Antonio Rivera y Eduardo Mateo (eds.)

Víctimas y política penitenciaria

Claves, experiencias y retos de futuro

colección investigación y debate

DISEÑO DE CUBIERTA: Marta Rodríguez Panizo

© Antonio Rivera, Eduardo Mateo, Manuel Reyes Mate, Henry Patterson, Matteo Re, Juan Infante Escudero, Adela Asúa Batarrita, José Luis Castro de Antonio, Julián Carlos Ríos Martín, Marta Buesa Rodríguez,
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Víctimas y política penitenciaria.
Claves, experiencias y retos de futuro

ISBN: 978-84-9097-671-5

E-ISBN: 978-84-9097-698-2

DEPÓSITO LEGAL: M-12.015-2019

IBIC: JPWL/LNFV

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Introducción

¿Hay algo más allá de la justicia penal?
Una reflexión necesaria

Erramos al suponer que, cuando tiene lugar un crimen, el criminal y su víctima dejan de tener que ver. Nada más lejos de la realidad. Podríamos pensar que el primero no quiere volver a tener enfrente la mirada acusatoria por lo hecho y que la segunda no desea volver a ver repetida la escena que le causó tanto dolor y quebranto. Es así, pero media una fuerza inconsciente e irresistible que vincula durante un tiempo a ambos, hasta que se es capaz de deshacer la relación, de desvanecerla. Como en las novelas, el criminal siempre regresa al lugar del crimen y su víctima también, empujados por una fuerza superior a sus propios deseos. Es tan enorme la significación del acto que solo la inconsciencia o el nihilismo absoluto llevarían a olvidar para siempre el instante en que las respectivas vidas comenzaron a ser diferentes de lo vivido hasta entonces. La ligazón profunda entre uno y otra resulta irresistible, superior a la razón que animaría a romper el nudo relacional. En ese empeño de resolver sin superar, la víctima puede llenarse de odio y de venganza, mientras el victimario se imagina como un protagonista más de la historia, y por eso ajeno a su responsabilidad personal. Desanudar la tóxica relación exige un proceso más complejo y capaz de desarmar en lo posible las emociones que suscita cualquier crimen que, aunque diferentes en una y otra parte, son iguales en tanto que pulsiones poco controlables.

Si esto es así en la llamada criminalidad común u ordinaria, la que se pretende de dimensiones políticas suma además otro tipo de ingredientes. Dice bien el filósofo Reyes Mate al asegurar en las primeras líneas de su texto que muere algo más que una persona cuando se mata en nombre de un ideal. Y esto porque el criminal viene sostenido en su acción por una “comunidad de muerte” sin la que el hecho protagonizado no tiene sentido. Por eso, después de cometido este, el criminal no sigue solo, no recupera el libre albedrío, sino que “los suyos” lo acompañan, a no ser que rompa con ellos, para siempre. De manera que la ligazón inevitable entre victimario y víctima es ahora también entre la comunidad del primero y esta segunda; también entre la comunidad del primero y la sociedad cuando las víctimas han logrado convertirse en agente social y arrastrar hacia su justa causa la atención, la disposición y el apoyo de la mayoría ciudadana. Otro tanto cabe decir, antes o después, según los casos, de las instituciones públicas y siempre cuando se trata de la Justicia.

Entonces, devolver a víctima y victimario a sus respectivos lugares implica en el caso del terrorismo a cuerpos sociales que superan con mucho lo íntimo e inmediato de las personas afectadas y sus círculos más próximos. Recomponer en la medida de lo posible la convivencia individual y colectiva hasta que criminal y víctima puedan romper inconscientemente sus vínculos, también inconscientes, obliga a pensar en estrategias, técnicas y políticas que hagan posible algo tan problemático. Porque no se aborda particularmente en las páginas que van a continuación el asunto de la culpabilidad personal y la responsabilidad colectiva que, por partes, nunca en aplicación genérica, son inherentes al hecho terrorista y a sus consecuencias. Se habla de ello, pero no es ese el tema. Aquí se trata de qué se puede hacer y cómo con lo que queda después de que se haya desvanecido el humo del último disparo, de la última bomba: las víctimas y los terroristas presos, los daños y los que penan por haberlos causado. Aquí se habla de políticas penitenciarias y de lo que puedan decir ante ellas las víctimas del terrorismo de ETA.

Hay un planteamiento de partida que ofrece la posibilidad de destejer. La urgencia de la violencia de los años pasados —originalmente su incontrolable letalidad y capacidad de destrucción, su profunda amenaza— invitó a desarrollar políticas antiterroristas que, quizá ahora, derrotada y desaparecida la banda, dejan de tener sentido. La venganza, como coinciden todos los autores y autoras de esta obra colectiva, no es un argumento. Se trata, al contrario, de valorar si medidas como la dispersión y el alejamiento de presos, formuladas para evitar el control de estos por parte de la dirección de su organización y sus satélites, son operativas cuando ya no hay tal cosa; incluso más, cuando los presos han sido “autorizados” por esa dirección, en una de sus últimas decisiones, para obrar por cuenta propia. Una decisión, por cierto, que ellos mismos refrendaron.

Pero se va más allá en estas páginas. Se plantea abiertamente la cuestión de la reinserción de presos y las exigencias que para ello demandan tanto las víctimas como la sociedad, sin perder de vista tampoco la propia legalidad, expresión precisa de la posición del Estado de derecho en ese punto y en este instante. Víctimas, expresos de ETA, jueces, profesionales de la justicia penal y de las instituciones penitenciarias hablan de las posibilidades de la ley, del ser y el deber ser, y también de las experiencias vividas en ese sentido y de su valoración. Antes, un filósofo, dos historiadores y un protagonista nos presentan el marco general de reflexión y las experiencias tan diferentes que se han dado en cuanto a qué hacer con los presos terroristas en sitios como Italia o Irlanda del Norte, o en el propio País Vasco de los primeros años ochenta del siglo XX. Experiencias las tres que se trata de no repetir porque en todos los casos se saldaron sin que mediara la petición de perdón a las víctimas, la expresión de arrepentimiento o proceso alguno que pueda asemejarse a una reinserción con todos sus atributos. Las medidas aplicadas en esos lugares y tiempos, lejanos para nosotros hoy, fueron eficaces para contribuir al final del terrorismo y de sus organizaciones. Pero nada aportan como guía a seguir; si acaso, su consideración como experiencia en negativo, donde lo que más pesó fue el pragmatismo y la imperiosa necesidad de dar solución al problema que tenían solo los implicados en aquellas violencias, no sus víctimas ni tampoco sus sociedades, ni mucho menos unos principios nobles sobre los que asentar el futuro de estas. Las circunstancias del presente en el País Vasco y España son radicalmente distintas de las de Italia, el Ulster o el País Vasco en “los años de plomo”. Aquí tenemos una normativa legal que reglamenta las posibilidades de reinserción, no hay ya organización terrorista y las víctimas están presentes y organizadas para velar por un final apropiado de nuestro ciclo de violencia. Por eso resulta imposible una salida mirando solo por los victimarios. De ahí la conciencia de contar con un suelo firme que permite reflexionar y especular hasta lo debido acerca de posibles alternativas que nos lleven más allá de la simple punición del delito.

Había un viejo y cínico dicho que hablaba de que los pobres resultaban de mucha utilidad a los ricos, por muchos motivos. A semejanza de ello, y pensando seriamente, los victimarios pueden ser de mucha utilidad a las víctimas y a la sociedad. De ahí la necesidad de mantener todavía la relación para deshacerla adecuadamente. Primero, porque los criminales pueden hacerse responsables de sus acciones y, reelaborando su pasado, inaugurar un tiempo con unas lógicas harto diferentes de las del violento pasado. Segundo, porque podrían proporcionar la información suficiente como para resolver casos inconclusos y cooperar así a humanizar su crimen. Tercero —y habría más razones que se desgranan en las páginas que siguen—, porque en el diálogo con sus víctimas directas “descosificarían” inevitablemente a estas, al verlas por fin como lo que son, personas. En esa conversación, si acaso se llegara a la petición de perdón, ello supondría cambiar la historia al deshacer la relación causa-efecto que sostuvo la lógica terrorista.

Como se ve, las posibilidades son muchas y los efectos de un proceso de reinserción de presos resultan altamente positivos y sanadores en todos los casos. Víctimas y criminales expresan en su percepción de lo ocurrido y en su disposición hacia el futuro la profunda complejidad de nuestras sociedades. Pero la reinserción, como nos recuerda alguna autora en este libro, no responde sino a la lógica y necesidad de sociedades inclusivas construidas sobre la idea de ciudadanía, precisamente, plural y compleja. Claro que, para que sea posible, necesita la intervención de víctimas y victimarios. Las primeras han expresado criterios diversos, pero en su mayoría vienen coincidiendo —se puede volver a comprobar en estas páginas— en su confianza en las posibilidades de la ley y en una gestión leal y transparente de cualquier proceso de reinserción. Por el contrario, el camino por andar parece corresponder a la responsabilidad de los criminales, remisos todavía a asumirla, a desautorizar inequívoca y sinceramente su pasado y a apostar por deslegitimar por completo el recurso a la violencia, en cualquier coyuntura y supuesto. Desde su tradicional resistencia a reconocer el llamado “suelo ético” hasta su reciente desmarque de una definición del terrorismo como algo “injusto” se pueden contabilizar docenas de manifestaciones (y recibimientos de exreclusos terroristas) que dicen muy poco de su voluntad sincera por afrontar un proceso de reinserción. Y no queda claro si la resistencia es más de los presos que de su “comunidad de muerte”. Es ahí donde encalla en estos momentos la posibilidad de una salida generosa, pero necesariamente exigente, a su situación.

Mientras, entre las experiencias de reinserción ensayadas, la llamada vía Nanclares aparece casi como la única a considerar, con todo lo que conllevó: reconocimiento del mal causado, petición de perdón, apartamiento de la banda y de su disciplina, afirmación del “nunca más”, encuentro de víctimas y victimarios y, finalmente, si acaso, beneficios penitenciarios en el marco de la ley. Una justicia restaurativa que funcionó por un tiempo, pero que, desde hace un lustro, parece “rea de amnesia”. Una experiencia que, quizá no necesariamente con las mismas formas, puede ser una guía para abordar un problema que pasa, inevitablemente, por la reinserción efectiva y sincera, no por la venganza o por la “inocuización”, pero tampoco por la ilusoria expectativa de una excarcelación general e inmediata, argumentando algo tan peregrino como que al acabar una supuesta guerra se procede a vaciar las cárceles de contendientes.

Los textos de este libro informan de un debate todavía velado que, sin embargo, necesita cobrar significación y presencia para que contribuya, con su buen desarrollo, a recomponer la convivencia individual y colectiva en el País Vasco. Un proceso sin duda de enorme complejidad, con grandes posibilidades de llevarse a cabo mal, por la vía rápida y fácil, e injustamente. Y, por eso, un proceso que demanda mayor transparencia y debate abierto, que evite su manipulación y desbordamiento, como garantizan tanto el imperio de la ley como la presencia vigilante de las víctimas y de sus asociaciones. Teníamos la certeza, por eso, de que las preguntas que planteábamos en el XVI Seminario Fernando Buesa, en 2018 —cuyas respuestas han dado lugar a este libro1—, no eran gratuitas ni innecesariamente provocadoras, sino dispuestas para avanzar en el momento que estamos viviendo: ¿hay posibilidades más allá, aunque dentro, de la justicia penal?, ¿cuáles y cómo? Teníamos esa seguridad porque, como bien reflexiona Adela Asúa en este libro, y es algo que nos reconforta extraordinariamente, “es sorprendente contemplar cómo la experiencia del dolor y la rabia de las víctimas y sus familiares puede convertirse en fertilizante de un futuro con memoria donde no quepa resquicio de legitimación de la violencia como instrumento político”.

Antonio Rivera Blanco y Eduardo Mateo Santamaría

CAPÍTULO 1

Esperando a los presos o el reconocimiento de
un capital moral y político que puede ser o no ser2

Manuel Reyes Mate

Los presos de ETA no son presos ordinarios, dicho sea esto en sentido coloquial y no jurídico; son muy diferentes, por ejemplo, de otros condenados por asesinato. Es verdad que todos tienen que responder de la muerte de un ser humano, pero la diferencia es que el homicida ordinario, mate por la razón que mate, se enfrenta a una cultura generalizada que tenemos muy interiorizada y que dice “no matarás”. El homicida habitual tiene enfrente el quinto mandamiento que forma parte de la cultura occidental, mientras que el que mata por motivaciones políticas cuenta con un medio de benevolencia o complicidad que, en vez de generar rechazo cultural, puede producir comprensión o exaltación. Entonces, hay que tener en cuenta esta trascendencia simbólica del crimen político para poder valorar su alcance.

Es mucho lo que muere cuando se mata. Si pudiéramos contabilizar la cantidad de amistades rotas, de verdad sacrificada, de justicia ajusticiada, de religión manipulada, de represión de buenos sentimientos, de transformación de actos compasivos en otros de odio, de claudicación de argumentos racionales a manos de simplezas pasionales…, entonces nos daríamos cuenta de lo mucho que muere cuando se produce un crimen por razones políticas.

Todo esto afecta, evidentemente, al alcance de la violencia terrorista porque genera culpas individuales —las culpas siempre son individuales e intransferibles—, pero también responsabilidades sociales de las que tienen que dar cuenta los ejecutores y, del mismo modo, la parte de la sociedad que les apoya o secunda. Esos daños que produce el terror alcanzan al individuo y a la sociedad de alguna manera, por eso la violencia etarra nos obliga a hablar de culpas personales y de responsabilidades colectivas. Todo esto es doctrina abstracta, conocida, pero que afecta al preso y, por tanto, debería interesar a toda reflexión sobre el destino del preso y, en concreto, del preso de ETA.

Tenemos que tener en cuenta en qué momento del proceso nos encontramos. Digo esto porque en el terrorismo etarra ha habido un momento de incubación, otro de despliegue y, finalmente, el de desenlace. Nosotros nos hallamos en el momento del desenlace. ETA ha sido derrotada por el Estado de derecho y hasta sus epígonos la han declarado disuelta. Pero algo fundamental queda de esa dura experiencia. Un politólogo italiano, Giorgio Agamben, escribió un gran libro sobre el Holocausto titulado Lo que queda de Auschwitz. Auschwitz dejó de funcionar en enero de 1945, pero hay un resto que sigue. Ese resto, lo que queda, tiene el secreto de todo y, de alguna manera, la clave del futuro.

También aquí podemos preguntarnos qué queda del terrorismo, cuál es el resto, ese momento que trasciende el pasado y que nos puede orientar sobre el futuro.

Quedan, en primer lugar, los presos que cumplen condena y, también, quedan consecuencias de los daños causados que sobreviven al fin de la violencia. Quedan presos y quedan daños. Y los dos aspectos están relacionados, de suerte que no podemos preguntarnos por el destino de los presos sin tener en cuenta esos daños personales y sociales que sobreviven tras el final de las armas.

Y ¿en qué consiste esa relación? En que más allá de las respuestas legales y de la aplicación de las leyes, por ejemplo, a propósito del acercamiento de los presos, queda pendiente la respuesta a esos daños metalegales —daños morales, daños políticos— que solo es posible si el preso interviene.

El preso y su entorno están convocados a una responsabilidad que va mucho más allá de la pena y del delito. Y, por eso, si nos preguntamos qué podemos decir o qué podemos hacer con los presos de ETA en este momento, hay que tener presente las consecuencias a las que me he referido. Dicho esto, una primera respuesta a la pregunta podría ser: todo aquello que sin caer en la impunidad favorezca la respuesta a los daños causados y, por tanto, ponga las bases de una nueva convivencia, superior a aquella otra que favoreció la aparición del terrorismo.

Más en concreto, habría que pedir a los presos que hicieran un esfuerzo por entender a las víctimas. Sí, que entiendan, permítaseme la expresión, su resentimiento. El resentimiento es una emoción que tiene mala prensa. Spinoza decía que era la más vil de las pasiones porque es una forma diferida de venganza. Y esa sería la versión mala del resentimiento: desear el mal por el mal; que el preso, el autor del crimen, sufra todo lo que su capacidad aguante, que se pudra en la cárcel; incluso que se cueza en su propia culpa sin el consuelo del arrepentimiento. Este sería el resentimiento malo.

Pero hay un resentimiento moral sobre el que nos llamó la atención una víctima, Jean Améry, un superviviente de Auschwitz, también filósofo. Y él, ante el espectáculo de una Alemania olvidadiza que se reconstruía feliz en los años cincuenta del pasado siglo, ante una Alemania orgullosa de su milagro económico que despertaba la admiración del mundo, bien vista y respetada, reivindicó el resentimiento como virtud pública. Lo que pedía a los alemanes es que captaran algo del dolor que habían causado, que se acercaran a las víctimas y oyeran su clamor en ese momento de euforia nacional, que las acompañaran en su dolor. Y esa es una forma buena de resentimiento porque es la que nos permite dar pasos en firme para superar el pasado. No es lo mismo pedir perdón firmando un papel burocrático que hacerlo ante la víctima desde la conciencia sentida del mal causado. Lo primero es un trámite; lo segundo, una experiencia compasiva. Futuro solo habrá en una sociedad devastada por el terror, como la vasca, si se produce un cambio interior en los implicados en la violencia. En el caso del ofensor, todo pasa por entender el resentimiento moral de la víctima.

Eso es lo primero que habría que decir. Después, habría que mandarles otro mensaje donde constara en letras claras que ellos, los verdugos, son muy importantes para las víctimas y para toda la sociedad. El futuro de la patria vasca por la que ellos tan inútil como perniciosamente lucharon está en el pasado. Hablamos de futuro para significar un porvenir nuevo, un nuevo tiempo que funcione de manera distinta a como funcionó el pasado que llevó al desastre. Pues bien, solo haciéndose responsable y elaborando ese pasado, ese pasado violento, se podrá cancelar un tiempo e inaugurar otro. Si es un nuevo tiempo, será distinto del que ellos han vivido y del que ellos imaginaron. Eso significa que tienen que ponerse en el modo aprendizaje; tienen mucho que aprender porque lo que sabían no vale. Y también tienen algo que enseñar. Hay que hacerles llegar que son pieza importante del nuevo tiempo. ¿Por qué? En primer lugar, porque forman parte de la posibilidad de la justicia. Si por justicia entendemos no solo la aplicación del Código Penal, sino la reparación de los daños causados que, aunque no todos estén codificados penalmente, son daños reales (las humillaciones, los desprecios, el miedo, el exilio interior, los aislamientos, las maledicencias, etc.), hay que decir que ahí pueden impartir justicia, contribuyendo a la reparación de esos daños inmateriales pero reales. Luego volveré sobre ello.

Los presos deberían, en tercer lugar, preguntarse quiénes son los suyos en este momento procesal del terrorismo que llamamos desenlace. Quiénes son los suyos, quién es su bando, quiénes son sus amigos y, por tanto, hacia qué orilla salvadora tienen que dirigir sus esfuerzos. Claro, el sentido comunitarista o tribal del nacionalismo que les envuelve les empujará a responder rápidamente que su mundo es el de siempre, el de los “ocho apellidos vascos”, aquellos que les jalearon entonces, en el tiempo de las pistolas, y les esperan ahora para homenajearles, aunque sea en una tribuna de cartón piedra. Lo que tienen que entender es que esos homenajes ya no tienen la misma significación, porque ya no se les honra como héroes sino como restos de un naufragio que representan para los suyos más un problema que una solución.

Pensemos sencillamente en el hecho de que los actuales líderes abertzales repudian hoy el recurso a la violencia, la misma que los presos aplicaron. Eso es público y notorio porque fue la condición para que se les legalizara. Y es verdad que se refugiaron en un distingo que no se sostiene. Decían, en efecto, para salvar la cara, algo así como: “Entonces la violencia era legítima, pero ahora ya no tiene sentido”. Pero digo que es un distingo que no se sostiene porque ninguno de los sueños mesiánicos que en su tiempo legitimaron, según ellos, la violencia ha sido hecho realidad. Por tanto, en buena lógica, deberían seguir pensando que la consecución de esos objetivos mesiánicos justificaría de nuevo la violencia. Si dicen que ya no se justifica, sin haberlos conseguido, es porque reconocen que aquello fue un error de entrada y un fracaso de salida.

Lo que tienen que entender los presos es que, argumentando así, están invalidando su razón de ser, la causa que les llevó al crimen y luego a la cárcel. Es verdad que estos dirigentes podrán interesarse por su suerte personal, pero a sabiendas de que políticamente están amortizados. Ya no disponen de ningún capital político que les pueda interesar a los nuevos señores del poder. No parece disparatado pensar que al mundillo abertzale le tiene que dar repelús la sola idea de que un buen día tuviera lugar la liberación que los pistoleros prometían. Les da pánico la liberación que estos prometían. Al menos eso es lo que ha captado la novela Patria (Aramburu, 2016) en un momento memorable. Me refiero a ese episodio en el que el talde Joxe Mari se ha ido al monte porque sospechan que han localizado su piso. Duermen al raso, con frío y con hambre, mientras les llegan ecos del jolgorio de Donosti en fiestas. Entonces, el jefe, Joxe Mari, estalla: “Toda esa gente allí abajo, me cago en la puta fiesta, haciendo cola en las heladerías y nosotros dando el callo por su liberación. A veces me entran ganas de agarrar el subfusil y pim, pam, pum, darles un pequeño merecido”. O sea que esa pobre gente, tan feliz, todavía no se ha dado cuenta de que ellos son los que luchan por su liberación, por liberarles de esa felicidad. Y esa pobre gente tan feliz no se lo reconoce debidamente. Pero que se preparen para el día de la liberación. Entonces serán libres y estarán liberados de su felicidad. Que se preparen porque “cuando tengamos la sartén por el mango, entonces bailarán al son de nuestra música”. Actualizaban a su manera la consigna revolucionaria cubana con aquello del “llegó el comandante y mandó parar”. Pero la fiesta continúa hasta hoy porque la gente quiere vivir en paz y sin ellos como invitados. Los actuales dirigentes no quieren que la fiesta pare y esa es la prueba de que aquello ya no les interesa. Quiero decir con esto que, para los nuevos dirigentes, para EH Bildu y Sortu, la significación política de los presos está amortizada.

Quienes, sin embargo, les pueden comprender son otros. Donde pueden hacerse valer es precisamente en esa parte de la sociedad que ellos combatieron, pero que ahora les necesita. Porque esta sociedad les reconoce un capital semántico disponible: insisto, un capital moral, una capacidad de bien y de justicia.

¿Cómo se concreta esto? Les necesita en primer lugar para conocer la verdad de muchas víctimas. Hay mucha parte de esa historia que se ignora y que ellos conocen. Puede ser ilustrativa en este sentido la historia de Grabowsky, un Sonderkommando que jugándose la vida filtraba en las paredes del horno crematorio papeles para la posteridad con informaciones que solo ellos tenían. Decía: “Los historiadores podrán descubrir en el futuro cómo moríamos, pero no cómo vivíamos”. Hay, efectivamente, una parte de la verdad que ellos poseen y pueden y deben transmitir. Su información puede, por ejemplo, permitir a los familiares descubrir el lugar donde yace el padre o el hermano dado por desaparecido, cómo murieron, qué dijeron. Para valorar la importancia de esa información hay que tener en cuenta que la palabra “humanidad” viene de humus, tierra. Y es que lo que distingue a los humanos de los animales es el gesto piadoso de enterrar a los muertos y no dejarles abandonados como perros. Los presos son importantes para hacer justicia, ayudando a identificar a los causantes del mal y, de alguna manera, para humanizar el crimen.

Son también importantes para no repetir la historia. Cierto que ETA acabó porque fue derrotada por el Estado de derecho. De eso no hay duda. Ahora bien, para acabar de una vez por todas con la tentación de recurrir a la violencia como arma política es fundamental que quien hizo la experiencia terrorista reconozca que la violencia que él protagonizó, además de ser inútil, es deshumanizadora. Sabemos, por observación externa, que el terrorismo saca lo peor del entorno (la cobardía, el miedo, la denuncia, la impiedad, el gremialismo), pero lo que el terrorista sabe, por experiencia propia, es que la violencia deshumaniza. Al destruir gratuitamente la vida de otro no avanza un milímetro en la liberación de su pueblo, sino que siente cómo la vida se le va de las manos. El conocimiento de esa experiencia es clave para evitar la tentación del recurso a la violencia.

Se les necesita, en tercer lugar, para restaurar la dignidad de las víctimas, negada expresamente en el hecho de la victimación. Sabemos que las pistolas tienen un mensaje político. El que apunta con ella está diciendo al objetivo: “Eres irrelevante para la sociedad por la que luchamos. Allá, tú y los que son como tú, no tenéis lugar”. Se les está negando el derecho de ciudadanía porque no son de los suyos. Una forma de humillar a la víctima es dejar correr aquel bulo de que “algo habrá hecho” que infestaba hasta al biempensante.

Frente a ese tipo de “muerte cívica” es importante el reconocimiento por parte del preso de que él no tenía razones para matar, que el crimen ha sido un delirio ideológico sin base racional, que para matar había que ser un perfecto descerebrado, como le oí decir a un preso exetarra en el encuentro de Nanclares de Oca: “Matábamos los pobres diablos que nos lo creíamos, pero los que nos mandaban no aparecían”. Pues ese reconocimiento ayuda a desmontar la sospecha de que “algo debían haber hecho”. No habían hecho nada que mereciera el crimen. El problema estaba en el cerebro del criminal.

Sabemos por reconstrucciones, digamos literarias, de la importancia de este momento. Dostoyevski, en Crimen y Castigo, crea el personaje de Raskolnikov, alguien que quiere ser como los protagonistas de la historia —los César, Carlomagno o Napoleón—, seres superiores que pueden matar impunemente si lo exige el guion. También él mata, pero lo que experimenta no es que sea superior a la víctima, sino todo lo contrario. Lo que experimenta es que quien ha muerto ha sido su propia humanidad y que a partir de ahora queda a expensas de la víctima. Lo que experimenta es la autoridad de la víctima, la única capacitada para sacarle del pozo. Esto, que muchos presos ignoran, lo sabían sin embargo los de los encuentros en Nanclares de Oca.

El paso del tiempo tiene el peligro del olvido. Un olvido peligroso porque, de consumarse, haría inútil toda la experiencia de sufrimiento acumulado. Y contra eso lucha la memoria.

Hoy asociamos memoria a verdad y a justicia. Tenemos todo el derecho a asociar memoria con justicia. Esta asociación es nueva porque todavía no hace mucho se emparentaba memoria con venganza. Algunos criticaron entonces y, sobre todo, critican hoy la transición política española porque se confundió reconciliación con olvido. Y es verdad que no puede haber reconciliación ni justicia basadas en el olvido. La justicia, por ejemplo, necesita la memoria de la injusticia para ser efectiva. Todas las construcciones teóricas sobre la justicia que conocemos desde hace 25 siglos son una respuesta a la experiencia de la injusticia. Las teorías de la justicia, si quieren ser coherentes, tienen que ser respuestas a la experiencia de la injusticia. Y si la memoria es justicia, hay que hablar de reparación. La ley de memoria histórica de 2007 es una ley de reparación. Se llamaba “ley por la que se amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.

También por otra razón: porque ante daños irreparables, la única forma de justicia es la memoria de la injusticia, como bien recuerda Primo Levi en su libro Si esto es un hombre. Reparación, pues, de lo reparable y memoria de lo irreparable.

Y la memoria es además verdad. Me acabo de referir a Grabowsky para insinuar lo que tiene la memoria de revelación de la verdad. Podíamos seguir con la película de Lanzmann, Shoah (1985), ese film genial que permite en sus nueve horas y media de duración una experiencia compasiva. Ahí descubre uno lo que hemos aprendido gracias al testimonio de las víctimas y de los victimarios.

Filósofos de la memoria, como Walter Benjamin, distinguen cuidadosamente entre “conocimiento” y “verdad”, dos formas de conocer muy distintas. El conocimiento es como una luz que proyectamos sobre los hechos o dichos que queremos conocer. Los vemos iluminados con la luz de nuestro ojo. Viendo nos vemos. La verdad, por el contrario, nos asalta, nos viene de fuera. Si el conocimiento tenía como metáfora el ojo, la verdad tiene el oído. Se nos revela gracias sobre todo al testimonio de los testigos que nos ponen delante acontecimientos que escapan a los esquemas del conocimiento. ¿Qué verdad revela la memoria? Una verdad distinta de la que descubre la ciencia: esta va a los hechos, pero detengámonos un instante en esa palabra, “hechos”. El hecho es el pretérito perfecto del verbo hacer. Es lo que ha llegado a ser, la parte lograda de la realidad. Pero ¿qué pasa con lo que no llegó a ser, con lo vencido y derrotado de la historia? No son hechos, pero forman parte de la realidad. De eso se ocupa la memoria que Benjamin llama “lo memorable”: lo que la ciencia histórica no alcanza. Este autor llega a decir que “el carácter científico de la historia se compra desechando lo memorable. El silenciamiento de los ecos y lamentos del pasado que lleva a cabo el historiador en nombre del ‘conocimiento de los hechos tal y como sucedieron’ certifica el precio que tiene que pagar la historia científica al presente” (Benjamin, 1972-1989: I/3, 1.231). La memoria se ha especializado en el conocimiento de la parte oscura de la historia que es una “historia de sufrimiento”. Sin ella, el conocimiento que tengamos de la realidad será muy imperfecto.

Podríamos ilustrar el papel de la memoria en el conocimiento de la realidad acudiendo a la obra de Eduardo Chillida. Este artista trabajaba habitualmente con materiales contundentes, como hierro y hormigón. Lo singular en su obra son los huecos o vacíos que se cuelan al interior de esos materiales. En El Peine de los Vientos, por ejemplo, es el mar. Gracias a esos vacíos se hacen presentes otros mundos. Y algo más: esos vacíos, que son algo más que nada, afectan a los materiales contundentes en el sentido de que los retuercen, los quiebran, los fragilizan. La nada desafía al ser. La memoria es como esos huecos.

Pero la memoria es algo más. Y es el momento de señalarlo porque eso que falta es el núcleo esencial de la memoria. Lo propio de la memoria es el “nunca más”, la no repetición, la interrupción, inaugurar un tiempo nuevo. Sin esto, lo demás no tendría sentido. Y esto es una paradoja porque la memoria tiende a la repetición. Nadie cultiva más la memoria que el tradicionalismo, y el tradicionalista lo que quiere es que nada cambie, que todo siga igual. Pues no, la memoria de las víctimas lo que plantea es el “nunca más”. Y esto, ya lo he señalado en algún otro sitio, es el descubrimiento que nos hicieron los supervivientes, las víctimas supervivientes de los campos de exterminio. Cuando fueron liberadas y sin que se pusieran previamente de acuerdo, pero de una manera espontánea y general, resumieron su experiencia, terrible experiencia de los campos, diciendo: “Nunca más. Esto no se puede volver a repetir”. Añadiendo: “Y la forma de que esto no se repita es la memoria”.

Es extraño que algo tan frágil como la memoria pueda oponerse a la pesadez de la barbarie. Es como David contra Goliat. Será por eso que les grandes personnes, que diría le Petit Prince, han tomado medidas contundentes para evitar que la barbarie se repita. En el caso de Alemania, por ejemplo, imponer a los alemanes una Constitución democrática, implantar un sistema educativo donde la educación en la tolerancia fuera fundamental, crear unas condiciones económicas que evitaran las tentaciones del totalitarismo… en fin, medidas rigurosas. Pero para las víctimas la memoria era más importante. Y es algo misterioso. Y uno se pregunta por qué. Mi conclusión es que ellas, las víctimas, tenían perfecta conciencia de que habían vivido algo impensable, pero que ocurrió. Y ahí está el asunto: ¿qué pasa cuando ocurre lo que no somos capaces de pensar? La memoria se sitúa ahí: si queremos que la barbarie no se repita hay que volver al hecho que hicimos, aunque no fuéramos capaces de pensarlo. Eso es la memoria: un correctivo a la razón, a esa razón que piensa que lo puede pensar todo, adelantar todo, prever todo. No, los seres humanos hemos vivido la experiencia de que somos capaces de hacer lo que no somos capaces de pensar y además hacemos las cosas más terribles sin pensarlas.

Ahora bien, si las generaciones futuras, nosotros, queremos ser seres racionales, tenemos que rebajar un poco las pretensiones de la razón, de la argumentación, y partir de lo que hemos hecho, partir de la barbarie. La barbarie se convierte en lo que da que pensar. La barbarie, el acontecimiento, está por delante del conocimiento. Y eso es la memoria. La memoria es esa cura de humildad de la razón. Y entender que, si queremos construir un mundo diferente a aquel que nos llevó a los campos de exterminio, a aquel que nos llevó a la barbarie, no tenemos que crear una gran y nueva teoría política, sino pensar la política a partir de la barbarie. Y entender, por ejemplo, que a partir de este momento el sufrimiento es la condición de toda verdad. Eso significaría realmente tomarse en serio el deber de memoria: construir la política, la ética, la estética, el derecho, la educación… a partir de la experiencia de la barbarie, a partir de las preguntas que plantea la experiencia del horror.

La memoria, pues, casa con el “nunca más”, con no repetir la historia, con un nuevo comienzo. Y, ¿cómo se hace eso?, ¿cómo se la hace operativa? En esto hay dos estrategias. Una es la que plantea Adorno cuando invoca el nuevo imperativo categórico. Nos dice que después de Auschwitz tenemos que pensar con un nuevo código: no como antes, haciendo abstracción de la miseria, de la pobreza, de la injusticia, sino partiendo del sufrimiento provocado por la violencia. Lo que nos propone es un gigantesco plan de estudios, pues hay que repensar todo lo que contribuye a construir la historia (la política, la ética, el derecho, la educación, el arte, las ciencias…) a la luz de la barbarie, para hacer justicia y para impedir la repetición. Tenemos que abandonar definitivamente la idea de que la memoria es un sentimiento. Es eso y mucho más: la exigencia de re-pensar todo es del orden del conocimiento.

Esa es una estrategia que, por cierto, está pendiente ya que prácticamente no la hemos empezado. Pensemos en la política que habría que repensar. Hoy hacemos política exactamente igual que antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Domina la misma lógica, a saber, la del progreso. Y el progreso y el fascismo, decía Walter Benjamin, coinciden. Sorprende la afirmación, pues hay muchos aspectos en los que parecen diferir. ¿En qué coinciden? En lo fundamental, esto es, en la naturalidad con la que sacrifican a quien haga falta para conseguir un objetivo. Digo que es un plan de trabajo gigantesco que da vértigo pues habría que revisar no solo nuestras flaquezas, sino sobre todo nuestras fortalezas. Pensemos un momento en lo que significaría repensar la política con esta óptica. Dado que la lógica política dominante, antes y después de Auschwitz, es la del progreso, ¿cómo pensar la política en otra clave si esta es la que domina tanto en el neoliberalismo como en el marxismo? ¿Se imagina alguien lo que serían unos presupuestos del Estado o del Gobierno Vasco planteados desde la óptica fundamental de evitar el sufrimiento? Pues de eso se trata.

La otra es la que insinúa Hanna Arendt cuando dice: “La forma de interrumpir la lógica letal que nos ha llevado al desastre es el perdón”. Un concepto problemático. Pero ella reivindica el perdón como forma de no repetición, como la forma eficaz del “nunca más”, no por razones morales ni religiosas, sino por razones lógicas. Porque ¿en qué consiste la lógica del perdón? En romper la cadena acción-reacción. El que perdona no quiere hacer una propuesta que sea una reacción a lo que ha sufrido o ha vivido. Se rompe la cadena causa-efecto. El perdón es hacer historia ahora de una manera diferente a como se hizo en el pasado. Es lo que garantiza que la historia no se repita.

El perdón es desde luego gratuito, pero no es gratis, pues supone la elaboración del duelo. Rescato este concepto porque fue muy importante en la sociedad alemana en los años sesenta. En el año 1966 dos grandes psicoanalistas políticos alemanes, Alexander y Margarette Mitscherlich, escribieron un libro, La incapacidad de los alemanes para el duelo. Eran tiempos en los que los alemanes se negaban a confrontarse con su pasado, con el peligro de que siguieran siendo igual que antes. Ellos planteaban el duelo entendido como elaboración de una gran pérdida. La pérdida en cuestión era Hitler, la persona con la que más fuerte y apasionadamente se habían identificado antes. No hicieron duelo porque, al ser derrotado, los alemanes lo dejaron caer, miraron para otro lado y se desinteresaron de todo lo que significaba. Se exculpaban diciendo: “Nos engañaron”, “no sabíamos” o “eran cuatro locos”. Se volcaron en el trabajo para demostrar al mundo que su laboriosidad los convertía en los mejores; se identificaron con los aliados a los que habían combatido cuando pensaban que podían ganarles. En fin, todas ellas estrategias de exculpación que evitaban la elaboración del duelo, es decir, asumir su responsabilidad en la obra de la persona que habían amado y con la que se habían identificado: Adolf Hitler. Y como se negaron a ese duelo, la consecuencia fue, según estos psicoanalistas, que los alemanes seguían donde estuvieron, reproduciendo los mismos comportamientos anteriores: seguían siendo igual de antijudíos, igual de anticomunistas, igualmente incapaces de participar políticamente porque todo lo esperaban de una figura salvadora… Ilustraban su tesis con un ejemplo sorprendente. Hubo por entonces unas elecciones generales en Alemania que pudo ganar, de acuerdo a los sondeos previos, el candidato socialdemócrata Willy Brandt. No lo consiguió porque en el último momento un semanario conservador, Die Welt, publicó un reportaje sobre el candidato socialista en el que se recordaba a los votantes que durante la guerra había desertado del ejército alemán, alistándose en el noruego para combatir a Hitler. Lo presentaba como una traición y así lo valoraron los votantes, que le retiraron el apoyo. Seguían pensando igual.

El duelo es, pues, el componente necesario del perdón de cara a abrir un nuevo tiempo. Y la pregunta es si ha habido duelo en esa parte de la sociedad vasca cómplice y en los propios actores. Hay señales preocupantes que indican más bien una voluntad de olvido. Si se consolidaran habría que preguntarse también aquí por la capacidad de los vascos para el duelo. Una de esas señales preocupantes es el debate en torno a la pluralidad de relatos. Cuando hablemos de esto, de la pluralidad de discursos, sería conveniente tener en cuenta algunos distingos. Una cosa es plantear la pluralidad en el orden de los relatos biográficos. Ahí es evidente que los haya, pues cada cual cuenta la feria como le va en ella. Las vivencias son singulares e intransferibles y, por tanto, diferentes. También es inevitable que haya pluralidad en los relatos históricos, es decir, en los enfoques de los historiadores. Pueden ser relatos diferentes —opuestos o complementarios—, pero legítimos si el historiador avala con enfoques o argumentos su tesis. En cualquier caso, las diferencias tendrán que dirimirlas los historiadores en cuanto tales. Pero en lo que no puede haber pluralidad de relatos es en la valoración moral del pasado. Ahí no caben diferencias ni dudas ni distingos en lo esencial, a saber, que matar a alguien para defender una idea de patria, de nación o de lo que sea no es defender una idea sino cometer un crimen. Y cualquier argumento que se aporte, ya sea de tipo político o histórico —la invocación al “conflicto”, por ejemplo—, para justificar o exculpar el crimen coloca a quien lo haga en la órbita de la complicidad con el asesinato.

Y si entendemos esto, tenemos que entender, por tanto, que el relato con pretensiones éticas debe incluir la asunción de responsabilidades y de culpas. De responsabilidades colectivas y de culpas individuales. Quien esté dispuesto a hacerlo tiene que “mirar de frente y no de lado”. Mirar de frente es mirar a la víctima y dejarse interpelar por su mirada. Se desvirtúa el momento de asunción de responsabilidades si el interfecto mira de reojo para ver si los otros también las asumen, también piden perdón. Eso no debe preocuparle porque en ese grave momento el culpable o el responsable se está jugando su salvación, que solo le puede venir de la mano de la víctima. Lévinas decía, refiriéndose a ese momento en que el otro nos interpela desde su dolor, suscitando nuestra responsabilidad, que el interpelado debe comportarse como un deportista en el momento de la gran marca o como el enfermo que va a entrar a un quirófano, concentrándose en ese punto, porque cualquier desviación puede ser mortal, puede llevarle a la ruina. Tengo la impresión de que los promotores de la pluralidad de discursos están colocándose de perfil y poniendo en peligro un nuevo tiempo, lo que sería tanto como hacer inútil todo el sufrimiento acumulado.

Para terminar, creo que habría que insertar la política de acercamiento de los presos en el contexto de una forma de convivencia que sea democráticamente superior. La salida de la violencia tiene que ser una forma superior de democracia. El preso puede contribuir poderosamente a la construcción de ese futuro si activa su capacidad de verdad y de justicia. Exigirle que reconozca el daño causado, que declare el sinsentido de la violencia utilizada y que proclame la autoridad de la víctima no debería verse como un obstáculo a la reinserción, sino como una forma de hacerle valer, de darle importancia, de hacerle ver que su experiencia, que fue letal, puede metabolizarse en aportación sanadora.

CAPÍTULO 2

La excarcelación anticipada de presos paramilitares, víctimas y el proceso de paz en Irlanda del Norte

Henry Patterson

La excarcelación anticipada de cientos de presos paramilitares fue uno de los elementos claves del Acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998. Los gobiernos del Reino Unido y de Irlanda se comprometieron en el punto 10 del Acuerdo a lo siguiente:

Se pondrán en marcha mecanismos para garantizar un acelerado programa de liberación de los presos, incluyendo los presos transferidos, condenados por delitos en Irlanda del Norte o, en caso de condenados fuera de Irlanda del Norte, por delitos similares.

Los presos afiliados a organizaciones que no hayan establecido o que no hayan mantenido un completo e inequívoco cese del fuego no se beneficiarán del acuerdo. La situación al respecto será estudiada.

Ambos gobiernos llevarán a cabo un procedimiento de revisión dentro de un plazo establecido y fijarán fechas de liberación de los presos calificados. El procedimiento de revisión proveerá con antelación al avance de las fechas de liberación de los prisioneros calificados teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que fueron condenados y la exigencia de proteger a la comunidad. Además, la intención es que, si las circunstancias lo permiten, cualquier preso calificado que quedara detenido dos años después del inicio del procedimiento de liberación sea excarcelado al cumplirse los dos años3.

Para manejar el proceso se creó una comisión, el Comité Independiente para la Revisión de Sentencias, encargado de evaluar cada caso. El presidente de esa comisión era el abogado sudafricano Brian Currin, quien más tarde llegó a ser autodenominado “mediador internacional” en el País Vasco. Para cumplir las condiciones de elegibilidad para la excarcelación, un preso tenía que ser miembro de un grupo terrorista en tregua. Además, se exigía que no hubiera probabilidad de que volviera a integrarse en una organización terrorista o involucrarse en actos de terrorismo. Todos los presos fueron excarcelados en libertad condicional y el secretario de Estado de Irlanda del Norte se reservaba la potestad de volver a encarcelar a los reincidentes o a aquellos que incumplieran las condiciones de su excarcelación.

Sin embargo, de los 428 presos que se habían beneficiado del programa de excarcelación anticipada entre octubre de 1998 y el fin del proceso en julio de 2000, solo 13 perdieron temporalmente su permiso de excarcelación durante los cinco años posteriores. Los presos salieron a la calle sin renunciar personalmente a la violencia, sin comprometerse con la vía democrática y sin pedir el perdón de las víctimas.

En una entrevista en El País en 2005, Jim McVeigh, quien fuera portavoz del colectivo de presos del IRA en 1998, expresó muy claramente las actitudes típicas de los expresos. McVeigh cumplía una condena de 24 años por intento de asesinato con bomba lapa de un oficial de policía en Irlanda del Norte. Había empezado su condena en diciembre de 1991. En la entrevista dijo: “No firmamos nada ni nos reclamaron nada. Tampoco renunciamos a la violencia ni prometimos nada”. Sobre las víctimas, McVeigh explicó: “El movimiento republicano ha matado a gente inocente, generalmente por accidente o equivocación. El IRA se disculpó. Fue lo correcto. No es un consuelo para sus familiares, pero para nosotros fue importante reconocer los errores. Pero, al mismo tiempo, se debe reconocer que nosotros también hemos sufrido y que nuestras pérdidas no son ni más ni menos importantes que las de las familias del RUC (Royal Ulster Constabulary, antigua policía británica en Irlanda del Norte) o las de las tropas británicas. El IRA nunca se disculpará por los combatientes que ha matado: los soldados, policías, chivatos y demás gentes directamente comprometidas en el conflicto”4 .

Un vistazo a las muertes causadas por el IRA y por la policía y el ejército muestra la falsedad del relato de McVeigh. Los republicanos mataron a 2.158 personas entre 1966 y 2003, y 396 de ellos mismos murieron. El RUC mató a 50 personas, pero perdió a 303 de sus miembros. El ejército mató a 239 personas y perdió a 503 soldados. Obviamente, en términos de muertos e incluso si se aceptara la calificación de “víctima” para las bajas del IRA, lo que resulta innegable es que esa organización fue responsable de mucho más sufrimiento (McKittrick et al., 2004: 1.534).

De los 428 liberados había 143 condenados a cadena perpetua relacionada, en su mayoría, con uno o múltiples asesinatos. Un reportaje en The Guardian describió la última hornada de excarcelaciones del 28 julio de 2000, que incluyó a algunos de los asesinos más notorios. Pat Magee lideró el comando que hizo explotar una bomba en el Grand Hotel de Brighton donde se hospedaban Margaret Thatcher y su gabinete durante el congreso del Partido Conservador de 1984. Hubo cinco muertos y 34 heridos. Otro miembro del IRA excarcelado fue Sean Kelly, autor de la matanza en una pescadería de Shankill Road, una calle protestante de Belfast, en octubre de 1993. Nueve civiles protestantes murieron, incluyendo una mujer embarazada y una niña de 7 años. Entre los lealistas excarcelados se encontraba Michael Stone, condenado a seis cadenas perpetuas por asesinatos sectarios, incluidos tres perpetrados durante el funeral de los miembros del IRA muertos por el SAS en Gibraltar en marzo de 1988. Otro lealista fue Torrens Wright, quien había matado a cuatro obreros católicos y más tarde, en un acto de revancha por la matanza en la pescadería, acribilló a balazos a siete parroquianos en un pub de Derry en 19935.

Aunque uno de los apartados del Acuerdo de Viernes Santo señalaba la necesidad de reconocer el sufrimiento y el dolor de las víctimas del conflicto armado como parte fundamental del proceso de construcción de paz, las víctimas no fueron una parte importante de la negociación entre el Gobierno de Tony Blair y los líderes del Sinn Fein, el brazo político del IRA. Jonathan Powell, el jefe de gabinete de Blair y su negociador principal con Gerry Adams y Martin McGuinness, los líderes de Sinn Fein, en su libro sobre el proceso de paz en Irlanda del Norte, escribe poco sobre el tema de presos y víctimas. Pero hay una referencia interesante: “Nos metimos en un lío espantoso en relación con los presos”. El problema era que Blair y Powell habían pensado en un periodo de dos años para el proceso de excarcelación, pero el secretario del Estado de Irlanda del Norte ya había ofrecido a Adams un plazo de solo un año. Escribe Powell: “Nos preocupaba la opinión pública británica que no estaba preparada para el acto extraordinario de liberar asesinos” (Powell, 2008: 101). Pero el hecho de que el Gobierno podía haber pensado en liberar a todos los presos en un año nos muestra la verdadera falta de importancia de las víctimas en sus cálculos.

Para Blair y Powell, el proceso de paz tenía como objetivo poner fin al enfrentamiento entre el IRA y el Estado británico. Ambos criticaron al anterior Gobierno conservador de John Major por su gestión del proceso después de que el IRA declaró un alto el fuego en agosto de 1994. Blair culpó a Major por no hacer concesiones suficientes para mantener esa paz provisional que el IRA rompió con la explosión de un camión bomba que devastó el Canary Wharf en Londres, en febrero de 1996. Para Blair, el IRA había mantenido la capacidad, aun después del segundo cese del fuego en 1997, de poner más bombas en Londres y en otras ciudades inglesas. El resultado era que Adams y McGuinness podían lograr una serie de concesiones importantes, incluyendo la presencia del Sinn Fein en el Gobierno de Irlanda del Norte sin entregar ni una sola bala o pistola.

Para entender la clave de la excarcelación anticipada dentro del movimiento republicano es necesario decir algo sobre la naturaleza del compromiso histórico que suponía el Acuerdo de Viernes Santo. El IRA había terminado su campaña terrorista sin una declaración por parte del Estado británico sobre su retirada de Irlanda del Norte. Desde el punto de vista de los republicanos tradicionales, el acuerdo legitimaba la presencia de ese Estado en Irlanda. El documento enfatiza que solo podrá alcanzarse una Irlanda unida si la mayoría de la población en Irlanda del Norte así lo aprueba. Tradicionalmente, los republicanos se han opuesto a este denominado “principio de consentimiento” calificándolo de “veto unionista”. En su opinión, Irlanda del Norte es una entidad política artificial creada por los británicos, por lo que cualquier cambio en su estatus debe ser aprobado por el conjunto de la población de la isla de Irlanda. Así, aunque el documento reconoce el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos de Irlanda, el ejercicio del mismo ha quedado condicionado a la población de Irlanda del Norte, con su actual mayoría unionista (Alonso, 2001: 366-367).

Desde el punto de vista tradicional de algunos republicanos, tres décadas de “lucha armada”, con muchos sacrificios por parte de sus militantes, habían concluido en unas reformas del Estado en el Norte que ya habían ofrecido los británicos en el acuerdo de Sunningdale de 1974. Como resultado de este acuerdo que el Sinn Fein estaba dispuesto a firmar, una minoría se separó del IRA para crear el “IRA Auténtico” en 1997. Este grupo fue responsable del coche bomba que explotó en una céntrica calle comercial de la localidad norirlandesa de Omagh, asesinando a 31 viandantes el 15 de agosto de 1998.

En ese contexto, Adams y McGuinness necesitaban del apoyo de los presos. Como Adams le explicó a Jonathan Powell: “Los presos excarcelados son los mejores embajadores para el proceso de paz” (Powell, 2008: 101). El académico norirlandés Peter Shirlow señala el poder simbólico de los presos para sus organizaciones: “Son personas que están tratando de decir que hay un futuro compartido para todos nosotros. Es irónico, pero como ellos han usado la violencia y han mantenido su lucha y su ideología, la gente los respeta”.

La invisibilidad de las víctimas del terrorismo tiene sus raíces en la determinación de Blair de hacer todo lo necesario para mantener el liderazgo de Adams y McGuinness dentro del IRA. Por eso el Gobierno no había condicionado la excarcelación al decomiso de armas por parte del IRA o de los grupos lealistas. De hecho, el IRA entregó solo una parte de su arsenal antes de la mayor incautación llevada a cabo en 2005. A la vez, el IRA continuaba comprando armas y asesinando a personas que calificaba como “chivatos”, narcotraficantes o republicanos disidentes, y robando bancos años después del Acuerdo de Viernes Santo.

El primer Comisario de Víctimas de Irlanda del Norte, el antiguo jefe de la oficina de Gobierno en Irlanda del Norte (The Northern Ireland Office), sir Kenneth Bloomfield, describió la libertad incondicional anticipada como “un terrible error y un incumplimiento del deber” (Bloomfield, 2007: 105). Peter Mandelson, miembro del Gobierno de Blair y exsecretario de Estado para Irlanda del Norte, criticó a su primer ministro por “conducta irresponsable” en sus concesiones al Sinn Fein6.

Pero en este periodo, después de tantos años de violencia y ante la posibilidad de que los norirlandeses y sus niños pudieran vivir sin terrorismo, la mayoría de los ciudadanos de Irlanda del Norte aceptaron este error tan doloroso para las víctimas. Los políticos de los dos partidos más votados en aquel entonces, el Ulster Unionist Party (UUP) liderado por David Trimble y el Social Democratic and Labour Party (SDLP) de John Hume lo aceptaron a regañadientes. Alex Attwood, un miembro del SDLP en la Asamblea de Irlanda del Norte, expresó bien la actitud de un político nacionalista democrático que había sufrido las amenazas del IRA: “Para el nacionalismo democrático, las condenas estaban justificadas y la búsqueda de una solución nos resultó dura. Pero estaba claro que, sin un compromiso sobre la excarcelación de presos, las organizaciones paramilitares no iban a firmar el acuerdo”. Pero Attwood señalaba también el alto precio que las víctimas han tenido que pagar en términos de verdad y justicia: “No se atendió a las víctimas apropiadamente. Algunas hablan públicamente del daño causado, pero cientos más sufren en silencio. Están asqueadas y airadas… Ni los grupos paramilitares ni el Estado británico desean dar protagonismo a las víctimas. No quieren situar a las víctimas en el centro del proceso porque la gente se daría cuenta de que el IRA es responsable de la mitad de las muertes; los lealistas, de un millar, y el Estado de las restantes”7.

Tal y como los gobiernos habían establecido en su estrategia, el Acuerdo de Viernes Santo fue sometido a un referéndum en el norte y el sur de Irlanda de manera simultánea, el 22 de mayo de 1998. La política de excarcelación anticipada creó problemas durante la campaña porque un sector de los protestantes, liderado por el Democratic Unionist Party (DUP) de Ian Paisley, centró su rechazo al Acuerdo en la liberación de “asesinos”. En una visita al Ulster, Blair prometió que los presos permanecerían en la cárcel a menos que sus organizaciones abandonasen la violencia para siempre. Pero, en realidad, su Gobierno hizo la vista gorda a las continuas violaciones de la tregua por el IRA. Como resultado, en el referéndum, aunque en Irlanda del Norte el 71,12 por ciento del total de la población respaldó el Acuerdo, entre los unionistas solo una mitad lo hizo (Patterson, 2007: 340-341). Pronto, el DUP sobrepasó en sus apoyos al partido de David Trimble y entre la población católica el Sinn Fein se convirtió en el partido más votado. Adams y McGuinness eran muy hábiles en explotar las negociaciones sobre el decomiso para poner a su partido en el centro de las noticias y, así, el partido de John Hume se vio marginado.

Los antiguos presos han ocupado un papel destacado en la guerra de las narraciones que ha sustituido a la guerra de bombas y balas en Irlanda del Norte. Ellos se convirtieron en políticos, concejales, miembros de la Comisión de Víctimas y del Policing Board (la organización que supervisa a la policía). En los debates actuales sobre cómo la sociedad debería entender la época de los Troubles (“Los Problemas”, denominación del conflicto violento en esa región), los antiguos presos tienen un gran protagonismo y proponen el concepto de culpabilidad compartida. El expreso lealista y entonces líder del Progressive Unionist Party (PUP), David Ervine, presentó este concepto en una entrevista: “La excarcelación de los presos fue una forma de echar el telón sobre los malos tiempos. Los paramilitares no crearon la pesadilla de Irlanda del Norte. Viene de antes, de las acciones de nuestros fallidos políticos. Mucha gente es responsable de esta pesadilla y la noción de que debemos retener a unos cuatrocientos presos, culparles y castigarles por la terrible historia de Irlanda del Norte, es ridícula”8.

Gerry Kelly, un líder del Sinn Fein, dando la bienvenida a los últimos presos del IRA liberados en julio de 2000, dijo a los periodistas: “Todos los presos aquí son víctimas”9. Kelly fue encarcelado en 1973 por un ataque con cuatro coches bombas en Londres en el que murió una persona y 200 resultaron heridas. Más tarde, Kelly participó en una fuga de 38 presos de la cárcel de Maze, en 1983. Mataron a una guardia y Kelly le pegó un tiro en la cabeza a otro. Hoy se puede ver una película, The Maze (La fuga de Maze, 2017), que trata la fuga en términos similares a The Great Escape (La gran evasión, 1963), protagonizada por Steve McQueen. Para el público, los presos parecen involucrados en una lucha justa contra un Estado opresivo y sus propios crímenes son ignorados. Aparte de la película, hay un espectáculo ambulante de Kelly y otros expresos que visitan bares y clubes en Irlanda del Norte para narrar su historia de “la gran evasión”. Su compañero en este teatro es Brendan McFarlane, condenado a cadena perpetua por un ataque sectario en un bar protestante en el que murieron cinco personas.

Dos décadas después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, Irlanda del Norte es una sociedad tal vez aún más polarizada que en 1998. Una de las razones principales es que las concesiones a los grupos terroristas para comprar esa paz imperfecta han permitido a sus apologistas transformar a los verdugos en víctimas y tratar a miembros del ejército y de la policía como equivalentes a los miembros del IRA o a los grupos lealistas. En 1998 no hubo organizaciones de víctimas del terrorismo para protestar contra la política de excarcelación. Hoy en día hay varios grupos de víctimas, pero sus exigencias tienen poco peso sobre la clase política o, desafortunadamente, sobre el mundo académico.

Un ejemplo triste es la propia definición de víctima. Una de las concesiones del Estado británico para lograr la declaración de entrega de armas por parte del IRA en 2005 fue su definición oficial de tal. Una víctima es “aquella persona que sufre o ha sufrido lesiones físicas o psicológicas como resultado o como consecuencia de un incidente relacionado con el conflicto”10. Así, las familias de los terroristas muertos o heridos mientras perpetraban atentados son víctimas equiparables a las familias de los hombres, mujeres, niños y niñas inocentes asesinados o heridos en ataques terroristas. Como resultado, hay exmiembros del IRA y de los grupos paramilitares lealistas en el Foro de Víctimas y Supervivientes. Este año, un miembro del Foro dimitió como protesta por la presencia allí de un exmiembro del IRA. Jackie Nichol había perdido a su hijo, un bebé de 17 meses, en un atentado bomba del IRA en Belfast, en 1971. Este descubrió que otro miembro del Foro se había jactado en un vídeo de llevar bombas al centro de Belfast durante los años setenta. Cuando Nichol protestó a la Comisaría de Víctimas le dijeron que no podían hacer nada. Como dice un periodista con mucha experiencia en el proceso de paz: “Poner una víctima de un atentado con bomba en el mismo sitio que el que ha puesto esa bomba, sin informar de ello a la víctima, es un enorme fallo del gobierno”11.

La excarcelación anticipada ha alimentado una lógica conducente a la legitimación de la violencia al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difuminación de responsabilidades de quienes utilizaron el terrorismo. Al mismo tiempo, muchas de las víctimas del terrorismo se sienten totalmente ignoradas por el resto de la sociedad. El resultado está bien expresado en un artículo del periódico más popular en la región: “En realidad, en lugar de asegurar el futuro de aquellos que aún no nacieron, el Acuerdo solo protegió a aquellos involucrados en el conflicto, a los que participaron en la violencia”12.

Un sentimiento similar lo expresó Godfrey Wilson, padre de Lorraine, que perdió la vida en el atentado de Omagh, que dijo que “este es el problema para las víctimas en este país, donde las personas que lucharon y mataron a personas inocentes, a miembros de las Fuerzas de Seguridad y a civiles, tienen los hilos del poder en sus manos, y nosotros, las víctimas, hemos sido despreciadas y tenemos que lidiar con esto, mientras el Gobierno parece que se está lavando las manos del tema” (Serranò, 2018: 139).

El periodista John Carlin, quien ha escrito muchos artículos sobre el proceso de paz de Irlanda del Norte para periódicos españoles desde un punto de vista muy cercano a Tony Blair, escribió lo siguiente: “Como dijo un asesor de Blair en los tiempos en que se negoció el Acuerdo de Viernes Santo, ‘la gran pregunta es: ¿qué precio está uno dispuesto a pagar para conseguir la paz?’. La respuesta, como Blair bien sabía, era que uno pagaría un precio muy alto: el de sacrificar nociones muy arraigadas que uno tiene de la moralidad y de la justicia”13.

CAPÍTULO 3

Medidas antiterroristas y políticas
penitenciarias en Italia14

Matteo Re

Introducción

Este capítulo aborda la evolución de las medidas antiterroristas y de reinserción que se llevaron a cabo en Italia durante los denominados “años de plomo”, aquella época comprendida entre 1969 y 1988 y caracterizada por fenómenos de violencia terrorista. A lo largo de ese periodo se introdujeron en el Código Penal italiano dos medidas legales consideradas fundamentales para la consecución del fin de la lucha armada. Por un lado, se adoptaron medidas de gracia para quienes decidieran colaborar con la Justicia y, por otro, se introdujo la figura del disociado (o desvinculado), que reunía a aquellos miembros de organizaciones clandestinas que decidían abandonar su militancia y dejar la violencia, sin por ello tener la obligación de colaborar con la policía. También se reformó el sistema penitenciario implantando medidas de detención alternativas más centradas en la reinserción social del convicto. Se plantearon también propuestas de indulto, se actualizó la legislación sobre las víctimas del terrorismo y se realizaron encuentros restaurativos entre exterroristas y víctimas.

Contexto histórico y salida del terrorismo

La salida del terrorismo en Italia se llevó a cabo de manera gradual, contando también con reajustes legislativos que favorecieron la reinserción de los terroristas en la sociedad civil. Al tratarse de un terrorismo político, poco importa si de corte marxista-leninista o neofascista, podemos afirmar que su cierre fue más sencillo, desde un punto de vista de aceptación social, que en las experiencias de terrorismos etnonacionalistas. En este segundo caso, la polarización social es más profunda y, sobre todo, un determinado grupo poblacional de corte nacionalista (no exclusivo de un nacionalismo radical), concentrado además en determinadas áreas geográficas, suele percibir una imagen más favorable hacia los terroristas (Hewitt, 1990: 152). Las muestras de simpatía —palabra cuya etimología procede del griego συν-παθοσ, ‘sufrir juntos’— se concentran en determinadas zonas/territorios y comunidades en las cuales la percepción del terrorista como guerrillero libertador del pueblo hace que este se convierta en víctima de agravios o de injusticias y no en criminal. Una vez que estos “luchadores” salen de prisión se les suele recibir triunfalmente y se les brindan honores por lo que se interpreta como inmolación por una causa común. Esa distorsión hace que la readquisición de la libertad pueda coincidir con una vuelta a la radicalización. La reinserción de los exterroristas políticos es más sencilla, siempre y cuando el germen del odio se aplaque y el detenido entienda que la sociedad que quería cambiar no acepta los métodos que él utilizó.

Los grupos italianos autoproclamados revolucionarios tenían un apoyo social disperso, lo cual no quiere decir que su base de consenso fuera reducida. Según Sabino Acquaviva, en Italia, entre 1978 y 1980, hubo hasta cinco mil terroristas, entre activistas y colaboradores, y alrededor de treinta mil simpatizantes (Colombo, 2014). Massimiliano Griner cree que estos últimos habrían llegado hasta los seiscientos mil a lo largo de todo el periodo de los “años de plomo” (Griner, 2014: 20). En 1978, escribía Giorgio Bocca en torno a las fechas del secuestro de Aldo Moro, tan solo el 30 por ciento de los habitantes de Turín estaba dispuesto a manifestarse en contra del terrorismo y “los apoyos en las fábricas llegaban por lo menos al 60 por ciento”. Turín fue uno de los centros urbanos más afectados por el terrorismo de extrema izquierda (Bocca, 1978).

Las organizaciones extraparlamentarias que habían nacido en la fase posterior al movimiento del 68 aglutinaron a unos jóvenes fascinados por un estilo de vida comunitario, convencidos de que la sociedad se podía cambiar desde su interior y recurriendo, en algunos casos, a métodos violentos. Tras el fracaso sufrido en las urnas y tras haber pasado a la lucha política convencional, una parte de aquellos militantes se inclinó por la lucha armada.

El terrorismo de corte neofascista había prácticamente terminado en 1981. Su vida había sido efímera, aunque eso no impidió que matara y procurara dolor a numerosas víctimas. Las organizaciones clandestinas de extrema izquierda, sin embargo, siguieron activas unos años más a pesar de sus divisiones internas y de su fragmentación. Las Brigadas Rojas, por ejemplo, se habían fraccionado en diferentes grupos (a veces enfrentados entre sí) (Progetto Memoria, 2007)15.

En ese contexto, el factor determinante en la desarticulación de las organizaciones terroristas y, sobre todo, en el cierre del periodo de la lucha armada lo constituyeron unas medidas legislativas novedosas. Con una parte considerable de militantes ya en la cárcel —lo que confirma que la fase inicial es imprescindible para lograr el fin de la violencia armada y consiste principalmente en medidas represivas e intervención policial— y unos grupos armados cada vez más debilitados y aislados, se decidió intervenir en las políticas penitenciarias para fomentar medidas de abandono de la violencia y de reinserción social. Al tradicional derecho penal represivo se incorporaron medidas de gracia, que impulsaban la colaboración a cambio de beneficios penitenciarios.

Nuevas medidas de lucha antiterrorista

Los “años de plomo” comenzaron en 1969. Sin embargo, la violencia terrorista perpetrada por grupos violentos organizados —dejando aparte la “estrategia de la tensión”— fue aumentando de manera exponencial a partir de mediados de la década de los setenta. En 1975 se registraron siete sucesos violentos, 180 en 1976, 300 en 1977 y hasta 1981 la media se mantuvo en 175 cada año (Corda, 2015: 338).

El máximo esfuerzo legislativo para la lucha contra la criminalidad se concretó en la Ley 152 de 22 de mayo de 1975, más conocida como ley Reale por el nombre del ministro de Justicia, Oronzo Reale, que fue quien la impulsó. Se estipulaban unos cambios tendentes a una ampliación de los poderes policiales: los agentes de policía podían proceder de inmediato al cacheo de un sospechoso o a la inspección de un vehículo sin la necesidad de presentar ningún permiso judicial. También se ampliaba la permisividad de la utilización legítima de las armas. Por lo que se refiere a la concreta problemática del terrorismo, en la ley Reale no había ninguna referencia a ello. Solo se mencionaba el fascismo (art. 7, 9, 10 y 11). No es de extrañar ese interés hacia la extrema derecha, ya que la “estrategia de la tensión” fue llevada a cabo por militantes de esa área política.

En ese mismo año 1975 se procedió a una amplia reforma del sistema penitenciario, sellada a través de la Ley 354 que hacía hincapié en la necesidad de reinserción de los detenidos (art. 1) y en la función reeducativa de la condena, descartando el valor exclusivamente disciplinario. Las cárceles se abrían a la comunidad externa (art. 17), se admitían en los centros de detención a asistentes sociales y a educadores, se comenzaban a proponer medidas alternativas a la detención, como los arrestos domiciliarios, la semilibertad o la libertad condicional para los casos menos graves, y las condenas de breve duración (art. 47, 48, 54) (De Vito, 2009: 84). Se permitía un mayor contacto con las familias, la adquisición de periódicos y libros (art. 18), se promovía la instrucción (art. 19) y, además, se impulsaba el trabajo remunerado (en determinadas circunstancias y también fuera del centro penitenciario (art. 21), como maneras de reinserción en la sociedad (art. 20). Se decía claramente que “la organización y los métodos del trabajo penitenciario tienen que reflejar aquellos de los trabajos de la sociedad libre” para favorecer así el regreso a la vida real.

Al lado de estas medidas, digamos lenitivas, se mantenían, obviamente, normas restrictivas. El artículo 90 de esa ley es la mejor prueba de ello. En él se declaraba que frente a “graves y excepcionales alteraciones del orden público y de la seguridad, el ministro de Justicia tiene la facultad de suspender, en su totalidad o en parte, la aplicación, en uno o más centros penitenciarios, por un periodo determinado y estrictamente necesario, de aquellas medidas previstas en esta misma ley”.

En esta reforma del sistema penitenciario faltaba un apartado que propusiera una ampliación de las plantillas dentro de las cárceles. En pocos años, el número de detenidos había pasado de 21.000 a 32.000, sin embargo, los funcionarios de instituciones penitenciarias se habían mantenido en 15.000. Debido a ese desajuste entre agentes y detenidos, el presidente de la República concedió amnistías e indultos en tres ocasiones: en 1978, 1981 y 1986. Dichas medidas, sin embargo, excluían a los sentenciados por delitos de terrorismo.

Al problema del hacinamiento se sumaba el de las fugas: 211 en 1974, 286 en 1975, 378 en 1976 y 447 en 1977 (De Vito, 2009: 90). Por todo esto, la reforma del sistema penitenciario fue más formal que real, ya que se procedió a remodelar los centros introduciendo mayores sistemas de vigilancia y de seguridad, que contrastaban con los intentos humanizadores y de flexibilidad aprobados en la Ley 354. Por lo tanto, en 1977 se instituyen los penitenciarios de alta seguridad (Decreto Ministerial n. 450), donde se confinaron a terroristas, a mafiosos y a los detenidos más peligrosos (Cento Bull y Cooke, 2013: 56). Las medidas coercitivas solo servían para que se recuperara algo de disciplina y rigor dentro de los centros penitenciarios, pero tenían poca efectividad para acabar con el terrorismo. Es más, las organizaciones clandestinas habían comenzado a incorporar entre sus blancos a los agentes y funcionarios de prisiones para forzar al Gobierno y que este suavizara el régimen carcelario y quitara el artículo 90 de la Ley 354.

El 6 de febrero de 1980 se aprobó la Ley 15, también conocida como ley Cossiga, porque fue el primer ministro Francesco Cossiga quien la respaldó. Se aumentaba la condena en un 50 por ciento para los actos cometidos con fines terroristas y se introducía, a través del artículo 270-bis, el delito de pertenencia a banda armada. Sin embargo, al margen de las medidas que endurecían la detención, se añadieron importantes beneficios para quien, una vez abandonada la organización terrorista, decidiera colaborar con las autoridades. Así se exponía en el artículo 4:

Para los delitos cometidos con fines terroristas [...] respecto al interviniente que, disociándose de los demás, colabore para evitar que la actividad delictiva sea llevada a ulteriores consecuencias o ayude concretamente a la autoridad policial y a la autoridad judicial en la recogida de pruebas decisivas para la identificación o la captura de los intervinientes, la pena de cadena perpetua será conmutada por reclusión de doce a veinte años y las demás penas serán rebajadas de una tercera parte a la mitad (Clementi, 2007: 247)16.

Esta medida, que impulsaba la delación y que fue erróneamente apodada como “ley del arrepentido” —en ningún apartado se exigía el arrepentimiento del terrorista—, se convirtió en un arma importante en manos de las fuerzas policiales y judiciales. Gracias a la información proporcionada por algunos de los terroristas que se acogieron a esa nueva norma, se desarticularon varias columnas terroristas y se ejecutaron numerosas detenciones. En realidad, ese artículo 4 introducía una disparidad de trato entre los detenidos. De alguna manera, acababa favoreciendo a los acusados de terrorismo en detrimento de los detenidos comunes. Entre los terroristas, además, castigaba con largas detenciones a los “gregarios”, que por su posición subalterna no tenían mucho que contar a los magistrados, mientras que favorecía a los jefes, culpables de los delitos más graves, pero mejor informados sobre los entresijos de la organización en la que militaban. Esa nueva norma tampoco rendía justicia a las víctimas del terrorismo. Valga como ejemplo lo que ocurrió con el asesino del periodista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. Marco Barbone fue condenado a ocho años y seis meses, pero, al haberse acogido a esa ley, gozó desde el primer momento de varios beneficios que le permitieron disfrutar de la libertad condicional y no pisar nunca la cárcel.

Dicho todo lo anterior, hay que reconocer que la aplicación del artículo 4 de la Ley 15 de 1980 contribuyó de manera notable a la desarticulación de las organizaciones terroristas (Armeni, 2004: 124). Los ajustes de cuentas fueron la cara amarga de esa medida que, en el fondo, animaba a la traición (Fenzi, 1998: 178-179).

Postulando la reinserción

La lucha antiterrorista no podía basarse exclusivamente en una ley que recompensaba a los que delataban a sus compañeros. Hacía falta algo que orientara a los detenidos hacia la reinserción social y que no los convirtiera exclusivamente en informadores a cambio de beneficios que, por lo que habían hecho durante su militancia, tampoco se merecían. Empezó así, en ese clima enrarecido que había provocado la aplicación de la Ley 15 de 1980, un largo y complicado debate sobre la posibilidad de introducir otra figura, al margen de la de colaborador. Se pensaba en quienes, desencantados de la militancia, convencidos de la derrota y/o dispuestos a abandonar la lucha armada, no estaban, sin embargo, dispuestos a traicionar a sus compañeros.

En la Ley 304 de 29 de mayo de 1982 se reincidía en la figura de los terroristas colaboradores. Se les sustituía la cadena perpetua por una pena de entre diez y doce años de reclusión. Además, se incluía la ulterior rebaja de un tercio de los años de prisión en el caso de que la colaboración fuera de “excepcional relevancia” (Grevi, 1984: 57).

La mayor novedad de esa ley fue la introducción de la figura del disociado, ya presente en realidad, en la ley de 1980, pero en aquel caso vinculada con la necesidad de que este delatara a sus compañeros. Ahora podía acogerse a esta figura jurídica quien, antes de la sentencia definitiva, abandonara la organización, confesara sus delitos o contribuyera a limitar sus consecuencias y así evitara posteriores hechos delictivos. De ese modo podía beneficiarse de unas reducciones en la condena considerables: la cadena perpetua se convertía en reclusión de entre 15 y 21 años y las demás condenas se rebajaban en una tercera parte. Tampoco en esta ley se le pedía al terrorista un proceso interior de arrepentimiento, lo que hace suponer que al Estado no le interesaba que quien había militado en una organización terrorista lamentase su actitud, sino que se conformaba con que se alejara de su pasado y colaborara con la Justicia. Por otra parte, tal y como declaraba en 1986 Giovanni Bachelet, padre jesuita y hermano de Vittorio Bachelet, asesinado por las Brigadas Rojas en 1980, “no tiene sentido discutir ni escandalizarse por la sinceridad real o presunta del arrepentimiento de los que se beneficiaron de esa ley. Si el objetivo de esa medida era la defensa de la democracia, su aplicación fue sin duda positiva” (Bachelet, 1986).

Entre los terroristas se abrió un intenso debate. Si traicionar a los compañeros, a pesar de los ingentes beneficios de los que se podía gozar, era algo que solo unos pocos acataron, eran cada vez más quienes, seguros de la derrota y condenados a largas detenciones, se replanteaban su pasado y cuestionaban su vinculación con la organización a la que pertenecían (Horgan, 2003: 115). En ese nuevo escenario, tal y como admitió un exterrorista años más tarde, “perdía sentido derramar más sangre. Mientras que esas mismas acciones, antes, se colocaban en un contexto que las hacía justificables, ahora ya no”. Se podría concluir que, “en el momento en que el programa revolucionario pierde credibilidad, los muertos no son más que muertos” (Della Porta, 1990: 282).

Esa nueva medida, al no obligar a la delación ni al arrepentimiento, se limitaba al libre albedrío de cada uno a la hora de decidir o no abandonar la lucha armada. De esta manera se logró romper la cohesión grupal de los militantes de organizaciones que, hasta ese momento, se habían regido en la solidez de la unidad grupal más que en los impulsos individuales. En 1983, los miembros de la banda terrorista Primera Línea redactaron un comunicado en el que declaraban su disociación de la organización y el final de esa experiencia. Se trató de un paso importante hacia el final del terrorismo, ya que dicho gesto influyó en los miembros de otras organizaciones.

Ya en 1982, los brigadistas habían difundido un comunicado donde se planteaban una “retirada estratégica”. Ese gesto no ha de ser interpretado como un acto de benevolencia por parte de los terroristas, sino que se debía más a las dificultades operativas por las que estaba pasando la organización, con la mayoría de sus miembros en la cárcel y con problemas de escisiones internas. Ese planteamiento, por otra parte, no preveía un abandono de la lucha armada, sino una simple “congelación” de la misma. Se trataba, por lo tanto, de un repliegue concebido como pausa que debía valer más para reorganizarse que para dejar las armas. Unos meses después, Alberto Franceschini, uno de los fundadores de las Brigadas Rojas, redactó una carta donde explicaba las razones de su abandono de la organización. Luego publicó un libro junto con el ideólogo y también fundador de la banda, Renato Curcio. Ambos analizaban la nueva fase social en la que se encontraba el país y concluían que la lucha que se habían planteado las Brigadas Rojas en el pasado ya no tenía cabida ni sentido. Durante uno de los juicios por el asesinato de Aldo Moro, el 19 de mayo de 1985, 170 brigadistas se declararon disociados.

La Ley 663 de 10 de octubre de 1986 (conocida también como ley Gozzini) actualizaba la normativa sobre la reforma penitenciaria de 1975. Al margen de unos cuantos beneficios, como la concesión de permisos para salir unos días de la cárcel adquiridos por buena conducta o la extinción de la cadena perpetua para quien, una vez lograda la libertad condicional, no delinquiera a lo largo de los cinco años siguientes, también se endurecía la parte represiva. El artículo 90 se sustituyó por el 41-bis, que preveía “la suspensión de las normales reglas de tratamiento de los detenidos” en casos de excepcional gravedad. Esta medida sería utilizada a menudo en la lucha contra la mafia.

Quien aspiraba a los beneficios concedidos por esta nueva medida vivía su detención de manera individual y ya no grupal como antes. A partir de ese momento, a través de su propia conducta, podía beneficiarse de privilegios hasta esa fecha impensables.

A pesar de las numerosas actualizaciones en el campo jurídico, todavía faltaba una medida para cerrar con el periodo del terrorismo. La demanda de los militantes que deseaban abandonar la violencia, pero no colaborar con la policía, fue acogida en 1987. Ese año se aprobó la Ley 34 sobre “Medidas a favor de quien se disocia del terrorismo”. Se actualizaba así la figura del disociado. Según esta norma, para ser considerado disociado y beneficiarse de las reducciones de condena (treinta años en lugar de cadena perpetua y otros tipos de reducciones dependiendo de la gravedad de los hechos hasta la libertad provisional para quien cumplía condena máxima de diez años) era necesario que se confesaran las actividades delictivas cometidas y se rechazara la violencia como método de lucha política. Por lo tanto, entre los que aceptaron colaborar con la policía y los que no se planteaban abandonar la lucha armada se colocaban los disociados, a los que no se les pedía ya ningún tipo de colaboración policial, sino solo el abandono de la violencia.

Esta ley favoreció el abandono de las organizaciones clandestinas por parte de militantes en crisis, ofreciéndoseles la posibilidad de una salida sin la obligación de traicionar a los demás compañeros ni de ningún otro tipo de colaboración. Un año más tarde, en 1988, los militantes del grupo histórico de las Brigadas Rojas declararon terminada su experiencia de lucha armada. Explicaron su decisión a través de un comunicado en el cual hacían constar que, “en octubre de 1988, las Brigadas Rojas coinciden con los prisioneros políticos de las Brigadas Rojas”; es decir, que la totalidad de los terroristas se encontraban detenidos. Se mencionaban responsabilidades políticas (sin ninguna referencia sobre otro tipo de responsabilidad ni sobre el daño causado a las víctimas ni a la sociedad), se declaraba que “la lucha armada contra el Estado había terminado” y se pedía una “amnistía política general” y el agrupamiento de los detenidos en una única cárcel (Clementi, 2007: 369).

Entre los magistrados hubo un sector muy crítico hacia la concesión de beneficios. 36 de ellos publicaron un documento donde advertían del peligro de bajar la guardia, apostando por medidas represivas más que por acciones de reinserción. Sin embargo, la Administración Penitenciaria se empeñó en labores que favorecieron la disociación. Nicolò Amato, director general del Sistema Penitenciario italiano entre 1983 y 1993, creó ya a finales de 1983 las “áreas homogéneas”, unas secciones dentro de las cárceles destinadas a acoger a aquellos terroristas que decidían abandonar la violencia. Allí se aplicaba un régimen de detención opuesto al que se proponía en el artículo 90: el aislamiento se sustituía por la socialización a través de salas comunes y celdas abiertas; tampoco se procedía a la separación de los detenidos por organización de pertenencia, ni siquiera entre militantes de grupos opuestos (como los marxistas-leninistas y los neofascistas); se incentivó una mayor apertura al exterior. Además, a través de la colaboración con entes locales, mundo católico, cooperativas sociales y centros de voluntariado, algunos disociados comenzaron a trabajar fuera de la cárcel durante el día. Fueron 3.013 personas las que disfrutaron de estos beneficios (De Vito, 2009: 110-111).

Reacción social a las nuevas medidas antiterroristas

El debate alrededor de la oportunidad de la concesión del estatus de disociado fue largo e intenso. Sobre las posibilidades de una amnistía para cerrar el periodo de los “años de plomo” también se discutió mucho. En 1986, el presidente Francesco Cossiga, ya promotor de la ley sobre los colaboradores, planteó que, como gesto de distensión, se aprovecharan las celebraciones de los cuarenta años de la proclamación de la República italiana para conceder una amnistía general. Las reacciones a este supuesto fueron dispares. Los socialistas se posicionaron a favor (excluyendo a los terroristas que habían matado) y lo justificaron como una acción benévola hacia jóvenes con la que se podía evitar una ulterior radicalización de estos en la cárcel. Los republicanos se opusieron firmemente, rechazando cualquier posibilidad de que quienes habían militado en organizaciones armadas, que además querían derrumbar el Estado democrático del país, se aprovecharan de ese tipo de favor que llegaba justamente de su máximo representante. La Democracia Cristiana tampoco estaba conforme con esa propuesta, así como el Partido Liberal y el Socialdemócrata. Los comunistas aceptaban que esa medida se aplicara a los delitos de insurrección armada, pero no a los de terrorismo.

Una parte del mundo católico, ya desde 1984, se había ido posicionando hacia una actitud que la prensa no tardó en tildar de “perdonismo”. Ese término despectivo se refería a las numerosas muestras a favor de perdonar y pasar página. El director de La Repubblica, Eugenio Scalfari, advertía que la Iglesia tenía toda la libertad de perdonar en sus confesionarios, pero que era inoportuno hacerlo fuera de la fe cristiana (Galfré, 2014: 197). Por otra parte, el ya citado Giovanni Bachelet, desde su visión católica, y además como víctima del terrorismo, declaraba que era justo que los cristianos tendieran sus manos hacia los terroristas que habían decidido cambiar el rumbo de sus vidas disociándose, pero advertía que concederles una amnistía sin a cambio exigirles una colaboración con la Justicia era como reconocerles una posición política colectiva, lo que siempre habían ido pidiendo, y que, sin embargo, siempre se les había negado, incluso en los años más mortíferos del terrorismo (Bachelet, 1986). Ahora que la amenaza había remitido, era inoportuno concederles ese privilegio.

Por otra parte, el gesto del papa Juan Pablo II reuniéndose en la cárcel con Ali Agca, el terrorista turco que le había disparado en 1981, había calado hondo entre el mundo católico. La atención de la Iglesia hacia el mundo penitenciario se estaba haciendo cada vez más profunda.

Pero, en general, se creó una corriente de opinión que consideraba peligroso llevar a cabo una amnistía como forma de cerrar el capítulo del terrorismo en Italia. Esa medida —se decía— iba a legitimar la interpretación que dieron los terroristas de que en Italia hubo una guerra civil en los años setenta, que hubo dos bandos enfrentados y víctimas en ambas partes. Quien más rechazaba ese planteamiento era el Partido Comunista Italiano, que no podía soportar que la amnistía concedida en 1946 por Palmiro Togliatti —ministro de Justicia en el primer Gobierno de la posguerra— como medida de clemencia y de pacificación tras el enfrentamiento entre fascistas y antifascistas pudiera ser equiparada a lo que pedían unos terroristas.

En una serie de programas de televisión emitidos por la RAI entre 1989 y 1990, Sergio Zavoli entrevistó, entre otros, a intelectuales que opinaban sobre la manera de dejar atrás los “años de plomo”. El periodista Indro Montanelli, herido en las piernas en 1977 por unos brigadistas, perdonó a quienes le dispararon. Lo hizo después de que sus victimarios cumplieran diez años de cárcel y cuando estaban a punto de cumplir otros diez. Según Montanelli, ese castigo ya era suficiente y consideraba que habían pagado por el daño cometido, saldando su deuda con la sociedad. Por lo tanto, la sociedad tenía “la obligación de recuperarles”. El constitucionalista Paolo Barile, por otra parte, se mostró “contrario a todo tipo de perdón, de amnistía, de indulto”, a tal punto que consideraba que esas medidas debían de ser eliminadas de la Constitución, también por respeto a las víctimas, ya que para ellas era como una bofetada. Según el sociólogo Luigi Bobbio, los terroristas en la cárcel llevaron a cabo una reflexión y una autocrítica que les habían alejado de la violencia. La solución debía ser política y ya no represiva; solo así aquellas personas podrían volver a la vida civil. Para el historiador Gabriele De Rosa, era imposible olvidar y rechazaba esa especie de necesidad que se estaba difundiendo de “doblegarse” al perdón. No pensaba lo mismo el historiador Nicola Tranfaglia, que consideraba el terrorismo como un fenómeno social y político, inicialmente no criminal, a pesar de que luego hubiera escorado hacia acciones criminales. Por ese motivo, en su opinión, hacía falta primero una reflexión por parte de los políticos y luego de todos los italianos.

Como se puede ver, y era de esperar, estas opiniones tan dispares eran el reflejo de una sociedad dividida entre quienes preferían un cierre definitivo de ese periodo de violencia (costara lo que costara) y quienes se negaban a que unos terroristas se beneficiaran de ayudas que no se merecían.

Las víctimas del terrorismo y su respuesta
a las medidas de reinserción

Para tener una visión completa sobre el cierre del terrorismo en Italia es indispensable hablar de las víctimas que sufrieron en primera persona los daños provocados por las organizaciones clandestinas. Durante los “años de plomo” la voz de las víctimas de la violencia terrorista aparecía débil y poco efectiva para dirigir el debate político sobre cómo reaccionar a esos ataques. Hoy, sin embargo, esa misma voz ha tomado una mayor relevancia. Quizá eso se deba, en parte, a que algunas víctimas (hijos e hijas en su mayoría) han alcanzado mayor visibilidad. Algunas de ellas han publicado libros describiendo su experiencia, otras han entrado en política o trabajan en los medios de comunicación. Solo por citar los ejemplos más conocidos, tenemos a Mario Calabresi, hijo del comisario Luigi Calabresi, asesinado por militantes de Lotta Continua, que ahora es director del periódico La Repubblica; a Benedetta Tobagi, hija del periodista del Corriere della Sera, Walter Tobagi, que ha trabajado en la RAI y colabora con varios órganos de prensa y en programas de radio y televisión; a la hija de Aldo Moro, Maria Fida, que también es periodista…

Si para acabar con el terrorismo se han ido actualizando leyes que se han adaptado a una situación de emergencia, para las víctimas se ha procedido a la incorporación de unas medidas de compensación.

A lo largo de los setenta, las nuevas leyes que se aprobaron se limitaban a resarcir a quien “en acto de servicio” había sido víctima del terrorismo17. La Ley 720 de 4 de diciembre de 1981 extendía los beneficios a las víctimas civiles. Una década más tarde, a través de la Ley 302 de 20 de octubre de 1990, se ampliaron los beneficios “para las víctimas del terrorismo y de las organizaciones criminales” que habían sufrido una invalidez permanente, y se extendía esa normativa a los familiares de las víctimas mortales18. La normativa 407 de 23 de noviembre de 1998, denominada “Nuevas normas a favor de las víctimas del terrorismo y del crimen organizado”, extendía sus beneficios a “cualquier persona que sufriera una invalidez permanente”, eliminando así la exigencia de que además fuese “no inferior a una cuarta parte de la capacidad laboral” (algo que exigía la anterior Ley 302 de 1990).

Al margen de la introducción de nuevas leyes, se llevaron a cabo encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. De esas experiencias nació Il libro dell’incontro, una publicación en la cual se detallan esas aproximaciones. Los intermediarios de los mismos provenían de la vida laica y del mundo católico. Se destaca la importancia de la colaboración de algunos capellanes de las cárceles de máxima seguridad, los cuales estaban en contacto directo con los detenidos y se empeñaron en promover las primeras entrevistas entre prisioneros y víctimas. Entre estas últimas estaba también Agnese Moro, hija del estadista Aldo Moro. Esos acercamientos entre exterroristas y víctimas no siempre tuvieron buena acogida en la sociedad (Bolloli, 2012; Selvatici, 2006).

También entre las víctimas se formuló el debate sobre la oportunidad de perdonar. Como es obvio, cada una de ellas tenía una manera privada y diferente de enfrentarse al perdón. Ileana Leonardi, viuda de Oreste Leonardi, jefe de la escolta de Aldo Moro, se preguntaba por qué tenía que perdonar a quien nunca le había pedido perdón. Para ella, el perdón debía de llegar del Estado, pero el Estado tenía la obligación de pensar primero en las víctimas, pues el sentir común era que se dotaba de cierta prioridad a los terroristas. El hijo del periodista Carlo Casalegno, Andrea, discrepando con Ileana Leonardi, concebía el perdón solo como un hecho privado, así que, según él, el Estado no podía sustituir a las víctimas aceptando el perdón en su lugar (Zavoli, 1992: 485).

El debate fue intenso. Sin embargo, la “pacificación” llegó no sin que las víctimas tuvieran que ceder y aceptar unas condiciones en muchos casos injustas.

Conclusiones

Hoy siguen en la cárcel siete terroristas de extrema derecha, 16 anarquistas y 31 brigadistas. Son un total de 54 personas (43 hombres y 11 mujeres, menos del uno por ciento del total de los que acabaron siendo detenidos por pertenencia a banda armada). 11 siguen bajo un régimen penitenciario duro, ya que nunca rechazaron la lucha armada; 21 están admitidos en el régimen de trabajo fuera de la cárcel o en el de semilibertad (o tercer grado). Los condenados a cadena perpetua, tras 26 años de detención, pueden exigir la libertad condicional.

El terrorismo en Italia terminó hace ya treinta años y los detenidos están reinsertados en la sociedad casi en su totalidad, tal y como acabamos de ver. Dicha reinserción ha podido realizarse gracias a unas medidas de gracia (premiales) que se introdujeron en el sistema penal italiano a lo largo de los años setenta y ochenta. Sin embargo, para que la mayoría de los exterroristas se acogiesen a esas medidas, fue de vital importancia, en primer lugar, debilitarles a través de incesantes operaciones policiales para, segundo, mermar el conjunto de las organizaciones violentas.

Las dos medidas que más influyeron en el final del terrorismo fueron la que introducía la figura del colaborador y la del disociado. El colaborador (denominado también arrepentido de manera errónea) fue clave para que las columnas cayeran bajo los golpes de la policía. Sin embargo, la reinserción de quien decidía delatar a sus compañeros no se producía; es más, se les aislaba posteriormente ya que tenían que acogerse a las medidas de protección de testigos. Los que decidieron abandonar la violencia disociándose sí que gozaron de unos beneficios que se pueden considerar de reinserción en la sociedad: la semilibertad, la posibilidad de trabajar (dentro o incluso fuera de la cárcel), los permisos o una prisión atenuada. Lo que siempre faltó en el caso italiano fue la petición de perdón a las víctimas y un sincero arrepentimiento por el daño causado.

CAPÍTULO 4

Proceso de disolución y de reinserción de ETA político-militar

Juan Infante

La disolución de ETA político-militar y la reinserción de sus miembros fue un proceso que se desarrolló entre 1981 y 1986. En esa experiencia tuve un cierto protagonismo y es precisamente eso lo que me permite plantear un análisis de la misma, alguna comparativa con otros procesos similares en otras partes y algún comentario sobre vías diferentes de reincorporación a la vida normal de antiguos activistas como pueda ser la vía Nanclares, entre otras.

Ante todo, hay que decir que aquella fue una experiencia excepcional porque luego no se ha vuelto a dar y era muy difícil que se diera en otras circunstancias y en otro momento diferentes. Fue muy importante porque realmente una organización terrorista completa y en plena actividad, como era ETA político-militar, se disolvió y se reinsertó en la vida civil, afectando ello a un número de entre 130 y 150 terroristas, tanto en España como en Francia. Fue un éxito también porque nadie reincidió, es decir, no hubo ningún caso en el que alguno de ellos con posterioridad se reincorporara a una actividad terrorista o similar, por otros medios o en otras organizaciones.

También es cierto que hubo una especie de colaboración y consenso a nivel social, de tal manera que ayudó mucho e hizo que se aceptara esta situación sin mayores debates, lo que posteriormente hubiera sido prácticamente imposible. El gran fracaso fue que no cundió el ejemplo. Es decir, esa operación estaba pensada para que después de ETA político-militar viniera la disolución de ETA militar y que fuera un paso decisivo para acabar por completo con el terrorismo en el País Vasco. Esto no ocurrió y a partir de esas fechas el terrorismo no solo se mantuvo, sino que se intensificó de una manera extraordinaria.

Para entender este proceso de disolución y reinserción tenemos que situarnos en la España y el País Vasco de entonces. Recién terminada la transición nos encontrábamos con que había habido una amnistía total, es decir, todos los presos y exiliados con delitos de origen político, incluidos los de terrorismo, salieron de la cárcel y pudieron venir del exilio. Por lo tanto, las cárceles se vaciaron y se empezó de cero. Se había aprobado la Constitución, se había aprobado el Estatuto y en el País Vasco, además del Estatuto, teníamos también el Concierto Económico.

Pero al lado de estos logros que se estaban desarrollando, nos encontramos con el intento de golpe de Estado de Tejero, en febrero de 1981, en gran medida justificado por sus promotores por la existencia de un terrorismo letal entonces. La fría estadística dice que había, de media, un asesinato terrorista cada tres días. Además, en el mundo de la izquierda abertzale había una escisión patente de formaciones políticas y electorales con estrategias diferenciadas: por un lado, Herri Batasuna, y, por otro, EIA- Euskadiko Ezkerra.

En esta situación es cuando fundamentalmente por parte de Juan Mari Bandrés y de Mario Onaindia, dirigentes de esa segunda formación, se toma la decisión de acabar con ETA político-militar y con el terrorismo. Hasta aquí hemos llegado —se dicen—, esto no puede seguir así, y lo plantean con decisión y con claridad. Por parte de la dirección de ETA político-militar esta posición se asume, aunque no estuvo exenta de problemas e incluso dio lugar a alguna escisión por el camino. Tanto Onaindia como Bandrés lo hablan con el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y con el ministro del Interior, Juan José Rosón.

Y aquí empieza todo. Se empieza sin saber muy bien cómo iba a acabar. Pero había una cosa importante: Rosón entiende enseguida que “esto va en serio”, que no hay engaños ni objetivos espurios y que puede acabar bien. Y sobre todo se piensa que si esto sale bien puede extenderse y puede acabar con el terrorismo y con otras organizaciones; desgraciadamente, esto último no se produjo.

Las relaciones políticas entre Suárez, Rosón, Bandrés y Onaindia fueron muy intensas y muy positivas. Ambas partes se entendían y se fiaban, y eso era muy importante para el buen fin de toda la operación. Posteriormente, los socialistas ganaron las elecciones, en octubre de 1982, y ya es con Felipe González y con José Barrionuevo con quienes se continúa el proyecto iniciado hasta su resolución definitiva.

Se trataba de que la organización como tal, toda la organización, se disolviera y desapareciera, y que renunciara con toda claridad a cualquier actuación terrorista o de lucha armada —como lo llamaban— para conseguir fines políticos. En aquel contexto, pienso que ETA político-militar le daba importancia al Estatuto y al Concierto Económico porque entendía que eran instrumentos muy valiosos a través de los cuales podía desarrollarse de forma pacífica su proyecto de liberación nacional.

Como decía antes, quizá el factor definitivo fue que por parte de Rosón y de Suárez, y luego de Felipe González y de Barrionuevo, vieran que aquello iba en serio, es decir, que no era ningún truco o que no era una vía para otros objetivos. Y la apuesta por las vías pacíficas y el marco político entonces establecido se aceptó sin ninguna sombra de duda o de sospecha. Incluso hubo actos como el del frontón de Biarritz en el cual aparecieron ya los miembros de ETA político-militar con las caras a la vista y la manifestación clara de que “somos nosotros, aquí estamos y queremos volver a España”.

Claro, al ser todos, el planteamiento de la delación o de la colaboración no se planteó como tal porque no tenía sentido. No se podía denunciar al de al lado porque todos estaban en el mismo proceso. Era una vía específica y el círculo se cerraba de una vez. Lo que no hubo expresamente, y tampoco entonces se trató, fue cualquier tipo de declaración de arrepentimiento. Fue un tema que se soslayó y que se dio por bueno —o por innecesario— con la renuncia al terrorismo, con la asunción del marco político y con la integración plena en la vida civil de todos los exterroristas.

La verdad es que en el mundo de ETA había habido movimientos y, por lo tanto, los que quedaban en ETA político-militar eran los que tenían claro el abandono de la vía violenta. Hubo, evidentemente, escisiones que acabaron en ETA militar, como los berezis y otros grupos.

En la estrategia de disolución no hubo una “hoja de ruta” diseñada previamente ni tampoco una legislación que la amparase. La legislación de entonces era la antiterrorista y no había nada en el Código Penal que permitiera una percha a la que engancharse legalmente. Se hizo solo con la buena voluntad y la intención de resolver las cosas.

Por parte de los estamentos que intervinieron hubo buena disposición y ayuda. Por parte de la policía yo me reuní con Ballesteros, que entonces era el jefe del Mando Único Antiterrorista, y con Joaquín Martorell, director general de la Policía. Entonces eran los dos máximos responsables del antiterrorismo. Ballesteros venía de la época anterior, de la dictadura, y Joaquín Martorell, como digo, era un comisario que ahora dirigía la Policía. Yo traté mucho con ellos. No sé si se lo creían o no, pero todas sus acciones iban encaminadas a resolver el problema. Su planteamiento se resumiría así: “Nosotros somos profesionales y si sacamos de circulación a 130 terroristas, pues fenomenal y a ayudar a ello”. Por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Judicatura hubo también una actitud de posibilitar, dentro de la ley, la desaparición de ETA político-militar. Les daba mucha confianza que la gente que iba allí a hablar con ellos fuésemos, lógicamente, abogados, pero también policías y mandos de ese cuerpo. Además, hubo una aceptación social bastante generalizada, sin ningún rechazo y con unas organizaciones de víctimas todavía entonces muy incipientes que no adoptaron una posición activa contra ese proceso. Hubo, sí, algunas quejas. Yo me acuerdo de que un día me llamó Barrionuevo para advertirme sobre una entrevista que había concedido a Informe Semanal de TVE y de cómo le habían llamado varias víctimas quejándose de la cobertura mediática. “No te preocupes —le dije—, no se va a volver a repetir”. Y así fue. No se volvió a producir ningún acto de este tipo. Es decir, hubo una especie de conjuración de los diversos “actores” para ir dando pasos en la solución a los problemas que se planteaban.

Incluso hay que recordar que la legislación entonces era muy restrictiva. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía el ingreso en prisión directamente por el juez sin que lo pidiera el fiscal o la acusación particular. Ahora eso no es posible. Ello implicaba que, además de la Fiscalía, la Judicatura también debía colaborar.

Yo provenía del Partido Comunista y parte de él se había fusionado en Euskadiko Ezkerra; creo que me dieron esta responsabilidad porque no nos fiábamos de los polimilis… Y me pusieron a mí diciendo: “Bueno, como este no tiene nada que ver, sino todo lo contrario, con ese mundo, pues por lo menos lo vigilará bien y no tendremos sorpresas”. Y ahí estuve yo en todo este tiempo.

Hubo cuestiones que, con anécdotas, se pueden entender mejor. Por ejemplo, tuvimos una serie de reuniones en París y en la última y decisiva vino la cúpula antiterrorista —concretamente estuvieron Martorell y Ballesteros— a hablar conmigo y con la dirección de ETA político-militar en un hotel. Yo había quedado con Ballesteros en el Ritz, pero fui la víspera allí y me di cuenta de lo lujoso y glamuroso que era. Claro, meter a cinco terroristas en el Ritz era pedir que vinieran la gendarmería y los militares a buscarte. Primero porque tenías que entrar con corbata y segundo porque llamaríamos la atención fuéramos como fuésemos. Llamé a Ballesteros y le dije: “Oye, al Ritz no podemos ir”. Y se lo expliqué. No le gustaba el cambio, pero le di como alternativa un hotel que estaba al lado de cinco estrellas más discreto y aceptó. Allí hicimos la reunión en una suite. La policía estaba muy obsesionada con el tema de la entrega de las armas. Entonces la dirección polimili contestó que apenas tenían armas y que les daba vergüenza entregarlas. Nos dijeron: “Si quieren ustedes, nos pasan un cargamento, se filma y se ve toda la entrega”. Todo eso para explicar que no es que no quisieran entregar las armas, sino que ya no las tenían. La reunión se desarrolló bien y creo que Ballesteros se dio cuenta de que la entrega de las armas no era posible. “¿Cómo os vamos a dar armas para que nos las devolváis?”. Eso era un chiste. Y entonces salieron a relucir muchas anécdotas porque entre ellos se conocían. Ballesteros había estado mucho en Guipúzcoa, todos habían estado muy cerca y se intercambiaron experiencias mutuas.

Al salir del hotel, con la intendencia ya organizada para acudir a la Audiencia Nacional, fuimos a comer al lado del Teatro de la Ópera, del Palais Garnier, en un restaurante llamado De la Paix. Al entrar me di cuenta de que, según nos sentábamos, Ballesteros quedaba de espaldas a la puerta y lo veía nervioso. Entonces le dije: “Ponte aquí, te cambio, que veo que no te gusta…”. “No, no, para que vean que me fío de estos. Es la primera vez que me siento dándole la espalda a la puerta”. Y al cabo de unos meses le dije: “No pasaba nada porque te hubiera cambiado”. Y me dice: “¿Qué creías, que estaba solo? Tenía rodeado todo el restaurante con gente de mi confianza por si pasaba algo”. Fue todo bastante excepcional, impensable poco tiempo después. Se empezaron a organizar todos los viajes a la Audiencia Nacional, porque todos tenían que pasar por la Audiencia Nacional.

Había un problema de encaje. Yo me acuerdo que desde la Audiencia Nacional se me decía: “Nosotros los recibiremos cuando lo diga la Policía”. Y la Policía solía decir: “Juan, tráelos cuando te diga la Audiencia Nacional”. Y entonces, al final, todo se resolvía llamando a la Policía y diciéndoles: “Me ha dicho la Audiencia Nacional que los traiga”. Y llamaba a la vez a la Audiencia Nacional y decía: “Me ha dicho la Policía que los traiga”. Era la manera de casar agendas porque, si no, resultaba imposible.

Empezamos con los que menos relevancia tenían, es decir, de menos a más delitos. La mayoría estaba en Francia y algunos estaban ya en prisión. Hay que recordar que había habido una amnistía y solo habían pasado tres años. Era muy poco tiempo, pero ya habían entrado nuevos terroristas en prisión. Hubo algunos indultos del Consejo de Ministros, recogidos en el Boletín Oficial del Estado, de terroristas que no tenían cargos por delitos de sangre. Ello facilitó la concesión de otros más.

La mayoría pasaba por la Audiencia Nacional y previamente se había pactado una libertad con fianza. Se había acordado que nadie que pasara por la Audiencia Nacional acabara en prisión. Luego, en su día, se les convocaría al juicio oral.

Hubo problemas con las cuantías de las fianzas y con algún etarra reclamado por algún juzgado de instrucción guipuzcoano, pero se solucionaron de forma imaginativa evitando que nadie acabara en prisión, ya que ello supondría restar credibilidad a todo el proceso de reinserción. Poco tiempo después sería insólito resolver las incidencias como se resolvieron entonces, pero de ese modo no se puso en peligro la situación.

Cuando salíamos de la Audiencia Nacional hacíamos una tournée por Madrid, ciudad que la mayoría no conocía. Íbamos a ver el Guernica de Picasso, entonces en el Casón del Buen Retiro, junto al Museo del Prado, y luego comíamos juntos un cocido madrileño. Era una especie de incorporación a la sociedad, a un país que yo intentaba explicarles que estaba bastante bien y que merecía la pena.

De todos los polimilis —unos 135, como he dicho— que se acogieron a la reinserción, ninguno volvió a delinquir y muy pocos acabaron en la política. Lo que querían era volver a sus casas y acabar pasando las vacaciones en Torrevieja o en Benidorm, como cualquier hijo de vecino. Alguno acabó en Euskadiko Ezkerra de concejal, alguno también llegó a formar parte luego del PSOE, en el PNV, pero en general el motivo fundamental fue el hartazgo y el deseo de dejarlo todo atrás de una vez. Evidentemente, esta experiencia no se desarrolló ni contagió a otros grupos terroristas. Vinieron años tremendos y este episodio terminó por ser una contribución importante, pero no decisiva. Euskadiko Ezkerra se incorporó al juego político con lealtad y en estos temas fue un referente.

Todo ello en el contexto de la vía Nanclares que comienza en 2010, más o menos, no tiene nada que ver, porque primero han pasado treinta años y no en balde, y hay detrás centenares de muertos y miles de heridos, además de una sociedad traumatizada. Por ello, cualquier comparación es insostenible. Pero es que incluso las condiciones para acceder a la reinserción ya tienen un formato legal muy condicionado: una política antiterrorista que se desarrolla en el sentido del arrepentimiento expreso que ya sí está recogido en el Código Penal, de colaboración con la Justicia que también está contemplado en el Código Penal, y la presencia activa de unas asociaciones de víctimas muy potentes que, por supuesto, van a ser un elemento de presión social y política de primer orden a la hora de que no haya ninguna actuación que se salga de los parámetros estrictamente legales.

Creo que la experiencia fue positiva, numéricamente tuvo relevancia y se vio la posibilidad de abrir una vía propia aquí que supusiera una ruptura con el terrorismo de ETA. Actualmente, la situación ya es distinta porque, primero, ETA ya no existe, ha habido una disolución y ha llegado tarde, como en todo, y tan tarde que ni es una referencia a la hora de poder tratar, negociar o resolver nada. Pero el hecho es así. Es decir, hoy ETA no existe y, por lo tanto, el tratamiento de los presos debe estar ligado única y exclusivamente a lo que permite el Código Penal y el Reglamento Penitenciario. Y estos establecen unas condiciones en las cuales la persona que está en la cárcel condenada por un delito grave, también en determinadas circunstancias y condiciones puede acogerse a unas medidas que mejoren su situación penitenciaria. Digo esto porque muchas veces parece que cualquier situación en la cual un preso mejora es un beneficio penitenciario y eso no es cierto. Es decir, es como si llamáramos beneficio penitenciario a tener un vis a vis con tu mujer o con tu pareja. No, eso es algo que está recogido en la legislación penitenciaria. O el poder disfrutar de permisos si el preso cumple las condiciones, está en segundo grado y ha cumplido parte de la pena. Los permisos no son ningún beneficio penitenciario, sino algo que prevé la legislación penitenciaria. Y, en la misma línea, acceder a una situación de semilibertad, un tercer grado o un 100.2 que permite salir a trabajar y volver a dormir.

Creo que esta sería la vía. Es decir, ya no sería una de tipo político, sino una planteada exclusivamente dentro de la legalidad. Al final, los miembros de ETA han cometido delitos muy graves, las penas son muy grandes y tienen que tener un tratamiento similar a otros presos que han cometido otros delitos también muy graves aunque no sean terroristas. En definitiva, hay que desligar el tratamiento penitenciario de cualquier reivindicación o apreciación política.

CAPÍTULO 5

Fines y medios de la política penitenciaria
en España

José Luis Castro de Antonio

Recuerdo el día en que saltó a los medios de comunicación la noticia de la declaración de la disolución de la organización terrorista ETA. Para una persona de mi edad, que ha crecido y vivido teniendo muy presentes los atentados, los asesinatos y el enorme dolor causado a las víctimas por la banda terrorista, supuso plantearse tres ideas:

Una reflexión sobre el hecho de que ETA había sido vencida a través del Estado de derecho. Nuestra arma ha sido la legalidad, la ley que hemos aplicado y que debemos seguir aplicando.

Un pensamiento afectuoso y de reconocimiento a aquellas víctimas anónimas particulares, de las que apenas conocemos nada sobre su vida. Víctimas inicialmente preteridas, que eran meramente números. La práctica diaria en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP) me ha permitido conocer su realidad, a través de las múltiples entrevistas mantenidas con ellas. Y en tal sentido debo reconocer su bonhomía y su generosidad. Ha sido impresionante entrevistarme con madres viudas que han tenido que exiliarse del País Vasco y que, en situaciones vitales muy difíciles, han criado a sus hijos sin un ápice o atisbo de venganza o rencor. Por ello, mi admiración, cariño y respeto a todas estas personas y a sus familias.

Quiero llevar también un pensamiento a ese conjunto de muchachos, de jóvenes, que se encuentran en las escuelas, en los institutos, con sus plumieres, lapiceros, ordenadores, su música y, en definitiva, su alegría de vivir. Forman parte de una generación, a diferencia de la mía, para la que ETA es historia, pero una historia que deben conocer y que ya no será historia vivida.

La disolución de la banda terrorista como consecuencia del triunfo del Estado de derecho desplaza, especialmente en el momento actual, el orden del deber hacer al ámbito de la ejecución penal y penitenciaria. De poco sirve que la Justicia haya dado la respuesta adecuada a los delitos cometidos a través de las sentencias si no se aplica correctamente la legislación penitenciaria en fase de ejecución penal.

Se han alzado voces que han planteado un debate sobre cuál debe ser la legislación aplicable desde la perspectiva penitenciaria, partiendo del supuesto fáctico de disolución de la banda terrorista. Por un lado, están quienes consideran que debe establecerse una reforma legislativa que permita afrontar y dar respuesta jurídica a esta situación, aquellos que han valorado la posibilidad de un derecho transicional que permita regular el procedimiento de ejecución ad hoc, es decir, para este supuesto concreto, y, finalmente, los que piensan, entre los que me encuentro, que tanto el Código Penal como la legislación penitenciaria vigente es la vía adecuada para dar respuesta jurídica a la ejecución de las penas impuestas por estos delitos.

Este capítulo trata de los fines y medios de la política penitenciaria en España, y es adecuado este título porque, en definitiva, la política penitenciaria forma parte de la estrategia que debe presidir la actuación de la Administración Penitenciaria y, con ello, la del Gobierno, como medio para luchar contra la criminalidad existente, cualquiera que sea su forma. Esto nos lleva a una importante premisa: corresponde a la Administración Penitenciaria, al amparo de la legalidad vigente, adoptar las resoluciones que sean necesarias en relación con la situación jurídica de cada una de las personas privadas de libertad, basándose en el principio de individualización científica. Nos encontramos, por tanto, ante la necesidad de diferenciar dos vías paralelas que, en ocasiones, coinciden. De un lado, la vía administrativa, en la que se deben adoptar las resoluciones necesarias atendiendo a las circunstancias, los factores y la evolución de cada interno, y, de otro, la jurisdicción penitenciaria, cuya naturaleza es esencialmente revisora de la actuación administrativa. El JCVP debe velar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y realizar aquellos pronunciamientos que sean necesarios en materia de ejecución de penas asumiendo competencias de tribunal sentenciador, lo que supone revisar la actuación administrativa cuando existan resoluciones de la Administración Penitenciaria concretas, bien porque se ha planteado un recurso por el interno, la Fiscalía o la víctima en los supuestos que proceda, bien porque se han recibido propuestas de beneficios que, conforme a la ley, deben ser aprobados por el juez penitenciario.

La Administración Penitenciaria debe actuar fundamentalmente conforme al principio de legalidad, esto es, mediante la aplicación del Código Penal, la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y el Reglamento Penitenciario (RP), dando respuesta concreta a las peticiones o situaciones que cada uno de los condenados por delitos de terrorismo en ETA formule.

De ahí, serán las Juntas de Tratamiento (JT) las que deberán inicialmente adoptar las resoluciones o propuestas necesarias en las materias de su competencia. No puede ser de otro modo pues, en conformidad con la legislación vigente (artículos 59 a 72 del LOGP y del 99 al 117 del RP), el órgano competente para adoptar este tipo de resoluciones son las JT, añadiendo que, desde una perspectiva práctica, son las que conocen al interno, pues han hecho un seguimiento de su evolución penitenciaria y de su actitud frente al delito cometido. Previo informe del Equipo Técnico (ET), dichas juntas deberán valorar si, efectivamente, de forma individual, los condenados se han apartado de los medios y finalidades que pretendía la organización terrorista ETA.

Se hace necesario reseñar que la situación de los internos condenados en relación con el terrorismo de ETA ha variado notablemente. Durante muchos años este tipo de penados ha venido manteniendo una actitud silente, conscientemente omisiva respecto a aquellas peticiones que afectaban a la ejecución de la pena privativa de libertad (permisos, grados…); por el contrario, han sido intensamente reivindicativos en las cuestiones meramente regimentales que afectaban a su situación personal en prisión. De ahí que en el juzgado se recibiese un volumen más que considerable de este tipo de quejas y no de recursos en materia de permisos y clasificaciones, cuestión esta que se ha visto ampliada en el momento actual, una vez que parece que la organización terrorista ha abierto la veda para que los internos, de forma individualizada, formulen los recursos que estimen procedentes.

A las Juntas de Tratamiento les espera, ante esta nueva situación, un trabajo arduo y muy importante, que se ha visto ampliado a partir de las numerosa peticiones y recursos que se han formulado por estos internos tras la disolución de ETA en mayo de 2018, toda vez que, tras los informes de los ET, han de dar respuesta a las situaciones planteadas, no desde la idea de la colectividad, sino desde el análisis individualizado del posicionamiento que cada uno de los internos realice sobre el hecho delictivo y sus consecuencias.

Conviene reflejar la situación penitenciaria en la que se encuentran los internos de ETA según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) a fecha de 28 de septiembre de 2018. Había entonces 232 internos, de los cuales 227 se encontraban penados y cinco, presos, con la siguiente distribución por grados: un penado en tercer grado, artículo 86.4 RP; 195 penados en primer grado, artículo 91.2 RP; un penado en primer grado, artículo 91.3 RP; 21 penados en segundo grado; seis penados en segundo grado, artículo 100.2 RP; un penado en tercer grado, artículo 82.1 RP; un penado en tercer grado, artículo 86.4 RP; dos preventivos, artículos 19 y 91.2 RP; y cuatro internos sin clasificar.

De lo expuesto, se deduce fácilmente que la situación de los internos de ETA durante su estancia en prisión ha sido la de la aplicación mayoritaria del primer grado en el caso de penados y el artículo 10 LOGP en el supuesto de preventivos, extremo que ha determinado una modalidad concreta de régimen de vida fruto de las limitaciones legales que resultan de la aplicación del artículo 91.2 y 3 del RP. También hay que deducir que, al encontrarse la mayoría de los internos penados, deben aplicarse los requisitos establecidos por la ley con motivo de la ejecución de penas.

Corresponde, por tanto, a la SGIP la clasificación de grado de los internos. El argumentario que ha venido manteniendo tras la declaración de la disolución de ETA para acordar el mantenimiento de los internos en primer grado puede ser sistematizado de la siguiente forma:

Parte de que la conducta global del interno no permite concluir por el momento una normal convivencia.

La gravedad de los hechos delictivos vinculados a una organización terrorista.

Aprecia una importante cohesión entre los miembros de dicha organización.

No se encuentra acreditada la desvinculación del interno a la estructura de la organización.

Concluye que, en consecuencia, se mantiene un nivel de peligrosidad elevado que conduce a la necesidad de mantener la clasificación en primer grado.

Es obvio que lo aquí expuesto responde a una generalidad, a un resumen-conclusión de las distintas motivaciones recogidas en las resoluciones administrativas, pero que nos permite valorar la situación penitenciaria actual de estos internos, que han mantenido intervenidas las comunicaciones, así como su inclusión en el sistema de control FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) modalidad Banda Armada. Partiendo de esa generalidad, podría concluirse que en la mayoría de casos se mantiene un pronóstico de reincidencia y peligrosidad alto o muy alto, amparándose en factores de inadaptación como son la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, pertenencia a organización criminal, alarma social, ensañamiento de la actividad delictiva y cuantía de la pena impuesta.

Son circunstancias que deberán irse valorando a medida que se hagan las propuestas de clasificación sucesivas en atención a la evolución del interno. Hasta ahora puede afirmarse, salvo en supuestos puntuales, la nula participación de este tipo de internos en programas tratamentales que deriven en la asunción del hecho delictivo y sus consecuencias. Probablemente ello es fruto de la pasividad de estos penados durante los últimos sesenta años en los que únicamente han mantenido una actitud reivindicatoria sobre su situación en prisión o sobre algunos beneficios, como era el caso de la reclamación de redenciones, consecuencia de una férrea disciplina a los postulados de la organización terrorista que les llevaban únicamente a participar en aquellas actividades (manualidades, deporte, estudio, etc.) que redundaban en su propio beneficio y que eran presupuesto necesario para obtener las citadas redenciones. Dichas actividades poco tienen que ver con lo que exige un Programa de Intervención Tratamental (PIT) en el que se trabajan, entre otros objetivos, la asunción de la responsabilidad penal y civil por los delitos cometidos y, en consecuencia, la desvinculación de aquellos valores que representa la organización terrorista.

Últimamente, y tras la declaración de la disolución de ETA, algunos internos han mostrado su voluntad de participar en el Programa de Régimen Cerrado, pero este marca unos objetivos comunes para todos los internos con independencia del delito cometido, siempre con el presupuesto de encontrarse clasificado en primer grado. Tal vez no sea lo deseable dado el punto de vista de la individualización científica, pero es un paso.

Desde el ámbito regimental, hay que constatar la existencia de numerosas sanciones disciplinarias en las que incurren estos internos, valorando no solo la perspectiva de una conducta contraria a un comportamiento normalizado en prisión, sino también el hecho de que las conductas causa de la sanción respondían a actitudes reivindicativas (plantes, chapeos, exposición de carteles, etc.), como forma de reafirmar los postulados de la organización terrorista. De ahí que los especialistas del ET hagan especial hincapié en que la asunción de responsabilidad tiene que manifestarse como algo individual y no como señal de sintonía a un grupo de referencia.

En la situación actual, algunos internos niegan actuar por las consignas del grupo terrorista —“ETA no existe”— como mecanismo para evitar centrarse en los delitos cometidos y sus consecuencias, justificándose en los medios que perseguía la lucha terrorista y que, según su criterio, pierden ahora razón de ser al haberse disuelto la banda, lo que les conduce a renunciar “al empleo del método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión o vulneración de sus derechos”. Otros internos, asumiendo las consignas de ETA, llevan a cabo estrategias que permitirían, entre otras cosas, conseguir que la mayor parte de los penados salgan en libertad lo antes posible, reconociendo que dicha organización ha causado mucho dolor a las víctimas, pero vinculado al daño que, según sus palabras, “el Estado español ha causado al pueblo de Euskadi”, “asumiendo el rechazo de la violencia, debiendo ingresar en lo político”.

Por ello, y siguiendo las propuestas de los ET, se hace necesaria la elaboración y desarrollo, conforme a la legislación vigente, de los PIT con los siguientes objetivos:

Abandonar los postulados de la banda armada.

Asumir la actividad delictiva.

Reparar las consecuencias de la misma.

Concluir un cambio conductual con pleno respeto a las normas de convivencia.

Podría afirmarse que, en el momento actual, la clasificación en primer grado se ha mantenido según los informes elaborados por los especialistas basándose en la idea de peligrosidad/reincidencia, derivada de la aplicación del artículo 10 LOGP. En este sentido, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en diversos autos al conocer la vía de apelación de los recursos planteados contra la clasificación en primer grado con los siguientes criterios: analiza la peligrosidad partiendo de factores como la naturaleza del delito por el que se cumple condena, sin entrar en el debate sobre el análisis de la disolución de la banda terrorista ETA, y valora si existe una evolución positiva en el interno constatada en aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, lo que supone constatar el posicionamiento de cada penado en relación con su desvinculación efectiva de la organización ETA.

Por tanto, debe valorarse que el hecho/la afirmación de que dicha organización se encuentre disuelta, en una declaración de disolución relativamente reciente, no desvincula al penado de la pertenencia a una estructura organizativa, al mantener dentro de prisión una disciplina de grupo. Extremo este que deberá ser desvirtuado, entre otros, a través de la participación del interno en programas de tratamiento y de aquellos informes elaborados por los especialistas (profesionales del ET que atienden al interno) que constaten la asunción, por su parte, de la actividad delictiva y sus consecuencias, y que, de esta manera, eliminen cualquier atisbo de peligrosidad al considerarse que el riesgo de reincidencia es medio alto.

Se aprecia en el momento actual un riesgo derivado de la condena de delitos de terrorismo vinculados a ETA que, si bien es menor al encontrarse disuelta la organización, obliga a valorar y analizar con prudencia las diversas circunstancias que concurren en cada interno como paso previo al grado pretendido.

La existencia de valores positivos, siguiendo la terminología de la Sala de lo Penal, no se ganan en un día, sino que precisan de una constatación en el tiempo, de tal modo que la exigencia temporal habrá que ponerla en relación con la consolidación de la adaptación de aquellos factores positivos que juegan a favor de la progresión.

De ahí que se recoja como idea central la apuntada inicialmente: focalizar el análisis de la conducta y evolución del interno en los ET y las JT de los Centros Penitenciarios. Y es que, en definitiva, no puede ser de otro modo toda vez que, conforme a la legislación vigente, debe darse una respuesta inspirada en la individualización científica.

El auto de 13 de diciembre de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sienta las bases a partir de las cuales debe valorarse la positiva evolución del interno:

Por lo tanto, si, como decimos, la progresión ha de depender de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, que se ha de manifestar en la conducta global del penado, para ello será necesario tener en cuenta su actitud y comportamiento penitenciario, pues son elementos fundamentales para conseguir la progresión de grado, y esto no es algo que se gane en un día, sino que, para su apreciación, precisan de una consolidación en el tiempo, por ello que, cuando se predica la transitoriedad del régimen cerrado, como hace la defensa, habrá de ponerse en relación con el tiempo suficiente para constatar que la conducta y actitudes del interno se han reconducido hacia parámetros que aconsejen esa progresión, siendo por ello lo que hay que insistir que no basta solo con un transcurso de un tiempo más o menos prolongado desde el ingreso en prisión, sino que la valoración habrá de ponerse en relación con la consolidación de la adaptación de los factores positivos que juegan a favor de la progresión. Así pues, transitoriedad sí, pero a valorar desde el momento en que se consolide la nueva situación de adaptación; el periodo anterior no debe ser computado, porque lo contrario puede llevar a situaciones de fraude de ley.

De esta manera, consideramos que estamos siguiendo las pautas que aconseja la Instrucción 9/07, porque, cuando habla de la transitoriedad como uno de los principios generales y básicos que han de inspirar la aplicación del régimen cerrado, dice de ella que “el tiempo que el interno esté en régimen cerrado ha de ser el imprescindible para reconducir sus conductas y actitudes hacia el régimen ordinario, de ahí que resulte imprescindible la intervención activa, intensa y dinámica con este grupo de internos”, lo cual, entendido en sus justos términos, significa que ese tiempo mínimo no cabe computarlo, sino hasta que se tenga una constancia de que la conducta y actitud del penado, cualquiera que haya sido la fecha en que ingresara en prisión, se ha reconducido a pautas que aconsejen progresar de grado.

Ahora bien, el criterio no es unánime en tanto dicha resolución va acompañada de un voto particular motivado en cuyo fundamento 7 y 8, en los que se analiza el concepto de criminalidad al amparo de los artículos 10.3 y 61 de la LOGP:

7- No hay peligrosidad criminal porque la organización terrorista ETA cesó su actividad en octubre de 2011 y se ha disuelto en mayo de 2018. La antigüedad de los hechos por los que cumple condena se remite a fechas anteriores a la entrada en vigor del Código de 1995, por lo que ha transcurrido un lapso de tiempo muy importante en la vida del condenado que no permite elevar un pronóstico actual de peligrosidad para el orden y la convivencia sobre ese dato de su historial delictivo. La no peligrosidad penitenciaria se pone de manifiesto por la ausencia de sanciones, el otorgamiento de notas meritorias, la asignación a un modelo de vida próximo al ordinario y la ejecución de actividades y tareas. Es por ello que no se dan las circunstancias de hecho que constituyen el presupuesto fáctico de la clasificación en régimen cerrado.

8- Por fin, es menester señalar que estamos aplicando un tratamiento idéntico de negativa a clasificar en régimen ordinario a reclusos condenados de la Administración Penitenciaria, junto al alejamiento de sus familias y lugares de residencia. Decisiones que podrían conculcar las Reglas Penitenciarias europeas, enunciadas en la Recomendación Rec (2006) del Comité de Ministros de los Estados miembros, que en su apartado 53.6 establece que las medidas de máxima seguridad, como es el régimen celular de aislamiento o primer grado, deben aplicarse individualmente y no a los grupos de detenidos. Se trata de una medida que se desentiende de la peligrosidad concreta que representa el preso para la comunidad interior del establecimiento, y que se viene a establecer como pauta de tratamiento de una categoría de detenidos.

Desde otra perspectiva, llama la atención la situación en la que se encuentra un reducido grupo de internos vinculados a la organización terrorista que, pese a mantenerse clasificados en primer grado del artículo 91.2 RP, realizan la actividad penitenciaria en módulos ordinarios. Esta situación, de hecho, ha obligado al juzgado a estimar los recursos planteados al entender que la Administración concluye que no subsisten las razones para mantener a algunos internos en un régimen de primer grado, en tanto que los ubica de facto en un módulo de régimen ordinario sin tener en cuenta la aplicación estricta de la legislación vigente.

Efectivamente, si la Administración acuerda adaptar el régimen de vida del interno clasificado en primer grado en una modalidad distinta de este, habrá que deducir que se ha valorado que en dicho interno no se dan los parámetros exigidos en el citado artículo 10 LOGP y que, por tanto, ha desaparecido el criterio de peligrosidad extrema o inadaptación al régimen cerrado. Esta situación conlleva, como se ha indicado, clasificar al interno en segundo grado o, cuando menos, en un principio de flexibilización del artículo 100.2 RP.

Actualmente cabría considerar que el concepto de peligrosidad solo puede venir predeterminado por lo recogido en el apartado c) del artículo 10 LOGP: “Pertenencia a organización delictiva o a bandas armadas, mientras no se muestren en ambos casos signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas”. Según se desprende de la mayoría de los expedientes que conducen a la clasificación en primer grado en el momento actual, las JT han basado la clasificación en primer grado atendiendo al pronóstico de reincidencia o peligrosidad en conformidad con la ausencia de los mencionados “signos inequívocos”.

Conocer la realidad vital de los penados, su percepción frente a la actividad delictiva y la asunción de las consecuencias de sus actos debe ser el objeto de trabajo de los ET y las JT.

Necesariamente, el paso del tiempo y el análisis que los especialistas vayan haciendo de la situación de cada uno de los penados una vez disuelta la banda terrorista deberá determinar la clasificación en segundo grado. Y a partir de ahí, de acuerdo con la evolución del interno, la posibilidad de obtener mayores cotas de libertad. Pero para ello se necesita, reitero, un periodo de observación que conduzca a conclusiones sólidas en lo relativo a las clasificaciones que se acuerden.

He incidido en esta exposición en la situación en la que se encuentran los penados en primer grado en tanto que la mayoría de los recursos que se han planteado ante este juzgado tienen la finalidad de obtener una clasificación en segundo grado, así como modificar el régimen de vida en el que se hallan la mayoría de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a ETA. Pero no debe dejar de hacerse referencia al grupo de internos que se encuentran en segundo grado y que están planteando cuestiones como la solicitud de permisos, el acceso a tercer grado o la aplicación del artículo 100.2 RP. Un referente en esta cuestión es la denominada vía Nanclares, que no es otra cosa que la aplicación estricta de la legislación penal y penitenciaria vigente. No hay nada en la referida vía Nanclares que no esté recogido en el CP y la LOGP: “Asunción de la responsabilidad delictiva, renuncia explícita a la violencia, desvinculación de la banda terrorista, reconocimiento del daño causado, petición de perdón a las víctimas, posibilidad de pago de las responsabilidades civiles y posible colaboración con las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad cuando fuesen requeridos al efecto y estuviesen en condiciones de prestarlo”. En cuanto a esto último, es obvio que no resulta exigible lo que no puede darse porque no se conoce. Creo que, en este periodo de observación y estudio que los ET deben realizar, un mecanismo muy positivo sería acudir a los principios de flexibilización como medio para obtener paulatinamente mayores cotas de libertad siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley.

En muchas ocasiones, la Administración Penitenciaria ha sido muy reacia a aplicar esta vía jurídica, sin embargo, la valoro como enormemente positiva en tanto que es un camino intermedio en el ámbito de la clasificación con numerosas ventajas:

Permite marcar una línea tratamental que impone al interno reglas específicas de conducta y comportamiento.

En consecuencia, la JT debe elaborar un plan de ejecución en atención a las circunstancias específicas del penado.

A diferencia del tercer grado, que según la modalidad que se aplique llevará inherente un régimen de vida concreto, el 100.2 RP permite adecuar la modalidad de vida del penado a las circunstancias concretas, permitiendo constatar que se reúnen los presupuestos legales y avanzar en mayores cotas de libertad a medida que se reafirma el compromiso del penado con los requisitos exigidos por la legislación vigente.

En conclusión, debe valorarse como muy importante y significativa la disolución de la banda terrorista ETA y la ausencia de atentados. A partir de ahí debe iniciarse un camino con mucho trabajo por hacer, siempre, dentro del marco de la legalidad vigente y con el máximo respeto a las víctimas de la actividad terrorista y a la totalidad de la ciudadanía en tanto que espera que se cumpla la ley como consecuencia del Estado de derecho en la forma recogida en el artículo 1.1 CE.

¿Y las víctimas? La situación de las víctimas de la banda terrorista ETA ha cambiado notablemente, pues de ser las grandes olvidadas, han visto en los últimos años cómo se han venido reconociendo sus derechos a partir del Estatuto de Víctimas, Ley 4/2015 de 27 de abril (EV) y previamente Ley 29/2001 de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas Terrorismo, que les abre la posibilidad de formar parte en el procedimiento penitenciario, así como de poder obtener cuanta información requieran sobre los expedientes que les afecten.

Es, sin duda, una novedad en el sistema penitenciario. Sin embargo, desde la entrada en vigor del EV se observa que existe un gran desconocimiento y desconcierto por parte de las víctimas sobre cuáles son los derechos que les asisten y qué resoluciones concretas pueden recurrir en el ámbito penitenciario. Posibilidades que seguramente se encuentren muy alejadas de las reclamaciones y perspectivas iniciales de este colectivo, lo que ha producido cierto desconcierto y frustración.

Llegados a este punto, me gustaría exponer algunos extremos que creo que pueden ser de utilidad, teniendo en cuenta la diversidad de peticiones que recibimos en este juzgado tanto de las propias víctimas como de los representantes legales de las asociaciones.

Sobre la materia objeto de recurso
por las víctimas de Hechos Delictivos

El título II de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la víctima del delito dedica de forma expresa el artículo 13 a regular la participación de la víctima en la fase de ejecución penal y más concretamente en ejecución penitenciaria.

Parte de una premisa que informa toda la normativa recogida en el Estatuto y el Reglamento que lo desarrolla (Real Decreto 1109/2015 de 11 de diciembre): la necesaria solicitud de la víctima sobre el derecho a ser informada en conformidad con el artículo 5.1 m) del citado cuerpo legal.

En tal sentido delimita las resoluciones recurribles por las víctimas:

El auto por el que el JVP autoriza conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 36.2 del Código Penal la posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena cuando la víctima lo fuere de determinados delitos, entre ellos los de terrorismo. Llama la atención que se incluya el delito de terrorismo en la aplicación de levantamiento del periodo de seguridad cuando expresamente lo excluye el artículo 36.2 del Código Penal con la salvedad del contenido del artículo 78.2 de dicho Código.

Obsérvese que el legislador delimita la posibilidad de recurso por parte de la víctima al auto que alza el periodo de seguridad a efectos de clasificación, no a la clasificación en sí misma, lo que tiene su lógica jurídica ya que una vez, por resolución judicial, se levanta el periodo de seguridad la Administración Penitenciaria podrá proceder a la clasificación en tercer grado si lo estima conveniente en atención a las variables de riesgo, siendo dicha resolución administrativa recurrible únicamente por el Ministerio Fiscal y por el interno.

El auto por el que el JV acuerda conforme a lo previsto en el artículo 78.2 del Código Penal que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieren al límite de cumplimiento de condena y no a la suma de las penas impuestas cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos a los que se refiere la letra a) de este apartado o de un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal.

Independientemente de que el artículo 78.3 del CP no existe tras la reforma del Código Penal efectuado por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, la ley delimita nuevamente el objeto del recurso por parte de la víctima al auto por el que determinados beneficios penitenciarios se aplicarán sobre el límite de cumplimiento de condena y no sobre el total de la pena impuesta, excluyéndola del derecho a recurrir los específicos beneficios a los que se refiere el artículo 13.1 b).

El auto por el que se concede al penado libertad condicional cuando se trata de alguno de los delitos del párrafo segundo del artículo 36.2 del CP entre los que se encuentran los delitos de terrorismo. De este modo, el precepto posibilita a la víctima recurrir el auto de concesión de libertad condicional en dicción del citado artículo 13 del EV o la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional tras la reforma operada en el Código Penal en el año 2015.

El artículo 13 del EV no solo indica qué resoluciones pueden ser recurridas por las víctimas, sino que, a su vez, establece un auténtico procedimiento de ejecución penitenciaria en la que se convierte a la víctima en parte legitimada para recurrir con independencia de que hubiere sido parte en el proceso penal del que trae causa la ejecución.

En tal sentido:

El JVP, antes de dictar cualquiera de las tres resoluciones referidas, dará traslado a la víctima que lo hubiera solicitado para que en el plazo de cinco días formule alegaciones.

Dictada resolución por el JVP deberá notificarla a las víctimas.

La víctima podrá entonces anunciar su voluntad de recurrir ante los Letrados de la Administración de Justicia en el plazo de cinco días a contar desde la notificación e interponer recurso en el plazo de quince días, pero limitándose exclusivamente a los supuestos del artículo 13 del EV.

Del contenido de dicho precepto y a efectos de recurso parecen desprenderse tres tipos de resoluciones:

Las dictadas por la Administración Penitenciaria sin intervención inicial del órgano judicial (permiso extraordinario hasta dos días y clasificación en tercer grado, entre otras). En estos casos procede únicamente el derecho de información en conformidad con el artículo 7.1 e) del EV a las víctimas que lo hubieren solicitado, con la salvedad prevista para violencia de género.

Las resoluciones administrativas judicializadas o, dicho de otra forma, aquellas decisiones de la Administración Penitenciaria que están sujetas a autorización judicial, como es el caso de un permiso extraordinario de primer grado o un permiso ordinario de segundo grado. En este supuesto procederá la comunicación a la víctima de la resolución judicial que recaiga en virtud del derecho de información solicitado, pero no podrá recurrir. Lo mismo debe predicarse de las resoluciones judiciales que por vía de recurso resuelvan sobre decisiones administrativas.

Las resoluciones exclusivamente judiciales, es decir, aquellas resoluciones que no puede acordar la Administración Penitenciaria pues de forma exclusiva y excluyente solo puede dictarlas el Juez Penitenciario. A esto se refiere expresamente el contenido del artículo 13 del EV que en todo momento hace referencia a Auto.

Puede considerarse más o menos afortunada la decisión del legislador a la hora de delimitar las resoluciones que pueden ser recurridas por las víctimas, pero no cabe atribuirle una decisión arbitraria o caprichosa en tal delimitación en atención a dos aspectos significativos:

Primero, al permitir que la víctima pueda recurrir únicamente las resoluciones que solo el Juez Penitenciario puede dictar, evita un estado de discriminación en perjuicio de la víctima que derivaría de una situación de privilegio de la Administración Penitenciaria, ya que de lo contrario se llegaría al absurdo de que determinadas resoluciones administrativas (permiso extraordinario hasta dos días en segundo grado o clasificación en tercer grado) no podrían ser objeto de recurso por la víctima si las acuerda la Administración Penitenciaria, pero sí podrían serlo si las acordarse el Juez Penitenciario vía recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

Es evidente que tal disfunción es contraria a lo pretendido por el legislador y por la ley ya que como señala la Exposición de Motivos del EV “se pretende la observancia del principio de legalidad”, dado que la decisión corresponde siempre a la autoridad judicial, por lo que no se ve afectada la reinserción del penado.

En segundo lugar, al acotar las resoluciones judiciales recurribles por la víctima en virtud del artículo 13 del EV el legislador está siguiendo la tradición jurídica penitenciaria recogida en la reforma del Código Penal en 2003 que exige que deban ser oídas las demás partes a efectos del artículo 36.2 y 78.2 del CP. Esta línea se amplía ahora en virtud del artículo 13 del EV a la posibilidad de recurso por parte de las víctimas, incluyendo la libertad condicional, pero ciñéndose exclusivamente a las tres clases de resoluciones judiciales referidas.

Sobre las personas que pueden recurrir

El EV parte de una premisa: el derecho de la víctima a obtener información sobre el proceso penal, incluido el proceso judicial penitenciario al amparo del art 13 del EV.

Así, el artículo 7.1 del EV señala: “Toda víctima que haya realizado la solicitud a la que se refiere el artículo 5.1 m), tiene derecho a recibir información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos”. Estos preceptos y los concordantes del Reglamento de Víctimas (Real Decreto) desarrollan el contenido del artículo 3 del EV al señalar que “Toda víctima tiene derecho a la información”.

Por tanto, el pilar sobre el que pivota el derecho a la información estriba en la previa solicitud de las víctimas, siendo enormemente respetuoso el EV con tal derecho, hasta el extremo de reconocer, a las que hubieran solicitado información, el derecho a no continuar siendo informadas si manifiesta ser ese su deseo.

El legislador y la ley pretenden dar la mayor consideración y respeto a las víctimas en tanto que junto al deseo de ser informadas debe respetarse el derecho de aquellas que según su situación de vulnerabilidad puedan sufrir un daño o dolor añadido al facilitarles una información no deseada.

Se exceptúa el supuesto de violencia de género, que por su peculiar situación y en atención a las órdenes de protección que puede obtener la víctima se invierte la regla general, que este caso será el derecho a ser informada salvo que manifieste su voluntad en contra.

Por otra parte, este derecho a saber se ve reconocido en el artículo 51 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas de Terrorismo que, al establecer las competencias de la oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional, señala el derecho de estas a obtener información sobre el estado de los procedimientos que les afecten, incluida la fase de ejecución penitenciaria y particularmente en los supuestos de concesión de beneficios o excarcelación del penado.

Reconocido el derecho de información, ni el EV ni el Real Decreto aclaran si dicho informe debe facilitarse a las víctimas concretas en el sentido del artículo 2 del EV, a cualquier víctima o a una asociación de víctimas legalmente constituida. De los distintos preceptos de los referidos cuerpos legales, y en concreto del artículo 30 del Real Decreto, parece deducirse que la víctima a la que debe facilitarse la información es la contenida en el artículo 2 EV siempre y cuando hubiere manifestado su derecho a saber a través de la solicitud señalada en el apartado m) del artículo 5.1 del EV.

Este juzgado ha facilitado a las víctimas del terrorismo cuanta información han solicitado en las audiencias y reuniones con ellas mantenidas, pero en puridad jurídica la comunicación deberá hacerse en la forma señalada en el artículo 7 del EV y siempre que la víctima concreta lo solicite. De esta forma, se respetará el derecho a saber/no saber que el Estatuto le reconoce.

En cuanto a las asociaciones de víctimas, no veo inconveniente en que puedan ser informadas, pero siempre que conste autorización expresa de la víctima afectada, ya que en caso contrario se podría estar facilitando una información que la víctima concreta no desea recibir. Lo mismo debe predicarse del derecho a recurrir por las víctimas, pero con la obviedad de que queda circunscrita a las resoluciones del ya citado artículo 13 del EV.

En cualquier caso, efectivamente, el artículo 64 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas señala que “las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo son reconocidas por la presente ley como representantes de las mismas”. Por tanto, en virtud de dicha representación y su conjugación con el derecho a saber/no saber de las víctimas particulares debe acompañarse autorización de las víctimas concretas para que las asociaciones puedan obtener dicha información o al menos acreditar su falta de oposición al respecto, siempre dentro de los límites del artículo 13 del EV.

Sobre la comunicación y la notificación

El artículo 13 del EV sienta un procedimiento específico, anteriormente referido, en virtud del cual las víctimas que lo hubieren solicitado se constituyen en parte en el proceso de ejecución penitenciaria y, por tanto, las resoluciones judiciales que se dicten en esos tres supuestos deberán ser notificadas en la forma que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consecuencia quedará abierto el recurso de reforma y apelación contra las mismas.

Cuestión distinta es el derecho a la información que corresponde a cada víctima que lo hubiere solicitado. En tal sentido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del EV que indica la forma en que debe hacerse dicha comunicación: incluirá al menos la parte dispositiva de la resolución y un breve resumen del fundamento de la misma.

En consecuencia, el derecho de información supone la comunicación de cualquier resolución o decisión de la autoridad judicial o penitenciaria en la forma establecida en el artículo 7 del EV, distinta a la notificación de las resoluciones judiciales del artículo 13 del EV, que deberán hacerse en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal al ser parte la víctima en dichos procedimientos y posibilitando en estos casos el recurso.

Si se hubiese omitido el traslado del expediente penitenciario a la víctima en los supuestos del artículo 13 del EV procedería la nulidad de actuaciones en tanto que al no habérsele dado traslado para alegaciones se le estaría causando indefensión. Sin embargo, en el supuesto del derecho a la información, la ausencia de comunicación no produciría nulidad alguna, sino únicamente la reproducción del derecho a la información solicitada.

Para concluir, nos encontramos en un momento en que adquiere especial relevancia la fase de ejecución penal dentro de la perspectiva de la jurisdicción penitenciaria, salvaguardando los derechos de las personas privadas de libertad dentro de los límites fijados en la legalidad vigente y con el máximo respeto a las víctimas de los delitos de terrorismo de la organización terrorista ETA.

CAPÍTULO 6

La justicia imprescindible y sus límites
en la deslegitimación de la violencia

Adela Asúa Batarrita

Con la distancia que ahora nos permite la disolución de la factoría criminal, vamos a necesitar importantes dosis de valor para reconocernos en nuestra parte de la historia, para volver a preguntarnos cómo pudo pasarnos esto, cómo fuimos incapaces de pararlo a tiempo permitiendo que se extendiera el virus sectario, que continuara aumentando la lista de asesinados y amenazados y la lista de asesinos vecinos nuestros que engrosaban las cuentas pendientes con la Justicia. Como supervivientes y testigos de ese tiempo —cualidad que compartimos de forma acentuada los que tenemos más cargado el calendario—, los relatos que pugnan por ocupar un sitio preferente interpelan nuestra propia experiencia y los lugares de desencuentro que jalonan los recuerdos. Interpelan a nuestra responsabilidad en la transmisión de la memoria y la verdad, y en la colaboración necesaria para que no vuelva a repetirse. Lo cual requiere identificar con precisión el virus recóndito que propagó razones para justificar lo injustificable, para encontrar los apoyos logísticos y concitar el aplauso de una parte no tan insignificante de la sociedad vasca. Ciertamente, no es un virus desconocido porque aflora de forma recurrente en la historia y, en determinadas condiciones, se hace reactivo. Es un virus antiguo, emparentado con la “razón de Estado” como excusa que legitima sacrificios humanos y avala el uso del terror para que triunfe la causa de la virtud, sea la patria, la religión u otra sagrada consigna.

Pese a tantas experiencias amargas, no parece fácil encontrar vacunas definitivas. Los cortafuegos que empezaron a construirse a mediados del siglo XX a través del sistema de derecho internacional de los derechos humanos y las organizaciones supranacionales de apoyo a las democracias constitucionales no llegaron a impregnar la cultura jurídica en España hasta la defunción de la dictadura franquista. Cuarenta años después queremos pensar que con la disolución de ETA se finiquita también una época en la que la glorificación de la violencia política podía encontrar adeptos. Para que así resulte será necesario proclamar sin reservas el repudio de todo aquello que contribuyó a mantener el terror, incluidas las complicidades indirectas. A la vez, restaurar a las víctimas en el reconocimiento de su lugar central en la memoria del terror y mantener los programas de reparación y asistencia, en paralelo con el cometido que corresponde a la Justicia en la fijación de las responsabilidades delictivas.

Justicia, Verdad, Reparación. La primera corresponde a la función judicial. La segunda y tercera requieren actuaciones que implican el compromiso de muchos agentes sociales. Implica que la propia sociedad civil y las instituciones apoyen programas e iniciativas para el reconocimiento de la dignidad de las víctimas como testimonio de solidaridad, incluyendo también la memoria de los afectados por la violencia de persecución. La reparación que completa la tríada es aquella que trasciende del fallo judicial y de las ayudas legales de reparación a las víctimas. Es la que deriva del encuentro con la condolencia sincera del entorno próximo, del entorno de quienes apoyaron a los terroristas, expresada de forma convincente y acompañada de la reprobación inequívoca de aquellas conductas. La condolencia de quienes daban y ejecutaban las órdenes de eliminación es algo difícil de esperar, pero sabemos que no es imposible. Ahí están las experiencias de la vía Nanclares. Y ahí están los torpes balbuceos de las organizaciones que se desprendieron del antiguo cascarón de acompañantes del terror y que ahora quieren exhibir credenciales democráticas, aunque debe ser costoso ajustar la vista para contemplar la verdad desnuda. La consigna del “reconocimiento del daño causado” se ha convertido en un mantra multiuso para obtener una rebaja de pena y para mostrar la voluntad de reinserción en una etapa sin terrorismo19. Tortuosa forma de mostrar condolencias a las víctimas reconociendo que la muerte causa daño y dolor sin acompañar al eslogan la crítica de la propia conducta delictiva. Pero reconozcamos que es un comienzo de cambio de actitud y un síntoma de avance caer en la cuenta del dolor de los otros.

La concurrencia de estas tres actuaciones tiene un largo recorrido por desarrollar. La salida progresiva de los presos una vez cumplidas sus condenas no puede interpretarse como liquidación definitiva de una época y paso de página. La naturaleza del terrorismo vasco lo hace distinto a otros fenómenos delictivos, aunque se emparente con la criminalidad organizada y violenta. Y en concreto, cuando se trata de un terrorismo que actúa en nombre de un pueblo y que encuentra apoyo en un sector del mismo, el proceso de recuperación postraumática debe atender a las distintas capas de la onda expansiva del terror.

La persistente presencia de la máquina de matar vidas y libertades que ha sido ETA nos hace experimentar una sensación difícil de explicar a los que hemos vivido de cerca este largo trayecto. Vemos reaparecer a quienes perpetraron los asesinatos, aún con las huellas de la prisión en su rostro, pero en condiciones de elegir su vida ahora, en paz con la ley. ¿En paz con la sociedad, con toda la sociedad, no solo con los suyos? ¿Puede la sociedad sentirse en paz con ellos? La voluntad común de que no vuelva a repetirse lo que hemos vivido requiere armarse de templanza, de piedad, del recuerdo de las víctimas. Y de iniciativas de los agentes sociales y políticos para completar la tarea de confirmar la condena social de cualquier pretensión de legitimación de la violencia política. Una tarea ciudadana que va a durar tiempo y en la que debe hacerse sitio a quienes ya cumplieron con la Justicia, pero aspiran a soldar las heridas participando en ese empeño común del “nunca más”.

La justicia imprescindible. Reflexiones
sobre los límites de la justicia
en un Estado de derecho

La justicia que administran los tribunales desempeña una función imprescindible para evitar la impunidad, pero su legitimidad está condicionada por la observancia de límites que son a la vez garantía de no arbitrariedad. Trata de sentar la verdad, pero esta solo puede alcanzar a lo que pueda acreditarse como hecho probado respetando los condicionamientos procesales. La estricta vinculación al principio de legalidad penal implica que solo pueden juzgarse las conductas que estén definidas previamente como delito en la ley, conductas individualizables, de conexión constatada con acciones terroristas. No puede juzgar las convicciones ni los sentimientos, ni las complicidades subrepticias. Una sentencia condenatoria declara quién o quiénes son culpables, con la solemnidad que aporta el ritual judicial y la contundencia que supone la imposición de una pena de prisión que va a separar al condenado de la sociedad por un tiempo considerable; por el tiempo que establezca la ley, la clase de pena que establezca la ley, la que estuviera prevista con anterioridad a la comisión del delito, aunque al juez le parezcan insuficientes para hacer justicia. El alivio que puedan sentir las víctimas y la mayoría de la sociedad por la condena de los perpetradores del horror no alcanza a reparar todo el agravio que conlleva la destrucción de la vida y el significado de su utilización como botín político. Y a la vez, la lentitud de los procesos, las dificultades y el respeto debido a las garantías procesales resultan a menudo irritantes. Sin embargo, esta justicia, con sus límites, nos salva de espirales de venganza que acrecientan el horror. El efecto pacificador de un proceso justo permite recomponer el mapa de situación y la confianza en que la ley, la fuerza de las reglas básicas de respeto recíproco, no puede violarse impunemente.

La confianza y la pacificación quedarán debilitadas si el mensaje de reprobación que la sentencia comunica queda en saco roto y no consigue disuadir la imitación de las hazañas criminales que acaban con los héroes en la cárcel. Y más aún si, a modo de “contramensaje”, el círculo fanatizado o próximo a la violencia terrorista despliega su cartelería y propaganda de apoyo y glorificación a los héroes asesinos. La delincuencia de convicción, como el terrorismo atravesado de mística política o religiosa, resulta especialmente resistente a las respuestas punitivas como mecanismos de disuasión.

Ante la aparente impotencia de la justicia no es fácil contener la impaciencia de algunos y la tentación de trampear los controles del Estado de derecho. En algunos casos, se rompen directamente los diques para volver a los viejos usos de estrategias criminales de “contraterrorismo”, miméticas en horror a lo que pretendían combatir supuestamente con superior eficacia. Ya padecimos también esa experiencia en aquella década terrible de los ochenta, que ahora parece lejana. Aceptar el reto que el terrorismo lanza al Estado para que salga de sus casillas y baje a batirse en el campo de la fuerza ayuda a hacer verosímil el discurso bélico, en regresión hacia escenarios predemocráticos. Y, sin embargo, esa justicia con limitaciones, la que corresponde al modelo de Estado de derecho constitucional, se muestra como la única sostenible y la única que permite la credibilidad en la democracia. Lo que no significa que en la superación del terrorismo la justicia tenga la última palabra, pero sí la necesaria para que la sociedad pueda completar la tarea de sanar la enfermedad abordando los flancos débiles que permitieron el delirio mortal.

Como defendía Koffi Annan hace unos años, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales es un límite que en la práctica de la lucha antiterrorista la mayoría de los estados tiende a sortear. Sin embargo, insistía, “la preservación de los derechos humanos no solamente es compatible con una estrategia eficaz de lucha contra el terrorismo, sino que es un elemento esencial de esa estrategia”; la claudicación de su observancia no aporta mejores resultados. “Al contrario, facilita el logro de los objetivos terroristas, al ceder ante él en el terreno moral y provocar tensión, odio y desconfianza hacia el gobierno, precisamente en los sectores de la población en que el terrorismo tiene más posibilidades de reclutar a nuevos miembros” (Koffi Annan: 2005).

El cumplimiento de las penas de prisión
y los límites en su duración

Una vez que la condena es firme comienza otra etapa para el que ha sido sentenciado a prisión y para la justicia, que ha hablado, pero tiene pendiente la supervisión del cumplimiento de la pena en ese recinto permanentemente vigilado, cercado en sus fronteras con la vida exterior, que es la prisión. En ese agujero negro donde quienes cumplen condena son despojados de los atributos ordinarios del propio ámbito de decisión, se hace verdad el significado de la expiación de la responsabilidad penal. Y ese largo tiempo hay que gestionarlo psicológicamente por quien lo afronta y hay que ordenarlo en su gestión cotidiana por parte del centro penitenciario conforme a una normativa bastante precisa. Las instituciones penitenciarias —que sería deseable que volvieran a depender de departamentos de Justicia y de Interior—, bajo el control de los tribunales o jueces sentenciadores y en particular bajo la supervisión de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, tienen el difícil cometido de garantizar la seguridad y el orden en el transcurrir de esa anómala forma de vida en celda impuesta; y, a la vez, garantizar que la vida en prisión no pueda calificarse de situación inhumana o cruel. La inhumanidad y crueldad de que haya hecho gala quien llega a la prisión con la condena de cientos de años ya ha sido valorada por los tribunales competentes en los términos que establece la ley. La administración penitenciaria solo tiene que ofrecer las condiciones ordenadas para el cumplimiento de ese tiempo de privación de libertad, de acuerdo con lo que establece la Constitución y las leyes penales y penitenciarias. La duración máxima del tiempo de cumplimiento de las penas de prisión viene prefijada en la ley penal, de forma vinculante para los tribunales que resuelven y concretan ese límite para cada persona sometida a condena.

La vigencia y el sentido de esos límites resultan a menudo difíciles de aceptar si los medimos conforme a la lógica matemática del coste de las cosas, del coste del delito. Cuesta entender que, si una persona es condenada a una suma de trescientos años de prisión por diez asesinatos, vea limitado el cumplimiento de su condena a un máximo de treinta o cuarenta, tras los cuales —si sobrevive— recobra la libertad. Se entiende mejor, por la naturaleza de las cosas, que quien es condenado a cinco penas de muerte solo pueda ser ejecutado una sola vez. Se entiende que la vida no alcanza trescientos años, pero, al menos, se reclamaba desde algunas posiciones, parecería lógico que la condena se prolongara de por vida: prisión perpetua. En la última reforma del Código Penal del año 2015, la mayoría parlamentaria de nuestro país cedió una vez más a la presión del populismo punitivo para recuperar esa figura, ahora con el nombre de “prisión permanente revisable”. Un poco tarde, pensarán algunos, para responder a los crímenes de ETA, cuyos autores se han beneficiado ya de unos límites más benignos.

A modo de reflexión, ahora que podemos tomar una pequeña distancia —todavía corta— respecto a los últimos asesinatos y respecto al conjunto de la trayectoria del terror, cabe preguntarnos si algo hubiera cambiado en la historia de este drama si en este momento estuvieran todavía en prisión, y de por vida, los ejecutores del terror. Tal vez cientos de “presos vascos” —además de unos cuantos asesinos de otras siglas—, un colectivo que solo comenzaría a menguar en función de las fechas de fallecimientos. ¿Cuántos años se podría sostener la gestión penitenciaria, social y humana de esa permanencia del castigo? La experiencia penitenciaria de Estados Unidos nos ofrece una referencia poco estimulante. Una referencia que, por demás, resulta incompatible con las coordenadas de la universalidad de los derechos humanos que inspira la práctica penitenciaria europea.

La experiencia y la tradición de nuestras leyes penales establecen límites en el tiempo de prisión por razones de humanidad y por el reconocimiento del efecto del tiempo en nuestra propia percepción de lo que puede ser un castigo justo. El transcurso del tiempo incide en el significado y la intensidad del sufrimiento que representa la privación de libertad. Privación de tiempo de vida humana, porque la privación de la autonomía para las decisiones de cada día convierte la existencia en una caricatura de lo humano. Y por ello, lo que se declaró como castigo justo que simbolizara la reprobación, se puede transformar en castigo cruel y caduco. Y nos convierte en verdugos tardíos vengando ofensas de otro tiempo, cuando el que sucederá al actual ya no pide prolongación del castigo, sino piedad, memoria y consolidación de los anticuerpos que nos salven de nuevos fanatismos. Por eso los límites, porque a partir de una determinada cantidad y gravedad de crímenes cometidos ya no sirven las operaciones aritméticas a las que acudimos para traducir en medidas de tiempo magnitudes de sufrimiento humano. La discusión ya no puede centrarse en cuál es la respuesta “proporcionada”, sino a partir de qué magnitud la respuesta adquiere tintes de inhumanidad, en triste emulación de la que exhibió el asesino. El castigo de encierro continuado durante treinta años supone ya una destrucción irreparable de la vida personal cuya dureza alcanza el umbral de lo tolerable. Lo inconmensurable se impone como reto a la vigencia del principio de humanidad de las penas, un límite que hemos decidido que no debe retroceder ni siquiera ante la barbarie, pues la renuncia a los principios no ofrece ventaja real alguna, mientras nos devuelve a tiempos de crueldad que no fueron mejores a estos.

Una vez que la pena de muerte quedó fuera del catálogo de castigos compatibles con la dignidad humana —conforme a los estándares del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que nos aprestamos a suscribir en 1977—, solo queda acudir al encarcelamiento prolongado que despoje de la libertad por un tiempo de cumplimiento verosímil y que no elimine la esperanza de poder recuperar la libertad en un día lejano. Así lo requiere la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes que el CEDH recoge en su artículo 3 y la Constitución española (CE) en su artículo 15. Así lo interpreta también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Recordemos que incluso respecto a los “crímenes contra la humanidad”, el Estatuto de Roma que regula la Corte Penal Internacional establece que, una vez transcurridos veinticinco años en prisión, la pena denominada de prisión perpetua puede reducirse si concurren algunas condiciones que lo justifiquen. En concreto, como establece su artículo 110, algunas de las siguientes: “a) el recluso haya manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos; b) hubiere facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; c) otros factores que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena”.

En la normativa española, los límites máximos han evolucionado hacia arriba, en un progresivo endurecimiento, desde 1977 hasta hoy. Durante cerca de veinte años, desde la abolición de la pena de muerte en el año 1977, hasta mayo de 1996, el Código Penal entonces vigente fijaba en treinta años la duración máxima de la prisión, máximo aplicable asimismo a los casos de acumulación de condenas que superaran esa cifra. Era la época de la transición y de la consolidación democrática, coincidiendo con los años de mayor dureza del terrorismo etarra, y en parte con los crímenes auspiciados desde las cloacas del Estado o grupos paralelos, como lucha “contraterrorista”. Ahora bien, como es sabido, la antigua institución franquista de la “redención de penas por el trabajo” conducía casi de forma automática a un descuento del tiempo por cumplir: dos días de trabajo computaban como tres días de condena cumplida. De manera que el tiempo efectivo en prisión podía reducirse en un tercio si no se producían tropezones disciplinarios.

De este límite máximo de treinta años, reconvertido en algo más de veinte gracias a la “redención por el trabajo”, se beneficiaron y continúan beneficiando quienes fueron condenados por crímenes perpetrados antes del 26 de mayo de 1996. La fecha de comisión determina la ley aplicable y el principio de legalidad prohíbe la retroactividad de la ley posterior más severa para enjuiciar hechos anteriores. Y si nos fijamos únicamente en los delitos de asesinato, podemos ver que, de las 853 personas eliminadas por el terrorismo etarra, algo más del 90 por ciento fueron víctimas de atentados cometidos antes de esa fecha (según datos del Ministerio del Interior citados por El País el 3 de mayo de 2018; cifras que varían algo si se acude a otras fuentes). Lo que confirma que el grueso de los condenados por los crímenes más graves, hoy en día ya ha terminado de cumplir su condena. Los que todavía acaban de ser juzgados por primera vez de crímenes antiguos tienen por delante una larga estancia en prisión, pero con esos mismos límites reducidos por la “redención de penas por trabajo” que les resulta aplicable20.

La persistencia en la táctica del terror, torpedeando los esfuerzos que la sociedad española emprendía por construir la democracia, tuvo su influencia en las peticiones de mano dura, que se reflejaron en la reforma del Código Penal de 2003 (Asúa Batarrita, 2003: 24-27). Dirigida a asegurar “el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”, se elevó a cuarenta años el tiempo máximo de estancia en prisión para quienes acumularan condenas por delitos especialmente graves. Un endurecimiento que en materia de terrorismo resultaría aplicable únicamente a los atentados perpetrados a partir de ese año, cuando su frecuencia empezaba a descender notablemente.

Por esas fechas, precisamente, empezaban a salir en libertad tras saldar su condena los primeros sentenciados por múltiples crímenes de los primeros tiempos, los que fueron detenidos en los años ochenta. En el transcurso de la primera década de este siglo XXI, finalizarían legalmente el cumplimiento de sus condenas varias decenas de presos, continuando la secuencia de excarcelaciones correspondiente a aquella primera época, la más sanguinaria. Quedarán en prisión los condenados de las últimas hornadas, que en los casos de los crímenes más graves quedan sometidos a un límite máximo de treinta años o al límite de cuarenta respecto a crímenes posteriores a la reforma de 2003. El modelo de “inocuización” mediante el encierro casi a perpetuidad se ratifica en la última reforma del Código Penal en el año 2015, que introduce la “prisión permanente revisable”. Una pena discutible en los términos con que se ha contemplado en la ley, que no será en ningún caso aplicable para los delitos anteriores. Liquidado por defunción el terrorismo etarra, cuyo último asesinato con su etiqueta fue cometido en Francia en 2010, la prisión permanente no afectará a los responsables de los crímenes anteriores, todavía pendientes de resolver.

La prohibición de las penas crueles e inhumanas, signo de civilización tras la experiencia acumulada de historias de justicias sangrientas y de espirales de venganza, se asienta en el respeto irrenunciable a la dignidad humana individual. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se apoya en el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos para fundamentar la obligación de los estados de garantizar ese horizonte de esperanza y por ello de considerar incompatible con la Convención las penas sin perspectiva de excarcelación verosímil tras un periodo de veinte o veinticinco años. De nuevo, los límites de la justicia. Límites que liberan de la improvisación y conjuran la venganza.

El espejismo de la severidad de los castigos como conjuro contra el delito aboca a una escalada sin fin porque no hay remedio que deshaga el crimen ya cometido y por ello no hay consuelo posible por la vía del castigo sin fin. Y deja en penumbra la necesidad de combatir los factores que favorecen la reproducción de una cultura de la violencia como única forma pragmática de mirar al futuro con expectativas razonables de reducción de aquellas conductas. Una justicia que castiga con severidad contenida se encuentra en mejores condiciones para favorecer el acompañamiento de otras intervenciones preventivas de eficacia probada a medio y largo plazo.

Política penitenciaria, reinserción social
y principio de individualización
en el cumplimiento de la pena

La Constitución española de 1978 eleva a rango constitucional el principio de reinserción social en su artículo 25.2: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Y a la vez, establece que la persona que cumple una pena de prisión “gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”; y concretando más, declara que en todo caso la persona privada de libertad tendrá derecho “al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Este es el marco obligado del “deber ser” del sistema penitenciario, la delimitación constitucional de las líneas maestras de toda política penitenciaria que, en sentido estricto, tiene su primer diseño en las leyes penitenciarias que aprueba el Parlamento. En esta materia poco espacio queda para que los responsables de la Administración de prisiones puedan desarrollar “políticas penitenciarias”, salvo en lo que concierne a la distribución de los recursos personales y materiales, inversiones, organización o programas ocupacionales, seguridad y salud. Es el marco propio de su competencia, que no puede separarse de su deber de garantizar tanto la seguridad de la custodia de los condenados y la seguridad en la prisión como los medios que garanticen la materialización del principio constitucional de reinserción social y la observancia de los derechos de los reclusos. Cualquier directriz gubernativa que pueda incidir en derechos o estatus de los reclusos tiene que pasar el tamiz de su compatibilidad con la ley, bajo la supervisión de los juzgados de vigilancia penitenciaria. Al igual que las sentencias condenatorias declaran la responsabilidad individual de la persona condenada, las condiciones de cumplimiento de la pena en lo que afecte a la “clasificación” en un régimen cerrado u ordinario, a los permisos de salida o a contactos con el exterior, deben adecuarse a las circunstancias personales de cada recluso; inclusive las decisiones sobre el lugar de cumplimiento. La individualización es un principio básico de actuación, también a lo largo de todo el trayecto de privación de libertad, orientado a la reinserción como objetivo final.

Lejos de apreciar el significado del principio de individualización y del objetivo de reinserción, el “colectivo de presos vascos” rechazó siempre, mientras ETA se mantuvo activa, la legalidad penitenciaria y, bajo la disciplina férrea impuesta por la organización terrorista, se trató de impedir cualquier iniciativa dirigida a una vía individual de adaptación a la legalidad. O todos, o ninguno; incluidos aquellos que requerían tratamiento médico por salud mental, como informaban algunos familiares de presos, resignados con entereza al superior criterio de la organización. Las declaraciones en tiempos recientes de algunos condenados confirman esta doble cárcel a la que se encontraban sometidos. El aislamiento y la descalificación de los que pretendían disentir, con consecuencias para sus familiares, cuando no represalias por la disidencia o apartamiento —Yoyes no fue la primera asesinada por traición—, expresaban la naturaleza de la disciplina exigida. Admitir la legalidad penitenciaria supondría, alegaban, aceptar sus condenas, lo que desbarataría el convencimiento de la legitimidad de sus actuaciones, —prohibido asumir que son crímenes horrendos — como forma de “lucha por la liberación nacional”.

El “frente de las cárceles” ha desempeñado, como es bien sabido, un papel central en el devenir de la organización terrorista para blindar la cohesión interna y para reforzar los entornos de apoyo a través de la explotación propagandística de las penurias de los familiares, a quienes se colocaba en un lugar de honor a la vez que se les sometía a la presión para que se mantuvieran en el redil conformado por su red de representantes legales ante los tribunales. El sufrimiento de los familiares se exhibe con emoción apelando a los nobles sentimientos de solidaridad frente a la represión. Un discurso movilizador de emociones selectivas, sordo y mudo respecto a los destrozos en vidas y en libertad generados por sus “presos”.

Ahora que la estrategia de la disciplina ha dado paso al “rompan filas, que el barco se hunde”, se descubre la reinserción como una tabla de salvación a la que agarrarse para reclamar un adelanto de excarcelaciones, sin asomo de autocrítica ni de recuerdo para las víctimas de sus crímenes, salvo algún retorcido eufemismo21. Por ello, hablar hoy de reinserción supone entrar en un campo de batalla sobre su alcance o su significado.

La reinserción social, según la ley penitenciaria y la normativa internacional, significa que el regreso a la libertad pueda hacerse en condiciones de vivir con respeto a la ley, sin delinquir de nuevo, un objetivo que debe trabajarse y promoverse desde la prisión. Según se enuncia en las Reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela) de 2015, textualmente en su Regla 4.1:

Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo22.

Se trata por lo tanto de un objetivo de futuro, acorde con la premisa de que la conducta criminal no solo es tributaria de una decisión personal, sino de una conjunción de factores que facilitan la pendiente delictiva, en buena medida por la carencia de oportunidades, por déficits o desequilibrios familiares, sociales, educativos, por incidencia de factores biológicos, hormonales…, etc. Un sinfín de factores analizados en los orígenes de la Criminología para sustentar la procedencia de una política criminal basada en el “modelo rehabilitador” dirigido al tratamiento “curativo” de las patologías concurrentes en la formación del carácter o en el medio social. Esta concepción primigenia ha ido evolucionando hacia formulaciones más sofisticadas de la mano de los avances de las ciencias, desde la medicina a las ciencias de la conducta, la sociología y los big data de los estudios estadísticos. Aun con todo, el modelo “rehabilitador”, reconducido a términos más generales bajo el nombre de “reinserción social”, ha permitido contener la tendencia expansiva de las propuestas de “inocuización” de personas peligrosas, el encierro como medio y como fin. Un modelo en cuyo fondo late la pulsión por la “eliminación” del otro, destinado a quedar definitivamente excluido del pacto social.

El objetivo de la “reinserción”, por el contrario, atiende a la lógica de una sociedad inclusiva construida sobre la idea de ciudadanía, que reconoce la complejidad de las interacciones sociales en la influencia sobre las decisiones humanas, sean estas acertadas o totalmente erráticas (Van Zyl y Snacken, 2013: 123-125). Puede sonar poético y buenista cuando tenemos en mente a terroristas irreductibles o a depredadores, pero, no obstante, es el modelo acuñado en la normativa y en las recomendaciones del Consejo de Europa, apoyado en la experiencia de las mejores prácticas en este ámbito. Y por el momento sigue inspirando la cultura europea y recreándose en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo encargada de corregir las desviaciones de este principio. Nuestras Constituciones no permiten acoger un modelo distinto, ni siquiera como remedio alternativo o subsidiario aplicable a quienes no merezcan ser tratados como ciudadanos, sino como “enemigos” (Asúa Batarrita 2006: 235-240).

Ahora bien, la reinserción, entendida desde la perspectiva jurídica como reincorporación a la vida en libertad en condiciones de no reincidir en el delito, nos sitúa ante un concepto estricto o mínimo, que únicamente requiere el pronóstico de acatamiento externo del respeto a la ley, conforme a parámetros objetivables; no más, pero no menos. No requiere adhesión interna, renuncia a la ideología, ni pesar o arrepentimiento; lo que uno mantenga en su conciencia solo a su conciencia pertenece. Lo que pedimos es que no vuelva a asociarse con el delito, conforme a los parámetros propios del Estado de derecho democrático.

Pero aun desde el concepto mínimo de reinserción, no podemos sino reclamar el respeto a las heridas generadas a las víctimas y a la sociedad. Saber que no volverán las pistolas, pero constatar que no hay reparo en rendir honores a los asesinos señalándolos como referencia de ejemplaridad, hace temblar las expectativas de pacificación. La agresión moral a las víctimas y a la sociedad comprometida con preservar la memoria de su dignidad no puede contemplarse con pasividad. En algún caso podrán reprobarse como delito de humillación de las víctimas, esa figura penal que da cuenta de la dosis de impiedad y bajeza moral que acompañó al terrorismo entre nosotros. Entrar en la discusión de los contornos jurídicos entre la libertad de expresión y la injuria intolerable disloca el enfoque del problema, porque aquí y ahora lo más urgente es que estas conductas reciban la reprobación explícita por parte de los agentes sociales y políticos, porque una condena social inequívoca es en estos casos más eficaz para impedir su repetición que el pronunciamiento retardado de un tribunal.

La reinserción en sentido estricto, en ese sentido mínimo, se satisface con la no repetición, cierto. Pero la defensa de ese respeto a la actitud interior requiere en pura lógica de reciprocidad mantener la apariencia externa de respeto a quienes quizá todavía considera “los otros”; el silencio, al menos. Que cesen de una vez la vanagloria y la jactancia que desacreditan la voluntad de terminar con esta etapa desgraciada de nuestra historia.

Desde la perspectiva de las víctimas, la aspiración a una reparación de calado moral, este concepto mínimo de la reinserción, resulta insuficiente. Pero se trata del nivel mínimo de respeto a las reglas básicas, el que pedimos a cualquier persona. A partir de ese nivel mínimo, únicamente por la propia evolución personal y como fruto de la libre decisión, podrá generarse una situación de mayor calado comunicativo que ayude a aliviar las heridas. Y que permita hablar de una reinserción activa que ofrece el valor del testimonio de la experiencia doliente de haber sido verdugo; una aportación decisiva para reconstruir un futuro vacunado contra el poder seductor de la violencia y del discurso de sus valedores. Decisiva para conseguir la pacificación y confirmar la confianza en la Justicia. Un escenario que nos sitúa ante un concepto de reinserción en sus máximos. Un objetivo deseable, pero cuya consecución desborda los cometidos de la Justicia. Las leyes penales no son los mejores instrumentos de pedagogía social, aunque no debieran entorpecer la tarea que sí compete a la sociedad civil, a los agentes políticos y a los líderes culturales o religiosos.

En contraposición a la reinserción en su dimensión “máxima”, desde determinados entornos se apela a la reinserción como excarcelación. La desaparición de la organización terrorista, que prestaba la infraestructura y el diseño criminal, garantizaría el cese de la “peligrosidad” de quienes en su día fueron sus integrantes o colaboradores, y por ello dejaría de tener sentido que continúen cumpliendo sus condenas. Se trata de un entendimiento de la reinserción acorde con su fabulación de libertadores de la nación, por lo que el cese de hostilidades debería corresponderse con una especie de armisticio que paralizase la “represión” en el camino de la paz. En realidad, no es sino un último intento de ser coherente con su relato de justificación. Durante mucho tiempo hemos contemplado la negativa de la “organización” a lo que pudiera ser un proyecto individual de reinserción, por lo que significaba de deslegitimación de la “vía armada” y la ruptura de disciplina del grupo. Hasta que llegó el declive, el encuentro con el vacío y la consigna de presos a casa.

El derecho a la reinserción se formula ahora como pretensión de finiquito de la pena porque una vez desmantelada ETA estaríamos ante una nueva fase histórica. Por ello se reclama el regreso colectivo de presos y exiliados conforme al modelo DDR —desarme, desmovilización, reintegración—, auspiciado por las Naciones Unidas para la reconstrucción de la paz y las democracias en países atravesados por la violencia. Pese al despliegue de la escenografía DDR que se orquestó para anunciar la disolución del grupo terrorista, aquello no pasó de ser un último acto de propaganda. Un último acto de jactancia en el que se anunciaba que sus exmilitantes continuarían con la trayectoria de servicio a Euskal Herria “con la responsabilidad y la honestidad de siempre”. Difícil avanzar hacia espacios de encuentro con estas premisas.

El objetivo de la reinserción no puede traducirse en expectativa de excarcelación inmediata. La respuesta punitiva, de dimensión contenida por los límites propios del Estado de derecho, debe mantener el mensaje indubitado de la reprobación de los crímenes, aunque el recuerdo de estos vaya deslizándose hacia el pasado. Si el pronóstico positivo de integración social fuera determinante para excluir el cumplimiento de una pena grave de prisión —en correspondencia con un delito de grave entidad—, no entrarían en prisión los responsables de delitos económicos, de corrupción, incluso los responsables de agresiones sexuales que fueran separados de la sociedad de forma privada —recluidos en un convento, por ejemplo— para evitar el contacto con eventuales víctimas. La pena vehicula el mensaje de atribución de responsabilidad por la conducta dañina que la sociedad no puede tolerar de ningún modo. La entidad de la pena se corresponde con la gravedad del delito como un código de señales que avisa de las consecuencias y actualiza la vigencia de las leyes básicas para la convivencia. En delincuencia grave no puede banalizarse la importancia de la respuesta punitiva como modo de confirmar la importancia de la regla de conducta infringida: las reglas de respeto a la vida y a la libertad que se sitúan en la cúspide de las condiciones sustanciales del orden de convivencia. La atención a la reinserción no desbanca la función primera de la Justicia, salvo en los supuestos de delincuencia menor en los que se puede, o se debe, prescindir de la pena de prisión. No es el caso de los delitos de terrorismo a los que nos referimos ahora.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ancla el principio de resocialización en el artículo 3.1 del Convenio, donde se consagra el respeto sin reservas a la dignidad humana y la prohibición de penas crueles. Desde hace más de una década viene precisando las consecuencias que tiene para los estados la necesidad de observar este principio. Antes he aludido a la obligación de que todo castigo, aunque tenga el nombre de prisión perpetua, contemple legalmente y de forma efectiva la posibilidad de recuperar la libertad. Para ello, y es lo que ahora interesa subrayar, los estados adquieren la obligación positiva de garantizar a cada recluso, de forma individualizada, el acceso a los medios y programas adecuados a sus circunstancias, que le permitan su reinserción social, ser capaz de valerse por sí mismo sin peligro de recaer en el delito. Y a efectos de garantizar esa inserción social, la vida en prisión debe organizarse de tal manera que por las actividades que se ofrecen, la asistencia médica, los programas de capacitación, etc. se impida o neutralice el efecto “desocializador” que la vida en reclusión produce, en particular cuando se trata de condenas largas. Es la otra cara de la “reinserción” como concepto mínimo. El reconocimiento de los efectos nocivos de la prisión obliga a afrontar esa consecuencia, para impedir que el recluso salga en peores condiciones de reinserción de las que tenía cuando comenzó a cumplir condena. Las instituciones tienen el deber de impedir la “desocialización” como riesgo cierto que empeora el pronóstico de integración social por los efectos nocivos de la vida en prisión. Precisamente, como reitera la jurisprudencia de Estrasburgo, los estados deben procurar fomentar las condiciones que impidan esos efectos nocivos del encarcelamiento a lo largo de todo el tiempo de cumplimento, especialmente cuando el tiempo va a ser largo, porque así lo demandan las finalidades de retribución justa por la gravedad del delito y de prevención general, es decir, cuando se trata de condenas muy graves (para una cumplida referencia a la jurisprudencia del TEDH, ver Landa Gorostiza, 2017: 112-129).

Las ‘políticas de alejamiento’
y la legalidad penitenciaria

La llamada “política de alejamiento” a cárceles muy distantes de Euskadi iniciada en la primavera de 1989 fue aplaudida por la mayoría de los partidos políticos como una estrategia pertinente de presión sobre ETA a través de “sus” presos. El entonces ministro de Interior, Antoni Asunción, reconocía que aquella era “la primera vez que se incorporó el sistema penitenciario a la política antiterrorista, y ¿por qué no hacerlo?” (entrevista en El Confidencial, 11 de enero de 2014). Una política que parecía querer preparar un escenario de negociación de “paz por presos”. Convertir a los presos en moneda de cambio, ¿por qué no iba a ser legítimo? Pocos se atrevieron entonces a negarlo.

Los propios representantes letrados de los “presos vascos” se abstuvieron —hasta época reciente, porque los primeros recursos ante la Audiencia Nacional datan del año 2015, si no me equivoco— de presentar queja o recurso alguno ante los órganos pertinentes, mientras se llamaba a la protesta pública en la calle contra la “dispersión” y el “alejamiento”. Situar la protesta en convocatoria de manifestaciones “por los derechos de los presos” era ciertamente rentable en términos de cohesión y apoyos del mundo ideológicamente más próximo; y quizá no se veía la viabilidad de los recursos, pero sí los réditos del “cuanto peor, mejor”, aunque lo peor cargase sobre los presos. Por otro lado, la “política de dispersión y alejamiento” como implícito reclamo para una negociación de alto el fuego venía a reconocer a la organización terrorista su carácter de agente político en confrontación con el Estado, y su protagonismo en una negociación lógicamente extramuros de la Justicia. Los penados cumpliendo condena quedan fundidos como parte inescindible del “colectivo de presos de ETA”, ente granítico a las órdenes de unos jefes que debieran haber dejado de serlo.

Por otro lado, con el atentado de Hipercor todavía reciente no podían esperarse objeciones relevantes a un endurecimiento de la situación de los terroristas en las cárceles. Empezaron así los traslados a centros alejados de Euskadi, sustentados en esa estrategia “antiterrorista” que normalizaba la práctica de la injerencia del Gobierno en decisiones sobre la vida en prisión de aquellos. Como si el Ministerio del Interior tuviera competencia al respecto por el hecho de tener en su organigrama, y en su presupuesto, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

La “política de alejamiento” respondía sin duda a un fin legítimo, pero lo dudoso es que esa finalidad pueda prevalecer sobre las previsiones normativas en cuanto a competencias y procedimientos en el ámbito de ejecución de las decisiones judiciales, ámbito en el que: i) las decisiones sobre cada recluso deben adoptarse de forma individualizada y no como medida colectiva; ii) deben asimismo ordenarse a la consecución de los fines a los que sirven las instituciones penitenciarias: custodia y seguridad de los reclusos y de la vida en el centro, y orientación a la reinserción; iii) deben adoptarse por el órgano competente previsto en la ley penitenciaria, teniendo en cuenta los informes técnicos individualizados sobre cada recluso, en orden a tales finalidades; iv) el régimen de cumplimiento no debe agravar los sufrimientos inherentes al internamiento en prisión, porque el castigo decretado por los tribunales no puede ser otro que la propia privación de libertad en los términos fijados en la sentencia y en las leyes penitenciarias23.

El cumplimiento de la pena en un centro lejano a la residencia familiar podía estar plenamente justificado en el fin de impedir la influencia nociva de los tentáculos de ETA, que llegaban hasta las prisiones; o podía justificarse en razones de seguridad, o en razones de reinserción por resultar esta más fácil en ambientes desconectados de las antiguas relaciones. Por ello resulta llamativo que, en lugar de encauzar las decisiones controvertidas por la vía de la ley penitenciaria, se opte por el marco de la “política antiterrorista” a la que quedarían subordinadas otras argumentaciones. Una mala pedagogía generadora de confusión sobre la delimitación de las competencias del Gobierno en materia de ejecución de las penas.

Recientemente, los medios de comunicación vienen recogiendo las declaraciones del actual ministro de Interior, Grande-Marlaska, en el sentido de que el alejamiento respondía a una “política antiterrorista” que en la actualidad habría perdido su sentido tras la disolución de ETA. Las asociaciones de víctimas del terrorismo y gran parte de la opinión pública recelan de estas declaraciones y muestran su “temor” a los acercamientos y al adelanto de las excarcelaciones. Han sido muchos años en los que el Gobierno decidía sobre los centros de destino de los presos de ETA procediendo a sus acercamientos en función del rechazo del mundo de ETA. Por ello se asocia el mantenimiento del preso en un destino a su falta de “arrepentimiento”. Una lógica acorde con un concepto de reinserción plena o máxima que podría considerarse socialmente deseable, pero que no es jurídicamente exigible, ni puede considerarse admisible coerción alguna para incidir en la esfera interna del sujeto.

Las reclamaciones en contra del alejamiento o en favor de mantenerlo, provenientes de asociaciones de uno u otro signo, grupos políticos o medios de comunicación, se dirigen directamente al Gobierno o al ministro del Interior, en consonancia con la asunción por todos los gobiernos que se han ido sucediendo de que esto atañe a la “política” antiterrorista, por lo que el poder ejecutivo tiene un margen de decisión al respecto. Esta idea comenzará a decaer según vayamos familiarizándonos con las resoluciones del TEDH, que en los últimos años ha apreciado en varias ocasiones la vulneración del derecho humano a la vida familiar (art. 8 del Convenio), derecho que sigue ostentando quien cumple pena de prisión, aunque quede limitado al derecho a una cierta frecuencia de visitas y contactos con familia o allegados.

La normativa española establece que los centros penitenciarios estarán distribuidos por áreas territoriales para atender las necesidades correspondientes y “para evitar el desarraigo social de los penados” (art. 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Evitar el desarraigo, apoyar el mantenimiento de los lazos que arraigan a unas personas con su entorno, de acuerdo con la premisa de su efecto beneficioso para reducir los efectos nocivos de la prisionización y para favorecer la futura reintegración en su anterior ambiente. Esa premisa general puede decaer cuando el entorno sea precisamente el obstáculo para alejarse del delito, pero, en tal caso, es necesario tomar en cuenta la afectación a otros derechos y principios relacionados con la vida familiar para ponderar la situación de posible conflicto y resolver en consecuencia.

Debe partirse de que, como subraya el TEDH, la Convención Europea de Derechos Humanos no otorga al penado un derecho a elegir el centro de cumplimiento, y de que la separación de la familia es una consecuencia inevitable del internamiento ordenado judicialmente. No obstante, el mantenimiento prolongado de una lejanía que imposibilite o dificulte en extremo visitas familiares, sí puede implicar, en determinadas circunstancias, una vulneración injustificada del derecho a la vida familiar. Así se estimó en la sentencia “Vintman c. Ucrania”, de 23 de octubre de 2014, tras el examen de la proporcionalidad de la decisión de mantener al penado en aquel centro tan alejado que imposibilitó la visita de su madre en un periodo de diez años.

Recientemente, el TEDH ha inadmitido el recurso de tres condenados por terrorismo de ETA cumpliendo pena en Francia, entre otras razones porque, pese a la alegación de lejanía de la prisión, los recurrentes habían disfrutado de cerca de doscientas visitas familiares en un periodo de cinco años, además de cientos de contactos telefónicos en una prisión que consideraban los recurrentes de acceso más difícil para las visitas familiares (“Decisión TEDH, Urko Labaca Larrea c. Francia y dos demandas más”, de 2 de marzo 2017). En cuanto al TC español, también inadmitió en ese mismo año el recurso de amparo que alegaba la distancia del centro de cumplimiento como obstáculo para el disfrute del derecho a las visitas familiares, la primera vez que llegaba a este Tribunal una demanda contra la política de “alejamiento”, como si hasta ahora se hubiera ignorado que las reclamaciones por vulneración de derechos tienen su cauce natural de impugnación en el marco legal que corresponda, y en último término ante los tribunales de justicia.

El principio de reinserción y las exigencias de actos de colaboración con la Justicia,
de repudio o de perdón

Los condenados por graves delitos de terrorismo han quedado tradicionalmente sometidos a regímenes especialmente rigurosos en prisión por razón de la peligrosidad que se les atribuye, cualidad que, conforme a las exigencias de individualización, debe quedar registrada en el expediente particular de cada recluso y en las anotaciones de la evolución de esa peligrosidad. La consigna del colectivo de presos de ETA de rechazo de la legalidad penitenciaria, su negativa a solicitar la concesión de una progresión de grado o de acceso a beneficios penitenciarios —salvo el de la redención de penas por trabajo— no facilitaba la suavización de sus condiciones. Permanecer durante veinticinco años —tiempo medio de permanencia en prisión para los condenados por los más graves delitos— en régimen de “primer grado” es una experiencia dura que bien podía ejercer un efecto disuasorio. Y de alguna manera también ha tenido que contribuir a tal efecto, entre otros factores, porque la visión del goteo de excarcelaciones de aquellos asesinos históricos según han ido terminando de cumplir sus largas condenas ha debido ser para todos un baño de realidad frente a falsas ensoñaciones. Por efecto de la ley natural del transcurso del tiempo, el descenso más acusado del número de reclusos de ETA ha ido coincidiendo con los preludios del fin de la banda criminal. Quienes formaron el grueso del colectivo desde los años ochenta vienen llegando a la libertad definitiva aproximadamente desde el año 2005 en adelante.

Pero para los responsables de los últimos crímenes con el sello de ETA —todavía un buen número al filo del cambio de siglo— ya no juega aquella “rebaja” de la pena por trabajos realizados en prisión. Precisamente cuando muestran su disposición a adaptarse al principio de individualización de la legalidad penitenciaria, quienes perpetraron sus crímenes a partir de 2003 se encuentran con un endurecimiento de las condiciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional. La famosa reforma de 2003 del Código Penal, inspirada en un modelo de “inocuización” de la peligrosidad criminal, prácticamente impide el acceso al régimen de tercer grado a quien acumule varias condenas graves por terrorismo: el llamado “periodo de seguridad” que debe transcurrir antes de poder ser admitido al régimen abierto queda fijado entre 24 y 32 años (4/5 del tiempo total a cumplir conforme al art. 78.2 del Código Penal). Para acceder a la libertad condicional en la última fase de la condena deben haber transcurrido 7/8 del total de la pena a cumplir: en los casos más extremos en que el máximo fuera de 40 años, el acceso a la libertad condicional solo puede obtenerse después de 35 en prisión.

Además, para acceder a tales situaciones, se exige que “el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista”, y adicionalmente que “haya colaborado activamente con las autoridades” para descubrir otros delitos o impedir su comisión. Tras la disolución de ETA no habrá problemas para acreditar la desvinculación de la actividad terrorista, pero sí puede haberlos para cumplir la exigencia de colaboración en la investigación de otros delitos, ya que la información que pudiera ayudar probablemente solo podrán suministrarla algunos de los condenados, algunos ya excarcelados. Quien pudo ostentar mayor responsabilidad en la organización criminal podrá ahora beneficiarse de ello.

La ley establece que la desvinculación se podrá acreditar por la manifestación del repudio de la conducta anterior, así como por la petición de perdón a la víctima. Dos conductas positivas, sin duda, pero cuyo valor debiera depender de que se realicen como fruto del convencimiento y no de la presión o del cálculo de conveniencia. En el campo de la delincuencia organizada, en particular, la colaboración con la investigación de los delitos se premia con una rebaja importante de pena; en relación con el terrorismo, la colaboración es una exigencia adicional para acceder al régimen general de cumplimiento, tras haber cumplido previamente ese “periodo de seguridad” al que me he referido (aunque si la colaboración se produce antes de la sentencia, sí se obtiene una importante rebaja de la pena). Como regla general en todos los delitos, la reparación del daño y la confesión del delito operan como atenuaciones ordinarias. Por eso no resulta coherente la forma de promover el repudio o la petición de perdón —indicadores de “arrepentimiento”— a través de la amenaza de mantener un régimen más gravoso de cumplimiento. Las críticas a este requisito destacan este cambio de lógica de lo que era un mecanismo “premial” para convertirse en un elemento “agravatorio” u oclusivo del régimen general de cumplimiento de la pena, además de los problemas de injerencia en el ámbito de la libertad ideológica (Garro Carrera, 2017: 37-45).

Teniendo en cuenta que las condiciones referidas van a afectar a una pequeña parte de los condenados por terrorismo —tras la entrada en vigor de la reforma de 2003 se contabilizan doce atentados mortales, el último en Francia— y que el examen sobre el acceso a tercer grado tendrá lugar allá por el año 2028, es probable que el transcurso de la próxima década nos ofrezca datos para reflexionar sobre la pertinencia de fijar reglas especiales de cumplimiento de las penas largas en condenas por terrorismo, más allá de las exigencias generales respecto a los pronósticos de reincidencia. También podremos hacer balance de los efectos del nuevo estatuto de la víctima en el proceso penal e incluso en la fase de la ejecución de la pena, según se ha visto reconocido en Estatuto de la Víctima del Delito de 2015, que abre oportunidades interesantes para mejorar la información y la comunicación con los operadores jurídicos, aunque también algunas incógnitas (Salinero Alonso, 2018: 9-14).

Lo que continuará siendo pertinente es el mantenimiento de la memoria de los nombres y las biografías de las víctimas asesinadas, de cómo y dónde se produjeron los atentados, de la historia de las extorsiones y de los discursos justificativos de la impiedad. Decía Hanna Arendt que “la memoria solo puede hablar cuando se han silenciado la indignación y la ira, que nos obligan a la acción, y ello necesita tiempo”. Estamos todavía en tiempo de reivindicación de la justicia y de actuaciones de deslegitimación de la violencia que tracen el camino para asentar un futuro que impida cualquier conato de imitación.

A modo de conclusión

Las acertadas preguntas que planteaban los organizadores del XVI Seminario Fernando Buesa, del que nace este artículo, avanzaban ya una cierta posición sobre las respuestas. Lo cierto es que el cúmulo de reflexiones y de debates auspiciados por la Fundación Buesa desde sus inicios ofrece muchas pautas inspiradoras. Es sorprendente contemplar cómo la experiencia del dolor y la rabia de las víctimas y sus familiares puede convertirse en fertilizante de un futuro con memoria donde no quepa resquicio de legitimación de la violencia como instrumento político. Las presentes reflexiones sobre el marco de la política penitenciaria y los límites de la Justicia sintonizan con las premisas subyacentes en el planteamiento del seminario que conducen a la conclusión que expongo ahora.

La actuación de la Justicia es imprescindible para confirmar la verdad y el repudio de la sociedad al terrorismo, y para asegurar el castigo frente a la impunidad. El respeto a las garantías y derechos que limitan el poder punitivo en un Estado de derecho confirman la solidez de la democracia como modelo opuesto al de la imposición violenta como expresión política. Los límites de la Justicia no debilitan su respuesta frente al terrorismo, pero sí debe reconocerse que no puede alcanzar a satisfacer plenamente las reclamaciones de la víctima y de la sociedad. La prevención de futuros delitos requiere un acompañamiento de actuaciones que complementen la deslegitimación de la violencia y el abordaje de los factores que la favorecen. El enaltecimiento del terrorismo de forma sistemática debilita el mensaje de reprobación que emite la Justicia. Para las víctimas resulta devastador porque menosprecia el valor de la vida arrebatada. Para la sociedad que repudia el terror se convierte en un argumento a favor de los castigos más duros, para que la voz de la Justicia prevalezca sobre la propaganda que pretende acallarla.

La severidad de las penas debe ser compatible con la expectativa de recuperación de la libertad y la plena ciudadanía después de saldar cuentas con la Justicia. El respeto a la dignidad humana individual y a sus potencialidades de evolución personal se proyecta también sobre quienes han hecho gala de inhumanidad y desprecio a los derechos humanos más básicos. Las excepciones a las reglas penitenciarias generales deben estar respaldadas en la ley, de manera que cualquier endurecimiento de las condiciones del cumplimiento debe justificarse debidamente en función de las circunstancias que la hicieran necesaria y proporcionada, de manera que no pueda concebirse una especie de sanción encubierta.

La “política penitenciaria” debe girar sobre la promoción de la reintegración social, conforme a los criterios rectores que la Constitución consagra para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. El poder ejecutivo, el Gobierno o el ministro del Interior no tienen competencia para interferir en las decisiones sobre la situación penitenciaria de quien se encuentra cumpliendo una condena impuesta por un tribunal de justicia. La legalidad penitenciaria vincula a las autoridades responsables de las medidas que afectan a la vida en prisión con el objetivo de preservar sus fines y los límites constitucionales en cuanto puedan incidir en derechos fundamentales. El principio de individualización del “tratamiento”, en cuanto concreción de la situación de cada recluso, no es compatible con la adopción de medidas colectivas que prescindan de la fundamentación personalizada.

La quiebra de las reglas del Estado de derecho pone en bandeja de plata una victoria para los enemigos de la democracia y pasa factura a medio y largo plazo. A la postre, la historia enseña que la aparente debilidad de una justicia contenida se convierte en fortaleza por sustentar el necesario equilibrio entre la irrenunciabilidad del castigo y la irrenunciabilidad del respeto a la dignidad humana sin excepciones. Porque si renunciáramos a la esperanza de recuperación de la propia humanidad secuestrada en los pliegues del fanatismo, no habríamos aprendido de otras experiencias terribles que pudieron superarse reclamando la cultura del respeto a la igual humanidad. Ahí están las cartas de derechos humanos y convenciones internacionales que han guiado la evolución internacional desde mitad del siglo pasado, alumbrando indiscutibles avances en la convivencia pacífica y sociedades más equitativas. A cada generación le corresponde empujar la continuidad de esos progresos para la sostenibilidad de un futuro sin violencia. O, siendo realistas, un futuro con violencia menguante.

Por eso, el final de la banda terrorista ETA no debería conducir a un cambio de la política penitenciaria que la ley y la Constitución diseñan, sino a la aplicación de la legalidad penitenciaria en sus propios términos y fundamentos. Es decir, ajustando de forma individualizada las situaciones de cada recluso a las actuales circunstancias del cese de la presión y disciplina que ETA y su entorno ejercían obstaculizando el pronóstico de reinserción. Nunca debieron adoptarse medidas colectivas subordinadas a estrategias políticas contra el terrorismo en lo que no resultaban compatibles con el marco de la legalidad penitenciaria.

La reinserción social que la Constitución y las leyes penitenciarias perfilan tiene contornos mínimos: capacidad de conducirse en libertad respetando las leyes penales. Sin exigencia de arrepentimiento ni de adhesión interna al ordenamiento jurídico, ni de otra reparación que la de la indemnizatoria prevista legalmente. Es hasta donde la tosquedad de la ley puede alcanzar. A partir de ese nivel de mínimos se abren todas las posibilidades de distintas formas de situarse ante las consecuencias de la propia conducta, que nunca dejan de pesar como un lastre en la mochila interior. La discreción y el silencio, la opción por la participación política democrática, son tan legítimas como la búsqueda de una colaboración que pueda ayudar a dignificar la memoria de las víctimas, avanzar en la reparación moral y contribuir a la señalización de las zonas de peligro para construir un futuro sin violencia. Para esa construcción del futuro podemos pensar que esta última sería la opción más deseable para una reinserción conciliadora. Sin embargo, creo que la aportación más necesaria para esa reconciliación, y para la deslegitimación social de la violencia, sería la que provenga del mundo que arropó y ensalzó a los “pistoleros” y que alimentó directa o indirectamente el reclutamiento de alevines para que continuara la rueda del terror. Y tal vez sea la más difícil de obtener.

CAPÍTULO 7

Medios y fines de la política penitenciaria
para presos de ETA

Julián Carlos Ríos Martín

La política penitenciaria del Ministerio del Interior en materia de terrorismo necesita cambios respecto de los criterios de gestión penitenciaria que hasta la fecha se vienen aplicando. Desconocemos los que se realizarán a partir de este momento en que la organización terrorista, en principio, ya no tiene ninguna capacidad de delinquir, ha disuelto sus estructuras, aunque haya sido a través de un comunicado público éticamente cuestionable, y ha pedido públicamente perdón, aunque este, para unos, no aporta significación alguna, y, para otros, sugiere un tímido avance por la utilización novedosa de palabras y locuciones tales como “reconocer”, “provocar dolor”, “respeto a los muertos y a las víctimas”, “sufrimiento originado”, “lo sentimos de veras” o “pedimos perdón”. Además, hay que añadir que la mayoría de los presos han decidido acogerse a las vías legales de reinserción establecidas en la ley penitenciaria.

Ahora bien, y que se sepa, la mayoría de los miembros de ETA no han reconocido individualmente el gravísimo daño causado. También se desconoce quiénes se encuentran en procesos de reflexión y toma de conciencia personal sobre el terrible e intenso sufrimiento generado. La toma de conciencia, de forma individual, sobre el daño provocado es deseable y exigible. Así lo demanda la legislación penitenciaria para la concesión del régimen abierto y la libertad condicional; no para otras instituciones de derecho penitenciario como la progresión de régimen cerrado a ordinario o el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco.

Intuyo que los procesos de autorreflexión y autocrítica son ciertamente complejos, por varios motivos: a) pertenencia a una organización con un inconsciente muy marcado, heredado de violencias colectivas sufridas y que se reproducen por mandatos y lealtades familiares trasladados de generación en generación, b) pérdida de sentido de la vida ante la toma de conciencia, c) aislamiento social y colectivo, c) sentimientos de traición a mandatos familiares y sociales recibidos, d) política penitenciaria excesivamente represiva, e) impedimento desde la Administración Penitenciaria desde 2011 de los encuentros restaurativos que se llevaron a cabo en la cárcel de Nanclares.

Por tanto, la cuestión principal es: ¿qué ha de hacer el Estado para gestionar este sufrimiento intensísimo causado a miles de personas, así como para facilitar la convivencia social en el presente y en las siguientes generaciones?, ¿cómo permitir que favorezca la paz individual? Desde luego, utilizar el sistema penal y penitenciario como vía de solución única y definitiva no es lo más adecuado ni eficaz para la reconciliación social y comunitaria.

Un objetivo esencial: facilitar la paz individual

Un objetivo elemental de las políticas penitenciarias es que favorezcan la pacificación individual. Es la forma de construir la paz colectiva. No hay duda de que, ante agresiones tan graves e irreparables, algunas víctimas necesitan soltar el vínculo inconsciente que les une con los agresores para continuar su vida. Así, cuando una persona agrede a otra, ambas pueden quedar unidas. Cuanto más grave es la agresión, más intensa es la vinculación. La incomodidad que se genera ante el recuerdo es proporcional al vínculo que existe entre ambas. Y, quizá, puedan necesitar separarse, liberarse uno de otro. Este proceso no suele resultar sencillo. Pareciera que una cuerda elástica e invisible, pero amordazada emocionalmente en el cuerpo, les sujetase en un nivel inconsciente. No pueden huir. Víctimas y perpetradores de conflictos de intensa gravedad suelen caminar juntos. Buscan alejarse, pero, desde la distancia, se suelen agredir. La víctima suele buscar venganza como compensación de la injusticia sufrida a través de la petición de elevadas penas o del cumplimiento estricto y duro en la cárcel: pide un dolor para su agresor proporcional al suyo. A esto, popular y populistamente, se denomina justicia. Por otro lado, el perpetrador continúa agrediendo cada vez que oculta la verdad, escondiéndose en la justificación ideológica.

Existen métodos para desanudar estos vínculos. Ahí tenemos los encuentros restaurativos. He experimentado personal y profesionalmente su efectividad. Para que puedan ser posibles, salvo situaciones excepcionalísimas, es necesario que la Administración de justicia penal y penitenciaria intervenga aplicando la ley. Un segundo problema se da cuando las personas implicadas, con el transcurso del tiempo, sienten que el tema está sin cerrar. La intervención penal pudo ayudar, pero pudo ser insuficiente. Se hace necesario el diálogo. No es infrecuente que las personas acaben emocionalmente agotadas. Conozco víctimas en las que el odio y la ira, la desconfianza y el miedo, las acabaron ahogando. Estos sentimientos fueron mentalmente adaptativos en los tiempos cercanos a la agresión, pero posteriormente no. Quizá necesiten trascenderlos o liberarse de ellos y encontrar tranquilidad. Desprenderse de una mochila que les impide caminar con la ligereza que precisan no siempre es posible. También he conocido presos de ETA a los que la vida, en determinados momentos, les abre la posibilidad de asumir su responsabilidad, expresarla, sentir el dolor del daño causado afrontando la culpa, así como encontrar una explicación a su violencia. Llegan a este lugar de forma consciente o inconsciente a través de las experiencias de su vida: muertes de familiares, sufrimientos propios y de amigos o nacimiento de los hijos; también desde la reflexión sobre la irracionalidad del daño causado o sobre los fines últimos a los que este atendía. Todo ello puede provocar un movimiento interno tendente a abandonar las creencias justificadoras para ponerse a disposición de la víctima y así reparar, en la medida de lo posible, el daño.

Luis, un preso que abandonó ETA, con el que trabajamos en un encuentro restaurativo con la viuda de la persona que asesinó, expresó:

Poder estar con el familiar de la víctima del atentado en el que yo participé directamente o con otros familiares de víctimas del terrorismo, tener ocasión de escuchar sus impresiones y sus testimonios, me permitió reevaluar racionalmente numerosas cuestiones de carácter ético y emocional, y acercarme a una realidad largamente eludida, que siempre estuvo ahí, de la que durante largo tiempo traté de escapar (…) para que pudieran encajar en mi relato y para que pudieran encontrar acomodo en mi conciencia. (…) El encuentro con estas personas representó un hito, un antes y un después, en mi trayectoria de depuración ética.

Con todo ello, la política penitenciaria ha de mirarse no solo desde la seguridad y el respeto a la legalidad y a los derechos humanos, sino como respuesta racional a una cuestión esencial: ¿Qué aporta cada medida penitenciaria a la paz individual y colectiva?

Política penitenciaria del Ministerio
del Interior

Históricamente, el Ministerio del Interior, a través de la política penitenciaria, ha buscado la consecución de algunos objetivos: a) seguridad ciudadana, b) evitar el mantenimiento de la actividad delictiva, c) búsqueda de la desvinculación de los presos del grupo armado o facilitación de la disolución de este, d) reflexión individual sobre el daño causado, e) reconocimiento y reparación de las víctimas. Para estos fines se han utilizado, prioritariamente, las siguientes medidas: a) políticas de dispersión de presos en cárceles alejadas de sus comunidades, b) limitación en las comunicaciones, c) permisos denegados a personas que han rechazado la violencia y abandonado la organización, de los cuales algunos tienen que ser posteriormente concedidos por la Audiencia Nacional, d) exigencia, en algunas situaciones, de la delación para la aplicación del régimen abierto o del régimen mixto de régimen ordinario y abierto —art.100.2 RP (auto Audiencia Nacional 22.4.2015)—, e) mantenimiento de presos en régimen cerrado, f) desactivación de las redenciones extraordinarias de penas por el trabajo, g) impedimentos para la liberación de penados con enfermedad grave e incurable.

Ante esta situación descrita, ¿qué razones, de las que se han utilizado y utiliza el Gobierno para estas políticas, no han perdido su capacidad fundamentadora, ahora que ETA ha dejado de delinquir, se ha disuelto, ha pedido públicamente perdón “matizado” y la mayoría de sus miembros en prisión han decidido acogerse a la legalidad penitenciaria?

Parece obviarse que el marco de referencia en la aplicación de la legislación penitenciaria ha de quedar delimitado por los valores y derechos establecidos en la Constitución. Por recordar: a) Los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia y la igualdad (art. 1 CE). b) Los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la Constitución (art. 9.1 CE). c) Se garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), la dignidad y demás derechos inviolables, (art. 9,1), la libertad ideológica (art. 16.1 CE), la igualdad ante la ley (art. 14 CE), el derecho a la vida, a la integridad física y mental, así como la prohibición de penas inhumanas y tratos degradantes (art. 15 CE). Y, de forma específica para las penas, se establece que estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social (art. 25.2 CE); esta norma, aunque no contiene un derecho subjetivo, sino un principio orientador de la ejecución penal, vincula a los poderes públicos. Asimismo, “constituye un principio de actuación del Derecho penal (...): límite de su actuación en la ejecución de la pena para evitar que se cause mayor daño a la persona que el derivado de su privación de libertad y que desatienda a las necesidades del interno” (STS 1667/1998, de 28 diciembre).

Derivado de esta orientación reeducadora de las penas, la legislación penitenciaria establece como eje básico el tratamiento. Este debe respetar el derecho a ser diferente, a no exigir la asimilación por la persona presa de los valores y actitudes sociales mayoritarias, sino la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus necesidades (art. 59 LOGP). En todo caso, es voluntario, y la persona presa podrá colaborar “para que en el futuro sea capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos” (art. 61.1 LOGP).

Estos valores y derechos que sirven para la convivencia social y que configuran el Estado de derecho, ¿se cumplen en la ejecución de la pena para personas presas de ETA? No hay que olvidar que los presos gozan íntegramente de los derechos fundamentales que les reconoce la Constitución, salvo las limitaciones que impongan el fallo condenatorio, la pena y la legislación penitenciaria (art. 25.2 CE).

En mi opinión, la política penitenciaria puede ser calificada de excepción. El Gobierno aplica criterios penitenciarios que ponen en duda la interpretación constitucional de la legalidad penitenciaria.

Medidas penitenciarias que pueden
ser consideradas de excepción

En materia de ubicación del centro penitenciario
de cumplimiento: la dispersión

Es una política planificada y dirigida desde el Ministerio del Interior desde finales del siglo pasado. Frente a los fundamentos de su aplicación, existen otros que, en mi opinión, deben prevalecer:

ETA, disuelta como organización terrorista, carece de capacidad operativa. Obviamente, no supone peligro alguno, más cuando la mayoría de los presos que quedan en las cárceles han optado libremente por acogerse a las vías legales de reinserción.

La finalidad de la política de dispersión basada en facilitar la autorreflexión parece que deja de tener fundamento, pues ya no es la mayoría quien puede ejercer influencia sobre los individuos para que se mantengan en la justificación de la violencia, sino la contraria.

No es razón suficiente el atentado a la dignidad de las víctimas por encontrarse en cárceles cercanas a sus domicilios. Esto debería aplicarse, entonces, para el resto de presos ordinarios.

El cumplimiento de las penas privativas de libertad debe estar orientado a la reeducación y a la reinserción social de los penados (arts. 25 CE y 1 LOGP).

El alejamiento supone una aflicción añadida a la privación de libertad, incrementando la soledad y el aislamiento propios de la reclusión. Por ello, cualquier intervención de la Administración que afecte a los derechos o intereses legítimos del recluso debe contar con una mínima, pero precisa, cobertura legal (voto particular magistrado Sáez Valcárcel en el auto, sala primera. Audiencia Nacional, núm. 841/2015 de 29 de octubre).

El alejamiento añade un plus de aflictividad a la condena, porque esta se caracteriza, en el caso de los condenados por delitos de criminalidad terrorista, por el sometimiento a régimen cerrado, la intervención de las comunicaciones y la ausencia de permisos de salida.

Aparecen gravosas consecuencias para las familias, que se ven obligadas a realizar largos desplazamientos durante años, con su coste en tiempo y dinero. Han sido varios los accidentes con muertes y heridos graves que han sufrido los familiares y allegados al trasladarse a las cárceles. Así, a modo de ejemplo, solo en 2017 hubo nueve accidentes de tráfico, con veinte heridos, cuatro de ellos muy graves.

El distanciamiento de los presos de sus familias y de su lugar de residencia no puede contemplarse como una medida de tratamiento porque es una imposición, una aflicción añadida a la privación de libertad, siendo sus consecuencias el agravamiento de la desocialización, dificultando, a veces de manera irreversible, las relaciones familiares (voto particular magistrado Sáez Valcárcel en el auto de la sala primera de la Audiencia Nacional, núm. 841/2015 de 29 de octubre).

El mantenimiento de la dispersión ¿qué aporta a la paz colectiva y a la individual (entendiendo por tal la desvinculación inconsciente con el agresor)?

Clasificación en régimen cerrado

El 88 por ciento de los presos se encuentran en primer grado. Este régimen de vida consiste en permanecer en la celda 20 o 21 horas, y tres o cuatro de patio en solitario o con otro preso máximo hasta cinco. ¿Quién puede afirmar que la estancia en estas condiciones durante años no constituye un trato inhumano? (ver los informes del Comité contra la Tortura y los del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura 2016). ¿Alguna persona en estas condiciones tiene la capacidad para reflexionar sobre el daño?, ¿quién puede abrirse a la empatía?, ¿no será la victimización que genera esta respuesta institucional tan inhumana la justificación para no avanzar en la toma de conciencia individual?

Es cierto que muchos presos clasificados en régimen cerrado hacen vida como si estuvieran en segundo grado. Esta situación es una perversión jurídica, pues si ello es así, legalmente deberían estar clasificados en segundo grado. Además, ello imposibilita la obtención de permisos ordinarios de salida.

Desaparecida ETA, con la petición de perdón y la aceptación de la legislación penitenciaria, no hay motivo legal para el mantenimiento en régimen cerrado. Las personas presas que tengan buena conducta, participen en las escasísimas actividades que existen y no tengan sanciones sin cancelar, legalmente han de ser cambiadas al régimen ordinario, pues, ¿qué fundamentos legales pueden mantener la aplicación de este régimen de vida sin caer en resoluciones prevaricadoras?, ¿qué aporta a la paz colectiva y a la individual (entendiendo por tal la desvinculación inconsciente con el agresor)?

Permisos de salida

La aplicación de excepción en esta materia se puede demostrar con algunos ejemplos:

La Administración Penitenciaria deniega los permisos de salida, incluso a quienes han abandonado la organización terrorista.

La Administración Penitenciaria pone trabas a la ejecución de los permisos autorizados por la autoridad judicial (auto del Juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, de 23 de enero de 2011).

Se argumenta “la gravedad del delito” como única causa de denegación de los permisos, cuando este dato no aporta información útil en el momento final de la condena (auto de la Audiencia Nacional, exp. 645/2003 de 27 de julio de 2012). Este criterio es “una pauta que se desentiende del marco legal que regula la institución” (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, exp. 799/2016 de 11 de noviembre de 2016).

No se tiene en cuenta el principio constitucional de reinserción social y la necesidad de revertir el proceso de prisionización para personas que han pasado largos periodos en régimen cerrado. El permiso “para quien pasa diez años en régimen cerrado es una medida idónea para que el preso prepare su futura vida en libertad y pueda comenzar a revertir las consecuencias de la prisionización” (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, exp. 645/2003 de 27 de julio de 2012).

Se deniegan permisos por “pertenencia a una organización delictiva”, cuando en ocasiones no se puede precisar en qué consiste la participación en la organización (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, exp. 645/2003 de 27 de julio de 2012).

¿No sería conveniente conceder permisos cuando se den los requisitos legales para ejemplificar la conducta y el comportamiento de condenados que intenten reintegrarse al orden jurídico, respetar las normas y reconocer a las víctimas, más si se trata de delitos muy graves, y reconocer el esfuerzo rehabilitador, cuando es sincero y expresivo de una transformación? (auto de la Sala primera, Audiencia Nacional, 688/2013 de 22 de octubre). ¿Para qué se ponen trabas a buena parte de la concesión de permisos extraordinarios para que los presos, conducidos por la Guardia Civil y esposados, puedan ver unos minutos a sus familiares con gravísimas enfermedades?, ¿qué beneficio se obtiene con estas decisiones para la convivencia social y la paz?, ¿ayuda a quienes delinquieron a empatizar con el daño causado, cuando la cárcel no muestra más que su cara vindicativa?, ¿qué aporta a la paz colectiva y a la individual (entendiendo por tal la desvinculación inconsciente con el agresor)?

En materia de comunicaciones

En este ámbito se refuerza una interpretación estricta de los términos legales, reduciendo su aplicación. El fundamento de estos criterios, que los distinguen de los utilizados con presos condenados por delitos comunes, es el control y la separación del penado de las personas vinculadas por las ideas a colectivos políticos cercanos a la organización terrorista o a una determinada ideología nacionalista. La aplicación que busca estos fines en esta materia se puede demostrar con algunos ejemplos:

Denegación de comunicaciones a quien no es pareja del recluso, rechazando otro vínculo familiar. Se realiza un trato diverso de la familia, a partir del mero dato de la formalidad del pacto, más cuando el ordenamiento jurídico establece diferentes posibilidades de reagrupación familiar (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, 91/2012 de 26 de marzo de 2012).

Se impide la comunicación a amigos allegados por haber cumplido condena o por pertenecer a un partido político cercano (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 83/2012 de 23 de marzo. Auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 396/2012 de 16 de octubre. Auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 499/2012 de 2 de diciembre).

Se deniegan las comunicaciones “vis a vis” íntimas a presos que se encuentran en distintas cárceles (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 253/2015 de 18 de mayo).

En la organización de las comunicaciones se desatienden las situaciones específicas de cada familia (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 276/2016 de 7 de abril de 2016).

Se impide la introducción de determinados objetos para el juego con los hijos menores con fundamento en la peligrosidad (auto Sala de lo Penal. Audiencia Nacional, núm. 275/16 de 7 de abril de 2016).

Las llamadas telefónicas se suspenden por razones que no ponen objetivamente en peligro ni el orden ni la seguridad del centro penitenciario (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 804/2015 de 27 de octubre).

¿Para qué se establecen criterios limitativos en las comunicaciones con familiares y amigos a quienes llevan años presos en régimen cerrado y a cientos de kilómetros de distancia?, ¿qué aporta a la paz colectiva y a la individual (entendiendo por tal la desvinculación inconsciente con el agresor)?

Excarcelación de enfermos graves con padecimientos incurables

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha elaborado la Instrucción sobre “Procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la excarcelación por enfermedad muy grave con padecimientos incurables” (I 3/2017). En ella se establece que:

El concepto de enfermedad incurable no ofrece, en general, dudas desde un punto de vista médico; la calificación de su gravedad y pronóstico que pueda llenar el concepto jurídico “peligro patente para la vida”… A tal efecto, conviene precisar el concepto jurídico “peligro patente para la vida”: ha de entenderse el que produce la enfermedad en fase terminal o aquella situación en la que el fallecimiento es previsible, con razonable certeza, a muy corto plazo.

Sin embargo, el concepto de enfermo terminal no debe ser interpretado tan restrictivamente que pueda llegar a confundirse con el peligro inminente que nos ubica ante la situación del enfermo terminal o agónico (auto de la Sala primera. Audiencia Nacional, núm. 359/2012 de 19 de septiembre). Ni la letra, ni el espíritu, ni la finalidad, ni la sistemática de los artículos 196.2 RP y 92 CP autorizan esa interpretación. Hay que tener en cuenta que los valores y derechos constitucionalmente consagrados permiten no dilatar la excarcelación hasta las fases terminales de la enfermedad: el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE).

En la práctica, los informes de los médicos de la Administración niegan la gravedad de la enfermedad y la proximidad de la muerte; al contrario, los servicios sanitarios comunitarios la confirman. El Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha tenido que acudir a peritos externos para confirmar la situación de gravedad y poder aplicar el régimen abierto o la libertad condicional.

Hemos de recordar que la libertad condicional no significa la liberación del condenado ni la extinción de su responsabilidad penal. El periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que reste de condena (art. 93.1 CP). Hasta ese momento, el liberado condicional es objeto de seguimiento y control por parte de los Servicios Sociales penitenciarios, de acuerdo con las pautas que establezca la Junta de Tratamiento al que sea adscrito en el correspondiente programa individualizado (art. 200 RP). Además, el Juez de Vigilancia puede adoptar reglas de conducta, como ha decidido en el caso, que se incorporan al programa de seguimiento (art. 90.2 CP y 200 RP).

¿Para qué tener a los seres humanos hasta días antes de su muerte entre rejas?, ¿qué aporta a la convivencia social, a la paz o a la toma de conciencia del daño causado o al reconocimiento de las víctimas?, ¿el Estado no tiene que intervenir desde la garantía de derechos constitucionales como la dignidad y la humanidad?, ¿qué aporta a la paz colectiva y a la individual (entendiendo por tal la desvinculación inconsciente con el agresor)?

Algunas respuestas a las cuestiones planteadas

Soy consciente de que este tema es muy complejo. Por ello solo me atrevo a lanzar algunas preguntas y, con dudas, a emitir una valoración:

¿Puede existir un espíritu de venganza, camuflado de retribucionismo, que se ha adueñado de la opinión pública y de las políticas gubernamentales desde la presión e influencia mediática de determinadas asociaciones de víctimas —que no representan a la mayoría de ellas—, así como por el gravísimo daño a personas de instituciones del sistema penal? (ETA mató a jueces, fiscales, funcionarios de prisión, policías, militares, periodistas… la memoria y el inconsciente sistémico…).

¿Puede ser que la intensa gravedad del daño provoca que se considere que quienes delinquieron desde la vinculación a ETA han de “pagar su condena hasta el final y en las condiciones más duras posibles”, desde la concepción de “no personas”?, ¿para qué?, ¿beneficia a la paz y a la convivencia?

¿No sería conveniente que el Estado y cada una de sus instituciones penales —Administración Penitenciaria, Juez de Vigilancia, Sala de lo Penal, Fiscalía— aplicaran la ley con criterios constitucionales?

¿No es la grandeza del Estado de derecho su capacidad de intervenir superando las tendencias naturales, de odio y venganza, que solo son atribuibles a quienes han sufrido los delitos?

En mi opinión, la concepción de los presos como “no personas” ha de desaparecer para dar paso al reconocimiento de la dignidad y la reinserción social. Paralelamente, el Ministerio del Interior, la Judicatura y la Fiscalía no pueden quedar influenciados por las posiciones más vindicativas de algunas asociaciones de víctimas. Tampoco por las memorias de violencia sufrida por los asesinatos de jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, que inconscientemente pueden latir. Lo contrario —una vez que la organización no tiene capacidad operativa, se han entregado las armas, se ha pedido perdón y la mayoría de sus miembros se han acogido a la legislación penitenciaria— evidenciaría un pulso represivo/vindicativo frente a quienes fueron condenados por delitos vinculados a ETA.

La aplicación vindicativa de la norma penitenciaria que excediere de una aplicación en el estricto marco de valores y derechos constitucionales no solo no ayudaría a la convivencia y a la paz social, sino que serviría de justificación a los victimarios para considerarse víctimas y reivindicar sus derechos, sin la necesaria contraprestación del reconocimiento personal del daño y del reconocimiento de las víctimas, así como la capacidad de adquirir la conciencia social de vivir sin delinquir.

Algunas propuestas

Que se respete el ordenamiento jurídico y el Estado de derecho. No puede utilizarse como instrumento vindicativo.

Que se respeten, reconozcan, apoyen y ejecuten los derechos atribuidos a las víctimas en el Estatuto de la víctima.

Que se faciliten a todas las personas presas procesos de integración social desde unos mínimos: vivir con la conciencia de respeto a la ley penal hasta unos máximos: la toma de conciencia y el reconocimiento sincero del sufrimiento causado.

Que se facilite a los colectivos sociales la incorporación al Estado democrático. Ello pasa por el reconocimiento de su historia colectiva de dolor y sufrimiento. Aunque ello no sirva para justificar la barbarie cometida, sirve para comprender y pacificar.

Que el Estado gestione, desde las diferentes instituciones, la pacificación colectiva. Ello conlleva que la Administración Penitenciaria no se esconda en los jueces para no adoptar medidas desde la legalidad que pudieran afectar a su electorado. Es un tema de responsabilidad política. Y que los jueces intervengan desde su independencia en la aplicación de la ley, permaneciendo ajenos a presiones, miedos, instrumentalización, sentir colectivo, etc. Tampoco que se sientan utilizados en movimientos globales del Estado, sino que se afirmen como independientes y autónomos, sometidos, exclusivamente, al imperio de la ley.

Que se facilite el derecho de las víctimas al conocimiento de la verdad.

Progresión de las personas presas a régimen ordinario cuando exista buena conducta, participación en actividades y actitud positiva en inicio de procesos de reflexión sobre la violencia cometida.

El régimen abierto y la libertad condicional deberían ser aplicadas en función de las variables que establece la legislación penitenciaria (posibilidad de hacer vida en semilibertad, factores relacionados con la actividad delictiva, historia individual, laboral, social y delictiva, personalidad, duración de las penas, medio social al que retorne, facilidades y dificultades para el tratamiento), unidas al abandono de la organización terrorista, la asunción de responsabilidad personal y el reconocimiento de las víctimas; jurídicamente no es exigible la delación. Son estas variables criminológicas, valoradas por los equipos técnicos, y en último extremo supervisadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, las que deben determinar y dar “seguridad” de que quien sea clasificado o cambiado a tercer grado será capaz de vivir en semilibertad, respetando la ley penal, con independencia de la condena que tenga; igualmente para quien se decida que puede obtener la libertad condicional. Se propone una normalización en la aplicación de ambas figuras jurídicas para que los presos condenados por delitos de terrorismo accedan a ellas —tercer grado y libertad condicional— en igualdad de condiciones que el resto de las personas que estén en prisión.

Aplicación de permisos, progresiones de grado conforme a los mismos criterios legales que al resto de los presos ordinarios, sin más excepción.

Acercamiento de las personas presas a cárceles del País Vasco o cercanas al mismo.

Creación o potenciación, si los hubiere, de equipos dentro de las cárceles, o que se autorizase la entrada a equipos de otras administraciones o asociaciones dedicadas al apoyo y acompañamiento en el proceso de autorreflexión sobre la violencia y de reparación a las víctimas de aquellas personas que lo demanden. Así se podría objetivar este ante la Administración Penitenciaria y el Juzgado de Vigilancia a los efectos legales.

Potenciación de encuentros restaurativos como algo ética y humanamente deseable; no legalmente exigible.

Algunas cuestiones para la reflexión

Desde la realidad actual, me atrevo a formular algunas cuestiones. No llego a saber cuál es la respuesta más acertada. Las dejo abiertas, por si ayudan a la reflexión.

Sobre la violencia terrorista

¿Por qué ETA, de momento, no respeta y acompaña a sus miembros en los procesos individuales de toma de conciencia del daño causado y, en cambio, como no puede ser de otra manera, sí reconoce o respeta a las víctimas que han causado?

¿Por qué sus colectivos sociales no potencian y acompañan a quienes descubren que matar a otro que siente, piensa, sufre y vive como uno mismo ha sido un error y un horror?

¿Por qué los colectivos no respetan a quien descubre en un momento de su vida que la identidad humana merece todo el respeto posible más allá de las ideologías?

¿Por qué no se acompaña y, en cambio, se aísla a quien ha tenido el valor de descubrir la humanidad quebrada por sus delitos y encontrarse con las víctimas?

¿No está el individuo por encima del sistema?

¿Por qué el sistema —colectivo social y político— quiere controlar las ideas de los suyos?, ¿no supone instrumentalizarlos, negar su identidad propia para fines políticos?, ¿por qué causarles más dolor?

¿Por qué no se reconoce el dolor y sufrimiento generado a todas las víctimas, sin distinción?, ¿qué aporta el reconocimiento de unas y no de otras?

Sobre el abordaje del conflicto

¿Puede existir una trasmisión transgeneracional de la violencia sufrida desde el bombardeo de Guernica y otras violencias padecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista?

Ese terrible dolor, individual y social, sufrido, ¿ha podido ser vivido como un impacto traumático y quedarse alojado en el inconsciente personal, familiar y colectivo, de manera que haya podido transmitirse de abuelos a hijos y nietos?

Si fuere así, y en este momento se reconoce, ¿no es más eficaz y razonable que el propio sistema haga un duelo sobre aquella tragedia injusta, más que justificar y negar el sufrimiento causado a miles de personas inocentes como respuesta a aquella violencia histórica?

La elaboración de la memoria histórica sobre la Guerra Civil y la dictadura. ¿No podría apuntar en esa dirección para cerrar definitivamente esta dolorosísima herida para familias y colectivos?

¿No será conveniente que algunas instituciones del Estado puedan gestionar este conflicto?

¿Ayuda a la paz que se utilice el término bélico “derrota”?, ¿cómo se pueden sentir los colectivos sociales que han recibido una herencia transgeneracional de tanta injusticia y dolor?, ¿se puede sostener desde este punto de vista haber sido “vencido”?, ¿cómo queda la memoria de los antepasados?

¿No sería conveniente ampliar la mirada hacia este paradigma, no para justificar la barbarie de ETA, sino para comprender y facilitar el tránsito hacia la pacificación colectiva?

¿No sería más conveniente definir que el Estado es el gestor público, desde diferentes ámbitos e instituciones, de un conflicto que ha de ser pacificado?

En términos constitucionales, ¿se puede definir la institución penal —Policía, Judicatura, Fiscalía, Administración Penitenciaria— como el sistema vindicativo para derrotar a alguien?

El perdón, para que sea real y honesto, ¿puede ser exigido formalmente? o, por el contrario, ¿ha de brotar desde lo más íntimo y personal?

Los agentes públicos —partidos políticos—, ¿cómo pueden afirmar públicamente, a través de sus representantes, que no perdonan?, ¿no están olvidando que tienen que servir a los intereses generales y no solo de forma partidista e interesada a determinados intereses?

¿No es necesario reconocer la historia de sufrimiento tal y como ha sido vivida y experimentada por cada cual para que las personas y colectivos se abran a la empatía de reconocimiento del suyo?

Sobre el papel de las instituciones y la sociedad civil

Si realmente se quiere impedir que el dolor y, de su mano, el odio, de todas las partes y personas, se transmita a las siguientes generaciones para que estas puedan vivir en paz, se necesita el valor de intentar superar e integrar las violencias ejercidas y sufridas, las actuales y las heredadas (es fácil decirlo por quien escribe, al que no han asesinado a ningún familiar; aunque convencido, pido disculpas por ello). Las instituciones del Estado han de estar dedicadas a este servicio; también los colectivos sociales y asociaciones.

De poco sirve para este objetivo la visión limitada que aporta “ganar”, “vencer”, “derrotar”, o de haber cumplido una “función histórica”.

Debe trabajarse desde:

Una justicia penal y penitenciaria justa, humana, sometida a los valores y derechos constitucionales y sin más exigencias o requisitos legales para la integración social de los presos de ETA que los exigidos en la legislación penitenciaria y en el Código Penal.

La construcción de una memoria que integre y respete todos los sufrimientos (actuales e históricos).

La búsqueda de la verdad de los delitos cometidos pendientes de esclarecer (de todos los actores, también los del Estado), aunque no es un requisito exigible en la ejecución penitenciaria.

De lo contrario, los hijos y nietos, de unos y otros, posiblemente reproducirán el dolor y la violencia, con distintas formas y métodos. Seguirán guiados por la venganza y no por la libertad, la tolerancia y el respeto.

CAPÍTULO 8

Reinserción: un reto para las víctimas

Marta Buesa Rodríguez

Las víctimas somos un colectivo muy plural, con ideología y vivencias particulares y diversas. Por eso, la forma de afrontar nuestra experiencia traumática es algo muy íntimo y personal que cada una vivimos a nuestra manera. Ante la cuestión de la reinserción, los sentimientos que invaden a las víctimas son muy diferentes, todos totalmente comprensibles y legítimos. Por eso, lo que yo expreso aquí solo me concierne a mí. Abordar este tema ha supuesto para mí un reto. Un reto porque supone mirar a la parte más dolorosa de mi vida, la que más daño me ha hecho.

El 22 de febrero de 2000 ETA asesinó a mi padre, Fernando Buesa Blanco, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. Digo ETA, pero eso solo son las siglas de una banda terrorista: los hechos fueron cometidos por personas, con una identidad concreta, con una vida, unos padres, una familia, unos amigos... Pasar de las siglas a las personas ha sido el primer paso de mi proceso de reflexión.

Mirando atrás, creo que esta “personificación” de quienes asesinaron a mi padre solo la he hecho una vez y de forma muy genérica, cuando, explicando a mis hijos pequeños lo que le sucedió al abuelo Fernando, me preguntaron quién lo había matado. Entonces yo respondí que habían sido “unos hombres muy malos a quienes, como no les gustaba lo que el abuelo pensaba o decía, decidieron matarlo”.

Al principio, la pena me ocupaba tanto que dediqué mi energía vital a resistir, a sobrevivir y a construir mi familia. No pasó mucho tiempo hasta que los criminales fueron detenidos y después juzgados. Me siento afortunada de poder decir que están en prisión. Por eso, hasta este momento, nunca había pensado en los asesinos de mi padre. Me valía con saber que están cumpliendo su condena por lo que hicieron. Ni siquiera sabía sus nombres completos. Busqué y recuperé las sentencias de la Audiencia Nacional de los tres juicios, porque todos los responsables no fueron juzgados a la vez24.

Hoy en día hay cuatro personas en la cárcel cumpliendo condena: Asier Carrera Arenzana, Luis Mariñelarena Garciandía y Diego Ugarte López de Arcaute fueron condenados a un total de 100 años y nueve meses de prisión como responsables en concepto de autores materiales de dos delitos de terrorismo con resultado de muerte con agravante de alevosía, dos delitos de terrorismo con resultado de lesiones con agravante de alevosía, un delito de terrorismo con estragos y un delito de falsificación de documento oficial; el cuarto es Francisco García Gaztelu, alias Txapote, que fue condenado a un total de 105 años de prisión como responsable en concepto de autor por inducción por los mismos delitos.

Las sentencias indican que el cumplimiento efectivo de las penas impuestas no excederá de 30 años y el tribunal acuerda que todos los beneficios penitenciarios y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas que se imponen.

Además, a Diego Ugarte y a Txapote se les impusieron las prohibiciones de residencia y aproximación a menos de cinco kilómetros del lugar de la comisión del delito, domicilio y lugar de trabajo de las víctimas o sus familiares, y de comunicación por cualquier medio con ellas por un periodo de cinco años. Ese plazo empezará a contar una vez que haya finalizado el cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad.

Asier Carrera dijo en el juicio que para él era un “honor” pertenecer a ETA y que había matado a mi padre, no por su condición de político del PSE, sino “como responsable directo del conflicto que existe en Euskal Herria”. No tengo referencias de lo que dijeron los otros tres terroristas, ni de si dijeron algo, pero imagino que compartían con él este pensamiento tan irracional.

Recordarlo es profundamente doloroso porque estas palabras se clavan en el corazón. Sin embargo, es necesario hacerlo para comprender de qué personas hablamos cuando abordamos el tema de la reinserción. Cuando a través del Programa Adi-adian he expuesto mi testimonio en los colegios, algún estudiante me ha preguntado qué haría si me encontrara con alguno de los asesinos y he contestado que no sabía, que probablemente ni siquiera lo reconocería; no sé cómo son, no he visto ninguna foto, porque nunca han tenido mi atención. Sin embargo, el debate que se plantea me obliga a prestar atención, a reflexionar. Y en ese proceso de reflexión a veces me ha resultado difícil clarificar e ir despejando la maraña de emociones que sentía ante los mensajes distintos, y a veces contradictorios, que leía sobre política penitenciaria.

Esos mensajes generaron en mí un recelo ante un posible tratamiento favorable a los presos de ETA por ser eso, presos de ETA; un privilegio frente al resto de los presos que sería inaceptable. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Nunca he albergado un sentimiento de venganza hacia los asesinos de mi padre. El largo tiempo en prisión ayuda a que estas personas puedan reflexionar y optar por esta segunda oportunidad. En mi caso, 30 años de prisión no llegan a un tercio de la condena impuesta (100-105 años,) pero no me parecen pocos años de privación de libertad. Cuando salgan de prisión estarán cerca de los sesenta años de edad. Si pensamos todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido en 30 años podemos darnos cuenta de lo que esto supone.

Pienso que el proceso personal de recuperar la humanidad que perdieron con sus crímenes tiene que ser largo y muy duro. Implica estar sometidos a una presión muy grande, pues tienen que romper con su trayectoria personal, interiorizar y asumir el daño que han causado, desmarcarse y rechazar al colectivo y considerar las repercusiones que todo esto tiene para su familia. Requiere coraje y decisión. Por eso creo que tiene mucho valor, tanto para el preso como para la víctima.

Como abogada, en el ejercicio profesional he apelado muchas veces al fin primordial que tienen las Instituciones Penitenciarias de reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas y medidas privativas de libertad. Como víctima, tengo que ser realista. Sería iluso por mi parte pensar que, como ya están presos, no tenemos que ocuparnos de ellos. Puede que durante un tiempo así sea, pero llega un momento en el que es necesario afrontar esa parte de nuestra vida, por difícil y dolorosa que sea, porque lo cierto es que, nos guste o no, todos los presos de ETA van a terminar por salir de la cárcel cuando cumplan sus condenas. Y cuando esto suceda, seguramente todos ellos vivirán en el País Vasco. En el caso de mi familia eso comenzará dentro de 12 años.

Ante esta realidad, la pregunta clave para mí es: ¿cómo quiero que las personas que mataron a mi padre se incorporen a la vida en sociedad, a la vida en libertad? ¿Quiero que lo hagan de un modo discreto, humilde (que no humillante), como lo han hecho otros presos de la banda terrorista, como los que siguieron la experiencia del programa de reinserción conocido como vía Nanclares?, ¿o que se les reciba con aplausos entusiasmados en homenajes como los que hemos visto, tributados en espacios públicos, con pasacalles, flores, con aurresku de honor, en un espectáculo provocador y humillante para las víctimas? Desde luego, tengo claro que prefiero lo primero.

Porque, en definitiva, de eso se trata cuando hablamos de la convivencia. Quién sabe si mi vida y la de estas personas se cruzarán algún día. Probablemente no ocurra. Pero no se trata de mí, sino de mis hijos y de las futuras generaciones, para quienes no queremos de ninguna manera el sufrimiento que nosotros hemos padecido. Si los asesinos de mi padre recuperan la libertad siendo hombres sensibles con el dolor que han provocado, asumiendo su responsabilidad, tanto individual como colectiva, siendo críticos con su pasado terrorista y habiendo reconocido el daño causado y afrontado su reparación, no se me ocurre de qué modo eso nos puede perjudicar. Todo lo contrario, traerá un beneficio enorme, no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad, y servirá como garantía de que lo que hemos vivido no se repita jamás. Alguien que haya hecho ese recorrido nunca aceptaría ser recibido como un héroe y podrá contribuir al relato con una actitud seria y sincera; nunca será obstáculo para una convivencia sana. Así pues, considero que todas las iniciativas que se adopten encaminadas a lograr la reinserción, dentro del marco de la legalidad, como no puede ser de otro modo, son buenas.

De algún modo, la reinserción de los presos de ETA interpela a la víctima; al menos yo lo siento así. Se me presenta la posibilidad de que ese proceso de reinserción pueda, en un momento determinado, requerirme o invitarme a tomar parte activa en él. De las referencias que podemos tener de lo que se ha publicado en relación con la vía Nanclares, me surgen preguntas: ¿Y si recibo una carta?, ¿y si me plantean un encuentro con algún preso? Ciertamente, eso me remueve y me produce cierto desasosiego. Ahora no soy capaz de afirmar qué haría si se me planteara alguna de estas situaciones. Tampoco siento la necesidad de que me pidan perdón. Pero, quién sabe si en la evolución de este proceso tan íntimo y personal del que he hablado reaccionaré de otra manera en el futuro si se plantea tal situación.

Admiro a las víctimas que han participado en los encuentros restaurativos. Me parecen muy valientes y de una gran generosidad. Y junto a ellas, reconozco también la actitud de tantas víctimas que, sin haber participado en esos encuentros, contribuyen de un modo comprometido y humilde a la convivencia.

Confío en el Estado de derecho y siento un profundo respeto hacia las instituciones democráticas y hacia el ordenamiento jurídico vigente. Confío asimismo en las personas que trabajan en las Instituciones Penitenciarias, en su esfuerzo diario y profesional para alentar ese proceso individual de reinserción de cada preso, afianzarlo y garantizar, no solo que cumple con lo previsto en la ley, sino que es auténtico. No debe ser nada sencillo y toda la gran humanidad que hay detrás es digna de reconocimiento.

Además, las víctimas podemos llevar a cabo una labor de vigilancia y exigencia de que los procesos de reinserción siempre se ajusten a la legalidad y no supongan apear en el camino ninguno de los principios éticos y políticos en los que se basa la convivencia democrática en libertad.

No podemos elegir lo que nos toca vivir, pero sí de qué modo nos relacionamos con ello. Yo elijo la confianza, la fe en las personas, y tengo la esperanza de que, entre todos, podamos conseguir una convivencia sana, en paz y libertad.

CAPÍTULO 9

Las víctimas de ETA ante la reinserción
de los victimarios

Josu Elespe Peláez

Terminada definitivamente ETA como organización terrorista, quedan asuntos pendientes por resolver y uno de ellos, aunque no es el más importante, tiene que ver con la situación penitenciaria de sus presos. Considero que actualmente los presos de ETA deberían recibir el mismo tratamiento que un preso común, es decir, acercamiento a cárceles cercanas a su domicilio, excarcelación de presos gravemente enfermos y obtención de beneficios penitenciarios por evolución positiva, trabajo en la cárcel, etcétera.

Las razones por las que entiendo que esto debiera ser así son varias. En primer lugar, porque legalmente es posible. En segundo, porque ETA ya no existe y la política penitenciaria debería ajustarse a esa nueva realidad. En tercero, por coherencia ética y porque no soy como ellos, creo que hoy en día defender una política penitenciaria de excepción me haría ser excepcional con ellos. En cuarto lugar, pese a la falta de empatía hacia las víctimas de ETA y pese a que guardaron y guardan silencio en relación con los crímenes cometidos por sus familiares, considero que los familiares de los presos de ETA no tienen por qué verse perjudicados o afectados por la actual política penitenciaria. A pesar de ello, pienso que estos familiares de presos no son víctimas de nada. En el caso de serlo, lo serían de la organización causante de su verdadero sufrimiento, es decir, serían víctimas de ETA. Su sufrimiento tiene que ver fundamentalmente con la encarcelación de su hijo y, en muchos casos también, con el probable sentimiento de fracaso que puedan sentir como padres. Aunque el destinatario de sus reivindicaciones como familiares de presos es el Estado, olvidan que la organización terrorista a la que pertenece su familiar ha impedido sistemáticamente a sus militantes acogerse a la legislación penitenciaria española, convirtiéndoles de este modo en presos por partida doble (la de la estricta situación penitenciaria del Estado y la impuesta por ETA). Con todo, intento comprender el dolor de la madre que debe trasladarse mil kilómetros para ver a su hijo encarcelado una hora al mes. Intento comprender esa incomodidad y esa sensación de lejanía. Creo que esto no debería ser así y hoy en día con más motivo si cabe: creo que esa madre debería poder visitar a su hijo en Martutene, Basauri, Nanclares o Pamplona. Intento comprender el dolor de la madre que se acuesta todas las noches pensando que su hijo es un asesino. Entiendo que este sentimiento debe ser desgarrador y me solidarizo plenamente con ella. Pero lo que no puedo comprender es a la madre que se manifiesta orgullosa de lo que hizo su hijo, aunque en este caso lamento certificar que este muy posiblemente no hizo más que seguir la tradición familiar de odio, amargura y frustración.

Por todo ello, pienso que mi labor como víctima no debe ser entorpecer o torpedear las medidas que el Gobierno pudiera tomar para modificar en su caso o flexibilizar la actual política penitenciaria. Y menos aún se me ocurre pensar, si esta política penitenciaria se modifica, que ello traicione la memoria de mi padre. Tampoco voy a aplaudirles ni animarlos a que lo lleven a la práctica, pero, si lo hacen, que espero que sí, esto no me va a generar ningún tipo de contradicción. Por los motivos que antes dije, la política penitenciaria hacia los presos de ETA debe modificarse, flexibilizarse y adaptarse al momento presente.

Nos guste más o menos, todos los presos de ETA deben salir de la cárcel y todos saldrán. Y todos lo harán con amplias penas de cárcel a sus espaldas que siempre consideraremos insuficientes y baratas. Pero debemos aceptar que deben salir tras cumplir quince, veinte o veinticinco años de cárcel y que nunca cumplirán los centenares de años a los que muchos fueron sentenciados. Lo debemos aceptar por salud mental y por principios éticos y democráticos: no asumir esta realidad con naturalidad supondría plantearnos la posibilidad de penas de castigo no reconocidas en nuestro ordenamiento, que actualmente nadie quiere ni ha pedido.

Una vez que el preso de ETA sale de la cárcel tras cumplir su condena me preocupan los que salen tal cual entraron, sin atisbo aparente de autocrítica y sin expresar públicamente nada diferente al discurso ambiguo u oficial establecido por la izquierda abertzale para estas situaciones. Estas personas son desgraciadamente amplia mayoría en el colectivo de miembros de ETA. Es una realidad socialmente indeseada y su aportación a la construcción de la convivencia o a cerrar heridas es cero. Aparentemente, no se han reinsertado en la sociedad, más allá de la protección o cobijo que la izquierda abertzale supongo les habrá concedido como agradecimiento a su disciplina. Diferencio a estos del colectivo de exreclusos de ETA expulsados de la banda por realizar una autocrítica privada y pública de lo que fue su vida durante los años que militaron en la organización y que se agruparon en lo que vino a llamarse la vía Nanclares. Personas todas ellas que, aunque no gusten en utilizar términos como “arrepentimiento” y “perdón”, se arrepienten y piden perdón. Personas que quieren construir lo que antes destruyeron y que se acercaron directamente a las víctimas para intentar reparar el daño que les hicieron. Hoy en día considero esta vía la única de resocialización y reinserción efectiva de presos de ETA y la única que aporta a la convivencia y ayuda a cerrar heridas.

La convivencia en Euskadi es posible y deseable. La mayoría de la sociedad vasca convive con normalidad, ha pasado página o ha arrancado literalmente las páginas. Incluso diría que ha amortizado la violencia y a las víctimas por las razones de supervivencia que sean, pero también por el temor de mirarse al espejo y enfrentarse a su conciencia, esa compañera de viaje tan cruel que te recuerda lo que hiciste mal y, en muchos otros casos, lo que no hiciste.

Las dificultades para convivir las tenemos las víctimas, las personas que vivieron el terrorismo de cerca o se enfrentaron a él, las que se involucraron para lograr su desaparición. En la parte que me toca como víctima, necesito —y hablo en mi nombre— un pronunciamiento nítido y expreso de la izquierda abertzale valorando éticamente lo realizado por ETA y lo realizado por ellos para que eso ocurriera, para facilitar que eso sucediera. Necesito que el trasatlántico estratégico vire hacia el trasatlántico ético. Necesito palabras que me consuelen. Necesito oír a la izquierda abertzale que matar estuvo mal, que nunca hubo nada que lo justificara, que no solamente fue un gran error estratégico, sino que sobre todo fue un inmenso fracaso humano.

Entiendo que este pronunciamiento debieran hacerlo los líderes históricos de la izquierda abertzale, los veteranos, los que mantuvieron y construyeron el monstruo. No deben dejar esta responsabilidad a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los independientes o al resto de las formaciones políticas que integran Euskal Herria Bildu. No puede haber un calculado reparto de papeles, no es lo mismo. Sería una trampa

Considero que hoy en día la izquierda abertzale está amagando con este asunto. Tiene el freno de mano echado y tengo la sensación de que si no se eleva el nivel de exigencia no irá más allá de lo que ha dicho hasta ahora. Sus excusas de humillación, etcétera, no son más que eso: excusas por temor a romper la unidad del colectivo, o por temor a que se le rebelen los presos que aguardan en las cárceles o quienes ya han salido y puedan sentirse engañados, o por no querer romper la fina cuerda del respaldo social a ese mundo, construido sobre una épica que se cae a pedazos. Soy consciente de sus enormes dificultades, pero no me importan. Considero que la convivencia plena de este país requiere enfrentarse a la realidad de lo que hicieron y precisa una autocrítica definitiva por su parte.

Cada uno tiene su visión y su punto de vista, sus vivencias, experiencias, sus intereses, sus mochilas. Pero entiendo que hay hechos objetivos en innegables:

Que hubo una organización terrorista llamada ETA que asesinó a más de 800 personas, hirió a miles, amenazó e hizo la vida imposible a otros tantos potenciales objetivos (Gesto Por la Paz los cifró en 10.000), instaló el miedo en la sociedad socializando el sufrimiento de manera buscada y premeditada, contó con respaldo social y político, duró más de 30 años; en definitiva, que condicionó de manera terrible la vida de los vascos.

Hubo también otros terrorismos y violencias ejercidas contra ETA, aunque no solo contra ETA, igual de injustos, injustificables e inadmisibles, diferentes en cuanto a su origen, influencia social, duración y efectos —aunque un asesinado ya es demasiado—, pero iguales en cuanto al rechazo ético que merecen.

El reconocer con naturalidad y normalidad la existencia de más violencias, aparte de la de ETA, no supone asumir la paralela existencia de un supuesto conflicto que explique todo esto. Un conflicto como ente abstracto al que se culpa y mediante el cual se explica la existencia de la violencia y el terrorismo en Euskadi. Un conflicto que atribuye un empate de violencias, un “todos hemos sido malos”, “todos hemos sufrido”. Esa búsqueda de la igualdad de sufrimientos no trata sino de equilibrar las violencias. En definitiva, recurrir a los conceptos de conflicto y sufrimiento no es si no eludir responsabilidades, equilibrar violencias, apaciguar conciencias y otorgar cierta inevitabilidad a lo realizado por ETA durante décadas

No sé cuál es el papel de las víctimas ante esto, no conozco todas las opiniones y no me gusta hablar de las víctimas como colectivo. No considero que haya un solo pensamiento o una sola opinión válida de víctimas, de todas las víctimas. Conozco mi pensamiento, mi opinión y en mi nombre hablo. Creo que es posible convivir, que es posible cerrar heridas e incluso creo que es posible tomar una cerveza o un café con personas que asesinaron formando parte de ETA. Yo lo he hecho y lo he hecho con presos de la vía Nanclares. La satisfacción es plena, tanto para ellos como para mí. Es una convivencia reparadora. Son personas que, a pesar de no haber alcanzado aún una plenitud ética y a pesar de ciertas contradicciones, están reinsertadas.

Respecto a esto último, me surge una reflexión: en el dilema entre derecho a la verdad o derecho a la justicia, me quedo sin duda con el derecho a la justicia. Si solo hay verdad no habrá justicia y si hay justicia también habrá verdad. Todos y cada uno de los crímenes de ETA deben ser esclarecidos. Necesito una verdad judicial que condene justamente a las personas que asesinaron y colaboraron en el asesinato de mi padre. Quiero que estas personas sean detenidas si es que están libres, con todos sus derechos intactos mientras estén en manos de las fuerzas de seguridad, juzgados con todas las garantías y encarcelados con el régimen y los derechos de cualquier otro preso. No estoy dispuesto a renunciar a ello de acuerdo a no sé qué bien común.

Nos tocará convivir con expresos de ETA, con las personas que asesinaron a nuestros familiares. Ya lo hacemos con muchos y en un futuro próximo lo haremos con todos. Algunos, pocos, están reinsertados. La gran mayoría parece que no. O no se pronuncian o lo siguen haciendo como colectivo sin libertad individual de opinión.

Me cuesta creer, aunque no estoy seguro, que estén orgullosos de lo que hicieron. Pienso que se han creado una especie de estructura mental donde la parte sensible del cerebro les dice machaconamente que hicieron lo que tenían que hacer, que ese fue su momento, que hubo y hay un ente abstracto llamado conflicto que les empujó, y que ahora ya no toca, que les han dicho que el momento ya pasó.

Creo que no volverán a empuñar las armas, que no alardearán públicamente de lo que hicieron, que si se cruzan con víctimas cambiarán de acera o agacharán la cabeza. Eso quiero creer. Pero, ¿es esto la reinserción? ¿Podemos afirmar que estas personas están reinsertadas? Mientras sigan creyendo en su fuero interno que hicieron lo que tenían que hacer, que se vieron empujados a hacerlo, que fue la respuesta épica a una supuesta injusticia previamente sufrida, que fue un indeseado y forzado sacrificio, un mal inevitable, mientras sigan creyendo todo eso, es evidente que no podemos considerarlos como ciudadanos completamente reinsertados.

CAPÍTULO 10

Las víctimas ante el fin de ETA, el proceso de cambio en la sociedad y los presos terroristas

Alfonso Sánchez

Ante el final “oficial” de ETA, organización terrorista que durante cincuenta años ha sembrado el dolor y la desolación entre miles de familias, las víctimas del terrorismo ven de diferente forma el escenario presente y futuro que se presenta. Son cuestiones muy controvertidas, tanto el cambio de posición de la sociedad con respecto al terrorismo y a las propias víctimas como lo que deba ser de los terroristas presos. Una compleja situación que, si cabe, es todavía más problemática para aquellas víctimas que hoy están viviendo en el País Vasco y Navarra. La convivencia progresiva con “el mundo de ETA” o incluso la previsible coincidencia física futura con los actuales presos de la banda constituyen pruebas personales de muy difícil abordaje. En ese sentido, la llamada normalización resulta realmente dura en ese escenario, aunque no se puede perder de vista que también lo es para los miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse de aquella tierra por miedo fundado a ser asesinados o por la presión social a la que se vieron sometidos.

El delicado momento presente vuelve a ser una nueva oportunidad para insistir en el reconocimiento de unas personas que nunca buscaron convertirse en víctimas de la acción terrorista y que tienen que seguir teniendo una disposición favorable tanto por parte de las administraciones públicas como por la sociedad. El compromiso de protección integral por parte de las primeras debe seguir siendo indiscutible por mucho que hayan cambiado las condiciones y el contexto.

La mirada de las víctimas, su parecer, vuelve a ser un asunto de primera naturaleza cuando se trata de conocer cómo ven estas la sinceridad por parte de ese mundo y su real disposición a poner punto final a toda una trayectoria de violencia y de dolor. También sería de gran importancia, en estos momentos precisos, conocer si las víctimas, después de tantos años de terror, siguen considerándose actores imprescindibles para difundir el valor de la paz y para asentar una convivencia normal y pacífica.

Las víctimas del terrorismo nunca han tenido una respuesta violenta contra los causantes de su dolor y siempre han sido respetuosas con las leyes. La generosidad ha sido una constante en nuestro colectivo. Por eso necesitan saber cuánto hay de compromiso leal y sincero por parte de los victimarios y su mundo para lograr la convivencia normalizada que todos deseamos.

En ese contexto, un asunto controvertido es el de los presos de la banda terrorista teniendo en cuenta que una de las reivindicaciones de la izquierda abertzale y de los familiares de los presos de ETA ha sido y es la cuestión penitenciaria. Estrategias en torno a “paz por presos” siempre han estado sobre la mesa por su parte. A la vez, el acercamiento a centros penitenciarios próximos al País Vasco ha sido una de sus permanentes reivindicaciones.

Ante esas iniciativas, en estos precisos momentos, las víctimas tienen mucho que decir. Su voz tiene que ser de nuevo escuchada, por ejemplo, para constatar si ese posible acercamiento se liga al reconocimiento previo del daño causado, a la colaboración con la Justicia o al compromiso de reparación del daño causado. Asimismo, algo tendremos que decir también sobre el criterio de reinserción que establecen tanto el Código Penal como las leyes penitenciarias para los terroristas encarcelados.

Con respecto a la reinserción, mi consideración es que puede resultar positiva para la sociedad en general y una buena aportación a un futuro de paz y convivencia. Algunas víctimas, sin duda, considerarán con dolor las excarcelaciones por cumplimiento o extinción de condena de los terroristas, porque no es fácil ver en libertad a aquellos que asesinaron a un ser querido, a pesar de que hayan cumplido ya su deuda con la Justicia. Algunas pueden considerar también que ese pago ha resultado ridículo si se considera el irreparable mal causado.

Inevitablemente, el tiempo pasa y los terroristas encarcelados irán saliendo de prisión tras cumplir sus condenas. La legalidad vigente debe ser ahí respetada sin ningún asomo de duda. Pero siempre será oportuno preguntar a esos reos, después de sus años de prisión, si a su salida van a contribuir a la causa de la paz y la convivencia normal o a perseverar en su ideología y en sus procedimientos criminales. No es cuestión menor. También, aunque ese tiempo vaya inexorablemente dejando atrás lo vivido, el testimonio y presencia de las víctimas seguirán siendo necesarios tanto para la atención del colectivo de víctimas como para la contribución derivada de su dolorosa experiencia a una sociedad capaz de convivir en paz, libertad y normalidad, en la antítesis de la realidad que nos obligó a vivir aquella banda de fanáticos.

Mi experiencia, mi criterio

A lo largo de estos últimos 33 años, desde que un atentado cambiara mi vida, mi postura con respecto a ETA no ha cambiado ni un ápice: son una banda de asesinos. Sus cerca de mil muertos avalan mi afirmación. No han dejado más que dolor y luto durante medio siglo.

Hoy, derrotada la banda, lo que está sobre la mesa son sus terroristas presos. No se pierda de vista que no son otra cosa que personas que han cometido graves delitos y que han sido juzgados y condenados por los mismos, y que como cualquier otro recluso cumplen condena en los centros penitenciarios de nuestro país.

En 1989, el ministro de Justicia, Enrique Múgica, puso en marcha la dispersión de los presos de ETA. Su propósito era restringir el control que la banda tenía sobre sus miembros encarcelados y alentar a aquellos que querían abandonar la organización. Entonces, los presos de ETA se agrupaban en las cárceles de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá Meco (Madrid). Allí estaban privados de libertad, pero la banda criminal dictaba sus normas. Muchos de ellos vivían en una doble cárcel: la impuesta por la Audiencia Nacional y la impuesta por los jefes de ETA. Estoy plenamente convencido de que la dispersión ha sido un mecanismo eficaz y necesario para reducir ese control por parte de la banda y contribuir a la postre a su final.

Sobre la reinserción, es claro que tanto el Código Penal como la Ley Penitenciaria establecen unos criterios al respecto. Una iniciativa singular ha sido la llamada vía Nanclares. Los requisitos para acogerse a ella se apoyaban básicamente en el abandono y repudio de la banda terrorista y la renuncia al uso de la violencia; en la necesidad de pedir perdón a las víctimas; en el compromiso de abono de indemnizaciones por los daños causados; y en la colaboración con la Justicia para acabar con el terrorismo.

Me gustaría creer que la petición de perdón a sus víctimas ha sido sincera. Desgraciadamente, he sido testigo en la Audiencia Nacional, durante las sesiones de varios juicios por asesinato, de cómo diversos reclusos acogidos a la vía Nanclares, hoy en libertad, sufrían de una amnesia profunda a la hora de colaborar con la Justicia. En cuanto a las indemnizaciones a sus víctimas ya ni hablamos, porque por su parte no ha habido nada. Con todo, me gustaría creer que esta experiencia ha dado resultado positivo en algunos casos.

En enero de 2011, ETA anunció que dejaba de matar. Luego comunicó su disolución y el desmantelamiento total de sus estructuras. Pero, después de esas fechas, ETA no es solo un mal sueño para muchos. Ha sido el terror, la desgracia, la sinrazón, el dolor más profundo y las vidas rotas de cerca de un millar de asesinados y sus familias, además de los heridos, secuestrados, amenazados, extorsionados y ciudadanos de a pie de toda España y, principalmente, del País Vasco y Navarra. Es algo que no debemos olvidar.

Cuando se habla de generosidad siempre se mira hacia las víctimas. Yo, al menos, estoy cansado de ser generoso, aunque no por ello dejaré de seguir siéndolo. Confieso que 33 años detrás de una trinchera, cansan. Pero me preocupa más que, por haber cambiado el panorama terrorista, dejara esa labor, junto con otros, y ello contribuyera a que las generaciones venideras, mis propios hijos y tantos y tantos no pudieran aspirar a una convivencia asentada sobre valores sólidos.

En esa misma línea de defensa de la democracia, no cabe otra opción que aplicar y respetar la ley. En febrero de 2018 me entrevisté con la magistrada y directora adjunta del gabinete de la ministra de Justicia de Francia, Hélène Davo, quien me trasladó la noticia de que una veintena de presos de ETA en ese país serían acercados al País Vasco a partir de un análisis individualizado de su situación. No constituía otra cosa que la aplicación de la ley francesa. Lo mismo que se tiene que hacer en España. En esa misma conversación me dejó claro que no iba a haber excarcelaciones. El Estado de derecho y el ordenamiento jurídico tienen bien claro cuáles son los límites de lo posible.

Sobre esas bases precisas, tanto con el acercamiento de presos como con los procesos normales de reinserción no ganarán los terroristas, sino el conjunto de la sociedad y la justicia. Lutero dejó escrito: “Todo santo tiene su pasado y todo pecador, su futuro”. Creo que todo el mundo, también los terroristas presos de ETA, tiene derecho a una segunda oportunidad, tiene derecho a reinsertarse en la sociedad. En ese viaje no ganarán, sino la sociedad en paz y libertad, y la memoria de las víctimas de esos terroristas.

CAPÍTULO 11

Las víctimas ante la reinserción

Cristina Cuesta Gorostidi

Como ciudadana española me siento orgullosa de formar parte de un Estado constitucional y democrático de derecho. Me siento en especial orgullosa del artículo 25 de nuestra Carta Magna que en su punto segundo dice: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”.

No podemos olvidar que la reinserción social no es una finalidad absoluta de las penas privativas de libertad, sino una orientación compatible con otras finalidades de la pena y con la exigencia de justicia prevista en el artículo primero de la propia Constitución:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Voy a defender tres posiciones, posturas u opiniones, desde el punto de vista personal, social y político, basándome en mi experiencia como víctima del terrorismo y como activista por la memoria de las víctimas en relación con la reinserción de los presos terroristas.

Hace un año escribí al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional solicitando expresamente que me comunicasen todas aquellas resoluciones dictadas por el órgano correspondiente relativas a la concesión de beneficios penitenciarios, progresiones de grado, libertad condicional, excarcelación, fecha de licenciamiento, etc., del asesino de mi padre, Enrique Cuesta, y su escolta, el policía nacional Antonio Gómez, al amparo del Estatuto de la Víctima del Delito. Un mes después recibí del mismo centro un escrito escueto con palabras y fechas de las que poco entendí y que me causaron una gran zozobra. Llamé para solicitar que alguna persona competente me explicara aquellos datos. Así lo hicieron y por eso dispongo de información sobre el futuro de esa persona en prisión, si no hay variación o si se produjeran medidas de gracia que pudieran acortar su condena.

Este terrorista quedó sentenciado en 2010 a 46 años de prisión por el asesinato de dos seres humanos. Llevaba en prisión desde 2004, tras ser detenido en Hendaya por presunto blanqueo de dinero para ETA. Se le reclamaba por la Audiencia Nacional y no había pasado ni un minuto de su vida en la cárcel desde que cometió sus crímenes en 1982. Le dio tiempo a viajar a Sudamérica, volver a Francia, a veinte kilómetros del lugar donde cometió los asesinatos, convertirse en ciudadano francés, casarse, tener dos hijos y trabajar como gerente de una empresa de distribución de productos españoles en ese país. Se inició una larga batalla judicial para conseguir que lo extraditaran a España, para solventar la casi prescripción de estos delitos contra la vida, gastamos mucho tiempo y mucho dinero en defender nuestro legítimo derecho a la justicia. Ninguna institución vasca, en ningún momento de esos seis años, se preocupó por nosotros, y no pudimos disponer de ningún apoyo legal, económico o moral en ese vía crucis que, es justo decirlo, contó con el trabajo de fiscales y jueces y del Ministerio de Justicia, liderado en aquellas fechas por el ministro Juan Fernando López Aguilar. En 2010 se celebró un juicio justo y garantista. Fui voluntariamente como testigo porque quería mirarlo a los ojos y solo vi odio. Lo único que nos une a él es el deseo de mi familia y mío de que permanezca el mayor tiempo posible en prisión y pague por lo que libre y voluntariamente decidió hacer y está probado: asesinar a dos personas buenas e inocentes. Él tendrá tiempo de disfrutar de sus nietos, mi padre no. Mi impresión es que este sentimiento respetuoso con la ley y firme con la petición de justicia contra la impunidad representa a la inmensa mayoría de víctimas, es el nexo más fuerte entre nosotras.

Una importante parte de las pruebas testificales se basaron en los datos aportados por Ramón Agra, autor también del asesinato de mi padre, detenido, juzgado y sentenciado en los años ochenta, que quiso reinsertarse colaborando con la
Justicia y pidiendo perdón, cosa que consiguió. Ramón Agra fue asesinado en Málaga en un permiso penitenciario; las fuentes policiales del momento lo relacionaron con tema de drogas. Nunca se supo más. Ramón Agra quiso ponerse en contacto conmigo para explicarme que estaba colaborando con la Justicia. Yo me asusté y nunca llegamos a vernos. Colaboración y arrepentimiento son aspectos básicos si queremos acercarnos a algo parecido a la reinserción. Sabemos hace tiempo que estas exigencias mínimas no se cumplen.

Creo en la justicia victimal, creo en el axioma de in dubio pro victima, como así me enseñó mi maestro Antonio Beristain. Creo sinceramente que las víctimas evidenciamos el camino si es que de verdad nos preocupa la convivencia democrática. Recientemente he releído el libro El tazón de hierro del antiguo terrorista del GRAPO Félix Novales, donde narra su proceso de repersonalización. Dice:

Hoy ya no creo en muchas de las cosas en las que creía hace años y, por supuesto, tampoco en los métodos. Puede resultar paradójico, y hasta irónico —si no fuera trágico—, que alguien que está en la cárcel por lo que yo estoy acabe convirtiéndose en pacifista convencido; que dé ahora a los valores civiles la radicalidad que antes veía en los militares. Puede no creerse que alguien que llegó a tal grado de fanatización en un momento de su vida para justificar cosas tan tremendas como las que ha hecho, con el tiempo acepte su error. Porque, ahora, cuando uno comprende, aunque haya tenido que ser en la derrota, que era falsa la hipotética valoración instrumental de sus actos, se queda frente a ellos solo, aplastado ante la enormidad de la tragedia causada. Quizá por eso sea tan difícil para nosotros el arrepentimiento. Ha sido tan enorme nuestro pecado.

¿Cuáles son las reclamaciones de las víctimas del terrorismo? Debemos escuchar a las organizaciones que las representan. En 2010, 24 de ellas suscribían el documento “Por un fin de ETA sin impunidad”25. En el mismo, las víctimas manifestaban: “La reinserción significa volverse a integrar en aquello que el delito ha roto. Lo que ha roto el delito terrorista, además de la vida de familias enteras, son las reglas fundamentales de la convivencia aprobadas en derecho, atentando contra el Estado de derecho y la democracia basada en el pluralismo”. Para llegar a la reinserción tiene que darse arrepentimiento en relación con medios y fines; denuncia pública de la violencia y de sus fines totalitarios; colaboración con la Justicia para que las víctimas puedan cerrar el duelo; y aceptación del Estado de derecho. El documento alertaba también de la banalización y consentimiento general del mal, una vez acabado el terrorismo, si se considera este como “un mal menor”. ¿Qué pide en paralelo “el mundo de ETA”? Amnistía, retorno, excarcelación y acercamiento a cárceles vascas, es decir, impunidad.

Y me pregunto, si realmente creemos en la reinserción, ¿debemos estar dispuestos a rebajar las mínimas condiciones para ello? ¿No sería esto un definitivo triunfo de la legitimación de ETA? ¿Hemos sufrido tanto para que nos ganen en este sucio final? ¿Somos conscientes de que es una tensión muy dura para las víctimas que los temas que impone el mundo social y político cercano a ETA sean prioritarios? ¿Cuándo vamos a hablar en serio de los casos judiciales pendientes de resolver, de la exaltación constante del terrorismo y los terroristas que en los actos de homenaje semanales se producen ante la inacción institucional, de la situación de los ciudadanos exiliados inocentes, de tantos temas que se han marginado, obviado, relativizado desde las instituciones vascas al dar prioridad continuada a las exigencias de ETA y no a la defensa de la memoria, la justicia, la dignidad y la verdad?

Fui, creo, una de las primeras víctimas del terrorismo que habló de reconciliación. De hecho, fundé la organización Denon Artean-Paz y Reconciliación. En los noventa, con la buena disposición y la ingenuidad de las posturas supuestamente apolíticas, defendimos y actuamos en consecuencia: “¡Primero las víctimas!”. Estas estaban escondidas, ocultadas, humilladas, estigmatizadas. Trabajamos por recuperar un orden social roto, absurdo y cruel, en el que los derechos de los victimarios eran protagonistas en el debate social, en la retórica pública, en el activismo militante. Hasta hoy, y es necesario reconocerlo, las víctimas del terrorismo hemos estado mucho menos reinsertadas, aceptadas, acompañadas y reconocidas que los terroristas de ETA, al menos en el ámbito de la comunidad autónoma vasca.

Recientemente, Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), junto a otras dos víctimas, tuvieron la osadía de acercarse a Tolosa a un acto por los terroristas huidos de la justicia. Les respondieron con odio y con violencia. No parece que tuvieran muchas ganas de reconciliarse y les regalaron un terrorífico: “Jotake irabazi arte” (“Golpe a golpe hasta la victoria”).

Me considero una víctima proscrita, expulsada de una comunidad mayoritariamente nacionalista, que ha osado defender públicamente una memoria política de las víctimas del terrorismo como víctimas del ideario totalitario etarra. Defiendo el significado político que define el asesinato de mi padre y de su escolta, sus razones y consecuencias. Mi padre fue eliminado brutalmente por trabajar en una empresa que llevaba el nombre de España, el gran tabú todavía hoy. Mi familia fue estigmatizada por ser objetivo del terrorismo, por representar la pluralidad democrática y el Estado de derecho, por no aceptar ni callar ante la imposición etnonacionalista de los fanáticos. Aprendí a criticar, a partir de mi militancia en la iniciativa ciudadana Basta Ya, tanto los medios como los fines de ETA. No todas las ideas son tolerables, deberíamos saberlo. La ideología que se sustenta en la exclusión y la opresión al diferente, en su persecución y su hostigamiento, en el presente, el pasado y el futuro, podrá ser legal, pero no es lícita ni moral. El mundo de comprensión, justificación y legitimación de ETA no quiere reprobar este ideario, ni en el pasado ni en el presente ni el en futuro. Y no lo hace porque le va muy bien: tiene poder, dinero y apoyos, y un objetivo, el mismo por el que ETA ha matado a nuestros familiares: la independencia.

Las políticas de memoria que gestiona el Gobierno Vasco buscan el blanqueamiento de ETA, la neutralidad, la equidistancia, la cuantificación de víctimas homogéneas. Defienden la teoría del conflicto: ETA como respuesta a violencias previas. Por mucho que se niegue, ¿qué sentido tiene, si no, dar protagonismo en un supuesto vídeo educativo a uno de los fundadores de ETA? ¿Debemos las víctimas colaborar en un planteamiento que niega nuestra esencia, que miente sobre las razones por las que fueron asesinados nuestros familiares? Me considero una víctima no indulgente y creo que con ello defiendo mucho mejor la memoria de mi padre.

He seguido con interés el acto organizado por el alcalde de Rentería, de Bildu, Julen Mendoza, el pasado 15 de septiembre de 2018, en homenaje al policía nacional asesinado por ETA en 1982 en ese municipio, Antonio Cedillo. En él participó el hijo de la víctima, José Miguel Cedillo. Se plantó un árbol, se abrazaron y hubo palabras fraternales. En una entrevista para El Diario Vasco una semana después, el alcalde manifestaba: “Los presos pueden sanar el dolor de las víctimas y estas ayudar a otra política carcelaria”. ¿Son suficientes las bonitas palabras, los gestos bucólicos? Yo creo que no. La crítica ética no es suficiente. Los presos sanarán a las víctimas cuando atraviesen el camino de la vergüenza y la culpa por haber matado, cuando, una vez cumplida su condena, se reincorporen discretamente sin hacer ruido, habiendo colaborado con la Justicia y reprobando su historial criminal. Por supuesto que las víctimas podemos ayudar a otra política carcelaria, pero en sentido contrario a lo que defiende el alcalde. Podemos y debemos trabajar por satisfacer el básico derecho de las víctimas a la justicia, a una reinserción que no permita la legitimación pública del terrorismo.

Primo Levi escribió:

Debo confesar que, ante ciertos rostros no nuevos, ante ciertas viejas mentiras, ante ciertas figuras en busca de respetabilidad, ante ciertas indulgencias, ciertas complicidades, la tentación de odiar nace en mí. Pero yo no soy así, creo en la razón y en la discusión como supremos instrumentos de progreso y por ello antepongo la justicia al odio. No deseo que se confunda esto con un perdón indiscriminado, no. No he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca, a menos que haya demostrado en los hechos, no de palabra, no demasiado tarde, haber tomado conciencia de las culpas y los errores, y que esté decidido a erradicarlos de su conciencia y de la conciencia de los demás.

Dejemos de violentar a las víctimas en este duelo inconcluso.

CAPÍTULO 12

Vía Nanclares. Un proceso restaurativo
por la convivencia y la paz

Juan Antonio Pérez Zárate

Tras la finalización de un largo periodo de violencia en Euskadi, se imponía desde las instituciones encontrar una fórmula de potenciación de los vínculos sociales dañados de cara a establecer los cimientos sólidos de una futura convivencia en paz. Todo ello con el fin último de poner en práctica los conceptos clave derivados de las teorías de justicia restaurativa, que ponen el énfasis en las siguientes ideas:

Desarrollar un modelo alternativo al de justicia convencional.

Restablecer las sinergias sociales deterioradas.

Dotar de protagonismo a las víctimas.

Desarrollar la visión comunitaria.

Por todo ello, y como precedente a la vía Nanclares, en el centro penitenciario de Araba/Álava se llevan desarrollando desde finales del siglo XX diferentes proyectos relacionados con este concepto de justicia restaurativa. Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

La instauración de los módulos de respeto como marco general que permitan la existencia de diálogos reparadores.

La formación de los funcionarios por parte de instituciones especializadas en gestión y transformación de conflictos.

El establecimiento de una línea transversal de tratamiento sobre este eje, incluyendo diferentes actividades ya existentes, pero dotándolas de un nuevo sentido.

La coordinación entre los profesionales que llevaban a cabo programas de violencia de género con la Oficina de Atención a la Víctima de Bilbao, bajo la cual se desarrollaron encuentros entre ambas partes, previa preparación psicológica de ambos grupos.

La ejecución de varias ediciones de Work Café anuales, cuya meta era elaborar líneas de actuación que permitieran el desarrollo e instauración de una política restaurativa. Cabe destacar el primero de ellos, en el que participaron, de manera pionera a nivel mundial, y bajo la supervisión de Work Café Europe, casi 150 personas. La composición de esta jornada da una clara idea de su contenido y desarrollo: Gobierno Vasco, Gobierno de España, Ministerio de Justicia, diputaciones, Ayuntamiento, trabajadores del centro de todos los grupos y categorías, internos del Centro Penitenciario, Universidad, sociedad y víctimas de diferentes delitos.

Con este caldo de cultivo previo y con la cultura generada por estas intervenciones, sin las que no se entiende la ejecución de los procesos de reinserción, y a la vista del momento social propicio para ello, se exploró la posibilidad de convertir a las víctimas del terrorismo en agentes activos en la reconstrucción de la paz social, teniendo en cuenta el ingente y largo sufrimiento padecido, y comenzar así un camino hacia la reintegración social y la reconciliación.

Según esto, se establecieron dos procesos paralelos. El primero de ellos fue de acercamiento escalonado de los presos condenados por terrorismo, tras la aplicación durante años de la política de dispersión por diferentes centros del Estado. Los primeros pasos fueron simbólicos, habida cuenta de la entonces vigente ley antiterrorista y de la especial sensibilidad social a este respecto. Acogerse a beneficios penitenciarios, no participar en los plantes convocados por el colectivo de presos o mantener relación normal con otros reclusos podían ser los primeros pasos a realizar por los internos candidatos a dicho acercamiento. La renuncia al propio colectivo de presos o a sus abogados solía ser el paso siguiente. Todo ello se manifestaba primero de forma verbal y después mediante un escrito remitido a las autoridades.

Los primeros pasos oficiales se acompañaron de medidas por parte de las autoridades, como el traslado a alguna cárcel más cercana a Euskadi, dependiendo del punto de origen del preso y los pasos que este hubiera dado. Posteriormente, se oficializaba el acercamiento mediante un escrito con los elementos de petición de perdón, afrontar el pago de la responsabilidad civil, salida de la banda terrorista y renuncia a la violencia.

Llegado ese momento, y si los informes de los equipos técnicos y de los responsables judiciales eran favorables, se podían iniciar los trámites para favorecer su reinserción. Estos podían ser, por ejemplo y habiéndose dado los pasos señalados, la aplicación del artículo 100.2 del Código Penal, que permite conceder un régimen de vida propio de un tercer grado sin tener que otorgarlo de forma definitiva o el comienzo del disfrute de permisos ordinarios de salida. Estos, a su vez, pueden ser permisos breves de salida bajo vigilancia, un permiso para el desarrollo de actividad laboral fuera de la cárcel o, ya en última instancia, permisos que solo obliguen a ir al centro a pernoctar.

¿Por qué era esto tan importante? Por dos razones. Primero, porque nuestro sistema judicial está pensado con ánimo de reintegración social, siendo el objetivo último de este que cualquier preso que esté preparado para volver a integrarse en la vida cotidiana pueda hacerlo en función de su cumplimiento de condena. En segundo, porque en el caso concreto del entorno de ETA, los presos tienen un valor esencial. Se les adjudica el papel de víctima, como el grupo humano que les da argumentos para hablar de represión por parte del Estado. Por ello, desde este entorno se trata de mantener por cualquier medio la disciplina interna, motivando la no participación en la vida ordinaria de los centros penitenciarios, la realización de actos de protesta o el rechazo a mostrar signos de lo que pudieran considerar “conductas de sumisión”.

Con la llegada a la presidencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero y el final de aquel proceso de paz, se implementó de forma intensiva la llamada vía Nanclares, acercando a dicho centro a internos condenados por terrorismo que, como se ha dicho anteriormente, habían expresado explícitamente su renuncia a la política de la banda. Este proceso no estuvo exento de la aparición de diversas fuentes de tensión, entre las que cabe destacar:

Críticas de parte de la opinión pública y publicada, que desconfiaba y rechazaba dichos acercamientos.

Presión de determinados colectivos sociales opuestos a la aplicación de la medida. Algunos por considerar que era una forma inmediata de excarcelación o que algunos presos se apuntaban solo para salir antes de prisión. Lo cierto es que algunos internos participaron cuando su duración de condena era de menos de tres meses y participar en el programa les podía aportar menos beneficios que problemas.

La confrontación emocional que conllevaba que estos presos “convivieran” a diario con personal funcionario que durante años había sido víctima de la banda terrorista. Ello se tradujo en presiones entre funcionarios, amenazas, reproches, denuncias constantes a la dirección, etc., dando lugar a un clima social penitenciario muy negativo.

Como se ha señalado anteriormente, la presión del colectivo no disidente, que rechazaba abiertamente esta vía y a los que participaban en ella, fue muy fuerte. Es importante reseñar los obstáculos que estas personas han encontrado en el proceso de reinserción establecido para ellos, dado que en muchos círculos son considerados “traidores”, lo cual afecta a su vida social, familiar, personal y laboral. Este punto es fundamental porque muchos internos, con el trabajo personal realizado y la voluntad de cambio clara, no se atreven a dar un paso por miedo a enfrentarse a la presión social que va a tener que soportar la familia (en prisión se soporta todo: el miedo a lo que le pase fuera a la familia condiciona mucho más).

Por último, estaba el propio proceso personal de los internos participantes, dado que la reflexión llevada a cabo conllevaba la percepción de grandes sentimientos de culpa, dificultades para gestionar el arrepentimiento, replanteamiento de la escala de valores y reinvención de un nuevo estilo de vida. A ese nivel es muy destacable el trabajo relevante que algunos de estos internos han llevado a cabo para establecer vínculos de reconciliación, tanto en el desarrollo del artículo 100.2, como en tercer grado o como durante el disfrute de permisos ordinarios de salida. Esto se concreta en su participación en foros y grupos de trabajo, encuentro con víctimas, realización de documentales de cara a la opinión pública o incluso la publicación de libros narrando la experiencia vital experimentada. Sirva como ejemplo Lo difícil es perdonarse a uno mismo, de Iñaki Rekarte. Este interno, condenado por múltiples asesinatos, se acogió a la vía Nanclares y fue expulsado del colectivo de presos por condenar abiertamente la lucha armada, tras un largo proceso de reflexión personal.

El segundo proceso consistió en la preparación y ejecución de diálogos reparadores entre víctimas y victimarios del terrorismo. Para ello, se consideraba fundamental una visión multilateral y pluridisciplinar de la intervención, pilotada por los gobiernos vasco y central en coordinación. Es en este segundo supuesto en el que cobra especial relevancia el papel de las víctimas como agente protagonista relevante.

La base teórica en que se sustenta es la propia de la justicia restaurativa, tratando de crear espacios reparadores que provoquen sinergias entre ambas partes del conflicto, de manera que se creen procesos embrionarios de una sanación comunitaria y social. Es fácilmente imaginable, y hasta cierto punto comprensible, la cantidad y magnitud de las resistencias de todo tipo y desde todo ámbito de cara a iniciar una tarea de semejante calado. A pesar de ellas, se llegó a programar un calendario de encuentros terapéuticos cara a cara entre presos de la banda terrorista y las víctimas directas de los mismos. Esto se produjo siempre basándose en determinadas condiciones inexcusables, tales como que el victimario hubiera expresado su rechazo a la organización terrorista y un cierto grado de arrepentimiento no manipulativo, y que la víctima fuera previamente valorada como preparada y dispuesta a dicho encuentro.

Para ello, desde ambas partes, los participantes fueron objeto de un delicado y minucioso trabajo de selección, considerándose el encuentro en sí como el último escalón del proceso. Se priorizaron los victimarios que ya se encontraban participando en la denominada vía Nanclares, dado que ello conllevaba que se dieran las condiciones mínimas necesarias a nivel de evolución personal.

Una mediación totalmente profesionalizada resultó imprescindible para llevar a cabo de manera positiva una intervención tan delicada. Estos profesionales debían guiar el proceso de principio a fin, desde la preparación previa de ambas partes hasta la ejecución real del cara a cara final. La meta definitiva programada pretendía reparar en ambos los daños causados por la violencia, aquellos que la justicia tradicional no es capaz de sanar por sí misma. Para ello, se consideraba imprescindible que la participación fuera absoluta y realmente voluntaria, que la confidencialidad estuviese garantizada y que se estableciera un espacio adecuado, con una tutorización profesional mediadora.

Entre los victimarios seleccionados llegaron a encontrarse componentes históricos de la banda terrorista, en los que se había observado un alto grado de motivación, reflexión personal y arrepentimiento. Asimismo, se trató de que las víctimas no estuvieran únicamente movidas por el lógico resentimiento o necesidad de cierto tipo de venganza, sino que mostraran también otro tipo de motivaciones positivas.

Los encuentros se llevaron a cabo, en su gran mayoría, en el interior del centro penitenciario, implicando por ende a los trabajadores del mismo. Cabe imaginar lo que esto puede suponer a nivel emocional para unos trabajadores que durante años habían sido diana y objetivo terrorista, por lo que es necesario en este punto destacar la generosidad de los mismos a la hora no solo de no obstaculizar la intervención, sino de facilitarla en todos sus extremos, en especial los funcionarios del grupo de control, catalizadores del día a día, tanto dentro como fuera del centro. A esto debe unirse el alto grado de emotividad que se desprende de los propios encuentros por las partes afectadas en el mismo.

La consecuencia de los encuentros, valorados de manera altamente positiva por todas las partes implicadas, es convertirse en una herramienta terapéutica de incontestable valor, tanto reforzando el proceso personal preestablecido por los victimarios como curando las heridas de las víctimas participantes, pero, sobre todo, convirtiéndose en el embrión imprescindible de un futuro basado en el respeto, la tolerancia, la paz y la convivencia.

Seguro que hay otra forma de intervención, pero nunca todas van a contentar a todos. Creo que no se trata de contentar, sino de intervenir y dar un paso más allá de lo habitual, más allá de las filias y las fobias. Lo que el tiempo demuestra es que esta intervención ha intentado reunir todas las piezas del puzle en pos de un futuro mejor para todos aquellos que han tenido un pasado duro y que desean de forma clara que el horror sea algo lejano, presente inevitablemente, pero que permita avanzar.

Quiero expresar en estas líneas finales mi mayor agradecimiento a todos los funcionarios de prisiones que, desde el dolor y el sufrimiento, han sabido que la profesionalidad y el cumplimiento de la ley es lo que diferencia al que la quebranta del que la protege. Y me quedo con la imagen del encuentro entre las familias de algunas víctimas y los asesinos de sus seres queridos. En ella puede apreciarse hasta qué punto es duro para el victimario enfrentarse a este momento tras un proceso de reflexión personal de años, qué reacción y qué necesidades se aprecian en la víctima, y lo que a ambos aporta su conversación. Con todo, la llamada vía Nanclares fue una forma de intervención que ahora parece ser rea de amnesia.

CAPÍTULO 13

La vía Nanclares. Una guía de futuro

Joseba Urrosolo Sistiaga

Para hablar de la experiencia de la vía Nanclares voy a comenzar por un comentario que me suele hacer una amiga que nos ha apoyado mucho en estos últimos años: “Insiste en que lo vuestro no ha sido solo vía Nanclares; que lo vuestro es mucho más que eso”. Y tiene razón. Los pasos que hemos dado y las reflexiones que hemos hecho las hemos vivido desde la militancia, desde nuestra responsabilidad, desde mucho antes y en peores condiciones. En mi caso, mis primeras discrepancias dentro de ETA las planteé en 1989 durante las negociaciones de Argel. Cuestioné por escrito la falta de información y de debate interno y que desde la dirección de ETA rompieran aquellas negociaciones y la manera en que lo hicieron. En 1993, y después de años de no vernos, me encontré en el Estado francés con Kepa Pikabea. Compartimos nuestras reflexiones, convencidos de que ETA no podía seguir, no debía seguir, que la prioridad era centrarse en buscar su final.

Plantearlo claramente, desde dentro de la propia organización, agudizó el enfrentamiento que manteníamos con otros militantes. A Kepa Pikabea lo detuvieron en 1994. Meses después decidí dejar la militancia en ETA porque no estaba dispuesto a asumir decisiones y un camino que ya no compartía. En 1997 me detuvieron y en la cárcel volví a encontrarme con Kepa. Nuestras reflexiones y nuestra actitud estaban ya completamente distantes y enfrentadas con respecto a la línea y al funcionamiento tanto de ETA como del colectivo de presos. Tuve noticias de que Carmen Guisasola y otros más, como Rafa Caride, llevaban tiempo en esa onda. Las conversaciones con algunos presos del IRA nos reafirmaron en nuestro convencimiento. Comunicarnos entre nosotros mediante cartas y recibir las visitas de familiares y amigos era difícil, requería mucho tiempo. Así y todo, un grupo de presos llegamos a hacer pública una carta titulada “Nos ilusiona lo de Irlanda” (1998), en la que planteábamos la necesidad de un debate y pedíamos que no se nos utilizara… ni por unos ni por otros.

Porque esto ha sido y sigue siendo una constante. Por una parte, se impuso una forma de entender lo que un preso o exiliado relacionado con ETA podía y no podía hacer. Y por otra, se utilizaba cualquier movimiento para intentar desprestigiar, situarlo en el derrumbe, en la derrota personal. Eso hicieron con Yoyes. Unos la trataron de arrepentida, chivata, traidora, y otros ahondaron en esos clichés para vender una imagen que les interesaba. Pero lo cierto es que era una mujer con una profunda reflexión sobre la deriva que llevaba ETA, lo que la llevó a desligarse y, pasado un tiempo de exilio en México, a retornar y rehacer su vida, porque legalmente podía y decidió hacerlo.

En nuestro caso, la de París fue la primera etapa de nuestra disidencia. Empezamos a sufrir las consecuencias en las relaciones con otros presos y con nuestro entorno. Así y todo, seguimos hablando y discutiendo con todos los demás presos en las cárceles por las que pasábamos. No eran pocos, entre ellos muchos que aún continúan en el colectivo, los que cuestionaban la continuidad de ETA y el funcionamiento del propio colectivo de presos. Se hablaba mucho en los patios de las cárceles, pero de ahí no se salía.

En ese contexto, recuerdo el momento en el que nos llegó la noticia del atentado contra Fernando Buesa y Jorge Díez. Estaba en una celda de la cárcel de La Santé, en París, y un compañero nos llamó y, a gritos por la ventana, nos informó de lo que decía la radio sobre el atentado. Lo viví como una mala noticia, con desazón, otra más. Me quedé mirando tras los barrotes con aquella impotencia de comprobar que, aunque andábamos constantemente hablando de lo mismo, no avanzábamos en aquellas reflexiones.

En 2008, algunos decidimos dejar el colectivo de presos. Lo hicimos para poder decidir por nosotros mismos. Decidir tanto en nuestra aportación como militantes, como en nuestra situación penitenciaria. Lo hicimos por convicción. No fue fácil, ya que en aquel momento nos quedaban muchos años de condena, con un entorno que se convertía en muy hostil para nosotros y nuestros familiares. Y sin ninguna otra perspectiva por delante. Meses después, una treintena de presos fuimos trasladados a las cárceles de Asturias y Zaragoza. No fue una casualidad. En los contactos rutinarios con los responsables de las cárceles, no solo nosotros, también otros presos del colectivo, solíamos trasladarles la idea de que tenían que juntarnos para facilitar el debate sobre el final de ETA. Pero en lugar de aprovechar esa posibilidad que se abría, se presionó desde el exterior. Los comisarios políticos que controlaban el colectivo reunieron a un grupo de expresos en un acto público en el frontón de Usurbil para imponer que nadie se moviera en las cárceles. Fue impresionante ver a militantes, con años de experiencia en ETA y muchos años de cárcel, totalmente anulados en su capacidad de decidir.

Posteriormente, en 2009, el Gobierno hizo el siguiente planteamiento en las cárceles: os proponemos un marco para una aplicación flexible de la política penitenciaria. Se basaba en la renuncia a la utilización de la violencia, el dar pasos por las vías legales, como solicitar permisos o cambios de grado, y el reconocimiento del daño causado como expresión de autocrítica. Algo que luego cada uno expresaba a su manera. En realidad, se valoraba la actitud que habíamos tenido hasta ese momento.

A tres de los que estábamos en la cárcel de Zaragoza nos pareció una propuesta sensata. Lo comentamos con los demás. No hubo reacciones de rechazo. Uno de ellos me dijo: “Ojalá que esta propuesta sirva luego para los demás”. Solicitamos el traslado y a los dos días estábamos en Nanclares. Allí nos encontramos con presos con recorridos y motivaciones diferentes. Hicimos una reunión en la que unos dejaron claro que solo querían cumplir el resto de la condena en las mejores condiciones posibles. Algo que a todos nos parecía normal. Otros decíamos que, desde nuestra experiencia, desde nuestra militancia, nos correspondía seguir planteando públicamente nuestras reflexiones, desde el convencimiento de hacer en ese momento lo que a nuestros años de militancia correspondía. Nos definimos como “presos comprometidos con el irreversible proceso de paz”.

Aunque la definición suene ahora un poco desfasada, en un tiempo en el que en ETA divagaba sobre treguas duraderas o permanentes, nosotros queríamos incidir en lo irreversible, en el final, y en nuestro compromiso en ello. Además de las entrevistas y escritos que hicimos públicos, enviamos también a otros presos en otras cárceles una gran cantidad de cartas personales y como grupo. Nos dimos cuenta en la práctica de lo importante que es la existencia de ese marco, que pronto se empezó a llamar vía Nanclares, para una aplicación de las normas que facilitara estos pasos. Por ejemplo, se nos proporcionaban los contactos que solicitábamos para hablar con diferentes personas y organismos que trabajaban en temas de paz y convivencia. Quisiera recordar aquí a Josu Zabaleta, que acaba de fallecer y que nos ayudó mucho en esa labor de intermediario. Algo que fue posible dentro de ese marco de la vía Nanclares.

Políticas penitenciarias

En lo que respecta a la situación de los presos relacionados con ETA, en realidad se nos imponían dos políticas penitenciarias. Por un lado, la política penitenciaria gubernamental, que se ha ido endureciendo tanto en la legislación como en su aplicación. La utilización que hicieron de la doctrina Parot para alargar los años de encarcelamiento, sabiendo que trampeaban su propia ley, no es más que un ejemplo. En nuestro caso, sin ir más lejos, la Junta de Tratamiento de Nanclares nos negaba sistemáticamente los permisos sabiendo que el Juzgado nos los había concedido las cinco, diez o veinte veces anteriores. Por otro lado, estaba la política penitenciaria que se nos imponía a los presos del colectivo desde la propia izquierda abertzale. Era una forma de entender y de imponer el papel que debían cumplir los presos y exiliados. El resumen de todo ello era que no se podía elegir abogado, solo los del colectivo; no se podía solicitar cambio de grado ni cambio de cárcel; no se podían solicitar salidas de permiso, ni en tercer grado ni en régimen abierto; no se podía trabajar en prisión; y no se podía volver del exilio, aunque legalmente fuera posible, hasta que no se decidiera “desde arriba”. Esto ha tenido como resultado, además del asesinato de Yoyes o de las presiones y amenazas contra quienes se salían de la disciplina del colectivo, que los presos hayan pasado cientos y cientos de años de más en prisión y que se haya renunciado a mejoras en las condiciones de vida en las cárceles que eran perfectamente posibles.

Una cuestión fundamental para nosotros era transitar por las vías legales y hacerlo de manera coherente, para que sirviera también al resto de los presos cuando se decidieran a hacerlo. Salir de permiso era superar un tabú, abrir una puerta impensable hasta entonces. Mediante escritos y entrevistas, tanto públicas como privadas, decidimos seguir incidiendo en los temas que considerábamos prioritarios: el final de la lucha armada, la desaparición de ETA, el tema de los presos y la convivencia.

Elkarbizitza

Pensar en recuperar una convivencia normalizada nos llevó a plantearnos el tema de las víctimas. Sabiendo que era un tema delicado, ¿cómo podíamos afrontar nuestra aportación? Éramos conscientes de que aquí en Euskal Herria las víctimas de ETA, además del daño sufrido por el atentado, han tenido que vivir en un ambiente que agravaba su situación. En el resto del Estado no han tenido ese problema, han sido reconocidas y apoyadas, no han tenido problemas añadidos de convivencia. Pero aquí sí. Al revés, las víctimas producidas por la actuación de los aparatos del Estado se sentían reconocidas y apoyadas en su entorno social, pero les faltaba el reconocimiento institucional.

Avanzar en este tema suponía empezar por nuestra propia responsabilidad, sin esperar a que otros lo hicieran. No exigir a otros lo que nosotros no hacemos. La parte ética no había estado completamente ausente de nuestras reflexiones, ni siquiera cuando militábamos en ETA. Por un lado, éramos sensibles al sufrimiento cuando afectaba a nuestro entorno, cuando mataban a nuestros compañeros, o en los casos de torturas. También en los casos de atentados con los que no estábamos de acuerdo o en las consecuencias de aquella “socialización del sufrimiento” que muchos no compartíamos. Pero, al mismo tiempo, éramos insensibles e intentábamos no pensar en las consecuencias en los casos de víctimas que sí considerábamos que debían ser objetivos de nuestras acciones.

Ahora, hablar de las víctimas no era solo hablar de los casos que nos parecían mal, de los atentados contra la vida de Yoyes, de Isaías Carrasco, de Fernando Buesa, de Jorge Díez… ¿Y los demás? Era algo en lo que podíamos haber pensado muchas veces, pero de eso no se hablaba. Al plantearlo abiertamente, cada cual lo expresaba a su manera, pero, en definitiva, llegamos a lo evidente: que tan cuestionable y rechazable es torturar como que te torturen; tan injustificable es matar como que te maten.

No nos costó asumir que todas las vulneraciones de los derechos humanos y contra la dignidad de las personas en las que hemos participado no debieron de ocurrir. En la medida que dábamos vueltas al tema de la convivencia, nos parecía que teníamos que plantearnos hablar directamente con las víctimas. Tanteamos esa posibilidad en nuestro entorno, consultamos con personas de diferentes sensibilidades y nos decían que tuviésemos cuidado, que era un tema delicado, que íbamos muy deprisa. Así y todo, no tuvimos dudas.

Pero no fue fácil conseguirlo. Nos costó un año de repetidas solicitudes administrativas, de enviar mensajes en ese sentido, hasta que lo aceptaron. A través de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco nos propusieron realizar unos encuentros personales con víctimas en el ámbito de la justicia restaurativa. Nos pareció que en nuestro caso la cuestión no se podía limitar al esquema víctima-victimario en términos de responsabilidad jurídica. La militancia en ETA la hemos vivido de una forma colectiva y ni nuestra responsabilidad se limita a las víctimas directas por las que hemos sido condenados ni somos ajenos a esa responsabilidad en los casos en los que nuestra actividad no estaba relacionada con la participación directa en un atentado. Uno podía haber participado en falsificar papeles, en el aparato político o en la redacción de un periódico, sin que se le relacionara directamente con ninguna víctima. Por tanto, planteamos, junto a los encuentros directos con víctimas, unos Talleres para la Convivencia en los que, en grupo, nos encontrábamos con personas de diferentes sectores relacionados con estos temas. Entre ellas había varias víctimas. Aquellas experiencias fueron muy positivas. Notábamos la incertidumbre, la inquietud con la que llegaban donde nosotros y cómo, a medida que hablábamos, se pasaba a una sensación realmente positiva.

Cambio de política gubernamental

Al final de 2011, el nuevo Gobierno del Partido Popular frenó la vía Nanclares. La Junta de Tratamiento y la Fiscalía se opusieron a los nuevos permisos, que tuvimos que obtener mediante recursos a la Audiencia Nacional. Dejaron de aplicar el artículo 100.2 de flexibilidad. Dificultaron la obtención del tercer grado haciendo para ello una lectura restrictiva y retroactiva de la Ley de 2003. Paralizaron las iniciativas que se estaban llevando a cabo en Langraiz-Zaballa. Trataron de situarlas en otros parámetros que no tenían sentido.

Ante ello, nosotros seguimos nuestra propia dinámica, haciendo públicas nuestras reflexiones y aprovechando los permisos de salida para seguir manteniendo los contactos. Carmen y Andoni participaron en el acto de recuerdo al ertzaina Joseba Goikoetxea. Carmen salió de permiso. Andoni ya había cumplido su condena. Participé junto a una víctima en un debate en la Cadena SER, por el que al volver a prisión me sancionaron sin permisos una temporada. Ibon [Etxezarreta] participó en el acto de recuerdo a Juan Mari Jauregi. Participamos en reuniones del proyecto Hitzeman del Gobierno Vasco. Y al mismo tiempo seguimos recurriendo a las vías legales. El Tribunal Supremo nos dio la razón sobre la aplicación de la ley europea sobre acumulación de condenas. La Audiencia Nacional volvió a aplicar el artículo 100.2.

En resumen, la vía Nanclares fue importante como marco que posibilitó las iniciativas que se llevaron a cabo. Si todos nos hubiéramos limitado a una cuestión personal, a una salida personal, el resultado no hubiera sido el mismo ni hubiera tenido la repercusión pública que ha tenido, ni los encuentros con víctimas se hubieran probablemente realizado.

Al hablar de la violencia de ETA, como de las otras violencias, la responsabilidad no es solo de los que directamente la hemos utilizado. Hay responsables directos y responsables políticos. Tan responsables son unos como otros. Y en nuestro caso, los responsables políticos de la izquierda abertzale no pueden dejar esa pesada carga solo a los presos. El problema ahora es que, después de la desaparición de ETA, después de haber solicitado el desmantelamiento de la vía Nanclares, los presos del colectivo se encuentran buscando cada cual ya solo una mejora en su situación, lo que despectivamente antes llamaban una salida personal.

Nosotros insistíamos en que lo fundamental es hacer una reflexión necesariamente crítica del pasado y de la mentalidad tan nefasta que se genera en torno a la utilización de la violencia. Porque se lo debemos a la sociedad. ¿Cómo vamos a seguir justificando ante los jóvenes, como reflexión para el futuro, una pena de muerte que nosotros mismos decidíamos y aplicábamos, y en cambio la rechazábamos absolutamente como método para aplicar justicia?

Es necesario ir cerrando heridas reconociendo lo brutal, lo injusto, lo inaceptable de haberlas generado. Además, es la única manera de ayudar a los presos que quieran situarse en esta reflexión, generando otro clima social y político que posibilite una aplicación más positiva de la legislación penitenciaria.

CAPÍTULO 14

Encuentros restaurativos: una experiencia positiva

Maixabel Lasa Iturrioz

El concepto de recuperación del victimario para la sociedad acuñado por Manuel Reyes Mate significa la recuperación para la convivencia de un ciudadano autoexcluido de ella por sí mismo y posteriormente por la legítima pena estatal. En la medida en que el condenado se reinserte, esto es, regrese a la sociedad en condiciones de no delinquir, y aún más, si lo hace con un discurso reparador, autocrítico y con reconocimiento del daño causado y deslegitimando su propia violencia pasada y la de la organización a la que perteneció, actúa activamente en la evitación de la perpetuación de la violencia y se convierte también en lo que Reyes Mate califica como un agente de paz, contribuyendo decisivamente a la recuperación ética de la convivencia y al establecimiento de un relato justo de la violencia.

Es en este contexto teórico en el que hay que reconocer la generosidad, fortaleza, entereza, valentía y sinceridad de las víctimas de delitos tan terribles, de experiencias que ponen la vida del revés, que te convierten en otra persona, y de las que maravillosa e incluso en cierta manera incomprensible e increíblemente han sabido salir sin odio, sin afán de venganza, creyendo en la capacidad de transformación del ser humano y dispuestas a dar más de lo que piden, no identificándose con su condición de víctimas, que es una parte de su vida y de su ser, pero no es su identidad. A la vez, tenemos la complejidad de seres humanos que utilizaron equivocadamente una injustificable violencia, que quebraron decenas de vidas, que pisotearon la dignidad humana, pero que tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse como asesinos y salir de este trance fortalecidos, capaces de ponerse delante de una víctima de ETA. Escuchar su sufrimiento, responder a sus preguntas, asumir la injusticia del daño causado, comprender el sufrimiento provocado y pedir perdón, deseosos de construir paz en Euskadi, de aportar su experiencia y sus reflexiones a la revisión crítica del pasado, de querer aprender y crecer, es, en definitiva, una contribución decisiva a una paz justa, digna y verdadera.

Es ahí donde surge la necesidad de contactar con víctimas de ETA y poder transmitirles lo que aquellas víctimas pensaban, lo que sentían sobre el daño causado. Este requerimiento llega a la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco aproximadamente en febrero de 2011. En esta historia y en este planteamiento había muchísimas personas que participaron. Yo no conozco a todo el mundo, pero sé que hay muchísimas personas. Conozco a Jesús Loza, a Txema Urkijo, a Esther Pascual… Todo coincide en un tiempo en el que los socialistas están en el Gobierno central y también en Euskadi, pues Patxi López era entonces lehendakari del Gobierno Vasco. Todas esas coincidencias, además de la presencia de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, hicieron que esta experiencia pudiera llevarse adelante.

Cuando a nosotros, a la Dirección de Víctimas del Terrorismo, nos llegó este requerimiento, organizamos una primera reunión en la sede del Gobierno Vasco en Donosti. Convocamos a un importante número de víctimas. Entre esas personas estaba la mediadora Esther Pascual, que nos comentó cómo iban a ser los encuentros y en qué iban a consistir. Nosotras, las víctimas, queríamos saber por qué y los motivos que movían a los victimarios a sentarse cara a cara con nosotras. Una de las preguntas más importantes era la necesidad de saber si por estos encuentros los presos iban a tener beneficios penitenciarios. Esther Pascual trató de aclararnos todas las dudas y en aquella misma reunión hubo cuatro víctimas que decidimos participar en los encuentros restaurativos.

Yo siempre he defendido que todas las personas, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos merecemos una segunda oportunidad. En este caso concreto, estábamos hablando de presos. Yo los llamaba en ese momento expresos de ETA o exetarras. Eran personas que habían hecho un recorrido personal de autocrítica, de reconocimiento del daño causado. Y dije: “Es una forma de poner en práctica lo que tú piensas, ¿no?”. Y así fue. Esta primera reunión fue en febrero de 2011. Me encontré con Luis Carrasco [condenado por el asesinato del marido de Maixabel Lasa, Juan Mari Jauregi] en Nanclares. En aquel momento yo era directora de la Oficina de Víctimas, el 25 de mayo de 2011. O sea, que transcurre desde febrero hasta mayo la preparación por parte de la mediadora, de Esther Pascual, de mi persona y de Carrasco. Da la casualidad, paradojas de la vida, de que yo voy a la cárcel de Nanclares en la que nos recibe amablemente Juanjo [Juan Antonio Pérez], su director. Yo voy en el coche con escoltas que me protegen de ETA para estar con un exetarra; una cosa de locos, pero fue así. El director de la cárcel nos invitó a pasar a una salita en la que había una mesa redonda con tres vasos y una jarra de agua. Llegamos primero y al rato apareció Luis Carrasco. La verdad es que estaba bastante tranquila pensando en que me iba a encontrar con la persona que más daño me había hecho a mí, a mi familia y a mi entorno. Yo estaba relativamente tranquila. Cuando apareció este hombre lo noté cabizbajo. Yo no le debía nada a él, todo lo contrario: él me debía a mí mucho. Me atrevería a decir que estaba como avergonzado de sentarse enfrente de mí.

Empezó la conversación, preguntas por aquí y por allí, y él a algunas preguntas me contestaba, de otras no sabía, como era previsible. A lo largo de la conversación, entre otras cosas, le dije lo mismo que en 2014 a Ibon [Etxezarreta, condenado por igual causa]: “Prefiero ser la viuda de Juan Mari a ser vuestra madre”. Yo creo que para una madre tiene que ser algo terrible saber que su hijo ha sido capaz de matar a alguien. Pero en el transcurso del diálogo, este hombre, Carrasco, insistía mucho en que él era una persona mala, que todo lo que había en él era malo, que no había nada bueno. Hasta el punto de que le tuve que decir en un momento: “Hombre, si estoy aquí sentada delante de ti es porque algo bueno debes de tener. Pienso que eres una persona valiente porque has sabido enfrentarte a la organización, con lo que eso supone en este país, y que por eso vas a pasar de que te consideren un héroe a ser un traidor. Y no solamente a ti en prisión y en la cárcel, sino que también a tu familia en la calle se la reconozca así, porque en los pueblos pequeños todas estas cosas se conocen y, por supuesto, te van a quitar la foto de la Herriko Taberna”. Yo creo que fue el único momento en el que le vi sonreír un poco.

Del grupo de víctimas que nos encontramos esos meses, no todas optaron por estar con los exetarras. Pero a nadie le pareció una cosa extraña aquello. Yo personalmente pensaba que a mí en particular no me iba a afectar ese encuentro con esta persona. Pero estaba totalmente equivocada. Cuando salí de prisión, nos abrazamos Esther y yo. Le dije: “¡Buf! Me he quitado un peso de encima, no sabes tú. Me siento como… no sé, como recuperada”. Claro, porque estas personas al final están cumpliendo condena no solamente porque les haya condenado un tribunal, sino también por parte de la organización, porque no les dejaban ni tener su abogado particular y de confianza. Para mí, desde luego, fue un encuentro que me afectó para bien y cuando terminamos nos despedimos y le ofrecí la posibilidad de que en otro momento pudiéramos volver a encontrarnos, ya fuera de la cárcel. De hecho, pasados los años, nos hemos visto alguna vez.

Después, llegaron las elecciones del año 2011. Hubo más encuentros, por supuesto, con otras víctimas, pero perdió el Partido Socialista y todo este tema de la vía Nanclares se vino abajo. A mí, en diciembre de 2012, me mandó una carta Ibon Etxezarreta, el otro componente del comando que mató a Juan Mari, pidiéndome también hablar conmigo, pero en ese momento no se podía hacer un encuentro porque el Gobierno de Rajoy no los permitía. En todo caso, gracias al tesón de las personas que participaron en todo este proyecto, mediadores y muñidores, ya fuera del paraguas institucional, pude finalmente encontrarme con Etxezarreta en 2014. Ya han pasado dos años y la entrevista con él duró más de tres horas. El ambiente era totalmente distinto. Se hizo fuera de la cárcel y las condiciones, por lo tanto, eran diferentes. Era la segunda vez que estaba con los expresos de ETA. En el encuentro que tuve, entre otras cosas, me preguntó por la posibilidad, siempre que me pareciera bien, de presentarse un 29 de julio en Legorreta en el acto en que recordamos a Juan Mari. Le dije que, en principio, yo no tenía ninguna pega y que pensaba que tampoco mi familia tendría ninguna. Es verdad que es un encuentro de amigos, de gentes de militancias pasadas, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de gente del PNV; en fin, somos un grupo diverso de personas que recordamos a Juan Mari todos los años. Y dio la casualidad de que ese mismo año Mercedes Milá me hizo una entrevista en televisión, que consistió en dos partes: una me la hizo justo en vísperas de encontrarme con Ibon Etxezarreta y la otra inmediatamente después. Y eso se retransmitió por televisión. El resultado fue que esta persona, Ibon, vio en la cárcel la entrevista y me llegó por medio de su abogado su interés de estar ese año en Legorreta, en 2014. Vino con uno de los mediadores, Eduardo Santos. Venía con un ramo de flores, eran claveles, y traía trece rojos y uno blanco. Me explicó el sentido del ramo. Me dijo: “Mira, estos claveles rojos significan el pasado y este blanco significa el hoy y el futuro”. Posteriormente he estado con él más veces. No solamente con él, porque también hemos coincidido en una obra de teatro que se estrenó en Éibar, La Mirada del Otro. Pero los que participaron en los encuentros decidieron que esto se tenía que dar a conocer porque todo el proceso se hizo de forma discreta y casi nadie se había enterado de ello.

Entonces se publicó un libro con el título Los ojos del otro. En él hay una colaboración de Carrasco. No la voy a extractar entera, pero ya que a él no le dejaron estar presente en distintas presentaciones del libro, creo oportuno que se conozca:

Aquella mañana me disponía a pedir perdón por un crimen imperdonable: mi experiencia personal como exmiembro de ETA ante los encuentros restaurativos. En estas humildísimas líneas deseo por un lado trasladar algunas consideraciones desde mi experiencia personal a quien pueda sentir algún interés por conocer qué le impulsa a alguien como yo, tras llegar al convencimiento de que lo que hizo fue enteramente nefasto, a dirigirse a una víctima del terrorismo, a una víctima de su propia violencia y pedirle perdón. Cómo y por qué decido participar en el programa de encuentros restaurativos y reunirme con un familiar de la persona que asesiné en un atentando, la viuda de la víctima, y con la hija de otra persona igualmente asesinada por ETA. A ambas víctimas de una cruel injusticia, de un inmerecido sufrimiento, quiero agradecer que se sumaran a esta iniciativa de vocación y espíritu esencialmente humanos y que accedieran a reunirse conmigo. Para mí era vital escucharlas.

El proceso de maduración me llevó años, años de reflexión y de introspección hasta llegar a convertirme en la persona que ahora soy, hasta redefinirme y abandonar la lógica fanática y sectaria en la que una vez me hallé ciegamente inmerso, y abominar de todo aquello que quería dejar de ser y que deseaba no haber sido nunca. Años ásperos, duros, de discontinua pero tenaz evolución hasta depurar e instalar en mi fuero interno el sentimiento de culpa, de arrepentimiento, la necesidad de pedir perdón, cuestiones que aun cuando estuvieron siempre latentes mantuve largo tiempo arrinconadas en las orillas de mi conciencia y que, si bien trágicamente tarde, comencé a contemplar desde una nueva mirada hasta que fueron consolidándose en mi alma y adquiriendo solidez y firmeza.

El primer encuentro restaurativo en el que participé fue con un familiar, la viuda de la persona que asesiné en un atentado cuando era miembro de ETA. Algún tiempo antes, cuando aún estaba preparándose, la persona que iba a conducir el encuentro me confirmó la disposición del familiar de la víctima a reunirse conmigo. Se despejaba así el temor que me había embargado hasta ese momento: que ella finalmente no quisiera reunirse conmigo. Una decisión, sin duda, frustrante para mí, pero que si se hubiera producido en todo caso yo la hubiera entendido. Comprendía perfectamente que su participación en un evento de estas características la enfrentara a conflictos y contradicciones de muy distinto orden, tanto en el terreno personal como desde su entorno familiar o social. Cabría que se produjesen sentimientos encontrados, recomendaciones o influencias que determinaran su negativa a participar en el encuentro. El encuentro finalmente se produjo y fue, he de admitirlo, muy complicado emocionalmente. Tuvo lugar pocas semanas después de superar aquella primera incertidumbre. Lo afronté con miedo y dudas. No estaba seguro de cómo conseguiría enfrentarme a aquella situación. Me sentí responsable de múltiples y reiteradas injusticias para con la víctima, con su familia, con la gente que la quería. Estaba convencido de que, al ser el culpable de un crimen absolutamente reprochable y condenable, el veredicto, esta vez en términos éticos, también sería implacable. Acudí con un solo objetivo, pedirle, a ella y a todos los que tanto habían sufrido por mi culpa, perdón. Perdón por ser el causante de una gran injusticia, por ser el culpable del asesinato de su marido, el culpable de su sufrimiento. El culpable de haber destruido su proyecto de vida en común y sus sueños compartidos. El culpable de haber impedido que disfrutaran juntos de todos los momentos felices que les tenía reservados el futuro. El culpable de haberles despojado de miles de posibilidades que jamás se habrían de concretar. El culpable de haber acabado con todo lo que hubiera podido ser su vida y ya nunca sería igual. En pocos minutos, ella aparecería, se sentaría frente a mí y yo habría de afrontar su presencia desde mi vergüenza y mi arrepentimiento, y consciente de la trágica posición en que me había situado el devenir de mi propia trayectoria personal, empeñada muchos años atrás en un desatinado transitar hacia ninguna parte, consagrada al servicio de un terco y necio delirio de sinsentidos, que mientras duró solo consiguió sembrar odio y dolor. Aquella mañana me disponía a pedir perdón por un crimen imperdonable.

Cuando preparábamos aquellos encuentros, siempre se nos dijo que era algo totalmente voluntario, que lo podíamos abandonar en cualquier momento. Nadie nos obligó a estar con el victimario, ni con Ibon ni con Carrasco en mi caso concreto. Yo entiendo que para muchísimas víctimas esto es impensable o que podría ser impensable. Pero también entiendo que, si se hubiese dejado trabajar y llevar adelante este proyecto, habría habido más víctimas que hubieran participado. Pero no se pudo seguir. Tampoco me considero ni mejor ni peor que nadie por haber estado participando en todo esto. Respeto las opiniones de todo el mundo, pero también quiero que respeten mi decisión de haber participado en esos encuentros restaurativos.

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SOBRE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS

Antonio Rivera Blanco

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Directivo de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa y del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Ha sido investigador principal del Proyecto Mineco VIOPOL (“Violencia política, memoria e identidad territorial. El peso de las percepciones del pasado en la política vasca”) y lo es todavía de “Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco”. Sus últimos libros son (con E. Mateo) Verdaderos creyentes. Pensamiento sectario, radicalización y violencia (2018), Naturaleza muerta. Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo (2018) y (junto con A. Delgado) ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes? Enseñanza de la historia e identidad nacional (2018).

Eduardo Mateo Santamaría

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Actualmente es responsable de proyectos y comunicación de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Ha sido ganador del VII Premio de investigación victimológica “Antonio Beristain” con el trabajo “La contribución del movimiento asociativo y fundacional a la visibilidad de las víctimas del terrorismo” (Revista de victimología – Journal of Victimology, 7 (2018), pp. 9-46).

Manuel Reyes Mate

Profesor de investigación emérito del CSIC en el Instituto de Filosofía. Es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Wilhelms-Universität de Münster (Alemania). Fue Premio Nacional de Ensayo en 2009 por su obra La herencia del olvido. Muy relevante es su contribución al reconocimiento de la centralidad de las víctimas y su significación ético-política en el presente, siendo editor (junto con J. Maiso y J. A. Zamora) del volumen Las víctimas como precio necesario (2016).

Henry Patterson

Profesor emérito de política en la Universidad de Ulster. Su principal foco de investigación se centra en la historia contemporánea de Irlanda del Norte. Autor de diez libros y más de cincuenta artículos sobre la historia de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda. Su libro más reciente es La frontera violenta de Irlanda: la frontera y las relaciones angloirlandesas durante los Troubles (2016).

Matteo Re

Doctor en Historia Contemporánea y profesor desde el año 2003 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor en la UNED, en el Istituto Italiano di Cultura de Madrid y en la Escuela Diplomática. Algunas de sus últimas publicaciones son Pertenencia a banda armada. Ataque al corazón del Estado y terrorismo en Italia (2013) y Spettrografia delle Brigate Rosse (2012).

Juan Infante Escudero

Abogado y escritor. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce su profesión de abogado en su ciudad natal, Bilbao, desde hace cuarenta años. Participó como abogado en los años ochenta en la reinserción de los polimilis propiciada por Euskadiko Ezkerra y el Gobierno de Adolfo Suárez, que afectó a cerca de ciento cincuenta personas.

Adela Asúa Batarrita

Catedrática de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), fue magistrada del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2017. Entre sus publicaciones en materia de terrorismo destacan los siguientes artículos: “Concepto de terrorismo, fines políticos y fines de terror instrumental” (2002), “La socialización de jóvenes en la violencia terrorista” (2003), “El discurso del enemigo y delitos de terrorismo” (2006) y “Terrorismo y conductas periféricas” (2006).

José Luis Castro de Antonio

Magistrado que ejerce la función jurisdiccional desde el año 2004 en el Juzgado Central de Menores con funciones de Central de Vigilancia Penitenciaria. Con más de treinta años en el ejercicio profesional, ha dedicado la mayor parte de este tiempo a la jurisdicción penitenciaria con especial aplicación a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Julián Carlos Ríos Martín

Desde 1990 trabaja en el ámbito de la justicia penal como abogado, profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y miembro del Consejo asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. Ha escrito varios libros y artículos relacionados con el ámbito penitenciario, entre los que destacan Manual de ejecución penitenciaria (1995), La mediación penal y penitenciaria (2006) y Las penas y su aplicación (2009).

Marta Buesa Rodríguez

Ejerce la abogacía desde 1995, aunque actualmente trabaja como asesora en materia de víctimas del terrorismo en la Delegación del Gobierno en el País Vasco. Es miembro de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi desde septiembre de 2013 y forma parte del Patronato de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa desde su constitución en noviembre de 2000. Es hija de Fernando Buesa Blanco, asesinado por ETA junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, en 2000.

Josu Elespe Peláez

Licenciado en Derecho y máster en Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Es hijo de Froilán Elespe, asesinado por ETA en 2001 en Lasarte-Oria (Gipuzkoa). Como víctima del terrorismo ha participado en los encuentros restaurativos con exmiembros de ETA dentro del programa conocido como vía Nanclares (en 2011 y 2012) y ha prestado su testimonio en el programa de Víctimas educadoras (ahora Adi-adian) iniciado en 2012 por el Gobierno Vasco.

Alfonso Sánchez Rodrigo

Guardia civil retirado. En 1986 sufrió un atentado terrorista, perpetrado por el comando Madrid de ETA en la plaza de la República Argentina de la capital de España. De 2016 a 2018 fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Actualmente es el presidente de la Asociación de víctimas del terrorismo por la Paz (VITEPAZ).

Cristina Cuesta Gorostidi

Licenciada en Filosofía Pura y máster en Criminología. Actualmente es la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Fue fundadora de la Asociación por la Paz (1986) y del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite, 1998). También ha sido cofundadora de la Coordinadora Gesto por la Paz (1989), de Denon Artean (1990) y del Foro de Ermua (1997). Es hija de Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1982. Es autora del libro Contra el olvido. Historias de las víctimas del terrorismo (2000).

Joseba Urrosolo Sistiaga

Exmiembro de ETA, ingresó en la organización terrorista en 1977. Abandonó ETA por discrepancias con su dirección en 1994 y fue detenido en Francia en 1997. Fue juzgado y condenado a 449 años de prisión por su participación en dieciséis asesinatos y dos secuestros. A partir de 2010 formó parte del grupo de “Presos comprometidos con el irreversible proceso de paz” y en 2011 se integró en el programa de reinserción penitenciaria conocido como vía Nanclares. En 2016 salió de la cárcel tras cumplir su condena.

Juan Antonio Pérez Zárate

Licenciado en Psicología, ha desempeñado diferentes trabajos dentro del ámbito penitenciario como funcionario, educador y director. Estas tareas se han desarrollado en centros penitenciarios de Canarias, San Sebastián (de 1991 a 1997) y Basauri (de 1997 a 2005). De 2005 a 2017 fue el director en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca, donde bajo su supervisión se desarrolló el programa de reinserción penitenciaria conocido como vía Nanclares.

Maixabel Lasa Iturrioz

Ha sido directora de la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco de 2001 a 2012. Es viuda de Juan Mari Jauregi, político socialista y exgobernador de Gipuzkoa que fue asesinado a tiros en un céntrico bar de Tolosa, en julio de 2000. Fue la primera víctima de ETA en reunirse cara a cara con el asesino de su marido, Luis Carrasco.

NOTAS

1 . Los vídeos de aquellas jornadas pueden verse en http://fundacionfernandobuesa.com/web/videos-completos-del-seminario_2018/

2 . Este trabajo se inserta en el Proyecto de I+D “Sufrimiento social y condición de víctima: dimensiones epistémicas, sociales, políticas y estéticas” (FFI2015-69733-P), financiado por el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

3 . The Agreement: Agreement reached in the multi-party negotiations, Belfast, abril de 1998.

4 . Lourdes Gómez, “Los presos y el precio de la paz”, El País, 21 de agosto de 2005.

5 . “Maze emptied as terrorist prisoners walk free”, The Guardian, 28 de julio de 2000.

6 . The Guardian, 13 de marzo de 2007.

7 . Lourdes Gómez, “Los presos y el precio de la paz”, El País, 21 de agosto de 2005.

8 . Ibidem.

9 . “Maze emptied as terrorist prisoners walk free”, The Guardian, 28 de julio de 2000.

10 . Citado en H. Patterson, “Las víctimas y el proceso de paz en Irlanda del Norte”, en E. Mateo y A. Rivera, Víctimas, ¿todas iguales o todas diferentes?, Fundación Fernando Buesa, Vitoria, 2017, p. 149.

11 . Mick Fealty, “Sinn Fein’s Incapacity to address the IRA campaign”, Slugger O’Toole, 9 de septiembre de 2018.

12 . Gail Walker, The Belfast Telegraph, 18 de septiembre de 2018.

13 . John Carlin, “Lecciones del Ulster”, El País, 26 de marzo de 2006.

14 . Este estudio forma parte del proyecto “El terrorismo europeo en los años de plomo: un análisis comparativo” (HAR2015-65048-P) financiado por el Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad.

15 . Entre 1980 y 1984, las Brigadas Rojas se dividieron en los siguientes grupos: la Columna Walter Alasia (1980), las Brigadas Rojas-Partido Guerrilla (1981), las Brigadas Rojas-Partido Comunista Combatiente (1981) y la Unión de los Comunistas Combatientes (1984).

16 . Esa ley también aumentaba en una tercera parte el límite máximo de detención preventiva y paralizaba la concesión de la libertad provisional.

17 . Ley de 27 de octubre de 1973, n. 629; ley de 28 de noviembre de 1975, n. 624; ley de 13 de agosto de 1980, n. 466.

18 . Ley de 20 de octubre de 1990, nº 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

19 . La fórmula del “reconocimiento del daño causado” fue utilizada por alrededor de cuarenta miembros de Ekin juzgados en 2016 por integración en banda armada, lo que llevó al fiscal a rebajar la petición de pena y a los procesados a declarar su conformidad con la de dos años de prisión que les permitió no tener que ingresar en la cárcel. La declaración expresaba su “compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado”.

20 . La aprobación de la doctrina Parot —una reinterpretación realizada en el año 2006 por el Tribunal Supremo (STS 197/2006) para el caso de acumulación de condenas en el caso de Henri Parot— condujo a una rectificación del cómputo de descuento de la redención de penas por trabajo, rectificación que eliminaba prácticamente el descuento previsto en la ley. De esta manera, más de cincuenta personas que acumulaban varias condenas por delitos de terrorismo vieron prolongada su estancia en prisión respecto a la fecha señalada o prevista para su excarcelación. La argumentación judicial fundaba su inesperada interpretación en razones de “justicia” y de política criminal de apoyo a las víctimas. El TC desestimó la mayoría de los recursos de amparo que presentaron los afectados y no desautorizó la doctrina Parot; sin embargo, un año después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH, Gran Sala, Sentencia de 21 de octubre de 2013, “Del Río Prada contra España”) condena al Estado por vulneración del derecho a la legalidad penal y a la libertad de los recurrentes por la aplicación retroactiva en el año 2006 de una nueva interpretación de la ley, desfavorable e imprevisible porque rompía con la mantenida durante varias décadas hasta esa fecha. La doctrina Parot queda desarmada y pocos días después se procede a la excarcelación de varias decenas de reclusos de ETA afectados por aquella rectificación. (Una referencia completa en Cuerda Riezu, 2014: 73-183).

21 . El autodenominado colectivo de “presos y presas políticas de Euskadi” (EPPK) hizo público en 2013 un comunicado en el que anunciaba que en adelante podría acudirse a las vías legales que ofrecen las normas penitenciarias para agilizar el proceso de excarcelación, “aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”; asimismo, declaraban su renuncia expresa “al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos”. Y aun se añadía que “reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados”, a la vez que apelaba a la ciudadanía, instituciones, agentes y partidos a “buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política”.

22 . Adoptadas el 17 de diciembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Regla 4.2 dice: “Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social, y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos”. La Regla 5.1 establece que: “El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano”.

23 . Art. 102.2 de RPE: “La privación de libertad ya constituye un castigo en sí; el régimen de los penados no debe agravar los sufrimientos inherentes al internamiento en prisión”.

24 . Sentencia 18/2002 de 21 de junio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.; Sentencia 54/2005 de 26 de diciembre de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y Sentencia 27/2011 de 4 de noviembre de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

25 . Disponible en https://fundacionvt.org/wp-content/uploads/pdfs/revista/2010/Diciembre/documento-justicia-victimas.pdf