Antonio Rivera Blanco

Historia de las derechas en España
(1789-2022)

DISEÑO DE CUBIERTA: PABLO NANCLARES

© Antonio Rivera Blanco, 2022

© Los libros de la Catarata, 2022

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Historia de las derechas en España (1789-2022)

isbne: 978-84-1352-559-4

ISBN: 978-84-1352-564-8

DEPÓSITO LEGAL: M-25.698-2022

THEMA: NH/JPF/3MN-ES-A

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Nota editorial

Dos libros bajo una misma y común idea

Se editan dos libros, Historia de las derechas en España e Historia de las izquierdas en España, enmarcados cronológicamente desde 1789 hasta 2022 y que de ningún modo se acogen al fraudulento comodín de las “dos Españas”. Por más que haya mentes que abstraen metafísicamente el pluralismo de toda sociedad y lo constriñen con criterio maniqueo al dualismo de buenos y malos, empíricamente no han existido ni existen “dos Españas”. En toda época, en cada momento social, se constata un pluralismo de intereses, aspiraciones e ideas que ni siquiera desaparece en aquellas situaciones tan excepcionales como las de una guerra civil, cuando se obliga de modo violento y trágico a toda la población a encarrilarse en polos opuestos.

En consecuencia, editar una historia de las derechas y otra de las izquierdas españolas, al ser ambas en plural, ya significa que las dos categorías políticas no se simplifican en un singular reduccionista. Al contrario, se explica en cada caso el origen de esa distinción coloquial de derechas e izquierdas para calificar las distintas concepciones de derecha e izquierda que surgieron en la época de las revoluciones liberales y que de ningún modo se han desarrollado como esencias inmutables. Los contenidos y valores catalogados como de izquierdas o de derechas han sido cambiantes, tal y como se trata de analizar y explicar en estos libros. Tanto es así que, desde fines del siglo XVIII, la bandera de la libertad ha sido enarbolada por unos y otros, prácticamente por todos en cada época. Por eso hay una conclusión extraíble de ambos libros: que no podemos aferrarnos a esquemas esencialistas e inmutables. En historia siempre se llega a la conclusión de que los humanos vivimos en procesos de cambio constantes, de modo que no caben ortodoxias ni determinaciones teleológicas.

Por último, ambos libros se caracterizan por la generosidad metodológica al abrir nuevas perspectivas que no limiten ni las derechas ni las izquierdas a lo que hacen los grupos que se definen como tales. En este punto quizás convenga advertir a los lectores de que, para no complicar los relatos y en aras de la eficacia didáctica, se ha quedado difuminada la cuestión del “centro” en política: ¿existe o más bien se aplica al modo de ejercer una política democrática tanto desde las derechas como desde las izquierdas? ¿Es una política o simplemente un estilo, una actitud ante ella? En tal caso, ¿cabría diferenciar un centro-izquierda de un centro-derecha, como hizo Norberto Bobbio, para matizar y captar mejor ese pluralismo político en el que existen también extremismos en ambas posiciones? Y del mismo modo, ¿qué hacemos con quienes, como Jovellanos o como Ortega, proporcionaron argumentos a unos y otros, o protagonizaron en sus respectivas vidas posiciones y actitudes favorables a unos o a sus contrarios, dependiendo del momento? El valladar ideológico y de prácticas que separa a las izquierdas de las derechas no es infranqueable, y los individuos y las propias organizaciones lo sortean en ocasiones quedando a un lado u otro por mor de los cambios del contexto, de la historia.

En todo caso, aceptando las carencias que tiene toda explicación monográfica, ambos libros superan la simple enumeración de hechos e ideas. Ante todo, exponen una explicación racional e inteligible del devenir de los principales grupos políticos de dos largos siglos de historia de la España contemporánea. A la vez, nos muestran cómo se vio ese largo tiempo desde cada perspectiva: una única realidad, pero percibida y sentida de manera contradictoria, aunque igual de real en ambos casos. Así es como nuestros dos autores —Juan Sisinio Pérez Garzón para las izquierdas y Antonio Rivera Blanco para las derechas— enhebran una interpretación personal de la contemporaneidad hispana, vista desde sus ojos y a través principalmente de la respectiva cultura política que les ha tocado tratar.

Si estos dos textos consiguen generar debates, entonces han cumplido con la utilidad social que, según nos enseñó Marc Bloch, debe tener todo saber histórico: la de comprender la realidad humana, que siempre es, “como la del mundo físico, enorme y abigarrada”.

Capítulo 1

REACCIONAR PARA CONSERVAR (1789-1840)

El pensamiento conservador es reactivo y originalmente defensor de una sociedad tradicional sostenida en los privilegios y en la desigualdad. El mundo del Antiguo Régimen era “naturalmente” desigual, hasta el punto de que en esa misma desigualdad reposaban su orden y su lógica. Dicho de manera un tanto exagerada y anacrónica, aquel mundo sería “de derechas” por conservador, naturalista, tradicional, orgánico, comunitarista, providencial y profundamente teocrático. De forma que, de no haber surgido una nueva filosofía que cuestionaba por completo esa lógica y, sobre todo, de no haberse traducido aquella en otra política diferente —la que trajeron consigo las revoluciones liberales—, no habría sido necesario reaccionar contra la novedad. Tampoco lo habría sido articular un cuerpo doctrinal y una estrategia de intervención para mantener la tradición o, al menos, para que esta se viera lo menos lesionada posible por las acometidas de sus contrarios. Así es como se pasa de la conservación y de la tradición al conservadurismo y al tradicionalismo, de una condición interpretada como natural a una disposición abiertamente política, obligada a contender con su oponente. Cuando Joseph de Maistre pronunció su conocida sentencia de que “el restablecimiento de la monarquía, que denominamos ‘contrarrevolución’, no será en absoluto una revolución contraria, sino lo contrario de la revolución”, se refería a que el pensamiento conservador era antitético del revolucionario, otra mirada de la realidad, una negativa radical a la posibilidad de que el ser humano pueda, quiera y deba transformar el mundo, y menos de manera abrupta. Una antítesis de intereses tanto como de cosmovisiones. Pero en absoluto invocaba, como podría parecer, una renuncia a disputar con sus oponentes por el éxito de sus ideas y de los intereses que representaba, incluso acudiendo con sus propias fuerzas a la nueva arena de la política moderna. Frente a lo que opinó Hannah Arendt de aquella afirmación, no era en nada ingenua, y la política conservadora se convirtió así en el complemento opositor de la partidaria del progreso, protagonizando juntas y en liza la historia de los últimos dos siglos y medio.

Tampoco se refería De Maistre simplemente a volver atrás. Los conservadores restauradores, a diferencia de los simplemente reaccionarios, entendieron pronto que los efectos de la revolución no podrían borrarse de la historia… como si nunca hubieran tenido lugar. Bien al contrario, se trataba de fundar un nuevo sistema que imposibilitara para el futuro el dislate de que el pensamiento revolucionario se hiciera realidad, de que fuera imaginable y posible. El conservadurismo pensaba y obraba alternativamente, movido por la necesidad de reparar el mal que un actor ahora más dinámico que él generaba, pero dotado también de una manera de interpretar el mundo y de una estrategia política para impedir o evitar en lo posible el cambio generado por la voluntad humana, en lugar de por la bendita evolución de las cosas que deriva de la Providencia y de la historia. No se trataba solo de restaurar y así evitar las acechanzas del mundo moderno —quisiéranlo o no, todos formaban parte de ese tiempo—, sino de huir hacia adelante, de hacerlo dotados de su propia propuesta política. Y esto porque tenían la convicción profunda de que el nuevo tiempo esgrimido por la Modernidad no podía traer consigo sino desorden, crisis, guerra y apocalipsis. Es decir, el mal.

Émile Faguet, un crítico literario francés atento a la política de finales del siglo XIX, se refirió a los antirrevolucionarios como “profetas del pasado”. El sociólogo Robert Nisbet, acuñador moderno de la idea de progreso, complementaba esta visión señalando que, efectivamente, para pensadores como Edmund Burke o Louis de Bonald, el ejemplo histórico de una buena sociedad se encontraría en la Edad Media, en ese orden feudal sostenido en el código caballeresco y en la presencia omnímoda de la religión. Burke encontraba en el pasado el sentido que los radicales de su tiempo, el de la Revolución francesa, empezaron a localizar en el futuro. La utopía futura del pensamiento avanzado, según Karl Mannheim, se imaginaba en algo situado más allá del individuo, mientras que para los conservadores la significación de una cosa se encontraría detrás de esta, en su pasado temporal: “Donde el progresista usa el futuro para interpretar las cosas, el conservador usa el pasado”. Como recordaba Tzvetan Todorov, desde la Ilustración, “lo que debe guiar la vida de los hombres ya no es la autoridad del pasado, sino su proyecto de futuro”.

La nuestra es una sociedad progresista en tanto que la idea de progreso, de avance continuado en la historia hacia algo mejor, se considera lógica. Suponer que una generación vaya a vivir peor que la anterior se interpreta como un sindiós, un desafuero, un sinsentido, aunque conocemos muchas en las que esto ha sido así. Las derechas, los antirrevolucionarios, conservadores o tradicionalistas, se han opuesto y se oponen a diferente nivel a un cuerpo de ideas que, a la postre, se ha convertido en hegemónico, aunque haya habido y haya hoy acometidas sólidas que lo cuestionan. Esas oposiciones son una constante en la historia, por más que el empeño puesto en ellas haya resultado dinámico, perfectamente identificado en fases de flujo y reflujo, de resistencia o de resignación, también de éxito, por parte de esos conservadores. La revolución de ese signo conservador que coincidió con la crisis económica de 1973 y con las posteriores llegadas al Gobierno de sus países de Margaret Thatcher y Ronald Reagan cambiaron de tal manera el anterior paradigma mundial asentado en el “cuarto de siglo de oro” europeo, que sus bases fueron una a una desmontándose, hasta alumbrar, junto a otras fuerzas y circunstancias, el mundo que todavía estamos viviendo hoy: progresista en términos generales, pero seriamente cuestionado en todos sus fundamentos, desde la idea de felicidad humana hasta la de confianza en el futuro, desde la creencia en la razón hasta el exigente desafío de la libertad.

Hay un primer bloque de rechazo conservador contra tres ideas fundamentales para el proyecto de la Modernidad: el individualismo liberal, el utilitarismo hedonista y el contractualismo. La alternativa no sería otra que la sociedad orgánica, que una vez desarticulada encontraría en las soluciones corporativistas un remedo para no perderlo todo, cuando la mecánica sociedad liberal fue ya un hecho incontrovertible. Hablamos de una sociedad orgánica con la mirada puesta en la comunidad, en su continuidad en el tiempo y en su beneficio, prescindiendo del interés particular, sostenida en un orden —ordo universalis— que asignaba a cada sujeto una función social conforme al lugar jerárquico que le había tocado en suerte, y dispuesta su felicidad a lo que deparase un plano de existencia distinto al del mundo terrenal (la esperanza puesta en el cielo). Una visión de la vida, entonces, mucho menos optimista y más contenida. Una visión de la política que cuestionaba que las sociedades pudieran ser el resultado de acuerdos entre los humanos, egoístas y artificiales —el novus ordo seclorum—, y no el que se deriva de la natural inclinación de estos a la sociabilidad. De Bonald escribía: “La naturaleza hace nacer al hombre en sociedad y los vicios lo aíslan. Nuestros filósofos, al contrario, comienzan por aislar al hombre, y le hacen inventar la sociedad”. Del mismo modo, no podía ser un contrato solo entre los vivos, porque la sociedad, de tenerlo, dispone de otro bien distinto que incumbe y compromete a estos con los que ya están muertos y con los que han de nacer todavía. Pensar otra cosa era colocar en manos de hombres y mujeres posibilidades insondables, peligrosas, contraproducentes.

En el tiempo en que emergió la novedad liberal, el de las revoluciones de ese signo, el de los nuevos principios del orden social y el del novedoso instrumento de los Estados nación modernos, hiperactivos y glotones, los conservadores mostraron una temprana aversión, o por lo menos reticencia, al nuevo poder político. Burke, un old whig, un viejo liberal asustado por lo ocurrido en la Francia revolucionaria, es un ejemplo perfecto, pero Alexis de Tocqueville, unos años después, abundó en similar temor. La centralización estatal apareció como seria amenaza, que con los años se vería completada y superada por la de un autoritarismo social emboscado en las reglas y posibles resultados de la democracia. En todos los casos, emergía su preferencia por aquella sociedad tradicional de “cuerpos” con vida propia y vínculos entre ellos (familia, vecindario, gremio, linaje, cofradía, universidad, feligresía local…) frente a la liberal, donde el individuo se relaciona con el Estado de manera no mediada, sino directa, solitaria y, a todas luces, desigual. La transferencia de parcelas de poder desde el Estado hacia la comunidad y sus núcleos organizados constituirá una constante reclamación conservadora, donde el corporativismo volverá a tener una función restañadora del orden social ya perdido. Corporativismo entendido como esa economía política que refiere Charles S. Maier para definir un desplazamiento del poder desde los representantes elegidos o desde la burocracia estatal hacia las fuerzas organizadas de la sociedad y de la economía; una fórmula que se volvió hegemónica en Europa después de la Gran Guerra. También estaría presente la idea de un poder descentralizado, algo que se suele perder de vista al analizar los contenidos de esta ancha cultura política, simplemente por la forma unitarista que adquirió mayoritariamente en España. En todo caso, este asunto del manejo del poder estatal presentará, como veremos, actitudes muy diversas entre los individuos de las derechas a lo largo de la historia, como ocurre con otros factores que aquí se señalan. El comunitarismo, por ejemplo, siendo una idea de inequívoco sabor conservador —precisamente opuesta al individualismo liberal, como se ha dicho ya—, no ha sido patrimonio estrictamente de las derechas —Rousseau alimentó ya esa posibilidad para las izquierdas— y tampoco ha evitado que entre aquellas haya propuestas más partidarias de mirar principalmente por el sujeto particular.

Otro rechazo fundamental es contra el iusnaturalismo y su consecuencia directa: el fundamentar como derecho positivo, de una parte, los derechos de las personas y, de otra, pero convergente, la soberanía nacional. Aquí se puede anticipar la diversidad interna dentro de los antirrevolucionarios, ya que una parte de ellos, los conservadores, se adhirieron a estos postulados característicos del paradigma liberal, mientras que otros, los reaccionarios tradicionalistas, los combatieron durante largo tiempo, hasta quedar superados totalmente por la historia. Cuestionar el común derecho de los mortales cuando todos ellos tienen la misma dignidad como personas por el mero hecho de existir y disponer de uso de razón es algo que hoy a duras penas se hace. Hasta las dictaduras más severas se proclaman en favor de los derechos del pueblo y se justifican en que se alzan para hacer valer efectivamente su soberanía, aunque la consecuencia real sea que esta se silencie o se niegue. Un rechazo, en suma, más de los inicios en el tiempo, por su condición de piedra angular filosófica del edificio político de la Modernidad, que de la actualidad (aunque sí se haga, en ocasiones, de manera camuflada, oculta).

La idea de progreso, ya lo hemos planteado al principio, y las asociadas a esta, tanto la de confianza en la bondad humana (optimismo antropológico) como la de derecho a la felicidad, también han sido cuestionadas históricamente por los conservadores. En la parte segunda irrumpe el papel central de las religiones para ordenar el cuerpo social con unas normas públicas y privadas que limiten el libre albedrío, puesto que la inclinación natural del individuo humano, dicen estos, no es hacia el bien sino hacia el mal. La moral religiosa tradicional aparece como el mejor antídoto contra la previsible disolución social con que amenaza el liberalismo. En ese sentido, la religión actúa como mecanismo preventivo ubicuo y constante, inspirando según algunas escuelas la propia normativa social. Todavía en algunos momentos de la historia contemporánea el pecado era delito y los que controlaban el primero influían en las decisiones de los llamados a evitar el segundo. La Novísima Recopilación legislativa española de 1805, vigente formalmente hasta el Código Civil de 1889, recogía la jurisdicción de la Iglesia sobre los laicos en delitos contra la religión. El aroma integrista —ordenar la sociedad humana para restituir o asegurar la autoridad de Dios sobre ella— siempre estuvo presente en algunos de estos sectores (no en todos). En definitiva, el conocido binomio de altar y trono.

Finalmente, habría otro amplio núcleo de conceptos de rechazo que suscitarían estos tres argumentos convergentes: de un lado, el que se establece contra el hombre abstracto, que es consecuencia de la original reticencia frente al pensamiento del mismo signo; de otro, la impugnación de la utopía y, por extensión, de cualquier idea de ingeniería social; y, por último, la refutación de una de las consecuencias de la moderna conciencia histórica: el espíritu innovador. El pensamiento conservador surge como reacción desde las entrañas de una sociedad asentada en muchas generaciones, donde la bondad y oportunidad de los hechos no procede tanto de la intención de las formulaciones como de la experiencia contrastada. Una suerte de empirismo utilitarista —algo distinto del de Jeremy Bentham, eso sí— donde, por ejemplo, se respeta más a alguien que conoce “del” Gobierno que lo que pueda decir alguien “sobre” el Gobierno. Obviamente, las preposiciones señalaban en origen quién había venido ostentando el poder y cuál era su capacitación, y quién aspiraba a él desde fuera y con ideas aún no verificadas por la realidad. Ligado a ello, el valor de los proyectos sociales o políticos futuros se pone muy por debajo de lo que un individuo o un grupo han podido demostrar de su capacidad para hacer las cosas en el presente. Frente a la idea de los innovadores, la función del poder no sería tanto la de legislar compulsivamente como la de gobernar las evoluciones de un cuerpo social en el transcurso del tiempo; en términos jurídico-políticos se traduciría en gobierno de leyes o de jueces, legislación o jurisprudencia. Crear el futuro o esperar a que llegue, dos visiones enfrentadas.

Del mismo modo, el objeto de la vida social no sería tanto alcanzar la verdad como encontrar un mínimo virtuoso y aglutinador de las diferencias que la hiciera soportable y posible. El pensamiento conservador está más cerca de la idea de “libertad negativa” de Isaiah Berlin que de la de virtud republicana. Consecuentemente, cualquier ingeniería social aparece como el artefacto aterrador máximo a que conduce todo utopismo o idea alternativa de organización de lo común. Finalmente, como rúbrica omnicomprensiva, los conservadores enfrentarían el valor de la historia a la hora de dar sentido desde el tiempo pasado a las cosas del presente a una moderna conciencia histórica dispuesta sobre todo a imaginar y hacer posible un futuro distinto a partir de la responsabilidad del individuo con el momento que le ha tocado vivir (y, por extensión, con todo el tracto histórico). “El presente no es sino lo que hay en él del pasado, no el punto de partida para diseñar el futuro”, dicen. El espíritu innovador, el cambio, se contemplaría desde la perspectiva antirrevolucionaria como algo, si no del todo siempre negativo, sí por lo menos sospechoso. En todo caso, se situaría en las antípodas de un pensamiento progresista que tiene por bueno a lo nuevo, antes y por encima del análisis de su contenido o significado.

Podríamos resumir todo el credo conservador con una definición lo suficientemente amplia como para contener la diversidad de sus diferentes corrientes y escuelas. Una podría ser la que compila sus anhelos: un Estado mínimo; un Gobierno fuerte, pero moderado; laissez-faire en casi todos los asuntos; familia, barrio, comunidad local, iglesia y otros grupos mediadores para afrontar la mayoría de las crisis; descentralización y localismo; y preferencia por la tradición y la experiencia más que por el racionalismo, además de un prejuicio indomable en contra de las medidas de redistribución. Por su parte, Michael Oakeshott definió en ¿Qué es ser conservador? cuáles serían sus comunes preferencias: lo familiar a lo desconocido, lo que se ha probado a lo que no, el hecho al misterio, lo real a lo posible, lo limitado a lo infinito, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la felicidad presente a la dicha utópica.

Para desgracia de los reaccionarios y de parte de los conservadores, el paradigma liberal se impuso con el tiempo. La resistencia de estos a las novedades se apoyó en una sucesión argumental expuesta por Albert Hirschman en su libro Retóricas de la intransigencia. Según este economista alemán, a cada afirmación progresista en la historia se ha contrapuesto una respuesta reaccionaria. Así, ante la inicial afirmación de la igualdad ante la ley y los derechos civiles que expresaron las revoluciones atlánticas (tanto la norteamericana como luego la francesa), los conservadores respondieron con la idea de la perversidad: toda acción deliberada para mejorar el orden social solo consigue empeorar o pervertir el objeto. Frente a la afirmación posterior del derecho universal al sufragio y a la democracia, la respuesta fue el argumento de la futilidad: las tentativas de transformación social resultarán no válidas, fútiles, ineficaces en su objetivo. Por último, ante la defensa del Estado social o benefactor, los conservadores esgrimieron la idea del riesgo: el coste del cambio es demasiado alto y pone en peligro los apreciados logros anteriores. Las tres secuencias genéricas son perfectamente reconocibles, igual que el coincidente fracaso final en hacer prevalecer sus reticencias o rechazos. Indudablemente, y por eso nuestro mundo se soporta en los fundamentos de la Modernidad, el paradigma progresista se ha impuesto, por mucha que haya sido la dificultad para ello en el tiempo reciente o por muchos e importantes que sean en el presente los cuestionamientos a su continuidad.

Pero la ingeniosa (y eficaz) secuencia reactiva de los conservadores descrita por Hirschman no dejaría de ser injusta en su resumen si desvaneciese las profundas diferencias que existían y existen en el interior de esa cultura política. Lo señalado hasta ahora funcionaría como un marco general omnicomprensivo sobre todo de ideas y, aún más, de sentires, imágenes, intuiciones, rechazos y adhesiones básicas. “El conservadurismo es sobre todo una actitud, más que una doctrina”, afirmaba Oakeshott (o “un conjunto de sentimientos”, según Russell Kirk). Conforme vayamos desarrollando esta historia de las derechas españolas iremos viendo cómo estas eran tan plurales en su interior, que llegaron incluso a enfrentarse en guerras civiles y a concertar alianzas con sus opuestos para combatir a los teóricamente más cercanos. No solo eso, sino que con el tiempo esas corrientes de pensamiento y acción fueron mudando, con la incorporación de otras nuevas o con la desaparición progresiva de las que ya no decían nada para explicarse un determinado momento. Moderados, conservadores liberales, radicales fascistas, representantes del catolicismo político, tradicionalistas y nacionalcatólicos, por ejemplo, tienen una profunda coincidencia —catolicismo, unidad nacional y continuidad monárquica, aunque no siempre ni para todos por igual—, pero se corresponden con instantes de la historia contemporánea española muy diversos, al punto de que es también fácil apreciar las enormes diferencias que los separan.

Los autores han hecho diferentes clasificaciones para las diversas épocas del genérico conservadurismo español. A lo largo de estas páginas iremos viendo cómo desfilan las diferentes derechas patrias, y en su propia acción y en sus posicionamientos en el tiempo iremos comprobando sus coincidencias y sus desacuerdos. Solo por anticipar un marco muy recurrente, se ha discutido aquí la oportunidad de aplicar con matices locales la clasificación que formularon René Remond para Francia o Eugen Weber para el conjunto europeo. Básicamente, hablaban de una facción o corriente liberal-conservadora, que asumía su condición de “hombres del siglo” y la imposibilidad de “retrogradar” (de desactivar por completo) los profundos cambios de la novedad. Son los que trataron de embridar las transformaciones, hacerlo en su favor e intentando reintegrar de otra manera la nueva realidad en las bases de la anterior (por ejemplo, recuperar algo del organicismo social perdido por la vía de fortalecer otros “cuerpos intermedios”). Tendríamos una familia política tradicionalista y monárquica, reaccionaria e integrista, articulada en torno a la idea de que el precepto religioso debía gobernar los Estados y la vida cotidiana de las gentes, como hacía antes de la revolución. Finalmente, ya en el siglo XX y como consecuencia de la propia crisis del hegemónico liberalismo decimonónico, un sector de esas derechas se radicalizó y cobró formas revolucionarias, fascistas. Esas serían las tres expresiones mayoritarias y comunes de las derechas españolas y de otras europeas e internacionales, lo que no agota aquí y allá la presencia de facciones singulares y de importancia: del regeneracionismo español a la fórmula plebiscitaria bonapartista gala o a las diversas expresiones populistas en los dos últimos siglos. En nuestro caso, Pedro Carlos González Cuevas distinguió dos tradiciones básicas: la que venía del momento ilustrado y se traducía en liberal-conservadora, y la teológico-política, que tendría a su vez dos variantes, una legitimista o carlista y otra conservadora autoritaria, e incluso dos manifestaciones más, ya en el siglo pasado: la fascista y la democrático-liberal.

1789 es la fecha que rompió el orden de las cosas y trastocó la temporalidad natural de la historia al introducir de forma práctica la idea de revolución. Lo apreció con tino un notable fuerista vasco en una Exposición a la Reina Gobernadora terminando 1833, mientras le daba cuenta de lo acontecido en la primera carlistada en su ciudad, Vitoria:

Los tronos y los pueblos hubieran sido felicísimos si el paso majestuoso con que el tiempo conduce la perfectibilidad a su asiento y madurez en el universo no se hubiera interrumpido en Francia en el último periodo del siglo pasado, extendiendo después por ambos mundos su turbulenta agitación.

1789 fue el principio de todo, cuando el nuevo tiempo histórico amenazó con arrumbar el anterior natural, cuando la adscripción social y de relación vertical abrió camino a otra diferente de signo horizontal, pero también cuando la reacción trató de responder a ello y así enlazar de forma consistente un pasado en peligro con un futuro de reparación, de redención política. Uno de los primeros que enseguida entendió que la advertencia de Burke no se refería a otra guerra más entre países, de una guerra con Francia, sino contra un principio, el jacobinismo, fue el futuro mariscal apostólico cántabro José de Mazarrasa, que combatió ya en 1793 contra la Convención gala por tierras vasconavarras. Luego, la guerra que arrancó en 1808 —patriótica y religiosa a un tiempo— no hizo sino confirmar el sesgo ideológico de su empeño: contra un invasor revolucionario que, sobre todo, venía a cuestionar su mundo tradicional. Algunos como De Maistre vieron en aquella revolución seminal la oportunidad que les proporcionaba la providencia para, sacando bien del mal, armar un discurso y una acción fuertes y renovados para enfrentar a sus enemigos. Pero el rechazo desde el mundo de las ideas fue anterior en varios decenios, porque el enemigo no era todavía la revolución, sino la Ilustración y su manual principal, La Enciclopedia.

1. Impedir y enfrentar la penetración
de las Luces y de la Revolución

Como si se tratara de una mercancía envenenada o de una peste, el gobierno de Carlos IV, de la mano del “ministro” reformista conde de Floridablanca, procedió en el verano de 1789 a impedir la llegada del “pensamiento francés” y a desplegar un programa de persecución para evitar la extensión al país de la revolución que estaban llevando a cabo sus vecinos. Lo que Richard Herr llamó el “pánico de Floridablanca” incluyó decomisos de copias de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un cordón militar en la frontera y la clausura precipitada de las Cortes, que se habían reunido para jurar al futuro Fernando VII como heredero al trono. También incorporó la suspensión generalizada de periódicos, el fortalecimiento de la Inquisición en su tarea policial, la persecución de la propaganda subversiva, la infiltración en tertulias y clubes, y el encarcelamiento o destierro de todo sospechoso de tener que ver con los revolucionarios o con sus ideas.

Si la revolución actuaba como estímulo de la reacción, también contribuyó a aclarar el confuso escenario político que escondía el despotismo ilustrado. A la vez que Floridablanca se pasaba a la represión antirrevolucionaria, sus anteriores oponentes, contrarios a la concentración de poder en manos del rey y en perjuicio de la Iglesia y de los cuerpos intermedios (nobleza, clero, municipios, gremios, cofradías, universidades…), se aplicaron desde ya a una aguerrida defensa de la sociedad tradicional. Los antaño enfrentados venían a coincidir ahora contra un enemigo común. La emergencia revolucionaria dejaba a la vista la contradicción del reformismo ilustrado. Este era incapaz de asentar cambios si no tocaba el núcleo privilegiado de la sociedad de Antiguo Régimen y, sin embargo, generaba rechazos tanto por parte de un elemento popular insatisfecho como de sectores poderosos que se veían desplazados por la ambición unificadora monárquica desde los tiempos de Carlos III. Los reformistas veían colapsada esa vía y en un momento crítico no tuvieron más opción que elegir entre la posición revolucionaria, algo inhabitual entre altos magistrados, nobles y clérigos ilustrados en nuestro país —la Ilustración española fue muy conservadora—, o la defensa de sus privilegios. La mayoría optaron por esto último, pero esa formación y adhesión ilustrada anterior los distinguía de los reaccionarios, igual que la revolución lo hacía de los pocos abierta y sinceramente liberales. Se proyectaba así un conservadurismo distinto, soportado en unas raíces ideológicas coincidentes con sus ahora enemigos, pero enfrentados a estos de la mano de los viejos defensores de la tradición. Dos vías antirrevolucionarias se manifestaban tempranamente: los contrarios a la filosofía que llevó a la revolución y los que se oponían solo a una de sus posibles manifestaciones, la que cuestionaba por completo el statu quo y la posibilidad práctica de sus reformas.

De estas dos primigenias facciones, el sector tradicionalista es más fácil de detectar y describir. Aunque sus obras señeras se publicaron durante los años de la “úlcera española”, durante la francesada de 1808 y las Cortes de Cádiz, algunos de los autores de referencia llevaban ya tiempo pugnando contra el enciclopedismo y las nuevas ideas. Fray Fernando de Zeballos publicó entre 1775 y 1801 sus siete volúmenes de La falsa filosofía o el ateísmo, deísmo, materialismo y demás nuevas sectas convencidas del crimen de Estado contra los soberanos y sus regalías, contra los magistrados y potestades legítimas; el cisterciense Antonio J. Rodríguez, El Filoteo en conversaciones del tiempo, en 1775; y Vicente Fernández de Valcarce, Los desengaños filosóficos, entre 1787 y 1797. Las ideas ilustradas habían ido entrando en España en los años de Carlos III sin excesiva dificultad. Es cierto que la Inquisición frenó la difusión de sus principales autores en castellano, pero no era complicado encontrarse en la biblioteca de un hombre del tiempo —las de Pablo de Olavide o Juan Meléndez Valdés, por ejemplo— con la nómina de los enciclopedistas en su lengua original, habitualmente introducidos en la península por Cádiz. También había mujeres del tiempo, como María Magdalena Fernández de Córdoba, marquesa consorte de Astorga, animadora de tertulias liberales y traductora del abate Gabriel Monnot de Mably.

En Europa, esta literatura fue pronto combatida por eclesiásticos como el abate francés Claude-Adrien Nonnotte y el canónigo de la catedral parisina, Nicolas Sylvestre Bergier, el jesuita italiano Luigi Mozzi y el dominico Antonino Valsecchi, que publicaron entre los años sesenta y setenta, y que resultaron muy conocidos en España en diversas traducciones. En sus obras, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau eran denunciados por sus prédicas y se advertía de la rápida difusión y penetración que adquirían las ideas de estos “sabios” modernos. Los principales enemigos de estos no eran sino la religión católica y la autoridad de los monarcas, porque la nueva filosofía trataba de destruir a un tiempo el orden social establecido —el de la sociedad de Antiguo Régimen— y su base espiritual. Altar y trono desde el comienzo acechados por esa conspiración universal. El bien y el mal en pugna. El combate político y social traducido a la más inteligible explicación religiosa. La necesaria intolerancia expuesta como remedio contra la penetración de las falsas ideas de la mano, precisamente, de la tolerancia volteriana (“Écrasez l’infâme!”, “¡Aplastad el fanatismo!”, había propuesto el pensador). Los agentes responsables de semejante crimen se denunciaban en sus escritos: los filósofos, la masonería y el jansenismo. Décadas después, Juan Donoso Cortés, uno de los grandes teóricos hispanos de la reacción, elogió “la intolerancia doctrinal de la Iglesia” que protegió a las verdades del efecto disolvente de la discusión y salvó así al mundo del caos.

Aunque se trató entonces de identificar la filosofía innovadora como extranjera y la reactiva como profundamente nacional, surgida de la continuidad en el tiempo de las corrientes de pensamiento españolas y de su vinculación a un casticismo antirreformista, esta es una especie que desmontó hace años el trabajo de Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español. La reacción española sería tan importada como la filosofía ilustrada, de ahí que la entidad de autores como Zeballos o Valcarce, exentos de originalidad alguna, no haya sido reivindicada mucho más allá que por el campeón del catolicismo político español, Marcelino Menéndez Pelayo, o por alguno de sus seguidores posteriores, como el historiador Federico Suárez. El erudito cántabro les señalaba como “frailes ramplones y olvidados”, aunque les situara como padres de “la ciencia seria en la España del siglo XVIII”. De manera que mal se puede hablar de superioridad de esta sobre su contraria, y mucho menos contribuir con ello al potente y longevo mito de un pensamiento reaccionario profundamente español en contraposición a otro liberal extranjero y extranjerizante, así como ajeno a sus pretendidas esencias. Al cabo, la especie no haría sino ir armando la imagen de la anti-España, gobernada o influida por el interés exterior, aunque originalmente, quizás, en una lógica más de entonces, solo buscaba dotarse de autoridad afirmando que acudía a la tradición más rancia del pensamiento patrio, como matiza Javier López Alós. Xenofobia, providencialismo y misoneísmo (aversión a las novedades), no se olvide, son las tres patas que sostienen el tradicionalismo.

La coincidencia de estos autores, como decimos, estuvo en denunciar los contenidos de la filosofía impía y falsa, y en proponer una respuesta represiva para contener su difusión. Los poderes públicos debían reaccionar con violencia porque el embate ilustrado contra la religión, en coherencia con el carácter teocrático de la sociedad de Antiguo Régimen, aspiraba a alcanzar al conjunto del orden social, empezando por la autoridad misma del monarca y del Estado. El lenguaje religioso no ocultaba nunca la dimensión política de estos escritos. El pecado se confundía con la consecuencia deletérea de la exaltación del pueblo y de sus posibilidades, expresadas finalmente en la defensa revolucionaria de la soberanía nacional, una situación que el desgobierno de 1808 propició también en España. El cisma protestante, que auspició a un tiempo la sedición política y la irreligión, según Zeballos, estaría en la raíz de esas ideas, armadas en los siglos siguientes en una sucesión de levantamientos populares y hasta de ejecución de monarcas (Carlos I de Inglaterra). El pernicioso principio de la igualdad no andaba lejos de todo ello. El hombre del pecado, caracterizado por el desenfreno de sus pasiones y elevado a la condición de soberano, no podía sino acabar con todo orden social justo. Frente a ello solo cabía la violencia reactiva, algo que habrían recomendado ya los Primeros Padres de la Cristiandad en sus santos libros y que ahora resucitaba en términos de persecución del hereje y de guerra religiosa, un siglo largo después de la paz westfaliana de 1648 que había puesto fin a aquel tipo de contiendas. Surgía entonces la longeva figura del enemigo interior. En ese contexto, la intolerancia que proponía Valcarce se resumía en la tesis de que la proscripción de lo producido por la cultura moderna era la lógica solución preventiva a los males políticos que traía consigo. Es lo que acabó haciendo Floridablanca con su cordón sanitario frente a la revolución.

Al producirse esta, su primera víctima fue el propio reformismo ilustrado. Su mentor por excelencia, Carlos III, murió medio año antes de la toma de la Bastilla, y su sucesor, Carlos IV, vio como la crisis política española, muy dependiente de la situación francesa, anulaba cualquier posibilidad alternativa desde dentro del sistema. El suyo fue el último Gobierno de despotismo ilustrado, abatido por la reacción de una aristocracia progresivamente arrinconada por la presión de su padre y por la instrumentalización de la protesta popular. Los manteístas en quien confió Carlos III siguieron en el Gobierno, encabezado por Floridablanca (y Pedro Rodríguez, conde de Campomanes), pero enseguida se sucedieron crisis palaciegas que llevaron al conde de Aranda y luego a Manuel Godoy al poder. No cejaron estos en algunos empeños reformistas, sobre todo tras la incorporación de una tripleta de altura: Gaspar Melchor de Jovellanos, Francisco de Saavedra y Mariano Luis de Urquijo. Fue el Gobierno más ilustrado del Antiguo Régimen en España, a la vez que el último de ese signo, derribado por una conjunción invencible: una Hacienda exhausta, unas relaciones exteriores comprometidas y una nobleza y clero conservadores en alza reactiva. Napoleón le dio la puntilla al terminar 1800 y Godoy regresó de nuevo más poderoso que antes, aunque para insistir en la misma política que no hacía sino alterar a los estamentos privilegiados, pero sin solucionar el problema fiscal por miedo a generar la definitiva revuelta de estos y así, involuntariamente, hacerle sitio a la revolución, como en Francia. Con todo, la primera expropiación y venta de bienes de “manos muertas” mediante desamortización en España, buscando algunos arreglos en la Hacienda antes que ninguna reforma agraria (como sí hizo tímidamente Carlos III), lleva su nombre, el de Godoy. Incluso a los pueblos llegó la desamortización por vía de ventas de comunales para pagar préstamos de capitalistas y terratenientes. Una sucesión de crisis agrarias, hambres, epidemias y hasta algún terremoto, junto con las intrigas del futuro Fernando VII y los intereses de Napoleón, hicieron el resto. El motín de Aranjuez no fue sino su final confuso y aparatoso (y desproporcionado: provocó la abdicación de Carlos IV).

Pero los casi veinte años de sostenida crisis española, con la revolución gala de fondo y luego con el Imperio napoleónico acechante, así como las tímidas experiencias reformistas que afectaban al orden tradicional, no hicieron sino estimular a los reaccionarios, que vieron en esa decadencia la confirmación de sus temores. La razón no llevaba sino al desgobierno y la tolerancia a la subversión. Además, los enemigos eran los propios ilustrados, muchos de ellos en el Ejecutivo, más que los revolucionarios, que todavía eran escasos en el país y se encontraban muy perseguidos. La pieza sobre la que reposa la defensa de los “apologistas” de este momento, como Antonio Vila y Camps, Antonio Xavier Pérez y López, Clemente Peñalosa y Zúñiga o Juan Pablo Forner, el principal de ellos, es el absolutismo monárquico en la mejor definición hecha por Jacques-Bénigne Bossuet, la exclusividad monárquica en la política: origen divino de su poder, obediencia indiscutible y resignación ilimitada, incluso si el príncipe incumplía el viejo pacto que sostenía el edificio privilegiado del Antiguo Régimen, porque, si lo había designado Dios, no podía ser malo o injusto. Suponer que un incumplimiento del pacto podía ser argumento para que el pueblo suspendiera la lealtad que le debía no era sino una especulación interesada de ilustrados y librepensadores — una acusación que se remontaba hasta Michel de Montaigne— de clara intención disolvente. El pueblo debía obediencia a su rey; solo pensar lo contrario era un crimen nefando porque ponía en cuestión tanto la base de todo un sistema como también a Dios. Todo rezumaba agustinismo político, sacralización del orden civil e incluso repetición de los textos de Bossuet cuando este se remitía a la Epístola a los Romanos de san Pablo para justificar el origen divino del poder… de las monarquías absolutas: “No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste; y los que resisten acarrean condenación para sí mismos”. La única libertad justa era la que servía para cumplir la ley de Dios; otra opción no llevaba sino a desvirtuar su contenido. La obra principal de quien escribía esto, el presbítero y luego obispo mallorquín Vila y Camps, se titulaba El vasallo instruido en las principales obligaciones que debe a su legítimo monarca (1792). El futuro Fernando VII se soportaría en esa tesis.

Los conservadores antirrevolucionarios que venían del reformismo ilustrado constituyen un colectivo mucho más complejo que el anterior. La experiencia de la revolución los empujó hacia el moderantismo e incluso a la renuncia de sus iniciales postulados, algo que se repetiría en el futuro, engordando así con antiguos avanzados la nómina de los retardatarios; el viaje en sentido contrario ha resultado siempre más extraordinario. Algunos clérigos ilustrados, como el que fuera obispo de Barcelona, el asturiano Pedro Díaz de Valdés, ejemplifican ese tránsito. Confiados de las posibilidades reformistas, participaron en entidades como la Bascongada de Amigos del País, dando cuenta del progreso que proporcionaría la incorporación activa del clero a los postulados ilustrados. Su visión de la sociedad no era sino orgánica y privilegiada, pero a la vez perfectible por la acción humana. Sin embargo, cuando llegaron los ecos de la revolución de Francia, tornaron su visión y denunciaron la naturaleza impía de cualquier pretensión de cambio, capaz de trastornar al Gobierno y de llevar al abandono de la religión. No todo el clero fue de la misma opinión y a algunos de sus miembros los encontramos en las tesis reformistas, en las liberales (representados en Diego Muñoz-Torrero o Joaquín Lorenzo Villanueva) y hasta en las obedientes y partidarias del futuro José I Bonaparte. Torrero y Villanueva, por ejemplo, acabaron defendiendo una libertad de imprenta cuando tratara de asuntos de política, pero no cuando abordara los dogmas de la religión.

Otro de los casos que estudió tan pronto como en los años sesenta Antonio Elorza remite a Miguel de Lardizábal y Uribe, natural de Tlaxcala (una de las provincias del virreinato norteamericano de Nueva España), alto funcionario del tiempo de Carlos III, secretario de Estado en los años primeros de la revolución y miembro de la regencia nombrada por las Cortes gaditanas. A regañadientes aceptó la declaración soberana de estas en la noche del 24 de septiembre de 1810 y un año después publicó en Alicante un manifiesto dirigido a Fernando VII donde le exponía, “como pliego de descargo”, las razones de su conducta en esa fecha, a la vez que denunciaba el abuso de poder del Parlamento cuando este se encontraba a pleno rendimiento legislativo. Repetía la misma mirada social de Díaz de Valdés, estructuralmente desigual: “[…] pretender igualarlas quitando esta diversidad sería empeñarse en trastornar el mundo”. Pero la experiencia revolucionaria española, vivida desde el mismo Cádiz, lo llevó pronto a denunciar la conspiración que se ocultaba tras el reformismo y a centrar sus dardos en las dos bases fundamentales de la nueva situación: la libertad de imprenta y la soberanía nacional. La primera abriría paso inevitablemente a las críticas que derrumbarían el orden constituido y la monarquía, al ser estos opuestos e irreconciliables de “las máximas republicanas y de democratismo” que esa libertad supone. En Cádiz no se había violentado ninguna monarquía, pero la visión apocalíptica de Lardizábal ya preveía el final disolvente a que conduciría la libertad de expresión. En cuanto a la soberanía, en sus escritos de ilustrado ya señaló que surgía “de las agrupaciones humanas, de la nación”, recibida de Dios, aunque transmitida de ahí a un príncipe para hacer viable la gestión. La imagen de una asamblea reunida en Cádiz, compuesta en buena parte de individuos jóvenes, sin experiencia de gobierno y sin la dignidad que les suponía para ostentar cargos y responsabilidades, era una impugnación de la soberanía. De ahí la denuncia de abuso de poder que expresaba al futuro Fernando VII. No era un lenguaje reaccionario, pero el final acababa siendo similar en los términos políticos de esta coyuntura crítica.

Finalmente, tenemos el caso de Pablo de Olavide, e incluso en parte el de Jovellanos. El primero llegó a ser el ilustrado por excelencia en los momentos de esplendor reformista de Carlos III. A él se debieron los informes sobre la reforma agraria y educativa, o el plan de colonización de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, entre otras muchas iniciativas de ese signo, hasta que en 1776 la Inquisición le abrió un proceso para escarmentar en su persona a los innovadores. La acusación era nada menos que de impiedad, materialismo y herejía. Entonces se puso de moda este ripio: “Olavide es luterano, es francmasón, ateísta, es gentil, es calvinista, es judío, es arriano, es Maquiavelo, ¿es cristiano?”. Su huida a Francia lo convirtió en un símbolo europeo de la resistencia a la reacción. El mismo Denis Diderot redactó su biografía. Pero llegó la revolución y esta no gustó a Olavide, que se retiró de la escena pública para redactar El Evangelio en triunfo, o Historia de un Filósofo desengañado. Apareció en 1797 como anónimo y tuvo gran difusión. En sus cuatro tomos insistía en sus convicciones reformistas y en su simpatía por unas masas campesinas empujadas a la miseria, pero abominaba de la filosofía que podía acabar en revolución y abrazaba sin ambages la lógica del Antiguo Régimen, empezando por la defensa común del altar y el trono. La revolución no provendría, según el antaño ilustrado, de un mal uso de las ideas de los filósofos, sino por una consecuencia lógica de la aplicación de estas al romper los diques que ligaban al pueblo a determinada obediencia. La impía soberbia humana que aquellos estimulaban, su ilimitada confianza en la razón, atentaba contra el principio religioso, que era lo único que podía dar estabilidad a las sociedades.

Otro tanto pasó en parte con Jovellanos, aunque este ponía el acento en la falta de estudio adecuado de aquellos principios filosóficos y en la acción de “una secta feroz y tenebrosa” que habría llevado estos hacia la disolución de todo vínculo social y al cuestionamiento de “los principios de la moral natural, civil y religiosa”. El jovellanismo fue, de hecho, el primer aporte temporal —más que el germen, como matizó Fidel Gómez Ochoa— del futuro moderantismo, y a esa corriente se pueden adscribir algunos “patriotas” como Antonio de Capmany o Juan Pérez Villamil, pero también otros que colaboraron o no desdeñaron a los franceses, como Francisco Cabarrús o Meléndez Valdés (y artistas como Leandro Fernández de Moratín o Francisco de Goya); también figurarían ahí los diputados en Cádiz Villanueva, Felip Aner y Ramón Lázaro de Dou, no coincidentes en todo. Aparecía ya la idea del “justo medio” entre libertad y orden, de tan larga trayectoria después entre doctrinarios moderantistas y conservadores. La referencia tenía también una versión más épica sustanciada en el lema: “Marchando con la cabeza erguida entre la guillotina y la hoguera”, entre el jacobinismo y la Inquisición, entre la revolución y la reacción. Jovellanos acusaba a los libertinos —corruptores de una sana idea de libertad— de engañar a los incautos y desvanecer entre ellos la diferencia entre la falsa perfección y la perfección posible, la libertad completa y la libertad alcanzable dentro de la ley. Y la respuesta, como afirmaba en su Memoria sobre la educación pública, escrita en 1801 en su cautiverio mallorquín de Valldemosa, estaba en la instrucción de toda la población —no solo de las élites, como sostuvo originalmente el despotismo ilustrado—, la auténtica base de la prosperidad de un país. Pero no faltaba en la misma obra una apelación a la necesidad de “oponer la verdad al error, los principios de la virtud a las máximas de la impiedad, y la sólida y verdadera a la falsa y aparente Ilustración”.

2. El miedo a la libertad:
los serviles contra la Constitución

En 1808, el levantamiento contra el invasor francés convirtió al pueblo español en sujeto político. Ocurrió porque solo quedó él ante su oponente, toda vez que los estamentos privilegiados y la Corona que sostenían el Antiguo Régimen desaparecieron como por ensalmo. La revolución fue posible por incomparecencia del contrario, iniciando así una secuencia de situaciones similares repetida luego por primera vez en 1833, cuando la reina gobernadora llamó a los liberales para salvar el trono de su hija. Pasaron cerca de cuatro décadas y la República llegó por ausencia de defensores de alguna Corona. Medio siglo después, unas elecciones municipales convencieron al rey de que “ya no estamos de moda”, que no tenía “el amor de mi pueblo”, que ninguna estructura de poder del Estado, ni el Ejército, ni la Guardia Civil de José Sanjurjo, iba a acudir en su socorro. Solo pasaron seis años y ese mismo Estado, para entonces republicano, se deshizo en el inicio de una guerra civil tras un golpe fracasado, dando lugar otra vez a una efímera, precaria y limitada experiencia revolucionaria. Incluso cuarenta años más tarde, el establishment franquista se hizo el haraquiri para proceder a negociar una transición hacia la democracia. Como apreció Santos Juliá, esas revoluciones se producían sorteando por mor del azar el primer requisito que han de enfrentar los revolucionarios en estos casos: el derribo violento del poder establecido. Este, simplemente, se desvanecía y la revolución encontraba su oportunidad —incluso en ausencia de una estrategia precisa y de un partido revolucionario—, aunque el escamoteo de esa fase inicial diera pronta cuenta de la fortaleza real de sus partidarios.

Ese pueblo se convirtió también en el sujeto abstracto que justificó la ocasión de proceder en su nombre a dos cosas contradictorias a un tiempo. El pueblo patriota y revolucionario sirvió para legitimar la novedad de la soberanía nacional que iban a proclamar los constituyentes reunidos en Cádiz; el pueblo patriota y devoto iba a valer finalmente para negarla. Los vítores de “¡Viva la nación!” y ¡“Viva el rey”! al principio convivieron y unieron, pero al final distinguieron a enemigos españoles. Aunque los enseguida llamados “liberales” llevaron la iniciativa en el proceso que se abría, la guerra de argumentos se prolongó hacia un futuro más largo, buscando a cada momento el apoyo y movilización de su pueblo respectivo. Al fin y al cabo, tanto la invasión por un imperio surgido tras la revolución y nutrido todavía de muchas de sus ideas como la transformación que se iniciaba en España, con la reunión de Cortes en ausencia de monarca y de espaldas a su absoluta soberanía, no eran sino confirmaciones irrebatibles del destino a que llevaba la filosofía ilustrada. Los invasores con su Constitución de Bayona y los liberales con la futura de Cádiz, unos más radicales que otros, blandían los mismos argumentos e intenciones: acabar con la sociedad estamental tradicional. En ese punto, la lucha contra el francés podía suscitar reactivamente un patriotismo católico, monárquico y antirrevolucionario; es más, según sus partidarios, lo debía hacer. Nación y fe contra la filosofía y la revolución. Las peores premisas y vaticinios de los antirrevolucionarios quedaban confirmadas por la realidad. Se hacía preciso combatir a muerte la revolución en España. Se abría paso así una auténtica guerra civil de religión (la misma que para sus contrarios lo era por conquistar la libertad).

El vacío de poder, ante el abandono de las instituciones del Estado (Junta de Gobierno y luego Consejo de Castilla), enfrentó unánimemente al pueblo contra Napoleón en un proceso juntista y federal, desde la base, encabezado por algunas autoridades locales, como el famoso alcalde de Móstoles, que declaró la guerra a Francia en mayo de 1808. Una unidad, en todo caso, que, como recuerda Charles Esdaile, no ocultaba facciones políticas distintas entre los patriotas: liberales, realistas ilustrados como Floridablanca o Jovellanos, y militares reaccionarios como Palafox (Luis, no José, que era liberal) o Francisco Javier Castaños. Incluso los anteriores cargos que fueron repuestos en los ahora nuevos lo hacían con una obediencia distinta: antes al monarca, ahora al pueblo. El propio Floridablanca fue rescatado para presidir la Junta Central, que gobernaría durante diecisiete meses, hasta el último día de enero de 1810, bajo la acreditada secretaría del jovellanista Martín de Garay. Enfrente, Napoleón nombró a su hermano José rey de España, desplegó una administración acudiendo también al concurso de anteriores reformistas ilustrados, luego conocidos como “afrancesados”, y promulgó una Constitución inédita por sus avances. Aquellos colaboracionistas fueron rechazados por los “patriotas” y, tras la derrota del emperador, debieron exiliarse en Francia. Años después, su penoso peregrinar y su experiencia llevarían a la mayoría de ellos al moderantismo político.

Por su parte, la Junta convocó unas Cortes e inició una consulta al país, lo que generó diferentes informes, una especie de “cuadernos de quejas” (cahiers de doléances) a la española que ya reflejaban dos demandas básicas: reducir y controlar el poder del rey, y poner fin al sistema de privilegios, aunque no faltaban otros en sentido contrario, como el remitido por Capmany, que no se tuvieron demasiado en cuenta. El ejemplo francés llevaría a sospechar que aquí se reproduciría el esquema, lo que animó a algunos reformistas como Jovellanos —quien tachaba a aquel de “funesto”— a ocupar puestos de control para evitar que las Cortes suplantaran la soberanía del rey. “La plenitud de la soberanía reside en el monarca y ninguna parte ni porción de ella existe ni puede existir en otra persona o cuerpo fuera de ella”. Como puede verse, la opinión liberal convivía con prestigiosos notables opuestos por completo a las ideas revolucionarias y empeñados en que esa no fuera la dirección que tomase el proceso español. Despuntaba el “partido” realista ilustrado, como lo llama Ignacio Fernández Sarasola, más amigo de una reforma constitucional —una actualización de la Constitución histórica— que de un temido proceso constituyente.

Entre Sevilla y luego la isla de León, en Cádiz, la Junta Central entregó su mandato a una regencia formada por un obispo, tres militares —uno de ellos el general Castaños— y un ministro del Consejo de España e Indias (puesto que ocupó pronto Miguel de Lardizábal). Era una muestra del pulso que sostenían liberales y sectores tradicionales. La ventaja caía del lado de estos últimos, pero su inacción es lo que permitió a los más avanzados convocar unas Cortes constituyentes, poner en marcha el proceso de cambio y llevar la iniciativa en la redacción del texto constitucional y de los decretos. Es así como, recién constituidas estas Cortes, su primer decreto, la noche del 24 de septiembre de 1810, consistió en proclamar la soberanía nacional, lo que provocó una primera gran crisis cuando el presidente de los regentes, el obispo de Orense (Pedro Quevedo y Quintano), se negó a reconocerla, lo que acabó con él en el destierro, en el exilio y, finalmente, en la declaración de “indigno a la consideración de español”. Era el mismo que espetaba a Napoleón que “la nación misma, con la independencia y soberanía que la compete” debía reconocer a su legítimo rey (Fernando VII). Aquella primera regencia fue sustituida por otra, pero las Cortes encontraron siempre en ellas un obstáculo para su obra legislativa: una fue cesada por negarse a ejecutar el decreto de abolición del tribunal de la Inquisición y ambas auparon en muchos casos para altos cargos políticos, militares y judiciales a personas hostiles al sistema constitucional.

La Constitución de 1812 y los más de tres centenares de decretos emanados de las Cortes identifican el carácter revolucionario del momento español. Pero la negativa del obispo de Orense —o las reservas previas manifestadas por Jovellanos— indicaban también que la opinión no era unánime. En Cádiz se encontraron los diputados liberales, los realistas ilustrados, los “americanos” —que respondían a otra problemática que no se trata aquí— y los serviles, contrarios por completo a lo que allí se pretendía. “El pueblo es servil, esto es, Católico, Apostólico, Romano”, se podía leer al comenzar 1813 en El Procurador General de la Nación y del Rey, un periódico ultraconservador subvencionado por la regencia misma. Pero además de con ese término, los antiliberales se llamaron también “realistas”, sin más apellidos, reclamando para sí la imagen del rey deseado y presentándose como los auténticos valedores de Fernando VII, símbolo de la España que luchaba contra Napoleón.

Su oposición parlamentaria tuvo cuatro momentos estelares, además de su inicio y su final. De entrada, no eran partidarios de elaborar una constitución, sino de reformar el antiguo cuerpo de leyes para dar lugar a una “monarquía moderada” a través de unas Cortes tradicionales, estamentales, refractarias a toda idea de igualdad jurídica. En su momento final, algunos diputados trataron de evitar su firma y jura del texto constitucional (el extremeño Pedro González Llamas, el vizcaíno Francisco Ramón de Eguía, el quiteño conde de Puñonrostro, el murciano Simón López García…), pero ante la amenaza de ser tenidos “por indignos del nombre español” y privados de todos los honores, prerrogativas, empleos o sueldos, acabaron haciéndolo. Entre una y otra, la primera protesta, ya lo hemos comentado, fue contra la declaración de soberanía nacional, aunque esta solo sumara veinticuatro votos (la abolición de la Inquisición, el 22 de febrero de 1813, tras un debate de entidad, alcanzó los sesenta opuestos). La segunda fue la libertad de imprenta, que los liberales debieron pactar asumiendo un procedimiento de control de la censura mediante juntas realmente engorroso y obstaculizador del derecho, aunque la inacción de la Junta Suprema dejó vía libre y propició la emergencia entonces de una primera “opinión pública” en España. En todo caso, la denuncia opositora fue radical. Como lo fue con motivo de los decretos de abolición de los señoríos, que produjeron por vez primera la movilización corporativa de los representantes de los aristócratas tratando de salvar al menos la propiedad de los mismos, aunque fuera a costa de perder la parte jurisdiccional, con el argumento de que una nobleza fuerte era el mejor límite de una monarquía absolutista. Su resistencia desde entonces fue tenaz. Finalmente, cuando en la segunda mitad de 1813 se debatieron la reforma de las órdenes regulares y la contribución única y directa, los inmovilistas cambiaron el carácter de su crítica. Si hasta entonces, como señaló Emilio La Parra, esta había sido de tono ideológico, de principios, ahora era sustituida por una defensa enconada de los privilegios amenazados de desaparición.

El protagonismo reactivo del clero se acentuó, al punto de que las Cortes amenazaron con la expulsión del país del nuncio del Vaticano, monseñor Gabriele Maria Gravina —que en 1813 instó a los párrocos españoles a desobedecer la orden de lectura en las iglesias del decreto de abolición de la Inquisición—, del pertinaz obispo de Orense y del arzobispo de Santiago, por oponerse a cumplir sus mandatos legislativos. La oleada de sermones y publicaciones contra las Cortes se incrementó de forma extraordinaria, como ya había pasado en noviembre de 1810 al decretarse la libertad de imprenta. El “partido” de la reacción se manifestó más dinámico en la recta final del proceso constitucional, reactivando la “literatura de combate”. Si desde el inicio de la guerra contra los franceses esta había sido identificada por parte del clero como una “cruzada”, ahora la crítica se derivaba hacia las Cortes, aprovechando además el agotamiento de las economías populares después de una contienda “sobre el terreno” que las había dejado exhaustas a base de contribuciones y saqueos. Además, a pesar del tono populista de los discursos, las clases bajas tampoco estaban saliendo bien paradas de la experiencia constitucional: no habían conseguido el reparto de tierras, ni el control de los viejos señoríos, e incluso habían perdido parte de los comunales. Y aunque la opinión no era unánime entre el estamento eclesiástico, no hay que perder de vista que uno de cada tres diputados en Cádiz pertenecía a ese cuerpo (el doble casi que los grupos siguientes, los abogados y los funcionarios públicos). Marx y Engels, en La revolución en España, destacaban que, “asustados por la suerte que habían corrido sus hermanos en Francia, los clérigos fomentaron las pasiones populares en interés de su propia conservación”. El contexto general lo resumieron así:

Las clases más interesadas en la derrota de la Constitución de 1812 y en la restauración del Antiguo Régimen —nobleza, clero, frailes y leguleyos— no dejaron de excitar hasta el paroxismo el descontento popular producido por las desgraciadas circunstancias que caracterizaron la introducción del régimen constitucional en España. A todo eso se debe la victoria de los serviles en las elecciones generales de 1813.

La literatura clerical reaccionaria se caracterizó por llegar al pueblo de manera más directa que la doctrinaria. La desaparición de facto de la censura hacía posible un lenguaje virulento y desenfadado, que también usaban los libelistas liberales. Así, los sermones, sobre todo, dirigidos a una población mayoritariamente analfabeta, tuvieron gran predicamento y ahí el clero tenía su mayor posibilidad. Recordamos los nombres de clérigos que acaudillaban partidas guerrilleras: aquellos primeros “ejércitos de la fe” de Antonio Marañón, “el Trapense”, el cura Jerónimo Merino o del mosén Francisco Rovira, pero no fue menor la importancia e influencia de predicadores como el capuchino fray Diego de Cádiz, “Ángel del Apocalipsis”, como gustaba llamarse. Llevaba al menos desde la epidemia de cólera de 1800 proclamando por los pueblos que todo era el aviso de un gran castigo que llegaría por culpa de las filosofías impías y corruptas. Francia era la culpable y sobre ella y sus pecados se abatirían los furores populares que algunos como él animaron. El discurso era tosco y básico, si acaso algo inspirado en algunas obras del padre Zeballos para darle lustre. La síntesis, rotunda:

La libertad ha sido siempre la raíz y el origen de todas las herejías y aun de todos los pecados, porque desde el punto que el hombre sacude de sus hombros el blando yugo de la ley, y que rompe las suaves ligaduras de la subordinación y de la dependencia, no hay maldad en que no incurra ni error en que no se precipite.

La arrogancia como pecado original de la Modernidad. La admonición figuraba ya en su libro publicado durante la guerra de la Convención, en 1793-1795, titulado gráficamente El soldado católico en la guerra de religión. La cruzada nacional contra el francés librepensador ya tenía recorrido antes de 1808.

En ese contexto prosperaron también autores de más enjundia con obras donde de nuevo sus títulos constituyen auténticos alegatos. Francisco Alvarado, “el filósofo rancio”, escribió Cartas críticas […] en las que se impugnan las doctrinas de los nuevos reformadores y se descubren sus perversos designios contra la Religión y el Estado (1811-1814); Lorenzo Hervás y Panduro, Causas de la Revolución de Francia en el año 1789 y medios de que se han valido para efectuarla los enemigos de la Religión y del Estado (1807); el ilustrado Capmany, Centinela contra los franceses (1808); Rafael Vélez, Apología del Altar y del Trono (1818) y Preservativo contra la irreligión, o los planes de la filosofía contra la religión y el estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España, y dados a la luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra patria (1812)… Los delantales resumen de los capítulos de esta última obra, cuyo autor es quizás el más representativo del grupo, nos eximen casi de abundar en sus contenidos y en el tono de estos:

Prólogo. Establecida la obligación que tiene todo hombre de defender su verdadera religión y su patria, se advierte el peligro en que se halla una y otra entre nosotros, por los papeles que circulan; y se concluye, que los magistrados y sabios deben trabajar, para impedir tan terribles males en su origen.

Número I. Se manifiestan los planes de que se ha valido la falsa filosofía desde el principio de la Iglesia para destruir al cristianismo, y se declaran los progresos y triunfos de la religión contra la filosofía.

Número II. Los filósofos de Francia en el siglo XVIII insistiendo en los principios de los herejes y de su filosofía, renuevan los planes antiguos contra la religión y el estado, triunfan de uno y otro desmoralizando la Francia, decapitando su rey, y divinizando la razón o filosofía, a quien consagran templos, y siguen.

Número III. Extinguida la verdadera religión en Francia, y entronizada la abominable filosofía, extiende esta sus planes de conquista a toda la Europa: salen sus emisarios a todos los reinos para acabar con los monarcas, y abolir la ley de Jesucristo.

Número IV. Se descubren las tramas de la Francia y de Napoleón, para cautivar nuestros reyes, incorporar la España a sus dominios, corrompernos con sus doctrinas, mudando las máximas de nuestra religión por las de la filosofía.

Número V. España se arma para defender su religión, su patria, su rey y sus derechos: se describe la heroica resistencia que han hecho sus habitantes (en especial el estado eclesiástico) contra el tirano de la Europa.

Número VI. Abatida la España por la ocupación casi general de sus provincias, principia a correr en algunos papeles públicos la doctrina de la filosofía, de que se ha valido la Francia en sus planes de conquista: se dan los testimonios extractados de los mismos escritos, y se concluye, que la religión y la patria se hallan en peligro, si no por las armas francesas, por sus máximas y principios.

Del mismo tenor eran los títulos y obras del resto: Lardizábal, José Joaquín Colón, José Brotons y Pericás, el padre Joaquín Traggia (Apología de la Inquisición), fray Luis Cerezo o los obispos refugiados en Mallorca, que se convirtió en este tiempo en sede de la reacción. Igual que había ocurrido en Francia después de 1789, y en toda Europa, la literatura de controversia se desplegaba a partir del respectivo instante crítico de cada país. En España fue 1808. El abate jesuita francés Augustin Barruel, “verdadero centinela contra el liberalismo”, era quien los iluminaba a todos, por más que la parte principal de su obra se tradujese al español tarde, después de 1812 y gracias sobre todo al futuro obispo de Vich y luego ultrarrealista Ramón Strauch y Vidal. Las ideas de esos textos han solido apreciarse desde el momento presente, con sus lógicas, hacia atrás, en vez de considerarse en su propia contemporaneidad, en su lenguaje y en su pensar de entonces. Así, el debate sobre la nacionalidad de los reaccionarios no resulta tan concluyente como se ha establecido en la historiografía moderna. Es obvio que no hablaban de una nación que pudiera cobrar soberanía per se, pero sí que reconocían una colectividad histórica precisa que veía en la invasión napoleónica (y antes en la convencional) la vulneración de su derecho a regirse al margen del designio extranjero. Su apelación patriótica, en ese sentido, no tenía la densa y ambiciosa semántica revolucionaria liberal, pero no dejaba de ser a su manera nacional, aunque distinta. Así, el canónigo Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena, uno de los diputados absolutistas más activos, sostenía siguiendo la doctrina del padre Francisco Suárez que la nación era “un todo o compuesto moral, cuyas partes, por no tener un ser perfecto cada una de por sí en lo físico, no están dependientes ni unidas la una con la otra en la misma línea, y solo un vínculo moral puede realizar esta unión política”. Una nación, entonces, identificada con la religión, la monarquía y el orden trascendental, ajena a la determinación de la propia nación (como proponían los liberales).

Pero, sobre todo, lo que predominaba era una defensa del esquema y de las lógicas de la sociedad tradicional, que tampoco eran las del original absolutismo. El liberal José María Calatrava escribió que los serviles habían dicho en los años de la guerra cosas que no se hubieran atrevido en tiempos de Carlos III. Y es así. Para enfrentar al que llamaban “despotismo cortesano de Cádiz” no hacían sino identificar a este como la pieza concluyente de una deriva centralizadora del poder nacida ya en el absolutismo de la “dinastía flamenca” (los Austrias) e intensificada en el despotismo ilustrado pleno de la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí metían sus ataques a los Decretos de Nueva Planta, a Godoy y a las presiones contra los fueros vascongados y navarros. Una crítica del “exceso de soberano poder” y una deriva que Alexis de Tocqueville ratificó después en su famosa formulación de que el proceso de centralización administrativa del Estado absolutista culminaba en la revolución liberal y tenía su extremo amenazante en el “despotismo democrático”. Un clásico del conservadurismo desde sus inicios. Alguien que no lo era, Francisco Tomás y Valiente, advirtió otro tanto: el liberalismo no necesitó construir el Estado, que existía ya en la monarquía absoluta, sino otro tipo de Estado, aunque en cuanto a uniformidad, centralización y racionalización administrativa la tendencia era común en sus dos concepciones. Al contrario, la posición de estos antirrevolucionarios era en favor de una soberanía compartida, respetuosa tanto de las obligaciones de la tradición como del viejo pacto entre el príncipe y su pueblo, en la misma línea en que se expresaron con más timidez sus antecesores del último tercio del siglo XVIII. Y todo porque, antes el regalismo y ahora el liberalismo, reivindicaban sendas soberanías que se ponían por encima de la religión y de la Iglesia.

Ahí aparecía un asunto que tuvo mucho recorrido en ese tiempo: si la Constitución había reconocido la naturaleza católica de los españoles, ¿cuál era el límite para que el orden civil se gobernara desde el precepto católico que establecía la institución que lo representaba? En el punto chocaban, lógicamente, con una idea de los liberales que se había quedado inconclusa en la futura cuestión de la relación Iglesia-Estado, mientras la de ellos era inequívocamente integrista. Algo parecido a lo que sucedió con el afán por presentar la Constitución española como algo radicalmente distinto de la francesa de 1791 y enraizado en la tradición del país. Para ello, los liberales reclamaron una paternidad histórica anterior a los Austrias, donde supuestamente el pueblo se autogobernaba lejos de las pretensiones centralistas que vinieron con ellos (la tradición de los comuneros y de la “antigua libertad castellana” se esgrimió con profusión). Curiosamente, en ese punto tan crítico venían a coincidir por otro camino con las tesis reaccionarias que, solo en algunos casos y autores, salvaban a Carlos I y Felipe II por su destacado papel en defensa de la cristiandad. Enlazando con otro momento histórico similar, unos buscaban la continuidad con un pasado de autonomía local y otros la imagen de una restauración premoderna, previa a la llegada de las dinastías extranjeras absolutistas. Para ambos se trataba, como destacó el politólogo Antonio Rivera García, de buscar la legitimidad en la revolución vieja y no en la subversión del orden anterior. Pero recordemos que la Revolución Gloriosa inglesa del siglo XVII acudió a un argumento semejante. Luego, constitución histórica, la del viejo pacto del pueblo con el príncipe que respaldaba la ideología teocrática, de soberanía por lo tanto moderada y limitada, frente a la idea de pacto, de contrato artificial y buscado por los hombres para conformar egoístamente una realidad nacional abstracta y un poder sin limitación posible. La soberanía nacional liberal es incompatible con otra, es incompartible e indivisible. Por eso los absolutistas no veían necesario dotarse de otra constitución: España ya tenía una histórica —la semántica del término era distinta, claro— y con ella se sentían cómodos en su cosmovisión. En ese debate, algún diputado servil apeló incluso a Montesquieu y a su teoría de la división de poderes, interpretándola a su gusto, porque la nueva soberanía nacional, en su lenguaje, no era sino absoluta, “sin limitación alguna”.

Entonces, siguiendo al profesor Txema Portillo, queda clara la diferencia en este crucial punto entre absolutistas y tradicionalistas. Los primeros eran conscientes de que luchaban contra la revolución desde la posición del monarca y con gobierno como “Estado” (Villanueva lo dice en el Catecismo del Estado y Peñalosa en La Monarquía, en el XVIII tardío, y luego en el XIX lo hacen tanto Garay como Lardizábal). Los tradicionalistas, por su parte, concluyeron años después que ese absolutismo era tan disolvente de la sociedad tradicional como la revolución, en la medida en que destrozaba y dejaba sin sentido y sin su correspondiente potestad a las sociedades naturales, con lo que todo tendía a algo peligroso: crear una sociedad. Por eso, como veremos, muchos carlistas mantuvieron en el futuro su ideal de sociedad en una variedad de sociedades con el monarca como “director general” de todas ellas, sin alterar sus privilegios y diferencias.

Como puede verse, había mucho más que brutalidad justificativa de la violencia en su discurso, que es lo que habitualmente se ha destacado. Pero había brutalidad —en los próximos años habría mucha más— porque su idea de la intolerancia se correspondía con la defensa de los preceptos religiosos en forma ortodoxa. No cabía otra posibilidad. Incluso la aprobación unánime del artículo 12 había venido a respaldar esa intolerancia religiosa: “[…] es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Agustín Argüelles vino a reconocer retrospectivamente el formidable error liberal al aprobar ese redactado: la cultura y el contexto de Cádiz fue confesional, “excluyentemente confesional”, como insiste Portillo. La religión, convertida en bien nacional, debía ser protegida por la comunidad política en su conjunto. La nación, más que de ciudadanos, lo era de católicos. Y, de esta manera, el Estado no era sino una “república de almas”. Las consecuencias para el futuro de todo ello eran extraordinarias. En esa mirada intolerante y ortodoxa eran precisamente las Luces las que venían a debilitar la fortaleza del pueblo en sus creencias auténticas, por lo que no cabía otra fórmula que impedir su propagación. Casi dos siglos después, un presidente del Gobierno español, profundamente católico (y hasta integrista), Luis Carrero Blanco, dejó escrito el remedio para los mismos males: “Máxima propaganda de nuestra ideología y prohibición de la contraria”. Desde esa perspectiva, no había cambiado nada: el derecho que tenía la religión no podía ser puesto en duda, ni flaquear en la respuesta; mucho menos desde los poderes públicos (“La nación la protege por leyes sabias y justas”). Lo mismo le exigían los reaccionarios de Cádiz a aquel Estado: persecución de la irreligiosidad (ahora que no había Inquisición, con una libertad de prensa sometida al control de juntas de censura). Para un apologista católico, las explicaciones se movían en el círculo férreo de su propia doctrina. Luego no se podía ser otra cosa distinta entonces. Felipe II pasaba así por ser el ejemplo, por ser el más “fanático” y el “más aferrado servilón entre las majestades católicas”.

Servil era un término que los serviles hicieron propio con retranca para zaherir a sus opositores. Aceptaban como honor “los honrosos epítetos de fanáticos, supersticiosos y otros semejantes”, así como la equivalencia de “español e intolerante”. “España debía su felicidad a la intolerancia”. Y mediante esa visión tan ortodoxa, donde la religión y su defensa estaban inextricablemente unidas a la condición española, quien no participara de las mismas se convertía en antiespañol. Surgía así el germen de la anti-España, de tan largo recorrido futuro. Los afrancesados y los liberales de Cádiz formarían parte de ella, en la misma condición que los invasores, porque entre todos ellos, en razón de las ideas que defendían, no se apreciaba diferencia alguna. Si acaso, los primeros eran más traidores que equivocados o perversos, como eran los segundos. Todavía peor: según la versión servil que recoge Juan Pablo Domínguez, los liberales y los afrancesados se entregaron a los usurpadores extranjeros y solo al ver los éxitos primeros de los patriotas decidieron retroceder de su posición para ir a Cádiz y, disfrazados de españoles, continuar “el plan político y religioso que empezaron los franceses”. Los liberales serían entonces “hijos bastardos” de la nación, una pronta identificación del enemigo interior que no es exclusiva de España, por más que aquí se haya utilizado esa descalificación con intensidad y constancia.

3. La vuelta del Deseado: restauración absolutista
y realidad insuperable

Escribía José Clemente Carnicero en su reaccionaria Historia de la gloriosa revolución española (1814) que “los más de los proyectos e ideas de los liberales estaban en contradicción con la opinión general del pueblo español”. Es afirmación muy rotunda, pero lo cierto es que aquellos liberales fueron tan dinámicos en ese momento que la única revolución vivida por el país fue la que protagonizaron en las Cortes, de manera que su Constitución fue ejemplo futuro para otros europeos durante años. El pueblo, ciertamente, estaba más influido por las viejas ideas y por la acción de la extensa red clerical reaccionaria, al punto de que los contenidos de la carta y de los decretos gaditanos ni se conocieron ni se pudieron aplicar, por mucho que formalmente aquella se jurara públicamente en todos los pueblos y se formaran ayuntamientos constitucionales en muchas localidades. Un liberal mesurado como José María Blanco White escribía en su periódico londinense, en 1811, muy en línea con la tesis jovellanista, que el pueblo español precisaba mejor de “un justo medio” que lo tuviera a resguardo “del despotismo de un príncipe y de la tiranía de una facción; un camino medio entre la mal fraguada democracia de las Cortes y la arbitrariedad monárquica del tiempo de Carlos IV”. Los liberales eran minoría, pero su presencia y labor debió ser finalmente derribada por la fuerza, por mucho que las elecciones de 1813 —con la primera campaña electoral de nuestra historia, protagonizada sobre todo por un clero hiperactivo— ya mostraran su debilidad. La impronta que dejó la experiencia entre diversos sectores, de los militares a los profesionales liberales, de los funcionarios públicos a los comerciantes de las urbes y de los puertos, abrió un proceso de cambio profundo con avances y retrocesos que no se resolvió hasta los años cuarenta con la instalación definitiva de una fórmula liberal en España; eso sí, matizada respecto de la propuesta en 1812 y mucho más moderada.

El primero de esos giros de la historia —más que interrupciones, lo que daría al relato un sesgo innecesariamente teleológico— fue el protagonizado por “el Deseado”, Fernando VII, a su regreso al país y al trono español. Entre el tratado de Valençay, en diciembre de 1813, y su paso por la frontera, el 24 de marzo siguiente, este alimentó la idea, instada por el propio Napoleón por sus intereses geoestratégicos, de proceder a desmontar la obra de las Cortes, que acababan de iniciar nueva legislatura el 1 de octubre. A ello coadyuvaron solícitos y conspirativos los sectores antirrevolucionarios, desde los miembros de la destituida tercera regencia, que cuestionaron públicamente la legalidad del régimen gaditano, hasta las reiteradas demandas de los diputados de ese signo para que el rey se apresurara a regresar y así corregir el “desconcierto y trastorno producido por seis años de la guerra más encarnizada y la divergencia de opiniones que ocasionan las mudanzas en los Estados”. Por sí solos, los serviles no habrían controlado la situación, pero la decisión de Napoleón de liberar al monarca les proporcionó una magnífica oportunidad.

Las Cortes habían aprobado el 2 de febrero un decreto por el que “no se reconocerá libre al rey, ni por tanto se le prestará obediencia”, hasta que este no jurase la Constitución. Tampoco era esa la intención del monarca, aunque tanteó el terreno en esas semanas. Hasta llegar a Valencia, pudo apreciar en su periplo la adhesión popular con que contaba; algún autor habla de auténtico “culto a la personalidad”. Una vez allí, el 17 de abril, se encontró con el presidente de la regencia, su tío, el cardenal Luis María de Borbón, con el documento de jura constitucional, y con el general Francisco Javier de Elío, capitán general de la región, que le invitó a tomar el poder y le rindió honores militares. Los constitucionalistas habían perdido ahí la partida. Una división de su ejército con tres mil hombres acompañó al vizcaíno Eguía, ahora nombrado por el monarca capitán general de Castilla. Así disuadía cualquier reacción adversa, en lo que se tiene por primer golpe de Estado o, mejor, pronunciamiento de la historia moderna de España (lo de Aranjuez fue un motín del Antiguo Régimen). La noche del 10 de mayo Eguía ejecutó la orden real de detener a los diputados liberales y disolver las Cortes. Al día siguiente, levantamientos populares instados por los realistas destruyeron la lápida de la Constitución y arrastraron por las calles la estatua de la libertad que estaba en el Congreso. La prensa reaccionaria arreció en su campaña contra los liberales. El 6 de abril, Napoleón había sido sustituido por Luis XVIII. La restauración estaba en marcha, en Francia y en España, aunque aquí con la promesa de proceder a un “castigo ejemplar”.

Durante el primer trimestre de 1814, los liberales habían tratado de dilatar en lo posible la toma de posesión efectiva de la mayoría reaccionaria recientemente elegida para las Cortes, haciendo que interinamente los anteriores diputados de su signo siguieran en sus puestos. A la vez, y por iniciativa de Francisco Martínez de la Rosa, se aprobó una ley que consideraba delito de lesa majestad la modificación del texto constitucional antes de transcurridos ocho años desde su implantación en todo el territorio nacional. Conscientes de la debilidad de su fuerza y de lo precario de sus realizaciones anteriores, los liberales se atrincheraban en unos acuerdos que empujaban a los serviles a echar mano de la autoridad y posición del rey, para que este modificara lo acordado o, mejor, procediera a anularlo. En ese pulso es donde se inscribe el conocido como Manifiesto de los Persas, remitido el 12 de abril al monarca por sesenta y nueve de los aproximadamente doscientos diputados electos. Miguel Artola lo identificó como la primera expresión española, si no de un partido organizado, sí de un grupo parlamentario, toda vez que los firmantes se reconocían en una coincidencia fundamental de criterio como miembros del mismo. Su primer signatario —no se sabe si también redactor único— fue Bernardo Mozo de Rosales, que en 1816 aspiró a una prebenda regia por su iniciativa (el marquesado de Mataflorida), una moda de entonces que llenó la Corte de personajes atrabiliarios del tipo del capellán honorario del rey, el absolutista Matías Vinuesa, cura de Tamajón.

Ha pasado a la historia como “de los persas” porque en su entradilla recordaban cómo “era costumbre en los antiguos Persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligasen a ser más fieles a su sucesor”. En el caso de España, la experiencia de guerra y revolución, presentada como apocalipsis, cumplía sobradamente con ese previo de excepcionalidad y contraste. A partir de ahí, el manifiesto, como estudiaron con enfrentadas miradas María Cristina Diz-Lois y Rivera García, desgranaba los factores que contradecían lo deseable con lo que se había llevado a cabo: una convocatoria de Cortes y una Constitución al modo liberal en lugar de lo que debiera haberse hecho respetando la tradición. Lo hecho reunía todos los defectos posibles: inestabilidad e inconstancia, destrucción del orden jerárquico, falta de excelencia e inconsistencia, lo que no conducía sino a la demagogia y a la incapacidad de tomar grandes decisiones. Los puntos de la Constitución que más se criticaban eran los ya señalados: el sistema de elección de diputados, la soberanía nacional, la libertad de imprenta, los referidos a la religión, la limitación de las capacidades del monarca y el blindaje del texto constitucional por ocho años. En cuanto a los decretos aprobados, la censura se centraba en la expulsión del obispo de Orense —un ejemplo de como la libertad de expresión prometida la disminuía en realidad— y en la abolición de la Inquisición (la mitad de los firmantes eran clérigos).

A partir de ahí, el documento repetía las reflexiones principales del dogma antirrevolucionario: la de 1812 era una copia de la francesa de 1791, los liberales preferían los principios abstractos y la teoría antes que la experiencia, la igualdad propuesta resultaba contradictoria con el buen gobierno y era un dislate que la libertad de expresión primase sobre la razón o el respeto a la religión. Frente a ese modelo, los “Persas” defendían la Constitución histórica, la que hubo en España antes de la llegada de los “Austrias mayores”, en el siglo XVI. Esta ya se habría visto alterada por los absolutistas y por el despotismo ilustrado, pero los liberales, lejos de reformar esas perversiones, no habían hecho sino incidir en ellas llevándolas al extremo. Defendían frente a ello las Cortes tradicionales y la soberanía del monarca, siguiendo en lo primero al jurista Francisco Martínez Marina, coincidente en algunos puntos con el propio Jovellanos: el modelo representativo tradicional respondía a su anhelada sociedad orgánica de soberanía compartida y por eso limitada, y con el rey en el centro de un sistema de dependencias mutuas y de privilegios justificados. Pero Marina iba más allá porque acudía al Medioevo para rescatar un sistema donde solo contaban el rey y los pueblos, con las Cortes como representación de estos; lo encarcelaron. Decía el manifiesto:

La obediencia al rey es pacto general de las sociedades humanas, es tenido en ellas a manera de padre, y el orden político, que imita al de la naturaleza, no permite que el inferior domine al superior: uno debe ser el Príncipe, porque el gobierno de muchos es perjudicial, y la monarquía, no para el Rey, sí para utilidad del vasallo, fue establecida. Pero en Cádiz se rompieron tan nobles vínculos, el interés general y la obediencia, sin consultar la razón, y guiados del capricho.

Concluían solicitando al rey que diera paso a las reformas que precisaba el país mediante una convocatoria de Cortes tradicionales que revisaran y mejoraran las normas históricas, a la vez que procediera él a suspender todo lo acordado en Cádiz. Una demanda que Fernando VII recogió solícito en su decreto de 4 de mayo, un resumen del manifiesto que terminaba con la conocida frase de “declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”. España era entonces, con Estados Unidos, casi el único país del mundo con un texto constitucional (Noruega tuvo una en 1814, la francesa del año XII funcionó hasta esa fecha hasta ser sustituida por la carta otorgada y los británicos tenían otras tradiciones no escritas). El texto del decreto fue redactado por Lardizábal y por Juan Pérez Villamil, quien había escrito también el Bando de los alcaldes de Móstoles un 2 de mayo de 1808, en sus tiempos de reformista (pertenecía a la “Ilustración asturiana”, como Jovellanos, Argüelles y tantos otros); luego, tras su deportación a Francia, se convirtió en dirigente del “partido” servil en las Cortes. El 10 de mayo, Fernando VII disolvió las Cortes, pero no volvió a convocar otras distintas, como le proponían los partidarios de la tradición. Lejos de ejercer como prometió en el primer decreto, no como déspota o tirano, sino como “un rey y un padre de sus vasallos”, desplegó un poder omnímodo, desairando las cábalas historicistas de los serviles. Luego les pasaría lo mismo en más ocasiones: su apoyo no sirvió para dar a luz una sociedad tradicionalista como la que anhelaban, sino para sostener a través de su facción más pragmática un poder simplemente autocrático. Pero a falta de poder realizar su proyecto, se consolaban con medrar en ese régimen o con tener a sus opositores silenciados y a raya.

El monarca prometió también la “pena de la vida” a cuantos insistieran en sostener los preceptos constitucionales abolidos, dejando clara su intención de sustituir en las mazmorras a los encerrados por “infracción de Constitución” por los ahora perseguidos liberales. La intransigencia fue feroz, como no habrían podido imaginar los teóricos de la intolerancia religiosa, porque la brutalidad de la guerra los cambió a todos y lo hizo posible. Los más fanáticos reaccionarios, conducidos por un clero exaltado, procedieron a quemar en las plazas de todos los pueblos ejemplares de la Constitución, en una exhibición ritual propia del Medioevo. El “virrey” navarro Francisco Espoz y Mina, luego destacado liberal, buscando ahora el respaldo real para sus aspiraciones, hizo fusilar en mayo de ese año un ejemplar de la carta magna. En los púlpitos se bramaba contra los constitucionales y se animaba incluso a su persecución física (“Como católicos debemos pedir al Sagrado Corazón que extermine con el poder de su diestra a los enemigos de la religión”). A partir del 10 de mayo, la represión se abatió contra los afrancesados —a pesar de que en el tratado de Valençay Fernando VII se comprometió a respetarlos— y, sobre todo, contra los liberales doceañistas, acusados estos últimos de una defensa de la soberanía nacional que enfrentaba los legítimos derechos del rey. Hasta quince mil personas salieron para el exilio francés o británico, siendo el primero de los muchos vividos en el país. Por vez primera en nuestra historia contemporánea, como recuerda Artola, el monarca se ponía al frente de un “partido” y usaba todo el poder del Estado contra los políticos vencidos. La violencia de intenciones políticas empezaba ahora, desde arriba y solo respaldada por los absolutistas exaltados. Del mismo modo, la violencia aparecía como el factor determinante para el cambio político, inaugurando una secuencia que se prolongaría durante todo el siglo (y después).

A la vez, en esta también primera restauración monárquica española, se restablecieron las instituciones del Antiguo Régimen —empezando por el Consejo de Castilla y siguiendo por la Inquisición—, se restituyó el poder y propiedad anterior de la Iglesia, se prohibió la prensa liberal y se permitió el regreso de los jesuitas. La persecución política se complicó por la ausencia de figuras delictivas, de manera que la Comisión de Policía y luego la de Causas del Estado a duras penas pudo actuar, resolviendo finalmente el rey sancionar personal y arbitrariamente a medio centenar de encausados como un déspota no sometido a la ley; entre los que fueron encarcelados destacaban figuras como Agustín Argüelles, Martínez de la Rosa o Manuel José Quintana. Mandó traer colecciones de cabeceras como La Abeja, Tribuno Español, Semanario Patriótico, Robespierre, Duende de los Cafés, Conciso, Redactor General o Universal para buscar y castigar a estos por defender libertades anteriormente. El propio duque de Wellington, un hombre muy conservador (“El comienzo de una reforma es también el de la revolución”), condicionó la continuidad del apoyo inglés a un cambio de la orientación política en cuanto a la represión, como haría años después el duque de Angulema, aunque los intereses estratégicos británicos en América pesaban más que los escrúpulos de conciencia. A comienzos de 1816 remitió la dureza y un decreto real se permitió aspirar a que “hasta las voces de liberales y serviles desaparezcan del uso común”. Se llegó a hablar de amnistía, pero esta no llegó nunca.

Realmente, la cuestión extrema de la represión expresa las posibilidades y contradicciones del momento. La restauración de las monarquías en Francia o España, después de sendas y distintas experiencias revolucionarias, en ningún caso podía suponer una vuelta sin más a la realidad previa. En nuestro caso, era el propio monarca el contrario a someterse a un control de los poderes intermedios (nobleza, clero, territorios, cofradías…) del que ya se habían liberado sus inmediatos antecesores. La ensoñación tradicionalista de una sociedad estamental unida por el viejo vínculo de protección a cambio de privilegios y dependencia vertical era imposible. Por ejemplo, la Hacienda estaba en quiebra tras la guerra, el caos y la revuelta social posbélica. Esto, unido a la progresiva pérdida de los recursos americanos (que ahora generaban a su vez cuantiosos gastos militares), no permitía seguir manteniendo a los estamentos privilegiados al margen del fisco. La Iglesia había perdido efectivos, cometidos y presencia durante la guerra, de manera que el Estado, en la lógica precedente, podía aspirar a hacerse cargo de algunas de sus funciones, como parte de la asistencia social (beneficencia entonces). Fernando VII volvió a lo anterior en muchos aspectos, pero no evitó caer en un claro regalismo: retener definitivamente en el Estado los señoríos jurisdiccionales (lo hizo a finales de 1819) o aceptar el sistema de “ministerios” inaugurado por su abuelo y Floridablanca con la Junta Suprema de Estado; al principio siguió con los secretarios de Estado y del Despacho, pero en 1823 ya instituyó formalmente un Consejo de Ministros. Todavía más: la política de gestos con los absolutistas se combinó finalmente con el recurso a reformistas como Martín de Garay, seguidor de Jean Baptiste Say y de Adam Smith, al que llamó a finales de 1816 para hacerse cargo de una Hacienda exhausta y con el que colaboraron algunos afrancesados.

La racionalización de los ingresos suponía tocar a la Iglesia y a los nobles con la contribución general sobre la renta que Garay estableció. A la vez, los señores trataban de cargar sobre sus dependientes los efectos del nuevo impuesto indirecto, los derechos de puertas. El descontento de los estamentos que apoyaban el autoritarismo del monarca se hacía evidente al establecer este inevitables medidas de reforma si no se quería ir a la quiebra. A la vez, el pueblo se veía también perjudicado por la doble presión fiscal y de reclutamiento militar (para acudir a América), y por la progresiva pérdida de control de sus recursos (comunales). Las proclamas apocalípticas de los reaccionarios no podían ocultar esa profunda contradicción: la reforma ilustrada llevaba a un callejón sin salida que a veces daba lugar a revoluciones, pero la combinación reforma-reacción generaba confusión entre los partidarios del monarca y del orden tradicional (y tradicionalista), porque no se hacía ni una cosa ni su contraria. En la siguiente etapa autoritaria fernandina volvería a repetirse esa contradicción, entonces con efectos más letales y divisivos para los absolutistas.

Antes, la irresoluble crisis (América, caída de ingresos, caos social y militar, mala dirección del país, cinco Gobiernos en seis años escasos…) fue el escenario para una sucesión de intentonas militares, todas ellas fracasadas al carecer de respaldo popular. Un Ejército insatisfecho y aspirante a representar a la nación, cuando en realidad, como señala Esdaile, se movía más por corporativismo e intereses personales. Finalmente, una de ellas, iniciada por Rafael del Riego, acabó venciendo la terquedad del monarca en el primer trimestre de 1820. Este no tuvo más opción que jurar su odiada Constitución y dar paso a una nueva etapa.

4. Aprovechar el temor y las contradicciones:
el Trienio Constitucional

La incapacidad de Fernando VII para dar respuesta a los graves problemas del país y para resistir al frente del poder de manera omnímoda fue otra vez lo que posibilitó el cambio de dinámica. El monarca, en su conocida e hipócrita declaración del 10 de marzo de 1820, antes de aquello de “He jurado esa Constitución por la que suspirabais y seré siempre su más firme apoyo. […] Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”, hacía notar los cambios habidos en ese tiempo inmediatamente anterior:

No se me ocultaba, sin embargo, que el progreso rápido de la civilización europea, la difusión universal de luces hasta entre las clases menos elevadas, la más frecuente comunicación entre los diferentes países del globo, los asombrosos acaecimientos reservados á la generación actual, habían suscitado ideas y deseos desconocidos á nuestros mayores, resultando nuevas é imperiosas necesidades; ni tampoco dejaba de conocer que era indispensable amoldar á tales elementos las instituciones políticas, á fin de obtener aquella conveniente armonía entre los hombres y las leyes, en que estriba la estabilidad y el reposo de las sociedades.

El corto trienio de 1820 a 1823 fue la primera oportunidad de desplegar un marco político constitucional en tiempo de normalidad; para empezar, estaba el rey al frente del país. A la vez, fue un periodo repleto de acontecimientos y procesos en el que se empezaron a dilucidar algunos pulsos que connotarían el tipo de revolución-reforma liberal que se llevaría a cabo en España. El primero de ellos es el que tenía que ver con el carácter de esa transformación, si lo sería solo político, propiciando así otro tipo de redistribución de los recursos entre los grupos poderosos y otro tipo de reglas de juego, o si lo sería también social, afectando a la situación de las clases populares, a su acceso a los medios productivos y políticos necesarios para su autonomía. Esa disyuntiva se tradujo ya en un combate entre sectores partidarios del cambio liberal que, sin embargo, discrepaban en el carácter del mismo, así como en su relación con el elemento popular y en la actitud que esperaban de este respecto del proceso. Sintéticamente, tenemos a un lado a la generación de “doceañistas”, individuos que ya contaban con la experiencia anterior de la guerra y de la hazaña constitucional, y que para estas horas disfrutaban de cierta reputación y éxito personal, partidarios de embridar el cambio mediante la tripleta propiedad-orden-centralización y de encontrar un espacio de encuentro con las élites tradicionales más dispuestas a la reforma. Al otro, los más jóvenes “veintistas” (o “veinteañistas”), todavía pendientes de ver hecho realidad su modelo de sociedad y partidarios de una aceleración del proceso que, al desestabilizar la hoja de ruta de los anteriores —por eso se les apelaría “exaltados”—, les propiciara una oportunidad. Del primer grupo iría surgiendo una facción liberal moderada, favorable a un cambio mediante reformas controladas desde arriba y capaz de mantener enhiesto el fiel virtuoso que media entre el orden y la libertad. El primer pulso en torno a la disolución del Ejército de la Isla, el que había dado lugar a la nueva situación constitucional, ordenada por el marqués de las Amarillas (Pedro Agustín Girón), la excepción absolutista del nuevo Ejecutivo, dio inicio a esa escisión dentro de los liberales.

Más allá de unos y otros, los reaccionarios, hostiles a cualquier transformación del Antiguo Régimen, optaron en este momento por la conspiración y el recurso a la violencia, renunciando a un juego político donde se encontraban en minoría y sin ambiente. Todas esas fuerzas y agentes se movieron en un dinámico frenesí, al calor de los cambios de poder y de la reacción a las contradicciones que se iban sucediendo, y donde no hay que perder de vista la posición dominante que todavía seguía reteniendo el desconfiado y nada fiable Fernando VII, que constantemente provocó y sometió a prueba y tensión a las autoridades constitucionales. Además, la nueva experiencia revolucionaria española, a la vez que animaba su reproducción en otros lugares (Nápoles, Sicilia, Piamonte, Portugal, e incluso influencias lejanas en tierras alemanas y hasta en Rusia), se encontraba vigilada por las potencias restauracionistas confabuladas en el Congreso de Viena de 1815-1816 y, en particular, por la Santa Alianza político-militar absolutista que, apelando al “derecho de intervención”, trataría de impedir cualquier brote liberal, traducido como “amenaza a la paz europea”. Finalmente, la emancipación de las colonias, que en estos años dieron lugar a los Estados de México (tras el Plan de Iguala), enseguida Perú y repúblicas centroamericanas, fue la constatación de que el cambio de soberanía efectiva del rey por la nación no constituía per se el bálsamo preciso para mantenerlas ligadas a la metrópoli. Bien al contrario, lo acontecido en este momento resultó determinante en la independencia del continente, entre otras cosas porque, como indica Portillo, aceleró ese proceso cuando el liberalismo del Trienio les pareció muy radical a los americanos, sobre todo en materia religiosa.

El Trienio reprodujo en pequeño toda una serie de estampas revolucionarias del tipo de las que se habían visto en Francia: un rey provocador, amagando con fugas, pronunciamientos y ayudas del exterior, aunque evitando repetir los errores de su tío Luis XVI; un pueblo urbano en la calle animando a la radicalización de un proceso que siempre veía en serio peligro; clubes de debate que mantenían viva la llama y protagonizaban momentos de resistencia revolucionaria; un ejército popular campesino antirrevolucionario distribuido por todo el norte del país, incluso con sus precarios poderes alternativos proclamados; un sector moderado demandando desde el Gobierno el final de la revolución, una vez que esta se veía estabilizada por las instituciones; un Ejército dividido, pero todo él aspirante a representar la esencia nacional y mucho menos estamental al haberse abierto el acceso a la oficialidad por mor de la guerra pasada; un alto y bajo clero instigando a la revuelta, con excepciones de entregados al radicalismo revolucionario; un pueblo, tanto exaltado como reaccionario, trasformado por momentos en protagonista y agente tractor de la historia; una violencia convertida en ascensor social y de propuestas; y unas furias en ocasiones extremas donde se destacaban ahora las antiabsolutistas, que lo mismo insistieron en castigar las “infracciones de Constitución”, con un decreto en abril de 1821 que abría paso, según Manuel Ballbé, a la futura militarización del orden público en España, que en confeccionar un Índice de Libros, como si de otra Inquisición liberal se tratara.

El contexto social y económico no había mejorado, y los miembros del primer gabinete, aquel “gobierno de presidiarios, mártires de la Libertad”, encabezado por Argüelles al que se vio obligado a recurrir Fernando VII, se aplicaron a asentar el cambio tratando de mantener al pueblo a una cierta distancia. El escenario de revolución sin demasiados revolucionarios era el que caracterizaba al país en ese instante. Antes de nada, comenzaron raudos por suprimir de nuevo la Inquisición, liberar presos por causas políticas y/o religiosas, proclamar otra vez la libertad de imprenta y proceder a nombrar ayuntamientos constitucionales. Además, la política de estos moderados trataba de reactivar los decretos de Cádiz para liberalizar la economía, articular un mercado nacional, propiciar el negocio y así recaudar, limitando de paso la presencia eclesiástica con la ley de supresión de órdenes monacales y reforma de las regulares (y anulación del fuero eclesiástico, colocación de clérigos liberales y nueva expulsión jesuita).

Pero todo eso se hacía con la precaución de mantener de nuevo controlada la expectativa popular. Otra vez, los de abajo no recibieron de los nuevos liberales oportunidades para mejorar su vida, más allá del alimento espiritual que en algunas ciudades propiciaban cada poco el entusiasmo revolucionario y su ritual colectivo. Los impuestos no bajaron y cuando lo hicieron, como la reducción a la mitad del diezmo eclesiástico, la situación hizo invisible el cambio al tener que monetarizar los recursos dispuestos para el pago; algunos otros, como los de consumos, fueron de ida y vuelta. Como concluyó Jaume Torras, las medidas fiscales liberales perjudicaron sobre todo a los campesinos más pobres y a las comarcas más atrasadas o en crisis. El reparto de tierras no llegó en suficiente número, ni las de las órdenes religiosas puestas en venta, ni las de los municipios, y ni siquiera las que iban a recompensar a antiguos combatientes patriotas. Los nuevos compradores de propiedades desvinculadas, ahora vistos como representación de la novedad liberal, subieron los alquileres. La demostración documental del señorío, a pesar del pronunciamiento de las Cortes favorable a los pueblos, quedó finalmente en un impasse jurídico que perjudicó a los campesinos. De esa manera, estos, que suspiraban por “baja en las contribuciones y tierras”, no tuvieron de ninguna de las dos. A cambio, la causa liberal hubo de refugiarse en las ciudades, con el problema que ello supuso.

Los furores que todo ello provocó —setenta y cinco motines en poco más de tres años— alimentaron indistintamente dos expresiones políticas, dependiendo del filtro interpretativo (ideológico) que dominara cada escenario. En diferentes ciudades fue más habitual el radical revolucionario, el que acabaron personificando los exaltados —un pueblo liberal empujando la versión más extrema del cambio—, en oposición a los moderados doceañistas, cada vez más gubernamentales y hasta acusados de concomitancias con el rey y con los reaccionarios. Cada gesto de aquellos los impulsaba reactivamente hacia la radicalización del proceso. A veces las coincidentes formas de la misma protesta social dejaron sin resolver el fondo ideológico de esta, como sucedió con una efímera comuna subversiva en Alcañiz, en octubre de 1821, tenida por republicana por una primera historiografía y, finalmente, por “protocarlista” al revisarse después su carácter. En sentido contrario, en grandes áreas rurales —de mayoría campesina, pero no solo, también artesanal urbana—, en Cataluña, País Vasco y Navarra, Castilla norte, las alturas del interior valenciano y aragonés o Galicia, la reacción antirrevolucionaria y religiosa fue constante. Lo fue desde los primeros momentos en que se trató de escenificar en las calles el regreso de la Constitución mediante sermones, lápidas, procesiones o representación de esta como “libro sagrado”. Domingo Basso, secretario de Decretos, junto con un grupo de clérigos, trató de sacar al rey de Madrid y llevarlo a Burgos para evitar que jurara la carta bajo pretexto de un complot republicano. La Junta Apostólica de Galicia agrupó a la contra a militares, clérigos, propietarios agrícolas y funcionarios desde el mismo pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan; enseguida lo siguieron otros movimientos similares. El pueblo reaccionario se sentía más seguro en la dependencia de la sociedad tradicional y teocrática, orgánica; también absolutista, a su manera.

Los liberales, se comprobó en el Trienio, no mejoraron su condición socioeconómica lo suficiente como para que el elemento popular modificara su cosmovisión. La protesta la seguía derivando ese pueblo por el conducto clásico y se dejaba conducir —no tanto manejar— por sus tradicionales autoridades religiosas, militares o señoriales, salpicando demostraciones que hicieran ver al rey lo penoso de su condición (o cuestionando la presencia en su territorio de la lógica constitucional). La eficacia de sus demostraciones no fue acorde a su número ni a su ubicuidad. Mantuvieron permanentemente viva la llama de la resistencia, pero sin dar lugar a incendios generalizados que desestabilizaran definitivamente la situación. Las partidas y revueltas locales, como aquella Insurrección Alavesa del Jueves Santo de 1821, que congregó hasta dos mil individuos en armas —expresión de una continuidad en el tiempo en toda la región de bandoleros y facciones realistas armadas, desde 1814, pero también de un claro respaldo popular—, fueron una a una sofocadas por el ejército. Alguna sonada conspiración, como la que inspiró el cura Vinuesa —secuestrar al Gobierno como “plan para conseguir nuestra libertad”—, acabó con él en la cárcel y luego en su brutal martirio a manos y martillazos de la turba liberal; en otra conjuración militar acabó en el garrote vil el general Elío y en una aplicación temprana de la “ley de fugas” el obispo Strauch y Vidal. El anticlericalismo, que ya venía de las críticas ilustradas del siglo XVIII, se incrementó extraordinariamente ahora debido a la actividad de los eclesiásticos en conspiraciones contra el régimen y contra el pueblo liberal, dando lugar a actos de barbarie.

Alguna intentona alentada por el mismo Fernando VII, como la de la primera semana de julio de 1822, cuando pretendió que su Guardia de Corps se hiciera con el control de Madrid, terminó en un “pulso de incapacidades” entre esta y la Milicia Nacional, ganada finalmente por el sector exaltado y que no sirvió sino para desplazar por completo a los moderados en la recta final del Trienio y alentar así la intervención exterior. Incluso el mecanismo juntista antirrevolucionario que, en agosto de 1822, desembocó en la constitución de una regencia en una Seo de Urgel liberada por el Trapense, primero guerrillero y luego monje cisterciense, fracasó por la división de sus jefes. El vizcaíno Eguía estaba más en la lógica francesa de Luis XVIII de ir a una reforma constitucional con el argumento central de una segunda cámara que atenuara el carácter de la nueva política, dando más prerrogativas al rey, hasta coincidir ahí con los moderados liberales de la Sociedad del Anillo, como Martínez de la Rosa o José María Queipo de Llano, conde de Toreno. La carta “constitucional” francesa —en realidad, otorgada— estuvo siempre como referencia posible por parte del sector más pragmático del restauracionismo europeo y español. Pero fue su oponente, el marqués de Mataflorida (Mozo de Rosales), quien consiguió articular y encabezar aquella regencia. Este se inclinaba más por la opción rusa de una vuelta al absolutismo; no en vano acabaría en las filas apostólicas. Lo acompañaron en la terna regente el obispo Jaime Creus Martí, un absolutista con convicciones, cercano del monarca y acérrimo de los poderes intermedios hasta cuestionar la nueva idea de nación común (“nadie nos hará olvidar que los catalanes somos catalanes”, como ya había dicho Aner en Cádiz, en 1810), y el barón de Eroles (Joaquín Ibáñez Cuevas y de Valonga), conectado con los austriacos y firme partidario del espíritu “renovador” absolutista: Creus era crítico con el despotismo ilustrado dieciochesco y Eroles un decidido defensor del orden foral clásico. Representaban, curiosamente, los tres brazos estamentales: un eclesiástico, un aristócrata y un jurista burgués que acababa de conseguir su título nobiliario. La acometida militar de Espoz y Mina contra las fuerzas comandadas por Eroles, las disputas entre Eguía y Mataflorida —partidario uno ahora de la doble cámara y el otro siempre de las Cortes por estamentos—, la actividad contraria del Gobierno español y la pérdida de confianza del francés acabaron con esa experiencia regente demostrando al Ejecutivo de Jean-Baptiste de Villèle y François-René de Chateaubriand que solo una intervención extranjera podría derrotar a los constitucionales.

La defensa del rey —de un rey que no se pronunciaba y que cambiaba constantemente de posición: una combinación de “dilación, desconfianza y enredo”— era lo único que unía entonces a los absolutistas, a los realistas. Era una derecha extrema que venía de las resistencias teóricas antirregalistas del tiempo de Carlos III, que se nutrió de experiencia militar peleando durante veinte años contra la Francia revolucionaria o la imperial, que se estabilizó, no sin alguna contradicción —el mismo carácter autocrático de Fernando VII o su recurso inevitable a Garay y los afrancesados para salvar la Hacienda—, durante la restauración fernandina y que ahora renunciaba por completo a la política y optaba por la conspiración, la violencia y la influencia del rey dentro y fuera del país. Aunque también aprovechó para publicar sus cabeceras: algunas viejas, como El Procurador General; otras nuevas, como La verdad contra el error y desengaño de los incautos. Desde mediados de 1821, el monarca se aplicó a controlar un movimiento contrarrevolucionario que había ido muy por su cuenta. Desde entonces se colocó en el centro de las actuaciones contra el constitucionalismo con la inestimable ayuda de su secretario particular, Antonio Martínez Salcedo, y sobre todo de Antonio Ugarte Larrazábal, un aventurero dotado para la conspiración y el engaño. Por encima de estos, junto al monarca, estaban su hermano Carlos María Isidro y su esposa (Francisca de Asís de Braganza), junto a Pedro de Alcántara, duque del Infantado. En Francia tenían a Eguía y al marqués de Mataflorida, cada uno por su lado. El objetivo era instar a la intervención exterior, generar conflictos en las localidades para desacreditar al régimen, mantener vivas las partidas armadas por toda la geografía y dirigir constantemente la opinión pública (e intoxicarla con infiltrados en las Sociedades Patrióticas o con noticias falsas). Como estudió Emilio La Parra, una “Confidencia Central General de la Corte”, a veces denominada “Junta Secreta” o “Principal”, dirigida por Ugarte, coordinaba células en las provincias al mando de párrocos, canónigos, militares retirados, hacendados y empleados públicos desalojados de sus puestos en 1820, y mantuvo activa la conspiración hasta los momentos de la llegada de las tropas francesas en auxilio del rey.

Pero, además de esta derecha extrema, la oportunidad del Trienio —a pesar de sus turbulencias, un momento para la política— perfiló otra bien distinta, moderada, ilustrada y liberal. Se nutría de esa base ideológica original, además de la experiencia vital y gestora de los afrancesados regresados por el decreto del verano de 1820 (hasta diez mil de ellos), y de la de los moderados horrorizados por las violencias exaltadas de ahora. Coincidían sobre todo en institucionalizar el proceso de cambio, conscientes de que, como dijera Antoine Barnave en la Francia de julio de 1791, “ya es hora de terminar la Revolución”:

Tiene que parar desde el momento en que la nación es libre y todos los franceses son iguales. […] Hoy, señores, todo el mundo debe sentir que el interés común es que la Revolución se pare. Los que han perdido deben darse cuenta de que es imposible volver a lo anterior y los que la han hecho deben apercibirse de que ella está en su último instante, que la felicidad de la patria, como su gloria, exige que no prosiga más tiempo.

El antaño jacobino pensaba que si la revolución daba un paso más sería para aniquilar la realeza, y el siguiente para cuestionar la propiedad. En España coincidían con su diagnóstico los también antaño doceañistas: Argüelles, Martínez de la Rosa, Muñoz-Torrero, José Canga-Argüelles, Eusebio Bardají, Manuel García Herreros o el conde de Toreno (cuñado de Rafael del Riego). Les unía la necesidad de oponerse a la rémora y al peligro del absolutismo, y la de contener al pueblo y sus demandas: todo para él, pero con poco de él, aunque eran conscientes de que sin su concurso la revolución no tenía pulso ni soporte. El mismo economista Álvaro Flórez Estrada, militante de la facción radical en estos años y muy crítico después con el expolio que para los campesinos supuso la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal, incorporaba a la agenda política en su exilio de 1818 una transacción con el rey que incluía la convocatoria de Cortes según la legislación de Cádiz, “sin perjuicio de que en lo sucesivo se nombre una Cámara Alta”. Era el “Plan de Cámaras” o Senado aristocrático que tanto se manejó en el Trienio. Los liberales tenían un cuerpo común de doctrina, pero las discrepancias por cuestiones estratégicas, más que sociales o de clase —el sentido último de la propiedad o el ritmo político de los cambios y su institucionalización—, les fraccionaron hasta el extremo. Resultaron incapaces de organizar algo parecido a uno o dos partidos liberales con los que actuar de continuo y acabaron haciéndolo a través de irregulares facciones. Los moderados preferían un escenario político limitado a las instituciones, que todos se retiraran a sus hogares, como terminaba Barnave; los exaltados seguían apostando por las calles agitadas, la Milicia Nacional, la prensa y las sociedades patrióticas (además de la masonería o luego el secretismo carbonario). La llamada “batalla de las Platerías” en torno a la figura mítica del general Riego escenificó ritualmente esa confrontación. Se repitió un siglo después, durante la Segunda República: unas autoridades revolucionarias amenazadas a la vez por una multitud exigente y por otra reactiva, por los excesos de unos y por la permanente conspiración de otros. El pueblo como oscuro objeto del deseo, imprescindible para legitimar en su nombre el proceso histórico que se emprendía: nada menos que la nación, pero en ningún caso como alternativa a lo institucional. Y enfrente, el pueblo reaccionario. Uno de aroma jacobino y el otro “vendeano”; uno en el límite del sistema y el otro fuera de él, pero ambos en su contra. Todo ello en un escenario de agitación que provocaba a cada momento (y con el regocijo regio) un argumento para la división y para el fortalecimiento de sus opositores absolutistas.

En mayo de 1822 se multiplicaron los focos insurrectos reaccionarios en un crescendo de presión que desembocó en la “semana de julio” y en la grave amenaza de golpe de Estado en Madrid, seguido de una radicalización del proceso. Desde finales de 1821, Fernando VII ya alertaba a las Cortes europeas de que “los republicanos adelantan descaradamente”. Era una exageración, pero el cuarto Gobierno del Trienio, encabezado por el exaltado Evaristo San Miguel y resultado de aquel pulso ganado por el pueblo liberal en la lucha por el control de la capital, era la confirmación de que con las fuerzas propias los realistas no iban a ser capaces de alterar el statu quo. El debate en palacio era entre monarquía sin limitación y monarquía moderada, capaz de “hacer el sacrificio de una parte de la autoridad absoluta”. El monarca no se pronunciaba abiertamente y el pueblo madrileño ahora triunfante no se planteaba el acertijo en esos términos. No había sitio para opciones intermedias, para aquel “Partido Moderado […] centrado amigo del orden”, como lo describía el historiador legitimista galo Jean-Baptiste Capefigue.

El cierre de las Cortes, al terminar junio de 1822, marcó el momento para el cambio. Las urgencias del rey condujeron al movimiento militar de julio —el operativo más ambicioso, junto con aquel de Vinuesa, coincidentes ambos en la intención de secuestrar a las principales autoridades del país y provocar una asonada realista—, que dio lugar justo a su inversa política. Con todo, la situación extrema en Madrid y pronto en la Seo de Urgel animaron a los franceses a buscar en la conferencia de Verona el plácet de las otras potencias para atravesar los Pirineos. La representación “española” la ostentó allí la regencia sediciosa. Se trataba de “poner fin a la amenaza en caso de que la noble nación española no encuentre por sí misma remedio a sus males”. San Miguel y los exaltados siguieron engañándose todavía durante algunos meses.

Vengan, vengan cuando quieran esos viles satélites de la tiranía: no tenemos miedo á sus bayonetas: en cuanto den el primer paso hacia la tierra de los libres, quinientos mil hijos de Padilla les saldrán al encuentro sobre las cumbres y en las encrucijadas de los montes cantábricos, para convertir aquellos accidentados y profundos valles en un inmenso pudridero de cuerpos humanos…

Cuando los Cien Mil Hijos de San Luis que conducía el duque de Angulema, sobrino de Luis XVI, primo de Fernando VII e hijo del futuro Carlos X, entraron sin resistencia por el Bidasoa —por Cataluña les costó más, por empeño de Espoz y Mina— les antecedió un Ejército de la Fe pagado por ellos que durante meses había intentado sin éxito enfrentarse al Gobierno. Sumaba hasta treinta y cinco mil efectivos, con divisiones militares fuertes en Navarra (dirigidas por Carlos, conde de España), Vascongadas (por el general Vicente Genaro de Quesada) y Cataluña (por el barón de Eroles). Francisco María Gorostidi, el guipuzcoano cura de Anoeta y canónigo de la catedral compostelana, ahora responsable militar de sus paisanos, resumió los motivos para alzarse en armas: “1º Defender la Religión católica amenazada de una destrucción próxima; 2º Conseguir la plena libertad del Rey en el ejercicio (sic) de su Soberanía; 3º Conservar los fueros y privilegios de esta Provincia”. Dios, rey, patria. Conforme avanzaba el de Angulema, se constituía en Oyarzun una Junta Provisional de Gobierno designada ya en Bayona. La presidía Eguía, con Eroles, Antonio Gómez Calderón y Juan Bautista Erro, sin Mataflorida. Enseguida dio paso a una regencia provisional en Madrid, que presidió el duque del Infantado (Pedro de Alcántara), que ya lo había hecho en 1812 y que pasaría pronto a dirigir el Consejo de Ministros. Era este un poderoso aristócrata, tradicionalista puro, aunque educado en la Ilustración y en el cosmopolitismo, al que las circunstancias llevaron al “partido” fernandino y al absolutismo más desprovisto de otra iniciativa que no fuera la de respaldar siempre la voluntad regia, como ratificación de un orden social en el que creía por completo. Acabó apartándose de Fernando VII —fue “el primer agraviado”— y hasta su hermano Carlos María Isidro le ofreció presidir el Consejo y la Cámara de Castilla cuando a la muerte de aquel se postulaba como candidato al trono.

El nuevamente restaurado monarca reiteró las intenciones de su autocracia, sin límites ni en la tradición ni en el viejo pacto estamental, como en el fondo de su ideología hubiera preferido Infantado: “[…] que desaparezca para siempre del suelo español, hasta la más remota idea, de que la soberanía reside en otro que en mi real persona”. Deshacía así el pulso que se estableció al final sobre si optar por una vía intermedia —del tipo de la carta otorgada francesa— o por otra extremista. Los franceses y la Grandeza de España estaban por la primera, “tan lejos de las intrigas de la arbitrariedad, precursora siempre de desastres, como de la inquieta anarquía”: el intermedio virtuoso, el poder del rey contenido. Todavía el ligero, más que traidor, conde de La Bisbal (Enrique O’Donnell), cuando se disponía a defender Madrid ante el avance de los de Angulema, trató de negociar sin éxito esa mediación, y por esos días Alejandro Oliván publicaba en esa línea su panfleto Sobre modificar la Constitución. Chateaubriand presentaba la carta así: “Habíamos preparado la fusión de los antiguos y modernos hábitos de España: los unos reencontraban en ello el pasado; los otros descubrían el futuro”; una década después se volvió al tema. Eguía la había defendido el que más, pero ahora, con Castaños, luego con el conde de España y finalmente con otros absolutistas, desautorizaba por completo cualquier aspiración que no pasara por, como escribió José Luis Comellas, “la observancia del Antiguo Régimen sin contaminaciones ni claudicaciones”. Las ordenanzas emitidas por Angulema en Andújar, tratando de evitar pasiones represivas por parte de los realistas, no pudieron hacer demasiado (tampoco los consejos al rey de Luis XVIII y hasta del zar ruso). La violencia política contra el enemigo de 1814 regresaba con Fernando VII y los suyos; el rey no tuvo de nuevo empacho en prometer olvido y reformas para pronto faltar a su palabra.

El escenario parecía un regreso sin más a ese pasado, y la represión restauracionista dibujaba de nuevo un panorama estereotipado y dividido en realistas victoriosos y liberales perseguidos, sin intermedios. Era, sin duda, la consecuencia del mucho “tragaleo”. Sin embargo, como se verá en el inmediato futuro, tres tendencias en la derecha política se empeñaban en persistir. Sintéticamente, se podría hablar de una tradicional-renovadora, legitimista, partidaria de las “reformas” para recuperar los plenos poderes del rey, pero contenidos estos por la tradición y el viejo pacto (hablamos del Manifiesto que los amantes de la monarquía hacen a la nación…, de Mataflorida, en 1822, y de Eroles, a pesar de sus diferencias); otra absolutista sin más, a veces partidaria de la voluntad del monarca sin limitaciones, a veces de una mediación del tipo de las cartas otorgadas (Eguía, el general Quesada, el conde de España); y una tercera a cargo de los moderados, que volverían otra vez a la corte de Fernando VII cuando la dura realidad amenazara con la bancarrota del país.

5. La Década Triste y la división de los absolutistas

“Son nulos y de ningún valor todos los actos del Gobierno llamado constitucional [y] declaro que en toda esta época he carecido de libertad”. Así de concluyente era el primer decreto del rey, el primero de octubre de 1823, todavía mientras los franceses resolvían militarmente en Cádiz el destino del país. A partir de ahí, se desató la represión durante un lustro largo de la mano de comisiones de depuración para “limpiar” de liberales la Administración y el Ejército en todas y cada una de las provincias, de una Superintendencia de Policía para perseguir sospechosos y de una Junta de Fe, remedo de la no repuesta Inquisición —la presión francesa lo impidió—, para implicar en todo ello al furor eclesiástico. Una Junta Secreta (o Reservada) de Estado elaboraba un Índice general de apellidos de desafectos, cuya acción a veces se confunde con una dudosa y fantasmagórica sociedad denominada El Ángel Exterminador, donde estaría implicado el obispo de Osma (Juan de Cavia), miembro de aquella regencia del duque del Infantado con Eroles, Gómez Calderón y el duque de Montemar (Antonio María Ponce de León), que tenía a Francisco Tadeo Calomarde de secretario. Los diputados que en Cádiz habían votado la incapacitación del monarca a propuesta de Antonio Alcalá Galiano fueron condenados a muerte, lo que animó a muchos y muy importantes a huir de nuevo al exilio: Martínez de la Rosa, Espoz y Mina, Álvarez Mendizábal, Argüelles, los hermanos José María y Ramón María Calatrava, el general Miguel Ricardo de Álava (mano derecha de Wellington), el duque de Rivas (Ángel de Saavedra), secretario de aquellas Cortes, que en la travesía desde Gibraltar a Londres escribió El desterrado, un ejemplo de ensayo romántico… Otros, como el general Riego —“una víctima sin nobleza, arrastrada al suplicio por verdugos sin entrañas”, escribió Benito Pérez Galdós— o el exguerrillero y luego militar Juan Martín, “el Empecinado”, pagaron con su vida de forma ignominiosa. Y otros muchos, como Muñoz-Torrero, pasaron años de presidio y allí fallecieron.

La entidad de la represión fue ahora mucho mayor que la de una década antes —aunque sigue siendo problemático hablar de cifras concretas—, y así lo atestiguaron desde el principio el recuerdo de los liberales y su identificación de ese tiempo como “ominoso”. Pero, sobre todo, la diferencia radica en que en esta ocasión no se improvisó y Fernando VII se empeñó en que la represión fuera más profesional e implacable. Jean-Philippe Luis ha señalado que así se pasó de un Estado absolutista a otro represivo, con entidades que anticipaban una futura policía, comportamientos característicos de la persecución política (listados, delaciones, infiltraciones, causas comunes para encubrir un acoso ideológico) y una general impresión de seguimiento a cargo de comisiones, policías, clérigos militantes y, finalmente, un cuerpo paramilitar (y parapolicial) ubicuo, como fueron los Voluntarios Realistas. El temor, la desconfianza y la completa falta de libertad hicieron de ese decenio un tiempo triste gobernado por el miedo. A pesar de eso, no faltaron los intentos de quebrar desde fuera la posición absolutista, combinando, como hizo Espoz y Mina o luego José María de Torrijos, la conspiración exterior con el “rompimiento” (la entrada de una fuerza armada en el país) y con el respaldo de una sublevación popular. Todo resultó un fracaso: al escaso entusiasmo popular por la causa liberal en ese instante vino a sumarse la eficacia preventiva del mecanismo represivo dentro y hasta fuera del país.

Pero, en aparente contradicción, ese tiempo conoció también algunas reformas del aparato del Estado que, alejado este del ritmo de modernización que vivían ahora países como Gran Bretaña o Francia, fueron suficientes como para dar cuenta de la crisis terminal en que se encontraba el régimen absolutista de Fernando VII y, de paso, para generar a pesar de su timidez las suficientes contradicciones entre los realistas que le daban soporte. En alguna medida, esta segunda restauración fernandina suponía una repetición amplificada de la primera, donde los factores represión y reforma malgré tout nos desvelan las diferencias que existían en la manera de ver las cosas entre los reaccionarios. Algunos cambios nos pueden parecer menores, pero no lo eran a los ojos de aquellos, por su significado profundo de limitación del poder del monarca, un axioma infranqueable. No lo era dar paso a un Consejo de Ministros, a finales de 1823, que, aunque tuviera por intención romper por completo con el pasado inmediato (disolver el Ejército y crear otro nuevo, “limpiar” toda la Administración previa y no reconocer la deuda del Trienio), formalizaba un cierto control de la arbitrariedad regia. Tampoco lo era el presupuesto, concepto doceañista (y antes de Bayona) rescatado en 1825 por el ministro y reformador de la Hacienda en toda esta década, Luis López Ballesteros, que también fue visto como límite a su autoridad, aunque ahora funcionara más como ejercicio contable que como mecanismo de intención política, publicidad y control. La complicidad de Ballesteros con las tendencias capitalistas de la época se confirma con la promulgación del Código de Comercio y la creación del Banco de San Fernando, en 1829, la constitución de la Bolsa de Valores de Madrid y la Ley de Minas, así como con el arancel de aduanas, la Policía de Costas y Fronteras, y la Ley sobre delitos de contrabando, piezas esenciales en la articulación del necesario mercado nacional español. Y otro tanto se puede decir de la creación de una Administración pública moderna, que iba de la clasificación de funcionarios a las bases de la división provincial que luego signó Javier de Burgos. Los dos, junto con Pedro Sainz de Andino, afrancesado también como Burgos, representan este momento intermedio donde las propuestas ilustradas —mucho más que liberales— a las que acudía Fernando VII trataban de evitar la crisis definitiva de la monarquía. Sin embargo, su importancia trascendió la coyuntura de oportunidad. Si a Cádiz le había sobrado nación y faltado Estado —en palabras de Portillo—, ahora se hacía lo contrario y se ponían las bases, como veremos, de una Administración moderna capaz, como decía Burgos, de conectar el ministerio con la choza más humilde. En ese intento había también una dimensión que acaba uniendo a los antiguos afrancesados con los futuros moderados, en su empeño por una solución administrativista que desproveyera de tanta política (y tanta posible ciudadanía) la gestión del país, cada vez más equivalente al Estado.

El recurso inevitable y decidido a sus oponentes políticos quedó expedito para la viuda de Fernando VII, y también la pugna entre realistas pragmáticos y extremistas. Porque por allí andaba ya Francisco Cea Bermúdez (y otros como Narciso Heredia, conde de Ofalia), bien relacionado un tiempo con el confidente del rey, Antonio Ugarte, pero enfrentado políticamente al absolutista radical Calomarde (y a Infantado, que le sustituyó como secretario de Estado, en 1825). La pieza de cierre sería la propuesta de creación de un Ministerio de Interior (o Gobernación), en 1832 —que acabaría dando lugar a otro más específico de Fomento dos décadas después—, enseguida con sus subdelegados provinciales, y que confirmaba la intención de dotarse de una voluntad centralizada y proactiva, capaz de articular sin autonomía ninguna al conjunto del país, funcionando como una mecánica jerarquizada al servicio del progreso administrativo y económico, algo ajeno por completo a la cosmovisión tradicionalista. Como bien señala Juan Pro, el imperio y su manera de gobernarlo desaparecían y se imponían necesariamente la lógica del Estado nación y sus fórmulas, que no eran otras que las que se ensayaban en la vecina Francia. Fernando VII trataba de salvar la Hacienda y el futuro del país reformando la Administración sin tocar la política, como si una y otra pudieran ir por carriles diferentes. Porque todo esto lo hacía a la vez que llevaba al patíbulo a Mariana Pineda, en mayo de 1831, símbolo de la continuidad represiva contra los liberales. Se trataba, entonces, de una suerte de “tercera vía” tecnocrática, con un pie en la lógica absolutista y otro en la reformista (y ya, por sus efectos prácticos, liberal), temerosa de suscitar la reacción de quienes desde la Corte y la tradición estamental podían entender que se les estaban alterando los escenarios.

Pero se dieron cuenta de ello. El retorno del absolutismo se hizo con inicial decisión. La política represiva y de depuración ya señalada se acompañó de la completa reorganización de un Ejército sospechoso de liberalismo y de su sustitución por otro casi ex novo. A la vez, se creó el cuerpo de Voluntarios Realistas, que, de la mano de José de la Cruz —otro ministro moderado, aunque acabara como carlista—, sirvió para reconducir y controlar las partidas alzadas, así como para encontrar la inversa de aquella Milicia Nacional defensora del constitucionalismo y dependiente de los ayuntamientos de ese signo, ahora también sustituidos. El nuevo cuerpo paramilitar sumó entre ciento veinte y doscientos mil efectivos, mucho más del doble que el nuevo Ejército reconstituido. Mientras, la seguridad del país venía a cargo de los cuarenta y cinco mil soldados franceses sostenidos por el erario público, que siguieron aquí hasta 1828.

Donde mejor se aprecia la importancia posterior de estos Voluntarios Realistas es donde más se perfeccionó su funcionamiento: en las Provincias Vascongadas y en Navarra. Aquí se llamaron Paisanos o Naturales Armados y su objeto era también “combatir a los Revolucionarios y exterminar la Revolución”. Como estudió José María Ortiz de Orruño, la dirección corría a cargo de las propias diputaciones absolutistas (Valde-Espina, Manuel Fernando Zavala y Valentín de Verástegui), al margen del Ejército (o del inspector general José María de Carvajal), alegando que era aquí donde primero habían surgido las partidas realistas o tercios. De ese modo, contaban con presupuestos propios (los de las haciendas forales), discurso político general y local, cargos institucionales en la dirección y legitimidad popular probada. Los Naturales Armados lo mismo actuaban en septiembre de 1827 contra algún eco local de la revuelta de los agraviats catalanes que tres años después contra la entrada de emigrados constitucionales venidos desde Francia al mando de Espoz y Mina. Cuando Fernando VII empezó a ver al final de su mandato que esos Voluntarios Realistas podían ser el germen de un Ejército opositor a cargo de su hermano, les redujo el presupuesto y depuró su dirección de absolutistas. Pero esto era algo imposible entre los Naturales Armados, que, gracias a los fueros, contaban con recursos y mandatarios propios, al margen del monarca.

El temor vino de resultas de los hechos de la segunda quincena de septiembre de 1832 en La Granja de San Ildefonso, cuando los partidarios del infante don Carlos, con Calomarde a la cabeza, trataron de forzar la futura sucesión de este al trono y de evitar la de la niña Isabel. Entonces regresó al Gobierno Cea Bermúdez y procedió a una batería de novedades: amnistía para los exilados liberales, reapertura de las universidades cerradas tras los hechos de julio de 1830 en Francia, manifiesto de la regente María Cristina apostando por la vía intermedia del ministro, renovación de los ayuntamientos, creación del Ministerio de Fomento (todavía bajo el nombre y prisma de Gobernación) e inicio del desarme de los Voluntarios. Era el inicio de una transición producida como reacción al mayor desafío por parte de los apostólicos, cada vez más identificados con don Carlos. Porque si la amenaza liberal externa era algo ruidosa, la importante era la interna realista. Empezó ya en 1824 con el descontento porque no se restituyera la Inquisición y no se recompensara adecuadamente a los realistas, además de que se adoptaran formas alejadas de lo tradicional e incluso se decretara una amnistía plagada de excepciones. Le siguieron levantamientos locales fracasados, como los de Joaquín Capapé, “el Royo”, en Zaragoza, Manuel Adame, “el Locho”, en Ciudad Real o Jorge Bessières en Sigüenza, algunos identificados ya claramente como “carlistas”, e intrigas palaciegas en torno a documentos que se trataban en el Consejo de Ministros; también políticas contradictorias, tan del gusto de Fernando VII: declaraciones de rigor absolutista, desplazamiento hacia los “reformistas” y atenuación de la represión. Todo ello se traducía en pulsos de poder entre las dos facciones realistas representadas en los más ultras (Calomarde, Infantado y José Aymerich, y el Consejo de Estado) y en los pragmáticos (Cea Bermúdez y el equipo de López Ballesteros). La salida del Gobierno de Infantado, en agosto de 1826, desveló la progresiva simpatía de este por don Carlos al confirmar que su rey no tenía proyecto y que, para mantenerse en el poder, se estaba entregando a los liberales; también mostró la reacción del monarca para deshacerse del desalentado aristócrata. Por los mismos días, Carlos escribía a su hermano reprochándole estar en manos de los “malos” y perseguir a los “buenos”. Incluso la esfera internacional reproducía esos enfrentamientos: en Portugal, la confrontación entre constitucionales y “miguelistas” por una cuestión sucesoria anticipaba la que pronto se repetiría en España, lo que animó a liberales y absolutistas a pelear en favor de sus respectivos bandos; los realistas se hicieron con el poder allí entre 1828 y 1834, en medio de una guerra civil.

La posición “centrada” del monarca generaba muchas contradicciones entre los suyos. En 1827 todo se descontroló. En ese año se conoció el Manifiesto de la Federación de Realistas Puros, en realidad, un libelo posiblemente de origen liberal que pretendía desestabilizar la situación, aunque señalaba los puntos críticos del gobierno fernandino para aquellos y manifestaba su clara preferencia por don Carlos. Alberto Gil Novales remontó a mayo de 1821 la primera referencia a este como alternativa al trono: el cántabro Mazarrasa fue exonerado en 1823 de una acusación por conspirar en su favor. Pero, como señaló Julio Aróstegui, no resulta creíble que un texto realista llamara a Fernando VII “estúpido y criminal […] verdadera calamidad para nuestra desventurada patria”. Apócrifo o no, coincidió con el descontento popular por razones de tipo socioeconómico unido al más ideológico de quienes no veían en esta segunda restauración ni la reposición de sus postulados absolutistas ni recompensas personales, lo que precipitó un regreso a la revuelta armada mediante partidas. El 11 de marzo comenzó en Tortosa una sublevación que se extendió por Cataluña durante medio año largo en dos fases divididas por la cosecha y que sumó entre veinte y treinta mil hombres de los Voluntarios Realistas de esa región y de las partidas dirigidas por líderes despechados. Si en la fase inicial primó la acción de guerrillas, la continuación la proporcionó el contingente de los Voluntarios movilizados corporativamente, capaces así de generar un enfrentamiento de cuerpos regulares de ejército. Es la llamada “revuelta de los agraviats” o “malcontents”. Sus objetivos los resumió en Berga la proclama de José Bosoms, un payés convertido en guerrillero en 1812 e insatisfecho tras su entrega realista en el Trienio: supresión de la Policía y restablecimiento de la Inquisición, depuración más profunda del personal de la Administración y del Ejército, intensificación de la represión contra los liberales —la exigua amnistía de 1824 los tenía enfurecidos— y concesión de más ventajas para los realistas “auténticos”. Un personaje de Galdós dibujaba así la impresión de este mundo: “[…] todo está, pues, del mismo modo: la religión por los suelos, la Inquisición por restablecer, los conventos sin rentas, los prelados sin autoridad”. Era una revuelta tradicional que buscaba otra vez que el rey Fernando tomase nota de la mala situación de sus súbditos, obnubilado como estaba por la acción perturbadora de una camarilla infecta de “masonismo y secta impía” (en realidad, la que encabezaba Calomarde).

La implicación de don Carlos y la apelación a él de los sublevados siempre ha sido un asunto confuso; incluso el carlismo, como señaló Jordi Canal, no insistió en este episodio como parte de su “prehistoria”. La crisis estructural de la sociedad y economía tradicionales movilizó a muchos campesinos y rurales, pero asimismo a artesanos y tejedores de cabeceras comarcales como Tortosa, Vich, Gerona, Olot, Manresa, Igualada o Figueras; en ciudades como Barcelona, los populares ya estaban en otro campo ideológico. El final de un mundo no encontraba estímulo sustitutivo en otro —es más, incluso le podían repeler sus consecuencias, como demostró el Trienio— y eso llevaba a muchos al movimiento apostólico (y luego al carlismo) en una suerte de “utopía de retorno” (o, al menos, de seguridad conocida de lo tradicional). El feudal era un sistema opresivo, pero, para estas horas, coherente; el que estaba aún en ciernes resultaba tan inexplicable como adverso en sus primeros efectos (“como madera a la deriva en la corriente del capitalismo temprano”). El movimiento se demostró extenso, aunque débil, por más que estableciera Juntas Superiores de Gobierno sucesivamente en Manresa y Cervera, o se expandiera levemente por Aragón, interior valenciano y País Vasco. El Ejército del conde de España lo liquidó sin problemas mientras Fernando VII visitaba la región, en septiembre. Resistió todavía un tiempo, pero en febrero de 1828 el fusilamiento de Bosoms y antes otros ajusticiamientos y deportaciones lo extinguieron.

La sublevación realista advirtió tanto al monarca como a los sectores interesados en el progreso material del potencial disolvente de la contrarrevolución. La burguesía catalana y la aristocracia terrateniente no dudaron en respaldar al rey y en ofrecerle su apoyo económico y político en su lucha contra los apostólicos, como señaló Irene Castells; luego lo harían igual con la Pragmática Sanción. La cuestión sucesoria suscitada en el último trienio de vida del monarca, al casarse ahora con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y tener una hija que desplazaba a su hermano Carlos María Isidro, empujó definitivamente a la “solución pactada” que se iba abriendo paso en los años anteriores y resolvió la espera de los absolutistas, que ya solo fiaban a una sucesión favorable o, de no ser así, a la guerra civil. La reina viuda no tuvo otra que echarse en brazos del liberalismo, sobre todo cuando los apostólicos recorrieron el viaje que los llevaba del realismo al carlismo (y a la contienda).

En las turbulencias por ganar esa guerra se dilucidó qué tipo de liberalismo se imponía en España, porque el absolutismo, como sucedió en toda Europa, tampoco fue capaz de frenar ni de hacer “retrogradar” los aires del siglo. A partir de ahí se asentarían dos derechas españolas, ya con trayectoria anterior. De un lado, las legitimistas o tradicionalistas, ligadas a ideas tan clásicas como la conjunción de altar y trono, a economías tradicionales perjudicadas por los cambios, tanto arriba como abajo, y empeñadas en una cosmovisión coherente con esos intereses socioeconómicos: comunidad orgánica, dependencia mutua, economía moral, subordinación a la autoridad del príncipe… Del otro, los liberales moderados, interesados en asentar las desamortizaciones y en los nuevos negocios del capitalismo (comercio, manufactura, especulación, concesiones y arrendamientos públicos, suelo, gestión agraria), en la racionalización de la vida y sus nuevas profesiones (jurídicas, médicas, educativas, técnicas, financieras…), y en las necesidades de abastecimiento del Estado. En todo ello confluían viejos ilustrados absolutistas, afrancesados, liberales doceañistas, partidarios de una monarquía “administrativista” y, sobre todo, los asustados por el furor popular, lo mismo da reaccionario que exaltado. Las adhesiones a uno u otro campo se sostenían siempre en una tríada argumental de tipo doctrinal-experiencial (ideología, religión, “lo sufrido”), económico (intereses) y emocional (cosmovisión). Como apuntaba Norberto Bobbio, “contrastes no solo de ideas, sino también de intereses y de valoraciones sobre la dirección que habría que dar a la sociedad”. En el caso español, la derrota de los antiliberales y la resolución del pulso entre sus contrarios llevarían al triunfo de la opción moderada liberal-conservadora, culminando todo ello a la altura de 1836-1837 y, definitivamente, en la primera década de reinado de Isabel II.

6. La guerra civil carlista y sus efectos

Convivieron, entonces, dos procesos totalmente interrelacionados: la guerra declarada por los partidarios de don Carlos y la respuesta y pulso de facciones en el bando liberal o cristino. La contienda comenzó el 3 de octubre de 1833 en Talavera de la Reina, cuando cuatro días después de la muerte de Fernando se alzaron los Voluntarios Realistas del lugar en defensa de la sucesión de su hermano. La motivación la resumió muy bien Valentín de Verástegui, máxima autoridad provincial alavesa:

La abolición de las ceremonias santas, la libertad de pensar; la inmoralidad; el desenfreno de todas las pasiones, la venganza, los robos, los asesinatos; la impunidad de los delitos, que de algún modo pueden servir para dislocar el orden social; la abolición de nuestros fueros y privilegios, y la cautividad de nuestras libertades patrias; en una palabra, la destrucción de los altares y la ruina de los tronos que el Sumo Hacedor tiene establecidos para el bien de la humanidad, tales son sin disputa los verdaderos designios de la facción revolucionaria, y tal es el estado fatal y el abismo de males en que esa vil canalla pretende precipitar a nuestra amada patria.

Lo que comenzó como una reproducción de la sublevación catalana de 1827 —partidas armadas y Voluntarios Realistas—, aunque esta vez con una extensión más amplia y ambicionando una dirección y objeto más precisos, cobró otra forma cuando en 1834 diferentes jefes y unidades del Ejército optaron por don Carlos. La lista es larga: Vicente González Moreno, el que traicionó a Torrijos; Nazario Eguía, sobrino del realista Francisco; Juan Antonio de Zaratiegui, que dirigió años después la Guardia Civil; Joaquín Elío, sobrino del general que apoyó a Fernando VII en Valencia en 1814; el conde de España; Miguel Gómez, que condujo la expedición de su nombre; el apostólico José Ignacio Uranga, Bruno Pérez de Villarreal y Juan Antonio Guergué, sublevados ya en la Insurrección Alavesa de comienzos del Trienio; Francisco Benito Eraso, el hacendado navarro que dirigía allí los Voluntarios Realistas; el fiel servidor de don Carlos, Ignacio de Negri; el príncipe luso Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza; Carlos O’Donnell, hermano de Leopoldo, el futuro presidente del Gobierno con la Unión Liberal; el brigadier riojano Basilio Antonio García; Santos Ladrón de Cegama, que sublevó a los Voluntarios Realistas de aquella provincia y fue enseguida pasado por las armas en Pamplona; el vizcaíno Cástor Andéchaga, que no se perdió ninguna de las guerras civiles del siglo; José María de Orbe y Elío, marqués de Valde-Espina, ya citado como ejemplo de los dirigentes institucionales vascos y navarros pasados a la sublevación y jefes también de tropas (como Verástegui); el brutal Ramón Cabrera, que casi sin dejar los hábitos eclesiásticos se vistió los castrenses; el noble burgalés Juan Manuel Martín de Balmaseda, de similar catadura; y, por supuesto, Rafael Maroto. Sin ser militares, algunos como Joaquín Abarca (obispo de León) o Juan Bautista Erro tuvieron gran importancia política en este momento. Pero, por encima de todos, destacó en un primer momento Tomás Zumalacárregui —luego convertido en héroe multiusos, de semántica política esquiva: carlista, franquista y abertzale—, sobre todo en las Vascongadas y Navarra, porque la línea del Ebro repartió las zonas de control de lo que ya era una guerra civil con formaciones regulares enfrentadas y haciendo gala de una brutalidad extraordinaria. Menéndez Pelayo habló “de tribus salvajes lanzadas al campo de las primitivas edades de la historia, guerra de exterminio y asolamiento, de degüello y represalias feroces”. Algunas fuentes suman casi doscientos mil muertos —Antonio Caridad da una horquilla entre cien y trescientos mil—, en un país de poco más de doce millones de habitantes.

El ya carlismo volvía a ser un movimiento reactivo, a la contra, y por eso heterogéneo a todos los efectos y solo aglutinado a partir de sus experiencias anteriores (el Trienio, la segunda restauración fernandina, incluso otras más pretéritas), de su elección por el pretendiente —adornado de la doble legitimidad de origen y de ejercicio, a diferencia de su rival— y de su convicción absolutista extrema, “sin contaminaciones ni claudicaciones”; también de la respuesta a los movimientos contrarios de los liberales: violencias anticlericales, desamortizaciones, gobiernos progresistas. En cuanto se entraban a discutir estrategias políticas o militares, o disquisiciones doctrinales, las divisiones emergían. Funcionó mejor donde más se mantenían las estructuras tradicionales, incluyendo las propias autoridades locales, como en el caso vasco o navarro, y donde permanecían vivas esas referencias, aunque estuvieran sometidas a profunda erosión, y operaba a la vez implacable el “techo de cristal” socioeconómico del Antiguo Régimen, su crisis estructural, como en Cataluña o en el interior valenciano y aragonés.

También fue determinante la eficacia del “tres en uno” que conformaban el clero y los militares retirados (o con licencia “ilimitada”), el elemento popular rural (o de pequeños y medianos núcleos) no solo campesino y una élite normalmente nobiliaria que no tenía por qué ser Grande de España, pero que localmente tampoco era irrelevante (por ejemplo, Domingo de Caralt en Mataró, Mazarrasa en Cantabria o los Varona en el oeste alavés). La base social del “país carlista” (la Navarra central), según estudió Juan Pan-Montojo, la componían dos tercios de campesinos (y algunos jornaleros), un décimo de eclesiásticos, un porcentaje algo menor de artesanos y de rentistas, y otro todavía más reducido de empleados y administrativos, y de militares. En cuanto a sus dirigentes, de los cien de entonces que estudió Antonio Caridad, siete eran de la alta nobleza y treinta y cinco de la baja; casi la mitad pertenecían a los estamentos privilegiados. Pero lo determinante no era tanto su condición nobiliaria como la antigua militar, que en ocasiones se sumaban:

El retrato robot del jefe carlista es el de un hombre de entre 25 y 45 años al empezar la guerra, nacido en un pueblo de tamaño medio, que había luchado en la guerra civil del Trienio y que al morir Fernando VII era un militar apartado del servicio o un jefe del cuerpo de voluntarios realistas. Más de un tercio de los líderes absolutistas había luchado también en la Guerra de la Independencia, por lo que tenían una amplia experiencia militar. Muchos de ellos, aunque no la mayoría, pertenecían a la baja nobleza, lo que, junto con sus campañas anteriores, les daba un cierto prestigio entre sus vecinos y les facilitaba reunir hombres para rebelarse.

Esa fórmula representaba mejor que ninguna otra la confianza de los carlistas en la sociedad estamental. Se sumaba a ello una doble circunstancia: allá donde crecía la proporción de religiosos por número de habitantes (como en Navarra o en las Vascongadas, con uno por cada 179 frente a uno por cada 577 en el conjunto de España, en 1840) o la de esos antiguos militares resentidos o apartados del Ejército se incrementaba y hacía más eficaz la sublevación y resistencia posterior carlista. “Aunque los líderes del carlismo pudieran tener ideas conservadoras —remata el anterior estudio—, en la mayoría de los casos la rebelión tuvo más que ver con motivos laborales que con razones ideológicas o intereses de clase”. Además, en algunos lugares, como en esa misma región vasconavarra —o en otros como anhelo nostálgico por lo perdido hacía mucho: los territorios del viejo reino de Aragón— cobró progresiva fuerza la defensa de los fueros, como expresión más acabada de un mundo puesto en peligro. Lo decía muy bien el vizcaíno Pedro Novia de Salcedo: “Jamás ha existido una monarquía pura y absoluta sin provincias y clases privilegiadas, las que sirven de baluarte inexpugnable contra las ideas democráticas”.

Los siete años que duró la guerra y la presencia en España del pretendiente propiciaron en el bando alzado un transcurrir hacia estructuras que asemejaran un Estado alternativo, con su Corte y consejos a la vieja usanza, pero también con su Junta Consultiva dirigida por el obispo Abarca desde Gran Bretaña, el Ministerio de Guerra y el de Estado —ocupados por el conde (Luis Penne) de Villemur y por Carlos Cruz Mayor, luego relevado por Erro, que también se dedicó a la Hacienda; de otro de Gracia y Justicia se ocupó el obispo y luego Miguel José Modet—, con el Ejército, y con los Gobiernos provinciales vasconavarros enfrentados a los oficiales, y que dominaban buena parte del territorio al margen de las ciudades. El Cuartel Real estuvo en Durango, en Tolosa y en Oñate, donde se abrió su universidad y se editaba en la también Real Imprenta la Gaceta Oficial y luego el Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, que dirigía el rector Miguel Sanz Lafuente. Aunque el espacio de control más permanente estuvo en aquella zona del país, por momentos también fueron capaces de instalar con Ramón Cabrera una Junta auxiliar gubernativa, con su Boletín del Ejército correspondiente, y jurisdicción en comarcas de Aragón, Valencia y Murcia. El carácter del carlismo y de la guerra en Cataluña lo hicieron más complicado, aunque en el verano de 1837 hubo una Real Junta Superior Gubernativa del Principado, con sede en Berga, y que acabó encabezando el conde de España (allí publicaron El Joven Observador y El Restaurador Catalán, y trasladaron la universidad de Cervera a Solsona, con el anterior rector Bartomeu Torrabadella al frente).

Las implicaciones internacionales fueron también importantes, pero su influencia en la guerra no resultó decisiva: tras la revolución de 1830, que dejaba a británicos y franceses del lado contrario de las monarquías absolutistas del centro y este de Europa, y el final de la guerra civil portuguesa, los tres países suscribieron con el Gobierno español un acuerdo de colaboración (Cuádruple Alianza). La guerra en España fue representación de una confrontación ideológica internacional, lo que llevó voluntarios (hasta treinta mil) y recursos a las dos partes. Con todo, ambas fuerzas y sus respectivos ejércitos no se reconocieron mutuamente, lo que está detrás de unas violencias propias de quienes se veían entre sí como usurpadores, alzados o revolucionarios; traidores o bandidos, en definitiva. El carácter ideológico de las violencias de retaguardia no contribuyó a mejorar esa relación y hasta la mediación humanitaria internacional se interpretó como error por los gubernamentales.

La amenaza carlista interfirió directamente en el devenir de la España cristina. Cuando sus fuerzas parecían llegar a la misma capital en 1836 y 1837, de la mano del general Gómez y luego del propio don Carlos, con la Expedición Real, se multiplicaron las especulaciones acerca de un posible entendimiento entre estos y los cristinos más moderados. A la vez, eso exasperó al liberalismo más exaltado provocando reactivamente una radicalización del proceso político. Cuando los militares liberales como Baldomero Espartero se hicieron cargo del control de la situación, es cuando sus homólogos carlistas, descreídos ya de una posible victoria, dieron paso a una solución transaccionista, la que encarnó Maroto, consistente en el respeto a sus empleos militares y en la continuidad de los fueros. Igualmente, la necesidad de ganar la guerra extremó las medidas liberales en un determinado momento, tanto las referidas a una desamortización de bienes buscando el acopio de recursos para la Hacienda como la elección por un tipo de propiedad que pudiera aunar a los viejos y nuevos detentadores de esta, grandes aristócratas y emergentes burgueses, y convertirlos en la base social del nuevo régimen. Finalmente, las furias anticlericales tenían que ver con la respuesta a la adhesión carlista de buena parte de los eclesiásticos y con la necesidad de fijar sin más debate los resultados de la desamortización eclesiástica.

En ese sentido, la derecha moderada liberal alternó momentos de hegemonía con los exaltados —enseguida identificados ya como progresistas—, de quienes acabó muy alejada tras esta intensa experiencia. Comenzaron las cosas cuando la inviabilidad de un cambio que solo consistiera en reformar la monarquía absolutista cerrando el paso al liberalismo forzó la sustitución de Cea Bermúdez por Martínez de la Rosa. La regente se había visto obligada a suscribir la intención muy limitada del primero en el manifiesto de octubre de 1833:

Mantendré religiosamente la forma y las Leyes Fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas. La mejor forma de gobierno para un país es aquella a que está acostumbrado. […] Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha […] serán la materia permanente de mis desvelos.

De la Rosa, por su parte, el hombre que representó el tránsito entre el viejo y el nuevo tiempo, dio paso a aquella carta otorgada de la que tanto se habló en el Trienio —él mismo especuló con ello en su Gobierno de 1822— como posibilidad intermedia entre absolutistas no herméticos y liberales moderados. Solo el pragmatismo de quien fuera llamado “Rosita la pastelera” lo podía hacer posible. Presionaban en esa dirección elementos tan diversos como el influyente marqués de Miraflores o el general realista y ahora cristino Genaro de Quesada. En España, en 1834, se llamó Estatuto Real: un documento otorgado por la regente, sin declaración de derechos, limitado a la convocatoria de unas Cortes a mitad de camino entre estamentales y electas, pero mediante un sufragio muy restringido, con una Cámara Alta de próceres designados y con una concentración de poderes en la Corona que a duras penas dejaba entrever el futuro de soberanía compartida de esta con las Cortes. Si antaño se formuló como solución, ahora llegaba a destiempo, sin convencer a los extremos entonces protagonistas de la crisis (exaltados y carlistas) y con los moderados haciendo de él su exclusiva bandera, frente al criterio más integrador de su inspirador. De manera que duró poco. En solo un año se desató una sucesión de pronunciamientos de la Milicia Urbana con demostraciones brutales de anticlericalismo, asesinato de curas y frailes, y quema de conventos, la versión de retaguardia de los excesos que se producían en los frentes y a los que trató de conferir alguna mesura y humanidad un convenio animado por el diplomático inglés Edward Granville Eliot (o Elliot), en abril de 1835. La revuelta de los sargentos en el palacio de la Granja de San Ildefonso, administrada gubernamentalmente por José María Calatrava, vino a radicalizar más el proceso, que había visto ya la emergencia del progresista Álvarez Mendizábal, convertido en “dictador” por un tiempo, y que desembocó en la nueva Constitución de 1837, que reformaba la de 1812, repuesta tras aquel movimiento militar.

Curiosamente, y a pesar de la tensión de ese instante —la guerra, la amenaza carlista cerca de las ciudades y de la propia capital, las violencias habidas y la pugna entre facciones cristinas—, o quizás por eso mismo —la presión internacional, la necesidad de no crear división en medio de la contienda—, la de ese año fue una carta consensuada entre liberales progresistas y moderados; lógicamente, con los absolutistas fuera de esa dinámica. El carácter transaccional lo recogió Jaime Balmes en el extendido comentario de que había sido hecha por los progresistas, pero con los principios de los moderados; Bartolomé Clavero, más crítico, dijo que era “una poda de la de 1812”, y el progresista Salustiano Olózaga seguro que veía en ella las posibilidades reales del utilitarismo pragmático que profesaba. Aparecía ya el principio doctrinario de la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, muy del gusto moderantista, así como una vocación de elasticidad de la carta que propició su modificación (o alteración) años después por otra claramente moderada, la de 1845. Incluía por vez primera una declaración de derechos y libertades, y de igualdad de acceso a empleos y cargos, todo muy en línea con la mirada burguesa que tomaban los cambios (propiedad, institución del jurado, unidad de códigos…). No declaraba al Estado confesional, pero sí a los españoles —no prosperó una declaración explícita de libertad religiosa, como pidió el ministro de Justicia, José Landero—, y asumía las cargas del clero en compensación por las desamortizaciones llevadas a cabo en la propiedad eclesiástica. Se ratificaban las dos cámaras que abrió el Estatuto Real y la ley electoral permitió ampliar un sufragio definido como censitario. También, como entonces, cobró más peso institucional la figura del monarca, con capacidades para convocar y suspender cámaras, nombrar y deponer ministros, e iniciativa legislativa y derecho de veto. Se reconocía de facto la responsabilidad de los ministros y del Gobierno ante las cámaras, lo que confería un carácter moderno al Ejecutivo. El Gobierno local y provincial era por elección popular de sus representantes, aunque quedaba abierto para la disputa si los alcaldes se designaban desde ahí o desde el Ejecutivo, el caballo de batalla de progresistas y moderados.

La Constitución de 1837 fue la primera en España —y única hasta la de 1978— que intentó no ser de partido, no ser de medio país contra el otro, no forzar a los descontentos al campo del antisistema (salvo a los alzados carlistas, en este caso) y contener la competición política del lado de la ley. En ese sentido, fue todo un avance constitucional que se explica por la debilidad de las dos facciones liberales y por su temor a la situación bélica; Artola posiblemente exageró al afirmar que los siguientes textos, hasta 1931, no fueron sino una copia corregida de esta. Por eso, en cuanto se normalizó la situación, se cambió en beneficio particular de los ganadores, los moderados. Mientras, los sucesivos regentes, María Cristina y Espartero, poco partidarios ambos de la “política de partidos”, pusieron en marcha los aspectos más críticos de la carta, los que facultaban a la Corona a disolver a voluntad las cámaras y a fabricar mayorías en estas mediante la falsificación del sufragio. Así comenzaba una costumbre de gran trayectoria que la futura Isabel II todavía profundizó, si cabía hacerlo. Fue la versión local de la cosoberanía de las Cortes con el rey o reina, alejada aún de la puridad de la monarquía parlamentaria, y de la doble confianza: el Gobierno tenía que conseguir la de las Cortes y la del monarca.

El carlismo, la versión legitimista española, la monárquica tradicional y católica, fue derrotado militarmente con el Abrazo de Vergara que se dieron el último día de agosto de 1839 Espartero y Maroto (y al que siguió otro en el parlamento entre Olózaga y el ministro Isidro Alaix). Los dos generales habían coincidido en Perú y trataron en vano de convencer a Fernando VII de que concediera algún tipo de autonomía a los americanos sublevados. Pero el carlismo, con anterioridad, al alzarse en armas y dar lugar a la guerra civil, había perdido en el terreno político. El acuerdo fue resultado del desgaste militar y de la división dentro del tradicionalismo, finalmente identificada con el movimiento Paz y Fueros del escribano guipuzcoano José Antonio de Muñagorri, una operación puesta en marcha en la primavera de 1838 por una junta de moderados exilados en Bayona: el conde de Villafuertes (Manuel José de Zavala), el marqués de la Alameda (Íñigo Ortés de Velasco), Pascual Uhagón y José María Vidarte, en connivencia con el comisionado gubernamental Vicente González Arnao. El movimiento fue un fracaso porque no logró sublevar contra sus jefes carlistas a ninguna unidad militar, pero resultó muy útil al terminar la guerra porque sus argumentos los usaron los fueristas para asegurar la continuidad revisada del fuero.

En el seno de los carlistas el final resultó muy crítico, pues Maroto hubo de emplearse a fondo contra sus oponentes, acudiendo incluso a ejecuciones sumarísimas de algunos de sus generales y jefes, como los fusilados en Estella el 18 de febrero de 1839 (Francisco García, Pablo Sanz, Juan Antonio Guergué, Teodoro Carmona y Francisco Javier Uriz). El llamado “partido marotista” debió enfrentarse a una permanente presión por parte de los carlistas más contumaces, muy fuertes hasta el final en algunos sectores de su ejército. La mitad del centenar de sus jefes principales acompañó al exilio a su pretendiente, junto con unos treinta mil soldados y sus familias, entre ellos un buen número de clérigos y sacerdotes; del resto, solo una docena de transaccionistas se acogieron al reconocimiento de su rango y pudieron integrarse en las filas cristinas, aunque su jefe máximo, Maroto, no lo hizo. Un año y tres meses después de Vergara, el Gobierno dio la primera amnistía, que animó a volver a casi la mitad de exilados, a la que siguieron otras dos y un indulto, hasta llegar a la definitiva de 1848 que permitió regresar de Francia a todos los que quisieron hacerlo y también su incorporación al Ejército para todo tipo de oficiales y jefes carlistas; todavía hubo otras dos más en 1849 y 1857.

Tras el fracaso de la Expedición Real, en octubre de 1837, se abrió una profunda brecha en el carlismo. El pretendiente modificó la composición de su gabinete para dar más fuerza a los ultras enfrentados a los transaccionistas: Juan Antonio Guergué en lo militar y José Arias Teijeiro en lo político representaron esa deriva. Lo siguió una purga que afectó a nombres importantes, como Zaratiegui, íntimo de Zumalacárregui, el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, Bruno Villarreal y Simón de la Torre. Pero a mediados de 1838 era Maroto en quien depositaba su confianza militar don Carlos, en perjuicio de Guergué y de Teijeiro, que también fue sustituido por el marqués de Valde-Espina como ministro de la Guerra. Los fusilamientos de Estella representarían el punto álgido de tensión en el pulso mantenido entre apostólicos, que dominaban muchos sectores y territorio, y transaccionistas, ahora al frente del poder carlista. La crisis de febrero llevó incluso a una confrontación entre el pretendiente y Maroto (que por momentos fue depuesto como traidor), debilitó interna y externamente la credibilidad de su causa, dio pábulo a todo tipo de rumores y movimientos sediciosos y conspirativos, y obligó incluso a una nueva remodelación ministerial. La amenaza de guerra civil dentro de su propio campo fue patente (“querer evitar que se disparara un solo tiro entre nosotros”, así justificó don Carlos los zigzagueos de entonces). Desde el verano de 1839 se aceleraron las conversaciones, con el comandante naval inglés John Hay de árbitro. La demanda de continuidad foral cobró fuerza en este instante, lo que venía a representar los intereses transaccionistas más evidentes entre los sectores vizcaínos y guipuzcoanos carlistas, pero también los de las élites moderantistas vascas, enseguida identificadas como fueristas. La preservación de los empleos militares y la amnistía también estaban en el pliego de Maroto, además de unas imposibles Cortes estamentales y de una recurrente solución de matrimonio entre la niña Isabel y un hijo de don Carlos, que pusiera algún fin a la parte dinástica del conflicto. Todo esto en mitad de acusaciones de traición y de una evidente distancia entre el núcleo transaccionista de Maroto frente a las tropas navarras y alavesas, y también las que en el centro y este de la península habían tomado cierta entidad de la mano de jefes como Cabrera (ya entonces conde de Morella y popular “Tigre del Maestrazgo”) o el conde de España (que enseguida cayó en desgracia extrema y fue asesinado por los suyos). A pesar de su declinante resistencia, los opuestos a Vergara todavía se mantuvieron activos hasta que en julio de 1840 la salida del país de Cabrera junto a sus huestes puso el punto final definitivo a la contienda. Antes había marchado el rey con toda su Corte.

El carlismo perdió, pero no desapareció. Bien al contrario, le esperaba una larga historia por delante, tanto en forma de nuevas guerras como en el ámbito más sosegado de una cultura política capaz de competir en el terreno y con las reglas de sus oponentes, y de relacionarse con sus vecinos ideológicos en la lucha continua contra sus antítesis: ahora la revolución liberal, mañana la democrática, después la social, finalmente un mundo global sin raíces ni anclajes. El derrotado carlismo, recogiendo la anterior tradición absolutista antiilustrada, la antirrevolucionaria, la realista y la apostólica, y uniendo su destino a una facción dinástica tan inconstante y problemática como la que prosperó como oficial, se convirtió con el tiempo en la expresión legitimista más longeva y consistente de Europa. La causa de esa resistencia la vio Jordi Canal en el par de pares adaptación/inconcreción y adhesión/reproducción. Como veremos, un escuálido y poco exigente ideario le permitió sobrevivir a los cambios y seguir siendo válido como referente de quienes opinaban a cada momento como aquel segundo vizconde de Falkland: “Cuando no es necesario cambiar, es necesario no cambiar”. Para ello, mejor disponer de un pilar trino —“Dios, Patria y Rey”— que exhibir un complejo ideario. A la vez, su condición de amalgama más experiencial o actitudinal que ideológica —“un modo de ser”, “una actitud más que una doctrina”— le permitió vincular territorios y grupos sociales diversos y relativamente cambiantes en torno a esas pocas ideas, casi impresiones, claramente vivencias y luego tradiciones relatadas. Su disposición constante a enfrentarse a las sucesivas fases de la Modernidad (y a sus males) le facilitó reproducirse generacionalmente en núcleos comunitarios donde no necesitaba hacerse con el poder, sino solo seguir operando decisivamente como contrasociedad. “Don Carlos fue, ante todo, una bandera en torno a la cual se aliaron todos cuantos se oponían a la Revolución”, resumió Carlos Seco Serrano, quien añadió que la ideología del infante era “de una simplicidad llena de candor”.

Pero, además, tampoco se disolvió como cultura política. A pesar de lo brutal de la contienda civil, enseguida fue recuperado para la política, con partidarios situados tanto en la Corte como en las facciones más reaccionarias del Partido Moderado. El numeroso exilio, con la Corte del pretendiente, las representaciones encomendadas por este o la que por sí mismas suponían personajes de la talla de Cabrera mantuvieron viva la referencia. A su vez, el progresivo regreso del exilio de miles de anteriores soldados vueltos a sus actividades ordinarias devolvió cierta normalidad a la situación de ese mundo. Su intervención política abierta y oficial no existió, tanto por razones doctrinales como estratégicas. Los carlistas no podían aceptar la lógica electoral porque esta se soportaba en dos argumentos antagónicos de los suyos: la soberanía nacional y la división de poderes (con limitación del absoluto que asignaban al monarca). Entendían la sociedad como un conjunto de sociedades y no como un todo más o menos uniforme sobre el que pudiera actuar una Administración; y, mucho menos, si esta quedaba representada en un Parlamento y era controlada por él.

Por otra parte, tampoco habían articulado ninguna estructura de intervención política similar a un partido. Como mucho, la sociología carlista se limitó a identificarse con un medio de prensa titulado gráficamente La Esperanza, que desde el otoño de 1844 dirigió durante veinte años Pedro de la Hoz, hasta convertirlo a mediados de siglo en el diario de mayor circulación en España, algo que quizás respaldaba la creencia propia y ajena de que los carlistas eran la opción con mayor base social del país. Desde el primero de marzo de 1844 salía en Madrid El Católico, primer periódico carlista, que comenzó con esta afirmación: “No puede haber sociedad sin religión, ni puede haber más de una religión verdadera”. Un par de opúsculos de entonces, como recoge Canal —La España en la presente crisis, de Vicente Pou, y Las Leyes Fundamentales de la monarquía española, del mercedario Magín Ferrer—, establecían el criterio político entre sus huestes. A la vez, con la identificación genérica de católico-monárquicos, como sus cabeceras de prensa, los carlistas actuaban individualmente a nivel local y en algún caso colaboraban con otros grupos prestándose apoyos a determinado candidato; alguno fue tildado de carlista, como Juan Crisóstomo Vidaondo, elegido con la mitad de los votos emitidos en Navarra en septiembre de 1844 y que una década atrás había dirigido el Boletín del Ejército del Rey Nuestro Señor Don Carlos. La actitud habitual fue por ello expectante, dentro de un retraimiento estructural, ideológico, no de oportunidad, aunque, como veremos, su cercanía a la facción más moderada del moderantismo, la encabezada por el marqués de Viluma (Manuel González de la Pezuela y Ceballos), las simpatías manifiestas de algunos importantes pensadores reaccionarios, como Balmes o Donoso Cortés, la recurrente actividad de las partidas alzadas y hasta de algún militar pronunciado, y el aprovechamiento de “ventanas de oportunidad” con motivo de revoluciones domésticas o internacionales hicieron del carlismo un sujeto político colectivo a tener siempre en consideración.

El país de los ganadores de esa guerra civil era el liberal, que de entonces hasta el ecuador del siglo definió su carácter local y sus facciones, en el contexto general homologable a lo que pasaba al mismo tiempo en Europa. Los pasos fueron en la dirección de asentar unas clases propietarias, tanto nuevas como viejas renovadas, todas al calor de la liberalización y venta de los bienes hasta hacía poco amortizados y vinculados a las “manos muertas”, y unas clases medias como base socioeconómica del nuevo sistema, enseguida identificado como isabelino. Desde muy pronto empezó a hacerse estructural la inestabilidad de los Gobiernos, debido al personalismo, a la acción de grupos y familias, y a la inconsistencia de los todavía precarios partidos, la difícil transición de un Ejecutivo a otro de diferente color político por la vía legal y electoral, así como el fraude de esta última práctica y la interferencia constante de la regente. Otra vez, el intento ahora de los moderados de aplicar una nueva legislación municipal en línea con su intento de intervenir los ayuntamientos desde el Ejecutivo y limitar la participación y el control de los ciudadanos de las instituciones locales animó una revuelta juntista, en el verano de 1840. Mal respondida por un frágil Gobierno y peor resuelta por María Cristina, al final esta entregó la dirección del país al héroe militar y ahora político Espartero (en octubre de aquel año como jefe de Gobierno y en mayo siguiente ya como regente).

Sin embargo, en ese agitado segundo lustro de los años treinta se produjo la ruptura del liberalismo español en sus dos facciones moderada y progresista, y con ella el comienzo definitivo de la política de partidos. Al fracaso del Estatuto Real siguió una acumulación de cambios jurídicos y también de violencias y confrontaciones de retaguardia y guerra. La regente era la menos indicada para conducir, o amparar al menos, un proceso de reforma desde arriba que diera acomodo a las dos futuras facciones. Muy al contrario, enseguida prefirió limitar su relación a los moderados, lo que empujó a los progresistas a optar por la fuerza del pueblo en ocasiones críticas. En la primavera-verano de 1836 se formó el núcleo parlamentario constituyente del moderantismo español: Francisco Javier de Istúriz, Alcalá Galiano, un joven Manuel Bertrán de Lis y el duque de Rivas, bien asistidos en lo organizativo y político por Andrés Borrego, y en lo ideológico por Donoso Cortés. Se hizo por agregación de renegados, “antiguos volterianos arrepentidos en política”, como escribió Menéndez Pelayo. Entonces, con sucesos como el motín de La Granja, es cuando acumularon la mezcla de odio y temor al pueblo —y por ende al progresismo, que echaba mano de su concurso—, que luego convirtieron en una de las bases de su política: la exclusión por peligrosa de esa facción liberal, vista como una amenaza para el orden social y, de paso, como un competidor al que convenía desplazar en la disputa por el favor de las clases medias. Lo que primero era reacción enseguida se reconvertía en estrategia política: se identificaba a un partido como el de la revolución y a otro como el de Gobierno. Su futura obsesión por el orden y su deriva autoritaria nacían también de esas premisas. El trienio de regencia esparterista posterior y la experiencia del exilio de notables jerarcas moderados no hicieron sino reafirmarles en esos criterios. De este modo, en el escenario del liberalismo posrevolucionario europeo, a un lado quedaba en España el progresista y al otro el conservador, con un océano de incomprensión entre medias. “Un abismo de ideas y también un abismo de sangre”, como se lamentó el futuro puritano Nicomedes-Pastor Díaz. Dos proyectos de Estado liberal y burgués francamente incompatibles.

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Capítulo 2

MÁS ORDEN QUE LIBERTAD (1840-1874)

La nueva realidad política española, sustitutiva definitivamente del Antiguo Régimen que habían arrumbado las pugnas de los primeros cuarenta años del siglo, se identificó enseguida en el espacio conservador con una derecha liberal no muy distinta de otras europeas en ese tiempo. Cuando en 1879, con setenta y seis años a cuestas, ya se veía superado por otro discurso y enseguida por una nueva generación de políticos, Pedro Egaña, el representante vasco ante la Corte de Isabel II, ministro en un par de ocasiones, senador y diputado por Álava, y diputado general de esa provincia, dio a la imprenta un pequeño folleto titulado El Moderantismo. Con él pretendía recordar y hacer valer la trayectoria de ese Partido Moderado cuando el conservadurismo canovista llegaba para desplazarlo y remitirlo al olvido de la historia. Interesan sus notas como expresión de la mirada del inmediato pasado que hacían quienes protagonizaron los inicios de la política moderna española allá por el ancho ecuador del siglo XIX, entre 1840 y 1868.

Todo habría empezado para él con el “afrancesado y anárquico código de 1812”, que habría separado primero a liberales y absolutistas o serviles, pero enseguida, en el Trienio Liberal, a moderados y exaltados de aquel signo. Entonces surgieron los medios de prensa templada, como El Universal o El Censor, dirigido por el sacerdote Sebastián Miñano y donde escribían Alberto Lista, José Mamerto Gómez Hermosilla o el traductor de Jeremy Bentham, Ramón de Salas (todos ellos, por cierto, con pasado como afrancesados). La voz moderada se oía en las Cortes por boca sobre todo de Martínez de la Rosa, Toreno o Nicolás María Garelly. Fue la primera vez en que se mostraba una política que enlazaba lo pasado con lo presente y conciliaba el orden con la libertad. Aparecían ya los dos principios impulsores favoritos de los moderados: el primero como fundamental necesidad irreemplazable; el segundo como “espuela de racional progreso”. Y en tan corta trayectoria se apreciaba ya el carácter gubernamental del moderantismo, que se consolidó en 1834 de nuevo de la mano de Martínez de la Rosa, quintaesencia de liberal entendido como partidario del sistema representativo y enemigo de la revolución, y no como interpretaba Egaña después de 1868: como amante de la libertad de cultos, enemigo del poder temporal del papa y partidario de un progreso indefinido. Con el Estatuto Real, los moderados habrían “naturalizado” la política desde el gradualismo de las reformas, copiando la fórmula británica que en 1810 había perseguido infructuosamente Jovellanos desde la Junta Central. Pero el estatuto fue impugnado por los revolucionarios —los de la parte liberal; a los carlistas los denominaba “revolucionarios de hacia atrás”— con las violencias anticlericales y con motines como el de La Granja (en agosto de 1836). Egaña habla aquí de “grupos de caníbales”: la experiencia de radicalización del proceso de cambio a mediados de los años treinta ejerció en muchos liberales el efecto del Terror revolucionario en Francia, abocándolos al moderantismo. A pesar de hacerse los exaltados con el Ejecutivo en una “espantosa hecatombe de carne humana”, la Constitución de 1837 les habría sido dictada por los de Egaña, al contener rasgos como “el gran principio de la unidad católica”, el veto e irresponsabilidad del monarca y leyes particulares para los territorios antillanos y filipinos al aplicarse un “principio de especialidad” (lo que privó de la garantía de derechos y libertades a sus poblaciones al quedar al margen de la Constitución y no desarrollarse la legislación singular prometida).

Por supuesto, los moderados habrían estado detrás del Convenio de Vergara que puso fin a la guerra carlista, con Evaristo Pérez de Castro y con Lorenzo Arrazola, “alma y verdadera cabeza directora de aquella situación”. El fuerismo de Egaña quedaba aquí patente, lo mismo que su reaccionarismo cuando tomaba a Ofalia como “primer hombre de Estado que ha tenido España en el presente siglo”. Pero cuando el final de la contienda podía haber dado paso a un productivo periodo de paz —“¡Desdichado país de árabes!”—, los liberales vencedores se enfrentaron entre sí con la excusa de una nueva Ley Municipal que Egaña solo aprecia en su legalidad formal, pero no en lo que suponía de desequilibrio en la recién estrenada cultura política española; el mismo motivo y crisis que empujaron a Espartero —bête noire de estos moderados— a hacerse con la regencia de María Cristina. La contradicción le resultaba ahí plástica: “Un Gabinete que da la paz a España” y “un general, caudillo de la hueste progresista, que se levanta en armas contra lo resuelto por las Cortes y lo prescrito en la Constitución”. Luego vino el pronunciamiento de octubre de 1841 contra el general, urdido por la anterior regente y su turbio marido, Fernando Muñoz, duque de Riánsares, y con el general Ramón María Narváez (y Leopoldo O’Donnell y hasta Juan Prim) e Istúriz, Alcalá Galiano y Borrego al frente. Se vuelve a la cantinela de la “Corona secuestrada” para justificar la respuesta de los moderados más retrógrados contra los progresistas instalados en el poder; ahí estaban en el complot las Diputaciones Vascongadas de Egaña o los carlistas preocupados con el cumplimiento de la parte militar del acuerdo de Vergara. El pronunciamiento fue respondido con eficacia y desactivado, aunque dio tiempo a los alzados para constituir un Gobierno fantasma alternativo. De semejante atrevimiento dio cuenta con su vida Manuel Montes de Oca, así como algunos de los generales implicados, como Diego de León y Cayetano Carlos María Borso di Carminati; O’Donnell y Manuel (Gutiérrez) de la Concha huyeron al exilio, de donde no se había movido Narváez, en la sala de máquinas del golpe. Egaña cambia el carácter de esos levantamientos y, equiparándolos al que tres décadas después se produciría en Sagunto, habla de “restablecimiento del derecho constitucional y dinástico”.

Y es entonces cuando el “jefe militar del partido histórico”, el moderado, Ramón María Narváez, restauró la monarquía y “devolvió al Trono la plenitud de sus derechos”. Egaña pasaba de puntillas sobre los motivos de la crisis de mayo de 1843 y de la alianza coyuntural de los moderados, la mayoría de los progresistas (encabezados por Joaquín María López y Salustiano Olózaga) y hasta los nacientes demócratas y republicanos en contra de aquel “general del pueblo”: el bombardeo de Barcelona por Espartero, el 3 de diciembre de 1842, lo desautorizó entre los suyos. Y ahí comenzaba el tiempo del Partido Moderado, cuando los ofuscados progresistas confirmaron que el éxito de su oposición a Espartero era también el comienzo de su declive político, a la vez que la emergencia de un despotismo muy superior al que acababa de sufrir el país. Lo empezaron a comprobar con el corto y autoritario Gobierno de Luis González Bravo (o Brabo), que “limpió” de opositores políticos la llegada en triunfo al Ejecutivo del famoso “Espadón de Loja” (Narváez).

Entre mayo y noviembre de 1843 se desarrollaron unos acontecimientos que marcaron para el futuro la historia y la política del país. En el primero de los meses referidos se desató el movimiento militar y político de amplio espectro que apartó a Espartero de una regencia que pretendía prolongar unilateralmente. Fue el primero de los pronunciamientos decisivos de ese ecuador del siglo; después vendrían los de 1854, 1856 y 1868, siempre con Narváez, Espartero, O’Donnell y Prim de por medio. Los conservadores consideraban la del 43 como la única de las revoluciones plenamente justificada en la historia de España. Conseguido el empeño común, el Gobierno provisional del general Francisco Serrano y Joaquín María López aceptó la presión moderada para que Isabel se hiciera cargo de la Corona anticipadamente y así evitar la crisis abierta en la cúspide del Estado. Sucedió el 8 de noviembre y resultó un error histórico de los progresistas. Entregaban a una niña de trece años a su círculo cortesano, del que ya se había apartado al tutor Agustín Argüelles y a Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina, designados por Espartero en su regencia (e incluso al poeta Manuel José Quintana, predicador local del patriotismo liberal y redactor de los informes sobre educación de 1813 y 1822 que se recuerdan por su nombre); en sentido contrario, regresaba ahora la marquesa de Santa Cruz (Josefina Téllez de Girón), los oídos y los ojos de María Cristina en palacio.

Incluso la extraña condición de tutor de quien a la vez era presidente del Gobierno, Olózaga, no hizo sino complicar la situación. Este pretendió que la influencia sobre la joven reina mudara del palacio al Gobierno, pero eso mismo lo convirtió en la víctima propiciatoria para el escándalo habido el 28 de noviembre. Ese día, el presidente consiguió la firma regia para un decreto de disolución de unas Cortes que no le eran partidarias. El documento signado no tenía fecha. Olózaga pretendía abrir un tiempo nuevo de auténtica política liberal, para lo que pensaba en una amnistía, en la movilización ciudadana en torno a los ayuntamientos y la milicia, y en la reorganización del progresismo, ahora peligrosamente dividido en facciones. Como señaló Francisco Cánovas, Narváez, Pedro José Pidal, Donoso Cortés y otros dirigentes moderados reaccionaron de forma contundente ante una iniciativa que podía dar lugar a un sistema poco adecuado a sus intereses. De manera que orquestaron un escándalo a partir de la sospecha de que Olózaga habría forzado a la reina a firmar su decreto de disolución. Lo ocurrido entre aquellas cuatro paredes nunca se pudo conocer a ciencia cierta, pero Olózaga fue exonerado en la doble acepción del diccionario: fue liberado de su culpa en el debate parlamentario que discutió su caso y fue destituido de su cargo. Es así como los progresistas se vieron privados del Gobierno gracias a una intriga palaciega que se apoyó, además de en su inestabilidad parlamentaria —habían ido a las elecciones en coalición con sus contrarios—, en la ausencia de escrúpulos de la dirección moderada y en la contradicción en que aquellos se habían dejado encerrar: como señala Jorge Vilches, desde Espartero quisieron construir un modelo de reina en la senda de la welfare monarchy, la “reina inocente como garante de la felicidad nacional, y la prenda más segura de la paz”, que dijera Joaquín María López. Llegados a ese punto crítico, aquella inocencia jugó en su contra: era más fácil descreer de Olózaga que de la niña.

Lo que, a pesar de su importancia, no deja de ser un incidente —el “incidente Olózaga”, se llama—, sentó las bases de la política futura. La facción más reaccionaria de los moderados (Narváez, Donoso, María Cristina y Riánsares) demostró que no tenía límites en su ambición de hacerse con todo el poder: podía aceptar el descrédito general si ello suponía tener el mando (hasta el primer ministro francés, François Guizot, referencia para algunos de sus correligionarios españoles, les hizo ver que ese comportamiento comprometía para el futuro la dignidad y posición de la Corona). Su convicción de que la dirección del país les pertenecía, incluso por el propio bien de este, era capaz de desbordar modales políticos. Por su parte, los progresistas fueron expulsados así del juego limpio de la política y condenados a regresar al Gobierno solo mediante conspiraciones y procedimientos ajenos a la legalidad. También por eso, por exclusión del contrario, el Moderado se veía como “el partido de[l] Gobierno”. Incluso Olózaga quedó marcado por todo ello y debió tomar la senda del exilio durante unos años. Y si las bases del movimiento conjunto de 1843 habían sido reina, Constitución del 37 y olvido de rencillas entre los dos grandes campos políticos, en solo ocho meses se habían quedado casi sin nada de ello. De paso, la camarilla de palacio, la Corte, se consolidó como lo que había venido siendo: un importante núcleo de poder reaccionario. La intriga cortesana se instaló por encima de la opinión pública, y las decisiones y gestos de la Corona se conformaron como interferencia constante en el juego político. El “incidente Olózaga”, como sentencia Isabel Burdiel, además de fecha real de inicio del reinado isabelino, se conformó como símbolo de todo él y de todos sus vicios.

1. Los moderados construyen las bases del Estado

El carácter político y social, y en buena parte jurídico, que adquirió la revolución-reforma liberal en la España del XIX se fijó en ese ancho ecuador de siglo y lo hizo de la mano de los moderados, con especial protagonismo del general Narváez. La Década Moderada comienza a la vez que la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II y su acceso al trono, en noviembre de 1843; el regreso a España de la anterior regente y su influencia sobre la reina fue su complemento necesario. González Bravo, con su “Gobierno puente”, fue el artífice de ese regreso, a pesar de las procacidades que había escrito sobre María Cristina en su mocedad liberal. También fue responsable de la dura represión de algunos pronunciamientos progresistas (como el dirigido en febrero de 1844 por el coronel Pantaleón Boné en Alicante y otros posteriores), de la restitución de la Ley Municipal de 1840, de la reforma de la Policía, de la disolución de la Milicia Nacional y de los primeros pasos legales para su sustitución por un nuevo cuerpo paramilitar, la Guardia Civil. Narváez se hizo cargo del Gobierno en mayo de 1844 y permaneció en él hasta enero de 1851, con algunas interrupciones. Después del Bienio Progresista tendría lugar su segunda jefatura, con tres Gobiernos hasta la Revolución Septembrina de 1868. Entonces, González Bravo, “mozo de talento, de arranques y de brío”, de nuevo en funciones de secuaz suyo, no le hizo otro preámbulo como un cuarto de siglo antes, sino un epílogo, aunque con el mismo tono dictatorial.

Francisco Cánovas diseccionó el carácter del Partido Moderado. Entre los años 1837 y 1844 habría vivido su prehistoria, su etapa fundacional, de manera que enseguida de la primera llegada al poder de Narváez podían apreciarse en su seno dos y hasta tres facciones o grupos. El bloque principal venía de la tradición liberal y lo formaban los doceañistas junto con los más avanzados que, con el paso del tiempo, se habían atemperado coincidiendo precisamente con los momentos de dominio exaltado. El temor que produjeron las violencias y la radicalización de los procesos políticos —también la imagen del pueblo alzado y peligroso para sus intereses materiales— los disuadió de sus creencias originales, lo mismo da que contemplaran esas escenas en su refugio francés que en su propio país. “A cada sacudimiento que ha ocurrido, se ha desprendido una nueva porción del partido revolucionario y pasó al moderado”. Sin llegar a los extremos de González Bravo, conocido como “el hombre de las apostasías”, la nómina de los que empezaron en la facción más exaltada para recalar después en el moderantismo resulta interminable: Martínez de la Rosa, Toreno, Istúriz, Alcalá Galiano, el propio Narváez, Pidal y hasta Cándido Nocedal (o el futuro Antonio Cánovas del Castillo). Llegó a tanto la cosa que los moderados teorizaron una explicación, de manera que la experiencia reconducía inexorable y positivamente las primeras abstracciones y excesos hacia una consideración más templada de la vida y de la política. Posiblemente, se trataba sobre todo de que una vez conseguidos algunos de sus objetivos fundamentales —ya se tratara de ideales políticos o de intereses personales o de grupo— era más necesario y práctico proteger la continuidad de estos frente a quienes los cuestionaban o pretendían llegar más lejos que suspirar por los que faltaban y ponerlo así todo en peligro.

Este sector mayoritario, la referencia por excelencia del moderantismo, estuvo liderado por Narváez, Pedro José Pidal y el duque de Rivas, otro antiguo exaltado y autor señero del romanticismo español con obras como Don Álvaro o la fuerza del sino. Otros nombres de entidad fueron Alcalá Galiano, Alejandro Mon, Luis José Sartorius, Ramón Santillán, Borrego, Martínez de la Rosa, Donoso Cortés (marqués de Valdegamas), Cándido Nocedal (en su segunda etapa política personal), Luis Mayans, Antonio Benavides, Francisco Agustín Silvela (padre del futuro político del mismo nombre), los generales Manuel Pavía y Miguel Ibarrola, aristócratas como Oñate (Diego Isidro de Guzmán), Frías (Bernardino Fernández de Velasco), Peñaflorida (José Justiniani), Miraflores (Manuel Pando Fernández de Pinedo) o Abrantes (Ángel María de Carvajal), y negociantes como Nazario Carriquiri, Manuel Gaviria, Juan de Grimaldi y el conde de Retamoso (Juan Antonio Muñoz), hermano del duque de Riánsares, el marido de la regente María Cristina, al que autores como Burdiel o Pro otorgan un papel preeminente en esta trama. Representaron aquí el liberalismo doctrinario que tanta importancia adquirió en Francia de la mano del filósofo Pierre-Paul Royer-Collard (y Victor Cousin) y luego del jefe de Gobierno Guizot, introducido en nuestro país por Andrés Borrego; Guizot era amigo personal de Toreno. También bebían en algunos aspectos del utilitarismo de Bentham —“Al pueblo se le atribuye una aptitud para elegir a los gobernantes, pero no para gobernar”—, aunque este pensador sería políticamente mucho más avanzado que ellos; no digamos ya su sucesor, John Stuart Mill, un liberal radical rayano a veces en el socialismo, pero que también vivió su giro conservador a mediados de siglo al reconocer que las clases instruidas eran más racionales y previsoras que el resto.

Bentham y Benjamin Constant (o Montesquieu, Auguste Comte y Friedrich Karl von Savigny o el ecléctico Antoine Desttut de Tracy) fueron referencias habituales en El Censor, el periódico de este sector en el Trienio Liberal. Allí se anunciaba ya el tipo de liberalismo que tan en boga se pondría en los años siguientes: oligárquico, escéptico y cauteloso de las estridencias demostradas por la democracia social. Martínez de la Rosa —precisamente quien confesaba haber cambiado la lectura del abate Emmanuel-Joseph Sièyes por la de Bentham— lo decía bien al llamar “pueblo verdadero” a “los pacíficos propietarios, los artesanos industriosos, las clases más útiles de la sociedad”. Como resume Gómez Ochoa: “Se trataba de hacer una revolución conservadora, de superar el absolutismo y el Antiguo Régimen eludiendo producir grandes trastornos, y de dar paso a un sistema que consagrara el acceso al poder de la burguesía sin riesgo de desbordamiento popular”. Una revolución conservadora, en buena medida continuadora de la Ilustración más avanzada (Jovellanos, Cabarrús o León de Arroyal). Por supuesto, Edmund Burke sería autor de cabecera de la facción más retardataria de estos moderados, los seguidores del anteriormente citado marqués de Viluma, conocidos como “vilumistas”, pero sus prevenciones ante cualquier revolución, cambio o innovación radical ejercían general influencia en un liberalismo conservador antiilustrado, más empirista que racionalista, antropológicamente pesimista, religioso y comunitarista (a la vez que celoso de la libertad individual), respetuoso de las tradiciones (historicista), y furibundamente contrario a las ideas de igualación y de soberanía popular. Todo esto ocurría en consonancia con el giro producido en el liberalismo europeo del momento.

Por eso, la traducción local de esos influjos no fue una política distinta de la de otros lugares. Básicamente, se puede sintetizar en el fortalecimiento del poder de la Corona, una idea de soberanía compartida entre esta y las Cortes —en palabras de Artola, la monarquía parlamentaria de Cádiz daba paso a la constitucional que dominaría en adelante—, bicameralismo, desplazamiento del protagonismo del pueblo hasta impedir que este se conformara como agente político, elitismo, sufragio censitario, síntesis pragmática entre tradición y progreso, y una obsesión sobre todo teórica por el justo medio (el juste milieu) entre orden y libertad que se tradujo en la práctica en una preocupación constante por el orden público, en perjuicio de las libertades individuales y ciudadanas, y en beneficio de la idea de autoridad. Las libertades y los derechos, más allá de su genérica invocación como principios liberales, se vieron constantemente suspendidos o minorados en su aplicación. El orden público, el “estado pacífico”, se reivindicó a la usanza de Thomas Hobbes como condición inexcusable para los negocios y el buen discurrir de la economía, lo que de nuevo fortaleció una concepción muy autoritaria del poder y muy pacata del liberalismo.

El primer Ejecutivo de Narváez, en mayo de 1844, fue exponente de esta política. El gabinete recogía entonces elementos de prestigio de ese partido: Mayans en Gracia y Justicia, Mon en Hacienda, Pidal en Gobernación y el presidente del Consejo de Ministros ocupándose también de Guerra, con el general Francisco Armero en Marina (que lo fue hasta cinco veces y que, con Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, que lo sería hasta en siete, reconstruyó aquella Armada inexistente desde Trafalgar); Viluma estuvo unos pocos meses en Estado, siendo rápidamente sustituido por Martínez de la Rosa. Duró casi dos años y se pusieron las bases y caracterización de lo que en el futuro sería el moderno Estado español, el salido del cambio liberal, para lo bueno y para lo malo. El programa de acción se contenía en una resolución publicada el 18 de mayo. Ahí estaba todo, menos la reforma tributaria, que aparecería en el Discurso de la Corona del 10 de octubre. Todo, por supuesto, al margen del Parlamento, que solo pudo discutir la reforma constitucional y la tributaria. Detrás se apreciaba la influencia de juristas y administrativistas formados en Francia, en la estela de Javier de Burgos, como Alejandro Oliván o Francisco Agustín Silvela. Como destaca Tomás-Ramón Fernández, todo estaba en la Gaceta en los cinco primeros meses de mandato moderado.

Así, el Ejército (y la Marina) fue radicalmente transformado para cumplir una función posrevolucionaria después de concluida la primera carlistada. No había a la vista grandes empresas exteriores, aunque ya en 1847 el general Concha (Manuel) encabezó una intervención en Portugal para reforzar a la reina María y dos años después hubo otra en Italia con Fernando Fernández de Córdoba para reponer a Pío IX al frente de los Estados Pontificios. Con todo, el objetivo era dotarse de una defensa suficiente para la política internacional y, particularmente, dispuesta para la nacional, para la doméstica. El Ejército siguió viéndose como un mecanismo que asegurara el orden interior, si hasta hace poco acechado por los carlistas, enseguida también por los movimientos populares y sus protestas. Los cuarteles se fueron ubicando en los entornos urbanos, en sus afueras, aprovechando muchas veces propiedades desamortizadas de la Iglesia o nuevos terrenos desocupados. El Ejército se modernizó por la vía de reducir su contingente permanente, que todavía sumó unos 85.000 hombres, de los cuales unos diez mil eran de la oficialidad, insistiéndose así en el problema del sobredimensionamiento de esta. Un ejército de reserva que duplicaba esos efectivos quedaba para una eventual intervención exterior. Los sueldos se incrementaron, se accedió a nuevas dotaciones, mejoró también la vida en los cuarteles y, aunque el gasto militar se disparó, su carga en las cuentas estatales menguó su porcentaje (del 37% del trienio 1840-1843 al 16,5% de los años sesenta).

El Gobierno moderado se aseguró así el apoyo de la corporación militar y a la vez asentó otra insoportable carga para el elemento popular: la recluta se reducía en contingente y tiempo (de ocho a cuatro años de servicio obligatorio), pero se mantuvo la exención económica discriminatoria (los llamados “soldados de cuota”), razón por la que el “¡Abajo las quintas!” se sumó enseguida como grito reivindicativo al “¡Abajo los consumos!”. El servicio militar, lejos de ser la escuela de ciudadanos que pretendía el discurso patriótico liberal, se convirtió en otra losa para los más desfavorecidos. En todo caso, la militarización administrativa del Estado, muy distinta de la lógica de las milicias anteriores, necesitó de una extensión de este a todo su espacio territorial, sin intermediarios de ningún tipo, lo que conllevó un esfuerzo tanto estadístico y logístico como de presencia y de eficacia coactiva. El proceso de estatalización que comenzaba ahí, el control efectivo del territorio y de sus ciudadanos, la cartografía social, era el reverso duro de otro de nacionalización de la población, estimulada por esa unidad de criterio y mando, pero lastrada también por las rémoras que, como señalamos, comenzaron en este momento: centralismo, autoritarismo, elitismo, temor al pueblo y desigualdad de trato.

Sin duda que la creación de la Guardia Civil en marzo-mayo de 1844 constituyó un hito singular en este proceso de construcción del Estado español moderno. Como se ha dicho, González Bravo dejó preparada la iniciativa y el Gobierno Narváez la desplegó. A su frente se puso a Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, hijo de aquel marqués de las Amarillas que disolvió el Ejército de la Isla en 1820, dando lugar a uno de los primeros pulsos de poder en el Trienio Liberal. Aquel ya había propuesto sin éxito, siendo ministro del ramo, la creación de una Legión de Salvaguardias Nacionales. Después vino la organización de una Policía durante la segunda restauración fernandina (1824), que quedó muy marcada por el uso partidista y sectario que de ella hizo Calomarde. En todo caso, la sustitución de la antigua Inquisición por una Policía dependiente del Estado fue uno de los aspectos que más criticaron los apostólicos y luego carlistas: suponía trastocar por completo la lógica de las cosas, pasar del Estado teocrático al moderno administrativista. El ministro de Guerra de González Bravo, Manuel de Mazarredo, propuso a su homólogo de Gobernación, el marqués de Peñaflorida, la creación de un cuerpo militar específico que se encargara del orden público más allá de las ciudades y que descargara al Ejército de esa función para la que no estaba dispuesto ni preparado, y que erosionaba innecesariamente su prestigio social (y también el de los diferentes cuerpos locales y milicias). El subsecretario de Gobernación, Patricio de la Escosura, redactó con Bertrán de Lis el reglamento organizativo de un cuerpo paramilitar especial destinado a “proteger eficazmente a las personas y las propiedades”. Con dependencia orgánica del Ministerio de Guerra, pero funcional de Gobernación, los seis mil efectivos originales eran ya diecinueve mil al terminar el siglo. Se desplegaron radialmente siguiendo la misma lógica que la extensión ferroviaria y, mediante destacamentos locales, llegaron a todos los puntos principales del país, haciendo efectivo el poder del Estado particularmente donde vivía la gente, en el espacio rural, pero sin desatender las ciudades. La Guardia Civil se aplicó así a la defensa del orden, de las personas y de la propiedad, además del sistema político vigente, actuando contra el bandolerismo, el contrabando, las revueltas populares campesinas y urbanas, las tentativas de alzamiento ya fueran carlistas o esparteristas, las revoluciones tendentes al cambio de Gobierno y hasta las guerras exteriores; también estaba desplegada en las colonias.

El proceso de estatalización fue parejo al de construcción administrativa del territorio. Ahí se agolpaban contradictorias tendencias, que iban del espíritu racionalizador de los gobiernos ilustrados del siglo XVIII a las pulsiones locales y federalistas a que había dado lugar la sucesión de crisis de las primeras décadas del XIX, desde la francesada a la continua creación de juntas a cada revuelta sociopolítica. El modelo departamental francés estaba en la cabeza de los gestores estatales españoles desde el principio, aunque el racionalismo había marcado la pauta desde varias décadas atrás y el Gobierno josefino había ensayado la primera distribución del país en prefecturas. Cádiz lo ratificó a su manera —más historicista— con la constitucionalización de las provincias (con sus diputaciones) y después se aplicó ya en el Trienio. La fórmula definitiva de Javier de Burgos, en 1833, incluyó la figura de los subdelegados de Fomento, jefes políticos o gobernadores civiles, según la época, que articulaban el territorio como les gustaba a los moderados: centralizándolo desde Madrid y dotándose de una cadena de mando que lo mismo desplegaba la ejecución de órdenes por todo el país que recogía las expresiones de este (información, demandas) y les daba cauce para sus intereses políticos o de otro orden.

A la vez, con la ley de enero de 1845, se establecía un control cotidiano sobre los siempre temidos ayuntamientos, el instrumento de acción de una política generada desde abajo, desde lo más cercano al pueblo. Enseguida llegaron las “funciones electorales”, pieza fundamental en todo el entramado de reproducción legal del poder durante este tiempo y luego en el futuro de la restauración alfonsina, sin perder de vista la otra básica: el control del orden público. Mediante la fórmula llevada a cabo por Burgos, se sintetizaban las dos necesidades, demandas y gustos españoles de construcción del territorio: un cierto respeto a la naturaleza y a la historia como forjadoras de espacios, y un protagonismo claro de las capitales de provincia como articuladoras de su respectivo ámbito rural adyacente. En 1834 se crearon los partidos judiciales, con cabeceras comarcales donde se ubicaban estos y como unidades de intervención entre la provincia y la capital de carácter todavía más amplio y general (no solo dedicados a la Justicia). Un país más desarrollado y modernizado quizás habría dejado a esas provincias un simple papel instrumental en el funcionamiento del Estado; es lo que se intentó en 1845 al crearse unos Consejos Provinciales nombrados por los gobernadores civiles que limitaban la capacidad de las diputaciones. En el caso español, por el contrario, estas retuvieron hasta muy tarde la referencia fundamental y real de la vida de sus ciudadanos, al punto de que José Ortega y Gasset, en 1930, hubo de reconocer que conservaban una extraordinaria importancia y eran cauce de identidad por encima incluso del propio Estado (con particularidades en las regiones con nacionalismos alternativos a este). Más allá de Madrid, España era “pura provincia”, sentenció el filósofo; el historiador Juan Pablo Fusi, en esa línea, advertía de que el centralismo administrativo del Estado y la uniformización cultural del país fueron hasta cierto punto engañosos en tanto que la intensa provincialización de la vida social convivió con ellos (“un país de centralismo legal, pero de localismo real”).

Para extender efectiva y eficazmente su jurisdicción, y para atender al reto del desarrollo y la competencia internacional, el nuevo Estado administrativo necesitaba importantes recursos. La reforma de la Hacienda constituyó así un pilar esencial en todos los Estados nación modernos. En el caso español, al punto de partida desigual y privilegiado, común a las haciendas reales tradicionales, se le sumaba una crisis estructural que se arrastraba desde el final del Antiguo Régimen. Desde el primer marqués de la Ensenada (Zenón de Somodevilla y Bengoechea), se pusieron en marcha reformas varias coincidentes en su ineficacia final (Garay, Canga-Argüelles, López Ballesteros, Mendizábal) y en el recurso forzado a la desamortización de propiedades vinculadas; la sucesión de guerras y de crisis políticas interiores (y la inestabilidad social), además de la reducción drástica de los ingresos americanos, incrementaron el colapso. No fue hasta 1845 en que el ministro Alejandro Mon, apoyado técnicamente por Ramón Santillán, llevó a cabo la primera reforma hacendística digna de ese nombre, que recogía también lo más positivo de lo avanzado por sus antecesores. Para abordar “el embrollo de la Hacienda”, se imponía ahora el modelo francés basado en los impuestos proporcionales sobre los productos y actividades en lugar del de influencia británica que habían intentado los progresistas con Mendizábal, soportado sobre la renta de manera general. Había contribuciones directas sobre bienes inmuebles, y cultivo y ganadería (un cuarto de la recaudación), un subsidio industrial y comercial (que funcionó muy mal), y un impuesto personal de inquilinato (que servía además para facilitar el derecho al voto a sectores ricos, pero no propietarios). En cuanto a las indirectas, había un derecho de hipoteca sobre transmisiones de propiedades inmuebles, y un impuesto sobre el consumo de bienes (que excluía el pan, las legumbres y las hortalizas). La nueva fiscalidad era no privilegiada, unificada y común a todo el país (con la excepción de las Provincias Vascongadas y Navarra), pero en lugar de dotarse de una Hacienda potente, con capacidad para evaluar y exigir los tributos de cada cual y de manera equitativa (cuotas), procedió a una serie de cupos provinciales, locales e individuales que quedaban en manos de mediadores de ese mismo nivel, con especial implicación de los municipios. La consecuencia fue, además de la desigualdad, una petrificación de las bases tributarias, que condujeron de nuevo al país al recurso del déficit y de la deuda, además de no poder atender adecuadamente las necesidades de su desarrollo y modernización.

En uno de los periodos de Santillán como ministro, en el primer trimestre de 1847, se procedió a unificar los dos bancos de San Fernando e Isabel II en una sola entidad, que se convertiría en el de España, en 1856; el que hoy conocemos con ese nombre es el de la reforma definitiva de Echegaray, en 1874. Con ello se ponía al día la estructura de la banca pública del país. Por su parte, Juan Bravo Murillo, en 1849-1850, contribuyó a consolidar la técnica y el derecho fiscal con la Ley de Contabilidad, la Caja General de Depósitos, la absorción de la enorme deuda acumulada y, sobre todo, una general estructuración burocrática del ministerio. A tal punto lo desarrolló que el modelo desplegado en Hacienda —organigrama, tipo de funcionario y manera de trabajar— se replicó al conjunto de la Administración central del país y a los otros ministerios. El estatuto del funcionario de 1852, siguiendo otra vez a López Ballesteros, fue una apuesta de Bravo Murillo para proyectar dentro del Estado un poder administrativo que equilibrara otros preexistentes (ya de partido, ya militar). Su salto de las “covachuelas” a la burocracia no fue del todo exitoso y O’Donnell lo intentaría otra vez en 1866. Hasta el Estatuto de Antonio Maura, en 1918, no se consiguió, por ejemplo, acabar de verdad con el spoil system y la figura del cesante, funcionario que entraba y salía del negociado conforme discurriera la suerte de su facción política. Recuérdese, con José Luis Comellas, que aquella sociedad isabelina que creaba el Estado pasaba en alguna parte a vivir también de este (o de sus entornos). Por su parte, entre las carencias históricas del sistema fiscal hay que destacar la ausencia de una contribución sobre la renta personal, que ni siquiera el ministro Jaime Carner fue capaz de sacar adelante en 1932; quedó para la reforma de Enrique Fuentes Quintana y Francisco Fernández Ordóñez al inicio de la transición a la democracia, en 1976-1978. Los nuevos grupos privilegiados de la revolución-reforma liberal española vieron así muy reducida su contribución al fondo común.

Las relaciones con la Iglesia constituyeron otra base del nuevo Estado liberal español que se mantuvo con pocas alteraciones hasta los años de la Segunda República (con el intermedio del Sexenio Democrático) y que tuvo notables repercusiones en el comportamiento y marcos de aquella sociedad. El punto de partida era el no reconocimiento por parte del Vaticano de la monarquía española encarnada en Isabel II. Por diversas razones —dependencia de Austria en la preservación militar y política de su poder temporal, simpatía manifiesta por don Carlos, inquietud por las medidas de gobiernos liberales—, el papa mantuvo en 1833 una posición neutral entre los dos pretendientes y prefirió esperar a que terminase la contienda civil. Las desamortizaciones, las violencias anticlericales y la posición revolucionaria de los liberales animaron a Gregorio XVI a romper relaciones diplomáticas con España. La situación adversa para la Iglesia se confirmó en 1837 tras reponerse la Constitución gaditana después del incidente de La Granja y se radicalizó en el trienio esparterista.

El cambio empezó a verse ya con González Bravo, que permitió el regreso de obispos exilados y la reapertura del Tribunal de la Rota. Con Narváez se hicieron algunos gestos, como suspender algunas ventas pendientes de propiedades eclesiásticas, pero en absoluto se planteaba revisar lo ya desamortizado. Lo del César (y sus partidarios y beneficiarios) y lo de Dios ya iban aparte. También se aprobó la dotación de culto y clero, que convertía a los eclesiásticos en funcionarios del Estado. En todo caso, el Vaticano firmó el 27 de abril de 1845 un convenio para reconocer a Isabel II, restablecer las relaciones diplomáticas y hacer suyos los compromisos suscritos antes de la muerte de Fernando VII. La presión sobre Narváez de sus oponentes dejó en papel mojado esa disposición de Roma. El inicialmente liberal Pío IX se hizo entonces con la mitra y Narváez regresó al Gobierno a finales de 1847, recomponiéndose todas las relaciones y con Martínez de la Rosa de representante español ante el Vaticano. El ambiente era el más propicio para acelerar la negociación del concordato, que se firmó en marzo de 1851, ahora con Bravo Murillo al frente del Ejecutivo, que recogió los frutos de la gestión de ministros como Pidal y Arrazola. El acuerdo entre los dos Gobiernos sustituía a otro anterior de 1753 y duraría también otro siglo, hasta 1953. Con él, la Iglesia asumía los profundos cambios habidos en la realidad europea y española, y aceptaba tanto el hecho de su pérdida de poder (desamortizaciones, diezmos, regalismo) como la nueva monarquía de Isabel II. Sobre los gobiernos y compradores de sus anteriores propiedades —muchos de ellos moderados— ya no pendería la condena eclesiástica y se reconocía el Regio Patronato anterior (influencia estatal en el nombramiento de obispos y otros cargos). A cambio, el Estado reafirmaba que la religión católica era “la única de la nación española”, con exclusión de cualquier otro culto y para siempre, lo que, además de apartar cualquier competencia espiritual, permitía a obispos y prelados “velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud”. Lo que había quedado sin resolver en favor de la Iglesia en la Constitución de 1812 lo lograba esta ahora sin las estridencias serviles, solo con el pragmatismo moderado. El Gobierno incluso se comprometía a apoyos de aromas pretéritos, como acudir en auxilio de la Iglesia cuando esta tuviera que “oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos o nocivos”. La aplicación práctica de ese precepto censor se convirtió, como veremos, en una dinámica disputa futura.

Además, se señalaban con precisión tanto el montante como el origen de los fondos para la dotación de culto y clero, y se le reconocían a la Iglesia sus derechos a adquirir nuevas propiedades y a mantener la jurisdicción eclesiástica. En coherencia con la cosmovisión moderada, la religión se alzaba como el mejor antídoto frente a la disolución social que traían consigo tanto el liberalismo como la nueva sociedad capitalista. El Estado se permitía ofrecerle un papel protagonista en la educación de las nuevas generaciones, pero también en la inspiración de la norma social y en el control de los comportamientos, tanto públicos como privados, en su jurisdicción tradicional eclesiástica, espiritual, y fuera de ella. La Ley de Beneficencia de 1849 devolvió a la Iglesia ese importante sector, anteriormente remitido a las instituciones públicas (con los Gobiernos avanzados de 1822 y 1836); al comenzar el siglo XX, de 606 centros asistenciales que había en España, 422 eran eclesiásticos. Además de solucionar el problema inicial de reconocimiento diplomático de la reina y de la nueva situación política, los moderados resolvían así en su favor las dudas que había tenido la Iglesia en la anterior guerra civil (y que todavía persistirían de alguna forma y regresarían lozanas con motivo de futuras crisis). En resumen, para el liberalismo moderado posrevolucionario la Iglesia seguía siendo una de las bases de sostén de la sociedad.

La educación fue otra cuestión de suma importancia en este momento y de futura y permanente discusión entre la mirada conservadora y progresista del país. Aunque Cádiz —y el intento de Estado josefino— ya había dicho mucho sobre la instrucción pública, es ahora cuando se extiende la consideración de que en este asunto se jugaba el futuro del país conforme fuera la formación que adquiría la población, ya en términos patriótico-nacionales, ya como ciudadanos con derechos, ya como católicos por encima de todo, o como agentes del progreso y de la modernización de aquel. También es un buen ejemplo para percibir el punto de inflexión que se produce en el liberalismo posrevolucionario. El liberalismo que estaba transformando la realidad del Antiguo Régimen era plenamente consciente de que el Estado, como representante de la nueva soberanía y como expresión de la racionalidad —administrativa, en este caso— que la presidía, debía hacerse cargo de la mayor parte de las funciones que en otro tiempo detentaban otros poderes. El caso de la Iglesia es una buena muestra. Como auxiliar del poder de los príncipes que era, poseía y se ocupaba de importantes jurisdicciones. Estaban las que tenían que ver con la persecución de delitos y de opiniones (Inquisición y control de la imprenta), la atención asistencial a los pobres (la beneficencia), los registros y censos poblacionales (mediante los libros sacramentales de bautismos, nupcias y entierros), y la instrucción pública, entre otras. La revolución-reforma liberal del segundo tercio del siglo XIX supuso una drástica reducción de funciones y, como se ha señalado ya, de acceso a los recursos económicos, con la eliminación del diezmo y las sucesivas desamortizaciones como exponente principal. El Estado ocupó aquellos espacios porque esa era su voluntad e incluso su ontología, su razón de ser: o su soberanía era total, sin compartir con nadie, o no era un Estado liberal moderno. Y los críticos de ese cambio vieron pronto la dimensión ideológica que entrañaba. Así lo lamentaba el para entonces reaccionario Donoso Cortés, en 1851: “La liberal ha sido una revolución de los ricos contra los pobres y contra los reyes para robar a la Iglesia, único amparo de las muchedumbres sin pan”.

En el terreno educativo lo tuvieron claro los primeros diseñadores de una instrucción pública liberal, al punto de que sus rotundas afirmaciones pueden confundir desde la mirada actual el objeto final de las mismas. Las dos normas que organizaron ese ámbito fueron el Plan Pidal de 1845 para las enseñanzas medias y universitarias, y la Ley Moyano de 1857. Las dos estaban muy influidas por un dramaturgo dedicado a la administración educativa: Antonio Gil de Zárate. Su premisa ideológica se resume bien en su conocida afirmación:

Entregar la enseñanza al clero es querer que se formen hombres para el clero y no para el Estado; es trastornar los fines de la sociedad humana; es trasladar el poder de donde debe estar a quien por su misión tiene que ser ajeno a todo poder, a todo dominio; es, en suma, hacer soberano al que no debe serlo.

La primacía estatal tenía ya recorrido en este campo: invocada por el ilustrado regalista Olavide y por Jovellanos, había sido reiterada en Cádiz por Quintana y Argüelles, este con la intención de formar con ella ciudadanos, “verdaderos españoles”. Zárate, ahora director general de Instrucción Pública, volvió a un alto cargo en este sector después del Bienio Progresista; no se trataba, entonces, sino de otro moderado más, a pesar de lo que pudiera parecer a primera vista el párrafo que destacamos líneas atrás. El objeto era puramente estatalista, y los enemigos de este eran tanto la Iglesia, desprovista provisionalmente de su poder anterior, como cualquier librepensador, puesto que toda la frase no era sino una impugnación de la libertad de textos. Mediante el despliegue de una inspección nacional y el control administrativo de documentos, programas y comportamientos, la educación pasaba a ser estatal, y por eso pública, uniforme y unitaria (y en castellano), científica y, en un primer momento, secularizada. “El impulso y la dirección han de salir de un centro común, si es que han de lograrse los felices resultados que debe prometerse la nación”, concluía Zárate en esa convicción jacobina que aúna la voluntad de igualar en derechos con el recurso a unificar y homogeneizar, a centralizar.

Sin embargo, una vez asentada la revolución, con la intención de recuperar a la Iglesia como una de sus bases y, especialmente, de aprovecharla como recurso preventivo frente a la amenaza de quiebra social que acarreaban tanto el liberalismo como el capitalismo, aquellos moderados apostaron porque la institución católica invadiera y normara la vida de los ciudadanos españoles, tanto en sus hábitos particulares como en la pauta comunitaria. La Ley Moyano estaba en esa onda posconciliar. El Estado aceptó compartir parte de su jurisdicción con la Iglesia allí donde esta mantenía su capacidad e interés. Era también un modo de atender un objetivo social, el de la educación universal, donde la falta endémica de recursos públicos lo imposibilitaba. Las bases legislativas de Claudio Moyano duraron un siglo largo, hasta 1970, y recogieron lo expuesto por Zárate en el Plan Pidal, así como por anteriores textos (de Quintana a Rivas) y por el proyecto progresista de Manuel Alonso Martínez en el Bienio, porque en ese ámbito normativo funcionaban aún los consensos amplios. El sistema se articuló de abajo a arriba en escuelas, institutos y universidades, dependientes económica y respectivamente de municipios, provincias y Estado. La falta de recursos de unos ayuntamientos privados de ellos tras la desamortización y con poca capacidad para captar impuestos se tradujo en una tasa de analfabetos muy superior a la de los países vecinos, a lo que también contribuían la escasa confianza política en los resultados de la educación y diferentes causas sociales y culturales. Décadas después, los regeneracionistas finiseculares todavía ponían la esperanza en la despensa y en la escuela, dos cosas poco generalizadas en amplias zonas del país.

La educación reiteró la cosmovisión elitista que tenían los moderados —además de poco atenta a la condición femenina, relegada en algunos aspectos—, de manera que se evitaba distraer a los jóvenes en otras actividades, como la enseñanza media, cuando estaban “en la edad más adecuada de la faena en los campos y del aprendizaje de las artes y oficios”. Cada clase social debía tener su horizonte respectivo. En el nivel más básico de la formación se asumía la posibilidad de escuelas “incompletas” (sin toda la oferta de materias del currículo) o de temporada, a cargo de maestros sin demasiada preparación —aunque entonces también se crearon precariamente las escuelas normales del magisterio y se estableció el sueldo del docente—, en locales inadecuados y con una gratuidad limitada a los pobres de solemnidad. Las clases medias que podían pagárselo encontraron en la oferta de centros religiosos su destino habitual. El Estado disponía concesiones para que la Iglesia y los particulares abrieran colegios y academias de primaria y secundaria, siempre bajo una tutela y un ordenancismo rígidos, aunque menos exigentes para la entidad protegida por el concordato. Una Iglesia católica, también, que, como se ha expuesto ya, por el acuerdo con el Vaticano de 1851 se garantizaba el control de los contenidos de los textos escolares y de las expresiones de sus docentes. La Ley de José Luis Villar Palasí en 1970, en el final del franquismo, señalaba en su preámbulo que aquella de Moyano respondía a una sociedad muy distinta y que reflejaba “un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada, de democratizar la enseñanza”.

La unidad jurídica fue otro de los instrumentos y obligaciones de los nuevos Estados liberales: de partida, eran nacionales los individuos gobernados por una misma ley. La unificación de códigos se produjo también en parte en este crucial momento. En 1848 se promulgó el Penal que, aunque se conoce como el de Pacheco por los comentarios posteriores que le hizo este, fue redactado como proyecto por Manuel Seijas Lozano. Aunque los ha habido posteriores, su influencia se extendió en el tiempo, hasta el de 1996, y en el espacio, siendo uno de los referentes de las legislaciones hispanoamericanas. El Código Penal coincidió con la dictadura con que Narváez respondió a la amenaza de revolución en España, de manera que muestra de nuevo el tono de esta “fundación estatal moderada”: modernizó extraordinariamente la legislación penal, acabando con el caos anterior, al precio de establecer duros castigos contra los delitos políticos (y hasta los religiosos: condenaba la apostasía), y superó en calidad a otros códigos del momento a cambio de mostrar esa pulsión autoritaria tan de la España del tiempo (prohibiendo, por ejemplo, el derecho de asociación, salvo que fuera autorizado en un caso concreto por la Administración).

Los proyectos de códigos procedían de una Comisión General de Codificación creada en 1843 que, si bien fue fructífera para el Penal, no lo fue tanto para el Civil, muy necesario también, y que pretendía seguir la pauta mostrada por Napoleón en 1804. Quizás la urgencia de uno sobre otro radique en la explicación del socialista Antonio Fabra Ribas: “El código civil es propio de los ricos y el penal privativo de los pobres”. En 1851, la Comisión consiguió elevar al Ejecutivo un proyecto de Código Civil redactado por Florencio García Goyena, pero fue frenado por la tabla rasa que hacía del derecho foral, por su notorio afrancesamiento (aunque “con una dirección del derecho castellano”), por discriminación a la hora de resolver contenciosos sobre propiedad rural y sobre derechos de sucesión, y por el tono marcadamente liberal que le dio aquel navarro; la Iglesia también se opuso a la primacía que otorgaba al matrimonio civil y porque los registros parroquiales anotados desde Trento pasaban a manos del Estado. Además, la moda del momento reparaba más en los derechos propios (Savigny) que en la uniformidad en torno al Code napoleónico. “El temor a ocasionar un recrudecimiento en la agitación política en Cataluña y Vascongadas parece que fue la causa del abandono del Proyecto de Código Civil de 1851”, sentenció el jurista y krausista Eduardo Pérez Pujol. Hasta 1888-1889 España no tuvo un Código Civil como tal, aunque siguiera entonces las premisas formuladas ya medio siglo atrás.

Eso no significa que uno de los principales bienes a que estaba llamada a proteger esa codificación, la propiedad, quedara a la intemperie. Estuvo siempre bien protegida, desde por la Guardia Civil, cuya Cartilla señalaba que su objeto era “velar por la propiedad”, hasta por las decisiones del sistema judicial y de todo tipo de normas y leyes (como el Código Penal, que perseguía a quienes “se coaligaren con el fin de encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo o regular sus condiciones”). Los moderados se aplicaron a conformar el escenario en que se iban a mover los negocios y la economía: el mercado nacional. Al calor del ciclo expansivo de la economía europea e internacional —a la espera de la primera crisis iniciada a finales de 1846—, el país consiguió superar definitivamente el colapso y destrucción de las primeras cuatro décadas del siglo, tachonadas de guerras y calamidades, y disponerlo todo para que España fuera también un espacio para el enriquecimiento de las nuevas clases dominantes. Así, obra de sus Gobiernos tendente a conformar ese espacio económico nacional fue, por ejemplo, la primera política arancelaria moderna digna de ese nombre, establecida por Mon y Bravo Murillo en 1849; las Ordenanzas de Aduanas, de 1847; la Dirección General de Carabineros para proteger esas fronteras económicas (1848); la regulación de la persecución del contrabando (1852); el establecimiento de los fielatos (1853)…

Los medios materiales y, sobre todo, las infraestructuras de transportes eran los mejores instrumentos de construcción de ese mercado nacional. La novedad del ferrocarril se extendió por la península a partir de la línea Barcelona-Mataró de 1848 (con el precedente extrapeninsular de 1837 entre La Habana y Güines). Desde ahí cobró tal vuelo ese negocio que tuvo que ponerle orden Bravo Murillo desde el ministerio, y lo hizo otra vez con los criterios habituales: racionalización, nacionalización y centralización. Su ley de compañías mercantiles de 1848 sometió a rígido control todas las concesiones pasadas y futuras, e impuso una mirada nacional a los intereses privados más inmediatos. Así, el proyecto de nueva ley de concesiones dibujó un centro en Madrid con cuatro grandes líneas radiales dirigidas a las fronteras francesa y portuguesa, y a las costas andaluza y catalana. No prosperó entonces, pero el diseño quedó para más tarde, para los progresistas, con su Ley General de 1855: el ferrocarril era el gran unificador del país (y un formidable negocio para todo tipo de empresarios liberales). También se ocupó de la construcción y dragado de diferentes puertos marítimos para facilitar el comercio a través de ellos. Por el contrario, los caminos y carreteras no jugaron un papel tan determinante en ese proceso de construcción nacional debido a la inexistencia de un vehículo terrestre capaz todavía de competir con el tren, aunque se repitió nuevamente la traza radial todavía hoy vigente en parte. También hay que reseñar diferentes grandes obras hidráulicas y de suministro de agua: la explotación del Canal de Castilla (1849) o el proyecto de construcción del de Isabel II (1851). Y así todo lo que tenía que ver con esa unidad material del país y con su progreso económico, quizás con la salvedad de la limitación de las sociedades por acciones (1847) como consecuencia de los escándalos financieros vividos (tuvo que esperar a la ley de creación de sociedades por acciones y de crédito de 1869). Como colofón de este momento, cabe decir que el 19 de julio de 1849 la reina Isabel II sancionó la Ley de Pesos y Medidas, con la que se implantaba en España el sistema métrico decimal (a pesar de la pertinaz y duradera resistencia popular a abandonar las antiguas referencias).

2. Una constitución para seguir mandando

Semejante transformación de las estructuras sociales y económicas podía pedir (o no) su paralelo en el terreno político y, en concreto, en el marco constitucional. La cuestión suscitó una fuerte polémica que puso al descubierto la heterogeneidad de sensibilidades, fuerzas e intereses que acogía el Partido Moderado. La de 1837, recuérdese, había sido de consenso, resultado de la fusión de los criterios progresista y moderado, al punto de que se destaca como la excepción en una historia constitucional española jalonada de textos de una parte contra la otra, de medio país contra su contrario. El entusiasmo legislativo y la ambición política ilimitada de Narváez y los suyos (los cuñados Mon y Pidal, principalmente) necesitaban, pues, de una constitución para ellos solos —una constitución “de partido”—, que es lo que finalmente prosperó en mayo de 1845. Lo hizo sin oposición, toda vez que los progresistas se reponían todavía de la represión de sus amotinamientos del año anterior y respondieron con el retraimiento a la convocatoria de unas Cortes de vocación constituyente, a veces desde la cárcel o desde el destierro; solo El Eco del Comercio pudo expresar la oposición y desasosiego de esa parte de la opinión. Sin debate constitucional ninguno, los moderados fabricaron la norma suprema a su gusto y medida, presentándose de nuevo en un centro engañoso al tener a un lado a una facción suya, la llamada “de los puritanos”, partidaria como los progresistas de no mover el texto, y al otro a la reaccionaria del marqués de Viluma, que lo era de volver a la fórmula otorgada del Estatuto Real. De manera que la supuesta reforma del texto de 1837 se convirtió en una nueva constitución que recogía los preceptos del doctrinarismo liberal de los moderados, claramente regresivos respecto de la anterior: de la soberanía nacional se pasaba a otra compartida entre las Cortes y la Corona; mayor poder para esta última al disponer de la prerrogativa de disolución de las cámaras y de designación del jefe del Gobierno que convocara elecciones para componer otras favorables, lo que convertía a la monarquía en un actor no neutral y configuraba así el principio del fraude y de la degeneración de la política isabelina (esto ya estaba en parte en la anterior de 1837); confesionalidad católica del Estado; supresión de la Milicia Nacional y del juicio por jurado en delitos de imprenta, junto a un mayor control del Ejecutivo sobre los ayuntamientos (una modificación crucial porque desmontaba las precarias bases de poder progresistas); y un Senado “a la francesa” compuesto a partir de la libre designación real y de carácter vitalicio (pero no hereditario, como en Gran Bretaña, aunque luego hubo alguna reforma parcial en ese sentido).

La Constitución de 1845 fue relativamente longeva al durar casi un cuarto de siglo, aunque con sucesivos paréntesis en que fue cuestionada por diversos lados: la reforma de Narváez en 1848, el proyecto constitucional de Bravo Murillo en 1852, la Constitución non nata de 1856 durante el Bienio Progresista, el Acta Adicional de O’Donnell en 1856, otra ley de reforma de Narváez al año siguiente y la vuelta al texto original a cargo de Mon, en 1864. Cada uno de esos intentos dio lugar a una gran inestabilidad política, pero, en su conjunto, la Constitución del 45 quedó como expresión de la política isabelina que, bajo el timón de los moderados de Narváez, supuso, en palabras de Fusi, “una desviación conservadora y, en cierta medida, ‘católica’ de la revolución liberal española”. Un cambio que, si había tenido sus antecedentes en la Ley Municipal y en la de imprenta del mismo año que el texto constitucional, lo ratificó la nueva regulación electoral del siguiente. Del cuarto de millón de electores largo de la ley de 1837 se había pasado a más de seiscientos mil siete años después por empuje de los progresistas, pero ahora se rebajó el censo por debajo de los cien mil (el 0,81% de la población). Además, se establecieron los distritos uninominales, y la elaboración del censo y el control de las mesas quedaron a cargo del Gobierno y de sus agentes locales.

Pero todo lo anterior se quedó corto ante la Ley de Poderes Excepcionales con que el Gobierno respondió, en febrero de 1848, a la amenaza revolucionaria que se extendió por Europa ese año.

Cuando en una nación limítrofe, grande y poderosa —exponía el presidente—, están ocurriendo sucesos de inmensa trascendencia, y cuando en varios Estados de Europa se sienten fuertes sacudimientos políticos, no puede ni debe el Gobierno español dejar de prepararse para todas las eventualidades.

La realidad es que en España no pasó casi nada, más allá de algunos movimientos de militares progresistas en diversas ciudades (con algún apoyo popular), que fueron rápidamente sofocados y que mostraron una división interna anunciadora de novedades próximas en ese campo político (republicanismo, obrerismo). La llamada “dictadura de Narváez” remite en principio a la suspensión de las garantías constitucionales mientras duraran las condiciones que así lo aconsejaban y que permitía el artículo octavo de la nueva Constitución (que era el mismo que en la de 1837). Las Cortes estuvieron cerradas de marzo a diciembre y entre mil quinientas y dos mil personas fueron detenidas y, en muchos casos, deportadas o desterradas (entre ellas algunos diputados); el Gobierno se jactó de ser “el primer ministerio en España que no manchó sus triunfos con la sangre de los vencidos”, sino que se limitó a “hacer variar de domicilio a los que creyó culpables”. A pesar de las numerosas ilegalidades, Narváez (y la propia Isabel II) ganó enteros en la consideración de diferentes mandatarios europeos tan autoritarios como él, lo que aprovechó para que sus países (Austria, Prusia y Rusia) reconocieran definitivamente a la reina.

Pero, quizás, lo más conocido de este episodio sea la defensa posterior que en enero de 1849 le hizo Donoso Cortés en su famoso “Discurso sobre la dictadura” ante las Cortes —en controversia con el progresista “templado” Manuel Cortina— y que se contiene en la muy citada frase de que “cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura”. La alocución entusiasmó a Klemens von Metternich y al káiser Federico Guillermo; se asegura que también a Leopold von Ranke y a Friedrich Schelling. Es menos conocida esta otra: “Si cuando la represión religiosa estaba en su apogeo no era necesario gobierno ninguno, cuando dicha represión no exista, no habrá bastante con ningún género de gobierno; todos los despotismos serán pocos”; luego remató: “Sin Dios, la libertad es un arma fratricida en manos de los hombres”. Una reflexión visionaria que posteriormente sería celebrada por el mismísimo Carl Schmitt y que, sobre todo, recoge el profundo descreimiento del pensamiento antirrevolucionario de los axiomas que sostienen la Modernidad y, especialmente, el principal de ellos: la centralidad adquirida por el ser humano en perjuicio de la que hasta entonces tuvo Dios… y las consecuencias sociales y políticas de una y otra cosmovisión. La principal de ellas, la amenaza profética del totalitarismo moderno vista desde la derecha extrema: “El mundo […] camina con pasos rapidísimos a la constitución de un despotismo, el más gigantesco y asolador de que hay memoria en los hombres”. La soberanía en manos del pueblo resultaba así la más amenazante (“tiránica y atea”). Como apuntara Bobbio, Donoso Cortés enlazaba con De Maistre, a quien conoció en París, en su exilio de 1840, en

[…] esa corriente antiiluminista irracionalista de origen religioso, antikantiana (y anti sapere aude), fideísta e inequívocamente reaccionaria y tradicionalista, como reacción a la ruptura de un orden histórico considerado como sacro, creado y conservado por una providencia inescrutable, por una revalorización del noli altum sapere sed time (no seas arrogante, teme).

Nuestro pensador tomaba entonces la senda que con rapidez le apartaría de cualquier conexión con el liberalismo, incluida la versión moderada que había sostenido en los últimos años. El temor al socialismo lo animaba a defender el catolicismo y la dictadura antiliberal, única manera de preservar la cosmovisión tradicional anterior al ciclo revolucionario.

Volveremos sobre el asunto, porque ahora interesa fijarse en el debate político dentro de los propios moderados (y más cuando se producía en ausencia casi total de progresistas en la cámara). Este evidenciaba las diferencias entre la mayoría del partido y su facción más avanzada, la llamada “de los puritanos”, precisamente por su afán por no vulnerar el espíritu de la ley, en cualquier circunstancia, y por asentar en España un sistema liberal sin restricciones. Lo expresó muy bien uno de ellos, Andrés Borrego, en el debate de la ley excepcional, enfrentado a hombres como Bravo Murillo o Martínez de la Rosa: “Nuestro verdadero terreno de resistencia es la fiel observancia de las instituciones”. Borrego fue el organizador del Partido Moderado, con su famoso Manual electoral de 1837 —donde mostraba la clarividencia sobre el sentido y objeto de la política moderna expuesta medio siglo antes por Edmund Burke—, y fundador de periódicos como El Español o El Correo Nacional, donde escribían gentes tan diversas como Mariano José de Larra, Donoso Cortés, Bravo Murillo, González Bravo, Alcalá Galiano, Ramón de Campoamor, Pacheco o Antonio de los Ríos Rosas. A medida que su partido se hacía más autoritario, él defendía con más empeño la política como deliberación a partir de criterios confrontados y de respeto a las formas y a las leyes consensuadas, capaces de acoger a un amplio espectro liberal. Su libro de 1855, De la organización de los partidos en España considerada como medio de adelantar la educación constitucional de la Nación, y de realizar las condiciones del gobierno representativo, es una referencia en ese sentido. En materia social, fue el primero de los suyos en tener esa sensibilidad y, sin duda, la excepción en este tiempo.

Pero Borrego no tuvo entre los puritanos la presencia política de sus auténticos jefes, que fueron José Francisco Pacheco, Ríos Rosas y Nicomedes-Pastor Díaz, la tripleta que reorganizó el moderantismo en otoño de 1841 en torno a El Español (y luego El Conservador) tras el fracaso de su golpe de Estado. Otros nombres importantes fueron también Istúriz, Moyano, Seijas, el marqués (José) de Salamanca, Cándido Nocedal (el futuro jefe neocatólico y luego carlista), un joven Cánovas del Castillo, los generales Concha, Mazarredo y Antonio Ros de Olano, o los marqueses de Molins (Roca de Togores) y de la Vega de Armijo (Antonio Aguilar). Eran lo más parecido a los liberales conservadores británicos, convencidos de las bondades de un sistema político apoyado en la alternancia pacífica de dos grandes opciones a derecha e izquierda, ambas moderadas (“nosotros queremos que todos los partidos entren y se mantengan en el círculo constitucional”) y respetuosos de las leyes en toda circunstancia; de ahí su apelativo de “puritanos” (“soy puritano por las leyes de mi país”, respondía Pacheco). Eran radicalmente contrarios al pretorianismo que tanto espacio se había hecho en una nación donde la guerra ocupaba casi la mitad de los años de ese primer medio siglo XIX y donde los militares se habían convertido en expresión y referencia de las diversas culturas políticas, así como en el factor y posibilidad de cambio de régimen, dado el poco consenso que soportaba este, cualquiera que fuera a cada momento. Este sistema político excluyente, precario aún para hacer valer la pluralidad social a través de incipientes partidos, y con una Corona y Corte que operaban como afanosos agentes nada neutrales, forzaba inevitablemente a recurrir a los generales que, sin embargo, en ningún momento albergaron la posibilidad de instituir un régimen militar, como haría un siglo después Miguel Primo de Rivera, más allá de gobiernos autoritarios denominados exageradamente “dictaduras”, como los de Espartero o Narváez. A tal punto fue así que los propios puritanos, como veremos, acabaron finalmente acudiendo a ellos para frenar la pulsión hacia el despotismo de sus correligionarios moderados; los mismos generales que se enfrentaron a otra “dictadura”, en este caso de Bravo Murillo, en 1852.

El eficaz administrativista, aunque exageradamente celoso del orden (“antes la injusticia que el desorden”, dicen que dijo un joven Goethe), quedó al cargo de la tercera facción del moderantismo en este momento: la autoritaria. Primeramente, la había encabezado Manuel de Pezuela, el marqués de Viluma —y en torno a él estaban su hermano Juan Manuel, conde de Cheste, Federico Roncali, Francisco Lersundi, Sartorius y aristócratas como Miraflores u Oñate—, cuando se identificaron a finales de 1844 como Unión Nacional y se enfrentaron al ministro Alejandro Mon por la dotación de culto y clero. Sin embargo, para 1850, Viluma ya había quedado desplazado en este sector en favor de Bravo Murillo. Pezuela procedía de una familia militar y él también lo fue. Asimismo, tuvo una mocedad liberal y en 1815 participó en el pronunciamiento constitucionalista de Juan Díaz Porlier, lo que pagó con cinco años de presidio. Luego casó extraordinariamente y se convirtió en millonario de la noche a la mañana. En 1840, repuesto de aquellas ideas de juventud “que a primera vista arrebatan”, manifestaba sin rebozo su preferencia por “la tiranía de uno a la tiranía de la muchedumbre”, tesis reiterada a su manera por Donoso Cortés. En el primer Gobierno de Narváez propuso un programa tan reaccionario que, a pesar del apoyo del presidente y de la propia reina, Pidal consiguió forzar su rápida salida del Ejecutivo; curiosamente, con algunas reminiscencias del anterior Estatuto Real, venía a contener el que luego recogió la Constitución de 1845. Los vilumistas fueron la primera escisión moderada, ya en diciembre de 1844, y se significaron por su defensa de dos argumentos imposibles. Primero, la restitución a la Iglesia de algunos de sus bienes desamortizados, lo que resultaba inaceptable para el ministro de Hacienda Mon y para tantos correligionarios que se habían hecho con esas propiedades. Segundo, su intento de recuperar al carlismo para el nuevo régimen por la vía de casar a Isabel II con el conde de Montemolín (Carlos Luis de Borbón y Braganza), hijo del pretendiente don Carlos, lo que hubiera puesto fin al pleito sucesorio a la vieja usanza, como si de una monarquía patrimonial se tratara, y por la vía de encumbrar a los reaccionarios de una y otra parte de la familia. Aunque la idea recibió importantes respaldos —el de Balmes o el del diario carlista La Esperanza—, finalmente la reina casó con su primo Francisco de Asís (de Borbón), en 1846, “el peor matrimonio posible”, lo que tampoco le evitó el desprestigio a la institución.

El cambio de constituciones, de la del 37 a la del 45, no dejó satisfecho a este grupo, porque su mirada estaba más cerca del absolutismo que del liberalismo. Su partido, el Moderado, aparecía “medio progresista, medio revolucionario”, ocupado por clases medias partidarias de una suerte de democracia en las antípodas de un poder que debía ser monopolizado por quienes poseían la experiencia, la preparación y la legitimidad para hacerlo. El “Estado definitivo” a que aspiraban no se alcanzó y quedó así a merced de las oleadas revolucionarias del tiempo, de las manifestaciones de esa guerra civil larvada que fue la historia del ochocientos hispano o, simplemente, de la futilidad de la política parlamentaria, sin capacidad para superar la mera resistencia a esas dificultades. Los reaccionarios se mostraban ajenos a “los aires del siglo” y Bravo Murillo lo interpretó a su manera: el administrativismo tecnocrático con que pensaba resolver los problemas del Estado —empezando por la corrupción, denunciada por Donoso Cortés y que había hecho dimitir a Narváez: “Los agentes más poderosos de la corrupción han sido siempre los agentes primeros del Gobierno”— se veía obstaculizado por el sistema cuasi institucional que se había establecido (y, muy especialmente, por lo que tomaba como “abusos del parlamentarismo”). Luego, la solución para evitar que España, por diversas circunstancias, siguiera “fuera de su asiento” era reducirlo a la menor expresión, manejarse con la “menor cantidad posible de liberalismo”. Pensaban más como los reformistas del siglo XVIII que como los liberales del XIX. El problema es que no fueron capaces de articular una Administración eficiente.

Se ha querido ver esta reacción autoritaria y antiparlamentaria como una réplica local del golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte en Francia. Lo cierto es que, tras casi dos años en el poder, el presidente presentó en diciembre de 1852 una batería de reformas que incluía el Senado, el orden público, la seguridad de las personas y la misma Constitución vigente. Bastaron una docena de días para poner de acuerdo a todos, moderados y progresistas, civiles y militares, en que aquel no era el camino, y sacar a Bravo Murillo del Gobierno. Su proyecto constitucional y las ocho leyes orgánicas que lo complementaban obviaba la afirmación de las libertades individuales (y, en particular, de expresión y prensa) y de la seguridad personal de los ciudadanos (lo referido a las garantías penales y procesales); convertía en secretas las sesiones parlamentarias; anulaba la autonomía de las cámaras al nombrar el Ejecutivo los cargos de las mismas; traspasaba al Gobierno la iniciativa legislativa; le permitía suspender las garantías constitucionales simplemente con un anuncio en la Gaceta o en los boletines oficiales de la provincia afectada, por tiempo ilimitado y por una simple alteración del orden; el mismo Ejecutivo manejaba sin control los estados preventivo y excepcional, con protagonismo en este caso de la autoridad y la justicia militar; se acotaban las posibilidades de las pequeñas publicaciones de penetración más popular y se restablecía el jurado de prensa; y, finalmente, en materia electoral y de representación, se reducía drásticamente el número de electores y el de diputados, de manera que el censo quedaba limitado a los ciento cincuenta máximos contribuyentes de cada provincia; por su parte, el Senado era reformado y compuesto por hereditarios, natos y vitalicios. Todo el paquete de la reforma sería votado en conjunto, sin enmiendas; incluso, después, intentó sin éxito unas elecciones plebiscitarias para que el electorado se pronunciase sobre tan ambicioso y reaccionario proyecto de reforma.

El extremeño no era solo un hombre inclinado al autoritarismo, sino también sumamente austero y de una probidad en las cuestiones públicas que, sin duda, incomodaba igualmente a cuantos pretendían hacer negocios en ese territorio; la corrupción que presidió los Gobiernos que le sucedieron así lo confirma. Es claro que la unánime oposición a sus pretensiones no era solo de carácter político. En todo caso, ese ejercicio de brutal sinceridad —Bravo Murillo pretendía hacer legal la cultura política instalada, llevar al Boletín Oficial lo que ya constituía realidad— entrañaba serios riesgos para el país y para su evolución hacia un liberalismo sin tantas limitaciones; más bien, era una invitación a retroceder hacia su contrario, a la “consagración del despotismo ministerial”, una auténtica “revolución reaccionaria”, como vio Andrés Borrego. Pero, a la par, este gobierno de Bravo Murillo, junto con el primero y el “largo” de Narváez (1847-1851), fueron determinantes para el asentamiento legal del cambio liberal en España y para el impulso de la economía capitalista del momento. Con solo unos pocos años de diferencia, en España se entonaba también el “¡Enriqueceos!” de Guizot, aunque aquí la invitación a hacerlo para entrar así a formar parte del censo electoral resultaba un tanto draconiana. Y el resultado de tanto desarrollismo animado por el Estado fue también una corrupción extendida, de la reina madre y su marido a dinámicos agentes como el marqués de Salamanca, sin olvidar las “polacadas” (sablazos) del entorno del enseguida primer ministro, José Sartorius, conde de San Luis.

3. El antiigualitarismo conservador
y el carácter del nuevo Estado

Un año antes de morir, en 1872, Bravo Murillo fundó La Defensa de la Sociedad. Se subtitulaba Revista de intereses permanentes y fundamentales contra las doctrinas y tendencias de la Internacional ajena por completo a todo partido político. Conmovidos por las escenas de la Comuna parisina y por la amenaza del internacionalismo en su propio país, aglutinó una amplia y plural nómina de conservadores. Su espíritu era la lucha contra la igualación, que asociaban desde 1848 —y más todavía desde la primavera de 1871— con la de carácter social, con la pretensión socialista que asustaba a todos estos prebostes. Algunos, como señala Xosé Ramón Veiga, habrían detectado desde la primera de esas dos fechas una tendencia a la igualdad —y a la “confusión de clases”— que recuerda en la narrativa de su preocupación a la “invasión de las masas” que observara Ortega y Gasset casi un siglo después en su ensayo de 1929 sobre la “rebelión” de estas. Pero ese antiigualitarismo, una de las ideas más caras a la cultura conservadora, tuvo antes un recorrido jurídico y territorial importante. Porque la revolución-reforma liberal arrambló también en España con todos los argumentos del Antiguo Régimen, menos con uno: la diferencia (y desigualdad privilegiada) de algunos territorios.

Pedro Egaña fue precisamente quien presentó ante la Comisión de Arreglo de Fueros nombrada por Bravo Murillo en 1852 unos Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas redactados por el jurisconsulto alavés Blas López. Uno de los argumentos más recurrido era que la organización foral aportaba a la monarquía una estabilidad interior que contrastaba con los peligros del reciente aún movimiento revolucionario, y que sería por eso más razonable y eficaz dejar intacto el soporte jurídico, histórico y de relaciones de esa seguridad política. Con ese y otros similares consiguió convencer a tan cartesiano y administrativista primer ministro de las bondades de la desigualdad entre los territorios. Fue el último intento de los moderados, también frustrado, por hacer efectivo el axioma fundacional de los Estados nación modernos: son nacionales los gobernados por la misma ley. En España no fue así porque el final de la primera guerra carlista comprometió a las partes (y a los territorios) con un “arreglo” de fueros en el caso vascongado y navarro que se resolvió de manera singular. Con la mal llamada “ley paccionada”, Navarra se convirtió en una provincia más, en 1841, aunque reteniendo singularidades importantes en materia fiscal, jurídica y de autogobierno. Los de las Provincias Vascongadas decidieron que la manera más ventajosa de resolver era no haciéndolo, demorándolo y aprovechando la complicidad de sus correligionarios moderados españoles —Egaña era un vilumista convencido, tan reaccionario como Bravo Murillo, y Miraflores era el enlace con los vascos—, animados tanto por la inoportunidad de alentar una nueva confrontación en ese lugar como por su ontológica inclinación a no tratar a todos por igual (tampoco a los territorios). Con algunas limitaciones decretadas durante el mandato de Espartero —al sublevarse también las diputaciones en su contra, en octubre de 1841—, los fueros de esas provincias resistieron al margen del territorio común hasta 1876, dando lugar a una neoforalidad con más competencias institucionales y jurisdicción que nunca (“foralidad insultante”, la llamó Portillo).

Al volver al poder el moderantismo, las exigencias mermaron y ese partido regresó a lo que había expresado el ministro de Gracia y Justicia, Arrazola, en 1839: “Habrá una reina, y será constitucional, única para todos los españoles; habrá unas Cortes para todos los españoles. He aquí salvada en sus grandes fundamentos, en sus principios radicales, en las grandes formas, la unidad constitucional”. En las décadas de construcción del Estado liberal español, gracias al llamado “Decreto Pidal”, de julio de 1844, una reliquia del pasado legitimó en un rincón de la península una diferencia más que ventajosa. Obsérvese, además, que esa reserva de unidad (o centralización) se hacía a la vez que los moderados insistían como una de sus señas de identidad política en la limitación de la autonomía municipal (y provincial) por la desconfianza que esa instancia les producía —“50 oligarquías soberanas”— y, sobre todo, para desactivar los espacios de poder progresista y popular. Y, todavía, cuando al salir de la última guerra carlista el Estado no tuvo otra que proceder definitivamente a esa odiada igualación, otro conservador, esta vez Cánovas del Castillo, acudió a un mecanismo amortiguador de esa unificación extraordinariamente favorable a los territorios citados: los conciertos económicos con las antiguas provincias exentas.

Todo fue gracias al fuerismo vasco, la solución interior y exterior que permitió un final pactado para la primera contienda carlista. Y fue así porque propició un sitio para que las Provincias Vascongadas pudieran estar en España haciendo posible congeniar dos fórmulas contradictorias: la desigualdad y diversidad jurídica del sistema foral con la igualdad y uniformidad de deberes y derechos, base de la lógica constitucional moderna. El fuerismo constituyó el punto de encuentro ideológico, político y de intereses para la reconciliación de la sociedad y de sus élites locales tras la guerra. La “unanimidad foral”, que dijo Javier Corcuera, remitía al vascongadismo, un discurso conservador que subsumió las diferentes corrientes partidarias vascas en una sola, hasta que un nuevo factor de crisis (democracia y religión) disolviera ese pacto un cuarto de siglo después. Así fue posible el “oasis vasco”, la paz (y el orden, el respeto a las jerarquías) reinante en ese lugar que tanto envidiaban los moderados, siempre en conflicto y hasta en guerra civil larvada o declarada en el resto del país. Lo expresó muy bien Ortiz de Orruño:

El régimen foral constituía la prueba más evidente de que el ideal político moderado era realizable: los fueros hacían posible la armonización de la igualdad teórica con una acusada oligarquización, sin que esta aparente antinomia entre los principios políticos y su plasmación cuarteara su legitimación social.

Pero no quedó ahí el asunto de la unificación jurídica, como una cuestión particular de una pequeña y periférica región. Antes hemos señalado la tardanza en promulgarse en España algo tan necesario como un Código Civil, que no llegó hasta 1889 por el temor a suscitar la reacción de vasconavarros y catalanes ante el proyecto unificador presentado precisamente por un navarro de Tafalla. Alonso Martínez, quien dio impulso a esa redacción definitiva como ministro de Gracia y Justicia del liberal Sagasta, en 1888, decía que la situación del país, “lo mismo en las provincias de derecho común que en las de régimen foral”, era de

[…] anarquía legislativa, que lleva tras sí, como obligado cortejo, la duda e incertidumbre de los derechos del ciudadano, el desconocimiento de sus deberes, la confusión y el embrollo en las discusiones judiciales, la variedad y contradicción en los fallos, la arbitrariedad judicial, la aglomeración de pleitos dispendiosos que o no llegarían a establecerse o se resolverían pronto y fácilmente con un código conciso y claro.

Porque ¿cuál era la realidad del Estado que habían creado los moderados? Un jefe político en Álava, a finales de los años cuarenta, reconocía a su ministro en un oficio reservado que “el País [por el Vasco] carece de la tutela real; el Gobierno Supremo no gobierna aquí, y por consiguiente ni se le conoce ni se hace amar: y lo que es peor, en muchos casos se le desobedece casi abiertamente”. Era la consecuencia de la defección constitucional de Arrazola (y de “la apatía de los Gobiernos”, que denunciara luego el senador Manuel Sánchez Silva): no funcionaban aquí ni la unificación jurídica ni la administrativa. Pero, más allá de las Vascongadas, en el resto del país la situación general también tenía sus lacras. Mariano Miguel de Reynoso, que fue el primer ministro de Fomento que hubo, a las órdenes del centralizador Bravo Murillo, se quejaba en 1857 de que “España es España, y se mueve como un solo hombre a la invocación de su nacionalidad, pero esta unidad de miras y de sentimientos nos falta en la política, en lo civil y en lo administrativo, porque nos falta la convicción de la unidad de intereses”. Cuando estos aparecían, los españoles tornaban en vascos, como hemos visto, pero también, decía Reynoso, en gallegos, castellanos, andaluces, catalanes… “La unidad constitucional está en un libro, y la divergencia anticonstitucional se encuentra hasta en el aire que todos respiramos”. Maura lo dijo igual decenios después: “El pueblo español siente el concepto de Patria, pero no lo comprende. […] Son muy contados aquellos que viven serenamente convencidos de que forman parte del Estado, y de que hieren en el corazón a la patria común cuando quebrantan y olvidan los deberes de ciudadanía”. Si abundaba la nación en España, no parecía haber tanto de Estado, y mucho menos de cultura constitucional. Si eso era lo que venían a hacer los moderados, la distancia entre teoría y práctica era palpable. El ministro era de los que veía en “el bienestar de las clases productoras el fundamento más sólido de la libertad de los pueblos y del esplendor de los tronos”, frente a la “discusión de bienes metafísicos”. Incluso tocaba en su reflexión las contradicciones de base del liberalismo: “No basta que la ley nos permita ser libres, si nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestra ignorancia, nuestra miseria y pobreza nos hacen esclavos”, aunque resolvía conforme al catón ideológico: “El malestar de las clases no se remedia con derechos abstractos, sino con trabajos y profesiones fructuosas”. Estaba hablando de ferrocarriles —uno de los grandes desvelos de Bravo Murillo y de su instante— y desplegaba la intuición que entonces se hizo doctrina en tantos países: eran el progreso material y la Administración los que creaban la nación. Se necesitaba más Estado y menos metafísica patria.

Pero, como decimos, no era eso lo que resultó de la construcción moderada de la España moderna. Cierto que todos los contemporáneos —Reynoso entre ellos— fueron extremadamente críticos con la situación del país, y que de la comparación retrospectiva no queda escandalosamente malparada la España de entonces, por más que fuera una potencia muy de segunda, retrasada en el fulgurante progreso en que se habían instalado sus vecinos. En todo caso, los moderados habían sentado las bases del nuevo Estado liberal, pero este manifestó unas rémoras de partida que se mantuvieron hasta casi siglo y medio después: alta tasa de analfabetismo por un sistema educativo deficiente, mal dotado y poco defendido desde las élites; localismo acendrado que se reforzó con las prácticas caciquiles; modernización limitada a unos pocos espacios urbanos que convivía con “islas de miseria” en el mediodía y sur rural; industrialización muy focalizada en unas pocas localidades y regiones; corrupción en todas las escalas y ámbitos; centralismo justificado por una lectura jacobina del poder para asegurar la igualdad de derechos, que se traducía en la práctica en su control oligárquico (salvo en la excepción vasconavarra, ejemplo de “soberanía compartida”); autoritarismo represivo y renuencia sistemática a integrar progresivamente nuevos grupos sociales en el sistema; miedo cerval al pueblo como sujeto político y permanente apartamiento del mismo; inexistencia de una cultura política liberal capaz de propiciar la alternancia en el poder de opciones distintas y enfrentadas mediante procedimientos formales y legales; consiguientemente, continuidad del protagonismo militar (pretorianismo) en la esfera civil al ser débil esta y su sistema de partidos; una monarquía en absoluto arbitral, que se convierte en serio obstáculo para la continuidad del régimen; inestabilidad política estructural (treinta y dos Gobiernos entre 1840 y 1868); Corona y partido (moderado) instituidos en régimen, de manera que su desplazamiento del poder suponía cuestionarlo todo por parte de sus opositores; una institución eclesiástica poderosa, muy presente en la vida social y en el control de las conciencias; una relación entre política y negocios lastrada por sospechas mutuas; postergación internacional hasta desembocar en la crisis definitiva finisecular…

La nación, por su parte, no se vio en principio resentida, por más que la tesis tradicional de José Álvarez Junco haya incidido en la competencia de lealtades que a un patriotismo cívico le hacía la fortaleza de la Iglesia y del catolicismo en España; luego se ha apreciado también a esos agentes como eficaces nacionalizadores. Manuel Azaña y Ortega y Gasset diferían sobre si lo que faltaba en España era Estado o era nación. Para el primero, en la tesis de Reynoso, una Administración débil no había trenzado los suficientes lazos de relación material necesarios; para el segundo, más allá de Madrid, España era provincia (o, en algunos casos, región), pero ello no rivalizaba con la idea de patria común porque todavía en el siglo XIX se estilaba la llamada “doble lealtad” (o “doble patriotismo”, en acuñación de Josep María Fradera). Aunque con ideas de nación francamente enfrentadas, antagónicas a veces, más o menos fuerte o dominante según los lugares, el españolismo era común a todas las ideologías del país. Solo con el derrumbe definitivo de lo que quedaba de viejo imperio se manifestaron nacionalismos alternativos.

El Estado de los moderados, entonces, resultaba coherente con la intención grupal y de clase que lo había animado. El partido se nutría y representaba a esa “oligarquía moderna y a la clase media” que señalara José María Jover: una mezcla de gran propiedad (en buena parte aristocrática, procedente tanto de la sangre como de los 86 títulos que se concedieron en la década moderada, y beneficiada por los nuevos negocios), jefes militares, cortesanos, grupos burgueses (refugiados en este espacio político hasta 1868) y profesionales de la Administración y de los nuevos servicios (sobre todo jurídicos: abundaban los abogados metidos a políticos). Como se decía en la época, “los que saben, pueden y poseen”. La mirada de la realidad y la defensa de sus intereses se confundían; los mitos propios y el combate contra los de sus oponentes dan buena cuenta de ambas cosas. Así, los resabios tradicionales ilustran del sentido ideológico e instrumental de sus prácticas y opiniones políticas. Por ejemplo, su organicismo: cada colectivo que socialmente era algo tenía que tener su inmediata funcionalidad reconocida en lo político (v. g., el sufragio censitario). Otro, la dependencia recíproca del Antiguo Régimen estamental encontraba su continuidad en la deferencia y en la política clientelar. En todos los casos, las influencias sociales necesitaban verse respaldadas en el edificio político levantado. Pero el mismo argumento sostenía una corrupción generalizada, estructural, ya que como señala Juan Pro las lealtades políticas eran la otra cara del favor particular, ilegítimo e ilegal. Así combinaban los moderados la igualdad teórica ante la ley del sistema liberal con su aversión profunda a cualquier idea de nivelación en la realidad.

4. El carlismo otra vez en el monte

En opinión de Isabel Burdiel, la importancia y longevidad de la ideología reaccionaria en España, el legitimismo, tuvo que ver con que, a diferencia de otros países, no se trataba solo de un movimiento ajeno al poder, sino que estaba muy presente tanto en la Corte como entre una facción destacada de los moderados. Ello condicionó tanto a ese partido como a toda la política española, al vincular el destino final de la Corona y del régimen, y al ofrecer así un inseguro y autoritario baluarte frente a la presión social y política del progresismo (y del elemento popular de ese signo). Así pasó el Partido Moderado de “secuestrador” de la reina a secuestrado por esta, y así terminó su modelo político en una farsa constitucional donde al final no cabían los más sanos impulsos liberales. Es lo que ocurrió en sus dos más graves momentos de crisis: el que dio lugar al Bienio Progresista (1854-1856) y el que alumbró la revolución de 1868; entre medias, la experiencia de Gobierno de la Unión Liberal (1858-1863) no fue capaz de corregir esa deriva del sistema.

Por su parte, esa extraña condición del carlismo, con un pie en las afueras del marco político y otro en las entrañas del palacio, le permitió servir de asidero de los sectores más desencantados y asustados del moderantismo cuando una situación extrema convirtió en poco útil su opción tradicional. Por eso el carlismo oscilaba entre las posibilidades de éxito y de fracaso totales, las que devienen de algo tan rotundo como una guerra civil. Pero antes de referir ese momento en que la contingencia le devolvió a la historia, es necesario ver la ocasión que tuvo para desaparecer definitivamente de esta. Porque, solo unos pocos años después de haber perdido su primera contienda, retomó el procedimiento insurreccional y lo hizo coincidiendo con la primera parte del llamado “gobierno largo” del general Narváez (1847-1851) y con las “tormentas revolucionarias” del 48. Sin llegar a alcanzar el rango de “segunda guerra carlista”, como la denominan algunos autores, no cabe duda de que su actividad tuvo mucha más entidad, seguimiento y peligro que los movimientos progresistas y populares de aquel temido año.

Al terminar la guerra siguieron actuando partidas sueltas, a caballo entre una difícil integración social y la continuidad de prácticas de bandolerismo, igual que ya había sucedido después de cada una de las contiendas anteriores, desde la francesada. Cataluña y el Maestrazgo fueron las regiones más afectadas, lo que le permitió al gobierno isabelino dibujar la excluyente figura del trabucaire (o, en ambas Castillas, del “latrofaccioso”). Antes, Carlos María Isidro había contraído nuevas nupcias en 1838, en Azcoitia, con su sobrina María Teresa de Braganza, más conocida como princesa de Beira. En 1845 abdicó en su primogénito Carlos Luis. El que debía ser Carlos VI, entonces, tomó el nombre de conde de Montemolín. Como hemos señalado ya, el intento de casarlo con Isabel II que auspiciaron desde el papa Gregorio XVI hasta Viluma y Pedro de la Hoz, pasando por Balmes, no prosperó. De manera que la provisional mano tendida del tradicionalismo dio paso de nuevo a una actitud levantisca. Desde finales de 1846 hasta 1849 se desató, fundamentalmente en Cataluña, un nuevo conflicto armado, el llamado “de los matiners” (o “montemolinista”). La crisis social agraria e industrial de esos días (y la desindustrialización de comarcas interiores catalanas en favor de Barcelona y su entorno) se inflamaba con un cambio de estrategia de los carlistas, contenido en la proclama del de Montemolín a sus partidarios, en septiembre de 1846. Este había puesto muchas esperanzas en aquella solución dinástica, al punto de que, en su anterior manifiesto, en mayo de 1845, posiblemente redactado por Balmes, se mostró casi como “un hombre del siglo”, un restauracionista de los de 1814, un conservador liberal antes que un reaccionario al uso:

Sé muy bien que el mejor medio de evitar la repetición de las revoluciones no es empeñarse en destruir cuanto ellas han levantado, ni en levantar todo lo que ellas han destruido. Justicia sin violencias, reparación sin reacciones, prudente y equitativa transacción entre todos los intereses, aprovechar lo mucho bueno que nos legaron nuestros mayores sin contrarrestar el espíritu de la época en lo que encierre de saludable. He aquí mi política.

Si el fuerismo y la singularidad que retuvo la región vasconavarra fueron capaces de contener el descontento allí, no ocurrió lo mismo en Cataluña, donde motivos de coyuntura, de “partido” y otros más estructurales, de fondo —la consolidación del Estado liberal y sus aspectos más impopulares—, daban aire de nuevo a los partidarios de echarse al monte. Pero ni siquiera Montemolín era muy preciso en su demanda; incluso resultaba hasta confusamente conciliador: “Las instituciones propias de la época, la santa religión de nuestros mayores, el libre ejercicio de la justicia, respeto a la propiedad y la amalgama cordial de los partidos os garantizan la felicidad porque tanto suspiráis”. De manera que los cuatro mil alzados debieron enfrentarse en batalla desigual contra un ejército que les multiplicaba por diez, y con la montaña catalana, el sur de Tarragona y las comarcas leridanas como escenarios principales (con tomas provisionales de localidades como Cervera o Igualada). Los insurrectos aguantaron hasta 1848, hasta enlazar con los movimientos progresistas y republicanos de esos primeros meses en partidas más conectadas que mixtas. Pero fue la entrada en el país de Ramón Cabrera, ya completamente mitificado, en junio de ese año, lo que pudo cambiar las cosas. “El Tigre del Maestrazgo” intentó saltar de la partida al Ejército —incluso le puso el nombre de Real de Cataluña—, organizándose en divisiones y brigadas, y con mandos militares, pero fue incapaz ante los mayores recursos y estrategia del general Fernández de Córdoba. Además, el movimiento mostraba sus contradicciones otra vez al mostrarse peligroso para los intereses de los propietarios rurales y de ciertos sectores eclesiásticos. Su inevitable radicalización social animó a estos a volver la mirada hacia unos moderados igualmente hostiles a la idea de igualación y no menos partidarios de la religión. 1848 había acercado a España el miedo a la revolución y, en la incertidumbre entre esta y el orden representado en alguna monarquía, primaba la urgente respuesta a lo primero. Aunque las hostilidades se prolongaron hasta mayo de 1849, la frustrada incursión en España de Montemolín y sus hermanos —fueron detenidos por unos aduaneros— puso un chusco punto final a esta suerte de guerra.

La opción carlista no era alternativa en estos momentos, no representaba sino otra posibilidad dinástica, ahora no muy lejana en lo ideológico de Isabel II y sus próximos, pero poco más. Es normal que en esas condiciones no fuera capaz de aglutinar descontentos de más fuste. Los “años grises del carlismo” (1849-1854), en acepción de Melchor Ferrer, casi dieron por muerto al movimiento. Carlos VI remató la derrota militar con una crisis personal que lo llevó incluso a abdicar en favor de su hermano Juan, decisión rápidamente corregida (todo por el amor de una mujer indebida para esa cultura política). Le salvó su contrario, el liberalismo: el inicio del Bienio Progresista, en 1854, le devolvió parte del sentido y popularidad cuando los moderados flaqueaban como alternativa para la mayoría de los reaccionarios; incluso algunos de estos fueron quienes invitaron a la siguiente revuelta. Montemolín volvió a la política práctica y, por mediación de su brigadier Antonio de Arjona, negoció con Isabel y Francisco de Asís otra imposible reconciliación, al tiempo que se preparaba una nueva insurrección. Cobró forma en las dos Castillas y Aragón, y de nuevo en Cataluña, en mayo de 1855, animada otra vez por la legislación progresista: desamortizaciones religiosa y municipal, y unidad católica tan amenazada que el Vaticano rompió relaciones diplomáticas. El carlismo como “efecto globo” de que habló Canal volvía a evidenciarse: el temor revolucionario, real o imaginario, lo inflaba, y la normalidad social y política lo desinflaban y consumían internamente. Pero antes de terminar el año ya se habían apagado los fuegos.

Fracasada de nuevo la vía insurreccional popular, se ensayó ahora la conspirativa militar, la conocida como “Ortegada”. Confluían en la misma la dirección carlista, algunos prebostes moderados (el negociante José de Salamanca, pronto ennoblecido, y sus dineros e influencias) y militares descontentos, como Jaime Ortega (de ahí el nombre), recién nombrado capitán general de las Baleares (o el contumaz Joaquín Elío, presente en todas las intentonas y guerras de ese signo). De Mallorca tenían que partir los barcos, en abril de 1860, que arribaran con el pretendiente al puerto tarraconense de San Carlos de la Rápita para prender una vez allí la mecha de la rebelión. Pero los que enseguida se revolvieron en contra fueron los cuatro mil soldados conducidos a ciegas, sin que aparecieran por ningún lado ni Ramón Cabrera ni el infante don Juan. El movimiento militar fue disuelto rápidamente, Ortega fue fusilado tras el correspondiente consejo de guerra y Carlos Luis y su hermano don Fernando, huidos y escondidos, volvieron a protagonizar otra escena humillante para ellos y para su movimiento. Carlos VI, detenido en Tortosa, volvió a abdicar en don Juan, y, de nuevo, puesto a salvo en Trieste (entonces aún Imperio Austro-Húngaro), se arrepintió, aunque esta vez su hermano no aceptó la rectificación. Se abrió entonces una crisis dinástica tan extravagante en su formulación y en su final como todo lo acontecido desde la retirada de Carlos V: Carlos Luis, su esposa Carolina y su hermano Fernando murieron en el plazo de unos pocos días, dejando como heredero a su hermano Juan, un defensor de la “libertad omnímoda” y de unas ideas en las antípodas del carlismo. Juan III fue enseguida instado a abdicar en alguno de sus hijos (el futuro Carlos VII, nacido en 1848, o el futuro Alfonso Carlos I, que lo hizo un año después, y cuya educación respondía al canon reaccionario esperado) o a renunciar a su ideología liberal.

De semejante astracanada los tuvo que sacar la viuda de su padre, la princesa de Beira, que en septiembre de 1864 dio a conocer una carta a los españoles redactada con ayuda de De la Hoz y del obispo de Urgel, José Caixal y Estradé, donde aclaraba a sus seguidores tres conceptos ahora puestos en duda: “¿Quién es nuestro rey? ¿Qué pienso yo del liberalismo moderno? ¿Cuál será nuestra divisa para lo futuro?”. Para la primera cuestión acudía a la lógica del viejo pacto entre el príncipe y su pueblo (pactum dominationis). La legitimidad de su poder radicaba en el canal sucesorio, pero, sobre todo, en el hecho de que defendiera como primer siervo los preceptos tradicionales, que para el carlismo (y lo que representaba) no eran ni el cuestionamiento de la unidad católica, ni la soberanía nacional, ni la sumisión y reconocimiento expresados por don Juan a su prima Isabel. La legitimidad de ejercicio —un poder aplicado “al servicio de los ideales de la Tradición de las Españas”— prevalecía sobre el de origen, derivado únicamente de la ordenada sucesión. En consecuencia, el trono debía pasar a su hijo Carlos, futuro Carlos VII.

Sobre el criterio de la de Beira acerca del liberalismo no había novedad alguna. Primero, denunciaba que los partidarios de esa doctrina, siendo una minoría, se habían instalado en el poder mediante la fuerza, con la ayuda de dos naciones extranjeras de las que dependían y para satisfacer la voluntad de enriquecimiento a costa de la mayoría. El liberalismo resultaba el compendio de todos los males, en la más ortodoxa crítica reaccionaria y desde una mirada claramente integrista, porque partía del endiosamiento del individuo humano, de su razón y voluntad como árbitro y constructora, respectivamente, de la realidad, a costa de la desplazada primacía del orden divino y providencial. Lutero y la Revolución francesa eran sus orígenes históricos, y la religión católica sería la principal perjudicada (con más insistencia en ello que en la afección a la monarquía). Finalmente, la experiencia de poder liberal habría confirmado las previsiones más críticas: su tendencia al despotismo, el reforzamiento sin límites y centralización del Estado, lo absurdo de depositar la confianza en la opinión pública, el despojo de los servicios que prestaba la Iglesia (caridad, instrucción), la falsedad real de las libertades civiles y de imprenta, o la hipócrita promesa de felicidad a los pueblos, a los que solo había llenado de contribuciones. La soberanía nacional, condenada por el pontífice, estaría haciendo ver a los propios liberales conservadores el riesgo que esta entrañaba, y por eso se acercaban desengañados a las tesis del tradicionalismo. “El liberalismo, en el último resultado, es la dictadura o la anarquía”. El pueblo, finalmente, despojado de las seguridades anteriores —muy ligadas al papel de la Iglesia—, contemplaba cómo estas se habían convertido en riquezas de los expoliadores liberales. La propiedad habría pasado de las manos muertas de la Iglesia “a las manos vivas del liberalismo”. Concluía: “El liberalismo moderno está juzgado y condenado por sus obras, por sus principios, por sus tendencias; y no puede menos de condenarle la sana razón, como en sus bases y principios fundamentales le condena la Iglesia católica”. Efectivamente, Gregorio XVI ya lo había hecho en la encíclica Mirari vos de 1832 y su sucesor Pío IX la ratificó con la Noscitis et nobiscum de 1849 y, sobre todo, con la Quanta cura y el Syllabus, en diciembre de 1864, tres meses después de la carta de María Teresa de Braganza; veinte años después Félix Sardá y Salvany popularizaba esas tesis con su opúsculo El liberalismo es pecado.

Por último, la tercera cuestión, la divisa carlista de futuro, los principios monárquico-religiosos, eran confirmados y revisados uno tras otro. En este punto no había novedad y se insistía en afirmar las premisas propias a partir de la descalificación del liberalismo en cualquiera de sus expresiones y a partir de una defensa filosófica de la sociedad orgánica tradicional, la que tenía como modelo y esperanza el carlismo (providencial, anticontractualista, contraria al absolutismo monárquico, jerárquica y, lógicamente, desigual). Frases como “los fueros y privilegios de varias provincias coartaron siempre más o menos el poder absoluto de nuestros reyes, de manera que apenas hubo rey en Europa que fuese menos absoluto que los reyes de la España católica” eran igual de comprensibles para el docto que para el lego. En sentido contrario:

[…] el liberalismo es puro absolutismo, porque se atribuye a sí un poder que no le viene de Dios, de quien prescinde, ni del pueblo soberano, porque a este no se le concede sino el vano y ridículo derecho de depositar una boleta en una urna electoral; derecho que se hace nulo por las mil intrigas, amaños, promesas, amenazas, y a la vez golpes y heridas en las elecciones. […] Nosotros, confesando que todo poder procede de Dios, y que los derechos y los deberes de los Reyes y de los súbditos tienen origen divino, no reconocemos más Rey absoluto que Dios, de quien todos dependemos; en lugar de esto, el liberalismo, proclamando la libertad e independencia de la razón con la soberanía nacional, queriendo, sin embargo, gobernar, tiene que echar mano a la fuerza bruta o de la dictadura.

En un par de frases se contenía una referencia precisa a esas “retóricas de la reacción” de que habló Hirschman —en concreto, la de la futilidad del derecho al sufragio y a la democracia— junto al argumento de Donoso Cortés sobre la inevitabilidad de la dictadura cuando se ha cuestionado el principio de legitimidad del poder de las sociedades tradicionales. Todo pura ortodoxia integrista, guiada por la pluma del obispo de Urgel, por las reiteradas afirmaciones de los papas y por el fortalecimiento “hacia abajo” que vivieron las grandes religiones en el siglo XIX, un hecho que se pierde de vista si solo reparamos en el ateísmo rampante de entonces o en los efectos unidireccionales de la modernización en el declive de la espiritualidad organizada. Como nos recordó Christopher A. Bayly, si una parte de las élites y del elemento popular se apartó de las religiones universales, sus defensores se abrazaron a estas y se valieron de los procedimientos de la época: de la popularización y multiplicación de las peregrinaciones o el esfuerzo y confianza puestos en su publicística, pasando por la uniformización y centralización del discurso por parte de sus dirigentes, hasta acabar, también en nuestro caso, en un potente catolicismo político. Por eso no es casual la reiteración que observamos en este texto de la idea de español y católico (y monárquico “por la gracia de Dios, que no por la soberanía nacional”) como algo intrínseco, que, como veremos, cobró fuste con autores como Menéndez Pelayo, hasta establecerse como “la planta de nuestra nacionalidad”, que decía aquí la de Beira. Si para el tradicionalismo la religión era el contexto natural en que se desarrollaba la vida de las personas, para los liberales moderados y luego conservadores esta (y la Iglesia) era otro elemento más de la estatalidad. En consecuencia, religión-patria-rey versus la francmasónica trilogía de libertad-igualdad-fraternidad. Y, sin embargo, el cierre del documento se ofrecía a esos conservadores “hombres del siglo” confiando en que el liberalismo español todavía no habría consolidado su sistema y en que una parte de sus seguidores podría dar la vuelta hacia el tradicionalismo en alguna situación de crisis, como la que se viviría próximamente, siempre que este no fuera visto como negación y obstáculo radical de las novedades del tiempo:

Escrita está ya nuestra divisa; levantado está el estandarte real. Carlos VII es nuestro caudillo, y llegado el momento de la lucha, no dudo que muchos de los liberales que hoy nos combaten como si fuésemos (que no lo somos) enemigos, nos abrazarán como hermanos, y lejos de envidiar nuestra gloria, participarán de ella, tomando parte en nuestros combates. […] Treinta años empleados en puros y vanos experimentos, con infinitos daños para la nación, han debido bastar para convencerlos a todos de que, no volviendo a nuestra divisa Religión, Patria y Rey, corremos a paso de gigante a nuestra completa ruina. A su sombra triunfaremos, y entonces haremos ver que, partiendo de la inquebrantable base de nuestra divisa en el sentido expuesto, puede establecerse en España una verdadera y sólida libertad individual y doméstica, civil y política, junto con el orden, la paz y la seguridad. Entonces haremos ver que no necesitamos mendigar ni constituciones, ni leyes, ni libertades extrañas, y que, dentro del anchuroso espacio de nuestra divisa, cabe todo progreso en las artes, en las ciencias, en el comercio, en la industria; que podemos vivir con vida propia e independiente; que, en fin, sin vanidad, podemos aún ser grandes entre los grandes, sin abajarnos a recibir la ley de nadie.

Como bien resume Canal, ni eran las renuncias políticas o el aperturismo programático de Montemolín en su manifiesto de 1845 —mucho menos el liberalismo de don Juan—, ni tampoco un discurso igual de rocoso en lo doctrinal y teórico que en lo más pragmático: la dimensión de los negocios quedaba a salvo y a disposición de los moderados decepcionados o espoleados por otro tipo de argumento (el religioso, por ejemplo, como pasaría). La princesa de Beira, así, al convertirse en enlace o “figura puente” entre Carlos V y Carlos VII, evitó una crisis dinástica, ideológica y orgánica que podía haber acabado con el carlismo. A la vez, la coincidencia con una compleja situación nacional e internacional poco después devolvió al tradicionalismo —de nuevo el “efecto globo”— la oportunidad de ser útil y de subsistir como un movimiento contemporáneo y vivo.

5. La crisis del moderantismo

El tiempo de los moderados comenzó con un Gobierno de González Bravo seguido de otro de Narváez y terminó con los dos mismos personajes invirtiendo el orden al frente del Ejecutivo. Treinta Gobiernos discurrieron entre el primero y el último en solo un cuarto de siglo. El “largo” de Narváez duró poco más de tres años y el de O’Donnell casi cinco; el “relámpago” del conde de Cleonard (Serafín María de Sotto) solo veintisiete horas. Narváez cayó de aquel Ejecutivo acusado indirectamente por Donoso Cortés de ser condescendiente con una corrupción muy extendida en las esferas del poder. La etapa del “enriqueceos” español también fue la de la corrupción convertida en motivo fundamental del debate político, periodístico y parlamentario. Con los de Riánsares a la cabeza y sin esquivar a militares (como el propio Narváez u O’Donnell), aristócratas y políticos de toda laya —singularmente moderados, pero no solo—, alcanzó su instante álgido durante el gobierno de Sartorius, entre septiembre de 1853 y julio de 1854. Desde el Ejecutivo, el recientemente convertido en conde de San Luis pretendió legalizar las concesiones ferroviarias hechas hasta la fecha, dando así carta de naturaleza al agiotaje de otro de los grandes beneficiados, como él, en esos negocios: el futuro marqués de Salamanca. No extraña entonces que durante la revolución del verano de 1854 la turba exaltada asaltara, entre otros, los palacetes madrileños de ambos o el de María Cristina, o que los tres se vieran obligados a salir al exilio durante el Bienio Progresista, mientras el Parlamento sometía al matrimonio Riánsares a un auténtico juicio político en ausencia.

Entropía puede ser la palabra para definir ese tiempo. Entropía social, en todo caso: aquella situación en la que un sistema consume una cantidad inusitada de energía para su propio mantenimiento, reduciendo casi al extremo el beneficio que produce en su entorno. O quizás sea más práctico acudir a otro término menos complejo que los que usan las leyes de la termodinámica: la disfuncionalidad (de un mecanismo para el objeto para el que fue diseñado). El moderantismo, después de una década constructiva brillante, beneficiosa para los intereses particulares de sus miembros, pero también, indirectamente, para todo el cuerpo social —una versión de la capitalista “teoría del goteo o de la filtración descendente”—, dejaba de resultar eficaz a todos los efectos. Tras ocho años intensos de desarrollo y cleptomanía, sin oposición alguna, procedía a consumirse a sí mismo en contradicciones, personalismos, capillas y pugnas palaciegas. Derrotado momentáneamente el fantasma de la revolución y sin que el empeño organizativo de Andrés Borrego alcanzara el éxito, entraba en crisis como partido e incluso como representación de intereses; no pasó de ser “un mero partido de corte”, demasiado pragmático y heterogéneo como para proyectarse en el futuro.

Intentó taponar la herida Bravo Murillo con su administrativismo —“el último funcionario del despotismo ilustrado”—, tratando de vencer las pulsiones disolventes de la diferencia política. No fue posible y, como hemos visto, en su entusiasmo llegó a poner en peligro la cultura constitucional trabajosamente levantada. La sucesión de Gobiernos de Roncali, Lersundi y Sartorius, lejos de resolver nada, no hizo sino agrandar la brecha. A la corrupción de los negocios públicos y privados, sometida ahora a escrutinio, se le unió la electoral, inevitable para fraguar Parlamentos confortables (Lersundi), y, enseguida, el autoritarismo (Cortes cerradas, prensa perseguida), y la reacción violenta y represiva desde el poder. A los progresistas expulsados del sistema desde los inicios del régimen, conspiradores recurrentes por necesidad, se les acabó uniendo la parte más crítica del moderantismo (los puritanos), la disposición a protagonizar un pronunciamiento de algunos generales (O’Donnell, Serrano, Concha), la indolencia de quienes sostenían el edificio anterior (Narváez, Pidal), la nefasta política de nombramientos de la Corona y una doble crisis de desempleo y de alza de precios en el invierno de 1853-1854. Esto último se derivaba tanto de lo precario del mercado nacional recién construido —de su red de transportes, en concreto— como de la salida de productos nacionales para abastecer las necesidades de la lejana guerra de Crimea. Los entusiastas campesinos locales celebraban: “Pan, sol y guerra en Sebastopol”.

De esta manera, la congestión política se resolvió por el procedimiento habitual e inevitable en la España del siglo XIX: el pronunciamiento militar, acompañado de la conspiración de facciones opuestas al Gobierno (y al sistema) y de la protesta popular por la situación sociopolítica y económica. La mezcla de protagonistas y de intereses, de resultar exitoso el movimiento, anticipaba las contradicciones futuras a la hora de gestionar algún proyecto alternativo común. El suceso determinante fue la Vicalvarada del último día de junio de 1854, movimiento militar encabezado por O’Donnell. Sin embargo, otra vez, por sí misma no resolvía el impasse, y el pronunciamiento precisaba del apoyo popular y el de los progresistas. Comenzaba así el Bienio Progresista (1854-1856), establecido en los términos de un manifiesto, el de Manzanares (7 de julio), donde confluían la voluntad de O’Donnell con la del general Serrano, y con la del comité que de alguna forma representaba a ese pueblo liberal alzado. La redacción vino a cargo de un puritano de importancia política futura: Antonio Cánovas del Castillo. En cuatro cortos párrafos se justificaba el movimiento militar y el aplauso civil que este recibía en el respeto prometido a la libertad y a las leyes (y, en concreto, al régimen representativo). Para el inmediato futuro afirmaba la conservación del trono, “pero sin camarilla que lo deshonre”, “la práctica rigurosa de las Leyes Fundamentales”, con especial referencia a las dañadas de imprenta y electoral, la rebaja fiscal, el respeto a los empleos militares y civiles (y a su antigüedad y méritos), a la autonomía municipal y a la Milicia Nacional como garantía de todo ello. La regeneración nacional a que aspiraba el movimiento establecía en el manifiesto una sucesión también harto conocida: constitución de juntas provinciales, convocatoria de Cortes y la nación reparada.

A pesar de la apelación a la clásica mecánica revolucionaria española y a pesar de que en los primeros momentos el pronunciamiento se convirtiera en revolución, para alborozo de los progresistas, eran los moderados más liberales los que finalmente tomaban la iniciativa haciendo suyas, eso sí, algunas habituales demandas de sus históricos oponentes (elecciones, imprenta, ayuntamientos, milicia) y del elemento popular (impuestos). La reina seguía en su sitio —avisada por última vez— y se desactivaba el factor disolvente de su camarilla. Cortes y Corona seguían siendo la pieza de sostén del sistema, incluso en un momento revolucionario como este. Pero la tradicional doble demanda puritana: un sistema político integrado y soportado en la alternancia de moderados y progresistas (la conciliación), y tan desprovisto de exageradas limitaciones como para poder ser llamado liberal (la puridad, el legalismo: “la política es el derecho”), se convertía ahora en urgente e imperativa. Y eso porque su bloqueo estaba afectando tanto a la eficaz modernización económica del país como a la credibilidad del Estado y a la integración en el sistema de grupos sociales cada vez más importantes y protagonistas (burguesías productivas, grupos profesionales y hasta un incipiente pueblo obrero rural y urbano cada vez más reivindicativo).

La revolución de 1854 sirvió así para gestar una suerte de centro-derecha de entonces, lo que acabaría siendo la Unión Liberal, el “tercer partido”, el “partido medio”, el primero de centro en la historia española, según algunos autores (no todos). Una cultura y una formación política nuevas, capaces de unir a moderados puritanos con progresistas “resellados” (o “templados”), aquellos que encabezaba Manuel Cortina. Por eso preferían más el término de “partido nacional” que de “tercer partido”, en su intento de acrisolar ambas procedencias en un empeño político común. A ello se llegó definitivamente en junio de 1858, cuando O’Donnell, la figura estelar de la Unión Liberal, convertido ahora en el “espadón” de los puritanos, ocupó el Gobierno de manera prolongada.

Pero el proceso tenía sus antecedentes. Si nos remontamos, podríamos buscar ese “centro” en aquella alianza provisional de fuerzas contra Espartero en 1843 o, como gustaban recordar sus integrantes, en aquel plural frente opositor a la reforma constitucional autoritaria de Bravo Murillo (o a la anterior “dictadura” de Narváez), o, ahora, en el breve gobierno del duque de Rivas, que incluía a Ríos Rosas o al general Fernández de Córdoba. Precedió a la vuelta a la presidencia del citado duque de la Victoria (Espartero), que presidió esta nueva experiencia progresista con ministros puritanos como Pacheco o el propio O’Donnell, junto a los de la facción avanzada: Claudio Antón de Luzuriaga, el duque de Sevillano (Juan de Mata Sevillano), Alonso Martínez o Pascual Madoz. Ese Gobierno se sostenía, precisamente, en la mayoría parlamentaria que había conseguido en octubre de 1854 una alianza electoral denominada Unión Liberal, que acogía a elementos de esas dos procedencias. Solo fueron refractarios a la confluencia los progresistas puros de Olózaga, entre los que se localizaba a un joven Práxedes Mateo Sagasta. La oficialización de un “centro parlamentario”, en marzo de 1856, supone el antecedente inmediato de la creación del partido como tal, que se ratificó en noviembre de 1858, en ambos casos para disponer esa mayoría en beneficio de gobiernos de su jefe, O’Donnell. Junto a este destacaron Cánovas, el marqués de la Vega de Armijo, Ríos Rosas, Manuel Silvela (hermano del también futuro presidente conservador), Cortina, Antonio Méndez de Vigo, Alonso Martínez, los generales Gutiérrez de la Concha, Serrano y Prim, y alguien procedente del moderantismo histórico, José Posada Herrera, enseguida convertido en pieza clave del nuevo partido.

Que la reina no tuviera otra opción que recurrir, en julio de 1854, al “mito Espartero” para desmontar las barricadas era la confirmación de que el escenario había cambiado hasta poner en peligro lo existente. “Isabel II se jugó la Corona”, escribe Isabel Burdiel. La oportunidad que ahora tenían los progresistas obligó a su sector más templado a moverse rápido, aunque paciente. La anterior invocación del poeta y político puritano Nicomedes-Pastor Díaz —“De las arenas ensangrentadas de la revolución había que pasar a los pacíficos campos de las instituciones”— se reiteraba una vez más y, a la vista de una situación de alto riesgo, se acudía a un personaje tan discutido como Espartero. Se trataba de consolidar institucional y legalmente la revolución para así contener la presión de los demócratas y de la creciente parte del pueblo movilizado que estos pudieran conducir. De esta manera, en términos de geometría política real y atendiendo a los nuevos extremos partidarios, quien quedaba ahora en el centro era más bien el duque de la Victoria, flanqueado por unas élites en remodelación y por un elemento popular presionando en las calles.

Por eso, el Bienio fue una revolución en las formas y en los pulsos internos que, sin embargo, acabó cuestionando más el Gobierno anterior que el régimen en su conjunto, y se desarrolló en términos más de continuidad que de ruptura. Así pasó en lo referido a las reformas económicas, donde, sin diferencias notables entre las élites, desplegó los cambios necesarios para el desarrollo definitivo del capitalismo español que los moderados no habían podido completar por falta de convicción o de tiempo y agenda (ferrocarriles, desamortización, mercado nacional, sistema financiero y bancario, infraestructuras); Tomás-Ramón Fernández la llama “la obra nueva” del Bienio: desamortización de Madoz; regulación bancaria y de sociedades de crédito, y banco de emisión; y Ley de Ferrocarriles, e incluso la Ley del Servicio General de Sanidad, de noviembre de 1855. La bonanza económica del instante alcanzó a facciones burguesas de diversa sensibilidad política. Al contrario, sobraron argumentos para enfurecer tanto a los tradicionalistas como a Roma, que rompió relaciones, pero también a un campesinado meridional que confirmaba definitivamente la enajenación de las tierras comunales o a un incipiente proletariado al que finalmente se le negaban las promesas de reforma social hechas al comenzar el movimiento (jornada, tribunales mixtos, derecho de asociación). Además, la Ley Municipal aprobada (y la Provincial que se les quedó en el tintero) asumió buena parte de la tesis moderada de la Administración como eje del Estado, frente a la de los pueblos y provincias como cuerpos políticos; por ahí se fueron escapando los federalistas.

6. La Unión Liberal de O’Donnell

De esas contradicciones vino finalmente, dos años después, la ruptura de la unión fraguada en Vicálvaro: Ejército y milicia, como expresión de intereses, demandas y cuerpos sociales enfrentados, chocaron, y, con ello, también lo hacían O’Donnell y Espartero, para regocijo de Isabel II. El primero, al que la reina fue convirtiendo en su valedor frente al segundo, fue puesto al cargo del Gobierno, confirmándose así que, si el Bienio había servido para dar el empujón legislativo que necesitaba el Estado liberal y capitalista español, no lo había sido a la vez para ampliar el espacio de representación y de juego del mismo: los sectores populares y algunas clases medias seguían al margen, sin incorporarse ni integrarse en él. El cadáver de un proyecto de Constitución non nata, la del 56, quedaba como resto físico de esa incapacidad. La “primera expresión democrática del constitucionalismo español”, según Jiménez Asensio, regresaba al “espíritu de 1837” y hablaba de soberanía nacional, tolerancia religiosa, jurado para delitos de imprenta, diputación permanente en las Cortes y restitución de la milicia, además de constitucionalizar (blindar) futuras leyes orgánicas sobre sistema electoral, tribunales, organización municipal y provincial, Milicia Nacional o imprenta. Pero todo quedó en nada. No había sido un tiempo en vano, pero sus consecuencias resultarían contradictorias: la planta liberal española se había ampliado, aunque sin satisfacer las crecientes demandas de los sectores excluidos, lo que amenazaba otra vez el futuro de un sistema renovado, pero todavía muy elitista.

El posicionamiento político de la derecha —igual que pasa con la izquierda— es evolutivo. Sus fundamentos ideológicos profundos son permanentes, pero su disposición ante los cambios de la realidad social resulta dinámica. El conservador más reaccionario de 1900 sería un progresista comparado con uno de sus correligionarios de medio siglo atrás. Para las derechas, en buena medida, la historia evolucionó a su pesar, y estas no hicieron sino ir incorporándose a la nueva realidad transformada. Se aprecia bien en O’Donnell, un hombre totalmente distinto de Narváez, pero que también se enfrenta a la demanda popular y a la de ampliación del régimen reaccionando defensivamente. De hecho, él abre y cierra el Bienio con su espada. La exigencia democrática y social había crecido a la par que la apertura de miras de esta gente de orden llamada a mantener un statu quo cambiante, pero reconocible en sus continuidades. Como advirtió Joaquín Azagra, los unionistas se nutrieron de “puritanos y progresistas cuyas lejanas mocedades revolucionarias habían cedido ante un cierto conservadurismo asentado sobre la mejora de su propia situación económica y social”. No era la primera vez que pasaba y su manifiesto de septiembre de 1854 era exponente de ese tránsito. Parte de la derecha se adaptaba a la nueva situación en paralelo a la amenaza cada vez más disolvente de sus opositores políticos de las izquierdas (demócratas y republicanos, y radicales populares).

La creciente tensión social se proyectó políticamente en la Milicia Nacional, que finalmente fue disuelta a poco de ocupar O’Donnell la presidencia. El general restituía el orden público y volvía a la Constitución del 45, pero, consciente de que así regresaba a la situación anterior a la Vicalvarada, incorporó a esta el Acta Adicional donde recogía demandas tradicionales de los progresistas (derechos, jurado, representación electoral, Gobiernos locales y capacidades de las Cortes y de la Corona). Otra vez el intermedio legal no servía para el momento de tensión: las izquierdas habían quedado negadas violentamente —tras su golpe de Estado, O’Donnell impuso el estado de sitio nada más llegar al poder— y las derechas se revolvían contra los unionistas utilizando el argumento de la insistencia progresista en una desamortización que tocaba de nuevo a la Iglesia. Se enfrentaba a los primeros por la fuerza y trataba de ganar espacio entre los segundos, sobre todo entre los “resellados”, para asentar su proyecto político. No lo logró, porque fueron los moderados puros los que resucitaron entonces, sin aceptar limitaciones ni para ellos ni para la reina. Esta, lógicamente, se sintió también amenazada en sus atribuciones por la reforma (o adenda) constitucional prevista por el general, de manera que decidió recurrir de nuevo a Narváez el día del Pilar de 1856.

Fue justo un año en el que la historia del país regresó al tiempo de los moderados, en su versión más extremista y retrógrada: todo el edificio político del Bienio Progresista e incluso del corto epílogo de O’Donnell fue desmantelado (Acta Adicional, revisión del concordato por la vía de los hechos, desamortizaciones, ayuntamientos, régimen electoral e imprenta). Del mismo modo, el de Loja, de la mano de su ministro de Gobernación, el neocatólico Cándido Nocedal, se aplicó a una reforma constitucional (de la del 45) con aromas de Antiguo Régimen: la posibilidad de vincular bienes a los títulos de nobleza en contradicción con los principios liberales de la propiedad privada (libre y enajenable). Recordaba aquella iniciativa reaccionaria de Bravo Murillo y, aunque no se puso en práctica, tampoco se derogó hasta 1864. Más allá de eso, en lo estrictamente económico no tocó nada e insistió de nuevo en las soluciones administrativistas para fortalecer la naturaleza del Estado. Sin embargo, después de lo ocurrido, la posición de los moderados era muy endeble y el poder de la reina se sintió suficientemente recuperado como para prescindir de Narváez y, tras un par de gobiernos efímeros de otros como él (Armero e Istúriz), depositar su confianza en O’Donnell.

En junio de 1858 comenzó la experiencia de la Unión Liberal, que duró hasta marzo de 1863 a través de dos Ejecutivos sucesivos de aquel general. A tal situación se llegaba al segundo intento. En el primero, en aquel gobierno de O’Donnell de julio a octubre de 1856 y en el que le siguió al de Narváez, se dirimieron las fuerzas respectivas dentro del sistema. El moderantismo llegaba dividido y debilitado, pero todavía con el suficiente músculo como para impedir el ascenso dentro de las estructuras de poder del Estado de los de la futura Unión Liberal. Así lo demostró, incluso, la resistencia a perder posiciones de los máximos enemigos de la operación: los “polacos” de Sartorius. De hecho, los movimientos contradictorios en torno a la Constitución —la adicional que redactó Ríos Rosas o la reaccionaria Ley de Vinculaciones de Narváez promovida por Cándido Nocedal— no eran sino movimientos a izquierda y a derecha para desplazar opositores y ganar partidarios. El que no prosperara ninguna de las dos reformas de la carta indicaba que ni los primeros eran todavía suficientemente fuertes como para asentarse en el poder ni los segundos estaban tan acabados. En esa pugna, el cuestionamiento de la propiedad liberal burguesa que hacía la Ley de Vinculaciones y, sobre todo, el de la continuidad de las desamortizaciones alertó a la facción más puramente capitalista de que sus contrarios podían poner en peligro el desarrollo económico del país (y, de paso, el de sus oportunidades de hacer negocios) y el propio proyecto político liberal que lo acompañaba. La presencia de personajes como Nocedal en la iniciativa reaccionaria de Narváez (o en la restrictiva Ley de Imprenta que llevó su nombre, en 1857) era indicativa de que dentro del moderantismo se fraguaba una opción extremista, la de los “neos” (neocatólicos), muy cercana ideológicamente a los carlistas y abiertamente antiliberal, mucho más elaborada incluso que la anterior tradición representada en el marqués de Viluma. Al cabo, sus primeras armas políticas en aquel partido las hizo Nocedal bajo el mandato de Bravo Murillo y de la mano de Bertrán de Lis. En este penúltimo Gobierno de Narváez, votó contra la Ley Moyano al no quedar claro, según él, el control de la educación por parte de la Iglesia.

Pero, además de una coyuntura favorable, el experimento de la Unión Liberal necesitaba de gestores adecuados. Como explicó Francesc Martínez Gallego en un estudio sobre Valencia extrapolable a todo el país, Ríos Rosas, en aquel primer Gobierno de O’Donnell de 1856, intentó desde Gobernación poner a favor del unionismo los poderes locales y provinciales para así asegurar el control del proceso político. O no era todavía el momento oportuno o no fue mucha su pericia. El caso es que fracasó y no sirvieron sus maniobras sino para dar aire a sus oponentes (con los “polacos” a la cabeza). Pero cuando este mismo puesto lo ocupó Posada Herrera en el “gobierno largo” de O’Donnell (e incluso desde antes en el de Istúriz), el éxito en la gestión le valió pronto el título de Gran Elector, como se lo conoce. José Posada, otro asturiano más en esta interminable lista de mandatarios de esa región en el siglo XIX, comenzó como progresista y esparterista hasta marzo de 1843, tiempo en el que alcanzó una cátedra de Administración. Entonces basculó hacia el moderantismo, destacándose como el gran acusador de Olózaga en el incidente que lo exoneró como primer ministro. Aunque de alma puritana, sus mejores respaldos los tuvo en el moderantismo puro, pero finalmente, tras casar con una millonaria cántabra, vio más claro el horizonte que le ofrecía la versión más moderna de la Unión Liberal. “Se ha templado mucho don José entre los brazos y los dineros de doña Carmen”, apuntaba con gracia uno de sus biógrafos. Después de ser ministro de Gobernación con O’Donnell le quedaría aún una dilatada trayectoria política, no menos cambiante que la inicial.

Lo cierto es que Posada Herrera sí que consiguió mover las fuerzas en favor de los unionistas. Comenzó primero forzando la caída del Gobierno Istúriz y ya, repitiendo como ministro de Gobernación, se convirtió en el alma mater de aquel Ejecutivo y del propio partido. Sus premisas políticas y sus maneras de hacer las dejó claras en su conocida circular de 21 de septiembre de 1858 a los gobernadores civiles. Se conoce como la del “influjo moral”. En ella se precisaba el ideario de la Unión Liberal: mantener la legalidad constitucional de 1845, dotar de moralidad a los negocios públicos y a los procesos electorales, una ley de prensa más abierta y descentralización de la Administración local, fomento de los intereses materiales del país y política de prestigio de este. El nuevo partido, más que una alianza de lo mejor de progresistas y moderados, debía ser una fusión que representara la nueva política, al punto de aspirar a ocupar todo el espectro político: “Un nuevo troquel para una nueva generación de conservadores”. En el fondo, era ver a la Unión Liberal como un nuevo “partido de Gobierno”, como lo había sido antes el moderado. No en vano, algunos veteranos de este, aunque se mantuvieron retraídos, invitaron a sus cachorros a incorporarse a la nueva formación para no dejar pasar la oportunidad y para que esta no se convirtiese en una amenaza para sus intereses. Algunos de los primeros, incluso, dieron el paso decididos (Mayans y Mon). Sin embargo, la manera de forjar un bloque de poder que respaldara ese programa era orientar decisivamente la voluntad de los electores a través de los gobernadores civiles. Esto se venía haciendo desde el inicio del tiempo isabelino, pero Posada le incorporó una justificación que traslucía su visión del poder. Decía a los poncios:

Ustedes, órgano y agente principal del Gobierno en esa provincia, ni pueden ni deben tampoco renunciar a ejercer en las elecciones el influjo moral que su posición les permite, impidiendo que oigan solo los electores la voz de las oposiciones.

Por tal se entendía, a un lado, a demócratas y progresistas puros, y a otro, a carlistas y neocatólicos. Pero, sobre todo, el asunto consistía en desplegar toda una trama de relación vertical entre el ministerio, los gobernadores civiles y la capacidad de estos para pulsar el interés de los caciques e influyentes locales, ordenar sus fuerzas y preferencias, y asegurar así la victoria. Además de eso, también tenía a la vista el control de los procedimientos legales y técnicos (de la confección de listas y distritos al manejo del telégrafo o de las futuras invenciones), y de los abiertamente coactivos (la corrupción). Lo que se suele atribuir al restauracionismo canovista de dos décadas después ya estaba formulado con antelación y fue adecuadamente experimentado en todo ese tiempo. Nace en el isabelino, se perfecciona en el unionista y se despliega en el alfonsino. Si acaso, el modelo de Cánovas era un poco menos excluyente y acabó otorgando a los partidos ajenos al turno una presencia testimonial en el momento de proceder al encasillado y asignar previamente a la elección los escaños de cada formación.

Además de eso, Posada Herrera se convirtió en portavoz tanto del Gobierno como de la mayoría parlamentaria, desarrolló la cohesión del partido en la mejor doctrina Borrego e incluso institucionalizó la disciplina con el famoso “tacto de codos” que obligaba a los diputados en las votaciones. El influjo moral, como se ve, no tenía límites, pero tampoco las contradicciones prácticas. La promesa de descentralización territorial chocó en las provincias con la estructura de poder articulada entre el ministerio y los gobernadores, que ahogaba a un tiempo la autonomía local y el poder incontrolado de los caciques. “Descentralizar robusteciendo la autoridad” era un acertijo de difícil aplicación; un escalón más en aquel jacobino que juntaba centralización del poder e igualdad de derechos. Siempre habría primado el poder y así lo demostraba Posada también con sus promesas incumplidas de apertura política del unionismo: las mayores facilidades para la libre circulación de la opinión pública iban en contra de esa obsesión por el mando, y ahí surgió la crisis. Tras cinco años seguidos como ministro, un récord en la historia del país hasta entonces, O’Donnell prescindió de él en la remodelación de enero de 1863.

Por lo demás, el lema unionista de “conservar progresando” significaba otra vez subordinar el futuro político a los logros de la economía. Los años sesenta coincidieron casi en su totalidad con un ciclo expansivo de la economía internacional. En España, este vino muy ligado al desarrollo de la red ferroviaria y a la activación de las medidas económicas formuladas en el Bienio Progresista, pero también a una política de infraestructuras y obras públicas que alcanzaba a las carreteras (su primer plan nacional de 1860), a la multiplicación de cajas de ahorro locales y, sobre todo, a la conversión de las ciudades y de sus ensanches en una oportunidad de negocio y en demandantes de recursos y mano de obra: derribo de murallas, construcción de la nueva trama callejera con la llegada del tren, alumbrado público de gas, abastecimiento de aguas y toda la política general de servicios y de policía urbana (con su reglamento de 1859). La formación bruta de capital dio un salto con el presupuesto extraordinario de abril de 1859, consumido en obras públicas y Ejército y Marina. El impulso desde el Estado de la modernización económica tenía que ver con recursos, legislación económica y moralidad pública.

La “familia feliz” —como irónicamente denominó Alcalá Galiano a los unionistas: una colección de intereses dispares, apaciguados y ordenados por la autoridad de un “domador”— no podía dilapidar otra oportunidad, como hicieron los moderados en la anterior fase expansiva de los años cuarenta. Y estabilidad política para ello es lo que mejor preservó O’Donnell, soportada en el inicial éxito económico, en la impresión de desarrollo a todos los efectos, en el respeto ganado dentro del Ejército, en la confianza de la Corona, en el control del partido por Posada e incluso en la expansiva política internacional de prestigio y de alivio de tensiones interiores que llevó a cabo (en Marruecos, América, la Cochinchina o el Pacífico), sin olvidar la anuencia cómplice de quienes gestionaban las ricas colonias que todavía les quedaban a los españoles. El futuro duque de Tetuán (O’Donnell) aseguraba personalmente la estable relación entre la metrópoli y los territorios de ultramar, resguardando los “intereses materiales” de hacendados esclavistas antillanos y de la burguesía peninsular ligada a esos negocios. Nunca hasta entonces un Gobierno duró tanto, ni estuvo tanto tiempo seguido abierto el Parlamento.

Entonces, ¿por qué no prosperó la Unión Liberal y por qué acabó cayendo el exitoso gobierno de O’Donnell? El carácter centrista del partido tenía que ver sobre todo con la negación de los extremos a los que combatía. Lo expresó bien Alonso Martínez en una alocución ante las Cortes en junio de 1860:

La Unión Liberal tiene por objeto: primero, impedir a todo trance que el poder llegue a manos de la reacción; y para esto cuidar de los grandes intereses morales y tradicionales del país, y sobre todo inspirar al Trono y a la nación la confianza, la seguridad de que estando el poder en manos de la Unión Liberal no peligra el orden público, porque esta es el arma más poderosa de la nación; y segundo, impedir la invasión de las ideas democráticas y socialistas; y para esto dedicarse con esmero a afianzar, a consolidar y desenvolver las conquistas legítimas de la revolución, haciendo además cuanto pueda mejorar la condición material y moral de las clases pobres; pero sin permitir que se pervierta nunca la idea del trabajo, la idea de la propiedad, la idea de la familia, ni ninguno de los grandes principios sobre los que descansa la sociedad.

Efectivamente, los unionistas se las vieron con esos extremos: la sublevación campesina de Loja, en 1861, o el fallido golpe carlista de Montemolín. Pero su izquierda y su derecha competidoras no estaban tan lejos. A su izquierda eran los progresistas puros a quienes tenían que contentar (e incluso a sus “resellados” más sinceros). Su oferta política consistía en limitar el poder de la Corona, ampliar el del Parlamento, ensanchar el censo electoral y asegurar las libertades ciudadanas. Sin embargo, la Constitución moderada de 1845 siguió siendo el marco legal vigente, incluso con la reaccionaria reforma de Narváez-Nocedal de 1857 que, aunque no se aplicaba, siguió allí durante años “de vigencia latente y no efectiva”, en palabras de Jover. Esta indolencia unionista para reformar semejante norma se convirtió en símbolo de su falta de iniciativa para establecer otro marco legal con mayores garantías y aperturas, algo que le permitía su mayoría parlamentaria. Un desprecio por el debate profundo que la Unión Liberal convirtió en santo y seña de su política, y que justificaba Posada Herrera en 1859:

Nuestra política consiste precisamente en alejar todas aquellas cuestiones que puedan dividir los ánimos de las diferentes fracciones del partido liberal, y puedan dividirlos estérilmente con perjuicio de los verdaderos intereses de ese partido, apartándole de las grandes e importantes cuestiones que están por resolver en este país, y que interesan cardinalmente no solo al partido liberal, sino a la masa del pueblo español.

Poco después, también en sede parlamentaria, lo reiteraba Cánovas:

Yo sostengo que los partidos políticos están llamados a resolver cuestiones transitorias, no llamados a resolver cuestiones absolutas; que los partidos políticos no pueden ni deben confundirse con las escuelas; que los partidos políticos representan más bien intereses legítimos que principios científicos y principios abstractos; que los partidos políticos se forman en momentos dados de la historia de las naciones, y desaparecen después lentamente, y vienen luego a resolverse en nuevos partidos, que marchan como marcharon sus predecesores por la senda del progreso humano.

Progresistas puros como Olózaga o Sagasta atacaron por ahí, pero la inacción también desgastaba desde dentro de sus filas, porque hacía poco creíble su proyecto político para ese sector. En este debate, los “resellados” progresistas clamaban por la restitución del Acta Adicional de 1856, mientras que la mayoría de unionistas, proveniente de las viejas filas moderadas, prefería dejar la Constitución del 45 sin más añadidos. En abril de 1861, el influyente Ríos Rosas se declaró disidente de su grupo al demandar en las Cortes que el Gobierno acometiera esa reforma, dado que, de no hacerlo, mostraba a las claras la traición a su programa y su entrada en un “sistema reaccionario, retrógrado”. O’Donnell sostuvo que el Gobierno estaba haciendo en la práctica lo que prometía la Adicional, pero eso no convenció a los críticos. Además, la exitosa política exterior abrió también otra brecha cuando otro sector unionista, encabezado por el emergente general Prim —otro mito del pueblo— y con elementos importantes detrás (Manuel de la Concha, Cánovas, Mayans y Mon), se quiso apartar de la obediencia a Napoleón III en el escenario mexicano, algo que defendían la mayoría y su presidente. La reina obró sibilina y artera como de costumbre, y se inclinó en este punto por el de Reus frente a O’Donnell, forzando una crisis de gobierno que apartó a Posada. El presidente, entonces, quiso contentar a su izquierda y llenó de “resellados” su nuevo gabinete (Nicomedes-Pastor Díaz, Vega de Armijo o Francisco Luján), pero sin suerte: la reina no le aceptó la disolución de las Cortes para conformar una nueva mayoría y hubo de dimitir. Había prometido eliminar formalmente la reforma reaccionaria de la Constitución de 1845, pero ya era tarde. Otro tanto había pasado con las leyes de prensa, electoral o de Administración municipal; tampoco llegaron. Su intento por no introducir debates disolventes acabó por dividir internamente un partido que se pretendió síntesis perfeccionada del viejo anhelo de fundir orden y libertad.

7. El momento final del sistema isabelino

El unionismo fracasó a la hora de proyectarse como partido, pero, contradictoriamente, los restos de los otros de los que se había nutrido en ese tiempo sirvieron para recomponer a moderados y progresistas hasta el cambio de régimen en septiembre de 1868. Recomponerlos y transformar su agenda y su actitud, porque el paso del tiempo los había extremado. “La democracia obró sobre los antiguos partidos con dos fuerzas contrarias, con una fuerza de atracción y con una fuerza de repulsión”, decía Alonso Martínez, y en ello asentaba la lógica y el sentido de la existencia de la Unión Liberal. Sus oponentes sostenían justo lo contrario, que la presencia de un “tercer partido” falsificaba las posibilidades de alternancia en el poder. Los progresistas se entendieron con los demócratas hasta acabar confluyendo con parte de ellos, después de 1869, como desarrollo de la política de retraimiento y deslegitimación de las Cortes con la que respondieron a las medidas restrictivas del nuevo Gobierno del marqués de Miraflores. Por su parte, la radicalización de la mayoría de los demócratas los llevó directamente al republicanismo.

Después de la desgraciada circular del ministro Florencio Rodríguez Vaamonde a los gobernadores civiles, en agosto de 1863 —que restringía el ejercicio electoral en la parte de publicidad de ideas de los candidatos—, los Ejecutivos moderados que sucedieron al de Miraflores (Arrazola, Mon y Narváez) trataron por todos los medios de rectificar y de ofrecer a los progresistas nuevas legislaciones electorales y de reunión que les sacaran del retraimiento inicial. El sistema quedaba deslegitimado radicalmente por su oposición. Incluso O’Donnell, cuando ocupó el poder en junio de 1865, amplió extraordinariamente el censo electoral, pero sin éxito: los progresistas estaban ya en otra estrategia, la conspirativa y golpista, amenazando a un tiempo la continuidad del Gobierno, del sistema y del trono. El popular general Prim se sublevó en enero de 1866 y provocó la reacción represiva de O’Donnell. Como escribió el periodista y futuro ministro Carlos Navarro Rodrigo: “Antes del 3 de enero, la Unión Liberal de 1854; después del 3 de enero, la Unión Liberal de 1856”.

Poco antes, con Narváez en el Gobierno y González Bravo en Gobernación, la represión había alcanzado cotas inéditas contra los estudiantes de la universidad, solidarios con el catedrático Emilio Castelar y con su rector, resistente a aplicar una sanción al primero por un artículo de prensa crítico con la monarca (el “gesto” de convertir en patrimonio público la mayor parte del regio, confundiendo uno y otro). Once participantes en la protesta pacífica resultaron muertos por las cargas de la Guardia Civil y del ejército en la llamada Noche de San Daniel (10 de abril de 1865). Narváez cayó, pero su sustituto, O’Donnell, debió enfrentarse a una sublevación de sargentos en el cuartel de San Gil (22 de junio de 1866), a la que respondió con sesenta y seis fusilamientos, y la suspensión de garantías. A un lado y otro, con Gobierno unionista o moderado, la respuesta represiva se hacía única. Prim volvió a intentarlo, en agosto de 1867, respaldado por el pacto que en Ostende suscribieron progresistas y demócratas: caída del régimen, Cortes constituyentes por sufragio universal para decidir la forma de Gobierno y un mando revolucionario dirigido por el general reusense desde Bruselas. Los que reaccionaron a este nuevo pronunciamiento fallido —Narváez en su último Gobierno— apreciaban la amenaza que este entrañaba al orden social y político, “con sus derivaciones sociales”, y singularmente lo afectado que quedaba “el principio constitucional, el principio monárquico, el principio católico y, como símbolo y práctica aplicación de todos ellos, la dinastía”. La alianza monárquico-católica expresada en la dinastía reinante y dotada de carta constitucional representaba bien el temor y la estrategia defensiva formulada desde la derecha; una versión muy modernizada de aquel pretérito altar y trono, pero todavía con altar y trono.

Y es que las derechas también se radicalizaron respondiendo a la amenaza de la democracia social. Cobraron ahora protagonismo los neocatólicos conducidos por Cándido Nocedal, que partían de la premisa advertida por el desaparecido Donoso Cortés, muerto en 1853, de que el orden social no encontraría ya cobijo en la Constitución liberal, sino solo en el sometimiento a la Iglesia. No se trataba todavía en este caso de una huida hacia el integrismo, sino que, como bien ha señalado Mari Cruz Romeo, lejos de ser un simple regreso al pasado —mucho menos una muestra específica del supuesto retraso español—, se trató de la búsqueda de nuevos espacios sociales y culturales, priorizando el catolicismo y cuestionando la jurisdicción de los nuevos Estados. En definitiva, una dura crítica al liberalismo político, a la sociedad surgida de la revolución y a los valores culturales que los identificaban. A Nocedal acompañaron desde mediados de la década de los cincuenta políticos y publicistas como Antonio Aparisi y Guijarro, Gabino Tejado, Francisco Navarro Villoslada, José Selgas Carrasco o Eduardo González Pedroso, y simpatizaron más alejadamente otros como “el padre Sánchez” (Miguel Sánchez López) o la escritora Fernán Caballero (pseudónimo de Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea). Además de Donoso Cortés, este movimiento estuvo muy influido por Balmes. Respecto a su procedencia política, eran excepción los carlistas y mayoritariamente eran liberales moderados puros de la facción de Viluma que prosperaron al calor de la red de influencias gestada en torno a Donoso, Bravo Murillo, Pedro Egaña y Cándido Nocedal. Aunque habían surgido años antes e incluso habían hecho sus primeras críticas al propio Narváez al final de su “gobierno largo”, la experiencia del Bienio Progresista los reforzó reactivamente: varios de los citados perdieron entonces sus empleos ministeriales, pero, en general, la revolución del 48 se percibió como amenaza en España después del régimen del ecuador de los cincuenta. Era una disidencia en el seno del moderantismo que se alimentaba sobre todo de la imposibilidad denunciada por Donoso de que un régimen parlamentario liberal pusiera fin a los peligros revolucionarios, que fuese el “Estado definitivo” que anhelaban los reaccionarios, algo imposible salvo que una dictadura permanente blindara a este de “los aires del siglo”. También avisaban de la ruptura social —de la sociedad comunitaria, más bien— que traía consigo el individualismo liberal y capitalista, y por eso reivindicaban la doctrina y la autoridad de la Iglesia como remedio. Se asistía en este instante a una “rectificación católica de la política isabelina”, a una recatolización de la sociedad. De ahí que su lema pudiera haber sido el de religiosidad, moralidad, patriotismo, paciencia y caridad.

A partir de 1856 se fueron articulando como grupo político no institucionalizado. Su defensa de la religión era también y sobre todo como instrumento político. Su profunda crítica del liberalismo, hasta romper definitivamente con esa ideología, los acercaba al pensamiento de los carlistas, aunque les desagradaba la pulsión levantisca de estos, su tendencia constante al tumulto, a sublevarse: la Ortegada de 1860 los escandalizó y los distanció por un tiempo. Ellos eran gentes respetables, burgueses de orden y, a poder ser, de poder. Y, del mismo modo, eran hombres capaces de doblegarse “a la marcha incontestable del espíritu del siglo” y de recurrir a los instrumentos de la modernidad, como el sufragio o la imprenta y la prensa (con cabeceras como El Pensamiento Español, La Regeneración o La Constancia, la fugaz temporada del satírico El padre Cobos y otros de ese tono: La Gorda, El Papelito o El Gato, muchas regionales e incluso La Margarita. Álbum de las señoras católico-monárquicas, ya puramente carlista).

Sin embargo, factores externos y ajenos a ellos —e incluso a la política española— ofrecieron a unos y otros, neos y carlistas, la ventana de oportunidad deseada. A la crisis que arrastraban los moderados como partido se sumó la publicación del Syllabus a finales de 1864, que obligaba a elegir entre religión o liberalismo, y, sobre todo, la llamada “cuestión romana” en el siguiente verano. El gobierno de O’Donnell reconoció al nuevo Reino de Italia —y lo ratificó el siguiente de Narváez—, lo que suponía dar por buena la anexión de los territorios pontificios y la legitimidad de la nación incluso por encima del poder terrenal (temporal) del papa; también suponía primar el derecho de las naciones sobre el de los soberanos impuesto en Viena medio siglo atrás. La decisión provocó las protestas de algunos obispos, que acusaron al Estado español de sacrílego. Los neocatólicos tenían el argumento definitivo para romper con los moderados: Nocedal habló del “reconocimiento de ese monstruoso conjunto de iniquidades que llama la Europa, asombrada por una parte y envilecida por otra, el Reino de Italia”, y Donoso Cortés, apocalíptico, lo había anunciado ya en su discurso de 1849 al asegurar que con la pérdida de los Estados pontificios se desplomaría “la cúpula del edificio de la civilización europea”.

La situación replicaba aquella de Fernando VII y su ministro López Ballesteros en los años veinte: la necesidad obligaba al monarca a ponerse en manos de reformadores que enfurecían a los reaccionarios hasta hacerles rechazar la dinastía; ahora a Isabel II le pasaba igual al depender de O’Donnell y de sus liberales unionistas. La noción de unidad católica se extendió como reactivo frente a la amenaza revolucionaria y suponía la defensa común de la Iglesia y de la nación, al concebir la nacionalidad española de manera indisoluble de su condición católica. “La nación española […] dejaría de serlo si los españoles no tuvieran todos la misma religión, la católica”, dijo Nocedal en las Cortes, en 1855; enseguida llegaron las versiones catalana (el obispo José Torras y Bages) y vasca (el canónigo Vicente Manterola rescatando al dieciochesco jesuita Manuel Larramendi) de esa afirmación existencial colectiva.

Todo ello acercó a los neos a los carlistas, situación que se aceleraría tras la revolución de septiembre de 1868. Se ve muy claro allí donde la defensa de los privilegios territoriales, ahora de nuevo amenazados sin mayor argumento —de no ser por algún intento frustrado de Mon por reabrir el tema fiscal o por el debate parlamentario entre Egaña y el senador unionista Sánchez Silva—, se confundía con la de la catolicidad: en las Provincias Vascongadas y Navarra. Allí se pasaron al neocatolicismo figuras locales relevantes, como el alavés Ramón Ortiz de Zárate o Juan Cancio Mena, entonces secretario de la Diputación navarra, que se aplicaron a crear una Unión Vasco-Navarra que amparara a estos y a los carlistas menos sedicentes. La iniciativa fue fervientemente acogida desde las páginas del recién creado, en 1866, Semanario Católico Vasco-Navarro, dirigido por Manterola, magistral y ecónomo de la catedral vitoriana. Como estudió Javier Pérez Núñez, en las elecciones de 1865, cuando O’Donnell triplicó el censo para atraer al voto a los progresistas sin ninguna fortuna, los neos ganaron ampliamente en la Vizcaya no urbana. Todavía se mantuvieron las formas tradicionales en las otras provincias, pero el ya viejo Egaña, contumaz en su moderantismo —más bien “neoabsolutismo isabelino”—, se radicalizó en términos vascongadistas para contrarrestar el foralismo extremo de sus oponentes.

En definitiva, de un modo u otro, las élites dirigentes de esa región abandonaban la lealtad a la reina y a su régimen, y preparaban el camino para saltar al carlismo a través de aquella alianza católico-monárquica. Con todo, no había una coincidencia doctrinal completa y el encuentro tenía mucho de coyuntura: el carlismo seguía siendo más preciso en su elección por un “Gobierno de mínimos” y por una monarquía legitimista tradicional limitada por restricciones religiosas, morales e históricas (Leyes Fundamentales) y por una arquitectura de cuerpos sociales intermedios; por el contrario, los neocatólicos no tenían una tradición de pensamiento tan común y su idea de la monarquía oscilaba según autores entre los tan distintos modelos representados por Carlos III, Fernando VII o Isabel II (reformista, despótico o autoritario, respectivamente). Eso sí, se colocaban todos en el momento en que estaban viviendo y asumían que la solución política no podía limitarse a una acabada utopía de retorno que obviara la presencia real del liberalismo político y del capitalismo económico. Era otra de las expresiones locales de la europea modernización autoritaria, pujante en esta segunda mitad del ochocientos.

Los últimos Ejecutivos de la Corona, a cargo de Narváez y González Bravo, instituyeron la represión como sistema de poder. Después de una década de experimentos para devolver a los progresistas al sistema y así hacerlo creíble interna y externamente, todos los intentos habían fracasado y solo cabía responder a la ubicua amenaza revolucionaria. Manuel Orovio, desde Fomento, insistió en la represión del profesorado y alumnado universitario díscolo con la preeminencia de la Iglesia católica en el magisterio (y su condición de religión “exclusiva del Estado”). Nicolás Salmerón o Emilio Castelar pagaron con sus cátedras en este momento. Navarro Villoslada había dejado escrito que “la Universidad debe ser católica, como la nación que la paga y que la sufre”. Este frente opositor, inaugurado en la Noche de San Daniel, depararía abundantes problemas en el siguiente siglo a Gobiernos empeñados en defender la ortodoxia religiosa del país. No en vano, uno de los acicates de la aparición de los neocatólicos había sido su lucha contra una corriente instalada en las cátedras, el krausismo, al que se enfrentaron algunos académicos balmesianos como Juan Ortí y Lara (que a su vez perdería su plaza académica por negarse a firmar la Constitución liberal de 1869). El control y depuración del profesorado y del contenido de sus enseñanzas, la suspensión de garantías, el cierre de las Cortes y el control de municipios y provincias sintetizan la política del ministro de Gobernación, González Bravo. Aquellos intentos frustrados de Narváez y de Bravo Murillo de gobernar legalmente sin acción ni control parlamentario encontraron finalmente acomodo: con las Cortes cerradas se emitieron decretos restrictivos de las libertades y hasta un reglamento que limitaba hasta el extremo el poder de los diputados. Ellos mismos respaldaron casi por unanimidad (246 a 4) semejante atropello. La amenaza revolucionaria justificó que las facultades de las Cortes no pudieran traspasar “las fronteras de la justicia general ni las exigencias de la cortesía y el decoro”. A la vez, la responsabilidad por una gestión al margen (y en contra) de las atribuciones parlamentarias se sustanció con un “hemos quebrantado la Constitución […] pero creemos haber salvado la sociedad”.

El vacío se fue generalizando en torno a la Corte. Isabel II estaba ya casi sola. La deserción del infante Enrique (de Borbón y Borbón-Dos Sicilias) y de los duques de Montpensier (Antonio de Orleans y Luisa Fernanda de Borbón) lo confirmaron. Del mismo modo, sus últimos generales, O’Donnell y Narváez, fallecieron en noviembre de 1867 y en abril del año siguiente, respectivamente, muestras claras de que aquel tiempo tocaba a su fin. El desprestigio exterior de la Corona era total, al punto de que arreciaron las habituales denuncias de que todo se debía a una “propaganda de difamación”. González Bravo heredó así un Ejecutivo “de resistencia a toda tendencia revolucionaria” y se aplicó al tipo de dictadura civil que siempre anheló. La detención y destierro de algunos generales unionistas (Fernández de Córdoba, Serrano, Domingo Dulce, Antonio Caballero Fernández de Rodas) que permanecían a la expectativa los empujó definitivamente hacia la conspiración (y más tras la muerte de su líder); por su parte, los Montpensier fueron expulsados al exilio portugués. Junto con la reina y aquella “corte de los milagros”, el presidente del Gobierno puso rumbo a Francia en cuanto prendió el definitivo movimiento insurreccional en septiembre de 1868. Allí, González Bravo discutió con Isabel y se pasó al carlismo, la última cabriola política del “hombre de las apostasías”.

8. ‘Revolución político-dinástico-religiosa’:
el Sexenio Democrático

Así describió el moderado Egaña lo que ocurrió a partir de la Septembrina. El movimiento militar contra la endogamia extrema a que había llegado el sistema isabelino repitió la escena vivida ya en 1854. El clásico pronunciamiento para resolver internamente el bloqueo de poder dejaba en un punto muerto el combate entre las fuerzas gubernamentales y las sublevadas. Era una lucha entre el núcleo endurecido del moderantismo y el conglomerado defensor de la apertura del sistema a nuevos cuerpos sociales hasta ahora desplazados. Solo la decisiva intervención popular y de esos grupos excluidos, con su acopio de demandas sociales en un instante de crisis económica (financiera, ferroviaria, textil, inmobiliaria, de producción agraria y, como consecuencia, de subsistencias y de empleo) y con sus expectativas de cambio revolucionario en algunos casos, alteraba por completo no solo el resultado inicial del pulso, sino el carácter del nuevo tiempo. La “revolución pendiente” del Bienio Progresista se daba otra oportunidad ahora en el Sexenio, democrático o revolucionario, según sean las modas y miradas de la historiografía de cada momento.

Lo cierto es que las derechas quedaron muy descolocadas en este instante, cuando el protagonismo iba a quedar en manos de sus oponentes: progresistas, demócratas y republicanos (y parte importante de los unionistas), sin olvidar la eclosión ahora del obrerismo internacionalista y, sobre todo, del reclamo aglutinante de la Federal. El moderantismo isabelino corrió la suerte de su reina: desapareció. O mejor, se refugió en dos castas dedicadas más a la conspiración que a la política: la aristocracia vieja y los generales. La primera se dio cuenta tarde de la soledad en que había quedado su defensora —ella, que concedió cuatrocientos títulos y reconoció otros setecientos inciertos— y se dedicó en lo sucesivo a tramar intrigas en tertulias y fiestas que tenían lugar en palacios como los de los marqueses de Alcañices, Torrecilla, Miraflores, Santa Cruz, Heredia-Spinola y Perales, o en el de la duquesa de Rivas. Los más desafortunados y afectos acompañaron ahora a la reina a París (Cheste) o lo hicieron más tarde, en el complicado verano de 1873. Los que se quedaron recogieron firmas para un manifiesto contra el nuevo rey (Amadeo), a instancias de Miraflores, que incluso se presentó ante las Cortes a finales de 1870. En diciembre, a iniciativa de los marqueses de Molins y de Alcañices (José Osorio, más conocido como duque de Sesto), se reunieron los Grandes de España y acordaron formalmente un boicot al monarca elegido. Ventanas cerradas, exhibición de borbónicas flores de lis o femeninos motines españolistas de mantilla y peineta, además de la frialdad de las casas aristocráticas de más peso, fueron algunas de las reacciones de un grupo que interpretó la votación parlamentaria por Amadeo de Saboya para sustituir en el trono a Isabel II —191 contra 100— como una afrenta casi estamental. El vespertino La Época recogió ahora su sentir y posicionamientos. Sus discrepancias a la hora de optar para el inmediato futuro por la monarca exilada o por su hijo Alfonso fueron manifiestas. Cuando la primera abdicó en este el 25 de junio de 1870 a instancias del duque de Sesto, algunos lo encajaron mal (Bravo Murillo, Sartorius, Moyano…), otros como gran noticia (Sesto, el mejor amigo y educador del futuro rey, y quien pagaba las facturas de Isabel II, y Molins, el favorito de la reina y a quien esta tenía por jefe de sus partidarios) y a alguno le animó a pasarse al carlismo (el ya referido González Bravo).

Políticamente, los isabelinos se reorganizaron a partir de un manifiesto en diciembre (La cuestión preliminar) y abrieron el Círculo Moderado, presidido por Claudio Moyano, donde en enero de 1873 se reunieron trescientos socios para celebrar el cumpleaños de don Alfonso, cuando ya habían deshojado la margarita anterior. Antes, las candidaturas electorales que avaló el centro no tuvieron mucho éxito, por más que incluyeran los nombres de eximios personajes como Sartorius, Lersundi, el marqués de Novaliches (Manuel Pavía y Lacy, que no Rodríguez de Alburquerque, el más famoso general golpista que enseguida entraría en las Cortes para disolverlas) o el propio Moyano. Así, en las constituyentes de 1869 sacaron menos diputados que los católico-monárquicos: 14 frente a 20; el 1,6% de los votos frente al 8,1. Otro tanto ocurrió en las de 1871 y abril de 1872: 18 frente a 51 (y 21 senadores) en las primeras, y 11 frente a 38 en las segundas; después ya no contendieron ni unos ni otros. En realidad, además de que habían optado por algo parecido al retraimiento y de que se presentaron en pocas circunscripciones, algunos antiguos moderados iban en las listas conjuntas de neocatólicos y carlistas (y, en ocasiones, republicanos). Se les había pasado el tiempo y ahora se lamentaban de que su compromiso con una monarquía constitucional, antídoto de su temida democracia, no hubiera sido suficientemente sincero.

En cuanto a los militares, la reina encargó a Lersundi, recién cesado como capitán general de Cuba y representante de la facción colonialista más dura, la dirección de un movimiento para recuperar el trono. El general se mostró un tanto indeciso, pero Prim no dudó en señalarlo como cabeza de la conspiración. Los militares también desdeñaron la opción del de Saboya —el general Eusebio Calonge perdió su empleo por negarse a jurarlo; Novaliches y Cheste tampoco lo hicieron— y no menos la posterior República, con sus peligrosos contenidos sociales, religiosos y territoriales, además de la propuesta de ejército de voluntarios, antagónica de lo que ellos representaban. Enseguida se aplicaron primero a tutelar la nueva situación, con el “camaleónico” Serrano de manera permanente y con las concesiones a los generales iniciadas por Salmerón y luego por Castelar, en esa República de “ley y orden” que defendió. Después pasaron a conspirar sin recato para abrir paso a la opción alfonsina (Pavía y Arsenio Martínez Campos). Y algo importante: comenzaron a actuar como grupo corporativo, algo que no habían hecho hasta entonces.

Los intereses antillanos (y sus corresponsales proteccionistas en la metrópoli) fueron otro importante foco de oposición durante todo el Sexenio, sobre todo cuando el Gobierno del radical Manuel Ruiz Zorrilla apostó por sacar adelante una ley de abolición de la esclavitud en Cuba a finales de 1872. La iniciativa dio impulso a una Liga Nacional contra las Reformas, donde estaban Cánovas y Francisco Romero Robledo. En La Habana se fundó, en junio de 1869, el Casino Español antiabolicionista, presidido por Julián Zulueta, alcalde de la ciudad y futuro marqués de Álava (por gracia de Alfonso XII, en 1875, año en que una hija se le casó con Romero Robledo). A impulsos del Casino nació a finales de 1871 el Centro Hispano-Ultramarino de Madrid y luego las casi noventa filiales provinciales abiertas para acoger a los opuestos a la reforma del statu quo de la isla. El centro madrileño lo presidió Juan Manuel de Manzanedo y el de Barcelona Juan Güell, cofundador también del proteccionista Fomento de la Producción Nacional, otra pieza fundamental en contra de la abolición de la esclavitud (y de la autonomía cubana); también participaba en ese movimiento Antonio López (convertido en marqués de Comillas en 1878). En diciembre de 1872 el centro se dirigió formalmente al presidente del Gobierno para expresarle la abierta oposición a sus planes. Su presión consiguió dejar sin efecto el empeño de Ruiz Zorrilla, que hubo de conformarse con la abolición solo en Puerto Rico, donde no residía el problema. Fue una demostración de fuerza que primero se llevó por delante a Zorrilla (y con él, enseguida, al propio Amadeo de Saboya) y que pronto se derivó hacia la alternativa futura: la opción alfonsina, encabezada por Cánovas y con antiabolicionistas como Manzanedo, Romero Robledo o Caballero de Rodas detrás, con su influencia y sus dineros (como denunció el demócrata Joaquín María Sanromá en las Cortes). Es lo que Manuel Espadas Burgos denominó “trasfondo cubano de la Restauración”, que remitía a un protagonismo de este factor muy superior al de una simple ayuda para el nuevo tiempo.

La derecha más definida y protagonista en esta crisis del Sexenio fue, sin duda, la amalgama que ahora componían neos y carlistas. Tanto en la política como luego en la guerra encontraron de nuevo su momento, reaccionando a la formulación democrática que traía consigo el nuevo tiempo: sufragio universal masculino y, sobre todo, libertad de cultos, disolución y expulsión de los jesuitas, extinción de conventos, derogación del fuero religioso y una constitución que consagraba por fin una monarquía parlamentaria. Los tradicionalistas, además de contar con una nueva oportunidad propiciada por sus contrarios políticos, habían resuelto su crisis interna una vez consolidada la figura de Carlos VII y veían incrementar su espacio político de la mano de los neocatólicos (e incluso de algunos antiguos moderados). El 3 de octubre de 1868 el liberal don Juan cedió la corona a su hijo Carlos de Borbón y Austria-Este, conde de Madrid. Las cronologías de isabelinos y carlistas iban ahora en contradicción, en beneficio de los segundos, pero antes las cosas podrían haber sido distintas. Por ejemplo, de la mano del padre Antonio María Claret, confesor de la reina, se trató de resucitar aquella opción manejada por Balmes de poner de acuerdo a las dos ramas dinásticas, pero la cuestión romana, como vimos, lo impidió definitivamente. Por su parte, Gabino Tejado, después de la Ortegada, intentó desde su periódico (El Pensamiento Español) atraer al carlismo hacia el isabelismo —José Canga-Argüelles Villalba lo hizo antes desde La Regeneración—, pero pesaron más las pulsiones internas del tradicionalismo y el contexto exterior. El miedo a la revolución —en España y en Europa: la Septembrina y la situación en Italia, y, sobre todo, lo que vendría después, Amadeo y la República, y la Comuna parisina de la primavera de 1871— empujó a esas derechas a la opción “exagerada”, como gusta decir Rivera García. En la crisis de ese instante, y desde la perspectiva de los reaccionarios, la elección era clara: para seguir siendo católico había que dejar de ser liberal. El propio don Carlos había nacido en 1848, lo que no dejaba de ser una premonición.

La combinación estratégica político-militar de los carlistas se aprecia bien en este instante. Tradicionalmente, habían optado por la guerra, ya que la política liberal les resultaba ajena. Sin embargo, la cualitativa presencia de los neocatólicos los retenía en esta segunda. Además, había que promocionar al nuevo pretendiente e intentar hasta lo posible una vía pacífica capaz de aglutinar a todos cuantos rechazaban la nueva situación. Incluso el fracaso del levantamiento del verano de 1869 o el de la Escodada (por el coronel José Escoda, que animó traicioneramente a don Carlos a sublevar la facción) del año siguiente mostraron que el carlismo no estaba preparado todavía para recurrir a las armas. El desprestigio por esas acciones favoreció a los más políticos, aupados a la dirección desde la reunión de notables carlistas en Londres (julio de 1868) y aplicados a proyectar popularmente al “hombre que se necesita”. Los neos sobre todo (Aparisi, Luis María Llauder, Navarro Villoslada, Tejado, o también Vicente Manterola, con sus famosos folletos Don Carlos o el petróleo y Don Carlos es la civilización) desplegaron una de las primeras campañas de publicidad política moderna, difundiendo la figura del pretendiente mediante folletos, libros y periódicos (La Esperanza, que ahora dirigía Vicente, el hijo de De la Hoz, o El Pensamiento Español, conducido por Navarro Villoslada), pero también con fotografías, carteles, programas de mano o anuncios dispuestos en todo tipo de objetos cotidianos, detalles y adornos.

Carlos VII instituyó un consejo particular con tres secretarías dedicadas a lo político, a lo militar y a recaudar fondos para ambos cometidos. En las elecciones constituyentes de enero de 1869 (y antes en las municipales de octubre), con sufragio universal directo masculino, obtuvieron un magnífico resultado, sobre todo en el País Vasco y Navarra, donde ganaron ampliamente y sacaron a sus jefes (Aparisi, Ortiz de Zárate, Tirso Olazábal y Manterola). Pero el éxito no sirvió para mucho más que para mostrar la desigual fuerza que tenían en las regiones, insuficiente para obstaculizar, como pretendieron, que la Constitución democrática de ese año saliera adelante con todos los contenidos contrarios a su ideario, sobre todo en lo referente a libertad de cultos y consideración oficial de la Iglesia católica (el polémico artículo 21). El llamado “neocarlismo” de entonces se mantenía en sus esencias doctrinales, pero asumía dos realidades paralelas a partir de la influencia de los neocatólicos. De una parte, su naturaleza restauracionista antirrevolucionaria se hacía cargo de que algunos cambios eran ya irreversibles, como las desamortizaciones, la representación política no estamental o la abolición de la Inquisición. De otra, consecuentemente, don Carlos se presentaba en aquella carta de 1869 a su hermano Alfonso (que se difundió como actualización del ideario del partido) como “hombre del tiempo presente que no desatiende el porvenir”. Lo repetiría luego, en julio de 1874, en el conocido como Manifiesto de Morentin: “No molestaré a los compradores de sus bienes [de la Iglesia]”. Ya no eran solo “profetas del pasado”.

Con todo, no era fácil combinar viejas esencias, tradiciones históricas e inclinación constante a echarse al monte con el recurso a algunas modernidades, por muy instrumentales que estas fueran. Las tensiones fueron permanentes en el seno de aquella amalgama partidaria: la esperanzadora designación como jefe de la misma del mítico Cabrera se consumió en unos pocos meses y los nombres de jerarcas militares o civiles se sucedieron en un continuo ir y venir de nombramientos y deposiciones. Finalmente, en abril de 1870, en Vevey, en la orilla oriental del ginebrino lago Lemán, el rey se puso al frente de todo, empezando por la Asociación Católico-Monárquica recién creada por el conde de Morella en su frustrada reorganización del partido. A la vez, Amadeo les proporcionó la última oportunidad para la política: su condición de “hijo del excomulgado” Víctor Manuel, el que había despojado al “papa-rey” de sus territorios y de su poder temporal (terrenal), ponía fácil la elección entre catolicismo o liberalismo.

A las órdenes de Cándido Nocedal, ingresado ahora en el partido tradicionalista, este conoció un desarrollo extraordinario, producto de los efectos de su modernización organizativa, pero también del atractivo que ejercía en estos momentos sobre la opinión católica española. Los resultados de las elecciones de marzo de 1871, planteadas contra la revolución y contra el de Saboya, fueron muy positivos, duplicando los anteriores con más de medio centenar de escaños y casi una treintena de senadores, dirigidos por Nocedal y Aparisi, respectivamente (y Agustín Crespí de Valldaura, conde de Orgaz, al frente de todos). El éxito en las provincias vasconavarras fue total, y también fueron buenos los guarismos en Cataluña, Baleares y Asturias. En algunos sitios se llegó a acuerdos con republicanos y moderados para hacer frente a las maniobras de Sagasta en Gobernación, asistido como subsecretario nada menos que por Romero Robledo, que recogió para lo que quedaba de siglo la anterior denominación de “gran elector de Posada Herrera”: “[…] el asturiano, más ladino, disimulaba mejor que Romero Robledo, andaluz de francas y enterizas pasiones”, escribió Melchor Fernández Almagro.

Pero la pulsión violenta del carlismo primaba y una suerte de temor e incertidumbre se abatió sobre todos haciendo cada vez más factible el recurso a la guerra. En esos extraños meses, respetables políticos al frente de sus instituciones, particularmente en el País Vasco y Navarra, preparaban a un tiempo una campaña electoral y un alzamiento militar contra el orden establecido. “Ahora a las urnas; después a donde Dios nos llame”. Menos feroz y letal que la primera —habría causado “solo” una cuarta parte de las víctimas que aquella y muchos menos que la coetánea cubana de los Diez Años—, la segunda guerra carlista se caracterizaría por su domesticidad e incluso hasta por cierto romanticismo, muy bien reflejados en la novela de Miguel de Unamuno Paz en la guerra: una convivencia con la contienda por parte de vecinos que ora se ayudaban, ora se asesinaban. Contemplados desde nuestro presente, hay muchos aspectos y detalles de aquello que nos resultan absolutamente incomprensibles. A la vez, ilustran sobre una constante de la historia española de ese tiempo y del siglo posterior —y posiblemente no solo de ella— como es lo cotidiano de la guerra civil, del recurso a la violencia en el combate político y social, así como su consiguiente naturalización.

Los rumores se sucedían, partidas aparecían por doquier y la frontera estaba en permanente ebullición. En las propias localidades eran habituales las bullangas y enfrentamientos entre el Trágala liberal y el ¡Ay, ay, ay! carlista, donde cada poco se producían víctimas mortales. El ambiente era a todas luces prebélico, del tipo de la Escodada de agosto de 1870 en la región vasconavarra (y riojana), que duró una semana solo, a las órdenes de Manterola y de Eustaquio Díaz de Rada en la parte militar. Si en un ambiente tan familiar aquello no sirvió de aviso acerca de lo que se les venía encima, como denunciaron algunos liberales, críticos con la lenidad con que se trató esta nueva sublevación, sí que se pudo, al menos, desalojar del poder a las autoridades provinciales carlistas, lo que agudizó todavía más las tensiones. Casi las mismas personas (Miguel Dorronsoro, Francisco María Mendieta) volvieron a sus puestos cuando se duplicaron las diputaciones durante la contienda: las oficiales y las alzadas (denominadas “diputaciones carlistas a guerra”). En abril de 1872, los resultados electorales menguaron, tanto por un mayor control gubernamental a cargo de Sagasta —de hecho, el escándalo cometido lo obligó a dimitir— como por la defección política que ya se dejaba ver entre la amalgama católico-monárquica. Con todo, la votación en el País Vasco y Navarra siguió siendo abrumadoramente en su favor (igual que en las municipales del mes anterior: los veintisiete concejales vitorianos electos eran carlistas, por ejemplo). Venciendo las resistencias de Nocedal (y de Aparisi y Guijarro, que moriría medio año después), Carlos VII anunció para el 21 de abril el inicio de la nueva sublevación. Su secretario lo explicaba así: “El gobierno de la Revolución nos cierra las puertas de la legalidad que él mismo ha establecido. No queda otro camino que el echar mano a la espada”. La esperanza del neocatólico valenciano de que “la revolución se despedazaría a sí propia”, sin necesitarse entonces el recurso a la guerra, el “esperar y ver”, fue vencida por las urgencias del pretendiente y de su corte de “viejos carlistas”. El argumentario no había cambiado lo más mínimo… desde el de Verástegui en 1833:

La santa religión de nuestros padres está perseguida, los buenos oprimidos, honrada la inmoralidad, triunfante la anarquía, la hacienda pública entrada a saco, el crédito perdido, la propiedad amenazada, la industria exánime… […] Por nuestro Dios, por nuestra Patria y por vuestro Rey, levantaos, españoles.

9. Otra vez la guerra civil

En un mes se consumieron sus energías y el nuevo convenio de Amorebieta puso fin a la escaramuza sin aprovechar de nuevo los liberales para dar el golpe de gracia a esa persistente amenaza. El alcalde de Vitoria profetizaba tras los nuevos indultos a los rebeldes “un tiempo no lejano en que vuelva a levantar su negro pendón el carlismo y, tal vez, con más osadía y pujanza”. Conforme a su previsión más desesperanzada, el 18 de diciembre de 1872 comenzó definitivamente la nueva guerra civil carlista. Aunque acabó consolidándose como un conflicto regular entre dos ejércitos, durante muchas semanas e incluso algunos meses aquello fue más bien un discurrir de partidas guerrilleras que hostigaban con eficacia a unas tropas extrañas al terreno, mal dirigidas y atentas a la vez a esta contienda, a la que se había desatado antes en la colonia cubana y a la que presentarían los cantonalistas enfrentados al Gobierno republicano proclamado el 11 de febrero de 1873, después de que el de Saboya, asesinado al pronto su valedor, Prim, ya no aguantara más al frente del país. No es casual que si un general, Zumalacárregui, fue el icono de la primera guerra, dos guerrilleros, en el País Vasco y Cataluña, respectivamente, el cura Manuel Ignacio Santa Cruz y el militar Francisco de Paula Savalls —una leyenda de la Internacional Blanca Reaccionaria—, lo fueran de esta segunda. Como hicieron entonces, se aceleraron los pasos para militarizar esas partidas y hacerse con un ejército con generales, jerarquía y disciplina al uso.

Tras un par de victorias sobre los gubernamentales —en la de Eraul ganó su marquesado Antonio Dorregaray—, Carlos VII entró en España por Zugarramurdi, frontera navarra, un 16 de julio, y se puso al frente de los suyos. El cuadro se estableció pronto: la desproporción de fuerzas y de arraigo del carlismo en las diversas regiones era su mayor impedimento. En el País Vasco y Navarra su presencia era abrumadora, como habían atestiguado las urnas recientes (y la historia de los últimos decenios): en poco tiempo controlaron todo el territorio, salvo las capitales protegidas por el Ejército, hasta poder implantar un Estado carlista alternativo. En Cataluña, eso no fue posible y solo en julio de 1874, tras tomar otra vez la Seo de Urgel, pudieron establecer allí una Diputación a Guerra presidida por Rafael Tristany, que luego se trasladó a San Juan de las Abadesas. En el resto del país, los apoyos menguaban conforme transitamos del Maestrazgo hacia Aragón o Valencia, y luego hacia Extremadura, La Mancha o Andalucía. Los efectivos carlistas dan también cuenta de esa disparidad de fuerzas: hasta veinticinco mil en el norte, menos de la mitad en la montaña catalana y solo dos o tres mil en las regiones aragonesa y valenciana.

Tras la toma de Estella, el Cuartel Real carlista se estableció allí desde agosto de 1873 (y también en Durango), con una estructura de Estado que replicaba el Consejo Privado del pretendiente: tres secretarías para abastecer el aspecto militar (Joaquín Elío), las relaciones exteriores (Romualdo Martínez de Viñalet) y el resto de asuntos (Gracia y Justicia, Gobierno y Hacienda, luego desdobladas). Como ocurrió en la primera guerra, su jurisdicción atendía sobre todo las necesidades militares (levas, abastecimientos, impuestos). A partir de ahí, sumaba todo lo que conllevaba el control del territorio vasconavarro y de sus habitantes: justicia, servicio postal y moneda, aduanas y aranceles, boletín oficial, educación básica y superior —llegaron a instituir un distrito universitario para la región y, de nuevo, una universidad en Oñate regida por el hermano del general Elío, Luis—, control riguroso de lo que se impartía en las escuelas y depuración del magisterio (considerados como “soldados de la Idea”). Finalmente, establecía un dominio constante de las costumbres, como correspondía al ideario político de la Iglesia católica; esta abrió su seminario en Vergara, con el obispo Caixal al frente, y sendos colegios en Orduña y Tolosa, regidos por jesuitas y franciscanos, respectivamente. Pero las posibilidades de un Estado “central” carlista se vieron muy mermadas por su convivencia con las diputaciones a guerra de las provincias, dotadas de tradición, recursos, presencia en el territorio, juntas generales reunidas regularmente y autoridades legitimadas antes de la propia contienda (y también con boletín oficial). Además, el discurso provincialista, consecuencia de la exacerbación foralista vivida desde los primeros años sesenta —la misma que llevó a mucho neocatólico al carlismo en esta región—, las convirtió en instituciones básicas para sus ciudadanos e incluso para sus espejos liberales, con quienes rivalizaban y se quitaban mutuamente legitimidad para obrar. El posible Estado carlista venía condicionado por el hecho de que su concepción ideológica no era soberanista, y por eso las diputaciones representaban mucho mejor el organicismo de su cosmovisión institucional.

En diferentes momentos, Carlos VII reconoció o juró los fueros de los territorios de la Corona de Aragón (julio de 1872) y de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa (julio de 1875), en actos provistos de gran significación ritual y simbólica. El argumento foral se incorporó también esta vez al lema o divisa trina de “Dios, Patria y Rey”. Pero, lo ocurrido en el ecuador del siglo con el exitoso fuerismo —la ideología hegemónica de la región vasconavarra— ilustra ahora sobre dos situaciones novedosas. De una parte, ese fuerismo pasó de ser un argumento de liberales (moderados) a convertirse en otro de tradicionalistas. Este se cebó de justificaciones historicistas, conservadoras y religiosas, hasta instituirse como idiosincrasia de los habitantes del país. Fueros y altar se confundían, incluso por delante del trono. En el momento en que la crisis pasó a ser sobre todo religiosa —con la connotación política que conllevaba: cuando la religión pasó a expresar un posicionamiento político preciso frente a la Modernidad—, la defensa de lo foral resultaba más eficaz para los reaccionarios; y, curiosamente, más para los neocatólicos que para los estrictamente carlistas, que todavía disputaban por la primacía del trinomio y le daban mucha importancia a su Corona (además de a la religión). Aparisi proponía la extensión de la foralidad a todas las regiones españolas —en eso coincidía con demócratas como Castelar o Nicolás María Rivero—, pero acompañada del espíritu católico del pueblo vasco. “La blasfemia es antiforal; jamás se ha blasfemado en vascuence”, sermoneaba Manterola. Los fueros se confirmaron en este campo más como cosmovisión de un mundo tradicional preliberal, jerárquico, estamental y de dependencia recíproca, guiado por la lógica religiosa, que como expresión de una autonomía en la gestión del territorio (que también lo era).

Y ahí aparece la segunda novedad ligada a lo ya expuesto: la defensa radical de la foralidad se manifestaba ahora como trinchera o como bloqueo eficaz frente a la irrupción de una legislación contraria a los usos y costumbres vascongados (v. g., la democracia, la Modernidad, la libertad de cultos y de enseñanza o las desamortizaciones). De esa manera, individuos profundamente españolistas, como Ortiz de Zárate, Dorronsoro o el también neocatólico Arístides de Artiñano, amenazaban con una suerte de secesionismo utilitario si lo aprobado en Madrid se trataba de aplicar en sus territorios; recuérdese que la representación católico-monárquica vasca y navarra se retiró de las Cortes para no suscribir la Constitución de 1869 y que muchos ayuntamientos tuvieron que ser suspendidos y sustituidos al negarse a aceptar su vigencia. Aquella Unión Vasco-Navarra que fundaran Zárate y Cancio Mena pretendía “sostener su independencia en el caso de que desgraciadamente se menoscabara el buen crédito de nuestras seculares libertades”. Con el mismo argumento, la defensa de una catolicidad vasca amenazada, Sabino Arana, un cuarto de siglo después, dio el paso de forzar la elección nacional que lo hacía posible: o vasco o español, sin refugio en lealtades dobles. Todo era consecuencia de la dialéctica establecida por los reaccionarios con el “espíritu del siglo”, que ahora se radicalizaba al surgir la amenaza de la democracia política y social. El pacto con los moderados españoles que había hecho posible el “oasis vasco” había saltado por los aires, y de ahí la guerra. Al final, como veremos, la dicotomía excluyente carlista entre Constitución y fueros fue el argumento para que los liberales más dogmáticos en términos de nivelación constitucional procedieran a anular los privilegios territoriales vascos al terminar la contienda.

A pesar de los problemas de la República para atender tres pulsos militares a un tiempo (carlista, cubano y cantonal), los frentes se estabilizaron en 1874 después de la crisis múltiple del verano anterior. Bilbao aguantó un largo sitio —hasta convertir la fecha de su levantamiento, el 2 de mayo, en un icono del liberalismo local—, los sublevados se extendieron por el centro de la península, pero sin asentar posiciones, y lo de Cataluña no dio más que para la Diputación a Guerra ya citada; alguno pensó en otra marcha sobre Madrid, pero no había posibilidades. Cuando los militares alfonsinos y la estrategia de Cánovas de restaurar la monarquía comenzaron a obtener sus primeros éxitos, la ventana de oportunidad para los carlistas empezó a cerrarse: las clases acomodadas y la opinión pública católica tenían a la vista una alternativa posible, con expectativa real de establecerse y mantenerse en el poder, y sin los inconvenientes que siempre presentaba el levantisco tradicionalismo. Cánovas reformuló ahora el antagonismo expresado antaño por Manterola en unos términos más favorables para su opción: “O don Alfonso, o don Carlos, o la República federal y el cantonalismo, tales son los términos ineludibles de la cuestión”, le escribía al viejo moderado Andrés Borrego. Carlos apeló a su particular legitimidad y defendió con uñas y dientes su opción —lo hizo con el Manifiesto de Deva, el día de Reyes de 1875—, pero el orden podía representarlo también su oponente sin tener que mantener viva la “respuesta exagerada”, la guerra.

La defección final del carlismo se animó, como se hizo en la primera contienda, con dinero y promesas del Gobierno (indultos y reintegración en el Ejército), y con rumores y falacias que propiciaran las deserciones, traiciones y cambios de criterio en un campo político habitualmente propenso a ellas. Cabrera reconoció a Alfonso XII y luego lo hicieron otros como Díaz de Rada o Juan Bautista Aguirre; lo hizo también Pío IX (en el otro campo, Espartero). A lo largo de 1875 las posiciones carlistas fueron retrocediendo o cayendo, y solo se mantuvo firme el norte, que resistió hasta febrero del año siguiente tras una gran ofensiva militar gubernamental. El último día de ese mes, Carlos VII abandonó el país. Dicen que prometió volver. Por su parte, sus seguidores, como expuso Eduardo González Calleja, a partir de entonces se dedicaron a construir (o a insistir) en su lost cause (causa perdida) toda una cultura política de la resistencia similar a la de los sudistas confederados norteamericanos. “Siempre derrotado, pero jamás vencido”.

10. Monárquicos y republicanos conservadores

Aunque Balmes dejara escrito que el carlismo era el partido monárquico por excelencia, la mayoría de los conservadores no se refugió durante la crisis del Sexenio Democrático en la amalgama de aquellos con los neos. Del mismo modo, tampoco toda la oposición de los sectores eclesiásticos y de seglares católicos se vio representada en ella. Una referencia histórica del moderantismo ultra, el anciano marqués de Viluma, se apartó de la política y fundó en diciembre de 1868 la Asociación de Católicos, “organización de fuerzas que han de emplearse en el fin exclusivo de propagar y defender las doctrinas, las instituciones y el influjo social de la Iglesia, señaladamente su libertad y la unidad católica en España”. Era la primera de este signo en nuestro país y seguía la estela de experiencias coetáneas europeas, sobre todo en Bélgica y Alemania. Trataba de ser neutral y así aglutinar a todos los católicos militantes, pero las urgencias del momento arrastraron a la mayoría hacia la coalición católico-monárquica, incluyendo ahí a uno de sus vicepresidentes, el conde de Orgaz. De su mano vino la recogida de casi cuatro millones de firmas —una cuarta parte de los habitantes— contra la política religiosa contenida en el proyecto constitucional. También publicó muchos folletos apologéticos, abrió escuelas confesionales para obreros, asilos y hasta un proyecto de universidad (en el que colaboró Ortí y Lara). En 1877 declinó con el nuevo régimen. En 1869 se fundó la importante Juventud Católica, a cargo del vicense Ramón Vinader, que había sacado plaza de diputado ya con la amalgama neocarlista; otro de ellos, Luis de Trelles, crearía en 1877 la Adoración Nocturna.

Como veremos, todo este pertrecho social defensivo lo tradujo en una opción política concreta, la Unión Católica, el asturiano Alejandro Pidal y Mon (hijo de Pedro José, primer marqués de Pidal, sobrino de Alejandro Mon, hermano de Luis y tío del filólogo Ramón Menéndez Pidal). Pues bien, en agosto de 1872 obtuvo este su primera acta de diputado por Villaviciosa, que repetiría hasta su muerte en 1913. En 1874 fundó La España Católica (luego solo La España y, definitivamente, La Unión) y dos años después contendió en las Cortes con Cánovas impugnando su proyecto de restauración monárquica. Y maestro de Pidal y colaborador político suyo fue el dominico Ceferino González, el principal representante de la apologética católica o neoescolástica española, que lo mismo constituyó el mayor dique doctrinal para combatir el krausismo y el positivismo que abrió los primeros círculos de obreros católicos en nuestro país (en Córdoba y Sevilla).

La preocupación social, además de religiosa, animó, como se ha visto páginas atrás, una revista fundada en 1872 por Bravo Murillo, La Defensa de la Sociedad. La dirigía Carlos María Perier, seguidor de fray Zeferino (el citado Ceferino González) y luego adepto a la Unión Católica. Respondía a la amenaza de la Internacional Obrera y, en general, del espíritu igualitarista que empezaba a hacerse hueco en el mundo desde aquel 1848, y consiguió reunir a todo tipo de conservadores, más allá de la facción en que se encontraran ahora: neos como Aparisi, Cancio Mena, Navarro Villoslada o Nocedal, el unionista y luego provisionalmente canovista Juan Mañé y Flaquer, el propio Cánovas del Castillo (también influido por fray Zeferino), otros antiguos unionistas como Alonso Martínez y Ríos Rosas, el moderado Arrazola o los católicos Alejandro y Luis Pidal y Mon, y Gumersindo Laverde, entre otros, sin olvidar a la reformista social y feminista católica Concepción Arenal, que allí vio publicadas sus Cartas a un obrero. Su lema era Religión, Familia, Patria, Trabajo y Propiedad. La entidad de estudios que animó con el mismo nombre de la publicación agrupaba a aristócratas (Molins, vicepresidente de la revista, o Toreno hijo), negociantes (Carriquiri) y clérigos (fray Zeferino, el obispo y después cardenal Antolín Monescillo o el padre Luis Coloma), además de a políticos como los señalados, todos ellos preocupados por la cuestión de la propiedad y por lo que suponía su puesta en cuestión en ese momento por parte de un socialismo amenazante. La solución se atisbaba en una alianza entre burguesía industrial y nobleza terrateniente que aportara los argumentos de jerarquía y fijeza allí donde el dinamismo de las relaciones entre clases sociales se convertía en amenaza; pero para entonces las relaciones de subordinación habían empezado a resquebrajarse también en extensos ámbitos rurales del sur del país. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas convocó en el verano de 1871 sendos concursos extraordinarios acerca de la legitimidad de la propiedad, las relaciones entre capital y trabajo, y la ilegalidad de la Internacional. Sin embargo, como bien apunta Piqueras, considerando la limitada fortaleza de los internacionalistas, esa defensa de la propiedad era más bien —y así lo vio Cánovas— “un componente capaz de unir a la burguesía desbordada por el empuje democrático que desde 1868 lideran los sectores pequeñoburgueses y desorientada ante la ausencia de un partido que la represente”. El problema no era tanto el socialismo como la democracia.

Algunas de estas cuestiones tan caras al pensamiento político conservador también preocuparon a los Gobiernos del Sexenio. El conservadurismo no estaba solo en la oposición: depende de lo que se tratara de conservar, porque esto no es siempre lo mismo. Tomemos un ejemplo. El progresista Sagasta se aplicó a fondo contra la Internacional en el debate parlamentario de noviembre de 1871. Estaba muy condicionado por su fe liberal, que solo veía problemas en la asociación de los agentes económicos (y, en particular, de los obreros). También le afectaba como gobernante la influencia de la Comuna parisina y la llegada a España de refugiados (communards), así como la emergencia de un obrerismo que acababa de celebrar en Barcelona (1870) su primer congreso nacional con mayoría bakuninista. Una suerte de grande peur (gran miedo) alcanzó ahora a sectores liberales e incluso políticamente avanzados. En la coyuntura crítica del verano del 73 se generalizaría por acumulación de frentes: Jover llegó a afirmar que 1873 fue la versión española del 48 europeo.

La novedad movía el fiel que ubicaba a izquierdas y derechas en este instante. Aquella parte de la burguesía no integrada en el sistema cuestionó el statu quo, pero la amenaza del elemento popular pesó más, y la llevó enseguida a convertirse en la facción liberal y reformista del renovado bloque de poder tras la restauración alfonsina. En este momento, Sagasta, como ministro de la Gobernación y luego como presidente del Gobierno, defendió la puesta fuera de la ley de la Federación Regional Española de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) y persiguió a sus activistas cerrando sus locales y periódicos. Según él, la finalidad de esa nueva entidad obrera era “destruir la propiedad, destruir la familia, destruir la sociedad, borrar la patria, hacer desaparecer por la fuerza todos los elementos de la civilización conocidos”. Ahora, la mirada apocalíptica no quedaba solo para los seguidores de Donoso Cortés. El obrerismo organizado sacaba a la luz contradicciones de clase que ni siquiera el republicanismo federal —no digamos ya las facciones progresistas o demócratas— era capaz de conciliar. Aunque este grupo votó finalmente en contra de la ilegalización de la AIT española, la propuesta fue aprobada por amplia mayoría: 192 a 38. Un fiscal del Supremo encontró inconstitucional el acuerdo, lo que obligó a Sagasta a redoblar su presión. La Internacional sobrevivió después en una situación incierta que se resolvió definitivamente al llegar a la presidencia de la República Castelar, en septiembre de 1873, que la condenó a la casi total clandestinidad, aunque en el debate parlamentario también se había opuesto a la ilegalización apelando a sus principios. Con el Gobierno del general Serrano, en enero siguiente, aquel procedió a la prohibición de la entidad, que se mantuvo así hasta 1881.

Lo ocurrido con la Internacional es solo una muestra de cómo las contradicciones —y la palmaria lucha de clases— vividas en el Sexenio y, particularmente, durante la República empujaron a conservar a quienes en absoluto eran conservadores, y los forzaron incluso a suspender las mismas garantías y libertades por las que habían estado luchando años atrás y que ahora veían tan factibles de aplicar como amenazadas por todos los lados; la Segunda República vivió situaciones parecidas. En ese sentido, hemos de distinguir entre comportamientos conservadores y conservadurismo, incluso republicano. Hubo de esto segundo y quien mejor lo representó fue finalmente el general Serrano con su dictadura republicana en 1874, pero a la que precedió otra “de orden” invocada por el presidente Castelar y esbozada antes por Salmerón en julio del 73.

Fue el general Caballero de Rodas el encargado de sofocar duramente los primeros levantamientos republicanos populares en Cádiz y Málaga, ya para diciembre de 1868. La gran huelga obrera del textil barcelonés en agosto y la insurrección general al calor del mito de la Federal, en setiembre y octubre, que prefiguraba la geografía de la cantonal del verano de 1873, llevaron a los Gobiernos a recurrir al ejército e incluso a suspender las garantías constitucionales, y a aprobar una ley de orden público en 1870 para situaciones de excepción. La tensión social dio lugar en algunos casos a tempranas aplicaciones de la luego famosa ley de fugas o a la actividad de “partidas de la porra” contra todo tipo de opositores al Gobierno, a la que no era ajeno el mismísimo Sagasta. Este vino a representar el “ala derecha” de la coalición revolucionaria que sostuvo los primeros Gobiernos del Sexenio. En cuanto se aprobó la Constitución y, definitivamente, tras el asesinato de Prim, sus dos lugartenientes en las tareas revolucionarias se distanciaron: Sagasta agrupó a parte del progresismo con los unionistas defensores de la Septembrina, y Ruiz Zorrilla animó a los radicales más a la izquierda. Junto con el general Serrano, antiguo unionista, aquel fundó en 1871 el Partido Constitucional (a veces denominado Partido Monárquico Conservador; así se refería a él Amadeo), que se alternó con los de Zorrilla gobernando el país durante la monarquía democrática. Después sería el germen del Liberal Fusionista, tan importante en la futura restauración alfonsina, opción que empezaron a tomar en consideración desde que Sagasta tuvo que abandonar el Ejecutivo en mayo de 1872.

Durante la República no cambiaron las tornas, solo los nombres. Francisco Pi y Margall dijo una vez: “No temáis la libertad, porque en ella está el orden”. Era la antítesis del concepto conservador de libertad, entendido como posibilidad de obedecer, deber a la subordinación, consecuencia del orden, supeditada por eso siempre al orden público. El erudito y clérigo liberal Francisco Martínez Marina escribía que la libertad no es hacer lo que se quiere, sino lo que se debe. Pero el político federalista era plenamente consciente de la situación del país cuando tomó posesión como presidente, el 11 de junio de 1873. Ese día les dijo a los diputados: “Tenemos una verdadera guerra civil en las provincias del Norte y del Oriente” (carlismo y cantonalismo). Sin embargo, semanas antes, el 23 de abril, los militares de la Septembrina habían intentado un golpe de Estado para impedir el acceso a la presidencia de Pi. En la celada estaban Serrano, Blas de Villate, conde de Valmaseda, Pavía, Juan Bautista Topete, Martínez Campos, José López Domínguez, Antonio Ros de Olano y Caballero de Rodas, junto con voluntarios monárquicos (y la anuencia de Sagasta y Cristino Martos). No lo consiguieron, aunque en el verano seguían conspirando, igual que lo habían hecho durante la monarquía, proponiendo acciones a un Amadeo que no las respaldó o durante la República con el radical Martos, que evitaron los Voluntarios de la Libertad, un 23 de febrero.

En agosto, Pi culpaba a los internacionalistas del fracaso de los federalistas, aunque mayor oposición le suponía al Gobierno, ahora presidido por Salmerón, el cantonalismo (y los intransigentes republicanos, centrados en la demanda social y en una anulación de quintas y consumos que las guerras abiertas impedían conceder al Gobierno). La República estaba atrapada por diferentes presiones y contiendas, y se entregaba irremediablemente para su defensa a los militares borbónicos (Martínez Campos, Pavía o Concha, coordinados por el vizcaíno conde de Valmaseda). Los mismos que salvaban a la República de sus enemigos carlistas o cantonalistas (o internacionalistas, como en la gran huelga de Alcoy) eran los que traerían de vuelta la monarquía. Conspiraban, se descubrían, pero no eran definitivamente apartados o castigados porque la débil República dependía de ellos, de manera que volvían a intentarlo.

La de Castelar fue, abiertamente, una “República de orden, autoridad y gobierno”. Desde septiembre, todo se subordinó a ello: Gobierno por decreto, Cortes cerradas, suspensión de garantías constitucionales, poderes extraordinarios, disolución de los Voluntarios de la Libertad y restablecimiento del Arma de Artillería tras el pulso de esta al Ejecutivo radical de Ruiz Zorrilla. En enero de 1874, cuando Castelar iba a dar cuenta de ese “apagón” a las Cortes, la posibilidad de una alternativa a cargo de Salmerón y Pi animó a los sectores conservadores a impedirlo. Con anuencia de los enfrentados jefes progresistas (Sagasta y Zorrilla), el general Pavía, al frente de la Guardia Civil, ocupó y disolvió el Congreso. Castelar lo había nombrado capitán general de Madrid, lo que le confería un papel de primer orden en este delicado panorama. Se trataba ahora de acudir otra vez al “hombre providencial”, aquel que necesita subvertir la legalidad cuando esta no puede contener el orden. Se confirmaba la peor previsión de los reaccionarios: el liberalismo, en cualquiera de sus formas, solo podía oscilar entre la anarquía revolucionaria y el despotismo. La una conducía al otro y este a su solución autoritaria. Solo una restauración católica, otra naturaleza de las cosas, pondría fin a esta alternancia fatal.

Por eso ahora, otra vez, se precisaba una dictadura ministerial que salvara la situación y asegurara la paz social. Serrano no era ese hombre providencial; como mucho, un “hombre puente”, que lo mismo había servido para dar paso al primer Gobierno formal tras la Septembrina que para ponerle el epílogo a la experiencia del Sexenio. La “dictadura republicana” del duque de la Torre se llevó a cabo sin Cortes y sin Constitución, y con el Ejército como un poder arbitral que ahora inauguraba una legitimidad novedosa y de trayectoria futura: ahora los generales se presentaban no como representación partidaria, en la estela del pretorianismo decimonónico, sino como la del país en su conjunto, necesitado de su intervención para sobrevivir. Martínez Campos lo resumió perfectamente al justificar su pronunciamiento: “[…] cuando el Estado pierde la noción exacta de lo que quiere la nación”. El Ejército como intérprete y salvador. Era el argumento que se utilizaría en el siglo XX hasta consumir casi la mitad de los años de este bajo su égida. Y no solo era algo instrumental, sino que llevaba contenido político consigo. Serrano expuso en un manifiesto, el 8 de enero, el sentido de su presidencia. Para referirse a los federales, hablaba de “imperio del terror”. Eran los mismos que habrían pretendido despojar al “elocuentísimo tribuno” (Castelar) “de la dictadura, salvadora en estos momentos azarosos, y que él ejercía con acierto, lealtad, templanza y patriotismo”. La guarnición de Madrid (Pavía) no habría sido sino “la ejecutora fiel y resuelta de la voluntad de una nación, divorciada por completo de sus falsos representantes”. Serrano creaba escuela. La acumulación de problemas hacía ahora “imposible el ejercicio de todas las libertades”. El discurrir no podía retardar el obrar; lo habían dicho así antes Narváez, González Bravo y Bravo Murillo. La Constitución de 1869 se fundía por las circunstancias “en resistente bronce, gracias al duro crisol y al fuerte molde de la dictadura. Luego que demos cima a esta grande empresa, volverá la Constitución a dar al pueblo todos los derechos que en ella se consignan”. Y entonces llegaba la parte política del manifiesto, la que explicitaba la intención de la reacción e, incluso, de haberlo, el proyecto futuro. Primero la presente amenaza política:

No consiste la democracia en destruir nivelando la jerarquía social nacida de la invencible naturaleza de las cosas; consiste solo en la igualdad de los derechos políticos: en la destrucción de todo privilegio que impida elevarse en esa misma jerarquía a quien lo merezca y honradamente lo gane. […] La nobleza y las clases acomodadas no deben, pues, recelar de la democracia.

Aquella declaración liberal del 26 de agosto de 1789 en Francia, que ahora repetía el manifiesto, la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, había pasado en casi un siglo de revolucionaria a conservadora…, simplemente porque la historia se había movido y las demandas ahora eran otras diferentes. Otro tanto pasaba con la segunda cuestión, la religiosa:

Menos aún deben recelar los buenos católicos y los hombres sinceramente religiosos. […] La libertad de cultos no ha de romper entre nosotros la unidad católica en las conciencias. […] El Estado, pues, no puede desatender ni ofender a la Iglesia, desatendiendo y ofendiendo así las creencias de la inmensa mayoría de los españoles, y poniéndose en abierta lucha con una de las fuerzas más poderosas, persistentes y organizadas que encierra la sociedad en su seno.

Estaba claro lo que rechazaban ahora las fuerzas conservadoras —dos días después, un decreto suspendió la actividad y la prensa internacionalista, antiesclavista y federalista—, pero no había consenso sobre la opción futura. Alguno como Cánovas temió que Serrano reconvirtiera su provisionalidad en una “república macmahonista” conservadora, como la que ensayaba en la Francia posterior a Sedán uno de los represores de la Commune. Pero Serrano, aunque retenía algún prestigio, contaba con menos suelo para ello que el propio mariscal Patrice de Mac Mahon. La República unitaria parecían haberla desechado hasta sus anteriores defensores (Castelar y Salmerón).

Quedaba entonces la opción de restaurar la monarquía, que fue el empeño que ocupó a Cánovas del Castillo definitivamente desde que el 23 de agosto de 1873 Isabel II (y Alfonso) le otorgara mediante una carta-documento redactada por el de Molins plenos poderes para hacerlo posible. La reina tenía una gran antipatía por el malagueño y durante un tiempo los seguidores de uno y otra —Molins aparte— fueron sus mejores enemigos. Cánovas se movió con pericia —en ese instante fue el único que tenía una estrategia— y consiguió ir aglutinando los apoyos necesarios hasta hacer de su alternativa la más viable para las élites. Al producirse la Septembrina se apartó de los suyos, los unionistas, y con algunos de ellos no partidarios de la revolución y con moderados no fanáticamente isabelinos articuló un pequeño grupo que ya terció en el debate constitucional de 1869 al obtener unos pocos asientos en las Cortes. Allí estaba un veinteañero Francisco Silvela junto con otros como Saturnino Álvarez Bugallal, Joaquín Vázquez de Puga o José de Elduayen; recuérdese que Cánovas resultó electo en todas las convocatorias del Sexenio, menos en la de agosto de 1872 (y en la republicana). Opuestos a algunos aspectos de la Constitución —el sufragio universal masculino, particularmente—, no dudaron en respaldarla críticamente. Del mismo modo, propugnaron la opción de Alfonso mientras se buscaba rey para España y, al optarse por el de Saboya, se limitaron a retraerse en el debate y a apoyar al Gobierno de Serrano con un ministro (Elduayen). No participaron en la votación por las alternativas a la Corona porque ello implicaba asumir la condición electiva (y no hereditaria, histórica) de esta. Entre 1870 y 1873 Cánovas estuvo al frente del Ateneo madrileño, donde también aprovechó para popularizar la candidatura del príncipe exilado. Fue en el verano de 1872 cuando creó unos círculos alfonsinos, precedente del Partido Liberal Conservador fundado justo un año después. El partido aglutinó entonces a unionistas contrarios ya a la experiencia del 68, como Alonso Martínez y Romero Robledo, y a antiguos moderados pragmáticos, como Fernando Calderón Collantes y Orovio (casi todos los demás se incorporarían oficialmente en 1882). Con ello se articulaba la segunda pata orgánica, la conservadora, del futuro sistema político.

Molins redactó también en noviembre de 1874 una felicitación al príncipe por su cumpleaños con la firma de trescientos aristócratas debajo. El apoyo económico de los intereses colonialistas (y de la nobleza) seguía haciendo su labor. La Iglesia no le hacía ascos. Por su parte, la suerte de los frentes militares abiertos fue mermando las alternativas posibles de algún general como Serrano, incapaz de una victoria definitiva en alguno de ellos. Cánovas se distanció de él desde un principio, porque también rehuía un protagonismo o intervención militar para restaurar la Corona (o, al menos, depender de ello); como mucho, habría confiado en Manuel Gutiérrez de la Concha, tras levantar este el sitio de Bilbao, pero murió a continuación en la batalla de Abárzuza cuando se disponía a rematar su ofensiva tomando Estella, la capital carlista. Así se lo expresó a la reina ya en enero de ese año, tras lo de Pavía, cuando esta albergaba alguna esperanza con el duque de la Torre. Por eso receló del pronunciamiento definitivo de Martínez Campos en Sagunto, el último día de ese año, que precipitó la vuelta del príncipe a pesar de sus planes. Para entonces, el joven unionista que redactó el Manifiesto de Manzanares era ya un adulto. Ahora le tocó redactar un escrito para el jovencísimo príncipe que este dio a conocer desde Sandhurst, agradeciendo las felicitaciones recibidas. Lleva fecha de 1 de diciembre, pero la prensa lo publicó solo dos días antes del golpe de Martínez Campos.

El futuro Alfonso XII presentaba su candidatura dejándose definir como buen español, buen católico (“como todos mis antepasados”) y verdaderamente liberal (“como hombre del siglo”). Nada se decía ahí del futuro, más allá de insistir en la monarquía hereditaria y constitucional, junto a algunas referencias veladas al binomio Constitución-Cortes, y prometer que el proyecto estaba abierto a todos los españoles. Lo más explícito era el rechazo del inmediato pasado, con un recuerdo para “las honradas y laboriosas clases populares, víctimas de sofismas perdidos o de absurdas ilusiones”.

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Capítulo 3

APRENDIENDO DE LOS ERRORES (1874-1923)

La transformación llevada a cabo en España en el ecuador del siglo XIX, aquel tiempo que dominaron los liberales moderados y que impulsaron en los cambios económicos los progresistas, fue realmente extraordinaria. En poco más de treinta años se consiguió pasar de un Estado inane, sin recursos, sin presencia y sin proyecto, a otro consolidado y definido en sus estructuras principales, operativo tanto hacia dentro como hacia fuera del país. Del mismo modo, se estableció una cultura política española, tanto en sus contenidos doctrinales como en sus marcos jurídicos de actuación, haciendo viable un determinado tipo de acceso al poder, de gestión del mismo y de racionalidad administrativa. Las bases estaban puestas y suficientemente rodadas, al punto de manifestar en esa experiencia de unas pocas décadas cuáles eran los factores de su previsible desgaste o bloqueo. El nuevo periodo no era ya de creación, sino de reforma, de modernización de las bases de un país para hacer posible que siguiera el ritmo que marcaban sus vecinos europeos, no tanto los de cabeza, a los que se trataba de emular sin capacidad para ello, pero sí al menos los de las periferias del continente.

El tiempo que duró la segunda restauración en el trono español de los Borbones, muy distinta de aquella de 1814 de Fernando VII, fue también el de un proyecto político liberal que superó los anclajes y parte de los debates de la sociedad tradicional, aprendiendo y mejorando a partir de los errores de entonces, aunque sin abandonar su profundo carácter elitista. En ese sentido, su preocupación, interés y voluntad por incorporar al sistema a los nuevos grupos que generaban la modernización de España (mercantilización de la agricultura, industrialización, urbanización) no resultaron ni sinceros ni eficaces. El sistema de la Restauración no tenía por qué ser democrático —no lo era entonces ningún país—, pero sí que podía haber dado pasos más decididos a favor de la incorporación del pueblo, de las clases bajas y medias bajas, de nuevos grupos burgueses o de parte importante de la intelectualidad al protagonismo social y político. Pasados los años, describió muy bien en qué consistía esto un político como José Canalejas:

Cuanto mayor sea el número de ciudadanos que intervienen en la dirección de los negocios públicos, cuanto más grandes sean las fuerzas que dirijan la política española, más arraigo, más firmeza, más prestigio, si pudiera caber en institución que lo tiene tanto, alcanzará la Monarquía.

Algo se hizo, como veremos, y se siguió por la senda del progreso en ese sentido, pero los poderes tradicionales (propiedad, negocios, nobleza, Ejército, Iglesia, Corona, clase política) mantuvieron de manera permanente el recelo y el cuidado para que esto no pasara del todo y no les generara así consecuencias no queridas; la experiencia del Sexenio obró entre las élites como un anticuerpo para una apertura del sistema más convencida. Se aprendió del tumultuoso y constructivo siglo XIX, pero no lo suficiente como para no volver a reiterar algunos recurrentes errores y dejar así en pie perenne rémoras que en el futuro se trataron de atender acudiendo a soluciones inéditas (autoritarias o democráticas) o de extrema fuerza (dictatorial y hasta totalitaria).

Primó ahora por encima de ello el intento de dotar al liberalismo político español de la estabilidad institucional que no había tenido, posiblemente por su escasa fortaleza en relación con la que todavía exhibían los grupos e ideologías provenientes del Antiguo Régimen; también, no se olvide, el de pacificar políticamente el país, pues la historia española del ochocientos había sido la de una inacabable guerra civil abierta o larvada. Esa fue la obra de Cánovas, una afirmación inequívoca liberal, no contradictoria con el poder que siguió respetando a aquellos viejos protagonistas, un intento de “conservadurizar” ese liberalismo hasta hacerlo antitético de la democracia, como apreció González Cuevas. Una estabilidad representada en lo longevo de su carta magna, la de 1876, que en absoluto se puede confundir con parálisis, ni política ni social. En sentido contrario, el sistema de la Restauración no fue capaz de desentrañar algunos nudos gordianos que fueron quedando para más adelante en su solución: propiedad de la tierra, relaciones laborales, sistema educativo y oferta de otros servicios públicos, relaciones Iglesia-Estado, organización territorial del país, reconfiguración interna y relación del Ejército con la política, legitimidad del propio sistema político, concepto de ciudadanía, derechos de la mujer… En la medida en que no lo hizo y en tanto se sumaron a las dificultades internas nuevas problemáticas generadas por un mundo transformado casi por completo por los efectos de la Primera Gran Guerra, el sistema entró al final en crisis por fallo multiorgánico. El aviso que supuso la pérdida de los últimos reductos coloniales y la crisis moral que se abrió en 1898 solo sirvieron para instalar una visión pesimista de la realidad española, muy persistente en el tiempo, pero no para encarar y sacar adelante reformas en profundidad.

En ese medio siglo que va de 1875 a 1923, las derechas españolas siguieron controlando el poder por completo, sin ni siquiera experimentar como antaño situaciones o periodos cortos en los que este se les iba de las manos. Ello fue posible tanto por su progresiva adaptación a los “aires del siglo” —que ya iban a ser dos— como por poder contar con sendas versiones del liberalismo dominante, que se fueron alternando y sucediendo en el Gobierno, pero que también conjuntamente fueron dando carta de naturaleza a los cambios sin generar con ello una tensión insuperable (v. g., la extensión del sufragio, la tolerancia religiosa o el intervencionismo estatal). No fue una reedición corregida de aquellos moderados y progresistas isabelinos, aunque los conservadores canovistas, los del XIX, retuvieron mucho del espíritu de los primeros. Bien al contrario, en este caso su pauta de relación y entendimiento sí que permite identificarlos como una ancha cultura política, la inequívocamente liberal, con dos expresiones también diferenciadas, jugando por momentos una y otra el papel de conductora u oposición controladora de diversas iniciativas legislativas. Fue lo que en otros lugares se llamó “transformismo” (en la Italia de Agostino Depretis, entre 1871 y 1887) o “rotativismo” (o “fontismo”, en el Portugal de António María Fontes Pereira de Melo, entre 1878 y 1890), y en España “turnismo”; tampoco les fue extraña esta fórmula a repúblicas americanas como Argentina o México, tratando de establecer un periodo de calma tras sus agitados inicios como naciones modernas, e incluso se ha percibido también en la Canadá del tiempo. En todo caso, como dijo el citado Depretis, un momento histórico en el que “los enemigos se transformarán en amigos” y el liberalismo, en sus diferentes expresiones, virará hacia la derecha.

Lograron con ello espantar algunos fantasmas del pasado que se habían hecho constantes en la política del país. Pero, a la postre, como señaló José Varela Ortega, buscando resolver un problema de gobernación típico de la España isabelina, acabaron generando otro más grave de democracia por el profundo déficit de representación que entrañaba el sistema de alternancia en el poder que diseñaron. Por añadidura, tratando de civilizar al Ejército, de meter a los militares en los cuarteles, fue finalmente otro militar el que acabaría por ponerle fin a este régimen restauracionista, con una pretensión más peligrosa todavía que la del pretorianismo decimonónico: aspirar a representar lo bueno del país, a sus “clases sanas” y a su mejor gobierno, y con implicación en ello de la Corona. Por su parte, el otro temor de Cánovas, el control de las protestas y revueltas populares, exigió de nuevo de abundancia de orden y de suspensión de garantías, resultando finalmente incapaz de evitarlas porque, además, ahora las masas llamaban a la puerta de la política y, en algunos casos, sin pedir permiso a sus gestores tradicionales. A la amenaza que, para las derechas, incluidas las de un liberalismo conservador, había supuesto la democracia en la experiencia del Sexenio se le sumaba ahora definitivamente la de la revolución igualitaria, como habían temido sus más agoreros.

1. El sistema de Cánovas

El hombre que consiguió devolver la monarquía a España en la persona de Alfonso XII fue el que diseñó el sistema político que se mantuvo vigente a trompicones hasta 1923. El rey llegó a Madrid con diecisiete años, en enero de 1875. Para entonces, Antonio Cánovas del Castillo era un hombre hecho a sí mismo. De origen humilde (temprano huérfano de un maestro), a muy corta edad empezó a abrirse paso en la sociedad madrileña de la mano del periodismo, la política y sus estudios y escritos de historia. Tras su sarampión progresista, sus primeras armas políticas solventes las hizo en el unionismo liberal, donde recalaron también dos hombres que lo ayudaron en sus inicios: el financiero Salamanca y el militar y político O’Donnell, para quien redactó el Manifiesto de Manzanares dando a conocer el sentido de su alzamiento en 1854. Con este fue ministro en su último Gobierno —antes lo había sido en el de Mon— y, tras la muerte del general, asistió expectante y activo a la experiencia del Sexenio Democrático. Justo superada la treintena, era un hombre con trayectoria en la política y con capacidad demostrada para su análisis, además de tener todo un futuro por delante.

A partir de lo que había visto y vivido, los dos fantasmas que pretendía evitar Cánovas en su diseño de un nuevo sistema eran los que habían protagonizado el convulso ochocientos español: la presencia destacada en el mismo tanto de los militares pronunciados como del pueblo alzado. Lo primero tenía que ver con una sociedad civil sin suficiente músculo, que se dejaba representar en su precoz pluralismo por generales de diverso color o ubicación ideológica; también, con un sistema que impedía el tránsito pacífico del poder de uno a otro partido, lo que obligaba a recurrir a la fuerza: los mayores opositores de un posible turno pacífico no habían sido otros que los del Partido Moderado, desde el “incidente Olózaga”, y la reina. Recordemos que la Unión Liberal trató de alcanzar esa alternancia civilizada en España, aunque cuando llegó al Gobierno prefirió verse como un partido nacional (y único). Aquel error histórico de la época isabelina es lo que intentaba enmendar ahora Cánovas, replicando de algún modo esa alternancia entre dos grandes opciones políticas que entendía que caracterizaba la política del país más avanzado y estable entonces —y, por eso, el modelo a copiar—, el Reino Unido de Gran Bretaña, con sus históricos tories y whigs.

Por su parte, los recurrentes levantamientos populares conmovían a este profundo conservador, para los que no tuvo mejor respuesta que la represiva, la apelación al orden público y las encomiendas a la religión. Todo muy lejos, sobre todo en su primera época, de la calculada agenda social desplegada desde el Ejecutivo por grandes estadistas del tiempo, como la todavía especulativa del inglés Benjamin Disraeli o, especialmente, aquella ambiciosa y práctica contenida en el “socialismo de Estado” del alemán Otto von Bismarck, los dos correligionarios suyos, e incluso la expresada en la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII. El discurso del malagueño en el Ateneo en 1890 anunciando su aceptación del intervencionismo estatal (y de paso del proteccionismo) o incluso su inicial y protocolaria presidencia de la Comisión de Reformas Sociales, en 1883, no se tradujeron en logros consistentes en este apartado, donde, al margen de alguna legislación que no prosperó, su política tuvo más de mano dura que de terapéutica social, más de consideración de la diferencia que de solidaridad entre las personas. Si el definitivo empujón legislativo social de comienzos del siglo XX, con los Gobiernos conservadores de Francisco Silvela y Marcelo Azcárraga (y luego de Maura), tuvo que ver con ese giro mostrado por su desaparecido líder, es ya cuestión a debate, aunque no parece una tesis muy sólida. Aún más, no se trataba solo de responder a la llamada cuestión social, sino también a las demandas democráticas, que en ocasiones podían manifestarse de manera virulenta. Para estas, Cánovas mostró una ambivalencia característica de su conservadurismo liberal: lo primero en lo ideológico y lo segundo en la actitud a la hora de enfrentar los cambios. Fue un conservador duro, contrario al sufragio universal, de cuya mano veía llegar amenazante el socialismo, la temida igualación, pero que, sin embargo, asumió pragmáticamente en un momento dado que, de seguir enfrentándose a esa medida, quedaría desplazado de la política de su tiempo. Como con eso hizo con todo: fue un conservador dúctil y pragmático hasta lo necesario.

El modelo canovista de alternancia pacífica, sostenido en una cultura política tolerante para determinado tipo de competidores, necesitaba de dos partidos principales, capaces de aglutinar todas las expresiones del liberalismo conservador, a un lado, y del más avanzado, al otro. Como anticipó en el Manifiesto de Sandhurst, la nueva monarquía debía soportarse en una amplia base política. Así se lo contaba a un correligionario:

Mi propósito es que nadie deje de ser alfonsino por antecedentes ni escrúpulo político y para eso hacen falta dos centros, cuando menos en cada pueblo; uno más conservador, donde quepan hasta los que la impaciencia ha hecho carlistas, cuando vean que el carlismo es la más lenta y difícil de las soluciones; y otro más liberal, donde puedan acogerse los desengañados de la revolución. Solo de esta manera puede formarse el ancho molde que una dinastía necesita para hacer sólida y fecunda la institución monárquica.

El primer partido, el conservador, el que dirigió hasta su muerte, aglutinó básicamente a los alfonsinos como él desde 1874, provenientes tanto del unionismo liberal como del moderantismo isabelino que aceptó el cambio de época y de dirección partidaria (y que renunció a la reina por su hijo). El manifiesto que suscribieron los casi seiscientos diputados y senadores de las últimas treinta legislaturas (presentes o adheridos), presididos por Mayans y reunidos para nombrar la comisión de los 39, redactora del nuevo proyecto constitucional, se ha utilizado en ocasiones como fundacional de ese partido, el 20 de mayo de 1875. Entonces habrían hecho oficial su denominación de Partido Liberal-Conservador. A estos acabaron sumándose los católicos militantes de Pidal cuando el propio pontífice resolvió las iniciales dudas de este.

El segundo, el Liberal (o, finalmente, Liberal-Fusionista), a las órdenes de Mateo Sagasta, no se fundó hasta mayo de 1880, a partir de los sectores progresistas escaldados de la experiencia del Sexenio y que el riojano logró “pastorear”: los de su partido constitucional, algunos republicanos tanto radicales de Ruiz Zorrilla como “posibilistas” de Castelar, y los del “centro constitucional” dirigidos por el viejo unionista Alonso Martínez, que primero protagonizaron una pequeña escisión trabajando con los canovistas en la ponencia constitucional, pero que pronto volvieron al redil, a finales de 1878. Lo que unía a estos liberales —y, por supuesto, a los conservadores— era su aceptación final de una carta constitucional, la de 1876, que Cánovas sacó adelante a partir de aquel grupo plural de notables al que se encomendó su redacción. Sin embargo, algunos políticos liberales más fieles a la del 69 se mantuvieron al margen de Sagasta en una facción denominada como su portavoz periodístico, Izquierda Dinástica, presidida por el general Serrano y abanderada por el también general López Domínguez, Segismundo Moret, Eugenio Montero Ríos, Víctor Balaguer (el escritor de la Renaixença catalana), Manuel Becerra (jefe de la masonería española) y los antaño seguidores de Cristino Martos. Llegaron a presidir fugazmente el Ejecutivo, con Posada Herrera al frente, en 1883, y habrían podido ser una alternativa al sistema de alternancia y turno que se estaba fraguando entonces, pero agotado pronto su programa, se disolvieron y se unieron a los de Sagasta al año siguiente.

Y es que desde la perspectiva liberal y tras la experiencia del Sexenio, la de 1876 era una Constitución regresiva, por mucho que fundiera el espíritu de aquella de 1868 con el de la moderada de 1845 y de que se fuera consciente de que, aun integrando a muchos, dejaba fuera a republicanos y tradicionalistas (y después a regionalistas y obreristas). Es cierto que garantizaba un núcleo consistente de derechos y libertades individuales (de conciencia, reunión, asociación y prensa, habeas corpus y garantías del procesado, y propiedad privada e igualdad de acceso a los empleos públicos), aunque sometido a desarrollos normativos futuros que podían limitarlo o demorar su aplicación efectiva: de los casi dieciocho mil días que duró la Restauración, una cuarta parte de ellos fueron con estado de guerra en alguna parte del territorio y bastante más de un tercio con suspensión de garantías; estos porcentajes se duplicaban bajo gobiernos conservadores respecto de los liberales. También es cierto que el texto constitucional era breve y flexible, lo que abría la puerta, como ocurrió, a que se desarrollara una legislación más avanzada durante los gobiernos liberales. Pero Cánovas no dudó en regresar a una base que cuestionaba la soberanía nacional y que, particularmente, devolvía a la Corona un importante papel en el juego político; impidió que en el debate constitucional se planteara otra posibilidad distinta que la monárquica. Se trata de la vieja soberanía compartida entre monarca y Cortes, característica de la carta de 1845, y que partía de una convicción de rancio aroma historicista: la Constitución interna española, anterior a cualquier otra versión escrita. Cánovas no imaginaba la Corona sin el Parlamento, tanto en la historia como en la legitimidad del presente y del futuro. A su manera, representaban el justo medio anhelado por el liberalismo moderado: el monarca supondría el orden, la autoridad; y las Cortes, la libertad, la iniciativa. Decía en el Congreso, en julio de 1886:

Para tocar la Constitución del Estado, siempre se necesita en uno u otro momento la sanción real. Ni las Cortes es posible que voten su supresión ni es posible que acuerde su supresión el monarca; y de aquí que las Cortes y el rey, que están antes que la Constitución, puesto que la Constitución se hace entre el rey y las Cortes, estén también sobre la Constitución, porque la Constitución, si toca y puede tocar lo demás, no puede tocar ni a las Cortes ni al rey.

Visto así, concluía Cánovas, la monarquía no podía ser suprimida por medio de la legalidad, porque “no hay legalidad sin la monarquía”. En parte tenía razón en ese designio, pero no debería preocuparle tanto a un historiador como él: como señalaba en la misma frase, “sin la monarquía puede haber hechos, puede haber fuerza, puede haber batallas”, y lo de menos en un caso crítico es si había legalidad (o, por lo menos, legalidad monárquica). Cincuenta años más tarde se demostraría (o siete antes, si se considera la suspensión constitucional de Primo de Rivera en 1923).

Más práctica resultó la aplicación cotidiana de la doble confianza a la que empujaba la Constitución interna canovista. El monarca quedaba al frente del Ejecutivo al poder nombrar y cesar ministros, y compartía el legislativo con las cámaras, que también podía disolver. Al contrario, el Gobierno necesitaba esa doble confianza de uno y otras, y actuaba como mediador entre ambos. El rey, así, tenía la llave de la política al poner y quitar Gobiernos. Si era respetuoso con la correlación de fuerzas entre los partidos o con el pulso de la opinión ciudadana en un momento dado, podía cumplir una labor arbitral entre contrarios. Pero si se atribuía un protagonismo inadecuado en el juego de partidos y de fuerzas sociales al aprovechar una crisis o un momento de debilidad del Parlamento, podía resultar letal para la política del país. Como señaló Ángeles Lario, “las Cortes eran fuertes en la medida en que eran capaces de impulsar o rectificar las decisiones del rey a la hora de formar Gobiernos”. No volver a depender de camarillas como las de Isabel II, entonces, dependía más de la eficacia del turno y de la fortaleza de las opciones políticas y del propio entramado parlamentario que de la buena voluntad del monarca o de la aplicación mecánica de la fórmula elegida para definir las capacidades de este; los diferentes tiempos y personalidades de Alfonso XII y su viuda, y de Alfonso XIII así lo muestran.

La traducción de todo ello fue que el rey se convertía en una pieza ineludible en lo peor del juego elitista y cerrado de la Restauración. Lejos de proponer formar Gobierno a la opción política más respaldada en las urnas y con mayor fuerza en la cámara, llamaba a voluntad a hacerlo a un determinado líder político cuando observaba un cambio en la opinión pública, en la relación entre Gobierno y oposición, en la consistencia interna de los apoyos del Ejecutivo o por circunstancias menos objetivas. Semejante margen de maniobra era habitual en las monarquías de entonces, alejadas aún de la preeminencia del poder parlamentario. Lo importante es que el rey supiera que contaba con tanto poder, pero que lo adecuado consistía en no recurrir a él si la ocasión no lo exigía. En todo caso, una vez designado un nuevo presidente del Gobierno, este cambiaba a su gusto la nómina de gobernadores civiles y, con su concurso, se “cocinaban” unas Cortes favorables mediante el llamado “encasillado”. La técnica consistía en asignar candidatos idóneos en cada una de las pequeñas demarcaciones electorales uninominales, atendiendo a la situación y estado de ánimo del distrito, a las fuerzas interiores y, sobre todo, a un reparto adecuado de actas previstas, en número abultado para su partido, menos para la futura oposición y solo residual o testimonial para las fuerzas ajenas al turno (republicanos, carlistas y luego regionalistas y socialistas). De esa manera, mediante una constante falsificación “de arriba abajo”, era como se creaba el problema de democracia a que hacía referencia Varela Ortega al principio de este capítulo: la lucha por el poder político se resolvía antes en los territorios del Ejecutivo que en los del Legislativo, más en ese reparto inicial que en la posterior competición abierta.

La previsión futura no podía ser más agorera (y, a la postre, certera): “Sin pronunciamiento ni electorado, no se adivina cuál va a ser el mecanismo de cambio”, salvo que lo sea el rey y su prerrogativa, con lo que se regresaba a alguno de los profundos males del tiempo isabelino. En el momento de la crisis definitiva del sistema, la responsabilidad se volcó sobre el rey, curiosamente, aunque se partía de que la institución no lo era, por “sagrada e inviolable”. No se había aprendido lo suficiente y la fórmula, más cercana a la monarquía constitucional que a la parlamentaria, no proporcionaría la estabilidad y solvencia a que se aspiraba. Pero eso ocurrió al final, cuando el sistema entró en crisis y, a la postre, colapsó. Mientras funcionó correctamente, estableció una serie de formas más que de normas que permitieron el cambio ordenado de Gobierno, así como otro efecto muy determinante y aparentemente contradictorio con lo dicho hasta ahora: el turnismo limitó el poder de la Corona y su posible tentación de actuar de manera más arbitraria que discrecional. El rey desplegaba así su poder moderador, como intérprete del pulso del país y de su política, pero tenía otro problema añadido: el falseamiento electoral no le permitía tener una imagen contrastada, real, del mismo.

La monarquía no era para Cánovas un simple sistema de gobierno; mucho menos un mero símbolo. Bien al contrario, le atribuía un papel no muy diferente del que le otorgaban los tradicionalistas: una institución mística, no ya funcional o intercambiable por otras. La Corona constituía una pieza privilegiada en su cosmovisión: era la que proporcionaba un equilibrio a la sociedad, la que garantizaba la posibilidad del proceso político y la que, en consecuencia y en última instancia, evitaba que se “cayera en el socialismo y la anarquía” (el desorden, quería decir). La monarquía era también “el único vínculo de unidad” en una sociedad moderna que estaba disolviendo los lazos de relación tradicionales. El argumento le valía también para articular los diferentes territorios de la nación española, en la línea de Arrazola cuando le bastaba con que los vascongados fueristas expresaran lealtad a la Corona, sin necesidad de hacerlo también a la Constitución. Del mismo modo, al defender una monarquía hereditaria respaldaba su argumento sustancial: la herencia como metáfora de la mejor propiedad, y esta como basamento del orden social a defender y como derecho individual más preciado.

La institución monárquica era la pieza principal, por encima incluso de su par, las Cortes, pero la intención de Cánovas era apartar a la persona regia del día a día político. Ahí hay un punto de contradicción porque el mandatario conservador no hacía suya la máxima de las monarquías constitucionales de que “el rey reina, pero no gobierna”, pero tuvo diversos percances con Alfonso XII y, sobre todo, con la futura regente al tratar de apartarlos de la atención que pretendían prestar a los asuntos de gobierno. Quizás su distinción entre institución y persona lo explique. Más previsible fue, sin embargo, en lo que hace a otra institución tradicional: la nobleza. Como todos los moderados y conservadores, apostó por un sistema bicameral —y así lo recogió la Constitución del 76— que reservara la mitad de los puestos del Senado a dignidades y propiedades designadas sin elección y la otra por elección restringida a cuerpos privilegiados. Desde esa posición se dedicarían a frenar las disposiciones peligrosas y contrarias procedentes de la Cámara Baja. El asunto del Senado —y el sistema bicameral definido así, no como cámara territorial— ha sido históricamente un argumento de los sectores más retardatarios, partidarios de mantener en el tiempo la influencia de los estamentos de la sociedad tradicional.

Otro tanto pasa con la Iglesia y la religión católica, que encontraron en el texto constitucional un acomodo que sintetizaba el ánimo de los proponentes y del tiempo en que se vivía. Volvía a ser religión del Estado y obligaba a este a sostener a sus ministros y culto, pero se permitía la libertad de conciencia y eran posibles otras religiones, siempre que se desarrollaran en privado y quedara “a salvo el respeto debido a la moral cristiana” (lo que abría un vasto campo de posibilidades de control social: enseñanza, costumbres, comportamientos). Con ese redactado del artículo once se salvaba el privilegio de la Iglesia romana sin caer en una defensa de la intolerancia religiosa ajena al tiempo en que se vivía, a pesar de los problemas que los conservadores tendrían, como veremos, con la facción militantemente católica de su partido, con los moderados más renuentes a su proyecto y, por supuesto, con la Santa Sede, la nunciatura y la Iglesia española, además de con los tradicionalistas. Ello no obsta para que Cánovas, siguiendo a Donoso, fuera un convencido de que la religión y la política debían ir de consuno, pues la primera era la expresión profunda de la segunda.

2. Probaturas autoritarias antes de la alternancia

Condicionado por las circunstancias —había todavía dos guerras abiertas—, por lo reciente aún del Sexenio y por el momento inaugural del nuevo tiempo, así como por no disponer de una autoridad del todo consolidada, Cánovas optó por una suerte de “dictadura” (medidas excepcionales selectivas) en su primer mandato, antes de ensayar su fórmula de alternancia con los liberales. En un momento tan crítico, un “hombre extraordinario que interprete y fielmente ejecute” las necesidades de ese tiempo, “es, ha sido y será, pese a quien pese, un legítimo soberano”. Se lo habíamos oído a Narváez, Bravo Murillo y González Bravo, en la estela de Donoso, y ahora lo repetía él. Con todo, nada más lejos de su intención que proceder a una contrarrevolución; su restauración también tenía presente “los aires del siglo” y era consciente de que no podía regresar a antes de la Septembrina, como le pedían algunos viejos moderados en asuntos como el de la unidad católica o el de la propia Constitución del 45 (u, originalmente, el regreso de la monarquía en la persona de Isabel II). De este modo, entre los meses de febrero de 1875 y de 1881, Cánovas ejerció el poder de manera casi absoluta y continuada, con un paréntesis de menos de un año sustituido por Martínez Campos y otro corto y también instrumental por el también general Joaquín Jovellar.

El tono autoritario que adoptó esta primera etapa de Gobiernos conservadores lo asemeja a la situación de excepcionalidad anterior a cargo del general Serrano. Cánovas desplegó una política restrictiva en cuanto a derechos y libertades: el estado de prevención se prolongó hasta comenzar 1877, la ley del jurado quedó suspendida, se restableció la figura del fiscal para delitos de imprenta, el asociacionismo no estaba permitido, ni el obrero, ni el político partidario de opciones no dinásticas… Romero Robledo, en Gobernación, se aplicó tanto a controlar a los periodistas y a cerrar los medios de prensa que expresaran ideas hostiles a la nueva situación (La Igualdad, La Discusión) como a manipular sin límite las elecciones constituyentes de 1875 (y luego las de 1879). Aun realizándose las primeras con el censo universal del Sexenio, el resultado favorable a Cánovas fue tan abrumador (el 85%) que el resignado humor del momento proclamaba a los candidatos electos “por gracia de Romero Robledo”, que no del sufragio universal. La censura previa se estableció antes del debate constitucional, con responsabilidades que iban del editor al repartidor de periódicos. La Ley aprobada en 1879 convertía en ilegales hasta las “alegorías, metáforas o dibujos” alusivos “al sistema monárquico constitucional”. Los ayuntamientos y diputaciones conocieron también una legislación centralizadora a finales de 1876, que insistía en las tradicionales tesis moderadas, y ahora conservadoras, de ver al poder local como un apéndice más del estatal, sometido así a las directrices gubernamentales a todos los efectos (procedimiento y derecho electoral, aprobación de presupuestos, designación de alcaldes). La ley electoral de 1878 restringió el censo a solo 800.000 electores, menos de una quinta parte del universal masculino, seleccionados por el factor género, propiedad y formación académica (“los que tienen y los que saben”). La Ley de Imprenta de Romero Robledo también sancionaba cualquier puesta en duda de la legitimidad de esas elecciones. Las libertades de reunión, asociación y cátedra se vieron negativamente afectadas por su sometimiento a rígidos controles.

En el último de estos apartados se aprecia el intento de Cánovas por dejar atrás las normas que habían presidido la experiencia democrática del Sexenio. Su ministro Orovio, representante de la facción más reaccionaria del alfonsismo conservador, la de los moderados, decretó en febrero de 1875 que los profesores universitarios no podían explicar “doctrinas religiosas que no sean las del Estado” y que podían ser sancionados si no reconocían el régimen establecido o explicaban en su contra. La afirmación del dogma católico-monárquico impactaba directamente en una academia que durante el Sexenio se había distinguido por su implicación política, con numerosas figuras de referencia muy influidas por el krausismo y que ya habían protagonizado un par de “batallas culturales”: primero, con Orovio, que ya en 1866 había desatado un enfrentamiento con los universitarios muy similar al de ahora y luego, con los neocatólicos especializados en esta confrontación, como Juan Manuel Ortí y Lara o los seguidores de fray Zeferino. Quienes no se plegaron a las exigencias del ministro componen una nómina brillante (Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, el evolucionista cántabro Augusto González de Linares o el latinista burgalés Teodoro Sainz Rueda) que acabaron fuera de las cátedras y dispersados por diversas provincias hasta que decidieron crear, en octubre de 1876, la Institución Libre de Enseñanza, liderada por el primero y presidida por Laureano Figuerola. Luego Sagasta, al llegar al poder, los readmitió a todos con la circular de su ministro José Luis Albareda, pero el institucionismo quedó para las próximas décadas como animador de algunas de las más grandes entidades intelectuales y educativas modernizadoras del país: de la propia Institución al Centro de Estudios Históricos (Menéndez Pidal), la Residencia de Estudiantes, la Junta para Ampliación de Estudios o el Museo Pedagógico Nacional (Manuel Bartolomé Cossío).

El empeño de Orovio resultó un desastre al impulsar reactivamente fuerzas contrarias mejor dispuestas, pero expresa la relativa pluralidad de posiciones que acogía la facción política de Cánovas y, sobre todo, la voluntad de este por restituir los privilegios antes cuestionados a la Iglesia: repuso el concordato de 1851 en todos sus términos, devolvió bienes eclesiásticos que habían sido nacionalizados entonces, reconoció el matrimonio canónico y negoció de nuevo las cuantías del culto y clero. Además, siguió responsabilizando de la enseñanza básica a unos poderes locales sin recursos para ello, lo que ponía a disposición de las órdenes religiosas el mercado de la educación para que estas obraran a su gusto. Con todo, en la medida en que la Constitución no se plegó férreamente a la intolerancia religiosa demandada por algunos, las diferencias se mantuvieron sobre todo con el catolicismo militante, más que con una Iglesia institución que pronto apreció las ventajas de la nueva situación.

En cuanto a los militares, que tan determinantes habían sido en la restauración alfonsina, además de entregarles el poder del Ejército sin restricciones y de restituir en sus puestos a los apartados durante el Sexenio, destaca la nueva condición de rey-soldado que consagraba la Constitución. Ello cerraba el flanco del poder militar que tanto preocupaba a Cánovas y que tanto recorrido había tenido en la historia anterior, al disponer al Ejército bajo la tutela directa del monarca. Pero, a la vez, otorgaba a este una jurisdicción en este campo al margen de la política, con los problemas futuros que ello podría entrañar. Después de la experiencia del Sexenio, el Ejército acrecentó su autopercepción de custodio de las esencias patrias. Su encaje constitucional estaba, escribió Bartolomé Clavero, “por encima de sus mismos principios representativos”. Quedó encerrado en los cuarteles, ciertamente: las asonadas se redujeron a un tercio respecto de la etapa isabelina y fracasaron todas (a cargo de republicanos de Ruiz Zorrilla), salvo la que acabó con el sistema mismo en 1923. El empeño de Cánovas resultó exitoso, pero engendró de otra forma un poder militar autónomo dentro de la política y de la sociedad no menos letal que el anterior. Su protagonismo para traer la restauración monárquica fue tal que, como le reconoció el propio Cánovas a Isabel II tan pronto como en febrero de 1874, “de hoy en adelante han de aspirar a ser presidentes de República o jefes vitalicios de Estado”. No se equivocaría en la predicción: el militarismo político acabó por sustituir en el siglo XX el régimen de los generales isabelinos; lejos de representar a un partido en concreto, se conformaron en uno propio con todo el contenido ideológico característico de las expresiones más conservadoras.

Pero además de acabar con el recuerdo de la experiencia del Sexenio, el alfonsismo tenía que poner fin a dos guerras. Lo primero se logró con esa rectificación legal que hemos expuesto, un auténtico desmontaje jurídico, compatible con la continuidad de muchos nombres, porque la restauración no fue en ese sentido una purga ni la revolución había modificado sustancialmente la estructura social. También lo consiguió con una demonización de aquel tiempo pasado, dibujado como antítesis de lo que se pretendía hacer ahora. Como apuntó Jover, frente a desorden, separatismo, irreligión, falta de autoridad, utopía, plebeyez y socialismo se levantaba alternativo “un sistema de contravirtudes” compuesto de orden, unitarismo, religiosidad, jerarquía, realismo, distinción e individualismo liberal y capitalista. Lo habrían resumido mejor con un guarismo: veintitrés Gobiernos en seis años.

En lo que hace a las contiendas carlista y cubana, estas terminaron en 1876 y 1878, respectivamente. La primera no tuvo otro Abrazo de Vergara y la segunda sí una Paz de Zanjón que no se supo o no se quiso gestionar. Resuelta ya para noviembre de 1875 la guerra en los frentes del centro y Cataluña —aquí tras la simbólica toma en julio de la Seo de Urgel—, la contienda civil se redujo durante unos meses más al País Vasco y Navarra, lo que de nuevo introdujo una dimensión política en su final que trascendía con mucho al oponente tradicionalista: la cuestión foral. Al contrario que en la primera, ahora no se optó por un convenio o acuerdo, sino por la derrota militar sin más miramientos y, sobre todo, por poner punto final al tiempo de la excepcionalidad vasca, la última que quedaba en pie tras aquel siglo XVIII de centralización estatal de la mano del absolutismo borbónico (que seguía ahora a su manera la revolución-reforma liberal, como agudamente observara Alexis de Tocqueville).

La Ley de 21 de julio de 1876 de abolición de los fueros vascos fue otra muestra más de la resolución de Cánovas en este instante. El Ejército se mantuvo durante meses como tropa de ocupación en las provincias, con gobierno a cargo de militares. Las instituciones forales fueron disueltas y su dirección removida desde Madrid hasta contar con diputados generales favorables a las tesis transigentes (diputados “de realengo”, se motejaron críticamente). La posición más contumaz de Vizcaya fue definitivamente vencida e incluso la opción electoral de la Unión Vascongada de Fidel de Sagarmínaga y Domingo Martínez de Aragón resultó derrotada. ¿Qué había cambiado desde 1839 para no repetirse lo de Vergara? El mundo, España y el País Vasco. La tendencia unificadora de los Estados modernos era ahora patente (Italia, Alemania, Estados Unidos…). La posición de las fuerzas políticas españolas no era de debilidad, como antaño, y mucho menos de enfrentamiento extremo como para propiciar otra nueva vía de escape a las élites vascongadas (la fuerista que pactó con los moderados). La animosidad de la opinión pública contra la excepcionalidad vasca era notable y las tensiones territoriales de la experiencia republicana jugaban en contra en ese tema. Finalmente, y aunque se intentó por parte de algunos liberales vascos, dentro del carlismo no cuajó ningún tipo de predisposición al “abrazo”.

Todos leyeron mal las fuerzas propias y las del contrario, así como el tiempo en que estaban viviendo, y una implacable resolución se abatió sobre ellos para hondo disgusto de los liberales vascos y para lo que sería una futura y permanente crítica de los tradicionalistas. Los privilegios de no contribuir regularmente con dinero y hombres a las necesidades de la Hacienda y el Ejército (y Marina) quedaron suprimidos. Un tiempo terminaba y los vascongados comenzaban a conocer el mismo proceso de “sucursalización” de la vida política que habían probado ya el resto de españoles. Con todo, Cánovas mostró aquí de nuevo su pragmatismo y sus contradicciones. Su contundencia no le impidió acudir dos años después, en febrero de 1878, a un “instrumento amortiguador de la centralización teórica del Estado” —acertada denominación de Eduardo Alonso Olea— como fue el concierto económico establecido con cada una de las diputaciones, siguiendo el modelo conveniado con Navarra en 1841 al acabar la primera carlistada. Cánovas no era un igualitarista y entendía y defendía la diversidad y desigualdad de situaciones de los territorios; así lo expuso en su famoso prólogo al libro del andaluz Miguel Rodríguez Ferrer, Los vascongados. Su país, su lengua y el príncipe L. L. Bonaparte (1873). Admirador de la “organización interior” de las instituciones forales —igualdad teórica, oligarquización real y alta legitimidad popular, como recordamos que resumió Ortiz de Orruño—, también imaginó, como los demócratas y republicanos, su extensión al conjunto de provincias españolas, una idea peregrina porque todo se soportaba en un privilegio que, de generalizarse, dejaba de ser tal. Cánovas unificaba jurídicamente, conforme a “los aires del siglo”, pero mantenía la excepcionalidad de los conciertos, que no solo no se reducían a lo económico, sino que otra vez se extendían a lo político, porque el autogobierno fiscal de las diputaciones llevaba consigo la propia gestión cotidiana de esos recursos propios.

De esta manera, el gran abolicionista de la causa vasca no lo fue tanto, por más que el impacto de esta medida en aquella generación del 76 fuera tal —Unamuno lo expresó muy bien en su etapa juvenil— que durante años Cánovas no encontró partidarios en el país, y sus élites más activas no se reconocieron conservadoras hasta el giro proteccionista que forzaron y consiguieron del malagueño con el arancel de 1891. Desde entonces, la “política de escritorio” de los grandes apellidos industriales vizcaínos (Víctor y Benigno Chávarri Salazar, José María Martínez de las Rivas, Adolfo Gabriel Urquijo Ybarra, el marqués de Casa Torre (José María de Lizana), Juan Tomás Gandarias, los Urquijo alaveses, Ramón Ybarra…) no tuvo empacho en reconocerse canovista.

Un detalle final acerca de su pragmatismo: de haber obrado de otro modo, la Hacienda española no habría podido cobrar los impuestos en las Provincias Vascongadas hasta pasados unos años, porque no tenía datos acerca de dónde se hallaban la propiedad y la renta, y cómo se distribuían entre los contribuyentes del lugar. De manera que era mejor pactar un cupo y dejar hacer puertas adentro que hacer causa que pudiera generar más problemas que ventajas. Lo mismo que se hizo de nuevo con el tardío Código Civil, aprobado por fin en 1889 tras el fracaso inicial de García Goyena en 1851. Alonso Martínez se puso también aquí al frente y logró un texto sobre aquella base anterior, respaldado por toda la familia liberal por la centralidad que otorgaba a los criterios de propiedad, herencia y libertad para contratar. Como dijo de él el hacendista Raimundo Fernández Villaverde, “es difícil encontrar […] una obra legislativa que favorezca a las clases ricas con tanta parcialidad y que con tamaña franqueza ponga esa protección de manifiesto”. Sin embargo, los años en que se elaboró eran también los de las influyentes obras del regionalista catalán Valentí Almirall (Lo catalanisme y Memorial de Greuges) —y enseguida las Bases de Manresa (1892)—, por lo que no extraña que la eficaz intervención de algunos foralistas adeptos a Cánovas, como Manuel Durán y Bas, pensando más en un Estado compuesto que en uno unitario, lograra sacar adelante otra excepción harto operativa y expresiva de aquel tiempo: se unificaron los cuerpos legales y se derogó el derecho civil común anterior, pero quedaron en pie “leyes subsistentes” de algunos territorios por la vía de omitir las referencias a las mismas o de remitirlas a apéndices que conservaban su integridad, “por ahora”, hasta futuras refundiciones. Así se concretó la afirmación constitucional repetida desde 1812 de que “unos mismos Códigos regirán en toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancia determinen las leyes”.

Semejante exhibición de pragmatismo y sentido de la diferencia no se aplicó para poner punto de inicio a la paz cubana. El profesor Portillo ha expuesto reiteradamente cómo la “autonomía” ensayada como fórmula para solucionar la manera de estar los vascos “en” España —se refiere a un mecanismo particularizado para un territorio— no se extendió a las colonias americanas desde un principio, lo que podría haber dado lugar a otra historia de aquel continente y de la propia metrópoli; otros autores, como Carlos Seco Serrano, hacen la misma observación, pero invierten los espacios de aplicación: la autonomía se habría dado en Cuba, pero no en las periferias peninsulares que la demandaron. Ahora tampoco ocurrió por mucho que Martínez Campos consiguiera llegar en Cuba a “una tregua o convenio al estilo del de Vergara”, a decir de Pérez Galdós. Conforme a lo establecido en Zanjón, la isla sería tratada como Puerto Rico, lo que conllevaba el final de la esclavitud, el establecimiento de un sistema de autogobierno y poder contar con una representación parlamentaria (algo ya prometido en la Constitución de 1837 y que no se había hecho efectivo).

Cánovas dejó la presidencia del Consejo de Ministros a Martínez Campos, en marzo de 1879, para que este gestionara el acuerdo alcanzado justo un año antes. A ello se prestó “el Pacificador” ante el rey, pero pronto pudo probar la medida del compromiso con sus reformas de la clase política española y de los intereses más conservadores de la isla. Cánovas dejó a su contrincante, un general muy popular por sus éxitos en la guerra carlista y ahora en el final de la cubana, que se ahogara en su propia ambición por solucionar el contencioso de la Gran Antilla. Para no tener que asumir desde el Gobierno sus proyectos, nada mejor que dejar que fracasara en su empeño; otra cosa es la consecuencia que ese fracaso tendría para el conjunto del país y para el futuro de Cuba y de las otras posesiones (Puerto Rico y Filipinas). Tomada la paz por “bochornosa”, la mayoría de las novedades no prosperaron, más allá de la representación cubana en las Cortes españolas a través de dos partidos que replicaban el modelo metropolitano, adaptado a las características del debate político de la isla (el Español conservador y unionista, llamado Unión Constitucional, y el Liberal Autonomista). En noviembre, Martínez Campos presentó ante las Cortes su proyecto de ley para abolir la esclavitud, a la vez que un plan de reformas económicas para mejorar la deprimida situación de los isleños: en concreto, la reducción progresiva de los aranceles cuando los productos cubanos entraban en la península. Este punto se vio muy alterado porque quedaron fuera el azúcar, el café, el tabaco o el cacao, mientras la producción española veía menguar las cargas de los suyos en la isla.

Defraudado, el general acabó votando incluso contra su propuesta de abolición, también rebajada al incorporarse la figura del patronato, conforme a los intereses de los propietarios cubanos defendidos por Romero Robledo, lo que le daba ocho años más de vida a la esclavitud. Martínez Campos no consiguió que Cuba fuera tratada a todos los efectos como una provincia española ni que las reformas afianzaran la adhesión de una mayoría criolla a la nación. Lejos de eso, se apostó generalizadamente en favor del asimilacionismo; así lo hicieron también al final los liberales y hasta algún republicano como Castelar, temerosos del independentismo. La imposibilidad de una vía autonomista, siguiendo patrones como los de la futura Commonwealth británica —el ejemplo canadiense siempre flotó en el ambiente—, supuso un baldón para las expectativas de superar el problema colonial. En solo veinte años se llegaría a la resolución definitiva tras el fracaso de una solución de compromiso que ninguna de las partes hizo suya.

El decepcionado y desairado Martínez Campos tuvo que dimitir al abrirle la crisis sus ministros canovistas (Orovio, el ahora conde de Toreno, Francisco de Borja Queipo de Llano, y, finalmente, Silvela), obedientes a su líder en un momento de profunda división dentro del conservadurismo. El propio Alfonso XII intentó por todos los medios que continuara, consciente de que, en el fondo, una simple crisis del partido gobernante agotaba una oportunidad histórica para las relaciones con la isla. De esa manera, el general rompió con Cánovas y se pasó, en mayo de 1880, a las filas de los liberales sagastinos. Más partidario de los moderados isabelinos que del malagueño en el final del Sexenio y reacio a estar a las órdenes del político, ambos mantuvieron un pulso en el inicio de la Restauración que explica el sentido del primer decreto emitido por aquel Gobierno en febrero de 1875: limitar la participación e implicación de los militares de cualquier rango en la política diaria. A Martínez Campos le sustituyó Cánovas de nuevo, pero su paso “a la Fusión”, junto con otros militares como él, confirió al partido de Sagasta un halo de respetabilidad que lo acercó al Gobierno; al contrario, la prolongación de Cánovas en el mismo se hizo insoportable, incluso para el propio monarca. El general se convirtió en factor de ese importante cambio gracias a su influencia ante el rey (y luego ante la regente).

3. Los liberales y el turno

Aunque Cánovas pregonaba la necesidad de empezar con el turno, no encontraba el momento oportuno para ello. Los liberales de Sagasta no le reportaban confianza y pensaba que llegados al poder iban a volver al 69 o dejarse presionar por los republicanos; así pensó también por un tiempo Martínez Campos. Sin embargo, la crisis gubernamental que protagonizó este, provocada por la frustrada aplicación de los acuerdos de Zanjón, le reportaron a Sagasta, para mayo de 1880, la adhesión de las oposiciones liberales de ambas cámaras. Se trataba de sus constitucionales más los centralistas de Alonso Martínez y del marqués de la Vega de Armijo, antiguos miembros del partido conservador como Posada Herrera y los militares que siguieron a Martínez Campos: Jovellar, Pavía, José Gutiérrez de la Concha, el ahora duque de Tetuán (Carlos Manuel O’Donnell, sobrino de Leopoldo) y otros; en total, sumaron la considerable cifra de ciento treinta parlamentarios. De manera que la primera vez que se puso en práctica el sistema del turno no fue por mor de un panorama precisamente pacífico: confluían la resistencia a cesar del gobernante Cánovas, la amenaza del opositor Sagasta denunciando la “dictadura” de su oponente y amenazando con salirse del sistema, la influencia decisiva de los militares —se habló ahora de un “partido” de ese signo— y la aplicación de la prerrogativa regia. El turno era un invento de Cánovas, pero su aplicación primera resultó malgré lui; por su parte, el parlamentarismo de Sagasta le debía a la decisión del monarca su llegada al poder.

Pedro Carasa, estudioso de las élites restauracionistas castellanas, insiste en que “el arquitecto” Cánovas no hubiera sido nada sin su alter ego, Sagasta, a quien no duda en titular a su vez como “el salvador” (del sistema, se entiende). El turnismo, lógicamente, descansaba tanto en uno como en otro, pero, además, el primer Gobierno del liberal riojano, entre febrero de 1881 y octubre de 1883, al responder al reaccionarismo de la “dictadura” de su competidor con una catarata de medidas liberalizadoras, confirió una notable credibilidad a las posibilidades políticas de la alternancia, sobre todo entre sectores proclives a alzarse o nostálgicos de la Septembrina. Sagasta le había hecho prometer a Cánovas, en 1875, que respetaría lo esencial de la legislación revolucionaria, particularmente lo referido a derechos y libertades; fue la condición para cederle el gobierno. El conservador no cumplió su promesa en su primer “gobierno largo”, de manera que Sagasta procedió tanto a legalizar los partidos excluidos inicialmente del sistema como a permitir la actividad de las asociaciones obreras, perseguidas desde la dictadura republicana de Serrano en 1874; levantó las limitaciones a la prensa y los cierres y sanciones, y en 1883 sacó adelante una Ley de Policía de Imprenta que protegía la libertad de expresión escrita; devolvió a sus puestos universitarios a los catedráticos expulsados por Orovio y limitó los excesos de aplicación del artículo once de la Constitución para que se respetara el criterio científico y la libertad de cátedra; puso las bases para la futura redacción y aprobación del Código Civil; creó el Cuerpo de Abogados del Estado; afirmó la voluntad librecambista con la reposición de la base quinta del histórico arancel de Figuerola; y dio inicio al intervencionismo estatal en materia social instituyendo la Comisión de Reformas Sociales (1883), precedente del instituto de ese nombre (1903) y, finalmente, del Ministerio de Trabajo, en 1920. Solo se dejó el juicio por jurado, suspendido tras el Sexenio y que no volvería hasta 1899, y el sufragio universal masculino, que no entraba en sus planes en este momento.

Era mucho lo hecho, pero algunos sectores no lo vieron así y se ofrecieron como alternativa a Sagasta. La Izquierda Dinástica se declaró como auténtico partido liberal llegando al Gobierno aprovechando la caída de popularidad de sus predecesores —casos de corrupción, levantamientos republicanos, asunto de La Mano Negra, incidentes diplomáticos con Alemania…— y haciendo bandera de la universalización del sufragio y de una imprecisa reforma constitucional (que enfrentó las visiones contradictorias de un joven Canalejas y de López Domínguez). Detrás estaba Cánovas, apoyando un Gobierno de Posada Herrera para desplazar a su auténtico oponente, Sagasta. Aquel Ejecutivo no se consolidó y el conservador recuperó el mando. A cambio, la derrota liberal sirvió para aleccionarlos en favor de su unidad, de manera que el 4 de junio de 1885 quedó conformado definitivamente el Partido Liberal, comandado por Sagasta e integrando a los de Alonso Martínez y Montero Ríos, a los de Martos e incluso de Castelar (cuando saliera adelante el sufragio universal y el jurado). Su programa recogía los debes que Izquierda Dinástica achacaba al primer gobierno liberal; luego se habló de aquello como “democratización de la Restauración”. Solo quedó fuera por propia voluntad un pequeño grupo encabezado por el general López Domínguez.

Fue la muerte del rey lo que definitivamente consolidó el turnismo y puso a salvo todo el sistema político de la Restauración. Tras una prolongada enfermedad, el joven monarca —iba a cumplir veintiocho años, tras reinar poco más de diez— falleció el 25 de noviembre de 1885. El acontecimiento precipitó un acuerdo no escrito entre los dos grandes líderes (con la mediación constante de Martínez Campos), así como la cesión del gobierno de Cánovas en favor de Sagasta. Ahí comenzó el turnismo de verdad, en el Pacto de El Pardo, un acuerdo que no tuvo la formalidad ni del documento, ni del instante preciso, ni del lugar donde se estableció, pero de cuya consecuencia no cabe dudar. El compromiso conjunto era defender la regencia de la viuda María Cristina, embarazada ahora del futuro Alfonso XIII, manejarse ambos con programas de gobierno no extremados y poner bajo su control los cambios de Gobierno y la aplicación de la prerrogativa regia. De ese modo se salvaba la Corona y se evitaba hacer depender esa capacidad de la arbitrariedad de una persona, como en tiempos de Isabel II. Al contrario, eran los partidos políticos y su expresión parlamentaria y gubernamental los que pasaban a sostener por completo el sistema, comprometiéndose para ello en no mostrar fisuras: el espacio político debía ser ocupado casi al completo por conservadores y liberales, y solo debía haber un partido y un líder en cada campo para así poder asegurar los compromisos personalmente. De esta manera, sobraban disidentes del tipo Romero Robledo o López Domínguez (que acabaron fundando juntos, en 1886, un imposible Partido Reformista que sobrevivió solo un par de años). Por su parte, los partidos ajenos al turno eran recompensados con minorías parlamentarias con las que se ligaban a esa legalidad y, por ende, al sistema. Complementariamente, la Iglesia se comprometía a no hostigar en demasía a los Gobiernos y los liberales hacían reconocimiento de la importancia de esta a la hora de mantener el orden social, renunciando ambos a sus posiciones extremas tanto en instrucción pública como en relaciones entre la institución religiosa y el Estado, y a emprender cambios o reformas sin negociarlas con la otra parte.

Todo quedaba en un intermedio que evitaba el conflicto abierto, pero no las tensiones, como veremos, ni tampoco que tanto el clericalismo como su inversa anticlerical se expandieran por la sociedad española al margen del deseo de sus gobernantes. Una situación que se extendió al resto de temas y que se convirtió en estructural, hasta configurar la cultura política del país mientras funcionó el sistema. La estabilidad tenía el precio de la renuncia. Para los liberales esto significaba la demora del programa político del que se acababan de dotar al unirse todos en un gran partido; para los conservadores suponía la aceptación de los cambios que sacaran adelante sus contrarios, después de conseguir que estos asumieran la base de todo: la soberanía compartida en lugar de la nacional y todo lo que ello suponía.

Los proyectos de ambos se agotaron rápido: los liberales acabaron con su agenda en el largo lustro de Gobierno que disfrutaron al comenzar la regencia —el “Parlamento largo”, de 1886 a 1891—, cuando implantaron una Ley de Asociaciones (1887), del Jurado y de lo Contencioso y del Procedimiento Administrativo (1888), de Bases de Formación del Código Civil (1888) y, finalmente, de Sufragio Universal masculino (1890); también de entonces es la Ley Gamazo para acabar con el patronato esclavista antes de tiempo (1886) y la Provincial para precisar la jurisdicción de las diputaciones y de los gobernadores. Entre lo que no prosperó destaca la Ley (Manuel) Cassola, que incluía el servicio militar obligatorio y una ambiciosa reorganización, modernización y profesionalización del Ejército; eso lastró para el futuro las posibilidades de democratización del país, a pesar de que otros ministros también lo intentaron (de Camilo García de Polavieja, Arsenio Linares, Valeriano Weyler y Agustín de Luque hasta Manuel Azaña, tres décadas después), alentando el pretorianismo, según la tesis ya clásica de Carolyn Boyd. Si los moderados habían sentado las bases del Estado nación español en el ecuador del siglo XIX, ahora los liberales, recogiendo el espíritu de la Gloriosa de 1868, daban forma al sistema de derechos, libertades y garantías. Solo había un par de problemas: todo se hacía en el marco político restringido diseñado por Cánovas y a las primeras de cambio, en un lustro hiperactivo, las posibilidades de transformación del país encontraban su techo, se agotaban. A partir de ahí, desde los años noventa y, definitivamente, tras la crisis del 98 y ya en el reinado de Alfonso XIII, el turnismo sería solo una manera de mantenerse en el poder una élite cada vez más consciente de los problemas y cada vez más incapaz de enfrentarlos.

La alternancia pacífica respondía a un espíritu y a unas normas no escritas. A ese punto llegó Cánovas no por generosidad, sino porque la situación de 1885 era lo suficientemente crítica como para no tener otra opción que resignar el poder que tenía entonces. Frente a las turbulencias de su partido, entre Romero Robledo y Silvela, el liberalismo aparecía recientemente unido y fortalecido por todos sus flancos, de Martínez Campos y sus generales a los demócratas y antiguos republicanos. Los que de estos últimos no asumían el posibilismo de Castelar andaban agitados y amenazantes, desde el terreno popular a los cuarteles o las sociedades clandestinas de militares. Los carlistas podían resucitar ante una nueva crisis en la dinastía competidora y, aunque sin su respaldo, volvió a hablarse de nuevo de un posible y un tanto disparatado casamiento de infantes de una y otra (Jaime y María de las Mercedes). Finalmente, nada se sabía sobre las capacidades e inclinaciones de la nueva regente.

Pero lo fundamental era la estabilidad, y la ocasión de la muerte del rey lo presentaba todavía más urgente. Si el sistema se iba apoyando en la relación vertical entre el poder central y la realidad local —el caciquismo que iba desde el ministro al preboste pasando por el gobernador— en beneficio de una élite de intereses cada vez menos identificada con beligerancias políticas, debía haber en la cúspide del mismo una cultura que asegurara esa estabilidad y no la hiciera dependiente del criterio de una persona, por muy coronada que fuese. Así se salvaba la monarquía y el propio sistema. Pero, no se pierda de vista, así se proporcionaban estabilidad y paz al país. Lo anodino del sistema restauracionista a partir de determinado momento, o la base corrupta que lo sostenía, no debe hacernos olvidar que, hasta entonces, la historia de España había sido la de una guerra civil abierta o larvada. De ahí la importancia de esa novedad pacifista, que tan pronto perdieron de vista sus coetáneos, estimulados más por un vitalismo liberal que rápidamente se apagó y que ellos echaban a faltar.

El estudio de Lario describe pormenorizadamente el mecanismo turnista en el momento en que este funcionó correctamente, durante la regencia de María Cristina. Las Cortes controladas por el Gobierno no podían ser árbitro de los cambios, pero tampoco lo podía ser el rey, porque eso es lo que había pasado con Isabel II. De manera que todo descansaba en dos entes poco constitucionalizados: el Gobierno y los partidos políticos; la carta casi no se refería al primero y, lógicamente entonces, no decía nada de los segundos. Todo se soportaba en dos partidos fuertes y de liderazgo incontestable, lo que no había pasado en la inmediata monarquía de Amadeo con constitucionalistas y radicales. El turno pactado sustituía al “sufragio verdad” y la relación correcta entre los partidos le proporcionaba al rey la “brújula” que no le daban unas Cortes sinceras. Y todo se apoyaba en un equilibrio y respeto entre Gobierno y monarquía: el primero atendía las indicaciones de la segunda, y esta no ejercía su prerrogativa si no era evidente o urgente. Para ello, había que evitarle al rey tener que pronunciarse, por lo que el primer ministro manejaba una serie de fórmulas o gestos que manifestaban la necesidad de un cambio político.

Básicamente, este tenía tres momentos: la solicitud del poder por la oposición, la apertura de la crisis por el presidente en ejercicio y la resolución por parte del monarca. Los jefes de los partidos “se otorgaban beligerancia”, esto es, legitimidad para sucederse en el Gobierno más allá de la composición de las Cortes o de la voluntad regia. El procedimiento incluía una cultura de relación entre los partidos que suponía confidencialidad, información reservada y constante, apoyos por activa o pasiva a determinadas leyes y aprobaciones parlamentarias, como los presupuestos o la elección de presidentes de las cámaras, pactos sobre el nombramiento de senadores o convenciones acerca del periodo de permanencia aceptada de un Gobierno. En definitiva, “un marco y un lenguaje por todos admitido”, lo que no evitaba la lucha entre partidos o las presiones externas (de militares, por ejemplo), o que las propias formas establecidas se convirtieran con el tiempo en nuevos elementos para el combate político (v. g., la aplicación o no de la prerrogativa real, su reclamación o la consideración de su oportunidad). Como concluye Lario, “lo novedoso radicaba precisamente en la autolimitación de las políticas respectivas con el fin de conseguir la paz entre los partidos y la sucesión en el Gobierno sin necesidad de apelar a medios potencial o directamente violentos”. El sufragio universal masculino, en 1890, no cambió sustancialmente las cosas porque seguía siendo no sincero, fraudulento a la hora de representar la opinión ciudadana. Por eso Cánovas, finalmente, lo asumió resignado y pragmático, porque no le tenía miedo ya que sus posibilidades se remitían a los dos extremos de Donoso: o la dictadura o la anarquía, dependiendo de quien lo controlara. Y para su consuelo, hasta su muerte fueron las élites quienes lo gestionaron:

El sufragio universal será siempre una farsa: será un engaño a las muchedumbres, llevado a cabo por la malicia o la violencia de los menos, de los privilegiados de la herencia y el capital, con el nombre de clases directoras; o será, en estado libre y obrando con plena independencia y conciencia, comunismo fatal e irreductible.

El procedimiento entraría en crisis al fallar el liderazgo fuerte en los dos partidos o cuando la “beligerancia otorgada” no se restringiera a sus dos dirigentes (o si, en su extremo, esta se negaba, como pasaría). Entonces, el rey cobraría poder y resolvería, operaría la prerrogativa regia sin control y el sistema se quebraría desde dentro. Tal cosa ocurrió de manera “oficial” en octubre de 1909, cuando Moret aglutinó una coalición contra el conservador Maura que iba de liberales a socialistas, pasando por republicanos, y le negó el primero al segundo la “beligerancia”, la alternancia reconocida solo en él; consecuentemente, Maura se la rechazó al jefe liberal en sentido inverso. Pero a ese punto se llegó de manera progresiva. La gráfica de resultados electorales de los dos partidos turnistas asemeja un acordeón, con puntas de máximos y mínimos que se alternan sistemáticamente. A medida que entramos en los años noventa y nos acercamos al final del siglo, a la crisis de 1898, las puntas se van estrechando porque cada vez eran más los diputados ajenos a las obediencias rígidas de uno y otro partido; había más de los extraturnistas, pero, sobre todo, había más disidentes (con sus respectivos grupos) del liderazgo único en los partidos conservador y liberal una vez que desaparecieron Cánovas, asesinado en agosto de 1897, y Sagasta, fallecido en enero de 1903, ocho meses después de comenzada la nueva monarquía, la de Alfonso XIII. Como concluye la citada historiadora, “lo que para una época de transición pudo ser genial, para la evolución del régimen fue una rémora”. Lo que en una sociedad retrasada como la española de 1876 resultaba funcional y coherente, en otra, veinte años después, con las transformaciones operadas, constituía un obstáculo para el desarrollo y una falsedad en la que no se podía ver representada una opinión pública cada vez más presente y dinámica.

El turnismo era “un mecanismo de intercambio autónomo que les garantizaba a los partidos el dominio político de las instituciones”. Por eso era sobre todo una cultura, una manera de hacer, un mecanismo, y en absoluto una norma legal. La crítica contemporánea de que todo era una trama para asaltar el presupuesto “por orden”, por turnos, tenía mucho de cierta. “El largo verano liberal” estuvo protagonizado en la España de la Restauración por un tándem partidario que acabó pareciendo uno solo a ojos de quienes demandaban reformas. Pero es que, además, ese era el objetivo del diseño de Cánovas, que “los partidos llamados de Gobierno, los que se han de turnar en la gobernación del Estado, estén lo menos distantes los unos de los otros, porque si no, si hubiera entre ellos abismos, el advenimiento de cada partido equivaldría a una revolución”. De alguna forma, se repetía lo ocurrido un cuarto de siglo antes con su Unión Liberal, que, tratando de servir de “puente” entre incomunicados moderados y progresistas tomando lo más centrado de cada grupo, acabó imaginándose como partido único que representara con una contenida anchura la realidad del país, obviando la existencia de las fuerzas que no cabían en él.

4. La crisis de fin de siglo y el regeneracionismo

La muerte de Cánovas no interrumpió su estela de estadista porque ya declinaba desde los años noventa y definitivamente en su cuarto y último mandato. El decenio fue de eclosión de una sociedad nueva y de nuevas problemáticas a las que, a pesar de algunos intentos, el sistema no logró dar adecuada respuesta, hasta que la crisis moral del 98 puso al descubierto por completo tanta debilidad. Mucho antes de llegar a ese punto, en 1860, el carbonario socialista Fernando Garrido había publicado La regeneración de España y, en 1890, el predecesor de la futura corriente regeneracionista, Lucas Mallada, editó Los males de la patria, mostrando la cara oculta del exitoso régimen cuando este celebraba los avances legislativos del Parlamento largo de Sagasta. La progresiva y acumulada presión sobre el sistema aglutinaba a sus representantes de manera defensiva, los sintetizaba disolviendo sus diferencias y los enfrentaba directamente a “lo exterior”, a la realidad social, lo mismo da que hablemos de las cuestiones obreras y de orden público que de los emergentes regionalismos o de la enseguida reverdecida y amenazante problemática colonial; por supuesto, también de las encontradas críticas por su corrupción, clientelismo, caciquismo y carácter oligárquico. El mundo estaba cambiando en esos momentos de manera extraordinaria de la mano de un colonialismo que alcanzaba ahora su punto culminante y de una segunda revolución industrial que trastocaba por completo los comportamientos y costumbres gracias a tecnologías que proporcionaban otras posibilidades a la existencia diaria, además de asentar un capitalismo robusto con su correspondiente clase obrera cada vez más consciente y organizada. Aquel escenario que implosionó con la Gran Guerra se estaba articulando definitivamente ahora.

Esos contextos internacionales se abatieron sobre el país en la última década del siglo acortando el turno entre conservadores y liberales —se hicieron habituales los Gobiernos y Parlamentos de no más de dos años—, y confundiendo sus políticas partidarias hasta hacerlas muchas veces difíciles de distinguir una de otra. Y esto porque el turnismo se convirtió sobre todo en una estructura política que aseguraba el poder de la élite socioeconómica, más allá de las diferencias doctrinales, estratégicas o tácticas de las dos formaciones. En este punto, como señalan Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, la razón radicaba más en la fuerza del corporativismo y de los argumentos territoriales que en la disposición de los partidos. Se aprecia en el comercio exterior y en la economía nacional. La crisis internacional iniciada a mediados de los años setenta del siglo XIX, la primera que se llamó Gran Depresión, empujó a los países a adoptar medidas proteccionistas para blindar su mercado interior. En España se pasó del arancel librecambista de Figuerola (1869), una de las referencias políticas liberales del Sexenio, al proteccionista de 1891 de Cánovas, como consecuencia de la presión orquestada por los intereses cerealistas castellanos, textiles catalanes y siderúrgicos vascos, entre otros; Ligas Agrarias, Fomento del Trabajo Nacional y Liga Vizcaína de Productores fueron las entidades responsables de esa agitación. Fue la manera de arribar al modelo capitalista español, una vía nacionalista que se extendió durante decenios del siglo XX hasta la liberalización económica de los sesenta. En la apuesta coincidió la “conversión” definitiva de Cánovas, que autores como Pedro Tedde de Lorca atisban antes incluso de 1875, con el oportunismo arancelario de Sagasta, preocupado sobre todo por la ausencia de un criterio común en su partido. Su ministro de Hacienda, Germán Gamazo, líder de la Liga Agraria, se mostró pronto proteccionista y disputó con Moret por ello (con poca convicción de este); al final se pasó a los conservadores y Moret acabó respaldando también el arancel proteccionista de 1906 desde la presidencia del Gobierno. Antes, en 1894, otro gobierno liberal había cerrado la negociación de las tarifas resultantes del giro de 1891.

No fue muy diferente lo que pasó con la política colonial cubana. El intento más convencido y significado por abordar el tema fue el que llevó a cabo Maura en 1893, entonces en el partido de Sagasta y seguidor del grupo de Gamazo, su cuñado; tras morir este, se pasó al conservadurismo, en 1902. A semejanza del de Martínez Campos una década atrás, su proyecto buscaba ampliar la autonomía de la isla y reformar sus instituciones, pero fue torpedeado desde dentro sin ser apoyado con decisión por su presidente del Gobierno, lo que los conservadores aprovecharon para desnaturalizarlo y propiciar su dimisión. Fue la última oportunidad para España en la isla porque, a continuación, la complicación de la guerra y la posición expansionista norteamericana trató de ser respondida o con la fuerza —con Martínez Campos de nuevo y después con Weyler— o con una promesa de descentralización cuando fuera derrotada la rebelión (Cánovas) o con una autonomía sin las limitaciones anteriores que, simplemente, en 1897, llegaba ya tarde de la mano de Moret. Cuesta apreciar políticas consistentes diferentes entre los dos partidos. En realidad, a todos se los llevó por delante el furor patriótico del momento, el jingoísmo, adobado además de fervor católico, y solo los más sensatos percibieron que la derrota era la única manera de acabar con ese contencioso; haber accedido a la venta de la isla o a acuerdos similares entrañaba el riesgo de una revuelta en España de imprevisible alcance.

La política exterior, por su parte, se identificó con la adoptada por Cánovas —ese tránsito resignado del aislamiento forzado al “recogimiento”— más que con la soñada por Moret, que podía tener una intención más cosmopolita, pero que no llegó a nada concreto. En todo caso, el enjambre de intereses manifestados en la década de los noventa colocó a España en una sucesión de crisis exteriores (Cuba, Filipinas, Islas Carolinas, Guinea, Melilla…, hasta Japón) que solo pudo abastecer administrando derrotas y algún éxito provisional para tratar de preservar lo que se tenía por principal: la estabilidad del régimen político y la continuidad de la monarquía.

La política social es otra muestra de lo borroso que resulta, sobre todo en los años noventa, discernir posiciones de unos y otros. Cierto que los liberales se habían adelantado con la Comisión de Reformas Sociales (o con un decreto de 1886 sobre responsabilidad en accidentes laborales de aplicación muy restringida), pero fueron los conservadores los que sacaron las primeras leyes de ese carácter. Primero lo hicieron sin éxito o con avances de limitada dimensión: del primer caso tenemos los frustrados proyectos de ley sobre descanso dominical y sobre trabajo de mujeres y niños, de 1891 y 1892; del segundo, la Ley de Policía de Minas y la inspección en ese ámbito, de 1897, que, sin embargo, el jurista Luis Enrique de la Villa considera la más importante de este periodo. Luego, desde 1900, sí mostraron decisión y aprovecharon las mayorías parlamentarias para aprobar las de accidentes de trabajo y de trabajo de niños y mujeres en fábricas. En todo caso, la deriva hacia el intervencionismo estatal agrupó a liberales influidos por el armonicismo social krausista, como Azcárate o Moret, y a conservadores católicos condicionados por el rechazo o temor a la escisión social que generaba el capitalismo, como Silvela o Eduardo Dato. Un proceso similar a otros países de Europa del que incluso Cánovas se hizo eco y se mostró partidario: definitivamente, desde su famoso discurso en el Ateneo de 1890, pero ya antes con algunos atisbos. El sociólogo Eduardo Sanz y Escartín, futuro ministro de Trabajo, ejerció mucha influencia en él en este tiempo.

Del mismo modo, conservadores y liberales se confundían al recibir y responder con similar violencia represiva a los estallidos de protesta del elemento popular más radicalizado. La fase que se extendió desde la Ley de Asociaciones y de Sufragio Universal masculino hasta la Gran Guerra —la que Juan Sisinio Pérez Garzón y Fernando del Rey denominaron “conflictos en la sociedad excluida”— se caracterizó tanto por una progresiva organización obrera (en lugares como Barcelona o Bilbao; también Madrid, Valencia y enseguida otros) como por las explosiones de furia popular, particularmente en la Andalucía Baja. La deriva violenta que en el último decenio del siglo alcanzó a una parte del anarquismo español formaba parte de un proceso coincidente con lo ocurrido ahora en otros países europeos y en Norteamérica: se destacaron en ello Barcelona y aquella comarca andaluza en torno a Jerez, la primera más individualista y esta segunda de ímpetu más grupal. Sus protagonistas no distinguieron demasiado para sublevarse entre gobiernos conservadores o liberales, y mostraron contra todos una común oposición por su carácter burgués y contrario al pueblo: el oscuro caso de La Mano Negra en 1882-1883 y el motín de Jerez en noviembre de 1882, las huelgas de Bilbao o Barcelona de 1890, la celebración del Primero de Mayo desde ese año, la agitación campesina andaluza y la nueva revuelta de Jerez, en 1891-1892… Por su parte, el terrorismo eligió como víctimas a religiosos y burgueses (en procesiones o en sesiones en el Liceo), a militares (Martínez Campos), a políticos conservadores o liberales (Cánovas y, años después, Canalejas y Maura) o al propio rey Alfonso XII (y después a su hijo).

La legislación antiterrorista fue sobre todo obra de los conservadores, igual que la actuación contundente contra los entornos ideológicos más que organizativos de sus actores. La proyección internacional de las denuncias de torturas en los llamados “procesos de Montjuic” (1896-1897) y el papel de los intelectuales locales sirvieron para reubicar de nuevo a izquierdas y derechas ante la cuestión del orden y la libertad: liberales y conservadores cayeron ahora del mismo lado. Aunque el primer gran atentado fue en 1891 contra la sede del Fomento del Trabajo catalán, el que empezó la serie de magnicidios de ese decenio fue contra Martínez Campos, en 1893. El terrorista Paulino Pallás pretendía vengar la ejecución de cuatro correligionarios en Jerez el año anterior atentando contra “un punto de apoyo de los varios en que descansa el actual estado de cosas en España”. Su ejecución sirvió de pretexto para la bomba del Liceo, que mató a veintidós personas. Después, la lanzada contra la procesión del Corpus, en 1896, causó doce víctimas mortales. Los encausados fueron precisamente quienes protagonizaron los procesos de Montjuic. La venganza llevó a Michele Angiolillo a asesinar a Cánovas. El general Martínez Campos, capitán general de Cataluña, vuelto al conservadurismo tras el Parlamento largo liberal, representó bien esa respuesta represiva de un sistema amenazado. El máximo líder conservador dejó clara su postura en el Ateneo madrileño, en su reiteradamente citado discurso de 1890: “Es evidente que los ejércitos serán por largo plazo, quizás por siempre, robusto sostén del presente orden social e invencible dique de las tentativas ilegales del proletariado”.

Porque, más allá de las continuas noticias de cambios en la composición de los Gobiernos en este tiempo inestable, el sistema en su conjunto, por encima de conservadores o liberales, representó la versión española de ese mundo burgués que, de la mano del liberalismo como ideología genérica, controló todas las estructuras del país. Lo que Manuel Tuñón de Lara popularizó como “bloque de poder” (o hegemónico) sería una estructura oligárquica compuesta por la Corona, la Iglesia, los mandos militares, la aristocracia, la mayor parte de la clase política, las pujantes burguesías catalanas y luego vascas (pero no solo esas), los intereses coloniales y los grupos propietarios de la tierra de tipo medio o grande de la España interior o de la agricultura de exportación. Esta amalgama gestionaba la revolución-reforma liberal y ejercía un “poder real”, más allá de la medida política concreta, mediante la influencia social y la capacidad para forzar decisiones; no suponían más de ocho mil personas en la década de los setenta. Aquella hegemonía sufriría una crisis a partir de 1898 —que Tuñón también identificaba como “ideológica, pero no social y política”—, lo que obligó al bloque de poder a recurrir cada vez más a la fuerza para enfrentar la creciente disidencia y oposición al statu quo establecido durante la Restauración. Aquellas tesis acerca del poder y de la hegemonía, un tanto esquemáticas y mecanicistas, fueron revisadas y mejoradas en las décadas siguientes hasta hoy: la relación entre poder económico y político no es tan unívoca, y algunos autores, como Cabrera y Del Rey, cuestionan que para entonces se hubiera constituido en España “una ‘oligarquía’ o, si se prefiere, una ‘burguesía nacional’”. Pero, lo que nos interesa es que animan a mirar por encima de lo inmediato y a acertar a distinguir lo fundamental y estructural de lo accesorio y más coyuntural.

En el final del XIX hispano hubo de ambas cosas. En lo que nos ocupa, alguna pugna dentro del conservadurismo pudo haber cambiado la dinámica general. Se trata de la entablada entre Silvela y Romero Robledo, vuelto este en 1890 de su fugaz experiencia en el Partido Liberal Reformista que había creado cuatro años atrás con otro malagueño díscolo como él: el general López Domínguez. Si el antequerano representó en su persona las malas artes características del caciquismo y la corrupción de la época, Silvela pasó su vida pública interesado en una sinceridad que a Cánovas le parecía “políticamente estéril”; su actitud y la de su opositor recordaban la pugna de antaño entre los puritanos y los seguidores de Narváez y Posada Herrera. En todo caso, eran dos maneras antagónicas de ver y hacer la política, y el gran líder conservador prefirió siempre la eficacia de su paisano a las pretensiones reformistas y de limpieza de quien acabó sucediéndole a su muerte; un caso de corrupción en el ayuntamiento madrileño por parte de su alcalde, Alberto Bosch, fue el detonante del debate. Para José Andrés Gallego, con Silvela, en ese momento de 1890, cuando Cánovas volvió a la presidencia, se pudo haber salvado el sistema restauracionista de haber apostado este por él y por una reforma desde dentro de las instituciones.

No fue así: Silvela abandonó el partido en 1892 y hubo que esperar al asesinato del líder y a la creación el 21 de enero de 1898 de una Unión Conservadora como refundación del partido canovista liberal-conservador, que fenecía como tal. Entonces se impuso en la pugna sucesoria a las alternativas de su aliado final, Alejandro Pidal, al segundo duque de Tetuán (Carlos Manuel O’Donnell), a Azcárraga y al general Polavieja, muy popular en estos momentos tras su respuesta a la crisis secesionista filipina. En la nueva formación se integraban el grueso de viejo partido conservador con los católicos de Pidal, los generales Martínez Campos, Azcárraga y Polavieja, el canovista Fernando Cos-Gayón, el catalanista Durán y Bas (junto a Mañé y Flaquer y la saga Ferrer-Vidal), y políticos de fuste como Fernández Villaverde, Dato o Joaquín Sánchez de Toca. No se incorporó el de Tetuán (O’Donnell), quien tras verse como natural sucesor de Cánovas se apartó con sus seguidores (antiguos romeristas, como el presidente del Senado Elduayen o el antaño alcalde Bosch) en un grupo conocido como Caballeros del Santo Sepulcro; a Romero Robledo se le retiró hasta casi su muerte en la presidencia del Congreso mientras reconstruía un inútil Partido Liberal Reformista. Como veremos, fue la manera que tuvieron los conservadores de incorporarse a la corriente general regeneracionista posterior al Desastre del 98: una propuesta de “revolución desde el poder” o de regeneracionismo ético que dio lugar a un primer Gobierno ajeno al turno, el de 1899. Su concepción reformista “desde arriba” sería heredada con más convicción unos años después por Antonio Maura. Para Carasa, el conservadurismo español entraba así en el siglo XX, desprendido de las rémoras moderantistas que Cánovas había mantenido durante años, convencido de que el modelo político de su anterior líder se había agotado —ese fue el argumento común del silvelismo y luego del maurismo— y dispuesto a afrontar problemáticas del presente, como la que entrañaba la cuestión social.

Aprovechando la crisis del 91 que sacó a Silvela del Gobierno, el arzobispo de Valladolid, Antonio María Cascajares, propuso a la regente la formación de un nuevo grupo político católico-social en torno a Silvela y Villaverde, con el beneplácito de los ultracatólicos de Pidal, tutelado por Martínez Campos y bajo la inspiración de la recientemente publicada Rerum Novarum. Sería un intento de reflotar un conservadurismo agotado —la última crisis se tituló en alguna prensa “El Ocaso”—, con un líder superado, envejecido y sin pulso, incorporando a aquel, sin ningún género de dudas, también a los entornos de la antigua Unión Católica, para proporcionar un soporte partidario al futuro monarca (lo que explicaba el interés de la regente). Silvela, en correspondencia con Alejandro Pidal, hablaba en abril de 1893 de crear un nuevo partido, que podría llamarse Unión Conservadora, que escapara al agotamiento del turno; lo pensaba al menos un lustro antes de hacerlo realidad tras la muerte de Cánovas. Su habilidad futura para acomodar a los seguidores de Pidal en la nueva Unión Conservadora dejó en nada este inconcreto proyecto de creación de un partido católico que podía haber cortado de raíz la continuidad del viejo turno o, al menos, habría modificado sustancialmente el carácter de uno de los dos grupos en que se apoyaba este.

La misma tentación de ejercer influencia política que tuvo la Iglesia rondó en el Ejército. A semejanza de otras experiencias en Francia (Georges Boulanger) o Italia (Luigi Pelloux), determinados grupos católicos y conservadores antiliberales pensaron que en España un individuo con carisma entre las masas populares podía ser la alternativa al fracaso del sistema parlamentario. Los ojos se pusieron en el general Polavieja, un católico y monárquico convencido que había adquirido fama tras su gestión de la insurrección filipina como gobernador general —a su desembarco en Barcelona se sumaron cuarenta mil personas al grito de “¡Viva el general cristiano!”— y después de abandonar a Cánovas por discrepancias con él, en 1897. Cascajares fue uno de los que trató de auparle, con respaldo de la Corte y con simpatías a uno y otro lado del sistema, tanto de Silvela como de Canalejas, de catalanistas o de tradicionalistas de la facción integrista. La sorpresiva desaparición de Cánovas lo proyectó como uno de los candidatos a sucederle en el partido, pero pudo más la capacidad de Silvela para anularle dentro del mismo. Como veremos más adelante, este hizo suyo su manifiesto-carta de iniciativas regeneracionistas, publicado en El Heraldo en septiembre de 1898, y lo incorporó al Gobierno, desactivando su atractivo popular en lo anodino de la acción política cotidiana. La oportunidad populista que propiciaba el momento de decepción moral del país y todo el contexto regeneracionista, incluso su condición militar, que le podía acercar a ese “cirujano de hierro” de que hablara Joaquín Costa, no sirvió para nada y enseguida perdió la adhesión de la ciudadanía.

Fue entonces Silvela quien desde la dirección del nuevo partido conservador consiguió gestionar el momento regeneracionista a que dio lugar el Desastre de la pérdida de Cuba y quien frenó, con la regente, cualquier tentación de solución autoritaria en la persona de Polavieja; Weyler hizo lo propio con los generales o con los carlistas que le propusieron alzarlo como dictador. Católico y armonicista, Silvela puso mucha confianza en la recomposición de los cuerpos intermedios que había diluido el liberalismo, proponiendo para ellos una función relacionadora entre el individuo y el Estado. Su mayor empeño fue la urgencia concedida a lo administrativo, lo económico, lo educativo y lo social al margen de la política. Pero, más allá de la invocación contraria a la corrupción y al funcionamiento oligárquico, no era fácil proponer un sistema político alternativo al existente sin apoyarse en nuevas fuerzas o estructuras; la reforma de la Administración local y provincial con la que pensaba enlazar con sectores burgueses y profesionales urbanos tardó en llegar, y tampoco se lo permitió a su sucesor, y la fiscal le generó la oposición de la burguesía catalana. El debate sobre el rol de la ciudadanía no estaba suficientemente maduro como para albergar soportes diferentes a lo que se tenía —la denuncia de la apatía social en su famoso artículo “Sin pulso” era solo eso: un diagnóstico— y tampoco la reforma administrativa por sí sola podía hacerlo todo; por su parte, la reforma electoral fue algo que Silvela ni se planteó. Como indicó Luis Arranz, lo frenó su “incapacidad para encuadrar las reformas políticas concretas, que tanto se sobreestimaban, dentro de planteamientos renovadores de nuevas alianzas y compromisos políticos con proyección institucional”.

Se huyó en ese momento crítico de la política, cuando era política lo que más hacía falta. Además, lo exiguo en el tiempo de los últimos Gobiernos turnistas hacía imposible cualquier reforma sin contar con la anuencia del oponente liberal, para el que Silvela tenía un claro desdén que se tradujo reactivamente en una política de movilización de aquellos de clara remembranza progresista. Silvela desconfiaba de la alternancia, pero, más allá de una fórmula autoritaria que no pasó por su cabeza, no tenía otra opción que aquella. Las posibilidades de su reformismo tenían que tener a la par un marco político donde realizarse. El modelo turnista no le valía, pero no había reflexionado lo suficiente como para identificar qué reformas institucionales necesitaba. Dividió el Ministerio de Fomento en Agricultura y Obras Públicas, e Instrucción Pública, muy en la onda regeneracionista, y sus primeras leyes sociales, con Dato, hablan de la importancia y novedad de su Gobierno, igual que la reforma hacendística de Fernández Villaverde. Pero los profundos cambios en el sistema tratando de democratizarlo, de hacer más presente a la ciudadanía, de mermar las capacidades del caciquismo, y de acabar con la desidia y la corrupción no estaban al alcance de un hombre sin la decisión necesaria; tampoco fue buena idea abordar tantas reformas a la vez. La “revolución desde arriba” quedó para más adelante.

5. Nación y Estado, nacionalismo y naciones

El regeneracionismo fue un aldabonazo frente a la mentira en que se había constituido el sistema de la Restauración, pero no resultó el mejor escenario para su reforma. La tendencia de aquella denuncia a la hipérbole, la retórica, el tono moral, el esencialismo y la subordinación de la política a las medidas prácticas (“escuela y despensa”, por ejemplo), cuando no a algunas de fuerza o autoritarias, hicieron que todo el país fuera por un tiempo regeneracionista, del último ciudadano al nuevo rey. Las diferentes propuestas que entonces se formularon es difícil encuadrarlas todas en un marco político o ideológico común; hay medidas a la vez “de derechas” y “de izquierdas” porque la síntesis populista lo dominaba todo. Del mismo modo, las eclécticas iniciativas organizativas de Joaquín Costa, capaces de llamar a la misma cita de su Unión Nacional a un conservador católico como el general Polavieja o a un político liberal como Santiago Alba, no dieron ningún resultado. En ese sentido, es relevante que la realización práctica de ese regeneracionismo viniera precisamente de un Gobierno conservador como el de Silvela. Por su parte, la sacudida de la conciencia nacional española tomó un tono más nacionalista o patriótico que nacionalizador; para lo segundo habría sido necesaria una reforma radical del Estado y de la concepción de la ciudadanía, de la vinculación dinámica y recompensada entre uno y otra. Silvela lo intentó por la vía de atender las demandas regionalistas periféricas, particularmente en Cataluña, donde apreciaba sectores dinámicos y con posibilidades de apartarse de la lógica del turno, como acabó pasando. Sin embargo, no calibró bien las amenazas que conllevaban esa relación y los posibles procesos reactivos españolistas. Maura siguió también esa estela apoyándose en la reforma de la Administración local y provincial.

La burguesía catalana asociada en el Fomento del Trabajo Nacional había sido una de las bases fundamentales del canovismo. Sin embargo, el Desastre lo vivió de manera dramática al privarse con la pérdida de Cuba de un espacio comercial y de intereses muy apreciado. Más allá de eso —los estudios más actuales reducen mucho el montante de ese comercio—, culparon del fracaso al sistema político español en su conjunto, de la corruptela en que este se soportaba a la falta de dinamismo que expresaba y su incapacidad para seguir el ritmo de los países más progresados, a los que pretendía parecerse la élite catalana. El factor racista y supremacista, muy del tiempo, no estaba ausente. El 13 de septiembre de 1898, la más extensa y destacada representación de aquella élite: el doctor Bartolomé Robert por la Sociedad Económica de Amigos del País, Lluís Domènech y Montaner por el Ateneo barcelonés, Juan Sallarés por Fomento, el marqués de Camps (Carlos) por el Instituto Agrícola y Sebastián Torres por la Liga de Defensa Comercial e Industrial, suscribió un mensaje para la regente en esos términos; es conocido como el de “los cinco presidentes”. La solución que proponían no era otra que sustituir la oligarquía ociosa y presupuestaria que consideraban vampirizaba el país por una dirección escogida desde el empresariado más dinámico. Era la misma argumentación usada en las campañas proteccionistas de comienzos de la década: la clase burguesa que trabaja y crea riqueza frente a la política que no lo hace y despilfarra (“regeneración que únicamente pueden llevar a cabo los hombres que trabajan y no los políticos de oficio”). En el terreno práctico optaban por un proceso de descentralización ambicioso, donde el Estado central retuviera la representación exterior de la nación, pero dejara la gestión de los recursos y la trama administrativa a las regiones, a partir de un proceso asimétrico resultante de la capacidad y disposición de cada comunidad para autogestionarse: “Por sus diferencias de raza, de idioma, de capacidad, de necesidades, de costumbres y hasta de hábitos de trabajo”.

El catalanismo finisecular tenía más de “modernismo reaccionario”, como vieron Cabrera y Del Rey, que de opción modernizadora. Por eso no extraña que la fórmula concreta de intervención política consistiera en apoyar el movimiento político encabezado por el general Camilo Polavieja, lo que da cuenta de la mixtura ideológica de la operación: catolicismo político, conservadurismo a ultranza, desapego del liberalismo y de sus instituciones, y, en su caso, catalanismo. Dar una oportunidad por pasiva a Polavieja —dejarle hacer, pero sin su apoyo expreso— había sido el punto de acuerdo que evitó la ruptura de la Unión Catalanista, la entidad nacida en 1891 y que un año después aprobó las Bases de Manresa. Polavieja hizo suyo un resumen de esas bases que le redactó Domènech y Montaner como programa mínimo de los catalanistas para respaldarlo como solución inevitable a fin de sacar a España del marasmo en que se hallaba. Una situación curiosa: un general apoyado por un pequeño grupo madrileño, muy influyente en la prensa —y políticamente avanzado: ahí estaban Canalejas o Rafael Gasset y otros directores de medios, y hasta un joven Romanones en el inicio—, por la patronal catalana y parte del catalanismo, por el movimiento de cámaras de comercio de influencia costista y hasta, en un principio, por el integrismo tradicionalista, con el Ejército viendo bien la trama, pero sin pronunciarse corporativamente en su favor. Al final, era demasiada mezcolanza de intereses y de ideologías, contradictorias entre sí inevitablemente.

El movimiento del general, muy regeneracionista y muy antiliberal, impugnaba por completo el sistema, pero su manifiesto se perdió enseguida en lo rutinario de la política sin constituirse en referencia popular básica. En cuanto a sus compromisos y los que podía pactar con Silvela, este afirmó su convicción descentralizadora y regionalista, pero el concierto económico que pedían los catalanistas le aparecía ya como imposible, “como elemento de resistencia y de separatismo”. La diputación única para Cataluña, lo que años después sería la Mancomunidad, fue también rechazada desde la prensa conservadora afín, desde La Época. Al final, Silvela enfrentó al militar con las dificultades reales de la política práctica —aquello que Cánovas le reprochaba a él— y consiguió anularlo. Como concluye Florentino Portero, convirtió al caudillo en ministrable, y la regente consideró más cabal confiar en el político con partido que en el militar sin él. En enero de 1899 todo había terminado. Se había salvado el sistema y la opción dictatorial naufragaba. Por el contrario, Silvela no podría asumir los compromisos suyos y de Polavieja con aquellos dirigentes sociales y empresariales catalanes, lo que llevaría definitivamente a la desaparición total de su Unión Conservadora en la región, disuelta oficialmente en 1905 (y también casi del Partido Liberal), y a la consiguiente aparición de la Lliga Regionalista y de un sistema de partidos diferenciado para el futuro (al que se sumó el alter ego de esta, el republicanismo populista de Lerroux). Los conservadores catalanes se habían hecho catalanistas políticos —sus hijos lideraban ahora la Lliga, junto a Enric Prat de la Riba y enseguida Francesc Cambó— y mucho más que ajenos al turno.

La cuestión catalana surgía entonces, en el final del siglo y en la crisis definitiva del canovismo, como ocurrió con el nacionalismo vasco. Los catalanistas respondían a las históricas tres “c”: católicos, conservadores y catalanistas, pero tenían también mucho de antiliberales, organicistas, corporativistas, comunitaristas e historicistas; las Bases de Manresa así lo acreditan. Por su parte, el regionalismo o nacionalismo vasco “inventado” por Sabino Arana era inequívocamente integrista: “Todos para Euzkadi; Euzkadi para Dios” era uno de sus lemas. Era también racista y supremacista, como el catalán, pero, a diferencia de este, particularmente antiespañol: “Euzkadi es la patria de los vascos”. La única patria, se entiende, porque la doble lealtad (o nacionalidad) anterior acababa con ese pronunciamiento: o se era vasco o se era español. El nacionalismo aranista no surgió, a diferencia del catalán, de las clases dirigentes locales, sino de aquellas tradicionales que ahora se veían desplazadas por una emergente burguesía minera y enseguida fabril, siderometalúrgica (y luego aplicada a todo tipo de negocios, en el País Vasco y desde ahí en toda España: banca y finanzas, químicas, navieras y astilleros, minas, ferrocarriles…). Tampoco procedía políticamente del conservadurismo ni tenía influencias menores del federalismo ni albergaba corrientes contradictorias como la más liberal de Almirall, la conservadora de Mañé y Flaquer o la reaccionaria católica y ruralista del obispo Torras y Bages o de Jacinto Verdaguer: el nacionalismo vasco procedía por completo del tronco ideológico tradicionalista, por más que instrumentalizara un impacto de la abolición foral de 1876 que afectó por igual a todas las culturas políticas de la región. Por eso, también a diferencia del catalán, no desarrolló una cierta pluralidad hasta muy tarde: definitivamente, hasta la creación en 1930 de Acción Nacionalista Vasca, porque el intento anterior, entre 1910 y 1913, de un nacionalismo federalista y liberal fue cortado por lo sano; en realidad, la pluralidad en esa cultura política no comenzó hasta el desarrollo de ETA en los años sesenta del siglo XX.

Como consecuencia, un solo partido (o comunión) nacionalista vasco, el PNV (o CNV, según momentos), representó a esta facción política. En 1895, Arana fundó este partido, que enseguida captó a un sector más moderno y empresarial (y pragmático), el conocido como “euskalerriako” de Ramón de la Sota y Llano, y se extendió organizativamente como una comunidad nacional dentro de un país cada vez más plural (de ahí sus secciones especializadas para los obreros, los jóvenes, más tarde las mujeres, los campesinos y pescadores… o sus instrumentos para la moderna política de masas, como la prensa, la cultura y el deporte, los mítines o su red de centros sociales o batzokis). Si los catalanistas obtuvieron pronto sus primeros éxitos electorales, en 1901, y borraron del mapa a los partidos del turno canovista, los bizkaitarras solo lo alteraron en parte en Vizcaya desde la Primera Gran Guerra y en el conjunto vasco ya en la Segunda República. En todo caso, con expresiones harto diferentes, uno y otro nacionalismo coincidían desde la crisis del 98 en mostrar un país desigual entre el interior y sus periferias, y en colocar en la agenda política unas demandas de autogobierno que, a su vez, animaron reactivamente un nacionalismo españolista novedoso en parte de su formulación.

El nacionalismo estatal como integración de la ciudadanía en la nueva formación política fue atisbado por diferentes dirigentes conservadores o liberales con una convicción en conjunto limitada. Ya hemos visto como Canalejas tenía una clara visión al respecto, y otros como Silvela y Maura reflexionaban sobre la importancia del protagonismo de una ciudadanía activa y consciente. Al contrario, el nacionalismo de Cánovas era en ese sentido pasivo y no reservaba para el ciudadano un papel destacado. No extraña que viera a la nación representada en la monarquía y no en el Estado, porque este no era percibido como el instrumento capaz de integrar a los ciudadanos en torno, no a una ilusión (la “comunidad imaginada”), sino a unos intereses y logros tangibles. El Estado español no era ni la cartilla de principios ciudadanos de la III República francesa ni el colchón social bismarckiano capaz de concitar el consenso y la producción nacional; mucho menos una experiencia exitosa en el ámbito internacional colonialista capaz de generar y repartir rentas, negocios y empleos entre sus diferentes clases. Por eso el clientelismo era la relación que hacía posible la oligarquía y el caciquismo que denunciaran Costa y los regeneracionistas. El clientelismo sustituía a la acción ciudadana porque era la forma como funcionaba un Estado deficientemente extendido por el país, tanto en su geografía como en su articulación orgánica y en su oferta de servicios. Incapaz de hacerlo por su cuenta, mantenía mientras se desarrollaba una suerte de soberanía compartida con caciques y élites locales; en países como Estados Unidos esa función la desarrollaron al principio los jefes de clanes étnicos (los bosses) vinculados a la inmigración. Ahora algunas de estas élites pretendían hacerse cargo políticamente de la gestión de lo público en su territorio. El regeneracionismo, como recuerda Carasa, “es la petición de participación y poder por parte de todos aquellos sectores que no se sienten representados, defendidos o integrados en el sistema vigente, y por parte de los grupos burgueses marginales al poder que se ven más duramente afectados y castigados por la crisis y el fisco”. Pues bien, ello suscitó una respuesta agresiva por parte de un nacionalismo español presente en todo tipo de culturas políticas, porque el Estado podía haber fracasado para entonces —más bien, no se había desarrollado lo suficiente aún—, pero la nación gozaba de mucha salud (y más si era reactiva).

Otra cosa es que hubiera una versión canónica de esta en el propio ámbito de las derechas. El regeneracionismo fue profundamente españolista, pues, al fin y al cabo, era un lamento por el estado de la patria lo que lo animaba. El propio Costa y otros como Azorín (José Martínez Ruiz) o, sobre todo, Ramiro de Maeztu acudieron a los recursos característicos del nation building y denunciaron su inexistencia o ineficacia en España (escuela, Administración, Ejército…), su secuestro o su escasa proyección. Al país le hacía falta escapar de ese 70% de analfabetismo o de ese escenario rural donde la mitad de los pueblos, en 1911, se comunicaban por caminos de herradura, constituyendo así el escenario privilegiado para la acción y el poder de los caciques. En esa línea, contrapusieron también el dinamismo y modernidad de parte de la España periférica con el estatismo del centro, pero, en cuanto de ahí surgió alguna invocación nacionalista, defendieron sin fisuras la unidad de la nación y enfrentaron radicalmente los localismos con ambición política. Contradictoriamente, el pensamiento nacionalista español a que dieron lugar se apoyó en Castilla y en la lengua castellana, en la nueva creación del concepto Hispanoamérica y en la perenne tradición católica. Años más tarde, su indefinición y sus contradicciones, o el apoyo a fórmulas antipolíticas o incluso provisionalmente dictatoriales —críticamente antiliberales y antiparlamentarias, en todos los casos—, posibilitaron su recuperación por Miguel Primo de Rivera (y luego por los fascismos de la década de los treinta). La influencia de los franceses Maurice Barrès y Charles Maurras, referencias principales de la “derecha radical” europea, y de Georges Sorel, es patente en estos autores, igual que lo fue en Eugenio d’Ors, el pensador del noucentismo e “intelectual orgánico” del regionalismo catalanista de ese fin de siglo. Como siempre, Unamuno marcó sus distancias con esa tónica, pero participó de la misma manera de la tesis del Volkgeist, que él encontraba en el “alma del pueblo”, protagonista de lo auténtico, de la “intrahistoria” de un país.

Pero la visión nacional más penetrada en la tradición de las derechas patrias se había venido formando antes del Desastre de la mano de un erudito como Menéndez Pelayo, al que Leopoldo Alas, “Clarín”, llamó el “Bonald español”. El santanderino partía también de un Volkgeist o “genio del pueblo” labrado a lo largo de la historia de manera coherente —“actualizado y autodesplegado”—, como correspondía con una consideración orgánica del cuerpo nacional. Además del carácter latino de la identidad hispana, lo que confería “unidad de conciencia nacional” y continuidad a España a lo largo de la historia era la religión, su condición católica y su disposición a enfrentarse a cualquiera que la pusiese en cuestión. Ni por unidad de raza, de lengua o de cultura: España solo era concebible en tanto que católica, porque ahí es donde encontraba su sentido. Como resumió en el famoso párrafo de su Historia de los heterodoxos españoles:

Esta unidad se la dio a España el Cristianismo. La Iglesia nos educó a sus pechos, con sus mártires y confesores, con sus Padres, con el régimen admirable de los Concilios. Por ella fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colectivas, nacidas para presa de la tenaz porfía de cualquier vecino codicioso. […] España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio…; esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vetones o de los reyes de Taifas.

Por eso el tiempo pasado ideal de Menéndez Pelayo no era la Edad Media, como es norma entre los conservadores, sino la España de los Austrias, cuando estos defendieron al papado de la Reforma y cuando significaron la auténtica cristiandad. En su brindis del Retiro, en 1881, lo hace “por la Casa de Austria, que con ser de origen extranjero y tener intereses y tendencias contrarios a los nuestros, se convirtió en portaestandarte de la Iglesia”. A continuación, la Modernidad, desde el despotismo ilustrado (y afrancesado) del siglo XVIII al XIX liberal y constitucional (y además krausista aquí), representaría la decadencia completa del país, su condenación, su envenenamiento. Giner de los Ríos y Menéndez Pelayo serían las dos caras enfrentadas de la universidad española decimonónica. Y, sin embargo, a pesar de su tono apocalíptico o de su admiración por Balmes o por los primeros pensadores reaccionarios españoles (“aquellos frailes ramplones y olvidados”, como Alvarado, Vélez y otros), no defendió ni a los monarcas del XIX ni a los carlistas, mostrándose muy crítico con la labor de la tercera pata del fundamental y ontológico —por histórico— soporte nacional: la Corona. Partidario de la Unión Católica de Pidal, aceptó como su líder la invitación del pontífice a incorporarse obediente a las filas canovistas, por más que su pensamiento resultaba a todas luces profundamente tradicionalista; la frontera ideológica entre esos dos mundos era muy tenue más allá de disputas dinásticas. En todo caso, la conversión al cristianismo de Recaredo, en el 589, le servía para enlazar con la monarquía como el instrumento político que permitía llevar a efecto esa conciencia nacional y católica de España; el rey como “alférez de Dios sobre la tierra”. Así se asentaba en la historia y se actualizaba a cada presente la trilogía de soporte: “Dios, Patria y Rey”, en una versión más pragmática y acorde a los tiempos.

La autoridad y vigencia del pensamiento y de las tesis menendezpelayistas fueron notables. Don Marcelino puede identificarse sin ningún género de dudas como el campeón de la ideología derechista española, su líder espiritual, aunque alguna facción, como la tradicionalista, renegara de él. Pero su legado, particularmente el de su intolerante juventud, recogiendo fielmente las influencias de Balmes y Donoso, apuntaló esa visión dicotómica de las dos Españas que tanta trayectoria cobraría en los decenios futuros. La literatura del 98 jugó con las mismas claves: como desarrolló Santos Juliá, donde los dogmáticos vieron la pugna entre la antigua y genuina España, religiosa y monárquica, contra la nueva y ajena, europea, los Maeztu y Unamuno (o Costa) regeneracionistas vieron la España legal y muerta, hueca y carcomida, frente a la real y viva, nueva, afanosa y aspirante. Buenos y malos españoles, profundamente patrios o perdidos por la influencia extranjerizante, España y anti-España. El manejo del par en el caso del nacionalismo catalán de Prat de la Riba no fue muy distinto: bastaba con enfrentar Madrid y Barcelona donde se decía España cansada y oficial contra joven y viva. En el caso del nacionalismo vasco sabiniano era simplemente Euzkadi y España. De Larra a Antonio Machado, la antinomia se hizo popular, literaria. En las dictaduras del siglo XX, particularmente en la franquista, tornó en trágica, criminal y radicalmente excluyente. De ahí la importancia histórica de la Transición que defendiera Juliá: porque podía ser el final del triste, doloroso y estéril tiempo de las dos Españas.

6. El catolicismo como política

La Iglesia católica española fue una de las grandes ganadoras con la Restauración alfonsina y canovista. La dificultad de hacer compatible el liberalismo con el catolicismo en el largo cambio de siglos, cuando aquella ideología estaba en su esplendor y las religiones asistían a una actualización de su poder institucional y de su seguimiento popular, se resolvió aquí proporcionando a la Iglesia una extensa jurisdicción a cambio de que respaldara a la monarquía hasta hacer de las tres referencias —“Dios, Patria y Rey”, a su manera— una entidad única e indivisible. Para ello, lo primero consistió en restaurar también la relación Iglesia-Estado y la condición constitucional de la religión, trastocadas durante el Sexenio en perjuicio de una institución que todavía se manejaba en la idea del monopolio de las conciencias y en una concepción del privilegio rayana en la intolerancia. Fue precisamente la fina redacción del artículo once de la carta constitucional la que abrió para el futuro una triple y convergente contienda cultural patria: primero, a cargo de académicos krausistas y apologetas católicos; luego, una pugna más popular y callejera entre clericales y anticlericales; y, por último, un pulso entre iniciativas gubernamentales protectoras o limitadoras de la ventaja eclesiástica. Pero, además, estableció un cisma de importantes y duraderas repercusiones dentro del catolicismo político militante entre posibilistas (o accidentalistas) e intransigentes.

El concordato de 1851 fue restituido en todos sus términos y la discreta devolución de funciones al mundo eclesiástico (educación, beneficencia, control social) contribuyó positivamente a recuperar las cifras del clero tras la debacle de los años revolucionarios: tanto el regular como el secular terminaron el siglo con la mitad de los integrantes que tenían antes de la década de los treinta, recuperándose al final de aquel gracias a la llegada de religiosos que huían de la legislación laicista gala (y luego incluso de la lusa, tras la revolución de 1910 y las leyes de abril del año siguiente). Todos los privilegios se restituyeron (matrimonio canónico, nombramiento de obispos y presupuesto de culto y clero). La presencia de la Iglesia católica en la sociedad se consolidó, conformándose como la gran reguladora de las costumbres públicas (fiestas, ceremoniales, santoral) y de la vida privada (ritos de paso), por mucho que la tendencia estatista siguiera avanzando (registro, matrimonio y entierros civiles de 1870-1871) y a pesar del creciente distanciamiento entre un mundo rural religioso (con zonas extremas en el país vasconavarro y la submeseta norte) y otro urbano y mediterráneo cada vez más laico y ajeno a esas tradiciones. Como reflexionaba pesimista Azaña en las Cortes republicanas de octubre de 1931, el Estado liberal acabó “poniendo al servicio de ambas [la Corona y la Iglesia] la fuerza política y el poderío económico que frente a ellas y para tenerlas a raya conquistó”. En todo caso, la cuestión religiosa fue en España un asunto de primer orden, que se mantuvo para el futuro sin solución estable.

Porque la contenida en el artículo once de la Constitución tampoco lo era. Es preciso distinguir dos ámbitos. La jerarquía eclesiástica se dio por conforme con los términos en que se recompuso la relación Iglesia-Estado, sobre todo tras el primer Gobierno de Cánovas que sirvió para deshacer buena parte de los cambios del periodo anterior. Sin embargo, esta actitud convivió permanentemente con una pléyade de clérigos y sacerdotes hiperactivos que, en contacto directo con la feligresía, denunciaban la imposible relación liberalismo-catolicismo y la agitaban a través de un asociacionismo especializado y extenso. La inexistencia en España de un catolicismo liberal de peso, como sí hubo en países como Francia o Bélgica, facilitaba esa confrontación sostenida por los sectores más recalcitrantes; lo más parecido a aquello fue algún krausista partidario de encontrar un punto de encuentro entre las dos cosmovisiones, como Giner de los Ríos, o algún católico academicista sin demasiada influencia social, como el arabista y jurisconsulto José Moreno Nieto.

Fue el relevo en la mitra papal de Pío IX por León XIII, en 1878, lo que cambió las cosas. Se pasaba de un papa afectado en primera persona por el final de su poder temporal (considerado de origen divino) en los Estados Pontificios a otro pragmático con esta cuestión y con otras más, tanto doctrinales como de orden social o político, o incluso ecuménico. Él puso fin a las tensiones con los Estados alemán (Bismarck y la Kulturkampf) o francés (con su propuesta de ralliement en la III República laicista), aunque mantuvo vigente la disposición non expedit que mantenía a los católicos italianos apartados de la política de su país para no reconocer al nuevo Estado. En lo que hace a España, León XIII resolvió un asunto fundamental: indicó u ordenó a Alejandro Pidal, líder de la Unión Católica, la conveniencia de incorporarse al partido conservador de Cánovas y de hacer valer desde ahí las posiciones de los católicos, rechazando tanto la opción de constituir una formación política específica de ese signo como la de mezclarse en exceso con las facciones tradicionalistas.

Pero antes de analizar la actividad de las formaciones políticas que en el tiempo de la Restauración se reclamaban católicas, es necesario abordar el concepto más extenso de movimiento católico que, siguiendo a Feliciano Montero, sería el conjunto de asociaciones, círculos, sociedades de obreros, cajas rurales, entidades de crédito, prensa, etcétera, de ese signo que, generalmente conformadas por seglares bajo la dirección de eclesiásticos, aunque no siempre de una forma coherente o unitaria, se dirigían al “despertar de la fe y del sentimiento religioso” y “a impregnar las instituciones civiles con el espíritu del cristianismo, a restaurar la influencia de la Iglesia en la vida pública de un Estado hipotéticamente laico y hostil”. De influencia italiana y también francesa, belga y alemana, el movimiento católico español se distinguía por el hecho de que la propia política gubernamental defendía el privilegio de la Iglesia y de los católicos, aunque aquella y estos se percibieran hostigados o limitados en lo que entendían como derecho (la unidad católica). No es casual que este movimiento responda también al “efecto globo” que señalamos para el carlismo siguiendo una idea de Canal: toma cuerpo en un momento de crisis como el Sexenio Democrático, se adormece en las mieles primeras de la Restauración y resurge en la pugna con los anticlericales de principios del siglo XX. Además, otra diferencia importante, en España no había partido católico y sí una pugna entre varios de ellos por hacerse con la exclusiva de ese marchamo.

Como hemos visto en el anterior capítulo, las primeras entidades de seglares habían sido creadas durante el Sexenio: la Asociación, la Adoración Nocturna o la Juventud católicas, además de otras propagandísticas, pero primando sobre todo una dimensión local. En 1884, el entonces obispo de Ávila, Ciriaco Sancha, a partir del modelo italiano, propuso al nuncio Mariano Rampolla la celebración de un congreso católico nacional que sirviera de articulador constante de esas iniciativas locales. Se desarrollaron seis desde 1889 hasta 1902, pero no lograron ese efecto coordinador, a pesar de su importancia y de los numerosos efectivos allí representados. La iniciativa más notable de esta época fue la peregrinación a Roma de 1894, que expresó tanto la fortaleza del movimiento (diez mil asistentes) como su profunda división. A iniciativa de Sancha (ahora arzobispo de Valencia) y del jesuita Antonio Vicent, y con el respaldo económico del segundo marqués de Comillas (Claudio López Bru), que los trasladó en sus barcos de La Trasatlántica, celebraba el jubileo del pontífice del año anterior y la emisión de la Rerum Novarum, por lo que tuvo un notable contenido social. Los debates en torno a su celebración revelaron la diversa recepción que tenía la encíclica y la diferente actitud ante la consideración de la Iglesia en la sociedad liberal por parte de los grupos que integraban el movimiento.

Vicente Cárcel Ortí publicó un informe de la nunciatura de 1896 muy esclarecedor de la situación. La Iglesia institución era claramente partidaria de la vía posibilista que aceptaba el régimen liberal de la Restauración; en ese sentido, la Unión Católica era su mejor representación, pero esta no era una organización popular, sino un partido de notables, de aristócratas y de intelectuales. El elemento popular estaba en el tradicionalismo, e incluso muchos clérigos en el integrismo. “Los católicos […] o son contrarios a las instituciones o militan fuera de la órbita de estas, o figuran en los partidos denominados gubernamentales, que son liberales en el fondo”. La intransigencia tradicionalista incomodaba a la jerarquía eclesiástica, que denunciaba un “purismo exagerado” que confundía “lo divino con lo humano”, además de su exclusivismo al arrogarse la opinión de la Iglesia española y hasta del Vaticano, junto con el monopolio que pretendían de la auténtica posición católica, antiliberal sin reserva alguna. En ese sentido, tomaban por católicos liberales “a todos los creyentes que no militan en las filas integristas”, aunque el informe del nuncio señalaba que en los partidos liberales figuraban “no pocos que son católicos practicantes”. El documento suspiraba por un partido católico, pero era consciente de los valladares que separaban a los ya existentes. Por eso optaba de nuevo por el pragmatismo: un programa mínimo coyuntural y muy centrado en la temática social —partiendo de ella—, para alcanzar progresivamente y en la práctica el territorio de lo político.

La fórmula se aprobó definitivamente en el Congreso de Burgos de 1899, una vez vencidas polémicas anteriores y en el contexto de la presión anticlerical. Habría una acción social común con una doble propuesta política: una agrupación suprapartidista mínima, defensiva y puntual, con una intención limitada —“no aspira a constituir Gobierno, sino solo a luchar contra las tendencias antirreligiosas”—, y otra más ambiciosa de partido católico, al menos como plataforma o acuerdo electoral. Así se conseguiría que “la bandera católica no vendría a constituir el emblema de ningún partido político, sino que agruparía bajo sus pliegues a todos los hombres de buena voluntad”, manteniéndose las diversas formaciones activas independientemente. Es sabido que a esto último no se llegó ni de lejos —como mucho, algunas alianzas locales de partidos y personalidades católicas durante la pugna con los anticlericales en el primer decenio del siglo XX—, pero sí que se impulsaron en este tiempo iniciativas que ampliaron notablemente la base popular y social organizada del catolicismo, lo que aquí equivalía a decir de las derechas.

Si la atención a la beneficencia desplegaba la presencia de la Iglesia entre los pobres y la educación la acercaba a las clases medias y altas a través de sus vástagos, los ámbitos del movimiento católico la llevaban al conjunto de la población, empezando por unos trabajadores o pequeños propietarios semiautónomos rurales y urbanos desatendidos. Siguiendo el modelo francés del marqués de la Chrace, Charles-Humbert La Tour du Pin, y del conde Albert de Mun, la referencia vuelve a tener al padre Vicent y al marqués de Comillas detrás, con los círculos obreros desarrollados hasta 1910, momento en el que se plantearon ir pasando a la fórmula de los sindicatos “puros” y no amarillos, sin tanta tutela clerical y empresarial; en su lenguaje, “uniones profesionales”, alejadas por completo de la idea de “sociedad de resistencia”. Hasta entonces se trató de círculos “mixtos”, conforme a lo aprobado en el Congreso de Sevilla (1892), que agrupaban a obreros y patronos reproduciendo la fórmula de dependencia de los antiguos gremios, dirigidos por consiliarios que reafirmaban la función principal de estas entidades: servir de instrumento de apostolado eclesial. Obviamente, privados de cualquier autonomía, no tenían nada de sindicatos ni terciaron en ningún tipo de demanda de carácter laboral: estaban hechos para asentar la armonía social, no para ponerla en cuestión, buscaban cerrar el paso a la penetración de los diferentes socialismos entre la naciente clase obrera, no representar los intereses de esta. El objeto preciso era

propagar las buenas costumbres, los conocimientos religiosos, morales, científicos, literarios y artísticos, proporcionar trabajo a los asociados cuando haya necesidad, crear una caja de ahorros para socorrerse mutuamente […] y proporcionar a los mismos algunos ratos de honesta expansión, principalmente domingos y días festivos [entre] obreros mayores de dieciocho años que no padezcan enfermedad crónica, que sean católicos, apostólicos, romanos, de intachable conducta y cuya admisión haya sido aprobada por la junta directiva.

Con todo, el despliegue de aquellos círculos de fray Zeferino en Córdoba y de otros similares en diversas localidades mediterráneas a partir del empeño renovado de Vicent consiguió sumar en este final de siglo la no despreciable cifra de sesenta mil afiliados que, irrelevantes todavía en el debate social o político, supusieron un importante punto de partida en la renovación del cuerpo de soporte de la Iglesia y de las posiciones políticas conservadoras, particularmente entre el elemento popular urbano. En 1895 constituyeron un Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras que agrupaba a círculos, cooperativas y patronatos de este signo, muy influido aún por el hombre de Comillas, el abogado Carlos Martín Álvarez, antaño lugarteniente de Vicent (y padre del futuro ministro franquista, Alberto Martín-Artajo). Al campo se llegaría años más tarde: la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA) es de 1919, presidida por Antonio Monedero y desplegada sobre todo en la región levantina y en el norte del país (Castilla la Vieja, región vasconavarra y La Rioja-Aragón), y de la mano de pequeños y medianos propietarios, de nuevo mediante una mezcla de asistencialismo, beneficencia y pastoral que tardó en modernizar sus organizaciones hasta que estas pasaron al terreno de la articulación de intereses, de los bancos agrícolas o del cooperativismo para adquisición o venta de productos. También estuvieron presentes los católicos en las experiencias mutualistas que venían del tiempo isabelino, y de nuevo les costó dar el salto a modelos más innovadores, como podía ser la base múltiple ensayada por los sectores socialistas o societarios.

7. Los partidos católicos

La iniciativa de este heterogéneo movimiento católico social venía a cargo a nivel local de individuos a su vez significados políticamente y adscritos a los diferentes partidos de ese signo. En este tercio final del siglo XIX estos eran tres. En primer lugar, tenemos a la Unión Católica de Alejandro Pidal y Mon, fundada en 1881 por este “posibilista de extrema derecha, a medio camino entre el tradicionalismo carlista y el conservadurismo de Cánovas”, como bien le definió González Cuevas; a sus seguidores, los carlistas los llamaban “mestizos”, aunque también “apóstatas”, “traidores” o, simplemente, “liberales”. Lo acompañaron en la iniciativa algunos como el conde de Orgaz y el también conde José Canga-Argüelles, nieto del famoso político del mismo nombre. Los dos habían tenido importantes responsabilidades en la estructura carlista, en el Parlamento o en el periodismo, durante la última guerra y en los años previos, y venían a representar a ese sector que abandonaba en la Restauración la ortodoxia tradicionalista para darle una oportunidad al conservadurismo liberal. Con todo, combatieron y pusieron a prueba constantemente a este, tanto desde la Unión como cuando esta se integró definitivamente en el partido de Cánovas en 1884 y Pidal fue convertido en ministro y líder de este. Otros dirigentes fueron el arzobispo de Toledo (Juan Ignacio Moreno Maisonnave), su primer presidente, los periodistas Ceferino Suárez Bravo y Damián Isern, que dirigieron sus medios (El Fénix y La Unión), un joven Sánchez de Toca, futuro primer ministro, el también futuro ministro marqués de Vadillo (Francisco Javier González de Castejón y Elío), Ortí y Lara, a caballo siempre entre el conservadurismo y el integrismo, el segundo marqués de Pidal (Luis Pidal y Mon), el medievalista y jurista Eduardo de Hinojosa, el pronto cardenal Ceferino González y, sobre todo, Menéndez Pelayo, además de muchos aristócratas y eclesiásticos de alto rango, interesados en mantener viva la alianza que ambos grupos habían establecido ahora. Muchos provenían del carlismo y otros habían estado más cerca del neocatolicismo y antes del moderantismo vilumista, y habían tenido como argumento común la defensa de la unión católica, de la unidad de sus partidos y de la incorporación de los tradicionalistas a la vida política española, tanto en tiempos de Isabel II como de la Restauración.

La encíclica Cum Multa, emitida en 1882 por León XIII en pro de esa unión de fuerzas católicas y para rechazar que algún partido concreto pretendiera representar la opinión de la Iglesia, no tuvo virtualidad en España, donde la tradición y fortaleza de los carlistas negaba esa condición de católico a todos los que no fueran ellos. En ese sentido, la acción política de Alejandro Pidal y de su Unión Católica fue muy polémica a ambos lados de su ubicación. Dentro del conservadurismo gubernamental representó una extrema derecha que alteraba extraordinariamente a los liberales y a la creciente opinión pública progresista (y, sobre todo, a su intelectualidad). Al contrario, para los tradicionalistas y sus voceros, como el integrista El Siglo Futuro, toda su actuación era muestra de la hipocresía y de la “tolerancia del error” que significaban y expresaban. Así los denuncio Sardá y Salvany en su difundido texto El liberalismo es pecado. Una parte del catolicismo militante, todavía elitista y poco popular, podía intervenir en el terreno de la sociedad liberal, pero la más numerosa seguía tenaz fuera o al margen de ella, impugnando por completo esa posibilidad.

El carlismo regresó de la guerra destrozado militar y políticamente, al punto de que tardó unos años en reorganizarse. Con su dirección en el exilio, al igual que sus veinte mil soldados y familias repartidos ahora entre Francia y diversos países de Latinoamérica, la decepción y el desaliento lo dominaban todo. Don Carlos puso al frente de su movimiento a Valde-Espina, pero enseguida tomó personalmente el mando en unos años en que su distraída vida privada hacía dudar a sus huestes; la legitimidad de ejercicio, recuérdese, es asunto primordial en esta cultura política. Centrado ya en lo que se esperaba de un rey defensor de la tradición, puso al frente al neocatólico Cándido Nocedal, en agosto de 1879. Este se valió de El Siglo Futuro, que había fundado en Madrid, en marzo de 1875, todavía sin acabar la guerra, para que les sirviera de portavoz, más aún desde que el otro diario carlista, La Fe, del bilbaíno Antonio Juan de Vildósola —sucesor de La Esperanza y luego dirigido también por Vicente de la Hoz—, adoptara una postura complaciente con Pidal cuando en 1880 este se dirigió “a las honradas masas carlistas”.

Esta fue la pugna que presidió la reconstrucción del carlismo, una impugnación radical por parte de Nocedal de cualquier reconocimiento por activa o por pasiva del régimen liberal de la Restauración y, por tanto, de que se pudiera hacer política católica en ese ámbito; consecuentemente, la propuesta de la Unión Católica, de su portavoz El Fénix o de esta postura receptiva de La Fe eran por completo rechazables. Su correspondencia táctica era el retraimiento electoral —solo roto en el País Vasco para sacar diputados a Ortiz de Zárate o a José María Ampuero en 1881; y antes al barón de Sangarrén (Ramón de Altarriba) a título personal—, deslegitimador del sistema existente. Sin embargo, esta política tan extrema ya generó pronto reacciones internas y el marqués de Cerralbo (Enrique de Aguilera), con la complicidad del propio pretendiente, mostró una oposición alternativa. El combate en los entornos de ese partido era intenso: León XIII emitía su encíclica Cum Multa mirando a España, mientras Sardá y Salvany presionaba en sentido contrario con su panfleto. La coincidencia también en el tiempo de la muerte de Alfonso XII y de Cándido Nocedal abrió una crisis en el tradicionalismo. Don Carlos ya venía valorando la sustitución de este al frente del partido, pero la presencia de su hijo Ramón Nocedal como sucesor “natural” de su padre lo puso en un compromiso. Este era tanto o más radical en una línea ultracatólica y aislacionista que, además, en su desarrollo, desequilibraba el par Dios-Rey en perjuicio del respeto a la autoridad y figura del segundo. El partido, en ese sentido, corría el riesgo de distanciarse del factor dinástico para convertirse solo en una religión política, furibundamente antiliberal.

Entre 1885 y 1888 tuvieron lugar una serie de movimientos que acabarían por conferir un sentido al (otra vez) “nuevo carlismo” salido de la última derrota y de apartar del mismo a su facción más contumaz en la defensa del inmovilismo. Señales hubo suficientes: del acercamiento de don Carlos al diario La Fe a la presencia de casi una treintena de dignatarios eclesiásticos en el funeral por Alfonso XII o la reiterada toma de postura conciliadora y pragmática del Vaticano. La Iglesia reconocía la nueva situación española y quien jugara en contra de ella se situaba fuera de los dos ámbitos de referencia: el católico institucional y el político. El pretendiente viró por ahí, recuperando anteriores posiciones posibilistas, como la carta de 1869 a su hermano Alfonso o el Manifiesto de Morentin de 1875, tachados de liberales en algunos sectores del carlismo. Su objetivo era recuperar la unidad en el partido, la moderación, el respeto a la discrepancia y la sumisión sin reservas a la Iglesia en lo doctrinal y al rey en lo político. Pero sus avisos a Ramón Nocedal del peligro de que se despeñara por los abismos del extremismo no hacían mella en él, que recrudecía sus ataques desde El Siglo Futuro a todo lo que sonara a aceptación de lo existente.

Una de esas muchas escaramuzas la protagonizó la escritora Emilia Pardo Bazán, feminista, católica y reformista social, a semejanza de Concepción Arenal, que en los años del Sexenio había colaborado con los carlistas y que expresó durante un tiempo esas simpatías políticas. En una serie de artículos en La Fe, elogiaba al pretendiente —a quien acababa de visitar en su palacio veneciano, en 1888—, a la vez que abogaba por una actualización del ideario carlista y por un reencuentro de los españoles enfrentados. El diario de Nocedal y todos los de su cuerda salieron en tromba contra ella y sus argumentos. Al final, esta pugna periodística —expresión de la que se daba en el propio movimiento— acabó en la suspensión de El Tradicionalista de Pamplona.

Cuando los periódicos de la órbita de Sardá y Salvany, y luego el diario de Nocedal, se hicieron solidarios con los sucesivamente sancionados, don Carlos optó por la expulsión de este, el 9 de julio de 1888. Se había consumado la escisión tradicionalista-integrista, la del Partido Católico Nacional, que acusaba a su rey de traición a lo esencial del carlismo. Desde el punto de vista de los expulsados, la estrategia en España no podía ser la de otros países, como Alemania, donde convivían diferentes y encontradas expresiones del cristianismo: aquí se trataba de impedir que el liberalismo se impusiera a un pueblo católico, por lo que no cabía una colaboración con otros grupos posibilistas en el empeño agónico y extremo de “cristianizar una sociedad hereje”. Cualquier retroceso en ese sentido no era de recibo. Como se ve, el debate latente era en torno a cuál era el papel de un partido católico tradicionalista en una sociedad liberal como la española, por muy mayoritaria y hasta cierto punto oficialmente católica que esta fuera. Además, la escisión, en línea con lo que venía defendiendo Nocedal padre, se afirmaba más en lo católico que en lo monárquico; desde la amalgama encabezada por los neocatólicos se había apreciado esa deriva accidentalista en lo dinástico. Como decía la Manifestación de la Prensa Tradicionalista que escribió su hijo y que respaldaban nada menos que veinticuatro periódicos encabezados por El Siglo Futuro, publicada el 31 de julio: “Dios es lo primero; solo Dios basta; con Dios se tiene todo, y cualquier cosa o constitución es buena; y sin Dios nada se tiene, y todo es insuficiente y dañoso”; no es de extrañar que a la facción escindida se unieran sobre todo curas y frailes, jesuitas especialmente, junto a algunos aristócratas, periodistas e intelectuales. El escrito, conocido como Manifiesto de Burgos, su programa político fundacional, remataba con una desautorización velada del monarca:

Vicarios de Dios son los Reyes [pero], el que ha de ser Rey, antes de recibir el reino, debe prestar juramento de guardar y cumplir sus Leyes Fundamentales, fueros y franquicias, y en primer término la Unidad Católica; y el que falte a su juramento quiere la ley que, sobre hacerse merecedor de todas las maldiciones que lanza Dios contra el perjuro, pierda su dignidad.

Además de muchos clérigos, al partido se unieron el periodista Juan Olazábal Ramery, que luego sucedió a Ramón Nocedal al frente del mismo, tras su muerte en 1907, y otros como el escritor euskaldún Arturo Campión, el marqués de Acillona (José de Acillona Garay), el alicantino Manuel Senante, el jurista alavés José María González de Echávarri o el terrateniente navarro José Sánchez Marco. Algunos, como Ortí y Lara, finalmente lo abandonaron, sufriendo por ello las acometidas de El Siglo Futuro, la misma trayectoria que siguieron Sardá y Salvany o el luego ministro Manuel Burgos y Mazo; curiosamente, los tres habían sido los artífices del “cisma periodístico” que dio lugar a la escisión. Su bastión fue el distrito electoral de Azpeitia, donde se ubica el santuario de Loyola de los jesuitas. Allí, casi sin disputa, sacaban diputados a sus jefes de filas, todos ellos cuneros y ajenos al lugar, algo que no parecía importar demasiado a sus bases: Nocedal, Senante, Sánchez Marco, Antonio Aldama y el jefe provincial Olazábal Ramery; su tío, Liborio Ramery, fue elegido por Zumaya. También lo hacían en el de Pamplona, cuando acordaron en los tres primeros lustros del siglo XX repartirse los tres puestos en una candidatura cerrada con conservadores y carlistas (Alianza Católica Antiliberal) al calor de las disputas religiosas del momento; así salieron diputados Campión, Nocedal y Sánchez Marco, pero luego fueron sustituidos en la terna por los nacionalistas vascos de Aranzadi.

Como puede apreciarse, allí donde el integrismo tenía alguna base social, el radicalismo de sus posiciones convivía con el pragmatismo y con las lógicas de supervivencia del partido, relacionándose o enfrentándose al conservadurismo o al carlismo mayoritario —las bases sociales se movieron muy poco con la escisión— según les conviniera o por coyunturas políticas más generales. Al fin y al cabo, la crisis integrista tenía mucho que ver con las personalidades y con las relaciones entre los jerarcas tradicionalistas, a pesar de que desvelaba un debate de cierta profundidad que encontraba sus prolegómenos antes incluso de la última guerra, con las críticas veladas al pretendiente por sus supuestas veleidades liberales de algunos como Juan Bautista Cos y Durán o Luis Mon, conde del Pinar y corregidor de la Vizcaya carlista entonces. Incapaces de sostener una política con tan escaso pertrecho y dedicados sobre todo a seguir criticando al partido del que se apartaron, desde la muerte de Ramón Nocedal sobrevivieron lánguidamente en una prolongada crisis que terminó en 1932, cuando Olazábal reunificó su facción en la Comunión Tradicionalista Carlista, junto con sus históricos oponentes.

Porque ¿cuál era la razón de ser del carlismo en una sociedad que veía asentarse el proyecto liberal burgués, antítesis de su modelo de sociedad tradicional, aristocrática y clerical? Las amalgamas con sectores ideológicos cercanos funcionaban bien en procesos de crisis política, pero la normalidad desinflaba al carlismo, lo sumía en el sopor de la rutina y lo enfrentaba a elegir entre su pulsión violenta, cada vez menos factible y eficaz si se seguía el viejo modelo de las partidas, o un pragmatismo que lo convirtiera en un agente más del juego político liberal. Además, y sobre todo, a finales de siglo ese liberalismo tenía ya ganada la partida sin remisión y la continuidad no discutida de la regencia venía a demostrarlo; pronto surgirían otros enemigos a los que el carlismo podría hacer frente, pero, necesariamente, en conjunción con otras fuerzas, tanto políticas como, en su extremo, violentas.

8. La construcción de una microsociedad tradicionalista

El carlismo estaba en una encrucijada histórica que la escisión integrista no había hecho sino poner al descubierto. Tras deshacerse de su facción intransigente, debió afrontar cuál podía ser su sentido en la España de ese momento. Y fue el marqués de Cerralbo el que cambió la dinámica del partido. Lo hizo aprovechando nada menos que los actos de celebración del mil trescientos aniversario de la conversión al cristianismo de Recaredo (que se quería enfrentar simbólicamente a la del centenario de la Revolución francesa, las dos en 1889). Los tradicionalistas conformaron una junta organizadora a cargo de Cerralbo, Valde-Espina, Llauder, que ahora dirigía formalmente el diario oficial del partido, El Correo Español, Matías Barrio Mier, el duque de Solferino (Manuel de Llanza) y los marqueses de Colomer (Claudio) y de Reguer (Jordi Sant Simón). Cuando esta terminó su cometido, se mantuvo como estructura de gobierno del carlismo, con Cerralbo como jefe delegado en España, ocupando la plaza vacía que había dejado Nocedal al morir cinco años antes. En el último decenio del siglo Cerralbo llevó a cabo una tarea ingente de modernización organizativa a partir de la extensión por el territorio de juntas (nacional, regionales y locales y de distrito) que acogían centros o casinos y organizaciones especializadas (juventud y, más tarde, obreros, universitarios, maestros o, años después, mujeres). En esos espacios se desarrollaba una importante actividad, de manera que los centros se convirtieron en un espacio de socialización masculina que reproducía en los hábitos, cometidos y ritos la sociedad que pretendía el tradicionalismo. Se han identificado los centros como familias amplias que, respondiendo a la necesidad del carlismo, pretendían reproducir esa sociedad ideal mientras la realidad los obligaba a convivir con la real; una idea muy religiosa o trascendental, que remite a la vieja creencia de una existencia en dos mundos paralelos, pero que reprodujeron por igual todos los grupos modernizados y acomodados a la sociedad de masas del momento. Canal los define como “proyección de la sociedad ideal en un espacio concreto y propio de la sociedad real”. En definitiva, una comunidad, “una familia, no un partido”, por dos razones: porque se pretendía contagiar toda la realidad social a partir del crecimiento e influencia de su microsociedad, y no limitarse a los momentos electorales, y porque la estructura partido supondría aceptar que eran una opción más en un mundo que se movía sin una verdad incontrovertible y, por eso, necesitada de resultar de la confrontación de ideas y del apoyo cambiante de las mayorías, de esa “ley del número” que tanto odiaban todos los antiliberales. El sentido último de la sociabilidad, la idea de comunidad o comunión (de microsociedad) y el propio modelo de espacio del batzoki nacionalista no serían muy diferentes.

Se acompañaban de un esfuerzo propagandístico y periodístico como no se había conocido desde los prolegómenos de la última guerra, al inicio del Sexenio. La proliferación de medios de comunicación y publicaciones de todo tipo fue inmensa, insistiendo en la figura del pretendiente; otro tanto se puede decir de la publicidad en todo tipo de soportes y objetos cotidianos. Finalmente, en línea con esa masificación de la actividad, se multiplicaron los actos en el exterior mediante concentraciones, peregrinaciones y mítines, algunos de ellos realmente multitudinarios, como uno en Zumárraga el día de Santiago de 1908 u otros al calor de grandes campañas, como la de respuesta a las medidas laicistas del gobierno liberal; en esos actos empezó a destacar la oratoria de Juan Vázquez de Mella, el “verbo de la Tradición”. Se trataba de hacerse con el espacio público, lo que conllevaba una cotidianidad cada vez más enfrentada a grupos opuestos que buscaban lo mismo: los regresos de festividades locales, los entornos de algunos actos o determinadas convocatorias dieron lugar a enfrentamientos armados de los que resultaron víctimas mortales con relativa frecuencia.

Además, esa red de círculos y casinos —en 1912 se inauguró la Casa de los Tradicionalistas, en Madrid— dio acogida desde 1896 a la Fiesta de los Mártires de la Tradición, que se celebraba cada 10 de marzo, fecha de la muerte del Carlos V carlista. Los actos combinaban religión (funerales por los caídos en las contiendas y asonadas anteriores) e historia (estudios, artículos de prensa), pero sobre todo memoria, porque las veladas de esas tardes juntaban a carlistas de diversas generaciones para contar o escuchar “cosas de la guerra”. Su importancia es notable porque fraguaban la continuidad generacional de esa cultura política transmitiendo sus referencias y valores, y mantenían viva una llama levantisca que cada vez era más tenue e imposible, pero que los jóvenes alimentaban para un futuro que algún día podía llegar.

El posibilismo carlista jugaba en campo contrario y con recursos políticos ajenos, esperando la oportunidad definitiva y viviendo mientras en su mundo y, hasta lo posible, a su manera, usando para ello una ancha comunidad integrada. Era un sueño difícil porque la tendencia a echarse al monte, si no iba atemperándose, sí que se mostraba como más ajena a un tiempo, a una sociedad y a un Estado mejor organizados. En ese escenario, a lo más que podían aspirar los carlistas a través de formaciones paramilitares era a “coadyuvar al Ejército que se decida por Vuestra Majestad”, como le exponía de manera realista a su rey, en 1912, el general Joaquín Llorens, encargado de organizar el Requeté, fundado cinco años antes por Juan María Roma. La conocida como “Octubrada”, en 1900, coincidiendo con la crisis del 98, fue la última intentona militar del carlismo antes de la de 1936. Se limitó a Cataluña, Valencia, el Maestrazgo y Andalucía, pero sin repercusión en Navarra y el País Vasco. Resultó un gran fracaso que volvió a desprestigiar al carlismo, permitió al Gobierno desmantelar su estructura militar y en parte la civil —aprovechó para cerrar temporalmente muchos periódicos y sedes—, y fortaleció la posición civilista de Cerralbo, aunque él mismo hubiera respaldado el movimiento (y otros como Vázquez de Mella). Por eso, y por la convulsión general producida, don Carlos lo sustituyó por Barrio Mier y cambió también a su histórico secretario personal, Francisco Martín Melgar, veinte años juntos, por el general Joaquín Sacanell; las malas lenguas culpaban de tanta mudanza al influjo de la nueva mujer del pretendiente, María Berta de Rohán.

Lo cierto es que al terminar el siglo el carlismo era, sin duda, el movimiento político mejor organizado de España; el primer partido de masas y el más moderno, malgré lui. Por la cuenta que echa Jordi Canal, tendría unos treinta mil asociados directos, concentrados en sus feudos navarro y vasco, y en menor medida en la costa mediterránea —zonas como Valencia recibieron un fuerte impulso en los años noventa— y Aragón. En 1892 tenían trece juntas regionales, treinta y siete provinciales, y más de quinientas locales o de distrito, con ochenta círculos abiertos, y más de setecientos alcaldes y concejales. Cuatro años después había 2.462 juntas y 307 círculos; posiblemente, muchos serían teóricos, pero el número total resulta abrumador. A todo esto, había que sumar una cifra oscilante de diputados provinciales y de senadores y diputados nacionales que les permitían terciar en la política del país. A partir del sufragio universal masculino —del que se beneficiaron, como fuerza popular que eran, a pesar de persistir e intensificarse el fraude— sumaron unos cincuenta mil votos en cada elección nacional, que en el siglo XX ya crecieron hasta los sesenta y cinco mil, situándose en los casi cien mil en las mejores citas, como las de 1907, 1918 y 1919; en los momentos finales de la Restauración podían duplicar en votos a los socialistas. A pesar de esos contingentes electorales, por el tipo de concentración del sufragio solo alcanzaban media docena de diputados en Cortes, que se duplicaron ya en el siglo XX por mor de alianzas favorables en algunas zonas como Cataluña (apoyando la coalición de Solidaridad Catalana) o ganando todos los escaños en distritos fijos de Navarra o del País Vasco (Tolosa, Estella, Aoiz, Pamplona, Tafalla…, pero también la Rioja Alavesa, la Cervera de Pisuerga de Barrio Mier, Olot o Vic). Además, tenían más de treinta periódicos de partido, sin contar los muchos generalistas locales sin esa adscripción, pero donde se representaban perfectamente sus ideas e intereses políticos.

La apuesta del “nuevo carlismo” de Cerralbo lo era por un tradicionalismo político, civilista, pacífico y legal, institucional, electoral y posibilista, además de abierto a todo tipo de católicos antiliberales y aplicado a la atracción de estos. Para ello contaba con ese nuevo partido férreamente jerarquizado, con el rey como autoridad máxima, y elitista, donde a una base muy popular correspondía una dirección en todos los niveles, del nacional al local, designada entre prebostes, intelectuales y aristócratas. Y muy masculina, porque las mujeres no jugaron ningún papel hasta llegar a los años treinta del siglo XX.

A pesar de sus esfuerzos por retener la épica sangrienta de sus guerras, en realidad no dejaban de ser la versión popular y extendida —y partidaria de otra rama dinástica, eso sí— de la Unión Católica de Pidal, lo que justificaba las críticas de los íntegros. Así lo demostraron en su revisión doctrinal contenida en el Acta de Loredán de 20 de enero de 1897, resultado de unas conferencias celebradas en el palacio veneciano los meses anteriores con asistencia de don Carlos, Cerralbo y los diputados Romualdo Cesáreo Sanz y Escartín (primo del sociólogo y ministro conservador), Vázquez de Mella, el marqués de Tamarit (José de Suelves) y Manuel Polo y Peyrolón, asistidos por Francisco Carlos Melgar y el ayudante de campo Joaquín Sacanell. El documento era oportunista en lo que hacía a la coyuntura del momento (Cuba y Filipinas, Melilla), volcando sobre los diferentes Gobiernos y sobre el descrédito del sistema liberal y parlamentario la responsabilidad de la situación del país (“el enfermo está herido de muerte”), y depositando solo en el triunfo propio las esperanzas de solución de todas esas crisis. En sus contenidos programáticos trataba de dar respuesta a todos problemas que generaba la modernización del mundo en aquel fin de siècle, así como a los específicos del país. Se reafirmaban en su fórmula política: unidad católica con una monarquía tradicional —“un Rey que lo es de veras, reina y gobierna, pero sin que su voluntad traspase las leyes, porque el despotismo ni es cristiano ni es español”—, asistida por un Consejo Real con secciones (ministerios) y Cortes a mitad de camino entre estamentales y corporativas, con mandato imperativo y cerrado, y con funciones de fiscalización de la gestión, aprobación de nuevos impuestos e intervención imprecisa en la acción legislativa; en suma, su versión de la constitución interior que conocemos: rey y Cortes. Organización territorial siguiendo el orden natural de abajo (municipio) arriba (provincias y regiones) hasta llegar a la unidad nacional indiscutible. Fueros tradicionales para todas las regiones tras su reintegración en el caso vasco y navarro, su restablecimiento en los territorios de la Corona de Aragón, su restauración en Asturias y Galicia, y la garantía de “las libertades de los diversos países de la Corona de Castilla y León”; las diferentes referencias son significativas. Unión política nacional “inspirada y sostenida por la uniformidad de creencias y por la identidad monárquica”. Justicia mediante “magistratura a la antigua usanza”, descentralización administrativa y hacendística, con reducción de la presión fiscal y, consiguientemente, del gasto público, pues el carlista aspiraba solo a un “Estado pequeño”. Proteccionismo arancelario, eliminación del impuesto de consumos y un Ejército de leva generalizada y sin “tributo de sangre como carga de la pobreza”. Descentralización administrativa en las colonias con una fuerte y paralela centralización política, restaurando el virreinato (y sometido a control para evitar actuaciones fraudulentas).

“Grave problema es la cuestión social que hoy agita el mundo”, reconocía el documento. Para ello, planteaban una visión contenida de la Rerum Novarum, profundamente tradicionalista y poco acorde a la situación del momento, con restauración de los gremios y cooperativas de producción y consumo, y reglamentación del trabajo a cargo del poder en un intervencionismo estatal impreciso que haga merecer a Carlos “el título de rey de los obreros”. En la cuestión agraria se limitaban a culpar a los tributos y al caciquismo, y, finalmente, sobre la enseñanza, la pretendían “ante todo católica”, aunque con fines sociales, y proponían una reorganización de todo el sistema educativo y de las universidades para que “se emancipe la inteligencia de nuestros alumnos de doctrinas exóticas y de filosofías extranjerizadas, tan contrarias a la fe de nuestro pueblo como al genio de nuestra raza”. Respuestas algunas demasiado clásicas, mirando al pasado y no encarando lo que venía ya, aunque se perciben con claridad ideas fuerza de mucho protagonismo futuro, como la insistencia en recomponer de alguna forma los cuerpos intermedios disueltos por el liberalismo; el pensamiento de Vázquez de Mella, como veremos, se distingue bien en el documento.

En dos ámbitos determinantes ahora para el país, la cuestión social y la territorial, el carlismo oficial se mostraría inseguro, incapaz y a la defensiva, perdiendo efectivos, conforme transcurría el siglo XX, hacia un obrerismo y, sobre todo, hacia un nacionalismo en Cataluña y el País Vasco que les hacía progresiva competencia. Su teoría era coherente con la tradicional visión organicista social, pero su aplicación práctica les generaba muchas dificultades. Solo como referente de fuerza antiliberal y antirrevolucionaria se mantuvo firme y vivo el tradicionalismo, recobrando posiciones a la par que crecían la entidad y la amenaza de sus enemigos.

Porque, a pesar de los cambios internos de 1900 y de la puntual crisis vivida por los efectos de la Octubrada, o del fallecimiento de Carlos VII un 18 de julio de 1909 y su sustitución por su hijo Jaime, la recuperación a cargo ahora de Barrio Mier no hizo sino seguir la línea iniciada por Cerralbo. Este volvió al puesto de jefe delegado en España en 1912 al sustituir a aquel tras su muerte y tras un trienio de mandato del catedrático navarro Bartolomé Feliú; podría haber tomado la dirección Vázquez de Mella, pero la relación con don Jaime fue siempre difícil y no ocurrió así, ni tampoco se produjo la actualización del todavía reciente programa de Loredán que le encargó. De manera que el carlismo se enfrentó a las novedades con una guía precaria. Así, en Cataluña se sumó en 1906, como los integristas, al movimiento que cristalizó en Solidaridad Catalana, presidida por Salmerón, con los republicanos no lerrouxistas y con la dirección a cargo de los catalanistas. El contundente resultado de las elecciones del año siguiente —la coalición ganó 41 de los 44 escaños en litigio, con el 65% de los votos— reportó a los carlistas una buena representación en Cortes. Sin embargo, ese acercamiento a los pujantes nacionalistas catalanes les generaba contradicciones internas, al punto de que tuvieron que dar libertad personal para relacionarse o no con la coalición. Lo mismo que ocurriría en el País Vasco durante los años de la Gran Guerra, lo que dio lugar reactivamente al españolismo sostenido por su futuro diputado Víctor Pradera. En muchos casos, el resultado de esas contradicciones fue el abandono de algunas individualidades y su paso al nacionalismo: el integrista navarro Campión es un buen ejemplo y zonas del País Vasco, como Guipúzcoa, como ya señaló Mikel Aizpuru, mostraron pronto una frontera tenue entre integrismo y nacionalismo; otro navarro, este carlista y abogado de Sabino Arana, Daniel Irujo, hizo ese tránsito, igual que el escritor catalán Marià Vayreda, yendo y viniendo entre esas ubicaciones ideológicas. A veces ocurría también lo contrario, como pasó con el antes citado Eugenio d’Ors, que vivió su “defenestración” del catalanismo y su hispanización posterior coincidiendo con la dictadura de Primo de Rivera y con la compleja “crisis de la conciencia europea” vivida en torno a la Gran Guerra, donde su rechazo del liberalismo incluyó como intermedio un fracasado acercamiento al mundo republicano, socialista y sindicalista, conforme ha explicado Maximiliano Fuentes en su estudio biográfico (y no fue excepción). En todo caso, la inseguridad estratégica y el tránsito de algunas de sus bases hacia el nacionalismo se advierten en este tiempo y en el futuro.

Algo que no ocurrió, sin embargo, en la cuestión social. Aquí es complicado identificar la posición del carlismo como tal porque la acción de sus militantes fue diversa dependiendo de lugares y momentos, distinguiéndose en ocasiones estrategias distintas entre tradicionalistas oficiales e integristas (igual que entre órdenes religiosas que actuaban en ese ámbito, como jesuitas, dominicos o agustinos). El cambio más importante se produjo al comenzar el siglo XX: la apuesta por los sindicatos católicos “puros”. Hacia 1910, la novedad recibió el respaldo de las primeras semanas sociales, aunque en algunos sitios el tránsito había comenzado a mediados de ese decenio. Seguían siendo entidades claramente defensivas, pero ahora las clases altas y los patronos no las dirigían formalmente, sino que se limitaban a sufragar buena parte de sus gastos. Los consiliarios continuaban presentes porque la confesionalidad no se ponía en cuestión. Finalmente, sin entrar aún en la controversia social, se organizaban en sindicatos de oficio, lo que en algunos casos y lugares permitió el desarrollo posterior de un sindicalismo digno de ese nombre, como ocurrió con los ferroviarios vallisoletanos (1913), los mineros astur-leoneses (1918) o los labradores palentinos organizados por el jesuita Sisinio Nevares o por Maximiliano Arboleya. Con todo, todavía no lograron desasirse en esta experiencia centrada en Valladolid o en las paralelas del Centro Obrero madrileño o de la Acción Social Popular barcelonesa dirigida por el jesuita Gabriel Palau —más un secretariado diocesano multifuncional que un sindicato— de la influencia constante de Claudio López Bru, marqués de Comillas; el poblado que levantó en Bustiello (Mieres, Asturias) entre 1890 y 1925 su Sociedad Hullera resulta ejemplar del paternalismo patronal.

El Círculo Católico fue sustituido como estructura y como espacio de sociabilidad por la Casa Social Católica, un centro ambicioso donde se integraban las funciones más o menos sindicales (dependiendo de cada experiencia concreta) con las religiosas, instructivas, económico-mutualistas (base múltiple), recreativas y culturales. Allí encontramos las oficinas de los sindicatos junto a bolsas de trabajo, mutualidades, defensa jurídica, orfeón, biblioteca, teatro y cine, escuela, grupo excursionista, etcétera. En esta fase se empezó a asociar a las mujeres obreras, muchas veces a partir de colectivos de sirvientas o de “trabajadoras de la aguja”; aquí destacó la maestra, inspectora de trabajo y vocal del Instituto de Reformas Sociales María de Echarri. Su función no era inicialmente la relación laboral, sino justo la contraria: frenar la presión de los sindicalismos de izquierdas, sobre todo en momentos de huelgas.

Sin embargo, los trabajadores implicados apreciaban por su experiencia que eran “el socialismo y el anarquismo, aunque sea amargo reconocerlo, los que han conquistado algo para el obrero, los que han hecho llamar la atención de los Gobiernos sobre sus necesidades”. Esa realidad fue la que empujó al tercer paso del sindicalismo católico: el que tenía que ver con su posición dentro de la llamada “cuestión social”. Por impulso de los dominicos Pedro Gerard y luego José Gafo, y con experiencias iniciales en la comarca jerezana, se planteó en los años de la Gran Guerra el sindicalismo católico libre según el modelo belga del padre Georges Rutten, que pretendía disputar el terreno a los otros sindicatos participando de manera activa en la negociación colectiva y asumiendo, en su extremo, la oportunidad de la huelga y del conflicto en defensa de los intereses propios. En la Semana Social de Pamplona (1912), Gerard encandiló (o escandalizó) a los asistentes con su propuesta de “sociedades de resistencia católicas”. Por su parte, Gafo incluso era partidario de una organización aconfesional de influencia católica; sobre él influyó el también dominico Juan González Arintero, acusado de modernista.

Todos estos cambios generaron mucha controversia en el seno de la Iglesia y en el de las derechas: muchos de sus ideólogos y las clases propietarias (Comillas, especialmente) no aceptaban este deslizamiento de sus bases obreras hacia la lucha de clases, mientras otros, como el cardenal Victoriano Guisasola, apoyaban abiertamente una acción autónoma de los trabajadores católicos. Una disposición que este amplió a las mujeres, a las que dotó de una rama de la Acción Católica soportada en la independencia de criterio y en el abordaje decidido de la problemática real que el tiempo moderno les presentaba, huyendo de la tradición organizativa anterior benéfica, piadosa o diocesana; no lo consiguió hasta marzo de 1919, poco antes de morir. Es entonces cuando se constituyó también la Confederación Nacional del catolicismo obrero, que no logró acabar con la confusión que creaba la pugna entre los comillistas menos partidarios de la autonomía y los más puros e independientes influidos por Arboleya y Severino Aznar (Gerard acababa de morir). El sindicalismo católico se fue depurando y en algunas localidades consiguió convertirse en un agente social, si no para terciar en el sistema formal o informal de relaciones laborales, sí al menos para agrupar a sus bases ideológicas y apartarlas de los sindicatos de clase, que las atraían por su funcionalidad al ser estos los que negociaban sus salarios y condiciones de trabajo. El himno de la Unión de Sindicatos Católicos de Vitoria, estrenado en 1916, expresa muy bien su autopercepción en ese momento:

Atrás falsos redentores. Cristo es nuestro Redentor. Él rompió nuestras cadenas. Él la libertad nos dio. Juntos todos obreros cristianos. Por el bien de la clase a luchar. Tremolad la bandera que encarna, de Jesús la doctrina social. No queremos la lucha de clases, sino amor y justicia social. Si el amor en los pueblos impera, la justicia doquier reinará. Nuestra lucha es la lucha más noble. Nuestro lema el más noble ideal. Demandamos amor y justicia, y luchando brindamos la paz. Miente vil quien nos llamó traidores. No sabremos jamás claudicar. Mientras haya un obrero oprimido. Mientras no haya justicia social. Mientras no se respete al obrero. Mientras no sea justo el jornal. Mientras no se ennoblezca el trabajo. No sabremos con nadie pactar. Compañeros juremos hoy todos, no arriar la bandera jamás. ¡Adelante! ¡Sin tregua! ¡A luchar!

Sin embargo, los sindicatos católicos más famosos en este tiempo fueron los libres barceloneses, que sirvieron de fuerza de choque contra el sindicalismo revolucionario cenetista. Se crearon en octubre de 1919, a partir de una asamblea celebrada en el Ateneo Obrero Legitimista de Barcelona, y estaban encabezados por un joven carlista leridano afiliado también a la CNT, Ramón Sales, que murió de forma dantesca en 1936, expresión de los odios que alimentaron los pistolerismos cruzados de esas dos décadas brutales. Los tradicionalistas habían ampliado su base proletaria en muchas ciudades y su original discurso antiburgués y anticapitalista estaba más respaldado ahora con don Jaime que lo que lo estuvo antes. Pero, más allá de esa inicial base carlista, que enseguida se vio desbordada, los Sindicatos Libres representaron un obrerismo antirrevolucionario, radicalizado en sus formas, violento contra sus opositores, pero también por momentos reivindicativo en términos de clase y autónomo. Colin M. Winston, que estudió la relación del obrerismo con las derechas, señaló como su expansión, entre mediados de 1921 y octubre de 1922, se debió en parte al apoyo del gobernador civil Severiano Martínez Anido y a su funcionalidad en la lucha abierta contra los cenetistas. Sin embargo, esa energía reactiva —y su propio crecimiento: llegaron a los 150.000 afiliados, aprovechando momentos de clandestinidad de la CNT y explotando su autonomía— la acabaron volcando contra los patronos a los que habían servido, al pasar a defender posiciones obreristas en huelgas y conflictos laborales. La vuelta de los anarcosindicalistas a la legalidad, la posición más neutral de los gobiernos liberales —e incluso del conservador José Sánchez Guerra— y la reticencia patronal por su nueva actitud los devolvieron a cifras menores. Sin embargo, durante la dictadura de Primo de Rivera se reprodujo el fenómeno de vasos comunicantes entre los libreños y la CNT (y a veces la Unión General de Trabajadores [UGT]) —lo que da cuenta de un sector proletario menos ideologizado y más pragmático de lo que suele suponerse—, y muchos se refugiaron en aquella entidad católica para hacer el camino contrario desde 1930, hasta su hundimiento en abril del año siguiente al ser perseguidos por las autoridades republicanas. En enero de 1924 se habían fusionado con los otros libres de Gafo, en una Confederación Nacional que llegó a sumar doscientos mil afiliados y a competir en algunos lugares con la UGT. Pero su colaboracionismo con la dictadura los privó de la posibilidad de articular una fuerza obrera autónoma y no izquierdista apoyada en la reforma social y en la moderación política.

9. La ‘revolución desde arriba’: Maura

La Gran Guerra de 1914-1918 se ha considerado historiográficamente como gozne entre los siglos XIX y XX en muy diferentes ámbitos. Uno que interesa aquí es el que distingue un tiempo ordenado por el liberalismo y sus valores, y gobernado por una renovada élite social, económica y política, de otro en que se cuestionan aquel statu quo y sus ideas, que los toma por obsoletos, y que busca respuestas a una realidad desestructurada —y “gobernada” por aquella “masa” orteguiana— y a una existencia defraudada por las promesas de la Modernidad. Esa contradicción se volvió dramática en el marco de una experiencia bélica brutal, despersonalizada e industrial como no habían conocido todavía los humanos, que proporcionó una nueva dimensión al ejercicio de la violencia en el espacio y para el objeto públicos. Consecuencia en buena parte de la guerra, el mundo anterior entró en crisis, acosado por diferentes costados: por un rejuvenecido y ambicioso liberalismo capitalista que ahora, desde el otro lado del Atlántico, ensombrecía el poderío de la vieja Europa; por una revolución proletaria que se asentó como Estado y que, desde ahí, extendió su ideología a nivel internacional; y por diversas y convergentes fórmulas radicales de derechas que buscaban responder a la vez al reto socialista y a lo que entendían como degradación liberal-burguesa.

Esos tres procesos eclosionaron en el periodo de entreguerras, pero antes se ensayaron cambios controlados desde las propias instituciones para evitar otros de más entidad y, sobre todo, contrarios a sus intereses. En ese momento, se cuestionaron algunos paradigmas del liberalismo —por ejemplo, el Estado cobró unas dimensiones inesperadas, en jurisdicción, recursos a su disposición y esperanza puesta en él— y se abrazaron argumentos autoritarios y comunitaristas a izquierda y a derecha. En nuestro país, diferentes individuos y facciones reflexionaron y obraron en ese marco, pero ninguno como el maurismo representó tantas posibilidades a un tiempo, para quedar finalmente su hombre y el movimiento que se desarrolló a su alrededor, no siempre coincidentes, como una oportunidad perdida, algo que en sí mismo no dio lugar a nada, por más que influyera en muy diversos pensamientos y propuestas.

El propio Maura representaba en su persona tan heterogénea y compleja realidad. Como lo describe el estudio de María Jesús González, su condición de líder carismático derivaba de una mezcla adecuada de pureza, dignidad, sufrimiento y heroísmo, acompañados de una gran oratoria y de una estampa que remitía a algunos mitos hispanos (el Cid o don Quijote). El mito rondó a este mallorquín que, aun procediendo de la periferia del país e incluso con dificultad al principio para manejarse en un neutro castellano, se propuso hacer “política nacional, no de distrito”, desarrollar una “misión patriótica” que a la vez interpretaba como necesariamente histórica. Individuo y movimiento, Maura y maurismo, encuentran en 1913 la fecha de cesura, cuando el primero es negado por el rey y por su partido, y el segundo nace.

De Maura tenemos la primera referencia en aquel proyecto autonomista para Cuba, en 1893, que fracasó por la oposición de los ajenos y la dejación de los propios. Tras su paso a la Unión Conservadora, Silvela lo designó como su sucesor en el partido tras su retirada, en 1903; al fin y al cabo, y frente a un candidato de peso y trayectoria, como Fernández Villaverde, Maura era el que mejor podía representar ese regeneracionismo que la derecha liberal había hecho suyo ahora. En consonancia con ello, en su ministerio con Silvela, en ese mismo año, optó desde Gobernación por unas elecciones limpias cuyo resultado lo enfrentaron con su partido y con el joven monarca: en las tres ciudades más pobladas del país ganaron los republicanos, aunque los suyos sumaron 229 de los 403 asientos. Maura tenía que hacerlo así si quería ser consecuente con el objeto que animó su vida política: crear ciudadanía. El problema del país, a su juicio, era que se soportaba en la apatía, de manera que, dejando a un lado a sus diferentes opositores, el sistema se apoyaba en escasas voluntades manifiestas. Era necesario articular una ciudadanía activa y hacerlo desde arriba. Los tres siguientes fragmentos de discursos suyos en estos inicios del siglo precisan el carácter de otros tantos objetivos políticos que definen su trayectoria: la construcción de una ciudadanía, la “revolución desde arriba” y la socialización conservadora.

Uno de los primeros y más importantes orígenes del mal que aqueja a la patria consiste en el indiferentismo de la clase neutra. Yo no sé si su egoísmo es legítimo, aunque sí sobran causas históricas para explicarlo. Lo que digo es que no se ha hecho un ensayo para llamarlos con obras, que es el único lenguaje a que ellos pueden responder, para traerlos por la fuerza a la vida pública. Por eso he dicho y repito que España entera necesita una revolución en el Gobierno radicalmente, rápidamente, brutalmente; tan brutalmente que baste para que los que estén distraídos se enteren, para que nadie pueda ser indiferente y tengan que pelear hasta aquellos mismos que asisten con resolución de permanecer alejados.

Ahora más que nunca es preciso restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos. Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, desde 1898, es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio.

Por eso es menester oponer a las izquierdas que están en la vida pública, todas las derechas, y traerlas con plenitud de sus fuerzas sociales a la vida y a la influencia del Estado. La política conservadora tiene que adoptar los procedimientos democráticos y las garantías constitucionales y los derechos individuales, que son ahora la fuerza conservadora, la única que puede salvar a la sociedad y a los Gobiernos de una ruina inminente. […] La política conservadora consiste en traer íntegramente todo el fondo social a la influencia y a la acción del Estado, de modo que la democracia comprenda absolutamente la acción íntegra de las fuerzas de toda la nación, asistiendo al Gobierno.

Además de elecciones “brutalmente sinceras”, Maura necesitaba de afirmaciones que identificaran su novedad. Su primera presidencia del Gobierno a lo largo de 1904 le brindó un par de ocasiones para ello. Primero, con el tumultuoso nombramiento de Bernardino Nozaleda como arzobispo de Valencia denunció la diferencia entre opinión pública y opinión publicada, y proyectó al Gobierno como defensor de toda la ciudadanía, empezando por la que no se manifestaba, así como de lo que hoy llamaríamos “presunción de inocencia” (la campaña de la izquierda condenaba al clérigo por su larga estancia en Filipinas y por el comportamiento de la Iglesia en aquella excolonia). En segundo lugar, con el viaje del rey a Barcelona, en abril de 1904, a la Cataluña de la Lliga Regionalista y de los republicanos de Alejandro Lerroux, enfrentó con naturalidad la nueva situación política de ese territorio y consiguió que el monarca se diera un baño de “masas neutras” en una plaza complicada; incluso Cambó desobedeció la orden de su partido y lo recibió en el ayuntamiento. La gestión de ese año dio todavía para continuar con la política social del anterior Gobierno Silvela, para establecer algunas normas para moralizar la Administración pública y para acabar con el aislacionismo canovista en política exterior y virar la relación hacia Gran Bretaña y Francia, con la mirada puesta en Marruecos. En solo un año había conseguido marcar la pauta y, sobre todo, convertir cada decisión polémica en un debate nacional que dividía el país en partidarios y detractores suyos. Inauguraba así un maniqueísmo extremo que fue, a un tiempo, la condición para alzarse como líder indiscutible entre los suyos y el argumento para ser identificado como el mal absoluto entre sus detractores. Pronto lo acompañó un culto a la personalidad soportado en todo tipo de publicaciones y objetos cotidianos que recuerda al ya descrito para Carlos VII, a lo que se sumó en este caso la abundante publicística contraria a cargo de sus opositores. De ese modo, todos hablaban de él.

Para María Jesús González, la propuesta de Maura consistía en reforzar las instituciones liberales de la Restauración y propiciar desde ahí una vía de transición gradual del liberalismo a la democracia; no fue la única vía para ello —años después lo intentó el liberal Canalejas—, pero sí la más pensada, explicitada y precisa. La intención, hay que decirlo, era defensiva y pragmática, y la forma de hacerlo era dentro de la ley y de las instituciones, y soportada en el consenso y en una ciudadanía educada, activa y consciente. El resultado final era un proyecto modernizador para el país —hay quien lo señala como “el único intento sincero de modernizar la política” sustentándola en la opinión— y un tránsito de la legalidad a la legitimidad del sistema que lo hiciera posible.

Aunque sí se tenía por un político providencial, Maura no era providencialista —las cosas había que hacerlas—, ni compartía la antropología pesimista de los conservadores. No se trataba de hurtar los derechos y libertades a un pueblo incapaz de hacer uso de ellos, sino de prodigarlos (y contenerlos) desde la ley porque, a partir de ahí, ese pueblo se constituiría en la base social de las derechas. Maura enfrentaba el problema que vivían los conservadores liberales de entonces: a diferencia de sus competidores reaccionarios, eran partidos de notables, sin pueblo detrás. La socialización conservadora movilizaría a esas “masas neutras” católicas y despolitizadas que no tenían un partido claro al que votar, reclutadas entre las clases medias de profesionales y de pequeños y medianos propietarios, cada vez más numerosas conforme se modernizaba el país; el impulso económico de este sería otro de sus empeños. Y lo harían en defensa de la ley y de las instituciones, y en contra de la pasividad que sostenía el clientelismo del sistema.

Ni se le pasó por la cabeza que una movilización intensa lo sería también de los sectores sociales que se le aparecían cada vez más amenazadores (v. g., los trabajadores organizados por las izquierdas o el pueblo republicano); tampoco previó que esa movilización no acabara en torno a un partido conservador como el suyo y sí a iniciativas reactivas como las promovidas ahora por la Iglesia para responder a la agitación anticlerical. Como apuntó Raymond Carr, Maura presuponía una demanda por parte de esas “clases neutras” que no tenía por qué existir y que, de hacerlo, tampoco tenía por qué responder a sus estímulos. A su vez, proponía romper con unos vicios, pero quienes tenían que liderar ese cambio eran los que debían sus puestos precisamente a ese sistema corrupto.

Finalmente, el movimiento maurista adquirió mucho ancho ideológico, dando cabida a personalidades y grupos contradictorios y dispersos que no se articularon sólidamente como partido consistente y que derivaron en posiciones enfrentadas: algunos cada vez más democráticas (Ángel Ossorio Gallardo) y otros cada vez más autoritarias (Antonio Goicoechea, José Calvo Sotelo o el abiertamente profascista Manuel Delgado Barreto, director de La Acción). Además, su líder “se borró” a partir de 1913, con lo que sus seguidores apelaban a una autoridad mítica que no ejercía su poder cotidianamente, ni interpretaba la realidad concreta y cambiante, indicándoles el camino a seguir; la polisemia de sus grandes invocaciones fue también otro problema.

El Maura más preciso e identificable fue el de su “gobierno largo”, de enero de 1907 a octubre de 1909. Manuel Fraga escribió que “fueron los 33 meses más fecundos de la Restauración en todo lo relativo a legislación y Administración; el primer intento serio de regeneración nacional, en hechos y no en palabras”. En ese tiempo planteó su particular “camino hacia la democracia” sobre las tres leyes de reforma que “dinamitarían” el sistema turnista: la electoral, la de designación de jueces municipales y la de Administraciones locales. También es importante que sacara adelante algunas leyes sociales de entidad en las que había trabajado anteriormente u otras novedosas: la creación del Instituto Nacional de Previsión y los Tribunales Industriales, en 1908, y la Ley de Huelga del año siguiente, pero también la prohibición de las cantinas y del salario en especie; él había firmado también antes como ministro la creación del Instituto de Reformas Sociales, en 1903, aunque en realidad el asunto lo había dejado ya cerrado Canalejas. No es cuestión baladí cuando se trata de integrar en el sistema a sectores que hasta entonces eran ajenos a él: aunque Maura se reconocía como liberal, en su haber queda.

Pero, centrémonos en aquella tripleta más política. La ley electoral partía de una despolitización del control del proceso, apartándolo de los ayuntamientos, que operaban como agentes electorales interesados; por ejemplo, el censo lo elaboraría el Instituto Geográfico y Estadístico. Estableció el voto obligatorio y el famoso artículo 29, que evitaba las elecciones donde hubiera tantos candidatos como plazas en disputa —una propuesta del republicano Azcárate para evitar “parodias innecesarias”—, pero nada se hizo con los distritos uninominales ni con el sistema no proporcional, que cerraban o limitaban el paso a los nuevos grupos. La puesta en práctica de la reforma oligarquizó todavía más el procedimiento al desvirtuarse su propósito; había más de moralización que de democratización. La ley de descentralización de la Administración local, la pieza principal de la reforma que nunca llegó a aprobarse —“mi calvario”, la llamaba Maura, el “descuaje del caciquismo”—, partía de algunas bases ya presentadas por los liberales y pretendía dotar al municipio de personalidad política y jurídica: con la primera lo hacía más independiente de la presión del Estado (sobre todo electoral) y con la segunda ganaba competencias y recursos que también dependían hasta entonces de la Administración central (enseñanza, sanidad, fomento, beneficencia, intervención social); la correspondencia era también una paralela responsabilidad fiscal para los ayuntamientos. Incluía algunas otras cuestiones muy polémicas: la elección directa de los alcaldes (salvo en las cinco grandes ciudades, que los designaría el Gobierno), la introducción de un tercio de concejales por sufragio corporativo (por entidades) y la posibilidad de que las instituciones locales y provinciales se mancomunaran, lo que abría una vía de salida a la cuestión catalana.

Aunque Maura contaba con una amplia mayoría en la cámara —las elecciones que le hizo su ministro Juan de la Cierva fueron al “viejo estilo”: 63% de diputados adeptos—, quería que esta fuera una ley “nacional”, respaldada por los diferentes partidos. Sin embargo, la posibilidad que se abría de una mancomunidad, una región administrativa catalana a partir de las cuatro diputaciones, distorsionó el debate. Para los nacionalistas acabó por no ser suficiente; para los liberales era un intento de los conservadores de recuperar allí un espacio político perdido; para estos, el conjunto de la ley era un cuestionamiento demasiado radical del clientelismo que les había dado el poder hasta entonces; y para todos era un debate sobre la naturaleza de la nación española de efectos incontrolables. Maura, a través de Ossorio como gobernador de Barcelona, trató de atraerse al nacionalismo catalán de derechas representado por Cambó y en Bilbao nombró a un nacionalista euskalerriako, el arquitecto Gregorio Ibarreche (y luego a José Horn), como alcalde por Real Orden. También lo complicó todo lo prolijo y extenso de los debates en torno a la ley, cuando no el “filibusterismo” parlamentario: la voz italiana ostruzionismo se ilustra con este caso.

Pero fue el contexto, más que el texto, lo que derribó a Maura de su cómoda mayoría (250 de 406 diputados) y lo que finalmente le impidió sacar adelante su preciado proyecto. Desde su primer Gobierno en 1904, había acariciado la relación con el sector menos extremista del catolicismo político. Era una camaradería compleja porque, aunque Maura era un católico profundo, culturalmente tradicionalista, convencido de que la religión debía influir en la acción política y contribuir a normativizar la sociedad, dotar a ambas de una moralidad y de un orden superiores, era sobre todo un liberal, no un integrista, y abominaba de la idea de un Estado condicionado o subordinado a la Iglesia, como pretendían los defensores de la unión católica. Para estos recalcitrantes era otro “mestizo” más, un pidaliano (seguidor del jefe de la Unión Católica), pero para la opinión liberal era un reaccionario clerical.

Desde que Castelar iniciara aquella campaña en torno a la actuación de las órdenes religiosas en Filipinas y que Canalejas desde el Gobierno y desde la oposición apostara por convertir el anticlericalismo en eje articulador de las fuerzas progresistas, el asunto se colocó en el primer decenio del siglo XX a la cabeza de la agenda política española. Era, curiosamente, un ámbito de muy segundo orden en las responsabilidades del Desastre del 98, pero vinculaba simbólicamente a un amplio espectro que iba de los liberales gubernamentales hasta los anarquistas, pasando por republicanos, reformistas y luego socialistas, recogiendo una tradición transversal en la sociedad española que arrancaba de las profundidades del siglo XIX (si no antes, de los años de la Ilustración); a la vez, cubría los vacíos del programa político liberal.

También, y de manera importante, era una respuesta desde la izquierda a la reorganización del catolicismo político que se venía produciendo desde el último decenio del ochocientos y que tendría en 1909-1911 un punto de inflexión con la creación de la Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas —y la Juventud Católica Española o la Confederación de Estudiantes Católicos—, que daría lugar a la potente Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Todas estas se soportaban en el recién creado diario El Debate y en la Editorial Católica, con un papel dirigente en ambos del padre Ángel Ayala y de su continuador, Ángel Herrera Oria, y con la mirada puesta en los partidos católicos belga y alemán (el Zentrum). En 1920 Herrera envió a la Universidad de Columbia a tres colaboradores suyos (Marcelino Oreja Elósegui, Manuel Graña y Francisco de Luis) para que aprendieran a poner en marcha una Escuela de Periodismo. El herrerismo ha sido visto como un “krausismo del revés”, en su intención de formar minorías selectas e influyentes, aunque para González Cuevas constituyó un retroceso doctrinal al volver este a un Cánovas tradicionalista e incluso menos liberal. Su “programa mínimo” buscando la unidad política y electoral de los católicos —colaboración desde la independencia—, formulado en 1913, era un desarrollo práctico de la vieja reivindicación de la unidad católica, de los privilegios eclesiásticos.

La gestión de Maura en el asunto Nozaleda, la política “moralista” del hiperactivo ministro La Cierva en Gobernación y, sobre todo, el proyecto de Ley de Represión del Terrorismo, acusado de “tiránico”, sirvieron a las izquierdas para conformar una unión inédita desde 1868 que iba de las fuerzas gubernamentales a las extradinásticas antisistema. En noviembre de 1908, respaldado por el trust de la prensa liberal, nació el Bloque, que siguió pivotando fundamentalmente en torno al debate clericalismo-anticlericalismo. Pero, finalmente, fue otro tema ajeno a cualquier previsión lo que desencadenó todo. El rumbo que tomó la situación en Marruecos aconsejó el envío de soldados reservistas, respondido en Barcelona con un movimiento popular de tono antimilitarista y, de nuevo, anticlerical. La respuesta de La Cierva a la Semana Trágica, metiendo al Ejército en el asunto, y la represión posterior, con el ajusticiamiento del pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia, dio lugar a una gran campaña de protesta, tanto nacional como internacional, dirigida contra Maura. El conservador, sin quererlo, había llegado al summum de su dicotomía maniquea (valga la redundancia): el país se escindió en un ¡Maura, sí! frente a otro ¡Maura, no! de importantes repercusiones. La primera fue la propia caída del Gobierno y de su proyecto de “revolución desde arriba”, al dudar el propio Alfonso XIII de la conveniencia de que permaneciera al frente del Ejecutivo: el presidente le presentó protocolariamente su dimisión y aquel se la aceptó. La crisis de 1909 inauguró para Maura una fase de “implacable hostilidad” contra el Partido Liberal, al entender que su connivencia expresa con sectores ajenos al sistema y su recurso a la movilización social contra el Gobierno lo deslegitimaban como colaborador necesario para mantener la tradición turnista; una mezcla de “formalismo constitucional y resentimiento”, resume María Jesús González. Para el conservador:

[…] en octubre de 1909 […] liberales y demócratas tuvieron a bien romper aquella solidaridad y concertaron con los republicanos, los socialistas y todas las izquierdas revolucionarias, atravesándose en el camino del Gobierno conservador, con la fórmula: ni una hora más. El partido conservador quedaba solo y único partido de la monarquía constitucional y parlamentaria, y estimó que no podía asumir la responsabilidad del Gobierno dentro del nuevo estado de cosas: novedad hondísima que no podía suprimir de la realidad y que trastornaba los supuestos cardinales de nuestra vida política de los últimos treinta y cinco años. […] Cesaron aquel día todas las obligaciones que al Partido conservador imponía la antigua solidaridad constitucional.

El turnismo había muerto al negar Maura beligerancia al liberal Moret y lo hizo definitivamente en 1913. Mientras, su “implacable hostilidad” no era seguida por el grueso de su partido, sino solo por las facciones más retardatarias (las adeptas a Pidal y La Cierva), lo que anticipaba que otras (la de Dato y los seguidores de Sánchez Guerra o de Azcárraga) sí que se iban a disponer como “idóneos” para continuar el turno. Las reticencias de Maura a pactar con católicos ajenos a este —como habían hecho sus contrarios— hizo que el Bloque de Derechas se limitara a algunos pocos lugares, como el País Vasco, donde ganó en las municipales de Bilbao una lista de mauristas, jaimistas y nacionalistas vascos. Allí, las movilizaciones contra la “Ley del candado” de Canalejas, a finales de 1910, interpretada como una inaceptable agresión contra la Iglesia, alcanzaron cotas extraordinarias, con protagonismo de las dos familias tradicionalistas y de los católicos del exdiputado José María Urquijo Ybarra y de La Gaceta del Norte, que había fundado en 1901 para contender con El Liberal de Bilbao y que estuvo como empresa editorial detrás de la creación de El Debate; tampoco era ajena a la unidad defensiva de las derechas la huelga general del otoño de 1911. En realidad, la pugna sobre la religión había estado uniendo a las familias conservadoras todo el primer decenio del siglo, con determinante implicación del obispado de la potente diócesis vascongada.

La divergencia interna entre Maura y Dato era cada vez mayor, paralela de la que vivía el Partido Liberal. Uno y otro, además, eran acosados por sectores militantes, activos y bien organizados fuera de su disciplina: católicos independientes como el citado caso de Urquijo (además de los tradicionalistas) y la conjunción republicano-socialista, respectivamente. En ese punto, la intervención de Alfonso XIII en el juego político era cada vez más acusada a medida que crecía la obstinación de Maura por no reeditar el turno. Aunque por un instante parecía que se recomponía la confianza entre Maura y Canalejas y las formaciones que representaban, el asesinato de este último, en noviembre de 1912, propició al conservador la ocasión para sucederlo, pero el rey optó por el liberal conde de Romanones (Álvaro Figueroa y Torres), rompiendo así la tradición turnista.

En enero de 1913 escribió al rey mostrándole su disposición a no gobernar e instándolo a elegir entre dos partidos “idóneos” —de ahí la futura denominación de los datistas—, a la vez que presentó su dimisión como jefe de su formación. Insistía en que todo el mundo debía reconocer su “crimen” de octubre de 1909 —la ruptura que hicieron de las bases del pacto histórico—, y deshacerse, en consecuencia, toda la labor de los gobiernos liberales en ese tiempo; la apelación, además de a sus oponentes, alcanzaba al monarca. Tras recibir diferentes muestras de adhesión de los suyos, volvió a la jefatura del partido. Cuando en octubre de 1913 el gobierno liberal no aguantaba más y el rey decidió llamar a los conservadores, designó al “idóneo” Eduardo Dato después de cerrar los ojos a la nota de condiciones que le presentó Maura. De esa manera, la escisión era manifiesta en el partido. Surgía así el maurismo como movimiento.

10. La socialización conservadora: el maurismo

Suele tomarse por fecha de inicio del maurismo el discurso pronunciado por Ossorio Gallardo en Bilbao al mes siguiente. Ossorio fue, junto con Gabriel Maura, el más íntimo seguidor del político mallorquín, aunque al final chocaron. Surgía así una corriente muy activa y propagandística, más que un grupo organizado como un partido, aunque se constituyera formalmente como tal en la asamblea celebrada en Madrid, en enero de 1914. El problema de su conversión en un partido de masas lastró la iniciativa de modernización política desde su arranque: otra vez, más moralización que democracia. Maura no reconoció la novedad de esta formación hasta junio y se mantuvo en actitud pasiva, liderando un movimiento solo en espíritu. Esta incertidumbre inicial sintetiza las tres causas que señala Luis Arranz del fracaso final de la modernización política que sostuvo Maura (y antes Silvela): uno, el problema del sistema español consistía en que la competición por el apoyo popular y por las mayorías parlamentarias no era el sostén del mismo, sino la confección de las elecciones (ahí, la diferencia con el imitado y admirado modelo inglés era palmaria); dos, para proceder a esa competición, tenían que establecerse como partidos modernos de masas, no ya parlamentarios o electorales, con maquinarias, estructura y extensión (algo que no hicieron: el maurismo como movimiento fue otra cosa distinta); y tres, la atracción conservadora del potente catolicismo político español no logró modificar su “profunda hostilidad hacia el régimen constitucional”.

Originalmente, las bases políticas del maurismo se resumían en la defensa de la monarquía alfonsina y del orden constitucional (y del orden público, una preocupación creciente para este sector), política social católica, descentralización administrativa que alcanzaba a las regiones y nacionalismo español. Sus bases se pretendían transversales, aunque siguieron siendo mayoría absoluta los miembros de “casas acomodadas”, como decía Ossorio de las juventudes mauristas, su sector más dinámico y representativo, un negativo de aquellos “jóvenes bárbaros” del primer Lerroux; tampoco estas se organizaron nacionalmente hasta la primavera de 1915, presididas por Goicoechea. Este utilizó pronto un claro antiliberalismo populista cada vez más autoritario y antiizquierdista, que se proyectó como alternativa al diseño maurista de Ossorio, en línea este con la democracia social católica que manejaban los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, hasta desembocar un día en un remedo de democracia cristiana española; en medio quedaron Gabriel Maura y otros como Manuel Allendesalazar, cuya denominación como “liberal-conservadores” da cuenta de su desinterés por la renovación y donde coincidían con la gente de Juan de la Cierva, aunque este no se incorporara al partido.

La indefinición del programa fue característica de este movimiento. Pretendían copiar el modelo de partido católico de los populares italianos, fundado en 1919, cuando Benedicto XV anuló la disposición non expedit de medio siglo atrás, pero que su creador, Luigi Sturzo, llevaba preparando desde comienzos de siglo (con el precedente díscolo de Romolo Murri). Sin embargo, su influencia doctrinal más solvente era el nacionalismo integral de Maurras y su Action Française. Su sentido social no superaba lo que ya venía haciendo el movimiento católico, con un temor cada vez mayor a la emergencia de un proletariado que desbordaba el paternalismo aplicado a la cuestión social. Ese miedo animó a sus juventudes, que practicaban un agitprop violento que les hacían suponerse “de izquierdas” por su radicalidad, como ocurriría con el fascismo italiano —“ni de izquierdas, ni de derechas”—, y que aceleraba su rechazo a las formas e instituciones liberales. Su modelo de democracia conservadora se sostenía en un Estado intervencionista y moralizador que, con el tiempo y de la mano de su facción más autoritaria, dio paso a una defensa de la dictadura temporal, en línea otra vez con lo que hemos conocido de Bravo Murillo para aquí, superadora de la previsible confrontación de clases con un discurso nacional integrador, que miraba al pasado y propugnaba un mecanismo de solidaridad y dependencia verticales ya periclitado. El parecido con las variantes más actualizadas del tradicionalismo resulta evidente. En 1914, el catedrático tradicionalista aragonés Salvador Minguijón propuso en su folleto La crisis del tradicionalismo en España unas bases mínimas (el “minimismo”) para trabajar con los mauristas. Vázquez de Mella y Víctor Pradera vieron con interés la idea, pero, todavía, la monarquía liberal seguía siendo una frontera insoslayable entre esos dos mundos y la amenaza de la revolución no era tan fuerte como para forzar una estrategia común para superarla; los dos dejarían el carlismo oficial para fundar el Partido Tradicionalista en agosto de 1919.

Los mauristas, todos, eran de partida católicos militantes y tenían esa opción religiosa como la esencia primera de España, en la mejor tradición menendezpelayista. Después eran monárquicos, aunque con muchas reservas para con Alfonso XIII por la actitud mantenida con su líder y, sobre todo, porque subordinaban esa figura institucional a sus particulares principios políticos. También se reivindicaban doctrinariamente de la tradición liberal conservadora, pero dudaban de la eficacia de esta en nuestro país conforme se habían desarrollado los acontecimientos después de Cánovas (y repudiaban la obra de los liberales sagastinos). A partir de 1919 mostraron una progresiva beligerancia con el sistema y con las ideas propias del liberalismo —y, sobre todo, contra el parlamentarismo—, que ya formaba parte de su pertrecho ideológico profundo cuando denostaban la sustitución de la ordenada sociedad estamental por el individualismo revolucionario y burgués. Ahí su diferencia con el tradicionalismo se esfumaba en defensa de un pueblo que, como proclamaba Ossorio ya en 1915, quería decir “todos juntos y cada cual en su lugar”. La democracia conservadora, según Goicoechea, era consecuencia del “mutuo amor entre las diferentes clases sociales”.

El nacionalismo español unitarista era otra de las bases principales del maurismo, que convivía con un “federalismo” preliberal, muy caro también a los tradicionalistas, otra vez. Igual que coincidían en el argumento social a partir de una idea de la propiedad de sentido y finalidad comunitarias, no individual, como en el Antiguo Régimen, lo que permitía integrar ordenadamente a las diferentes clases sociales y manejar un discurso que les hacía aparecer como más avanzados que las propias izquierdas. Sin embargo, sus discursos les delataban: “La doctrina de Cristo nos enseña que los ricos no son sino meros administradores de los pobres”, volvía a decir Ossorio, esta vez en 1918. La traducción política de esas invocaciones, claro está, no podía ser una vuelta a tiempos pretéritos. Por eso, esta derecha radical ensayaba fórmulas de recambio, como un intervencionismo estatal en materia social o económica limitador de un liberalismo ortodoxo, o las diferentes propuestas de representación corporativa como alternativa moderna a un régimen estamental desaparecido para siempre. Aquí volvían a coincidir con las demás derechas en la idea de un Estado reducido en tamaño, pero fuerte y cada vez más profesionalizado. Vázquez de Mella lo había teorizado mucho antes y mejor, aunque el punto de partida de su reflexión bebía de los textos del catedrático de Derecho Político Enrique Gil y Robles, padre de José María Gil-Robles. Mella lo hizo en su discurso en el Casino de Artxanda, en Bilbao, en agosto de 1919, acudiendo a la tesis de las dos soberanías, social y política. Esta segunda, la que preocupaba de siempre a la filosofía liberal, no se limitaba, siguiendo a Montesquieu, con poderes políticos desagregados que se contienen entre sí, sino mediante la contención que ejercería una tupida red de poderes orgánicos e institucionales (familia, comunidad local y regional, escuela, gremio o sindicato, región, clases…) presidida por un designio ético. El Estado se configuraba así como “un régimen de corporaciones”, una corporación superior y resultado de la suma de las anteriores, no creadora de estas (las regiones se habían unido a lo largo de la historia generando la nación española, por eso ahora indiscutible). En la misma línea, el “regionalismo nacional”, actualización del viejo foralismo, daba respuesta a la pujante demanda territorial, aunque la inexistencia de ese Estado tradicional con que soñaban hacía que cada vez compartieran menos con un nacionalismo pragmático y partidario de alguna forma de autonomismo.

En el terreno social Vázquez de Mella proponía un “sociedalismo jerárquico”, complemento de la tesis anterior, que responsabilizaba a la sociedad —vista como “persona colectiva” y representada en clases y regiones— por delante del Estado en el problema del desigual reparto de la riqueza. La respuesta volvía a ser una sociedad orgánica, a la antigua —“organicismo social”, se llamó su doctrina—, que se representaría corporativamente, tanto en lo que hacía a los territorios de la nación como a los entes colectivos donde se producía la vida de sus moradores: en el espacio de residencia, en el trabajo, en las entidades especializadas o incluso en las clases (estamentos) en que se diferenciaban. Su idea dinámica de tradición, finalmente, incorporó de forma protagonista a las colectividades e integró en ellas la contingencia individual hasta definir una sucesión de generaciones que transmitían a lo largo del tiempo las formas culturales, políticas y religiosas generadoras de las identidades nacionales. Cada generación debería mejorar lo recibido, integrando así tradición y progreso. A la vez, todo lo que alterara la esencia nacional de Dios, Patria y Rey merecería ser combatido y desterrado para preservar la coherencia, mientras que la “educación nacional”, en la línea del maurista César Silió, contribuiría a sustentar esa “mismidad nacional” y protegerla de influjos extranjerizantes. El catolicismo se nacionalizaba así reforzando las viejas tesis tradicionalistas de Donoso y luego de Menéndez Pelayo.

La renovación del carlismo se cobró el precio de otra escisión, la mellista; para Canal, constituye la versión tradicionalista de la crisis general de la Restauración, aunque para María Cruz Mina solo fue otra manifestación de la dificultad de las derechas para unirse, lo que supone otro factor explicativo de la deriva fatal del sistema. El mellismo no duró mucho y fue más importante como actualización de la doctrina que como partido; Mella ya llevaba haciéndolo desde el Acta de Loredán, donde se aprecia su influencia. Intentó sin suerte esa confluencia de las derechas que resume en sus puntos mínimos las tesis en que estaban estas al final de la época restauracionista: sustituir el régimen parlamentario por otro representativo; acentuar el principio regionalista (con rigor antiseparatista); una reforma social de corte corporativista a partir de grupos sociales y sindicatos que equilibraran la progresiva omnipotencia estatal; establecimiento de un régimen de enseñanza neutro que no suprimiera la educación religiosa y separación económica y administrativa de la Iglesia y el Estado.

Volviendo al maurismo, su noveda de apelar a las masas, de movilizarlas y disputar el espacio público a sus oponentes, de dotar de alguna organización a sus bases obreras, de concitar la atención de las mujeres en sus mítines, de facilitar un activismo juvenil inédito en los partidos tradicionales o de editar una abundante prensa (Vida Ciudadana, Ciudadanía o La Acción) no lo convirtieron en otro partido moderno ni en formato orgánico, ni en dirección y liderazgo, ni, sobre todo, en su concepción del individuo. Ahí radicaba buena parte del problema: el maurismo reproducía el modelo popular del tradicionalismo y asignaba a sus miembros y simpatizantes la misma funcionalidad: “todos juntos y cada cual en su lugar”, los aristócratas arriba, los obreros abajo y las mujeres en su natural espacio hogareño y reproductivo, por más que la Gran Guerra (y la más estructural modernización de la sociedad occidental) las estuviera sacando de allí. Maura y el maurismo apelaron a la energía para escapar del sopor estéril en que habían entrado el régimen y, con él, el país, pero no se dotaron de los instrumentos para darle cauce y terminar en algo concreto. El maurismo no fue todavía una derecha moderna, pero sí que engendró las dos futuras expresiones de esta en España. Como indicaban Javier Tusell y Juan Avilés, eran modernas en tanto que se incardinaban en las corrientes europeas que abordaban el problema de cómo integrar a las masas en la política del tiempo. Algunos, como Ossorio y su precedente de la democracia cristiana (el “popularismo”), encontraban respuestas en el sufragio proporcional y en una exigente agenda social; otros, como Goicoechea, apostaban abiertamente por las soluciones corporativistas, por el predominio del Ejecutivo y por el nacionalismo autoritario.

11. Hacia la crisis definitiva de la Restauración

Con la ruptura del juego turnista por parte de Maura en 1913 el mapa político español se disgregó en diversas facciones de cada uno de los partidos del sistema: datistas, mauristas y ciervistas en el Conservador, y seguidores de Romanones y de Manuel García Prieto en el Liberal (y después también de Santiago Alba). Además de estos, aunque cada vez más influyentes por la fragmentación señalada, estaban los diversos tradicionalistas y republicanos, a sumar ahora a los reformistas de Melquíades Álvarez, que vinieron a significar una posibilidad de renovación parecida al maurismo, pero en la izquierda, y, sobre todo, a la Lliga de Cambó (y luego a los nacionalistas vascos).

Pero a pesar del dinamismo con que arrancaron los seguidores de Maura, la dirección y el protagonismo principal del conservadurismo quedó en manos de los “idóneos” datistas, que acapararon la representación de este espacio político hasta el final de la Restauración. Solo en las elecciones de 1919, con un gobierno de Maura, sus partidarios se acercaron en número a los datistas, sumando más que estos solo al añadir a los ciervistas, con los que se complementaban en el reparto de circunscripciones; en las otras cinco convocatorias, entre 1914 y 1923, ninguna de las dos facciones disidentes superó nunca el 10% de los escaños. Romanones a un lado y Dato al otro aseguraron la precaria continuidad de un turno que ya no era tal a ningún efecto, y lo hicieron justo en el momento en que toda la realidad mundial se transformaba en el escenario de la Gran Guerra. La ausencia de política gubernamental en esos años, de proyectos estratégicos reconocibles, hizo que los efectos diversos de la neutralidad española en esa contienda operaran por su cuenta y que ninguna decisión social o económica para darles algún cauce prosperase (o, al menos, no a partir de su iniciativa). Un ejemplo de ello es que el presupuesto aprobado para 1915 se mantuvo prorrogado para el siguiente lustro, ante la imposibilidad de sumar fuerzas para aprobar otro. La causa es múltiple. Comenzaba con un control cada vez más precario de las mayorías de soporte del Ejecutivo, parceladas en facciones internas que, muchas veces, ofrecían más resistencia a sus “compañeros de partido” que a sus oponentes. En ocasiones, de manera inédita desde 1876, algún Gobierno no tuvo mayoría absoluta en la cámara (los de Dato de 1914 y 1920) y alguno no fue capaz de ganar las elecciones que convocaba bajo su control (el de Maura en 1919). A partir de ahí, el enfrentamiento entre Gobierno y Parlamento era la tónica constante, atrincherados los parlamentarios en un reglamento de 1847 que propiciaba el obstruccionismo cuando, como ahora, el descontrol de los partidos era notorio; solo en 1918 Maura consiguió modificarlo y facilitar así que las iniciativas legislativas tuvieran alguna posibilidad.

La consecuencia de unas instituciones incapaces de responder a tan crítica situación fue su desprestigio social y el vacío de poder, con el consiguiente recurso a la obtención de las demandas fuera del sistema: de los conflictos obreros resueltos mediante la acción directa en ausencia de un sistema de relaciones laborales legal, legitimado y normalizado, a las presiones corporativas militares capaces de derribar Gobiernos; la aprobación legal de la jornada de ocho horas por el Ejecutivo Romanones fue consecuencia directa de la entonces conflictiva situación social en Barcelona (abril de 1919). Un tercio de los días de gobierno de Maura o de Dato contemplaron estados de guerra o, sobre todo, suspensión de garantías; la media de otros jefes conservadores de ahora (Sánchez de Toca, Allendesalazar o Gabino Bugallal) llegó al cien por cien y solo se salvó Sánchez Guerra, con menos de un décimo de las jornadas. Ese era el contexto en el que se extendió el rechazo del Parlamento entre una derecha radicalizada; más aún cuando su fórmula maurista fue incapaz de aprovechar las oportunidades.

El maurismo y Maura “murieron” definitivamente en el verano de 1917, cuando de nuevo el rey rechazó recurrir a él ante la crisis de entonces y cuando, en lugar de hacer valer la hipotética fortaleza de sus bases, el viejo conservador renunció a aprovecharse de alguna de las brechas abiertas —la asamblea de diputados disidentes de Barcelona, a la que no acudió, o la revuelta de las Juntas Militares, a las que denominó “engendro monstruoso”— y prefirió capear la situación y sostener el sistema. Carolyn Boyd lo ve como un gran error; quizás no habría sido tan fácil para el maurismo ni estaría tan en la lógica de comportamiento de su líder. Bien al contrario, este aceptó después hacerse cargo de hasta tres Ejecutivos, en 1918, 1919 y 1921: el primero de concentración, con una colección de “primates” de la altura de Dato, Cambó, Augusto González Besada, Alba, García Prieto o Romanones, pero que cayó por querellas intestinas; el segundo solo de mauristas y ciervistas, que quedó en manos de sus ministros de la extrema derecha, La Cierva y Goicoechea (aunque incluyera también a Ossorio y a Silió); y el último de concentración monárquica, ahora con Cambó y La Cierva, con la crisis de Annual y el “trienio bolchevique” a pleno rendimiento en España.

Con esas tres experiencias, Maura y el maurismo demostraron su incapacidad para renovar la política. Además, el líder carismático cobró naturaleza humana, recuperó su carnalidad, desvaneciéndose así el mito, y demostró que su voluntad era sostener a toda costa el sistema. Desde ese momento, el maurismo desplegó sus posibilidades en direcciones opuestas. Las asambleas de junio y diciembre de 1922, después de salir del Gobierno —y antes las de reorganización del partido, en 1918 y 1919—, dieron una ventaja a la facción más antiliberal de Goicoechea y José Calvo Sotelo. Era también el ambiente del país, donde la amenaza de un proletariado organizado, la violencia social y la referencia revolucionaria rusa llevaron a mucha gente de orden a abrazar sin escrúpulos de conciencia las soluciones autoritarias, incluso dictatoriales; otra vez el gran miedo conservador, como en 1836, 1848 o 1873, aunque en el resto de Europa pasaba otro tanto. Así ocurrió especialmente con los intereses patronales que se enfrentaban a diario con el sindicalismo más radicalizado, el de la libertaria Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La original patronal catalana del Fomento del Trabajo Nacional se vio por momentos desplazada por nuevos empresarios recién enriquecidos, como el constructor Félix Graupera, que acudieron también a la acción directa y a la estrategia de clase contra clase para enfrentar la presión de los sindicatos y la política de “apaciguamiento” de presidentes conservadores como Dato o Sánchez de Toca. Desde esa disposición al choque alimentaron tanto el somatenismo como el sindicalismo de los libres.

Por más que los mauristas se plantearan y practicaran el control del espacio público, eran los carlistas los más avezados y dispuestos en ese terreno, como demostraron en este caso y, en general, con la conversión de sus juventudes del Requeté en una formación paramilitar, al punto de que fueron, según Julio Aróstegui, la primera entidad política española que contó con una de ellas, antes de que se generalizaran en los años treinta. Además de estas estructuras más organizadas, desde el final de la Gran Guerra se prodigaron somatenes y guardias cívicas con motivo de huelgas y desórdenes locales. Los pagaron aristócratas y propietarios (como el inevitable marqués de Comillas) y agruparon a jóvenes de las clases medias, universitarios, profesionales y militares, en defensa de un establishment amenazado. En Madrid, en 1919, dieron lugar a una Unión (o Acción o Defensa) Ciudadana —esta sí, maurista y católica— de manifiestas simpatías mussolinianas. Todo ese contexto fortaleció a la facción maurista más autoritaria, partidaria sin ambages de un pronunciamiento militar, con o sin anuencia regia, que pusiera fin a la situación; también se veía respaldada, como pasó con la amalgama católico-monárquica de 1872, por unos resultados electorales desde 1920 muy deprimentes. Después de aparentar tan prometedores, no habían hecho sino sostener un decadente sistema y, además, de la mano de la oligarquía y de los poderes tradicionales más rancios.

Pero, frente a este sector, otra parte del maurismo, agotadas las vías clásicas y superados anteriores recelos, arribó a la unión de las derechas que habían propuesto sucesivamente Herrera Oria, Minguijón y el propio Ossorio. En diciembre de 1922 se fundó el Partido Social Popular (PSP), de vocación abiertamente democristiana, al que llegaron diferentes aportes. Tenemos la llamada “izquierda maurista” de Ossorio, Santiago Fuentes-Pila o Leopoldo Calvo Sotelo (padre del futuro presidente del Gobierno del mismo nombre y hermano de José, jefe de la oposición republicana). Estaba, muy importante, el Grupo de la Democracia Cristiana respaldado por el cardenal Guisasola e influido por la experiencia social del obispo alemán Wilhelm Emmanuel von Ketteler, y con referencias como el mellista Severino Aznar, el canónigo Arboleya, el padre Gafo, José María Boix o el exministro Burgos y Mazo. Estos soportaron desde 1919 una intensa campaña contraria llevada a cabo desde el integrista El Siglo Futuro, que ahora dirigía Senante, y que se centraba en Gafo y Aznar, junto con el agustino Bruno Ibeas, el canónigo granadino Luis López-Dóriga o el navarro Blas Goñi. El asunto llegó incluso al Vaticano, respaldada la acusación por la recién creada Conferencia de Metropolitanos, precedente de la actual Conferencia Episcopal, y con posicionamientos enfrentados del nuncio Francesco Ragonesi y del primado de Toledo Guisasola, que tenía asociada al cargo la dirección de la Acción Social Católica en España (el anterior movimiento católico). La oportunidad de una opción político-electoral democristiana, siguiendo el modelo italiano y la no confesionalidad católica de los sindicatos, como proponía Gafo, fueron los debates que enfrentaron a las facciones integristas de la Iglesia y de la política contra los innovadores. La acusación la resumía bien el documento de los Metropolitanos:

La tendencia marcadísima a conceder una importancia excesiva, por no decir capital y exclusiva, para la resolución de la cuestión social, a los medios humanos, a los elementos materiales y a las aplicaciones económicas, haciéndolos prevalecer sobre los factores de orden moral y religioso, de los cuales solo se habla como si ocuparan un lugar accesorio y secundario en las normas de acción social.

Otro grupo de estudio, como el anterior, fue el creado en Zaragoza en 1918, del que formaban parte también algunos de los citados antes y otros como Minguijón, el matemático José Gabriel Álvarez Ude, el diputado maurista Genaro Poza o el católico social Inocencio Jiménez Vicente. De ese estilo era el grupo valenciano al que pertenecía el también aragonés Luis Jordana de Pozas, futuro director del Instituto Nacional de Previsión, o José Ibáñez Martín, ministro de Educación franquista. Un sector muy destacado fue el vinculado a la ACdP del jesuita Ayala y de Herrera Oria, que incorporó un número importante de sus cuadros al PSP. Y, finalmente, se aprecia un cualificado sector proveniente del mellismo tradicionalista representado en el grupo del Diario de Valencia de Manuel Simó y Luis Lucia, promotores de la Agrupación Regional de Acción Católica, o en los diputados vasconavarros Ricardo Oreja Elósegui y Víctor Pradera.

El PSP se dotó de ambos documentos social y político, y de una dirección donde estaban Ossorio, Oreja, Álvarez Ude, el conde de Vallellano (Fernando Suárez de Tangil), Francisco Barrachina y Poza, este último como secretario general. Al partido, además de los citados, pertenecieron personajes políticos de peso futuro, como los “propagandistas” y luego ministros en la República José María Gil-Robles, Manuel Giménez Fernández y Federico Salmón. En su programa figuraban propuestas avanzadas junto a otras que no lo eran en absoluto, como la elección popular de alcaldes, la progresividad fiscal, el impulso del regionalismo, la moralización de la vida pública, el control parlamentario de los ministros, la representación proporcional, el voto secreto, también para las mujeres en determinadas condiciones, y corporativo, y un sentido social y cristiano de la propiedad (concretado en demandas como el “gradual aumento de la intervención obrera en el gobierno de la producción con miras a la abolición del asalariado y a que el sistema capitalista sea sucedido por el cooperativo”). Con todo, y aunque buena parte de sus integrantes cayó en los años treinta más del lado del catolicismo político que alumbró la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que del alfonsismo contumaz de Renovación Española —lo que hicieron los de la otra facción maurista: Goicoechea y Calvo Sotelo—, las biografías de estos personajes en el futuro no dan para afirmar una constante mayoritaria y sí para reflejar cómo el PSP, ¡por fin el partido católico español!, seguía agrupando la misma mezcla y confusión de ideas de su matriz maurista (si no más, por las nuevas aportaciones).

La proclamación de la dictadura de Primo de Rivera frenó la posible trayectoria del joven partido, que celebró una asamblea en diciembre de 1923 para tomar posición ante la nueva situación. Allí se fraguó la definitiva ruptura que dio paso a la desaparición de la formación al año siguiente: los partidarios de colaborar con el nuevo régimen fueron mayoría (Aznar, Minguijón, Inocencio Jiménez, Jordana, José Larraz o Gil-Robles), mientras que los seguidores de Ossorio (Poza, Álvarez Ude…) defendieron la táctica de “ni colaboración ni estorbo” y la abandonaron para crear una sociedad de estudios.

12. El tiempo en que todo pudo ser distinto

Hasta su asesinato, un día de marzo de 1921, Eduardo Dato fue el dirigente con más poder de las derechas españolas en este final de la Restauración. No lo mató un pistolero individual, como en el caso de Cánovas o de Canalejas, ni tampoco una conjura todavía no del todo esclarecida, como en el de Prim, sino un trío de anarquistas, una suerte de “comando”, anticipando el tipo de terrorismo que medio siglo después asesinó a otro premier español: Carrero Blanco, en 1973. La causa argüida fue que Dato dejaba hacer a la trama represiva montada contra los sindicalistas de la CNT por oscuros personajes como Martínez Anido, gobernador militar y luego civil de Barcelona a instancias de Fomento del Trabajo, de la Federación Patronal y de Cambó para restaurar el orden alterado por huelgas y pistolerismos cruzados, con ayuda de otros como el jefe policial Miguel Arlegui, el comisario Manuel Bravo Portillo y el misterioso barón de Köening (Friedrich Rudolf Stallmann) al frente de la Banda Negra, sin olvidar a los sicarios de los Sindicatos Libres y del Somatén. Uno de sus asesinos dijo: “Yo no disparé contra Dato, sino contra el gobernante que autorizó la ley de fugas”; la misma ajenidad a la persona, la expresada aquí por Pedro Mateu, que la señalada por Angiolillo al disparar a Cánovas.

Dato presidió tres Gobiernos: uno “largo” entre 1913 y 1915, otro muy corto en el crítico verano-otoño de 1917 y el último durante el año anterior a su muerte. Había llegado al Partido Conservador de la mano de Romero Robledo, pero enseguida se alineó con su opositor Silvela, con quien se identificaba en su regeneracionismo y en la necesidad de desarrollar una decidida política social; Dato es recordado sobre todo por esta última faceta, desarrollada en su primer ministerio y en su última presidencia. También puso finalmente en marcha la Mancomunidad catalana, en 1914, y mantuvo al país neutral durante la Primera Gran Guerra, lo que le proporcionó gran reconocimiento entre el núcleo conservador mayoritario, pero nada más. Lógicamente, no pudo impedir que el país se dividiera en aliadófilos y partidarios de los Imperios Centrales, en una correspondencia mayoritariamente de progresistas y reaccionarios que no siempre se cumplía del todo: por ejemplo, el carlismo se rompió teóricamente por las diferencias internas acerca de si identificarse con unos u otros contendientes, cuando los de Mella apoyaban a Alemania y el pretendiente optaba por un neutralismo simpatizante de la Entente.

Tampoco consiguió Dato corregir o reconducir los efectos económicos de la contienda, con negocios incontrolados, beneficios muy desiguales y un encarecimiento de las subsistencias cuando España se convirtió en aprovisionador de los contendientes, con grave quebranto para unas economías modestas que veían crecer más los precios que los salarios; una conflictividad social creciente encontró ahí su argumento, al que sucedió pronto el de la mística revolucionaria cuando se conocieron los hechos acontecidos en Rusia. Las leyes de subsistencias de 1915 y 1916 permitieron a los Gobiernos regular los precios de productos básicos y las salidas de estos del país, pero no lograron un equilibrio de intereses adecuado; el consumidor estuvo por completo ausente y solo existió Administración, tanto central como local y provincial, en forma de juntas. En consecuencia, los acaparamientos incontrolados y el incremento artificial de las tarifas por parte de determinados e influyentes grupos de interés marcaron la tónica general; en el gobierno de concentración de Maura, en 1918, se creó incluso un breve Ministerio de Abastecimientos. Además, tampoco se avanzó todavía en materia de reforma legislativa en el campo sociolaboral ni en la regulación de las relaciones laborales antes de sufrirse los efectos de la Gran Guerra; decepcionados, los sindicatos optaron por presionar sobre los salarios, abandonando la estrategia inicial de hacerlo sobre los precios, como pasó hasta la huelga general de diciembre de 1916.

Los intentos del ministro de Hacienda Bugallal en este primer Gobierno Dato y en el siguiente, en línea con la anterior tradición de Fernández Villaverde y dirigidos a sacar adelante las propuestas del técnico Antonio Flores de Lemus en materia de reforma fiscal, chocaron con la inestabilidad de las mayorías propias y con la beligerancia de los grupos de presión beneficiados por la coyuntural situación bélica; Cambó obró ahí de cancerbero de los intereses de la burguesía catalana y se aplicó intensamente a propiciar la inestabilidad de los sucesivos Gobiernos. Solo pudo ser después, en los Ejecutivos de Sánchez de Toca y de Allendesalazar, entre julio de 1919 y mayo de 1920, cuando Bugallal estableció el impuesto de sociedades y una reforma de todo el régimen tributario con la incorporación de varias figuras que modernizaban y adaptaban el procedimiento a la realidad del país. De esa manera, redujo el déficit público e introdujo el principio moderno de la progresividad de los tributos, al menos en el impuesto de sociedades, que no todavía en el de la renta de las personas físicas.

A Dato le tocó en su siguiente gobierno lidiar con la crisis múltiple del verano-otoño de 1917 —política, militar, social y regionalista—, y consiguió sofocarla por la vía de legalizar las sediciosas Juntas de Defensa, el llamado “sindicato único del sable”, y enfrentarlas a los huelguistas. Fue esta una decisión doblemente peligrosa: de una parte, se militarizaba el orden público y se ubicaba al Ejército en un bando concreto dentro de la confrontación de clases; de otra, aún más importante, se daba carta de naturaleza a un nuevo pretorianismo, este corporativo y no personal (o de partido), como el de antaño, que ya tenía precedentes en los asaltos militares no castigados a redacciones periodísticas incómodas (a las madrileñas de El Globo y El Resumen, en 1895, en el contexto de la futura crisis del 98, y un decenio después a las catalanistas ¡Cu-Cut! y La Veu de Catalunya) o en la ley de jurisdicciones de 1906, que reservaba para la justicia militar los delitos contra la patria o el Ejército. Después, en 1914, un real decreto del primer Gobierno Dato autorizó a los jefes militares a comunicar directamente con el monarca a efectos de ascensos y mandos, al margen del ministro de la Guerra. Fortalecidos ahora, estos militares y su presión derribaban un Ejecutivo (el anterior de García Prieto) o condicionaban por completo otro (el actual de Dato, tumbado también enseguida, o el siguiente otra vez de García Prieto, donde La Cierva, en Guerra, hizo causa común con los junteros dejando en posición lamentable a su jefe de Gabinete). Y todo con el respaldo del monarca. Cuarteles y Palacio Real como fuente de decisiones: se regresaba en alguna medida a un pasado que se pretendió superar (y que, de hecho, se había superado). Si alguien pretendió ver en España en 1917 la misma combinación revolucionaria que en Rusia —parlamentarios disidentes, ejército rebelde y obreros en huelga general—, estaba muy equivocado. Dato acabó con el problema secuenciando la separación y el enfrentamiento de todos con todos para que el statu quo siguiera en su sitio. El líder conservador había restaurado el turno con ayuda del liberal Romanones, produciendo así el cisma en su partido. Al salir del Gobierno en 1917 se produjo la inflexión definitiva que finiquitó el turnismo, cuando el rey recurrió a gobiernos de concentración donde se mezclaban políticos de los dos partidos (y regionalistas catalanes): primero uno encabezado por el liberal García Prieto y luego otro por el conservador Maura; en este segundo, Dato fue ministro de Estado.

Pero fue en su última presidencia cuando la atención a la cuestión social que lo había caracterizado desde hacía años acabó con él y en buena parte con el sistema. En ese Gobierno se creó el Ministerio de Trabajo, en 1920 —aunque el primer intento de Dato ya venía de su primer Gobierno, cuando lo propuso sin suerte su ministro Sánchez Guerra, en 1914—, lo que proporcionaba una centralidad inédita a la problemática social. Los datistas, frente a las tesis de Maura y La Cierva, apostaron primero por una política de entendimiento y apaciguamiento en la crisis social catalana: abordaron los conflictos laborales de manera negociada, reconocieron a sus interlocutores obreros al margen de su ideología y actuaron en contra de la violencia como recurso; el Ejecutivo “pacificador” de Sánchez de Toca, con Burgos y Mazo en Gobernación, había ido por ahí —él organizó la Comisión Mixta de Trabajo en Barcelona, en octubre de 1919—, y antes el liberal Romanones con más entusiasmo todavía y no con menos humillaciones por parte del poder militar de la región, al servicio de los patrones.

Sin embargo, la sucesión y acumulación de situaciones se les vino encima, y la presión militar y patronal se hizo insoportable: la gran huelga de la Canadiense (febrero-marzo de 1919), la fundación de la Federación Patronal catalana (abril), la organización del Somatén y enseguida del Sindicato Libre (octubre), el lock-out patronal de casi dos meses en Cataluña al terminar el año, la aparición de la Unión Ciudadana en Madrid (enero de 1920) o el pacto sindical UGT-CNT (marzo). Al comenzar el verano de 1920, el último gobierno de Dato cambió de estrategia y sucumbió a las presiones de la patronal catalana y de los sectores de la Lliga de Cambó para frenar la conflictividad social mediante una política de “mano dura”. El final de la Primera Guerra Mundial había resuelto por sí solo el problema de los abastecimientos, pero la posguerra condujo a su extremo el conflicto en torno al trabajo, encontrando entre 1920 y 1921 su momento álgido; por eso el 5 de mayo el primer ministerio (Abastecimientos) se cerró y dio paso a la creación del segundo (Trabajo).

El paso de Bugallal del Ministerio de Gracia y Justicia al de Gobernación, en septiembre de 1920, marcó el punto de inflexión definitivo: Martínez Anido se puso al frente del Gobierno Civil barcelonés, se intensificó el pistolerismo por ambas partes y la siniestra ley de fugas se hizo común. En cinco años, entre 1918 y 1923, murieron unas 270 personas y resultaron heridas el doble, en lo que se llamaron “atentados sociales”. En ese contexto, algunos cobraron la dimensión de magnicidios, como los asesinatos del abogado Francesc Layret o luego de los dirigentes cenetistas Evelio Boal y Salvador Seguí, o, del otro lado, del dirigente empresarial Josep Albert Barret, del policía Bravo Portillo, del gerente de Altos Hornos de Vizcaya Manuel Gómez Canales, de los gobernadores conde de Salvatierra (Francisco Maestre) y Fernando González-Regueral o del cardenal Juan Soldevila, además de Dato; el líder de los empresarios, Graupera, sobrevivió a un atentado en 1920 (y fue asesinado en 1936, al comenzar la Guerra Civil). Barcelona fue la capital de esa tensión social, pero otras localidades, como Zaragoza, Valencia o Bilbao, no quedaron a la zaga y, en general, la violencia se extendió por todo el país. Dato quería atraerse a los catalanistas, pero el precio de desgaste político y de desprestigio institucional fue extraordinario: Bugallal hubo de comparecer en el Parlamento para dar cuenta de esa notoria complacencia con la violencia antisindical.

Además, esta realidad se llevó por delante otra paralela que había cobrado relevancia en aquella región: la demanda autonomista. No se resolvió de manera jurídica ni avanzó lo más mínimo en estos años, facilitando el surgimiento en el catalanismo de sectores abiertamente nacionalistas (y, enseguida, secesionistas) y facilitando a la vez una reacción contraria de sectores españolistas muy conservadores. En Cataluña esto se concretó en la creación, en 1919, de la Unión Monárquica Nacional (UMN), auspiciada por el empresario textil tarrasense Alfonso Sala —o, a otro nivel, en la Liga Españolista surgida en los cuarteles de esa región—, y en el País Vasco se advierte algo parecido en la Liga de Acción Monárquica, surgida en Bilbao para enfrentarse al emergente nacionalismo vasco, conducida por industriales (Gandarias, Víctor Chávarri Anduiza, Fernando María de Ybarra, Federico Echeverría… y el siempre diletante Pedro Eguillor) y por políticos liberales y conservadores (Gregorio Balparda, José Félix Lequerica y Ramón Bergé), y asociada a la citada Unión.

Al calor de los resultados económicos de la Gran Guerra, Cambó articuló una iniciativa a la vez empresarial, enfrentando los intentos gubernamentales del liberal Alba de gravar los beneficios extraordinarios que a muchos les generaba la contienda, y política, proyectando una fórmula catalana para reorganizar y sustituir a un decadente régimen español. En ambas encontró la ayuda de un sector empresarial vasco, nacionalista pragmático, que en esta coyuntura pasó a controlar la Comunión Nacionalista Vasca y que encabezaba Ramón de la Sota y Llano; en la iniciativa económica patronal también recibió el apoyo del republicano Horacio Echevarrieta. Animado por el éxito, el líder de la Lliga inició en marzo de 1916 el movimiento Per Catalunya i l’Espanya Gran, pero enseguida comprobó que su partido no era la representación del empresariado catalán, como se lo recordó el presidente entonces de Fomento del Trabajo Nacional, el liberal conde de Caralt (José). Con todo, sí que venía a representar la escisión entre la parte más dinámica e industrial del país frente a la más tradicional y rural (identificada con los cerealistas castellanos), y, sobre todo, volvía de nuevo a reivindicar la palabra de los empresarios frente a los políticos cuando se trataba de la dirección económica (o, dicho de otra manera, los intereses particulares creadores de riqueza frente a los generales que la obstaculizaban).

La crisis múltiple de 1917 frenó el ambicioso proyecto de Cambó, quien tuvo que pasar del desafío al Gobierno en el verano, con la convocatoria de una reunión de parlamentarios opositores en Barcelona, a participar de este como ministro poco después (en 1918, en la cartera de Fomento del de concentración de Maura, y luego de nuevo con este en 1921, ahora en Hacienda). Su intento entonces de reactivar la campaña por un estatuto catalán, en 1918, se vio de nuevo frustrado por la desatención de la política española y, definitivamente, por el protagonismo que adquirió lo social, que forzó al sector que encabezaba la Lliga a mostrar sin ambages el interés de clase que lo unía a los sectores españoles más reaccionarios (militares y patronos beligerantes entonces). Como recuerdan Cabrera y Del Rey, Cambó asesoró la constitución legal de la compañía La Canadiense, protagonista y escenario del gran pulso social barcelonés de 1919. Años después, instrumentalizó la defensa desde el ministerio de la crisis de la banca catalana para lanzarla contra las instituciones españolas. En junio de 1923, derrotado electoralmente, dejó la política activa. Esas derechas nacionalistas “periféricas”, catalanas y vascas, habían intentado sin éxito reconducir el país desde su perspectiva burguesa, industrial y conservadora. No lo lograron, y la cuestión territorial operó como un factor más de la crisis de la Restauración y quedó para su abordaje en la siguiente oportunidad parlamentaria española, ya con otras formas y otros protagonistas.

En el universo mental de muchos conservadores se agolpaban los temores por la amenaza social y revolucionaria, por el cuestionamiento del unitarismo tradicional españolista y por la alteración del orden público. La salida la encontraban cada vez menos en la política tanto muchos empresarios como las clases medias atrampadas en la presión de los de arriba y los de abajo, y, particularmente, elementos del Ejército que volvían a verse como representación de ese espíritu hostigado de la nación y como única alternativa. Por su parte, la Iglesia católica, con un Gobierno Maura, en mayo de 1919, vio cómo se consagraba España al Sagrado Corazón. En su discurso, Alfonso XIII dijo cosas que volvían a recordar a don Marcelino Menéndez Pelayo:

España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante este trono de tus bondades que para Ti se alza en el centro de la península. Todas las razas que la habitan, todas las regiones que la integran, han constituido en la sucesión de los siglos y a través de comunes azares y mutuas lealtades esta gran patria española, fuerte y constante en el amor a la Religión y en su adhesión a la Monarquía.

El pretorianismo fue finalmente quien dio la estocada a la Restauración y el que se alimentó recíprocamente del sentir y necesidad de unas derechas patrias hasta proporcionar una combinación ideológica y operativa de larga trayectoria en el siglo XX español: casi la mitad de sus años se desarrollaron en el escenario de una dictadura presidida por un militar. La crisis del sistema no tenía por qué llevar a esa solución, pero ocurrió así. Es más, en los meses finales del régimen, los partidos del turno parecían recomponer su unidad interna en torno a Sánchez Guerra y García Prieto, reduciéndose al extremo la presencia de sus disidentes e incluso la de los alternativos (catalanistas, extremas derechas varias, republicanos y socialistas). El Parlamento cobró renovada vida, la normalidad ciudadana se recuperó en cuanto cesó la norma de la suspensión de las garantías constitucionales e incluso los atentados sociales tomaban ya más la forma de pulso entre pequeños grupos armados que de confrontación entre grandes estructuras organizativas (y sus clases correspondientes).

Pero la cuestión militar y el orgullo nacional se mezclaron con motivo de otro Desastre: este fue el de Annual. Unos diez mil soldados —exactamente, 13.363, entre españoles y tropas indígenas— murieron o desaparecieron entre julio y agosto de 1921 en funestas operaciones en el Protectorado marroquí. El colonialismo en la región se había proyectado como bálsamo tras la pérdida de las últimas posesiones del viejo imperio. Progresivamente, representaba el recuperado orgullo patrio en el concierto internacional, aunque dirigido con “vanidad e inercia”, sin gran entusiasmo por parte de nadie y, sobre todo, fortalecía a un sector militar concreto, los africanistas, que avanzaba en la escala más rápido que los de la península. El conflicto de las Juntas Militares tuvo ahí una de sus bases y la crisis marroquí constituyó un punto de tensión y división entre unos y otros: junteros y africanistas, civilistas y militaristas, con el rey dispensando apoyos a unos y otros según su conveniencia. El Desastre de Annual se sustanció con un informe, encomendado al general Juan Picasso, acerca de las responsabilidades políticas y militares del mismo.

El asunto ilustra acerca de la deriva de la mayoría conservadora “idónea” y lo hace a través de los jefes de facción que disputaron la herencia tras el asesinato de Dato: Bugallal y Sánchez Guerra. El primero lo intentó, pero su complicidad entusiasta con la política criminal contra el sindicalismo en Barcelona lo hacía muy impopular, aunque esta había sido la de su jefe y la de su partido. Fue entonces Sánchez Guerra el sucesor. “Conservador, a fuer de liberal”, como lo retrata la biografía de Miguel Martorell, fue él, el mismo que se enfrentó desde el Ministerio de Gobernación a la huelga general obrera de 1917, quien finalmente destituyó a Martínez Anido y a Arlegui (después de que se intentara matar y rematar al jefe cenetista Ángel Pestaña), y el que restituyó allí las garantías constitucionales, casi ya perdidas en el olvido desde 1919. También el que disolvió las sediciosas Juntas Militares —aunque esto también se puede leer como una victoria de los africanistas— y el que dio curso al expediente investigador de Picasso, a pesar de todas las dificultades y proclamando así la primacía del civilismo sobre la deriva pretoriana. Sin embargo, cuando el proceso llegaba a su punto final, se vio en la imposible tesitura de elegir entre exigir unas responsabilidades a los suyos —y especialmente a los componentes del anterior gobierno de Allendesalazar (y de Maura)— o mirar hacia otro lado. Bugallal dimitió de la presidencia de las Cortes en ese momento y Sánchez Guerra tuvo que dejar enseguida el Gobierno, el último conservador de la Restauración. Después, hizo causa decidida en contra de la dictadura, el que más de su partido, mientras que Bugallal dejó hacer a esta, aunque con un entusiasmo declinante a medida que se perpetuaba en el tiempo la medida excepcional. El “centrista” conspiró activamente en contra y el conservador “puro” se pronunció en momentos concretos en favor del regreso del régimen constitucional y parlamentario. Bugallal fue el último jefe que tuvo aquel partido conservador de Cánovas, que murió por consunción, apagado definitivamente al no contar ya con apoyo alguno.

En ese punto, el rey no fue ni el único ni el máximo responsable de que todo terminara en un golpe de Estado seguido de una dictadura, pero sí un protagonista de primer orden. La historiografía discute todavía al respecto, pero lo importante es señalar cómo el monarca, en paralelo a cómo reaccionaban muchas “gentes de orden” y, en buena medida, amplios sectores de las derechas políticas, sociales, intelectuales y económicas, como hemos visto, empezó a descreer del liberalismo parlamentario desde la crisis de 1917. Sus comentarios en público y en privado se hicieron recurrentes cuestionando la eficacia del sistema representativo para resolver la convergencia de problemas del país y manifestando una progresiva preferencia por esa dictadura utilitaria, ingenuamente contenida, limitada en tiempo, casi “a la romana”, que los conservadores más extremistas, reaccionarios, resucitaban cada poco. “Se convocan y disuelven Parlamentos, sin que se logre nada útil”, decía en un famoso discurso en Córdoba en mayo de 1921. Su resistencia a convocar gobiernos liberales contrasta con su buena disposición de otros años que tanto sulfuró a los mauristas.

A la vez, el pretorianismo, la influencia de los militares en la política del país, prosperaba de la mano de sucesivas crisis y amparado por la Corona. En realidad, resucitó coincidiendo con el inicio de su mandato regio, como resaca de la crisis del 98 y del varapalo nacional, se alimentó con la ley de jurisdicciones de 1906 (promovida por un gobierno liberal, de Moret) y con aquel decreto de autonomía y vía directa con el rey de 1914, antes, con el fracaso de una tras otra reformas militares (donde veían naufragar sus intereses corporativos más inmediatos), y, sobre todo, con la emergencia del regionalismo catalán (y, en menor medida aún, vasco), y con el desorden público y de autoridad que acompañó la conflictividad social en ciudades y campos; luego, el mismo Ejército aportó a esa crisis con su movimiento juntero.

Como marco general, europeo, tenemos la crisis de valores del liberalismo tras la Gran Guerra, la emergencia de doctrinas alternativas e impugnadoras, la nueva civilización de posguerra y el temor a la revolución proletaria, y el que provocó la caída de monarquías e imperios. Finalmente, la crisis marroquí y el debate de las “responsabilidades” le puso la nota definitiva, el precipitante. Curiosamente, como apuntaba Carolyn Boyd, antes de Annual y del responsabilismo parlamentario, a mediados de 1921, el régimen podía haber caído por un golpe militar sin que nadie hubiera reaccionado, pero el debate sobre la cuestión reactivó en este momento final de la Restauración los mecanismos más democráticos del sistema (empezando por el del control del Ejecutivo con todas sus consecuencias). Otra cosa es que tan deteriorado dispositivo fuera capaz de satisfacer las expectativas de una parte de la ciudadanía y de resistir a la presión militar cuando esta se sintiera extremadamente acosada por la situación.

La indecisión del último gobierno liberal de la Restauración las frustró de nuevo y dejó al sistema sin defensa de ningún tipo en el ámbito civil. En el contexto de ese deterioro final de la política, el rey, para salvar su trono, optó por respaldar la fuerza que apreció más sólida, la que le reportaba el Ejército, de nuevo unido ante la amenaza de una exigencia ciudadana pronto desvanecida. Entre Parlamento y Ejército, optó por lo segundo, ajeno a la profecía de Maura de que el recurso a la dictadura para suspender la Constitución sería el preámbulo de la república que sustituiría a la monarquía. Cuando él mismo cuestionaba su legitimidad constitucional, la legalidad alternativa podía ser otra. Cánovas lo vio cuando definió la Constitución interna de su régimen, pero no imaginó que fuera posible. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se levantó en Barcelona contra la Constitución e implantó una dictadura. El sistema de la Restauración había acabado.

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Capítulo 4

EXPERIENCIAS EXTREMAS (1923-1956)

Las cuatro décadas que abordan este capítulo se corresponden con el tiempo más extraordinario que se ha vivido en la contemporaneidad. Guerras civiles y entre naciones, revoluciones y contrarrevoluciones, destrucción total y genocidios, momentos de esplendor y profundas transformaciones, y crisis económicas y sociales hicieron de los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial un tiempo vertiginoso y de extremos. En él, las derechas hispanas no fueron muy diferentes de las del resto de países, aunque protagonizaron una contienda civil de gran impacto y repercusión internacional. Su creciente extremismo político les hizo abrazar fórmulas autoritarias y dejar atrás, mayoritariamente, el anterior ideario liberal, en consonancia con lo que hacían conservadores y reaccionarios de otros lugares. La diferencia radica, sin embargo, en que en España lograron mantenerse en el poder por la fuerza cuando la derrota militar de los fascismos convirtió al país casi en la excepción continental, condenando a sus habitantes a un apartamiento prolongado de lo que se vivía en Europa, ya fuera un bienestar material enseguida recobrado o un sistema de libertades democráticas consolidado. Así, esas derechas locales, sus intereses y sus valores, se mantuvieron en el poder sin posibilidad de ser desplazadas de él por unos opositores satanizados y expulsados durante años a un exilio tanto interior como exterior.

1. Una dictadura militar y de derechas

El recurso a una dictadura que pusiera fin a la incertidumbre que generaban la lógica y la dinámica liberales fue acariciado en España por los sectores más reaccionarios durante el siglo XIX, el tiempo que necesitó ese liberalismo para imponerse y hacerse hegemónico. En el resto de Europa, cuando esos mismos grupos se fortalecieron tras la experiencia de la Gran Guerra, coincidiendo con una profunda crisis del sistema, fueron capaces, en lugares como Italia, de hacerse con el control del Estado y poner a su cargo a los poderes tradicionales, de la Corona al Ejército pasando por la Iglesia. En España, en los meses de la crisis social barcelonesa de 1919 y en su reflejo en otros lugares del país, menudearon las demandas de una dictadura civil en diarios derechistas como El Debate, La Acción o La Correspondencia Militar, con titulares del tipo “Dictadura… y pronto”, “Se necesita un dictador” o “La dictadura es la salvación”. Sin embargo, esa derecha radical no fue en ningún momento tan numerosa y potente como para protagonizar un cambio político por sí misma y por la fuerza; de hecho, no ensayó ningún intento con ese objeto. Ramiro de Maeztu, un intelectual de esa línea, se lamentaba porque, “desde que el carlismo perdió su vitalidad antigua, como consecuencia de los desprendimientos de la Unión Católica y de los integristas, no hay en España derechas exaltadas”.

Ciertamente, el proceso de fascistización se retrasó aquí hasta los años republicanos y en los anteriores veinte fue todavía muy superficial; para empezar, faltaba un agente colectivo protagonista: el excombatiente que nutrió las organizaciones paramilitares italianas o alemanas. En esa tesitura, eran aquellos poderes tradicionales los únicos que tenían la suficiente presencia en todo el país como para llevar a cabo un movimiento exitoso contra el orden establecido. El Ejército se había vuelto cada vez más conservador y más convencido de representar por completo y como corporación a lo más saludable de la nación. Apellidos ilustres de la milicia, como los Milans del Bosch, ejemplificaban ese tránsito del liberalismo al autoritarismo (a lo primero Francisco y Lorenzo, a lo segundo Joaquín, Jaime y otra vez Jaime), con la crisis de la Primera Guerra Mundial como frontera, pero, sobre todo, con la lectura distorsionada de 1898 como influjo original. Unos militares, además, de los que se hicieron dependientes los políticos de la Restauración para responder con eficacia a sus diversos opositores (movimientos obreros, nacionalismos, protesta social…), en una situación que recuerda siempre las de 1873 y 1874, cuando un Ejército contrario a la República era a la vez su única tabla de salvación y su ejecutor definitivo.

Por su parte, la Iglesia había pactado al inicio de la Restauración una ventajosa paz con la nueva España liberal, pero siempre fue refractaria a la esencia política de esta y se mantuvo dispuesta a colaborar para derribar sus valores y volver por completo a los suyos; fue un acuerdo provisional, poco sincero y claramente funcional por su parte. Además, esa confianza de la Iglesia en el orden restauracionista se vio cuestionada con la crisis del “trienio rojo”, cuando la profunda alteración sociopolítica, aunque no se dirigió contra los católicos o la religión como en otras ocasiones, sí que generó una reacción defensiva en los amplios círculos de la Acción Social. De alguna manera, se repetía lo que advirtió William J. Callahan durante la Semana Trágica de 1909: que la Iglesia se identificó reactivamente cada vez más con la Corona y el Ejército en defensa del statu quo amenazado. Y en cuanto al monarca, desde 1917 era patente su animadversión frente a un orden liberal que había permanecido ajeno a la revolución rusa y al derribo y posterior asesinato de la familia imperial zarista. Ante esa dejación de los diferentes Gobiernos europeos frente a una crisis civilizatoria de envergadura, solo depositaba su esperanza en el Ejército y en él mismo, como expresión, representación e instrumento de preservación de lo más noble y permanente de la patria.

La crisis iniciada en 1917 no tenía por qué haber desembocado necesariamente en un golpe militar. A semejanza de lo que se dirá para el 18 de julio de 1936, no fue tanto el deterioro del sistema político de la Restauración (o de la futura República) lo que condujo a la conclusión “lógica” de una ruptura de la legalidad por la fuerza. Bien al contrario, la razón principal de que determinadas élites (y el sector popular que hacía causa con ellas) acudieran a ese recurso es que constituyó su respuesta ante la presión amenazante y las demandas de fuerzas políticas y sociales que ya no controlaban. Eso, y la propia incapacidad de esos dirigentes para manejar el poder en el marco de su legalidad, desde la primacía de lo civil, mostrándose eficaces con sus propuestas políticas, que fueron muchas también en estos años finales del viejo sistema canovista. Aquellas “Cortes del desastre” (de Annual) se caracterizaron por el músculo demostrado para hacer valer su función controladora del Ejecutivo, no por ser una simple “jaula de grillos”.

Como decimos, los debilitados y abundantes Gobiernos de la época demostraron una iniciativa legislativa inédita, aunque precisamente por su debilidad no fueron capaces de hacerla realidad, lo que llevó a autores como Tusell a tomarla como fuego de artificio o, por lo menos, intento desatinado. A la vez, las fuerzas políticas en que se soportaba el sistema cada vez se cuarteaban más, y el poder civil y el militar (y el patronal) se enfrentaban, sin que el primero fuera capaz de imponerse siempre. La deslegitimación de las autoridades públicas, acusadas de inacción, alcanzó a la mayoría de instituciones, depositando los ciudadanos más confianza en sus propias posibilidades y fuerzas que en el poder delegado a aquellas; la acción directa se hizo común en el país y no solo fue instrumento de algún sindicalismo radicalizado. Al final, la extraordinaria transformación del mundo a que había dado lugar la Gran Guerra enfrentó a España a los diferentes e irresueltos retos históricos que explican, según la mirada de cada autor o autora, la razón de esta cesura en su continuidad política y social. Así, tenemos la dictadura interpretada como respuesta a un problema de legitimación y de poder de las clases dominantes, o como resultado de la crisis abierta entre élites políticas, económicas, sociales y militares incapaces de actuar de consuno, o como alternativa a la necesidad de nacionalizar —de integrar en el sistema— a unas masas generadas por el proceso de modernización que se vivía.

De la dictadura resultó una “integración negativa” que desactivaba la condición ciudadana y la capacidad de propuesta de los individuos al difuminarlas en un marco estatal sin libertades, caracterizado por un adoctrinamiento nacionalista polarizado en torno a las ideas del “enemigo interior” y de la expansión exterior. Es lo que se ha denominado “nacionalismo gubernamental”. Para eso, había que construir un adecuado concepto de España, funcional al modelo de Estado autoritario que ahora se ensayaba. En ese sentido, la experiencia dictatorial española en los años veinte en absoluto fue singular: varios países europeos, abocados a las mismas elecciones sociopolíticas, optaron por una fórmula similar: Italia, Hungría, Portugal, Polonia, Grecia y los comienzos del nuevo reino de Yugoslavia; luego, en los treinta, los seguirían Alemania, Austria, Rumanía y las tres repúblicas bálticas, aunque con características y en contextos diferentes. Era una de las maneras de resolver el problema de reorganización de la sociedad liberal después de la conmoción y de los cambios que trajo consigo la Gran Guerra, acudiendo a procedimientos de control social que sustituyeran a los anteriores ya ineficaces o a reconsiderar el papel de grupos como la aristocracia en el nuevo contexto, en línea con las tesis de refundación de la Europa burguesa formuladas en su día por Charles S. Maier. En ese contexto explicativo, como imaginaron los militares primorriveristas, podría tratarse lo suyo de una fórmula de modernización autoritaria, liberada de las interferencias que habitualmente generaban el poder y la sociedad civil, y conectada con el mito del “cirujano de hierro” nacido de la retórica regeneracionista, muy penetrado en amplios sectores del país.

La profecía autocumplida que anticipaba el runrún prodictadura buscó primero en el general Francisco Aguilera, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al artífice del pronunciamiento. No reunía las características deseadas y acabó resultando después problemático para la propia dictadura. Finalmente, un 13 de septiembre de 1923, fue Miguel Primo de Rivera el sublevado en Barcelona, en contacto directo con el llamado “Cuadrilátero” que formaban en Madrid los otros generales conjurados. El jerezano era un hombre adorado por las clases altas y de orden en la capital catalana por su lucha contra la subversión social, y muy respetado en el Ejército. Su mentalidad queda bien retratada por González Cuevas: “Una curiosa amalgama de espíritu militar, arbitrismo regeneracionista, nacionalismo conservador y tradicionalismo aristocratizante”.

Un incidente en Málaga, que volvió a poner de manifiesto la incapacidad del Ejecutivo para manejar la situación, seguido de otro en Barcelona, actuaron como precipitante final. Declaró el Estado de guerra, suspendió la Constitución y todo tipo de garantías legales, y dejó que el Ejecutivo del liberal García Prieto mostrara su incapacidad para hacerle frente. El monarca hizo como que no tenía otra salida que entregar el poder al general, lo que ratificó después al negarse a convocar el Parlamento, como le pedían los presidentes de las cámaras. Tampoco las demás fuerzas políticas o sociales opuestas al golpe mostraron resistencia; ni siquiera los sindicatos de la CNT fueron demasiado beligerantes y los demás fueron simplemente pasivos. La apatía fue el sentimiento mayoritario entonces e incluso buena parte de la opinión pública mostró una actitud expectante y receptiva, aunque no demasiado entusiasta. Las derechas radicalizadas saludaron la novedad desde sus cabeceras de prensa o en declaraciones formales. También la Iglesia se puso a disposición del nuevo Directorio Militar, depositando en él la esperanza de la recuperación del orden y la paz social, la regeneración de la patria y la recristianización del Estado. Solo el decano conservador, La Época, expresó su reserva:

[…] no debemos acallar un grito de dolor muy sincero y muy amargo, ante lo que nos parece un funesto descarrilamiento. Sean cuales sean las razones […] sea cual sea la suerte del movimiento […], cordialmente lo deploramos. […] Habría de venir de ese movimiento el remedio eficaz de los males públicos, y aun sería deplorable para nosotros, que estamos obligados a pensar en el día siguiente de todos los actos, en la repercusión fatal de todas las cosas, en estos momentos de profunda descomposición intelectual y moral.

El manifiesto inaugural de la dictadura era suficientemente explícito acerca de los motivos que forzaban a Primo de Rivera a poner punto final al tiempo constitucional. Se dice “forzaban” porque este aseguraba que “hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad” o que, “aunque nazcamos de una indisciplina formularia, representamos la verdadera disciplina”. Por la proclama desfilaban los políticos profesionales (los partidos del turno), concupiscentes ya desde el inicio de las desdichas patrias: el 98. Seguían los autores del desorden extremo derivado del conflicto laboral: el terrorismo y los atentados sociales. Regresaba la clase política, responsable de pecados diversos: la política económica y arancelaria de parte, el manejo de la catástrofe nacional en Marruecos (las responsabilidades por Annual), la inmoralidad, el gasto público, las presiones sobre la Justicia y el separatismo. Solo se citaba por su nombre a una persona: Santiago Alba, bête noire de la dictadura desde el primer día. De manera que, “en virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado” —no indicaba quién o quiénes—, el general designaba un Directorio inspector militar provisional. Y concluía:

La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos, aun reconociendo en justicia que algunos de sus hombres dedicaron al noble afán de gobernar sus talentos y sus actividades, pero no supieron o no quisieron nunca purificar y dar dignidad al medio en que han vivido.

En consecuencia, y para llevar a cabo su prometido “descuaje del caciquismo”, procedió a disolver todas las instituciones, desde el último ayuntamiento al Consejo de Ministros, encargando a los militares la dirección del país mientras duró el Directorio de ese signo (hasta finales de 1925), pero teniendo que echar mano de miles de individuos nuevos y de otros muchos que algo podían haber tenido que ver con esa “vieja política” de la que ahora abominaban.

¿Cómo se situaron las diferentes fuerzas de derechas ante esta oportunidad que, a un tiempo, los negaba como partidos, pero que, a la vez, los invitaba a participar del poder como nuevo personal político sin necesidad de competir con sus tradicionales oponentes? La dictadura se autojustificaba por su beligerancia contra esa “vieja política” y contra su manifestación más característica: la “hidra caciquil”; en realidad, era simple antiliberalismo llamado a la usanza regeneracionista patria. El caciquismo era una realidad, efectivamente, pero la dictadura, por más que mudó en proporciones elevadas ese personal político, no fue ajena a su recomposición, a veces en las propias personas, aunque mediante sujetos interpuestos, ni tampoco fueron sus organismos —del partido oficial al Somatén— cosa distinta que instrumentos para oportunistas. Pero, no cabe duda de que los primeros atacados y perdedores fueron los liberal-conservadores, que representaban en el campo derechista la degeneración de la política a ojos de los nuevos gobernantes. La actitud no fue unívoca, ni siquiera por “familias”.

El nuevo régimen primorriverista echó mano de mucho cuadro maurista, en coherencia con la deriva autoritaria que venían mostrando estos. Así, algunos como Calvo Sotelo o Goicoechea fueron sus políticos de más talla: el primero como ministro y el segundo como redactor del futuro proyecto constitucional junto a Gabriel Maura. El padre de este, Antonio Maura, murió en diciembre de 1925, al día siguiente de Pablo Iglesias; de hecho, el último acto público que presenció fue el regreso de los obreros socialistas de las exequias de su líder. En esos meses, el santón conservador pasó de una expectativa pasiva a mostrarse “disidente” y crítico con el movimiento sedicioso: “Lo sucedido es el total derrumbamiento, en una trágica noche, de la labor seguida por tantos años para separar el Ejército de la política”. Al golpe, como hemos visto ya, le auguraba el efecto contrario que pretendía: dar la estocada definitiva a una monarquía que decía venir a salvar. Le escribía a su buen amigo y correligionario, el vizcaíno Ramón Bergé, en mayo de 1924:

La dictadura es la rampa que nos lleva derechamente a la Casa del Pueblo. A la caída de la dictadura, la Monarquía intentará salvarse al fin para ser sustituida por una república de apariencia democrática en su nacimiento, que evolucionará rápidamente a una república de tipo comunista salvo que Dios, en sus altos designios, tenga decretada la salvación de España.

Su “testamento político” recogía una serie de sugerencias para volver al cauce constitucional mediante una fórmula presidencialista que daba muchos poderes al Ejecutivo (y a la Corona), permitía sacar del censo a ciudadanos sospechosos —Maeztu propuso poco después “negar el sufragio a los indiferentes”—, introducía medidas corporativistas y acudía a una novedosa e impracticable división de funciones institucionales.

A semejanza de su líder, algunos mauristas del Partido Social Popular, seguidores de Ossorio y Gallardo, evitaron una adhesión formal al nuevo Gobierno (“cooperar jamás, pero estorbar nunca”); por el contrario, fueron muchos más los que colaboraron. El 18 de diciembre de 1923 se escenificó la ruptura, de manera que los colaboracionistas encabezados por Goicoechea, Gabriel Maura y César Silió se impusieron, y muchas de sus figuras prominentes asumieron responsabilidades en la nueva situación, como hacían otros mauristas sin adscripción: Herrera Oria, Ibáñez Martín, Gil-Robles, Fuentes-Pila, Minguijón, Severino Aznar, los condes de Vallellano y de Gamazo (Juan Antonio), Fernando María de Ybarra, Jordana de Pozas, Eduardo Callejo o José Larraz, sin olvidar a Delgado Barreto, que pasó de dirigir La Acción a hacerlo de La Nación, el diario del partido del dictador. El personalísimo Juan de la Cierva aceptó un puesto en la futura Asamblea Nacional Consultiva. Pero lo importante es que a nivel local el maurismo mostró una casi general adhesión a la dictadura, en la que incluso vieron la plasmación de muchas de sus ilusiones, proyectos y demandas —así lo afirmaba Calvo Sotelo del proyecto que redactó de Estatuto Municipal, donde tuvo la colaboración de Gil-Robles—, por más que, en muchos sitios, destacados elementos de esta facción se significaran por permanecer retraídos.

El personal político de la dictadura no tuvo tanto que ver con facciones políticas tradicionales como con culturas políticas, en su sentido más amplio. Se aprecia en el ámbito local. Si tomamos Álava como ejemplo, apreciamos tres procedencias claras, que se repetirán en otros lugares con las pequeñas diferencias de matiz de cada territorio. Los más numerosos fueron los que venían de las tres versiones del tradicionalismo (jaimistas, integristas y mellistas), la fuerza derechista más importante en la provincia. Don Jaime apreció enseguida que el carácter del nuevo régimen constituía “un acercamiento a nuestras doctrinas, el fruto de nuestra propia acción, la expresión del espíritu netamente tradicionalista”. No disolvieron sus organismos partidarios, sino que se integraron individualmente en las instituciones locales y en la futura Unión Patriótica, alcanzando gran significación en unas y otra. El segundo aporte era el de los católicos, una denominación que iba de los emergentes sindicalistas hasta aquellos a caballo entre el tradicionalismo y el maurismo, muchos identificados con el PSP, en quienes recayeron la mayoría de cargos locales del partido del dictador; ahí se incluye a algunos nacionalistas vascos, que proporcionaron nombres para la alcaldía vitoriana o para la dirección de las juventudes primorriveristas (fue el caso de Francisco Javier de Landáburu, en 1960 vicepresidente del Gobierno Vasco en el exilio). El tercer grupo sería el de los independientes, representado por muchos empresarios y técnicos conservadores —la clase media emergente salida de un proceso modernizador—, con o sin relación anterior con la política, aunque sin partido preciso, que vieron ahora el momento para saltar a la arena pública y aceptar responsabilidades. Muchos de ellos retornaron en la dictadura franquista a las instituciones.

Los identificados con la “vieja política”, los conservadores datistas, vieron pronto los riesgos de la ruptura de la legalidad, aunque se limitaron a una actitud pasiva, lo que en muchos lugares facilitó el colaboracionismo con la nueva situación; algo que también pasó con sectores liberales, como el alcalde de Bilbao, Federico Moyúa, o el empresario Rafael Picavea, cercano después al nacionalismo vasco, a diferencia de Balparda, que abandonó la actividad pública como protesta. Fue pasados los meses, al terminar 1925, el momento en que la hostilidad de los viejos conservadores se hizo manifiesta, cuando Primo de Rivera dejó clara su intención de no ser un simple episodio y aspirar a conformar un régimen propio con la convocatoria de una Asamblea. Bugallal, al frente de los “puros”, que se había mantenido retraído al principio, fue despertado por esa novedad y se manifestó públicamente a favor de una vuelta a la legalidad constitucional, aunque sin hacer nada para ello y sin contrariar la voluntad del monarca.

Muy distinta fue la actitud del centrista Sánchez Guerra, decididamente activo y beligerante con la posición de Alfonso XIII. No participó en el fracasado pronunciamiento cívico-militar contra Primo de Rivera conocido como la “Sanjuanada”, en 1926, que implicó nada menos que al capitán general del Ejército (Weyler), al general Aguilera, a otros jefes militares, como Luque, Segundo García y Eduardo López de Ochoa, quien había sido en Barcelona mano derecha del dictador durante el golpe (o a protagonistas futuros como Domingo Batet y Fermín Galán), y a políticos como Romanones y Melquíades Álvarez (junto a otros civiles como el doctor Gregorio Marañón, médico del rey, el abogado Eduardo Barriobero o el sindicalista Pestaña). Sí que protagonizó Sánchez Guerra los movimientos conspirativos que siguieron a esta intentona fracasada de los liberales. Lo hizo así hasta 1929, en una especie de turno conservador para la conjura y demandando la reposición constitucional de 1876 bajo un Gobierno presidido por un general (posiblemente Berenguer, lo que indicaría alguna anuencia del monarca). Desde su destierro parisino, quedó conectado con el interior a través de sendos comités civil y militar, y trató de ampliar el arco político de sus apoyos a republicanos y socialistas, y hasta a cenetistas y nacionalistas catalanes. Finalmente, junto con el general liberal López de Ochoa y el republicano Lerroux, constituyó un Comité Revolucionario que ahora por fin se planteaba un plebiscito sobre el futuro de la monarquía. En los últimos días de enero de 1929, el movimiento se saldó con un fracaso, pero de los juicios salió debilitada la dictadura al hacerse patente la defección de parte del Ejército (el Cuerpo de Artillería, que de nuevo fue disuelto) y, sobre todo, el alejamiento del rey de políticos monárquicos como Francisco Bergamín, Burgos y Mazo, Alba, Miguel Villanueva o Melquíades Álvarez. En marzo de 1929, Romanones, Bugallal y Sánchez de Toca visitaron al monarca para reclamarle una vuelta al régimen constitucional, igual que habían hecho Romanones y Álvarez a poco del golpe de 1923. De nuevo, Alfonso XIII rechazó su consejo y se ató a todos los efectos al destino final de la dictadura, sin que los intentos por reflotar la Corona por parte de estos viejos partidarios en los momentos últimos de aquella —entre 1929 y 1931— tuvieran ya ninguna posibilidad.

En febrero de 1925, con un artículo en la prensa, Sánchez Guerra dio libertad a sus correligionarios para obrar personalmente en la nueva situación, lo que venía a poner fin al tiempo de su partido, aunque no acabara con este formalmente. En el viejo conservadurismo liberal quedaron entonces dos facciones caracterizadas sobre todo por su actitud ante Primo de Rivera. Los opositores sumaron a su líder junto a Bergamín, Burgos y Mazo, y otros, como los exministros Pío Vicente de Piniés o Lorenzo Domínguez Pascual, y los menos críticos —decir colaboracionistas sería excesivo—, encabezados por Bugallal, juntaron al vizconde de Eza (Luis Marichalar), que incluso rechazó la embajada en Londres, y a los también exministros Luis Rodríguez de Viguri y Julio Wais. La Cierva, en cambio, se quedó del lado colaboracionista, aunque no con el protagonismo acostumbrado en el personaje, y otros como el marqués de Lema (Salvador Bermúdez de Castro) o su suegro Sánchez de Toca se mantuvieron ajenos y, finalmente, también se opusieron cuando se empezó a hablar de una “constitución” para la dictadura. Cuando Bugallal liquidó formalmente el partido conservador en 1930, este ya llevaba muerto un tiempo; y no muy distinta era la situación de su homólogo liberal.

Como se ha dicho, el general Primo de Rivera mostró enseguida su intención de dar forma y de asentar un régimen personal, en la órbita de las dictaduras europeas de la época y con manifiestas simpatías por la fascista italiana. Para conseguirlo, pasó del Directorio Militar a otro Civil, en diciembre de 1925, puso en marcha antes, en mayo de 1924, “un partido político apolítico”, la Unión Patriótica, convocó una Asamblea Nacional Consultiva que “no ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías”, en septiembre de 1927 (precedida de un plebiscito de apoyo), y de ella salió un anteproyecto de carta otorgada (a la que llamaron Constitución) en el verano de 1929. El régimen, utilizando la terminología de Carl Schmitt para las dictaduras, pasaba así de “comisorio” a “soberano”. La ideología que alimentó esas iniciativas vino a cargo, sobre todo, de tres personas muy familiarizadas tanto con las novedades de las derechas radicales europeas (sobre todo francesas y de corte fascista) como con el pensamiento tradicional del conservadurismo antiliberal hispano: los primos gaditanos José María Pemán y José Pemartín, y el vitoriano Ramiro de Maeztu. Se trataba de hacer un nuevo Estado autoritario, ajeno por completo a la pauta liberal, pero tampoco genuinamente fascista. En lugar de un Estado totalitario, una lógica y una trama corporativistas permitirían articular la economía y superar la lucha de clases. Una extrema afirmación nacionalista superaría esa anterior tensión y daría sentido a la actividad de los individuos y del conjunto social. La moralidad católica establecería la norma de comportamiento privado y público. Y una voluntad modernizadora en lo material, en absoluto cuestionadora del capitalismo, a pesar del creciente intervencionismo estatal, reportaría el bienestar suficiente como para incorporar a los españoles al nuevo régimen sin tener que acudir a la política (o a una nacionalización de las masas soportada en los derechos ciudadanos).

2. Más que fascista, católica tradicionalista
y corporativa

La dictadura no venía “a remediar y poner orden a los males pasados, sino a construir y elaborar una España nueva en todos los aspectos”, escribía Pemartín. La idea reciente de regeneración se imbricaba en la más tradicional (y católica) de purificación y redención, de expiación del pecado liberal. Así lo vio el vasco Maeztu, un intelectual noventayochista que, después de transitar de un pasajero anarquismo al socialismo fabiano, terminando en un guildismo (socialismo gremial) de evidente aroma corporativista, expresó su desencanto con los valores de la Modernidad coincidiendo con la Gran Guerra y con la publicación en 1916 de su libro La crisis del humanismo (subtitulado gráficamente Los principios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra). Maeztu regresaba a la afirmación seminal de todos los contrarrevolucionarios antimodernos: el error radicaba en la confianza del nuevo tiempo en las posibilidades del individuo y en el apartamiento paralelo de Dios (y de la verdad). A partir de ahí, abrazó un tradicionalismo católico que suponía el retorno a la religión como instrumento de acción principal, porque la alteración modernista se había producido en un territorio teológico-moral y de él derivaban las manifestaciones de orden sociopolítico que tanto le inquietaban. Más o menos, lo que habían formulado ya los neos poco antes del Sexenio Democrático y la esencia de lo que autores actuales, como González Cuevas, identifican como “teología política”. Al mismo tiempo, incorporaba a su tronco ideológico un conservadurismo autoritario y un discurso nacionalista esperanzado con las posibilidades de su país, que cobraban forma y oportunidad en el régimen del general jerezano, razón por la cual animó a este a conformarse como tal y a no quedar como una expresión pasajera. Lo invitó a pasar a la dictadura constituyente, aunque esa no fuera la posición del vasco en septiembre de 1923: el asentamiento de la Rusia soviética y del comunismo internacional lo obsesionó, y la experiencia fascista italiana estimuló su curiosidad, aunque sus tesis diferían notablemente de esta.

Maeztu tuvo una influencia menor en el día a día político de la dictadura: solo alcanzó repercusión a partir de 1927, cuando pasó a escribir en La Nación, se afilió a Unión Patriótica y formó parte del grupo redactor de la Constitución primorriverista. Su mayor influjo tuvo que ver con la idea de “hispanidad”, muy explotada ahora y, sobre todo, en la siguiente dictadura, en la franquista. Publicó en 1934 una compilación literaria titulada Defensa de la Hispanidad, pero venía trabajando la cuestión desde su estancia en Argentina como embajador (1928-1930). El concepto lo fue destapando en el tiempo una sucesión de vascos como él: Unamuno primero, José María Salaverría al comienzo de la Gran Guerra, el jesuita Zacarías Vizcarra, al que conoció en Buenos Aires, y el diplomático bilbaíno Ramón de Basterra poco antes de morir (en 1927); después lo explotaron el cardenal Isidro Gomá, el institucionista y orteguiano Manuel García Morente o el mismo Pemán y luego Ernesto Giménez Caballero. La idea de hispanidad era una interpretación de la historia desde el antimodernismo y el tradicionalismo católico, que colocaba providencialmente a España como defensora última (o reserva) de los valores espirituales de Occidente y de una cristiandad amenazada. Como buena utopía retrospectiva, permitía reivindicar el sentido y el prestigio internacional en la historia de una potencia que lo era ya de muy segundo orden, pero donde todavía bullían la pasión y el orgullo nacional. “La compensación emocional de una derecha que no se resignaba al papel subalterno de España en las relaciones internacionales”, en palabras de Santiago Juan-Navarro. Desde el Gobierno de Maura en 1918 se celebra oficialmente como fiesta el 12 de octubre, opacando como recordatorio nacional otras fechas alternativas de muy distinto contenido.

Pemartín y Pemán, por su parte, fijaron las bases intelectuales y teóricas de la dictadura. Al primero lo reclama Alejandro Quiroga como precursor del futuro nacionalcatolicismo franquista al ser capaz de fusionar el tradicionalismo español con las tesis de la derecha radical europea que desembocaron en el fascismo, haciendo compatible este con el catolicismo. Un prefascismo el suyo, y el de otros muchos en España, desconfiado del Estado, y aún más de uno totalitario. En ese sentido, sus tesis estaban más cerca del tradicionalismo menendezpelayista y de la idea de nación de Vázquez de Mella —el catolicismo como esencia de la nación española— que del futuro nacionalismo falangista; de ahí lo de nacionalcatólico. Igualmente, Pemán, que escribió El hecho y la idea de la Unión Patriótica (1929), juntaba el conservadurismo católico de remembranzas balmesianas con el regeneracionismo de Costa y Ángel Ganivet, acudiendo también al organicismo social de Mella y a la sempiterna doctrina social de la Iglesia. El fascismo le resultaba “un estatismo dogmático”. En el trilema “Religión, Patria, Monarquía” que adoptó la Unión Patriótica, la figura del monarca, según Pemartín, constituía el “eje de giro”, ese punto de permanencia que precisa en su continuidad histórica una realidad dinámica como es la nación para no perder el norte.

El modelo político de estos ideólogos (y de otros menores, como José de Yanguas Messía, Manuel Bueno o Vicente Gay) reposaba en una triple intención: dotarse de un Estado nuevo ejecutivista, movilizar relativamente a unas masas dispuestas para las necesidades de sus élites dirigentes y articular sociedad y Estado mediante una fórmula corporativista que los imbricara, dándoles sentido y autonomía a ambos. Por muy autoritaria que fuera la dictadura, esta necesitaba de alguna colaboración ciudadana “coincidente con ella”, algo de “sustancia civil” que le diera “algún calor de democracia” —aunque fuera “un recuento de adeptos”, escribía Pemán—, básicamente por pudor y por proporcionar “un instrumento de asistencia”. La dictadura necesitaba algo de legitimación —recuentos, logros materiales y eficacia en la gestión— y un mecanismo para nutrirse de cuadros salidos de la sociedad.

A tal fin se creó la Unión Patriótica, no como un partido, porque no había escenario político en el que competir con otros, sino como un movimiento en el que apoyarse. “La UP era una necesidad ‘democrática’ para la dictadura”, remataba otra vez Pemán. Pero, curiosamente, el instrumento lo tomó Primo de Rivera de los propagandistas católicos de la ACdP de Ángel Herrera Oria, que habían creado en Valladolid, en diciembre de 1923, una Unión Patriótica Castellana, presidida por Eduardo Callejo, profesor universitario y futuro ministro de Instrucción Pública. Enseguida se extendió la iniciativa a otras capitales castellanas y luego se desplegó por todo el territorio nacional sin llegar a dotarse aún de una estructura de ese ámbito. Las ideas que defendía eran las del catolicismo militante, los intereses agrarios —había muchos líderes de la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA), junto con otros del PSP— y una salida digna al conflicto marroquí. A comienzos de abril de 1924, Gil-Robles creó la sección madrileña, lo que llevó al dictador a remitir una circular a los Gobiernos Civiles para que por medio de los delegados gubernativos organizaran en sus provincias delegaciones de este “partido”, invitando a los ciudadanos a integrase en él y a formar las juntas locales y provinciales consiguientes. Primo de Rivera tenía esta posibilidad a la vez que otra: La Traza, un grupo creado en Barcelona sobre la base del Somatén, de apoyo al régimen desde sus inicios —ahí estaba entonces López de Ochoa— y claramente profascista. En la elección pesó la incomparablemente mayor base social de los católicos, dotados de sindicatos agrarios y urbanos —otra constatación de que en España eran estos los que en la derecha tenían masas—, y alguna reserva del dictador que, aunque había quedado gratamente impresionado de su reciente viaje a Italia, nunca se tuvo por fascista y, como le reprochaban los de Mussolini (o su propio ministro Eduardo Aunós), tenía todavía demasiadas adherencias de cultura liberal para serlo.

La Unión Patriótica, con su medio millón de asociados, sirvió básicamente para proporcionar el nuevo personal político para todo tipo de cargos —en un momento se hizo obligatoria la afiliación para ello—, para dotar al régimen de una base social de respaldo, con medios de prensa en muchas localidades (hasta setenta cabeceras), y para organizar la parafernalia de manifestaciones, desfiles y plebiscitos que se necesitara. El entusiasmo en torno suyo fue limitado —nunca fue el movimiento de masas del fascismo italiano o del nazismo alemán—, reconocidamente oportunista en muchos casos, poco solvente en términos ideológicos y, desde luego, nada parecido al instrumento de despotismo social que suponen esas organizaciones en modelos auténticamente totalitarios; tampoco el complemento que le hizo el Somatén supuso algo en ese sentido, aunque en febrero de 1929 una ley facultó a este y al partido a crear “centros de investigación e información ciudadana, colaboradores de las autoridades en cuanto pueda afectar el mantenimiento del orden público”.

La pacificación del conflicto en el Rif marroquí, gracias a la colaboración con Francia y después de las primeras tentaciones abandonistas de Primo de Rivera, le proporcionó al dictador, en el verano de 1926, el punto de mayor popularidad (y, de paso, a los generales africanistas: Francisco Franco, Manuel Goded, José Sanjurjo, Emilio Mola y Agustín Muñoz Grandes, y al entonces teniente coronel José Enrique Varela). Eso lo animó definitivamente a institucionalizar su régimen convocando una Asamblea Nacional Consultiva, después de un plebiscito controlado destinado a doblegar alguna resistencia regia, que veía su poder subordinado al del militar. A esta cámara, la primera de carácter corporativo que se designaba en la Europa de entreguerras, le encomendó la redacción de un texto constitucional. Allí estaban representados la Administración, los diferentes cuerpos sociales (academias, universidades, sindicatos, propietarios, corporaciones, colegios profesionales, prensa, aristocracia, Iglesia, Ejército…) y el partido único, en una escala que iba de lo local a lo provincial hasta acabar en las élites de gestión del Estado. La composición era bastante uniforme en lo ideológico, aunque se incluyeron algunos disidentes de esa misma cultura política derechista. Por su parte, los socialistas designados rechazaron participar, igual que hicieron otros investidos sin su concurso, y en diversas entidades colegiales o académicas prosperó la no designación de su representante corporativo por presión de los socios liberales.

Al frente de la Asamblea quedó Yanguas Messía, un jurista que ya había sido diputado conservador antes de 1923 y venía de ser ministro de Estado en el Directorio Civil. Personajes destacados de aquella fueron César Silió, Víctor Pradera, Pedro Sainz Rodríguez (que dimitió en 1929), Gabriel Maura, Pemán, Pemartín, Maeztu, Gay, Eduardo Sanz y Escartín, Calvo Sotelo, Juan de la Cierva, Goicoechea, Delgado Barreto, los tradicionalistas Sánchez Marco, Esteban Bilbao y Joaquín Bau, Federico Moyúa, los propagandistas del sindicalismo católico Severino Aznar y Dimas Madariaga, Fuentes-Pila, Ibáñez Martín, Jordana de Pozas, el presidente de la Unión Patriótica y antiguo datista José Gabilán, además de altas jerarquías militares (los generales Luis Aizpuru, Joaquín Milans del Bosch, el almirante Juan Bautista Aznar, Francisco Gómez-Jordana, Luque, Weyler, Sanjurjo y Emilio Barrera, otro “virrey” de Cataluña) y eclesiásticas (los obispos Leopoldo Eijo y Garay, Eustaquio Ilundain, fray Zacarías Martínez, Prudencio Melo, Francisco Vidal y Barraquer, y el cardenal Pedro Segura), y representantes de la alta nobleza (Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba; el príncipe Carlos de Borbón, cuñado del rey; López Bru, conde de Güell y marqués de Comillas; Mariano de Silva, marqués de Santa Cruz; Carlos Sousa Álvarez de Toledo, marqués de Sotelo; Benigno de la Vega-Inclán, cuyo apellido nombraba su marquesado, como hacían con los suyos José María de Hoyos y Juan Manuel de Treviño), de la gran empresa (los catalanes Alfonso Sala, José Garriga-Nogués y Roig, y Fernando Fabra y Puig, los vascos Rafael Picavea, José Aresti, Tomás Allende y Alfonso Churruca, el director de la Duro Felguera Antonio Villegas o el presidente de la Cámara de Comercio madrileña Carlos Prast) y de la propiedad agropecuaria (Jesús Cánovas del Castillo, sobrino-nieto de Antonio y secretario de la Asociación de Agricultores de España, y Francisco Marín y Beltrán de Lis, que lo era de la de Ganaderos). Entre los asambleístas también figuraban personajes de diversa significación política vinculados a la historia del reformismo social en España, como Adolfo Álvarez-Buylla, José Marvá (iniciador de la inspección laboral), Pedro Sangro (presidente del Instituto Nacional de Previsión), Jiménez Vicente o Práxedes Zancada, así como técnicos ministeriales reconocidos, como el hacendista Flores de Lemus, o incluso el inventor Torres Quevedo. También hubo quince asambleístas mujeres, destacando las profesoras feministas María de Maeztu y María de Echarri. La primera que habló en la cámara fue la aristócrata Concepción Loring. En su respuesta, el ministro interpelado (Callejo) le reconoció que había elegido “un tema muy simpático, muy español y genuinamente femenino, porque es hermoso ver cómo estas damas, que el Gobierno quiso traer a la Asamblea para que la mujer participase políticamente en la gobernación del Estado, vienen a propugnar por ideales que les son tan queridos, por algo que representa como un fondo racial: el defender la educación religiosa para los pueblos”.

La Asamblea tenía la doble función fiscalizadora y consultiva de la labor gubernamental, así como preparatoria de proyectos legislativos. No destacó en ninguna de las dos y su elaboración más ambiciosa, la redacción de una constitución, quedó en nada. Aunque el dictador marcó los límites del anteproyecto: un Estado unitario y monárquico, con religión oficial, ejecutivista, con una sola cámara, e intervencionista y organizado corporativamente en lo político, lo social y lo económico, el debate en la Sección Primera, que se hizo cargo del mismo, evidenció las diferencias que se mantenían acerca del cometido de la dictadura desde el inicio de esta. Los elementos procedentes del maurismo más clásico o de las estructuras administrativas del Estado (La Cierva, Gabriel Maura, Yanguas Messía, Silió, el fiscal del Supremo Diego María Crehuet del Amo y hasta Goicoechea) pensaban en una “ampliación aclaratoria” que dejara en pie la parte dogmática de la Constitución de 1876. Por el contrario, los más radicalizados e influyentes, con Maeztu y Pemán a la cabeza, hablaban de una concepción totalmente novedosa y profundamente antiliberal. El tradicionalista Pradera se apartó de esta controversia al volver a rechazar la soberanía moderna del Estado, ya se contemplara esta en términos burocráticos, institucionales o progresivamente totalitarios; la solución para él estaba en la lógica de los fueros y de las leyes tradicionales. Por debajo, se discutía la diferente concepción corporativista que podían tener los liberales doctrinarios, los tradicionalistas católicos o los que aspiraban ya a un Estado corporativo en línea con el fascismo italiano.

Al Gobierno llegó un anteproyecto que insistía en la tesis clásica de la cosoberanía de la Corona y las Cortes, con un poder presidencialista encarnado en el monarca, un Ejecutivo por completo dependiente de este y una cámara semiorgánica capitidisminuida en sus funciones de control y de iniciativa legislativa, un Consejo del Reino que recordaba al Gran Consejo Fascista o, mejor, a un Senado en su concepción más Ancien Régime, y dotado de amplias y estratégicas atribuciones, municipios y diputaciones de elección corporativa en línea con los estatutos ya vigentes desde 1924 y 1925, religión oficial y libertad de conciencia en los mismos términos de la Constitución de 1876, una declaración de libertades ciudadanas al uso, pero que podía suspender el Gobierno sin el concurso de las Cortes, y una afirmación intervencionista del Estado en materia económica y social claramente corporativista. El redactado no resolvía las tensiones cruzadas en ningún sentido y acabó por no ser defendido por nadie, ni por el propio dictador. La acumulación de crisis del régimen en el verano de 1929 y la incapacidad manifiesta para institucionalizar la dictadura acabaron llevando a esta a un callejón sin salida.

Comparativamente, tuvo más fortuna y profundidad la definición del modelo corporativista hispano, aunque tampoco consiguió resolver el acertijo de por qué fórmula se inclinaba de entre las muchas que dentro y fuera del régimen lo defendían. La cuestión tenía dos partes diferentes, aunque conectadas en su desarrollo final. Primero, se trataba de articular un sistema que resolviera los conflictos laborales mediante la conciliación entre las partes y con la tutela del Estado. A la vez, este se implicaba en un reformismo social que ya tenía trayectoria y que se había intensificado desde el final de la Restauración; el Código del Trabajo de 1926 fue su mayor logro, pero no el único: subsidio a familias numerosas, desarrollo de la ley de descanso dominical, construcción de viviendas sociales, seguro de maternidad para obreras, incremento en el salario por horas extraordinarias… Era otra de las caras de la “integración negativa”. El procedimiento desarrollaba los cauces que se habían puesto en marcha extraordinariamente antes de septiembre de 1923: unos comités paritarios obligatorios de obreros y patronos que resolvían los pleitos y que negociaban las bases de trabajo de cada sector, supeditados al Estado en tanto que “órganos de derecho público”. Lógicamente, el discurso nacionalista del régimen daba contexto ideológico a esta manera práctica de superar la lucha de clases: el interés de la patria se imponía al de los individuos y los grupos.

El hombre del corporativismo en este momento fue el ministro de Trabajo durante todo el Directorio Civil, Eduardo Aunós, antiguo secretario de Cambó y entonces miembro de la Lliga; luego, en la primavera de 1923, pasado a la Unión Monárquica Nacional de Alfonso Sala. Su punto de partida ideológico era el organicismo neotradicionalista católico, que veía en el gremialismo medieval un modelo de integración social a recuperar en lo posible con el corporativismo moderno. Sus visitas a Italia y sus contactos y entrevistas con el también corporativista Giuseppe Botai y con el mismo Benito Mussolini le hicieron ver las posibilidades políticas finales de esa fórmula. Aquí aparecía la segunda parte del proyecto: la Organización Nacional Corporativa. A partir de los comités paritarios locales se articulaba una Comisión Mixta Local de estos y, a la vez, una verticalización por sectores productivos con esta fórmula, hasta conformar grandes estructuras nacionales de representación (corporaciones) que actuaban ante el Ministerio de Trabajo como órgano consultivo. Como lo describe Miguel Ángel Perfecto:

El Comité Paritario era la base de un organismo piramidal jerarquizado integrado por una serie de agrupaciones mixtas de patronos y obreros: Comité Paritario, Comisiones Mixtas de Trabajo, Consejos de Corporación y Comisión Delegada de Consejos de Corporación, que culminaba en el propio ministro de Trabajo y que reflejaba una nueva concepción del Estado que descentralizaba sus funciones de intervención en el campo social a través del organigrama corporativo.

El Estado se veía así asistido directamente por la representación de la sociedad —en este caso, del trabajo— en una fórmula no liberal ni individualista, como venía reivindicando desde el final de los gremios el conservadurismo socialcatólico. El sueño de Aunós era extender el sistema a toda la actividad productiva (incluido el campo, siempre esquivo), y que en paralelo los espacios de vida, como la unidad familiar o el territorio (el municipio, la provincia), conformaran los otros ámbitos de representación y articulación de una realidad completamente corporativa que complementase al Estado, haciéndose cargo, como parte de la sociedad, de importantes jurisdicciones de este. En El Estado Corporativo (1928) afirmaba Aunós:

[…] frente al antiguo Estado individualista, nacido de la Revolución francesa […] pretende que el individuo actúe concentrando su actividad dentro de los cuerpos especializados y representados de su categoría de trabajo, y que estos cuerpos vayan a confluir en la organización y ordenación del Estado. En el juego de estos tres términos: individuo, corporación, Estado, estriba toda la arquitectura del Estado corporativo.

Algo no muy distinto de lo que exponía Pemán:

La nación es el organismo vivo que forman los hombres al agruparse en sociedad. […] La nación actual está formada por el conjunto de todas estas sociedades naturales (familia, municipio, comarca) y otros muchos núcleos de adhesión, como el gremio, la corporación, la universidad. Finalmente, el Estado no es más que la organización jurídica de la nación, o sea, el supremo poder que ha de tutelar, completar y armonizar la vida de todos los núcleos naturales.

Aunós se fue haciendo un convencido fascista en esa pulsión corporativa, pero el escenario español no era el italiano. El corporativismo de aquel país integraba por completo al individuo dentro y fuera del trabajo, mediante un sindicato único y obligatorio, no varios y a elegir, como aquí. La burguesía española de los años veinte seguía todavía con una mentalidad “liberaloide”, poco partidaria de un obrerismo poderosamente organizado, aunque fuera para un objeto armonicista. El modelo católico-social resultaba para esta menos amenazante y ambicioso que el totalitarismo fascista. Había apoyado a la dictadura para recuperar la paz social, pero no para dar a luz un orden nuevo que anulara por integración forzosa la posición relevante que había jugado en el tiempo liberal.

En definitiva, como resume Quiroga, la bonanza económica de la segunda mitad de los años veinte y la eficacia represiva del régimen hicieron poco atractiva una afirmación más radical de este o una movilización masiva de las clases medias y propietarias en torno suyo. Al contrario, fueron la experiencia de crisis económica y la tensión social y política de los años treinta las que empujarían definitivamente a las derechas y a sus bases sociales a un extremismo antidemocrático ahora innecesario, exagerado. Pero, con todo, la dictadura supuso la confirmación de que para la mayoría de la derecha española la fórmula liberal había pasado a la historia y que no formaba parte del recetario para abordar los problemas del mundo de entreguerras. El régimen de Primo de Rivera no resolvió definitivamente las características que tenía que tener el Estado nuevo. Partiendo sobre todo de la tradición corporativista del catolicismo social y hasta de una radical revisión liberaloide, llegó hasta los límites del estatismo intervencionista fascista, sin llegar a serlo. Pero, a pesar de su inconcreción, legitimó entre la derecha política española la idea de instituir algo radicalmente distinto.

3. El nacionalismo económico y los problemas
del régimen primorriverista

Además de Aunós y de Yanguas Messía, otros ministros de Primo de Rivera marcaron la pauta de su régimen y enlazaron indistintamente con el pasado y el futuro. Martínez Anido, mano derecha del dictador, se ocupó del orden público en este tiempo, asegurando una paz social por la fuerza como había demostrado ya en sus años barceloneses; luego volvería al cargo durante la Guerra Civil, en 1938. Callejo fue otro ministro empeñado en devolver al país a tiempos pretéritos. Desplegó una extensa e intervencionista reforma de la educación secundaria y superior, pero incorporó al plan que se asoció a su nombre un artículo 53 que equiparaba la validez de los estudios universitarios de Deusto (jesuitas) y de El Escorial (agustinos) a las enseñanzas oficiales, lo que generó grandes protestas. En el proceso de deterioro de la imagen de la dictadura, junto a los intelectuales (con el desterrado Unamuno como emblema), los estudiantes fueron la punta de lanza inicial de una oposición que luego alcanzó a otros sectores. Callejo avivó las cenizas de la Kulturkampf local —el artículo de la ley universitaria fue finalmente derogado— y confirmó al régimen de Primo de Rivera como el que más identificó nación con catolicismo de los habidos hasta entonces.

Pero si en algo coincidían dos de los ideólogos de la dictadura, Pemartín y Maeztu, era en defender “dos directivas científicas inexcusables: la continuidad histórica y el método experimental”. En lo primero iba la nación orgánica, biológica y providencial; en lo segundo, el desarrollo social, económico y técnico. Uno y otro debían ir juntos para prosperar. Este segundo pasaba ahora por el intervencionismo estatal, como hemos visto en el terreno sociolaboral con Aunós. En el estrictamente económico, Calvo Sotelo desplegó desde el Ministerio de Hacienda una ambiciosa batería de proyectos, dirigida a reformar la fiscalidad y a atajar el problema del fraude. La racionalización impositiva y la idea de progresividad fiscal chocaron con los intereses de las élites económicas (aristocracia rural y pequeños empresarios, particularmente), hasta frustrar la iniciativa y, de paso, el equilibrio presupuestario que pretendía en momentos de expansión del gasto público. El incremento de este llevó al economista Juan Velarde Fuertes a hablar de “prekeynesianismo”, donde el Estado actuaba como impulsor de la economía privada con sus políticas de inversión en infraestructuras. Los años de la dictadura, por razones internas e internacionales, fueron los de la nacionalización del capitalismo español, con entrada de inversores exteriores, procesos de concentración empresarial y de monopolización de sectores (creación de la CAMPSA o de Telefónica, con intervención de la ITT norteamericana, con sonados casos de corrupción y favoritismo: los Urquijo se hicieron sucesivamente con el control del monopolio del tabaco, de la telefonía y del petróleo), expansión territorial y conversión de parte de la banca en industrial, así como el fortalecimiento de la banca pública, incremento de la producción industrial (5,5% anual, superior al 3% del conjunto de la economía), reforzamiento de las grandes empresas vinculadas al poder político y una sensación general de euforia que aquí también se reflejó en una bolsa sobreexcitada.

Finalmente, Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, desarrolló ese plan de infraestructuras ya referido, con la creación de las Confederaciones Hidrográficas, otro de repoblación forestal, el impulso al incremento y modernización de la red ferroviaria o la creación del Circuito Nacional de Firmes Especiales (las carreteras asfaltadas adecuadas para los cada vez más numerosos automóviles; el plan preveía siete mil kilómetros de trazado radial desde Madrid); de su época son también los Paradores Nacionales y el Patronato Nacional de Turismo. Si en general se trató la suya de una gestión exitosa, no lo fue así en el apartado ferroviario, que le granjeó serios problemas de ejecución e incluso una causa judicial por gestión dolosa; a pesar de ello, y de sus posteriores acusaciones de quiebra fraudulenta en la construcción del metro bonaerense, el franquismo lo rescató para presidir la Renfe de 1948 al final de sus días.

En octubre de 1929, Sánchez Guerra fue absuelto de la causa por su asonada de enero. El tribunal militar reconocía así implícitamente que su sublevación era la respuesta contra un régimen ilegítimo por origen y ejercicio. Poco después, en diciembre, el empréstito emitido por Hacienda no fue asumido por los financieros locales y el Banco de España rechazó utilizar sus reservas de oro para adquirirlo. A la vez, los resultados de la sección redactora del anteproyecto de Constitución no podían ser más decepcionantes. El dictador se encontró ante una tormenta perfecta, donde a la oposición que había tenido que soportar desde su golpe de Estado se le sumaban ahora las defecciones de sus apoyos y cercanos: el Ejército, los dueños del capital, los antiguos conservadores bien situados en el consejo del Banco de España o los propios sectores políticos de soporte, desorientados y divididos ante el mayor reto de institucionalización afrontado por la dictadura.

Una situación que se había ido gestando a lo largo de los años. El golpe de septiembre surgió muy condicionado por la crítica situación catalana. En ese contexto, tanto la decadente Lliga y el Fomento del Trabajo Nacional como, sobre todo, la presidencia de la Mancomunidad, Josep Puig i Cadafalch, habían manifestado sin reservas su apoyo a aquel. Sin embargo, la dictadura había surgido también alimentada por la reacción antinacionalista y se nutrió de las tesis de Pemartín y Pemán que, considerando la nación como algo orgánico y biológico, no concebían que una parte de ella (de sus ciudadanos) pudiera plantearse la separación: los vínculos nacionales no dependían de la voluntad humana y eran superiores a la querencia colectiva de una generación. Aunque algunas derechas habían asistido al final de la Restauración a una regionalización de su discurso —algunos mellistas, aunque no todos, el carlismo en general y algunas voces mauristas; el movimiento de las diputaciones vasconavarras de 1917 resulta ahí ejemplar—, ahora se imponía un españolismo unitarista beligerante con la diversidad territorial, empezando por la catalana. Sus diputaciones también fueron sustituidas, la presidencia de la Mancomunidad pasó al empresario Alfonso Sala y, finalmente, esta misma fue anulada al entrar en vigor el Estatuto Municipal y, sobre todo, el Provincial, en 1925. A la vez, la dictadura aplicó una política contraria a la lengua y a las instituciones catalanas —incluyendo el Fútbol Club Barcelona— que generaron un mecanismo reactivo en la opinión pública y el desplazamiento definitivo del espíritu de la Lliga (o aun de la Unión Monárquica Nacional) en beneficio de tesis más exigentes y radicalizadas (cuando no abiertamente secesionistas). La Iglesia de aquella región, con el obispo Vidal y Barraquer a la cabeza, mantuvo un duro pulso para preservar el derecho a una liturgia en catalán combatida por las autoridades.

Por su parte, en el País Vasco, donde excepcionalmente sus diputaciones no habían sido disueltas, el unitarismo primorriverista también estimuló una reacción, a veces contenida en los marcos del propio sistema —el neorregionalismo estético—, pero otras reanimadora silenciosa de un nacionalismo vasco que ahora se refugiaba en la actividad cultural y recreativa esperando momentos mejores (una táctica que denominó “dar la espalda a la tormenta”). También en esa región se apreció al caer la dictadura la ineficacia o incluso contraindicación que había tenido su objetivo nacionalizador.

Asimismo, los empresarios de estos y de otros territorios mostraron en su posición las contradicciones del momento: se beneficiaron notablemente de las políticas públicas y de las decisiones económicas, pero no se entregaron por completo al régimen. La estrategia intervencionista de este, tanto en lo social como en lo económico, generó muchas dudas y, finalmente, resistencias. El “corsé corporativo” desplazaba al empresariado de muchas decisiones que entendía como propias, exclusivas, ajenas al Estado, y la política social le parecía una concesión innecesaria cuando el orden público se había recuperado: la Confederación Patronal tildó a la Organización Corporativa de perjudicial “al colocarla en régimen de inferioridad” (frente a la UGT). También criticaron el gasto en infraestructuras públicas, aunque se beneficiaban de él como concesionarios de obras —protegiéndose de la competencia extranjera con la creación de la Federación Industrial Nacional, en 1923—, y, por supuesto, los objetivos en política fiscal de Calvo Sotelo; por su parte, la política monetaria lo enemistó con los intereses textiles catalanes al dificultar sus exportaciones. Los grandes apellidos empresariales no se prestaron a dar brillo al dictador y, como mucho, remitieron a sus señoras a los actos de entrega y bendición de las banderas del Somatén o a cosas por el estilo. A la vez, los grandes terratenientes se veían desplazados por el incremento de poder de los más modernos industriales. La clase media, resuelto el problema marroquí y el social, ansiaba recuperar las libertades suspendidas. Tampoco los sindicalistas católicos recibieron con agrado el buen trato que la dictadura dispensó a sus competidores de la UGT, a los que en algún momento pensó Aunós que se podría “nacionalizar” y convertir en el sindicato oficial que precisaba para su diseño corporativista.

Los católicos sociales y políticos, en general, coincidían en recelar de las dimensiones crecientes que tomaba el Estado. Colaboraron de buen grado con la dictadura, pero perdieron el tiempo en estos cruciales años en el debate interno de por dónde derivar la Acción Católica. Había dos opciones: la recristianizadora (o restauración cristiana de la sociedad) que propugnaba el integrista cardenal Segura (apoyado en las Bases de 1926 que redactó el jesuita Nevares y promulgó el primado Enrique Reig), confesional a ultranza y colaboracionista con el régimen, o la posibilista y más abierta sostenida por Vidal y Barraquer (y apoyada por Pío XI). Prosperó la primera y la segunda, la accidentalista y pragmática, quedó para los más difíciles años republicanos. El catolicismo sociopolítico se reforzó en estos años ampliando o asentando sus estructuras especializadas, pero siguió mostrándose débil como organización que debiera enfrentar un contendiente de envergadura: seguía confiando más en sus consiliarios que en sus fieles. Al contrario, prefirió solazarse en este instante con afirmaciones integristas y triunfalistas del tipo: “[…] devolver a la religión el cetro social y político que quisieron arrebatarle el siglo XVIII y el siglo XIX, aquel al separar la religión y la educación, este al establecer el divorcio entre la religión y la política”, en lugar de pertrecharse para tiempos peores que no adivinaban. Como señaló Feliciano Montero, no era sino una vuelta a los preceptos decimonónicos del padre Antonio María Claret cuando ahora de nuevo afirmaban que “la sociedad, para ser feliz, debe caminar sobre las cuatro ruedas de la religión, la moral, la obediencia a la Iglesia y la obediencia a la autoridad”.

En cuanto a las referencias tradicionales del poder, Primo de Rivera llegó a afirmar que “las clases aristocráticas me odian”, quizás por el desprecio que fueron acumulando por su personalidad populista y sus decisiones erráticas. El rey fue sumando encontronazos y rectificaciones para frenar las apetencias de poder de aquel, Y, finalmente, parte del Ejército, el Arma de Artillería, acabó siendo disuelta, lo que constituye el summum de la confrontación interna. Como apuntaba Paul Preston, en 1930 no había sector social al que no hubiera ofendido.

Donde no encontró tantos problemas fue con la Iglesia —dejando aparte el profundo conflicto con las diócesis catalanas o las contradicciones señaladas en la Acción Social—, que tuvo en el dictador a un defensor decidido de las políticas moralistas en unos años en que se trastornaron las normas sociales de manera extraordinaria y emergieron también en España novedades, usos y comportamientos de mal recibo para el pensamiento más tradicional: protagonismo de la mujer, juvenilismo, “paraísos artificiales” (drogas), imagen y literatura denominadas “pornográficas”, prostitución y alcoholismo, blasfemia, cine y prensa popular, músicas modernas y bailes agitados, corrientes culturales novedosas… A ese fin se aplicaron el Somatén, las ligas contra la inmoralidad y todo tipo de juntas ciudadanas. La defensa de los intereses eclesiásticos en el terreno universitario a cargo de Callejo ya se ha señalado, pero se desplegó en todos los niveles de la enseñanza, donde la religión se convirtió en ubicua, aunque algún problema se suscitó por el establecimiento de textos únicos por parte de la Administración, a lo que siempre eran renuentes los católicos. Además, el regalismo liberal, concretado en la intervención del Estado en el nombramiento de obispos, quedó de facto anulado, lo que venía a representar el punto de desequilibrio de poder entre ambas instituciones; por ejemplo, en este tiempo alcanzó el cardenalato el intransigente Pedro Segura, bien relacionado con Alfonso XIII. En definitiva, aunque al final también la Iglesia relajó su apoyo a la dictadura, a ojos de muchos ciudadanos quedó tan impregnada de las adherencias negativas de esta como le ocurrió a la Corona, conforme se comprobaría unos meses después.

4. Hacia el final: la Corona cae abrazada al dictador

Desde el verano de 1929 el dictador buscaba agónicamente salvar su régimen acudiendo a nuevos apoyos que sucesivamente le fueron negados. En diciembre, en una famosa cena en el restaurante Lhardy de Madrid, comunicó a su gabinete y al presidente de la Asamblea su intención de dejar el poder. Para sucederlo pensó en una fórmula transitoria imposible —“ni dictatorial ni constitucional”— encabezada por el conde de Guadalhorce; en realidad, pretendía proporcionar cierta legitimidad a la situación tras diversas rondas electorales. El rey también se movió y acudió buscando socorro en los viejos políticos conservadores, los mismos a los que en marzo había negado la vuelta al régimen constitucional en la audiencia que tuvo con Romanones, Sánchez de Toca y Bugallal. Las enfrentadas estrategias del monarca y del dictador abrieron entre ambos una sima insuperable: el primero maquinaba a última hora contra el segundo echando mano incluso de una rediviva junta conspirativa conservadora, la misma que había fracasado en enero pasado.

Pero la dimisión definitiva de Primo no se produjo hasta el 28 de enero de 1930. Antes intentó diferentes alternativas y resistió presiones tanto civiles como militares (Goded), además de las regias; su intención manifestada de abandonar no resultaba muy convincente. El monarca buscaba por todos los medios desasirse ya de esa pesada carga, pero sin dar paso a una solución constitucional, que presumía que acabaría con él. Al final, y en ignorancia de Alfonso XIII, una consulta a los capitanes generales de las regiones sobre los apoyos con que contaba el régimen —una fórmula ensayada en 1923 que se repetía a su manera ahora y luego en 1936… y en 1981— constató que los fieles al dictador eran escasos. En ese punto, el rey designó al general Dámaso Berenguer al frente del Gobierno, esquivando así esa temida salida constitucional que ahora tendría que venir de la mano de unas elecciones.

Como tituló su libro el periodista libertario Eduardo de Guzmán, 1930 fue un año decisivo. Para las derechas de siempre pudo haber sido una oportunidad para recuperar una centralidad perdida durante la dictadura, pero ocurrió justo la inversa: la derecha liberal-conservadora fue definitivamente desplazada por su contraria, la radical, de manera que lo que quedó de aquella o se pasó al republicanismo o hizo pública su decepción con la trayectoria última del monarca. En los años treinta no hubo una derecha liberal monárquica y la que procedía de ese campo se integró en el republicanismo de diversas maneras; la antiliberal, por su parte, fue profundamente antirrepublicana, no tanto por nostálgicamente monárquica —aunque hubo grupos reconocidos como tales y un debate importante al respecto—, sino porque quiso confundir el carácter de ese régimen con su condición revolucionaria y opuesta por completo a sus valores. Esa contradicción hipotecó de partida las posibilidades de la Segunda República, aunque la evolución de las fuerzas políticas moderadas, conservadoras y reaccionarias podría haber deparado resultados diferentes de los ocurridos.

Berenguer hizo gobierno con segundones, sobre todo conservadores dinásticos no mauristas, tratando infructuosamente de recomponer las tramas de poder caciquil tradicional, algo imposible cuando la “vieja política” había sido desactivada durante el sexenio anterior. La Unión Patriótica se disolvió en cuanto le faltó el apoyo oficial que la había creado. Fue sustituida tres meses después por la Unión Monárquica Nacional, una iniciativa del marqués de Quintanar (Fernando Gallego de Chaves y Calleja), amigo e introductor en España de Antonio Sardinha, padre del integralismo lusitano, otro de los movimientos de la derecha antiliberal europea de ese tiempo. Al frente del partido se puso Guadalhorce cuando Primo declinó la presidencia; el exdictador moriría poco después en París, el 16 de marzo de 1930. La UMN reclamaba la obra y memoria de la dictadura, y reivindicaba su tríada de religión, patria y monarquía, agrupando otra vez a los viejos upetistas, además de a católicos, tradicionalistas, mauristas, conservadores colaboracionistas y gentes sin más adscripción que su mentalidad reaccionaria, cada vez más identificada con el reclamo del anticomunismo, internacionalizado a través de la Liga o Entente creada en 1924 por Théodore Aubert y George Lodygensky, y con sede en Ginebra.

La UMN se apoyó en diversos grupos locales creados por anteriores dirigentes de la Unión Patriótica en sus feudos, que no tenían más salida que esa unión nacional. Además de los Calvo Sotelo, Gay, Permartín, Pemán y otros, Maeztu cobró mucho reconocimiento en esta pasajera entidad, Fuentes-Pila llevó la secretaría política y el hijo del general, José Antonio Primo de Rivera, acabó encabezándola en sustitución de Guadalhorce. Porque la posición de la UMN, a pesar de su legalismo y constitucionalismo originales —influencia de Calvo Sotelo, frente al criterio de Maeztu—, fue cada vez más extremista, cortada por el perfil de Delgado Barreto desde La Nación y beligerante con el Gobierno Berenguer, tildado también de liberaloide.

Los más heterodoxos de esta derecha crearon pequeñas formaciones con diverso futuro. El doctor José María Albiñana fundó un Partido Nacionalista Español en abril que se ha tenido por precedente fascista solo por la naturaleza violenta de sus “legionarios”, pero que en realidad repetía los lemas clásicos de la reacción en este instante: religión católica, poder ejecutivo fuerte, monarquía, unitarismo españolista y orden social. Se mantuvo activo en los años republicanos hasta confluir en el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, en 1934. En otros casos, la iniciativa fue efímera, como ocurrió con Aunós, que montó un Partido Laborista de corte corporativista, pero sin futuro, o como hizo Eugenio Vegas Latapié, un integrista seguidor de Maurras, creador de Reacción Ciudadana, donde conferenciaban Maeztu y Rafael Sánchez Mazas. Todavía hubo otros más pintorescos: Juventud Monárquica Independiente (liderada también por Vegas Latapié), Acción Monárquica o el catalán Partido Socialista Monárquico Obrero Alfonso XIII, de José Ferrando Albors, sustituido luego en la dirección por Juan Ballester Rof. Con la excepción del de Albiñana, para la primavera de 1931, tras la quema de conventos y las medidas tomadas por el Gobierno republicano, todos estos grupos se habían disuelto.

Fuera de ese espacio, radicalizado, autoritario y progresivamente fascistizado, diversas autoridades del conservadurismo liberal —también del liberalismo a secas— fueron haciendo público su paso a la República o su impugnación de la monarquía. Lo expresó muy bien el alavés Gabriel Martínez de Aragón, futuro fiscal general de la República y presidente del Consejo de Estado:

[…] al no encontrar en la Monarquía el respeto debido a los conceptos primarios de mis convicciones políticas, me voy a la República como solución única para aspirar a vivir en España al modo en que se vive en las más adelantadas naciones del mundo.

Como él hicieron muchos en muchas localidades, pero también Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, hijo de Antonio, como otros hijos de Ossorio y Gallardo (Manuel) o de Sánchez Guerra (Rafael), que crearon en mayo de 1930 el partido Derecha Liberal Republicana, constatando así que la institución monárquica era ahora un impedimento para la evolución política hacia la democracia. “Delenda est monarchia”, escribió meses después Ortega y Gasset, y lo antecedía una afirmación rotunda: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. Otros no dieron un paso tan decidido, como Sánchez Guerra y Ossorio, pero sí que abandonaron la obediencia monárquica —se declararon “monárquicos sin rey”— y colaboraron luego con la República de manera leal, resultando elegidos parlamentarios en 1931 en candidaturas de ese signo. Burgos y Mazo creó un Centro Constitucional en Huelva, pero sus fracasos en la política republicana lo enfrentaron a esta y hubo de refugiarse entre los radicales de Lerroux. Sánchez de Toca dejó la vida pública, pero no se privó de pronunciar fuertes críticas a la actuación del rey. Por su parte, Gabriel Maura creó en marzo de 1931 otro Centro Constitucional con Cambó, César Silió y gente procedente tanto de la Lliga como del maurismo, con nombres de peso como Juan Ventosa, Goicoechea o el marqués de Figueroa (Juan de Armada). Fue el último intento del viejo líder lligaire por influir en la política española desde Cataluña, porque la dictadura había generado anticuerpos fatales para él, como le recordó meses después el grito callejero de “¡Visca Macià. Mori Cambó!”.

El 14 de febrero de 1931 cayó el Gobierno Berenguer cuando pretendió, sin respaldo ninguno, recuperar la legitimidad constitucional con unas elecciones a Cortes, en lugar de unas locales. El rey hubo de recurrir a los de la “vieja política”: Alba desde París, Sánchez Guerra o Melquíades Álvarez, pero todos rechazaron o le pusieron condiciones imposibles de aceptar. La salida monárquico-parlamentaria que le plantearon inquietó al círculo más cercano al monarca y, al final, fue el almirante Aznar el que formó un gobierno de concentración con nombres de la importancia de Romanones, Ventosa, García Prieto, Bugallal, el propio Berenguer, Juan de la Cierva y Gabriel Maura. Pero ya eran personajes consumidos por el pasado.

El nuevo Ejecutivo convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, a las que acudieron candidaturas identificadas popular y periodísticamente como “revolucionarias” (republicanas) y “antirrevolucionarias”. En ese esquema de confrontación extrema, otra vez, las derechas más radicales fueron las que primaron, al igual que los valores que las identificaban: religión, patria, monarquía, propiedad, orden, trabajo, derecho y justicia. Un sinfín de planchas electorales de ámbito local las representaron, porque la UMN se mostró ineficaz para proporcionar una cobertura nacional en este instante. Las candidaturas republicanas obtuvieron excelentes resultados en las localidades grandes, donde la limpieza del sufragio era mayor. Sus dirigentes y entidades llevaron a cabo lo que Enric Ucelay-Da Cal describió como “el golpe de Estado más perfecto de toda la historia española” al sacar a las masas a la calle y proceder pacíficamente a hacerse con el control de los ayuntamientos; Stanley Payne lo limitó a “pronunciamiento civil” y Rafael Cruz a “revolución elegante”, en línea con la “fiesta popular” de Santos Juliá.

En esa tesitura, las derechas políticas se resignaron a perder el poder, con la excepción de Bugallal, aquel “rey de Galicia”, partidario de resistir. También lo intentó el rey, que esperaba que de los contactos entre Berenguer (ministro de la Guerra), el marqués de Hoyos (ministro de Gobernación) y el general Mola (director general de Seguridad) saliera una declaración de la ley marcial; por su parte, Sanjurjo, director de la Guardia Civil, entró en relación con el Comité Revolucionario y aseguró a Lerroux su no intervención: “El Ejército no participará en más aventuras y no habrá más dictaduras en su nombre”. El “golpe de Estado pasivo” estaba resuelto y solo el general José Cavalcanti se puso a disposición del monarca “para una resistencia desesperada… Pero era él solo”. El Debate de Herrera Oria propuso que fueran las Cortes las que decidieran y que el monarca se mantuviera mientras tanto, pero al día siguiente cambió de criterio. El almirante Aznar se veía así negado por los dos extremos: si acudía a una acción de fuerza se deslegitimaba por completo; si no lo hacía, también. De manera que el rey, aislado, se acercó a Cartagena y embarcó rumbo al exilio. La República se proclamaba el 14 de abril.

5. Una república hostilizada y hostil

Al hacerse con el poder, el Comité Revolucionario resultante del movimiento conspirativo de finales del año anterior se convirtió en Gobierno provisional de la República. De él formaban parte Alcalá-Zamora, que se puso al frente del mismo, y Miguel Maura. Eran la representación de esas derechas liberales y monárquicas ahora comprometidas con el republicanismo. Algún miembro más de ese Gobierno también era gente moderada, de centro, como Nicolau d’Olwer, de Acció Catalana. Su correligionario, el democristiano Manuel Carrasco Formiguera, estuvo junto con otros republicanos (Lerroux, Azaña, Santiago Casares Quiroga, Marcelino Domingo…) y otros catalanistas como él (Jaime Aiguader), además de algún político por libre, como el socialista Indalecio Prieto, en la reunión de mediados de agosto en San Sebastián para preparar un movimiento antimonárquico y comprometer algunas líneas políticas de futuro si prosperaba el cambio de régimen; un mes después se les sumó oficialmente el PSOE.

Sin embargo, la eficacia inmediata de la conspiración fue nula: el movimiento militar de Jaca (al que seguiría otro tres días después en el aeródromo de Cuatro Vientos a cargo de Gonzalo Queipo de Llano y Ramón Franco), en diciembre, que debería verse respaldado por una huelga general en todo el país —otra vez el decimonónico esquema de pronunciamiento militar con apoyo civil—, resultó un fiasco y los encartados del Comité Revolucionario acabaron en la cárcel o en el exilio (o escondidos); por su parte, los capitanes Galán y Ángel García Hernández pagaron con su vida. Sin embargo, los hechos mostraron la existencia de una alternativa con creciente popularidad y precipitaron decisiones críticas para la continuidad monárquica. El consejo de guerra por rebelión contra los implicados, el 20 de marzo siguiente, se convirtió en un juicio contra el declinante régimen y en un acto de propaganda en favor de la República, de los republicanos y de sus héroes caídos. Ossorio y Gallardo, catedrático de Derecho, defendió a Alcalá-Zamora. La condena pírrica (seis meses) puso en libertad a su defendido en unos días.

La llegada de la República tuvo un aire revolucionario, y tarea de revolucionarios era buscar solución para la acumulación de problemas históricos que encaró. Aunque no se produjo un traspaso de poderes formal, no hubo violencias. La siguiente declaración es muestra del estrecho filo en que se movieron el nuevo Ejecutivo y su legalidad: “El Gobierno provisional de la República ha tomado el poder sin tramitaciones y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad”. La designación de Alcalá-Zamora, dos veces ministro de la monarquía, al frente del Ejecutivo provisional y luego de la propia República, en diciembre de 1931, una vez aprobada la nueva Constitución, buscaba dar confianza y conectar con la opinión moderada del país; lo mismo se hizo en muchas localidades a la hora de escoger nuevas autoridades. Miguel Maura, también diputado en 1916, al frente ahora del Ministerio de Gobernación, suponía otra seguridad. En enero de 1932 dejó la Derecha Liberal Republicana del presidente (entonces ya denominada Partido Republicano Progresista) y fundó su Partido Republicano Conservador. Como se ve, las opciones republicanas de centro o de derecha no escasearon, pero fueron incapaces de instalarse con entidad en el nuevo régimen y de reducirle parte del carácter hostil que le adjudicaron los reaccionarios. Pronto, el espacio del republicanismo conservador —más por sociología de composición que por ideología de partido— quedó en propiedad de los radicales de Lerroux, refugio de mucho antiguo monárquico liberal en ciudades y luego en pueblos, y más partidario de consolidar el nuevo régimen que de ponerlo a prueba con un programa reformista intenso.

La República acabó siendo un régimen hostil y hostilizado en su relación con las derechas radicales por una buena suma de razones. De partida, venía a quebrar una continuidad de poder de estas en términos que solo en los peores momentos del viejo Sexenio Democrático podían recordar. La salida del monarca hacia el exilio rememoraba aquella situación, a sumar enseguida el acta de acusación parlamentaria por su gestión; tuvo que ser defendido por Romanones. Pronto, en las primeras discusiones de las Cortes, la cuestión religiosa —traducida en términos de separación Iglesia-Estado— cobró una dimensión y protagonismo extraordinarios; el preámbulo de la quema de un centenar de conventos entre el 10 y el 13 de mayo no presagiaba un debate mesurado al respecto, ni luego las sucesivas expulsiones del país del obispo vasco Mateo Múgica o del arzobispo de Toledo, cardenal Segura. Después vendría el movimiento autonomista, precedido de la fugaz declaración de una República catalana por parte de Macià el mismo 14 de abril que, aunque desactivada rápidamente por el Gobierno, desataría todos los demonios contra “la amenaza separatista”. Periódicos como ABC o políticos como el agrario Antonio Royo Villanova se destacaron en una campaña de gran alcance iniciada en mayo de 1932, cuando el proyecto de estatuto entró en las Cortes. Republicanos como Unamuno, Sánchez Guerra o Maura también fueron beligerantes en este tema; por su parte, Ortega y Gasset propugnó la “conllevancia” del llamado “problema catalán”. Las derechas vascas tradicionalista y nacionalista se aliaron en torno a un proyecto de estatuto ideado como dique contenedor de la legislación democrática y laicista de la República, pero, cuando esta dejó claro que no iba a pasar por una autonomía anticonstitucional —aquel “Gibraltar vaticanista” que denunció Prieto—, el PNV cambió de socio y se acercó a los republicano-socialistas. A partir de ese momento, la “cuestión vasca” tornó también en amenaza para la continuidad de la unidad española a ojos de todas las derechas; la invocación a la España roja antes que rota la haría Calvo Sotelo, años después, precisamente en San Sebastián.

“Dios, Patria y Rey”, “Altar, Nación y Trono”, otra vez se entremezclaban y se veían en peligro. Finalmente, la Propiedad, con mayúsculas, alcanzó también la cabecera de la agenda en cuanto el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, se aplicó a emitir decretos y leyes que afectaban a las relaciones laborales y, particularmente, a la libérrima disposición de la tierra por parte de sus tradicionales dueños, ahora cercenada por el argumento de su “utilidad social”. En muchos lugares de la España meridional (y también de las dos Castillas) el ambiente cobraría tonos de “guerra de clases”, aunque el socialista se empeñara en revestir su “revolución jurídica” con términos garantistas:

No queremos resolver la lucha de clases por la violenta destrucción de la clase antagónica, sino absorbiéndola gradualmente en un proceso de evolución jurídica, transformando por la ley y el consenso mutuo el régimen de propiedad vigente. Por lo tanto, no queremos ni la perpetuación de las oligarquías históricas ni dictaduras de la derecha ni de la izquierda, sino una democracia integral, la democratización del poder, de la riqueza y de la cultura.

La República no era inicialmente revolucionaria, pero su proyecto venía a cuestionar y desmontar las bases del poder secular de las derechas; no resulta extraño, entonces, que estas se aplicaran a convertir los términos en sinónimos —al que sumaban ya el de democracia—, sobre todo los monárquicos alfonsinos. La amenaza era tanto a sus intereses de clase o a sus privilegios de grupo —era el caso de la Iglesia católica—, como a su cosmovisión, a sus valores ideológicos compartidos y enfrentados a los primeros Gobiernos republicanos. Aun existiendo espacio para el entendimiento, este era estrecho, y cada paso que se daba lo angostó más; los propios republicanos afirmaban estar haciendo una revolución, por lo que facilitaban la confusión semántica que buscaba la extrema derecha.

Por otra parte, no debe perderse de vista el escenario internacional en que se producía esta oportunidad para abordar los graves e históricos problemas del país. El mundo de posguerra ya no era liberal y elitista —la española fue la última democracia en constituirse después de 1919—, sino que masas agitadas y movidas por las pasiones se adscribían a grandes postulados cada vez más extremados, a izquierda y a derecha, que, a su vez, respondían a sendos internacionalismos que, en realidad, no eran sino expresiones ideológicas de intereses profundamente nacionales (igual daba la Rusia comunista y su Comintern que la Italia y la Alemania fascistas). En el escenario interior, la facción del republicanismo que más dinámica se mostró durante el primer bienio fue la radical-socialista, significada a nivel general, pero sobre todo en las localidades, por su anticlericalismo militante y por su populismo a la hora de hacer política, lo que exasperó las relaciones entre los diversos grupos; dejamos aparte el envenenamiento del ambiente parlamentario a que contribuyeron los llamados “jabalíes” de Joaquín Pérez Madrigal y compañía. Pero incluso la tendencia más mesurada y elitista que representaba el azañismo no dejó de mostrarse jacobina en lo que hace a esa convicción íntima de encarnar tanto la verdad como la política que convenía al pueblo. El sectarismo (y la patrimonialización del régimen republicano, de la idea misma de República) que se le ha reprochado tiene que ver con esa seguridad que condujo a decisiones poco valoradas por sus posibles efectos y por las dimensiones de sus afectados; aquella afirmación del primer ministro de que “España ha dejado de ser católica” es un buen ejemplo de la falta de visión realista de la naturaleza del país, aunque la encomienda política de entonces no dejaba muchas más alternativas. Azaña, a partir de su segundo gobierno de diciembre de 1931, ya sin radicales ni catalanistas moderados ni católicos (salvo el presidente Alcalá-Zamora), personificó para las derechas al impulsor y gestor de todas las reformas legales negativas (la territorial, la social y la militar, además de la religiosa). No extraña, así, que el aterrador discurso del general Mola en agosto de 1936 justificando su “golpe de Estado preventivo” lo citara en estos términos:

Solo un monstruo, de la compleja constitución psicológica de Azaña, pudo alentar tal catástrofe; monstruo que parece más bien producto de las absurdas experiencias de un nuevo y fantástico doctor Frankenstein que fruto de los amores de una mujer. Yo, cuando al hablarse de este hombre oigo pedir su cabeza, me parece injusto: Azaña debe ser recluido, simplemente recluido, para que escogidos frenópatas estudien en él “un caso”, quizá el más interesante, de degeneración mental, ocurrido desde el hombre primitivo a nuestros días.

Azaña acabó siendo republicano y demócrata porque la democracia entonces no era tanto el actual e institucionalizado juego de fuerzas e intereses como “una identidad social o un sujeto social condensado en el mito del pueblo revolucionario”, como advirtió Rafael Cruz; la potencialidad creativa o destructiva de esa realidad se convirtió en factor fundamental. A medida que pasaban las semanas y los meses, el Gobierno provisional y luego los sucesivos del primer bienio republicano acentuaron su hiperactividad legislativa, paralela a la percepción de hostigamiento que acumularon por parte de opositores tanto de la izquierda extrema como de unas derechas radicalizadas.

Porque habiendo mucho argumento en los Gobiernos republicanos iniciales para explicar lo extremo de la política española de los años treinta, lo cierto es que las derechas adoptaron posiciones beligerantes y ajenas a cualquier tipo de consenso; en última instancia, una evidencia ya asentada en la bibliografía es que estas estarían preparando un golpe de Estado o porfiando y conspirando por él desde el día siguiente a la proclamación republicana (si no antes). Así lo propuso un temprano ensayo del jesuita Aniceto de Castro Albarrán, Derecho a la rebeldía, reeditado significativamente en 1941 como El derecho al Alzamiento; por su parte, los tradicionalistas Pablo León Murciego y Marcial Solana difundieron la tesis de que, si los poderes públicos contravenían el derecho natural, era lícita la rebelión. Cierto que no fueron estas las posturas mayoritarias, pero sí que tuvieron la capacidad de marcar el paso ideológico y, luego, conforme se radicalizaba y complicaba el ambiente político del país, de atraer a sus tesis a la mayoría de las derechas.

En 1931, el soporte social de estas lo proporcionaba el catolicismo; ahí seguían estando las masas. La fase triunfalista de la Acción Católica —la de las Bases de los cardenales Reig y Segura— dio paso un lustro después a otra pragmática conducida por Herrera Oria (y respaldada por Vidal y Barraquer). En lo que afecta a la crisis política de la derecha en abril de 1931, el giro estratégico se tradujo en una opción “accidentalista” que no hacía causa de la monarquía y de lo que suponía ahora en su semántica de oposición beligerante contra la República. A diferencia del monárquico ABC, El Debate y el decano conservador, La Época, coincidieron en una postura templada (aunque luego el histórico diario viró hacia el extremo de la mano de su propietario y director, José Ignacio Escobar, marqués de las Marismas). Al mismo tiempo, Acción Católica se declaraba autónoma respecto de las posibles entidades políticas que iba a respaldar y de las organizaciones especializadas, como las asociaciones agrarias tipo CNCA o los sindicatos obreros (ahora “profesionales de inspiración cristiana”, una manera de decir “aconfesionalismo táctico”). Un Secretariado de Obras Económico-Sociales, a cuyo frente se puso a Alberto Martín-Artajo, el dirigente de los Estudiantes Católicos, con presencia destacada de propagandistas de la ACdP, coordinaba todas esas entidades. La importancia política de los propagandistas de Herrera Oria creció extraordinariamente, aunque no todos siguieron esta estrategia o se alinearon con las entidades que la defendieron (Acción Popular y luego la CEDA). Otros se encuadraron en formaciones como el tradicionalismo (Pradera, José María Lamamié de Clairac y Marcelino Oreja Elósegui), el monarquismo (Pemán y Vegas Latapié), el nacionalismo vasco (José Antonio Aguirre), catalán (Carrasco Formiguera) e hispano (Onésimo Redondo), o incluso en el incipiente fascismo de Ramiro Ledesma Ramos (el periodista Antonio Bermúdez Cañete, aunque luego acabó en 1936 como diputado cedista).

El 29 de abril de 1931, aturdidos aún por el marasmo producido en las filas derechistas tras la proclamación republicana, Herrera Oria fundó Acción Nacional (que un año después fue obligada a cambiar su nombre por Acción Popular), una entidad para la “salvación político-social” de España que se constituyó en instrumento de intervención política en torno a las premisas de religión, patria, familia, orden, trabajo y propiedad. Este partido confesional, representación de la derecha conservadora, daba forma política a la teoría del “mal menor” defendida ahora por el Vaticano, en oposición a la opción “exagerada” de los monárquicos catastrofistas (o fundamentalistas, como los llama Julio Gil Pecharromán). En esa línea, Acción Nacional era partidaria de jugar en la legalidad, respetando al nuevo régimen —que no acatándolo— y confiando en la capacidad y espacio de este para evitar los mayores males o para reconducirlos una vez producidos (v. g., su campaña prorrevisión constitucional o la reparación legislativa solicitada por el episcopado español tras aprobarse la carta magna, en diciembre de 1931).

La diferencia con el otro sector de la derecha, el monárquico, ha girado en torno al “accidentalismo” de los de Herrera Oria, pero lo que en realidad encubre es esa otra disyuntiva de más calado y tradición histórica: enfrentar la descristianización (y otros procesos negativos) desde el posibilismo de la política o desde la confrontación abierta. Para los monárquicos, el debate no tenía sentido porque monarquía en España significaba lo contrario de revolución, por lo que el accidentalismo de los católicos era algo irreal, inmoral y absurdo. Y, en realidad, volviendo a la literalidad de los clásicos, cuando De Maistre sentenció que la contrarrevolución sería lo contrario de la revolución entendía por aquella “el restablecimiento de la monarquía” (y lo que ello significaba).

En todo caso, mucho más práctico y, se insiste, dotado de masas de respaldo, no como los alfonsinos, el futuro sacerdote y cardenal Herrera Oria volvió a ser el que más cerca estuvo de la creación de una fórmula política aglutinante de las diferentes expresiones de la derecha —y lo más parecido a un partido católico—, aunque ahora fuese de carácter defensiva y circunstancial. Esto se aprecia en la tripleta dirigente que lo sustituyó al frente de Acción Nacional tras dejar este puesto en octubre de 1931: el propagandista Gil-Robles, y los exmauristas Goicoechea y conde de Vallellano. La nómina de asociados era todavía más plural: los tradicionalistas conde de Rodezno (Tomás Domínguez Arévalo) y Pradera, o el integrista Senante, otros alfonsinos como Cirilo Tornos Laffite o accidentalistas como José Medina Togores, subdirector de El Debate, o el sindicalista católico Dimas Madariaga. Hasta enero de 1933 todos se mantuvieron unidos bajo esa común cobertura, hasta que Goicoechea y Vallellano dejaron este partido para crear el suyo, Renovación Española. Es decir, desde sus inicios, coincidiendo con la experiencia de Acción Nacional, aquellos dos alentaban una iniciativa más ideológica, específica, purista, intransigente y minoritaria. En la Junta de Gobierno de Acción Nacional celebrada en octubre de 1932, se suscitó un arduo debate estratégico del que salió ratificado el accidentalismo, preparando el camino para el salto a una estructura de mayor ambición, como fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Gil-Robles había sido designado un año antes por Herrera Oria para sucederlo al mando, en detrimento del presidente provisional Goicoechea.

La otra entidad derechista que alimentaban a la par los sectores monárquicos se concretó en una sociedad de estudios que dio lugar a una revista doctrinal del mismo nombre: Acción Española. La idea le venía rondando a su impulsor, Eugenio Vegas Latapié, desde el otoño de 1930, cuando fue nombrado para dirigir la Juventud Monárquica Independiente. Lo siguieron entusiastas Maeztu y el marqués de Quintanar, que propusieron significativos títulos para la cabecera: Hispanidad o La Contrarrevolución, respectivamente. Pero, al margen de sus preocupaciones, la República se proclamó y ello disparó la urgencia. En aquella misma jornada se reunieron los tres en casa de Guadalhorce, donde también concurrieron Calvo Sotelo y Yanguas Messía, además de algunos otros derechistas, como José Antonio Primo de Rivera (Guadalhorce, Calvo Sotelo y Yanguas marcharon al exilio para evitar persecuciones o responsabilidades por su gestión durante la dictadura; otro tanto hicieron otros, como La Cierva o el duque de Alba, repitiéndose la escena de septiembre de 1868). Unas pocas semanas después, en mayo, tuvo lugar la jornada de destrucción y quema de conventos, precedida precisamente del acto de presentación del Círculo Monárquico que había organizado el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. Por allí estuvieron la víspera o ese mismo día Vegas Latapié o Goicoechea y Gil-Robles. Sin quererlo, el acto monárquico y la reacción airada de los republicanos fueron su mejor propaganda porque el fuego revolucionario suscitó la reacción; después vinieron la salida y expulsión de Segura y Múgica.

6. Las cuatro derechas

Pero, todavía, a las elecciones a Cortes de junio de 1931 las derechas llegaron sin organización ni entusiasmo, y en pésimas condiciones frente a unos republicanos que manejaban los Gobiernos Civiles y el Ejecutivo, y que seguían eufóricos tras el cambio de régimen. Al final optaron todas por no impugnar el proceso con su retraimiento y por seguir la estrategia de Acción Nacional, votando a los candidatos derechistas. El resultado fue muy malo. Los presentados bajo esas siglas sacaron solo cinco diputados, pero ello no es representativo de su fuerza real porque el propio Gil-Robles no se presentó con esa marca; es más expresiva la que acogió a los agrarios. La suma de unos y otros, más algún independiente o marcas locales efímeras, además de los nacionalistas del PNV y la Lliga, y los tradicionalistas, sumaron unos 47, una décima parte de los diputados de las Cortes Constituyentes; fueron 42 los que abandonaron el Parlamento tras la aprobación de los artículos 26 y 27 de la Constitución, referidos a la cuestión religiosa, y 59 los que votaron finalmente en contra de ese bloque legislativo (sumando aquí a algunos republicanos católicos a la Minoría Vasco-Navarra y la Agraria).

Interesan los resultados para conocer el punto extremo de sus fuerzas, los lugares donde en la peor de las circunstancias sobrevivían por su anclaje casi natural al territorio. Aquí se aprecia en 1931 una diferencia entre el norte y el sur del país. En el norte, las derechas resistieron muy bien en el País Vasco y Navarra, el único lugar donde ganaron las elecciones (quince escaños del PNV, tradicionalistas e independientes favorables al proyecto confesional de Estatuto de Estella frente a nueve izquierdistas), pero también en Castilla la Vieja, sobre todo en Burgos (aquí vencieron), Salamanca, Palencia, Valladolid, Segovia y Zamora, donde sacaron al líder agrarista José Martínez de Velasco, a Gil-Robles, a los integristas Lamamié de Clairac y Francisco Estévanez, a Nicasio Velayos, a Royo Villanova, al antiguo ministro Abilio Calderón y al presidente de la Confederación Católico-Agraria (CNCA), Ricardo Cortes. En esas dos regiones lograron dos de cada tres de sus diputados, pero también aguantaron en Galicia, donde por la minoría salió Calvo Sotelo, en Asturias (aprovechando la retirada forzosa de la candidatura de Melquíades Álvarez, que había creado ya un Partido Republicano Liberal Demócrata) o en Santander (de la mano del canónigo y líder agrario Lauro Fernández; con él salió elegido Pedro Sainz Rodríguez), y un poco en Logroño y Zaragoza (aquí sacaron al también canónigo y dirigente católico social Santiago Guallar). También en Castilla la Nueva salieron algunos diputados por la minoría, como el conspirador general Joaquín Fanjul o el sindicalista Dimas Madariaga, por Cuenca y Toledo, respectivamente. Al margen de estos, la Lliga retuvo solo dos actas, el millonario Juan March salió junto con otro miembro de su Partido Republicano de Centro montado para la ocasión en su feudo balear, y en Madrid la candidatura de apoyo a la República patrocinada por el diario centrista Ahora, con los antiguos políticos restauracionistas Ossorio y Gallardo, Melquíades Álvarez y Sánchez Guerra, salió adelante con más votos que la de Acción Nacional, apoyada desde El Debate y ABC, que incluía a Herrera Oria, a Goicoechea y al marqués de Lema, antiguo alcalde de la ciudad y varias veces ministro. Por debajo del río Tajo, el contador quedó a cero, incluyendo toda la costa mediterránea.

Al margen de estas disputas, algunos prohombres de la Restauración siguieron saliendo electos por sus demarcaciones tradicionales, como Romanones, Santiago Alba o Manuel Portela Valladares. Por su parte, la derecha republicana de Alcalá-Zamora obtuvo veinticinco escaños dentro de la gran conjunción republicano-socialista. No era un mal resultado, pero quedaba muy lejos de las expectativas del futuro presidente. Además, la polarización rápida del proceso social y político —manifestada claramente ya en las jornadas de mayo de 1931 con la quema de conventos— desplazó a este sector y lo convirtió en irrelevante. Dentro del republicanismo, la opción cada vez más moderada de los radicales de Lerroux sumó noventa diputados, quedando la segunda tras los socialistas y manifestando su pronta hegemonía en el espacio de centro.

Volviendo a Acción Española, su creación fue el resultado de una voluntad organizativa y conspirativa que, al final, por las circunstancias, alumbró una revista teórica. Vegas Latapié, Quintanar y Fuentes-Pila iniciaron en mayo una ofensiva destinada a recaudar fondos entre la aristocracia y a reclutar militares dispuestos para la sedición. De la primera consiguieron millón y medio de pesetas; de entre los militares, sobre todo de los apartados por el decreto de retiro extraordinario de abril (la reforma militar de Azaña), lograron la complicidad de algunos como Orgaz, Miguel Ponte, Barrera y Cavalcanti o el ahora coronel Varela. Luis Orgaz, jefe militar de la conjura, consiguió del indiano y filántropo cántabro marqués de Valdecilla (Ramón Pelayo de la Torriente) una ayuda de cien mil pesetas que puso a disposición de Fuentes-Pila y de Quintanar. Controlados por la policía, resolvieron dedicar este dinero a una revista, asegurándose de la continuidad de la ayuda por parte de la sobrina de Valdecilla cuando este falleció en 1932.

De esta manera, en octubre de 1931, se fundó una sociedad cultural denominada Acción Española que pretendía abrir sucursales (círculos) en las provincias para el estudio de “la Hispanidad y la Civilización Hispánica”. El 15 de diciembre salió el primer número de la revista Acción Española, dirigida por el marqués de Quintanar, a quien sucedió Maeztu desde mayo de 1933. El vitoriano fue el “cerebro del movimiento doctrinal”: tenía la convicción de que la República había llegado por desplazamiento de la hegemonía ideológica tradicional de los monárquicos y que esta debía ser recuperada definiendo y actualizando el objeto político de las derechas. Habían detentado el poder, pero se habían debilitado argumentalmente, dejando la intelligentsia para los republicanos. Ahora se trataba de invertir el proceso, de crear intelectualmente (el martillo) y de defenderse violentamente (la espada): “Habíamos olvidado el alma que había de dirigir las espadas”. Para ello, idearon un proyecto cultural ecléctico, muy influido por la Action Française y su nacionalismo integral de Maurras, y por el integralismo del portugués Sardinha, pero, sobre todo, con un poso neotradicionalista muy en la línea de los pensadores españoles de cabecera para los antiliberales: Balmes, Donoso Cortés, Aparisi y Guijarro, Menéndez Pelayo, Enrique Gil y Robles, Cánovas o Vázquez de Mella, por no remontarse a los clásicos del siglo XVIII y primeros años del XIX (Zeballos, Vélez, Alvarado).

Fernández de la Mora confrontaba años después “el cartesianismo positivista, el nacionalismo excluyente y el clasicismo paganizante de Maurras con el tomismo espiritualista, la hispanidad generosa y el barroquismo ortodoxo que caracterizaron tantísimas páginas de Acción Española”. La síntesis de González Cuevas es que se trató de “una actualización del tradicionalismo católico, a través de la interpretación menendezpelayista de la historia nacional, la teoría monárquico-tradicional del Estado y el corporativismo social-católico”. En definitiva, la tradición teológico-política que manejaban esas derechas históricamente en España: la corrupción de la realidad se había producido también aquí por una alteración del orden teológico que debía dominar la vida social, y su reparación debía proceder de una renovada visión religiosa (católica) del orden político.

En los 88 números mensuales o quincenales que publicó hasta junio de 1936 —con un trimestre de interrupción tras el golpe militar fracasado de agosto de 1932— escribieron los intelectuales más destacados de los diferentes campos de las derechas, lo mismo monárquicos alfonsinos (la mayoría: Calvo Sotelo, Vegas, Goicoechea, Pemán, Sainz Rodríguez, Pemartín, Yanguas, Luca de Tena, Juan Antonio Ansaldo, Ibáñez Martín, Jorge Vigón o Sanjurjo) que tradicionalistas (Pradera, Rodezno, Marcial Solana, Agustín González de Amezúa, Pablo León Murciego, Esteban Bilbao o Emilio Ruiz Muñoz), de la futura Falange (Sánchez Mazas, Ledesma Ramos, Giménez Caballero, Eugenio Montes, Lequerica, Emiliano Aguado) o de Acción Popular y El Debate (Juan de Contreras, marqués de Lozoya, José González Ruiz, el asturiano José María Fernández-Ladreda, el padre Gafo, Joaquín Arrarás), u otros de más difícil ubicación ahora (Aunós, el psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, Zacarías Vizcarra o el aviador militar Emilio Herrera Linares, presidente de la República en el exilio, en 1960). Una presencia plural puesta al servicio de la derecha radical reaccionaria hispana (ya fuera en su versión alfonsina o carlista).

La colaboración económica y de todo tipo con la sociedad cultural y la revista supuso el último esfuerzo a cargo de una aristocracia que llevaba años desconectada como tal grupo de las cosas de la política. Sin duda que el peligro en que se encontraban ahora su cosmovisión y sus intereses materiales hicieron que volcara su atención hacia esta iniciativa. La plana mayor (y menor) de la nobleza aparece de alguna manera en torno a Acción Española: Quintanar, el de las Marismas, Rodezno, Motrico (José María de Areilza), Lozoya, Ybarra, Saltillo (Miguel Lasso de la Vega)… Pero también se destacan los grandes apellidos industriales y financieros, empezando por los vascos (con el diletante Pedro Eguillor a la cabeza y luego José Luis Oriol, Fernando Ybarra, el antes citado Lequerica, Ramón Sierra Bustamante, Enrique Aresti…), seguidos de los asturianos (el marqués de la Vega de Anzo, Martín González del Valle), los catalanes (el egarense Sala, Juan Claudio Güell Churruca, primogénito del marqués de Comillas, el empresario carlista Bau), los terratenientes andaluces (Francisco Moreno Herrera, conde de los Andes y marqués consorte de la Eliseda) o los títulos habitualmente residentes en Madrid (el duque de Alba, ahora en el exilio, Vallellano, Valdeiglesias [Alfredo Escobar] o Mayalde [José Finat]). El exrey Alfonso recibía la revista (y su hijo don Juan también) y el general Franco estaba suscrito.

La proclamación republicana reactivó nuevamente a las fuerzas tradicionalistas, un tanto descolocadas durante la dictadura primorriverista. La centralidad que pronto ganó la cuestión religiosa y las quemas de conventos de mayo les proporcionaron una visión “cristera” de la situación, donde España repetía la guerra civil suscitada en México entre 1926 y 1929 entre católicos y el Gobierno laicista. Pero, todavía, la situación era de desconcierto, primando las respuestas locales o particulares: incorporación a entidades como Acción Nacional y luego a Acción Española, alianza político-electoral con los nacionalistas en defensa del proyecto de estatuto vasconavarro de Estella, escisión del partido y fusión con católicos en Cataluña para crear Unió Democràtica (UDC), integración en las listas electorales de los Agrarios castellanos o de la Lliga Regionalista (desde 1933, Catalana)… Tampoco por las alturas la cosa fue más ordenada. La coincidencia ahora de tan formidable enemigo con la situación de exilio de sus dos “reyes” facilitó un acuerdo personal entre Alfonso y Jaime a través de sus representantes (Julio Danvila y José María Gómez Pujadas, respectivamente). Todo terminó en un documento suscrito en Territet (Suiza), el 12 de septiembre de 1931, que especialistas en el tradicionalismo como Josep Carles Clemente o Canal (o los propios autores carlistas) ponen en cuestión. El caso es que el pacto dinástico remitiría a unas Cortes futuras la proclamación de un monarca de entre las dos casas. De optarse por Jaime, se establecería su sucesión en el tercer hijo varón de Alfonso XIII, Juan. La histórica pugna familiar (y de seguidores) quedaría así zanjada, aunque el recurso a una decisión parlamentaria contradecía la historia (y razón de ser) del tradicionalismo, por lo que estos no obedecieron el supuesto acuerdo.

En todo caso, la opción común de don Juan —o de su hijo Juan Carlos— quedó para más adelante y de ella hicieron causa carlistas pragmáticos como Rodezno, Oriol, los vástagos de este (los Oriol Urquijo) y otros futuros franquistas más. Pero ahora todo terminó en nada porque, además, don Jaime falleció repentinamente y sin descendencia unas semanas después, sucediéndolo su octogenario tío Alfonso (denominado Alfonso Carlos I), también sin hijos. Con todo, el carácter integrista de este y la desaparición de Jaime intensificaron el regreso ya iniciado de mellistas e integristas al redil carlista, cosa que se hizo desde las bases, no por las alturas, y de manera pausada. El 1 de febrero de 1932, Olazábal declaró disuelto el viejo Partido Católico Nacional y lo integró en la unificada Comunión Tradicionalista Carlista, presidida brevemente por el marqués de Villores (José Selva Mergelina), al que tras su fallecimiento en mayo sucedería Rodezno. Con él, los hombres fuertes del partido eran ahora Joaquín Beunza, Senante (director de El Siglo Futuro, portavoz oficioso de la Comunión en Madrid tras desplazar a El Cruzado Español), Juan María Roma (el fundador del Requeté), Lorenzo Sáenz, Lamamié de Clairac y el gran empresario y antiguo maurista Oriol Urigüen, dirigente de la poderosa Hermandad Alavesa, recientemente incorporado al carlismo después de haber sido rechazado por los nacionalistas vascos; en la siguiente remodelación se les sumaron Bilbao y Pradera.

La renovada “amalgama tradicionalista” incorporó a procedentes de muchos sitios (incluidos alfonsinos) y se desarrolló extraordinariamente en estos años, siendo capaz de desbordar sus feudos vasconavarros y norteños para expandirse definitivamente por el territorio de la antigua Corona de Aragón y, de la mano del integrista Manuel Fal Conde, incluso por la Andalucía Occidental (exageradamente llamada la “Navarra del Sur”). Los veintiún diputados obtenidos en las futuras elecciones de noviembre de 1933 —cuatro de ellos andaluces— confirmarían la revitalización del viejo tradicionalismo, aunque se aprovecharan de su inserción en las listas unitarias del bloque de derechas. Además, especializaron sus estructuras añadiendo a las anteriores una de mujeres, las Margaritas, lo que venía a constatar su relativa aceptación del nuevo rol social consolidado por estas tras la Gran Guerra: a pesar de su abrumadora presencia (5.000 asociadas solo en Navarra), fueron dedicadas a tareas complementarias, como la enseñanza y la educación, la caridad y la beneficencia, a la ayuda a sus correligionarios perseguidos a través del Socorro Blanco, creado en 1933, y a la propaganda, donde se destacó como oradora la maestra burgalesa María Rosa Urraca Pastor.

Por su parte, los jóvenes se incorporaron a un Requeté reorganizado en junio de 1931 en una reunión en la casa de los Baleztena en Leiza (Navarra), que se ratificó poco después en otra en Azpeitia. El objeto era un movimiento insurreccional en la región vasconavarra para frenar las reformas laicas gubernamentales. Curas de pueblo y clases medias y élites profesionales y propietarias en las localidades más grandes renovarían la recluta de unas bases donde al campesinado tradicional se le habían sumado muchos trabajadores urbanos. Algunos, como el joven Jaime del Burgo y Generoso Huarte, se significaron en la organización de miles de voluntarios navarros. La trama se desarrollaba en conexión con los militares alfonsinos encartados, como el general Orgaz, pero los carlistas siempre tuvieron la sospecha de que su gente no iba a servir sino de carne de cañón para una operación ajena a sus postulados. Orgaz también contactó con los nacionalistas vascos, partidarios de una acción directa violenta en los momentos de mayor tensión con las autoridades y bases republicano-socialistas. Los nombres relacionados daban cuenta de la amplitud de la confabulación: Orgaz, el jefe nacionalista Aguirre, los carlistas, Vegas Latapié, el católico José María Urquijo… El verano de 1931 tuvo en la región vasconavarra “aires de guerra civil”, pero, al final, el Gobierno logró desactivar la amenaza con desplazamiento de tropas y detenciones allí y en Madrid (Urquijo, Olazábal, José Antonio Primo de Rivera, Orgaz semanas después y diferentes aristócratas y militares retirados), o cerrando batzokis nacionalistas y periódicos como La Correspondencia Militar o La Gaceta del Norte, que llamaba a “empuñar las armas para responder a la tremenda agresión de que está siendo víctima la religión católica en nuestro pueblo”.

Con todo, esta vía insurreccional no se interrumpió y enseguida se reactivó de otras maneras, reiterándose las violencias puntuales y sucediéndose los muertos y heridos en las algaradas. La tensión repuntó en el otoño de 1931 y después en enero de 1932, con momentos de gran violencia en lugares como Burgos o Bilbao (y Navarra), respectivamente, que recordaban las refriegas de clericales y anticlericales de principios de siglo. En paralelo, siguió la relación entre los dos monarcas con la redacción y firma de un nuevo acuerdo, esta vez en Mürren (Suiza), el 23 de enero de 1932, que apostaba por la sucesión alfonsina siempre que esta se sometiera al modelo de monarquía tradicional de los carlistas. Tampoco valió de mucho porque ni unos ni otros se creyeron el compromiso, y solo serviría para respaldar los contactos conspirativos entre las dos ramas monárquicas, así como para evidenciar las tensiones dentro del tradicionalismo entre los pujantes pragmáticos de procedencia diversa y los carlistas de siempre, que ahora se sentían cada vez más desplazados en su propio partido.

Quedaría referirse, finalmente, a la cuarta rama del derechismo hispano durante los años republicanos, aunque en este primer bienio no pasó de ser una manifestación juvenil de escasa importancia. Nos referimos a la “derecha revolucionaria”, a la versión local del rampante fascismo europeo que, si bien más tarde cobró notoriedad con la Falange joseantoniana, tiene también su prehistoria. Su hombre inicial fue Ramiro Ledesma Ramos, un joven zamorano formado en las aulas universitarias bajo el magisterio de Ortega y Xavier Zubiri, García Morente y Cossío, o los socialistas Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, que representaba el tipo de “proletariado intelectual” de la época, proclive a radicalismos. No solo replicó de la manera más estricta las referencias fascistas —su semanario La Conquista del Estado, fundado en marzo de 1931, repetía el título de la cabecera de Curzio Malaparte—, sino que fue lo más cercano que hubo en el país a esa ideología, a la vez que el más ardiente y genuino defensor del nazismo alemán. Su ideología remitía a un ultranacionalismo españolista dotado de un Estado totalitario, corporativo nacional-sindicalista revolucionario, director de la economía y de las pautas sociales, y declaradamente antiburgués: “Un Estado hispánico de novedad radical”, en sus palabras. El procedimiento para alcanzar el poder era la acción directa violenta contra el capitalismo y la cultura política liberal, aplicada por parte de unas masas populares obreras (y unas juventudes universitarias), excitadas por un discurso revolucionario incendiario y antimarxista.

Como pasa con el fascismo en sus inicios (y no solo), sus contactos e influencias muestran la heterogeneidad de su composición y ascendiente social e ideológico: recibió sus primeras ayudas de la oligarquía financiera vasca (Lequerica y Areilza), que no buscaba sino otra fuerza de choque contra las izquierdas, y trató de captar a la vez líderes populares del estilo del aviador Ramón Franco (sin éxito, aunque lo tuvo con Julio Ruiz de Alda) y masas procedentes de una CNT idealizada como representación del genuino obrerismo hispano, nacional y revolucionario a un tiempo (se debió conformar con algún dirigente menor, como Nicasio Álvarez de Sotomayor, Francisco Guillén Salaya y el comunista Manuel Mateo). Elitismo y sindicalismo revolucionario a partes iguales; Heidegger, Nietzsche, Ortega y Georges Sorel en adecuada mezcla, con algo de Costa, Unamuno, Giovanni Gentile y Oswald Spengler. En su dimensión más intelectual destacó también Giménez Caballero —fue de los firmantes del manifiesto anunciador de La Conquista del Estado—, bien situado en la esfera publicística madrileña y director desde 1927 de La Gaceta Literaria, donde se encontraba toda la galaxia de escritores de la generación de ese año, de liberales e izquierdistas a parte de la nómina de Acción Española. Giménez Caballero enlazó con el fascismo por razones personales —estaba casado con una italiana y conocía bien el país— y por el atractivo que le produjeron la modernidad y vanguardismo de sus propuestas estéticas, en la línea de Filippo Tommaso Marinetti. Pero las posibilidades y capacidad de Ledesma para conectar con las expectativas manifestadas en el cambio de régimen tanto por los sectores obreros como por las clases medias fueron muy reducidas. Estas últimas confiaron inicialmente en las intenciones democratizadoras de la nueva República, y aquellos y sus líderes no transitaron en su posible decepción de lo social a lo nacional, como en otros lugares (Nicola Bombacci, Paul Marion, Marcel Déat, Jacques Doriot, aunque aquí tengamos casos de menos relieve, como Enrique Matorras o Montero Díaz, este último en un viaje con varias idas y vueltas ideológicas), sino que mantuvieron prolongadamente su disposición a la transformación de la realidad sociopolítica.

En paralelo a Ledesma, en junio de 1931, un joven vallisoletano, Onésimo Redondo, fundó un semanario, Libertad, para promover una “Revolución Hispánica” que se resumía en la tripleta de unidad nacional, valores hispánicos y justicia social. Su biografía inicial no es muy distinta de la del zamorano: ambos llegaron a la universidad y buscaron acomodo profesional en los servicios públicos, aunque en este caso se mezcla una mayor influencia del catolicismo sindical agrario y de la ACdP de Herrera Oria, y una experiencia alemana, en Mannheim, en los años de auge del nazismo. Coincidían en la exaltación temprana de la violencia y en el atractivo manifestado por un moderno radicalismo antiburgués y antirrepublicano. En agosto, Redondo puso en marcha unas Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, también de vocación totalitaria, corporativista, españolista e incluso imperial (además de regeneracionista y ruralista). Su atractivo por la violencia como recurso no era generadora, como en el caso de Ledesma, sino reactiva, restauradora de una realidad perdida o arrebatada, aunque nuevamente juvenilista y enfrentada a la anti-España (demoliberal, masónica, marxista, separatista y judía).

Sin embargo, las diferencias de estilo —como destaca González Calleja, “un fascismo místico, religioso y autoritario” de Redondo, muy cercano al futuro de José Antonio, y un “revolucionarismo populista, mítico y subversivo de Ledesma”— pesaron menos que la necesidad de retener el apoyo económico vasco y de asentar un espacio político. En octubre de 1931, los dos grupos se fusionaron para crear las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), concebidas como un partido-milicia para luchar por el control de la calle y arrebatárselo por completo a los grupos marxistas, y articuladas mediante células sindicales y políticas. Su postulado fascista convivía con un catolicismo identificado como esencia española. No destacaron tanto por su potencial ni por su capacidad para reclutar masas como por la sucesión de acciones espectaculares y violentas que protagonizaron, que sirvieron para anunciar la presencia en España de un radicalismo similar al que campaba ya por Europa y para alimentar el antifascismo reactivo de los grupos de izquierdas a los que se enfrentaban.

A diferencia del descrito, el supuesto fascismo del Partido Nacionalista Español del doctor Albiñana tiene que tener otro tratamiento. Ya se ha apuntado que su culto a la violencia y al liderazgo no debe confundirse con aquella ideología. Si acaso, hablaríamos de un filofascismo, donde predominaban más bien rasgos como su ultranacionalismo españolista, el tradicionalismo católico, las referencias regeneracionistas y su corporativismo, y la defensa de los intereses agrarios y de un totalitarismo templado. En suma, más un reaccionario conservador que un radical moderno. No extraña, entonces, que, con la vista más puesta en la dictadura primorriverista que en las novedades culturales y políticas de los años treinta —abominaban del “fascismo extranjero” contraponiéndolo al nacionalismo español—, se dejaran manipular por los grupos monárquicos y sus financiadores, que vieron en ellos un grupo de choque callejero a su disposición (los Legionarios de España, o de Albiñana, resultaron una mala copia de los Camelots du Roi de Action Française). Tampoco consiguieron juntar demasiados partidarios entre su feudo burgalés, Valladolid y Barcelona —un millar como mucho—, y en determinados momentos vieron migrar a parte de sus juventudes hacia la Falange. Ese partido les limitó el espacio, de manera que hubieron de refugiarse en el ultraconservadurismo que tradicionalmente habían cultivado, al que añadieron finalmente el elemento antisemita. Albiñana salió elegido diputado por Burgos en 1933 y 1936, dentro de un bloque derechista que en alguna ocasión intentó codirigir, aunque sin suerte ni capacidad para ello.

7. La vía conspirativa y sus alternativas políticas

El extravagante neurólogo estuvo implicado en la conspiración encabezada por el general Sanjurjo y preparada para el 10 de agosto de 1932; también lo hizo Redondo, pero no así Ledesma, lo que ya desvela diferencias de actitud y obediencia. González Calleja ha identificado los diferentes modelos de movilización contrarrevolucionaria que ensayaron las derechas hispanas en este tiempo republicano, mezclando sus propias tradiciones y trayectorias con fórmulas (o imágenes) prestadas de otros lugares. Así, los católicos vieron también en el movimiento cristero mexicano una inspiración para su revuelta, pero añadieron pronto las experiencias portuguesa y polaca, y luego la austriaca, para apostar por una toma del poder mediante la mayoría parlamentaria, que blindara un Ejecutivo fuerte y que vaciara desde ahí la reforma legislativa desarrollada en el primer bienio republicano. Esa transformación autoritaria mediante procedimiento legal se vería respaldada por un apoyo militar en la línea de la toma del poder hitleriana (Machtergreifung) de 1933. Los todavía pocos fascistas españoles respaldaban un modelo callejero del tipo de la Marcha mussoliniana sobre Roma, de octubre de 1922. Los tradicionalistas seguían pensando en una insurrección guerracivilista al viejo estilo, aunque cada vez era más evidente que su papel iba a limitarse a ser auxiliar de un movimiento de corte y protagonismo militar. Finalmente, los monárquicos subversivos catastrofistas apostaban ahora por una dictadura militar provisional que trajera de su mano una restauración monárquica soportada en un cambio de la opinión pública (ahí se apreciaba el papel de Acción Española: “Crear la atmósfera favorable para la acción decisiva”, que dijo Pemartín).

El recuerdo del pronunciamiento de Sagunto, de 1874, salta a la vista. Esa era la idea de una parte de los encartados: los monárquicos alfonsinos y carlistas que venía coordinando en la conspiración Orgaz y encabezaba ahora Barrera, como militar de más antigüedad, y que sostenía económicamente el exilio de Biarritz-París (La Cierva, Calvo Sotelo, Vallellano, Aunós…). Pero otros antiguos monárquicos “constitucionalistas”, como Burgos y Mazo, y Melquíades Álvarez (también Alba, en segundo plano, y el general Goded), estaban pensando más en el golpe de Pavía de enero de 1874 que en el restaurador de la monarquía de Martínez Campos de diciembre. No cuestionaban aún la República, sino la dirección política de esta —“un sóviet que se orientaba irremediablemente a la anarquía”—, por lo que habían arribado al Partido Radical de Lerroux como refugio. El conocimiento que tenía del movimiento sedicioso el líder radical (o, mejor, su doble juego) sigue sin quedar claro, aunque las pruebas que aportan autores como González Calleja o Nigel Townson respaldan la sospecha que albergaba el propio Azaña. Su alternativa, por tanto, era una dictadura militar republicana a la usanza de Serrano sesenta años antes, que, como aquel, corrigiera el carácter del nuevo régimen.

Ese papel lo jugaría ahora Sanjurjo, recientemente desplazado de su puesto al frente de la Guardia Civil después de la matanza de Arnedo —pasó a dirigir el Cuerpo de Carabineros— y que se movía entre una y otra trama conspirativa; para los “constitucionalistas” complotados era más fiable Goded. En esa repetición de la historia, Lerroux podría ser el nuevo Sagasta que desde la legitimidad republicana rectificara la deriva de lo iniciado aquel 14 de abril. El sector más antiliberal contactó con el Gobierno fascista italiano a través del aviador Ansaldo, del que se recibió la promesa de alguna ayuda militar por boca del ministro del Aire (Italo Balbo), y también se confirmó el respaldo al movimiento de Juan March. En lo que hace a los católicos, Gil-Robles se mostró aquí también “accidentalista”, haciendo depender de las circunstancias la naturaleza de un golpe en el que no participó, aunque sí algunos de sus seguidores más significados, como Dimas Madariaga. Finalmente, la heterogeneidad de intenciones —solo los unía su condición de perdedores de la nueva situación política—, la debilidad de los compromisos personales entre los jefes militares, la retirada de la mayoría de fuerzas carlistas y la mala organización, además del conocimiento temprano que tuvo el Gobierno republicano, llevaron pronto al fracaso del movimiento golpista de ese verano de 1932, conocido como la “Sanjurjada”.

Las consecuencias fueron muchas y diversas. De entrada, Sanjurjo fue detenido y luego condenado a muerte en sentencia que resultó después conmutada. Como él, fueron juzgados decenas de jefes y oficiales encartados: algunos resultaron encarcelados y la mayoría deportados al Sahara Occidental (Villa Cisneros), junto con los civiles implicados. Trescientos jefes militares fueron relevados de sus cargos o pasados a la reserva (entre ellos, Mola, Cavalcanti y José Millán-Astray), al igual que funcionarios de alto rango, como diplomáticos y magistrados. Hasta cinco mil personas fueron detenidas, acusadas de participar en el movimiento, que permanecieron así y sin ser encausadas durante semanas y meses. Algunas eran relevantes ya en el campo de las derechas, como José Antonio y Fernando Primo de Rivera, Ledesma o Goicoechea y muchos colaboradores y sostenedores de Acción Española. El Gobierno de Azaña clausuró centros políticos derechistas y cerró durante meses un centenar largo de cabeceras de prensa de ese signo: casi cuatro lo estuvo ABC y dos El Debate, aunque La Época se salvó de la suspensión y las más débiles no consiguieron reabrir después.

El efecto de la Sanjurjada a izquierda y a derecha fue contradictorio. Los republicano-socialistas del Gobierno pensaron que ahí terminaba la intención conspirativa de sus rivales y que las fuerzas propias eran muy superiores a las de aquellos, incluida la fidelidad del Ejército; a algunos, esta impresión tan optimista les nubló el correcto análisis cuatro años después. El fallido intento aleccionó a la vez a los futuros militares sediciosos de que el procedimiento no podía seguir siendo el pronunciamiento decimonónico y sí, por el contrario, el golpe de Estado moderno, extremadamente violento y expeditivo con una masa de población que jugaría un papel cada vez más fundamental en esos procesos. Además, dos de las piedras de escándalo de las derechas: la reforma agraria y el estatuto catalán, salieron adelante con más facilidad después de estos acontecimientos, en septiembre, invalidando a un tiempo la campaña de revisión constitucional de los católicos y la parálisis parlamentaria a que estos estaban sometiendo a ambos proyectos de ley. Pero eso significaba también que al factor movilizador que había constituido la cuestión religiosa en el otoño de 1931 —y la aprobación de la Constitución inmediatamente después— se le unían ahora estos otros dos: el territorial (la patria) y el agrario (la propiedad).

El fracaso del golpe interrumpió tanto la reorganización de la derecha como la posible deriva modernizadora de una parte de esta. A ello hay que sumar que distanció todavía más a los partidarios y detractores de las vías legalista e insurreccional, de manera que la Sanjurjada operó como punto de inflexión para el desarrollo de nuevas organizaciones y estrategias en la derecha. Enseguida surgieron, como veremos, la CEDA, Renovación Española y Falange, con lo que se iniciaba el segundo periodo de las derechas en la política republicana, que ahora, además, iba a contemplar acuerdos con entidades de ese signo (los radicales de Lerroux), experiencias de gobierno y otras de radicalización que llevarían a un nuevo intento de golpe de Estado. Los radical-lerrouxistas quedaron marcados por la sospecha de su implicación en el golpe, lo que les negaba su carácter republicano para los que patrimonializaban el régimen identificándolo solo con la política del bienio azañista; al contrario, los lerrouxistas hicieron lo propio enfrentando su mirada “recuperadora” —una República ajena al radicalismo— a la de estos otros “puristas”. Por su parte, los “constitucionalistas” implicados en el movimiento sedicioso desaparecieron para siempre como alternativa o se confundieron entre los radicales.

La pugna en el seno de Acción Popular se resolvió en su primera asamblea de octubre, donde el debate entre monárquicos y católicos favoreció a los segundos con una mayoría accidentalista y gradualista que, además, desautorizaba cualquier actuación ilegal contra la República. Como señala Manuel Álvarez Tardío, cuanto más se afirmaba el posibilismo cedista más beligerante era la derecha radical-reaccionaria con esa estrategia. Goicoechea dimitió de la dirección y Acción Popular enfiló hacia la creación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), cosa que hizo en febrero-marzo de 1933. Julián Casanova acertó a definir la novedad:

Dominado y dirigido por grandes terratenientes, sectores profesionales urbanos y muchos excarlistas que habían evolucionado hacia el “accidentalismo”, ese primer partido de masas de la historia de la derecha española se propuso defender la “civilización cristiana”, combatir la legislación “sectaria” de la República y “revisar” la Constitución.

Se trataba de un partido moderado —en la línea del moderantismo histórico español, acota Emilio Grandío—, “templado, católico, nada arriesgado, elitista” y con una imagen interclasista que le permitía cierta penetración entre las masas (de pequeños y medianos propietarios rurales, y de clases medias urbanas), sin asustar al establishment y al servicio de la lógica y necesidades de la Iglesia (y de sus propagandistas de la ACdP, situados en los cuadros de mando de la formación: treinta y cuatro de ellos fueron elegidos diputados en 1933). Más que como partido, preferían verse como “movimiento antirrevolucionario de defensa social”. El partido “de los sacerdotes” lo era “de” la Iglesia, todavía más que “para” la Iglesia, como apuntó el historiador italiano Gabriele Ranzato; la identificación como integrista no resulta ahí exagerada, y su inicial combate contra la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que le dio gran impulso, lo constata. “Laborar por el imperio de los principios del derecho público cristiano en la gobernación del Estado”, se leía en su programa fundacional. La “nación católica” como empeño máximo, “la reconstrucción de la patria de acuerdo con sus valores tradicionales actualizados”, resume Ferran Gallego.

Surgía a partir de la iniciativa y núcleo original de Acción Popular, y de la articulación de grupos políticos católicos (o agrarios) de marco local, de los que siempre se pone el ejemplo del valenciano Luis Lucia —promotor de la idea de una confederación— y su Derecha Regional, pero de los que había muchos más: la Unión Regional de Derechas gallega, la Unión Navarra de Rafael Aizpún, la Acción Popular murciana, Acció Popular en Cataluña, la Unión Católica de Asturias, Derecha Regional Agraria de Cáceres y Plasencia, Derecha Autónoma Salmantina, Unión de Derechas de Baleares, Acción Agraria Riojana de Logroño, Acción Popular Agraria Aragonesa de Zaragoza… En su fundación aseguró aglutinar unos setecientos mil asociados, en entidades preexistentes y en otras que se fundaron al calor de su éxito.

Sus competidores en la derecha fueron diversos. Los agrarios y algunos apellidos caciquiles mantenían todavía algún control en demarcaciones de fuerte peso rural, pero tuvieron que contender con un auténtico partido de masas, bien organizado y financiado, con medios de prensa y secciones especializadas (de jóvenes, mujeres, campesinos, obreros…), e incluso innovador y moderno en sus campañas electorales: en 1936, un mitin de Gil-Robles se retransmitió en directo por teléfono a la audiencia de diez teatros madrileños y veintiséis en otras tantas ciudades. No era un partido democrático —“Pueblo soberano es pueblo esclavo. Soberanía popular es tiranía y dictadura”, escribía José Monge y Bernal—, pero entendían que la nueva realidad de la sociedad de masas obligaba a ensanchar su base de apoyo, “convenciendo para dominar”, como decía el catedrático Carlos Ruiz del Castillo, uno de sus ideólogos. Para eso necesitaban una buena estructura de cuadros de dirección, y el cambio producido en la estrategia de la Acción Católica —definitivamente desde febrero de 1933, con Herrera y Martín-Artajo al frente— lo propició. En el sur y este de la península se las vieron con los radicales o incluso con alguna influencia personal de republicanos católicos tipo Alcalá-Zamora. En un lugar como Valencia, la continuidad del blasquismo a través de la PURA (Unión Republicana Autonomista) de Ricardo Samper, aliada de los radicales, venció todavía a la Derecha Regional Valenciana de Lucia en 1933, pero pronto se volatilizó.

La cuestión ideológica quedó también en el mismo limbo que la definición accidentalista: el corporativismo (la democracia social) era lo que permitía ensamblar operativamente un movimiento de base católica, pero con un fuerte componente tradicionalista (en su acepción de integrista). Lo había dicho en el mitin del Teatro Fuencarral, que puso fin al congreso fundacional, el mismo Gil-Robles, líder máximo de una formación totalmente jerarquizada y que pronto replicó la iconografía caudillista de otros lugares (aquí, “Jefe”): “Antes que la forma defendemos el contenido; antes que lo perecedero defendemos lo eterno; antes que a las formas defendemos a Dios”. Y la cuestión de la forma quedaba en suspenso, como sentenciara Herrera Oria dos años antes. De manera que dentro de la CEDA se podía encontrar a algunos (pocos) convencidos de la Democracia Cristiana, del tipo de Lucia o del sevillano Manuel Giménez Fernández, deseosos de emular al Zentrum alemán —para lo que habrían necesitado una inequívoca afirmación republicana— y a otros movimentistas en la línea de las derechas radicales europeas proclives a su fascistización (bien representados en las formas y en su progresivo extremismo en sus Juventudes de Acción Popular, que dirigía José María Valiente, secretario personal de Gil-Robles).

Como la estrategia de acceso al poder de los católicos era la austriaca —llegar a él por las urnas y vaciarlo de contenidos democráticos hasta establecer un Ejecutivo fuerte y autoritario—, y como el temor a la “revolución social” iba sintetizando progresivamente los diferentes frentes de batalla anteriores (religión, propiedad, autonomías, política social), el partido fue derivando hacia postulados dictatoriales y declaradamente antidemocráticos y antiliberales. Del reformismo a la contrarrevolución, resumió José Ramón Montero; el cambio de ciclo que se produce en 1933 consistía en eso, en la significación que alcanza el factor revolución social (y su inversa). La visita de Gil-Robles a Alemania, al congreso nazi de Núremberg, en 1934, se pone como punto de no retorno, pero un año antes, en octubre, ya había dejado clara su estrategia: “La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer”. Las simpatías del líder cedista por nazis y fascistas —en enero de 1934 visitó Italia, también para conocer su modelo propagandista y movilizador de masas— se acrecentaron desde ese momento, valorando la capacidad de estos para frenar al marxismo (la revolución), su patriotismo, sus raíces populares, su nacionalismo anulador de la lucha de clases y su antiliberalismo y antiparlamentarismo. Lo único que los separaba de ellos, como había pasado ya en los años veinte, eran el “panteísmo estatal” (su “estadolatría”) y el racismo. Como consecuencia, otra vez, las posibilidades de crear un Estado nuevo en España pasaban por fundir las enseñanzas de la derecha radical moderna (ahora la nazi-fascista) con la tradición católica local.

No extraña entonces que, tras la crisis del Gobierno de Azaña en septiembre de 1933 y la convocatoria electoral para noviembre, fuera la CEDA la que encabezara una alianza de fuerzas derechistas que en la mayoría de demarcaciones agrupó a esta formación, a los monárquicos catastrofistas integrados ahora en Renovación Española, a los Agrarios (Velayos, Velasco, José María Cid y Royo Villanova, que obtuvieron una treintena de actas) y a los carlistas (e incluso a algunos elementos independientes, como los falangistas José Antonio Primo de Rivera y el marqués de la Eliseda, o Pemán). Tampoco sorprende que fuera el partido que obtuvo más escaños (115), por delante incluso de los radicales de Lerroux (102), que no fueron capaces de beneficiarse mayoritariamente del desgaste del primer bienio republicano a pesar de la campaña que llevaron a cabo contra Azaña después de los hechos de Casas Viejas. Al contrario, fue una derecha moderada, pero en absoluto comprometida con el régimen —más bien lo contrario—, la que resultó claramente vencedora, hipotecando las posibilidades de Gobierno de los republicanos “recuperadores” (o “rectificadores”). Estos, incluso, se apoyaron o apoyaron a la Unión de Derechas en la segunda vuelta de algunas circunscripciones (y también a las derechas republicanas de Alcalá-Zamora y a las de Melquíades Álvarez).

La alianza de fuerzas signada el 12 de octubre giraba en torno a tres temas: la revisión de la legislación laicista y social del primer bienio de gobierno, los intereses de las patronales (particularmente la agraria, afectada por las reformas y más beligerante con la República que la urbana e industrial) y la amnistía para los implicados en la Sanjurjada (y los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera). En ese ambiente conservador, en Cataluña ganaron claramente los regionalistas de la Lliga de Cambó (por delante de la Esquerra de Francesc Macià al agrupar a tradicionalistas, democristianos, radicales, alfonsinos y propietarios rurales del Instituto Agrícola San Isidro); en el País Vasco lo hizo el PNV. La unión de las derechas y la gran división de las izquierdas fue otro factor que explica los resultados —el sistema electoral favorecía las grandes coaliciones— y el paso que propiciaron estos a un bienio de gobiernos muy diferente del anterior.

8. Las derechas al frente de la República

Efectivamente, el bienio radical-cedista —el que antaño se denominaba “negro” y luego “rectificador”—, del otoño de 1933 al invierno de 1935, presenta en el caso de las derechas una realidad casi contradictoria. Mientras la CEDA puso a prueba las posibilidades del sistema, condicionando el gobierno de los lerrouxistas de manera progresiva —primero desde fuera, luego con tres ministros y, finalmente, con cinco y el mismo Gil-Robles entre ellos—, los monárquicos “exagerados” mantuvieron viva la conspiración civil y militar, y se aplicaron a extremar las tensiones, impidiendo por todos los medios la posibilidad de que emergiera cualquier espacio político de centro que las amortiguara. Al mes siguiente de la Sanjurjada, la actividad reorganizadora, básicamente conspirativa, regresó a Biarritz de la mano de Vegas, Ansaldo, el general Vigón y el marqués de la Eliseda y marqués consorte de la Eliseda)” . Este, junto con el conde de los Andes y el marqués de Arriluce (Fernando María Ybarra), y con Sainz Rodríguez, dieron cuenta en París al exilado Alfonso XIII, a través de Calvo Sotelo y Goicoechea, del estado de sus gestiones (y recaudaciones: más de veinte millones de pesetas en poco tiempo). Goicoechea no tardó en dotar a estos monárquicos de un partido, abandonando ya definitivamente Acción Popular; la parte conspirativa la dirigía ahora el teniente coronel Valentín Galarza y la confianza final seguía estando en Sanjurjo. La creación de Renovación Española se produjo en enero de 1933. Era la inversa de la CEDA: un partido de élites, sin bases, aristocrático, bien relacionado con sectores militares, abierta y constantemente conspirativo, con recursos y en progresiva radicalización (y fascistización). En noviembre sacó una docena larga de escaños en una alianza con carlistas (la TYRE, Tradicionalistas y Renovación Española) y albiñanistas, dentro de la Unión de Derechas. Entre ellos estaban Calvo Sotelo, Fuentes-Pila, Sainz Rodríguez, Maeztu, el conde de Guadalhorce, el gaditano Ramón de Carranza y Goicoechea.

Ahora eran los buenos resultados electorales de la CEDA los que agudizaban esa contradicción dentro de las derechas: Renovación Española debía impedir que el proyecto legalista de sus competidores obtuviera resultados. La propia confusión interna dentro de la CEDA y del Gobierno (y el contexto político nacional e internacional) le facilitó las cosas. Los radicales y los de Gil-Robles protagonizaron una primera fase revisionista o rectificadora (según los autores), consistente en una paralización, vaciamiento o sustitución de los efectos de la hiperactividad legislativa de la izquierda. A esta siguió una segunda, ya con más carteras y peso de los cedistas (y agrarios), después del fracasado movimiento revolucionario de octubre de 1934, claramente contrarreformista, centrada de nuevo en la reforma agraria, las relaciones laborales (la efectividad y jurisdicción de los jurados mixtos) y la autonomía catalana. La política tanto militarista como de gestos fue entonces contundente, con la reintegración en algunos casos y el encumbramiento de parte de la plana mayor de los futuros generales golpistas (Franco, Mola, Goded, Fanjul, Martínez Anido y Varela), con el consiguiente desplazamiento de los republicanos leales. Eso calmó por un momento a los militares azuzados por los monárquicos, como se felicitaba el mismo Sanjurjo.

Las contradicciones dentro de la CEDA quedaron patentes en el pulso acerca de la reforma agraria entre Giménez Fernández y Velayos (tan apoyado este por otros terratenientes, como Lamamié de Clairac, que Primo de Rivera salió en defensa parlamentaria del primero); la común condición propietaria aunaba a antiguos liberales romanonistas y a tradicionalistas en contra del democristiano. Una indefinición característica de este partido (y de su líder máximo) que alcanzó pronto a su propia estrategia para hacerse con el poder. Su mayoría parlamentaria debía terminar con el nombramiento de Gil-Robles como presidente del Gobierno —siguiendo la táctica de “las tres fases”—, pero eso lo impidió la oposición de Alcalá-Zamora; el apoyo militar a un golpe encabezado por el líder cedista fue constantemente alimentado y se suscitó en diversas ocasiones entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, pero este no apareció en ningún momento como el posible dictador que demandaba la extrema derecha.

De manera que la vía conspirativa a cargo de los monárquicos catastrofistas, aún desde la minoría, fue la que finalmente se impuso. El regreso a España de Calvo Sotelo, tras la amnistía de abril de 1934, dio un nuevo estímulo a esta facción. El liderazgo anterior de Goicoechea no despegaba y seguía más identificado con el monarquismo autoritario tradicional que con los aires europeos que se trajo Calvo Sotelo, incluidas las experiencias fascistas italiana y alemana, y un buen contacto con la intelectualidad francesa de ese signo (Maurras, Charles Benoist, Leon Daudet y Jacques Bainville) y con el Estado Novo portugués (Óscar Carmona y Antonio de Oliveira Salazar). Además, este se mostró más resolutivo con la cuestión dinástica, de enorme complejidad en este momento, de cara a superar la distancia con los tradicionalistas. La urgencia de la situación invitaba a apostar por una instauración —no restauración— monárquica en la persona de Juan de Borbón, algo que no gustó a Alfonso XIII, opuesto a su abdicación: la historia de 1874 entre su padre y su abuela se repetía. Por su parte, el asunto era demasiado central para los carlistas como para que se sometieran a este pragmatismo. Además, el tipo de organización y las fuerzas de unos y otros eran casi antitéticas. Como mucho, llegaron a acuerdos electorales en 1933 —la citada TYRE— y se emboscaron en otros intentos dinásticos que no llevaron a nada. Al final, la cuestión la resolvería la historia (o, mejor, Franco: en 1936 y en 1969).

Calvo Sotelo, tratando de hacerse un hueco entre la mayoritaria y legalista CEDA y la novedad minoritaria, juvenil e hiperactiva de Falange, apostó por un Bloque Nacional que integrara a todos, con él de caudillo. Fue una idea de Sainz Rodríguez, expuesta ya en mayo de 1934 y que se hizo realidad el 8 de diciembre, impulsada definitivamente por el fracaso del movimiento revolucionario de octubre. El manifiesto fundacional remitía a una España “unida y en orden”, y a la negación del “existente Estado constitucional”. Frente a ello, el Bloque Nacional proponía “una España auténtica, fiel a su historia y a su propia imagen: una e indivisible”, lo que se traducía en un Estado fuerte, católico, corporativo, antiliberal (con Cortes orgánicas) y sostenido por la fuerza del Ejército, “columna vertebral de la patria”. La opción monárquica se traducía en la referida instauración en la persona de don Juan.

Al frente se puso un comité formado por Calvo Sotelo, Sainz Rodríguez, Pradera, Ansaldo y Lamamié. El Bloque solo consiguió atraer a algunos elementos del sector pragmático del carlismo, el de Rodezno, Pradera, Oriol y Bau, y a los albiñanistas del Partido Nacionalista Español. Ni la CEDA, ni Falange, ni la masa tradicionalista se apuntaron al proyecto, pero tampoco la Renovación Española que dominaba Goicoechea mostró entusiasmo. Alfonso XIII se negó a que el Bloque fuese su exclusiva representación política en España; no podía ni quería enajenarse las simpatías de la mayoritaria CEDA. De manera que, a falta de territorio político preciso, Calvo Sotelo incidió en la conspiración con aristócratas y militares, y en la “brutalización” de la vida política republicana, apoyando como lo venían haciendo sus correligionarios a diversos grupos juveniles de corte fascista para que tensionaran la calle. Con ese mismo objetivo, se destacó como orador apocalíptico y guerracivilista. La resaca de octubre de 1934 se lo ponía fácil: como resumió Preston, la revolución aparecía como corolario de la propia República, el Ejército como salvador y la confrontación civil como inevitable.

La última novedad de este segundo bienio entre las derechas fue la creación de Falange Española de la Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS), un 15 de febrero de 1934, como consecuencia de la fusión de las JONS de Ledesma y Redondo con el partido Falange Española, fundado el 29 de octubre del año anterior por José Antonio Primo de Rivera. Este y Sánchez Mazas articularon un proyecto nacionalsindicalista, una versión del corporativismo totalitario —de “tercera vía”, “ni de izquierdas ni de derechas”, que traducían en justicia social y patriotismo—, españolista unitarista con ínfulas imperiales (e hispanistas) y, a diferencia de sus modelos nazi o fascista, de base tradicionalista católica (aunque se proclamaran laicos y revolucionarios, además de anticapitalistas). En ese punto bebían de la continuidad del discurso esencialista del último siglo: España solo podía ser si era católica, porque esa expresión reflejaba precisamente el rechazo de todos los males de la época (liberalismo, racionalismo, antropocentrismo extremo), la síntesis de sus objetivos (una nación integrada y subordinada a valores trascendentes: “unidad de destino en lo universal”), y la aspiración final de una patria por encima de la cual solo estaba Dios. En febrero de 1933 habían sacado el primer y único número de El Fascio, dirigido por Delgado Barreto; por allí andaban también Juan Aparicio y Giménez Caballero.

Se estaba produciendo la “conversión” fascista del aristócrata José Antonio, precisamente en un año de radicalización de las fuerzas derechistas, cuando una fórmula de esas características podía ocupar algún espacio, cobrar algún sentido histórico en la coyuntura crítica que atravesaba el país; sin olvidar la escena internacional, donde la llegada de Hitler al poder o la disolución del Parlamento austriaco por Dollfuss proyectaron esta alternativa profundamente autoritaria. En su inicial andadura lo acompañaron los citados y otros como Alfonso García Valdecasas, el jurista y diputado de la Agrupación al Servicio de la República animada por Ortega y Gasset, el aviador Ruiz de Alda y Dionisio Ridruejo, Raimundo Fernández-Cuesta o el marqués de la Eliseda. Primero crearon el Movimiento Español Sindicalista —y antes un Frente Español, a instancias de Valdecasas— y este se convirtió en Falange tras la obligada visita de José Antonio a la Italia de Mussolini.

El cambio de destinatarios del apoyo económico de los capitalistas vascos fue determinante para que las JONS de Ledesma y Redondo aceptaran su integración con Falange. El primero no dejó de colisionar con Primo de Rivera: su visión era más estratégica, frente a la estilista y moralizante del hijo del exdictador y enseguida único líder de la formación (antes los dos formaron el triunvirato director con Ruiz de Alda). De manera que el zamorano dejó el partido a comienzos de 1935, después de los desacuerdos respecto a la política a desarrollar tras la frustrada revolución izquierdista de octubre: Falange no desplegaba una estrategia de acción con la extrema derecha (de hecho, rechazaba el Bloque de Calvo Sotelo), ni tampoco se dotaba de una base popular extensa —los intentos de crear una sindical y una patronal propias (CONS y CENS) fueron un fiasco—, ni intentaba un putsch al que podrían animarse jóvenes oficiales. A cambio, José Antonio formuló un proyecto de Frente Nacional, en octubre de 1935, con la vista más puesta en los católicos de Gil-Robles que en los reaccionarios de Calvo Sotelo. No salió adelante. Ferran Gallego plantea lo prematuro de esa fórmula, un proyecto de nacionalización contrarrevolucionaria que había fracasado reiteradamente en España y que ahora se pretendía identificar con la expresión local del fascismo europeo; Preston dice lo mismo del Bloque Nacional de Calvo Sotelo, de manera que ambos se harían realidad solo desde abril de 1937 (y en circunstancias bien diferentes).

Sin embargo, en poco más de dos años Falange había alcanzado un cierto prestigio que, sobre todo, coincidía en el tiempo con la fascistización de los grupos derechistas, y su líder había reforzado su condición, extendiéndola más allá de su reducido espacio partidario. Una doble circunstancia a la que no fue ajeno el énfasis puesto por los falangistas en una violencia tanto retórica como física —con su “Primera Línea” o con el Sindicato Español Universitario (SEU), creado ya en noviembre de 1933— cada vez más presente y letal en la situación de la República de comienzos de 1936; al cabo, a todos los efectos se vieron también desde el principio como partido-milicia. Su declarado terrorismo —primero indiscriminado y luego buscando magnicidios: Largo Caballero, Luis Jiménez de Asúa, Eduardo Ortega y Gasset, se sospecha que Azaña y con resultado fatal el juez del Supremo, Manuel Pedregal— provocó, según las cruentas cifras de González Calleja, un porcentaje similar de víctimas mortales ajenas y propias (un 6,7% del total de los identificados por su autoría).

Pero si había una cultura política en la derecha que podía mostrar músculo paramilitar, esta seguía siendo la tradicionalista. El enseguida general Varela —captado por Fal Conde durante la estancia de ambos en la cárcel sevillana tras la Sanjurjada— se puso al frente de un Requeté revitalizado desde 1933 que decía sumar treinta mil efectivos armados y entrenados. Algunas secciones de este, como la Asociación Escolar Tradicionalista que animó Del Burgo, llevaban a cabo una confrontación cuerpo a cuerpo con los grupos de izquierdas (en particular contra la FUE, como luego hicieran los falangistas). Navarra, Álava y otras zonas del norte del país eran sus bastiones, pero ahora los grupos que desfilaban y se exhibían bajo la cruz de Borgoña se podían encontrar en lugares tan singulares para la tradición carlista como Sevilla.

Su organizador, Fal Conde, fue nombrado en mayo de 1934 secretario general de la Comunión Tradicionalista, y año y medio después se le ratificaría como jefe delegado del pretendiente en España, encabezando una Junta Delegada donde estaban Bilbao, el catalán Lorenzo María Alier, Lamamié, Senante y Luis Hernando de Larramendi. Francisco Javier de Borbón-Parma fue designado como sucesor en la regencia para cuando muriera Alfonso Carlos, cosa que ocurrió en septiembre de 1936. El abogado sevillano congenió con los espíritus más jóvenes y ortodoxos, como el joven navarro Del Burgo, pero chocó con los sectores más pragmáticos del carlismo, conscientes de que, aun siendo la base popular derechista mejor organizada para el combate, era ingenuo pensar en un proyecto militar o político propio, al margen de otras fuerzas y, cada vez más, del Ejército.

La complicación estratégica para el carlismo era ahora notable. Las élites del partido y los procedentes del integrismo apostaban por un reencuentro con los alfonsinos, manifestado en los intentos por resolver la cuita dinástica y en la propia coalición electoral con estos, mientras las bases y los sectores juveniles optaban por romper con una dirección cada vez más burguesa, pragmática y posibilista. El pretendiente Alfonso Carlos optó por los jóvenes para desmarcarse tanto del accidentalismo cedista como del intento alfonsino de hacerse cargo de todo el pertrecho tradicionalista. El pacto secreto con los fascistas de Mussolini, en marzo de 1934, con Antonio Lizarza y Rafael Olazábal, y Goicoechea y Barrera (este por los militares sediciosos), para conseguir su ayuda económica y militar, fue la última oportunidad para mantener esa relación.

Poco después, el nombramiento de Fal Conde al frente del carlismo para los próximos veinte años establecería un giro soportado en la centralización del partido, en su modernización, y en la atención puesta en la propaganda (con Lamamié al frente) y en la especialización de núcleos: el juvenil, con las juventudes tradicionalistas y la AET, al cargo de Luis Arellano, o el Requeté, dirigido por José Luis Zamanillo y con el mando militar de Varela, al que sucedió Ricardo Rada tras alcanzar aquel el generalato, o novedades como la Agrupación Gremial, con ocho mil afiliados, los infantiles Pelayos, el Socorro Blanco, el consejo de Cultura que presidió Pradera y el Gran Consejo, o las anteriores Margaritas. La reestructuración y modernización del movimiento recordaban a aquella de finales del XIX a cargo de Cerralbo, aunque el carácter ideológico de Fal Conde suponía una vuelta al integrismo más clásico; Pradera publicó una actualización de la doctrina tradicionalista (El Estado nuevo), en 1935, que era más de lo mismo. La designación del sevillano contentaba inicialmente a los carlistas más ortodoxos, pero ello no evitó que los cruzadistas de Jesús de Cora y Lira, que se venían refugiando en los núcleos Lealtad, recelosos ante la incorporación de tanto elemento procedente de tradiciones políticas diferentes, siguieran mostrando su distancia. Al final, acabaron complicando aún más el pleito dinástico al proponer como sucesor de Alfonso Carlos a Carlos Pío Habsburgo de Lorena, frente a la figura de don Javier. Surgía así, en la primavera de 1935, un nuevo cisma, el de los “carloctavistas”, que, aunque se acalló al comienzo de la guerra, reaparecería en 1943 con la creación de la Comunión Católico Monárquica.

Desde finales de 1934 las actividades conspirativas se intensificaron, mientras la CEDA trataba por todos los medios de salvar la vía política —su renovado pacto de Salamanca con Lerroux fue en julio de 1935—, aunque sus juventudes replicaran las demostraciones de masas de otros lugares y movimientos, poco acordes con lo anterior. Sin embargo, como recuerda González Cuevas, la radicalización de las Juventudes de Acción Popular no fue tanto “fascistizante” como tradicionalista, a partir de las tesis menendezpelayistas de que partían sus ideólogos; por eso tenían mayor respeto por Oliveira Salazar que por Benito Mussolini. Monárquicos de ambas lealtades y falangistas se aplicaron a conseguir el apoyo económico de los capitales locales y de la Italia fascista, así como la adhesión militar a un movimiento sedicioso cada vez más presente en las conversaciones y en los medios de prensa. Mussolini financió regularmente a Falange entre junio de 1935 y enero de 1936; antes, desde agosto de 1933 hasta diciembre de 1934, lo habían hecho los monárquicos y el marqués de la Eliseda. Los carlistas pactaron ayudas con el duce, pero después tuvieron que nutrirse de sus miembros (Oriol, Joaquín Baleztena, Miguel María Zozaya, Fernando Contreras y Pérez de Herrasti) y comprar pertrechos en lugares como Bélgica, Francia y Alemania (a través de Lizarza), porque los italianos, tras negociar con Sainz Rodríguez y Ansaldo, redirigieron su compromiso militar hacia los conspiradores alfonsinos.

A la vez, las fronteras entre todos estos grupos se mostraban más permeables de lo que indica la política oficial de cada cual o la acción de sus jefes. La doble afiliación era habitual desde los tiempos de Acción Nacional (aunque Calvo Sotelo viera rechazada su solicitud de entrar en Falange). El monárquico Ansaldo dirigió las “falanges de sangre” hasta que fue expulsado después del verano de 1934, posiblemente por infiltrado y por tramar una conspiración contra Primo de Rivera. También era usual la presencia y participación en mítines de otras organizaciones. La violencia entre facciones de la derecha, tan constante en la izquierda, se limitó a la verbal.

Algunas biografías, como la de Óscar Pérez Solís, encarnan ese trasiego dentro del mundo antirrevolucionario. Aquel socialista, capitán de Artillería, que leyó el documento escisionista creando el Partido Comunista de España en abril de 1921 y que tres años después era el primer español en la directiva de la Comintern, fue captado en la cárcel por el padre Gafo, que lo “reintegró a la fe religiosa activa”, noticia que publicó con júbilo El Debate, en 1928. Al comenzar la República se le encomendó la dirección de un periódico católico en Valladolid, Diario Regional, y, en su entusiasmo, creó una Derecha Regional castellanista en esa ciudad muy similar en sus postulados a la valenciana de Lucia. Su adscripción democristiana le hizo jugar un papel en la primera Acción Nacional, pero también simpatizaba con los agrarios, que lo tantearon como candidato y para dirigir su cabecera (El campo castellano). Colaboró activamente en las páginas de Acción Española y durante un tiempo alternó entre el integralismo que defendía ese grupo y el reformismo social-católico de los Gafo y Maximiliano Arboleya; también colaboró con el Instituto Social Obrero de Madrid de Herrera Oria y con su filial ovetense. Escribió en muchas cabeceras derechistas: La Gaceta del Norte, de Urquijo; Revista de Estudios Hispánicos, del marqués de Lozoya y la CEDA; el Pensamiento Navarro, carlista; El Carbayón ovetense, del político y militar Fernández-Ladreda (también de la CEDA); El Debate; el donostiarra nacionalista El Día o el monárquico El Diario Vasco. Cercano a la ACdP, participó activamente en la Asamblea de Cuestiones Sociales celebrada en 1933 en Vitoria y colaboró de cerca luego con los sindicatos de la CESO; desde 1928 escribía en el semanario Unión Obrera, de los libres. En los últimos meses republicanos se acercó a la Falange e, iniciada la guerra, participó en la batalla por el control de Oviedo, a las órdenes del general Antonio Aranda. Poco después, en 1937, fue nombrado brevemente para la dirección de los sindicatos falangistas de la CONS.

9. La conspiración definitiva

La tentación teleológica en el análisis de los últimos meses de normalidad republicana es difícil de evitar: conocemos el final y este pesa en demasía. Pero los resultados electorales de febrero no podían preverse antes y los ciento cincuenta mil votos que separaron a los ganadores del Frente Popular de los derrotados del Nacional indican que nadie había renunciado del todo a la lucha legal. Esa pequeña diferencia en sufragios —ampliada notablemente en escaños por los efectos de la ley electoral y luego tras la discusión acerca de las actas impugnadas o discutidas, y la repetición electoral en un par de circunscripciones— confirma que las fuerzas estaban muy equilibradas, una evidencia en contraste con la estrategia exclusivista mayoritaria a izquierda y a derecha.

Sabemos que hubo intentos de componer algún Ejecutivo que frenara la tendencia extremista de ambos bloques: el posible Gobierno de Prieto, en mayo, que iría de él al democristiano Lucia, se pone siempre de ejemplo; también el encomendado por Azaña a Diego Martínez Barrio, ya iniciada la sedición militar, buscando un apoyo amplio desde los agrarios a los socialistas (aunque con un Ejecutivo sin ellos), pero estos últimos volvieron a negar esa posibilidad. La deriva en que habían entrado las fuerzas políticas imposibilitaba que un individuo o un grupo se impusiera a las masas anónimas (o, más bien, a las lógicas de partido o facción).

En ese punto, la tentación sugiere dirigir la mirada hacia la eliminación progresiva de un espacio de centro, entendido como convergencia institucional mayoritaria. Es algo que ocurrió. La República no fue de las derechas. Lo fue de las minoritarias: los antaño reformistas de Melquíades Álvarez, el partido y la figura de Alcalá-Zamora, la mayoría de los agrarios después de su refundación en 1934 y, sobre todo, los radicales de Lerroux, pero estos implosionaron y desaparecieron en el momento crucial. Pero las demás le declararon una guerra sin cuartel, existencial (los monárquicos alfonsinos y carlistas), y la facción católica mayoritaria y de masas se refugió en un accidentalismo que a estos efectos no aportaba nada. La facción más beligerante, la personificada en Calvo Sotelo, se empeñó en hacer imposible un territorio político donde Gobierno y oposición pudieran sucederse entre ellos; como hubiera denunciado su viejo líder, Maura, se negaban beligerancia ordenada entre ellos. Al contrario, en un lenguaje típicamente schmittiano (El concepto de lo político, 1932), rechazó desde pronto esa posibilidad al impugnar la tesis de que la izquierda republicana estuviera legitimada para gestionar el poder. Semejante actitud se repite a lo largo de la historia del país desde aquel “incidente Olózaga” del lejano noviembre de 1843: la presencia de la izquierda en el poder era algo contra natura, a todas luces inaceptable. Calvo Sotelo lo intentó mediante un lenguaje guerracivilista que preparaba el camino para una intervención militar salvadora, cuyo concurso se venía animando con una conspiración constante desde el primer día de la República. Su propuesta electoral en febrero se resumía en la ilegalización de partidos marxistas y separatistas, un nuevo sistema legal de relaciones laborales que impidiera huelgas y cierres patronales, y el restablecimiento del orden público. Otros grupos, con sus particularidades, se aplicaron a lo mismo.

Pero, frente a esa lectura, Santos Juliá reflexionaba en un ejercicio contrafactual y llegaba a otras conclusiones: el fracaso de la República fue el resultado de la desproporción entre el empeño de los diferentes agentes colectivos de ese tiempo y su poder real. Todos los grupos mostraron una común incapacidad para controlar amplios sectores sociales y a sus propias bases —lo que se manifestó en constantes fragmentaciones y diferencias estratégicas—, con lo que sus ambiciosos proyectos resultaron ineficaces ante la oposición de sus respectivos contrarios. La explicación se aplica indistintamente al afán reformador de unos y al contrarreformista de otros, pero, y esto es lo interesante, alcanza también al Ejército, que al final se subleva e interrumpe una trayectoria complicada, pero factible: no es capaz de reunir las fuerzas suficientes como para imponerse sin discusión, sin derramamiento de sangre, como habían hecho Primo de Rivera y otros antes (y como supusieron algunos que iba a ocurrir ahora). Al contrario, precisamente su división y la fortaleza de sus opuestos no lo hicieron posible. En esa tesitura, el Estado republicano recurrió para su defensa a armar al viejo “pueblo liberal” (ahora encarnado en los sindicatos), lo que precipitó una situación revolucionaria (y contrarrevolucionaria) al desplomarse por momentos y territorios su propio poder, lo que multiplicó los peores augurios de confrontación civil.

Aquella clandestina Unión Militar Española que en diciembre de 1933 creara el comandante y exdirector de La Correspondencia Militar, Emilio Rodríguez Tarduchy, sirvió de nexo orgánico de los movimientos sediciosos a lo largo de la República, que se intensificaron después de octubre de 1934. Aunque se declaraba apolítica y profesional, y aunque integraba diferentes tendencias en su seno, lo cierto es que los sectores subversivos y golpistas controlaban la entidad a comienzos de 1936: Varela, Galarza, Goded, Mola… El paso de Gil-Robles por el Ministerio de Guerra no hizo sino reforzar la posición de los sectores antirrepublicanos del Ejército (y también de la UME). Los rumores de golpe militar crecieron exponencialmente desde su salida del Gobierno en diciembre de 1935, pero los generales clave no vieron propicio el momento. Tampoco Gil-Robles tomó una actitud decidida: al ofrecimiento golpista de Fanjul adujo a la vez “la firmeza de mis convicciones democráticas” y su disposición a no ser obstáculo “si el Ejército opina que debe ocupar transitoriamente el poder” para salvar la Constitución y evitar “un fraude gigantesco de signo revolucionario”.

Tras conocerse el resultado de las elecciones de febrero se reiteraron los movimientos y rumores, con el general Franco ya en una posición abiertamente comprometida, aunque no resuelto a ello al no ver aún “la unidad moral necesaria para acometer la empresa”. En todos los casos, confluyeron las intenciones de políticos derechistas y de militares sediciosos en el sentido de evitar el regreso al poder de las izquierdas. La dimensión ideológica de esa prevención no alberga ninguna duda. Mola lo había dejado claro ya en diciembre al proponer “un ataque contrarrevolucionario a fondo” que acabase con un Estado sostenido en un sistema de partidos y/o en el sufragio inorgánico (en resumen, un Estado liberal).

La violencia por ambas partes se enseñoreó de las calles después de febrero. La actuación de militantes de la izquierda como policía auxiliar, la presencia a la luz pública de grupos paramilitares de uno y otro bando, la política de hechos consumados y el protagonismo de Falange en actos y provocaciones de tipo terrorista dibujaron el escenario adecuado (la “estrategia de la tensión”) para la intervención del Ejército en su función de salvaguardia del orden público. Una parte importante de la opinión pública, más amplia que la estrictamente de derechas y que alcanzaba a ese republicanismo más centrado, no necesariamente de tradición lerrouxista, empezó a ver el desorden público como una amenaza y a invocar soluciones autoritarias y/o apocalípticas. Miguel Maura lo teorizó en una propuesta de “Dictadura Nacional Republicana”, pero de esa opinión eran otros como Melquíades Álvarez, Felipe Sánchez-Román, Martínez de Velasco o el propio Lerroux.

En el lado gubernamental y de las izquierdas, la presencia del fascismo se convirtió en una realidad ubicua e insoportable, a la vez que estimulante; al mismo tiempo, el Ejecutivo se mostraba incapaz de controlar la situación, con unos recursos humanos cada vez menos subordinados a su autoridad. La Falange fue puesta fuera de la ley y sus dirigentes encarcelados (con Primo de Rivera al frente de unos dos mil militantes en esa situación). La negociación de nuevas bases de trabajo conoció en muchas localidades el abandono por parte de la patronal, que aceptó acuerdos que solo se explican si ya estaba pensando en que otra realidad se iba a imponer a esta (v. g., las 36 horas en la construcción sevillana). Las huelgas generales locales se multiplicaron, alimentadas por la necesidad de recuperar el tiempo perdido en lo laboral durante el anterior bienio y como reacción a la gran densidad de acontecimientos de todo tipo que se iban produciendo.

El asesinato por un grupo de extrema derecha del teniente José Castillo, instructor de las milicias socialistas, fue respondido por unos guardias de asalto y miembros de las Juventudes Socialistas y de la FUE con el secuestro de Calvo Sotelo (al no encontrar primeramente a Gil-Robles, de viaje en Biarritz). A las pocas horas fue asesinado. Los sediciosos disponían del desencadenante para su golpe. De hecho, el crimen que acabó con el líder monárquico y el propio proceso electoral, denunciado como fraude, constituyen las dos principales piezas de cargo a que llegó una comisión creada ad hoc por Ramón Serrano Suñer en diciembre de 1938 para determinar la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936. Por mucha vocación totalitaria que tenga un Estado —y el franquista la tuvo siempre—, se mantiene viva la necesidad de presentarse en alguna medida como Estado de derecho, sobre todo ante otros Estados. La conclusión de aquella comisión de juristas es que aquel de la República “se transformó, de Estado normal y civilizado, en instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen”. La decisión desesperada de armar al pueblo para defenderse constituyó para esta comisión el punto precipitante de “la anarquía revolucionaria”. En esas circunstancias, “el glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados”. Firmaba el dictamen una selección de derechistas de diversa adscripción: Aizpún, Aunós, Cid, Romanones, Fuentes-Pila y Goicoechea, además de algunos ministros de Alfonso XIII, de Primo de Rivera, de la República o de la posterior dictadura de Franco. Sin embargo, la contrarrevolución preventiva ante la supuesta amenaza de una insurrección comunista (preparada para el 1 de agosto) fue el argumento justificador más eficaz.

El transcurrir de la República lo rompió un intento frustrado de golpe militar que, sin embargo, era la punta de lanza, el mecanismo operativo, de una coalición civil antiliberal puesta en marcha desde el inicio mismo de aquel nuevo régimen. Esta incluía individuos y fuerzas que pretendían restaurar aquel orden decimonónico que había fracturado la Gran Guerra y también otros que aspiraban a crear ex novo un Estado nacional totalitario, bien diferente del anterior liberal, habitado por un “hombre nuevo” (que, indistintamente, podía mirar al pasado de los carlistas o al futuro de los falangistas). La convicción radical de estos últimos, los movimentistas, empequeñece a los burgueses y liberaloides, representantes del establishment. Sin embargo, no hay que perder de vista que, sobre la base de un catolicismo tan potente, influyente y movilizado, y con la actuación decisiva de un Ejército clásico, ese pensamiento y objetivo de los “conservadores subversivos” tenían tanto o más peso que los de sus compañeros de viaje, y muchas más posibilidades de proyectarse hacia el futuro: el proyecto carlista era una utopía de retorno fuera de tiempo y el falangista sobreviviría solo mientras lo hicieran las potencias fascistas europeas. Desde la perspectiva de esos conservadores, una vez superada la necesaria fase de dictadura comisoria, la instauración (ya no restauración) de una monarquía autoritaria garantizaría una cierta diversidad ideológica (dentro del marco uniforme derechista) y espacios para la actividad privada y para la autonomía de actuación de diferentes cuerpos, instituciones y entidades (de la Iglesia a las organizaciones económicas), todo ello dentro de un Estado corporativo y de voluntad totalitaria. La distinta fortaleza de una y otra mirada política e ideológica a lo largo del tiempo, la posición de poder que adquirieron los militares desde los inicios de la Guerra Civil y las esferas de autonomía que consiguió la Iglesia durante la posterior dictadura serán tres factores a tener muy en cuenta en la evolución de las derechas para el futuro.

A la altura de abril de 1936 las fuerzas políticas implicadas en la conspiración habían aceptado de manera casi general su subordinación a la acción de los militares subversivos y la UME se había vinculado a la junta de generales que estaba bajo la jefatura nominal de Sanjurjo y la dirección “técnica” de Mola. Este último dejaba ver con claridad en sus instrucciones reservadas que el golpe se encaraba ahora de manera novedosa. La base quinta decía aquello de que “la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado”. A continuación, se procedería a desarticular y desactivar contundentemente a los “no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares”, y a instaurar una dictadura militar (todavía “republicana”). Mola era consciente de que, como “amigos” o como “enemigos”, debía tener en consideración a las masas (en retaguardia y en los frentes).

No era un pronunciamiento militar con sostén civil a la usanza decimonónica, sino una concepción distinta de esa relación, por lo que la idea de Movimiento Nacional permitía integrar al Ejército sublevado con las intenciones de las fuerzas políticas convergentes (y con las bases sociales de estas). De ahí se iba a derivar, conforme avanzara la guerra, la necesidad de asumir parte del discurso de esas formaciones y de ir hacia un Estado nuevo, y no limitarse a una restauración de algo anterior. No había aún ideas muy precisas sobre en qué consistía eso, más allá de las que generaba casi instintivamente el rechazo de la anti-España (desorden público, comunismo, anarquía, contubernio), pero sí que aquello no era una militarada más. En los días previos de julio convergieron también los tres procesos conspirativos militares, la adhesión de los generales más significados, el apoyo económico de acaudalados como Juan March (seiscientos millones de pesetas, por mediación de Herrera Oria) y el militar de los fascistas italianos, y el acuerdo con los carlistas y sus importantes formaciones requetés del norte del país y con las otras fuerzas políticas derechistas. Con todo, estaban muy lejos de agrupar a la mayoría de militares. Como indica González Calleja, ya no se trataba del Ejército como corporación, sino de este como “una facción política más”. Esa incapacidad los devolvía a los esquemas del XIX, pero no era lo mismo. La aparente contradicción la resumía bien un informe de Goicoechea a Mussolini:

Ha de ser pues, en España, el Ejército quien, lo mismo que en el siglo pasado con sus pronunciamientos, realice este movimiento de recuperación nacional por la violencia a la que le impulsa de un modo exasperado toda la sociedad española situada en contra o al margen del Frente Popular. Existe una vasta organización de carácter patriótico y nacionalista en el Ejército que ha sido formada, orientada políticamente en sentido antidemocrático y costeada por nosotros durante estos últimos años.

A pesar de sus esfuerzos, de sus complejas relaciones y de su permanente competición de proyectos, las diferentes fuerzas contrarrevolucionarias fueron incapaces, en solitario o en conjunto, de articular un procedimiento que derribara al enemigo gubernamental. De manera que, como explicó en detalle el citado González Calleja, una tras otra, con diferente dificultad, fueron rindiéndose a la evidencia de que solo una parte del Ejército podía hacer posible su anhelo, y así fueron subordinándose a su autoridad. El 13 de junio lo manifestó así Calvo Sotelo y el 10 de julio, en vísperas de su asesinato, se hizo oficial la adhesión de Renovación Española a los planes de Mola. Gil-Robles, que siguió de cerca toda la conspiración definitiva, se mostró profundamente desanimado y derrotado tras el resultado electoral. La defección de una pequeña parte de sus juventudes de la JAP, sobre todo hacia Falange, visibilizó el ocaso de su liderazgo entre las derechas. Así, entre junio y julio las secciones locales de la CEDA fueron invitadas a ponerse a disposición de los militares.

Pero fueron las fuerzas más periféricas las que pusieron más condiciones, sin duda porque la tensión de los primeros meses de 1936 había incrementado sus contingentes y les había dado el respaldo y la confirmación que necesitaba su permanente estrategia insurreccional. Eso pasó con la Falange, a pesar de la fuerte represión gubernamental que soportó en este momento. Las simpatías que captó entre jóvenes oficiales le permitieron aspirar a un proyecto subversivo propio. Sin embargo, para el 29 de junio ya se constató la irrealidad del mismo y su subordinación a la iniciativa militar, tal y como comunicó el triunvirato que sustituía a su jefe encarcelado y que formaban su hermano Fernando, Manuel Hedilla y Manuel Mateo. El único movimiento que de verdad tenía algo parecido a un cuerpo paramilitar era el carlismo, con sus miles de efectivos adiestrados, uniformados y relativamente armados (además de mejor preparados para el combate a campo abierto). Eso, su historia y la ortodoxia de Fal Conde (respaldada por la dirección de San Juan de Luz, tanto por Alfonso Carlos como por don Javier), dispuesto por todos los medios a hacer valer su ideario en caso de triunfar un golpe, los llevaron a soñar con un levantamiento autónomo tras el fracaso electoral. Entre mayo y junio hicieron preparativos, repitiendo el mismo esquema de otras veces: su debilidad en el terreno formal de la política (electoral) propiciaba el salto a la confrontación violenta. Enseguida debieron abandonar el proyecto, pero no por eso dejaron de hacer valer ante Mola una serie de exigencias que llevaron a este al extremo de la negociación. Tras una estrategia de amenaza, el “Director” pasó a otra divisiva y negoció con Rodezno y otros pragmáticos como Oriol o la dirección navarra (José Martínez Berasáin y los Baleztena, con la mediación del diputado y director del Diario de Navarra, Raimundo García, “Garcilaso”) que los carlistas se sublevaran bajo sus propias banderas. La conmoción tras el asesinato de Calvo Sotelo despejó las dudas incluso de sus líderes más renuentes y el 14 de julio se confirmó su apoyo a una sublevación al grito de “¡Viva Cristo Rey y abajo la República laica!”. Aunque los militares confabulados habían manifestado sobradamente sus intenciones políticas, estas eran todavía más contrarias a lo existente que propositivas. Lo que fuera a ser el futuro quedaba básicamente en sus manos.

10. Un nuevo Estado al precio de una guerra civil

Antes de que todo se precipitara tras el asesinato de Calvo Sotelo, los aviones que llevarían a Franco de Canarias a Marruecos y a Sanjurjo desde Lisboa a Burgos estaban ya contratados. La suerte desigual de esas travesías condicionaría por completo el futuro: Franco se proyectó con rapidez como el dirigente militar máximo del movimiento sedicioso, hasta conseguir el poder ya para el primero de octubre, mientras el avión de Sanjurjo, que pilotaba Ansaldo, capotó el día 20 de julio y el general llamado a ocupar la posición de mando falleció; meses después, Mola correría la misma suerte. Fue Mola el que, a la vista de los primeros resultados tras el golpe del 18 de julio, improvisó una Junta de Defensa Nacional para el día 24, con sede en Burgos y comandada por el general más antiguo (el republicano conservador Cabanellas), que asumía “todos los Poderes del Estado” y pretendía representar “legítimamente al país ante las potencias extranjeras”. En ese escenario, los movimientos de Franco —militares, en dirección a Madrid tras pasar a la península buena parte de sus casi cincuenta mil hombres del Ejército de África, y diplomáticos, consiguiendo ayuda lusa, italiana y alemana— lo consolidaron como referencia en unas pocas semanas.

También fue de Franco la iniciativa de imponer la fuerza decisiva del Ejército y de anular rápidamente cualquier atisbo de división entre las bases sociales y políticas que apoyaban la sedición; una decisión determinante que le proporcionó una gran ventaja frente al bando republicano a la hora de conducir la guerra. Entre julio y septiembre se prohibió la actividad política de cualquier entidad en el territorio “nacional”, lo que afectaba grave y lesivamente a las izquierdas al desatar una intensa represión en su contra, pero también a los grupos de derechas, puestos a las órdenes del Ejército, “símbolo efectivo de la unidad nacional”. No hubo en principio contestación: todos los partidos y organizaciones se dispusieron a ganar la contienda, de los católicos de la Derecha Regional Valenciana de Lucia, los agrarios de Royo Villanova o los radicales de Lerroux a los catalanistas de la Lliga de Cambó, incluyendo sin fisuras a los grupos implicados previamente y más partidarios del golpe.

La excepción se limitó en esas derechas al Partido Nacionalista Vasco que, finalmente, se inclinó por seguir leal al Gobierno republicano (y a sus homólogos de Unió Democràtica de Catalunya). Aunque venía de algún año antes, el cambio de estrategia del PNV se confirmó después del verano de 1934 y se resumía en un trueque de su referencia fundamental: de Dios a la patria. El integrismo católico que primero los había llevado a una alianza con tradicionalistas y derechas varias se subordinó a una nueva relación con los republicanos cuando vieron que solo con estos podían lograr su anhelado estatuto. Aunque hubo muchas dudas —algunos, como Telesforo Monzón, mantuvieron hasta tarde contacto con la conspiración antirrevolucionaria— y no fueron pocos los que se inclinaron por la religión antes que por la decisión de su directiva, al final se mantuvieron con la República, lo que generó desazón y desconcierto entre los alzados, así como desconfianza constante entre los gubernamentales, que vieron en esa decisión algo instrumental, pendiente siempre de revisión. “Fuera de la idea de autonomía, si no de la de independencia, sus principios son más afines al enemigo que a los nuestros: religión, propiedad, etc., y se exterioriza ya por contactos con el enemigo”, le confesaba el general republicano Mariano Gámir a Prieto. La caída de Bilbao y, finalmente, la rendición de los gudaris (soldados) nacionalistas a los italianos franquistas en Santoña (con mediación del Vaticano) así lo confirmaron. Antes, un Gobierno de coalición entre el PNV y el Frente Popular, liderado por Aguirre, un antiguo propagandista (de la ACdP), se puso al frente de lo que quedó de la región afecta a la República (básicamente, Vizcaya). De este modo, el nuevo “oasis vasco” se diferenció del resto del territorio gubernamental sobre todo en que no hubo conato alguno de revolución social, pero no tanto porque no hubiera persecución contra la Iglesia: se produjeron matanzas de derechistas por “violencia tumultuaria” y en total se asesinó a 59 curas y religiosos; por su parte, los sediciosos mataron a catorce, acusados de ser nacionalistas vascos. Con todo, la del PNV fue la excepción de una fuerza política católica opuesta a los sublevados. Las demás colaboraron con entusiasmo.

El Ejército rebelde se formó básicamente mediante sucesivas reclutas forzosas, pero las entidades que lo apoyaban aportaron voluntarios desde el primer momento. Lo del 18 de julio, como ha señalado Javier Ugarte, no fue una militarada más, sino que se vio como una “reacción nacional”. Al principio, a la cabeza estuvieron los tradicionalistas con su Requeté, que llegó a sumar más de sesenta mil efectivos a lo largo de la guerra, encuadrados en una cuarentena de tercios y con una entrega propia de cruzados: murieron uno de cada diez. Los falangistas contabilizaron todavía más al final, porque su presencia en el conjunto del país fue creciente durante la contienda y estaba menos regionalizada: hasta doscientos mil, afirma Gabriel Cardona, incorporando progresivamente en sus más de cien banderas alistados que provenían de entidades menores, como los japistas (juventudes de la CEDA encuadradas en las Cruces Negras de la Victoria), los albiñanistas (que se integraron sobre todo en el Requeté) o incluso algunos pocos de Renovación Española. Aunque pelearon con sus unidades, uniformes, himnos y parafernalia, fueron rápidamente integrados en la estructura militar y puestos a las órdenes de mandos profesionales, evitándose así las tensiones que sufrió el bando republicano.

Porque los militares se hicieron cargo de la situación desde el primer momento y, en torno a la figura de Franco, consolidaron su posición de poder para el futuro, subordinando por completo a las diferentes formaciones o sensibilidades derechistas. La inicial Junta de Defensa Nacional, de julio, dio paso a un poder más sólido para afrontar tanto las necesidades de una guerra, que se adivinaba más larga de lo previsto, como para aglutinar la amalgama antirrevolucionaria aliada del Ejército sublevado. Los generales reunidos en Salamanca a finales de septiembre entregaron todo el poder a Franco —“generalísimo de las fuerzas nacionales” y “jefe del Gobierno del Estado español”—, que el 1 de octubre en Burgos escenificó el inicio de lo que sería una prolongada dictadura personal. Nacía entonces el régimen franquista en torno a un general conservador, católico, africanista, antiliberal y anticomunista.

Todavía en el marco de un “Estado campamental”, una Junta Técnica presidida por el general Fidel Dávila (al que sucedió Francisco Gómez-Jordana) se hizo cargo de siete “comisiones” funcionales. Ahí estaban Pemán, el carlista Bau o los monárquicos católicos Andrés Amado y Alfonso Peña Boeuf, bajo el control de Nicolás Franco, pero sin ningún “peso pesado” de las formaciones derechistas. La provisionalidad dio paso progresivamente a un poder más sólido. Franco aprovechó para ello la debilidad de las fuerzas derechistas y el brío de un antiguo abogado maurista, diputado de la CEDA y adscrito a Acción Española, además de cuñado de su mujer: Serrano Suñer, ahora convencido falangista y abiertamente pronazi. Los de Gil-Robles y los de Calvo Sotelo (o los de Albiñana) se disolvieron como azucarillos en cuanto comenzó la guerra; los lerrouxistas quedaron a merced de las represalias de ambos bandos.

Por su parte, la capacidad de resistencia de carlistas y falangistas se encontraba minada por su situación interna. Los referentes falangistas desaparecieron pronto al ser asesinados: José Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alicante, el 20 de noviembre, y antes, en agosto, en la Modelo madrileña, su hermano Fernando y Ruiz de Alda. Descabezados, la jefatura del partido había pasado ya en septiembre a manos del cántabro Hedilla, mientras que Agustín Aznar y Sancho Dávila (o los hermanos de José Antonio, Pilar y Miguel) se mostraban partidarios de su provisionalidad hasta el regreso de su líder. Las tensiones entre facciones desembocaron en enfrentamientos armados en Salamanca en abril de 1937, entre seguidores de Hedilla y de Sancho Dávila, Aznar y Rafael Garcerán. La afiliación de aluvión en estos momentos tampoco contribuía a la claridad de ideas. Por lo que hace a los carlistas, estos estaban en pleno tránsito tras el fallecimiento de Alfonso Carlos en septiembre. La pretensión de unos y otros de crear sendas academias para la formación de oficiales propios generó tensiones enseguida, respondidas por Franco de manera determinante: Fal Conde fue amenazado de fusilamiento y hubo de refugiarse en Portugal —el temor a un protoestado carlista era evidente, aunque algo de ello se permitió a los pragmáticos navarros—, mientras los centros falangistas abiertos en sendas fincas sevillana y salmantina (hubo una tercera en Zaragoza, sin actividad) fueron clausurados en mayo de 1937.

Aprovechando esa debilidad y con la vista puesta ya en un futuro que no contemplaba facciones políticas, ni siquiera en el marco de un derechismo compartido, Franco y Serrano procedieron, sin consulta previa ni comunicación de ningún tipo, a unificar todas las fuerzas partidarias en una sola. El Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937 disolvía todo tipo de formaciones previas en un nuevo partido denominado Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). En su aspecto más visible suponía un sincretismo del viejo tradicionalismo con el nuevo falangismo (“vino nuevo en odre viejo”); de hecho, fundió en parte sus elementos simbólicos y rituales. La primacía era en favor de Falange, de la que se tomaron veintiséis de sus veintisiete puntos como base programática de la nueva formación (el que se caía hacía referencia a la voluntad original falangista de conducirse políticamente en solitario). Las otras formaciones quedaron simplemente ninguneadas.

En la práctica, el “antipartido” repetía el esquema de la Unión Patriótica de Primo de Rivera: una formación de enlace entre la sociedad y el Estado bajo la jefatura indiscutida del caudillo. Sin embargo, la situación no era la de 1924: esas formaciones tenían una trayectoria y, ahora, una expectativa de transformación social, y el escenario de los años treinta contemplaba proyectos totalitarios donde la función del partido único resultaba mucho más ambiciosa. Consciente de ello, el nuevo Estado adquirió una forma fascistizante, afirmándose en una vocación totalitaria, nacional sindicalista y con ínfulas imperiales. Se creó un Consejo Nacional del partido con cincuenta miembros nombrados por Franco, donde eran mayoría los procedentes de Falange que todavía se debatían entre la ortodoxia y el legitimismo del “Ausente” (José Antonio) y un progresivo pragmatismo abiertamente franquista. Pilar y Miguel Primo de Rivera, junto con Dionisio Ridruejo y, sobre todo, Fernández-Cuesta, eran la élite de una Falange que progresivamente vino a ser “la de Franco”.

La unificación desde arriba generó malestar y protestas en los dos partidos, respondidas manu militari: hasta doscientos “camisas viejas” fueron encarcelados y condenado a muerte su líder, Hedilla, aunque, tras la conmutación, desapareció de escena después de años de cárcel y confinamiento; Fal Conde ya había sido expulsado a Portugal por el asunto de las academias militares —después de una amenaza de fusilamiento— y don Javier fue también enviado fuera del país. La unificación quedó para la historia futura de falangistas y carlistas como un debe reclamado por todo tipo de militantes, expresado en la vieja apelación a la “revolución pendiente” de los primeros o en la condición de “ganadores de la guerra y perdedores de la paz” de los segundos. Ni el proyecto totalitario nacionalsindicalista ni la monarquía tradicional tenían nada que ver con lo que acabó siendo el franquismo tras los primeros años de entusiasmos revolucionarios: una dictadura personal, integrista y conservadora, culturalmente neotradicionalista, españolista unitarista, paternalista en términos social-católicos y defensora del statu quo capitalista, a cargo de un individuo antimoderno y anticomunista, mesiánico y providencialista, y políticamente pragmático. Alguna historia de las derechas es también desde entonces una sucesión de episodios personales o colectivos de disidencia con la pauta general —pareciera por algunas lecturas que nadie había sido franquista—, pero si ese relato resulta estimulante, épico, hay que mantener como paradigma la reflexión que hizo en su día Santos Juliá:

Había más monárquicos colaborando con El Pardo que peregrinando a Estoril; había más católicos, democratacristianos o no, en los ministerios que en los partidos de Giménez Fernández y Ruiz-Giménez juntos; había más falangistas en el Movimiento que entre los seguidores de Ridruejo.

La creación del partido único y la conformación del nuevo Estado se rigieron, como veremos, por una relación dinámica. Una vez constituida la FET se procedió a nombrar el primer Gobierno regular, en enero de 1938, cuando se atisbaba que la victoria iba a caer del lado franquista. Once carteras que, ahora sí, resumían el sostén político del Ejecutivo y con nombres de relevancia: los militares Dávila, Martínez Anido (en Orden Público, por supuesto), Juan Antonio Suances y Gómez-Jordana, tres falangistas (Fernández-Cuesta, al frente del partido, Serrano Suñer y un hombre suyo, el antiguo monárquico Pedro González-Bueno), el acomodaticio carlista Rodezno, el alfonsino Sainz Rodríguez y los católicos Amado y Boeuf, que repetían de la Junta anterior por su carácter técnico.

11. Los apoyos de la nueva dictadura

Los tres soportes de la dictadura personal que se inauguraba entonces —y del nuevo Estado— eran el Ejército, la Iglesia y el partido único. El Ejército fue el pilar más sólido y permanente, resistiendo hasta el final del régimen (y más, en parte). Un tercio de todos los ministros del franquismo fue militar, tantos como la suma de juristas y funcionarios administrativistas. En esta fase de la guerra y primera postguerra el Ejército acaudilló una tarea crucial y brutal: cincelar el nuevo cuerpo político de la nación. “Matar, purgar, sanar”, como titulara Javier Gómez Calvo su estudio sobre la represión franquista en Álava, respondió a una múltiple y convergente intención. El propio Franco la resumió bien: “En una guerra civil es preferible una ocupación sistemática del territorio acompañada por una limpieza necesaria a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país aún infestado de adversarios”. Primero se trataba de inmovilizar al enemigo en retaguardia mediante el terror, siguiendo la doctrina Mola en la base quinta de sus instrucciones. En cada localidad circularon listados previos donde figuraban los “personajes más peligrosos” a los que era necesario desarticular (eliminándolos físicamente o deteniéndolos); falangistas y carlistas, cada uno en su territorio, jugaron un papel esencial en la identificación de los contrarios y en su desaparición, aunque la dirección constante y consciente vino a cargo del Ejército en todos los casos y lugares, organizando los consejos de guerra y el mecanismo legal punitivo, o dejando hacer a la “justicia en caliente” de los primeros meses.

A la eliminación física siguió una diversidad de mecanismos represivos, como la pérdida de empleos, los expedientes sancionadores masivos, el encarcelamiento, los trabajos forzados o las multas y exacciones derivadas de la futura Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, monumento a la “justicia al revés”, que dijera cínicamente Serrano Suñer. En segundo lugar, se trataba de cercenar de un tajo y para siempre la continuidad de la cultura liberal española, bien representada en este tiempo por la tradición republicana. La eliminación de élites locales y nacionales de ese signo, la sangría de capital social que supuso el apartamiento o exilio de miles de intelectuales, maestros y profesionales formados, y la larga dictadura que remitió a esa tradición a la clandestinidad familiar consiguieron interrumpir una cultura españolista liberal y democrática que se había construido lentamente desde el siglo XIX. Por supuesto, el anticomunismo que compartían todas las derechas sirvió a la vez para destrozar la malla relacional y organizativa de un activo movimiento obrero y popular de carácter anarquista y socialista, además de los partidos de la izquierda, que vieron interrumpida su actividad legal durante décadas. Finalmente, la guerra y la victoria (y la dura represión que las siguió) operaron doblemente como amenaza y como legitimidad de poder. La administración del miedo se moduló como argumento coactivo durante cuarenta años, encontrando una fase valle represiva en los cincuenta y sesenta, después de unos terribles primeros cuarenta, aunque regresó intensa en el tardofranquismo, ya a otro nivel que al principio.

A la vez, la cuota de sangre pagada por las derechas durante la guerra los unió para el futuro y les permitió blandirla hasta que el desarrollismo y la paz fueron sustituyéndola como argumentos. En todo caso, verdugos y víctimas, las derechas fueron protagonistas indiscutibles del doble proceso. En números gruesos, unas cien mil personas fueron víctimas mortales de su celo represivo, a sumar otras treinta mil o más —Casanova habla de cincuenta mil— durante la inmediata posguerra. Por su parte, un número importante de dirigentes derechistas pagó con su vida durante la Guerra Civil provocada por el fallido golpe. En Falange, se ha señalado ya, fueron asesinados José Antonio y Fernando Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Ledesma Ramos y el periodista Delgado Barreto, entre otros muchos, y murió en combate Onésimo Redondo; en síntesis, siete de los doce miembros de su Junta Política. Entre los carlistas hay que señalar a Víctor Pradera y a Juan Olazábal, Beunza, Antonio Elósegui o José María Lezama Leguizamón (y al jefe catalán Tomás Caylá). Los primeros murieron en asaltos a prisiones en el País Vasco, junto a algunos importantes nombres como el católico José María Urquijo, el monárquico Fernando Ybarra, el liberal Balparda, Gabilán, aquel presidente de la Unión Patriótica primorriverista, Aldolfo Careaga y Juan José Prado (exalcaldes de Bilbao y San Sebastián) o Pedro Eguillor. El ideólogo de Acción Española, Ramiro de Maeztu, fue asesinado en una saca de la cárcel, como les pasó a los sindicalistas católicos Gafo y Madariaga o al doctor Albiñana en asaltos a las prisiones. También lo fueron algunos viejos políticos liberales, como Melquíades Álvarez, Leopoldo Matos u Honorio Maura. Sesenta diputados de las Cortes de 1936 contrarios al golpe militar fueron asesinados; casi la mitad de los escaños de enfrente (sobre todo de la CEDA) corrieron similar suerte. En conjunto, y para las tres legislaturas, el número de parlamentarios muertos ascendió a ciento ochenta, casi la quinta parte del total.

La represión en la zona republicana tuvo también su parte de eliminación del cuerpo social históricamente contrario. Empresarios, terratenientes, políticos de derechas, sindicalistas católicos y, particularmente, miembros de la Iglesia fueron el blanco preferido y buscado del llamado “terror rojo”. Estos últimos supusieron la décima parte de los asesinados, lo que ha permitido hablar de “persecución religiosa republicana”. La “ira sagrada” —en expresión del antropólogo Manuel Delgado—, el anticlericalismo secular de pueblo liberal español, propició nuevamente destrucción, saqueo y profanación de recintos religiosos, y la muerte de 6.845 personas (según el clásico estudio de Antonio Moreno: trece obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas); tres mil seglares de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales acabaron igual (por ejemplo, del medio millar de propagandistas de la ACdP murieron ochenta y tres; en este tiempo, en la Asamblea de Pamplona de marzo de 1937, la Asociación añadió lo de Nacional, convirtiéndose así en ACNP). La mitad de las víctimas lo fueron en el mes y medio de furor y descontrol que siguió al 18 de julio.

Aunque una cuestión no llevó a la otra, la represión religiosa permitió justificar enseguida lo que desde el comienzo de la guerra la Iglesia santificó como “cruzada”, como “guerra santa”. La pastoral de los obispos vascongado y navarro, Múgica y Marcelino Olaechea (6 de agosto de 1936), hablaba tempranamente de movimiento “cívico-militar” en defensa de la religión; la circular del de Santiago, Tomás Muñiz de Pablos, citó por vez primera la palabra “cruzada” (31 de agosto); la pastoral del obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel (30 de septiembre), se tituló “Cruzada por la religión, por la patria y por la civilización” y hablaba de los “hijos de Caín” y de que “una España laica no es ya España”; la carta colectiva redactada por el cardenal-arzobispo Gomá y suscrita por cuarenta y ocho prelados —solo faltaron Múgica y Vidal y Barraquer— “a los obispos del mundo entero” justificaba el levantamiento militar; y de nuevo Pla celebraba “el triunfo de la Ciudad de Dios y de la Resurrección de España” (mayo de 1939).

El factor religioso y la Iglesia católica no jugaron ningún papel preciso en el golpe militar ni en la trama civil que lo respaldaba, pero no cabe duda de que constituían la pieza central del arco de bóveda sobre el que se apoyaban y en el que coincidían la sensibilidad y la inquietud de los alzados. Más todavía que la caída de la monarquía, la Guerra Civil vino a suponer uno de esos retos providenciales que la historia dispone para que las fuerzas conservadoras —según creen ellas mismas desde De Maistre— se empleen a fondo en la restitución de los cánones que deben regir la existencia humana, en la “reconquista espiritual” del mundo. En esa lógica, la Iglesia acudió rauda a connotar con una denominación ampulosa y rotunda lo que no dejaba de ser un choque de cosmovisiones que incluía entre otras la religiosa: Pla y Deniel se valió para explicar la dicotomía extrema de la imagen agustiniana de “las dos ciudades” (“dos amores hicieron dos ciudades: la terrena, el amor de sí hasta el desprecio de Dios; la celeste, el amor de Dios hasta el desprecio propio”). Ello tuvo notable repercusión hacia el exterior, porque dispuso a la mayoría de los católicos del mundo en su favor —no todos: algunos como Jacques Maritain o François Mauriac lo cuestionaron, pero la carta colectiva consiguió la adhesión del episcopado de treinta y dos países, y el apoyo de novecientos obispos—, igual que finalmente de Roma, que, tras algunas distancias iniciales, reconoció a los rebeldes en mayo de 1938 y después respaldó la dictadura hasta las postrimerías del Concilio Vaticano II.

Coincidentes todos los agentes en una visión integrista de la política —Franco el primero—, la Iglesia católica alcanzó un poder omnímodo durante cuarenta años. Toda la vida pública y privada de los ciudadanos españoles estuvo regida por sus principios: la enseñanza, los medios de comunicación, la asistencia pública, las celebraciones y el calendario, el barroquismo ambiente, la moralidad particular y colectiva, la omnipresente censura, la presencia de religiosos en todo tipo de organismos políticos, la financiación estatal de sus actividades y profesionales, el silenciamiento de otro tipo de religiones… Huelga decir que la legislación laica republicana se anuló inmediatamente, como pasó con la social o con la reforma agraria: después todo regresó al menos a 1929. A cambio, el caudillo entraba bajo palio en los templos y se permitía serlo “por la gracia de Dios”, mientras los miles de religiosos desperdigados por todo el país ratificaban cada día la lógica y sentido de su dictadura. “Ningún gobernante, en ninguna época de nuestra historia, ha hecho más por la Iglesia católica que Vuestra Excelencia”, le escribía Carrero a Franco en 1972. Nunca la Iglesia tuvo en España tanto poder —se trató de una confesionalidad extrema y forzada, con lo que ello podía suponer—, al punto de que logró incluso espacios de autonomía crecientes en un escenario político que originalmente se pensó como totalitario, donde solo el Estado y su partido constituían instrumentos de intervención política. Esa autonomía relativa, como veremos, supondrá en el futuro un germen de debilitamiento del régimen.

El tercer soporte de este fue el partido único, FET y de las JONS, denominado oficialmente Movimiento Nacional desde septiembre de 1943. El cambio indica lo endeble de la voluntad inicial de dotarse de un instrumento para hacer del país una realidad totalitaria, como reiteradamente invocaron sus dirigentes, incluido Franco. El partido volvía a ser un “antipartido”, como pasó con Primo de Rivera, una estructura de poder (y de selección de élites) más que un mecanismo movilizador y de integración.

En los primeros momentos, con el entorno favorable de unas potencias nazis y fascistas triunfantes, con la pasión de la guerra engordando las facciones derechistas más extremas (sobre todo Falange, que multiplicó su afiliación y presencia) y con la decisiva intervención de un convencido Serrano Suñer, el partido se articuló conforme a ese modelo totalitario. Además de la FET y de las JONS, diversas entidades especializadas dependientes del partido fueron ocupando el espacio social: un sindicato único y obligatorio (la Central Nacional Sindicalista u Organización Sindical Española) creado en enero de 1940, que agrupaba verticalmente a trabajadores y empresarios en veinticuatro estructuras profesionales nacionales; las Hermandades Sindicales de Agricultores y Ganaderos, dependientes de la CNS y creadas a mediados de los años cuarenta; la Sección Femenina, también obligatoria y dirigida por Pilar Primo de Rivera, que en sus mejores momentos, al terminar la guerra, llegó a las novecientas mil afiliadas y que se ocupaba de las tareas asignadas por el régimen a la mujer (hospitales, servicios sociales); un Frente de Juventudes, también de 1940, que agrupaba a “aprendices”, “escolares” y “rurales”, y que se aplicaba a la formación política, a la educación física y deportiva, e incluso a la preparación premilitar (en 1960, los nuevos tiempos reconvirtieron todo en la Organización Juvenil Española, dedicada básicamente a la socialización marcial en periodos vacacionales); un Sindicato Español Universitario impuesto como único en septiembre de 1939, que, tras los incidentes de 1956, entró en una profunda crisis, hasta disolverse en 1965 (fue la primera entidad franquista desaparecida por la presión opositora); un sistema mediático de prensa escrita y radios (la Cadena Azul), que llegó a tener hasta cuarenta cabeceras, con Arriba como órgano del partido y Pueblo, del sindicato, con la creación de la agencia de noticias EFE en enero de 1939 y con una Escuela Oficial de Periodismo dirigida por Juan Aparicio; el Auxilio Social, creado por la mujer de Onésimo Redondo (Mercedes Sanz-Bachiller) en Valladolid, en octubre de 1936, para atender las situaciones de extrema pobreza creadas por la guerra y para distribuir productos de necesidad básica, que superados los años cuarenta perdió parte de su papel y de su eficacia propagandística para terminar integrado en las estructuras de asistencia social del Estado; el Servicio Exterior de Falange, dirigido inicialmente por Felipe Ximénez de Sandoval, y que perdió su razón de ser tras la derrota de las potencias del Eje; Educación y Descanso, una estructura semejante al Dopolavoro italiano, creada a finales de 1939 para ocupar con actividades deportivas, lúdicas, sociales y culturales los escasos tiempos de no trabajo de los obreros… Había también asociaciones de excombatientes, exdivisionarios (de la División Azul), Guardia de Franco (creada en 1945), obras sindicales ambiciosas (vivienda social, regadíos…), Escuelas de Mandos y Servicios Secretos del partido, aunque no lograron asentar formaciones paramilitares al ser disuelta la Milicia Armada en julio de 1944 tras los incidentes del verano de 1942. El partido se dirigía desde la Secretaría General del Movimiento, con rango ministerial entre el final de la Guerra Civil y el de la mundial (luego lo recuperó en 1951), y desde un Consejo Nacional, especie de Gran Consejo Fascista nombrado por Franco, de carácter consultivo. Toda esta estructura nacional se desplegaba hacia las provincias y municipios replicando las diferentes entidades y servicios.

En ocasiones, el establecimiento de una única entidad especializada y la integración de otras preexistentes generó tensiones (v. g., la AET o las margaritas tradicionalistas) y el consiguiente desapego de los agraviados. En todos los casos, siguiendo el manual totalitario, se trataba de duplicar diferentes estructuras políticas y sociales del Estado, lo que también dio lugar a tiranteces porque había demasiados agentes contrarios a que los falangistas se hicieran con el control de tanto poder, obstaculizando así la acción cotidiana de la Administración. Es lo que expresaban sectores del Ejército, de la propia Administración y de la dirección política del Estado, de la Iglesia y de los sectores católicos —que vieron anuladas algunas de sus mejores realidades, como los sindicatos agrarios y urbanos o la organización universitaria—, del competidor carlista, que en algunos ámbitos y lugares tenía unas bases iniciales muy superiores a las aglutinadas de manera obligada y mucho más entregadas y dinámicas, o de los empresarios, que volvían a no entender por qué su autonomía de gestión y dirección debía doblegarse al poder de los sindicatos oficiales y de sus burócratas; tampoco Franco era políticamente fascista (estaba más cerca del neotradicionalismo de Pradera que del falangismo de José Antonio, más de la solución autoritaria conservadora portuguesa que de la inicialmente revolucionaria italiana). Demasiados opositores para un partido con pocos miembros originales (“camisas viejas”), incrementada su afiliación por aluvión durante la guerra y dudosos siempre de marcar posición autónoma o de doblegarse al creciente poder del franquismo (como finalmente hicieron).

12. El momento fascista

Una dictadura personal capaz de sobrevivir casi cuarenta años tenía que mostrar una ductilidad extrema para ello. Gil Pecharromán resume los condicionantes permanentes del proceso institucional franquista a partir de tres factores principales: la cambiante situación internacional, la evolución de la sociedad española y la dinámica de las “familias” del régimen. Los tres explican el momento de la “tentación totalitaria”, cuando bajo la conducción de Serrano Suñer, en el escenario europeo nazi-fascista y con una España franquista condicionada por el furor de la guerra, la victoria y la inmediata posguerra, los falangistas intentaron llevar a la práctica su proyecto político. Controlaban el recién creado partido y en 1942 llegaron a los máximos de su afiliación, con casi un millón de carnets (además de los que sumaban los otros organismos especializados). Serrano Suñer, el “cuñadísimo”, era ahora el hombre fuerte del régimen (del partido y del primer Consejo de Ministros) y el consejero principal de Franco: primero en Gobernación (que incluía los servicios de propaganda y de censura, además, lógicamente, de los mecanismos de represión, tanto en España como en la futura Francia de Vichy) y como presidente de la Junta Política de la FET; luego, desde octubre de 1940, como ministro de Exteriores. En este puesto se mostró abiertamente pronazi y partidario de una implicación mayor de España en la Segunda Guerra Mundial. A la vez, los organismos falangistas mostraban su dimensión más revolucionaria: Salvador Merino, al frente de los sindicatos, empleaba una retórica e intenciones abiertamente anticapitalistas; Antonio Tovar fue puesto al cargo de Prensa y Propaganda; Ridruejo se apuntó a la División Azul y acusó por carta a Franco de estar traicionando el proyecto de Falange en favor de “una España reaccionaria y quietista”. Casi el 90% de los altos cargos de la FET hasta 1945 correspondieron a “camisas viejas”. El Fuero del Trabajo, la primera de las Leyes Fundamentales del régimen, en 1938, redactado por Aunós y de clara inspiración fascista, recogía en su declaración de principios las intenciones del momento:

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una acción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de canalizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez y para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.

La sensación de poder era tan extraordinaria que los hombres de Serrano alimentaron incluso la posibilidad de intensificar el proceso de fascistización del Estado, a pesar del propio Franco. Pero este reaccionó con una crisis ministerial en mayo de 1941 que minó la posición de Serrano Suñer en el Gobierno, obligándolo a refugiarse en Exteriores, y en el partido, a cuyo frente se había designado ahora a un competidor suyo, José Luis Arrese. Su intención de sacar adelante una Ley de Organización del Estado —“El Estado español es un instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria”, decía— fracasó. También se incrementaron las tensiones, a veces armadas, entre facciones “serranistas” y “arresistas”, en ocasiones con participación de monárquicos, tanto carlistas como juanistas. Al punto extremo se llegó con los sucesos de Begoña (15 de agosto de 1942), cuando falangistas lanzaron dos granadas en Bilbao contra una concentración de excombatientes carlistas que presidía el general tradicionalista Varela, ministro de la Guerra. Las relaciones con Alemania de las diferentes facciones falangistas estaban detrás de los incidentes. Franco procedió a una de sus crisis salomónicas y apartó del Gobierno a los más furibundos opositores de Serrano (los generales Varela y Galarza), pero también a este; un falangista implicado (Jesús Domínguez) pagó con su vida.

El tiempo de Serrano Suñer había terminado y con ello se afirmaba tanto el poder del caudillo como el de los militares en tanto que grupo de presión fundamental. Falangistas acomodaticios del tipo de Arrese, como Miguel Primo de Rivera o José Antonio Girón de Velasco (dieciséis años al frente del Ministerio de Trabajo), sustituyeron a otros con ínfulas revolucionarias —cayó antes Salvador Merino y se purgaron hasta cuatro mil afiliados sospechosos de “izquierdismo”—, y un personaje discreto y de creciente poder, Carrero Blanco, era nombrado entonces subsecretario de Presidencia. Los carlistas opuestos a Franco también recibieron lo suyo, como compila la investigación de Manuel Martorell, que habla de “estado de persecución” y de proclamas del tipo: “Entre el liberalismo anárquico y el totalitarismo hay una interpretación de la libertad humana que es el fundamento del derecho político cristiano y de las soluciones defendidas por la Comunión Tradicionalista”. Su última demostración de fuerza en esta etapa de posguerra fue la concentración en la plaza del Castillo pamplonesa el 3 de diciembre de 1945.

¿Cómo podemos caracterizar el régimen franquista? ¿Fue realmente totalitario y fascista? El debate viene de lejos, de la diferenciación politológica que hizo Juan José Linz entre totalitario y autoritario, por lo menos. Según este autor, el totalitarismo supone la presencia simultánea de un centro de poder que afirma su monopolio, de una ideología que pretende ser exclusiva y de una empresa de movilización total de la población a través de un partido único y de las organizaciones bajo su control, mientras que en el autoritarismo el pluralismo sociopolítico se ve coartado por las normas jurídicas, aunque las autoridades pueden verse obligadas a tolerar una muy limitada movilización de los ciudadanos y la autonomía de determinadas entidades civiles, como algunas de carácter religioso o educativo. El debate se ha reactivado en los últimos tiempos, tanto en términos historiográficos como mediáticos, en este caso de manera mucho menos rigurosa. En los dos pareciera como si una afirmación fascista contribuyera a cerrar la discusión de manera contundente, mientras que otra de tipo autoritario quitaría gravedad a un régimen claramente criminal y de dictadura. Curiosamente, por motivos contradictorios, la afirmación fascista la sostienen (y sostuvieron) los partidarios de esta ideología e historiadores, como Ferran Gallego, capaces de establecer la diferencia y similitud de experiencias del franquismo y de los presuntos modelos fascista y nazi. Incluso en su transformación como “la Falange de Franco” después de 1942, esta mantuvo elementos parafascistas muy característicos. Otros autores, como Ismael Saz, manejan el término “fascistización” (o “parafascista”) y lo aplican a diferentes épocas del franquismo, no al conjunto; con sus variantes lo hace González Calleja, pero otorgando el protagonismo al Ejército. Y el resto modula su juicio sobre el eje común del autoritarismo: dictadura personal (Fusi), dictadura tradicional y conservadora (Manuel Pérez Ledesma), dictadura fascistizada (Saz), dictadura no totalitaria ni fascista (Tusell), régimen autoritario de pluralismo limitado (Linz) o despotismo moderno reaccionario (Salvador Giner, Eduardo Sevilla Guzmán y Manuel Pérez Yruela) y bonapartismo conservador (Amando de Miguel y Benjamín Oltra).

Lo longevo y pragmático de la dictadura, con tiempos tan diferentes como la “época azul”, el nacionalcatolicismo o la tecnocracia desarrollista, hacen que la hipótesis totalitaria haya de verse más como una afirmación, un desiderátum genérico y polisémico por parte del régimen, que como un proyecto político preciso y consistente. Y esto porque:

El partido fascista español no llevó a la situación, sino que se aprovechó de la crisis bélica y del contexto internacional y de alianzas del franquismo inicial.

Aunque la Falange original integró e hizo suyo el catolicismo españolista esencialista elaborado por Menéndez Pelayo, la Iglesia institución trató continuamente de preservar espacios de autonomía que cuestionaban una visión integral, totalitaria. La Iglesia colaboró inicialmente en el proyecto totalitario de Franco, pero tenía sus propias ideas e intereses (al igual que los católicos como grupo de presión).

La élite militar y administrativa no quiso plegarse al poder del partido único y trató por todos los medios de evitar que el Estado cobrase institucionalmente una forma totalitaria.

En la “época azul” el despliegue de recursos e intenciones totalitarias fascistas fue intenso, pero corto e inconsistente: culto a la personalidad, control de las vidas públicas y privadas, integración negativa mediante estructuras que no aseguraron en el tiempo su capacidad movilizadora y de encuadramiento de la población…

El paso de los años convirtió ese escenario totalitario en prescindible, sobre todo en cuanto se apreció que la victoria en la Segunda Guerra Mundial iba a caer del lado aliado. Entonces, los rasgos y gestualidad fascistizantes fueron dando paso a una dictadura personal donde en provecho de esta se posibilitaba una cierta competencia entre opciones diversas, pero reconocida e indiscutiblemente franquistas. El pluralismo limitado no fue sino otra expresión del pragmatismo oportunista del dictador y una manera de sobrevivir aprovechando las presiones confrontadas de los diversos grupos.

El franquismo y las fuerzas sociopolíticas que lo apoyaban desplegaron diferentes expresiones desarrolladas ya en la dictadura de Primo de Rivera —el nacionalcatolicismo de Pemartín es la más destacada—, aunque la experiencia de radicalización vivida en los años treinta y el escenario internacional de los primeros cuarenta les proporcionaron una brutalidad inédita. En todo caso, hay que recordar que una cosa es la criminalidad de un régimen y otra su condición totalitaria (v. g., el fascista italiano no fue muy criminal hacia dentro, pero sí que constituyó un ejemplo de totalitarismo).

La condición totalitaria en España se articuló, no tanto a través de un partido de esa naturaleza (la Falange inicial o luego FET), sino desde una persona imbuida de todo el poder y legitimada como caudillo por la victoria en una guerra civil. En ese sentido, no tuvo serios rivales en los grupos derechistas y el totalitarismo fue lo que quiso interpretar Franco a cada momento. Y, como es conocido, sus decisiones tenían más que ver con su disposición ante diversos temas —sabía lo que no quería, lo que enfrentaba— que con su capacidad para manejar un pensamiento político.

La FET estructuró una red de servicios paralela a la del Estado y, a partir de un determinado instante, como ya se hiciera con la Unión Patriótica, fue obligatoria la afiliación al Movimiento para ascender en el cursus honorum político de la dictadura. Su poder, en ese sentido, no era baladí, pero su naturaleza tampoco era determinante ni fundamental: Franco ejerció su poder desde el Consejo de Ministros y desde las estructuras del Estado, y su Falange fue cada vez más “coreografía”, escenario forzado de su autocracia. De las limitaciones de aquel “partido” da buena cuenta la reflexión de otro personaje muy cercano al dictador, su primo Francisco Franco Salgado-Araujo:

Se habla demasiado del Movimiento, de sindicatos, etc., pero la realidad es que todo el tinglado que está armado solo se sostiene por Franco y el Ejército. […] Lo demás… Movimiento, sindicatos, Falange y demás tinglados políticos, no han arraigado en el país después de diecinueve años del Alzamiento; es triste consignarlo, pero es la pura verdad. […] La realidad es que el pueblo no está a su lado (de Falange) como debía ser.

Eso no quiere decir que Franco y su régimen no encontraran la adhesión de una parte muy significativa del país durante el tiempo que duró. No fue solo miedo lo que lo mantuvo durante cuatro décadas. Las actitudes ante la dictadura, más allá de la disidencia y la resistencia, contemplan el temor (por la extrema violencia de origen), la pasividad (el franquismo como tiempo, más que como régimen), la distancia (de los beneficiados, pero no entusiasmados) y la adhesión. Al principio, los grupos sociales y económicos de apoyo a las derechas, negativamente afectados por las reformas de la República, fueron los beneficiarios más claros del nuevo Estado: terratenientes, capitalistas, empresarios, pasando por medianos propietarios y algunas clases medias, además del Ejército, la Iglesia (y los católicos) y los grupos favorecidos por la propia lógica del régimen (de los enriquecidos con el mercado negro a los burócratas del Estado o del partido). En el segundo franquismo, a estos se les sumó una masa popular que vio cómo el desarrollismo cambió su vida (al precio de un esfuerzo de trabajo enorme) y les propició una expectativa de realización y de propiedad (y de un inicial “Estado de bienestar”) muy lejos de aquellos penosos estándares de la inmediata posguerra, del bloqueo autárquico o incluso de la penosa emigración al extranjero. Ahí se forjó el llamado “franquismo sociológico”, aquellas “clases medias” en las que depositó tanta confianza de futuro el régimen y que, sin embargo, acabaron siendo sus enterradores ante la incapacidad de este de proporcionarles una satisfacción que fuera más allá de lo estrictamente material. El materialismo ingrato de estos preocupó a dirigentes como Carrero Blanco, pero fue un intangible de libertades y dignidad lo que acabó con su renovada legitimidad de ejercicio.

13. La Falange de Franco y el nacionalcatolicismo

Aunque no lo precisaba el reglamento reformado de la FET de 1939, desde comienzos de los años cuarenta los gobernadores civiles empezaron a compaginar su cargo con el de jefes provinciales del Movimiento, igual que los alcaldes pasaron a ostentar la jefatura local del partido. Partido y Estado se fundían totalitariamente, pero era la estructura del segundo la que primaba. Los hombres de Falange quedaron como subjefes o inspectores provinciales al cargo de la “fontanería” que asegurara en cada localidad que la escasa vida política no rebasaba los estrechos límites del régimen (v. g., la preparación y control de las elecciones municipales por tercios a partir de 1948). La dictadura puso en marcha su modelo de democracia orgánica con la Ley Constitutiva de las Cortes, en 1942, repitiendo la fórmula manejada en aquel proyecto nonato de Constitución primorriverista: un Parlamento sin iniciativa legislativa ni capacidad de control del Ejecutivo, designados sus procuradores por el mismo dictador o por elección indirecta de cuerpos (desde 1967 se elegirían también dos por provincia por el tercio familiar). También reactivó el Consejo de Estado, en 1940, a cargo de Gómez-Jordana. Resultaba una manera de legitimarse hacia el exterior de manera autorreferencial, algo absolutamente ineficaz e irrelevante. Si acaso, la extensión de esa democracia orgánica a los ayuntamientos desde 1948 permitió con el tiempo alguna entrada de concejales no adictos por la vía también del tercio familiar; a nivel provincial, en las diputaciones, todo estaba más controlado. Eran cambios formales, nada profundos, del nivel de la desfascistización ritual del régimen vivida a partir de 1942: de FET se pasó a Movimiento, las camisas azules de los jerarcas remitieron en favor de indumentarias más neutras, la afiliación masiva se ralentizó y redujo, y hasta el saludo romano quedó solo para los falangistas más entusiastas. La División Azul regresó en otoño de 1943 sin haber derrotado al comunismo en Rusia.

Franco acomodaba su Falange. Primero utilizó a Hedilla para enfrentarlo a los “legitimistas” (Aznar y Dávila, junto a los hermanos del “Ausente”). Después eliminó a los verdaderos creyentes en el nacionalsindicalismo y a los primeros descontentos: Narciso Perales, Luis de Caralt y el coronel Rodríguez Tarduchy, y luego Patricio González de Canales y Eduardo Ezquer, que organizaron una Falange Auténtica ya en 1939. La crisis de 1941-1942 los laminó; algunos restos sobrevivieron a la siguiente década y en la exhumación de los restos de José Antonio, en 1959, gritaron “¡Falange sí, Movimiento no!” o “¡Franco traidor!”, pero la represión se los llevó por delante. Por su parte, la intelectualidad falangista fue cada vez más sensible a la instrumentalización del proyecto joseantoniano que estaba haciendo ahora el dictador. Eran totalitarios fascistas y serranistas convencidos, y escribían en revistas como Jerarquía (1936-1938), Vértice (1937-1946) o, luego, Escorial (1940-1950): Ridruejo, Tovar, Rafael García Serrano, el sacerdote Fermín Yzurdiaga (delegado nacional de Prensa y Propaganda en 1937), Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales, Eugenio Montes, Agustín de Foxá, Ignacio Agustí, Leopoldo Panero, Gonzalo Torrente Ballester, Manuel Aznar o Luis F. Vivanco, entre otros; constituían buena parte de la generación literaria del 36, la ubicada en el bando sublevado y vencedor. Procedían muchos de ellos de la cultura liberal, no de la fascista, y su influencia principal era el elitismo orteguiano, acompañado de la correspondiente inclinación paternalista hacia el sufrimiento del pueblo.

Pero estos falangistas extremistas, a diferencia de sus homólogos italianos o alemanes, no habían vivido una fase de acción antiizquierdista —más allá de la guerra, claro—, y su contrario en este momento no era otro que el conglomerado conservador y burgués que se beneficiaba de la dictadura. Disidentes del poder franquista, vivían sin embargo en sus aledaños, en las revistas toleradas y mantenidas por el régimen, o en puestos de libre designación de ministros protectores, como Joaquín Ruiz-Giménez. Con todo, progresivamente se fueron haciendo solidarios de otras disidencias más genuinas (v. g., el movimiento de estudiantes de 1956 o antes el regreso de algunos catedráticos exilados y los homenajes póstumos a Ortega o Unamuno) o embarcándose en los recurrentes debates acerca del ser de España. De entre todos ellos destacó el que sostuvo Laín con el opusdeísta Rafael Calvo Serer en 1949: “España como problema” versus “España, sin problema”, la visión de un país dividido y enfrentado, donde la hispanidad tradicional se oponía a la modernidad europea, frente a otra en la que la victoria en la guerra había resuelto esa preocupación ontológica y lo colocaba ante una pléyade de situaciones, igual que cualquier otro país; al mismo tiempo, la vivencia de un catolicismo no coactivo frente a una tradición impuesta como doctrina del Movimiento Nacional. Su mirada cada vez más crítica del conservadurismo ramplón del régimen los derivó hacia el oxímoron del “falangismo de izquierdas”, que en realidad no era sino un abandono de sus convicciones originales en favor de postulados nuevamente liberales. Algo incorporaron a una oposición tolerada del franquismo, aunque su influencia en la sociedad española era escasísima. En 1961, Ridruejo marcó el Rubicón de aquel grupo con su obra Escrito en España (y publicada en Argentina). La Falange ya estaba en manos de los franquistas (Fernández-Cuesta, el incierto Arrese, Girón, José Solís Ruiz…).

El final de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los ganadores condenaran al régimen de Franco a un aislamiento diplomático que todavía hizo más insoportable y letal la receta económica autárquica, animó al dictador a acomodarse a los nuevos tiempos: el falangismo fue cada vez más decorativo, en beneficio de un catolicismo militante que pretendidamente podía encontrar alguna similitud en el renacimiento democristiano que vivían países liberados como Francia, Italia o Alemania. La desfascistización venía de la mano de una renovada versión del anticomunismo, ahora hijo de la Guerra Fría y no de las confrontaciones ideológicas de los años veinte y treinta. Franco no tenía más que cambiar falangistas por católicos y controlar las inquietudes de los monárquicos. La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 1947, rubricó el trueque: España se configuraba como un reino “católico, social y representativo” (se creaban el Consejo del Reino y el de la Regencia), y Franco quedaba de manera vitalicia al frente del mismo hasta que propusiera a las Cortes a su sucesor a título de rey o regente; también podía desdecirse de su inicial propuesta y revocarlo. Desde entonces, y antes, se dedicó a mantener bajo control a don Juan y a los monárquicos, porque él nunca albergó la más mínima voluntad de dejar el poder: se lo impedía su convencido mesianismo.

Juan de Borbón y Battenberg era pretendiente al trono español desde enero de 1941. Su objetivo era el mismo que Franco: el poder; la Corona, en su caso. Para ello, y conducido por los prohombres de Acción Española (Sainz Rodríguez, Vegas Latapié), hizo profesión de fe de una monarquía tradicionalista ligada a la suerte del caudillo (incluso tanteando a la Alemania nazi para acelerar el proceso). A finales de 1942, conforme la suerte de la Segunda Guerra Mundial parecía favorecer a los aliados, el pretendiente empezó a hablar de reconciliación. Franco ya había resistido (y resistiría) a diferentes presiones monárquicas en el marco de las estrategias de los contendientes de la guerra: los contactos aliados con generales como Alfredo Kindelán, Aranda y Orgaz (1941-1942), las conspiraciones de Sainz Rodríguez y Vegas Latapié (que terminaron con su confinamiento en Canarias y luego con una larga estancia en Estoril, en el consejo privado de don Juan); la solicitud restauracionista de veintisiete procuradores o de siete tenientes generales con Varela al frente (1943); más tarde, la conspiración de Aranda (1949), la carta de los trescientos al encargado de Negocios norteamericano (1950) o las candidaturas monárquicas por el tercio familiar (1954).

En marzo de 1945 don Juan rompió con Franco con el Manifiesto de Lausana, haciendo incompatible su monarquía tradicional con el régimen del 18 de julio. El pretendiente instó a sus seguidores a dejar los cargos en este: lo hicieron dos, el duque de Alba en la embajada londinense y el Tío Ali, el infante Alfonso de Orleans y Borbón, que dimitió de la jefatura aérea del Estrecho. Como afirmara el hispanista Gerald Brenan, los monárquicos eran “una débil fronda de políticos y descontentos de café”. La Ley de Sucesión les dio la estocada. El pretendiente desautorizó los contactos de Gil-Robles con el socialista Prieto para auspiciar una vía para la vuelta a la democracia (Pacto de San Juan de Luz) al reunirse con Franco en el yate de este (el Azor), el 25 de agosto de 1948, y acordar que su hijo, Juan Carlos, realizara sus estudios en España (bajo su supervisión personal y la de Carrero). El reconocimiento del estado de fuerzas no podía ser más palmario. Todavía más, quienes en 1945 explicaron con detalle a los monárquicos y a don Juan quién mandaba en España, por orden expresa de Franco, fueron los católicos Martín-Artajo y Ruiz-Giménez. En los años cincuenta el pretendiente se sometió al poder del dictador, en una deriva errática que lo mismo daba para declaraciones en favor del liberalismo (junio de 1951) que para dejarse jalear por miles de carlistas en Lourdes o mostrarse en público en Estoril con la boina roja (1957-1958). En julio de 1969 este deambular encontró su final cuando Franco designó a Juan Carlos como su futuro sucesor en la Jefatura del Estado.

Lo de los otros monárquicos, los carlistas, no iba mejor. Después de su extraordinario tributo de sangre y de haber ganado la primera de sus guerras civiles, enseguida vieron que no iban a recibir sino puestos en la Administración (no tanto en el partido único) y nada de satisfacción de su programa político (más allá de los elementos coincidentes a todas las derechas: religiosidad extrema, autoritarismo, corporativismo, las influencias doctrinales de Vázquez de Mella…). Se repetía a algún nivel lo ocurrido en la anterior dictadura: era un éxito de sus postulados —así lo vieron los pragmáticos: el régimen era más neotradicionalista que nacionalsindicalista o totalitario—, pero no de la Comunión, de manera que volvieron a acomodarse en esta mientras le negaban el pan y la sal al sistema (“la Comunión estuvo en el Alzamiento, pero no en el Movimiento”). Los de Rodezno (los Oriol Urquijo, Rafael Olazábal, José María Arauz de Robles…) no lo dudaron, e incluso se plegaron a la opción monárquica de don Juan (y luego de Juan Carlos) sin contradecir al dictador. Los otros franquistas, los carloctavistas de la Comunión Católico-Monárquica de Cora y Lira (y de Esteban Bilbao, eterno presidente de las Cortes, y de su sucesor Antonio Iturmendi), ortodoxos de la doctrina y entregados por completo al régimen, mantuvieron su candidato particular (Carlos Pío de Habsburgo-Lorena y Borbón) de manera irrelevante hasta la muerte de este, en 1953.

Por su parte, las bases, cada vez más frustradas, recibieron con ilusión el regreso del confinamiento de Fal Conde, en 1955 (aunque los aparatos de poder del régimen, se recuerda de nuevo, estaban plagados de tradicionalistas, conformes o no); los supuestos intentos falcondistas por derribar a Franco en los cuarenta de que habla Martorell resultan exagerados hasta para la lectura más animosa. La Comunión Tradicionalista de los javieristas repuso tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, su Consejo Nacional y su Junta de Gobierno, con Fal Conde y Valiente, Lamamié, Zamanillo y Juan Sáenz-Díez al frente. En mayo de 1952, en el escenario barcelonés del Congreso Eucarístico Internacional, don Javier aceptó la propuesta de optar al trono que le había hecho su Consejo Nacional, pero no le puso fecha pensando en una decisión a su favor de Franco. Lejos de esa posibilidad, este se limitó a expulsarlo del país y así negarle la nacionalidad y su condición de pretendiente. En la década de los cincuenta, los carlistas coincidieron en su estrategia suicida con los juanistas: don Javier optó por los posibilistas de Valiente y Zamanillo (y luego Sáenz-Díez e Ignacio Hernando de Larramendi), partidarios de ganar poder dentro del régimen, aunque sin renunciar a sus derechos sucesorios, y cesó después de los años al contumaz Fal Conde. Activó en 1956 su derecho a la sucesión, pero pensando ya más en su hijo Carlos Hugo de Borbón Parma, a la espera de un designio final de Franco por la monarquía tradicional. A cambio, el régimen toleró mejor sus actividades públicas, tanto sus demostraciones de masas (Montejurra, que de celebrarse localmente en 1939 pasó a nacional desde 1954) como las de sus centros culturales y de debate (el Vázquez de Mella o las asociaciones de excombatientes carlistas).

De manera que la “familia” adecuada para conducir el aislamiento y buscar la manera de romper con él en el nuevo marco de la Guerra Fría no era otra que, otra vez, la católica. El nacionalcatolicismo constituyó la nueva ideología, aunque sabemos que no era tan novedosa porque había sido formulada veinte años atrás por Pemartín (y en 1938 actualizada en su libro Qué es “Lo Nuevo”). Como recuerda Miguel Ángel Perfecto, muchas cosas que asociamos con el franquismo eran creaciones ideológicas anteriores, pero que ahora conseguían nada menos que el poso de cuatro décadas. Tampoco era una ideología de parte, de “familia”, sino, como señaló Alfonso Botti, “la ideología del franquismo”, la más genuina; hasta la Falange acabó siéndolo, si recordamos que no era otra cosa que la fusión de neotradicionalismo, el esencialismo católico españolista de Menéndez Pelayo y algunos ingredientes de la derecha radical europea moderna.

Pero incluso los movimientos nacionalistas vasco y catalán se movieron en ese mismo escenario, aunque resignificándolo a lo largo de los años y generando una identificación nacional justamente contraria. La fórmula nacionalizadora Iglesia-Estado (más que partido) resultó nuevamente un fiasco en España y, particularmente, en regiones donde de previo había un nacionalismo alternativo apoyado en buena medida en la Iglesia local. A partir de la Guerra Civil y hasta 1951 el nacionalcatolicismo tuvo su momento de esplendor; en la siguiente década, como señaló Feliciano Montero, su éxito difuminó su presencia hasta diluirse en el catolicismo desarrollista de los sesenta, que era otra cosa. Alfonso Álvarez Bolado identificó sus cuatro características: mediación nacionalcatólica de la fe, dirección de la sociedad civil por parte de la Iglesia, antimodernidad explícita y teología de reconquista. El Congreso Eucarístico Internacional de 1952 y la firma del concordato del año siguiente fueron sus momentos cumbre.

La posición de poder de la Iglesia española entonces no tuvo parangón con cualquier momento de la historia contemporánea. Sin embargo, su pretensión exclusivista no encontraba límites y, necesariamente, tenía que chocar con otras fuerzas y entidades que se manejaban con similar intención totalitaria. Los últimos años de vida del cardenal Gomá, hasta su muerte en agosto de 1940, constituyeron una admonición constante contra la penetración del nazismo en España de la mano de Serrano Suñer; en su carta pastoral Catolicismo y patria, de febrero de 1939, afirmaba: “Se proclama hoy un principio que es incompatible con nuestra doctrina: ‘Todo para el Estado, nada contra ni fuera del Estado’. No, la persona humana tiene derechos inalienables que el Estado no puede desconocer”. Medio año después su carta Lecciones de la guerra y deberes de la paz fue prohibida para su difusión, no está claro si porque instaba al perdón de los enemigos o si porque reivindicaba que Dios “reclama sin cesar, como Señor que no quiere renunciar a su señorío”, el orden social presidido por él. El regreso al país del pintoresco cardenal Segura dio lugar durante la inmediata postguerra a un reguero de crisis a consecuencia de la visión integrista y medieval de este, donde el Estado debía estar a todos los efectos subordinado al poder de la Iglesia: lo mismo criticaba la entrada bajo palio de Franco en las catedrales que impedía la colocación de los nombres de los “caídos” en los muros de las iglesias aduciendo que allí solo había “fieles difuntos”. Son solo dos ejemplos extremos de cómo la Iglesia pugnó siempre por encontrar espacios de autonomía más allá de la ventaja extraordinaria que le deparaba la situación.

La traducción que ello tenía en la disposición del movimiento social-católico de entonces era de total colaboración. Fernando Martín-Sánchez Juliá, el jefe de los propagandistas de la ya ACNP y profesor de su Escuela de Periodismo, no tuvo ninguna duda sobre el papel que debía jugar su organización durante la contienda: primero vencer, luego convencer a los vencidos y “ayudar a los vencedores a forjar una España grande para un Dios inmenso” (abril de 1937). El colaboracionismo fue la pauta de la Acción Católica de posguerra, como se observa en sus bases de 1939: subordinación a un Estado que aseguraba la recatolización del país y el poderío de la Iglesia, y restricción de la actividad militante a los objetivos religiosos y apostólicos (porque los profesionales y políticos quedaban integrados en el modelo totalitario imperante: absorción en las estructuras únicas, obligatorias y oficiales del sindicalismo agrario y urbano católico de la CESO o de la CNCA, o de las asociaciones de estudiantes). “Orden, jerarquía y paz social” valdrían como lema. Hasta el concordato de 1953, la Iglesia estuvo buscando espacios de autonomía en el marco del Estado (y de la sociedad), que le fueron asegurados finalmente siempre que se garantizase su apoliticismo y la dependencia absoluta de la Acción Católica de las jerarquías eclesiásticas; en ese marco, resultaba imposible proporcionar un estatuto autonómico a las “obras económicas y sociales” del catolicismo militante.

Sin embargo, el cambio de escenario tras el final de la Segunda Guerra Mundial proporcionó un nuevo protagonismo a los católicos. Ya estaba en el Gobierno anterior José Ibáñez Martín, pero en la remodelación de 1945 entraron el propagandista Fernández-Ladreda y, sobre todo, Martín-Artajo, presidente de Acción Católica (y de la ACNP en 1959), en el Ministerio de Exteriores, crucial para conducir la salida del aislamiento del régimen; en la decisión influyó Carrero, que había compartido refugio con él en la embajada mexicana durante la guerra. Aquel le dejó claro que “se quiere contar con lo que representas”, pero las consultas previas a Pla y Deniel y a Herrera Oria confirmaron la tesis colaboracionista. Luego vendrían otros ministros propagandistas más, como Fernando María Castiella, José Larraz, Pedro Gamero del Castillo, Cruz Martínez Esteruelas o Federico Silva Muñoz. Enfrente tuvo a Gil-Robles y a Giménez Fernández (y algo de temor de su sucesor al frente de Acción Católica, Alfredo López), lo que inauguraba una escisión clara en el seno del catolicismo político. En 1951 entró en el Gobierno el hasta entonces embajador ante la Santa Sede, Ruiz-Giménez, en Educación (su padre lo había sido durante la Restauración, así como alcalde de Madrid en varias ocasiones); también lo hizo ya a todos los efectos Carrero Blanco, en Presidencia, el estratega del momento: “Orden, unidad y aguantar” era su lema.

En 1953 el éxito vino por partida doble: primero, el régimen se veía reconocido por los Estados Unidos, con el acuerdo sobre las bases militares fraguado por Carrero y por Ruiz-Giménez con sus gestiones como embajador volante ante los americanos y los británicos, además de los contactos católicos y eclesiásticos; segundo, el nuevo concordato era el mejor reconocimiento posible por parte del Vaticano. En ambos casos, la intención prioritaria era la aceptación internacional y el final del aislamiento de la dictadura; el concordato supuso, además, que el Estado y la sociedad española se convertían en “jurídicamente católicas”.

Los católicos intentaron entonces abrir bajo su protección el espacio sociopolítico de la dictadura, dando acogida a tendencias y novedades que rompían el estricto monopolio ideológico anterior de Falange. De hecho, dieron alas a los disidentes de ese mundo y los integraron en sus estructuras: Laín, rector de la Universidad Central y Tovar de Salamanca, o, desde otros territorios políticos, Luis Sánchez Agesta, de Granada, o Torcuato Fernández-Miranda, de Oviedo. También los falangistas tuvieron permiso para exhibirse en un instante tan aparentemente sólido: Fernández-Cuesta resucitó la Secretaría General del Movimiento (con rango ministerial desde 1951), el partido celebró su congreso en 1953 y Franco encomió su papel en un discurso en La Coruña: “La representación genuina de las inquietudes nacionales”.

Pero tanta dicha no podía durar o, peor, era aparente. Los católicos, apremiados por la penosa situación del elemento popular y preocupados nuevamente por la “apostasía de las masas”, reactivaron las Semanas Sociales y pusieron en marcha desde 1946 una estructura dedicada a atender a los trabajadores sin contravenir el monopolio que en ese espacio tenía el Sindicato Vertical. Fundaron una Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) dedicada a formar y a asesorar a los trabajadores en sus demandas siguiendo el modelo de la ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). A su frente se puso a Guillermo Rovirosa, un trabajador catalán purgado tras el final de la guerra. La inicial actividad empezó a generar conflictos con el sindicato oficial y derivó, como en Italia, hacia un viraje hacia la izquierda de estos sindicalistas. Como veremos, participarán a título particular en los conflictos obreros de los años cincuenta y en los procesos organizativos del nuevo movimiento obrero en los sesenta (v. g., Unión Sindical Obrera [USO] y Comisiones Obreras).

Algo similar pasó con los estudiantes universitarios, que protagonizaron en febrero de 1956 unas protestas cuestionando el monopolio del Sindicato Español Universitario (SEU). El asunto terminó en la declaración del estado de excepción y el cierre de la universidad, y con la salida del Gobierno de Ruiz-Giménez (y de Fernández-Cuesta, en ese modelo de crisis salomónica tan de Franco), así como con la dimisión de sus protegidos (Laín, Tovar). La apertura intentada resultaba imposible. Aún más, la crisis expresaba una quiebra generacional peligrosa que se complicaba con el hecho de que algunos de los estudiantes detenidos eran hijos de los vencedores (Javier Pradera, José María Ruiz Gallardón, Miguel Sánchez Mazas) o de familias bien situadas socialmente (Enrique Múgica, Ramón Tamames, Fernando Sánchez Dragó, Gabriel Elorriaga, José Luis Abellán…); con ellos fue detenido Ridruejo. “Nosotros, hijos de los vencedores y vencidos…”, decía un manifiesto que corrió entonces debido a las plumas comunistas de Pradera y de Jorge Semprún Maura. Estos hacían pública en junio de aquel año de 1956 su estrategia de reconciliación nacional que, como apuntaba Juliá, no dejaba de ser “una política de mano tendida a los católicos” por parte de los de Santiago Carrillo. Se fraguaba así una nueva oposición, esta intelectual y académica, pero también política, diferenciada por completo de la de los años republicanos, como pronto pasó con la de tipo obrero y sindical.

Franco confió a Arrese, de nuevo ministro-secretario general de la FET en 1956, la definición institucional del régimen; lo asesoraban juristas de entidad, como Francisco Javier Conde (con Jesús Fueyo no muy lejos) o Emilio Lamo de Espinosa. Arrese, más nacionalcatólico que nacionalsindicalista, vio en ello, sin embargo, una última oportunidad para recuperar el papel de Falange en la estructura del Estado, muy amenazada ahora por la emergencia de otras “familias” (católicas, monárquicas). Elaboró un proyecto de ley de Principios del Movimiento Nacional donde este ganaba autonomía en relación con el futuro sucesor de Franco, no se aludía a la condición de reino del país y el Estado quedaba en manos del partido único a través de su Consejo Nacional.

El intento de refalangistización suscitó el rechazo y reacción de todos los grupos tradicionalmente contrarios (del Ejército a los monárquicos, pasando por la Iglesia y los propagandistas, con Martín-Artajo al frente). Carrero rectificó el proyecto bajo el presupuesto de una “monarquía tradicional católica, social y representativa” (la “monarquía del 18 de julio”). En doce puntos, no en veintiséis ni veintisiete, España aparecía como una “unidad de destino en lo universal”, integrista, unitaria, historicista, superior al individuo, defendida por el Ejército (“salvaguardia de lo permanente y columna de la patria”, escribió entonces Fraga) y corporativa en términos de representación (familia-municipio-sindicato). Finalmente, reiteraba el “derecho de todo español a la justicia, a la educación, a la formación profesional y a la asistencia y seguridad sociales, dentro del ideal cristiano de justicia social”, y reconocía el trabajo, la propiedad y la iniciativa privada en un sentido social que debía proteger el Estado. La intentona de Arrese espoleó la reacción de Carrero y su nuevo equipo (con Laureano López Rodó al frente y con Gonzalo Fernández de la Mora aconsejando), que, además de redefinir por completo la ley anterior, se aplicaron a redactar una Ley Orgánica del Estado que vería la luz años después, en 1967. Paradójicamente, la Ley de Principios del Movimiento Nacional sirvió para anular políticamente a la FET y a la “familia” falangista.

En este mismo momento, su proyecto socioeconómico autárquico se demostró totalmente inviable. Había sido una manera de hacer de la necesidad virtud: convertir el aislamiento político en una estrategia de economía nacional, estatista y autosuficiente, en la que Franco creía a pies juntillas. A pesar de algunos cambios liberalizadores aprovechando la crisis de gobierno de 1951 (mayor apertura del comercio interior y menores controles de precios), en 1956 la situación del país era de auténtico colapso. Los reconocimientos exteriores no habían supuesto aún la inserción de la economía española en espacios más amplios —el escenario seguía siendo de exclusión—, de manera que esos éxitos diplomáticos eran un espejismo que encubría una realidad dramática: las reservas de divisas se redujeron a cinco millones de dólares en 1957 y la suspensión de pagos quedó a la vista. Una política monetaria errática, una extraordinaria tensión inflacionaria y, sobre todo, una balanza comercial desequilibrada conformaron una tormenta perfecta ante la que no cabía sino el completo replanteamiento del paradigma económico seguido hasta entonces.

La opción de Falange fue la de volver atrás y controlar la inflación por vía administrativa: Girón, en Trabajo, apoyó aumentos salariales del 30%. Manuel Arburúa de la Miyar, en Comercio, un tecnócrata avant la lettre, planteó justo lo contrario (con ayuda de Martín-Artajo y enseguida del titular de Hacienda, Francisco Gómez de Llano): un programa de liberalización que lo mismo suspendió la cartilla de racionamiento que estrechó la relación española con la OECE (y en el futuro con su sucesora, la OCDE) y los Estados Unidos. El 20 de enero de 1957, el denominado “telegrama Hollister”, enviado desde Washington a la embajada madrileña, establecía unos condicionantes que suponían un giro de ciento ochenta grados en la política económica del país: España recibiría una ayuda excepcional de los organismos internacionales si aceptaba elaborar un plan de estabilización, la colaboración de expertos internacionales y su ingreso en las corporaciones de cooperación económica (Fondo Monetario Internacional [FMI], Banco Mundial [BM] y Organización Europea para la Cooperación Económica [OECE]). La primera idea del Plan de Estabilización surgió en Washington. A partir de este momento todo cambiaría para el futuro. Como concluye Fusi, el proyecto nacionalsindicalista sucumbía ante otro de liberalización neocapitalista. La crisis ministerial de 1957 tuvo tanto que ver con la política institucional e ideológica —el fracaso de Arrese frente a Carrero— como con el trascendental giro económico y los nuevos ministros no vinieron sino a ratificar esa novedad: Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio, en Comercio y Hacienda, respectivamente, con López Rodó en la Secretaría General Técnica del encargado de Presidencia.

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Capítulo 5

DEL MONOPOLIO DEL PODER A LA COMPETICIÓN (1956-1996)

La primera misión política de Luis Carrero Blanco —y su primera fotografía oficial— consistió en representar a la Marina en la comisión que visitó Italia en junio de 1939 para agradecer la ayuda de ese país en la Guerra Civil, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del movimiento fascista, en la plaza milanesa del Santo Sepulcro. El inicio no se corresponde con la posterior trayectoria del personaje. Es obvio que Carrero no fue un antifascista —esa categoría estaría en sus antípodas ideológicas—, pero posiblemente fue uno de los políticos más contrarios a implantar en España un régimen totalitario de ese signo, como pretendía Falange; y, desde luego, fue el que más poder tuvo para evitarlo.

Desde que en mayo de 1941 fuera nombrado subsecretario de Presidencia y jefe de Estado Mayor, no abandonó al dictador en ningún momento. Su mismo cargo —“una especie de secretario político de Franco, con funciones pluriministeriales”, sin el aparente rango oficial hasta que en 1951 se le otorgó la condición de ministro con plena participación en los consejos— parecía limitar su importancia, cuando en realidad, como lo definió el periodista Joaquín Bardavío, fue “la pieza clave en el engranaje humano del sistema. Clave después de Franco, se entiende”. No fue un delfín o un valido, como en ocasiones se ha señalado, porque no ejercía el poder en lugar del dictador ni era un promocionado suyo. En realidad, uno y otro conformaban una diarquía, una complementariedad donde el primero formulaba propuestas y el segundo acababa (o no) por darles luz verde después de pasarlas por el tamiz de su prudencia y de su particular manejo de los tiempos.

Carrero era el franquismo hecho carne. Un reaccionario “perfecto”, que dijo Elorza: un reaccionario del siglo XIX. Católico integrista, tenía una concepción tradicionalista de la religión, que pensaba que debía inspirar la dirección del país a todos los efectos, así como calar en lo más profundo de la sociedad e impregnar todas sus expresiones cotidianas. España, desde su punto de vista, solo podía ser concebida como una nación católica, por historia y por proyecto de futuro. A la vez, era un militar metido a político, y por eso metódico, ordenancista, meticuloso y trabajador. En lo privado, era austero y providencialista, discreto y nada amigo de la exhibición de su persona o incluso del poder que atesoraba. Antiintelectual y profundamente antiliberal, además de anticomunista, por supuesto. Más franquista que el propio Franco, no podía contener su espontaneidad a la hora de expresar su criterio, pero sus afirmaciones políticas sorprendían sobre todo porque en 1973 eran las mismas que en 1941. Finalmente, la etiqueta de “eminencia gris” del régimen franquista que quedó fijada con el subtítulo de la biografía de Tusell tampoco le hace justicia. Fue un hombre sin imaginación, incapaz de entender la deriva que tomaba una sociedad que él había contribuido como nadie a cincelar, pero eso no lo convierte en un individuo anodino ni mucho menos irrelevante o secundario. Bien al contrario —y es la tesis de su biógrafo; el malentendido no le corresponde a él—, Carrero estuvo detrás de las tres decisiones que conformaron y posibilitaron el segundo franquismo a partir de finales de los cincuenta: la designación como futuro monarca de Juan Carlos de Borbón, el desarrollismo económico de los años sesenta y el despliegue de un sistema político donde la Administración del Estado no se subordinaba al partido, al Movimiento.

A la vez, como veremos, si tuvo cierta capacidad para “modernizar” y procurarle una segunda vida al régimen, acabó encarnando también su inmovilismo y su imposibilidad metafísica para dar lugar a algo distinto de él. La convicción de Carrero, igual que la de Franco, era que habían dado con el modelo perfecto —la democracia orgánica enriquecida con una acelerada modernización económica del país— y por eso no entendían que quienes lo disfrutaban, lejos de mostrarse agradecidos, fueran críticos con él (y con sus hacedores). En marzo de 1972 se ufanaba ante el Consejo Nacional del Movimiento: “Nuestro Movimiento Nacional […] ha sido capaz de encontrar el medio de rectificar los graves errores de las soluciones con las que, a través de la Historia de la Humanidad, se trató de reaccionar contra la injusticia”. El remate era pura ortodoxia organicista:

La diferencia esencial entre el sistema liberal y el nuestro es que en el primero los intereses del individuo tienen prioridad sobre los intereses del bien común […]. En lo político, a la debilidad que entraña la lucha interna y permanente de los partidos políticos, arbitraria representación inorgánica del pueblo, oponemos la unidad y la fortaleza que descansa sobre la representación orgánica a través de las entidades naturales de la vida social; y en lo económico, a la lucha de clases […] oponemos la asociación de hombres y medios ordenados a la producción como constitutiva de una comunidad de intereses y una unidad de propósitos.

1. Católicos en disputa en el franquismo desarrollista: los tecnócratas del Opus

El predominio de la Iglesia católica y de sus diversas organizaciones y entornos seglares tuvo tal entidad en la España franquista que ellos mismos, en la pluralidad que mostraban, representaron las diferencias que se manifestaban en el país; las posibles, porque la oposición se manejaba en otro territorio. En la década de los sesenta, los católicos monopolizaron el debate social y político dentro, en los entornos e incluso en ciertas disidencias del régimen. Obsérvese que hablamos de un sector privilegiado, pero ajeno a una imagen del franquismo circunscrita al Estado y a su partido más o menos fascistizados. De hecho, como se ha apuntado ya, el Movimiento había quedado muy desplazado por los católicos desde los años finales de la contienda mundial y, definitivamente, desde el cambio de Gobierno de 1957. Los aires neocapitalistas enviaron a un segundo plano la retórica populista y social en que se soportaba la Falange —tanto el partido original como el movimiento posterior—, en beneficio de un desarrollismo competitivo inédito y desconocido por estos lares. Pero el pulso también enfrentó a diferentes grupos de católicos, conforme al casi absoluto protagonismo que estaban adquiriendo ahora.

El de mayor influencia en estos años lo conformaban esos nuevos personajes que accedían a los ministerios económicos: los llamados “tecnócratas del Opus Dei”. Este era un proyecto personal del sacerdote José María Escrivá Albás (aristocratizado “de Balaguer” desde octubre de 1940). Aunque lo había fundado en 1928, en el éxtasis de influencia católica que vivió el final de la dictadura primorriverista, no cobró forma hasta después de la Guerra Civil, cuando en 1941 recibió el respaldo de autoridades eclesiásticas influyentes, como el arzobispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay, que contribuyeron a apartar los obstáculos puestos por otros grupos eclesiásticos. Dos años después consiguió el nihil obstat romano, lo que le permitió iniciar el desarrollo de la entidad por diferentes países del mundo. El objeto de la Obra era la santificación a través del trabajo, encontrando ahí un territorio donde sus adeptos, llevando a cabo su responsabilidad de la mejor manera posible, podían cumplir con Dios y con su entorno conforme al precepto religioso asumido. Eso no significaba nada preciso a efectos de vida pública; menos aún a los políticos. Más allá de una exigencia personal y de una “materialización de lo espiritual” de aroma más protestante que católico —puritano y calvinista, ciertamente—, los miembros del Opus Dei no tenían por qué corresponderse con una pauta política o social determinada; pasaría en parte algo parecido con los propagandistas de la ACNP, protegidos por una cláusula extraña tratándose también de una entidad de pertenencia voluntaria que señalaba que sus miembros podían actuar en política con libertad, “siempre dentro de las normas de la Iglesia”. Escrivá era un conservador monárquico (juanista, al final), que había rondado los aledaños de Acción Española y, sobre todo, que había asistido a los dramas de la Iglesia en la República y en la Guerra Civil, pero no tenemos constancia de una influencia política o partidaria más precisa. La consecuencia de su magisterio e intención, una de ellas, fue la formación de unas élites (políticas, sociales, culturales, económicas…) en una línea no muy distinta a la de los propagandistas. Lo singular es que, como subraya González Cuevas, ellos sintetizaban “la mentalidad tradicional católica —su concepto de España bebía del de Menéndez Pelayo— y el pragmatismo característico de la burguesía empresarial”, lo que los convertía en el nuevo personal político para las necesidades desarrollistas del segundo franquismo. Esto los iba a distanciar de otro catolicismo que ahora, como veremos, se reclamaría abiertamente social.

La primera materialización de la presencia del Opus Dei como facción —de su influencia en un cuerpo social preciso, más bien; nunca tuvo un carácter orgánico— se produjo en el entorno cultural, muy ligada a la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este se fundó en 1939 con la idea de rectificar el carácter de la Junta de Ampliación de Estudios institucionista para reconvertirla en un instrumento al servicio de la “ciencia católica”: “En el orden político, por la ‘revolución roja’ el socialismo ha dado las masas y la Institución Libre los directores”, reflexionaban. La iniciativa fue del ministro y propagandista Ibáñez Martín, pero quien la desarrolló desde la Secretaría General del Consejo durante sus primeros treinta años fue su amigo, el sacerdote e importante edafólogo José María Albareda Herrera, miembro del Opus Dei y luego rector de la Universidad de Navarra (sucediendo a Ismael Sánchez Bella en 1960); Albareda había sido antes miembro de la ACNP.

La influencia de esa atalaya en la formación y designación de futuros catedráticos ligados a la Obra es clara. Pero donde cobró nuevo vigor este influjo fue en la revista del Consejo, Arbor, creada en Barcelona en 1943 por Calvo Serer, Raimundo Paniker y Ramón de Roquer. La dirigió el primero, con la ayuda en la secretaría del historiador Florentino Pérez-Embid. En sus páginas escribieron en aquel tiempo los académicos e intelectuales más ligados al Opus y a la vieja Acción Española: los historiadores Federico Suárez y el citado Pérez-Embid, el jurista Ángel López Amo —luego preceptor del príncipe Juan Carlos—, además de Pemartín, Vegas y algún que otro ajeno a ambas entidades, como Fernández de la Mora. Finalmente, la Obra se dotó de una Biblioteca de Pensamiento Actual, dirigida también por Calvo Serer, sufragada por financieros como Ignacio Villalonga, Emilio Botín padre (Botín-Sanz de Sautuola López) y algunos aristócratas, y facturada en la editorial Rialp (por el nombre del bosque pirenaico que transitó Escrivá con Albareda y otros en otoño de 1937, huyendo hacia territorio seguro). La biblioteca reeditó los títulos de los clásicos del pensamiento antirrevolucionario español, como Donoso, Aparisi, Vázquez de Mella, Menéndez Pelayo o Maeztu, pero también del plantel principal de Acción Española, con Vegas Latapié, Pemán, Vigón o Sainz Rodríguez, y, sobre todo, de esa nueva intelectualidad que auspiciaba la Obra: Calvo Serer, el psiquiatra Juan José López Ibor, Fernández de la Mora, Federico Suárez, José María García Escudero, Vicente Palacio Atard y otros, además de referencias internacionales de ese momento (los alemanes Romano Guardini y Carl Schmitt o Amintore Fanfani y el norteamericano Russell Kirk, entre otros muchos).

En su polémica con Laín Entralgo, Calvo Serer se reclamó de una “Tercera Fuerza”, apartada tanto de la tradición política católica identificada con los seguidores de Herrera Oria como de aquellos falangistas denominados “liberales o de izquierdas”; también criticaba al ministro Ruiz-Giménez por dar aire a este sector, al que consideraba marginal. La confianza de este nuevo núcleo de católicos opusdeístas se soportaba ahora en los valores de la monarquía tradicional (“católica, social y representativa”) y en los positivos efectos sociales y políticos de una modernización económica y administrativa. Ambas cosas no entraban en colisión con el franquismo y, sobre todo, le permitían una renovación adecuada. La idea de monarquía tradicional procedía de Acción Española: una concepción historicista donde la Corona culminaba el mecanismo de integración nacional por encima de intereses de parte. Monarquía, pues, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada, que bien podría encarnarse en don Juan (o, en su defecto, en su hijo Juan Carlos). Por ahí presionaron para poner las bases institucionales del relevo, pero conscientes de que no debían enfrentarse a la voluntad del dictador.

A la vez, su criterio económico era novedoso por lo abiertamente capitalista. Frente a la tradición social del franquismo autárquico —más o menos retórica, pero con convicciones claras en los falangistas menos pragmáticos y cínicos, que ahora precisamente se reanimarían— o de otros católicos, estas élites ligadas al Opus Dei defendían un liberalismo económico radical, en la línea de Friedrich Hayek, convencidos de que era la modernización desarrollista la que propiciaba el progreso y la autonomía de la sociedad y de los ciudadanos, y no su dependencia del Estado. La propia función del Estado quedó en el limbo: muy crítica con sus intervenciones, pero desplegada su receta precisamente en un escenario dictatorial. Rechazo radical de cualquier voluntad totalitaria, por supuesto —la cosmovisión unitaria típica del tradicionalismo religioso ya había sido cuestionada por Fernández de la Mora, que asumía la fragmentación característica de la modernidad—, pero asignación al Estado, todavía, de una función planificadora (como se vio en el modelo desarrollista).

Fueron pocos: solo ocho de entre los ciento dieciséis ministros que tuvo la dictadura, pero dejaron huella. Los “hombres del Opus”, la tecnocracia auspiciada y protegida en este momento por Carrero frente a los falangistas o frente a la inercia suicida de la autarquía (con Franco a la cabeza, que la tomaba por patriotismo), pusieron en marcha desde la Oficina de Coordinación y Programación Económica de López Rodó o desde los ministerios de Ullastres y Navarro Rubio una transformación económica que iba a propiciar otra paralela de la sociedad y de la propia Administración. Según lo veían, no era precisa una acción política, sino que los cambios económicos y administrativos reportarían una consecuencia salvífica en la sociedad; el recuerdo administrativista de Bravo Murillo y otros tomaba nuevo brío. En ese contexto, Fernández de la Mora publicó en 1965 (en la editorial Rialp) su conocido libro El crepúsculo de las ideologías, abogando por un desarrollo económico racionalizador capaz de generar unas transformaciones sociales positivas que agotarían los argumentos para el enfrentamiento político entre ideologías.

El desarrollo económico dignifica al hombre y, entre innumerables efectos secundarios, concentra la atención utilitaria de las masas en el trabajo productivo, despegándolas de la batalla política. Simultáneamente, aumenta la cifra de propietarios y el grado social de responsabilidad y de estabilidad; aburguesa a los proletariados y a las aristocracias; es decir, homogeneiza las clases y, consecuentemente, sus intereses, con lo que se solidarizan los grupos, se aproximan los programas y se supera la polaridad de las reivindicaciones. Todo ello apresura la agonía de las ideologías.

En realidad, lo había escrito un lustro antes el sociólogo norteamericano Daniel Bell —y lo repetiría tres décadas después Francis Fukuyama con su “fin de la Historia”—, pero le permitía al franquismo desarrollista aparecer como inventor y baluarte de una “tercera vía” que superaba la confrontación ideológica de la Guerra Fría: un Estado planificador e intervencionista, autoritario hasta el extremo en lo político, paternalista en lo social, decididamente partidario del capitalismo y sus posibilidades, y confiado en una dirección política ajena a las ideologías y respaldada por la autoridad de los expertos. El “Estado de razón” propuesto por Fernández de la Mora encontró en la realidad de aquel “Estado de obras” una versión plástica, además de una legitimidad de poder apoyada en los beneficios materiales de la paz desarrollista y no tanto en el temor de una victoria terrorífica en una guerra civil. Tampoco necesitaron una estrategia de acceso al poder (más allá de la larga mano de Carrero): como señala Paul Preston, se trató más de “una respuesta pragmática y sin esquema fijo a un conjunto de problemas específico”. Estaban ahí con las propuestas adecuadas para lo que demandaban el momento y el lugar.

Como se ha anticipado, las tres realizaciones de estos tecnócratas protegidos de Carrero fueron la designación como futuro monarca de Juan Carlos de Borbón, el desarrollismo económico y la Ley Orgánica del Estado. La primera cuestión se resolvió en 1969, tras cortar el nudo que la paralizaba: los movimientos de don Juan para hacerse con la corona. Franco nunca pensó en este para la instauración de la monarquía, a pesar de algunas afirmaciones tradicionalistas del pretendiente que le podían haber reportado confianza. No las tomó en serio por la desconfianza que le inspiraban algunos de sus consejeros en Estoril: Gil-Robles o incluso Sainz Rodríguez, y, definitivamente, desde 1964, Areilza, aquel furibundo derechista alcalde de Bilbao en 1937 y ahora perdidamente liberal; no era el caso del conde de Ruiseñada (Juan Claudio Güell), entusiasta de “la monarquía del 18 de julio”. A mediados de los sesenta el dictador había dejado claro que su apuesta futura de instauración monárquica pasaba por Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, las presiones que recibía en esa dirección —Carrero y López Rodó, pero también Iturmendi y Camilo Alonso Vega— tropezaron con su manejo de los tiempos y hasta un lustro después no accedió a llevarlas al Boletín Oficial.

Pero las razones más profundas de esa dilación, como destacaron Fusi y otros autores, descansaban en la poca solidez de la base institucional del Estado y en su incapacidad para respaldar con seguridad las reformas de entidad de este. La democracia orgánica no era una democracia, evidentemente, y se apreciaba en esa fragilidad institucional y en el temor a las consecuencias de cualquier cambio. Un poder débil en su base corre el riesgo de disolverse cuando ensaya su reforma. En octubre de 1968, a pesar de las resistencias del dictador, Antonio María de Oriol y Carrero le hicieron llegar sendas notas, redactadas por López Rodó, donde se explicaba que, a pesar de la aparente abundancia de opciones —don Juan y su hijo, Alfonso de Borbón-Dampierre, el legitimista que años después se casaría con la nieta de Franco, y el carlista Carlos Hugo, hijo de don Javier—, todas se reducían a una: Juan Carlos de Borbón. Este asumió sin ambages la designación y sus condiciones, que se resumían en la aceptación de la monarquía tradicional y autoritaria del 18 de julio. El 22 de ese mes de 1969 Franco comunicó su decisión a las Cortes, después de desactivar la opción de don Juan, que se despidió de ella reclamándose finalmente partidario de una monarquía liberal y democrática. Ello confirmó las intuiciones del dictador e hizo todavía más inútil la declaración política del pretendiente. La instauración dejó resuelto el tema, y el designado y votado por los procuradores “sucesor a título de rey” dejó el interrogante del carácter político de su corona para después del “hecho biológico”, el 20 de noviembre de 1975.

En el segundo de los cambios, el proceso desarrollista e industrializador desplegado a partir del Plan de Estabilización de 1957-1959 y luego del primer y segundo Plan de Desarrollo entre 1964 y 1967, y entre 1968 y 1971 (los dos siguientes tuvieron pocas consecuencias), volvieron a jugar un protagonismo singular Carrero y sus protegidos, de nuevo con López Rodó al frente de la Oficina de Coordinación y Programación. Finalmente, la tercera cuestión, la institucionalización del régimen, procedía de la reacción en tromba frente al proyecto de refalangistizar el franquismo propuesto por Arrese en 1957. Diferentes prohombres del régimen prepararon documentos alternativos: ministros como Solís, Alonso Vega y Manuel Fraga, además de Oriol y Manuel Lora-Tamayo, secundarios de mucho peso como Fernando Herrero Tejedor o el embajador en Estados Unidos y ante la Santa Sede, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, y, de nuevo, Carrero con López Rodó por detrás. Al final, en junio de 1966, Franco presentó a sus ministros un documento que básicamente recogía lo aportado por estos últimos: una alternativa conservadora al inicial proyecto fascista. Después de sortear las resistencias del sector más falangista del Gobierno —Solís y el general Agustín Muñoz Grandes, en quien depositaban sus esperanzas los llamados “regencialistas” (o “falangistas republicanos”), alternativos a los monárquicos—, llegó a las Cortes en noviembre. El proyecto que culminaría en ley orgánica del Estado en 1967 —tras su aprobación en un plebiscito controlado en diciembre del año anterior— confirmaba al régimen como un Estado de derecho diferente al de las democracias liberales, sostenido en un modelo de democracia orgánica, contrario a los partidos políticos y al reconocimiento de la diversidad de criterios de su ciudadanía. La campaña del referéndum que dirigió el ministro Fraga se centró en Franco —ahora más abuelo protector de la nación que caudillo invicto— y en su trayectoria de casi treinta años, los últimos con la vitola del desarrollismo. Como señala Fusi, la ciudadanía pensó que votaba a un tiempo por el caudillo y por el cambio —lo contrario era hacerlo “por Moscú”—, e incluso el dictador habló de “amplia democratización”.

En realidad, todo se limitaba a “una regulación orgánica del conjunto de las instituciones del régimen”, a poner un colofón al conjunto de Leyes Fundamentales del Reino; alguno quiso hablar de “constitucionalización”, pero era mucho decir. A eso, y al intento de institucionalizar también la continuidad del régimen, respondiendo a la pregunta cada vez más presente de “y después de Franco, ¿qué?”. Después de esta ley la respuesta la resumía Fueyo, un jurista schmittiano, discípulo de Javier Conde, director del Instituto de Estudios Políticos y muy considerado en su momento: “Después de Franco, las instituciones”. Era esa intención la que se desplegaba en esta nueva norma general y no los derechos ciudadanos —el otro apartado básico de una constitución—, que se remitían a lo aprobado en el Fuero de los Españoles de 1945. La ley precisaba las estructuras del Estado: el jefe del mismo, el Consejo del Reino asistente de este, la figura no especificada de “heredero de la Corona” (pero leal “a los Principios que informan el Movimiento Nacional”), la separación de los cargos de jefe del Estado y de presidente del Gobierno (a quien proponía en una terna el Consejo del Reino para que lo designara el dictador), las Cortes (con procuradores natos, designados por Franco o electos por tercios corporativos), un Consejo Nacional (con competencias fiscalizadoras de la ley para su acomodación a los Principios del Movimiento), el sistema judicial, las Fuerzas Armadas y policiales (coordinadas por un Estado Mayor y bajo la dirección estratégica de una Junta de Defensa Nacional), la Administración del Estado (sin tutelas del partido único —disuelto orgánicamente aquí al definirse como “comunión de los españoles en los Principios” del Movimiento— o de otros organismos, aunque con un Consejo de Estado y otro de Economía Nacional de carácter consultivos), los municipios y provincias (donde se ratificaba la anterior representación orgánica desde 1945 y se daba oportunidad a otras “divisiones territoriales distintas de la Provincia” —léase: estructuras regionales— que, aunque se llegaron a discutir y adquirieron algún interés en la primera mitad de los setenta, nunca se desarrollaron), las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo (y de aquel con la Administración de Justicia) y el recurso de contrafuero (que podían ejercer el Consejo del Reino o las Cortes ante el jefe de Estado en relación con normas contrarias a los Principios del Movimiento o a las Leyes Fundamentales del Reino).

En la misma ley se aprovechó para incorporar un requerimiento de la Iglesia, de resultas de su reciente Concilio Vaticano II (declaración Dignitatis humanae): el Estado seguía siendo confesional, pero se pasaba de la tolerancia de credos distintos del católico a la tutela estatal de la libertad religiosa, considerada como un derecho natural de la persona. Igual que se modificaba ahí el Fuero de los Españoles, se hizo otro tanto con artículos del Fuero del Trabajo, Ley de Cortes y Ley de Sucesión. Pero lo sustantivo que se ratificaba era aquella dictadura personal, perfectamente definida ahora en su artículo sexto:

El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior; en su nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y honores; acredita y recibe a los representantes diplomáticos y realiza cuantos actos le corresponden con arreglo a las Leyes Fundamentales del Reino.

Después de completado el proceso institucionalizador del régimen, Carrero se convirtió en el defensor del inmovilismo, al punto de que sus opositores aperturistas acabaron confundidos con liberales o hasta con progresistas para buena parte de la opinión pública; tales eran las consecuencias de moverse en un marco político (frame) tan estrecho y en una lógica tan peculiar, donde, como alertó Tusell, “todos los miembros de la clase política dirigente de la época eran aperturistas y todos no lo eran en absoluto. Todos querían una institucionalización”, pero “nadie quería sustituir el régimen vigente por otro”.

Aunque el Ejecutivo con más miembros del Opus Dei fue el de 1965 (con cuatro ministros; Fraga lo denominó “crimen perfecto”), la cumbre de su poder llegó con el de octubre de 1969, por primera vez “monocolor” y con Carrero en funciones de vicepresidente formal (recién nombrado), aunque presidente real (oficialmente lo sería cuatro años después). El Gobierno ya no presentaba equilibrios entre las “familias”, sino que el predominio de los tecnócratas era total al sustituir en las carteras a los aperturistas: Alfredo Sánchez Bella en Información y Turismo, Gregorio López-Bravo en Exteriores y Torcuato Fernández-Miranda (que no era del Opus, sino un católico a las órdenes de Carrero) en la Secretaría General del Movimiento, además de Vicente Mortes (en Vivienda) y Laureano López Rodó como comisario del Plan de Desarrollo (con rango ministerial). Tampoco eran del Opus, pero sí muy cercanos, José María López de Letona (Industria) y Federico Silva Muñoz, incorporado a Obras Públicas ya en 1965, lo que supuso la vuelta de los propagandistas democristianos al Gobierno, después de 1957; en 1970 lo sustituyó Fernández de la Mora. Lo curioso es que esta remodelación se llevó a cabo tras el escándalo de Matesa, que alcanzó a personajes de esa órbita política —el empresario Juan Vilá Reyes estaba relacionado con esos medios— y sirvió para que sus opositores en el Gobierno se les enfrentaran (sin ningún éxito, como puede verse, más allá de que cayeran con ellos los opusdeístas Faustino García-Moncó y Juan José Espinosa San Martín). En sentido contrario, tras el asesinato de Carrero en diciembre de 1973, estos tecnócratas se quedaron sin valedor y desaparecieron casi por completo de la escena. Se confirmaba así esa dependencia casi absoluta del entonces ya presidente del Gobierno, el carácter no orgánico de esta “familia” y el hecho de que, desprovistos de cualquier entorno social de apoyo, solo resistieron algunos de ellos por su propio nombre.

2. Los más conocidos como aperturistas

Ironías de la vida y de la política, algunos de esos supervivientes de la tecnocracia opusdeísta coincidieron luego, al inicio de la transición a la democracia, con los aperturistas de los años sesenta que se les enfrentaban. Los más caracterizados de estos fueron Manuel Fraga y José Solís (junto con Castiella y, a su manera, López Rodó). El primero era un “animal político” que vino a representar esa nueva generación de dirigentes franquistas no participantes en la Guerra Civil (Fueyo, Silva Muñoz, Pío Cabanillas, Blas Piñar, López Bravo…) y que protagonizaron los Gobiernos del segundo franquismo y los avatares de la Transición. Fraga cuestionaba radicalmente la tesis neutralista de los tecnócratas (de Fernández de la Mora), y consideraba que la acción política era insustituible, más allá de los resultados que pudiera provocar en ella una transformación de corte económico y administrativo. De la misma manera, era partidario de abrir el régimen —de hacerlo evolucionar desde dentro, algo que habían intentado antes sin éxito los católicos Martín-Artajo y Ruiz-Giménez— y de no conformarse con el marco institucional que había generado la reciente Ley Orgánica del Estado. Fraga era un profundo admirador del sistema bipartidista y de alternancia británico —y de su anterior reproducción española a cargo de Cánovas—, y pensaba que el país podía repetir ese esquema, limitando por la izquierda las posibilidades a un socialismo reformista templado (nunca a los comunistas). En ese sentido, el estéril debate sobre las asociaciones políticas que se vivió entonces constituía un límite que el aperturismo de Fraga pretendía desbordar; en ello coincidiría con otro personaje, Areilza, también partidario ahora de caminar hacia un modelo político liberal a todos los efectos. En su ambición, llegó incluso a redactar un “anteproyecto de Constitución del Estado español”, en 1963, con el que anticiparse a los opositores internos, adaptarse a las demandas de las nuevas generaciones y congraciarse con los amigos del exterior con un lenguaje distinto del de la democracia orgánica.

El político gallego fue ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, y se implicó en algunos importantes cambios, como la Ley de Prensa (1966) que llevó su nombre y que sustituía a la totalitaria de 1938, que incluía no solo la censura previa, sino también la subordinación de todo el sistema de comunicación a los intereses del Estado (nombramiento de directores, inserción obligatoria de elementos convertidos en “noticias”, rigidez y sanciones…). Supuso un serio avance respecto de lo anterior —más la relajación de la censura que la propia ley: entonces, en 1963, nacieron las revistas Cuadernos para el Diálogo, de Ruiz-Giménez, Revista de Occidente en su segunda época, de José Ortega Spottorno, y Atlántida, de Pérez-Embid, además de Triunfo como semanario de información general o política—, de manera que, aunque muy lejos de algo parecido a una libertad de prensa, abrió los espacios suficientes como para que los inmovilistas acabaran culpándole de ser causa de algunas tensiones que sufrió el régimen y que una legislación menos coercitiva no conseguía ocultar. Según el periodista Juan Luis Cebrián, para que la futura transición pudiera ser debatida por la ciudadanía antes de que esta tuviera lugar, fue necesaria esa apertura informativa. Carrero Blanco (y Alonso Vega) fue muy crítico con el desorden moral al que daba aire esta nueva normativa; Franco tampoco creía “en esa libertad, pero es un paso al que nos obligan muchas razones importantes”. Esta apertura, por ejemplo, propició experiencias como la del diario Madrid, que tenía a opusdeístas como el banquero Luis Valls-Taberner, el director Antonio Fontán o el presidente del Consejo de Administración Calvo Serer como referentes —el reciente concilio había llevado a este del neotradicionalismo a la democracia liberal—, y que por sus críticas al régimen fue cerrado por el Gobierno en 1971. El edificio del periódico fue demolido dos años después y Calvo Serer volvió al exilio emprendido en 1968 cuando fue procesado por el Tribunal de Orden Público por un artículo instando a Franco a su retiro (“Retirarse a tiempo. No al general De Gaulle”). Allí se convirtió en un enérgico animador de la oposición, participando en la creación de la Junta Democrática (que mezclaba a comunistas y juanistas, entre otros).

El otro personaje principal del aperturismo fue José Solís, de características y trayectoria muy distintas porque, aunque también era jurista, no se acercaba al Estado desde la Administración de este, sino desde las estructuras del partido único, tanto las sindicales como las políticas (fue durante muchos años delegado nacional de sindicatos y secretario general del Movimiento). Sí que había estado en la guerra y era un “camisa vieja”, pero su falangismo era un tanto peculiar. Su objetivo fue reforzar la presencia dentro del Estado tanto de los sindicatos como del partido —lo que explica su choque con Carrero y los suyos—, pero no tanto a la usanza totalitaria, sino “modernizando” aquellos al tratar de ampliar su espacio social, así como la pluralidad y aceptación de unas estructuras que recibió tras la crisis de 1956 muy anquilosadas y distantes de la realidad del país. El problema volvía a radicar en la endeble base institucional y política del régimen. La apertura de los sindicatos oficiales y únicos lo llevó a facilitar sin quererlo la política de “entrismo” de las Comisiones Obreras, que obtuvieron muy buenos resultados en las elecciones sindicales de 1966 (al punto de que al año siguiente fue necesario disponer todo el aparato represivo en su contra). Su fracaso no lo disimuló ni la exitosa labor desempeñada desde el organismo de Educación y Descanso, ni el esfuerzo llevado a cabo para aprobar una ley sindical tras el congreso de Tarragona de 1968 (se aprobó en 1971, sin efecto alguno).

En la remodelación ministerial de 1969 fue depuesto, después de casi veinte años al frente de los sindicatos, y sustituido por un burócrata sin su ambición y objetivos políticos (Enrique García-Ramal). También fue apartado de la dirección del partido, donde con ayuda de Herrero Tejedor y de Fraga intentó una fórmula de asociacionismo que ensanchara “las bases de adhesión al Movimiento a grupos colectivos” (las conocidas como “asociaciones del Movimiento”). El fracaso se debió de nuevo a que ni Franco ni Carrero pretendían recuperar formal y políticamente una diversidad de criterio entre la ciudadanía que llevara, llamados de una u otra forma, a la realidad indeseada de los partidos políticos (o a estructuras movilizadoras a disposición de las bases falangistas o católicas que alteraran la indiscutible posición de dominio de la diarquía gobernante o de la nueva élite tecnocrática). Solís lo intentó a lo largo de diez años, entre 1958 y 1969, sin ningún resultado; el intento posterior, como veremos, terminaría en diciembre de 1974 en el mismo dique seco.

Hubo otros aperturistas, como los católicos Castiella y Silva Muñoz, Areilza, Pío Cabanillas, Tomás Garicano Goñi, el opusdeísta Herrero Tejedor, Antonio Barrera de Irimo y otros que aparecieron con el apelativo de “reformistas” unos pocos años después, ya en el definitivo tardofranquismo (José Miguel Ortí Bordás, Francisco Fernández Ordóñez, Gabriel Elorriaga, Rodolfo Martín Villa o Adolfo Suárez). Aperturistas y reformistas representaban sucesivas generaciones —los últimos serían de la “tercera”, la del rey—, aunque algunos, como Fraga, fueron ambas cosas en tiempos diferentes. Para Álvaro Soto Carmona y Abdón Mateos ello llevaba implícitas estrategias y objetivos distintos: una democracia limitada en el caso de los primeros y otra plena para sus sucesores en el tiempo. También hubo reformistas de última hora, como Fernández-Miranda, que pugnaba contra protegidos de Carrero como López Rodó por el asunto del asociacionismo: el entonces secretario del Movimiento agotaba por esterilidad esa vía mientras el opusdeísta le daba una oportunidad, a pesar de la opinión contraria de su presidente y protector. Como se explicará, las cosas por momentos mutaban y las denominaciones de aperturistas y reformistas e inmovilistas también. En momentos de alta densidad de acontecimientos, como el tardofranquismo y la Transición, los papeles cambiaban de persona a gran velocidad.

3. Católicos en disputa en el franquismo desarrollista: los de Acción Católica

En el marco general del nacionalcatolicismo, el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, propició contradicciones de gran calado que trascendían los límites de la opinión católica. La religión era cuestión de Estado en un país y en un régimen confesional, nacionalcatólico y producto de una cruzada, dirigido por integristas y con una Iglesia que tras el concordato había alcanzado un reconocimiento legal extremo. Por eso el aggiornamento conciliar, la actualización o puesta al día de la relación del Vaticano y de las iglesias nacionales con la sociedad moderna, podía dar lugar en España a una cesura radical entre partidarios y opositores. Es lo que ocurrió: las consecuencias del concilio se proyectaron en el conjunto del país e intensificaron los cambios que ya venía produciendo el desarrollismo (desruralización y urbanización, ruptura de los vínculos tradicionales, reducción o modificación de la hegemonía social de la Iglesia y de su entorno, modificación del vínculo personal de muchos profesionales eclesiásticos o incluso transformación de la dimensión política y social del activismo católico). Una Ley de Libertad Religiosa que propuso ya Castiella en 1964 para aplicar las novedades conciliares al marco legal español sirve para ilustrar la contradicción. El ministro recordaba que la libertad de opción religiosa acababa de ser reconocida por Roma como un derecho natural del individuo (“fundado en la dignidad misma de la persona humana”) que los Estados católicos debían proteger. Carrero (y procuradores como Blas Piñar), integrista, solo veía en ese cambio un peligro para “la unidad espiritual de España”, por lo que retrasó su aprobación cuanto pudo (hasta junio de 1967), convirtiéndola en una disposición adicional de la Ley Orgánica del Estado que afectaba a un artículo (el sexto) del Fuero de los Españoles.

Si en las esferas del poder de esos años las élites tecnocráticas ligadas en algunos casos y de manera personal al Opus Dei eran las más importantes, la masa de los católicos seguía siendo la subordinada a las directrices de la Acción Católica. Después de la década colaboracionista con el régimen, hasta 1956, vino el momento de la Acción Católica especializada, que suponía que el elemento popular y juvenil de su influencia se iba a manejar en espacios autónomos. Eso podía contravenir, por un lado, el monopolio organizativo de las estructuras de la dictadura (Sindicato Vertical, SEU, Sección Femenina, Frente de Juventudes…), y, por otro, con su práctica, podía entrar en contradicción con las políticas del Gobierno. Todo tenía que ver con el deseo de la Iglesia de no entregar o subordinar su labor formadora de personas y de encuadre a la maquinaria de la dictadura; en sentido contrario, el régimen solo concedía esa autonomía si la Acción Católica se limitaba a su específico territorio espiritual y pastoral, pero no a las actividades identificadas como “obras económicas y sociales”.

La creación en 1946 de la HOAC de Rovirosa y del consiliario Tomás Malagón, a la que siguió un año después la Juventud Obrera de Acción Católica (que pasó a JOC una década más tarde), ya planteó los primeros problemas (igual que los provocados por el movimiento universitario Juventud Estudiante Católica (JEC). El activismo de los años sesenta —apoyo a conflictos obreros, presentación a título personal a las elecciones de jurados y enlaces sindicales, experiencias acumuladas en ese campo— animó a algunos sectores a la creación de entidades sindicales propias, en línea con la Internacional Obrera de ese signo. El Frente Sindical Cristiano fue uno de sus intentos, que llegaron tarde porque ya en 1961 se dio a conocer la Carta Fundacional de la Unión Sindical Obrera (USO), donde se habían integrado elementos importantes de la HOAC y de la JOC (o de las Vanguardias Obreras Juveniles y otros grupos similares). Los militantes católicos participaron también en la creación de las primeras Comisiones Obreras, tanto de los grupos espontáneos de representación de base como en la articulación orgánica de estas a nivel territorial y finalmente nacional (entre 1964 y 1967). Todavía más, con los años formaron parte de entidades políticas en las antípodas de las tradiciones del catolicismo social. Hubo católicos en la creación del Frente de Liberación Popular, en 1958, pero el caso extremo fue la maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores, fundada en 1969 a partir de miembros de la Acción Sindical de Trabajadores que un lustro antes habían creado hoacistas y elementos de la Vanguardia Obrera Juvenil y de la Federación Española de Congregaciones Universitarias. Originalmente influidos por pensadores como Jacques Maritain y Emmanuel Mounier (humanismo cristiano y personalismo comunitario), como todos los demás en este momento, cuando después debieron adoptar una ideología política, fueron ganados por los aires internacionales del debate entre las dos potencias comunistas y sus respectivas estrategias revolucionarias. También por aquellos años, en 1958, se creó el Servicio Universitario del Trabajo (aunque su mejor época es previa, entre 1951 y 1954). Fue una iniciativa del entonces falangista padre Llanos y de los jesuitas para que los universitarios conocieran la realidad de los sectores más deprimidos del país. Amparado con entusiasmo por el régimen y el SEU, se convirtió con los años en un vivero de militantes de izquierdas (del FLP, del PCE o de grupos cristianos de base) a partir del “mazazo a sus conciencias” que les supuso el contacto con la profunda desigualdad social española y que no derivó hacia la “revolución pendiente” joseantoniana que lo había animado en su origen. De la impresión prepolítica al contemplar la realidad del país se fue pasando a la concienciación disidente y opositora.

Habría más casos (el Teatro Español Universitario o las Falanges Juveniles de Franco), pero todos confirman esa deriva que apartaba a un sector de las bases católicas (o de los jóvenes de clase media) de su tradicional adscripción casi unánime a las derechas políticas. Feliciano Montero fechó el giro social en octubre de 1957, cuando la Acción Católica española participó en Roma en el Segundo Congreso Internacional de Apostolado Seglar. Curiosamente, coincidía el ascenso de una nueva élite tecnocrática al poder político del país con el cambio de tendencia del catolicismo de base. El concilio vino a rematarlo todo proclamando “la autonomía de lo temporal”. El “nuevo clero” y la acción especializada se fueron imponiendo por completo a la acción parroquial tradicional, cada vez menos eficaz e irrelevante a efectos sociales y políticos (sencillamente, porque no eran sus campos de acción).

Los nuevos estatutos de Acción Católica, en 1959, refrendaron estos cambios. La acción especializada cobraba fuerza y autonomía, e incluso distancia respecto de la general y parroquial. El tipo de activista de uno y otro ámbito empezaban a ser casi antitéticos. El Congreso de la Juventud de 1965 confirmó esa tendencia y condujo a que los centros parroquiales de Acción Católica se convirtieran en movimientos especializados, cambiando por completo su carácter y funcionalidad. De lo “intraeclesial” (religioso o benéfico-social) se pasaba a la intervención social, a la “revisión de vida” y al compromiso concreto; del socio de AC se pasaba al militante de alguna entidad especializada. Los sesenta —“el franquismo medio” (1957-1967)— fueron los años dorados de este activismo católico; también el de sus organismos diocesanos sociales (con sacerdotes como los vascos Ricardo Alberdi o Carlos Abaitua), antes de que se extendiera una década después la figura muy diferente del “cura obrero”. El vacío entre la generación opositora de la República y la que iba surgiendo del nuevo proletariado del desarrollismo fue cubierto por este catolicismo social, pero la narración de sus intervenciones cada vez tiene menos sentido en un libro sobre las derechas. A veces sin ser tampoco de izquierdas de una manera consciente —mucho menos ideológica—, no cabe duda de que se alejaban de la manera de observar la realidad, de pensar y de hacer las cosas de las derechas, de lo que había sido su ubicación tradicional. Porque hasta esta crisis de los años sesenta, en España, el catolicismo había sido terreno abonado exclusivamente para las derechas políticas.

La contradicción dio lugar a una profunda crisis entre católicos colaboracionistas con el régimen y contrarios; a la vez, entre estos y una jerarquía eclesiástica que seguía respaldando la primera opción. Era una contradicción dentro del propio catolicismo: una parte del mismo dirigía el país en términos capitalistas mientras que otra se afanaba en defender a los más débiles de esa nueva relación de clases. Así, Herrera Oria respaldaba la participación en las instituciones mientras desplegaba desde su obispado una intensa labor social (el Instituto León XIII, la Escuela de Ciudadanía Cristiana o el Instituto Social Obrero, expresiones de una suerte de vía intermedia entre colaboración y disidencia); la declaración de los Metropolitanos de enero de 1960 sobre los efectos del Plan de Estabilización acentuaba los aspectos sociales y hasta obreristas, pero consideraba “laudable” la intención gubernamental; Pla y Deniel, el obispo de la cruzada, reclamaba al ministro Solís espacio para la HOAC en su estructura sindical oficial y se cruzaban críticas entre ambas entidades; el obrerismo cristiano se deslizaba hacia la izquierda, pero otro sector de los católicos sociales avalaba al régimen y denunciaba la infiltración marxista de sus estructuras, mientras que la Asesoría Eclesiástica de la Organización Sindical o las del Frente de Juventudes se mantenían a su servicio.

La homogeneidad política de los católicos se resquebrajaba. Presionada la institución eclesiástica por la dictadura desde las huelgas de 1962 —un año clave—, el debate sobre los límites del “temporalismo” se intensificó a la vez que se manifestaba el desapego creciente de muchos sectores católicos respecto de su vinculación tradicional con las derechas (pasando de ahí al socialismo, a veces sin transitar siquiera por una democracia cristiana). En ese contexto, la dirección de la Iglesia rechazó parcialmente las conclusiones de las Jornadas Nacionales de la Acción Católica celebradas en el Valle de los Caídos en junio de 1966 y estableció unas rígidas normas de control sobre la celebración de reuniones de ese tipo. La declaración del episcopado del año siguiente precisó “la dirección superior de la jerarquía en la AC” y advertía sobre los peligros del diálogo entre los católicos y los marxistas. Todo ello provocó entre 1966 y 1968 un aluvión de dimisiones de dirigentes y militantes, que muchas veces se derivaron hacia otro tipo de organismos, provocando en todo caso un vacío irrecuperable en el seno del movimiento o acción católica. Como señaló Montero, la crisis fue sobre todo del elemento militante juvenil especializado (activistas de lo sociosindical), que se encontró con una Iglesia que, por última vez, hacía causa del franquismo hasta imposibilitar la convivencia de aquellos en su seno.

Muy poco después, al comenzar la década de los setenta, cambiaron las cosas y la Iglesia procedió a su particular transición para abandonar los usos y costumbres de la dictadura, siguiendo ahora los dictados del reciente concilio. Entonces intentaron, en la Asamblea Conjunta Clero-Obispos de 1971, recuperar la Acción Católica especializada, desdiciéndose de sus posicionamientos anteriores, pero ya era tarde. La crisis de la Acción Católica y aquella Asamblea Conjunta marcan, para Montero, los momentos culmen de esa profunda división en el seno del catolicismo español. El choque personal entre el ministro opusdeísta López Rodó y el cardenal Vicente Enrique y Tarancón en el frustrado debate en torno a la posible revisión del concordato no deja lugar a la duda. La crisis, en esencia, no era muy distinta de la que habían vivido los países europeos democráticos, y se producía como resultado tanto de la secularización de las sociedades como de la nueva actitud de la Iglesia en relación con el mundo moderno y, muy en concreto, al papel ahora de los partidos confesionales y su estrecha y tradicional vinculación con los eclesiásticos, algo que ya no se llevaba. Lo singular es que los católicos españoles iban a tener que afrontar el final de una dictadura y el tránsito hacia una democracia a partir de esa profunda crisis personal e institucional, sin referentes ni estrategias claras, y sin estructuras organizadas y masivas, como sí habían tenido hasta entonces.

4. Las democracias cristianas españolas

En las especulaciones acerca de qué pasaría después del final de Franco y de su régimen, estuvo siempre presente la tentación de extender a España el modelo de moderación a izquierda y derecha (socialdemocracia y democracia cristiana) que venía presidiendo el “cuarto de siglo de oro” europeo tras la última guerra mundial. Algunas encuestas de opinión de los años sesenta y, sobre todo, las apreciaciones de sociólogos como Linz, apuntaban a una mayoría relativa de españoles que, optando por alguna identificación política —un ejercicio enormemente complejo entonces—, lo harían por la que conjuntaba un anhelo de recuperación democrática y el carácter tradicional cristiano (con otros valores positivos más como Europa o la reconciliación entre españoles). Qué fuera eso en concreto resulta difícil de precisar, pero ello animó tempranamente a viejos y nuevos democristianos a reactivarse. Lo hicieron desunidos casi hasta el final, proporcionando así el peor instrumento posible para materializar esas expectativas de parte de la opinión pública.

La crisis provocada en febrero de 1956 por los universitarios en contra del SEU —la que sacó a Ruiz-Giménez del ministerio— establece un antes y un después en este campo. Antes, todo se limitó a tímidas tentativas. Los democristianos se reclutaban aún entre las derechas, ya fueran las más o menos comprometidas con el régimen o las que se encontraban preteridas y casi ocultas en la España franquista. La CEDA de Gil-Robles apoyó el movimiento sedicioso de Franco, pero los cedistas fueron vigilados durante la dictadura. Entre los colaboracionistas tenemos a la ACNP, que desde la guerra proporcionaba cuadros para el nuevo Estado: su eficacia como grupo de presión destacaba en la medida en que no podía haber grupos políticos organizados. De manera abierta, se manifestaban por esa línea el ministro Martín-Artajo, pero también su presidente Martín-Sánchez Juliá. Menos implicados se mostraban su vicepresidente Alfredo López y el último director que tuvo El Debate, Francisco de Luis Díaz, claramente anticolaboracionista (aunque sea más conocido por sus ideas antisemitas y antimasónicas expresadas antes de este momento). La discrepancia fue suficiente como para que los históricos dirigentes Herrera Oria y Martín-Sánchez dieran un paso a un lado en 1953, una vez aprobado el concordato; algunos lo leyeron como una manera de adaptarse a la nueva situación de autonomía del “espacio católico” ganada con el acuerdo con el Estado y otros como una victoria postrera de Gil-Robles, con quien había chocado Martín-Sánchez por las posiciones enfrentadas respecto de la dictadura. A este último le sucedió en la presidencia de una ACNP menos politizada Francisco Guijarro Arrizabalaga. El antiguo ministro de Exteriores, Martín-Artajo, que en 1959 se puso al frente de los propagandistas, explicaba muy bien en ese momento cuáles eran las diferentes actitudes entre los católicos políticos. Respondía a una entrevista de la Agencia Reuters y, en concreto, a la pregunta “¿Es correcto hablar de que la mayoría de los católicos seglares se identifican políticamente con la democracia cristiana?”:

Hay un sector, hoy bien representado en el Gobierno, que ningún parecido ni parentesco tiene con ella. Hay otro que, todos estos años, se ha quedado al margen de la colaboración, al cual le iría mejor ese calificativo de cristiano demócrata. Y existe un tercero, más o menos representado por los hombres de la Editorial Católica, el cual está en la línea de una colaboración, leal pero independiente, con el Régimen y que aspira a que el Estado sea cada vez más cristiano, esto es, cada vez más un Estado de derecho, respetuoso de las libertades de la persona, de carácter representativo y popular y resueltamente social. Pero tal sector quiere conseguir todo esto mediante la lenta evolución del Régimen y no abriendo, de ninguna manera, un nuevo periodo constituyente.

Desde la ACNP se ponían en marcha nuevas iniciativas, como la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), creada en 1954 y dirigida sucesivamente por Yanguas Messía y De Luis, que le serviría a Gil-Robles para presentarse en la reunión del Movimiento Europeo de Múnich, en 1962. Martín-Artajo, en su pretensión de una suerte de “democracia cristiana orgánica”, impulsaba en 1952 una sección española del CEDI (Centro Europeo de Documentación e Información), con Sánchez Bella y el respaldo del alemán Otto de Habsburgo (y de sectores conservadores europeos, contemporizadores con el franquismo). También desde dentro del régimen, a diferente nivel, Silva Muñoz o Ruiz-Giménez trataban de llevar a cabo una suavización de los perfiles de este y una ampliación de su pluralidad interna (que redundó en el regreso a sus cátedras de purgados o en revisión de expedientes sancionadores de muchos maestros, entre otros avances).

El problema radicaba en que el nacionalcatolicismo consagrado en el concordato de 1953 proporcionaba seguridad a sus partidarios, pero menguaba posibilidades a cuantos pretendían hacer catolicismo político fuera o en los márgenes del franquismo. Ese reconocimiento de las dificultades es algo que ya se manifestaba tímida y minoritariamente, por ejemplo, en los congresos internacionales de apostolado de 1951 y 1957, o en las Conversaciones Internacionales de San Sebastián que animaron antes los también propagandistas Carlos Santamaría y Guijarro Arrizabalaga, desde 1947 a 1952, en su primera etapa (por allí andaba otra vez Yanguas Messía). En estos y otros foros, intelectuales católicos como José Luis López Aranguren o García Escudero plantearon una primera autocrítica del nacionalcatolicismo y de la relación Iglesia-Estado que respaldaba el concordato. Pero era algo todavía muy marginal y, como todo lo que venimos señalando, tolerado por el régimen, en ocasiones presidido por sus autoridades y descrito recurrentemente en sus informes policiales.

El colaboracionismo con el régimen no había gustado a dos históricos como Gil-Robles y Giménez Fernández; el primero ya señaló que “mi falta de hostilidad no significa aprobación” y el segundo no le perdonó nunca al ministro de Educación Ruiz-Giménez aquella apuesta. El viejo líder de la CEDA se mantuvo en el exilio hasta 1953, centrado más en la operación juanista y en la oposición a Franco que en la democristiana. Sin embargo, cuando don Juan se entrevistó con el dictador en el Azor (agosto de 1948), vio fracasadas esas dos estrategias y todo ello lo alejó del sanedrín de Estoril. Entonces puso punto final a una Acción Popular que solo había servido de carta de presentación para aglutinar una rimbombante Confederación Española de Fuerzas Monárquicas y presentarse con algo detrás en sus conversaciones con el socialista Prieto. A partir de ahí empezó a acariciar en privado una recomposición del viejo bloque católico recurriendo al núcleo de adeptos que formaban el historiador Jesús Pabón, Manuel García-Atance, Simón Tobalina, Geminiano Carrascal y otros. Por su parte, el también viejo cedista Giménez Fernández seguía en su cátedra sevillana, ejerciendo una autoridad moral sobre jóvenes y mayores disidentes de diversa procedencia. Finalmente, estaba la tertulia conocida como “cafés Rodríguez Soler”, porque tenía lugar en casa de este abogado también propagandista y antiguo presidente de la JAP. Allí acudían viejos cedistas como Carrascal y Simón Tobalina, y jóvenes miembros de la ACNP como Fernando Álvarez de Miranda, Alfonso Osorio, Íñigo Cavero o el ubicuo Jesús Barros de Lis. Alguno de estos participaba también en las “cenas de los nueve” (Silva Muñoz, Fueyo, Ignacio Luca de Tena, José María Ruiz Gallardón, Fermín Zelada, Pérez-Embid, Leopoldo Calvo Sotelo, Fernández de la Mora y Osorio). No había libertad de reunión, pero se hacía la vista gorda con estas conocidas citas. Había otras similares y también grupos de estudio y discusión tolerados por el régimen. Unas y otros sirvieron de aprendizaje en el ejercicio de la política democrática.

La crisis gubernamental de 1956 dio paso a una segunda época. En octubre de ese año, al calor de las protestas estudiantiles, Giménez Fernández animó una Unión Demócrata Cristiana junto con el juanista Barros de Lis (y otros como Jaime Cortezo y José Gallo). El catedrático era más un hombre referencial para estudiantes y antifranquistas que un gestor de partido, tarea que dejó a los elementos más jóvenes. La UDC tuvo cierta trayectoria al relacionarse con los socialistas y con el grupo de Ridruejo, además de con el PNV, y al mantener durante los años sesenta una Unión de Fuerzas Democráticas (alternativa a la que animaba el Partido Comunista). También quiso identificarse con el sector más avanzado de su campo político —además de accidentalista, frente a los decididamente juanistas—, para lo que no desaprovechó la ocasión de cambiar el nombre de su formación por el de Izquierda Demócrata Cristiana. Por su parte, Gil-Robles, junto con Carrascal, Juan Jesús González, Simón Tobalina y algunos otros de la tertulia de José Rodríguez Soler (pero no este), puso en marcha un núcleo que, finalmente, en 1960, denominarían Democracia Social Cristiana. Allí estaban también Pascual Sanjuán, Álvarez de Miranda y Pablo Beltrán de Heredia, caracterizándose por una posición más conservadora (abiertamente anticomunista), todavía escasamente liberal (monarquía no constitucional, representación parlamentaria orgánica y corporativa) y explícitamente monárquica.

El tercer personaje, Ruiz-Giménez, es el que más directamente tuvo que ver con la crisis universitaria. Los primeros aires conciliares determinaron su regreso a la esfera pública en un papel distinto del anterior. El exministro acudió a Roma nombrado por Juan XXIII para participar en una comisión de debate; también se entrevistó con el papa. En 1963 comenzó a editar la revista Cuadernos para el Diálogo, junto con colaboradores significados en los siguientes años, como Pedro Altares, Elías Díaz, Javier Rupérez, Ignacio Camuñas, Eugenio Nasarre, José Félix Tezanos, Juan Luis Cebrián, Mariano Aguilar Navarro o Gregorio Peces Barba. En sus páginas se proyectaban las consecuencias políticas de los pronunciamientos eclesiásticos del momento (las encíclicas Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963), y luego la declaración Dignitatis humanae y la constitución pastoral Gaudium et Spes): algunos sectores católicos los leyeron en el sentido de que el régimen de Franco estaba en abierta contradicción con el espíritu de la Iglesia. Si la aplicación práctica de la primera encíclica podía discutirse —establecía la dimensión social de la propiedad junto con el reconocimiento de la propiedad privada como derecho natural—, en el caso de la segunda la afirmación de unas bases liberales y democráticas para un orden nacional e internacional pacíficos impugnaba las posibilidades políticas del franquismo (y más si pretendía seguir viéndose como un Estado católico). Los Comentarios civiles a la encíclica (1963) que publicaron Aranguren, José María Díez-Alegría, Aguilar Navarro, Giménez Fernández y Federico Sopeña resultaban ahí contundentes. No era posible una política cristiana si esta no era democrática, lo que le servía a alguno como Ridruejo para soñar con el inicio de una nueva política católica que agrupara a todo tipo de disidentes e incluso a “alguna fracción discrepante” del Opus.

Pero en ese denso acontecer de los comienzos de la década tuvo lugar también un hecho de gran impacto para el régimen y para estos democristianos. En la primavera de 1962, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo que dirigía desde el exilio el diplomático y liberal Salvador de Madariaga invitó a representantes de dentro y de fuera del país a una ponencia sobre España, en el marco del congreso que el Movimiento celebraba en Múnich. Allí estuvieron casi ciento veinte personas (ochenta del interior) de organizaciones opositoras socialistas, republicanas y nacionalistas vascas y, junto a estas, otras cristianas; solo se excluyó a comunistas y anarquistas. Gil-Robles acudió gracias a la invitación cursada a aquella AECE que había constituido el sector menos colaboracionista de la ACNP.

La llamada “Iniciativa Madariaga” partía en ese momento de la tesis de que el objetivo común de echar a Franco “solo podían hacerlo las derechas, con el apoyo de las derechas exfranquistas o neoantifranquistas”, y de ahí la invitación a estos reformistas del interior. La ponencia concluyó que España no podía incorporarse a las entidades económicas y políticas europeas, como pretendía el régimen en su exitoso proceso de reconocimiento internacional, si antes la dictadura no daba paso a una recuperación democrática. El franquismo quedaba cuestionado por completo ante Europa y por eso reaccionó con dureza contra los asistentes; antes, en Múnich, intentó boicotearlo todo enviando una misión diplomática a través del CEDI que controlaba. Anulando un artículo del Fuero de los Españoles, liberales como Joaquín Satrústegui y Jaime Miralles, el miembro de Acción Católica Alfonso Prieto o democristianos de las dos facciones, como Álvarez de Miranda, José Luis Ruiz-Navarro e Íñigo Cavero o Barros de Lis, Félix Pons y Juan Casals, fueron confinados durante meses; Gil-Robles y otros más se quedaron en el exilio durante un tiempo. El llamado “contubernio de Múnich” evidenció dos debilidades parejas: la del régimen, excluido de Europa hasta su final, lo que mantendría vivo el estímulo europeísta como sinónimo de democratización del país —“Múnich cerró la puerta de Europa al régimen tal y como ahora es”, sentenció Madariaga ante las dudas postreras de Gil-Robles—, y la de esa oposición moderada y tolerada hasta ahora. Pero esta, sin bases sociales, solo podía aspirar a ciertos contactos y reconocimientos internacionales y diplomáticos, gestos personales de relativo impacto (algunos de estos juristas defendieron luego a encausados por el Tribunal de Orden Público: en el Proceso 1001 contra los dirigentes de Comisiones Obreras lo hicieron Gil-Robles, Ruiz-Giménez o el sevillano Alfonso de Cossío) y un compromiso cada vez mayor con ese conglomerado que se había conformado ya como antifranquismo y que cada vez los admitía mejor (algo que en ocasiones les reportó sanciones, como en este caso, además de detenciones, cierre o secuestro de publicaciones y multas). En todo caso, la dura respuesta del régimen acreditó que pasaba a considerar a estos elementos del interior como parte de su oposición, y que esta no se limitaba a los socorridos comunistas.

Los intentos por unificar a los grupos democristianos resultaron todos vanos: los separaba básicamente la cuestión del accidentalismo o del acendrado monarquismo, pero, cada vez más, una división clásica en términos de izquierda-derecha o, mejor, en términos de progreso y libertades frente a conservadurismo y contención. Efectivamente, los sectores democristianos más dinámicos (la Unión de Estudiantes Demócratas y la Unión de Jóvenes Democristianos, de Óscar Alzaga, o Cuadernos para el Diálogo, de Ruiz-Giménez, y otras publicaciones, como Mundo Social o El Ciervo) se afirmaron en torno a la figura de Giménez Fernández al renovar su Izquierda Democrática, en una reunión celebrada en la finca madrileña Los Molinos, con postulados como el Estado de derecho, la no confesionalidad, el humanismo cristiano (personalista y comunitario), la defensa de los derechos humanos, la economía social de mercado y el pluralismo sociopolítico. Ocurría esto en 1965 y el partido, dirigido por Barros de Lis con Altares, Gallo, Eduardo Cierco y Manuel Camacho, se dotaba de una estructura federal. La democracia cristiana más dinámica y actualizada, como estaba haciendo en Europa en situaciones muy diferentes a la española, al reclamar las libertades democráticas o un compromiso social igualitario y no paternalista, se distanciaba de su tradicional espacio en la derecha y se contagiaba de un discurso más avanzado, en algunos casos abiertamente marxista (o, al menos, socializante).

Hemos visto cómo esta deriva se dio en la Acción Católica, pero otro tanto pasó en el ámbito político y partidario. Incluso ocurrió en el ideológico, donde una editorial como ZYX, creada en 1964 por elementos de la HOAC (Rovirosa, Malagón, Julián Gómez del Castillo, Teófilo Pérez Rey), publicaba a autores de todo signo político —y especialmente a socialistas autogestionarios y anarcopersonalistas, muy alejados de las posiciones democristianas— al identificarse sobre todo como “una editorial obrera contra el franquismo”; más importante aún es que esto ocurrió en la editorial que sostuvo la revista Cuadernos para el Diálogo.

No extraña entonces la permanente tensión entre esa deriva izquierdista de la democracia cristiana y la afirmación de algunos de sus componentes contrarios a ella. Barros de Lis lo denunció así, lo que dio lugar a una pequeña escisión. Todavía iba a contracorriente porque la mayoría siguió fiel a lo que representaba Giménez Fernández. Cuando este falleció en febrero de 1968, nadie se vio en condiciones de coger el testigo —Alzaga fue el más tentado, pero declinó— y se hubo de recurrir a Ruiz-Giménez, del que el catedrático sevillano no se fiaba mucho, pero que había adquirido un notable prestigio en esos años en este campo político gracias a Cuadernos. Este no corrigió la inclinación “izquierdista” anterior —más bien la animó—, y la nueva organización incluso atrajo nombres de referencia: el abogado Manuel Villar Arregui, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Álvarez de Miranda, Cavero, Simón Tobalina, el sociólogo José Juan Toharia, Nasarre, Carlos Bru… Algunos venían de la facción de Gil-Robles y otros eran colaboradores del antiguo ministro.

Por su parte, Gil-Robles quedó otra vez en mal lugar cuando don Juan rechazó la presencia de monárquicos en la reunión de Múnich. Entonces, el accidentalismo se convirtió en la referencia de la Democracia Social Cristiana, lo que le supuso muchas tensiones internas al invitar el pretendiente a algunos dirigentes a incorporarse a su núcleo de Estoril (Francisco de Luis, Manuel García-Atance, Rafael Aizpún…); el notario Mario Armero tuvo que sustituir al muy juanista Álvarez de Miranda en la Secretaría General. Cada vez más irrelevantes, el viejo líder cedista animó un poco el escenario de esos años con la publicación de sus memorias o tratando de replicar otra CEDA con entidades regionales (Confederación de Agrupaciones Regionales Demócratas Cristianas). A la vez, en 1970, el periodista Luis Apostua, director de El Alcázar mientras el diario estuvo fuera del control de la Hermandad de Excombatientes, junto con Carrascal y De Luis, se puso al frente de una revista, Discusión y Convivencia —por sus siglas, DC—, que pretendía recoger la opinión de los católicos menos beligerantes, recordando el espíritu de la histórica CEDA. Acogía elementos de aquel partido (Melchor de las Heras y Carrascal), de la AECE, de seguidores de Gil-Robles y jóvenes propagandistas y democristianos del entorno de Cuadernos. La idea de la revista se la presentó Álvarez de Miranda a Fraga, en 1967, cuando todavía este estaba al frente del ministerio, pero venía de una iniciativa anterior del juanista conde de Fontanar y de notorios democristianos. A pesar de eso, no tuvo suerte ni editorial ni política —“tendrá muchas facilidades, pero no mucho éxito de público”, auguró el ministro—, pero confirmaba que el campo ideológico católico se ambicionaba y disputaba.

Realmente, no era fácil la situación de los democristianos en la España de la dictadura. Unos meses antes de hacerse cargo de Izquierda Democrática, Ruiz-Giménez era todavía procurador en Cortes nombrado por Franco; lo fue hasta finales de 1967. Su “conversión” definitiva a los postulados democráticos es todavía objeto de debate entre sus biógrafos; en 1963, comentando en el diario Ya los contenidos de la Pacem in Terris, apostaba por la democracia orgánica, lo que obligó a Altares y a Peces Barba a corregirlo discretamente, pero en agosto de 1967 escribía en Cuadernos un artículo poco menos que socialista (el que Manuel Jiménez de Parga llamó “manifiesto de Palamós”). Ese territorio incierto de la ilegalidad tolerada y del antifranquismo desarrollado muchas veces en los entornos del propio régimen tenía sus problemas de credibilidad y de convicción.

5. Nacionalistas vascos y catalanes

Los únicos que no los tenían eran los partidos católicos perseguidos desde el principio por Franco al haberse colocado enfrente de él en la guerra y luego en la clandestinidad interior y en el exilio: los vascos del PNV y los catalanes de Unió Democràtica de Catalunya. Ambos procedían culturalmente del tradicionalismo, renovado por un nacionalismo más moderno desplegado en las primeras décadas del siglo XX, pero la experiencia republicana y la guerra los cambió al sustituir un integrismo religioso por otro territorial, sobre todo en el caso de los vascos. Luego, cuando la Democracia Cristiana se organizó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial a partir de los Nuevos Equipos Internacionales (NEI), en 1947 —o antes, con sus contactos con los democristianos franceses Ernest Pezet y George Bidault o el italiano Alcide de Gasperi—, el PNV fue miembro fundador de esa entidad internacional: la “doctrina Aguirre” en favor de una “Europa de los pueblos” se acomodaba perfectamente a esta iniciativa política. El PNV se convirtió en democristiano gracias también a este europeísmo federalista; los catalanes de Unió los siguieron después, en 1950, entrando en la organización.

La política del PNV durante el franquismo estuvo marcada por la personalidad del lehendakari Aguirre; “el profeta pragmático”, le ha denominado con tino su biógrafo más reciente (Ludger Mees). Efectivamente, su política se debatió en el exilio entre los reiterados intentos por obtener un reconocimiento internacional de algo parecido a una estatalidad vasca, aprovechando las eventualidades de la contienda mundial, y el repliegue conciliador cuando el líder socialista vasco Indalecio Prieto conseguía poner coto a sus ambiciones. Política de Frente Nacional —los nacionalistas y asimilados políticos como única expresión de toda la ciudadanía— frente a política de Unión Vasca, respetando su pluralidad, como cuando todos los partidos y sindicatos antifranquistas firmaron el Pacto de Bayona, en 1945, que ponía fin a pulsos políticos anteriores. Después de 1960, tras su muerte, le sucedió Jesús María Leizaola, un hombre sin su carisma que debió afrontar los años que le quedaban a un dictador entonces plenamente consolidado dentro y fuera de España. Su política de esperar a que se produjera el “hecho biológico” de su inevitable fallecimiento dejó el campo libre, en un momento de profunda transformación socioeconómica del País Vasco debida a la industrialización generalizada de los años sesenta, a una nueva generación de nacionalistas, la que representó ETA a partir de 1959 y, sobre todo, desde su primer asesinato en 1968. En todo ese tiempo el hombre del PNV en el interior fue Juan Ajuriaguerra.

En cuanto a los católicos catalanes no franquistas, tuvieron menos importancia que los vascos porque, entre otras cosas, no eran el partido opositor hegemónico ni controlaban el Gobierno regional en el exilio como estos. Su reorganización comenzó pronto —como sus correligionarios del PNV, sufrieron una represión comparativamente menor que el resto de republicanos—, particularmente en torno a actividades culturales y de la lengua, y a cargo de elementos juveniles. La temprana conexión europea a través de los Nuevos Equipos Internacionales (NEI) permitió alguna proyección a sus dirigentes: Pau Romeva y Miquel Coll Alentorn, en los años cincuenta y sesenta. En el tardofranquismo, Unió se incorporó a la unidad de fuerzas catalanas, proceso que no tuvo lugar en el País Vasco, de nuevo atrapado en el debate entre el Frente Nacional —ahora alentado por las diversas facciones de ETA y sus entornos civiles— o la alianza de las fuerzas principales del Estatuto del 36 y del exilio (nacionalistas del PNV y socialistas); se impuso esta segunda opción.

A la vez, en Cataluña hubo intentos para reorganizar fuerzas políticas de la derecha tradicional. En el caso de la Lliga, con Cambó al frente apoyaron decididamente el movimiento del 18 de julio —aunque no estuvieron en la conspiración, como el resto de las derechas—, pero pronto, acabada la guerra, conocieron las intenciones de la dictadura acerca de la diversidad cultural del país. A diferencia de Unió (o de Acció Catalana), la “conveniencia práctica” y el miedo a la revolución los habían llevado por ese camino, y desde París, dirigida por Joan Estelrich, mantuvieron una activa oficina de propaganda a favor de Franco pagada por Cambó (de allí salía la influyente revista Occident). La política revanchista y anticatalanista de los vencedores apartó de ese apoyo a muchos conservadores, entre los que se contó Cambó, retirado casi por completo en su exilio argentino y dedicado a sus importantes negocios eléctricos. Muchos lligaires aceptaron cargos en las Administraciones locales, pero los más importantes se apartaron desde 1939 (con excepciones, como el alcalde barcelonés José María Porcioles). No hubo una política general y lo mismo encontramos colaboracionistas como opositores, además de una mayoría intermedia que, pragmáticamente, se beneficiaba del franquismo, pero sin mostrar una adhesión entusiasta (además de juanistas como Juan Ventosa). A partir de 1943 quisieron creer que el cambio del panorama de la guerra forzaría a Franco a otro paralelo de su política y en 1945 hicieron gestiones para resucitar la Lliga, hablando por vez primera de reconciliación. Cambó murió en 1947 y dejó un testamento que proponía volver a las posiciones anteriores a 1923: catalanismo no separatista, apoyo a la constitución que se aprobara y participación en la política española. Pero, como indica Borja de Riquer, habían pasado muchas cosas desde 1931 y más desde 1936. La Lliga desapareció con su líder porque era imposible hacer política tantos años sin definirse como franquista o como antifranquista. Después, en la Transición, intentaron revivirla a partir del Club Catalònia que animaron Joan-Anton Maragall y Salvador Millet, dando lugar a una coalición (Lliga de Catalunya-Partit Liberal Català) que no tuvo ningún resultado electoral en 1977; finalmente, acabaron en la sección regional de la UCD de Suárez, la entidad Centristes de Catalunya. Por su parte, el sector más franquista de los democristianos intentó una entidad de ese signo en Cataluña, la Unió Catalana, de la mano del abogado Santiago Udina Martorell y asociada a la Unión Democrática Española de Silva Muñoz. Tampoco tuvo ningún recorrido.

Sin duda, mucha más importancia tendría en el futuro la figura de Jordi Pujol. Educado también en el catalanismo católico —el grupo Crist Catalunya de Raimon Galí o la Cofradía de la Virgen de Montserrat del padre Pere Llumà fueron sus primeros núcleos de actividad, además del universitario Torras y Bages, de Pere Figuera i Serra—, sus influencias tradicionales de ese ámbito (Prat, Torras) alcanzaban también a las del nacionalismo personalista y comunitario de Maurice Barrès, Charles Péguy o Mounier. Se significó en 1960 en las protestas en el Palau de la Música y, condenado por la elaboración de panfletos antifranquistas, pasó dos años en la cárcel. Con una visión naturalista de la nación, sin embargo, entendió la importancia de la construcción de esta mediante procesos articuladores voluntarios (ahora, de la sociedad civil partidaria; en el futuro, cuando llegara al Gobierno catalán, desde las posibilidades que proporciona este). Del mismo modo, tomaba como problema y amenaza la presencia de factores de desnacionalización, como la intensa inmigración a Cataluña de los años sesenta, pero propiciaba una vía de incorporación de estas personas a través de su integración en los valores tenidos por catalanes. Actualizaba de esa manera el marco del nacionalismo al considerar la voluntad de adhesión de los inicialmente no catalanes, como también estaba haciendo el nacionalismo vasco, a pesar de sus comunes orígenes románticos y esencialistas. A partir de 1974 articularía el movimiento Convergència Democràtica de Catalunya, conformado como partido dos años después. Desde ahí se impulsaría una trayectoria exitosa finalmente conocida como “pujolismo”.

El más temprano europeísmo manifestado por democristianos vascos y catalanes colocó a los españoles en una posición complicada cuando pretendieron incorporarse a la entidad continental de ese signo en 1960. Cada país solo podía tener una representación y la defensa que hacía Gil-Robles de una monarquía no constitucional era rechazada por sus correligionarios nacionalistas (además del debate sobre la organización territorial de España que siempre se mantuvo vivo). Después de lo de Múnich, los NEI buscaron una fórmula para dar cabida a las cuatro opciones españolas y que pudieran representarse mancomunadamente a través de un Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. Lo consiguieron definitivamente en 1965, en el Congreso de Taormina, pero fue solo una estructura funcional a estos efectos europeos porque dentro siguieron manifestándose las diferencias entre Izquierda Democrática y los seguidores de Gil-Robles, mientras los nacionalistas iban por su cuenta; los vascos discrepaban entre partidarios de una democracia cristiana española fuerte, como postulaban Manuel Irujo, José María Lasarte y Julio Jáuregui, frente a Ajuriaguerra y Joseba Rezola, que preferían mantener su independencia a todos los niveles. Al momento final del franquismo y a la Transición llegarían tan desunidos como al principio.

Además, no era una cuestión que se limitase a los agentes políticos. También en la sociedad española estos cambios de los años sesenta y, particularmente, los que trajo consigo el aggiornamento vaticano provocaron reacciones enfrentadas. A mediados de la década la división era patente dentro de la Iglesia y en sus áreas de influencia, de manera que el tardofranquismo se vivió de manera desgarrada, tanto en las esferas del poder —la incapacidad para comprender los cambios sociales por parte de Carrero fue total, a la altura de su disgusto y de su reacción— como en las parroquias, entre el clero y entre los feligreses. Como veremos, el taranconismo —el tiempo que comienza tras el acceso del cardenal Tarancón a la presidencia de la Conferencia Episcopal, en 1971— se interpretó como una oportunidad de renovación para la Iglesia española o como una traición a su trayectoria histórica, dependiendo de si hablamos de izquierdas o de derechas (y no solo católicas).

En 1969, el capellán de la División Azul, el franciscano Miguel Oltra, fundó la Hermandad Sacerdotal Española para resistir el embate del modernismo conciliar. Se expresaba desde la revista Iglesia Mundo, aparecida en 1971 y que pronto se convirtió en “la expresión del nacionalcatolicismo polémico e intransigente”; su paralelo seglar y político se podría encontrar en Fuerza Nueva y en el semanario tradicionalista ¿Qué pasa? La revista recibía fondos e información de los servicios secretos dirigidos por José Ignacio San Martín (a instancias de su jefe, Carrero Blanco), y fue utilizada como un instrumento más de la lucha antisubversiva (sección eclesiástica). La histórica Asamblea Conjunta Clero-Obispos de 1971 fue precedida de una encuesta a los presbíteros españoles para estudiar la crisis y la contestación sacerdotal surgidas tras la finalización del Concilio Vaticano II. La Asamblea se convirtió en el escenario de ese pulso entre los sectores progresistas e inmovilistas de la Iglesia; estos últimos criticaron acerbamente la metodología de trabajo, el orden del día y su desarrollo y resultados. La Hermandad Sacerdotal llegó a celebrar una contraasamblea alternativa previa a la oficial denunciando “el temporalismo en la acción de algunos sacerdotes, los excesos de la colegialidad en el gobierno de la Iglesia y las desviaciones litúrgicas, pastorales o teológicas presentes en el sacerdocio español”. Igualmente, la Hermandad expresó su defensa del “régimen legítimamente constituido” frente a las denuncias del clero progresista. Cuando se discutió la posición de la Iglesia ante la Guerra Civil, la prensa franquista y los portavoces de esta religiosidad conservadora bramaron. La división del clero se trasladó entonces a las parroquias y la unanimidad anterior de los católicos como terreno abonado y principal de las políticas conservadoras en España quedó definitivamente finiquitada.

6. Un callejón sin salida: los debates
sobre el asociacionismo político

Los años finales del franquismo fueron de gran agitación y zozobra en el interior del régimen. Aunque algunos se creyeran que, efectivamente, el cuadro jurídico e institucional que dibujaban las Leyes Fundamentales del Reino —la Ley Orgánica del Estado, sobre todo— aseguraba un futuro para el momento posterior a la desaparición del dictador, a la vez eran conscientes de que una autocracia tan prolongada no era fácil de sustituir por otra cosa; y mucho menos si a la vez se pretendía ponerse al nivel de las exigencias europeas y de la creciente demanda de cambios de la ciudadanía española. Pasados los años, los debates que se mantenían al respecto de la Ley de Asociaciones nos pueden parecer insólitos, pero eran los que marcaban el margen de posibilidad de evolución del sistema y de aceptación del pluralismo social y político. Los intentos de los aperturistas de los años sesenta habían terminado en la nada, agotados por el inmovilismo de Carrero (y de Franco). Sin embargo, la desaparición abrupta del primero con motivo del atentado que acabó con su vida abrió un nuevo escenario. La oposición al régimen pugnaba en la calle por el cambio, pero los que lo sostenían o los que se beneficiaban de su continuidad se sumergieron también en una acelerada carrera por propiciar las modificaciones necesarias para que su posición de poder siguiera en lo posible como en los anteriores cuarenta años. Las derechas se aprestaban a “sobrevivir después de Franco”, como tituló su estudio la historiadora Cristina Palomares, lo que se traducía en “satisfacer las exigencias de democracia de la oposición, sin violencia y sin una sustancial pérdida de privilegios”. Pero ese cometido, desaparecida la “dovela clave” —Carrero era el punto de confluencia de presiones encontradas que mantenía el equilibrio del régimen—, se tradujo en la reaparición de diferentes facciones y de visiones enfrentadas acerca de cómo encarar (o no) un futuro político diferente.

La Ley Orgánica del Estado significó a la vez la posibilidad de abrir el régimen y la de cerrarlo definitivamente. Antes, la Ley de Asociaciones de diciembre de 1964 venía a sustituir el decreto excepcional de 1941 que había puesto fin a la histórica de 1887 de tiempos de Sagasta. Aunque reconocía el de asociación como un derecho positivo, la realidad de la nueva norma era que todo lo que fuera en contra de “los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales” no tenía lugar; ese fue el límite hasta el final. Cabía la ilusión esperanzada, pero no la sorpresa: Franco lo había dejado claro por esas mismas fechas en Sevilla (1967) al afirmar que “si a disculpa del contraste de pareceres lo que se busca son los partidos políticos, sepan en absoluto que eso jamás vendrá”. De manera que solo algunas entidades de estudio y debate, camufladas en denominaciones y objetos muy neutrales, pudieron desarrollar alguna actividad cercana a la política, siempre con la complicidad del régimen: de la AECE europeísta anterior a la ley o el Club de Amigos de la Unesco o el Jovellanos a la ANEPA (Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales) de Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Enrique Thomas de Carranza y Leopoldo Stampa Sánchez, o el Club Siglo XXI, fundado por entonces, sin perder de vista a las de finalidad “exclusivamente religiosa”, como la ACNP.

Dos años después, y vista la postura firme del dictador, los entusiasmos se habían desinflado y derivado hacia una posibilidad que planteaba aquella ley: la representación familiar en el marco de la democracia orgánica. En octubre de 1967 se eligieron procuradores familiares por sufragio universal que incluyó a mujeres casadas; fueron dos por provincia, un 20% de los 560 que se sentaban en las Cortes (menos que los representantes de la Organización Sindical). Algunos reformistas salieron electos por este procedimiento, siempre con la aceptación del régimen; un tercio de los futuros parlamentarios “franquistas” de la UCD lo habían sido así. Los hay que desistieron y dimitieron tras comprobar que no había posibilidad de reforma desde dentro, como hizo el barcelonés Eduardo Tarragona. Los “trashumantes” que intentaron hacer valer su independencia reuniéndose media docena de veces por su cuenta fuera de las Cortes vieron finalmente suspendida su última cita de Ceuta, en septiembre de 1968. Parecía una posibilidad de oxigenación, pero en otro par de años la expectativa también quedó agotada al desplomarse la participación y la diversidad y número de candidatos. En el fondo, a lo más que llegaba la novedad era a incrementar y renovar el núcleo generador del personal político del franquismo; tampoco aspiraban a más.

La Ley Orgánica del Movimiento, de junio de 1967, renovó otra vez el debate y la ilusión de los reformistas, pero canalizaba “el contraste de pareceres” nuevamente en los cauces y márgenes del partido-movimiento único. Algunos pensaron que, a pesar de todo, el Estatuto de Asociaciones que contemplaba la ley podía ser el germen del asociacionismo político; Solís, su animador, depositaba incluso más esperanzas y expectativas. El caso es que era de lo que se hablaba, incluso identificándose abiertamente corrientes de pensamiento en la sociedad española: el semanario opusdeísta Actualidad Española señalaba a falangistas (Manuel Cantarero del Castillo), sindicalistas (Solís), democristianos (Alberto Ballarín Marcial), demócratas de izquierdas (Ruiz-Giménez), monárquicos juanistas y carlistas, socialistas (Enrique Tierno Galván) y la nueva generación de clubes de opinión o estudio. El debate sobre las Bases del Régimen Jurídico de Asociaciones del Movimiento y del anteproyecto de normas sobre asociaciones políticas proporcionó incluso la oportunidad para que se declararan constituidas asociaciones “de opinión pública”. Así lo hicieron, en verano de 1969, algunos como Pío Cabanillas, el luego presidente Calvo Sotelo, Juan Manuel Fanjul, José García Hernández o Joaquín Viola, futuro alcalde de Barcelona, asesinado en un brutal atentado en enero de 1978, componiendo la llamada Acción Política. El falangista socializante Cantarero del Castillo presentó su Reforma Social Española, formada por antiguos miembros del Frente de Juventudes. Ballarín Marcial hizo lo propio con Democracia Social, de aroma democristiano. Finalmente, Blas Piñar dio a la suya el nombre de la revista que había fundado en 1966, Fuerza Nueva, precisamente surgida de una cena donde se hablaba del futuro después de Franco y de la necesidad de dar continuidad a su obra política. La crisis gubernamental de 1969 se llevó por delante también el final de esta tramitación, que Franco había dilatado hasta la extenuación (provocando la exasperación de Fraga en su conocido discurso de despedida ante la clase política franquista lamentando el “frenazo”); las asociaciones “de opinión pública” se disolvieron al poco tiempo.

La sustitución de Solís por Fernández-Miranda al frente de la Secretaría General del Movimiento sirvió para que este demostrara su habilidad como sofista (entonces acuñó el término “pluriformismo”). El sibilino objetivo se lo marcó Franco cuando fue a comunicarle que anulaba el Estatuto de Asociaciones anterior: “Diga no sin decirlo; no cierre la puerta del todo, déjela un poco entreabierta”. Efectivamente, aquel “falangista de camisa blanca y cuello almidonado” llevó el debate y la expectativa a un dique seco, mientras aparentaba que su intención era más ambiciosa al hablar en su nuevo proyecto de “asociaciones de acción política”. El suyo parecía un proyecto incluso “totalizante”, pero desactivaba a un tiempo las posibilidades de las asociaciones y debilitaba otra vez las estructuras del Movimiento; de hecho, lo despolitizó casi por completo, lo anuló como instrumento y lo sumergió, según sus críticos, en una inactividad casi total. En realidad, era el proyecto de Solís el totalitario, al querer convertir al Movimiento en el único cauce de intervención política y hacer del Consejo Nacional un órgano por encima de las Cortes en su función de control del Gobierno. Pero, al asumir la diversidad de criterios en su seno mediante el reconocimiento de las asociaciones, también contemplaba la posible evolución del partido-movimiento y la conducción desde ahí de la cultura política del país. Conocido luego su papel en la futura reforma hacia la democracia, no queda claro si Fernández-Miranda siempre fue un híbrido de Maquiavelo y Talleyrand —el poder como único objetivo de la política— o un visionario que se dedicaba ahora precisamente a desmontar el poder que podía blindar la continuidad del régimen frente a sus reformadores. “Asociaciones” fue la palabra más repetida en la prensa y en los cenáculos del régimen y de sus entornos en esos años. De asociaciones se esperaba que hablara Carrero a sus ministros en el consejo convocado para la mañana del 20 de diciembre de 1973. No pudo hacerlo, pero el documento que tenía preparado daba larga cuenta de sus reflexiones sobre el poder del comunismo internacional y su capacidad para infiltrarse y dirigir los Gobiernos europeos a través del control de sus sociedades y de sus culturas políticas demoliberales. De asociaciones, nada. Como metáfora de cierre no tiene precio.

7. La hora de los reformistas de la dictadura

La relación política y personal de Carrero Blanco con Fraga Iribarne se fue deteriorando a medida que los años sesenta iban confirmando la intención del primero de impedir cualquier evolución del régimen. Entre 1969 y 1973, casi fuera de las instituciones —todavía fue hasta 1971 consejero nacional y procurador en Cortes—, Fraga trató de convertirse en la gran esperanza blanca para reformar el franquismo desde dentro y llevarlo a una posición aceptable por las democracias europeas. Mediante docenas de conferencias, entrevistas y artículos de prensa (y enseguida libros recopilatorios de sus discursos) se labró una imagen de liberal reformista, de hombre “de centro”, tan alejado de los revolucionarios como de los conservadores: “La España de la paz debe institucionalizarse equidistante de todo inmovilismo y de toda aventura”. Su “teoría del centro” era sobre todo una “actitud”, que significaba distancia respecto de los extremos, como ya conocemos de liberal-conservadores históricos. En realidad, Fraga era un conservador que se había sentido a gusto con el franquismo y que le reconocía a este su capacidad para generar una “clase media” sobre la que soportar más adelante una democracia liberal (además de una “mayoría o un centro natural” partidario de sus tesis). Por eso había sido de los primeros en señalar la necesidad de preparar un relevo institucional para el momento en que el autócrata no viviera y, sobre todo, para adecuar las realidades política y socioeconómica del país, cada vez más disfuncionales. “Hoy es posible en España una política de centro, abierta y decidida, que nos saque de la vieja dialéctica de los bandazos tradicionales, de la derecha a la extrema izquierda y del orden a la anarquía” (diciembre de 1969). El largo tiempo que media entre esas iniciales preocupaciones, ya a comienzos de los sesenta, después del famoso accidente de caza de Franco (la mañana del día de Nochebuena de 1961), y la muerte de este permitieron a los reformistas del régimen especular y valorar salidas con mucha antelación, aunque al final llegaron al momento sin unidad ni estrategia.

En esa intención estaba el núcleo fundador de otra más de aquellas entidades de estudios que camuflaban algo parecido a una asociación de intereses políticos. Se denominó GODSA, acrónimo de Gabinete de Orientación y Documentación, S. A., y se fundó en 1973 (con un antecedente en el Club Ágora de Barcelona, que animó como mecenas el financiero Josep María Santacreu, con Ballarín Marcial de intermediario y el periodista Manuel Milián Mestre de componedor). Fraga manejaba ya esa entidad antes de ser enviado a la embajada londinense tras no resultar elegido como presidente del Gobierno (junio de 1973) a partir de la terna que componía con el designado Carrero y Fernández-Cuesta. Las caras públicas de GODSA eran Luis Santiago de Pablo y Antonio Cortina Prieto (también estaban Carlos Argos, Javier Calderón, Gabriel Cisneros, Rafael Pérez Escolar más tarde, José Antonio Pastor Ridruejo y otros colaboradores de Fraga). Allí fraguó su figura de “hombre necesario”, de “hombre del futuro español”, como decía la prensa. En ese tiempo londinense y en los meses siguientes se redactaron los dos documentos (manifiestos) de esta formación: el Libro Blanco para la Reforma Democrática y el Llamamiento para una Reforma Democrática. Los argumentos básicos eran la reclamación de los derechos políticos que caracterizaban las democracias liberales de Occidente y la elección de una cámara representativa por sufragio universal.

La otra entidad de estudios que se creó en este tiempo y que tuvo también notable importancia en la prehistoria de la transición a la democracia fue el Grupo Tácito (por el orador, historiador y político romano Cornelio Tácito). De nuevo, la ACNP —desde junio de 1974 ACdP, porque lo de “nacional” se cayó para evitar recuerdos del nacionalcatolicismo— se ponía al frente de la política impulsando otro grupo de presión. Abelardo Algora, presidente de los propagandistas entre 1965 y 1985, promovió la iniciativa en la primavera de 1973, que consistía en la publicación de artículos colectivos con esa referencia (Grupo Tácito) en la veintena de diarios provinciales que controlaban, además del cabecero Ya. Este último era uno de los diarios más críticos con el Gobierno y el más leído en el Madrid tardofranquista.

La idea suponía el regreso de los católicos a la política nacional y a ella se sumaban hombres del régimen y de la oposición tolerada, pero todos coincidentes en una vía de reforma para después de Franco. Ahí estaban casi un centenar de personajes, muchos de ellos luego relevantes en la política española, como Osorio y Álvarez de Miranda, pero también Íñigo Cavero, Pío Cabanillas, Alzaga, Leopoldo Calvo Sotelo, Cortezo, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Rafael Arias-Salgado, Alejandro Royo-Villanova, José Joaquín Puig de la Bellacasa, Luis Jáudenes, José Luis Álvarez, Ortega y Díaz-Ambrona, Andrés Reguera Guajardo, José Manuel Otero Novas, Enrique de la Mata, Gabriel Cañadas, Juan Carlos Guerra Zunzunegui o el liberal Satrústegui. Algunos formaban parte de la Administración en puestos profesionales o designados (había cargos, pero también diplomáticos o abogados del Estado), y otros eran profesionales en la empresa privada. Sus puntos originales de coincidencia eran la defensa de las libertades políticas y de los derechos humanos, la aconfesionalidad del Estado, la sujeción —no el respeto, distinguían esos términos— a la legalidad, la incorporación de las novedades conciliares particularmente en el terreno social, el reconocimiento de las diferencias regionales en España y la entrada en la Comunidad Europea. El intento de Algora de incorporar a los dirigentes históricos democristianos (Gil-Robles, Ruiz-Giménez y Silva Muñoz) se frustró de inmediato y el gen divisionista de esa familia política alcanzó pronto a los “tácitos”: cuando se abrió de nuevo la espita de las asociaciones políticas, en 1974, discreparon y se fragmentaron (Álvarez de Miranda y Cavero las rechazaron y se pasaron a Izquierda Democrática).

El atasco en que Franco y Carrero habían metido el futuro político del país, agotando cualquier reforma del sistema después de aprobada la Ley Orgánica del Estado en 1967 —solo la de Educación de 1970 merece destacarse, aunque no sofocó el incendio universitario—, se rompió de la forma más imprevista. La esclerosis del patriarca convivía con la de la política y ETA, un grupo periférico de la oposición, poco considerado por los servicios policiales y de información, consiguió que uno de sus comandos acabara con la vida de Carrero, el 20 de diciembre de 1973, medio año después de ser nombrado presidente. Era el quinto jefe de Gobierno asesinado en la historia contemporánea española. El mecanismo represivo que desplegó el régimen para sofocar la sucesión de conflictos desde mediados de los sesenta no había tenido ojos para esa organización. En realidad, ETA no tenía previsto lo que podía ocurrir de tener éxito con su plan criminal; era algo imposible. Partía de que Carrero representaba la posibilidad de un franquismo sin Franco, pero nada más. Las razones de su acción y su expectativa eran más endogámicas de lo que se ha pensado, y respondían sobre todo a su lógica como organización: contestar con una acción extraordinaria a las numerosas “caídas” sufridas en los últimos meses, negociar una salida de sus presos a cambio de la liberación de Carrero secuestrado, conforme al plan inicial, o simplemente “dar duro en Madrid” en la línea activista de su anterior jefe, Txikia (Eustaquio Mendizábal); la insólita, por escasa, seguridad del presidente fue lo que animó al atentado y un cúmulo de casualidades y de circunstancias favorables lo que condujo a su impensable éxito.

El caso es que, sin Carrero, el edificio franquista entró en su penúltima crisis. Sus partidarios se dividieron en diferentes facciones en relación con los movimientos que desde el poder trataban ahora de responder a la situación. Como señaló el politólogo chileno Carlos Huneeus, tras la muerte de Carrero (y luego la de Franco), la “parálisis decisoria” convirtió la anterior fragmentación del franquismo, funcional durante casi toda la dictadura —aparentaba representar una cierta pluralidad de opinión—, en un grave problema: no había ya árbitros para regular y ordenar la competición de facciones internas, y aquella dinámica y tensa unidad implosionó, dificultando así una salida a la crisis.

A Carrero lo sustituyó el ministro encargado de su protección, Carlos Arias Navarro, gracias a la presión del lobby del Pardo; “Ni Falange, ni Opus, ni democracia cristiana integrada, ni monárquicos, ni nada. El Pardo”, le escribía el editor de Ruedo Ibérico, José Martínez Guerricabeitia a Nicolás Sánchez-Albornoz. Arias había estado al frente de la alcaldía madrileña y de la Dirección General de Seguridad. Sus dos años y medio de mandato y sus tres gobiernos recuerdan el crítico y convulso año y medio de Berenguer y de Aznar previo a la proclamación republicana: tiempos muertos donde el viejo régimen no hacía sino deteriorarse hasta arribar a situaciones nuevas impensables meses antes. Como el de Berenguer, su primer Ejecutivo (y el segundo, hasta la muerte de Franco) fue de secundarios, tratando de hacer equilibrios entre aperturistas e inmovilistas; Fernández de la Mora lo tildó de “abdicación y ruptura”. Sorprendió a todos con un discurso inicial de decidido afán reformista, el del 12 de febrero (de 1974), donde prometía doblar el número de procuradores familiares, que los vecinos eligieran a sus alcaldes y presidentes de las diputaciones, ampliar la capacidad del Sindicato Vertical en la representación de intereses y en la negociación colectiva, y dar paso otra vez a las asociaciones políticas. Ante las Cortes hizo un pormenorizado repaso de la historia desde julio de 1936, afirmando cosas tan coherentemente dispares como esta:

En aras de la justicia y la sinceridad, proclamamos que ha sido la personalidad excepcional de Francisco Franco la clave fundante del Régimen. Sobre su persona ha gravitado el consenso del pueblo español en torno al sistema. Desde su “autoritas” se ha segregado, en un proceso de autolimitación, el conjunto de las instituciones. En el respeto a su figura han coincidido todas las tendencias concurrentes en el Régimen, deponiendo ante su invocación cualquier divergencia. La conducción de una guerra victoriosa y la construcción de una larga paz fecunda han aureolado justamente, a los ojos del pueblo español, la autoridad de Francisco Franco de claros componentes carismáticos.

Y esta, que cambiaba la legitimidad del poder del monarca —de la de origen a la de ejercicio, terminando en la de sucesión, en el esquema de las “tres legitimidades franquistas”— abriendo posibilidades para modificar su relación con una ciudadanía cada vez más soberana:

Culminada con la Ley Orgánica del Estado la conformación constitucional del Régimen; despejada con la proclamación de don Juan Carlos la expectativa sucesoria, es tarea primordial del Gobierno acometer todas las medidas de desarrollo político tendentes a desenvolver en plenitud la virtualidad de aquella norma. Y —lo que es lo mismo visto desde otra perspectiva— a asegurar que la Monarquía reinstaurada gozará, desde el primer momento, de la asistencia de la opinión pública de los españoles. En razón de circunstancias históricas de excepción, el consenso nacional en torno a Franco se expresa en forma de adhesión. El consenso nacional en torno al Régimen en el futuro habrá de expresarse en forma de participación.

Y esta otra:

Los españoles —y el Gobierno el primero— tienen que acostumbrarse a entender que no nos es lícito —como hemos venido haciendo hasta ahora—, que no nos es lícito por más tiempo, digo, continuar transfiriendo, inconscientemente, sobre los nobles hombros del Jefe del Estado la responsabilidad de la innovación política. Él lo ha hecho todo y él lo ha sostenido todo hasta aquí. Asumamos conscientemente nuestras cuotas de responsabilidad comunitaria, cuotas que queremos invitar a que suscriban treinta y cuatro millones de españoles. No excluimos sino a aquellos que se autoexcluyan en maximalismos de uno u otro signo por la invocación a la violencia; por el resentimiento y el odio; por la pretensión bárbara de partir de cero; por la elección de vías subversivas para postular la modificación de la legalidad.

La alocución incluyó otras cuestiones que se suelen destacar menos: la estrategia de relaciones internacionales (Portugal, Iberoamérica y los países árabes), las relaciones Iglesia-Estado, el sistema educativo y el universitario, o las primeras respuestas a la crisis económica internacional (y su incidencia en el paro, la inflación y la paz social), por ejemplo. El presidente no se identificaba con ninguna de las “familias” del régimen —si acaso con la estrictamente franquista, de existir aquella—, lo que explica que detrás del redactado hubiera diversas manos reformistas: la más clara y confirmada es la de Gabriel Cisneros, colaborador de Fraga y miembro de GODSA, y perteneciente al grupo de los consejeros “azules” del Movimiento, como Marcelino Oreja, José Miguel Ortí Bordás, Martín Villa o Miguel Primo de Rivera.

A quien le tocó desarrollar tan ambicioso compromiso fue al ministro de Presidencia Antonio Carro, a cuyo cargo tenía a gente como José Manuel Romay Beccaría o a los propagandistas Ortega y Díaz-Ambrona y Luis Jáudenes; él no lo era, pero sí que estaba cercano a estos, y también a Fraga. Pareciera que la tensión histórica entre Presidencia y Movimiento se resolvía ahora en favor de la primera; nada más lejos de la realidad. La promesa de reforma del asociacionismo político tenía que llevarse al papel, y los inmovilistas, donde ahora se destacó el falangista Girón con un artículo a finales de abril en Arriba cuestionando ese proyecto (“el gironazo”), lo fijaron a su terreno. Era la tercera vez que se trataba el asunto: primero fue con Solís y luego con Fernández-Miranda, pero el asesinato de Carrero lo dejó en el aire. Sin embargo, el campo de juego era el mismo: la norma reguladora y el control futuro de ese asociacionismo vendría a cargo del Consejo Nacional del Movimiento, y no del Gobierno y las Cortes. Era la opción que respaldaba Franco, pero eso dinamitaba el proyecto Arias. Este pidió al dictador que eligiera entre él y el inmovilista José Utrera Molina, quien desde la Secretaría General del Movimiento y desde el propio Consejo de Ministros lo estaba llevando por ese camino. Este perdió el puesto en la remodelación ministerial de marzo de 1975, pero las nuevas asociaciones políticas se habían aprobado en diciembre anterior conforme a su criterio, en obediencia a los Principios del Movimiento y bajo la tutela y licencia de su Consejo Nacional. Lo expresó sin ambages uno de los tres consejeros que se abstuvo en la votación, aquel ministro de Gobernación al que sustituyó Arias en 1973, el general y propagandista Garicano Goñi: “La generación de los excombatientes está en trance de desaparición. Las nuevas generaciones tienen una forma muy distinta de pensar y de actuar. Es preciso que nuestro espíritu esté más cara al futuro que al pasado, y con este Estatuto no se asegura ni la anuencia ni la continuidad”.

El problema era tan sencillo como que la democracia orgánica no era una democracia, y que tratar de hacer un híbrido entre ambas era imposible. Pero salir de ese axioma tenía su dificultad. Los “tácitos” se dividieron por ese motivo, y los otros reformistas del franquismo también. El Gobierno contaba con bastantes propagandistas de la ACNP en el segundo escalón ministerial (Carlos Jesús Álvarez Romero, Jáudenes, Gabriel Cañadas, José Ramón Lasuén, Royo-Villanova, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Luis Sánchez Agesta…), lo que llevó a que la colaboración fuese el criterio oficial; mientras, los defenestrados del Opus Dei criticaban desde la prensa la lentitud de las reformas. Sin embargo, esa conformidad se resintió cuando fue cesado en octubre el ministro Pío Cabanillas, que estaba animando desde Información y Turismo una apertura informativa y de costumbres en el país; una veintena de aquellos subsecretarios o directores se fueron con él del Gobierno (y con Antonio Barrera de Irimo, el otro ministro cesado, y antes el liberal jefe del Ejército, Manuel Díez-Alegría). A la vez, el pulso entre el Consejo Nacional y el Gobierno y el triunfo de los primeros desanimó a algunos reformistas.

Pero, al final, se impuso el pragmatismo en torno a una idea, en principio del príncipe Juan Carlos, de la que se hizo dueño Arias. Por mediación de Osorio, se trató de establecer una “triple alianza” entre Silva Muñoz, Fraga y Areilza para crear una unidad de los reformistas del régimen que en poco tiempo —Franco empezaba a morirse— pudiera enfrentarse a una oposición cada vez más fuerte y presente; en octubre de 1974, en Suresnes (cerca de París), los socialistas renovaron su dirección y estrategia, aunque ese trascendental cambio todavía no podía apreciarse en su repercusión futura, y poco después animaron (con los democristianos) una Plataforma de Convergencia Democrática alternativa a la Junta de los comunistas. Por celos personales y lecturas cruzadas acerca de las posibilidades y realidad del liderazgo de cada cual —sobre todo entre Silva y Fraga—, y por la manifiesta voluntad del segundo de trascender el marco del Estatuto de Asociaciones aprobado, el proyecto de triple alianza no prosperó. La última reunión tuvo lugar en enero de 1975, pero el proyecto, curiosamente, regresaría cuatro años después con el nombre de Coalición Democrática, con Osorio en lugar de Silva en la tripleta.

Aunque Fraga estaba convencido acertadamente de que aquellas asociaciones políticas no durarían un mes después de muerto el dictador —que no serían el agente final de la reforma—, a partir de la experiencia de GODSA y luego de otra entidad similar, FEDISA (Federación de Estudios Independientes, S. A., creada en julio de 1975, con Areilza, Oreja o Fernández Ordóñez), registró su “partido”, Reforma Democrática, en octubre de 1976. Lo acompañaban Cisneros y Pérez Escolar, y futuros políticos como Francisco Álvarez-Cascos, Jorge Vestrynge, Rita Barberá o el alcalde madrileño Juan Arespacochaga. En solo unos meses, en marzo de 1977, ya con la reforma política de Suárez lanzada, se armó una federación con otras formaciones encabezadas por otros tantos jefes del reformismo franquista y crearon Alianza Popular. Con Reforma Democrática (los “azules” joseantonianos y reformistas de Fraga) estaba la Unión del Pueblo Español de Cruz Martínez Esteruelas (del mismo carácter, pero todavía más pegados a la Administración), la Acción Democrática Española de Silva Muñoz (católicos colaboracionistas con la dictadura, expulsados de UDE), Democracia Social de Licinio de la Fuente (“neofalangista evolutiva”), la Acción Regional de López Rodó (tecnocrática regionalista), la Unión Social Popular de Enrique Thomas de Carranza (que venía de ANEPA y era pura defensa del 18 de julio) y la Unión Nacional Española de Fernández de la Mora (tradicionalista franquista con sectores del carlismo). Eran siete exministros y se quedaron popularmente con aquello de “los siete magníficos”. Alianza Popular, como veremos, sería una de las dos formaciones principales de la derecha durante la Transición.

Hubo otras iniciativas que intentaron pasar antes por la ventanilla de legalización de asociaciones. La mayoría quedó a la espera de la decisión del celoso Consejo Nacional del Movimiento que, en ocasiones, las rechazaba solo por el nombre. Muchas resultaban pintorescas en su denominación o en sus contenidos ideológicos, pero el momento lo propiciaba: los proveristas del abogado vitoriano Manuel Maysounave, la Alianza Popular de Izquierdas, Opinión Obrera, Mayoría Silenciosa Unida… Pasaron el filtro algunas más sólidas. El 2 de octubre de 1976, ya con el primer Gobierno Suárez, el registro había recibido veintidós solicitudes y aprobado una decena: Frente Nacional Español (Falange Española de las JONS), Unión Nacional Española, Asociación Laborista, Defensa Agraria Social, Unión del Pueblo Español, Partido Popular, Frente Institucional, Nueva Izquierda Nacional, Partido Socialista Demócrata Español…

De entre todas estas tenemos que destacar la primera en legalizarse y la principal: la UDPE (Unión del Pueblo Español). Fue una creación oficial, desde el Gobierno y el Movimiento, para mantener el régimen y proceder a su reforma desde dentro; también pretendía legitimar con su importancia la existencia y sentido del Estatuto Arias. Afirmaba que “la democracia es la más legítima forma de gobierno, cuando genera ella misma la autoridad ordenadora y evita la anarquía social, el secuestro del poder y asegura su estabilidad a largo plazo”, a la vez que pretendía “agrupar a los hombres y a las tendencias identificados con los valores, principios e instituciones del Estado fundado por Francisco Franco”. Esos eran los contradictorios términos del punto de partida reformista franquista, que evolucionaron desigual y rápidamente en los siguientes meses. También podían traducirse por una intención de “democratizar” el sistema sin ruptura, interpretando “democráticamente” las Leyes Fundamentales en que se sostenía. El tiempo lo diría.

Se organizó como una “macroasociación azul”, la del franquismo de nueva generación, con casi cien mil firmantes y extendida por más de una docena de provincias. Originalmente se denominó Alianza para el Pueblo Español y resultó de una reunión de procuradores franquistas celebrada el 12 de enero de 1975 en casa de Emilio Romero, entonces director de Pueblo, diario de los sindicatos oficiales. En julio ya estaba reconocida como UDPE e incluso fue recibida en audiencia por el jefe del Estado, el 8 de octubre, cuando su salud había comenzado a colapsar. Al frente se puso Herrero Tejedor, nombrado secretario general del Movimiento, aunque se ofreció la dirección a Fraga, que la rechazó por ver en la entidad un talante “más continuista que reformista”; Ortí Bordás dijo otro tanto y López Rodó declinó la invitación a incorporarse a la lista de promotores porque “predominaban en ella el ‘desecho de tientas’ del Partido Único”, añadiendo que el proyecto de asociaciones le parecía “un engendro”. La muerte en accidente de Herrero, en junio, hizo que su protegido, Adolfo Suárez, quedara al frente de la misma. La apoyaban políticos de entonces y de después, como el propio Arias, Solís, López Bravo, Pedro Nieto Antúnez, Fernando Abril Martorell, Federico Mayor Zaragoza, Antonio Hernández Gil, Martín Villa, Rafael Ansón o Carmen Díez de Rivera, además de gestores de la asociación como Noel Zapico, Ballarín Marcial o Martínez Esteruelas, mucho procurador en Cortes y dirigente de los sindicatos, y populares del deporte o el espectáculo (el motorista Ángel Nieto, los actores Carlos Larrañaga y Sancho Gracia, y presidentes de federaciones deportivas como Pablo Porta o Juan Antonio Samaranch).

Como esa asociación, se aprobaron y pusieron en marcha otras de cierta importancia, como Unión Nacional Española (de Fernández de la Mora y algunos tradicionalistas partidarios de Juan Carlos de Borbón, como Zamanillo, Valiente, Juan María Araluce y los Oriol Urquijo) o Partido Popular (de Ortega y Díaz-Ambrona, con Pío Cabanillas y Areilza). El lenguaje de todas ellas era muy similar: una mezcla de defensa del régimen de Franco y de genérico anhelo democrático, que podía significar cualquier cosa (o muy diversas cosas). Todos se estaban preparando para un futuro novedoso, donde deberían contender contra una oposición política de manera inédita, y pretendían sumar fuerzas, aunque reconociendo sus diferencias. En ese sentido, como señala el estudio de Miguel Ángel del Río Morillas, las asociaciones políticas miraban más a la preservación del pasado que a un futuro que solo les inspiraba temor; eran básicamente defensivas. Lo resumía bien José María Velo de Antelo, un diplomático de la UNE en cuya casa de Torrelodones se reunieron durante meses —desde mayo de 1974— algunos dirigentes que luego darían lugar a Alianza Popular:

Yo estaba convencido de que había que unir fuerzas y que todos los que de alguna manera formaban parte del Movimiento Nacional no tenían más remedio que entenderse para crear una asociación política que pudiera hacer frente a una oposición de derechas ajena al Régimen, y, desde luego, al largo espectro de la oposición izquierdista, que iba desde el socialismo radical de Tierno Galván a la extrema izquierda.

8. Dos transiciones: Arias y Fraga,
Suárez y Fernández-Miranda

En ese sentido, se pusieron en marcha sucesivamente dos procesos transicionales muy distintos. El primero se asocia a la figura de Fraga y al primer Gobierno de la monarquía que, todavía, presidió Arias Navarro; Huneeus lo denomina “estrategia mayoritaria”. El Ejecutivo se pareció más al del almirante Aznar en 1931: como aquel, estaba lleno de primeros espadas (Fraga, sobre todo, pero también Areilza, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, Calvo Sotelo, Solís, Martín Villa, Osorio y Suárez, con los militares inmovilistas Fernando de Santiago y Gabriel Pita da Veiga, y con Fernández-Miranda en un doble puesto clave: presidente de las Cortes y del Consejo del Reino).

Fraga puso en marcha un proyecto de reforma que recogía sus tesis clásicas: corregir la disfunción entre la realidad socioeconómica del país y la sociopolítica, y proceder decididamente a un programa de cambio. Se resumía en una reforma de las Cortes que diera lugar a dos cámaras: la baja elegida por sufragio universal en representación “de las familias” y la alta de carácter corporativo; persistía el organicismo, un clásico en la tradición conservadora española. El Gobierno puesto en marcha tras la muerte del dictador se encontró con dos problemas (o tres): la actitud retardataria de Arias, que enseguida chocó con el rey (y con una ciudadanía cada vez más movilizada que demandaba cambios reales ya), el incremento de la conflictividad sociosindical y política, y la reacción autoritaria de Fraga desde su Ministerio de Gobernación. Como ya le ocurrió en los sesenta, cuando su política aperturista en Información y Turismo coincidió con un Gobierno que ajustició al comunista Grimau y a los anarquistas Delgado y Granado, al “espíritu del 12 de febrero” le sucedió en unas semanas la ejecución del libertario Salvador Puig Antich (y Georg Michael Heinz Chez) y la crisis con la Iglesia por los sermones del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, y la amenaza de expulsión del prelado (respondida con otra de excomunión del Gobierno si se llevaba a efecto). La iniciativa y Fraga quedaron marcados en ambos casos por esas contradicciones. Además, cada ministro puso en marcha su propio estilo de cambio, mientras la oposición ganaba presencia en la calle. Fraga tuvo que afirmar que aquella era suya cuando se dio cuenta de que se la estaban disputando. La brutalidad policial en la represión de manifestaciones provocó al menos una decena de muertes al año en 1976 y 1977, siendo el semestre del último Gobierno Arias un momento álgido; durante toda la Transición, de noviembre de 1975 a diciembre de 1982, David Ballester ha contabilizado 134 víctimas mortales: 92 por “gatillo fácil”, 37 por represión de movilizaciones callejeras y 5 por torturas. A ello se debe sumar la actuación impune de grupos de extrema derecha, que cobraron en ese medio año de gobierno mayor significación que el terrorismo etarra o de extrema izquierda, cuyo protagonismo crece desde ese momento. Si entre la huelga de tranvías de Barcelona de 1951 y 1969 solo había habido catorce víctimas mortales por represión policial de manifestaciones, desde entonces esos guarismos se multiplicaron.

Los obreros huelguistas de Vitoria y los seguidores de Carlos Hugo en Montejurra, muertos por disparos policiales y neofascistas, respectivamente, en 1976, encarnan esos instantes críticos que minaron la credibilidad de Fraga, mientras que, al contrario, contribuyeron a proyectar a Suárez, aquel manejable dirigente de la UDPE protegido sucesivamente por Herrero Tejedor y por Fernández-Miranda. Chocaron, resume Huneeus, “el estilo agresivo, intransigente, duro de Manuel Fraga y el estilo flexible, frío y directo de Adolfo Suárez”. Siguiendo a este politólogo, las élites valorarían el riesgo de polarización y confrontación que entrañaba aquella estrategia mayoritaria del primero —una explosión social que descontrolara el proceso— y procedieron a apoyar la alternativa del segundo: la “consociacional” (su colega Mario Caciagli la denominó “proporcional”). Fraga, como señala Charles Powell, queriendo ser el práctico Cánovas, se empantanó en el inoperante estilo de Maura.

En julio de 1976, Juan Carlos I cesó a Arias y lo sustituyó por Suárez, que aparecía a ojos de su mentor, Fernández-Miranda, como la persona más apropiada para “ofrecer al rey lo que me ha pedido”; de ese modo, el nuevo Gobierno sería el del propio monarca, empezando por el presidente. El proyecto de reforma de Fraga encalló finalmente cuando, tras superar todos los escollos las nuevas regulaciones del derecho de reunión y de asociación política —permitía crear asociaciones al margen del Movimiento, escapando del debate que se arrastraba desde 1964—, la necesaria reforma del Código Penal despenalizando los nuevos derechos que ahora establecía la ley hubo de ser retirada y devuelta a la Comisión. También la nueva norma asociativa quedó frenada por la presentación de un recurso de contrafuero.

La situación era compleja y de gran contradicción formal. De un lado, se revisaba la Ley de Principios del Movimiento Nacional con el argumento de que, “por encima de rígidas interpretaciones”, era imprescindible “la continuidad del Estado, la consolidación de la monarquía y el encauzamiento ágil de la presencia y de la participación política del pueblo español”. Sin embargo, aquella ley había tratado precisamente, desde 1958, de blindar el régimen y el futuro político del país haciéndolo inmutable. Ir “de la ley a la ley” implicaba hacer abstracción de la letra y del sentido original de esta; un voluntarismo extendido y necesitado convertía en posible ese salto, y lo hacía el propio Consejo Nacional del Movimiento (en la Comisión Mixta que formó con el Gobierno). No extraña, entonces, que alguno se creyera que el tránsito a la democracia venía ya inscrito en las propias Leyes Fundamentales de la dictadura y que era solo cosa de desarrollarlas adecuadamente. De otro, el sector inmovilista (el búnker: Girón, Piñar, Fernández-Cuesta o militares como Carlos Iniesta Cano, Alfonso Pérez-Viñeta o Tomás García Rebull) mostró todavía músculo suficiente en ese momento como para obstaculizar y frenar el ritmo de los cambios.

El nuevo Gobierno no podía frustrar expectativas porque nadie apostó por él y todos lo consideraron prematuramente efímero y enseguida fracasado. Compuso un Ejecutivo de gente joven, con varios “tácitos” y alguno de la también democristiana UDE de Silva Muñoz, y con los militares que ya estaban allí. Suárez retiró los restos inconclusos de la reforma Fraga-Arias y procedió decidida y velozmente a implantar la suya. La aprobó en Cortes obviando el informe del Consejo Nacional del Movimiento. Como señala Pere Ysàs, el Consejo mostró, en octubre de 1976, “su incapacidad para evitar el inicio del desmantelamiento de la dictadura, a pesar del formidable blindaje legal que se había preparado tan laboriosamente para que todo quedara atado y bien atado”.

Ahí empezó definitivamente la reforma política, con una ley que llevó ese nombre y que fue la última de las Fundamentales del Reino; su único objeto era acabar legalmente con las siete que la habían precedido. La redactó finalmente Fernández-Miranda, a partir de los diversos borradores que habían elaborado otros juristas y políticos. La defendió por el Gobierno el ministro Lavilla —el artífice del texto— y, desde la Cámara, lo hizo Miguel Primo de Rivera, sobrino de José Antonio, y el exministro de Trabajo Fernando Suárez. El cortísimo redactado solo decía que se tenía previsto convocar unas elecciones mediante sufragio universal para conformar un poder legislativo de dos cámaras y que la reforma constitucional se haría después de ser aprobada por estas y a iniciativa del Gobierno o de las Cortes. En definitiva, algo importante, una atribución al pueblo de la soberanía y una vinculación a los derechos fundamentales. Si el proyecto de ley no se aceptaba, se facultaba al rey a someterlo a referéndum; de ese modo, de votar negativamente, los procuradores se pondrían en contra de su monarca, porque lo sabían partidario de la reforma. La ley anticipaba una convocatoria de elecciones a las dos cámaras, con representación proporcional en la baja y mayoritaria en la alta, con la provincia en todos los casos como circunscripción; esta fue una imposición de notable repercusión para el futuro forzada por el quinto de procuradores que controlaba Fraga.

Como apuntara Santos Juliá, “la convocatoria de elecciones simplificó toda la confusión que había arruinado al proyecto reformista y vació al rupturista de su objetivo fundamental”. La resistencia de los procuradores más contumaces, partidarios del franquismo o, simplemente, coherentes con lo que decían los textos legales, fue vencida mediante una laboriosa preparación de voluntades; el resultado fue de 425 a 59, con trece abstenciones. El quince de diciembre de 1976 se aprobó en referéndum popular: el 97% lo hizo a favor, con un 77% de participación. A pesar de la campaña abstencionista de la oposición o del voto negativo de los muy franquistas (del búnker), Suárez alcanzó un importante éxito y se pertrechó como el único líder en condiciones de llevar a efecto la reforma. La fase consociacional quedó con ello despejada. El acuerdo dentro de los reformistas franquistas estaba logrado, superando las resistencias de los inmovilistas. La palabra “consenso” se convirtió en los siguientes meses en la referencia de moda y en el estilo que presidió la relación política con una oposición todavía ilegal. Las élites asumían así que en la nueva situación deberían compartir una parte de su poder con otros sectores si no querían ver comprometida la continuidad del sistema. Además, después de cuarenta años, las derechas políticas y sociales tendrían que disputar ese poder y competir ideológicamente en la esfera pública (incluso entre ellas).

9. Dos partidos: Alianza Popular y Unión de Centro Democrático

A tal efecto, procedieron a dotarse de partidos para defender sus tesis y estrategias. Los principales fueron dos: Alianza Popular y Unión de Centro Democrático; los otros podrían haberlo sido la Democracia Cristiana y los franquistas inmovilistas, pero, como veremos, fracasaron a las primeras de cambio. Las vicisitudes de AP y UCD ilustran acerca de lo complejo e improvisado de este proceso de Transición. Fraga y Suárez, sus respectivos líderes, no podían ser más dispares, al igual que sus proyectos finales. El primero esgrimía un proyecto de cambio desde hacía años, mientras el segundo era un secundario al que no se le conocían ideas precisas sobre la cuestión (y sí adhesiones inquebrantables al dictador hasta fecha muy tardía). Fraga llegó a criticar al Movimiento, mientras Suárez era “uno de los suyos”, lo que quizás le facilitó desmontarlo desde dentro con permiso del resto de “azules”. Aunque Fraga fue el primero en descreer de ella —y el último en llegar a ese nuevo partido—, AP surgió desde el asociacionismo franquista que abrió la norma de Arias de diciembre de 1974. Lo hizo con una cierta autonomía —y con apoyo de parte de la banca—, por más que sus impulsores fueran gente del aparato del régimen en diferentes momentos, mientras que UCD fue una creación desde la Administración y desde el partido-movimiento: los gobernadores civiles —entre ellos, aquellos veintiocho que nombró Martín Villa en el Gobierno del verano de 1976—, como antaño, se encargaron de animar a los candidatos y de preparar las listas (hasta Juan Carlos I hizo gestiones en el extranjero para allegar fondos para el partido de Suárez), y la televisión pública y única proyectó la nueva figura presidenciable. Este fue a todos los efectos “el partido del Gobierno”, mientras que el de Fraga se debatía fuera de él y en el marco de la oposición, debiendo encontrar su sitio en esta. Los dos venían del franquismo y estaban constituidos por franquistas —la presencia de la oposición moderada en UCD fue siempre muy reducida—, pero mientras los de AP se hicieron cargo del régimen anterior, los centristas lo obviaron, haciendo como que no tenían que ver con él. Mientras los de Fraga aparecieron como un obstáculo para una difícil transición a la democracia, los de UCD se presentaron como “demócratas de toda la vida”. Fraga exhibió en ocasiones la vinculación de su proyecto con momentos anteriores de la historia de España e incluso con algunos de sus prohombres de la derecha, mientras que la UCD se caracterizó por su vacuidad casi total, también en ese punto. El enlace de estas nuevas derechas con el pasado, más allá del franquismo, quedó pendiente para el futuro, como se verá. Fraga había “inventado” el centrismo viviendo todavía Franco, pero este le fue arrebatado por Suárez, que lo exhibió como única referencia de su partido. En ese sentido, como constataría el tiempo posterior, Fraga y AP representaron una derecha reciclada, mientras que UCD fue solo el instrumento para pasar del franquismo a la democracia sin hacerse preguntas, sin aferrarse a nada; en cuanto ese tránsito se produjo, su funcionalidad dejó de tener sentido e implosionó por las cruzadas presiones internas de quienes deseaban tener un proyecto político para los próximos años. La ironía de la historia es que los derrotados en la derecha en esta fase de la Transición fueron un decenio después el punto de partida de la refundación de ese espacio político.

En realidad, fue el fracaso de la reforma Arias-Fraga y el éxito de la de Suárez lo que condicionó el recorrido inicial de estos dos partidos. En otoño de 1976, en cuanto Suárez se hizo un sitio desde la presidencia y empezó a mover su Ley de Reforma, blandiendo enseguida un centrismo que, este sí, era puro estilo, sin casi nada dentro, Fraga se vio abocado a hacerse un hueco defendiendo los valores de una derecha dura que recelaba de las concesiones de los reformistas. La alternativa era quedarse de segundo con Suárez o ir por su cuenta con su partido Reforma Democrática. José María Bernáldez, uno de sus biógrafos, escribió: “Fraga abandonó aquella etapa centrista por conveniencias políticas, por la búsqueda de una clientela política, por no querer competir con otras fuerzas, por consejos discretos de financieros y banqueros, por la pasión de mandar, que había de perderle por enésima vez a lo largo de su dilatada carrera política”.

Civilizó a esa derecha franquista metiéndola a su pesar en el proceso democrático —es el mayor mérito que le ha reconocido “la Historia”—, pero se apartó del centro y agudizó las reticencias con el proceso de cambio, hasta aparecer casi como franquista. Ello ha condicionado mucho el futuro posterior del conservadurismo hispano al vincularlo a aquel tiempo y al régimen de dictadura, casi como únicas referencias históricas previas, y al desproveer a este de experiencias democráticas (o, al menos, liberales) anteriores. Cuando Alianza Popular celebró su primer congreso, en marzo de 1977, atronaron los gritos de “Franco, Franco, Franco”. Pero todo era más complejo. Fraga presentó a Carrillo en el Club Siglo XXI y su partido estuvo en los Pactos de la Moncloa y en la comisión, la ponencia y el debate constitucionales, apoyando una mayoría de derechas al sumarse a la UCD cuando comprobó tras las elecciones que su reforma de las Leyes Fundamentales había sido superada por la realidad. Sin embargo, como recuerda Powell, le espetó al líder comunista su implicación en la matanza de Paracuellos en un debate parlamentario (y cuando se legalizó antes el PCE habló de “golpe de Estado”), votó contra la parte política de los acuerdos de la Moncloa, rechazó apocalípticamente la Ley de Amnistía de octubre de 1977 y, finalmente, se dividió por mitades en su aprobación del texto constitucional, incidiendo sobre todo en el título octavo referido a las autonomías. En todo caso, resulta excesivo incluir a AP en la nómina de grupos europeos de la extrema derecha nacional-populista (tipo MSI italiano, NPD alemán o FN francés), como hizo Del Río Morillas en su tesis (en la línea interpretativa de la larga continuidad de los fascismos de su director Ferran Gallego). Sea como sea, con tan confuso y poco estimulante pertrecho no sorprende que los resultados electorales primeros, los de las generales de junio de 1977, le fueran tan adversos: 8,3% de los votos y 16 escaños. A cambio, UCD sacó un 34,6% y 166 asientos; el doctrinarismo de Fraga al apostar por un sistema mayoritario le jugó una mala pasada, porque cuando forzó ese mecanismo no sospechaba que iba a tener un rival superior en la derecha (antes de ello, aspiraban a alcanzar los ciento ochenta escaños).

La historia de la UCD es casi la contraria. El primer “partido” de Suárez había sido la UDPE, que presidió hasta diciembre de 1975, cuando cedió el testigo a Martínez Esteruelas al ser nombrado ministro secretario general del Movimiento. Ni se sabe si se dio formalmente de baja de ese partido una vez nombrado presidente del Gobierno, pero lo cierto es que su inicial formación, en ese verano de 1976, cuando celebró su primer congreso, con Esteruelas, Noel Zapico y Enrique García-Ramal al frente, ya era de la derecha dura y, en marzo siguiente, ya estaba en Alianza Popular.

Suárez, por el contrario, echó mano de dos entidades instrumentales sucesivas para dar lugar a su partido. Antes, en agosto, intentó desde el Gobierno, y por mediación de Osorio, crear una entidad amplia que agrupara sobre todo al espectro democristiano (de la UDE a la Izquierda Demócrata Cristiana de Álvarez de Miranda), pero fracasó por el recelo mayoritario a ser conducidos desde el Ejecutivo. De manera que la primera iniciativa autónoma eficaz en ese proceso fue el Partido Popular que en otoño fundaron Areilza, Pío Cabanillas, José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero (y Rodríguez) de Miñón, Alzaga, José Luis Álvarez y Ruiz-Navarro. Era lo que empezó a llamarse una formación “interideológica” —también “ómnibus”, porque podía subirse el que quisiera—, que sumaba notables democristianos, liberales, socialdemócratas e independientes, además de grupos regionales, pero todos sin una mínima base social de respaldo (aunque el diario Ya y los “tácitos” apostaran por esta fórmula frente a la aparición de Alianza Popular). Particularmente los democristianos, estaban muy preocupados por lo ocurrido dos años antes en Portugal, cuando la dictadura fue derribada por un movimiento militar de inclinación izquierdista. La prudencia los animaba a acelerar un proceso de recambio de la dictadura para no verse superados por sus contrarios; y no eran los únicos en pensar así. En febrero de 1977 celebró el PP su primer consejo directivo, acariciando la idea de proyectar a Areilza para futuro presidente del Gobierno en lugar de Suárez. A la vez, el vicepresidente Osorio volvió sobre su anterior iniciativa de crear un Centro Democrático, apoyado en la asociación que lideraba, la Unión Democrática Española (de la que ya se había expulsado a Silva Muñoz), y sumando a esta al Partido Popular de Cabanillas. El aviso electoral animó rápidamente a que se incorporaran a la entidad otros elementos importantes y diferentes, como el socialdemócrata Fernández Ordóñez, el liberal Joaquín Garrigues Walker y el democristiano Álvarez de Miranda; los de Gil-Robles no aceptaron la invitación y los de Ruiz-Giménez se quedaron con las ganas de entrar, pero no lo hicieron (en ese momento los dejó el historiador Javier Tusell).

El Centro Democrático era una entidad instrumental, no un partido al uso. Es entonces cuando Suárez utilizó la ventaja que le daba tanto el control del Gobierno como una popularidad creciente que no tenían sus rivales: a través de Osorio les hizo ver que la opción alternativa de Areilza no era viable (“O sobra Areilza o sobra Suárez”). El vasco se apartó y Centro Democrático asumió la única opción del presidente. Esto les supuso un mazazo moral a los pocos que venían de la oposición moderada: el Gobierno de los franquistas reformistas conducía el proceso con puño de hierro. Además, de haber fallado esa estrategia, Martín Villa ya había puesto en marcha una Federación Social Independiente para articular desde ahí un partido “suarista” manejando la red de sus antiguos colaboradores del Gobierno y del Movimiento.

No fue necesario porque en mayo no hubo más que llevar a cabo un acto administrativo para convertir aquel Centro Democrático en una Unión de Centro Democrático sostenida por quince entidades: los “interideológicos” del Partido Popular, los democristianos de Álvarez de Miranda, liberales de hasta cuatro formaciones (Camuñas, Joaquín Garrigues, Enrique Larroque y Juan García Madariaga), socialdemócratas de otras cuatro (Fernández Ordóñez, Lasuén, Gonzalo Casado y Eurico de la Peña) y las regionalistas recién creadas (Manuel Clavero en Andalucía, José Luis Meilán en Galicia, Lorenzo Olarte en Canarias, Antonio Pérez Crespo en Murcia y Enrique Sánchez de León en Extremadura). Si Fraga compartió cartel con los otros magníficos, Suárez era la única referencia popular de esa opción. Quizás por eso los candidatos independientes de UCD, configurado ya como “una urgencia electoral”, como un partido “para apoyar a Suárez en la consolidación de una democracia estable en España”, sumaron tantos en las cabeceras de listas como todas las demás facciones ideológicas juntas. Y así fue hasta el final. Martín Villa confeccionó las listas provinciales a partir de su manejo de la Administración, de sus gobernadores civiles y de la escasa trayectoria y peso de las agrupaciones locales “centristas”. La ideología aglutinante la desplegó Suárez en el discurso televisivo de fin de campaña, identificando el suyo no ya como uno de esos partidos “atrapalotodo” (catch-all party) tan característicos del momento, sino como un partido para la ocasión:

Quiero decirles que, si el país necesita reformas económicas y sociales y reformas profundas, pero con moderación y sin marxismo, en UCD está la ideología social democrática que las propugna.

Que si a España le urge un talante liberal y no radical, en UCD están los partidos liberales de mayores credenciales.

Que si en el país existe una relación cristalina de las relaciones familiares y sociales, en Unión de Centro Democrático hay democracia cristiana.

Que si el programa regional es una de las grandes cuestiones pendientes de solución, en Unión de Centro Democrático están partidos regionales que llevarán a las Cortes las ansias de que los pueblos de España tengan personalidad propia.

Que, en fin, si este país necesita que se respeten los enfrentamientos, que haya una síntesis de esas dos Españas de ingrato recuerdo, en Unión de Centro Democrático se unen los ideales de hombres que durante años lucharon en la oposición por la democracia y hombres que consideraron un deber participar dentro de la legalidad.

El resultado electoral fue excelente: 6.300.000 votos y 165 escaños. No era una mayoría absoluta, pero con los de Fraga consiguieron imponerse en la comisión constitucional a la vez que se vieron forzados en todo momento a mantener durante la legislatura la estrategia consociacional con que habían iniciado el proceso de reforma. Buenos resultados en el territorio histórico conservador: las dos Castillas, Galicia y los dos archipiélagos, mucho más discretos en la franja mediterránea y pobres en Cataluña y el País Vasco, donde la presencia anterior o renovada de los nacionalistas de derechas y su mejor captación de élites locales (empezando por las franquistas) los limitó notablemente el espacio. Renovación notable del personal político, a pesar de que casi todos provenían de las estructuras de la dictadura —algo que no logró maquillar AP—, e importancia del posicionamiento provincial para resultar elegido. Dependiendo todavía menos de los barones locales que del empuje del presidente, UCD y el Gobierno que apoyó se ubicaron en una posición reformista progresista, identificándose con un centro político muy ancho, porque en sus flancos tanto AP como el PSOE se desplazaban hacia sus extremos —y los más moderados: democristianos de izquierda y socialistas de Tierno Galván sumaban poco—, aunque su electorado era más bien de centro-derecha (un 5,6 sobre 10, con el detalle importante de que el catolicismo practicante era el único ítem donde destacaban sobre la media).

10. Los nacionalistas se hacen con el poder
y los democristianos pinchan

Por su parte, nacionalistas conservadores vascos y catalanes obtuvieron ya un buen resultado electoral que, al mejorarlo todavía en sucesivas convocatorias y acrecentar su papel en la negociación de los estatutos autonómicos respectivos y luego en sus gobiernos, estableció para el futuro un subsistema de partidos específico en esas dos regiones y su hegemonía política y social. Ambas situaciones confirmaban la continuidad de una memoria específica de la guerra y del antifranquismo, así como en algún caso de entidades políticas de ya larga trayectoria, como el PNV o Unió; también la mayor capacidad de estas y otras para atraerse sectores de las élites locales —incluyendo antiguas autoridades municipales del franquismo—, y para hacer un discurso interclasista y nacional muy eficaz.

El PNV resistió los cantos de sirena de las facciones de ETA que le proponían impugnar el proceso de reforma en España y no participar en estas primeras elecciones. Bien al contrario, optó por la Unión Vasca —de hecho, hizo candidaturas conjuntas para el Senado con los socialistas vascos— antes que por el Frente Nacional, evitando así los errores estratégicos y de alianzas del primer bienio republicano que tan presentes tenía y tanto preocupaban a Ajuriaguerra. Su resultado fue excelente ya que en el País Vasco obtuvo el primer puesto con casi el 30% de los votos, por delante de los socialistas (tres puntos) y de los centristas (casi dieciocho); en Navarra, sin embargo, con el futuro lehendakari Carlos Garaikoetxea al frente, se quedó en un 7%, inaugurando una trayectoria de actor secundario, muy por detrás de socialistas, centristas y navarristas tanto españolistas como vasquistas.

En Cataluña las cosas fueron más complicadas. Ganaron en escaños los socialistas del PSC-PSOE, pero una alianza trenzada por Jordi Pujol quedó en segundo lugar (a doce puntos), igualada a la UCD; los comunistas del PSUC quedaron segundos en votos y cuartos en escaños, por el reparto de estos según las provincias que perjudicaba el sufragio de las ciudades y localidades más pobladas, industriales y de población inmigrante. El pujolista Pacte Democràtic per Catalunya juntaba sus apoyos a los de los socialistas de Josep Pallach (y otro grupo nacionalista que enseguida absorbió). Por su parte, los democristianos de Unió fueron con el Equipo de Ruiz-Giménez y sacaron en su lista dos diputados. En 1978, Convergència y Unió crearon una coalición electoral y de Gobierno que duró hasta el inicio del proceso independentista catalán, en 2015.

Las otras derechas fracasaron por completo y quedaron fuera de las Cortes y del espacio de juego político. Los democristianos de la oposición fueron los peor parados porque eran los que albergaban más expectativas. Quedaron en nada y solo sacaron algún senador al acudir en listas apoyadas por otros grupos de izquierda (como Villar Arregui). Se presentaron finalmente con un Equipo de la Democracia Cristiana creado en vísperas electorales entre la Federación Popular Democrática de los Gil-Robles (padre e hijos) y la Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez.

Para entonces habían dejado por el camino numerosas escisiones y líderes históricos que acabaron en los sitios más diversos. Así, el opositor Barros de Lis y el franquista Silva Muñoz coincidieron en una Derecha Democrática Española, en 1978, situada en la extrema derecha (con Fernández de la Mora); al “tácito” Alfonso Osorio lo acabamos de ver en funciones relevantes para constituir la base de la futura UCD, pero tras romper con Suárez terminó finalmente en la Coalición Democrática que acogió a Alianza Popular en las elecciones de 1979; otro “tácito”, Álvarez de Miranda, se escindió del grupo de Ruiz-Giménez al no aceptar su integración en la Platajunta de oposición, en abril de 1976, y creó una Izquierda Demócrata Cristiana que a través de un Partido Popular Demócrata Cristiano (de Cavero y Alzaga, y el histórico Rodríguez Soler) lo llevó a la UCD después de fusionarse antes con la UDE de Silva y crear un Partido Demócrata Cristiano. El galimatías de partidos, uniones y escisiones resulta inacabable. Básicamente, terminaron en el Equipo, en la UCD o en Alianza Popular. A nivel internacional, al primero (y a los nacionalistas vascos y catalanes) lo ayudó la Democracia Cristiana italiana, a los de Suárez la CDU alemana y el Copei venezolano, y a los de Silva Muñoz lo hizo la CSU bávara.

La enfermiza división fue una de las causas de su fracaso, además de la inexistencia de un dirigente capaz de conducir políticamente a este sector, a pesar de contar con elementos de peso (Gil-Robles, Ruiz-Giménez, Silva Muñoz, Álvarez de Miranda, Alzaga, Osorio…). Su indeterminación acerca de si en el contexto tardofranquista pertenecían a la izquierda o a la derecha sociológica (y política) les generó muchas dificultades; algunos de sus dirigentes quedaron atrapados en esas contradicciones ontológicas, como Ruiz-Giménez. En resumen, la ubicación ideológica cambiante, el atractivo de otras ideologías en parte de sus bases e incluso cuadros (el “socialismo humanista” que llevaba al marxismo), la discrepancia acerca de incorporarse a la alianza de fuerzas opositoras del franquismo si ello incluía la colaboración con los comunistas y la perenne ajenidad de los democristianos nacionalistas vascos y catalanes a cualquier proyecto español que agrupara a todo ese ámbito los debilitaron extraordinariamente.

Pero además hubo razones que tenían que ver con la novedosa dimensión política del catolicismo en los tiempos postconciliares y con las consecuencias de tantos años de régimen con esa denominación. La identidad católica siguió siendo esencial entre los votantes tanto de Alianza Popular como de UCD, tal y como apuntó Jonathan Hopkin y confirman los estudios postelectorales de la época. La referencia permanente al humanismo cristiano operaba en este caso como pretendida síntesis de liberalismo y socialdemocracia, pero de manera más eficaz que si se dijera democracia cristiana de manera explícita. En los mejores momentos de la UCD, en el otoño de 1978, se planteó ampliar su espacio social de apoyo haciéndose con un sindicato: la católica USO (y también la minoritaria y verticalista Confederación Democrática de Trabajadores).

Sin embargo, se habían producido cambios notables. En principio, la sociedad española del desarrollismo se secularizó a marchas forzadas, reduciendo la entidad de ese espacio. Además, la crisis de la Acción Católica de mediados de los sesenta generó confusión en las bases y privó a los grupos políticos católicos de un sinnúmero de cuadros muy activos que mayoritariamente pasaron a militar en otras formaciones, como hemos visto ya. La confusión en los entornos seglares y de la Iglesia en relación con las enseñanzas del concilio generó confrontación entre sectores partidarios y contrarios (monseñor José Guerra Campos fue entonces su más caracterizado opositor). Finalmente, y muy importante, la figura de Tarancón fue crucial en ese momento al optar este por una neutralidad de la Iglesia con cualquier opción política o electoral, comenzando por los propios democristianos (y luego con las otras fuerzas de derechas, aunque el filósofo López Aranguren escribió que el beneficiario de esa equidistancia fue sobre todo la UCD). Lo dejó claro en la toma de posesión del rey, en noviembre de 1975: “La Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política, y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderas está usurpándolo manifiestamente”, y lo reiteró en febrero de 1977 en un documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. El nacionalcatolicismo había generado una identificación de la Iglesia con el Estado —y con un régimen dictatorial— de la que quiso huir el presidente de la Conferencia Episcopal; años más tarde, como se verá, esa distancia con las formaciones conservadoras se rectificó. Aún más, en ese momento el único anticlericalismo realmente existente fue, por vez primera en la historia de España, uno de carácter extremista de derechas (“Tarancón al paredón”, gritaban los del búnker), y las tensiones por aspectos sensibles para la Iglesia tardaron en llegar —el debate sobre la ley del divorcio; años después, la legislación educativa—, por lo que no fue tan necesario armar un sector político católico. Por último, la ausencia histórica de un partido católico en España hizo que nadie lo reclamara: para el electorado que hacía alguna causa de esa identificación no fue argumento suficiente si sus candidatos habían estado en la oposición a la dictadura, representando perfiles finalmente aperturistas dentro de ella o colaborando sin ambages para presentarse finalmente como reformistas. Primó la mirada hacia el futuro más que hacia el inmediato pasado, y en eso la UCD presentaba acreditativos suficientes (en la izquierda ocurrió otro tanto: el PSOE rentabilizó más y mejor la memoria republicana que el PCE la antifranquista).

11. La moderna debilidad de la extrema derecha española

Tampoco les fue mejor en las primeras elecciones libres después de cuarenta años a los sectores inmovilistas, defensores de la continuidad del franquismo y contrarios a la progresión hacia un sistema demoliberal. El Proceso de Burgos contra varios activistas de ETA, en diciembre de 1970, y el asesinato de Carrero tres años después por esa misma organización dieron lugar a una extrema derecha que ya no se limitaba a actuar desde las esferas del régimen, sino que asaltó la calle con diferentes expresiones de violencia (amenazas a curas “rojos”, agresiones y palizas, ataques a librerías y centros culturales, propaganda “negra” o contrasubversiva, atentados e incluso asesinatos). Entonces pasaron de inmovilistas a involucionistas, de no querer cambiar a tratar de evitar que se cambiara; recordemos otra vez aquello del de Falkland: “Cuando no es necesario cambiar, es necesario no cambiar”.

También de ese tiempo procede la percepción de que este sector de la derecha franquista se convertía en progresivamente residual al no contar ya con un valedor desde el poder —solo el búnker reivindicó a Carrero tras su muerte—, al quedar la dictadura española como excepción europea (tras los procesos democratizadores griego y portugués), y al ser rechazado por una opinión pública partidaria mayoritariamente de pasar página y horrorizada ante lemas como el de “la guerra no ha terminado y la paz empieza nunca” (Blas Piñar, 20 de mayo de 1974). Todo esto no obsta para que su presencia entre grupos de poder del declinante régimen fuese todavía muy notable. Fue así, hasta tarde, en las altas esferas del Ejército, entre importantes sectores de la Iglesia, y entre una parte de la burocracia de la Administración, del Movimiento y del Sindicato Vertical refractaria al cambio.

Siguiendo a José Luis Rodríguez Jiménez, la extrema derecha comenzó a articularse ya a finales de los años cincuenta, en el punto de inflexión entre el primer y el segundo franquismo: el primero (el momento más fascistizado del régimen) sería su modelo de sociedad, como para los aperturistas y reformistas lo sería el segundo (el desarrollista). Las hermandades de excombatientes son de ese momento: la de Alféreces Provisionales de 1958, la de la División Azul de 1959, la de los Tercios del Requeté de 1962, la de Antiguos Caballeros Legionarios de 1966… Surgieron dentro de la lógica de la experiencia de guerra, pero no es casual el momento dominado por los tecnócratas —o por la aperturista ley de prensa de Fraga— y la visibilización de un franquismo desnaturalizado y de un dictador progresivamente envejecido.

Sin embargo, el periodo de latencia inicial dio paso en el tardofranquismo a otro de organización defensiva al apreciarse la amenaza del eterno “enemigo interior”. Así que, en noviembre de 1974, esas hermandades confluyeron en la Confederación Nacional de Excombatientes, como grupo de presión en el momento en que el régimen era cuestionado incluso por parte de los propios franquistas: “No somos excombatientes. Somos combatientes de España y de la revolución nacional”, afirmaron en su congreso fundacional. Regresado de su retiro político, el ministro Girón (el “Perón español”) se puso al frente, con militares como Tomás García Rebull o Carlos Pinilla, conformándose como uno de los soportes principales del búnker inmovilista; El Alcázar sería su órgano de expresión a partir de 1969 y, definitivamente, desde 1975, exitosamente conducido por el periodista falangista Antonio Izquierdo entre 1977 y 1987.

La segunda referencia fue Fuerza Nueva, creada por el notario Blas Piñar primero como revista en 1966 y una década después ya como partido político. Entre esos años actuó como una formación política, llegándose incluso a inscribir como asociación en 1969, aunque teóricamente estaba en contra de ellas. También colaboró con los primeros servicios secretos en tareas represivas y de propaganda contra los universitarios disidentes (Acción Universitaria Nacional y Defensa Universitaria). A pesar de las muchas referencias a José Antonio —uno de sus influjos teóricos, junto con el rumano Corneliu Zelea Codreanu—, la cultura política de este sector no era fascista, sino puramente franquista y tradicionalista, con una importante presencia del ultraísmo religioso; González Cuevas la considera la última expresión de la tradición “teológico-política” española. Piñar siempre se vio como un caballero de una orden medieval, mitad monje, mitad soldado, y en el integrismo de Carrero encontró uno de sus valedores (este le hubiera hecho ministro de Justicia de no ser tan poco prudente en sus manifestaciones). También había ostentado cargos de cierto nivel tanto en la ACNP como en Acción Católica. Frenar la deriva contraria de una parte del clero en el tiempo del concilio fue uno de los objetivos de su publicación semanal; la otra era presionar sobre ministros que se alejaban de las esencias del Movimiento, obnubilados por las posibilidades del desarrollismo, y combatir la desmovilización social que se estaba advirtiendo. Sus tres fidelidades manifiestas eran “a los ideales del 18 de julio”, “al recuerdo y a la obra de Francisco Franco” y “a la Monarquía católica, tradicional, social y representativa” (aunque al final, decepcionado con Juan Carlos I, acabó proponiendo el tránsito hacia una tercera república). Su intención era aunar la vieja generación de la guerra con la de los franquistas que no la habían vivido directamente —como el propio Piñar— y con los jóvenes, cada vez más atraídos por ideologías contrarias al régimen (“se ha demostrado que los grupos subversivos tienen hoy una capacidad de maniobra de la que carecían”, se leía en la revista en febrero de 1967).

El tercer bloque en esta extrema derecha lo formaban los diferentes grupos falangistas, particularmente el “oficial” que presidía el exministro Raimundo Fernández-Cuesta, que consiguió finalmente quedarse, en octubre de 1976, con la denominación clásica de Falange Española y de las JONS una vez legalizados los partidos políticos; antes, cuando las asociaciones de 1975, tuvo que conformarse con la de Frente Nacional Español. Con él iban otros “camisas viejas”, como Manuel Valdés Larrañaga, Jesús Suevos, Alfredo Jiménez-Millas o Agustín Aznar, además de importantes cargos de las organizaciones del Movimiento, como José Luis Elola-Olaso o Carmen Werner. En general, el falangismo histórico había quedado obsoleto por su incapacidad para analizar los cambios producidos durante la dictadura y por su menguante impulso movilizador, así como por la diversidad de opciones que habían ido tomando los que en algún momento se reclamaron de las doctrinas joseantonianas. En ese sentido, no había podido seguir el aggiornamento que sí llevó a cabo el neofascismo italiano tras la guerra, en grupos como el MSI de Giorgio Almirante. Además, la división dentro del falangismo era notable. En disputa con los oficialistas de Fernández-Cuesta estaban los Círculos Doctrinales José Antonio (de Diego Márquez Horrillo, creados en 1959) y el Frente Nacional de Alianza Libre (de 1968). Estos se unieron por un tiempo, pero los segundos, junto a otros pequeños grupos, dieron lugar a la Falange Auténtica de Narciso Perales, que se reclamaban “hedillistas” y, por eso, de izquierdas. Además, estaban la Falange Española Independiente (que venía del Frente de Estudiantes Sindicalistas de Sigfredo Hillers de Luque, aparecido ya en 1963), el Frente Sindicalista Revolucionario (de 1966) y el Partido Nacional Sindicalista (formado a partir de los Círculos Doctrinales), por no referir grupos muy minoritarios.

La situación de división afectaba también al tradicionalismo, y en este caso la confusión interna se arrastraba desde los dos últimos decenios. En 1956, don Javier activó su derecho a la sucesión pensando en su hijo Carlos Hugo, nacido en 1930 en París, y lo presentó en público en el acto de Montejurra del año siguiente. Todavía entonces la estrategia posibilista de los dirigentes Valiente y Ramón Massó pugnaba porque el candidato carlista fuera considerado por Franco para una futura reinstauración monárquica. Enseguida se despejó esa posibilidad de manera contraria, a lo que colaboraron también tradicionalistas abiertamente juanistas (y luego partidarios de Juan Carlos). Pero la crisis de este histórico movimiento tuvo que ver sobre todo con el impacto del Concilio Vaticano II. Para un partido de naturaleza católica integrista, el que ahora se cuestionará la relación entre la sociedad y la Iglesia alteraba por completo su razón de ser. Lo vio bien Miguel Ayuso en un análisis retrospectivo de 1991:

Solamente a la crisis de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX no ha podido resistir el Carlismo, porque no le afecta solo accidentalmente, sino que toca esencialmente a su soporte, que es esa cosmovisión de la Cristiandad. La vocación del Carlismo de servir a la Iglesia se ha encontrado con que esta, de pronto, no quiere ser servida como secularmente.

No es casualidad que en esta década de los sesenta emergiera un sector ortodoxo que incluso dudaba de la legitimidad de don Javier por su subordinación a las decisiones finales de Franco en el tema de la reinstauración monárquica. La Regencia de Estella, la facción de seguidores del antifranquista catalán Mauricio Sivatte, las Juntas de Defensa del Carlismo, la dirección de Joaquín García de la Concha o la influencia doctrinal de Elías de Tejada (y más tarde el Círculo Nacional Vázquez de Mella, el Aparisi y Guijarro o el Centro de Estudios General Zumalacárregui, y la revista Maestrazgo de Ramón Forcadell, en los primeros setenta) son solo algunas muestras de esa reacción reivindicativa de la vieja Unidad Católica.

Pero enfrente, surgió ahora una generación, bien representada en el futuro pretendiente Carlos Hugo, que haciendo una lectura populista (y anticapitalista) de la historia de su movimiento —a la que llamaron “clarificación ideológica”— y respondiendo al autoritarismo de la dictadura, abrió el carlismo al espacio de la izquierda (en un proceso similar al de los sectores de base de la Acción Católica, como se ha visto ya). Es la época en que surge el Movimiento Obrero Tradicionalista (1963); en los setenta articularon un Frente Obrero que trabajaba dentro de Comisiones Obreras. José María de Zavala sustituyó a Valiente, y el carlismo empezó a indisponerse con el régimen de manera clara. En diciembre de 1968 se expulsó del país a los Borbón Parma. Franco tenía la decisión tomada en favor de Juan Carlos y ya no era necesario mantener incógnitas abiertas. Y así es como la rama oficial del carlismo se deslizó hacia el socialismo autogestionario coincidiendo con la crisis cultural universal de ese año y haciendo un salto mortal en su trayectoria histórica. A la vez, lógicamente, se hacía antifranquista (y revolucionario): “El Carlismo venció militarmente el 18 de julio; hoy día nos consideramos en el campo de los vencidos. El Carlismo, por tanto, hoy, está en la oposición”.

Desde 1972, don Javier cedió la gestión a su hijo y en 1975 hizo oficial la abdicación en su favor. Los congresos de los primeros años de esa década, en Arbonne (Pirineos Atlánticos, Francia), ratificaron el giro autogestionario y federal, y la articulación del Partido Carlista como vanguardia del Pueblo Carlista, en línea con esquemas políticos harto alejados del tradicionalismo. Elementos del carlismo “de siempre” se distanciaron de este nuevo o abandonaron (o fueron apartados y hasta expulsados, como pasó con Valiente). Los “carloshuguistas” hicieron de Montejurra su cita anual, muy concurrida en estos años. Con ese mismo nombre salía una publicación que se convirtió ahora en su portavoz (junto con Esfuerzo Común o el boletín oficial IM, acrónimo de “información mensual”). En una consecuencia extrema —y muy ligada a los aires de 1968 y a la presencia de ETA—, surgieron unos Grupos de Acción Carlista que llevaron a cabo algunos actos violentos (explosión de artefactos, asaltos a instalaciones oficiales) contra el régimen de la dictadura. Por supuesto, el Partido Carlista se incorporó a la oposición sin recato; no es insólito encontrar en los archivos panfletos firmados solitariamente con la cruz de Borgoña y la hoz y el martillo de alguna entidad comunista. Se sumaron entusiastas a la Junta Democrática que encabezaba el PCE y luego se cambiaron a la Plataforma de Convergencia de los socialistas y la oposición democristiana (criticando el centralismo de aquel partido), así como a entidades unitarias como la Assemblea de Catalunya (o a una alianza electoral vasca sostenida por la extrema izquierda y los entornos de las diferentes ramas de ETA que no prosperó finalmente por discrepancias estratégicas entre sus integrantes; en esa línea, asumieron una estructura federal interna e hicieron suyo el discurso autodeterminista de alguna izquierda de la época). La reescritura de la historia —de su historia— supuso un esfuerzo radical; su factor principal, Josep Carles Clemente, partía de que “el integrismo y el inmovilismo son una heterodoxia. Han soterrado al Carlismo ortodoxo”. La beligerancia en su contra de las autoridades tardofranquistas y luego las de la Transición, retrasando su legalización, hicieron el resto; la actuación criminal de grupos violentos partidarios de los tradicionalistas de Sixto Enrique de Borbón Parma, hermano de Carlos Hugo, en la celebración de Montejurra de 1976 (con dos “carloshuguistas” muertos), constituyó el punto culminante de esa tensión.

Porque, más allá de las ilusiones de los renovadores, los sectores tradicionalistas, cada vez más ultras, seguían estando ahí, mientras la masa carlista asistía desconcertada a este nuevo enfrentamiento interno; líderes tradicionalistas locales se mantuvieron fieles al partido solo por lealtad a su rey, pero reconociéndose en sus antípodas políticas. En mayo de 1975, esos sectores ultras denunciaron la falta de legitimidad de Carlos Hugo para ser su monarca —este se negó al juramento de los preceptos ideológicos tradicionales— y reactivaron la Comunión Tradicionalista de la mano de Raimundo de Miguel, Juan Sáenz-Díez, José Arturo Márquez de Prado y los hijos de Fal Conde (Domingo y Alfonso Carlos). Además de estos, los fieles a Elías de Tejada y otros grupos menores formaban parte de esa compleja constelación tradicionalista en este instante.

Algunos, apartados del giro izquierdista con antelación, desembocaron en una de aquellas asociaciones “franquistas” que luego se reconvirtieron en partidos. Hablamos de la Unión Nacional Española que encabezaba Fernández de la Mora. Ya desde 1973 diversas personalidades carlistas vascas, entre las que estaba José María Oriol Urquijo, se reunieron en el castillo de Munibe (Marquina-Jemein, Vizcaya) para recoger el mandato de una Comunión Tradicionalista inequívocamente partidaria de Franco. En los siguientes meses recorrieron el país tratando de articular a ese sector disidente. Los hermanos Oriol (José María, Antonio María y Lucas María), Zamanillo, Valiente, Araluce, Arauz de Robles y otros, como Sierra Bustamante, recompusieron entidades históricas, como la Hermandad Alavesa (a cuyo cargo estaba el único diario editado en esa provincia) y pasados los meses redirigieron esa parte del movimiento hacia la UNE. Antes de las elecciones desembocaron en Alianza Popular, aunque progresivamente fueron abandonando esa formación cuando esta respaldó el texto constitucional, terminando junto con Silva Muñoz (Barros de Lis y Jáudenes), en diciembre de 1978, en Derecha Democrática Española.

Algunos de estos tradicionalistas de UNE formaron parte a la vez de la Comunión Tradicionalista refundada en 1975 (Zamanillo, los Oriol, Sáenz-Díez), aunque chocaron con sus correligionarios por su “doble militancia”, que destapaba su “juancarlismo” cuando aquella afirmaba su lealtad a Sixto de Borbón. En las elecciones de 1977 ninguna de las facciones carlistas se presentó con su nombre. Los de Carlos Hugo no estaban siquiera legalizados y lo hicieron en Navarra con una formación “pantalla” que obtuvo más de 8.000 votos (3,57%), mientras que los colaboracionistas anteriores con el franquismo, integrados junto con Alianza Popular en la Alianza Foral Navarra que encabezaba uno de los suyos, el vicepresidente de la Diputación y navarrista, Amadeo Marco, obtuvo casi 22.000, también insuficientes para obtener representación parlamentaria.

El cuadro de esta extrema derecha se cerraría con sectores minoritarios abiertamente fascistas o más vinculados a las corrientes europeas de ese ámbito que al tradicionalismo religioso o al franquismo; también, y esto es importante, al surgimiento de la violencia de este signo que comenzó después del asesinato de Carrero Blanco y que fue uno de los condicionantes de la Transición, junto con el “ruido de sables” militar: aproximadamente sesenta asesinatos en ese tiempo. CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa), dirigido por Jorge Mota desde Barcelona desde comienzos de los setenta —aunque se creó en 1966—, introdujo el discurso del nacionalsocialismo en España, pero no dejó de ser básicamente una entidad cultural (la editorial Bau, la librería Europa y años más tarde la revista Revisión) apoyada por nazifascistas refugiados en el país (como el belga Léon Degrelle, líder del partido rexista Christus Rex, o el coronel de las Waffen-SS, Otto Skorzeny), elementos radicalizados del propio franquismo y jóvenes atraídos por la estética nazi (wagnerianos). Más allá de la renovación de un discurso de extrema derecha hispano demasiado encerrado en su relación local con el franquismo, se destacó finalmente por su negacionismo del Holocausto, sirviendo de enlace internacional al aprovechar la ausencia de legislación española que persiguiera esas tesis y su propagación.

Otros grupos de este carácter, menos consistente en términos ideológicos, aunque ya implicados en actos violentos, respondían a siglas como PENS (nacionalsocialista), MSE, MNR… Pero en este tiempo destacaron por su condición abiertamente terrorista otros como la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), Antiterrorismo ETA (ATE), el Batallón Vasco Español o Acción Nacional Española, junto a los Guerrilleros de Cristo Rey. Las primeras fueron siglas de conveniencia que ampararon actividades criminales, incluso mortales, llevadas a cabo por elementos parapoliciales y de extrema derecha en los años setenta. Los de Cristo Rey, por su parte, estaban encabezados por el excombatiente divisionista Mariano Sánchez Covisa, y actuaron intensamente desde el Proceso de Burgos en 1970 amenazando y agrediendo a todo tipo de “rojos” y sus actividades y entidades. Relacionados todos con las tramas negras europeas —sobre todo las italianas de Junio Valerio Borghese y Stefano Delle Chiaie, o con elementos procedentes de la Organisation de l’Armée Secrète (OAS) francesa, como Jean-Pierre Cherid o los hermanos Gilbert y Clément Perret— y con los servicios secretos del Servicio Central de Documentación (SECED) que mandaba San Martín, fueron responsables de varios asesinatos y tuvieron gran significación en los sucesos de Montejurra de 1976 y en la llamada “operación Reconquista”.

Entre 1976 y 1977 la mayor parte de estas fuerzas de la extrema derecha, incluidas la Unión Nacional Española y la Unión del Pueblo Español (de Martínez Esteruelas), valoraron la posibilidad de dar vida a un Frente Nacional, como habían intentado también en la fase final de la República. La iniciativa partió de Fuerza Nueva, que se pretendía como eje articulador, pero Girón y su organización de excombatientes prefería evitar esa hegemonía y ampliar el Frente hasta Alianza Popular para así hacerlo efectivo e impedir la materialización de la reforma política. Se pensó también, en el primer semestre de 1976, en dar vida a un Partido de Acción Nacional que acogiera a un espectro amplio desde estas extremas derechas hasta los sectores más franquistas de AP, pero la idea se desechó. En ese momento, el debate en la amplia derecha postfranquista era acerca de la posibilidad de ir todos juntos o si las diferencias necesariamente apartaban de ello a los reformistas (Fraga) o a los ya involucionistas (Piñar y otros); parte del debate historiográfico se mueve en esa misma pregunta. Al final, las elecciones de 1977 forzaron la situación y, como mucho, Fuerza Nueva consiguió trenzar con la Falange “oficial” de Fernández-Cuesta una coalición (Alianza Nacional 18 de julio) que obtuvo malos resultados (poco más de 86.000 votos en dieciséis provincias) y ninguna representación.

La lección los animó a ampliar el espacio futuro, de manera que aseguraron un acuerdo con la Confederación de Excombatientes y extendieron su ámbito hasta la Derecha Democrática que habían creado los escindidos de AP después de aprobada la Constitución. La ampliación de ese Frente hasta convertirlo en una candidatura de Unión Nacional les reportó la elección como diputado de Blas Piñar en la cita de 1979, pero seguía siendo un pésimo resultado que confirmaba la condición marginal de la extrema derecha en este momento.

12. De la ley a la ley: una constitución integradora

Y dentro de la ley. Esa frase resumía la intención de cuantos habiendo participado de la dictadura pretendían dar paso a una democracia. La discusión había estado entre si reformar parte de las Leyes Fundamentales (Fraga) o proceder a una vía constituyente con la percha que proporcionaba la última de aquellas, la de Reforma Política (Suárez). Es cierto que la condición constituyente de las Cortes elegidas en junio de 1977 era legalmente dudosa, pero de facto se convirtieron en tales. La estrategia de Fernández-Miranda, autor de la conocida frase, culminó en la aprobación del texto constitucional de 1978.

La manera de hacer respondió a la característica con que había nacido la UCD: haciendo de la necesidad virtud (el consenso), trataron de acercar posturas entre bloques políticos equilibrados. Para ello, los centristas acordaron con las izquierdas los aspectos sociales y económicos de la carta: con los de Fraga, los militares y religiosos, y con los nacionalistas, los autonómicos y lingüísticos; así, también, minoraron las tensiones internas entre sus formaciones ubicadas más a la derecha o más a la izquierda. En la ponencia redactora los centristas colocaron a Herrero de Miñón, Pérez-Llorca y Cisneros, mientras Fraga estuvo por AP y Miquel Roca por la Convergència catalana (los nacionalistas vascos se consideraron apartados de ella); Peces Barba, aquel antiguo democristiano de Cuadernos, y Solé Tura estuvieron por socialistas y comunistas, respectivamente. El resultado fue una constitución que rompía por completo con la dictadura de Franco y que suponía la primera ocasión en la historia española en que el texto fundamental no lo hacía una parte de la representación del país contra la otra. Además del respaldo ciudadano muy mayoritario que obtuvo en el referéndum de diciembre de 1978 (casi un 92% de los votantes, con una participación del 67,11%), no se quedaron fuera más que la extrema derecha (incluidos lo que representaran los cinco diputados de AP que votaron en contra) y el sector que apoyaba a la rama militar de ETA (aunque el PNV se abstuvo acudiendo al argumento de los derechos históricos).

El redactado y el proceso posterior de discusión fue largo y se desarrolló en un contexto difícil, con una calle muy movilizada por la situación social y política, y con una violencia terrorista por parte de las diversas ramas de ETA, de la extrema izquierda y de la extrema derecha (y parapolicial) cada vez más disolvente. Además, se desactivó a última hora, en noviembre, una trama militar involucionista conocida como “operación Galaxia”, en la que estaban involucrados el teniente coronel Antonio Tejero y el capitán Ricardo Sáenz de Ynestrillas. El tema de la monarquía, definida como parlamentaria, se apartó del debate a las primeras de cambio y solo los socialistas presentaron una enmienda que se rechazó sin mayor repercusión. Su condición de símbolo de la unidad del Estado y de su permanencia tenía reminiscencias tradicionales, pero no se le dotó casi de poderes, como pretendía la derecha de Fraga (salvo el mando supremo de las Fuerzas Armadas o la propuesta a la cámara del candidato a presidente del Gobierno), ni de responsabilidad por sus actuaciones. Pero, por encima de esas seguridades historicistas que solo sostenía una parte de la política (las derechas), la monarquía que empezó a representar Juan Carlos de Borbón aparecía como una garantía para el cambio político también para las izquierdas.

La relación Iglesia-Estado se resolvió sin mayor dificultad con una declaración aconfesional por parte de este, con separación de jurisdicciones e intereses, así como con libertad de creencias y de cultos. Pero la Iglesia retuvo privilegios principales al verse reconocida como la de más seguimiento entre los españoles y afectada por los compromisos de un concordato previo (“los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”); otro tanto se consideró en lo que hace a la capacidad de los padres para elegir la formación religiosa y moral que recibirían sus hijos en las escuelas. La Iglesia de Tarancón salía plenamente satisfecha, aunque el cardenal primado de España, monseñor Marcelo González Martín, se despachó con una carta pastoral juzgando muy negativamente el proyecto constitucional; ocho obispos se unieron a sus críticas.

Una vez puestos Dios y rey a salvo, la patria necesitó de más debate y literatura. El título VIII abordó la organización territorial y estableció la posibilidad de que las regiones gestionaran en el futuro las competencias del Estado en un régimen que trascendía con mucho una simple descentralización administrativa. Una vez constituidas aquellas políticamente en comunidades autónomas, podrían hacerse cargo de un amplio listado competencial no cerrado, “sin techo”, además de dotarse, lógicamente, de una planta institucional que al final acabó replicando casi por completo la que tiene el propio Estado.

El debate terminológico sobre la diferencia entre nacionalidades y regiones ocupó mucha atención desde entonces, pero no era sino una forma de abordar la cuestión de manera voluntariamente imprecisa, a lo que no fue ajena la mirada historicista del ponente Herrero de Miñón, complaciente en esto con los nacionalistas en su visión un tanto preliberal del país. Con todo, fue y sigue siendo el punto polémico de la carta: para algunos fue un exceso que los llevó a oponerse a ella al ver ahí una amenaza a la continuidad territorial de la nación española y para otros no fueron suficientes disposiciones adicionales y transitorias para blindar unos derechos históricos no menos preliberales, intangibles y, a la postre, extraordinariamente prácticos. La repetición del término “indisoluble” dos veces en una misma frase del artículo segundo indica la sensibilidad (o el temor) con que se redactó este apartado. La organización por completo descentralizada quedaba muy lejos —por mucho más avanzada esta— de aquel Estado integral republicano de los años treinta y tampoco se distinguió en la práctica entre comunidades con más o menos vocación nacionalista, lo que acabó suponiendo situaciones de crisis y tensión en Cataluña y el País Vasco.

Las cuestiones sociales y económicas se abordaron en la línea de lo que venían haciendo los países demoliberales. La definición inicial del Estado como “social y democrático de derecho”, que reconocía como valores supremos “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, indicaba que de repente los debates de hacía menos de un lustro —aquellos referidos al derecho de asociación y al reconocimiento de la pluralidad— habían quedado no ya superados, sino como si nunca hubieran tenido lugar. Se reconocía la propiedad privada (“la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”), pero a continuación se detallaba un amplio catálogo de protecciones sociales a las que se comprometían los poderes públicos. Las libertades y derechos fundamentales se explicitaban hasta hacer de esta carta una versión muy actualizada de las que se producían o reformaban por aquel entonces en su entorno internacional. El Senado dejaba de tener la función tradicional de cámara de segunda lectura dispuesta para corregir los excesos de la baja —como habían tratado siempre de hacer los conservadores— y se definía como “de representación territorial”, aunque ese desarrollo está todavía pendiente. La elección era proporcional para el Congreso y mayoritaria para el Senado, con la provincia como circunscripción (como se había fijado ya en la Ley de Reforma del 76). Las Fuerzas Armadas quedaban encargadas de la defensa de la soberanía e integridad territorial del Estado, así como de la de su ordenamiento constitucional.

La Constitución de 1978 está a punto de aventajar a la canovista de 1876 en cuanto a vigencia, pero si tenemos en cuenta la suma de momentos en que estuvo suspendida aquella, hace mucho que la superó ya. El constitucionalista Francisco Tomás y Valiente la incluyó en la tradición de los textos progresistas históricos (1812, 1869 y 1931), pero su carácter y el conjunto de la transición son temas sometidos a controversia, a veces más en los medios y en cierta opinión pública que en la academia. La transición tuvo como principal protagonista partidario a uno de las derechas españolas, la UCD, que se apoyó para lograr cómoda mayoría en otro, Alianza Popular, y que, en aspectos morales, de costumbre y de organización de la economía, se vio respaldado por los nacionalismos conservadores de Cataluña y del País Vasco.

Cosa distinta es que, con esa mayoría, no intentara hacer “su” constitución o su reforma, y esto por diversos motivos. La derecha, en general, pasó durante los años setenta y ochenta en España por una fase de mala conciencia, derivada del poder omnímodo, impositivo e ilegítimo que había detentado durante toda la dictadura; significarse de derechas era algo inhabitual entonces y el sector mayoritario de estas, desde el segundo franquismo, venía haciendo cambios en su percepción de las cosas (particularmente, algunos democristianos y los cristianos a secas). Los apoyos conservadores de nacionalistas vascos y catalanes no eran constantes porque estos procedían de la cultura de la oposición al franquismo, de manera que podían acordar con más facilidad con las izquierdas que con los reformistas del régimen anterior (aunque todavía ahora fueron capaces de hacerlo con ventaja). Un historicismo preventivo ejerció un peso extraordinario durante este tiempo hasta alcanzar de lleno también a estos reformistas, que trataron por todos los medios de evitar situaciones de crisis como las vividas en los años republicanos. Así, el consenso como norma, la superación de las pugnas entre las “dos Españas”, la convicción de que la amnistía acabaría con los focos de violencia terrorista y con la instrumentalización partidaria de los pasados respectivos o los Pactos de la Moncloa como una forma de despejar aquella presión socioeconómica que mermó las posibilidades de la República son algunas muestras de ese propósito que esgrimió la UCD de Suárez y que alcanzó a la casi totalidad del arco parlamentario.

La intensa movilización sociolaboral y política condicionó los pasos del proceso de transición y forzó decisiones que de otro modo no se habrían tomado o lo habrían hecho más tarde, con menos ambición o de otra manera (de las respuestas al 3 de marzo en Vitoria o la matanza de abogados de Atocha a las movilizaciones masivas por la amnistía o por las demandas autonómicas en diversas regiones). Hasta que lo principal de la transición a la democracia no estuvo logrado —no tanto ya consolidado—, la ciudadanía no regresó a sus casas y dejó hacer a la política y a los políticos (salvo en el País Vasco, que mantuvo viva esa movilización y esa percepción de que el asunto no estaba concluido porque no estaba totalmente al gusto del nacionalismo). Finalmente, el practicismo de algunas élites económicas, que vieron con tiempo cómo la estrategia “mayoritaria” del Gobierno Arias-Fraga podía poner en peligro la paz social necesaria y cómo era preciso pasar a otra realidad consociacional (de reparto del poder y competencia por este), fue otro factor que explica esta actitud conciliadora y de búsqueda de acuerdos. La exigencia política de parecerse a otros países europeos para ser admitidos en la institución interestatal que habían construido (los previos de la actual Unión Europea) y así asegurar la continuidad política y económica del país también ejerció una importante coacción positiva.

Al final, las derechas salvaron lo principal de sus históricos intereses (monarquía, Iglesia, continuidad de la nación española, pautas morales, poder económico), asumiendo que aquella larga constitución que habían contribuido a redactar dejaba abiertos y pendientes de las futuras correlaciones de fuerzas diferentes aspectos que ahora no habían sido capaces de definir en su favor (divorcio, aborto, sistema autonómico, modelo escolar, Estado de bienestar…). Y, en todo caso, las ventajas acumuladas durante los años de dictadura, tanto sociales y políticas como económicas, no se pusieron en cuestión ni se revisaron (como pasó también con los delitos). No fue hasta llegar al último decenio del siglo XX cuando se apreció la retirada de la oligarquía financiera ligada a las empresas públicas del franquismo como integrante principal en el modelo empresarial español, siendo claramente sustituida entonces por otro sector ajeno al “bloque histórico”, más profesionalizado y no tan ligado al poder político (aunque las privatizaciones de los años noventa dieron paso a un nuevo tipo de conexión y de prácticas en ese sentido).

Respondiendo a los mismos aires de renovación, los poderes empresariales y económicos se reorganizaron en estos primeros años de la Transición, en principio para responder localmente a presiones sindicales muy duras en un momento en que el Sindicato Vertical, totalmente en crisis, ya no les servía de parapeto (y para adaptarse a otro estilo ajeno al paternalismo social y al autoritarismo patronal que habían dominado durante la dictadura). Al final, en junio de 1977, se constituyó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), impulsada y presidida por Carlos Ferrer Salat, el mismo que había animado la creación de Centre Català (con Carles Güell de Sentmenat, Joaquim Molins y Joan Mas), un partido liberal que se presentó a las elecciones con Unió y que luego recaló en la UCD de esa región. Lo sucedió en 1984 su secretario general, José María Cuevas, con un perfil más ligado a las instituciones del régimen anterior. La CEOE y sus organizaciones se manifestaron públicamente en este tiempo, sobre todo en periodos electorales, en defensa de la libertad de empresa y advirtiendo sobre los hipotéticos peligros del triunfo de los partidos de izquierda. En ese sentido, su dimensión política no varió de lo que había caracterizado al asociacionismo empresarial que lo precedió en nuestro país.

13. La normalidad democrática y la novedad regional

Comenzó entonces lo que iba a ser la política democrática. El principal instrumento de las derechas en ese momento fue la UCD. El partido, producto de la alianza de diversas formaciones, nació con la garantía del prestigio del presidente Suárez y del control de la Administración que ejercían peones suyos como Martín Villa; la urgencia electoral hizo el resto. La mayor parte de sus líderes sabían lo que era el trabajo dentro del Estado, pero se estrenaban en la gestión de un partido, además en competencia y en democracia. Esa misma mayoría procedía de la Administración franquista; las excepciones opositoras se limitaban a gente como Álvarez de Miranda, Alzaga, Cavero o el antiguo “Felipe” Pérez-Llorca.

Suárez procedió entonces a formar Gobierno y a formar partido. En lo primero, nombró un Ejecutivo de “barones”, de gente de peso: Abril Martorell y Martín Villa por los reformistas, los “tácitos” Oreja y Lavilla, los democristianos Cavero y Otero Novas, los liberales Garrigues y Camuñas, los socialdemócratas Fernández Ordóñez y Juan Antonio García Díez, el regionalista Clavero, además de Pío Cabanillas, Enrique Fuentes Quintana y el general Manuel Gutiérrez Mellado, con otro democristiano, Álvarez de Miranda, al frente de las Cortes, y Fontán, del Senado. Abril Martorell, su número dos, serviría de enlace entre el Gobierno y el partido, a cuyo frente se colocó Rafael Arias-Salgado, democristiano y socialdemócrata a la vez de los de Cuadernos para el Diálogo (después de que declinara Lavilla). El primer congreso de la UCD se celebró en Madrid, en octubre de 1978, con asistencia de diferentes líderes conservadores internacionales, como Mariano Rumor, Leo Tindemans, Eduardo Frei, Margaret Thatcher o Sa Carneiro. Suárez fue elegido de manera casi unánime, pero los diferentes consejos políticos mostraron apoyos menguados que indicaban ya diferencias internas. Álvarez de Miranda habría preferido una federación de partidos, pero Suárez impuso uno unido, concebido más como apoyo al Gobierno que como enlace entre este y la sociedad; otra vieja pulsión conservadora. En todo caso, Suárez no se dedicó en lo debido a él —se jactó de no ser un hombre de partido y sí de Estado— y enseguida emergió la inestabilidad, de manera que, en la práctica, sobre todo en el momento final, funcionó como una “federación” de grupos e intereses.

La inestabilidad se hizo notar sobre todo en el Ejecutivo, donde el recelo y la inseguridad entre tanto prohombre primaron. Si el segundo Gobierno tenía un sesgo de centro-izquierda, el que le sustituyó en abril de 1979 ya era de centro-centro, más moderado y más dependiente del presidente, con menos barones. La aprobación de la Constitución había normalizado la política del país y puesto fin al periodo de consenso, abriéndose todas las hostilidades. Con todo, las elecciones de marzo de 1979 fueron un éxito para la UCD. Meses atrás habían conseguido incorporar a un núcleo disidente de Izquierda Democrática, con Cortezo a la cabeza, pero, a cambio, vieron cómo otro democristiano, Osorio, los abandonaba por discrepancias con Suárez, como hizo también Areilza; ambos se presentaron ahora en las listas de Fraga. La UCD volvió a ganar en su mapa: las dos Castillas y el Aragón más rural, junto con Galicia, Cantabria, Extremadura y los dos archipiélagos. En total, casi 6.300.000 votos, el mismo porcentaje que en 1977 (en torno al 34%, aunque el censo había crecido en más de tres millones de electores sobre todo jóvenes) y 168 escaños. Los resultados de los partidos mayoritarios fueron muy parecidos a los anteriores. El de Suárez revalidaba así su posición en un momento crítico en que pasaban muchas cosas y hubo que abordar muchas cuestiones que generaban diferencias internas. Su descontrol del partido se hizo entonces manifiesto y la solidez de este no era tal: dependía mucho de las figuras locales y nacionales, pero, aunque lo hubiera querido así, no tenía una estructura de masas ni una extensión adecuada por todo el país. Para ser la primera formación política conservadora democrática de la historia de España, como ha señalado algún autor (González Cuevas), su base no era muy consistente, como enseguida se comprobó.

Los barones de entonces eran sobre todo locales, no tanto regionales. La negociación de los entes preautonómicos y luego de los propios estatutos la abordó Suárez personalmente en los casos más problemáticos, como Cataluña y el País Vasco. En ambos, por encima de los intereses locales de su partido, primó el acuerdo con los nacionalistas, considerados en todo momento como interlocutores privilegiados, tratando con ello de apaciguar la situación del país y de evitarle problemas a su gobierno: con Josep Tarradellas primero en Cataluña —para esquivar a la Assemblea de mayoría de izquierdas— y luego facilitando la posición de Pujol, o con el PNV, intentando taponar la complicada “úlcera vasca”. Esto le generó problemas, que cobraron más dimensión luego en los casos gallego y andaluz.

En el caso concreto del País Vasco el terrorismo de las diversas facciones de ETA llevó a cabo durante la transición una auténtica limpieza ideológica contra las derechas españolistas que se prolongó todavía en los años ochenta en una auténtica “espiral de silencio” —en el sentido preciso expresado por Elisabeth Noelle-Neumann—, que impidió a este sector político emerger y representar la importante opinión que tenía en su favor. Ya en 1977 Guipúzcoa fue la única provincia española en la que no fue posible presentar una lista de la UCD por la presión terrorista, y esta se incrementó todavía más contra ese partido y contra AP, hasta plantearse ambos su apartamiento de la política vasca. No resulta extraño así que sus votos declinaran. Todavía en 1979 UCD volvió a ganar en Álava, pero ya en las primeras autonómicas de marzo de 1980 ambas formaciones tuvieron malos resultados. Conforme se acercaba a lo local el ámbito de las candidaturas, la posibilidad de encontrar gente del lugar para rellenarlas se reducía a la nada (se notó en las autonómicas y, sobre todo, en las municipales). En el caso catalán, el intento del democristiano Antón Cañellas de desarrollar un partido autónomo ligado a la UCD —siguiendo el formato de la CSU bávara con la CDU alemana, o del PSC con el PSOE— pareció tener futuro al ser la segunda fuerza en las generales de 1979, pero Suárez desdeñó esa posibilidad apoyando las opciones alternativas de Pujol y su CiU después del sorpresivo buen resultado de esta formación en los primeros comicios autonómicos de 1980. Los centristas perdieron en estos un tercio de los votos que, en buena medida, se trasvasaron hacia los nacionalistas de CiU y PNV.

El problema en Andalucía fue peor porque se trasladó al interior del partido. Su líder regional y anterior ministro para las Regiones, Clavero Arévalo, dimitió en enero de 1980 del Ministerio de Cultura cuando su dirección nacional pidió la abstención en el referéndum que se iba a celebrar el 28 de febrero para que Andalucía accediera a su autonomía por el artículo 151 de la Constitución (y no por la “vía lenta” del 143 destinado a las comunidades “no históricas”). El referéndum se celebró y el partido del Gobierno recibió un duro castigo (aunque logró entorpecer provisionalmente el proceso al bloquear en su feudo almeriense el porcentaje de voto requerido). Así es como pasó de compartir el primer puesto en las elecciones con los socialistas a hundirse al significarse como la rémora autonómica.

En Galicia pasó otro tanto. Tratándose de una comunidad histórica, el intento gubernamental de distinguir su proceso autonómico del de vascos y catalanes —respondiendo al miedo de algunos como Pérez-Llorca de que un “café para todos” resultara ingobernable— inflamó las calles de una comunidad donde la UCD había ganado las elecciones de 1977 y 1979 de manera contundente. Su presidente del ente preautonómico, Antonio Rosón, de trayectoria tan franquista como galleguista, hubo de ser sustituido por otro más obediente a los dictados del Gobierno (José Quiroga Suárez). Finalmente, el Ejecutivo sacó adelante en Madrid un proyecto de estatuto gallego en contra no solo de las izquierdas y de la derecha de Fraga, sino también de su propio partido y electorado centristas, que coincidieron en la protesta “contra el estatuto de la UCD”. Tuvieron que pasar varios meses de pulso hasta que en septiembre de 1980 el Gobierno se avino a negociar de nuevo con todos los partidos un texto para Galicia “de primera clase”, por el artículo 151, ratificado en referéndum en diciembre, aunque con una bajísima participación. Otra vez, el desgaste del Gobierno y de su partido fue extraordinario, como se reflejaría después en las primeras elecciones autonómicas. La política de Suárez favorecía a los nacionalismos históricos perjudicando a su partido en esas regiones y enfrentándose a la demanda autonomista de los suyos en otras como Andalucía o Galicia. Era, efectivamente, más un “hombre de Estado” dispuesto a allanar dificultades que uno de partido, lo que en este terreno le deparó una sucesión de fracasos políticos. “Barones” regionales y “fontaneros” de la Moncloa pugnaban en el interior de la formación y del Gobierno, y se desangraban mutuamente.

El error andaluz y gallego se sumó entonces al cóctel de dificultades del momento que generaba ya una crisis económica muy profunda y un terrorismo constante que estimulaba la pulsión levantisca de los sectores involucionistas y golpistas de las fuerzas armadas. Las dificultades del Gobierno y de su partido en la primavera de 1980 animaron a los socialistas a presentar una moción de censura donde básicamente pretendían confrontar a su líder (Felipe González) y su proyecto con el de la UCD y su presidente; en ese momento se acababa de producir el sorpaso en las encuestas en beneficio del PSOE. Suárez rehuyó ese combate —como había hecho antes en la sesión de investidura de marzo de 1979— y, aunque ganó la moción, perdió en la percepción de la ciudadanía, que había reducido a la mitad su aprobación en solo dos años (de 79 a 35). A la vez, se iba enajenando apoyos dentro de su partido y del Gobierno al ir prescindiendo de notables (Fernández-Miranda, Martín Villa, Cabanillas, Ordóñez, Abril, Lavilla, Oreja…), y su relación amistosa con el monarca se iba enfriando. Su último gabinete, tras el verano de 1980, trató de reconciliar a las “familias” después de haberse ido desplazando hacia la derecha. Se habló de su sustitución por Lavilla —se propuso este a sí mismo en una conferencia en el Club Siglo XXI, el 16 de junio—, pero la idea no concitó el respaldo unánime de todos los barones, lo que anticipaba la posibilidad de que se estableciera entre todos ellos una confrontación en ausencia de un líder capaz de aunar intereses. Una moción de confianza en septiembre deparó los mismos resultados que la anterior de censura: ganó el Gobierno y perdió su presidente ante los españoles su combate particular con González.

El modelo presidencialista empezó a naufragar y las disidencias se manifestaron entre la bancada parlamentaria de apoyo al Gobierno. Suárez, antes despreocupado, ahora ya incapaz, veía cómo el control de su grupo en las Cortes se le escapaba. El congreso del partido convocado para febrero de 1981 en Mallorca apareció como posibilidad de recoser los rotos después de que una reunión de barones en Manzanares el Real (en “la casa de la pradera”), en julio, demostrara que no era posible un acuerdo entre ellos y que Suárez ya no era su punto de equilibrio, su “clavillo del abanico”. La alternativa de un partido colegiado en sus decisiones se abría paso, defendida por Alzaga y Camuñas. Los críticos fueron sumando en su defensa de un partido democrático y no presidencialista, e incluso lograron que Lavilla volviera a postularse como alternativa para dirigir UCD (o para sustituir a Suárez por completo, donde también sonaban Calvo Sotelo y Pérez-Llorca). Cuando parecía que la confrontación se llevaría a cabo, Suárez, sorpresivamente, el 29 de enero, a una semana del congreso —que hubo de retrasarse por una huelga de controladores aéreos—, presentó su dimisión en un discurso televisado a todo el país; luego se ha podido saber que llevaba casi medio año enfrentando esa posibilidad a una sucesión de hechos que a cada paso se la confirmaba: “Nunca olvidaré el año 80”, se lamentó retrospectivamente.

El impacto de la noticia no evitó que el comicio enfrentara a oficialistas y críticos, todavía seguidores los primeros de su anterior líder. Ganaron aquellos y Rodríguez Sahagún se impuso a Lavilla, como hizo la lista oficial en la elección del Comité Ejecutivo. Este, encabezado por Suárez, propuso para su sustitución al frente del Gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo, un propagandista de la ACdP, antaño procurador en Cortes representando los intereses de la industria química (venía de Explosivos Río Tinto), ministro en el primer Gobierno de la monarquía y luego en los de Suárez, sobrino de José Calvo Sotelo y yerno de Ibáñez Martín. Seguía la estela de Suárez; aunque su estilo y carisma eran antitéticos, en su alejamiento del partido sí que coincidían.

14. El frustrado intento de golpe de Estado
y la disolución de la UCD

Como es harto conocido, la votación celebrada el 23 de febrero en el Congreso para elegir al nuevo presidente del Gobierno fue interrumpida por un grupo de guardias civiles comandados por el teniente coronel Tejero; tenía lugar el frustrado intento de golpe de Estado a cargo de diferentes militares involucionistas de la extrema derecha. La desactivación del búnker político, refractario a la reforma y al tránsito hacia la democracia, se había constatado en los resultados electorales, pero era claro que todavía en los cuartos de banderas esa opinión contaba con respaldo.

Jugaba en contra del regreso a los pronunciamientos el largo periodo sin ellos que había constituido la dictadura, así como la lealtad al rey que los militares habían trasladado de la que profesaban a Franco. Pero los profundos cambios políticos llevados a cabo (y los que se avecinaban), a pesar de la lentitud que estaba tomando el proceso, la propia crisis socioeconómica (se llegó ahora al primer millón de parados), la inquietud que generaba una delincuencia real y muy atendida por los medios, las sensibles novedades en el tema territorial y su recepción en algunos grupos, los primeros atisbos de cansancio ciudadano y, sobre todo, la presión del terrorismo contra los militares y las fuerzas de orden público componían un cóctel donde una visión apocalíptica y una solución de fuerza se podían interpretar como adecuados; además de alguna fórmula alegal para derribar de una vez a Suárez. El mecanismo acción-reacción de los diversos terrorismos, sobre todo el de ETA, y la situación sociopolítica en el País Vasco se percibían como explosivos. Los “años de plomo”, entre 1978 y 1980, habían sido impactantes: 351 asesinatos (242 de ETA, 42 de extrema derecha o parapoliciales y 53 de extrema izquierda); a partir de 1981, quedó casi en solitario la primera sigla. Las semanas previas al frustrado golpe habían visto en Euskadi una visita de los reyes a la Casa de Juntas de Gernika contestada por los parlamentarios de Herri Batasuna (4 de febrero), el secuestro y posterior asesinato del ingeniero de la central nuclear de Lemóniz José María Ryan por parte de ETA, con consiguientes manifestaciones masivas pidiendo su libertad y una huelga general de protesta (29 de enero y 6 de febrero), y la muerte por torturas en la Dirección General de Seguridad del terrorista Joseba Arregui (13 de febrero), a la que siguió otra huelga general. El escenario vasco estaba incontrolado y el impacto de esa imagen en el conjunto del país y en sus instituciones no era pequeño.

La disposición involucionista de parte del Ejército venía ya del Consejo de Burgos, en 1970 (aquel “movimiento de los capitanes”), del entierro de Carrero tres años después (los gritos de “Ejército al poder” o la circular del jefe de la Guardia Civil, general Iniesta, instando a actuar contra “cualquier elemento subversivo”), o de las dimisiones de ministros militares con ocasión de los contactos gubernamentales con la oposición o por la legalización del PCE (De Santiago y Pita da Veiga; al revés, la destitución del más liberal general Díez-Alegría, en junio de 1974) hasta terminar provisionalmente en la desmantelada operación Galaxia, en noviembre de 1978 (sancionada con insólita lenidad). El terrorismo contra los militares encontró una reacción en los ataques al vicepresidente general Gutiérrez Mellado por parte de la extrema derecha, la civil y la castrense, con ocasión de funerales de víctimas o actos públicos.

La posibilidad de que diferentes agentes políticos no se opusieran a un golpe blando para echar a Suárez, encabezado por el general Alfonso Armada, uno de los preceptores del monarca, resta en parte unanimidad ideológica a esta trama continua. En todo caso, además del citado, personas contrarias a la democracia protagonizaron el conocido como 23-F: Jaime Milans del Bosch y Ussía (un “héroe” del Alcázar, juanista convencido en su tiempo), Tejero (guardia civil en la Euskadi de los “años de plomo”), Luis Torres Rojas (que por su cuenta se puso al frente de la División Acorazada Brunete, capaz de controlar la capital), Ricardo Pardo Zancada (que firmó la rendición en el llamado “pacto del capó” y dirigió la revista Iglesia Mundo), Iniesta Cano (aquel involucionista jefe de la Guardia Civil cuando mataron a Carrero Blanco), José Luis Cortina (un espía siempre relacionado con los partidos de Fraga y que hizo de enlace entre los diversos golpes de Tejero, Milans y Armada), San Martín (el “inventor” de los servicios secretos españoles y mano derecha de Carrero), Diego Ibáñez Inglés (redactor del parte que declaraba el estado de guerra, basándose en el de Mola en 1936), Camilo Menéndez Vives (un almirante consuegro de Blas Piñar y habitual en todo tipo de conjuras ultraderechistas durante la transición) o el civil Juan García Carrés (de la División Azul y del Sindicato del Transporte del Vertical, implicado en la matanza de Atocha contra abogados laboralistas de Comisiones Obreras).

“El golpe que acabó con todos los golpes”, como titula Juan Francisco Fuentes el último libro sobre tan controvertido tema, fue el penúltimo acto de la transición, antes del 28-O de la victoria socialista al año siguiente. También fue el penúltimo intento de sedición militar, porque para el 2 de junio de 1985 unos conjurados habían urdido un plan para matar a los reyes, al presidente del Gobierno y a la cúpula castrense en La Coruña, aprovechando el desfile de las Fuerzas Armadas, pero fueron discretamente desactivados por los servicios secretos del entonces CESID. Incluso en la víspera de las elecciones de 1982 hubo una conspiración a cargo de los coroneles Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera, y del teniente coronel hermano de este (José Enrique) y Juan Fernández Hidalgo, relacionados con Milans del Bosch, ya preso por el 23-F.

La democracia quedó a resguardo ante la amenaza golpista, a pesar de que había entrado ya en la fase de “desencanto” ciudadano al no colmar en la realidad tantas y tan diversas expectativas de cambio. Fue también el momento estelar del monarca, cuando se comprobó que su autoridad alcanzaba incluso a los generales que descreían de su actitud y cuando apareció ante la opinión como el salvador de la joven democracia. La cúpula militar procedió a la última de sus consultas para conocer si eran suficiente mayoría los partidarios de respaldar el golpe; no lo eran. Los civiles y sus organizaciones ultraderechistas no jugaron ningún papel, ni siquiera el subsidiario de 1936; de hecho, no había sociedad detrás, ningún atisbo de “reacción nacional” como entonces, y todo quedó en una militarada. La ciudadanía, con todas las dificultades, estaba por la democracia.

Dos días después, 186 diputados respaldaron a Calvo Sotelo para la presidencia del Gobierno (UCD, la Coalición Democrática de Fraga, la Minoría Catalana y tres del Mixto). Masivas manifestaciones expresaron el respaldo ciudadano a la democracia. El golpismo fue desactivado gracias a la eficacia de dos ministros civiles de Defensa, el centrista Alberto Oliart y el socialista Narcís Serra, que compartieron estrategia: firmeza y política de gestos, juicio a los implicados en la sedición (y recurso de la sentencia inicial del tribunal), pase a la reserva activa de buena parte de los revoltosos, reforma de los servicios de inteligencia y profesionalización de las fuerzas armadas como consecuencia de la incorporación de España a la OTAN.

En el contexto de la deriva autodestructiva de la UCD, un acontecimiento tan importante como el 23-F no constituye sino otro hito más. No se habían enfriado las columnas periodísticas por aquello cuando, a partir del primero de mayo, se conoció una enfermedad que pronto se asoció a un caso de fraude alimentario: el síndrome del aceite tóxico, provocado por el consumo humano de aceite de colza desnaturalizado. Murieron 330 personas y unas 20.000 se vieron afectadas, quedando muchas de ellas con graves secuelas. El caso puso a la vista, además de un afán de lucro criminal, una situación de penuria social porque afectó sobre todo a barrios, localidades y comarcas mayoritariamente populares; las garrafas se vendían en mercadillos a precio más económico que en los comercios. La gestión del problema por el Ejecutivo tuvo expresiones desafortunadas; el ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, afirmó que la enfermedad la producía “un bichito que si se cae de la mesa se mata”. Otra vez el Gobierno y su partido se vieron superados por la realidad.

Pero la desintegración de la UCD fue sobre todo debida a su propio entusiasmo suicida. De hecho, es un caso que se ha tratado con cierto detenimiento por las ciencias sociales porque resulta insólito que un partido del Gobierno pase de unas elecciones parlamentarias a las siguientes de 168 escaños a solo 11, de casi un 35% de los votos al 6,7 en tres años. Jonathan Hopkin utilizó para su análisis los indicios de institucionalización de otro politólogo, Angelo Panebianco, tratando de escapar a explicaciones teleológicas del tipo: la UCD, un partido básicamente presidencialista, preparado para ganar unas elecciones y para conducir una reforma política, perdió sentido cuando decayó el liderazgo de Suárez o se lograron esos hitos, y se dirigió inevitablemente hacia su desaparición. Concluyó que UCD dependió como partido de la posición dominante de su presidente y del Consejo de Ministros como instancia colegiada deliberativa y decisoria.

Más allá de ello, ni sus 150.000 afiliados ni sus barones ni la presión de estos fueron capaces de garantizar la permanencia de una burocracia partidaria suficiente como para hacerla autónoma de ámbitos de poder ajenos. “El partido como organización nunca funcionó realmente”, como reconoció alguno de esos barones; curiosamente, lo habían dicho también del Movimiento. Las organizaciones de base del partido, las provinciales, resultaron ser muy heterogéneas, con extremos en Almería u Orense, donde había muchos afiliados en relación con los votos (entre cinco y seis de ratio), y Burgos o Madrid (con 0,6 y 0,1, respectivamente). Esto señalaba la presencia de estructuras caciquiles muy consolidadas en algunos casos —el gallego o el canario es claro, lo que tendrá consecuencias notables en la crisis final de UCD— y la endeblez de la base en otros, con lo que la relación centro-periferia se resentía. A ello se sumaba la tensión ya apuntada atrás entre los barones y los “fontaneros”, y la de Suárez con algunos líderes ucedistas con pedigrí opositor, procedencia burguesa o historial académico o profesional, para los que aquel podía considerarse un advenedizo (su sucesor en la presidencia escribió de él que tenía “el candoroso complejo del estudiante mediano”). En tercer lugar, la financiación del partido dependió en buena medida de la recién creada confederación empresarial, la CEOE, al menos hasta 1981, en que se desvió pragmáticamente hacia Alianza Popular, suponiendo así este factor un acelerador de la crisis; a pesar de que en 1977 ya se aprobó un sistema de financiación pública de los partidos sobre la base de sus resultados electorales, hasta la norma de 1987 no se obtuvo una cierta seguridad como para no hacerlos tan dependientes de esos apoyos privados. E incluso se produjeron cambios de estrategia por parte de esos empresarios que, como su dirigente José Antonio Segurado, apostaron en determinado momento por una política de confrontación con la izquierda argumentando que no había que temer a esta porque “el mito de las dos Españas se ha acabado”; el centro como estrategia ya no tenía razón de ser.

En general, las relaciones de UCD con sus organizaciones sociales cercanas, a las que representaba, no fueron las mejores. La propia CEOE se creyó además en disposición de proponer nombramientos y ceses de ministros, y al no ser atendidas sus peticiones ello generó tensiones (ya con Calvo Sotelo y referido a García Díez); antes, Suárez se había empeñado también en dejar los asuntos económicos a ministros socialdemócratas, como Fernández Ordóñez. La relación con la Iglesia no fue mejor, aunque el electorado de UCD se identificaba sobre todo como católico. La jerarquía eclesiástica no influyó mucho en la redacción constitucional, pero sí en leyes posteriores, como el Estatuto de Centros Docentes (1980) o la del divorcio (1981), dejándose notar el cambio que suponía la retirada de Tarancón y los nuevos aires conservadores en el Vaticano. En esta última ley, la del divorcio, el acuerdo al que llegó con los ministros propagandistas Lavilla y Cavero (a partir de un borrador de ley a cargo de Ortega y Díaz-Ambrona) saltó por los aires cuando su sucesor en Justicia, Fernández Ordóñez, introdujo el “divorcio consensual”. El cisma, aunque dio lugar a una escisión en el grupo parlamentario, fue solo su expresión, no su causa profunda; fue “instrumental a un conflicto interno” si hacemos caso de lo que afirma Huneeus. El comentario machista de los conservadores de entonces fue: “Primero nos quitan la cartera —Fernández Ordóñez llevó a cabo una profunda reforma fiscal, en 1977— y luego nos quitan la mujer”.

En todo caso, la conclusión es que UCD fue muy autónoma respecto de sus organizaciones sociales cercanas, aunque entonces se denominara a estas y a otras con el grandilocuente (e impreciso) término de “poderes fácticos”. Su relación con los militares, como hemos visto, no es muy diferente de lo descrito. Finalmente, la estructura de poder real del partido pasó de un modelo presidencialista a otro coalicional cuando a partir de la segunda victoria electoral de Suárez su carisma y su poder interno se empezaron a resentir. El desgaste personal sufrido fue el mismo que el de su partido; la oposición sabía lo que hacía al focalizar sus ataques en su persona.

Ahí es donde se encierra el secreto de la rápida disolución de la UCD, en el desequilibrio de fuerzas y su resultado centrífugo producido tras perder entidad la figura aglutinadora y beneficiosa de Suárez (que repartía parcelas de poder a quienes aspiraban a tenerlo todo). Su liderazgo se vio así cuestionado desde dentro. El declive tenía que ver con su incapacidad para intercambiar recursos dentro del partido —“El pastel hay que repartirlo, y si no, no tiene sentido estar aquí”, se quejó el liberal Joaquín Garrigues— y para mantener su atractivo electoral. Los momentos clave de esa sublevación fueron, según Hopkin, la moción de censura socialista (mayo), la reunión de “la casa de la pradera” (julio) y el cambio de presidencia del grupo parlamentario, con la elección del crítico Herrero de Miñón al frente de los llamados “jóvenes turcos” (octubre del 80). De ahí, al anuncio de dimisión del presidente en enero del 81 y la descomposición final en el siguiente año y medio. El partido se había roto desde arriba, porque su electorado no se había movido de su elección original favorable a una alternativa de centro y porque la militancia de base se mantuvo leal hasta el final. Los barones no: enseguida empezaron a generar tensiones y a desfilar hacia otros espacios políticos. Lo ocurrido, concluye Hopkin, no fue inevitable porque no era la consecuencia del modelo de partido puesto en práctica, sino de su incapacidad para superar ese modelo originario y adaptarlo a la nueva situación.

En el verano-otoño de 1981 Huneeus reconocía en UCD hasta una decena de “familias”: el “aparato”, democristianos de Alzaga y de Lavilla, socialdemócratas de Luis González Seara-Fernández Ordóñez y de Arias-Luis Gámir, liberales, “azules” de Martín Villa, “populares” de Cabanillas y Pérez-Llorca, Calvo Sotelo y Suárez. La votación de la ley del divorcio (junio de ese año) dejó a los de Ordóñez y a los liberales a un lado, con los presidentes anterior y presente, y a todos los democristianos junto a los conservadores del partido en su contra; los nacionalistas vascos y catalanes votaron favorablemente, ensanchando la distancia en ese campo ideológico y distinguiéndose desde pronto como más avanzados en las costumbres que las derechas españolas. En enero de 1982, Herrero de Miñón se pasó con algún diputado más al grupo parlamentario de Coalición Democrática, después de meses de negociaciones con Fraga. Presionado por sus correligionarios democristianos hasta dimitir como ministro, en diciembre de 1981 había sido Fernández Ordóñez el que pasó al Mixto con otros socialdemócratas, con los que fundó un Partido de Acción Democrática (que acabaría en el PSOE). En julio de 1982 fue Óscar Alzaga el que con otra docena de parlamentarios democristianos comunicó su salida y la creación paralela de un Partido Demócrata Popular; el objetivo confesado ya era servir de puente para aparecer en las listas electorales de Alianza Popular. El mismo mes, Antonio Garrigues Walker, hermano del fallecido Joaquín (en julio de 1980), fundaba el Partido Demócrata Liberal. La cascada de salidas la culminaba en esos mismos días el propio Suárez, que dejaba UCD y creaba un Centro Democrático y Social junto con Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega, Jiménez de Parga, Chus Viana, Abril, Fernando Castedo y otros.

En UCD se quedó el presidente Calvo Sotelo, con Lavilla al frente del partido (desde junio) y Cavero como secretario general, pero con otros como Martín Villa, Ortega y Díaz-Ambrona, Oreja, Cabanillas o Cisneros que, a lo largo de esa década, irían desembocando en Alianza Popular, como veremos. El pésimo resultado de octubre de 1982 condujo a la UCD a su disolución, que se llevó formalmente a efecto un 18 de febrero de 1983. La mayoría de sus once diputados eran “azules”, que se mantuvieron como grupo hasta 1986, aunque poco a poco fueron abandonando. El cierre definitivo quedó para los democristianos, quienes más habían hecho por crearlo.

15. Una derecha para competir con la izquierda

Se calcula que un 40% del voto centrista en la cita electoral de octubre de 1982 recaló en Alianza Popular y que en buena parte lo hizo porque reconocía entonces en esa opción referentes que originalmente no procedían del partido de Fraga. Ello explica que esa formación invirtiera los guarismos con los de la UCD: pasó de diez diputados y poco más de un millón de votos a ciento siete escaños y cinco millones y medio de sufragios (todavía muy por debajo de los resultados históricos de los centristas). Partía de una base ínfima porque la operación Coalición Democrática de las elecciones de 1979 había resultado un fiasco. Después de quitarse de encima al sector anticonstitucionalista (Silva Muñoz, Fernández de la Mora) y de incorporar a la Acción Ciudadana Liberal de Areilza y al Partido Demócrata Progresista de Osorio, se las prometía felices. Powell lo llamó “moderación por agregación”: ocupaba un espacio menos escorado a la derecha que antes, incorporando dos nombres importantes procedentes de la UCD. Con todo, no salió bien, y a su mal resultado se añadió que Blas Piñar consiguió entonces la única acta en la historia de la extrema derecha franquista, con casi 380.000 votos en toda España. Es decir, no crecía por el centro y, además, se dejaba votos por la derecha extrema.

Salvo en Galicia, las municipales celebradas un mes después, en abril, también fueron malas para el partido de Fraga: redujo a la mitad sus sufragios anteriores y no sumó ni una décima parte de los votos de UCD. Este había dimitido ya como dirigente máximo del partido, aunque regresó tras el congreso de diciembre de 1979 (con Jorge Vestrynge como secretario general, un joven doctor en Ciencias Políticas influido por la Nueva Derecha francesa y antes por los postulados neofascistas de CEDADE). Por aquel entonces comenzaba la “revolución conservadora” tras los éxitos electorales de Thatcher y Reagan, que se reproducirían después en Canadá, México o Alemania, sin olvidar la entronización en el Vaticano del cardenal Wojtyla como Juan Pablo II; en España, la novedad tuvo que esperar tres lustros porque la alternativa de derechas fue incapaz de encontrar su sitio y estrategia. Ni siquiera el debilitamiento progresivo de UCD los centró: el impacto del terrorismo en el País Vasco les hizo tomar posiciones muy radicalizadas, llegando incluso a votar contra el Estatuto de Gernika o a solicitar la actuación del Ejército para poner fin al acoso criminal. Al contrario, en los años anteriores Suárez prescindió en lo posible de su apoyo para no desvirtuar su centrismo. Solo en la recta final de la crisis de ese partido Fraga logró ir captando a sus líderes más conservadores para armar una “mayoría natural” por la que siempre había luchado (y que entonces solo existía en su voluntad e imaginación).

Su fortaleza relativa en Galicia —allí habían sacado casi la mitad de sus diputados en 1979— y el error cometido por UCD en el proceso de elaboración del estatuto en esa región los proyectaron hacia la victoria en las primeras elecciones al Parlamento de octubre de 1981, ganando a los de Suárez y colocando al frente de la Xunta a Gerardo Fernández Albor. Ello les valió el cambio de dirección en su favor de parte de la ayuda económica que la CEOE remitía a los centristas. En mayo del año siguiente, en Andalucía, volvieron a salir por delante de UCD: aunque la victoria socialista fue abrumadora, se conformaban con la disputa por el voto conservador. En paralelo se iban produciendo las incorporaciones señaladas de anteriores barones centristas, lo que invitaba a intentar otra vez aquello de la “moderación por agregación”. Con el nombre de Coalición Popular, el partido de Fraga se juntó para las elecciones generales de octubre de 1982 con los democristianos del PDP de Alzaga, algunos liberales (de Pedro Schwartz, Antonio Fontán y una desconocida Esperanza Aguirre) y partidos regionales como Unión del Pueblo Navarro, Partido Aragonés Regionalista o Unión Valenciana; en el País Vasco, por la situación que se vivía y sufrían las derechas, fueron juntos AP y UCD, con el PDP y los de la futura Unión Liberal, encabezados todos por Marcelino Oreja y Julen Guimón.

Se había producido el cambio de siglas en la derecha y se pasaba de la UCD a AP. Sin embargo, el electorado no mostraba desplazamientos ideológicos significativos: solo se habían aprovechado de parte de la desintegración de sus competidores. Alianza Popular y Fraga, a pesar de sus esfuerzos, seguían siendo la derecha franquista en la percepción social, propia y ajena. Además, el desequilibrio de fuerzas con los socialistas era muy importante: el modelo fue durante años de “partido dominante”, y en absoluto de “bipartidismo imperfecto”. Ello condicionó notablemente la política española porque el Partido Socialista pudo desarrollar un “gobierno largo” de 1982 a 1996 sin verse incomodado casi hasta su final por una oposición de derechas con problemas de legitimación social. De una parte, Felipe González aprovechó esa circunstancia para desarrollar sin excesivas trabas su proyecto de país: un reformismo radical que, además de asentar la democracia, desplegó (y universalizó) los servicios de un Estado de bienestar moderno y descentralizado, superador del anterior asistencial, el mapa de infraestructuras renovadas, el desarrollo legislativo de las libertades que establecía la carta magna y la integración en Europa y en los organismos internacionales. Pero, de otra, la capacidad de la oposición para equilibrar y controlar esas políticas fue muy limitada.

Además, de cara a las posibilidades de crecimiento de Alianza Popular, Fraga siguió optando por una alternativa muy ideologizada, escasamente pragmática, la “gran derecha”, en la ilusión de que su reforzamiento progresivo como partido acabaría captando en determinado momento esa soñada “mayoría natural” conservadora del país que se enfrentaría a la izquierda socialista, reiterando su viejo modelo anglosajón del bipartidismo. Las posibilidades de hacer política desde la oposición resultaban así limitadas: había mucho desequilibrio de fuerzas y, además, la moderación del Ejecutivo socialista reducía la opción alternativa de AP. Por ejemplo, en política económica, la reconversión industrial como respuesta a la transformación del mercado mundial no tenía otra opción, y otro tanto pasaba con la política exterior en relación con la OTAN, lo que llevó a la derecha a contender en territorios más ideológicos o a ideologizar inútilmente los debates y resultar finalmente perjudicada. Eso pasó con la extravagante idea de debilitar a González en el referéndum de adhesión a la Alianza Atlántica pidiendo la abstención, pero también con otros como el aborto o la reforma educativa (y la financiación pública de los centros privados).

La formación de Fraga resultó mucho más dependiente que la UCD de los dictados de sus organizaciones sociales cercanas, como la Iglesia católica o la gran patronal. Para obstaculizar la labor legislativa de Gobiernos de amplia mayoría combinó una oposición parlamentaria rayana en el filibusterismo con la movilización callejera (y el apoyo a sus grupos de presión) y la judicialización de la vida política por la vía de recurrir ante el Tribunal Constitucional buena parte de las leyes orgánicas de la primera legislatura socialista. Se insistió así en la política de descalificación del contrincante que había caracterizado la fase final del Gobierno UCD; antes lo hicieron los socialistas y ahora se lo hacía la derecha a estos. La política de adversarios fue imponiéndose progresivamente en España, aprovechando u obviando la poca importancia de los “partidos terceros” (salvo los nacionalistas vascos y catalanes, que funcionaban a otro nivel). Incluso, como veremos, cuando la suma de los opositores se adelantó a la posición del partido gubernamental, la opción elegida fue el desgaste de este y no su control de la gestión o el equilibrio de su poder.

En este punto resulta oportuno señalar el nuevo giro producido en la Iglesia católica española, porque afectó a su relación con los sucesivos partidos de la derecha. El muy conservador Karol J. Wojtyla llegó al Vaticano en octubre de 1978 y, desde entonces, estableció una revisión pastoral en forma de nueva “evangelización” que se hizo notar coincidiendo con las primeras reformas legislativas del nuevo Gobierno socialista. El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián, antaño defensor de las tesis conciliares y de la democratización de la Iglesia española —había sido fundador de su casi portavoz, la revista Iglesia viva—, giró a la par y se aplicó a una recuperación de la identidad que suponía abandonar las formas anteriores del Movimiento Católico, tanteando ahora la posibilidad de un partido católico o, al menos, obediente a sus intereses, entrar en colisión con la política moderadamente secularizadora de Felipe González y afirmarse en una posición conservadora de defensa de valores y moral. El giro vino acompañado de un fortalecimiento de entidades como la ACdP, el Opus Dei o de movimientos más extremos, como Comunión y Liberación y otros grupos surgidos en este tiempo (y los que vendrían después: Legionarios de Cristo, Camino Neocatecumenal, más conocido como “los Kikos”, o Renovación Carismática Católica). De esta manera se produjo un reencuentro de la élite eclesiástica y de buena parte de su base social con los partidos de derechas con los que tradicionalmente se habían visto más cercanas. Temas como el divorcio, el aborto, la enseñanza o luego el matrimonio entre personas del mismo sexo u otras novedades de la agenda progresista los enfrentaron a la izquierda y aparentaron un regreso a los tiempos pretéritos. Con todo, la sociedad española (y el Estado) era claramente laica (y aconfesional) y ese nuevo giro les iba a generar dificultades de ubicación en la nueva realidad. A pesar de eso, para los partidos de derechas ese realineamiento les devolvió la base social más sólida con la que siempre contaron: los católicos (y su jerarquía).

Mientras tanto, Alianza Popular se fue haciendo con algunos espacios de poder autonómico y municipal. En estos años, a la presidencia del Gobierno autónomo gallego se sumaron las de Baleares y Cantabria, apoyándose en ambos casos en formaciones regionalistas conservadoras; asimismo, se hizo con una docena de alcaldías en capitales de provincia. Pero la ubicación del partido en el escenario político español le seguía suponiendo un problema. Aunque la gestión de esas instituciones le facilitó el reconocimiento práctico del Título VIII de la Constitución que antaño había rechazado —el del ordenamiento autonómico del país— y aunque llevó a cabo algunos pronunciamientos democráticos y decisiones que señalaban cierto pragmatismo (en el tema del aborto, por ejemplo), AP seguía estando muy a la derecha para un electorado cómodo con la izquierda moderada, con los nacionalistas conservadores o con diversas formaciones de carácter centrista. Esto explica que los resultados de las generales de 1986 reprodujeran a la baja los de cuatro años atrás, indicando que el partido se encontraba en una parálisis, incapaz de ampliar sus espacios y desorientado sobre la estrategia a desplegar. Como le había pasado a la UCD, ese fue el argumento para que los asociados se le fueran apartando: primero lo hicieron los democristianos del PDP de Alzaga, que en julio retiraron sus parlamentarios del Grupo Popular, y medio año después hicieron lo mismo los liberales del dirigente empresarial Segurado, que coincidía con Ferrer Salat en que el tiempo de Fraga había terminado. Vestrynge fue cesado (y sustituido por Ruiz-Gallardón hijo) al orquestar una fallida operación Chirac para llevar a Fraga a la alcaldía madrileña y así apartarlo del panorama nacional. Finalmente, el propio presidente del partido dimitió al finalizar el año, después de los malos resultados en las autonómicas vascas (dos diputados y menos del 5% de los votos).

Con el apoyo tácito de Fraga, la crisis de finales de 1986 dio paso a la dirección del líder andaluz Antonio Hernández Mancha (con Arturo García-Tizón de secretario general), que le ganó la lucha por la sucesión al incombustible Herrero de Miñón; el viejo político gallego pensó que aquel sería más obediente si acaso tenía que volver al cargo y dejarle paso sin más ruido, pero no ocurrió así. El poder territorial del partido se imponía al grupo parlamentario; la idea de recomponer una confederación de partidos de derechas —la eterna referencia de la CEDA— lo hacía a la de crear un partido unificado y fuerte; y la beligerancia contra el Gobierno y su líder se preferían a una política constructiva y de colaboración. El aferrarse a la derecha no cosechó buenos resultados electorales, por más que otros dos Gobiernos regionales (La Rioja y Castilla y León) conocieran presidencias conservadoras. La desorientación fue lo que caracterizó este liderazgo de Hernández Mancha. Ausente de las Cortes, intentó una moción de censura para ganar presencia pública y notoriedad, pero aquello acabó en un fiasco; Alfonso Guerra lo destrozó dialécticamente. La Confederación empresarial de Cuevas le dio la espalda, mientras los antiguos seguidores de Herrero de Miñón conspiraban desde el grupo parlamentario. Los malos resultados de las elecciones catalanas (mayo de 1988) fueron la puntilla.

Tras el verano, Fraga, que no se había marchado del todo, resolvió hacerse cargo de la situación con la ambiciosa intención de refundar el partido y sacarlo del marasmo vivido en toda esa década, una auténtica “travesía del desierto”. Tras vencer antes las resistencias de Hernández Mancha, en enero de 1989 recuperó la presidencia en el congreso de su formación (con Álvarez-Cascos de secretario general, que venía de los lejanos tiempos de Reforma Democrática). A demanda de Marcelino Oreja, que jugó un papel protagonista en todo este proceso refundador al integrar a liberales (de Segurado) y democristianos (de Javier Rupérez y de los suyos), le cambió el nombre para ser pronto admitido en el Partido Popular Europeo y en la Internacional Democristiana: “Sé que a muchos de vosotros os está sangrando el corazón. El mío también sangra. Pero ha llegado el momento de cambiar de nombre. Alianza Popular se llamará Partido Popular. Esa es mi decisión”. Algunos vieron demasiada cesión a los democristianos, que se remachaba con la identificación ideológica del partido acudiendo otra vez al recurrente “humanismo cristiano”. El viejo líder conservador inició un “camino de Damasco” que recordaba a aquel que había hecho Suárez años atrás: aceptación sin reservas de la planta constitucional española (incluido el Estado de las autonomías), moderación del discurso buscando acomodarse a la realidad de la España de centro-derecha (y no a una “mayoría natural” a su gusto), definición del PP como “la casa común” de las fuerzas no socialistas (democristianos, liberales, conservadores en general) e incorporación individual de elementos de esas ideologías.

Aquella presidencia de Fraga era claramente transitoria, por lo que el último movimiento fue colocar al frente del partido al que ya era uno de sus vicepresidentes, José María Aznar, un inspector de finanzas públicas, de bachiller joseantoniano (del Frente de Estudiantes Sindicalistas), afiliado a AP en 1979, votante antes de la UCD y que desde 1987 presidía el Gobierno regional castellano-leonés. Antes se barajó con fuerza el nombre de Marcelino Oreja, pero puso su destino en manos del voto popular y, al estrellarse como candidato en las elecciones europeas de junio de 1989, quedó anulado. Luego salió el de Isabel Tocino, propuesto por Fraga, que provocó tal rechazo en la nueva élite del partido (Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, Juan José Lucas y Federico Trillo) que salieron raudos a presionar a Aznar para que aceptara presentarse en su lugar. Este llegó tarde a las elecciones de octubre de 1989, un tanto sorpresivas, y solo pudo repetir el resultado de las anteriores, aunque se llevó el premio personal de ganar a Felipe González por la circunscripción madrileña en que se presentaban ambos.

16. Refundación y victoria

En marzo-abril de 1990, en Sevilla, se celebró el X Congreso del Partido Popular —había asumido la numeración previa de los de AP—, que supuso la definitiva refundación de la derecha española actual. El lema fue “Centrados con la libertad”, anunciador del “giro al centro” que personificaba Aznar, así como de su apuesta liberal, más acomodada internacionalmente a la moda ideológica conservadora de los años noventa que otras referencias de aroma más vetusto (aunque las exigencias simbólicas democristianas de Oreja parecían dar a entender otra cosa). La operación consistía en atraerse lo que quedaba todavía de personalidades de la UCD, popularizar entre su electorado la apuesta por el “centro reformista”, renovar equipos y programas, y desbordar los límites ideológicos anteriores (v. g., afirmar que la ley del aborto se basaba en la libertad individual, rechazar el trámite de separación previo al divorcio o proponer el incremento de las pensiones más bajas y la ampliación de competencias de las comunidades autónomas). Fraga renunció a ejercer tutela alguna en el nuevo partido y “se retiró” a la presidencia de Galicia en los siguientes tres lustros tras ganar cuatro mayorías absolutas, terminando sus días como senador por designación autonómica.

Los años noventa le sirvieron al centro-derecha español conducido por Aznar para resituarse en un país modernizado y que poco o nada tenía que ver con aquel del postfranquismo y de la transición. Así, además de buscar el padrinazgo europeo e internacional de una derecha similar —de origen democristiano, pero ahora más amplia—, enlazó con un pasado histórico ubicado un siglo atrás, en la España canovista de la Restauración, de la que se quiso destacar su condición liberal y la existencia de una vida constitucional, partidaria y parlamentaria. Cánovas ya había sido reivindicado antes por Fraga —creó y presidió desde 1989 una fundación con ese nombre, y hasta 2003 publicó su revista Veintiuno— e incluso el centenario de su muerte, en 1997, fue celebrado por el nuevo partido de Aznar. Pero lo más sorprendente de esta revisión histórica fue la reclamación que hizo el nuevo líder de la figura de Manuel Azaña, viendo en él personificado un españolismo constitucional que reconocía la pluralidad territorial del país, aunque sin pasar por las reclamaciones y lectura de los nacionalismos “periféricos”. En todo caso, el asunto era escapar de la ligazón con el franquismo que había caracterizado a la derecha de Fraga y que todavía mantenía muchos restos en la de Aznar. Además, la estrategia política combinó un pragmatismo que lo alejaba de nuevo de una derecha reaccionaria junto con un entendimiento con la oposición comunista al Gobierno que desembocaría en la llamada “pinza” establecida con el dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, y con el respaldo mediático y un tanto conspirador del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez.

Fue esa primera mitad de los noventa un periodo de fuerte desgaste del Ejecutivo socialista y de su partido, donde emergieron casos de corrupción —entre otros, los de Juan Guerra, Filesa o Luis Roldán—, se instrumentalizó la lucha antiterrorista, se confirmó por sentencia judicial la relación de altos cargos del Gobierno con la “guerra sucia” contra ETA a través de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) activos en el decenio anterior —1983-1987, veintisiete asesinatos—, se desarrolló una política gubernamental de control de medios de comunicación, se asentó un presidencialismo indiscutido, se extendió el parasitismo partitocrático de las instituciones del Estado y se aprobaron leyes muy polémicas que afectaban a las libertades (v. g., la de Seguridad Ciudadana). En ese marco es donde el PP hizo causa común con la oposición de izquierdas. Por aquellos días, el comunicador Federico Jiménez Losantos, que ejerció gran influencia en las elecciones culturales e históricas de Aznar, triunfaba con un libro titulado La dictadura silenciosa (1993).

Por otra parte, en 1993 se vivió la crisis económica más importante del país (hasta llegar años después a la de 2008). La recesión elevó el desempleo hasta un máximo del 24%, con más de tres millones y medio de parados. La deuda pública y el déficit se dispararon, mientras la inversión y los beneficios empresariales se hundían. Una burbuja inmobiliaria, en este caso comenzada en Japón, estaba en el origen de esta recesión internacional que tanto impactó en nuestro país al encontrarlo desfondado después del esfuerzo inversor público hecho en 1992 (Juegos Olímpicos de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla), que todavía no se rentabilizaba en unos efectos socioeconómicos duraderos. Fue una crisis corta en el tiempo, a la que se trató de responder con una devaluación de la peseta y con una ley financiera que reducía drásticamente el gasto público (el Pacto de Toledo sobre las pensiones, de 1995, fue una de sus consecuencias).

La convergencia del cambio operado en la derecha y el desgaste del PSOE se habían advertido con claridad en las elecciones generales de 1993, anticipadas por el Gobierno en medio año. A pesar de los anuncios de sorpaso de las encuestas, González retuvo la mayoría, aunque por vez primera no absoluta, lo que lo obligó a pactar con los nacionalistas catalanes (Izquierda Unida estaba en la oposición cerrada y el PNV solo se comprometió en la investidura). A cambio, Aznar, con más de ocho millones de votos, pulverizó los mejores resultados de Fraga en un mapa conservador clásico al que ahora se añadían nuevos territorios, como la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid. El voto a la derecha había dejado de ser tabú y un porcentaje importante de la población se mostraba dispuesto a ejercerlo, beneficiándose, además, como ocurría en otros países, de un discurso donde se invertían los papeles y los conservadores aparecían como innovadores y modernos frente a una izquierda partidaria de mantener estructuras de protección social contrarias al dinamismo neocapitalista de moda en los años noventa. En ese sentido, la oposición hacia el PSOE desde la calle la protagonizó una izquierda social más que la derecha (la huelga general del 14-D de 1988 o antes la gran campaña contra la permanencia en la OTAN o las movilizaciones estudiantiles), de manera que la base electoral más consistente de los socialistas acabó siendo una ciudadanía moderada, satisfecha de los logros alcanzados desde la Transición y que perfectamente podía haber votado entonces en buena medida a la UCD.

Con esa dificultad, el PP, por fin, conseguía acomodarse al espectro social que se reclamaba centrista y desechaba la vieja idea de ideologizar adecuadamente a una supuesta “mayoría natural” de ese signo para convencerla de que lo votara. Se movía el partido, más que la sociedad española, aunque los cambios operados en esta dejaban ver una ciudadanía joven y urbana no refractaria al voto conservador. En esa lógica, el partido de Suárez —el CDS, del que hablaremos a continuación—, que le podía haber hecho la competencia, vio cómo sus sufragios se reducían a la cuarta parte y se quedaba fuera del Parlamento, convirtiéndose en una opción residual. El PP era ahora el partido de toda la derecha española, hacia el que transitaban poco a poco los antaño barones de la UCD que faltaban (Pérez-Llorca, Juan Antonio García Díez, Emilio Lamo de Espinosa, Salvador Sánchez-Terán…) y no pocas figuras académicas y mediáticas. En todo caso, las otras derechas, las formaciones nacionalistas y regionalistas, retenían un poder determinante en unos casos o significativo en otros. El PP se había convertido después de tantos intentos frustrados en un “partido de competición”.

A las elecciones de 1996, de nuevo adelantadas al decaer el apoyo de CiU al Gobierno después de la crisis terminal que sufría este —se negó a sostener su proyecto presupuestario—, Aznar y su partido llegaron más fuertes y preparados, al punto de que lo que les auguraban ahora las encuestas era una mayoría absoluta. El esfuerzo de estos por aparecer como centristas llevó al PSOE a una campaña que acentuara el riesgo de que alcanzaran el poder: sacó a relucir un agresivo dóberman con el que quería representar una supuesta derecha “de siempre”: “La derecha no cree en este país, mira hacia atrás y se opone al progreso”, decía la voz en off de su campaña, articulada en torno al lema de “España en positivo”. Algo consiguió, porque el PP solo aventajó a los socialistas en trescientos mil sufragios y quince escaños, aunque se acercó a los diez millones de votos, con un porcentaje de casi el 40% de los emitidos. Con una mayoría solo relativa, Aznar hubo de pactar su investidura con nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Con los primeros cerró un acuerdo (el del Majestic) de financiación autonómica que, en la letra pequeña, incluía el apartamiento del líder “popular” catalán Alejo Vidal-Quadras, que venía presentando una oposición cerrada y consistente a la hegemonía pujolista en la región. La derecha, después del tiempo lejano de la UCD, recuperaba el poder democráticamente y lo hacía incorporándose al mismo procedimiento de pactos y de realpolitik que había caracterizado los últimos tiempos de la izquierda gubernamental. El cambio de la cultura política era radical.

17. Más allá del Partido Popular:
el imposible ‘tercer partido’ español

El camino en la derecha había quedado despejado, salvo en los mapas vasco y catalán, con sistemas de partidos propios, donde el PP había visto reducida su presencia hasta el extremo. En otros escenarios, diferentes formaciones regionales ocuparían alguna parte de su espacio político: Coalición Canaria, Partido Aragonés Regionalista, Unión Valenciana, Unió Mallorquina y Unión del Pueblo Navarro, aquí con sustitución de facto de la marca nacional hasta 2008 —“En Navarra, nosotros; fuera de Navarra, con vosotros”—, aunque luego se recompondría el pacto después de la crisis producida tras el apoyo a los presupuestos del Gobierno socialista. La progresiva hegemonía popular en el campo de la derecha consiguió aglutinar a esos partidos regionales en torno suyo durante los años noventa y la primera década del siglo XXI, desapareciendo de hecho algunos al subsumirse en el partido nacional o perder su razón de ser. Pero ¿qué fue del resto?

El principal de ellos fue el Centro Democrático y Social creado por Suárez en julio de 1982 al abandonar la UCD. Uno de los líderes centristas que arrastró consigo —antiguo procurador vasco en las Cortes franquistas—, ante la posibilidad discutida en una Ejecutiva de que el CDS se identificara como un “partido radical” (como el italiano de Marco Pannella), se hizo en alto la siguiente pregunta: “Adolfo, ¿y cómo se lo explico yo a mi madre?”. La aparición (e ideología) de ese partido era el resultado de la reciente historia del país y de parte de ese ámbito político de la derecha. Un sector “azul”, comprometido progresivamente con el proceso de transición, había ido incorporando todo tipo de propuestas sociales y se había sentido víctima de las limitaciones de una democracia que todavía no desplegaba del todo sus alas. El radicalismo democrático y un populismo social constituían sus premisas. Sus fundadores venían de los sectores de la UCD menos identificados ideológicamente (Rodríguez Sahagún, Calvo Ortega, José Ramón Caso, Viana, Castedo, Gerardo Harguindey, Mayor Zaragoza…), aunque también había casos como el del antaño opositor antifranquista Jiménez de Parga, el socialdemócrata Lasuén (ahora procedente de una relación con la Alianza Popular de Fraga), Antonio Fernández Teixidó, que había empezado su vida política en la Liga Comunista, o el incierto Arias-Salgado. Ganaron mucho incorporando otros nombres ajenos a la experiencia centrista, como los socialistas Raúl Morodo y Carlos Revilla (o Carmen Díez de Rivera, seguidora de Ridruejo y de Tierno Galván) o el comunista Ramón Tamames. Así pudieron ubicarse en el centro-izquierda, aunque sus planteamientos ideológicos eran bastante confusos y su electorado, más allá de popular y “suarista”, también impreciso.

En realidad, pretendían ocupar un lugar entre los dos grandes partidos de los años ochenta, pero su espacio político real se pondría a prueba en el futuro con las políticas de alianzas con uno y otro. Mientras, a poco de nacer, quedó al frente de él Suárez, con José Ramón Caso como secretario general. Las elecciones de 1982 les llegaron con precipitación y su resultado fue malo, pero las de 1986 supusieron su temprano cénit, con más de un millón y medio de votos (7,89% de los sufragios) y diecinueve diputados. Al año siguiente mejoraron incluso esos guarismos tanto en las elecciones europeas como en las municipales y autonómicas, haciéndose con la presidencia del Gobierno canario (Fernando Fernández Martín y luego Lorenzo Olarte): casi dos millones de votos y el 10% de los emitidos, diputados hasta en trece Parlamentos regionales, casi 6.000 concejales y 684 alcaldes (entre ellos los de Ávila, Segovia y Las Palmas de Gran Canaria), y siete eurodiputados encabezados por Eduard Punset, que les dieron entrada por la puerta grande en la Internacional Liberal (y Progresista, ahora denominada así a demanda suya y presidida por el propio Suárez).

La condición de “partido tercero” parecía estar asegurada alternando sus apoyos a PSOE y AP en diferentes instituciones. Además, su competidor por el centro, los liberales de la “operación Roca” que encabezó el político catalán con el liberal Garrigues, fracasó por completo. Incluso más, la incorporación al grupo parlamentario del CDS de electos por otras formaciones (democristianos como Cavero y Modesto Fraile, socialdemócratas como Lasuén, liberales como Antonio Jiménez Blanco y Ana Yabar, o comunistas como Tamames), hasta alcanzar la cifra de 28 escaños, alumbró la esperanza de que podían ser el partido alternativo al PSOE en lugar de una paralizada Alianza Popular; de “partido tercero” se planteaban escalar a otra condición todavía más importante. Esto fue variando su política de alianzas, dejando de apoyar la mayoría socialista y dando paso a otras opciones que normalmente conllevaban su apartamiento de puestos de poder (salvo en el caso canario ya señalado). El segundo congreso celebrado en ese feliz año de 1986 ya dejó ver la inclinación presidencialista que de nuevo albergaba Suárez, conformando un Comité Nacional sin el apoyo de un tercio de los delegados, a los que se dio la explicación de que este no era un órgano de representación territorial, sino de dirección ejecutiva, por lo que debía primar en él la homogeneidad. Todavía los buenos resultados electorales ocultaban esas diferencias, así como la vacuidad discursiva y programática: un radicalismo que, a semejanza del anterior humanismo cristiano de la UCD, servía como compendio de todo lo bueno; en el CDS lo denominaron “personalismo comunitario”.

A partir de 1989, al promocionar a Rodríguez Sahagún como alcalde de Madrid con los apoyos conservadores y así desalojar al socialista Juan Barranco, se produjo un giro en su estrategia que dio lugar a tensiones internas y a un alejamiento de su base electoral. Ya se había hecho notar ese cambio con sustituciones de elementos progresistas por otros más conservadores (Harguindey en lugar de Revilla al frente del partido en Madrid) o con la relación de Suárez con un banquero emergente entonces, Mario Conde, al que se vinculaba con las finanzas de la formación, un tema siempre complicado para los centristas. La refundación de la derecha en Partido Popular llenó de energía a este sector, marcándole el paso ahora al CDS. El acuerdo estratégico entre las dos formaciones para desplazar al PSOE en diferentes lugares, suscrito por Trillo y Caso, fue interpretado como “derechización” de los centristas y desobedecido por parte de las bases. En todo caso, supuso el punto de inflexión donde el papel que pretendía jugar el CDS en la política española perdió su sentido. La confusión del electorado se notó ya en las elecciones europeas y tres meses después en las generales, a pesar de que todavía eran resultados óptimos; sin embargo, el debilitamiento socialista benefició a Izquierda Unida, que desplazó al partido de Suárez en la tercera posición. Se trató de corregir la situación en el congreso de 1990, devolviendo al partido al centro-izquierda para así escapar de la progresión ascendente y atractiva de Aznar. Las autonómicas y municipales de 1991 detectaron el mareo que sufría su electorado, reducido a un tercio en plena proyección conservadora en esos ámbitos; solo mantuvieron la alcaldía grancanaria.

El 27 de mayo de 1991, al día siguiente de la cita electoral, Suárez volvió a dimitir de la presidencia de su partido. Comenzaba otra vez la prolongada escena final de su formación política, y se repetían las formas de la anterior ocasión: arremetida de la prensa derechista exigiendo que dejase expedito un campo que ahora solo debía ocupar Aznar, fin del consenso anterior en torno a la figura del presidente y bronca en el partido entre facciones progresistas y conservadoras. El congreso extraordinario de septiembre fue un formidable caos. La presidencia quedó en manos de Calvo Ortega, el candidato de los moderados, frente a la opción del avanzado Raúl Morodo que apoyaba Suárez; el catalán Fernández Teixidó, “tercerista” sostenido por Caso y ajeno al pulso entablado entre Arias-Salgado y la progresista Rosa Posada, se hizo con la Secretaría General (y con la portavocía parlamentaria cuando Suárez abandonó por completo la política); y la ponencia aprobada por el congreso no fue la de la Ejecutiva elegida, sino la resultante de una enmienda a la totalidad presentada por un treintañero compromisario murciano totalmente desconocido (José Muelas).

Lo siguiente fue el habitual declinar que se produce en este tipo de situaciones: la mayoría del partido en Canarias fundó un nuevo Centro Canario (precedente, al juntarse con grupos de muy diversa procedencia ideológica, de la luego exitosa Coalición Canaria); diferentes dirigentes o elementos relevantes fueron abandonando el partido (Fernández Teixidó, Punset o Arias-Salgado; finalmente, Caso y Calvo Ortega), desacuerdos constantes en los siguientes congresos de la organización, mengua permanente de los votos recibidos y de los puestos institucionales alcanzados… A partir del verano de 1993 se empezó a discutir la posibilidad de poner punto final a la entidad, pero hasta noviembre de 2005 no se formalizó la disolución del CDS y la incorporación de lo que quedaba de él al Partido Popular, que lo celebró con un homenaje a Adolfo Suárez y “a los valores de la Transición”; tres años antes, el hijo de este se había afiliado al PP, Aznar lo había incluido en el Comité Ejecutivo y lo presentó sin éxito para encabezar el Gobierno de Castilla-La Mancha. Los afiliados no partidarios de terminar en la formación conservadora desfilaron hacia partidos regionalistas y, sobre todo, hacia lo que acabaría siendo Ciudadanos.

La posibilidad de que se asentara en España un “tercer partido” que sirviera de equilibrio dentro de una tradición bipartidista más o menos imperfecta y que redujera así la posición ventajosa de los partidos nacionalistas catalanes y vascos había resultado fallida por primera vez con la experiencia del CDS de Suárez. Se explicó su fracaso con argumentos como la falta de financiación del partido, la indefinición del espacio propio y el carácter presidencialista de la formación, que la hacía depender en exceso de su mentor. Sin embargo, en 1986 se puso en marcha una estrategia, la llamada “operación Roca”, para fundar un partido liberal centrista, a caballo entre socialistas y conservadores, bien apoyado financieramente, equilibrado en cuanto a liderazgos, con perfecta ubicación en su espacio político y con posibilidades de “solucionar” la eterna cuestión catalana por la vía de proyectar esta al conjunto del país (la histórica operación Cambó); fracasó antes y con más estrépito que el CDS, partido al que no le duró ni un asalto, el de las elecciones generales de ese año.

La historia de los liberales en el tiempo final del franquismo y en la transición a la democracia es necesariamente limitada porque su devenir resultó poco exitoso. La tradición liberal representada en un amplio sector del republicanismo (de Ortega a Azaña, pasando por algún Lerroux) quedó laminada por el franquismo; fue, en realidad, su operación liquidadora más exitosa y aquella en la que más empeño puso. En la oposición tolerada dentro del país sí hubo algún liberal notorio, como Satrústegui (junto con Miralles, Vicente Piniés, Juan Antonio Zulueta…), participante en aquella histórica reunión de Múnich; en la oposición perseguida, dentro o fuera, los liberales fueron menguando en beneficio de culturas políticas alternativas, como el antifranquismo o el izquierdismo obrerista desde finales de los sesenta.

Satrústegui era un liberal conservador y anticomunista, y fundador de una Unión Española en 1957, que había hecho sus primeras armas políticas en Renovación Española y se había convertido en opositor antifranquista por europeísta y por lealtad juanista; el problema es que la ubicación política del pretendiente era tan oscilante como exigían los requiebros estratégicos del dictador. El antaño reaccionario y falangista Areilza también apareció como referencia liberal en este tiempo, de nuevo en torno al consejo privado de Estoril. Otros personajes de menos relevancia se sumaban a esa nómina, procedentes en algunos casos de la diplomacia o de experiencias y contactos con el extranjero y, sobre todo, con las vecinas democracias europeas. En el tardofranquismo no dieron más que para algunos centros de debate (el animado por Antonio Gavilanes Dumont desde 1967 o el Club 1980 de Enrique Larroque), que luego fueron sucedidos por entidades de vocación política, pero muy minoritarias: el Partido Demócrata Popular liberal que auspició Ignacio Camuñas a finales de 1974, con Fernando Chueca Goitia, Gámir, Arias-Salgado y el periodista Juan Luis Cebrián; las Sociedades Libra de ese mismo año, por donde andaban los Garrigues Walker, Fontán y Herrero de Miñón; o los intentos de reflotar la Lliga a cargo del Club Catalònia que agrupaba a diversos industriales y banqueros de esa región. Como resume Gil Pecharromán, los liberales españoles, a la altura de 1976, eran pocos y bien divididos: el Partido Liberal Progresista de Satrústegui, el Demócrata Popular de Camuñas, el Demócrata de Joaquín Garrigues, el Liberal de Larroque y la Lliga Liberal Catalana de Millet, por lo menos.

Salvo en el caso catalán, donde algunos como Ramón Trías Fargas o Molins acabaron encontrando ubicación en formaciones con futuro, como la CiU pujolista, el destino mayoritario de los liberales españoles fue la UCD, con más o menos comodidad. Los incómodos, como Larroque, acabaron coincidiendo con Areilza en una Acción Ciudadana Liberal que terminó en AP y, finalmente, en el CDS de Suárez en 1982. Restos de aquella formación alimentaron una prórroga con el empresario Segurado a la cabeza y con Pedro Schwartz, pero también acabarían en AP o en el PP a lo largo de esa década.

La excepción fue Antonio Garrigues Walker, quien, con su Partido Demócrata Liberal, surgido de los Clubes Liberales extendidos por el país, se mantuvo al margen y fue recogiendo afiliados de UCD y de diferentes formaciones regionalistas que escapaban de la debacle del partido centrista. En marzo de 1983 crearon un Partido Reformista Democrático con la intención de conformar una alternativa liberal para las elecciones generales de 1986. Lo presidía Garrigues, con el empresario Florentino Pérez de entusiasta secretario general —que después se ha convertido en personaje muy popular por su presidencia del Real Madrid y de la constructora ACS—, el nacionalista catalán Miquel Roca Junyent como cabeza de cartel e importantes apoyos mediáticos (Pedro J. Ramírez desde Diario 16), financieros y empresariales (la CEOE prometió dieciséis mil millones de pesetas), y de todo tipo (v. g., el expresidente de los jueces, Federico Carlos Sainz de Robles; políticos en sus inicios como Pilar del Castillo o María Dolores de Cospedal, o con trayectoria, como Satrústegui y Justino de Azcárate, o Gabriel Elorriaga y el navarro Tomás Caballero; diversas formaciones regionales que se incorporaban al partido o apoyaban desde fuera…). Como ya se ha señalado, la operación reformista aunaba en estos todavía comienzos de la democracia española la doble intención de generar un partido equilibrador entre las dos grandes formaciones de izquierdas y de derechas, y de proyectar la política catalana hacia el conjunto nacional. Roca, portavoz parlamentario de CiU, antes de las elecciones de 1982, había publicado un libro titulado Per qué no? Una proposta catalana per a la modernització de l’Estat, donde expresaba esa última voluntad, a la que se sumó inmediatamente su temor a que la endeblez de Alianza Popular no fuera suficiente para controlar el enorme poder que iba a adquirir el PSOE.

El programa original de estos liberales respondía a las tesis que había desarrollado Garrigues: un liberalismo progresista, no conservador —decía sentirse más cercano de Felipe González que de Fraga—, que no lo fuera solo en el plano económico, como proponía ahora la moda neoliberal, sino sobre todo en el de las libertades del individuo y su autonomía respecto del Estado y de otros poderes. Curiosamente, su ubicación original no era muy distinta de la del CDS de Suárez, y aspiraba también a emular el radicalismo expuesto por el partido del italiano Pannella.

El Estado debe existir. Correcto. Pero como encargado de regular la convivencia social, no de reprimirla en su espontaneidad. El peligro nace cuando la sociedad deja de controlar al Estado y este se convierte en regulador de los comportamientos sociales, y en vez de obedecer a la sociedad, decide ordenar y mandar.

Con el CDS trató Garrigues de llegar a un acuerdo para las municipales de 1983, presentándose por Madrid, pero Suárez propuso a Rosa Posada y el compromiso se frustró: la presentación en solitario del entonces Partido Demócrata Liberal fue un absoluto fracaso. Obsérvese que la aparente solidez ideológica de estos liberales contrastaba con su política de alianzas, a veces más proclive a pactar con Alianza Popular (Segurado-Schwartz), otras con los restos de UCD (Garrigues) y otras con el radicalismo del CDS (Camuñas). En realidad, quien acudió en rescate de los liberales de Garrigues fue Miquel Roca, cuando tras el nuevo fracaso se acercó a aquel para poner en marcha la operación que llevó su nombre. El éxito pujolista en las elecciones catalanas de abril de 1984 dio luz verde al proyecto, con la mirada puesta en las generales de dos años después. El primer congreso del PRD tuvo lugar en noviembre, con asistencia de líderes liberales europeos, como Simone Veil, Willy de Clerq y Pinto Balsemao; el partido liberal de Garrigues se disolvió en el nuevo Reformista Democrático. El nuevo discurso liberal-demócrata atenuaba la perspectiva más social expresada originalmente por Garrigues e insistía en la disminución de la presencia del Estado en la sociedad y, particularmente, en la economía. En términos territoriales, el partido adoptó una estructura federal, muy marcado por la presencia de CiU y de grupos regionalistas fundacionales, como Unió Mallorquina, Convergencia Canaria o Coalición Galega (Quiroga). En este punto, el liberalismo aparecía nuevamente como bálsamo de Fierabrás, como señaló el andaluz Luis Marín: “El reformismo es la síntesis del centro con el nacionalismo moderno”.

El objetivo no era discreto: henchidos del entusiasmo fundacional, no se planteaban ser “partido bisagra” o “tercero”, sino competir con el PSOE y AP en términos de alternativa. Eso explica la magnífica disposición expresada por los llamados “poderes fácticos” de ese momento (la CEOE de Cuevas, la Asociación de la Banca de Rafael Termes y alguna prensa), que desconfiaban de las capacidades del partido de Fraga y, por supuesto, abominaban de la posibilidad de que los socialistas se estabilizaran en el poder, como ocurrió. Disposición y presiones, porque trataron por todos los medios de lograr acuerdos con el CDS hasta el final e incluso con otros sectores liberales del entorno ahora de Fraga, aunque todo resultó inútil; el antisocialismo de los poderes económicos y políticos de la derecha no se ocultó en ningún momento.

Por su parte, la operación Roca contaba con dos problemas de partida. Primero, que en el espacio de centro el PRD era visto por el electorado más inclinado a la derecha que su competidor, el CDS, que aparecía como representante genuino de esa condición; el resultado fue que al primero lo votó una clase media de buena condición económica y al otro un más amplio sector popular todavía seducido por Suárez. Segundo, la dependencia catalana del proyecto podía hacer aparecer a este como poco español, como sucursalista de aquella política nacionalista. Roca, que no estaba afiliado al PRD, se presentaría a las elecciones por CiU y por Barcelona, aunque era la cabeza de cartel, la cara visible del proyecto; en la capital de España, la candidatura no la encabezaría Garrigues, sino Sainz de Robles, que tampoco estaba afiliado. No era fácil de asimilar. Además, la fórmula funcionaba de la mano de partidos regionalistas integrados en el proyecto, como demostró el buen resultado en las autonómicas gallegas de la mano de Coalición Galega, pero no así de las secciones regionales del PRD: en las andaluzas, celebradas junto a las generales, Marín —a quien sus opositores dibujaban ataviado con una barretina— obtuvo un pésimo resultado.

Para el reto de las generales de 1986, el PRD se presentó con el lema “Hay otra forma de hacer España”. Obtuvo menos de doscientos mil votos y del 1% de los sufragios emitidos, y ningún escaño. A la vez, CiU logró los mejores resultados cosechados hasta la fecha, e incluso Coalición Galega obtuvo representación (en Baleares sacaron aún mejor porcentaje, aunque sin escaño). El fracaso había sido completo. La posibilidad de una alternativa española construida desde la periferia o no se entendió, o se presentó de manera muy compleja o, simplemente, no se consideró por parte del electorado. A cambio, el CDS se alzó a la condición de “tercer partido”. Aquella otra forma de hacer España se agotó a las primeras de cambio. El viejo Satrústegui se encargó de disolver aquello, cuando las cabezas visibles lo habían abandonado al día siguiente de la derrota.

Solo Pujol se benefició de aquella operación Roca (sacó cinco veces los votos del PRD y se hizo con todo el centro político catalán; incluso el PNV, con un censo mucho menor, sacó vez y media más). Los años ochenta y noventa fueron los de la conformación de sendos sistemas políticos diferenciados del español en Cataluña y el País Vasco, que se correspondían con culturas políticas distintas y caracterizadas por la hegemonía del nacionalismo. Las diferencias entre ambas remitían al personalismo del caso catalán, encarnado en el pujolismo; a la presencia del terrorismo etnonacionalista y de una fuerza sociopolítica de sostén de este muy arraigada, en el vasco; y a la distinta disposición respecto de España de esos nacionalismos: relacional para el catalán, como hemos visto en dicha operación, y exclusivamente funcional (y antiespañolista) para el vasco.

CiU y PNV se hicieron con el control de las instituciones autonómicas a partir de 1980, tras la constitución de sus Parlamentos y Ejecutivos regionales. Desde ellas desplegaron una política diferencial para con el Estado español, tratando de invisibilizarlo en la medida de lo posible. A la vez, extendieron eficazmente una trama de relación y dependencia con diferentes sectores de sus sociedades, desde los intereses empresariales o de la Iglesia católica a las demandas de tipo popular y sus entidades animadoras; se integraron adecuadamente en unos espacios transversales, interclasistas, impregnados de victimismo historicista, herederos de parte de la cultura antifranquista, hasta hacer confundir su programa político y su diseño de sociedad con el defendido por la mayoría de los votantes. Primero desde ámbitos sociales en el tardofranquismo, compitiendo con unas izquierdas mucho más potentes que ellos, pero luego desde el control de las Administraciones locales y autonómicas, los nacionalismos conservadores catalán y vasco se hicieron de manera muy estable con el control de sus comunidades. Y a ese empeño colaboraron los sucesivos Gobiernos españoles, de Suárez a Aznar (y siguieron después con José Luis Rodríguez Zapatero y los posteriores), tomando a esos partidos nacionalistas como interlocutores privilegiados, en perjuicio de sus respectivas formaciones catalanas y vascas, en absoluto sucursalistas (sobre todo en Cataluña), pero sí que muy dependientes de las necesidades “madrileñas”, del conjunto del Estado (v. g., asentar el Estado autonómico, combatir el terrorismo, asegurar mayorías en las Cortes, ordenar los poderes regionales dando primacía a esas comunidades diferenciadas…).

En Cataluña, el proyecto pujolista tuvo muy claro desde antes de la transición la necesidad de “construir nación” a partir de la realidad de una demografía regional afectada por una importante inmigración española. En ese sentido, combinó acertadamente una propuesta de integración sociocultural de esa inmigración —en buena medida idiomática—, respaldada por las izquierdas, que vieron en ella, con sus matices, una manera de incorporar a esa nueva clase obrera a las estructuras e instituciones del país, con una identificación de los valores de la comunidad típicamente nacionalistas y conservadores. El procedimiento victimista, expresado particularmente en la reacción a la causa judicial entablada contra Pujol por el asunto Banca Catalana, en 1984, confundiendo a la persona con la comunidad, le proporcionó una adhesión ciudadana que duró al menos para los siguientes tres lustros. En ese sentido, las potentes izquierdas procedentes del antifranquismo se mostraron incapaces de evitar la hegemonización del pujolismo por la vía de CiU, que hacía gala de un nacionalismo presentado como “cívico”, muy pragmático, una ubicación en la derecha conservadora, pero abierta y muy diferenciada de los perfiles característicos de la española, y una mezcolanza ideológica de liberalismo y democracia cristiana, junto con europeísmo y modernidad, muy sugestivo. Hacia dentro, hacia Cataluña, pretendió instalarse como el eje articulador de su sociedad, el pal de paller. Hacia fuera, una posición colaboradora y no beligerante con el resto de España convirtió a Pujol y su partido-coalición en una pieza de sostén de la democracia (en 1985, el conservador ABC le dio el título de “español del año”); la presencia de Roca en las Cortes y en la política nacional le otorgaban legitimidad y prestigio, que siguió después con el democristiano Josep Antoni Duran i Lleida. Sin embargo, su proyecto trabajaba para construir unas bases nacionales respaldadas por una mayoría social y el manejo de unas estructuras de Estado que en un momento dado pudieran poner a la comunidad en disposición de “desconectar” de España, cuando las necesidades de la agenda política o de la coyuntura nacional e internacional así lo aconsejaran.

En lo esencial no fue muy diferente el caso vasco, representado en el PNV de Garaikoetxea y, sobre todo después, de Xabier Arzalluz y del lehendakari José Antonio Ardanza. Aquí la diferencia tiene que ver sobre todo con la presencia de ETA y con las características del nacionalismo vasco, más clásicas en aquel momento que las del catalán e históricamente antiespañolista. En los primeros años ochenta, con el lehendakari Garaikoetxea, el nacionalismo vasco dibujó a su gusto la planta institucional autonómica del país y la consiguió confundir con sus premisas ideológicas y con sus referencias simbólicas (v. g., la ikurriña o el propio himno oficial de la comunidad). Al mismo tiempo, la red social de dependencia se articuló en una doble y convergente dirección: seleccionando y acomodando las primeras promociones de la nueva Administración y vinculando a muchas empresas a la demanda de las necesidades de esta, y conformando un modelo de relación con los sectores privados de tono corporativista: hacían depender a estos de los recursos públicos, los definían a su imagen con esa obediencia y, una vez logrados esos objetivos, establecían una autonomía de relación y colaboración público-privada poco o nada conflictiva. Al final, lo más parecido al país era el propio partido, con lo que el éxito de su proyecto hegemonista estaba logrado.

El problema en el País Vasco, como decíamos, era el terrorismo y el pulso que frente al nacionalismo conservador e institucional venía estableciendo el nacionalismo radical, el de ETA. Un pulso doble que ya venía del tardofranquismo: por definir las características y valores del nacionalismo vasco de finales del siglo XX —la lucha cultural ha estado ahí muy presente, aunque velada—, y por conseguir el control de la sociedad y de los recursos en el ámbito institucional y local. Además de ello, lógicamente, el efecto del terrorismo resolvió esta confrontación interna al nacionalismo sumando a los socialistas (y a la derecha españolista en algunos casos) a las posiciones del PNV, como ocurrió desde 1986 con la sucesión de Gobiernos de coalición o con grandes acuerdos como el de Ajuria Enea contra la violencia de ETA. Con todo, el nacionalismo conservador demostró en esos años una capacidad de penetración social y de acceso a las instituciones que reforzó su papel de interlocutor con la política española, iniciado ya en los años de la Transición, como se ha dicho. Además, la disponibilidad de recursos económicos —mediante el concierto y el cupo, pero también colaboración extraordinaria de los Gobiernos españoles, como en el caso de la reconversión industrial de los años ochenta— le permitió mantener una apariencia de partido democristiano en las costumbres y valores, pero con la disposición social y la cartera características de los socialdemócratas, llegando a cubrir desde las instituciones muchas necesidades que en otros lugares quedaban sin remedio, y construyendo un modelo de país más integrado y modernizado que el de sus entornos.

En los dos casos, catalán y vasco, con procedimientos diferentes, el mapa político resultante era distinto, la cultura política también y parte de sus derechas notablemente distinguidas de las españolas. Esto constituyó un serio hándicap para estas porque los equilibrios entre los dos partidos nacionales se rompían con la intervención de estos singulares “partidos terceros”, afectando a un valor sagrado para las derechas patrias: la unidad de la nación española y la primacía de esta sobre todos sus diferenciados territorios. Además, su distancia cultural con ellos y la dependencia de sus escaños en Madrid reducía el aporte de parlamentarios de esas regiones al conjunto nacional necesario para hacerse con el Ejecutivo español.

18. Extremistas y frikis

Entre 1979 y 1982, la extrema derecha franquista vivió un corto momento de gloria. Entonces, como hemos visto, sacó diputado a su líder, Blas Piñar, e hizo demostraciones de fuerza notables, con grandes concentraciones en mítines o con motivo de fechas referenciales para ellos (de manera destacada, el 20 de noviembre, aniversario de las muertes de José Antonio y de Franco). Sus rechazos a la incertidumbre generada por el cambio político hacia la democracia encontraron recepción en diferentes medios publicísticos —es la época “buena” de El Alcázar o de la salida de El Imparcial, de Emilio Romero, a finales de 1977— o culturales de masas (el teatro, el cine, el humor, las novelas populares de Fernando Vizcaíno Casas o las obras de Ángel Palomino y el recuerdo reciente de Alfonso Paso); era fácil entonces hacer chanza de un país en tránsito y levantar banderas como las del diario de los excombatientes: “Dios, España, familia, honor, libertad”.

Unión Nacional consiguió en aquellas segundas elecciones de la democracia congregar las fuerzas que no logró en las anteriores: con Fuerza Nueva al frente, agrupó a los Círculos José Antonio, a la Falange “oficial”, a la Confederación Nacional de Excombatientes de Girón y a las Juventudes Tradicionalistas, estando los de Silva Muñoz y Fernández de la Mora a punto de entrar en el acuerdo e incluso apretando a Fraga para que aceptara una alianza que, de salir, lo hubiera apartado de la política española para siempre (o, por lo menos, de la democrática). Con Ricardo Alba de secretario general, extendió su organización hasta alcanzar los cincuenta mil afiliados muy militantes (más que AP), creó nuevas secretarías en su dirección, abrió delegaciones en diferentes lugares del mundo, fundó un sindicato y unas juventudes, contribuyó por fin a una Euroderecha con el MSI italiano y el francés Forces Nouvelles, y llevó al semanario Fuerza Nueva al punto álgido de suscriptores y ventas.

Eclipsado en el Parlamento, la estrategia del partido se orientó hacia el traslado de la tensión a la calle, con intervenciones violentas a cargo de sus juventudes, paramilitarizadas en sus atuendos y maneras, hasta provocar un estado de cosas que invitara a una fuerza superior (el Ejército) a intervenir para reponer el orden. La llamada “estrategia de la tensión”, al menos como se vivió en la Italia de unos años antes, es un argumento donde los expertos en el caso español discrepan de si se llegó a producir o no: Xavier Casals lo niega y Rodríguez Jiménez se muestra más partidario de su preparación y existencia. Fuerza Nueva no jugó ningún papel en el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 y el de la extrema derecha civil en su conjunto fue muy limitado (Girón y García Carrés).

Contradictoriamente, el descrédito social que supuso ese recurso a la violencia y esa incitación al golpismo —además de que la Unión Nacional nunca fue tal y que la división de ofertas se incrementó aún más; hasta Tejero fue con una lista denominada Solidaridad Española— empujó a Fuerza Nueva a la disolución cuando en octubre de 1982 vio reducidos sus votos a la cuarta parte, perdiendo su único escaño. Su cálculo de que Alianza Popular iba a desplazarse hacia el centro para absorber a la decadente UCD fue erróneo ya que, como suele pasar, las opciones que están en momentos álgidos son capaces de atraer a diestro y siniestro. Fernández-Cuesta dejó la dirección de Falange al año siguiente; lo sustituyó Diego Márquez, el jefe de los Círculos José Antonio. La Confederación Nacional de Excombatientes que dirigió Girón había pasado a manos de García Carrés, que por su participación en el 23-F fue condenado y la entidad entró en crisis. Los líderes de la derecha franquista de la transición desaparecían en ese momento y con ellos la extrema derecha, que lo hizo por un tiempo, hasta que en octubre de 1986 Piñar consiguió recomponer otra organización, el Frente Nacional, a partir de algunas asociaciones provinciales que mantuvieron constante cierta actividad y con el apoyo de sus correligionarios italianos y franceses (MSI y FN) para sumar fuerzas de cara a las elecciones europeas. La sucesión de fracasos en ese empeño lo llevó de nuevo a la disolución en 1993, pasando buena parte de sus efectivos, sobre todo jóvenes, a las Juntas Españolas, una entidad nacida en 1984 a instancias del director de El Alcázar, Antonio Izquierdo, que pretendía modernizar el lenguaje franquista de sus predecesores. Tampoco consiguió asentarse y, a pesar de que se desarrolló por Barcelona y Valencia, en 1995 se transformó en Democracia Nacional, en la línea de la Nueva Derecha europea y más cercana al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Años después convergió en España 2000 junto al recompuesto Frente Nacional y al Movimiento Social Republicano, de carácter “nacional-bolchevique”.

El escenario finisecular de estas derechas no puede terminar sin una referencia a sendas expresiones frikis que tuvieron cierta proyección en un corto espacio de tiempo y que se justifican por la existencia de un electorado descontento y sin alternativa que se refugió en opciones cuyo único objeto era manifestar el rechazo de lo existente. Ocurrió con el empresario José María Ruiz-Mateos, tras la expropiación por el Gobierno de Rumasa ante la amenaza de quiebra del holding y acusaciones de fraude, malversación y falsificación. El jerezano, tratando de protegerse de la acción de la Justicia, buscó en las elecciones europeas una solución para resultar elegido eurodiputado y gozar de privilegios. Lo intentó en 1987, obteniendo más de cien mil votos, insuficientes para salir electo. En las de 1989, ya con una agrupación electoral con su nombre, consiguió seiscientos mil y dos eurodiputados, aprovechando la repercusión mediática de diferentes actos que llevó a cabo (como la bofetada al ministro Miguel Boyer) y la existencia de un electorado dispuesto a seguir las primeras muestras de populismo de derechas en España. Lo intentó después y en otros ámbitos, pero no pudo repetir sus resultados y su pintoresca experiencia política se agotó justo antes de que el Partido Popular ganara las elecciones generales de 1996.

El otro caso fue el de otro empresario con problemas con la Justicia antes y después: Jesús Gil y Gil, que fundó un partido cuya denominación hizo coincidir en sus siglas con su apellido, el Grupo Independiente Liberal, en 1991, también populista de derechas. En las municipales de ese año se hizo con la mayoría absoluta del Ayuntamiento de Marbella, que renovó en las dos siguientes; fue alcalde al principio y, cuando las causas judiciales contra él se lo impidieron, dio paso a hombres (y mujeres) de paja, como Julián Muñoz y Marisol Yagüe. El “fenómeno Gil” se extendió por la comarca, logrando mayorías en municipios como Estepona, Manilva y otros, hasta convertirse en 1995 en la “llave” para la designación de la presidencia de la Diputación malagueña. En las siguientes lo hizo por Cádiz, Ceuta y Melilla, hasta sumar casi un centenar de ediles (Ronda, La Línea, San Roque, Barbate…) y gobernar algunas de estas localidades y la ciudad autónoma de Ceuta. Su salto a la política nacional en 2000 no resultó y el balance de su gestión municipal acabó viéndose en muchos casos en los juzgados. En los primeros años del nuevo siglo fue desapareciendo.

Ya en el siglo XXI, también se sumó a esta lista de populistas avant la lettre el banquero Mario Conde, que después de proyectarse como empresario modelo en los ochenta acabó protagonizando una de las mayores quiebras financieras de la época (el caso Banesto). Terminó también en la cárcel y, tras coquetear con el CDS de Suárez, creó su partido (Sociedad Civil y Democracia), en 2011, para instrumentalizarlo en favor de su causa penal. No tuvo ni éxito ni recorrido, aunque Casals le atribuye el haber escrito el primer documento que en España definía las bases del populismo contra las élites de tanto éxito posterior: su libro El Sistema. Mi experiencia del poder (1994).

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Capítulo 6

UNAS DERECHAS NORMALIZADAS (1996-2022)

La España de 1977, la de las primeras elecciones democráticas, y la de 2017, la que superaba por fin la crisis económica global de 2008 sin saber que poco después se enfrentaría a otra derivada de una pandemia mundial (y luego a otra por una guerra en el este de Europa), solo se parecían en que seguían estando en el mismo sitio y contaban con el mismo territorio. Más allá de eso, y como prometió el vicepresidente socialista Alfonso Guerra, tras los cambios habidos en sus mandatos (y después) no la reconocía ya “ni la madre que la parió”.

En ese tiempo, además de consolidar una democracia con forma de monarquía parlamentaria y amplio autogobierno regional, el país había superado los 46 millones de habitantes, de los que más de cuatro y medio eran inmigrantes (invirtiéndose así el sentido de salida-entrada de los años sesenta y antes). La esperanza de vida superaba los 82, con desplome de la tasa de fecundidad y con problemas de gestión de una sociedad notablemente envejecida (y, por ello, más cara, más conservadora y menos dinámica). La renta per cápita superaba los treinta mil dólares y la deuda pública, multiplicada por diez, suponía más que el PIB del país. El gasto social estaba ya en el 63% del total, con una educación y una sanidad que, al universalizarse desde los ochenta, habían decuplicado los porcentajes de 1977. De ese modo, el analfabetismo casi había desaparecido y más de una cuarta parte de los jóvenes estaba en la universidad (frente al 3,6% anterior), igual que había pasado con la mortalidad infantil (reducida al 2,6‰ de los nacidos vivos). La población activa también se había duplicado, lo mismo que el porcentaje de mujeres con empleo. La desigualdad social, sin embargo, que menguó al principio de la etapa democrática (al revés que en los países del entorno), había ido incrementándose con las crisis, de las que España parece salir con más dificultad y más desequilibrada, hasta acabar siendo el país europeo de renta alta donde aquella es mayor. El índice Gini que mide ese parámetro se ha instalado en torno al 32-34, más cerca del modelo anglosajón que de los países nórdicos y centroeuropeos: el estrato de rentas bajas (32%) es comparativamente alto y con una pobreza cronificada, el intermedio es ancho, pero insuficiente (58,5%), y un 9,5% se inscribe en el grupo de renta alta. Finalmente, la disponibilidad de elementos de consumo y bienestar se había disparado: por ejemplo, un parque móvil de más de treinta millones de vehículos (con reducción a un tercio de la mortalidad en carretera, a pesar de que había quince veces más kilómetros de vía), y otro de viviendas duplicado en ese tiempo, hasta superar los veinte millones, una parte importante de ellas de segunda residencia, lo que indicaba otro estatus bien diferente. Las exportaciones se triplicaban, la inversión extranjera superaba los veintiséis mil millones de dólares y los turistas anuales se acercaban entonces a los ochenta millones.

A pesar de soportar problemas estructurales, como una clase media no tan ancha y solvente como la europea, un mercado de trabajo poco dinámico, menor inversión en capital social, desequilibrios por exceso o por defecto en la formación de los jóvenes y en su inserción laboral, un sistema fiscal incapaz de corregir las desigualdades, dependencia de determinados sectores volubles (turismo y construcción), fuerte presencia de empresas transnacionales muy ligadas a la evolución de los mercados mundiales (automoción) o existencia de importantes bolsas de pobreza o de núcleos muy sensibles a las crisis, la estructura social española nada tiene que ver con aquella de la Transición. Las clases sociales ni están tan confrontadas y pronunciadas como entonces, ni tampoco se articulan y corresponden social y políticamente como en los tiempos del fordismo; en 2000, el jefe de campaña electoral popular, Mariano Rajoy, sentenció con razón que “los votos no son de nadie”. Una dimensión más ciudadana, consumidora e individualista conforma esta sociedad, sustituyendo a la clasista de otro tiempo. El propio trabajo ha adquirido en muchos casos un perfil individualizado en sus condiciones, a lo que se suma el incremento notable de las diversas formas del autoempleo. Las demandas materiales habían dado paso, una vez satisfechas para una mayoría, a otras no menos importantes de orden identitario, de realización personal o de carácter simbólico. En ese marco, y por lo que nos afecta aquí, la ciudadanía de derechas presentaba también identidades múltiples y cambiantes, y no sujetas a estereotipos tradicionales. Ahora no tenía por qué ser católica, como antaño, ni moralista, por más que esos factores sigan jugando un papel primordial en su idiosincrasia. Seguía procediendo de diversas clases sociales y, normalmente, se movía por un estímulo no clasista, sino de otros géneros (nacional, reactivo, incluso inconformista frente a un paradigma progresista que se había instalado tras un largo gobierno de la izquierda). Y aunque señalemos que esas clases medias no son tan sólidas como las de otros vecinos europeos (o que la media-baja es demasiado numerosa y muy frágil y sensible), no cabe duda de que se han incrementado extraordinariamente en los últimos decenios y que en ellas es donde se refleja una amplia mayoría del cuerpo social.

Los terrenos de juego de izquierdas y derechas, entonces, cambiaron notablemente en estos cuarenta años de democracia. Además, el entorno internacional había establecido otras reglas. España había entrado en Europa, con todo lo que ello supuso (y en todo tipo de organismos, sin excepción). Pero, más allá de ese factor determinante, el keynesianismo del “cuarto de siglo dorado” empezó a declinar coincidiendo con la crisis energética y de mercados mundiales (de oferta y demanda) de 1973, y luego con la llamada “revolución conservadora”, que trastocó el modo de hacer de las derechas mundiales al abrazar ahora un liberalismo económico extremo y despedirse de las viejas consideraciones sociales democristianas. Sin disfrutar el debido tiempo de la universalización del Estado del bienestar, el país enfrentaba su cuestionamiento siguiendo la pauta internacional. El panorama se completaba con la emergencia de un neoconservadurismo (los llamados “neocons”) que apelaba otra vez a estrictas mayorías morales y a un Estado pequeño, pero que en las normas de costumbre se convertía en un gendarme y en la política internacional, otra vez crispada tras la “nueva” o “segunda Guerra Fría”, en un buldócer.

1. Un partido para ganar, no para sobrevivir

Cualquiera que crea que cabe encontrar la salvación lejos de los principios conservadores básicos que prevalecieron en los ochenta —pequeño Gobierno, una democracia de propietarios, recortes de impuestos, desregulación y soberanía nacional— está profundamente equivocado.

Así recordaba Margaret Thatcher la esencia ideológica de sus Gobiernos pocos meses antes de que José María Aznar iniciara el suyo. La refundación del Partido Popular la habían animado algunos destacados democristianos (como Marcelino Oreja), la lideraron los procedentes de la Alianza Popular de Fraga (como Álvarez-Cascos) en tensión con los jóvenes del llamado “clan de Valladolid” (como Miguel Ángel Cortés, Eduardo Zaplana, Carlos Aragonés, Pilar del Castillo, Arturo Moreno, José María Michavila, Guillermo Gortázar, Alfredo Timmermans y Baudilio Tomé; al vallisoletano Miguel Ángel Rodríguez lo tenían un tanto aparte) y la presidió un hombre más de derechas que conservador (como Aznar). La invocación del giro al centro era ahora más un reclamo estratégico que una ideología o una cultura, incluso que una convicción arraigada. La ideología auténtica que caracterizó sus dos Gobiernos —y la derecha española desde entonces— fue un liberalismo radical en términos sociales y económicos, junto con una actitud desacomplejada y distanciada del conservadurismo tradicional. Thatcher revolucionó las tesis de su partido al negarse a seguir siendo una administradora retardataria del “cambio hacia algún tipo de Estado socialista”. Devota del economista Hayek, interpretaba toda intervención de lo público como un paso más hacia la sociedad estatalizada, comunista. En otro ámbito, reclamaba la recuperación nacional de la soberanía del Estado —en relación con la creciente Unión Europea— y una política firme y belicosa en la esfera internacional (de la Unión Soviética, que la tildó de “dama de hierro”, a la guerra de las Malvinas). Aznar respondía a este estilo de hacer política en la derecha y, por eso, a lo primero que renunció fue al consenso que había caracterizado el tiempo de la Transición.

Todavía más, para remachar su pertenencia a una generación que ya no le debía nada a esa etapa y a sus lógicas —pero que tampoco estaba ligada al franquismo—, insistió en la necesidad de llevar a cabo “una segunda transición”; así tituló un libro publicado en 1994. Según su opinión, la que se había producido no había dado lugar a la España que pretendía. Con ello se instaló en el país una derecha “deslenguada”, sin complejos, beligerante con la hegemonía y los paradigmas que al cabo de los años había establecido la izquierda (y había asumido la parte de la derecha populista o deudora aún de los pecados del franquismo). Una actitud que limitaba el centrismo al desiderátum de captar los apoyos de una franja de opinión anchísima donde se ubicaba la mayoría de la ciudadanía, así como a los políticos procedentes de UCD (o, enseguida, del CDS) que todavía no habían dado el paso hacia el PP. Porque en absoluto se dispuso a entenderlo como procedimiento para llegar a acuerdos o para reconocer la presencia del otro. Más allá de las necesidades de Realpolitik a que obligaba su mayoría relativa, se trató de un Gobierno de derechas convencido de la necesidad de confrontar ideológicamente, pero con retórica centrista; y su segunda legislatura, ya sin esas limitaciones, lo fue aún más.

La ideología fue ultraliberal, antiestatista y privatizadora, como caracterizó el tiempo de los ochenta y los noventa (y la primera década del siglo XXI) en buena parte del mundo. Friedrich Hayek en lo económico y en la política profunda, e Isaiah Berlin en la actitud, encomiando una libertad negativa donde el Estado debía interferir lo menos posible en la vida de las personas: “Déjeme que decida por mí, que en eso consiste la libertad”, decía Aznar en 2007 sobre las campañas de tráfico. La contradicción de ese tiempo de los ultraliberales es que fue también el de los neoconservadores —en muchos casos coincidieron en las mismas personas—, que despotricaban del Estado y de sus largos brazos mientras hacían uso del gran poder de este para determinar la moral privada, metiéndose normativamente en la cama de los ciudadanos, o para ganar las batallas internacionales mediante la fuerza, como en los mejores tiempos coloniales; en su extremo, habían empezado llevando El Ladrillo, el voluminoso vademécum con las recetas económicas ultraliberales, de la Universidad de Chicago de Milton Friedman a la dictadura chilena de Augusto Pinochet. En sentido contrario, hasta el más antiintervencionista liberal tuvo que vérselas desde los Gobiernos con compromisos de gasto ineludibles o con dependencias del voto ciudadano, de manera que toda su intención por disminuir lo público no pudo llevarse a efecto. Finalmente, como indicábamos antes, la mayoría relativa obligó a la derecha patria a pactar de inicio con el nacionalismo catalán, descabezando su opción en ese escenario —el apartamiento de Alejo Vidal-Quadras— y asumiendo niveles de gasto y compromisos políticos inaceptables en la oposición.

Esos fueron los márgenes de juego del aznarismo en el tiempo que duró, hasta 2004. La nueva economía que capitalizó las posibilidades de la globalización multiplicó la productividad e introdujo a buena parte de los países en un periodo de crecimiento como no se había conocido desde hacía tiempo. Asumiendo las recetas neoliberales de contención del gasto (del 42,8% del PIB en 1996 al 39,10 en 2000, y al 38,4 en 2004) y de liberalización de la economía (y de apoyo a los ricos), España vivió unos años de bonanza que permitieron a algunos hablar del “nuevo milagro”, con crecimientos de hasta el doble de la media europea —de la que se recibían cuantiosas ayudas— y con reducción de los porcentajes de paro de hasta diez puntos; el número de desempleados bajó de la frontera de los dos millones, aunque se consolidó un modelo de temporalidad contractual muy problemático. La desregulación de los mecanismos de control y la privatización de numerosas empresas públicas —siguiendo la estela que ya habían iniciado los socialistas en su último Gobierno, en línea con la “tercera vía” de los Bill Clinton y Tony Blair— generó cuantiosos negocios, una nueva clase empresarial y una general sensación de prosperidad, por mucho que lo que al final quedara también fuera un “capitalismo de amigos” difícil de gestionar. Si a eso le sumamos una burbuja inmobiliaria que inicialmente generó la ilusión de un capitalismo popular con muchos beneficiarios, pareciera que alguien —Rodrigo Rato, ministro de Economía— había descubierto la piedra filosofal del crecimiento sin contradicciones. Pero, como explicó el nobel norteamericano Joseph Stiglitz, aquellos “felices noventa” fueron “la semilla de la destrucción”, la razón de la extraordinaria recesión que llegaría después.

El 29 de febrero de 1988 Aznar pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI. La tituló “Una propuesta para el centro-derecha” y en su redacción habían tenido que ver al menos el asesor Pedro Arriola, Rato y Trillo; la pasó a máquina Miguel Ángel Rodríguez. El argumento que defendía era que había que formular un proyecto estratégico y de organización “para ganar y no para sobrevivir”; habían hecho un partido “para resistir sin ganar” y debían pasar a otro con intención de ser alternativa a los socialistas, para lo que no cabía sino impugnar por completo sus formulaciones. A partir de ahí se proyectó la figura de Aznar que, con todo, no ganó las elecciones hasta su tercera oportunidad. Pero tenía claro que eso se hacía a lo Thatcher, enfrentando radicalmente, sin miedo, los argumentos políticos del oponente. Otra cosa es que hubiera siempre posibilidades para ello. La mayoría relativa de 1996 obligó a atemperar algunos perfiles de ese proyecto. Particularmente afectó a la identidad españolista, que se había manejado de manera agresiva en los años de oposición y que ahora, forzados a pactar con nacionalistas catalanes y vascos (y canarios), debía remitir a un segundo plano.

No pasaba lo mismo con las recetas económicas, porque todos los citados compartían más o menos el mismo atractivo por las palabras mágicas de entonces: contención del gasto, equilibrio presupuestario, liberalización de la economía, convergencia con Europa, reducción del déficit, y todo combinado con la continuidad y fortalecimiento del Estado de bienestar. Tras dos meses de negociación a cargo de Rato, Rajoy y Juan Costa (y Milián Mestre), se llegó a un acuerdo de legislatura con los nacionalistas catalanes y de investidura con los otros, soportado sobre todo en ampliaciones en la financiación autonómica (gestión del 33% del IRPF, del 35 del IVA y del 40 de impuestos especiales), con competencias nuevas en tráfico, políticas de desempleo y puertos, además de supresión de los gobernadores civiles y del servicio militar obligatorio, y en el blindaje del concierto económico vasco; la prensa lo llamó “el giro autonomista” del Partido Popular. Las ambiciones de transformación radical deberían quedar para más adelante, pero las actitudes hoscas con el contrario reaparecieron pronto. Una retórica de centro, por inevitabilidad, daría paso enseguida a la tradicional confrontación de derechas.

2. El primer mandato de Aznar: economía y españolismo

El primer Gobierno se apoyó en un núcleo duro procedente de la vieja Alianza Popular: Álvarez-Cascos en la vicepresidencia política, Rato en la económica, Abel Matutes, Loyola de Palacio, Esperanza Aguirre, Rajoy, Romay Beccaría e Isabel Tocino, con añadidos de UCD (Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y Rafael Arias-Salgado) y algunos independientes que lo ponían en buena relación con los nacionalistas catalanes o con otros sectores del centro-derecha (Josep Piqué, Eduardo Serra y Margarita Mariscal de Gante). Con el nombramiento de cuatro ministras, Aznar revolucionó la composición de género tradicional del Consejo, aunque sin llegar a la paridad.

Las señas de identidad del Ejecutivo fueron dos: liberalismo económico y nacionalismo español, con un elemento contrario teóricamente a su intención, pero inevitable por los medios utilizados: el intervencionismo desde el Estado. Como apunta Martín Alonso, el neoconservadurismo, lo mismo que hace el neoliberalismo, violenta su propia matriz ideológica. En lo primero destacaron la política económica y la social. La que dirigió Rato cosechó buenos resultados, con crecimiento continuo, estabilidad y contención de los índices que identificaban una buena economía liberalizada; era la reforma estructural que Aznar gustaba en llamar “revolución silenciosa”. La privatización de empresas públicas fue uno de sus procedimientos para lograrlo. González comenzó a mediados de los años ochenta, con pequeñas empresas y otras de la entidad de SEAT, ENASA, Trasatlántica y Marsans, compradas normalmente por multinacionales extranjeras (Volkswagen, FIAT, Alsthom, Fujitsu, Ferruzzi); se calcula que ingresó en las arcas del Estado más de trece mil millones de euros de unas ochenta entidades, abriéndose a privatizaciones parciales en otras firmas, como Endesa, Repsol, Argentaria o Telefónica. A una primera privatización ordenadora y racionalizadora de las dimensiones de las empresas públicas, marcada por políticas de reconversión industrial de los años ochenta con importante impacto social en los empleos (83.000 personas de unas ochocientas firmas), siguió una segunda recaudatoria, un tanto espontánea; en todo caso, la política socialista se empeñó en mantener un porcentaje de control sobre las empresas para que estas siguieran teniendo algún carácter público.

Pero con Aznar el montante superó con mucho los treinta mil millones, afectando a más de medio centenar de empresas, y el objetivo pasó a ser claramente ideológico, no instrumental: privatizar era lo que había que hacer para ser eficientes, no un imperativo justificado por otros motivos, como la recaudación, el maquillaje de las cuentas públicas o el subsanamiento del recurrente déficit del Estado. El proceso estuvo entonces más estructurado y dirigido (había un Programa de Modernización del Sector Público Empresarial), con objetivos precisos y conducido por un Consejo Consultivo de Privatizaciones que tenía previsto terminar su tarea para 2002 (y lo hizo) y no dejar sin tocar salvo lo esencial (RTVE, Renfe, Correos y Telégrafos, Hunosa y Figaredo). Se vendieron al completo Endesa, Tabacalera, Repsol, Aceralia, Indra, Iberia, Telefónica, Argentaria o Gas Natural, quedando en manos privadas sectores estratégicos de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, telecomunicaciones y banca pública. Con esos ingresos extraordinarios —cinco billones de pesetas solo en la primera legislatura—, el déficit y la deuda pública se redujeron extraordinariamente, de manera que España pudo cumplir con la dura exigencia europea de mantener el primero por debajo del 3% del PIB; las cifras enseguida tuvieron que ver con una convergencia económica que soportara la nueva moneda común: el euro.

Para empezar, el Partido Popular cesó a los directores de empresas públicas para “limpiarlas” de anteriores nombramientos socialistas. A continuación, procedió a sustituirlos por elementos afines (Juan Villalonga, Alfonso Cortina, Francisco González, César Alierta, Martín Villa…) que se quedaban al frente de las compañías una vez privatizadas. Surgió así una nueva clase empresarial directamente ligada a los intereses políticos. El capitalismo de amigos constituía el resultado no querido del dogma liberal, pero era la consecuencia inevitable del intervencionismo estatal desplegado. Aznar estaba advertido de ello cuando en octubre de 2010 valoraba que “no se debe privatizar sin liberalizar, porque la privatización sin liberalización puede conducir a un capitalismo de amigos”. Pero tenía otra frase para justificar los desafueros: “No conozco a ningún Gobierno que tenga que nombrar a gestores de empresas y nombre a personas en las que no confía”. Villalonga, su compañero de pupitre, representó a estos nuevos ejecutivos, expertos en todo tipo de especulaciones, concentraciones y ventas que, en más de una ocasión, se resolvieron con cuantiosas pérdidas y, en algunas, con ellos en los tribunales o hasta en la cárcel. Javier Tusell lo resumía así:

Todos ellos procedían del mundo financiero y no de la economía productiva, con la excepción de algún político; además y, sobre todo, estos hombres tenían vinculaciones personales de amistad con el propio presidente del Gobierno o con los núcleos dirigentes de la política conservadora.

A la vez, los mecanismos monopolísticos persistieron en sectores clave, como la electricidad o el gas (o las comunicaciones), de manera que el ciudadano no se vio a la larga beneficiado en los precios y se procedió a una simple permuta del control total, aunque ahora quedaba en manos privadas a pesar de la “acción de oro”, la reserva accionarial que se guardaba el Gobierno para intentar tutelar esas empresas en lo estratégico. La intención thatcheriana de generar un “capitalismo popular”, un país de propietarios, por la vía de la venta pública de acciones de estas compañías incrementó el número de interesados en los movimientos de la bolsa, pero dejó las decisiones finales en pequeños núcleos de poder cada vez más concentrado. Si se piensa, el país de propietarios fue el sueño que se acarició desde la primera desamortización (Mendizábal), luego con el desarrollismo (Fernández de la Mora) y ahora en los “felices noventa”. La acumulación de firmas y la concentración de empresas de un mismo sector fue otra de las pautas de este momento en España y en todo el mundo. Un procedimiento que habría necesitado también mecanismos de control para asegurar el correcto funcionamiento del capitalismo (las comisiones nacionales del Mercado de Valores y la Competencia), pero que brillaron por su incapacidad o desinterés por cumplir con su función asignada. El proceso privatizador resultó eficaz a corto plazo, pero modeló la estructura económica y empresarial del país para el futuro, y no en todos los casos para bien, además de privar al común de unas propiedades que hasta entonces eran suyas. Conforme al resumen de José María Marín Arce, produjo “una importante concentración de poder económico en torno a la banca privada, una alteración brusca del equilibrio entre lo público y lo privado, y una acusada vinculación banca-industria, de tan negativas consecuencias en el pasado reciente de la banca y de la historia económica española”.

Con todo, la sensación de prosperidad se extendió por el país y los nombres de esos nuevos empresarios estuvieron en boca de los ciudadanos; la superación de la crisis del 93 ya se estaba produciendo incluso antes de que los socialistas perdieran el Gobierno. La liberalización alcanzó también al sector inmobiliario: el PP consideró pronto todo el país urbanizable, con leyes de liberalización del suelo en 1997 y 1998. De su “burbuja” participaron millones de personas, comprando y vendiendo bienes de revalorización constante (hasta del 20% anual en la construcción), y contribuyendo así a su encarecimiento —a un porcentaje doble del europeo— hasta que todo pinchara algún día; lo ocurrido en el centro del mundo con la burbuja inmobiliaria norteamericana puesta en marcha por Alan Greespan, el presidente de la Reserva Federal admirador de la escritora ultraliberal y ultracapitalista Ayn Rand, no fue muy distinto de lo que se vivió aquí. Finalmente, la presión fiscal siguió siendo menor que la europea —ocho puntos por debajo: el 32% del PIB— y la receta habitual de la derecha se aplicó sin sorpresas: creció la general indirecta y menguó la personal directa tras sucesivas reformas de tributación en Sociedades (1996) y en el IRPF (1998). La clásica teoría de la filtración descendente (o del goteo): beneficiar a los ricos redunda al final en beneficio de todos, se aplicó sin rebozo.

A pesar de que Margaret Thatcher logró llevar a efecto la mayor parte de su programa conservador de reducción del tamaño del Estado, el que dejó en herencia a su sucesor, John Major, seguía gastando el mismo porcentaje de la renta nacional: un 40%. Los compromisos, la dependencia, la cultura y las seguridades que generan los servicios públicos ni se pueden anular —casi ni siquiera minorar— de la noche a la mañana ni resulta fácil hacerlo. Al Gobierno de Aznar le pasó algo parecido, de manera que la política social que desarrolló fue otro más de esos puntos donde se nota más la continuidad que la ruptura respecto de los socialistas. Algo similar pasó en Defensa, en el despliegue de competencias autonómicas, en las grandes decisiones económicas o en la parte ordinaria de las relaciones internacionales, a pesar del endurecimiento en la relación con Cuba tras de que Europa fijara una posición común a instancias suya y del giro de la política exterior de 2001. Con todo, consiguió que el gasto social no creciera en ocho años, con lo que, en una perspectiva temporal, sí que lo rebajó.

Los buenos datos económicos, precisamente, y su talante personal permitieron al ministro Arenas, un democristiano andaluz del sector de Alzaga, llegar a acuerdos con los sindicatos desarrollando el Pacto de Toledo sobre pensiones y también otros sobre mercado laboral (se firmaron tres sobre estabilidad en el empleo y negociación colectiva, en mayo de 1997). El primer encontronazo con los sindicatos no se produjo hasta la huelga general del 20 de junio de 2002 por la reforma gubernamental del sistema de desempleo (popularmente conocida como “decretazo”). La estrategia defensiva de las organizaciones obreras mayoritarias, temerosas de movilizar a sus bases en momentos de recomposición capitalista y de la propia clase trabajadora, también facilitó ese periodo de paz social del primer Gobierno popular. En este ámbito social, en general exitoso para la derecha gubernamental, surgió ya la problemática de la inmigración en el cambio de siglos, con sus primeras manifestaciones en la comarca almeriense de El Ejido. En 2000, todos los grupos de la cámara, excepción hecha del Partido Popular gobernante, aprobaron una Ley de Extranjería que mejoraba la anterior socialista de 1985, suspendida en parte por el Tribunal Constitucional. Meses después, al inicio del segundo mandato, el PP, junto con CiU y Coalición Canaria, la reformó de manera muy restrictiva para los derechos de los inmigrantes —aunque en ese tiempo, con Rajoy de ministro, fueron regularizados doscientos cuarenta mil—, argumentándose ya cuestiones como el “efecto llamada” y la entrada masiva de estos al país. Jordi Pujol lo dijo entonces, en 2004, con solemnidad: “El mestizaje será el final de Cataluña, una cuestión del ser o no ser nacional”.

Fue en los aspectos menos materiales de la gobernación donde la nueva derecha aznarista se empleó a fondo en una suerte de “guerra cultural” —entendida como “política por otros medios”, como bien aprecia el ensayista cubano Ernesto Hernández— que acudía a argumentos como el nacionalismo españolista, la sospecha de que desde el poder autonómico se estuvieran albergando proyectos contra la única nación reconocida (España), el prejuicio de que el mundo cultural se había entregado a la causa de la izquierda, el supuesto de que buena parte del mismo vivía de subvenciones injustificadas (sobre todo el cine), la ventaja que supondría la gestión de diferentes parcelas por intereses privados y no por las instituciones públicas, la reconsideración o revisión del pasado, la mayor presencia de la Iglesia en el espacio educativo, o el adanismo de quien considera que todo se ha estado haciendo deficientemente hasta su llegada. Determinados elementos del Gobierno contribuyeron a asentar esa impresión prepotente y arisca que caracterizó a la nueva derecha. A su frente estaba el propio Aznar, con una personalidad poco dada a complacencias populares, hosca y pagada de sí misma. Pero otros no le fueron a la zaga.

La ministra Esperanza Aguirre se destacó con sus proyectos para reformar las universidades o para poner sobre la mesa un debate sobre las humanidades en la educación secundaria —la enseñanza de la historia, en realidad— que sonaba a “reconquista nacional”. Las derechas de la España autonómica han considerado permanentemente que no se enseña la historia del país de manera adecuada, y que la continuidad narrativa “de Atapuerca a nuestros días” queda “tergiversada” y opacada por una historia regional alternativa. Algo de eso había, porque todas las autonomías, sin excepción —aquí no hubo diferencias entre nacionalidades y regiones—, replicaron un relato cuasi estatal, pero no era cierto que la historia de España no se estuviera explicando a todos los estudiantes. El debate enfrentó a la ministra con las universidades y sus académicos (no con los de las Reales Academias, que se movieron en otros registros más tradicionales). También la Iglesia católica se vio finalmente respaldada en su pretensión de que la asignatura de Religión (o su alternativa sobre “el hecho religioso”) pasara a formar parte del currículo escolar (con profesores pagados por el Estado en los centros públicos). Lo mismo que pasó con los intereses privados del mundo educativo, desde las universidades privadas, que conocieron ahora una progresión ascendente (aunque muy por debajo de la producida desde el futuro Gobierno popular de 2011 y las licencias otorgadas por comunidades autónomas de ese signo), hasta la modificación de la selectividad, más favorable a los colegios religiosos. La posición de la Iglesia vino a coincidir de nuevo con las tesis de la derecha política tras el giro operado en los años ochenta, que se intensificó ahora con la presidencia de la Conferencia Episcopal a cargo de Antonio María Rouco Varela, entre 1999 y 2014 (con un intervalo entre 2005 y 2008 en que le sustituyó Ricardo Blázquez). Su comentario ante el movimiento del 15-M nos devuelve a tiempos pretéritos:

[…] jóvenes que no conocen a Dios, no conocen a Cristo... Se encuentran con las vidas rotas, y si las soluciones temporales y materialistas no funcionan, como no están funcionando, el fracaso está servido, y la rebelión también, y el desconcierto todavía más.

Con todo, esos pulsos retóricos sobre autonomismo y españolismo convivieron con el hecho real de la transferencia a los Gobiernos regionales de las competencias en el sector educativo, de sus cuantiosos recursos económicos (casi un billón de pesetas) y de miles de empleados públicos (157.000, exactamente); al terminar el siglo, solo quedaba un servicio importante por transferir: el sanitario del Insalud (dirigido en su final por el gallego Alberto Núñez Feijóo). En el paralelo sector de la cultura —ahora sin ministerio, incluida en Educación— pasó otro tanto, con debates incendiarios sobre los “papeles de Salamanca” que miraban ya peligrosamente a la revisión del pasado. Pero todo se consumió en artificios y sospechas, o en proyectos ideologizados poco pensados. Al final, la mesura de Rajoy sustituyendo a Aguirre consiguió apagar la mayoría de estos fuegos.

La batalla cultural cobró entidad sobre todo porque se popularizó gracias a la entablada entre medios de comunicación. Una de las consecuencias del capitalismo de amigos de este tiempo fue la extensión de algunas de estas empresas al territorio de la creación de opinión pública e influencia en medios de prensa (la privatizada Telefónica es el ejemplo perfecto cuando se hizo con la cuarta parte de las acciones de Antena 3 Televisión, en 1997). El Partido Popular partía de que la izquierda contaba con una estructura mediática que sostenía su discurso ideológico y cultural. Al frente de esta estaría el diario El País (y su grupo Prisa), creado en la primavera de 1976 de la mano de José Ortega Spottorno y bajo la dirección de Jesús Polanco. En la iniciativa no faltaron sectores del franquismo aperturistas, encabezados por el propio Fraga (con otros como Ruiz-Giménez, Areilza, Laín Entralgo, Julián Marías, Pío Cabanillas, Castiella y Arespacochaga), pero el proyecto cayó pronto del lado del centro-izquierda. También el Grupo Zeta (Interviú, El Jueves, El Periódico de Catalunya), fundado el mismo año por Antonio Asensio, formaría parte de ese poder mediático contrario. Desde entonces, las derechas han tratado de hacerse con un grupo alternativo a estos. En la llegada al Gobierno en los noventa tuvo mucha influencia el diario El Mundo, con su director Pedro J. Ramírez al frente, convencido de que jugaba un rol que superaba lo estrictamente periodístico; otro tanto contribuyeron los medios de la derecha tradicional, como ABC o, en parte, el Grupo Correo-Prensa Española (actual Vocento).

Ahora se trataba de fortalecer esa prensa alternativa, hacer uso de los medios oficiales de manera partidista (como habían hecho sus predecesores con Radiotelevisión Española) y entablar combate por el nuevo mercado: las televisiones privadas y el espacio digital (con la retransmisión del fútbol como plato principal). El pulso constituyó una de las expresiones más reprochables de este Gobierno, con intervencionismo estatal burdo, legislaciones de parte impugnadas por la Comisión Europea, declaración del fútbol como “bien público”, casos de conspiración y corrupción denunciados y sentenciados, y pasarela de personajes que acabaron en algunos casos perdiendo su empleo o en prisión (del juez Javier Gómez de Liaño al banquero Mario Conde, pasando por el periodista falangista Jaime Campmany). Al frente del operativo gubernamental estuvieron Álvarez-Cascos y Miguel Ángel Rodríguez (hasta el cese de este como portavoz en el verano de 1998).

3. La gestión territorial de la Patria:
un recurrente problema

Pero el ámbito más complicado para el Gobierno popular fue el territorial. Venía muy mediatizado por sus políticas beligerantes contra los nacionalismos vasco y catalán en sus años de oposición —“¡Pujol, enano, habla castellano!”, gritaban la noche electoral del 96—; más lejano en el tiempo, también por sus rechazos, recelos y sospechas sobre cómo había ido configurándose el hecho autonómico en España (aquella Alianza Popular contraria al título octavo de la Constitución). La patria y su unidad en peligro: un viejo fantasma de las derechas españolas. Ahora las necesitaban y por eso acomodaron el lenguaje. Acordaron con ellos, como se ha dicho, y se llevaron mejor por un tiempo: Aznar comenzó a hablar catalán “en la intimidad” y los almuerzos de Arzalluz y Álvarez-Cascos por la geografía burgalesa se hicieron recurrentes. Incluso, en términos generales, los acuerdos bilaterales y los que afectaron a la política autonómica de las diecisiete comunidades mantuvieron las dinámicas anteriores y se siguió incrementando la transferencia de funciones y competencias como venía sucediendo desde el pacto con los socialistas en 1992 (aumentaron en las diez comunidades autónomas denominadas “de vía lenta”).

De manera que la realidad iba dinámicamente por un lado y el debate por otro. Esto fue así sobre todo en Cataluña y el País Vasco. En la primera de las dos comunidades, la hegemonía pujolista comenzó a declinar y enseguida tuvieron que sostenerse ellos y los populares en sus respectivos Gobiernos en Barcelona y Madrid. Aznar trató de fortalecer su alternativa allí después de apartar a Vidal-Quadras, proyectando con el tiempo a representantes mejor vistos por los nacionalistas, como Piqué y Anna Birulés. Se apoyaban y competían por el espacio conservador. A la vez, Esquerra Republicana comenzó a mejorar sus posiciones mientras que las izquierdas, articuladas en torno al alcalde barcelonés, Pasqual Maragall, iban reapareciendo cada vez con más posibilidades de ser alternativa a Jordi Pujol. A la vez, el president protegía su flanco nacionalista denunciando el nacionalismo español del Gobierno —por ejemplo, en la siempre problemática política lingüística— y acordando con sus correligionarios vascos y gallegos una alianza, la Declaración de Barcelona, de julio de 1998, que recordaba aquella de Galeuzca de mediados de la Segunda República. Con ello pasaban a cuestionar el “consenso federal” que en espíritu gobernaba el mecanismo autonómico, exigiendo otra vez una consideración singular para sus realidades nacionales: el debate de la “España plural” o la “España nación de naciones”; el “café para todos” o la reconocida primacía de unos pocos; el modelo federal colaborativo o el confederal de las relaciones bilaterales con el Gobierno; la igualdad de trato o el principio de ordinalidad, donde el Estado invierte en cada región en razón a su peso económico, obviando así exigencias de solidaridad interterritorial.

La “cuestión catalana” estaba en ese momento precedida en su importancia por la vasca en razón del impacto que tenía el terrorismo de ETA. La década de los noventa fue determinante en la lucha contra esa organización y su entorno de sostén social. Dos hechos concatenados fueron determinantes entonces: la detención de la cúpula etarra en Bidart, en marzo de 1992 —el colectivo Artapalo, formado por Pakito, Txelis y Fiti—, y el despliegue de una nueva estrategia por parte de la banda, ahora dirigida por Mikel Antza, que incluía la extensión ubicua de la violencia al conjunto de la sociedad, escapando del enfrentamiento tradicional entre activistas y cuerpos de seguridad. De esa manera, a partir de la aprobación por los afiliados de Herri Batasuna de la ponencia “Oldartzen” (en castellano, acometiendo o arremetiendo) —tres cuartas partes de los cinco mil participantes la respaldaron—, la violencia terrorista especializada de ETA se complementó con otra de menor intensidad mortífera, la llamada kale borroka, desarrollada por sus juventudes convertidas en comandos de lucha callejera. La “socialización del sufrimiento” trató de que el conjunto de la sociedad “viviera” el impacto de la violencia, porque esta era la evidencia suprema de que había un “conflicto vasco”. A la vez, ETA cometería atentados contra las bases políticas de los partidos no nacionalistas —los concejales conservadores y socialistas, en Euskadi, Navarra y el resto de España— y contra sus dirigentes locales, y también intentaría magnicidios buscando así una mayor repercusión de sus actuaciones: atentados fallidos contra Aznar (abril de 1995) o contra el rey (verano de ese año), y otros con resultado fatal contra el jurista Francisco Tomás y Valiente (febrero de 1996) o el mes anterior contra el concejal donostiarra Gregorio Ordóñez. Los larguísimos secuestros de los empresarios José María Aldaya, Cosme Delclaux y Julio Iglesias Zamora, y la reacción contraria de parte de la sociedad vasca contribuyeron a mantener viva la tensión en esa mitad de los años noventa; parte de la nueva estrategia etarra consistía en anular en la calle, mediante contramanifestaciones, amenazas y agresiones, la pérdida del control de esta (v. g., su campaña Euskal Herria Askatu contra los portadores del lazo azul en solidaridad con los secuestrados).

El dirigente abertzale José María Olarra declaró en marzo de 1995: “Hasta ahora solo hemos sufrido nosotros, pero están viendo que el sufrimiento empieza a repartirse”. Todo empezó con Ordóñez, quien en 1994 había conseguido convertir al Partido Popular en primera fuerza política en San Sebastián. Hasta ese año, desde 1968, ETA había asesinado ya a dieciséis políticos, sobre todo provenientes del franquismo o cargos locales de UCD y AP (también el senador socialista Enrique Casas); a partir de 1995 mataría a doce miembros del PP, ocho socialistas y dos de UPN. Las víctimas volvieron a ser concejales en su mayoría, repitiéndose la “espiral de silencio” de los setenta y ochenta, pero ahora en un momento en que la derecha españolista era capaz de invertir los papeles y, lejos de optar por el abandono, fortalecer su posición y su aceptación social con una épica resistente. Cayeron ediles como José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Tomás Caballero, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa, Manuel Indiano y José Javier Múgica, y otros también fuera del País Vasco (Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, José María Martín Carpena, José Luis Ruiz Casado, Francisco Cano y Manuel Giménez Abad). También murieron concejales socialistas (Froilán Elespe, Juan Priede e Isaías Carrasco), destacando en este caso la importancia de los políticos asesinados o atentados: Fernando Múgica, Fernando Buesa, José Ramón Recalde, Juan Mari Jauregi, Ernest Lluch, el periodista José Luis López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundúa. El secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, dio lugar por las características de los hechos a una auténtica conmoción social en el País Vasco y en toda España; antes, acababa de ser liberado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras permanecer 532 días metido en un minúsculo zulo en Mondragón.

La política vasca presentaba a mediados de los noventa una complejidad extraordinaria. Nacionalistas y socialistas pusieron punto final en 1997 a un decenio largo de Gobiernos compartidos en ayuntamientos, diputaciones y en el propio Gobierno Vasco. El Partido Popular recuperaba la posición histórica del centro-derecha españolista y lo hacía mediante estrategias que con el tiempo fueron contradictorias: de un lado se apoyaba en el PNV en la investidura e incluso apoyaba a este partido (en 1995 lo hizo para que retuviera el consistorio bilbaíno), con la intención de incorporarlo sin fisuras a la lucha antiterrorista; de otro, competía por parte de su espacio y, en la medida en que fue creciendo su porcentaje de voto, alimentó la posibilidad de sustituirlo al frente del país. Los buenos resultados en la política contra ETA catapultaron en su popularidad española al ministro del Interior Mayor Oreja, pero también en buena parte de la sociedad vasca. Poco después, en 1999, las principales instituciones alavesas caerían del lado de ese partido, como había pasado ya en Navarra casi un decenio antes (a pesar de que el presidente regional, Juan Cruz Alli, dejara Unión del Pueblo Navarro para formar Convergencia de Demócratas de Navarra). De nuevo, como desde los tiempos de la UCD, la política nacional del partido (Álvarez-Cascos) y la regional (Mayor Oreja) chocaban.

A la vez, la tensión desatada por ETA con el asesinato de Miguel Ángel Blanco dio lugar al llamado “espíritu de Ermua”, que progresivamente iría identificando el terrorismo con su sentido e intención etnonacionalistas, donde coincidía con el PNV; rechazar el terrorismo etarra se iría asimilando a rechazar la hegemonía nacionalista vasca. Pero en esa deriva acusatoria y de ruptura vinieron a coincidir por otro camino con la estrategia del nacionalismo institucional: la polarización social y política del verano de 1997 en relación con el terrorismo fue sustituida en solo un año por otra de carácter frentista nacional, que dejaba a un lado a los no nacionalistas vascos (socialistas y populares, más su escisión local de Unidad Alavesa) y a otro, a los nacionalistas, al margen de si apoyaban a ETA o se oponían a ella. Este cambio estratégico en el PNV se gestaba desde 1995 (la llamada “vía Ollora” o el acuerdo del sindicalismo nacionalista de ese Primero de Mayo) y cobró forma en septiembre de 1998 con el Pacto de Estella de todas las fuerzas políticas y sociales nacionalistas vascas, urdido a la par de un acuerdo con la propia organización terrorista y con una tregua declarada por parte de esta. A pesar de lo bien que fue recibida por la ciudadanía vasca, Mayor Oreja la llamó “tregua trampa”, y no erró: ETA siguió acumulando información y recursos para cuando regresara al crimen, mientras sus juventudes se aplicaban a mantener viva la tensión y el miedo a través de la kale borroka y la violencia de persecución (los dieciocho cargos públicos escoltados en 1990 se multiplicaron por seis en 1999; y luego fue a más, hasta llegar a sumar 3.300 personas de toda condición hasta 2011).

Aunque el PNV vendiera el Pacto de Estella con beatitud democristiana como el intento por alcanzar la paz hablando con ETA y sometiéndose en buena medida a su estrategia frentista —la Alternativa Democrática de esta, en abril de 1995, iba por ahí—, lo cierto es que el efecto social y político del mismo fue letal: nunca la sociedad vasca estuvo más cerca de las dos comunidades enfrentadas con que soñaron los terroristas desde siempre. Esa polarización y radicalización benefició al Partido Popular tanto en el País Vasco como en el conjunto de España: la épica antiterrorista vendió bien en esos años, al punto de que acabó desfigurando las estrategias contra ETA en el futuro, volviendo a ser este factor objeto de debate e instrumentalización partidista. Antes de ser así, y mientras se beneficiaban indirectamente de la tensión social creciente, Aznar entabló negociación con ETA (en Zúrich, en mayo de 1999) y atendió sus demandas de acercamiento de presos (135), mejora de las condiciones penitenciarias hasta llegar al excarcelamiento (311) y regreso sin cortapisas de fugados a Francia (304). No sirvió de nada y todo quedó en el nuevo intento frustrado de un presidente por pasar a la historia siendo el que había acabado con la etapa de la violencia vasca. A la vez, el ahora candidato del PP y ya exministro Mayor Oreja —también a este le sustituyó Rajoy— alimentó la posibilidad cierta de convertirse en lehendakari con ayuda de los socialistas, pero, al final, fue derrotado en unas elecciones agónicas y crispadas, en mayo de 2001, por una coalición de nacionalistas (PNV y su escisión Eusko Alkartasuna).

El giro estratégico del PNV —de la Unidad Vasca con los socialistas al Frente Nacional con el espacio de apoyo a ETA— lo arruinó la impaciencia terrorista al romper la tregua en noviembre de 1999, tras 439 días silenciadas las armas. Después, la banda se introdujo en una vorágine criminal que —ahora lo sabemos— no constituyó sino su canto del cisne, porque desde comienzos del nuevo siglo y, definitivamente, a partir de 2004, su declive ante la eficacia policial y judicial fue imparable. El caso es que el lehendakari Juan José Ibarretxe tuvo que prescindir del apoyo que proporcionaba a su Gobierno la izquierda abertzale y lanzarse por su cuenta a una iniciativa soberanista dentro de la ley: la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, más conocida como Plan Ibarretxe. Lo presentó en las Cortes en febrero de 2005 tras aprobarse en el Parlamento Vasco por 39 a 35 votos; aquí fue rechazado por 313 a 29. Las relaciones entre el PNV y el PP, para entonces, estaban más que rotas: aupado al frente de la Internacional Democristiana, Aznar consiguió, en octubre de 2000, que se expulsara a los nacionalistas vascos, cofundadores de la misma tras la Segunda Guerra Mundial.

4. Una derecha sólida y normalizada

La gestión interna de su partido ha sido uno de los logros que más se le han reconocido a Aznar. Completamente hermético tras los soliloquios que guardaba su famoso cuaderno azul, las remodelaciones de su Ejecutivo y las decisiones hacia el interior de su formación siempre se apreciaron como coherentes y cargadas de lógica. Esto incluye su promesa de no repetir más de dos mandatos y de llevar a cabo una sucesión ordenada —el “dedazo”, en realidad—, sin que diera lugar a enfrentamientos y facciones. La retranca de Pío Cabanillas quiso ver en el estilo de mando de Aznar un parecido al del propio Franco: personal, discreto, discrecional y con sentido de equipo, algo que empezaba a tener la derecha española casi por vez primera en su historia (alguno de sus cercanos lo llamaba “Franquito” por sus silencios). Los broncos, como Álvarez-Cascos y el portavoz Rodríguez, dieron paso a los eficaces y discretos, como Arenas, que alcanzó la Secretaría General del partido en el XIII Congreso, a comienzos de 1999 (antes actuó como coordinador Ángel Acebes). La remodelación ministerial (Rajoy, Manuel Pimentel, Jesús María Posada y Acebes, y Piqué de portavoz) y los cambios en el partido identificaron el giro hacia el centro que el PP llevaba trabajando en el último decenio. Los “quemados” por su deficiente gestión fueron recolocados como candidatos para instituciones locales o regionales (Juan Carlos Aparicio en Burgos, Aguirre en la Comunidad de Madrid).

Solo las formas distantes y autosuficientes del presidente conseguían rebajar la popularidad de buena parte de sus ministros, que se convirtió en el mejor balance para enfrentar la renovación en las elecciones de 2000. La economía había generado una impresión extendida de prosperidad, el Estado de bienestar y el autonómico habían sobrevivido a las pulsiones más liberales y centralistas de esta derecha moderna, y el terrorismo, a pesar de encontrarse en un momento dramático, se percibía como decididamente combatido. Como concluía en su análisis Tusell, la ciudadanía “se sentía gobernada”, lo que constituye la mejor credencial de eficacia para una formación conservadora. “España va bien” se convirtió en el eslogan de Aznar, repetido hasta la saciedad. De cara a las elecciones pasó a ser un “Vamos a más”, que todavía prometía mayores logros: más avances materiales y más orgullo españolista. Enfrente, una estrategia desacertada y un caso más de suma de uno más uno que da uno y medio: la izquierda coaligada de socialistas y comunistas no fue rival, y el Partido Popular alcanzó por vez primera una inesperada mayoría absoluta con 10.300.000 apoyos ciudadanos. Fue la reedición en la derecha de aquel atracón de votos de los socialistas en octubre de 1982, con la diferencia de que la posición de partida para remontar era mejor en este PSOE aturdido y ahora sin dirección que en la Alianza Popular férreamente liderada por Fraga entonces (más de cuatro millones y medio de sufragios le distanciaron entonces de González).

La articulación de un proyecto político de derechas de largo recorrido se vio completado con una estrategia que afectaba a la esencia del partido y a sus dimensiones nacional e internacional. En cuanto a lo primero, Aznar modernizó el lenguaje de su formación manejando sin pudor lo mismo a Azaña que al filósofo alemán Jürgen Habermas, en reivindicación de un nacionalismo de Estado que no pasase por tal en su combate con los “periféricos” o regionales (el vasco y el catalán) y que se invistiese de la legitimidad del patriotismo constitucional. El instrumento para ello fue un potente think tank, la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), creada en noviembre de 2002 a partir de cinco entidades previas para defender los valores de “la libertad, la democracia, el Estado de derecho, el libre mercado y el humanismo occidental”. De puertas afuera del país, contribuyó a la Internacional Demócrata de Centro, que en 2001 remodeló la anterior Internacional Demócrata Cristiana al incluir a partidos conservadores como el PP y se constituyó en sostén del actual Partido Popular Europeo; en esa remodelación quedó fuera el PNV, como se ha señalado, pero no así los democristianos catalanes de Unió. Hacia el interior, absorbió, anuló o colocó bajo su mando a los diversos partidos regionalistas y localistas de derechas que habían ido surgiendo durante “la travesía del desierto” de los populares y que habían ocupado parte de su espacio. El Partido Popular se seguía viendo como un partido claramente de derechas (6,3 sobre 10), pero, sin que la sociología ciudadana se hubiera transformado demasiado, se percibía ahora como seguro y fiable para la conducción del país.

Si hacemos caso de sus Memorias, Aznar anotó en noviembre de 2002 en su misterioso cuaderno el nombre de Mariano Rajoy como su sucesor; el último día del agosto siguiente se lo propuso; tres días después, este fue elegido secretario general de su partido y candidato a la presidencia. Aznar debió vencer primero las presiones internas y externas para que se presentara a una tercera reelección (hasta de Bush hijo, Clinton, Blair y Vladimir Putin, asegura); luego debió conformar a los dos candidatos que quedaban apartados: Mayor Oreja y Rato (a este último le había ofrecido su puesto en dos ocasiones, sin éxito). Además de dirigir las campañas electorales, Rajoy ocupó los puestos clave del Ejecutivo (portavoz, vicepresidente, ministro de Presidencia y de Interior) y, como había hecho en el primer mandato, se aplicó como ministro multicartera a taponar las vías de agua producidas por la gestión de otros colegas (en Educación y en Administraciones Públicas). Se podría pensar que, con la casa tranquila, con la agenda renovada y con las expectativas de crecimiento, paz social y combate de los acuciantes peligros a cubierto, todo tenía que salir bien. No fue así.

Tusell sentenció que la manera de dirigir este segundo mandato fue “un peculiar modo de irresponsabilidad” por parte de Aznar. Su original egolatría degeneró en un empeño por pasar a la historia que se trocó en su peor enemigo. La bonanza económica le hizo pensar que España se convertiría en una potencia admitida en el G-8, el grupo de las naciones realmente importantes. Sus amistades con el eje anglosajón (George W. Bush y Blair) le condujeron al sueño de que, dos siglos después de Viena (1814), la vieja nación española recuperaba la condición de referente internacional al unirse a la lucha “contra el eje del mal” orquestada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Sus buenos resultados contra el terrorismo etarra lo animaban a derrotar definitivamente a este penoso enemigo (aunque lo sucedido tras la ruptura de la tregua ya le había advertido de su contumacia y arraigo). Su rotundo éxito electoral le confirmaba que se trataba de un cambio de régimen y no solo de Gobierno. Tanta oportunidad histórica resultó aquí también difícil de metabolizar.

Aunque no los necesitara, el presidente recogió los votos favorables de CiU y de Coalición Canaria para su investidura, tras formular un proyecto que otra vez se prometía centrista (“reformista y dialogante”) y aplicado a abordar las reformas que en el anterior mandato habían quedado sin tocar o mal resueltas: justicia, mejora de las garantías democráticas, control de sus desviaciones (financiación de partidos) y, de nuevo, financiación autonómica sobre la base de una “España plural” y lucha antiterrorista. En realidad, las cosas fueron por otros derroteros. En principio, el acuerdo más sólido a que llegó el Gobierno con la oposición fue a iniciativa del nuevo líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, que, en el contexto de tensión que se vivía en el País Vasco, convenció al presidente para suscribir un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, en diciembre de 2000. El acuerdo sacaba la cuestión del debate entre partidos y descalificaba el intento del PNV de acabar con la violencia acudiendo precisamente a los argumentos de los violentos (soberanismo, teoría del conflicto, dos bandos…). Además, dos años después se aprobó una nueva Ley de Partidos que hacía incompatibles el apoyo a la violencia política y la actuación política en plena legalidad, lo que supuso la exclusión de la vida pública de las sucesivas marcas pantalla de la izquierda abertzale. La estrategia clásica de “dejar al pez sin agua”, eliminar las facilidades de actuación legal que tenía el entorno sociopolítico de ETA, resultó muy eficaz en la lucha contra la banda y fue finalmente respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en sentencia de junio de 2009: entendía de “necesidad social imperiosa” la ilegalización para proteger el valor supremo de la democracia y consideraba que la ley era “proporcionada al fin legítimo perseguido”. Otro tanto se intentó en el ámbito de Justicia entre Michavila y Juan Fernando López Aguilar, llegando a un acuerdo en mayo de 2001 sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial, pero fue incapaz de evitar la tensión en el sector y la politización partitocrática del tercer poder del Estado.

La falta de acuerdos dio paso a la oposición de los sectores afectados y a las movilizaciones antigubernamentales en dos ámbitos muy sensibles, como no había pasado en el primer mandato. En Educación, después de las primeras agitaciones de Aguirre, templadas por Rajoy, Pilar del Castillo sacó adelante una nueva ley universitaria con toda la Universidad en su contra, y otra de calidad de la enseñanza también contestada con grandes manifestaciones de estudiantes y profesores. No satisfizo más que a la Iglesia católica, que veía consolidada su demanda clásica de que la religión entrara en el currículo escolar. El españolismo, que sería una de las señas de identidad del Gobierno Aznar, sobre todo en esta segunda andadura, volvió sobre la cuestión del porcentaje de contenidos que quedaban para las comunidades autónomas en los programas y sobre la presencia del castellano y de las otras lenguas cooficiales.

Como había ocurrido anteriormente, el planteamiento se extendió al sector de la cultura, donde primó un intervencionismo que, si trataba de corregir una endogamia corporativa, en realidad trufó la gestión y la dirección de las entidades más señeras de ampulosos nombres que no tenían por qué ser expertos en la cuestión. Esa desconfianza en los profesionales, muy ideológica, volvió a enfrentar al sector con el Gobierno, remachando así el supuesto de que este trabajaba inevitablemente para su oposición de izquierdas. Cuando los cineastas, profesionales y actores exhibieron su protesta contra la guerra de Irak en la gala de los Premios Goya de 2003 el prejuicio se confirmó por completo y abrumadoramente.

La paz social de los anteriores años también se vio interrumpida, como se ha señalado ya, con la huelga general de junio de 2002 contra el “decretazo” que trastocó la relación de fuerzas en materia laboral y de desempleo (abarató el despido). La protesta se llevó por delante al ministro Aparicio, sustituido de urgencia por el presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que empezó ahí una meteórica (y no siempre bien encauzada) carrera política nacional: portavoz del Gobierno y, después en la oposición, portavoz del grupo parlamentario. Para algunos, como el convergente Miquel Roca, aquella huelga general marcó el inicio del final de la ola exitosa a la que se había subido el Partido Popular. Las cosas en Cataluña empezaron a torcerse. El pujolismo avizoraba su final y necesitaba reconfigurarse. Artur Mas fue proyectándose como sucesor, ocupando ahora el puesto redefinido ad hoc de conseller en cap. Pero en las elecciones de 2003 fue derrotado por la suma opositora que conformó un tripartit entre los socialistas, Esquerra Republicana y los anteriores comunistas. El candidato popular, Piqué, subió un poco, pero siguió sin posibilidades de sumar con nadie. El pacto de constitución del tripartito, el llamado “del Tinell”, fue la inversa para el Partido Popular de aquel del Majestic: incluía un anexo con su exclusión explícita como aliado para cualquier Ejecutivo o apoyo de este en Madrid o en Barcelona, y abría paso formal a una política de apartamiento absoluto de un competidor político (lo que ahora se ha venido a denominar “cultura de la cancelación”). La presión ejercida para ello por Esquerra sobre el PSC fue uno de los argumentos de la política futura del Partido Popular. Mientras, el acuerdo de gobierno se centraba en la redacción de un nuevo Estatuto autonómico para Cataluña.

Tampoco en el País Vasco iban las cosas mejor. Nicolás Redondo Terreros fue sustituido por Patxi López al frente de los socialistas (con Jesús Eguiguren como presidente del PSE). Este era partidario de acabar con una política de frentes que los había convertido en subsidiarios de la estrategia de los populares; a su vez, por mediación del exconsejero socialista Paco Egea, Eguiguren se veía con el líder abertzale Arnaldo Otegi desde 2001 en el caserío Txillarre de Elgóibar, tanteando una posible salida del “ciclo de violencia vasca”. En ese escenario, confrontando por completo con el PNV de Ibarretxe-Arzalluz y sin el asidero anterior socialista, sus más de trescientos mil votos en las últimas elecciones vascas de 2001 no le servían demasiado al Partido Popular de Mayor Oreja, que, aun siendo segundo en la cámara, fue perdiendo protagonismo y más tarde apoyos (cayó a poco más de doscientos mil en 2005). Hubo una ley de financiación autonómica en 2001, pero ningún acuerdo entre los partidos principales sobre esta cuestión, incluido uno sobre cooperación autonómica que manejó Aznar y su ministro Posada en ese año.

5. Nuevos apoyos ideológicos y mediáticos

Los cambios de entorno en el País Vasco y Cataluña acentuaron el españolismo en este tiempo de los conservadores españoles. Como se ha señalado, los binomios nacionalismo vasco-terrorismo y nacionalismo catalán-separatismo alimentaron esa tendencia, amortiguada tácticamente durante meses de relación con sus respectivos partidos (PNV y CiU). Ambos suscitaron también una reacción por parte de un sector de la intelligentsia, sobre todo vasca, enfrentada al terrorismo y a su matriz y objetivo etnonacionalistas. Pero aunque estas iniciativas terminaron en el espacio político conservador, nacieron lejos de él.

En diciembre de 1996 un grupo de intelectuales catalanes fundó el Foro Babel para llamar la atención sobre el modelo de inmersión lingüística defendido por el Gobierno de la Generalitat y para defender la realidad social del multiculturalismo y del multilingüismo; dos años después, la Ley de Política Lingüística declaraba el catalán como única lengua de uso en las instituciones y preferente en la Administración del Estado en esa comunidad. Entre los promotores del Foro sen encontraban referencias de la izquierda catalana, como el jurista y catedrático Francesc de Carreras, los directores de las revistas marxista y anarquista El Viejo Topo y Ajoblanco (Miguel Riera y Pepe Ribas), los escritores Juan Marsé, Rosa Regàs y Ana María Moix, los profesores Félix de Azúa, Paco Fernández Buey y Victoria Camps, el hispanista Gabriel Jackson o el antropólogo Félix Pérez Romera. Algunos de sus opositores, como Albert Manent, escritor y asesor de Jordi Pujol, resumieron la novedad en “una amalgama de españolistas químicamente puros, catalanistas no esencialistas, antipujolistas viscerales, profesionales del esnobismo, hijos de falangistas o carlistas de cuyos padres han heredado la fobia contra el nacionalismo catalán”. El foro publicó dos manifiestos sucesivos donde la problemática lingüística venía a representar la dificultad de construcción de una sociedad pluralista y democrática en Cataluña si esta se sometía a los dictados de un nacionalismo progresivamente esencialista.

En el caso del País Vasco el punto de partida fue el homenaje que la Universidad pública dedicó en marzo de 1996 al profesor Tomás y Valiente, asesinado por ETA en su despacho de la Autónoma madrileña. Un grupo de profesores, también de la izquierda, estableció contacto y alentó la posibilidad de crear una iniciativa en defensa de la pluralidad amenazada, en este caso por el terrorismo (pero también por su razón nacionalista). El recuerdo que hace uno de ellos (Jon Juaristi) de esa reunión informal cita a Fernando Savater, Mikel Azurmendi, Aurelio Arteta, Mikel Iriondo, Carlos Martínez Gorriarán, Juan Olabarría, Javier Corcuera, Txema Portillo y Javier Fernández Sebastián. Tras el intenso verano de 1997 surgió la idea de crear un foro llamado Ermua, al que se incorporaron otros nombres: el futuro rector Manu Montero, el alcalde de Ermua (Carlos Totorica), el escritor Raúl Guerra Garrido, antiguos comunistas como el artista Agustín Ibarrola, Vidal de Nicolás, el juez Antonio Giménez Pericás o José Luis López de Lacalle, y pacifistas como Cristina Cuesta. En febrero de 1998 se presentó públicamente, dando paso a un activismo que, a partir de la solidaridad con las víctimas de ETA, hacía una defensa de la Constitución española como lugar de encuentro de los demócratas y se ofrecía vigilante para evitar que el tránsito hacia la paz pasara por la asunción de los postulados de los terroristas o de un nacionalismo interpretado como “obligatorio”. Del formato anterior de protesta silenciosa y transversal “por la paz” (Gesto por la Paz) se pasaba a la ruidosa “por la libertad” de los no nacionalistas (Foro Ermua y, sobre todo, más tarde, ¡Basta Ya!); como ha estudiado Irene Moreno Bibiloni, “de la prepolítica a la política”.

En ambos foros hubo luego otras muchas y significativas incorporaciones, así como apartamientos conforme iban cobrando forma sus propuestas o estas se acercaban o alejaban de diferentes culturas políticas. Un trazo demasiado grueso (por ejemplo, el de Jordi Amat) ha querido ver en ellos una consecuencia del tipo de españolismo pretendido por Aznar en esos años noventa; en realidad, habría que considerarlo en sentido contrario: fueron manifestaciones espontáneas de espacios sociales agitados y presionados que, expurgados de algunos de sus componentes, se encontraron luego en la lógica del presidente del Gobierno. Pero lo importante, en todo caso, es que identifican un tránsito que se produjo en toda España en este tiempo: un tipo de intelectual formado en la izquierda fue pasando hacia la derecha, aunque en la casi totalidad de casos sin implicarse partidariamente. Como ha estudiado Javier Muñoz Soro, el factor aglutinante más potente para ese viaje —“itinerarios de frontera”, se ha llamado— fue lo que conllevaba el nacionalismo, de ahí la importancia de autores procedentes de regiones donde pugnaban históricamente construcciones nacionales enfrentadas. Los nacionalismos catalán y vasco aparecieron con una vocación exclusivista y excluyente, al punto de amenazar la pluralidad de sus sociedades, lo que fue respondido ahora con otra cultura, la española, que no se pretendía resistente, sino simplemente presente y, por tanto, a defender. No era el españolismo de Aznar, pero no contrastaba con el civilismo (patriotismo constitucional) que este pretendía acudiendo para ello a Azaña y otros, como se ha indicado ya. No se convirtieron estos intelectuales en españolistas, pero sí que defendieron el derecho a existir de una España que no tenía por qué ser inevitablemente franquista en su concepción nacional.

Siguiendo con Muñoz Soro, a los dos temas clave, la nación y la memoria histórica enseguida incorporada, se añadieron otros más:

[…] la crítica a las reformas educativas; el multiculturalismo y el relativismo cultural; la inmigración y la integración de los inmigrantes; la religión y el laicismo en relación con la moral pública, la bioética o el matrimonio homosexual; el pacifismo, antiamericanismo y presunto antisemitismo de la izquierda; la política exterior, el europeísmo y euroescepticismo; la globalización, el ecologismo y la liberalización económica mundial; el islamismo, el “europeistán” y la amenaza terrorista; la igualdad de género, la discriminación positiva, el lenguaje de lo políticamente correcto, el “progresismo” o el denominado “buenismo” zapaterista.

Algunos de aquellos izquierdistas —los menos— hicieron causa de estos argumentos y acabaron superando la protocolaria invitación a comer en la Moncloa; la mayoría ha mantenido su independencia argumental, aunque en su furibunda crítica de las políticas de Zapatero (y luego del futuro presidente Pedro Sánchez) coincidan en ocasiones con otra intelligentsia de muy diferente origen, objeto y jaez. Se trata de la nueva derecha intelectual desacomplejada que acompañó a la actitud decidida del nuevo partido de Aznar. En este caso, Muñoz Soro es capaz de identificar hasta cuatro corrientes que convergen en un fortalecimiento de los valores y tesis conservadoras como no se conocía desde los tiempos de la transición a la democracia, cuando la izquierda habría ganado la hegemonía completamente.

La primera se refiere a la no comprometida con el partido, nutrida por intelectuales y profesores liberales orteguianos que en otros momentos perfectamente pudieron apoyar a los socialistas (Carlos Seco Serrano, José Varela Ortega, Fusi, entre otros). La segunda se articularía en torno al diario ABC de los tiempos en que lo dirigió José Antonio Zarzalejos (en el cambio de siglos y la primera década del siglo XXI). Se trataría de un sector a caballo entre los democristianos y los conservadores moderados del PP (Juan José López Ibor, Ricardo García Cárcel, Fernando García de Cortázar, Álvaro Delgado-Gal o Juan Manuel de Prada).

La tercera es más militante en favor del liberalismo económico y del conservadurismo político y social, obediente a las grandes estrategias del Partido Popular, pero con Esperanza Aguirre como referencia (hoy lo sería su sucesora en la presidencia madrileña, Isabel Díaz Ayuso): constituyen la versión española de los “neocon” anglosajones, con la misma inclinación autoritaria de aquellos. Este sería el grupo importante por los medios con que cuenta y por la penetración de sus portavoces. Es un espacio muy amplio, donde encontramos comunicadores y periodistas como Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez, junto con sus empresas periodísticas a lo largo de los años (Libertad Digital, es.radio y La Ilustración Liberal, y El Mundo y El Español, respectivamente). La red de emisoras de la COPE (propiedad de la Conferencia Episcopal católica) estaría en este espacio, con comunicadores como Carlos Herrera (y antes Antonio Herrero, José María García, Luis Herrero, Encarna Sánchez, el citado Jiménez Losantos, César Vidal y otros); por su parte, las emisoras de Onda Cero se ubicarían en una posición más centrada, como los periódicos regionales de Vocento o el barcelonés La Vanguardia. A estas empresas se han ido añadiendo otras nuevas, como el grupo Unidad Editorial (que incluye El Mundo) y cabeceras posteriores como La Razón, que fundara en 1998 Luis María Ansón tras dejar ABC, o el grupo audiovisual Intereconomía y el digital Vozpópuli de Jesús Cacho más recientemente (2011). La lista de colaboradores es aquí extensa, con nombres como Alberto Recarte, Juan Carlos Girauta, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Javier Zarzalejos, José María Marco y Jorge Vilches, Carlos Rodríguez Braun, José Javier Esparza, etcétera.

La cuarta y última es la más extremista, la “teocon”, más comunitaria que liberal, y claramente católico-tradicionalista. Abundan aquí webs como hazteoir.org, la añeja revista Verbo (fundada por Vegas Latapié en 1962), la electrónica Hispanidad o la neocarlista de historia Aportes y el semanario Alba. Nombres de empresarios y firmas de este grupo son Enrique de Diego, Ignacio Arsuaga o Julio Ariza Irigoyen. Las relaciones no son siempre buenas entre estos comunicadores y sus medios, pero, en general, han sido capaces en estos últimos treinta años de tejer una red de información y de creación de opinión en el campo conservador de extraordinaria importancia en una democracia mediática como la nuestra.

La revisión del pasado histórico a la que se refería Muñoz Soro tiene que ver con la llamada “memoria histórica”: el proceso de construcción social del recuerdo (y los valores positivos y negativos) de la Guerra Civil y del franquismo (y cada vez más de la Transición). La visión de la historia del país de la nueva derecha impugnó algunos paradigmas que de forma académica o, al menos, socialmente tenue se habían instalado desde el final de la dictadura. Algunos publicistas, con Pío Moa a la cabeza, un antiguo activista del grupo terrorista marxista-leninista Grapo, encarnaron este revisionismo de derechas —seudorrevisionismo, para Enrique Moradiellos— con obras como Los orígenes de la Guerra Civil (1999), que estuvo al frente de los libros más vendidos durante meses. Sus tesis, apadrinadas algunas con el tiempo por el historiador estadounidense Stanley G. Payne —uno de los grandes expertos en Falange Española—, y a las que contribuyeron otros como el antes citado Jiménez Losantos, César Vidal, Luis Eugenio Togores o Alfonso Bullón de Mendoza (presidente de los propagandistas católicos desde 2018), podrían resumirse en que la Guerra Civil comenzó en octubre de 1934 y no en julio de 1936; las implicaciones presentistas resultan evidentes. Enfrente se desató un movimiento de historiadores académicos que, en ocasiones, ha adoptado también una posición militante (Preston, Ángel Viñas). Para los más, su producción no merecía respeto intelectual, pero lo cierto es que su popularidad y nivel de ventas es muy destacado, lo que vendría a señalar la existencia de un sustrato social partidario de un relato épico y glorificado de los españoles, y claramente conservador en lo que hace a las responsabilidades de la historia del pasado siglo; el éxito y repercusión posterior del libro Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca Barea (2016), indica que ese tiempo se prolonga al medio milenio.

Todo ello afectaba a la cuestión de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. La confrontación se desencadenó del todo tras la exhumación de trece cadáveres republicanos en Priaranza del Bierzo (León), en octubre de 2000, fecha emblemática de arranque del movimiento prorrecuperación de la memoria histórica en España. El argumento de la identidad en el tiempo se incorporó a la agenda de bienes postmaterialistas del presidente Rodríguez Zapatero, que sacó adelante en 2007 una ley sobre la cuestión, de manera que en los comienzos del nuevo siglo el pasado se convirtió en otra pieza fundamental más de la confrontación entre derechas e izquierdas; en el camino, la Transición, que había sido asimilada en estos años a la izquierda, pasó a ser usufructuada por las derechas, al relajar o abandonar las primeras su adhesión a ese referente. En esa tesitura, el Partido Popular fue instado a condenar el golpe del 18 de julio de 1936, cosa que hizo en las Cortes en 2002, en una declaración unánimemente aprobada. Sin embargo, la sospecha de cierta comprensión de este partido con el pasado franquista nunca ha quedado del todo desechada para sus oponentes políticos y resucita a cada manifestación imprecisa, desafortunada o decididamente partidaria (las menos).

6. Una derrota inesperada

El balance político de los Gobiernos de la derecha de Aznar era claramente positivo para sus partidarios, no generaba la suficiente beligerancia entre sus opositores —articulados en torno a un líder creciente, pero aún sin consolidar— y manejaba una estructura de poder muy potente a todos los niveles, tanto político como económico, y generadora de una opinión pública favorable. Como se ha expuesto, las políticas educativa y cultural y, recientemente, la sociolaboral habían generado dificultades, a añadir a la pérdida de contacto con los nacionalistas. La figura de Aznar no era simpática, pero se respetaba o valoraba su eficacia en la gestión. Con todo, su encumbramiento y algunas crisis mal gestionadas complicaron en extremo los siguientes meses; también tuvo que ver con ello la línea que deslindaba la legalidad de la corrupción. El accidente del petrolero Prestige, en noviembre de 2002, en la Costa de la Muerte coruñesa, dio lugar a un desastre ecológico de grandes proporciones. La gestión del incidente estuvo trufada de errores, ausencias, malas decisiones y una general incapacidad; de entre todos los responsables políticos, solo Rajoy salió indemne y dio la cara. El movimiento social agrupado en torno a la consigna “Nunca máis” consiguió mantener la denuncia durante semanas y suscitar el apoyo solidario de muchos voluntarios del resto del país, que acudieron a realizar trabajos de limpieza. Las siguientes elecciones no pasaron factura por ese motivo pero, como ocurre tantas veces, quedó en la recámara del recuerdo y acabó manifestándose al final.

La otra crisis no resultó de la gestión de un imprevisible accidente, sino de la pasión por aparentar más de lo que se estaba llegando a ser. La guerra de Irak comenzó en marzo de 2003 cuando dieciséis países, entre ellos España, encabezados por Estados Unidos, lo invadieron. El día 16 de ese mes había tenido lugar una reunión en las Azores entre Bush, Blair, Aznar y el portugués Durão Barroso como anfitrión. Allí se acordó un ultimátum a Sadam Husein si no se deshacía de las armas de destrucción masiva de las que estos aseguraban que disponía (luego se demostró un argumento falaz). Lo que para Aznar se interpretó como una ascensión a los cielos de la geoestrategia internacional, con España sentada a la par de las grandes potencias anglosajonas, para la opinión pública del país fue una decisión incomprensible e inaceptable. Muchos se movilizaron en contra de la guerra como no se había visto desde hacía años. Aznar recibió la Medalla del Congreso de los Estados Unidos, pero unos tres millones de españoles se lo reprocharon en las calles. Ni siquiera el electorado popular respaldaba esa decisión. De alguna manera, constituía la imagen de lo peor de aquella presidencia: la mezcla de un complejo histórico de inferioridad con un exceso nacionalista y la soberbia egolatría del dirigente. El espectáculo previo de la boda de su hija en El Escorial, en septiembre de 2002, no jugó en su favor; entre el millar largo de invitados se incluía a los Durão Barroso, Blair, Silvio Berlusconi y al empresario de la comunicación Rupert Murdoch, junto con los maquinadores de la trama Gürtel —Álvaro Pérez “el Bigotes” y Francisco Correa, que pagó parte del gasto con el dinero procedente de la corrupción— y Luis Bárcenas, Francisco Camps, Jaume Matas, Miguel Blesa y Rato, o los entonces reyes de España. La impresión quedó también para ser saldada más adelante.

Aznar se convirtió en otro “halcón” de la política internacional y tiñó de orgullo patrio actuaciones en situación de crisis hasta rozar el exceso. Como queriendo seguir el catón thatcheriano de la soberanía nacional, respaldó con entusiasmo la fuerza como respuesta, ya fuera en Afganistán (en el caso de la intervención unilateral americana, también muy discutida) o en el pulso por el control de un minúsculo islote (Perejil, en julio de 2002) frente a Marruecos. El giro de la política exterior desde 2001 supuso el cambio definitivo de la anterior relación privilegiada con el eje París-Berlín (o Bonn) por otro Estados Unidos-Gran Bretaña, con otros dos no menores: una política con Iberoamérica donde los intereses económicos de las transnacionales españolas se impusieron a otros factores políticos, culturales o de cooperación (lo que reportó cierto desprestigio para la marca España, acusada de una “nueva conquista”) y un europeísmo reticente a perder cotas de soberanía, ligándose a países como Polonia, Reino Unido o Italia. Su adhesión relativa a Europa estaba más atenta a recibir los fondos de ayuda que a colaborar en un momento clave en la construcción de la Unión. A finales de 2003 obstaculizó la aprobación de la Constitución europea al modificarse el acuerdo de Niza sobre reparto de voto de los Estados en relación con su población. Finalmente, sus intentos por fijar una soberanía compartida en Gibraltar chocaron con sus prejuicios nacionalistas. En la lista de situaciones imprevisibles que le suceden a todo Gobierno, el accidente en Turquía de un avión de regreso de una misión en Afganistán y Kirguistán, en mayo de 2003, se saldó con sesenta y dos militares españoles fallecidos. La gestión de esta crisis del Yak-42 resultó un fracaso donde se fueron acumulando los desafueros (seguridad del aparato, identificación de las víctimas), lo que trajo por consecuencia el cese de la cúpula militar y la reprobación parlamentaria del ministro Federico Trillo (ya en junio de 2005, estando fuera del Gobierno).

Sin embargo, los casos de corrupción política en este tiempo, que perseguirían también al Partido Popular, como veremos, no tuvieron demasiada repercusión en la opinión pública y el electorado. Esta había sido clave en la derrota de los socialistas en 1996: financiación irregular del partido (Flick, Filesa, Malesa y Time Export), consideraciones irregulares con empresas (el caso Kio y Wardbase de Javier de la Rosa y Manuel Prado y Colón de Carvajal, el caso Palomino), comisiones ilegales (AVE, Seat) o mal uso de los fondos reservados, tráfico de influencias y fraude en la gestión de institutos públicos (Juan Guerra, Luis Roldán, Gabriel Urralburu, Carmen Salanueva). La renovada versión del “enriqueceos” vivida en los noventa, con Gobiernos socialistas y populares, conllevó como siempre la consecuencia de la corrupción. Aznar se encontró con uno de esos casos a poco de llegar al frente de su partido, en 1989: el que afectó a los tesoreros de su formación, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís, implicados en la financiación irregular de esta. También hubo otros como los del balear Gabriel Cañellas, el caso Zamora o las cuestiones referidas al presidente cántabro Juan Hormaechea, que se resolvieron judicialmente en ese tiempo, pero sin llegar a empañar el prestigio del Partido Popular.

El problema es que fue entonces cuando este partido desarrolló una trama de financiación que años después, en 2018, fue sentenciada y lo convirtió en el tercero condenado en los tribunales por conformar una organización para delinquir (antes lo habían sido Unió Democràtica (UDC) por el caso Pallerols y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el Palau): con el caso Gürtel llegó incluso a perder el Gobierno. El personaje principal de esa trama fue Luis Bárcenas, encargado de financiar al partido en relación con empresarios y contrataciones, de mantener una contabilidad paralela y de hacer pagos irregulares a sus dirigentes. Era mano derecha en aquellos tiempos de Sanchís y de Naseiro, y después de quien los sustituyó en la tesorería, Álvaro Lapuerta. Sus contactos con el empresario clave en la trama, Francisco Correa, habían comenzado ya en 1996. De 1990 a 2008 fue gerente del Partido Popular y durante el siguiente año ofició ya como tesorero. El hecho de que los casos de corrupción no influyeran en la suerte de los Gobiernos de Aznar no oculta que, como se ha demostrado posteriormente, ese tiempo fuera el de una extendida impunidad en este tipo de negocios. Algunos ministros suyos, como Matas, Zaplana o Rato, acabaron después en la cárcel por esas prácticas (tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho, y apropiación indebida y falseamiento de datos, respectivamente), y la mayoría de integrantes de sus consejos de ministros se han visto implicados en causas judiciales, algunas todavía sin resolver (particularmente, por los “papeles de Bárcenas” relativos al cobro de sobresueldos). La cuestión alcanzó también a cargos autonómicos y municipales en unos años de intensa actividad constructora y urbanizadora cuando esos permisos dependían de estas instancias. Con todo, se insiste, la cuestión tuvo efectos prácticos casi quince años después, aunque dé cuenta de que el empeño por mejorar los mecanismos que proporcionan calidad a la democracia y al control del poder político y económico no fue sino un eslogan de campaña y una promesa incumplida.

Hubo más escándalos, relacionados con licencias televisivas, el caso Gescartera, la quiebra de Ercross, las subvenciones europeas al lino y al cáñamo, que afectaron a ministros como Rato, Cristóbal Montoro, Piqué y Loyola de Palacio, o incluso la gestión de un tema técnico de gran repercusión para las comunidades autónomas afectadas, como el Plan Hidrológico. Pero en mayo de 2003 se produjo uno de grandes consecuencias y que, sobre todo, marcó una manera de hacer que luego se consolidó con el tiempo. Hablamos del transfuguismo manifestado en el llamado “tamayazo” —por el nombre del protagonista principal del affaire: Eduardo Tamayo (y María Teresa Sáez)—, cuando la suma de las izquierdas en la Asamblea de Madrid se disponía a elegir al socialista Rafael Simancas y todo se frustró porque esos diputados de su lista no votaron a su candidato a presidir la Asamblea (dejando así claro que tampoco lo iban a hacer a su jefe de filas para el Ejecutivo). Además de la crisis institucional —el que era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, antes presidente de la Comunidad, debió hacerse cargo de esta durante unos meses—, la operación de compra de voluntades de los dos electos nunca se aclaró del todo y significó la pérdida del control de esa importante entidad por parte de la izquierda. Ciento sesenta años después, el tamayazo recordaba aquel “incidente Olózaga”, cuando los progresistas eran desplazados del Gobierno mediante una oscura operación que tampoco fueron capaces de contrarrestar.

Fueron hechos y situaciones diversas que mermaban la simpatía por el Partido Popular, pero sus logros en política nacional auguraban el éxito sin dificultades del designado por Aznar para la presidencia del Gobierno. El estilo crispado y de confrontación se convirtió en la marca, aunque no fuera tanto el de su sucesor, Mariano Rajoy, un hombre discreto y pragmático. Este, amigo de frases entre lo profundo, lo enigmático y lo insólito, afirmó que las elecciones se pierden más que se ganan. Acertó. El PP aventajaba al PSOE en expectativas de voto y solo en el primer semestre de 2003 se invirtió la tendencia; con todo, Aznar ganó el debate sobre el estado de la nación en ese julio y se ampliaron las distancias entre uno y otro desde entonces. En la campaña se habló sobre todo de Cataluña y de ETA. Cuando todo anticipaba la victoria de Rajoy, un atentado contra siete trenes de cercanías de Madrid, el jueves 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones, produjo casi doscientas víctimas mortales, el más letal de la historia del país.

De nuevo, la gestión de la crisis fue lo que perdió a los conservadores; el ministro de Interior, Ángel Acebes, y el portavoz Zaplana fueron los responsables máximos, además de los dictados del presidente. Desde el Gobierno insistieron desde el primer momento en la autoría de ETA y no variaron de actitud, aunque en las siguientes horas y días la del terrorismo yihadista se fue imponiendo claramente. Desde el Ejecutivo se presionó tanto a las embajadas internacionales como a los medios de comunicación para que mantuvieran su versión de lo ocurrido, consciente de que, como anticipó el asesor Arriola, si se confirmaba que había sido el terrorismo doméstico de ETA ganarían las elecciones; si había sido el global yihadista, las perderían. A la vez, las noticias crecientes que alimentaban esta segunda hipótesis fueron suscitando la reacción política y ciudadana exigiendo un conocimiento riguroso de los hechos. Las masivas manifestaciones del día 12 ya exhibieron carteles dudando de la versión oficial. La víspera de las elecciones, las sedes del Partido Popular fueron escenario de numerosas concentraciones de protesta contra el Gobierno por la supuesta manipulación informativa (“Antes de votar, queremos la verdad”); el uso de los mensajes telefónicos por internet (SMS) adquirió un notable protagonismo en la movilización, sobre todo por parte de los jóvenes. El jefe policial explicó en su informe final lo que había ocurrido:

Tras el atentado, inmediatamente surgió un choque dialéctico basado en informaciones que nada o poco tenían que ver con la realidad. Aunque no existían datos fehacientes en esos primeros momentos, infundadamente se impuso la urgencia de transmitir mensajes, cosa que no se había hecho en otras ocasiones. Ante esa ausencia de datos, los actores políticos y sociales los inventaron, los deformaron y exageraron con el fin de adaptarlos a sus estrategias o deseos. Para nuestro asombro, ese día los poderes públicos ignoraron los procesos adecuados de obtención de datos, los análisis sosegados y la meditada difusión que tan eficazmente se habían aplicado en otras ocasiones. Cualquier observador podía apreciar que estas cuestiones se estaban produciendo con total ausencia de racionalidad.

El Ejecutivo incluso se planteó la suspensión de las elecciones, pero ya era tarde. El propio candidato socialista llamó al ministro esa víspera para decirle que tenía información fehaciente de que se trataba de un ataque yihadista. La impresión de que se había producido una manipulación informativa, el malestar acumulado en determinados sectores sociales por la manera de comportarse del Ejecutivo en esos años, la incertidumbre en parte del electorado conservador —fue la elección con mayor número de votos en blanco: más de cuatrocientos mil—, la activación del voto entre jóvenes abstencionistas y la relación que se establecía entre la autoría cada vez más confirmada y el empeño en participar en la guerra de Irak movieron suficientes voluntades como para que Rodríguez Zapatero se impusiera sorpresivamente por casi un 5% de ventaja. Fueron las elecciones en que más gente se acercó a votar: casi 25.900.000 ciudadanos (solo en 1982 hubo más porcentaje sobre el censo: dos puntos y medio más).

La sorpresa aturdió a la derecha, que desde ese momento puso en marcha un doble argumento: una teoría conspirativa sostenida por parte de sus medios afirmando que, más allá de la verdad judicial, no se había despejado la duda de que ETA hubiera tenido que ver, y una auténtica escisión o fractura social al tildar a Zapatero como un presidente sobrevenido. Una figura esta en la que insisten históricamente las derechas españolas: considerar que el poder cae del lado de las izquierdas por razones espurias; en el fondo, la vieja duda de que sus opositores estén capacitados —y hasta legitimados— para gobernar. La consecuencia inmediata es que el eficaz acuerdo contra el terrorismo que sostenían PP y PSOE saltó por los aires y tan crítica y delicada cuestión volvió a la agenda de la confrontación entre partidos y de descalificación de las iniciativas gubernamentales.

En todo ello, más allá de la responsabilidad directa de los políticos conservadores, jugaron un papel protagonista los medios de su entorno, que habían adoptado ya desde los Gobiernos de Aznar (y antes) el papel de redactores del argumentario político. Algunos, como Pedro J. Ramírez y Jiménez Losantos, volvieron a destacar, con sus medios respectivos (El Mundo y la cadena radiofónica COPE y sus diversos tertulianos), sin olvidar la beligerante autonómica Telemadrid, ahora dirigida por Manuel Soriano, anterior jefe de prensa de la presidenta Aguirre. Otros comunicadores y publicistas empeñados en esta línea fueron Casimiro García-Abadillo, Fernando Múgica Goñi y Fernando Lázaro (El Mundo), Eduardo García Serrano y Xavier Horcajo (Grupo Intereconomía), Luis del Pino y Juan Antonio Tirado. El argumento sustancial trataba de responder a la pregunta “¿a quién beneficiaron los atentados?”. La respuesta la encontraban sencilla: al PSOE. Al cabo de los años, el Partido Popular se fue apartando de su defensa guadianesca de esa versión. Los periodistas más contumaces en ese argumento fueron sustituidos en sus respectivos medios al quemar la imagen de estos con sus teorías. Aznar, todavía en 2007, siguió defendiendo su argumento afirmando que “los que idearon [los atentados] no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”, y que habían conseguido su objetivo de “cambiar el curso político de España”. En la actualidad, solo Vox, el partido de la extrema derecha, y ese entorno mediático sostienen sistemáticamente esas posiciones.

7. En la oposición, pero con un partido fuerte

El Partido Popular no volvería al poder en España hasta 2011, de la mano de Rajoy. Para entonces, una crisis estructural de la economía mundial (financiera global), la de 2008, trastocó los términos de lo social y de lo político, de manera que enseguida se vivió su consecuencia en ese terreno: el tradicional sistema bipartidista se quebró definitivamente desde que el movimiento juvenil de protesta 15-M (de mayo de 2011) se convirtió en términos electorales en el partido Podemos, en 2015. Sin embargo, como veremos, también la derecha se conjugó en plural al surgir nuevos grupos que se fueron acomodando en ese espacio.

La designación de Rajoy como sucesor de Aznar estaba prevista para que este le tomara el testigo al frente del Gobierno, no para hacerlo desde la oposición. Pero las cosas se produjeron de esa manera. El carácter templado del nuevo líder había sido su mejor credencial cuando se trató de negociar con los socialistas y con los nacionalistas, o de enmendar los desafueros de diversos ministros henchidos de entusiasmo en su gestión. Ahora, la secuencia de acontecimientos entre los días 11 y 14 de marzo les había arrebatado el poder, y se trataba de ser beligerantes en contra de esa novedad: Rodríguez Zapatero era primero ilegítimo y luego indigno en el puesto de presidente. La pauta de esa confrontación sin descanso la encabezó el propio Aznar, pronunciándose a cada poco desde el think tank de FAES. Lo que en condiciones normales habría sido un expresidente señalando de cuando en cuando una generosa opinión sobre los grandes temas, se había convertido en una tutela de su actuación cotidiana, porque los responsables del partido prestaban más audiencia y fidelidad al anterior líder que al presente. Rajoy había hecho sus primeras armas políticas, de muy joven, en un partido tan reaccionario como la Unión Nacional Española de Fernández de la Mora, una de las siete formaciones que dieron lugar a Alianza Popular, caracterizada por un tradicionalismo entre franquista y carlista; recordemos que, tras el referéndum constitucional, en 1978, abandonaron AP por declararse contrarios a la carta magna. Pero Rajoy no era ningún radical y se había caracterizado por un pragmatismo que le hacía aparecer más cerca de la tradición de UCD que de la del partido de Fraga, que era de donde venía. Una frase de sus memorias identifica su idea de la política: “Lo que diferencia un comportamiento adulto de otro infantil es la madurez: la contención, la autolimitación de nuestra conducta y la obligación de responder de nuestros actos”. Ahora se vio forzado a participar en la descalificación del presidente del Gobierno como estrategia básica de su partido. Si mientras la derecha gobernó consiguió atemperar en parte esa naturaleza bronca, ahora esta reverdecía por la desazón por lo ocurrido.

Además, la disposición de Zapatero (“el talante de ZP”), su manera de entender la nueva política y los temas de su agenda enfadaron más si cabe a los conservadores. En política internacional fue la antítesis de Aznar: al día siguiente de tomar posesión anunció que España retiraría sus tropas de Irak. Meses después, en la Asamblea anual de Naciones Unidas, expuso su proyecto de Alianza de Civilizaciones, poniéndose al frente de un multilateralismo que suponía la mayor impugnación de la política unilateral norteamericana que su antecesor había defendido como posición de España en el mundo. Sus buenas relaciones con los Gobiernos cubano y venezolano (presidido ahora por Hugo Chávez) también alteraron a los populares.

Pero, más allá de la política internacional, Zapatero fue el primero en abrir una agenda de derechos ciudadanos relacionados con un identitarismo (de género, de opción sexual, de pasado, de cultura, de origen…) que fue cobrando fuerza, y que de nuevo iba contra la línea de flotación del pensamiento conservador. Iniciativa gubernamental suya fue el matrimonio homosexual o la Ley de Memoria Histórica, rechazadas de manera muy agria por el Partido Popular, la Iglesia católica y una densa red de opinadores y de medios de comunicación. En la misma línea, su propuesta de una Educación para la Ciudadanía —dentro de su nueva Ley de Educación— fue vista como una alternativa a la formación religiosa de los estudiantes y no como una afirmación republicana: el Ejecutivo tomando la iniciativa en la formación en valores cívicos frente a una posición más liberal e individualista de la derecha, partidaria de que ese fuera un cometido familiar, de los padres y de su libertad de criterio moral. La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, votada casi por unanimidad por la cámara (2004), activó en el futuro un reactivo profundo y de larga duración en determinados colectivos conservadores. De alguna manera, la izquierda tomaba el testigo anterior de la derecha y activaba otra vez la “guerra cultural” con estos temas sensibles.

Con todo, fue la cuestión del terrorismo de ETA la que quebró por completo la relación de los partidos del Gobierno y de la oposición. Después de meses denunciando la irrelevancia del Pacto Antiterrorista tras lo ocurrido en marzo de 2004, Rajoy anunció en junio de 2006 que este estaba muerto y que rompía la complicidad con el Ejecutivo en este asunto. Un año antes, en mayo, su partido se había quedado solo en el Congreso oponiéndose a dar luz verde al presidente para iniciar un diálogo con la banda terrorista ETA, para que “sin precio político” esta pusiera punto final a su actividad; Rajoy lo acusó de “traicionar a los muertos” y Acebes afirmó que el proyecto de Zapatero era el mismo de ETA. El Partido Popular se puso al frente de grandes manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que reprocharon acerbamente a Zapatero esa iniciativa, a la vez que se convirtieron en una de las bases sociales de la derecha, alterando por completo la pluralidad real de ese mundo. Después de una fructífera desactivación del tema durante un lustro, el terrorismo volvía a ser un factor de combate entre partidos. Igual que Aznar, Zapatero intentó pasar a la historia como el presidente que puso fin a ETA (como finalmente ocurriría). En su caso, fue la banda la que clausuró el diálogo colocando una bomba en la Terminal 4 de Barajas, que causó la muerte de dos personas en diciembre de 2006. El último proceso de paz y la penúltima tregua de ETA (“alto el fuego permanente”) terminaron ahí: los socialistas dejaron hacer a Aznar en su intento de 1998-1999, pero ahora no recibieron el mismo trato. Además, el 11-M se vinculaba en las teorías conspiranoicas de esa derecha con esta iniciativa de Zapatero, especulando con una relación de origen. Antes, la comisión parlamentaria para estudiar lo ocurrido con motivo de los atentados en Madrid también cortocircuitó las relaciones entre el Partido Popular y el PSOE (y la mayoría del resto de partidos de la cámara); Rajoy la calificó de broma, pero el dictamen hablaba de manipulación y tergiversación informativa por parte de aquel Gobierno en razón de intereses de partido.

Finalmente, la reforma del estatuto catalán, en la nueva situación política creada en esa región tras el final de la era Pujol —que no del pujolismo—, daría a la derecha española un protagonismo extraordinario y de larga y profunda repercusión crítica. La redacción de un nuevo proyecto autonómico fue el argumento con que la suma de socialistas, republicanos y excomunistas ganaron las elecciones catalanas de 2003. Durante la campaña, Rodríguez Zapatero se comprometió con el futuro president socialista, Pasqual Maragall, a aceptar el texto que le entregaran si llegaba a la Moncloa, pero a poco de conocer el borrador ya se vio que no podía aceptar ni aspectos que no eran de competencia del Parlament ni la semántica que adquiría la consideración de Cataluña como nación. El choque entre socialistas le sirvió a Rajoy para criticar en ABC la hipótesis que atribuía al presidente de asumir “un Estado plurinacional, plurisoberano, federal, o cualquier otra variedad de Estado menguante”. Al llegar el texto a las Cortes, el Partido Popular propuso un referéndum en toda España e inició una recogida de firmas para que no fuera aceptada su tramitación. El 3 de diciembre, en una multitudinaria manifestación convocada por su partido a las puertas del Congreso, Rajoy proclamó que “no hay más que una nación: la española”.

El trámite parlamentario no fue fácil y el Gobierno tuvo que desplazar como interlocutor a Esquerra Republicana en beneficio de CiU, en la oposición en Cataluña. Así fue como se aprobó el texto en las Cortes, que fue sometido a importantes cambios en su redactado (en una comisión encabezada por Alfonso Guerra), siendo refrendado favorablemente por la ciudadanía catalana el 18 de junio de 2006; votaron en contra populares y republicanos, con una participación de solo la mitad del censo. El 31 de julio el Partido Popular presentó en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto recién aprobado; también lo hizo el Defensor del Pueblo y cuatro comunidades gobernadas por aquel partido y una por los socialistas (Aragón). Las elecciones autonómicas de noviembre dejaron las cosas parecidas, ahora con José Montilla sucediendo a Maragall y con la entrada de tres diputados de un partido nuevo: Ciudadanos, también opuesto al nuevo redactado del estatuto. Años más tarde, en junio de 2010, el Constitucional se pronunció de manera favorable a buena parte de los argumentos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular. La masiva manifestación de todos los partidos catalanes en Barcelona, menos PP y Ciudadanos, el 10 de julio, fue el inicio de una conflictividad institucional (y social) en la relación Cataluña-España que alcanzó su culmen el 27 de octubre de 2017, cuando el Parlament declaró la independencia unilateral por ocho segundos, pero que se mantiene, como se verá, hasta el presente. La “cuestión catalana” y, de su mano, las consideraciones acerca de la naturaleza plurinacional o no de España (y sus consecuencias en su planta institucional) se han convertido, junto con las dificultades económicas de la crisis de 2008-2013, en los factores principales del debate político en el primer cuarto del siglo XXI.

Con lo ocurrido en aquellos días de marzo de 2004 y en las semanas siguientes, y con el cúmulo de situaciones que vendrían después, no resulta extraño que del XV Congreso del partido, en octubre de aquel año, saliera una troika de acompañamiento de Rajoy, entonces elegido presidente nacional, especializada en el trazo grueso a la hora de tratar al oponente político: Acebes, el ministro del Interior en aquellas jornadas, fue elegido secretario general, con un Zaplana ahora muy beligerante como portavoz en las Cortes y Pío García-Escudero en el Senado (y con Aznar como presidente de honor). Nada de autocrítica, ninguna consideración de que su derrota también podría deberse a un voto de castigo por el malestar acumulado en parte del electorado por el hiperliderazgo y estilo aznaristas, y oposición sin cuartel contra el Gobierno socialista. Habrían deseado una victoria en las inmediatas elecciones europeas de junio —con Mayor Oreja como cabeza de cartel—, para ratificar que lo del 14-M había sido “un desgraciado accidente”, pero volvieron a perder, aunque por escaso margen. El congreso se reafirmó en una postura de centro reformista, liberal en lo económico y partidaria del “humanismo cristiano de tradición occidental”. La ubicación no cambiaba, pero la coyuntura sí. Los primeros diálogos para reformar algunos aspectos de la Constitución (conversión del Senado en cámara territorial, eliminación de la discriminación de las mujeres en la sucesión a la Corona, denominación de las diecisiete comunidades autónomas y referencias actuales a la Constitución europea), con los que Rajoy pretendía mostrar su aspecto más dialogante, no tuvieron continuidad; Aznar tildó esa posibilidad de “error inimaginable”. Solo coincidieron Gobierno y oposición, en febrero de 2005, en el sí del referéndum para ratificar la Constitución europea —a pesar de las reservas de Aznar por los cambios en el sistema de voto en el Consejo de la Unión— y en el no a la propuesta de estatuto político del lehendakari Ibarretxe. Eso fue lo más parecido a acuerdos de Estado que conoció la legislatura.

Lo cierto es que esta oposición a tumba abierta no fue bien recibida por el electorado: en las siguientes elecciones de marzo de 2008 volvieron a perder. Rajoy, sin el carisma de su antecesor entre los suyos, prometió un Gobierno “como Dios manda”, conforme a su caracterizada simplicidad conservadora, a enfrentar al de Zapatero, plagado de “experimentos, chapuzas y aventuras”. Su programa se centraba de nuevo en ETA y Cataluña, rechazando cualquier negociación con los terroristas y cualquier ruptura de la unidad patria. En el terreno económico se planteaba seguir en la línea de liberalización, privatización y desregulación que había caracterizado el doble primer mandato de su partido, así como con promesas de reducción de impuestos a los colectivos sociales más desfavorecidos y a las empresas; la perspectiva de la crisis era todavía tenue. Como novedad incluía para responder al problema de la inmigración la fórmula de un contrato similar al que regía en la Francia de Sarkozy, supeditado al respeto de las normas españolas y al aprendizaje de sus pautas culturales por parte de los inmigrantes; persistía el temor a la distorsión de la esencia nacional identificada en el idioma, los símbolos, las costumbres y los límites. En respuesta a la agenda de derechos e identitaria del Gobierno, no cuestionaba los cambios llevados a cabo en materia de divorcio, aborto, registro de parejas de hecho y matrimonio homosexual, a pesar de las protestas manifestadas y de los recursos entablados en el momento de las respectivas aprobaciones de esas leyes (alguna, como la del aborto, de 1985). A cambio, se metió en un lío negando la realidad del cambio climático al acudir a la sabiduría de un primo suyo, al parecer catedrático de Física; años después, al llegar al Gobierno, anuló las ayudas a las energías renovables.

La derrota —por lo demás, esperada— debilitó a Rajoy para abordar una nueva legislatura en la oposición. Incluso se barajó la posibilidad de que abandonara y él dio alguna muestra en ese sentido, coincidiendo con una casi general falta de respaldo de los líderes del partido y con fuertes críticas de sus sectores mediáticos (El Mundo, COPE). Zaplana, Acebes, María San Gil, incluso la referencia de José Antonio Ortega Lara, abandonaron sus responsabilidades y hasta el partido; Aznar y Aguirre hablaban de que las cosas estaban mal y el líder catalán, Piqué, ya había dimitido en el verano de 2007 por el poco apoyo que le reportaba Rajoy (y por las trampas que entonces le tendía Acebes). Pero dos meses después, el último día de mayo de 2008, en Valladolid, desmintió esos rumores al encabezar un acto de presentación de su candidatura a la presidencia nacional de cara al XVI Congreso popular. Allí estaban todos los dirigentes regionales, con la única excepción de la madrileña Aguirre y la vasca San Gil. La situación ilustra del pulso que se llevaba a cabo en el partido de la derecha española. El sector más neoliberal, thatcheriano en sus formas y proclamas, nostálgico de Aznar y partidario de insistir en la política de confrontación contra el Gobierno (y contra los nacionalistas), quedó en minoría. A cambio, Rajoy, único candidato finalmente, articuló un equipo “marianista” donde incorporaba nuevas caras y algunos referentes con trayectoria.

En el congreso resultó elegida María Dolores de Cospedal como secretaria general (vinculada al andaluz Arenas y aceptada por los “aguirristas”), y Soraya Sáenz de Santamaría, de la personal confianza de Rajoy, quedó como número tres del partido; Ana Mato, Esteban González Pons y Arenas eran los vicesecretarios. Con casi un 80% de apoyos —veinte puntos menos que en el congreso anterior—, incorporó finalmente al equipo dirigente a Ruiz-Gallardón y a su teniente de alcalde Manuel Cobo (enfrentados desde hacía meses a Aguirre por el control de Madrid), a Trillo y a la propia esposa de Aznar, Ana Botella (entonces concejala en la capital) y a la hermana de Miguel Ángel Blanco (Marimar). Con él estaban algunos como el valenciano Camps (enfrentado a Zaplana), el vasco Alfonso Alonso (en lugar de San Gil), el gallego Alberto Núñez Feijóo y el castellano Juan Vicente Herrera, García Escudero (que venía de la tripleta dura anterior, el único), Jorge Moragas (en lugar de Gabriel Elorriaga) o el joven profesor de Filosofía del Derecho, José María Lassalle, considerado uno de los teóricos del partido (y versado en maestros liberales como John Locke, Raymond Aron o Berlin). Radicalmente en contra formaban Esperanza Aguirre y otro que como ella se había postulado en algún momento como candidato alternativo, el valenciano Juan Costa, también el citado Elorriaga, los exministros Acebes, Álvarez-Cascos y Rato, el “fontanero” de Aznar, Aragonés, el defenestrado en su día Vidal-Quadras, muy radicalizado en su discurso antinacionalista, igual que San Gil, Mayor Oreja —endurecidos ambos en su experiencia vasca—, y su antiguo secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa.

8. Manejando las poderosas circunstancias

Posiblemente por las características de la guerra interna en el partido y por el escaso rendimiento que había deparado la oposición frontal durante la primera legislatura de Zapatero, Rajoy se planteó una estrategia menos tensa para esta segunda. Pero el volantazo quedó por completo mediatizado por un cúmulo de situaciones que alteraron cualquier previsión. En 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos alcanzó al Viejo Continente y en España comenzó a hacer estragos, desmantelando por completo las mieles en que se habían instalado los Gobiernos y la sociedad en el último decenio largo. La economía tomó tintes dramáticos, de extraordinario impacto social, multiplicando rápidamente las cifras de paro —tres millones se sumaron a los anteriores, alcanzando los cinco, con un 22,5%, el doble que antes de la crisis— y colocando al país al borde del rescate por parte de la Unión Europea. A la vez, el 6 de febrero de 2009 la Fiscalía Anticorrupción hizo pública su denuncia ante la Audiencia Nacional de un caso de corrupción política vinculada directamente al Partido Popular: el caso Gürtel. De la financiación irregular a este partido se derivó otra pieza identificada como caso Bárcenas —el gerente y luego tesorero—, conocida en enero de 2013, que incluía una contabilidad B que allegaba fondos de empresarios y constructores al Partido Popular, además de pagos no menos irregulares a dirigentes de la formación. Los hechos remitían a los inicios de los años noventa, y de nuevo condicionaron por completo la política española y la del partido conservador hasta el presente.

La mezcla de crisis económica —que se convirtió en sistémica a partir de las medidas sociales que se aplicaron para combatirla— y de conocimiento de la corrupción política al más alto nivel dio lugar a un movimiento de jóvenes, el 15-M, que en mayo de 2011 inició una protesta de largo recorrido, impugnando por completo la política que desarrollaban los dos grandes partidos a izquierda y a derecha. Su grito de “No nos representan” vino a cuestionar las posibilidades de una democracia liberal que no atendía como se demandaba la respuesta a una crisis que empobrecía a amplios sectores de la sociedad y acababa con las expectativas de ascenso social de muchos jóvenes “sobradamente preparados” (la llamada “generación JASP”). Consecuencia política de esa protesta fue la emergencia de un movimiento de izquierdas que, finalmente, se tradujo en parte en la nueva formación Podemos; igualmente, en una vertiente más liberal, ese estímulo animó a aquella entidad catalana, Ciutadans, a dar el salto a la arena pública española y transmutarse en Ciudadanos. Si entre el PSOE y el PP habían sumado en las generales de 2008 el 83,81% de los votos, en las de diciembre de 2015 habían caído al 50,71% (73,39% ya en las de 2011). En un corto espacio de tiempo se había pasado del bipartidismo imperfecto asentado desde los años ochenta a un multipartidismo fragmentado que, con variaciones, todavía se mantiene. Las estrategias de los partidos, lógicamente, hubieron de plegarse a esta nueva realidad.

Pesó más entonces el impacto de la crisis que el desprestigio de la corrupción. Siguiendo las tesis de Rajoy, las elecciones sobre todo se pierden, y Rodríguez Zapatero se empeñó en perderlas acudiendo a una fórmula consistente en negar la crisis, no pronunciar su nombre para no estimularla, recurrir a respuestas ineficaces —su keynesiano “plan E” o el “cheque bebé”— y acabar sucumbiendo a las obligaciones que le imponía la Unión Europea. Esta mutaba ahora de la esperanza de bienestar y normalidad democrática que había representado desde los años sesenta a la austera madrastra que exigía rigor presupuestario y recorte o hasta eliminación de derechos y garantías adquiridos. El 12 de mayo de 2010 el presidente anunció en el Congreso de los Diputados que su anterior política de estímulos daba paso a otra inversa: se bajaba el sueldo de los funcionarios, se congelaban las pensiones, se reducía el gasto en farmacia, se frenaban las asignaciones para la Ley de Dependencia (el “cuarto pilar” del Estado de bienestar, puesto en marcha a finales de 2006) y se eliminaba el famoso “cheque bebé” (2.500 euros por cada nuevo hijo). El ajuste social instado por las directrices europeas se impuso y desarmó por completo al Gobierno socialista: quince mil millones de euros de reducción de gasto y una reforma laboral no negociada con los sindicatos. A partir de ahí, todo consistía en esperar a que este se desangrara lo suficiente como para ocupar su puesto. A finales de julio de 2011 Zapatero adelantó las elecciones generales para el 20 de noviembre. En ellas, la derecha recuperaría el poder.

Pero antes pasaron cosas muy importantes. La trama de corrupción afectaba al Partido Popular al menos en la Comunidad Valenciana, en la de Madrid y en la gallega; luego también alcanzó a la castellano-leonesa y a instancias generales o nacionales del partido. Al frente estaba Francisco Correa (de ahí lo de Gürtel, su apellido en alemán). Enseguida comenzaron las detenciones de cargos municipales. Rajoy, experto en trabalenguas, tradujo aquello “de una trama del PP” en otra “contra el PP”, mostrando su ajenidad a los hechos, aunque enseguida los encausados sumaban el medio centenar y alguno de ellos era enviado a prisión. A partir de 2009, importantes dirigentes, como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, su mano derecha en el partido regional, Ricardo Costa, exconsejeros y alcaldes, fueron investigados e imputados. Se sucedieron las dimisiones —Camps lo haría en julio de 2011— y los apartamientos de militancia para huir de la quema. El asunto no decayó en ningún momento y se fue complicando más y más hasta la sentencia final en mayo de 2018 de la pieza Gürtel (todavía está pendiente la del caso Bárcenas).

El impacto de la crisis pasó más factura a los socialistas que la corrupción a los populares. Cuando surgió el movimiento del 15-M, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas de 2011, pero en el marco de un fenómeno mundial de protesta —el 15-O de octubre de ese año en más de mil ciudades de casi cien países—, el PP interpretó que este era una creación socialista en su contra, cuando en realidad las tendencias se estaban desplazando en su favor. En las elecciones europeas de junio de 2009 ya ganaron por medio millón de votos, con Mayor Oreja de nuevo como cabeza de cartel.

Pero la debilidad que mostraba el partido del Gobierno estalló después de mayo de 2010: en las autonómicas y municipales de justo un año después el Partido Popular se hizo con todo el poder local. De las cincuenta localidades más pobladas o importantes del país, consiguieron treinta y seis alcaldías (y otras dos fueron de UPN en Pamplona y del partido creado por Álvarez-Cascos en Gijón). De las diecisiete autonomías, pasaron a presidir o participar en el Gobierno de trece, además de Ceuta y Melilla; las excepciones fueron Cataluña, Canarias, Andalucía y Asturias (aunque aquí gobernó en minoría Álvarez-Cascos entre 2011 y 2012 con su Foro Asturias o FAC). Un caso singular fue el del País Vasco, donde por primera vez el nacionalismo fue desalojado del Gobierno, ahora presidido por el socialista Patxi López (2009-2012) con un apoyo de investidura del PP (ahora encabezado por Antonio Basagoiti). El hartazgo social con el Gobierno de coalición de Ibarretxe, que lo había fiado todo a su política soberanista, y la decidida voluntad esta vez de los socialistas vascos por presentar una alternativa de Gobierno propia animaron lo suficiente al electorado como para hacerlo posible. Sin embargo, en la segunda parte de la legislatura y cuando el PP había llegado a la Moncloa, López quedó como la excepción de poder institucional socialista y se aplicó a combatir la política de austeridad extrema de Rajoy, con lo que los apoyos de la derecha españolista fueron flaqueando y no tuvo otra que adelantar tres meses la convocatoria electoral. El PNV recuperó entonces el poder, en 2013.

Importantes también fueron las dos novedades que tuvieron lugar en los “minutos basura” de aquella legislatura. El 23 de agosto de 2011, en pleno verano, PSOE y PP se pusieron de acuerdo finalmente solo para hacer una “reforma exprés” del artículo 135 de la Constitución española que establecía el principio fundamental de la estabilidad presupuestaria, de manera que el pago de la deuda pública fuese lo primero a atender frente a cualquier otro gasto del Estado consignado en los presupuestos generales (“el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros”). El acuerdo conllevaba la contracción del gasto en todo tipo de Administraciones públicas, con los consiguientes recortes establecidos ya de una manera estructural. La responsabilidad del Gobierno en las duras consecuencias sociales de esta iniciativa explica en parte la diferente reacción del electorado.

También se había llegado antes al acuerdo entre los grandes partidos para reformar mediante decreto las cajas de ahorro, un agente que se significó en los orígenes de la crisis inmobiliaria estimulando préstamos a particulares y participando en promociones de riesgo en ese sector; cuando se pinchó la burbuja se hundió el valor de los bienes inmuebles y algunas entidades quedaron muy tocadas o con gran cantidad de préstamos que no podían ser devueltos. La presencia destacada de cargos de nombramiento político en los órganos directivos de esas entidades se interpretó como causa de muchas decisiones erróneas que contribuyeron decididamente a la crisis. El decreto de reforma, de julio de 2010, a instancias de la Unión Europea y de organismos financieros internacionales, suprimió la presencia de altos cargos y cargos electos en los órganos de gobierno de las cajas (despolitización), y abrió estas al sector privado (bancarización) para poder captar capital emitiendo cuotas participativas con derechos políticos (con el tope en la mitad de la propiedad de una entidad). En los siguientes años, las cuarenta y cinco cajas históricas se concentraron en solo seis grupos, siendo algunas de ellas nacionalizadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) debido a su precaria solidez. En el ajuste fiscal que el Gobierno aplicó en los presupuestos para 2011, el PP dejó solo a Zapatero; para el siguiente, el presidente argumentó que era mejor que el Ejecutivo que los elaborara fuera legitimado por una renovada elección parlamentaria, por lo que adelantó los comicios.

El otro hecho singular se produjo el 20 de octubre, cuando la organización terrorista ETA comunicó por fin “el cese definitivo de su actividad armada”. Mayor Oreja y Alfredo Pérez Rubalcaba, ministros de Interior del PP y del PSOE, respectivamente, venían a encarnar el éxito de la lucha antiterrorista, soportada en la actuación policial y judicial, y en la colaboración internacional (de Francia, particularmente, y de países como Estados Unidos, sobre todo después de la reunión de las Azores); la definitiva reacción ciudadana vasca y española, y la propia evolución del entorno de la banda, convencida en un momento dado de que su continuidad era más dañina que positiva para sus objetivos políticos, fueron otros dos argumentos que explican ese final.

Todos lo consideraron un gran éxito, menos un sector importante y contumaz del asociacionismo de las víctimas del terrorismo, encastillado en la denuncia de un final negociado políticamente que fue, precisamente, lo que no ocurrió. Después, Mayor Oreja y, en ocasiones, el resto de la derecha, incluido el Partido Popular y, por supuesto, sus entornos mediáticos, siguieron manejando el argumento de “la derrota del vencedor” —título de un libro del profesor Rogelio Alonso que condensa esa tesis—, cargando contra los socialistas por no haber acabado con el nacionalismo vasco a la vez que con el terrorismo de ese carácter. Ese planteamiento parte de que los contactos con ese entorno no hicieron sino resucitarlo políticamente, cuando la continuidad de la acción policial y judicial habría acabado sin más con todo ello. La cuestión reaparece cada poco al cabo de los años de desaparecida ETA y cuando sus herederos políticos obtienen buenos resultados electorales que les reportan una presencia e importancia crecientes en la política institucional, incluida la del Gobierno del Estado.

9. Un conservador en el Gobierno y una crisis extrema

La paciente estrategia de un conservador nato como Rajoy consistía en esperar a que el desgaste del contrario fuera superior y más rápido que el propio. El impacto negativo de la corrupción en su partido pensaba que se difuminaría pronto y que no afectaría a su resultado electoral. En este caso, la indolencia del personaje acertó y no encontró dificultad alguna. El 20 de noviembre de 2011 batió el récord de votos conservadores, con 10.700.000, y se hizo a la tercera oportunidad con el Gobierno del Estado, frente al socialista Pérez Rubalcaba. Sus 185 diputados y los solo 110 socialistas le dejaban manos libres para gobernar, superando las cifras de Aznar en 2000, pero la entidad de la crisis económica, el impacto de la corrupción y del proceso soberanista catalán, y los cambios operados en el sistema de partidos, condicionaron sus posibilidades.

Como se ha señalado, tras la crisis de 1993 Aznar había llegado al Gobierno en el momento en que las medidas puestas en marcha por Felipe González terminaban con esta; además, fue muy corta, aunque de gran impacto. Por el contrario, la que Rajoy heredó del tiempo de Zapatero no estaba sino en sus comienzos, de manera que el Gobierno de la derecha encajó los peores números económicos y obligó a las más traumáticas medidas sociales y políticas. Además, se insiste, la entidad de aquella fue extraordinaria, hasta dar lugar a un cambio de corte estructural, profundamente político e ideológico. El sociólogo alemán Ulrich Beck, poco antes de morir, la definió así: “Una crisis mental acerca de cómo imaginar la buena vida más allá del consumismo”.

En ese tiempo, los españoles se familiarizaron con palabras hasta entonces casi desconocidas: objetivo de déficit, calificación de la deuda, ajuste, prima de riesgo, deuda soberana, bono basura, puntos básicos, burbuja, activos tóxicos, tasa de morosidad, banco malo, intervención, factor de sostenibilidad, agujero, troika y rescate. Rajoy había prometido en su campaña electoral un Gobierno serio y responsable, capaz de generar confianza dentro y fuera del país. Su receta tradicional de austeridad y eficacia paralizó todavía más una economía estrangulada por la falta de crédito bancario, reducción del gasto público y frenazo del consumo privado, de manera que sus efectos más negativos se dispararon: el número de parados alcanzaría a comienzos de 2013 su máximo histórico, con seis millones de desempleados (un 27,16% de la población activa, que entre los jóvenes subía al 57,22), y la amenaza de pobreza o exclusión social alcanzaba a once millones y medio de personas (tres millones ya en estado de pobreza severa); en 2011 se produjo un saldo migratorio negativo, suspendiéndose así la corriente de inmigración extracomunitaria iniciada a comienzos de siglo. Ahorro en el gasto corriente, reducción del peso de las Administraciones públicas, reformas estructurales, continuación de las privatizaciones, descuentos fiscales, flexibilización del mercado de trabajo y promesa de no subir impuestos sin afectar a los gastos básicos del Estado de bienestar (sanidad, educación y pensiones de jubilación y de desempleo) constituían un cóctel que esta vez se demostró contraproducente en primera instancia y, en todo caso, incapaz de resolver la situación si no se acudía a la ayuda exterior, a Europa.

El presidente trenzó un Ejecutivo con Soraya Sáenz de Santamaría como mujer fuerte (vicepresidenta) y un equipo económico a cargo de Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, que ya venían de los Gobiernos anteriores de Aznar; el segundo fue luego directivo de la histórica financiera norteamericana Lehman Brothers, declarada en quiebra en 2008. Otros nombres de importancia eran Ruiz-Gallardón, que por fin alcanzaba un ministerio (de Justicia), el centrista José Manuel García-Margallo (Exteriores), Ana Pastor, Ana Mato y Fátima Báñez en Fomento, Sanidad y Empleo, respectivamente, y Jorge Fernández Díaz, José Ignacio Wert y José Manuel Soria, en Interior, Educación e Industria.

La legislatura estuvo dominada principalmente por la economía. Una segunda recesión, en 2012, repitió la de tres años antes, con un PIB y un saldo negativos que se prolongaban extraordinariamente durante dos anualidades seguidas. El déficit público no conseguía adecuarse a las exigencias de la Unión Europea (4,4% para 2012), lo que obligó a intensificar las medidas de ajuste a niveles inéditos, históricos. El 11 de julio de 2012 Rajoy anunció el mayor recorte de gasto de la historia de la democracia: 65.000 millones de euros. Las noticias sobre la calificación de la deuda española tampoco eran buenas, y esta se rebajó, incrementando así el costo del reembolso del capital principal y de los intereses. La puntuación de la prima de riesgo fue un nuevo guarismo que captó la atención y condicionó la vida de los ciudadanos y la gestión de su gobierno. Al llegar a los seiscientos puntos, el Banco Central Europeo resolvió comprar deuda soberana de los países mediterráneos (e Irlanda) más afectados por la crisis y parar esa deriva; la deuda pública era otro valor que se disparaba a la par. El escenario europeo se convirtió en un pulso entre los intereses de los países del norte y los del sur, hasta establecer los primeros a través de diferentes entidades un control sobre las economías de estos últimos y las condiciones de los préstamos: la conocida como “troika”, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Las medidas de ajuste se tradujeron desde el principio —el primer decreto de medidas urgentes ya fue de diciembre de 2011, a poco de llegar al Gobierno— en subidas de impuestos (IRPF, bienes inmuebles) y reducción de gastos (congelación del sueldo de los funcionarios y del importe del salario mínimo, con subida de las pensiones del 1%). La inversión pública se redujo drásticamente y el debate sobre la duplicidad de gastos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas se puso sobre la mesa (igual que otros recurrentes, como la hipertrofia de entes municipales en nuestro país). Educación y Sanidad sufrieron dos nuevos recortes a sus presupuestos, sumando en 2012 diez mil millones a los casi treinta mil que se habían previsto por parte de Montoro; el copago farmacéutico, la lista de más de cuatrocientos medicamentos no subvencionados o la retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares y a sus familiares fueron algunos de sus efectos más impactantes, así como la amortización de muchos puestos de trabajo que se perdían en la Administración. A pesar de lo evidente de los números, no de sus razones, el ministro Montoro no tuvo empacho en afirmar que eran “los más sociales de la democracia”. Los techos de gasto de la economía global española hicieron que las directrices gubernamentales se extendieran a comunidades autónomas y municipios, porque el gasto de estos determinaba el montante general, dando lugar a tensiones: la economía española era tutelada por Europa a la vez que el Ejecutivo español hacía lo propio con las otras Administraciones territoriales. Lo que no era tan ortodoxo era la aplicación de una amnistía fiscal, tratando también de captar recursos oscuros: su aplicación en 2012 fue objeto de debates por la personalidad de algunos de los agraciados y de denuncias y luego suspensión judicial parcial por los tribunales. Finalmente, y a pesar de las reservas y promesas de Rajoy, el IVA se incrementó en dos puntos.

Pero la cuestión clave fue el rescate, una palabra de la que todos los gobernantes huían porque aceptar que sus economías eran salvadas por las entidades financieras europeas e internacionales era un reconocimiento de su fracaso para superar la situación por sus propios medios. Zapatero se pasó meses evitando la palabra “crisis” para que su enunciación no la estimulara e incrementara sus efectos; Rajoy y su equipo económico hicieron lo propio con “rescate”, sustituyendo el término por otros como “línea de crédito” o “crédito en condiciones muy favorables”. Evitarlo se convirtió en el primer cometido del nuevo Gobierno conservador. La cuestión tenía que ver con la exposición al riesgo que habían manifestado diferentes cajas de ahorro y bancos mientras duraron las alegrías de la burbuja inmobiliaria. Su profunda crisis amenazaba a la propia economía nacional, como ocurrió en todos los países —empezando por los Estados Unidos—, lo que determinó un rescate multimillonario de sus fondos para evitarlo. El asunto era establecer el montante y condiciones de esas ayudas, porque, en realidad, fueron préstamos con devolución en un reducido porcentaje (la economía de los países acabó soportando y sufragando estos). Los recursos públicos acudieron en rescate del capitalismo en todo el mundo, sin que este y sus promotores tomaran nota o rectificaran para el futuro. La necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del capitalismo, como proclamó el presidente francés Nicolas Sarkozy, ha de verse pasado el tiempo como un sarcasmo. Por supuesto, nuestras derechas locales tampoco tomaron nota ni manifestaron propósito alguno de la enmienda. El sistema bancario español, después de idas y venidas, fue rescatado en julio de 2012 por un montante final de 64.000 millones de euros (algunas fuentes lo elevan en ocasiones a cien mil, con otras partidas referidas al total del crédito dispuesto), derivado a sus entidades bancarias (cajas de ahorros) en crisis, no a la economía nacional, al país. La devolución de esos montantes no superó nunca el 15%. Bankia de Madrid y algunas cajas mediterráneas —la CiU de Artur Mas fue la única formación que apoyó constantemente la política económica de Rajoy en esta legislatura, haciendo incluso exhibición de mayor entusiasmo en el ajuste de gasto que este—, castellanomanchegas y gallegas se llevaron el grueso de las ayudas: Bankia (22.000 millones), Caixa Catalunya (12.600), Caja de Ahorros del Mediterráneo (12.500), Nova Caixa Galicia (9.500), Banco de Valencia (6.100), Caja Castilla-La Mancha (4.200), Sareb (2.200) y otras entidades con cantidades menores. El sistema bancario en su conjunto se reformó a continuación por la vía de las concentraciones, que ya venía de antes.

Entre finales de 2013 y comienzos de 2014 los datos económicos positivos anunciaron el final de la profunda recesión vivida. Todavía en verano, la afirmación de Rajoy de que la crisis era ya historia generó un agrio debate, pero a finales de año las cifras confirmaban que la situación estaba en proceso de recuperación: la prima de riesgo volvió al entorno de los cien puntos, descendió el paro, creció el número de afiliados a la Seguridad Social y se incrementó el consumo interior. Entre medias, las relaciones laborales sufrieron una importante alteración porque el Gobierno reformó en febrero de 2012 las condiciones de trabajo y de contratación mediante decreto. El objeto nuevamente era flexibilizar los contratos, centrándose para ello en la reducción de las indemnizaciones por despido, pero su afección fue muy superior porque alteró los equilibrios históricos entre trabajadores y empresarios, y dejó en manos de estos la determinación de las reglas de contratación y del mercado de trabajo. La concertación social quedaba trastocada. La consecuencia fue la convocatoria de dos huelgas generales en ese año (29 de marzo y 14 de noviembre) y una sucesión de manifestaciones de protesta en diversos ámbitos públicos (las “mareas” de colores de la enseñanza, sanidad y otros sectores) afectados por las medidas de recorte de gasto; el 22 de mayo de ese año tuvo lugar la primera gran huelga general unitaria de todo el sistema educativo español. El carácter estructural, ideológico, de esta crisis se manifestaba aquí también cuando, más allá de las diferencias de criterio al respecto del funcionamiento de los mercados laborales, se trataba de favorecer claramente a uno de los pares de la negociación colectiva, llegando incluso a la impugnación de esta en determinados supuestos. La formulación antisindical de la reforma no tenía paliativos. Se trataba del contrato social sobre el que reposa la inestable paz de las sociedades modernas; en palabras de Félix Ovejero: “Nos jugamos más cosas que una hipotética recuperación a cualquier precio”. Por eso la crisis no era solo económica, sino profundamente ideológica en sus claves de salida, en la recomposición que establecía entonces del tejido social y de sus relaciones de clase. Como dijo en su extremo el millonario estadounidense Warren Buffett: “Ha habido una guerra de clases y la hemos ganado”.

10. La corrupción, cada vez más cerca

Se discute a veces sobre el origen de algunos de los actuales “males de la patria” y se descargan sobre cómo se hizo la transición a la democracia las causas de los problemas que afloran en el país casi medio siglo después de aquel proceso. Si acaso la pregunta fuera aquí también aquella de “cuándo se jodió España”, habría que decir que aquel prometedor país se echó a perder con lo que pudieron y dejaron de hacer los Gobiernos socialistas: dar soporte y control a la democracia y a los negocios, y, definitivamente, con lo que pudieron y no dejaron de hacer los Gobiernos conservadores: desmontar los soportes de control de la democracia y de los negocios.

Las noticias acerca de la corrupción política se agolparon en esta legislatura de Mariano Rajoy y no cesaron en los años siguientes. Los afectados fueron todo tipo de partidos, con mayor intensidad y resolución en el caso del Partido Popular, pero también instituciones autonómicas y municipales, en algunos casos judiciales y empresariales y sindicales, llegando a alcanzar estas prácticas a gobernantes anteriores y en activo, e incluso a la propia familia real y al actual rey emérito Juan Carlos I.

En el caso del Partido Popular, las referencias resultan incontables y se remiten ya a los Gobiernos de Aznar o a los Ejecutivos municipales y autonómicos en todo tiempo. Si, como veremos, en el caso de los socialistas la corrupción anidó sobre todo en Andalucía, donde llevaban gobernando desde el principio de la Transición, en el de los populares lo hizo particularmente en la Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares. En la primera destaca el caso que afectó al exconseller y entonces portavoz en el Parlamento Rafael Blasco, por desviar en favor de su trama seis millones que debieron ir a ayudas al desarrollo en países terceros (fue condenado a ocho años). Después se produjo la imputación de Camps, antiguo presidente autonómico, por malversación y prevaricación en los contratos del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia y adquisición de trajes mediante cohecho, y por su participación en la trama Gürtel; de los dos primeros salió indemne y del tercero sigue pendiente de juicio. También hubo otros casos, como los que acabaron en la dimisión de la alcaldesa de Alicante o la anterior de Orihuela. En Baleares fue también el presidente del Gobierno, Jaume Matas, el encausado y, en su caso, condenado a seis años de cárcel por malversación, prevaricación y tráfico de influencias por el asunto Palma Arena. En este se vio encausado el cuñado del actual rey Felipe VI, Iñaki Urdangarín. Más importante aún fue su implicación en el caso Noos, junto con su esposa, la infanta Cristina (defendida jurídicamente por Miquel Roca). Por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, delitos fiscales y tráfico de influencias, Urdangarín fue condenado a casi seis años de cárcel; en la pieza estaban también diversos cargos de los Gobiernos balear, valenciano y madrileño.

En Madrid, además del Gürtel, estallaron el caso Bankia y la operación Púnica. El primero de estos dos tuvo que ver con el manejo de tarjetas (black) de crédito, opacas fiscalmente, donde más de ochenta consejeros y directivos de aquella caja de ahorros (desde políticos nombrados como gestores por todos los partidos a sindicalistas del consejo) cargaron sus gastos suntuarios e injustificados para beneficio personal entre 2003 y 2012, durante las presidencias de Miguel Blesa y luego de Rato, hasta sumar una cantidad superior a los doce millones de gasto; ambos fueron condenados a varios años de prisión por ello. Cuando Caja Madrid se convirtió en Bankia, su presidente, Rato, la sacó a Bolsa en julio de 2011 con unos valores distorsionados y alejados de la realidad a juicio de quienes lo denunciaron. Finalmente, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a la treintena de imputados porque los supervisores oficiales de esa operación (CNMV, FROB y EBA, Autoridad Bancaria Europea) la habían aprobado con antelación. Como se ha indicado ya, el rescate de aquella caja se calculó en veintidós mil millones de euros y su empobrecimiento por la gestión de estos directivos afectó directamente a más de diez mil ciudadanos, pero todo se limitó a esto. Rato había sido antes presidente del Fondo Monetario Internacional, entre 2004 y 2007; previamente había salido indemne de dos acusaciones por fraude, manejo de relaciones privilegiadas y estafa, que terminaron en el más serio caso Gescartera, lo que probablemente lo desplazó de la carrera presidencial final en el PP. Por su parte, Blesa, otro compañero de pupitre de Aznar, se suicidó en 2017. Algunas fuentes hablaron de accidente de caza en una finca cordobesa; los accidentes de caza constituyen hitos relevantes en la historia española reciente.

La operación Púnica la llevó a cabo la Guardia Civil en octubre de 2014 contra varias decenas de políticos madrileños, a cuyo frente estaba Francisco Granados, anterior secretario general del Partido Popular de Madrid y consejero en varios Gobiernos de esa Comunidad. La acusación era la de formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo contra la Hacienda pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias: en resumen, comisiones a cambio de adjudicaciones en consistorios de Madrid y de Valencia. De las declaraciones posteriores de Granados resultó también encausado Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, pero no su sucesora, Cristina Cifuentes, ni el valenciano Zaplana, aunque ambos fueron señalados; también resultó implicada la predecesora de todos ellos, Esperanza Aguirre. Granados acabó en la cárcel por una parte colateral de este caso; la principal por financiación ilegal del partido regional en los tiempos de Aguirre todavía espera en los tribunales. Por semejantes acusaciones fue encarcelado González, dentro del conocido como “caso Lezo”; también está pendiente de juicio. Aguirre dimitió cinco días después como portavoz en el Ayuntamiento madrileño y acabó ahí su carrera política, aunque no se ha visto comprometida finalmente por causa judicial alguna. Por su parte, Cifuentes debió dimitir de la presidencia del partido y de la Comunidad en la primavera de 2018 tras darse a conocer un vídeo donde se veía cómo cometía un hurto en un hipermercado; antes había estado implicada en un caso por falsedad documental para conseguir un máster en Derecho Autonómico, pero resultó absuelta. También en esta región resultaron implicados políticos y empresarios en otros casos. La ministra Ana Mato se vio obligada a dimitir a finales de 2014 por la acusación de beneficiarse a título lucrativo de los movimientos de su exmarido (Jesús Sepúlveda), anterior alcalde de Pozuelo de Alarcón, implicado en la trama Gürtel. Por su parte, el expresidente de la confederación empresarial española (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, acabó en la cárcel también por gestión fraudulenta del Grupo Marsans, una de aquellas empresas nacionales privatizadas que bajo su dirección acabó en la quiebra. El empresario era célebre por sus declaraciones, donde proponía “suspender el capitalismo” en algunas ocasiones excepcionales, consideraba que la mejor empresa pública era aquella que no existía o confesaba que él nunca habría volado con su propia compañía aérea. Este aspecto, además de los muchos ciudadanos perjudicados directamente en inversiones en este tipo de empresas, generó profundo malestar en una sociedad que sobrevivía con dificultades a una profunda crisis económica.

Y es que la corrupción no era una consecuencia indeseada tanto como un programa de actuación que, además, coincidía con un proyecto ultraliberal de desmontaje por privatización de las estructuras de protección social. Veamos el ejemplo madrileño en los tiempos de Gobierno de Esperanza Aguirre en la comunidad que nos desmenuza el estudio de Martín Alonso. Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM), hacía una defensa cerrada de la necesidad de recortes de gasto social coincidiendo con la llegada al poder de Rajoy. También coincidía en el tiempo una denuncia de la Agencia Tributaria contra su grupo empresarial (Cantoblanco) por importe de tres millones de euros, además de otras contra los derechos de sus trabajadores. Nombró como número dos a Lourdes Cavero, pero esta tuvo que dimitir por su implicación en un delito de blanqueo de capitales en relación con un ático compartido con su marido, Ignacio González, mano derecha de Aguirre y pronto su sucesor en la comunidad madrileña; Aguirre había llegado al puesto de rebote del tamayazo ya descrito. Fernández estaba también implicado en el caso Bankia y su número dos en la CEIM, Alfonso Tezanos, fue detenido en 2014 por uso de dinero ajeno. Por encima de Fernández estaba Díaz Ferrán, de quien ya sabemos. Biografías colectivas de este jaez se agolparon en este tiempo en los medios; eran los Episodios Nacionales de entonces.

En Cataluña la corrupción política alcanzó directamente al núcleo dirigente del pujolismo: al patriarca y a la casi totalidad de la familia Pujol. Primero fue el hijo Oriol, secretario general de Convergència, el que se vio imputado en un caso de tráfico de influencias (para conseguir licencias de la inspección técnica de vehículos, ITV). Fue condenado y acabó en prisión. En julio de 2014 el expresident Pujol tuvo que reconocer públicamente que desde hacía treinta años guardaba en Andorra importantes cantidades de dinero sin regularizar procedentes de una gestión política fraudulenta; de hecho, se acogió a la amnistía fiscal de Montoro en 2012 (como Bárcenas, Rato, Granados y su socio en la Púnica David Marjaliza, y otros más de los casos Gürtel, Noos, Lezo y hasta el líder del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa). El auto afirmaba que “la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Casi toda la numerosa prole espera con el padre el futuro juicio por esta causa; la madre, Marta Ferrusola, fue apartada de ella por problemas mentales. Jordi Pujol fue privado de los reconocimientos públicos anteriores por su gestión al frente de la Generalitat. Los saldos de las cuentas que manejaba Jordi Pujol hijo pasaron de cien mil euros en 2008 a más de doce millones en 2012. Por su parte, Convergència decidió cambiar su denominación y refundarse en 2016 como Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). Dos años después se confirmó la sentencia por el caso Palau contra su tesorero y contra el propio partido por blanqueo de capitales y tráfico de influencias; un caso caracterizado según los expertos por la connivencia “de forma activa y por omisión de una cantidad espectacular de actores, que implica a una trama transversal: políticos, sociedad civil, empresarios y otros partidos que hacen ver que no ven”. El que lleva el nombre de este partido nacionalista y conservador se conoce mejor como “caso 3%”, la cantidad que se pedía a las empresas que sacaban adelante concursos públicos para financiar la estructura y los gastos de la formación. La denuncia se hizo en 2005 en un pleno del Parlamento catalán por boca de Maragall —“ustedes tienen un problema que se llama 3%”—, dando a conocer una realidad extensamente compartida en amplios cenáculos. Hubo una comisión parlamentaria posterior y después el caso Pujol vino a ratificar la sospecha desde lo alto. La continuidad de la trama y lo penetrado de la misma en la sociedad y en las instituciones catalanas generaron una profunda decepción social en mitad de la crisis. Todavía recientemente, en el verano de 2022, la imputación de la presidenta del Parlament y del partido Junts per Catalunya, Laura Borràs, por fragmentar facturas para favorecer a un cercano, mantenía viva esa deriva; por decisión de la mesa de la cámara perdió su condición de diputada y, en consecuencia, la presidencia de la entidad.

Tampoco se salvaron los socialistas de esta impresión general confirmada de corrupción política. En este caso, sus causas se centraron en su tradicional feudo andaluz. Allí se destaparon diversos procesos, pero sobre todos ellos destacó el conocido como “de los ERE”: desde la estructura institucional de la Junta andaluza se aprobaban expedientes de empleo irregulares en empresas que derivaban recursos a particulares en un típico mecanismo de clientelismo social y político. La causa alcanzó de lleno a los gobernantes andaluces, de manera que casi una veintena de altos cargos fueron sentenciados como culpables, incluyendo en la lista a cuatro exconsejeros y a dos expresidentes: Manuel Chaves (que había sido también presidente del PSOE) y José Antonio Griñán (condenado incluso a prisión). El “sistema fraudulento” organizado habría supuesto el mal uso de casi setecientos millones de euros, de los que una parte importante no llegó a sus destinatarios adecuados. También al sindicato UGT en esa región lo alcanzó la corrupción, lo que obligó en 2013 al cese de su secretario general, Fernández Sevilla, por emitir facturas falsas para financiar su entidad por casi dos millones de euros. Por su parte, el caso Malaya afectó a numerosos ayuntamientos de la costa andaluza, con fraudes referidos a la gestión inmobiliaria, pero en su mayoría relacionados con la trama político-empresarial en torno a Jesús Gil y Gil. En Galicia el caso Pokémon involucró a municipios con alcaldías populares y socialistas. Su centenar de imputados de una docena de localidades espera el juicio.

Hubo otros casos más que afectaron a otro tipo de partidos e instituciones, prolongándose más allá de esa legislatura: por ejemplo, el ministro del PP José Manuel Soria debió renunciar en 2016 cuando su nombre apareció entre los llamados “papeles de Panamá”, correspondientes a la firma Mossack Fonseca que ocultaba fondos en paraísos fiscales (Jersey) desde 1993 a 2002 mediante sociedades offshore opacas. Desde el año 2000, se calculan unos dos mil casos de corrupción política en España. Por encima de todos destacan tres: los casos Púnica, Gürtel y Palau. La corrupción se instaló como el segundo gran problema para los españoles, tras del paro. Pero esa percepción solo tuvo efectos sociales cuando coincidió con la crisis, no cuando se conocieron los casos antes. A partir de 2010 esta cuestión se convirtió en insoportable y debilitó extraordinariamente el prestigio de los dos partidos históricos desde la Transición (y a la Transición misma, junto con el “régimen” salido de ella).

Además, visto retrospectivamente, se tiene que distinguir lo que se supo de la corrupción en aquella legislatura y media de Rajoy, y lo que se hizo durante la misma y se ha conocido a posteriori. Así, se han confirmado recientemente noticias relacionadas con la llamada “policía patriótica” que dirigirían en ese tiempo el ministro Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, utilizando los poderes del Estado para espiar e interferir en las actividades de sus opositores políticos o desacreditarlos mediante acusaciones falsas, fueran estos las fuerzas independentistas catalanas durante el procés secesionista (la operación Cataluña contra los Pujol, Mas, Puigdemont u Oriol Junqueras) o el partido político Podemos en su inicial andadura (supuestos pagos del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a Pablo Iglesias). En ambos casos la iniciativa partía del comisario José Manuel Villarejo, con la connivencia de altos cargos del PP (con su secretaria general Cospedal al frente, entre 2008 y 2018, o la líder catalana Alicia Sánchez-Camacho), ministros, jueces y medios de prensa de diversa orientación (Ok Diario, de Eduardo Inda, singularmente). La impresión retrospectiva que queda de ese tiempo es la de un Estado de derecho seriamente amenazado desde arriba, desde el poder, lo que confirmaría la tesis de que, tras “el gran cambiazo” acontecido tras la crisis global de 2008 —si no antes, desde 1989—, la amenaza para las democracias no procede del exterior, “sino de la dinámica interna de la democracia misma en una sociedad altamente formada, movilizada y participativa”, como diagnosticaron los teóricos de la Comisión Trilateral (Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki) a mediados de los años setenta.

En ese escenario, no debe sorprender que el partido de la derecha española viera circular por su sede central a un gran número de policías que durante catorce horas buscaban pruebas para su imputación en el caso Gürtel, un día de diciembre de 2013, o la sentencia varias veces referida aquí de un lustro después que lo identificaba como “organización para delinquir”; habían pagado la reforma de su edificio de la calle Génova madrileña con esos fondos ilegales.

11. Pro Monarchia

Pero lo conocido entonces y lo sabido después sobre la corrupción institucional han alcanzado su culmen en lo referido a la máxima autoridad del Estado. En el lema tríadico de “Altar, Nación y Trono” de nuestra derecha, lo que mejor había salido de los cambios producidos en el tránsito de la dictadura a la democracia había sido la Corona. La derecha respaldó al monarca desde el principio, evitando cualquier posible debate en torno a su continuidad durante la Transición; seguía siendo el florón de una construcción patria que necesitaba ser presidida por esa autoridad y representación, y que en este caso adoptaba incluso la condición de personificación de la propia nueva democracia. Sin embargo, precisamente por su disposición políticamente avanzada durante aquel proceso histórico, por su actuación en el intento frustrado de golpe de Estado de 1981 y por la íntima relación establecida durante el largo mandato socialista en los años ochenta y noventa, la monarquía fue aceptada desde la izquierda e incluso llegó a tener el rey mejor relación con parte de esta que con la derecha (sobre todo con Aznar, pero también con el último Suárez). Juan Francisco Fuentes ha visto ahí una afirmación accidentalista de los socialistas —la democracia por encima de todo—, que descubrieron la monarquía al identificarse esta con el Estado democrático; un proceso similar alcanzó a otras instituciones malquistadas históricamente, como, por ejemplo, la Guardia Civil o el Ejército. Izquierdas y derechas se hicieron “juancarlistas” y el debate monarquía-república desapareció del horizonte durante décadas.

Reapareció precisamente cuando el entorno familiar de la familia real se vio envuelto en casos de corrupción. El caso Noos que finalmente llevó a la cárcel a su yerno y al banquillo a su hija pasó factura al prestigio de Juan Carlos I. Pero después vino el accidente de caza en Botsuana, el 12 de abril de 2012; en el principio siempre hay un accidente de caza. La crisis socioeconómica estaba en su punto álgido y el monarca se entretenía en una excursión cinegética organizada por multimillonarios saudíes cazando elefantes en el África austral en compañía de su amante Corinna Larsen. Todo el mundo conocía rumores sobre la vida privada del monarca y todo el sistema que sostiene el poder lo había mantenido a salvo de injerencias peligrosas; lo importante era su contribución a la democracia, porque sus vicios privados pesaban menos que sus públicas virtudes.

La desnudez del rey se hizo manifiesta desde esa fecha. Su reconocimiento del mal causado —“Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”— no fue suficiente para una opinión pública sobrepasada por la crisis y los escándalos. En las encuestas del CIS empezó a suspender ya en 2011, pero ahora alcanzaba su nota más baja (3,68). Finalmente, desde comienzos de 2014 se puso en marcha el proceso legal de abdicación en Felipe VI. Los sigilosos pasos se dieron entre Rajoy (y Sáenz de Santamaría, que preparó el borrador de ley orgánica) y el socialista Rubalcaba. Este taponó la posible pulsión republicana en su partido declarando que “el rey ha asegurado la integridad del Estado, ha preservado el funcionamiento de las instituciones y ha sido un factor clave en la cohesión de todos los ciudadanos en torno a un esfuerzo colectivo de paz, libertad y bienestar social, el mejor periodo de nuestra historia moderna”.

El 2 de junio de 2014 se anunció la abdicación y el 19 Felipe VI fue proclamado rey. La confianza en el nuevo monarca se mantenía alta (un 6,6 sobre 10), pero años después se han conocido nuevos datos que, igual que ocurrió con prohombres de la Transición, como Pujol, ensuciaban el prestigio adquirido por la persona y por la institución. En marzo de 2020 la propia Casa Real comunicaba que el rey renunciaba a la herencia de su padre, ahora monarca emérito, tras conocerse que desde hacía años había recibido grandes cantidades de dinero por la adjudicación de obras de empresas españolas en Arabia Saudita (el AVE de Medina a La Meca). También se confirmaban depósitos de origen turbio en paraísos fiscales. Su salida del país en agosto hacia los Emiratos Árabes era la constatación de toda esta trama corrupta de larga duración a la que, sin embargo, la justicia no ha podido responder alegando que al producirse con antelación a 2014 el entonces monarca estaba protegido por la inviolabilidad constitucional (también en sus actos privados). El cordón sanitario dispuesto entre el actual y el anterior rey es notorio, y alcanza en determinados aspectos la relación personal y familiar; la condena de los Borbones españoles de acabar enfrentados padres e hijos no se ha roto desde la escabrosa relación de Fernando VII con Carlos IV, sin excepción.

Pero aquí nos ocupa la actitud de las derechas ante la cuestión. Parte de la opinión pública de izquierdas se movilizó ya en el momento de la abdicación, que no respondía tanto a un tránsito normalizado como al debilitamiento de la institución por las actuaciones de su representante. Cuando en 2020 se dieron a conocer las noticias sobre los dineros del anterior rey, la parte socialista del Gobierno de coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza, expresó su rechazo de esas prácticas y marcó claras distancias con Juan Carlos de Borbón; la parte populista de izquierdas salió en tromba en su contra. Sin embargo, desde las derechas no se ha manifestado el más mínimo reproche; todo lo contrario: se ha insistido en la defensa ciega del emérito, más allá de la valoración de sus acciones, y se ha insistido en la tesis de anteponer los servicios prestados al país a los debes de su actuación privada (y a su probidad como gobernante, porque los hechos censurados se produjeron cuando reinaba). En esa actitud han coincidido con algunos socialistas que gobernaron en los ochenta y noventa, y que vendrían a representar una cultura política bien distinta de la radical del nuevo socialismo de Zapatero y Sánchez (por ejemplo, Guerra o la Fundación España Constitucional, creada en 2014 y donde están los exministros José Bono, Carmen Calvo, Elena Salgado, Jordi Sevilla o Miguel Sebastián, junto a otros de la UCD o del Partido Popular); también socialistas actuales se inscriben en esa línea (Emiliano García-Page). Exceptuando alguna reacción puntual de sectores de la extrema derecha cuando el monarca ha tenido que firmar algún decreto gubernamental controvertido (v. g., los indultos a los políticos condenados por el procés secesionista catalán), el cierre de filas conservador en torno a la institución es absoluto.

Esta unanimidad ilustra acerca del tradicional rechazo establecido por las derechas españolas a la alternativa a dos de los tres pares de su tríada constituyente: el monarca y la organización del territorio. Hubo sectores conservadores republicanos en los años treinta, pero el franquismo secó esa veta. Luego, durante y después de la Transición, el republicanismo quedó como opción testimonial para una izquierda que primaba la urgencia de amarrar la democracia y como algo impensable para la derecha. Peor sucede con el federalismo como posibilidad, interpretada a partir de la Primera República como un fracaso histórico. Las dos experiencias republicanas españolas se consideran profundamente negativas y no está claro si lo son más por lo agitado de su desarrollo o porque coinciden con momentos en que los conservadores se vieron apartados del poder que habitualmente habían detentado. Un atavismo historicista impide a las derechas españolas enfrentar posibilidades alternativas como sí hacen las de la mayoría de países del mundo, consecuencia, eso sí, de historias nacionales distintas. Se interpreta tanto la experiencia republicana como la federal como el extremo de error y decadencia, incluso de ruptura interna del país, de manera que su simple evocación constituye una amenaza sobre la que no se reflexiona en su profundidad; algo similar a lo que ocurre con algunas izquierdas, pero reaccionando del revés y percibiendo aquello de manera inversa. Todo esto, más allá de constituir una característica propia de nuestras derechas, limita sus posibilidades de coincidencia con las izquierdas en espacios institucionales amplios, y antagoniza a unas y otras en relación con dos temas, todavía lejanos en la política actual, pero de presencia continua en nuestra historia contemporánea (federalismo y republicanismo). Además, también supone un déficit de modernidad de esos sectores conservadores porque abrazan esos dos factores en sus respectivas expresiones más tradicionales y hasta retrógradas: el unitarismo territorial y una autoridad más trascendente que la solo humana. El déficit comparativo de liberalismo de las derechas patrias se expresa bien en esto que se señala y las limita extraordinariamente en sus posibilidades. Para complicarlo aún más, la reciente diversificación de fuerzas en ese ámbito (UPyD, Ciudadanos, Vox) en ningún caso ha supuesto aperturas por esas bandas —más bien todo lo contrario—, limitándose a aspectos referidos a libertades individuales y funcionamiento del mecanismo institucional democrático.

12. La amenaza de la secesión territorial

Rajoy gobernó con mayoría absoluta entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2015. Como veremos con algo más de detalle, se mantuvo presidiendo en funciones durante la siguiente legislatura, la decimoprimera, porque ningún candidato alcanzó la mayoría parlamentaria exigida; estuvo así hasta noviembre de 2016, tras las nuevas elecciones de junio, cuando pasó a encabezar el Gobierno de la decimosegunda. En los meses anteriores, Rajoy rehusó presentarse a la investidura, a pesar de haber ganado las elecciones de diciembre de 2015, y el socialista Sánchez lo intentó sumando sus escaños a los cuarenta de Ciudadanos, pero tampoco fueron suficientes. La XII legislatura terminó en marzo de 2019, tras una moción de censura contra el presidente Rajoy en mayo-junio de 2018, que salió adelante y supuso su sustitución por Pedro Sánchez. En febrero de 2019 las derechas (junto con Esquerra Republicana de Catalunya) derribaron al Gobierno socialista al rechazar el proyecto de presupuestos, por lo que se convocaron nuevas elecciones para abril. La mayoría simple necesaria no la logró el vencedor en las elecciones, el PSOE, al tratar de aliarse ahora con Unidas Podemos, de manera que en noviembre se repitieron las elecciones; fue una legislatura tan corta como las más críticas del tiempo isabelino o de la restauración alfonsina. Esta vez el acuerdo entre las dos formaciones de izquierdas fue rápido: sumando apoyos de todo tipo de opciones nacionalistas —las derechas lo llamaron “el Gobierno Frankenstein”— conformaron el primer Ejecutivo de coalición de la democracia y abrieron paso en enero de 2020 a la decimocuarta legislatura. El debate sobre el estado de la nación de julio de 2022 era el primero que se celebraba desde 2015; es una muestra del grado de inestabilidad por razones internas y externas en que entró la política española en esos años.

La nota explicativa, inevitablemente barroca y embrollada, como la realidad misma, tiene por objeto exponer que mientras la inestabilidad institucional era la norma, sucedían en el país procesos críticos extraordinarios; evidentemente, ambas cosas estaban íntimamente relacionadas. Además de la profunda crisis socioeconómica de la que ya hemos hablado, y que en 2014 empezó a superarse, las provocadas por el secesionismo catalán y por los cambios en el sistema de partidos se extendieron por esa “legislatura y media” de Rajoy, y siguieron vivas en la sucesión posterior de Sánchez.

El cambio de rumbo de la situación catalana tiene todavía una explicación por cerrar, pero hay claves a las que se puede acudir con cierta seguridad. En noviembre de 2012 el president convergente Artur Mas adelantó las elecciones llevado en volandas por una euforia secesionista expresada por buena parte de la ciudadanía catalana. Los reclamos de las últimas Diadas son suficientemente expresivos de la posición adoptada ahora por el nacionalismo de esa comunidad: “Somos una nación. Nosotros decidimos” y “Cataluña, nuevo Estado de Europa”. La renovada mayoría secesionista en el Parlament (reforzada por los tres nuevos diputados de la CUP, un grupo de izquierda radical ultranacionalista) aprobó en enero de aquel año una declaración soberanista y decisionista, y en los meses siguientes, continuando con un proceso de movilización de sus bases de apoyo, fijó la convocatoria de una consulta popular para el 9 de noviembre de 2014 (en septiembre se acababa de celebrar un referéndum de independencia en Escocia, aunque con resultado negativo para sus promotores). La falta de garantías jurídicas convirtió aquello en “un proceso de participación ciudadana” sin consecuencia legal alguna. Comenzaba ahí el juego del gato y el ratón entre las instituciones catalanas y las españolas por la legalidad del proceso; y comenzaba el juego de amagar de las primeras tratando de llegar hasta el límite, retirándose en el último momento. La consulta (o proceso participativo) se celebró sin incidentes ni consecuencias, pero el president Mas fue encausado junto con otros representantes institucionales por un delito de desobediencia a las sentencias judiciales. El siguiente momento de alta tensión se produciría en octubre de 2017.

¿Qué había llevado a este “decenio insurgente iniciado en 2012 por los albaceas del pujolismo encaramados a la montaña carlista”, en denominación completa del periodista Xavier Vidal-Folch? Sin duda, una multiplicidad de procesos, causas, percepciones e impresiones. El estudio cultural de la crisis de 2008 que hizo Martín Alonso resume en dos haches iniciales —las de Johann Gottfried von Herder y Friedrich August von Hayek— la coincidencia de reacciones en los grupos de derechas internacionales; en nuestro caso, tanto catalanas como españolas, especialmente:

La estratificación y la identidad, los privilegiados de las clases opulentas y los privilegiados de los pueblos elegidos, los tiburones traficantes de la especulación y los demagogos traficantes de la ilusión, la atracción de la cartera y la fascinación de la bandera.

Hay coincidencia en afirmar que el procés ha tenido mucho de versión catalana del movimiento de protesta del 15-M (lógicamente, con otros añadidos). Artur Mas se aplicó a los recortes sociales con una pasión semejante a la de Rajoy y tuvo que sufrir también su “rodeo” del Parlament, como pasó en las Cortes españolas en 2012 y 2016, al que hubo de acceder con la mitad de su Govern nada menos que en helicóptero, el 15 de junio de 2011; tres años después, Jordi Pujol confesaba sus delitos fiscales y dinerarios. Pero el movimiento indignado derivó hacia España, considerando que determinadas decisiones de las instituciones del Estado, como la tardía y lesiva sentencia del Constitucional (a instancias del Partido Popular) sobre el estatuto plebiscitado, constituían un agravio a la comunidad. También se aprovecharon las posibilidades que deparaba una masa social educada nacionalmente en los años del pujolismo y dispuesta en el momento propicio para albergar otras demandas; del mismo modo, las estructuras autonómicas casi estatales desarrolladas allí facilitaban la posibilidad de ese salto.

Acuciado por la crisis y por la corrupción, el nacionalismo catalán vio agotarse su agenda. Mas solicitó a Rajoy desde 2010 un concierto económico como el vasco, pero no lo consiguió, dando paso entonces a lo que llamó “proceso de transición nacional”. Mientras, las élites de la región veían declinar su estrella en beneficio de Madrid; la España autonómica acababa favoreciendo al centro de siempre. La burguesía industrial catalana, aquella que tuvo sus momentos en el segundo franquismo desarrollista, en los años noventa olímpicos y en el último cambio de siglos, se vio desplazada en el tiempo de las economías terciarizadas y de la nueva modalidad de centralismo español. El “España nos roba” se convirtió en el grito transversal de una comunidad que, tras décadas de gobernarse a sí misma, derivaba hacia el exterior las causas de su mal funcionamiento y sus quejas, afirmando sin rebozo que pagaba desproporcionadamente respecto de lo que recibía; la raíz económica de la reivindicación hizo distinguir a algunos entre nacionalistas sentimentales e independentistas pragmáticos, hasta que la emergencia del elemento esencialista unificó a todos y evitó errores y engaños de apreciación. Las derechas catalanistas se reciclaban y reconvertían en un radicalismo nacionalista que los llevaba al precipicio, haciéndose acompañar de unas izquierdas no menos nacionalistas. Entre unas y otras se entablaba ahora también una disputa por sus respectivos espacios, desatada mientras concurrían juntas a las elecciones para sumar más que sus oponentes antisecesionistas (fue el caso de las de 2015 con la coalición Junts pel Sí). En la fotografía de esta nueva Unión Sacra cabían exconvergentes (desde el verano de 2018 denominados Junts per Catalunya), republicanos, algunos izquierdistas, la élite autóctona del PSC y los antisistema de la CUP, mientras los democristianos de la Uniò de Duran se habían apartado ya del procés en junio de 2014 y coincidían después de desaparecer oficialmente como partido, en 2017, en una alianza electoral con los restos supervivientes del PSC.

Enfrente, el Partido Popular y el Gobierno español tomaron una actitud un tanto indolente, característica de la manera de hacer política del presidente Rajoy, confiado a la usanza conservadora en que determinado tipo de problemas se solucionan ellos solos por consunción y por su imposibilidad de traducirse en algo. Al llegar el momento más crítico envió como embajadora a su número dos, Sáenz de Santamaría, en 2016, y luego la puso al frente del Gobierno catalán al aplicar el artículo 155 en octubre de 2017, asesorada por Roberto Bermúdez de Castro. A la vez, la respuesta al procés se judicializó, alcanzando los encausamientos a todo tipo de representantes institucionales y políticos catalanes, sin que a la vez se apreciara una línea caliente política a partir de la cual negociar algo. Posteriormente, como se ha apuntado ya, se ha confirmado que hubo también una actuación ajena por completo a la legalidad a cargo de una llamada “policía patriótica” que ejecutó una operación Cataluña buscando o creando informaciones que desprestigiaran a los dirigentes y a las formaciones nacionalistas; las declaraciones en ese sentido del comisario Villarejo desde 2016 han seguido hasta el presente, involucrando de manera específica al ministro de Interior Fernández Díaz, pero también a otros altos cargos del Gobierno y del Partido Popular. Además de todo ello, no faltó el espionaje a las fuerzas y entornos secesionistas, todavía por determinarse judicialmente si se hizo conforme a la ley.

Tras un complejo proceso plagado de incidentes tanto callejeros como institucionales, el 1 de octubre de 2017 se celebró sin ninguna garantía el referéndum sobre la independencia convocado por el Gobierno de la Generalitat que ahora presidía el periodista exconvergente Carles Puigdemont. El discurso del día 3 del rey Felipe VI no sirvió para calmar los ánimos, siendo acusado por los secesionistas de tomar una posición de parte, la del Estado que representaba; para estas horas, el lenguaje jurídico y los límites del Estado de derecho habían sido superados por el relato nacionalista, con importante penetración en la opinión pública catalana (en secreto, hemos visto que también los vulneraba el Gobierno del Estado). La situación era de auténtico callejón sin salida y ausencia casi total de interlocución. El 10 de octubre el Gobierno catalán proclamó la independencia para suspenderla ocho segundos después y así abrir relación con el Gobierno español. Dos días antes, otra enorme manifestación por las calles de Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, había expresado su rechazo al gesto de Puigdemont. El 27, a las 15:27 horas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaró la independencia de nuevo en una sala semivacía tras haberla abandonado los representantes de Ciudadanos, el PSC y el PP. Esa misma tarde, el Ejecutivo de la Generalitat fue intervenido por el Gobierno del Estado en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y sus instituciones fueron provisionalmente disueltas; tan excepcional disposición se aplicaba tras ser aprobada días antes en el Senado por abrumadora mayoría. El rigor en la aplicación del 155 volvió a diferenciar a los contrarios al procés: Ciudadanos se significó como el más partidario, el de Rajoy como el más prudente al estar en la responsabilidad del Ejecutivo, y el socialista como el más obligado por las circunstancias y menos dispuesto a extender su ámbito de aplicación y el tiempo de esta. Se llegaba así al extremo de la tensión institucional, mientras siete mil empresas catalanas salían en los siguientes años de su lugar de origen para instalarse en el resto de España (en su mayoría en Madrid y, seguida a mucha distancia, en Valencia), y se elevaba la tensión ciudadana entre partidarios y opositores del procés secesionista.

Las derechas españolistas reaccionaban reactivamente frente a este movimiento. Las calles de muchas localidades se llenaron de banderas españolas en sus balcones y, en general, el españolismo invadió los programas y actitudes de las formaciones políticas, propiciando la emergencia de nuevos agentes, como se verá a continuación. La transversalidad tradicional de los discursos nacionalistas, a ambos lados del Ebro, confundía la separación habitual de izquierdas y derechas e imponía la lógica identitaria territorial por encima de otras. La beligerancia contra los nacionalismos “periféricos”, que Aznar y Rajoy habían ido manejando conforme a su necesidad táctica de contar con sus votos en Madrid, se resolvía definitiva y abierta, provocando un efecto contradictorio: si su reacción españolista propiciaba votos para el Partido Popular en el resto de España, la factura en Cataluña y el País Vasco era patente, porque en los diez años de procés, desde 2012, pasó de 470.000 a 109.000 sufragios en las autonómicas, y en Euskadi cayó de su techo de 327.000 en las de 2001 a 130.000 tras el final de ETA y a 60.000 en 2020. En esos números menguantes tenía que ver la aparición en escena de otros grupos competidores en la derecha.

13. Ciudadanos: otra vez de Cataluña a España

En diciembre de 2017 se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña para tratar de ir recuperando la normalidad institucional después de las declaraciones independentistas del Govern y del Parlament, y de la aplicación del 155. La suma de los partidos secesionistas ganó la mayoría absoluta por dos escaños de diferencia, pero el más votado resultó ser uno abiertamente contrario al procés, Ciudadanos. Encabezaban la lista la dirigente de las juventudes del partido, Inés Arrimadas, y un hombre de confianza de su presidente, Carlos Carrizosa. Obtuvieron más de un millón de sufragios, una cuarta parte de los emitidos. Fue el comienzo de los dos o tres años de eclosión de ese partido, que enseguida declinaría después de haber alcanzado con rapidez sus mejores resultados en la política nacional y en algunos espacios autonómicos.

Ciudadanos fue producto de la conjunción del 15-M y del procés. De lo primero bebía, como expresión socioliberal, de una joven generación de profesionales urbanos con un futuro ahora limitado y de una ciudadanía hastiada por el agotamiento, endogamia y corrupción de los partidos que a derecha e izquierda habían protagonizado la política española desde la Transición; también de la percepción de un Estado engordado por la vampirización partitocrática, duplicado en sus estructuras, innecesariamente costoso y pesado, y necesitado de una profunda revisión, transparencia y adelgazamiento de sus mecanismos institucionales. En relación con el proceso secesionista catalán, suponía un reactivo también transversal en su contra que consiguió aglutinar votos procedentes de los partidos socialista y popular; también expresaba originalmente un rechazo de la lógica nacionalista y de su inevitable tendencia a una homogeneización social y política que se resuelve peligrosa y amenazante para la continuidad de la democracia, más aún si se conduce desde el poder institucional y se acompaña de la movilización y presión de parte de la población. Su propio nombre, Ciudadanos, recordaba la expresión civilista, que no nacionalista, del “honorable” Josep Tarradellas a su regreso a Cataluña después del exilio: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”.

Sin embargo, Ciudadanos había nacido en Barcelona antes del procés y de la crisis, en junio de 2005, en la lógica de lo que allí ocurría —el Gobierno de izquierdas del Tripartit y la redacción del nuevo estatuto, con lo que empezó todo el nuevo tiempo en la región—, y con un antecedente en el Foro Babel de un decenio antes. Varios de los promotores de una y otra iniciativa coincidían (Félix de Azúa, Albert Boadella, Teresa Giménez Barbat, Félix Ovejero, Iván Tubau, Ponç Puigdevall, Arcadi Espada, Ana Nuño, Ferran Toutain, Xavier Pericay, Francesc de Carreras, Pérez Romera, José Vicente Rodríguez Mora, Horacio Vázquez Rial y Carlos Trías), pero en su casi totalidad no se incorporaron a la vida de partido, algo característico de los intelectuales y artistas cuando “se meten” en política. De ellos salió un manifiesto llamando a la ciudadanía catalana a fundar un partido político para enfrentarse tanto al nacionalismo pujolista como a la asunción de lo principal de este que hacía el Tripartito gubernamental, según su diagnóstico: la institucionalización del nacionalismo, su conversión en ideología oficial. “Después de 23 años de nacionalismo conservador, Catalunya ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierda. No ha cambiado nada esencial”, resumía el texto. La acusación principal contra el PSC ha sido constante para este sector, igual que la completa desilusión por la labor y papel del Maragall president, un político distinto del que fuera alcalde de Barcelona. Fue precisamente esa desilusión la que según sus protagonistas condujo a la creación de un partido como instrumento de intervención para ciudadanos catalanes políticamente huérfanos. Era un empeño personal de Arcadi Espada expresado en una cena previa de diez comensales gestores del grupo inicial, en junio de 2004; desde otro espacio, tampoco Antonio Robles veía otra fórmula que la de un nuevo partido. Considerando la tradicional desproporción de voto entre las izquierdas no nacionalistas y la derecha españolista, su mercado electoral estaba sobre todo en el sector progresista de esa sociedad.

Siempre es más fácil mantener la unión desde un movimiento en contra de algo que desde un partido, que necesita hacerlo a favor y mediante un programa preciso. Un año después de aquella reunión informal y después de mucho trabajo de convocatorias por toda la geografía catalana, en julio de 2006 se constituyó Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en su congreso fundacional de Bellaterra. Desde sus inicios, la identificación ideológica se mantuvo en la incertidumbre, a pesar de los términos originales que los unían a todos: ciudadanía, libertad e igualdad, laicismo, bilingüismo y Constitución. Políticamente, para unos el nuevo partido era una opción de centro liberal; para otros, una formación de izquierda no nacionalista. El congreso eligió para dirigirlo a un joven abogado (26 años) de Granollers de ideología liberal, Albert Rivera, y de secretario a un profesor de Filosofía y periodista situado en la izquierda, Antonio Robles. Lo sorprendente —“surrealista y salomónico”, escribe después de aquello el primero— es que se hizo siguiendo una lista alfabética de personas que había anotado José Manuel Villegas para así evitarse conflictos internos antes de nacer, resolver las primeras pugnas y conseguir salir del congreso inaugural con una dirección. Rivera y Robles salieron al frente por sus nombres de pila. El partido se presentó en noviembre a las autonómicas catalanas y sacó tres diputados: los dos dirigentes citados y el también abogado José Domingo.

De la plataforma cívica Ciutadans se había pasado al partido Ciudadanos y a la primera habían tenido un buen resultado; “¡TV3 toma tres!”, gritaban sus seguidores aquella noche ante la sorpresa del establishment catalán. Enseguida les asaltó la tentación de saltar a la arena política nacional, aunque algunos, como Carreras, no lo vieron oportuno ni factible. Sería la tercera ocasión en que desde Cataluña se formulaba un proyecto para España de carácter regenerador, modernizador y superador tanto de las trabas en que había quedado atrampada la política “madrileña” como del modelo de Estado a que habían dado lugar los dos partidos tradicionales del país. De nuevo se trataba de una opción centrada, liberal en lo económico y en las costumbres, y social en la intención, moderna y europea, que aprovechaba la debilidad estructural o coyuntural de los partidos clásicos de la derecha y de la izquierda en Cataluña. Pero, además, había un factor específico de la situación catalana que se demostró insuperable al cabo de casi un decenio de experiencia regional de Ciudadanos: “Solo desde las Cortes Generales o desde el Gobierno de España podíamos cambiar las cosas”, reflexiona Rivera retrospectivamente. El caso es que las dos veces anteriores, con Cambó y con Roca, se saldaron con sendos fracasos; esta vez no sería muy distinto.

Salir del feudo catalán y abrirse paso en el conjunto de España, u obtener buenos resultados en elecciones municipales y autonómicas, para lo que se necesitaba presencia e infraestructura de partido, resultó muy dificultoso. En su primera presentación a unas elecciones generales, en 2008, Rivera sacó menos de cincuenta mil votos en toda España; en su primer intento regional fuera de Cataluña, en las andaluzas de ese año, su candidato sacó seis mil. Además, como “tercer partido” ubicado en un centro inestable, Ciudadanos sufrió recurrentemente tensiones internas y abandonos de militancia en cuanto se identificaba un poco más con una ideología concreta. Así, en 2007 la referencia al centro-izquierda no nacionalista que incorporó el profesor De Carreras al documento congresual empujó a la salida de quienes se veían en una tradición más liberal o abiertamente de derechas. Ciudadanos aparecía como “un partido que considera la idea de ciudadanía, desvinculada de la identidad, como eje de toda su acción política”, partidario de una economía de mercado sometida a controles, regulada e igualitaria, y liberal en lo moral, sin caer en “dogmas periclitados” en cuanto a feminismo, ecologismo o pacifismo que “la izquierda clásica repite machaconamente”.

La relación con Unión Progreso y Democracia (UPyD), que, como veremos, tenía un contenido y sentido similares al suyo, aunque una línea de tiempo inversa de ascensión y caída, generó también problemas: lejos de entenderse con ellos, Rivera optó primero por marcar distancias, lo que supuso la salida de Luis Bouza-Brey, Giménez Barbat y otros más (en algunos casos, molestos por el giro a la izquierda tras el congreso de 2007). En sentido contrario, porque las tensiones ideológicas siempre fueron pendulares, dos años después acordaron ir a las europeas, en lugar de con UPyD, con una formación ultraconservadora y euroescéptica (Libertas) que por España presentaba como cabeza de lista a Miguel Durán, expresidente de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) y a Villegas como número dos; ello supuso la salida de integrantes identificados con la izquierda —Robles y Domingo, por ejemplo—, en algunos casos también en dirección a UPyD. Las necesidades económicas del partido los llevaron a pactar una alianza con el empresario irlandés Declan Ganley, promotor de la lista para sus propios intereses y para lo que prometió tres millones de euros al partido de Rivera, que nunca llegó a cobrar.

El error táctico podía haber acabado con la formación en sus inicios, pero Ciudadanos era sobre todo un movimiento a la contra, y crecía por eso en relación directa con el agravamiento del proceso secesionista catalán (y a la incapacidad de las respuestas del Gobierno y de la oposición españoles). Si en 2010 todavía repitió escaños en Cataluña incrementando levemente sus votos, en 2012 multiplicó por tres su representación en el Parlament y dos años después sacó medio millón de sufragios y dos eurodiputados presentándose en solitario (el periodista y abogado Javier Nart y Juan Carlos Girauta); la mejor votación en estas europeas la obtenían en Cataluña, pero Madrid iba ya por detrás y cerca. Fue a partir de ahí cuando comenzó su expansión por todo el país, utilizando una estructura denominada Movimiento Ciudadano, incorporando algunas referencias de interés, como los economistas Manuel Conthe y Luis Garitano, o militantes procedentes de una UPyD ya declinante (Toni Cantó, Francisco Igea, Ignacio Prendes, Miguel Sánchez López o Marta Marín), captando una base de profesionales urbanitas, jóvenes, formados y de clase media, en lugares como Madrid o Málaga, y sobre todo aliándose con colectivos locales o con grupos procedentes de experiencias frustradas (del CDS, por ejemplo). Los nueve diputados que en Andalucía sacó Juan Marín en marzo de 2015 indicaban que esa ampliación tenía posibilidades, lo que se confirmó dos meses después con buenos resultados en los Parlamentos autonómicos, aunque todavía sin ser relevantes (del 12% en Madrid con Ignacio Aguado, Comunidad Valenciana con Carolina Punset o Murcia con Miguel Sánchez López, al entorno del cinco en el resto). Eso les permitió apoyar indistintamente y sin compromisos a PP y PSOE a la hora de elegir alcaldías y presidencias autonómicas, sin generar tensiones internas y comportándose como una opción institucional. A la vez, incrementó el número de sus concejales en toda España (unos mil quinientos, con millón y medio de votos) y se hizo con el espacio que dejaba UPyD ya en crisis terminal. En todo caso, sus líderes eran conscientes de que si la oposición al nacionalismo catalán les permitía escapar a las exigencias del eje ideológico y político izquierda-derecha, en cuanto se instalaran en la política nacional eso ya no sería posible.

Por su parte, ese mismo 2015 sacaban en el Parlament catalán veinticinco escaños y se ponían los segundos, captando mucho voto socialista en los cinturones rojos urbanos. El problema era ahora que aquel joven abogado designado líder casi de carambola, del que se dudaba que fuera a durar más de unos pocos días, se había convertido en dirigente de una formación muy personalista donde él y su entorno —el núcleo duro de Villegas, Girauta, Fernando de Páramo, Carrizosa, Carlos Cuadrado, José María Espejo, Fran Hervías, Joan García o Manuel García Bofill, entre otros— lo controlaban todo con el argumento de que un crecimiento de aluvión podía distorsionar el carácter del partido o llenarlo de oportunistas. De esa manera, este se resentía permanentemente por la falta de dinámica, de arraigo en los territorios y de estructura orgánica que le autonomizara de sus líderes o de la influencia de los entornos o grupos de interés (v. g., la permanente acusación de ser el representante político del IBEX 35, que agrupa los valores más potentes de la bolsa española).

Aquí empezó ya el ser o no ser de Ciudadanos, la prueba de su posibilidad práctica. En las generales de diciembre de 2015 se convirtió en la cuarta fuerza política, con cuarenta escaños y tres millones y medio de votos. El Partido Popular todavía les doblaba, pero comenzaron a alimentar la idea de que en un determinado plazo los podrían sustituir; ya hemos visto como históricamente la tentación del partido “tercero” nunca es la de conformarse con ese estatus. Ante lo complicado de la situación, ofrecieron a Rajoy su abstención en la investidura, pero este declinó la invitación del monarca al no contar con los apoyos suficientes. En ese momento la novedad más determinante era sobre todo la buena votación conseguida por Podemos —tercer partido, con sesenta y nueve diputados—, que bloqueó a la vez las posibilidades de hacer un Gobierno de derechas u otro de izquierdas. En esa tesitura, Ciudadanos firmó en febrero de 2016 un acuerdo con el socialista Sánchez para gobernar (el “pacto del abrazo”), pero no sumaron lo suficiente a pesar del esfuerzo de Rivera por incorporar algún apoyo de los populares en forma de abstención. Ahí acabaron a un tiempo su relación con la izquierda, más por el rechazo socialista, y sus posibilidades como partido bisagra o transversal al no aceptar ninguno de los hasta entonces mayoritarios que jugase ese papel en el peor momento histórico del bipartidismo español (en este segundo caso, el PP prefirió la repetición electoral).

Los eurodiputados de Ciudadanos se incorporaron al grupo liberal ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), donde estaban ya los de UPyD y los de sus oponentes nacionalistas catalanes y vascos (PDeCAT y PNV); en 2018 lograron la expulsión de los primeros de esa entidad internacional por sus casos de corrupción y su carácter secesionista. En la repetición electoral en junio de 2016 perdieron algunos pocos votos, lo que los advirtió de que la operación de desplazamiento del PP les había pasado alguna factura, sobre todo en el ámbito rural, más conservador (perdieron ocho escaños). Pero entonces, tras apoyar a Rajoy a su regreso a la presidencia del Gobierno en segunda votación y con un Gobierno en minoría —después de forzarlo a asumir medio centenar de medidas de saneamiento de la política—, se lanzaron decididamente a por el espacio de centro-derecha, aprovechando el debilitamiento del Partido Popular, abrumado por las noticias de corrupción y por el creciente agravamiento del procés catalán. Para Rivera, ese de 2016 fue el momento clave que podía haber cambiado las cosas; incluso Rajoy le propuso ser vicepresidente. En la Asamblea de Coslada (Madrid) de 2017 eliminaron la referencia a la socialdemocracia y se definieron dentro del liberalismo progresista, reivindicando a la par a los diputados de Cádiz de 1812 y al desaparecido Adolfo Suárez. En ese año ganaron las autonómicas catalanas, y las generales de abril de 2019 confirmaron el augurio respecto de la derecha española: se quedaron a doscientos mil votos del PP y a nueve diputados, logrando la mejor votación de su historia. En las europeas de mayo sacaron siete escaños (con 2.700.000 votos) e incorporaron la herencia de UPyD (Maite Pagazaurtundúa) y a elementos procedentes tanto del PSOE como del PP (la vallisoletana Soraya Rodríguez o el balear José Ramón Bauzá). Fue el momento definitivo.

Primero chocaron dos culturas diferentes dentro del partido: la regeneracionista (o ilustrada) que había entrado durante el crecimiento sostenido y controlado hasta 2015, y la pragmática que se desplegaba en el momento en que accedían al poder institucional. Se apreció esta pugna en los nombres para sostener los Gobiernos populares de Andalucía y Castilla y León, en algunos casos saldada con crisis internas; en Madrid, el fichaje de Ángel Garrido, expresidente popular de la Comunidad tras la dimisión de Cifuentes, o el del polémico empresario Marcos de Quinto (ejecutivo de Coca-Cola y ultraliberal) dejaba clara la emergencia de ese segundo sector.

Pero la prueba del nueve vino en la moción de censura contra Rajoy de junio de 2018. Rivera se situó en una posición etérea al demandar al presidente que dimitiera tras la rotundidad de la sentencia de la Gürtel, peso sin apoyar la moción presentada por Sánchez, de la que se enteró por los periódicos. Su compromiso fundacional por la regeneración democrática y contra la corrupción lo habían podido demostrar impidiendo la continuidad de políticos encausados por ese motivo tanto en Murcia (Pedro Antonio Sánchez, con el caso Auditorio) como en Andalucía (Chaves y Griñán, con el de los ERE) a la hora de dar sus votos para componer Ejecutivos de diferentes colores, o forzando a los partidos a aceptar bloques de medidas para sanear la política (ley electoral nueva, supresión de aforamientos, independencia de la Fiscalía General del Estado…). Ahora, cuando el asunto tomaba grandes proporciones, esta disposición quedaba en el aire, aunque de momento todo era una cuestión de táctica parlamentaria: las encuestas colocaban a Ciudadanos a menos de dos puntos de los populares incluso antes de la crítica sentencia. Una repetición electoral les podía dar la victoria y eso no lo quería el Partido Popular. El problema es que la moción de censura salió adelante sin Ciudadanos detrás, de modo que, desde ese momento, quedó asociado su inmediato futuro a la derecha y no a la izquierda. A la vez, su magnífico resultado en Cataluña, tras ganar las elecciones, no solo no sirvió de nada al enfrentarse a una mayoría absoluta secesionista, sino que Arrimadas no fue capaz de proyectarse como alternativa, malgastando sus apariciones en gestos aparentes más que en un relato y un discurso con posibilidades (o arriesgando con propuestas que rompieran en lo posible el bloqueo de la situación). En el cénit de su corta trayectoria, en España y en Cataluña, Ciudadanos se convertía en una opción poco útil, cuando su sentido no había sido otro que el de desatascar una política de bloques que, ahora, tras el fracaso de ese partido y de la política general, se asentaría ya como polarización estructural. En un escenario sin relación posible entre izquierdas y derechas, y con un centro incapaz de hacer de tal, Ciudadanos debía caer de algún lado: lo hizo del de las derechas, y sus promotores y sus bases originales reclutadas en otros espacios fueron abandonando la formación.

Las elecciones autonómicas de Andalucía, en diciembre de 2018, confirmaron este cambio: con unos magníficos resultados, Juan Marín, el líder regional de Ciudadanos, pasó de apoyar a la socialista Susana Díaz a Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular. En ese movimiento, el partido conseguía la vicepresidencia y la mitad de las consejerías, pero se complicaba el futuro al tener que depender el nuevo Ejecutivo de los votos de una nueva formación de extrema derecha, Vox. El cordón sanitario establecido ante grupos similares en otros países europeos no se aplicaba aquí, dando paso a un nuevo debate en la política española y, más en concreto, en la derecha nacional. Diferentes referentes del sector progresista del partido lo dejaron por este motivo o luego, cuando se decidió vetar cualquier apoyo a un Gobierno socialista: Carreras, Nart, Paco de la Torre o el portavoz de Economía en el Congreso, Toni Roldán, que se despidió con esta pregunta a Rivera: “¿Cómo vamos a superar la confrontación entre rojos y azules si nos convertimos en azules?”; el enseguida vicepresidente castellano-leonés, Igea, se mantuvo en el partido, pero como disidente.

Y es que todavía en 2019, los resultados y las consecuencias futuras de algunas decisiones no coincidían. El siguiente hito fue “la foto de Colón”, el 10 de febrero de 2019, cuando Partido Popular, Ciudadanos y Vox, junto con otras formaciones menores, como UPyD, UPN, el PAR aragonés y Foro Asturias, se manifestaron juntas en esa plaza madrileña contra las maniobras del Gobierno de Sánchez para reestablecer una relación política con los secesionistas catalanes y las instituciones que dirigían a través de un relator de lo allí ocurrido. Entonces se consumó definitivamente el antisanchismo como política común de todas las derechas. La foto oficializó sin restricciones la presencia de Vox en el escenario político de la derecha en España. Para Ciudadanos, el flanco más liberal de ese espacio político, y a pesar de los intentos de Rivera por evitar la instantánea, el resultado resultaba letal.

El Gobierno de Sánchez cayó días después y, ante la convocatoria electoral de abril de 2019, Villegas anunció que su partido no pactaría con los socialistas. El veto a la izquierda y el inicio de una política de clara beligerancia contra esta les sirvió para ponerse a corta distancia del PP y para obtener, como se ha señalado, sus mejores resultados electorales (más de cuatro millones de votos, con cincuenta y siete diputados), pero a la vez comprometió su futuro al ligarlo a este partido sin remisión, sin posibilidad alguna de ser bisagra en la nueva realidad política. A pesar de las ofertas de Sánchez para evitar la dependencia de los grupos nacionalistas, Ciudadanos no aceptó ningún apoyo a un Ejecutivo presidido por el socialista. Estaba en el momento óptimo para ser alternativa, pero fue el mismo en que pasó a ser partido “mochila” de su más directo competidor, el Partido Popular. El cambio de opinión a última hora para evitar unas nuevas elecciones, con grandes presiones por todas partes para propiciar una estabilidad política que sí que podía pasar por un acuerdo entre socialistas y Ciudadanos, fue finalmente rechazado por el propio Sánchez, en otro pulso interno de gran impacto. Los de Rivera le propusieron una triple condición que no aceptó: desarrollar una política común en Cataluña, romper con los nacionalistas en el Gobierno navarro y pactar los presupuestos con ellos y con el PP, y no con Podemos. El líder popular de entonces, Pablo Casado, estuvo dispuesto a hablar de eso; Sánchez, no. Girauta, del ala derechista del partido, considera que esa vacilación final en el veto antisanchista fue letal; Igea, de la contraria, piensa que desaprovechar aquella ocasión de pactar fue el mayor error histórico desde la Transición. Rivera lo resumió así: “La mayoría de nuestros votantes de abril nos apoyaron para ganar a Sánchez, no para hacerlo presidente”, aunque en ese instante el 80% de sus votantes, según Metroscopia, era partidario de una coalición de Gobierno con los socialistas.

Pero todavía la primavera resultaba exitosa para los de Rivera; fue su momento de gloria. En las autonómicas de mayo dispararon sus porcentajes de voto y sus escaños, incorporando todavía fichajes de la sociedad civil o de partidos opositores de cierta entidad: el abogado del Estado Edmundo Bal, la periodista gallega Beatriz Pino o el exdirigente socialista balear y exdirector de la Guardia Civil Joan Mesquida. Entraron en todos los Parlamentos regionales y en los Gobiernos de Castilla y León, Madrid, La Rioja y Murcia, donde apoyaron al Partido Popular para la presidencia; también lo hicieron en Gobiernos locales de importancia, como Madrid (con Begoña Villacís como teniente alcalde), Málaga, Alicante, Murcia o Zaragoza, entre otras capitales, llegando a la alcaldía de alguna como Granada (con el socialista disidente Luis Salvador).

Las nuevas elecciones de noviembre de 2019 fueron un desastre: perdieron más de dos millones y medio de votos, el 60% de los logrados en abril, cayendo a solo diez diputados. Las prospecciones sociológicas posteriores calculan que un millón de los votantes de entonces se quedó en su casa, ochocientos mil se fueron al PP, seiscientos mil a Vox y unos doscientos mil a la izquierda. Entonces, Rivera dimitió, y días después lo hicieron sus hombres de confianza (Villegas, Girauta y De Páramo). En un tiempo récord había pasado de ser el partido más apoyado por los encuestados a demostrarse inútil para la política práctica; el electorado les pasó factura a partir de entonces. “Pudimos hacer muchas cosas, pero la repetición electoral nos cortó las alas”, escribe Rivera. Ciertamente, la creciente polarización de la vida política volvía a llevarse por delante al centro, como ya había ocurrido en otros procesos históricos anteriores. Las memorias del líder de Ciudadanos se resumen precisamente en eso: lo que pudo ser y no fue. Y el culpable del lamento no es otro que Sánchez, en quien Rivera focaliza un triple logro de la nueva política: que Ciudadanos no fuera alternativa de Gobierno, que no jugase el papel buscado como partido transversal o bisagra y que, de resultas de todo ello, la extrema derecha de Vox condicionase al Partido Popular. Lo que no explica es cómo una parte de su electorado liberal transitaba sin rubor hacia otro antitético como el de Vox (aunque eso también en una pequeña parte le pasaría a la izquierda). En todo caso, se puede dar la vuelta al argumento primero: ¿era el final de Ciudadanos el resultado buscado por Sánchez de una política de polarización ventajosa o fueron los errores estratégicos de Ciudadanos los que los llevaron a transitar del centro a la derecha y así facilitar esa confrontación estructural? Los recuerdos de los años treinta, salvadas todas las enormes distancias, se hacen inevitables.

Inés Arrimadas sustituyó a Rivera al frente del partido en la V Asamblea, imponiéndose al disidente Igea, claro partidario de que Ciudadanos jugara el papel de bisagra, evitando para ello vetos a partidos y ubicaciones y disputas en un campo preciso de la política (la derecha). Edmundo Bal, portavoz en el Congreso, se convirtió a partir de ahora en la referencia de la formación porque entonces comenzó el tiempo extraordinario de la pandemia de la COVID-19 y todo se volvió extraño. A partir de ese momento la atención se concentró en los decretos para aprobar declaraciones de estado de alarma; el primero fue un 14 de marzo de 2020. El giro de Ciudadanos llevó al partido a apoyar al Gobierno de Sánchez a cambio de condicionar algunas de sus políticas, lo que no fue bien recibido por el sector que ya se había instalado cómodamente como una opción de derechas y en este momento declaradamente antisanchista; algunos dirigentes, como el exportavoz en Cortes Girauta, se dieron de baja. En los Parlamentos regionales Ciudadanos apoyó los presupuestos en algunos casos, como intentó en las Cortes, aunque al final no pudo ser a pesar de mantener viva durante días la negociación. Se trataba de recuperar la posición centrada original del partido, pero esto ocurría cuando se intensificaba la presión del Partido Popular, cuando emergía con fuerza Vox y cuando el presidente Sánchez acordaba el sostén diario de su Gobierno con nacionalistas e incluso independentistas catalanes y vascos (ERC, PNV, exconvergentes y la herencia política de ETA, EH Bildu). El escenario para Ciudadanos había cambiado por completo y en los siguientes meses lo haría aún más. Todavía en aquel extraordinario 2020 las elecciones gallegas y vascas le marcaron su sino: en las primeras quedó fuera al renovar el popular Núñez Feijóo una mayoría absoluta que dejaba en cero a las otras derechas, y en las segundas, la suma de estas (con la más potente Unión del Pueblo Navarro) lo confirmó en su dependencia total del Partido Popular. Por su parte, en Cataluña, en febrero de 2021, se constató el cambio de tendencia: se quedaron en unos irrelevantes seis diputados a la vez que el PSC del exministro de Sanidad, Salvador Illa, ganaba las elecciones (con treinta y tres).

14. UPyD: de la lucha contra ETA al neojacobinismo

La historia de Unión Progreso y Democracia, otro de los partidos del centro-izquierda de este momento crítico que viajó con gran rapidez hacia las posiciones conservadoras, es pareja de la de Ciudadanos; además, sus cronologías se solapan: los éxitos de los magentas —el color que los identificó— van de 2011 a 2014, pero al año siguiente declinó para ser sustituido en su función por la formación naranja.

En febrero de 2020, el periodista Daniel Basteiro entrevistaba en El Español al expresidente Rodríguez Zapatero:

D. B.: ¿Ser duro contra el nacionalismo vuelve a un partido de derechas?

R. Z.: Para la historia de España, sí.

D. B.: ¿La izquierda no podría ser también dura con el nacionalismo?

R. Z.: No.

D. B.: ¿Por qué? ¿Qué tiene la izquierda de nacionalista?

R. Z.: Tiene un profundo sentido democrático republicano. El sentir republicano es conocer, comprender e intentar integrar las identidades. La democracia es, ante todo, integración, incluso de aquellos que la han ofendido o intentado combatir. La mayoría de lo que conocemos como nacionalista en las distintas comunidades de España no tiene que ver con otros nacionalismos en el mundo. Aquí está claro que hay una parte del nacionalismo que es inequívocamente de izquierdas.

D. B.: Algo que sorprende a muchos socialistas. ¿Qué tiene el nacionalismo de izquierdas?

R. Z.: Tiene algo. Los países somos historia y geografía. El nacionalismo hunde sus raíces en la crítica al autoritarismo español, no solo contra el régimen de los 40 años, sino en otros momentos. A veces, por supuesto, con excesos y comportamientos no democráticos. Ese es un marco singular de nuestro país. Criticar al nacionalismo en abstracto me parece simple y facilón.

El punto de partida de Ciudadanos y también el de Unión Progreso y Democracia era otro bien distinto: el nacionalismo no es una idea progresista, sino reaccionaria. Aquellas formaciones tenían su origen, como hemos visto ya, en movimientos cívicos anteriores: el Foro Babel (y otros como España, constitución de Ciudadanos) y el Foro Ermua (y luego ¡Basta Ya!). Una de las grandes manifestaciones convocadas por esta última iniciativa en San Sebastián a comienzos de este siglo —en concreto, la de 2002— la presidía una pancarta con el eslogan “Contra el nacionalismo obligatorio”, que no era sino lo que indicaron luego los de Ciudadanos: contra la institucionalización del nacionalismo a partir de su conversión en ideología oficial. Igual que en Cataluña, donde la crítica del nacionalismo pujolista incluyó pronto al socialismo catalán al apreciarse que no hacía sino reproducir las bases del mismo, en el País Vasco ocurrió otro tanto, pero con la mirada puesta más en el nuevo Gobierno de Zapatero.

Ciertamente, había potentes razones interiores, vascas: el pacto de Estella entre nacionalistas gubernamentales y el mundo de ETA, la brutalidad del fin de la tregua de los terroristas a partir de 2000 y el Plan Ibarretxe; también estaba la sustitución al frente de los socialistas vascos de Redondo Terreros por el tándem López-Eguiguren, contrarios a mantener la política de frentes, y el desarrollo de un frustrado proceso de pacificación donde los nuevos líderes del PSE-EE tuvieron que arriesgar y hacerse fotos muy criticadas (con la cúpula abertzale, por ejemplo, en julio de 2006). Pero la discrepancia fundamental era con la política y la lógica que introdujo Rodríguez Zapatero en la realidad española y vasca: su consideración positiva del nacionalismo de los “periféricos”, su practicidad con el tema terrorista y la posibilidad de un final de este, su aparente menor beligerancia en la defensa del Estado de derecho, su apertura a nuevos lenguajes referidos a demandas intangibles, cuestiones identitarias, reivindicaciones del pasado y nuevas definiciones del feminismo, su disposición a relacionarse con países poco democráticos y abrirse a una diplomacia multilateral, y el cambio, en general, de una tradición de izquierda socialdemócrata a otra izquierdista más radical donde cabían cosas impensables para muchos socialistas de siempre. Eran los “dogmas periclitados” en cuanto a feminismo, ecologismo o pacifismo que “la izquierda clásica repite machaconamente” a los que se refería el profesor Carreras, pero que ahora aparecerían con unas formas nuevas y en ocasiones difíciles de identificar. Eso generó una quiebra cultural en parte de la izquierda que llevó a algunos a dudar de esta y a encontrar ciertas seguridades en las derechas, como apuntamos ya refiriendo los trabajos de Muñoz Soro sobre la cuestión de los intelectuales de uno y otro campo.

Pero la crítica al Gobierno no cesó cuando el PP sustituyó al PSOE. El final de ETA mantuvo abierta esta cuestión durante años y UPyD fue muy beligerante contra las medidas de reinserción individualizada de presos de la banda propuestas por el ministro Fernández Díaz (en línea con la anterior “vía Nanclares”) o demandando incluso la ilegalización de Amaiur, la alianza electoral que formaban ahora la izquierda abertzale con otros grupos de ese signo fuera de la órbita anterior de ETA, como Aralar o Eusko Alkartasuna. Esta discrepancia con el Partido Popular en el Gobierno fue motivo también para la emergencia posterior de Vox y para la oposición a los diversos Ejecutivos de entidades como la Asociación de Víctimas del Terrorismo; tras la legalización de Sortu (partido sucesor de Batasuna) por el Constitucional en junio de 2012, Esperanza Aguirre, entonces presidenta de Madrid, insinuó la oportunidad de suprimir ese alto tribunal y ABC tituló “El TC avala a los proetarras”.

El proceso histórico de UPyD es paralelo por completo al de Ciudadanos. Nació también de una reunión de activistas de diferentes movimientos cívicos, pacifistas (Denon Artean) o sindicales, con presencia de algunos intelectuales como Savater —maître à penser de la formación— y miembros desencantados de diversos partidos. En su mayoría procedían del País Vasco y del ámbito de la izquierda: sindicalistas de Comisiones Obreras como Luis Fabo (o pronto el histórico dirigente Tomás Tueros), del Foro Ermua y ¡Basta Ya!, como el profesor Martínez Gorriarán, el propio Savater o enseguida, desde agosto de 2007, la socialista Rosa Díez, que se pondría al frente del partido tras romper con una larga trayectoria en el PSE-EE (diputada foral, consejera del Gobierno Vasco, eurodiputada). Rosa Díez, como Rivera en Ciudadanos, fue la figura principal de UPyD, y su propia evolución señala los derroteros de la organización: de disputar la dirección nacional del PSOE frente a Zapatero, José Bono y Matilde Fernández, en 2000, hasta pedir el voto para el Partido Popular ya después de dejar el partido magenta, en 2019, o hacer causa de la facción más beligerante de este (la representada por Cayetana Álvarez de Toledo).

Al igual que los naranjas usaron la entidad Movimiento Ciudadano para extenderse por España, UPyD lo hizo antes de nacer mediante la Plataforma Pro. En mayo de 2007 medio centenar de personas reunidas en San Sebastián acordaron también crear un partido político para contender contra el nacionalismo y el terrorismo, y hacerlo al margen del PSOE y el PP, toda vez que estos, según su criterio, no representaban a la ciudadanía constitucionalista o no nacionalista de manera adecuada. A la vez se proponían una tarea de regeneración de la política y establecían como valor supremo un criterio de igualdad de derechos de los ciudadanos al margen de la comunidad autónoma en que vivieran o se encontraran. Ello se tradujo en una suerte de neojacobinismo, una propuesta de centralización de la estructura institucional española motivada no tanto por un nacionalismo unitarista clásico de la derecha como por un igualitarismo más en la tradición republicana francesa. El argumento conllevaba la centralización en el marco de un Estado unitario fuerte de competencias en educación, sanidad, gestión del agua y de los transportes, delegando el resto a las comunidades autónomas; también incluía la eliminación de regímenes exclusivos, como el foral vasco y navarro. En algún caso, como en el del catedrático de Derecho Administrativo Francisco Sosa Wagner, se apostaba abiertamente por pasar a un modelo federal con todas sus consecuencias, y en otros, como en los propios acuerdos congresuales, se equiparaba un “Estado unitario fuerte con descentralización política” a otro de tipo federal. La defensa del nacionalismo español —muy matizada por su convencido federalismo europeísta— vino a posteriori, como resultado de confrontar los derechos constitucionales comunes con la política de la diferencia típica de los nacionalismos; siguiendo a Martín Alonso: “Los nacionalismos convierten el derecho a la diferencia en una diferencia de derechos”.

El trabajo de la Plataforma Pro desembocó en un acto en la Casa de Campo madrileña, el 29 de septiembre de 2007, en el que se presentó el nuevo partido, arropado por diferentes figuras de Ciudadanos (Rivera, Robles, Boadella, Espada, Giménez Barbat y Pérez Romera), intelectuales y artistas vascos como Savater, Aurelio Arteta, Agustín Ibarrola o Antonio Elorza, o el escritor y enseguida premio nobel Mario Vargas Llosa. La formación tuvo en el ámbito del pensamiento y de la creación un apoyo constante (Álvaro Pombo, Vidal de Nicolás, Rafael Canogar, Rosa Montero…), así como en el de las víctimas del terrorismo (Rubén Múgica, la madre y viuda de Joseba Pagazaurtundúa, Pilar Ruiz Albisu y Estíbaliz Garmendia, su hermana Maite, Mikel Buesa, Consuelo Ordóñez…); también algunos medios, como El Mundo, hicieron una defensa cerrada de sus posturas (llegando a pedir explícitamente el voto para ellos).

UPyD fue dirigido hasta el momento de su crisis por el tándem Rosa Díez-Martínez Gorriarán; también tuvo mucho protagonismo Mikel Buesa, hermano del socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, y presidente del Foro Ermua, pero este abandonó la formación en julio de 2009 en protesta por las formas autoritarias con que se dirigía el partido. El parlamentario vasco Gorka Maneiro y el sindicalista Fabo fueron hombres de confianza de la dirección, igual que el jurista Andrés Herzog, que llevó desde los inicios las demandas del partido por corrupción en el caso de las tarjetas opacas de los consejeros de Bankia y otros escándalos financieros de esa y otras cajas de ahorros.

El carácter ideológico de UPyD no era en absoluto de derechas; otra vez, la focalización de la culpa política en los socialistas —en este caso en Rodríguez Zapatero— es lo que los derivó hacia posiciones conservadoras. En sus orígenes, Mikel Buesa explicaba que la propia denominación del partido sintetizaba tres ideas, defensas y reacciones básicas:

Unión porque somos un partido contra la disgregación política de la última legislatura y abogamos por la unión de España sin condiciones. Progreso porque somos un partido progresista de raíz liberal y socialdemócrata, y, por otra parte, respetamos la libertad individual y de elección. Y Democracia porque es el sistema que alberga todas las identidades, podemos ser lo que queramos y lo podemos expresar libremente.

A semejanza otra vez de Ciudadanos, pretendían esquivar el eje izquierda-derecha insistiendo en las propuestas concretas que defendían y en la transversalidad y necesidad de estas. Tampoco por ello se reclamaban de centro: el peso del pasado político de Rosa Díez no se lo podía permitir y afirmaba a cada poco que “el centro político es la nada”. Lo suyo era un mensaje progresista que otra vez juntaba a partidarios de un Estado más pequeño y eficaz con los defensores de otro protector y omnipresente. La regeneración de la práctica política y el saneamiento de las instituciones volvían a aparecer aquí como las fórmulas que esquivaban también el debate en torno a las dimensiones del Estado: independencia de poderes, eficacia y rigor de las comisiones de control, despolitización de la Justicia, reformas electorales que propiciaran la participación ciudadana y la transparencia, y que redujeran el peso decisivo y excesivo de los partidos nacionalistas en la política nacional… En economía, por eso, defendían políticas equitativas y más bien actuaban contra la degeneración del capitalismo en forma de corrupción, vampirización del Estado, lobbismo incontrolado, amiguismo en las empresas públicas, etcétera; es decir, libre mercado guiado por un criterio social y con controles, tal y como habían propuesto ya el CDS de Suárez o el propio partido de Rivera con la etiqueta de “social-liberalismo”. Y en el terreno moral y de las costumbres eran inequívocamente un partido progresista y de izquierdas, partidario de la defensa de las minorías y de sus derechos, del laicismo y de las políticas más avanzadas en este campo (aborto, gestación subrogada, legalización de la prostitución voluntaria o del consumo de determinadas drogas y de la eutanasia, políticas migratorias, defensa ambientalista…), así como de un inequívoco europeísmo.

Era lo que combatían —el terrorismo y el nacionalismo, y la degradación del Estado— lo que les permitía atraerse indistintamente un apoyo social procedente de la derecha y de la izquierda. En 2014 lo expresó Sosa Wagner:

La ciudadanía liga la creación de UPyD con la lucha contra el peligro que los nacionalismos suponen para la estabilidad de España y del Estado, también contra los excesos y despilfarros que ha propiciado y propicia el sistema autonómico, y, en general, con el intento de regeneración de una democracia, la magnitud de cuyas manchas ahora estamos comprobando con calambres de cólera.

Y también fue ese combate lo que les fue derivando en términos generales hacia posiciones conservadoras en oposición a un Gobierno hasta 2011 de izquierdas. Sin embargo, eso no suponía una afirmación rotunda en ese sentido y durante sus mejores años combinaron apoyos a Ejecutivos locales o regionales de derechas con otros a sus contrarios (del Gobierno asturiano al vasco del socialista Patxi López). Fue más la deriva de algunos de sus dirigentes hacia posiciones conservadoras (Rosa Díez, Buesa) lo que marcó sobre todo ese tránsito.

UPyD tuvo su momento exitoso entre 2008 y 2014, y aunque sus números estuvieron siempre muy por debajo de los futuros de Ciudadanos, volvieron a reverdecer las posibilidades de un tercer partido antes incluso de que el bipartidismo entrara en crisis. Este éxito se identificó con dos personas muy distintas y en dos ámbitos electorales diferentes. En el nacional, Rosa Díez encarnó y encabezó esta candidatura en 2008, saliendo elegida por Madrid y sacando más de trescientos mil votos. Tres años después, en 2011, coincidiendo con la victoria popular, multiplicó por cuatro los sufragios en todo el país (casi el 5%) y pasó a cinco diputados: cuatro por Madrid (Díez, Martínez Gorriarán, Álvaro Anchuelo e Irene Lozano) y Toni Cantó por Valencia. En ese año entraron en el Parlamento regional de Madrid y al siguiente en el de Asturias (desde 2009 estaban ya en el vasco con Maneiro). La otra cara de UPyD fue la del profesor Sosa Wagner, un hombre cercano a los socialistas en los años ochenta y, en los primeros años del siglo XXI, en los entornos de Ciudadanos. Salió elegido en las europeas de 2009 con 450.000 votos y luego en las de 2014, con más de un millón y sumando ahora a su escaño los de Maite Pagazaurtundúa (que había sido parlamentaria vasca por el PSE-EE y colaboradora en el Gobierno de Fernando Buesa), Fernando Maura (antiguo parlamentario vasco por el PP) y Beatriz Becerra; entonces Ciudadanos sacó dos con casi medio millón de sufragios.

El aparente éxito aquel 25 de mayo no podía ocultar que UPyD había perdido más de cien mil votos respecto de las generales de 2011 y que había visto crecer a un competidor en su propio terreno social-liberal o de centro. Sosa Wagner lo expuso en un artículo en el diario El Mundo (“Después de las europeas”), el 19 de agosto. Ahí criticaba a la dirección de Rosa Díez por no facilitar un acercamiento a Ciudadanos (aunque él también se había opuesto a ello meses atrás). En octubre presentó su dimisión de todos los cargos y su baja en el partido, junto con Maura; los sustituyeron Enrique Calvet y la cofundadora de Ciudadanos Giménez Barbat. La carta dio lugar a una convulsión interna y se puede decir que ahí, en los meses posteriores a las europeas de mayo, comenzó el declive definitivo de UPyD. En ese punto se mezclaron las acusaciones habituales de personalismo y autoritarismo contra Rosa Díez y su núcleo más cercano —“El partido soy yo. No se quieren dar cuenta de que si acaban conmigo, acaban con el partido”—, junto con diferencias estratégicas. Obsérvese que en el caso de este partido las diferencias ideológicas no parece que fueran motivo de disputa interna, como sí pasó en Ciudadanos. Sin embargo, hay una lectura del proceso interno de ese partido que revela que las disputas ideológicas no eran sino la apariencia que tomaba la lucha por el poder, una explicación de las crisis que no se limitaría a esta formación. Desde ese punto de vista habría que pensar que en ambos partidos se disputaba sobre todo la jerarquía, más que la idea, y que, en el fondo, los dos serían parecidos.

Las siguientes elecciones fueron las autonómicas y municipales de mayo de 2015, donde con el 1% de los votos perdieron su presencia en todos los Parlamentos regionales y redujo a 129 el número de concejales en toda España (y a la mitad sus sufragios locales). Entonces Rosa Díez se quejó de que era un escaso pertrecho para “el enorme esfuerzo y el enorme talento” que atesoraba su formación. Para entonces, ya habían saltado del partido en dirección a Ciudadanos su dirigente asturiano, Ignacio Prendes, el valenciano Toni Cantó y hasta un 7% de la militancia del partido naranja. Las generales de diciembre de ese año redujeron a 155.000 los votos en favor del nuevo candidato, Andrés Herzog, que no consiguió escaño en el Congreso. De ahí en adelante todo fue una caída —50.000 votos en las generales de junio de 2016— hasta llegar a la disolución formal del partido en diciembre de 2020, no sin antes pedir el voto o haberse integrado en esos años en las listas de Ciudadanos.

En mayo de 2015 Rosa Díez renunció a ser nuevamente candidata y fue sucedida al frente del partido por Herzog, que, desde la línea oficial, venció por escaso porcentaje a la renovadora Irene Lozano (esta acabaría en diciembre en las listas del PSOE tras haber tanteado a Ciudadanos). Los malos resultados llevaron a la dimisión de Herzog en enero de 2016, ahora sustituido por una comisión gestora presidida por el parlamentario vasco Maneiro, que al año siguiente ya fue sustituido por Cristiano Browm, con el que acabaría la andadura del partido. Rosa Díez, Herzog y Martínez Gorriarán se dieron de baja de UPyD en febrero de 2016. Los años siguientes conocieron un proceso de derechización de la líder principal de esta formación: en abril de 2019 apoyó una coalición de Gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox, alternativa a la de la izquierda, así como el proyecto preelectoral España Suma, que al final no prosperó. Apoyó públicamente a Casado en sus disputas políticas y parlamentarias con Sánchez, y luego se inclinó por Álvarez de Toledo en las internas del partido conservador. Finalmente, acabó siendo partidaria de la moción de censura de Vox contra el presidente Sánchez, además de abanderar diversos movimientos en favor de la unidad de España y contra el Gobierno de izquierdas. En sus últimos momentos, Rosa Díez afirmó: “Creamos un partido para Dinamarca en España”.

El espacio político de UPyD fue tomado por Ciudadanos de manera natural: la centralidad que dejó de ocupar la cuestión vasca desde el final de ETA en octubre de 2011 fue sustituida por el agravamiento del procés catalán desde 2014. El impacto de ambos hechos en la política española explica en buena parte lo ocurrido. Pero, en todo caso, la cercanía ideológica y de sentido entre UPyD y Ciudadanos, y cómo se manejó esa relación, están en el trasfondo de las historias de uno y otro partido. Como se ha visto, no hubo un trabajo conjunto salvo cuando llegaron los momentos de crisis o terminales. Aunque, en su origen, diferentes figuras de Ciutadans, como Boadella, Espada o Robles, apadrinaron la aparición de los magentas, Rivera fue contrario a la confluencia o, simplemente, a las listas electorales conjuntas o compartidas. Ello ya dio lugar en 2007 a una primera salida hacia UPyD de los partidarios del acercamiento, encabezados por Bouza-Brey, y a unos malos resultados en Cataluña para ambas formaciones en las generales del año siguiente. La segunda salida tuvo lugar en 2009 tras el fiasco Libertas en las europeas de ese año. En los dos casos, los resultados nacionales de UPyD fueron positivos y obtuvieron representación. La travesía del desierto de Ciudadanos hasta conseguir asentarse fuera de Cataluña hizo que cambiaran las tornas y que fuera ahora Rosa Díez quien rechazara propuestas de aquellos para llegar a algún acuerdo, a pesar de opiniones en sentido contrario de figuras de la influencia de Savater, de Sosa Wagner (este con sus contradicciones, según los momentos) o de Toni Cantó. En la reunión entre Rivera y Díez en el Hotel Eurobuilding de Madrid, el 20 de noviembre de 2014, se rompieron definitivamente las negociaciones, y a partir de 2015 los resultados de los dos se invirtieron. Entonces, Ciudadanos se comió a UPyD.

15. Vox: la tardía llegada de la extrema
derecha populista

España (y Portugal) llegó tarde a la cuarta oleada de auge de la extrema derecha tras el final de la II Guerra Mundial y la derrota de los fascismos europeos. Se ha explicado esto por la cercanía en el tiempo de las dictaduras franquista y salazarista, pero no parece tan sencillo. Siguiendo la clasificación propuesta por el politólogo neerlandés Cas Mudde, esa última oleada habría comenzado en el siglo XXI con la sucesión de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (y sus consecuencias en la geoestrategia internacional y en el propio carácter del capitalismo), la crisis global de 2008 y la de refugiados de 2015. Mientras casi todos los países europeos vieron prosperar formaciones populistas de derechas, en la península ibérica fueron movimientos de ese signo, pero de izquierdas, los que tuvieron mayor proyección. Sin embargo, a partir de los últimos meses de 2018, en el contexto de esas influencias internacionales, pero sobre todo respondiendo a contingencias internas, españolas, la derecha populista ultranacionalista despegó a través del partido Vox. Los factores determinantes de esa aparición fueron tres: la reacción frente al terrorismo de ETA —aunque este ya había acabado en 2011, su dimensión política seguía viva—, el agravamiento de la crisis secesionista catalana y el momento que atravesaba el Partido Popular, sumido en el desconcierto por la sentencia por corrupción de la trama Gürtel, superado por el procés y respondiendo a los problemas con una política que desde su flanco derecho se interpretaba liviana, abandonista y desacertada. Vox nació, así, como una escisión del Partido Popular, de su base social y electoral, a partir del sector radicalizado y partidario de respuestas “exageradas” —volviendo a aquella denominación de Rivera García— que desde los tiempos de Alianza Popular siempre tuvo en su interior.

Seguro que entra en la categoría de los detalles significativos que el primer y efímero presidente de Vox —estuvo en el cargo solo dos meses— se llamara Ignacio Ansaldo Adriansens. Este pequeño empresario de la jardinería registró burocráticamente el partido en diciembre de 2013 para no levantar sospechas hasta tanto sus verdaderos líderes saltaran a la palestra; como él, también tuvieron ese papel otros dos amigos suyos (Julio Utrilla y Gonzalo Padrón), a instancias del abogado Francisco Javier Ortega Smith-Molina. Ansaldo, y ahí viene el interés del detalle, era descendiente directo del aristócrata vasco, aviador y conspirador Juan Antonio Ansaldo, activista de Acción Española en los años treinta, implicado en la Sanjurjada, jefe de los grupos paramilitares de choque de Falange (jefe de Objetivos) hasta que lo expulsó el mismo José Antonio, protagonista de la preparación golpista que desembocó en julio de 1936 y piloto del avión que trasladaba al general Sanjurjo de Estoril a España para ponerse al frente del movimiento sedicioso. Monárquico convencido, tras la Guerra Civil conspiró contra el mismo Franco, por lo que tuvo que refugiarse en Portugal (y luego en San Juan de Luz) huyendo de este, y después colaboró nada menos que con el PNV (Irujo y el también aristócrata Monzón) para publicar unas memorias contra Falange; las editó en 1951 la imprenta nacionalista bonaerense Ekin. El detalle tiene su significado porque Vox, frente a lo que se expresa popularmente, no es un partido franquista. Tampoco enlaza con una tradición de la extrema derecha local donde José Antonio Primo de Rivera ha tenido siempre más aureola y prestigio que influencia doctrinal precisa. Vox es un partido dentro de la tradición reaccionaria española: culturalmente católico, españolista hasta el extremo, tradicionalista en su visión del mundo y de la organización social, y monárquico en tanto que la figura regia completa y preside coherentemente esa cosmovisión.

El 25 de noviembre de 2013 el afiliado Santiago Abascal Conde se dio de baja del Partido Popular mediante una carta donde expresaba sus desavenencias con la dirección ejercida por Rajoy. El 16 de diciembre Vox fue presentado en una rueda de prensa en la que participó este junto con otra baja incluso anterior, de 2008: el funcionario de prisiones y víctima de ETA Ortega Lara. Los tres amigos pantalla fueron sustituidos en sus puestos por el filósofo José Luis González Quirós como presidente provisional del partido —antaño destacado dirigente de segunda línea en UCD, CDS, PP y FAES; luego se dio de baja de Vox—, Ortega Smith como vicepresidente e Iván Espinosa de los Monteros como secretario general. El personaje que se trataba de ocultar durante esas primeras semanas no era tanto Abascal (u Ortega Lara) como Vidal-Quadras, antiguo dirigente del Partido Popular catalán al que las necesidades de sumar mayoría parlamentaria de Aznar en 1996 le costaron el puesto en aquel famoso pacto del Hotel Majestic con el pujolismo. Luego fue enviado a Bruselas, donde durante quince años fue vicepresidente del Parlamento Europeo. Tras abandonar su partido a finales de enero de 2014, después de más de tres décadas en él, presidió Vox y se presentó por esta formación a las elecciones europeas de mayo de ese año, quedando a cincuenta mil votos de repetir como eurodiputado (obtuvo cerca de un cuarto de millón); de haberlos logrado, la irrupción de la moderna extrema derecha española habría presentado otra cronología. Sin embargo, no duró en ese partido más de un año, y lo abandonó al ver más factible un acuerdo PP-Ciudadanos que taponara la brecha recién abierta por Podemos que la apuesta por una opción que todavía no reportaba muchas garantías. Los resultados de Vox en las elecciones generales de 2015 y 2016 respaldaron su apreciación: sacaron el 0,20% de los votos.

Lo cierto es que en la rueda de prensa de presentación Vidal-Quadras estaba todavía solo en espíritu, pero sí que acompañaron a Abascal y Ortega Lara otros como González Quirós, presidente provisional del Consejo Político, y Cristina Seguí e Ignacio Camuñas, antiguo liberal ucedista (estos dos también dejaron el partido en unos meses). Entre el público estaban, entre otros, Mikel Buesa y Ana Velasco Vidal-Abarca, cofundador de UPyD e hija de una de las cofundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, respectivamente (y luego candidata al Senado por Vox). Las primeras ideas que allí se expusieron se resumieron así en la prensa afín:

Monarquía con mayor carácter decisorio, unidad indisoluble de España con recuperación de competencias en manos autonómicas y con tendencia centrípeta acelerada, reforzamiento de la familia con la supresión total del aborto y regeneración total de España.

Todos se conocían de la Plataforma Reconversión, que fue el instrumento usado desde julio de 2012 para preparar el nuevo partido. Antes, desde mayo de 2006, habían contado con DENAES, una fundación en defensa de la nación española creada tras la aceptación a trámite por las Cortes del nuevo estatuto autonómico catalán, que unió a Abascal con otras figuras futuras de Vox como Ortega Smith, Espinosa, el escritor Hermann Tertsch, las también actuales eurodiputadas Mazaly Aguilar y Margarita de la Pisa, Jorge Buxadé y el filósofo Gustavo Bueno, y su hijo del mismo nombre. De DENAES salió Reconversión en 2012, cuando entendieron que necesitaban saltar a la política con un partido y no limitarse al combate de ideas.

Como se ve, ninguna relación con la extrema derecha clásica española, por más que Buxadé u Ortega Smith fueran joseantonianos en su juventud (como lo había sido Aznar). Incluso los tres primeros lustros del siglo XXI conocieron en el caso de aquella cultura política una ruptura con sus tradiciones anteriores porque solo prosperaron expresiones novedosas y un tanto contradictorias en la relación con sus entornos, como la Plataforma per Catalunya de Josep Angladas (autodeterminista en alguna medida y la excepción aquí del nativismo del bienestar) o España 2000 de José Luis Roberto en Valencia (“blaverista” y anticatalanista). Ambos obtuvieron algunos ediles en localidades menores —Vic fue centro de acción del primero—, pero en 2015 entraron en crisis y meses después sus cuadros enlazaron con la creación de Vox (como los de la Sociedad Civil y Democracia animada por Mario Conde). Otros casos más singulares fueron las réplicas del modelo italiano Casa Pound con la apertura de Hogar Social Madrid y el casal barcelonés Tramuntana destinados a repartir alimentos y ayudas entre empobrecidos nacionales (conforme al activismo heleno del neonazi Amanecer Dorado); también se puede apuntar el “sindicato” Manos Limpias, activo hasta que se descubrió en 2016 la intención corrupta que lo animaba.

Esa falta de conexión es la que lleva a Xavier Casals a afirmar que Vox no es otro más de esos intentos de modernización de la extrema derecha española, sino “una reconfiguración profunda de su discurso y espacio político por un actor inicialmente ajeno a la misma”. Cuando Abascal se hizo cargo del partido radicalizó su discurso, porque, según su criterio, Vidal-Quadras no aspiraba más que a ser “el partido liberal-conservador que había dejado de ser el PP, ser el PP auténtico”. De manera que lo articuló entre 2015 y 2016 con respuestas a cuatro grandes temáticas: las iniciativas de la izquierda que el Partido Popular había ido asumiendo sin reacción efectiva a pesar de sus iniciales oposiciones o de la judicialización de estas (aborto, matrimonio homosexual, memoria histórica…); las preocupaciones identitarias clásicas de la extrema derecha local (Gibraltar, rechazo del modelo autonómico, Ceuta y Melilla, final del terrorismo, unitarismo españolista y amenaza secesionista); las que inquietaban ahora a la alt-right o nueva derecha radical y alternativa en Occidente (inmigración, islamofobia, políticas de género y nuevo feminismo, pérdida de soberanía nacional, euroescepticismo…); y, por último, las copiadas de la derecha americana (lucha abierta por la hegemonía cultural en torno al libertarismo, recuperación de las perdidas grandezas patrias, negacionismo del cambio climático y cierre físico de las fronteras calientes). En 2018 y 2019 las condiciones del entorno nacional e internacional habían cambiado, proporcionando significado y utilidad a unas propuestas que hasta entonces parecían extemporáneas, innecesariamente “exageradas”.

Pero, se insiste, fueron sobre todo las condiciones españolas las que favorecieron a Vox en una sucesión de buenos resultados electorales desde las autonómicas andaluzas de diciembre de 2018, donde sacaron un 11% de los votos. A pesar de su carácter específico, una mayoría de sus votantes (60%) reconoció haberlo hecho influido por la situación en Cataluña y la amenaza secesionista, que se encontraba en su momento álgido (“para defender la unidad de España” y “para frenar a los independentistas”). El desprestigio del Partido Popular por sus casos de corrupción y su menor credibilidad a la hora de actuar contundentemente en el asunto catalán, como pediría el votante de Abascal, hicieron el resto. El voto a Vox era solo una respuesta a la situación, no tanto una alternativa o solución a ese y otros problemas. Esa es la dimensión en que coincide con todos los populismos (no tanto en su apelación al pueblo o a la retórica del 1% frente al noventa y nueve o al culto al líder, aunque algo hay de ello, como veremos). A partir de ahí, la multiplicación de los procesos electorales en esos años sirvió de caja de resonancia a un ciclo en realidad muy corto en el tiempo. En las autonómicas de 2019 entró en los Parlamentos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Madrid, Melilla y Ceuta (aquí con el 22%), destacando los porcentajes alcanzados en las seis últimas regiones o ciudades. Las dos elecciones generales de ese año ratificaron su progresivo ascenso, pasando de los 2.688.000 sufragios (10%) y veinticuatro escaños a los 3.656.979 (15%) y cincuenta y dos, convirtiéndose en la tercera fuerza parlamentaria. En las europeas de mayo, con Buxadé al frente, se vieron frenados al perder casi la mitad de sus votos de las generales solo un mes antes, aunque obtuvieron 1.388.000 (más del 6%) y cuatro escaños tras la corrección del Brexit. Medio año después volvían a duplicarlos en la repetición a Cortes de noviembre.

El mapa de expansión de Vox se corresponde en parte con el de la derecha desde la Transición, con las modificaciones socioeconómicas del medio siglo posterior (y su repercusión en los comportamientos electorales) y el matiz corrector de algunos factores locales. Si tomamos la referencia de las elecciones generales de noviembre de 2019, las más exitosas para este partido hasta la fecha, observamos que sus mejores datos están en las provincias costeras andaluzas, Murcia, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, a las que siguen Madrid, la mayoría de las de las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Asturias, y, por supuesto, Ceuta y Melilla. Los porcentajes de voto decaen en las llamadas “comunidades históricas”, pero cada una por un motivo distinto: en Galicia es la mayoría absoluta tradicional del Partido Popular, ahora con Núñez Feijóo, la que no deja sitio para otras fuerzas de derechas (sacaron el 2%); en el País Vasco solo se hacen un hueco en Álava (con un escaño en el Parlamento Vasco) en el momento en que un PNV atemperado sirve de refugio a buena parte de la derecha no nacionalista; en la Comunidad Foral la alianza Navarra Suma pudo prescindir de ellos; y en Cataluña los resultados en las generales no fueron buenos, pero la crisis terminal de Ciudadanos y la estructural del PP en esa región los convirtieron en las autonómicas de 2021 en el partido de la derecha antisecesionista, con once diputados encabezados por Ignacio Garriga (7,7% de los votos frente al 5,57 y el 3,85, respectivamente; seis y tres parlamentarios). En Canarias son las continuas desavenencias internas las que hacen que Vox no cuente con ninguna representación regional, a pesar de haber sacado en las generales un diputado por cada provincia y de tratar de explotar los problemas migratorios en las islas. Otro tanto ha ocurrido en otras comunidades, donde las condiciones en que se desarrollaron los últimos comicios influyeron en sus resultados. Así, en Madrid, en 2021, Díaz Ayuso frenó la ascensión de su competidora Rocío Monasterio apropiándose de buena parte de sus formas y argumentos (Vox pasó solo de doce a trece escaños), un estilo inverso al de Moreno Bonilla, que en Andalucía al año siguiente ganó con mayoría absoluta con un discurso propio que convirtió también en irrelevantes los escaños de Macarena Olona (que pasó de doce a catorce); en Castilla y León, por su parte, una campaña dubitativa e insegura del Partido Popular permitió dispararse a Vox al 17,64%, y ocupar la presidencia del Parlamento, la vicepresidencia del Gobierno (con Juan Antonio Gallardo) y tres carteras.

Fuera de lo territorial, el votante de Vox es mayoritariamente varón (hasta en un 70%; es otro Männerparteien o típico partido de hombres de la derecha radical); joven y de mediana edad (entre 25 y 44 años); habitante de provincias por debajo de la renta media y con altas tasas de desempleo (aunque obtenga buenos sufragios en municipios ricos y su público sea el de las clases medias viejas y nuevas); equilibrado en lo urbano y lo rural, con cierta ventaja cuantitativa de lo primero, pero capaz de llegar a la juventud del campo y de la España interior; exitoso allí donde es mayor el sentimiento españolista (y viceversa: treinta y dos puntos separan Ceuta de Guipúzcoa, e incluso veintiocho si tomamos Murcia); respaldado en ámbitos de fuerte inmigración (Murcia) o allí donde esta se aprecia como problemática, a pesar de no suponer una realidad apremiante (Castilla y León); procedente en muy escasa medida de la izquierda (al menos de momento) y solo un poco más de la clase obrera cualificada (aunque es el primer partido de la derecha en ese segmento); y, finalmente, religioso y practicante, pero en menor medida que los del Partido Popular.

Hay todavía un par de factores más que explican el éxito de las tesis de Vox en este último lustro. El primero ya lo hemos introducido y hace referencia a la falta de una estrategia común y constante del partido principal de la derecha española para relacionarse con lo que no deja de ser una escisión suya. Desde su aparición, el PP no tuvo claro si tenía que desplegar un cordón sanitario, como han hecho sus homólogos en países como Francia o Alemania —mayormente, no fue partidario—, pero tampoco una estrategia precisa de relación, porque en la anchura de ese partido hay tanto partidarios de diferenciarse como de acordar con Vox; en ese sentido, al mismo tiempo pueden apreciarse estrategias contradictorias en Madrid, Castilla y León o Andalucía (o Galicia), determinadas también por su éxito o fracaso electoral. Este es un asunto de gran importancia futura para la evolución de las derechas hispanas y para la legitimación o respetabilidad de la extrema derecha local en el juego político. Además, es exponente de que quien ha tomado la iniciativa en estos años pasados ha sido Vox y no el Partido Popular, de manera que las respuestas a procesos como el secesionista catalán —donde se hicieron cargo de la acusación popular contra sus líderes para así dar veracidad y transparencia a la causa, según su versión— o el del final de ETA —encabezando la tesis conspiranoica del acuerdo del Gobierno con los terroristas, muy penetrada en las filas populares—, o protestas como las dos habidas en la plaza madrileña de Colón contra la política del Ejecutivo en Cataluña y otras más, han operado en beneficio de los de Abascal. La posición no extrema, no “exagerada” del Partido Popular, ha dejado campo expedito a estos, de manera que con la etiqueta de “derechita cobarde” desacreditan sus incertidumbres —por ejemplo, ante la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos o, en general, ante los defectos advertidos en la cotidianidad autonómica— o les marcan la agenda (del llamado “pin parental” que controla la formación en materia sexual de los escolares a la importancia que ha adquirido en la agenda política la cuestión rural y sus etiquetas y aledaños, como la caza y los toros, pasando por el uso de un lenguaje distintivo del habitual de las políticas de violencia de género).

El segundo tiene que ver con el competidor enemigo: las izquierdas y el Gobierno de Pedro Sánchez, convertidos en la recurrente imagen de la anti-España. El argumento tiene dos bases complementarias. Primero, Sánchez trenzó con Unidas Podemos un Ejecutivo situado muy a la izquierda, pero que, además, precisaba en el día a día de los apoyos de los nacionalistas, de los secesionistas y de la herencia política de la desaparecida ETA, unos partidos a los que Vox propone ilegalizar por ir contra España. Esto, el “Gobierno Frankenstein”, que también constituye estímulo opositor para el Partido Popular, en el caso de Vox viene a representar el resumen de todas las amenazas, las que afectan a la esencia de la nación (comunismo, terrorismo, estatismo, feminismo, multiculturalismo, globalismo, secularismo…) y las que afectan a su existencia (nacionalismo alternativo y secesionismo); estas últimas son las más peligrosas, remedando aquello de Calvo Sotelo de antes roja que rota. Segundo, las iniciativas políticas del Gobierno y de los grupos que lo apoyan estimulan la reacción de Vox porque agreden directamente la cosmovisión que tienen sus representados. En ese sentido, la formación de Abascal viene a beneficiarse también del “efecto globo” de que hablamos para los carlistas: la actividad de sus opositores gubernamentales incrementa el atractivo entre sus votantes y los moviliza. Por ello, a semejanza también del carlismo, no necesita grandes elaboraciones doctrinales o ideológicas, sino que se arrellana en un lenguaje apocalíptico y exagerado (v. g., el Gobierno de Sánchez como dictadura socialcomunista, España en estado de emergencia y Vox como movimiento de extrema necesidad). Su política, así, se limita a rechazar con estrépito todo lo que viene del Ejecutivo, el peor, según su diagnóstico, “de los últimos ochenta años”; al incluir así a los de la dictadura franquista, Abascal rectificó diciendo que se había quedado corto: era el peor de los últimos ochocientos.

Vox es una consecuencia directa del proceso secesionista catalán y de los años de terrorismo etnonacionalista vasco. La idea de política para Abascal, su experiencia en ese campo desde casi niño, tiene que ver con la persistente amenaza de ETA contra su entorno inmediato y contra su familia, muy implicada en la gestión pública del valle alavés de Ayala desde dos generaciones atrás. Tanto su abuelo (Manuel Abascal Pardo) durante el franquismo final como su padre (Santiago Abascal Escuza) durante la democracia ostentaron cargos de representación: alcalde de Amurrio el primero y juntero y diputado en Cortes el segundo. La tradición política familiar es la de la zona: el tradicionalismo, en este caso el pragmático y franquista que terminó en la UNE de Gonzalo Fernández de la Mora y los Oriol Urquijo; de ahí pasó finalmente a Alianza Popular. La experiencia del terrorismo se tradujo en el caso de Abascal hijo —concejal en Llodio, juntero alavés y parlamentario vasco— en una épica resistente, y, sobre todo, en un férreo españolismo.

El reactivo antinacionalista vasco en términos españolistas continúa teniendo en el País Vasco un vivero que se remonta a la crisis del 98, con grandes figuras en su pensamiento y publicística. Una de ellas, Ramiro de Maeztu, es la que más influencia ejerce sobre Abascal desde los tiempos de DENAES. Esta especie de think tank destinada a corregir los errores del Partido Popular de Rajoy estuvo sostenido económicamente por las instituciones madrileñas que presidía Esperanza Aguirre (y su sucesor Ignacio González): la entidad recibió fondos de la Fundación Dos de Mayo creada para la celebración del centenario y Abascal, al ser desplazado en su partido en Euskadi cuando Antonio Basagoiti sustituyó a María San Gil, fue sostenido en Madrid entre 2010 y 2013 mediante dos cargos públicos de libre designación en la Agencia Autonómica de Protección de Datos y en la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, que, según reconoció después en el caso de esta última, “no tenía sentido”, ya que apenas tenía actividad (ni empleados, además de él y de otra sostenida).

De Maeztu tomó Abascal su idea principal: la de hispanidad. Esta le permite una multifuncionalidad muy actual: lo afirma en un esencialismo nacionalista que trasciende los límites españoles, compitiendo ahí con los nacionalismos secesionistas, a los que niega, en su mismo lenguaje, cualquier capacidad para decidir sobre la continuidad histórica de esa realidad inmutable, eterna; establece una reclamación imperial y épica de una historia que, otra vez, supera con creces el marco del Estado nación español, con todas las consecuencias que ello tiene en su visión del pasado; asocia la empresa imperial con el empeño evangelizador, y entra así en los espacios del tradicionalismo político católico; funde las ideas de nación y religión en la mejor tradición menendezpelayista (otra de sus referencias básicas); e incluso soporta un nativismo culturalista donde se puede aceptar al inmigrante latino y rechazar al africano y magrebí por razones históricas.

La veta ideológica de Vox es la del tradicionalismo español con sus adaptaciones al tiempo presente. Su condición populista y franquista no es pequeña, pero sí incomparable con ese tradicionalismo, auténtica columna vertebral de su pensar y sentir como opción política. La tradición reciente española tiene más de versión local del fascismo —la dictadura franquista— que de populismo. En todo caso, Vox acude a esta manera de hacer política —que es lo que es el populismo, según Chantal Mouffe— en aspectos como la dicotomización de este ejercicio por la vía de la construcción schmittiana del amigo-enemigo (la España viva frente a la anti-España o la consecuencia de la política nativista o abiertamente xenófoba, con el inmigrante o extranjero como opuesto, o la feminista radical en otro ámbito). El antagonismo y el discurso de odio no les son ajenos; sí la relación con la violencia, frente a la tradición de la extrema derecha local hasta ahora. Concentra la esencia de su organización en un líder carismático (Abascal), al que presenta con rasgos varoniles, épicos y resistentes en fotografías y vídeos, pero nada que tenga que ver con la proyección casi única y reiterada de otros dirigentes de este signo; además, su núcleo duro también aparece de manera constante y lo sustituye sobre todo en el plano institucional: el secretario general Ortega Smith, paradigma del patriota español masculino (colocó una gran bandera en Gibraltar y huyó nadando), el portavoz en el Congreso Espinosa de los Monteros, la portavoz en la Asamblea de Madrid Monasterio, el vicepresidente Buxadé y, hasta su renuncia en el verano de 2022 y su apartamiento posterior del partido, la también portavoz Olona, entre otros. Esta tuvo papeles destacados en otra cuestión cara para el populismo: la denuncia de la corrupción. Tras ser apartada de la dirección de la Abogacía del Estado en el País Vasco por el Gobierno Rajoy fue destinada a Mercasa, empresa pública donde desveló un fraude (mordidas y sobrecostes) que afectaba directamente al Partido Popular; luego hizo lo propio denunciando ante Anticorrupción el supuesto desfalco producido en la Agencia de Cooperación Internacional en Panamá. Pero Vox no se ha caracterizado por su compromiso con este tema —mucho menos que UPyD e incluso que Ciudadanos— y, en general, ha usado las grandes denuncias (a las cuentas de la Generalitat catalana derivadas al procés, a las compras y ayudas públicas durante la pandemia…) para desautorizar políticamente a sus contrarios.

Ha sido netamente populista en toda la política de gestos que caracterizan esa forma de hacer, o en la ausencia de propuestas o soluciones alternativas y en la denuncia fácil de situaciones más que complejas (v. g., su famoso cartel sobre el gasto de los menores inmigrantes no acompañados en la campaña madrileña). Su lenguaje incorrecto, desacomplejado, es también populista, pero conecta directamente con las formas que introdujo en la derecha española Aznar (y antes Fraga). Ese histrionismo y el apocalipsis anunciado con reiteración fueron su fórmula durante todos los meses de confinamiento y de estados de alarma durante la pandemia de la COVID-19, acusando al Gobierno de ejercer una dictadura contra los ciudadanos y denunciando en los tribunales (en algunos casos exitosamente) estos decretos. El libertarismo de corte trumpiano (de Donald Trump) ha sido una de sus referencias en ese tiempo —compartida con importantes sectores del Partido Popular, con Díaz Ayuso a la cabeza—, rechazando una política republicana donde el Ejecutivo se aplicaba a proteger las vidas de los ciudadanos dictando normas que afectaban a lo más privativo de estos; en este punto, la guerra cultural trascendió con mucho un combate de ideas para afectar a la salud pública. También ha jugado a descalificar a los partidos tradicionales, pero con la intención clara de sustituir al Popular en su primacía en el bloque de derechas, como dejó claro en la moción de censura contra el Gobierno en octubre de 2020. Su uso intensivo de las redes sociales para dirigirse directamente a su espectro de opinión es también algo que le emparenta con las prácticas populistas, como su desprecio paralelo por la prensa escrita o la menor importancia otorgada a las televisiones, portavoces una y otras del establishment. Su euroescepticismo y su displicencia ante el conocimiento experto en todos los temas, contrapuesto a una simplicidad “de cuñado”, serían otras muestras de ello, igual que su cuestionamiento de paradigmas asumidos, como el del cambio climático o la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (frente a la que presentaron alternativamente en 2021 otra Agenda España), o todo aquello que limite la soberanía y jurisdicción tradicional de los Estados nación. Como señala el sociólogo norteamericano Roger Brubaker, las crisis de largo alcance proporcionan magníficas ventanas de oportunidad y explican en buena medida el “momento populista” que estamos viviendo. La doble defensa de la patria y de la seguridad, característica de los populismos de derechas, es también para Vox un argumento central.

En lo que hace al franquismo, no lo defiende de manera explícita como régimen, sino que lo asume como un tiempo vivido y propio. Aquí vuelve a conectar con una parte importante del Partido Popular y de sus bases de apoyo; Mayor Oreja ya habló en 2007 de la “extraordinaria placidez” de esos años: “¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?”. Las revisiones memoriales del pasado serían en ese sentido innecesarias, cuando no contraproducentes: el franquismo es “lo que pasó”. Y si lo fue, la razón hay que ir a buscarla en la ruptura de la legalidad republicana que las izquierdas (con el PSOE a la cabeza) hicieron en octubre de 1934, no en julio de 1936: la tesis seudorrevisionista de Pío Moa la hace propia este partido sin ninguna reserva. Toda la política de memoria se aprecia como espuria e impuesta: invade el criterio personal sobre el pasado mediante una verdad instituida como oficial (o correcta), reabre el enfrentamiento entre españoles y manipula la historia cuestionando la legitimidad de la monarquía española. “Franco es una figura histórica que, como tal, debe ser ponderada y estudiada por los especialistas en la materia”, concluyen. La Ley de Concordia que pretenden extender desde los Parlamentos y Gobiernos regionales, alternativa a la de Memoria Democrática, se coloca en el tiempo anterior a la de 2007 de Zapatero, remite el tratamiento del pasado a los historiadores y pretende “superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común que llamamos España”. Son conscientes de que, después de casi medio siglo de su final, su electorado no se reclama del franquismo y sí de una monarquía democrática. Por eso optan por no tocar el pasado. Pero también saben que cuando esto ocurre tienen que defender su intangibilidad haciendo ver al contrario los riesgos que asume —que le recuerden la naturaleza no siempre democrática de sus iconos—, porque eso quieren sus partidarios. Una estrategia que, otra vez, les emparenta con su origen, el Partido Popular, y no con la vieja extrema derecha piñarista (a caballo entre Franco y José Antonio). Abascal lo expresa con precisión: “La Ley de Memoria Histórica no es una ley solo contra Franco, sino también contra la cruz y contra la corona”. Y remata en la entrevista que le hacen Gonzalo Altozano y Julio Llorente en su libro La España viva:

S. A.: Vox no tiene una postura sobre la Guerra Civil y el franquismo, pero sí sobre la libertad: los españoles tenemos el derecho a interpretar nuestro pasado cada uno como quiera, sin que tenga que venir la izquierda a decirnos a todos cómo tenemos que hacerlo.

G. A. y J. L.: Esa es la postura del partido. ¿Y la del presidente?

S. A.: Mi postura es que el responsable de la Guerra Civil fue el Partido Socialista Obrero Español, con el golpe de Estado del 34 primero y el asesinato de Calvo Sotelo —¡y el intento a Gil-Robles!— después.

Pero, además, como hemos señalado páginas atrás, muchas veces lo que se atribuye al franquismo no es una creación específica de ese régimen y sí de un tiempo anterior, aunque fuera durante la dictadura cuando esas elaboraciones gozaron de cuarenta años sin oposición alguna para sedimentarse y naturalizarse como doctrina y como rasgo identitario. Lo hemos visto con la importancia otorgada a la idea de hispanidad, anterior a la dictadura, pero que se institucionaliza en ese largo periodo. Como esa referencia habría otras más —el nacionalcatolicismo, por ejemplo, puesto en marcha ya en la dictadura primorriverista, o el ruralismo costumbrista— que obligan a cuestionarnos la gratuidad de llamar franquista a lo que son iconos históricos de la derecha española (y no solo de la extrema). Todo ello no obvia el hecho constatado de que el éxito de Vox ha reflotado al conjunto de ese sector extremista y que desde entonces diferentes grupúsculos radicales se integran en esa formación o la satelizan en la relación característica de los reducidos núcleos puristas con la gran organización asentada.

Este es un aspecto ideológico que guarda relación con los socios internacionales de Vox. Estamos ante un partido ultraconservador que se diferencia bien de los nativistas del bienestar; o en otra clasificación: neoliberal-autoritarios frente a social-identitarios. Dos grupos parlamentarios europeos representan a unos y otros tras la ruptura en 2007 del que los unía, Identidad, Tradición y Soberanía: Conservadores y Reformistas, que es al que pertenece Vox desde que en junio de 2019 se apartara del otro, Identidad y Democracia. Conservadores y Reformistas surgió del Movimiento Político Cristiano y del Movimiento para la Reforma de Europa, y en él se integran también Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, el polaco Ley y Justicia o el Democrático Cívico de la República Checa; es el sexto grupo de la cámara, frente al cuarto de los social-identitarios que agrupa a Le Pen, Salvini, Alternativa para Alemania y otros. La elección de Vox tiene que ver con la afirmación cristiana que hace su grupo frente a la cultura y religión islámicas, su beligerancia con el proceso secularizador y laicista de Europa, la defensa de un liberalismo económico frente al estatismo de los otros y la relación con la Rusia de Putin, que en este caso es conflictiva (aunque Vox no tiene asuntos pendientes ahí, a diferencia de otros como los polacos, lo que se refleja ahora en su posición expectante ante la invasión de Ucrania). Vox ha virado la relación de la extrema derecha tradicional española, siempre más conectada y atenta a los movimientos en Francia o Italia; ellos mismos empezaron también por ahí, en reuniones a las que fue invitado Abascal en 2017, como la World Family Congress o la Freedom for Europe, donde estuvieron Le Pen, Salvini, Geert Wilders y Frauke Petry. El socio que más se asemeja a ellos ahora es el húngaro Viktor Orban —y, por extensión, el Grupo de Visegrado, euroescéptico—, con esa afirmación iliberal que les permite estar y no estar en el modelo de Estado de derecho instituido en Europa hace decenios y que la define como proyecto político. Por su parte, la influencia trumpiana es patente tanto en visiones del mundo como en gestos —o eslóganes: hacer grande a sus países de nuevo o primero el mío—, y a ello no es ajena la relación establecida en su día con el antiguo consejero del expresidente norteamericano, Steve Bannon, a través de Rafael Bardají, asesor internacional de los Gobiernos de Aznar (y luego impulsor del think tank Grupo de Estudios Estratégicos tras el cambio de color del Ejecutivo).

Vox es más ultranacionalista que populista, y por eso habla de España más que de españoles; tampoco usa el término pueblo, y el de patria remite a la esencia, no al conjunto de los nacionales. Abascal lo explica (junto con Gustavo Bueno hijo) en su libro En defensa de España:

No cabe, en todo caso, confundir (reducir) soberanía nacional y soberanía popular (concepto de origen rousseauniano y de estirpe plebiscitaria —de plebe—, contractualista), como en cierto modo hace la Constitución de 1978, del mismo modo que no cabe reducir la Nación al Pueblo. En efecto, Pueblo designa, ante todo, a una muchedumbre viva que, en el presente, es concebida como capaz de expresar su voluntad política (la voluntad general) mediante el sufragio; pero la Nación no solo designa al Pueblo que vive en ella, sino también a los muertos que la constituyeron y mantuvieron, y a los hijos que todavía no han empezado a vivir (o incluso los que ya han nacido, pero aún no tienen derecho al voto), pero ya están, sin embargo, contemplados en los planes presentes dirigidos al mantenimiento futuro de la nación. Por eso, el pueblo no puede decidir, y menos aún una parte suya, sobre la Nación española, aunque sí puede, si las divergencias entre sus componentes son muy fuertes, hacer inviable la recurrencia de la Nación, lo que implicaría a su vez la dispersión de la propia muchedumbre popular, y con ello su ruina.

El historicismo esencialista del partido es notorio, con referencias a Covadonga —donde empieza la reacción frente a la invasión musulmana, en su lectura a lo Huntington y su choque de civilizaciones—, la Reconquista, la época imperial católica desde los Reyes Católicos y su proyección ya señalada en la futura hispanidad; el Dos de Mayo es una causa más patriótica que liberal, obviamente. El menendezpelayismo es la columna vertebral de su discurso: España nación en tanto que cristiana y presidida por una Corona coherente con esa mixtura. Los gestos militaristas y la defensa del Ejército como protector de la patria son también característicos de Vox, que encuentra en el mundo castrense una base electoral muy identificada (y activada en su sector más veterano cada vez que se proponen políticas memorialistas).

Pero la idea que también manejan de España (de cualquier nación) como “unidad de destino”, se insiste de nuevo, no es originalmente joseantoniana ni franquista, sino que surge de visiones esencialistas anteriores, muchas veces inequívocamente liberales (de Ernest Renan a Ortega). La reivindicación de ese españolismo tradicional encuentra ahora partidarios tras decenios desde el final de la dictadura en que, por saturación y reactivo poco valorado, el nacionalismo legitimado socialmente fue solo el de los “periféricos” (el vasco o el catalán, sobre todo, con respaldo de la “progresía” dominante y con elaboraciones tan poco sólidas como la que antes señalábamos del expresidente Rodríguez Zapatero). Ese españolismo reactivo, cuando eclosiona de nuevo la cuestión catalana y en ausencia de otro consistente más liberal, es el que lleva votos a la derecha extremista procedentes del centro-izquierda original de UPyD o del social-liberalismo de Ciudadanos, actuando esos partidos de puente hacia una opción en principio imprevista.

La practicidad de ese españolismo hay que ir a buscarla al argumento sin duda más preciso y reiterado del programa de Vox: su oposición al modelo territorial autonómico puesto en marcha con la Constitución y su objetivo final de eliminación de este. Esta es la cuestión que les hace más antisistémicos y donde el Partido Popular encuentra su punto de distinción más nítido. El casi medio siglo de autonomismo ha generado élites locales muy satisfechas e instaladas en ese modelo, y no solo en las comunidades con mayor reivindicación de autogobierno. Pero también hay que recordar las dificultades de asunción del título octavo constitucional que expresó la Alianza Popular de Fraga. A ese argumento histórico, superado incluso por la propia experiencia personal del líder gallego y los quince años ininterrumpidos de Gobierno de su región natal, cabría confrontarle dos que explicarían la formulación de Vox. Primero, la culpa que se atribuye al autonomismo en el fortalecimiento institucional de opciones secesionistas sostenidas tanto desde los Gobiernos regionales como desde la construcción social identitaria cultivada por estos durante años. Segundo, la perenne y casi ontológica apreciación desigual del autogobierno estatutario, un uniforme poco uniforme: escaso allí donde hay potentes partidos y sociedades nacionalistas, excesivo donde esos agentes no existen. En instantes críticos, como los que llevaron a las fuertes restricciones presupuestarias después de 2010, Gobiernos autonómicos como el murciano o el castellano-manchego sopesaron devolver sus competencias básicas al Estado ante la dificultad de gestionarlas sin recursos suficientes. En todo caso, la idea de trasladar de nuevo al Gobierno central la materia de Educación ha sido considerada por diferentes partidos, y el Popular ha cuestionado tradicionalmente la ausencia de políticas de Estado comunes cuando han surgido dificultades (aunque a la vez se ha aplicado a obstaculizarlas cuando no procedían de un Ejecutivo de su signo, como ha pasado con la pandemia y sus medidas de prevención o, más recientemente, con las de ahorro energético). La organización y gestión del territorio sigue siendo para todas las derechas un problema esencial que condiciona los posicionamientos en otro tipo de cuestiones no menores, y que alimenta mecanismos identitarios difíciles de concordar con los que con intención alternativa se han extendido en estas últimas décadas en diversas regiones.

Si se ahorrara el dispendio que supone la existencia de diecisiete estructuras administrativas, además de la común, sostienen en Vox, la presión fiscal sobre los contribuyentes se podría reducir. Más allá de la relación causa-efecto del razonamiento, genuinamente populista, la afirmación recuerda el carácter ultraliberal en política socioeconómica de este partido, en contradicción con otros de su signo que defienden un Estado fuerte que proporcione seguridad a los nacionales. Esto los conecta de nuevo más con la derecha norteamericana (o brasileña y de otros países de ese continente) o con buena parte de las de los excomunistas del Este de Europa (Hungría, Polonia, República Checa…) que con los social-identitarios de Le Pen, el FPÖ austriaco, los escandinavos o los alemanes de AfD. La razón remite de nuevo al origen de Vox: el sector más ultraliberal del Partido Popular, bien representado en Aznar o luego en Esperanza Aguirre y Mayor Oreja (o ahora en el Gobierno de Díaz Ayuso), que dejó atrás el modelo más democristiano y estatista de las derechas del ancho ecuador del siglo XX. El argumento ahí siempre es el mismo: si se adelgaza el innecesariamente costoso Estado (y sus derivaciones y duplicidades regionales) quedaría más espacio de oportunidad para la iniciativa personal. Pero el carácter ultranacionalista de Vox atempera ese ultraliberalismo —también le pasó a Trump o antes a Reagan— por sus compromisos presentes o futuros con una base electoral que necesita ampliar (o, al menos, no enajenarse). En esa línea ha de interpretarse la creación de su sindicato, Solidaridad (llamado como el polaco anticomunista de Lech Walesa), en julio de 2020, que preside el almeriense Rodrigo Alonso; obsérvese que es el único partido de derechas de los últimos decenios que se ha planteado esta necesidad. También es “anticomunista y patriota”, y promete defender a los españoles “de las oligarquías y de la corrupción socialista”. Su carácter anticlasista y nacional —“La patria es la única defensa de los trabajadores”— lo conecta con el modelo corporativista sindical de los años treinta que ensayó Falange o el que luego instituyó el franquismo a través del Vertical; de nuevo se sienten cómodos en ese recuerdo. Pero el sindicato cobraría sentido solo si Vox se plantea un cambio en su política y se acerca al nativismo del bienestar de otros países —sostener las estructuras y políticas públicas de protección social, aunque solo para los nacionales— buscando ampliar su base electoral en un espacio, el mundo de los contratados, la clase obrera, donde aún es minoritario. Todavía esta es una cuestión sin resolver y los primeros pasos del sindicato no parece que vayan por ahí; se presentó públicamente en el selecto barrio madrileño de Salamanca y solo ha prosperado entre cuerpos de seguridad privada (más allá de la cercanía de Vox con sindicatos policiales como Jusapol y sus derivaciones Jupol y Jucil).

El neoliberalismo, recuérdese, conectó en muchas ocasiones, no siempre, con el neoconservadurismo. En el caso de Vox el asunto tiene mucha importancia porque, aunque se defina como aconfesional y defienda la religión católica más como cultura identitaria que como credo (no es un partido integrista), se inscribe en la tradición “teológico-política” española (los valores morales son los que salvan la sociedad). Además, diversas entidades, lobbies y medios ultracatólicos han estado detrás de su origen como partido y mantienen su apoyo con una red social muy tupida e influyente. Destaca sobre todo HazteOír, la sección española de CitizenGo que dirige el miembro de la derecha cristiana norteamericana Brian Brown y aquí Arsuaga, que apoyó financieramente a Vox en sus inicios, pero que últimamente se ha desmarcado del partido al no poder cumplir este sus promesas en relación con la legislación LGTBI. La plataforma ultracatólica sirvió de discreto puente para que llegaran donaciones al partido de empresarios como David Álvarez (de la multinacional de servicios Eulen), Konstantin Malofeyev (oligarca ruso de Marshall Capital), Luca Volonté, el ruso Alexei Komov, el citado Brown y el exministro franquista y directivo de la constructora OHL Juan Miguel Villar-Mir (aunque luego lo negó públicamente). Agenda Europe, dedicada desde 2013 “a revocar las leyes actuales sobre derechos humanos básicos relacionados con la sexualidad y la reproducción”, es otra entidad internacional que apoyó la aparición de Vox. En España tenemos grupos como Abogados Cristianos (y su portavoz Al descubierto); la Asociación de Profesionales por la Ética, de Jaime de Urcelay y Leonor Tamayo (presidenta de la antifeminista Women of the World); el Instituto de Política Familiar, España Siempre, con Sánchez Dragó, Camuñas, Vidal-Quadras y Tertsch; Médicos por la Vida, de Enrique Jaureguízar; la ultraliberal Fundación Civismo (también alejada de Vox últimamente tras crear Solidaridad) y otras muchas, hasta terminar con Cañas por España y similares. Sobre muchas de ellas sobrevuela la presencia de El Yunque, una organización secreta ultracatólica creada en México en 1954 y a la que se le adjudica una notable influencia en las organizaciones grandes y pequeñas de la derecha extrema.

La relación de ese mundo asociativo con Vox es dinámica y diversa, nunca orgánica. Representan la eclosión de una nueva extrema derecha volcada en la defensa de valores y en la presión sobre la opinión pública y las diversas instituciones. No todas orbitan en torno a Vox, sino que tendrían en el Partido Popular su referencia política fundamental (o compartida). Es el caso de la Plataforma ultracatólica Neos que encabezan Mayor Oreja y María San Gil (con el propagandista Bullón de Mendoza, el filósofo Ignacio Sánchez Cámara o el exalcalde socialista de La Coruña y embajador en el Vaticano, Francisco Vázquez). Mayor Oreja lidera la europea One of us y es presidente de honor de la americana Political Network for Values (donde vuelven a estar Brown y Arsuaga, bajo la presidencia de la ministra húngara de Familias Katalin Novak). En junio de 2022, al calor de la sentencia del Supremo norteamericano que limitaba la norma anterior de interrupción del embarazo, Neos convocó una gran manifestación en Madrid contra el aborto, la eutanasia y la nueva ley educativa de la ministra Isabel Celaá. Al acto acudieron también representantes de entidades como la ACdP, muy activa últimamente en ese tipo de actos, la red de colegios concertados católicos Educatio Servanda (de Juan Carlos Corvera), la Fundación Villacisneros (de San Gil y Esperanza Aguirre) y, a título personal, políticos del PP y de Vox. Desde una perspectiva tradicionalista, la que llaman “ideología de género” trastoca por completo los roles asignados a hombres y mujeres en una sociedad “naturalmente” ordenada. Es por eso por lo que centran su combate en “las leyes contra la verdad y la naturaleza humana” y se oponen a matrimonios entre homosexuales, a todo el debate sobre la identidad sexual y a que este se traslade a los escolares (ahí reclaman el pin parental). La mujer aparece así en una contradictoria condición al desplegarse un sexismo benévolo (la madre reproductora, protectora y educadora, el ser frágil necesitado de defensa) y otro hostil (la “feminazi” opuesta al familismo y a las ideas tradicionales). La diputada de Vox Alicia Rubio lo explicó antes del éxito de su partido, en 2016, con su libro Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres. Para entender cómo nos afecta la ideología de género. El resumen de intenciones globales de esta derecha cristiana se formula mediante siete ejes identificados como prepolíticos:

Defensa de la vida, de la verdad (“existe una verdad absoluta y no depende de la coyuntura política o social”), de la dignidad de la persona y la familia, de la libertad, de España nación (“solo una patria unida podrá proteger a sus integrantes y dotarlos de libertad y seguridad”), de la Corona y lucha contra las amenazas globales (con los valores cristianos europeos como respuesta).

En la trama creadora de opinión intervienen numerosos medios de la derecha radical que han naturalizado argumentos como los señalados, hasta hace poco extraños o marginales, como Periodista Digital, Ok Diario, Libertad Digital, ESdiario, Caso Aislado, La Tribuna de Cartagena, Mediterráneo Digital o Digital Sevilla, ajenos a Vox, pero reproductores de sus propuestas. Destaca, además de los citados Libertad Digital (de Jiménez Losantos) u Ok Diario, el Grupo Intereconomía (y su canal El Toro TV) del ex del Partido Popular y ahora en Vox Julio Ariza, dueño a su vez de La Gaceta, que luego se convirtió en La Gaceta de la Iberosfera, portavoz oficial del partido de Abascal, cuya fundación se llama Disenso. El observatorio más serio e independiente para conocer esta cultura política es el digital El Catoblepas, de la Fundación Gustavo Bueno, fundado en 2002.

El pasado de Vox es muy corto, sobre todo su parte exitosa a partir de finales de 2018. Sobre su futuro es difícil decir algo. Aunque sea el tercer partido del país en estos momentos, los últimos procesos electorales y encuestas parecen frenar su trayectoria ascendente y, en todo caso, lo vinculan férreamente a las oscilaciones del Partido Popular y a sus cambios de estrategia, de manera que uno y otro operan como vasos comunicantes (ya casi agotado el caudal de Ciudadanos). Los dos partidos son muy diferentes en cuanto a estructura consolidada y extensión por el conjunto del país. Vox tiene todavía una dificultad en ese terreno y por eso también es volátil en sus apoyos electorales, además de proclive a crisis locales internas por haberse dotado de un mecanismo de selección de cargos y toma de decisiones muy autoritario y vertical (la última crisis de Olona lo confirma). Su concreción ideológica es escasa, como corresponde a un movimiento opositor, pero ya no a un partido que entra en las instituciones e incluso en algún Gobierno regional (y que podría hacerlo en el nacional si no cambian mucho las cosas y las sumas de bloques). Y sobre su base electoral y social, finalmente, tiene que resolver al menos dos cuestiones que limitan la continuidad de su desarrollo: si sigue siendo beligerante contra las élites locales beneficiadas por el sistema de descentralización territorial que tanto critica (lo que le genera en su extremo espacios casi en blanco, como en las comunidades históricas y en otras como Asturias o Canarias) y si se abre todavía más a los sectores obreros modificando su posición ultraliberal en lo socioeconómico y acercándose al llamado “chovinismo del bienestar”. La parte patriótica, xenófoba y tradicionalista la tiene bien pertrechada y no necesita de mayor revisión.

16. Líos y esperanza en la Casa Azul

La legislatura y media de Rajoy, entre el final de 2011 y la primavera de 2018, estuvo presidida (y opacada) por la entidad de la crisis económica y el procés catalán, además de por los cambios habidos en el sistema de partidos español. Se ha hablado aquí suficiente de la cuestión y solo queda reseñar algún detalle comparativamente menor de ese tiempo: Ruiz-Gallardón reformó el Código Penal introduciendo la figura de la prisión permanente revisable e intentó una nueva legislación sobre el aborto que acabó con su anhelado ministerio al tener que dimitir en septiembre de 2014, tras no ser respaldado por su Gobierno; en junio del año siguiente cesó José Ignacio Wert después de haber generado todo tipo de polémicas tras su paso por Educación y aprobar otra reforma más del sistema educativo, la LOMCE; Arias Cañete modificó la Ley de Costas anterior al considerarla en exceso proteccionista, causando la alarma correspondiente de los grupos ecologistas; Fernández Díaz sacó adelante una polémica Ley de Seguridad Ciudadana —conocida popularmente como “Ley Mordaza”— y aplicó desde Interior una política de dureza contra las muchas protestas callejeras de entonces (acampada del 15-M en la Puerta del Sol madrileña, huelgas generales y sectoriales, manifestaciones obreras y estudiantiles, marchas de las “mareas”, rodeo del Congreso, ocupaciones de fincas y de supermercados, escraches, tumultos ante desahucios por impagos…); el Congreso, a iniciativa del PP, restringió el principio de justicia universal por los tribunales españoles ante las presiones chinas por el contencioso del Tíbet; los ultraliberales madrileños del presidente Ignacio González trataron de privatizar seis hospitales públicos y cuarenta centros de salud, encontrándose con la Justicia y con las protestas de empleados y usuarios como freno a sus intenciones, lo que se saldó con la dimisión del consejero Javier Fernández-Lasquetty; y en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la llamada “doctrina Parot”, por lo que hasta setenta presos de ETA y de otras organizaciones o sentenciados en casos como los crímenes de Alcácer o el asesinato de Anabel Segura tuvieron que ser puestos en libertad con un gran desgaste para el Ejecutivo (eso decidió finalmente a Abascal a dejar el PP). A nivel interno, Rajoy revalidó el liderazgo al frente de su partido en el congreso de Sevilla de febrero de 2012, con Cospedal en la Secretaría General y la incorporación como vicesecretarios de Arenas, Carlos Floriano y González Pons; enfrente, en el verano de 2014, Sánchez se impuso en las primarias del PSOE, inaugurando una etapa tumultuosa en el partido al chocar con la vieja guardia y su cultura política, que no terminó hasta alcanzar la presidencia del Gobierno cuatro años después. El arzobispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, saludó la retirada del proyecto de reforma de la ley del aborto con una admonición que anticipaba los problemas que iba a tener el Partido Popular con su derecha más tradicionalista:

Ha llegado el momento de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGBTQ.

El desgaste del PP en este tiempo de Rajoy fue por acumulación —final del terrorismo de ETA, procés, debilidad para contender en la guerra cultural y corrupción—, y la consecuencia en cada caso fue la emergencia sucesiva de UPyD, Ciudadanos y Vox, y su pérdida de atractivo como alternativa. El espacio de la derecha no se redujo; simplemente se complicó al hacerse plural. Aunque siguió siendo el principal en su espectro conservador, bien por falta de iniciativa y legitimidad, o por estar demasiado igualado en fuerza electoral con su alternativo, el PP dependió de los nuevos grupos para asegurar su anterior mayoría parlamentaria. En la decimoprimera legislatura, en 2016, la más corta de la democracia, con 111 días, cualquier Gobierno fue imposible, tanto de derechas como de izquierdas. Los nuevos grupos no valoraban todavía los guarismos parlamentarios y los viejos no estaban dispuestos a prescindir de ellos llegando a un acuerdo; la propuesta en ese sentido que le hizo Rajoy a Sánchez no fue aceptada por este. Así que el primero declinó y el segundo fracasó en su investidura. Mientras eso ocurría, la política española asistía al deterioro o agravamiento de los problemas que la habían llevado a la crisis.

Tras las correspondientes elecciones y a pesar de mantenerse inicialmente el bloqueo político, la siguiente legislatura resultó más prometedora y Rajoy consiguió los votos necesarios y las abstenciones suficientes (del PSOE, lo que provocó un cisma en esa formación). Tras 314 días gobernando en funciones, el líder del PP fue investido el 27 de octubre de 2016; dos meses después, Aznar renunció a su condición de presidente de honor del partido. En abril del año siguiente Rajoy superó sin dificultades una moción de censura presentada por Podemos, cuya mirada no estaba puesta en el banco azul sino en su disputa con los socialistas por la primacía en la izquierda (exactamente igual que cuando Vox hizo lo propio con el Gobierno de Sánchez años después). Los momentos más críticos del procés se desarrollaron en esta legislatura, con un Gobierno debilitado, con muchos actores buscando su protagonismo, pero esquivando la responsabilidad que conllevaba un momento tan grave, y con el talante de Rajoy asistiendo impávido y esperando algo de la providencia. Finalmente, fue la sentencia de la Gürtel, en mayo de 2018, lo que acabó con su Gobierno en otra moción de censura que, esta sí, prosperó a poco de que el presidente hubiera sacado adelante incluso los presupuestos para el año en curso. Los votos del PNV que lo apoyaron para ello fueron los que cuarenta y ocho horas después se le negaron para continuar. No lo entendió y la imagen del bolso de su vicepresidenta ocupando su escaño mientras él permanecía ajeno a la escena definitiva de su destitución es la muestra de ello. Sánchez ocupó su sitio desde el primero de junio y el Partido Popular inició su proceso de renovación tras dimitir Rajoy días después y dejar la política.

El PP puso en marcha en julio, por vez primera en su historia, un proceso de elección interna de su presidencia mediante la fórmula de primarias. Sonaron de inicio candidatos como los gallegos Feijóo y Ana Pastor, y Sáenz de Santamaría y Cospedal. Finalmente, concurrieron estas dos últimas junto con el ministro de Exteriores de Rajoy, García-Margallo, y Pablo Casado, joven apparátchik del partido, 37 años, líder de las Nuevas Generaciones madrileñas entre 2005 y 2013, y encargado del gabinete personal de Aznar en FAES de 2009 a 2011. Aunque venía protegido en origen por Esperanza Aguirre, fue uno de los aznaristas que prosperó con Rajoy al ocupar una vicesecretaría de Organización en 2015, dando la cara en algunas incómodas comparecencias de noche electoral.

No había costumbre en un partido de liderazgos fuertes, como los de Fraga o Aznar, y ni siquiera una décima parte del teórico censo de afiliados se inscribió para elegir entre los precandidatos en primera vuelta (en total, 67.083, de los que votaron 58.221). No eran unas primarias en sentido estricto, sino un sistema de doble vuelta asimétrico: los afiliados votaban entre los precandidatos para designar solo a los dos que pasaban a la segunda vuelta (o a uno, si hubiera habido la mayoría absoluta precisa); con su elección designaban también a la mayoría de los 3.082 compromisarios que ya en el congreso iban a votar el nuevo liderazgo del partido. La primera vuelta fue favorable a Soraya Sáenz de Santamaría por escaso margen frente a Casado (36,95% frente al 34,30), pero los votos y compromisarios de la secretaria general Cospedal (25,90%) se inclinaron por este último, de manera que se hizo con la victoria en el congreso de julio de 2018 (sacó el 57,21% de los votos de los compromisarios). Sáenz de Santamaría representaba la tecnocracia conservadora tan del gusto de Rajoy y recibió el apoyo de diferentes exministros alineados con el ala más blanda del partido (Alfonso Alonso, Arenas, Celia Villalobos, Marcelino Oreja, Tocino, Báñez, Montoro o Íñigo de la Serna) o de referencias como los vascos Carlos Iturgaiz, Borja Sémper y Marimar Blanco o los andaluces Moreno Bonilla y Teófila Martínez. Con Casado iban otros exministros, como Soria, Arias Cañete, Guindos, Fernández Díaz, Wert o Ruiz-Gallardón, y otros como Javier Maroto, San Gil, Aguirre y Cifuentes, una casi desconocida Díaz Ayuso, el murciano Fernando López Miras y, aunque no se pronunció como tal, el propio Aznar (también García-Margallo y Núñez Feijóo, procedentes del grupo que votó inicialmente a Cospedal). El congreso se reunió bajo el lema El futuro de España, pero, como veremos, allí solo se saldó el del partido.

La elección de Casado se leyó como una nueva rectificación del pragmatismo de Rajoy y como una afirmación de las tesis clásicas de la derecha. De su discurso de presentación como candidato se ha destacado habitualmente este párrafo:

Propongo la defensa de la libertad individual y económica; bajos impuestos, Administraciones eficientes; la defensa de la unidad de España, más aún con el desafío independentista en Cataluña, pero también lo que estamos viviendo en el País Vasco y Navarra; la seguridad muy focalizada en la lucha contra el terrorismo; la defensa de la familia y de la vida, y de todas las políticas sectoriales que dependen de ahí: educación, pensiones, sanidad; y la eficacia de la honestidad.

Pero sus cuatro años al frente del partido se caracterizaron por no seguir una línea constante, particularmente por estar sometido a una doble presión: atender y responder las novedades referidas a la corrupción anterior de su formación, y tener que relacionarse con las otras fuerzas de la derecha en la carrera por ser el principal partido de la oposición, primero con Ciudadanos y después con la emergente Vox. Además, tuvo que soportar la replicación dentro del partido de las tesis y formas de hacer política de la derecha populista, a cargo de la futura presidenta madrileña, Díaz Ayuso. De manera permanente, Casado tuvo al contrario fuera y dentro de casa, y eso explica sus cambios de estrategia. Sintéticamente, hay una primera fase de beligerancia con el Gobierno de Sánchez, muy centrada en la cuestión catalana —este se reunió con el president Joaquim Torra en diciembre de 2018 y Casado habló de que se estaba produciendo un golpe de Estado—, que se intensifica tras de su pacto con Unidas Podemos y la acusación de contener en el Gobierno a comunistas y populistas; el momento responde todavía al pulso principal con Ciudadanos por ganar el liderazgo de la oposición. El fuerte arranque de Vox y el desinfle paralelo del partido de Rivera y Arrimadas cambiaron el carácter de su competición en la derecha; Abascal trató de dilucidar el liderazgo en este campo con una moción de censura contra Sánchez en octubre de 2020. Ahí aprovechó Casado para desmarcarse de la derecha nacional-populista con un discurso parlamentario que supuso un nuevo giro hacia el centro, tratando de ganar respetabilidad con unas formas más mesuradas que su oponente, aunque sin bajar el tono de descalificación contra el Ejecutivo; se lo llamó “viaje al centro” y “batalla cultural frente a la izquierda”.

Ese giro forzado por Vox y su impaciencia, empero, estaba muy condicionado por el debate interno que introdujo desde las elecciones de mayo de 2019 la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Había sido designada como candidata por su amigo Casado —una decisión que causó cierto estupor por inesperada y por la irrelevancia todavía del personaje— y reproducía la manera de hacer política de su maestra, Esperanza Aguirre, convencida de la necesidad de combatir ideológicamente las tesis de la izquierda, incluso rozando en las formas lo políticamente correcto y la mesura que se le supone a una política respetable. La juventud, entusiasmo e inmadurez de Ayuso fueron complementados por la experiencia de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que la proyectó como el oponente principal del presidente Sánchez, confiriendo a la política madrileña un carácter nacional, sobre todo desde las medidas excepcionales que acompañaron a la pandemia, desde marzo de 2020. En ese escenario interior se produjo también la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria desde julio de 2019, un fichaje de calidad para encabezar la lista por Barcelona —una periodista e historiadora con mucha proyección y brillante polemista— que, sin embargo, no reportó muchos votos y, sobre todo, endureció todavía más, si cabe, los debates en el Congreso. Casado, preocupado por un estrellato que opacaba su figura y la condicionaba ideológicamente, decidió un año después cesarla en el puesto, lo que fue interpretado como otra nueva quiebra en su estrategia como presidente. La sustituyó Cuca Gamarra, exalcaldesa de Logroño y también dura en las formas, aunque obediente a las decisiones del líder, no como el verso suelto de Álvarez de Toledo (que, además, se ufanaba de ello). El cambio coincidió además con el nombramiento del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como portavoz de la Ejecutiva Nacional, otro seguidor de Aguirre que había cobrado notoriedad por su gestión de la pandemia en su ciudad y que representaba un perfil más moderado y mejor dispuesto con la oposición.

Los equilibrios entre formaciones y las estrategias cambiantes tuvieron que ver sobre todo con los resultados electorales y la distribución de poder que propiciaban; los conservadores son pragmáticos y están convencidos de que sus mejores líderes son los que proporcionan mejores rendimientos (en este caso, en las urnas). Las dos convocatorias a Cortes de abril y de noviembre de 2019 marcaron la precariedad del voto popular —fueron los peores resultados de su historia— y la presencia cambiante de sus competidores (Ciudadanos y enseguida Vox). Las municipales de mayo permitieron al PP recuperar alguna alcaldía importante, como Madrid, Zaragoza, Córdoba, Oviedo, Almería y Pamplona (aquí con Navarra Suma), pero perdiendo otras a cambio; en muchos casos necesitó ya los votos de Vox para acceder al poder. En las autonómicas, por su parte, perdieron La Rioja (y Melilla), pero habían ganado anteriormente, en 2018, la importante presidencia de Andalucía; también aquí debieron combinar apoyos de Ciudadanos y de Vox. La operación España Suma que propusieron en verano a Ciudadanos y también a Vox para ir con candidaturas unidas a las generales de noviembre como lo habían hecho en Navarra —calculaban que conseguirían cuarenta escaños más entre las tres formaciones— fue rechazada por sus posibles aliados. En Cataluña, en febrero de 2021, la nueva debacle de Ciudadanos no fue aprovechada en la derecha por el PP, que, otra vez con su histórico peor resultado, quedó tercero en la liza tras los naranjas y Vox, que ganó ampliamente ese pulso particular.

La quietud inestable se rompió al mes siguiente, en marzo de 2021, a partir de la crisis por el control del Gobierno regional de Murcia (y del Ayuntamiento de la capital); se podría hablar de un efecto mariposa murciano. Al calor de más noticias sobre corrupción entre cargos del Partido Popular en la región, los diputados de Ciudadanos en la Asamblea firmaron un compromiso para sumar sus votos a los socialistas y desbancar a López Miras, sustituyéndolo por una diputada suya, Ana Martínez Vidal. La operación se había “cocinado” desde Madrid con protagonismo del asesor presidencial Iván Redondo (y del secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos) y del dirigente de Ciudadanos Carlos Cuadrado. Sorpresivamente, en las filas naranja se produjo a última hora un cambio de postura en cuatro de los seis diputados comprometidos; el fantasma del transfuguismo volvió a reaparecer —a pesar del pacto firmado por los partidos a nivel nacional para frenar ese tipo de comportamientos— y las sospechas sobre estímulos y coacciones irregulares también. No fue otro “tamayazo”, pero no olía bien aquello, aunque las malas relaciones personales y las luchas de poder dentro de Ciudadanos de Murcia explican muchas cosas. El secretario general del PP, el murciano Teodoro García Egea, fue quien se ganó los laureles del desbarate de la moción, recuperándose así de las críticas internas que lo acechaban desde el último fracaso electoral en Cataluña; enseguida se haría incluso con el número dos naranja, el secretario de Organización, Fran Hervías. La cuestión es que el cambio de Gobierno prosperó en el Ayuntamiento, pero no así en el Gobierno regional.

Todo habría terminado aquí de no ser por la decisión casi inmediata de Díaz Ayuso de convocar por primera vez de forma anticipada elecciones en su comunidad, en mayo de 2021. Con ello trataba de anticiparse a otra moción similar a la murciana por parte de la oposición, pero sobre todo de resolver bruscamente las malas relaciones con sus socios de Gobierno de Ciudadanos (en particular, con su vicepresidente Ignacio Aguado) aprovechando la ruptura entre los dos partidos vivida en aquella región y la amenaza esgrimida de que se reprodujera el caso en Madrid. Como tercer factor, y a pesar de las muchas críticas recibidas por lo insólito de sus actuaciones, las encuestas indicaban que, desde las primeras medidas ante la pandemia de la COVID-19 tomadas por el Gobierno central y la reacción contraria del Ejecutivo madrileño, el favor ciudadano hacia esta crecía cada vez más, acelerando su respaldo al comenzar 2021; ya en junio de 2020 sopesó aprovechar esa circunstancia y anticipar elecciones, pero le frenaron en la Ejecutiva Nacional del PP. Pillados por sorpresa y entrando al juego de provocaciones de la presidenta, la mala campaña de los partidos de la oposición se saldó con la victoria abrumadora de Díaz Ayuso: casi el 45% de los votos y 65 de 136 diputados, el mejor resultado obtenido nunca por el PP en esa comunidad. Pablo Iglesias jugó fuerte y dejó la vicepresidencia del Gobierno para contender en la liza; su derrota lo apartó de la política. Ciudadanos, con Edmundo Bal al frente, quedó sin representación perdiendo treinta escaños de una vez y Vox subió solamente uno, haciendo así su apoyo (que lo dio) irrelevante.

Mal que bien, en tres años de mandato de Casado su partido se iba destacando como el fundamental de la oposición, Ciudadanos se deshacía y las encuestas lo daban como serio candidato a la victoria, aunque Vox y la comprensión que este partido adquiría entre parte de sus filas suponía un serio problema. Esto se vio en la segunda de las grandes concentraciones en la plaza de Colón de los tres partidos de la derecha, el 13 de junio de 2021. Se trataba de protestar contra los indultos a los condenados por el procés y convocó una plataforma ad hoc denominada Unión 78 encabezada por Rosa Díez. Las cosas habían cambiado mucho desde la primera convocatoria del 10 de febrero de 2019. Algunos de aquella foto ya no estaban en la política activa (Rivera, Aguado, Brown de UPyD…), pero los que seguían trataron ahora de evitar la repetición de aquella instantánea conjunta —el primero, Casado—, para lo que cedieron protagonismo a la citada plataforma. El calor de los concentrados fue para Abascal, pero Díaz Ayuso no quedó atrás y visibilizó perfectamente que era la preferida en ese campo de la derecha; el presidente del partido tomó nota. El verano de 2021 conoció un endurecimiento en las descalificaciones de Casado al Gobierno, tratando de incorporar la radicalización derechista que advertía dentro y fuera de su formación. La convención de octubre confirmó el regreso a posiciones muy conservadoras —al “verdadero Partido Popular”, dijo su líder— y con la vista puesta en consolidar la hegemonía en la derecha como paso previo a proyectarse como candidato principal para ganar a la izquierda en las próximas elecciones; Casado no se enfrentaría personalmente en ninguna. En el acto de clausura multitudinario en su feudo valenciano prometió derogar cuando llegara al Gobierno todas las leyes de la izquierda que en algunos casos ya había recurrido al Constitucional (memoria, muerte digna, educación…); también se atrincheró en su reforma laboral y en la elección entre los jueces del Consejo General del Poder Judicial. El País tituló “El Partido Popular rumbo a Vox”. Pero a la vez —la política real tiene muchas caras— trenzaba algunos acuerdos con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (y antes el consejo de RTVE); el bloqueo se centraba en el CGPJ —aunque en un documento posterior se comprometió a su reforma—, con mandato caducado y mayoría de jueces conservadores del tiempo en que Rajoy ganó las elecciones en 2011.

La convención se celebró en diversas localidades, con invitación a referentes diversos, como Vidal-Quadras o Girauta, además de distintos dirigentes europeos (de Sarkozy al expresidente del Consejo Europeo y ahora jefe de los populares del continente, Donald Tusk, tan crítico y contundente con las alianzas con la extrema derecha y Vox como con la declaración unilateral de independencia de Cataluña); el último día se pasó por allí hasta Camps, agitando la posibilidad de su regreso a la política. Díaz Ayuso apareció a última hora, robando protagonismo a Casado, aunque declarara que conocía cuál era su sitio; parecía atemperar su exigencia de anticipar el congreso madrileño para hacerse con el poder del partido en la región, contraviniendo los tiempos previstos por la Ejecutiva Nacional.

Los dos siguientes movimientos provocados por la mariposa murciana fueron igualmente beneficiosos para el PP, aunque con lecturas diferenciadas. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco se deshizo también de su socio naranja (su vicepresidente Igea) y convocó elecciones anticipadas en febrero de 2022; ganó, pero en su cambio de socios se vio obligado a dar un paso más e incorporar por primera vez a un Gobierno autonómico a Vox, mientras Ciudadanos casi desaparecía por completo. En sentido contrario, el movimiento repetido en Andalucía, en junio, se saldó con una gran victoria de Moreno Bonilla que, aquí sí, pudo formar Gobierno sin la dependencia de la derecha ultranacionalista y populista (tras quedar en cero los naranja). Los escenarios apuntaban a lo mismo, a la recobrada primacía del Partido Popular en la derecha, pero la situación en cada lugar era distinta: o colaborar con Vox o prescindir de este mediante resultados suficientes. En todo caso, la perspectiva de unas elecciones generales futuras no avizora la posibilidad de un éxito popular tal que le permita hacerlo sin ese incómodo aliado.

No obstante, fue entre una y otra convocatoria electoral cuando se produjo el último giro de guion (de momento) de esta movida historia de las derechas en España. La sombra de Ayuso sobre Casado era cada vez más alargada; la presidenta pretendía ya formalizar su carisma popular traduciéndolo en poder orgánico, haciéndose con el control del partido en la región de Madrid. La tensión fue incrementándose entre García Egea y el equipo de Ayuso en relación con la convocatoria anticipada del congreso madrileño y al papel que debía jugar ella en la estrategia nacional del PP. El runrún ya venía de atrás y se alimentaba de la poca confianza en el equipo de Casado que tenían los hombres fuertes del partido. La reciente convención no había solucionado nada porque la precisión estratégica era difícil en un escenario tan móvil y porque la renovación de equipos no se producía: daba la impresión de que, finalmente, los barones de la formación no se sentían cómodos con el salto generacional que habían propiciado aquellas primarias del verano de 2018, donde aparentemente Casado había derrotado al aparato (mejor representado por Cospedal o por la oficialidad “marianista” de Sáenz de Santamaría).

El 17 de febrero se suscitó una nueva crisis interna al conocerse que un hermano de Ayuso había hecho negocios con su Gobierno vendiendo material sanitario durante la pandemia con unas comisiones exorbitantes; todo turbio, pero legal. La dirección popular, por boca de García Egea, acusó directamente a la presidenta, pero esta, lejos de achantarse, respondió al envite y echó un cuarto a espadas. Sus partidarios de base se movilizaron ante las puertas de Génova 13 —la sede nacional reformada con la cuenta B ilegal del PP que Casado había prometido vender—, repitiendo una concentración similar a la de los de Esperanza Aguirre cuando en 2008 esta disputaba con Ruiz-Gallardón (ahora llamó a sus opositores internos “niñatos”, “chiquilicuatres” y “arrogantes”). En aquel entonces, Génova valoró destapar las entrañas del tamayazo haciendo que confesara la tránsfuga socialista María Teresa Sáez para deshacerse de su “compañera de partido”; ahora era de nuevo la corrupción cercana lo que se usaba como argumento. Pero esta vez perdió el aparato. Según el relato de Graciano Palomo, la desconfianza de los poderes económicos por la lenta y poco exitosa trayectoria de Casado, los pulsos entablados por García Egea con los barones regionales y la presión habitual de los sectores mediáticos partidarios del cambio se conjuraron para convertir la crisis con Ayuso en el derrocamiento del presidente y en su sustitución por el gallego Núñez Feijóo, que llevaba meses e incluso años sonando como alternativa más esperanzadora para que la derecha recuperara el poder en España (al menos, desde la caída de Rajoy). En unas horas, en su particular 23-F, Casado se encontró solo y sin partidarios (más allá de su fiel Pablo Montesinos y poco más); la cabeza de su número dos rodó poco antes que la suya. Gamarra y González Pons servirían de enlace para el recambio, y el alcalde Almeida, colaborador necesario en el inicio de la trama, salió huyendo.

Ahora no hubo primarias. El 2 de abril, el XX Congreso Nacional del Partido Popular encumbró en Sevilla sin fisura alguna a Alberto Núñez Feijóo. Pragmático, con larga experiencia en la gestión pública, con cuatro mayorías absolutas en Galicia y con capacidad para generar confianza entre sus electores, es el último cartucho de la derecha para volver al poder después de unos años de crisis pandémica y definitivamente general tras la invasión rusa de Ucrania (de recursos, de energía, de futuro) que se les están haciendo eternos. Tampoco él desvela la sempiterna duda de los conservadores sobre si hacer más hincapié en los principios o en los resultados, aliarse con la extrema derecha o distanciarse de ella; será lo que respalde el pueblo soberano lo que se interprete más adecuado. En ese objetivo de alcanzar una mayoría que lo devuelva al poder, la corta trayectoria de Feijóo como candidato presidenciable vuelve a ser zigzagueante, alternando buenas intenciones de diálogo con brusquedades, imagen de seriedad con dureza. A la altura del verano de 2022, cuando finaliza este relato de las derechas en España, viene primando lo segundo, pero no por especial empeño del personaje, sino porque las complicaciones de la crisis —sobre todo una inflación de dos dígitos— se le hacen cada vez mayores al Gobierno y se incrementa el descontento social. En esa tesitura, el Partido Popular radicaliza su discurso argumentando que así evitará a los españoles que lo capitalice Vox. Como reflexionaba Manuel Cruz recientemente, la derecha se proyectaría, así, como antídoto frente a la extrema derecha (siguiendo el modelo francés de Macron).

Es por eso por lo que el “plan Feijóo” se parece tanto a los que llevaron los nombres sucesivos de Aznar y Rajoy: esperar a que la gestión de la crisis acabe con el Gobierno de izquierdas y en ese momento sustituirlo. Ello supondrá tener que cambiar las felices promesas de bienestar general por medidas restrictivas ineludibles, pero todo se explicará por mor de las circunstancias, como ya se hizo antes. La formidable frase de John M. Keynes de que “si cambian los entornos, cambio de idea” parece venir en su socorro. En esa tesitura, que básicamente resolverán los resultados electorales, la relación de los conservadores con la derecha “exagerada” sigue siendo el mismo problema medular de hace más de dos siglos, cuando comenzó todo esto.

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EPÍLOGO

‘Dios, Patria y Rey’, ‘Altar, Nación y Trono’

En un librito de educación política de multitudes de los que abundaron en la transición a la democracia española a mediados de los años setenta del pasado siglo, el historiador conservador Ricardo de la Cierva tuvo el gesto de señalar dos aspectos que habrían caracterizado a las derechas patrias: intentar “prescindir excluyentemente de la izquierda como alternativa; y recurrir, ante la crisis de la nación, al arbitraje dictatorial de la espada”. No es fácil resumir en una simple frase la compleja trayectoria de dos siglos: en el primero, el XIX, las derechas trataron de evitar por todos los medios el acceso de los progresistas al poder, ideando añagazas, bloqueándoles el acceso al espacio de las élites o articulando un sistema de alternancia que los excluía o reducía a la mínima expresión; en el segundo, el XX, incapaces ya de controlar el sistema que habían diseñado para ello, recurrieron a la fuerza y convirtieron la mitad de sus años en un escenario de dictadura.

Este segundo recuerdo, la asociación de las derechas con las dictaduras militares del mismo signo, ha distorsionado popularmente la percepción de ese mundo ideológico, hasta descalificarlo a priori como perverso, egoísta y exclusivista, no necesitado de acoger una cosmovisión, unas ideas y unas estrategias para sostenerse, sino solo interesado en el acceso y el control del poder, básicamente mediante la fuerza. Pero, como hemos tratado de explicar en las páginas que preceden a este epílogo, el pensamiento conservador y reaccionario es expresión de una manera de contemplar la realidad, la organización social, la distribución de la riqueza y la vida buena, en principio, tan respetable como la del progresista o el revolucionario y, si acaso, de la misma altura moral. Expresiones teóricamente respetables, pero también complejas en sus interioridades, al punto de que este pensamiento presenta otra vez las mismas diferencias y evoluciones que las del campo al que históricamente se ha enfrentado: a lo largo de la historia, las derechas no han estado menos divididas entre sí que las izquierdas.

El lema triple de “Dios, Patria y Rey”, o “Altar, Nación y Trono”, en sus versiones tradicionalista y liberal-conservadora, sintetiza con precisión las tres preocupaciones de ese mundo. Es una trinidad teológica porque, como la original católica, son tres ámbitos distintos que solo pueden comprenderse si se aprecian en una única y convergente realidad: el poder sobrenatural, distinto y superior del de los hombres, acoge en una deficiente e incompleta reproducción terrenal de la perfección celeste una sociedad de individuos soportada no en los derechos y autonomía de cada cual, sino en una interdependencia vertical que rubrica en la cúspide un poder, este sí, humano, pero dotado de la legitimidad de su origen divino y de la obligación de proteger por la fuerza y por el prestigio ese mundo que gobierna.

El triple lema evolucionó en sus componentes, al menos en su versión liberal-conservadora. Dios, la religión y aquí la Iglesia católica tuvieron que hacer sitio a la sociedad y al poder laico que emergía de las revoluciones liberales, y compartir con ellos la gestión de lo público. Mientras el tradicionalismo se aferró a una versión integrista en la que la sociedad y los individuos debían ser gobernados por el precepto religioso (y, directa o indirectamente, por sus profesionales), el conservadurismo aceptó la evidencia de la pluralidad del mundo moderno y la necesidad de asumir la tolerancia de cultos (y de criterios diversos). La Iglesia hizo al final semejante camino, aunque intentó por todos los medios controlar espacios de poder público (e incluso estatal) y procurarse otros de autonomía respecto de la cada vez más fuerte y ubicua Administración, asegurándose unas bases sociales amplias desde las que reproducir y defender su discurso e intereses. Sin duda alguna, la apoyatura más segura y constante de las derechas españolas ha estado en el ámbito católico, en sus diferentes versiones. Por su parte, la “teología política” ha tratado de que la religión volviera a instituirse como instrumento de acción principal, toda vez que la alteración modernista se había producido en un territorio teológico-moral y de él derivaba el desorden sociopolítico que tanto le inquietaba; todavía hoy convivimos con muestras de ese discurso, como el que sostienen los ultracatólicos militantes y políticos de la nueva extrema derecha. Dictaduras militares respaldadas por la Iglesia católica, con un objetivo original integrista (“cruzadista”, en su lenguaje) o entregadas por completo a los intereses materiales y espirituales del clericalismo más reaccionario, también han connotado popularmente la idea que se tiene de las derechas. En sentido contrario, aunque no ha tenido entidad ni trayectoria en España una derecha aconfesional y laica, como en otros países vecinos, determinada intervención religiosa, el movimiento católico reformado, sí que dio lugar desde la segunda mitad del siglo pasado a una acción militante que, por sus motivaciones y objeto social, llevó a sus protagonistas a los territorios de la izquierda, rompiéndose así el paralelismo catolicismo-derechas de tanta profundidad y continuidad histórica en nuestros lares. Finalmente, las dificultades infranqueables que tuvo la opción del partido católico —básicamente, democristiano— hicieron que sus partidarios se repartieran por diferentes formaciones y que contendieran entre sí, aunque la Iglesia católica haya retenido siempre un poder extraordinario al margen del tipo de régimen gobernante; sin duda que por eso no juzgó imprescindible disponer de un partido así a su servicio.

La Patria ha sido también motivo de controversia entre nuestras derechas, en alguna parte de manera no muy distinta al debate establecido en nuestra área internacional de influencia. La revolución liberal contrapuso a la idea de Patria la de Nación, entendida esta como agrupación de individuos con derechos, soporte fundacional de una legitimidad bien diferente de la anterior, que se había ideado como la relación desigual y jerárquica entre príncipes y súbditos en un territorio, y no como ahora, de ciudadanos gobernados por una misma ley. Pero, apagados los humos de las batallas que incluso enfrentaron a las mismas derechas en sucesivas guerras civiles, el esencialismo nacionalista se coló aquí también para acompañar una nueva realidad política donde el pueblo nacional, la ciudadanía, debía ser convenientemente apartada del poder. En nuestro caso, otra vez, nación y religión se fundieron en un discurso reaccionario (menendezpelayista) de larga trayectoria y capaz de penetrar en diferente medida en todas las derechas por mor, como se ha señalado, del protagonismo de lo religioso en ellas.

Por otro lado, la propia concepción de la Nación por parte de los españoles dejó de ser unívoca cuando el nacionalismo de finales del siglo XIX planteó como alternativas excluyentes la identificación con la patria común y con la “chica” (caso del sabiniano vasco), o exigió del Estado central (y centralista, en nuestro caso) amplias cuotas de poder para ser gestionado directamente por las élites locales (caso del regionalismo catalán). La reacción del nacionalismo estatal ante estas novedades, que coincidió con el momento en que España se vio definitivamente como un país de segunda, sin pertrecho colonial, incorporó a las derechas españolas una mirada decadente y pesimista, haciéndose fuerte hacia dentro en la respuesta a esos nacionalismos alternativos o virando hacia el exterior para dotarse de algún territorio con el que seguir perteneciendo al plantel de las naciones vivas y no al de las moribundas (según la tosca clasificación de lord Salisbury). El Ejército comenzó a cobrar con ello un papel político protagonista harto peligroso —hasta verse como la representación y el instrumento de lo más sano y mejor de la nación—, mientras el conjunto de las derechas europeas se radicalizaba en tanto que palidecía el resplandor del verano liberal.

De esta manera, la propia gestión territorial —y su concepción— se instituyó ya como problema. La experiencia federal había sido desdichada para esas derechas al coincidir con instantes revolucionarios que las apartaron del poder. A cambio, su mejor logro era el Estado que habían sido capaces de crear, casi ellas solas, durante el tiempo isabelino (y de consolidar y tratar de mejorar en los dos alfonsinos). Y este se había diseñado a la francesa, mirando desde el centro hacia las periferias. En la medida en que alguna parte de estas se industrializó y desarrolló un poder económico y unas élites poderosas, se hizo necesaria otra alternativa a la tradicional gestión centralizada y provincial. La experiencia de autogestión regionalista solo generó melancolía en su primera y limitada experiencia republicana. Más recientemente, su despliegue por el conjunto del país ha proporcionado una impresión contradictoria: insuficiente para un nacionalismo cada vez más glotón en la medida en que los Estados nación tradicionales han conocido crisis de funcionalidad por sus inadecuados tamaños; excesiva a los ojos de quienes ven en ese autonomismo el riesgo de fortalecimiento de un poder que, inevitablemente, cuestionará y pondrá en peligro la continuidad de la única patria imaginada: la española.

De esta manera, la gestión del suelo patrio se ha convertido en el mayor problema y en la mayor desavenencia entre fuerzas políticas, hasta hacer incompatibles sus respectivos proyectos de convivencia. Aún más, considerando el carácter esencialista del último nacionalismo español —y de sus alternativos regionales, que actúan como reflejo—, el factor territorial ha derechizado la política a lo largo de siglo y medio. Lo que empieza en cualquier ámbito ideológico como una defensa de España —da igual que sea patriótica o instrumental, organizativa— acaba convertido en un discurso global profundamente conservador. La idea de nación española, por decirlo más claro, lleva a los individuos preocupados por ello y a las formaciones políticas que hacen causa de la cuestión hacia la derecha. En sentido contrario, y contraviniendo una tradición histórica española olvidada, los nacionalismos alternativos, que surgieron desde la extrema derecha, se han transmutado en opciones progresistas de manera aparente: basta verlos acercarse al poder o manejarlo para volver a descubrir en ellos el mismo esencialismo reaccionario que da vida a todos los patriotismos políticos.

Sea como sea, el territorial es hoy por hoy en España el problema político (y en parte social) más acuciante, al punto de que ha dado aire finalmente a las expresiones populistas de derecha extrema y de que ha hecho imposible hasta el presente poder contemplar alternativas funcionales —v. g., el federalismo— como solución flexible frente a modelos más o menos únicos, los actuales autonomistas, que quedan grandes a unos y estrechos a otros. Otra vez, el peso del historicismo y el temor atávico de nuestras derechas a las experiencias republicana y federal que ha tenido España hacen que hayan apartado del panel de recursos políticos posibles esas dos opciones, cuando en el resto del mundo son materia común y sin connotación ideológica alguna (véase la República Federal de Alemania o cualquier república federal del norte o del sur de América).

Porque el Rey, la Corona, la tercera pata de soporte de su cosmovisión, tampoco se ve cuestionado como posibilidad para las derechas por mucho desprestigio que pueda acumular la institución en un momento dado. Se pierde de vista con demasiada facilidad que todos los monarcas españoles de los dos últimos siglos han acabado en algún exilio y con serias discrepancias con sus progenitores o con sus herederos (la excepción es Alfonso XII por lo imprevisto y temprano de su fallecimiento). Todos los monarcas españoles modernos han tenido comportamientos personales indignos que han convivido con diferentes niveles de utilidad por parte de la institución que representaban. Aun así, las derechas nunca han cuestionado su condición monárquica, ni en los peores momentos de la Corona. Y esto porque, en su cosmovisión, como se ha dicho, el Rey cerraba adecuadamente la naturaleza orgánica de su mundo, constituía la primera y última llave que lo aseguraba. Primero lo hizo desde una mirada tradicional, luego como instrumento liberal (y católico), como “hombre del siglo”, y más recientemente incluso como baluarte de la democracia amenazada. En todos los casos vuelve a ser una defensa sin fisuras de importancia entre todo el abanico amplio de las derechas a lo largo de casi dos siglos y medio. Lo mismo que sucede con Dios y con la Patria: derechas diferentes, incluso enfrentadas, pero que en la trilogía que las funda y da sentido no difieren nunca en lo fundamental. De manera que las derechas laicas, autonomistas o federalistas, y republicanas han sido históricamente una formidable excepción (mención aparte de las nacionalistas “periféricas”).

¿Hasta qué punto ello (y la historia que lo soporta) ha configurado un cuadro de derechas españolas poco liberal si se las compara con las de otros países? La tentación popular —de parte de la ciudadanía— es considerar que así es, que la nuestra se trata de una derecha de vocación autoritaria, como confesaba Ricardo de la Cierva en el inicio de este epílogo. Esta esencia se ha mantenido hasta hace medio siglo, hasta la Transición: nuestra derecha liberal lo ha sido poco o, en la parte en que sí se ha mostrado como tal, se ha hallado reducida; estas páginas han tratado de exponer las razones históricas que lo explican. Su incapacidad para aceptar con normalidad periodos de gobierno de la izquierda es notable. Cuando esto sucedió, lo explicaron por una quiebra incomprensible de las fuerzas propias: Felipe González los tuvo apartados del poder el mayor tiempo en la historia, dieciséis años seguidos, que sirvieron para desarrollar un proyecto modernizador y europeísta solo equiparable al de la construcción original del Estado de los moderados isabelinos. Sin embargo, más recientemente, la pérdida del poder la han interpretado como un accidente o como resultado de una oscura celada (da igual el 11-M que la moción de censura multipartidista); en consecuencia, los Gobiernos resultantes serían ilegítimos desde el primer día y todo animaba a su sustitución. No conspiran hoy ayudados o con la esperanza final puesta en el sable, como antaño, pero sí que lo hacen respaldados y presionados por el dinero y por una tupida red de cabeceras y opinadores que condicionan nuestra democracia mediática. Algo de liberalismo sí que le falta ahí a nuestra derecha más liberal, aunque hay que reconocer que la polarización política en que tan a gusto se encuentra la mayor parte de la izquierda desde los tiempos de Zapatero (y ahora de manera superlativa con Sánchez) le sirve de adecuado complemento justificativo: podría pensarse que todos manejan el viejo argumento de la exclusión del oponente (cada vez más enemigo). En otro terreno, el de las libertades y derechos, nuestras derechas también han sido poco liberales: se oponen sistemáticamente a cualquier novedad, como misoneístas que son, la enfrentan con uñas y dientes, prometen oposición eterna… y las más de las veces, pasado el tiempo, acaban haciendo suyo lo fundamental de los cambios, practicándolos e incorporándolos a regañadientes a su propia vida personal (más que a la política, a la partidaria o a la ideológica).

En ese proceso acaban encontrándose con la parte de los suyos más contumaz y verdaderamente opuesta al cambio, la de los reaccionarios tradicionalistas; así ocurrió desde los tiempos de Carlos III y esa es la razón de la existencia de las derechas en plural. Recientemente, ha vuelto a reproducirse esta escisión histórica con la emergencia de una nueva extrema derecha. La relación entre las derechas, sobre todo de cara a su eventual regreso al poder mediante una suma de todas ellas, plantea un problema que afecta a la propia democracia, como ocurre hoy en los demás países de nuestro entorno. En nuestro caso, la derecha extrema es una escisión de la derecha tradicional y no procede de otra autoritaria, franquista o fascista, que se vio reducida a la nada después de la Transición. Por eso el debate que tienen esas derechas es si su objetivo, el de Vox, es refundar el “PP verdadero”, aquel de Aznar, el “desacomplejado”, el de la “guerra cultural” contra las izquierdas, o si se trata de dar carta de naturaleza a una opción iliberal, arrellanada en el Estado de derecho, pero descreído de este y dispuesto a ponerlo en peligro si se ve en la necesidad.

La historia lejana y la más reciente, la constitución interna de las derechas hispanas y sus motivos profundos de adhesión no invitan al optimismo. Su pragmatismo y su querencia por el poder, pero también su ajenidad a reflexiones teóricas profundas —la guerra cultural contra la izquierda entendida solo como otra manera de hacer política, recuérdese—, no son los mejores argumentos para que la derecha representada por el Partido Popular se plantee la oportunidad de distanciarse de su escisión “exagerada” e intentar otro tipo de relación incluso con sus competidores (tampoco estos se lo ponen fácil, quede claro). En última instancia, la derecha liberal-conservadora puede intentar aparecer como la opción democrática que, si acumula suficiente poder, será capaz por sí sola de evitarle al país la amenaza de una extrema derecha creciente, siguiendo el actual modelo francés. Entonces, como hemos apuntado al final de este libro, se presentaría como el antídoto conservador del posfascismo en España. Un empeño inteligente, pero solo factible si en la izquierda pierden definitivamente el reloj de la historia.

El momento es de preocupación, más allá de que, por ejemplo, ese “tercer partido” que evitaría un choque de trenes y permitiría una alternancia política civilizada (Ciudadanos) se encuentre ahora repensando su naturaleza, su liderazgo, su nombre y hasta su color corporativo, y que sea más que dudosa su posibilidad de futuro. Más allá de eso y de la trayectoria del conservadurismo local, lo fundamental es el cambio producido en el mundo de 1973 o de 1989 para aquí. Volviendo al magisterio de Martín Alonso, “la revancha del ultraliberalismo es sobre todo una contrarrevolución nostálgica de la estructura fuertemente jerarquizada del absolutismo. La figura del 1% lo expresa de forma contundente”. Eso es lo que late en el pulso interno y en el cambio que viven las derechas mundiales. Vox apreció en su tortuoso nacimiento que la legislatura de Rajoy no era sino “la tercera de Zapatero”, igual que Thatcher no pensaba en ser la contención del laborismo británico, sino su alternativa a todos los efectos y en todos los ámbitos. En la manoseada “guerra cultural” hay algo de aquella obsesión por conseguir ese “Estado definitivo” de los isabelinos más reaccionarios (Donoso Cortés), que asegure por completo la única verdad y no la haga dependiente de las turbulencias de la historia; también un rechazo a seguir por la senda del consenso, de la aceptación del contrario.

Las formas apocalípticas que hemos conocido desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 y la excepcionalidad de la gestión del Estado —un giro biopolítico y otro potencialmente autoritario, señala Enzo Traverso— forman parte del panel de recursos de las derechas extremas populistas en todo el mundo; también sus momentáneos apoyos populares en muchos países, incluido el nuestro. La extraordinaria complejidad y profundidad de nuestros problemas como humanidad va a contracorriente del atractivo que adquieren las soluciones fáciles e inaplicables (de nuevo la pandemia lo ha demostrado). Su fórmula libertariana no es sino otra versión más del desigual “sálvese quien pueda” o de la negación de la evidencia cuando esta se tiene delante de las narices. Si la tripleta que componen la democracia, la economía de mercado y el Estado de bienestar sirvieron en un tiempo no lejano para atemperar las posiciones más genuinas y extremas de izquierdas y de derechas, su revisión definitiva tras “el gran cambiazo” que llevó consigo la última crisis estructural de 2008 hace dudosa su utilidad futura, aunque no se perciba en el horizonte nada mejor ni más seguro. La proyección cada vez más autoritaria y excluyente de parte de las derechas expresaría la renuncia de un sector de los poderosos a negociar las dimensiones de su dominio, su inmensa voracidad presente. Por su parte, su ajenidad ante las amenazas globales manifestaría su cortoplacismo egoísta y un tacticismo que niega u obstaculiza seriamente el abordaje de cualquier solución. Como complemento, las bases sociales conservadoras son ahora notablemente materialistas y pragmáticas: se reclutan entre quienes priman lo material y ganan manteniendo el statu quo, como concluía la socióloga Belén Barreiro recientemente a partir de un análisis prospectivo, y lo hacen eligiendo indistintamente la opción que mejor defienda esos intereses. Enfrente, las izquierdas apuestan por la diversidad, la adaptación a la cambiante realidad, los nuevos valores y las identidades de todo tipo: agenda posmaterialista, Estado de bienestar y pluralidad territorial, en resumen.

En ese inquietante escenario, nuestras derechas (y las de otros lugares) tienen una extraordinaria responsabilidad en su elección, porque de ella depende sobremanera el futuro de todos los ciudadanos, al margen de sus ideas.

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Índice onomástico

A

Abaitua, Carlos 329

Ábalos, José Luis 505

Abarca de Bolea, Pedro Pablo (conde de Aranda) 24

Abarca, Joaquín (obispo de León) 60, 62

Abascal Conde, Santiago 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 500, 501, 504, 507

Abascal Escuza, Santiago 490

Abascal Pardo, Manuel 490

Abellán, José Luis 310

Abril Martorell, Fernando 352, 376, 379, 385

Acebes, Ángel 427, 439, 443, 444, 445, 446

Adame, Manuel (“el Locho”) 57

Aguado, Emiliano 263

Aguado, Ignacio 471, 506

Aguilar, Antonio (marqués de la Vega de Armijo) 94, 112, 120, 163

Aguilar, Mazaly 486

Aguilar Navarro, Mariano 334, 335

Aguilera, Enrique de (marqués de Cerralbo) 189, 192, 194, 195, 197, 280

Aguilera, Francisco 232, 236

Aguirre, Esperanza 387, 416, 420, 421, 427, 429, 434, 440, 446, 456, 457, 478, 491, 497, 499, 503, 504, 505, 508

Aguirre, José Antonio 259, 266, 289, 338

Aguirre, Juan Bautista 135

Agustí, Ignacio 303

Aiguader, Jaime 254

Aizpún, Rafael 272, 285, 337

Aizpuru, Luis 242

Aizpuru, Mikel 197

Ajuriaguerra, Juan 339, 341, 361

Alaix, Isidro 65

Alas, Leopoldo (“Clarín”) 181

Albareda Herrera, José María 318

Albareda, José Luis 158

Alba, Ricardo 405

Alba, Santiago 176, 213, 214, 221, 233, 237, 253, 262, 269

Alberdi, Ricardo 329

Albiñana, José María 252, 268, 269, 290, 294

Alcalá Galiano, Antonio 53, 69, 74, 78, 94, 118

Alcalá-Zamora, Niceto 252, 254, 255, 257, 262, 273, 274, 276, 282

Alcántara, Pedro de (duque del Infantado) 49, 51, 52, 53, 55, 57

Aldama, Antonio 191

Aldaya, José María 424

Alfonso XII de España 126, 127, 128, 135, 142, 143, 150, 154, 155, 163, 172, 189, 190, 517

Alfonso XIII de España 154, 165, 166, 168, 207, 208, 210, 222, 236, 237, 250, 251, 252, 264, 275, 276, 277, 285

Algora, Abelardo 346, 347

Alier, Lorenzo María 279

Alierta, César 417

Allendesalazar, Manuel 209, 214, 219, 224

Allende, Tomás 242

Almirall, Valentí 161, 179

Almirante, Giorgio 366

Alonso, Alfonso 446, 503

Alonso, Martín 416, 457, 465, 479, 519

Alonso Martínez, Manuel 88, 99, 112, 118, 120, 137, 142, 152, 161, 163, 164

Alonso Olea, Eduardo 160

Alonso, Rodrigo 497

Alonso, Rogelio 450

Alonso Vega, Camilo 321, 322, 325

Altares, Pedro 334, 336, 338

Altarriba, Ramón de (barón de Sangarrén) 189

Alvarado, Francisco 33, 182, 263

Álvarez Bolado, Alfonso 307

Álvarez Bugallal, Saturnino 142

Álvarez-Buylla, Adolfo 242

Álvarez, David 498

Álvarez de Miranda, Fernando 334, 335, 337, 346, 347, 359, 360, 362, 363, 376

Álvarez de Sotomayor, Nicasio 267

Álvarez de Toledo, Cayetana 479, 483, 504, 505

Álvarez, José Luis 346, 359

Álvarez Junco, José 101

Álvarez, Melquíades 213, 236, 237, 253, 261, 269, 274, 282, 284, 294

Álvarez Mendizábal, Juan 50, 53, 64, 83, 418

Álvarez Romero, Carlos Jesús 350

Álvarez Santacristina, José Luis (“Txelis”) 423

Álvarez Tardío, Manuel 271

Álvarez Ude, José Gabriel 216, 217

Alzaga, Óscar 336, 337, 346, 359, 362, 363, 376, 379, 385, 387, 389, 419

Amadeo I de España 126, 127, 128, 129, 130, 132, 139, 142, 167, 369

Amado, Andrés 290, 292

Amat, Jordi 432

Ampuero, José María 189

Anchuelo, Álvaro 481

Andéchaga, Castor 60

Aner, Felip 27, 48

Angiolillo, Michele 172, 218

Angladas, Josep 486

Anguita, Julio 392

Ansaldo Adriansens, Ignacio 484

Ansaldo, Juan Antonio 263, 270, 275, 277, 281, 288, 484

Ansón, Luis María 434

Ansón, Rafael 352

Antón de Luzuriaga, Claudio 112

Antza, Mikel 423

Añoveros, Antonio 354

Aparicio, Juan 278, 297

Aparicio, Juan Carlos 427, 430

Aparisi y Guijarro, Antonio 122, 129, 130, 131, 134, 137, 263, 318, 367

Apostua, Luis 337

Aragonés, Carlos 413, 446

Araluce, Juan María 352, 369

Arana, Sabino 134, 179, 197

Aranda, Antonio 281, 305

Arauz de Robles, José María 306, 369

Arboleya, Maximiliano 198, 199, 216, 281

Arburúa de la Miyar, Manuel 311

Ardanza, José Antonio 403

Areilza, José María de 263, 267, 321, 325, 327, 350, 351, 352, 353, 359, 376, 386, 398, 399, 422

Arellano, Luis 280

Arenal, Concepción 137, 190

Arenas, Javier 416, 419, 427, 446, 501, 503

Arendt, Hannah 13

Arespacochaga, Juan 351, 422

Aresti, Enrique 264

Aresti, José 242

Argos, Carlos 346

Argüelles, Agustín 36, 41, 42, 46, 49, 53, 75, 87

Arias Cañete, Miguel 501, 503

Arias Dávila y Matheu, Juan José (conde de Puñonrostro) 31

Arias Navarro, Carlos 348, 350, 352, 353, 354, 355, 357, 374

Arias-Salgado, Rafael 346, 376, 395, 397, 398, 416

Arias Teijeiro, José 66

Ariza Irigoyen, Julio 434, 500

Arjona, Antonio de 105

Arlegui, Miguel 218, 224

Armada, Alfonso 381

Armada, Juan de (marqués de Figueroa) 253

Armero, Francisco 80, 115

Armero, Mario 337

Aron, Raymond 446

Aróstegui, Julio 57, 215

Arranz, Luis 176, 209

Arrarás, Joaquín 263

Arrazola, Lorenzo 74, 85, 98, 100, 121, 137, 155

Arregui, Joseba 381

Arregui, José María (“Fiti”) 423

Arrese, José Luis 299, 304, 310, 311, 321

Arrimadas, Inés 468, 473, 476, 504

Arriola, Pedro 415, 439

Arroyal, León de 79

Arsuaga, Ignacio 434, 498, 499

Arteta, Aurelio 432, 480

Artiñano, Arístides de 134

Artola, Miguel 39, 41, 65, 79

Arzalluz, Xavier 403, 422, 431

Asensio, Antonio 422

Asís de Borbón, Francisco de 95, 105

Asís de Braganza, Francisca de 49

Astarloa, Ignacio 446

Aubert, Théodore 251

August von Hayek, Friedrich 465

Aunós, Eduardo 241, 244, 245, 246, 249, 252, 263, 269, 285, 298

Avilés, Juan 213

Ayala, Ángel 206, 216, 490

Aymerich, José 57

Ayuso, Miguel 367

Azagra, Joaquín 114

Azaña, Manuel 101, 166, 184, 254, 257, 258, 262, 270, 274, 279, 282, 392, 398, 427, 433

Azcárate, Gumersindo de 157, 171, 205

Azcárate, Justino de 399

Azcárraga, Marcelo 151, 174, 208

Aznar, Agustín 290, 303, 366

Aznar, José María 391, 392, 393, 394, 397, 402, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 451, 452, 455, 456, 460, 467, 485, 486, 492, 495, 497, 502, 503, 509, 518

Aznar, Juan Bautista 242, 253, 254, 353

Aznar, Manuel 303, 348

Aznar, Severino 199, 216, 217, 235, 242

Azúa, Félix de 431, 468

Azurmendi, Mikel 432

B

Bainville, Jacques 276

Balaguer, Víctor 152

Balbo, Italo 270

Bal, Edmundo 475, 476, 506

Baleztena, Joaquín 265, 281, 288

Ballarín Marcial, Alberto 344, 346, 352

Ballbé, Manuel 45

Ballester, David 354

Ballester Rof, Juan 252

Balmes, Jaime 64, 69, 95, 103, 122, 129, 136, 182, 263

Balparda, Gregorio 221, 236, 294

Balsemao, Pinto 400

Bannon, Steve 495

Báñez, Fátima 452, 503

Barberá, Rita 351

Bárcenas, Luis 436, 438, 448, 458

Bardají, Eusebio 49

Bardají, Rafael 495

Bardavío, Joaquín 315

Barnave, Antoine 49, 50

Barranco, Juan 396

Barreiro, Belén 520

Barrera de Irimo, Antonio 327, 350

Barrera, Emilio 242, 262, 269, 280

Barrès, Maurice 181, 340

Barret, Josep Albert 221

Barriobero, Eduardo 236

Barrio Mier, Matías 192, 194, 195, 197

Barros de Lis, Jesús 334, 335, 336, 337, 362, 369

Barruel, Agustín 34

Bartolomé Cossío, Manuel 158, 266

Basagoiti, Antonio 449, 491

Basso, Domingo 47

Basteiro, Daniel 477

Basterra, Ramón de 239

Batet, Domingo 236

Bau, Joaquín 242, 264, 277, 290

Bauzá, José Ramón 473

Bayly, Christopher A. 107

Becerra, Beatriz 482

Becerra, Manuel 152

Beck, Ulrich 451

Bell, Daniel 320

Beltrán de Heredia, Pablo 334

Benavides, Antonio 78

Benedicto XV 210

Benjumea, Rafael (conde de Guadalhorce) 247, 250, 251, 252, 260, 275

Benoist, Charles 276

Bentham, Jeremy 17, 73, 78, 79

Berenguer, Dámaso 236, 251, 252, 253, 254, 348

Bergamín, Francisco 237

Bergé, Ramón 221, 234

Bergier, Nicolas Sylvestre 22

Berlin, Isaiah 18, 414, 446

Berlusconi, Silvio 436

Bermúdez Cañete, Antonio 259

Bermúdez de Castro, Roberto 466

Bermúdez de Castro, Salvador (marqués de Lema) 237, 262

Bernáldez, José María 357

Bernaldo de Quirós, Lorenzo 434

Bertrán de Lis, Manuel 69, 81, 115

Bessières, Jorge 57

Besteiro, Julián 266

Beunza, Joaquín 265, 294

Bilbao, Esteban 242, 263, 265, 279, 289, 306

Birulés, Anna 423

Bismarck, Otto von 151

Blair, Tony 415, 428, 436

Blanco, Marimar 446, 503

Blanco, Miguel Ángel 424, 446

Blanco, José María (“White”) 37

Blasco, Rafael 455

Blázquez, Ricardo 421

Blesa, Miguel 436, 456

Bloch, Marc 12

Boadella, Albert 468, 480, 483

Boal, Evelino 221

Bobbio, Norberto 12, 59, 93

Boix, José María 216

Böhl de Faber y Ruiz de Larrea, Cecilia (“Fernán Caballero”) 122

Bombacci, Nicola 267

Bonald, Louis de 14, 15, 181

Bonaparte, José 26, 29

Bonaparte, Luis Napoleón 96, 120

Bonaparte, Napoleón 24, 29, 30, 33, 38, 39, 89

Boné, Pantaleón 77

Bono, José 462, 479

Borbón, Alfonso Carlos de (Alfonso Carlos I) 105, 264, 279, 280, 287, 291

Borbón, Carlos María Isidro de (Carlos V) 49, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 84, 95, 103, 105, 109, 193

Borbón-Dampierre, Alfonso de 321

Borbón-Dos Sicilias, María Carolina de 105

Borbón Dos-Sicilias, María Cristina de (regente de España) 56, 59, 65, 69, 74, 76, 77, 78, 109

Borbón, Luisa Fernanda de (duquesa de Montpensier) 125

Borbón, Luis Antonio de (duque de Angulema) 42, 51, 52

Borbón, Luis María de 38

Borbón Parma, Carlos Hugo 306, 321, 354, 366, 367, 368, 369

Borbón Parma, Sixto Enrique 368, 369

Borbón-Parma y Braganza, Francisco Javier 279, 280, 287, 292, 306, 321, 366, 367, 368

Borbón y Austria-Este, Alfonso 130, 190

Borbón y Austria-Este, Carlos de (Carlos VII) 105, 106, 108, 109, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 203

Borbón y Battenberg, Jaime de (duque de Segovia) 166

Borbón y Battenberg, Juan de 264, 276, 277, 305, 306, 319, 320, 321, 333, 337

Borbón y Borbón, Carlos 242

Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Enrique de 125

Borbón y Borbón-Parma, Jaime de (Jaime I) 197, 200, 235, 264

Borbón y Braganza, Carlos Luis de (conde de Montemolín, Carlos VI) 95, 103, 104, 105, 108, 119

Borbón y Braganza, Fernando de 105

Borbón y Braganza, Juan de (Juan III) 105, 106, 108, 128

Borbón y Braganza, Sebastián Gabriel de 60, 66

Borbón y Grecia, Cristina de 455

Borghese, Junio Valerio 370

Borràs, Laura 458

Borrego, Andrés 70, 74, 78, 93, 94, 97, 110, 117, 135

Borso di Carminati, Cayetano Carlos María 75

Bosch, Alberto 173, 174

Bosoms, José 58

Bossuet, Jacques-Bénigne 25

Botai, Guiseppe 244

Botella, Ana 446

Botín-Sanz de Sautuola López, Emilio 318

Botti, Alfonso 307

Boulanger, Georges 175

Bouza-Brey, Luis 470, 483

Boyd, Carolyn 166, 214, 225

Boyer, Miguel 406

Braganza, María Teresa de (princesa de Beira) 103, 106, 107, 108

Bravo Murillo, Juan 84, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 110, 111, 115, 122, 125, 127, 136, 141, 156, 210, 320

Bravo Portillo, Manuel 218, 221

Brenan, Gerald 305

Brotons y Pericás, José 34

Browm, Cristiano 483

Brown, Brian 498, 499, 507

Brubaker, Roger 493

Bru, Carlos 337

Bueno, Gustavo 486, 495

Bueno, Manuel 240

Buesa, Fernando 424, 480, 482

Buesa, Mikel 480, 481, 486

Buffett, Warren 455

Bugallal, Gabino 219, 221, 223, 224, 236, 237, 250, 253, 254

Bullón de Mendoza, Alfonso 435, 499

Burdiel, Isabel 77, 78, 102, 112

Burgo, Jaime del 265, 279

Burgos, Javier de 55, 80, 82

Burgos y Mazo, Manuel 191, 216, 220, 237, 253, 269

Burke, Edmund 14, 15, 20, 79, 94

Bush, George W. 428, 436

Buxadé, Jorge 486, 488, 492

C

Caballero Fernández de Rodas, Antonio 125, 128, 138, 139

Caballero, Tomás 399, 424

Cabanellas, Miguel 288

Cabanillas, Pío 324, 327, 344, 346, 350, 352, 359, 376, 379, 385, 422, 427

Cabarrús, Francisco 27, 79

Cabrera, Mercedes 170, 173, 177, 222

Cabrera, Ramón (“el Tigre del Maestrazgo”) 60, 62, 67, 68, 104, 105, 130, 135

Cacho, Jesús 434

Caciagli, Mario 354

Cádiz, Diego de (“Ángel del Apocalipsis”) 32

Caixal y Estradé, José (obispo de Urgel) 106, 107, 133

Calatrava, José María 34, 53, 64

Calatrava, Ramón María 53

Calderón, Abilio 261

Calderón Collantes, Fernando 142

Calderón, Javier 346

Callahan, William J. 231

Callejo, Eduardo 235, 240, 242, 246, 250

Calomarde, Francisco Tadeo 53, 55, 56, 57, 58, 81

Calonge, Eusebio 127

Calvet, Enrique 482

Calvo, Carmen 462

Calvo Ortega, Rafael 385, 395, 397

Calvo Serer, Rafael 304, 318, 319, 325, 326

Calvo Sotelo, José 204, 215, 216, 217, 234, 235, 241, 246, 248, 252, 256, 260, 261, 263, 269, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 284, 287, 288, 290, 380, 490, 494

Calvo Sotelo, Leopoldo 216, 334, 344, 346, 353, 379, 380, 382, 384, 385

Camacho, Manuel 336

Cambó, Francesc 178, 203, 205, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 253, 274, 289, 339, 398, 470

Campión, Arturo 191, 197

Campmany, Jaime 422

Campoamor, Ramón de 94

Camps, Francisco 436, 446, 448, 455, 507

Camps, Ricardo 448

Camps, Victoria 431

Camps y Olzinelles, Carlos de (marqués de Camps) 177

Camuñas, Ignacio 334, 360, 376, 379, 398, 399, 400, 486, 498

Canalejas, José 148, 164, 172, 175, 178, 180, 203, 205, 206, 208, 217

Canal, Jordi 58, 67, 68, 105, 108, 185, 193, 194, 212, 264

Cancio Mena, Juan 124, 134, 137

Canga Argüelles, José 49, 83, 188

Canga Argüelles Villalba, José 129

Cano, Francisco 424

Canogar, Rafael 480

Cánovas del Castillo, Antonio 78, 94, 99, 110, 112, 117, 119, 120, 128, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 180, 184, 188, 207, 210, 217, 218, 224, 225, 242, 263, 325, 354, 392

Cánovas del Castillo, Jesús 242

Cánovas, Francisco 76, 77

Cantarero del Castillo, Manuel 344

Cantó, Toni 471, 481, 482, 483

Cañadas, Gabriel 346, 350

Cañellas, Antón 377

Cañellas, Gabriel 437

Capapé, Joaquín (“el Royo”) 57

Capefigue, Jean-Baptiste 51

Capmany, Antonio de 27, 29, 33

Caralt, Domingo de 61

Caralt y Sala, José de (conde de Caralt) 222

Carasa, Pedro 163, 174, 180

Cárcel Ortí, Vicente 185

Cardona, Gabriel 289

Careaga, Adolfo 294

Caridad, Antonio 61

Carlos I de España 35

Carlos I de Inglaterra 23

Carlos III de España 21, 22, 24, 26, 34, 48, 124, 518

Carlos IV de España 21, 24, 38, 462

Carlos X de Francia 51

Carmona, Óscar 276

Carmona, Teodoro 66

Carneiro, Sa 376

Carner, Jaime 84

Carnicero, José Clemente 37

Carranza, Enrique Thomas de 343, 351

Carranza, Ramón de 275

Carrascal, Germiniano 333, 334, 337

Carrasco Formiguera, Manuel 254, 259

Carrasco, Isaías 424

Carreras, Francesc de 431, 468, 469, 470, 474, 478

Carrero Blanco, Luis 36, 218, 296, 299, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 349, 364, 365, 369, 381

Carrillo, Santiago 310, 358

Carriquiri, Nazario 78, 137

Carrizosa, Carlos 468, 471

Carro, Antonio 349

Carvajal, Ángel María de (duque de Abrantes) 78

Carvajal, José María de 56

Cary, Lucius (II vizconde de Falkland) 67, 364

Casado, Gonzalo 360

Casado, Pablo 475, 483, 503, 504, 506, 507, 508, 509

Casals, Juan 335

Casals, Xavier 405, 407, 487

Casanova, Julián 271, 294

Casares Quiroga, Santiago 254

Casas, Enrique 424

Cascajares, Antonio María 174, 175

Caso, José Luis 424

Caso, José Ramón 395, 396, 397

Castaños, Francisco Javier 29, 30, 52

Castedo, Fernando 385, 395

Castelar, Emilio 121, 124, 127, 134, 138, 140, 141, 142, 152, 162, 164, 166, 206

Castells, Irene 58

Castiella, Fernando María 308, 324, 327, 422

Castillo, José 284

Castillo, Pilar del 399, 413, 429

Castro Albarrán, Aniceto de 258

Cavalcanti, José 254, 262, 270

Cavero, Íñigo 334, 335, 337, 346, 347, 362, 376, 384, 385, 396

Cavero, Lourdes 457

Cavia, Juan de (obispo de Osma) 53

Caylá, Tomás 294

Cea Bermúdez, Francisco 55, 56, 57, 63

Cebrián, Juan Luis 325, 334, 398

Celaá, Isabel 499

Cerezo, Luis 34

Charles-Louis de Secondat (Montesquieu) 35, 79, 211

Chateaubriand, François-René 48, 52

Chávarri Anduiza, Víctor 221

Chávarri Salazar, Benigno 160

Chávarri Salazar, Víctor 160

Chaves, Manuel 459, 473

Chávez, Hugo 442

Cherid, Jean-Pierre 370

Chiaie, Stefano Delle 370

Chueca Goitia, Fernando 398

Churruca, Alfonso 242

Cid, José María 274, 285

Cierco, Eduardo 336

Cierva, Juan de la 205, 207, 208, 210, 214, 215, 220, 235, 237, 241, 243, 253, 260, 269

Cierva, Ricardo de la 513, 517

Cifuentes, Cristina 456, 457, 473, 503

Cisneros, Gabriel 346, 349, 351, 371, 385

Clavero, Bartolomé 64, 158

Clavero, Manuel 360, 376, 378

Clemente, Josep Carles 264, 368

Clerq, Willy de 400

Clinton, Bill 415, 428

Cobo, Manuel 446

Coll Alentorn, Miquel 339

Coloma, Luis 137

Colón, José Joaquín 34

Comellas, José Luis 52, 84

Comte, Auguste 79

Concha, Manuel de la 120, 140

Conde, Francisco Javier 310

Conde, Javier 322

Conde, Mario 396, 407, 422, 486

Constant, Benjamin 79

Conthe, Manuel 471

Contreras, Juan de (marqués de Lozoya) 263, 281

Contreras y Pérez de Herrasti, Fernando 281

Cora y Lira, Jesús de 280, 306

Corcuera, Javier 99, 432

Correa, Francisco 436, 438, 448

Cortés, Miguel Ángel 413

Cortes, Ricardo 261

Cortezo, Jaime 334, 346, 376

Cortina, Alfonso 417

Cortina, José Luis 381

Cortina, Manuel 93, 111, 112

Cortina Prieto, Antonio 346

Corvera, Juan Carlos 499

Cos-Gayón, Fernando 174

Cos, Juan Bautista 192

Cospedal, María Dolores de 399, 446, 460, 501, 502, 503, 508

Cossío, Alfonso de 336

Costa, Joaquín 175, 176, 180, 182, 239, 267

Costa, Juan 416, 446

Costa, Ricardo 448

Cousin, Victor 78

Crehuet del Amo, Diego María 243

Crespí de Valldaura, Agustín (conde de Orgaz) 130, 136, 188

Crespo Cuspinera, Jesús 382

Creus Martí, Jaime 48

Crozier, Michel 460

Cruz Alli, Juan 425

Cruz, José de la 56

Cruz, Manuel 509

Cruz Mayor, Carlos 62

Cruz, Rafael 253, 258

Cuadrado, Carlos 471, 505

Cuesta, Cristina 432

Cuevas, José María 375, 390, 400

D

Danvila, Julio 264

Dato, Eduardo 171, 174, 176, 208, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 223

Daudet, Leon 276

Dávila, Fidel 290

Dávila, Sancho 290, 292, 303

Déat, Marcel 267

Degrelle, Léon 370

Delclaux, Cosme 424

Delgado Barreto, Manuel 204, 235, 242, 252, 278, 294

Delgado-Gal, Álvaro 433

Delgado, Joaquin 353

Delgado, Manuel 294

Depretis, Agostino 149

Desttut de Tracy, Antoine 79

Díaz Ayuso, Isabel 434, 488, 492, 497, 503, 504, 506, 507, 508, 509

Díaz de Rada, Eustaquio 131, 135

Díaz de Valdés, Pedro 25, 26

Díaz, Elías 334

Díaz Ferrán, Gerardo 457

Díaz Porlier, Juan 95

Díaz, Susana 474

Diderot, Denis 27

Diego, Enrique de 434

Díez-Alegría, Manuel 350, 381

Díez-Alegría, María 335

Díez de Rivera, Carmen 352, 395

Díez, Rosa 479, 480, 481, 482, 483, 506

Disraeli, Benjamin 151

Diz-Lois, María Cristina 39

Dollfuss, Engelbert 278

Domènech y Montaner, Lluís 177, 178

Domingo, José 469, 470

Domingo, Marcelino 254

Domínguez Arévalo, Tomás (conde de Rodezno) 260, 263, 264, 265, 277, 287, 292, 306

Domínguez, Jesús 299

Domínguez, Juan Pablo 37

Domínguez Pascual, Lorenzo 237

Donoso Cortés, Juan 23, 69, 70, 76, 78, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 107, 109, 122, 123, 138, 156, 168, 182, 212, 263, 318, 519

Doriot, Jacques 267

Dorregaray, Antonio 132

Dorronsoro, Miguel 131, 134

Dulce, Domingo 125

Durán, Juan Bautista 192

Durán, Miguel 470

Durán y Bas, Manuel 161, 174

Duran i Lleida, Josep Antoni 403, 466

Durão Barroso, José Manuel 436

E

Echarri, María de 198, 242

Echegaray, José 84

Echevarrieta, Horacio 222

Echeverría, Federico 221

Egaña, Pedro 73, 74, 75, 98, 122, 123, 124, 125

Egea, Paco 431

Eguía, Francisco Ramón de 31, 38, 48, 49, 51, 52, 53, 60

Eguía, Nazario 60

Eguiguren, Jesús 430, 431, 478

Eguillor, Pedro 221, 264, 294

Eijo y Garay, Leopoldo 242, 317

Elduayen, José 142, 174

Elespe, Froilán 424

Elío, Francisco Javier de 38, 47

Elío, Joaquín 60, 105, 133

Elío, Luis 133

Elola-Olaso, José Luis 366

Elorriaga, Gabriel 310, 327, 399, 446

Elorza, Antonio 26, 315, 480

Elósegui, Antonio 294

Engels, Friedrich 32

Enrique y Tarancón, Vicente 331, 341, 363, 364, 372, 384

Eraso, Francisco Benito 60

Erro, Juan Bautista 51, 60, 62

Escobar, Alfredo (marqués de Valdeiglesias) 264

Escobar, José Ignacio (marqués de las Marismas) 258, 263

Escosura, Patricio de la 81

Escrivá Albás, José María (aristocratizado “de Balaguer”) 317, 318

Esdaile, Charles 29, 43

Espada, Arcadi 468, 469, 480, 483

Espadas, Manuel 128

España, Carlos de (conde de España) 51, 52, 53, 58, 60, 62, 67

Espartero, Baldomero (duque de la Victoria) 63, 65, 69, 74, 75, 76, 94, 98, 111, 112, 113, 135

Esparza, José Javier 434

Espejo, José María 471

Espinosa de los Monteros, Iván 485, 486, 492

Espinosa San Martín, Juan José 324

Espoz y Mina, Francisco 41, 48, 51, 53, 54, 56

Estelrich, Joan 339

Estévanez, Francisco 261

Ezquer, Eduardo 303

F

Fabo, Luis 479, 480

Fabra Ribas, Antonio 89

Fabra y Puig, Fernando 242

Faguet, Émile 14

Fal Conde, Alfonso Carlos 369

Fal Conde, Domingo 369

Fal Conde, Manuel 265, 279, 280, 287, 291, 292, 306, 369

Fanfani, Amintore 319

Fanjul, Joaquín 261, 276, 283

Fanjul, Juan Manuel 344

Felipe II de España 35, 37

Felipe VI de España 455, 461, 466

Feliú, Bartolomé 197

Fernández Albor, Gerardo 387

Fernández Almagro, Melchor 131

Fernández, Arturo 457

Fernández Buey, Paco 431

Fernández-Cuesta, Raimundo 278, 291, 292, 304, 309, 310, 346, 355, 366, 371, 405

Fernández de Córdoba, Fernando 80, 104, 112, 125

Fernández de Córdoba, María Magdalena (condesa consorte de Astorga) 22

Fernández de la Mora, Gonzalo 263, 311, 318, 319, 320, 324, 325, 334, 348, 351, 352, 362, 369, 386, 405, 418, 441, 490

Fernández de Moratín, Leandro 27

Fernández de Valcarce, Vicente 22, 23, 24

Fernández de Velasco, Bernardino (duque de Frías) 78

Fernández Díaz, Jorge 452, 459, 466, 478, 501, 503

Fernández Hidalgo, Juan 382

Fernández-Ladreda, José María 263, 281, 308

Fernández-Lasquetty, Javier 501

Fernández, Lauro 261

Fernández Mañueco, Alfonso 507

Fernández Martín, Fernando 395

Fernández, Matilde 479

Fernández-Miranda, Torcuato 309, 324, 327, 344, 349, 353, 354, 355, 371, 379

Fernández Ordóñez, Francisco 84, 327, 351, 359, 360, 376, 379, 384, 385

Fernández Sarasola, Ignacio 30

Fernández Sebastián, Javier 432

Fernández Sevilla, Francisco 459

Fernández Teixidó, Antonio 395, 397

Fernández, Tomás-Ramón 80, 113

Fernández Villa, José Ángel 458

Fernández Villaverde, Raimundo 161, 174, 176, 202, 219

Fernando VII de España (“el Deseado”) 21, 24, 26, 30, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 85, 123, 124, 147, 462

Ferrando Albors, José 252

Ferrer Guardia, Francisco 207

Ferrer, Magín 68

Ferrer, Melchor 104

Ferrer Salat, Carlos 375, 389

Ferrusola, Marta 458

Figuera i Serra, Pere 340

Figueroa y Torres, Álvaro (conde de Romanones) 178, 208, 213, 214, 220, 236, 237, 250, 253, 255, 262, 285

Figuerola, Laureano 158, 164, 170

Finat, José (conde de Mayalde) 264

Fitz-James Stuart, Jacobo (duque de Alba) 242, 260, 264, 305

Flores de Lemus, Antonio 219, 242

Flórez Estrada, Álvaro 50

Floriano, Carlos 501

Fontán, Antonio 325, 376, 387, 398

Fontes Pereira de Melo, Antonio María 149

Forcadell, Carme 467

Forcadell, Ramón 367

Forner, Juan Pablo 25

Foxá, Agustín de 303

Fradera, Josep María 101

Fraga Iribarne, Manuel 204, 310, 322,324, 325, 326, 327, 337, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 365, 370, 371, 372, 374, 376, 378, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 399, 400, 401, 405, 413, 422, 427, 442, 492, 496, 503

Fraile, Modesto 396

Franco Bahamonde, Francisco 241, 264, 276, 283, 285, 288, 290, 291, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 315, 316, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 329, 331, 332, 333, 335, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 357, 358, 366, 367, 369, 371, 380, 404, 427, 485, 489, 493, 494

Franco Bahamonde, Nicolás 290

Franco Bahamonde, Ramón 254, 267

François-Marie Arouet (Voltaire) 22

Franco Salgado-Araujo, Francisco 302

Frei, Eduardo 376

Friedman, Milton 415

Fuente, Licinio de la 351

Fuentes, Juan Francisco 381, 460

Fuentes, Maximiliano 197

Fuentes-Pila, Santiago 216, 235, 242, 252, 262, 275, 285

Fuentes Quintana, Enrique 84, 376

Fueyo, Jesús 310, 322, 324, 334

Fukuyama, Francis 320

Fusi, Juan Pablo 83, 92, 300, 311, 321, 322, 433

G

Gabilán, José 242, 294

Gafo, José 198, 199, 200, 216, 263, 281, 294

Galán, Fermín 236, 254

Galarza, Valentín 275, 283, 299

Galí, Ramón 340

Gallardo, Juan Antonio 488

Gallardo, Manuel 252

Gallego de Chaves y Calleja, Fernando (marqués de Quintanar) 251, 260, 262, 263

Gallego, Ferran 272, 278, 300, 358

Gallego, José Andrés 173

Gallo, José 334, 336

Gamarra, Cuca 505, 509

Gamazo, Germán 170

Gamazo, Juan Antonio 235

Gamero del Castillo, Pedro 308

Gamir, Luis 385, 398

Gámir, Mariano 289

Gandarias, Juan Tomás 161, 221

Ganivet, Ángel 239

Ganley, Declan 470

Garaikoetxea, Carlos 403

Garay, Martín de 29, 36, 43, 48, 83

Garcerán, Rafael 291

García-Abadillo, Casimiro 441

García-Atance, Manuel 333, 337

García, Basilio Antonio 60

García Bofill, Manuel 471

García Cárcel, Ricardo 433

García Carrés, Juan 381, 405

García de Cortázar, Fernando 433

García de la Concha, Joaquín 367

García Díez, Juan Antonio 376, 384, 393

García Egea, Teodoro 506, 508, 509

García Escudero, José María 319, 333, 446

García-Escudero, Pío 444

García, Francisco 66

García Goyena, Florencio 89, 161

García Hernández, Ángel 254

García Hernández, José 344

García Herreros, Manuel 50

García, Joan 471

García, José María 434

García Madariaga, Juan 360

García-Margallo, José Manuel 452, 503

García-Moncó, Faustino 324

García Morente, Manuel 239, 266

García-Page, Emiliano 462

García Prieto, Manuel 213, 214, 219, 220, 223, 232, 253

García, Raimundo (“Garcilaso”) 288

García-Ramal, Enrique 326, 359

García Rebull, Tomás 355, 365

García, Segundo 236

García Serrano, Eduardo 441

García Serrano, Rafael 303

García-Tizón, Arturo 390

García Valdecasas, Alfonso 278

Garelly, Nicolás María 73

Garicano Goñi, Tomás 327, 350

Garitano, Luis 471

Garmendia, Estíbaliz 480

Garmendia, Maite 480

Garrido, Ángel 473

Garrido, Fernando 169

Garriga, Ignacio 488

Garriga-Nogués y Roig, José 242

Garrigues Díaz-Cañabate, Antonio 322, 353

Garrigues Walker, Antonio 385, 399, 400, 401

Garrigues Walker, Joaquín 359, 360, 376, 384, 385, 396, 398, 399

Gasperi, Alcide de 338

Gasset, Rafael 178

Gaulle, Charles de 326

Gavilanes Dumont, Antonio 398

Gaviria, Manuel 78

Gay, Vicente 240, 241, 252

Gentile, Giovanni 267

Gerard, Pedro 198, 199

Gil de Zárate, Antonio 87, 88

Gil Novales, Alberto 57

Gil Pecharromán, Julio 259, 298, 399

Gil-Robles, José María 211, 217, 235, 240, 259, 260, 261, 270, 272, 273, 275, 276, 278, 283, 284, 287, 290, 305, 308, 321, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 341, 347, 359, 362, 363, 494

Gil y Gil, Jesús 406, 459

Gil y Robles, Enrique 211, 263

Giménez Abad, Manuel 424

Giménez Barbat, Teresa 468, 470, 480, 482

Giménez Caballero, Ernesto 239, 263, 267, 278

Giménez Fernández, Manuel 217, 273, 276, 292, 309, 333, 334, 335, 336, 337

Giménez Pericás, Antonio 432

Giner de los Ríos, Francisco 157, 182, 184

Giner, Salvador 300

Girauta, Juan Carlos 434, 471, 475, 476, 507

Girón de Velasco, José Antonio 299, 304, 311, 349, 355, 365, 370, 405

Girón, Francisco Javier (duque de Ahumada) 81

Girón, Pedro Agustín (marqués de las Amarillas) 44, 81

Goded, Manuel 241, 250, 269, 270, 276, 283

Godoy, Manuel 24, 34

Goethe, Johann Wolfgang 95

Goicoechea, Antonio 204, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 234, 235, 242, 243, 253, 259, 260, 262, 263, 270, 271, 275, 276, 277, 280, 285, 286

Gomá, Isidro 239, 295, 307

Gómez Calderón, Antonio 51, 53

Gómez Calvo, Javier 293

Gómez Canales, Manuel 221

Gómez del Castillo, Julián 336

Gómez de Liaño, Javier 422

Gómez de Llano, Francisco 311

Gómez Hermosilla, José Mamerto 73

Gómez-Jordana, Francisco 242, 290, 292, 303

Gómez, Miguel 60, 63

Gómez Ochoa, Fidel 27, 79

Gómez Pujadas, José María 264

González Arintero, Juan 199

González Arnao, Vicente 66

González Besada, Augusto 214

González Bravo, Luis 75, 77, 78, 81, 85, 94, 109, 121, 124, 125, 127, 141, 156

González-Bueno, Pedro 292

González Calleja, Eduardo 135, 268, 269, 270, 279, 286, 287, 300

González, Ceferino 136, 188

González Cuevas, Pedro Carlos 20, 148, 188, 206, 232, 238, 263, 280, 318, 365, 377

González de Amezúa, Agustín 263

González de Canales, Patricio 303

González de Castejón y Elío, Francisco Javier (marqués de Vadillo) 188

González de Echávarri, José María 191

González de la Pezuela, Juan Manuel (conde de Cheste) 95, 126, 127

González de la Pezuela y Ceballos, Manuel (marqués de Viluma) 69, 79, 80, 91, 95, 103, 115, 122, 136

González de Linares, Augusto 157

González del Valle, Martín (marqués de la Vega de Anzo) 264

González Diaz de Tuñón, Zeferino 136, 137, 157, 187

González, Felipe 379, 387, 388, 389, 391, 393, 399, 417, 427, 451, 517

González, Francisco 417

González, Ignacio 456, 457, 491, 501

González, Juan Jesús 334

González Llamas, Pedro 31

González, María Jesús 201, 203, 207

González Martín, Marcelo 372

González Moreno, Vicente 60

González Pedroso, Eduardo 122

González Pons, Esteban 446, 501, 509

González Quirós, José Luis 485, 486

González-Regueral, Fernando 221

González Ruiz, José 263

González Seara, Luis 385

Goñi, Blas 216

Gorostidi, Francisco María 51

Gortázar, Guillermo 413

Gottfried von Herder, Johann 465

Goya, Francisco de 27

Gracia, Sancho 352

Granado, Francisco 353

Granados, Francisco 456, 458

Grandío, Emilio 272

Granville Eliot, Edward 64

Graña, Manuel 206

Graupera, Félix 215, 221

Gravina, monseñor Gabriele Maria 31

Greespan, Alan 419

Gregorio XVI 85, 103, 107

Grimaldi, Juan de 78

Grimau, Julián 353

Griñán, José Antonio 459, 473

Guallar, Santiago 261

Guardini, Romano 319

Güel Churruca, Juan Claudio (conde de Ruiseñada) 264, 321

Güell de Sentmenat, Carles 375

Güell y Ferrer, Juan 128

Güell, Juan Claudio (conde de Ruiseñada) 60, 66, 321

Guergué, Juan Antonio 60, 66

Guerra, Alfonso 390, 411, 444, 462

Guerra Campos, José 363

Guerra Garrido, Raúl 432

Guerra, Juan 392, 437

Guerra Zunzunegui, Juan Carlos 346

Guijarro Arrizabalaga, Francisco 332, 333

Guillén Salaya, Francisco 267

Guillermo II de Alemania 93

Guimón, Julen 387

Guindos, Luis de 452, 503

Guisasola, Victoriano 199, 216

Guizot, François 76, 78, 97

Gutiérrez de la Concha, José 163

Gutiérrez de la Concha, Manuel 75, 80, 94, 110, 112, 143

Gutiérrez Mellado, Manuel 376, 381

Guzmán, Diego Isidro de (conde de Oñate) 78, 95

Guzmán, Eduardo de 251

H

Habermas, Jürgen 427

Habsburgo-Lorena, María Cristina de (regente de España) 165, 167

Habsburgo-Lorena y Borbón, Carlos Pío de (Carlos VIII) 280, 306

Habsburgo, Otto de 333

Harguindey, Gerardo 395, 396

Hayek, Friedrich 319, 414

Hay, John 67

Hedilla, Manuel 287, 290, 291, 303

Heidegger, Martin 267

Heinz Chez, George Michael 354

Heras, Melchor de las 337

Heredia, Narciso (conde de Ofalia) 55, 74

Hernández, Ernesto 420

Hernández Gil, Antonio 352

Hernández Mancha, Antonio 390

Hernando de Larramendi, Ignacio 306

Hernando de Larramendi, Luis 279

Herrera, Carlos 434

Herrera, Juan Vicente 446

Herrera Linares, Emilio 263

Herrera Oria, Ángel 206, 216, 235, 240, 254, 258, 259, 260, 262, 267, 273, 281, 286, 308, 319, 330, 332

Herrero, Antonio 434

Herrero, Javier 23

Herrero, Luis 434

Herrero Tejedor, Fernando 322, 326, 327, 352, 354

Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel 359, 371, 373, 385, 390, 398

Herr, Richard 21

Hervás y Panduro, Lorenzo 33

Hervías, Fran 471, 506

Herzog, Andrés 480, 482, 483

Hillers de Luque, Sigfredo 366

Hinojosa, Eduardo de 188

Hirschman, Albert 18, 19, 107

Hitler, Adolf 278

Hobbes, Thomas 79

Hopkin, Jonathan 363, 383, 385

Horcajo, Xavier 441

Hormaechea, Juan 437

Horn, José 206

Hoyos, José María (marqués de Hoyos) 242, 254

Hoz, Pedro de la 68, 103, 106, 129

Hoz, Vicente de la 129, 189

Huarte, Generoso 265

Huneeus, Carlos 347, 353, 354, 384, 385

Huntington, Samuel P. 460

Husein, Sadam 436

I

Ibáñez Cuevas y de Valonga, Joaquín (barón de Eroles) 48, 51, 53

Ibáñez Inglés, Diego 381

Ibáñez Martín, José 216, 235, 242, 263, 308, 318, 380

Ibarreche, Gregorio 206

Ibarretxe, Juan José 426, 431, 445, 449, 478

Ibarrola, Agustín 432, 480

Ibarrola, Miguel 78

Ibeas, Bruno 216

Igea, Francisco 471, 474, 475, 476, 507

Iglesias Posse, Pablo 234

Iglesias Turrión, Pablo 460, 506

Iglesias Zamora, Julio 424

Illa, Salvador 476

Ilundain, Eustaquio 242

Indiano, Manuel 424

Iniesta Cano, Carlos 355, 381

Iriondo, Mikel 432

Irujo, Daniel 197

Irujo, Manuel 341, 485

Iruretagoyena, José Ignacio 424

Isabel II de España 56, 59, 65, 67, 73, 75, 77, 84, 85, 90, 92, 95, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 123, 124, 125, 126, 127, 142, 154, 156, 158, 165, 167, 188

Isern, Damián 188

Istúriz, Francisco Javier de 69, 74, 78, 94, 115, 116

Iturgaiz, Carlos 503

Iturmendi, Antonio 306, 321

Izquierdo, Antonio 365, 406

J

Jackson, Gabriel 431

Jáudenes, Luis 346, 349, 350, 369

Jauregi, Juan Mari 424

Jáuregui, Julio 341

Jaureguízar, Enrique 498

Jiménez-Becerril, Alberto 424

Jiménez Blanco, Antonio 396

Jiménez de Asúa, Luis 279

Jiménez de Parga, Manuel 338, 385, 395

Jiménez, Inocencio 216, 217, 242

Jiménez Losantos, Federico 392, 434, 435, 440, 500

Jiménez-Millas, Alfredo 366

Jordana de Pozas, Luis 216, 217, 235, 242

Jovellanos, Gaspar Melchor 12, 24, 26, 27, 29, 30, 40, 41, 74, 79, 87, 343

Jovellar, Joaquín 156, 163

Jover, José María 102, 119, 138, 159

Juan Carlos I de España 264, 305, 306, 316, 318, 319, 320, 321, 348, 350, 352, 354, 357, 366, 367, 372, 455, 461, 462

Juan-Navarro, Santiago 239

Juan XXIII 334

Juaristi, Jon 432

Juliá, Santos 28, 182, 183, 253, 283, 292, 310, 356

Junqueras, Oriol 460

Justiniani, José (marqués de Peñaflorida) 78, 81

K

Ketteler, Wilhelm Emmanuel von 216

Keynes, John M. 509

Kindelán, Alfredo 305

Kirk, Russell 19, 319

Komov, Alexei 498

L

Ladrón de Cegama, Santos 60

Laín Entralgo, Pedro 303, 304, 309, 310, 319, 422

Lamamié de Clairac, José María 259, 261, 265, 276, 277, 279, 280, 306

Lamo de Espinosa, Emilio 310, 393

Landáburu, Francisco Javier de 236

Landero, José 65

La Parra, Emilio 31, 49

Lapuerta, Álvaro 438

Lardizábal y Uribe, Miguel de 26, 30, 34, 36, 41

Largo Caballero, Francisco 256, 279

Lario, Ángeles 154, 167

Larra, Mariano José de 94, 182

Larramendi, Manuel 123

Larrañaga, Carlos 352

Larraz, José 235, 308

Larroque, Enrique 360, 398, 399

Larsen, Corinna 461

Lasarte, José María 341

Lassalle, José María 446

Lasso de la Vega, Miguel (marqués de Saltillo) 263

Lasuén, José Ramón 350, 360, 395, 396

La Tour du Pin, Charles-Humbert (marqués de la Chrace) 186

Laverde, Gumersindo 137

Lavilla, Landelino 346, 350, 355, 376, 379, 384, 385

Layret, Francesc 221

Lázaro de Dou, Ramón 27

Lázaro, Fernando 441

Ledesma Ramos, Ramiro 259, 263, 266, 267, 268, 269, 270, 277, 278, 294

Leizaola, Jesús María 338

León, Diego de 75

León Murciego, Pablo 258, 263

León XIII 151, 184, 188, 189, 330

Le Pen, Jean-Marie 406

Le Pen, Marine 494, 495, 497

Lequerica, José Félix 221, 263, 264, 267

Lerroux, Alejandro 178, 203, 209, 236, 253, 254, 255, 262, 269, 270, 271, 274, 280, 282, 284, 289, 398

Lersundi, Francisco 95, 110, 127

Lezama Leguizamón, José María 294

Linares, Arsenio 166

Linz, Juan José 299, 300, 331

Lista, Alberto 73

Lizana, José María de (marqués de Casa Torre) 161

Lizarza, Antonio 280, 281

Llanos, José María de 329

Llanza, Manuel de (duque de Solferino) 192

Llauder, Luis María 129, 192

Llorens, Joaquín 194

Lluch, Ernest 424

Llumà, Pere 340

Locke, John 446

Lodygensky, George 251

López, Alfredo 309, 332

López Alós, Javier 23

López Amo, Ángel 318

Lopéz, Antonio (marqués de Comillas) 128, 186, 187, 199, 215, 264

López Aranguren, José Luis 333, 335, 363

López Ballesteros, Luis 54, 57, 83, 84, 123

López, Blas 98

López Bravo, Gregorio 324, 352

López Bru, Claudio (conde de Güell y marqués de Comillas) 185, 198, 242

López de Lacalle, José Luis 424, 432

López de Letona, José María 324

López de Ochoa, Eduardo 236, 240

López Domínguez, José 139, 152, 164, 165, 173

López-Dóriga, Luis 216

López García, Simón 31

López Ibor, Juan José 319, 433

López, Joaquín María 75, 76, 429

López Miras, Fernando 503

López, Patxi 430, 449, 478, 481

López Rodó, Laureano 311, 312, 320, 321, 322, 324, 327, 331, 351, 352

Lora-Tamayo, Manuel 322

Loring, Concepción 242

Lozano, Irene 481, 483

Luca de Tena, Juan Ignacio 260, 263, 334

Lucia, Luis 217, 272, 273, 281, 282, 288

Luis, Francisco de 332, 337

Luis, Jean-Philippe 54

Luis XVI de Francia 45, 51

Luis XVIII de Francia 39, 48, 52

Luján, Francisco 120

Luque, Agustín de 166, 236, 242

Lutero, Martín 106

M

Machado, Antonio 182

Macià, Francesc 253, 256, 274

Mac Mahon, Patrice de 142

Macron, Emmanuel 509

Madariaga, Dimas 242, 260, 261, 270, 294

Madariaga, Salvador de 335, 336

Madoz, Pascual 112, 113

Maduro, Nicolás 460

Maestre, Francisco (conde de Salvatierra) 221

Maeztu, María de 242

Maeztu, Ramiro de 180, 182, 230, 235, 238, 239, 241, 243, 246, 252, 260, 262, 275, 294, 319, 491

Maier, Charles S. 16, 232

Maistre, Joseph de 13, 14, 20, 93, 259, 295

Major, John 419

Malagón, Tomás 328, 336

Malaparte, Curzio 266

Mallada, Lucas 169

Malofeyev, Konstantin 498

Maneiro, Gorka 480, 482, 483

Manent, Albert 431

Mannheim, Karl 14, 267

Manterola, Vicente 123, 124, 129, 131, 134, 135

Manzanedo, Juan Manuel de 128

Mañé y Flaquer, Juan 137, 174, 179

Maquiavelo, Nicolás 27, 344

Maragall, Joan Antón 340

Maragall, Pasqual 423, 443, 444, 458, 469

Marañón, Antonio (“el Trapense”) 32

Marañón, Gregorio 236

March, Juan 261, 270, 286

Marco, José María 434

María Claret, Antonio 129, 249

María II de Portugal 80

Marías, Julián 422

Marichalar, Luis (vizconde de Eza) 237

Marín Arce, José María 418

Marinetti, Filippo Tommaso 267

Marín, Juan 471, 474

Marín, Luis 400, 401

Marín, Marta 471

Marín y Beltrán de Lis, Francisco 242

Marion, Paul 267

Mariscal de Gante, Margarita 416

Maritain, Jacques 295, 329

Marjaliza, David 458

Maroto, Javier 503

Maroto, Rafael 60, 63, 65, 66, 67

Márquez de Prado, José Arturo 369

Márquez Horrillo, Diego 366, 405

Marsé, Juan 431

Martín, Juan (“el Empecinado”) 53

Martín Álvarez, Carlos 187

Martín-Artajo, Alberto 187, 258, 273, 305, 308, 310, 311, 325, 332, 333

Martín Carpena, José María 424

Martín de Balmaseda, Juan Manuel 60

Martín Melgar, Francisco 194

Martín-Sánchez Juliá, Fernando 308, 332

Martín Villa, Rodolfo 327, 349, 352, 353, 357, 359, 360, 376, 379, 385, 417

Martínez Almeida, José Luis 505, 509

Martínez Anido, Severiano 200, 218, 221, 224, 246, 276, 292

Martínez Barrio, Diego 282

Martínez Berasáin, José 288

Martínez Campos, Arsenio 127, 139, 140, 143, 156, 161, 162, 163, 165, 166, 170, 172, 174, 269

Martínez de Aragón, Domingo 159

Martínez de Aragón, Gabriel 252

Martínez de la Rosa, Francisco 39, 42, 48, 49, 53, 63, 64, 73, 74, 78, 79, 80, 85, 93

Martínez de las Rivas, José María 160

Martínez de Velasco, José 261, 274, 284

Martínez de Viñalet, Romualdo 133

Martínez Esteruelas, Cruz 308, 351, 352, 358, 370

Martínez, Francisco 459

Martínez Gallego, Francesc 116

Martínez Gorriarán, Carlos 432, 479, 480, 481, 483

Martínez Guerricabeitia, José 348

Martínez Marina, Francisco 40, 139

Martínez Ruiz, José (“Azorín”) 180

Martínez Salcedo, Antonio 49

Martínez, Teófila 503

Martínez Vidal, Ana 505

Martínez, Zacarías 242

Martorell, Manuel 299

Martorell, Miguel 224, 306

Martos, Cristino 139, 152, 164

Marvá, José 242

Marx, Karl 32

Mas, Artur 430, 454, 460, 464, 465

Mas, Joan 375

Massó, Ramón 367

Mata, Enrique de la 346

Mata Sevillano, Juan de (duque de Sevillano) 112

Matas, Jaume 436, 438, 455

Mateo, Manuel 267

Mateo, Mateo 287

Mateo Sagasta, Práxedes 99, 112, 119, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 152, 158, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 270, 343

Mateos, Abdón 327

Mateu, Pedro 218

Mato, Ana 446, 452, 457

Matorras, Enrique 267

Matos, Leopoldo 294

Matutes, Abel 416

Maura, Antonio 84, 100, 151, 168, 170, 172, 174, 177, 180, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 219, 220, 222, 224, 225, 234, 239, 256, 282, 354

Maura, Fernando 482

Maura, Gabriel 209, 234, 235, 241, 243, 253

Maura, Honorio 294

Maura, Miguel 252, 254, 255, 284

Mauriac, François 295

Maurras, Charles 181, 210, 252, 263, 276

Mayans, Luis 78, 80, 116, 120, 152

Mayor Oreja, Jaime 416, 425, 426, 428, 431, 444, 446, 448, 450, 493, 497, 499

Mayor Zaragoza, Federico 352, 395

Maysounave, Manuel 351

Mazarrasa, José de 20, 57, 61

Mazarredo, Manuel de 81, 94

Medina Togores, José 260

Mees, Ludger 338

Meilán, José Luis 360

Meléndez Valdés, Juan 22, 27

Melgar, Francisco Carlos 195

Meloni, Giorgia 494

Melo, Prudencio 242

Méndez de Vigo, Antonio 112

Mendieta, Francisco María 131

Mendizábal, Eustaquio (“Txikia”) 

Menéndez Pelayo, Marcelino 23, 61, 70, 108, 181, 182, 188, 212, 222, 263, 300, 307, 318, 319

Menéndez Pidal, Ramón 136, 158

Menéndez Vives, Camilo 381

Merino, Jerónimo 32

Merino, Salvador 298, 299

Mesquida, Joan 475

Metternich, Klemens von 93

Michavila, José María 413, 429

Miguel, Amando de 300

Miguel, Raimundo de 369

Milans del Bosch, Francisco 230

Milans del Bosch, Jaime 230, 381, 382

Milans del Bosch, Joaquín 230, 242

Milans del Bosch, Lorenzo 230

Milián Mestre, Manuel 346, 416

Millán-Astray, José 270

Millet, Salvador 340, 399

Mill, John Stuart 78

Mina, María Cruz 212

Minguijón, Salvador 210, 216, 217, 235

Miñano, Sebastián 73

Miralles, Jaime 335, 398

Moa, Pío 434, 493

Modet, Miguel José 62

Moix, Ana María 431

Mola Vidal, Emilio 241, 254, 257, 270, 276, 283, 284, 286, 287, 288, 293, 381

Molins, Alejandro 137

Molins, Joaquim 375, 399

Mon, Alejandro 78, 80, 83, 90, 91, 92, 95, 116, 120, 121, 123, 136, 137, 150

Monasterio, Rocío 488, 492

Monedero, Antonio 187

Monescillo, Antolín 137

Monge y Bernal, José 273

Monnot de Mably, Gabriel 22

Montaigne, Michel de 25

Montero Díaz, Santiago 267

Montero, Feliciano 184, 249, 307, 329, 331

Montero, José Ramón 273

Montero, Manu 432

Montero Ríos, Eugenio 152, 164

Montero, Rosa 480

Montes de Oca, Manuel 75

Montes, Eugenio 263, 303

Montesinos, Pablo 509

Montilla, José 444

Montoro, Cristóbal 438, 452, 453, 458, 503

Monzón, Telesforo 289, 485

Moñino y Redondo, José (I conde de Floridablanca) 21, 24, 29, 42

Moradiellos, Enrique 434

Moragas, Jorge 446

Moreno, Antonio 294

Moreno, Arturo 413

Moreno Bibiloni, Irene 432

Moreno Bonilla, Juan Manuel 474, 488, 503, 508

Moreno Herrera, Francisco (conde de los Andes y marqués consorte de la Eliseda) 264, 274, 275, 278, 280

Moreno Maisonnave, Juan Ignacio 188

Moreno Nieto, José 184

Moret, Segismundo 152, 168, 170, 171, 208, 225

Morodo, Raúl 395, 397

Mortes, Vicente 324

Mota, Jorge 369

Mouffe, Chantal 491

Mounier, Emmanuel 329, 340

Moyano, Claudio 87, 88, 94, 115, 127

Moyúa, Federico 236, 242

Mozo de Rosales, Bernardo (marqués de Mataflorida) 39, 48, 49, 51, 53

Mozzi, Luigi 22

Mudde, Cas 484

Muelas, José 397

Múgica, Enrique 310

Múgica Herzog, Fernando 424

Múgica Garmendia, Francisco (“Pakito”) 

Múgica Goñi, Fernando 441

Múgica, José Javier 424

Múgica, Mateo 256, 295

Múgica, Rubén 480

Mun, Albert de 186

Muñagorri, José Antonio de 66

Muñiz de Pablos, Tomás 295

Muñoz, Fernando (duque de Riánsares) 74, 76, 78, 109

Muñoz Grandes, Agustín 241, 322

Muñoz Gutiérrez, Luis 382

Muñoz, Juan Antonio (conde de Retamoso) 78

Muñoz, Julián 406

Muñoz Soro, Javier 432, 433, 434, 478

Muñoz-Torrero, Diego 26, 49, 53

Murdoch, Rupert 436

Murri, Romolo 210

Mussolini, Benito 241, 244, 278, 279, 280, 286

N

Nart, Javier 471, 474

Narváez, Ramón María 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 103, 109, 110, 112, 114, 115, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 141, 156, 173

Nasarre, Eugenio 334, 337

Naseiro, Rosendo 437, 438

Navarro Rodrigo, Carlos 121

Navarro Rubio, Mariano 312, 320

Navarro Villoslada, Francisco 122, 124, 129, 137

Negri, Ignacio de 60

Nevares, Sisinio 198, 249

Nicolás, Vidal de 432, 480

Nieto, Ángel 352

Nieto Antúnez, Pedro 352

Nietzsche, Friedrich Wilhelm 267

Nisbet, Robert 14

Nocedal, Cándido 78, 94, 115, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 137, 189, 190, 191, 192

Nocedal, Ramón 189, 190, 191, 192

Noelle-Neumann, Elisabeth 377

Nonnotte, Claude-Adrien 22

Novak, Katalin 499

Novia de Salcedo, Pedro 62

Nozaleda, Bernardino 203, 207

Núñez Feijóo, Alberto 421, 446, 476, 488, 502, 503, 509

Nuño, Ana 468

O

Oakeshott, Michael 18, 19

O’Donnell, Carlos 60

O’Donnell, Carlos Manuel 163, 174

O’Donnell, Enrique (conde de La Bisbal) 52

O’Donnell, Leopoldo 60, 74, 75, 84, 92, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,116, 117, 118, 120

Olabarría, Juan 432

Olaechea, Marcelino 295

Olarra, José María 424

Olarte, Lorenzo 360, 395

Olavide, Pablo de 22, 26, 27, 87

Olazábal, Rafael 280, 306

Olazábal, Tirso 129

Olazábal Ramery, Juan 

Oliart, Alberto 382

Oliván, Alejandro 52, 80

Oliveira Salazar, Antonio de 276, 280

Olona, Macarena 488, 492, 500

Olózaga, Salustiano 64, 65, 75, 76, 77, 112, 116, 119, 150, 282, 439

Oltra, Benjamín 300

Oltra, Miguel 341

Olwer, Nicolau de 254

Orban, Viktor 495

Orbe y Elío, José María de (maqués de Valde-Espina) 56, 60, 66, 189, 192

Ordóñez, Consuelo 480

Ordóñez, Gregorio 424

Oreja Elósegui, Marcelino 206, 259, 346, 349, 350, 351, 376, 379, 385, 387, 390, 391, 413, 503

Oreja Elósegui, Ricardo 217

Orgaz, Luis 262, 265, 266, 269, 305

Oriol Urigüen, José Luis 264, 265, 277, 281, 288

Oriol Urquijo, Antonio María de 264, 321, 322, 352, 369, 490

Oriol Urquijo, José María de 264, 306, 352, 369, 490

Oriol Urquijo, Lucas María de 369

Orleans, Antonio de (duque de Montpensier) 125

Orleans y Borbón, Alfonso de 305

Orleans y Borbón, María de las Mercedes (regente de España) 166

Orovio, Manuel 124, 142, 157, 158, 162, 164

Ors, Eugenio de 181, 197

Ortega, Jaime 105

Ortega Lara, José Antonio 424, 445, 485, 486

Ortega Smith-Molina, Francisco Javier 484, 485, 486, 492

Ortega Spottorno, José 325, 421

Ortega y Díaz-Ambrona, Juan Antonio 337, 346, 349, 352, 384, 385

Ortega y Gasset, Eduardo 279

Ortega y Gasset, José 12, 83, 97, 101, 253, 256, 266, 267, 278, 304, 398, 496

Ortés de Velasco, Íñigo (marqués de la Alameda) 66

Ortí Bordás, José Miguel 327, 349, 352

Ortí y Lara, Juan 125, 136, 157, 188, 191

Ortiz de Orruño, José María 56, 99, 160

Ortiz de Zárate, Ramón 124, 129, 134, 189

Osorio, Alfonso 334, 346, 350, 351, 353, 359, 362, 363, 376, 386

Osorio, José (duque de Sesto) 126, 127

Ossorio Gallardo, Ángel 204, 205, 209, 211, 213, 214, 216, 217, 235, 252, 253, 255, 261

Otegi, Arnaldo 431

Otero Novas, José Manuel 346, 376

Ovejero, Félix 454, 468

P

Pablo de Tarso (san Pablo) 25

Pablo, Luis Santiago de 346

Pabón, Jesús 333

Pacheco, José Francisco 89, 94, 112

Padrón, Gonzalo 484

Pagazaurtundúa, Joseba 424, 480

Pagazaurtundúa, Maite 473, 482

Palacio, Ignacia de Loyola 

Palacio Atard, Vicente 319

Palafox, Luis 29

Palau, Gabriel 198

Pallach, Josep 362

Pallás, Paulino 172

Palomares, Cristina 342

Palomino, Ángel 404

Palomo, Graciano 508

Pando Fernández de Pinedo, Manuel (marqués de Miraflores) 64, 78, 95, 98, 120, 121, 126

Panebianco, Angelo 383

Panero, Leopoldo 303

Paniker, Raimundo 318

Pan-Montojo, Juan 61

Pannella, Marco 395, 400

Páramo, Fernando de 471, 475

Pardo Bazán, Emilia 190

Pardo Zancada, Ricardo 381

Paso, Alfonso 404

Pastor, Ana 452, 502

Pastor-Díaz, Nicomedes 70, 94, 112, 120

Pastor Ridruejo, José Antonio 346

Paula Savalls, Francisco de 132

Pavía, Manuel 78, 127, 139, 140, 141, 143, 163, 269

Pavía y Lacy, Manuel (marqués de Novaliches) 127

Payne, Stanley 253, 435

Peces Barba, Gregorio 334, 338, 371

Pedregal, Manuel 279

Pedrosa, Jesús María 424

Péguy, Charles 340

Pelloux, Luigi 175

Pemán, José María 238, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 252, 259, 263, 274, 290, 319

Pemartín, José 238, 239, 240, 241, 246, 247, 263, 269, 301, 307, 318

Penne, Luis (conde de Villemur) 62

Peña Boeuf, Alfonso 290, 292

Peña, Eurico de la 360

Peñalosa y Zúñiga, Clemente 25, 36

Perales, Narciso 303, 366

Pérez, Álvaro 436

Pérez Crespo, Antonio 360

Pérez de Castro, Evaristo 74

Pérez de Villarreal, Bruno 60

Pérez-Embid, Florentino 318, 325, 334

Pérez Escolar, Rafael 346, 351

Pérez, Florentino 399

Pérez Galdós, Benito 53, 58, 161

Pérez Garzón, Juan Sisinio 12, 171

Pérez Ledesma, Manuel 300

Pérez-Llorca, Pedro 359, 371, 376, 378, 379, 385, 393

Pérez Madrigal, Joaquín 257

Pérez Núñez, Javier 124

Pérez Pujol, Eduardo 89

Pérez Rey, Teófilo 336

Pérez Romera, Félix 431, 468, 480

Pérez Rubalcaba, Alfredo 450, 451, 461

Pérez Solís, Óscar 281

Pérez Villamil, Juan 27, 41

Pérez-Viñeta, Alfonso 355

Pérez y López, Antonio Xavier 25

Pérez Yruela, Manuel 300

Perfecto, Miguel Ángel 244, 307

Pericay, Xavier 468

Perier, Carlos María 136

Perret, Clément 370

Perret, Gilbert 370

Pestaña, Ángel 224, 236

Petry, Frauke 495

Pezet, Ernest 338

Picasso, Juan 223, 224

Picavea, Rafael 236, 242

Pidal, Alejandro 174, 184, 188

Pidal, Luis 136, 137

Pidal, Pedro José 76, 78, 80, 85, 87, 88, 91, 95, 98, 110, 136, 152, 174, 182, 188, 189, 195, 208

Pidal y Mon, Alejandro 136, 137, 188

Pidal y Mon, Luis 188

Pimentel, Manuel 427

Pineda, Mariana 55

Pinilla, Carlos 365

Pino, Beatriz 475

Pinochet, Augusto 415

Pino, Luis del 441

Piñar, Blas 324, 328, 344, 355, 364, 365, 366, 370, 371, 381, 386, 404, 405

Pío IX 80, 85, 107, 135, 184

Pío XI 249

Piqué, Josep 416, 423, 427, 430, 438, 446

Pisa, Margarita de la 486

Pita da Veiga, Gabriel 353, 381

Pi y Margall, Francisco 139, 140

Pla y Deniel, Enrique 295, 308, 330

Polanco, Jesús 422

Polavieja, Camilo 166, 174, 175, 176, 177, 178

Polo y Peyrolón, Manuel 195

Pombo, Álvaro 480

Ponce de León, Antonio María (duque de Montemar) 53

Pons, Félix 335

Ponte, Miguel 262

Porcioles, José María 339

Porta, Pablo 352

Portela Valladares, Manuel 262

Portero, Florentino 178

Portillo, José María 36, 45, 55, 98, 161, 432

Posada Herrera, José 112, 116, 117, 118, 119, 120, 131, 152, 163, 164, 173

Posada, Jesús María 427

Posada, Rosa 397, 400

Pou, Vicente 68

Powell, Charles 354, 358, 386

Poza, Genaro 216, 217

Prada, Juan Manuel de 433

Pradera, Javier 310

Pradera, Víctor 197, 210, 217, 241, 243, 259, 260, 263, 265, 277, 280, 294, 297

Prado, Juan José 294

Prado y Colón de Carvajal, Manuel 437

Prast, Carlos 242

Prat de la Riba, Enric 178, 182, 340

Prendes, Ignacio 471, 482

Preston, Paul 249, 277, 278, 320, 435

Priede, Juan 424

Prieto, Alfonso 335

Prieto, Indalecio 254, 256, 282, 289, 305, 333, 338

Primo de Rivera, Fernando 270, 287, 290, 294

Primo de Rivera, José Antonio 252, 260, 266, 268, 270, 274, 276, 277, 278, 281, 283, 284, 285, 290, 291, 294, 296, 297, 303, 355, 365, 366, 404, 405, 485, 494

Primo de Rivera, Miguel 94, 153, 181, 197, 200, 217, 225, 232, 233, 236, 237, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 251, 274, 290, 291, 299, 301, 349, 355

Primo de Rivera, Pilar 290, 291, 296

Prim y Prats, Juan 74, 75, 112, 120, 121, 127, 132, 139, 218

Pro, Juan 55, 78, 102

Puig Antich, Salvador 354

Puig de la Bellacasa, José Joaquín 346

Puigdemont, Carles 460, 466, 467

Puigdevall, Ponç 468

Puig i Cadafalch, Josep 247

Pujol Ferrusola, Jordi 458

Pujol Ferrusola, Oriol 458

Pujol, Jordi 340, 362, 377, 378, 401, 402, 403, 420, 422, 423, 431, 443, 458, 460, 461, 465

Punset, Carolina 471

Punset, Eduard 395, 397

Putin, Vladimir 428

Q

Queipo de Llano, Francisco de Borja 162

Queipo de Llano, Gonzalo 254

Queipo de Llano, José María (conde de Toreno) 48, 50, 73, 78

Quesada, Vicente Genaro de 51, 53, 64

Quevedo y Quintano, Pedro (obispo de Orense) 30

Quintana, Manuel José 42, 75, 87, 88

Quinto, Marcos de 473

Quiroga, Alejandro 239, 245, 400

Quiroga Suárez, José 378

R

Rada, Ricardo 280

Ragonesi, Francesco 216

Rajoy Brey, Mariano 412, 416, 420, 421, 426, 427, 428, 429, 436, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 472, 473, 485, 491, 492, 500, 501, 502, 503, 507, 509, 519

Ramery, Liborio 191

Ramírez, Pedro J. 392, 399, 422, 434, 440

Rampolla, Mariano 185

Rand, Ayn 419

Ranke, Leopold von 93

Ranzato, Gabriele 272

Rato, Rodrigo 391, 415, 416, 428, 436, 438, 446, 456, 458

Reagan, Ronald 15, 386, 497

Recalde, José Ramón 424

Recaredo I (rey de los visigodos) 182, 192

Recarte, Alberto 434

Redondo, Iván 505

Redondo, Onésimo 259, 267, 268, 269, 277, 278, 294, 297

Redondo Terreros, Nicolás 430, 478

Regàs, Rosa 431

Reguera Guajardo, Andrés 346

Reig, Enrique 249, 258

Reig Pla, Juan Antonio 501

Remond, René 19

Renan, Ernest 496

Revilla, Carlos 395, 396

Rey, Fernando del 170, 171, 173, 177, 222

Reynoso, Mariano Miguel de 100, 101

Rezola, Joseba 341

Ribas, Pepe 431

Ridruejo, Dionisio 278, 291, 292, 298, 303, 304, 310, 334, 335, 395

Riego, Rafael del 43, 47, 50, 53

Riera, Miguel 431

Río Morillas, Miguel Ángel del 353, 358

Ríos, Fernando de los 266

Ríos Rosas, Antonio de los 94, 112, 115, 116, 120, 137

Riquer, Borja de 340

Rivera, Albert 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 483, 504, 507

Rivera Blanco, Antonio 12

Rivera García, Antonio 35, 39, 129, 484

Rivero, Nicolás María 134

Robert, Bartolomé 177

Roberto, José Luis 486

Robles, Antonio 469, 470, 480, 483

Roca Barea, Elvira 435

Roca de Togores, Mariano (marqués de Molins) 80, 94, 126, 127, 142

Roca Junyent, Miquel 371, 399, 400, 401, 403, 430, 456

Rodríguez, Antonio J. 22

Rodríguez Braun, Carlos 434

Rodríguez de Valcárcel, Alejandro 343

Rodríguez de Viguri, Luis 237

Rodríguez Ferrer, Miguel 160

Rodríguez Jiménez, José Luis 365, 405

Rodríguez, Miguel Ángel 413, 415, 422, 427, 504

Rodríguez Mora, José Vicente 468

Rodríguez, Pedro (conde de Campomanes) 24

Rodríguez Sahagún, Agustín 379, 385, 395, 396

Rodríguez Soler, José 334, 362

Rodríguez, Soraya 473

Rodríguez Tarduchy, Emilio 283, 303

Rodríguez Vaamonde, Florencio 121

Rodríguez Zapatero, José Luis 402, 429, 433, 435, 440, 441, 442, 443, 445, 447, 448, 450, 451, 453, 462, 477, 478, 479, 480, 493, 496, 518, 519

Rohán, María Berta de 194

Roldán, Luis 392, 437

Roldán, Toni 474

Roma, Juan María 194, 265

Romay Beccaría, José Manuel 349, 416

Romeo, Mari Cruz 122

Romero, Emilio 352, 404

Romero Robledo, Francisco 128, 130, 131, 142, 157, 162, 165, 166, 173, 174, 218

Romeva, Pau 339

Roncali, Federico 95, 110

Roquer, Ramón de 318

Rosa, Javier de la 437

Rosales, Luis 303

Ros de Olano, Antonio 94, 139

Rosón, Antonio 378

Rouco Varela, Antonio María 421

Rousseau, Jean-Jacques 16, 22

Rovira, Francisco 32

Rovirosa, Guillermo 309, 328, 336

Royer-Collard, Pierre-Paul 78

Royo-Villanova, Alejandro 346, 350

Royo Villanova, Antonio 256, 261, 274, 288

Rubio, Alicia 499

Ruiz Albisu, Pilar 480

Ruiz Casado, José Luis 424

Ruiz de Alda, Julio 267, 278, 290, 294

Ruiz del Castillo, Carlos 273

Ruiz-Gallardón, Alberto 389, 438, 446, 452, 500, 503, 508

Ruiz Gallardón, José María 310, 334

Ruiz-Giménez, Joaquín 292, 304, 305, 309, 310, 319, 325, 332, 333, 334, 336, 337, 344, 347, 359, 362, 363, 422

Ruiz-Mateos, José María 406

Ruiz Muñoz, Emilio 263

Ruiz-Navarro, José Luis 335, 359

Ruiz Zorrilla, Manuel 128, 139, 140, 152, 158

Rumor, Mariano 376

Rupérez, Javier 334, 390

Rutten, Georges 199

Ryan, José María 380

S

Saavedra, Ángel de (duque de Rivas) 53, 70, 78, 88, 112

Saavedra, Francisco de 24

Sacanell, Joaquín 194, 195

Sáenz de Santamaría, Soraya 446, 452, 461, 466, 502, 503, 508

Sáenz de Ynestrillas, Ricardo 372

Sáenz-Díez, Juan 306, 369

Sáenz, Lorenzo 265

Sáez, Maria Teresa 438, 508

Sagarmínaga, Fidel de 159

Sainz de Andino, Pedro 55

Sainz de Robles, Federico Carlos 399, 401

Sainz Rodríguez, Pedro 241, 261, 263, 275, 277, 281, 292, 305, 319, 321

Sainz Rueda, Teodoro 157

Sala, Alfonso 221, 242, 244, 248, 264

Salamanca, José María de (marqués de Salamanca) 94, 97, 105, 109, 150

Salanueva, Carmen 437

Salas, Ramón de 73

Salaverría, José María 239

Sales, Ramón 200

Sales Rodríguez de la Bárcena, Francisco de 34

Salgado, Elena 462

Sallarés, Juan 177

Salmerón, Nicolás 124, 127, 138, 139, 140, 142, 157, 197

Salmón, Federico 217

Salvador, Luis 475

Salvini, Matteo 494, 495

Samaranch, Juan Antonio 352

Samper, Ricardo 273

Sancha, Ciriaco 185

Sánchez Agesta, Luis 309, 350

Sánchez-Albornoz, Nicolás 348

Sánchez Bella, Alfredo 324, 333

Sánchez Bella, Ismael 318

Sánchez-Camacho, Alicia 460

Sánchez Cámara, Ignacio 499

Sánchez Covisa, Mariano 370

Sánchez de León, Enrique 360

Sánchez de Toca, Joaquín 174, 188, 214, 215, 219, 220, 237, 250, 253

Sánchez Dragó, Fernando 310, 498

Sánchez, Encarna 434

Sánchez Guerra, José 200, 208, 214, 220, 223, 224, 236, 237, 247, 253, 256, 261

Sánchez Guerra, Rafael 252

Sánchez López, Miguel 122, 471

Sánchez Marco, José 191, 242

Sánchez Mazas, Miguel 310

Sánchez Mazas, Rafael 252, 263, 277

Sánchez, Pedro Antonio 473

Sánchez Pérez-Castejón, Pedro 433, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 475, 476, 483, 490, 501, 502, 504, 518

Sánchez-Román, Felipe 284

Sánchez Silva, Manuel 100, 123

Sánchez-Terán, Salvador 393

Sanchís, Ángel 437, 438

Sancho Rof, Jesús 383

San Gil, María 445, 446, 491, 499, 503

Sangro, Pedro 242

San José, Manuela de.  Véase María Manuela, esclava

Sanjuán, Pascual 334

Sanjurjo, José 28, 241, 242, 254, 263, 269, 270, 275, 276, 286, 288, 485

San Martín, José Ignacio 341, 370, 381

San Miguel, Evaristo 50, 51

Sanromá, Joaquín María 128

Santacreu, Josep María 346

Santa Cruz, Manuel Ignacio 132

Santamaría, Carlos 333

Santiago, Fernando de 353, 381

Santillán, Ramón 78, 83, 84

Sant Simón, Jordi (marqués de Reguer) 192

Sanz-Bachiller, Mercedes 297

Sanz Lafuente, Miguel 62

Sanz, Pablo 66

Sanz y Escartín, Eduardo 171, 241

Sanz y Escartín, Romualdo Cesáreo 195

Sardá y Salvany, Félix 107, 188, 189, 190, 191

Sardinha, Antonio 251, 263

Sarkozy, Nicolas 445, 453, 507

Sartorius, Luis José (conde de San Luis) 78, 95, 97, 109, 110, 115, 127

Satrústegui, Joaquín 335, 346, 398, 399, 401

Savater, Fernando 432, 479, 480, 483

Savigny, Friedrich Karl von 79, 89

Say, Jean Baptiste 43

Saz, Ismael 300

Schelling, Friedrich 93

Schmitt, Carl 93, 237, 319

Schwartz, Pedro 387, 399, 400

Sebastián, Fernando 388

Sebastián, Miguel 462

Seco Serrano, Carlos 68, 161, 433

Seguí, Cristina 486

Seguí, Salvador 221

Segura, Anabel 501

Segurado, José Antonio 384, 389, 390, 399, 400

Segura, Pedro 242, 249, 250, 256, 258, 260, 308

Seijas Lozano, Manuel 89, 94

Selgas Carrasco, José 122

Selva Mergelina, José (marqués de Villores) 265

Sémper, Borja 503

Semprún Maura, Jorge 310

Senante, Manuel 191, 216, 260, 265, 279

Sepúlveda, Jesús 457

Serna, Íñigo de la 503

Serra, Eduardo 416

Serra, Narcis 382

Serrano, Francisco (duque de la Torre) 75, 110, 112, 125, 127, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 152, 156, 164, 270

Serrano Suñer, Ramón 285, 290, 291, 292, 293, 296, 298, 299, 307

Sevilla Guzmán, Eduardo 300

Sevilla, Jordi 462

Sierra Bustamante, Ramón 264, 369

Sièyes, Emmanuel-Joseph 79

Silió, César 212, 215, 235, 241, 243, 253

Silva, Mariano de (marqués de Santa Cruz) 242

Silva Muñoz, Federico 308, 324, 327, 333, 334, 340, 347, 350, 351, 355, 359, 362, 363, 369, 386, 405

Silvela, Francisco 142, 151, 162, 166, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 201, 202, 203, 209, 218

Silvela, Francisco Agustín 78, 80

Silvela, Manuel 112

Simancas, Rafael 438

Simó, Manuel 217

Sivatte, Mauriciio 367

Skorzeny, Otto 370

Smith, Adam 43

Solana, Marcial 258, 263

Soldevila, Juan 221

Solé Tura, Jordi 371

Solís Ruiz, José 304, 322, 324, 326, 330, 343, 344, 349, 352, 353

Somodevilla y Bengoechea, Zenón de (marqués de la Ensenada) 83

Sopeña, Federico 335

Sorel, Georges 181, 267

Soria, José Manuel 452, 459, 503

Soriano, Manuel 440

Sosa Wagner, Francisco 479, 481, 482, 483

Sota y Llano, Ramón de la 179, 222

Soto Carmona, Álvaro 327

Sotto, Serafín María de (conde de Cleonard) 109

Sousa Álvarez de Toledo, Carlos (marqués de Sotelo) 242

Spengler, Oswald 267

Stallmann, Friedrich Rudof (barón de Köening) 218

Stampa Sánchez, Leopoldo 343

Stiglitz, Joseph 415

Strauch y Vidal, Ramón 34, 47

Sturzo, Luigi 210

Suances, Juan Antonio 292

Suárez, Adolfo 327, 340, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 371, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 407, 460, 472, 481

Suárez Bravo, Ceferino 188

Suárez de Tangil, Fernando (conde de Vallellano) 217, 235, 259, 260, 264, 269

Suárez, Federico 23, 318, 319

Suárez, Fernando 355

Suárez, Francisco 34

Suelves, José de (marqués de Tamarit) 195

Suevos, Jesús 366

T

Tácito, Cornelio 346

Talbot Gascoyne-Cecil, Robert Arthur (lord Salisbury) 515

Talleyrand, Charles-Maurice de 344

Tamames, Ramón 310, 395, 396

Tamayo, Eduardo 438

Tarradellas, Josep 377, 468

Tarragona, Eduardo 343

Tedde de Lorca, Pedro 170

Tejada, Elías de 367, 369

Tejado, Gabino 122, 129

Tejero, Antonio 372, 380, 381, 405

Téllez de Girón, Josefina (marquesa de Santa Cruz) 76, 126

Termes, Rafael 400

Tertsch, Hermann 486, 498

Tezanos, Alfonso 457

Tezanos, José Félix 334

Thatcher, Margaret 15, 376, 386, 413, 414, 415, 419, 519

Tierno Galván, Enrique 344, 353, 361, 395

Timmermans, Alfredo 413

Tindemans, Leo 376

Tirado, Juan Antonio 441

Tobalina, Simón 333, 334, 337

Tocino, Isabel 391, 416, 503

Tocqueville, Alexis de 16, 34, 159

Todorov, Tzvetan 14

Togores, Luis Eugenio 435

Toharia, José Juan 337

Tomás y Valiente, Francisco 35, 373, 424, 432

Tomé, Baudilio 413

Topete, Juan Bautista 139

Tornos Laffite, Cirilo 260

Torrabadella, Bartomeu 62

Torra, Joaquim 504

Torras, Jaume 46, 340

Torras y Bages, José 123, 179, 340

Torrente Ballester, Gonzalo 303

Torre, Paco de la 474

Torre, Simón de la 66

Torres Quevedo, Leonardo 242

Torres Rojas, Luis 381

Torres, Sebastián 177

Torriente, Ramón Pelayo de (marqués de Valdecilla) 262

Torrijos, José María de 54, 60

Totorica, Carlos 432

Toutain, Ferran 468

Tovar, Antonio 298, 303, 309, 310

Townson, Nigel 270

Traggia, Joaquín 34

Traverso, Enzo 519

Trelles, Luis de 136

Treviño, Juan Manuel de 242

Trías, Carlos 468

Trías Fargas, Ramón 399

Trillo, Federico 391, 396, 415, 437, 446

Tristany, Rafael 133

Trump, Donald 492, 497

Tubau, Iván 468

Tueros, Tomás 479

Tuñón de Lara, Manuel 173

Tusell, Javier 213, 231, 300, 316, 323, 359, 418, 427, 428

Tusk, Donald 507

U

Udina Martorell, Santiago 340

Ugarte, Javier 289

Ugarte Larrazábal, Antonio 49, 55

Uhagón, Pascual 66

Ullastres, Alberto 312, 320

Unamuno, Miguel de 131, 160, 181, 182, 239, 246, 256, 267, 304

Uranga, José Ignacio 60

Urcelay, Jaime de 498

Urdangarín, Iñaki 455, 456

Uriz, Francisco Javier 66

Urquijo, Mariano Luis de 24

Urquijo Ybarra, Adolfo Gabriel 160

Urquijo Ybarra, José María 208, 247, 263, 266, 281, 294

Urraca Pastor, María Rosa 265

Urralburu, Gabriel 437

Utrera Molina, José 350

Utrilla, Julio 484

V

Valdés Larrañaga, Manuel 366

Valiente, José María 273, 306, 352, 367, 368, 369

Vallejo-Nájera, Antonio 263

Valls-Taberner, Luis 325

Valsecchi, Antonino 22

Varela, Enrique 262, 276, 279, 280, 283, 299, 305

Varela Iglesias, José Enrique 241

Varela Ortega, José 149, 154, 433

Vargas Llosa, Mario 480

Vayreda, Marià 197

Vázquez de Mella, Juan 193, 194, 195, 196, 197, 210, 211, 212, 218, 239, 263, 306, 307, 318, 367

Vázquez de Puga, Joaquín 142

Vázquez, Francisco 499

Vázquez Rial, Horacio 468

Vega-Inclán, Benigno de 242

Vega, Juana María de la (condesa de Espoz y Mina) 75

Vegas Latapié, Eugenio 252, 259,260, 262, 266, 275, 305, 318, 319, 434

Veiga, José Ramón 97

Veil, Simone 400

Velarde Fuertes, Juan 246

Velasco Vidal-Abarca, Ana 486

Velayos, Nicasio 261, 274, 276

Vélez, Rafael 33, 182, 263

Velo de Antelo, José María 353

Ventosa, Juan 253, 339

Verástegui, Valentín de 56, 60, 132

Verdaguer, Jacinto 179

Vestrynge, Jorge 351, 386, 389

Viana, Chus 385, 395

Vicent, Antonio 185, 186, 187

Vicente de Piniés, Pío 237, 398

Víctor Manuel II de Italia 130

Vidal, César 434, 435

Vidal-Folch, Xavier 465

Vidal-Quadras, Alejo 394, 415, 423, 446, 485, 486, 487, 498, 507

Vidal y Barraquer, Francisco 242, 248, 249, 258, 295

Vidaondo, Juan Crisóstomo 68

Vidarte, José María 66

Vigón, Jorge 263, 275, 319

Vilá Reyes, Juan 324

Vila y Camps, Antonio 25

Vilches, Jorge 76, 434

Vildósola, Antonio Juan de 189

Villacís, Begoña 475

Villalobos, Celia 503

Villalonga, Ignacio 318

Villalonga, Juan 417, 418

Villa, Luis Enrique de la 171

Villanueva, Joaquín Lorenzo 26, 27, 36

Villanueva, Miguel 237

Villar Arregui, Manuel 337, 362

Villarejo, José Manuel 460, 466

Villar-Mir, Juan Miguel 498

Villar Palasí, José Luis 88

Villarreal, Bruno 66

Villate, Blas de (conde de Balmaseda) 139, 140

Villegas, Antonio 242

Villegas, José Manuel 469, 470, 471, 474, 475

Villèle, Jean-Baptiste de 48

Vinader, Ramón 136

Vinuesa, Matías 39, 47, 51

Viñas, Ángel 435

Viola, Joaquín 344

Vivanco, Luis F. 303

Vizcaíno Casas, Fernando 404

Vizcarra, Zacarías 239, 263

Volonté, Luca 498

W

Wais, Julio 237

Walesa, Lech 497

Watanuki, Joji 460

Weber, Eugen 19

Wellesley, Arthur (duque de Wellington) 42, 53

Werner, Carmen 366

Wert, José Ignacio 452, 501, 503

Weyler, Valeriano 166, 170, 175, 236, 242

Wilders, Geert 495

Winston, Colin M. 200

Wojtyla, Karol J. (Juan Pablo II) 386, 388

X

Ximénez de Sandoval, Felipe 297

Y

Yabar, Ana 396

Yagüe, Marisol 406

Yanguas Messía, José de 240, 241, 243, 246, 260, 263, 332, 333

Ybarra, Fernando María de 221, 235, 275, 294

Ybarra López-Dóriga, Fernando 264

Ybarra, Ramón 161

Ysàs, Pere 355

Yzurdiaga, Fermín 303

Z

Zamanillo, José Luis 280, 306, 352, 369

Zamarreño, Manuel 424

Zancada, Práxedes 242

Zapico, Noel 352, 359

Zaplana, Eduardo 413, 430, 438, 439, 444, 445, 446, 456

Zaratiegui, Juan Antonio de 60, 66

Zarzalejos, Javier 434

Zarzalejos, José Antonio 433

Zavala, José María de 367

Zavala Vidarte, Manuel Fernando 56

Zavala, Manuel José de (conde de Villafuertes) 66

Zeballos, Fernando de 22, 23, 32, 263

Zelada, Fermín 334

Zelea Codreanu, Corneliu 365

Zozaya, Miguel María 281

Zubiri, Xavier 266

Zulueta, Juan Antonio 398

Zulueta, Julián 128

Zumalacárregui, Tomás 60, 66, 132