Libro de historia, resultado de la investigación que dio lugar a la tesis de doctorado del autor.

Se fundamenta en un riguroso y completo estudio documental y bibliográfico en relación con la temática que se trata.

El propósito de este libro es comparar el marco general del conflicto político-religioso español durante el Sexenio Democrático (1868-1874) con el caso concreto de Cádiz, ciudad que sirve de modelo, como representante, en aquellos momentos, de las ideas políticas más avanzadas.

El autor se dirige, simultaneando sencillez y rigor, a los lectores interesados en las causas y consecuencias de las difíciles relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Español, cuando este trata de imponer una política secularizadora, tan necesaria para unos como incomprendida por otros. La vigencia de la materia que se trata en el libro se puede comprobar al recordar las polémicas que se suscitan actualmente, por ejemplo, alrededor de la aparición de nuevas formas de entender el matrimonio civil, de la legislación sobre enseñanza de religión y uso de símbolos religiosos en las escuelas públicas o del sostenimiento económico a la Iglesia católica por parte del Estado.

Antonio Orozco Guerrero

Cádiz y el conflicto político-religioso (1868-1874)

ePub r1.0

Titivillus 23.04.2022

Título original: Cádiz y el conflicto político-religioso (1868-1874)

Antonio Orozco Guerrero, 2013

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Lista de abreviaturas y siglas

A.C. → Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cádiz

A.Cab. → Actas del Cabildo Catedral de Cádiz

A.C.C. → Archivo Catedralicio de Cádiz

A.C.P.C. → Actas de la Comisión Provincial de la Diputación de Cádiz

A.D.C. → Archivo Histórico Diocesano de Cádiz

A.D.P.C. → Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz

A.M.C. → Archivo Municipal de Cádiz

B.O.P.C. → Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz

B.E.D.C. → Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Cádiz

C. → Caja

Carp. → Documento

Expte. → Expediente

Leg. → Legajo

Lib. → Libro

Núm. → Número

P. → Página

Pto. → Punto

Vto. → Vuelto

INTRODUCCIÓN

El presente libro, consecuencia de mi tesis doctoral[1], trata de comparar el marco general del conflicto político-religioso español durante el Sexenio Democrático con el caso concreto de Cádiz, ciudad que puede servir de modelo como representante, en aquellos momentos, de las ideas políticas más avanzadas.

El periodo que estudia, los años que transcurren entre la caída de Isabel II y el comienzo de la Restauración, resultan del mayor interés por lo que significaron de ruptura con la etapa precedente y de búsqueda de nuevas fórmulas políticas y, con ellas, de formas diferentes de entender las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. Se trata de un periodo muy dinámico y heterogéneo, pues en solo seis años se sucedieron, tras los momentos iniciales de dispersión del poder en Juntas Locales y Provinciales, un Gobierno provisional, una regencia, una monarquía democrática y dos formas de república. El panorama lo completan dos Constituciones, aunque una se quedó solo en proyecto, una guerra colonial, la de Cuba, y dos guerras civiles, la cantonal y la carlista.

Respecto a la elección de Cádiz, hay que subrayar el papel fundamental que desempeñó esta ciudad en la génesis y sostenimiento del liberalismo español desde sus inicios y también en el periodo concreto que se estudia aquí. Como es bien sabido, Cádiz fue protagonista de primer orden en la defensa contra el invasor francés, lo que trajo consigo la formación de las primeras Cortes liberales en la cercana ciudad de San Fernando y la gestación de la primera Constitución española. El levantamiento militar de Riego de 1820 triunfó en primer lugar en San Fernando y cayó tres años después en Cádiz. Por fin, la misma revolución de 1868 se inició en esta ciudad, donde confluyeron en septiembre muchas de las personalidades que iban a ser protagonistas del periodo que se iniciaba, lleno de iniciativas liberales y democráticas en busca de una sociedad menos supeditada a los designios de la Iglesia católica y, por lo tanto, más laica. La ciudad tenía, pues, un bien ganado prestigio de revolucionaria y liberal. El factor geográfico fue también importante a la hora de elegirla para iniciar el alzamiento, ya que la cercanía de Gibraltar facilitaba la huida en el caso de que este no triunfase. Si se admite la interpretación tradicional de la revolución de 1868 como consecuencia de un movimiento democrático y burgués[2], en pocas partes se podría haber iniciado la revolución con iguales garantías de éxito, pues Cádiz contaba con una notable burguesía comercial a la que el deterioro económico de la ciudad, lento pero inexorable desde la pérdida del monopolio del comercio con América, llevó a un desarrollo ideológico y político muy apreciable. Esta circunstancia dio lugar a la formación de un grupo selecto de demócratas gaditanos, como Fermín Salvochea, Eduardo Benot, Rafael Guillén Martínez, José Paúl y Angulo, Ramón de Cala y Pedro Moreno Rodríguez, que en su mayoría pasarían a formar parte del Partido Republicano a partir del triunfo de la “Gloriosa”.

Una vez centrado el marco temporal y geográfico, queda el más importante: el temático. Los conceptos “secularización” y “laicismo” pueden ser entendidos desde distintos planos o puntos de vista[3]. Pero, teniendo en cuenta su significado historiográfico, lo que se analizará en las próximas páginas es la actuación activa desde los poderes públicos posteriores a la revolución de 1868 para forzar la pérdida de influencia de la Iglesia católica en la sociedad. Esta política secularizadora, consecuencia directa de una reacción liberal contra la política clerical precedente, tenía que provocar unas reacciones defensivas de la Iglesia católica y los confesionales, dando lugar a un proceso conflictivo[4].

Recientemente, con el Concilio Vaticano Segundo, la Iglesia se aproximó a posiciones más tolerantes. Tras un retroceso posterior, los gestos positivos del actual santo padre parecen anunciar nuevos aires. Pero basta recordar cuestiones como la oposición a nuevas formas de entender el matrimonio civil, la controvertida legislación sobre enseñanza de religión y el uso de símbolos religiosos en las escuelas públicas o las encontradas opiniones acerca del sostenimiento económico a la Iglesia católica por parte del Estado, para comprender que el problema no se encuentra aún resuelto del todo.

Las repercusiones socioestructurales del enfrentamiento entre los partidarios de la Iglesia católica tradicional y el laicismo, o en otras palabras, entre clericales y anticlericales o entre el “movimiento católico” y el “movimiento secularizador”, son analizadas en este libro desde dos planos diferentes: por un lado, la reacción directa de los representantes de la diócesis de Cádiz contra las leyes y decretos secularizadores y, por otro, las repercusiones concretas de la confrontación en el ámbito local. El análisis se refiere preferentemente a las implicaciones de las medidas legislativas secularizadoras en las relaciones entre autoridades, nacionales o locales. Pero, además, se trata de encontrar claves sobre la percepción social y mental del conflicto, a través del estudio de las opiniones expresadas y las noticias publicadas en la prensa local, del análisis de las actividades de las asociaciones, católicas o revolucionarias, de las movilizaciones populares y de la respuesta de la autoridad ante las actividades de los protestantes en el contexto de la libertad de cultos. En definitiva, las siguientes páginas fijan predominantemente la atención en el nivel político de las relaciones institucionales entre las autoridades respectivas, pero también tratan de valorar el contexto social y mental que acompañó al proceso.

El texto se ha estructurado en cuatro partes. El Capítulo 1 procede efectúa un breve repaso general sobre la cuestión, que sirve de comparación con el análisis del panorama local. A continuación, se hace una presentación de la Iglesia gaditana y los agentes locales del conflicto durante el periodo estudiado. El capítulo 3 analiza la oposición directa del obispado gaditano a la política secularizadora del periodo. Por último, el Capítulo 4 valora el problema local, analizando las relaciones entre las autoridades locales, civiles y eclesiásticas. En los dos últimos capítulos, ocupa un lugar significativo la valoración de la percepción local sobre la cuestión.

Las páginas que siguen pretenden contribuir a completar el panorama apuntado en otros estudios locales que reflexionan sobre diversos aspectos del Sexenio Democrático o que reflexionan de alguna manera sobre las causas y consecuencias del proceso secularizador durante dicho periodo.

CAPÍTULO 1.

MARCO GENERAL:
LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA DURANTE EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

1.1 Antecedentes

La aparición del liberalismo en España dio lugar al enfrentamiento entre los católicos que deseaban que la Iglesia se adaptara a las nuevas condiciones políticas y sociales y los que se oponían a cualquier cambio. Según la visión liberal, era necesario pasar al ámbito secular aspectos que habían sido tradicionalmente privilegio de la Iglesia, para que esta se limitara a ejercer una función exclusivamente espiritual dentro de la sociedad. Uno de los principales anhelos liberales era el de acabar con la excesiva acumulación de bienes eclesiásticos, por entender que perjudicaba el desarrollo económico general. Por último, los liberales tendían, en defensa del derecho a la libertad individual, reconociendo el derecho de cada cual a practicar la religión que eligiera.

Antes de continuar, conviene aclarar que la lucha de los liberales por modificar las estructuras anquilosadas de la Iglesia católica y adaptarla a las nuevas realidades sociales seguía en buena medida una trayectoria que arranca en la política regalista ilustrada del siglo XVIII, con la que coincidían en su deseo de aumentar las prerrogativas del Estado respecto a la Iglesia[5]. Por otra parte, las denuncias contra las conductas poco ejemplares de los ministros de la Iglesia son muy anteriores a la llegada del reformismo ilustrado y el liberalismo[6].

Las primeras décadas del siglo XIX conocieron una lucha constante entre liberales y conservadores para imponer su visión sobre la Sociedad y la Iglesia. El proyecto liberal comenzó a dar sus primeros frutos, aún muy limitados, en las Cortes Constituyentes de 1810. La reacción ideológica contraria a los avances contenidos en la Constitución de 1812 se reforzó con la restauración de Fernando VII, que restableció las instituciones del Antiguo Régimen. La actuación de obispos y clérigos se dirigió a fortalecer la sacralización de la figura del rey y devolver a la Iglesia el monopolio ideológico y su control sobre el pensamiento y las costumbres[7]. En 1820 los liberales volvieron al poder y llevaron a cabo las primeras medidas que afectaban directamente a los bienes de la Iglesia. En 1822 habían sido cerrados en España ochocientos diez conventos, aunque seguían abiertos ochocientos sesenta[8]. Fernando VII desmontó a partir de 1823 la obra liberal del trienio precedente. Pero no restableció Inquisición y esto llevó a algunos miembros del clero a oponerse al rey. Los liberales más moderados y los absolutistas más flexibles fueron cobrando protagonismo político a expensas de los absolutistas más intransigentes, que empezaron a ver en el hermano del rey, Carlos María Isidro, su líder natural. Cuando falleció Fernando VII y los liberales hicieron a Isabel su reina gran parte del clero español pasó a apoyar al Carlismo. Los carlistas, con una visión de la religión propia del absolutismo, se constituían en un importante elemento de oposición a las reformas de la Iglesia que pretendían los liberales. Los órganos de expresión del Carlismo durante la primera guerra carlista fueron a menudo dirigidos por eclesiásticos[9].

El gaditano Mendizábal desarrolló entre 1835 y 1837 una amplia política desamortizadora. El 11 de octubre de 1835 promulgó un primer decreto de exclaustración, que fue seguido por otro de carácter general el 8 de marzo de 1836. Como colofón de su obra desamortizadora, el 29 de julio de 1837 promulgó la ley de supresión de órdenes religiosas, prácticamente general[10]. En 1841 comenzaron las ventas de los bienes del clero secular, convertidos en nacionales en 1837.

Tras la finalización de la primera guerra carlista en 1840, aparecieron, desde posiciones eminentemente conservadoras, algunas tentativas de cierta tolerancia hacia políticas mesuradamente liberales. Estas posturas tuvieron como precursor a Jaime Balmes, que a pesar de criticar los males causados a la Iglesia católica por la doctrina liberal, procuraba mantener una posición de transacción entre esta y el absolutismo[11]. Balmes fue el modelo seguido por algunos representantes españoles de un catolicismo contemporizador, que mostraba ciertas simpatías hacia el Catolicismo Liberal que abogaba en Francia y Bélgica por el respeto a la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado. En esa línea se inscriben, entre otros, José María Quadrado y Eduardo María Vilarrasa y Costa. El primero se mostraba a mediados del siglo XIX partidario de conjugar el catolicismo con la libertad y compartía en parte las ideas del catolicismo liberal europeo, defendiendo la independencia de la Iglesia respecto al Estado[12]. Vilarrasa criticaba en 1858 el liberalismo y la democracia; pero en 1865 mostraba su acercamiento a posiciones más abiertas al tratar sobre la encíclica Quanta Cura y el Syllabus Errorum[13].

Los ejemplos de Quadrado y Vilarrasa solo fueron casos aislados de intentos de conciliar la defensa de la fe con la comprensión de las nuevas realidades sociales y culturales. La inmensa mayoría del clero y del catolicismo militante español se mantuvo dentro de las posiciones más inmovilistas. La mayoría de edad de Isabel II llevó a la búsqueda del reconocimiento de la Santa Sede y ello hizo necesario renunciar a los avances liberales. El 27 de abril de 1845 se celebró un convenio entre España y el Vaticano, que adelantaba el futuro Concordato. Su artículo primero establecía que la religión católica sería exclusiva y perpetuamente la profesada en España. A partir del Concordato de 1851, la obra liberal progresista quedó paralizada. La Iglesia católica logró que se detuviera el proceso desamortizador, recuperando los bienes aún no vendidos, aunque con la condición de que fueran las Diócesis las que lo hicieran a cambio de recibir títulos de la deuda al tres por ciento. Respecto a los conventos, se aceptó la supresión de los de hombres, pero se reguló y dio cobertura legal a los de monjas. Además, la Iglesia recuperó el control absoluto sobre la educación en las universidades, colegios y escuelas públicas o privadas[14].

El Concordato de 1851 llevaba consigo la renuncia del Estado a la obra liberal de todo el siglo, lo cual no podía ser admitido por los progresistas. El levantamiento liberal de 1854 dio lugar a la ley de desamortización de Madoz de mayo de 1855, más conocida por sus efectos sobre posesiones no eclesiásticas, que reanudó la desamortización de los bienes de regulares y comenzó las ventas de los del clero secular.

Durante el Bienio Progresista, de 1854 a 1856, se inició la formación del grupo denominado neocatólico desde la prensa contraria a los progresistas y partidaria de una política supeditada al catolicismo[15]. Los neos personificaban las posiciones más conservadoras del Partido Moderado en defensa de la tradición católica y el poder temporal de la Iglesia[16]. Aunque se nutrían de la ideología de Balmes, su sector más reaccionario rompió con su tradición conciliadora y pasó a seguir los criterios de Donoso Cortés, absolutamente contrarios a cualquier transacción con los liberales[17].

Tras el Bienio Progresista, la Iglesia volvió a recuperar posiciones. El convenio firmado entre Pío IX e Isabel II en agosto de 1859 dio vigencia perpetua al Concordato como ley de Estado. Era, además, un acuerdo económico que venía a resolver los problemas causados por la desamortización[18]. Durante la última década isabelina se produjo el acceso de un importante plantel de neos a los Gabinetes y a los escaños parlamentarios, de la mano de Cándido Nocedal. Su notable influencia durante esta etapa constituye una de las claves fundamentales para interpretar la revolución de 1868[19]. Los neocatólicos contribuyeron de forma determinante a la exclusión del poder de todos los que trataban de oponerse a su política de apoyo incondicional a la Iglesia y atacaron cualquier intento de imponer un modelo intelectual que se opusiera a las tesis católicas tradicionales.

Los católicos conservadores se radicalizaron aún más a partir de la reacción de la Iglesia ante el peligro que la formación del reino de Italia suponía para el mantenimiento de su poder temporal, dando inicio a la llamada “cuestión romana”. La posibilidad de que el Estado Vaticano perdiera su independencia tuvo relación con la publicación en diciembre de 1864 de la encíclica Quanta Cura y su anexo, el Syllabus Errorum, que condenaba terminantemente el liberalismo. El Syllabus afianzó la intolerancia de los neocatólicos y afectó al catolicismo liberal en su desarrollo, pues puso a los católicos más aperturistas en la coyuntura de aceptar la incompatibilidad de liberalismo y catolicismo o provocar un cisma[20].

En España, la creciente influencia política de los neos coincidió con la intelectual de los krausistas. Según su punto de vista, el cristianismo era beneficioso para la Humanidad, pero esta no había sabido sacar provecho de lo mejor de él. La Iglesia era “la manifestación social de la religión interna del hombre”. No era portadora de una verdad inalterable, sino una institución susceptible de desarrollarse. Los krausistas no estaban, pues, en contra de la religión (algunos de ellos, como Fernando de Castro y Tomás Tapia, eran eclesiásticos), pero su concepto de la moral ponía a la religión como algo íntimo distinto de las prácticas obligadas más por la costumbre que por la fe. Se mostraban partidarios de la secularización del Estado. Para ellos, la secularización no consistía en excluir a Dios de la sociedad sino al sacerdote de una esfera de acción que no era la suya propia. La mayor parte de los krausistas se adscribió al republicanismo, pues la monarquía española, con la colaboración de los neocatólicos, no mostró más que intolerancia hacia ellos. Además, entendían que no era la institución idónea para el desarrollo de sus ideas[21]. Los krausistas consideraban que la educación del individuo era fundamental para conseguir un hombre más libre y capaz de reformar la sociedad. La libertad de enseñanza era uno de sus principios fundamentales[22] y la Universidad Central fue el centro oficial desde el que gran parte de ellos trató de ejercer libremente su labor difusora.

Los neocatólicos fueron muy beligerantes con el krausismo, al que identificaban políticamente con el liberalismo[23]. Desde antes de la publicación del Syllabus, las publicaciones neocatólicas, habían orquestado una campaña de desprestigio contra los intelectuales y catedráticos krausistas. La principal acusación a los profesores era que se servían de sus cátedras para propalar doctrinas erróneas y anticatólicas[24]. Ortí y Lara atacó al krausismo, y más particularmente a Castelar, a partir de las posiciones de la filosofía escolástica[25]. La jerarquía eclesiástica española mantenía la misma línea que los neocatólicos en contra de la libertad de enseñanza. No faltaron defensores de los intelectuales krausistas, como La Revista Ibérica, que mostraba en 1863 una visión diametralmente opuesta a la de Ortí y Lara respecto a los discursos de Castelar[26].

La primera Cuestión Universitaria surgió a partir de la real orden de 21 de octubre de 1864, en la que se recogían las exigencias de los neocatólicos contra las enseñanzas de los krausistas en la universidad. La orden recordaba que la conducta de los profesores debía ajustarse al juramento establecido por el reglamento universitario de 22 de marzo de 1859, “ateniéndose a la defensa de la fe católica, la fidelidad a la reina y la obediencia a la Constitución[27]”. La aparición del Syllabus produjo un recrudecimiento de la cuestión universitaria y, a la larga, la ruptura de los krausistas con la Iglesia católica. El Gabinete moderado de Narváez de julio de 1866 y el posterior de González Bravo necesitaron del apoyo de los neocatólicos para mantenerse en el poder. La colaboración de los neos, que pretendía mantener alejadas las opciones innovadoras, tuvo en la práctica el efecto contrario, pues contribuyó en gran manera a provocar el proceso revolucionario[28]. Los krausistas, que podrían haber ejercido en España el papel conciliador desempeñado por el catolicismo liberal en otras partes de Europa, terminarían por apartarse de la Iglesia católica al verse hostigados por esta y los neocatólicos[29].

1.2 La pugna por imponer un nuevo modelo de relaciones Iglesia-Estado

Todo lo expresado hasta aquí ayuda a entender la reacción anticlerical de los autores de la revolución de septiembre de 1868. Esta reacción se expresó en buena parte en una legislación encaminada a conseguir un nuevo modelo de Estado, que consiguiera, entre otros logros, resolver la cuestión religiosa. Pero los revolucionarios no estaban, en absoluto, de acuerdo en la forma de conseguirlo.

Estas diferencias de criterio ya se pueden observar en las actuaciones de las juntas revolucionarias que aparecieron ante el vacío inicial de poder consiguiente al estallido revolucionario. Aunque un testigo de los acontecimientos tan significativo como Pi y Margall afirma que en los primeros momentos de la revolución prevalecieron las ideas democráticas[30], lo cierto es que sus medidas se correspondieron en mayor proporción con los objetivos de los progresistas[31]. Esta circunstancia ya fue confirmada por algunos escritores coetáneos a los acontecimientos, todos favorables a la revolución, aunque desde distintas posiciones políticas. Sus “historias del presente” ayudan a entender la visión que tenían los revolucionarios sobre la importancia de las Juntas y su papel de indicadoras desde un primer momento de la dirección a seguir. Entre estos relatores de primera mano de los acontecimientos (cuyas aportaciones usaré al tratar sobre las medidas de las Juntas, salvo cuando cite expresamente otra fuente), se encuentra Antonio Altadill y Teixidó, un periodista demócrata nacido en Tortosa que se convertiría al republicanismo federal y sería gobernador civil de Guadalajara y de Murcia durante el periodo de la república; Leopoldo Alba Salcedo, unionista natural de Vejer de la Frontera (Cádiz), que sería diputado conservador a Cortes en 1876, y Carlos Rubio y Collet, que se puede situar en el centro de las orientaciones políticas de los dos anteriores, pues era miembro del Partido Progresista y había actuado como secretario de Prim durante su destierro en Inglaterra[32].

La Junta Provisional Revolucionaria constituida a las tres de la madrugada del 18 de septiembre proclamó la libertad de cultos además de las de enseñanza, imprenta, reunión y comercio, así como el desestanco del tabaco y de la sal y la supresión de los derechos de consumo. Aunque los demócratas y progresistas avanzados eran mayoría en la Junta[33], la presencia en Cádiz de los militares protagonistas de la revolución impidió que se tomaran medidas iniciales más radicales. Prim designó el 20 de septiembre una Junta Provincial de Gobierno, mucho más moderada, pues aunque formaban parte de ella varios demócratas (Francisco Lizaur, Manuel Francisco Paúl, Ramón de Cala y Rafael Guillén Martínez), estaba presidida por el unionista Juan Bautista Topete e incluía a una mayoría de unionistas y progresistas moderados. La nueva Junta resolvió no tomar ninguna resolución que pudiera tener carácter de ley permanente de Estado y no hacer declaraciones expresa de libertades y el 21 de septiembre disolvió la Junta Revolucionaria, designando a continuación una Junta Local[34].

La Junta de Sevilla, una de las más próximas a las ideas democráticas, proclamó el 20 de septiembre el “sufragio universal[35]”, la libertad de cultos y la unidad de fueros, suprimiendo el eclesiástico. La Junta de Córdoba proclamó principios semejantes a la de Sevilla el mismo día 20 de septiembre. La de Málaga propuso el día 25 una proclamación de derechos en la misma línea que las anteriores y el 26 decidió reunir en uno o dos conventos a las monjas de la ciudad y proceder inmediatamente a la demolición de todos los demás. También proclamó la libertad de conciencia y el derecho a erigir libremente templos de cualquier religión, aunque admitía que la católica continuase siendo la religión del Estado.

Respecto a los actos contra órdenes religiosas o templos, además de la supresión de conventos de monjas de Málaga, ya mencionada, los más destacables se produjeron en Sevilla. La supresión de los conventos de Mínimas, Dueñas, Socorro, Santa Ana, San José, San Leandro y Santa Isabel se hizo de acuerdo con la autoridad eclesiástica, que probablemente aceptó para evitar perjuicios mayores. La Junta de Córdoba cerró cuatro conventos de monjas[36]. En Zaragoza, el 29 de septiembre las turbas intentaron quemar el palacio arzobispal, pero “algunos republicanos de orden y revolucionarios de mejor sentido” evitaron el desmán. En Valladolid, los demócratas se hicieron dueños de la situación y convirtieron el templo de los Mostenses en “templo de la libertad” para sus reuniones políticas[37]. La Junta de Lérida derruyó una parroquia y cerró el seminario Conciliar, medida esta muy frecuente, que se repitió en Salamanca, Valladolid, Tortosa y Málaga. En Huesca, el obispo fue expulsado el 8 de octubre por la Junta revolucionaria. Las Juntas de Barcelona y Calatayud expulsaron a los jesuitas.

No faltaron Juntas muy moderadas en su conducta hacia el clero. La de Valladolid, aunque expulsó a los jesuitas, se mostró respetuosa con el cardenal, que confesó haber recibido diariamente testimonios de respeto de toda clase de personas, incluyendo a los miembros de la Junta revolucionaria. En Astorga, el obispo se congratulaba de lo juiciosa y pacífica había sido la actuación de la Junta local[38]. La de Santander se apresuró a comunicar que su principal objetivo era conservar el orden y consagrar un respeto religioso a la propiedad, y solo explicitó el derecho a la Soberanía Nacional. La Junta de Cuenca y otras se pusieron decididamente a favor de la Iglesia. La Junta de Burgos no tomó ninguna medida contra las órdenes religiosas[39].

La situación revolucionaria y la rapidez con que se sucedieron los edictos y acciones de las Juntas no permitió una reacción inmediata de los obispos, que se limitaron a comunicar al nuncio Franchi lo sucedido en sus respectivas Diócesis. Poco después de constituido el Gobierno provisional, la prensa contraria a la revolución comenzó a insertar en sus páginas las protestas de grupos de seglares contra las medidas de las Juntas que afectaban a la Iglesia católica. El 15 de octubre de 1868, varios centenares de señoras de Sevilla dirigieron un escrito a Serrano, presidente del Gobierno, protestando por los actos de la Junta de Sevilla, entre los que destacaban la demolición completa de cincuenta y siete templos[40].

A partir del 8 de octubre de 1868, el Gobierno provisional asumió las exigencias de las Juntas revolucionarias que conducían a implantar un amplio programa progresista, haciendo algunas concesiones a los demócratas, como la consagración del sufragio universal masculino, la libertad de prensa y la de asociación. La coalición de progresistas y unionistas, junto con el reducido número de demócratas que aceptó la monarquía, trataba de imponer un modelo de Estado, y por ende de relaciones entre la Iglesia y el Estado, mientras los republicanos, excluidos del poder, luchaban por lograr otro modelo, mucho más radical en la forma de arreglar la cuestión religiosa.

El Gabinete promulgó durante su primer mes de funcionamiento un elevado número de disposiciones legales que afectaban a la Iglesia. La primera fue la supresión de la Compañía de Jesús, publicada el 13 de octubre de 1868 en la Gaceta de Madrid, que daba tres días de plazo a la orden para cerrar todos sus colegios e institutos. Desde que en 1815 Fernando VII restauró la orden suprimiendo la pragmática sanción de Carlos III de 2 de abril de 1767, los jesuitas se habían convertido a los ojos de los liberales en el principal símbolo de la alianza de la Iglesia con el Absolutismo, motivo por el que habían sido también suprimidos en 1820 y en 1835. El 15 de octubre de 1868, se derogaba el decreto de 25 de julio del mismo año, promulgado por el Gobierno derribado, autorizando a las comunidades religiosas a adquirir y poseer bienes. Era una orden preparatoria del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre, según el cual quedaban extinguidas todas las fundadas con posterioridad al 29 de julio de 1837, pasando sus edificios, bienes y rentas a ser propiedad del Estado. Los conventos fundados con anterioridad a dicha fecha debían quedar reducidos por provincias a la mitad, para lo que se daba a los gobernadores civiles el plazo de un mes. El 19 de octubre quedaban suprimidas las Conferencias de San Vicente, una institución seglar que estaba encuadrada en la congregación de San Vicente de Paúl y cumplía una notable función caritativa. La única causa para la supresión, citada explícitamente en el decreto correspondiente, era que obedecían a una autoridad extranjera[41]. El 22 de octubre se suprimieron las congregaciones masculinas de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri. El 3 de noviembre se promulgaba un nuevo decreto que autorizaba la creación de asociaciones civiles de caridad dependientes del Gobierno a través de los respectivos gobernadores civiles, con el fin de cubrir los cometidos de las recién suprimidas Conferencias de San Vicente de Paúl.

Otros decretos iniciales del Gobierno provisional conferían a los ciudadanos unos derechos cuya limitación había sido pactada anteriormente entre la Iglesia y el Estado. El decreto sobre libertad de imprenta de 23 de octubre concedía a todos los ciudadanos el derecho a expresarse libremente por escrito, sin sujeción a censura ni ningún otro requisito previo, y suprimía el Juzgado de Imprenta, la Fiscalía de novelas y la censura de obras dramáticas. El derecho de asociación quedó sancionado el 20 de noviembre. Todo ciudadano tenía derecho a constituir asociaciones, con la obligación de poner en conocimiento de la autoridad local su finalidad y reglamentos, y con la condición de no someterse a una autoridad establecida en territorio extranjero. Esta circunstancia vetaba indirectamente a las órdenes religiosas, lo que supondría un motivo de crítica para los opositores a las medidas liberales, que veían contradictorio que el Gobierno negase a la Iglesia las libertades que extendía con carácter general a todos los ciudadanos.

Los decretos sobre libertad de enseñanza de 14 y 21 de octubre constituían en buena parte una reacción contra la legislación final del reinado de Isabel en materia de educación, que daba a la Iglesia importantes atribuciones en la primera y segunda enseñanzas. El 14 de octubre de 1868 se derogó la ley de Instrucción Primaria aprobada el 2 de junio anterior, argumentándose para ello la “impresión desoladora” que había causado la limitación de la libertad de enseñar practicada por el poder derrocado por la revolución. La Primera Enseñanza se declaraba libre porque “entregar la instrucción primaria al clero era aprisionarla en un círculo de hierro, encerrándola dentro de un cuadro de verdades invariables e indiscutibles”. El artículo quinto del decreto derogaba los privilegios concedidos a las sociedades religiosas en materia de enseñanza. El decreto de 21 de octubre regulaba el ejercicio de la libertad de enseñanza y al mismo tiempo reorganizaba la enseñanza en las universidades.

Otro decreto del Gobierno provisional que afectaba a la Iglesia fue el de suspensión provisional del presupuesto para los seminarios conciliares, de 22 de octubre, hasta que las Cortes Constituyentes se pronunciasen sobre el mantenimiento económico a la Iglesia. Dicho presupuesto ascendía a cinco millones novecientos noventa mil reales.

Ruiz Zorrilla, como ministro de Fomento, vio a principios de 1869 llegado el momento de proceder a la incautación de las obras de arte y documentos de valor de la Iglesia, ocultos, según su opinión, en los archivos eclesiásticos. Su intención era ejecutar el decreto de incautación sin dar tiempo a que los prelados trasladasen a otros lugares los bienes referidos: En la disposición oficial constaba la fecha de 1 de enero de 1869 como la de la firma de Ruiz Zorrilla, pero no se publicó hasta el día 26. El ministro envió el 18 de enero una circular a los gobernadores civiles para que procedieran a la incautación el día 25 de enero, es decir un día antes de la publicación del decreto. A pesar de este sigilo la disposición no produjo los efectos esperados, pues la jerarquía eclesiástica tuvo conocimiento de lo que iba a suceder y tiempo suficiente para retirar de los archivos los objetos que se pretendía incautar[42].

Otra disposición legal que, como la anterior, trataba de retomar y concluir la desamortización abandonada a partir de octubre de 1856 por los Gobiernos moderados de Isabel II fue la referente a los bienes de obras pías y patronatos, fechada el 1 de marzo de 1869, cuando ya estaban funcionando las Cortes Constituyentes. Las obras pías o patronatos eran fundaciones de carácter piadoso instituidas por fieles que destinaban algunos bienes raíces para que sus rentas se dedicaran a acciones caritativas, generalmente circunscritas al ámbito geográfico o familiar del fundador. Un caso particular de estas fundaciones eran las capellanías, en las que las dotaciones y rentas estaban condicionadas a que se celebrase un número determinado de misas por el alma del fundador.

Todas estas instituciones formaban parte fundamental de un sistema de asistencia benéfica que hundía sus raíces en la perspectiva cristiana medieval. Partiendo de la sacralización de la mendicidad y de la caridad como medios de santificación, la beneficencia, como parte del modelo económico-social estamental, dejaba el alivio de los más perentorios problemas económicos o sanitarios de las personas necesitadas en manos de la iniciativa privada, bien por medio de limosnas, bien a través de testamentos, que constituían, generalmente bajo la administración de instituciones eclesiásticas, alguna de las fundaciones aludidas. Tras la controversia surgida en los siglos XVI y XVII sobre el tratamiento de la pobreza como problema social o medio de santificación, la Ilustración comenzó a racionalizar el sistema de beneficencia, que, aun siguiendo en manos de la Iglesia, pasó a ser considerada una forma de resolver un problema social que competía al Estado. El liberalismo trató de imponer su política secularizadora en la cuestión por medio de las desamortizaciones, pero, como se puede comprobar, estas no se habían dado por finalizadas en 1869, fundamentalmente a causa de los retrocesos y rectificaciones de las etapas moderadas de la etapa isabelina[43].

Según el preámbulo de la disposición, los bienes de obras pías debían haber sido desamortizados en cumplimiento a leyes anteriores, pero estos bienes no habían sido aun vendidos por “interpretaciones erróneas” y por haber sido “maliciosamente ocultados”. La disposición daba treinta días de plazo para que todos los poseedores o administradores de estas fundaciones declarasen su existencia, indicando en su caso las excepciones relativas a las capellanías familiares, a cuya propiedad tenían derecho los descendientes del fundador. Pasado dicho plazo, se procedería a la incautación y venta de los bienes objeto del decreto, salvo que los administradores interpusieran recurso en el plazo de tres meses, contados desde la publicación del decreto, en cuyo caso se esperaría a la resolución pertinente.

Si durante el período de dominio local de las Juntas revolucionarias no hubo apenas reacción eclesial, esto cambió completamente a partir de la instauración del Gobierno provisional, pues los prelados comprendieron, tras el desconcierto inicial, la necesidad hacer frente a los decretos mencionados. Entre el 22 de octubre y el 27 de noviembre muchos arzobispos y obispos enviaron escritos de queja al ministro de Gracia y Justicia Antonio Romero Ortiz o a Francisco Serrano como jefe del Gabinete. Las protestas del episcopado se publicaron en la prensa católica conservadora, con la intención de hacer publicidad entre los católicos más sensibles a los cambios que se estaban efectuando. El tono de las reclamaciones era respetuoso, prescindiéndose de apreciaciones de carácter político. Su contenido indica cuáles eran las principales preocupaciones del episcopado ante los decretos del Gobierno provisional, destacando las protestas contra la supresión general de 18 de octubre, especialmente en lo relativo a la expulsión de monjas de sus conventos y, en menor medida, la oposición a libertad de cultos anunciada por el Gobierno en el manifiesto “A la Nación” del día 26 de octubre. Mucho menor incidencia tuvieron las quejas por las supresiones de la Compañía de Jesús y las Conferencias de San Vicente o por la suspensión de los presupuestos correspondientes a los seminarios conciliares, no siendo discutidas por los prelados las libertades de imprenta, enseñanza y asociación[44].

Al igual que sucedió con los prelados, el decreto de supresión de órdenes religiosas de 18 de octubre fue el detonante que dio lugar a la proliferación de escritos de protesta de ciudadanos contra la política eclesiástica del Gobierno, siguiendo el ejemplo iniciado el 15 de octubre por las señoras de Sevilla. Estas protestas se prolongaron hasta la inauguración de las Cortes Constituyentes, siendo su peso numérico muy dispar[45]. El 21 de octubre setecientos cuarenta y seis vecinos de Astorga protestaron contra el decreto citado, que, en opinión de los firmantes, limitaba a los religiosos en sus derechos de reunión y asociación pacífica. Desde Pamplona, seiscientas sesenta y tres personas pidieron el 23 de octubre que no se tomara ninguna resolución contra la unidad religiosa hasta la reunión de Cortes y que se suspendiera el decreto de supresión de órdenes religiosas de 18 de octubre. Un número indeterminado de señoras de Écija se dirigió el 24 de octubre a Serrano para protestar contra el mismo decreto. El 27 de octubre se envió desde Orihuela otra protesta contra la supresión de órdenes religiosas. El día 29 quinientas dieciséis señoras de Madrid dirigieron a Serrano una protesta contra los derribos de conventos, la supresión de comunidades religiosas y la construcción anunciada de sinagogas judías y capillas protestantes. También el 29 de octubre, algunas segovianas subscribieron un escrito dirigido a Serrano pidiéndole la revocación del decreto de supresión de órdenes religiosas. Casi todos estos escritos estaban firmados por mujeres y todos se referían concretamente a las monjas al protestar contra la supresión de las órdenes religiosas[46].

A partir del 11 de febrero de 1869, las sesiones de las Cortes Constituyentes conocieron la pugna de los distintos grupos políticos por hacer prevalecer sus distintos modelos de Estado, en los que ocupaba un lugar primordial el problema religioso. Las dos grandes cuestiones que se abordaron en el proyecto de Constitución fueron la libertad de cultos y las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. La formulación definitiva de ambas cuestiones iba a constituir el principal motivo de oposición de la Iglesia y el clero español a la Constitución y su desarrollo legislativo.

La cámara se dividió en un centro amplio, liderado por los progresistas y apoyado por los demócratas monárquicos y una fracción de los unionistas, un ala izquierda, republicana, y un ala derecha, representada por el inmovilismo de los tradicionalistas, apoyados por los tres representantes del clero, y el conservadurismo de la derecha unionista[47]. Las ideas de estos tres grupos estaban en concordancia con distintos planes para resolver la cuestión religiosa.

El clero en su inmensa mayoría, los tradicionalistas y el ala derecha de la Unión Liberal luchaban por mantener a la Iglesia católica en el lugar ocupado antes de la revolución sin la más mínima modificación. La confesionalidad del Estado, y con ella el mantenimiento sin modificaciones de sus relaciones con la Iglesia católica, se basaba para los representantes de esta postura en la convicción de que el primero estaba obligado a mantener la exclusividad de la religión católica, por ser la única verdadera, y a proteger a la Iglesia como legítima depositaria de la verdad.

La coalición de centro y la izquierda republicana defendieron en la cámara dos proyectos secularizadores diferentes. Ambos trataban de resolver el problema de la libertad de cultos. Para la coalición de centro, era necesaria porque lo imponía el respeto a los derechos individuales, porque era necesario acomodarse a los nuevos tiempos y a la realidad circundante y porque lo exigía la presencia de extranjeros no católicos en España. Respecto al segundo gran problema, el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, los progresistas querían alejar a la Iglesia católica de todas las esferas que consideraban debían ser exclusivamente controladas por los poderes públicos; pero creían necesario seguir sosteniendola económicamente.

Los republicanos compartían con la coalición de centro el deseo de implantar la libertad de cultos, pero la entendían de un modo muy distinto: para los progresistas, la libertad de cultos era una tolerancia hacia las minorías que pudiesen practicar otras religiones, lo que no impedía que, siendo católica la inmensa mayoría de los españoles, la Nación se obligase a apoyar a la Iglesia católica; los republicanos defendían que la libertad de cultos no permitía tener preferencias por una u otra religión y obligaba a una neutralidad absoluta por parte del Estado. Todas las religiones debían ser tratadas por igual y el Estado no debía mantener ninguna relación ni apoyar a la Iglesia católica ni a ninguna otra.

En definitiva, la meta del proyecto republicano era la secularización de la Sociedad, mediante la separación completa de la Iglesia y el Estado. La primera debía renunciar a ser apoyada por el segundo y a cualquier tipo de privilegio, manteniéndose tan solo con las aportaciones de sus fieles y aceptando la libre competencia con las demás religiones. Los liberales monárquicos se limitaban a pretender la secularización del Estado, mediante el control de la Iglesia, la asunción de los cometidos que habían permanecido tradicionalmente en manos de esta y la finalización de la obra desamortizadora[48].

La cuestión de la libertad de cultos, se suscitó en las Cortes el 23 de febrero, a poco de iniciarse las sesiones, cuando se estaba discutiendo si se daba un voto de gracias al Gobierno provisional y se encomendaba a Serrano la formación de un nuevo Ministerio. Los diputados de la derecha tradicionalista y de la izquierda republicana reprocharon al Gobierno provisional su política sobre la libertad de cultos, los primeros por oposición a la misma y los segundos porque pensaban que debía haberse declarado expresamente antes de la reunión de las Cortes. Ramón Vinader, miembro fundador de la Asociación de Católicos y componente de su Junta Superior, en nombre de los tradicionalistas, criticó duramente los decretos eclesiásticos del Gobierno provisional y expresó que no entendía que el Gobierno hubiera sancionado la libertad de asociación y anunciase la libertad religiosa mientras negaba ambas a los religiosos.

Figueras intervino para explicar que los republicanos no creían que se debiera imponer la libertad de cultos manteniendo el culto católico como privilegiado y dando continuidad a un sistema concordatario con la Iglesia católica. Era necesario, en su opinión, proclamar la separación de la Iglesia y el Estado. Pi y Margall intervino a continuación, sosteniendo que el pueblo no había estado satisfecho con el Gobierno provisional porque no había decretado la libertad de cultos. Si no se aprobaba esta, la Iglesia católica terminaría por poner limitaciones al pensamiento y a la libertad de expresión, al creerse poseedora de la verdad sobre todos los grandes problemas humanos. Pi y Margall negaba la religiosidad del pueblo español, al añadir: “O mucho me equivoco o este pueblo es el menos religioso y más escéptico de la tierra[49]”.

Al día siguiente, 24 de febrero, intervino el demócrata gaditano Segismundo Moret afirmando que, en su opinión, la cuestión religiosa se debía haber resuelto antes de que se formaran las Cortes, facilitando así que la libertad de cultos se fuera imponiendo en el pueblo. La intolerancia religiosa era una vergüenza para España y la mantenía alejada de las naciones más avanzadas. A continuación, el ministro Romero Ortiz, en nombre del Gobierno provisional, le replicó que la coalición a la que pertenecían ambos no había logrado aunar criterios sobre los términos en que se tenía que concretar la expresada libertad. Para unos, consistía en compaginar la continuación de la oficialidad de la Iglesia católica con la tolerancia hacia las demás religiones; para otros indicaba el mantenimiento de un Estado católico que subvencionase a todas las religiones que tuvieran representación en el territorio nacional; otros, siempre según expresaba Romero Ortiz, traducían la libertad de cultos al aspecto económico y la resumían en la traslación al Municipio y a la Provincia de las obligaciones económicas con la Iglesia que hasta el momento pesaban sobre el Estado. Estaba también, y Romero Ortiz la citó, la opinión de los republicanos, para los que la libertad de cultos llevaba consigo la consecución de una independencia total entre la Iglesia y el Estado. Ante la disparidad de opiniones y la proximidad de apertura de las Cortes, el ministro creyó que lo más oportuno había sido dejar a estas discutir qué libertad de cultos querían aprobar[50].

El 2 de marzo se designó una comisión de quince personas para que presentase un proyecto de Constitución. Fueron elegidos varios unionistas, progresistas y demócratas de la coalición monárquica (Ríos Rosas, Silvela, Ulloa, Posada Herrera, Cristóbal Valera, Montero Ríos, Olózaga, Aguirre, Mata, Vega Armijo, Martos, Moret, Becerra, Godínez de Paz y Romero Girón), quedando completamente excluidos los republicanos y los tradicionalistas. Esto y la clara mayoría en la Cámara de la coalición de centro, hacía ya indudable que la libertad de cultos que se iba a consagrar se ajustaría a los designios de la coalición liberal monárquica[51].

Las peticiones dirigidas a las Cortes Constituyentes desde su formación hasta la presentación del proyecto de Constitución pidiendo la unidad católica fueron muy escasas. Esto se debió principalmente a que la Asociación de Católicos había estado organizando una petición colectiva a las Cortes para que se mantuviese la unidad católica, que no se entregó hasta después de leerse el proyecto en la Cámara. La Junta Superior de la asociación había formalizado el 25 de diciembre de 1868 una convocatoria para que los católicos apoyasen la petición con su firma. Se esperaba que, una vez constituidas, las Cortes se inclinarían “ante la conciencia del país (…) al ver resuelta por esta especie de sufragio la cuestión religiosa[52]”. El 5 de abril de 1869 se procedió a una entrega inicial de peticiones que contenía, según la asociación, dos millones ochocientas treinta y siete mil ciento cuarenta y cuatro firmas, procedentes de ocho mil cuatro lugares. Teniendo en cuenta que el plazo transcurrido desde el inicio de la recogida de firmas era de poco más de tres meses, la cantidad resulta muy elevada. La Junta Superior de la Asociación de Católicos, para evitar falsificaciones, había advertido que no recibiría peticiones firmadas que no estuviesen autorizadas por una o dos personas conocidas de alguno de los miembros de la asociación o de los redactores de alguno de los periódicos católicos que apoyaban la iniciativa, o que llevase el sello de la parroquia correspondiente. Pero esto no asegura que no se hubiera cometido algún fraude, y más teniendo en cuenta que, dado el elevado número de analfabetos que había en España, la firma de estos podía ser realizada por otra persona, sin que existieran garantías de que el titular lo hubiese autorizado. Además, podían firmar todos los que lo desearan, sin limitación de edad[53]. El 14 de abril se remitió a las Cortes una segunda remesa de firmas, trescientas cincuenta y nueve mil cuatrocientas ochenta y nueve, de otras mil veintiocho localidades[54]. Las Cortes Constituyentes pasaron a la Comisión Constitucional estas firmas adicionales en sesión del 26 de abril[55]. Algo más tarde, la Asociación de Católicos publicó un resumen total de las firmas conseguidas, reflejando la cantidad de tres millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil trescientas noventa y seis firmas procedentes de diez mil ciento diez localidades[56].

La distribución por provincias de las firmas pidiendo que la religión católica continuara siendo perpetuamente la de la nación española dibuja un mapa en el que se aprecian zonas de predominio católico conservador y otras cuya escasez de firmas indica mayor adhesión a la revolución o al menos más indiferencia religiosa. Los resultados de estas últimas coinciden con las ciudades donde se dieron las Juntas revolucionarias más dispuestas a la proclamación de libertades y toma de medidas inmediatas contra conventos[57].

El mismo día 26 de abril, tras recibirse la segunda remesa de firmas de la Asociación de Católicos, comenzó el debate sobre los artículos veinte y veintiuno del proyecto de Constitución[58]. El obispo de Jaén, Antolín Monescillo, y el canónigo Manterola consignaron la necesidad de respetar a la Iglesia y mantener la unidad católica. El republicano García Ruiz recordó que en España había dieciséis millones de personas, cantidad muy superior a la de las firmas que pedían el mantenimiento de la unidad católica y el ministro Montero Ríos le replicó que los dieciséis millones de españoles eran católicos y que todos, por tanto, deseaban el sostenimiento del culto[59].

El 5 de mayo se aprobaba el artículo veintiuno de la Constitución, mediante el cual se imponía el proyecto secularizador de los progresistas, demócratas y unionistas avanzados al de la izquierda republicana, quedando igualmente vencido el inmovilismo del clero y los tradicionalistas y el conservadurismo de la derecha de la Unión Liberal. Su texto definía una nueva relación con la Iglesia católica basada en el respeto a la libre profesión de cualquier religión, pero manteniendo el compromiso de sostener económicamente tan solo a la católica. Esta cuestión formaba parte de la política liberal desamortizadora, pues los liberales se sentían obligados a compensar a la Iglesia por la pérdida de sus bienes. Al quedar sometida económicamente a los presupuestos del Estado, la Iglesia perdía gran parte de su autonomía.

La ratificación constitucional de las libertades de expresión y enseñanza contribuyó a anular gran parte de la influencia de la Iglesia católica. Pero la libertad de cultos sancionada por la Constitución tocaba un aspecto aún más importante, pues el catolicismo dejaba de ser la religión exclusiva de España. El Estado no se declaraba aconfesional y se comprometía a sostener económicamente a la Iglesia, pero esta se veía despojada de la situación de monopolio que había mantenido hasta el momento. De esta forma, la aprobación de la libertad de cultos iba a producir un recrudecimiento en la oposición de la Iglesia católica al régimen revolucionario. La negativa de los prelados a jurar la Constitución y el desarrollo legislativo de la misma iban a contribuir en gran manera a intensificar el conflicto entre secularizadores y clericales.

1.3 Desarrollo legislativo del proyecto liberal monárquico

El proyecto secularizador liberal monárquico plasmado en la Constitución de 1869, dio lugar a un desarrollo legislativo que se puede dividir en dos tiempos. El primero ocupó la etapa de regencia de Serrano, conociendo un periodo de tentativas, finalizadas en fracaso, por lograr la supeditación del clero al nuevo orden constitucional, y una serie de disposiciones legales que hicieron aumentar la oposición eclesial a la política revolucionaria, especialmente la ley de matrimonio civil. El segundo tiempo, la monarquía de don Amadeo, se caracterizaría, como se verá, por la promulgación de escasas disposiciones que avanzasen en el proceso secularizador y la aparición de otras que trataban de contemporizar con la Iglesia, partiendo del convencimiento de un sector liberal monárquico (los constitucionales de Sagasta) de que el proyecto estaba prácticamente culminado y la nueva labor a realizar era su conservación.

Desde el principio, el rechazo de la inmensa mayoría de los obispos a la Constitución fue completo. El nuevo Gabinete que formó Prim el 18 de junio de 1869 se planteó la necesidad de conseguir que los obispos jurasen fidelidad a la norma constitucional recién aprobada. Se preparó un borrador de decreto, que fue entregado al cardenal de Valladolid para que lo enviara a la Santa Sede y esta presentase las observaciones que estimara convenientes. La Penitenciaría Apostólica contestó en agosto que el juramento era ilícito y solo debía prestarse bajo coacción o violencia[60].

Los carlistas iniciaron a partir de la promulgación de la Constitución una insurrección que fue pronto sofocada. Se afirmaba frecuentemente desde la prensa liberal que muchos eclesiásticos apoyaban económicamente al Carlismo y que buena parte de ellos abandonaba sus puestos para apoyar a los insurrectos. En este contexto, Ruiz Zorrilla, que había sustituido a Lorenzana como ministro de Gracia y Justicia, lanzó el 7 de agosto desde la Gaceta de Madrid un decreto muy duro contra el clero, fechado el día 5, precedido de un preámbulo que hacía constar el malestar del Gobierno ante “el doloroso espectáculo” que planteaba, en su opinión, una parte del clero, que en vez de limitarse a observar en sus actos “la verdadera y sana doctrina” en la que se había distinguido siempre la Iglesia “y a ser nuncio de paz, ejemplo de mansedumbre y de obediencia a las potestades legítimas”, encendía “con ardor inusitado y criminal empeño la tea de la discordia para alumbrar más tarde los campos de la península, convertidos en sangrientas ruinas por la insaciable ambición, por la codicia y el furor desapoderado de los enemigos de la libertad”.

Ruiz Zorrilla opinaba que la oposición clerical al espíritu de los nuevos tiempos no estaba originada por el desdén o las provocaciones del Gobierno, pues los hombres que lo componían veneraban y respetaban al clero y habían sido “los primeros en deplorar la situación poco lisonjera” en que se encontraban “algunas Diócesis”. Por otra parte, añadía que no debían ser tantas las necesidades que sufría el clero cuando, parecía averiguado que, “con las excepciones justas”, había contribuido “no solo con su consejo y excitaciones sino con sus recursos propios” a la consecución de un empréstito abierto con el fin allegar medios “para facilitar el triunfo de la causa carlista”. Reputaba de “repugnante y de anticristiana esa actitud de una parte del clero español” y agregaba que la opinión pública la condenaba “con sobra de razón y de datos”. Los “atentados del clero”, perturbaban el sosiego público y no tenían excusa, puesto que, “expeditas todas las vías legales y sancionadas como legítimas las manifestaciones del pensamiento individual y colectivo”, no había ninguna razón “para colocarse en abierta hostilidad” contra una situación fundada “en el mejor de los derechos”, pues obedecía al “indiscutible principio de la Soberanía de la Nación”.

El Gobierno, según expresaba Ruiz Zorrilla, había obrado con “gran prudencia”, a pesar de tener “exacto conocimiento de la guerra sin tregua que, desde el púlpito y en todas partes” le había declarado “gran número de sacerdotes”. El Gobierno no se arrepentía de haber tenido esta tolerancia. Hasta el momento había “guardado todos los respetos y todas las consideraciones” hacia el clero; pero debía cumplir con el deber de mantener el principio de autoridad y defender los intereses públicos. Era necesario “contener y castigar a aquellos eclesiásticos que, abusando de su digno Ministerio” procuraban “sumir al régimen en los horrores de una desastrosa guerra civil”.

La disposición exhortaba los arzobispos y obispos a que diesen cuenta inmediata de todos los eclesiásticos de sus respectivas Diócesis que hubiesen abandonado sus templos “para lanzarse a combatir la situación política creada por las Cortes Constituyentes”. Tenían también que informar con la mayor brevedad de las medidas canónicas y publicas adoptadas durante “la separación y abandono de los Sacerdotes rebeldes”, no solo con el fin de corregirlos, “sino también con el de reparar el gravísimo escándalo producido entre los diocesanos por una conducta tan desleal y desatentada”. El Gobierno se reservaba, en vista de los informes que los prelados elevasen al Ministerio de Gracia y Justicia, adoptar las medidas convenientes. Siendo “notorio” que muchos clérigos excitaban “los ánimos sencillos de algunas gentes contra las leyes y decisiones votadas por las Cortes”, se ordenaba a los prelados que hiciesen circular por sus Diócesis en el plazo de ocho días, un breve edicto pastoral exhortando a sus diocesanos a obedecer a las autoridades constituidas, remitiendo copia a la secretaría del ministerio de Gracia y Justicia. Por último, se les ordenaba que retirasen las licencias de confesar y predicar a los “sacerdotes notoriamente desafectos”, que hubiesen manifestado ostensiblemente su actitud contraria al régimen constitucional.

El decreto invadía las atribuciones de los prelados al ponerlos bajo la obediencia del poder civil en cuestiones propias de su ministerio. Ruiz Zorrilla quería hacer ver al clero, al que llamaba intencionadamente “respetable clase del Estado”, su obligación de mostrarse favorable al nuevo ordenamiento constitucional. Las contestaciones de los prelados se fueron publicando en la Gaceta de Madrid a medida que iban llegando al Ministerio de Gracia y Justicia, siendo la del obispo de Cádiz, firmada el 17 de agosto en Alcalá de los Gazules, una de las últimas[61].

El 6 de septiembre de 1869, una vez que el ministro Ruiz Zorrilla recibió todas las contestaciones y pastorales correspondientes publicó un nuevo decreto con un modelo de circular que iba a ser remitida a la mayor parte de los prelados comunicándoles el “agrado y complacencia” con que el regente se había enterado de su “apostólico celo” al contribuir “a sofocar en su origen el fuego de la última perturbación del orden público que amenazaba sumir a nuestra nación en los horrores de una segunda guerra civil”. Los prelados habían prestado, en palabras de Ruiz Zorrilla un importante servicio a la patria que no lo era menor a la religión. Los Gobiernos que tenían su base en el privilegio iban desapareciendo para dar paso a la Soberanía Nacional; los pueblos iban encargándose de la dirección de sus destinos y en esa nueva situación, en esa “civilización moderna”, se necesitaba de “un poderoso elemento moral”. Ese elemento era la Iglesia. Para que esta pudiera desempeñar su “santa misión” era necesario ante todo borrar completamente el “fatal antagonismo” que existía entre la Iglesia y la civilización moderna. Era necesaria una “reconciliación entre las dos grandes fuerzas que rigen los destinos del mundo” y para ello era absolutamente preciso que, “olvidando recuerdos de glorias pasadas”, la Iglesia se limitase a la esfera de acción que le correspondía y abandonase para siempre la de la política, que era de exclusiva responsabilidad de la sociedad civil. Se trataba, como se puede comprobar, de todo un manifiesto de la política secularizadora progresista. Zorrilla afirmaba que, asentada la reconciliación de la Iglesia y el Estado, estaba asegurado el porvenir de ambos; pero si continuaba el antagonismo, se preveía una serie interminable de conflictos y desgracias comunes.

Los decretos de 5 de agosto y 6 de septiembre no lograron el objetivo de poner a los prelados bajo la obediencia del Gobierno, pues muchos de los que fueron felicitados por su colaboración protestaron al sentirse ofendidos por lo que estimaban era un intento de dividir a la jerarquía eclesiástica en dos grupos, uno de “afines” y otro de “desafectos” al Gobierno. Si se pretendía debilitar la resistencia de la autoridad eclesiástica, el efecto fue el opuesto.

Mientras tanto, continuaban las negociaciones entre el Gobierno y la Santa Sede para lograr que esta autorizase a los prelados y al resto del clero a prestar el juramento. En septiembre, el secretario de estado del Vaticano, Antonelli, telegrafió a Bianchi (que había quedado en Madrid sustituyendo al nuncio Franchi desde que abandonó España una vez promulgada la Constitución), para que comunicase a los obispos españoles, y estos al clero, que, vistas las reservas aceptadas por el Gobierno, no había obstáculo para que jurasen la Constitución[62]. A pesar de lo anterior, los obispos mantuvieron su postura contraria a prestar el juramento, intentando durante su asistencia al Concilio Vaticano, a partir de la segunda quincena de noviembre, que la Santa Sede autorizase su negativa. La contribución de los prelados españoles a la definición de la infalibilidad del papa podría estar relacionada con su deseo de sentirse respaldados en su oposición a jurar la Constitución, pues una vez convertida aquella en dogma, si lograban una negativa papal a consentir el juramento a la Constitución esta podría ser esgrimida como justificación inexcusable[63].

La negativa a jurar la Constitución dio lugar a la supresión de los haberes del clero. El 23 de noviembre de 1869 se estaba discutiendo en las Cortes un dictamen declarando sin derechos a haberes pasivos a los funcionarios que no prestasen el juramento a la Constitución. El ministro de Gracia y Justicia, Ruiz Zorrilla, defendía que el Gobierno estaba autorizado para exigir el juramento a los obispos y a los clérigos con la misma fórmula que para los demás funcionarios del Estado. Las Cortes declararon a todos los funcionarios que no hubiesen jurado la Constitución o no acreditasen hacerlo en el plazo de un mes, sin derecho a desempeñar destinos y funciones públicas y a la percepción de los haberes que pudieran corresponderles por retiro o cesantía. Esta medida se aplicó también al clero, al que no se podía privar de sus puestos, pero sí de los haberes correspondientes. Esto ya se estaba haciendo desde que se proclamó la Constitución, como reconoció el 3 de febrero de 1870 el que había sido ministro de Gracia y Justicia entre junio y julio del año anterior, Cristóbal Marín Herrera, durante una sesión de Cortes que tenía como orden del día el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre gastos generales del Estado[64].

El 19 de marzo de 1870 el Gobierno publicó un decreto regulando el juramento del clero. El preámbulo decía que “el respetable clero” debía contribuir a la seguridad y consolidación de la Constitución. Se aseguraba (aunque no había ningún motivo para pensar que fuera cierto) que no había recelo sobre que se fueran a dar resistencias, puesto que se contaba “con el patriotismo que debe animar a tan respetable clase”. Se argumentaba que la ley fundamental no contenía nada que se opusiera a los preceptos religiosos y que la libertad de cultos consagrada en la Constitución era un derecho político para proteger la conciencia del ciudadano en el orden temporal. Además, era un derecho consagrado en las constituciones de otros pueblos, en los que el clero católico no tenía inconveniente “en prestar juramento de fidelidad a sus leyes y de obediencia a sus autoridades”. La Santa Sede ya lo había reconocido así, pues había hecho saber al episcopado español que el clero podía prestar el juramento a la ley fundamental.

Los obispos españoles habían logrado durante el Concilio que el Santo Oficio declarase que jurar la Constitución equivalía a aceptar el artículo veintiuno, por lo que los obispos no debían prestar el juramento. Una vez promulgada la ley de marzo de 1870, Práxedes Mateo Sagasta, como ministro de Gobernación, se comprometió por escrito ante Antonelli a no obligar al clero a nada que atentase contra la ley de Dios. Este, a pesar del informe negativo del Santo Oficio, envió el 26 de abril una nota al representante pontificio en Madrid confirmando el acuerdo de septiembre de 1869, que autorizaba el juramento. El mismo día, los obispos que se encontraban en Roma enviaron al regente un documento en el que se negaban rotundamente a jurar la Constitución, aduciendo que el acuerdo de la Santa Sede autorizaba el juramento pero no obligaba a prestarlo. La inmensa mayoría del clero español mantuvo la negativa. De los más de cuarenta mil sacerdotes existentes en España, solo unos dos mil juraron la Constitución. Casi todos los sacerdotes que aceptaron jurar pertenecían a los cabildos catedrales y a las parroquias. Las únicas excepciones entre la jerarquía eclesiástica fueron el cardenal primado, que no firmó el documento colectivo de Roma, pues el 11 de abril ya había jurado la Constitución, y el obispo de Almería. Ferrer, auditor-asesor de la Nunciatura, y el personal del Tribunal de la Rota habían firmado en enero de 1870, antes de la publicación del decreto[65].

La negativa de la inmensa mayoría de los prelados y clero español a jurar la Constitución causó grandes dificultades de tipo económico a las Diócesis, pues todos los Gobiernos del Sexenio Democrático mantuvieron la suspensión de haberes correspondientes al clero que no había jurado. Estos problemas económicos fueron aún mayores por el impago de los fondos destinados al culto, habitual durante todo el periodo a causa de los problemas presupuestarios.

Otra cuestión que dio lugar a la reacción eclesiástica durante el periodo de la Regencia fue la instauración del matrimonio civil, precedida por la del registro civil[66]. Un autor contemporáneo a la promulgación de la ley de matrimonio civil opinaba que los legisladores liberales la justificaron al considerar diferentes el aspecto contractual y el sacramental del matrimonio; en contra, expresa que muchos católicos defendían que ambas facetas estaban íntimamente ligadas y no podían separarse, de manera que el sacramento ya tenía efectos de contrato civil y no era necesario legislar sobre él. Además, el matrimonio civil era considerado por ellos como una institución creada por los protestantes, al no aceptar estos la naturaleza sacramental del matrimonio[67].

El 20 de junio de 1870, un día antes de la publicación de la ley provisional de matrimonio civil, se promulgó la de creación del registro civil, que llevaría el control de las personas, en lo relativo a nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanía. La instauración del registro civil era una condición necesaria para poner en vigor el matrimonio civil. La ley provisional que lo creaba establecía en su artículo segundo que el matrimonio que no se celebrase con arreglo a la nueva disposición no produciría efectos civiles con respecto a las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes. La ley de matrimonio civil no estaba en absoluto en contra del matrimonio eclesiástico, pero partía de la convicción liberal de que la Iglesia católica, más allá del Sacramento, se había apropiado de un aspecto del matrimonio que esta debía estar en manos de las autoridades civiles, pues el artículo veintisiete de la Constitución determinaba que el ejercicio de los derechos civiles y políticos era independiente de la religión que profesaran los ciudadanos. El reconocimiento de la libertad para profesar cualquier religión autorizaba implícitamente cualquier rito matrimonial, no debiéndose hacer una distinción discriminatoria a favor del matrimonio católico.

A pesar de la fuerte oposición eclesiástica que provocó, la ley de matrimonio civil era bastante moderada. Se mantenía la indisolubilidad del matrimonio y se reconocía la validez a efectos civiles de los matrimonios eclesiásticos anteriores (artículo setenta). La ley ha sido motejada como “una versión secular del matrimonio canónico” o una copia del matrimonio del mismo con la que los miembros del Gobierno pretendían evitarse conflictos de conciencia[68]. A pesar de su moderación, suponía un importante avance social porque, por primera vez en España un “rito de paso” tan importante como el matrimonio pasaba a ser controlado por el Estado.

El 16 de agosto de 1870, el ministro Laureano Figuerola publicó un decreto desarrollando la ley provisional de matrimonio civil, regulando su celebración y determinando la fecha de 1 de septiembre del mismo año para su puesta en vigor. Tomás García Mosquera, director general de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, remitió el 24 de agosto una circular a los jueces de primera instancia con modelos e instrucciones para la celebración del matrimonio civil, establecido “en las naciones más civilizadas, incluso en aquellas en que predomina la religión católica”. Decía García Mosquera que la única modificación que afectaba a los que profesaban el catolicismo era que su matrimonio, para que produjera efectos en el orden civil, no se debía celebrar “solamente por los curas párrocos, sino también por los funcionarios de la autoridad temporal[69]”. Al sustituir al matrimonio católico como fuente de derechos civiles, el matrimonio civil fue ampliamente protestado por el episcopado y también incumplido por gran parte de los creyentes católicos, que siguieron celebrando el matrimonio canónico sin acudir a los juzgados.

La llegada de don Amadeo al trono español dio lugar a un motivo más de tensión entre la Iglesia católica española y el Estado. Para el episcopado, se trataba del hijo del rey excomulgado que había tomado Roma y “encarcelado” al papa[70]. El asesinato de Prim dividió al Partido Progresista. Los constitucionales contaron con la fracción de los unionistas que habían aceptado la nueva dinastía, y los radicales con los demócratas. Esta ruptura entre los tres partidos que habían apoyado y protagonizado el proyecto secularizador progresista iba a traer consigo un relativo estancamiento en los avances obtenidos. Los constitucionales pensaban que, promulgada la Constitución, elegido el rey y hechas las leyes necesarias, podía darse por concluida la obra revolucionaria y urgía consolidarla por medio de una política conservadora; los radicales, por el contrario, opinaban que debía continuarse abordando nuevas reformas para lograr la consolidación en el Trono de la casa de Saboya[71].

Una de las primeras disposiciones del nuevo reinado fue la reposición a las Diócesis, el 16 de enero de 1871, de los beneficios de la bula de la Santa Cruzada, que se habían estado reteniendo en manos del Estado. Castelar ya había expresado en la sesión de Cortes del día 31 de enero del año anterior, al tratar sobre el presupuesto eclesiástico, su oposición al dominio del Estado sobre una recaudación que debía corresponder a la Iglesia. Como republicano, defendía que la Iglesia no necesitaba del Erario, pero debía recibir los beneficios de la bula, que ascendían a unos catorce millones de reales anuales. Era una forma indirecta de lograr que la Iglesia se sostuviera con las limosnas de los fieles[72].

El decreto reponiendo la bula aplicaba sus beneficios a las atenciones del culto parroquial y al de la catedral en caso de que quedasen excedentes, intentando con ello mejorar la economía de las Diócesis al mismo tiempo que dictar una medida inicial que congraciase a la Santa Sede con el nuevo rey. Las recaudaciones de la bula se entregaban al Tesoro y pasaban a formar parte del presupuesto general del Estado, destinándose a las atenciones del culto. Pero la mala situación económica, según trataba de aclarar el preámbulo del decreto, había impedido que su producto se hubiese dedicado “al objeto para que debiera estar exclusivamente destinado”. Se reconocía la justicia de la medida y la necesidad de que los templos no carecieran “por más tiempo de los medios más indispensables al culto, resintiéndose del debido cuidado tan importante ramo de la Administración pública”. No se perdía ocasión, como se puede ver, para incluir el culto y los templos como competencia de la administración civil.

La reparación económica que suponía la reposición de la bula de la Santa Cruzada no sirvió para mejorar las relaciones con la Santa Sede, que poco después del decreto, el 2 de febrero de 1871, entregó al encargado de los asuntos de España una lista de todos los “agravios” causados por la revolución a la Iglesia, cuya reparación se evaluaba como imprescindible para reconocer al nuevo rey. El Gobierno contestó a cada uno de los agravios sin admitir el más mínimo cambio en su política secularizadora.

Después de la celebración del vigésimo quinto aniversario de Pío IX, en junio de 1871, las relaciones se hicieron aún más difíciles cuando el primer Gobierno de Amadeo, presidido por Serrano, dictó la circular de 16 de julio del ministro de la Gobernación, Sagasta, sobre el uso de los cementerios para personas no católicas[73]. Fue uno de los pocos intentos de avance en el proyecto secularizador liberal monárquico que se dio durante el reinado de Amadeo. El 17 de noviembre de 1868 el Gobierno provisional había dictado un decreto que expresaba la necesidad de que las condiciones de los cementerios se ajustasen a los principios que debían servir de base a la nueva era, abierta por la revolución. Pero en 1871 los cementerios municipales seguían teniendo la consideración exclusiva de católicos, contando con un capellán remunerado por el Consistorio respectivo. Los cadáveres de los no católicos se enterraban habitualmente de forma indecorosa, pues la Iglesia católica no aceptaba enterrarlos en un espacio consagrado. La circular de 16 julio de 1871 trataba de arreglar la cuestión dando instrucciones a los gobernadores civiles para que, mientras las Cortes resolviesen sobre la secularización de los cementerios, se habilitase un espacio dentro de los cementerios católicos donde enterrar a los que no profesaban dicha religión. La circular se encontró con la firme oposición de la mayor parte de los católicos, empezando por los capellanes de los cementerios, que continuaron exigiendo a los acompañantes del cadáver la autorización del párroco correspondiente como requisito para admitir la entrada.

El nombramiento, el 24 de julio de 1871, de un nuevo Gabinete presidido por Ruiz Zorrilla, parecía anunciar nuevas medidas secularizadoras, pero la moderación continuó siendo el tono dominante. El 12 de agosto se publicó un decreto sobre capellanías, muy condescendiente con la negativa eclesiástica a cumplir el de desamortización de obras pías de marzo de 1869, pues se daba una nueva oportunidad a los administradores y herederos de capellanías familiares, pues se daba ahora un plazo de seis meses para presentar sus solicitudes ante las administraciones económicas de las provincias. El decreto muestra un talante contemporizador y moderado. Además, trataba de mostrarse como compatible con el Concordato de 1851 y las disposiciones anteriores a la revolución sobre venta y permuta de capellanías por títulos de la deuda.

El 13 de febrero de 1872, un día después de pasado el plazo “improrrogable” de seis meses para presentar las solicitudes de excepción que determinaba el decreto anterior, el ministro de Hacienda, Santiago Angulo, firmó una nueva disposición, publicada el 18, con el fin de conceder otros seis meses, justificándolo en las dificultades que se habían dado para obtener pruebas sobre la ascendencia familiar de los supuestos herederos con derecho a recuperar las fundaciones, que habían impedido que se hicieran las solicitudes “en el breve plazo de seis meses”.

Volviendo a 1871, el 1 de octubre se promulgó un decreto cuya principal justificación era económica y que intentaba mostrar que la Corona reconocía la validez del Concordato de 1851. Se trataba de suspender la provisión canonjías y otros beneficios eclesiásticos vacantes que correspondiesen al turno de la Corona, según lo acordado en el citado Concordato, para ahorrar el gasto correspondiente, sin renunciar por ello al derecho que se afirmaba tener. No se pretendía “vulnerar en modo alguno los derechos y prerrogativas” que tenían el papa y los prelados españoles para el nombramiento de las piezas eclesiásticas cuya provisión les correspondía por turno, limitándose el decreto a “excitar el celo” de los miembros del episcopado para que suspendieran las designaciones cuya cobertura no fuera absolutamente necesaria. Al mismo tiempo, se reconocía que sería inoportuno no proveer las prebendas “de oficio”, porque tenían asignadas funciones especiales por los sagrados cánones cuya existencia se estimaba como “necesaria para el lustre de las iglesias y exigencias del culto”. De esta forma, la sugerencia a los prelados para que suspendieran las designaciones se limitaban prácticamente a los canónigos “de gracia”.

El 11 de diciembre de 1871 se hacía una excepción al decreto anterior. Después de tantos incumplimientos del Concordato de 1851 desde el comienzo de la revolución, ahora se hacía alusión a su artículo dieciocho para justificar que el Gobierno debía seguir proveyendo las vacantes de deán que se produjeran en las iglesias metropolitanas y sufragáneas y la de abad en las colegiales que no tuviesen aneja la cura de almas. La exposición de motivos, tras hacer mención al Patronato General, afirmaba que no se debía renunciar a tener en los Cabildos catedrales y Colegiales “un representante de la potestad civil”, carácter que se atribuía a los deanes. La Corona de España había sostenido desde muy antiguo “su derecho y regalía para nombrar y presentar a las primeras sillas post pontificalem de todas las iglesias”, regalía ya consignada en el Concordato de 1753, acordado entre Benedicto XIV y Fernando VI.

Los decretos de 1 de octubre y 11 de diciembre obedecían fundamentalmente a una finalidad económica. Aunque no obligaban a los prelados, pues solo se les invitaba a seguir el ejemplo del Gobierno, estos no podían aceptar sus alusiones al patronato y las regalías, la atribución de la condición de representantes de la autoridad civil a los deanes y que se alegara la necesidad de hacer ahorros cuando no se pagaba absolutamente nada a la gran mayoría de los prebendados que estaban ocupando sus puestos. Igual sucedía con el hecho de que el Gobierno acudiera a la consideración de los deanes como agentes o representantes del Gobierno, apoyándose para ello en derechos emanados de acuerdos con la Santa Sede que se habían incumplido sistemáticamente desde el inicio de la revolución. Los Gobiernos de don Amadeo, al introducir en sus decretos referencias a las relaciones tradicionales entre el Altar y el Trono, mostraban el deseo de actuar como si los acuerdos con la Santa Sede estuvieran plenamente vigentes, queriendo con ello dar una impresión de normalidad en las relaciones con la Iglesia, muy lejana a la realidad.

Después de la circular sobre cementerios, el único decreto que avanzó en el proyecto secularizador progresista fue el de 22 de enero de 1872, publicado el 31, por el que el ministro de gobernación, Sagasta, convertía a las fundaciones benéficas de la Iglesia católica en instituciones privadas sujetas al control y administración del Gobierno. Era una solución alternativa a la desamortización de capellanías y obras pías, pues, ya que estas continuaban en muchos casos administradas por las Diócesis a pesar de los intentos anteriores, se permitía que continuasen funcionando sus establecimientos benéficos bajo el patronazgo eclesiástico pero sujetos al control administrativo y económico del Gobierno[74].

Durante el siglo XVIII, la Iglesia había sido el principal patrón o administrador de una serie de instituciones de beneficencia, entre las que destacaban los hospitales y asilos para personas pobres. Durante el siglo siguiente, la influencia de la racionalización ilustrada en este campo llevó a los liberales a poner la beneficencia bajo la dirección de las autoridades municipales y provinciales. La Constitución de 1812 (en su artículo trescientos veintiuno) ponía a cargo de los Ayuntamientos los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia. La ley de beneficencia de 1822, que no se llegó a poner en práctica, establecía la creación de las Juntas Municipales de Beneficencia en las que los miembros del clero colaboraban con los representantes del Ayuntamiento. En 1849 una segunda ley de beneficencia, en el contexto del moderantismo, devolvió derechos perdidos a patronatos particulares, muchos de ellos eclesiásticos, y recortó las atribuciones de los Ayuntamientos, reforzando las provinciales. La ley de 1849, vigente hasta 1985, organizó las Juntas de Beneficencia en tres niveles: Junta General de Beneficencia, Juntas Provinciales y Juntas Municipales. La asistencia provincial cobraba mayor importancia, pudiéndose establecer casas de maternidad, casas de expósitos, casas de huérfanos, casas de misericordia, hospitales, y casas de dementes; mientras tanto, el Municipio mantenía casas de socorro y albergues, y se dedicaba a gestionar la asistencia domiciliaria. La desamortización de 1855 dio lugar a un profundo cambio en las instituciones benéficas, modificando en buena parte su naturaleza y funciones[75].

El decreto de 22 de enero de 1872 pretendía poner bajo el control del Gobierno a todas las instituciones aludidas en manos de la Iglesia, ya que no se había logrado su desamortización definitiva. El Gobierno pasaba a ser el “protector” de todas las instituciones benéficas eclesiásticas, es decir, a ejercer la acción del poder público para controlar el cumplimiento de la voluntad del fundador, manteniendo los representantes de la Iglesia el patronazgo, como representación legal y administración de la fundación. El protectorado lo ejercería el Gobierno por medio del Ministerio de la Gobernación, que se apoyaba en la Dirección General de Beneficencia, Sanidad y Establecimientos Penales, los gobernadores civiles y los inspectores provinciales del ramo. Solo se permitiría la continuidad de los patronatos administrados por la Iglesia si se ponían bajo la “protección” del Gobierno. El ministro de la Gobernación adquiría la potestad de incluir a los patronatos dentro de la clasificación de establecimientos de beneficencia siempre que acreditasen que cumplían con la finalidad pretendida en el momento de su fundación y se mantuvieran con el producto de sus bienes propios. Tenía competencias para crear suprimir o segregar fundaciones; aprobar o modificar las suspensiones de patronos acordadas por los gobernadores de provincia; destituir patronos, previa la instrucción oportuna de expediente, y nombrar otros que sustituyeran a los destituidos. Los gobernadores civiles tenían atribuciones para visitar las fundaciones de beneficencia por sí o por medio de los inspectores provinciales del ramo, comprobando que se cumplían las prescripciones y corrigiendo los abusos que se produjeran. Debían proteger los derechos del patronazgo y estaban autorizados para suspender a los patronos por faltas graves, previa la instrucción de expediente gubernativo, así como para proponer personas para hacerse cargo, prestar auxilio a las fundaciones cuando lo necesitaran, censurar las cuentas y aprobar las subastas.

El decreto obedecía a una claudicación en los intentos de incautarse de los patronatos que se habían estado produciendo desde el decreto de desamortización de obras pías de marzo de 1869. Pero se trataba de una solución imaginativa: ya que la resistencia de los obispos y sus Cabildos habían impedido la incautación, se pretendía que las instituciones de beneficencia eclesiásticas siguiesen funcionando sin estar desamortizadas y bajo el patronato de la Iglesia, pero pasando a ser controladas administrativa y económicamente por el Estado.

Otra disposición que pretendía aparentar una concordia entre el Altar y el Trono españoles sin renunciar a la obra secularizadora, fue la real cédula de 23 de marzo de 1872, publicada el 27, restableciendo el pase regio. Su apoyo en el cumplimiento de las leyes de la Novísima Recopilación encargadas por Carlos IV muestran la herencia liberal del “regalismo” ilustrado como forma de control sobre la institución eclesiástica.

También apoyada en disposiciones anteriores a la revolución, pero más favorable a los intereses de la Iglesia, fue la real orden comunicada el 12 de julio de 1872 por el Ministerio de Gracia y Justicia mediante la cual se recordaba que el Estado había venido consignando en el presupuesto desde 1859 las sumas necesarias para atender a los gastos originados por la construcción y reparación de edificios destinados al culto y a la compra de ornamentos y vasos sagrados. Las cuentas de dichos gastos desde 1859 hasta junio de 1870 se pasarían al Tribunal de Cuentas del Reino y las posteriores a la Dirección General de Contabilidad de la Hacienda Pública. En resumen, se expresaba la intención de abonar los gastos correspondientes siempre que estos se justificasen previamente.

Como se ha podido comprobar a lo largo de este epígrafe, los primeros momentos de la revolución dieron lugar a un gran esfuerzo gubernamental por desmontar las últimas piezas que habían conformado la Iglesia del Antiguo Régimen. Una vez puesta en vigor la norma constitucional, y con ella la libertad de cultos, la regencia de Serrano avanzó con la instauración del matrimonio civil, pero fracasó por completo en su intento de conseguir la adhesión del clero a la nueva situación política. El reinado de don Amadeo de Saboya dio lugar a algunos pasos más en el proyecto secularizador liberal monárquico, como la circular de Sagasta sobre cementerios o la conversión de las fundaciones benéficas eclesiásticas en instituciones particulares sometidas al control gubernamental. Otras medidas legales publicadas durante este periodo iban encaminadas a congraciarse con la Iglesia: se trató de atender a las necesidades del culto parroquial con la reposición de la bula de la Santa Cruzada y de sufragar los gastos de construcción y reparación de edificios religiosos. Los intentos de restablecer el Patronato Regio, las menciones a otras regalías y a los Concordatos de 1753 y 1851, así como la sugerencia a los prelados a que renunciasen de momento a sus prerrogativas en las designaciones de prebendados para ayudar a la economía del Estado, no consiguieron más resultado que irritar a la jerarquía eclesiástica, que siempre se mostró fría e indiferente, cuando no totalmente opuesta, a la figura del rey, como hijo del “carcelero del papa”. El proyecto secularizador liberal monárquico mostraba síntomas de agotamiento. Los constitucionales estimaban que los objetivos liberales más importantes respecto a la Iglesia estaban suficientemente cubiertos por el momento.

1.4 Política laicista de la Primera República

La proclamación de la república traería consigo la tentativa de realizar un cambio radical en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Uno de los objetivos fundamentales de los republicanos, además de la abolición de la monarquía y la descentralización, era la separación de la Iglesia y el Estado. Según su idea, la Iglesia católica tenía que ser reducida al nivel de una asociación, privándosele de todos sus privilegios, y la dirección política tenía que apartarse totalmente de cualquier consideración religiosa[76]. Este principio era compartido por todos republicanos, fueran agnósticos o creyentes católicos. Los primeros, por su misma concepción filosófica, no hallaban sentido a la relación del poder temporal con el religioso; los segundos distinguían entre la Religión y la Iglesia como institución y, en todo caso, creían que la separación enriquecería a esta y la haría más libre[77].

A pesar de las incertidumbres que suscitó en la Iglesia la instauración de la república, esta trató de mantener desde los primeros momentos unas relaciones normales con las nuevas autoridades. Aunque el nuevo régimen no fue reconocido por la Santa Sede (como tampoco por las potencias europeas), las escasas y protocolarias relaciones entre esta y España no tuvieron la tirantez que se dio durante el Reinado de Amadeo. El proyecto de supresión de la Legación de España en el Vaticano provocó cierta preocupación, pero nunca se llegó a producir una ruptura[78].

Hasta la proclamación de la República Federal por las Cortes, el 8 de junio de 1873, las medidas legales de carácter eclesiástico que se llevaron a efecto fueron pocas y de escasa repercusión. Entre ellas se puede citar la inclusión de los profesos de Escuelas Pías en la reserva militar. La ley de 17 de febrero de 1873 (publicada el 23), relativa a la constitución de la fuerza militar encargada de la defensa nacional, dejaba a esta constituida por un Ejército Activo, formado por soldados voluntarios, y una Reserva, quedando abolidas las quintas. La disposición transitoria cuarta de esta ley suprimía las exenciones comprendidas en el artículo setenta y cuatro de la ley de 30 de enero de 1856 sobre reemplazo del Ejército, quedando en su vigor todas las demás. Entre esas exenciones suprimidas estaba la relativa a los profesos de las Escuelas Pías, que ahora eran incluidos en la reserva militar.

Castelar, como ministro de Estado, decretó el 9 de marzo de 1873 la supresión de las órdenes militares. En las explicaciones previas a la disposición, afirmaba algo que era incierto: que la república no había “venido fortuitamente”, sino que había sido “preparada por la educación científica y literaria de las nuevas generaciones”, y que se había llegado a ella “por la lógica incontrastable de los hechos sociales”. Las instituciones que la republica “declarase abolidas se habrían abolido antes por sí propias, por fuerzas internas de descomposición inevitables en el seno de la realidad, que obedece siempre a las ideas”. A pesar de su importancia en la historia nacional, añadía Castelar, las órdenes militares habían dejado de tener razón de ser y ya era hora de que desaparecieran por completo. Se ha afirmado que el decreto de Castelar fue causa del primer conflicto de la república con la Iglesia[79], pero en cualquier caso este no tuvo la misma intensidad que otros anteriores. Dos días después de la promulgación del decreto, el 13 de marzo, el Ministerio de la Guerra ordenaba que en vista de la supresión no se concedieran en lo sucesivo hábitos para ingresar en las órdenes suprimidas.

La supresión de la Comisaría General de Santos Lugares se publicó en el mismo número de la Gaceta de Madrid que el decreto sobre supresión de órdenes militares. Los asuntos que se hallaban sometidos a la Comisaría pasaban a ser desempeñados por el Ministerio de Estado[80]. Los Gobiernos de la república no tomaron ninguna otra resolución que pudiera afectar a la Iglesia hasta que el 21 de junio el ministro Nicolás Estévanez suprimió por decreto todas las plazas de párrocos capellanes de los cuerpos armados, hospitales, fortalezas y demás dependencias de su Ministerio, así como el Vicariato Militar Castrense y las subdelegaciones dependientes del mismo.

La aspiración final de los republicanos en el aspecto religioso nunca se puso en práctica, pues la separación Iglesia-Estado no pasó de ser un proyecto. El 8 de junio de 1873 las Cortes proclamaron la república federal y el 13 del mismo mes Pi y Margall presentó su programa de Gobierno y recomendó la formación de una comisión que redactase un proyecto de Constitución Federal. Pi criticaba la contradicción en que caían los que, habiéndose beneficiado con la venta de los bienes de la Iglesia, eran los que la defendían en 1869 con mayor vehemencia[81]. Respecto al estado las relaciones con la Iglesia, afirmaba que, al haber traído la Constitución de 1869 la libertad absoluta de cultos, la consecuencia obligada era la independencia completa de la Iglesia y el Estado.

El día 17 de julio de 1873 la comisión presentó el proyecto de ley de Constitución Federal. El artículo treinta y cuatro proclamaba el libre ejercicio de la libertad de cultos; el treinta y cinco la separación de la Iglesia y el Estado; el treinta y seis prohibía al Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios sufragar directa o indirectamente ningún culto, y el treinta y siete decidía que las actas de nacimiento, matrimonio y defunción fueran registradas siempre por las autoridades civiles.

El 18 de julio de 1873 dimitió Pi y Margall, haciéndose cargo del Gabinete Nicolás Salmerón. El 2 de agosto el ministro de Gracia y Justicia, Pedro Moreno Rodríguez, presentó un proyecto de ley que, de acuerdo con el proyecto de Constitución Federal, concretaba la forma en la que se debía materializar la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado reconocería la plena independencia de la Iglesia en el ejercicio de su culto y su derecho a adquirir bienes, crear asociaciones, manifestarse y practicar la enseñanza de su credo. Además, renunciaba a su derecho a la presentación de cargos eclesiásticos, a las jurisdicciones exentas recogidas en el artículo once del Concordato de 1851, al pase regio y a la intervención en la impresión de libros litúrgicos, a sus derechos sobre la bula de cruzada, a la Agencia de Preces y a cualquier prerrogativa que le permitiese su intervención en los asuntos de la Iglesia. Los miembros de la Iglesia católica, en su calidad de ciudadanos, quedaban sometidos al derecho común. Por último, el Estado se comprometía a mantener las pensiones de las monjas de clausura y los contratos para reconstrucción o reparación de templos, cuyos edificios eran reconocidos como posesión de la Iglesia, si bien los que tuvieran carácter artístico pasaban a depender del Estado. El proyecto de ley era menos radical en la separación que el proyecto de Constitución. Su artículo treinta y seis, que prohibía sufragar los gastos de la Iglesia por el Estado o por cualquier institución oficial, era interpretado en el proyecto de ley de forma ambigua, ya que solo se indicaba que el apoyo financiero a la Iglesia se desarrollaría en una ley especial.

Varios miembros de la jerarquía eclesiástica mostraron su preocupación por el proyecto constitucional y el proyecto de ley sobre la separación de Iglesia y Estado. Bianchi, auditor de la Nunciatura en Madrid, juzgaba a los autores de ambos proyectos como enemigos acérrimos de la Iglesia. El 1 de agosto, un día antes de la presentación del proyecto, los obispos de la provincia eclesiástica de Valladolid protestaron ante las Cortes. El obispo de Jaén, Antolín Monescillo, se sentía irritado por el hecho de que se presentase la separación como algo beneficioso para la Iglesia. Para él no había Estado posible sin la Iglesia y viceversa[82].

Mientras la legislación republicana y el proyecto de separación entre Iglesia y Estado no mostraba una radicalidad especial contra la Iglesia, la actuación muchas autoridades locales fue bien distinta. En Barcelona el exconvento de San Felipe Neri fue usado como ateneo de la clase obrera y las iglesias de San Jaime y Belén para cuarteles de la milicia ciudadana. En Valencia la sede del Obispado y la catedral fueron ocupada por los cantonalistas[83]. En Murcia hubo un primer intento de desalojar al Obispado de su sede, que se ejecutó más tarde por el Cantón. En Málaga se derribaron en marzo los conventos de Capuchinos y la Merced y el obispo tuvo que abandonar su sede ante el temor de que fuera ocupada por las turbas. En Granada el Cantón prohibió todo culto externo y proclamó la separación de la Iglesia y el Estado. En Cádiz el Ayuntamiento ordenó el desalojo y derribo del convento de monjas de Nuestra Señora de la Candelaria junto con su iglesia, se retiraron todas las imágenes sagradas dispersas por la ciudad, se secularizó el cementerio, se prohibió la enseñanza de cualquier religión y, una vez proclamado el Cantón, se extendieron las medidas anteriores a toda la provincia, se cerraron todas las iglesias excepto las parroquiales y se proclamó la separación de la Iglesia y el Estado[84].

A partir de septiembre de 1873 la represión del movimiento cantonal, excepto en Cartagena, y la designación de Castelar como presidente del Poder Ejecutivo de la república favorecieron las restituciones a las Diócesis afectadas. El 18 de diciembre se promulgó un decreto para proteger los edificios religiosos. Su preámbulo indicaba que el Gobierno de la república había visto con escándalo los numerosos derribos de monumentos artísticos “notabilísimos y dignos de respeto por los gloriosos recuerdos históricos que despiertan”. Algunas autoridades locales, “movidas por un malentendido celo e impulsadas por un inexplicable fanatismo”, habían “sembrado de ruinas el suelo de la patria, con mengua de la honra nacional”. Todos los pueblos civilizados se preciaban de conservar con respeto los monumentos que recordaban las glorias de su pasado y pregonaban “la inspiración de sus preclaros hijos”, sin tener en cuenta si tenían una significación religiosa ni reparar si eran “obra de la tiranía o engendro de la superstición”. El Gobierno no podía permitir que en España, “rica en glorias artísticas y en venerandas tradiciones como pocos pueblos europeos”, se viera con indiferencia la destrucción de todo cuanto recordaba su pasada grandeza y acreditaba su antiguo esplendor.

El decreto llegaba tarde, porque se refería a proyectos de derribos en un momento en que estos ya se habían ejecutado. Castelar ordenaba a los gobernadores civiles que comunicaran las iniciativas de Ayuntamientos o Diputaciones provinciales cuando intentaran proceder a la destrucción de un edificio público que por su mérito artístico o por su valor histórico debiera considerarse como un monumento digno de ser conservado. De esta manera, suponiendo que se tratara de ejecutar un derribo a partir del decreto, si el gobernador estimaba que el edificio no tenía valor artístico o histórico no tenía que hacer nada para evitarlo. Algunos Consistorios habían derribado conventos, pero no era previsible que esto ocurriera cuando la revolución cantonalista estaba prácticamente sofocada. El artículo tres del decreto decía que los monumentos derribados “con manifiesta infracción de la ley” por las corporaciones municipales o provinciales hasta la fecha de la publicación del decreto, que pudieran ser “rectificados”, lo fuesen a expensas de la corporación que ordenó su destrucción. Pero esto no pasaba de ser un deseo muy difícil o imposible de llevar la práctica.

En resumen, los Gobiernos republicanos no tuvieron tiempo para aplicar la política laicista que pretendían imponer. Las medidas que se tomaron en la práctica con respecto a la Iglesia fueron escasas y de poca trascendencia. El verdadero problema que se presentó a la Iglesia católica española en 1873 no fue la política oficial de la república, sino la actuación local de los republicanos “intransigentes”, que se intensificó en el breve periodo que abarcaron la proclamación del federalismo en las Cortes el 8 de junio y el desmantelamiento general del levantamiento cantonal. A partir de septiembre de 1873, la presidencia de Castelar y la suspensión de las Cortes Constituyentes significó en principio tan solo el aplazamiento de la Constitución Federal y de la consiguiente separación de la Iglesia y el Estado. Pero el golpe de Estado del 3 de enero de 1874 dio lugar al abandono definitivo del proyecto laicista republicano.

1.5 La transición hacia la Restauración

La irrupción el 3 de enero de 1874 en las Cortes Constituyentes del general gaditano Manuel Pavía y su consecuente disolución el día 8 marcaron un punto de inflexión en las posibilidades de supervivencia de la república. Desprovista de sus principales autores, sin Cortes Constituyentes y en manos de los monárquicos, se la ha dado a veces por zanjada a partir de este acontecimiento. Otras perspectivas han visto el año 1874 como un periodo de transición sin ninguna significación especial. Se trataría de un “tiempo muerto” entre el golpe de Estado de Pavía en las Cortes y el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. La ausencia de participación política de los republicanos federales y el predominio de antiguos liberales de la coalición monárquica de 1868, liderados por Serrano y Sagasta, convertían a la nueva situación en una república desprovista de republicanos, en la que seguía vigente una Constitución monárquica. Pero, aunque la república parecía liquidada, lo que realmente se iniciaba el 3 de enero de 1874 era el intento de consolidar la política nacional mediante una república presidencialista.

Los primeros meses del año conocieron la colaboración entre constitucionales, radicales y el republicano unitario García Ruiz en el denominado “Ministerio de Conciliación”. Posteriormente, los monárquicos constitucionales ganaron terreno y las posibilidades de supervivencia de la república se fueron desvaneciendo[85]. Serrano, como jefe del primer Ministerio de la nueva situación, comenzó su gestión con una declaración de principios que aseguraba que los católicos no debían recelar contra la libertad de cultos, pues esta no pretendía “romper la unión católica de las conciencias”, sino afirmarla. El Estado, además, estaba obligado a respetar y atender a la Iglesia católica, pues en caso contrario despreciaría las creencias de la mayoría de los españoles[86]. Serrano dejaba claro a los que habían visto en el golpe de Pavía la posibilidad de una vuelta atrás, que no se iban a abandonar los logros revolucionarios, especialmente la libertad de cultos, y con ella la Constitución de 1869, que seguía vigente después de un año de república. Pero mostraba al mismo tiempo un talante contemporizador, tratando de satisfacer de algún modo a los católicos conservadores.

A mediados de abril el Gabinete de Serrano estaba a punto de entrar en una crisis que daría lugar a la formación de un nuevo Gabinete en mayo, formado exclusivamente por representantes del Partido Constitucional. En este contexto, el 14 de abril se restauraron las órdenes militares, cuestión que no suponía para algunos obispos un motivo particular de preocupación[87]. Poco más se hizo en materia religiosa. Serrano, regente cuando se dictó la ley en junio de 1870, hizo ahora algunas concesiones a los casados solo canónicamente, que se inscriben en los momentos críticos por los que pasaba la tercera guerra Carlista. El 25 de abril de 1874 se había publicado un llamamiento extraordinario a quintas, que comprendía a los mozos que cumplían diecinueve años. Las operaciones de reclutamiento se llevaron a cabo en mayo, después de constituido el “Ministerio Homogéneo”, presidido por el general Juan de Zavala y formado exclusivamente por seguidores de Sagasta. Con otro llamamiento a quintas muy reciente, decretado el 8 de enero, las autoridades temían que se pudiera producir un levantamiento republicano, motivado por su repulsa a las movilizaciones militares y su convicción de la inclinación del nuevo Gabinete hacia la monarquía. Los mozos casados exclusivamente por matrimonio canónico no tenían derechos legales a librarse del servicio militar desde la publicación de la ley de matrimonio civil. Su número era mucho más elevado que el de los casados por matrimonio civil, pues este se había instituido más como una consecuencia de la libertad de cultos que como una necesidad social. Mandar al frente a los primeros podía exaltar los ánimos en contra del Gobierno.

El 21 de junio de 1874 la Gaceta de Madrid publicó una circular a los jueces de primera instancia, según la cual no podría celebrarse matrimonio civil cuando cualquiera de los contrayentes estuviera ligado por un matrimonio canónico no disuelto legalmente. Era un tímido paso que reconocía en cierto modo una validez civil al matrimonio religioso[88]. La problemática producida por el elevado número de mozos casados solo canónicamente aumentó con la publicación en julio de 1874 de una reserva militar extraordinaria de ciento veinticinco mil hombres, que dio lugar a numerosas quejas de los afectados. El Gobierno trató el 19 de septiembre de subsanar parcialmente el problema, mediante un decreto modificando el llamamiento a filas de julio. Lo más destacable en relación con el matrimonio canónico se encuentra en los artículos tres y cuatro: Con los reclutados casados solo canónicamente que acreditasen tener hijos se formarían batallones especiales que prestarían servicio en el distrito militar al que pertenecieran. Además, tendrían preferencia para servir como escribientes, ordenanzas u otros puestos análogos en las oficinas y dependencias militares, procurando que cada igual ingresara en el departamento militar más próximo a su domicilio habitual. La ley de matrimonio civil permaneció vigente pero se reconocían ciertas ventajas a los casados canónicamente, aunque no el derecho a ser excluidos de los llamamientos a quintas.

Aunque habría que esperar a la Restauración para ver cómo iba desapareciendo la obra secularizadora liberal, el recrudecimiento de la guerra carlista, iniciada en 1872, sirvió de excusa para tomar medidas contrarias al espíritu inicial de la revolución y suprimir muchos avances políticos logrados durante los últimos años. La libertad de expresión quedó muy mermada al aplicarse la censura previa a la prensa y clausurarse los periódicos republicanos. La contraofensiva liberal en el frente del norte llevó a aplicar multas a los periódicos que propagasen noticias sobre las operaciones. El 18 de julio de 1874 se publicó un nuevo decreto en el que se ordenaba a los gobernadores civiles la disolución de todas las sociedades que estuvieran constituidas sin autorización del Gobierno. Otro decreto del mismo día prohibía a la prensa publicar otras noticias de la insurrección carlista que las impresas en la Gaceta de Madrid. Y otro más declaraba el Estado de Guerra, no solo en las provincias en las que se estaba produciendo la lucha con las tropas carlistas, sino en toda la península. El deseo de mantener el orden y la ausencia de Cortes había dado lugar a una dictadura republicana conservadora, cada vez menos proclive a mantener las libertades proclamadas en 1869.

Pero los principales logros secularizadores de la revolución se mantuvieron intactos. Desde la perspectiva utilizada hasta ahora, examinando las medidas relativas a la Iglesia, como muestras de las dos grandes políticas secularizadoras del Sexenio Democrático, y la oposición clerical a las mismas, el año 1874 supuso el regreso al lugar donde había quedado el proyecto secularizador progresista en el momento de proclamarse la república. Pero el punto de inflexión ya se había alcanzado y el estancamiento era ahora la tónica general. Salvo la restauración de las órdenes militares y las tímidas concesiones a los casados solo canónicamente, el año 1874 significó una paralización en la política secularizadora: no se añadieron disposiciones legales pero tampoco se rectificó casi nada de lo hecho.

CAPÍTULO 2.

LA IGLESIA DE CÁDIZ EN TORNO AL SEXENIO DEMOCRÁTICO.
LOS AGENTES LOCALES DEL CONFLICTO

2.1 La catedral, las parroquias y las iglesias

La Diócesis de Cádiz comprendía en 1868 el mismo territorio que en la actualidad, si se exceptúa la ciudad de Ceuta, perteneciendo a la misma los términos municipales de la provincia de Cádiz que quedan al sur de la margen izquierda del río Guadalete. Eran diez ciudades: Cádiz, Alcalá de los Gazules, Algeciras, Chiclana de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, San Fernando, San Roque, Tarifa y Vejer de la Frontera; seis pueblos: Los Barrios, Castelar, Conil de la Frontera, La Línea de la Concepción, Paterna de Rivera y Puerto Real; y nueve lugares: Barbate, Facinas, Palmones, Puente Mayorga, Campamento, Casas Viejas, Guadiaro, Nuestra Señora de la Hina, San José del Valle y Nuestra Señora del Mimbral. La Diócesis de Ceuta debía haber pasado a formar parte de la de Cádiz desde el Concordato de 1851, pero ni el obispo Félix María de Arriete y Llano, que ocupó la silla entre 1864 y 1879, ni sus antecesores, Domingo de Silos Moreno y Juan José Arbolí, hicieron lo necesario para que se efectuara la unión. Núcleos de población de la provincia de Cádiz tan importantes como Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera, además de Bornos, Rota, Villamartín y Zahara, pertenecían a la Archidiócesis de Sevilla[89]. Otras siete localidades gaditanas, de menor entidad que las anteriores y situadas al noroeste de la provincia, pertenecían a la Diócesis de Málaga. Eran Alcalá del Valle, Benaocaz, Grazalema, Olvera, Setenil, Ubrique y Villaluenga del Rosario[90].

La primera catedral de Cádiz, iglesia de Santa Cruz, se edificó sobre los restos de una mezquita, tras la bula concedida en 1265 por el papa Clemente IV al rey Alfonso X para su construcción. En 1596, tras el saqueo de Cádiz por la escuadra anglo-holandesa, quedó reducida a cenizas teniendo que ser reconstruida. La catedral actual comenzó a edificarse en 1722[91]. La decisión de construirla, surgió con el traslado de la Casa de la Contratación a la ciudad en 1717, aunque un poco antes, en 1716, el maestrescuela Juan de Zuloaga ya había sugerido al Cabildo Eclesiástico la conveniencia de construir una nueva catedral, en vista del mal estado de la antigua.

El firme apoyo de la floreciente burguesía comercial gaditana fue decisivo para la acometida de la obra. En 1723, un año después de comenzar los trabajos de edificación, los comerciantes de Cádiz libraron para las mismas cinco mil pesos procedentes de los galeones de Baltasar de Guevara[92]. Ya antes, la Alcaldía había solicitado y obtenido autorización para que una parte del impuesto sobre la libra de carne se utilizase para costear la construcción, consiguiendo en abril de 1718 un adelanto de cien mil ducados. La insuficiencia de fondos llevó a los miembros del Cabildo Catedral a solicitar la implantación de un impuesto permanente sobre el comercio, que se aprobó por real orden de 25 de noviembre de 1726. El arbitrio consistía en “un cuartillo por ciento de todos los frutos que llegasen de ultramar en las tres primera flotas y los tres primeros galeones, incluyéndose también todos los barcos sueltos que llegasen en el intermedio”. Los comerciantes de Cádiz se opusieron muy pronto al pago de este arbitrio, logrando su abolición definitiva en 1793, lo que obligó a una fuerte reducción de operarios El monto del impuesto era muy elevado. Desde el comienzo de 1793 a junio cuando se aprobó que el impuesto fuera voluntario la contribución de los comerciantes fue de seiscientos mil pesos. Hasta tal punto era necesaria su aportación que el Cabildo Catedral, una vez abolido el impuesto, llegó a proponerle a los comerciantes que dirigiesen la obra con tal de que lo siguieran abonando voluntariamente[93]. A partir de este momento las obras avanzaron muy lentamente, quedando paralizadas en diciembre de 1796.

Tras largo tiempo de abandono, el obispo fray Domingo de Silos Moreno reanudó la obra en 1832. En 1838 se trasladaron varios altares e imágenes desde la catedral antigua y el 28 de noviembre de ese año el prelado y su Cabildo Eclesiástico abandonaron definitivamente la iglesia de Santa Cruz y pasaron la nueva catedral. En abril de 1836 el Ayuntamiento de Cádiz había terminado de abonar la cantidad de doscientos cincuenta mil reales que había ofrecido para la construcción, satisfaciendo un último pago de quince mil trescientos sesenta y seis reales[94]. La obra no había quedado completamente terminada y durante el Sexenio Democrático aún carecía de sagrario, claustro y otras dependencias. El sagrario de la catedral vieja, ya parroquia de Santa Cruz, muy próxima a la catedral nueva, hacía las funciones de sagrario de la catedral. La falta de sagrario propio y de pila bautismal daría pie a los republicanos federales para intentar el cierre de la catedral en julio de 1873.

La Diócesis contaba con veintitrés parroquias[95]. La relación entre el número habitantes de la Diócesis y el de parroquias era, con gran diferencia, la más alta de toda España, si se exceptúa la de Ceuta. Si esta última se hubiera integrado en la Diócesis gaditana, como se acordaba en el Concordato, esta proporción habría sido aún más abultada[96]. Las localidades que solo tenían una parroquia eran Alcalá de los Gazules, Algeciras, Los Barrios, Castelar de la Frontera, Conil de la Frontera, Paterna de Rivera, Puerto Real, San Fernando, San Roque y Vejer de la Frontera. Chiclana de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia y Tarifa tenían dos.

Respecto a las cinco parroquias de la capital, este número resultaba muy escaso en 1868 en comparación con la población de la ciudad, siendo la proporción de feligreses por parroquia mucho mayor que la del resto de la provincia[97]. La primera que se debe señalar es la antigua catedral, iglesia de Santa Cruz. Una vez constituida como parroquia en 1838, al trasladarse el Cabildo a la catedral nueva, contó con un cura párroco, dos ecónomos, dos tenientes de cura, un archivista y un sacristán mayor. Las demás parroquias existentes en Cádiz durante el Sexenio Democrático se habían constituido en 1787. Eran San Lorenzo, San Antonio, Nuestra Señora del Rosario y San José, en el barrio de Extramuros, frente al cementerio, a las que se hay que añadir la parroquia Castrense, situada al lado del Hospital Militar y la Facultad de Medicina. La iglesia de San Lorenzo fue fundada en 1587 para el culto de religiosas agustinas. Un vez constituida como parroquia en 1787, pasó a contar, además del cura párroco, con colector, teniente de cura, sacristán mayor y penitenciario. La de San Antonio, situada en la plaza del mismo nombre que durante el Sexenio acogió con cierta frecuencia manifestaciones políticas multitudinarias, tenía cura párroco, teniente de cura, sacristán mayor, mayordomo de fábrica, colector y archivista. La de Nuestra Señora del Rosario había sido oratorio de mujeres en 1567, siendo utilizada más tarde por las agustinas del Convento de la Candelaria. A partir de 1787 contaba como parroquia con cura párroco (que era al mismo tiempo colector) teniente de cura, mayordomo, penitenciario y sacristán mayor. La de San José, la única situada extramuros, en el barrio del mismo nombre, tenía cura, rector y sacristán mayor. Habría que añadir, la parroquia Castrense, iglesia del Santo Ángel de la Guarda, que estaba junto al hospital de la Armada en un terreno cedido por el Municipio y tenía cura párroco castrense, teniente de cura, sacristán mayor y capellán.

La parroquia de Santa Cruz atendía a los feligreses de los barrios de Escuelas, Pópulo y la Merced; la de San José a los del barrio de Extramuros, que antes de su creación habían pertenecido a Santa Cruz; la del Rosario, a los barrios de San Carlos, San Francisco y Correo; la de San Antonio, a los de Constitución, Hércules y Cortes, y la de San Lorenzo a los de la Palma, Hospicio y Libertad[98].

Entre el resto de templos de Cádiz, la capilla de Nuestra Señora del Pópulo, de patronato real, se edificó en 1589 sobre el arco que fue anteriormente Puerta del Mar, cuando la ciudad de Cádiz ocupaba el actual barrio del Pópulo y poco más. Tenía un capellán designado por el rey, como patrono. En 1868 estaba cerrada por encontrarse en estado ruinoso y esto serviría de excusa para varios intentos de apropiación municipal y derribo. La iglesia de la Conversión de San Pablo, o “Las Recogidas”, creada por el obispo Juan de Isla en 1680, situada en la calle Ancha, servía a una casa anexa, construida para mujeres recogidas. La iglesia de Nuestra Señora de la Palma, fundada en 1692 en el barrio del mismo nombre por fray Pablo de Cádiz, religioso lego de Capuchinos, estaba cerrada también desde mucho antes de 1868, debido a su mal estado de conservación. El oratorio de la Santa Cueva, a cargo de dos presbíteros, tuvo su origen en una congregación de hombres que la erigió para practicar ejercicios espirituales nocturnos. En 1756 se trasladó a un subterráneo contiguo a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, convirtiéndose a partir de 1783 en dos edificios, uno al nivel del suelo y otro debajo del anterior. La capilla de Santa Elena tenía dos capellanes y daba servicio religioso al Hospicio Provincial, heredero de la Casa de Misericordia[99].

Las iglesias de Cádiz fueron uno de los principales objetos de litigio entre el Municipio y la Diócesis durante el Sexenio Democrático, especialmente en el periodo cantonalista, cuando se ordenó el cierre de todas ellas excepto las parroquias. Más problemático aún sería el litigio sobre las iglesias de los conventos. El resultado sería la destrucción del templo de los Descalzos, al principio de la revolución, y del de Nuestra Señora de la Candelaria en 1873, ambos derribados junto a sus respectivos conventos.

2.2 Estado de los conventos al estallar la revolución de 1868

La exclaustración de los conventos de religiosos varones de Cádiz se produjo en 1835. A finales de julio, los grupos oponentes al ministerio de Toreno se manifestaron en Cádiz. Las autoridades locales respondieron violentamente y esto provocó una insurrección en la localidad, que se extendió a otros puntos de Andalucía y luego al resto de España, dando lugar a la subida al poder de Mendizábal. El 18 de agosto de 1835 la Milicia Urbana de Cádiz ocupó todos los conventos de la capital y expulsó a sus religiosos. El 24 de agosto se constituyó una Junta Gubernativa de la Provincia de Cádiz, que se apresuró a legalizar la exclaustración mediante la publicación de un edicto el 9 de septiembre que solo exceptuaba de la expulsión a los religiosos de San Juan de Dios, a los que se permitía permanecer de momento en el convento asistiendo a los enfermos, si voluntariamente quisieran hacerlo, pero quitándose el hábito de su orden[100]. Los gaditanos fueron respetuosos con los templos de los conventos y en ningún momento impidieron que se continuaran celebrando en ellos las ceremonias religiosas habituales. Todos estos templos continuaban abiertos al culto en 1868, encontrándose a cargo de capellanes, que en ocasiones eran frailes exclaustrados puestos en el cargo por el prelado[101].

Los conventos de religiosos varones eran relativamente numerosos para la reducida extensión de la ciudad. El de Nuestra Señora de la Merced había acogido a los mercedarios descalzos en 1629. La primera exclaustración de los mercedarios se produjo durante el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, albergando el convento en aquellos momentos veinte frailes. En 1837 fue derribado parcialmente, con la excusa de que se encontraba en muy mal estado de conservación, manteniéndose el resto del edificio en pie junto con su capilla. En 1842 fue cedido por el Estado al Municipio, que lo utilizó junto con el huerto para instalar en 1846 la primera fábrica de gas de Cádiz, que daba alumbrado público a la ciudad[102]. En 1863 el Municipio celebró un contrato con la empresa suministradora, concediéndole una ampliación de la concesión por un periodo de dieciocho años, con la condición de que abandonase el edificio que había sido convento y construyera una nueva fábrica en el barrio de San José, situado en las afueras de Cádiz. Todavía en 1868 la fábrica seguía ocupando el edificio de la Merced, pero la edificación de la nueva estaba muy adelantada, por lo que se preveía que pronto podría usarse el exconvento para otras funciones[103]. Esto daría lugar a varias actuaciones municipales encaminadas a derribar el edificio y también su iglesia, para conseguir espacio para la ciudad y para incautarse de las obras de arte del templo.

Los dominicos llegaron a Cádiz en 1620 y desde el principio su intención de fundar un convento se encontró con la oposición de algunos sectores de la ciudad. En 1630 se les permitió abrir un hospicio en el que se hospedaban los misioneros transeúntes que pasaban a América. Hasta 1640 no lograron autorización para establecerse en Cádiz y en 1645 comenzaron la construcción de la iglesia del convento. El templo estuvo vinculado desde sus inicios a la Virgen del Rosario, patrona de la Cádiz a partir de 1867. El convento de Santo Domingo nunca fue propiedad de la orden o del Obispado. El templo y sus diez capillas pertenecían a varias familias que habían costeado la construcción. Después de la exclaustración de sus veintitrés frailes en 1835, el edificio estuvo destinado a viviendas de viudas de militares. En 1865 hubo un intento de restaurar a los dominicos en Cádiz cuando el vicario general de la orden en España escribió al obispo ofreciéndole enviar algunos religiosos a la ciudad para que se hicieran cargo del culto del templo. Fray Félix aceptó y se instalaron varios dominicos en el convento, pero todos abandonaron Cádiz en 1867, al parecer por desavenencias con el prelado[104]. A poco de producirse la revolución de 1868 el convento, abandonado y en buen estado, así como su templo, fueron objeto algunos disturbios tras los que se encontraba el intento de apropiación municipal.

Un caso muy diferente al resto, por estar sus religiosos muy alejados de la vida contemplativa, dedicándose a la curación de enfermos, era el de los religiosos de San Juan de Dios, albergados en el hospital de la Misericordia, muy próximo a las casas consistoriales. El hospital había pertenecido a la hermandad de la Caridad, una institución que se dedicaba a la cura de enfermos y a la asistencia a los condenados a muerte. En 1614 la hermandad permitió a los hermanos de San Juan de Dios que ocupasen el hospital y la iglesia, aunque en 1714 limitó su número a un máximo de doce[105].

La Junta Provisional de Gobierno de Cádiz permitió en 1835 a los exclaustrados de San Juan de Dios que continuasen realizando sus funciones en el hospital siempre que no llevaran puestos sus hábitos. En 1850 la hermandad de la Caridad recuperó la posesión del edificio y los religiosos abandonaron el hospital[106]. Aunque hubo algún intento municipal anterior a la revolución de 1868 de adquirir el edificio, este continuó en poder de la hermandad y no fue objeto de disputa[107].

El convento de Santiago había pertenecido a los jesuitas hasta que fue cerrado tras la expulsión general decretada por Carlos III. Cuando los jesuitas regresaron a Cádiz su templo fue temporalmente parroquia hasta que se trasladaron a El Puerto de Santa María, momento en que pasó a ser iglesia administrada por un capellán. El Ayuntamiento ocupó el edificio y fundó en él una escuela municipal. Poco antes de la revolución de 1868 la Municipalidad había cedido al Obispado la planta alta del edificio para que instalase las clases del seminario Conciliar de San Bartolomé a cambio de un terreno perteneciente al convento de Santo Domingo para establecer en él escuelas municipales de niños de ambos sexos[108]. Pero el acuerdo quedaría revocado en 1869 y sería seguido de algunos intentos municipales de desalojar el seminario del edificio de Santiago.

El convento de Santa Catalina, de franciscanos menores capuchinos, fue fundado en 1641. Después de ser expulsados los cincuenta religiosos que tenía en 1835, el edificio pasó en 1842 a ser de responsabilidad municipal, estableciéndose en él la casa de asilo y corrección de San Servando y San Germán, una institución municipal de beneficencia que albergaba a un número reducido de ancianos y a jóvenes abandonados o huérfanos de ambos sexos que eran encontrados vagando por la ciudad. La iglesia de Santa Catalina tenía varias obras pictóricas de gran valor, entre las que destaca el cuadro de Murillo que representa los desposorios de Santa Catalina con el niño Jesús, que fue su obra póstuma. Había también un Ecce Homo del mismo pintor y otros cuadros, que serían objeto de incautación por los republicanos federales en 1873.

El primer convento de franciscanos descalzos o alcantarinos de Cádiz fue erigido en 1608. Los religiosos se trasladaron en 1628 a la plaza de la Cruz Verde (conocida más tarde como plaza de los Descalzos), en terrenos adquiridos con limosnas de los fieles. En 1822 se subastaron algunas fincas pertenecientes a la Orden Tercera, pero el convento continuó abierto[109]. Cuando fue suprimido en 1835, el convento, llamado popularmente “los Descalzos”, tenía trece frailes. Los liberales de Cádiz tenían un interés especial en derribarlo. Según opinión de algunos, los religiosos del convento habían sido protagonistas el 10 de marzo de 1820 de un proceder que se ganó la antipatía de los gaditanos, cuando las tropas de la ciudad, alentadas por algunos mandos militares con el fin de impedir que se reinstaurase la Constitución, perpetraron una matanza indiscriminada en la ciudad. Los franciscanos descalzos, en vez de esconder en su interior a los que huían de los soldados, los echaban a la calle y los ponían en manos de los asesinos[110]. En 1837 se comenzó la construcción de un mercado de abastos (en el mismo sitio en que se encuentra el actual) en el huerto del convento. El mercado estaba finalizado en 1838, pero el convento continuaba sin uso alguno y en manos del Estado, que no se decidía a cederlo al Municipio. En marzo de 1838 hubo un primer intento de derribo por parte municipal, basándose en el peligro que corrían los transeúntes ante su mal estado de conservación. Además, había otra razón, repetida en múltiples ocasiones cuando se derribaban conventos: los beneficios de la venta de los materiales de desecho[111]. En caso de haber obtenido la propiedad, la corporación municipal pretendía construir casas en el terreno resultante. Pero el Gobierno retuvo la posesión del exconvento, probablemente para impedir la demolición, en la que el Ayuntamiento de Cádiz pretendía incluir la de su templo.

El 3 de octubre de 1840, durante la revolución que dio lugar a la caída de María Cristina como regente, se formó en Cádiz una Junta Provincial y se produjo un segundo intento de derribar el convento cuando varios gaditanos solicitaron al Municipio que hiciera las gestiones pertinentes para lograr que la Junta aprobase la cesión. El Gobierno, decían, no había tomado ninguna determinación sobre el asunto después de dos años y era cada vez más inminente que el estado del edificio hacía necesario su derribo. La revolución propiciaba un buen momento para que el alcalde solicitase inmediatamente a la Junta Provincial de Gobierno la propiedad del convento, para proceder a su derribo con la misma premura[112]. El Ayuntamiento designó una comisión para que estudiase la propuesta y el 14 de octubre se disponía de su dictamen, que se mostraba favorable a que se procediese a solicitar la propiedad y, una vez obtenida, se practicase el derribo, que proporcionaría beneficios al Municipio por la venta de los materiales resultantes y daría ocupación a “una inmensidad de pobres jornaleros[113]”.

Tampoco en esta ocasión se logró la cesión del inmueble y el ansiado derribo quedó como una aspiración insatisfecha de los liberales de Cádiz[114]. En 1868 había en el edificio del exconvento una escuela municipal de párvulos, la de San Servando, y una institución para albergar ancianos, el asilo del Buen Pastor, subvencionado con fondos municipales. Pero esto no fue obstáculo para que la Junta local de Cádiz ordenase su derribo inmediato.

El convento de San Agustín, de agustinos calzados, fue fundado en la plaza de la Candelaria en 1593. Desde allí se trasladó a la calle Alcudia en 1617, cerca del convento de San Francisco. Tenía cuando se produjo la exclaustración de 1835 veinticinco religiosos. Una vez cerrado, estuvo cedido por el Gobierno para que se instalasen oficinas del gobernador de provincia, Diputación provincial y administración de correos, pasando posteriormente a servir de sede al colegio público de segunda enseñanza de primera clase de San Agustín, situación en la que seguía en 1868.

El de San Francisco era de la Orden de Frailes Menores de San Francisco, también llamados franciscanos observantes. Fue fundado en 1566 en terreno de propios donado por la ciudad, que entregó a la orden ocho aranzadas de terreno[115]. Poco después de la exclaustración de sus cuarenta y ocho franciscanos, su huerto fue utilizado para la construcción de un paseo (la actual plaza de Mina). El resto del exconvento fue solicitado por el gobernador civil para establecer oficinas y ceder dependencias a la Sociedad Económica de Amigos del País y a varias escuelas. El Ayuntamiento de Cádiz obtuvo la cesión del Estado en 1842. La antigua enfermería del convento y algunas otras habitaciones sirvieron para edificar la Academia de Nobles Artes de Cádiz, que administraban el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, corriendo el primero con tres cuartas partes de los gastos que se ocasionaban.

El convento de Nuestra Señora del Carmen, de carmelitas descalzos, estaba junto a la antigua capilla de la Bendición de Dios, cerca del edificio del Gobierno Militar de Cádiz. Tras la exclaustración de 1835, el edificio se vendió y a mediados del siglo XIX sus habitaciones fueron modificadas y usadas para alquiler.

San Felipe Neri no era en sentido estricto una casa de religiosos, sino una congregación de sacerdotes y seglares dependientes del obispo, que no estaban atados por ningún voto o promesa que implicara compromiso. Los filipenses se establecieron en 1672 junto a las Puertas de Tierra en la ermita de Santa Elena, de donde se trasladaron a su localización definitiva. En su Iglesia se estuvieron reuniendo los diputados de 1811 para elaborar el código constitucional de 1812. Desde poco después de 1820 el templo conservaba una urna con las cenizas de las víctimas de la represión armada que sufrió la ciudad el 10 de marzo de ese año, efeméride que celebraba el Cabildo Municipal todos los años asistiendo a una solemne misa ante el monumento. Aún no tratándose de una orden religiosa, la casa de la congregación estaba cerrada habiéndose establecido en ella un colegio servido por profesores de prestigio[116]. El colegio fue fundado, igual que el de San Agustín, por una sociedad de comerciantes de Cádiz. Contaba entre su profesorado con algunos seglares filipenses e impartía asignaturas de Humanidades e Historia, Moral y Religión, Sicología, Ideología, Lógica y Complementos de Filosofía, Física y Química, Latinidad, Mitología, Historia General, Geografía, Matemáticas, Aritmética, Griego, Inglés y Francés. Había también profesores de Comercio, Dibujo, Pintura, Gimnasia y diversos instrumentos musicales.

Los conventos de monjas de Cádiz no fueron exclaustrados en 1835, ratificándose su continuidad tras la aplicación del artículo treinta del Concordato de 1851, que permitía las casas de religiosas que se dedicaran a la educación y enseñanza de niñas y otras obras de caridad. Eran el de nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, conocido popularmente como “Las Descalzas”, el de Santa María de la Concepción, de franciscanas concepcionistas calzadas, y el de Nuestra Señora de la Candelaria, de agustinas calzadas. El primero, situado en la calle Montañés, fue fundado en 1642, junto con su iglesia, por el canónigo Jerónimo Fernández de Villanueva, con tres monjas procedentes del convento del Caballero de Gracia de Madrid. Desde 1846 tenía autorizada la estancia máxima de treinta y seis monjas, aunque en ese momento tenía cinco menos del cupo mencionado.

El de Santa María de la Concepción podía tener un máximo de veinticuatro monjas dedicadas a enseñanza de alumnas internas, aunque en 1846 solo contaba con diez. Situado en la calle de su nombre, fue el primer convento que tuvo Cádiz después de su conquista. Su fundación se produjo en 1527 por petición del Ayuntamiento, cediendo el Cabildo Eclesiástico la ermita de Santa María, que se encontraba en el arrabal del mismo nombre. En 1596 fue destruido durante el asalto angloholandés a Cádiz, iniciándose su reconstrucción poco tiempo después. Su templo data de principios del siglo XVII, sufriendo una ampliación en 1616[117]. El claustro fue levantado en 1631.

Por último, el monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria se había establecido inicialmente en la ermita del Rosario con religiosas nacidas en Cádiz, a las que se agregaron dos agustinas procedentes de Jerez. Más tarde se trasladaron a su ubicación definitiva cuando, siendo obispo Antonio Zapata, compró tres casas junto a una ermita propiedad de moriscos, que había pasado disposición del Obispado tras su expulsión, decretada en 1609. En 1846 contaba con veintitrés monjas, siete menos de las autorizadas, y ya se encontraba en muy mal estado. Tras la revolución de 1868 se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades locales republicanas que terminaron por derribarlo en 1873.

2.3 La propiedad de los conventos y sus templos

Para entender la actuación municipal respecto a los conventos masculinos y sus templos durante el Sexenio Democrático es necesario tratar la cuestión de la titularidad de estos una vez que fueron incautados por las autoridades gaditanas en 1835 y posteriormente por el Estado tras los decretos y ley de desamortización de 1836 y 1837.

Los oponentes al Gobierno del conde de Toreno se manifestaron en Cádiz a finales de junio de 1835. Las autoridades respondieron duramente y el movimiento se convirtió en insurrección. El 18 de agosto de 1835, bajo la dirección de la milicia urbana de la ciudad, se asaltaron los conventos masculinos, quedando al día siguiente consolidado el levantamiento, tras la exclaustración forzosa de todos los frailes. El 24 de agosto quedaba instalada una Junta Provisional que fue sustituida el 29 del mismo mes por una Junta de Gobierno de la Provincia de Cádiz, que propuso el 5 de septiembre que se diese fuerza legal a la exclaustración verificada en la capital y se extendiese la medida a toda la provincia. Desde el principio, los revolucionarios mostraron su interés en que las iglesias siguieran abiertas al culto, como lo muestra el hecho de que la Junta enviase un oficio al obispo para que designase el número de sacerdotes necesario “para la asistencia y servicio de las iglesias de los conventos, los cuales asistan a ellas asiduamente por las mañanas a lo menos, para que no falte en ellas el pasto espiritual[118]”. El 11 de septiembre la Junta formalizó legalmente la exclaustración de todos los conventos de hombres de Cádiz, publicándola en el Boletín Oficial de la Provincia en los mismos términos que se hizo la propuesta del día 5 de septiembre. Se abonaría a los religiosos exclaustrados lo necesario para su subsistencia, cerrándose la comunicación de los conventos con sus iglesias y manteniéndose la autorización al obispo para que se siguiera celebrándose el culto con la asiduidad necesaria[119]. Queda claro que desde el principio la Junta renunció a la posesión de las iglesias de los conventos.

Las apropiaciones municipales de terrenos o bienes de los conventos cerrados fueron escasas. El 7 de septiembre de 1835 se resolvió usar el huerto del convento de San Francisco para un paseo (la actual plaza de Mina). El resto del convento fue solicitado por el gobernador de provincia, para establecer sus oficinas y otras dependencias oficiales, y por la Sociedad Económica de Amigos del País, para su sede y escuelas. Sobre el convento de Capuchinos, se pensó inicialmente en alquilarlo al mejor postor que se presentase[120]. Respecto a los bienes, el 11 de septiembre se decidió la apropiación de la plata que existiera en los conventos para “atender a las necesidades de la patria”, pero el día 26 se ordenaba el cese en la intervención, debiendo ser entregados los fondos ya incautados al comisionado de amortización[121].

Los conventos pasaron a ser de propiedad del Estado y el 12 de agosto de 1836, pocos meses después del decreto de desamortización de Mendizábal, el Ayuntamiento de Cádiz, solicitó directamente al Gobierno la concesión de “los edificios completos de los extinguidos conventos de San Francisco y la Merced (…) en propiedad absoluta, para que pueda disponer de ellos en beneficio del pueblo”. Al día siguiente formalizó la misma petición a través de la Junta Provisional de Gobierno, extendiéndola a todos los conventos ocupados el año anterior por la Milicia Urbana. La Junta contestó el 15 de agosto que se había dirigido al intendente de rentas de la provincia para que pusiera inmediatamente “los edificios completos que fueron conventos de franciscanos observantes y mercedarios a disposición de esta Ciudad”. Queda claro que la petición se refería a la propiedad de los inmuebles y que incluía a los templos. De hecho, la Junta se dirigió al obispo el 16 de agosto encargándole que recogiese de las iglesias de los conventos de San Francisco y la Merced todos los ornamentos, vasos sagrados y demás objetos pertenecientes al culto[122].

La cuestión quedó pendiente hasta 1842, cuando la Intendencia de la Provincia de Cádiz remitió el 20 de septiembre al Municipio un oficio comunicando que la Junta de Ventas de Bienes Nacionales, usando de las facultades que le confería el decreto de 26 de julio del mismo año, había confirmado la “cesión” de los conventos de San Francisco y la Merced, para que fueran destinados a fines de utilidad pública. También concedía “gratuitamente a la misma corporación, el de Capuchinos, exceptuando su huerta y jardín, para que fuese usado como asilo de mendicidad”, y el de San Agustín, en el que se establecería un instituto de segunda enseñanza. Si no se aplicaban a las finalidades solicitadas por el Ayuntamiento en el término de seis meses, la concesión quedaría anulada. Respecto a los demás conventos masculinos de la ciudad, cuya entrega había solicitado también el Municipio gaditano (San Francisco Descalzo, Santo Domingo, San Juan de Dios y el Oratorio de San Felipe Neri), la Junta denegó la concesión, sin expresar las razones.

Los conventos de San Francisco, la Merced, San Agustín y Capuchinos se entregaban con sus templos, pues se indicaba expresamente que debía “derribarse o variar de sus torres todo lo que tenga aspecto de campanario (…) haciendo desaparecer de ellas todo emblema o significación de su anterior destino”. Al vencimiento de los seis meses de plazo, la corporación municipal debía dar cuenta de haberse aplicado los conventos concedidos a la finalidad para la que habían sido pedidos, pues en caso contrario se rescindiría la cesión. No fue necesario esperar a que transcurriera el plazo, pues el 25 de octubre de 1842, un mes escaso después de la concesión, estaba todo dispuesto para la entrega. La Intendencia de la Provincia de Cádiz comunicaba al Cabildo Municipal que la Administración de Bienes Nacionales de la Provincia iba a proceder a la entrega de los edificios. Como muestra de las condiciones en que se hacía la entrega, el acta correspondiente a la del convento de la Merced, formalizada el 9 de noviembre de 1842, citaba explícitamente que se daba “verdadera posesión” del edificio al Municipio con todas sus “existencias y pertenencias”, incluyéndose su iglesia y capillas, de las que se entregaban las llaves a los representantes municipales[123].

Hasta aquí los datos pueden transmitir algunas dudas sobre si los conventos cedidos a Cádiz en 1842 suponían o no un traspaso de propiedad del Estado al Municipio. Pero en 1849 se produjo una aclaración importante. La Junta Superior de Bienes informó a la reina que en ninguna de las disposiciones vigentes se establecía terminantemente que las cesiones de conventos desamortizados significasen una transmisión plena del dominio de los citados edificios. Como consecuencia del informe, el ministro de Hacienda publicó el 17 de marzo de 1850 una real orden en la que se confirmaba que las cesiones de conventos que se habían hecho hasta el momento no suponían cesión de la propiedad del Estado y que este podía disponer de ellos cuando lo considerase conveniente o cuando los Ayuntamientos no los aplicasen a los fines para los que se habían concedido. Los Municipios debían confirmar ahora que mantenían en los edificios las funciones que justificaron las cesiones, pues en caso contrario el Estado podía revocarlas. El Ayuntamiento gaditano mantuvo en su poder los edificios cedidos tras informar que mantenía los usos originales[124]. Aunque en su momento los conventos habían sido entregados por el Estado junto con sus iglesias, ni en 1842, cuando se hizo la entrega inicial, ni en 1850, cuando se volvió a pedir la justificación del empleo dado, hizo el Ayuntamiento de Cádiz alusión alguna a los templos de los conventos, de forma que se puede afirmar que el Municipio gaditano nunca pretendió su propiedad o usufructo. Esta cuestión es fundamental para explicar la problemática que se produciría, en torno a las iglesias de los exconventos municipales, en los periodos de predominio republicano en la política municipal gaditana del Sexenio Democrático.

La propiedad de alguno de estos templos, que siempre permanecieron abiertos al culto, ya se había declarado implícitamente como no atribuible al Municipio antes de la real orden de 17 de marzo de 1850, cuando una real orden de 10 de junio de 1849 comunicó a la Alcaldía de Cádiz que se había decidido destinar la iglesia del exconvento de San Agustín para “ayuda de parroquia” (iglesia que auxilia a una parroquia en sus ministerios). En vista de la disposición, la Dirección General de Rentas acordó el 8 de marzo de 1850 que se señalasen del edificio “las habitaciones precisas e indispensables y más próximas a la iglesia para el capellán y sacristán”, accediendo a una reclamación del diocesano, cediéndose la parte restante al Ayuntamiento para que estableciese un instituto provincial de segunda enseñanza[125].

Como se ha comprobado, los Gobiernos moderados se encargaron de concretar que la propiedad de los conventos desamortizados y sus templos correspondía al Estado. Esta no parecía ser la idea inicial de los progresistas cuando, durante la Regencia de Espartero, hicieron las cesiones a Cádiz. La cuestión daba lugar a dudas e interpretaciones que fueron motivo de conflicto tras la revolución de septiembre de 1868. Independientemente de la interpretación que se hiciera sobre la cuestión, es importante aclarar que todos los templos de los exconventos se habían mantenido siempre abiertos y bajo la autoridad religiosa del obispo. Ningún Consistorio inquietó a la Iglesia de Cádiz sobre el uso de estos templos ni retiró un solo objeto de los mismos. Si alguno hubiese intentado demostrar que eran de propiedad municipal, el Obispado podría haber alegado que tenía un derecho adquirido a continuar realizando los actos propios del culto católico. Además, en el convenio de 25 de agosto de 1859 con la Santa Sede, adicional al Concordato de 1851, el Estado Español había pactado respetar y mantener las iglesias de los conventos abiertas al culto.

Pero la interpretación de los revolucionarios de 1868, o más concretamente la de los republicanos, era completamente contraria a la anterior. Los alcaldes republicanos de Cádiz se iban a ceñir a las actas iniciales de cesión e iban a ignorar las reales órdenes y convenios procedentes de etapas de predominio moderado, considerando a los exconventos y a sus templos como propiedad municipal, pudiendo decidir sobre ellos sin necesidad de pedir autorización al Gobierno. Esto dio lugar a cambios en los usos iniciales de los exconventos, a algunos derribos y a incautaciones de obras de arte de los templos, que constituyeron un importante elemento de confrontación en el ámbito municipal, sobre todo en 1869 y 1873, periodos de gobierno municipal republicano.

2.4 El obispo fray Félix María de Arriete y Llano

La personalidad más destacada de la Iglesia de Cádiz durante el Sexenio Democrático fue sin duda su obispo, Félix María de Arriete y Llano. Había nacido en Cádiz el 15 de marzo de 1811, en la calle San Miguel número 8, no muy lejos de la catedral. El 20 de enero de 1828 ingresó como novicio en el convento de Capuchinos de Santa Catalina de Cádiz, profesando el 21 de enero del año siguiente. El 4 de abril de 1835 fue ordenado sacerdote por el obispo gaditano Domingo de Silos Moreno. Cuando se produjo poco después la exclaustración de religiosos, fray Félix continuó residiendo durante algún tiempo en la ciudad, alojándose en la casa de un prebendado de la catedral que era patrono del oratorio de la Santa Cueva, donde estuvo ejerciendo su ministerio sacerdotal. En 1839 viajó a Italia, pasando algún tiempo con los capuchinos de Lucca. De vuelta a Cádiz, residió en el seminario conciliar donde conoció a Vicente Roa, que en 1869 sería su secretario de cámara y gobernador eclesiástico. Volvió a ejercer en el oratorio de la Santa Cueva y también en la iglesia de Santiago, junto al seminario, hasta 1850[126].

Ese año abandonó de nuevo Cádiz, pasando a Málaga donde conoció a Antonio María Claret cuando este marchaba hacia Cuba para hacerse cargo del arzobispado de Santiago. Tras regresar a España como confesor de la reina en 1857, Claret mostró gran interés en promover al capuchino para ocupar el puesto que él había dejado en Cuba. La negativa de fray Félix sirve para comprobar algunos de los rasgos más destacados de su carácter. Aunque en un principio aceptó el cargo porque se lo pidieron varios destacados capuchinos, finalmente renunció, justificando su postura en el clima de Cuba y la repercusión que tendría sobre su salud. Aunque era conocido que tenía ciertos “padecimientos del pecho”, el mismo Claret achacaba la renuncia más a su humildad que a su mala salud[127].

En 1862, por decreto de 6 de febrero, la reina le designó como obispo de Cádiz y el fraile opuso de nuevo toda la resistencia posible, esgrimiendo ante el nuncio Barilli su condición de gaditano y la circunstancia de tener un hermano en Cádiz cuya mala conducta era conocida, como razones que no aconsejaban su nombramiento. La reina mantuvo la designación y fray Félix se vio obligado a aceptarla el 14 de abril de 1863. El 1 de mayo se dirigió al nuncio para comunicarle que no tenía dinero para comprarse la ropa propia de su nueva posición. El 1 de octubre de 1863 fray Félix fue preconizado por el papa[128]. El 6 de marzo de 1864 fue consagrado en la capilla del Palacio Real de Madrid, por expreso deseo de la reina, siendo apadrinado por el príncipe de Asturias, don Alfonso. El 15 de marzo de 1864 entró en Cádiz y el 16 ocupó la silla episcopal. Su pontificado duró hasta 1879, cuando el papa aceptó su renuncia basada, una vez más, en razones de salud[129].

Fray Félix mostraría durante todo el tiempo en que ejerció la prelatura una completa falta de ambición personal. La agregación de la Diócesis de Ceuta a la de Cádiz, prevista por el Concordato de 1851, podía haber supuesto un elemento favorable para su promoción a puestos de mayor importancia, pero fray Félix se negó a hacerlo. Igualmente sucedió a finales de 1873, cuando rechazó el ofrecimiento de Castelar para ocupar el arzobispado de Valencia. Tras un telegrama del ministro de Estado de fecha 19 de diciembre de 1873, solicitando respuesta del obispo gaditano, esta fue de respetuosa negativa, basada en sus achaques y en el acendrado amor a sus diocesanos[130].

Por lo que respecta a las circunstancias que rodearon su promoción a la silla episcopal, hay que tener en cuenta que el Concordato de 1851 establecía un turno riguroso entre la Corona y la Santa Sede en el nombramiento de arzobispos y obispos y fray Félix fue elegido por la Corona durante la etapa de predominio político de la Unión Liberal de Leopoldo O’Donnell. Su designación, fruto de la conciliación entre el liberalismo moderado isabelino y el papado de Pío IX sancionada por el Concordato, se produjo en torno a la definición profundamente antiliberal del Sillabus Errorum, y poco antes de la vuelta de Narváez (en septiembre de 1864) al Gobierno y la campaña de los neos contra los profesores krausistas.

La condición de predicador de fray Félix hace un tanto excepcional su promoción al episcopado. Desde 1857, año en que Claret llegó a España de regreso de Cuba, hasta la designación de fray Félix, fueron ocupadas treinta y siete sillas episcopales, cuestión en la que desempeñó un importante papel el confesor de la reina. De los prelados elegidos, bien por la Corona, bien por la Santa Sede, al menos dieciséis tenían la titulación de doctor (sobre todo en Teología o Cánones, pero también en Leyes o Filosofía), otros ocho eran licenciados y uno bachiller. Los doce prelados que no tenían una titulación oficial reconocida habían desempañado canonjías, habían sido rectores, vicerrectores o catedráticos de seminarios, o habían ocupado el puesto de abad. Sin embargo, fray Félix llegó a la dignidad episcopal con el único título de predicador de la orden de Capuchinos, sin distinguirse por una formación significativa o haber ejercido previamente algún cometido de importancia. La promoción de miembros del clero regular al episcopado fue muy poco frecuente durante la época isabelina. En todo caso, los escasos religiosos que llegaron a ocupar la prelatura lo hacían normalmente en sillas de Ultramar, donde era conveniente su aportación como misioneros[131].

José María León y Domínguez, profesor del seminario de Cádiz siendo fray Félix obispo, y canónigo de la catedral gaditana con posterioridad, afirmaba con razón que todo el pontificado del obispo gaditano se caracterizó por sus continuas visitas a los pueblos de la Diócesis[132]. Este celo pastoral le impediría estar presente en la capital de la Diócesis en los momentos más críticos del Sexenio Democrático, especialmente durante la etapa republicana federal. Pero esto no fue obstáculo para que expresara en todo momento su oposición a las disposiciones eclesiásticas de los Gobiernos del periodo, mediante reclamaciones escritas dirigidas a las Cortes, a los ministros de Gracia y Justicia o a los presidentes de los distintos Gabinetes, en las que se aprecia su punto de vista respecto a la política secularizadora revolucionaria.

Estos escritos, firmados desde las localidades de la Diócesis en las que se encontraba durante sus visitas pastorales, irán apareciendo más adelante al analizar la repercusión en la Iglesia local de la política secularizadora nacional. Por otro lado, sus instrucciones y cartas pastorales dan buena idea de su posición en materia religiosa y sirven también para entender su actuación durante el Sexenio Democrático. En ellas, como en los escritos dirigidos a las autoridades nacionales, el obispo gaditano seguía la oratoria del capuchino fray Diego José de Cádiz, destacando en ella un estilo sencillo, respetuoso y franco, en el que se insertan alusiones de tono apocalíptico y teatral en las que abundan las amenazas a los castigos del cielo por las maldades humanas y las promesas de perdón en caso de corregirlas.

La instrucción pastoral que publicó desde Vejer de la Frontera el 8 de diciembre de 1864, con motivo de su primera visita a los pueblos de la Diócesis, es una buena fuente para conocer la personalidad y el pensamiento doctrinal de fray Félix[133]. Aun reconociendo que debía exagerar un tanto, como consecuencia de su celo pastoral, el obispo da en este escrito un claro testimonio sobre la irreligiosidad de buena parte de los gaditanos. Si esta visión no era una estimación exagerada del obispo, cabría preguntarse si en su designación para el obispado de Cádiz no influyó su condición de misionero y predicador, que, como se ha indicado más arriba era excepcional, salvo en las sillas de ultramar. Fray Félix expresaba en la instrucción pastoral que no podía aceptar el uso (para él abuso) de la libertad de expresión que hacían sus fieles gaditanos, a los que recordaba “los trabajos constantes de los enemigos de Jesús”, llevados a cabo en folletos, libros, hojas sueltas, periódicos, conversaciones públicas y en reuniones privadas. Para el obispo, la palabra escrita no debía ejercerse indiscriminada y libremente, pues había demasiados libros que atacaban e insultaban la doctrina cristiana. Su obligación era prevenir a los fieles de Cádiz del “inmundo torrente” de escritos cuya intención, en su opinión, era “arrollar y hacer desaparecer la verdad”. El prelado no comprendía cómo los gaditanos, habiendo nacido “a la sombra de la verdad”, se habían dejado llevar por el error y la indiferencia, entregándose con avidez a leer y a hacer que otros leyesen obras, folletos y novelas en que el menor mal consistía “en encender las pasiones y el mayor en desobedecer a la Iglesia, e insultar al catolicismo”. Igualmente, deploraba la falta de fe de gran número de fieles de su Diócesis, que en su opinión habían roto su alianza con Dios y sus prójimos. Puede pensarse que fray Félix exageraba su celo apostólico y muchos gaditanos no estaban tan alejados de la Iglesia como él expresaba en su pastoral, pero sus quejas reflejan su visión de una sociedad cada vez más alejada del cumplimiento sacramental. El prelado gaditano se lamentaba del escaso el número de fieles gaditanos que cumplía con sus obligaciones religiosas, pues observaba que, salvo unas pocas personas y familias que aún no habían “doblado su rodilla al ídolo del siglo[134]”, ni “marcado sus frentes con la señal de la bestia”, la mayor parte vivía al margen de la religión y del Redentor. No dudaba en amenazar explícitamente, como si la Inquisición estuviera aún sin suprimir, con castigos temporales a los blasfemos y a “los malvados” que no seguían la fe de la Iglesia, recordándoles la severidad de las leyes canónicas y civiles “de nuestra católica España”, a lo que añadía una oración para ver cumplido el consuelo de ver extirpado de una vez y para siempre el “pecado satánico” de la blasfemia de su Diócesis.

Fray Félix, coherente con una visión del cristianismo que hundía su raíz en la Edad Media, justificaba las diferencias sociales, pues según él Dios había hecho la división y reparto de los bienes en la tierra con el fin de establecer el necesario equilibrio de la sociedad, y también para que “al paso que unos necesitan ser socorridos, abran otros sus manos con generosidad y los alivien de sus penurias y escasez”. La diferencia entre necesitados y ricos era una “ley adorable” dictada por la Divina Providencia, por lo que no había “derecho alguno ni en el hombre ni en la sociedad para alterarla”. La práctica impedía que se cumpliera esa ley divina que sancionaba la desigualdad, “porque los hombres, arrastrados de su ambición, echan mano sin pararse en los medios, de los bienes ajenos; y aun no faltan quienes autoricen y canonicen la terrible doctrina de la igualdad”.

Le preocupaba también “el formal y escandaloso desprecio de la santificación de los días del Señor”. Fray Félix valoraba que solo una pequeña parte de los cristianos gaditanos concurría a las solemnidades religiosas, mientras la mayoría corría “despavorida a adorar los ídolos necios de sus pasiones”. Con esta conducta, no era, en su opinión, de extrañar “que las plagas lluevan y se multipliquen sobre un mundo que niega a Dios el culto que de justicia le debe”.

La carta pastoral que publicó en 1871 con motivo del vigésimo quinto aniversario del pontificado de Pío IX da idea del impacto que tuvo sobre el prelado la política secularizadora liberal posterior a 1868[135]. Después de casi tres años de agravios sufridos por la revolución, las lamentaciones y críticas de fray Félix ya no se dirigían contra los fieles gaditanos, sino contra los autores de las ofensas recibidas. Pío IX era, según palabras del obispo, el papa providencial que había sabido luchar contra las injusticias del mundo moderno, haciendo frente a una nube dañina y pestilencial de hombres que negaban el depósito sagrado del santuario de la religión, estableciendo la apostasía y la negación completa de toda revelación y espiritualismo.

La admiración de fray Félix por la valentía del papa enfrentándose a las nuevas doctrinas y la concreción de esta oposición en el Syllabus, “índice de todos los males antiguos”, era notoria. El obispo opinaba que la Iglesia había sido abandonada y ya no quedaba ni una sola Nación que enarbolase el estandarte de la fe para proteger al sucesor de San Pedro. Los nuevos tiempos justificaban que Dios hubiese obrado un prodigio al mantener al papa en su silla después de veinticinco años. Los buenos católicos compensaban el abandono de la mayoría, que hacía gala de “insubordinación y loca independencia”. El Concilio se había celebrado “sin apoyo de soberano alguno, antes bien contradiciéndolo o repugnándolo todos, calculando muchos de temeraria la empresa, introduciendo el espíritu de tinieblas capciosidad y cizaña”. Esa oposición no había servido más que “para aumentar las glorias del triunfo” de Pío IX. El obispo gaditano, con tono apocalíptico, amenazaba con la posibilidad de un próximo juicio final a los fieles que pretendiesen seguir las “doctrinas equivocadas” de la revolución: “Se ven, se oyen y tocan cosas tales, que no parece sino que el mundo envejecido ya en sus maldades y desmayado y caído como anciano decrépito, está próximo a expirar”. No creía conveniente “por ahora levantar el velo sagrado, que aparta de nuestra vista los designios del Altísimo sobre la suerte futura del mundo”; pero recomendaba “aprovechar los avisos del cielo (…) para estar y vivir en una justa y pía expectación de los planes del Señor”.

Respecto a las cuestiones políticas, se puede afirmar que fray Félix se mostró siempre formalmente neutral, pues sus escritos no emitieron nunca opiniones sobre partidos o Gobiernos. No obstante, su condición de prelado surgido de la mano de la reina Isabel se notó en una oposición inusualmente radical a las medidas legales del reinado de Amadeo de Saboya. Esta oposición enconada se explica también por la reciente finalización del Concilio Vaticano, con la declaración de la infalibilidad del papa, y la toma de Roma por las tropas de Víctor Manuel, padre de don Amadeo. Para el obispo de Cádiz, lo temporal debía estar completamente supeditado a lo religioso, rigiéndose los reyes y gobernantes estrictamente por la fe de la Iglesia católica. Fray Félix era partidario de la independencia de la Iglesia, pero esto no significaba para él que el Estado se mantuviera separado de la Iglesia, como propugnaban los republicanos, sino que esta no tuviera que depender de la tutela de aquel. En octubre de 1870 publicó una carta pastoral con motivo de la ocupación de Roma el mes anterior que descubre su opinión sobre el poder temporal de la Iglesia[136]. La ciudad de Roma había sido ocupada “por un monarca sin fe y por hombres llenos de ambición e impiedad”, que profanaban “la heredad especial de Jesucristo con pie sacrílego”. La independencia de la Iglesia había quedado arrollada, pues esta independencia, según el obispo, dependía del poder temporal del pontífice. Los católicos tenían derecho al mantenimiento del poder temporal de la Iglesia y la conquista de Roma era calificada como una “usurpación sacrílega”, que había conseguido “transportar la Roma católica a los siglos del gentilismo”. En su línea apocalíptica habitual, sugería que lo que estaba ocurriendo podía ser un anuncio del fin del mundo: “Lo cierto es que nunca estamos más cerca, según los oráculos divinos, del cumplimiento terrible de estos anuncios, que cuando viven los hombres más entregados al deleite e interés”. La Iglesia se levantaría algún día triunfante contra la impiedad, pues el pontificado era “indestructible, como el rey de las eternidades y del tiempo, Jesucristo, al que representa”. Con el paso del tiempo todo volvería a ser como siempre y el papa sería libre. Pero, mientras tanto, había que rezar para que se rompieran “las cadenas con que le cercan y aprisionan los enemigos nacidos del cristianismo”.

Como se podrá comprobar al estudiar sus actuaciones en relación con la política secularizadora del Sexenio, Fray Félix destacó por su capacidad mediadora y su facilidad para hacerse apreciar por todos, incluyendo a buena parte de los republicanos de Cádiz. En resumen, el prelado gaditano era partidario de la Iglesia más tradicional y de la imposición de la religión a todos los ámbitos de la sociedad. Estaba convencido de la superioridad de la Iglesia católica sobre cualquier poder terrenal y no admitía el menor cambio o duda sobre sus prerrogativas tradicionales. Como no podía ser de otro modo, era defensor incondicional de las ideas contenidas en el Syllabus Errorum, del poder temporal de la Iglesia y de la infalibilidad papal. En su opinión, la revolución era un obstáculo para la fe de los gaditanos y el liberalismo el causante de las limitaciones que sufría la Iglesia. Veía un grave peligro en la libertad de expresión y, sobre todo, en la de cultos, pues temía que facilitase la difusión del protestantismo por la provincia de Cádiz, donde el foco de irradiación de Gibraltar ya había llegado en ocasiones a difundir la doctrina evangélica por algunas localidades de la Diócesis, llegando a la capital. Este pensamiento doctrinal, fiel reflejo de la época que le tocó vivir como religioso y de una mentalidad clerical dominante fuertemente antiliberal, no era especialmente diferente a la del resto de prelados españoles coetáneos. Su experiencia personal como exclaustrado del convento de Capuchinos de Cádiz poco tiempo después de ser ordenado sacerdote debió influir en sus reparos antiliberales. Pero hay que matizar que el pensamiento doctrinal del obispo no muestra una rigidez de conceptos que lo defina como un religioso absolutamente intransigente. Fray Félix se inscribe dentro del grupo de obispos “isabelinos” que formaron parte del proyecto pastoral patrocinado por Claret tras las desamortizaciones y exclaustraciones, en el marco de un pacto nuevo entre la Santa Sede y los liberales moderados, sancionado por el Concordato de 1851. Estos prelados, en contra de la actitud próxima al carlismo de una parte del clero, habían aceptado una alianza entre el altar y el liberalismo más conservador[137].

Las ideas del obispo, junto con su propio carácter personal, que parecía hacerle preocuparse a menudo más por las cuestiones pastorales y espirituales que por las temporales, influyeron en la forma en la que planteó su oposición a la política secularizadora revolucionaria. Los decretos que trataban de imponer a los prelados la conducta que debían seguir con el clero supuestamente carlista, con el juramento de la Constitución de 1869 o con la designación de canónigos, fueron los que atrajeron con más fuerza la atención de fray Félix y los que provocaron en él la mayor oposición, siempre manifestada por medio de escritos dirigidos a las Cortes, al ministro de Gracia y Justicia o al presidente del Gabinete respectivo. Otras disposiciones como la desamortización de archivos y bienes eclesiásticos, las rebajas presupuestarias en la asignación a la Diócesis, o los intentos de control o incautación de patronatos, también contarían con su oposición explícita. Pero, como se verá cuando se trate de ellos, en estos casos pondría más énfasis en la lesión que se hacía a la autoridad eclesiástica o al magisterio de la Iglesia que en los elementos puramente económicos o materiales de estas disposiciones legales.

2.5 El Cabildo Catedral

Desde el Concordato de 1851, el Cabildo Catedral de Cádiz estaba formado por el deán, cuatro dignidades (chantre, maestrescuela, arcediano y arcipreste), cuatro canónigos “de oficio” (magistral, doctoral, lectoral y penitenciario) y diez canónigos “de gracia”. Había, además, un canónigo honorario, que era el teniente vicario general del Departamento Marítimo y subdelegado apostólico castrense de la Diócesis. La potestad para cubrir la plaza de deán correspondía siempre a la Corona, mientras que las cuatro canonjías “de oficio” eran concedidas, previa oposición, por el prelado y su Cabildo. Las dignidades y los canónigos “de gracia” eran designados alternativamente por la Corona y el obispo. Como excepción, la cobertura de las vacantes producidas por resignación o promoción a otro puesto eran siempre potestad de la Corona. Las dotaciones correspondientes a cada capitular eran de dieciocho mil reales anuales para el deán, catorce mil para las dignidades y canónigos “de oficio” y doce mil para los canónigos “de gracia”.

El deán era el presidente del Cabildo Catedral, salvo que el obispo optase por participar en alguna sesión capitular. Respecto al cometido originario de las dignidades, el chantre era el director de canto del coro; el maestrescuela enseñaba las ciencias eclesiásticas; el arcediano era la figura que estaba al frente del Cabildo antes de la aparición del puesto de deán, y el arcipreste era el canónigo principal de la catedral. Respecto a los canónigos “de oficio”, el magistral era el encargado principal de la predicación en la catedral; el doctoral era el asesor jurídico del Cabildo, debiendo ser, en principio, graduado en derecho canónico; el lectoral era el teólogo del cabildo y debía ser licenciado o doctor en teología, y el penitenciario era el encargado de confesar determinados pecados cuya absolución le estaba reservada.

Al margen de estos cometidos genéricos, los dignidades y canónigos de oficio, junto con los canónigos “de gracia”, desempeñaban determinados “oficios” cuya prestación se renovaba anualmente. Como ejemplo, el 2 de enero de 2869, se llevaron a cabo las elecciones adjudicar los oficios durante el año entre todos los capitulares. Estos cometidos eran los de secretario particular, obrero de la fábrica de la catedral, contador mayor, procurador mayor, diputados de música (dos), enfermeros (dos), diputados del seminario (dos), escritor de cartas, diputados de sagradas escrituras (dos), clavero de arcas (dos), diputados del patronato Villanueva (dos) y diputado del patronato de Fragela[138].

Al iniciarse la revolución de septiembre de 1868 el deán era Antonio Ramón de Vargas, que había ocupado anteriormente el mismo puesto en Tarazona, siendo trasladado a Cádiz en 1864. El 24 de abril de 1869 el ministro de Gracia y Justicia ordenó su traslado como deán de Málaga, despidiéndose de los capitulares de Cádiz el 10 de mayo. El 1 de junio de 1869 el Cabildo supo que el canónigo de su catedral José Joaquín de Palma había sido designado como nuevo deán por el ministro de Gracia y Justicia para cubrir la vacante de Vargas, tomando posesión del cargo el día 16 del mismo mes[139].

El chantre era Esteban Moreno Labrador, designado por la Santa Sede en 1853. Doctor en Teología, había estado impartiendo desde 1842 clases de Instituciones Teológicas y Lugares Teológicos en la Facultad de Teología de la Universidad de Sevilla, siendo nombrado agregado de la misma en 1848. Su preparación teológica hizo que fuera designado por la Santa Sede en noviembre de 1868 para asistir en Roma a los trabajos preparatorios del Concilio. Fray Félix, que no había podido asistir a la apertura del mismo a causa de su mal estado de salud, desistió de su viaje a Roma y designar a Moreno como su procurador en las sesiones conciliares[140].

Leto Mahave, el maestrescuela, era capitular desde 1838, cuando se le concedió la condición de canónigo por su celo en la recolección de limosnas para finalizar las obras de la catedral[141]. El arcediano, José María Micas, ostentaba dicho cargo al menos desde 1862. En 1826 ya era canónigo en la iglesia colegial de Motril, puesto que dejó en junio de 1852 al ser designado canónigo de la Diócesis metropolitana de Granada[142].

El gaditano José María de Urquinaona había cesado como arcipreste de Cádiz por haber sido designado en marzo de 1868 como obispo de Canarias, dejando el Cabildo Catedral de Cádiz en mayo[143]. Su puesto estaba aún sin cubrir al estallar la revolución. Al tratarse de una vacante producida por promoción a un puesto superior, su cobertura correspondía al Gobierno. El día 1 de diciembre de 1868, el prelado gaditano era conocedor de que el Gobierno provisional iba a designar como arcipreste al canónigo de la catedral de Cádiz Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros[144]. Como la reina había designado anteriormente a otra persona, el prelado gaditano dudaba de la validez del nuevo nombramiento, por lo que escribió al nuncio Franchi interrogándole sobre la línea de conducta a seguir. El arcipreste designado por la reina no había podido tomar posesión, por no haber llegado la real cédula a manos del obispo, y era indudable que esta ya no iba a recibirse, dadas las circunstancias[145].

El nuncio le contestó que no debía admitir un nuevo nombramiento en lugar del ya efectuado por la reina, pues el arcipreste designado inicialmente tenía un derecho adquirido. No creía que el Gobierno provisional intentase una nueva designación, pues le constaba que había reconocido otros nombramientos hechos por la Corona[146]. Pero el nuncio se equivocaba, porque cuando su carta llegó a Cádiz ya se había producido el nombramiento del Gobierno provisional. Al día siguiente de su primera carta, el 2 de diciembre, el obispo gaditano volvió a escribirle para comunicarle que acababa de recibir la designación de Sebastián Herrero como arcipreste. Este solicitó el día 19 de diciembre al Cabildo que se le diera posesión del cargo, lo que se realizó el 21 del mismo mes[147].

Por lo que respecta a los canónigos “de oficio”, el magistral era Francisco García Camero. En 1842 había sido compañero de Esteban Moreno Labrador en la Facultad de Teología de la Universidad de Sevilla, donde impartió clases de Lugares Teológicos e Historia Eclesiástica. Posteriormente fue director del colegio de San Agustín de Cádiz, siendo designado magistral en abril de 1850[148]. El penitenciario era Salvador Moreno Labrador[149], hermano del chantre, y el lectoral Gerónimo Marín, el miembro más antiguo del Cabildo, pues el 2 de junio de 1832, cuando el obispo Domingo de Silos Moreno presidió el Cabildo para explicar su decisión de finalizar las obras de la catedral, ya era miembro del mismo. Marín ejercía en 1848 como catedrático de Teología Expositiva en el seminario gaditano de San Bartolomé. Había colaborado con los pintores de la catedral durante su construcción y en las misas que se dieron en el templo en noviembre de 1838, con motivo de su inauguración, fue uno de los prebendados que oficiaron y predicaron[150]. El puesto de canónigo doctoral estaba vacante, pues su titular, Diego Herrero Espinosa de los Monteros (hermano de Sebastián) había renunciado pocos meses antes de la Revolución. Fue sustituido en 1869 por Fernando Hüe, del que se tratará en el próximo apartado.

Los canónigos “de gracia” eran Manuel María Bosichy, rector del seminario de San Bartolomé, José Joaquín de Palma (que sería deán de Cádiz a partir de junio de 1869 y era beneficiado en 1852), el cartujo Fernando Agullana[151], José María Molina[152], Vicente Calvo Valero[153], Vicente Roa[154], Carmelo Sala[155], Luis María Morote[156], Juan Sánchez del Corral[157] y, por último, el vicario castrense, canónigo honorífico, que no acudía a las sesiones capitulares.

Los cambios de dignidades fueron muy escasos durante el Sexenio Democrático. Una vez designado arcipreste Sebastián Herrero en diciembre de 1868, solo se produjo el cambio ya mencionado del deán, cuando entró José Joaquín de Palma en junio de 1869. Por el contrario, los cambios de canónigos fueron frecuentes. El Gobierno provisional designó como canónigo a Roque Pantoja el 15 de octubre de 1868 para que ocupase el puesto que ya tenía previsto dejara Sebastián Herrero para ser el nuevo arcipreste. Pantoja tomó posesión el 16 de febrero de 1869[158]. En junio de 1869, Francisco de Lara, hasta entonces canónigo de la colegiata de Jerez, ocupó la vacante de José Joaquín de Palma, por promoción de este a deán. A partir de este cambio, los demás se produjeron por diversos fallecimientos, como el de José María Molina en julio de 1869, cuya plaza ocupó en agosto el beneficiado de la catedral de Cádiz Benito Gil Ruiz[159]. El lectoral Gerónimo Marín falleció en octubre de 1870. El 31 de octubre se anunció la vacante y el 31 de enero de 1871 el nombre de los opositores para el cargo, logrando la canonjía Tomás Costa el 4 de febrero[160]. En agosto de 1871 falleció Juan Sánchez del Corral. La vacante correspondía al turno del obispo, pero en este caso al ser canonjía “de gracia” no se necesitaban oposiciones. Fue designado el beneficiado de Cádiz José Lebrón, antiguo canónigo de la colegiata de Osuna, que tomó posesión el 5 de septiembre[161].

El caso de la sustitución de Fernando Agullana, tras su deceso en diciembre de 1871, fue diferente a los anteriores. Como la canonjía era “de gracia” y la anterior vacante de la misma clase (la de José Lebrón) había sido cubierta por el prelado, la sustitución correspondía ahora al Gobierno, si se cumplía lo acordado en el Concordato de 1851. Dos meses antes, el 1 de octubre de 1871 se había promulgado un real decreto por el cual el rey renunciaba provisionalmente a designar a los canónigos que le correspondieran por turno y sugería a los prelados que hiciera lo mismo. El obispo de Cádiz escribió al ministro de Gracia y Justicia protestando contra el decreto y comunicándole que no iba a renunciar a su derecho. El rey tampoco cumplió con la renuncia que implicaba el decreto, pues el 27 de diciembre eligió a Cándido Fernández de Guevara, capitular de Badajoz, para cubrir el puesto de Agullana. Fray Félix no aceptó esta designación y el 4 de enero de 1872 designó a Juan Buy, cura propio de Santa María la Coronada de Jimena de la Frontera, en comisión en la parroquia de San Antonio de Cádiz, para cubrir la vacante. Buy tomó posesión el 7 de enero de 1872[162].

Cuando el 7 de abril de 1872 falleció Roque Pantoja, el Gobierno quiso entender que la vacante correspondía al turno de la Corona, puesto que las dos anteriores se habían cubierto por el obispo. El rey designó a Tomás Mendoza y el prelado volvió a rechazar el nombramiento, aunque en este caso no replicó con un nuevo canónigo de su elección. El ministro de Gracia y Justicia, con fecha 12 de noviembre de 1872, comunicó al prelado gaditano que Mendoza le había informado de la negativa del obispo de Cádiz a otorgarle la posesión y colación canónica de su prebenda, por lo que el rey se vio obligado a concederle una prórroga indefinida para su toma de posesión, hasta que cesaran “los obstáculos” que la impedían[163].

Las relaciones entre los capitulares y el obispo fueron siempre muy fluidas. El último, siempre preocupado por su labor pastoral y a menudo fuera de Cádiz visitando los pueblos de la Diócesis, dejó hacer al Cabildo y respetó sus decisiones. Al mismo tiempo, el Cabildo obró habitualmente en consonancia con las órdenes o indicaciones del prelado. La defensa de los intereses de la Diócesis por parte del obispo y el Cabildo Catedral se complementaban. El primero se centró preferentemente en los aspectos puramente religiosos y en la defensa del prestigio de la autoridad eclesiástica y del magisterio de la Iglesia, mientras los capitulares, secundando en todo momento al prelado en las cuestiones anteriores, tomaron como principal cometido la defensa de los patronatos y capellanías que administraban, ante los constantes intentos de los Gobiernos revolucionarios de apropiárselos. Era una misión de menor altura espiritual que la del obispo, pero de gran importancia por los intereses económicos que entraban en juego, en los que se confundían a menudo el beneficio de la Diócesis con el particular de los miembros del Cabildo Catedral. Los sobrantes de los patronatos y capellanías eran una importante fuente de ingresos para los capitulares y también para el sostenimiento material de la Diócesis. Estos sobrantes eran utilizados por los capitulares como estimaban oportuno, en su calidad de patronos o administradores, contando siempre con la aprobación del obispo. Además, dignidades y canónigos se repartían la décima parte de lo resultante de las liquidaciones de estos patronatos y capellanías y hacían lo mismo con los rendimientos de los títulos de la deuda que venían percibiendo desde tiempo atrás como compensación por las capellanías ya desamortizadas.

Como se ha apreciado en las líneas anteriores, buena parte de los miembros del Cabildo Catedral tenía como elemento común su procedencia de otros puestos eclesiásticos ubicados en Cádiz. En este caso están Palma, Mahave, Marín, Salvador Moreno, Gil, Lebrón, Morote y Sánchez del Corral. Otros, aunque no cumplían la condición anterior, eran naturales de la provincia de Cádiz, como Fernando Hüe y Sebastián Herrero, o eran andaluces, como Vicente Calvo, Esteban Moreno y Francisco García Camero.

Aunque por encima de todo estaba su condición de ministros de la Iglesia, no se puede afirmar que compartieran un modelo único de clérigo. La edad era uno de los aspectos que contribuían marcar las diferencias. Calvo tenía veintisiete años cuando fue elegido canónigo y en 1868 acababa de cumplir los treinta; Hüe tenía treinta y cinco años al ser admitido como canónigo doctoral; Costa contaba con treinta y nueve años cuando tomó posesión del cargo de canónigo lectoral; Sebastián Herrero, algo mayor, tenía cuarenta y seis años cuando fue designado para la dignidad de arcipreste. Por el contrario, el canónigo Gerónimo Marín ocupaba su puesto desde 1832 y el maestrescuela Leto Mahave desde 1838; el magistral Francisco García Camero y el chantre Esteban Moreno Labrador ya eran profesores en la Facultad de Teología de la Universidad de Sevilla en 1842.

Otra distinción entre los capitulares era su elección por la autoridad política o por la eclesiástica. El deán José Joaquín de Palma, el arcipreste Sebastián Herrero y los canónigos “de gracia” Francisco de Lara y Benito Gil, todos ellos elegidos entre 1868 y 1869 por el Gobierno provisional, debían ser, lógicamente, del agrado de los Gobiernos revolucionarios que los habían elegido, lo que les hace, en principio, poco sospechosos de reaccionarios.

Estaba también la distinción entre los que se habían educado en seminarios y los que, como Sebastián Herrero y Fernando Hüe, habían llegado al sacerdocio tras una vocación tardía, surgida después de haber cursado carreras universitarias y haber ejercido profesiones liberales. Herrero fue ordenado sacerdote con treinta y ocho años y Hüe con veinticuatro, ambos tras ejercer como abogados. Esto hace suponer en ellos, en principio, ideas más abiertas que los capitulares de más edad o que los formados como sacerdotes en los seminarios respectivos, además de una mayor preparación profesional y humana.

A pesar de esos aspectos diferenciadores, la armonía entre los capitulares fue la tónica general. La condición eclesiástica y la defensa de los mismos intereses superaban cualquier diferencia, de manera que no se dieron confrontaciones y prácticamente no se producían votos particulares contrarios a las decisiones capitulares, que se aprobaban casi siempre por unanimidad, aunque previamente no faltasen discusiones y manifestaciones de los puntos de vista particulares de cada uno.

La diferencia generacional entre los capitulares se refleja en la mayor actividad y protagonismo de los más jóvenes. Vicente Calvo destacaría como mediador entre el Cabildo Catedral y las autoridades nacionales y municipales. Con las primeras tendría una actuación decisiva para lograr el levantamiento del embargo sobre los patronatos; y con las segundas destacaría su capacidad para mantener contactos personales con los republicanos durante la época de alcaldía y presidencia del Cantón de Fermín Salvochea. Sebastián Herrero ejerció como gobernador eclesiástico, en cuya designación influyó sin duda su condición de doctor en leyes. Pero sobre todos ellos destacaría Fernando Hüe.

2.6 El canónigo doctoral Fernando Hüe y Gutiérrez

La figura de Fernando Hüe y Gutiérrez merece especial mención entre los miembros más destacados de la Iglesia de Cádiz durante el Sexenio Democrático. Su aportación personal en la defensa de los intereses del Obispado fue de la mayor importancia en sus momentos más difíciles, a partir de abril de 1873, cuando fue designado gobernador eclesiástico. El protagonismo de Hüe se dirigiría a la defensa de un aspecto diferente de los que ocuparon al prelado y al Cabildo Catedral, pues sus esfuerzos se enfocaron en la devolución de los templos y obras de arte incautados por el Ayuntamiento republicano federal de Fermín Salvochea.

Había nacido en la pequeña localidad gaditana de Zahara de la Sierra el 8 de mayo de 1834. A partir de 1841 residió en Sevilla, donde estudió Latinidad y Humanidades en el colegio de San Diego, fundado y regentado por Alberto Lista, de quien fue Hüe “muy querido y aventajado discípulo en las clases de Literatura e Historia[164]”. Entre 1848 y 1856 cursó Jurisprudencia Civil y Canónica en la Universidad de Sevilla. En 1857 se incorporó al colegio de abogados de Sevilla y en mayo de ese mismo año se ordenó de menores y subdiácono. En septiembre del mismo año fue ordenado diácono por el obispo de Cádiz Juan José Arbolí, cuando se hallaba este en visita pastoral en Jimena de la Frontera. El arzobispo de Burgos le nombró su vicesecretario de cámara y secretario de visita, ordenándole de presbítero el 28 de mayo de 1858 y confiriéndole al año siguiente un beneficio. En 1867 hizo oposición para canónigo doctoral de Burgos, no siendo elegido por ocho votos contra doce.

Como se ha dicho más arriba, al producirse la revolución de septiembre de 1868, el puesto de canónigo doctoral de Cádiz estaba vacante por renuncia de Diego Herrero. A pesar de que esta fue aceptada formalmente en julio de 1868, Herrero volvió a figurar nominalmente como miembro del Cabildo Catedral al estallar la revolución. La razón es que la provisión de su vacante no correspondía al obispo, puesto que las vacantes producidas por renuncia eran cubiertas siempre por la Corona. El obispo no deseaba que el Gobierno provisional realizase el nombramiento, ya que al faltar la reina dudaba sobre su potestad para hacerlo. El Gobierno provisional no se percató de la renuncia, pues el tiempo fue pasando y no designó nuevo canónigo doctoral. En abril de 1869 el Cabildo tomó la iniciativa y convocó la oposición, como si correspondiera al turno del prelado. El 9 de abril de 1869 Diego Herrero volvió a renunciar a su prebenda de canónigo doctoral, admitiéndose por el Cabildo el 12 del mismo mes. Inmediatamente se comunicó al obispo y se convocó oposición a toda prisa para evitar que el Gobierno se percatara de lo que estaba sucediendo. A pesar de la diligencia del Cabildo, el prelado continuó esperando por si el Gobierno provisional se pronunciaba sobre la designación. Como a primeros de junio no había ocurrido nada nuevo, el Cabildo Catedral volvió a insistir en la conveniencia de no demorar la oposición a la canonjía doctoral, antes de que “algún trastorno público, tan de temer en estas circunstancias”, impidiera hacerlo. Había dos peticionarios y el Cabildo pidió permiso al prelado para iniciar los ejercicios de oposición[165].

El proceso que llevó a Fernando Hüe a la canonjía doctoral de Cádiz fue la primera prueba de su carácter y personalidad. Había solicitado entrar en la oposición, al igual que su amigo y compañero de universidad Marcelo Spínola y Maestre[166]. Pero el 22 de junio de 1869, cuando se iba a proceder al acto de dar las puntuaciones correspondientes, no se presentó enviando un oficio de renuncia. La comisión encargada de la oposición suspendió el acto y el Cabildo comunicó lo sucedido al obispo, así como su acuerdo de dar una prórroga de quince días para el comienzo de los ejercicios. Hüe, que también había mandado la renuncia al obispo, decía hacerlo “por razones poderosas de propio decoro”, que no manifestaba “por respeto a ciertas personas”. Lo que había ocurrido es que no se le había dado suficiente publicidad a la convocatoria y Hüe interpretó que con ello se quería evitar que se presentasen otras personas. Las palabras de Hüe en su renuncia hacen suponer que daba por seguro que ya se había decidido antes de la convocatoria que Diego Herrera sería sustituido por Marcelo Spínola. Sin embargo, parece que el motivo para que la convocatoria no tuviese la suficiente publicidad era el temor de que el Gobierno se percatase de que la canonjía objeto de la convocatoria correspondía a su turno. El obispo aceptó la ampliación del plazo para proceder a la elección y Hüe, seguramente informado de la razón por la que no se había dado difusión a la convocatoria, solicitó de nuevo su admisión, una vez se habían “desvanecido los motivos que le indujeron a retirarse de la oposición”. El 9 de agosto se procedió a la elección de doctoral. Se había aceptado un nuevo opositor José María Mirete, de Alicante. Después de tres votaciones consecutivas no se pudo llegar al nombramiento por empate entre Hüe y Spínola. El obispo no quiso emitir su voto decisivo, pero sugirió al Cabildo que la designación debía corresponder a Hüe por ser el de mayor edad entre los dos opositores que habían empatado. Hüe quedó designado como canónigo doctoral de Cádiz, tomando posesión el 26 de agosto de 1869[167].

Hüe mostraría en 1873, desde sus primeras intervenciones en defensa de la Iglesia gaditana, sus cualidades para enfrentarse al problema suscitado por las actuaciones secularizadoras municipales. Las circunstancias personales de Hüe lo presentan como un clérigo al corriente de los asuntos mundanos y capaz de oponerse con armas legales a las disposiciones municipales. El haber sido discípulo de Alberto Lista, que se expresó a menudo como radicalmente liberal, y el haberse formado antes como abogado que como sacerdote, dan indicios de que Hüe podría ser un clérigo más abierto que la mayoría. Los escritos que dirigió a la Alcaldía de Cádiz y a los Gobiernos de la república para defender los intereses locales de la Iglesia en 1873 confirman esta impresión, pues nunca pusieron en duda la legalidad vigente. Esto podría no ser más que una estrategia, pero lo cierto es que sus argumentos eran básicamente jurídicos y nunca utilizó los de carácter religioso para lograr sus objetivos, circunstancia que resultó fundamental para el éxito de sus peticiones. Esta forma de enfocar la defensa de los derechos diocesanos la mostró desde su primera comunicación a la Alcaldía de Cádiz, con motivo de la orden de desalojo del templo del convento de la Candelaria, en la que comenzaba diciendo: “Esa Alcaldía comprenderá que es mi deber como encargado del Gobierno Eclesiástico de esta Diócesis primeramente protestar contra esa determinación que lastima los derechos de la Iglesia y conculca los que cree este Gobierno eclesiástico tener al amparo de la legalidad vigente[168]”.

2.7 El clero parroquial

Como se ha indicado, Cádiz tenía cinco parroquias, además de la castrense. Todas ellas, con algunas variaciones, tenían, además del párroco, teniente de cura, ecónomo, coadjutor, mayordomo de fábrica, sacristán mayor y penitenciario Había una parroquia más, la castrense, que era la iglesia del Santo Ángel de la Guarda, situada junto al hospital de la Armada en un terreno cedido por el Municipio, que tenía cura párroco castrense, teniente de cura, sacristán mayor y capellán. En su misión de cura pastoral de los feligreses encomendados por el obispo, los párrocos cumplían la importante misión de transmitir a los fieles pertenecientes a su parroquia las instrucciones recibidas de aquel y del Cabildo Catedral. Entre otras cuestiones, durante el Sexenio recibieron y aplicaron las directrices del obispo sobre su forma de actuar en lo relativo a la instauración del matrimonio civil[169] y en los cortejos fúnebres dirigidos a un cementerio municipal en el que se hubieran enterrado a protestantes[170].

Los párrocos mantenían una destacada participación en el sistema de beneficencia municipal. Las Juntas Parroquiales de Beneficencia, que estaban normalmente presididas por el cura de cada parroquia, participando en las mismas un concejal en representación del Municipio, hacían llegar los auxilios médicos necesarios a todos aquellos que no tenían posibilidades económicas para obtenerlos. La colaboración entre párrocos y Ayuntamiento en esta faceta se mantuvo sin variaciones apreciables durante todo el Sexenio hasta abril de 1873, cuando los párrocos fueron cesados de sus puestos al entrar en vigor un nuevo reglamento municipal de beneficencia cuyo principal objetivo era precisamente separar la beneficencia municipal de la que se pudiera hacer en las parroquias. En septiembre de 1873 los párrocos volverían a formar parte de las Juntas de Beneficencia, aunque no serían repuestos como presidentes, sino como vicepresidentes.

Las dificultades económicas de los párrocos y de los sacerdotes subalternos que formaban parte de las parroquias fueron durante todo el Sexenio similares a las padecidas por los beneficiados de la catedral, sobre las que se tratará más adelante. El 4 de agosto de 1870, el obispo gaditano dirigió una exposición al regente quejándose de la falta de haberes del clero padecida desde octubre del año anterior. Los problemas económicos de los párrocos, y del clero menor en general, se salvaban tan solo, en parte, gracias a las limosnas promovidas por el Cabildo Catedral, de las que una cantidad importante se empleó en satisfacer las necesidades más perentorias de algunos sacerdotes. El derecho del clero a percibir sus haberes se les negó por los sucesivos Gobiernos del Sexenio desde que en noviembre de 1869 las Cortes Constituyentes retiraron de sus puestos y dejaron sin retribuciones a los funcionarios que no jurasen la Constitución, incluyendo la última medida al clero[171].

Hasta la llegada de la república, los párrocos de Cádiz se limitaron a seguir las instrucciones que recibían del obispo o del Cabildo Catedral, sin que haya constancia de iniciativas personales en contra de las medidas secularizadoras. Pero entre abril y mayo de 1873 reaccionaron contra la ofensiva laicista municipal de Salvochea, saliendo por las calles próximas a cada parroquia con el viático y acompañados del mayor número posible de fieles. Estas procesiones, anunciadas en la prensa gaditana más afín a la Iglesia, fueron planeadas como actos de manifestación religiosa contra las restricciones al culto público. El 13 de abril salió la de la parroquia de Santa Cruz, el 21 de abril la de Nuestra Señora del Rosario, el 27 de abril la de San Antonio y el 4 de mayo la de San Lorenzo. La última, la de San José, prevista para el 6 de mayo, se encontró con dificultades para lograr los resultados deseados, pues la salida no se efectuó, probablemente por escasez de participantes[172].

Parece que desde antes de la proclamación del Cantón de Cádiz, algunos párrocos se mostraban reticentes a celebrar misas y cedían su puesto a sacerdotes forasteros. Así lo sugiere la carta que el secretario de cámara del obispo se vio obligado a enviarles el 14 de julio de 1873 ordenándoles que no autorizasen a sacerdotes procedentes de otras ciudades a celebrar misa mientras no se presentasen en la secretaría. Todo apunta a la conclusión de que las misas que celebraban estos sacerdotes forasteros eran en sustitución de los párrocos. Así lo indica que poco después, el 26 de julio, ya con el Cantón proclamado, el Cabildo Catedral se dirigiera por escrito a los párrocos de la capital recordándoles su obligación de celebrar las misas de diez, once y doce horas del mediodía e incentivándoles a cambio con el abono de las cantidades respectivas de doce, quince y veinte reales, que saldrían de las cuestaciones que se hacían en las mismas misas. La prohibición completa de manifestaciones públicas del culto dictada durante el breve periodo del Cantón de Cádiz, hizo aumentar los temores de algunos párrocos y muy probablemente dio lugar a que algunos se ausentasen de la ciudad. El gobernador eclesiástico les había comunicado que cuando salieran de sus iglesias para administrar los sacramentos de la Comunión y la extremaunción, o para acompañar los cortejos fúnebres, debían tomar ciertas precauciones para pasar desapercibidos, así como evitar llevar visible la cruz. Como dato que insinúa el impacto de la etapa cantonal sobre la presencia de los párrocos de Cádiz en sus puestos, cuando el 5 de agosto de 1873 el gobernador eclesiástico les indicó que podían volver a practicar con normalidad las salidas para celebrar los sacramentos o entierros, solo se recibió el acuse de recibo de dos de los cinco párrocos de la ciudad, lo que indica que los otros tres debían hallarse ausentes[173].

Parece claro que la difícil situación creada en la etapa de predominio local de los republicanos federales de Salvochea había llevado a los párrocos a una cierta relajación en el cumplimiento de sus obligaciones. En noviembre de 1873 el obispo trataba de acabar con esta situación remitiendo a los párrocos un severo escrito recordándoles su obligación de predicar la divina palabra y administrar los sacramentos, especialmente los domingos y festivos. El obispo decía expresamente que estaba preocupado por la falta de este cumplimiento por parte de muchos párrocos y les amenazaba con penas severas si no cumplían con las obligaciones de su ministerio parroquial[174].

2.8 Situación económica de la Diócesis a comienzos del Sexenio Democrático

La defensa de la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal y del prestigio del clero iba a constituir una parte sustancial del enfrentamiento de la Iglesia gaditana con los diferentes Gobiernos revolucionarios del Sexenio. Pero no se puede dejar de considerar que los objetivos de la política de los liberales del momento iban encaminados en buena parte a la culminación de las desamortizaciones, con la consiguiente incautación de los bienes del clero secular o con la intervención en su administración. En el ámbito municipal, los derribos de conventos e iglesias practicados por los republicanos tenían también indudables connotaciones económicas.

Otro frente que tiene el mismo carácter es el relativo al pago de los haberes del clero. El obispo de Cádiz hizo constar en varias ocasiones que el abono de las dotaciones para los gastos del culto y clero católicos no le parecía deseable desde el momento en que suponía una dependencia del poder temporal. Pero, por otro lado, siempre defendió el derecho a percibirlo por ser una obligación del Estado derivada de las desamortizaciones.

El Cabildo Catedral gaditano defendió otro aspecto económico de considerable importancia, como era la administración de patronatos y capellanías, que constituían una parte importante de la culminación desamortizadora que se pretendía. Los trabajos para mantener el poder sobre estas fundaciones no era completamente desinteresado o irreprochable, porque a la defensa del cumplimiento de las cargas espirituales derivadas de la voluntad de los fundadores se añadían los intereses particulares de los capitulares, que disponían libremente de una parte de las rentas de estas fundaciones.

La situación económica de la Diócesis de Cádiz no podía compararse en 1868 con la que había tenido antes de las desamortizaciones, pero se puede afirmar que era desahogada. El Concordato de 1851 había establecido las dotaciones correspondientes a prelados, dignidades, canónigos y beneficiados. El obispo de Cádiz tenía una asignación de cien mil reales anuales. El deán percibía dieciocho mil reales anuales, las dignidades y canónigos “de oficio” catorce mil, los canónigos “de gracia” doce mil y los beneficiados seis mil (artículo treinta y dos del Concordato). Además, la Diócesis disponía de una asignación de noventa mil reales anuales para el culto, a los que se sumaban entre dieciséis mil y veinte mil reales más para gastos extraordinarios y de visitas. Las parroquias percibían para el culto no menos de mil reales cada una y los párrocos tenían unas asignaciones que oscilaban entre tres mil y diez mil reales en las parroquias urbanas, como eran las de Cádiz. Los coadjutores y ecónomos cobraban entre dos mil doscientos y cuatro mil reales. Además, se reconocía el derecho a recibir emolumentos adicionales para funciones religiosas y se garantizaba el sostenimiento de las casas de San Vicente de Paúl y San Felipe Neri, así como las casas religiosas de monjas. Por otro lado, el artículo treinta y cinco del Concordato asignaba entre noventa mil y ciento veinte mil reales anuales para el seminario.

El mismo artículo devolvía a las Diócesis los bienes procedentes de la Iglesia aún no enajenados en 1851, con la condición de que fuesen vendidos por los prelados sin demora, convirtiéndose el producto de las ventas en deuda pública al tres por ciento. El 25 de agosto de 1859 la Santa Sede y la reina firmaron un convenio[175]. Entre otras cuestiones, este estipulaba la forma en que Estado compensaría a la Iglesia por las pérdidas de las desamortizaciones anteriores, regulándose la entrega a las Diócesis del equivalente a los bienes perdidos en títulos de la deuda al tres por ciento. Un estadillo de estos bienes, denominados “conmutables”, confeccionado en 1865 por el Obispado gaditano, muestra su importancia económica. El total declarado ascendía a seiscientos cuarenta y un mil ciento setenta y ocho reales con treinta y cinco céntimos, aunque las láminas que emitió el Gobierno no cubrieron esa cantidad, pues se quedaron en cuatrocientos ochenta y tres mil cincuenta y cinco reales con cuarenta y dos céntimos, lo que daba una diferencia entre los bienes declarados y los aceptados de ciento cincuenta y ocho mil ciento veinticuatro reales con noventa y tres céntimos[176].

Las capellanías no formaban parte de la conmutación de bienes diocesanos estipulada en el convenio de 1859. El artículo treinta y nueve del Concordato de 1851 establecía que el Estado haría lo necesario para que no se perdieran las cargas piadosas de las capellanías desamortizadas. Poco antes de la revolución de 1868, el convenio con la Santa Sede convertido en ley el 24 de junio de 1867 trataba de regular la forma de desamortizar definitivamente estas instituciones sin que desaparecieran. El convenio establecía que las Diócesis debían devolver a los herederos de los fundadores los bienes de las capellanías que quedaban sin desamortizar. Estos recuperaban la propiedad privada de los bienes de capellanías, obligándose a redimir sus cargas espirituales. Es decir, se trataba de que los bienes de las capellanías quedasen desamortizados a cambio de que los herederos diesen a las Diócesis los medios económicos necesarios para que las aquellas siguieran cumpliendo sus cometidos espirituales.

La redención de cargas de las capellanías la hacían los familiares que habían recuperado la propiedad entregando al diocesano láminas de la deuda al tres por ciento. Si los títulos entregados por una familia rebasaban los dos mil reales el prelado debía constituir una nueva capellanía, a ser posible en el mismo templo donde estuvo la extinguida. Si no llegaban a esa cantidad, se acumulaban en un “acervo pío”, que en unión de los títulos de la deuda entregados por el Gobierno en compensación de los bienes de capellanías incautadas por el Estado, debía servir para formar también nuevas capellanías, “no bajando de dos mil reales la congrua de cada una”, es decir la renta con la que se sostenía. Los capellanes de las nuevas capellanías, que debían ser “seminaristas adelantados” sin posibilidades económicas, estarían adscritos a una parroquia y además de las obligaciones de la capellanía tendrían la de auxiliar al párroco. De esta forma, se pretendía concluir la desamortización de las capellanías, que dejaban de estar basadas en propiedades familiares no enajenables y al mismo tiempo se mantenían como instituciones eclesiásticas destinadas a mantener al bajo clero[177].

El número de patronatos y capellanías que administraba el Cabildo Catedral de Cádiz al estallar la revolución de 1868 y los beneficios que producían eran muy elevados. Entre ellos estaban la Casa de viudas de Fragela y los patronatos de Ferriol, Hurtado, Matamoros, Garcí López de Cabra, Candioti, Porcio, Barragán, Vidal Chaves, Pedro Tomás Vidal Chaves (es otro distinto al anterior), Duro, Ignacio Maltés, Margarita Núñez Chacón, Camacho, María Valencia, Inés Hinojosa, María Luisa Segura, Potuliet, Castillo, Juan reyes Silva, Peralta, Rosas y Boquín.

La Casa de Viudas de Fragela, también llamada “Casa pía de San Juan y San Pablo”, en la calle de Fragela, era uno de los patronatos más importantes de los administrados por el Cabildo Catedral. Fue fundada por Manuel Barrios Soto, con la ayuda de Juan Clat “Fragela”, natural de Damasco, que donó la casa y la dotó de capellán, médico, boticaria, presidenta, sacristana y portera. Su objeto original fue dar asilo a cuarenta y cinco viudas o doncellas huérfanas, naturales de Cádiz o, a falta de estas, de la provincia, sin más obligación por parte de las albergadas que participar en determinados actos religiosos diariamente por el alma del fundador. El Cabildo Eclesiástico, administrador de la fundación, proveía las vacantes mediante sorteo. Sus rentas procedían de fincas enajenadas. La Casa de Viudas, que albergaba a las beneficiadas por el patronato, tenía un espacioso patio con cuatro aljibes y cuarenta y ocho viviendas[178].

Todos los patronatos y capellanías debían haber quedado extinguidos según el convenio de 1867, tras su entrega a los herederos de los fundadores, y cambiados por otros nuevos, que habrían continuado realizando obras de beneficencia y aportando un importante beneficio económico al clero diocesano. Pero los decretos desamortizadores del Sexenio Democrático demuestran que fueron pocos los que los que se habían vendido o enajenado.

El empeoramiento de la situación económica del Obispado gaditano a partir de la revolución de 1868, provocado por los decretos sobre obras pías y capellanías, las reducciones de los presupuestos eclesiásticos y la falta total de pagos al clero gaditano por su negativa a jurar la Constitución, se tratará más adelante, junto a la oposición del prelado y el Cabildo Catedral a dichas medidas. Un breve apunte preliminar lleva a afirmar que la revolución dio lugar a una situación oficial de carestía económica en la Diócesis. La presión ejercida por los distintos Gobiernos sobre los patronatos y capellanías administradas por el Cabildo Catedral fue constante. Los capitulares no habían cumplido lo acordado en 1867 referente a enajenar los patronatos dependientes y el Gobierno provisional, tras el decreto de desamortización de obras pías de 1 de marzo de 1869, embargó durante algún tiempo las fincas y los bienes de los patronatos, dando orden a los arrendados para que no abonasen nada al Cabildo.

Pero a pesar de lo anterior los capitulares tuvieron casi siempre a su disposición los sobrantes de las liquidaciones de las fundaciones que administraban. Para dar idea de la masa económica que continuaba manejando el Cabildo Eclesiástico durante el Sexenio Democrático a cuenta de los patronatos, sirve el oficio que le envió en 1873 la Dirección General de Beneficencia, suspendiendo las cuentas de un solo patronato, el de Nicolás Ibáñez Porcio, relativas a los años de 1867 a 1869, mientras el Cabildo no entregase al Hospicio Provincial y Casa de Expósitos la cantidad de trescientos treinta mil trescientos sesenta reales con cuarenta céntimos a que ascendía la mitad de la renta líquida del patronato en los referidos años[179]. Aunque el Cabildo no satisfizo el abono, la suspensión quedó paralizada. En 1871 la liquidación de patronatos importaba una suma de doscientos treinta y seis mil quinientos nueve reales con cincuenta y ocho[180]. En 1872, la distribución de los sobrantes del patronato de Lorenzo Nicolás Ibáñez Porcio, que se hacía todos los años la víspera de San José, llegaba a los setenta mil reales[181].

Además, las limosnas que se organizaron en forma de suscripciones mensuales en los peores momentos[182] y las aportaciones de benefactores dispuestos a ayudar al Obispado en sus dificultades, permiten afirmar que la carestía oficial de medios económicos no era tal en la práctica[183].

2.9 Los Ayuntamientos gaditanos y su visión sobre la Iglesia

Si el obispo de Cádiz y su Cabildo Catedral fueron los principales protagonistas locales de la oposición a la política secularizadora del Sexenio Democrático, los Ayuntamientos de la ciudad fueron los encargados, en mayor o menor medida, de seguir dicha política. Identificar qué ideas políticas defendían sus miembros ayudará a entender cuál fue su percepción sobre las relaciones con la Iglesia y qué actitud mantuvieron hacia sus representantes en Cádiz, así como también a verificar hasta qué punto su actuación, que será analizada más adelante, fue innovadora, y por ello conflictiva respecto a los intereses y objetivos de los católicos más tradicionales, o resultó más próxima a la Iglesia de lo que cabía pensar en un principio.

La lógica unidad general de criterio de los miembros del Cabildo Catedral, contrasta con la gran heterogeneidad ideológica de los Ayuntamientos del periodo. Y es que mientras los miembros de la Iglesia gaditana defendían una doctrina oficial, inamovible e incontestable para ellos, los munícipes representaron distintas ideas políticas muy diferentes dentro de la revolución, además de distintas formas de interpretar esas ideas. Y no solo eso, sino que en ocasiones algunos defendieron ideas claramente contrarias a la revolución.

En general, las tendencias predominantes que formaron parte de los diversos Consistorios se agruparon dentro de una de las dos políticas secularizadoras del periodo, dirigidas fundamentalmente por progresistas y republicanos. Pero dentro de estas dos líneas generales, el arco fue más amplio. Entre los seguidores del proyecto secularizador progresista se dio una coalición municipal de unionistas y progresistas liderada por los primeros, que fue seguida por una corporación seguidora del Partido Constitucional, tras la exclusión de los unionistas que no admitían la monarquía de Amadeo de Saboya y de los progresistas más avanzados. En las filas republicanas federales se dieron corporaciones dominadas por los “benévolos” y otras formadas exclusivamente por “intransigentes”. En el centro del abanico se movió la coalición de republicanos “benévolos”, unionistas conservadores y radicales que se produjo a finales del reinado de Amadeo. Por último, en la derecha más opuesta a los republicanos federales “intransigentes”, los Municipios posteriores a la etapa cantonalista conocieron la presencia de miembros del Partido Moderado y conservadores opuestos a la revolución junto a constitucionales cada vez más tibios a la hora de mantenerla. Esta amplia gama de corporaciones municipales anuncia una diversidad en las intervenciones municipales relativas a la Iglesia gaditana, cuyos detalles se analizarán en el capítulo 4.

Otra característica que destaca es el elevado número de Consistorios que se dio en tan breve espacio temporal. Un total de doce para seis años dan idea de la inestabilidad política del periodo. Otra muestra de esa inestabilidad se encuentra en la excesiva proporción de los que fueron elegidos irregularmente, en unos momentos en que la ley garantizaba, teóricamente, el sufragio universal masculino. Solo cinco de los doce Ayuntamientos gaditanos del Sexenio fueron elegidos en elecciones municipales regulares. A lo anterior se añade la dudosa legalidad de las elecciones municipales que dieron el poder a Juan Valverde y a José María del Toro. De esta manera, solo tres corporaciones municipales fueron elegidas mediante votación popular sin que se dieran dudas serias acerca de la limpieza del proceso electoral. Las tres dieron la victoria a los republicanos federales, y con ello a las políticas más hostiles para los intereses eclesiásticos.

Se puede establecer una distinción bien clara entre los Municipios monárquicos, impuestos a menudo por la autoridad, militar o civil, o constituidos tras elecciones de dudosa legalidad, y los republicanos, fruto de elecciones municipales limpias, con excepción del impuesto en octubre de 1873, de muy corta duración[184]. Respecto a los alcaldes, su ideología política es muy variada. Francisco de Paula Hidalgo (octubre de 1868-enero de 1869), José María del Toro (junio de 1871-julio de 1872) y Vicente Cagigas (agosto-octubre de 1873 y 1874), eran progresistas. El segundo evolucionó hacia el Partido Constitucional y el último no tuvo inconveniente en presidir en agosto de 1873 un Municipio necesariamente obligado a cumplir las directrices del Gobierno de la República. Juan Valverde (octubre de 1869–junio de 1871) era unionista. Bernardo Manuel de la Calle (julio de 1872-marzo de 1873) era radical. Por último, Rafael Guillén Estévez (enero-octubre de 1869 y octubre-diciembre de 1873) y Fermín Salvochea Álvarez (marzo-julio de 1873) eran republicanos federales, el primero “benévolo” y el segundo “intransigente”. Salvochea fue sustituido interinamente por Miguel Mendoza al formarse el Cantón de Cádiz. Igualmente, Cagigas dejó la alcaldía en manos del antiguo radical José del Palacio a partir de mayo de 1874.

Por otra parte, la composición de estos Consistorios solo supone una ruptura parcial respecto a los anteriores a la revolución. Un claro ejemplo de esta continuidad es la de Juan Valverde y Cubells, alcalde entre octubre de 1869 y junio de 1872. Valverde, nacido en 1811 en Valencia, aunque instalado desde muy joven como comerciante en Cádiz, ya había ocupado este puesto entre 1861 y 1863. Él mismo, junto con los ediles de su Ayuntamiento Juan Antonio Ruiz de Bustamante, Eduardo Genovés, Rafael Rocafull y Agustín Blázquez habían formado parte de la municipalidad que en 1864 agasajó a fray Félix con motivo de su toma de posesión como obispo; Bustamante, Genovés y Rocafull, además, junto con el concejal Juan Bautista Gaona, habían sido concejales en 1866. Es más, algunos ediles del Municipio de Valverde, como Manuel Sainz y Nicomedes Herrero, habían formado parte del Ayuntamiento derrocado en septiembre de 1868.

Asimismo, el año 1874 supuso de alguna manera, en lo referente a buen número de personalidades de la administración municipal, un periodo de enlace con la Restauración. José Morales Borrero es un ejemplo sobresaliente de mimetismo político. Concejal en el primer Ayuntamiento de Rafael Guillén Estévez, se declaró monárquico muy pronto, lo que le sirvió para continuar en el Ayuntamiento de Valverde. Cuando se formó el Ayuntamiento presidido por el progresista Cagigas de enero de 1874, Borrero fue también concejal. Y el 1 de enero de 1875 era designado primer teniente de alcalde del primer Municipio de la Restauración, llegando a ocupar el puesto de alcalde en julio de 1879. Otros hombres iniciados en la política municipal del Sexenio Democrático que llegarían durante la Restauración a ocupar la alcaldía fueron Manuel de Amusategui (1881 y 1883), Eduardo Genovés (1884 y 1891), Enrique del Toro (1886 y 1887), Cayetano del Toro (enero de 1890 y 1907), Luis del Chorro (agosto de 1890) y Nicomedes Herrero (1901). Jacinto Romaní, también concejal con Guillén y pasado luego al monarquismo, fue igualmente concejal del primer Ayuntamiento de 1875, como muchos otros que habían formado parte de algún Ayuntamiento del Sexenio, como Francisco de Mier y Terán, Luis del Chorro, Joaquín Lahera, Antonio Mora y Conde, José Baltar, José Luis Díez, Nicolás Fernández Cuarteroni, José María Soulé, Clemente Darhan, José Asprer, Sebastián Bell, Víctor González de Cossío, Pablo J. Arduña, Anselmo Abascal y Aurelio García Quijano[185].

2.10 Fermín Salvochea, protagonista de la política laicista republicana

Fermín Salvochea es la figura gaditana más conocida de la política secularizadora del Sexenio Democrático. No es necesario, pues, hacer aquí un estudio sobre su figura, aunque resultará interesante hacer un breve repaso de las circunstancias que le llevaron a adquirir las ideas fundamentales que marcaron su actuación radicalmente laicista en el Sexenio Democrático[186]. Nacido en 1842, su madre era prima hermana de Mendizábal y su padre se dedicaba a la exportación de vinos a Inglaterra. Con quince años se trasladó a Inglaterra para estudiar el idioma y las últimas técnicas mercantiles. Los cuatro años en los que permaneció en dicho país fueron fundamentales en la conformación de sus ideas. Allí entró en contacto con los escritos del promotor del liberalismo y la democracia Thomas Paine. Charles Bradlaugh le hizo reflexionar sobre el ateísmo, aunque esto no impidió que mostrase siempre un gran respeto a las creencias religiosas e ideas ajenas. Pero la influencia más importante de Salvochea durante su estancia en Inglaterra fue el socialismo utópico de Robert Owen, con el que coincidía en su visión de la religión como contraria a la libertad del ser humano. Cuando regresó a Cádiz en 1861, Salvochea era un socialista utópico, ateo y convencido de la necesidad del internacionalismo. En poco tiempo entró en contacto con los seguidores del gaditano Joaquín Abreu (1792-1851), introductor de las ideas fourieristas. Los demócratas de Cádiz se reunían en el Círculo Filarmónico del Laurel. Tras la disolución de esta asociación por el gobernador civil sobre 1862, se organizaron en varios grupos de demócratas. Uno de ellos se reunía en casa de Julián Díaz, que sería concejal del primer Ayuntamiento republicano de Cádiz. Estaba formado por pequeños comerciantes y empleados, que leían y comentaban los artículos del periódico La Democracia, fundado por Castelar. Otro grupo estaba formado por trabajadores seguidores de Fernando Garrido, que se reunía en un taller de carpintería. Salvochea acudía a menudo a las reuniones de un tercer grupo en el taller de fotografía de los demócratas discípulos de Charles Fourier, Rafael Guillén Martínez y Enrique Bartorelo, donde se reunían también Ramón de Cala, Pedro Bohórquez y Fernando Garrido. Este grupo preparaba la revolución en alianza con el progresista Juan Prim[187]. Salvochea pasó a formar parte del Comité del Partido Democrático de Cádiz por la época en que fray Félix ocupaba la silla episcopal gaditana.

Tras los sucesos del cuartel de San Gil en junio de 1866, muchos progresistas y demócratas tuvieron que marcharse al exilio. Los demócratas gaditanos que quedaron en la ciudad trataron de extender sus ideas desde la clandestinidad, para lo cual usaron la Revista Gaditana, un periódico cuya temática no era, en principio, política. Entre la segunda mitad de 1867 y el primer trimestre de 1868, Salvochea colaboró junto con los demócratas gaditanos Narciso Campillo, Ambrosio Grimaldi, Pedro Canales, José Sanz Pérez y Buenaventura Abárzuza en esta publicación. Sus artículos ayudan a comprender la ideología que tenía en la etapa inmediatamente anterior a la revolución de 1868, todavía alejada de su anarquismo posterior. El contacto con los fourieristas gaditanos se deja notar en estos artículos. Salvochea criticaba especialmente la hipocresía social de la sociedad burguesa, que justificaba la desigualdad entre los individuos y cambiaba las apreciaciones morales según la clase a la que se perteneciese. La sociedad juzgaba al ambicioso que tomaba lo que no era suyo como un conquistador digno de veneración, y al pobre que tomaba lo que necesitaba para subsistir lo tachaba de ladrón y castigaba. Salvochea estaba en contra de la desigualdad entre hombres y mujeres y la división de roles tradicional y criticaba el matrimonio y la familia tal como estaban concebidos por la sociedad burguesa. Siendo ateo, usaba frecuentemente citas religiosas de los evangelios[188].

A finales de la década de los sesenta se produjo un hecho que influiría de alguna manera en Salvochea y en los republicanos gaditanos. Fue la llegada de dos jóvenes krausistas, Alfonso Moreno Espinosa y Romualdo Álvarez Espino, ambos como catedráticos del Instituto Provincial de Cádiz. El krausismo pretendía una reforma del hombre y la sociedad y sus instituciones, incluyendo la religión[189]. Estas ideas y el respeto krausista por la naturaleza fueron asimilados por Salvochea[190]. Se puede afirmar que, aunque no fue krausista, su forma de ver la sociedad mostraba antes de la revolución de septiembre la influencia del krausismo, añadida a su base ideológica principal procedente de Robert Owen.

Los fracasos de la insurrección de los Voluntarios de la Libertad de Cádiz, que lideró en diciembre de 1868, y de la de octubre de 1869, que llevó a cabo en algunos pueblos de la provincia gaditana, esta vez en unión de los diputados Paúl y Angulo y Guillén Martínez, fueron llevando a Salvochea a posiciones políticas e ideológicas cada vez más radicales. Aunque durante el Sexenio Democrático todavía confiaba en que la sociedad podía cambiar por medio de la acción política, el socialista utópico de los momentos previos a la revolución, decepcionado por las crecientes dificultades para llevar a cabo desde el poder la revolución que él deseaba, fue acercándose cada vez más al anarquismo de Bakunin. En noviembre de 1871 un periódico catalán confirmaba que se había adherido a la Asociación Internacional de Trabajadores. El fracaso en 1873 de su experiencia política como alcalde y presidente del Comité de Salud Pública de Cádiz lo llevarían a declararse definitivamente como anarquista[191].

Su actuación relativa a la Iglesia en 1873, desde el Ayuntamiento y el Comité de Salud Pública, mostraría una visión contraria a la religión, por considerarla opuesta a las libertades de los individuos y responsable de las desigualdades y opresiones sufridas por el pueblo, muy próxima a lo que se puede denominar un “anticlericalismo anarquista”, aunque siempre rehusaría cualquier tipo de violencia contra el clero y se mostraría dispuesto a respetar el ejercicio privado de cualquier religión[192].

Salvochea sería con el tiempo mitificado como un “santo laico”. Siendo una personalidad completamente opuesta a la religión, coincidía con el obispo fray Félix en su gran preocupación por los más necesitados, aunque la interpretación de cómo se les podía ayudar era totalmente distinta en uno y otro: Fray Félix veía a la pobreza como algo no solo inevitable sino necesario para dar la oportunidad a los más acaudalados de ejercer la caridad cristiana, logrando de este modo la salvación tanto pobres como ricos desde la condición que había asignado Dios a cada cual; Salvochea, por el contrario, creía en la emancipación de los pobres al margen de la religión, mediante el reparto justo de la riqueza disponible.

2.11 El asociacionismo

2.11.1 Asociaciones católicas

El derecho de asociación benefició a los defensores de la Iglesia tradicional durante el Sexenio Democrático, pues mientras en otros campos la Iglesia vio reducidas, controladas o suprimidas muchas de sus actividades, en este encontró grandes posibilidades de organización. Las asociaciones católicas del periodo surgieron al amparo de los decretos que sancionaban el derecho de reunión pacífica y de asociación, derecho este último que carecía de precedentes en España. A principios de 1869 Sagasta prohibió a los gobernadores civiles que intervinieran en las reuniones pacíficas, fuera del tipo que fueran, y les encomendó tomaran medidas para que se respetara estrictamente este derecho.

La proliferación de asociaciones católicas durante el Sexenio Democrático hay que entenderla en parte como reacción contra las asociaciones laicas. Los debates en las Cortes contra las asociaciones obreras afiliadas a la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en octubre y noviembre de 1871 se inscribían en un amplio movimiento de “defensa de la sociedad”, de la que formaron parte tanto los políticos tradicionalistas, moderados y unionistas, como una parte de los progresistas. La Iglesia se había identificado tras el Concilio Vaticano con este movimiento defensivo contra la AIT y la Comuna, desde una postura tradicionalista, que, en un contexto más amplio, condenaba también el liberalismo y el movimiento secularizador. Este movimiento defensivo trataba de dar una respuesta al problema social desde el seno de la Iglesia. En este sentido, una de sus facetas fue la creación de asociaciones que sirvieran como medio de propaganda católica en respuesta a las medidas secularizadoras y al asociacionismo de carácter obrero o aconfesional[193].

En el Cádiz del Sexenio había dos asociaciones femeninas. Los antecedentes locales a ese tipo de asociación hay que buscarlos en 1812, cuando se aprobaron los estatutos de la Junta de Señoras de Fernando VII, formada por damas de la alta sociedad gaditana. Poco después, en marzo de 1814 se constituyó la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz, que en muy poco tiempo consideró la posibilidad de crear una filial que se dedicara a la educación femenina, pues en mayo de 1817 los miembros de la Sociedad Económica encargaron a los componentes de su Comisión de Educación que iniciasen los trabajos para la instalación de una filial de damas. Se llegó a elegir a treinta y cinco señoras que, tras las renuncias probables, debían quedar en veinticinco, pero la Junta no llegó a constituirse[194].

La constitución definitiva de la Junta se produjo en 1827, con el nombre de Junta de Señoras de la clase quinta de la Sociedad Económica de Amigos del País. El año anterior, 1826, ya comenzaron las gestiones para su creación, solicitándose el 6 de agosto la concesión a las damas de la vigilancia de niños expósitos, de manera que una de sus principales tareas previstas debía ser la de “vigilar la asistencia de los niños que se dé por las amas externas, tanto en esta ciudad como en los pueblos de su provincia[195]”. En 1827 se dejó en suspenso el tutelaje de niños expósitos, siendo la principal ocupación la alfabetización de niñas, labor en la que fue la primera institución de Cádiz en ocuparse. El mismo año de su constitución, 1827, ya tenía abierta una escuela gratuita para niñas pobres y en 1833 proyectó otra para niñas pudientes con el fin de poder mantener económicamente a la anterior. Las niñas eran educadas gratuitamente y las amas quedaban encargadas de inculcarles los principios de la religión católica. La Junta de Señoras se ocupaba también de la inspección de las escuelas municipales de niñas. Esta particularidad tuvo su origen en 1842 cuando el Ayuntamiento se hizo cargo de la escuela gratuita de niñas pobres de la asociación para que se pudiera seguir financiando, respetando a cambio la acción tutelar de la sociedad sobre la escuela y extendiéndola a todas las femeninas que se crearan a partir de entonces[196]. En 1846, tras la intervención municipal, la escuela de la asociación estaba regida por una comisión mixta del Ayuntamiento y la Junta e impartía a unas trescientas niñas enseñanzas de Costura y Bordado, pero también de Escritura, Lectura y Doctrina Cristiana[197].

A partir de 1858, la Junta de Señoras se independizó de la Sociedad Económica, a raíz del cierre municipal de las escuelas de Cádiz, debida a un epidemia de sarampión. La Junta protestó por el cierre y elevó una petición para que se le volviera a reconocer la inspección de todas las escuelas de niñas de Cádiz. Efectivamente, el 25 de julio de 1859 una real orden, firmada por el ministro de Fomento confirió a las damas el encargo de visitar las academias municipales de niñas. A partir de estos momentos, la asociación cambio su nombre por el de Junta de Damas de Cádiz, que pasaría en 1862, al de Real Junta de Damas de Cádiz, tras la visita de Isabel II a la ciudad y su aceptación de la presidencia de la institución[198]. El reglamento de la institución de 1865, en su artículo cuatro, asumía, como misión concedida por el Gobierno, la de realizar inspecciones periódicas a las escuelas municipales de niñas[199]. En 1866 tomó la presidencia de la Concepción Sierra y Viesca, cargo que continuaría ejerciendo hasta después del Sexenio, en 1878.

La inspección de la educación de niñas, ejercida por la Junta de Señoras y heredada por la Junta de Damas, se preocupaba especialmente por que se inculcaran debidamente los valores religiosos. Esta labor no fue impedida por los primeros Consistorios del Sexenio Democrático, ni siquiera por el republicano de Rafael Guillén Estévez. Pero en septiembre de 1869 este recibió un oficio de la Junta renunciando a la citada inspección, fundándolo en el estado lamentable en que se encontraban “todos los ramos de la instrucción (…) y más particularmente la parte religiosa, que se ha desatendido por completo”. El Cabildo Municipal estimó que la asociación se había entrometido en ejercer “una vigilancia más suspicaz que provechosa” facilitada por la deferencia de los Municipios anteriores y mantenida por el actual, a pesar de haber sido informado por las maestras “de las impertinentes inconveniencias” de la Junta que, a juicio del Cabildo Municipal, se abrogaba facultades que no le correspondían. Por todo ello mostraba “su satisfacción” por la renuncia, pues con ella se evitaba a los concejales “el disgusto” de tener que advertir a la asociación que se atuviera a los cometidos para los que había sido fundada[200]. Teniendo en cuenta la real orden de 1859, el Cabildo Municipal de Guillén se equivocaba al afirmar que la inspección de escuelas de niñas había sido consecuencia de la deferencia de las anteriores corporaciones municipales. Aunque la Junta Provincial de Instrucción Pública pidió a la Junta de Damas que reconsiderase su renuncia y lo mismo hizo a poco de constituirse el Ayuntamiento de Juan Valverde, sucesor del de Guillén, no lo consiguió, abandonando la asociación esta función, que tampoco recuperaría con la Restauración[201].

El abandono de la inspección de las escuelas de niñas se debió a la política secularizadora de Guillén en lo relativo a la enseñanza, que chocó con toda seguridad con el carácter eminentemente religioso que daban las señoras de la Junta de Damas a la educación. Incluir a esta asociación como conservadora se justifica por su empeño en defender la enseñanza de la religión católica como parte indisoluble de la educación. Pero su encomiable empeño en educar y alfabetizar a las niñas más desvalidas es razón más que suficiente para considerarla una asociación avanzada, desde el punto de vista social.

Los trabajos para impartir enseñanza gratuita privada a niños y adultos se aceleraron después de que la Junta de Damas renunció a la inspección de las escuelas municipales, probablemente porque se había apostado por las escuelas privadas como más seguras en lo relativo a la educación católica, ante el temor a que las contingencias políticas trajeran de nuevo un Ayuntamiento republicano que tratase de imponer una enseñanza laica, como realmente sucedería en 1873. Esto mismo puede explicar por qué la Junta de Damas no reconsideró su renuncia y no volvió a encargarse de la inspección de escuelas municipales de niñas. Parece indudable que el tratamiento laicista dado a la enseñanza por la administración local republicana de Rafael Guillén debió terminar de convencer a los confesionales católicos gaditanos de que las escuelas municipales no eran el remedio contra la catequesis protestante y era necesario crear escuelas particulares católicas.

A partir de la proclamación de la Constitución, el temor al avance de la doctrina protestante y la posibilidad de que se optase por una enseñanza pública laica, en la que la enseñanza de la religión católica fuese eliminada, dio lugar a la creación y potenciación de escuelas privadas católicas, a menudo por iniciativa de los obispos. Estas escuelas católicas produjeron el efecto positivo de mejorar la alfabetización de los más necesitados, incluyéndose a niños y niñas y también a mujeres. En 1869 se abrió en Cádiz la escuela de San Rafael y en 1871 la de San Bernardo. En abril de 1870 comenzó a funcionar la de niños de Nuestra Señora del Rosario, en cuya memoria de apertura se citaba expresamente que la fundación se hacía con la intención de dar a los jóvenes, “una enseñanza eminentemente cristiana”, lo cual se estimaba como cada vez más necesario a causa de la propaganda protestante que se hacía en Cádiz desde que se estableció en España la libertad de cultos. La escuela fue fomentada, entre otras personas por Antonio de Cañada, responsable de las escuelas de la extinta Congregación de San Vicente de Paúl en Cádiz[202].

Con el nuevo objetivo de crear escuelas privadas católicas de carácter gratuito que contrarrestaran la evangelización protestante, destacó otra institución gaditana, la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción, también conocidas como “Las Concepcionistas”. Era mucho más reciente que la Junta de Damas, pues se constituyó el 27 de abril de 1867, “con el objetivo de atraer a las jóvenes gaditanas en torno al altar de la Inmaculada Virgen María, para labrar su propia santificación y trabajar en la de sus prójimos, acudiendo al remedio de las necesidades espirituales de las pobrecitas jóvenes y niñas de la población”. Su director espiritual en el momento de la fundación era el arcipreste de la catedral de Cádiz José María Urquinaona, luego obispo de Canarias. Las componentes de la asociación realizaban visitas domiciliarias a las jóvenes, “para vigilar sus costumbres y atraer a sus familias al desempeño de sus deberes religiosos[203]”. Las asociadas ayudaban en los cuidados a enfermas en el Hospital de Nuestra Señora del Carmen, más conocido como “Hospital de Mujeres”.

La instrucción de niñas, y también de adultas, fue una preocupación constante de la asociación, formando la catequesis católica una parte esencial de la educación impartida. A poco de fundarse, en agosto de 1867, abrió el primer establecimiento de enseñanza nocturna. El 14 de octubre de 1869, cuando ya se habían abierto en Cádiz unas escuelas protestantes, las Concepcionistas fundaron una escuela de niñas, para oponerse a las iniciativas anticatólicas, de cuya enseñanza se hicieron cargo las mismas asociadas. Estas actividades educacionales, que servían de propaganda a favor del catolicismo al mismo tiempo que de forma de oposición a la evangelización protestante y a la política secularizadora del momento, sitúan a la Asociación de Hijas de la Inmaculada (y también, aunque en menor medida, a la Junta de Damas) como un antecedente de la faceta educativa de lo que con el tiempo se denominará “Movimiento Católico[204]”.

A partir de septiembre de 1870, la entrada en Roma de las tropas de Víctor Manuel II, con la consiguiente pérdida de los Estados Pontificios, daría lugar a una potenciación de nuevas formas de presencia católica en la sociedad que irían conformando el referido Movimiento Católico, entre las que se daría gran importancia a la enseñanza y catequesis católica y, en general, a la creación de asociaciones católicas. En 1872 había dos escuelas de niñas en el Hospital de Mujeres, la de las Concepcionistas, es decir, la creada en 1869 por la Asociación de Hijas de la Inmaculada, y la de niñas pobres de Nuestra Señora del Carmen, fundada por María de Arteaga y administrada por el canónigo penitenciario de la catedral Salvador Moreno como patrono y director[205]. Las enfermeras del Hospital de Mujeres, que eran hermanas Carmelitas de la Caridad, se hicieron cargo de la escuela en abril de 1872, cuando el canónigo Moreno lo solicitó a la superiora general de las Carmelitas, por haber fallecido su única maestra. La escuela se reformó, utilizándose no solo para las clases correspondientes sino también para que sirviera de residencia para las hermanas[206]. A la escuela de niñas de las Concepcionistas, se le aumentó en abril de 1872 el espacio disponible, al mismo tiempo que se mejoraban las instalaciones de la del Carmen. También en abril de 1872, tras comprobar la falta de instrucción religiosa de las pobres visitadas, la Asociación de Hijas de la Inmaculada estableció una escuela de adultas en el barrio de Santa María[207]. En 1874 la asociación sostenía una escuela nocturna “para menestralas, niñas y adultas” (probablemente la que aumentó de espacio en 1872, pues estaba situada, como la del Carmen, en el Hospital de Mujeres) y otra diurna de niñas, establecida en la calle del Empedrador números 3 y 5, presididas todas por Luisa Ruiz Tagle[208].

La nula participación política de la mujer y el escaso reconocimiento de sus actividades sociales no permitieron que las dos asociaciones aludidas pudieran tener una participación activa y directa en la confrontación político-religiosa gaditana de este periodo. Muy al contrario, basta recordar que el llamado entonces “Sufragio Universal” era en realidad restringido, pues solo se refería a los varones, o que la ley de matrimonio civil posterior a la Constitución no permitía a la mujer publicar libros u opiniones en prensa sin autorización del esposo. No obstante, ambas asociaciones se mostraron muy activas con motivo del derribo del Convento de Nuestra Señora de la Candelaria en 1873, que se tratará más adelante. Ambas instituciones no dudaron en movilizarse, manifestándose en la calle a favor de la religión católica y los conventos de monjas, tratando de convencer a las cigarreras de la Fábrica de Tabacos para que las secundasen y entrevistándose con el alcalde Salvochea para tratar de disuadirle de su intención. Pero su principal aportación a la causa católica fue su labor educativa en apoyo a la idea del obispo de oponerse al protestantismo con las mismas armas educativas y luchar contra la previsible secularización de la enseñanza pública, como efecto de la libertad de cultos, oponiendo una enseñanza privada católica.

La Asociación de Católicos nació en España a raíz de la campaña del marqués de Viluma, llevada a cabo a principios de 1869, para la recogida de firmas en defensa de la unidad católica, constituyendo, al igual que las asociaciones encaminadas a potenciar la catequesis y educación católica, un antecedente más del Movimiento Católico, como reacción a la política secularizadora del Sexenio[209]. La asociación comenzó a funcionar en Cádiz relativamente tarde, pues la fundación de la sección gaditana fue aprobada por el gobernador de la provincia el 21 de noviembre de 1870. Tenía su sede social en la calle Ahumada, número 6 y su finalidad era “Sostener y propagar la religión Católica Apostólica y Romana[210]”. Esta finalidad llevaba consigo la de luchar para mantener alejados a los fieles de las doctrinas protestantes, de tal manera que mientras la disputa en Cortes Constituyentes sobre la libertad de cultos no había sido motivo suficiente para que se formase en Cádiz una agrupación integrada en la Asociación de Católicos, sí lo fue la instalación en la ciudad de la primera capilla protestante y de las primeras escuelas de la misma confesión. En la sesión preparatoria de la formación de la Asociación en Cádiz, el presbítero Francisco Román y Campos, como presidente interino, pronunció un discurso en el que resaltó la necesidad de propagar los principios católicos y defender públicamente a la Iglesia. Fue elegido como presidente Francisco de P. Rivera, como vicepresidentes Antonio de Zulueta y José Herreros Gargollo, como vocales José Domingo F. de Castro, Rafael García, Juan Arcos y Joaquín María Setarroza, como secretario Arturo García de Arboleya y como tesorero José María Sainz[211].

La ceremonia religiosa de instalación se efectuó el 8 de diciembre de 1870, día de la Inmaculada Concepción. El gobernador eclesiástico, Vicente Roa, presidió el acto y recordó en su discurso que el principal mal que atacaba a la sociedad era el racionalismo, “maldecido por la Iglesia y condenado por el buen sentido”, y que “para combatir ese monstruo que declara la guerra al cielo y a la tierra” se habían “formado esas brillantes legiones de católicos que, armándose de fe, se aprestan a la lucha”. Roa pidió a los miembros de la Asociación que trabajasen “con heroico empeño para penetrar con sus palabras a las inteligencias extraviadas”, entre las que cabe pensar se debían encontrar los protestantes y los autores de la revolución, “corazones envenenados por el odio y la corrupción[212]”. El 14 de noviembre de 1871 la asociación se reformó, constituyéndose en Junta Provincial de Cádiz, dependiente de la superior de Madrid. Sostenía con sus socios activos dos secciones de visitas domiciliarias a los pobres y conferencias populares de instrucción para el cumplimiento con la Iglesia[213].

El temor a la extensión protestante se mantenía en 1873 después de derrocado el Cantón Gaditano. Un escrito de la Asociación de Católicos al obispo, firmada por Arturo García de Arboleya, como secretario de su Junta Provincial le comunicaba su agregación a la Sociedad Primaria Romana para los Intereses Católicos. Su Consejo Superior aconsejaba que las Juntas provinciales acudiesen a sus respectivos diocesanos para que estos designaran el templo donde habrían de ganarse las indulgencias concedidas por efecto de dicha agregación. Por ese motivo, la Asociación rogaba al prelado que designase la iglesia de San Francisco por ser el templo que los asociados frecuentaban y elegían para sus festividades reglamentarias. Hecha la petición, García de Arboleya, en su nombre y en del resto de la Junta, reiteraban a fray Félix sus sentimientos de filial adhesión y afecto y deseaban que Dios le devolviese pronto “a sus ovejas de Cádiz”, que tanto amor le profesaban “aunque haya por desgracia algunas extraviadas del redil”. La contestación del obispo, aceptando el uso de la iglesia de San Francisco por la asociación, mostraba su convicción de la necesidad de oponer una alternativa conjunta católica a las medidas secularizadoras. Fray Félix transmitía a Arboleya su confianza en la validez de la Asociación, “para luchar desde fuera del marco puramente interno de la Iglesia” y rogaba a Dios que bendijese los esfuerzos y trabajos de todos y cada uno de los individuos que la componían, exhortándolos a que continuasen en ellos, a fin de obtener el triunfo de la Iglesia y el remedio de los males que, en su opinión, afligían a la sociedad[214].

A finales del Sexenio, la Junta Directiva de la Asociación estaba formada por Antonio de Zulueta, como presidente; Tomás de Martín Barbadillo, como vicepresidente; los vocales Juan Brechtel y Joaquín M. Lahera; el tesorero, Gaspar Rocafull; el secretario, Arturo García de Arboleya, y el vicesecretario, Eduardo Sánchez[215]. Antonio de Zulueta había sido anteriormente presidente de las suprimidas Conferencias de San Vicente de Paúl en Cádiz. Este hecho podría hacer pensar en una cierta relación entre ambas instituciones, si bien los objetivos de la Asociación de Católicos eran más generales y amplios que los de las Conferencias de San Vicente, centrados en las obras de beneficencia[216]. El secretario de la Asociación, Arturo García de Arboleya fue un destacado defensor del Obispado de Cádiz durante el Sexenio Democrático. Nacido el 7 de mayo de 1846, se formó, al igual que los republicanos Benot y Salvochea, en el colegio gaditano de San Felipe Neri. Estudió leyes en Sevilla y destacó pronto (como Fernando Hüe y Sebastián Herrero) por sus aficiones literarias. Escribió con frecuencia en el periódico carlista gaditano La Monarquía Tradicional, así como en el moderado El Comercio, lo que unido a su participación como concejal en los Ayuntamientos constituidos el 5 de agosto de 1873 y 3 de enero de 1874 sugiere que compaginaba sus ideas políticas próximas al Partido Moderado con un catolicismo conservador[217]. Gaspar Rocafull, como Arturo García de Arboleya, fue concejal del Ayuntamiento de Cádiz que se impuso a la caída del Cantón y colaboró desde su puesto a la devolución a la Diócesis de todo lo incautado por Fermín Salvochea. Joaquín Lahera fue concejal del órgano municipal posterior, presidido por el republicano benévolo Rafael Guillén Estévez.

Todo lo expresado en relación con las tres asociaciones referidas se puede resumir diciendo que su principal afán durante del Sexenio Democrático fue la defensa de la fe católica, oponiéndose a la política secularizadora y a la supuesta rivalidad protestante, bien escasa pero considerada como un peligro probable en un futuro próximo. Para ello emplearon medios con una clara función social, como la fundación de escuelas, particularmente de niñas, pero también de niños y adultos, la inspección de la enseñanza en las escuelas municipales y la prestación de obras de caridad entre las personas más necesitadas. Todo ello las hace precursoras del asociacionismo confesional autor del catolicismo social de la Restauración[218]. Los miembros de la Asociación de Católicos promovieron además colectas a favor del Sumo Pontífice, colaboraron en la prensa católica conservadora local e incluso, tras el Cantón de Cádiz, algunos de ellos entraron a formar parte de la política municipal con el principal fin de lograr la restitución a la Diócesis de todo lo incautado durante la etapa anterior.

Una asociación gaditana de carácter religioso de la que se tienen pocas noticias es la Juventud Cristiana. El 11 de enero de 1871, la sección de orden público del Gobierno Civil informaba al alcalde: “No conteniendo precepto alguno contrario a las órdenes vigentes sobre reunión y asociación el reglamento presentado en este Gobierno por Don Manuel Cabello y otros para la constitución de la sociedad religiosa Juventud Cristiana, he acordado permitir la existencia de la misma”. En 1872 ya no figuraba en la relación de las asociaciones que había en Cádiz, lo que hace pensar que no prosperó[219].

2.11.2 Círculos, casinos y clubes. Asociaciones obreras

Las asociaciones políticas y obreras que proliferaron en Cádiz durante el Sexenio, convivieron con círculos y casinos, asociaciones de carácter no reivindicativo, auspiciadas generalmente por comerciantes y profesionales, dedicadas preferentemente a actividades culturales y recreativas, lo que no excluye que mantuvieran tertulias en las que se discutía, entre otros temas, sobre política o religión. La asociación gaditana de este tipo más antigua conocida es la Casa de la Camorra, al parecer fundada por franceses, que servía de lugar de tertulia, casa de juegos y gabinete de lectura. El centro cerró en 1808 y la Sociedad Económica de Amigos del País de Cádiz ocupó parte del edificio en el que había estado ubicada su sede[220]. La época moderada posterior a la regencia de Espartero conoció la inauguración del Casino Gaditano, que se reunió por vez primera el 27 de octubre de 1844 en la sala de Juntas de la Academia de Bellas Artes y fue constituido oficialmente el 22 de marzo de 1845, en la Plaza de la Constitución. Precedido por una asociación semejante fundada en 1836, el casino fue el centro de reunión de los liberales de Cádiz durante el reinado de Isabel II y se distinguió por sus obras de caridad y suscripciones para ayudar a los afectados en catástrofes o epidemias[221]. Recién finalizado el Bienio Progresista, el 1 de noviembre de 1856, se creó el Círculo Mercantil, que en 1868 tenía su sede en la calle Duque de Tetuán. Anunciaba como finalidad la de “defender los intereses generales” de sus asociados. Durante la etapa de poder de Leopoldo O´Donnell, el 1 de junio de 1861, se fundó el Círculo Gaditano, también ubicado en la calle Duque de Tetuán, cuyos estatutos afirmaban que tenía una “finalidad recreativa[222]”.

Las asociaciones de carácter obrero conocieron mayores dificultades para funcionar dentro de la legalidad con anterioridad al Sexenio Democrático[223]. Durante la breve regencia de Espartero hubo una cierta apertura hacia este tipo de sociedades. El 15 de septiembre de 1841 una Asociación de Socorros Mutuos de Artistas y Jornaleros presentó a la Alcaldía un proyecto de creación, junto con el reglamento correspondiente, que firmaban José Ramos, Andrés Rufino y José María Gómez. La iniciativa iba encaminada a “mejorar bajo todos los conceptos la situación de la clase laboriosa del pueblo”. La petición se devolvió sin tramitar. El motivo expresado era que el reglamento era muy “recomendable”, pero carecía “del requisito (…) de estar discutido y adoptado por los mismos individuos de la clase que a su observancia haya de sujetarse, o por los que legítimamente los representen del modo y forma que en casos de esta naturaleza se acostumbra”. Se pedía que se reunieran los que formaran parte de la asociación, o desearan pertenecer a ella, con presencia de una representación municipal, y redactasen los estatutos que deseaban presentar para su aprobación. No se realizaron más trámites y la asociación no llegó a constituirse[224]. En 1843 hubo una Asociación de Sastres, cuyas actividades y duración se desconocen[225].

Ya en el Sexenio Democrático, el decreto de 20 de noviembre de 1868 reconociendo el derecho de asociación dio lugar a la creación de un elevado número de asociaciones en Cádiz, que en algunos casos solo obedecían a propósitos recreativos, pero en su mayor parte aglutinaban a los que tenían las mismas aspiraciones ideológicas o políticas. Poco antes, el 1 de noviembre de 1868, se había reconocido también el derecho de reunión pacífica con el único requisito de notificar a la autoridad con veinticuatro horas de antelación. El decreto de 20 de noviembre exigía a las asociaciones obreras que su finalidad fuera la educación y la asistencia mutua. El artículo diecinueve de la Constitución de 1869 estableció que si los pertenecientes a una asociación delinquían usando sus medios podría imponérseles la pena de disolución de la misma, así como que las asociaciones cuya finalidad o medios comprometieran la seguridad del Estado podrían ser disueltas. El código penal de 1870 dio lugar a más dificultades para las asociaciones obreras, pues presentó múltiples circunstancias que las podían convertir en ilícitas. El 10 de noviembre de 1871, tras los acontecimientos de la Comuna de París, las Cortes ilegalizaron las sociedades dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores, por considerar que incumplían el decreto de 20 de noviembre de 1868, al ser vistas como contrarias a la moralidad pública. No obstante, en la práctica, la tolerancia hacia las asociaciones obreras se mantuvo durante el resto del Sexenio Democrático[226].

En Cádiz, la finalización de la mayor parte de las limitaciones al derecho de asociación dio lugar a gran número de asociaciones recreativas, clubes políticos y centros obreros durante el Sexenio. La mayoría de ellos tenía como nota común que su finalidad estaba en cualquier caso al margen de lo religioso. No faltaron entidades que en principio se pueden definir como “neutras”, pues se declaraban expresamente al margen de la política o la religión, o tenían exclusivamente objetivos recreativos. En unos momentos en que la cuestión religiosa acaparaba la atención de todos, autodefinirse como neutral respecto a la religión podría ser interpretada como una muestra de cierto laicismo, pero también como una posición alejada de los extremos, no interesada especialmente en los avances revolucionarios, pero tampoco opuesta a ellos. Era igualmente una forma de evitar confrontaciones dentro del seno de las asociaciones. Ejemplo de lo anterior es la sociedad Germania, cuyos estatutos aprobados el 10 de junio de 1871 decían que tenía como finalidad “la reunión de todos los individuos residentes en esta plaza que hablen el idioma alemán, con exclusión de toda ira política y religiosa”. Otras asociaciones recreativas fueron La Aurora, cuyos estatutos de fecha 26 de enero de 1872 ponían como único fin “poder bailar cómodamente con sus respectivas parejas”, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, ya existente en 1871[227] y La Unión, que, con la intención de dedicarse a juegos de lotería, gestionaba su fundación a principios de 1872.

Respecto a las asociaciones obreras, la primera creada en Cádiz durante el periodo 1868-1874 fue la Sociedad de Obreros de Extramuros, instalada el 8 de noviembre de 1868. Expresaba su intención de dedicarse a socorros mutuos, que era una de las funciones aceptadas oficialmente para poder crear una sociedad obrera. El centro, situado en la calle del Arrecife número 42, iba formando un capital con las aportaciones de los socios y con él acudía a ayudar a los miembros en sus necesidades. El 22 de agosto de 1869 se solicitó la constitución de otra sociedad obrera con el título de Obreros Industriales. Su junta directiva estaba presidida por Rafael Medina. Una característica de la sociedad, poco frecuente en otras, es que admitía tanto a hombres como a mujeres. Su finalidad era, al igual que la anterior, de socorros mutuos, tratando de “atender a la prosperidad de los intereses que tengan acumulados —los asociados—, siempre que se empleen las cantidades en efectos de lícito comercio o con negocios particulares de los mismos”. La descripción de su finalidad acerca el perfil de sus socios más al pequeño empresario, que al jornalero o asalariado por cuenta ajena. Con la cuota de ingreso de cuatro reales y semanal de dos, se pretendía invertir los capitales y repartir los beneficios[228], no previendo por el momento una previsión social ante vicisitudes imprevistas en la vida laboral de sus miembros.

La fundación oficial de asociaciones relacionadas con el Partido Republicano conoció un ascenso notable en Cádiz en 1869, durante el periodo en que se mantuvo en el poder el Ayuntamiento de Rafael Guillén Estévez, si bien muchas de ellas llevaban meses funcionando sin haber regularizado su situación. Los centros republicanos eran mucho más activos que los de los otros partidos políticos. Se distribuían por distintos barrios de la ciudad, contribuyendo con ello a difundir y mantener la idea republicana entre las clases populares y a fomentar el voto una vez instaurado el sufragio universal masculino. Preocupados por la instrucción del pueblo, la educación gratuita era una actividad que nunca faltaba, incluyendo la dirigida a adultos de ambos sexos.

Los clubes republicanos influían en el trazado de la actividad política local. En sus actas seleccionaban a los candidatos para los diversos comités e incluso para el gobierno local. La importancia de los clubes republicanos se comprueba con el hecho de que su presidencia era incompatible con cualquier otro puesto en el partido. El 28 de septiembre de 1869, el presidente del Club Sixto Cámara, Diego Jiménez, y el de los de Hércules y Extramuros, Miguel Mendoza, en vista del decreto de 20 de noviembre de 1868, elevado a ley el 20 de junio de 1869, enviaron a la alcaldía una copia del reglamento orgánico de los clubes republicanos de Cádiz para su aprobación[229].

El 31 de enero de 1872 el alcalde José María del Toro remitió un informe al gobernador civil sobre las asociaciones abiertas en Cádiz en aquellos momentos. No hacía mucho que se había prohibido la Asociación Internacional de Trabajadores en España y las asociaciones que dependieran de ella, y el informe contiene algunas imprecisiones y falsedades, no declarando la existencia de determinados clubes republicanos, que sí tenían legalizada su situación. Este hecho puede explicarse si se tiene en cuenta la filiación unionista y progresista de la corporación y su franca hostilidad contra los republicanos. Al mismo tiempo declaraba buen número de tertulias o círculos políticos como constituidos, cuando oficialmente no habían pedido la aprobación correspondiente. Siguiendo lo declarado en el informe, el Casino Gaditano, el Círculo Mercantil y el Círculo Gaditano continuaban abiertos. Otra asociación de carácter recreativo, fundada recientemente, era el Casino de la Amistad, que comenzó sus actividades, según el informe de Del Toro, a partir del 1 de junio de 1871, aunque la fecha real de su instalación fue la de 17 de junio del año anterior, con sede en la calle Emperador número 5. También había una Asociación de Recreo, que no estaba autorizada ni se conocía la fecha de instalación, y se dedicaba a los juegos de Villar. La Buena Unión, creada el 16 de octubre de 1871 y radicada en la calle Figurina número 82, era la única de todas las asociaciones de Cádiz que tenía como finalidad hacer obras de beneficencia. El informe hace alusión, entre los clubes y círculos republicanos, al Círculo Federal Guillén Martínez, creado el 28 de febrero de 1870, con la finalidad de “propagar los principios republicanos” y domicilio en Torno de Candelaria. El Casino Republicano, en la plaza de Jesús Nazareno número 12, estaba dirigido por Mariano Fernández Encinillas. El gobernador civil comunicó a la Alcaldía la instalación de este centro el 15 de marzo de 1870, tras recibir el reglamento y solicitud de aprobación correspondientes. El Casino Republicano reunía a los republicanos más templados, los “benévolos”, de Cádiz y entre ellos parece que había ciertas simpatías con los protestantes de la ciudad. Encinillas, se destacaría en 1873 como presidente del Comité de Socorros a los heridos de la guerra cantonal, que agrupó a personalidades gaditanas de todas las tendencias para auxiliar a los heridos de ambos bandos en el conflicto[230].

El Círculo Republicano Federal tenía solicitada en enero de 1872 su aprobación, no habiendo sido esta concedida aún. Su finalidad era “propagar los principios republicanos democrático-federales”. Otra importante asociación de carácter republicano era la Juventud Republicana, que ya estaba organizada en abril de 1869, aunque sin legalizar. El día 1 de ese mes y año el director de la escuela pública situada en el exconvento de San Francisco recibió una nota del alcalde en la que se comunicaba que se ponía a disposición de la asociación el local de la escuela para que pudiera celebrar allí sus reuniones. El 18 de septiembre de 1869, el gobernador civil reconocía implícitamente a la asociación, aunque no estaba legalizada oficialmente, pues comunicaba al alcalde republicano Rafael Guillén en un oficio: “Mañana a las 12 del día y en el local acostumbrado, celebra reunión publica la asociación de la Juventud Republicana de esta ciudad”. El 22 de septiembre de 1869 la Juventud Republicana intentó legitimarse oficialmente, enviando para ello una notificación al Consistorio en la que solicitaba un local definitivo para sus reuniones, “con el fin de propagar nuestras sacrosantas doctrinas”, pues no contaban con ninguno permanente. Al mismo tiempo le comunicaban la composición de la junta directiva. El 30 de septiembre de 1869 se remitió el reglamento de la asociación al gobernador[231]. La contestación no llegó porque la destitución del Ayuntamiento republicano causada por el levantamiento de octubre lo impidió. De esta manera, la Juventud Republicana, que reunía a republicanos gaditanos con menos de veinticinco años, no se constituyó oficialmente hasta marzo de 1873, a poco de entrar en funcionamiento el Ayuntamiento de Salvochea.

La relación entre un sector del republicanismo gaditano con el obrerismo y la Primera Internacional se puede constatar con la existencia del Centro Federal de Asociaciones Obreras, que estaba situado la calle del Laurel, justamente en la sede del Club Republicano del Barrio de Hércules. El Ayuntamiento de José María del Toro decía ignorar su fecha de creación y la autoridad que la había aprobado, lo que no le impedía saber perfectamente cuales eran sus objetivos: “Propagar la idea federal y la Internacional”, objetivos que conjugan las metas políticas republicanas con las obreristas de la AIT. Resulta un tanto paradójico que no habiendo constancia de solicitud de aprobación se conocieran con tanta precisión sus objetivos. Lo cierto es que el informe municipal faltaba a la verdad, pues el Centro Federal de Asociaciones Obreras estaba legalmente constituido y la alcaldía tenía la documentación que lo demostraba[232]. Otro centro obrero era la Sociedad Constructora de Extramuros, creada el 1 de abril de 1870 con la aprobación de la Alcaldía. Situada en la calle Arrecife número 46, tenía como finalidad la “construcción de casas (…) y toda clase de operaciones”. Era uno más de los clubes republicanos de Cádiz[233].

Había otras tertulias o círculos representando a casi todas las tendencias políticas, pero a diferencia de los republicanos, solo instalaban un local, normalmente la zona céntrica de la ciudad. Estaban la Tertulia Progresista Democrática de Cádiz, fundada el 19 de diciembre de 1871, en la calle Benjumeda, el Círculo Moderado, sito en la plaza de la Constitución número 14, el Círculo Unionista, en la plaza de la Constitución número 10 y la Tertulia Radical de Cádiz, en la calle San Pedro número 20.

Mientras las reuniones de las demás asociaciones eran poco frecuentes, si se exceptúa las de la Asociación de Católicos, que se reunían dos veces por semana, los círculos y clubes republicanos lo hacían con mucha asiduidad. Las reuniones solían llevarse a cabo en lugares públicos, seguramente porque el número elevado de miembros y simpatizantes impedía realizarla en sus locales y también por el interés del partido en hacerse notar entre los ciudadanos. El 5 de agosto de 1872 una petición al alcalde de Simón Fernández, decía, “los republicanos del barrio de las Escuelas se reunirán el domingo a las 5 de la tarde en el Campo del Sur, espaldas de la catedral, para tratar de un asunto electoral”. Los círculos republicanos ejercían una función que ya se ha apuntado: acercar el partido a los elementos más populares, distribuyéndose para ello por los distintos barrios de la ciudad, sobre todo aquellos en los que predominaban las clases más bajas y los jornaleros. Otra función era la de servir de árbitros e intérpretes del cumplimiento del Ayuntamiento cuando este era de su propia tendencia política. Los clubes republicanos comprobaban si los miembros de su partido elegidos para dirigir la política municipal cumplían o no con los presupuestos ideológicos y programáticos del partido, presionando mediante escritos cuando no era así. De esa manera hacían de intermediarios entre las aspiraciones y necesidades de los votantes republicanos y las actuaciones de la autoridad local. En resumen, trataban de aplicar una influencia moral, y en cierto modo directiva, sobre los compañeros que dirigían la política municipal.

A partir de agosto de 1873, al caer el Cantón de Cádiz, empezó a notarse cierta actitud represiva, o al menos cautelosa, de la autoridad local hacia las asociaciones, incluso las más alejadas de la política o el obrerismo. En septiembre de 1873 se pidió a la guardia municipal informe sobre si en el Círculo Gaditano se practicaban juegos prohibidos. El informe notificó que ni en este círculo o casino ni en los demás establecidos en la ciudad se realizaban estos juegos. Algo parecido sucedió con el Círculo Mercantil. La práctica habitual de disfrazarse en Cádiz inquietaba a la autoridad local en octubre de 1873, pues ante una fiesta que celebraba esta asociación el día 19, en la cual se había anunciado en la prensa que los socios asistirían disfrazados, la alcaldía pidió explicaciones al presidente, amenazando con prohibir la reunión, puesto que no se había autorizado. El presidente contestó que era una fiesta que se hacía todos los años y que había sitio en el local para disfrazarse, aunque algunos venían disfrazados de su casa, pero eran todos socios. La contestación no fue muy tranquilizadora pero no consta la prohibición[234]. Los cierres de casinos y demás asociaciones fueron frecuentes en los momentos en que se presentaban o temían dificultades de orden público[235].

Respecto a la participación de la mujer en las actividades políticas o sociales en igualdad de condiciones con el hombre, no era una cuestión que se llegaran a plantear los republicanos por el momento. Pero, partiendo de la convicción de que sus creencias religiosas contribuían a perpetuar el clericalismo en el hogar, se creía necesaria su educación para arrancarlas de la influencia de la Iglesia. Fernando Garrido, siguiendo ese razonamiento, propugnaba la creación de clubes políticos femeninos, dedicándose a la beneficencia o a la educación de niñas[236]. Cádiz contó en este periodo con una asociación exclusivamente femenina, la Sociedad Republicana Federal de Mariana Pineda[237]. Dicha asociación, como club republicano femenino, ya existía al menos desde septiembre de 1869[238]. Pero fue el 18 de diciembre de 1870 cuando se constituyó oficialmente y el gobernador civil lo comunicó a la Alcaldía[239]. Estaba presidida por la costurera y maestra Guillermina Rojas y Orgis[240] y la secretaria era Dolores López, que había organizado previamente, junto a otras gaditanas, una escuela femenina que le sirvió de base para la fundación de la asociación. Después del traslado de Rojas a Madrid[241], la presidenta de la asociación fue la cigarrera y periodista Margarita Pérez de Celis[242]. Entre los artículos del reglamento de creación de la asociación, destaca el tercero: “La sociedad tiene por objeto la instrucción de la mujer, el conocimiento de sus derechos y deberes en toda su latitud y el mejoramiento de su clase, a cuyo fin se instruirá dentro de la doctrina democrática federal”. Se pretendía establecer cátedras de instrucción elemental y superior a medida que se lo fueran permitiendo sus recursos (artículo cinco) y fomentar toda clase de labores, trabajos e industrias que fueran útiles para las componentes de la asociación (artículo seis). Para ser socia solo se necesitaba ser mayor de 12 años, ser presentada por otra socia y tener una intachable conducta. Tras el escrito de aprobación del Gobierno Civil, el 19 de diciembre de 1870 se comunicó la aprobación a la asociación.

Como se ha podido comprobar en las líneas precedentes, el desarrollo de la actividad asociativa adquirió un notable desarrollo en Cádiz durante el Sexenio Democrático, especialmente en los entornos republicano y obrerista, que coincidían con cierta frecuencia. Su impacto sobre la política local republicana es indudable. Las asociaciones republicanas sugerían a sus correligionarios en el poder la política a seguir y no dudaban en criticarla cuando no seguía la línea deseada.

2.12 La prensa

2.12.1 La prensa conservadora

El periodismo gaditano del siglo XIX, y especialmente el de sus primeras décadas, ha sido estudiado por varios autores[243]. También hay algunas monografías en las que son frecuentes las referencias a la prensa local del Sexenio Democrático[244], pero estas no se centran en la posición de los distintos periódicos gaditanos del Sexenio en relación con la religión, la Iglesia y el clero, que es la que trata de analizar aquí.

La prensa decimonónica obedecía en gran parte a la necesidad concreta de informar a los propios seguidores políticos o ideológicos. Cada publicación defendía o representaba a una corriente de pensamiento político, y con ello a una tendencia religiosa concreta o una forma distinta de entender cómo debían desarrollarse las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y lo manifestaba expresamente. Esto facilita de manera notable conocer cuál era el pensamiento y hacia dónde se encaminaban las críticas o las aspiraciones de cada sector ideológico o social. La lectura de una noticia y las interpretaciones que sobre ella daba cada periódico permite saber con bastante exactitud cómo pensaban sus seguidores y qué actitud tenían ante las connotaciones ideológicas o religiosas del suceso.

Un periódico de gran interés en el Cádiz del Sexenio Democrático es El Comercio. Es uno de los pocos que se publicaron durante todo el periodo y el único del que se conservan todos los números publicados. Como se irá comprobando a lo largo de este trabajo, El Comercio mantenía una posición comprometida con la Iglesia católica, publicando con frecuencia las reclamaciones del obispo gaditano y expresaba, en un tono moderado aunque a veces inflexible e intransigente, sus opiniones en contra de las actuaciones secularizadoras municipales o nacionales. Lo anterior lo convierte en un medio para conocer las opiniones más afines a la Iglesia tradicional en Cádiz y también en una fuente de información sobre algunos documentos oficiales diocesanos desaparecidos. El periódico, propiedad de la familia García de Arboleya[245], comenzó a publicarse en 1840. Su director durante el Sexenio era Fernando García de Arboleya, hermano del secretario de la Asociación de Católicos de Cádiz. Representaba al Partido Moderado[246] y sus posiciones en materia religiosa coincidían con las defendidas por los neocatólicos, no admitiendo, en principio, otra concepción de la Iglesia católica que la tradicional. Por ejemplo, el 20 de marzo de 1873, se decía en el periódico:

En religión los católicos no tenemos, no debemos tener otro criterio que el criterio de la Iglesia. Lo que la Iglesia nos enseña esa es la verdad. Lo que la Iglesia nos manda, esa es nuestra ley (…). La Iglesia condena, es verdad, los errores y los extravíos a que, dentro y fuera de nuestro país, se entrega con loca y tenaz perseverancia el espíritu revolucionario de la época, y todo eso que la Iglesia condena, nosotros los católicos debemos condenarlo también, y lo condenamos en efecto, de la misma manera que ella lo hace y con las mismas armas que ella emplea para volver por los fueros de la verdad y para apartar a los fieles del abismo a que se les conduce.

Las libertades sancionadas por la revolución y especialmente la de cultos fueron cuestionadas constantemente desde la publicación, en los primeros años de la revolución. El periódico alababa con entusiasmo el Syllabus y la infalibilidad del papa. En el terreno político defendía la legitimidad de Isabel II y, a partir de su abdicación en junio de 1870, la entronización del príncipe Alfonso. Si bien se mostró desde la revolución de 1868 como conservador en el terreno religioso, no abandonando en ningún momento su defensa de la Iglesia más tradicional, con el tiempo fue evolucionando hacia posiciones más tolerantes. En julio de 1871, los carlistas de Cádiz, desde el periódico La Monarquía Tradicional, dirigido por Sebastián Arcos Rodríguez, defendían que no había ni un solo aspecto del liberalismo que no estuviese condenado por la Santa Sede y que el Syllabus condenara terminantemente “el liberalismo católico”, que según ellos practicaban los moderados de El Comercio. Estos rechazaban de plano el calificativo de católicos liberales, pero afirmaban que la condena papal al liberalismo solo se refería a lo que dicha doctrina política contradijese el dogma, la moral y la doctrina de la Iglesia, siendo lícito aceptar lo que del liberalismo había de compatible con el catolicismo. Por otra parte, confirmaban que nunca habían sido partidarios de la libertad de cultos ni del liberalismo revolucionario de 1868, pero, sin embargo creían que era “preciso gobernar con una política muy liberal y hasta con libertad de cultos” porque tenían “la convicción de que en otro caso se abriría la puerta a mayores males[247]”. El Comercio, pues, no renunciaba a sus principios, pero se adaptaba a las circunstancias, tal vez por cuestión de oportunidad. En sus afirmaciones se adivinan unas ideas próximas a la línea contemporizadora de Jaime Balmes y por ello una cierta proximidad a una visión del catolicismo que, sin dejar de ser partidaria de la tradición, no daba la espalda a un cierto intento de hacer compatible aquella con los nuevos tiempos[248].

La Monarquía Tradicional había comenzado a publicarse el 1 de junio de 1871, siendo el primer periódico gaditano partidario del Carlismo. No se han encontrado números de esta publicación, pero sus artículos son conocidos en parte gracias a El Comercio. Comentaba este último, con motivo del inicio de las actividades del anterior, que la llegada de un periódico carlista era una novedad en Cádiz, donde nunca había tenido la prensa “un órgano de las doctrinas ese partido extremo”. Los redactores de El Comercio puntualizaban que aunque no compartían las ideas políticas ni los intereses monárquicos de La Monarquía Tradicional, estaban unidos “por el vínculo de unas mismas creencias en religión y en moral[249]”.

Para situar la aparición de La Monarquía Tradicional, hay que recordar que en las elecciones municipales de diciembre de 1868 y en las generales de 1869 los neos y los carlistas ya se presentaron unidos en candidaturas llamadas “católico-monárquicas”, iniciándose la integración de ambos, basada en la defensa común de la unidad católica[250]. El giro de una parte de los neocatólicos hacia el Carlismo aumentó a partir de junio de 1870 cuando, tras abdicar Isabel II, se vieron desligados de la lealtad debida a la reina y consideraron al Carlismo como única vía posible, posición que se hizo más firme partir de la llegada de Amadeo de Saboya al trono. Es probable que los redactores y seguidores del periódico carlista gaditano fueran antiguos moderados con la misma evolución hacia el neocatolicismo que los de El Comercio, con la diferencia de que estos últimos se decantaron a favor de la opción del príncipe Alfonso[251] y aquellos a favor del Carlismo. Sus diferencias en materia de religión eran muy escasas, salvo que La Monarquía Tradicional justificaba en ocasiones la lucha armada contra los revolucionarios si la Iglesia era “atacada en sus tradiciones”, legitimando con ello el alzamiento carlista[252].

La Monarquía Tradicional fue sustituido en 1874 por El Correo Gaditano, que mantuvo la misma línea favorable al Carlismo. El 24 de enero el nuevo diario, que se subtitulaba como “periódico religioso y de noticias”, publicó su intención continuar defendiendo la monarquía tradicional en contraposición a El Comercio, que ahora declaraba, mostrando un cambio de orientación política, su “fe inquebrantable en los principios fundamentales de la monarquía constitucional que representa el príncipe don Alfonso[253]”.

Otro periódico gaditano de ideas moderadas fue La Palma. Fundado en 1853, su director durante el Sexenio revolucionario fue Eduardo Vasallo O’Lawlor, vicepresidente del Círculo Moderado de Cádiz en febrero de 1871[254], imprimiéndose en el establecimiento de Francisco de P. González. A pesar de su ideología moderada, parece que el periódico se acomodó en alguna medida a la revolución[255]. Sus redactores no se implicaban tanto en cuestiones religiosas como los de los otros periódicos de su misma ideología. Incluso en momentos tan difíciles como el periodo de gestión municipal de Salvochea, La Palma planteaba la necesidad de preservar la religión católica más por sus ventajas o conveniencia económica, que por la superioridad moral de sus principios. Así, ante la retracción popular prevista en la próxima festividad del Corpus en 1873, La Palma se manifestaba a favor porque la celebración daba vida a la industria y al comercio, que estaba pasando por muy malos momentos. En años anteriores, los encargados de la gestión de los intereses de Cádiz, con el afán de favorecer a la ciudad, “se encargaban de cosas de verdadera utilidad, en vez de entretenerse en derribar capillas y conventos”, que era lo único que, según los redactores de La Palma, sabían hacer los republicanos federales[256].

El golpe de Estado de Pavía trajo consigo el cierre de muchos periódicos en Cádiz, especialmente los republicanos federales y los carlistas. Este fue el motivo que dio lugar al cierre de La Monarquía Tradicional, aunque se permitió que abriera El Correo Gaditano, que seguía la misma línea ideológica. Las dificultades para la prensa aumentaron a partir de la formación del Gabinete de mayo de 1874, anunciando el fin de una etapa de libertades. El 13 de julio de 1874 la Gaceta de Madrid publicó un decreto sobre libertad de imprenta que venía a limitarla tomando como excusa la guerra carlista. Al mismo tiempo que se recordaba que el decreto sobre libertad de prensa de 22 de diciembre de 1873 se mantenía en vigor, se facultaba a los gobernadores civiles para imponer multas entre doscientas cincuenta y dos mil pesetas o a cerrar los periódicos con artículos que contravinieran las disposiciones oficiales. El 18 de julio de 1874 se publicó un nuevo decreto que prohibía a la prensa publicar noticias de la insurrección carlista que no hubieran sido impresas en la Gaceta de Madrid. La libertad de prensa quedaba muy limitada. El Correo Gaditano cerró a finales de agosto de 1874 justificando el cierre en que las circunstancias actuales no le permitían defender sus opiniones políticas, a pesar de la “comprensión y tolerancia” del gobernador civil, al que se daban las gracias. El 2 de noviembre de 1874 la presión sobre la prensa aumentó aún más. El Gobierno expidió una circular que dio lugar a varias multas a los periódicos moderados por los rumores vertidos en sus líneas sobre una próxima Restauración. Se multó a La Palma con mil reales y a El Comercio, con mil quinientos por un artículo publicado el 13 de noviembre, que trataba sobre don Alfonso de Borbón y decía “Algo dieran los partidos revolucionarios porque los alfonsinos fueran menos prudentes”. Poco después se promulgó una amnistía que incluía a la prensa, pero los redactores de El Comercio eran conscientes de que esta amnistía no iba a cambiar las imitaciones a la prensa cuando decían en sus líneas: “No se extrañen nuestros lectores que hablemos lo menos posible de política y nos contentemos con copiar a los demás periódicos”. Efectivamente, a finales de noviembre se anunciaban dos circulares, de Gobernación y Guerra a los gobernadores civiles y militares para determinar la situación de la prensa después del decreto de amnistía. La del ministro de la Guerra insistía en que no se permitiera a los periódicos publicar más noticias sobre la guerra que las que diese la Gaceta de Madrid, prohibiéndose hacer mención al Ejército, su organización, personal, disposiciones sobre régimen interior, disciplina etc[257].

La prensa conservadora de Cádiz pudo durante la mayor parte del Sexenio Democrático, amparada en la libertad de expresión garantizada por la revolución, actuar como apoyo incondicional a la Iglesia. Se expresó libremente a favor de la unidad católica y la defensa de las propiedades eclesiásticas, colaboró en determinados momentos en la promoción de colectas para ayudar al obispado y publicó los escritos del obispo de Cádiz dirigidos a los representantes de los Gobiernos revolucionarios, para conocimiento de los católicos conservadores de la ciudad. Su apoyo a la Iglesia fue unánime, pero con distintos matices. La Monarquía Tradicional y El Correo se pueden definir como representantes de un absolutismo político y religioso, llegando a defender el primero la legitimidad de alzarse en armas contra aquellos que atacasen a la Iglesia. El Comercio presentó un apoyo incondicional pero equilibrado y siempre dispuesto a expresar las opiniones con argumentos, evolucionando hacia una línea transigente y acomodada a las circunstancias, sin abandonar por ello una defensa firme de las posiciones oficiales de la Iglesia. La Palma fue el menos implicado en cuestiones religiosas, sin que por ello dejase de estar siempre del lado del mantenimiento de las tradiciones católicas y en contra de la política secularizadora de liberales y republicanos.

2.12.2 Los periódicos republicanos

El número de periódicos gaditanos que defendieron las ideas republicanas durante el Sexenio Democrático fue elevado. Sus preocupaciones y noticias mostraban mucha mayor preocupación por las cuestiones políticas y sociales del momento que por los relacionados con la Iglesia o la religión, que era generalmente obviados, cumpliendo el principio republicano de respetar la separación entre los asuntos religiosos y los que se referían a la sociedad civil. No obstante, tres de ellos, La Soberanía Nacional, La República Federal y la República Federal Universal, aportan suficientes referencias para poder conocer su visión de la Iglesia, el clero y el catolicismo.

La Soberanía Nacional, comenzó a publicarse el 23 de septiembre de 1868. Al principio sus redactores se mantuvieron dentro de la opción democrática, defendieron la acción conjunta de demócratas y progresistas en las Juntas y se declararon partidarios de la formación electoral de candidaturas que englobasen a los tres partidos que había hecho la revolución[258]. Asimismo, parecían dispuestos a aceptar la forma monárquica siempre que esta fuera sancionada por una Cortes legalmente establecidas. Pero a partir de noviembre se decantaron expresamente por la república federal y proclamaron la incompatibilidad de la monarquía con la democracia. Desde poco después de declararse republicano, el periódico publicó algunos artículos en los que, indirectamente, definía sus posiciones en materia de religión, que no eran especialmente virulentas en contra de la Iglesia católica o el clero, ni mucho menos contrarias a los creyentes católicos[259]. El 18 de noviembre de 1868, con motivo de una manifestación republicana en Tarifa, establecía un paralelismo entre la democracia y Jesucristo, cuando decía: “El pueblo carece de instrucción, pero sus sufrimientos de siempre, sus eternos dolores, reemplazando y haciendo las veces de raciocinio, le obligan a llamarse republicano, porque en la democracia adivinan la verdadera doctrina de Cristo, la libertad, la igualdad, la fraternidad entre los hombres[260]”.

Como muestra de que republicanos que se expresaban por medio del periódico no eran especialmente combativos contra el clero en general sino solo con el clero más reaccionario, se puede citar cómo mostraron su mayor respeto personal y admiración como sacerdote hacia el obispo de Cádiz por su actuación con relación a la insurrección de Las Barricadas. El obispo, se decía desde La Soberanía Nacional, había mostrado “en todos sus actos” durante las tristes circunstancias que atravesó la ciudad una “conducta evangélica digna de los mayores elogios”. Los redactores expresaban la siguiente opinión sobre el obispo de Cádiz: “¡Ojalá todo el clero español estuviese animado del mismo espíritu de amor y caridad que nuestro digno prelado! Así es como nosotros creemos que se cumple la misión evangélica, sobreponiéndose a toda mira política y no viendo en los hombres más que hermanos[261]”. En 1873 el periódico estuvo dirigido por el médico gaditano José María de Puelles y Centeno, que combinaba entre sus creencias el republicanismo y el catolicismo y era profundo admirador de Castelar[262].

El Progreso Democrático, portavoz del Partido Demócrata (su nombre oficial era Partido Progresista Democrático) de Cádiz, empezó a publicarse en los primeros días de octubre de 1868 coincidiendo con la reunión del día 7 del Partido Demócrata en pleno, con la consiguiente elección de un nuevo comité, cuyos miembros se declararon republicanos en poco tiempo, entre los que destacan el presidente Rafael Guillén Martínez y el vocal Fermín Salvochea. Su último número salió el 30 de octubre del mismo mes, tras la decisión de prácticamente todos los demócratas gaditanos de pasarse al republicanismo. La República Federal apareció el 1 de noviembre de 1868, dos días después de desaparecer El Progreso Democrático, lo que hace pensar que era el mismo con un cambio de nombre adecuado a la orientación republicana recién declarada. Fundado y dirigido por José reyes, se imprimía en la imprenta y litografía la Aurora Española. Sobre su defensa de la república, no admitía tener diferencias ideológicas con La Soberanía Nacional, salvo su mayor urgencia en lograr las reformas deseadas. Pero mostraba mayor sensibilidad hacia las clases humildes y la mujer[263]. Hacía frecuente proselitismo entre los obreros de Cádiz, dirigiéndoles artículos en los que trataba de animarles a adherirse a las ideas republicanas A poco de comenzar a publicarse, empezó a difundir entre sus lectores las ideas de Proudhon, mediante la reproducción de su escrito “El principio Federativo”.

La República Federal fue, junto con la Soberanía Nacional, el periódico republicano local que permaneció durante más tiempo, defendiendo a los republicanos más exaltados de la ciudad[264]. Se mostró muy crítico inicialmente con la Iglesia católica y con el clero, diferenciando la idea de una institución y unos clérigos que creía corrompidos, de la de unos “católicos sinceros” que no debían ver en el republicanismo un enemigo. El 8 de noviembre de 1868, en un artículo protestando contra el recién aprobado impuesto personal, decía que este se iba a hacer efectivo para seguir pagando a los que habían “estado saqueando a la nación durante doce años, a los realistas isabelinos, a los carlistas, a los arzobispos, obispos, canónigos, monaguillos y otros funcionarios indispensables para el sostenimiento de la sociedad”. Todos los anteriores habían sido los “verdugos del pueblo” y lo habían sumido en la miseria[265]. La Iglesia católica fue duramente atacada el 20 de noviembre de 1868 mediante la publicación de un artículo de Fernando Garrido en el que se retrataba a la reina Isabel como “el instrumento de un tirano, de un reptil astuto y repugnante” que todavía se mantenía en pie y que, “como una culebra venenosa”, empezaba a “enroscarse a la naciente revolución para ahogarla”. Ese tirano era “el PODER NEGRO” (mayúsculas en el original), que tenía su caverna en Roma y era conocido con los nombres de jesuitismo, clericalismo y neocatolicismo. El pontificado romano era enemigo irreconciliable de la libertad de los pueblos y lo primero que había que hacer tras la revolución, era declarar roto el Concordato, “ese patrón de ignominia, esa feroz cadena impuesta al pueblo español”, que hacía a España esclava del pontífice romano, sancionaba “la expoliación de los españoles por la clerigalla romana” y negaba el derecho de legislar en beneficio del pueblo sobre muchas de las materias necesarias para su libertad y bienestar. Había que declarar la libertad religiosa y disolver todas las instituciones religiosas que, “con careta de religión”, no eran más que instituciones políticas y “foro de planes liberticidas”. Los católicos sinceros debían unirse a los republicanos federales para pedir la libertad de cultos porque esta depuraría a los hipócritas que perjudicaban a la religión[266].

Pero, salvo estas declaraciones iniciales a la Iglesia y al clero como instituciones, La República Federal, nunca atacó a la religión o al catolicismo. Sus verdaderas preocupaciones se dirigían hacia los políticos progresistas y unionistas a los que culpaba de haber traicionado la revolución. A partir de las elecciones municipales de enero de 1869 y de la instalación del Ayuntamiento republicano de Rafael Guillén Estévez, La República Federal, cambió de director, siendo el nuevo uno de los anteriores colaboradores, Rafael García Rojas, aunque José Reyes siguió publicando artículos. El periódico continuó más preocupado por temas políticos y por el proselitismo republicano en la ciudad que por las cuestiones relativas al clero o a las medidas eclesiásticas del Gobierno provisional. La República Federal, en coherencia con la idea republicana de mantenerse al margen de las cosas de religión, se ocupó poco de estas cuestiones. Nunca mantuvo una sección religiosa o dio una noticia sobre alguna celebración religiosa.

Otro periódico republicano de Cádiz del que se pueden extraer conclusiones respecto a la visión de los republicanos sobre la Iglesia o la religión católica fue La República Federal Universal. Se imprimía en la Imprenta Federal, ubicada primero en la calle Aduana, número 5 y más tarde en Amargura número 106. Comenzó a publicarse el 1 de octubre de 1870. Su director era Balbino Cañas-Trujillo, que se había encargado de organizar la escuela del Círculo Republicano Guillén Martínez. El periódico se extendió en relatar las actividades iniciales de dicha escuela, sin dejar de publicar otros artículos de carácter general o local, así como las notificaciones que deseaban difundir en prensa el Comité Republicano, el Círculo Republicano de Cádiz y el Casino Republicano Federal. El periódico tenía una evidente intención de hacer proselitismo entre los más necesitados, a sabiendas del catolicismo de muchos de ellos. Lo principal era sacar a los elementos populares de la ignorancia para que dejasen de ser víctimas de un clero que los había utilizado. Pero sus críticas a la Iglesia oficial y al clero nunca se dirigieron hacia la religión católica. Ya desde el primer número, aclaraba Cañas-Trujillo que se dirigía al pueblo, “víctima explotada y ensangrentada de todos los tiranos”, para “demostrarle el modo de salvarse de la espantosa demagogia que desde arriba trata de imponerse abajo, intentando vilmente tumultos y queriendo obligarnos a una lucha traidora, con el solo fin de asesinarnos a mansalva”. Pretendía infundir calma al pueblo e incitarlo a estudiar sus derechos y comprenderlos. También desde su primer número expresó sus ideas sobre el clero y la religión, en un artículo llamado: “La mujer, el clero, el hombre, todo mentira”. En el artículo se ponía a la figura de Jesucristo como el ejemplo a seguir: “El clero cumpliría con su misión —de— verdad cuando se le viera con la esfinge del crucificado en la mano, marchar entre las huestes contendientes intimando la cesación de tanto y tanto asesinato, en nombre del que predicó la paz, la caridad, la igualdad y la fraternidad[267]”.

La República Federal Universal se mostraba siempre que tenía ocasión como ferviente admirador de la figura de Jesús y partidario de un cristianismo más auténtico y libre del control oficial de la Iglesia. Se trataba de un Cristo hecho a la medida de los republicanos, en la línea de las ideas de Castelar. José María Rendón, futuro concejal republicano “intransigente” en 1873, afirmaba en el periódico que “Cristo en su elevada conciencia, desde que vino al mundo presentía lo que debía suceder (…) que es como si dijéramos la desaparición de todos los monarcas”. Los gentiles de los momentos que se estaban viviendo no eran los republicanos, sino “los reyes, el militarismo, la aristocracia, la mesocracia; sí, esos hombres, inhumanos y corrompidos, traen al pueblo la miseria, la desolación y la esclavitud”. La república era “una ley natural del creador (…), una ley sabia, natural y divina (…) la emanación de la divinidad”. Era la “nación del seno del Altísimo (…) y lo que procede del Altísimo nunca y de ningún modo puede ser malo, porque es emanación de toda verdad, porque es origen de toda bondad. Y siendo la república emanación del Sumo Bien ¿por qué ese temor pueril a una cosa que concedió y concede la naturaleza para bien de la humanidad?”[268].

La identificación de los republicanos que se manifestaban en La República Federal Universal con los principios cristianos era tan indudable como su deseo de acercar las ideas republicanas federales a los católicos más reticentes o temerosos. Al mismo tiempo, los republicanos del periódico no tenían ningún inconveniente en alentar a los cristianos no católicos. Por ejemplo, el 18 de octubre anunciaban la apertura ese día de una escuela evangelista en la calle del Aire, y animaban a sus creadores[269].

Pero, mientras el cristianismo y la figura de Jesús eran alabados por La República Federal Universal, la jerarquía eclesiástica y el clero católicos eran atacados por su conservadurismo. En el artículo “La moral del clero”, M. Foncillas decía: “Esta institución en nuestro país ha gozado de un prestigio incontestado, y sus palabras han sido siempre escuchadas como palabras del Evangelio, aunque hayan entrañado el germen de las más amargas desdichas”. Era conveniente que el pueblo viese al clero como “una clase que no siempre se ha guiado por las reglas de la moral, de la templanza, de la cordura y de la mansedumbre”. El clero se había puesto “en abierta rebelión con cuantos poderes ellos han creído que atentaban a la integridad de sus soñados derechos” y había “predicado, no pocas veces, la insurrección y el exterminio, encendiendo guerras terribles y sangrientas”. Los miembros del clero se habían acostumbrado a ser ciudadanos de un país sin las obligaciones de tales, escudándose en la dependencia de una autoridad independiente de las del Estado. Habían comunicado al pueblo ignorante “todo lo que las malas pasiones pueden inventar, todo lo que el odio de partido puede envenenar, todo lo que la brutalidad del más exagerado fanatismo religioso ha podido acumular”. Después de todo, era comprensible “que un clero como el nuestro, que ha equivocado por completo su misión, entienda su poder de la manera que lo entiende (…), llevando a la duda las conciencias y la alarma a las familias, sembrando para lo futuro males sin cuento[270]”.

Se sabe a través de las noticias de La República Federal Universal que hubo otro periódico La Juventud Republicana de Cádiz creado por la asociación del mismo nombre. Había una cierta tensión entre ambos periódicos y, por tanto, entre el Círculo Guillén Martínez y la Juventud Republicana[271], que hacen suponer que pudieran representar posiciones distintas dentro del republicanismo federal. Alrededor de la idea de qué tipo de federación se quería llegar, se crearon La Federación Andaluza, partidario de los republicanos “benévolos[272]”, y El Pacto Federal, que apareció en junio de 1869, alrededor del pacto firmado en Córdoba por representantes de Andalucía y Extremadura. Su director, Juan García Chaves, era concejal del Ayuntamiento dirigido por Rafael Guillén Estévez, lo que sitúa la publicación dentro del ala moderada republicana. Desaparecido en agosto de 1869, dio paso a La Opinión Nacional. Otro periódico del que solo se poseen referencias de otros, por no existir ejemplares es La Internacional. Por una noticia del constitucional La Legalidad, se sabe que comenzó a publicarse en enero de 1872. La Legalidad criticaba al anunciar el nuevo periódico, el peligro que suponía que este agitase a las masas populares, careciendo estas de ilustración, así como que combatiera a la religión, “dulce bálsamo que cicatriza nuestras aflicciones, que nos fortalece en las desgracias, que nos da fuerzas para arrostrar las penalidades de la vida[273]”.

Tras el golpe de Pavía en enero de 1874, una de las primeras actuaciones de las nuevas autoridades gaditanas fue el silenciamiento de la prensa republicana federal. La Soberanía Nacional, que se había estado publicando diariamente desde los comienzos de “La Gloriosa”, fue disuelto el 4 de enero de 1874, en virtud de un decreto del anterior ministerio que autorizaba a los gobernadores de provincia a suspender los periódicos que preparasen, auxiliasen o excitasen a la comisión de delitos de orden público. El día 6 salía un nuevo periódico, El Noticiero de Cádiz, que anunciaba explícitamente su intención de cumplir los compromisos del recientemente suspendido. El Noticiero fue durante todo el año el principal órgano de expresión del republicanismo en Cádiz[274], hasta que en octubre de 1874 dejó de publicarse a causa de las restricciones crecientes sobre la libertad de imprenta, siendo sustituido por El Defensor de Cádiz.

A modo de resumen, se puede afirmar que la prensa republicana dentro de unas aspiraciones políticas comunes, mostraba ciertos matices en lo relativo a lo religioso, que diferenciaban a los “benévolos” de los “intransigentes”. Una de las facetas comunes de los seguidores de ambas tendencias era la fuerte crítica a la Iglesia y al clero como instituciones y la admiración por el cristianismo primitivo y la figura de Jesús. Pero los periódicos republicanos moderados, como La Soberanía Nacional, La República Federal Universal y la Federación Andaluza, eran algo más condescendientes con algunos miembros del clero, no dudando en alabar puntualmente la conducta de aquellos que practicaban sinceramente la caridad cristiana y buscaban el bien de los fieles por encima de cuestiones temporales. Esta prensa, próxima a los seguidores de Rafael Guillén Estévez, era precisamente la que se expresaba con más entusiasmo sobre la figura de Jesús y el cristianismo primitivo. La República Federal, representante de los seguidores de Salvochea, se preocupaba más por la extensión de las ideas socialistas entre el pueblo y por la captación de obreros, mostrando una mayor inquina contra de la Iglesia y el clero. Todos coincidían en utilizar de alguna manera la religión como medio de reclutamiento e instrumento político, razón que hacía que criticasen el conservadurismo de las instituciones eclesiásticas religiosas pero no la religión.

2.12.3 La prensa liberal monárquica

El principal apoyo desde la prensa gaditana a los Ayuntamientos de Juan Valverde fue La Libertad. Se imprimía en la Imprenta de los hermanos Sánchez del Arco, uno de los cuales, Domingo, era su director y concejal en el Municipio presidido por el último alcalde mencionado. Aunque el primer número encontrado es del día 2 de octubre de 1869, el periódico comenzó a publicarse el mismo día 18 de septiembre de 1868[275]. Una vez efectuadas las elecciones municipales de enero de 1870 que confirmaron al Consistorio de Juan Valverde, el periódico se reconocía a sí mismo y a la nueva corporación como conservadores dentro de la revolución y admitía que, al igual que la cuestión religiosa había sido la principal preocupación de los republicanos cuando estuvieron en el poder municipal, también debía serlo para los nuevos concejales[276]. El periódico no solía extenderse en cuestiones religiosas y cuando lo hacía era para tratar de demostrar que los católicos más conservadores no tenían nada que temer de la política religiosa de los unionistas y progresistas del Ayuntamiento de Valverde, o para marcar las diferencias de estos últimos con los republicanos, que eran presentados como anticatólicos o al menos como dispuestos a impedir las manifestaciones públicas del culto. El 13 de octubre La Libertad anunciaba que el Ayuntamiento de Juan Valverde había abandonado la política secularizadora de Rafael Guillén. Como muestra, comunicaba que el nuevo Consistorio había resuelto asistir a la función religiosa que se iba a celebrar el día de los patronos de la ciudad, San Servando y San Germán. Y a continuación insertaba, como contraste, la noticia de que los republicanos de la corporación saliente habían acordado en una de sus últimas sesiones vender los toldos y palos que servían para la procesión del Santísimo Sacramento[277]. Del mismo modo, el 18 de junio de 1870 se utilizó la afluencia masiva a la procesión del Corpus Christi como demostración de que los republicanos habían atemorizado a la ciudad en la misma festividad del año anterior. De esta manera, el planteamiento del periódico no era que el pueblo gaditano hubiese asistido en masa al Corpus de 1870 como prueba o resultado de su identificación católica, sino que lo había hecho “rechazando a la demagogia de los republicanos”. Por otro lado, la masiva participación en la festividad se convertía en una prueba de la sincera identidad católica de los liberales del Ayuntamiento y sus seguidores, ante lo que La Libertad se quejaba de que anteriormente sus seguidores habían tenido que “rechazar el ataque de los federales, de los que en nada tienen a la religión”, pero también habían tenido que defenderse “de las acometidas menos rudas, pero más intencionadas de aquellos que pretenden defender los intereses conservadores y el catolicismo[278]”. En definitiva, la religión fue usada por el periódico, como instrumento político más que como resultado de una convicción profunda.

La Legalidad comenzó a publicarse a finales de octubre de 1871. Era continuador de La Libertad, pues se imprimía en la misma imprenta de los hermanos Sánchez del Arco, y su director era el mismo. Pero ahora se declaraba como conservador liberal o constitucional[279]. Estaban próximas las elecciones municipales que confirmaron en la alcaldía a José María del Toro, que prescindió del ala derecha de los unionistas gaditanos que habían estado con Juan Valverde. La Legalidad, no mostró ni fervor excesivo ni animosidad en el aspecto religioso, pues trató muy poco sobre estos temas. Su principal tarea, fue defender al Ayuntamiento de José María del Toro y la legitimidad de las elecciones municipales de diciembre de 1871 y atacar a todos los que las denunciaron. Cuando el Ayuntamiento fue destituido se centró en demostrar la ilegalidad del hecho y del nuevo Municipio presidido por el radical Bernardo Manuel de la Calle.

Su opinión en materia religiosa, propia de los progresistas, era de aceptación incondicional de las doctrinas de la Iglesia en el orden espiritual, pero diferenciando ese aspecto del temporal o político. Un artículo publicado en mayo de 1872 respondiendo a los carlistas del periódico gaditano La Monarquía Tradicional, aclaraba esta posición, cuando el redactor afirmaba en nombre del periódico y de las personas a las que representaba que no necesitaban hacer declaraciones especiales sobre su adhesión a ideas y principios indiscutibles. El catolicismo era la bandera común de todos, carlistas, alfonsinos o constitucionales, y precisamente por ser común no podía ser “la bandera de un partido[280]”.

Un periódico que se enmarca en la vertiente más conservadora dentro de la revolución, fue La Voz de Cádiz. Empezó a publicarse en enero de 1872 y fue fundado por Eduardo Genovés y dirigido por Ramón León Máinez. Era el órgano de expresión de los unionistas que habían formado parte del Ayuntamiento de Juan Valverde y posteriormente habían sido excluidos por José María del Toro, al no haberse pasado al Partido Constitucional, por mostrarse inequívocamente en contra de la dinastía de Saboya y a favor de la restauración borbónica en la persona del príncipe don Alfonso. La Voz de Cádiz, suspendió su tirada el 30 de septiembre de 1874. También en 1872 existió El Radical, dirigido por Antonio Ángel de Mora que dejó de publicarse con la proclamación de la república y del cual tampoco han quedado ejemplares. El 4 de abril de 1873 apareció La Crónica de Cádiz, también de orientación radical[281].

La instrumentalización de las cuestiones religiosas al servicio de la política mezclada con una sincera identificación con el cristianismo, observada en los periódicos republicanos, se repite en la prensa liberal gaditana. Los revolucionarios liberales pretendían mostrarse tan católicos como los tradicionalistas y recalcaban que en materia religiosa cada liberal, como católico, estaba dispuesto a cumplir con todas las disposiciones eclesiásticas. Su intención no era atacar a la Iglesia, sino que esta se desprendiera de privilegios que a su entender eran de carácter temporal y por tanto no le correspondía ejercerlos. También insistían en recalcar su catolicismo como contraste con sus oponentes revolucionarios, los republicanos, que eran tachados sin matizaciones como anticatólicos y antirreligiosos.

2.13 Los protestantes

2.13.1 Antecedentes

Los protestantes constituyen un sector de la ciudad que es muy necesario tener en cuenta, pues su difusión, más o menos firme, se produjo como resultado de la tolerancia liberal, quedando sancionada con la proclamación de la libertad de cultos tras la promulgación de la Constitución de 1869. Las actividades que desplegaron provocaron, como se verá, algunos conflictos y reacciones específicas muy significativas de un importante sector de los católicos, incluso después de estar respaldados por la citada norma legal[282].

Desde que en 1680 se determinó que todos los barcos que iban para América debían salir del puerto de Cádiz, y sobre todo desde el traslado de la Casa de la Contratación en 1717, la ciudad se convirtió en un importante lugar de tránsito y residencia de numerosas personas procedentes de otros países. No obstante la incidencia del protestantismo era muy escasa. En 1791 se confeccionó una “matrícula de extranjeros” cuyo fin era obligar a los foráneos residentes a convertirse al catolicismo en caso de practicar otra religión. Según dicha matricula, en Cádiz vivían cinco mil ciento sesenta y un extranjeros, de los que solo ciento veintiséis eran protestantes varones, cantidad que ascendía a ciento cuarenta y seis si se contaban sus esposas e hijos. Como el número de hombres era muy superior al de mujeres, muchos permanecían solteros, ante la dificultad de encontrar mujeres de su confesión, aunque no faltaban los que abjuraban del protestantismo para poder contraer matrimonio con católicas[283]. En 1793 tuvo lugar la expulsión todos de los extranjeros transeúntes, quedando obligados los residentes a profesar la fe católica[284].

Ya en el siglo XIX, la apertura iniciada en 1835 que culminó con la promulgación de la Constitución de 1837 propició la aparición de evangelizadores protestantes en España. Mientras en otras localidades de la península no se llegaba mucho más allá de divulgaciones de la Biblia inmediatamente reprimidas por las autoridades[285], el pastor metodista William Harris Rule fundaba en Cádiz la primera misión disidente de España[286]. En 1833 estuvo visitando varias localidades del sur de la península y entre el 16 y el 18 de mayo de 1836 pasó por Cádiz para comprobar las posibilidades de predicar el Evangelio. Comprobó que en los doce últimos meses habían pasado por el puerto gaditano doscientos cincuenta y tres buques ingleses y setenta y nueve norteamericanos, los cuales habían transportado a dos mil cuatrocientos y novecientos dos tripulantes respectivamente, que permanecían en la ciudad entre dos y seis semanas. Añadiendo a ese número el de los protestantes extranjeros residentes en Cádiz, El Puerto de Santa María y Jerez, y teniendo en cuenta que la única observancia religiosa que se prestaba en la zona eran los sermones y rezos de oraciones que se celebraban en el Consulado, estimaba necesario que un misionero “pastorease el descuidado rebaño”. Aunque Rule había visitado Málaga y Granada, llegó a la conclusión de que las puertas de la evangelización no estaban tan claramente abiertas en ninguna de aquellas ciudades como en Cádiz.

Para lograr su objetivo, se entrevistó con el gobernador, Pedro Urquinaona, que en su opinión tenía fama de defensor de la libertad religiosa, y este no le puso ningún impedimento para que organizase una misión. En principio, Rule pretendía que el apostolado se dirigiera exclusivamente a los extranjeros, que “se estaban haciendo totalmente indiferentes a la religión y se habían acomodado gradualmente a la idolatría y costumbres inmorales del lugar”. La cita sugiere claramente que el clérigo protestante veía el terreno moral en que se movían los gaditanos como propicio para ser abonado con una nueva fe. Tras su corta visita, regresó a Gibraltar y envió un maestro a Cádiz, James Lyon (conocido por los españoles como Jacobo Lyon —o Lion—), que comenzó su labor en 1837, abriendo una escuela y predicando todos los domingos a bordo de los barcos surtos en el puerto gaditano. Pero a los seis meses de su llegada había aprendido castellano y estaba preparado para proceder más directamente en sus labores misionales, extendiendo su predicación a los gaditanos. Los domingos acudía un número reducido de personas a los rezos y algunos niños iban a la escuela a aprender a leer. La misión metodista de Cádiz fue, como afirmaba Rule, la primera organización de una misión protestante en España. Sabía que este hecho no podía ser observado por los católicos con indiferencia, sobre todo por el clero, que según Rule, murmuró, amenazó y no ahorró esfuerzos para alarmar a los pocos que participaban en las reuniones[287].

Un cambio de gobernador trajo a Cádiz al conde de Clonard, mucho más conservador que Urquinaona, que ordenó el 28 de enero de 1838 el cierre de la escuela metodista. Una real orden negaba a Lyon la posibilidad de ejercer como maestro[288]. Rule partió hacia Madrid el 14 de marzo para intentar arreglar la cuestión, consiguiendo, a través de las gestiones del embajador inglés, que el Gobierno suspendiese por el momento el cierre de la escuela. Rule conoció en la capital de España a Borrow, que el 30 de marzo enviaba una carta a la Sociedad Bíblica de Londres en la que describía al metodista como “un caballero que me ha interesado mucho, de cuyo celo, piedad y discreción me he formado la opinión más elevada[289]”.

Según Rule, entre los meses de abril de 1838 y 1839 la misión metodista conoció los momentos de mayor auge. Rule decía al respecto en sus memorias: “Mi misión había conseguido un extraordinario grado de aceptación entre los habitantes de Cádiz y la mayor parte de los miembros del Ayuntamiento declaró mostrarse muy favorable a mis procedimientos[290]”. Pero lo cierto es que las dificultades no acabaron durante ese periodo. Una real orden fechada el 19 de mayo de 1838 prohibía la difusión de textos sagrados protestantes. Lyon había reanudado las clases en abril. Aunque lo había hecho de forma discreta en su domicilio particular, recibió la orden del gobernador para que cesara todas sus actividades. Lyon salió para Gibraltar el 27 de junio de 1838 y Rule decidió regresar a Cádiz, lo que hizo el 20 de julio, instalando su domicilio en la calle del Camino número 72. Abrió dos escuelas en la calle del Calvario número 144, colocando al frente, para no tener problemas con las autoridades, a dos maestros españoles, José María Pérez y Josefa Cordero[291].

La opinión de Rule sobre la aceptación de su misión en Cádiz era excesivamente optimista. El clero de la ciudad, encabezado por el obispo fray Domingo de Silos (1824-1853), la atacó duramente desde el púlpito, y la autoridad municipal se mostró igualmente muy combativa contra el pastor. El 31 de marzo de 1839, el cuarto teniente de alcalde, Alsásua, publicó un artículo en el periódico El Tiempo, denunciando que la escuela y misión metodistas eran ilegales y peligrosas y anunciando una guerra religiosa si no se tomaban medidas. El 7 de abril de 1839 Rule recibió del alcalde, Juan Pablo Gómez, la prohibición de mantener celebraciones religiosas. El 23 de abril de 1839 el Gobierno entregó a la legación británica en Madrid una comunicación en la que se decía que Rule había tratado de propagar sus doctrinas en Cádiz “con criminal tenacidad”. La reina confirmaba las medidas tomadas por el alcalde de Cádiz, para “evitar los males que podrían resultar a España de permitir que los gérmenes de la discordia se introdujeran en el país”, e insistía en la necesidad de evitar que en el futuro se introdujeran en las escuelas “las doctrinas que esta secta fanática tan seriamente se esfuerza por esparcir[292]”. El 19 de mayo de 1839 se prohibía la impresión, importación y venta de textos sagrados.

A principios de 1840 hubo un último intento de reavivar la misión metodista de Cádiz. Rule volvió a enviar a James Lyon, que instalado en la calle del Puerto, comenzó a celebrar de nuevo reuniones, tanto entre los británicos como entre los gaditanos, y a impartir clases, poniendo a cargo de la escuela a la maestra Antonia Rodríguez[293]. Rule regresó a Cádiz para visitar su “pequeño rebaño”, pero Alsásua entró en la casa expulsando a los reunidos. El obispo de Cádiz, fray Domingo de Silos, había escrito al gobernador comunicándole que, al saber que “se había introducido nuevamente en esta religiosa ciudad un predicador protestante de la secta de los metodistas”, había encargado al teniente de alcalde que averiguase la existencia de “semejante sectario” (Lyon). El gobernador ratificó los actos de Alsásua y se lo comunicó al obispo, esperando que los hechos servirían para aquietar su “piadoso ánimo”, ante las actividades “de algunos fanáticos” extranjeros que intentan “quebrantar la unidad religiosa de la católica nación española[294]”. Cuando las autoridades de Cádiz iban a detener a Rule, este ya estaba de regreso en Gibraltar[295].

Aunque Rule siempre defendió haber actuado con prudencia en Cádiz, la opinión de Borrow, muy favorable a Rule cuando le conoció en Madrid, en marzo de 1838, cambió en poco tiempo. El 27 de abril de 1838, poco después de haber entrado por el puerto de Cádiz en su tercer viaje a España, escribió una carta a su madre en la que le explicaba que todas las dificultades con que se había encontrado en España se debían a las faltas e imprudencias de otros. Se refería en concreto a la misión de Rule, pues daba como muestra el ejemplo de dos maestros metodistas, que se habían “establecido últimamente en Cádiz” y se habían puesto, según afirmaba Borrow, “a predicar contra la Virgen María[296]”.

La evangelización protestante en Cádiz quedó relativamente estancada, aunque el pequeño núcleo establecido por el metodista no desapareció por completo: durante el año 1841, Rule mantuvo correspondencia semanal con los disidentes gaditanos y realizó dos visitas a la ciudad[297]. Un hecho importante para los ingleses residentes en Cádiz se produjo en noviembre de 1842, cuando un nuevo obispo anglicano llegó a Gibraltar. Entre el 10 y el 24 del mismo mes estuvo en Cádiz y consagró un nuevo cementerio para los ingleses. La ceremonia se efectuó en privado, pues así lo ordenaba la real orden que autorizaba el cementerio, que prohibía además que se erigiese iglesia o capilla y que se exhibiesen símbolos religiosos. Decía la Gaceta Eclesiástica de la Iglesia de Inglaterra, sobre el nuevo cementerio:

“Será un motivo de consuelo para los amigos de aquellos que puedan ser enterrados aquí —en Cádiz—, pensar que sus cuerpos descansarán en suelo consagrado, en vez de, cómo hasta ahora, ser arrojados en la playa en un hoyo bajo el nivel del mar[298]”.

Durante los periodos 1840-1843 y 1854-1856, coincidentes con la regencia de Espartero y el Bienio Progresista, Luis de Usoz y Río utilizó el puerto gaditano para recibir y distribuir libros prohibidos con ayuda del cónsul británico, que hacía de intermediario[299]. El presbiteriano James Thomson, agente de la Sociedad Bíblica, visitó Cádiz en 1848 y realizó un informe sobre las posibilidades de volver a intentar trabajos de evangelización[300]. En 1852 el londinense Thomas Parker, traductor de un libro del gaditano Adolfo de Castro sobre los protestantes españoles[301], comenzó a imprimir y distribuir por Cádiz y otras ciudades del Mediterráneo un periódico protestante titulado El Alba, que alcanzó cierta difusión durante el Bienio Progresista y se continuó distribuyendo con posterioridad[302].

También en 1852 el marinero John Boyne, de la Iglesia Evangélica de Escocia, viajó desde Edimburgo a Cádiz para distribuir ejemplares de la Biblia. El barco que le trajo le sirvió de medio de distribución de sus libros y consiguió que se agotaran las existencias. Tras su regreso a Escocia, y apoyándose en los contactos que había conseguido, se estuvieron enviando habitualmente escritos protestantes a Cádiz, estando entre los receptores José María de Zulueta, Tomás García Luna, Josefa Serrano Martínez y Margarita Barea, que había sido sirvienta de Lyon. En 1855, la llegada de Espartero al poder marcó un momento favorable para el regreso de los evangelizadores protestantes a Cádiz. En noviembre de 1856, el gibraltareño Juan B. Quirrel, que trabajaba en Cádiz como profesor de Inglés, distribuyó textos sagrados y visitó la ciudad de casa en casa para predicar el credo evangélico. Sus tareas no debieron obtener buenos resultados, pues la comisión fue anulada en muy poco tiempo. La distribución de Evangelios en Cádiz había creado la suficiente preocupación en el obispo Juan José Arbolí y Acaso (1853-1863) como para hacerle presentar en 1859 una denuncia escrita, publicada en La Cruz, contra la introducción de “libros malos”, que comenzaba diciendo: “El enemigo del género humano no desiste en su infernal tarea de sembrar cizaña en los campos del gran Agricultor[303]”. En la época posterior al Bienio Progresista se crearon en Sevilla, Granada y Málaga grupos protestantes autóctonos alentados desde Gibraltar por Francisco de Paula Ruet. Entre otros, destacaron como evangelizadores José Vázquez, Fernando Bonhome y Manuel Matamoros.

En vísperas de la revolución de septiembre de 1868 había en Cádiz un grupo evangélico dirigido por Salvador Jiménez. Activo propagandista de la Sociedad Bíblica, convirtió a su esposa y entre los dos lograron formar un pequeño grupo de fieles, entre los que se encontraba José Eximeno, que abriría en 1870 una misión presbiteriana en Zaragoza[304].

2.13.2 Influencia de la libertad de cultos en su implantación.

La sanción de la libertad de cultos de 1869 anunciaba un cambio importante a favor de los protestantes, pues por primera vez podían practicar su culto públicamente dentro de la legalidad. Los metodistas afirmaban ese mismo año que habían efectuado una amplia difusión de la palabra de Dios por España y que no había prácticamente un puerto o ciudad importante que no hubiera sido visitado. Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Cádiz se habían convertido en “grandes centros”, desde los cuales las zonas inmediatas habían “sido trabajadas cuidadosamente”. Sevilla era “el cuartel general de la misión” en el sur de España, y Cádiz, junto con El Puerto de Santa María y Jerez, habían sido visitados. Los metodistas pensaban que la reciente apertura revolucionaria aconsejaba no abandonar. Un agente conocedor de España y su lengua estaba iniciando trabajos para volver[305].

El 14 de mayo de 1869, a punto de aprobarse la libertad de cultos en España, el Sínodo de la Iglesia Unida Presbiteriana recomendó al Comité para las Misiones aprovechar “las favorables ventajas abiertas” para extender el Evangelio en España. Un representante de los presbiterianos visitó España y seleccionó Cádiz como “centro de operaciones”. A comienzos de 1870 se instaló en la ciudad la primera misión presbiteriana[306], que abrió el 1 de mayo de 1870 una capilla y dos escuelas de niños. Su sede se encontraba en la calle Bilbao número 19, contando con dos pastores, Abraham Ben Ollier[307], un judío converso procedente de Gibraltar que había sido vendedor de babuchas en Orán, y el joven Manuel Canencia[308], procurador de profesión, que solía asistir a las reuniones del Casino Republicano, donde se reunían los republicanos más templados de la ciudad[309]. Los recién llegados pertenecían a la Iglesia Reformada Española, surgida tras una asamblea general de distintas congregaciones existentes en España, reunida en 1869 en Sevilla[310]. La casa de la calle Bilbao era demasiado pequeña y todavía en 1870 ya estaban buscando otra de mayor capacidad[311]. Al parecer, y como sucedió en otras partes del país, los neófitos surgidos en Cádiz tras la revolución pertenecían a las clases sociales más bajas de la localidad[312].

La misión debió tener más éxito del esperado, pues mereció la atención del “Padre Cayetano”, pseudónimo usado por el canónigo de la catedral Francisco de Lara[313], que distribuyó entre el público varios folletos, en los que rebatía las doctrinas evangélicas, ridiculizaba a sus pastores y seguidores y restaba importancia a su labor en Cádiz. El “Padre Cayetano”, es decir el canónigo Francisco de Lara, demostró en sus folletos no ser un clérigo especialmente reaccionario. En esa dirección apunta el hecho de haber sido designado canónigo por el Gobierno provisional. Además, sus opúsculos contra los protestantes de Cádiz son a menudo muy duros e inflexibles en el aspecto dogmático y en el terreno de las creencias, pero se muestran respetuosos con las libertades individuales y con cualquier opción política, incluyendo las revolucionarias[314]. Respecto al número de neófitos disidentes de Cádiz no hay datos seguros. Una estimación del “Padre Cayetano”, dada con la evidente intención de ridiculizar la presencia protestante en la ciudad e indicar el bajo nivel social de sus seguidores, permite aventurar que estos podrían sobrepasar las trescientas personas[315].

Uno de los protestantes más conocidos en el Cádiz del Sexenio Democrático fue José Agustín Escudero, nacido en México, que mantuvo relaciones, como el presbiteriano Canencia, con los republicanos[316]. Parece que había ejercido como sacerdote católico en Jaén y en Cádiz, afirmando haber sido ordenado en Roma. Aunque Menéndez y Pelayo asegura que había llegado a Cádiz en 1872, parece que ya en 1868 había instalado en la ciudad una escuela desde la que hacer proselitismo. Escudero, al margen de los presbiterianos de Ben Ollier y Canencia, había fundado en Cádiz la Iglesia Libre Cristiana Española. En sus reuniones se rezaba el rosario y se conservaban muchas prácticas católicas[317].

A finales de agosto de 1872 Antonio Zulueta, presidente de la Asociación de Católicos de Cádiz, y otros cuarenta y tres vecinos, probablemente miembros o simpatizantes de la misma, pidieron a la Alcaldía que pidiera al ministerio fiscal que instruyera “las oportunas diligencias judiciales” contra Escudero, que había estado predicando años antes en Cádiz como sacerdote católico y se presentaba ahora como pastor protestante. La corporación municipal debía haberse mostrado más respetuosa con la libertad de cultos sancionada en la Constitución de 1869, pero acordó que remitir un escrito al juez decano de primera instancia de la ciudad para que tomase la resolución que correspondiese[318]. El juez del distrito de San Antonio inició un procedimiento judicial y el 3 de septiembre de 1872 remitió un oficio al obispo solicitándole que informase detalladamente si Escudero había ejercido en Cádiz o en su Diócesis como ministro de la religión católica y preguntándole si había ejecutado esos actos con la venia episcopal. En 1873 Escudero seguía en Cádiz, sin que se hubiera tomado ninguna disposición judicial en su contra, siendo uno de los promotores de la secularización del cementerio municipal. En mayo de ese año formaban parte de la Junta Directiva de su confesión Juan Moncillo y Bardi como vicepresidente, Enrique Pérez como secretario, y Francisco Feu, Antonio Atienza, Vicente Teninz, José León, Manuel Valverde, Santos Dámaso, Manuel Romero y José Rubianes como vocales[319].

La garantía legal de la práctica, tanto privada como pública, de cualquier culto inserta en el artículo 21 de la Constitución de 1869 dio lugar a un aumento de los fieles protestantes de Cádiz, aunque su número no debería haber sido considerado como preocupante por la jerarquía católica. La vida de los evangélicos, en un entorno hostil, no fue fácil. Hubo determinados momentos, como en junio de 1871 con ocasión de la celebración del vigésimo quinto aniversario del pontificado de Pío IX, en los que los protestantes de la calle Bilbao tuvieron que solicitar a la Alcaldía protección por parte de los agentes municipales, cuestión que el “Padre Cayetano” atribuía a su falta de fe, pues les consideraba incapaces de aceptar la corona del martirio por su condición de “mercenarios asalariados y comerciantes de conciencias[320]”.

La posibilidad de que la libertad de cultos llevase a un aumento imparable de los protestantes en Cádiz constituyó un motivo especial de preocupación para el obispo fray Félix María de Arriete. La lectura personal de la Biblia que propugnan los protestantes les llevaba a la creación de escuelas en los niveles inferiores de la educación como medio de implantación de sus doctrinas. El obispo estaba convencido de la necesidad de contrarrestar la rivalidad protestante por medio de la creación de escuelas católicas gratuitas que atrajesen a niños y adultos, evitando así que fueran captados por los evangélicos. En una carta al Cabildo Catedral decía fray Félix al respecto:

El protestantismo, que no pudo penetrar en España, cuando, merced a la unidad de fe y al ardor religioso de sus hijos era aquella señora de dos mundos, intenta ahora invadirla. Cuando, gracias a las doctrinas disolventes que tienen desquiciado el Orbe, esta noble Nación perdida la grandeza y poderío está supeditada, de algún modo al carcelero del pontífice, la mal llamada reforma agoniza en otros países, y pretende, quiera el Señor que en vano, renacer en el nuestro. Mercaderes de conciencias, con el no muy edificante cortejo de sus mujeres y numerosa prole, discurren por los pueblos, derramando oro y Biblias, explotando la miseria y la ignorancia de los pobres y arrancándoles, como para educarlos y en realidad para perderlos, las inocentes almas de sus hijos[321].

En definitiva, el clero católico de Cádiz arreció su oposición contra los disidentes a partir de la sanción constitucional de la libertad de cultos. En ese contexto se inscriben los folletos de crítica acerba publicados por el “Padre Cayetano”, propalados bajo seudónimo por el temor del autor a que los términos en los que se planteaban pudieran ser objeto de denuncia de los protestantes, puesto que la ley los amparaba.

La actuación de las autoridades locales demostraría a veces que la libertad de cultos era más una consecuencia formal necesaria tras la revolución que una respuesta a la realidad social española. Si la reacción de la autoridad eclesiástica hacia los protestantes durante el Sexenio Democrático fue coherente con el rechazo generalizado del clero español a la libertad de cultos, la de la autoridad municipal no siempre siguió la línea que se podía esperar habiendo sido sus representantes políticos en las Cortes Constituyentes los que habían aprobado la libertad religiosa.

La intolerancia religiosa de los progresistas y unionistas se manifestaría en el problema del uso del cementerio municipal, que será tratado en su momento más extensamente. La actitud municipal de rechazo al uso del cementerio por los protestantes se prolongó durante todo el Sexenio Democrático, con la excepción de los periodos de gobierno municipal republicano. Los cementerios habían sido un punto de fricción entre alcaldes y párrocos desde mucho antes de la revolución. El entierro de protestantes había constituido durante mucho tiempo un problema de difícil solución[322], pues ni tenían cementerios propios ni se permitía que usaran los católicos. Fernando VII autorizó en 1831 el uso de cementerios protestantes segregados de los católicos, con lo que legalizaba una situación de hecho que había comenzado en Málaga. En abril de 1855 se ordenó que los Municipios construyesen cementerios para los que murieran fuera de la comunión católica cuando la necesidad lo demandase y que los entierros se realizaran con el mayor decoro. La cuestión no estaba solventada al producirse la Revolución de 1868 ni se resolvió satisfactoriamente durante todo el Sexenio Democrático. El 17 de noviembre de 1868 el Gobierno provisional había dictado un decreto que recordaba los fuertes conflictos sobre los cementerios entre autoridades civiles y eclesiásticas, producidos por la intolerancia, y expresaba la necesidad de ajustar las condiciones de los cementerios “a los principios que han de servir de base a la nueva era, abierta por la revolución”, pasando a ser de propiedad municipal y administrados por los Ayuntamientos.

En noviembre de 1870 los miembros de la Iglesia Reformada Española, instalados en la Cádiz recientemente y dirigidos por Ben Ollier y Canencia, solicitaron que se autorizase el entierro de los miembros de su confesión en el cementerio municipal, pero su gestión no obtuvo ningún resultado. A partir de ahí, comenzaría un forcejeo entre los protestantes y la autoridad municipal sobre el uso del cementerio municipal, que llevaría al Ayuntamiento a elevar una protesta ante el Gobierno y a ordenar el cierre del cementerio anglicano, basándose en que las leyes prohibían que hubiera camposantos enclavados dentro de las poblaciones. Esa última disposición hizo muy difícil la situación de los protestantes de Cádiz, pues la clausura llevó a la Alcaldía a decidir que los protestantes fuesen enterrados en unas instalaciones provisionales e inapropiadas en las proximidades del cementerio municipal, justificándolo en que este estaba consagrado en su totalidad como católico.

La posterior circular de Sagasta de 16 de julio de 1871 ordenando que se habilitase un espacio dentro de los cementerios católicos donde enterrar a los que no profesaban dicha religión, se encontró con la firme oposición de la mayor parte de los católicos de Cádiz. El capellán del cementerio siguió reclamando a los acompañantes del cadáver la autorización del párroco y no aceptaba la entrada sin ese requisito. Hubo que esperar a que los protestantes enviasen en agosto un escrito al presidente del Consejo de ministros, protestando por las malas condiciones en que se estaban enterrando, para que el alcalde José María del Toro accediese a cumplir la circular de Sagasta, permitiendo que los cortejos fúnebres entrasen en el cementerio municipal por una única puerta, dividida en dos entradas, una que condujera al cementerio Católico y en otra a la zona donde se debía enterrar el resto.

En 1873, la secularización del cementerio municipal decidida por el Ayuntamiento republicano de Fermín Salvochea pareció resolver la cuestión a favor de los protestantes. Pero la medida duraría muy poco tiempo.

CAPÍTULO 3.

EL CONFLICTO ENTRE LA IGLESIA LOCAL Y EL ESTADO

3.1 Reacción católica ante las primeras medidas secularizadoras

Una vez centrado el marco general en el que se desarrolló el conflicto político-religioso español durante el Sexenio Democrático, y los principales agentes locales que intervinieron o influyeron de alguna manera en el enfrentamiento, este capítulo y el próximo analizarán la oposición de la Iglesia católica gaditana a los decretos secularizadores, por una parte, y las relaciones locales derivadas de la política secularizadora del periodo, por otra.

El obispo de Cádiz no se manifestó explícitamente durante los primeros meses de la revolución contra las abundantes medidas legales que afectaban a la Iglesia. Fray Félix trató de mostrar una estricta neutralidad, dejando dejar transcurrir el tiempo y esperando, probablemente, las reacciones del resto del episcopado. Las únicas voces que pronunciaron por escrito en Cádiz entre septiembre de 1868 y enero de 1869 en contra de las medidas secularizadoras o el trato dado a la Iglesia vinieron de los católicos conservadores de El Comercio, que los hicieron en un tono muy moderado. Tampoco se dieron, como ocurrió en otras capitales y localidades españolas, quejas por escrito firmadas por señoras y dirigidas a Serrano como jefe del Gobierno provisional. El periódico moderado se hizo eco entre octubre y diciembre de tres reclamaciones de esta naturaleza emitidas desde Sevilla, de otras tres de Madrid y otras de Jaén, Astorga, Valencia y de El Puerto de Santa María. Todas coincidían en pedir que se revocase la decisión de cerrar la mitad de los conventos de monjas[323].

El único decreto que contó con la oposición expresa de El Comercio durante el mes de octubre de 1868 fue el que declaraba suprimidas las conferencias de San Vicente. El 23 y 24 de octubre el periódico mostraba su asombro de que el Gobierno suprimiera una institución cuya única finalidad había sido la caridad. Las conferencias sostenían en Cádiz una escuela con más de cien párvulos, en la que los alumnos recibían el alimento necesario, y otra para jóvenes de más de diecisiete años. Según el periódico, el ministro Antonio Romero Ortiz no debía haberse percatado de la trascendencia de la medida y debía ser desconocedor del espíritu de la institución, que no era otro que el de llevar la caridad a las personas más desvalidas y procurar enseñarles a leer y escribir.

A partir de noviembre El Comercio, sin entrar a valorar ninguna medida secularizadora concreta de las que se estaban implantando, trató sobre la libertad de cultos que se anunciaba y sobre el error que, en su opinión, cometían los liberales al pretender que la Iglesia católica aceptase sus ideas. El periódico distinguía entre libertad de cultos y libertad religiosa. La primera, en sentido estricto llevaba a la separación entre la Iglesia y el Estado. En España, siendo ínfimo el número de los que no practicaban la religión católica, los que querían la libertad de cultos no lo hacían para sancionar una situación, sino para “hostilizar las instituciones, la autoridad y los derechos de la Iglesia católica”. Pero el interés del Gobierno era proclamar una libertad religiosa, manteniendo sus prerrogativas sobre la Iglesia católica. Puestos a elegir, los católicos conservadores gaditanos decían preferir la libertad de cultos, es decir “la completa autonomía de la Iglesia católica y de cualquier otra confesión, si la hubiera”, antes que una libertad religiosa que permitiría la llegada de otras religiones no asentadas hasta el momento en España.

En lo relativo a la cuestión de la posible aceptación del liberalismo por parte de la Iglesia, los intentos de algunos liberales en esa dirección eran poco realistas en opinión de los católicos conservadores locales, que estaban dispuestos a aceptar que había principios del liberalismo que nada tenían que ver con la autoridad, los derechos o los intereses de la Iglesia, ante los cuales esta no podía ser más que neutral. Pero había otros principios liberales que habían sido expresamente condenados por la Iglesia (recuérdese el Sillabus). Esta no estaba dispuesta a aceptar y no aceptaría nunca, en opinión de los redactores de El Comercio, la libertad para caer en el error de practicar un culto falso; que el Estado pusiera la Razón por encima de cualquier otra autoridad y se constituyera en el único regulador de los actos humanos; que los institutos religiosos fuesen modificados o suprimidos por otra autoridad distinta de la Iglesia; que sus bienes fuesen “de inferior derecho que otros”, y que su enseñanza y sus preceptos no estuvieran amparados por la ley y fuesen obligatorios para los católicos. En definitiva, era inevitable que la Iglesia fuese antirrevolucionaria y también que la revolución anticatólica. No se podía ser católico, según los redactores del periódico, y pedir la libertad de cultos en un país “exclusivamente católico”. En todo caso, la Iglesia podría admitir que el Estado fuese “indiferente a todas las religiones”. Pero si “la escuela liberal” era indiferente en materia de religión no podía pretender que la Iglesia estuviese de acuerdo con ella[324].

El levantamiento armado de Las Barricadas provocó la actuación del obispo, haciendo notar su deseo de mostrarse neutral. Durante el conflicto, fray Félix no distinguió ideologías a la hora de visitar los lugares donde estaban parapetados los insurrectos tratando de ayudar a todos. El 12 de diciembre, una vez acabadas las hostilidades, estuvo visitando a los numerosos heridos ingresados en el hospital militar de la ciudad. El 18 de diciembre envió un escrito al presidente del Gobierno en el que no hacía la menor alusión a los decretos secularizadores recientes y se limitaba a intermediar a favor de los sublevados. Fray Félix imploraba a Serrano piedad para los que se hallaban comprometidos a consecuencia del conflicto armado, que había “llevado el luto, la desolación, la orfandad y la miseria al seno de muchas familias”. Su carácter de prelado le imponía el deber de preocuparse por todos “sin distinción de clase, posición, ni opiniones”. Muchas familias lamentaban en Cádiz la triste situación de sus familiares, sujetos al fallo de los tribunales, y el obispo pedía a Serrano benignidad para que se devolviese “la calma y la alegría al afligido corazón” de los familiares, “que sumidos en el desamparo, la miseria y el desconsuelo tienden sus manos trémulas de dolor y vierten copioso llanto implorando piedad y clemencia para todos”. No solo se trataba de cumplir con su “deber de padre y pastor”, sino de corresponder con “el respeto con que todos sin distinción de clases” le habían tratado durante los días del conflicto armado. El obispo se mostraba dispuesto a ofrecer incluso su vida por todos ellos: “Gustoso y, más que gustoso, alegre lo sacrificaría todo desde este momento si con ello pudiese enjugar tanta lágrima, calmar tanto desconsuelo y llevar la alegría y la paz al seno de tantas familias desgraciadas[325]”. Como se puede observar, no había la más mínima alusión ni oposición a las medidas secularizadoras del Gobierno provisional. Tampoco era el momento adecuado para hacerlo.

La actitud neutral y el celo sacerdotal del obispo gaditano se ganó la admiración de un sector importante de los republicanos. En su opinión, el obispo había mostrado una “conducta evangélica digna de los mayores elogios” durante las tristes circunstancias por las que atravesó la ciudad y especialmente en la homilía que dirigió a los fieles el 20 de diciembre en la catedral, en la que “elogió la moderación de todos cuantos habían tomado parte en la lucha, dio las gracias por el respeto y consideración con que había sido recibido en las barricadas que había visitado (…) y excitó a los fieles y al clero a que socorriesen a los heridos y a sus familias”. El periódico daba una opinión sobre el obispo que muestra el respeto que se merecía entre los mismos que habían alentado la sublevación: “¡Ojalá todo el clero español estuviese animado del mismo espíritu de amor y caridad que nuestro digno prelado! Así es como creemos nosotros que se cumple con la misión evangélica: sobreponiéndose a toda mira política y no viendo en los hombres más que a hermanos[326]”. El obispo encargó a todos los párrocos de la Diócesis que abrieran suscripciones con el fin de socorrer a los heridos y a las familias de estos y de los muertos[327]. Las aportaciones de los gaditanos al Obispado llegaron a la cifra de setenta mil ochocientos cincuenta reales[328].

3.2 Tentativa fallida de incautación del archivo de la catedral

Como se ha expresado en el apartado anterior, la actitud del obispo gaditano fue muy cautelosa durante los primeros meses de la revolución. Esta línea cambió a partir del decreto de incautación de archivos eclesiásticos, en enero de 1869. El 25 de enero, un día antes de la publicación del decreto, tuvo lugar el asesinato del gobernador civil de Burgos, Isidoro Pérez de Castro, cuando se prestaba a incautarse del archivo y obras de arte de la catedral. El crimen dio pie a la prensa conservadora de Cádiz para criticar duramente el decreto. El Comercio, muy prudente hasta ahora en sus críticas contra las disposiciones del Gobierno, se quejaba el 29 de enero del “secreto inquisitorial” con que se habían adoptado las disposiciones sobre archivos y evaluaba muy negativamente el empeño mostrado en que la incautación se ejecutase simultáneamente en todas las Diócesis y evitando que se tuviese conocimiento previo de lo que iba a suceder. El periódico trasladaba parte de la responsabilidad del asesinato del gobernador de Burgos a Ruiz Zorrilla cuando afirmaba: “Líbrenos Dios de disculpar atentados como los que se han cometido en Burgos, pero hay que convenir que no poca responsabilidad alcanza al Gobierno en lo que allí acaba de ocurrir”. El periódico hacía una crítica general a la política que se venía siguiendo desde el inicio de la revolución, que no podía producir, a su entender, “otro resultado que dividir, desorganizar, empequeñecer y anular por completo los elementos que han formado en España el núcleo de los antiguos partidos medios”. La política, según vislumbraba El Comercio, se iba decantando hacia los extremos y la previsión era que los seguidores de la democracia por un lado y los carlistas por otro terminaran enfrentándose, sin que hubiese una fuerza intermedia que pudiera contenerlos, reprimiendo las exageraciones propias de todos los fanatismos. Las masas estaban muy irritadas y la exasperación podía conducirlos “a grandes excesos y a crímenes altamente vituperables”.

La prensa republicana local hacía una interpretación diametralmente opuesta a la de los católicos conservadores. Tachaba de ladrones a los supuestos instigadores del suceso, afirmando que el año anterior habían desaparecido de la catedral de Burgos una alhaja de gran valor y un cuadro que representaba a la Magdalena que había estado situado en la capilla del Condestable. Temiendo los autores que se descubriera la sustracción cuando el gobernador procediese a incautarse de los objetos de arte, habían contribuido “no poco al desagradable suceso[329]”.

La realidad diaria en Cádiz estaba muy lejos de las afirmaciones de los católicos conservadores. Los republicanos de Rafael Guillén, que acababan de hacerse cargo de los asuntos locales, iban a mostrar una moderación muy alejada de los extremos a los que se referían los conservadores. El decreto no dio lugar en Cádiz a ningún enfrentamiento entre autoridades y mucho menos entre ciudadanos. El gobernador civil, Ignacio Rojo Arias, se presentó el 25 de enero en el palacio episcopal, siguiendo las instrucciones de Ruiz Zorrilla, y comenzó a leer el decreto al obispo, que le interrumpió replicándole que no estaba dispuesto a oír las mentiras que a su juicio se vertían en el preámbulo. El obispo se negó a permitirle practicar la incautación y el gobernador le rogó que al menos se le permitiese visitar la biblioteca del palacio. Fray Félix le indicó que podía volver cuando quisiera a título particular y entonces le enseñaría lo que deseara, pero que en aquellos momentos, viniendo para dar cumplimiento a un decreto que no pensaba acatar, no podía acceder. Solo le permitió que visitase la catedral acompañado por el deán Antonio Ramón de Vargas. El gobernador no practicó la incautación ni volvió a visitar a fray Félix. Pocos días después de haber intentado cumplir el decreto, el 4 de febrero de 1869, el Cabildo Catedral supo que Rojo Arias había solicitado a fray Félix la celebración en la catedral gaditana de unas honras fúnebres por el gobernador de Burgos. Fray Félix había accedido y el Cabildo Catedral secundó su decisión, puntualizando que la ceremonia religiosa honraría al fallecido con la misma solemnidad que a los capitulares difuntos[330].

El obispo envió el 9 de febrero un escrito al presidente del Gobierno provisional quejándose del decreto[331]. La protesta planteaba, como ideas principales, el malestar por la falta de confianza hacía los obispos; la injusticia culpar al clero de la ocultación o venta de objetos artísticos o culturales cuando, para en su opinión los responsables eran justamente los liberales, y el error de considerar a todo el clero como reaccionario y combatiente activo contra el nuevo régimen. Por otra parte, expresaba algunos argumentos en contra de la libertad de cultos, no olvidándose de hacer justicia al trato recibido en la ciudad por todos, fieles o no.

Cuando fray Félix afirmaba en su protesta que la visita del gobernador civil para comunicarle la incautación le había producido gran sorpresa, estaba dando a entender que Ruiz Zorrilla había conseguido su objetivo de no dar margen a los prelados para retirar los objetos que iban a ser incautados. Pudiera ser que, aun sabiendo de antemano que el gobernador se iba a presentar, fray Félix hubiese decidido no retirar nada y por eso no le permitió visitar la biblioteca; en cualquier caso, se negó a las pretensiones del gobernador porque quería dejar claro que no estaba dispuesto a cumplir el decreto y que lo consideraba injusto. Fray Félix decía no entender qué temía el ministro de fomento de los prelados cuando dictó el auto de incautación de forma secreta. Los prelados, decía fray Félix, no guardaban cosa alguna ni tenían ya nada que ocultar, y la historia de los ataques contra la Iglesia de España y sus propiedades daba un testimonio irrecusable de esa verdad, pues todo había sido desamortizado o incautado. La “historia verdadera” de la venta y desaparición de bienes eclesiásticos no era que los obispos o el clero hubiesen hecho desaparecer los objetos valiosos de literatura y arte que mencionaba el decreto. Los autores de la dilapidación y venta a extranjeros de esos objetos eran otros: En los años de 1835 a 1837, muchos objetos de la Iglesia, “que con tanto afán y celo custodió el clero por muchos siglos para España” vendieron en el extranjero. Respecto a que hubiese bibliotecas “destrozadas, conducidas en carros para vender al peso obras de exquisito gusto”, decía fray Félix que las quejas al respecto no le correspondían al Gobierno o al ministro de Fomento, sino al clero, pues la responsabilidad de estas pérdidas era de los que mandaron el despojo de la desamortización. No había motivo para las prevenciones que había tomado Ruiz Zorrilla contra los obispos y el clero. Apenas había un objeto artístico en España que no se debiera al clero, pudiendo afirmarse que no había en el país “gloria alguna” que no se debiese a los desvelos del clero o a su influencia religiosa. El clero había costeado monumentos, o había influido en los poderosos para que lo hicieran, y había amparado, protegido y mantenido a artistas célebres. Había ocultado las obras de arte de la Iglesia “de la garra extranjera en épocas de invasión”, por lo que España debía al celo del clero la conservación de muchas obras de arte.

Por eso, resultaba doloroso que el clero fuese mirado con prevenciones y desconfianzas, que resultaban totalmente inmerecidas, y más precisamente ahora, cuando la revolución había conferido derechos a todos los españoles. Decía fray Félix: “Parece que los derechos quedan para todos menos para el episcopado y el clero, que solo merecen la desconfianza, las violencias y los ataques”. El obispo gaditano se preguntaba qué mal había cometido el clero español desde septiembre del año anterior para ser mirado con tantas prevenciones, cuando en ningún momento se había mostrado hostil contra el Gobierno provisional. En su opinión, el clero obedecía al Gobierno y no había hecho nada para entorpecer su marcha, estando siempre dispuesto a “dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César” y eso, que podía jurarlo respecto al clero de su Diócesis, se atrevía asegurarlo sobre el de toda España, “salvo alguna rara excepción”. Los eclesiásticos españoles no se oponían a ninguna forma de Gobierno, y sin embargo, se les miraba con prevención, se les insultaba y se les trataba de reaccionarios, diciéndose y escribiéndose que recibían grandes cantidades de cajas de armamento para entregarlas a la reacción, generalizándose de manera injusta la conducta de unos pocos: “Si desgraciadamente algún eclesiástico turbulento e inquieto se lanza a cometer un desmán o se expresa en términos inconvenientes, todos somos responsables y a todos se nos mide, juzga y sentencia con la misma vara e injusticia”.

Respecto a la libertad de cultos, afirmaba que el único mal que había hecho el clero había sido defender la unidad católica, pero lo había hecho porque la fe católica no era compatible con el error y, además esa unidad era “el sagrado lazo” que había unido siempre a las provincias de España, muy distintas entre sí, pero unidas por una sola fe. De esta manera, al habitual argumento de los católicos conservadores de que no se puede dar libertad para caer en el error, añadía la “función social” de la unidad católica como elemento común de la unidad española. Tampoco se podía negar a los eclesiásticos su derecho a reclamar que fuera “una verdad la libertad de asociación y de enseñanza a favor de la Iglesia y sus ministros, que por serlo no dejan de ser españoles”. Por eso vindicaba los derechos de las comunidades, congregaciones y conferencias, “esencialmente populares y sin mezclas políticas como falsamente se ha dicho y escrito”.

El obispo no dejó la ocasión para reconocer, antes de finalizar el escrito, que desde el comienzo de la revolución había sido atendido y respetado por las Juntas, por el Ayuntamiento y por todas las autoridades de Cádiz. Si se quejaba no era por la situación de la ciudad, pues a pesar de ciertos atentados de poca importancia e insultos de algunos en los primeros momentos de la revolución, no podía quejarse del trato dado al Obispado y a su misma persona en la ciudad, pues, afirmaba explícitamente: “Vivo entre unos hijos amantes a los que a su vez amo con pasión”.

Casi coincidiendo con la reclamación de fray Félix se abrían las Cortes Constituyentes. En Cádiz no se había organizado todavía una sección de la Asociación de Católicos, que como es sabido enviaría a la Cámara un manifiesto con gran cantidad de firmas desde todos los puntos de España a favor de la unidad católica. Aun así, el número de seguidores gaditanos de la unidad católica queda comprobado con la remisión desde la capital de un escrito a las Cortes, con más de seis mil quinientas firmas en ese sentido[332].

3.3 Reacción del obispo contra los decretos de agosto de 1869 sobre el acatamiento constitucional

Fray Félix fue uno de los últimos obispos en cumplimentar el decreto de 5 de agosto de 1869, que pedía informes sobre las medidas tomadas contra los eclesiásticos no apoyasen el orden constitucional y realizasen actividades a favor del carlismo. El obispo utilizó la circunstancia de encontrarse de visita pastoral para justificar el retraso en su respuesta, pero tal vez la dilación se debiera más a su deseo de esperar hasta ver el contenido de las respuestas de otros prelados. Su comunicación, publicada en la Gaceta de Madrid el 31 de agosto[333], llena de ironías y muestras de desagrado por el trato dispensado al clero, utilizaba sin embargo un lenguaje respetuoso que podía ser interpretado como sumiso hacia las disposiciones del Gobierno.

Decía el prelado haber leído el decreto con gran sorpresa, pues se encontraba en una provincia en donde el liberalismo estaba “infiltrado hasta en las piedras” y formaba “la atmósfera general” en la que vivían seglares y clérigos. Se mostraba igualmente extrañado de que se presumiera que podía haber algún carlista en la provincia de Cádiz o algún clérigo que apoyara, auxiliara o fomentase los planes carlistas. Aclaraba que los eclesiásticos de Cádiz no se ocupaban de cuestiones políticas, pues “como hijos de sus padres”, no tenían nada que ver con estas ocupaciones, a pesar “de haber sido perseguidos de muerte en los fervores de la revolución de septiembre, acudiendo a la casa del obispo a guarecerse o ampararse”. (Se refería probablemente a los acontecimientos del día de la Virgen del Rosario y a los intentos de atacar a la persona del canónigo José María Morote cuando hizo algún comentario contra el derribo de los Descalzos). Aunque sus haberes “se les negaban a título de libertad”, no habían expresado la más mínima queja, ni se habían separado de su puesto, ni habían “pensado en otra cosa que en sufrir por Dios y amar a sus hermanos fueran del color político que fueren”, postura en la que seguían fielmente a su obispo.

Después de dar constancia de su convicción de que los liberales estaban persiguiendo sin motivo a los clérigos en nombre de la libertad y de que la actuación de los sacerdotes de su Diócesis era impecable, añadía que no tenía sobre quién hacer recaer penas canónicas, ni las conocía con aplicación al caso que planteaba el decreto. Lo que sí tenía “como una verdad de bulto” era que “toda advertencia, prevención o circular al clero sobre respeto a la autoridad constituida”, no solo era inútil, “sino de mal efecto para las gentes”, que podían “alarmarse y suponer lo que no existe”. Fray Félix garantizaba a Ruiz Zorrilla que él se había preocupado de “inculcar esas doctrinas” al clero de Cádiz y le comunicaba que pocas horas antes de tomar la pluma se había dirigido de palabra y por escrito a todos sus diocesanos para tratar el asunto.

De alguna manera, el obispo respondía a los reproches de Ruiz Zorrilla con una reprimenda, pero al mismo tiempo se mostraba respetuoso con la situación política en lo que no concerniese a cuestiones religiosas. Aceptaba explícitamente la posibilidad de que algunos clérigos de su Diócesis, aunque no actuasen de la forma que describía el decreto, podían tener “sus pensamientos” al respecto. Pero decía:

A ese santuario no llegan las atribuciones del obispo, muy condescendiente en punto a opiniones humanas que en nada afecten los intereses de la religión católica, apostólica y romana, porque, a Dios gracias, el obispo de Cádiz sabe también respetar las verdaderas y nacionales libertades concedidas a los españoles en orden a ideas y opiniones que no salen de la esfera de la discusión.

En esta frase el prelado se mostraba formalmente respetuoso con las libertades promulgadas por la revolución. Pero, teniendo en cuenta que se refería solo a las “verdaderas”, y siempre que no afectase a los intereses de la religión, y teniendo en cuenta que estaba convencido de que la libertad de cultos y la de expresión sí afectaban a dichos intereses, en realidad estaba dando a entender que no era condescendiente en ese aspecto. Pero el tono era formalmente muy moderado y respetuoso, y eso era lo que pretendía el ministro Ruiz Zorrilla, que había hecho del decreto un pretexto para que los obispos entendiesen que debían mostrar sumisión hacia el Gobierno y la Constitución y obligar a sus diocesanos a que lo hicieran igualmente.

Poco antes de la contestación de fray Félix, el 21 de agosto, los católicos conservadores gaditanos comentaban en su prensa la frecuencia con que los periódicos revolucionarios e incluso la Gaceta de Madrid publicaban noticias sobre la insurrección carlista que hacían creer que todo el clero estaba en abierta rebelión contra el Gobierno y mezclado en maquinaciones facciosas para favorecer la causa de don Carlos. Eran muchos los nombres de sacerdotes que se daban diariamente al público, denunciándolos como conspiradores y rebeldes. Estas noticias, en opinión de los defensores del clero, mezclaban intencionadamente la realidad con falsedades, no aportando pruebas. Para ellos, la prensa revolucionaria había orquestado una persecución sin pruebas, exagerando la realidad ante las detenciones de algunos sacerdotes, cuando la verdad era que la inmensa mayoría del clero español se limitaba a mantener una actitud resignada y pacífica. Los católicos gaditanos más próximos a la postura de fray Félix coincidían con él en que el número de los que, “faltando sin duda a sus deberes”, habían tomado las armas para defender por medios violentos la causa carlista, era muy corto. La conducta de esa ínfima minoría era “contraria a la misión de paz y de caridad del sacerdocio” y “digna de la más severa censura”. Pero lo anterior no autorizaba al Gobierno a afirmar que esa era “la conducta de la inmensa mayoría del clero español”. El clero no estaba satisfecho de la “angustiosa situación” que atravesaba el país ni podía ver sin honda preocupación los ataques que se hacían “a cada instante a la religión católica, a la única religión que profesan los españoles”. Pero esto no se debía interpretar como una “rebelión contra los poderes bien o mal constituidos”. La situación descrita por los católicos conservadores gaditanos en su prensa era bastante ajustada en lo referente a Cádiz, en la que no hay constancia de un solo sacerdote que apoyase expresamente la causa carlista.

El decreto de 6 de septiembre fue estimado por la prensa católica militante gaditana, como un intento de Ruiz Zorrilla de separar a los obispos españoles, estableciendo arbitrariamente un nutrido grupo que parecía seguía patrióticamente las directrices del Gobierno, otro sobre el que se mantenían dudas y un tercero que quedaba marcado como desobediente a la autoridad. El Comercio lo calificó el 12 de septiembre como “una ridícula pretensión del ministro de Gracia y Justicia de provocar divisiones entre el Obispado católico estableciendo como doctrina común que hay una parte de los obispos que interpreta diferentemente a otros las prescripciones canónicas”.

Fray Félix envió el 14 de septiembre un escrito, mucho más crítico que el anterior, a Ruiz zorrilla, que se publicó en El Comercio el día 22. En él expresaba que nunca había experimentado “tantas violentas sorpresas” como las que había sufrido en el corto espacio de un mes. La primera fue la que le produjo el decreto de 5 de agosto; después, con el decreto de 6 de septiembre, se había visto incluido en una acción de gracias a la que estaba convencido de no haber dado motivo, contemplando por otra parte “la segregación de prelados beneméritos”, a los que se hacía merecedores de penas judiciales. Fray Félix aclaraba que con su anterior escrito no había pretendido mostrar ningún tipo de adhesión al contenido del decreto de 5 de agosto, sino que se había limitado a decir la verdad. Calificó expresamente a su preámbulo, como “repugnante e injusto por su generalización”. El preámbulo del decreto de 6 de septiembre le había afectado igualmente, porque él no pensaba haber hecho nada especial, sino cumplir su tarea con su “ejemplarísimo clero” y sus fieles, fuesen absolutistas, monárquicos o republicanos.

Respecto a las manifestaciones del decreto de 6 de septiembre sobre la necesidad de contar con el elemento moral de la Iglesia en las civilizaciones modernas, fray Félix aseguraba que detestaba con toda su alma cualquier civilización que no estuviera “fundamentada en los eternos e inalterables valores de la justicia y razón eterna de Dios”. Si Ruiz Zorrilla deseaba que la Iglesia, representada por los prelados, apoyase al Gobierno, no lo iba a conseguir con amenazas o decretos terminantes, sino haciendo que el Gabinete defendiera los principios de la Iglesia. Fray Félix decía no dudar que Ruiz Zorrilla deseaba la armonía entre ambas la Iglesia y el Gobierno, como también la deseaban los obispos; pero, si el Gabinete quería obtener esa armonía, tenía que supeditarse a las condiciones de la Iglesia. Si los ministros actuaban “sin olvidar nunca los eternos principios de la verdad de Dios” y teniendo a la vista las doctrinas condenadas en el Syllabus, los prelados los mirarían “no como simples empleados o meros hombres, sino como a representantes de Dios y de su poder”. En definitiva, fray Félix pedía nada menos que el Gobierno renunciase a ser el producto de una revolución liberal, con lo que, tal vez inadvertidamente por su parte, estaba transmitiendo al ministro la conclusión que no había posibilidad de lograr un entendimiento entre una Iglesia apegada a la tradición y a la verdad absoluta y un régimen revolucionario liberal-democrático como el que defendía el Gobierno.

El decreto de 6 de septiembre pretendía, en opinión del prelado, dividir a los obispos y esto no era posible porque todos habían consignado los mismos principios. Fray Félix aseguraba que había querido expresar al Gobierno lo mismo que los prelados a los que el decreto pretendía someter a los tribunales de justicia. Por eso pedía al ministro que le transmitiera al regente que tenía “a honra contarse en el número de los encausados”. El obispo quería hacer ver a Ruiz Zorrilla la gravedad que encerraba juzgar a los que estaban “puestos por Dios para enseñar, regir y gobernar a su Iglesia” y tenían por ello “una misión divina en su origen”.

Antes de acabar el escrito criticó abiertamente la libertad de expresión y afirmó que “en la época de la España con libertad y con honra iniciada en septiembre del año anterior” se escribía “mucho y malo”, constituyendo una contradicción manifiesta la conducta del Gobierno, que permitía la libertad de expresión y actuaba mientras tanto tan duramente contra unos prelados que se habían limitado a quejarse de los injustos cargos que se hacían al clero. La supeditación del clero al Gobierno pretendida por Ruiz Zorrilla era inadmisible a los ojos del obispo de Cádiz, pues “los derechos divinos del episcopado” y su potestad para expresarse con “santa libertad evangélica” no dependían “de órdenes y circulares de Gobiernos humanos”.

3.4 Negativa de fray Félix a jurar la Constitución

Los Gobiernos de la regencia se empeñaron en imponer la adhesión del clero a la Constitución al mismo tiempo que iban aprobando una serie de leyes de desarrollo de la misma que hacían aumentar la resistencia eclesiástica al régimen de manera significativa. La primera reacción de la autoridad eclesiástica gaditana ante la promulgación de la Constitución fue evitar cualquier gesto que se pudiera interpretar como de aceptación o condescendencia hacia la misma. El obispo se encontraba fuera de la capital cuando se celebró el acto de proclamación, en una visita pastoral que había iniciado el 9 de abril. El gobernador eclesiástico, Vicente Roa, ni siquiera contestó al escrito del Gobierno de Provincia, recibido el 5 de junio, invitándole a participar en los actos que se iban a efectuar a las dos y media del día siguiente en la plaza de San Antonio[334]. El Cabildo Eclesiástico recibió la invitación el mismo día 6 de junio a las diez y media de la mañana. Aunque llegaba un poco tarde, había tiempo suficiente para asistir, pero no hubo acuerdo ni contestación, limitándose la institución a dar por recibido el oficio[335].

El gobernador militar de Cádiz publicó en la Orden de la Plaza del día 5 de junio la designación de comisiones para asistir al acto, que consistiría en la lectura de la Constitución y un desfile de la fuerza militar ante las autoridades[336]. Los católicos gaditanos opuestos a la revolución dejaron el 8 de julio hicieron constar en El Comercio que la ceremonia había contado con muy poco público, lo que interpretaban como muestra inequívoca de la indiferencia de los gaditanos por la nueva Constitución. Habían asistido todos los funcionarios públicos, civiles y militares, y representaciones de algunos pueblos, pero tan solo un eclesiástico, el párroco castrense, sin duda porque estaba obligado por su condición de militar.

Tras la supresión de sus haberes al clero que no jurase la Constitución, acordada en noviembre de 1869, y el decreto de 17 de marzo de 1870 dando un mes de plazo para que el juramento se formalizase, el obispo gaditano remitió el 8 de abril una comunicación a todos los sacerdotes de la Diócesis ordenándoles que se abstuvieran de prestar el juramento hasta que no les diese instrucciones concretas[337]. El 18 de mayo comunicó al regente Serrano su intención de no prestar el juramento[338], aclarando que la decisión la tenía tomada desde que el Gobierno publicó el decreto y que si no había comunicado de inmediato su negativa fue porque no quería que se juzgara su respuesta como precipitada o irreflexiva y por esperar las contestaciones aclaratorias de Roma sobre la licitud del juramento con ciertas salvedades y precauciones “para remediar el escándalo que pudiera causar en los verdaderos fieles”. Al no haber al Concilio, fray Félix había esperado a la comunicación de los prelados que estaban en Roma. Entendía, siguiendo a la gran mayoría de la jerarquía eclesiástica española, que la autorización de la Santa Sede a efectuar el juramento de la Constitución no significaba que hubiese una obligación de hacerlo. Aclarando que escribía en su nombre y en el de todos sus diocesanos, fray Félix comunicó formalmente a Serrano que no podía jurar, expresándole que esta circunstancia no debía ser interpretada como resistencia al régimen, sino como confirmación de “la lealtad y profunda adhesión del episcopado y clero español a sus principios y convicciones”.

Sabía que la negativa confirmaría la privación al clero de sus haberes, pero estos no eran para él más que “una mezquina indemnización” por los inmensos bienes que el Estado había sustraído a la Iglesia. Pero lo importante, decía el obispo, era que la honra, “más valiosa que el dinero”, quedaba salvada. Los fieles y la providencia estaban esperando para dar a la Iglesia cuanto necesitase. Además, en los primeros tiempos de la Iglesia “no hubo presupuestos para el clero y sobró la libertad e independencia de la Iglesia”. Este deseo de independencia de la Iglesia que expresaba fray Félix es una constante en sus ideas. Su modelo de Iglesia independiente debe interpretarse como una aspiración a la vuelta a una Iglesia tradicional, libre de la tutela y control regalista o liberal. Por otro lado, la negativa del Gobierno a pagar sus haberes al clero que no jurase la Constitución le parecía a fray Félix suficiente motivo para no jurarla, por más que estaba convencido de que esos haberes no debían condicionarse al juramento en cuestión, pues su concesión provenía de lo acordado en el Concordato de 1851.

A pesar de su rotunda negativa, fray Félix, quiso hacer constar que el clero de Cádiz no tenía intención de conspirar contra el régimen, al decir a Serrano: “Puede estar seguro y firmemente persuadido de que ni el obispo ni el clero tienen ni abrigan otros planes que los que su conciencia les dicte, y pongo a Dios por testigo”. Más explícito fue cuando le aseguró a continuación que, sin necesidad de juramento, tanto él como sus diocesanos respetarían cuanto procediese de la autoridad del regente y la del Gobierno, “sin estorbarles para nada ni levantar ni ondear bandera alguna más que la de la Iglesia católica romana”. Con estas afirmaciones, fray Félix pretendía despejar las crecientes dudas que surgían hacia el clero, al que se acusaba desde la prensa afín a la revolución de conspirar contra el nuevo régimen y alentar a los carlistas.

Los miembros del Cabildo Catedral se adhirieron formalmente a la negativa de su obispo el 23 de mayo de 1870 enviándole una comunicación en la que le transmitían “la más viva satisfacción” por su escrito al regente: Al leer el “notable documento lleno de celo y rigor episcopal”, los capitulares se congratulaban de haber dado al obispo su voto de confianza para que pudiera actuar en su nombre y representación para “defender la inmunidad y libertad de la Iglesia y el decoro de sus ministros”, voto que le reiteraban, adhiriéndose por completo a la resolución episcopal de negarse “respetuosamente a prestar un juramento repugnante a la conciencia y dignidad del clero Español[339]”.

3.5 Reacción del prelado ante el establecimiento del matrimonio civil

La prensa conservadora católica de Cádiz apenas prestó atención a la ley de matrimonio civil, más preocupada en estos momentos en la proclamación de la infalibilidad del papa, la abdicación de la reina Isabel, la candidatura al trono de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarigen y el estallido de la guerra entre Francia y Prusia. El obispo de Cádiz sí mostró su preocupación por la cuestión incluso antes de que se promulgase la ley. El 7 de enero de 1870, cuando conoció que había un proyecto de ley para instaurar el matrimonio civil, dirigió un escrito de queja al regente, con cuyo contenido dijo más tarde estaba seguro de “haber demostrado hasta la evidencia” que el carácter de Sacramento del Matrimonio católico impedía al poder civil legislar sobre él, ni siquiera bajo su aspecto de contrato, “puesto que ligados fuertemente entre sí ambos conceptos y definida terminantemente su ejecución en el Santo Concilio de Trento, no es lícito a los legos poner su mano en el Santuario de Dios[340]”.

En agosto de 1870, con la ley ya aprobada, fray Félix envió a los párrocos de la Diócesis instrucciones sobre la forma de proceder al respecto[341]. Les decía que desde que se supo que estaba próximo el establecimiento del “llamado matrimonio civil”, no había omitido los medios que tenía a su alcance “para estorbar la implantación entre nosotros de ese desgraciado invento de estos últimos tiempos de resfriada fe, tan ocasionado a turbar la paz de las conciencias como la tranquilidad y el concierto de las familias”. Recordaba que en la solicitud al regente efectuada en enero de 1870, le había pedido que se relegase al olvido el proyecto de ley del “llamado matrimonio civil”. Pero su petición había tenido el mismo infortunado éxito que las que con el mismo fin había enviado el resto de los prelados españoles. Lo que era proyecto, convertido ya en ley, iba a entrar en vigor en septiembre.

El obispo estimaba que no podía dejar de dar las instrucciones pertinentes a sus párrocos y a todos aquellos que intervenían en la confección de los expedientes matrimoniales “en perfecta armonía con la doctrina y el espíritu de la Iglesia”. Les ordenaba que leyesen y estudiasen la instrucción dada por la Sagrada Penitenciaría “para hacer frente a los males del llamado matrimonio civil al establecerse en Italia[342]” y que, valiéndose de los medios que les sugiriese “su discreción, su celo y su prudencia”, inculcasen a los fieles el “riguroso deber” que tenían “de recibir el Santo Sacramento del Matrimonio según lo dispuesto por la Iglesia misma, antes de presentarse al magistrado civil para llenar los requisitos de la nueva ley”. Una vez cumplido el Sacramento, los fieles no debían omitir la celebración del matrimonio civil porque tal omisión podría ocasionarles “inconvenientes gravísimos no ya en el orden civil, sino hasta en el moral y religioso”. Los párrocos debían advertir a los desposados del deber de presentarse a la autoridad civil para cumplir con su obligación legal. Respecto a los que, no habiendo contraído el Sacramento del matrimonio, pretendiesen el bautismo de sus hijos, los párrocos debían hacerlo en la forma ordinaria, pero cuidando mucho de expresar en la partida los nombres de los padres del bautizado y añadiendo la expresión “No casados ante la Iglesia”. Si los padres tuviesen además algún impedimento canónico que constase a los párrocos, estos debían expresar en las partidas que no estaban “casados ni dispensados por la Iglesia”. Por último, si ocurriera que algunos in articulo mortis se encontraran viviendo unidos tan solo bajo la salvaguardia del “llamado matrimonio civil”, esta unión debía estimarse para los efectos canónicos y religiosos como reprobada. Esto último daba lugar a consecuencias muy desagradables para los familiares de los que fallecieran sin estar casados por el rito católico, pues implicaba la negativa de los capellanes a enterrarlos en camposanto.

Los componentes del Cabildo Catedral no dieron muestras de sentirse especialmente molestos con la ley de creación del matrimonio civil. De hecho, su contaduría propuso que, en vista de la puesta en vigor de la disposición legal a partir del 1 de septiembre de 1870, se exigiese a las agraciadas con dotes para casarse, además de la partida del matrimonio eclesiástico la de dicho enlace civil. El Cabildo Eclesiástico aprobó esta proposición “fundándose en la conveniencia de revestir de efectos civiles al otorgamiento de las dotes”, decisión de la que tan solo disintió el canónigo doctoral Fernando Hüe, que argumentó que cuando los fundadores crearon los patronatos correspondientes no podían referirse más que al matrimonio eclesiástico, ya que no existía otro, como condición para conceder las dotes correspondientes[343].

3.6 La celebración del vigésimo quinto aniversario de Pío IX

Ya se ha tratado sobre las actividades del obispo gaditano a favor de la creación de escuelas católicas y las iniciativas escolarizadoras y catequéticas de la Junta de Damas y de la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción, así como sobre las actividades de la Asociación de Católicos en Cádiz. Todas estas acciones constituyen un claro antecedente del “Movimiento Católico”, una forma práctica de oponerse al “Movimiento Secularizador” adaptándose a las nuevas circunstancias y tratando de oponer actuaciones positivas que contrarrestasen la creciente secularización y sirviesen de propaganda católica. En esa línea, el fomento de la adhesión popular a Pío IX, iniciada a partir de la pérdida de los Estados Vaticanos, y con ella del poder temporal del papa, buscaba movilizar a los católicos como forma de resistencia a las medidas secularizadoras[344]. El vigésimo quinto aniversario de la llegada de Pío IX al pontificado se dio en unos momentos en que la oposición eclesiástica estaba aumentando en España a causa de la llegada al trono de Amadeo de Saboya, hijo del autor de la pérdida del poder temporal de la Iglesia. Era una buena ocasión para fortalecer el ánimo de los católicos y dar una prueba a los poderes públicos de que había una abrumadora mayoría de católicos dispuestos a demostrar su apoyo incondicional a la Iglesia, por encima de la política secularizadora imperante. La visión de los católicos más intransigentes era que Pío IX había llegado a cumplir los veinticinco años de pontificado a pesar de la persecución inaudita a que le habían sometido los autores de una larga serie de extravíos y errores que estaban pervirtiendo el orden social, el cual solamente podía restaurarse siguiendo la palabra infalible del sumo pontífice[345].

Los ultramontanos de Cádiz habían estado desplegando desde mayo de 1871 una labor de propaganda sin precedentes para lograr una afluencia masiva a los actos conmemorativos del aniversario, que hiciera ver a los “enemigos del catolicismo” que no contaban con el apoyo de la inmensa mayoría de los gaditanos. El Comercio se volcó en la ocupación de difundir los trabajos de la Asociación de Católicos de Cádiz para organizar el evento. El 18 de mayo publicó un mensaje preparado para enviar al santo padre por la asociación, alabando entre los grandes hechos del pontificado “el espectáculo de un gran concilio Vaticano celebrado a la faz de la impiedad moderna”. El escrito se encontraba en la sede de la asociación, a disposición de todo aquel que deseara firmarlo antes de su remisión. La asociación abrió una colecta con el fin de remitir lo recaudado al Consejo Superior de la Juventud Católica, la cual se iba a encargar de enviar a Roma todo lo reunido en España. La cantidad conseguida confirma una adhesión muy amplia en Cádiz. El 20 de mayo, a poco de iniciarse la recogida de dinero, ya se habían conseguido unos ingresos de mil quinientos treinta y un reales. Once días después, el 31 de mayo, la suma que se publicó como definitiva se elevaba a veintidós mil ochocientos reales, que se remitieron el mismo día a Madrid. Se habían estado recogiendo limosnas en todas las parroquias de Cádiz, en la tesorería de la Asociación de Católicos, en la escuela católica de Nuestra Señora del Rosario y en la redacción de El Comercio.

El Cabildo Catedral y el obispo organizaron otra colecta, para los gastos que iban a suponer los actos. La relación de las limosnas de organismos oficiales, asociaciones y ciudadanos, con un total de trescientos setenta y siete ingresos, ascendió a cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta reales, con aportaciones que iban desde los cuatro mil reales hasta muchas de un solo real[346]. Además de las aportaciones referidas, hubo otras anónimas recaudadas en mesas petitorias que se distribuyeron por los alrededores de la catedral, y suscripciones hechas por algunas personas, conventos e iglesias de la capital. Esta aportación suplementaria produjo un total de nueve mil ochocientos veinte reales con cincuenta céntimos[347].

Si se suman la recaudación de la Asociación de Católicos para enviar a la Santa Sede y la del Obispado para celebrar los actos en Cádiz, el total recaudado en poco más de un mes fue de setenta y tres mil trescientos noventa y ocho reales con cincuenta céntimos, cifra que no tiene precedentes entre las suscripciones populares realizadas en Cádiz durante el Sexenio Democrático. Hay que matizar, no obstante, que había buena cantidad de aportaciones relativamente elevadas, con lo que el número de donantes suponían un porcentaje reducido para el total de habitantes de Cádiz. En los pueblos de la Diócesis también se hicieron colectas para la celebración de la capital, aunque la cantidad recaudada fue mucho menor[348].

El día 20 de junio hubo un repique general de todas las iglesias de Cádiz entre las doce y la una del mediodía y entre las ocho y las nueve de la noche. Muchas casas estaban engalanadas con colgaduras y “empezó a notarse gran animación en el vecindario”. Por la noche se iluminaron la catedral y las parroquias del Rosario, San Antonio y San Lorenzo, además del seminario conciliar y las escuelas católicas de las calles de San Rafael y Bilbao. Igualmente, se iluminaron las sedes del Círculo Moderado, la Asociación de Católicos y el Casino Gaditano. Sin embargo, los edificios públicos no se engalanaron ni iluminaron, aunque los conservadores opinaban que “tampoco hacía gran falta para completar el animado cuadro”. La excepción eran las casas consistoriales, que con su ornamentación habían “respetado los sentimientos del pueblo que representan”. Por la noche hubo música frente a la catedral y a la parroquia de San Antonio con gran animación en las calles, no produciéndose ninguna alteración del orden. El día 21 los repiques fueron aún más insistentes, pues comenzaron prolongándose durante una hora a partir de las cinco de la mañana, y se repitieron de diez a diez y media de la mañana, de doce a una del mediodía y de siete a ocho de la noche. A las ocho de la mañana se celebraron misas en todas las iglesias de Cádiz, desde la catedral a la más pequeña capilla privada. A las once menos cuarto de la mañana se celebró una nueva misa en la catedral con la presencia del obispo, seguida de un tedeum y la bendición papal. Y a las cinco menos cuarto de la tarde se celebró una misa cantada en la catedral[349].

Una vez terminados los actos, el Obispado publicó la relación de gastos ocasionados. Los más importantes fueron: tres mil ochocientos reales en el pago a los músicos que habían intervenido en las celebraciones de la catedral, tres mil trescientos ochenta y uno en cera, dos mil setecientos cincuenta y cuatro en alquiler de lámparas y mil quinientos en la iluminación de la fachada de la catedral. Como sobraba dinero, se emplearon cinco mil ciento setenta y seis reales para dos mil hogazas de pan, mil doscientos sesenta para calzado de treinta y seis niñas pobres y dos mil doscientos setenta y cuatro para vestir a veintisiete niños pobres. Después de todos esos gastos todavía sobraban diecisiete mil ciento treinta y cuatro reales, que se distribuyeron entre diversas instituciones católicas[350].

El mismo día de la celebración, la prensa católica conservadora se encargó de alabar, a través de El Comercio, el éxito de la celebración, presentándola como una muestra de que el pueblo seguía marchando al lado de la Iglesia católica. El “fervoroso entusiasmo de Cádiz” era el mismo que brotaba “estos días de las almas de millones y millones de seres humanos”. Y esto se había producido porque se iba a rendir tributo no “a uno de esos guerreros afortunados, a alguno de esos tribunos de las muchedumbres, a alguno de esos caudillos de las revoluciones triunfantes”, sino a alguien “abandonado por todos los poderes humanos, desposeído de su corona de rey, materialmente preso en su palacio”. Pío IX era “el campeón de la fe y la verdad en estos tristes tiempos en que tantas conquistas hacen el escepticismo y el error”; era “la víctima augusta de la impiedad de nuestros días, la piedra inquebrantable a donde han ido a estrellarse todas las tentativas del fariseísmo moderno para arrancar concesiones que alterasen la pureza de la doctrina santa del evangelio”. Los “buenos católicos” debían vestirse de gala y “hacer ostentación pública del júbilo que embriaga todos los corazones, acudiendo a postrarse al pie de los altares para dar gracias a Dios Omnipotente por la protección que concede a nuestro Santísimo Padre”. Cádiz, “la culta y católica Cádiz”, debía ocupar “el puesto distinguido a que le dan derecho los nobles y levantados sentimientos de sus hijos”.

La participación popular en el acto religioso celebrado en la catedral a las diez y media de la mañana del día 21 de junio fue tan numerosa que se tuvo que autorizar que entrase público en el coro. Según afirmaba El Comercio el día 22, había asistido el Ayuntamiento en pleno (no fue así, pues asistieron diecisiete concejales), así como los gobernadores civil y militar. El obispo pronunció un extenso sermón, en el que presentó “en toda su triste realidad las iniquidades de los novadores del día contra el pontificado”. Finalizada la misa, el prelado entonó el tedeum, finalizando la ceremonia sobre las dos y media. Por la tarde, el obispo, acompañado por el Cabildo Eclesiástico, condujo en procesión al Redentor alrededor del templo, acompañado por centenares de fieles con cirios, concluyéndose el acto a las ocho de la noche. En las parroquias y en las iglesias de los conventos de religiosas tuvieron lugar igualmente cultos consagrados a la festividad. La ciudad estuvo engalanada y “poquísimas casas aparecían sin colgaduras”. Cádiz había puesto, según afirmaban los católicos conservadores, “muy alta su reputación de religiosidad y cultura”.

El día 28 el obispo se dirigió por escrito a sus diocesanos dando las gracias por la adhesión, participación y limosnas recibidas para subvenir los gastos ocasionados por el acontecimiento. Se mostraba impresionado por la demostración de fe de los gaditanos. Había publicado previamente una pastoral para pedirles que diesen “público testimonio de fe, adhesión y respeto al Padre Santo” en la confianza de que no iban a negarle “una cooperación, que por cierto no sería más que la continuación de la constante y afectuosa” que siempre le habían dispensado. Pero nunca se había imaginado que iban a responder con tanto entusiasmo. La piedad de los gaditanos había sido “tan tierna y fervorosa” que el obispo se sentía ligado a sus fieles “con profunda gratitud”. Fray Félix destacaba las aportaciones económicas de los fieles y publicaba en el mismo Boletín Eclesiástico en el que se dirigía a ellos para agradecerles su respuesta incondicional, la suma que habían aportado con el fin de solemnizar el acontecimiento prodigioso, así como el detalle de la inversión realizada, a los que daba publicidad para que quedase constancia del “cristiano desprendimiento” de los gaditanos. También daba las gracias, además de al Cabildo Catedral y a todos los eclesiásticos de Cádiz, al Ayuntamiento, no solo por su asistencia a los oficios divinos, sino por los “demás obsequios tributados en honor de Su Santidad”. Y finalizaba transmitiendo el telegrama recibido del Cardenal Antonelli, “contestando al de reverente y ardorosa felicitación que por su autorizado conducto se dirigió a Su Santidad el memorable día 21”, y transmitiendo el agradecimiento del papa[351].

Los conservadores gaditanos en materia religiosa se volcaron con el aniversario de Pío IX en lograr una muestra incontestable de los valores tradicionales de la Iglesia. No hay constancia de una sola alteración del orden. En el ámbito nacional, la prensa revolucionaria interpretaba las manifestaciones de fervor por Pío IX como favorecedoras de los intereses del Carlismo e incluso subvencionadas por los reaccionarios. Los católicos conservadores, por el contrario, insistían en que la afirmación católica había sido espontánea e independiente de cualquier interés de partido.

3.7 Intolerancia del obispo ante la circular sobre cementerios

La entronización de Amadeo de Saboya aumentó las tensiones entre el episcopado español y el Estado. La Santa Sede presentó como condición para aceptar a la nueva dinastía una reparación de todos los agravios causados por la revolución española, pero los Gobiernos de Amadeo no rectificaron ni una sola ley. La hostilidad de la Iglesia católica y del episcopado español contra el rey se iba a notar en la conducta del obispo gaditano, muy crítica con las medidas eclesiásticas promulgadas a lo largo de los dos años de reinado.

Cuando los presbiterianos gaditanos solicitaron al Ayuntamiento el 15 de noviembre de 1870, todavía durante la regencia, una zona segregada del cementerio municipal o un cementerio de nueva planta, no hubo una reacción del Obispado, que solo intervino en la cuestión cuando el gobernador eclesiástico supo el 2 de marzo de 1871, ya durante el reinado de don Amadeo, que un protestante había sido enterrado en el cementerio municipal. El silencio posterior se explica porque la autoridad municipal actuaba en todo momento en defensa de los intereses católicos. Pero la publicación de la circular de Sagasta de 16 de julio de 1871 provocaría una reacción airada de fray Félix.

En primer lugar, el obispo gaditano se unió al arzobispo y demás sufragáneos de Sevilla en una protesta colectiva al ministro de Gracia y Justicia, firmada el 23 de agosto e inserta en El Comercio el 20 y 21 de septiembre. Los prelados se quejaban, entre otras cosas, de no haber recibido una comunicación oficial de los gobernadores civiles acerca de la circular. Desde su punto de vista, la disposición vulneraba la propiedad de la Iglesia católica, pero esto no era cierto en todos los casos, pues algunos cementerios municipales eran propiedad de la Iglesia, pero otros, como el de Cádiz, pertenecían a los respectivos Municipios. En todo caso, la reclamación puntualizaba que los cementerios no pertenecían “al comercio de los hombres” porque eran lugares bendecidos y por tanto destinados solo para enterrar a los católicos. Esto es: aunque la propiedad de los cementerios fuese municipal, esto no cambiaba su consagración como católicos.

Para reforzar esta afirmación, los reclamantes acudían a la ley de 29 de abril de 1855, que ordenaba que en las localidades donde fuese necesario se construyeran cementerios para enterrar a los que murieran fuera de la religión católica, y a la real orden de 18 de marzo de 1861, que declaraba el derecho de propiedad y la jurisdicción de la Iglesia sobre los cementerios católicos. Pero se olvidaban de lo dispuesto en la ley municipal de 21 de octubre de 1868, que daba plena potestad a los Ayuntamientos sobre la administración y conservación de los cementerios. Ciertamente, la circular ordenaba que los entierros de los que no eran católicos se realizaran dentro de los cementerios católicos y no que se construyeran nuevos cementerios independientes, como determinaba la real orden de 1855. Pero es obvio que una real orden dada en 1871, seguida por una circular para hacerla efectiva, podía modificar otra anterior. Por eso los prelados añadían que la nueva disposición se aprobaba “contraviniendo lo que los sagrados cánones tienen establecido”, tratando con ello de hacer prevalecer las leyes eclesiásticas sobre las civiles.

Los prelados no tenían dificultad en afirmar que la circular de 16 de julio y su circular contradecían “la letra y el espíritu” de la Constitución vigente (que ellos se habían negado a jurar) y conculcaba el principio de la Soberanía Nacional. La circular pretendía llevar a la práctica el privilegio consignado en el artículo veintiuno de la Constitución, por el que se garantizaba a todo ciudadano el libre ejercicio de su religión. Pero los obispos opinaban que el entierro de los que no eran católicos en cementerios católicos conculcaba su libertad religiosa y entendían que la real orden en la que se apoyaba la circular de Sagasta lo que hacía era “secularizar los cementerios católicos” sin contar con la aprobación de las Cortes. Si la soberanía residía fundamentalmente en la Nación, decían, el ministro debía “haber estado inspirado por ella al redactar la circular, y haber atendido a la voluntad del mayor número, según la doctrina de los autores de la ley fundamental”.

El 25 de julio de 1871, Ruiz Zorrilla, recién designado para suceder a Serrano como presidente del Consejo de ministros, había asegurado en las Cortes que no deseaba herir los sentimientos de un pueblo eminentemente católico como el español. Era injusto, en su opinión, afirmar que los Gobiernos liberales deseaban “estar en malas relaciones con el clero y mucho menos tenerlas interrumpidas con la corte Romana”; pero, para dar crédito a las afirmaciones de Ruiz Zorrilla, necesitaban que el Gobierno prohibiera “con leyes severísimas” las inhumaciones en cementerios católicos de cadáveres “enemigos” declarados de su religión o que profesaran otras creencias. Eran numerosos, según afirmaban, los ejemplos recientes que se podían citar de intentos de hacerlo desde antes de la circular de 16 de julio, que habían provocado la indignación de los católicos, cuyas familias se negaban a inhumar sus cadáveres en el mismo lugar que los sectarios si no eran desenterrados estos, lo cual, según los prelados, no constituía una “conducta de intolerante superstición”, sino, por el contrario “una actitud digna y justa”.

El Gobierno, llevado por su alta misión, tenía “no solamente interés, sino obligación de evitar” el “cataclismo” que se anunciaba. Era preciso que “una verdadera protección a la Iglesia” fuera “la primera y fundamental medida” del Gobierno. Todo lo que no fuera eso, podría “contener por algún tiempo el progreso de la gangrena”, pero no podría “extirpar el cáncer que corroe el corazón de la sociedad”. Para que esa protección se llevase a efecto era necesaria la aplicación de una “verdadera libertad”, que consistía en la facultad de obrar con sujeción a las leyes que, siendo canónicas o civiles, declaraban “la santidad, inviolabilidad y propiedad de la Iglesia en sus cementerios”.

Como se puede ver, los prelados firmantes, y con ellos fray Félix, exigían el cumplimiento de leyes pasadas cuando protegían los intereses de la Iglesia, con el mismo interés con el que denostaban las que no los beneficiaban. Era cierto que buena parte de los cementerios municipales era propiedad de las respectivas Diócesis, pero no admitían que otra parte no lo era. Atacaban al liberalismo, como doctrina peligrosa que causaría la destrucción de la sociedad y solo reconocían una libertad “verdadera”, consistente en obrar según las leyes que protegían a la Iglesia católica. Pero es indudable que llevaban razón cuando afirmaban que todos los cementerios municipales estaban consagrados como católicos. Muchos Ayuntamientos habían incumplido la ley de 1855 que les obligaban a construir cementerios en los que enterrar dignamente a los que no eran católicos, entre ellos el de Cádiz. Si lo hubieran hecho, tal vez no se habría llegado a la situación actual. Las reclamaciones de los protestantes gaditanos tras la promulgación de la Constitución, relativas a la cuestión del uso de los cementerios, así como las resistencias municipales que se han observado en el caso de Cádiz, no eran una excepción, pues se estaban produciendo en otras localidades, y cada vez con mayor frecuencia. Esto había obligado al Gobierno a tomar una medida “provisional”, que chocaba frontalmente con los sentimientos religiosos de la mayor parte de los católicos.

Después de haber firmado el escrito colectivo de protesta, fray Félix tomó unas medidas muy drásticas, debidas probablemente a un fuerte escrúpulo o celo religioso que le llevaba al convencimiento de que enterrar a un protestante en cualquier cementerio católico lo contaminaba y convertía en un lugar que dejaba de ser sagrado. El día 11 de septiembre de 1871 dio instrucciones a todos los párrocos de la Diócesis sobre la forma de actuar. Les adjuntaba copia de la protesta al ministro de Gracia y Justicia contra la circular de 16 de julio, que, según aclaraba fray Félix, prevenía “la formación de una cerca o separación dentro de los muros del terreno bendito para depositar en él los restos de los judíos, moros, apóstatas, herejes, antropófagos, etc.” El prelado ordenaba a los párrocos que leyesen la protesta a los fieles en la misa mayor del siguiente día festivo y por la noche del mismo día, poniendo a los asistentes al corriente de las prevenciones que se agregaban y ya habían sido tomadas por otros obispos.

Advertía que si un cementerio municipal pertenecía a la Iglesia no se debían entregar las llaves ni hacer nada que significase conformidad con la circular. Si el cementerio era de propiedad municipal, los curas debían hacer valer ante la autoridad municipal respectiva “los derechos sacratísimos de la Iglesia católica”, que eran a la vez “los de sus hijos, hollados y conculcados ruda e implacablemente”, cuando se enterraba en ellos a los que no eran católicos.

Si la autoridad municipal forzaba la ley canónica “introduciendo en el cementerio el cadáver de un sectario o pecador impenitente”, el lugar quedaba, decía, “en el acto profanado y entredicho”. Por tanto, el cura correspondiente debía retirar “del lugar profanado las cruces e imágenes que existieran” y si hubiera capilla debía incomunicarla del cementerio. Si la capilla estaba dentro del camposanto, debía “retirar las aras de los altares, las imágenes y pinturas dejando el paraje solo con las paredes”. A partir de ese momento, no debía enterrarse a los católicos en esos “lugares profanados”, por lo que los párrocos debían asistir con la cruz a la conducción al cementerio, “ni aun caminar con dirección al mismo sino hasta larga distancia”. Es los sacerdotes acompañarían los cadáveres de los católicos hasta una distancia del cementerio y a partir de ahí abandonarían la comitiva. La disposición del prelado gaditano llegaba tan lejos como para ordenar que, a partir de su publicación, los párrocos que estuvieran en el caso de haberse practicado entierros de no católicos en los cementerios de sus localidades, procedieran con las limosnas de los fieles o con los medios disponibles, a “formar otro cementerio en que pueda la Iglesia depositar en paz los restos de sus hijos[352]”.

De haberse llevado adelante lo ordenado por fray Félix, y de haber obedecido todos los Ayuntamientos de la Diócesis la circular de Sagasta, las instrucciones del prelado habrían facilitado una secularización de los cementerios católicos propiciada, indirectamente, por los representantes de la Iglesia, al retirarse por orden suya las cruces y demás signos y no volver a entrar un sacerdote en dichos recintos. Pero, al menos en el cementerio municipal de Cádiz, no ocurrió así, pues, como se ha comprobado, ya se habían practicado entierros de protestantes y no por ello se retiró signo católico alguno a partir de las instrucciones del obispo.

La resistencia de fray Félix y sus instrucciones a los párrocos llevaron al gobernador civil a publicar una circular el Boletín Oficial de la Provincia, previniendo a los alcaldes que, “no obstante las prevenciones del Ilmo. Sr. obispo”, hicieran “cumplir bajo su más estrecha responsabilidad” la real orden y circular de 16 de julio.

Los católicos gaditanos más favorables a las ideas de fray Félix apoyaron el 30 de septiembre desde la prensa conservadora sus instrucciones, compartiendo su opinión de que la inhumación de no católicos en los cementerios municipales obligaba a retirar de ellos los signos de la religión católica e impedía el entierro de sus fieles, al quedar estos lugares en profanados. El Comercio defendía que, independientemente de la propiedad de los cementerios, la autoridad exclusiva en materia de entierros católicos era el obispo. Si este había consignado que los cementerios dejaban de tener carácter sagrado desde el momento en que se enterrase un sectario o enemigo de la Iglesia católica, era una decisión que no se podía discutir. De esa manera, la circular del día 16 de julio hacía que los católicos se vieran obligados, según el periódico, a ser enterrados “como se entierra un perro”, apreciación que nunca hizo sobre los protestantes que se enterraban en la playa.

En Cádiz, a pesar de haberse inhumado algunos protestantes por imposición del juez de Santa Cruz, no se cumplieron las instrucciones del obispo. Ni se retiraron los signos de la religión católica, ni se dejó de enterrar a sus fieles, a pesar de que se habían dado inhumaciones de protestantes. Como estas habían tenido lugar antes de la circular de Sagasta, y desde abril de 1871 el alcalde Valverde había habilitado un lugar “provisional” para herejes y ateos fuera del cementerio municipal, parece que la autoridad eclesiástica no se dio por enterada de que el cementerio había sido “profanado”.

3.8 La legitimidad de los hijos de matrimonios católicos

A comienzos de 1872, una real orden determinaba que los hijos nacidos dentro de matrimonio exclusivamente católico debían ser considerados como naturales. La disposición legal, publicada el 11 de enero, produjo en el obispo de Cádiz una impresión peor que la misma ley creadora del matrimonio civil de 1870. Fray Félix protestó contra la medida al ministro de Gracia y Justicia, Eduardo Alonso Colmenares, mediante un escrito que se publicó el 26 de enero de 1870 en El Comercio, siempre dispuesto a poner en conocimiento de los católicos conservadores de Cádiz las reclamaciones de su obispo. Esta vez con mayor énfasis que en ocasiones anteriores, el prelado explicitaba su deseo de que el Estado y la Iglesia marchasen por caminos separados. Estaba tan cansado de lo que pensaba era una constante intromisión de los Gobiernos revolucionarios en las cosas de la Iglesia, que prefería una ruptura total entre ambos. En ese sentido, afirmaba: “Visto el rumbo que llevan los asuntos eclesiásticos, los prelados reclaman su independencia del poder temporal”; y añadía: “Es llegada la hora de deslindar completamente los campos y que cada uno se quede con lo suyo”.

Se mostraba desalentado y aseguraba que solo se había decidido a escribir por obligación moral. Se preguntaba qué pecados había cometido el clero para que se decretase “la completa deshonra de esta nación”, pues para él la real orden suponía entregar a España a “la última degradación”. Fray Félix creía que la disposición legal suponía “a todas luces lo que llamaban nuestros padres y llamamos nosotros renegar de la fe de Jesucristo y dar una sanción solemne a la apostasía de la fe”. No podía concebir que en una nación católica no tuviesen preferencia los casados mediante la unión establecida por Dios.

Recordaba que cuando se había promulgado la ley de creación del matrimonio civil había aconsejado a sus fieles que después de casados canónicamente se presentasen a las autoridades civiles “para registrarse en sus listas como casados”. Pero también les había advertido “del pecado gravísimo de amancebamiento o concubinato” que consumaban si contraían solamente el último, lo que les dejaría fuera de la comunión católica y, con ello, sin derecho a ser enterrados en los cementerios católicos.

Pedía que la real orden fuese derogada y ponía en conocimiento del ministro que en la ciudad de Cádiz él había casado personalmente a gaditanos de las ideas más avanzadas, que no habían creído necesario presentarse después en el registro civil, y que desde la creación del matrimonio civil aún no se había celebrado “un solo matrimonio de los anatematizados por la Iglesia”. La rotunda afirmación de fray Félix suscita dudas. Estas aumentan cuando se comprueba que El Comercio publicó en 1874 una estadística de los matrimonios civiles registrados en Cádiz durante todo el año 1872 y da la cifra de ochenta y ocho en el distrito de San Antonio y sesenta y tres en el de Santa Cruz. La información del periódico, dada con el fin de demostrar la escasa incidencia del matrimonio civil en Cádiz, contradice la afirmación del obispo. Cabe la posibilidad de fray Félix afirmase la verdad y de que fuese la promulgación del decreto la que diese lugar al inicio a la celebración de matrimonios civiles en Cádiz,; en otro caso, el obispo podía estar faltando a la verdad o mal informado[353].

3.9 Oposición a la supresión de canonjías y provisión de deanatos

El 11 de enero de 1872 fray Félix se unió a la protesta enviada por el arzobispo y sufragáneos de la provincia eclesiástica de Sevilla al ministro de Gracia y Justicia[354]. En ella se reprobaba tanto el articulado como el preámbulo del decreto de 11 de diciembre. Los firmantes veían en el preámbulo del decreto una vulneración de la independencia de la Iglesia, “como perfectísima sociedad para gobernarse por sí, eligiendo y nombrando sus ministros”. El decreto daba a los canónigos, y en particular a los deanes, un carácter político que, en opinión de los prelados, no tenían ni jamás habían tenido, pues su representación no era más que canónica. Los Cabildos no eran más que instituciones eclesiásticas consultivas de los obispos, no pudiendo estar regidos ni recibir consejo de quienes estuvieran “influidos por ideas políticas o ligados por compromisos, extraños siempre y muchas veces contrarios a su ministerio”. Los prelados no estaban dispuestos a aceptar la desconsideración que mostraban los poderes públicos hacia su magisterio y poder moral, y se veían obligados a imponer “el debido correctivo a la errónea doctrina” que se consignaba en los decretos de 1 de octubre y 11 de diciembre del año anterior. Estos pretendían un ahorro en los presupuestos a fuerza de mantener un bajo número de canonjías, pero ese trato no podía ser admitido por la Iglesia, porque asimilaba al clero, al menos a efectos económicos, a los funcionarios públicos. La dotación del clero no podía utilizarse como si se tratase de una remuneración a la Iglesia por servicios personales hechos al Estado, pues no era más que una “módica compensación de la inmensa propiedad de que fue despojada”.

Los prelados afirmaban, al tratar sobre las alusiones a las regalías que se hacían en los decretos aludidos, que era necesario admitir, aun a su pesar, que el patronato real había dejado de existir y que no se podía admitir la doctrina que atribuyendo a la potestad temporal derechos que ya no le pertenecían, negaba la independencia de la Iglesia. Los prelados se sentían particularmente molestos porque ahora se acudiera a antiguos privilegios reales y concesiones papales. Decían: “El patronato no existe, porque el Concordato ha caducado”. El origen del Concordato había sido que, “una vez pasada la época de atropellos, ultrajes y abusos” cometidos contra la Iglesia y el clero, se había llegado a un acuerdo para reparar en lo posible el daño causado. El Concordato perpetuó la religión católica en España, dispuso que la educación y la enseñanza fueran “enteramente conformes con la doctrina de la misma religión católica”. Solo bastaba revisar las numerosas leyes, decretos y disposiciones de los últimos años para comprender que, “cual trituradora maza”, habían destruido todos los artículos del Concordato.

El patronato real no podía ser aceptado por la Iglesia porque este tenía que ser ostentado por “un monarca católico” que se erigiera en su defensor. La Iglesia respetaba el catolicismo privado del rey, pero, como monarca, ni era ni podía ser católico, porque la Constitución no le imponía, sino que le prohibía ser católico, y como prueba estaba la nueva fórmula de los documentos públicos en que el rey estampaba su firma. “Si el rey intentase, legalmente hablando, defender a la Iglesia, se convertiría en trasgresor de la ley que lo había hecho monarca y perdería la Corona”. Esto significaba que el rey, como tal, no podía ser católico en la actual situación política ni patrono de la Iglesia; y si no era patrono no podía ejercer los derechos honoríficos anejos a esta prerrogativa, entre los que se encontraba la designación de deanes tratada por el real decreto de 11 de diciembre.

El 22 de enero de 1872 fray Félix elevó una nueva protesta al ministro de Gracia y Justicia, ahora en solitario, contra el decreto de provisión de deanatos de 11 de diciembre, al mismo tiempo que lo hacía contra la real orden declarando hijos naturales a los nacidos en el seno de matrimonios exclusivamente canónicos. En el escrito, publicado por El Comercio el 26 de enero, decía fray Félix: “Ese decreto sobre deanes es un absurdo, porque los deanes no son agentes de policía, ni tienen ni pueden tener más representación que la que les dispensa la Iglesia”. Los deanes, aclaraba el obispo, no podían ejercer su función sin haber obtenido la colación eclesiástica. El decreto le llevaba a la conclusión de que los “deanes de nueva invención” no podían ser admitidos por los prelados hasta que la Santa Sede y el Gobierno llegasen a un acuerdo sobre los nombramientos tanto de ellos como de los demás canónigos. El obispo gaditano cumplió con lo que anunciaba en su protesta, cuando poco más tarde, en abril de 1872, falleció el canónigo Roque Pantoja y fue designado por turno real Tomás Mendoza. Fray Félix no aceptó el nombramiento y se negó a dar posesión al nuevo canónigo. El ministerio de Gracia y Justicia tuvo que aceptar los hechos, dando en noviembre una prórroga indefinida a Mendoza para presentarse en Cádiz y tomar posesión del cargo[355].

3.10 Apelación del obispo al Gobierno y a las Cortes de la República

Durante la etapa republicana, el obispo gaditano dio prioridad a su misión pastoral. Por una parte, no tuvo necesidad de plantear grandes problemas; por otra, dejó la defensa de los intereses de la Diócesis ante la política laicista del Ayuntamiento republicano de Fermín Salvochea en manos de su gobernador eclesiástico, Fernando Hüe. El día 19 de junio de 1873 fray Félix, que continuaba fuera de Cádiz, en una visita pastoral iniciada antes de la llegada al poder municipal de los republicanos, remitió un extenso escrito al ministro de Gracia y Justicia, dando respuesta a las tentativas del Poder Ejecutivo de la república, mediante un decreto firmado el 25 de mayo, de tasar y vender los inmuebles que aún se mantenían en poder de la Diócesis gaditana[356]. El prelado había recibido, por mediación del alcalde de Jimena de la Frontera, donde se encontraba, un escrito del gobernador civil comunicándole la orden que había recibido del Ministerio de Gracia y Justicia para que, previo aviso a la autoridad eclesiástica, se procediera por peritos nombrados al efecto a la tasación de templos, huertos o predios que no fueran de patronato especial, debiendo la autoridad eclesiástica facilitarles la entrada para que llevasen a cabo su comisión.

Fray Félix empleó un tono declamatorio y dramático, muy propio de su condición de fraile Capuchino. No prescindía de realizar juicios personales y usaba sobre todo razonamientos de orden moral y argumentaciones basadas en sus creencias religiosas, lo cual no deja de estar en la línea que se podía esperar de su condición de obispo. La protesta muestra las opiniones de un religioso sincero y sencillo, al mismo tiempo que intransigente en los aspectos más destacables de la revolución respecto a la Iglesia, en lo cual, por otra parte, estaba en la misma línea que de la inmensa mayoría de obispos y sacerdotes. Esta actitud se complementaba perfectamente, como se verá, con la mostrada por el gobernador eclesiástico en sus escritos de queja por las actuaciones municipales contra la Iglesia.

Trataba de dar a entender que no era tan reaccionario como para no dar “al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, desde que era prelado de Cádiz. Pero debía rechazar la orden recibida de permitir la tasación de propiedades de la Iglesia en Cádiz, toda vez que la autoridad civil se ingería e introducía en un terreno en que no le era “lícito entrar para mandar, sino para adorar a Dios, de quien procede todo poder terreno y al que como a Dueño y Señor pertenecen esos lugares”. Reiteraba su respeto a las autoridades constituidas y aclaraba que había hecho valer ante la de la localidad en que se encontraba (Jimena de la Frontera) “los títulos sagrados” en que fundaba su negativa respecto a la tasación, que conculcaba un derecho de propiedad o cuando menos envolvía “un acto de autoridad sobre objetos extraños a toda potestad que no fuera la eclesiástica y aún a esta en calidad de custodia y defensora y nada más”. Los templos y objetos sagrados, como el ministro debía saber, “en lo referente al hecho de dedicarse al culto de Nuestro Dios” no eran “de propiedad personal, sino de la Iglesia católica, augusta esposa del Salvador del mundo y heredera por lo mismo de cuanto le pertenece”.

Con estos argumentos intentaba dejar sentado que los derechos eclesiásticos debían prevalecer siempre sobre los seculares. Por encima de los títulos legales de propiedad, y sin despreciar su valor para las cosas profanas, oponía los sagrados, ante los que la autoridad y potestad civil no tenían nada que decir a la eclesiástica. Lo cierto es que, en contra de las afirmaciones del obispo, no se trataba aquí de bienes religiosos o espirituales, sino de propiedades materiales, casas y huertos. Bienes que se habían mantenido en poder de la Iglesia por un acuerdo previo entre esta y el Estado. Fray Félix podría haber hecho alusión al Concordato de 1851 o al convenio de 25 de agosto de 1859 entre la Santa Sede y el Estado[357]. Este último trataba de compensar a la Iglesia de los bienes eclesiásticos vendidos por el Estado, entregando a las Diócesis títulos intransferibles de la deuda al tres por ciento por los bienes conmutables, entre los que se declaraban exentos de desamortización precisamente las propiedades que ahora se querían tasar. Pero el obispo, a estas alturas, daba las disposiciones anteriores por derogadas en la práctica, y, sobre todo, tenía más interés en exponer su punto de vista como religioso que aludir a leyes o convenios.

Fray Félix recordaba al ministro su condición de “encargado y custodio de los templos y demás objetos con que contaba la Diócesis”. No podía, “sin faltar a los deberes sagrados que contrajo el día de su consagración y a los solemnes juramentos que hizo ante Dios y los hombres, autorizar en manera alguna la anunciada tasación de templos ni de otros lugares de la propiedad de la Iglesia”, la cual, además del derecho divino en que se fundaba la posesión de sus bienes visibles, estaba “garantizada por leyes solemnes mutuamente aceptadas por la Iglesia católica y la Nación española”. Advertía que haría salir su respuesta a la “autoridad de la luz pública” para que sus diocesanos y todos supieran que no solo se negaba a autorizar la tasación de sus templos, casas o huertos de la propiedad de la Iglesia, sino que estaba dispuesto a protestar solemnemente contra la violación de sus derechos con la “mansedumbre y lenidad” que caracterizaban su ministerio, pero a la vez “con la energía de la verdad y el valor de la justicia”. Es decir, ponía en primer lugar los derechos divinos y amenazaba de alguna manera con dar publicidad a lo que se pretendía hacer. Con estos breves razonamientos afirmó dar por zanjada la cuestión.

A continuación, pasó a exponer un resumen de las actuaciones del Ayuntamiento republicano federal de Cádiz, que sirven aquí para bosquejar unos primeros apuntes sobre el conflicto municipal entre los republicanos “intransigentes” y la Iglesia local, que será tratado pormenorizadamente en el próximo capítulo. El obispo elevaba al ministro “una sentida queja”, que había represado en su corazón por algún tiempo y que, “no pudiendo contenerla por más tiempo”, debía “resonar en el Ministerio”. Su gobernador eclesiástico ya había hecho llegar sus quejas, “rivalizando con su prelado en celo (…) y reclamando de la autoridad del Gobierno de la república amparo y protección contra los desmanes y atropellos cometidos en Cádiz contra objetos sagrados y personas religiosas”. Lo que estaba sucediendo en Cádiz era valorado por fray Félix como “una página horrible”, en la que se sucedían “las violaciones de todo derecho natural, divino y civil contra las Casas del Altísimo, sus objetos venerandos y las vírgenes consagradas a su servicio”. El prelado afirmaba que la iglesia del incautado y derribado convento de la Candelaria era “uno de los templos más preciosos y mejor acabados de la capital, lleno de antiguos recuerdos de una protección especial a favor de sus habitantes en días de amarga desolación”. El templo, que siempre había sido visitado “por copioso número de fieles”, había sido “testigo y depositario por más de dos siglos de las fervientes y casi constantes súplicas y ordenadas alabanzas de vírgenes sagradas, de sus suspiros y lágrimas a favor del pueblo”. Y ahora estaba casi derruido, así como “la santa morada en que habitaban aquellas almas sencillas, arrojadas en el improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas entre lágrimas, gemidos, lamentos y conmoción de las gentes piadosas, de su natural asilo y propia casa”. Acerca de los hechos de la Candelaria decía el prelado: “Esta sí que puede y debe llamarse Inquisición terrible en la práctica, Excmo. Sr. ¡Tanta crueldad con unas pacíficas e inocentes Señoras! ¡Tan sacrílego despojo —está escrita y tachada la palabra atentado— de la propiedad de Dios!”.

El tono era declamatorio y efectista, muy alejado de la dureza empleada en ocasiones menos lesivas para la Diócesis durante el reinado de don Amadeo. Esto no es óbice para comprender que este tono surgía del profundo dolor de fray Félix, como pastor de la Iglesia, por lo que estaba sucediendo en Cádiz. Sus argumentos giraban alrededor de su certeza de que la superioridad de la Iglesia estaba por encima de cualquier consideración de carácter temporal. Cualquier cosa que alterase esta posición de la Iglesia católica era errónea e inadmisible para el prelado. La exclaustración de la Candelaria había sido “perentoria e inesperada”. El obispo defendía el valor histórico y artístico del convento y su templo, pero no decía nada sobre el estado ruinoso en el que estaba desde hacía mucho tiempo, cosa a la que en ningún momento se puso remedio, probablemente porque no se disponía de los medios necesarios. La exclaustración de una parte de los conventos de monjas estaba estipulada por el decreto de supresión general de casas de religiosos de 18 de octubre de 1868. Pero ya se ha comprobado que en lo que respecta a las monjas de Cádiz no pasó de ser una medida teórica, pues nunca se dio orden de ejecución por parte de las autoridades nacionales. Fray Félix podría haber hecho alusión a todo esto, añadiendo que la decisión de Fermín Salvochea era extemporánea e ilegal. Pero el prelado no tenía interés en plantear estas cuestiones, porque no deseaba entrar en el terreno de lo legal, sino aducir las razones religiosas que, en su visión, estaban por encima de todas las demás.

A continuación el obispo, pasó a recordar que igual suerte que a la Candelaria “había cabido al primoroso templo de la Orden Tercera de San Francisco”, a pesar de la orden que el Gobierno de la república dispuso para que no se llevase a cabo el derribo. Definiendo la actitud municipal como de “furor anticatólico”, decía fray Félix que el Municipio, a pesar de las órdenes superiores, se incautó igualmente de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, “rica en pinturas al fresco, en estatuas y otros objetos y riquísima por los recuerdos exclusivamente españoles que llevaba consigo el título a que estaba dedicada”.

Siguiendo con su tono enfático decía: “Pasaron, Excmo. Sr. estos tres ayes —la Candelaria, Loreto y la Merced—, dejando en pos de sí amarguras y desolación sin cuento en todos los pechos católicos, pero muy especialmente en el del obispo, que por su calidad de tal debe sentir en él las penas de la Iglesia y de los fieles”. Pero había más motivos de dolor: De los templos, pasaba a los monumentos cristianos, que levantaron “la fe y la piedad de nuestros mayores y otorgaron reconocidos o visibles y milagrosos beneficios, que en distintas épocas les otorgó el cielo”. Sobre ellos era necesario “cerrar los ojos para no ver el estrago” que habían producido “el mazo y la piqueta”. El escrito del obispo aportaba una relación completa de las imágenes incautadas, pues incluía a “la hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María, colocada junto al templo de Capuchinos”, siguiendo con otra Inmaculada situada en el Hospicio, las imágenes de los patronos de la capital San Servando y San Germán, con la del compatrono San Francisco Javier, que se encontraban en el puerto marítimo. Tan solo excluía de la relación a la imagen de la Virgen del Rosario situada en las proximidades del Hospicio, porque había sido entregada al gobernador eclesiástico una vez retirada, así como las de San Servando y San Germán que estaban en la torre central de las Casas Capitulares.

Respecto a las imágenes retiradas de las calles y los cuadros incautados de las iglesias de los exconventos fue menos exhaustivo pues solo se refirió a los retablos que estaban en el exterior de Nuestra Señora de la Palma y la Santa Cueva, que se retiraron al interior de sus templos, y a los cuadros de Santa Catalina y San Cayetano de los templos de Capuchinos y la Merced, obviando nombrar todos los demás retirados de ambos templos. Continuaba con su tono efectista: “¡Qué escenas tan dolorosas! Si nuestros padres, que levantaron aquellas columnas, que colocaron aquellos cuadros y el insigne y célebre autor, que donó los suyos a los venerables moradores de Santa Catalina, las presenciasen, preferirían volver al sepulcro antes que sufrir las impresiones violentas de tanto destrozo”.

Seguía con la última noticia que había recibido: acababan de avisarle que las hijas de la Caridad, a cuyo cargo estaba la asistencia a los pobres del Hospicio, a los enfermos del Hospital Civil y a los niños de la Casa de Expósitos, iban a ser expulsadas de dichos establecimientos para que las sustituyeran otras personas:

¡Ah Excmo. Sr.! —expresaba fray Félix— el mérito y servicio prestado por estas buenas hijas de San Vicente ni merecen tal repulsa ni es posible sustitución proporcionada, por buenas que sean las personas que entren a ocupar su lugar. El caso de votos solemnes a Dios para consagrarse en beneficio de la humanidad no tiene en la tierra sustitución, ni hay cosa que se le parezca. Los pueblos protestantes, los turcos de Constantinopla y todos los pueblos ilustrados confirman esto mismo, prefiriendo el ministerio de la Caridad evangélica al del humano servicio.

Fray Félix no omitió hacer un homenaje a la labor de su gobernador eclesiástico Fernando Hüe. A las exigencias llevadas por la autoridad local, el obispo alababa con razón la eficacia de Hüe, que había opuesto “los títulos, leyes y argumentos con que contaba la Iglesia de Jesucristo a favor de sus templos” y cuanto les pertenecía. Anunciaba que en otra ocasión tendría “la satisfacción de publicar la noticia de los trabajos realizados por el gobernador eclesiástico”, para que los fieles de la Diócesis conocieran cuántos esfuerzos había puesto por obra, la prudencia con que los había dirigido y “la lenidad” con que había “soportado ciertos actos nada conformes con las libertades proclamadas y los derechos de los ciudadanos”. Como se puede apreciar, fray Félix era muy consciente de que los argumentos de Hüe eran muy distintos a los suyos y completamente necesarios para la defensa contra las medidas municipales.

Tampoco dejó de tratar sobre la libertad de cultos. Fray Félix argumentaba que las acciones que se tomaban contra la Iglesia se oponían a esta libertad, pues, estando proclamada, no se respetaban “los derechos sacrosantos de la Iglesia católica”. El razonamiento del obispo era: “Dejando explícitamente sentado que no estoy de acuerdo con esta libertad, si se ha proclamado, no entiendo como no tiene entre los sacerdotes verdadera inteligencia y significación”. Había que contar con que él no admitía “la tal libertad, porque no hay más que un Dios, una fe y un bautismo”. Pero, ya que se había establecido, fray Félix pedía que fuese lo que era “en las naciones cultas y aun en las no cultas”. Ponía como ejemplo que, siendo el obispo español más inmediato a las costas de África y teniendo tan cerca el Peñón de Gibraltar, podía constatar que en estos lugares se levantaban templos católicos y se cedían “libremente y sin cargo alguno” los terrenos que necesitaba la Iglesia para su edificación, no atribuyéndose “el Gobierno inglés ni el Mahometano derechos de propiedad”.

Ya finalizando, después de un recuerdo a “la eternidad, en la que todos indefectiblemente tendremos que encontrarnos”, y a las “consecuencias que en ella van a tener las acciones presentes”, pedía al Gobierno que le escuchara y que inclinara “la balanza de la justicia a favor y en apoyo y protección de muchos miles de fieles unidos al obispo por Fe y Amor”, que tenían sentimientos comunes a los suyos y que, a la vez que su prelado, dirigían “constantes súplicas al Altísimo por el acierto del actual Gobierno”. Tanto él como sus sacerdotes y fieles, se mostraban “sumisos y obedientes en todo lo que fuera del resorte de la Autoridad Civil” y que no estuviera en contradicción con su fe. Pero pedía que se dejase a la Iglesia conservar la posesión de sus templos y cuanto le pertenecía, sus religiosas y sus moradas. A la vez que los sacerdotes respetaban a la autoridad constituida y en nada la molestaban, solicitaba que esta los respetase y dejase de agravar su situación, “no añadiendo a la miseria en que ya vivimos la persecución de objetos amados siempre respetados y siempre respetables”. Finalizaba su escrito con una declaración de su celo religioso respecto a los autores de las violaciones que reprobaba:

Pido con insistencia al Cielo, no fuego ni iras, sino luces abundantes y bendiciones de dulzura para que conozcan y entiendan que Dios es Dios y que lo que se ha dado y consagrado tiene un sello divino, que en levantarlo corren gran peligro los mortales en el tiempo y más aún en la eternidad. Los amamos porque Nos pertenecen, sentimos su mal mucho más de lo que podemos expresar y siempre estamos dispuestos, hoy como ayer y en todo tiempo y circunstancia, a dispensarles cuanto bien podamos.

El Comercio publicó el 3 de julio una nueva protesta de fray Félix, firmada el 24 de junio, dirigida en esta ocasión al presidente de las Cortes Constituyentes, contra un proyecto de ley que pretendía la incautación de los archivos parroquiales. El obispo, haciendo alusión expresa a su “extremada propensión a la conciliación”, añadía que últimamente se leían “tales cosas” que no había posibilidad de mantener la serenidad. Una vez más, apelaba al derecho divino y al eclesiástico, derechos a los que cualquier hombre que no hubiese “renunciado a serlo para transformarse en tigre”, miraba “con sumisión y respeto”. Lo que había en los archivos parroquiales era de naturaleza sagrada y estaba a cargo “de una potestad de la misma índole” como era la de los obispos, puestos por el Espíritu Santo “para gobernar y regir la obra de Dios”. Decía que podía recurrir a otras pruebas, pero lo creía innecesario teniendo en cuenta “el buen juicio —de los diputados— y el deseo de acertar en materia tan delicada”. Para apoyar sus argumentos recurría al Fuero Juzgo, leyes de Partidas, pragmáticas y decretos de Cortes, en pleno vigor en sus palabras desde la época de “los Monarcas Godos”, y avisaba que la incautación de los archivos parroquiales podría provocar una de los “más graves conflictos que pueden ocurrir entre la Iglesia y la República”.

Fray Félix finalizaba dejando constancia de estar “fuertemente impresionado y con su corazón profundamente herido” por los sucesos que habían tenido lugar en Cádiz por obra del Ayuntamiento republicano “contra templos, religiosas y objetos venerables del culto”. Sin negar su amor cristiano hacia los autores de estos despojos, no podía dejar de protestar, como obispo católico, contra todo lo que estaba sucediendo.

3.11 La lucha por el control de los patronatos e instituciones benéficas

Las cuestiones tratadas hasta aquí en este capítulo se refieren a la reacción del obispo gaditano contra disposiciones secularizadoras que afectaban de alguna forma al prestigio de la Iglesia, el episcopado o el clero, y a su posición en la sociedad. Pero hay un aspecto diferente, poco estudiado pero muy significativo en la medida que afectaba a elementos materiales. En concreto, a las fundaciones que, con las denominaciones de obras pías, patronatos o capellanías, controlaba la Diócesis y administraba el Cabildo Catedral. Durante todo el Sexenio, los Gobiernos revolucionarios trataron de desamortizar estas instituciones eclesiásticas, pero se encontrarían con la completa oposición del Cabildo Catedral, secundada por el obispo.

3.11.1 Resistencia inicial contra el decreto de desamortización de obras pías

En Cádiz seguía habiendo después de la revolución de septiembre de 1868 numerosos patronatos. Una parte de ellos había pasado a ser administrada por el Municipio[358], pero todavía se conservaba un número apreciable bajo la administración del Cabildo Catedral. Pasados los treinta días de plazo para presentar alegaciones, contemplados en el decreto de 1 de marzo de 1869 sobre desamortización de obras pías, el administrador de Hacienda de la provincia comenzó a incautarse de las propiedades correspondientes a algunas capellanías eclesiásticas. El 13 de abril de 1869 el prelado se despidió del Cabildo Catedral para iniciar una visita pastoral y designó gobernador eclesiástico a su secretario de cámara Vicente Roa. Este interpuso una queja contra lo que él estimaba era “un embargo” de una casa perteneciente a una capellanía, situada en la calle del Pasquín. El gobernador de la provincia le contestó el 28 de mayo que el administrador de Hacienda no había embargado la casa, sino que se trataba de una incautación, por tratarse de un bien amortizado, comprendido en el artículo primero del decreto sobre obras pías. El coadjutor de la parroquia de San José, en el barrio de Extramuros, no había presentado dentro del plazo señalado en el decreto la relación de los bienes de una capellanía, entre los que estaba la casa citada, en la que residía. De esta forma, el administrador de Hacienda entendía que el sacerdote había desistido del derecho que pudiera tener sobre la casa, no pudiendo, a juicio del gobernador, reclamar ahora puesto que el plazo estipulado había expirado[359].

Poco después, el gobernador eclesiástico se dirigió al administrador de Hacienda para comunicarle que varios capellanes le habían denunciado hechos iguales a los de la parroquia de San José. Roa valoraba el asunto como grave porque ponía a un número elevado de eclesiásticos de Cádiz en una situación crítica, ya que, “al no contar para su manutención más que con sus actuales capellanías”, se verían “precisados a dedicarse a trabajos u ocupaciones ajenas y prohibidas a su estado”, lo cual no creía pudiese ser el espíritu del decreto ni debiese ser permitido por el Gobierno.

Los capellanes no habían declarado los bienes para evitar poner en conocimiento de la autoridad algunas fundaciones cuya existencia esta desconocía. Por otra parte, aunque lo hubiesen hecho, no habrían podido alegar derechos sobre unas fundaciones de las cuales no debían ser precisamente los herederos. Pero el gobernador eclesiástico interpretaba que el decreto de 1 de marzo solo se refería a las obras pías, es decir a las fundaciones destinadas exclusivamente a realizar acciones caritativas, y no a las capellanías, que llevaban consigo cargas espirituales, como las celebraciones de determinado número de misas. Según él, no encontraba nada en el decreto que se refiriera en concreto a las capellanías. Esto no era cierto, pues el artículo segundo de la disposición decía claramente, para evitar dudas y consultas ulteriores, que se incluían “los bienes de todos los patronatos, sin distinción alguna”, salvo que hubieran sido ya desamortizados. Pero el gobernador eclesiástico argumentaba que las capellanías eran “de tal naturaleza” y habían merecido “tal respeto por parte de los legisladores”, que cuando se había legislado sobre ellas siempre se les había llamado expresamente por su nombre.

Por otra parte, Roa afirmaba que las capellanías no podían formar parte del decreto porque en él se decía que se debían presentar las relaciones de bienes amortizados y, en su opinión, las capellanías ya estaban desamortizadas. Se apoyaba en que antes de la revolución de 1868 las capellanías administradas por la Iglesia (es decir las “colativas”, fueran “de sangre” o puramente “eclesiásticas”) habían sido autorizadas a ser desamortizadas por los obispos a cambio de la permuta de sus bienes por títulos de la deuda al tres por ciento[360]. Por eso recordaba: “Si las capellanías están sujetas a una ley especial, cuyo objeto es desamortizarlas, como realmente se está ejecutando, el decreto que nos ocupa no se refiere ni referirse puede a aquellas[361]”. La ley especial a la que se refería era el convenio con la Santa Sede sobre arreglo de capellanías, una de las disposiciones que desarrollaron el Concordato de 1851, al que se dio fuerza de ley el 24 de junio de 1867. El convenio declaraba extinguidas las capellanías colativas o eclesiásticas y el artículo once de la Instrucción que lo desarrollaba facultaba exclusivamente a los diocesanos para declarar las capellanías que se iban a desamortizar. Aunque Roa decía que la desamortización se estaba ejecutando, el preámbulo del decreto expresaba la convicción de que los bienes de las fundaciones habían sido “maliciosamente ocultados”. Había con toda seguridad un número de capellanías que habían quedado sin desamortizar tras la promulgación de la ley de 24 de junio de 1867, ya que la declaración de los prelados era voluntaria.

El plazo de tres meses dado a los administradores de capellanías para recurrir contra las disposiciones del decreto de 1 de marzo expiró poco antes de la promulgación de la Constitución. A partir de esos momentos se iba a iniciar un conflicto entre el Gobierno, que pretendía incautarse de todos los patronatos y capellanías eclesiásticos, y el Cabildo Catedral de Cádiz, que se opondría rotundamente. La negativa del obispo a jurar la Constitución traería consigo la retirada de pagos al clero, que se podía paliar en parte gracias al mantenimiento de las propiedades y réditos de las capellanías eclesiásticas en manos del Cabildo Catedral.

3.11.2 Intento de incautación de todos los patronatos eclesiásticos

El gobernador eclesiástico consiguió que se suspendieran las incautaciones de las casas correspondientes a capellanías. Pero las presiones del Gobierno sobre los patronatos volvieron en torno a la aprobación de la Constitución y las primeras posiciones episcopales para evitar su anuencia a la misma.

El 20 de junio de 1869 se presentó Bernardo Quirós Contreras en la sala capitular del Cabildo Eclesiástico, como delegado del Gobierno encargado de incautarse de los fondos y documentos de todos los patronatos a cargo de la corporación. El deán le pidió que, para que el Cabildo se asegurase de la legalidad del acto y dejase a salvo su responsabilidad, volviese con un escrito del gobernador de la provincia que certificase su cometido.

Al día siguiente se volvía a presentar Quirós. El Cabildo Catedral ya tenía en su poder el oficio del gobernador civil y había designado un notario, que ya tenía preparada una reclamación[362]. El cuerpo capitular afirmaba en el recurso que había cumplido con lo que determinaba el decreto de desamortización de obras pías, pues el 31 de marzo de 1869 había presentado los expedientes de excepción que regulaba su artículo tercero, no encontrando razón alguna para la incautación cuando dichos expedientes no habían sido aún resueltos. En su opinión, la potestad sobre los patronatos no podía ser ejercida por el Gobierno, porque estos “fueron encomendados exclusivamente a la conciencia de los capitulares, prohibiéndose la injerencia de toda autoridad”. Además, los prebendados no decían no tener potestad para prestarse a la incautación porque los bienes de los patronatos estaban “en parte destinados al levantamiento de cargas espirituales”. Por último, los prebendados se quejaban de que el delegado hubiese intentado la incautación sin dar tiempo a que el deán citase a todos ellos, requisito imprescindible, con arreglo a los estatutos de la institución, para que tuvieran validez sus acuerdos[363]. Esta circunstancia sería utilizada a partir de ahora como táctica para impedir que el delegado del Gobierno cumpliese su cometido, pues le bastaba al deán con hacer que la mayor parte de los canónigos faltase a las reuniones del Cabildo Catedral para poder argumentar que no se había podido aprobar la incautación.

El delegado del Gobierno se retiró sin realizar la incautación, pidiendo copia del recurso. A partir de este momento se inició un periodo de varios meses de maniobras dilatorias de los capitulares e intentos infructuosos de lograr la incautación de los patronatos por parte del delegado del Gobierno. Dos días después, el 22 de junio, Quirós requirió a los inquilinos de las casas o fincas correspondientes a los patronatos para que no pagasen los arrendamientos, advirtiendo al órgano capitular que si continuaba su oposición se vería obligado a tomar otras medidas. El Cabildo Catedral designó una comisión formada por el arcipreste Sebastián Herrero, el penitenciario Salvador Moreno y el letrado Francisco de Paula Giles para que tratasen de arreglar el asunto. Los capitulares deseaban encontrar una solución conciliadora pero en ningún caso tenían intención de entregar los patronatos. El día 23, la comisión se reunió con el delegado en su casa y le ofrecieron entregarle algunas sumas de patronatos destinadas en parte a casas de beneficencia de la provincia, mientras se hacían las oportunas liquidaciones, ya que no era posible, según decían, ejecutarlas en el acto. Se trataba de llegar a un arreglo económico a cambio de que el delegado desistiera de momento de paralizar el pago de los arrendamientos. Quirós se mostró de acuerdo, ante la posibilidad de lograr al menos algún efectivo con el que justificar por el momento su gestión, y quedó en ir a la catedral el 25 de junio para hacerse cargo de las cantidades ofrecidas y tomar notas sobre los patronatos existentes[364]. El delegado había insistido en consultar los documentos correspondientes porque era consciente de que el Cabildo Eclesiástico tenía la posibilidad de ocultar la existencia de buena parte de sus patronatos y con ello evitar su incautación.

La entrega de los fondos no se produjo porque la Diputación Provincial tuvo conocimiento de que se iba a efectuar y envió un escrito al Cabildo Catedral, ordenando que retuviese en su poder las cantidades correspondientes a la beneficencia provincial. La prontitud con que se actuó la Diputación se debió a que el Cabildo Catedral le había informado del asunto para provocar un conflicto de intereses y lograr abortar la entrega. El Cabildo Catedral trasladó al delegado del Gobierno el escrito de la Diputación el 24 de junio, justo un día antes del previsto para que Quirós pasase a retirar las cantidades acordadas[365].

El 28 de junio se presentó de nuevo el delegado en la catedral, siendo recibido en la Contaduría del Cabildo con el deán, arcipreste, penitenciario y otros canónigos, y les comunicó que, tras haber consultado a la Dirección General de Beneficencia si debía incautarse de la parte de patronatos que correspondía a la beneficencia provincial, se le había contestado que debía incautarse de todos los fondos de patronatos. El deán, que había tenido la prevención de que no recibir al delegado en la sala capitular, le expresó por escrito que mientras el Cabildo no se reuniese y tomase un acuerdo él no podía acceder a sus pretensiones por carecer de autoridad para ello, ya que el derecho de patronatos lo ejercitaba toda la corporación. El delegado le contestó que la única deferencia que podía tener era esperar al día siguiente para que se reuniese el Cabildo.

El deán aceptó, pero, como prueba de la resistencia pasiva del Cabildo, este no se reunió el día siguiente[366]. El día 1 de julio de 1869 asistieron a capítulo solo el deán, arcipreste, magistral, penitenciario y el secretario, para evitar que hubiera suficiente número de dignidades y canónigos para poder decidir sobre el asunto de la incautación, que ni siquiera se discutió. Los reunidos se limitaron a dar lectura a un escrito del delegado en el que este asumía su responsabilidad y liberaba al Cabildo Catedral en la que pudiera corresponderle al efectuar la entrega de los fondos de los patronatos. Los capitulares presentes expresaron que en el escrito se observaban “ciertas inexactitudes” que no se correspondían con la protesta del Cabildo Eclesiástico al regente y acordaron pasar el documento a la Contaduría, probablemente para que no quedase constancia de que el Cabildo se había dado por enterado de su contenido. Es evidente que los capitulares habían optado por la estrategia de perder tiempo hasta que se recibiera una respuesta al recurso promovido. El deán, arcipreste, magistral, penitenciario y secretario tomaron medidas para que el resto de capitulares no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo, probablemente para evitar que alguno pudiera filtrar información[367].

Al oponerse el Cabildo a la incautación de los patronatos que administraba, el Gobierno se había negado a abonarle la liquidación anual de los intereses de las capellanías desamortizadas antes de la revolución de septiembre de 1868, consistentes en el tres por ciento de su valor en láminas de la deuda al tres por ciento. El 5 de julio se reunieron algunos capitulares para tratar sobre las gestiones realizadas por el canónigo Vicente Calvo Valero en Madrid para tratar de arreglar la suspensión. Calvo sugería que si los trámites amistosos no eran suficientes se contratasen los servicios de un letrado[368].

El delegado del Gobierno reanudó a finales de julio el acoso sobre los patronatos. El día 28 se presentó de nuevo en la contaduría. Estaban presentes el deán José Joaquín de Palma, el arcipreste Sebastián Herrero, el penitenciario Salvador Moreno, el canónigo Manuel Bosichy y Pedro López, designado para auxiliarles en la cuestión de patronatos. El delegado había recibido un telegrama de la Dirección General de Beneficencia ordenándole una vez más que procediese de inmediato a la incautación. Quirós llevaba un mes esperando a que el Cabildo se reuniese para tratar sobre el asunto. El deán volvió a comprometerse con el delegado a reunirse al día siguiente, pero este no estaba dispuesto a esperar más y selló la caja en la que se encontraban los fondos de patronatos. Esta medida parecía obligar al Cabildo a suspender los pagos correspondientes, pero no fue así. Parece seguro que antes de que el delegado sellara la caja se había tenido la precaución de retirar buena parte del dinero o que había otras cajas cuya existencia no se puso en conocimiento de Quirós, porque el 2 de agosto de 1869 el Cabildo Catedral abonó sin ningún problema tres dotes correspondientes al patronato de Castillo[369].

Aunque el deán se había comprometido a reunir el Cabildo el 29 de julio como última prórroga para discutir la incautación, no lo hizo hasta el 13 de agosto. Reconociendo entonces “la absoluta imposibilidad de rechazar la fuerza con la fuerza”, el Cabildo aprobó por unanimidad prestarse pasivamente a las exigencias del delegado. Aunque se había ofrecido al delegado desde el primer momento la posibilidad de que consultase la documentación de los archivos correspondientes a los patronatos, el hecho cierto es que 13 de agosto de 1869 Quirós no había conseguido todavía que se le entregara la llave correspondiente[370].

El conflicto de intereses que se estaba produciendo entre el administrador económico de la provincia y el delegado del Gobierno resultó muy oportuno para el Cabildo Catedral. El administrador de la provincia se oponía radicalmente a la incautación de los patronatos porque la Diputación Provincial perdería la parte que le correspondía para la beneficencia provincial. El Cabildo Catedral había comunicado al administrador de provincia la inminencia de la incautación, sin duda para provocar el conflicto de intereses, y esta medida surtió el efecto deseado: El 16 de agosto de 1869 el delegado envió un oficio al Cabildo Eclesiástico comunicándole que “por el conflicto suscitado” entre él y el administrador económico de la provincia se veía obligado a suspender la apertura de los sellos de la caja para retirar el dinero, acordado para el día siguiente, hasta que no se resolviese la cuestión de competencias[371].

El 12 de octubre se reactivó el conflicto. El Cabildo Catedral había recibido noticias que el delegado del Gobierno pretendía revocar la suspensión. El delegado y el administrador económico de la provincia habían estado intercambiando escritos sobre la cuestión, insistiendo el primero en su derecho a la incautación. Entretanto, el Gobierno había formulado determinados cargos contra el Cabildo Eclesiástico, en los que se dudaba de la correcta la administración de los patronatos por parte de los capitulares, y estos solicitaron al delegado del Gobierno que les remitiese copia de estos cargos. Se recibió el documento, que daba quince días de plazo al Cabildo para contestar con los descargos que correspondiesen.

Las noticias que habían llegado al Cabildo eran ciertas. El 15 de octubre el delegado informó que el día 18 iba a proceder a levantar los sellos del archivo y caja de patronatos y a incautarse de todos los fondos. El Cabildo Catedral reconocía que no podía “rechazar la fuerza con la fuerza” y acordó que el contador y el canónigo doctoral conferenciasen con el delegado para tratar de hacerle desistir de sus propósitos. La entrevista se verificó el 16 de octubre, pero resultó infructuosa, dando por primera vez el Cabildo la incautación por inevitable. Sin embargo llegó el día 18 y esta no se produjo. El 26 de octubre faltaban cuatro días para el plazo concedido por el Gobierno al Cabildo Catedral para hacer el escrito de descargos y los capitulares optaron por enviar de nuevo al canónigo Calvo a Madrid para presentar personalmente los descargos y gestionar una resolución favorable. La Diputación Provincial y el nuevo Ayuntamiento provisional presidido por Juan Valverde comenzaron a reclamar al Cabildo Catedral las cantidades procedentes de patronatos que habitualmente se les abonaban con destino a las instituciones provinciales y locales de beneficencia, probablemente para hacer ver al delegado que ese dinero debía ser incautado. El 18 de noviembre de 1869, la Diputación Provincial pidió al Cabildo Eclesiástico el abono de ochocientos escudos para la beneficencia provincial. Poco antes, el alcalde Juan Valverde había pedido las cantidades destinadas al socorro de presos, petición que los capitulares se mostraban dispuestos a satisfacer[372].

El 22 de diciembre de 1869 el canónigo Vicente Calvo informó sobre las gestiones que había realizado en Madrid. Había logrado el cobro de la liquidación de los intereses de los once patronatos desamortizados antes de la revolución, que se hallaba suspendida. Parece que lo lógico hubiera sido que el Gobierno no hubiese aceptado abonar los réditos de estos patronatos ya que el Cabildo Catedral se negaba a desamortizar el resto. Pero Calvo consiguió que se reconociera el derecho adquirido con anterioridad a la revolución. Los abonos de esos réditos se solían hacer por trimestres y el Gobierno había dejado de pagar los cuatro últimos, es decir un año entero. La recuperación de estos réditos no era suficiente para cambiar la situación económica del Cabildo, pero podía al menos aliviarla en parte.

Aunque el delegado del Gobierno no llegó a llevarse el dinero de la caja de patronatos ni intervino el archivo, su orden inicial a los arrendatarios de fincas de patronatos de que no pagasen los alquileres al Cabildo Catedral había hecho que este no hubiese percibido nada en desde hacía seis meses. Las rentas de los patronatos, además de aplicarse a los deseos del fundador, se utilizaban para pagar los sueldos de los empleados del Cabildo Eclesiástico. No se había abonado nada en los últimos seis meses a los empleados de contaduría, secretaría y patronatos, por lo que el Cabildo se planteó despedirlos, pasando a desempeñar el trabajo de dichos empleados el contador, el arcediano y el magistral.

Los capitulares no habían estado velando tan solo por los intereses de la Iglesia y de la institución de la que formaban parte, sino también por los suyos particulares, pues en unos momentos tan delicados desde el punto de vista económico, en que la noticia de Calvo sobre la reposición del pago de los intereses de los patronatos desamortizados llegada justo cuando se pretendían despidos de personal para ahorrar, las dignidades y canónigos se ponían a discutir cómo se repartirían entre ellos su parte de los referidos intereses. Los capitulares detraían habitualmente la décima parte de los rendimientos de los patronatos y se la repartían entre ellos para usarla a su discreción[373].

El 9 de marzo de 1870 no se había resuelto todavía el recurso presentado por el Cabildo Catedral. El administrador económico de la provincia acordó poner al Cabildo en posesión de las rentas de patronatos que se le habían intervenido, a condición de que las devolviera si la superioridad no aprobaba el recurso. El Cabildo Catedral, recuperaba las rentas embargadas. Aunque no parecía conveniente utilizarlas, para evitar problemas en caso de perder el recurso, el 27 de junio de 1870 resolvía hacerlo.

El Consejo de ministros había establecido que el Ministerio de la Gobernación era competente en la cuestión de los patronatos. Esto trasladaba esa competencia en Cádiz al administrador provincial de patronatos, que reclamó al Cabildo las cuentas de los patronatos el 23 de agosto de 1870. Los prebendados, siguiendo su línea habitual de dilaciones, no le contestaron. También mantenían su política dilatoria en la respuesta a los cargos que se le habían formulado en octubre del año anterior por incumplimiento del decreto de obras pías de marzo del mismo año. Hacía poco tiempo que había regresado de Madrid el canónigo Vicente Calvo, que había ido acompañado del arcediano Antonio Micas, y de nuevo se estimaba necesario que una comisión gestionase en la capital la respuesta definitiva a los cargos referidos. Calvo renunció esta vez, alegando motivos de salud y el arcediano no estaba presente, por lo que se designó al canónigo Francisco de Lara, al que acompañaría el oficial de la contaduría José Arroyo[374].

El Cabildo Eclesiástico había conseguido la recuperación de los fondos de patronatos y el abono de los atrasos por intereses de los desamortizados antes de la revolución. Su logro redundó en su beneficio particular y también en el de las instituciones de beneficencia mantenidas por los patronatos, pero no en la situación económica general de la Diócesis.

3.11.3 Fracaso en los intentos de desamortización de capellanías

En torno a la promulgación del decreto de 12 de agosto de 1871 sobre desamortización de capellanías (que, como se indicó en el capítulo 1, daba un plazo “improrrogable” de seis meses para que quisieran alegar sus derechos a heredar estas fundaciones), volvieron las presiones sobre el Cabildo Eclesiástico. El 7 de agosto de 1871, el administrador provincial de patronatos había exigido al Cabildo Catedral la entrega de todos los documentos relacionados con los patronatos y este resolvió que no correspondía entregarlos ni informar sobre los patronatos, por tratarse de “bienes espirituales[375]”.

La actitud defensiva de los capitulares posterior al decreto de desamortización de obras pías de marzo de 1869 contrasta con la tenacidad y persistencia mostrada ahora, cambio en el que debió influir la posición delicada de la monarquía de don Amadeo en relación con su intención de lograr el reconocimiento de la Santa Sede. El 1 de septiembre de 1871 los canónigos Tomás Costa y Vicente Calvo informaron a sus compañeros de la entrevista mantenida con el gobernador civil para transmitirle la queja del Cabildo Catedral por las constantes reclamaciones que le hacía el administrador de patronatos de la provincia, entre ellas que se le abonase un diez por ciento de los patronatos “por derecho de visita”. Los dos canónigos habían expresado al gobernador que los capitulares no entendían la causa de la multitud de oficios de la Administración de Patronatos que recibía el Cabildo, a lo que el gobernador indicó que él, sin embargo, no entendía por qué no se contestaba al administrador con prontitud. Los comisionados le habían replicado con la consabida excusa de que el Cabildo se regía por sus estatutos y antes de tomar decisiones debía “reunirse, oír los pareceres de sus individuos, pedir antecedentes e informase”. Eran las dilaciones habituales[376].

El administrador de patronatos había reclamado al Cabildo Catedral doscientos tres mil trescientos veinticinco reales con cuarenta y dos céntimos, que era prácticamente la misma cantidad que había resultado de la liquidación de patronatos efectuada por el Cabildo poco antes. El canónigo Calvo había redactado una reclamación sobre este asunto al ministro de la Gobernación, por vía del gobernador civil, y este advirtió al Cabildo que la reclamación no iba a suspender las gestiones de la apropiación. Pero el penitenciario, Salvador Moreno, logró que se suspendiera el pago exigido con lo que, una vez más, el Cabildo consiguió mantener intactos sus intereses[377].

Los prebendados continuaron su ofensiva el 4 de octubre de 1871, cuando el administrador de patronatos de la provincia les reclamó un certificado de las liquidaciones de patronatos realizadas entre 1840 y 1869. Era la cuarta vez que el administrador hacía esta reclamación y los capitulares estimaban que no procedía satisfacerla. Pero, además, ahora se sintieron “ofendidos por las frases irreverentes y las falsas imputaciones del administrador” y elevaron una reclamación al ministro de la Gobernación, así como comunicar al gobernador civil que si el administrador continuaba “levantando tan falsas imputaciones al Cabildo”, se verían “en la dura necesidad de acudir a los tribunales[378]”. La reclamación surtió efecto, pues a finales de octubre el gobernador civil comunicó al Cabildo Eclesiástico que la Dirección General de Beneficencia y Sanidad había declarado suspendidos los procedimientos abiertos para multar al Cabildo, así como para excluirlo del cargo de patrono, y ordenaba al administrador de patronatos que se limitase únicamente a informar las cuentas rendidas por el Cabildo y las faltas que notase en ellas, prohibiéndole que le exigiera documentos, pues esto era competencia exclusiva de la Dirección General[379]. Una vez más, el Cabildo Eclesiástico salía indemne de los intentos de despojarle de la administración de sus patronatos y, sobre todo, de apropiarse de sus fondos.

Fray Félix remitió el 18 de octubre de 1871 desde Medina Sidonia, donde se encontraba en visita pastoral, un escrito al ministro de Gracia y Justicia pidiéndole la revocación del decreto de 12 de agosto. El obispo se dirigía al ministro diciéndole, con razón, que el decreto pretendía dar “vida simultánea” a dos leyes que se contraponían radicalmente. La disposición reconocía en pleno vigor y con fuerza legal el convenio con la Santa Sede elevado a ley el 24 de junio de 1867, sobre capellanías colativas “de sangre” y otras fundaciones piadosas, y sin embargo su finalidad fundamental era restablecer con todo su alcance y derivaciones la ley de 1 de mayo de 1855 y sus concordantes en relación con dichas fundaciones, tratando de fijar reglas y tramitaciones para su ejecución. Pero esta última ley ordenaba la desamortización de las capellanías, mientras la ley de 24 de junio de 1867 (una de las disposiciones que desarrollaron el Concordato de 1851, como se ha expresado más arriba) acordaba que las no desamortizadas hasta el momento fueran devueltas a las Diócesis con la condición de que estas las enajenasen bajo la autoridad y autonomía de los obispos. Fray Félix pedía al ministro que inclinase el ánimo del rey para que revocase el decreto de 12 de agosto, pues, en su opinión, era contrario al convenio de 1867, ya que en este se recuperaban las atribuciones de los obispos en materia de capellanías, y ahora estas atribuciones se anulaban y trasladaban a las Administraciones Económicas[380].

Ya en 1872, el 13 de febrero, justo al día siguiente de expirar el plazo de seis meses que daba el decreto de 12 de agosto del año anterior, el ministro de Hacienda, Santiago Angulo, decretaba una prórroga de seis meses más para presentar la declaración de excepciones sobre los bienes de capellanías. Los sucesivos intentos de controlar las fundaciones eclesiásticas no lograron su objetivo sobre el Obispado de Cádiz. Si los supuestos herederos de los patronatos y capellanías “de sangre” no habían presentado las solicitudes de exención, la única solución habría sido considerar a todos estas fundaciones como puramente eclesiásticas y desamortizarlas, incautándose de ellas. Pero, como se ha comprobado, el Cabildo Eclesiástico logró impedirlo una y otra vez. Hasta tal punto se puede decir que habían fracasado los intentos de incautación que antes de decretarse la última prórroga de seis meses, el 22 de enero de 1872, el Gobierno ya había emitido otro decreto que permitía a los Cabildos Catedrales seguir administrando las instituciones benéficas que se nutrían de los fondos de patronatos y capellanías, aunque sometiéndolas al control de la administración central gubernamental a través de los gobernadores de provincia.

3.11.4 Discrepancias sobre el decreto de instituciones particulares de beneficencia

A pesar de los esfuerzos liberales por racionalizar la beneficencia y por secularizar y desamortizar las fundaciones eclesiásticas, la situación seguía siendo compleja en 1872. En Cádiz convivían los patronatos desamortizados en manos del Ayuntamiento y del Cabildo Catedral con otros que seguían estando amortizados y administrados por el último. En el sistema benéfico de la ciudad se mezclaban fundaciones públicas, como el Hospicio Provincial o la Casa municipal de Dementes, con otras eclesiásticas, como la Casa de Viudas o el Hospital de Mujeres, quedando aún lejos de cumplirse el viejo objetivo liberal de secularizar y controlar por completo el sistema de beneficencia heredado de la Ilustración.

El decreto de 22 de enero de 1872 trataba de lograr el control de los patronatos eclesiásticos de una forma diferente, pues los convertía en instituciones privadas de beneficencia sujetas al control del Gobierno. La disposición legal provocó nuevas resistencias por parte del obispo de Cádiz. Pero en esta ocasión el Cabildo Catedral iba a discrepar de su prelado, mostrándose dispuesto a cumplirlo.

El obispo trató de convencer al Cabildo Catedral de que no cumpliese la disposición y emplease las rentas de alguno de sus patronatos sin contar con la autorización del Gobierno. El 14 de febrero de 1872, remitió una carta al Cabildo comunicándole que estaba tratando de establecer en el barrio de Santa María una escuela para niñas pobres en el convento de Santo Domingo y a cargo de las religiosas de la Compañía de María Santísima[381]. Aunque ya había varias escuelas privadas católicas en Cádiz, el obispo creía que se necesitaban otras, sobre todo para niñas. La razón principal era la posible extensión del protestantismo en la ciudad mediante la fundación de escuelas, de las que ya había algunas. Fray Félix, evaluaba “la gravedad y la extensión del mal” y creía que con el aumento de escuelas católicas para niños se evitaba “dejar descubierto y sin defensa un resquicio siquiera” por el que pudiera introducirse el protestantismo. El obispo expresó ante los capitulares “clara y francamente”, que la propuesta que les presentaba era “contraria a su carácter”, pero la hacía para cumplir con su deber de procurar “por todos los modos posibles la salvación de las almas” que le estaban confiadas, ofreciendo además al Cabildo Catedral ocasión de cumplir con los deberes que le incumbían.

La decisión del decreto de 22 de enero relativa a transferir al Gobierno la facultad de distribuir los sobrantes de las rentas de los patronatos eclesiásticos era, en opinión de fray Félix, “extraña en gran manera, por no calificarla de otro modo”, y su cumplimiento debía, en su opinión, “esquivarse, mediante resoluciones o medidas preventivas” que evitasen “la existencia de sobrantes”, de manera que la disposición resultase “como no dictada”. Si el Cabildo tuviese remanentes de algún patronato, argumentaba fray Félix, “haría bien en aplicarlos a favor de la nueva escuela”, siempre que tuviera, añadía, “la cautela y maña suficientes”. En otras palabras, el prelado gaditano, proponía expresamente al Cabildo incumplir el decreto.

El obispo centraba su atención en la Casa de Viudas o de Fragela. Había comprobado que el fundador había dispuesto que si, con el transcurso del tiempo, la conservación de la casa “fuera imposible o menos conveniente para gloria de Dios”, se utilizase esta, “con preferencia a cualquier otro destino, en colegio de niñas pobres”. Cumpliendo esta disposición, aunque no el reciente decreto, el prelado creía que el Cabildo podía emplear las rentas sobrantes en la creación de la escuela proyectada. Pero lo cierto es que con la solución del obispo no se cumplía con el deseo del fundador, ya que la conservación de la Casa de Viudas no era “imposible”. El prelado trataba de salvar de algún modo los escrúpulos de conciencia de los prebendados cuando les transmitía su seguridad de que cumplirían sobradamente la voluntad del fundador si destinaban el sobrante, “con las precauciones y formalidades que eximiesen al Cabildo de toda responsabilidad”, a la erección del mencionado colegio.

El Cabildo contestó al obispo tras un detallado informe preparado por varios capitulares[382]. Los informantes estimaban que la erección de la escuela de niñas era una “obra de gran piedad, útil y hasta necesaria, si se ha de precaver a la niñez de la propaganda que el protestantismo hace en ella”. La Casa de Viudas producía un sobrante de veintiún mil seiscientos setenta y siete reales con setenta y siete céntimos anuales. El Cabildo creía factible la petición del prelado, pues, efectivamente, el fundador había mostrado la intención de aplicar los sobrantes del patronato a la enseñanza. Por otra parte, aunque no hubiese sido así, “mucho menos hubiera deseado que (…) se hiciese la aplicación de su testamento por la potestad secular”. El Cabildo decía aceptar la petición del obispo, pero añadía que esto debía hacerse “acudiendo, en cumplimiento de las leyes vigentes”, al Gobierno con el fin de que lo autorizase. Para ello, se encomendaría al canónigo Vicente Calvo y Valero, comisionado en Madrid por el Cabildo, que solicitase al ministro el arreglo definitivo de las cargas del patronato de Fragela y la aplicación de sus rentas sobrantes en la finalidad aludida. Los capitulares mostraban, pues, un deseo explícito de cumplir el decreto sobre instituciones de beneficencia particular, mientras el obispo lo mostraba de evitar su cumplimiento. Tres días después de emitido el informe del Cabildo Catedral, el 13 de abril de 1872, los capitulares remitían su respuesta al obispo[383].

No hay constancia de cuáles fueron las negociaciones del canónigo Calvo y Valero en Madrid acerca del empleo de los sobrantes, pero por los resultados se puede deducir que lo que buscaba el Cabildo Catedral no coincidía con lo que deseaba fray Félix. Los prebendados estaban interesados en cumplir el decreto a cambio de una importante compensación: El 27 de julio de 1872, recibieron un telegrama del canónigo Calvo desde Madrid “dando cuenta de haberse conformado el Excmo. Sr. ministro de la Gobernación con el dictamen del Consejo de Estado favorable a este Cabildo en el expediente de cargos formulados contra el mismo”. Esta absolución se refería a los cargos presentados contra el Cabildo Catedral por su resistencia a entregar sus patronatos y capellanías que administraba a partir del decreto de desamortización de obras pías de marzo de 1869, llegando justamente cuando Valero negociaba la recuperación de los sobrantes de la Casa de Viudas. El 4 de agosto de 1872 se confirmó la absolución cuando se recibió en el Cabildo Catedral un oficio de Calvo, acompañando otro del director general de Beneficencia dando cuenta del dictamen del Consejo de Estado y real orden expedida por el ministro de Gobernación absolviendo al Cabildo del cargo de “abusos en la administración de patronatos[384]”.

Aunque, como se ha comprobado, el Cabildo no secundó la propuesta de fray Félix acerca de crear una escuela de niñas, la coincidencia temporal de las reformas emprendidas, justo a continuación de la respuesta capitular al prelado, en las escuelas de niñas ya abiertas en el Hospital de Mujeres sugiere que el Cabildo Catedral trató de compensar de alguna manera al obispo por su negativa a oponerse al Gobierno en lo relativo al decreto. La escuela de niñas pobres de Nuestra Señora del Carmen fue reformada en abril de 1872 y entregada a las hermanas Carmelitas de la Caridad[385]. A la de niñas de “las Concepcionistas”, se le aumentó el espacio disponible y la misma Asociación de Hijas de la Inmaculada, estableció una escuela de adultas en el barrio de Santa María.

Mientras los capitulares no creyeron conveniente ofrecer resistencia al decreto porque este les permitía seguir usando sus patronatos aunque pasaran a ser controlados por el Gobierno, el obispo, más preocupado siempre por los intereses de la Iglesia, siguió presentando una oposición, cada vez más radical, al mismo. El 20 de diciembre de 1872 el gobernador de provincia le remitió un oficio relativo a algunas instituciones eclesiásticas de beneficencia, en concreto la fundación de doña Jacinta Zuzulaga, el hospital de Nuestra Señora del Carmen y el Hospital de San José. Con el oficio adjuntaba un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz del día 18 de diciembre, en el que se insertaba una circular del Gobierno Civil indicando los patronos y administradores de beneficencia particular que no habían remitido todavía los presupuestos y cuentas respectivas. El gobernador instaba al prelado, como uno de los patronos de las fundaciones que habían incumplido la normativa, a que diese “el más puntual y exacto cumplimiento a aquella disposición”. Fray Félix contestó al gobernador el 23 de diciembre con una carta en la que manifestaba su indignación por el trato que se le daba y por la circunstancia de que el Gobierno de la Nación, mientras le ordenaba cumplir con obligaciones en las que no creía, no cumplía con las suyas de abonar a la Diócesis los haberes necesarios para el culto y el clero. La contestación de fray Félix se puede calificar como un acto de completa insumisión al decreto sobre instituciones particulares de beneficencia:

Ilmo. Sr.: He recibido comunicación de V.I. fecha 18 del actual y el número del Boletín Oficial de la Provincia que me acompaña en el cual se inserta la circular de ese Gobierno relativa a los patronatos de beneficencia particular, y en contestación debo decirle que por mi parte ni estoy dispuesto a rendir cuentas más que en globo y como corresponde a mi Dignidad, ni a abonar multa alguna por considerarla injusta y carecer, aun cuando no lo fuese, de medios para satisfacerla, pues me costeo, como es notorio, de las limosnas de los fieles, debiendo en todo caso responder de las asignaciones que se me adeudan por el Estado. Protesto, además, desde luego, contra la suspensión de patronos y nombramientos de administradores, que se anuncian en la citada circular por ser estas medidas atentatorias a los legítimos y sagrados derechos que me asisten[386].

3.12 Incidencia de las cuestiones económicas en el enfrentamiento

Como se ha comprobado más arriba, El Obispado conoció el comienzo de una época complicada en el aspecto económico a partir del decreto sobre obras pías de 1 de marzo de 1869. Pero la contienda por el control de las fundaciones eclesiásticas, no fue más que un aspecto, muy importante desde luego, del problema económico general al que se tuvo que enfrentar la Iglesia española durante el Sexenio Democrático.

3.12.1 Situación económica del Obispado tras la aprobación de la Constitución

El tratamiento dado al clero por parte del Gobierno provisional en el aspecto económico durante los primeros momentos de la revolución se redujo a la suspensión del presupuesto de los seminarios y a la prohibición a los clérigos de adquirir bienes. La cuestión económica, que resulta fundamental en el conflicto entre Iglesia y Estado durante el Sexenio Democrático, conoció su principal punto de inflexión a partir de la promulgación de la Constitución. Poco después, el ministro de Gracia y Justicia Cristóbal Martín de Herrera declaró el presupuesto para el clero como “atenciones menos preferentes”, lo cual equivalía en sus palabras a “suspender su pago”, con lo que se economizaba un millón de reales del presupuesto[387].

El 10 de julio de 1869, poco después de la proclamación de la Constitución y de reactivarse el litigio sobre los patronatos, el Cabildo Catedral recibió una notificación de la Ordenación General de Pagos del Ministerio de Gracia y Justicia comunicando que se había reducido el presupuesto para la fábrica de la catedral en treinta y seis mil reales. El 14 de septiembre, el arcipreste Sebastián Herrero, gobernador eclesiástico desde finales de agosto, pidió al Cabildo Catedral que informase al obispo de las medidas que se podían tomar para afrontar la disminución, que suponía una tercera parte de lo que se había percibido anteriormente. Ese mismo día, el administrador diocesano comunicaba a los prebendados Catedral la modificación a la baja que había sufrido el presupuesto del clero para el año económico de 1869 a 1870[388]. El 23 de noviembre de 1869 se declararon sin derecho a desempeñar destinos y funciones públicas y al percibo de haberes de retiro a todos los funcionarios que no hubiesen jurado la Constitución, o no acreditasen haberlo verificado en el plazo de un mes, medida extensiva a los miembros del clero[389]. Comenzaba para el Obispado de Cádiz un periodo de graves dificultades económicas, que se salvaría por el mantenimiento en su poder de los fondos de capellanías y por las limosnas de los fieles.

Los capitulares designaron una comisión, compuesta por el contador mayor y el obrero de la fábrica de la catedral, para estudiar las medidas a tomar para economizar gastos. El informe de la comisión fue aprobado por unanimidad y remitido al obispo, que dio su anuencia en noviembre, sin introducir ninguna modificación o sugerencia. El Cabildo Catedral había abonado en sueldos a sus empleados a lo largo de 1869 un total de veintitrés mil trescientos cuarenta reales, pero cuando estaba finalizando el año se vio obligado a reducir salarios a varios auxiliares y a despedir al resto[390].

En febrero de 1870, la situación económica de la Diócesis gaditana era grave. La bajada del presupuesto para la obra de la catedral había obligado a reducir salarios y despedir empleados. Además, seguía sin recibirse dotación alguna del Gobierno y los patronatos administrados por el Cabildo Eclesiástico, una importante fuente de ingresos como se ha visto anteriormente, continuaban estando embargados. Los capitulares elevaron al obispo un nuevo proyecto de las economías que se iban a tener que hacer en los gastos del culto. El obispo aprobó la petición, ahora con algunas observaciones, entre las cuales figuraba su deseo de que durante la Semana Santa se siguiera colocando el monumento que se instalaba habitualmente en aquellas fechas, para evitar que los fieles viesen reducido el esplendor del culto.

El Cabildo Catedral deseaba satisfacer la petición del prelado, pero el obrero mayor presentó un presupuesto de los gastos indispensables para la colocación y alumbrado del monumento y, aun buscando las posibilidades más económicas, el coste era excesivo, pues la suma a gastar ascendía a cuatro mil treinta y dos reales. El Cabildo Eclesiástico informó al obispo que no disponía de recursos y era imposible afrontar el gasto para la colocación del monumento. Se añadía que esta misma carencia de recursos impedía la reparación de las bóvedas del templo, de las que se desprendían piedras continuamente, y que se debían cuatro meses de salario al personal encargado de hacer reparaciones en el templo. La situación no iba a mejorar, pues el habilitado del clero había comunicado que había órdenes de la superioridad para no abonar la asignación al culto en la Diócesis de Cádiz y en otras hasta que no se pusieran a un nivel aproximadamente igual a otras que estaban aún más atrasadas de pagos, pues se les debían entre diez y doce meses.

Los miembros de Cabildo Catedral no sabían de dónde sacar lo necesario para el culto, “y sobre todo para los ministros subalternos, que no permitiéndoles sus mezquinas dotaciones hacer ningún ahorro”, se hallaban “en el estado más deplorable” por habérseles retirado sus asignaciones. Esta falta de pagos al clero gaditano, consecuencia de no haber accedido a prestar juramento a la Constitución, se confirmaría después de que en marzo se publicase el decreto regulando el juramento de adhesión a la norma constitucional por el clero, con la posterior negativa oficial del obispo a prestarlo. Los capitulares se planteaban la posibilidad de paliar la carencia de recursos mediante una postulación por la ciudad, invitando a las personas conocidas como más religiosas y pudientes a que contribuyeran a la colocación del monumento. Pero el año anterior ya se había adoptado la misma medida para que la procesión del Corpus se celebrase con la solemnidad debida y no se veía prudente repetir peticiones de dinero en tan corto espacio de tiempo. Además, aquella colecta no había alcanzado para cubrir el coste de la procesión, del que aún se debía una parte. Los capitulares opinaban que aun cuando se consiguiera reunir lo necesario para el monumento por medio de limosnas, no era justo que el culto se desplegase “con todo su esplendor” mientras los sacerdotes estaban “pasando hambre”. No era prudente colocar el monumento en esas condiciones, porque daría lugar a “justas quejas” de los ministros subalternos de que mientras el culto se ostentaba “como en los tiempos más prósperos”, a ellos se les dejaba “en su miseria[391]”.

En marzo de 1870, casi al mismo tiempo que se promulgaba el decreto sobre juramento de la Constitución por los miembros de la Iglesia, el ministro de Gracia y Justicia, en estos momentos Montero Ríos, había ofrecido a la Iglesia un compromiso. El Estado renunciaría a su derecho tradicional a intervenir en los asuntos de la Iglesia, como el Pase Regio, la Agencia de Preces y el Patronazgo, a excepción de los nombramientos financiados por el Gobierno; pero, como contrapartida, pedía la participación de las parroquias en el nombramiento de curas y la integración de los territorios de las antiguas órdenes militares en las Diócesis existentes. Solo se ejercería el derecho de expropiación de bienes eclesiásticos por razones de utilidad pública dictaminada por los tribunales y previa la indemnización que correspondiera. Se ofrecía un presupuesto de ciento treinta millones de reales para el pago de salarios al clero y mantenimiento de las iglesias. Esto último era realmente lo más difícil de encajar por la Iglesia, pues el proyecto daba lugar una reducción del presupuesto eclesiástico de algo más del veintiséis por ciento respecto al periodo 1866-67. La posición del Gobierno partía de la base, incuestionable, de que todo el presupuesto de gastos del Estado se tenía que reducir; pero la postura de la Iglesia era no aceptar una reducción que incumplía las asignaciones establecidas en el Concordato de 1851, en vigor a pesar de haber sido quebrantado reiteradamente por las medias legales de los distintos Gobiernos de la revolución. El obispo de Cádiz, como el resto del episcopado español, creía que el presupuesto eclesiástico era un derecho de la Iglesia cuantificado en el Concordato y derivado de la compensación debida por el Estado por la sustracción de los bienes eclesiásticos por medio de las desamortizaciones. Fray Félix iba a mostrar una firme oposición a los intentos de reducir el presupuesto del clero.

Aunque los presupuestos se mantuvieron, el dinero no llegaba a la Diócesis. Las verdaderas dificultades no venían de una posible reducción de las asignaciones aprobadas para el culto y clero, sino de que los presupuestos aprobados no se abonaban. Aunque en marzo de 1870 el Cabildo Catedral había recuperado los fondos de los patronatos embargados[392], seguía sin percibir lo correspondiente a las láminas de la deuda en compensación por las capellanías desamortizadas antes de la revolución. Y sobre todo, el clero no recibía las asignaciones personales correspondientes. Los miembros del Cabildo Catedral podrían haber contribuido a aliviar los problemas económicos, que acuciaban a todos pero más especialmente al clero más bajo y a los empleados de la catedral, donando la “décima” que se reservaba de los rendimientos de los patronatos, o al menos una parte de ella para solventar las necesidades más perentorias. Pero prefirieron promover una suscripción de limosnas entre los fieles católicos. El día 9 de mayo se tomó la decisión, apostillándose que la idea era “muy del agrado” del prelado. Se colocaron inmediatamente cepillos en la catedral, cosa que hasta entonces no se había estimado necesaria, y se envió una carta al prelado pidiendo su aprobación a la suscripción de limosnas, de cuya gestión se encargaría el mayordomo de fábrica. Aún sin haber llegado la respuesta del obispo, el 10 de mayo de 1870 ya tenía el arcipreste preparada una carta dirigida a los vecinos de Cádiz pidiéndoles que contribuyesen con sus limosnas al sostenimiento del culto y los ministros[393].

Fray Félix aprobó la suscripción popular pero indicó que las limosnas debían emplearse para atender a las “mínimas exigencias del culto”, no haciendo ninguna alusión a las necesidades personales del clero. La recogida de limosnas comenzó en junio de 1870 y el día 19 del mismo mes la primera nómina de gaditanos suscritos para atender los gastos del culto ya daba una cifra apreciable. De los que realizaron un solo pago y no se suscribieron mensualmente, se recaudaron nueve mil treinta reales. La relación estaba formada por veintisiete personas que donaron cantidades que iban desde doscientos hasta dos mil reales. De los que decidieron pagar todos los meses una cuota fija, en julio de 1870 ya se habían recibido ocho mil ciento treinta y dos reales, siendo un total de quinientos setenta y siete los inscritos, que abonaron distintas cantidades que llegaron a un mínimo de cuatro reales. Sumando los dos conceptos, es decir lo recibido en un solo pago y las suscripciones mensuales, se había recibido en el plazo de un mes, diecisiete mil ciento sesenta y dos reales, lo cual significa casi la mitad de la reducción del presupuesto para el culto de la catedral de Cádiz para todo el año. Y así seguiría hasta el año siguiente[394]. La suscripción de limosnas había tenido una respuesta inmediata tan entusiasta entre una parte de los fieles católicos gaditanos que, habiendo transcurrido tan solo un mes desde su inicio, el canónigo José María Morote sugirió que se podían paralizar las medidas de restricción económica tomadas por el Cabildo Catedral. Pero se tomó la decisión de no hacerlo porque no se podía contar con cantidades fijas y era probable que las limosnas, dada la mala situación económica generalizada, disminuyesen[395].

Cuando el 4 de agosto de 1870 el obispo dirigió una exposición al regente quejándose de la falta de asignaciones para el culto y clero padecida por la Diócesis desde octubre del año anterior la situación era, gracias a la iniciativa exitosa de promover la suscripción de limosnas, menos gravosa de lo que se podía deducir de sus palabras[396]. Aunque el obispo había aprobado tan solo que las limosnas se dedicaran al culto, una parte importante se dirigió también a satisfacer las necesidades más urgentes de algunos clérigos. El obispo afirmaba que no protestaba por sus propias necesidades sino estimulado por las reclamaciones que frecuentemente llegaban a sus oídos procedentes de la mayor parte de los pueblos de la Diócesis y de casi todos los miembros de su clero, “que gemían en la necesidad y hasta en la miseria”. Su conciencia no le permitía consentir “la conculcación y despojo de los derechos sacratísimos” del clero que envolvía la conducta del Gobierno. Dirigiéndose al regente de un Estado liberal, apelaba a su propia libertad para desahogar sus sentimientos y aclaraba que no pedía nada para él ni lo haría en el futuro. Hacía un mes que vivía de limosnas voluntarias de sus diocesanos, “no alcanzando ni aun para comer con su reducida familia un potaje, los mezquinos derechos de su secretaría y la escasísima renta de dos huertas propias de su Dignidad”.

Una vez más, se mostraba partidario de la libertad e independencia de la Iglesia. En su opinión, cuando sus enemigos trataban de llevarla a sus momentos primitivos de pureza, no la dañaban sino que, sin saberlo, le daban “la libertad ahora perdida”. El obispo mostraba preferir la separación entre la Iglesia y el Estado. Entendía que el poder terrenal y el poder espiritual pertenecían a dos ámbitos diferentes, y en esto no estaba tan lejos de la separación Iglesia-Estado que deseaban los republicanos. Pero había una diferencia fundamental entre la visión del fray Félix y la de los republicanos en lo relativo a la separación completa de la Iglesia y el Estado. Para el obispo de Cádiz la libertad de la Iglesia consistía en que no estuviese sometida al control de Estado; pero este sí tenía que estar supeditado a la Iglesia, como única depositaria de la Verdad.

Fray Félix no quería pagas del Estado que hicieran depender a la Iglesia del poder terrenal, pero defendía que el Gobierno tenía la obligación de abonar lo que, en su opinión, no era más que lo que se debía a la Iglesia por el expolio al que había sido sometida, derecho que había sido consignado por el último Concordato, mediante el cual el papa y el Gobierno español habían ordenado en su momento, mediante el Concordato de 1851, “la reparación de aquel robo sacrílego” mediante las compensaciones consignadas en las asignaciones presupuestarias, cantidades que no cubrían los bienes de los que se había despojado a la Iglesia y libraban a los poderes públicos, a los autores del despojo y a los compradores de sus bienes, “de la temporal y eterna responsabilidad que pesaría sobre ellos en vida y en muerte”. El obispo enviaba a Serrano el mensaje de que, si no se mantenía lo acordado en el Concordato sobre el pago al clero, se incurriría en “eterna responsabilidad”, que se pagaría ante Dios. Si el abono de los emolumentos al clero era una compensación por la substracción de sus bienes, no era admisible que ahora se produjera una suspensión de los pagos por la negativa del clero a jurar la Constitución:

Decir, pues, que no se cumple con este deber sagrado porque los prelados en su totalidad y el clero con rarísimas excepciones se han negado a jurar la última Constitución, es establecer una condición irritante. ¿Qué tiene que ver el pago del culto y del clero con el juramento de la Constitución? Nada, absolutamente nada. Se trata de reparar, de indemnizar, sin más condición que la de dar esa pequeña parte por cuantiosos bienes; esta es la condición que pudiera tener lugar con cualquiera otra sociedad, y aun con los moros de África que tengo aquí enfrente, sin exigirles tal juramento.

El obispo no justificaba en su escrito la negativa al juramento de la Constitución como una cuestión de conciencia personal, sino como una manera de ponerse por encima de los asuntos temporales y en una posición, no contraria, sino independiente. Decía al regente que el Episcopado y el Sacerdocio se levantaban “sobre todas esas exigencias a una altura más noble e independiente”. No había razón para jurar “a favor de una comunión política” que posiblemente a la vuelta de pocos años se convertiría en otra muy distinta. Los obispos y el clero pertenecían “a todos los hombres sin diferencia de opiniones políticas”. Debían “estar dispuestos a amarlos y servirlos a todos con entrañas paternales”, sin tropezar “con obstáculos que los retraigan de sus pastores y ministros”.

Como ya había hecho en mayo, tres meses antes, al comunicar que no podía jurar la Constitución, aseguraba la sumisión y obediencia del clero al Gobierno, a pesar de su”injusta” actuación al negar las asignaciones económicas. No había ninguna circunstancia grave que impidiera el pago, en cuyo caso hubiera comprendido e incluso apoyado la carencia de recursos. La negativa a jurar la Constitución era “muy justa”, a juicio del obispo gaditano, y no restaba nada al respeto, sumisión y obediencia debidos al Gobierno constituido, en lo que correspondía a sus competencias. Decía fray Félix que no podía imaginar que Serrano, que había “recibido de Dios un corazón sensible”, se mostrase indiferente a la vista de “tantos sacerdotes beneméritos, tantos párrocos celosos, tantos ministros subalternos que después de sus largas tareas y constante servicio al pueblo, cansados y fatigados de andar calles, de atravesar campos, de velar por la noche, de recoger ayes y lamentos”, se encontraban al entrar por sus casas que tenían que “comer al fiado”.

Muy poco después de su protesta al regente, que combinaba una indudable firmeza con un gran tacto, el obispo fue mucho más duro en una contestación que envió al gobernador civil cuando este trasladó un escrito preguntándole por la existencia y circunstancias de un patronato, sito en la iglesia de la Santa Cueva. Fray Félix expresó al gobernador su malestar porque se le exigía, con escasa deferencia, “contestación pronta, explícita y terminante”. Se preguntaba si el subsecretario que hacía la petición creía que el Obispado de Cádiz era “una sucursal del ramo”. Y puntualizaba que ya había contestado anteriormente “explícita y terminantemente” que ignoraba la existencia del patronato sobre el que se le preguntaba. Se sentía muy molesto porque la sección de patronatos no creía en su “palabra de hombre honrado” y en su “carácter de obispo”. Afirmó rotundamente que estaba perfectamente informado “de personas y fondos” y que la iglesia de la Santa Cueva no se sostenía con fondos del patronato sobre el que se pedía información, como tampoco los recibía del Estado[397]. Su postura era contestar a lo que se le preguntaba pero no añadir ni un solo dato que pudiera facilitar al Gobierno cualquier medida contra los bienes del Obispado.

3.12.2 Los beneficiados, un ejemplo de las dificultades económicas del clero

Si el obispo, sus gobernadores eclesiásticos y los capitulares del Cabildo Catedral fueron los principales protagonistas de la Iglesia de Cádiz en su oposición a las medidas secularizadoras de los Gobiernos revolucionarios, los beneficiados de la catedral, al igual que el clero parroquial y los sacerdotes de las iglesias y capillas de Cádiz, fueron los principales sufridores de las consecuencias económicas de esas medidas. Su papel fue el de soportar las dificultades hasta que mejorase la situación, buscando mientras tanto medios de subsistencia ante la supresión completa de sus haberes.

La catedral de Cádiz tenía quince beneficiados. Había cinco de oficio, dos canónigos y dos racioneros procedentes del Cabildo Colegial de Osuna, dos organistas, un sacristán mayor, un sochantre, un salmista y un contralto. Según el artículo dieciocho 18 del concordato de 1851, todos ellos eran designados alternativamente por la Corona y el prelado. No participaban en las reuniones que celebraban regularmente las dignidades y los canónigos, es decir no eran capitulares, y su dotación anual era de seis mil reales anuales.

Desde poco después de iniciada la revolución de 1868 hasta marzo de 1872 se produjeron algunas desavenencias entre los beneficiados y el Cabildo en las que subyacían los problemas económicos del momento. La falta de pagos al clero por parte de los distintos Gobiernos revolucionarios tuvo sobre los beneficiados mucha mayor incidencia que la que se dio entre los prebendados de la catedral, porque estos, como se ha dicho, se repartían la décima parte de los réditos de patronatos y capellanías, cuya administración se mantuvo casi sin solución de continuidad en poder del Cabildo Catedral, a pesar de las constantes presiones del poder político. La problemática económica de los beneficiados se tradujo en un fuerte absentismo, que dio lugar a serias dificultades para cubrir las necesidades del culto catedralicio. Los beneficiados tenían unos estrictos deberes de residencia que les obligaban a permanecer muchas horas en la catedral. La única posibilidad que tenían de paliar sus carencias económicas era realizar algún cometido propio de su ministerio fuera de la catedral, como celebrar misas encargadas por determinadas personas, tocar a título privado algún instrumento musical en ceremonias religiosas celebradas en distintos templos o capillas o impartir enseñanza, religiosa o de otro tipo, en escuelas privadas.

A finales de octubre de 1869 el gobernador eclesiástico Vicente Roa comunicó que el obispo había dispensado de la asistencia al coro a los beneficiados que impartían clases en el seminario, durante las horas necesarias[398]. La dedicación de algunos de ellos a este menester les permitía un alivio económico, ya que, a pesar de la suspensión de los presupuestos para los seminarios, el de Cádiz era autosuficiente gracias a las aportaciones de los alumnos y otros ingresos[399]. El decreto de desamortización de obras pías de marzo de 1869 hizo mella en la economía de los beneficiados. Debían seguir celebrando las numerosas misas que constituían la carga espiritual de las capellanías y sin embargo no percibían nada por ello. Los beneficiados encargados de oficiarlas faltaban a menudo al coro para dedicarse a quehaceres que les reportaran algún ingreso económico. Los capitulares se vieron obligados a solicitar en noviembre de 1869 una reducción de misas, pero el prelado lo denegó[400]. Desde finales de 1869 hasta 1872 se hicieron muy frecuentes las solicitudes de beneficiados para ausentarse de las obligaciones del coro, basándose en asuntos familiares, enfermedad o impedimento físico. El 4 de diciembre, el beneficiado Delgado aportó un certificado médico y se le concedió permiso de ausencia “por el tiempo que se tuviese conveniente”. El mismo día el beneficiado Cano pidió un mes de ausencia y el Cabildo le concedió permiso hasta fin de diciembre. El creciente número de peticiones es reflejo de sus dificultades económicas y el hecho de que los capitulares no denegaran ni una sola, sugiere que tenían presente que la concesión era la única posibilidad de los beneficiados de obtener algún dinero con que mantenerse[401].

El deán era el único que no se mostraba de acuerdo en las reuniones del Cabildo con la falta de asistencia de los beneficiados a las obligaciones de altar y coro y ponía reparos a sus peticiones de ausencia. Esto debió producir algún malestar en los beneficiados que continuaban realizando sus ministerios en la catedral, que se mostró con motivo del fallecimiento del beneficiado Juan Moreno. Como su estado de salud era muy delicado, dos compañeros pidieron el 23 de noviembre que se le eximiera de sus cargas y se ofrecieron a suplirlo gratuitamente, por estar casi completamente ciego[402]. En enero de 1870 los capitulares le aconsejaron que pidiese al obispo que lo declarase incapacitado por su ancianidad[403]. Moreno falleció en febrero de 1870 y sus compañeros tomaron la iniciativa de celebrar una novena en sufragio por su alma. Siete beneficiados enviaron al obispo el 26 de febrero un escrito quejándose de que el deán les había ordenado por medio del puntador de coro que la novena se hiciera sin la solemnidad y asistencia de ministros de costumbre, disposición que evaluaban como intempestiva y arbitraria[404]. La versión del deán respecto al suceso era que se había enterado de la celebración de la primera de las misas del novenario por casualidad, ya que los beneficiados no habían acudido a solicitárselo. No había prohibido que se continuasen las celebraciones sino que se había limitado a cambiar la hora de celebración. Los beneficiados, “constituyéndose en autoridad” dentro de la catedral, habían suspendido los sufragios comenzados, cuando él no lo había hecho[405].

El 4 de marzo de 1870, el beneficiado José Lebrón (más tarde canónigo) envió al gobernador eclesiástico un escrito en el que le indicaba que el puntador de coro, y no el deán, era el encargado de todo lo concerniente a la celebración de novenas por los beneficiados fallecidos, que ya estaban establecidas por disposición del prelado, por lo que era necesaria la autorización del deán[406]. La Comisión de Ceremonias estudió el caso y dictaminó que las novenas por los beneficiados fallecidos se venían admitiendo “por tolerancia”, pues no había ninguna disposición que las regulase. Siempre se había pedido previamente la venia al deán y esta vez no se había hecho. Esto habría justificado que el deán prohibiese las misas, pero este se había limitado a indicar a los beneficiados que lo hicieran a otra hora. La queja de los beneficiados era, a juicio de la Comisión, precipitada e injustificada. Se informó al obispo, que emitió el 23 de marzo de 1870 una resolución favorable a los beneficiados, probablemente para no agravar su malestar: Cuando ocurriese otro caso como el que había provocado el litigio, no se les podría obstáculo a la celebración del novenario, pero debían “pedir antes la venia al presidente[407]”.

A partir de esta resolución, las peticiones de ausencia aumentaron ostensiblemente y los capitulares continuaron sin denegar ni una sola[408]. Durante la Semana Santa de 1870 no había casi ningún beneficiado cumpliendo con sus deberes de residencia. El beneficiado Francisco Chamizo tuvo que pedir licencia el 6 de mayo de 1870 “a causa de su salud quebrantada”, alegando que él “casi solo había hecho todos los trabajos de Semana Santa y Pascua (…) por la imposibilidad de otros compañeros suyos[409]”.

El obispo tuvo que arbitrar alguna medida para evitar la continua ausencia de los beneficiados. El 17 de mayo de 1870 comunicó al Cabildo que, habiendo notado que faltaba a los deberes de residencia un crecido número de beneficiados, “con la mengua correspondiente del culto en la catedral”, había acordado que para el uso de los recres (permisos de salida sin perder una parte de la dotación económica) no pudieran tomarlo a la vez más de la tercera parte del número total[410]. El comunicado de fray Félix al Cabildo parecía prever una ausencia elevada de los beneficiados cuando supiesen que el día siguiente, 18 de mayo, iba a remitir un escrito al regente negándose a jurar la Constitución, lo cual iba a suponer un motivo para que los pagos al clero se suspendieran indefinidamente.

En marzo de 1871 corrían rumores sobre el inminente abono por parte del Gobierno de los atrasos de los haberes del clero en láminas de la deuda, aunque esto no llegó a suceder. Los beneficiados pidieron al obispo que, mientras durasen las “aflictivas circunstancias” que atravesaba el clero, se les dispensara de las pérdidas de sus haberes (cuando llegaran a percibirlos) por faltar a la Regla de Coro. Los firmantes de la petición decían tener fundados motivos en solicitar que se aflojase el rigor de la disciplina por la que se regía la catedral. Los beneficiados se creían sujetos a una disciplina tan rigurosa que no era aventurado asegurar que no la había “más severa en Iglesia alguna de España”. Al no percibir sus haberes, los que asistían a sus obligaciones no recibían nada procedente de los que sustituían por estar ausentes. El “rigor extremado” que se tenía con el cumplimiento de sus deberes de asistencia al culto sería razonable si las rentas se estuvieran recibiendo. Pero, ante “la notoria escasez y pobreza de la mayor parte del clero”, que llevaba en Cádiz quince meses sin percibir su dotación, se encontraban en la “triste y dolorosa situación de buscar los medios indispensables para vivir, bien celebrando misas a horas incompatibles con las del Coro (…) bien dedicándose a la predicación o a la enseñanza de algunas ciencias o lenguas[411]”. No hubo resolución favorable y continuaron las numerosas peticiones y concesiones de ausencia[412].

A principios de 1872 el problema de los beneficiados que no tenían algún medio de sustento fuera de la catedral seguía sin resolverse. Las ausencias se fueron prolongando y se encontró como solución obligar a los ausentes a que abonasen una cantidad a los que los sustituían en sus cometidos[413]. Pero esa cantidad no deberían satisfacerla mientras no percibiesen sus haberes, con lo cual la medida no mitigaba las dificultades perentorias de los presentes. Así sucedió cuando el 4 de enero de 1872 el beneficiado Santos del Prado pidió que se le dispensase sin límite de tiempo de la residencia. El obispo aceptó la petición, pero puso como condición que se le descontasen sesenta reales mensuales cuando el Estado abonase la dotación respectiva al clero[414].

El 5 de febrero de 1872 solo quedaban cinco beneficiados presentes en la catedral, que cargaban con los cometidos de todos los demás: Rafael Baena, Francisco de P. Chamizo, Juan Delgado, Francisco de P. Medina y Antonio Martínez. El 2 de marzo de 1872, una comisión del Cabildo Catedral solicitó que el descuento de sesenta reales mensuales a los beneficiados que dejasen de cumplir sus cargas se extendiera a los que lo hicieran alegando enfermedad. En contra de lo que había decidido el obispo, no se hacía ninguna alusión a que el descuento se les fuera a aplicar cuando percibiesen sus haberes. Se pretendía, valorar si los ausentes podían abonar una parte de las ganancias procedentes de sus cometidos fuera de la catedral, con lo que se establecería de alguna manera un “reparto” para compensar económicamente a los que sustituían a los ausentes. Se pedía la implementación de nuevas normas para que los presentes vieran “compensado su celo y dedicación con la retribución correspondiente” y se establecía un turno para que los beneficiados no asistieran a diario. Por último, se concretaba la distribución de los sesenta reales mensuales de cada ausente según el cometido realizado por los sustitutos[415]. Los capitulares comprendieron que no podían obligar a los ausentes a abonar las cantidades establecidas, pues “atendiendo al estado de abandono” en que tenía el Gobierno al clero, no era justo aplicarles el descuento hasta que no percibiesen sus haberes. Los que seguían cumpliendo en la catedral eran “dignos de toda consideración por continuar con el cumplimiento de sus obligaciones a pesar de verse privados de su renta”, pues tenían que “sujetarse a una asistencia más continuada y a un trabajo mucho mayor”, sin lograr una compensación económica “por su laboriosidad y celo”. Las nuevas normas iban encaminadas a evitar la ausencia completa de los beneficiados a sus obligaciones:

Si los beneficiados se niegan a servir de ministros, a lo que en rigor hoy no se les puede obligar, como lleva trazas de ello, ¿quién les suple? Preciso será entonces buscar quien lo haga o arbitrar medios para retribuirlos. Determínese pues esto ahora, antes de que llegue el caso extremo y muy probable, de que no haya beneficiados que desempeñen tan importante servicio.

Como no se les podía obligar, se daba por seguro que algunos ausentes se iban a negar a pagar los sesenta reales acordados. Se calculaba que podían ser cinco los que se negaran al levantamiento de cargas y que esto haría necesario aportar la suma de tres mil doscientos cincuenta reales anuales para retribuir a los suplentes. Se adelantó dicha cantidad del patronato de Porcio, ya que una de las atenciones previstas por el fundador era “proveer las rentas de su patronato a las necesidades que por la vicisitud de los tiempos pudiera experimentar el culto del Señor”. Los capitulares no pasaban por los apuros económicos de los beneficiados porque percibían la décima parte de los rendimientos de los patronatos que administraban y podían disponer del de Porcio libremente. La situación había llegado a tal extremo que los capitulares, hasta ahora siempre dispuestos a conceder autorizaciones de ausencias, pero no a retribuir a los beneficiados con los rendimientos de los patronatos de los que disponían, decidieron abonar inmediatamente las retribuciones acordadas para las suplencias[416]. Con esta medida, los componentes del Cabildo Catedral aceptaban abonar una pequeña parte de lo disponible con el fin de lograr que los beneficiados que no se habían ausentado de la catedral siguieran cumpliendo con sus obligaciones. A partir de estos momentos los beneficiados no volvieron a presentar reclamaciones.

3.12.3 Las dotaciones presupuestarias para el culto y clero

La situación económica del obispado gaditano había sido muy complicada desde el inicio de la revolución. El levantamiento provisional del embargo sobre los patronatos del Cabildo Eclesiástico en marzo de 1870 y la suscripción las limosnas que el prelado y los capitulares iniciaron en junio del mismo año habían producido algún alivio. Las limosnas fueron recibidas en su mayor parte mediante suscripción mensual de los fieles, siendo la cantidad recaudada en 1870 sesenta y un mil siete reales, importante pero insuficiente para acabar con las penurias económicas[417].

La llegada de don Amadeo pareció anunciar mejoras económicas para la Iglesia. El 2 de enero de 1871 se publicó un real decreto reponiendo el producto de la bula de la Santa Cruzada. El arzobispo de Toledo había estado remitiendo cada año al obispo de Cádiz, como al resto de los prelados españoles, los documentos que proclamaban la celebración de las ceremonias eclesiásticas en las que se recaudaban las limosnas correspondientes y se distribuían las bulas equivalentes al tipo de limosna. Las ceremonias se habían estado celebrando una vez al año en la catedral de Cádiz, pero el Estado había ido recogiendo lo recaudado sin distribuirlo entre las Diócesis[418].

La reposición de los beneficios de la bula se hacía sin poner como condición previa el juramento a la Constitución por el clero, aspecto que se valoraba por la prensa liberal gaditana. Los unionistas y progresistas moderados de Cádiz creían en “la conveniencia de aceptar la importancia del clero en la educación y por lo mismo en las ideas políticas de nuestro pueblo”. Pero, para que se diera este reconocimiento, el clero debía aceptar previamente “el poder de las ideas nuevas”. Los diferentes Gobiernos liberales se habían apoderado de los bienes de la Iglesia y esa medida, que la Iglesia valoraba como un despojo, aunque los liberales estimaban como una necesidad social y económica trascendental, imponía ahora a estos “una especie de deber jurídico y al mismo tiempo religioso”. Desgraciadamente, las vicisitudes políticas pasadas por el país habían hecho, en opinión de los liberales gaditanos, imposible muchas veces el cumplimiento de esa “ineludible obligación” que, además, constituía un precepto constitucional. La negativa del clero a jurar la Constitución había sido un motivo, “acaso el principal, de la dificultad en las relaciones entre la Iglesia y el Estado”. Pero ya era conveniente que el juramento fuese dispensado por el Gobierno[419].

El 2 de enero de 1871, poco antes de la promulgación del decreto reponiendo la bula de la Santa Cruzada, el obispo de Cádiz había remitido una petición al ordenador de pagos del Ministerio de Gracia y Justicia para que se ingresara por atrasado lo que había dejado de abonarse a la Diócesis del presupuesto correspondiente al año recién acabado. Eran ciento sesenta y tres mil trescientas veintitrés pesetas y se pedía que la Dirección General del Tesoro las abonase el mismo mes, atendiendo al estado en que se encontraba el clero gaditano “y especialmente las religiosas de clausura[420]”. Los atrasos que pedía fray Félix eran solo una parte de lo que se adeudaba a la Diócesis. El primer Gobierno de don Amadeo parecía estar dispuesto a intentar regularizar la situación y el 24 de abril de 1871 el obispo, por medio de su gobernador eclesiástico Vicente Roa, comunicaba a los capitulares: “Hay motivo racional para creer que el Estado trata de abonar al clero la parte de la dotación que se le adeuda hasta el 17 de abril del año próximo pasado”.

En caso de que se hubiera producido el pago de estos atrasos, se hubiera dejado todavía un año completo de haberes sin satisfacer. El obispo preguntó al Cabildo Catedral si aceptaría el abono de los atrasos en caso de que se efectuara, tal como se rumoreaba, en billetes de la deuda y sin consulta ni previo asentimiento del clero. El 26 de abril los capitulares respondieron a fray Félix que compartían sus mismos sentimientos al ver una y otra vez “hollados los sagrados derechos del clero, establecidos y confirmados en multiplicadas sanciones canónicas y civiles”. Lamentaban que, mientras a las demás clases del Estado se le abonaban sus dotaciones, solo el clero se viera postergado, obligándosele “a la insolvencia absoluta” o a aceptar el pago de una forma que lastimaba “altamente tanto su dignidad como sus intereses materiales”. No se creía justo que el Estado pretendiera “satisfacer la deuda en los haberes con un papel”, que al convertirse en dinero sufriría un descuento notable. Si hubiera alguna posibilidad de que “las justas reclamaciones del clero” fuesen atendidas, no debería aceptarse el pago en láminas de la deuda sin que hubiese mediado un consentimiento previo. Pero los prebendados sabían su resistencia a aceptar lo que ahora se ofrecía sería “interpretada en su perjuicio” y suministraría “un pretexto más” para que continuasen en mayor escala “la vejación, el menosprecio y el olvido”. Por otra parte, el hecho de recibir una parte de lo que se le debía, aunque con una pérdida importante de la cantidad a la que se tenía derecho, no implicaba un reconocimiento de la justicia de tal acto. Si fuera así jamás aceptarían el cobro, aunque tuvieran “que llamar de puerta en puerta demandando una limosna”. Pero, “sin faltar en lo más mínimo ni a la conciencia ni al decoro”, se podía “aceptar y tomar” lo que diesen, pues en ello no se concedía “derecho alguno al que sin justicia da a una parte debiendo dar el todo”. El clero, decían los prebendados, había sido despojado violentamente de sus posesiones y carecía de medios para ser satisfecho de su agravio. El Estado, como “despojador” que era, cualquiera que fuese la razón, restituía ahora una parte de lo arrebatado. Pero esto no le eximía de la responsabilidad sobre lo que aún retenía, ni la Iglesia reconocía al recibir esa parte algún derecho del Estado respecto al despojo realizado. En definitiva, los capitulares estaban dispuestos a aceptar, sin renunciar por eso a su derecho de reclamar contra el perjuicio que pudiera resultarle[421].

En julio de 1871 el Cabildo Catedral ya daba por sentado que los atrasos de los haberes del clero no se iban a cobrar, pero tenía esperanzas de que se recibieran los correspondientes al culto. La situación económica se había salvado hasta cierto punto gracias a la suscripción de limosnas que se había iniciado justo un año antes, en julio de 1870. El Cabildo Catedral comisionó al arcipreste Sebastián Herrero y al penitenciario Salvador Moreno para que informasen sobre la conveniencia de suspender la recogida de limosnas. El 10 de julio el Cabildo Catedral informó al gobernador eclesiástico de aprobado la suspensión porque las circunstancias ya no se estimaban tan apremiantes. Una vez efectuados los abonos correspondientes, quedaba un saldo favorable[422].

El prelado y el Cabildo Catedral remitieron a través del Boletín Eclesiástico de la Diócesis y de la prensa afín una comunicación a los bienhechores que se habían suscrito al pago de las limosnas. En ella se hacía alusión expresa a que la suscripción mensual era para “subvenir a los más precisos gastos del culto divino”. Se afirmaba que, aunque la asignación del clero seguía sin cobrarse, se iban a percibir los atrasos correspondientes al culto, por lo que se creía llegado el momento de suspender el cobro de las limosnas. Se finalizaba agradeciendo a todos los que habían contribuido y mostrando la convicción de que si llegara a repetirse la necesidad contarían de nuevo con la piedad que siempre había demostrado el vecindario[423]. El total de las aportaciones que se habían ingresado desde junio de 1870, ciento un mil seiscientos setenta y un reales, dan una buena medida del apoyo de una parte de los gaditanos a la Iglesia en Cádiz[424]. La suscripción de limosnas había sido aprobada por el obispo el año anterior con la finalidad exclusiva de atender a las necesidades del culto de la catedral. Pero, en contra de la voluntad expresada por fray Félix y de lo que se había declarado a los fieles en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis, una parte importante de la recaudación se había estado destinando a auxiliar económicamente al clero de la ciudad. Según las cuentas del Cabildo Catedral, el total de lo recaudado ascendía a noventa y cinco mil novecientos treinta y nueve reales y el gasto aplicado al culto de la catedral y a los pagos al clero a ochenta y cinco mil cincuenta y un reales con sesenta céntimos, quedando diez mil ochocientos ochenta y siete reales con cuarenta céntimos de remanente[425]. La cantidad distribuida por el Cabildo Catedral entre los sacerdotes para aliviar sus carencias económicas fue superior a la que se destinó al culto, pues los ministros de la Iglesia recibieron en total cuarenta y cinco mil doscientos noventa y tres reales, mientras que solo treinta mil ochenta y seis reales con sesenta y siete céntimos se destinaron al culto[426]. Los capitulares, incumpliendo la voluntad de fray Félix, habían desviado una parte sustancial de las limosnas de los fieles gaditanos para aliviar la falta de haberes del clero.

Los atrasos de 1870 no llegaron a la Diócesis de Cádiz y los presupuestos generales para 1872, publicados por real decreto de 1 de septiembre de 1871 fueron un nuevo motivo de desacuerdo para la jerarquía eclesiástica y para el obispo gaditano en particular, pues reducían las asignaciones a la Iglesia a treinta y ocho millones setecientas veinte mil doscientas seis pesetas con doce céntimos. Cuando el obispo gaditano envió el 18 de octubre de 1871 al ministro de Gracia y Justicia el escrito de queja por el decreto sobre desamortización de bienes de capellanías, trató también sobre las profundas alteraciones que se habían introducido en el presupuesto eclesiástico, sin haberse obtenido antes la conformidad y el acuerdo correspondiente de la Santa Sede. Fray Félix, que se encontraba de visita pastoral en Medina Sidonia, no pretendía “discutir por el momento” si las dotaciones eclesiásticas respectivas para el culto y el clero consentían nuevas reducciones o cubrían las necesidades a las que se destinaban. El fin de su protesta tenía, en sus palabras, “un origen más alto y noble”. En sus palabras, no trataba “de defender a todo trance las cantidades”, por más legítimo y solemne que fuera, en su opinión, el derecho a percibirlas, sino de alejar un conflicto y conjurar un agravio más sobre los muchos inferidos a la Iglesia”, pues en aquellos momentos el clero carecía “hasta de un pobre leño donde reclinar su cabeza”.

Lo que discutía el obispo era que el poder civil pudiera suprimir o alterar lo que estaba solemnemente acordado en el Concordato. Si el Estado quería hacer las reducciones económicas que le demandaban las angustiosas circunstancias del Erario Público “sin lastimar el sentido católico y los fueros de la Iglesia y sin provocar un nuevo conflicto”, era necesario que el Gobierno acudiese “al padre común de todos los fieles y, con su conformidad y bendición”, retocase el presupuesto eclesiástico. Entre tanto, pedía al ministro que aconsejase al rey la anulación o suspensión de los efectos del decreto sobre reducción del presupuesto[427].

En abril de 1872 el Cabildo Catedral recibió noticias de que se iban a satisfacer los atrasos por dotación de culto y clero al clero de Málaga, “sin que hubiese precedido fórmula alguna de juramento ni de adhesión a las vigentes instituciones”. Se dudaba sobre la conveniencia de solicitarlo por escrito porque el Cabildo Catedral de Sevilla lo había hecho infructuosamente. Pero los prebendados de Cádiz estimaron que no se perdía nada con reclamar al Gobierno la dotación, “fundándola en la angustiosa situación” en que se veía el clero de Cádiz “después de dos años de carecer de sus modestas asignaciones y cuando siempre se había “mantenido ajeno a todas luchas políticas y ocupado exclusivamente en llenar del modo debido su sagrado ministerio[428]”.

No se consiguió nada para el clero, pero se logró la recuperación de las asignaciones necesarias para el culto parroquial. El 12 de julio de 1872 el ordenador de pagos del Estado comunicó al administrador de la Diócesis gaditana una real orden del ministerio de Gracia y Justicia por la cual se solicitaba la justificación de los gastos correspondientes a la construcción y reparación de edificios destinados al culto y a la compra de vasos sagrados, para proceder a su abono. La parte correspondiente a servicios anteriores a junio de 1870 debían pasarse al Tribunal de Cuentas del Reino y el resto a la Dirección General de Contabilidad de la Hacienda Pública.

El 2 de diciembre de 1872 el obispo estaba decidido a hacer una nueva reclamación, esta vez contra proyecto de ley de dotación del culto y clero que se estaba discutiendo en las Cortes. Previamente, preguntó al Cabildo Catedral si deseaba adherirse a su petición. Los capitulares le contestaron que “en lo relativo al culto de Dios”, el Cabildo pensaba y deseaba “lo mismo que su dignísimo prelado”, aceptando por unanimidad la honra que le hacía “en querer unir el nombre de su Senado al suyo propio, para la dicha reclamación[429]”.

El reinado de don Amadeo finalizaba y las posibilidades de que se resolviera la obligación constitucional de sostener económicamente al clero sin haber jurado este la Constitución no se cumplieron. La reposición de la bula de la Santa Cruzada, el abono de atrasos para el culto parroquial y el deseo de ajustar los presupuestos a las posibilidades y necesidades reales, fueron intentos sinceros de regularizar la cuestión, a los que no era ajeno el deseo de que la Santa Sede reconociera a la nueva dinastía. Pero nada de esto supuso una mejora significativa para la Diócesis de Cádiz que, dentro de las dificultades, se mantuvo gracias a los patronatos, y hasta mediados de 1871, a las limosnas de los fieles.

3.12.4 Tentativa fallida del Cabildo Catedral de recuperar los haberes del clero

Entre las escasas cuestiones sobre las que el Obispado siguió haciendo gestiones ante el Gobierno hasta los últimos meses de la revolución está la recuperación de los haberes del clero. El 8 de junio de 1874 el canónigo Francisco de Lara, que estaba en Madrid realizando gestiones para resolver la cuestión, comunicó al Cabildo Catedral que tenía noticias de que había posibilidades de que se le abonasen a la Diócesis los atrasos al clero si se reclamaban por medio de un escrito razonado. 13 de junio de 1874 el arcipreste Sebastián Herrero, entonces gobernador eclesiástico, recibió una comunicación de fray Félix en la que expresaba que, puesto que parecía inminente que el Gobierno empezase a pagar las asignaciones al clero, se debían esperar algunos días para hacer la reclamación por escrito. El 19 de junio el abogado Luis de Llanos, que se ofrecía para hacer la reclamación general de los atrasos al clero de toda España, pidió autorización a fray Félix para representar a la Diócesis gaditana. De Llanos había estado en Roma tratando de arreglar las relaciones entre el Estado Español y la Santa Sede. El obispo se mostró de acuerdo y preguntó al Cabildo Eclesiástico si quería adherirse a la reclamación general. Los capitulares no aceptaron la propuesta, aduciendo que ya tenían al canónigo Francisco de Lara como agente en Madrid para gestionar todos sus asuntos y pensaban que este podía conseguir mejor el cobro de los atrasos para la Diócesis, puesto que De Llanos hacía sus gestiones con carácter general y no según las necesidades concretas de la Diócesis gaditana. Tampoco aceptaron la propuesta de fray Félix de retrasar el envío de la reclamación escrita al Gobierno para que abonase los atrasos[430].

El Cabildo envió la petición, tal como había pedido Lara. Pero la impresión del canónigo de que con esta medida se iba a lograr el abono de los atrasos era equivocada. Aunque la política secularizadora general había quedado prácticamente suspendida, la interpretación sobre el pago de dotaciones al clero, seguía siendo la misma. El 18 de agosto de 1874 el ministro de Gracia y Justicia firmó un escrito denegando al Cabildo Catedral de Cádiz su petición de cobrar los atrasos. La negativa a jurar la Constitución de 1869, tan violada y desgastada por los constantes incumplimientos de sus autores, era esgrimida todavía como razón suficiente para la negativa a proceder a abonar los atrasos correspondientes al clero:

Vista la instancia elevada por ese Cabildo en 20 de junio último solicitando el abono de los haberes devengados desde 17 de abril de 1870, hallándose eliminadas del presupuesto general las obligaciones eclesiásticas desde 28 de febrero de 1873 y no constando que los individuos que forman dicho Cabildo hayan prestado el juramento de fidelidad a la Constitución del Estado; el Presidente del Poder Ejecutivo de la república se ha servido resolver que no puede accederse a los solicitado en la mencionada instancia. Lo que de orden del expresado Sr. presidente, comunicada por el señor ministro de Gracia y Justicia, pongo en conocimiento de V.E. a los efectos consiguientes[431].

A finales de septiembre de 1874 el Gobierno dictó una orden para abonar los atrasos a las monjas de clausura. En Cádiz no fue necesario aplicar la orden porque se encontraban al corriente en la percepción de los atrasos y solo pendientes de recibir la asignación de septiembre. El jefe económico de la provincia se distinguió personalmente en su interés por atender al pago de las asignaciones correspondientes a las monjas, por lo que el administrador eclesiástico se encargó de que la prensa afín lo hiciera público. El Cabildo Catedral continuaba teniendo los mismos problemas económicos, casi permanentes desde septiembre 1868: En octubre de 1874, los celadores y el pertiguero de la catedral tuvieron que ser despedidos por el Cabildo Catedral por carecer de medios económicos para poderlos mantener en sus destinos[432]. El Cabildo recibió en noviembre de 1874 la escasa asignación de tres mil reales de los fondos de la predicación de cruzada del año y el obispo decidió que se empleasen en subvenir a las necesidades más perentorias de la catedral[433].

CAPÍTULO 4.

RELACIONES LOCALES ENTRE LAS AUTORIDADES CIVILES Y ECLESIÁSTICAS

4.1 La actuación de las juntas

Los acontecimientos que dieron lugar en Cádiz al triunfo de la revolución de 1868 son bien conocidos[434]. Muy poco antes de que se produjera el alzamiento, el gobernador militar de Cádiz, Joaquín de Bouligny, había informado al obispo de haber declarado el Estado de Guerra, en vista de los alarmantes rumores que circulaban sobre próximos trastornos del orden público[435]. En la madrugada del 18 al 19 se constituyó la Junta Revolucionaria Provisional de Cádiz, que inmediatamente proclamó la libertad de cultos, añadiendo una medida de escasa trascendencia pero reveladora del ánimo laicista de sus miembros: Ordenar a la compañía de serenos, que se suprimiera la voz de “Ave María Purísima”, al cantar las horas. También estableció las libertades de enseñanza pública e imprenta y acordó la atención urgente a la ejecución de obras públicas, con el fin de emplear a las clases trabajadoras[436]. Prim disolvió el 20 de septiembre la Junta Revolucionaria, constituyendo una Junta de Gobierno de la Provincia de Cádiz, que designó el 21 de septiembre una Junta Local Revolucionaria, parte de cuyos miembros elegiría en octubre al Ayuntamiento provisional antes de disolverse.

La necesidad de dar trabajo a los más necesitados, anunciada por la Junta Provisional, llevó a la Junta Local a ordenar el derribo del exconvento de los Descalzos, aduciendo como razón el mal estado en que se encontraba, con la intención de erigir en el solar un mercado de pescado. El 9 de octubre publicó un edicto de subasta para la demolición, con un presupuesto de doscientos cinco mil quinientos reales[437].

Las juntas gaditanas no emitieron ninguna disposición que afectase a conventos abiertos, templos, bienes eclesiásticos o miembros del clero. Asimismo, los hechos violentos llevados a cabo por personas o grupos incontrolados fueron escasos. Los revolucionarios, y más concretamente los demócratas, se mostraron más preocupados por asuntos que estimaban como fundamentales para la consolidación de la revolución, especialmente el sufragio universal masculino, las elecciones municipales y la continuidad de los Voluntarios de la Libertad. Un testigo presencial afirmaba que en los últimos meses de 1868 se dieron constantes alteraciones del orden, pero solo ha dejado constancia expresa de un episodio violento contra un representante del clero, que no llegó a tener graves consecuencias: Las turbas pidieron la cabeza del canónigo José María Morote cuando corrió la noticia de que este, al saber que se iba a derruir el exconvento de los Descalzos, había comentado que la mezcla para la reedificación del convento se amasaría con sangre de los liberales. Topete, que aún estaba en la ciudad, resolvió el problema. Montó a caballo y se puso al frente de los amotinados acompañado por la banda de música del hospicio, recorriendo toda la ciudad al compás del Himno de Riego, para que “las masas hartas de gritar y de correr, desistieran de aquella petición injustificada[438]”.

El 4 de octubre tuvieron lugar otras alteraciones del orden, coincidiendo con la celebración de la festividad de la patrona de Cádiz, Nuestra Señora del Rosario. El Cabildo Catedral había invitado a la Junta Local al acto religioso que se iba a celebrar en la iglesia del exconvento de Santo Domingo, donde se encontraba la imagen de la Virgen. La Junta se excusó contestando que, no teniendo carácter de Ayuntamiento, no le era posible asistir. Era la primera festividad religiosa que se iba a celebrar en Cádiz después de la revolución. Los capitulares de la catedral habían pedido al obispo el 29 de septiembre autorización para limitar el traslado habitual de objetos desde la catedral al convento para la celebración, así como el número de clérigos participantes. La petición se basaba en las circunstancias en que se hallaba la población, que les hacía temer algún acto violento o insultos contra el clero o profanaciones. Fray Félix ordenó que se celebrase la acostumbrada misa cantada, pero accedió a limitar la participación a una comisión del Cabildo Eclesiástico[439].

El mismo día de la celebración, y en contra de lo indicado por el obispo, el Cabildo Eclesiástico suspendió el traslado de los ornamentos en vista de las circunstancias críticas y la agitación que se observaba en la ciudad. Alguien había extendido el rumor de que en el convento de Santo Domingo se guardaban los instrumentos de tortura usados en tiempos de la Inquisición y “las turbas corrieron furibundas al convento de Santo Domingo a buscar las máquinas”. No las encontraron pero destrozaron tabiques y provocaron la huida por las azoteas del religioso dominico padre Moreno[440].

Las alteraciones del orden se extendieron la noche del 4 al 5 de octubre a las inmediaciones de la catedral. Algunos empleados que pernoctaban en el templo informaron que habían observado la rotura de cercas de alambre y cristales de ventanas. Se habían producido intentos de penetrar en las sacristías altas, oyéndose insultos hacia la Iglesia. Los capitulares, al comprobar que el templo estaba expuesto a profanaciones y robos, ordenaron reforzar ventanas y puertas con planchas de hierro, y aumentaron el número de empleados que pernoctaban en la catedral. El obispo, que no había asistido a los actos del día 4, dio una muestra de carácter al acudir al templo de Santo Domingo al día siguiente con la excusa de visitar la imagen de la Virgen. Al salir del templo tuvo que soportar algunos insultos, pero no sucedió nada más. La Junta Local se mostró dispuesta a impedir posibles alteraciones del orden cuando el 9 de octubre comunicó al Cabildo Eclesiástico que iba a poner vigilancia en los exteriores de la catedral y de la cercana parroquia de Santa Cruz, donde se encontraba el sagrario de aquella. Durante el día prestaban el servicio los guardias municipales y por la noche los serenos[441].

El 17 de octubre, con el Gobierno provisional ya constituido pero las Juntas todavía funcionando, continuaba el temor de los prebendados de la catedral ante posibles actos violentos. Ese día discutieron sobre “el estado de desorden y agitación” en que se encontraba la población, que exponía a los transeúntes a serios peligros “y en particular a los eclesiásticos”. Lo cierto es que la agitación popular no iba dirigida contra la Iglesia o el clero, sino que estaba provocada por la decisión de Sagasta de no permitir que la Junta Local organizase elecciones por sufragio universal (masculino) que dieran lugar a una nueva Junta y fuese esta la que designase un Ayuntamiento provisional hasta la celebración de elecciones municipales. Pero el Cabildo Catedral decidió que no se sacasen cruces a la calle en actos como los entierros, traslado del viático a domicilios particulares o administración de la extremaunción, que se celebrasen los maitines con la mayor brevedad posible y que no se abrieran las puertas de la catedral excepto un postigo, manteniéndose la entrada bajo vigilancia de empleados de la misma[442].

4.2 La breve gestión del Ayuntamiento provisional elegido por la Junta Local

Los escasos hechos violentos de los primeros momentos desaparecieron prácticamente tras la instalación del Ayuntamiento provisional, aunque a finales de octubre se produjo un atentado, poco grave, contra una estatua de la Virgen del Rosario que estaba situada en el exterior de la parroquia del mismo nombre. La imagen fue apedreada, rompiéndose la vitrina de cristal dentro de la que se encontraba. El hecho llevó a algunos católicos conservadores a mostrarse partidarios de que se retirasen las imágenes sagradas de las calles para evitar profanaciones. Pero como muestra de la vuelta a la normalidad, el 1 de noviembre comenzaron a celebrarse en la misma iglesia de Santo Domingo que había conocido las alteraciones del 4 de octubre unos solemnes cultos con un tedeum en acción de gracias a la Virgen[443]. Los cultos se prolongaron durante nueve días y no ocurrió ningún hecho violento.

La mayor preocupación de la prensa conservadora gaditana apenas transcurrido un mes del inicio de la revolución era la previsible implantación de la libertad de cultos. Los conservadores se mostraban relativamente optimistas, pues creían que, aprobadas las libertades de enseñanza e imprenta, los más mesurados dentro de la revolución dudaban en la proclamación de la libertad de cultos y se contentaban por el momento con proclamar una tolerancia religiosa. El Gobierno provisional acababa de dejar patente, en su “Manifiesto a la Nación”, publicado en La Gaceta del 26 de octubre, que consideraba a la libertad religiosa como la más importante de las que se debían aplicar. Para los redactores de El Comercio no era lo mismo plantear la libertad religiosa que haberse referido a la de cultos: El Gabinete, en su opinión, pretendía un compromiso entre el objeto de la revolución y el suyo propio. El fin de la revolución era “combatir a la Iglesia, si no en sus dogmas, porque es algo que se considera prematuro todavía, al menos en su moral, en su jerarquía, en sus instituciones, en su disciplina y en su influencia sobre la sociedad”; pero la intención del Gobierno era solo “conservar sus prerrogativas sobre la Iglesia”, sancionadas por el último Concordato. Lo anterior, en su opinión, hacía que el poder constituido hubiese cambiado la aspiración de proclamar la libertad de cultos cambiándola por la libertad religiosa.

La extinción de 18 de octubre de todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas religiosas fundados desde el 29 de julio de 1837, pasando todos los edificios, bienes y rentas a ser propiedad del Estado, no fue tratada por El Comercio hasta el 5 de noviembre, y lo hizo solo para trasladar un artículo, muy crítico con la medida, del periódico neocatólico El Pensamiento Español, sin añadir ningún comentario[444]. Mientras se iban conociendo los escritos de protesta desde distintas localidades contra los decretos eclesiásticos del Gobierno, en Cádiz no se daba ninguna iniciativa similar. Los partidarios más radicales de la revolución, más preocupados por las cuestiones políticas y sociales que por las religiosas, no se mostraban, pasados los primeros momentos, particularmente activos y menos aún violentos contra el clero o la Iglesia. El decreto sobre supresión era innecesario en Cádiz en lo que respecta a conventos de hombres de la capital, puesto que todos estaban cerrados. Los que sí estaban abiertos eran los de monjas de Santa María de la Concepción, las Descalzas y la Candelaria. Las autoridades de Cádiz, por el momento, no tomaron ninguna iniciativa para que se realizase su exclaustración.

La fórmula utilizada para la toma de posesión de los nuevos concejales el 22 de octubre de 1868, por la que se comprometían ante Dios y los Santos Evangelios a desempeñar fielmente sus cargos, muestra que la revolución que defendían los miembros del Consistorio provisional, estaba lejos de ponerse en contra de la religión[445]. A pesar de lo dicho, la constitución del Ayuntamiento no sirvió al principio para modificar la preocupación de los prebendados por posibles atentados o robos en la catedral provenientes de personas aisladas o grupos incontrolados. El 24 de octubre el Cabildo Catedral pidió al alcalde Francisco de Paula Hidalgo que prohibiera las pedreas que solían producirse detrás de la catedral y estaban provocando frecuentes roturas en las vidrieras de las ventanas. Los prebendados tenían constancia de “ciertas personas extrañas y de mal porte que se presentaban a las horas de cerrar sus puertas”. Por ello, tomaron medidas para que la catedral permaneciera cerrada el mayor tiempo posible. También se continuaba temiendo que la ostentación pública de símbolos religiosos pudiera producir reacciones en contra, lo que llevó al Cabildo Catedral a ordenar la restricción de los toques de las campanas de las iglesias[446]. Los temores no se vieron confirmados, ya que no se volvieron a producir episodios violentos.

El Ayuntamiento provisional tomó muy escasas disposiciones respecto al Obispado. La más destacable fue la rescisión de un contrato suscrito entre el Municipio anterior a la revolución y el Obispado. El Ayuntamiento había acordado con el prelado entregarle al completo el edificio de Santiago, en cuya planta alta se encontraba el seminario conciliar de San Bartolomé, a cambio de que este cediera un terreno en el exconvento de Santo Domingo para instalar en él la escuela municipal que se encontraba en el referido edificio de Santiago. Posteriormente, se tasaron ambas fincas y se comprobó que la de la escuela municipal de Santiago tenía un valor muy superior al terreno de Santo Domingo. El 31 de octubre el alcalde comunicó al obispo su deseo de rescindir al contrato, pues este causaba al Municipio “lesión enormísima según la jurisprudencia establecida”. El solar de Santo Domingo era de muy escaso valor, mientras la escuela de Santiago, antiguo convento de los Jesuitas, en estos momentos de propiedad municipal, era una finca de cuatro plantas en muy buen estado. Pero había otro motivo no declarado para rescindir el contrato: las habitaciones de la parte alta de la escuela Santiago habían sido cedidas, en 1853, por la Alcaldía al obispo a condición de que fuesen devueltas cuando el Municipio lo juzgara conveniente. Una vez institucionalizada la revolución, se podía lograr que el obispo abandonase la parte alta de Santiago, aumentando el espacio para las escuelas municipales sin necesidad de cambiar el edificio por un solar poco valioso. El prelado debía ser consciente de que la permuta era injusta, pues el 2 de noviembre de 1868 comunicó al Cabildo Municipal que aceptaba la petición municipal sin ninguna objeción[447].

El derribo del exconvento de los Descalzos trajo consigo un problema que no había sido tenido en cuenta por Junta Local cuando tomó la decisión. El Municipio tenía instalado dentro de sus locales el colegio de párvulos de San Servando. El 21 de octubre las obras del derribo habían llegado a la zona ocupada por esta escuela y hubo que suspender las clases y trasladar los útiles de estudio y enseres a las casas consistoriales. Ahora quedaba pendiente la localización de algún local para reinstalar la escuela. Había también en los Descalzos un asilo de ancianos, el del Buen Pastor, subvencionado por el Municipio, que quedó igualmente destruido.

La Alcaldía no ponía en las obras de demolición del exconvento el empuje que deseaban los republicanos, preocupados por las dificultades económicas por las que pasaban las clases trabajadoras, que podían disminuir si se daban suficientes jornales para trabajar en el derribo. Desde antes de la formación del Ayuntamiento provisional ya se observaba en la prensa gaditana, especialmente en la demócrata, una especial sensibilidad en este sentido. El Progreso Democrático se refería el 16 de octubre al creciente malestar entre las clases trabajadoras, motivado por la falta de ocupación y por el elevado precio de los alimentos, que daban lugar a un aumento el hambre en la ciudad, y a que muchos jornaleros se presentasen “en son de guerra o poco menos ante las casas de las autoridades, pidiendo a voz en grito trabajo”. El recién designado gobernador civil de Cádiz, Gregorio Alcalá Zamora, comprendió el peligro de un levantamiento popular alentado por los demócratas y se dirigió desde la prensa a los proletarios de Cádiz, afirmando que una de sus principales preocupaciones desde el momento de su llegada había sido la de proporcionar trabajo, motivo por el que decía estar en contacto con la Alcaldía, que se ocupaba sin descanso en solucionar el asunto. Decía el gobernador a los proletarios: “No escuchéis las excitaciones de los que, disfrazados con la máscara de liberales, os inviten a escenas tumultuarias como lo han hecho en otros puntos[448]”. La República Federal contestó el día 5 de noviembre a las palabras del gobernador recordándole su incumplimiento de las promesas iniciales de conseguir trabajo para los obreros y culpando a intereses políticos y no económicos de la situación de miseria que vivían los obreros de la ciudad. El Consistorio provisional era acusado por los demócratas de no hacer nada efectivo para solventar los problemas de los trabajadores. La Soberanía Nacional advertía el 16 de noviembre al Ayuntamiento que con la actitud indolente que estaba mostrando hacia el obrero estaba ayudando a los planes de los enemigos de la libertad. Estas presiones, que amenazaban explícitamente con la posibilidad de un levantamiento popular, hicieron que el Ayuntamiento intensificara la contratación de obreros en los Descalzos. Las dos últimas semanas de octubre, el contratista del derribo, Simón Fernández, pagó dieciocho mil cuarenta y cuatro reales en jornales; la semana del 1 al 7 de noviembre se abonaron cuatro mil seiscientos ochenta, correspondientes a cuatrocientos sesenta y un jornales; del 8 al 14 de noviembre se pagaron cuatrocientos cincuenta y un jornales que suponían cuatro mil ocho reales; entre el 15 y 22 de noviembre los jornales los jornales se redujeron a doscientos cincuenta y cuatro con solo dos mil trescientos seis reales abonados; y entre el 22 y el 28 de noviembre se abonaron trescientos treinta y seis jornales, que dieron lugar a unos pagos de tres mil cuarenta y dos reales[449].

Los unionistas del Consistorio dimitieron a mediados de noviembre de sus puestos por oponerse a la reactivación de las obras de demolición, con lo que el Cabildo Municipal solo quedó representado por los progresistas[450]. El giro que iba tomando la revolución hacia posiciones más moderadas de las que deseaban los demócratas de Cádiz terminó de radicalizar sus posiciones. El manifiesto de coalición monárquica “A los electores”, de 12 de noviembre dio lugar a la división definitiva del Partido Democrático entre los “cimbrios” y los republicanos federales. Si faltaba algo para terminar de exasperar los ánimos de los demócratas gaditanos, que tras el manifiesto de los “cimbrios” se declararon en su gran mayoría republicanos, el 18 de noviembre Sagasta, como ministro de la Gobernación, publicó un decreto reorganizando a los Voluntarios de la Libertad y poniéndolos a las órdenes de los alcaldes. A los republicanos les había parecido intolerable formar parte del Consistorio por no haber sido elegido por sufragio universal (masculino) y ahora no podían estaban dispuestos a permitir que los voluntarios, como garantes de la revolución, dependiesen de una corporación que creían alejaba de la misma. Cuando el 24 de noviembre Sagasta publicó la orden de que los voluntarios que no se hubieran puesto a los órdenes de los Ayuntamientos entregaran sus armas y si se resistían fuesen entregados a los tribunales, la insurrección de los Voluntarios de la Libertad se hizo inevitable en Cádiz.

Poco antes del inicio de las hostilidades, el 28 de noviembre de 1868, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, una orden de Sagasta, fechada el día 20, y una circular del gobernador de la provincia, que daban normas para proceder a la exclaustración de monjas, en cumplimiento a los decretos de 13 y 18 de octubre. Los gobernadores de provincia debían facilitar a los administradores de Hacienda las relaciones de casas pertenecientes a la Compañía de Jesús y de los conventos y casas religiosas que debían suprimirse en cada provincia. Recibida la relación por los administradores, estos procederían a tomar posesión de los edificios y a formar los inventarios de los bienes correspondientes, incluyendo los edificios, iglesias, huertos y demás fincas rústicas y urbanas, censos y foros, créditos a favor de las comunidades y cargas que pesaran sobre ellas. Respecto a los conventos o iglesias que hubieran sido derribados (en el caso de Cádiz, los Descalzos), los administradores de Hacienda debían incautarse de los solares, así como de los materiales procedentes de los derribos. Los alcaldes debían remitir la relación de los respectivos conventos y casas que debían suprimirse, eligiendo a continuación el gobernador civil, en lo relativo a los conventos de monjas, cuáles debían ser definitivamente incautados, puesto que el decreto de 18 de octubre contemplaba que fueran en cada provincia la mitad de los existentes[451].

El Ayuntamiento provisional no hizo absolutamente nada al respecto. El convento de la Candelaria, de Agustinas descalzas, estaba en muy mal estado de conservación desde hacía mucho tiempo. La Junta Local nunca había mostrado intenciones de apropiarse del convento ni de los otros dos de monjas que había en Cádiz. El Consistorio provisional, menos radical que aquella, no envió al gobernador la relación solicitada. Esto se puede justificar en parte porque la preparación de las elecciones municipales y la inmediata insurrección de los dos batallones de Voluntarios de la Libertad no le dieron tiempo para cumplimentar la orden del gobernador. Pero lo anterior no impide apuntar que es muy probable que las autoridades locales no tuvieran la menor intención de contribuir a la expulsión de las monjas de sus conventos.

La insurrección de diciembre podría haber dado ocasión para realizar desde el bando republicano acciones en ese sentido; igualmente podría haber dado la oportunidad a algunas personas incontroladas de realizar actos violentos contra el Obispado. Pero no ocurrió ningún percance de este tipo, lo que muestra que en Cádiz no había una animadversión especial contra el clero o contra la Iglesia. Fray Félix, como ya se ha constatado más arriba, supo estar a la altura de las circunstancias y se ganó el reconocimiento tanto de los insurrectos como de las autoridades locales. Durante los cuatro días que duraron las hostilidades no hubo ni un solo ataque a la Iglesia por parte de los sublevados. El obispo se presentó en el edificio de la Aduana, sede del Gobierno de la provincia, y visitó personalmente las barricadas, tratando de lograr la paz, siendo recibido con deferencia por los sublevados, que se encargaban de escoltarlo entre una barricada y otra. Esta disponibilidad del prelado gaditano para mediar entre los sublevados y las autoridades y para ayudar al pueblo, contrastó con la que atribuyó algún simpatizante de los sublevados al resto del clero de la ciudad, que fue acusado de haber cerrado las puertas de los templos, negando así la posibilidad de que se pudieran refugiar en ellos las personas que se encontraban en la calle sin participar en las hostilidades[452]. Como se recordará, los republicanos alabaron desde las páginas de La Soberanía Nacional la actitud de Fray Félix con ocasión de la insurrección de Las Barricadas.

Ya al final de su corto periodo de responsabilidad, cuando las elecciones municipales habían finalizado y faltaba poco para que los republicanos formaran Ayuntamiento, Hidalgo mostró su idea de cómo debían ser las relaciones con el Obispado cuando recibió invitación del Cabildo Catedral para asistir a la función anual de bulas, que se iba a realizar el 24 de enero. El alcalde se excusó diciendo que las muchas y perentorias ocupaciones del cuerpo capitular, así como la enfermedad de algunos y la ausencia de otros muchos (los republicanos que nunca se presentaron al Cabildo Municipal y los unionistas que habían dejado de asistir cuando se continuó con el derribo de los Descalzos), le impedían asistir “como quisiera” y era “su deber[453]”.

4.3 El Ayuntamiento republicano de Guillén

4.3.1 Gestiones para obtener la propiedad de conventos e iglesias

Desde enero de 1869, el primer Ayuntamiento elegido en Cádiz por sufragio universal masculino dio lugar a una nueva forma de relacionarse con la Iglesia local desde el poder municipal. El alcalde Rafael Guillén Estévez, consecuentemente a sus ideas republicanas, trató de marcar una nítida separación entre lo religioso, como patrimonio privado de cada individuo, y la política municipal, dirigida a todos y, por tanto, en su opinión, necesariamente neutral en lo tocante a las prácticas religiosas.

Uno de los principales asuntos que ocuparon a Guillén en los primeros momentos de su gestión fue la obtención de la propiedad municipal del solar del exconvento e iglesia de los Descalzos y de los materiales procedentes de su derribo. La Administración de Hacienda comunicó a la Alcaldía el 2 de febrero de 1869 que debía hacerle la entrega de los Descalzos La orden de Sagasta de 20 de noviembre de 1868, ya referida, determinaba que tanto los solares como los beneficios de los materiales procedentes de los derribos realizados en los primeros momentos de la revolución debían ser entregados por los Municipios al Estado[454]. Pero el Cabildo Municipal no se negó a entregar los materiales porque entendía que debía respetarse como un hecho legalmente consumado la subasta pública formalizada en su momento por la Junta Local. Respecto a la propiedad del solar, el Ayuntamiento solicitó al Gobierno que se le fuese cedida para la edificación de un teatro municipal. El asunto pareció quedar resuelto cuando el 22 de marzo el ministro de Hacienda accedió a la construcción del teatro. Pero ponía como condiciones que el Municipio satisficiera al Tesoro el canon que se fijara y que devolviera el terreno si no se construía el teatro. La corporación municipal se opuso al pago del canon, basándose en que el teatro no solo sería beneficioso para ciudad, sino que se trataba de un bien de carácter general, y la cesión del solar se quedó sin resolver por el momento.

Otro exconvento cuya cesión trató de conseguir Guillén fue el de Santo Domingo. El 2 de febrero solicitó su entrega para establecer escuelas de niños y adultos de ambos sexos. Como se recordará, los demócratas de la Junta Local no habían tenido ningún inconveniente en derribar de los Descalzos a pesar de encontrarse ubicada allí la escuela de párvulos de San Servando; y ahora, convertidos al republicanismo, esgrimían la necesidad de instalar una escuela de párvulos, con toda probabilidad la misma, para obtener la posesión de Santo Domingo. Para que el Gobierno pudiese ceder el exconvento tendría que haber sido de su propiedad; pero ya se ha expresado que esto no era así: Santo Domingo no era un convento desamortizado, puesto que no era propiedad de la Iglesia.

Más probabilidad de éxito podían haber tenido las gestiones para conseguir la cesión de algún convento de monjas, ya que el decreto de 18 octubre de 1868 contemplaba la incautación de la mitad de los existentes, por provincias. La circular de Sagasta de 20 de noviembre de 1868 y la del gobernador civil de Cádiz, publicadas el 28 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia, pedían a los Ayuntamientos que informasen a los gobernadores de provincia de los conventos que consideraban conveniente exclaustrar. Esto no se había ejecutado hasta el momento y, no habiendo un plazo límite para hacerlo, la petición podía haber sido atendida sin dificultad. Pero la petición inicial de Guillén, realizada el 16 de febrero de 1869, no tuvo en cuenta dichas disposiciones y no se dirigió al gobernador de provincia sino directamente al Gobierno.

El Ayuntamiento no obtuvo respuesta y a finales de abril reactivó las gestiones, dirigiéndose ahora al gobernador civil, como tendría que haber hecho desde el principio, en solicitud de alguno de los edificios exclaustrados antes de la revolución para establecer las escuelas de los barrios de la Merced y el Pópulo. La petición se refería con toda seguridad, aunque sin hacerlo expresamente, a Santo Domingo, pues era el único convento exclaustrado antes de la revolución, situado en la zona donde se pretendía fundar las escuelas y no entregado al Ayuntamiento con anterioridad. La petición también apuntaba hacia los conventos de monjas abiertos cuando añadía: “Algunos de los edificios eclesiásticos sujetos al decreto de incautación de los bienes del clero del 18 de octubre son muy a propósito para este fin”. Tuvo lugar una reunión entre representantes del Ayuntamiento y el gobernador civil en la que este comunicó que no podía acceder a la entrega de los conventos de monjas porque aún no se había procedido a la incautación acordada por decreto de 18 de octubre del año anterior. La contestación era una excusa, porque la condición para que se produjera esa incautación era precisamente que los Municipios informasen al gobernador de sus necesidades y eso era lo que estaba haciendo el de Guillén. Ante la negativa, el Cabildo Municipal se limitó a pedir al gobernador que le entregase los conventos una vez obtenida su propiedad[455]. Pero ninguno de los sucesivos Gobiernos del Sexenio Democrático hizo gestión alguna para cumplir lo contemplado en el decreto de 18 octubre de 1868, en lo que respecta a los conventos de monjas de Cádiz.

En junio de 1869 seguían realizándose gestiones para conseguir algún edificio religioso, pero ahora por otra vía. El Ayuntamiento pidió autorización al obispo para practicar un reconocimiento en el convento de Nuestra Señora de la Candelaria. El deterioro del edificio era conocido desde mucho tiempo atrás y podía justificar su derribo, para atender tanto a la seguridad personal de los transeúntes como a la de las monjas. Antes de estas gestiones, en marzo de 1869, el arquitecto municipal había inspeccionado otro convento de monjas, el de concepcionistas calzadas de Santa María, pero se comprobó que su estado de conservación era bueno. Este reconocimiento se realizó para resolver la solicitud de un ciudadano que reclamaba la apertura de varios huecos en una finca contigua al convento, que se le mandaron cerrar por el anterior Municipio. No obstante, cabe pensar que el examen pretendía comprobar las posibilidades de instalar la escuela que se tenía proyectada para los barrios del Pópulo y la Merced, ya que el convento de Santa María está en esa zona de la ciudad.

Otro edificio de carácter religioso que resultó objeto de trabajos para la apropiación municipal fue la capilla de Nuestra Señora del Pópulo. Guillén mostró su moderación y tacto cuando el 23 de febrero optó por inquirir al obispo sobre sus noticias acerca del poseedor de la capilla. Este le contestó que era desde el año 1614 de patronato real e ignoraba los detalles sobre a quién correspondía la propiedad. En vista de que el obispo no reclamaba la capilla, el alcalde solicitó al Gobierno que la entregase al Municipio[456]. El 2 de abril el Cabildo Municipal decidió que, cuando fuese entregada, se derribaría el arco sobre el que se encontraba, y por tanto la capilla, para ampliar el acceso al barrio del Pópulo. Poco después, el 23 de abril, la Diputación Provincial tramitó también una petición de entrega de la capilla, probablemente con el ánimo de impedir su derribo.

Todas las realizadas para conseguir la propiedad de algún convento o templo habían resultado infructuosas, pero la actuación sobre el convento de la Candelaria por motivos de seguridad pública quedaba como una posibilidad, en la que insistiría Guillén tras la aprobación de la Constitución.

4.3.2 Medidas contra capellanes relacionados con el Ayuntamiento

El cementerio municipal tenía la condición de lugar consagrado para el enterramiento de los católicos y era al mismo tiempo propiedad del Municipio, que lo gestionaba y mantenía con su presupuesto. En su deseo de separar lo eclesiástico de lo civil, el alcalde cesó al capellán del cementerio, José Patiño. El sacerdote se ofreció a continuar realizando sus cometidos religiosos de forma gratuita y el Cabildo Municipal no tuvo inconveniente en aceptar. No había, pues, inconveniente en que ejerciera su función religiosa, pero sí en pagarle una remuneración como si se tratara de un funcionario municipal[457].

El 2 de marzo el Cabildo Municipal aceptó la petición del director del Instituto de Segunda enseñanza, situado en el que había sido convento de San Agustín, relativa a aumentar el espacio usado por dicha institución a costa de reducir la vivienda del capellán. El 4 de marzo se le pidió al obispo que designara un representante para que, en unión de otro municipal, delimitasen el espacio imprescindible para vivienda del capellán El 9 de marzo se recibió la contestación del obispo, negándose a lo pretendido por Guillén, pero, tras haberse reiterado al Obispado la petición de un representante, se formalizó el deslinde de las habitaciones ocupadas por el capellán, quedando a su disposición el espacio que se creyó absolutamente necesario, pasando el resto a disposición del Instituto[458].

Como se ha podido comprobar, el alcalde no pretendió expulsar al capellán, sino dejar la zona que ocupaba lo más reducida posible. Guillén se movía entre su deseo de evitar que se utilizasen los espacios municipales por miembros del clero y su respeto a la normativa vigente. La ocupación por parte del capellán de algunas habitaciones del exconvento de San Agustín no era una concesión graciable del Ayuntamiento, sino que estaba sancionada por la orden de 10 de junio de 1849, que destinaba la iglesia del convento para “ayuda de parroquia”, lo que trajo consigo que la Dirección General de Rentas acordase el 8 de marzo de 1850 que, accediendo a una petición del obispo, se señalasen “del edificio las habitaciones precisas e indispensables y más próximas a la Iglesia para el capellán y sacristán”, cediéndose el resto del edificio al Ayuntamiento para que estableciese el Instituto[459]. Guillén se atuvo, pues, a la legalidad y el capellán siguió ocupando una parte del exconvento hasta la llegada de la República.

4.3.3 Tentativa de desalojo del seminario Conciliar

Después de anulado el contrato relativo a la permuta del edificio completo del antiguo convento de Santiago por un solar en Santo Domingo, ahora Guillén pretendía desalojar completamente el seminario de la zona que ocupaba en el primero. El 2 de abril de 1869 el Cabildo Municipal aprobó una propuesta relativa a pedir la devolución de la zona ocupada por el seminario en el edificio de Santiago con el fin de utilizarla para la escuela de párvulos de San Servando. El día 20 de abril se reclamó la devolución al Cabildo Eclesiástico[460]. El gobernador eclesiástico replicó a la Alcaldía con una extensa carta en la que expresaba que la petición municipal suponía el reconocimiento de un derecho del Ayuntamiento que el gobernador creía que no estaba probado. Siguiendo las instrucciones del obispo, no negaba la propiedad municipal de la zona ocupada por el seminario, pero recordaba que la disposición municipal de 1853 por la que se cedía al obispo la planta alta del edificio de Santiago, se hizo con la condición de que se mantuvieran las enseñanzas de primeras letras establecidas por el Ayuntamiento y que se instruyera en el seminario no solo a los alumnos internos sino también a todos los externos que lo solicitaran. Como estas dos condiciones no se habían incumplido, el gobernador eclesiástico no veía razón que justificase la pérdida del derecho del Obispado a continuar ocupando el lugar[461]. Tras esta contestación, el Consistorio cesó en su pretensión y el seminario se mantuvo en el mismo lugar.

El Cabildo Municipal, que, como se ha podido comprobar, usó en repetidas ocasiones la necesidad de realojar la escuela de párvulos de San Servando como argumento para lograr la cesión de algún convento, no dejó por ello de buscar otras alternativas, tal vez más factibles. En el exconvento de San Francisco, que sí estaba cedido al Municipio, había un local vacío que podía utilizarse para nueva sede del colegio, así como unas habitaciones vacías que habían usado la Guardia Civil después del levantamiento de 5 de diciembre. Se estudió la posibilidad de emplear el local para la escuela de párvulos y las habitaciones entregadas a la Guardia Civil para uso del profesor. Pero de momento no se llegó a efectuar la instalación y en junio se continuaba buscando un local para la escuela[462].

4.3.4 Cese en la participación municipal en ceremonias religiosas

Los concejales republicanos, en consonancia con su interpretación de la libertad de cultos, no mostraron la menor disposición a costear reparaciones de templos o establecimientos religiosos, ni mucho menos subvencionar actos religiosos o participar en ellos. Por otro lado, estimaron que era su obligación y derecho urgir al Obispado a que realizase con sus propios medios económicos las reparaciones necesarias en los templos, y más cuando pensaban que la mejor alternativa para los jornaleros de Cádiz en momentos críticos desde el punto de vista económico era promover obras. Con esa intención, la Alcaldía dirigió una comunicación al obispo para que activase las obras del sagrario de la catedral, que no había sido trasladado todavía desde la parroquia de Santa Cruz, y de una capilla en construcción en la parroquia de San Antonio. Los miembros de la Comisión Municipal de Obras Públicas se entrevistaron con fray Félix para interesarle en la cuestión[463], pero no hay constancia de que se ejecutara obra alguna. Las gestiones municipales para urgir al prelado a acometer reparaciones en el interior de los templos mencionados no podían ser más que sugerencias, pues otra cosa habría constituido una intromisión contraria al espíritu de separación de Iglesia y Estado que propugnaban los republicanos.

La decisión municipal de no participar en ningún acto de carácter religioso comenzó a fraguarse el 5 de febrero, cuando el alcalde recibió una invitación del gobernador civil para asistir a las honras fúnebres que se iban a celebrar el día siguiente en la catedral en memoria del que fue gobernador civil de Burgos, recientemente asesinado cuando intentaba cumplimentar el decreto sobre incautación de archivos eclesiásticos. El Cabildo Municipal designó una comisión de cuatro ediles, haciendo constar que no se trataba de una adhesión religiosa, sino de una excepción para protestar contra las causas políticas que motivaron la muerte del gobernador[464].

Esta postura se mostró más firme cuando José María Urquinaona, obispo preconizado de Canarias, nacido en Cádiz y formado como sacerdote en su seminario, se presentó el 26 de febrero al alcalde para recordarle que el Municipio había acordado en su momento apadrinar la ceremonia de su consagración y que esta se iba a verificar el domingo 7 de marzo en la catedral gaditana. Guillén le expresó que su visita le había producido una gran satisfacción personal, pero debía indicarle que hasta que las Cortes Constituyentes resolvieran la cuestión relativa a la libertad de los cultos, la corporación no debía asistir a ninguna ceremonia religiosa[465].

Para la tradicional celebración del aniversario por las víctimas del 10 de marzo de 1820, en vez de la ceremonia religiosa que se celebraba habitualmente en la iglesia de San Felipe Neri, donde estaban depositadas las cenizas de los asesinados aquel día, se decidió llevar a cabo una “función cívica[466]”. El mismo día 10 La República Federal publicó el programa de la ceremonia, verdadero contrapunto laico a las celebraciones religiosas habituales. El edificio municipal estaría adornado con símbolos alusivos al luto debido a los fallecidos, anunciando con una campana la solemnidad del día. Después de abrir sesión extraordinaria a las once de la mañana, la corporación se dirigiría a la iglesia de San Felipe, donde una comisión estaría esperando en la puerta y colocaría la urna cineraria en un carro preparado al efecto. Abriría la marcha procesional una banda militar de música seguida por dos concejales y el secretario de la corporación municipal; a continuación todos los invitados acompañando a los regidores; luego las banderas de la Milicia Nacional que se conservaban en las casas consistoriales, y por último el carro fúnebre con la urna y la presidencia, cerrando la marcha otra banda de música. El tránsito de la procesión cívica sería por las calles de Santa Inés, Torre y plaza de San Antonio, donde se detendría para que se pronunciara una oración fúnebre alusiva al acto, única concesión de tipo religioso que se programó. A continuación, la comitiva continuaría su marcha por las calles Ancha, Novenza, plaza del Palillero, Columela, San Francisco, Nueva y plaza de San Juan de Dios. La urna quedaría en las casas consistoriales hasta que posteriormente se devolviera a San Felipe. El Ayuntamiento donaría a tres huérfanas tres mil trescientos reales a cada una y daría un rancho extraordinario a los presos de la cárcel.

El 7 de mayo, a propuesta del gobernador eclesiástico, Vicente Roa, el Cabildo Catedral preguntó al Ayuntamiento sobre su intención de costear los preparativos y la procesión del Corpus, como había sido costumbre de sus antecesores[467]. A pesar de que el Ayuntamiento ya tenía acordado no asistir a ninguna clase de función religiosa, algunos concejales plantearon que debía hacerse y también sufragar el acto, pues la procesión atraía forasteros y esto producía unos beneficios económicos que compensarían los gastos que se efectuasen, dando la presencia de los miembros del Ayuntamiento mayor solemnidad a la procesión. Se decidió no asistir a la procesión ni abonar los gastos por diecisiete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, y el alcalde remitió el 11 de mayo un oficio al Cabildo Catedral evitando una negativa rotunda, pues se limitó a contestar que ese año no era posible costear los gastos por la absoluta carencia de fondos[468]. Lo cierto es que sí había fondos, pues los ediles se plantearon aplicar la cantidad que habitualmente se destinaba a cubrir aquellos gastos al reparto de una limosna de pan y carne para los pobres de solemnidad.

La cuestión no quedó ahí. El 24 de mayo los concejales discutieron si, cuando pasara por delante de las casas consistoriales la “manifestación católica conocida bajo la denominación de procesión del Corpus”, debían recibirla en la puerta del edificio municipal, como se había efectuado en años anteriores. La mayoría se oponía, basándose en que el Cabildo Municipal ya había acordado no participar en manifestaciones religiosas. Hasta la posibilidad de plantear la cuestión como un mero saludo de cortesía del Cabildo Municipal al Cabildo Eclesiástico era desechable para los que defendían esta posición, ya que, argumentaban, cuando la corporación municipal pasó el 10 de marzo por las puertas de la catedral, tampoco fue saludada por su Cabildo. Una minoría trató de convencer al resto de que recibir a la procesión en las casas consistoriales no podía entenderse como participación en una festividad religiosa y de que la falta de saludo del Cabildo Catedral del 10 de marzo al paso de los representantes municipales por la catedral había sido involuntaria. Puesta la cuestión a votación, se resolvió no recibir a la procesión por once votos contra cuatro[469].

La prensa católica militante de Cádiz reputó de borrascosa la sesión en la que se produjo este acuerdo, que en su opinión había causado muy mal efecto entre los gaditanos. Se afirmaba que además de los cuatro concejales que habían votado en contra (Monasterio, Borrero, Lemos y Romaní), otros cuatro (Zamudio, Rovira, Noriega y Lombán) se habían retirado antes de la votación. Esto daba un margen relativamente estrecho a la decisión, pues suponía once votos a favor de no participar siquiera recibiendo a la procesión a su paso por las casas consistoriales por ocho concejales en desacuerdo. El Comercio se quejaba el 27 de mayo de la interpretación que se estaba dando a la libertad de cultos en el Cabildo Municipal, pues en vez de tolerar a otras religiones, lo que se hacía era “hostilizar, en nombre de la incredulidad respecto a todas las religiones, el culto de la única verdadera, de la única que profesan los españoles”. La “malhadada libertad de cultos” iba a ser, según la interpretación de dicha prensa, una futura fuente de numerosos conflictos.

Poco antes de la celebración del Corpus creció el malestar entre los católicos conservadores por la actitud municipal. El Comercio recibió el 29 de mayo un comunicado de varios gaditanos que lamentaban el acuerdo municipal y afirmaban que el disgusto que se observaba en las clases menos acomodadas por la actitud municipal era muy marcado. Recordaban que la corporación municipal había sido elegida por gran número de electores, pero que era mucho mayor el de los que votaron en contra o se abstuvieron de votar, y pedían a estos que promoviesen una protesta para pedir a las Cortes la separación del Ayuntamiento de los once concejales que votaron en contra de recibir a la procesión en las puertas de las casas consistoriales, procediéndose después a unas elecciones para cubrir sus vacantes. Los promotores del escrito estaban convencidos de que la protesta sería firmada por todos los electores que no votaron a favor de los republicanos y por muchos que les habían votado, defraudados por la actuación municipal. Aludiendo más a los beneficios económicos que a la religión, terminaban asegurando que era preciso hacer algo para que no se consumase la total ruina de Cádiz.

El día del Corpus, jueves 27 de mayo de 1869, estaba cayendo una fuerte lluvia. Se reunió el Cabildo Catedral y Sebastián Herrero consiguió que sus compañeros decidiesen, cuando ya era la hora de salir la procesión, que quedase aplazada para el domingo. Parece que había algo más que razones de tipo meteorológico para suspender la salida, pues varios canónigos recordaron “las difíciles circunstancias para el clero”. Se creyó conveniente no publicar la decisión sin saber antes la opinión de los gobernadores militar y civil, que habían concurrido con sus respectivos subalternos y estaban esperando en el templo. El maestrescuela Mahave y el canónigo Molina pidieron a las dos autoridades que pasaran a la sala capitular, donde fueron informados de la resolución, mostrando su conformidad y comunicando que asistirían el domingo[470]. Es muy probable que los capitulares transmitieran a los gobernadores civil y militar su preocupación por la posibilidad de que la salida provocase disturbios entre los que deseaban ardientemente que se efectuara y los que se oponían. Así lo sugiere el hecho de que el gobernador civil publicase un comunicado la víspera de la salida definitiva de la procesión, el 29 de mayo, que constataba que la actuación municipal había producido “alguna excitación”, que había aumentado por el “rumor infundado”, surgido en los clubes republicanos, relativo a que el Consistorio pensaba retirar la custodia (donada por el Municipio al Cabildo Eclesiástico tiempo atrás). Las palabras del gobernador muestran que ya debían haberse producido algunos percances:

Apelo a todos los sentimientos nobles y benéficos para restablecer la armonía en el vecindario, aconsejando la tolerancia. Y si mañana hubiese alguna irreverencia o se cometiesen atropellos, la autoridad encargada del orden y de la defensa de todos los derechos, sabrá reprimir cualquier desmán[471].

El lunes 31 de mayo El Comercio afirmaba que el acompañamiento a la procesión había sido mayor que en ocasiones anteriores. Seguramente, estaba formado por los católicos más combativos contra la libertad de cultos y más dispuestos a demostrar que los gaditanos apoyarían siempre las manifestaciones religiosas tradicionales. Aseguraba el periódico que en la carrera había muchas casas engalanadas con colgaduras; sin embargo, reconocía que la concurrencia de gente al paso de la procesión había sido muy escasa, y lo justificaba con la alarma que se había extendido los últimos días entre la población. Con todo, la normalidad fue total. La procesión duró dos horas y contó con el acompañamiento de las autoridades militares de la plaza e incluso, a título personal, con la asistencia de los cuatro concejales que habían votado en contra de las determinaciones municipales relativas a la procesión. El 1 de junio la Alcaldía recibió varios comunicados, de la Juventud Republicana, de los clubes del barrio de San Francisco y San Carlos, Sixto Cámara, y del barrio de la Palma, felicitándole “por su criterio altamente librecultista y por su enérgica conducta y liberal actitud en la cuestión relativa a la católica demostración del día del Corpus[472]”.

4.3.5 División de los republicanos sobre la política de Guillén

Aunque los republicanos de Cádiz habían acudido a una candidatura única a las elecciones municipales, la adhesión de los republicanos más radicales al Ayuntamiento de Guillén, en cuestiones religiosas y sociales, fue más bien escasa y a menudo muy exigente y crítica. El director de La República Federal, José reyes, pedía al Consistorio republicano el 31 de enero de 1869, nada más constituirse, que se comprometiera a demostrar a los detractores de la democracia que esta significaba justicia para todos. Por otra parte, le pedía que devolviese a los Voluntarios de la Libertad las carabinas que les habían sido recogidas tras la insurrección de diciembre anterior y que tomase medidas para que “el crimen cometido contra ellos” no quedase impune, “demandando ante los tribunales a los que fueron los judas y los verdugos del pueblo”.

Estas peticiones no casaban con la moderación y tacto del alcalde, dispuesto a llegar a todo pero no a tomar medidas radicales, ilegales o inútiles. Los republicanos “intransigentes” consideraban que la gestión municipal de Guillén era demasiado moderada e indecisa. El 18 de febrero los redactores de La República Federal ya se mostraban muy críticos con el Ayuntamiento de Guillén en un artículo en el que se decía:

El pueblo de Cádiz ha llevado al Municipio a hombres que creyó identificados con sus aspiraciones y deseos; llevó a los escaños del Ayuntamiento a hombres que decían ser revolucionarios; delegó sus poderes en hombres que se le presentaban como republicanos, pero no abdicó su soberanía ni permitirá que se le ponga en ridículo.

Los comités republicanos de los barrios del Pópulo y la Merced reaccionaron contra estas apreciaciones negativas transmitiendo al alcalde el 19 de febrero su confianza en la política municipal y protestando enérgicamente en nombre de los copartidarios de dichos barrios contra la opinión emitida por el periódico gaditano. También el club republicano de Extramuros se apresuró a comunicar al alcalde que, reunidos sus miembros el 21 de febrero, habían acordado poner en su conocimiento que hasta ahora continuaba mereciendo su confianza y que estaban dispuestos a prestarle el apoyo que en cualquier caso pudiera necesitar.

El 20 de febrero, La República Federal se dirigió directamente desde sus columnas al Consistorio, para aclarar su posición. Sus redactores sabían que algunos ciudadanos veían sus opiniones como un ataque al Ayuntamiento y un deseo de provocar la división del Partido Republicano. Los que pensaban así eran los “admiradores y sostenedores del actual Ayuntamiento”, pero los que pensaban como los redactores de la República Federal, no estaban dispuestos a apoyar a la corporación municipal mientras no tuviesen pruebas evidentes de que era digna de su confianza y defensa. Como se puede comprobar, ya existían evidentes diferencias y desacuerdos entre los que luego serían denominados “benévolos” e “intransigentes”. La tendencia socializante y obrerista de La República Federal se iba decantando en su oposición a Guillén, que era defendido por otro sector republicano apoyado desde las páginas de la Soberanía Nacional. Las siguientes palabras de La República Federal no pueden ser más significativas:

El Ayuntamiento de Cádiz todavía no ha hecho nada que sea digno de nuestra defensa, nada que lo sea de nuestra censura; no ha tomado ningún acuerdo que merezca nuestra admiración o nuestros ataques. No ha hecho nada. Por eso nosotros guardamos silencio y no aplaudimos ni censuramos; no nos gusta prodigar ni aplausos ni censuras. Aguardamos, porque todavía no es tiempo de hacer otra cosa (La cursiva es mía).

La República Federal afirmaba que sus artículos no constituían un ataque, sino que, en su opinión, reflejaban la expresión de los sentimientos y creencias de la inmensa mayoría de los obreros de Cádiz. Pero advertía que “si llegara el momento de defender lo justo” combatirían a sus “amigos del Municipio” y agitarían a la opinión pública hasta el extremo de que se tuvieran “que marchar a sus casas” los que, si esto sucediera, no mirarían “como concejales sino como traidores al pueblo y a la revolución”. Habiendo transcurrido menos de un mes de la instalación del Consistorio, era demasiado pronto para una actitud tan crítica, con lo que parece claro que los republicanos que se expresaban por medio de La República Federal ya sabían que los de Rafael Guillén no iban a cubrir sus aspiraciones.

Tal vez estas presiones hicieron algún efecto, ya que después de promulgada la Constitución, Guillén se iba a mostrar más activo en el intento de tomar resoluciones laicistas, llegando a plantearse el derribo de algún convento. Antes, el 14 de mayo, había tenido lugar una primera resolución que iba en esa dirección cuando se designó una comisión para que estudiase el modo de utilizar el convento de San Francisco para “algún fin de utilidad pública[473]”. Los acontecimientos inmediatos demostrarían que la pretensión era el derribo.

4.3.6 Reacción municipal tras la proclamación de la Constitución

La jerarquía eclesiástica de Cádiz tuvo ocasión de expresar por primera vez su rechazo a la Constitución cuando el Cabildo Eclesiástico se negó a asistir a su promulgación oficial en la plaza de San Antonio. La conducta del Ayuntamiento de Guillén, también opuesto a la misma norma, aunque por razones muy diferentes, fue de acatamiento obligado sin dejar de expresar por ello su disgusto ante el modelo de Estado que sancionaba la norma constitucional. Guillén y todos los concejales asistieron a la ceremonia oficial de proclamación. El Comercio comentaba el 8 de junio que lo habían hecho vestidos de negro, queriendo mostrar con ello su luto por la “muerte de la república”. Exceptuando las representaciones oficiales, la asistencia al acto fue muy escasa, retirándose algunos de los concurrentes cuando el secretario del gobernador civil, encargado de dar lectura a la norma, comenzó a leer el artículo que establecía la monarquía como forma de Gobierno[474].

Una de las consecuencias inmediatas de la promulgación de la Constitución fue la extensión de la garantía del ejercicio público o privado a otros cultos distintos del católico. Desde el inicio de su gestión, el Ayuntamiento republicano había sido completamente respetuoso con las manifestaciones religiosas católicas, pues aunque no participó en ninguna de ellas, tampoco puso el más mínimo impedimento para que se desarrollasen libremente. Sin estar todavía aprobada la Constitución, los munícipes tomaron algunas medidas para favorecer a los protestantes en este punto, para que no estuvieran en inferioridad respecto a los católicos. Así, 11 de mayo de 1869 el concejal Calixto García (que también lo sería con Salvochea en 1873) logró que el Cabildo Municipal aprobase a “todos los entierros sin distinción alguna”, transitar por el paseo de Extramuros desde las Puertas de Tierra hasta la iglesia de San José[475].

Sin embargo, muy poco después de aprobada la norma constitucional tuvo lugar un incidente relativo a una manifestación religiosa protestante que fue resuelto de una forma que, en principio, parece insinuar que la tolerancia de los republicanos del Ayuntamiento hacia los protestantes no era excesiva. El 5 de julio de 1869 la Alcaldía recibió una protesta del gobernador eclesiástico, Vicente Roa, debida a la conducción por el paseo de Extramuros del cadáver de un protestante. Habría bastado poner en conocimiento del Obispado que el Municipio había resuelto el 11 de mayo permitir el paso de todos los entierros, fuesen católicos o no, por el recorrido citado. Incluso podría haberse evitado esta explicación y expresar solamente que, cumpliendo la Constitución recién aprobada, el culto protestante tenía garantizada su manifestación pública, por lo que sus fieles podían celebrar sus entierros sin ningún inconveniente. Sin embargo, la respuesta pareció mostrarse muy compresiva con la queja de Roa:

Con pena he sabido este hecho, que le noticia el cura ecónomo de San José, y para que no se repita este abuso, prevengo en el día de hoy al pedáneo de Extramuros prohíba el tránsito de cadáveres por el paseo, redoblando su vigilancia y la de mis delegados, a quienes exigiré la responsabilidad si infringen las disposiciones que el Municipio tiene acordadas sobre el particular de que me ocupo[476].

La respuesta al gobernador eclesiástico se dio sin que mediase discusión alguna en el Cabildo Municipal, pareciendo en este caso que la intolerancia hacia los protestantes estaba más extendida entre los republicanos de lo que podría suponerse en principio. Pero también se puede interpretar la respuesta, más que una muestra de intolerancia hacia los protestantes, era una manera de utilizar el asunto para limitar todas las manifestaciones públicas del culto, fuese católico o protestante. La contestación dada al gobernador eclesiástico, aunque parecía darle una satisfacción, lo que hacía en realidad era utilizar su protesta para limitar el itinerario de una manifestación religiosa independientemente del credo que representara, pues en el escrito no se hacía alusión expresa a los cadáveres de los protestantes, entendiéndose que la prohibición se refería a todos, incluyendo los católicos, que también tenían el paseo de Extramuros como itinerario hacia su cementerio. Obviamente, el escrito municipal no prohibía la conducción de cadáveres hasta los respectivos cementerios, municipal e inglés. Lo que hacía era evitar el transcurso del cortejo fúnebre por el itinerario más transitado, con el fin de que estos actos fuesen lo menos ostensibles posible. Con el texto constitucional en la mano, el Ayuntamiento no podía prohibir ni limitar la conducción de cadáveres. Esto explica que la disposición no se reflejase en las actas del Cabildo Municipal.

Se puede concluir afirmando que la aprobación de la Constitución marcó en el Ayuntamiento de Guillén el paso de una permisividad al culto público a un intento de limitarlo. Guillén había mantenido desde enero una tolerancia estricta a las manifestaciones religiosas católicas más ostentosas celebradas antes de la aprobación de la Constitución, como la salida del Corpus Christi o las procesiones de Semana Santa, que no apoyó en ninguna ocasión pero tampoco prohibió ni limitó. Luego, en mayo, extendió esta permisividad a los protestantes permitiéndoles el traslado de sus cadáveres por la vía pública principal en dirección a su cementerio. Ahora, limitaba esta circunstancia a todos. La radicalización secularizadora municipal se iba a expresar también en el intento de apropiación municipal de las iglesias de los exconventos masculinos dependientes del Municipio y de alguno de los conventos de monjas. En esta intensificación de medidas contrarias a los intereses eclesiásticos pudieron influir las presiones del sector republicano más radical, cuyo creciente malestar contra el Gobierno culminaría pocos meses después con una insurrección armada en la sierra de Cádiz.

4.3.7 Intento de apropiación y derribo de iglesias y conventos

Coincidiendo con la ofensiva del Gobierno de la regencia para sujetar al clero a su autoridad, con la consiguiente reacción del obispo, el Ayuntamiento de Guillén comenzó una etapa de relativa radicalización en sus actuaciones contrarias a los intereses de la autoridad eclesiástica gaditana. El alcalde iba a continuar tratando de llevar adelante sus ideas sin romper con un estricto respeto a las disposiciones legales. Pero estas, respaldadas por una Constitución que no se ajustaba a las ideas republicanas, iban a suponer un obstáculo insalvable.

Las gestiones municipales para derribar exconventos masculinos y monasterios de religiosas se intensificaron a partir de la promulgación de la Constitución. Los trámites para conseguir que el Gobierno entregase al Municipio la capilla de Nuestra Señora del Pópulo no habían dado frutos hasta el momento. El 5 de julio Guillén remitió un oficio al gobernador eclesiástico Vicente Roa, que reconocía que la capilla, a pesar de ser de patronato real, tenía en la práctica una cierta dependencia del obispo. El escrito suplicaba a Roa que ordenase al sacristán de la capilla que se encontrase en ella el día siguiente a la una del mediodía para que el arquitecto municipal pudiese practicar un reconocimiento en la sacristía. La inspección se practicó pero no produjo ningún resultado concreto. El 3 de septiembre el gobernador civil, Manuel Somoza, envió un escrito al obispo comunicándole que una orden de 30 de agosto de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado pedía informes acerca de la institución de la capilla del Pópulo y el uso que se le daba en la actualidad[477]. El asunto se quedó sin resolver y no volvería a ser tratado hasta la llegada de la república.

Como se ha expuesto más arriba, el exconvento de la Merced albergaba las instalaciones de la fábrica del gas de Cádiz. Estando muy avanzada la obra de la nueva fábrica en el barrio de Extramuros, se preveía que próximamente quedarían abandonadas las instalaciones antiguas. El 7 de julio, el Cabildo Municipal sacó a subasta pública el derribo del exconvento, y también de su iglesia, con el fin de dedicar los beneficios para cubrir las necesidades económicas municipales más perentorias. La legalidad de la decisión municipal es dudosa. Si el edificio había sido entregado en su momento al Municipio por el Estado para albergar la fábrica del gas, lo procedente era consultar al Gobierno sobre el nuevo fin que se le pretendiera dar, pero no se hizo así, aunque hay que aclarar que la Administración nunca presentó objeciones a la decisión municipal. Menos explicación tenía la decisión de derribar el templo, cuando estaba abierto al culto. El 8 de julio la Alcaldía envió al gobernador eclesiástico un lacónico escrito, en el que le pedía que diese las órdenes oportunas al encargado de la iglesia de la Merced para que permitiese al arquitecto municipal la entrada en el edificio a fin de practicar un reconocimiento[478]. Vicente Roa aceptó la petición y el 22 de julio el arquitecto municipal ya había realizado el “reconocimiento”, que en realidad consistía en la valoración del derribo del exconvento y su templo, pasando la Comisión de Obras Públicas a redactar el pliego de condiciones para la subasta[479].

Guillén declaró explícitamente a Roa el 19 de agosto que el Ayuntamiento tenía acordada la demolición del convento y la iglesia de la Merced, que afirmaba eran propiedad del Municipio. Esperaba que el gobernador eclesiástico designase un comisionado para que, en unión de los representantes municipales, acordase la traslación de todo lo perteneciente al culto a fin de que el local quedase desalojado en el plazo más breve posible. Roa se limitó a replicar que, en su opinión, no estaba claro que el templo formase parte del exconvento y por tanto fuese propiedad del Municipio. Es muy posible que la escasa contundencia de la respuesta de Roa en defensa de los intereses del Obispado fuese el motivo que provocó su sustitución inmediata como gobernador eclesiástico por el arcipreste Sebastián Herrero, doctor en leyes, que fue designado el 26 de agosto[480].

El alcalde, convencido de que la razón le asistía, envió el 10 de septiembre un informe al nuevo gobernador eclesiástico con todas las disposiciones que, en su opinión, aclaraban “de una manera clara y terminante” la propiedad del municipal tanto del convento como del templo. Ya estaba en tramitación el expediente de subasta de la demolición y se reiteraba a Herrero que era indispensable que el local quedase desalojado con la mayor brevedad de los objetos pertenecientes al culto, “evitando al Municipio el disgusto de tener que adoptar medidas enérgicas encaminadas a dar exacto cumplimiento a los acuerdos tomados sobre el particular[481]”. La interpretación del certificado era parcial. Como se ha indicado, en el capítulo 2, es cierto que los conventos que fueron entregados al Municipio en 1842 llevaban incluida en la entrega sus respectivos templos. Pero posteriormente los Gobiernos moderados de Isabel II resolvieron que las cesiones de los conventos y de los templos debían entenderse como temporales. Además, las entregas se hicieron con la condición de que se cumpliesen los fines solicitados por el Ayuntamiento. Este nunca pidió que los templos se utilizaran para otro fin distinto del culto católico, con lo que el Municipio había perdido el derecho que podía haber tenido. El escaso margen de tiempo que restaba al Ayuntamiento para ser disuelto fue el que evitó que el templo de la Merced fuese derribado.

Pero este era solo una parte del plan municipal de derribar edificios religiosos. El 9 de julio de 1869 varios concejales propusieron que, sin obviar los trámites legales correspondientes, se procediera a derribar los conventos e iglesias de San Francisco y Capuchinos, lo que se aprobó por once votos contra cuatro[482]. El Municipio se creía propietario de los templos aludidos, y esto, en caso de que hubiera sido cierto, habría justificado su capacidad legal para concertar su derribo. Pero su anhelo por hacerlo ahora solo se entiende desde una radicalización surgida a raíz de la promulgación de la Constitución y avivada probablemente por las presiones de los “intransigentes”, que, como se ha comprobado, existieron desde los primeros momentos de la gestión municipal de Guillén.

Pocos días antes, el Ayuntamiento solicitó a la Diputación Provincial que los albergados en el exconvento de Capuchinos fueran trasladados al hospicio provincial, con la intención explícita de dejarlo vacío, a fin de destinarlo “a los objetos de utilidad pública que se consideren convenientes” expresión que en la mayor parte de los casos referidos a edificios religiosos significaba que se pensaban derribar. Capuchinos acogía a jóvenes necesitados de corrección, ancianos y dementes, lo que ya era un fin de utilidad pública, pero no el que deseaba Guillén, que, como se está evidenciando, buscaba el derribo y posterior empleo de los materiales y solar resultante. El 1 de septiembre la Diputación Provincial denegó la petición municipal de trasladar a los albergados en Capuchinos al hospicio, aduciendo que el Municipio no había expuesto ninguna razón que fundamentase la solicitud. Probablemente, se conocía que la petición municipal se debía al deseo de proceder al derribo del edificio.

En lo que respecta a los conventos de monjas, el Ayuntamiento intensificó las gestiones para que fueran exclaustrados en cumplimiento del decreto de 18 de octubre de 1868 y entregados a la ciudad. El 6 de julio de 1869 se solicitó formalmente a la Administración de Hacienda Pública la entrega de los conventos de monjas de la Candelaria y las Descalzas, “de que deberá haberse incautado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno provisional en lo relativo a supresión de comunidades religiosas”. Pero ni el Gobierno se había incautado estos conventos ni había mostrado desde el principio de la revolución intención de hacerlo. El día 27 de julio, al no haberse recibido contestación alguna, se recordó al administrador de Hacienda la comunicación anterior y se añadió: “Por equivalentes causas de utilidad pública que los anteriores —la Candelaria y las Descalzas— este Municipio desea que se le conceda el edificio conocido como exconvento de Santo Domingo[483]”.

Al no obtenerse respuesta, se trató de llegar al derribo del convento de la Candelaria con la excusa de que su mal estado de conservación obligaba a hacerlo para mantener la seguridad pública. Como se ha indicado más arriba, el alcalde había solicitado el prelado a finales de junio autorización para que una comisión municipal practicase un minucioso reconocimiento en el interior del convento. La inspección, efectuada mientras Roa era gobernador eclesiástico, obtuvo como resultado la confirmación de que el inmueble estaba ruinoso en más de su tercera parte y el resto se encontraba en muy mal estado de conservación, por lo que debía “ser desalojado en el más breve plazo posible con el fin de evitar las desgracias que pudieran ocurrir”. Sebastián Herrero, como nuevo gobernador eclesiástico y en nombre del obispo, mostró su desacuerdo y pidió un nuevo reconocimiento mediante un escrito que llegó al Cabildo Municipal el 1 de septiembre[484].

El alcalde aceptó, enviando al obispo el 11 de septiembre de 1869 un nuevo dictamen del arquitecto municipal. El muro del costado sur del edificio, que daba frente a la calle Bilbao, hacía mucho tiempo que estaba en muy mal estado por falta de cimientos. En la parte que daba frente a las calles de la Candelaria y el Torno se habían insertado hacía mucho tiempo unos pilares de cantería en toda su altura, con los que se consiguió contener el muro hasta el 1864, año en el que se añadieron unos tirantes de hierro, operación que no logró detener los progresos del deterioro. Sobre los techos de dicho costado, se informaba: “Hoy se halla deshabitado este departamento por temor sin duda a una catástrofe”. Al costado del Oeste, todas las habitaciones se encontraban “en malísimo estado”, como también los muros y techos. Las cubiertas de la iglesia y su torre se encontraban “en inminente estado de ruina y cortada la trabazón de los macizos en varias partes”. En resumen, se estimaba que el edificio se hallaba ruinoso en más de su tercera parte y que el resto se encontraba “en malísimo estado de conservación”, por lo que era necesario desalojar los locales en el más breve plazo posible, “con el fin de cortar las desgracias que pudieran ocurrir no adoptando una medida pronta y eficaz en este asunto[485]”.

Tras recibir el dictamen municipal, Herrero remitió el 20 de septiembre un nuevo escrito al alcalde en el que no admitía la validez de la inspección municipal ni estaba de acuerdo en que el convento estuviera en estado de ruina o necesitase ser desalojado[486]. Guillén estaba tan convencido de llevar la razón que el 22 de septiembre de 1869 aceptó por escrito que el Obispado enviase un perito para hacer un nuevo reconocimiento[487]. La inspección no se llegó a efectuar y las dilaciones salvaron por el momento al convento de la Candelaria porque muy pronto la insurrección republicana de octubre iba a dar lugar a la disolución de la corporación dirigida por Guillén.

También la iglesia del exconvento de San Agustín pareció estar en peligro cuando se acordó recomendar al obispo una reparación. El 2 de octubre se comunicó al prelado que, estándose renovando la fachada del exconvento de San Agustín, menos la parte correspondiente a la iglesia del mismo, se había acordado solicitar que, “por convenir al ornato público”, el obispo ordenase la reparación de la citada parte del edificio[488]. En este caso no había decisión de derribo pero el gobernador eclesiástico mostró inmediatamente su conformidad y comunicó estar adoptando las medidas necesarias.

En septiembre de 1869, cuando ya faltaba poco tiempo para que el Ayuntamiento fuese disuelto, la demolición de los Descalzos aún no se había completado. Guillén tuvo que apremiar a los contratistas para que retirasen los materiales acumulados y derribaran los muros exteriores. El alcalde pretendía recuperar la idea del Ayuntamiento provisional de construir un teatro en el solar sin abonar ningún tipo de canon al Estado. El 14 de septiembre de 1869 llegó la petición de un empresario dispuesto a edificar el teatro, siguiendo con unos planos existentes con anterioridad y en poder municipal. Se publicó durante quince días las condiciones de la propuesta del empresario por si se presentaba algún interesado que las mejorase. El 1 de octubre, pasado el plazo, no se había presentado ninguna nueva oferta, con lo que se concedió la edificación al único interesado[489].

El tiempo iba pasando y la corporación municipal no recibía contestación a sus peticiones sobre los conventos de monjas de Cádiz y el de Santo Domingo. El 8 de septiembre se reiteró al ministro de Gracia y Justicia la demanda de conventos para fines de utilidad pública[490]. Había noticias de que Ruiz Zorrilla pensaba “adoptar dentro de breve tiempo alguna medida importante con referencia a los conventos de religiosas[491]”. Pero no sucedió así, pues ni se realizaron exclaustraciones ni el Municipio obtuvo en ningún momento contestación a sus peticiones.

4.4 El Ayuntamiento provisional de octubre de 1869

El Ayuntamiento que formó el gobernador militar de Cádiz tras la insurrección republicana de octubre de 1869 excluyó por completo a representantes del Partido Republicano. En Cádiz no se había producido ningún hecho de gravedad que justificase la deposición de una corporación que se había constituido tras unas elecciones limpias, realizadas por primera vez en España mediante sufragio general masculino, siendo la destitución una maniobra para conseguir lo que no se había podido lograr democráticamente.

El nuevo órgano municipal, dirigido por el unionista Juan Valverde y formado por miembros de su partido y progresistas, se mostró desde el principio dispuesto a volver a participar en las ceremonias religiosas correspondientes a las festividades locales, así como a costearlas a cargo de los fondos municipales. El 12 de octubre de 1869, próxima la fiesta de los patronos de la ciudad San Servando y San Germán que se celebraba el 23, los ediles de Valverde defendían que los gastos correspondientes debían correr a cargo del Municipio, apoyándose en que así lo indicaba el artículo quinto de la ley de Ayuntamientos en su párrafo cuarto, dedicado a las fiestas votivas de los pueblos. Por otra parte, acordaron asistir capitularmente simplemente porque era una costumbre que había seguido siempre el Ayuntamiento. En diciembre ocurrió lo mismo con ocasión de la festividad de la Inmaculada Concepción. En este caso ya no se recurrió solo a la costumbre, sino que se estimó como principal razón que el órgano municipal estaba compuesto por católicos y que su asistencia a los actos de esta religión estaba “en consonancia con el espíritu de la inmensa mayoría del vecindario”, del que era representante. Siguiendo, por otra parte, “la piadosa costumbre antiquísima”, se debían iluminar las casas consistoriales la víspera de la festividad y el día 8 asistiría todo el Cabildo Municipal a la celebración religiosa que se iba a verificar en la catedral[492].

La vuelta a la participación en actos religiosos católicos y su sostenimiento económico por parte del Municipio eran el resultado de una interpretación de la libertad de cultos sancionada por la Constitución distinta a la de los republicanos de Guillén. Estos, siguiendo a sus copartidarios, entendía que aquella obligaba a una estricta neutralidad independientemente de las ideas religiosas que pudieran tener los concejales. Si los ciudadanos tenían derecho a practicar cualquier religión que no se opusiera a las reglas universales de la moral y a manifestarlo públicamente, los organismos públicos tenían el deber de ser estrictamente neutrales y de no participar en ningún acto religioso. Ahora, Valverde y los nuevos concejales mostraban y practicaban la visión de la libertad de cultos de los autores, liberales y demócratas monárquicos, de la Constitución. Para ellos, esa libertad no impedía que el Cabildo Municipal participase activamente en los actos católicos, sino todo lo contrario: lo aconsejaba e incluso obligaba, puesto que los ediles eran católicos y representaban a una ciudad que también lo era en su gran mayoría.

El espíritu de colaboración y entendimiento comenzó a presidir a partir de ahora las relaciones entre Alcaldía y Obispado, desapareciendo completamente el enfrentamiento que se había iniciado entre las autoridades republicanas y las eclesiásticas a causa de los intentos de Guillén de apropiarse y derribar algunos conventos y templos. Mientras tanto, en el ámbito nacional las leyes de desarrollo de la Constitución no daban lugar a la misma armonía y entendimiento entre la Iglesia y el Estado.

Las actuaciones de Valverde para congraciar al Municipio con el Obispado le llevaron a entregar determinados objetos de culto al Cabildo Eclesiástico. En este caso se mezclaba el interés por agradar al clero y fieles católicos con el deseo de que cada potestad tuviera en su poder lo que le correspondía. En ello seguía Valverde la idea secularizadora propia de la coalición de liberales y demócratas monárquicos, desde luego más moderada que la republicana. También hay que tener en cuenta la intención de evitar que una futura eventualidad revolucionaria de carácter radical pudiera propiciar que dichos objetos fuesen destruidos o se impidiera su empleo en los actos religiosos correspondientes. El 19 de octubre se decidió en el Cabildo Municipal que, puesto que se encontraban en la catedral las imágenes de los patronos de Cádiz San Servando, San Germán y San Francisco Javier, en altares costeados de los fondos públicos, era conveniente que, como objetos que en su día fueron adquiridos para el culto, se hiciera entrega al Cabildo Catedral de las andas correspondientes a las imágenes citadas, así como de otros objetos análogos que estaban en poder del mayordomo de la ciudad. Se entendía esos objetos se podrían mantener y conservar mejor en la catedral y que era su Cabildo y no el Municipal la corporación a quien correspondía mantenerlos y conservarlos[493].

Otro caso que indica la búsqueda de un entendimiento y apoyo mutuo entre la Alcaldía y el Obispado fue el que se produjo en los días inmediatamente anteriores a la fiesta de la Inmaculada Concepción, cuando se aproximaba el primer aniversario del levantamiento republicano de Cádiz. El Cabildo Municipal aprobó que los días 5, 6 y 7 de diciembre, en recuerdo por los fallecidos en los disturbios del año anterior, las casas consistoriales fueran ornamentadas con símbolos alusivos al luto debido y la campana doblase de la misma forma en que se solía hacer los días en que fallecía algún individuo perteneciente al Ayuntamiento. Asimismo, durante los días 5 y 6 (no el 7 por ser víspera de la festividad de la Inmaculada) se darían misas en la capilla municipal cada medía hora desde las seis de la mañana hasta las doce del mediodía, en sufragio por los fallecidos, y se distribuirían siete mil hogazas de pan entre los necesitados, “como obra meritoria capaz de atraer la piedad divina sobre dichas víctimas”. Las hogazas de pan se redujeron posteriormente a cuatro mil por falta de fondos, quedando dos mil a cargo del Municipio y siendo abonadas las otras dos mil del peculio particular de los concejales. El pan se distribuyó en las puertas de las casas consistoriales, Academia de Bellas Artes, Hospital de Mujeres y Alcaldía de Extramuros. Las misas se celebraron en la capilla de San Pedro, oratorio de la corporación local, que se encontraba en la iglesia de San Juan de Dios, justo al lado del edificio municipal.

Siguiendo el renacido espíritu municipal de colaboración y entendimiento con el obispo y el Cabildo Eclesiástico, el alcalde solicitó el 3 de diciembre a ambos que se uniesen “a estos homenajes cristianos”, disponiendo que en los días referidos acompañasen las campanas de todas las iglesias a la de las casas capitulares. Valverde quiso mostrar su mayor consideración hacia el Obispado enviando al día siguiente, 4 diciembre, una comisión municipal para que se entrevistase con el gobernador eclesiástico Herrero y le anunciase verbalmente los acuerdos municipales y la petición de acompañamiento de campanas. Herrero accedió y ordenó al secretario de cámara que comunicara a todos los párrocos de la ciudad que procediesen al repique en sus iglesias y lo transmitieran a los capellanes de todas las capillas de Cádiz y a los vicarios de los conventos de religiosas para que lo hicieran igualmente[494].

Otra decisión municipal encaminada a mejorar las relaciones con la Iglesia local fue la de dar una satisfacción a José María Urquinaona, antiguo arcipreste de Cádiz y nuevo obispo de Canarias, cuya consagración en la catedral de Cádiz el día 7 de marzo de 1869 no contó con la asistencia del cuerpo municipal, a pesar de haberse presentado él mismo ante el alcalde Guillén para pedírselo personalmente. El 10 de diciembre de 1869 se había confeccionado un retrato del prelado y se dispuso que fuese colocado entre los de los hijos ilustres de Cádiz.

Respecto a las disposiciones que tuvieran relación con iglesias o conventos, todo quedó paralizado. El 26 de octubre de 1869 el acalde presentó un proyecto para erigir un mercado de pescado. Esta necesidad había sido esgrimida por la Junta Local un año antes para decidir el derribo del exconvento e iglesia de los Descalzos. Pero Valverde ya no recurría a su solar como lugar idóneo, a pesar de que el mercado general de la ciudad estaba edificado justo al lado, en el lugar que había sido huerto del mismo convento, y propuso como lugar más indicado los muelles de las puertas del Mar y de Sevilla. Tres días después, a la vista del expediente abierto en su momento por Guillén sobre subasta del derribo de la iglesia de la Merced, remitido por la Diputación Provincial, se despachó la cuestión resolviendo que era necesario estudiar el asunto, quedando el expediente archivado y no volviéndose a tratar el tema.

Una diferencia más del Ayuntamiento de Valverde con el anterior, que denota el cambio hacia el apoyo a la Iglesia y entendimiento con sus representantes, era la distinta perspectiva sobre qué institución debía correr con los gastos correspondientes a las obras destinadas a arreglar los desperfectos o introducir mejoras en los templos de la ciudad. El Consistorio anterior remitió algunas peticiones al obispo para que lo hiciese a cargo de la Diócesis; sin embargo el actual se comportaba de forma totalmente distinta. Por ejemplo, la Comisión Municipal de Obras Públicas propuso el 26 de octubre de 1869 que la iglesia de San Felipe Neri fuese reparada. Sobre la base de que se trataba de un edificio muy visitado por haber sido la sede de las Cortes Generales y Extraordinarias que promulgaron la Constitución de 1812, siendo un “honor de Cádiz que ese monumento de tan altas e inmarcesibles glorias” se encontrase en el mejor estado posible, y no teniendo la congregación fondos para ello, la Comisión creía que era necesario aportar ciento cincuenta escudos para la obra, lo que redundaría “en el buen nombre de Cádiz y conservación de un edificio de tantos recuerdos”. Por otra parte, en el interior del templo se encontraba una lápida monumental conmemorativa de las víctimas gaditanas del 10 de marzo de 1820, siendo esa la circunstancia definitiva que propició la aprobación de la obra en el templo con cargo al Municipio[495].

A finales de 1869, estando próximas las elecciones municipales que se iban a verificar entre los días 3 al 6 de enero de 1870, el alcalde Valverde solicitó al gobernador eclesiástico Herrero la cesión del local que era capilla de la Orden Tercera de Santo Domingo, para que se pudieran celebrar en el mismo las votaciones del barrio de la Merced. Valverde expresaba, mostrando un tacto y respeto religioso inusual en la autoridad municipal desde el comienzo de la revolución, que le era enojoso pedir la autorización al tratarse de un lugar religioso, que lo hacía en contra de sus sentimientos y solo porque no había otro lugar idóneo donde colocar las mesas electorales a cubierto y porque le constaba que la capilla no solía abrirse al culto[496].

4.5 El Ayuntamiento de Juan Valverde tras las elecciones de enero de 1870

4.5.1 Búsqueda de un equilibrio en las relaciones Ayuntamiento-Obispado

Tras las elecciones municipales de enero de 1870, el Consistorio de Juan Valverde procuró mantener, la misma política de buenas relaciones con el Obispado, política que contrasta con el enfrentamiento que se estaba dando entre el obispo y sus capitulares con los Gobiernos de la regencia. No obstante, Valverde se encontró con más dificultades para mantener su actitud de entendimiento con el Obispado en el aspecto económico, pues las presiones del Gobierno para lograr la adhesión constitucional del Clero y la consiguiente suspensión de sus haberes, obligaban al alcalde a restringir los gastos en apoyo de festividades y ceremonias religiosas, para no ponerse fuera de la línea marcada por las medidas gubernamentales. De esta manera, la misma corporación que a finales del año anterior, a pesar de su carácter provisional o tal vez precisamente por ese carácter, no había tenido inconveniente en apoyar económicamente al Obispado, dejó de hacerlo en 1870, salvo que se tratara de eventos festividades vinculados directamente a la ciudad, como la celebración de las festividades de los patronos de la ciudad o el aniversario de las víctimas del 10 de marzo de 1820[497].

Aunque se mantuvo la participación del Cabildo Municipal en los actos religiosos a los que era invitado por el obispo o por el Cabildo Catedral, no faltó alguna excepción, como la que se produjo en febrero de 1870, cuando se recibió invitación para la función que se celebraba todos los años en la catedral por la bula de la Santa Cruzada, y Valverde contestó que no era posible “por enfermedad de varios concejales”, excusa insuficiente pues podría haber asistido una pequeña representación municipal[498]. La realidad era que la concurrencia al acto habría puesto al Ayuntamiento en la tesitura de efectuar la aportación económica que prestaban las personas o corporaciones que acudían a la función de la Bula. Valverde no creyó prudente asistir a un acto relativo a una bula cuyos fondos, dedicados al culto, retenía el Gobierno, pues lo contrario podría haberse interpretado como apoyo a la Diócesis y falta de sintonía con el Gobierno.

Tampoco contribuyó el Ayuntamiento económicamente al culto de la catedral cuando el Cabildo Catedral le envió un oficio invitándole a sumarse a la suscripción de limosnas entre personas y corporaciones de la ciudad que se inició en junio de 1870. En estos momentos el Gobierno estaba empeñado en la consecución del juramento a la Constitución de los prelados y sus diocesanos dependientes, contemplado en el reciente decreto de marzo. Fray Félix había expresado poco antes de esta petición su negativa a prestar el juramento, asumiendo que esto iba a traer consigo que se mantuviera la suspensión de los haberes del clero. El Cabildo Municipal no podía apoyar económicamente a la Diócesis de forma oficial y la petición dirigida al Municipio para que contribuyese al culto quedó sin responder, pues se prefirió no dar contestación, ya que esta debía ser negativa.

Sin embargo, cuando no se preveían conflictos de intereses con las autoridades políticas superiores, el alcalde siempre se apresuraba a colaborar con el clero y la Iglesia, procurando con ello mantener un equilibrio entre sus deberes políticos y su identidad católica. Poco después del rechazo a participar en la función de Bulas, falleció Juan Moreno, capellán de la iglesia de Santo Domingo y beneficiado de la catedral, en palabras de la Alcaldía “sacerdote digno de grato recuerdo por los servicios que ha prestado a moralizar a una parte del pueblo del barrio de Santa María”. El Cabildo Municipal acordó unánimemente consignar el sentimiento de pesar por el fallecimiento y disponer el doble de la campana de las casas consistoriales. Una comisión municipal asistió a las exequias y se concedió al difunto gratuitamente, en atención a su pobreza y como muestra de respeto a su memoria, un nicho de propiedad perpetua[499]. Como se ha indicado en epígrafes anteriores, Moreno había sido capellán de Santo Domingo y sufrió en octubre de 1868 las iras de algunos ciudadanos que asaltaron el convento de Santo Domingo. Parece claro que Valverde trataba ahora de compensar de alguna manera al Obispado por aquellos actos.

La Alcaldía no tenía en ningún caso dudas en apoyar al Obispado cuando se trataba de cuestiones que no suponían gastos. Por ejemplo, en mayo de 1870 accedió a que los ciudadanos que costeaban la escuela católica del Rosario obtuvieran la cesión de la pública de San Ildefonso para clases nocturnas. En julio se envió al relojero municipal a reparar el reloj de la torre de la catedral, porque no suponía un pago adicional a sus haberes. En la mayordomía municipal había una imagen llamada “El Divino Rostro” procedente del derribado convento de los Descalzos. El juez de primera instancia del distrito de San Antonio la tenía intervenida, pues se la había retirado a la persona que la tenía en su poder, Luis Burín. La causa contra él se había sobreseído por enajenación mental y la imagen fue entregada al Municipio, que la puso a disposición de las religiosas de Santa María, que la habían reclamado[500].

En marzo de 1870 se acordó verificar en la iglesia de San Felipe Neri las honras habituales con ocasión del aniversario de los fallecidos en 1820. El alcalde invitó al gobernador eclesiástico, el arcipreste Sebastián Herrero, a que acudiera a las casas consistoriales para acompañar al cortejo municipal en dirección a la iglesia de San Felipe Neri, donde se celebraría el acto. Herrero no asistió, pero comisionó a los canónigos Carmelo Sala y Roque Pantoja[501]. Además, el canónigo Francisco de Lara se encargó del sermón, saliendo airoso de la delicada situación de un acto municipal que los católicos conservadores consideraban más político que religioso[502]. Teniendo en cuenta que las honras iban dirigidas a unos “mártires liberales” asesinados por los reaccionarios anticonstitucionales de 1820, la colaboración de los canónigos debe ser considerada como un acto de buena voluntad y una muestra de que la falta de asistencia económica del Municipio al Obispado no había empañado las buenas relaciones entre ambas instituciones, pues el segundo debía ser consciente de que la situación política no daba otra opción a Valverde.

En abril el Ayuntamiento acordó asistir capitularmente a los oficios del Domingo de Ramos, así como a los del Jueves y Viernes Santo, y en junio se aprobó el programa de la festividad del Corpus, previendo la participación municipal. Pero en ninguna de estas ocasiones se hizo alusión a correr con algún tipo de gasto. Los moderados de Cádiz indicaron en su prensa que el 16 de junio, cuando se celebró la procesión del Corpus Christi, hubo gran afluencia de público aunque no tantos visitantes como en los años anteriores a la revolución. El cortejo procesional estuvo presidido por el obispo y contó con la presencia del pleno municipal, de los miembros de la Diputación y de las autoridades militares locales. Iba acompañado de varias bandas de música, entre las que se encontraba la perteneciente a la fragata “Villa de Madrid[503]”. El periódico La Libertad, fiel transmisor de la opinión de los miembros de la corporación municipal, ponderaba al tratar sobre el acto religioso “la condenación que en él hizo el pueblo de Cádiz de las doctrinas y hombres que para vergüenza de ellos mismos estuvieron el año anterior al frente del Municipio”. La procesión era usada políticamente y el periódico la convertía en un rechazo a “la demagogia de los republicanos[504]”.

El 13 de septiembre, el Cabildo Municipal acordó asistir capitularmente a los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Rosario que iban a tener lugar en la catedral. Siendo esta vez una celebración que se interpretaba como de responsabilidad municipal por tratarse de la patrona de Cádiz, se iba a hacer costeando la función como era “de costumbre”, aunque tratando de circunscribirse a la cifra de dos mil reales cuando otros años se había llegado a los dos mil quinientos. En diciembre se asistió capitularmente a la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción, justificándolo también en que era “costumbre” hacerlo[505].

A modo de resumen, se puede finalizar este apartado confirmando que la identidad católica de los ediles del Ayuntamiento de Valverde quedó bien demostrada tras su confirmación en las elecciones municipales de enero de 1870. La participación en actos religiosos fue asidua y siempre se colaboró con el Obispado en las cuestiones que no ocasionaban gastos. Aunque el apoyo económico del Municipio al Obispado se suspendió en casi todas las ocasiones, esto no hizo que resintieran las buenas relaciones habituales desde octubre del año anterior.

4.5.2 Resistencia municipal a la secularización de la enseñanza

Las órdenes de 14 y 20 de septiembre de 1870 del demócrata Echegaray, como ministro de Fomento, sobre la enseñanza de la doctrina cristiana, anunciaban la posibilidad de iniciar la secularización de la enseñanza pública. La primera de dichas órdenes dispensaba a los maestros de Andalucía de impartir clases de Religión e Historia Sagrada a los alumnos cuyos padres lo solicitasen. Con ello se trataba de evitar que se impartiera enseñanza católica a los que profesaran otra religión. La de 20 de septiembre declaraba implícitamente la intención de prohibir la enseñanza de toda religión en las escuelas públicas, lo cual ponía a Echegaray más próximo a las ideas de los republicanos que al programa secularizador progresista. El artículo primero de esta última orden, además de anunciar la prohibición, facultaba a las Juntas de Primera Enseñanza para que, reservadamente, hicieran observaciones a los maestros en este sentido; el artículo segundo ordenaba que no se pusieran “exámenes de religión alguna positiva”, y el tercero que los sacerdotes dejasen de formar parte por derecho propio de las Juntas de Instrucción Pública.

La prensa progresista no estaba de acuerdo con las disposiciones de Echegaray, sobre todo en su anuncio de una próxima prohibición de la enseñanza de religión. Las críticas, no solo de los conservadores, sino también de los progresistas, obligaron a Echegaray a publicar una circular dirigida a los presidentes de las Juntas de Instrucción Pública de todas las provincias andaluzas excepto Almería. En todas ellas se habían producido reclamaciones previas de padres de familia afiliados al culto evangélico reformado, pidiendo que en las escuelas a las que asistían sus hijos no se les enseñara ninguna religión. Echegaray aclaró que se limitaba a autorizar a los presidentes de las Juntas para que no se impartieran clases relacionadas con la religión católica a dichos alumnos o a aquellos cuyos padres lo solicitasen.

Los católicos conservadores gaditanos criticaron la falta de publicidad inicial de las órdenes ministeriales y apreciaban en ellas un “espíritu de hostilidad hacia los sentimientos casi unánimes del pueblo español”. El 9 de octubre se dudaba desde El Comercio que fueran protestantes los que habían pedido que sus hijos no recibieran la enseñanza de la religión católica, pues, se argumentaba, lo normal es que hubieran solicitado que se establecieran para ellos escuelas públicas no católicas. Los que habían movido el asunto, según el periódico, eran “los despreocupados y librepensadores del día”, que no abandonaban el catolicismo “para ir a refugiarse a cualquier secta disidente”, sino que renegaban de todas las creencias y no profesaban religión alguna. El objetivo de los que no deseaban la enseñanza católica en las escuelas públicas no era, en esta interpretación, que se estableciesen escuelas protestantes, sino que fuera suprimiéndose poco a poco toda la enseñanza religiosa. El periódico apuntaba hacia los republicanos cuando concluía que esta postura no coincidía con lo que habían pretendido los autores de la Constitución, porque para ellos la libertad de cultos era el derecho a profesar públicamente una religión, fuera la que fuese, pero no el derecho a rechazarlas todas.

Hubo algunos maestros en Cádiz que tras la orden de 20 de septiembre dejaron de impartir enseñanza católica. El alcalde Valverde divulgó el 4 de octubre, coincidiendo con la publicación de la circular aclaratoria, un edicto municipal animando a los padres de familia y encargados de niños a denunciar ante su autoridad a los padres que negasen a los niños “la saludable enseñanza” católica o a los maestros que dejasen de cumplir sus obligaciones “privando de esta educación moral y religiosa a la niñez”. Valverde no hacía ninguna alusión sobre cómo actuar si algún padre solicitaba la exclusión de las clases de Religión o Historia Sagrada para sus hijos. Tres días después, el 7 de octubre, el Ayuntamiento recibió un escrito de un profesor expresando su sincera decisión de enseñar la religión católica en la escuela que tenía a su cargo y se acordó dejar constancia de que el Cabildo lo había “oído con sumo agrado[506]”.

4.5.3 Conflicto municipal sobre el uso del cementerio por los protestantes

La corporación municipal presidida por Juan Valverde, y tras su fallecimiento por José María del Toro, mostró una clara tendencia a discriminar a los protestantes en su derecho al ejercicio de la libertad religiosa que sancionaba la Constitución, conducta que contrasta con la que tuvo con el clero y culto católicos. La intolerancia municipal hacia los protestantes se hizo más evidente desde el establecimiento en Cádiz de los presbiterianos de la Iglesia Reformada de España y, sobre todo, a partir de la tentativa de estos de conseguir una zona dentro del cementerio municipal para poder efectuar en ella las inhumaciones de sus fallecidos.

Tras la revolución de septiembre de 1868 se habían dictado medidas para que fuesen las autoridades municipales y provinciales las que tuvieran atribuciones sobre los cementerios. El artículo 50 de la Ley Municipal de 21 de octubre de 1868 atribuía el carácter de inmediatamente ejecutivos a los acuerdos de los Ayuntamientos sobre la administración y conservación de los cementerios[507]. La preocupación por ampliar las ventajas de los cementerios municipales a todos los ciudadanos independientemente de sus actos en vida o de su religión se comprueba en el decreto de Laureano Figuerola, ministro de Hacienda del Gobierno provisional, firmado el 17 de noviembre de 1868 en el que se recordaban los fuertes conflictos que se habían producido al respecto entre las autoridades civiles y eclesiásticas y se declaraba la necesidad de ajustar las condiciones de los cementerios a los principios que debían servir de base a la nueva era, abierta por la revolución. En marzo de 1869 los diputados Vicente Romero Girón, Cristino Martos, Pedro Mata, Carlos Godínez de Paz, Eugenio Montero Ríos, José Abascal y Miguel Uzuriaga presentaron una proposición de ley que trataba de declarar a los cementerios como establecimientos puramente civiles y locales. Se proponía que fueran siempre dependientes de los Ayuntamientos correspondientes, que no se pusiera obstáculo a los familiares y amigos para que celebrasen a sus expensas los ritos o cultos que tuvieran por conveniente y que los que se construyesen de nueva planta careciesen de iglesia, capilla u otra señal de templo ni culto público o privado[508]. Hubiera significado, en caso de haberse aprobado, una secularización parcial muy beneficiosa para los no católicos.

En Cádiz, el Municipio no había construido un cementerio para los que muriesen fuera de la religión católica, tal como se había ordenado en 1855, ya que las sucesivas corporaciones municipales debieron estimar que no era necesario, al estar ya establecido el cementerio anglicano, en el que es probable que los cónsules británicos hubiesen estado autorizando la inhumación de los miembros de otras confesiones protestantes residentes en Cádiz. Los Ayuntamientos posteriores a la revolución de 1868, incluyendo el republicano de Guillén, tampoco vieron necesario cumplir el decreto de Figuerola. El 15 de noviembre de 1870 los miembros de la Iglesia Reformada Española establecida en Cádiz, con Abraham Ben Ollier y Manuel Canencia al frente, solicitaron al Ayuntamiento de Valverde la concesión del uso del cementerio municipal o en su defecto la asignación de otro lugar.

Aunque, como se ha apuntado, pudiera ser que los fallecidos presbiterianos contaran con ser inhumados en el cementerio inglés, no hay constancia de ello. Tampoco se puede asegurar que las autoridades inglesas no estuvieran poniendo objeciones a los presbiterianos para usar su cementerio, bien por limitaciones de espacio o por tratarse, al fin y al cabo, de una confesión distinta a la anglicana, aunque esta última razón parece menos probable que la anterior. Cabe pensar que los seguidores de Ben Ollier y Canencia no desearan ser sepultados en un cementerio consagrado para los miembros de la religión anglicana, como tampoco habían solicitado ser enterrados en la parte del cementerio municipal consagrada para los católicos, sino en una zona separada dentro del cementerio municipal o en un cementerio nuevo sufragado con el presupuesto municipal. Podrían haber construido y consagrado a su costa un camposanto, y no deberían haber tenido ninguna dificultad en obtener los permisos correspondientes, pero deseaban que el Ayuntamiento se hiciese cargo del asunto. Si el cementerio municipal era propiedad del Municipio y allí solo se sepultaban los católicos hasta el momento, los protestantes debían pensar que la libertad religiosa les daba derecho a que se emplease una parte de los terrenos municipales para sus fallecidos, como se había hecho siempre con los católicos.

Como el Ayuntamiento no hizo ninguna gestión ni dio contestación a la petición de los presbiterianos, estos buscaron el apoyo del juez del distrito de Santa Cruz (uno de los dos distritos judiciales de la ciudad, junto con el de San Antonio), el cual les fue expidiendo autorizaciones para que pudieran llevar sus fallecidos al cementerio municipal. En marzo de 1871 el gobernador eclesiástico fue informado por el capellán del cementerio, el alcaide y su ayudante del entierro de un protestante, calificándolo como “un atropello” verificado por el juez de paz del distrito de Santa Cruz, que había obligado a que se efectuase la inhumación[509]. El 2 de marzo se habían presentado en el cementerio varios individuos con un cadáver y la licencia del juez. El alcaide y el capellán les pidieron la papeleta del párroco acreditando que el cadáver pertenecía a la Iglesia católica, a lo que los acompañantes respondieron que carecían de ella por tratarse de una persona que había sido protestante. Ante la situación, el capellán y el alcaide propusieron a los acompañantes que, mientras se resolvía la cuestión ante el párroco correspondiente, dejaran el cadáver en depósito. Estos se negaron rotundamente y regresaron a Cádiz con el fallecido, acudiendo al juez y explicándole lo sucedido. Este se presentó con el cortejo y “ordenó al frente de las turbas de republicanos federales que acompañaban a su correligionario”, que se diese sepultura al fallecido inmediatamente. La queja del alcaide expresaba que una parte importante de los acompañantes del fallecido estaba formada por republicanos federales e incluso insinuaba que estos eran protestantes. Pero el apoyo de los republicanos al enterramiento no debe interpretarse como producto de una identificación religiosa, sino como una forma de presionar para que el cementerio funcionase como un lugar laico en el que tuviesen acogida todos los cadáveres, independientemente de la religión a que pertenecieran.

Valverde se dirigió un día después del enterramiento, el 3 de marzo, al ministro de Gracia y Justicia, al de la Gobernación y al regente de la Audiencia del Territorio, para reclamar contra la actuación del juez de Santa Cruz. Indicaba que no era la primera vez que se enterraba a un protestante en el cementerio municipal, pues desde hacía algún tiempo el juez venía cometiendo “notorias infracciones de la ley en materia de enterramientos, perturbando a las autoridades administrativas y eclesiásticas en sus atribuciones y dando ocasión a conflictos de jurisdicciones y a escándalos públicos”. El alcalde explicaba que los protestantes ya tenían su cementerio en Cádiz, lo cual no era exacto, ya que el cementerio que usaban los ingleses se había creado exclusivamente para los fieles de la Iglesia anglicana. Además, Valverde explicaba que había un lugar destinado a los entierros de judíos y musulmanes situado en el glacis del castillo de Puntales, a la salida de la ciudad en dirección a San Fernando. El alcalde, como no podía ser de otra forma, reconocía la libertad de cultos, pero estimaba que, al no haber sido secularizados los cementerios, “el católico debía servir exclusivamente para los católicos, como el protestante para los protestantes y el judío para los que guardan la ley de Moisés”. La Alcaldía ya había interpuesto con anterioridad varias reclamaciones contra las actuaciones del juez del distrito de Santa Cruz por otras “invasiones de atribución” parecidas a esta. Valverde pedía al ministro de Gracia y Justicia que dictase una disposición aclaratoria para que constase que los jueces no tenían en lo relativo a cementerios más atribución que la de otorgar las licencias para sepulturas según la ley y reglamento del registro civil, sin que esta atribución sirviera para ordenar el cementerio en que se había de dar sepultura al cadáver.

Nada más haberse celebrado la inhumación, alguien informó al juez que el Ayuntamiento había ordenado exhumar el cadáver del protestante objeto de la protesta municipal, por lo que pidió explicaciones al alcalde el mismo día que este elevaba la protesta-Valverde le contestó que nadie había ordenado la exhumación ni se había “verificado tampoco sin orden alguna[510]”.

El argumento municipal para impedir el entierro de protestantes en el cementerio municipal de que estos ya tenían el suyo propio dejó de tener validez pocos días después, el 14 de marzo de 1871, cuando el Ayuntamiento ordenó al cónsul británico que cerrase el cementerio anglicano, fundamentándolo en una disposición de Isabel II que prohibía que hubiese cementerios enclavados dentro de las poblaciones y en que el inglés se encontraba rodeado de edificaciones[511]. Se continuaría permitiendo su funcionamiento hasta el 1 de julio, debiendo adoptar mientras tanto las autoridades inglesas las determinaciones pertinentes para buscar otro lugar. Tres días después de la orden de cierre se publicó un edicto municipal obligando a los ingleses residentes en Cádiz a empadronarse antes del 3 de abril, con lo que quedarían a partir del 1 de julio sujetos al mismo trato que el resto de gaditanos que al fallecer no fuesen conocidos como católicos, salvo que edificasen en el breve plazo concedido un nuevo cementerio.

El Ayuntamiento de Valverde, que se había distinguido por su acendrado catolicismo al defender la condición del cementerio municipal como lugar consagrado exclusivamente para los católicos, se mostró, sin embargo, muy poco tolerante con los ingleses al obligarles a cerrar su cementerio sin tener en cuenta que estaba igualmente consagrado. No resulta creíble el argumento municipal del crecimiento de edificaciones alrededor del cementerio anglicano, justo inmediatamente después de haber surgido la controversia con los presbiterianos por el uso del cementerio municipal. La orden de cierre del cementerio inglés constituyó una represalia indiscriminada contra todos los protestantes por la insistencia de los presbiterianos en usar el cementerio municipal. La animadversión del Ayuntamiento y del clero católico no iba tanto contra los anglicanos como contra los disidentes a los que el “Padre Cayetano” distinguía en sus escritos con el apelativo de “renegados”, refiriéndose sin duda al pastor principal de los presbiterianos, el judío converso al protestantismo Abraham Ben Ollier, y también a los que, como el pastor Manuel Canencia y el resto de los presbiterianos gaditanos, habiendo sido católicos renegaron de su fe para pasarse al protestantismo[512]. El conflicto por el uso del cementerio municipal influyó notablemente en el aumento de las críticas del clero gaditano contra los protestantes, pues fue poco después de estos acontecimientos cuando el “Padre Cayetano” comenzó a escribir sus folletos virulentos contra los presbiterianos de la calle Bilbao.

El siguiente paso del Ayuntamiento después de clausurar el cementerio inglés fue “ajustar” las condiciones del cementerio municipal, como indicaba el decreto de Figuerola de 17 de noviembre de 1868, para que pudieran ser enterrados los protestantes. Aparentemente, con esto se daba satisfacción a la petición hecha en noviembre de 1870 por los presbiterianos de la Iglesia Reformada Española. Pero el lugar preparado por el Ayuntamiento iba destinado a todos los que fallecieran fuera de la comunión católica, sin distinción de credos, y no se encontraba en el cementerio municipal sino en sus proximidades. Las malas condiciones del lugar mostraban la intolerancia manifiesta de la coalición municipal de unionistas y progresistas hacia los protestantes, pues se limitaba a una cerca de madera situada en la playa sin más instalaciones. Una corporación municipal que defendía oficialmente la libertad de cultos y que cada religión tuviese sus lugares independientes de enterramiento, no respetaba dicha libertad al destinar un lugar para enterrar juntos a todos (excepto a los católicos) indiscriminadamente sin tener en cuenta a qué religión pertenecieran. Aunque el Cabildo Municipal se justificaba afirmando que la cerca de madera era provisional, las condiciones en que se enterraban los cadáveres, haciendo un hoyo en la arena de la playa, eran deplorables.

El cónsul británico informó al Ayuntamiento el 21 de marzo de 1871 de haber puesto a su embajador en conocimiento de la prohibición de su cementerio. El 28 de marzo protestó nuevamente ante el Municipio por la medida y pidió, al menos, un aplazamiento. El Ayuntamiento insistió en que las leyes no permitían cementerios dentro de zonas pobladas y le comunicó que no podía aplazar el acuerdo, sin dar ninguna explicación que justificase la negativa[513]. La queja del cónsul británico a su embajador llegó al ministro de Estado y este pidió informes al gobernador de la provincia de Cádiz, quien a su vez se los pidió al Ayuntamiento. El alcalde explicó que se había concedido al cónsul británico un plazo de cerca de cuatro meses para trasladar el cementerio a otro punto, “ofreciéndose el Municipio a allanar todas las dificultades y cuanto de él dependiese para que el lugar fuera decoroso y conveniente”. La decisión no era “impremeditada y sin justificación alguna”. Aunque el cementerio inglés “cumplía en su momento la normativa”, puesto que fue edificado en las afueras de la ciudad, en la actualidad estaba “rodeado de casas”. Situado en el callejón de la Figurina, el cementerio tenía “a un lado catorce casas y al otro veinte”. Además, estaba prevista la edificación de una barriada en las proximidades. El Ayuntamiento decía que se había “ofrecido a coadyuvar a la traslación del cementerio de los protestantes” y eso mismo pensaba hacer “en cuanto a lo que se encontrara dentro de los límites de sus posibilidades”, pero no podía “consentir que siguiera dentro de poblado un cementerio en contradicción con las leyes del país[514]”.

Las razones del informe son más que discutibles. A pesar de las decenas de casas que se esgrimían como causa del problema y la barriada que estaba prevista, pero no construida, la Segunda Aguada seguía siendo un lugar bastante alejado del núcleo urbano de Cádiz, interior a las Puertas de Tierra. Además, la situación del cementerio municipal, prácticamente en frente de la parroquia del barrio de Extramuros no parece muy distinta, en cuanto a existencia de casas. Y, desde luego, el informe reflejaba una diligencia municipal en auxiliar a las autoridades inglesas que no aparece en sus disposiciones al respecto.

El primer Gobierno de don Amadeo, presidido por Serrano, se mostró dispuesto a solventar el problema de los cementerios cuando una real orden dio lugar a la circular de 16 de julio de 1871 del ministro de la Gobernación, Sagasta, sobre el uso de los cementerios para personas no católicas. En ella se daban instrucciones a los gobernadores civiles para que, mientras las Cortes decidían sobre la secularización de los cementerios, se habilitase un espacio dentro de los cementerios municipales donde enterrar a los que no profesaban dicha religión. El Ayuntamiento gaditano consideraba que se había adelantado a la circular, pero la diferencia, muy importante, está en que el lugar no se encontraba dentro del cementerio sino en un lugar totalmente inapropiado. La circular no hizo que el Ayuntamiento cambiase de ubicación la zona donde se estaban enterrando a los no católicos. En agosto de 1871 los protestantes de Cádiz enviaron un escrito al presidente del Consejo de Ministros quejándose de las pésimas condiciones en que se estaban practicando sus entierros. El gobernador civil volvió a pedir informes al órgano municipal, y este, dirigido ya por José María del Toro por haber fallecido poco antes Valverde, contestó entre otras razones que todo el cementerio municipal estaba consagrado como católico y no había sitio dentro del mismo ni tampoco podía construirse nada sin el permiso del ministerio de la Guerra, puesto que el exterior de Cádiz estaba sujeto a esa servidumbre como zona sensible de seguridad. El Ayuntamiento deseaba “como el que más” que existiera “un patio especial y separado para sepultar dignamente” a los que muriesen fuera de la religión católica, pero no tenía “facultad para hacer imposibles[515]”.

Como se puede apreciar, el Ayuntamiento rehuía denominar “cementerio” a la zona destinada a los no católicos. En sentido estricto, el Consistorio desoía la circular de Sagasta, pues si bien es cierto que había habilitado desde antes una zona para enterrar a los que no eran católicos, esta no se encontraba dentro del cementerio municipal, como establecía la disposición. De esta manera, un Ayuntamiento cuyo alcalde era de la misma formación política que el ministro de Gobernación, no seguía sus indicaciones, mientras poco antes se había apoyado en legislación procedente de la dinastía derrocada para atacar a los protestantes y cerrar el cementerio inglés.

La opinión de los progresistas y unionistas del Ayuntamiento sobre el uso del cementerio municipal no difería excesivamente de la que tenían los conservadores católicos. La única diferencia importante es que los conservadores sostenían, como el obispo gaditano, que al enterrarse a una persona no católica en un cementerio católico este quedaba profanado e inhabilitado para continuar enterrando a los católicos. La Palma faltaba a la verdad en un artículo publicado el 1 de septiembre de 1871 en contra de las disposiciones del Gobierno para enterrar a los no católicos en los cementerios municipales, al afirmar: “Aquí mismo en Cádiz, los protestantes tienen un cementerio”. No parece posible que los redactores del periódico no supieran que el cementerio inglés había sido cerrado dos meses antes por orden del Ayuntamiento.

El Comercio, en su desinteresada y entusiasta defensa de la Iglesia católica, faltaba igualmente a la verdad el 23 de septiembre de 1871, poco después de que fray Félix hubiese dictado a los párrocos unas instrucciones sobre la forma de actuar cuando acompañasen un entierro dirigido a un cementerio municipal en el que se hubieran enterrado a protestantes. Decía el periódico: “En Cádiz hay desde hace muchos años un cementerio protestante, en el que no se entierran ni han enterrado jamás sino los cadáveres de las personas que en vida rendían culto a sus falsas creencias”. Ya que se había establecido la libertad de cultos, lo que debían hacer los protestantes era “construir sus propios cementerios” y no tratar de suplir su falta a costa de los que estaban consagrados como católicos. El periódico parecía ignorar que los protestantes no habían pedido usar el cementerio católico sino que el Ayuntamiento les cediese una parte segregada del mismo en el cementerio municipal o que construyese uno para ellos. Y, sobre todo, tampoco parecía haberse enterado, de que ya no existía un cementerio protestante, mejor sería decir anglicano, pues llevaba dos meses cerrado, tras una prohibición municipal emitida hacía seis meses.

José María del Toro pareció preocuparse por encontrar un arreglo cuando el 22 de septiembre de 1871 logró que el Cabildo Municipal aprobase que todos los cadáveres pudiesen entrar “por una misma puerta del cementerio, sin atacar creencia ni ofender en lo más mínimo los sentimientos de los católicos, que es el suyo y el de la corporación”. Se trataba de construir una puerta con dos entradas, una que condujera al cementerio católico y otra a la zona donde se debía enterrar el resto, sin distinción de religiones. Pero lo importante no era por dónde se entraba, sino que las condiciones del lugar donde se enterraba a los que no eran católicos seguían siendo las mismas que al principio.

4.6 El Ayuntamiento de José María del Toro de febrero de 1872

Tras la celebración de elecciones municipales en diciembre de 1871, el 1 de febrero de 1872 se instaló un nuevo Consistorio. Repetían once concejales y fue reelegido José María del Toro[516]. La única diferencia apreciable en la composición del nuevo organismo municipal respecto al anterior se debía a que no habían sido incluidos en las listas electorales los concejales de la Unión Liberal que estaban en contra del trono de don Amadeo y a favor de la restauración borbónica en la persona del príncipe don Alfonso. De esta manera, el Ayuntamiento quedaba formado por unionistas partidarios del nuevo rey y progresistas, en su mayoría seguidores de la línea política de Sagasta, lo que le llevaría a ser destituido en breve tiempo por una maniobra de los radicales cuando Ruiz Zorrilla se hizo cargo del Gabinete.

La nueva corporación no se mostró particularmente activa en temas en los que se había ocupado especialmente el Municipio anterior, como el proyecto de edificar un teatro de primer orden en los terrenos del derribado exconvento de los Descalzos o la cuestión del enterramiento de los protestantes. Respecto a lo primero, José María del Toro había abandonado la idea de Valverde de construir un teatro en los terrenos y también la de edificar un mercado de pescadería junto al ya existente de abastecimientos generales, erigido hacía tiempo en el lugar que fue huerto del convento. La penuria de fondos municipales y la dificultad consecuente para abonar un canon al Gobierno hacía más ventajoso solicitar la cesión del terreno a la ciudad para construir una plaza pública. José María del Toro lo hizo en abril de 1872, recordando que las cesiones de terrenos de conventos hechos anteriormente a la Ciudad para plazas públicas se habían efectuado sin necesidad de abonar nada al Estado. Estos terrenos habían sido cedidos en su momento por el Ayuntamiento a los religiosos para que edificasen sus conventos y era justo que ahora volviesen a la ciudad libres de cargas[517]. El 10 de junio de 1872 ya estaba confeccionada la escritura de cesión y parecía que definitivamente el terreno de los Descalzos iba a servir exclusivamente para formar una plaza pública.

Respecto al cementerio municipal, la propuesta de José María del Toro de modificar su entrada para que entrasen por la misma puerta los católicos y los demás quedó paralizada. No obstante, parece seguro que los anglicanos y los presbiterianos habían encontrado una solución. Tras el cierre del cementerio anglicano, el cónsul inglés debió pensar que la mejor solución era enterrar a los fallecidos ingleses en del consulado. El 12 de abril de 1872 el Ayuntamiento recibió un oficio del gobernador civil en el que se adjuntaba otro del cónsul que comunicaba haber iniciado obras en la iglesia del consulado “por cuestión de salud pública[518]”, alusión que sugiere que las reformas iban encaminadas a habilitar el templo para poder efectuar entierros en él. Los presbiterianos obraron del mismo modo, pues el 19 de abril Abraham Ben Ollier disponía de un auto judicial favorable a la ejecución de obras en su capilla, por las mismas razones de “salud pública” que adujo el cónsul. Parece claro que se trataba de un “arreglo” parcial al problema del entierro de los protestantes. No parece que fuese necesario que el cónsul inglés y el pastor principal de los presbiterianos comunicasen a la autoridad su intención de hacer obras en sus iglesias, y menos recurrir a un auto judicial, salvo que las “razones de salud pública” fuesen una forma, encubierta o pactada, de referirse al entierro de cadáveres en sus iglesias para evitar llevarlos al lugar destinado por el Ayuntamiento a los no católicos.

Sobre las celebraciones religiosas, los miembros del Cabildo Municipal continuaron en la línea emprendida por Valverde, pero con las mismas dudas en lo referente a ayudar económicamente. La única celebración a la que asistió el cuerpo capitular en la catedral fue la procesión del Corpus Christi. En las discusiones sobre los gastos se comprueban las mismas vacilaciones que en ocasiones anteriores, en las que hay que tener en cuenta la falta de recursos económicos. El 26 de abril el Cabildo Municipal determinó participar en la procesión, pero librándose en suspenso los gastos que excedieran la cantidad de dos mil escudos, por estar agotado el capítulo correspondiente del presupuesto municipal.

También se apoyó a las reparaciones de edificios religiosos católicos. El capellán de la iglesia de la Merced rogó al alcalde que, “en atención a los perjuicios ocasionados a la misma por la estancia de la fábrica de gas tantos años por cuestión de la utilidad pública”, y teniendo presente que jamás había pedido cosa alguna, se le concedieran dos mil reales para ayudar a las obras necesarias para el interior del templo, que estaba en muy mal estado. La solicitud del capellán de la Merced se hizo coincidiendo con la finalización del traslado de la fábrica del gas desde el antiguo exconvento de la Merced a su nueva ubicación en el barrio de Extramuros. La empresa había comunicado el 1 de marzo estar ya completamente instalada en la calle de San Pedro. Quedaba con ello vacío el exconvento de la Merced, que se derribaría en breve, con las mismas indecisiones respecto a su utilización que las que se habían tenido con el solar del exconvento de los Descalzos. El Cabildo Municipal acordó la asignación de los dos mil reales solicitados. Esta decisión contrasta con la actuación de los concejales pocos días antes, cuando el cónsul británico solicitó, no que se le concedieran fondos para reparar el templo anglicano, sino solo que se le autorizase a efectuar la reparación. En este caso, en vez de tomar una decisión, se trasladó la petición al gobernador.

Ya se ha visto cómo la creación de las instituciones particulares de beneficencia llevó al Cabildo Catedral, representado en Madrid por el canónigo Vicente Calvo y Valero, a intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno, para arreglar el litigio sobre los patronatos, logrando en agosto la absolución en los cargos que tenía abiertos. En esta cuestión pudo influir la disposición del alcalde José María del Toro a mediar ante sus copartidarios del Ministerio. En junio de 1872 el alcalde comunicó a algunos miembros del Cabildo Catedral “los vivos deseos que le animaban para que se satisficieran los atrasos al clero”. Había hecho gestiones cerca del Gobierno en su último viaje a Madrid y creía “que podía fácilmente conseguirse, no teniendo inconveniente por su parte en tomar a su cargo este asunto, para cuya resolución contaba con la cooperación de altos personajes del mismo Gobierno”. El obispo no era partidario de ayudas del alcalde y prefería que el Cabildo Eclesiástico redactase una reclamación formal, con la idea de que en aquellos momentos era posible que fuese atendida. Los capitulares decidieron enviar al prelado una comisión compuesta por el magistral Francisco García Camero y el penitenciario Salvador Moreno Labrador para convencerle de la conveniencia de aceptar el ofrecimiento del alcalde. El prelado, a pesar del desaire sufrido poco antes en la cuestión de las escuelas católicas, aceptó contar con el auxilio de José María del Toro, pero “sin dejar de enviar la petición escrita[519]”. Faltaba poco tiempo para la disolución del Ayuntamiento y no hay constancia de que José María del Toro tuviera tiempo realizar las gestiones para las que se había comprometido. Pero, en cualquier caso, su completa disposición a mediar a favor del Obispado lo sitúan en esta cuestión más cerca de las ideas del clero gaditano que de las políticas de sus copartidarios en el Gobierno.

4.7. El Consistorio radical de minoría republicana de julio de 1872

Aunque la causa inmediata del relevo municipal fue la subida al poder de Ruiz Zorrilla, las razones de fondo fueron la manipulación electoral con que se habían estado produciendo las elecciones municipales desde la destitución del Ayuntamiento republicano de Rafael Guillén y el consecuente malestar de gran parte de la población de Cádiz. El nuevo órgano municipal tenía como alcalde a Bernardo Manuel de la Calle, el jefe de los radicales gaditanos. Se trataba de una corporación heterogénea en la que tuvieron cabida las tendencias políticas que habían sido apartadas de la administración municipal por las maniobras electoralistas de Juan Valverde y José María del Toro, consistentes fundamentalmente en eliminar del padrón municipal a todos los que se podían oponer a su victoria electoral. De esta forma, en el nuevo Ayuntamiento entraron igualmente republicanos de Guillén y unionistas partidarios de don Alfonso, si bien en un número que no impedía el predominio de los radicales.

4.7.1 La cuestión del tedeum por el rey

Bernardo Manuel de la Calle y la mayoría de sus concejales deseaban, como las corporaciones de Juan Valverde y José María del Toro, mantener buenas relaciones y una colaboración mutua con el Obispado. El 26 de julio de 1872, estando muy reciente el atentado frustrado contra don Amadeo en Madrid, quince concejales propusieron la celebración de un solemne tedeum en la catedral, corriendo los gastos a cargo del presupuesto municipal en el apartado previsto para funciones civiles y religiosas. También se pretendía la distribución de dos mil hogazas de pan como acto de beneficencia que sirviera de desagravio por el atentado y en atención a las circunstancias en las que se encontraban los menos favorecidos de la ciudad.

Se suscitó una discusión sobre los republicanos y el resto. El exalcalde republicano Rafael Guillén Estévez, aunque reconoció que era católico, pues expresó que todos los concejales lo eran, indicó que no podía prestar su asentimiento al tedeum porque el Ayuntamiento como corporación no podía profesar ninguna religión, pues eso sería representar solamente a los vecinos de una religión determinada. El alcalde De la Calle le contestó defendiendo la interpretación liberal de la libertad de cultos. Para él, quedaba claro que, “representando el Ayuntamiento a un pueblo católico en una inmensa mayoría, todos sus actos debían llevar el sello de la religión”. Tras una serie de intervenciones, se procedió a votar la procedencia de celebrar el tedeum y se aprobó con los votos en contra de los republicanos Guillén, Rovira, López Más y Lombán[520].

La petición municipal no solo pretendía dar una muestra de adhesión al rey, sino evidenciar, por medio de la participación activa del Cabildo Municipal en un acto religioso en la catedral, su deseo de continuar en la misma dirección que sus antecesores, manteniendo las buenas relaciones y la colaboración con el obispo y el Cabildo Eclesiástico. Pero el alcalde se iba a encontrar con la oposición rotunda del obispo. Fray Félix no deseaba desairar a De la Calle, pero estaba dispuesto a aceptar que se celebrase en la catedral un acto religioso de acción de gracias por el rey. El Cabildo Catedral se había mostrado más dispuesto que el obispo a transigir con las medidas eclesiásticas de los Ministerios de la Corona. Cuando se trató de defender los intereses económicos de su institución, como ocurrió en febrero de 1872 con el decreto sobre instituciones particulares de beneficencia, los prebendados aceptaron las disposiciones reales. El día 27 de julio, poco antes de recibir la petición municipal de celebrar el tedeum, pudieron comprobar que su transigencia daba frutos, pues el Gobierno se mostraba dispuesto a absolver al Cabildo Eclesiástico de la imputación de no haber administrado sus patronatos correctamente. Por eso es fácil comprender que la decisión de no celebrar el tedeum correspondió exclusivamente al obispo.

Los prebendados de la catedral trataron el asunto el 30 de julio de 1872. Una comisión había ido a preguntar su opinión a fray Félix. El prelado “aplaudía el pensamiento y la religiosidad” que se desprendían de la petición del alcalde, pero no creía oportuno acceder a su petición, pues no se acostumbraba hacer solemnidades por los reyes en las catedrales sin que precediera cédula de ruego y encargo a los prelados o al menos una real orden comunicada por el ministro de Gracia y Justicia a los mismos. El Cabildo Catedral optó por trasladar al alcalde la opinión del obispo sin dar una propia. El deán fue el único que se opuso explícitamente a su contenido. El 2 de agosto pidió que constase por escrito su voto en contra, lo cual le fue denegado, pues el resto de capitulares quería que constase claramente que la redacción se había efectuado siguiendo las directrices del obispo y no por votación propia[521]. El mismo día 2 de agosto llegó el oficio al Ayuntamiento. Los canónigos y dignidades aclaraban que respondían tras consultar a su prelado y expresaban a continuación las razones que este les había trasladado. Por otra parte explicaban que el Cabildo de Cádiz no debía tomar la iniciativa porque podría comprometer a los de las otras catedrales. Los prebendados esperaban la comprensión del Ayuntamiento acerca de “la imposibilidad moral” en que se encontraban para acceder a que el solemne acto se verificase en la catedral.

Cuando fue leído el escrito en el Cabildo Municipal, el alcalde señaló que nunca había podido imaginar que un acto “inspirado solamente por el espíritu religioso” de los concejales no encontrase la acogida favorable del Cabildo Catedral. La causa que alegaba la institución eclesiástica estaba, a su juicio, invalidada por la práctica habitual. El alcalde no se había limitado a enviar la petición, sino que había sostenido con el obispo una larga conferencia de la cual ya salió convencido de que no se iba a conseguir nada, aunque fray Félix le manifestó su deseo de colaborar con el Ayuntamiento y el pueblo de Cádiz en cuanto pudiera, queriendo evidenciar que el asunto no significaba la existencia de desavenencias con el Municipio, sino que se trataba de una cuestión de forma. Pero su postura fue muy mal recibida por el alcalde, que declaró ante el Cabildo Municipal que la actuación del prelado y el Cabildo Catedral rompía la concordia que había presidido hasta el momento las relaciones entre ambos cabildos y entre el Municipio y el Obispado.

El 4 de agosto los prebendados recibieron una primera respuesta del alcalde a la denegación. Brevemente, comunicó que sentía en gran manera la negativa a la celebración y que no estimaba suficientes las razones esgrimidas. Las reacciones de los prebendados al recibir el oficio muestran que eran conscientes de haber abierto una brecha en las relaciones con el Ayuntamiento sin estar plenamente convencidos de las razones del obispo. El canónigo Francisco de Lara expresó que se debía dar alguna satisfacción al alcalde por lo que procedía “contestar de una manera atenta, pero digna, por exigirlo así el buen nombre y decoro del Cabildo”. Tras algunas dudas, los prebendados encomendaron el día 5 a los canónigos Bosichy y Hüe que redactasen una contestación breve y razonada al alcalde que pusiese a salvo la dignidad del Cabildo Catedral y justificase de la mejor manera su conducta[522].

El 8 de agosto el alcalde tenía preparada una contestación más extensa al Cabildo Catedral. Hacía constar el malestar que le había causado la negativa de los prebendados y el prelado a una iniciativa municipal que había planteado como una “manifestación de los principios católicos y cristianos” que profesaba la inmensa mayoría de los gaditanos, de la que el Ayuntamiento trataba de “hacerse fiel interprete”. La petición se había hecho con la intención de dar una muestra de la adhesión del Ayuntamiento al catolicismo y de su deseo de colaboración con el Cabildo Catedral y el obispo. En vez del “entusiasmo católico” esperado, el Ayuntamiento se había encontrado con una “atenta repulsa”, a secundar la petición municipal de realizar una celebración religiosa semejante a otras que se habían efectuado sin ninguna dificultad en anteriores ocasiones, sin necesidad de pedir real cédula de ruego y encargo a los prelados, ni real orden comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia, habiendo bastado “conocer el deseo de la municipalidad, fundado en tal o cual favor dispensado por el Hacedor Supremo a la grey católica que encierra los muros de esta ciudad”. El alcalde finalizaba su respuesta queriendo dar una muestra de su celo religioso, como contraste con la postura del Cabildo Catedral. Comunicaba que desistía de celebrar el acto religioso, dejando lo ocurrido consignado en acta para que quedase “constancia del cristianismo de la población gaditana”, empleando la cantidad que hubiese sido necesaria para sufragar los gastos del tedeum en socorros metálicos a los necesitados de Cádiz, por cuyos intereses morales y materiales el Ayuntamiento tenía “el deber de velar”. Además, decía De la Calle, los donativos servirían de “acción de gracias a la Divina Providencia” por la misma causa que había dado lugar a la petición[523].

El Cabildo Catedral no había podido tomar otra resolución que secundar la negativa de fray Félix a celebrar el tedeum. El prelado fue incapaz de poner su caridad y celo religioso por encima de su escasa inclinación hacia el monarca. Su aceptación habría supuesto una benevolencia hacia el rey que le habría puesto en mal lugar entre los demás prelados. Seguramente, debería haber buscado alguna solución alternativa que no produjese un justificado malestar en un Ayuntamiento que había tratado de evidenciar los mismos deseos de concordia con la autoridad eclesiástica que los de Valverde y Del Toro. El Ayuntamiento, por su parte, no supo entender que la celebración del tedeum ponía a las autoridades eclesiásticas gaditanas en una situación difícil respecto a la mitra metropolitana y a la primada de Toledo, e incluso a las demás Diócesis. Tampoco pareció entender que los tiempos y circunstancias eran bien distintos a aquellos en los que los obispos de Cádiz se apresuraban a celebrar con entusiasmo este tipo de funciones religiosas a petición municipal.

A partir de este momento, la corporación municipal se iba a comportar con cierta indiferencia hacia el Obispado, participando solo en contadas ocasiones en actos religiosos y haciéndolo habitualmente por medio de comisiones, quedando reducidas sus relaciones con la autoridad eclesiástica a lo mínimo. De esta forma, lo que no logró con sus votos la minoría republicana del Cabildo Municipal lo consiguió en parte el proceder del obispo.

4.7.2 Enfriamiento de las relaciones entre el Municipio y el Obispado

La desafección pasó a ser la tónica general en las relaciones municipales con el Obispado. El 31 de agosto de 1872 el Consistorio solicitó al gobernador eclesiástico a que dispusiera “sin la menor dilación” la reparación de la ornamentación de mármol de la puerta lateral de la Iglesia de San Agustín, para evitar desprendimientos que pudieran causar perjuicios a los viandantes[524]. El oficio municipal era lo suficiente lacónico y distante como para demostrar que las relaciones se habían enfriado ostensiblemente. El Ayuntamiento iba a seguir contribuyendo en algunas reparaciones de templos y participando en algunas celebraciones religiosas, si bien por medio de comisiones; pero se puede afirmar que las relaciones con el Cabildo Catedral se limitaron a lo imprescindible.

El director del Hospicio Provincial invitó el 16 de agosto de 1872 al Municipio a participar en una función religiosa en honor de Santa Elena, titular del establecimiento, que se iba a celebrar el 18 del mismo mes. El alcalde designó una comisión en representación de la Ciudad, no habiendo ni votos negativos ni oposición por parte de los concejales republicanos. Algo después, en septiembre, la Comisión de Fiestas Civiles y Religiosas informó que se habían arreglado los altares de la iglesia de San Juan de Dios, en la que se celebraban habitualmente actos religiosos relacionados con el Ayuntamiento, y que ahora era necesario reformar la capilla de San Pedro para que se uniformase con el resto. El coste estaba presupuestado en ciento noventa escudos. Se produjo una ligera discusión, aprobándose el gasto con la única oposición expresa Rafael Guillén, pero con el asentimiento implícito del resto de concejales republicanos[525]. El 3 de octubre, con la festividad de la patrona de Cádiz a la vista, se acordó la asistencia de una comisión municipal a la función que se iba a celebrar el domingo día 6 en la iglesia de Santo Domingo. Previamente, el 26 de septiembre, se había autorizado a la Comisión de Fiestas el gasto de ciento sesenta escudos en la cera necesaria y en los músicos y cantores participantes en la celebración aludida, así como el de ochenta y ocho escudos para la iluminación de la casa capitular tanto para la fiesta citada como para la de los compatronos de Cádiz San Servando y San Germán, festividad del Rosario marcó la única excepción en lo relativo a la participación municipal en actos religiosos, pues el 7 de octubre el Cabildo Municipal acordó gastar trescientos escudos para la ceremonia y asistir capitularmente a la función religiosa que se iba a celebrar en la catedral. Sin embargo, para el día de la Inmaculada Concepción, fiesta religiosa no relacionada directamente con la ciudad como lo eran las de los patronos, se acordó no asistir, poniendo como excusa las muchas ocupaciones de la corporación municipal.

Otra muestra de la actitud distante del Ayuntamiento se comprueba en las Juntas Domiciliarias de Beneficencia. El 12 de agosto de 1872 el Ayuntamiento ratificó a los cinco párrocos de la ciudad como presidentes de dichas Juntas, pero la Comisión Municipal de Beneficencia controló con especial cuidado su actuación. El 6 de febrero de 1873, les culpaba de los gastos excesivos de las Juntas, que a juicio de la Comisión eran injustificables y causaban perjuicios a los más necesitados.

El 19 de diciembre de 1872, el canónigo Benito Gil Ruiz solicitó que se consignara en el presupuesto municipal una cantidad de dinero para ayudar al sostenimiento de la Casa de Mujeres Arrepentidas de Cádiz, de la que era director. El 7 de enero de 1873 la Comisión Municipal de Beneficencia presentó un informe al respecto y el Cabildo Municipal tomó la determinación de que se comunicase al canónigo que no podía accederse a la petición por carecer el Municipio de fondos para poder atender su reclamación.

Las verdaderas razones no eran económicas, sino las derivadas de las malas relaciones con el Cabildo Catedral, como lo muestra que no mucho después, el 6 de febrero, el Ayuntamiento aprobó el programa más completo desde que se inició el Sexenio Democrático de una fiesta tan alejada de lo religioso como el Carnaval. El programa, cuya finalidad principal era la de aliviar los problemas económicos de los gaditanos más necesitados, suponía unos gastos municipales que no se compensaban con los beneficios[526].

El mismo día que se aprobaba el proyecto para las fiestas del Carnaval se dio lectura a un oficio del administrador de la Diócesis participando que el domingo día 9 de enero de 1873 se iba a celebrar en la catedral la función anual de las Bulas de la Cruzada, e invitando al Ayuntamiento a asistir y disponer el repique de la campana de la casa capitular. Se acordó contestar que “las muchas atenciones del servicio público” impedían la asistencia a la función y que se daba orden al mayordomo de ciudad para el repique[527]. Asistir a la función de la bula de la Santa Cruzada habría supuesto aceptar una invitación formal del Cabildo Catedral, y el Ayuntamiento no estaba dispuesto a hacerlo cuando el obispo no había accedido a su petición relativa al tedeum por don Amadeo.

El tema del uso del cementerio municipal por los no católicos estaba completamente estancado al comenzar el año 1873. Todo quedaba muy lejos de lo esperado en la circular de Sagasta de 16 de julio del año anterior. El 27 de enero de 1873 Rafael Guillén solicitó al Cabildo Municipal que adoptase alguna disposición para que los cadáveres de las personas que no fueran católicas tuvieran “un cementerio decente” donde pudieran ser enterrados, pues el sitio que se estaba utilizando se encontraba “en la playa circuido por unas tablas viejas en el mismo sitio que anteriormente se enterraban los caballos”. Se acordó que la Comisión del Cementerio estudiase detenidamente los antecedentes que motivaron la creación del cementerio católico y que propusiera lo necesario a fin de establecer un cementerio para los no católicos de un modo conveniente[528]. No dio tiempo a hacerlo y habría que esperar a la próxima llegada de la república para que Fermín Salvochea, con la secularización del cementerio municipal, solventase el problema, aunque su medida duraría muy poco tiempo.

4.8 La proclamación de la república

La proclamación de la república iba a suponer el intento de llevar a cabo un cambio radical en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Uno de los objetivos fundamentales de los republicanos era la separación de la Iglesia y el Estado. Muchos prelados, entre ellos el obispo de Cádiz, deseaban desligarse de la incómoda injerencia del Estado en asuntos que competían solo a la Iglesia. Pero esto no significa que admitieran una separación estricta entre la Iglesia y el Estado, pues la libertad que podía suponer esta situación no le compensaba de la pérdida de poder en la sociedad y los perjuicios económicos que habría traído consigo, al desaparecer la obligación del Estado a mantenerla económicamente como compensación por las desamortizaciones.

El 12 de febrero de 1873, el alcalde Bernardo Manuel de la Calle convocó un Cabildo extraordinario y urgente para dar cuenta de varios partes telegráficos dando noticias de la proclamación de la república. El alcalde propuso que se enviase un telegrama al Poder Ejecutivo ofreciéndole todo el apoyo para sostener el orden y la integridad de la nación. Tras recordar la importancia que tenía en estos momentos la conservación del orden público, según recomendaba en su telegrama el ministro de la Gobernación, como elemento imprescindible para la consolidación de las nuevas instituciones de la Nación, añadió que era indispensable que todos inculcasen estas ideas en la población a fin de evitar perturbaciones. El alcalde dimitió junto con el resto de ediles radicales, quedando tan solo republicanos en el Cabildo Municipal hasta la celebración de elecciones municipales.

Los concejales republicanos no tomaron decisiones importantes antes de las elecciones municipales. Hubo un intento de apropiarse de la capilla de Nuestra Señora del Pópulo, tras recibirse el 14 de febrero la noticia de que la Hacienda Pública se había apropiado de ella, tratando de proceder a su venta. Los republicanos que quedaban en el Ayuntamiento trataron de gestionar el traspaso de la propiedad de la capilla, argumentando que, puesto que el patronato real había dejado de existir una vez proclamada la república, la finca debía volver a su primitivo poseedor, esto es, a la ciudad de Cádiz, pues esta la había cedido en su momento de sus bienes de propios al patrimonio real.

En el nuevo Ministerio se sabía que los republicanos de Cádiz tenían la intención de derribar la capilla del Pópulo, e incluso se preveía lo que iba a suceder con el convento de la Candelaria muy poco después, dado su estado ruinoso y la insistencia de Rafael Guillén en 1869 por derruirlo. Un telegrama remitido en marzo de 1873 por el ministro de Estado, el gaditano Castelar, al Gobierno de la Provincia y trasladado al Ayuntamiento decía: “Recomiendo a V. la conservación de la capilla del Pópulo y el convento de la Candelaria. Como hijo de Cádiz, deseo no desaparezcan sus recuerdos históricos y en especial tan preciados monumentos[529]”. Con esta comunicación quedó zanjada la cuestión de la capilla, aunque no la del convento e iglesia de la Candelaria, que pronto serían derribados. Con la recién nacida república y tras las elecciones municipales, se iba a iniciar en Cádiz, como en otros lugares de la península, una corta etapa que llenó de desencuentros las relaciones entre las autoridades municipales y el Obispado.

4.9 El Ayuntamiento republicano federal de marzo de 1873

Mientras la política laicista de los Gobiernos de la República iba a ser ciertamente moderada, los dos Ayuntamientos republicanos federales de Cádiz que actuaron entre el 22 de marzo y el 4 de agosto de 1873 se iban a empeñar en una política radical que se puso al margen de la legalidad vigente y de los deseos de las autoridades nacionales. Nada más comenzar a ejercer sus funciones como alcalde, Fermín Salvochea empezó a aplicar una serie de medidas en las que se mezclaban el deseo de secularizar todos las esferas de la vida de los ciudadanos con la necesidad de cubrir las carencias económicas de la corporación municipal.

Una de las primeras consecuencias del establecimiento del Ayuntamiento de Salvochea, fue la reaparición de la sensación de inseguridad personal que se había producido en los momentos inmediatamente posteriores al 18 de septiembre de 1868 entre algunos miembros del clero gaditano. El canónigo José María Morote, que había sufrido las iras populares en octubre de 1868, tuvo de nuevo que “ausentarse por razón de las circunstancias presentes”. El Cabildo Eclesiástico reflejó explícitamente en sus actas la seguridad de que algunos de sus miembros corrían peligro si no se iban de Cádiz. Los canónigos solían predicar en diferentes parroquias e iglesias de la ciudad. Morote lo hizo en Santo Domingo el 2 de marzo de 1873, el 7 de marzo en la parroquia del Rosario, el 9 de marzo de nuevo en Santo Domingo, el 16 en la iglesia de las Descalzas y el 26 en la catedral, en la que había un turno de predicación entre todos los capitulares[530]. A partir de su homilía del día 26 en la catedral, poco antes de la exclaustración de la Candelaria, Morote no volvió a predicar y el 5 de abril ya se había ausentado de Cádiz[531]. Pero no fue el único que tuvo que hacerlo. El arcipreste Sebastián Herrero, en aquellos momentos gobernador eclesiástico, también dejaría de asistir a las reuniones del Cabildo Eclesiástico hasta después de los acontecimientos cantonalistas. La última predicación de Herrero fue, como la de Morote, el 26 de marzo, en su caso en la iglesia del exconvento de San Agustín. Esta coincidencia no demuestra que el derribo de la Candelaria estuviese relacionado con la salida de Cádiz de Morote y Herrero, pero no es arriesgado aventurar que pudo ser así. Herrero, como gobernador eclesiástico, había recibido el mismo día 26 a las once de la mañana la notificación municipal de que el convento de monjas iba a ser exclaustrado y derribado[532]. Es posible que su homilía en San Agustín, como la de Morote en la catedral, tratasen sobre la decisión municipal y esto diese lugar a amenazas en su contra.

Los acontecimientos posteriores no confirmaron que los canónigos, o algunos de ellos, corriesen peligro. Pero los previsibles enfrentamientos populares contrarios o favorables a la exclaustración del convento de la Candelaria coincidieron temporalmente con la sensación de inseguridad personal de algunos capitulares. Según comunicaba el 28 de marzo la prensa antirrevolucionaria, una comisión municipal había comunicado al arcipreste Herrero que el Ayuntamiento “no respondía de lo que hicieran las masas con el convento y monjas de la Candelaria si estas no lo desalojaban en el plazo señalado[533]”. La ausencia de Herrero obligó el 12 de abril de 1873 al nombramiento de Fernando Hüe como gobernador eclesiástico[534]. No obstante, el cierre y derribo de la Candelaria, como se comprobará a continuación, se desarrolló de forma tensa pero no dio lugar a actos violentos que justificasen el temor de los capitulares.

4.9.1 Incautación y derribo del convento de Nuestra Señora de la Candelaria

La primera medida que tomó Salvochea al ser elegido alcalde fue ordenar la salida de las monjas agustinas del convento e iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y proceder a derribarlos. El mismo día de instalación del Cabildo Municipal, el 22 de marzo, el alcalde envió una comunicación escrita a Herrero informándole de que una comisión municipal iba a visitar el lunes 24 de marzo los conventos de la Candelaria y Santa María[535].

Desde la proclamación de la república, el prelado gaditano se encontraba en Jimena de la Frontera, realizando su segunda visita pastoral, que había de llevarle por Tarifa, Algeciras, San Roque y Los Barrios, no regresando a Cádiz hasta septiembre de 1874[536]. El día 23 el gobernador eclesiástico Vicente Roa contestó al Ayuntamiento que había dado las órdenes oportunas, pero necesitaba saber a qué hora se iba a efectuar la visita a la Candelaria. Inmediatamente, recibió una breve respuesta comunicándole que la comisión y arquitecto pasarían por los conventos a la una y media en punto.

El mismo día de la inspección, el alcalde tenía en su poder el informe del arquitecto municipal; Era indispensable efectuar la demolición de los muros sobre los que se apoyaban algunas celdas de las monjas en la primera planta, que no eran usadas “por considerarlas la misma comunidad en estado ruinoso y riesgo inminente el habitarlas”; asimismo, el muro interior correspondiente a la calle Bilbao y su fachada se encontraba “en muy mal estado, por lo que también debería demolerse”; pero sobre las demás partes del edificio, el arquitecto solo expresaba que se había observado una “falta de obras de conservación[537]”. La decisión de derruir todo el edificio estaba tomada desde antes de la visita del arquitecto. La Comisión de Fincas Ruinosas, a cuyo frente estaba el alcalde, comunicó el 25 de marzo que, “la mayor parte del edificio” se encontraba “en completo estado de ruina”. Se comunicó al gobernador eclesiástico que despejase “el edificio por las personas” que lo habitaban en el plazo de cuarenta y ocho horas. Los miembros de la corporación municipal evitaban referirse explícitamente a condición de religiosas de las monjas, buscando con ello que la medida no fuese interpretada como un efecto del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre de 1868, sino como una cuestión de seguridad pública, independientemente de quién habitase la casa. Preferían hablar de “personas en peligro” que debían desalojar un edificio, fórmula que denotaba el laicismo de los ediles y al mismo tiempo resultaba más conveniente para los intereses municipales. La Comisión fue autorizada para ejecutar inmediatamente en el convento las alteraciones que estimase necesarias para la seguridad pública[538]. Estas “alteraciones” se resumían en el derribo completo del edificio.

Es muy probable que el problema de la Candelaria fuese la causa de que el 24 de febrero de 1873 Vicente Roa se ausentase de Cádiz y fray Félix designase al arcipreste Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros, más preparado como doctor en leyes para afrontar el problema, como gobernador eclesiástico. El 26 de marzo a las once de la mañana Herrero recibió el oficio del Ayuntamiento y contestó inmediatamente mostrando su total disconformidad. Solo reconocía el estado de ruina de uno de los muros exteriores del convento y participaba que estaba dispuesto a proceder inmediatamente a la reparación de esa parte “contribuyendo así a facilitar trabajo a las clases obreras de esta ciudad”. Había dado ya las órdenes oportunas para establecer una separación entre la parte que debía repararse y el resto del edificio, en el que podía seguir residiendo la comunidad, “quedando de este modo a salvo la clausura canónica”. Si esto no fuese aceptado por el Municipio, el gobernador eclesiástico se reservaba designar un arquitecto para que procediera a reconocer el edificio y extendiera “su dictamen para los fines que la legislación vigente prescribe”. El mismo día 26 Salvochea le contestó lacónicamente: “Solo debo manifestarle que se atenga en un todo a lo que le digo en la comunicación que recibió V. a las once de la mañana de hoy”. El gobernador eclesiástico no tuvo más argumentos por presentar y cedió ante el temor por los disturbios que pudieran producirse: El 27 de marzo escribió al alcalde expresándole que le constaba “por manifestación de personas fidedignas, el inminente riesgo de graves perturbaciones” si no se desalojaba el edificio en el plazo indicado y que por ese motivo había dado las órdenes oportunas para que se realizase la “evacuación[539]”. También evitó usar la palabra “exclaustración”, tratando con ello de seguir el argumento municipal de que se trataba de evitar un peligro para las monjas, con la esperanza de que, una vez subsanado el problema, estas podrían regresar. Pero esto no entraba en los planes de Salvochea.

El gobernador eclesiástico recibió el 28 de marzo la orden de recoger todos los objetos sagrados del templo del convento. Se había procedido ese día al desalojo de las monjas y ya habían comenzado los trabajos de derribo del convento. El arquitecto municipal había comunicado a Salvochea que, al efectuar trabajos en las cubiertas del templo, había visto confirmado que la armadura que cubría el mirador de la nave estaba en tal mal estado que exigía su demolición[540]. El gobernador eclesiástico replicó que la Alcaldía debía comprender que era su deber protestar contra esa determinación que consideraba contraria a la legalidad vigente. Estaba dispuesto a proceder al desalojo de la iglesia, pero esperaba de la cortesía de Salvochea que al menos le diese algún plazo para extraer los altares, imágenes y demás enseres del templo[541].

La prensa católica conservadora se movilizó enseguida. El Comercio expresó el 27 y 28 de marzo que los católicos no esperaban que los republicanos federales de Cádiz rindiesen culto a sus creencias, pero les pedían que fueran consecuentes con sus ideas y respetasen las libertades absolutas y derechos individuales que tantas veces habían reclamado para ellos, así como para todas las opiniones y creencias. Las “santas mujeres” que ocupaban el convento de la Candelaria, “inofensivas por su sexo y por su alejamiento del mundo y de toda clase de intereses profanos”, tenían derecho, desde el punto de vista de las libertades que defendían los republicanos, “para vivir en clausura, consagradas a Dios y a la práctica de las virtudes cristianas”. Los católicos conservadores conocían la razón que daban los munícipes para desalojar a las monjas de su convento, pero defendían que no se trataba más que de un pretexto para destruirlo, “pasando por encima de unos derechos indiscutibles”. El 26 de marzo una manifestación de señoras había estado durante “todo el día en movimiento dirigiéndose de una parte a otra en demanda de justicia”. Eran “varios centenares de damas, entre las cuales se veía todo lo más distinguido de la buena sociedad gaditana”. Habían acudido a las casas capitulares para pedir al alcalde que revocase la orden de desalojo de la Candelaria, pero sus gestiones no obtuvieron ningún resultado. Los republicanos de la Soberanía Nacional informaron a sus seguidores que las señoras de la manifestación habían invadido desordenadamente el Ayuntamiento, dando “gritos de despecho movidos por el fanatismo religioso”, lo cual se encargó de rebatir El Comercio informando a los suyos que solo había subido una comisión de señoras a parlamentar con el alcalde, permaneciendo el resto en el patio de entrada, sin producirse gritos ni otras alteraciones del orden.

El desalojo de las monjas se realizó el 28 de marzo. El Comercio daba el mismo día por consumada la primera parte de los propósitos municipales sobre el convento e iglesia y auguraba que pronto se cumpliría la segunda: “La piqueta revolucionaria” convertiría pronto el templo en ruinas. La fecha del cierre fue evaluada por los clericales como un “día de verdadero luto para los católicos”. Las señoras que habían celebrado la manifestación del día 26 participaron en una última liturgia en el templo del convento. El sagrario se trasladó a continuación al cercano convento de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, entre la conmoción de los numerosos espectadores, pues “no se oían más que sollozos mal reprimidos y aun hubo personas a quienes fue preciso retirar, acometidas por accidentes producidos por los mismos esfuerzos que hicieron para reprimirse. Hombres y mujeres, eclesiásticos y seglares, todo el mundo lloraba”. En contraste con el pesar de los católicos, los republicanos organizaban entre tanto una protesta contra la manifestación de señoras del día 26 y “unas doscientas personas de ambos sexos recorrían la ciudad con una banda de música y unas banderas en las cuales se leía el lema de ¡Abajo los conventos!”.

El Comercio hacía alusión a esta manifestación de hombres y mujeres contra el convento, realizada simultáneamente a su abandono, para que sirviera de contraste con el dolor de los fieles, pero obviaba la que tuvo lugar el día 27, formada exclusivamente por mujeres. A primeras horas de ese día el templo de la Candelaria se había cerrado ante el número de personas que se acercaban por sus inmediaciones. Por la mañana, las mujeres del Círculo Mariana de Pineda, acompañadas por la banda de música del hospicio, desfilaron por la ciudad daño gritos de “Abajo los conventos” y cantando el “Trágala”, la canción que entonaban los liberales en Cádiz para humillar a los absolutistas desde el levantamiento de Riego. Se dirigieron al edificio municipal, donde fueron recibidas por el alcalde y varios concejales. Margarita Pérez de Celis, presidenta del círculo, hizo entrega de un escrito a favor de la ejecución del acuerdo municipal, reanudando a continuación su recorrido y pasando por delante del convento dando gritos de “Abajo Candelaria”. El escrito decía:

A los ciudadanos que componen el Ayuntamiento Popular de esta ciudad. Habiéndose presentado en el día de ayer una manifestación de un centenar de señoras aristócratas hipócritamente por la influencia de los curas, a pedir que no se haga el derribo del convento de Candelaria, que está ruinoso y denunciado; Y nosotras conociendo la dañada intención con que se han presentado dichas señoras a pedir a esa digna corporación una cosa tan injusta, indigna de una población culta, pedimos que no tan solo se derribe el convento en cuestión, sino que todos los que existen, por ser estos establecimientos de ninguna utilidad a la sociedad, a la religión y a los adelantos del siglo diecinueve; esperando lo hagan con toda rectitud por ser de justicia. Salud y República Federal Social[542].

La conmoción entre gran parte de los católicos fue enorme. Francisco Mateos-Gago, catedrático de Teología y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria de Sevilla, que había sido vicerrector del seminario de Cádiz, decía poco después de la expulsión de las monjas que esta se había verificado “con saña tan verdaderamente federal, que se prohibió que sacaran ni aun las ropas de su uso, permitiéndoseles solo llevar la ropa puesta[543]”.

Los católicos conservadores evaluaron que la inmensa mayoría de los gaditanos habían dado una muestra inequívoca de su catolicismo al acudir a presenciar la despedida de las monjas. Los redactores de El Comercio estaban convencidos de que si se hubiera votado un plebiscito los enemigos de las monjas habrían sido una minoría exigua. Durante su salida del convento “nadie se recataba para protestar con su actitud, con su palabra, con su ejemplo, contra los hechos lamentables que se estaban consumando”. Además de El Comercio, La Palma (moderado), La Voz de Cádiz (unionista partidario de la restauración borbónica) y La Monarquía Tradicional (carlista) protestaron en sus páginas contra la expulsión de las monjas de la Candelaria. Mientras tanto, La Soberanía Nacional, representante de los republicanos más moderados, refiriéndose a las damas que se manifestaron para que no se cerrase el convento, comentaba que nada de esto hicieron cuando hacía poco se había cerrado la fábrica de tabacos de Cádiz, que dejó (aunque por poco tiempo, pues fue vuelta a abrir) a muchas gaditanas de las clases más necesitadas sin un trabajo imprescindible para subsistir.

Por su parte, los partidarios de la política municipal animaban al Ayuntamiento a que llegase más lejos. El Cabildo Municipal recibió el 28 de marzo una instancia suscrita por “algunos ciudadanos” solicitando que se efectuase el derribo todos los conventos de la ciudad, pero esta propuesta no se discutió siquiera. Los conventos de monjas que seguían abiertos eran el de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, y el de Santa María de la Concepción, de franciscanas concepcionistas calzadas. El último había sido inspeccionado el mismo día que el de la Candelaria por el arquitecto municipal pero nunca se discutió sobre su desalojo.

El Poder Ejecutivo de la república trató de rentabilizar los acontecimientos a su favor. El mismo día que el convento era desalojado y se iniciaba el derribo, el gobernador civil, Moreno Portela, comunicaba al alcalde que el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, en telegrama llegado esa misma tarde, le había preguntado qué había de cierto respecto al derribo del convento[544]. Los miembros del Gobierno habían tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Cádiz porque las señoras que se habían manifestado el día 26 habían telegrafiado a Figueras y Castelar pidiéndoles que no se permitiera el derribo del convento. Ambos les contestaron que no estaba entre sus atribuciones impedirlo, pero que se iban a dirigir a quien correspondiese para que no se derribase ningún templo[545]. El 29 de marzo, cuando recibió el escrito de Moreno Portela, Salvochea le contestó que ya se había procedido al derribo de la iglesia y del convento, porque su estado de ruina amenazaba con gran peligro a la población[546]. Lo cierto es que no había “procedido al derribo”, sino solo a iniciarlo, pero quería dar la impresión de que ya todo estaba concluido, para evitar la orden de parar los trabajos.

Un día antes, el 28 de marzo, tenía Salvochea otro escrito en sus manos, este del administrador económico de la provincia, que le comunicaba que, habiendo tenido noticia de la demolición del convento y estando prevenida por orden del Ministerio de Hacienda con fecha 16 de noviembre de 1868 la incautación de los solares y materiales procedentes de derribos, había designado un representante para inspeccionar las operaciones y formar el inventario de los materiales que resultasen, a fin de que el Estado procediese a enajenarlos en pública licitación[547].

Una vez realizada la evacuación de las monjas e iniciado el derribo, el Gobierno “legalizaba” la decisión del alcalde recordando disposiciones legales que habían estado en el olvido y utilizaba los hechos consumados para tratar de incautarse del solar. Pero Salvochea no estaba dispuesto a que la Administración central, que no había mostrado desde el principio el más mínimo interés en que se cumpliese el decreto de exclaustración de octubre de 1868, se llevase los beneficios. Ante el oficio del administrador económico de la provincia, resolvió no negarse de momento abiertamente, pero le advirtió que el Ayuntamiento estaba costeando el derribo y los gastos que se estaban produciendo debían ser resarcidos del producto de la venta de los materiales.

El 6 de abril el administrador no había contestado a estas apreciaciones y Salvochea envió un telegrama al Gobierno en el que afirmaba que había pedido autorización al administrador económico para vender los materiales del derribo con el fin de recuperar el gasto ocasionado. Esto no era cierto, pues solo había comunicado al administrador que pensaba usar los beneficios para cubrir los gastos municipales, pero nunca le había pedido autorización. Habiendo pasado solo unos días de la comunicación al administrador, se justificaba el telegrama en que no se había recibido su contestación y se pedía al Ministerio autorización para efectuar la venta de los materiales del derribo, comprometiéndose a devolver a la Hacienda todo lo que excediera del importe de los gastos. Para convencer al Gabinete, Salvochea amenazaba veladamente con posibles disturbios: “Esperamos que así se hará, teniendo en cuenta el estado económico de las clases obreras y en el que se hallan los Municipios, y más principalmente el conflicto que cree este Ayuntamiento inminente si se suspenden los trabajos por la negativa de ese Gobierno[548]”.

Fermín Salvochea era poco dado a dilaciones: Sin que se hubiese recibido respuesta al telegrama, el 9 de abril decidió vender en pública subasta los productos del derribo. No tenía intención de devolver lo que pudiera sobrar una vez resarcido el Municipio del gasto, pues daba por supuesto que se iban a producir más gastos que ingresos, como lo muestra el acuerdo municipal del 21 de abril, que preveía sufragar el exceso de gastos en jornales con cargo al capítulo de imprevistos.

Mientras el Ayuntamiento contravenía las órdenes del administrador de Hacienda en lo referente a la enajenación de los materiales del derribo de la Candelaria, no dudaba en utilizar esas mismas órdenes cuando le interesaba. Nada más ser designado el 7 de abril, el gobernador eclesiástico Fernando Hüe pidió a la Comisión Municipal de Fincas Ruinosas que se le entregaran las tres campanas del templo de la Candelaria. El presidente de la Comisión, en estos momentos Francisco de la Viesca por estar Salvochea fuera de Cádiz, le denegó la entrega dando a entender que el administrador de Hacienda no la autorizaba[549].

Salvochea envió una solicitud al ministro de Hacienda el 5 de junio, por conducto de los diputados republicanos por Cádiz, tratando de contemporizar con el Gobierno, al reconocer la propiedad estatal del solar y pedir que se entregara a la Ciudad para instalar un mercado de abastos[550]. La petición no hacía mención a la circunstancia de que el edificio religioso debiera haber sido exclaustrado en su momento, siguiendo el decreto de 18 octubre de 1868, pues esto no justificaba la actuación municipal. También parecía reconocer que los materiales procedentes de la demolición pertenecían al Estado. Pero no era así, pues el 9 de abril ya había tomado Salvochea la decisión de quedarse con los beneficios. El alcalde no había atendido las indicaciones del administrador sobre las obras de demolición, por lo que este, no queriendo “autorizar con la presencia de sus representantes la realización de actos contrarios a ley y derecho”, había ordenado que se retirasen, dando cuenta de los hechos a la Dirección General de Propiedades del Estado[551]. Al dirigirse al ministro de Hacienda, el alcalde pretendía adelantarse a las gestiones del administrador de Hacienda, mediante el apoyo de los diputados republicanos gaditanos. No tenía inconveniente en dirigirse al Gobierno para que ratificase sus actuaciones, pero en ningún caso estaba dispuesto a dar marcha atrás en la política secularizadora que deseaba implantar en Cádiz, ni a que el Gobierno de la república se beneficiase económicamente de ella.

El gobernador eclesiástico Sebastián Herrero, no estuvo a la altura de las circunstancias para evitar la exclaustración y derribo de la Candelaria, aunque lo cierto es que poco podía hacerse y Herrero debía estar convencido de que el alcalde no iba a cejar en ningún caso en su decisión sobre el convento. Pero podría haber acudido al ministro de Gracia y Justicia, buscando un reconocimiento de la ilegalidad de la actuación municipal. El Ayuntamiento no se apropió de las imágenes, cuadros y otros objetos de valor del convento y permitió que fueran retirados por el Obispado. Pero esto no fue así porque el gobernador eclesiástico hubiera hecho alguna gestión al respecto, sino porque Salvochea solo estaba interesado en los materiales del derribo y en el solar. El 30 de marzo, dos días después de la exclaustración de las monjas, el Obispado comenzó a transportar las imágenes, cuadros y molduras del templo, pidiendo a los directores de El Comercio y La Monarquía Tradicional, que organizasen colectas entre los que quisieran ayudar a los gastos del traslado[552].

4.9.2 Reforma de la beneficencia municipal. Las Juntas de Beneficencia

Las instituciones benéficas que estaban en manos del Cabildo Catedral de Cádiz a cuenta de los fondos de patronatos u obras pías representaban una masa económica importante, que las hacía muy apetecibles y objeto constante de conflictos entre el Cabildo Eclesiástico y los Gobiernos revolucionarios. Ya se ha visto cómo los decretos de desamortización de obras pías de 1 de marzo de 1869 y de capellanías de 12 de agosto de 1871 y 13 de febrero de 1872 no lograron cumplir su objetivo. Con el decreto de 22 de enero de 1872, se optó por poner a todas las fundaciones, eclesiásticas o civiles, como instituciones de beneficencia particular, bajo la vigilancia e inspección gubernamental, lo que dio lugar, como se ha visto más arriba, a la oposición del obispo de Cádiz en contraste con la disposición del Cabildo Catedral a cumplir la disposición a cambio de obtener compensaciones económicas.

Las fundaciones objeto de litigio entre el Estado y la Diócesis, esto es los patronatos, obras pías y capellanías, ocupaban una eminente función benéfica, dedicándose en buena parte a la ayuda a personas con dificultades económicas o sociales, mediante el mantenimiento de hospitales para pobres, casas para dementes, hospicios, albergues para mujeres recocidas o casas de expósitos. Pero había otra modalidad de beneficencia, la asistencia domiciliaria, que se venía dando desde el siglo XVIII, siendo regulada posteriormente mediante las leyes de beneficencia de 1822 y 1849. La primera de estas disposiciones ya había establecido la necesidad de poner bajo la responsabilidad municipal la atención domiciliaria, que abarcada la prestación de alimentos, materiales de trabajo y la asistencia médica a las personas más necesitadas. Este tipo de prestación social se realizaba por medio de unas Juntas Municipales de Beneficencia, cuya creación, planteada en 1822, se sancionó con la ley de 1849. Estas juntas, que formaban parte fundamental de la organización benéfica municipal, estaban presididas por los alcaldes y formadas por personalidades locales destacadas, entre las que no faltaban miembros del clero. Bajo su dirección estaban las Juntas Parroquiales de Beneficencia, que hasta la llegada al poder local de los republicanos federales de Salvochea habían estado presididas en Cádiz por el cura párroco respectivo, con la participación de un concejal, así como los médicos y sangradores correspondientes, y la colaboración de las farmacias que se prestaban a suministrar medicinas a un coste reducido. Las juntas parroquiales se encargaban de hacer llegar los auxilios necesarios tanto a las instituciones de beneficencia local como a los individuos que los necesitaran, a veces tratando de coordinar estos socorros con las instituciones privadas, como las sustentadas por patronatos eclesiásticos. Pero una parte importante de sus trabajos se dirigía a la asistencia médica domiciliaria, que cobró especial importancia desde las leyes de sanidad de 1838 y 1855, que pretendían imponer la asistencia domiciliaria sobre la asistencia pública[553].

El Ayuntamiento republicano federal no iba a aceptar que la asistencia médica que llegaba a las clases más necesitadas estuviese dirigida precisamente por los curas párrocos, y menos cuando todos los gastos eran exclusivamente municipales. El 24 de abril de 1873, se pidió en el Cabildo Municipal la reorganización de las Juntas de Municipales de Beneficencia, “cesando el clero católico de tener en ellas representantes natos, como igualmente los ministros de cualquier otro culto, y cambiando la denominación de parroquiales que hoy tienen[554]”.

El día 28 ya estaba preparado un Reglamento de Asistencia Municipal Domiciliaria. Aunque el artículo uno del reglamento establecía que la finalidad de la beneficencia municipal era “llevar los auxilios materiales y de la Ciencia al enfermo pobre y desvalido”, este objetivo ya se cumplía anteriormente con las Juntas Parroquiales. Más significativa resulta la causa aducida para la reforma, “separar la Beneficencia Municipal de la de las parroquias o corporaciones religiosas”, que muestra cómo lo que movió a los republicanos federales para hacer el cambio no fue tanto lograr una mayor eficacia o mejorar la gestión de la beneficencia pública municipal, como independizar esta de la que se pudiera ejercer por las parroquias o las instituciones eclesiásticas.

En definitiva, el objetivo fundamental era secularizar la beneficencia municipal. En realidad, se pretendía hacer exactamente lo mismo que habían estado haciendo las Juntas Parroquiales, pero prescindiendo de los párrocos. La parroquia, como conjunto de casas de la ciudad dependiente de la responsabilidad pastoral de cada párroco, dejaba de ser la división correspondiente a cada una de las Juntas. En su lugar, se establecían seis distritos médicos (artículo nueve), que estaban formados por uno o dos barrios. Cada distrito organizaba una Junta de Distrito, presidida por un alcalde de distrito y con los alcaldes de los barrios dependientes como vicepresidentes. Cada distrito tenía un médico titular, que era al mismo tiempo interventor en las Juntas de Barrio dependientes del distrito, con el sueldo de seiscientos escudos anuales (artículo diez).

En el aspecto económico, el cambio más importante era que quedaban suprimidas todas las cantidades que por concepto de beneficencia municipal domiciliaria se habían entregado a las diversas parroquias o a cualquier otra corporación (artículo siete) y que desde la puesta en práctica del reglamento, la Municipalidad se incautaría de los fondos y efectos que existieran “en poder de alguna persona o corporación, con destino a beneficencia” (artículo ocho), refiriéndose a los párrocos y sus respectivas parroquias.

4.9.3 Prohibición de la enseñanza de cualquier religión en las escuelas municipales

La educación que los republicanos federales querían implantar en Cádiz tenía que ser necesariamente laica, en consonancia con su intención de separar todo lo relacionado con el Estado de cualquier influencia de religiosa. El deseo de imponer una enseñanza laica era un objetivo común de republicanos y krausistas. Unos y otros compartían una fe absoluta en la razón humana y en la Ciencia, como elementos imprescindibles para transformar la sociedad. Los republicanos daban la mayor importancia a la educación popular, pues con ella esperaban transformar la realidad social. Su programa de reformas descansaba en gran medida en la transformación de la escuela en centro de formación y concienciación democrática de los ciudadanos[555]. De ahí su constante preocupación por instruir a todos, incluyendo a los adultos, hombres y mujeres, para que conocieran sus derechos democráticos y pudieran así liberarse de una opresión aceptada por falta de conocimiento sobre sus derechos.

La integración de las ideas krausistas en el republicanismo excluía una república federalista como la que demandaba Pi y Margall. La convivencia de la concepción krausista y la republicana federal fue siempre complicada, porque la primera reclamaba un republicanismo reformista, distante del republicanismo insurreccional, más próximo a menudo al socialismo[556]. No es de extrañar, pues, que la presencia krausista en las filas del republicanismo gaditano se diera sobre todo en su sector más moderado. En Cádiz, el krausismo, como doctrina que trataba de resolver los problemas religiosos o sociales valiéndose de procedimientos legales, estuvo mucho más próximo a las posiciones del alcalde republicano de 1869, Rafael Guillén Estévez, que a las de los republicanos “intransigentes” que lideraba en 1873 Fermín Salvochea. Uno de los más distinguidos krausistas de Cádiz, Alfonso Moreno Espinosa, formó parte en 1869, como concejal, de la Comisión Municipal de Instrucción Pública del Ayuntamiento presidido por Guillén. La presencia de Moreno Espinosa en la Junta Local de Primera Enseñanza de 1873, indica que también los republicanos “intransigentes” gaditanos deseaban dar cabida en su proyecto de enseñanza a la concepción krausista sobre la educación[557].

A poco de constituirse el Ayuntamiento republicano federal, el día 25 de marzo de 1873, la Comisión de Instrucción Pública presentó en el Cabildo Municipal una propuesta de supresión de la enseñanza de toda clase de religión en las escuelas públicas municipales, que se aprobó de inmediato:

En vista de que la manera y forma de darse hoy la enseñanza en las escuelas municipales se opone al espíritu de la época y aun a la misma Constitución vigente, y teniendo en cuenta que el Municipio, como tal corporación, no puede tener religión alguna, si bien sus individuos están en el derecho de profesar la que más les plazca, ha creído conveniente suprimir la enseñanza de toda religión positiva en las escuelas de su dependencia, dejando a los padres o a los ministros de cada culto este trabajo[558].

La propuesta, para mostrarse de acuerdo con la legalidad vigente, se apoyaba en una Constitución que los republicanos no admitían en gran medida. Sin embargo, esta no había prohibido en absoluto la enseñanza pública de la religión católica. En la interpretación de los republicanos, fueran católicos o agnósticos, la libertad religiosa obligaba a los poderes públicos al ejercicio de una estricta neutralidad en las escuelas públicas, que se rompía si se permitía la enseñanza de la religión católica y no la de las demás confesiones.

La resolución municipal, ya preparada de antemano, fue aprobada inmediatamente. Quedaba prohibida la enseñanza de los dogmas o doctrinas de toda religión positiva en todas las escuelas dependientes del Municipio (artículo uno), siendo obligatorio inculcar, en su lugar los principios fundamentales de la moral universal (artículo dos). Los objetos de pintura, escultura o libros que se refiriesen “a las diversas religiones” pasarían a poder del Municipio (artículo tres). Como se puede comprobar, las reglas de la moral universal, que eran la condición mínima que se pedía en el artículo veintiuno de la Constitución para poder ejercer cualquier culto, se convertían para los republicanos en la única obligación pública relativa a la enseñanza, dejando a los padres y ministros correspondientes la enseñanza de la religión que cada uno eligiese, pero fuera del ámbito de las escuelas públicas. El artículo tercero de la disposición municipal dio lugar a la retirada de las escuelas municipales de todos los objetos religiosos y su posterior venta. No es necesario puntualizar que, aunque el artículo se refería a “diversas religiones”, en las escuelas municipales solo había objetos religiosos de la católica.

El Comercio, trató el 27 de marzo sobre la prohibición expresando su aquiescencia a que el Ayuntamiento republicano, ya que no profesaba religión alguna, fuera neutral. Pero esa neutralidad debería haber dado lugar, según los católicos conservadores, a no imponer a los maestros qué enseñanza debían impartir, ya que estos eran libres por ley de enseñar a sus discípulos todo lo que esta les autorizaba, y la enseñanza de la religión católica era lícita. El argumento parece impecable, pero el Ayuntamiento no ponía en duda el derecho de los maestros a enseñar religión o la licitud de la enseñanza de cualquier religión, siempre que no se ejerciera en escuelas públicas. Desde el punto de los oponentes a la prohibición, la conducta municipal ponía en práctica justamente la doctrina contraria a la que había establecido la revolución. Su argumento era: “Si las escuelas públicas se han establecido para uso del pueblo hay que enseñar en ellas lo que demande el pueblo, siempre que no sea contrario a la ley, y no lo que deseen los republicanos”.

Como consecuencia de la prohibición, el 28 de marzo quedaron suprimidos los nombres que hasta entonces habían llevado las escuelas municipales, cambiándolos por otros relacionados con principios de la moral universal que se creía imprescindible inculcar a los niños. El único nombre dio lugar a discusión fue el de la escuela de “La Caridad”. Se puso este nombre a la de “San Servando”, no por su significado religioso sino como principio moral, pero finalmente se cambió por el de “La Armonía[559]”. Los católicos conservadores de El Comercio decían el 30 de marzo que las modificaciones de los nombres no merecían ser comentadas, pues se trataba de una cuestión trivial, que no merecía ser objeto de discusión. Sobre la retirada del nombre de “La Caridad” manifestaban que no se extrañaban de que al Municipio republicano le pareciera mejor el de “La Armonía”, pero que no podían dejar pasar sin protestar que la virtud cristiana de la Caridad hubiera sido contemplada como “una idea contraria a cualquier género de adelanto, a cualquier género de progreso o a cualquier género de democracia”.

4.9.4 Expulsiones de capellanes

Desde 1842, cuando el Municipio recibió del Estado los conventos de San Francisco y San Agustín, se había consentido que se mantuvieran en ellos algunas habitaciones reservadas para los capellanes de las iglesias correspondientes. El 30 de marzo de 1873 la Comisión de Instrucción Pública propuso la expulsión del capellán de San Agustín, que ya había perdido algún espacio de su vivienda en la época de Guillén. La propuesta de la Comisión, inmediatamente aprobada, se basaba en que la zona destinada para el Instituto de Segunda Enseñanza era sumamente reducida con relación al número de asignaturas en que se impartían. Se consideraba que la parte restante del exconvento de San Agustín, destinada para residencia del capellán y el sacristán de la misma, estaba segregada injustificadamente del Instituto. La Comisión se apoyaba en el párrafo tercero del artículo segundo de la ley de desamortización, por el cual solo quedaban exentas de ser desamortizadas las casas destinadas para habitación de los curas párrocos. Y como la iglesia de San Agustín no era parroquia, la excepción no se estimaba como aplicable en este caso.

El Ayuntamiento de Salvochea nunca se mostró particularmente dispuesto a citar leyes para resolver las cuestiones municipales. Y cuando lo hizo, como en esta ocasión, fue porque estas convenían a sus intereses, pareciendo olvidar las demás. Los concejales no parecían recordar la real orden de 10 de junio de 1849 que destinaba la iglesia del convento de San Agustín para “ayuda de parroquia”, ni la disposición de la Dirección General de Rentas de 8 de marzo de 1850 que ordenaba expresamente que se señalasen del edificio de San Agustín las habitaciones indispensables y más próximas a la iglesia para residencia del capellán y sacristán, cediéndose al Ayuntamiento el resto para que estableciera un Instituto Provincial de Segunda Enseñanza[560]. Esto es, la concesión del Instituto llevaba implícita la aceptación de reservar una parte del edificio para el capellán y sacristán.

En virtud de su informe, como se ha visto inexacto, la Comisión de Instrucción Pública propuso que todo el exconvento de San Agustín quedase a disposición del Instituto de Segunda Enseñanza y que el alcalde enviase un oficio al capellán para que desalojara inmediatamente la parte del edificio que ocupaba y otro al director del establecimiento para que tomase posesión, lo cual se cumplimentó el 17 de abril.

La misma política anterior se siguió con el capellán de San Francisco. En el exconvento nombre había, además de otras dependencias municipales, dos escuelas de párvulos. La masculina era la denominada recientemente, “La Armonía”, que había estado alojada con el nombre anterior de “San Servando” en el exconvento de los Descalzos hasta que este fue derribado. La Comisión de Instrucción Pública propuso al Cabildo Municipal el 24 de abril de 1873 que, para aumentar las reducidas dimensiones del local donde se encontraba la escuela de párvulos de “La Armonía”, se desposeyera al capellán de una habitación contigua a la sacristía del exconvento. Se aprobó inmediatamente, como sucedía en prácticamente todas propuestas que se presentaban en el Cabido Municipal de Salvochea, por tratarse probablemente de disposiciones decididas antes de formalizarse en las reuniones correspondientes.

En este caso no se recurrió a justificaciones legales, pues no se expulsaba de momento al capellán, que seguía manteniendo una habitación en el exconvento. Pero el 1 de mayo se le comunicó que debía abandonar inmediatamente su residencia. Se trataba de una habitación paralela a la otra escuela de párvulos que ocupaba el edificio, la de niñas de “La Justicia”, y se resolvió que debía entregarse a la directora de la escuela, a fin de mejorar sus condiciones[561]. El mismo día que se tomaban las anteriores determinaciones, el Centro Federal de Obreros de Cádiz obtuvo la cesión de toda la parte alta del exconvento de San Francisco. El Ayuntamiento, viendo que esto podía suponer el desalojo del portero del edificio, que vivía en parte de la zona cedida al centro obrero, y atendiendo a la escasez de recursos con que este contaba, revocó la entrega de la habitación del capellán a la escuela de niñas de “La Justicia” y se la cedió al portero. De esta forma, el desalojo del capellán que se había justificado en las actas capitulares por la necesidad de mejorar las condiciones de la escuela de niñas, fue efectuado en la práctica para que fuera usada por el portero. Lo anterior indica que no era la falta de espacio de las escuelas lo que movía a Salvochea a expulsar de los exconventos a los capellanes de los templos vecinos, sino su afán laicista, que conllevaba la completa eliminación de los espacios municipales de todo lo relacionado con la religión.

4.9.5 Secularización del cementerio municipal

Como se ha visto al analizar la actuación de los Ayuntamientos anteriores, el problema del uso del cementerio municipal de Cádiz por parte de las personas no pertenecientes a la religión católica no había quedado resuelto. Rafael Guillén no hizo nada al respecto en 1869, salvo la retirada de sus haberes al capellán. A partir de 1871, las reclamaciones de los presbiterianos para conseguir un lugar segregado del cementerio municipal donde ser enterrados; sus inhumaciones en el mismo con el apoyo de los republicanos y la oposición del Ayuntamiento; el cierre del cementerio anglicano; la resistencia municipal a cumplir la circular de Sagasta, y la negativa rotunda de fray Félix a permitir que los sacerdotes entrasen con el cortejo fúnebre en los cementerios en los que se había enterrado algún protestante, fueron repetidas muestras de las dificultades para resolver el problema.

Llegada la república, el pastor José Agustín Escudero continuaba su actividad evangelizadora en Cádiz, pues no había prosperado la denuncia en su contra por suplantación de personalidad, fundamentada en que se había ejercido años antes como sacerdote católico. Cuando el 25 de marzo de 1873 el Ayuntamiento de Salvochea acordó suprimir los cargos de capellanes de la cárcel y cementerio municipales, esta última medida estuvo propiciada por una solicitud de Escudero, recibida el mismo día. El pastor pedía, en nombre del Comité de Propaganda y Organización de la Iglesia Libre Cristiana Española, que se designara un lugar dentro del cementerio donde pudieran ser sepultados todos aquellos que no pertenecían “a la religión Católica Romana”. Su petición coincidía con lo prescrito en la circular de Sagasta del año anterior, que, como es sabido, no se había cumplido en Cádiz.

El 28 de marzo se determinó que, teniendo en cuenta el abuso que se había estado practicando al prohibir sepultar en el “Cementerio General de Cadáveres” (nombre que se utilizaba por primera vez) a los que no pertenecían a la religión católica y considerando que el artículo veintiuno de la Constitución, garantizaba el libre ejercicio de cualquier religión que no se opusiera a las máximas de la moral y del derecho, no existía ningún fundamento para impedir el enterramiento en dicho cementerio a los ciudadanos que fallecieran “fuera del gremio de la religión católica”. Hasta aquí la decisión no pasaba de poner en práctica la circular de Sagasta de 1872. Pero a continuación la Comisión del Cementerio sugirió que se declararse secularizado el cementerio. Atendiendo al deplorable situación de los cadáveres de los no católicos, inhumados en un sitio indecoroso, “situado en la playa, rodeado tan solo por unas tablas y en el mismo lugar en que anteriormente se enterraban los caballos”, era imprescindible trasladarlos a un lugar dentro del cementerio, colocándose sobre sus sepulturas una losa con la inscripción de sus nombres para conocimiento y satisfacción de sus familias. La diferencia sustancial que suponía la secularización del cementerio era que hasta el momento, siguiendo la circular de Sagasta, se debían haber hecho los enterramientos de los no católicos dentro del cementerio pero en lugares separados y ahora el cementerio pasaba a ser lugar común para todos, sin separaciones ni signos religiosos de ningún tipo. La idea era que lo que había sido cementerio católico se convirtiera en cementerio general[562].

El Ayuntamiento actuaba, en opinión de los católicos contrarios a la secularización, como una Junta revolucionaria, erigiéndose “en soberana para legislar y gobernar a su placer”. En unos momentos en que se había propalado por Cádiz la noticia de que el Ayuntamiento estaba a punto de prohibir los actos externos del culto católico[563], los conservadores valoraban el 30 de marzo desde El Comercio como mucho más grave la secularización del cementerio, pues con ella se atacaba “un incuestionable derecho de los católicos”, ya que sus creencias tenían que ser respetadas, como lo exigía el principio de la libertad de cultos, y no se les podía negar su derecho a enterrar sus cadáveres y las personas de sus familias en un lugar santificado por la Iglesia católica. Se estimaba que la medida municipal atacaba también al derecho de propiedad, pues el cementerio no solo pertenecía al Municipio, sino que el terreno comprado por los poseedores de nichos correspondía a dueños legítimos que los habían pagado como católicos y por un precio superior al que supuestamente podía atribuírsele, por tratarse de un lugar bendecido por la Iglesia. El argumento no era muy afortunado, puesto que no se trataba de despojar de sus nichos a los dueños católicos que tuvieran enterrados en ellos a sus familiares, sino de utilizar el terreno, propiedad del Municipio, para construir otros nichos que fuesen utilizados por todos, independientemente de su religión. Ciertamente, los católicos tenían derecho a ser enterrados en lugares consagrados para ellos. Y, desde luego, el Consistorio de Salvochea se había atribuido una autoridad que no tenía reconocida legalmente, pues la secularización de los cementerios debía haberse aprobado en todo caso por el Gobierno.

El obispo era consciente de la necesidad de contar con los conocimientos jurídicos del canónigo doctoral Fernando Hüe y Gutiérrez ante el conflicto iniciado con el Ayuntamiento de Salvochea. Por eso, después de ausentarse Sebastián Herrero por las razones de seguridad personal ya expuestas, fray Félix designó a Hüe como gobernador eclesiástico justo el 7 de abril, cuando el Ayuntamiento retiraba los signos católicos del cementerio municipal. El 12 de abril Hüe remitió una nota de agradecimiento al prelado, dándose por enterado de su designación[564]. El nuevo gobernador eclesiástico dirigió el 9 de abril una carta de protesta al alcalde cuando tuvo conocimiento de que el 7 de abril el Ayuntamiento había ordenado quitar la cruz del cementerio, una lápida que había en la puerta en la que se leían algunas palabras de la Sagrada Escritura y varios cuadros que decoraban la capilla. El día 11, Fermín Salvochea, como única contestación, se limitó a autorizarle a retirar el Cristo de la capilla del cementerio[565]. El 26 de abril Hüe insistió enviando un nuevo escrito a la corporación municipal. En primer lugar, protestó por no haber obtenido todavía respuesta a sus reclamaciones, que tenía buen cuidado en aclarar hacía en cumplimiento de su deber, pues se referían a acuerdos que perjudicaban a los intereses de la Iglesia y de los fieles católicos de la ciudad. A continuación, mostraba su rechazo a que, después de haberse producido “la profanación de la capilla del cementerio”, se hubiera procedido a dar sepultura “en el cementerio católico” de la ciudad a personas que en vida se habían manifestado públicamente opuestas a las doctrinas de la religión católica, así como a “varios cadáveres de personas cuya religión se ignoraba, por prescindirse por completo de la papeleta de los párrocos”.

Sin querer entrar en reflexiones, pues la cuestión era muy clara para él, trasladó al alcalde las siguientes ideas, que le obligaban a pedir la anulación de la secularización del cementerio: Los cementerios eran en todas las religiones, “y muy especialmente en la católica, única verdadera”, los lugares donde se enterraban a los que habían estado unidos por un mismo culto. El cementerio de Cádiz, había sido erigido por católicos y para católicos. Abrir las puertas del cementerio católico a los sectarios de las demás creencias y a los ateos, era “atropellar legítimos derechos adquiridos”, como igualmente lo sería si los católicos se enterrasen en el cementerio de otra religión. La medida municipal era “una injuria a la libertad de cultos”, pues esa libertad autorizaba a cualquier ciudadano a profesar la religión que deseara, así como a construir los templos o cementerios correspondientes, “pero no a intrusarse, ni violar los recintos propios de los individuos de otra secta o religión”. Se defendía, por último, recordando que la secularización de los cementerios no había sido acordada por el Gobierno y que la legislación vigente no permitía “la intrusión y profanación” que se había hecho en el cementerio gaditano.

Como se puede apreciar, Hüe presentaba la misma interpretación de la libertad de cultos que los progresistas y unionistas, y aceptaba una hipotética secularización de los cementerios, siempre que fuese dispuesta por el Gobierno. Incluso admitía la circular de Sagasta, fuertemente criticada por su prelado, al finalizar recordando al alcalde que el Gobierno, “respetando todas las creencias” ya había arreglado la cuestión, ordenando que para los que no muriesen en la comunión católica, se destinase un lugar separado en los cementerios para enterrarlos “con el respeto y decoro debido a los restos humanos[566]”. El Gobernador eclesiástico, en una línea que mantendría en todas sus peticiones o protestas, evitaba hacer alusiones a las leyes de la Iglesia o a sus derechos espirituales. No cuestionaba libertad de cultos, la Constitución vigente o las disposiciones legales nacionales más fuertemente discutidas por la Iglesia, sino que, en vez de negarlas, las utilizaba a su favor, negando el derecho del Ayuntamiento a tomar medidas que no solo eran contrarias a los intereses de la Iglesia y de los católicos de la ciudad, sino que no se ajustaban a la legalidad.

El 19 de abril los católicos conservadores gaditanos volvían a criticar desde El Comercio la secularización del cementerio. El Ayuntamiento con su conducta relativa al cementerio estaba actuando como si tuviera potestad para alterar o suprimir las leyes de la Iglesia. El cementerio municipal había sido construido por católicos y estos tenían un derecho incuestionable a ser enterrados en un lugar propio para ellos. La interpretación sobre el problema se adaptaba a las circunstancias y se acercaba, aunque menos que la de Hüe, a la de los liberales: Ahora se reconocía que, aunque los vecinos no católicos fuesen una exigua minoría, tenían derecho a que el Ayuntamiento les proporcionara “un lugar separado” donde poder enterrar a sus difuntos. Pero esto se había hecho ya y por consiguiente no era preciso que el Ayuntamiento se ocupase en satisfacer semejante exigencia.

La Soberanía Nacional, defendía que si los católicos querían un cementerio “para su uso particular” debían construirlo aparte del cementerio municipal. A esto replicaba El Comercio: “¿Pues no lo habíamos construido? ¿Por qué os habéis apoderado de él? ¿Y qué razón hay para que los incrédulos tengan su cementerio y los católicos no? ¿Somos de peor condición que ellos? ¿Dónde está la ley que autorice tan monstruosa desigualdad?”.

Eran puntos de vista completamente irreconciliables. Independientemente de que la medida no entraba en sus atribuciones, el Ayuntamiento llevaba razón, desde el punto de vista civil, al entender que el cementerio, al ser de propiedad municipal, debía estar destinado a todos sin distinción de religión; desde el punto de vista religioso, los católicos la tenían al entender que el cementerio municipal, como consagrado por la Iglesia católica, era un lugar santo y debía ser de uso exclusivo para los de su religión.

4.9.6 Restricciones al culto externo y retirada de símbolos religiosos de las calles

Los republicanos en el poder municipal deseaban limitar las manifestaciones religiosas al interior de las iglesias, postura que se plasmó inicialmente en la retirada de imágenes y retablos de la ciudad y posteriormente en la prohibición de todo culto externo. El 28 de marzo de 1873 la asociación Juventud Republicana solicitó al Ayuntamiento que prohibiera toda manifestación de culto externo. Como se ha comprobado más arriba, la prensa local creyó que la prohibición se había llevado a efecto, pero esta no se llegó a formalizar por el momento. Lo que sí se hizo, el día 2 de abril, fue ordenar la retirada de imágenes y retablos religiosos de las zonas públicas de la ciudad. Los que estuvieran colocados en las fachadas de los templos o en sus proximidades y pertenecieran al Obispado debían ser trasladados inmediatamente por la autoridad eclesiástica al interior de los templos o a donde esta creyese conveniente. Por otra parte, las imágenes religiosas de propiedad municipal que se encontraban en las casas consistoriales o en las calles debían desaparecer de los lugares que ocupaban. Esta imposición se pretendía justificar por la necesidad de mantener la neutralidad obligada por el principio de la libertad de cultos[567].

La decisión municipal se tomó poco antes de iniciarse la Semana Santa. Parece claro que, sin haber una prohibición expresa del culto externo, se quería dar a la Iglesia gaditana una señal clara del deseo municipal de restringirlo. El 7 de abril, Lunes Santo, se comunicó al gobernador eclesiástico que debía disponer la retirada de los retablos de las fachadas de los templos. El Cabildo Catedral comprendía que se trataba de una restricción que anunciaba limitaciones al culto en las calles. El día 8 los prebendados de la catedral solicitaron al obispo que, “siendo en el estado actual de las cosas y de los ánimos, bastante expuesto a irreverencias, insultos y aun atropellos, el exhibirse el clero procesionalmente en las calles de la ciudad”, diese autorización para que pudieran hacerse las rogativas de Semana Santa dentro de la catedral. El obispo dio su anuencia y ese año no salieron procesiones, ni de la catedral ni de ningún otro templo de Cádiz[568].

Hüe no protestó contra la retirada de imágenes religiosas aisladas de las calles, probablemente por reconocer la potestad municipal para hacerlo; pero sí lo izo por la de los retablos que estaban en el exterior de los templos, que eran el que se encontraba en la fachada de la capilla de la Santa Cueva, y el de Nuestra Señora de la Palma, que se hallaba en las inmediaciones de la capilla de ese nombre, y recordaba un acontecimiento histórico, como era el terremoto de 1755. El 9 de abril Hüe pidió al alcalde que suspendiera el acuerdo municipal ordenar la de retirada de estos retablos, manifestando su pesar por unas medidas que, “lastimando los sentimientos católicos de la mayoría de la población”, no tenían apoyo “en razón alguna, ni de seguridad, ni de salubridad, ni de ornato público”. Obviamente, las razones a las que aludía Hüe no eran las que tenía el Ayuntamiento, que se resumían en hacer que las calles se convirtiesen en un espacio laico y, por tanto, exento de símbolos religiosos, que debían pasar a ser exhibidos en el interior de los templos.

El gobernador eclesiástico, que debía prever que su gestión no iba a obtener resultados, explicitaba que dejaba a salvo su responsabilidad con la protesta y a continuación agregaba que, si no fuera atendida esta, no disponía de medios para cumplir la orden municipal, ya que la Iglesia no recibía la dotación económica correspondiente, por lo que le era imposible realizar la traslación a cuenta de la Diócesis. Por ello, comunicaba al alcalde que, si se creía con derecho a ello, realizase las traslaciones de los retablos a que se refería con sus propios medios, y que él se limitaría a advertir de la cuestión a los capellanes de la Cueva y la Palma[569].

Otra medida municipal encaminada a eliminar todos los símbolos religiosos de las calles fue la de suprimir los nombres de estas relacionados con la religión. El 6 de abril los concejales Isidoro Ángel, Solórzano, Sales, Morilla, Pérez Lazo y Góngora presentaron una propuesta para cambiar nombres de calles y plazas, que fue aprobada inmediatamente. La admiración católica por el santoral y los Evangelios era sustituida por la que se dirigía a poetas y escritores (Lope de Vega, Quevedo, Ercilla, Camoens, Espronceda, Dante…), escultores y pintores (Montañés, Zurbarán, Goya, Murillo, Miguel Ángel…), y científicos perseguidos por la Iglesia (Copérnico, Galileo…). Los héroes o mártires liberales (Garibaldi, Riego, Espartero, El Empecinado, Torrijos…), los autores o ideas de la Ilustración y Revolución Francesa (Voltaire, Aranda, Cabarrús, Floridablanca, Los Girondinos, Los Jacobinos, La Razón, La Igualdad, La Libertad, la Armonía, La Fraternidad…) y los ideólogos krausistas, socialistas y republicanos (Sanz del Río, Fourier, Sixto Cámara…), ocupaban un lugar destacado en el nuevo nomenclátor. No faltaba un homenaje a los mártires republicanos del levantamiento de octubre de 1869 en la sierra de Cádiz (Bohórquez y Guillén Martínez). Jesús Nazareno seguía manteniendo una calle, aunque se quedaba sin el gentilicio.

Todos estos acuerdos se tomaron al comienzo de la Semana Santa. Salvochea podría haber esperado a la semana siguiente para ejecutarlos, pero prefirió hacerlo inmediatamente para contraponer sus medidas laicistas a las celebraciones católicas y a las salidas procesionales. A una ciudad que se paralizaba habitualmente durante una semana para asistir a las ceremonias religiosas, opuso los trabajos de los operarios municipales eliminando las imágenes y los rótulos con nombres de santos. El 10 de abril, Jueves Santo, se estaba retirando el retablo existente en la fachada de la Santa Cueva con un cuadro de la Virgen del Refugio, al mismo tiempo que se hacía lo mismo con los rótulos de las calles que tenían nombres de santos o relacionados con la Iglesia. El mismo día de madrugada, se quitaba de su lugar el retablo de Nuestra Señora de la Palma.

El Cabildo Eclesiástico, falto de recursos, no había podido colocar en la catedral el monumento habitual en Semana Santa, pero logró la participación de músicos y cantores, que interpretaron el Miserere de Vicente Palacios el Miércoles y Jueves Santo por la noche, gracias a que los gastos correspondientes fueron cubiertos por una “persona piadosa” de Cádiz[570]. Según afirmaba El Comercio el 11 de abril, los gaditanos habían llenado el jueves los templos, “que apenas bastaban para dar cabida a la multitud de fieles que se apiñaba en ellos”. Los oponentes a la obra de Salvochea daban constancia del “triste contraste” entre la devoción de los gaditanos y la conducta del Ayuntamiento, que “solemnizó el Jueves Santo” retirando imágenes y ocupando a los trabajadores en hacer desaparecer de las calles los nombres de santos y de objetos sagrados, en definitiva, todo lo que pudiese dar testimonio de que Cádiz era “un pueblo cristiano”. Y esto se había hecho, según su interpretación, “con intención deliberada en lastimar los sentimientos más respetables de los gaditanos”.

Los trabajos municipales de retirada de imágenes sagradas de los lugares públicos continuaron después de la Semana Santa. El Domingo de Resurrección, 13 de abril, se retiraron de las casas consistoriales las imágenes de los patronos de Cádiz, San Servando y San Germán, una cruz de mármol y varios cuadros de tema religioso. A pesar de los obstáculos que interpuso el capitán del puerto marítimo de Cádiz, el día 18 de abril comenzaron las operaciones para derribar las imágenes de los patronos San Servando y San Germán, situadas sobre unas columnas de mármol, y el día 24 se comenzó a hacer lo mismo con la del compatrono San Francisco Javier. Todas ellas se encontraban en el puerto marítimo[571]. También el día 24 de abril, el Obispado estaba retirando por orden del alcalde los cuadros e imágenes que estaban colocados en el patio del exconvento de San Francisco[572]; de la calle de Fourier, hasta poco antes de San Miguel, se retiró una imagen del santo del mismo nombre[573].

Las preocupaciones del Cabildo Eclesiástico no se vieron confirmadas por los hechos. Según noticiaba El Comercio el 25 de abril, aunque todos los actos religiosos se realizaron en el interior de los templos, la concurrencia a los mismos fue muy numerosa, convirtiéndose en una apreciable demostración católica. A pesar de que faltaron las procesiones, la identificación de los gaditanos con la tradición católica se notó también en las calles. Los establecimientos comerciales permanecieron cerrados y se vieron muy pocos carruajes circulando por la población, “no habiendo el Viernes Santo casi nadie que no vistiera de negro”. No parecía, según los conservadores, sino que el pueblo había querido “protestar contra el ejemplo de incredulidad e indiferencia” que le estaba dando el Ayuntamiento “ocupando a sus trabajadores en derribar el convento de la Candelaria, en quitar imágenes y efigies respetadas en todos los tiempos y en arrancar los rótulos de las calles con nombres sagrados”, para sustituirlos por otros que recordaban “a los enemigos más apasionados del catolicismo”.

El fervor religioso popular demostrado por los gaditanos durante la Semana Santa animó a los párrocos a reaccionar contra la ofensiva laicista municipal, saliendo de sus respectivas iglesias con el viático, acompañados del mayor número posible de fieles portando cirios. La autorización del obispo a que para que los actos religiosos se efectuasen en el interior de los templos, dejan al gobernador eclesiástico como posible planificador de estas manifestaciones religiosas. Cuando menos, es seguro que los párrocos debieron contar con su consentimiento expreso, pues en caso contrario nada habrían hecho a falta del obispo, que seguía en Jimena de la Frontera en visita pastoral. El Domingo de Resurrección, 13 de abril, salió una primera procesión desde la parroquia de Santa Cruz para llevar la comunión a los enfermos impedidos de la feligresía, recorriendo las calles de San Martín, Arco de la Rosa, plaza de la catedral, San Juan, Desamparados, Libertad, Descalzos, Compañía, Torno de la Candelaria, Laurel, Santiago, Virreina y Silos Moreno[574].

El 21 de abril, salió otra de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario con el mismo motivo que la anterior, que se repetiría en las siguientes. La reacción clerical de los párrocos era apoyada por la prensa contraria a las medidas municipales. El periódico moderado La Palma, conceptuaba el 21 de abril esta procesión como “un brillante testimonio de la fe católica del pueblo de Cádiz”. Desde muy temprano, habían acudido al templo “numerosas personas de todas las clases y condiciones para acompañar con cirios el viático” Según el periódico, nunca había sido tan grande la concurrencia a actos religiosos de este tipo. Las casas ostentaban vistosas colgaduras y, “siguiendo la piadosa costumbre”, las señoras alfombraban de flores la carrera “arrojándolas con profusión sobre la cubierta del palio”. No se había tenido que lamentar la menor irreverencia, sino que lejos de lo anterior “el pueblo se había extremado en hacer públicos sus sentimientos religiosos, por lo mismo que la impiedad prevalecía en las regiones oficiales”.

El 27 de abril salió de la parroquia de San Antonio la procesión correspondiente. El Comercio, deseoso de demostrar el acendrado catolicismo de la mayoría de los gaditanos, decía al día siguiente que, exceptuando la procesión del Corpus, no se recordaba “haber visto otra en Cádiz que la excediera ni igualase, en lucimiento, en decoro y en verdadera devoción”. Resaltaba que habían formado el acompañamiento centenares de personas, que habrían sido más si hubiera habido cirios para todos los fieles que los habían solicitado y que la “manifestación religiosa” daba “testimonio de los sentimientos católicos del pueblo de Cádiz”. El día 30 de abril ampliaba la noticia puntualizando que se habían repartido cuatrocientos cincuenta y dos cirios.

El 4 de mayo salió una nueva procesión, esta vez de la parroquia de San Lorenzo. Realizó un amplio recorrido por las calles de la Amargura, Hospital de Mujeres, Torre, Encarnación, Jesús Nazareno, Rosa, Santísima Trinidad, Carros, San Félix, San Leandro, San Pablo y Callejones. (Obsérvese que en todas las noticias referentes a estos actos se daban los nombres antiguos de las calles). Los partidarios de estas manifestaciones religiosas señalaban que el acompañamiento había sido más numerosos aún que en las procesiones anteriores, pues pasaban de quinientas las personas con cirios, siendo en su mayor parte “hombres del pueblo”. La parroquia de San Lorenzo comprendía una de las zonas donde dominaba “el elemento federal” y a pesar de ello la carrera estuvo completamente llena de gente y las casas adornadas con colgaduras. “Aquello fue una gran manifestación religiosa, altamente significativa en las actuales circunstancias. Tres bandas de música contribuyeron a dar más realce a la procesión[575]”.

Estas salidas religiosas se plantearon como reacción del clero y de los católicos conservadores ante la reclusión a que se vieron sometidos en el interior de sus templos durante la Semana Santa y ante la retirada de símbolos católicos de la ciudad. Según la prensa moderada, el número de participantes directos fue elevado. Llegando a las quinientas personas en algún caso. Es de suponer que los espectadores debían dar una cifra mucho mayor. Hay que tener en cuenta que las circunstancias no eran las más favorables para manifestarse públicamente a favor de la religión católica.

Por otra parte, aunque no es necesario asegurar que el porcentaje de católicos de Cádiz debía ser aplastante, debía haber muchos indecisos o temerosos de que se les viera participar en las procesiones y se les tachara de reaccionarios; y también un número elevado de creyentes católicos que no estaban tan comprometidos con la Iglesia como para participar activamente en estas procesiones, como forma de enfrentamiento pacífico a los actos de la autoridad local. Aparentemente, también era elevado el número personas contrarias a la religión católica tradicional, y las elecciones de marzo así parecían haberlo certificado. Pero hay que tener en cuenta que ser republicano no tenía necesariamente que llevar aparejado ser anticatólico, aunque así lo afirmaran los clericales. De hecho, la bajada de votantes republicanos en las elecciones municipales de julio se encargarían de demostrar que una cosa era ser simpatizante o favorable a los republicanos y otra estar en contra de la Iglesia católica.

El hecho de que las salidas de los párrocos no se realizaran simultáneamente señala el deseo de prolongar en el tiempo la puesta en escena de las muestras de religiosidad popular, en oposición a la secularización que trataba de imponer Salvochea en la sociedad gaditana. También puede indicar la necesidad de agrupar a todos los fieles sucesivamente. Una salida procesional simultánea realizada desde las cinco parroquias de Cádiz habría sido una demostración más palpable, siempre que hubiera sido multitudinaria. Pero tal vez no eran tantos los dispuestos a asistir como para que no se hiciera necesario concentrarlos sucesivamente en las distintas parroquias. El número de concurrentes a las manifestaciones favorables o contrarias a los intereses de la Iglesia que se dieron durante el año 1873 nunca fue superior a algunos cientos de personas, lo que muestra que realmente eran una minoría los que participaban activamente secundando las decisiones de los protagonistas de la confrontación entre católicos tradicionales y laicistas.

La última procesión parroquial, prevista para el 6 de mayo, no obtuvo los resultados deseados. Se trataba de efectuar la última salida del viático, como en las anteriores ocasiones, desde la última parroquia que quedaba por participar, la de San José de Extramuros. La salida no se realizó y aunque la prensa indicaba que la procesión se hizo con numeroso público en el interior del templo, no debían ser tantos los participantes como en las anteriores ocasiones, pues de ser así no habría habido inconveniente en hacer la ostentación de fe católica que se pretendía[576].

Todas las manifestaciones públicas, de carácter confesional o anticlerical, que tuvieron lugar con motivo de la confrontación entre los partidarios de las medidas laicistas municipales y sus opositores, tuvieron como característica invariable la ausencia de enfrentamientos físicos, irreverencias o cualquier tipo de reacción violenta por una u otra parte. No hay ni una sola reseña a actos de este tipo, sino, por el contrario, siempre se resaltó, incluso por los que aborrecían la actuación municipal, que esta se llevó a cabo con completo respeto a las personas y a las cosas.

Las salidas a la calle se combinaron con la proliferación de actos religiosos en el interior de los templos. El 20 de abril se celebró una misa en la iglesia de Capuchinos “con ocasión y en piadoso desagravio de las horribles profanaciones de que había sido objeto la veneranda imagen de Nuestra Señora”, que existía sobre una columna delante del templo[577]. Participaron varios centenares de personas, estando la iglesia completamente llena. La misa finalizó con rezos “por la conversión de los profanadores”, dirigiéndose a continuación todos los concurrentes al local en que se encontraba depositada “la santa y mutilada imagen, besándola devotamente con lágrimas de religioso dolor y expresando, en vez de la indignación que las profanaciones merecían, los sentimientos de la más ardiente caridad cristiana, pues pedían a Dios por la intercesión poderosa de su Santa Madre, el arrepentimiento y el perdón de los que las habían causado[578]”. Entre el 16 de abril y el 3 de mayo se celebraron jubileos, sucesivamente, en San Francisco, capilla del Hospicio, Capuchinos y las Descalzas. El 19 de abril la Asociación Espiritual de Devotos de San José, celebró en la parroquia del Rosario unos ejercicios aplicados a las necesidades de la Iglesia y el Santo Pontífice, predicando el canónigo Manuel Bosichy. El 27 de abril la Orden Tercera de San Francisco celebró sus ejercicios mensuales, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde. Todos los días del mes de mayo se practicaron en el Hospital de Mujeres, en la parroquia del Rosario y en la iglesia de San Francisco los ejercicios y misas correspondientes al mes de María. También en mayo, se celebraron en la catedral una novena por Santa María de la Cabeza y un trecenario por San Francisco Javier. Las celebraciones en el interior de los templos trataban de ser una muestra del celo religioso de los católicos en los momentos que se estaban desarrollando las medidas laicistas de Salvochea, pero cumplían la aspiración municipal de limitar el culto a esos espacios, lo cual era una garantía para que se realizasen sin ningún tipo de problemas. Hubo una excepción de poca importancia: durante los tres días de jubileo celebrados en el Hospicio, el 19, 20 y 21 de abril, el patio contiguo a la capilla estaba lleno de niños a los que “intencionadamente se permitía entregarse a todas las expansiones”. El último día “en los momentos mismos de darse la bendición”, alguien tuvo la idea de poner a la banda de música del Hospicio a tocar el “Himno de Garibaldi[579]”.

El Ayuntamiento no prohibió por el momento el culto religioso externo. A pesar de ello, la inseguridad que mostró el Cabildo Catedral en torno a Semana Santa volvió a notarse el jueves 12 de junio, día del Corpus Christi. Los prebendados no se atrevieron a celebrar la procesión en la calle y la verificaron en el interior de la catedral. Asistieron muy pocos fieles porque se había hecho correr “ciertos rumores que resultaron ser infundados pero retrajeron a mucha gente[580]”. Se acercaba la proclamación del Cantón de Cádiz y con ella la prohibición expresa de cualquier manifestación pública de culto.

4.9.7 Apropiaciones de templos y de sus obras artísticas

Aunque los templos de los exconventos en poder del Municipio (como la Merced, Santa Catalina o San Francisco) se habían mantenido siempre abiertos al culto desde la exclaustración de religiosos de 1835, Salvochea dispuso de ellos y de su contenido como si fueran de propiedad municipal, no tratándose, desde su perspectiva, de una incautación, por lo que consideró necesaria la autorización del Poder Ejecutivo.

Antes de empezar a tomar decisiones sobre estos templos, el Ayuntamiento retomó la tentativa, iniciada por Guillén en 1869, de conseguir la propiedad de la capilla de Nuestra Señora del Pópulo. El 2 de abril de 1873 el Cabildo Municipal supo que el comisionado de ventas de Bienes Nacionales había iniciado un expediente para la venta de la capilla. Se solicitó al administrador de Hacienda que paralizase el expediente y, con los datos existentes en el Archivo Municipal, pedir al Gobierno, con el apoyo de los diputados republicanos, la entrega de la capilla. El argumento usado era impecable: Si la capilla había sido de patronato real, era justo que la ciudad la recuperase una vez desaparecida la monarquía, institución a la que había sido cedida por la ciudad. Salvochea deseaba, como Guillén anteriormente, derruirla para ensanchar el acceso al barrio del Pópulo. Las expectativas republicanas no se cumplieron, pues ni la capilla se entregó a Cádiz ni fue derruida.

Respecto a la iglesia de la Merced, Salvochea pensaba también que era necesario derruirlo, con el fin de dar empleo a los jornaleros más desfavorecidos y vender los materiales resultantes en beneficio del Ayuntamiento, y sobre todo para la construcción de un mercado. Respecto a los cuadros de mérito artístico de este templo, como los de los demás exconventos en poder del Municipio, el plan de Salvochea consistía en su retirada para exponerlos en el Museo Provincial, dependiente de la Academia de Bellas Artes.

El 24 de abril de 1873 la Comisión Municipal de Obras Públicas presentó al Cabildo Municipal una propuesta de modificación de un proyecto de 1871 para el derribo y edificación de un mercado en los terrenos de la antigua fábrica del gas, instalada en el exconvento de la Merced desde 1846, que estaba a punto de trasladarse a las nuevas instalaciones en el barrio de San José. En los primeros momentos de la revolución se había pretendido edificar este mercado en el solar del convento de los Descalzos, junto a la plaza de abastos, existente desde 1837 en el antiguo huerto del mismo convento. Como se recordará, este proyecto inicial se modificó por el de la edificación de un teatro y posteriormente por el de la formación de una plaza pública. El abandono de la idea del mercado de pescado en el solar de los Descalzos fue el que llevó en noviembre de 1871 a trasladar el proyecto al exconvento de la Merced.

Para la Comisión, el proyecto no reunía las condiciones que reclaman las necesidades del vecindario, pues “había quedado imperfecto e ineficaz, no respondiendo al objetivo apetecido” por falta de espacio para llevarlo a cabo. Y esto era así porque no se había tenido en cuenta “la necesidad del derribo de la iglesia de la Merced”. En definitiva, se trataba de derribar el templo, “como propiedad del Municipio”, para dar mayores proporciones al mercado de pescado proyectado. Como se verá, Fermín Salvochea, al contrario de lo que hizo Rafael Guillén en 1869, nunca presentó certificaciones o pruebas de propiedad cuando comunicó al gobernador eclesiástico que iba a tomar posesión de los templos de los exconventos, y esta circunstancia sería uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobernador eclesiástico Fernando Hüe en sus protestas.

En contra de lo que iba a ser habitual, el Ayuntamiento no tomó una decisión inmediata y la iglesia de la Merced no fue derruida. Pero esto no fue así por indecisión, sino por falta de tiempo, pues para la edificación del mercado se consideraba necesaria la adquisición de cuatro casas y un solar, o bien su expropiación si los dueños no aceptaban la venta. Tanto para la compra como para la expropiación se necesitaba tiempo, pues había que confeccionar los contratos o tramitar el expediente correspondiente. Además, los planos iniciales del mercado tenían que ser modificados substancialmente[581]. El tiempo necesario para todas estas gestiones fue lo que salvó al templo, una vez más, de ser derribado.

La primera conclusión que se extrae de los párrafos anteriores es que Fermín Salvochea y los republicanos que regían la ciudad desde marzo de 1873 daban más importancia a la edificación de un mercado o a cualquier beneficio para la ciudad que a la existencia de un templo más o menos. Pero esto, que es cierto, no debe interpretarse sin más, como a veces se ha hecho, como una simple muestra de “furor anticlerical”, sino como una prueba de la política eminentemente laicista que presidió todos los actos municipales. Si Salvochea deseaba derribar este u otro templo, siempre lo hacía apoyándose en la utilidad pública y en su convencimiento, equivocado según se desprende de los antecedentes legales expresados más arriba, de que esos templos eran de propiedad municipal y podía disponer plenamente de ellos. De hecho, como se verá, los templos derruidos total o parcialmente por decisión municipal nunca fueron parroquias o templos que no perteneciesen a exconventos entregados al Municipio. La única excepción fue la Candelaria y en esa ocasión la decisión municipal se justificó por el supuesto peligro para las personas que suponía el mal estado de conservación del templo.

El 15 de mayo la Alcaldía envió un oficio al gobernador eclesiástico advirtiéndole que debía permitir la entrada del arquitecto municipal en la iglesia de la Merced, por ser esta de propiedad municipal[582]. El 17 de mayo Hüe contestó al alcalde indicándole que el templo, como abierto al culto público, estaba “bajo la dependencia y en la posesión del diocesano”. Hüe reconocía que, si por algún motivo cesase el culto en el templo, este perdería su carácter de templo Católico y el Estado tendría potestad para reclamarlo como edificio público, pero no el Ayuntamiento. Con la habilidad y prudencia que siempre mostraría en sus escritos, rogaba, por si él padeciese algún error, que el Municipio le mostrase los títulos de propiedad que tenía relativos al edificio de la iglesia de la Merced, para que quedase “resuelto el incidente”. Mientras no recibiera esos títulos, aceptaba que el arquitecto municipal practicase el reconocimiento, pero sin que se entendiera nunca que con ese acto consentía en nada que perjudicase a los derechos del prelado sobre el templo[583].

Como se puede comprobar desde sus primeras intervenciones, el gobernador eclesiástico oponía a las decisiones municipales las razones legales que le asistían, evitando disquisiciones de carácter espiritual o religioso. Nunca mostró la menor oposición a la situación política y, como se ha podido comprobar, aceptaba la potestad de la Administración central para decidir en su caso sobre los templos con ciertas condiciones, pero no la del Municipio.

Hüe, como miembro de la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos de la provincia de Cádiz, dirigió una extensa carta al presidente de la Academia de Bellas Artes informándole de la visita del arquitecto municipal a la iglesia de la Merced. “Una triste experiencia, y por cierto reciente” (la Candelaria), aseguraba al gobernador eclesiástico que tales diligencias eran “el preludio cierto de la demolición” del templo. Era de conocimiento público que el Municipio intentaba ensanchar el área contigua que ocupaba el convento para establecer una pescadería, y por eso el gobernador eclesiástico se apresuraba a poner el hecho en conocimiento de la Academia, pues temía que de las gestiones municipales iba a resultar el acuerdo de derribar la iglesia. Hüe informaba al presidente de la Academia que el templo tenía en su sacristía unos magníficos frescos del pintor Clemente de Torres. Contaba, además, con un cuadro de Murillo representando a San Cayetano, que había pintado al mismo tiempo que el de los desposorios de Santa Catalina en la iglesia de Capuchinos y dejó sin acabar por la caída que le ocasionó la muerte. Había otras pinturas apreciables en el altar del sagrario y algunas esculturas de alto valor artístico. El gobernador eclesiástico pedía al presidente que, junto a los demás miembros de la Academia, hiciera todas las gestiones posibles para impedir la ejecución de la demolición, pues una vez consumada los efectos serían irreparables[584]. Era difícil que el presidente de la Academia estuviese de acuerdo con Hüe en sus apreciaciones, pues la retirada de las obras de arte beneficiaba a la Academia de Bellas Artes, que era la que iba a recibirlas para que fuesen expuestas en su museo. De hecho, cuando el presidente de la Academia recibió la carta de Hüe ya hacía algunos días que él había solicitado al Municipio que se incautase también de las obras pictóricas de la iglesia de Santa Catalina, en el exconvento de Capuchinos.

El 26 de mayo había finalizado el reconocimiento municipal de la iglesia de la Merced y se optó por desalojarla para ponerla “en condiciones” para ejecutar el proyecto de construcción de un mercado de pescado, lo que traducido a las intenciones mostradas desde el principio, significaba retirar lo que hubiese de valor en su interior y derribarla. Una Comisión municipal, en unión del presidente de la Academia de Bellas Artes, procedería a incautarse de los cuadros, esculturas y demás objetos de valor que existían en el templo para trasladarlos trasladarían al Museo Provincial, donde quedarían en calidad de depósito, debiéndose hacer constar expresamente en el acto de entrega que eran de propiedad municipal.

El día 30 mayo se comunicó la decisión al gobernador eclesiástico. La Comisión de Obras Públicas y el presidente de la Academia de Bellas Artes iban a incautarse a la una de la tarde de los cuadros, esculturas y demás objetos artísticos que se reputasen como dignos de figurar en el Museo Provincial, a donde serían trasladados. Al propio tiempo se advertía a Hüe que, dentro del improrrogable plazo de cuatro días, debía quedar desalojado el templo de los objetos de culto católico, debiendo entregarse las llaves a la Comisión de Obras Públicas al vencimiento de dicho plazo.

El 31 de mayo José María de Vidal, capellán de la Merced, informó Hüe que, presentados los concejales y varios componentes de la Academia de Bellas Artes, le pidieron que se les franqueara la puerta del templo con la finalidad de reconocer las pinturas y esculturas. El capellán les mostró explícitamente su oposición a dicha pretensión, según las instrucciones verbales que había recibido del gobernador eclesiástico, teniendo por fin que ceder ante la insistencia de la Comisión. Los representantes municipales y los miembros de la Academia examinaron detenidamente todo lo que había en el templo y dispusieron llevarse el cuadro de Murillo representando a San Cayetano, que se encontraba en un altar a la derecha de la entrada al templo, otra pintura al óleo en el que estaban representados San Joaquín y Santa Ana, situado en el altar del sagrario, y una escultura de Nuestro Señor de la Humildad y Paciencia[585].

Consumada la apropiación, Hüe elevó el mismo día 31 de mayo una protesta al ministro de Gracia y Justicia. Como haría en casos posteriores, recordó al ministro que el Municipio no había presentado títulos de propiedad y que la iglesia estaba abierta al culto. El Gobierno dio la razón a Hüe: En primer lugar, el Ministerio de la Gobernación le comunicó el 4 de julio de 1873 que había trasladado al gobernador civil de Cádiz su protesta por la incautación del templo. El traslado iba acompañado de un oficio en el que se recordaba que el convenio de 25 de agosto de 1859, adicional al concordato de 1851, había pactado respetar y mantener las iglesias abiertas al culto. Se valoraba que, aun cuando dicho convenio hubiera sido “tácitamente derogado” antes de estos momentos por diferentes incautaciones, en todo caso estos edificios pertenecerían al Estado y a este correspondería la incautación y no al Ayuntamiento, que no podía alegar ningún derecho. Por todo ello, la resolución decía: “El Poder Ejecutivo ha visto con desagrado la conducta censurable del Ayuntamiento de Cádiz, el cual sin respeto al derecho de propiedad y a las superiores órdenes del Ministerio, invade, incauta, despoja y derriba los templos que tiene por conveniente, como si fueran de su pertenencia[586]”. Pero esta resolución no hizo abandonar sus planes a Salvochea.

El Cabildo Municipal había comenzado desde sus primeras sesiones a reorganizar las actividades que se realizaban en el exconvento de San Francisco. El 25 de marzo, el procurador síndico González García de Meneses y el concejal Ernesto González habían propuesto que se estableciera en el edificio un Ateneo para las Clases Trabajadoras. El 14 de abril la Comisión para el Mejoramiento de las Clases Obreras propuso que se cediera la parte del exconvento que habían ocupado los juzgados municipales al citado Ateneo, dándose orden al mayordomo de Ciudad para que pusiera el local a disposición del Centro Federal de Sociedades Obreras.

Ni el Centro Federal de Sociedades Obreras ni la Comisión Municipal para el Mejoramiento de las Clases Trabajadoras se conformaban con el local asignado y deseaban más espacio. La citada Comisión decidió el 1 de mayo, como ya se ha expresado anteriormente, desalojar al portero de su domicilio para que el Ateneo tuviera más espacio disponible, entregándole a cambio la habitación del capellán de la iglesia de San Francisco, que fue expulsado del exconvento. Esta habitación se encontraba en una zona ocupada por la Orden Tercera de San Francisco, asociación de laicos vinculada a la orden de San Francisco. Al no tratarse de religiosos, sus miembros no se habían visto afectados por la exclaustración, permitiéndoseles ocupar una parte del extenso edificio del exconvento y mantener abierta al culto en el mismo una capilla, la de Nuestra Señora de Loreto.

El alcalde recibió el 8 de mayo un oficio el ministro-presidente de la Orden manifestándole que la habitación que había ocupado el capellán pertenecía a la congregación, por lo que el Municipio no tenía facultades para expulsarlo. Esta protesta implicó de lleno a la orden seglar en la política laicista republicana, pues el escrito, en vez de servir para disuadir al Ayuntamiento del desalojo de la habitación del capellán, ocasionó la incautación de la sede de la Orden y su capilla. El 12 de mayo, en virtud de la propiedad que el Ayuntamiento decía tener sobre el exconvento de San Francisco, se decidió disponer de la parte del exconvento que ocupaba la Orden Tercera, incluida su capilla, dándose a esta el plazo improrrogable de cuatro días para el desalojo.

El 16 de mayo el gobernador eclesiástico remitió una queja al ministro de Gracia y Justicia y otra al Ayuntamiento contra la apropiación de la capilla de la Orden Tercera, conocida con el nombre de Nuestra Señora de Loreto. Repetía el argumento usado en con la Merced de que se trataba de un templo abierto al culto, y añadía que la incautación conculcaba los derechos de la Orden, que como congregación religiosa, estaba sujeta a la Diócesis, lo que traía consigo la obligación de la misma de proteger estos derechos. Hüe indicaba que si el Ayuntamiento se hubiera tomado la molestia de indicarle siquiera las razones en que se apoyaba, se hubiera apresurado a hacerle “las respetuosas observaciones que procediesen”; pero al no haberlo hecho y haber dado “una orden tan lacónica y absoluta”, le era imprescindible decir, que la disposición violaba los legítimos derechos de una corporación religiosa que, autorizada por las leyes, poseía la capilla desde hacía dos siglos. Además, la decisión municipal, en opinión de Hüe, menospreciaba la autoridad del Gobierno Eclesiástico sobre las iglesias abiertas al culto público, a las que no se podía tocar sino con su anuencia, y lastimaba los sentimientos religiosos de los católicos de Cádiz, que veían sin motivo alguno desaparecer un templo más[587].

Hüe se dirigió, también el 16 de mayo, al jefe económico de la Administración Principal de la Hacienda Pública de la provincia recordándole que era su deber velar porque se mantuvieran abiertos los templos que lo estaban al culto, como edificios públicos que eran, y pidiéndole que interpusiera su veto al Municipio para que no se incautara de la capilla de Loreto ni de cualquier otro templo católico, “por conculcar con su acuerdo, no solo los derechos de la Iglesia, sino, en último caso, hasta los del Estado”. El 19 de mayo, el Cabildo Municipal recibió un oficio del administrador de Hacienda, en el que este afirmaba: “Como quiera que de los edificios dedicados al culto, el único que puede incautarse es el Estado, el Municipio no tiene derecho a la incautación”. También el 19 mayo, el ministro-presidente de la Orden Tercera solicitó al Ayuntamiento la revocación del acuerdo, pues sin duda, decía el presidente, “se ha tomado sobre la base de pensarse que pertenecía al Estado o a la Ciudad, siendo así que es propiedad de la mencionada Orden[588]”.

El 21 de mayo el ministro de Gracia y Justicia comunicó a Hüe que había dado orden al gobernador de la provincia para que se suspendiera “la entrega” hasta que pudiera acordarse una resolución definitiva[589]. La suspensión no hizo desistir de la incautación a Salvochea. El día 29 de mayo el Cabildo Municipal utilizó, como en la Candelaria, la excusa de una supuesta necesidad pública y un deterioro de la capilla y otras zonas próximas de San Francisco para ordenar su derribo. El Cabildo Municipal se basaba en “los innumerables peligros a los transeúntes de la población de Cádiz”, causado por la estrechez de las calles de la zona en las que se cruzaba gran cantidad de carruajes. Esta afirmación era poco creíble refiriéndose al Cádiz intramuros, donde las calles no son anchas en casi ninguna parte. Otro argumento era: “En el interior de la excapilla de Loreto u Orden Tercera se notan algunos desplazamientos que indican que su estado no es muy bueno (…), por lo que no se aventura mucho al proponer que se efectúe la demolición del muro de correa, galería del patio interior de San Francisco y la que fue capilla de la Orden Tercera” (La cursiva es mía). Como se puede apreciar, se quería dar la impresión de que la capilla ya no funcionaba como tal (cosa que no era cierta), por lo que no sería responsabilidad del administrador de Hacienda. De esta forma, se pretendía obviar la incautación tras la suspensión dictada por el Ministerio, alegando cuestiones de competencia municipal, como el peligro para los transeúntes, para derribarla. Todos los razonamientos carecían de consistencia: la capilla estaba abierta al culto y, además, no se había determinado que estuviera en estado ruinoso sino que se había hablado de uno “no muy bueno”. Solo restaba a los ediles para reforzar su disposición a destruir la capilla recordar que los materiales que produjera la demolición darían un beneficio mucho mayor que el gasto[590].

Con la decisión del derribo de la capilla de Loreto se anunciaba una radicalización en la política laicista de Salvochea, que dos meses después, con el Cantón, prescindiría de valorar a quién correspondía la propiedad de las iglesias y ordenaría cerrarlas todas excepto las parroquias. Como muestra de la indiferencia de Salvochea hacia las disposiciones del Gobierno, el día 23 de mayo, dos días después de que el Ministerio de Gracia y Justicia ordenase la suspensión de la incautación de la capilla y local de la Orden Tercera, se envió una comisión municipal a la iglesia de Santa Catalina, perteneciente al antiguo convento de Capuchinos, para retirar sus cuadros. La iniciativa la tuvo en esta ocasión el director de la Academia de Bellas Artes, del que se había recibido en el Ayuntamiento el 12 de mayo una comunicación indicando la conveniencia de que se dieran las órdenes oportunas para que los cuadros de Murillo y otros de importancia artística pasaran a formar parte del Museo Provincial, “para su estudio y conservación”.

El 20 de mayo se había comunicado al Obispado que los cuadros de la iglesia de Santa Catalina iban a ser trasladados al museo provincial[591]. El día 24 el gobernador eclesiástico se dirigió al alcalde insistiendo en los argumentos ya utilizados en casos similares. En primer lugar le recordaba que cuando se verificó la exclaustración de religiosos en 1835, la iglesia de Santa Catalina quedó abierta al culto y en poder del diocesano. La autoridad eclesiástica ordinaria había continuado “desde entonces en posesión del templo y de todos sus altares, imágenes, esculturas y mobiliario, no pudiéndosele en su virtud turbar en su posesión sin que se presentase por quien lo pretenda títulos bastantes según derecho”. El Ayuntamiento no tenía derecho de propiedad sobre el templo de del exconvento de Capuchinos y la retirada de los cuadros, así como su rotulación como pertenecientes al Ayuntamiento, no era legal “por no tener dominio sobre los mismos, siendo por lo tanto un atentado penado por la ley[592]”.

El 26 de mayo, cuando Hüe se dirigía al ministro de Gracia y Justicia agradeciéndole la orden (que resultó inútil) del día 21 suspendiendo la incautación de la capilla de Loreto, le informó sobre la cuestión de Capuchinos. Le transmitía que la orden de suspensión de la incautación de Loreto y los locales de la Orden Tercera era “insuficiente”, pues ya habían sido “ocupados violentamente”. Era imprescindible, añadía Hüe, hacer una disposición más general, pues la experiencia demostraba que los acuerdos municipales eran “tan ejecutivos” que no se escuchaban reclamaciones de ningún género ni se daba tiempo para que el ministro pudiera suspenderlos o revocarlos. Así había sucedido con el derribo del convento de la Candelaria, con la expulsión de sus religiosas, con la ocupación del templo de Loreto y ahora con la incautación de los cuadros de Capuchinos. El gobernador eclesiástico suplicaba al ministro que expidiese una orden al gobernador de la provincia para que no permitiese al Ayuntamiento que mandase “cerrar, ocupar, ni menos destruir templo alguno (…) sin el debido conocimiento del Gobierno[593]”.

También el 26 de mayo, Hüe remitió una extensa carta al ministro de Fomento, explicándole lo sucedido con la iglesia de Capuchinos e informándole, entre otras precisiones, que había hecho un requerimiento al Ayuntamiento por medio de notario público para que se abstuviese de llevar a cabo el acuerdo de incautarse de los cuadros de Murillo y demás objetos de arte, pero que nada había conseguido y el despojo se había consumado. Recalcaba que la corporación municipal carecía de dominio sobre los templos abiertos al culto y se incautaba de ellos sin exhibir los títulos de propiedad que decía tener. Pedía un correctivo para el Municipio, por haber hecho suyos y “arrebatado a la Iglesia, y en último caso al Estado”, los cuadros de Capuchinos. Hüe definía al Ayuntamiento de Cádiz como un organismo que hacía “alarde de indiferentismo hacia toda religión” y mostraba “la mayor hostilidad contra la Católica, expulsando religiosas de sus conventos, derribando iglesias, mandando desalojar otras y abatiendo cruces e imágenes para abandonarlas en el suelo”. Se preguntaba dónde estaban las leyes, la justicia y el respeto al Gobierno y finalizaba rogando la reparación de los desmanes realizados y declinando toda responsabilidad[594].

Cuando el mismo día 26 de mayo, tuvo el Cabildo Municipal conocimiento de las protestas que le había formulado Fernando Hüe dos días antes, no hubo la menor discusión sobre su contenido. Se pasó a revisar las actas de la incautación de los cuadros de Santa Catalina, que se había efectuado durante los días 23 y 24. No se habían recogido todos los cuadros, sino los que la comisión creyó que por su mérito artístico merecían ser colocados en el museo. El informe sobre la incautación decía que, una vez en la iglesia, se pidió al capellán, Andrés Ordóñez de la Chica, que efectuase la entrega de los cuadros. Este manifestó que no podía hacerlo por no tener orden de su superior inmediato, pero que tampoco tenía medios para oponerse, por lo que, si se le entregaba un recibo de los cuadros que se iban a sacar de la iglesia, se retiraría sin colaborar ni prestar oposición.

De las actas se desprende que el estado de conservación de los cuadros no era el idóneo. Hay que tener en cuenta que la iglesia de Santa Catalina se encontraba muy próxima al mar y la humedad no era la más adecuada para una buena conservación. Faltaban muchos marcos y había algunos cuadros con rasgaduras. De hecho, en junio el presidente de la Academia de Bellas Artes pediría al Ayuntamiento autorización para restaurar el cuadro de Santa Catalina, el de mayor tamaño y sin duda uno de los de mayor talla artística, aunque, tras pasar a informe de la Comisión de Instrucción, no hubo tiempo para que resolviera sobre el asunto[595].

En dos días ya tenía firmada el ministro de Gracia y Justicia una resolución sobre la última petición de Hüe. El negociado segundo del Ministerio remitió directamente al gobernador eclesiástico el acuerdo adoptado, fechado el 28 de mayo de 1873, que se comunicaba también al ministro de Gobernación para que ordenase al gobernador civil de Cádiz que adoptase “las disposiciones oportunas, al efecto de que por el órgano municipal no se cierre, ocupe ni menos derribe templo alguno, sin que preceda el conocimiento y la aprobación del Ministerio[596]”. La disposición ministerial y la suspensión previa de los actos municipales, no surtieron el menor efecto.

Respecto a la iglesia de San Francisco, el 15 de mayo de 1873 varios ciudadanos republicanos habían comunicado al Ayuntamiento que el desarrollo adquirido por el Ateneo de las Clases Trabajadoras en el corto tiempo transcurrido desde su instalación hacía “de todo punto imposible” que en el reducido local que le cedió el Ayuntamiento pudieran cumplirse los fines para los que fue creado. Por tal motivo suplicaban la cesión de la iglesia de San Francisco en el más breve plazo posible para incorporarla al local del Ateneo[597]. La Comisión de Mejoramiento de las Clases Obreras presentó el 26 de junio un dictamen que aconsejaba acceder a la cesión de la iglesia al Ateneo, “cooperando a la realización del sublime pensamiento” de establecer escuelas de artes y oficios “elevando la educación del hombre a la altura que le corresponde”. Se aprobó la entrega, pero se explicitó que se exceptuaba a la capilla de San Luis, también llamada de los Franceses, hasta que se averiguasen los títulos de propiedad que pudiera tener sobre la misma el Estado de Francia.

El 5 de julio el concejal Rendón propuso que el Municipio se incautase de todos los objetos que hubiera en el templo para venderlos. Se entiende que al decir “todos” incluía a los objetos destinados al culto, pero Salvochea, que nunca quiso apropiarse de los objetos sagrados de los templos, indicó que no creía que debiera hacerse una excepción con la iglesia de San Francisco, sino que se debía hacer lo mismo que en las demás que se habían “desalojado por ser de la propiedad municipal”, limitando la incautación únicamente a los objetos de mérito artístico[598].

El 7 de julio la Alcaldía envió un escrito al capellán de San Francisco comunicándole que a las dos en punto de la tarde del día siguiente se presentaría en el templo la Comisión Municipal de Obras Públicas y el director de la Academia de Bellas Artes, que iban a incautarse de los objetos artísticos. El capellán, al que se le daban escasamente veinticuatro horas para reaccionar, contestó que no tenía potestad para hacer nada sin autorización del gobernador eclesiástico. El mismo día que se iba a proceder a la incautación, el Ayuntamiento informó a Hüe. Este respondió inmediatamente, dado lo perentorio de la comunicación anterior, que recibió a la una y diez, es decir cincuenta minutos antes de la hora prevista para proceder a la incautación. Comunicó al alcalde que había dado instrucciones al capellán para que, cuando se presentasen los representantes municipales, les hiciera ver que el prelado no consentía en el acto, por ser contrario a los derechos de la Iglesia, y que, si insistían y amenazaban con usar la fuerza, hiciera una protesta verbal, abriera la puerta del templo y se retirase inmediatamente, sin presenciar ni intervenir en los actos que se realizasen[599].

A las dos de la tarde del 8 de julio se practicó la visita municipal a la iglesia de San Francisco y el día 9 la Alcaldía comunicó al gobernador eclesiástico cuáles eran los objetos que se le autorizaba a retirar, dándole un plazo improrrogable de tres días. En la autorización estaban incluidos “los vasos sagrados, vestiduras, adornos de altar que sean de hilo o seda y efigies portátiles, así esculturas como pintadas”. El mismo día, ante las dudas del gobernador eclesiástico sobre la autorización, más amplia que otras anteriores pues contemplaba cuadros e imágenes, tal vez por ser de escaso valor artístico, la Alcaldía se lo ratificó y le indicó que no podía extraer ningún objeto de los pertenecientes a la capilla de San Luis, la cual debería “permanecer intacta”, hasta que se conociera con exactitud a quién pertenecía[600]. Esta notificación demuestra que Salvochea no pretendió en ningún momento apropiarse de la capilla de San Luis, como denunció el gobernador eclesiástico en su escrito de protesta al Ministerio de Gracia y Justicia, firmado el 11 de julio de 1873. El 12 de julio se llevó a cabo la incautación, de la que informó enseguida el capellán, en una comunicación que muestra un abatimiento e impotencia compartido con toda seguridad por todo el clero gaditano y muchos católicos:

Iglesia de San Francisco. Son las cinco y media de la tarde y ha tenido cumplimiento el término fatal del desalojo de esta iglesia de mi cargo. El Sr. cónsul de Francia asistió al acto de la entrega, haciendo su protesta verbal y prometiendo hacerla por escrito en el término de dos horas. Asimismo, se formó inventario de cuanto hay en la capilla de San Luis por notario público, dejando la responsabilidad de todo a la Comisión del Municipio, que recogió de encima de la mesa la llave que fue del templo. Las fuerzas físicas no me permiten hacer a V.S. esta comunicación personalmente, y por eso lo hago en esta forma, esperando la dispensa necesaria de V.S. Acompaño copia de mi protesta. Dios nuestro señor guarde a V.S. muchos años. Cádiz 12 de julio de 1873. José Salvador. Sr. gobernador eclesiástico de Cádiz[601].

Las respuestas favorables a las quejas del gobernador eclesiástico emitidas por el Ministerio de Gracia y Justicia, se dieron en el contexto de un Gabinete nada extremista en cuestiones religiosas. Como es bien sabido, el presidente Figueras era católico practicante; el ministro de la gobernación Castelar, además de sus convicciones católicas, siempre se mostró contrario a las incautaciones municipales de templos y sobre todo a la destrucción de los mismos; por otra parte, el entonces ministro de Gracia y Justicia, Nicolás Salmerón, era absolutamente contrario a los excesos revolucionarios. El acuerdo del día 21 de mayo suspendiendo la incautación de Loreto y el del día 28 de mayo ordenando al gobernador civil de Cádiz que adoptase las disposiciones oportunas para impedir que el Ayuntamiento cerrase, ocupase o derribase templos sin autorización previa, se verían confirmados el 30 de julio, con Salmerón como presidente del Poder Ejecutivo y el gaditano (de Arcos de la Frontera) Pedro José Moreno Rodríguez como ministro de Gracia y Justicia, cuando este contestó a las peticiones de Hüe relativas a la iglesia de San Francisco, condenando sin paliativos la actuación municipal[602].

Fermín Salvochea hizo caso omiso a todas las resoluciones ministeriales condenando su actuación. Tras incautarse de varias iglesias de los conventos cerrados y de sus obras de arte, por creerlas de propiedad municipal, y derribar la iglesia y convento de la Candelaria y la capilla de Nuestra Señora de Loreto, acudiendo al argumento de su mal estado de conservación. Los conservadores entendían que estas medidas pretendían “descatolizar al pueblo”. En opinión de El Comercio, expresada el día 10 de julio, que los republicanos estaban haciendo “escarnio de las cosas santas” desde el Ayuntamiento, y así solo conseguirían “redoblar el fervor de los católicos, fortificar su fe, santificar más aún sus creencias”. El 5 de julio la Alcaldía inició una segunda etapa, consistente en incautarse de todos los templos excepto las parroquias, al acordar la incautación de la iglesia de San Pablo, así como los objetos que había en ella, no aludiéndose en esta ocasión a ningún derecho, pues no había antecedentes que pudieran sustentarlo.

4.9.8 Venta de imágenes y objetos sagrados. La custodia del Corpus

Salvochea solo vendió en muy contadas ocasiones los enseres y objetos de culto de las iglesias incautadas, pues su modo habitual de actuar fue trasladar al Museo Provincial los cuadros de mayor de mérito artístico y dejar el resto a disposición del gobernador eclesiástico. El principal objeto sagrado que pretendió vender fue la custodia del Corpus. A pesar de su valor artístico, el alcalde no deseaba exponer en el Museo Provincial un objeto cuyo fin exclusivo era el culto católico. Contaba con que su elevado valor para los católicos llevaría a los más fieles a comprarla con el fin de reintegrarla a la catedral, continuando con el uso para el que fue construida, pero no como donación del Ayuntamiento sino como objeto de propiedad privada, con lo que dejaría de ser un símbolo de la colaboración histórica entre el Municipio y el Cabildo Catedral Por otra parte, los concejales más antirreligiosos veían en la venta de la custodia una forma despojar de gran parte de su esplendor al acontecimiento católico de carácter público más importante de Cádiz.

El Ayuntamiento necesitaba dinero, pues a la escasez de fondos habitual se unía la decisión municipal de prescindir del impuesto sobre consumos y la perentoria necesidad de armar adecuadamente y aumentar los efectivos de personal de los Voluntarios de la República. El 2 de abril se decidió la enajenación en subasta pública de algunos cuadros de escaso mérito artístico y material retirado de las escuelas municipales con ocasión de la prohibición de la enseñanza de toda clase de religión, así como de todos los utensilios que se habían venido usando para la procesión del Corpus. La venta de estos últimos limitaba las posibilidades de que la procesión saliera a la calle, o al menos le restaba fastuosidad mientras el Obispado no consiguiera reponerlos, con lo que suponía un acto contrario a la exhibición pública de la religiosidad popular. Así lo entendía un artículo de El Comercio, fechado el 4 de abril, cuando anunciaba que no se iba a poder celebrar la procesión si faltaban los pertrechos que necesitaba la custodia. Era previsible que la procesión no volviese a salir a la calle, mientras estuviesen en el Ayuntamiento los hombres del Partido Republicano, reputados según el periódico como “enemigos de todo lo que se refiere a las manifestaciones exteriores del culto católico”. Los católicos de Cádiz opuestos a las medidas municipales no comprendían qué beneficios podía reportar al Ayuntamiento la supresión de actos religiosos, pues si las costumbres populares eran respetables, con más motivo debían respetarse las que “aparte de su carácter religioso, sagrado para los creyentes e inofensivo para los incrédulos”, solo producían “beneficios a los pueblos”. Los conservadores tenían por seguro que, en los momentos que se estaban viviendo, la autoridad eclesiástica y los fieles se iban a abstener de celebrar actos religiosos públicos por temor a las posibles profanaciones. En su opinión, que el Consistorio no perdía nada con facilitar la salida procesional del Corpus y cometía “una gran imprudencia” al atacar las “costumbres populares” y no interpretaba correctamente “los sentimientos, los votos y los deseos del pueblo al privarle, sin necesidad y sin objeto, de una de sus más renombradas festividades”.

De manera semejante se expresaba el 1 de junio el otro periódico defensor del Partido Moderado en Cádiz, La Palma, pero recurriendo preferentemente al beneficio económico del que se privaba a la ciudad al poner impedimentos a la celebración de la festividad del Corpus. Su visión sobre los republicanos de Cádiz era: “No hacen nada en beneficio de esta ciudad, reduciéndose sus preocupaciones a derribar efigies de santos, iglesias y conventos, sin cuidarse para nada de fomentar la riqueza pública”. Para ver “la ruina” a la que estaban llevando los republicanos a la ciudad, no había más que comprobar la notable diferencia que ofrecía el aspecto de Cádiz, en comparación con el de años anteriores, en vísperas de una solemnidad como el Corpus Christi, que atraía a la ciudad una considerable concurrencia de todos los pueblos inmediatos, la cual proporcionaba “seguras ganancias a todas las industrias y a todos los oficios” de Cádiz.

Por el momento, el Ayuntamiento solo había aprobado la venta de los objetos que acompañaban a la custodia pero pronto iba a resolver la subasta de esta. Mientras tanto, el 1 de mayo de 1873, se pusieron a la venta las imágenes de San Servando y San Germán y la de San Francisco Javier que se habían retirado del puerto en la zona de la Puerta del Mar[603]. La única imagen religiosa que había estado en las calles de Cádiz y no se intentó vender fue la estatua de piedra de la Virgen del Rosario que había estado situada frente al Hospicio Provincial, de donde se retiró el 14 de abril. El gobernador eclesiástico solicitó al Cabildo Municipal “como un señalado favor” que pusiera la imagen a su disposición, para, colocarla en alguna iglesia, donde se conservase con la seguridad y respeto que merecía a los católicos y reclamaba su mérito artístico. El gobernador eclesiástico no discutía que la imagen fuera de propiedad municipal. A pesar de disgustarle la retirada de imágenes y símbolos religiosos, como ya lo había mostrado con los retablos de la Cueva y la Palma, no tenía argumentos legales para oponerse, por lo que se limitó a pedir la imagen a título de favor. Tras haber pasado a estudio de la Comisión de Hacienda, el Cabildo Municipal dictaminó el 24 de abril que no había inconveniente a acceder a la petición[604]. El 28 de abril Salvochea comunicó a Hüe que el Municipio había acordado cederle a él la imagen, evitando que la cesión se interpretara como una concesión al Obispado[605]. Sin embargo, el 1 de mayo, ante una nueva petición de Hüe, en este caso de las imágenes de los patronos San Servando, San Germán y San Francisco Javier, para colocarlas en la catedral, se le contestó que no era posible acceder por estar ya acordado enajenarlas en pública subasta. El Cabildo Municipal estaba en su derecho y el gobernador eclesiástico no volvió a insistir.

Respecto a los objetos de las iglesias incautadas, solo se vendieron algunos de la Merced que no habían sido retirados por el Obispado. El 9 de junio el Cabildo Municipal autorizó a la Comisión de Obras Públicas para que procediera a la venta de “los objetos inútiles” que habían quedado en el templo. El 23 de junio el arcipreste de Medina Sidonia pidió al que se le cediera el púlpito, lo cual denegó el Cabildo Municipal por unanimidad con unos argumentos del procurador síndico que explican muy bien la postura del Ayuntamiento con respecto a la Iglesia: “Sin duda el ciudadano arcipreste desconoce el espíritu de que está animada la corporación, de no perjudicar pero tampoco proteger ninguna clase de religión ni culto y que, supuesto tal propósito, debe denegarse la expresada solicitud[606]”. El 26 de junio se pusieron en subasta los altares y algunos objetos más, al alza de mil doscientos escudos, quedando abiertas las puertas de la Merced para que acudiesen las personas interesadas.

Pasando a la pretensión municipal de vender la custodia del Corpus Christi, el Cabildo Eclesiástico la propició involuntariamente al preguntar al Cabildo Municipal si estaba “dispuesto a contribuir con el esplendor y gastos de costumbre a la procesión”. El escrito del Cabildo Catedral dio lugar a una sesión secreta del Cabildo Municipal en la que se abrió una discusión sobre la cesión de la custodia. Una de las propuestas fue que no se cediera y que, además, “en atención a las circunstancias extraordinarias” por las que pasaba la localidad, se prohibiera la salida de la procesión. Aunque entre los republicanos en el poder local no había dudas sobre la necesidad de restringir la presencia de la religión fuera de las iglesias, si las había en lo respectivo a prohibir la participación pública en actos religiosos. La proposición anterior fue desestimada por el escaso margen de doce votos contra diez, estando Salvochea entre que los partidarios de prohibir la procesión. A continuación, se estudió la propuesta del concejal Isidoro Ángel, uno de los más moderados del Cabildo Municipal. Ángel era partidario de que se prestase la custodia, así como los toldos y demás utensilios que se usaban en la procesión. Se puso a votación y también se desestimó, en este caso por trece votos contra nueve. Finalmente, se presentó la propuesta de que, en “caso de salir la procesión del Corpus, se aceptase prestar la custodia”. Se aprobó por el igualmente escaso margen de doce votos contra diez, entre estos últimos el de Salvochea. La propuesta aprobada contaba con que el “caso de salir” no se iba a dar, dado que el Ayuntamiento tenía en su poder y a la venta todos los accesorios de la custodia y había votado previamente en contra de cederlos al Cabildo Catedral. También era previsible que, sin fondos suficientes y sin apoyo municipal, el Obispado no pudiera cubrir los gastos de la salida. Además, aun no habiendo una prohibición concreta, era muy posible que el Cabildo Catedral desistiera de efectuar la salida procesional ente el temor de que la exhibición pública de la custodia provocase alteraciones del orden o irreverencias en las calles[607].

En resumen, la reunión secreta del Cabildo Municipal del día 26 de mayo reveló la división de los capitulares en tres grupos, uno de ellos formado por partidarios de la prohibición completa del culto público, encabezado por Salvochea y Góngora, que contaba con diez concejales el día que se celebró la sesión secreta; otro favorable a que se permitieran las manifestaciones religiosas en las calles, en el que destacaba Isidoro Ángel y contaba en la misma sesión con nueve ediles, y otro, muy minoritario, que, situado en el centro de ambas posturas, podía inclinar la balanza hacia uno u otro lado[608].

Los prebendados de la catedral propusieron al obispo que la procesión del Corpus se llevase a cabo en el interior de la catedral, en vista de “las circunstancias especiales de la situación, con la prohibición municipal de mostrar símbolos religiosos en las calles”, que hacían que no se tuvieran “todas las seguridades de respeto y veneración al Augustísimo Sacramento en las calles públicas”. Por otra parte, sin el apoyo económico municipal y con la carestía por la que pasaba el Obispado era prácticamente imposible sacar la procesión, y así se lo hicieron saber los capitulares a fray Félix el 28 de mayo. La salida de la procesión en 1869, para la cual la corporación municipal de Guillén no contribuyó económicamente, importó diez mil doscientos nueve reales. Se estimaba que ahora, en 1873, las penurias de los fieles, a los que se reconocían los sacrificios económicos que habían hecho ya para cubrir las atenciones del culto y otras necesidades, no permitían pretender que la procesión fuese costeada por ellos. En definitiva, se estimaba conveniente que la procesión tuviese lugar en el interior de la catedral con toda la solemnidad posible, utilizando para ello “la custodia grande”, es decir la custodia cuya cesión ya había sido desestimada por el Cabildo Municipal, aunque los prebendados no podían conocer la sesión secreta celebrada dos días antes[609].

El Ayuntamiento dio inmediatamente un importante paso en relación con la custodia. El 30 de mayo se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Cabildo Municipal para tratar sobre los medios necesarios para allegar recursos para la compra de armamento para la milicia ciudadanos de los Voluntarios de la República. Se nombró una comisión, compuesta por los concejales Pacheco, Gutiérrez, García Gómez, Solórzano y Rendón, para que recogiera las llaves del local donde se encontraba depositada la custodia y procediera a su examen a fin de informar sobre su valor y proponer los términos y condiciones con que había de llevarse a efecto su venta mediante subasta pública[610].

La prensa local había estado anunciando la intención municipal de hipotecar la custodia para adquirir el armamento de los voluntarios. Ya el 18 de mayo, El Comercio comentaba que el Ayuntamiento estaba a punto de celebrar un contrato para la adquisición de armamento para los voluntarios y que, al no tener “ni un real disponible”, trataba de hipotecar la custodia. El periódico carlista gaditano La Monarquía Tradicional confirmaba, también antes de que se decidiera la venta, que se había intentado hipotecar la custodia para comprar carabinas para los voluntarios, aprovechando la circunstancia de que estaba accidentalmente en Cádiz el comisionista de la casa Remington en Viena, al que se ofreció la custodia como garantía de la compra de las carabinas. Según estas noticias, el comisionista no aceptó y el Ayuntamiento le ofreció garantizar el pago con los edificios de San Francisco y Capuchinos, tanto los exconventos como sus templos, y la iglesia de la Merced. El 21 de mayo todavía no había contestado el comisionista, creyendo La Monarquía Tradicional que no iba a aceptar.

El 2 de junio el deán recibió un escrito del alcalde comunicándole que una comisión municipal iba a ver la custodia el mismo día a las dos de la tarde. El canónigo Vicente Calvo, como obrero de la fábrica de la catedral, fue encargado de recibir a la comisión, que se presentó cerca de las tres de la tarde. Los representantes municipales le pidieron la llave de la custodia. Esta había sido confeccionada en su momento a instancias del Municipio con el fin de cederla a la catedral y mantenerla bajo el cuidado de su Cabildo, pero el Ayuntamiento republicano actuaba como si esta cesión no le impidiese disponer del lugar donde se encontraba depositada. Los miembros de la comisión municipal no dijeron nada sobre el motivo de la visita, que era valorar la custodia para proceder a subastarla. Vicente Calvo no entregó la llave escudándose en que era necesario un acuerdo del resto de los capitulares reunidos. El 11 de junio el gobernador eclesiástico asistió a la sesión del Cabildo Catedral (no solía hacerlo desde que fue designado para el cargo). Los capitulares intentaron despejar su sospecha sobre la retirada de la custodia preguntando de nuevo al Ayuntamiento si la iban a poder usar en el Corpus, aunque presumían que la repuesta iba a ser negativa, pues ya tenían previsto utilizar otra de menor valor que se utilizaba habitualmente en la Octava, es decir, el domingo posterior a la fiesta del Corpus[611]. El Cabildo Municipal trató el mismo día 11 de junio sobre la cuestión y acordó por unanimidad atenerse a lo acordado en la sesión del 26 de mayo, esto es, que si tuviera efecto la procesión como en años anteriores se facilitaría la custodia.

El 19 de junio la Comisión Especial para la Enajenación de la Custodia aludió explícitamente a que el destino de la venta iba a ser la compra de armamento para los Voluntarios de la República. Después de haber verificado un detenido reconocimiento, se había constatado que su valor podía ser mucho mayor del presumido inicialmente si se le añadía la parte llamada cogollo, así como el viril (la caja destinada a proteger la forma consagrada). Los comisionados habían reclamado dichas piezas al Cabildo Eclesiástico, pero los prebendados adujeron que pertenecían a la catedral por haber sido donadas antes de la cesión municipal de la custodia. Teniendo en cuenta que al valor objetivo de la custodia se añadía el mérito que representaba para los católicos, se hizo una valoración del tipo inicial para la subasta en setenta mil escudos al alza. No se descartaba que los fieles católicos se abstuviesen de participar en la subasta, para no reconocer el derecho municipal a venderla, en cuyo caso la comisión sugería la posibilidad de fundirla, enajenándose la plata que resultase, cuestión que quedó pendiente de resolución[612].

A pesar de que la sesión del Cabildo Municipal de 30 de mayo de 1873 por la que se decidió la subasta de la custodia no había sido secreta, los prebendados de la catedral no supieron de la pretensión municipal hasta que el 19 de junio Comisión Especial presentó el informe. El canónigo Vicente Calvo se había enterado de la noticia por testigos del Cabildo Municipal y el Cabildo Catedral informó el 20 de junio al obispo[613], adjuntándole un certificado, que se refería al libro de actas del Cabildo Catedral de 1664, en su sesión del día 11 de junio, en la que se expresaba el siguiente acuerdo municipal:

Siendo como lo es la voluntad de la Ciudad el que la dicha custodia esté y permanezca en la Santa Iglesia catedral de ella, a título y vocación para siempre jamás, si por cualquier razón la silla episcopal o los señores deán y cabildo, que son o fueren de dicha Santa Iglesia, en algún momento se pasasen y mudasen, formando Iglesia catedral, no se pueda la dicha custodia sacar de dicha Santa Iglesia ni llevar a otra alguna[614]. (Lo subrayado es del original).

El 28 de junio no se había recibido contestación del obispo sobre el modo de actuar respecto a la custodia y los capitulares decidieron dejar en manos del prelado el nombramiento de abogado y que si la comisión municipal pedía la llave del lugar donde se encontraba se contestase que se estaban esperando instrucciones del obispo. Se pensaba enviar la llave a fray Félix para impedir que la comisión municipal pudiese entrar para llevarse la custodia. Ese mismo día por la tarde llegó un comunicado del obispo poniendo en conocimiento de los prebendados que había remitido sendos escritos al Gobierno, a las Cortes y al Ayuntamiento protestando contra las actuaciones municipales. El Cabildo Catedral resolvió que no era necesario a contestar al Ayuntamiento, puesto que el prelado se encargaba[615]. En resumen, los capitulares se inhibieron completamente en la cuestión y dejaron todo el peso al obispo.

El 12 de julio estaba a punto de expirar el plazo fijado para la subasta de la custodia y Hüe, que había entablado demanda judicial contra el Ayuntamiento por ese motivo y luego la había suspendido, por razones que manifestó al Cabildo Catedral pero que no se reflejan en sus actas, reinició dicha demanda[616]. El 14 de julio, expirado el plazo sin que se hubiera presentado postores, se volvió a sacar a subasta la custodia con un diez por ciento de rebaja respecto al valor de entrada anterior. Faltaban muy pocos días para la proclamación del Cantón de Cádiz y la custodia no se había vendido[617].

4.10 Apelación del obispo al Municipio republicano

El prelado gaditano se dirigió el 25 de junio de 1873 al Ayuntamiento de Cádiz[618]. Reclamaba fundamentalmente contra la tentativa de venta de la custodia, pero también contra la expulsión de las religiosas de la Candelaria, el derribo de imágenes y la incautación de cuadros. Respecto a estos últimos decía fray Félix que los objetos de culto eran “del dominio peculiar de la Iglesia de Jesús (…) sin que los poderes o Gobiernos” que seguían “falsas creencias” pudieran alterar esa posesión. Esta apreciación no se correspondía del todo con lo ocurrido, pues Salvochea siempre permitió al gobernador eclesiástico retirar los objetos sagrados de las iglesias de cuyas obras artísticas se incautó. De esta manera, cuando fray Félix trataba, en esta como en otras ocasiones sobre “objetos de culto”, se refería a cuadros con representaciones religiosas, apreciación que desde luego no compartían los miembros del Ayuntamiento.

El prelado concretaba que él no era dueño de la iglesia y convento de la Candelaria, ni de los templos de la Merced y San Francisco, ni de los objetos de culto; pero era su depositario, administrador y custodio a nombre de la Iglesia. Apelaba al derecho divino, al natural y al positivo eclesiástico, pero no olvidaba en esta ocasión referirse “al vigente derecho civil consignado en la Constitución de la nación española” para hacer comprender al Ayuntamiento que no podía dejar de reclamar, exponer, rogar y protestar por los despojos sufridos. Fray Félix, aunque con el derecho divino y eclesiástico como guías, comprendía que la vía legal emprendida por Hüe era la más adecuada para oponerse a las disposiciones municipales.

El obispo recordó a los republicanos del Consistorio sus desvelos durante el enfrentamiento armado entre los Voluntarios de la Libertad y el Ejército, visitando las barricadas en busca de la paz, pidiendo clemencia para los vencidos y promoviendo una colecta para socorrer a los heridos y sus familias, todo ello con el respeto y reconocimiento expreso de los republicanos de Cádiz. Aquellas circunstancias le habían hecho concebir “alguna esperanza”, que ahora veía frustrada.

Una noticia que acababa de recibir le producía un disgusto más. Se le había comunicado que el Ayuntamiento había acordado sacar a pública subasta la custodia del Corpus. Fray Félix recordó la voluntad que movió a los regidores de dos siglos antes a entregar la custodia a perpetuidad a la catedral mientras el obispo y cabildo no se ausentaran de Cádiz. Reconocía que la Iglesia era tan solo depositaria de la custodia, pero aclaraba que el Ayuntamiento no podía incumplir su promesa, puesto que no habían cambiado las condiciones que se establecieron cuando se hizo la donación. Pedía una revisión del acuerdo municipal, pues este infringía “todos los derechos, desde el divino al civil”, y renunciaba “a su amor patrio, dejando de identificarse con las glorias y monumentos artísticos de Cádiz”.

Es importante resaltar que fray Félix se limitó a lamentar las incautaciones y destrucciones de templos, pero solo pedía la revisión del acuerdo municipal de subastar la custodia. Hay que tener en cuenta que ya se habían dado varias resoluciones del ministerio de Gracia y Justicia favorables a las peticiones de Hüe, en concreto, la suspensión de la incautación de la capilla de Loreto, fechada el 21 de mayo, y la orden de que el Ayuntamiento no se apropiase, ni menos destruyese templo alguno, del día 28 del mismo mes. Por otra parte, es interesante apreciar que, aunque con toda seguridad no estaba conforme con otras medidas municipales, no hizo la menor alusión a ellas. Por ejemplo, los cambios de nombres en calles y escuelas eran, en todo caso, una cuestión potestativa del Consistorio. Sobre la prohibición de la enseñanza de religión en las escuelas municipales, ya hacía algún tiempo que fray Félix había apostado por las escuelas católicas privadas. Más difícil es entender por qué no hizo ninguna alusión a la secularización del cementerio municipal. Es probable que fray Félix diera por supuesto que la secularización general de cementerios era una cuestión inevitable en un plazo más o menos largo. Además, ya se ha comprobado que, cuando el 11 de septiembre de 1871 dio instrucciones a los párrocos sobre la forma de actuar en relación con la circular de Sagasta de 16 de julio del mismo año, fray Félix había apostado por la construcción de cementerios católicos independientes de los municipales, edificados cargo de las limosnas de los fieles.

4.11 El Cantón de Cádiz y el Ayuntamiento de julio de 1873

A pesar de las medidas radicales de Salvochea, el periodo comprendido entre marzo y julio de 1873 discurrió en Cádiz, como se ha verificado, sin que se produjeran ataques o vejaciones contra el clero y con una incidencia casi nula en lo relativo a profanaciones o daños en las cosas sagradas. Las manifestaciones públicas del culto católico habían sido seguidas, bien con fervor bien con indiferencia, pero siempre sin enfrentamientos. El hecho de que poco antes de proclamarse el Cantón, el Obispado alertase a los párrocos sobre el crecido número de sacerdotes que había en Cádiz procedentes de otras localidades, parece denotar que la ciudad era en estos momentos más segura que otras para el clero. El gobernador eclesiástico ordenó a los párrocos que exigieran la licencia de predicar al crecido número de sacerdotes que estaba acudiendo a la ciudad. A los que la presentaban, se les podría permitir por una sola vez celebrar la santa misa, pero no se les debía volver a autorizar mientras no se presentaran en la secretaría[619].

Cuando se produjo la proclamación de la república federal en las Cortes, el júbilo de los republicanos de Cádiz tampoco derivó hacia actos violentos contra las cosas o personas religiosas. La prensa antirrepublicana reconocía que en pocas partes se había celebrado la proclamación de la república federal con mayor orden que en Cádiz, “pues exceptuando la exageración en los repiques de campanas, especialmente en la catedral, nada ha ocurrido aquí, sea dicho con honor a la verdad, que se parezca a las escenas de otros pueblos[620].

El Ayuntamiento elegido en marzo había finalizado sus sesiones el 5 de julio con la propuesta de una comisión, formada por Salvochea, Meneses, Góngora y Rendón, de derogar la legislación nacional que impidiese al Municipio la incautación de todos los edificios públicos enclavados dentro del término municipal. Se anunciaba una clara radicalización y todavía le quedaba a la Iglesia de Cádiz presenciar los últimos pasos de la política laicista de Salvochea. Las elecciones municipales celebradas los días 12 y 15 de julio dieron de nuevo la victoria a los republicanos federales “intransigentes”. Pero los comicios se produjeron con una abstención muy elevada, que muestra la inhibición no solo de los opositores a la república sino también de buena parte del electorado que había apoyado a Salvochea pocos meses antes. Muchos votantes favorables a Salvochea en marzo habían quedado decepcionados por su política extrema, en la que el aspecto religioso había tenido un peso importante[621].

El 18 de julio dimitía el principal valedor de la república federal, Pi y Margall. Una de las escasas medidas del Gabinete de Pi relacionadas con la Iglesia había sido la supresión, el 21 de junio, del Vicariato General Castrense y sus dependencias, entre ellas las parroquias castrenses. El 14 de julio, ante el cierre de la de Cádiz, el gobernador eclesiástico expidió una circular por medio de la Secretaría de Cámara a los párrocos y curas de las demás iglesias de Cádiz comunicándoles que, ante el cierre de la parroquia castrense, iglesia del Santo Ángel Custodio, había determinado que su párroco ejerciera libremente los actos de su jurisdicción en las otras parroquias de Cádiz, para atender a sus feligreses militares según su lugar de residencia[622].

La salida de Pi y la presidencia de Salmerón, iniciada el 18 de julio, convenció a muchos republicanos de que el proyecto federal no iba a llevarse a cabo desde el poder central, por lo que era necesario proclamar cantones unilateralmente. El día 19 de julio a las seis de la mañana la campana de las casas consistoriales anunciaba lo que iba a suceder. Pocos momentos después, se tocaba “Llamada” a los Voluntarios de la República, que se reunían en las inmediaciones de las casas consistoriales. Algo más tarde funcionaba ya, como poder soberano e independiente, un Comité de Salud Pública del Cantón de Cádiz, compuesto por nueve concejales, nueve diputados provinciales y nueve individuos del Comité Republicano. El alcalde Fermín Salvochea, como presidente del Comité, publicó inmediatamente un manifiesto a la provincia de Cádiz. A continuación, se anunció la noticia en el Boletín Oficial de la Provincia, se remitieron escritos a las autoridades civiles y militares para que se adhiriesen al movimiento y se cursaron telegramas a los alcaldes de la provincia invitándoles a que se sumaran al Cantón. Decía El Comercio el día 20 de julio: “Todo se hizo con tranquilidad completa, sin ruido, sin vivas, sin aclamaciones de ningún género, en lo cual hemos ganado todos, porque al cabo el orden material no se ha alterado en lo más mínimo”.

Se constituyó un Ayuntamiento interino con los concejales que no habían pasado al Comité, bajo la presidencia del quinto teniente de alcalde Miguel Mendoza Martínez, que aplicó inmediatamente los decretos dictados por el Comité de Salud Pública para toda la provincia. De los dieciséis publicados, los que afectaban a la Iglesia eran el tercero, que prohibía la enseñanza religiosa en todas las escuelas públicas y establecimientos de enseñanza oficial de la provincia, sustituyéndola por la de las reglas de la moral universal; el cuarto, que abolía todas las asociaciones religiosas que tuvieran por base el celibato, en atención a que era “un estado contrario a la naturaleza humana”; el séptimo, que secularizaba todos los cementerios de la provincia, debiendo desaparecer inmediatamente sus capillas; el duodécimo, que ordenaba que los edificios destinados al culto, a excepción de las parroquias y los de propiedad particular o patronatos, pasaran a poder de sus respectivos Municipios; el decimocuarto que proclamaba la separación de la Iglesia y el Estado, añadiendo que, como consecuencia, quedaba suprimido todo culto externo, y el decimoquinto, que ordenaba la incautación de los libros de los archivos parroquiales, que debían incorporarse a los archivos del registro civil[623].

De estos decretos, el que prohibía la enseñanza religiosa y el que secularizaba los cementerios ya habían sido aplicados en Cádiz. El día 20 Mendoza dirigió sendos oficios a Hüe ordenándole la aplicación inmediata de los demás. El de abolición de asociaciones que tuvieran por base el celibato, comprendiendo los conventos de monjas, dio lugar al cierre de los dos que quedaban abiertos en Cádiz tras el derribo del de la Candelaria. Mendoza participó a Hüe que debía dar las órdenes oportunas a los capellanes de Santa María y las Descalzas para que, a la presentación en dichos edificios de una comisión municipal, le fuesen entregadas las llaves, tanto de los expresados conventos como de sus iglesias. Hüe le contestó el día 21, pero sus réplicas fueron tan inútiles como lo habían sido con las actuaciones del Ayuntamiento de marzo.

En lo que se refiere a la secularización del cementerio municipal, aunque esta ya se había producido en Cádiz, Mendoza comunicó a Hüe que retirase los símbolos religiosos del interior de la capilla antes de que se procediera a su “desaparición”, es decir, a su derribo.

La comunicación municipal sobre el cierre de todas las iglesias que no fueran parroquias ordenaba a Hüe que comunicase con urgencia a los capellanes de las iglesias y capillas que se expresaban al margen que entregasen las llaves a la comisión especial nombrada por el Ayuntamiento para proceder a su incautación. Las iglesias y capillas que se relacionaban al margen del oficio municipal eran: la catedral, iglesias de Santiago, San Juan de Dios, Santo Domingo, Capuchinos, el Carmen, San Agustín, San Felipe Neri y San Pablo, y capillas del Pópulo, los Blancos, la Palma, las Angustias y la Pastora[624]. El hecho de haberse incluido a la catedral se basaba en que carecía de sagrario y pila bautismal, pues no habían sido trasladadas todavía desde la antigua catedral, ahora parroquia de Santa Cruz. Hüe comunicó el 21 julio al Cabildo Catedral que se había recibido orden de cerrar la catedral y los prebendados le indicaron la necesidad de explicar a la alcaldía que la catedral no debía ser incluida en la orden de cierre de las iglesias porque era “la principal parroquia de la ciudad[625]”. Hüe comunicó inmediatamente al Ayuntamiento que había trasladado la orden municipal a los capellanes encargados de las iglesias. El Ayuntamiento había ido más allá de lo que ordenaba el decreto del Comité, pues este excluía del cierre a las iglesias de propiedad privada o de patronatos y el Municipio se apropió de todas sin más excepción que las parroquias. Por eso Hüe advirtió que la iglesia de San Juan de Dios en su mayor parte y las capillas de la Palma y la Pastora eran propiedad de hermandades, y que la iglesia de San Pablo pertenecía a la Congregación de Jóvenes Arrepentidas (que no eran religiosas y no estaban sujetas a la abolición recién decretada). Respecto a la catedral, argumentó que era precisamente la Parroquia Mayor de Cádiz y que la catedral vieja era su capilla de sagrario, mientras se levantaba el sagrario de la catedral”, y que la pila bautismal y el sagrario serían trasladados de inmediato a alguna capilla de la catedral[626].

El mismo 21 de julio comunicó Hüe a los titulares de las iglesias que se iban a cerrar cómo debían proceder cuando se presentaran los comisionados municipales[627]. Ese mismo día quedaron cerrados todos los templos de Cádiz, excepto la catedral y las parroquias de San Antonio, San Lorenzo, Nuestra Señora del Rosario y San José. En la iglesia del exconvento del Carmen se estaba celebrando un jubileo con una novena por la titular del templo, al estar reciente su festividad, pero ello no impidió el cierre. El mismo día fueron expulsadas de sus conventos las monjas de la Piedad y Santa María, que fueron acogidas en varias casas particulares[628].

El 22 de julio ya se habían trasladado el sagrario y la pila bautismal a la catedral, colocándose el primero en la capilla de San José. También se había trasladado desde Santa Cruz el archivo diocesano, probablemente para de ocultarlo y evitar su incautación. El traslado del sagrario evitó el cierre de la catedral pero produjo un nuevo problema, pues Mendoza estimó que si la catedral tenía sagrario y pila bautismal podía ser considerada como parroquia, pero que en tal caso la parroquia de Santa Cruz, al quedar sin ambos, dejaba de tener esta condición. En definitiva, el Ayuntamiento se incautó el 22 de julio de la parroquia de Santa Cruz a cambio de admitir que se mantuviera abierta la catedral. El canónigo Vicente Calvo mantenía contactos con algún miembro del Comité de Salud Pública y explicó las circunstancias referidas al Cabildo Catedral, añadiendo que los representantes del Municipio se habían “mostrado muy deferentes en el acto de la incautación de la iglesia de Santa Cruz[629]”.

Otro de los oficios remitidos por el alcalde interino Mendoza el día 20 de julio advertía al gobernador eclesiástico que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a tolerar que se faltase en lo más mínimo a las prescripciones contenidas en el decreto del Comité de Salud Pública relativo a la separación de la Iglesia y el Estado, que implicaba la prohibición de toda manifestación externa de culto. Tras las dudas mostradas por Hüe, Mendoza le ratificó la prohibición el día 23 y el gobernador eclesiástico tuvo que advertir a los párrocos que, “para evitar violencias y sacrílegos desacatos”, vistiesen “de manteo” (una capa cubriendo la sotana) cuando acudiesen a administrar los santos sacramentos del viático y la extremaunción, y que fuesen acompañados por un sacristán y un acólito. Asimismo; los entierros debían verificarlos sin llevar la cruz parroquial e igualmente “de manteo”. El 21 de julio el Cabildo Catedral había decidido que los repiques de campanas se redujesen lo máximo posible y al día siguiente ordenó que cesaran completamente[630].

Mendoza ordenó el desalojo del seminario Conciliar. La medida no estaba incluida en ninguno de los decretos del Comité de Salud Pública y Hüe pidió su derogación el 21 de julio. El alcalde interino le contestó negativamente el día 25, dejando en todo su vigor la orden, sin perjuicio del derecho que pudiera tener el gobernador eclesiástico para reclamar la resolución adoptada[631].

Por lo que respecta a las relaciones directas del Comité de Salud Publica con el Obispado, estas se limitaron a la exigencia del pago de unos débitos de patronatos eclesiásticos al Hospicio Provincial y a la Casa de Expósitos. El 20 de julio el Comité reclamó al Cabildo Catedral la cantidad de ochenta y dos mil setecientos treinta reales con once céntimos, correspondiente a obligaciones del patronato de Porcio, que tenía deudas con las instituciones benéficas aludidas, dependientes de la Diputación Provincial. El 23 de julio el Comité dio un plazo de cuarenta y ocho horas para que se efectuase el pago. El canónigo Vicente Calvo, que como se ha advertido mantenía contactos personales con algún miembro del Comité de Salud Pública, fue facultado por el Cabildo Eclesiástico para intentar un acuerdo, logrando que el Comité aceptase un abono parcial de la deuda. El Comité aceptó su propuesta concreta de recibir solo diez mil pesetas por el momento, porque era la cantidad de la cual se disponía, o así afirmaban los capitulares. Los prebendados, siguiendo su procedimiento habitual de retardar las gestiones, estuvieron a punto de evitar el pago, pues el 30 de julio todavía no habían hecho la entrega. El Comité le había enviado un escrito autorizando a que la cantidad acordada se abonase directamente a las instituciones de beneficencia implicadas[632]. La entrega se formalizó justo el mismo día de la caída del Cantón.

Durante la etapa cantonalista se extendieron a los párrocos los temores que se habían observado en algunos miembros del Cabildo Eclesiástico en los primeros tiempos de la gestión municipal de Salvochea. Parece que desde antes de la proclamación del Cantón, los párrocos se mostraban reticentes a celebrar misas y cedían su puesto a sacerdotes forasteros. Así se puede interpretar de la carta, ya referida, que les envió el secretario de cámara el 14 de julio ordenándoles que no autorizasen a los eclesiásticos procedentes de otras ciudades a celebrar misa mientras no se presentasen en la secretaría. El 26 de julio, ya con el Cantón proclamado y con todas las iglesias cerradas excepto las parroquias, el Cabildo Catedral tuvo que obligar a los párrocos a que los días festivos celebrasen las misas de diez, once y doce del mediodía, abonándose a los celebrantes las cantidades respectivas de doce, quince y veinte reales, que saldrían de las cuestaciones que se hacían en las mismas misas. Al número de prebendados que habían dejado de asistir desde los primeros tiempos de la gestión municipal de los republicanos “intransigentes”, se unió ahora alguno más. El 1 de agosto el arcediano, Antonio Micas, anunció que se veía obligado a ausentarse de Cádiz a causa de las circunstancias del momento y que mientras durasen estas no podría volver a su residencia[633].

El 30 de julio, con el Cantón pasando por sus últimos momentos, el Ministerio de Gracia y Justicia remitió al gobernador civil la resolución definitiva a las peticiones de Hüe relativas a las incautaciones de iglesias realizadas por el Municipio anterior. La disposición del Ministerio, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente, resultaba favorable a las peticiones de Hüe, pero el cargo de gobernador civil había sido suprimido por el Cantón por lo que no llegó a conocimiento del Obispado hasta el 25 de septiembre, cuando ya todo había sido arreglado por el Ayuntamiento posterior al Cantón. La resolución desaprobaba la conducta del Ayuntamiento de Cádiz: “Sin respeto al derecho de propiedad y a las superiores órdenes emanadas de este Ministerio —el Ayuntamiento—, invade, se incauta, despoja y derriba los templos que tiene por conveniente como si fueran de su pertenencia”. Por último, el ministro ponía las pretensiones municipales de proceder a nuevas incautaciones en conocimiento del ministro de Gobernación, a fin de que, con toda urgencia, se dieran las órdenes oportunas no se verificase “despojo ni derribo alguno, sin el conocimiento y aprobación del Ministerio de Gracia y Justicia, ni la incautación de objetos artísticos”, que podía producir un daño notable, “por la facilidad en ocultarlos y extraviarse con perjuicio del Estado y del arte[634]”. La disposición ministerial llegaba tarde. Mendoza, a la sombra de los decretos del Cantón, había llegado mucho más allá de lo que desautorizaba el ministro. Además, el ministro de Gracia y Justicia, aunque daba la razón al gobernador eclesiástico, no decía que las obras artísticas sacadas de las iglesias debieran ser devueltas, porque el Gobierno de la república iba a tratar de mantenerlas en su poder.

4.12 Balance sobre el periodo de control de los republicanos “intransigentes”

La obra laicista de los republicanos “intransigentes” gaditanos se desplegó en dos fases claramente diferenciadas. La primera fue la de mediar entre el 22 de marzo y el 19 de julio, con el primer Ayuntamiento de Fermín Salvochea. No se puede afirmar que todos los concejales de este primer Ayuntamiento fueran “antirreligiosos” o “anticatólicos”, como se les acusaba desde la prensa antirrevolucionaria. De hecho, el alcalde no pudo llevar a cabo algunas de sus iniciativas laicistas por encontrarse con los votos en contra de aquellos que no deseaban llegar a ciertos extremos. Un ejemplo claro fue la derrota de Salvochea cuando se propuso en el Cabildo Municipal que no se diera permiso para la celebración de la procesión del Corpus y que se prohibiese el culto externo. Igualmente, los más moderados lograron hacer prevalecer su disconformidad con que la custodia fuese fundida para venderla al peso si no se lograba subastarla.

La limitación que suponía no contar con una mayoría completamente favorable a sus planes, impidió a Salvochea llegar en esta primera etapa a cumplir algunas de sus determinaciones. Así, el Municipio tan solo se apropió los objetos artísticos de iglesias que se estimaban de propiedad municipal: la Merced, Santa Catalina y San Francisco. Por otra parte, la exclaustración y derribo del convento de Nuestra Señora de la Candelaria se llevó a cabo con la excusa de que el edificio estaba en muy mal estado y esto ofrecía un peligro para los viandantes y para las moradoras del edificio, pero ni siquiera se intentó usar como justificación el decreto de exclaustración de 18 de octubre de 1868. El derribo de la capilla de Nuestra Señora de Loreto, tras no quedar clara su propiedad municipal, se hizo pretendiendo que no era ya un templo dedicado al culto, sino una “excapilla” que estaba en mal estado de conservación. Otras disposiciones, como la supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas y cambio de sus denominaciones, así como las de las calles relacionadas con la religión, y la retirada de imágenes sagradas de diversos lugares de la ciudad, suponían medidas que entraban dentro de las atribuciones municipales. La secularización del cementerio municipal rebasaba las atribuciones municipales, pero se justificó por las condiciones absolutamente indignas en que eran enterrados los no católicos.

Todas estas resoluciones municipales causaron un gran malestar entre muchos católicos de Cádiz. Un movimiento tan heterogéneo como el republicanismo no excluía a católicos sinceros, como lo eran, sin duda, algunos de los concejales de marzo, dispuestos a alejar a la Iglesia de los espacios civiles o incluso deseosos de abolir su influencia excesiva sobre la sociedad, pero no a prohibir las expresiones públicas del culto o a fundir la custodia. Pero otros, como Salvochea, querían llegar más lejos, pues se creían en el deber de “salvar a la sociedad”, y sobre todo a los elementos populares, de “la influencia perniciosa” de la religión, a su entender contraria a las libertades. Por eso, para Salvochea y sus seguidores más radicales no era suficiente limitar a la Iglesia católica en su libertad para celebrar su culto públicamente. La libertad de la Iglesia o de cualquier confesión debía quedar supeditada a una libertad superior: la del pueblo. Si Salvochea no prohibió expresamente el culto público católico hasta la proclamación del Cantón, fue porque los votos de los concejales contrarios no lo permitían.

Salvochea creía que la república federal llevaría llevar a la separación total de la Iglesia y el Estado, y que, una vez se materializase esta separación, lo religioso quedaría limitado al ámbito privado y al interior de los templos. Al desaparecer las posibilidades de que la república federal llegase a ser una realidad, tras la salida de Pi y Margall de la presidencia, Salvochea constituyó una entidad soberana, el Cantón de Cádiz, que, tras los pactos previstos, debería haber dado dar lugar a una República Federal construida de abajo arriba. A partir del 19 de julio, ya no se veía limitado por los votos de los concejales. Los nueve que pasaron a formar parte del Comité de Salud Pública, prácticamente los mismos que se habían opuesto a la salida de la procesión del Corpus[635], junto con otros nueve miembros del Comité Republicano, formaban una cómoda mayoría a favor de Salvochea. A partir de estos momentos comenzaba la segunda fase de su política laicista, en la que llevó a cabo unas medidas extremas que duraron dieciséis días. Entonces sí prohibió completamente el culto religioso en las calles, se incautó de todas las iglesias menos las parroquias, y exclaustró a todas las monjas de Cádiz, basándose en la extemporaneidad del celibato entre las religiosas (celibato que, por cierto, siempre mantuvo Salvochea). Estas últimas medidas no se pueden justificar como democráticas. La forma como Salvochea constituyó el Comité de Salud Pública, a la medida de sus planes, le garantizaba poner en práctica medidas que no le había permitido tomar el voto de las elecciones municipales.

Aún reconociendo que la fe y la práctica católica de los gaditanos no eran las de tiempos pretéritos (recuérdese las quejas del obispo gaditano en su pastoral de 1864), esto no significa que no hubiese en Cádiz muchos votantes republicanos que no aprobaban las medidas de Salvochea relacionadas con la religión. Si se aceptan las noticias de la prensa conservadora, incluso en los barrios que eran conocidos por su mayor adhesión a los republicanos eran muchos los católicos partidarios de participar activamente en actos religiosos de carácter público[636]. Aunque para conocer el grado de secularización de la sociedad gaditana en estos momentos se necesitaría elaborar un estudio sobre las mentalidades, analizando la incidencia de “ritos de paso” católicos como los bautizos o matrimonios católicos, todo lleva a pensar que el laicismo del de los republicanos del Ayuntamiento y el Cantón no respondía a los deseos populares, sino a la iniciativa de una minoría.

Los datos de las elecciones municipales de julio de 1873 confirman que buena parte de los que habían votado a Salvochea en marzo lo hicieron sin prever la política laicista que se iba a desplegar. Si bien dieron de nuevo la victoria a Salvochea, conocieron una substancial disminución de votantes, disconformes con medidas como el derribo de la Candelaria y Loreto, las incautaciones de cuadros de las iglesias de la Merced y Capuchinos o las retiradas de imágenes religiosas de las calles. Salvochea rompió la legalidad oficial que le daban los votos de julio al quitar un tercio de los concejales elegidos y constituir un Ayuntamiento interino. Y tampoco constituyó democráticamente el Comité de Salud Pública, aunque pudiera ser que tuviese la intención de recurrir al sufragio una vez consolidada la situación.

La reacción clerical fue desigual. En primer lugar, hay que distinguir la respuesta firme y eficaz de Fernando Hüe a las disposiciones del Ayuntamiento de marzo. Sus gestiones con el Municipio fueron a corto plazo infructuosas, pero el Gobierno le dio la razón en todas sus reclamaciones. Sus fundamentos legales, su aceptación implícita de la Constitución vigente y de la libertad de cultos, así como su reconocimiento de los derechos del Estado para decidir sobre los templos de los exconventos, le sirvieron para obtener una victoria que no se reflejó inmediatamente en la postura municipal ya que Salvochea desoyó todas las resoluciones gubernamentales. Durante la etapa del Ayuntamiento de julio y el Cantón de Cádiz, constituido en entidad política soberana, el gobernador eclesiástico se quedó sin capacidad para continuar su política de protestas al Ministerio. No era momento de elevar protestas sino de esperar. Y, ciertamente, la espera fue bastante corta.

El Cabildo Catedral, que se había mostrado tan activo durante posterior a la proclamación a la Constitución de 1869 defendiendo los patronatos eclesiásticos, entró durante el periodo republicano en una fase dominada por el temor y la inseguridad personal de algunos prebendados, así como por un retraimiento en lo referente a la salida a la calle de manifestaciones religiosas y una inhibición injustificada en la cuestión de la subasta de la custodia, que dejó en manos del obispo cuando era algo que afectaba directamente a la catedral y, por tanto, a su Cabildo. Los temores de los prebendados resultaron ser infundados, pues no hubo ni un solo acto violento que los justificase. Solo el canónigo Vicente Calvo y Valero, futuro obispo de Cádiz, mostró una actitud activa y dialogante, oponiéndose a entregar las llaves de la sala donde se encontraba la custodia y tratando, a título privado, de buscar acuerdos que mitigasen el impacto de las disposiciones que perjudicaban al Cabildo Eclesiástico. Sus virtudes como mediador en los conflictos de la Diócesis ya habían quedado sobradamente demostradas en la etapa de reinado de don Amadeo de Saboya, cuando solventó la cuestión de la denuncia al Cabildo Eclesiástico por la gestión de los patronatos y consiguió que se abonaran al Obispado algunos atrasos. Ahora mantuvo contactos con miembros del Ayuntamiento y del Comité de Salud Pública, lográndose, gracias a sus gestiones, que no fuese cerrada la catedral y que se rebajase la exigencia del Comité de pagar los atrasos debidos al Hospicio y Casa de Expósitos.

El obispo, dando prioridad a su condición religiosa sobre los problemas derivados de la situación, y tal vez buscando un distanciamiento prudente de la capital, mantuvo su larga visita pastoral por el Campo de Gibraltar y no regresó a Cádiz hasta bastante tiempo después de haber fracasado la tentativa laicista republicana. Tuvo el acierto de confiar el Gobierno Eclesiástico a Fernando Hüe cuando Sebastián Herrero abandonó Cádiz temiendo por su seguridad personal. Por otro lado, no dudó, ya en junio, en dirigirse al Ayuntamiento, al ministro de Gracia y Justicia y al presidente de las Cortes para protestar, respectivamente, contra la subasta de la custodia, el decreto de mayo sobre incautación de bienes eclesiásticos y el proyecto de incautación de archivos eclesiásticos, presentando además un resumen de los agravios del Ayuntamiento de Salvochea.

Todo lo sucedido hasta la culminación laicista del periodo cantonalista, se había llevado a cabo con moderación en las formas y sin que mediaran conflictos violentos o enfrentamientos callejeros. Al respecto, resulta muy significativa la opinión reflejada el 18 de mayo en El Comercio por los opositores a la política de Salvochea:

No vaya a creerse que aquí vivimos dominados por el terror o por la intolerancia de partidos tiránicamente exclusivos. Nada de eso. Aquí no se persigue en tumulto a nadie; se respeta a las personas; se respetan las opiniones; se respeta a la prensa; la revolución no puede ser más mansa, más pacífica más ordenada (la cursiva es del original) si nos es permitido decirlo así; pero por eso mismo humilla doblemente a los que tienen que sufrir sus ataques, porque sus ataques van dirigidos, con todas esas apariencias de paz, de tranquilidad y orden, a lo que más ama el hombre, a los objetos que lleva íntimamente grabados en su corazón y en su conciencia. Cádiz, lo repetimos, es el único pueblo de España donde esto sucede.

4.13 El primer Ayuntamiento de Vicente Cagigas

4.13.1 Restituciones al Obispado

El día 5 de agosto, nada más conocerse la disolución del Cantón, Hüe escribió a todos los párrocos de Cádiz revocando las órdenes de usar en la calle el manteo cubriendo la sotana y evitar llevar cruces. Asimismo, les indicaba que las campanas debían volver a tocarse con la frecuencia y en las ocasiones requeridas por el culto católico. Como dato que insinúa el impacto de la etapa anterior sobre el clero parroquial, solo se recibió acuse de recibo de dos de los cinco párrocos de Cádiz, lo que indica que los otros tres podrían hallarse ausentes de la ciudad[637]. También el 5 de agosto el Cabildo Eclesiástico acordó que los canónigos Bosichy y Calvo visitaran al general Rivera, que acaba de entrar en la ciudad para disolver el Cantón, y Hüe informó a los prebendados que iba a pedir la devolución de las llaves de las iglesias cerradas[638].

Ese mismo día se reunieron veinte de los treinta y ocho miembros del Ayuntamiento impuesto por el general Rivera, que contó con miembros de todos los partidos políticos excepto los republicanos federales “intransigentes”. Teniendo en cuenta, además, que solo dos republicanos “benévolos”, Rovira y Porter, aceptaron el nombramiento, y que el organismo municipal contó con un número apreciable de miembros del Partido Moderado, se explica en buena medida el desmantelamiento inmediato de la mayor parte de la obra secularizadora municipal precedente.

El primer acto del nuevo Consistorio ya iba encaminado hacia ese objetivo. Algunos concejales, entre los que estaban los moderados Arturo García de Arboleya, José María Clavero, Manuel Rocafull y Ramón María Pardillo, consiguieron que se aprobase por unanimidad la reapertura inmediata de todos los templos de Cádiz y la devolución de los objetos y obras de arte incautados, fundamentando la decisión en el respeto debido a todas las creencias religiosas y en que el cierre había lastimado profundamente el sentimiento católico del vecindario[639].

El procurador síndico Ramón María Pardillo presentó el mismo día un proyecto de manifiesto al pueblo de Cádiz, inmediatamente aprobado, en el que se hacía alusión a la inmediata apertura al culto de todas las iglesias. Arturo García de Arboleya, miembro de la Asociación de Católicos, tenía preparada una alocución, que se distribuyó entre los gaditanos, en la que se hacía mención a la necesidad de dar “satisfacción cumplida al sentimiento religioso, profundamente lastimado”, y a la apertura inmediata de los templos.

La reapertura de las iglesias se aprobó sin esperar a que se presentasen el alcalde y cerca de la mitad de los concejales. El mismo día 5, por la noche, ya estaba en manos de los concejales presentes en el Cabildo Municipal un oficio del gobernador eclesiástico solicitando la restitución de cincuenta libros de bautizados del archivo de la catedral, petición sobre la que no hubo de momento resolución, y otro reclamando las llaves de las Iglesias cerradas. Se le contestó que ya se había tomado el acuerdo sin esperar petición del Obispado, aclarándole que con esta determinación el Ayuntamiento no hacía otra cosa que interpretar los sentimientos católicos de la mayoría de la población, compartidos por todos los concejales[640]. La actuación municipal fue tan diligente que el mismo día 5 de agosto se entregaban las llaves a los capellanes de los templos cerrados.

El 6 de agosto se declaró en el Boletín Oficial de la Provincia la nulidad de los actos del Comité de Salud Pública, y esto resolvió la petición de Hüe sobre los libros de bautizados retirados del archivo eclesiástico, que fueron devueltos el día 7. Ese mismo día, Hüe solicitaba que, vista la anulación de las disposiciones del Comité, se permitiera a las monjas de Santa María y las Descalzas volver a sus conventos. El Ayuntamiento había actuado con premura que se limitó a contestarle que las llaves ya habían sido entregadas el día 5 de agosto[641].

Los Gobiernos de la república iban a intentar recuperar los edificios religiosos incautados y sus objetos artísticos, así como los solares de los derribados, postura que se mantuvo hasta bien entrado el año 1874, como se comprobará. En ese sentido, el Cabildo Municipal recibió el 7 de agosto una comunicación del comisionado de Propiedades y Derechos del Estado notificando que el día anterior había tomado posesión en nombre del Estado del que fue convento de la Candelaria y que iba a proceder a la enajenación de los materiales del derribo que se encontraban en las calles, para que el tránsito público quedase expedito.

Otra restitución municipal fue la de las habitaciones del capellán de San Agustín retiradas por Salvochea. El 11 de agosto de 1873 llegó al Cabildo Municipal un escrito del gobernador eclesiástico, pidiendo la devolución. El procurador síndico tenía preparado su informe el día 14. Cuando el Estado cedió al Municipio el convento de San Agustín, lo hizo para que se estableciera un Instituto de Segunda Enseñanza, pero con la condición de mantener al encargado de la iglesia del convento en posesión de ciertas habitaciones. Aunque Pardillo no citaba documentación justificativa, esta existía y ratificaba su afirmación: una real orden de 10 de junio de 1849 destinaba la iglesia de San Agustín como “ayuda de parroquia”. En vista de ello, la Dirección General de Rentas había acordado el 8 de marzo de 1850, señalar del edificio del convento “las habitaciones precisas e indispensables y más próximas a la iglesia para el capellán y sacristán” cediéndose al Ayuntamiento el resto del edificio para el Instituto[642]. Si bien era cierto que en 1869 el alcalde Rafael Guillén había recuperado algunas de esas habitaciones, ello se había ejecutado mediante un convenio entre la municipalidad y la autoridad eclesiástica, aprobado por la Hacienda pública. Guillén se había ceñido a la legalidad, aunque había restringido el espacio cedido al capellán. Pero, en lo relativo al desalojo del resto de las habitaciones del capellán en abril de 1873, Pardillo alegaba que esto se había hecho conculcando el artículo 13 de la Constitución, según el cual nadie podía ser privado temporal o perpetuamente de sus bienes o derechos, sino en virtud de sentencia judicial. El 19 de agosto se notificó la resolución municipal al gobernador eclesiástico, expresándole que ya se había transmitido al director del Instituto la orden de restituir inmediatamente al capellán de la iglesia de San Agustín en la posesión de las habitaciones que ocupaba con posterioridad al año 1869[643]. El 21 de agosto el director del Instituto comunicó al alcalde que ya se había instalado el capellán[644].

El otro capellán que había sido expulsado de su residencia por el Ayuntamiento de Salvochea, el de San Francisco, no recuperó su vivienda. No hubo siquiera petición de Hüe al respecto. Hay que tener en cuenta que en este caso no existía declaración de “ayuda de parroquia” a su iglesia, como la que se ha constatado respecto a San Agustín.

Otra vuelta al estado anterior a la etapa de predominio local de los republicanos federales de Salvochea fue la reposición del nomenclátor de las calles y plazas de la ciudad. Cuatro concejales moderados de la Comisión de Obras Públicas (Mora, Arboleya, Chorro y Rocafull) presentaron la propuesta. En su petición había razones de conveniencia y de seriedad administrativa para volver a los nombres anteriores de calles y plazas. Resaltaban que era conocido que en cualquier población, fuese “de una nación católica o no”, casi todas las calles y plazas tenían nombres de santos y de advocaciones religiosas. Era “recomendable volver a usar la nomenclatura que tenían antes las calles de Cádiz en consonancia con el sentimiento católico de la inmensa mayoría del vecindario”. Tan radical había sido la reforma de los nombres de las calles, según los concejales moderados que proponían la vuelta a los nombres antiguos, que daban por seguro que Cádiz era en aquellos momentos “la única población de España” donde, “a excepción de las portadas de los templos”, nada hacía ver al transeúnte que en la ciudad se creía en Dios. En vista de lo todo lo anterior, los firmantes de la proposición pedían la vuelta a la nomenclatura anterior a la acordada el 7 de abril, haciendo extensivo el cambio a los nombres de las escuelas públicas, por concurrir, además de las razones expuestas, la de haberse restablecido por el Cabildo Municipal la enseñanza católica en dichas escuelas[645]. La restitución de los nombres se aprobó el 26 de agosto, autorizándose que no se esperase la ratificación del acta correspondiente para llevarla a cabo.

El 11 de agosto de 1873 se trató sobre la prohibición de la enseñanza de la religión Católica en las escuelas locales. Fundamentándose en que la disposición había infringido la ley de Instrucción Pública y el artículo veintiuno de la ley fundamental del Estado, se decidió que debía volver a impartirse la enseñanza de la religión católica en las escuelas municipales en los mismos términos en que venía verificando antes de la prohibición. A pesar del regreso de la enseñanza de la religión católica a las escuelas municipales, varias asociaciones católicas continuaron con las directrices de fray Félix relativas a fomentar la enseñanza católica en escuelas privadas. Justamente ahora, en agosto de 1873, las escuelas católicas de Nuestra Señora del Rosario, que habían cambiado su denominación por el de Escuelas de la Merced, pasaron a instalarse donde había estado funcionando una “Academia de Señoras”, propiedad de la viuda de Izquierdo. Desde que el primer Ayuntamiento de Salvochea suprimió la enseñanza de cualquier clase de religión en las escuelas municipales de Cádiz, el número de alumnos de las escuelas del Rosario había aumentado hasta tal punto que su capacidad se quedó insuficiente. El nuevo local tenía la amplitud necesaria para que pudieran “llenar sus profesores la misión civilizadora de contrarrestar eficazmente los progresos de la enseñanza anticatólica”. Además del local de la viuda de Izquierdo, la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción cedió para las nuevas escuelas la planta alta del local donde se encontraba su sede. El 16 de agosto se celebró el acto de inauguración de las nuevas escuelas, al que asistieron seiscientos alumnos. Fue precedido de una ceremonia religiosa, celebrada por el presbítero Cayetano Fernández, que en nombre de la autoridad eclesiástica, encareció “las ventajas de la enseñanza católica, fuente de paz y estabilidad para los Gobiernos y los pueblos[646]”.

Respecto a la beneficencia municipal, también se cambió la orientación secularizadora dada poco antes por los republicanos a la asistencia domiciliaria. El 16 de septiembre se presentó en el Cabildo Municipal un nuevo proyecto de Reglamento de Beneficencia Municipal, que fue aprobado por unanimidad. Lo más destacable es que se volvía a los cinco distritos coincidentes con las cinco parroquias de Cádiz, y que los párrocos volvían a formar parte de las Juntas de Distrito, que no recuperaban el nombre anterior a la república de Juntas Parroquiales. Los párrocos no eran repuestos como presidentes de las Juntas, sino como vicepresidentes, siendo presidente de cada una un teniente de alcalde. No obstante, los tenientes de alcalde podían delegar sus funciones en los párrocos[647].

Otro asunto que dio prácticamente por resuelto la corporación municipal de Cagigas fue el de la subasta de la custodia. Fracasado el intento de Salvochea, Cagigas no tenía la menor intención de venderla. El gobernador eclesiástico había presentado una denuncia judicial contra el Municipio, pero este no se personaba en las citaciones del juez el distrito de San Antonio, encargado de la resolución del caso. El 22 de agosto el Cabildo Municipal recibió una notificación del juez, fechada el 14 del mismo mes, comunicando que iba a declarar en rebeldía al Ayuntamiento en los autos instruidos si no se personaba. Se encomendó al regidor síndico que estudiase el tema y el 29 de agosto Ramón María Pardillo dictaminó que era necesario que el Ayuntamiento acudiese a las citaciones. Se aprobó propuesta y se designó a Antonio Requejo como procurador en representación del Ayuntamiento. En vista de la inactividad municipal en esta cuestión, solo interrumpida por la amenaza judicial, es muy probable que Requejo recibiese instrucciones verbales de limitarse a presentarse en el juzgado cuando fuese requerido.

Uno de los últimos acuerdos municipales encaminados a rehabilitar los espacios de culto católico fue la autorización a que se volviera a abrir la capilla del cementerio municipal. El alcalde comunicó el 23 de septiembre al gobernador eclesiástico que el Municipio había restaurado la capilla y se habían repuesto todas las imágenes que fueron retiradas de la misma, pudiendo abrirse de nuevo al culto a partir del sábado día 27 de mismo mes[648].

4.13.2 Aplazamiento de la devolución del patrimonio artístico

Como se ha podido comprobar, el Consistorio presidido por Vicente Cagigas compensó en muy poco tiempo al Obispado en la mayor parte de los perjuicios ocasionados en la etapa anterior. Pero hubo un aspecto, cuya solución iba a ser difícil. El día 9 de agosto de 1873 el gobernador eclesiástico reclamó al Ayuntamiento la entrega de los cuadros de las iglesias de Capuchinos, la Merced y San Francisco. Lo cierto es que el Cabildo Municipal, como se recordará, había aprobado el primer día de su instalación reintegrar a cada templo de Cádiz todas las obras artísticas de las que se incautó el Municipio de Salvochea. Pero cuando se tomó esta decisión faltaban por incorporarse el alcalde y otros dieciocho concejales, lo que tal vez pudo permitir a los moderados que se habían presentado desde el primer momento que la resolución se aprobase por unanimidad. Una vez incorporado Cagigas, este y los demás concejales que habían esperado a que él se presentase en el Ayuntamiento para seguirle debían conocer las dificultades que se planteaban para la devolución de los cuadros de las iglesias incautadas, debidas a que el Estado no tenía intención de permitir que se hiciera.

Ante la nueva petición de Hüe, el concejal Federico Rovira, uno de los dos republicanos que acudían a las sesiones municipales, propuso que la solicitud pasase a estudio de la Academia de Bellas Artes. Por el contrario, el procurador síndico Pardillo, siempre dispuesto a apoyar las restituciones al Obispado, se mostró dispuesto a dar un dictamen inmediato, pues daba por sentado que los cuadros eran objetos sagrados y que, como tales, estaban “fuera del comercio de los hombres”, por lo que el Ayuntamiento nunca debió apropiarse de ellos. Rovira insistió en que debía oírse el dictamen de la Academia y que, una vez recibido este, el síndico informase por escrito, y así se decidió[649].

El 14 de agosto ya se estaba discutiendo en el pleno municipal el informe de Pardillo a pesar de no haber llegado el dictamen de la Academia, como se había dispuesto. El procurador síndico acudía a “las leyes tradicionales”, que ponían a las cosas sagradas fuera del comercio de los hombres. Considerando los cuadros y otras obras de arte que se encontraban en las iglesias como objetos sagrados, aseveraba que la incautación llevada a efecto en Cádiz se hizo sin estar sustentada por causas legales. Además, mediante el artículo veintiuno de la Constitución vigente, la Nación se había obligado a mantener el culto y los ministros de la religión católica, lo cual no significaba “solamente cubrir el presupuesto eclesiástico, sino conservar cuanto al culto concierne, lo cual incluye las cosas religiosas”. El informe concluía que la restitución a la Iglesia de los lienzos e imágenes que reclamaba el gobernador eclesiástico era incuestionable por lo que debía procederse inmediatamente a ejecutarla.

El punto débil del informe está en que atribuía a cuadros colgados en las paredes de unas iglesias, por ese solo hecho, la calidad de objetos sagrados, cuando no eran necesarios para el culto. Lo que deseaba recuperar el gobernador eclesiástico no eran objetos de culto, esto es, cruces o vasos sagrados, pues Salvochea ya autorizó su retirada por la autoridad eclesiástica al hacer las incautaciones, sino obras de arte sobre cuya titularidad diocesana no estaba de acuerdo el Gobierno. Así lo manifestó el concejal José María Uceda, que entendía que en ninguna parte podían estar mejor las obras de arte que en los museos. Uceda recordó que los cuadros de Capuchinos se habían deteriorado mucho, fuera por efecto del poco cuidado que se había tenido con ellos o por la facilidad con que se había permitido que algunos copistas los utilizaran indebidamente.

El informe de Pardillo pasó a votación, lo cual era un mero trámite teniendo en cuenta la mayoría de concejales dispuestos a apoyar a la Iglesia y el peso ínfimo de republicanos o concejales próximos a sus opiniones. Pero el alcalde Cagigas se vio atrapado entre sus deseos e ideas personales y su responsabilidad como alcalde. Sabía que el Gobierno, considerando que las iglesias de los conventos cerrados le pertenecían, tenía la intención de mantener en su poder los cuadros objeto de la discusión. Por eso votó en contra, junto a otros seis concejales, justificando su voto en la necesidad de que un asunto tan importante debía reforzarse con más datos para que el acuerdo reuniese todos los requisitos prevenidos en la ley. Se acordó devolver los cuadros y Uceda pidió al Cabildo Municipal que se le expidiera un certificado del acuerdo para incluirlo en el recurso que pensaba interponer[650].

Al día siguiente, 15 de agosto, Pardillo puso al gobernador eclesiástico al corriente de lo sucedido y le adjuntó copia del recurso interpuesto por Uceda[651]. Este daba lugar a la suspensión de la aplicación del acuerdo municipal hasta que se resolviese. En cualquier caso, iba a resultar muy difícil que el acuerdo municipal se materializase, ya que la resolución del recurso correspondía a los representantes del Gobierno. De hecho cinco días después del acuerdo municipal, el 19 de agosto, llegó al Cabildo Municipal un escrito del comisionado de Propiedades y Derechos del Estado de la provincia comunicando haberse enterado por la prensa del acuerdo de devolver los cuadros de las iglesias de los conventos cerrados, advirtiendo al Municipio que no podía disponer de los templos ni de su contenido sin la autorización del Gobierno y pidiendo la remisión de una relación de todos los cuadros.

Ante el oficio del comisionado, el 2 de septiembre el procurador síndico presentó un informe para remitirle una contestación. Pardillo recorrió históricamente lo sucedido entre la Iglesia y el Estado desde las desamortizaciones eclesiásticas. En su opinión, el Estado no tenía derecho legal para la incautación de las iglesias y menos aún la había tenido el anterior Ayuntamiento, pues la real orden de 17 de marzo de 1850 puntualizaba que la cesión de los conventos para fines de utilidad pública era temporal, reteniendo el Estado el dominio de los mismos. El Municipio debía restituir los cuadros que se reclamaban, porque había privado de su posesión al Obispado “sin razón ni derecho, sin dar cuenta a nadie, ni esperar la autorización de nadie”. Si el Estado se conceptuaba con derecho a los objetos incautados, debía reclamárselos a la Iglesia, pero el despojo hecho a la Iglesia por el Municipio, debía estimarse “como si no hubiera pasado”. Al recordar la real orden de 1850 para demostrar que los conventos desamortizados y sus iglesias no eran de propiedad municipal, evitaba comentar que la citada disposición aseveraba inequívocamente que dicha propiedad correspondía al Estado[652]. Cagigas no se opuso a la remisión del informe porque de todas maneras el Municipio no podía hacer nada mientras no se resolviera el recurso.

El Comercio, afín a las ideas políticas y religiosas de Pardillo, opinaba el 4 de septiembre que su dictamen demostraba con razones legales, a su modo de ver incontestables, que los cuadros y objetos sagrados que se habían llevado al museo por disposición del anterior Municipio, era propiedad de las iglesias respectivas y no del Estado, por lo que debían ser devueltos a las mismas.

El 19 de septiembre de 1873, tras el cambio de Gabinete del día 7 del mismo mes, con la presidencia del gaditano Castelar, el gobernador eclesiástico reiteró su petición, tal vez con la esperanza de que el nuevo Ministerio cambiase de opinión respecto al anterior. Hüe exponía al Consistorio que sus dudas sobre la restitución estaban “dando en cierto modo por buena la conducta del pasado Municipio” y que el nuevo Ayuntamiento se estaba erigiendo “en juez entre el prelado y el Estado” en la decisión sobre a cuál de los dos debía restituir los cuadros que retenía. Hüe repitió el argumento que tan buenos resultados que había dado en todas las quejas dirigidas en la etapa anterior: Si el Municipio se consideraba dueño de los cuadros y demás objetos de arte, con presentar los títulos de su propiedad la cuestión quedaba terminada; pero, de no hacerlo así, se estaba “haciendo partícipe del atentado y despojo realizado[653]”. Pero el Ayuntamiento se tenía que limitar a esperar la resolución al recurso de Uceda y no podía satisfacer la petición de Hüe.

Desde luego, el Gobierno estimaba que los cuadros incautados, como parte de los conventos e iglesias que se entregaron en su momento a Cádiz, eran propiedad del Estado. El comisionado de Ventas de Bienes del Estado había tomado posesión de San Francisco el día 6 de agosto. Tenía la intención de proceder a la enajenación de los materiales de derribo de la capilla de la Orden Tercera de San Francisco y de una parte del exconvento, que se había comenzado a derribar en parte por Salvochea[654]. Los concejales se mostraron en total desacuerdo fundamentando su disconformidad en que el convento de San Francisco había sido entregado a la ciudad en 1842 y desde entonces se había empleado para fines municipales y siempre bajo la administración de los sucesivos Ayuntamientos. Lo que sí aceptaron, el 14 de agosto, fue el desescombro, pues las calles próximas al convento estaban “completamente obstruidas con perjuicio de los transeúntes y de los vecinos de las mismas”. El alcalde había hablado personalmente con el comisionado, pidiéndole que se realizase la limpieza lo antes posible, aumentando el número de operarios[655].

Respecto a la Candelaria, el Gobierno había aceptado, como hecho consumado, su incautación y derribo, que se efectuaron, como se sabe, con la excusa del mal estado del edificio y sin hacer referencia a la aplicación de las leyes de desamortización y más en concreto al decreto de octubre de 1868, que dictaminó la supresión de la mitad de las casas de monjas subsistentes. Pero, una vez derribado el convento por Salvochea, el Gobierno interpretaba que se había hecho en función del cumplimiento del decreto de supresión de comunidades religiosas de octubre de 1868 y declaraba que el solar y los materiales del derribo eran de su propiedad. En Ayuntamiento de Cagigas no aceptaba esta decisión, pero tampoco podía hacer nada para oponerse.

La Administración central estaba interesada en la propiedad de los exconventos y sus iglesias para sacar provecho del beneficio económico de los materiales de los derribos efectuados y para usar los cuadros incautados como propios. La mayor parte de las iglesias de Cádiz, como se ha visto, habían sido abiertas de nuevo al culto. Pero no esto no había ocurrido con el templo de la Merced. El Gobierno tenía puesta la vista en esta iglesia y en sus objetos de arte desde que Fermín Salvochea decidió derribar el edificio, aunque no llegó a hacerlo. El comisionado remitió el 14 de agosto un escrito al Consistorio pidiendo que se le entregase el templo. La razón de la petición era que, una vez devueltas por el Ayuntamiento las llaves de las iglesias cerradas a los respectivos capellanes, la de la Merced, por alguna razón que desconocía el Cabildo Municipal, no se había abierto al culto. El Estado se había comprometido desde las disposiciones complementarias del Concordato de 1851 a no intervenir en las iglesias siempre que se mantuvieran abiertas al culto.

El Cabildo Municipal, siempre deseoso de ayudar al Obispado, resolvió que, para poder evacuar el informe más procedente, era necesario averiguar cuáles habían sido las causas por las que se había dejado sin abrir el templo al culto una vez devueltas sus llaves, para cuyo fin debía enviarse un oficio al gobernador eclesiástico. Era una manera de alertarle sobre el peligro que corría el templo si no se abría inmediatamente. El 22 de agosto se pidió a Hüe que manifestara las causas por las que permanecía cerrado el templo de la Merced[656]. La respuesta, tratada en el Cabildo Municipal de 26 de agosto, fue que cuando el Ayuntamiento devolvió las llaves, el capellán se encontró con que el templo estaba muy deteriorado. Hüe lo visitó, comprobando que durante la ocupación del templo por el anterior Municipio había sido destrozado el tejado que cubría las bóvedas de la iglesia, los cristales de las ventanas habían desaparecido y se habían levantado algunas losas del pavimento, rompiéndose una de un sepulcro, y se habían arrancado las molduras de los retablos. En definitiva, el templo presentaba múltiples desperfectos y no podía abrirse sin hacer reparaciones[657].

La situación era complicada. El Gobierno no permitía que se devolvieran las obras de arte, pues pretendía quedarse con ellas. El 29 de agosto el gobernador civil envió un escrito al Ayuntamiento, trasladando otro, muy severo, del director general de Obras Públicas, recordando comunicaciones anteriores sobre la capilla del Pópulo e iglesias de la Merced y Capuchinos, e indicando al alcalde el disgusto con que la Dirección General había visto “su notoria negligencia en dar cumplimiento a sus acuerdos”. El 9 de septiembre el comisionado continuaba pidiendo a Cagigas que le entregara las llaves del templo de la Merced. Pero el Ayuntamiento no hizo nada para entregarlo.

En esta ocasión el gobernador eclesiástico no supo entender que el camino a seguir no era insistir en la devolución de los objetos de arte de la iglesia de la Merced (además de los de las demás iglesias de otros exconventos de Cádiz), sin abrirla inmediatamente, aunque, con toda probabilidad, no tenía medios económicos para hacer las reparaciones que necesitaba. El 30 de septiembre Hüe seguía sin abrir la Merced e insistiendo en que se restituyeran a la Iglesia los cuadros de los que fue despojada; al mismo tiempo, en el Ayuntamiento se recibían dos oficios del Gobierno Civil, trasladando sendas comunicaciones del Ministerio de Gracia y Justicia y del de la Gobernación relativos al mismo particular e insistiendo en que no se hiciera la entrega. El alcalde y los concejales eran incapaces de decidir entre una dirección y otra. Ni satisfacían las preguntas que se le hacían por la superioridad ni podían dejar de obedecerlas. La devolución de los cuadros y la recuperación del Estado de los exconventos y de la iglesia de la Merced quedaron de momento sin resolver.

4.14 El último Ayuntamiento de Guillén. Agotamiento definitivo de la política laicista republicana

La llegada a Cádiz, el 28 de septiembre de 1873, de un nuevo gobernador civil, Santiago López Moreno, propició un cambio de Ayuntamiento. Aunque estaba previsto celebrar elecciones municipales en Cádiz para regularizar la situación, estas no se celebraron porque se temía que trajeran de nuevo los problemas y dificultades ya conocidos en caso de vencer nuevamente los republicanos “intransigentes”. El Ayuntamiento de Vicente Cagigas fue sustituido por otro con mayoría de republicanos “benévolos”, con Rafael Guillén Estévez como alcalde. Después de haber sido declarada nula toda la obra de Salvochea y de haber sido restituidas todas las iglesias al Obispado, Guillén no se sintió capaz de retomar una política secularizadora pacífica y respetuosa con las resoluciones superiores como la que trató de desplegar en 1869. A las dificultades que esto podría suponer en las circunstancias actuales, se unía el hecho de que el nuevo Ayuntamiento no había sido elegido mediante elecciones legales, lo que probablemente llevó al alcalde a esperar a que se dieran estas, cosa que no sucedió. Por otra parte, el nuevo Consistorio no estaba compuesto exclusivamente por republicanos “benévolos”, probablemente porque no había muchos dispuestos a aceptar formar parte de una corporación municipal no elegida mediante elecciones municipales. De hecho, el nuevo órgano municipal contaba con ediles como Francisco de Paula Regife, antiguo concejal del ala más conservadora de la Unión Liberal en el Ayuntamiento electo de Juan Valverde, y con varios miembros del Partido Moderado, como Gaspar Rocafull, Joaquín Lahera, tesorero y vocal respectivamente de la Asociación de Católicos de Cádiz, y Francisco de Mier y Terán.

Guillén mantuvo su postura de 1869 referente a no implicar a la corporación municipal en ninguna festividad o celebración religiosa y limitar las relaciones con las autoridades eclesiásticas al mínimo imprescindible. Pero esto también había sido habitual con Cagigas, salvo que en su caso se excusaba con que las múltiples ocupaciones municipales no permitían la asistencia a actos religiosos. Una de las pocas cuestiones en las que Guillén recuperó algo de la obra secularizadora de Salvochea fue la de las Juntas de Domiciliarias de Beneficencia. Mientras Cagigas había modificado el reglamento de Salvochea, haciendo coincidir los distritos con las parroquias y poniendo a los párrocos como vicepresidentes de las juntas de distrito, Guillén aprobó el 14 de octubre un tercer reglamento que reponía gran parte de lo aprobado por Salvochea: Se anuló el capítulo nueve, manteniéndose la distribución de los distritos médicos de Cagigas, que se correspondían, como ya se ha expresado, con las cinco parroquias de Cádiz. Pero no se mantuvo la reposición de los párrocos como vicepresidentes de las Juntas.

Respecto a los conventos y templos derribados, aunque Guillén estaba de acuerdo con la idea de Salvochea de dar trabajo a los obreros más necesitados y emplear los materiales resultantes en beneficio del Municipio, no lo hizo, respetando la decisión del Gobierno de apropiarse de los materiales y dirigir, en su caso, las obras de recogida. El 14 de octubre de 1873 el primer teniente de alcalde, Manuel Fernández Encinillas, recordó al Cabildo Municipal el interés en proporcionar trabajo a las clases obreras y que había gran número de fincas ruinosas que necesitaban modificarse y muchas otras cuyo mal estado exigía mejoras. No hizo ninguna alusión a derribos, sino a modificaciones, y menos a edificios religiosos.

También fue muy moderada la actuación municipal en lo referente al uso de los exconventos. Tras el apoyo de Salvochea al Centro Federal de Sociedades Obreras, cediéndole la parte alta del exconvento de San Francisco se pasó a su expulsión por Cagigas, devolviéndose la mayor la mayor parte del espacio ocupado a la escuela que lo había ocupado con anterioridad. Ahora, Guillén no hizo más que permitir que la Sociedad Económica de Amigos del País pudiera disfrutar de dos habitaciones desocupadas en la misma planta[658].

A pesar de la casi completa inactividad del Ayuntamiento durante sus tres meses de vida, su llegada produjo cierto temor, completamente injustificado, entre los miembros del Cabildo Catedral, que volvieron a dudar sobre si sería procedente salir procesionalmente a la calle. El 6 de octubre de 1873, cuatro días después de la instalación del Municipio de Guillén, los prebendados dirigieron un escrito al obispo pidiéndole licencia para hacer una celebración religiosa en el interior de la iglesia del convento de las Descalzas. Como solía suceder en demasiadas ocasiones, los capitulares se movilizaban cuando surgía alguna cuestión que les podía producir algún beneficio o perjuicio económico. La corporación eclesiástica celebraba, todos los años, en el templo citado una ceremonia con ocasión de la festividad de la Virgen del Rosario. El patronato fundado por Margarita Núñez Chacón había dotado la celebración con la cantidad de tres mil doscientos cincuenta reales, que quedaban reducidos a mil trescientos veinte si se celebraba en el interior del templo. Los prebendados pedían al obispo la dispensa para salir a la calle procesionalmente “en atención a las actuales circunstancias” y le preguntaba si en el caso presente estaba autorizado para percibir por la celebración de la festividad el total de la cantidad o solo la parte que correspondía por realizarla en el interior de la iglesia[659]. La repuesta de fray Félix fue muy clara en lo relativo a la cantidad que debían percibir, pues la cláusula que la reducía no admitía interpretaciones. La cuestión es que los capitulares volvían a los temores anteriores y no se mostraban dispuestos a salir procesionalmente a las calles. A pesar de los cambios acaecidos desde el 5 de agosto, el obispo no había anulado la dispensa de salir procesionalmente desde la catedral. Pero fray Félix, más consciente que los prebendados de la catedral de que ya no había necesidad de mantener estas prevenciones, les autorizó para que sacaran la procesión “a fin de cumplir la voluntad de la piadosa fundadora y percibir el total de la cantidad asignada[660]”.

La conducta de fray Félix urgiendo a los párrocos a cumplir con sus obligaciones eclesiásticas durante la administración municipal de Rafael Guillén revela su convencimiento de que esta no significaba un motivo para inquietarse. En la época cantonalista hubo necesidad de incentivar económicamente a los párrocos para que mantuvieran las misas dominicales. La difícil situación había llevado a los sacerdotes a una cierta relajación en el cumplimiento de sus obligaciones. Recuérdese que Hüe se había dirigido el 14 de julio a los párrocos, por medio del secretario de cámara, recordándoles su obligación de celebrar las misas dominicales, y estipulando cuánto se les abonaría por ello. Al mismo tiempo, limitó las celebraciones de misas de sacerdotes forasteros, probablemente, sustituyendo a los párrocos, algunos de los cuales estaban ausentes de la ciudad, el 5 de agosto cuando acababa de caer el Cantón de Cádiz[661]. El 21 de noviembre de 1873 el obispo, que no podía permitir que sus ministros dependientes mantuvieran esa postura, se dirigió a todos los párrocos y arciprestes de la Diócesis, que continuaban mostrándose un tanto apáticos en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas. Fray Félix tuvo que recordarles por escrito que una de sus principales obligaciones era atender a las necesidades espirituales de los fieles puestos bajo su custodia, mediante la predicación de la palabra de Dios, especialmente los domingos y días festivos, así como la administración de los Sacramentos. La Iglesia Católica había avisado constantemente a sus sacerdotes de la necesidad de cumplir estos preceptos, conminando con severas penas a los omisos en su cumplimiento. Fray Félix estaba “muy preocupado por observar la falta de cumplimiento por muchos —el escrito pone “algunos” y está tachado— párrocos”. Por eso recordaba a los párrocos y arciprestes que, en bien de las almas a su cuidado y de “la suya propia”, procurasen tener presente esta importante parte de su ministerio parroquial. El mismo día que redactaba la carta anterior, fray Félix, que no solo pretendía animar a los párrocos a volver a su celo religioso, sino también reactivar la participación de los fieles en las ceremonias religiosas, dispuso que en todas las parroquias de la Diócesis y conventos de religiosas se celebrasen actos en honor de la Inmaculada Concepción con motivo de su festividad y que en todas las iglesias se rezase una oración, que adjuntaba, por la que concedía cuarenta días de Indulgencias, confiando a los receptores que distribuyeran la oración por la villa o ciudad respectiva[662].

4.15 El Ayuntamiento de Vicente Cagigas de enero de 1874.

El 3 de enero de 1874, tras el golpe del general Pavía, el gobernador militar de Cádiz dirigió la sesión de instalación de un nuevo Consistorio. Había destituido a la corporación municipal de Guillén y repuesto a la presidida por Cagigas entre el 5 de agosto y el 2 de octubre del año anterior[663]. La reposición de Vicente Cagigas y los concejales conservadores del 5 de agosto de 1873 tenía que llevar necesariamente al regreso de la política municipal de restituciones y mejora de las relaciones con el Obispado. Pero ahora, además, el Ayuntamiento comenzó a colaborar económicamente con algunas necesidades eclesiásticas. Así, el 23 de enero de 1874, donó cincuenta pesetas a las monjas de la Candelaria, expulsadas el año anterior de su convento, para la celebración de su festividad el 2 de febrero, sin que hubiese mediado petición alguna. El mismo día se discutía sobre la reparación del reloj de la parroquia de San Antonio, buscando como justificación que era de utilidad para la ciudad. Pero en el fondo del asunto se notaba el deseo de reparar, más que el reloj, el daño que se había causado el año anterior con el Ayuntamiento republicano federal. Después de algunas dudas se decidió que la reparación no se sufragase con cargo al Ayuntamiento sino mediante una suscripción efectuada por los ediles. El 3 de febrero el hermano mayor de la Hermandad de la Caridad, (que mantenía y gestionaba el hospital de la Misericordia tras la pérdida del mismo por los hermanos de San Juan de Dios), pidió que el Ayuntamiento contribuyese con la limosna de mil reales para ayudar a los gastos de la colocación de un monumento que se instalaba en Semana Santa en la iglesia de San Juan de Dios. Se acordó que, “en atención al estado poco satisfactorio de los fondos municipales”, se entregasen quinientos reales[664]. El 24 de febrero se entregó al capellán de la misma Iglesia doce libras de cera, para el servicio de la capilla de San Pedro durante la Semana Santa. Se trataba de la capilla situada en la iglesia de San Juan de Dios que servía de oratorio al Ayuntamiento. El 10 de marzo el órgano municipal aprobó gastar seiscientos reales para la iluminación del templo de San Felipe Neri, donde se encontraban las cenizas de los fallecidos en 1820 y el Cabildo Municipal acudía cada año en ese día en procesión. La cantidad ya se había adelantado.

En vista de que la situación parecía favorable, el Cabildo Catedral pidió al alcalde ayuda económica para los actos religiosos de Semana Santa. Los capitulares de la catedral resumían en su petición las dificultades económicas sufridas desde el comienzo de la revolución y recordaban al alcalde que, al no haber asignación para el culto de la catedral, el obispo y el Cabildo Catedral habían tenido que abrir una suscripción entre los fieles. Los prebendados afirmaban haber resuelto celebrar sencillamente las fiestas de Semana Santa, pero viendo que algunos Municipios, entre los que se contaba el de Sevilla, habían ofrecido espontáneamente a los Cabildos Eclesiásticos lo necesario para que “las celebraciones se efectuasen con la majestad que piden los misterios altísimos que en las mismas se recuerdan”, pedían al alcalde que el Ayuntamiento contribuyese económicamente para que la celebración en la catedral se hiciera con la mayor solemnidad posible. El 3 de marzo el Municipio se acordó contribuir con la cantidad de diez mil reales, notificándoselo al día siguiente al Cabildo Catedral, y expresando explícitamente que la decisión estaba inspirada en los sentimientos religiosos de los concejales[665].

El Cabildo Catedral conocía la decisión municipal antes de que esta se formalizara mediante la reunión del Cabildo Municipal, pues el día 2 de marzo ya había resuelto dar las gracias a los concejales por “haber sabido inspirarse en los religiosos sentimientos del ilustre pueblo al que representan” al decidir el donativo[666]. La distribución del dinero aportado por el Ayuntamiento muestra que con la cantidad donada se cubrían casi todos los gastos previstos, que ascendieron a doce mil setecientos ochenta reales[667]. El 12 de marzo el obispo felicitó al deán por las gestiones realizadas para recabar la aportación municipal y aprobó la distribución, encargando al gobernador eclesiástico, arcipreste y doctoral de la distribución de los dos mil seiscientos reales que se había decidido donar a los pobres[668]. El Ayuntamiento asistió a los oficios de Semana Santa de la catedral, no por medio de comisiones, sino en pleno, invitando también al gobernador civil a que lo hiciera y presidiera la corporación municipal.

A su vez, también en marzo de 1874, la corporación municipal pidió al Cabildo Eclesiástico la aportación de una ayuda económica para atender a los heridos de la guerra carlista. Los miembros del Cabildo Catedral contestaron que no tenían potestad para tomar la decisión, la cual debía ser dirigida al obispo, y que, careciendo el Cabildo Eclesiástico como corporación de toda clase de recursos, no podía facilitar nada. Como no deseaban desairar al Ayuntamiento, ni tampoco que el donativo se interpretase como un apoyo a la república, comunicaron al alcalde que, “hecha abstracción completa de sus opiniones políticas”, contribuirían a título privado según las posibilidades económicas de cada uno y harían peticiones en las ceremonias de la catedral, remitiendo lo que recaudasen al alcalde. El Cabildo Eclesiástico informó al prelado de esta resolución. Confiaban en que él, que conocía y sabía “apreciar debidamente la posición del clero y la especial del Cabildo en esta Ciudad, en la que, como en toda la Diócesis, según la oportuna ocurrencia de V.S.I., son liberales hasta las piedras[669]”, estimaría favorablemente “la condescendencia de la corporación al prestar una ayuda económica” que solo obedecía a un fin caritativo, aunque pudiera ser interpretada “como apoyo moral a uno de los dos bandos contendientes[670]”.

En lo que no se avanzaba era en la devolución de los cuadros de los que fueron desposeídos algunos templos. El 15 de enero de 1874 el gobernador eclesiástico había vuelto a insistir en la cuestión[671] y el 23 de enero repitió las mismas razones que había venido exponiendo desde agosto del año anterior para que le fuesen entregados los cuadros y esculturas pertenecientes a las iglesias de Capuchinos, la Merced y San Francisco. Cagigas acusó recibo y comunicó al remitente que se le trasladaría oportunamente el acuerdo que recayese al respecto, pasándose a estudio de la Comisión de Pleitos. El 20 de marzo de 1874, una nueva carta de Hüe a Cagigas le recordaba las comunicaciones anteriores reclamando la devolución de los cuadros. El gobernador eclesiástico había estado aguardando a que el Cabildo Municipal le comunicase su resolución definitiva, pero la devolución no se había efectuado, por lo que se veía en la necesidad de rogar que se resolviese la cuestión con la mayor brevedad posible[672]. El alcalde estaba dispuesto a satisfacer la petición y el mismo día que recibió la carta, el 20 de marzo, remitió un escrito a la Administración Económica de la Provincia preguntando si podía proceder a la devolución. Pero el administrador le contestó el día 23 advirtiéndole que el Ayuntamiento debía esperar a que el Gobierno de la república, al que elevaba consulta el mismo día, resolviese.

La realidad es que el asunto ya había sido objeto de una resolución ministerial, favorable a las pretensiones del Obispado, pues el 20 de febrero de 1874, se había firmado una carta en la Sección Primera del Ministerio de Gracia y Justicia, dirigida directamente al obispo de Cádiz, en la que se le comunicaba la resolución favorable del ministro, Cristino Martos, a la devolución de los cuadros:

De orden del Gobierno de la República, comunicada por el Sr., ministro de Gracia y Justicia y a los efectos consiguientes, participo a V.E. que con esta misma fecha pongo en conocimiento del señor ministro de la Gobernación la comunicación de V.E. de fecha 22 de enero último, encargándole dé las órdenes oportunas al gobernador civil de esa provincia para que sean devueltos a los conventos de Capuchinos, San Francisco y la Merced los cuadros y efigies que el Ayuntamiento extrajo de los referidos templos, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la extracción, o manifestar en caso contrario, las razones que existan o hayan existido para la no devolución[673].

La única explicación que puede tener que el gobernador eclesiástico siguiera pidiendo la devolución al alcalde, que este interrogase al administrador de Hacienda si podía proceder a la devolución y que el administrador contestase que iba a elevar consulta al Gobierno, es que la resolución ministerial no había llegado a conocimiento de ninguno de ellos. Ese retraso, de algo más de un mes, tenía que deberse a que el trámite de comunicación del ministro de Gracia y Justicia, Cristino Martos, al de la Gobernación, Eugenio García Ruiz, de este al gobernador de la provincia de Cádiz y del gobernador al alcalde no se había cumplimentado todavía. Además, por alguna razón desconocida, la comunicación enviada directamente por el ministerio al obispo no debía haber llegado a sus manos, pues, de haber sido así, el gobernador eclesiástico no habría seguido insistiendo en su petición al alcalde o le habría indicado que ya había una resolución ministerial favorable a la devolución de los cuadros.

4.16 El último Ayuntamiento del Sexenio Democrático

La crisis municipal surgida a raíz de la decisión de Vicente Cagigas de permitir al administrador económico de la provincia continuar con el derribo de una parte de San Francisco a espaldas del Cabildo Municipal provocó el cambio de Ayuntamiento, manteniendo al alcalde en su puesto. La sesión de formación del nuevo Consistorio se celebró el 10 de abril, designándose algunos ediles progresistas defensores de Ruiz Zorrilla, procedentes de la corporación municipal de José María del Toro, como José del Palacio, Juan de Dios Calvo y Enrique de la Peña, y otros radicales, entre ellos el exalcalde Bernardo Manuel de la Calle, que no se presentó. El anterior procurador síndico, Ramón María Pardillo, junto con José María Soulé e Ignacio Sequeira fueron confirmados, pero dimitieron excusándose en sus muchas ocupaciones o en su mal estado de salud. Hubo muchas más dimisiones previas a la designación de la nueva corporación, resultando tras los cambios un Ayuntamiento algo más avanzado políticamente que el anterior, si bien en la práctica la mayoría de miembros del Partido Constitucional seguiría imponiendo su política. Antonio Mora, Arturo García de Arboleya, Clemente Darhan, Rafael Martínez, Pedro Ramírez y José Baltar, la mayor parte de ellos moderados, que habían votado en contra de las explicaciones del alcalde respecto a sus contactos con el administrador de Hacienda para aprobar la apropiación de San Francisco sin contar con el Cabildo Municipal, no fueron designados de nuevo[674].

La devolución de los cuadros incautados a las iglesias correspondientes se produjo, por fin con José del Palacio como alcalde en funciones, pues Cagigas dejó de asistir a las sesiones municipales y fue pidiendo sucesivas licencias hasta que, finalmente, dimitió. La cuestión se resolvió de manera inesperada. Como la Academia de Bellas Artes estaba gestionada por la Diputación Provincial, esta tomó en junio de 1874 el acuerdo de que los cuadros de la iglesia de Capuchinos volvieran a su emplazamiento anterior en la mencionada iglesia, produciéndose la reposición el 27 de junio[675]. La Academia de Bellas Artes, llegó más lejos y el 8 de julio remitió un oficio al alcalde manifestando que había acordado en junta general que el Municipio dispusiera la reposición de todos los objetos artísticos depositados en el Museo Provincial a los templos de procedencia. El Cabildo Municipal aceptó la propuesta el 14 de julio y se lo comunicó el 16 de junio al gobernador eclesiástico. La decisión de la Academia de Bellas Artes era del dominio público antes de la sanción municipal, pues el 9 de julio ya corría la noticia en la prensa moderada. Así la presentaba El Comercio el día 9 de julio:

La Academia provincial —de Bellas Artes— de Cádiz ha adoptado un acuerdo que la honra. Después de enterarse y cumplir la orden de entregar los cuadros de Murillo y otros autores al capellán de la iglesia de Capuchinos, según lo dispuesto por la Diputación Provincial, ha acordado oficiar al Ayuntamiento proponiéndole que los cuadros y efigies que la corporación que presidía el señor Salvochea mandó llevar al Museo, sean restituidos en sus respectivos templos con tanto más motivo cuanto que no son obras de relevante mérito artístico, habiéndose privado a las iglesias de esos objetos venerandos de la piedad del pueblo de Cádiz.

El 17 de julio el gobernador eclesiástico se dirigió por escrito a la Alcaldía agradeciéndole que hubiese “reparado un agravio inferido a la Iglesia en un periodo de tristes recuerdos, (…) y satisfecho la piedad de los fieles” de Cádiz, “que anhelaban la vuelta a sus iglesias de imágenes de su especial culto y veneración[676]”. El Comercio publicó el día 19 la carta del gobernador eclesiástico, mostrando sus mayores elogios a la conducta de la Academia de Bellas Artes, a la cual se debía en gran parte la devolución de los cuadros.

El 5 de mayo de 1874 se trató en el Cabildo Municipal sobre el programa de festividad del Corpus, con la que se pensaba hacer coincidir la celebración de la traída de agua corriente a la ciudad. Se tenía la intención de facilitar que la procesión se celebrase “con la mayor pompa, rindiendo así culto a los sentimientos católicos de este pueblo”. A pesar de la escasez de fondos, se pretendía dar la mayor solemnidad a los actos, con toda seguridad para que sirvieran de contraste con las limitaciones del año anterior. La cantidad disponible en el capítulo de fiestas era de cincuenta y cinco mil reales y se habían presupuestado unos gastos de sesenta y ocho mil tan solo para la procesión y noventa y nueve mil novecientos cuarenta y un reales para la inauguración de la traída del agua. La Alcaldía decidió celebrar la festividad con la suntuosidad que correspondía a “la fe de los habitantes de Cádiz y a los sentimientos religiosos de los individuos que forman el Municipio”. Se iluminaría la carrera de la procesión las noches del 3 y 4 de junio y durante la primera habría fuegos artificiales en la plaza de Santiago. La procesión saldría a las once de la mañana de la catedral “con la magnificencia debida a la solemnidad”, contándose con la asistencia del pleno municipal[677].

Poco antes de la festividad, el 25 de mayo, se tomó la determinación de volver a colocar las estatuas de los patronos San Servando y San Germán en el mismo lugar en que estaban situadas en el puerto de Cádiz cuando por disposición del Ayuntamiento de Fermín Salvochea se retiraron y fueron depositadas en un almacén. (Queda claro, pues, que aunque Salvochea las puso a la venta, no consiguió su propósito).

La fiesta del Corpus Christi se celebró con el máximo esplendor. La carrera estaba completamente adornada e iluminada. En las casas consistoriales se colocó bajo un dosel un gran cuadro de San Servando y San Germán, obra del discípulo de Murillo Cornelio Schut. La fachada del Ayuntamiento se adornó “con colgaduras de terciopelo, seda y oro, arañas y trofeos” y la plaza del Ayuntamiento con una galería de arcos. Las noches del 3 y 4 de junio varias bandas de música intervinieron en la calle. La primera noche las calles estuvieron muy animadas, hasta el punto de hacerse difícil el tránsito por algunas de ellas. El día 4 salió la procesión con el siguiente orden: una cruz de mano, tras la que desfilaban los niños del hospicio provincial. A continuación las hermandades de Cádiz; detrás las imágenes de los patronos, la imagen de la Virgen del Rosario, los alumnos del seminario Conciliar de San Bartolomé, las cruces parroquiales y la de la hermandad eclesiástica de San Pedro; detrás el clero y tribunal eclesiástico, la cruz catedralicia, los capellanes de coro, beneficiados, dignidades y canónigos del Cabildo Catedral; luego, el lábaro o estandarte, llevado por un concejal, el sagrado lignum crucis, una reliquia de la Santa Espina, y la custodia, seguida del palio llevado por sacerdotes, bajo el cual desfilaba el obispo; al final, las llaves de la ciudad y la Alcaldía en pleno, con concejales y funcionarios municipales. Por la tarde, una vez finalizada la procesión, el Ayuntamiento celebró una misa en el oratorio municipal de San Pedro en la Iglesia de San Juan de Dios, rezada por el capellán municipal. Como se puede apreciar, la procesión fue todo un acto de desagravio del Municipio al Obispado por las dificultades en que le había puesto la política laicista precedente, especialmente la desatención hacia las manifestaciones públicas católicas del año anterior y en intento de vender la custodia. La prensa local conservadora constató la gran afluencia de público y la asistencia de todas las autoridades municipales y provinciales, pero no sintió ya la necesidad, que había prevalecido en años anteriores, de ponderar la festividad como una muestra inequívoca de la religiosidad del pueblo gaditano. La noticia no se dio en primera página como en ocasiones anteriores y la extensión no pasó de ser mediana, faltando comentarios e interpretaciones.

La corporación municipal se quedó con muy escasos fondos después de haber costeado la celebración del Corpus. A finales de junio la Comisión de Fiestas Civiles y Religiosas recordó que todos los años, excepto el anterior, el Municipio había celebrado el día de San Pedro por medio de una misa cantada en la capilla del mismo nombre, perteneciente a la iglesia de San Juan de Dios. Pero, no habiendo fondos para la función, los miembros de la Comisión decidieron abonarla de su propio peculio y “la Ciudad acordó dar un voto de gracias a su Comisión de Fiestas por su religiosidad y generoso desprendimiento[678]”.

El 4 de octubre se celebró la festividad de la Virgen del Rosario y el Ayuntamiento envió una comisión municipal, contribuyendo con mil reales. Lo más significativo es que ahora ya no se justificaba la asistencia en el cumplimiento de la libertad de cultos o en ser la costumbre, como se hacía en los tiempos de Valverde y Del Toro, sino en que “la Ciudad tenía hecho voto de concurrir a la función”. Es decir, la asistencia se justificaba por estimarse que se trataba de una obligación religiosa[679]. El alcalde en funciones, José del Palacio, era el progresista avanzado que, junto a otros, presentó la dimisión a Valverde en 1871 cuando este comunicó que una parte de los concejales había dado una limosna en la catedral para la celebración del vigésimo quinto aniversario de Pío IX.

El 23 de octubre, día de los patronos de Cádiz San Servando y San Germán, se celebró la festividad en la catedral, oficiando el obispo. El Ayuntamiento asistió y abonó a cargo del presupuesto municipal el total de los gastos que se produjeron. El sermón corrió a cargo del arcipreste Sebastián Herrero. “El Municipio, inspirándose en los sentimientos católicos de sus administrados, hizo ostentación de religiosidad, asistiendo al templo bajo mazas y tributando así el debido homenaje al patronato de nuestros mártires[680]”.

Por lo que respecta al cementerio municipal, su secularización había quedado anulada el 6 de agosto del año anterior, cuando se declararon sin efecto todas las disposiciones del Cantón de Cádiz. No obstante este retroceso, no se volvió a la situación de 1872, con las reticencias de José María del Toro a cumplir la circular que obligaba a enterrar a los no católicos dentro del cementerio. Ahora sí había una zona destinada a los no católicos, aunque estuviese completamente separada de la destinada a los católicos, y se estaban ejecutando obras para su mejora. Los protestantes o cualquier ciudadano fallecido cuya familia no contase con la correspondiente autorización del párroco, podía, al fin ser enterrado en condiciones dignas.

En junio de 1874 el absentista de estas obras, Esteban Real, recibió el pago de cuatro mil setecientas setenta y dos pesetas con cuarenta y siete céntimos por los trabajos realizados[681]. Pero en agosto se le comunicó que el crédito disponible en los presupuestos municipales para este fin había quedado agotado, por lo que solicitó al Ayuntamiento que se le pagase de otro capítulo. No se accedió a la petición, comunicándosele que en el presupuesto del año siguiente se tendrían en cuenta los atrasos correspondientes. Sin embargo, cuando se trataba de la zona destinada a los católicos los problemas económicos parecían desaparecer. A comienzos de septiembre de 1874 el arquitecto municipal presentó un presupuesto de las obras que se habían ejecutado la zona citada durante los años 1872 y 1873, que ascendía a cuatro mil ciento cincuenta y siete pesetas con veintidós céntimos, para que se le abonasen al absentista (que era el mismo Esteban Real), no teniéndose ningún inconveniente en este caso en librar inmediatamente la cantidad expresada. El absentista de las obras del cementerio creyó encontrar una solución para no dejar abandonada la obra de la parte destinada a los no católicos. Ya que no se le pagaba por no haber fondos del presupuesto, solicitó al Municipio que le devolviera la fianza que había presentado al firmar el contrato, para poder continuar con ella trabajando hasta recibir el año siguiente los atrasos. En vez de dársele una contestación favorable, se pasó a estudio de la Comisión del Cementerio, decisión que equivalía a una negativa, pues la Comisión no informó sobre la cuestión.

El Ayuntamiento continuó tomando hasta el final de su administración determinaciones que mostraban su identidad católica y su ánimo de compensar al Obispado por los pasados agravios. A principios de octubre de 1874, el Cabildo Municipal acordó que la Comisión de Fiestas pasase a cumplimentar a fray Félix, que acababa de regresar de la visita pastoral que había iniciado el año anterior. El 20 de octubre los ediles tuvieron conocimiento de que el prelado estaba pidiendo desde el púlpito la apertura de una suscripción para reparación del templo de la Merced. No se había recibido ninguna petición oficial, pero la Comisión Municipal de Hacienda indicó al Ayuntamiento que estaba “obligado por un deber de conciencia” a auxiliar a esta reparación, basándose en que la instalación y funcionamiento de la fábrica del gas, antiguo convento, había afectado al aspecto del templo. Tratándose la fábrica de un edificio que había estado al servicio del pueblo de Cádiz, esa circunstancia debía “pesar grandemente en la balanza del buen criterio y del espíritu de rectitud” del Ayuntamiento. El obispo estaba invocando la piedad pública para efectuar la reparación y los munícipes creían que era necesario “indemnizar de daños y perjuicios” al obispo “por el deterioro ocasionado en el templo”, y que se debía hacer “por un espíritu de equidad, sin invocarse para nada los sentimientos religiosos” de los miembros del Ayuntamiento. La comisión creía que lo justo era aportar diez mil reales, pagándolos en tres plazos, cuatro mil al comenzar las obras, tres mil cuando estuviesen a la mitad y otros tres mil al final. Con ello el Municipio contribuiría a dar trabajo a las clases más pobres, dictando al mimo tiempo “una determinación conforme en un todo con los sentimientos católicos que profesa la inmensa mayoría del vecindario, haciendo cuanto de sus facultades dependa para ir poco a poco con actos positivos demostrando su anhelo de borrar en lo posible los efectos de una época turbulenta y que tanto hirió las conciencias de esta culta población[682]”.

Pocos días después, llegó una petición formal de fray Félix al alcalde en funciones, José del Palacio, fechada el 22 de octubre de 1874, para que pusiera en conocimiento de la corporación municipal su proyecto para conservar una recuerdo de lo que en su día “supieron hacer en nuestra patria, inspirados por la madre de Dios, insignes varones a favor de la libertad y civilización verdaderas”. Se refería al templo de la Merced, que seguía cerrado “por el lamentable estado en que había quedado durante el año anterior”. Fray Félix calculaba los gastos de la reparación no bajarían de veinte mil pesetas[683]. El Ayuntamiento ya había resuelto abonar una importante cantidad para la reparación del templo antes de haber recibido una solicitud formal. Ahora se estimaba que la decisión de aportar diez mil reales podía no ser la más adecuada, por lo se envió una comisión para entrevistar personalmente con el prelado para comunicarle que el Consistorio se había anticipado a sus deseos acordando aportar la cantidad expresada y preguntarle si estaba de acuerdo.

Las escasas cuestiones que restaban por resolverse entre el Municipio y el Obispado se fueron cerrando en su mayor parte al final del periodo. El 30 de octubre, una decisión del Cabildo Municipal sirve para descubrir un hecho producido durante el periodo cantonalista: Se acordó que una verja de hierro que se estaba usando en la sala de sesiones volviera a formar parte de la crujía de la catedral.

El año 1874 iba finalizando y con él una república que llevaba muchos meses en manos de los monárquicos. La piedad religiosa parecía volver a manifestarse en Cádiz como en etapas anteriores a la revolución. El 20 de noviembre fray Félix bendijo y consagró, con una numerosa congregación de fieles, una nueva capilla en la parroquia del Rosario, construida a expensas de una familia piadosa. El Obispado había recuperado gran parte de su ascendencia sobre las autoridades civiles, como lo muestra de ello un oficio de la Diputación Provincial dirigido a fray Félix:

Ilmo. Sr.: Estando ejecutándose obras de reconstrucción del techo de la enfermería de niños del Hospicio de esta ciudad que se encuentra totalmente desmantelada, siendo de temer grandes perjuicios, tanto a las obras que se construye como al departamento en general, si sobrevienen lluvias antes de terminar la cubierta del expresado departamento, que por otra parte es de suma necesidad habilitar lo más pronto posible para sus usos naturales, se ha dispuesto impetrar de V.I. el oportuno permiso, a fin de que las obras no se paralicen en los días festivos, evitándose de este modo que se prolonguen aún más tiempo, lo cual pudiera ser causa de los perjuicios que quedan citados[684].

El 1 de diciembre, don Alfonso firmó el Manifiesto de Sandhurst, una carta de agradecimiento a las numerosas felicitaciones recibidas con motivo de su reciente cumpleaños. El manifiesto, redactado por Cánovas, que trataba de sugerir un programa para una futura restauración borbónica, finalizaba afirmando: “Sea la que quiera mi suerte, ni dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal”. Con esta frase se proponía una solución a la cuestión religiosa, tan polémica durante los últimos seis años, haciendo compatibles el catolicismo tradicional con las libertades de los tiempos presentes. Solución que iba a ser difícil de poner en práctica, dada la especial sensibilidad del clero tras el Sexenio Democrático, e iba a ser un obstáculo para que el integrismo español aceptase la restauración borbónica.

CONCLUSIÓN

Las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado español se vieron afectadas en gran medida tras la revolución de septiembre de 1868. El artículo veintiuno de la Constitución de 1869, que proclamaba la libertad de cultos, constituyó el eje principal en torno al cual giró todo el conflicto político-religioso, planteado como firme oposición de la mayoría del clero y de los católicos conservadores a las sucesivas leyes y decretos que se fueron promulgando con la intención de cambiar estas relaciones.

El principal medio que usó el obispo de Cádiz para oponerse a las medidas gubernamentales que afectaban a la Iglesia fue la remisión de escritos de protesta a los distintos Gabinetes o a sus ministros. Estas reclamaciones insistían siempre en la superioridad moral de la Iglesia católica y sus representantes, así como la primacía del derecho eclesiástico en cuestiones religiosas, sobre las decisiones políticas, que debían, en opinión del prelado, estar subordinadas a los intereses de la Iglesia. Durante los primeros momentos de la revolución fray Félix guardó silencio; no fue hasta el periodo de la Regencia de Serrano cuando comenzó a expresarse si bien de forma relativamente moderada, centrándose en dejar patente su neutralidad política, pero oponiéndose rotundamente a las medidas legales que no se ajustasen a los dictados de la Iglesia. Durante el reinado de Amadeo de Saboya su tono se hizo más intolerante e intransigente, extremo en el que no se diferenciaba del resto del episcopado español.

Este tono varió ostensiblemente con la llegada de la República Fray. Félix había explicitado en varias ocasiones su deseo de que la Iglesia gozase de la libertad de sus primeros siglos. Nunca mostró hacia los Gabinetes de la república la hostilidad que destacó en sus escritos de la etapa anterior. No era partidario de la separación completa de la Iglesia y el Estado, porque creía que el último tenía la obligación de sostener a la primera como compensación por las desamortizaciones. Pero se puede afirmar que su pensamiento doctrinal, intransigente en lo tocante a la religión, no le impedía preferir la república a la monarquía democrática de Amadeo.

Si desde el punto de vista doctrinal el prelado de Cádiz se mantuvo en una posición inamovible e intransigente sobre el papel de la Iglesia católica, en otros aspectos supo adaptarse a la realidad del momento. Así ocurrió, en cierto modo, con la libertad de cultos: si bien es cierto que no cambió su oposición frontal a la misma, terminó por aceptarla como un hecho consumado cuando le interesó esgrimirla. Por ejemplo, cuando se opuso al enterramiento de los no católicos en los cementerios municipales, no aceptaba la libertad religiosa, pero pedía al poder civil que fuera consecuente con ella. Igualmente, siendo un defensor del Concordato de 1851, como fuente de obligaciones del Estado con la Iglesia, lo dio por zanjado durante el reinado de Amadeo de Saboya, cuando se declaró por parte de este la conveniencia de suprimir la provisión de canonjías.

Una de sus principales preocupaciones fue la de anular los efectos de la libertad de cultos sobre la extensión en Cádiz de las doctrinas protestantes. También aquí supo adaptarse a los nuevos tiempos. Para amortiguar los efectos de las escuelas protestantes abiertas tras la promulgación de la Constitución de 1869, fray Félix promovió la creación de escuelas gratuitas de niños, aumentando su interés a medida que avanzaban las dificultades para impartir la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas. En resumen, el catolicismo intransigente y el exclusivismo religioso obispo gaditano no fue incompatible con un posibilismo o tolerancia en cuestiones políticas, utilizando las nuevas libertades en un incipiente catolicismo social.

Por lo que respecta al Cabildo Eclesiástico, este se distinguió en la defensa de los patronatos que administraba. Si el obispo defendió especialmente los intereses espirituales de la Iglesia, el Cabildo Catedral se ocupó en particular en la defensa de los económicos. Además de los escritos de protesta, los capitulares usaron la resistencia pasiva y las dilaciones. Los objetivos de la actuación del Cabildo Catedral fueron más prosaicos que los del obispo. Los prebendados actuaban a menudo confundiendo los intereses económicos de la Iglesia gaditana con los suyos personales. Defendiendo los patronatos, defendían a su vez la décima parte de sus rentas, que se repartían entre sí. En ocasiones, algunos capitulares antepusieron su temor a supuestas alteraciones del orden o irreverencias a su celo religioso, abandonando sus puestos durante los momentos difíciles o negándose a que se celebraran procesiones religiosas en la calle. Se mostraron preocupados en facilitar a los beneficiados su falta de asistencia a los servicios de la catedral para buscarse el sustento, pero no intentaron ayudarles económicamente, salvo contadas excepciones, con lo que retenían de los patronatos.

El canónigo Vicente Calvo y Valero (futuro obispo de Santander y Cádiz) tuvo una actuación muy destacable en defensa de los intereses del Cabildo Catedral, en la que colaboraron el arcediano Antonio Micas y del canónigo Francisco de Lara. Calvo empleó una forma distinta de actuación para lograr sus objetivos. En vez de los escritos habituales, entabló negociaciones personales, en las que mostró su habilidad para la gestión de conflictos. Los gobernadores eclesiásticos, Vicente Roa, Sebastián Herrero y Fernando Hüe tuvieron una actuación dispar. Hüe se distinguió en su defensa de los intereses de la Iglesia gaditana durante toda la etapa republicana utilizando un sistema diferente de enfrentamiento, basado en el empleo de argumentos estrictamente legales en contra de las disposiciones laicistas del Municipio dirigido por Fermín Salvochea, y no evitando admitir la Constitución de 1869 y la libertad de cultos, ni la potestad del Gobierno de la república para tomar decisiones que afectasen a la Iglesia. En definitiva, Hüe (futuro obispo de Tuy) mostró un modelo de clérigo mucho más abierto a las cuestiones seculares. Sin poderse asegurar que se tratara de un sacerdote liberal, sí se puede afirmar que su discurso en defensa de los intereses de la Iglesia era muy semejante al que utilizaban los unionistas y los progresistas en determinadas cuestiones.

Los distintos Ayuntamientos gaditanos del periodo, como representantes en la administración local de la política emanada de los distintos Gobiernos, debían cumplimentar la normativa superior en lo que afectase al ámbito local. Esta circunstancia debía convertirlos en un elemento de confrontación con el clero gaditano. Pero su actuación fue con frecuencia distinta a la que se podía esperar, estando el Municipio a veces más próximo al Obispado de lo que la adscripción política de sus miembros debiera hacer suponer, o llegando en otras ocasiones mucho más allá de lo deseado por las respectivas autoridades nacionales.

En torno al proceso de definición y proclamación de la Constitución de 1869, el Consistorio republicano de Rafael Guillén Estévez trató de imponer en el entorno local el principio de separación entre religioso y lo secular, pero sus tentativas de lograr avances laicistas se encontraron siempre con el obstáculo de una legalidad muy distinta a la que deseaban los republicanos.

Entre octubre de 1869 y julio de 1872, los Ayuntamientos de corte liberal que sucedieron al republicano hasta bien entrado el reinado de Amadeo de Saboya, estuvieron formados por una coalición de progresistas y unionistas, en la que, con el tiempo, fueron desapareciendo los más avanzados de la primera tendencia y los más moderados de la segunda, terminando por formarse una mayoría de constitucionales. Los alcaldes Juan Valverde y José María del Toro buscaron un equilibrio entre el acatamiento debido a la normativa eclesiástica gubernamental de corte progresista y el mantenimiento de excelentes relaciones con las autoridades eclesiásticas gaditanas. Juan Valverde colaboró en todo momento con el Obispado, mereciendo tras su fallecimiento en julio de 1871 unos funerales en la catedral de Cádiz con el aparato destinado a los canónigos, cuando unos meses antes hubo serias dificultades para celebrar en la catedral las exequias por Prim. Por su parte, José María del Toro llegó a prestarse a mediar personalmente ante el Gobierno a favor de los intereses del Obispado gaditano.

Durante los últimos meses del reinado de don Amadeo, una nueva corporación municipal formada por radicales, republicanos “benévolos” y unionistas conservadores, presidida por el radical Bernardo Manuel de la Calle, intentó mantener la misma línea de equilibrio que sus antecesores. Pero la negativa del obispo y Cabildo Catedral a la petición del alcalde de celebrar un acto de acción de gracias por el rey propició un enfriamiento en las relaciones entre el Municipio y el Obispado, que era el anticipo de la tormenta que había de venir a partir de las elecciones municipales de marzo de 1873.

El análisis que sobre la política laicista de los republicanos “intransigentes” dirigidos por Salvochea muestra cómo las medidas de los republicanos no estaban causadas, a pesar de su fuerte impacto sobre muchos católicos, por un deseo de acabar con todo lo que tuviera que ver con la religión, sino más bien por la intención de mantener las manifestaciones religiosas dentro del ámbito privado de los individuos, sin que interfiriesen en las cuestiones que se creía debían corresponder a los organismos públicos. En definitiva, se trataba de una política encaminada a conseguir la independencia de la autoridad municipal y de los ciudadanos de cualquier influencia o imposición eclesiástica o religiosa.

A partir del 5 de agosto de 1873, tras la caída del Cantón, los órganos municipales presididos por Vicente Cagigas y José del Palacio se mostraron completamente favorables a los intereses del Obispado y se impusieron la obligación de reponer todo lo que había sido incautado por Salvochea. La devolución de todas las iglesias al Obispado fue inmediata; el resto de restituciones se fue sucediendo sin ninguna dificultad, con excepción de la devolución de las obras de arte incautadas de las iglesias, cuya consecución se vio dificultada por los deseos del poder central de mantenerlas en su poder.

El conflicto entre el Obispado y los agentes secularizadores, nacionales o locales, había desaparecido por completo en 1874, a pesar de que las leyes y decretos secularizadores seguían en su mayor parte en vigor. Entre tanto, la Administración y el Municipio se enzarzaban en ciertas discrepancias sobre la devolución definitiva al Obispado de las obras de arte incautadas o la posesión de las iglesias de los conventos cerrados. Al final del periodo, tras las últimas reposiciones, el Municipio participaba de nuevo en celebraciones religiosas y se mostraba dispuesto a colaborar en las necesidades del Obispado hasta el límite de sus posibilidades económicas, justificando su actuación en el celo religioso de los concejales y en la necesidad de reparar las ofensas causadas al Obispado.

La presencia de los protestantes en Cádiz influyó en ciertos aspectos del conflicto. Su insistencia en que el Municipio les proporcionase un cementerio fue desoída. A partir de ahí, trataron de que sus cadáveres fuesen enterrados en el cementerio municipal, lo cual dio lugar a divergencias entre el Ayuntamiento de Juan Valverde y la autoridad judicial que apoyaba estas inhumaciones. El Municipio ordenó el cierre del cementerio inglés como represalia y comenzó a enterrar a los no católicos en una zona de la playa y en condiciones indignas. A pesar de que la circular de Sagasta de julio de 1871 ordenaba que los no católicos se enterrasen dentro del cementerio, José María del Toro mantuvo el lugar de entierro habilitado por Valverde, aduciendo que todo el cementerio municipal estaba consagrado como católico y no era posible cumplir la orden. En definitiva, la actitud de los protestantes sirvió para descubrir la intolerancia católica de los munícipes seguidores de los unionistas y progresistas en el poder. Respecto al Obispado, la presencia protestante en Cádiz fue el acicate que llevó a fray Félix a fundar escuelas privadas católicas, con el apoyo de las asociaciones católicas femeninas.

Las cartas y opúsculos del “Padre Cayetano” fueron en Cádiz una forma anónima de propaganda de la Iglesia Católica contra los presbiterianos de la Iglesia Reformada Española y los miembros de Iglesia Libre Cristiana Española dirigidos por José Agustín Escudero. El “Padre Cayetano” dio muestras en sus escritos de un talante semejante al que guio a los escritos de protesta de Hüe. Sus críticas dejaban a salvo el respeto a la situación política y a la legalidad vigente. Sus armas eran la ironía y la descalificación contra lo que él interpretaba como falta de fe o de conocimientos teológicos de sus oponentes.

Por lo que se refiere a la prensa local, la republicana no entró generalmente en las cuestiones propias del conflicto político-religioso, dedicándose en mayor medida a los problemas políticos y sociales que afectaban a la ciudad. En cualquier caso, nunca se atacó a la religión católica desde las líneas de los periódicos republicanos. Por lo que respecta al clero, dentro de una actitud muy crítica en su contra, no faltó el reconocimiento republicano a la actuación del obispo de Cádiz durante la insurrección de las Barricadas. Por su parte, la prensa liberal monárquica utilizó la religión como argumento interesado a sus ideas políticas. Nunca criticó las actuaciones contrarias a la Iglesia ni se detuvo especialmente en las medidas secularizadoras de sus copartidarios en el Gobierno. En definitiva, tampoco entraron en la confrontación. Por el contrario, la prensa conservadora, moderada o carlista, se mostró muy crítica con las medidas anticlericales y siempre dispuesta a apoyar al Obispado. Pero sus comentarios nunca pasaron la línea de una opinión respetuosa, muy lejos de alusiones exaltadas o radicales. Los moderados se encargaron de poner en conocimiento de sus lectores el catolicismo incondicional de la mayoría de los gaditanos, las reclamaciones del obispo y las manifestaciones religiosas en las calles, tratando de demostrar que los liberales y los republicanos podían ganar “sus elecciones”, pero que la mayoría de los gaditanos era profundamente católica.

Las asociaciones gaditanas desempeñaron un papel apreciable. Respecto a las católicas, la Junta de Damas y la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción colaboraron con el obispo en la creación de escuelas católicas y con los municipios liberales en la supervisión de la enseñanza católica de niñas en las escuelas municipales, manifestándose públicamente a favor de la continuidad de la Candelaria. La Asociación de Católicos, por su parte, apoyó activamente a la exaltación de Pío IX, primero en enero de 1871, en un acto que trataba de resaltar la figura del papa en los momentos en que se instalaba en España la dinastía de Saboya, y luego con la celebración del vigésimo quinto aniversario de su pontificado, contribuyendo económicamente y apoyando un acto multitudinario de reacción católica contra la política secularizadora nacional. Aunque los fines de la asociación descartaban la acción política, varios miembros gaditanos de la misma, como Arturo García de Arboleya, Joaquín M. Lahera o Gaspar Rocafull, desempeñaron a partir de agosto de 1873 un papel esencial desde el Ayuntamiento para devolver al Obispado todo lo que había sido incautado por Salvochea. En definitiva, las asociaciones católicas gaditanas del Sexenio representaron una incipiente toma de conciencia de los católicos sobre la necesidad de organizarse para defender los intereses de la Iglesia y recuperar su presencia evangelizadora y prestigio moral ante el avance del proceso secularizador, en lo que se pueden denominar “antecedentes del movimiento católico”.

Los clubes republicanos trataron de impulsar las decisiones secularizadoras de los Ayuntamientos Republicanos pidiéndoles la cesión de templos y conventos a las sociedades republicanas u obreras, o su derribo. Por otra parte, presionaron a las corporaciones municipales de su partido criticando su falta de actividad o dándole su confianza. No hubo más manifestaciones públicas republicanas contra los intereses del clero gaditano que la que se llevó a efecto poco antes de la exclaustración de la Candelaria, formada por las integrantes del Círculo Mariana de Pineda. Las manifestaciones protagonizadas por mujeres en torno al derribo de la Candelaria, tanto a favor como en contra, cobran un valor especial si se tiene en cuenta su completa exclusión de la vida política.

A falta de un estudio sobre las mentalidades, que evalúe, para este corto periodo, el estado en que se encontraba la religiosidad de los gaditanos, se pueden apuntar algunos indicios, como el escaso número de matrimonios civiles o las dificultades de los disidentes para difundir su credo, a pesar de la proclamación de la libertad de cultos, que hacen pensar que el catolicismo más tradicional seguía teniendo un gran poder sobre la vida de muchos ciudadanos.

Tampoco se puede ponderar con exactitud si la posible secularización general de la sociedad afectó también, en alguna medida, al clero. Pero hay indicios que apuntan que, hasta cierto punto al menos, así fue. El Cabildo Catedral, como se ha podido comprobar, se mostró a veces más dispuesto a defender sus intereses económicos que los religiosos. También apunta en esa dirección la actuación de los beneficiados de la catedral y los párrocos. El impacto que tuvo sobre los primeros la supresión de haberes incidió directamente en su falta de asistencia a sus deberes religiosos, por tener que dar prioridad a la búsqueda de sustento por otros medios. Los párrocos dejaron de celebrar misas con excesiva frecuencia durante la etapa republicana federal y hay incidios de que buena parte de ellos se ausentó de la ciudad. Pero habría que profundizar en el estudio de los comportamientos para averiguar si esta relajación religiosa, indudable, obedecía exclusivamente a una necesidad material perentoria o se trataba de un relativo alejamiento de la fe.

Hay aspectos tratados en este libro que pueden abrir nuevas líneas de investigación. La prensa, el asociacionismo, la beneficencia y las vicisitudes de las doctrinas protestantes en Cádiz, en relación con la problemática político-religiosa, pueden ser objeto de estudios que se prolonguen hacia posteriores etapas históricas y ayuden a entender el desarrollo del conflicto y la razón de las dificultades para resolverlo. Las mismas cuestiones fundamentales que se han analizado aquí, como son las relaciones locales entre Obispado y Municipio, y los enfrentamientos o lealtades del primero con el poder de la Nación, pueden desarrollarse temporalmente hasta los momentos actuales. El estudio sobre las relaciones político-religiosas municipales durante la Restauración ayudaría a corroborar, en el entorno local, cuánto de la revolución quedó en pie (si es que quedó algo), hasta qué punto la Restauración dio lugar a una vuelta atrás, total o parcial, o si se constata en Cádiz en alguna medida la efectividad de la solución de compromiso entre el catolicismo y el liberalismo anunciada por el príncipe don Alfonso en el manifiesto de Sandhurst.

FUENTES DOCUMENTALES

A.- MANUSCRITAS

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Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz:

Actas de la Comisión Permanente de la Diputación Provincial de Cádiz. 1874.

Archivo Histórico de la Diócesis de Cádiz:

Leg. 156: Varios. Leg. 157: Obispado. Nunciatura. Gobierno. Ministerio de Gracia y Justicia. Leg. 158: Cabildo. Leg. 166: Economía y Patronatos. Leg. 168: Enseñanza. Protestantes. Circulares. Leg. 172: Organismos oficiales. Alcaldía, Autoridades Militares. Miscelánea. Leg. 173: Documentos del Sexenio revolucionario. Leg. 174: Corporaciones. Varios. Sede vacante.

Archivo de Catedralicio de Cádiz:

Actas del Cabildo Catedral, Sección I, Serie I, libros 69, 70 y 71.

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B.- IMPRESAS

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Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (1868 a 1874, a.i.).

Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas, Madrid, Imprenta Nacional, 1842, tomos III y IV.

Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Cádiz (1868 a 1874, a.i.).

Colección Legislativa de España, segundo semestre de 1867, tomo XCVIII, y segundo semestre de 1868, tomo C, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1868.

Revista de Legislación, Jurisprudencia y Administración Pública. Suplemento al núm. 84 de la Crónica Oficial de la Justicia, tomo II, Segundo semestre de 1866, Madrid, Imprenta de José M. de Lezcano y Roldán.

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomos I, III, VII y VIII, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870.

Gaceta de Madrid. (1868 a 1874, a.i.).

Periódicos gaditanos:

El Comercio. (1868, 69, 70, 71, 72, 73 y 74).

El Correo Gaditano. (1874).

La Legalidad. (1871, 72 y 73).

La Libertad. (1869, 70 y 71).

La Monarquía Tradicional. (1874).

El Noticiero de Cádiz. (1874).

El Pacto Federal. (1869).

La Palma. (Números sueltos de 1868, 69, 70, 71, 72, 73 y 74).

El Progreso Democrático. (1868).

La República Federal. (1868 y 69).

La República Federal Universal. (1870).

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The Sunday School Teacher. A magazine of essays, lessons, ilustrative material, educational notes, and inteligence, vol. IV, London, Sunday School Union, 1871.

The Wesleyan-Methodist Magazine for 1869, Fifth series, Vol. XV, London, Wesleyan Conference Office, 1869.

LIBROS, OPÚSCULOS Y FOLLETOS ANTIGUOS

Regla de la muy humilde hermandad de la Santa Caridad de nuestro señor Jesu-Christo y patrocinio del glorioso archángel San Miguel, sita en el convento de Nro. Padre S. Juan de Dios de la ciudad de Cádiz, Cádiz, Manuel Espinosa de los Monteros, 1714.

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Mi nombre es ANTONIO OROZCO GUERRERO. Resido en San Fernando (Cádiz), en España. Soy coronel del Ejército de Tierra Español (Especialidad Fundamental Artillería) en situación de Reserva. Fui profesor en la Sección de Costa de la Academia de Artillería entre los años 1983 y 1990.

En 1985 finalicé mi licenciatura en Geografía e Historia en la UNED. Entre los años 1988 y 1989 completé el Programa de Doctorado titulado «Dictadura y Democracia en España», del Departamento de Historia Contemporánea de la misma universidad. En 1993 me fue reconocida la suficiencia investigadora con la calificación de «sobresaliente».

Tras un largo paréntesis, debido a diversas vicisitudes profesionales, reanudé los trabajos para culminar los estudios de tercer ciclo universitario, reorientando la memoria de tesis hacia el tema del conflicto político-religioso, por consejo de mi director, el doctor D. Feliciano Montero García, actualmente profesor emérito de la Universidad de Alcalá. Mi tribunal de tesis estuvo formado por los doctores Dña. Gloria Espigado Tocino, como directora, D. Rafael Serrano García, D. Gregorio de la Fuente Monge, D. Julio de la Cueva Merino y D. Julio Gil Pecharromán. Tras su defensa en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, obtuve la máxima calificación.

He sido incluido como investigador en el grupo «Catolicismo y Secularización en la España del Siglo XX».

Soy socio de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea.

Igualmente, soy socio de número de la Asociación Española de Historia Militar.

También soy socio de la Asociación de Historia Actual, con sede en la Universidad de Cádiz.

Soy coautor de la obra Milicia y Sociedad en la Baja Andalucía, publicado por la Cátedra General Castaños.

Por último, he publicado artículos de Historia en el Memorial de Artillería, en la Revista Universitaria de Historia Militar y en la Revista de Historia de la UNED Espacio, Tiempo y Forma, serie V.

Mi familia (ahora, especialmente, mi nieto) mi deseo de aprender cosas, la necesidad de entender todo lo que me rodea, mis libros y unos pocos buenos amigos completan mi tiempo y llenan todas mis aspiraciones actuales.

Notas

[1] OROZCO GUERRERO, A. Cádiz durante el Sexenio Democrático. El conflicto Iglesia-Secularización, UNED, Facultad de Geografía e Historia, (Tesis doctoral inédita). <<

[2] Ambas condiciones han sido revisadas por FUENTE MONGE, G. de la, en Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Madrid, Marcial Pons, 2000, y en “Actores de la Revolución de 1868”, en SERRANO GARCÍA, R. (Dir.), España 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Junta de Castilla y León, 2002. De la Fuente sostiene que la aportación demócrata, expresada por medio de la participación popular en el alzamiento, no fue determinante; por otra parte, más que de una “revolución burguesa”, defiende que se trató de la conjunción de esfuerzos de unas élites, formadas principalmente por abogados, periodistas, comerciantes, militares y empleados públicos cesantes. <<

[3] Vid. CARMONA FERNÁNDEZ, F. J., “Cristianismo, laicismo y laicidad”, cap. XVII de Historia del Cristianismo, tomo IV, Mundo contemporáneo, (editado por Francisco J. Carmona Fernández), Trotta, 2010. DOBBELAERE, K., Secularización: un concepto multidimensional, Méjico, Universidad Iberoamericana, 1994. REVUELTA GONZÁLEZ, M., “El proceso de secularización en España y las reacciones eclesiásticas”, en AA.VV., Librepensamiento y secularización en la Europa Contemporánea, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1996. <<

[4] Cfr. CUEVA MERINO, J. de la y MONTERO, F., “La secularización conflictiva”, epígrafe de “Catolicismo y Laicismo en la España del Siglo XX”, Cap. 8 de Mundos de Ayer: Investigaciones históricas contemporáneas del IX Congreso de la AHC, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2009. <<

[5] Vid. HERR, R., España y la Revolución del siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1979. <<

[6] CARO BAROJA, J., Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII), Madrid, Sarpe, 1985, especialmente el capítulo VII, “Las quiebras de la religiosidad. Anticlericalismo”, pp. 189, 211. <<

[7] MOLINER PRADA, A., “El antiliberalismo eclesiástico en la primera restauración absolutista (1814-1820)”, en Hispania Nova, 3 (2003), pp. 51-74. <<

[8] CALLAHAN, W. J., Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 1984, p. 123. <<

[9] GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 83-4 y 87-9. <<

[10] Sobre los decretos de exclaustración y Ley de Supresión de Mendizábal, vid. REVUELTA, M., La exclaustración (1833-1840), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1976, pp. 367-372, 386-95 y 439-471. <<

[11] Decía Balmes al respecto: “Es preciso no precipitarse en condenar las formas representativas, porque no puede negarse que las absolutas tienen cierta rigidez, de que se resienten las últimas ruedas del Gobierno”. Cfr. BALMES, J., El Criterio, Barcelona, Imprenta de Antonio Brusi, 1845, pp. 209-10. <<

[12] QUADRADO, J. Mª., Ensayos religiosos, políticos y literarios, tomo I, Palma, Imprenta de Enrique Guasp y Barberi, 1853, pp. 9 y 265. <<

[13] VILARRASA y COSTA, E. Mª., Palabras de un creyente a los Gobiernos del pueblo o refutación de los pensamientos y planes socialistas de la escuela de Lamennais, Barcelona, Imprenta de José Tauló, 1858, p. 265, y La encíclica del día 8 de septiembre de 1864, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Jaime Jepús, 1865, pp. 88-89 y 93. <<

[14] Vid. DUFOUR, G., “Las relaciones Iglesia-Estado del concordato de 1753 a la revolución de 1868”, en AUBERT, P. y DESVOIS, J-M., Religión y Sociedad en la España Contemporánea, Madrid y Burdeos, Casa de Velázquez, 1996, pp. 17-8. También PETSCHEN, S., “España y el Vaticano del Concordato de 1851 al de 1953”, en Iglesia-Estado: un cambio. Las constituyentes de 1869, Madrid, Taurus, 1975. Sobre el Concordato, una obra muy próxima en el tiempo es FORT, C. R. El Concordato de 1851, comentado y seguido de un resumen de las disposiciones adoptadas por el Gobierno de S. M. sobre materias eclesiásticas desde la celebración de aquel convenio hasta enero de 1853, Imprenta y fundición de D. Antonio Aguado, Madrid, 1853. <<

[15] Vid. “La formación del grupo neocatólico durante la revolución de 1854”, en URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid, CSIC, 1986, pp. 105-125. <<

[16] GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., op. cit., pp. 95-6. <<

[17] Vid. la recopilación de Gabino Tejado de las Obras de don Juan Donoso Cortes, tomo IV, Madrid, Imprenta de Tejado, 1854. <<

[18] Cfr. DUFOUR, G., op. cit., p. 19. <<

[19] Cfr. URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha…, op. cit., p. 128. <<

[20] Cfr. CEREZO GALÁN, P., “Religión y laicismo en la España Contemporánea”, en AUBERT, P. y DESVOIS, J-M. (Eds.), Religión y Sociedad en España (Siglos XIX y XX), Madrid, Casa de Velázquez, 1996, pp. 128-9. <<

[21] Cfr. CAPELLÁN de MIGUEL, G., La España armónica: El proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 17, 63-4, 171 y 217. <<

[22] Vid. CASTRO, F. de, Memoria que acerca de los sistemas de la Segunda Enseñanza Colegial interna y externa presenta al Excmo. Sr. ministro de Fomento el Dr. D. Fernando de Castro, Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1859, p. 27. <<

[23] CAPELLÁN de MIGUEL, G., op. cit., p. 269. <<

[24] VÁZQUEZ-ROMERO, J. M., Tradicionales y moderados ante la difusión de la filosofía krausista en España, Universidad Pontificia de Comillas, 1997, pp. 279-286. <<

[25] Vid. ORTÍ y LARA, M., La sofistería democrática o Examen de las lecciones de D. Emilio Castelar acerca de la civilización en los cinco primeros siglos de la Iglesia, Granada, Imprenta de D. José M. Zamora, 1861; Krause y sus discípulos convictos de Panteísmo, Madrid, Imprenta de Tejado, 1864, y Lecciones sobre el sistema de filosofía panteística de Krause, Madrid, Imprenta de Manuel Tejado, 1865. <<

[26] Revista Ibérica de Ciencias, Política, Arte y Literatura, tomo VII, Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1863, pp. 402-3 y 103. <<

[27] Sobre la primera “cuestión universitaria”, vid. PUELLES BENÍTEZ, M. de, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 2010, pp. 146-9 y URIGÜEN, B., “Los neocatólicos y la cuestión universitaria de 1864”, en op. cit., pp. 189-217. <<

[28] URIGÜEN, B., op. cit., p. 190. <<

[29] CUEVA MERINO, J., de la, Clericales y anticlericales: el conflicto entre confesionalidad y secularización en Cantabria (1875-1923), Universidad de Cantabria, 1994, p. 25. <<

[30] PI y MARGALL, El Reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873, (Edición de Madrid, Dossat, 1980, prologada por Antoni Jutglar), p. 53. <<

[31] FUENTE MONGE, G., de la, Los revolucionarios de 1868…, op. cit., pp. 143-6. <<

[32] ALTADILL y TEIXIDÓ, A., La monarquía sin monarca: Grandezas y miserias de la Revolución de septiembre, Barcelona, Eduardo González, 1869. MONTES, P. D., Historia de la gloriosa revolución española en septiembre de 1868, con las biografías y retratos de los libertadores de la patria, Madrid, Elizalde y Compañía, 1868. ALBA SALCEDO, L., La Revolución española en el Siglo XIX, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1869. RUBIO y COLLET, C., Historia filosófica de la Revolución española de 1868, tomo II, Madrid, Imprenta y librería de M. Guijarro, 1869. LARA, D. M. M., de, El Cronista de la Revolución Española de 1868. Narración fiel de todos los sucesos que componen el glorioso movimiento, con todos los documentos oficiales que se han publicado durante su curso hasta la constitución del Gobierno provisional, 1ª División, Barcelona, Imprenta de Celestino Verdaguer, 1869. <<

[33] José Paúl y Angulo, Ramón de Cala, Rafael Guillén Martínez, Eduardo Benot, Francisco Lizaur, Antonio Rafael García y Narciso Campillo eran demócratas; Antonio Ángel de Mora formaría parte de la candidatura republicana de enero de 1869; el progresista Junco, posteriormente comandante de unos de los dos batallones de Voluntarios de la Libertad de Cádiz, se declararía republicano en noviembre de 1868; José de Sola, presidente de la Junta, y Manuel de Sola eran progresistas avanzados. <<

[34] Sobre las Juntas revolucionarias de Cádiz de 1868, vid. HERRÁN PRIETO, J., La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986, pp. 49-70. <<

[35] Respecto al “sufragio universal”, tal como lo entendían los revolucionarios de 1868, conviene aclarar que no era tal, pues no contemplaba el voto de la mujer. <<

[36] CARBONERO y SOL, L., La Cruz, tomo II, Sevilla, Imprenta de A. Izquierdo, 1868, p.444. <<

[37] EIRAS ROEL, A., El partido Demócrata Español (1849-1868), Madrid, Rialp, 1961, p. 375. <<

[38] Vid. CÁRCEL ORTÍ, V., “Los obispos españoles ante la revolución de 1868 y la Primera República”, en Hispania Sacra, 28: 55/56 (1975: enero-dic), pp. 344-8. <<

[39] MOLINER PRADA, A., “Anticlericalismo y revolución liberal (1833-1874)”, en LA PARRA LÓPEZ, E. y SUÁREZ CORTINA, M. (Eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, p. 107. <<

[40] CARBONERO y SOL, L., La Cruz, tomo II, 1868, op. cit., p. 382; El Comercio, núm. 8927, 22 de octubre de 1868. <<

[41] El 24 de febrero de 1869, Romero Ortiz, como ministro de Gracia y Justicia, explicaba la supresión de las Conferencias, diciendo que eran “instrumentos ciegos de un poder misterioso y desconocido” que residía “en París, como el Gran Oriente del Masonismo”. RODRÍGUEZ y MORALES, J., Crónica de las Cortes Constituyentes y los acontecimientos políticos de España durante el período legislativo, tomo I, Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1869, p. 204. Sobre la implantación de las Conferencias de San Vicente de Paúl en España, vid. SUÁREZ, F., Santiago Masarnau y las Conferencias de San Vicente de Paúl, Madrid, Rialp, 1991. <<

[42] Cfr. CÁRCEL ORTÍ, V., Iglesia y revolución…, op. cit., p. 151. <<

[43] El proceso de paso de la caridad medieval a la beneficencia decimonónica en CARASA SOTO, P., Historia de la beneficencia en Castilla y León. Poder y pobreza en la Sociedad castellana, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1991, pp. 7-28, y en El sistema hospitalario español en el siglo XIX: de la asistencia benéfica al modelo sanitario actual, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1985, pp. 37-55. Vid. también, del mismo autor, “Crisis y transformación de la beneficencia del Antiguo Régimen: aproximación al sistema hospitalario de La Rioja entre 1750 y 1907”, en Cuadernos de Investigación. Historia, Universidad de La Rioja, 10-1 (1984). <<

[44] CARBONERO y SOL, L., en La Cruz, tomo II, 1868, op. cit., pp.439-498, publicó textualmente las reclamaciones. Sus firmantes y las fechas son: El obispo de Tarazona presentó cuatro escritos firmados el 22 y 26 de octubre, 1 de noviembre y 21 del mismo mes; el arzobispo y sufragáneos de Burgos presentaron una, firmada el 29 de octubre; el obispo de Tortosa el 30 de octubre; el obispo de Barcelona el 30 de octubre; el de Córdoba presentó dos, el 2 y el 24 de noviembre; el obispo de Astorga una el 3 de noviembre; el arzobispo de Zaragoza el 7 de noviembre; el de Vitoria el 7 de noviembre; el de Badajoz el 7 de noviembre; el obispo de Osma presentó dos, una el 8 de noviembre y otra el 23 de noviembre; el obispo de Cuenca una el 9 de noviembre; el arzobispo y sufragáneos de Santiago una el 13 de noviembre; el arzobispo de Tarragona el 21 de noviembre; el arzobispo y sufragáneos de Valladolid el 23 de noviembre; y el obispo de Salamanca el 27 de noviembre. <<

[45] Jesús Jerónimo Rodríguez ha detectado 155 escritos colectivos entre el 15 de octubre de 1868 y el 15 de febrero del año siguiente reflejados en El Pensamiento Español, El Semanario Católico Vasco-Navarro y La Cruz. Entre ellos destacan por el número de firmas uno enviado por “mujeres de Madrid” con más de 18.000 firmas y otro de “mujeres de Valencia” con 17.000; pero hay otras, como las de Soncillo, Hubilla del Lago y Valdeante (Burgos), que no pasaron de ocho firmas. Cfr.. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. J., “La Sociedad Española ante la libertad religiosa 1869. Valoración cuantitativa”, en Hispania Sacra, 39: 79, (1987), pp. 242-8 y 269-76. <<

[46] La Cruz, tomo II, 1868, op. cit., pp. 383-96. <<

[47] Sobre las posiciones de los distintos grupos vid. PETSCHEN, S., “Los grupos religiosos de las constituyentes de 1869”, Parte primera de Iglesia-Estado: un cambio…, op. cit. También PERLADO, A., La libertad religiosa en las constituyentes del 69, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 1970. <<

[48] JOVER ZAMORA, J. Mª., en Realidad y mito de la Primera República, Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp. 41-2. distingue estos dos proyectos de Estado, llamando al de los progresistas “Estado tutelar” y al de los republicanos “Estado neutro”. Vid. También REVUELTA GONZÁLEZ, M., “El proceso de secularización en España y las reacciones eclesiásticas”, en AA.VV., Librepensamiento y secularización en la Europa contemporánea, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1996, p. 357. <<

[49] La sesión de Cortes Constituyentes del 23 de febrero de 1869 en RODRÍGUEZ y MORALES, J., op. cit., pp. 128-164. <<

[50] La sesión del 24 de febrero, en RODRÍGUEZ y MORALES, J., op. cit., pp. 164-235. <<

[51] La Sesión de 2 de marzo, Ibídem, pp. 317-322. <<

[52] El Comercio, núm. 8996, 1 de enero de 1869. <<

[53] Ibídem, núm. 9099, 14 de abril de 1869. <<

[54] RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. J., op. cit., pp. 256-7. <<

[55] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo III, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870, p. 1358. <<

[56] Cfr. S. A., Asociación de Católicos de España. Petición dirigida a las Cortes Constituyentes a favor de la unidad católica de España, Imprenta de la Esperanza, Madrid, 1869. <<

[57] Jesús Jerónimo Rodríguez González ha calculado por provincias las firmas de adhesión a la unidad católica. El mapa que resulta de aplicar los porcentajes de población a los datos de la Asociación de Católicos, muestra una adhesión confesional elevada en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya Navarra y Teruel, y algo más reducida en buena parte de Castilla y León; Por el contrario, Madrid, Málaga, Cádiz, Jaén, Sevilla, Córdoba y el Levante español se mostró como la zona más reacia a firmar el manifiesto. Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. J., op. cit., pp. 260-268 y pp.279-294. <<

[58] Un resumen de las intervenciones presentando enmiendas, en PEÑA GONZÁLEZ, J., Cultura política y Constitución de 1869. Las funciones de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 189-202. <<

[59] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo III, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870, pp. 1369, 1370 y 1379. <<

[60] CÁRCEL ORTÍ, V., Iglesia y revolución…, op. cit., pp. 212-5. <<

[61] La respuesta del obispo de Cádiz figura en la Gaceta de Madrid de Madrid, 31 de agosto de 1869. Se publicó antes en la prensa local: El Comercio, núm. 9233, 26 de agosto de 1869. <<

[62] CÁRCEL ORTÍ, V., Iglesia y revolución…, op. cit., pp. 216-7. <<

[63] Mientras en los primeros informes de los obispos españoles, antes de la revolución, apenas se hablaba de la infalibilidad del Santo Pontífice, en el Concilio, se mostraron totalmente partidarios. Cfr. TEJEDOR, J. M., “España y el Concilio Vaticano I”, en Hispania Sacra, 20:39 (1967), p. 120. <<

[64] Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, Madrid, Imprenta de J. A. García, tomos VII y VIII, pp. 4375-80 y 5407. <<

[65] Cfr. CÁRCEL ORTÍ, V., “Los obispos españoles…”, op. cit., pp. 379-98; CALLAHAN, W. J., op. cit., pp. 250-2. <<

[66] El volumen de carácter oficial Leyes provisionales del Matrimonio y del Registro Civil, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1870, reproduce ambas leyes, el decreto de desarrollo de la de matrimonio civil y la circular a los jueces de primera instancia para regular la celebración del mismo. Sobre el matrimonio civil y la reacción en contra de la Iglesia católica, vid, SANZ de DIEGO, R. Mª., “Respuestas del episcopado español a tres leyes civiles sobre el matrimonio, en CASTÁN VÁZQUEZ, J. M., GUZMÁN PÉREZ, C., PÉREZ-AGUA LÓPEZ, T. Mª y SÁNCHEZ GARCÍA, J. Mª. (Coords.), Hominum causa omne ius constitutum est. Escritos sobre el matrimonio en homenaje al prof. José Mª Díaz Moreno, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2000. <<

[67] Vid. CÁRDENAS, F. de, en su opúsculo El Matrimonio en sus relaciones históricas con el Estado y la Iglesia (Publicado en el número 55 de la Revista de España), Madrid, Tipografía de Gregorio Estrada, 1870. <<

[68] MARTÍN de AGAR y VALVERDE, J. T., El Matrimonio Canónico en el Derecho Civil español, Pamplona, EUNSA, 1985, pp. 61-2. <<

[69] Leyes provisionales del Matrimonio…, op. cit., pp. 146-7. <<

[70] MARTÍ GILABERT, F., La Primera República española. 1873-1874, Madrid, Rialp, 2007, p. 16. <<

[71] PI y MARGALL, F., El reinado de Amadeo de Saboya…, op. cit., p.61. <<

[72] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo VII, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870, pp. 5364-71. <<

[73] Sobre las dificultades de los no católicos a la hora de ser enterrados, en torno al Sexenio Democrático, Cfr. los capítulos XI y XII de JIMÉNEZ LOZANO, J., Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Madrid, Taurus, 1978. (Hay otra edición de Seix Barral, 2008), pp. 159-91. Sobre los cementerios protestantes en diversas localidades españolas durante el siglo XIX, Cfr. VILAR, J. B. Intolerancia y libertad en la España Contemporánea. Los orígenes del protestantismo español actual, Madrid, Istmo, 1994. <<

[74] Se trataba de un paso más del lento proceso de transformación de la beneficencia del Antiguo Régimen en la política social del Estado. Vid. MONTERO GARCÍA, F., “De la beneficencia a la reforma social. Los orígenes de la política social del Estado: estado de la cuestión, fuentes y archivos”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie V, 7 (1994), pp. 415-33. <<

[75] Sobre los hospitales y el sistema asilar de beneficencia, vid. Las obras ya citadas de CARASA SOTO, P., El sistema hospitalario español…, y “Crisis y transformación de la beneficencia…”. Sobre la organización legislativa de la beneficencia decimonónica, vid. CARASA SOTO, P., Historia de la beneficencia en Castilla y León…, op. cit. pp. 25-28. <<

[76] HENNESY, C. A. M. La República Federal en España Pi y Margall y el movimiento republicano federal (1868-1874), Madrid, Aguilar, 1966, pp. 79 y 81-2. <<

[77] PETSCHEN, S., “El establecimiento de la separación entre la Iglesia-Estado (Republicanos)”, pp. 315-320 de Iglesia-Estado: un cambio…, op. cit. <<

[78] Cfr. CÁRCEL ORTÍ, V., “Un siglo de relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede (1834-1931)”, en Anales de Historia Contemporánea, 25 (2009), p. 327. <<

[79] SÁNCHEZ HERRERO, J., en Historia de la Iglesia en España e Hispanoamérica, Madrid, Sílex, 2008, p. 334, alude a la intención de vender las iglesias que habían dependido de las órdenes militares. CÁRCEL ORTÍ, V., en Historia de la Iglesia…, op. cit. 105, expresa que la supresión de las órdenes militares planteó problemas de jurisdicción eclesiástica en los territorios sometidos a dichas órdenes. <<

[80] La Obra Pía de los Santos Lugares, a cargo de los Franciscanos, fue declarada por Carlos III de patronato real por ley de 17 de diciembre de 1772, designándose un comisario general para que se encargara de la recaudación, administración y distribución de sus beneficios, procedentes de las limosnas dirigidas al culto y veneración de Santos Lugares. Vid. Novísima recopilación de las leyes de España, tomo I, título XVII, “Del patronato Real y conocimiento de sus negocios en la Cámara”, Madrid, 1805, pp. 125-7. <<

[81] HENNESY, C. A. M. op. cit., p. 113. <<

[82] SANZ de DIEGO, R. Mª., Medio siglo de relaciones…, op. cit., p. 118. <<

[83] CÁRCEL ORTÍ, V., “Los obispos españoles…”, op. cit., pp. 421-22. <<

[84] La bibliografía relativa a la Primera República y al cantonalismo en la que aparecen las actuaciones locales contra la Iglesia es muy extensa. ESPIGADO TOCINO, G., presenta un completo estado de la cuestión “La historiografía del Cantonalismo. Pautas metodológicas para un estudio comparado”, en SERRANO GARCÍA, R. (Dir.), España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002. <<

[85] Sobre la naturaleza del año 1874, con un intento fallido de afianzamiento de una república unitaria conservadora, Cfr. TORO, J., “La república unitaria de 1874: El “acto” del 3 de enero y sus consecuencias políticas”, en SERRANO GARCÍA, R. (Dir.), España 1868-1874, Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, op. cit., pp. 93-110. <<

[86] LABOA, J. M., La Iglesia del siglo XIX. Entre la Restauración y la Revolución, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1994, p. 345. <<

[87] Por ejemplo, el obispo de Cádiz, cuando las Órdenes Militares ya habían sido reconocidas de nuevo, en un escrito dirigido al deán, Cabildo, arciprestes, párrocos y demás eclesiásticos de la Diócesis, reconocía “la legitimidad de la supresión de las jurisdicciones privilegiadas de las órdenes militares”, que se produjo durante la República. En B.E.D.C., núm. 533, 14 de junio de 1874, p. 1. <<

[88] El Comercio, núm. 10.954, 23 de junio de 1874. <<

[89] MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones. de ultramar, tomo XIV, Madrid, Est. Tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1849, p. 219. <<

[90] Ibídem, tomo XI, 1830, pp. 33-4. <<

[91] Vid. HOROZCO, A. de, Historia de la ciudad de Cádiz, Cádiz, Imprenta de Manuel de Bosch, 1845, (Edición facsímil. El original es de 1598), pp. 99, y CASTRO y ROSSI, A. de, Historia de Cádiz y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1858, pp. 248 y 409. <<

[92] BUSTOS RODRÍGUEZ, M., Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Cádiz y Madrid, Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz y Sílex, 2005, p. 321. <<

[93] URRUTIA, J. de, Descripción Histórico-Artística de la catedral de Cádiz, Imprenta, librería y litografía de la Revista Médica, Cádiz, 1843, pp. 15-16, 35, 41 y 112-3. <<

[94] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., Recuerdos gaditanos, Cádiz, Tipografía de Cabello y Lozón, 1897, pp. 87-91; URRUTIA, J. de, op. cit., p. 145; A.M.C., C. 6562. Comunicación del Ayuntamiento a la Comisión de Hacienda de fecha 13 de abril de 1836. <<

[95] MADOZ, P., op. cit., tomo V, 1849 p. 154. <<

[96] En 1853 había una media de 5.397 feligreses para cada parroquia de la Diócesis de Cádiz. Ávila, en el polo opuesto, tenía una parroquia por cada 111 feligreses. Cfr. FORT, C. R., El Concordato de 1851. comentado y seguido de un resumen de las disposiciones adoptadas por el Gobierno de S.M. Sobre materias eclesiásticas, desde la celebración de aquel convenio hasta 1853, segunda edición, corregida y aumentada, Madrid, Imprenta y Fundición de don Eusebio Aguado, 1853, p. 131. <<

[97] Si se acepta la estimación (tal vez algo abultada) de 71.522 habitantes para Cádiz en 1868 que hace RABASCO VALDÉS, M., en “Aproximación al estudio de la estructura profesional en Cádiz en 1.868, en La Burguesía Comercial Gaditana (1650-1868), Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1.976, se tendrían 14.304 habitantes para cada una de sus cinco parroquias. <<

[98] Sobre las parroquias Cádiz desde la creación de la Diócesis, Vid. MORGADO GARCÍA, A., La Diócesis de Cádiz de Trento a la desamortización, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2008. RAMOS SANTANA, A., “Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincia”, en AA. VV., Historia de Cádiz, Madrid, Sílex, 2005…, op. cit., p. 532. Obras antiguas que tratan aspectos de las parroquias de Cádiz son: BISSO, J., Crónica de la provincia de Cádiz. Crónica general de España, o sea, Historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones más importantes de la Península y Ultramar, editada por Rubio, Grilo y Vitturi, 1868, pp. 21-2; MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico…, tomo V, pp. 160 y 172, y ROSETTY, J., Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento, Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica., 1875, pp. 235-6. <<

[99] La Casa de la Misericordia fue creada en 1785 para socorro de los necesitados, su instrucción cristiana, “proporcionar auxilio a los vecinos pobres (…) y quitar de raíz los pretestos (sic) que fingen los vagos y mal entretenidos para permanecer en las calles (…) usurpando las limosnas que solo corresponden a los verdaderos pobres”. En Ordenanzas para el Gobierno de la Casa de Misericordia de la ciudad de Cádiz aprobadas por S.M. y señores de su real y supremo Consejo de Castilla, en superior despacho de 20 de mayo de 1785 (reimpresión de 1820), p. 3. <<

[100] B.O.P.C., núm. 73 de 11 de septiembre de 1835. <<

[101] Vid. DÍAZ, V., “En torno a la restauración de la Provincia de Andalucía”, en Los dominicos en Hispanoamérica en Hispanoamérica y Filipinas a raíz de la guerra de 1898, (Actas del VI congreso Internacional, Bayamón, Puerto Rico 21-25 de septiembre de 1998), Salamanca, San Esteban, 2001, p. 136. <<

[102] Sobre la fábrica del gas de Cádiz, vid. FÁBREGAS, P. A., La globalización en el Siglo XIX: Málaga y el gas, Ateneo de Sevilla-Universidad de Sevilla, 2003, pp. 12, 17, 18, 41 y 67. <<

[103] A.C., 6 de julio de 1869, núm. 74 pto. 14 y ROSETTY, J., Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento, Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica., 1875., p. 153. <<

[104] DÍAZ, V., op. cit., p. 137. <<

[105] S. A., Regla de la muy humilde hermandad de la Santa Caridad de nuestro señor Jesu-Christo y patrocinio del glorioso arcángel San Miguel, sita en el convento de Nro. Padre S. Juan de Dios de la ciudad de Cádiz, Cádiz, Manuel Espinosa de los Monteros, 1714, pp. 2 y 11. <<

[106] La Hermandad de la Caridad había cedido el hospital a los religiosos de San Juan de Dios con la condición de que les sería devuelto si los religiosos abandonaban el hospital o si dejaba de asistirse a los enfermos. En 1850, aprovechando unos momentos en los que no había ningún enfermo, la hermandad hizo valer sus derechos, consiguiendo recuperar la titularidad. Cfr. ROSETTY, J., op. cit., p. 113. <<

[107] En 1867 el Consistorio firmó un contrato de arrendamiento del edificio con la Hermandad de la Caridad con la intención de edificar un teatro, pero el Municipio terminó revocando el acuerdo después de la revolución porque le resultaba bastante oneroso. <<

[108] A.C., 28 de octubre de 1868, núm. 3, pto. 3. y A.M.C., C. 5686, carp. “Desamortización. Varios”. El local que el Ayuntamiento cedía en la Escuela de Santiago tenía 259 metros cuadrados, mientras el terreno perteneciente a Santo Domingo tenía 439 metros cuadrados. El contrato beneficiaba al obispo, puesto que cambiaba un local cerrado y en buen estado, aunque de menor extensión, por un solar sin ningún tipo de construcción. <<

[109] A.M.C., C. 5687. Fueron cuatro fincas, situadas en las calles Jabonería número 43, Culebra número 369, Canastas número 14 y San Leandro número 62. <<

[110] CASTRO y ROSSI, A. de, en su Historia de la Ciudad y provincia de Cádiz, desde 1814 hasta el día, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1859 (Edición facsímil: Marchena del Aljarafe, Extramuros Edición, 2008), pp. 168-9. Al referirse a los demás religiosos de Cádiz, Castro afirma: “Proceder tan inhumano no halló imitadores en otros conventos”. <<

[111] A.M.C, C. 5687, carp. “Convento de los Descalzos”. <<

[112] Ibídem. <<

[113] A.M.C., C. 5686, carp. “Gobernación. Obras públicas. Derribo convento de los Descalzos”. Expte. 20/1840. <<

[114] El mal estado de conservación del convento de los Descalzos es indudable. Pascual Madoz, en tomo V, op. cit., p. 173, decía al respecto: “El convento está ruinoso y va a demolerse”. <<

[115] El hecho de que algún convento de Cádiz procediera de donaciones de terrenos de propios fue esgrimido a veces como justificación de que, una vez realizada la exclaustración, era justo que la municipalidad recuperase la propiedad. <<

[116] REVUELTA GONZÁLEZ, M., La exclaustración…, op. cit., p. 173. <<

[117] ALONSO de la SIERRA, J. y L., Cádiz artística y monumental, Madrid, Sílex, 2006, p. 59. <<

[118] A.D.P.C, Actas de la Junta de Gobierno, 5 de septiembre de 1835, pto. 33. <<

[119] B.O.P.C. “Edicto de la Junta Gubernativa de la Provincia de Cádiz”, 11 de septiembre de 1835. <<

[120] A.D.P.C., Actas de la Junta de Gobierno, 27 de septiembre de 1835, pto. 5. <<

[121] A.D.P.C., Actas de la Junta de Gobierno, 26 de septiembre de 1835, pto., 8. <<

[122] A.M.C., C. 6708, carp. “Franciscanos”. <<

[123] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Alcaldía al obispo, 10 de septiembre de 1869. Iba acompañado de un extenso certificado municipal con el historial de las cesiones, que trataba de demostrar el derecho del Ayuntamiento a apropiarse y en su caso derribar los templos de los exconventos en manos del Municipio. <<

[124] Los datos sobre la modificación de los términos de las cesiones de exconventos en A.M.C., C. 5686, carp. “Desamortización. Varios”, expte. núm. 122. <<

[125] A.M.C., C. 5686, carp. “Convento de San Agustín”. <<

[126] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., pp. 179-81. <<

[127] CHAMIZO de la RUBIA, J., “Fray Félix María de Arriete y Llano, 1864-1879” en Hispania Sacra, 97 y 98 (1996), p. 337. <<

[128] PAREJA de ALARCÓN, F. y ANTEQUERA J. M., “Consistorios del 28 de septiembre y 1º de octubre”, en El Cristianismo. Semanario religioso, científico y literario, (núm. 90, 17 de octubre de 1863), Madrid, Imprenta del Establecimiento de Mellado, 1863, p. 597. <<

[129] Sobre el proceso de designación de Arriete para el obispado de Cádiz, vid. CHAMIZO de la RUBIA, J., op. cit., 338-349. <<

[130] VILAR, Mª. J., “La definitiva agregación de la Diócesis de Ceuta a la de Cádiz”, en Hispania Sacra, 57 (2005), p. 6, y CUENCA TORIBIO, J. M., Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica Contemporáneas. La jerarquía eclesiástica 1789-1965, Córdoba (Argentina), Ediciones Escudero, 1976, p. 182. <<

[131] Cfr. CUENCA TORIBIO, J. M., Sociología del episcopado español e hispanoamericano: (1789-1985), Madrid, Pegaso, 1986, .pp. 514-521 y 174-8. <<

[132] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 190. <<

[133] ARRIETE y LLANO, F. Mª., de, “Instrucción Pastoral que con motivo de su primera santa visita dirige el obispo de Cádiz a sus diocesanos”, Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1864. <<

[134] Fray Félix se expresaba de igual forma que Vicente de la Fuente, el cual en La Libertad de cultos y sus inconvenientes Imprenta de La Esperanza, Madrid, 1865, p. 10, decía: “La libertad es el ídolo del siglo XIX”; y en la p. 13: “He aquí pues, la libertad moral, que no existe sino donde hay mal, que presupone el mal (…) esta libertad es la base de la libertad política: este es el pedestal del ídolo. Esta es la base también de la libertad de cultos”. <<

[135] Pastoral que el Ilmo. Sr. obispo de Cádiz dirige a sus diocesanos para anunciarles el jubileo que Nuestro Santísimo Padre el Señor Pío Nono concede a todos los católicos y excitarles a desagraviar a Nuestro Dios gravemente ofendido, Madrid, Imprenta de la Revista Médica, 1869. También fue publicada por El Comercio, núms. 9869 y 9870, 3 y 4 de junio de 1871. <<

[136] “Carta pastoral del obispo de Cádiz a sus diocesanos, de fecha 19 de octubre de 1870, sobre el modo de actuar ante la toma de Roma”, en La Cruz, Madrid, Imprenta de La Esperanza, 1870, pp. 609-613. <<

[137] Sobre los obispos Vid. CUENCA TORIBIO, J. M., Sociología de una élite de poder de España…, op. cit; del mismo autor, Sociología del episcopado español…, op. cit., 1986; IBÁÑEZ ISBERT, C., Revolución y restauración católica en la Diócesis de Tortosa. Tortosa, UNED, 1995, pp. 67-80; SANZ de DIEGO, R. Mª, “Pensamiento de Monescillo sobre las relaciones Iglesia-Estado”, capítulo segundo de Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado: El Cardenal Antolín Monescillo y Viso (1811-1897), Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1979, pp. 99-170; y VILAR, J. B., El Obispado de Cartagena durante el Sexenio revolucionario (1868-1874), Universidad de Murcia, 1973, p. 16. <<

[138] A.Cab. lib. 69, 2 de enero de 1869, pp. 112-3. <<

[139] La Verdad Católica, tomo XIII, La Habana, Imprenta del Tiempo, 1864, p. 64; A.Cab., lib. 69, pp. 223, 229, 234 y 239 vto. <<

[140] Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, (tomo III, Primer semestre de 1853), Madrid, Imprenta de don José María Alonso, 1855, p. 583; Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Madrid, Imprenta Nacional, 1842, tomo III p. 134 y tomo IV, p. 438; A.Cab., lib. 69, pp. 181 y 293. <<

[141] Vid. URRUTIA, J. de, op. cit., p. 143. También LORENTE, J., Historia contemporánea del clero español, correspondiente a 1851 y 1852, tomo I, Imprenta de Manuel Minuela, Madrid, 1853, p. 219. <<

[142] PONGILIANI, A. e HIDALGO, F. de P., Crónica del viage de SS. MM. y AA. RR. A las provincias de Andalucía, Cádiz, Eduardo Gautier, 1862, p. 487; SÁNCHEZ de HAEDO, J., Guía del Estado eclesiástico seglar y regular de España en particular y de toda la Iglesia católica en general, para el año 1826, Madrid, Imprenta de Sancha, 1826, p. 238; Semanario del Notariado de España y Ultramar, núm. 7, 15 de agosto de 1852. <<

[143] Decreto del Ministerio de Gracia y Justicia, de 6 de marzo de 1868, inserto en la Gaceta de Madrid, de 16 de abril; y A.Cab., lib. 69, 8 de mayo de 1868, p. 135. <<

[144] Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros había nacido en Jerez de la Frontera el 20 enero de 1822. Estudió Humanidades y Filosofía, ejerciendo como abogado en Jerez, Sanlúcar de Barrameda y Morón de la Frontera. En 1856, con 34 años, ingresó en la congregación de San Felipe Neri, siendo ordenado sacerdote en 1860. Antes de ser designado arcipreste por el Gobierno provisional era juez cesante de primera instancia, doctor en Leyes y vicario general del Obispado de Cádiz. LEÓN y DOMÍNGUEZ, op. cit., pp. 305-6. Gaceta de Madrid, 18 de septiembre de 1868. Más tarde sería obispo de Cuenca (1875) Vitoria (1876-80), Oviedo(1882-3) y Córdoba (1883-98), arzobispo de Valencia (1898-1903) y cardenal. <<

[145] Cfr. CÁRCEL ORTÍ, V., Iglesia y revolución en España (1868-1974), Universidad de Navarra (EUNSA), 1979, p. 392. <<

[146] Así ocurrió en el caso de Urquinaona, pues el Gobierno provisional mantuvo la designación de obispo de Canarias hecha por la reina. <<

[147] A.Cab., lib. 69, 19 y 21 de diciembre de 1868, pp. 188-90. <<

[148] La Tertulia. Periódico Semanal de Literatura y Artes, núm. 95, 21 de abril de 1850, p. 8. <<

[149] Era oficial de la secretaría de cámara del obispo en 1838. URRUTIA, J. de, op. cit., p. 143. <<

[150] URRUTIA, J. de, op. cit., pp. 132, 147 y 225. FUENTES, P., Guía del estado eclesiástico de España y de los dominios de S.M. en América y Asia para el año de 1849. Madrid, Imprenta de don José Redondo Calleja, 1848, p. 154. Entre sus cuadros más destacados se encontraba una copia del retrato de Joaquín Fernández al obispo fray Domingo de Silos. J. N. E., op. cit., p. 30. <<

[151] En 1849 era familiar del obispo de Canarias. FUENTES, P., op. cit., p. 161. En julio de 1852 fue nombrado beneficiado de la catedral de Cuenca. Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, (tomo II, segundo semestre de 1852) Madrid, Imprenta de José María Alonso, p. 60. <<

[152] Era beneficiado de la catedral gaditana cuando fue designado canónigo por la reina en mayo de 1863. <<

[153] Vicente Calvo nació en Sevilla el 10 de mayo de 1838. Se graduó como licenciado en la Facultad de Teología de Sevilla en 1861. Fue consagrado sacerdote en junio de 1862 en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz el 19 de junio de 1862. Fue designado canónigo de Cádiz en 1865, con solo 27 años. En 1875 sería consagrado como obispo de Santander, volviendo, como obispo, a la Diócesis de Cádiz en 1884, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1898. <<

[154] Era catedrático de Filosofía en el seminario de San Bartolomé al menos desde 1848. FUENTES, P., op. cit., p. 155. <<

[155] Designado por la reina en 1866. S.A., Revista de Legislación, Jurisprudencia y Administración Pública. Suplemento al núm. 84 de la Crónica Oficial de la Justicia, tomo II, segundo semestre de 1866, Madrid, Imprenta de José M. de Lezcano y Roldán, p. 739. <<

[156] Había sido teniente de cura de la parroquia de San Lorenzo de Cádiz. AA.VV., Suplemento al diccionario de Teología del abate Bergier, Madrid, José Lorente, editor, 1857, p. 949. <<

[157] Ya formaba parte del Cabildo Catedral en 1838, pues figura como secretario capitular en la sesión de 5 de noviembre de ese año en la que se decidió la traslación de la catedral vieja a la nueva. URRUTIA, J. de, op. cit., pp. 139-40. En 1848 era racionero medio. FUENTES, P., op. cit., p. 154. <<

[158] A.Cab., lib. 69, 15 de octubre de 1868 y 16 de febrero de 1869, pp. 176-7 y 203-4. Pantoja había sido capellán de la iglesia de San Pascual, en el Palacio de Aranjuez, en 1847. Guía de la Casa Real y Patrimonio. Año de 1864, Madrid, Imprenta y fundición de Aguado, 1847, p. 169. <<

[159] A.Cab., lib. 69, 16 de julio de 1869, pp. 254, 254 vto. y 257. <<

[160] A.Cab., lib. 70, pp. 74 vto.-75, 102 vto.-103 y 105-106 vto. Costa había nacido en Calella (Barcelona) el 6 de julio de 1831. Como familiar del obispo Florencio Llorente Montón (1847-1862) estudió en el seminario Conciliar de Gerona. Recibió el orden sacerdotal en 1857 y ejerció como profesor de Latín, Retórica y Filosofía en el seminario anteriormente citado. En 1862 obtuvo el doctorado en Teología, en la Universidad de Valencia. En 1876 sería designado obispo de Lérida y en 1889 preconizado para arzobispo de Tarragona. <<

[161] A.Cab, lib. 70, pp. 153 vto. y 154. vto. <<

[162] A.Cab., lib. 70, pp. 176 vto., 178 vto. y 182. El Comercio, núm. 10.018, 30 de octubre de 1871. <<

[163] A.D.C., leg. 157. <<

[164] Sobre la biografía de Hüe, vid. LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., pp. 470-472. <<

[165] En A.D.C., leg. 158, se encuentra la admisión del obispo de su renuncia, fechada en 14 de julio de 1868; A.Cab., lib. 69, 13 de abril de 1869, pp. 218-21; A.D.C. Carta del Cabildo Catedral al obispo de fecha 7 de junio de 1869. <<

[166] Sobre el contrincante para el puesto de canónigo doctoral que ganó Fernando Hüe, vid., RUIZ SÁNCHEZ, J-L., Beato Marcelo Spínola y Maestre: Cardenal arzobispo de Sevilla (1835-1906), Ayuntamiento de Sevilla, 2007. <<

[167] Los datos sobre la promoción de Hüe a la canonjía doctoral en A.D.C., leg. 158, A.Cab., lib. 69, 9 de agosto de 1869, pp. 267 y 273 vto-276. <<

[168] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo de la Candelaria”. <<

[169] B.E.D.C., núm. 510, 7 de agosto de 1870, pp. 4-6. <<

[170] El Comercio, núm. 9997, 19 de septiembre de 1871. <<

[171] B.E.D.C., núm. 510 de 7 de agosto de 1870, pp.1 a 4. A.D.C., leg. 157, doc. núm. 510. La Cruz, Madrid, Imprenta de La Esperanza, 1870, pp. 296-298. <<

[172] El Comercio, núms. 10.548, 10.563, 10.565,10.568 y 10.570 y 10.573, 13, 28 y 30 de abril, y 3, 5 y 8 de mayo de 1873; La Palma, 21 de abril de 1873. <<

[173] A.D.C., leg. 173, docs. núms. 110, 112 y 113; A.Cab., lib. 71, p. 9 vto. <<

[174] A.D.C., leg. 156. Carta del obispo a los párrocos y arciprestes de la Diócesis, 21 de noviembre de 1873. <<

[175] Vid. “Convenio firmado el 25 de agosto de 1859, adicional al Concordato celebrado el 16 de marzo de 1851, entre Su Santidad y S. M. Católica”, en Tratados de España. Documentos internacionales del reinado de Isabel II. Desde 1842-1868, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1869, pp. 194-6. <<

[176] A.D.C., leg. 166, Extracto de los Bienes Eclesiásticos remitido al Ministerio de Gracia y Justicia en fecha en 12 de julio de 1865. Véase la tabla de la página siguiente. <<

[177] Respecto a las capellanías y la legislación correspondiente, vid. “Provisión de capellanías”, título IV de GÓMEZ SALAZAR, F. y FUENTE, V. de la, Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos, tomo IV, Madrid, Imprenta de la viuda de Aguado, 1868, pp. 336-392. <<

[178] J. N. E., op. cit., pp. 90-1. <<

[179] A.Cab., lib. 70, 21 de enero de 1873, p. 276 vto. <<

[180] A.Cab., lib. 70, 8 de junio de 1871, p. 145. <<

[181] A.Cab, lib. 70, 18 de marzo de 1872, pp. 208-208 vto. El desglose de la distribución era: para que los capitulares los distribuyesen en limosnas: 20.000 reales; parientes del fundador: 10.000: `para “una iglesia”: 2000; para el Hospital de Mujeres: 4000; para bordados: 6000; para las monjas de Chiclana: 3000; `para las monjas de la Candelaria de Cádiz: 1000; para una beca para el seminario a disposición del obispo: 2500; para la Casa de Viudas: 3000; para la Casa de Recogidas: 2500; para la parroquia de Paterna: 1000; TOTAL: 70.000 reales. <<

[182] En julio de 1871, el Cabildo Catedral hacía la cuenta de la suscripción de limosnas que venía realizando desde junio del año anterior, que era la siguiente: Cargo (limosnas recibidas) 95.939 reales; Data (para distribuir) 85.051,60 reales; Saldo a favor 10.887,40 reales. A.Cab., lib. 70, 8 de julio de 1871, p. 145. <<

[183] Por ejemplo, en agosto de 1870 el testamento de Francisco Javier de Urrutia (el autor de la obra citada Descripción Histórico-Artística de la catedral de Cádiz) otorgado el 9 de septiembre de 1869 legó diez mil escudos, es decir, nada menos que 100.000 reales, para mejorar la catedral. El Cabildo Catedral decidió que, dadas las circunstancias económicas que se estaban atravesando, lo mejor era invertir esta cantidad a plazo fijo. A.Cab., lib. 70, 2 y 5 de septiembre de 1870. pp. 56 vto. y 59. Otro benefactor del Cabildo Catedral testó a favor de la Casa de Viudas de Fragela 38.574 reales, que se recibieron en Madrid el 2 de septiembre de 1872. Con ese dinero el canónigo Vicente Calvo compró en Madrid, donde se encontraba haciendo gestiones para conservar los derechos de los patronatos del Cabildo, una lámina de la deuda exterior al 3 por ciento, con valor nominal de 100.000 reales, sobrando 7137 reales, que se repartieron entre las viudas albergadas en la casa. A.Cab., lib. 70, pp. 251 vto.-252. <<

[184] Para un conocimiento más pormenorizado de los distintos Ayuntamientos de Cádiz durante el Sexenio Democrático, las ideas políticas que defendían, su forma de constitución y las irregularidades electorales con que se formaron algunos de ellos, vid. ESPIGADO TOCINO, G. La Primera República en Cádiz. Estructura social y comportamiento político durante 1873, Caja de San Fernando, Sevilla, 1993, y OROZCO GUERRERO, A., Cádiz durante el Sexenio. El conflicto Iglesia Secularización, UNED, Facultad de Geografía e Historia, pp. 255-189. Tesis doctoral inédita, disponible en: http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:GeoHis-Aorozco/Documento.pdf. <<

[185] A.C. 1 de enero de 1875, Acta de toma de posesión del Ayuntamiento nombrado por el Sr. gobernador militar de esta plaza en uso de las facultades concedidas por el Sr. ministro de Regencia de su majestad el D. Alfonso XII. <<

[186] Los datos biográficos de Fermín Salvochea proceden de BREY, G., “Formación ideológica y experiencias de un burgués desclasado” y GUEREÑA, J-L., “Fermín Salvochea del federalismo al anarquismo”, ambos en MAURICE, J. (Coord.), et. al., Fermín Salvochea. Un anarquista entre la leyenda y la historia, Cádiz, Quórum Editores, 2009, pp. 47-72 y 73-118; MORENO APARICIO, I., Aproximación histórica a Fermín Salvochea, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1982, pp. 28-30; PUELLES, F. de, Fermín Salvochea. República y anarquismo, Sevilla, 1984, pp. 21-7, y RAMOS SANTANA, A., “Cádiz en el siglo XIX…”, op. cit., pp. 220-1. <<

[187] GUEREÑA, J-L., “Fermín Salvochea, del federalismo al anarquismo”, op. cit., p. 82. <<

[188] MARCHENA DOMÍNGUEZ, J., “Aspectos literarios de Fermín Salvochea”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 10 (2002), pp. 71-4, y “Fermín Salvochea en vísperas de “La Gloriosa”, Aproximación ideológica”, Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 1 (1989), pp. 162-174. <<

[189] LÓPEZ ÁLVAREZ, J., “El krausismo en Cádiz. (Notas a un discurso pronunciado en la Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras)”, en Anales de la Universidad de Cádiz, 1 (1984), p. 189. Sobre el krausismo en España, vid. La España armónica: El proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. <<

[190] MARCHENA DOMÍNGUEZ, J., “Fermín Salvochea en vísperas…, op. cit., pp. 174-5. <<

[191] Cfr. TERMES, J., Anarquismo y sindicalismo en España (1864-1881), Barcelona, Crítica, 2000. (Primera edición de 1965) y PUELLES, F. de, op. cit., p. 87. <<

[192] Sobre el antiteísmo y la crítica anarquista a la Iglesia católica, vid. ÁLVAREZ JUNCO, J., La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Siglo XXI, 1976, pp. 29-36 y 204-14. <<

[193] Vid. MONTERO GARCÍA, F., “La Defensa de la Sociedad, un exponente del Movimiento de Defensa Social en España, 1872-1874”, en Hispania Sacra, 30 (1977). <<

[194] ESPIGADO TOCINO, G., en “La Junta de Damas de Cádiz. Entre la ruptura y la reproducción social”, en PASCUA SÁNCHEZ, Mª. y ESPIGADO TOCINO, G. (Eds.), Frasquita Larrea y Aherán. Europeas y españolas entre la Ilustración y el Romanticismo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2003…”, op. cit., pp. 244-5. <<

[195] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 397. ESPIGADO TOCINO, G., “La Junta de Damas de Cádiz…”, op. cit., p. 247, y “Mujeres y ciudadanía. Del Antiguo Régimen a la Revolución Liberal”, en seminario Universidad Autónoma de Barcelona de 6 de junio de 2003 Mujeres y ciudadanía en el primer liberalismo español, p. 11. <<

[196] ESPIGADO TOCINO, G., Aprender a leer y escribir en el Cádiz del Ochocientos, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996, pp. 75-6. <<

[197] MADOZ, P., tomo v, op. cit., p. 169. <<

[198] ESPIGADO TOCINO, G., “La Junta de Damas de Cádiz…”, op. cit., p. 251. <<

[199] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 399. <<

[200] A.C., 8 de septiembre de 1869, núm. 90, pto. 3. <<

[201] ESPIGADO TOCINO, G., La Primera República en Cádiz…, op. cit. p. 251. “La Junta de Damas de Cádiz…”, op. cit., pp. 255-6. <<

[202] DELGADO CRIADO, B., La educación en la España contemporánea, (1789-1985), Madrid, Ediciones SM, 1994, pp. 279-281; ESPIGADO TOCINO, G., Aprender a leer…, op. cit. p. 94; ESPIGADO TOCINO, G., La Primera República en Cádiz…, op. cit., p. 251; GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., Disidencias y escuelas en la Bahía de Cádiz (1835-1936), El Puerto de Santa María, Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, 2009, p. 159. Vid. También GUEREÑA, J. L., y TIANA FERRER, A., Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX-XX. Coloquio hispano-francés, Madrid, Casa de Velázquez, 1989. También TIANA FERRER, A., “La escuela privada”, cap. 4 de GUEREÑA, J-L., RUIZ BERRIO, J. y TIANA FERRER, A., Historia de la educación popular en España Contemporánea. Diez años de investigación, Madrid, CIDE, 1994. <<

[203] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 340. <<

[204] ESPIGADO TOCINO, G., Aprender a leer…, op. cit., p. 97; LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 341. Sobre el Movimiento Católico, vid., MONTERO GARCÍA, F., El movimiento católico en España, Madrid, Eudema 1993. El mismo autor, en “Propaganda católica y educación popular en la España de la Restauración. 1900-1920)”, en AYMES, J.-R., FELL, E. M., GUEREÑA, J.- L. (Eds.), École et Église en Espagne et en Amérique latine. Aspects, idéologiques et institutionnels, Tours, l’Université de Tours, 1988, estudia el desarrollo posterior de la educación popular y catequesis como ejes de la propaganda católica y parte importante del Movimiento Católico. Vid. también, del mismo autor, “El movimiento Católico en la España del siglo XX. Entre el integrismo y el posibilismo”. <<

[205] El obispo de Cádiz, en carta al Cabildo Catedral, solicitando fondos para crear una escuela más de niñas en el barrio de Santa María, citaba expresamente las escuelas de niñas que había en el momento: La de Nuestra Señora del Rosario, la de “las Concepcionistas” y la de Nuestra Señora del Carmen. A.Cab. leg. 158, Carta del obispo al Cabildo Catedral de 14 de febrero de 1872. <<

[206] A.D.C., leg. 168, carp. “Enseñanza”. Oficio del canónigo penitenciario al obispo, de fecha 24 de abril de 1872. <<

[207] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., pp. 341-2. <<

[208] ROSETTY, J., Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento, Cádiz, Imprenta y Litografía de la Revista Médica, 1874, pp. 255-6. <<

[209] Sobre la Asociación de Católicos, vid. URIGÜEN, B., op. cit., pp. 331-370. Sobre el Movimiento Católico en la década de los años setenta del siglo XIX, vid., MONTERO GARCÍA, F., y ROBLES, C., “Le mouvement catholique en Espagne dans les années 1870”, en LAMBERTS, E. (Ed.), The Black International, L’Internationale noire, 1870-1878, Lovaina, Leuven University Press, 2002, pp. 427-463. <<

[210] A.M.C., C. 493. <<

[211] El Comercio, núm. 9686, 23 de noviembre de 1870. <<

[212] Ibídem, núm. 9709, 16 de diciembre de 1870. <<

[213] ROSETTY, J., op. cit., p. 172. <<

[214] A.D.C., leg. 156. Carta de la Asociación de Católicos de Cádiz al obispo, 22 de octubre de 1873, y borrador de la respuesta del obispo a la Asociación de Católicos de Cádiz, 27 de octubre de 1873. Arturo García de Arboleya fue concejal del Ayuntamiento elegido el 5 de agosto de 1873 y lo iba a volver a ser a partir del 3 de enero de 1874, tras la actuación del general Pavía. <<

[215] ROSETTY, J., op. cit., p. 353. <<

[216] URIGÜEN, B., en op. cit., pp. 332-3, confirma que la mayor parte de los miembros más relevantes de la Asociación de Católicos, había pertenecido a las Conferencias de San Vicente. <<

[217] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., pp. 689-90. Su hermano Fernando fue durante el Sexenio el director del periódico moderado de Cádiz El Comercio, y el mismo lo sería durante la Restauración. <<

[218] Vid. MAZA ZORRILLA, E., “Asociacionismo confesional en Valladolid: la Asociación Católica de Escuelas y Círculos Obreros, 1991-1914”, en Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, núm. 7 (1988), pp. 189-202, y MONTERO GARCÍA, F., El primer catolicismo social y la Rerum Novarum en España, 1889-1902, Madrid, CSIC., 1992. <<

[219] A.M.C., C. 493, expte. 67 de 1871. En la aprobación de la Juventud Cristiana no se hace ninguna alusión a la religión católica, lo que hace sospechar que pudiera tratarse de una asociación protestante. <<

[220] MADOZ, P., tomo V, op. cit., p. 170. RAMOS SANTANA, A., “Cádiz en el siglo XIX…”, op. cit., p. 553. <<

[221] ALARCÓN GUERRERO, A., “Sociabilidad decimonónica: El Casino Gaditano”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, núm. 8, 2000, pp. 21-8.; LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 71; y NOGUEROLES ALONSO de la SIERRA, P. J., RUIZ JIMÉNEZ, M. A. y BURGOS OJEDA, A., El Casino Gaditano ante las crisis sanitarias del Cádiz decimonónico, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999. (Entre los presidentes del Casino antes de la revolución estuvo Juan Valverde, alcalde de Cádiz entre 1869 y 1871). Estudios generales sobre el asociacionismo en MAZA ZORRILLA, E., Sociabilidad en la España Contemporánea; historiografía y problemas metodológicos, Universidad de Valladolid, 2002, y, de la misma autora, Asociacionismo en la España Contemporánea. Vertientes y análisis interdisciplina, Universidad de Valladolid, 2003. <<

[222] El Círculo Gaditano cerró en marzo de 1873. La noticia del cierre se publicó en El Comercio, núm. 10.541, 6 de abril de 1873. Con fecha 24 de marzo de 1873, liquidado el centro, correspondía devolver a los primitivos socios la cantidad de 36 reales para cada uno, que podían cobrarse en la Librería de la Revista Médica. <<

[223] Sobre el asociacionismo obrero anterior al Sexenio, vid. ELORZA, A., “Asociación y reforma social en España (1840-68)”, en TRÍAS, J. J., y ELORZA, A., Federalismo y reforma social en España (1840-1872), Madrid, seminarios y Ediciones, 1975, pp. 244-327. <<

[224] A.M.C., C. 493, “Asociaciones y Sociedades”. A partir de aquí, todos los datos extraídos del Archivo Municipal de Cádiz, C. 493, figurarán en la nota correspondiente solo con el número de expediente. <<

[225] Cfr. PUELLES, F. de, op. cit., p. 82. <<

[226] Sobre la AIT en España, vid., TERMES, J., Anarquismo y sindicalismo en España (1864-1881), Barcelona, Crítica, 2000. (Primera edición de 1965). Sobre la reacción defensiva de la Iglesia contra la AIT y la Comuna, vid. MONTERO GARCÍA, F., “La Defensa de la Sociedad…”, op. cit. Sobre el debate en las Cortes en torno a la Comuna y las opiniones de la prensa española sobre la misma, vid. ÁLVAREZ JUNCO, J., La Comuna en España, Madrid, Siglo XXI, 1971. <<

[227] Exptes. 108, 152 y 197 de 1871. <<

[228] Exptes. 45 de 1872 y 279 de 1869. Sobre las sociedades de socorros mutuos, vid. CASTILLO, S. (Ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y socorros mutuos en la España Contemporánea, S. L., Centro de Estudios Históricos de UGT, 1994. Los socorros mutuos serían adoptados posteriormente por medios católicos. Un análisis del cambio de mentalidad que lleva a los católicos de la beneficencia al mutualismo y posteriormente a la previsión social en MONTERO GARCÍA, F., en Orígenes y antecedentes de la previsión social, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989, pp. 67-117. <<

[229] Expte. 319 de 1869. <<

[230] Exptes. 45 de 1872 y 104 y 189 de 1870, y 45 de 1872. José María de Puelles y Centeno, en Recuerdos de mi juventud, Cádiz, Imprenta de M. Álvarez, 1907, p. 33, dice que los socios del Casino Republicano eran los más templados del partido, pero “ninguno era católico”. A sus reuniones solía asistir Manuel Canencia, uno de los pastores de la capilla protestante situada en la calle Bilbao. La creación del Comité Central y de las Subcomisiones de barrios en El Comercio núms. 10.647, 10.649 y 10.650, 27, 30 y 31 de julio de 1873. <<

[231] Exptes. 159, 279 y 342 de 1869. <<

[232] La Sección de Orden Público del Gobierno Civil, en oficio número 1104 de 23 de junio de 1870, había comunicado al alcalde de Cádiz: “No conteniendo el Reglamento del Centro Federal de Obreros, que presentaron en este Gobierno D. Ramón Gavilán y D. Francisco Noa, precepto alguno contrario a lo que prescriben las leyes vigentes sobre reunión y asociación, no hay inconveniente en permitir la existencia de la Sociedad. Expte. 199 de 1870. Este acuerdo fue trasladado por el Ayuntamiento a los interesados el 27 de junio del mismo anón poco antes, el 10 de junio del mismo año, las Actas Capitulares del Cabildo Municipal reflejan la misma circunstancia. A.C., 10 de junio de 1870, núm. 41, pto. 9. <<

[233] Sobre la relación entre federalismo republicano y asociacionismo obrero vid., TERMES, op. cit. <<

[234] Exptes. 198 y 226 de 1873. <<

[235] Por ejemplo, el 8 de octubre de 1869, tras el levantamiento republicano en la sierra gaditana, el gobernador comunicaba al alcalde: “Estando impedidas las garantías individuales y según el bando del Capitán General, he dispuesto queden cerrados los clubes y demás sociedades políticas que existan en esta provincia, no comprendiéndose en esta disposición los casinos y reuniones de recreo”. En Expte. 337 de 1869. <<

[236] HENNESY, C. A. M., op. cit., p. 91. <<

[237] Sobre los antecedentes relativos a la preocupación de los demócratas gaditanos, y en particular de Fermín Salvochea, por la mejora de la condición social de la mujer, vid. MARCHENA DOMÍNGUEZ, J., “Mujer e ideología en el Cádiz isabelino. Las corrientes de vanguardia”, en Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea”, 8 y 9 (1996-7), pp. 265-76. <<

[238] Cfr. ESPIGADO TOCINO, G., Aprender a leer…, op. cit., p. 139. <<

[239] Expte. 349 de 1870: “Examinado por este Gobierno de Provincia el reglamento adjunto de la sociedad republicana federal de “Mariana Pineda”, y de conformidad con el parecer de V.S., he acordado permitir la existencia de dicha asociación”. <<

[240] Sobre Guillermina Rojas, vid. ESPIGADO TOCINO, G., “Experiencia e identidad de una internacionalista: trazos biográficos de Guillermina Rojas Orgis”, Arenal. Revista de historia de mujeres, 12 (2005), pp. 255-80; ESPIGADO TOCINO, G. “La acción política de las republicanas durante el Sexenio Democrático”, pp. 3 y 5; ESPIGADO TOCINO, “Mujeres “radicales”: internacionalistas y republicanas en España (1848-1874)”, en Ayer, 60 (2005), p. 39; y GUTIÉRREZ NIETO, C., Del Pupitre. Del Magisterio. Una aproximación a la historia de la profesión y las Escuelas Normales de Cádiz, Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2008, pp. 107-9. <<

[241] En octubre de 1871 Guillermina Rojas se había trasladado a Madrid, formando parte activa del movimiento obrero a través de una de las secciones de la Internacional. <<

[242] Margarita Pérez de Celis, una precursora del feminismo en España, fue directora de El Pénsil Gaditano, luego El Nuevo Pénsil de Iberia, publicaciones dedicadas a difundir las doctrinas de Charles Fourier, y redactora de La Buena Nueva. Vid. RAMÍREZ ALMAZÁN, Mª D., “Las fourieristas gaditanas y la reivindicación de los derechos de la mujer: La mujer y la sociedad de Rosa Marina”, en AA.VV. Las revolucionarias. Literatura e insumisión femenina, Sevilla, Archive Editores, 2009, pp. 513-529. JIMÉNEZ MORELL, I., La prensa femenina en España (desde sus orígenes hasta 1868), Madrid, Ediciones de la Torre, 1992, pp. 47, 104, 106 y 116. ESPIGADO TOCINO, “Mujeres “radicales”: utópicas…”, op. cit., pp. 21-31. <<

[243] Entre ellos: CANTOS CASENAVE, M., DURÁN LÓPEZ, F. y ROMERO FERRER, A. (Eds.), La Guerra de Pluma, Estudios sobre la prensa de Cádiz durante el tiempo de las Cortes (1810-1814), (dos tomos), Cádiz, Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2008; RAMOS SANTANA, Prensa gaditana (1763-1816), Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1987; y SOLÍS, R., Historia del Periodismo Gaditano, 1800-1850, Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, 1971. Mayor amplitud temporal tiene LABIO BERNAL, A. y ESPEJO, CALA, C., Estructura, historia y contenidos del periodismo gaditano. De sus orígenes a la actualidad, Cádiz, Quorum Editores, 2009. <<

[244] ESPIGADO TOCINO, G., ha analizado el federalismo de la prensa republicana gaditana, en La Primera República en Cádiz…, op. cit., 1993, pp. 159-165. PARRILLA ORTIZ, P, en El Cantonalismo Gaditano, Cádiz, Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz, 1983 y HERRÁN PRIETO, en La Gloriosa en Cádiz…, op. cit., han usado diversas publicaciones periódicas gaditanas del Sexenio Democrático como apoyo documental. <<

[245] Cfr. CHECA GODOY, A., El ejercicio de la libertad: La prensa española en el Sexenio Democrático (1868-1874), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, p. 144. <<

[246] MEJÍAS ESCASSY, L., en Las barricadas de Cádiz. Crónica detallada de los acontecimientos ocurridos en dicha ciudad, desde el día 5 de diciembre de 1.868, Cádiz, Imprenta de Arjona, 1869, p. 111, definía a El Comercio como un “diario poco afecto a los principios populares, como moderado recalcitrante aunque imparcial y de un privilegiado criterio”. (La cursiva es del original). <<

[247] El Comercio 6, 11 y 18 de julio de 1871. (La numeración de estos ejemplares es errónea: el del día 6 tiene el número 9902, el del día 11 de julio, el 9907 y el del 18 de julio tiene el 9.905). <<

[248] Un antecedente del accidentalismo o posibilismo propugnado por León XIII. Vid. MONTERO GARCÍA, F., El primer catolicismo social…, op. cit. <<

[249] El Comercio, núm. 9868, 2 de junio de 1871. <<

[250] Vid. “La aproximación de los neocatólicos a don Carlos y su influencia en el partido carlista”, en URIGÜEN, B., op. cit., pp. 290-329. <<

[251] El día 30 de junio de 1870 El Comercio, en su núm. 9540 de 30 de junio de 1870 publicó la reciente acta de abdicación de Isabel II, en la que esta transmitía sus derechos al príncipe Alfonso. <<

[252] El Comercio, núm. 10.525, 20 de marzo de 1873. <<

[253] El Correo Gaditano, núm. 15, 24 de enero de 1874. <<

[254] El Comercio, núm. 9748, 2 de febrero de 1871. <<

[255] Según CHECA GODOY, A., en op. cit., p. 144, el periódico fluctuó durante este periodo entre el unionismo y el progresismo, defendiendo en 1870 la candidatura de Amadeo de Saboya. No obstante, El Comercio siempre se refirió a La Palma como a un periódico de sus mismas ideas políticas y, por tanto, moderado. <<

[256] La Palma, núm. 674, 1 de junio de 1873. <<

[257] El Comercio, núms. 11.023, 11.097, 11.108 y 11.111, 31 de agosto y 13, 24 y 27 de noviembre de 1874. <<

[258] La Soberanía Nacional, 19 de octubre de 1868. <<

[259] El tercero de unos “Mandamientos de la libertad” publicados en La Soberanía Nacional, núm. 59, 19 de noviembre de 1.868, era “Amar a Dios destruyendo la hipocresía del clero”. <<

[260] La Soberanía Nacional, núm. 60, 20 de noviembre de 1.868. <<

[261] Ibídem, 22 de diciembre de 1868. <<

[262] José María de Puelles y Centeno había nacido en Alcalá de los Gazules en 1853. Terminó la carrera de medicina el mismo año que se hizo cargo de La Soberanía Nacional, contando pues tan solo 20 años. Su padre, que había sido capitán de uno de los dos batallones de Voluntarios de la Libertad, había comprado el periódico. De Puelles fue también vicepresidente de la Juventud Republicana de Cádiz. <<

[263] Decía La República Federal, en su núm. 22 de 24 de noviembre de 1868: “Si queremos buenos ciudadanos es necesario que haya buenas madres. Hay que educar a las niñas. El sexo débil debe emanciparse de la tiranía que sobre él ejerce el sexo fuerte. Hoy la mujer solo tiene deberes. Hay que enseñarle sus derechos”. <<

[264] MEJÍAS ESCASSY, L., en Las barricadas de Cádiz, op. cit., p. 33, decía de ambos periódicos, poco después del triunfo de la revolución, que La Soberanía Nacional se manifestaba “con moderación y templanza”, mientras que en La República Federal se escribía “con veneno”. <<

[265] La República Federal, núm. 8, 8 de noviembre de 1.868. <<

[266] Ibídem, núm. 18, 20 de noviembre de 1868. <<

[267] La República Federal Universal, núm. 1 de 1 de octubre de 1870. <<

[268] Ibídem, núm. 12, 16 de octubre de 1870. <<

[269] Ibídem, núm. 14, 18 de octubre de 1870. <<

[270] La República Federal Universal, núm. 16, 20 de octubre de 1870. <<

[271] Ibídem, núm. 7, 8 de octubre de 1870. <<

[272] Así lo confirma La Palma en un artículo publicado en su núm. 6802 de 2 de septiembre de 1873. <<

[273] La Legalidad, núm. 73, 9 de enero de 1872. En el contexto de las reacciones defensivas frente a la Comuna y la AIT, vid. ÁLVAREZ JUNCO, J., La Comuna en España…, op. cit., y MONTERO GARCÍA, F., “La Defensa de la Sociedad…”, op. cit. <<

[274] Suplemento de La Soberanía Nacional, núm. 13 de 4 de enero de 1874, y “Advertencia”, en El Noticiero de Cádiz, núm. 1, 6 de enero de 1874. <<

[275] Como el número correspondiente al 2 de octubre de 1869 es el 380, y teniendo en cuenta que el periódico se publicaba todos los días de la semana, se deduce que empezó a publicarse el primer día de la revolución. <<

[276] La Libertad, núm. 439, 9 de enero de 1870. <<

[277] Ibídem, núm. 391, 13 de octubre de 1869. Era una noticia presumiblemente falsa, pues no hay disposiciones al respecto en las actas municipales. <<

[278] Ibídem, núm., 549, 18 de junio de 1870. <<

[279] La Legalidad, núm. 261, 14 de agosto de 1872. <<

[280] Ibídem, núm. 189, 23 de mayo de 1872. <<

[281] El Comercio núms. 10.084, 10.538 y 11.054, 4 de enero de 1872, 3 de abril de 1873 y 1 de octubre de 1874 <<

[282] Vid. OROZCO GUERRERO, A., “La aplicación de la libertad religiosa en Cádiz durante el Sexenio Democrático en relación con los protestantes (1868-1874)”, en Espacio, Tiempo y Forma, serie V, 24 (2012), pp. 267-290. <<

[283] BODDAERT, N., “Una presencia tolerada en el Cádiz del siglo XVIII: Los protestantes extranjeros”, en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1 (1991), p. 40, y MORGADO GARCÍA, A., La Diócesis de Cádiz…, op. cit., pp. 431-2 y 437. <<

[284] BUSTOS RODRÍGUEZ, M., Cádiz en el sistema atlántico., op. cit., pp. 106-115, y BODDAERT, N., op. cit., pp. 38-9. <<

[285] Vid. BORROW, G., The Bible in Spain. Or the jouneys, adventures and imprisonments of an englishman in an attempt of circulate the Scriptures in The Peninsula, (tres tomos), London, John Murray, 1843. Respecto a Cartagena, VILAR J. B., en Un siglo de protestantismo en España (Águilas, Murcia, 1893-1979): Aportación al estudio del acatolicismo español contemporáneo, Universidad de Murcia, 1979, p. 27, asevera que los anglicanos, presbiterianos y metodistas desarrollaron desde 1836 “un apostolado poco fructífero a la sombra del consulado inglés”. El mismo autor, se refiere a la labor de James Newenham Graydon en Barcelona y la zona del levante peninsular, en Intolerancia y libertad religiosa…, op. cit.; Sobre Málaga, uno de los principales focos del protestantismo Andaluz, junto con Sevilla y Cádiz, MATEO AVILÉS, E. de, en Masonería, protestantismo, librepensamiento y otras heterodoxias en la Málaga del siglo XIX, Málaga, Diputación Provincial, 1986, p. 39, constata que durante los años 1835-1843 “no se llegó más allá de divulgaciones de la Biblia en lengua vernácula y sin notas, rápidamente atajadas por las autoridades civiles y eclesiásticas”. <<

[286] Sobre la misión de Rule en Cádiz, vid. RULE, W. H., Memoir of a mission to Gibraltar and Spain. London, John Mason, 1842, pp. 191-311; También VILAR, J, B., Intolerancia y libertad religiosa…, op. cit., pp. 143-157; QUERO MORENO, J. M., El Protestantismo en la renovación del sistema educativo de España. Tesis doctoral dirigida por Juan Bautista Vilar, Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Filología, 2008, pp. 204-9; GIMÉNEZ, A., “La Escuela Metodista de Cádiz”, en Revista Anales de la Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2 (1985), y GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., pp. 56-62. <<

[287] RULE, W. H., op. cit., pp. 191-4 y 213-4. (Las citas de obras escritas en inglés son traducciones mías)-También GIMÉNEZ, A., op. cit., 208-9 y GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 57. <<

[288] GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 58. <<

[289] BORROW, G., Letters of George Borrow to the British and Foreign Bible Society, The Echo Library, 2006. p. 167. <<

[290] RULE, W. H., op. cit., p. 260. <<

[291] GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 58-9 y. <<

[292] RULE, W. H., op. cit., pp. 261-2 y 267. <<

[293] GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 62. <<

[294] El escrito de fray Domingo y la repuesta del gobernador, Francisco Moreda, fechados el 27 y 28 de mayo de 1849 respectivamente, en La Voz de la Religión, época cuarta, tomo III, Madrid, Imprenta de la calle del Humilladero, 1840, pp. 49-50. <<

[295] Vid. VILAR, J. B., Intolerancia y libertad religiosa…, op. cit., pp. 171-3. <<

[296] KING SHORTER, C., George Borrow and his circle, Boston and New York, Houghton Mifflin Company, sin fecha, p. 195. <<

[297] RULE, W. H., op. cit. p. 311. <<

[298] The Ecclesiastical Gazette Or monthly register of the affairs of the Church of England, and of its religious societies and institutions, from July 1842 to June 1843, vol. V, London, Charles Cox, 1843, pp. 119 y 125. <<

[299] GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 63. <<

[300] VILAR, J. B., Intolerancia y libertad religiosa…, op. cit., pp. 174-5 y 282. <<

[301] CASTRO, A. de, Historia de los protestantes españoles y de su persecución por Felipe II, Cádiz, Imprenta, librería y litografía de la Revista Médica, 1851. <<

[302] QUERO MORENO, J. M., op. cit., p. 214. El Alba seguía publicándose por la zona de Cádiz en 1858. La Verdad Católica, La Habana, Imprenta del tiempo, 1858, p. 476, constata que los protestantes estaban introduciendo por entonces en España sus “impías publicaciones, generalmente por el Campo de Gibraltar”. Destacaban entre ellas el periódico El Alba y una serie de folletos titulados Sobre la regeneración, Escudriñad las Escrituras, Una llamada al Corazón y Cuatro palabras a los sabios. <<

[303] PEDDIE, R., The dawn of the Second Reformation in Spain: Being the story of its rise and progress, London, S. W. Partridge & Co. and Edimburg, Religious Tract Society, 1871, pp. 4-7, 66-7 y 136-8. <<

[304] VILAR, J. B., Intolerancia y libertad religiosa, op. cit., p. 178. QUERO MORENO, J. M., op. cit., p. 220. <<

[305] The Wesleyan-Methodist Magazine for 1869, Fifth series, Vol. XV, London, Wesleyan Conference Office, 1869, pp. 469, 470 y 556. <<

[306] Christian work, or The news of the churches, News series, Vol. V, London, Partridge and Co., 1870, pp. 19, 131 y 169. <<

[307] Hay dudas sobre su apellido exacto. Aquí se toma la denominación más próxima en el tiempo, la de “Ben Ollier” que cita el “Padre Cayetano”, en su Epistolario del P. Cayetano o colección de sus once cartas…, op. cit, p. 78. <<

[308] Epistolario del P. Cayetano…, op. cit., pp. 17, 18, 39, 56, 78 y 80. <<

[309] PUELLES y CENTENO, J. M. de, Recuerdos de mi juventud, Cádiz, Imprenta de M. Álvarez, 1907, p. 33. <<

[310] En 1872 adoptarían el nombre de Iglesia Cristiana Española, pasando posteriormente a su denominación actual: Iglesia Evangélica Española. <<

[311] The Sunday School Teacher. A magazine of essays, lessons, ilustrative material, educational notes, and inteligence, vol. IV, London, Sunday School Union, 1871, en su p. 217, pedía urgentemente ayuda a los cristianos de Londres para aportar fondos para encontrar una casa adecuada. <<

[312] Según un informe del obispo de Cádiz fray Félix María de Arriete, de 1875, los seguidores de la misión presbiteriana eran “poquísimos y de la clase más ínfima”. Cfr. CHAMIZO de la RUBIA, J., “Fray Félix María de Arriete y Llano…”, op. cit., p. 447. La baja condición social de la mayoría de los nuevos protestantes fue una constante en la llamada “Segunda Reforma”. VILAR, J. B., en Un siglo de protestantismo…, op. cit., p. 20, refiriéndose a la comunicad de Águilas, la inscribe dentro de la más modesta condición social; MATEO AVILÉS, E. de, en op. cit, p. 40, infiere que los disidentes malagueños eran igualmente de las clases más bajas de la sociedad. <<

[313] MENÉNDEZ PELAYO, M., afirma categóricamente que el “Padre Cayetano” era el canónigo Francisco de Lara. Vid. op. cit., p. 207. <<

[314] Por ejemplo, en la tercera carta, titulada “Están juzgados” y fechada el 8 de julio de 1871 del Epistolario del P. Cayetano…, op. cit., p. 19, dice a los fieles católicos de Cádiz: “Sed monárquicos, sed republicanos, abrazaros a la bandera que más os plazca, de cualquier modo estaréis limpios, porque habréis sido libres para elegir y decidiros; pero si cambiáis vuestras puras y venerandas creencias religiosas por el inmundo y asqueroso plato de lentejas que os ofrecen los protestantes quedaréis manchados”. Otros escritos del Padre Cayetano son La Biblia en manos de los protestantes. Folleto católico del Padre Cayetano para instrucción del pueblo, Cádiz, Imprenta Ibérica, 1871; María vindicada de los insultos de los protestantes: opúsculo por el P. Cayetano en el que se refutan las blasfemias de los cuadernos tratados evangélicos nº 4, y la Virgen María y los protestantes, publicados en Madrid en 1870, Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, de Federico Joly y Velasco, 1871, y Cartas del Padre Cayetano al Protestante Escudero, Cádiz, Imprenta de la revista Médica, 1872. <<

[315] Epistolario del P. Cayetano…, op. cit., p. 12. La cifras que se aportan, tendentes a ridiculizar a los protestantes y a minimizar su impacto en la ciudad, daban la cantidad de doscientas ochenta y nueve asistentes a los actos religiosos de la capilla de la calle Bilbao. <<

[316] El periódico moderado gaditano El Comercio, en su núm. 10.571, de 6 de mayo de 1873, decía: “Cuenta nuestro apreciable colega La Palma que uno de los oradores de la reunión federal que el domingo —4 de mayo— tuvo lugar en la plaza de toros de esta ciudad fue el expresbítero ciudadano Escudero, el cual sacó un libro y se puso a leer en alta voz, sin duda con el propósito de ilustrar a los asistentes a aquel acto; pero al cuarto de hora de estar en tal entretenimiento, los que no se habían quedado aun dormidos dieron claras y evidentes señales de impaciencia en términos tan significativos, que el pastor puso fin a su lectura, sin que sus oyentes sacaran de ella más que el negro del sermón”. <<

[317] Respecto a su condición de sacerdote católico MENÉNDEZ y PELAYO, afirma que “había vehementes motivos para sospechar que no lo era, pero es lo cierto que así en el obispado de Cádiz como en el de Jaén había hecho actos de tal, diciendo misa y administrando el sacramento de la eucaristía”. Op. cit., p. 206. SANZ de DIEGO, R. Mª., en Medio siglo de relaciones…, op. cit., p. 347, afirma que el obispo de Jaén tuvo “que enfrentarse a un sacerdote sudamericano de nombre Escudero que predicaba ideas protestantes”. ESPIGADO TOCINO, G., en La Primera República en Cádiz…, op. cit., p. 271, ha localizado a Escudero en el padrón municipal en el barrio de Hércules, calle Sacramento número 84, de profesión eclesiástico, natural de México y con 30 años de edad. También en Aprender a leer…, op. cit., p. 96. <<

[318] A.C., 29 de agosto de 1872, núm. 18, pto. 38. <<

[319] GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., op. cit., p. 63. <<

[320] Epistolario del P. Cayetano…, op. cit., p. 3. <<

[321] A.D.C., leg. 158. Carta del obispo al Cabildo Catedral de fecha 4 de febrero de 1872. <<

[322] Sobre las dificultades de los no católicos a la hora de ser enterrados, en torno al Sexenio Democrático, vid. los capítulos XI y XII de JIMÉNEZ LOZANO, J., Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Madrid, Taurus, 1978, pp. 159-91. (Hay otra edición de Seix Barral, 2008). <<

[323] El Comercio, núms. 8927, 8936, 8938, 8941, 8953, 8967 y 8969, 22 y 31 de octubre, y 2, 5 y 7 de noviembre, y 1 y 3 de diciembre de 1868. <<

[324] El Comercio, núms. 8946, 8947, 8948 y 8952, 10, 11, 12 y 16 de noviembre. <<

[325] Ibídem, núm. 8987, 23 de diciembre de 1868 y LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p.198. <<

[326] La Soberanía Nacional, 22 de diciembre de 1868. <<

[327] El Comercio, núm. 8989, 25 de diciembre de 1868. <<

[328] Varios gaditanos habían abierto otra suscripción “para arreglar los adoquinados de las calles”, desechos por los Voluntarios de la Libertad. Llegaron a recaudar 89.694 reales, que entregaron al gobernador. Este restó de la cantidad anterior 21.494 reales y se los entregó al obispo para que engrosara la cifra de la suscripción auspiciada por él. LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., pp. 198-9. <<

[329] La República Federal, núm. 54, 3 de febrero de 1869. <<

[330] A.Cab., lib. 69, 4 de febrero de 1869, pp. 199-200. <<

[331] A.Cab., lib. 69, 17 de febrero de 1869, p. 206. El Comercio, núm. 9045, 19 de febrero de 1869. <<

[332] El Comercio, núm. 9047, 21 de febrero de 1869. <<

[333] Se publicó antes en la prensa local: Ibídem, núm. 9233, 26 de agosto de 1869. <<

[334] A.D.C., leg. 157. <<

[335] A.Cab., lib. 69, 6 de junio de 1869, p. 234. <<

[336] El Comercio, núm. 9152, 6 de junio de 1969. <<

[337] A.Cab., lib. 70, 9 de abril de 1870, p. 23. y A.C.C., sección I, serie V, “Oficios recibidos por el Cabildo. Año 1870”. <<

[338] B.E.D.C., núm. 508 de 22 de mayo de 1870, pp. 1-5. <<

[339] A.D.C., leg. 158. y A.Cab., lib. 70, 23 de mayo de 1870, p.31. <<

[340] B.E.D.C., núm. 505. <<

[341] B.E.D.C., núm. 510, 7 de agosto de 1870, pp. 4-6. El documento estaba fechado el 3 de agosto. <<

[342] El documento había sido insertado en el B.E.D.C., núm. 504. <<

[343] A.Cab., lib. 70, 2 de septiembre de 1870, p. 56. <<

[344] Vid., MONTERO GARCÍA, F., y ROBLES, C., “Le mouvement catholique en Espagne…” op. cit. <<

[345] Esa es la idea que expresaban desde el carlismo Ramón Nocedal, Orgaz, Vildósola, Rocha, Vélez Hierro y Somoza en el Congreso el día 16 de junio de 1871, al pedir a la Cámara que se asociase al sentimiento general católico por la celebración del aniversario. <<

[346] B.E.D.C., núm. 515, 28 de junio de 1871, pp. 7-16. Las principales limosnas fueron: 4000 reales de “una señora” con las siglas J. V., 1000 reales del obispo, 2000 del Cabildo Eclesiástico, 360 de los beneficiados de la catedral, 1000 de Benito Picardo, otros 1000 de la viuda de Palacios, 1000 de viuda de Oneto, 1000 de la viuda de Lasata e hijo; también aportaron 1000 reales el Excmo. Sr. D. Ángel Urzaiz, Manuel Domecq y Víctor, Excmo. Sr. D. Rafael Sánchez Mendoza, Agustín Blázquez y la Asociación de Católicos de Cádiz. Entre estas pocas personas la donación llegó a los 16.360 reales. Hubo además siete aportaciones de 500 reales, seis de 400, una de 320, dos de 300, una de 240, veintisiete de 200, cuatro de 160, una de 140, y sesenta y una de 100. <<

[347] En el mismo B.E.D.C. de la nota anterior, pp. 16-18: doña J.V.: 400 reales; parroquia de San Antonio: 599,50; mesas de la catedral: 4069; mesas del sagrario: 80; monjas de San Fernando: 461; monjas de la Candelaria: 24; parroquia del Rosario: 40; Mariana Ferrón: 120; varios: 9820, 50 reales más. <<

[348] Parroquia de San Fernando, 1000 reales; parroquia de Conil, 404; parroquia de Jimena, 610; parroquia de San José (Extramuros de Cádiz) 260; Puerto Real, 200; San Roque 200; Tarifa, 780; Medina Sidonia 768; presbítero Manuel Calderón 100; presbítero José Rey, 23; varias devotas del culto perpetuo del Sagrado Corazón de Jesús, 161; Alcalá de los Gazules 75. Total 4482 reales. B.E.D.C., núm. 516, 13 de julio de 1871, p. 7. <<

[349] El Comercio, núms. 9886 y 9888, 20 y 22 de junio de 1871. <<

[350] B.E.D.C., núm. 515, 28 de junio de 1871, pp. 16-18. La distribución, en reales, fue la siguiente: Escuela de Nuestra Señora del Rosario: 3000; Escuela de las Concepcionistas: 3000; Asilo del Salvador: 1634; Asilo del Buen Pastor: 1000; Casa de Impedidas: 500; viuda e hijos de un ahogado en la bahía el día 21: 1000; para los grados designados a estudiantes del seminario, Facultad de Medicina e Instituto: 7000. <<

[351] B.E.D.C., núm. 515 de 28 de junio de 1871, pp. 1 y 2. <<

[352] Publicado en El Comercio, núm. 9977, 19 de septiembre de 1871. <<

[353] El Comercio, núm. 11.105, 21 de noviembre de 1874. <<

[354] La exposición se publicó en tres entregas en El Comercio, núms. 10.131, 10.132 y 10.133, 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 1872. <<

[355] A.D.C., leg. 157. <<

[356] A.D.C., leg. 156. Exposición del obispo al ministro de Gracia y Justicia, 19 de junio de 1873. <<

[357] Vid. “Convenio firmado el 25 de agosto de 1859, adicional al Concordato celebrado el 16 de marzo de 1851, entre Su Santidad y S. M. Católica”, en Tratados de España. Documentos internacionales del reinado de Isabel II. Desde 1842-1868, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1869, pp. 194-6. <<

[358] Entre los patronatos administrados por el Ayuntamiento, estaban la obra pía de doña María de Arteaga, dedicada a la enseñanza de niñas pobres; el patronato de Ursula de Echanove, que tenía como fin el socorro de presos pobres, y el de Luis Moreno, para ayudar a viudas pobres. Había dos patronatos municipales fundados por Melchor de Cuellar, uno para dotes de monjas y otro para culto del Santísimo Sacramento. Otro más, el de Diego Felipe de Acosta, fundado en 1648, estaba destinado a dotar a “pobres vergonzantes” y a doncellas pobres. El del Capitán de la O, existente desde 1643, también dotaba doncellas pobres, dando además limosnas y reservando el resto para el hospicio de Cádiz. Los bienes de estos patronatos u obras pías habían sido ya desamortizados y vendidos por el Estado, entregándose al Municipio el equivalente en láminas de la deuda al tres por ciento, cuyos intereses aplicaba la corporación municipal a los fines establecidos por los fundadores. Por este motivo, no fue necesario declararlos a raíz del decreto de desamortización de obras pías. Distinto era el caso de la obra pía del capitán Esteban Chilton Fantoni, fundada en 1625. Aunque estaba en manos del Ayuntamiento, no se había desamortizado, debido a que siempre hubo dudas sobre si se trataba de un patronato familiar, en cuyo caso tendría que haberse traspasado a los herederos. Sus productos se destinaban a huérfanas pobres del linaje del fundador. <<

[359] A.Cab., lib. 69, 13 de abril de 1869, pp. 220-1 y A.D.C., leg. 157. Oficio del Gobierno de Provincia al gobernador eclesiástico, 28 de mayo de 1869. <<

[360] Cfr. LÓPEZ PELÁEZ, A., El Derecho español en sus relaciones con la Iglesia, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1902, pp. 214-22. <<

[361] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 166. <<

[362] Era Ramón María Pardillo, que a partir de agosto de 1873 sería, como concejal y procurador síndico del Ayuntamiento uno de los principales autores de las restituciones al obispado, tras las incautaciones del periodo republicano federal anterior. <<

[363] A.Cab., lib. 69, 20 de junio de 1869 por la mañana, pp. 241 y 241 vto.; el mismo día por la tarde, p. 242 vto. <<

[364] A.Cab., lib. 69, 23 de junio de 1869, pp. 243-6. <<

[365] A.Cab., lib. 69, 24 de junio de 1869, p. 248. <<

[366] A.Cab., lib. 69, 28, 29 y 30 de junio, pp. 250-251 vto. <<

[367] A.Cab., lib. 69, 29 de junio de 1869, pp. 252 y 252 vto. <<

[368] A.Cab., lib. 69, 5 y 13 de julio de 1869, pp. 253 vto. y 255. El deán recomendó días más tarde que el elegido para la defensa fuese Estanislao Figueras y el Cabildo Catedral lo aprobó por unanimidad, pero no hay constancia de que se contratasen dichos servicios. <<

[369] A.Cab., lib. 69, 2 de agosto de 1869, pp. 260-261 vto. y 263 vto. <<

[370] A.Cab., lib. 69, 13 de agosto de 1869, p. 268 vto. <<

[371] A.Cab., lib. 69, 17 de agosto de 1869, p. 271. <<

[372] A.Cab., lib. 69, días 11, 12, 15, 26 de octubre y 18 de noviembre de 1869. pp. 282-284 vto. y 286 vto.-287. <<

[373] A.Cab., lib. 69, 22 de diciembre de 1869, pp. 294-295. <<

[374] A.Cab., lib. 70, pp. 17 vto., 38 vto., 54, 79 vto. y 82 vto. <<

[375] A.Cab., lib. 70, 7 de agosto de 1871, pp. 150. vto.-151. <<

[376] A.Cab., lib. 70, 1 de septiembre de 1871, pp. 155 vto.-156. <<

[377] A.Cab., lib. 70, 15 de septiembre de 1871, pp. 160-160 vto. <<

[378] A.Cab., lib. 70, 4 de octubre de 1871, p. 163 vto. <<

[379] A.Cab., lib. 70, 26 de octubre de 1871, P. 168 vto. <<

[380] B.E.D.C., núm. 519, 22 de octubre de 1871, pp. 1-4. También publicado en El Comercio, núm. 10.019, 31 de octubre de 1871. <<

[381] A.D.C, leg. 158. Carta del obispo al Cabildo Catedral de fecha 14 de febrero de 1872. <<

[382] A.D.C., leg. 168, carp. “Enseñanza”. Informe del Cabildo Catedral de 10 de abril de 1872 sobre la petición del obispo de usar los fondos sobrantes del patronato de Fragela para la erección y mantenimiento de una escuela de niñas pobres en el convento de Santo Domingo. <<

[383] A.D.C., leg. 158. Oficio del Cabildo Catedral al obispo, de fecha 13 de abril de 1872. <<

[384] A.Cab., lib. 70, pp. 239 vto. y 243 vto. <<

[385] A.D.C., leg. 168, carp. “Enseñanza”. Oficio del canónigo penitenciario al obispo, 24 de abril de 1872. <<

[386] A.D.C., leg. 157, carp. “Documentos Episcopales”. <<

[387] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo VIII, pp. 5415 <<

[388] A.Cab., lib. 69, 14 de septiembre de 1869, p. 278 vto. <<

[389] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo VII, p. 4380. <<

[390] A.D.C., leg. 158. Carta de 22 de septiembre de 1869. A.Cab., lib. 69 y 70, 16 de noviembre y 30 de diciembre de 1869, pp. 288 vto y 1-3. <<

[391] A.D.C., leg. 158. Oficio del Cabildo Catedral, 10 de febrero de 1870. El monumento fue finalmente instalado en Semana Santa porque el secretario del Ayuntamiento, Adolfo de Castro, se comprometió a pagar los gastos del monumento. También A.Cab., lib. 70, 2 de abril de 1870, p. 20. <<

[392] Esta cesión aparece como un acto de buena voluntad directamente relacionado con el decreto, casi simultáneo, que pretendía obtener el juramento de los prelados y diocesanos a la Constitución. <<

[393] A.Cab., lib. 70, 9 y 10 de mayo de 1870, p. 28 vto-29 vto. <<

[394] A.D.C., leg. 158. Nómina de limosnas para los gastos para el culto correspondiente al mes de junio de 1870. <<

[395] A.Cab., lib. 70, 1 de julio de 1870, p. 40 vto. <<

[396] La exposición fue publicada en el B.E.D.C., número 510 de 7 de agosto de 1870, pp.1-4 y A.D.C., leg. 157, doc. núm. 510 y en La Cruz, Madrid, Imprenta de La Esperanza, 1870, pp. 296-298. <<

[397] A.D.C., leg. 157. Carta del obispo al gobernador civil, de fecha 30 de agosto de 1870. <<

[398] A.Cab., lib. 69, pp. 284 vto.-285. <<

[399] El curso 1872-1873, por ejemplo, produjo los siguientes ingresos y gastos en reales: Ingresos: saldo del curso anterior: 3385; pensiones de seminaristas: 87.917; matrículas: 6530; ejercitantes: 1690; venta de agua: 1183; renta de la huerta: 560; deudas atrasadas: 1801; TOTAL: 103.056. Gastos: 72.264. Sobrante: 30.792. En A.D.C., leg. 156. <<

[400] A.Cab., lib. 69, 15 de noviembre de 1869, pp. 288-288 vto. <<

[401] A.Cab., lib. 69, p. 293 vto. <<

[402] A.Cab., lib. 69, p. 290 vto. <<

[403] A.Cab., lib. 70, 14 de enero de 1870, pp. 7-7 vto. <<

[404] A.D.C., leg. 158. Carta de siete beneficiados al obispo de fecha 26 de febrero de 1870. Lo firmaban José Lebrón, García Olivares, Servando de Arza, Rafael Baena, Francisco Chamizo, Francisco Medina y José Mª Mercier. <<

[405] A.D.C., leg. 158. Carta del deán al gobernador eclesiástico de fecha 1 de marzo de 1870. <<

[406] A.D.C., leg. 158. Carta del beneficiado José Lebrón al obispo, de fecha 4 de marzo de 1870. <<

[407] A.Cab., lib. 70, pp. 17, 21-2 y 31-31 vto. <<

[408] Por ejemplo, en marzo de 1870 el beneficiado García Olivares pidió permiso para ausentarse “mientras durase su enfermedad”. A.Cab., lib. 70, 24 de marzo de 1870, p. 19. En abril lo solicitó Baena, aportando un parte facultativo y se le concedieron dos meses. A.Cab., lib. 70, 8 de abril de 1870, p. 22 vto. <<

[409] A.Cab., lib. 70, p. 26 vto. <<

[410] A.Cab., lib. 70, 17 de mayo de 1870, p. 30 vto. <<

[411] A.D.C., leg. 158. Solicitud de los beneficiados de la catedral al obispo, de fecha 6 de marzo de 1871. <<

[412] El 15 de julio de 1871 lo solicitó “por enfermedad” el beneficiado organista, José del Valle. El 15 de septiembre el beneficiado Federico Fernández Mateo, “por hallarse su salud quebrantada”. El 2 de octubre de 1871 Juan García Olivares, “por consejo del facultativo”. También el 2 de octubre de 1871 Fernando Arza “por consejo del facultativo” y el 16 de noviembre de 1871 Federico Fernández y Mateos. A.Cab., lib. 70, pp. 148, 161, 166 vto. y 170 vto. <<

[413] Esto ya se había sugerido en julio de 1871, cuando el penitenciario Costa propuso que se tomara una resolución con la renta del beneficiado Cano, “habiéndose prolongado su ausencia más de lo que permiten los recres”. A.Cab., lib. 70, 7 de julio de 1871, p. 143 vto. <<

[414] A.Cab., lib. 70, pp. 182 y 193 vto. <<

[415] A.Cab., lib. 70, 5 de febrero y 7 de julio de 1872, pp. 198 vto.-199 y 206; A.D.C., leg. 158. Informe de la comisión designada por el Cabildo Catedral relativo a normas de asistencia, obligaciones y turnos de los beneficiados, de fecha 10 de abril de 1872. <<

[416] El 14 de marzo de marzo el Cabildo había hecho la distribución de los fondos del patronato de Porcio correspondiente a lo percibido en 1871 Eran 70.000 reales de los que ellos se quedaban 20.000 “para distribuir en limosnas”. Probablemente fue de ahí de donde sacaron los 3265 reales para los beneficiados que seguían en la catedral. En A.D.C., leg. 158, Distribución de las rentas del Patronato de Porcio del año 1871, fechada el 14 de marzo de 1872. <<

[417] Cantidades consignadas en el B.E.D.C., núm. 516, 13 de julio de 1871, pp. 4-7, y A.D.C., leg. 158, doc. de fecha 7 de julio de 1871, cuando se suspendió la recaudación de limosnas: junio de 1870: 13.172 reales: julio: 8247 reales; agosto: 8052 reales: septiembre: 7992 reales; octubre: 7906 reales; noviembre: 7976 reales; diciembre: 7662 reales. <<

[418] A.D.C., leg. 157, carp. “Documentos Episcopales”. Comunicaciones del arzobispo de Toledo al obispo de Cádiz. <<

[419] La Libertad, núm. 831, 20 de enero de 1871. <<

[420] A.D.C., leg. 166. Las cantidades atrasadas que se pedían eran, en pesetas, las siguientes: clero catedral: 89.337,50; clero parroquial: 32.169,44; clero beneficial: 1593,75; culto catedral: 7291,67; gastos de administración y visita: 1666,66; culto parroquial: 28.535,36; gastos de la administración diocesana: 937,50; religiosas de clausura: 2046,00; asignación para culto en los conventos: 316,68; asignación para enfermería: 239,59; asignación para cantor y organista: 320,88. <<

[421] A.D.C., leg. 158. A.Cab., lib. 70, pp. 128 vto. y 129 vto. <<

[422] A.D.C., leg. 158. Escrito del Cabildo Catedral al Gobierno Eclesiástico de fecha 10 de julio de 1871. <<

[423] El Comercio, núm. 9902, 15 de julio de 1871. La comunicación tiene fecha del día 10. <<

[424] A.D.C., leg. 158 y B.E.D.C., núm. 516, 13 de julio de 1871, pp. 4-7. A los 61.007 reales recaudados en 1870, desglosados por meses más arriba, hay que añadir los siguientes de 1871: enero: 7405; febrero: 7035; marzo: 7298; abril: 6582; mayo: 6609: junio 5732. El total recaudado en 1871 fue de 40.664 reales, lo que da una recaudación total entre 1870 y 1871 de 101.671 reales. <<

[425] A.Cab., 8 de junio de 1871, lib. 70, p. 145. La diferencia de los 95.939 reales declarados por el Cabildo Catedral y los 101.671 declarados en el B.E.D.C son los 5732 reales ingresados en junio, que no fueron contabilizados por el Cabildo Catedral. <<

[426] A.D.C., leg. 158, documento de fecha 7 de julio de 1871. La distribución de las limosnas, en reales, fue la siguiente (La primera cifra de cada mes es la destinada al pago al clero y la segunda la cantidad destinada al culto): julio de 1870: 3700 y 2379,05; agosto de 1870: 3804 y 1.430,05: septiembre de 1870: 3774 y 834,30; octubre de 1870: 3904 y 1229,50; noviembre de 1870: 3903 y 835,95; diciembre de 1870: 3690 y 928, 15; enero de 1871: 3794 y 6499,20; febrero de 1871: 3814 y 906,77; marzo de 1871: 3522 y 1725,65; abril de 1871: 3844 y 1632; mayo de 1871: 3700 y 9797,30; junio de 1871: 3844 y 1888,30 <<

[427] B.E.D.C., núm. 519, 22 de octubre de 1871, pp. 1-4. <<

[428] A.Cab., lib. 70, 15 de abril de 1872, pp. 216-216 vto. <<

[429] A.D.C., leg. 156. Oficio del Cabildo Catedral al obispo, 5 de diciembre de 1872. <<

[430] A.Cab., lib. 71, pp. 38 vto. y 39-41 vto. <<

[431] A.C.C, Sección I, Serie V, “Oficios recibidos por el Cabildo”. <<

[432] El Comercio, núms. 11.054, 11.055 y 11.060, 1, 2 y 7 de octubre de 1874. <<

[433] A.Cab., leg. 158. <<

[434] Además de su inclusión en la historiografía general, tratan sobre estos hechos las monografías locales de las obras ya citadas de HERRÁN PRIETO, J., pp. 31-70. MORENO APARICIO, I., pp. 31-54. PARRILLA ORTIZ, P., pp. 33-52 y PUELLES, F. de, pp. 44-5. <<

[435] A.D.C., leg. 168, carp. “Autoridades Militares”. <<

[436] El Pacto Federal, núm.53, 7 de agosto de 1869. <<

[437] El Progreso Democrático, núm. 5 de 11 de octubre de 1868. <<

[438] PUELLES y CENTENO, J. M., de, op. cit., p. 23. <<

[439] A.Cab., lib. 69, 29 de septiembre de 1868, pp. 173-4. <<

[440] LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., op. cit., p. 208. Moreno es el beneficiado de la catedral que en noviembre de 1869 fue suplido en sus cometidos por encontrarse enfermo, dando lugar las ceremonias fúnebres por su fallecimiento al conflicto entre los beneficiados y el deán referido en el apartado 3.12.2. <<

[441] A.Cab., lib. 69, 5 y 9 de octubre de 1868, pp. 175-7. <<

[442] A.Cab., lib. 69, 17 de octubre de 1868, p. 177. <<

[443] El Comercio, núm. 8937, 1 de noviembre de 1868. <<

[444] Ibídem, núms. 8933, 8934, 8941 y 8946, 27 y 29 de octubre, 5 y 10 de noviembre de 1868. <<

[445] A.C., 22 de octubre de 1868, “Cabildo de instalación del Ayuntamiento provisional”, núm. 1, pto. 2. <<

[446] A.Cab., lib. 69, 24 y 25 de octubre de 1868, pp. 178-9. <<

[447] A.D.C., leg. 174. Oficio del alcalde al obispo declarando la intención de rescindir permuta de Santiago por terreno de Santo Domingo, de 31 de octubre de 1868, y oficio del alcalde al obispo, de 18 de noviembre de 1868. <<

[448] El Comercio, núm. 8933, 28 de octubre de 1.868. El escrito del gobernador civil tiene fecha del día anterior. <<

[449] Ibídem, núms. 8945, 8952, 8960 y 8967, días 9, 16 y 24 de noviembre y 1 de diciembre de 1868. <<

[450] La Soberanía Nacional núm. 55, 15 de noviembre de 1868. <<

[451] B.O.P.C., núm. 275 de 28 de noviembre de 1868. Circular núm. 107. La orden de Sagasta era la número 325 de 20 de noviembre, inserta en la Gaceta de Madrid. <<

[452] MEJÍAS ESCASSY, L., en op. cit., p. 81, se preguntaba dónde estaban los ministros de la Iglesia y a quién podían apelar los moribundos en busca de auxilios espiritual y agregaba: “Los ministros de la Iglesia permanecieron mudos a la voz de la humanidad que perecía en medio de las calles”. <<

[453] A.C., 21 de enero de 1869, núm. 9, pto. 6. <<

[454] B.O.P.C., núm. 275, 28 de noviembre de 1868. <<

[455] A.C., 30 de abril de 1869, núm. 54, pto. 7. <<

[456] A.C., 19 de marzo de 1869, núm. 42, pto. 14. <<

[457] A.C., 4 de febrero de 1869, núm. 19, pto. 22, y 10 de febrero de 1869, núm. 21, pto. 14. <<

[458] A.C., 2 de marzo de 1869, núm. 32, pto. 13, y 9 de marzo de 1869, núm. 36, pto. 9. A.D.C., leg. 174. Oficio del alcalde al obispo de fecha 4 de marzo de 1869. <<

[459] A.M.C., C. 5686, carp. “Convento de San Agustín”. <<

[460] A.C., 2 y 20 de abril de 1869, núms. 48 y 52, ptos. 9 y 4. <<

[461] A.C., 11 de mayo de 1869, núm. 57, pto. 2. y A.D.C., leg. 173, doc. núm. 167. <<

[462] A.C., 30 de marzo de 1869, núm. 45, pto. 18; 2 de junio de 1869, núm. 64, pto. 14, y 25 de junio de 1869, núm. 72, pto. 17. <<

[463] A.C., 26 de febrero de 1869, núm. 30, pto. 12. <<

[464] A.C., 5 de febrero de 1869, núm. 20, pto. 16. <<

[465] A.C., 26 de febrero de 1869, núm. 30, pto. 1. <<

[466] A.C., 2 de marzo de 1869, núm. 32, pto. 15. <<

[467] A.Cab., lib. 69, pp. 225-6. <<

[468] A.C., 11 de mayo de 1869, núm. 57, pto. 1. <<

[469] A.C., 24 de mayo de 1869, núm. 62, pto. único. <<

[470] A.Cab., lib. 69, 13 y 27 de mayo de 1869, pp. 231, 232 y 232 vto. <<

[471] El Comercio, núm. 9145, 30 de mayo de 1869. <<

[472] A.C., 1 de junio de 1869, núm. 63, ptos. 23, 24, 25 y 26. <<

[473] A.C., 14 de mayo de 1869, núm. 59, pto. 2 y 5 de junio de 1869, núm. 66, pto. 2 <<

[474] El Comercio, núm. 9154, 8 de junio de 1869. <<

[475] A.C., 11 de mayo de 1869, núm. 57, pto. 9. <<

[476] A.D.C., leg. 174, Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico, 8 de julio de 1869. <<

[477] A.D.C., leg. 157. Oficio número 252 del Gobierno de Provincia al obispo; leg. 174. Oficio del Alcalde al gobernador eclesiástico, 5 de julio de 1869. <<

[478] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Alcaldía al gobernador eclesiástico, 8 de julio de 1869. <<

[479] A.C., 23 de julio de 1869, núm. 78, pto. 27. <<

[480] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Alcaldía al gobernador eclesiástico, 19 de agosto de 1869; A.Cab., lib. 69, 26 de agosto de 1869, p 275 vto. <<

[481] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Alcaldía al obispo, 10 de septiembre de 1869. <<

[482] A.C., 9 de julio de 1869, núm. 75, pto. 12. <<

[483] A.C., 6 de julio de 1869, núm. 74, pto. 13 y 27 de julio de 1869, núm. 79, pto. 4. <<

[484] A.C., 1 de septiembre de 1869, núm. 88, pto. 4. <<

[485] A.D.C., leg. 174. <<

[486] A.C., 21 de septiembre de 1869, núm. 93, pto. 27. <<

[487] Decía el escrito municipal, firmado con Homs: “En vista de la atenta comunicación de V.S., fecha 20 del corriente, por la cual se sirve manifestar que no considerando la iglesia y convento de la Candelaria en el estado inminente de ruina en que lo estima el arquitecto titular y pidiendo por tanto se practique un nuevo reconocimiento en dicho edificio; con tal objeto espera esta alcaldía que V.S. designe perito que en unión del de Ciudad practiquen dicha diligencia”. A.D.C. leg. 174. <<

[488] A.C., 21 de septiembre de 1869, núm. 93, pto. 13 y A.D.C., leg. 174. <<

[489] A.C., 1 de octubre de 1869, núm. 94, pto. 1. <<

[490] A.C., 8 de septiembre de 1869, núm. 90, pto. 20. <<

[491] La noticia sobre la circular de Ruiz Zorrilla se publicó en El Comercio, núm. 9247, 9 de septiembre de 1869. <<

[492] A.C., 12 de octubre de 1869, núm. 4, pto. 11 y 3 de diciembre de 1869, núm. 28, pto. 11. <<

[493] A.C., 19 de octubre de 1869, núm. 6, pto. 13. <<

[494] A.D.C., leg. 174, doc. núm. 170 y A.C., 7 de diciembre de 1869, núm. 29, pto. 3. <<

[495] A.C., 26 de octubre de 1869, núm. 11, pto. 15. <<

[496] A.D.C., leg. 174. El oficio está fechado el 29 de diciembre de 1869. <<

[497] A.Cab., lib. 70, 9 de marzo de 1870, p.18. <<

[498] A.C., 11 de febrero de 1870, núm. 14, pto. 2. <<

[499] A.C., 22 de febrero de 1870, núm. 18, pto. 7. <<

[500] A.D.C., leg. 174. <<

[501] A.D.C., leg. 168. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico, 9 de marzo de 1870. El Cabildo Catedral correspondió a la invitación comisionando a los canónigos Sala y Pantoja. <<

[502] El Comercio, núm. 9429, 11 de marzo de 1870. <<

[503] Ibídem, núm. 9527, 17 de junio de 1870. <<

[504] La Libertad, núm. 549 de 18 de junio de 1870. <<

[505] A.C., 13 de septiembre de 1870, núm. 68, pto. 11, y 6 de diciembre de 1870, núm. 94, pto. 8. <<

[506] A.C., 4 de octubre de 1870, núm. 74, pto. 15, y 7 de octubre de 1870, núm. 76, pto. 8. <<

[507] Colección Legislativa de España, Segundo Semestre de 1868, tomo C, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1868, pp. 371 y 373. <<

[508] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo I, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870. Apéndice segundo al número 29. <<

[509] A.C., 3 de marzo de 1871, núm. 12, pto. 6. <<

[510] A.C., 3 de marzo de 1871, núm. 12, pto. 7. <<

[511] En concreto, la real orden de Isabel II de 6 de agosto de 1867, firmada por González Bravo, que recomendaba la observancia de disposiciones anteriores, como la real orden de 16 de julio de 1857, que a su vez confirmaba otra disposición de 12 de mayo de 1849, prohibiendo la inhumación de cadáveres en iglesias, panteones o cementerios que se encontraran dentro de poblado. Colección Legislativa de España, Segundo semestre de 1867, tomo XCVIII, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1867, núm. 493, p. 271 <<

[512] María vindicada de los insultos de los protestantes: opúsculo por el P. Cayetano en el que se refutan las blasfemias de los cuadernos tratados evangélicos nº 4, y la Virgen María y los protestantes, publicados en Madrid en 1870, Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, de Federico Joly y Velasco, 1871, p. 101. <<

[513] A.C., 28 de marzo de 1871, núm. 19, pto. 15. <<

[514] A.C., 18 de abril de 1871, núm. 23, pto. 2. <<

[515] A.C., 25 de agosto de 1871, núm. 53, pto. 8. <<

[516] A.C., 1 de febrero de 1872, núm. 1. <<

[517] A.C., 16 de abril de 1872, num. 21, pto. 4. <<

[518] A.C., 12 de abril de 1872, núm. 20, pto. 5. <<

[519] A.Cab., lib. 70, 12 de junio de 1872, pp. 229-229 vto. <<

[520] A.C., 26 de julio de 1872, núm. 9, pto. 17. <<

[521] A.Cab., lib. 70, pp. 240-242 vto. <<

[522] A.Cab., lib 70, p. 243-4. <<

[523] A.C., 8 de agosto de 1872, núm. 13, pto. 2. <<

[524] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Comisión Municipal de Fincas Ruinosas al gobernador eclesiástico. <<

[525] A.C., 23 de septiembre de 1872, núm. 25, pto. 2. <<

[526] A.C., 6 de febrero de 1873, núm. 10, pto. 8. <<

[527] A.C., 6 de febrero de 1873, núm. 10, pto. 3. <<

[528] A.C., 27 de enero de 1873, núm. 17, pto. 16. <<

[529] A.C., 6 de marzo de 1873, núm. 17, pto. 6. <<

[530] El Comercio, núms. 10.506, 10.511, 10.512, 10.519 y 10.529, correspondientes a los días 2, 7, 8, 15 y 25 de marzo de 1873. <<

[531] A.Cab., lib. 70, p. 292 vto. <<

[532] A.M.C., C. 6677, “Contestación de Herrero al oficio de Salvochea ordenando el desalojo de la Candelaria en 48 horas”. <<

[533] Citado por El Comercio, núm. 10.529, 29 de marzo de 1873, refiriéndose a un artículo de La Monarquía Tradicional. <<

[534] A.Cab., lib. 70, pp. 294 vto.-295. <<

[535] A.D.C., leg. 174. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico: “Ruego a V. se sirva dar sus órdenes para que no se ponga inconveniente a que una comisión de la corporación municipal, asistida del Arquitecto y su Ayudante, puedan pasar a los conventos de Candelaria y Santa María el lunes próximo 24 del corriente, con el fin de proceder al reconocimiento de los expresados edificios. Salud y República. Cádiz, 22 de marzo de 1873. Fermín Salvochea”. <<

[536] A.Cab. lib. 71, pp. 48-48 vto. y 55. <<

[537] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo de la Candelaria”. <<

[538] Ibídem y A.C., 25 de marzo de 1873, núm. 22, pto. 4. <<

[539] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo de la Candelaria”. <<

[540] A.D.C. leg. 174. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico: “Habiéndose recibido hoy un oficio del arquitecto de Ciudad, en que anuncia a esta Alcaldía el mal estado en que se encuentra la armadura que cubre el mirador de la iglesia del convento de Candelaria, lo pongo en su conocimiento para que mande desalojarla inmediatamente, con el objeto de proceder a su demolición. Salud y República. Cádiz 28 de marzo de 1873. Fermín Salvochea”. <<

[541] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo de la Candelaria”. <<

[542] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo del convento de la Candelaria”. El texto contiene algunas faltas de ortografía (“haviéndose”; “ipócritamente”; “seaga”, y “loagan”), que he modificado. El escrito iba firmado por dieciocho mujeres. La primera firmante era Margarita Pérez de Celis, y la seguían Rosa Cabs, Dolores Reina, Teresa Riu, María Josefa Zapata (responsable junto con Pérez de Celis en las distintas publicaciones cuyo nombre empezaba por El Pensil: El Pensil Gaditano, El Pensil de Iberia, El nuevo Pensil de Iberia y El Pensil de Iberia y la Buena Nueva), María Romero, Rosario Rodríguez, Dolores Mora, Bárbara Domínguez, María Méndez, María Jiménez, Antonia Zamorano, Ana Núñez, Águeda Hernández, Antonia Amado, Ana Figuerola, Antonia Gómez y Vicenta Díez. <<

[543] MATEOS-GAGO FERNÁNDEZ, F., “Hazañas Cantonales” (artículo dirigido al Gibraltar Guardian, fechado el 26 de julio de 1873), en Colección de opúsculos, Sevilla, Imprenta y Librería de A. Izquierdo, 1887, p. 230. Mateos-Gago sería un personaje muy relevante en posteriores polémicas entre el integrismo y el accidentalismo de León XIII. <<

[544] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo de la Candelaria”. <<

[545] El Comercio, núm. 10.532, 28 de marzo de 1873. <<

[546] A.M.C., C. 6677, carp. “Derribo de la Candelaria”. <<

[547] Ibídem y A.C., 28 de marzo de 1873, núm. 23, pto. 2. <<

[548] A.C., 6 de abril de 1873, núm. 28, sesión secreta, pto. 1. <<

[549] A.D.C., leg. 174. Escrito de la Comisión de Fincas Ruinosas al gobernador eclesiástico: “Contestando su atenta comunicación fecha de ayer, debo manifestarle que esta Comisión no ha entregado aún las tres campanas de la Iglesia de Candelaria, atendiendo a que en conversación tenida con el Comisionado por la Hacienda, ciudadano Juan Contreras, se acordó en vista del valor de las mismas, que se suspendiera su entrega ínterin consultaba al Gobierno sobre este particular. Esta Comisión no ha tenido inconveniente alguno en entregarla y ya lo hubiera hecho si la razón expuesta no se lo impidiera. Salud y República. Cádiz, 8 de abril de 1873. El Presidente. Francisco de la Viesca”. <<

[550] A.C., 5 de junio de 1873, núm. 60, pto. 6. El mercado se pretendía edificar en el solar del convento de la Merced, cuya iglesia se quería derribar también. <<

[551] A.C., 5 de junio de 1873, núm. 60, pto. 2. <<

[552] El Comercio, núm. 10.535, 31 de marzo de 1873. <<

[553] Cfr. CARASA SOTO, P., Historia de la beneficencia en Castilla y León…, op. cit., pp. 64-74 y 175-191. <<

[554] A.C., 24 de abril de 1873, núm. 39, pto. 10. <<

[555] ESPIGADO TOCINO, G. Aprender a leer…, op. cit., p. 86. Sobre las iniciativas de educación popular de origen republicano, vid. también GUEREÑA, J.-L. y TIANA FERRER, A., “Reformismo social, republicanismo y educación popular” en GUEREÑA, J-L., RUIZ BERRIO, J. y TIANA FERRER, A., Historia de la educación popular en España Contemporánea. Diez años de investigación, Madrid, CIDE, 1994, pp. 156-162. <<

[556] SUÁREZ CORTINA, M., “El krausismo, la república y la España regional en el siglo XIX”, en CHUST, M. (Ed.), Federalismo y cuestión federal en España, Castellón, Publicaciones de la Universidad Jaime I, 2004, pp. 171-3. <<

[557] ESPIGADO TOCINO, G., La Primera República…, op. cit., pp. 256-7. <<

[558] A.C., 25 de marzo de 1873, núm. 22, pto. 9. “Exposición de la Comisión de Instrucción Pública sobre el proyecto de prohibición de enseñanza religiosa en las escuelas municipales”. <<

[559] A.C., 28 de marzo de 1873, núm. 23, pto. 8. Los cambios fueron: “Santa Isabel” cambió por “La Fraternidad”. “Ntra. Sra. de la Concepción”, por “La Igualdad”. “San Francisco”, por “La Moralidad”. “Ntra. Sra. Del Rosario”, por “La Justicia”. “Sta. María”, por “La Verdad”. “San Ildefonso”, por “La Libertad”. “La Palma”, por “El Porvenir”. La de niñas de “San José de Extramuros”, por “El Trabajo”. La de niños de “San José de Extramuros”, por “La Razón” La de “San Germán”, por “La Prudencia”; La de “San Servando”, inicialmente por “La Caridad”, posteriormente “La Armonía”; y la de “San Juan Bautista”, por “La Esperanza”. <<

[560] A.M.C., C. 5686, carp. “Convento de San Agustín”. <<

[561] A.C., 1 de mayo de 1873, núm. 42, pto. 3. <<

[562] A.C., 28 de marzo de 1873, núm. 23, pto. 11. <<

[563] El Comercio, La Palma, La Voz de Cádiz y la Monarquía Tradicional dieron por seguro que el Ayuntamiento iba a declarar la prohibición del culto externo. La Soberanía Nacional lo desmintió el 30 de marzo. El Comercio, num. 10.535, 31 de marzo de 1873. <<

[564] A.D.C., leg. 156. <<

[565] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 183, y leg. 174. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico: “Puede V. Disponer del Santo Cristo que se hallaba colocado en la capilla del Cementerio General de esta Población; comisionando al efecto persona que se haga caro de él, firmando el oportuno recibo. Lo que digo a V. en contestación a su atenta comunicación de 9 de abril. Salud y República. Cádiz 9 de abril de 1873”. <<

[566] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 180. <<

[567] A.C., 2 de abril de 1873, núm. 23, pto. 5. <<

[568] A.D.C., leg. 158, carta del Cabildo Catedral al obispo, 8 de abril de 1873, y leg. 174; A.Cab., lib. 70, pp. 292 vto. y 295. <<

[569] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 181 y A.M.C., C. 6677. <<

[570] A.Cab. lib. 70, 11 de abril de 1873 (Viernes Santo), pp. 24-25 vto. <<

[571] El Comercio, núms. 10.554 y 10.559, 18 y 24 de abril de 1873. <<

[572] A.D.C., leg. 174. “Correspondencia de la Alcaldía al gobernador eclesiástico”. El 19 de abril el alcalde había comunicado a Hüe. “En cumplimiento de lo acordado por la Corporación que tengo la honra de presidir, en sesión del dos del actual, espero se sirva dar sus superiores órdenes a quien corresponda con el objeto de que desaparezcan del patio del ex convento de San Francisco los cuadros de imágenes que hoy la decoran. Del recibo de esta comunicación y de haber cumplimentado cuanto dejo manifestado, se servirá V. darme oportuno aviso. Salud y República Federal. Cádiz, 19 de abril de 1873. Fermín Salvochea”. El Comercio, en su núm. 10.559 de 24 de mayo decía que se estaban retirando “cruces, cuadros, imágenes y demás objetos religiosos”. <<

[573] El Comercio, núm. 10.560, 25 de abril de 1873. <<

[574] Ibídem, núm. 10.548, 13 de abril de 1873. Aunque pocos días antes el Ayuntamiento había eliminado los nombres de santos de las calles y plazas, el periódico los mantiene. <<

[575] El Comercio núm. 10.568, 3 de mayo de 1873. <<

[576] El Comercio, núms. 10.563, 10.568 y 10.570 y 10.573, 28 de abril y 3, 5 y 8 de mayo de 1873. <<

[577] Del derribo de esta imagen no hay constancia en documentos oficiales. Sin embargo la prensa conservadora de Cádiz dio la noticia de que había sido derribada el Viernes Santo por acuerdo del Ayuntamiento. Resulta un tanto extraño, siguiendo la actuación municipal en otros casos, que el Municipio derribase una imagen sagrada y la dejase en la calle, sin llevársela de su lugar o entregarla al templo de Capuchinos, permitiendo que sufriera mutilaciones en la calle. Tal vez se produjo algún hecho aislado de vandalismo que nadie quiso airear. <<

[578] La Palma, 20 de abril de 1873. <<

[579] Las misas y ceremonias religiosas posteriores a Semana Santa en “Noticias Religiosas” de El Comercio, núms. 10.551 a 10. 572, de 16 de abril a 7 de mayo de 1873. <<

[580] Ibídem, núm. 10.607, 13 de junio de 1873. <<

[581] A.C., 24 de abril de 1873, núm. 39, pto. 5. <<

[582] A.D.C., leg. 174. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico: “Debiendo practicarse por el arquitecto de Ciudad un minucioso reconocimiento en el edificio que ocupa la iglesia de la Merced y que es de la propiedad de este Ayuntamiento, espero se servirá dar las órdenes oportunas al capellán de dicha iglesia para que permita al referido funcionario la práctica de la diligencia que se deja indicada. Salud y República Federal. Cádiz 15 de mayo de 1873. Fermín Salvochea”. <<

[583] A.D.C., leg. 173. Carta del gobernador eclesiástico al alcalde 17 de mayo de 1873, doc. núm. 178. <<

[584] A.D.C., leg. 173. Carta del gobernador eclesiástico al presidente de la Academia de Bellas Artes de Cádiz, doc. núm. 178. <<

[585] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 109. <<

[586] A.D.C. Tanto la protesta del gobernador eclesiástico al ministro de Gracia y Justicia, de 31 de mayo de 1873, como la resolución de este comunicada por medio del gobernador civil, en leg. 173, doc. núm. 185. <<

[587] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 178. <<

[588] A.D.C., leg. 173, mismo número de documento que nota anterior, y A.C., 19 de mayo de 1873, núm. 51, ptos 3 y 5. <<

[589] A.D.C., leg. 173. <<

[590] A.C., 29 de mayo de 1873, núm. 55, pto. 5. Parece que el aprovechamiento de los materiales de derribo de Loreto fue bastante limitado. El 23 de junio de 1873 se estudió la construcción de asientos en el paseo de las Delicias, “utilizando para ello los materiales del derribo de la capilla de la Orden Tercera”. <<

[591] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Alcaldía al gobernador eclesiástico: “El Ayuntamiento en Cabildo de ayer acordó lo siguiente: Los cuadros de Murillo y otros pintores de nota que existan en el exconvento de Capuchinos serán trasladados al museo. El arquitecto municipal, en unión con el director de la Escuela de Bellas Artes, quedan encargados de la ejecución de este proyecto En el inventario de dicho establecimiento, constará el número de cuadros de pertenencia en todo tiempo al Ayuntamiento de esta ciudad. Lo que tengo el honor de comunicar a V. para que le conste a los efectos consiguientes. Salud y República Federal. Cádiz, 20 de mayo de 1873. Fermín Salvochea”. <<

[592] A.D.C., leg. 173. Carta del gobernador eclesiástico al Ayuntamiento, 24 de mayo de 1873, doc. núm. 175. También en A.M.C., C., 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[593] A.D.C., leg. 173. Carta del gobernador eclesiástico al ministro de Gracia y Justicia, 26 de mayo de 1873. <<

[594] A.D.C., leg. 173. Carta del gobernador eclesiástico al ministro de Fomento, 26 de mayo de 1873, doc. núm. 176-177. También en A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[595] A.C., 2 de junio de 1873, núm. 58, pto. 5. Los cuadros retirados fueron: Uno de Murillo representando a San Francisco, carente de marco; una Inmaculada Concepción, también sin marco, atribuida a Murillo, “con algunas restauraciones y piquetes”; una copia de un San Antonio de Murillo, de autor desconocido, “muy deteriorado y bastante roto por su parte inferior (…) con un marco cuyo dorado y pintura estaban en muy mal estado”, y un cuadro de Santa Isabel de escuela italiana, sin marco. Sobre las cinco de la tarde y careciendo de andamios para descolgar los seis cuadros que había en el altar mayor, la comisión dio por terminado el acto acordando continuar al día siguiente. De vuelta el 24 de abril, se retiró un cuadro de San Francisco, de Francisco Meneses Osorio, “con algunos parches, restauraciones y sin marco”; un San José, de la escuela de Murillo “sin marco, con parches y restauraciones”; un cuadro triangular de San Miguel, de la escuela de Murillo, “sin marco y con una costura restaurada”; otro también triangular representando un Ángel de la Guarda, de la escuela de Murillo, “sin marco, con parches y restauraciones”; un cuadro de Murillo representando a Santa Catalina, “con algunas restauraciones y sin marco”, y, por último, uno más de Murillo con la parte superior en arco de medio punto representando al Padre Eterno, “con bastantes restauraciones y sin marco”. <<

[596] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 93. <<

[597] A.C., 15 de mayo de 1873, núm. 50, pto. 7. <<

[598] A.C., 5 de julio de 1873, núm. 73, pto. 27. <<

[599] A.D.C., leg. 173. Expediente “Iglesia de San Francisco”. <<

[600] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento al gobernador eclesiástico, 9 de julio de 1873. <<

[601] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 126. <<

[602] A.D.C., leg. 173, Expediente “Iglesia de San Francisco”. Oficio de 30 de julio de 1873. Como el Cantón había suprimido el cargo de gobernador civil, la resolución quedó sin llegar a conocimiento de Hüe hasta el 25 de septiembre, cuando ya todo había sido arreglado sin necesidad de esperar la decisión gubernamental. <<

[603] A.C., 1 de mayo de 1873, núm. 42, pto. 2. Como se puede comprobar, no fueron “derribadas” como se anunció en la prensa conservadora, sino retiradas para venderlas posteriormente. <<

[604] A.C., 24 de abril de 1873, núm. 39, pto. 7. <<

[605] A.D.C., leg. 174. La notificación del alcalde al gobernador eclesiástico decía: “El Ayuntamiento Republicano de mi presidencia, en Cabildo celebrado el 24 del que rige, acordó ceder a V. la imagen de la Virgen del Rosario que se hallaba colocada sobre la columna que existía frente al Hospicio Provincial. Lo que digo a V. para que comisione persona que se haga cargo de dicha imagen, entregando recibo al Arquitecto Titular. Salud y República Federal. Cádiz 28 de abril de 1873. Fermín Salvochea”. <<

[606] A.C., 9 de junio de 1873, núm. 62, pto. 22, y 23 de junio de 1873, núm. 68, pto. 24. <<

[607] A.C., 26 de mayo de 1873, núm. 53, pto. 1. <<

[608] Esta distribución ideológica del Cabildo Municipal ya ha sido apuntada por GONZÁLEZ-MENESES MENÉNDEZ, A., en “La custodia de Cádiz y el ciudadano González Meneses. 1873”, Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 5: 5 (1977), op. cit., p. 27. Los laicistas más radicales del Ayuntamiento serían Salvochea, Viesca, Pérez Lazo, Pacheco, Góngora, Bartorelo, Solórzano, Gómez y Sales; se puede definir como favorables a permitir manifestaciones públicas del culto a López Más, Sibiani, Fernández, Ramírez, Gutiérrez, Ángel, Molina y Rato; en “el centro”, en lo relativo a su postura sobre el culto público, se pueden inscribir Mendoza, Guerra, Rendón y Antoñán. Ibídem, pp. 30-1. <<

[609] A.D.C., leg. 158. Oficio del Cabildo Eclesiástico al obispo, 28 de mayo de 1873. <<

[610] A.C., 30 de mayo de 1873, sesión extraordinaria, pto. único. <<

[611] A.Cab., lib. 71, pp.1-2 vto. <<

[612] A.C., 19 de junio de 1873, núm. 67, pto. 4. <<

[613] A.Cab., lib. 71, p. 3, y A.D.C., leg. 158. Oficio del Cabildo Catedral al obispo, 20 de junio de 1873. <<

[614] A.D.C., leg. 156. Certificado de 20 de junio de 1873 del Cabildo Catedral relativo a los derechos sobre la custodia del Corpus. Esta documentación de entrega de la custodia a la catedral en junio de 1664 se insertó completa en El Comercio, núm. 10.616, 24 de junio de 1873. <<

[615] A.Cab., lib. lib 71, p. 3 vto. y 4 vto. <<

[616] A.Cab., lib. 71, p. 7. <<

[617] El historiador Sancho de Sopranis afirmó que un súbdito inglés, Mr. Lytton, estuvo a punto de adquirirla, no ocurriendo por la oposición en el Cabildo Municipal de algunos concejales. GONZÁLEZ-MENESES MENÉNDEZ, A., op. cit., p. 25. <<

[618] El Comercio, núm. 10.631, 11 de julio de 1873. <<

[619] A.D.C., leg. 173, 14 de julio de 1873, doc. núm. 110. <<

[620] El Comercio, núms. 10.604, 10.605 y 10.606, 10, 11 y 12 de junio de 1873. <<

[621] ESPIGADO TOCINO, G., en “La Primera República en Cádiz…”, op. cit., ha estudiado el ejercicio del sufragio universal en Cádiz durante el Sexenio. En las pp. 227-238 y 324-331, analiza las elecciones municipales de marzo y julio de 1873 y apunta la posibilidad de que la bajada de votos republicanos en julio fuera a la censura de parte de los republicanos a la gestión anticlerical de Salvochea. Sobre estas elecciones, vid. también PARRILLA ORTIZ, P., op. cit., pp. 80-85 y 119-122. <<

[622] A.D.C., leg. 168. Circular de la Secretaria de Cámara y Gobierno del Obispado a los párrocos, de fecha 14 de julio de 1873. <<

[623] B.O.P.C., número extraordinario de 19 de julio de 1873. <<

[624] Todos los oficios del alcalde interino Mendoza al gobernador eclesiástico comunicando el 20 de julio los decretos del Comité de Salud Pública en A.D.C., leg. 174. <<

[625] A.Cab., lib. 71, pp. 7 vto.-8 y A.D.C., leg. 158. Oficio del Cabildo Catedral al gobernador eclesiástico, 21 de julio de 1873. <<

[626] A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[627] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 111: “Cuando se presenten los comisionados del Ayuntamiento a incautarse de esa iglesia y a exigir la entrega de las llaves, les harán presente que no pueden consentir en tal despojo. Si insisten, colocará V. a presencia de dichos señores las llaves sobre su altar y se retirará sin hacer otra resistencia. Si hubiera santísimo en el sagrario, lo trasladará V. a la parroquia más próxima, de la manera más decorosa que sea posible, evitando la publicidad. Dios guarde a V. muchos años. Cádiz 21 de julio de 1873. Fernando Hüe Gutiérrez”. <<

[628] El Comercio, núm. 10.642, 22 de julio de 1873. <<

[629] A.Cab., lib. 71 p. 8. <<

[630] A.D.C., leg. 158. Oficio del Cabildo Catedral al gobernador eclesiástico, 21 de julio de 1873; leg. 174. Aclaración del alcalde interino al gobernador eclesiástico sobre el alcance de la separación Iglesia-Estado decretada por el Comité de Salud Pública, 23 de julio de 1873; leg. 173, doc. núm. 112; A.Cab., lib. 71, pp. 7 vto.-vto. <<

[631] A.D.C., leg. 174. <<

[632] A.Cab., lib. 71, pp. 7 vto.-10 vto. <<

[633] A.D.C., leg. 173, 14 de julio de 1873, doc. núm. 110. A.Cab., lib. 71, pp. 9 vto. y 11. <<

[634] A.D.C., leg. 173. Expediente “Iglesia de San Francisco”. Oficio de fecha 30 de julio de 1873. Esta nueva comunicación, una vez recibida por el gobernador civil, no fue trasladada al gobernador eclesiástico hasta el 25 de septiembre. <<

[635] Eran Salvochea, Viesca, Pérez Lazo, Pacheco, Góngora, Bartorelo, Solórzano, García Gómez y García de Meneses. El único concejal que votó contra la salida de la procesión y no formó parte del Comité de Salud Pública, fue Sales, sustituido por García Meneses. <<

[636] El Comercio expresó esta idea en varias ocasiones. Por ejemplo, en su número 10.568, del día 3 de mayo de 1873. <<

[637] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 113. <<

[638] A.Cab., lib. 71, p. 11 vto. <<

[639] A.C., 5 de agosto de 1873, Acta de toma de posesión del Ayuntamiento nombrado por el Excmo. Sr. Pavía y Rodríguez de Alburquerque, capitán general de Andalucía, núm. 1, pto. 3. <<

[640] Sobre las disposiciones del 5 de agosto por la noche: A.C., 5 de agosto de 1873, núm. 3, ptos. 4, 5, 8 y 9. El escrito del Ayuntamiento a Hüe comunicándole la apertura de los templos, en A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[641] A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[642] A.M.C., C. 5686, carp. “Convento de San Agustín”. <<

[643] A.D.C., leg. 174. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico, 19 de agosto de 1873. <<

[644] A.M.C., C. 5686, carp. “Convento de San Agustín” y A.C., 22 de agosto de 1873, núm. 11, pto. 6. <<

[645] A.C., 20 de agosto de 1873, núm. 10, pto. 4. <<

[646] El Comercio núm. 10.666, 17 de agosto de 1873. <<

[647] A.C., 16 de septiembre de 1873, núm. 17, pto. 8. Los párrocos de Cádiz eran en estos momentos Simón Jiménez Ruiz (Santa Cruz), Luis Gonzaga Fernández (Nuestra Señora del Rosario), Fernando Fernández de Coín (San Antonio), Francisco González (San Lorenzo) y José María Centeno (San José Extramuros). <<

[648] A.D.C., leg. 174. Oficio del alcalde al gobernador eclesiástico, 22 de septiembre de 1873. <<

[649] A.C., 9 de agosto de 1873, núm. 6, pto.6. <<

[650] A.C., 14 de agosto de 1873, núm. 8, pto. 21. <<

[651] A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[652] A.C., 2 de septiembre de 1873, núm. 14, pto. 20. <<

[653] A.D.C., leg. 173. Carta del gobernador eclesiástico al Ayuntamiento, 19 septiembre de 1873, doc. núm. 186. También en A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[654] A.C., 9 de agosto de 1873, núm. 6, pto. 4. <<

[655] A.C., 14 de agosto de 1874, núm. 8, ptos. 9 y 29. <<

[656] A.D.C., leg. 174. Oficio de la Alcaldía al gobernador eclesiástico, 22 de agosto de 1873. <<

[657] A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[658] A.C., 7 de noviembre de 1873, núm. 30, p. 18. <<

[659] A.D.C, leg 156 oficio del cabildo catedral al obispo, 6 de octubre de 1873. Los subrayados son originales. <<

[660] A.D.C., leg. 156 borrador de contestación de la anterior del obispo al cabildo catedral, 9 de octubre de 1873. <<

[661] A.D.C., leg. 173, docs. 110 y 113. <<

[662] A.D.C., leg. 156. Carta del obispo a los párrocos y arciprestes de la Diócesis, 21 de noviembre de 1873. <<

[663] A.C., “Acta de instalación del Ayuntamiento nombrado por el señor gobernador militar de esta plaza y provincia”, 3 de enero de 1874. <<

[664] A.C., 3 de febrero de 1874, núm. 10, pto. 6. <<

[665] A.D.C., leg. 158. Oficios del Cabildo Catedral al alcalde de Cádiz, de fecha 2 de marzo de 1874, y del Ayuntamiento al Cabildo Catedral, de fecha de 6 de marzo de 1874. <<

[666] A.Cab., lib. 71, p. 30 vto. <<

[667] Distribución del donativo de 10.000 reales hecho por el Ayuntamiento para las celebraciones de Semana Santa en la catedral, de fecha 9 de marzo de 1874: cera del monumento de Semana Santa: 4000; colocación del mismo: 1200; soga nueva para mantenerlo: 600; pobres: 2600; Música: 2200; palmas: 800; pasiones (¿?): 720; cera de mano: 500; aceite para los santos óleos: 160. Gasto total: 12.780 reales. El 17 de marzo de 1874 se recibió en el Cabildo Catedral la aprobación del obispo, en visita pastoral en Algeciras, de la distribución anterior. A.Cab, lib. 71, p. 31 vto. <<

[668] A.D.C., leg. 158. Carta del obispo al deán de fecha 2 de marzo de 1874. <<

[669] Se referían a la contestación de fray Félix al Gobierno con motivo del decreto de 5 de agosto de 1869. <<

[670] A.D.C., leg. 158. Oficio de fecha 21 de marzo de 1874. <<

[671] A.M.C., C. núm. 6677. <<

[672] A.D.C., leg. 156. Carta del gobernador eclesiástico al Ayuntamiento, 20 de marzo de 1874. <<

[673] A.D.C., leg. 173, doc. núm. 118. Escrito de la Sección Primera del Ministerio de Gracia y Justicia al obispo con fecha 20 de febrero de 1874. <<

[674] A.C., “Acta de instalación del Ayuntamiento nombrado últimamente por el Excmo. Sr. gobernador civil de la provincia”, 10 de abril de 1874, núm. 23. <<

[675] Diario de Cádiz de 27 de junio de 1974. Recorte de prensa en A.M.C., C. 5687, Artículo “Hace 100 años”. <<

[676] A.D.C., leg. 156. Carta del gobernador eclesiástico a la Alcaldía, 17 de julio de 1874. A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[677] A.C., 5 de mayo de 1874, núm. 32, pto. 18. <<

[678] A.C., 26 de junio de 1874, núm. 44, pto. 8. <<

[679] A.C., 29 de septiembre de 1874, núm. 64, p. 10. También El Comercio, núm. 11.054, 1 de octubre de 1874. <<

[680] El Comercio, núms. 11.096 y 11.097, 23 y 24 de octubre de 1874. <<

[681] A.C., 30 de junio de 1874, núm. 45, p. 8. <<

[682] A.C., 20 de octubre de 1874, núm. 68, p. 19. <<

[683] A.M.C., C. 6677, carp. “Correspondencia entre el Obispado y el Ayuntamiento por la incautación de iglesias y bienes eclesiásticos”. <<

[684] A.D.C., leg. 174. Carta de la Diputación Provincial al obispo de Cádiz de fecha 8 de octubre de 1874. <<