«Crímenes sin víctimas» llama a esos y análogos supuestos una corriente contemporánea del pensamiento anglosajón, representada básicamente por juristas y sociólogos. En esencia, esa corriente viene a considerar que la ley positiva puede transgredirse de dos formas: atentando contra la integridad física o patrimonial de las personas, y atentando contra la autoridad de ciertas orientaciones. El primer tipo de crimen lo padecemos nosotros mismos, como hombres que detentan una vida y llegan a poseer por medios pacíficos ciertas cosas; el segundo sólo podemos padecerlo por vía de escándalo, al ofender nuestro pudor atentados contra ciertas entelequias —Dios, la Bandera, la Nación, alguna Iglesia, las Buenas Costumbres, la Salud Pública, el Sano Juicio, etc.— que se reputan víctimas de desacato como podrían serlo un magistrado concreto o un específico agente del orden. Dada la naturaleza inmaterial o simbólica de tales cosas, la agresión será necesariamente metafórica, y sólo el castigo alcanzará el plano de lo real.

Cabe dudar de que cosas tales como Dios o la Nación sufran verdadero menoscabo debido a palabras o escritos, y no es menos problemático que lo divino o la comunidad política salgan ganando con quemas masivas de hechiceros o prácticas bélicas contra vecinos; lo que no parece discutible es el potencial de abuso aparejado a la defensa de entes análogos. Constatamos, por ejemplo, que desde los romanos en adelante el crimen contra la salus publica —aparentemente uno de los menos metafóricos— ha sido cajón de sastre para cristianos, paganos, magos, lujuriosos, revolucionarios, socialtraidores y hasta mendigos; de hecho, ya en el 186 a.C. el senadoconsulto sobre bacanales que exterminó a diez mil personas con procedimientos sumarísimos se amparaba en necesidades de salubridad general, a las que recurrió también Hitler para cazar judíos. En curioso contraste, fenómenos como Chernobil o Bhopal son accidentes en vez de atentados contra la salud pública.

Antonio Escohotado

Majestades, crímenes y víctimas

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Titivillus 11.07.2023

Título original: Majestades, crímenes y víctimas

Antonio Escohotado, 2017

Retoque de cubierta: Editorial

Editor digital: Titivillus

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Caracteriza a nuestro tiempo una creciente preocupación por hacer menos inútiles las cárceles y recortar la crueldad de los antiguos castigos. Otrora seres extravagantes, que merecían sin duda la fulminación, los criminales de hoy van apareciendo como personas movidas por complejos y condicionamientos, que merecen del aparato institucional oportunidades para su rehabilitación. Todo ello resulta desde luego muy loable.

Sin embargo, la claridad con que se plantea esta difícil tarea tiende a hacernos olvidar que el humanismo sólo informará el tratamiento de los delitos cuando haya penetrado a fondo en las leyes penales mismas, y que la reeducación de muchos delincuentes sólo será viable cuando vaya precedida por una reeducación de la propia ley. Es pintoresco moderar las penas del Levítico hebreo o el Fuero Juzgo visigodo y retener sin profundas modificaciones el cuadro de las conductas prohibidas, pues mucho de lo que en esos repertorios se consideraba abominable ya no lo es. Si bastara suavizar el rigor de las penas tendríamos al inquisidor medieval ordenando comparecencias periódicas en comisaría de apóstatas y brujos, o a la Cámara de los Lores decretando narcoterapia para sindicalistas recalcitrantes.

No obstante, si nuestros Estados son laicos, ¿por qué se condena la blasfemia? Si acogen el derecho a la intimidad, ¿por qué persiguen actos sexuales que realizan en privado los adultos con pleno consentimiento? Si reconocen los derechos civiles, ¿cómo pueden proscribir todavía el más elemental, que es fijar el momento y manera de la propia muerte? Si defienden el libre comercio, ¿cómo llaman criminal a quien se lleve su dinero donde le apetezca? Si consagran la libertad de conciencia, ¿cómo osan restringir la elección de sedantes y vehículos de embriaguez? Si se basan sobre la transparencia de las decisiones tomadas por cada ejecutivo, ¿cómo promulgan leyes sobre secretos oficiales? Si ninguna Constitución democrática obliga a obedecer ciegamente órdenes contrarias a sus principios, ¿cómo tantas normas de rango inferior dan por supuesta esa obediencia ciega, amparando el castigo de su omisión y concediendo amnistía a quienes obedecieron? Si admiten la planificación familiar, ¿cómo encarcelan a abortistas? Si consagran el principio de seguridad jurídica, ¿cómo conservan delitos «abiertos» como el de escándalo público, donde cabe casi todo?

¿Se trata acaso de anacronismos aislados? Lamento no poder estar de acuerdo, y no confiar en que el mero transcurso del tiempo inspire un amor por la coherencia en los legisladores sin alguna moción previa de los legislados, aunque sólo sea porque la autonomía y la justicia fueron siempre cosas conquistadas en vez de regaladas, y la inercia de la jurisdicción es mantenerse o crecer, nunca renunciar a algún campo puesto bajo su custodia. Ante todo, pienso que las incoherencias previas —y varias más, a las cuales iré aludiendo— no son en modo alguno casos aislados, sino manifestaciones de un solo fenómeno que merece considerarse unitariamente, porque responde en todos los casos a un mismo fundamento.

«Crímenes sin víctimas» llama a esos y análogos supuestos una corriente contemporánea del pensamiento anglosajón, representada básicamente por juristas y sociólogos. En esencia, esa corriente viene a considerar que la ley positiva puede transgredirse de dos formas: atentando contra la integridad física o patrimonial de las personas, y atentando contra la autoridad de ciertas orientaciones. El primer tipo de crimen lo padecemos nosotros mismos, como hombres que detentan una vida y llegan a poseer por medios pacíficos ciertas cosas; el segundo sólo podemos padecerlo por vía de escándalo, al ofender nuestro pudor atentados contra ciertas entelequias —Dios, la Bandera, la Nación, alguna Iglesia, las Buenas Costumbres, la Salud Pública, el Sano Juicio, etc.— que se reputan víctimas de desacato como podrían serlo un magistrado concreto o un específico agente del orden. Dada la naturaleza inmaterial o simbólica de tales cosas, la agresión será necesariamente metafórica, y sólo el castigo alcanzará el plano de lo real.

Cabe dudar de que cosas tales como Dios o la Nación sufran verdadero menoscabo debido a palabras o escritos, y no es menos problemático que lo divino o la comunidad política salgan ganando con quemas masivas de hechiceros o prácticas bélicas contra vecinos; lo que no parece discutible es el potencial de abuso aparejado a la defensa de entes análogos. Constatamos, por ejemplo, que desde los romanos en adelante el crimen contra la salus publica —aparentemente uno de los menos metafóricos— ha sido cajón de sastre para cristianos, paganos, magos, lujuriosos, revolucionarios, socialtraidores y hasta mendigos; de hecho, ya en el 186 a.C. el senadoconsulto sobre bacanales que exterminó a diez mil personas con procedimientos sumarísimos se amparaba en necesidades de salubridad general, a las que recurrió también Hitler para cazar judíos. En curioso contraste, fenómenos como Chernobil o Bhopal son accidentes en vez de atentados contra la salud pública.

Pero, a mi entender, la expresión crímenes sin víctimas tiene como único aunque claro inconveniente su anticipada luz, que convierte a la víctima hipotética en no víctima para el derecho, y carga el análisis con un preconcepto innecesario. En otras palabras, al decir «sin víctima» parece que decimos sin razón, injustamente, entrando el debate en las procelosas aguas de lo moral y lo inmoral. Para evitarlo quizá convendría atender a una venerable institución, reconocida en innumerables elencos punitivos hasta hace bien poco, que es la lesa majestad. Sugiero, en consecuencia, que las categorías nucleares no sean delitos con y sin víctimas, sino delitos de lesa majestad y delitos de lesa humanidad. Los segundos despojan, estafan, lesionan y matan a individuos, mientras los primeros atentan contra prerrogativas y monopolios de ciertos entes —cuando mucho jurídicos— que no satisfechos con guardar intacto un patrimonio material (o quizá como base para un duradero usufructo del mismo) exigen acatamiento ante criterios particulares sobre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso.

Tal como el rey no sólo se declaraba rey vitalicio por decreto divino, sino sujeto inmensamente sagaz, magnánimo y justo, y tal como a ningún gremio hegemónico le ha bastado controlar tales o cuales actividades, y ha exigido además ser considerado excelentísimo, intachable e infalible en su especie, es propio de quienes soportan el peso externo de la púrpura extralimitar una función, y de los juzgadores entrar en aquello que sólo la continencia individual podría regular satisfactoriamente. Visto desde esa perspectiva —que constituye nuestro prius como animales sociales— los llamados crímenes sin víctima son siempre crímenes de lesa majestad, considerando tal cualquier rechazo de un poder absoluto al nivel de la opinión. Pero las páginas que siguen tratarán de mostrar que ni uno solo de los tipos delictivos hoy clasificables como de agresión metafórica o daño hipotético —desde la astrología al separatismo, y desde la homosexualidad al librepensamiento— ha dejado de herir a alguna majestas respaldada y explotada por funcionarios celosos de su excelsitud.

Lo propiamente nuevo es que ahora estos viejísimos y pluriformes crímenes de lesa majestad empiezan a aparecer pura y simplemente corno crímenes de lesa humanidad, disfrazados de lo contrario, que en definitiva no defienden sino un desprecio por la libertad y la dignidad humana.

Con todo, si a esa categoría de delitos no la conociésemos por sí misma, como rechazo de algún poder absoluto ofendido por el pluralismo o la diferencia, la conoceríamos por sus características de procedimiento, pues no sólo en lo que defiende sino en cómo debe defenderlo se revelan puntuales analogías de estructura, a pesar de que las acusaciones recaigan sobre los más dispares fenómenos. Además de borrar habitualmente la distinción entre hecho consumado y posibilidad, autoría y encubrimiento, la lesa majestad se vindica siempre con recompensas a delatores anónimos (sorteando así el problema de la prueba testifical) y convocando cruzadas para hacer frente a una peste en sentido estricto (sorteando así el problema de la prueba documental). Sin la delación pagada, el secreto y el recurso a la pasión linchadora que todavía duerme en el corazón de los hombres no se progresa en ese campo, y a los efectos de mostrarlo me pareció oportuno incorporar más adelante notas con pormenores sobre la persecución religiosa en el bajo Imperio romano, la caza de brujas en los comienzos de la Edad Moderna, y la cura de toxicómanos desde el Tratado de Shanghai (1906) hasta la Gran Depresión (1929). Quien quiera documentarse un poco comprobará sobre las fuentes que los argumentos de Diocleciano para perseguir a fieles de Cristo, los del Papado para perseguir las artes mágicas y los de la farmacracia para proscribir la automedicación apenas difieren en un par de expresiones.

En contraposición con ello, los delitos que he llamado de lesa humanidad —perseguidos por la brigada que en todas partes se llama de «lo criminal»— no admiten desde luego parejos fundamentos, ni parejos métodos. Al contrario, de quien quisiera usar los sistemas empleados por el inquisidor y el comisario político para reprimir el robo, el chantaje o el homicidio pensaríamos que se había vuelto loco de remate, que intentaba fomentarlos o que se lucraba con su comisión.

Queda de ese modo sugerido, a título preliminar, que la lesa majestad puede verse desde su qué y desde su cómo. Si alguien se interesara por su origen habría de remontarse quizá a la revolución urbana del Neolítico, cuando ciertos grupos de cazadores-recolectores pasaron a ser poderosos termiteros, con un rey-dios y su séquito que en exigencias de abnegaciones para todos los demás individuos eran por completo equivalentes al desmesurado abdomen de la hormiga reina, vomitando sin parar huevos cuya crianza exige una movilización frenética de todos los individuos. La servidumbre y la realeza sagrada son sin duda instituciones coetáneas e indisociables.

Pero merced a una laboriosa historia de cambios y restauraciones, dentro de esos hormigueros llegó a florecer como esperanza la ciudadanía, algo equidistante entre el llamado salvaje y el vasallo o esclavo, que no acaba ni de erradicar ni de admitir las exigencias de cualquier majestas. En nuestros días, los teóricos del crimen sin víctima afirman que si esos tipos delictivos no son identificados uno a uno y expulsados del derecho se ahondará el desprecio ante la ley, y ese alto coste ni siquiera servirá para permitir un lento funeral de las viejas majestates, porque su espacio será usufructuado de inmediato por otras nuevas, aquellas que convirtieron la realeza sagrada en sagrada razón de Estado, la infalibilidad papal en infalibilidad de la medicina, los privilegios del noble por sangre en bulas para determinadas corporaciones, etc. En otras palabras, si los crímenes de lesa majestad tienen hoy algo de anacronismo no por ello tienden menos a mantenerse e incluso crecer. Lo único que se ha modificado en ellos es el nombre.

Por otra parte, la simple reflexión desapasionada sobre este tema tropieza con obstáculos psicológicos de notable envergadura. El apoyo o rechazo a la idea misma de majestad —sagrada o laica— ha llegado a interiorizarse en dos tipos básicos de carácter, que ya desde la antigüedad clásica ejemplificaron con nitidez los atenienses y los romanos. El principal título de orgullo para los griegos era la parresia o libertad de expresión, dentro del derecho del ciudadano a un autogobierno limitado sólo por el autogobierno de los demás, y debido a ello preferían «la pobreza en la democracia a la prosperidad en los regímenes de fuerza» (Demócrito, fr. 251). El romano, por el contrario, valoró siempre más el mando sobre otros que el control sobre sí mismo, y no dudó en aceptar la más absoluta sumisión ante el Estado si se le concedía a él un poder comparable sobre su familia y clientela; por eso en latín parresia sólo puede traducirse con términos directamente peyorativos: la libertad de expresión no es el orgullo del ciudadano sino la prerrogativa de sujetos investidos con auctoritas, y quien piense otra cosa incurre en rebeldía (contumacia), abuso (licentia) o intervención a destiempo (petulantia).

Queda, pues, a cargo del lector determinar si lo expuesto en esta colección de textos expresa cordura, o más bien sólo contumacia, licencia y petulancia. Pero si el lector es de los que se sienten realmente preocupados por la rehabilitación de vastas colonias penales contemporáneas, no puedo resistirme a recordar que un destierro de los crímenes sin víctima acabaría al menos con tres cuartas partes de los reclusos, multiplicando grandiosamente los medios para custodiar y reeducar a la minoría restante.

Salvo una excepción —el ensayo Magia y derecho— todos los textos incluidos en este volumen han aparecido previamente en periódicos o revistas científicas. Son por eso unidades autónomas, aunque fueron escritos con cierta pretensión de organicidad. Su sucesión, y la distribución en secciones, se explican mediante una brevísima sinopsis de sus cuatro partes.

I. Donde se tratan brevemente casos concretos de crímenes con hipotéticas víctimas, y casos de no crímenes con bastantes víctimas. Los primeros conciernen a los agredidos por blasfemia, demencia e indecencia, en breves análisis sobre la autoridad de la fe (Libertad de conciencia), la autoridad de la medicina (Medicina y disuasión), la autoridad policial (Ishtar y la señorita Butler y Las reglas del juego) y la autoridad del resentimiento (Culturas funerarias). Los segundos examinan ciertas bondades contemporáneas, en breves análisis sobre la inevitable propaganda (Telarañas en la novedad), la energía imprescindible (Una grieta en las cajas de Pandora) y el sano deporte (El precio de la gloria).

II. Donde se trata la evolución del crimen de apostasía en la ley romana (Derecho y moral) y en la ley canónica (Magia y derecho), atendiendo a sus aspectos sustantivos y procesales.

III. Donde se examina la Cruzada contra la Droga, en sus lecciones antiguas (Dionisos y la orgía), en sus orígenes recientes (La creación del problema: 1909-1929), en sus manifestaciones contemporáneas (El experimento mental y La era del sucedáneo) y en su previsible curso futuro (Farmacracia y automedicación), junto con una entrevista (La delirante historia del delirante asunto).

IV. Donde se abordan generalidades, para redondear el acuerdo o desacuerdo, a nivel conceptual (La esperanza en la razón), político (Nación y república), y vital (Adiós a todo y Saber y recuerdo).

I
Crímenes metafóricos y bondades letales

Libertad de conciencia[1]

Uno se pregunta cómo será la obra llamada Teledeum, que una compañía de teatro estaba representando en Valencia hasta hace algunos días. Del particular sólo llega la densa noticia de que ha sido procesada penalmente, por delitos de blasfemia y «contra la libertad de conciencia». La querella se basa, al parecer, en sostenidas burlas y agravios allí vertidos contra los dogmas y ritos de una confesión religiosa.

Aunque haya excepciones, burlarse y agraviar rara vez lleva lejos; es fácil caer en el panfleto de mal gusto, chapotear en el resentimiento o buscarle peras al olmo simplemente. Como no he visto la obra de Els Joglars, todo ese aspecto del asunto queda fuera de juego. Es el hecho en sí de que una representación teatral sea perseguida criminalmente lo que mueve a serias reflexiones. Thomas Jefferson era ya anciano cuando fue informado de ciertos planes para la condena de un libro, por ofensas a la religión; tomó entonces la pluma y escribió a la autoridad administrativa en funciones una carta memorable, «Constituye un insulto a nuestros ciudadanos —decía allí— poner en duda si son o no seres racionales; y ofende a la religión suponerla incapaz de atravesar la prueba de la verdad y la razón.» En el último párrafo vaticinaba un gran éxito al libro si acabara siendo prohibido: «Todos los hombres de este país considerarán un deber comprárselo, para reivindicar su derecho a adquirir y leer lo que les plazca.»

De la misma mano había surgido veinte años antes, en 1799 el primer proyecto de ley sobre libertad de opinión —libertad incondicionada— presentado ante una asamblea política occidental. El Bill de Virginia empezaba considerando que el Hacedor quiso libre la mente, pues la creó irreprimible por medios físicos, y que cualquier intento de influir en ella usando intimidación «engendra hábitos de hipocresía y perversidad, falsas religiones».

Impreso en edición bilingüe nada menos que en el París de 1786, este Bill será desarrollado por los radicales franceses como Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. De hecho, nuestra Constitución acoge su espíritu al reconocer y proteger el derecho a «difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro modo de reproducción» (artículo 20).

Sin embargo, no quisiera pasar por alto un modo muy distinto de entender las cosas. El emperador Shih Huang Ti fue un hombre con ideas grandiosamente simples. Levantó la Gran Muralla para defender del enemigo externo, y quemó la escritura para defender del enemigo interno. Por mandato suyo fueron destruidos los anales de gobiernos previos y, en general, cualesquiera textos, excepto unos pocos de herboristería y adivinación. Su expresa meta era «dar al pueblo paz y orden», ideal que repetirán los autócratas posteriores con rara unanimidad. A primera vista podría parecer barbárico ejecutar y desterrar a ilustrados, o castigar la posesión de libros prohibidos con una marca grabada a fuego y trabajos forzados. Mirándolo más despacio, en términos comparativos, este estadista dio muestras de clemencia y hasta magnanimidad; se abre camino la impresión de que apenas hubo cinco centenares de ejecutados, mientras la mayoría de los scholars sólo sufrió destierro.

Como extremos de un solo torniquete, hecho para estrangular las esperanzas del hombre renacentista, los católicos y protestantes europeos fueron bastante más lejos que Shih Huang Ti. En 1529, por ejemplo, es otro emperador, Carlos V, quien decreta que la lectura, la compra o la posesión de libros prohibidos constituye delito, y que su castigo será la decapitación para los hombres y el enterramiento en vida para las mujeres, salvo que se trate de casos más graves (posesión de libros no para el autoconsumo, sino para el tráfico), donde el castigo será la hoguera; William Tynsdale, entre otros, traductor al inglés del Nuevo Testamento y del Pentateuco, probará la seriedad de esta ley a los siete años de su promulgación, cuando sea quemado en un castillo cercano a Bruselas. El específico «Índice» español de Valdés (1559) contempla la misma pena para quien posea «literatura sagrada en lengua vulgar». Desde luego, a los reformistas siempre les pareció una abominación cualquier índice, pero cometeríamos una magna injusticia excluyéndolos del delirio. En 1623, la fugaz república puritana inglesa ordena demoler toda clase de teatros, y prohíbe las frívolas representaciones; por entonces, sus correligionarios americanos persiguen brujas lascivas y venden irlandeses en el mercado de esclavos de Virginia: aunque tengan la piel blanca, su alma es tan negra como la de los demás papistas.

Esto no es todo. Recordemos que el proceso inquisitorial —católico y protestante— se basa en la presunción de culpa para quien llegue a ser encartado, y que Inocencio IV autorizó expresamente (desde 1252) el uso de torturas para obtener la confesión del reo. Los excelentes trabajos de Caro Baroja sobre este tipo de causas nos aclaran que podían servir como testigos niños pequeños, débiles mentales, dementes furiosos y enemigos declarados del reo. La presunción de culpabilidad —y los modos de «atestiguarla»— hacían muy raro que el acusado alegara inocencia, y, cuando así era, la actitud inducía una acusación suplementaria por réprobo recalcitrante, con infalible condena al tormento. En jueces célebres, como Bodino y De Lancre, está atestiguada la costumbre de prometer a cambio de una confesión penas inferiores a la capital, y luego —para no transgredir la palabra dada— delegar en algún colega no comprometido la prosecución de la causa, y la reparadora sentencia a muerte.

Comentando el (por contrapartida) muy benigno proceso de brujería a un adolescente zuñi, ya Lévi-Strauss vio perfectamente que este tipo de acusaciones tiende siempre a promover un consenso simbólico entre los miembros de cierto grupo, nunca a analizar con mínima objetividad cómo, por qué y hasta qué punto un determinado individuo ha hecho o no algo. El acusado está allí como pieza de un ritual conducente a que otros puedan sentirse unidos y reafirmados en una idea particular de la realidad. «De amenaza a la seguridad física del grupo —dice la Antropología Estructural— pasa a ser el garante de su coherencia mental»; en otras palabras, «gracias al culpable, la hechicería deja de ser un conjunto difuso de sentimientos y representaciones mal formulados, para encarnarse en ser de experiencia».

Los nombres cambian. Ahora la Sagrada Congregación de la Inquisición Romana se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. El Index Librorum Prohibitorum —catálogo ingente iniciado hacia el siglo V— dejó de publicarse hace muy poco, en 1966, a propuesta del cardenal Ottaviani, cabeza de la mencionada congregación, Títulos otrora muy honoríficos, como Gran Inquisidor o Martillo de Herejes, ya no lo son tanto. Los descendientes nominales de quienes prendieron fuego a la Biblioteca de Alejandría y desmembraron en la calle a su directora, la geómetra Hipatia, prefieren tolerar a personas de otra opinión —antes heterodoxos incinerables— y poder reclamar así respeto para las propias creencias. Se diría que, frente a un pasado de fanática intolerancia, los sectores progresistas de las grandes sectas prefieren correr un piadoso velo, e incluso reconocer los errores de una política ya superada.

Y bien, con los brazos abiertos debería recibir quien no pertenece a sectas a los que, perteneciendo a ellas, cifran en un respeto al discernimiento individual el verdadero humanismo.

Sin embargo, algunos entienden el respeto a sus creencias en el sentido de que no puedan ser puestas en tela de juicio, escarnecidas y denostadas como todas las demás, y como ellos mismos —con todo derecho— denostan, escarnecen o ponen en tela de juicio ideas o creencias ajenas. Convendría recordar a estas personas que el atropello a una creencia no consiste en discutirla, sino en la salvaje práctica de perseguir a quienes la profesan. No logro evitar una sonrisa al imaginar lo que sentiría el querellante contra Teledeum si las cofradías organizadoras de procesiones en Semana Santa fuesen procesadas por idolatría, embriaguez de la comparsa o atentado contra la sana razón; y aprovecho para aclarar que —a mi juicio— tales medidas serían odiosa tiranía. Por eso mismo, quienes sientan herida su autonomía espiritual por lo que piensen o digan otros no deberían apresurarse a denunciar agresiones. Cuando a un ortodoxo, por el mero hecho de serlo, se le trate como han sido tratados los distintos heterodoxos durante más de un milenio, entonces y sólo entonces será el momento de apelar a la «libertad de conciencia».

Lo inquietante es que un hombre sólo concede libertad de conciencia a otro cuando se la concede a sí mismo. Sabe a amarga parábola el que quienes ahora solicitan cortesía y buenas maneras para su fe fantasean en sus ratos libres una España imperial con Torquemada al frente de la brigada de costumbres, exterminando judíos y moriscos, hechiceros, ilustrados y hugonotes. ¿No será que estos querellantes son mucho, mucho menos numerosos que antes? Así lo creo, y no se me ocurre un mejor augurio de progreso.

Medicina y disuasión[2]

Un polémico diálogo entre médicos y filósofos —por una parte el doctor Vallejo Ruiloba, presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría, y por otra Fernando Savater— plantea cuestiones de interés general sobre el tratamiento de trastornos mentales, y en especial sobre el delicado asunto de las intervenciones psiquiátricas involuntarias. No oculto mis preferencias por las razones del filósofo, pero querría incorporar al prometedor diálogo algunos datos y perspectivas, quizá no del todo redundantes.

El reconocido marco de esta polémica son las ideas del médico y pensador Thomas Szasz, autor de un incendiario ataque por la retaguardia a su profesión. Tras algunas décadas de ejercicio como prominente psiquiatra, Szasz pasó a defender una psicoterapia que denomina «humanista», explicada en una serie de libros con llamativos títulos: El mito de la enfermedad mental (1961); Ley, libertad y psiquiatría (1963); Justicia psiquiátrica (1965); Psicoterapia autónoma (1967); Ideología e insania, o la deshumanización psiquiátrica del hombre (1970); La fábrica de la demencia: estudio comparado de la Inquisición y el movimiento de Salud Mental (1970); La era de la demencia: una historia de la hospitalización mental involuntaria presentada en textos selectos (1973); Química ceremonial (1975); Herejías (1976) y La teología de la medicina (1977).

Para Szasz cualquier intervención psiquiátrica involuntaria justifica la coacción como «tratamiento», y nadie debería ser privado de su libertad salvo cuando atente contra la persona o los bienes de otro. La reclusión por locura o peligrosidad social resulta «incompatible con los principios éticos de una sociedad libre». El doctor Vallejo Ruiloba no está de acuerdo, aunque su tono mesurado indica una disposición a considerar el asunto con la imparcial atención del pensamiento. Mantiene que «no es un atentado a la libertad el hecho de tratar la enfermedad mental incluso contra la voluntad de la persona que padece el trastorno», y que los tratamientos forzosos no tienen vínculo alguno con la herencia de una Inquisición que —como él mismo recuerda— «hasta el siglo XIX quemó en la hoguera o hacinó en cárceles o asilos a los enfermos mentales junto con el resto de los marginados».

Entiendo que antes de decidir entre posturas tan antagónicas convendría precisar en qué consiste el arsenal terapéutico utilizable voluntaria o involuntariamente.

La psiquiatría institucional se distingue del psicoanálisis y escuelas afines por no pretender tanto una comunicación con el enfermo como la transformación de un paciente que sufre. La cooperación de éste no es, en consecuencia, el factor decisivo y único del tratamiento, sino que el psiquiatra —con la posibilidad de usar también, si le parece oportuno, una psicoterapia de apoyo— aplica o puede aplicar una «somatoterapia», basada en métodos fisiológicos. Estos métodos son fundamentalmente ciertos fármacos, terapia electroconvulsiva, inoculación de enfermedades, shock insulínico, terapia aversiva y neurocirugía.

El electroshock comenzó usándose para provocar violentas convulsiones, que —al parecer— producen resultados muy satisfactorios en casos de depresión, delirio, estupor y esquizofrenia. El tratamiento consiste en hacer pasar por el cerebro una corriente, que no se recomienda superior a medio amperio, a una tensión que no se recomienda superior a los 150 voltios. Últimamente la descarga suele hacerse sobre un solo lado del cerebro (al observarse así una reducción en efectos posteriores como pérdida de memoria, confusión, sensaciones de dislocamiento en el tiempo y la conciencia, etc.). Para reducir las aparatosas convulsiones y el terror del paciente ya acostumbrado a esta terapia, los shocks se administran a veces cuando está sometido a una combinación de narcótico y relajante. La electronarcosis es una variante con corriente débil, usada sobre todo en el Reino Unido y la Unión Soviética.

La inoculación de una enfermedad —en especial, la llamada malarioterapia— fue un tratamiento usado hace algunas décadas para pacientes con sífilis cerebral, aunque hoy se empleen antibióticos. A la fiebre muy alta inducida por la malaria se atribuyeron virtudes terapéuticas.

El tratamiento insulínico consiste en provocar con inyecciones de esta substancia un progresivo descenso de azúcar en la sangre hasta llegar al coma hipoglucémico. En tiempos recientes se emplea con preferencia el método insulínico suave (que evita llegar al coma profundo) para un amplio campo de trastornos, y en particular para casos de resistencia a tratamiento.

La neurocirugía nació en 1891 con el psiquiatra suizo Burkhardt, que comenzó a extirpar partes del córtex a pacientes con la finalidad de hacerlos más dóciles. Gracias a Egas Moniz —Nobel de Medicina en 1949— se perfeccionó el método de la lobotomía, basado en cortar las fibras nerviosas que conectan el córtex y el tálamo, aislando así los lóbulos frontales del resto del cerebro. Este tipo de tratamiento ha producido éxitos espectaculares en la tranquilización de pacientes, modificando profundamente su personalidad.

La terapia aversiva se basa en la producción de reflejos condicionados que obtengan una modificación de conducta. Así, la tendencia del travestido puede tratarse con descargas eléctricas en ciertas zonas, el alcoholismo provocando náuseas en el paciente al probar licor, etcétera. La terapia aversiva puede verificarse con apoyo eléctrico y químico, o simplemente con los recursos que brinda el internamiento. Como los reflejos implantados se borran pronto, el tratamiento requiere a veces ser renovado con asiduidad.

Excluidos por razones teológico-jurídicas los opiáceos naturales, el orgullo de la psiquiatría moderna son los llamados neurolépticos (etimológicamente «sujeta-nervios») o tranquilizantes mayores, cuyo uso desde mediados de los años cincuenta ha producido un notable descenso en el índice de ingresos en manicomios. La clorpromacina (largactil) y sus afines (meleril, etc.) permiten un tratamiento a distancia de trastornos mentales, pues quien los toma queda como sujeto por una invisible camisa de fuerza, estado de petrificación emocional que H. Laborit —el primero en experimentar con ellos (1952)— llamó «lobotomía farmacológica».

Aunque hoy se vendan libremente en todas las farmacias, antes de tomarlos podría interesar a sus usuarios saber que conllevan trastornos muy profundos y duraderos en la capacidad amorosa; el sidéreo individuo que producen se halla siempre al borde de la total frigidez, y un investigador como J. P. Schnetzler veía «motivos para temer que esa anulación del deseo puede resultar irreversible». El mismo añade que «todos estos medicamentos aumentan el apetito; parece como si la libido remontara desde posiciones genitales hasta la oralidad»[3].

El problema adicional de tranquilizantes como la clorpromacina es que producen obstrucción hepática, agranulocitosis (destrucción de células de la sangre), alergias cutáneas, reacciones neuromusculares semejantes al parkinsonismo y una obesidad característica, entre otros inconvenientes. Según Szasz, en Estados Unidos mueren al año, debido a sobredosis accidental con este tipo de fármacos —en hospitales públicos—, más personas que debido a sobredosis de todos los fármacos ilícitos juntos. Por otra parte, tanto los tranquilizantes mayores como los menores son drogas adictivas, que tomadas en cantidades altas durante un período lo bastante prolongado provocarán intensos síndromes abstinenciales. En el caso de la clorpromacina, la adicción pierde relieve, dado el malestar más o menos vago que caracteriza su efecto. Los químicamente lobotomizados aparecen flemáticos y robóticos, pero no les abandona un sentimiento básico de tristeza; eso explica el llamado «síndrome eufórico», a los dos o tres días de cesar el tratamiento, cuando el cuerpo logra liberarse de la intoxicación.

Es a la luz de estos métodos, someramente descritos, como procede considerar la legitimación de intervenciones psiquiátricas involuntarias.

Una sola cosa tienen absolutamente en común los tratamientos descritos, y es constituir expedientes prácticos, cuya eficacia no deriva de conocer en detalle el mecanismo por virtud del cual son eficaces. El pastor zamorano que se aplica moho en una herida no se distingue de Fleming por aquello que usa contra las infecciones, sino porque Fleming investigó más el mecanismo en cuya virtud eso funciona.

Tratándose de los remedios psiquiátricos, el funcionar se refiere evidentemente a una remisión de ciertos síntomas, antes que de sus causas; aunque se haya pretendido (raras veces) que la esquizofrenia o la melancolía desaparecen de modo duradero con tranquilizantes, convulsiones, náuseas, comas y lobotomías, parece que cualquier mejora nace más bien de un factor clasificable como disuasión. Es esta eficacia disuasoria lo que, muy comprensiblemente, circunscribe a un estamento especializado su utilización, pues cualquiera de estas terapias podría calificarse de tortura o envenenamiento —y ser perseguida penalmente como tal ante cualesquiera tribunales de la tierra— si no la administra un psiquiatra convenientemente diplomado, en ejercicio de sus deberes terapéuticos. De hecho, casi todas han sido usurpadas alguna vez por los servicios policiales y parapoliciales, considerándose en tales casos graves atentados a la dignidad humana.

El paciente inquisitorial era siempre una pobre alma poseída por el Maligno, y liberada de él mediante exorcismos o fuego. El gran proceso del paciente psiquiátrico es que no constituye un endemoniado para su terapeuta, sino un ser humano como él, merecedor del mismo respeto que él. Sucede, sin embargo, que la libertad humana es libertad de conciencia, y esto apunta a que sólo el propio enfermo mental puede incluirse bajo la etiqueta; conferir a cualesquiera otros esa declaración le expone a grandes abusos. Muy reveladoramente, la disciplina de la salud pública se llamó en su origen Medizinalpolizei, a mediados del siglo XVIII, con la finalidad expresa de «asegurar mayor poder y riqueza al monarca y al Estado», como cuenta G. Rosen en su Historia de la salud mental.

Si un individuo es llevado a la sensación de la muerte por descargas eléctricas o coma farmacológico, y devuelto a ese umbral varias veces a la semana, quizá todos los días o varias veces al día, semejante cosa —o simplemente privarle de libertad de movimiento— sólo parece éticamente sostenible cuando él confía en curarse con el encarcelamiento y sufriendo trances agónicos.

No debería olvidársenos que ser loco constituye un hecho inmemorialmente respetado en todas las culturas y, por tanto, un derecho civil. Si el loco infringe las leyes será recluido, lo cual debe ser bastante. Sólo desde mediados del siglo XII hasta finales del siglo XVIII —coincidiendo con un específico imperialismo teológico—— ha parecido satánica la locura; quienes así pensaban tenían también por satánico el librepensamiento, la fornicación y el uso de ungüentos mágicos. Por otra parte, en muchos casos el arsenal psiquiátrico forzoso no se emplea sólo en los dementes clásicos, sino para situaciones como el suicida, el homosexual, la ninfómana, el indigente incómodo, el intelectual desviado, la cleptómana, el pródigo cuando arriesga una fortuna capaz de sufragar abogados y casos análogos, donde razones económicas o políticas sostienen la rehabilitación. Hace pocas semanas, todos pudimos presenciar en las pantallas de televisión un instructivo episodio de Jacques Cousteau en el Amazonas, donde un psiquiatra peruano usaba neurocirugía con un muchacho de dieciséis años para librarle de su hábito cocaínico; el psicoterapeuta contaba a la cámara que hacía unas treinta intervenciones semejantes al mes, y al menos la mitad de los muchachos lobotomizados superaban su vicio duraderamente.

Desde ninguna perspectiva cae el enfermo psiquiátrico dentro de un grupo claro y tajante de síntomas, como quien padece del riñón o sufre otitis. Si los psiquiatras pretenden retener nuestra confianza, parece necesario que se cumplan dos condiciones.

La primera es que haya un tratamiento específico para cada trastorno específico, lo cual significa, por ejemplo, que si a la psiquiatría institucional se le encomienda el tratamiento de prostitutas y travestidos, debe tener para cada una de estas «enfermedades» curas tan precisas como para la úlcera péptica y la pulmonía, o —en caso contrario— declararlo sin ambages.

La segunda condición es que estas terapias específicas —allí donde las haya—, y en todo caso las inespecíficas, se apliquen siempre a petición del paciente, sin ceremonias de estirpe mágica ni coerción irresistible. No basta sustituir la sotana por la bata blanca, el hisopo por el estetoscopio, para consumar la transición de una teocracia intolerante a una sociedad democrática.

Sólo si cumple las condiciones recién mencionadas parece posible que la psiquiatría se independice del complejo que sostuvo al movimiento inquisitorial. Hará entonces frente con la razón y el libre examen —únicos instrumentos para la ciencia— al problema desde luego gravísimo de los incapaces, los desdichados y los insufribles.

Para el doctor Vallejo Ruiloba «la psiquiatría debe intentar que la gente viva, aunque no lo desee, cuando la elección proceda de un estado psíquico anómalo». Unas líneas más adelante aclara que «actualmente, una depresión bien tratada se soluciona en un período breve». Me complace en extremo que así sea, y tengo curiosidad por saber qué método se emplea a tal fin; pero lo que realmente me preocupa ahora es el tipo de conexión semántica que se establece entre deseos suicidas y anomalía psíquica. Tras «solucionar» la depresión con terapia electroconvulsiva o con drogas, pongamos por caso, si el paciente, semanas o meses después, vuelve a decidir que no le merece la pena vivir, ¿es esto signo de que ha recaído en anomalía psíquica y necesita nuevo tratamiento involuntario?

La historia muestra muchas veces que el desarrollo de un saber se ha visto abocado a un conflicto con la intolerancia y el prejuicio. Sin ir más lejos, ése ha sido el caso de la filosofía en varias épocas, el de la disección durante el medievo, el de la astronomía durante el Renacimiento o el de la biología evolucionista a lo largo del siglo XIX. No deja de ser llamativo que los psiquiatras hayan logrado adaptarse sin el menor problema a toda clase de sociedad. En Estados Unidos, sus ethical standards exigen de ellos «una atenta consideración a las expectativas morales de cada comunidad, empleando modestia y precaución en declaraciones públicas». Esto explica que florezcan con la misma pujanza en Rusia y en Brunei, en Suiza y Paraguay.

En todas partes el psiquiatra es el médico oficial de la mente, a quien se confiere un monopolio de fármacos y tratamientos, un diploma público y una elevada consideración social. Se trata de saber si por añadidura es razonable que él pida o —peor aún— que el Estado quiera conferirle un derecho a la intervención somatoterápica sin consentimiento.

Inmersa en el aparato del poder, la psiquiatría institucional tiene hoy afinidades con el tema de la pieza sobrecargada en ajedrez, que debe cumplir demasiadas funciones al tiempo. Es una profesión dividida en antagónicos criterios; uno nace del respeto y la atención hacia quienes sufren, combinado con un propósito de conocer la naturaleza humana; otro brota del deseo de cortar cualquier desviación. Uno surge de la tolerancia, y el otro de aquel hecho ofrecido por Procusto a sus huéspedes, cuyas rígidas medidas imponían cortar o alargar por medios mecánicos al durmiente.

El primero halla su más pura expresión en el gesto de Philippe Pinel, cuando en 1792 ordenó quitar los grilletes a cuarenta y nueve internos en el manicomio de Bicétre, El segundo aparece ejemplarmente en el primer tratado de psiquiatría —las Investigaciones sobre las enfermedades de la mente (1812)—, donde Benjamín Rush, su autor, propone que los anormales y viciosos pasen conjuntamente a ser tratados como enfermos psiquiátricos. «En lo sucesivo —dijo— será asunto del médico salvar a la humanidad del vicio, como hasta ahora lo fue del sacerdote. Concibamos a los seres humanos como pacientes en un hospital. Cuanto más se resistan a nuestros esfuerzos por servirlos, más necesitarán de nuestros servicios.»

Creo que el dilema es una vez más respaldar o no el paternalismo, venga de donde venga. Las democracias contemporáneas nacieron cuando se consumó una separación entre la Iglesia y el Estado, Pero sus principios —ese espléndido monumento de libertad y dignidad— sólo sobrevivirán si se consuma el divorcio de la Medicina y el Estado. Vemos sin dificultad los abusos a que ha llegado ese concubinato en la Alemania nazi y en los países de filiación estaliniana. Lo que nos pregunta un psiquiatra como Szasz es cuándo nos atreveremos a constatar que lo mismo ocurre —ahora mismo— en las llamadas sociedades libres, y tiende a crecer.

Ishtar y la señorita Butler[4]

Una arcaica costumbre babilonia, con multitud de ecos en la cuenca mediterránea, exigía que al menos una vez toda mujer acudiera a sentarse en las escalinatas del templo de Ishtar y aceptara al primero que pusiese una moneda de plata en su regazo. Ese día la mujer se convertía en «hieródula» o ramera sagrada. Hace unos cuarenta siglos las hieródulas permanentes —sacerdotisas de Ishtar— eran un estamento de altos funcionarios públicos, y el derecho las protegía del escándalo con los mismos preceptos que amparaban la reputación de las patricias casadas. En aquella sociedad algunos muchachos aprendían de los escribas esos signos como grabados al azar por las patas de muchos pájaros que son para el lego los grafismos cuneiformes; pero no se hacían hombres así, ni casándose o aprendiendo a usar las armas. Los hacía hombres —conocedores del bien y del mal— la cohabitación con una hieródula durante algún tiempo.

Por otra parte, ese dulce examen de selectividad se vio contestado muy pronto. La Epopeya de Gilgamesh cuenta la historia de un gran. rey que no quiso morir y vivió sus últimos años amedrentado ante la «futura casa de polvo»; en los años de plenitud había seducido impetuosamente a doncellas y desposadas, y cuando la propia Ishtar se le aproximó con zalamerías tuvo la insolencia de responder:

—Amaste al semental que se enardece en la batalla, pero le sometiste a brida, espuela y látigo, le hiciste galopar catorce horas diarias y le diste de beber agua lodosa. ¿Cuál de tus pastores te ha gustado siempre?

Convocada por Ishtar, la asamblea de los dioses acordó que el arrogante fuese castigado con hipocondría crónica y la muerte de su mejor amigo. Este hombre —un ingenuo salvaje convertido en humano por obra de una hieródula— profirió en su agonía una maldición que desde entonces no ha dejado de perseguir a las siervas de Ishtar:

—Serás una perra en fuga a través de los campos, que el borracho y el acosado golpearán.

De las hieródulas proviene una popular idea bíblica, según la cual fue la mujer quien extrajo al ingenuo varón del estado de naturaleza, consumando el pecado original. Y por más que sea una idea antigua, muchísimo más antiguos son los hábitos de la zorrería, rastreables ya en chimpancés y babuinos hembra cuando presentan el magnético atributo a un macho para comerse su comida mientras él anda distraído. Como comenta Paul H. Gebhard, es probable que intercambiar coito por alimento comenzara en el período de transición entre el simio y el hombre.

Al triunfar el cristianismo desaparecen las hieródulas, junto con las ménades y los silenos de la musical comitiva dionisíaca. La mitología empieza a ser ocupada por personas decentes, que sin enardecerse en batallas carnales trabajan de buena gana catorce horas diarias y no protestan por el agua lodosa. A partir de ahora las rameras son solamente dulas o siervas, rameras profanas, no protegidas sino estigmatizadas por la ley. Sin embargo, en los núcleos urbanos considerables las metas de los poderes públicos serán control e infamación, nunca represión, hasta que a mediados del XIX la alianza entre el revival religioso y terapeutismo positivista bautice como peligrosos sociales a los antes llamados réprobos, masculinos o femeninos.

En 1869, un movimiento internacional encabezado por Josephine Elizabeth Butler obligó al legislativo inglés a derogar tres leyes sobre enfermedades contagiosas. Las referidas normas preveían una inspección médica de las prostitutas, y la señorita Butler alegaba que cualquier regulación estatal suponía una aceptación oficial del intolerable fenómeno. En línea con esto pudo promulgarse federalmente en Estados Unidos la Ley sobre Tráfico de Esclava Blanca (1910) —habitualmente llamado «trata de blancas»—, un retorcido y racista precepto que prohíbe trasladar «con propósitos inmorales» a mujeres desde un Estado a otro. De hecho, los norteamericanos nunca tuvieron un problema como el inglés: la mayoría de los Estados prohibían y prohíben (nominalmente) tanto burdeles como prostitución callejera, otorgando el control del negocio a organizaciones estrictamente criminales.

La disputa entre la señorita Butler y el laicismo decimonónico presenta concomitancias con una polémica madrileña actual. Algunas autoridades municipales expresan una alergia a la moralina que cunde entre personas instruidas por debajo de cierta edad. Sin embargo, las autoridades en materia de problemas femeninos —apoyadas en una convención internacional de la ONU— consideran «imposible» la prostitución voluntaria y protestan contra todo intento de institucionalizar la explotación de la mujer. Las profesionales mismas parecen pensar que una jubilación y un respeto oficial sólo serían realmente deseables si lo demás (ingresos, autonomía) no sufriese un descalabro. Un sector de ciudadanos, quizá minoritario, se rasga las vestiduras ante tamaña osadía de las perdidas.

Humanos somos y nada de lo humano debería sernos ajeno. Modelo entre los crímenes sin víctima, la prostitución presta unos servicios muy estimados privadamente, rara vez incluidos en el protocolo público. Mal podría sanearse por burocratización, ni seguir prohibida sin flagrante hipocresía. Se diría que todo invita a superar, sin ignorarla, la disyuntiva entre legalización e ilegalización. Lo que hagan en privado adultos aquiescentes no debería entrar en la incumbencia de magistrados o psiquiatras institucionales; pero la difusión de enfermedades contagiosas concretas sí es de la incumbencia de todos. A veces el derecho saca los pies del tiesto y pretende colaborar con los fines de ciertos hogares y templos, como cuando decidió perseguir brujos, libros y asociaciones. Allí donde eso sucede se granjea desprecio, y pronto o tarde —con más o menos víctimas de su sectario celo— se retirará del campo invadido, o se conformará con ser una norma en desuso. La principal conquista de las revoluciones modernas radica en la libertad genérica de hacer y pensar todo cuanto no lesione la persona o los bienes de otro, y no es admisible que algunos de esos otros incluyan entre los bienes propios el derecho a imponer su moral a los demás.

Quienes han investigado el fenómeno con detenimiento afirman que —al menos en nuestra zona del mundo es un mito atribuir el origen de las prostitutas actuales a muchachas expulsadas del hogar y a tratantes de blancas. La Enciclopedia Británica, por ejemplo, sugiere que una parte considerable de las profesionales contemporáneas se apoya sobre mecanismos como el teléfono y los anuncios en la prensa, dando origen a un tipo de prostituta voluntaria y hasta selectiva, de trabajo esporádico, que si es prudente se asegurará dinerito para algún negocio y si es afortunada hallará un esposo, sin sobrellevar necesariamente estigma ni recibir siempre los golpes del acosado y el borracho. Con todo, uno se pregunta si no sería precisamente algo así lo ultrajante para personas como la señorita Butler y demás empresarios morales.

Por otra parte, ¿qué decir de las difusas fronteras que delimitan el infamante precio del cortés regalo y el duradero beneficio? Jesús defendió bellamente a María Magdalena, y sin Madame de Pompadour no habría podido salvarse parte -importante del trabajo de Diderot; da cierto asco que las meretrices humildes parezcan criminales, mientras se solicita una beatificación de las que casaron con jerarcas, como Teodora o Evita. No logro tampoco creer que la única y peor prostitución sea la sexual.

Allí donde el simulacro de prohibirlos crea negocios lucrativos antes inexistentes, sostenidos por una clientela respetable en lo demás, parece manifestarse una irónica astucia de la razón. La astucia de la razón se lo pone difícil, aunque no imposible, a quienes viven de la mentira. En el caso presente, para proteger la dignidad de la mujer las Naciones Unidas fomentan la pervivencia de un estigma sobre seres tan humanos como los demás. Más aún, defendiendo la ilegalidad —no la extralegalidad— de su oficio abren camino a una explotación, tanto de la ramera como del cliente, por terceras personas. Siendo imposible que cosa tan obvia se le pase desapercibida a tan alto organismo, quizás en el subsuelo de sus motivos esté la idea de que sin ayuda de uno u otro tipo de gángsters no hay manera de que ciertos pecados sigan pareciendo delitos.

Las reglas del juego[5]

Recorre el mundo la noticia de que Edwin Moses, plusmarquista mundial casi vitalicio en 400 metros vallas, ha sido no sólo arrestado sino procesado por hacer proposiciones a una buscona callejera, en realidad agente de la brigada de costumbres en una fiscalía de Los Angeles, obrando con las atribuciones que le permite el delito de «conducta inadecuada» (inadequate behavior). La información añade que se encontró en su coche una ínfima cantidad de marihuana —el fiscal la considera «insuficiente para liar un porro»— y que un destrozado Moses ha comparecido con su esposa en una conferencia de prensa para declarar que las escasas trazas de droga no son suyas, y nunca ha recurrido a meretrices. Las secciones deportivas de los periódicos han publicado ya algunos comentarios sobre los previsibles herederos del velocista en su distancia.

Al igual que el delito llamado de escándalo público en nuestro Código penal, la «conducta inadecuada» constituye un crimen de los llamados abiertos, donde el legislador encarga al juzgador la determinación del tipo de actos incursos o no bajo semejante rúbrica. Sabido es, por otra parte, que el Estado contemporáneo nació renunciando a la persecución de los crímenes antes llamados de lesa majestad, y a la inseguridad jurídica resultante de los tipos «abiertos» de delito. Pero como no hay moneda con una sola cara, algunos especialistas de nuevo cuño repararon en una amplia gama de conductas desviadas, antes unánimemente consideradas vicios, y avanzaron la posibilidad de solventar el problema desde principios humanitarios y científicos, sin oscurantismo teológico, por más que los laicos remedios propuestos respetasen muy exactamente los confines de la vieja majestad llamada decoro cristiano.

Tan pronto como los poderes públicos se convencieron de que, en efecto, ciertos vicios no eran asunto subjetivo sino «enfermedades» curables científicamente, comenzó a perfilarse el complejo que algunos juristas actuales llaman de los delitos sin víctima. Allí, por la propia naturaleza de la acción, el daño a otro no existe o no necesita rebasar el nivel del riesgo inconcreto. Sin embargo, se trata de conductas muy reprobadas y varias. La eutanasia, la objeción de conciencia, el adulterio, el contrabando, la ociosidad, la revelación de secretos oficiales, la pornografía, el proxenetismo consentido, la prostitución, el juego y las apuestas, la toxicomanía, el incesto, la homosexualidad, la blasfemia, el exhibicionismo y un largo etcétera, con peculiaridades regionales como en Sudáfrica el ayuntamiento entre personas de distinto color, en la Alemania hitleriana ser judío o en la Unión Soviética disentir del Partido.

Los esfuerzos por curar estas «enfermedades» con cosa distinta del tradicional varapalo produjeron sus remedios. Junto al refinado arsenal psiquiátrico se ensayaron otros procedimientos de vanguardia. Así por ejemplo, ante un exhibicionista muy pacífico y buen artesano, pero contumaz, los jueces se sintieron aliviados en conciencia al poder sustituir una reclusión entre verdaderos criminales por el internamiento en centros rehabilitadores durante el período de tratamiento. Recientemente —en 1982— un anciano reclamó ante un tribunal de Filadelfia ser curado de su afán exhibitorio o ser puesto en libertad, tras veintiséis años de terapia forzosa; el reclamante logró lo segundo, demostrando que nadie le había administrado tratamiento específico alguno durante ese tiempo.

Quizás ha llegado el tiempo de entender que los delitos sin víctima están ligados a metamorfosis de una censura capaz de adoptar las más barrocas vestiduras, y que tienen exactamente sus mismos enemigos. Jefferson, el principal artífice de la democracia americana, creía que las leyes están hechas para protegernos de otros, no de nosotros mismos; a su entender, si impedimos que la virtud y la verdad se defiendan por sí solas, los castigos o premios externos se encargarán de convertirlas rápidamente en pura hipocresía. Para Stuart Mill, medio siglo después, ninguna autoridad dotada de jurisdicción podía intervenir coactivamente sobre alguien amparándose en el bien de ese alguien (otra cosa es la beneficencia), porque lo inalienable del ciudadano adulto es decidir por sí acerca de semejante cosa. Hacia aquellos años, Spencer veía peligroso pedir del Estado lo sublime —que erradique los vicios— porque además de no cumplir habrá crecido atróficamente durante el frustrado intento.

El antipaternalismo de estos anglosajones roza lo chocante, como el de su contemporáneo Tocqueville, cuando distinguía entre la paternidad familiar (preparatoria de la edad viril) y la paternidad estatal (fijatoria en una permanente infancia). Ya des de los griegos, algunos hombres temen que la ley se acarree el desprestigio si saca los pies de su específico tiesto para convertirse en vehículo de una particular concepción moral. Sin embargo, esto tiene hoy en día algo de imposible; una inmensa cantidad de personas vende, compra y defiende salud mental y moral, como siglos antes acontecía con la salvación del alma.

Aunque los buenos ejemplos cambien —pienso en las solteras encintas, ayer y hoy— ser realistas obliga a comprender que el derecho colabore con la simple conformidad a lo de siempre, aunque las Constituciones hablen de laicismo, derecho a la intimidad, etc. La principal víctima de los crímenes sin víctima es por eso el estremecimiento de algunos ante la transgresión ajena del decoro, y toda comunidad tiene sus pautas de decoro. Como lo decoroso —en contraste con lo propiamente ético— guarda relación directa con el qué dirán, deja de ser indecoroso todo cuanto no trascienda. Semejante evidencia transforma desde luego la apuesta ética en maniobras de discreta astucia; pero la discreta astucia —sigamos siendo realistas— tiene numerosos e inteligentes partidarios.

Tarea de gran política sería lograr que, sin escándalo, fuera haciéndose decoroso lo bello y bueno por sí. Indecoroso, digamos, lapidar a bañistas desvestidos, y decoroso quitarse de en medio sin miserias para los seres queridos cuando llegue la oportuna hora. Valdría casi la pena distinguir entre decoros obscenos y decoros dignos, incluyendo entre los primeros buena parte de las conductas habitualmente consideradas aptas para cualquier público, pues sólo desde una perspectiva próxima -a la demencia pueden considerarse menos obscenos James Bond o Rambo que las estrellas del cine porno, por ejemplo.

Puesto que cada sector social se escandaliza con distintas cosas, es inquietante que la jurisdicción (algo en principio de y para todos) se mezcle en tales asuntos. Al mismo tiempo, parece inevitable por lo ya dicho. Los delitos sin víctima están defendidos por una bien remunerada falange, y sostenidos por un número de personas quizás en aumento. Resulta manifiesto que el paternalismo está incluso de moda otra vez, cuando un ídolo como el atleta americano es procesado por «solicitar un acto de prostitución», incluido en el marco de una figura penal como la «conducta inadecuada», y ni siquiera osa protestar ante la trampa.

Otros, por el contrario, proponen dejar en paz a los clientes de la profesión más antigua del mundo. Se trata de dos decoros distintos, y cabe preguntarse cuál gobernará el inmediato futuro, La ironía de los delitos sin víctima es que acaben requiriendo su propia e impune inducción. Nadie osaría preferir la detención de un homicida a la perpetración de un crimen, o coger a un ladrón antes que evitar un robo. Sin embargo, hay funcionarios disfrazados de Irma la Dulce —y otros papeles más escabrosos— para provocar aquellos delitos donde el autor y la víctima coinciden. Lo más curioso es que ofrecer el coito no exime a quien lo acepte de una querella criminal por solicitarlo, siendo evidente que esa misma oferta puede hacerse, y se hace, no sólo con diversas modalidades de sexo sino con cualquiera otra de las cosas atrayentes para millones de personas —desde el juego a las drogas y el contrabando— aunque se entiendan radicalmente (inadecuadas». Todo ello tiene un tufillo a colegio, con el maestro escondido en los lavabos para ver si fumábamos o había algún cromo procaz oculto; sólo que se trata de ciudadanos adultos, que arriesgan la cárcel y una ruina social definitiva en ciertos casos.

En California, vanguardia del mundo, redescubren al Doctor Francia, aquel presidente vitalicio del Paraguay que fingió morir —y se hizo funerales— para poder espiar a sus anchas las caras de los asistentes. Aquí el Doctor Francia es el comisario jefe de Los Angeles, que para pillar a adeptos insinceros de una ley puritana no monta funerales sino promesas de bacanales. Pero cuando en el colegio nos cogían el paquete de tabaco o la revista prohibida, ¿qué hacía luego con lo incautado el maestro?

Culturas funerarias[6]

Dicen las Mil y una noches que las exequias son una pompa estéril, destinada a halagar la vanidad de los vivos. El Mausoleo de Halicarnaso, presentado como, segunda maravilla del mundo a la imaginación de aquellos bachilleres que iban de pantalón corto, mezclaba ya el duelo con la más pura ostentación; y el ciclópeo monumento levantado en Cuelgamuros a los caídos en la guerra civil sirve, de hecho, como panteón al principal responsable de sus defunciones. En efecto, hacia dentro caen las lágrimas sinceras, y por experiencia propia sabemos que cuando brillan como perlas en mejillas lacadas de iconos, con los fastos de Semana Santa, no es sin el concurso de mucho vino y encapuchados, vestidos con el sayal de quienes fueron otrora reos ante la Inquisición, o verdugos suyos.

Pero si en algunas áreas las ceremonias fúnebres tienen mucho de ostentación, en la cuenca mediterránea rige un sistema donde el boato queda en segundo plano. Las gentes no se angustian excesivamente por ofrecer exequias humildes, mientras se asegure el cumplimiento de una necesidad todavía más básica.

Vivo ejemplo de excelencias, la alabanza del silencioso difunto quiebra de emoción algunas voces. Para el abrazo convulso hacen cola hasta los enemigos. Su reducción a cadáver ha abolido de raíz aquello que le granjeara críticas o desprecio. Mientras estaba en vida no carecía de aspectos deplorables; le faltaba esto, le sobraba aquello. Al dejar de estar vivo, como por ensalmo, brota aquello que ni sobraba ni faltaba, el individuo mismo en su plenitud, y la conciencia queda tranquilizada por esa justicia post mortem, que a cambio del cadáver estalla en sinceros panegíricos y lágrimas.

¿Será «humana», general, esa costumbre? Un repaso a la historia de España presenta una larga lista de vivos miserables y muertos gloriosos, en realidad tan larga que se aproxima bastante a la relación de los ciudadanos ilustres. Por otra parte, es un tópico que la envidia constituye el vicio nacional, y todo el mundo parece estar de acuerdo en aceptarlo —siempre que todo el mundo no sea uno mismo.

El caso es que en otros sitios rige más bien lo contrario de esa espera al fiambre. En el sector que llamamos «desarrollado» —por las sociedades se apresuran a atribuir a cada uno lo suyo desde el mismo instante en que esa propiedad se hace manifiesta; no por filantropía, sino por un complejo de actitudes que llevan a catar el fruto cuando está en sazón. Entre nosotros la cata espera el catafalco, con traje de luto, cuando un hormigueo de gusanos y moscas ha transformado los agravios en virtudes.

Lo curioso de la cultura funeraria nacional es que acusa a otras de rendir culto al dinero, Las viudas biempensantes y ricas, asiduas en velatorios, se quejan de que los norteamericanos son materialistas y sórdidos, gente dominada por el tanto tienes tanto vales. En otro caso, según ellas, no caerían en la ordinariez de preguntar a cualquiera cuánto gana al mes sin circunloquios, como quien se interesa por el estado civil o la nacionalidad. Pero la dama estaba usando un tópico tan consolador como falso. En sistemas propiamente democráticos las gentes se aproximan con el tiempo a valer lo que tienen y, por eso mismo, a tener lo que valen. Sólo en países con oligarquía vitalicia, como el nuestro, rige la tenencia sobre el valor hasta el punto de montar comedias con pretensiones de lo contrario.

Este educado desinterés coopera, por su parte, con el culto a la justicia post mortem en mantener el inmovilismo bajo variados disfraces de cambio. El opulento se hace perdonar no siendo ostentoso, y los demás ciudadanos alcanzando el digno cobijo del sudario. Como esperamos a las exequias para dar a cada uno lo suyo, dejamos siempre todo tal como está. Y puesto que otorgamos a muertos y agonizantes la mayor parte de los honores, el resto disponible alimenta a muertos vivientes, cuya adscripción a payasadas, demagogias o capillas disculpa el gratuito obsequio. Naturalmente, hay excepciones; pero la excepción confirma la regla.

No es, pues, la ostentación sino un sentimiento más sombrío el que sostiene nuestras culturas funerarias. En su Ética definía Spinoza la envidia como una modalidad del odio, en cuya virtud «alguien goza con el mal de otro y se entristece por su bien». Aunque nos disguste reconocerlo, es básicamente eso lo que induce a ser magnánimos con los muertos, avaros con los vivos. Y mientras le busquemos otra excusa, quedará en penumbra algo que merece considerarse —junto a talleres viejos y marketings ineficaces— como un factor relevante en el secular «atraso» de este país.

Reconversión industrial, reforma de la enseñanza, dignificación de la función pública, periódica redistribución de la renta, servicios públicos acordes con la presión fiscal, equidad en el reparto de las cargas y recompensas, una Administración al servicio de los ciudadanos en vez de ciudadanos al servicio de la Administración, un Estado refractario a los privilegios, que difundiendo información promueva el autogobierno: todo eso y bastante más fue enarbolado como bandera del programa político en vigor, prometido tan sistemáticamente como incumplido. Pero los ciudadanos no deberían pensar que basta obedecer las leyes para promover un progreso, pues antes es preciso que cada uno empiece a exigirse a sí mismo esa atención a lo general que reclama de los otros y de los poderes públicos. Una de las pruebas al alcance de todos, a mi juicio, sería empezar a llamar por su nombre —esto es, fruto de negra envidia— a cualquier variante de reparación post mortem. Son los vivos, y no los muertos, quienes merecen en primer lugar justicia.

Telarañas en la novedad[7]

Llamándolo derecho a la inamovilidad en el empleo, un estatuto como el de los siervos medievales podría pintarse con tonos rosa en momentos de paro. Llamándolo protección de la salud pública, las docenas de miles de personas envenenadas anualmente en el mundo con matarratas o cosa análoga pueden considerarse casos de sobredosis accidental. El arte retórico busca convicción antes que comprensión, y enseña a emplear las categorías lógicas como envases desechables.

Todo esto viene de muy atrás. Los primeros textos escritos que se conservan —tablillas de barro cocido encontradas en el gran templo de Uruk— no hablan todavía de amor, de héroes o de dioses. Las más antiguas reflejan operaciones de préstamo con interés, que bajo la supervisión de sacerdotes-notarios se celebraban en el santo recinto. Los templos antiguos eran no pocas veces bancos, tal como nuestros bancos son los verdaderos templos de una edad aparentemente descreída. Formidable longevidad posee la alianza del culto oficial y la finanza.

En un orden paralelo, el druida Merlín se dejaba caer con parrafadas sólo comprensibles para un profeta en trance o un especialista en claves, que Arturo y sus colegas oían embelesados. Sin abandonar el surco ya abierto, clérigos y médicos se han servido hasta hace muy poco del latín, con satisfactorios resultados entre fieles y clientes que sólo entendían lengua vulgar. Parecería que a fin de decir ciertas cosas —y marcar las debidas distancias— los meros sonidos son tan eficaces como las palabras, cuando quien escucha ha sido adoctrinado para ver allí frases de un metalenguaje atendido por expertos.

Con lo que tiene de hogar para la verdad, el habla inventó también la mentira. El desarrollo de la propaganda enseña que no es necesario recurrir a shazams o abracadabras, al uniforme del agente diplomado, al más o menos burdo sofisma, para provocar la perseguida influencia. Hay adjetivos dotados de fascinación en sí mismos. Monosílabos como bio, jet, post, light o in, por ejemplo, trasladan a una dimensión de grandes logros. Un detergente o unas verduras congeladas perderán porcentajes de éxito si omiten en el envase alguna apostilla donde se indique extra o super. El dentífrico tiene más aceptación si es trifluorado que conteniendo flúor simplemente.

De alguna manera bailamos al son de una flauta, como la serpiente del encantador; parejas al tañido de una campana ciertas palabras-nota orientan el ánimo hacia un objeto, una conducta o un criterio. Y de entre ellas ninguna más rica en resonancias positivas —ninguna más magnética para el público contemporáneo— que la palabra nuevo. No hace falta decir que el coche es super o la ropa extra, que la casa es guay o el electrodoméstico chachi: basta decir que son lo último en su especie. Ser reciente o último es parangonable al hortera gran lujo especial, a lo auténtico. Administrado con barroquismo, este tipo de invocación aparece en la crítica de arte y en la de libros; por doquier, con toda seriedad, se nos proponen nuevas tendencias escénicas, nuevas orientaciones científicas, nueva juventud, nueva tercera edad, nuevas leyes y hasta Estados nuevos.

Por mucho que el mono se vista de seda, mono se queda. Ante la avalancha de novedad me he preguntado qué decimos concretamente de algo cuando lo precisamos así, y sólo encuentro la falta de sustancia. Una cosa es llamada nueva cuando alguien pretende determinarla, pero omite su determinación; cuando quiere ponerla de relieve, pero prescinde de sus efectivos perfiles; cuando quiere abarcarla, pero sólo abstractamente, sin indicar allí un contenido real. El meteorólogo podría decir que llegan nuevos tiempos, pero le pedimos que nos diga concretamente si altas o bajas presiones, y en la escuela el profesor podría decir que a partir del hidrógeno hay nuevos elementos, pero su lección consiste en exponer cuáles; también el sismólogo podría hablar de un nuevo terremoto, aunque nos dice mucho más precisando su grado de intensidad, y lo mismo vale para cualquiera que pretenda exponer algo concreto acerca de alguna cosa.

Sin embargo, la vaciedad no admite tales evidencias. Quienes la venden y quienes la adquieren buscan otra cosa, algo como un escalofrío más o menos vago de optimismo por ofrecer un alto bien o disponer de él, aunque no sea ni alto ni bien. La promoción crea un reino de mágica implicitud, un mañana que podemos comprar hoy. El mensaje adherido a la novedad susurra a nivel subliminal que su adquirente ha acertado: ese comic, ese bar, ese artefacto, esa jerga, esa actitud y hasta esa compañía no son cosas como las demás, sujetas a la herida del tiempo, sino trozos del más tarde ofrecidos más pronto, en permanente anticipo. Con cosas nuevas cualquier futuro será mejor. Así, tras creer que todo pasado fue mejor, nos cae en suerte considerar que cualquier mañana será preferible. Todo vale con tal de disfrazar la residencia en el sórdido presente.

Quizá por ello la virginal frescura del objeto nuevo tiene algo de eufemismo para cosas que nacen un tanto manidas, cuando no directamente rancias. Como telarañas espolvoreadas de purpurina, los objetos de esa insustancial índole se acusan unos a otros de apolillamiento, de senectud, y a falta de contenido propio levantan actas de caducidad para afines menos recientes. La sed de novedades sería lo mismo que un ansia de cambiar todo en general —lo mismo que un anhelo incendiario— si no fuera porque ese descontento queda preso en la vaciedad de su principio. El político aboga por un new deal de alguna especie, y suele obsequiar con un «atrás» barnizado de «adelante». El modisto lanza su colección como reto revolucionario, mientras traje a traje desfilan caricaturas de viejas modas; las fábricas de automóviles se desprenden de sus antiguallas ofreciéndolas como lo último. Para paliar el chasco, los más avezados en marketing sugieren mirar de entrada con nuevos ojos, como si también las retinas y gusto fuesen prendas de un día.

Con sus actuales perfiles, el culto a lo nuevo es reciente. Estalla a comienzos de este siglo, con el modernismo y las vanguardias en sus diversas facetas. Aquí basta añadir a una palabra el sufijo «ismo» para fingir que se define algún concepto, que se domina una materia o que uno pertenece a la más rabiosa actualidad. Entre las vanguardias quizá la menos frívola fue la teológica, y por su Sacrorum Antistitum (1910) el alarmado Pío X impuso a todos los eclesiásticos un juramento antimodernista. Los excomulgados modernistas —extrañamente parecidos a los apologetas arcaicos— pretendían restringir su atención a la búsqueda de consuelos emocionales eficaces, mientras el Vaticano reivindicaba casi hegelianamente la religión como empresa racional. Lejos quedaban casi dos milenios de ver en la razón a una sierva de la fe, bajo el pórtico de aquel «creo porque es absurdo». Cuando décadas después apareció el rock and roll, algunas parroquias no se dejaron escandalizar por los meneos de Elvis Presley y ofrecieron sus abovedados recintos a la nueva juventud. Pudieron ser conciertos algo ñoños, pero demostraron (como viene defendiendo el teólogo Boff) que cierta religión no está reñida con las últimas tendencias.

La metáfora de lo nuevo sugiere otra metáfora. En las cápsulas el contenido está aislado del paladar por un recubrimiento insípido. En las grageas hace las veces de aislante una capa edulcorada. Dulces o insulsas —esto es lo que vengo a proponerles— las novedades nos las tragamos como píldoras para un síndrome a caballo entre el tedio y un ávido paladar. Lo malo es que, debido al recubrimiento, no remedian ni lo uno ni lo otro. Pero fíjense en que peor aún sería la falta de recubrimiento. Sabrían a auténtico cuerno, o a gaseosa nulidad.

Una grieta en los cofres de Pandora[8]

Los primeros reactores se construyeron para producir en masa el explosivo usado por entonces en la manufactura de bombas atómicas, que era el plutonio. Fue a comienzos de los años cincuenta cuando algunos líderes de la industria americana propusieron empresas conjuntas: el capital privado comercializaba los kilovatios derivables del calor, y el Pentágono se quedaba con los residuos radiactivos para fines bélicos. Sensible a estas sugestiones, el presidente Eisenhower solicitó y obtuvo —en 1954— una nueva legislación sobre energía atómica, gracias a la cual se autorizaba el leasing de materiales fisionables para usos mercantiles y se reconocía la propiedad privada de reactores. Ese año, cuando las Naciones Unidas lanzaron el programa Átomos para la Paz, el asunto parecía una alternativa humanitaria a la febril fabricación y experimentación de bombas nucleares.

Dos grupos de argumentos avalaban el programa. El primero declaraba que los combustibles fósiles estaban desapareciendo a toda velocidad, que otras alternativas energéticas eran ilusorias a medio plazo, que las centrales nucleares proporcionarían electricidad mucho más barata y que, merced a ellas, cualquier país podría ser energéticamente autónomo. Las cifras de rendimiento que se barajaban eran llamativas: medio kilo de U-235, fisionado, produciría el mismo calor que 1.500 toneladas de carbón; media onza de esa piedra filosofal equivalía a 600 megavatios-hora.

El segundo grupo de argumentos se centraba en los peligros de utilizar semejante combustible, y concluía declarando que la autoridad «científica» se sentía capaz de hacerle frente de modo «perfectamente satisfactorio». Lustros más tarde empezó a decirse «razonablemente aceptable». En cualquier caso, la fusión del núcleo de un reactor —como acaba de acontecer en Chernobil— era pura y simplemente «imposible».

Si en 1986 repasamos el grupo de argumentos basados sobre la pura rentabilidad, se observará:

I. Que sigue habiendo petróleo y carbón a precios aceptables, y se han descubierto importantes reservas de combustibles fósiles y gas natural.

II. Que el kilovatio de las térmicas nucleares sólo resulta sustancialmente más barato si se omiten garantías suficientes de seguridad para todo el proceso, incluyendo el adecuado destino de los residuos y ciclópeos trabajos de clausura para las centrales viejas.

III. Que la propagandeada autonomía energética nunca eludió el trust de unos pocos países (menos y más exigentes que los de la OPEP, por ejemplo), ni la consiguiente necesidad de importar tecnología y materia prima de ese trust.

IV. Que ya en los años cincuenta se barajaban alternativas mucho más limpias que la fisión, empezando por la fusión nuclear, y que con todo cinismo las investigaciones en tales campos (salvo las vinculadas a la bomba de hidrógeno) apenas merecieron apoyo oficial o privado, simplemente porque funcionarían a medio o largo plazo.

Pero observemos también que los argumentos de rentabilidad, a pesar de sus falacias y profecías incumplidas, no dejarían de ser defendibles si el argumento de seguridad fuese veraz. Y el argumento de seguridad era —lo sigue siendo— que nadie se vería expuesto a radiaciones, y mucho menos que se verían expuestos cientos de millones de personas. La amenaza no era tan remota cuando los propios instaladores reconocían que ninguna central podría funcionar más de treinta o, como mucho, cuarenta años, por simple saturación de ponzoñas propias, y que tras ese plazo será preciso sepultar cada una cuidadosamente, en bloque o por piezas.

¿Cómo lograr que un combustible prodigioso y progresivamente sucio nos resulte siempre limpio? De eso podría informarnos con precisión la central térmica de Chernobil. Los remedios infalibles para evitar el calentamiento del núcleo por encima los 2.650 0 son moderadores de radiación (como el grafito, el cadmio o el boro) y refrigerantes del conjunto. La central de Almaraz, por ejemplo, tiene su refrigeración asegurada por el Tajo. ¿A quién podría ocurrírsele desviar las aguas algunos kilómetros antes? Además, para el caso de que el núcleo comenzara a calentarse de verdad, los benévolos ingenieros añadieron el sistema de blindaje con hormigón. No obstante, el núcleo de un reactor falto de refrigeración se convierte en algo cada vez más parecido a una estrella, y si ese horno no agrieta rápidamente su confinamiento, disipándose en la atmósfera o el subsuelo, tenderá a alcanzar millones de grados. Es bastante pintoresco tratar de extinguir semejante cosa con mangas de riego. Sólo cabe envolverla en revestimientos mayores, que inexorablemente irán empapándose de radiación y requiriendo capas nuevas.

En cuanto a las cenizas radiactivas, con vidas medias de milenios, sabemos que el problema se ha resuelto con la chapuza de tirarlas en bidones al fondo del mar y el plan (todavía no puesto en práctica) de depositarlas en minas profundas, como si los movimientos sísmicos, los volcanes y otras perturbaciones geológicas no existiesen, y como si el envenenamiento de las aguas subterráneas fuese un riesgo despreciable. En definitiva, los cálculos de los primeros instaladores —Westinghouse, General Electric y Gulf General Atomic-— cifraban las probabilidades de escapes serios o fallos de refrigeración en una cada 500 años (contando con una potencia instalada superior a la actual). Han bastado siete años para que se reconozcan dos fallos graves, uno de ellos catastrófico a nivel inmediato y a largo plazo, en las escasas centrales existentes. Con el proyecto de multiplicarlas a toda costa no es fácil creer que en lo sucesivo la información vaya a ser especialmente veraz. Los Gobiernos se sentirán obligados a evitar el pánico, como acaba de reconocer el francés, aunque esto suponga para un alemán comer lechuga italiana capaz de inducir rápidos cánceres. Peor sería que la gente corriese en todas direcciones dando gritos, preguntándose cómo es posible que semejantes amenazas anden sueltas y patrocinadas incluso por una autoridad política que pretende velar celosamente por la salud pública.

Pero no soy un técnico, y no me atrevería a entrar en el tema si no fuera porque me parece pertinente recordar una historia que, como los buenos mitos, narra con otros personajes la nuestra propia. Cuenta Hesiodo que Zeus se encolerizó con Prometeo porque había dado a los hombres el fuego, un instrumento capaz de alterar duramente la naturaleza. Resuelto a compensar ese excesivo don, mandó que Hefesto y Afrodita interviniesen en la producción de una formidable doncella, Pandora, cuya dote era un baúl repleto de fabulosas riquezas. El incauto Epimeteo —al fin y al cabo, un sujeto como la mayoría— hizo oídos sordos al consejo «no aceptarás regalo alguno» de su hermano, el cauto Prometeo, e incorporó a sus propiedades la dama y el cofre. Naturalmente, lo que el arca encerraba a presión era una quintaesencia de las miserias y los males; bastó abrir una rendija para que escaparan en tropel, diseminándose por toda la Tierra.

Prescindamos de los circunstanciales personajes. En la segunda mitad del siglo XX cuesta imaginar un baúl repleto de más prometedoras riquezas que las alcanzables explotando un combustible barato, Y el baúl lo tenemos, progresivamente lleno con muchos miles de toneladas de un elemento radiactivo como el plutonio, cuya longevidad se aproxima a la de los astros. La conducta de nuestros Epimeteos con el cofre nuevamente ofrecido no ha sido abrirlo (salvo para hacer estallar algunos centenares de bombas), sino tratar de ponerle un enchufe con adaptador para electrodomésticos. Pero precisamente ahora comenzamos a enterarnos de lo que ya sabía a su manera el mitógrafo griego: el cofre tiende a resquebrajarse en todo instante. Hasta que sepamos más, y tomemos las medidas debidas, sus fastuosas riquezas equivaldrán finalmente a una usura, donde el calor es tan sucio que todo beneficio se gastará en descontaminación, o habrá general envenenamiento. Por lo demás, eso no significa oponerse al progreso, a la humana audacia de hacer real lo posible. Al contrario, alabamos la realidad, la ganancia, el presente concreto, y de ahí que reclamemos una ecuánime consideración para el ambiguo regalo venido de la técnica. Por usar una bombilla de 100 vatios, en vez de una de 60, dudo que alguien prefiera exponerse a tumores malignos y taras genéticas. Si a pesar de todo estamos dispuestos a cosas análogas, y en grado eminente, es porque algunos venden sin contemplaciones el ambiguo bien.

Refiere Hesiodo que sólo uno de los contenidos del cofre no salió disparado al abrirse, y fue la esperanza. De esperanza vivimos, en efecto. Sin embargo, ¿a cuánta esperanza tenemos derecho cuando en vez de investigar a fondo sus consecuencias nos dedicamos a sembrar la Tierra de cofres semejantes? ¿Acaso no sirvió la crisis del petróleo en 1973 para impulsar decisivamente la instalación de plantas nucleares? Quizás haya alguien que confíe en la casualidad hasta el extremo de no ver allí una conexión de causa a efecto, o alguien lo bastante ingenuo como para ignorar que quienes controlan el transporte y comercialización de combustibles fósiles son los mismos que controlan la instalación y explotación de combustibles nucleares. Aunque semejante cándido exista, dudo que ignore la formidable entidad económica del asunto, y le recomendaría responder a una sencilla cuestión: ¿por qué el problema de los residuos se plantea ahora, cuando la instalación de centrales nucleares comenzó hace treinta años?

¿Por qué hacen falta ingentes toneladas de material radiactivo en provisionales condiciones de almacenamiento para empezar a pensar —pensar tan sólo, pues nada se ha hecho aún al respecto— en minas de sal muy profundas? Es imposible entender una chapuza tan monumental sin considerar a sus beneficiarios, y mirarlo un momento desde su perspectiva. Para instaladores y fabricantes de piezas en este negocio, una sensata política comercial es vender sus servicios, y sólo a la lógica pretensión de venderlos ganando el máximo puede atribuirse la colección de leyendas y despropósitos vigentes durante tres décadas largas. Tengamos en cuenta que el equipo promotor del «uso pacífico» de los átomos da de comer a cientos de miles de individuos, que quedarían arruinados o sin empleo si no logran producirse y venderse los stocks, incluso aquellos desfasados técnicamente. Esos grandes consorcios son una suerte de Estado dentro de los diversos Estados, y el mundo actual no encuentra modo de evitar que lo bueno para ellos pueda pisotear lo bueno para todos en general, donde aparecen también los asalariados y accionistas de cada consorcio, ahora no a título de tales sino de ciudadanos y habitantes de un planeta determinado. El mismo alto ejecutivo de Westinghouse que logra con astucias y presiones almacenar chapuceramente residuos o instalar una central insegura, en Zambia o en Carolina del Norte, corre desde luego el peligro de contaminar su persona o la de su familia, pero ¿no es justo anteponer el bien de la compañía? Además, ¿quién daría un penique por su empleo, o por su vida, si no obrase así? De este modo, lo particular se eleva a valor universal y exige el sacrificio de lo individual, cosa expresable también diciendo que lo único dotado con la fuerza necesaria para afectar lo general es una particularidad impuesta por medio del engaño y el soborno.

Pero cuando esto acontece al nivel de los detergentes, los programas televisivos y el vestuario es y no es lo mismo que cuando sucede al nivel de la radiactividad, pues aquí la hegemonía de algo particular sobre lo común y lo personal suscita igualmente su contrario. Junto a inauditas amenazas, la fisión nuclear ha producido una certeza prometedora para el género humano: los errores ya no son locales, sino planetarios. A pesar de toda la bestialidad vigente aún en nombre de nacionalidades, bloques y grandes compañías, está claro desde Hiroshima —y más claro aún desde Chernobil— que gens una summus, y que cuando doblen las campanas doblarán por todos. Sólo desde una conciencia fortalecida de esta unidad podríamos entender la otra versión del mito de Pandora —pues la hay—, aquella donde no traía un baúl lleno de aflicciones, sino un vaso colmado de verdaderos presentes.

El precio de la gloria[9]

Víctor Palomo fue el mejor esquiador sobre agua del mundo, y recibió dos medallas de oro por ello; rozó el récord mundial de salto, y antes de superarlo se dislocó ambos meniscos. Cogió entonces una moto —ya había sido olímpico en bobsleigh— y se proclamó nuevamente campeón del mundo en 750 cc, cuando ésa era la categoría reina y competía con los mejores de su tiempo. Para nadie constituye un secreto que a cien kilómetros por hora el agua es dura como la piedra, y que a trescientos rozar el asfalto es como tocar acero fundido. Remendado, no menos que curtido, Víctor venció y siguió venciendo hasta un antepenúltimo accidente. Apenas había rebasado la treintena, y tras el largo reposo (con una pierna más corta que la otra, con un cuerpo que al cruzar los controles del aeropuerto accionaba frenéticamente el detector de metales) no logró recobrar una máquina y unas facultades que le permitieran volver a guiar el pelotón de cabeza.

Hace unos días, tras cumplir tan ampliamente lo prometido en su nombre, Víctor usó las alas de su apellido para irse con un portazo de este perro mundo. Él era de naturaleza poco sedentaria, amigo de ir y venir cada rato, y aunque siempre respetara el conocimiento no encontró tiempo para leer demasiado; le gustaba Krishnamurti, y en las últimas épocas oía cassetes de Bagwan Rajneesh sentado en el porche de una vieja casa payesa. Desde allí se divisan frutales, una llanura de molinos y, más a lo lejos, un paisaje sin tiempo de acantilados y mar azul. Cortando lo próximo y lo distante tenía las pistas del aeropuerto de Ibiza, cuyas luces nocturnas semejaban una cuadrícula de 2001 rodeada por campo intacto, inmediato.

Compañeras envidiables le conocí en ocho años de trato. Me parece estar viendo a una u otra, con sus largos trajes de algodón blanco o tan sólo una refulgente piel, danzando en alguna fiesta de plenilunio estival, mientras corderos abiertos en cruz sudaban su sebo al calor de las brasas. Acogido por la penumbra de quinqués, que la brisa apagaba de cuando en cuando, el campeón se unía al estruendo por momentos inspirado de la banda palmeando alguna percusión con disimulada timidez. Un lucky man fue Víctor.

A un alto precio, sin embargo, incluso tiempo atrás. Creo que en 1980 le vi una mañana de febrero delante de su casa tomando el sol del invierno, solo y escuálido hasta lo irreconocible. Me arrepentí de sorprenderle así, y él, leyendo en mis ojos, me aclaró que quizá perdería la pierna derecha, herida meses antes, Pero no dijo eso con tanta emoción como que no se lo contase a nadie, «porque era aún dudoso». Me di cuenta entonces de que la lástima ajena le inquietaba tanto como la amputación, y quedé sorprendido por su talante. Ahora el episodio me trae a la cabeza algo que atribuyen a Alejandro cuando —ya en la India— una noche de tormenta decidió atacar con la caballería cruzando un crecido río; a medio camino, dándose cuenta de que no sabía nadar y viéndose a la deriva en las aguas fangosas, se cuenta que gritó:

—¡Compañeros! ¿Podríais creer a qué peligros me expongo para merecer vuestras alabanzas?

El héroe es siempre cierto acróbata cruzando por una cuerda floja. El público obtiene con ello un entretenimiento; los organizadores, una bolsa, y él —si tiene éxito— una merecida alabanza. Algunos acróbatas usan red, otros no, y en la emoción adicional que evoca su riesgo se alimenta un aplauso más cálido. Sólo estos segundos prefieren merecer la gloria a vivir vegetando, pirañeando o temiendo; para ellos, ir al peligro es lo mismo que mérito, y se dice que donde crece el peligro crece también lo que salva. Los pieles rojas americanos medían a un guerrero por la talla de sus adversarios, y si usamos ese rasero ninguno será tan digno como el que toma por oponente asiduo a la propia muerte.

Pero la muerte de Víctor duele más porque no fue en competición y, sobre todo, porque no es en modo alguno un problema personal suyo, sino el de un número creciente de hombres y mujeres. Se diría que el aguamiel de las medallas y la ocupación prolongada del candelero compensan entregar la vida desde la infancia a la madurez en arañar unas centésimas de segundo o unos centímetros a la marca. Luego —siempre tan pronto— llega aquel sobrar. Una muchedumbre más joven empuja y rebasa, mientras el público ávido de novedades practica (muy comprensiblemente) una idolatría seguida de iconoclastia en renovado ciclo. El campeón descubre que arrancar ovaciones no le ha acercado necesariamente a la amistad consigo mismo o, si se prefiere, que hay algo en él herido por la atención incompartida a un distrito minúsculo del acontecer, pendiente para todo de un cronómetro o una cinta métrica cuando los envuelve algún clamor aprobatorio.

En tiempos de Franco parecía claro —sin serlo— que el fútbol y los toros eran el opio de un pueblo. Últimamente se diría que el deporte intensivo, reclutado ya en las escuelas de párvulos y canalizado hacia algún específico récord, constituye una formación suficiente para los humanos y les asegura un halagüeño futuro. No lo creo; y sugiero que es tan espléndido jugar, ejercitar a fondo el cuerpo, como no recomendable exprimirse hasta la deformidad física y mental en lucha por una específica marca. A pesar de sus múltiples ramificaciones, los modelos de gerontocracia plutocrática que son el Comité Olímpico, la FIFA y sus afines, no van a salvar duraderamente a nuestros hijos del paro o la falta de destino. En Olimpia no había cronómetros, y los Juegos celebraban ante todo la belleza de cuerpos versátiles, mientras ahora la rigurosa especialización y un masivo doping producen monstruos físicos, condenados a sufrir la amargura de coronas inalcanzables o efímeras.

Se me dirá que en el premio llevan tales coronas su penitencia, y que más cornadas da el hambre. Con todo, este sacrificio nunca hasta hoy ha sido promovido, ensalzado, difundido y financiado con recursos públicos en medida remotamente comparable. El hedonismo oficial (con sus renovados ribetes puritanos) cristaliza individualmente en narcisismo, una pasión de la infancia, y el generalizado narcisismo descubre accesos imprevistos a una gloria indiscernible de la notoriedad pura y simple. Los media han multiplicado por millones el cuanto tradicional de fama, que actualmente dura tanto como la suma de sus horas de programación por canal añadida a los metros de publicidad colocables en torno a la gente. De repente caben muchísimos más protagonistas, y Warhol vaticinó que en breve todos los terráqueos serán muy famosos, por algunos segundos cuando menos.

Es en un momento semejante donde convendría recordar a nuestros hijos que la fama o gloria vale infinitamente más por su causa que por su grado. Esto es, que viajar, conocer las estrellas, cultivar verdaderos amigos, buscarse a través de algún arte y muchísimas otras actividades tienen quizá menos gloria que un cuarto puesto en descenso o marcha atlética, aunque mucho menos usurera. El fetichismo de la marca (nutriente principal de la burocracia instalada en el deporte) llevó de los segundos a las décimas de segundo, de los metros a los centímetros; si las cosas se mantienen como están, será difícilmente evitable bajar de las décimas a las milésimas, de los centímetros a los milímetros mientras un tropel en aumento de aspirantes a la felicidad olímpica va labrándose una olímpica desdicha desde la infancia.

Víctor Palomo tenía treinta y seis años. No le verán los que le envidiaron de empleado ni de pequeño empresario, ni de disminuido profesor de esquí en algún lago o una costa; no recogerá limosnas después de los laureles. Se ha ido dejando intacto un ejemplo de nobleza y fuerza para sus amigos. Se ha ido, también, dando un ejemplo del usurero precio de la gloria cuando se busca a todo precio.

II
Dos muestras históricas del crimen de traición: La Roma clásica y los comienzos de la Edad moderna[10]

Derecho y moral: el ejemplo romano

Desde sus comienzos, Roma fue un pueblo autoritario y supersticioso, que castigó siempre con el tormento la sedición y el maleficio. Sin embargo, junto a esos rasgos destacan otros que les sirven de contrapeso, entre los cuales se cuentan una gran capacidad de organización y una actitud de laica tolerancia hacia las cuestiones de conciencia, que sólo empieza a tambalearse con las persecuciones de libros, pensadores y cultos religiosos decretadas por Nerón, ya en el siglo II. Sobre unas cosas y otras descansa el monumento de racionalidad representado por su ley civil, aún vigente hoy en buena parte de Europa.

El derecho romano quiso ser un cuerpo técnico de normas y criterios, adaptable a culturas dispares, ajeno a ideologías cambiantes y expurgado de arbitrariedad. Su herencia son las bases de una ciencia jurídica, tan precisa y clara en sus planteamientos como cualquier otro saber objetivo, que una larga tradición de jurisconsultos fue sistematizando al nivel de los principios. Esto deslinda la ley romana de cualesquiera precedentes, donde la mera costumbre, la voluntad de sucesivos gobiernos y la idiosincrasia de los juzgadores pesan ilimitadamente más que el trabajo de aplicar instituciones conceptualmente definidas.

Podría pensarse que es legal —siempre y en todo lugar— lo considerado bueno o justo, e ilegal lo considerado malo o injusto. No obstante, en un sistema de leyes racionalmente concebido eso bueno o malo no puede coincidir con lo considerado moral. Si así fuese, vicios evidentes como la mezquindad, la codicia, la avaricia, la soberbia y la cobardía, por ejemplo, estarían incluidos desde siempre en los códigos penales, cuando nada parecido acontece. Cada individuo elige su código ético, y nadie elige su código jurídico. Obligar a la moral a ser rigurosamente uniforme, además de imposible, no ha sido sostenido por ninguna ética digna de tal nombre, pues la empresa individual de hacerse virtuoso se convertiría en hipocresía tan pronto como fuese externamente obligatoria. Los deberes morales no se agotan en los jurídicos, y los jurídicos conciernen a una esfera de actuación exterior donde muchas veces sólo importa precisar y organizar, siguiendo una línea de máxima eficacia y mínimo apasionamiento.

Allí donde el derecho positivo sabe que no puede imponer todo lo bueno, ni prohibir todo lo malo, se configura como un sistema de reglas que sirve intereses permanentes de orden y fluidez en los intercambios sociales. Son esos fines los que guían al jurisconsulto cuando prefiere no incluir en normas positivas los variables males y bienes elegidos por la moda o el fanatismo en cada tiempo. En esta línea se entiende la total ausencia de delitos de «impiedad» como los perseguidos por la ley Diopites en Grecia, que incluían atentados genéricos contra las costumbres y se concretaron, contra Sócrates, en la conocida triple acusación: introducir divinidades nuevas, instar a los jóvenes a la desobediencia, poner en duda los valores vigentes. El derecho romano antiguo y clásico desconoce esa policía de costumbres con ramificaciones teológicas. Más aún, el propio cargo de censor en la época republicana no implica facultades ejecutivas ni coercitivas; simplemente opina sobre asuntos públicos y personas, ya que le incumbe hacer el censo de los ciudadanos[11].

Los romanos se sentían orgullosos de este claro deslinde entre la eticidad y la juridicidad. Consideraban que si no estaba en manos de legisladores y jueces crear hombres sensatos y sociedades perfectas, sí lo estaba proteger en cierta medida al cuerpo social de fanáticos e inconsecuentes, consagrando la inviolabilidad del fuero interno y confiriendo validez a las promesas. Un derecho civil y administrativo basado sobre estas premisas mantuvo el extraordinario ritmo de crecimiento observado durante la época republicana y el primer Imperio. Así fue posible articular la autoridad de la urbe con amplísimas autonomías municipales hasta el siglo 11, inventar instituciones como la posesión, las reglas sobre sucesiones o el derecho de contratos. Hasta Roma no queda claro que quien haga derecho está comprometido con lo ecuánime o equitativo, cuyo opuesto no son unos males u otros, sino lo unilateral, la parcialidad. El summum ius, summa iniuria propone la equidad como último fundamento del juzgador, y este concepto de la justicia se representa visualmente con el símbolo del equilibrio en movimiento que es la balanza, sostenida por una diosa ciega. Esa diosa ciega adelanta como regla de las relaciones sociales la autonomía de la voluntad, excluyendo toda suerte de paternales tutelas que mantengan al ciudadano en la condición de un menor o un incapacitado. Su único límite es la famosa y perdurable distinción entre capacidad jurídica en abstracto (que corresponde a todo hombre libre) y capacidad de obrar o de obligarse (que corresponde sólo a adultos no mermados intelectualmente).

Con toda evidencia, esta tutela tiene algo de endémico en cualquier Estado no democrático e incluso allí, pues a falta de motivo racional para imponer sus intereses cada gobierno recurrirá a instancias socorridas como la salud pública, la seguridad nacional, las buenas costumbres, el llamamiento de la patria o la razón de Estado para evitar el pluralismo con un punto de vista único, que suspende la autonomía del entendimiento subjetivo en nombre de imperativos supremos. Sin embargo, en el derecho romano este recurso casa peor que en ningún otro de los antiguos, justamente debido a la madurez de sus preceptos como preceptos jurídicos. Que la voluntad individual sea fuente de derechos y obligaciones equivale a establecer una pauta de economía legislativa que configura el derecho en general como un sistema de mínimos, cuya finalidad no es orientar a los individuos hacia tales o cuales actos sino potenciar su libre iniciativa en todo cuanto no lesione bienes ajenos legítimos. Dicho de otro modo, el derecho no surge para dirigir la voluntad, sino para que ella pueda sin impedimentos resolver lo más acorde con sus privados fines.

I. LAS DOS ESPECIES DEL DELITO

Aunque todo esto parezca obvio al nivel del derecho civil, el problema se hace singularmente espinoso entrando en la esfera de las penas. A la pregunta ¿qué es justo reprimir por la fuerza? todos los ordenamientos anteriores al romano respondieron con una tautología; se reprimía por la fuerza lo que iba pareciendo justo reprimir así, aunque luego el precepto se revelara prácticamente incumplible o variase de príncipe a príncipe. Va a ser el concepto racional de la norma que traen consigo el pretor y la iurisprudentia lo que permita una primera iluminación sobre las relaciones entre derecho y moral, y gracias a ello trazar una distinción entre dos especies de crímenes, estrictamente jurídica la una y vinculada la otra a intereses no siempre dictados por la ecuanimidad.

Crímenes del primer tipo son los perjuicios demostrables causados a la integridad física de las personas y a su patrimonio, entendiendo por tal el buen nombre del ciudadano y los bienes muebles o inmuebles por él poseídos. Contra actos de esta índole se tipifican delitos universales y permanentes como homicidio, lesiones, violación, estafa, falso testimonio, prevaricación, etc. Su rasgo común es defender a víctimas concretas de concretas agresiones ajenas. Los preceptos de esta categoría le defienden a uno de otros (allí donde pretenden materialmente menoscabarnos) y defienden a los otros de uno (allí donde sucede lo inverso). Como nadie desea ser objeto de estos delitos, media siempre —implícita o explícitamente— la denuncia, y la autoridad represiva sólo necesita localizar al agresor para ponerlo a disposición de los jueces. Dada su naturaleza, la acusación es casuísticamente muy variada, pues el asesino aparece siempre como asesino de una persona concreta, en concretas condiciones, el ladrón como ladrón de esto o aquello. Dejando fuera de la jurisdicción un amplísimo campo de conductas, los crímenes con víctima real delimitan claramente la moralidad y la juridicidad; se circunscriben a un conjunto de mínimos universalizables, anulando toda tendencia a establecer policialmente ese máximo representado por la excelencia ética.

Los crímenes del segundo tipo incluyen: a) los perjuicios que se ocasionan al poder político y religioso establecido; b) las ofensas a ciertos símbolos y entes transjurídicos (la divinidad, el sano juicio, algunos emblemas militares, etc.) y c) aquellos perjuicios que desde una óptica paternal pueden ocasionarse los individuos a sí mismos (automutilación, intento de suicidio, trato con potestades diabólicas, ideas nocivas, desviación sexual, pobreza, independencia, escrúpulos de conciencia ante ciertas órdenes, proxenetismo consentido, posesión de libros prohibidos, marginalidad, automedicación, pornografía, etc.). Contra actos u omisiones de esta índole se tipifican delitos particulares y transitorios, dependientes de cada sistema político, cuyo rasgo común es defender a víctimas hipotéticas, cuando no al propio acusado de sí mismo.

Se dicen hipotéticas no porque sea imposible hallar una víctima, sino por suponer que pueda perjudicarla un agente inidóneo a tales fines, como el pensamiento o la palabra. En el caso del delito de disidencia política, por ejemplo, la verdadera víctima es el disidente perseguido, cuya protesta reivindica el derecho inalienable de cada grupo a buscar lo mejor en cada caso, escogiendo administraciones temporales en vez de alcaides vitalicios. La misma suposición insostenible ofrece el delito religioso; un siervo del Duque de Borgoña en el siglo XVI exclama «je renie Dieu» y le es arrancada la lengua, tras horadarla durante algún tiempo con plomo derretido, pues ha mancillado al supremo Hacedor. Aparentemente, una norma de esta índole defiende a lo divino, pero en realidad lo ofende; si no está penado decir que el Sol o la Tierra son seres abyectos y lo está, en cambio, decir del príncipe tal cosa es simplemente porque el Sol y la Tierra —como lo divino— sólo sufren merma real cuando algún descerebrado pretende defender su nombre con torturas, como si se tratase de un pequeño déspota pasajero necesitado de buena prensa para sentir autoestima.

Junto a la irrealidad de su víctima, los crímenes del segundo tipo presentan puntuales y opuestos paralelos con los del primero. En ellos la acusación se encauza a través de estereotipos y presunciones, pues al faltar la denuncia de los perjudicados la única forma de reprimir que posee la autoridad policial es infiltrarse para provocar lo prohibido. Ha de añadirse que si en los delitos con víctima el acusado aparece como reo de hacer un mal a otro específico, en estos crímenes el acusado se presenta siempre como enemigo del género humano. El legislador no respeta la distinción entre moralidad y derecho, por lo cual ya no se limita a defender a cada ciudadano de agresiones provenientes de cualquier otro; aquí protege del Error y, por tanto, define la Verdad. El siguiente cuadro pretende sistematizar el contraste.

| Tipo A | Tipo B
Bien jurídico vulnerado | Integridad de las personas y de su patrimonio | Principios de conducta exigidos por el poder político, religioso y análogos
Naturaleza de la acusación | Precisa y circunstanciada en cada caso | Basada sobre estereotipos
Conducta delictiva | Actos universal y permanentemente prohibidos | Actos particular y transitoriamente prohibidos
Procedimiento de captura | Denuncia de parte | Infiltración clandestina y provocación del delito
Fundamento punitivo | Reparación del daño causado/protección del cuerpo social | Reprimir el Error/defender la Verdad
Campo cubierto | Actos y omisiones materiales | Lo mismo + estados de ánimo
Principio transgredido | No hagas daño a otro | Haz lo ordenado por la autoridad en funciones
Relación entre derecho y moral | Esferas distintas | Esferas indiscernibles
Carácter de la victima | Real | Supuesta
Lema | Respeta a los demás como te respetas a ti mismo | Reclama de los demás veneración hacia aquello que veneras
Valor defendido | Tolerancia | Intolerancia
Grado de obediencia al precepto | Alto | Regular, escaso o nulo
Gravedad de la condena | En función del daño real causado | En función del daño potencial causable, o del riesgo
Tipo de pena | Del arresto menor a la ejecución | Fulminación
Origen del precepto | Dar a cada uno lo suyo | Eficacia de la terapia mediante chivos expiatorios

Con toda evidencia, lo local, mutable e hipotético recibe tanta o más sanción positiva que lo universal, permanente y categórico. La prohibición del hurto y la prohibición de opinar sobre la justicia de los gobernantes, por ejemplo, son aprobadas por las mismas instancias, aplicadas por los mismos funcionarios, cumplida su infracción en los mismos establecimientos. Para ser exactos, tanto en la antigüedad como en nuestro tiempo los delitos con víctima —salvo casos excepcionales— reciben penas inferiores a las fijadas para delitos sin víctima, pues el desacuerdo mismo en cuanto a su legitimidad obliga a extremar la condena, Lo esencial del contraste entre una y otra especie de crímenes reside precisamente en el fundamento punitivo, y se manifiesta en una divergencia teórica. Algunos piensan que la verdad —sin mayúsculas, precisa y constante en sus fluctuaciones— sólo se difundirá y custodiará cuando le sea permitido defenderse por sí misma, con los poderosos recursos contra la mentira que son el criterio individual y la deliberación fundada en razones. Otros obran como si estuvieran convencidos de que el Error debe evitarse legislativamente, y que sin las muletas de una censura no puede subsistir lo verdadero. De los primeros puede decirse que dan signos de optimismo ingenuo, aunque representan el sector humano con valores y convicciones realmente firmes. A juzgar por la actitud de los segundos, ciertos valores no valdrían para ellos si se permitiera a otros no tenerlos por tales. Pero si sus creencias sólo les parecen vigentes cuando otros son obligados a creer lo mismo (o fingirlo), poca convicción real demuestran.

Aunque la divergencia es profunda y duradera, y se venga planteando desde diferentes perspectivas con enconado apasionamiento, parece poco discutible que el derecho como empresa científica de justicia —en el sentido inaugurado por la ley romana precisamente— es una reglamentación tendente a la máxima libertad individual compatible con una existencia en sociedad, y que por lo mismo no puede sino confiar en las fuerzas de la verdad con minúscula, renunciando a toda suerte de cruzadas contra el Error y monopolios de la Verdad. Es eso lo que expresa Marco Aurelio —un emperador investido de poderes omnímodos— cuando dice:

«He concebido la idea de un Estado democrático, administrado de acuerdo con la igualdad y la libertad de palabra.»[12]

En esta misma línea se entiende, por ejemplo, que sea el Estado quien promueva el libre examen de las cosas con disposiciones como las del mismo Marco Aurelio sobre enseñanza de todas las escuelas filosóficas, o la preservación de bibliotecas, cuya consecuencia es sin duda colaborar a que la verdad se valga por sí sola.

II. EL ASALTO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Sin embargo, el derecho romano tiende a la autonomía de la voluntad tanto como va cayendo inexorablemente en su liquidación, Durante el período de plenitud jurídica el censor es un hombre determinado y conocido, que se limita a recomendar y reprender de palabra, en el terreno de la deliberación intelectual. A medida que la pasión por la auctoritas se agigante —y se agiganta porque crece sin cesar lo arbitrario, aquello impuesto sólo por la fuerza— va desapareciendo esa diferencia entre los consejos de Catón al hombre libre y los preceptos obligatorios para todos los ciudadanos, así como el nombre propio y la dignidad personal del censor. En definitiva, la lógica imperial va convirtiendo al ciudadano en un puro vasallo, mientras la ley procede a inventar víctimas hipotéticas a un sostenido ritmo, hasta que acaba por ajusticiar la libertad de conciencia como peligro permanente para el gobierno. Por una parte ha creado un sujeto jurídicamente acorazado, partícipe de una formidable organización que rige el mundo entero; por otra, necesita anular lo que tan minuciosamente protege esa coraza el autónomo juicio sobre las cosas— para sostener una majestas imperial en atrófica dilatación. Este desgarramiento no es tan ostensible durante los dos primeros siglos, debido a la gran serie de emperadores que van de Trajano al último Antonino, bajo cuya égida fueron posibles «tiempos de rara felicidad, en los que era posible pensar como se quería, y decir lo que se pensaba»[13].

Será a partir de entonces cuando el desgarramiento se ahonde hasta lo inaudito. En el Bajo Imperio está ya perfectamente organizada una censura social y política anónima, en términos que sólo lograrán igualar algunas dictaduras contemporáneas. Miles de funcionarios impiden la difusión de pensamientos y simples noticias consideradas inconvenientes, intervienen la correspondencia, crean artificialmente climas de opinión, falsean los hechos, difaman a adversarios con acusaciones que serían ridículas si no estuviesen pensadas para excitar el linchamiento a manos de turbas enloquecidas por la opresión y lo miseria. «El populacho ha llegado al colmo del furor —comenta Juvenal— al odiar cada territorio las divinidades de sus vecinos»[14]. También Luciano de Samosata se siente rodeado por dementes, embusteros y necios.

En realidad, el Imperio es un gigantesco agujero negro que devora todo y sigue famélico; entre el año 324 y el 360, algo más de tres décadas, el denario de plata se depreció de cuatro a cuatro mil por cada solidus áureo. Las levas militares, la destrucción derivada de continuas guerras y el latrocinio de los gobernantes han conducido a una calamitosa situación económica. Gran parte de la población son esclavos, y salvo una reducida oligarquía los antiguos hombres libres o ciudadanos han dejado de poder elegir profesión y residencia. Como los recaudadores fiscales (los decuriones) responden con sus patrimonios particulares de las cuotas tributarias de cada circunscripción, y los tributos son exorbitantes, la profesión se decreta hereditaria. Años antes se ha decretado que los colonos agrícolas serán hereditarios también, convirtiéndose así en siervos de la gleba como los medievales, aunque hubieran recibido la tierra por heroísmo en la defensa del Imperio. También se hacen hereditarios —porque nadie quiere las servidumbres aparejadas a ellos— los oficios de panaderos, asentadores de mercados y otros empleos que se vinculan con el abastecimiento. Hereditarios pasan a ser los cargos municipales, tan pronto como la autonomía de las administraciones locales se convierte en una apariencia y los concejales se transforman en espías o sanguijuelas del poder central. Lo mismo sucede con los descendientes de los veteranos de guerra y los operarios de fábricas públicas, y se llega a marcar con hierro candente a los soldados y también a otras profesiones para evitar la deserción.

Evidentemente, este inicuo estado de cosas sólo se mantiene en un régimen policiaco sostenido por una delación institucionalizada, vicio que quinientos años antes la Política de Aristóteles había considerado rasgo congénito del régimen monárquico; el favor de los jerarcas sólo se obtiene tras la ordalía de denunciar a familiares, amigos o vecinos como traidores al Estado. Desde el año 200 aproximadamente hay seis grandes estamentos represores de ámbito general (vigiles, stationarii, irenarchae, diogmitae, speculatores y frumentarii), compuestos por auténticos ejércitos que con el paso del tiempo van corrompiéndose en la tarea de hacer valer leyes progresivamente tiránicas[15]. El derecho, que ya desde los orígenes había dado muestras de salvajismo, formalismo y superstición —aunque también de alergia a la moralina y capacidad para construir instituciones racionales— comienza a ser arrastrado por el desvarío de la auctoritas llevada al límite, allí donde sus necesidades de control entran en conflicto no sólo con la libertad de expresión sino con el uso mismo del entendimiento individual.

III. LA LEGISLACIÓN PARA DELITOS SIN VÍCTIMA

Las quemas de ciertos libros y las persecuciones contra determinados pensadores comienzan ya con Nerón y se apoyan en el delito de lesa majestad. Pero ahora surge una vigorosa legislación general dedicada a perseguir el Error, cuyos crímenes se instalan junto a los delitos con víctima aunque difieran sustantivamente de ellos. No sin arrepentimiento mandó Vespasiano matar a Peto Trásea, un crítico recalcitrante e ilustre[16]. Pero en esos tiempos el emperador guardaba cierta apariencia de último defensor para el Senado y las tradiciones republicanas. Bastan algunas décadas para que los Césares reclamen la adoratio en vida y el omnímodo poder de un sátrapa persa[17].

La primera persecución masiva del Error se centró sobre los cristianos, y fue en tenaz aumento. Acusados de antropofagia, incesto, subversión, infanticidio e innumerables crímenes más por la vox populi, el Imperio se apoya sobre el senadoconsulto represor de las bacanales (186 a.C.) para sostener, en los momentos más moderados, un régimen de notable hipocresía[18]. Desde Decio la hipocresía cesa, y tomando sin vacilaciones la iniciativa de exponer la Verdad el derecho ordena sacrificar a los dioses «como siempre» o morir crucificado, quemado vivo o arrojado a las fieras. Las actuaciones represivas están guiadas por el criterio de que penas máximas logran siempre la máxima eficacia, aunque tienen un sorprendente efecto estimulador de la secta prohibida. Idénticos resultados logran con la secta maniquea.

Al mismo tiempo, otra amenaza de lesa majestad siguen siendo los magos y adivinos, exaltados por el vulgo en una renovada ola de superstición. Se considera «asunto de salud pública» el ingente número de colecciones con fórmulas mágicas, horóscopos y teosofías prácticas[19]. Desde Caracalla el asunto quiere zanjarse por vía de punición, y se decreta pena capital —por razones de salus publica— para «quien pregunte o responda sobre la salud del César, y para el esclavo que consulte a un adivino sobre la vida de su amo»[20]; por las mismas razones, quienes se entreguen a «prácticas, libros o remedios mágicos» serán crucificados o arrojados a las fieras[21]. Tratándose de mera posesión de libros los reos serán decapitados si son pobres, y desterrados a una isla si fuesen pudientes.

La represión de todos estos crímenes sin víctima se aclara en la exposición de motivos que abre el edicto de Diocleciano contra los maniqueos:

«Los dioses inmortales se han dignado disponer que lo bueno y verdadero quedara aprobado en su totalidad por el consejo de hombres agregios y sapientísimos. A estas verdades no es lícito oponerse, y constituye un crimen de la máxima gravedad retractarse de las creencias que tienen y poseen estado inamovible y general validez.»

Es difícil imaginar una asepsia autoritaria más pura. Sin embargo, el estado inamovible y la general validez apenas aguantaron unas décadas. Como en cualquier otro de los delitos sin víctima, brota la inmediata paradoja teórica: si se trata de verdades permanentes y universales, ¿cómo es posible que requieran el apoyo de funcionarios y pena capital? Y si no lo son, ¿cómo exigirlas de otros? En la práctica, esta demolición de la autonomía intelectual de los adultos por el paternalismo convierte un acto jurídicamente indiferente años atrás en un «crimen de la máxima gravedad». Naturalmente, crímenes de la máxima gravedad —como decretar y ejecutar esas masivas persecuciones— se convierten en actos inocentes, requeridos por la salud pública.

A consecuencia de su esfuerzo por reprimir el Error, magia, astrología y religión quedan amalgamadas en una legislación cuyas penas se instalan por su crueldad en lo inhumano. Están en contra las voces de los filósofos y literatos, desde luego, y se suman al ahogado clamor las de los apologetas cristianos. En la primera época, todos los apologetas son campeones de la tolerancia. Arnobio rechaza la edificante censura con un argumento difícil de esquivar:

«Interceptar los escritos no es defender a los dioses, sino temer el testimonio de la verdad»[22].

Con todo, los cristianos no están en general contra los crímenes sin víctima. Lo que vale para sus libros sagrados no vale para otros libros sagrados, ni para la literatura o la poesía. De ahí que el mismo Arnobio proponga unas líneas más adelante descargar la espada del poder temporal sobre «los teatros, donde todos los días se representan ficciones insuperablemente impúdicas»[23].

En el 357 un edicto imperial considera insuficiente prohibir la magia y la astrología en todas sus formas. El emperador está por encima de los designios cósmicos, y tiene con toda seguridad un destino de alegría y triunfo, pero algunos pueden olvidarlo. Los censores no consideran bastante la pena capital que ya pende sobre los adivinos profesionales y promulgan una norma muy general:

«Que se les calle para siempre a todos la curiosidad de pensar el futuro, pues quien se niegue sufrirá ciertamente la pena capital.»

Poco después, el consejo de los hombres sapientísimos invocado por Diocleciano contra los enemigos de la religión tradicional romana está a punto de sucumbir con estrépito. En el 381 la religión se incorpora de lleno al derecho: ser ciudadano del Imperio exige profesión de fe cristiana. En el 389, reinando Valentiniano II, los adivinos y astrólogos se declaran «enemigos de la salvación humana»; les son atribuidos incontables crímenes. Al año siguiente se clausuran los templos paganos, que quedan a merced de muchedumbres incendiarias[24]. Las tornas se han invertido con rapidez, y los antiguos enemigos de la salud pública son ahora sus más ardientes defensores. Más que nunca, el derecho se pone al servicio de la lucha contra el Error. En el 407 la herejía (etimológica y literalmente «tener opinión distinta») se decreta crimen publicum; en el 472 le toca el turno al paganismo, y en el 527 cae dentro de esa prohibición la apostasía.

Dando un paso más en las técnicas de censura, no sólo se destruyen todas las obras adversas al cristianismo —en especial las de Celso, Proclo, Porfirio y Juliano—, sino que los títulos de esos libros se borran del catálogo de sus autores. Son algo más que inencontrables: no existieron nunca. El punto álgido en esa carrera por administrar el entendimiento es la Lex Quisquis, promulgada en el 397 por el emperador Arcadio, cuando ya lleva dos décadas el Imperio siendo un Estado confesional. La ley determina que sufrirán pena capital, tortura e infamia quienes atenten contra cualquier representante del orden, y también quienes «lo hubiesen pensado». Bastará tener en la conciencia un acto subversivo para acarrearse muerte lenta. Pero eso no es todo. El precepto menciona asimismo a los deudos de quienes osaron rebelarse en su corazón, y decreta que:

«Sean sus hijos, su madre y sus parientes pobres eternamente, y se encuentren en una situación donde, agobiados por la continua penuria, les sirva la muerte de consuelo y la vida de suplicio»[25].

Magia y derecho

Desde sus comienzos, la cristiandad experimenta una intensa repulsión ante cualquier tipo de portento no emanado de la jerarquía eclesiástica, y prorroga las normas del derecho romano sobre artes mágicas[26]. Pero la novedad que aporta el cristianismo es borrar la distinción tradicional entre magia negra o nigromancia, hecha para perjudicar a otro, y magia blanca o benéfica, cosa impuesta por la ley mosaica cuando dice: «No dejarás a la hechicera que viva» (Éxodo, 23, 18). De ahí proviene que por un lado llegue a castigarse con pena capital la fe en brujerías —y así una capitular dictada para Sajonia en el 789 condena la creencia en brujas, la creencia de que éstas se coman a los hombres y la creencia de que se obtiene un efecto higiénico quemándolas— mientras por otro lado se prohíben las prácticas mágicas (presuponiendo, naturalmente, su eficacia). Resultaba entonces que los reos podían incurrir en dos crímenes: hacer hechicería y creer en ella.

Aunque una legislación semejante estaba expuesta a abusos, durante la alta Edad Media europea no existen persecuciones organizadas. En el continente la evangelización tropieza con el caos sembrado por la suspensión de las grandes rutas comerciales antiguas, el retroceso de la economía y un fenómeno de cantonalización de los núcleos demográficos. Puede decirse que están dados todos los elementos para que las cruzadas a Tierra Santa se conviertan en cruzadas internas contra brujos, herejes, apóstatas y librepensadores, llamadas a descontaminar el cuerpo social. Pero faltan a tales fines un mínimo grado de fluidez administrativa, una mayor organización de los servicios y un enraizamiento en los lugares. Buena parte de los pueblos europeos —sajones, prusianos, magiares, eslavos, daneses, lombardos— son todavía paganos, y aunque sea a punta de espada es preciso cristianizarlos antes de borrar allí las artes mágicas. Las cruzadas internas vendrán cuando se haya consolidado el poder papal, y a la vez hayan comenzado a resquebrajarse las sociedades monolíticas creadas al amparo del acuerdo entre la Iglesia y el Estado. En consecuencia, la catequesis durante la alta Edad Media está en una fase de abierta captación de fieles, y no aún en la de su perfeccionamiento espiritual propiamente dicho.

La primera persecución que desemboca en cruzada tiene por objeto a los stedinger de Oldenburg, en desarrollo de una bula concedida por Gregorio IX, en 1232, que les acusa de «despreciar los sacramentos y consultar a hechiceros», concediendo recompensas pecuniarias y espirituales a los perseguidores. Así como sólo puede haber un Dios y una Iglesia, sólo puede haber un Demonio y una Brujería; así como hay sacramentos en la Iglesia, hay «exacramentos» en la «maligna secta», que representa una iglesia «invertida» con misas negras e instituciones paralelas aunque opuestas a las cristianas. Eso permitía unificar muy diversos cultos paganos supervivientes, curanderos rurales, herboleros, brujos propiamente dichos, etc., y la idea de Gregorio IX prende de tal manera que la epidemia de una Brujería igual a sí misma por todas partes se convierte muy pronto en algo ubicuo. Seres anómalos e infrecuentes hasta iniciarse la cruzada contra ellas, bastan unas décadas para que el Roman de la rose (1277) dé por sentado que las brujas constituyen «la tercera parte» de la población femenina de Francia[27]. En Carcasonne, los procesos inquisitoriales de la década de 1330 se proponen ya explícitamente privar a esos rivales religiosos de sus mejores armas, que son «ciertos ingredientes y brebajes»[28], y en esa línea declara el Fuero de Cuenca: «Otrosí, la muger que fuese ervolera o fechicera, quémenla o sálvese con fierro»[29].

Originariamente babilónica y romana, la pena de morir en la hoguera adquiere máxima popularidad desde el siglo XIII entre los jueces, tanto civiles como eclesiásticos, de acuerdo con pareceres técnicos emitidos por juristas como el célebre Bártolo de Sassoferrato, que consideran las especiales virtudes del fuego para borrar la suciedad en todas sus formas. Varias bulas de Juan XXII —sobre todo la Super illius specula (1320)— piden a la cristiandad que aguce la vista, y las recomendadas pesquisas proporcionan enseguida resultados espectaculares. Las bulas establecían un sistema económicamente muy eficaz, basado en la confiscación total de cualesquiera bienes pertenecientes al acusado y sus familiares próximos[30]. Una larga serie de preceptos análogos desemboca en la bula Summis desiderantes affectibus de Inocencio VIII, proclamada en 1484, donde se conceden poderes ilimitados a los inquisidores. Como consecuencia de ella aparece el Malleus malleficarum, habitualmente llamado «Martillo de brujas» (1486), un texto del mayor interés para la teoría sustantiva y procesal del delito de brujería.

I. LA BRUJERÍA COMO CRIMEN DE LESA MAJESTAD

El uso del tormento es justificado con estas palabras por el Malleus:

«La hechicería constituye la más alta traición contra la majestad de Dios. Por eso los acusados han de ser sometidos a tortura a fin de que confiesen. Cualquier persona que se halle acusada de tal delito puede ser sometida a tortura, haciéndola padecer todos los tormentos prescritos por la ley, pues puede ser castigada en proporción a su delito»[31].

El gran inquisidor Diego de Simancas, decidido partidario del Malleus y consejero de la Suprema, completa en un relato sobre su propia vida el cuadro de motivos. «Los inquisidores —dice allí— deben ser más inclinados al tormento que otros jueces, porque el crimen de heregia es oculto y dificultoso de probar, mientras la confession del reo en caso de heregia no es solo provechosa para la Republica sino también para el mismo herege»[32]. A los efectos de éste, no ser procesado, atormentado y ajusticiado en la hoguera sería mucho peor.

El Malleus —una obra de los dominicos Kraemer y Sprenger— diserta por extenso sobre sexualidad y psicopatología, hasta el extremo de ser considerado el más antiguo precedente de los manuales psiquiátricos[33], y traza las líneas maestras de la teoría procesal aplicable al delito de brujería. El principio es muy simple: «Las leyes permiten que cualquier persona pueda atestiguar lo que fuere en contra.» Esto supone admitir como testigos a enemigos declarados del reo, al «rumor público» y a una lista donde figuran «criminosos, infames, cómplices, perjuros, herejes, parientes, mujeres y menores»[34].

Junto a la prueba testimonial está la objetiva. Los procedimientos fundamentales que se contemplan son:

I. La inmersión, que prescribía «atar de pies y manos al sospechoso y echarlo después al río, Si se hundía se suponía que era inocente, arguyéndose que el agua, empleada para la santa ceremonia del bautismo, le habría rechazado de ser culpable. Si, por el contrario, quedaba en la superficie era considerado culpable»[35].

II. El pesaje, pues si una persona pesaba poco, o simplemente su peso no guardaba proporción con su volumen, era señal de brujería.

III. La insensibilidad de partes del cuerpo, así como formas de parálisis.

IV. La presencia de señales demoníacas, entendiendo por tales cualquier irregularidad somática, especialmente los «pequeños pezones» o tetillas suplementarias, en las cuales «un familiar cualquiera, gato o escuerzo, podría nutrirse para engordar»[36].

Además de la prueba objetiva figura la prueba documental, cuyos principales elementos son la letra impresa y los útiles ppra preparar brebajes o untos. El Malleus considera pieza de convicción definitiva la tenencia de algún libro inscrito en los catálogos de la Biblioteca de Magos, Astrólogos y Hechiceros, y la de alguno de los instrumentos y objetos considerados típicos del laboratorio de la bruja, como pucheros vidriados, ollas pequeñas, retortas, jarras, flor de azufre, piedra cristalina, huesos, amuletos, etc.[37]

A pesar de todo, el elemento fundamental de prueba es la «convicción moral» de los inquisidores, que se alcanza por vía intuitiva. Así, por ejemplo, Kraemer y Sprenger aconsejan no considerar coartada válida para una mujer acusada de comparecencia en sabbats el testimonio de su esposo, pues cuando éste la veía dormir a su lado bien podría suceder que ella «estuviese en la infame orgía, dejando en la cama un súcubo infernal transfigurado con sus rasgos»[38]. Por eso mismo, las variaciones detectadas en los testimonios nada indican en favor de la acusada «si todos los testigos coinciden en acusarla de brujería».

No era necesario —y ni siquiera frecuente— comunicar al acusado quién le acusaba en particular. Para lograr un juicio «sencillo, rápido y definitivo» el Malleus introduce además del secreto riguroso en el procedimiento la institución jurídica de la falsa promesa, de acuerdo con tres alternativas. En la primera el juez puede prometer que se respetará la vida del reo a condición de que se convierta en un delator y «revele nombres de otros hechiceros», caso donde debía (y solía) cumplir su promesa. Una segunda alternativa era, en caso contrario, suponer que tras el encarcelamiento la promesa se extendía sólo a cierto período de tiempo, al cabo del cual el reo debía ser llevado a la hoguera por su propio bien. La tercera alternativa —predilecta de magistrados civiles como el famoso Bodino— consistía en que el juez prometía respetar la vida del acusado, pero en la idea de rehusar más adelante la función de dictar sentencia, delegando en otro juez libre de cualquier compromiso. El principio del Malleus —derivado de la bula Summis desiderantes affectibus de Inocencio VIII— es que al juzgador deben conferírsele plenos poderes. Será él quien decida si un acusado tiene derecho a defenderse nombrando abogado, o si se le nombrará de oficio determinado «curador», fijando las demás condiciones procesales. En cualquier caso, no debe dejarse desorientar por la contumacia de los reos, pues si aun después de recibir tormento no declarase lo previsto cabía atribuirlo a «encantamiento diabólico»[39].

II. LA SOCIOLOGÍA DEL TERROR

Aunque su motor explícito fuesen comparecencias en lujuriosos aquelarres, propiciadas por el uso de ungüentos psicoactivos, es innegable que la caza de brujas constituye ya desde sus comienzos una forma de fortalecer el control sobre formas de desviación social. De ahí que haya siempre una notable instrumentalización del delito. Los críticos, los locos y los pobres son quienes más probabilidades tienen de ser convertidos en cenizas. Reina una general confusión en cuanto a los límites de lo permisible, y la dinámica de guerra civil puesta en marcha por la cruzada arrastrará al ajusticiamiento de unas 500.000 personas en Europa, según el cálculo de Lea[40]. Investigando los procesos de brujería en la Inglaterra de los Tudor y los Estuardo, el historiador A. MacFarlane[41] revisó más de un millar de procesos instruido; en el condado de Essex de 1560 a 1680; su principal descubrimiento fue que la acusación más frecuente, en términos estadísticos, provenía de alguien que tras denegar la limosna a un menesteroso (generalmente una anciana) atribuía alguna desdicha posterior a su maleficio. Por los trabajos de otro historiador, H. C. Midelfort[42], que revisó 1.258 ejecuciones de brujas en el suroeste de Alemania entre 1562 y 1684, sabemos que el 82% eran mujeres, básicamente viejas y comadronas de estratos humildes. En la fase de quemas masivas llegaron a formar parte de los ajusticiados mesoneros, algunos mercaderes y hasta algún magistrado y maestro. En casos excepcionales las delaciones incriminaron a médicos, juristas y profesores de universidad, pero los jueces desconfiaron de sus confesiones. En tres procesos el reo fue un miembro de la nobleza, aunque ninguno de esos individuos acabó la hoguera. Midelfort no halló un solo caso donde se acusase un clérigo o a un inquisidor civil.

Otra fuente genérica de persecución por brujería, especialmente en el sur de Francia y España, es el esquema de cierta dividida en dos o más bandos que luchan por la supervivencia. Uno o más de estos bandos solicita la persecución de las autoridades, que envían a un inquisidor para investigar el caso; ese momento cada facción trata de destruir a su contraria enviándola a la hoguera. Junto a esas causas de procesamiento de añadirse una especie de reacción en cadena, pues los tormentos extraían casi siempre de cada acusado los nombres de varios cómplices. En realidad, pronto se confunden las necesidades pecuniarias y políticas del estamento represor con la extensión de la plaga moral. A principios del siglo XVI, cuando la cruzada comienza a estar en su apogeo, Agrippa de Nettesheim denuncia —arrostrando graves peligros— casos de cohecho y extorsión en los jueces e inquisidores del norte de Italia, que valiéndose del miedo a las torturas obtenían dinero de familias distinguidas; las mismas noticias proporciona Pedro Mártir de Anglería sobre un inquisidor español apodado Tenebrero[43].

Presionado por la tortura, o por un excesivo sentido del deber, o por un impulso histérico, un hombre denunciaba a su querida esposa, una mujer a sus mejores amigas, un muchacho a sus padres y un criado a sus señores. La obsesión prendía en aldeas y comarcas aisladas, que llevaban la persecución por su propia cuenta. Para hacerse una idea del estado de cosas sirven las cartas del jesuita Hernando de Golarte a su provincial, describiendo acontecimientos en los pueblos de Vera, Echalar y Yanci, sometidos por aquel entonces a la inquisición de Logroño. Golarte se refiere, por ejemplo, a una anciana herbolera, objeto de un severo trato por parte de las comadres de Yanci:

«A una viexa de setenta y mas años dieron question de tormento por mas de una hora entera y no confessando nada la viexa sino solo decir que ella jamas habia confessado ni echo pecado de bruxeria, ni avia llevado ninguna criatura a aquelarres, la vaxaron del tormento y la llevaron a la parochia de Sant Joan, y alla con muchos alagos unas veces, y otras con grandes amenazas la hicieron nuebas preguntas para que dixese como era bruxa, y ella al cavo como le prometieron ponerla en el mismo tormento dixo que confessava ser bruxa, pero jamas havia echo mal ninguno de bruxeria, y preguntada por ellas mismas dixesse los complices, respondio no savia y no podia decir complicex alguno. Como en esto estubo fuerte las mesmas megeres volvieronla a su casa, y la pusieron en la mesma question donde espiro y murio, sin otra cosa, y sin sacramentos, ni testamento ni nada, digo murio en el mesmo tormento sin vaxarla»[44].

De lo anterior podría deducirse que la autoridad eclesiástica asistía a una persecución no propiciada y sostenida por ella misma, cosa desde luego falsa. Es un procedimiento eclesiástico, con todos sus requisitos procesales, el siguiente:

«En el año 1527 se presentaron ante los oidores del Consejo, en Pamplona, dos niñas de nueve y once años respectivamente, las cuales prometieron decir cosas extraordinarias si se les perdonaban los delitos y maleficios que habían cometido. Los oidores, atendiendo a su poca edad, las perdonaron y ellas comenzaron a declarar de esta suerte: "Señores, la verdad es que nosotras somos bruxas, en compañía de otras muchas de este oficio, las cuales hacen mucho mal, y si quereis castigarlas, nosotras os las mostraremos, que luego veamos a cada una el ojo izquierdo, la conoceremos." Los oidores decidieron hacer justicia, nombrando a uno para que entendiese en ella. Comenzó, pues, éste a visitar la tierra llevando consigo a las niñas y a cincuenta soldados [...] y así se hizo, según fray Prudencio de Sandoval, una presa de ciento cincuenta brujos»[45].

Este tipo de testigos era uno de los favoritos en tribunales eclesiásticos tanto como civiles. El proceso contra las brujas de Ceberio, celebrado entre 1555 y 1558, tuvo como principal acusador a Catalina de Guesala, que contaba ocho años al hacer la primera declaración. Como los inquisidores perdonaban únicamente a los delatores, cabría preguntarse si Catalina fue directa o indirectamente amenazada con la tortura y la muerte. Sí sabemos, en cambio, que los niños sembraron el terror por doquier con sus denuncias, y que el embarazo de las mujeres no les ahorraba ser metidas en cepos, colgadas en puentes y torturadas. Cuenta Caro Baroja, por ejemplo, que en Sumbilla y en Ituren dos presuntas brujas, preñadas, murieron mientras se les aplicaba el tormento[46]. También destacan las denuncias dentro del matrimonio, y en su tratado sobre las brujas el italiano Bartolommeo Spina narra un caso —muy frecuente entonces— donde la mujer es descubierta untada con el famoso ungüento que se creía capaz de hacerla volar hasta el aquelarre, en realidad una pomada psicoactiva hecha con beleño y belladona:

«Cuando operaba la Inquisición en la diócesis de Como, en la ciudad amurallada de Lugano, la esposa de un notario de la Inquisición fue formalmente acusada de hechicería. Su marido sufrió indeciblemente, ya que la consideraba una santa. Entonces, por la voluntad del Señor, fue un día a los establos por no poder hallarla en Otra parte. Y allí la encontró desnuda en un rincón, exhibiendo todas sus indecencias, completamente inconsciente. El desenvainó entonces la espada en súbita ira, deseando matarla, pero se recobró y quedó a la espera para ver cuál podría ser el resultado de todo ello. Y he ahí que poco después ella volvió en sí. Cuando vio que el marido amenazaba matarla se postró delante de él, y prometió que le revelaría toda la verdad. Confesó entonces que esa noche se había ido de viaje, y asistido a orgías. Oyendo esas cosas, el esposo partió al instante y la acusó ante los inquisidores, a fin de que fuese entregada al fuego. Sin embargo, no pudieron hallarla, y piensan que se ahogó por su voluntad en el lago»[47].

III. EL EFECTO ESTIMULADOR DE LAS ACTUACIONES REPRESIVAS

El ya mencionado Diego de Simancas, Gran Inquisidor, era un convencido partidario de las penas draconianas como remedio para cualquier mal, según muestra su método para curar la sodomía:

«Decíanme en Roma que ya era imposible en Italia remediarse ni castigarse el pecado nefando. Yo les respondí que no me parecía así, sino que se atajaba si se ordenase y ejecutase que el muchacho corrompido que no lo denunciase dentro de algún día después de violentado lo quemasen por ello»[48].

Sin embargo, el efecto más claro de la caza de brujas fue extender la hechicería por toda Europa. En el siglo XII había sospechas de rituales paganos ejecutados con ayuda de psicofármacos y fines orgiásticos, aunque eran prácticas desigualmente distribuidas y minoritarias. En el siglo XVII el asunto se ha convertido en una epidemia mundial, que devasta tanto el Viejo como el Nuevo Mundo. La denuncia se ha hecho obligatoria, los castigos son de una crueldad inaudita, las gentes han sido convencidas de la intrínseca abominación aparejada a la brujería y, con todo, los réprobos no cesan de aumentar. Según J. Bürkhardt, «el sistema de persecución había logrado que poblaciones propensas se contagiaran de la superstición permanentemente»[49], y ya un inquisidor tardío, Alonso de Salazar y Frías, había realizado la misma observación básicamente:

«En los memoriales da una importancia extraordinaria a la sugestión colectiva producida por los sermones. En Olague, cerca de Pamplona, sólo después de haber predicado sobre la materia fray Domingo de Sardo la gente comenzó a caer en la credulidad más ciega, y en otras partes incluso el edicto de gracia fue el que dio lugar a que empezaran los muchachos a confesar y hablar de aquelarres, vuelos, etc»[50].

Se observa así un caso de profecía autocumplida por partida doble. Primero por la acción de autoridades civiles, predicadores y la propia Inquisición oficial, cuya obra es lograr que un territorio ande revuelto y excitado, presa de una inquietud permanente, acusándose unos a otros de maleficios y pactos infernales. Segundo, por el papel que esas mismas autoridades tienen a lo largo del proceso, que origina siempre declaraciones y confesiones ajustadas a un modelo prefabricado, estereotípico. El proceso de inducción inconsciente al delito y posterior conformación a un modelo aparece con claridad en el famoso caso de Salem, a finales ya del siglo XVII, donde los propios teólogos que juzgan a las brujas han predicado antes a esas mismas mujeres el mal y sus peculiares manifestaciones. En el específico caso de Europa, además, la situación de miseria e injusticia social, sumada a incesantes epidemias, guerras y plagas del campo parecía pedir a voces chivos expiatorios como los usados por algunas ciudades antiguas para purificar su mundo.

Cuesta por ello no admitir sin reservas la tesis de una invención útil, con inmediatos beneficios para la Iglesia y los poderes consagrados como Estado[51]. Pero sería parcial olvidar que había una resistencia ante el cristianismo no sólo en sectores rurales y pobres (donde aún pervivían focos paganos), sino en estratos más altos socialmente, derivada del recuperado contacto con la antigüedad clásica. Me inclino a creer, por eso, que el origen del concreto fenómeno histórico de la caza de brujas desde el siglo XIV hasta el XVIII se halla en el carácter tradicional aunque desintegrado de la sociedad europea entonces, incapaz de asumir sin histeria colectiva sus propias tendencias internas de transformación, lo cual agudiza la vigencia del delito de lesa majestad.

Es este factor aquello que determina las específicas modalidades de represión. Como no se trata de castigar a quien asesine a un niño para hacerse un caldo o un unto, sino de probar que una secta ubicua hace eso habitualmente, todo el procedimiento penal debe adecuarse al castigo de semejantes presunciones, cosa imposible sin violentar los principios más elementales del derecho. Lo mismo había sucedido en Roma con el proceso a las bacanales, donde la falta de corpus delicti fue interpretada como prueba de que se hacían desaparecer los cadáveres, y donde la inexistencia de denunciantes espontáneos fue resuelta estableciendo fuertes recompensas para cualesquiera acusadores. Los poderes políticos y religiosos responden a las tensiones que apuntan al cambio social instigando modalidades de guerra civil, que por un efecto de realimentación se perpetúan a sí mismas; el juzgador y el legislador se mueven dentro de un sistema circular de signos, donde la ingente magnitud del «mal» requiere una no menos ingente simplificación de las garantías procesales en que podría ampararse.

No es su perversidad, o su desvarío, lo que determina el curso de conducta a seguir, sino la naturaleza misma del crimen que les incumbe evitar, un delito de agresión metafórica que sólo el castigo eleva a la dimensión de cosa real. Si su crimen tuviese una víctima precisa y demostrable sobrarían los procedimientos sumarios que suscitan indefensión. Cristianos, maniqueos, herejes, judíos y tantos otros grupos han sido acusados una y otra vez de «incontables crímenes», al igual que los brujos, simplemente porque para colectivos desintegrados no hay otra manera de reprimir conductas que a nivel público se reputan horribles, aunque a nivel privado se solicitan regular y sostenidamente. Si se tratase de un. homicidio o un hurto, el mecanismo de los tribunales se orientaría a establecer qué sucedió realmente, en términos físicos inequívocos. Pero en estos supuestos no se trata de un verdadero juicio, reparador para una verdadera víctima, sino de un ritual destinado a reforzar el sistema mágico en los jueces, el grupo social y el propio acusado. La desproporcionada importancia de las presunciones sobre las demostraciones constituye otro modo de atestiguar que la desviación no será comprendida como tal desviación, sino reprimida como impureza hedionda.

IV. DESVIACIÓN Y CAMBIO SOCIAL

Ya Durkheim, uno de los fundadores de la teoría sociológica, había insistido en que una sociedad sólo puede sobrevivir si arbitra un cuadro de crímenes, pues sin él no es posible «la evolución normal de la moral y el derecho»[52] Naturalmente, el positivismo a ultranza de Durkheim no admite la distinción entre crímenes de lesa majestad y crímenes de lesa humanidad, tal como no admite la diferencia entre derecho vigente y derecho racional, pues el mero hecho de acuñarse una conducta como delito —sea cual sea, y fuere cual fuere el legislador— la determina como moralmente odiosa. Sin embargo, no se le escapa que la conducta desviada constituye también (al precio del castigo, ciertamente) la fuente generadora de moral en un grupo, y que en el curso del tiempo cualquier moralidad va reorganizándose. En el caso de Sócrates —un procesado por «impiedad»— el crimen «no solamente implica que el camino está abierto a los cambios necesarios, sino que prepara directamente esos cambios»[53].

En el caso de la brujería, diríamos nosotros, acontece justamente lo mismo. Su utilidad, para un mundo como el que presencia la transición del medievo a la época moderna, resulta inexagerable; el hechicero y la bruja que guisan niños, destruyen cosechas, desatan epidemias y corrompen a los ingenuos, proporcionan oficio y beneficio a varios estamentos, desvían la atención de los miserables y desposeídos hacia culpables distintos de los poderosos, prestan cohesión y legitimidad a la «mayoría moral», sostienen todas las formas de paternalismo eclesiástico y civil y, en definitiva, reafirman un sistema de creencias y costumbres hegemónico aunque amenazado de caducidad también. Al mismo tiempo, esos hechiceros y brujas son el ariete caricaturesco de la protesta social, y si por una parte representan la pervivencia de prácticas precristianas, por otra simbolizan un problema que crece en vez de disminuir con su persecución. En última instancia, ese problema son formas de apostasía, laicismo y desobediencia civil que persistirán mientras persista la majestas del Dios cristiano y su clero; pero el problema específico de las brujas pende, a su vez, de las modalidades de la prohibición a que se encuentra sometido, hasta el punto de que bastará conferir a los acusados por ese delito las bases procesales y sustantivas propias de cualquier delito común para borrar del mapa la antes endémica y ubicua amenaza.

Sucede así que los «incontables crímenes» de las brujas son y no son un invento de los inquisidores. La Iglesia cristiana (tanto católica como protestante) no inventó el descreimiento ni la desesperación frente a su manera de entender la vida y organizar la sociedad civil, aunque sí inventó un específico crimen al borrar la distinción entre magia blanca y magia negra, y construir modalidades de persecución que inevitablemente exacerbaban el pretendido mal en vez de suprimirlo. La historia de la caza de brujas expone por eso el nexo directo del fenómeno con lo que Durkheim llama creación de moralidad. El holocausto de cientos de miles de personas aceleró la desconfianza y el disgusto de muchos ante el viejo orden y sus métodos, contribuyendo a la cristalización de la mentalidad liberal. Por otra parte, mientras no se produjo una modificación política ningún criterio de científicos o humanistas pudo detener esas masacres. A título de conclusión, podría decirse que allí donde el derecho regula la magia, es la magia quien regula el derecho.

Esto no se puede decir en la misma medida del mundo antiguo, las tribus ágrafas y los países cristianos, aunque en los tres casos —como en otras civilizaciones presentes y pasadas— normas orales 0 escritas regulen el ejercicio de las artes mágicas. Al borrarse la distinción entre magia blanca y negra, su tratamiento de la hechicería presenta caracteres singulares, pues incluso en las tribus de Africa Central descritas por Mary Douglas[54] donde se verifican razzias periódicas de hechiceros, el motivo son siempre presuntos maleficios, y no la mera práctica de conjuros y ensalmos. En Europa (y allí donde llegan sus conquistadores y colonizadores) no es necesario que el brujo quiera hacer mal; sea cual fuere la intención o el resultado, sus prácticas son abominables como apostasía, desviación con respecto a la ley divina administrada por los ministros autorizados, cuyo monopolio del prodigio salutífero viene a ser lo esencial.

Monoteísmos más rigurosos, como el judío o el islámico, no admiten milagros y, en consecuencia, no necesitan defender instituciones como las indulgencias, el Diablo, la transubstanciación, el exorcismo, etc. Sus ministros tienen poco de magos y mucho de comisarios de costumbres. Por eso mismo apenas se parecen a un chamán azande o zuñi, mientras sucede lo opuesto con el inquisidor y sus patrones. El cazador de brujas es tan crédulo como cualquier chamán azande, y en modo alguno puede pretender distinguirse de él por un rechazo de la «superstición». La principal diferencia entre uno y otro reside en que el primero se siente obligado a catequizar de grado o por fuerza a todo ser humano, mientras el segundo —dando muestras de una mayor firmeza en sus creencias— se limita a profesarlas.

V. NIGROMANCIA Y TOXICOMANÍA

En sus Instrucciones a los jueces en materia de hechicería, texto que incorporará a su célebre tratado Sobre la demonomanía de los brujos (1580), el no menos célebre magistrado Jean Bodin o Bodino advierte que:

«Si se hallare al reo untado con algunas grasas, ello es indicio para el tormento, y más si no pudiera justificar tales grasas, pues es sabido que los brujos se valen comúnmente de esas drogas en sus maleficios»[55].

En efecto, entre todos los indicios de brujería ninguno fue tan repetido y concluyente para el magistrado como el uso de ungüentos mágicos, compuestos por psicofármacos de una u otra naturaleza. El brujo era un toxicómano, y una vez familiarizados con las razones y medios de su persecución parece oportuno plantearse hasta qué punto prefigura o no la cruzada contra la apostasía la contemporánea cruzada occidental contra la droga, y si la demonomanía presenta nexos estructurales con la toxicomanía. Aunque la cuestión no puede resolverse de modo categórico hasta examinar en detalle la génesis del prohibicionismo a comienzos del siglo y su evolución ulterior, con los datos ya disponibles cabe establecer algunos puntos claros. Las coincidencias abarcan un amplio espectro y pueden resumirse en varias notas comunes:

I. En ambos casos se trata de epidemias sin agente bacteriano, donde las actuaciones represivas prestan un poderoso impulso a lo reprimido, tanto por el mecanismo psicológico de identificación con el agresor como al crear corporaciones de represores bien remuneradas, con intereses objetivos de conservación.

II. En ambos casos las cruzadas afectan a clases bajas y disidentes religiosos, que pertenecen a minorías sociales o étnicas, cuyo exterminio proporciona a las clases superiores («mayoría moral») un símbolo de cohesión y progreso.

III. En ambos casos se trata de un problema de «pureza» que surge de modo súbito, tras siglos o milenios caracterizados por la falta de problematicidad, y que presenta como fondo una u otra modalidad de orgía. La perversión se concentra en lo erótico, que en un supuesto ofrece paraísos prohibidos y en el otro paraísos artificiales.

IV. En ambos casos un agente natural (los ungüentos o los estupefacientes) recibe determinaciones sobrenaturales, atribuyéndose al beleño la virtud de hacer volar igual que a la morfina un acostumbramiento instantáneo o al ácido lisérgico irresistibles impulsos homicidas, lo cual convierte el síntoma en causa y permite inferir toda suerte de creencias circulares.

V. En ambos casos la proyección juega un papel muy destacado, como muestra la desproporción entre lo que Caro Baroja llama la creencia pasiva (creer en brujas y narcocriminales) y la creencia activa (creerse brujas y narcocriminales), desproporción que orienta el mecanismo institucional hacia la profecía autocumplida.

VI. En ambos casos el delito presenta rasgos de traición, bien a la salud espiritual o a la salud mental; en un caso se condena el desafío a la majestad eclesiástica y en el otro a la policial-terapéutica, obrando siempre la ley en nombre de un paternalismo que dice ayudar al perseguido y obrar por su propio bien.

VII. En ambos casos se crea una jurisdicción especial caracterizada por varios rasgos comunes: una normativa centrada sobre la peligrosidad o el riesgo, donde es innecesario probar que alguien haya sido lesionado de facto, una indefensión procesal de los acusados debido a la delación anónima y procedimientos extrajurídicos (tortura, tratamiento psiquiátrico forzoso), un sistemático empleo de la provocación y unos procedimientos irregulares de prueba[56].

Para ser exactos, podría decirse que la cruzada actual resucita la borrada distinción entre magia benéfica y magia maléfica, siendo los instrumentos de la magia blanca las drogas lícitas y los de la magia negra las ilícitas. Así como el brujo es un clérigo invertido, que en vez de usar aquae vitae (aguardientes y agua bendita) utiliza aquae mortis (beleño, mandrágora, belladona) extraídas de un siniestro puchero, el toxicómano y el narcotraficante son terapeutas y boticarios invertidos. El brujo pacta con el diablo, el toxicómano con substancias diabólicas; los dos hacen use de psicofármacos, y los dos ofenden al ser divino, a la sociedad y a sí mismos por ello. A fin de cuentas, el brujo sería el toxicómano antiguo, y ciertos toxicómanos los brujos modernos.

A la vista de sus analogías, cabría preguntarse más bien en qué se distinguen una y otra cruzada. La gravedad de las condenas no sirve a tales fines, pues todo el derecho penal contemporáneo ha experimentado una moderación notable de las condenas, restringiendo la pena de muerte a casos excepcionales. La diferencia más señalada, a primera vista, parece la vaguedad farmacológica que caracteriza la persecución antigua, donde cualquier ungüento detentado por mujeres o personas de reputación dudosa suponía una automática presunción de contactos diabólicos. Hoy en día esa presunción podría refutarse probando que el psicofármaco lo recetó un personal debidamente diplomado. En cualquier caso, convendría no olvidar el consejo del historiador M. G. Marwick:

«La visión secular moderna del mundo concibe la creencia en brujerías como cosa increíblemente insensata y supersticiosa. Pero también las sociedades modernas han sido presa de tendencias que en muchos aspectos se asemejaban a las crédulas supersticiones brujeriles de otrora»[57].

En efecto, tan insensato como creer en brujerías sería pensar que el fondo de donde brotó esa creencia ha dejado de existir. Al contrario, la caza de chamanes y brujas en Europa y América ofrece simplemente un buen ejemplo de terapias que seguirán afectando con los métodos del juez Lynch a minorías étnicas, grupos e ideologías hasta el día de hoy. La excelencia del ejemplo recién mencionado es su propia riqueza de pormenores, y la distancia que concede al observador un fenómeno no demasiado reciente. Con sus peregrinos procedimientos probatorios, arbitrada para defender al ser divino del diablo y a cada hombre de sí mismo, la gran cruzada contra la brujería y su medio millón de muertos constituyen un acabado paradigma de lo aparejado al crimen de lesa majestad.

III
La cruzada moderna como paradigma: El cáncer mental

Dionisos y la orgía[58]

Aunque ya desde muy antiguo la patología etílica se consideró prototipo de estupefacción o embotamiento espiritual[59], hasta Las bacantes de Eurípides no conservamos un análisis global centrado sobre los fundamentos y la dinámica del prohibicionismo; de hecho, el tema de esa templanza por decreto fue abordado también por Esquilo y otros trágicos griegos, cuyas obras se han perdido desgraciadamente. Para cuando unas y otras estaban representándose los ritos orgiásticos de Baco-Dionisos eran en Atenas y las demás ciudades de la Liga Délfica un culto no ya autorizado sino oficial, que cada año abarcaba varias semanas de fiestas públicas[60]. Pero Dionisos es —como el Soma de los vedas— un dios-planta, culto transicional entre lo arcaico y lo civilizado, cuya consolidación no podía eludir problemas con las exigencias civilizadoras. Si en el siglo v a.C. la oficialización y ritualización de sus «misterios» ha moderado en buena medida el matiz explosivo de las ceremonias, Eurípides conoce por sus viajes a Macedonia la violencia que puede caracterizar dichas celebraciones cuando entran en colisión con la ley positiva. Narra por eso en forma de parábolas vicisitudes que acompañan la aparición, persecución y triunfo final del vino, «ese phármakon único para inducir el sueño y el olvido de las penas cotidianas, que se vierte en libación para los dioses y es en sí un dios»[61]. tratamiento entrelaza con fluidez una cuestión teológica, un hecho histórico como la difusión comercial de alcoholes no destilados y todo— el complejo cuadro de motivos y contramotivos que evoca cualquier «ley seca».

I. LA DINÁMICA DE LAS SOMBRAS Y LA LEY DEL DÍA

Las bacantes plantean un esquema que guarda ciertos paralelos con la Antígona de Sófocles. El rey-tirano (Creón en un caso, Penteo en el otro) defiende una norma aparentemente sensata que en realidad viola una ley natural. De ahí que el conjunto de la tragedia pueda y deba comprenderse como una escenificación del arrepentimiento. Pero Eurípides es más psicológico que Sófocles, y junto a ese canto de retractación ofrece un examen del mecanismo que milenios más tarde llamará Freud «retorno de lo reprimido». La sucesión de cuadros va describiendo con implacable lógica cómo una hipocresía inicial desemboca en catástrofe, de acuerdo con una secuencia que comienza con la represión misma. Sin modificar ese orden, me limitaré a subrayar las sutiles concatenaciones propuestas por Eurípides.

Lo inicial es una falta de «reconocimiento» del dios-fármaco por parte de su ciudad y los suyos[62]. Para ser exactos, se niega que sea un sobrino de Agave, Ino y Autónoe, aunque ellas sean las hermanas de su madre Semelé; se niega que sea un primo hermano del regente Penteo, aunque éste sea hijo de Agave; y se niega que sea un hijo de Zeus. En realidad, se niega la religión extática por él representada, gracias a la cual subsiste una promesa de fusión orgiástica entre el individuo y el grupo, lo visible y lo invisible, la vida y la muerte, lo viril y lo femenino, el delirio y la suprema lucidez; frente a las provincianas razones de Estado y las virtudes de la urbanidad (continencia, rutina, temor, precio), él representa una religión universal de la vegetación, de la savia y del esperma, que invoca al goce y ofrece a los humanos la posibilidad de suspender temporalmente su estrecha identidad personal. Sin embargo, esa denegación del éxtasis produce de inmediato el síntoma patológico[63], y precisamente quienes buscan preservarse de cualquier filiación con el dios de la embriaguez caen por completo bajo su influjo. Las mujeres de la familia real y otras tebanas, «jóvenes, viejas y doncellas», desertan de todos sus deberes sociales y se lanzan a los bosques. Allí prescinden de sus vestidos, como trogloditas, para cubrirse con pieles de corzo y celebrar bacanales entusiastas, cantando y danzando a todas horas el retorno a la animalidad:

«Llevan enroscadas serpientes que lamen sus mejillas; en sus brazos portan cabras monteses b lobeznos salvajes, y les daban blanca leche cuantas tenían aún el pecho rebosante por haber abandonado a sus hijos»[64].

La aparición del síntoma pone en movimiento el ensayo de una cura. Sin embargo, en esa cura se observa la misma ambivalencia que desencadenó el síntoma y la denegación inicial. En realidad, se exponen dos curas diametralmente opuestas. Una es la de los prudentes ancianos de Tebas, Cadmo y Tiresias, que proponen aceptar como naturaleza (physis) lo denegado, y reconocer en ese dios-fármaco un elemento permanente de la existencia humana; únicos hombres «sensatos» de la ciudad, los dos ancianos se disponen a rendir culto a Dionisos. Frente a ellos aparece Penteo imponiendo como terapia una política de intimidación y encarcelamiento. Habla en nombre de la salud y el decoro públicos:

«Nuestras mujeres han dejado las casas por mentidas bacanales, para en los montes espesos entregarse al vértigo, y a ese Dionisos celebrar con danzas; en medio de sus conciliábulos llenas están las cráteras, y cada una acude a servir el placer de hombre, con el pretexto de ser ménades rituales, pero en más tienen a Afrodita que a Baco. A cuantas he podido sorprender, atadas las guardan mis servidores en las cárceles. Y las que faltan las cazaré en los montes, a Ino y a Agave, la que me parió, y a la madre de Acteón, Autónoe, Y las encerraré en redes de hierro y las haré dejar enseguida esas criminales orgías. Dicen que ha llegado un extranjero, un encantador que lleva en sus ojos las oscuras gracias de Afrodita y pasa los días y las noches brindando fiestas báquicas a las jóvenes. Si llego a tenerle en esta casa le separaré el cuello del tronco. ¿No merece todo esto terrible horca, y enfurecerse con toda furia, sea quien sea el extranjero?»[65]

Tratándose de cualquier fármaco distinto del alcohol, las consideraciones de Penteo se entenderían hoy completamente lógicas e inspiradas en el bien de la cosa pública. Con todo, su discurso propone una cura sembrada de incongruencias, que Eurípides va poniendo de manifiesto con ironía: el forastero a decapitar constituye un simple mortal desvergonzado y, sin embargo, hace portentosos milagros como convertir a todas las domesticadas tebanas compañeras de orgía; el forastero es «afeminado» y, sin embargo , posee un desmedido magnetismo sexual sobre el sexo opuesto; el forastero es encarcelable, como sus adeptos, y sin embargo se trata de una planta que crece por sí sola en los campos, fruto renovado de la madre Tierra. Si la denegación del fármaco afrodisíaco ha provocado en las mujeres algo del orden de la histeria, seguido por el desenfreno, en el gobernante evoca algo más afín al delirio persecutorio. Tiene motivos —como el paranoico— para buscar a un agresor a quien perseguir en legítima defensa, pero es incapaz —como el paranoico— de acercarse al fondo de lo perseguido, que (como irá demostrando Eurípides) está tan dentro de él como de las aborrecidas bacantes. La respuesta de Tiresias al discurso de Penteo va justamente en la dirección de mostrar que nadie puede huir de su sombra:

«Oye, joven, dos cosas son lo primero para los hombres: la diosa Démeter, que es la tierra, llámala como quieras, la que cría con alimentos secos a los mortales, y el que vino después, el hijo de Semelé, que inventó lo contrario, la húmeda bebida del racimo, y la trajo a los hombres, el que libra a los míseros mortales de pena cuando se hartan del juego de la viña, y el sueño y el olvido de las penas cotidianas da, que no hay otro remedio de los males»[66].

Pero Penteo ha decidido sustituir el sacrificio-banquete por un sacrificio transferencial, el uso ritual del phármakon por la liquidación de un pharmakós, y se niega a escuchar tanto el discurso de Tiresias como el de su abuelo Cadmo, a quienes perdona sólo en virtud de su ancianidad[67]. Cuando se dispone a prender a Dionisos, que ha acudido al palacio, Tiresias le insta por última vez a reconsiderar su actitud, con un pensamiento que define bellamente el espíritu griego:

«No te envanezcas de que la autoridad (kratos) permita hacer violencia a los humanos. La continencia se encuentra siempre en la naturaleza (physis) individual. Dionisos no obliga a las mujeres a ser castas. La castidad depende del carácter, y la que es por naturaleza casta participará en las orgías sin corromperse»[68].

La llegada del dios al palacio y los vanos intentos del regente por prenderle desencadenan la demencia. Confuso y vacilante, embriagado por la sola presencia de ese «forastero», Penteo no encuentra más solución que disfrazarse de ménade y acudir en persona a los parajes selváticos, para observar de cerca lo que acontece, pues sus servidores le han dicho que las mujeres poseen una fuerza física incomparable, capaz de poner en desbandada a cualquier agresor, animal o humano. Esta parte del drama es teatralmente el punto más alto de la obra, con un Dionisos sardónico y tranquilo, y un Penteo que se deja conducir, travestido, a la perdición. Pero si la demencia lleva a la grotesca temeridad, la temeridad desemboca en una masacre donde el sacrificador resulta sacrificado. Penteo será descubierto por su madre y sus tías, que —ajenas a sus súplicas— le desgarran los miembros y lo devoran crudo. Es en este momento cuando Dionisos devuelve la lucidez a las mujeres, que contemplan con espanto su propia obra.

La tragedia se cierra con un canto de retractación (la palinodia) que profiere el coro. El dios ha castigado la impiedad, y los juiciosos entienden que el mal provino de pretender usurparle sus legítimos derechos; las asesinas y el muerto expían el acto de negar aquella parte de sí mismos que sólo la muerte borra. Dionisos-Baco es apaciguado con ceremonias públicas periódicas que suspenden la urbanizada rutina. La embriaguez extática se reconoce y domestica a la vez transformándose en rito religioso, y la vanidad de un poder político llamado a la mera represión será regularmente abolida en el éxtasis festivo común[69].

Tal es la enseñanza de Eurípides, y sin duda la de aquellos otros trágicos griegos que escenificaron en obras desaparecidas la triste historia de Penteo (cuyo nombre significa etimológicamente «duelo»), el gobernante que quiso imponer la sobriedad en nombre de un orden siempre frágil cuando pretende ignorar las prerrogativas permanentes de lo subterráneo. La ilustración griega parece dejar dicho a la posteridad que cualquier phármakos puede confortar a los juiciosos, pero castigará con segura demencia a los insensatos, tanto como a sus paranoicos perseguidores.

La creación del problema (1909-1929)[70]

«Muchas veces nace la enfermedad del mismo remedio.»

Gracián, Máxima 123.

En términos bastante proféticos, un neurólogo y psiquiatra americano de finales de siglo comentaba que el uso de substancias psicoactivas, y en especial de las drogas descubiertas en el XIX (morfina, heroína, cocaína y barbitúricos, fundamentalmente), se vinculaba a una «fragilidad» de la civilización avanzada, y crecería enormemente a medida que pasasen los años[71]. Lo que no sabía es que a este evidente factor iba a añadirse como condición decisiva de expansión la convocatoria de una auténtica Cruzada por parte de un grupo, en principio muy reducido, de empresarios morales (moral enterpreneurs), de acuerdo con el término acuñado por algunos sociólogos americanos contemporáneos. Procuremos seguir el asunto paso a paso en los comienzos.

La morfina comienza a fabricarse en los Estados Unidos en 1832, por la Rosengarten and Co., de Filadelfia, origen de la multinacional hoy conocida como Merck, Sharpe & Dohme. Poco después se le unen los laboratorios Parke-Davis, que junto con la Bayer alemana elaboran una parte considerable de los opiáceos y la cocaína comercializados en Estados Unidos. Desde 1870 su negocio es floreciente, y van aumentando las importaciones de opio crudo, que tocan techo en 1902, al alcanzar las 250 toneladas. Preocupados por el aumento en el número de personas dependientes de preparaciones opiadas y morfina, las autoridades sanitarias federales instaron a principios de siglo la creación en el Congreso de un Comité para estudiar la adquisición del hábito. El resultado de sus investigaciones fue que si bien desde 1898 a 1902 la población había crecido sólo el 10 por 100, la importación de cocaína había aumentado en un 500 por 100, y la de morfina, en un 600 por 100. Se trata de la primera voz de alarma, y no está de más precisar que 1898 —el año elegido para iniciar la investigación— fue el año con más baja importación de opio desde 1865, debido a un hecho tan decisivo como la puesta en vigor de la tarifa Dingley (un severo arancel) a finales del año previo. Dicho en otros términos, si en vez de considerar 1898 el Comité hubiese considerado 1897, en vez del incremento medio del 550 por 100 habría detectado un incremento —desde luego no despreciable, pero bien distinto— del 30 al 40 por 100[72].

Por lo demás, el Comité no se permite otras exageraciones, y calcula en unos 200.000 a los individuos que consumen cotidianamente grandes cantidades de opiáceos y cocaína en todo el país. En efecto, 250 toneladas de opio no permiten sostener a más de 200.000 adictos anualmente, aunque las exageraciones de los primeros prohibicionistas, pocos años después, insistan en cuadruplicar o quintuplicar la cifra. Las investigaciones de cierta seriedad, con fondos y patrocinio oficial[73], hechas entonces o poco después, hablan de unos 200 ,000 usuarios constantes, sumando opiáceos y cocaína.

Ha de tenerse en cuenta que hacia 1900 hay un sistema de venta prácticamente libre, con abundante promoción publicitaria, semejante al ahora vigente para el alcohol y el tabaco. En algunos Estados había restricciones, pero en otros no, y cualquiera podía solicitar por correo (en el peor de los casos) las drogas al peso, tanto en estado puro como en preparados. Bayer, por ejemplo, anunciaba a la vez su aspirina, su morfina y su heroína, recomendando este último fármaco hasta para el tratamiento de los nervios en niños pequeños. El control existente por entonces —como el vigente en Europa— provenía de la necesidad de respetar tres zonas de influencia, correspondientes a los tres estamentos en juego, que eran los fabricantes de drogas, los boticarios y los médicos. No era posible comprar un kilo de cocaína pura sin ciertas dificultades, porque entre el fabricante y el comprador se interponían el detallista o farmacéutico y el recetador o médico.

Los fabricantes nunca vieron en los boticarios un verdadero enemigo, porque gracias a ellos llegaba al público en forma fragmentada, y por lo mismo mucho más cara, un producto que en bruto y al peso (como acontecía con los antiguos herbolarios) disfrutaría de un régimen económico totalmente distinto. Sin embargo, la clase médica sufría de pocas defensas ante el intrusismo, y sus representantes gozaban de una condición social y económica poco elevada, por la escasa severidad de las condiciones requeridas para el ejercicio de la profesión y el gran número de practicantes. De hecho, todo el estamento médico se encontraba en una situación análoga a la que hoy aqueja, por ejemplo, a los técnicos dentarios, que realizan buena parte de las actividades por las que el dentista cobra luego un alto precio, dadas las elevadas exigencias de formación vigentes para ese gremio. A finales del siglo XIX, la Asociación Médica Americana era una institución todavía débil, que apenas integraba al 30 por 100 de los practicantes, y tanto para sus asociados como para los demás médicos resultaba vital disponer de cierto control sobre los otros dos estamentos; su desarrollo y su promoción social dependían de un monopolio sobre la determinación de las medicinas admisibles y la persona a la cual se recetarían. Durante miles de años, los herbolarios sólo vendían sus productos, sino que los recetaban previo un diagnóstico más o menos sólido, y en esas condiciones no había otra posibilidad para los médicos que tener un buen ojo clínico o verdaderas dotes terapéuticas, cosa expuesta a los azares de la fortuna y no asegurada por diploma alguno.

Sin embargo, las aspiraciones de la clase médica como corporación en ascenso tropezaban además, y frontalmente, con las del estamento farmacéutico. Desde sus orígenes, la Asociación Farmacéutica Americana luchó por impedir que los médicos pudieran registrarse como farmacéuticos y hacer de sus consultas auténticos dispensarios, estableciendo una relación directa con los fabricantes. Esta curiosa dialéctica hará que unos desconfíen de otros y mantengan relaciones que, en el mejor de los casos, pueden considerarse de armisticio. En la superficie hay una perfecta complementariedad, porque el supremo bien de la salud pública exige personas capaces de producir medicinas puras y personas capaces de administrarlas en cada caso particular; pero cuando se trata de dispensar agentes psicoactivos la fina capa de acuerdo se rasga aquí y allá, como habrá ocasión de comprobar pronto.

Hay, pues, dos elementos aislables en la génesis del «problema» de las drogas en el siglo xx: el uno general y difuso (la «nerviosidad» del hombre contemporáneo) y el otro estamental-económico. Falta por mencionar un tercero que es quizás el decisivo, vinculado a los rituales expiatorios. Los historiadores —Musto, Sinclair, Lindesmith, Kolb, Sandmeyer— son unánimes en considerar que los orígenes del prohibicionismo en materia de agentes psicoactivos (empezando por el alcohol) se encuentran en el revival puritano que comienza a cobrar fuerza a mediados del siglo XIX. El Partido Prohibicionista, fundado en 1869, tuvo su apogeo justamente a finales de siglo, cuando bajo la presidencia del general J. Bidwell obtuvo 271.000 votos de un total de 12 millones[74]. Curiosamente, este partido existe aún y, a pesar de sus escasos miembros, logró la proeza de obtener una Enmienda a la Constitución, la más estable recordada por los tiempos, y, subsidiariamente, activar la puesta en marcha de una legislación sobre «narcóticos» de alcance hoy planetario, aunque nadie haya sido capaz todavía de producir una definición farmacológica de «narcótico», donde entren todas las drogas ilícitas y ninguna de las lícitas. Hay unanimidad también entre los historiadores en afirmar que el prohibicionismo incluyó desde sus orígenes una antipatía ante el crecimiento de las ciudades, vinculada a sentimientos anticatólicos y —muy particularmente— a prejuicios étnicos o sociales, sobre todo opuestos a los emigrantes tardíos, por parte de las clases medias WASP (en particular la secta evangélica y, más tarde, la fundamentalista y la nativista).

El tercer gran elemento que ayuda a comprender los orígenes de la Cruzada contra los drogadictos son las sucesivas minorías étnicas que «minan» la sociedad americana. Tratándose del alcohol, los identificados inicialmente como culpables son los irlandeses, que ya en tiempos de Cromwell habían sido vendidos como esclavos en el mercado de Virginia, seguidos más tarde por escandinavos, judíos e italianos. Tratándose del opio, los culpables son los chinos de San Francisco y Nueva York. Ambos grupos, además de viciosos, tienen para la mano de obra ya establecida el vicio adicional de trabajar más y por menos dinero[75]. En cuanto a la cocaína, el cliché aparece ya en el artículo de un tal coronel J. W. Watson en 1903: «amenaza con liquidar a las gentes de color del Sur», ante todo «debido a una bebida gaseosa hecha en Atlanta y llamada Coca-Cola»[76]. Algo después, el doctor Koch, convocado por el Congreso de Filadelfia, mantuvo que «la mayoría de los abusos deshonestos y violaciones de negros a blancas en el Sur son el resultado del cerebro enloquecido por la coca»[77]. Puede no ser casual que el miedo al negro cocainizado coincida con el momento álgido de linchamientos, segregación legal y exclusión del derecho al sufragio, esto es, con el estallido de las tendencias más regresivas en esa amplia zona. «Los datos —comenta un investigador muy meticuloso— no sugieren que la cocaína causase la ola de crímenes, sino que la anticipación de una rebelión negra inspiraba alarma entre los blancos»[78]. Esto no evita que el mito crezca hasta el punto de hacer que la policía sureña cambie su arma reglamentaria del calibre 32 al 38, «porque los negros cocainizados necesitan balas mayores»[79]. Sin embargo, el estado más castigado por la «plaga» sólo hospitalizó a dos usuarios de cocaína entre 1909 y 1914, cuando era ofrecida y propagada libremente[80]. Años más tarde, el chivo expiatorio serán los mexicanos, cuya emigración plantea problemas sindicales análogos a los de irlandeses, judíos, suecos, italianos, chinos y negros, y cuyo específico elemento contaminante es la marihuana, a quien se atribuirán «incontables crímenes».

I. LOS PRIMEROS EMPRESARIOS MORALES

Cuenta A. H. Taylor[81] que «los misioneros americanos en Extremo Oriente tuvieron el papel decisivo a la hora de inducir a los Estados Unidos para que asumiesen la jefatura mundial en el movimiento contra el tráfico del opio». Es su peculiar espíritu el que se percibe, por ejemplo, en una declaración de la patronal farmacéutica en 1903, cuando este gremio está obteniendo fabulosos beneficios con la venta de psicofármacos:

«El asesino que destruye el cuerpo de un hombre es un ángel comparado con el que destruye el alma y la mente de otro»[82].

Dos años después, en 1905, es un senador —H. W. Blair— quien escribe una carta al reverendo Wilbur S. Crafts, superintendente de un organismo creado hace poco, el International Reform Bureau, donde se dice:

«El movimiento prohibicionista debe incluir todas las sustancias venenosas que crean o excitan apetito no natural. La meta es una prohibición planetaria»[83].

Pero resulta notable, y por lo general poco conocido, que la iniciativa del Departamento de Estado americano con respecto al opio se encuentre ligada al propósito de intervenir en el chino, y a la captura de Filipinas concretamente. Los Estados Unidos declararon la guerra a España el 25 de abril de 1898 con el modesto saldo de 341 muertos, obtuvieron Puerto Guam, las Filipinas y el control de Cuba. Los filipinos los americanos un vehículo para conseguir su independencia, pero como los Estados Unidos consideraron que el país «no estaba preparado para el autogobierno», comenzó una guerra mucho más dura y prolongada contra los insurrectos, que sólo lograron ser aplastados en 1902, tras un pacto con la oligarquía local. llegó para hacerse cargo de la diócesis de Manila el obispo les Henry Brent, episcopaliano, cuyas iniciativas principales para proveer a la salud espiritual del pueblo filipino tuvieron dos intenciones: erigir una catedral con dinero estadounidense, «para demostrar la benevolencia de nuestro pueblo»[84], y librar a Filipinas, y a Asia entera, del «azote» opiómano[85]. De Brent se cuenta que veía el problema de los «narcóticos» como «un asunto moral», independiente de consideraciones farmacológicas. Su argumentación no carecía de originalidad. A su entender, no tenían ni podían tener otro uso que el médico. «¿Y el alcohol?», se dice que le preguntó T. Roosevelt. A lo cual él repuso: «No, señor presidente, el alcohol tiene un alto valor en calorías»[86].

A instancias de Brent, poco después de su llegada se pone en marcha un Comité para estudiar el problema del opio[87], cuyo informe —para desilusión de Brent y el frente episcopaliano— sugiere al Congreso americano reconsiderar el proyecto de prohibición absoluta a partir del 1-III-1908. La recomendación fue rechazada, y se mantuvo el criterio inicial, arbitrando que desde 1905 expedirían licencias especiales a usuarios inveterados, poniendo su disposición servicios para la cura de su «mal». En 1906, por ejemplo, se concedieron DNI de opiómano a unas 12.700 personas, pero aunque en todos esos casos la licencia se otorgaba previa consulta médica y oferta de tratamiento, sólo diez personas lo solicitaron[88]. Evidentemente, se trataba de salvar malgré soi, en la línea paternalista típica, que G. Dworkin definió como «aquella interferencia en la libertad de acción de una persona justificada exclusivamente por razones que se refieren al bienestar, las necesidades e intereses de la persona a la cual se coacciona, cuando este bien no es reconocido por ella»[89].

I. I. La situación en Filipinas

Desde 1840, el Gobierno español mantenía un monopolio estatal (semejante al arbitrado siglos antes con respecto al tabaco), cobrando un impuesto a los comerciantes dedicados a la venta de opio para los miembros de la colonia china allí. Sólo se permitía que los chinos lo adquiriesen, aunque no había dificultad alguna en que un filipino o español acudiese a fumaderos o lo comprara a un chino. Al retirarse España y comenzar la verdadera guerra, las importaciones de opio se dispararon, por motivos obvios, a los que vino a añadirse la epidemia de cólera de 1902 en un momento donde para la ciencia médica el poder antilaxante del opio resultaba vital. Maniatados por el conjunto de factores, Brent y sus obispos auxiliares vieron que el uso de la maligna (evil) substancia —otrora panacea— se extendía a toda la población nativa.

El gobernador americano en Filipinas (el futuro presidente Taft) y su equipo laico, incluyendo los funcionarios de Sanidad, propusieron restablecer el sistema español y aplicar los ingresos fiscales resultantes a fines de educación popular. La iniciativa provino concretamente del delegado de Instrucción Pública, J. Smith, y el proyecto de ley siguió los trámites de rutina «hasta ser electrocutado por el rayo presidencial», como dijo el reverendo Wilbur Crafts, director del International Reform Bureau americano[90]. En efecto, el reverendo dijo haberse enterado «casi por casualidad de este ultraje moral: ¡un gobierno haciendo de alcahuete con las ansias de opio en razas degeneradas!», y organizó a toda prisa una oposición que no tardó en bombardear la Casa Blanca con cartas y telegramas pidiendo a Roosevelt que vetara el proyecto.

Puede asegurarse que este folleto de Crafts, con su referencia a razas degeneradas, constituye en Occidente el primer documento oficial del prohibicionismo absoluto en materia de opio, y que la acción combinada de semejante texto con entrevistas y correspondencia de Brent y Roosevelt[91] produce la primera resolución administrativa pertinente, que es un telegrama del secretario de la Guerra, Eliju Root, al gobernador Taft: «Retenga el proyecto de ley sobre monopolio del opio. Investigación adicional. Muchas protestas»[92]. No ha intervenido ni un médico, ni un farmacólogo, ni un científico social. Un reverendo anabaptista y un obispo episcopaliano han puesto en marcha el mecanismo.

I.II. Antecedentes de la reunión en Shanghai

Es el momento oportuno para preguntarse qué acontecía entre China y los Estados Unidos por esos años. Tras un período de continuas provocaciones y violencias, a nivel popular tanto como sindical, que suscita diversos linchamientos de chinos en San Francisco y Nueva York, especialmente, la tensión entre ambos países llega a su clímax cuando el Congreso americano excluye la mano de obra china. En una carta privada, es el propio presidente Roosevelt quien declara: «Nos hemos conducido escandalosamente con los chinos en este país. Algunas de las atrocidades cometidas por las turbas han sido casi tan lamentables como lo que hicieron los propios chinos durante el estallido Boxer»[93]. Naturalmente, la excusa de algunos participantes en los linchamientos es que los chinos toman opio, y eso corrompe a América. Pero las razones de fondo son claramente odio racial y problemas laborales: los chinos trabajan mejor y más barato. De hecho, en ningún momento la brutalidad antichina recae sobre reconocidos opiómanos, y las agresiones se hacen sobre la base de sus características raciales.

La respuesta de los comerciantes chinos a los linchamientos desde 1902 a 1904, y al Chinese Exclusion Act, fue decretar un embargo voluntario de bienes americanos en 1905, que el financiero J. J. Hill consideró «el mayor desastre comercial sufrido jamás por América»[94]. De hecho, varios grupos de presión —comerciales e industriales— comenzaron inmediatamente a urgir soluciones de Gobierno. Con su proverbial política del big stick, Roosevelt pide al Congreso 100.000 dólares para enviar marines a Extremo Oriente, y es entonces —el 24-VII-1906— cuando recibe una carta de Brent urgiéndole a que organice una conferencia internacional «para ayudar a China en su batalla contra el opio», y fortalecer su Cruzada particular en Filipinas. Era un momento oportunísimo para reducir la tensión con China, y el presidente no dejó pasar la ocasión. Sobre el nexo de esta iniciativa humanitaria con los intereses económicos americanos hablan dos escuetos datos, entre otros muchos. Uno fue que Taft, gobernador aún en Filipinas, apoyó la carta de Brent con una propia donde atribuía el boicot chino al Chinese Exclusion Act, «una ley injustamente severa que amenaza una de las mayores presas mercantiles del mundo... el comercio con cuatrocientos millones de chinos»[95]. El otro fue que el encargado de convocar la conferencia escribió al secretario de Estado diciendo: «Nuestra iniciativa de ayudar a China en su reforma del opio puede usarse como aceite para suavizar las aguas revueltas de nuestra agresiva política comercial allí»[96].

En vez de gastar los 100.000 dólares en marines, Roosevelt dijo al Departamento de Estado que pidiera 20.000 para tres Commissioners que investigaran el «mal» y prepararan la conferencia. Uno era Hamilton Wright, un abogado joven y ambicioso, que acababa de contraer nupcias con una dama de buena sociedad política, cuyo único problema personal era el alcohol[97], y que llegaría a ser considerado «el padre de las leyes americanas sobre estupefacientes». El otro comisionado era C. C. Tenney, un antiguo misionero en China, y el tercero —presidente de la Comisión— fue el propio Brent. Una vez más, los clérigos se encuentran en franca mayoría. Los farmacólogos son innecesarios.

Tan pronto como el Comité entró en funciones, el fogoso Wright obtuvo una audiencia del Congreso y planteó la necesidad de «tener una legislación represiva nacional, para salvar la cara en la Conferencia de Shangai». Precisamente así —como cuestión de salvar la cara ante una reunión convocada por el obispo Brent, el reverendo Crafts, un misionero metodista (Tenney), y un joven abogado con grandes ambiciones políticas— comienza a plantearse la cuestión de una ley federal sobre el opio. Teniendo en cuenta que la iniciativa era directamente suya, la ineludible «necesidad» de esa legislación se emparenta con una profecía autocumplida en el más estricto sentido de la palabra. Con la promesa del Congreso de estudiar benévolamente el problema —que en principio desbordaba completamente la competencia del legislativo federal, y requería nada menos que una Enmienda a la Constitución, tarea titánica en términos administrativos—, los cuatro representantes americanos se trasladaron a Shangai para reunirse con sus invitados. Lo que llevaban en cartera como delegación era básicamente la propuesta de Brent: prohibir todo uso no médico del opio. Nadie pidió a un médico su opinión.

I.III. La Conferencia de Shangai

De los trece países que finalmente aceptaron acudir a la convocatoria norteamericana, Turquía no compareció y Persia envió a un mercader (en opio) no diplomático. Las demás delegaciones mostraron un educado pero distante interés por las propuestas. Los delegados europeos no lograban entender que la más antigua y extendida cura para tantas afecciones fuese «maligna e inmoral» si no se empleaba en casos especialísimos, durante breve tiempo y por orden de un médico, cuando ningún médico formaba parte de la iniciativa. Cuando el representante alemán propuso que los Estados Unidos tomasen las oportunas medidas domésticas, si el país lo creía oportuno, Wright expresó lo que sigue siendo el inquebrantable lema estadounidense en la materia, esto es, que sólo una represión internacional «defendería» a su país de una agresión «exterior». En efecto, este argumento ha justificado que durante siete décadas los Estados Unidos inundaran el mundo con sus agentes psicoactivos sintéticos y semisintéticos, permitiéndose chantajes políticos a otros países productores de fármacos no patentados que desembocaron en exfoliaciones de bosques, envenenamiento de grandes áreas rurales, destrucción de cosechas y —en general— una clara injerencia en sus asuntos internos. Ha hecho falta llegar a 1983 para que un organismo internacional como la OMS se atreviera a sugerir que prácticamente todo el llamado Tercer Mundo padece una invasión de sedantes, estimulantes y somníferos farmacéuticos mucho más grave en cantidad que las importaciones ilegales de agentes psicoactivos «padecidas» por América.

Pero volvamos a seguir de cerca las actuaciones, Para corroborar sus insólitas propuestas, Wright añadió algo no menos fuera de lo común: los gastos del servicio de aduanas se reducirían notablemente, «pues necesitaremos menos agentes para proteger a cada país del contrabando». Como es obvio, la prohibición elevó al cubo el personal del Custom Service.

Tras cuatro semanas de negociaciones (que Wright consideró «decepcionantes» en privado y «un gran éxito» cuando informó al Congreso) se formularon varias Recomendaciones (no Resoluciones), entre las cuales sólo dos satisfacían algo las esperanzas de la delegación americana. La Recomendación II pedía que «los gobiernos tomasen medidas para la gradual supresión del opio fumado», más perjudicial, desde luego, que el administrado por cualquier vía distinta de la intravenosa. La Recomendación IV proponía que «las naciones no exportaran opio a naciones cuyas leyes prohibieran la importación». Descontentos con el resultado global, los representantes americanos propusieron la celebración de una nueva Conferencia en fecha inmediata, pero su propuesta no prosperó. Fue un factor influyente en ello la falta de interés mostrada por Inglaterra, Francia y Alemania, y que el mayor productor en aq ellos años —Turquía— prometió no aparecer.

I.IV. Preparativos para una legislación federal represiva

La causa prohibicionista ganó nuevo impulso cuando llegó a la presidencia W. H. Taft, amigo personal de Brent, que se decidió a respaldar la incesante actividad de Wright. Este centraba sus esfuerzos en conseguir la aprobación de una ley federal contra el opio, y creía haber encontrado un modo de sortear la Constitución usando las prerrogativas «tributarias» de Washington. Se trataba entonces de conseguir un sponsor en el Congreso, y para ello era preciso hallar un diputado sensible a «una legislación que preservase o recobrase la moralidad». Nadie parecía más indicado entonces que J. R. Mann, a cuyos desvelos se debía ya la retorcida ley Mann o de «Tráfico de Esclava Blanca», un precepto federal que prohíbe trasladar de uno a otro Estado a mujeres con fines inmorales. Mann puso en duda la viabilidad del enfoque fiscal de Wright, y presentó un proyecto basado en la regulación del comercio interestatal (1908). Sin embargo, la acción combinada del Departamento de Agricultura, los fabricantes de fármacos y los boticarios derrotó rápidamente su iniciativa.

Dos años más tarde, un diputado por Vermont, D. Foster, presentó al Congreso un nuevo proyecto, pensado para prohibir todo tráfico y uso no estrictamente médico de «opiáceos, cocaína, hidrato de cloral y cannabis, por mínimas que fuesen las cantidades»; las violaciones se castigarían con «no menos de un año de cárcel y no más de cinco», de acuerdo con su gravedad respectiva. El Foster Bill iba apoyado por un curioso informe de Wright[98], donde se presentaba a médicos y farmacéuticos como gente de poco fiar, básicamente inescrupulosa, y se aducían estadísticas —sin duda ciertas— estableciendo que el consumo de estupefacientes (narcotics) era de ocho a diez veces mayor entre médicos y enfermeras que en otras profesiones. En cuanto a la cocaína, sin pecar de originalidad, Wright aseguró que «estaba demostrada su conexión directa con el delito de violación de blancas por los negros del Sur, y con el tráfico de esclavas blancas»[99]. Era la primera vez que Wright mencionaba la cocaína en sus escritos, pero Foster y otros congresistas pensaban que traer a colación un cliché tan operativo en el Sur serviría para convencer a los demócratas de esos Estados, tan reacios siempre a aceptar intrusiones del poder federal. El informe de Wright terminaba reconociendo el verdadero estado de cosas:

«La meta del proyecto de ley es traer todo el tráfico y el uso de drogas a la luz del día, y crear con ello una opinión pública contra su empleo»[100].

Resultaba claro, desde el principio, que la opinión mayoritaria no era consciente del «mal» ni, por eso mismo, se sentía realmente inclinada a aniquilarlo. Se trataba, como en la Conferencia de Shangai, de crear una opinión pública, cosa no difícil en aquellos años de revival religioso y nacionalista. El adicto a estupefacientes (aunque se tratara de estupefacientes no adictivos como la cocaína o el cannabis) era presentado como una amenaza antiamericana análoga al peligro amarillo, los rojos comunistas o los delincuentes sexuales. Una vez más, aparecía un sujeto capaz de compendiar toda la basura de una sociedad, y respecto del cual las buenas gentes podían sentirse unidas en la piadosa tarea de descontaminarse liquidando a otro. Este tipo de cura proyectiva se encontraba directamente ligado a prejuicios étnicos, como tuvimos ocasión de ver, que mencionaban «razas degeneradas», «aborígenes viciosos» y «cáncer racial»[101].

I.V. El debate sobre el proyecto Foster

Como los desvelos de Wright habían logrado la convocatoria de una conferencia internacional sobre el opio en La Haya para 1911, el presidente Taft dirigió al Congreso un mensaje especial (redactado en buena medida p el propio Wright) donde declaraba que la iniciativa de Foster a «una necesidad apremiante». A consecuencia de todo ello, la da sesión del 61 Congreso americano, celebrada el 31-V-1910, fue un día memorable. Ante el Comité de Modos y Medios de la Cámara se sucedieron intervenciones no siempre alejadas de lo hilarante. A título meramente ilustrativo mencionaré algunas.

El diputado C. West, fiduciario de los intereses farmacéuticos, se quejó de que el texto legal propuesto era demasiado complicado, de ejecución engorrosa y equivocado, por incluir como drogas adictivas la cocaína y los derivados del cáñamo; finalmente, pidió una legislación que no impusiera «demasiados líos al comercio». El diputado F. B. Harrison propuso que se incluyeran en el proyecto de ley «la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todas esas cosas que se venden a los negros en el Sur». El diputado H. Boutell sugirió que una ley severa crearía contrabandistas y no resolvería el problema de la adicción, a lo cual Harrison repuso que si hubiese menos venta habría menos consumidores y menos necesidad de contrabandistas. Cortando este particular diálogo de sordos, el presidente de la Cámara Baja, S. Payne, opinó que «una ley severa disuadirá a los boticarios a la hora de vender ese tipo de cosas». Aunque muchos legisladores ardían en fervor antialcohólico, el doctor Schieffelin afirmó que si bien el alcohol no presentaba «un verdadero peligro», los opiáceos representaban un peligro «conducente a la muerte y casi seguro a la demencia». El señor Woodruff, un jurista que representaba a seis grandes firmas fabricantes de drogas, negó la indiferencia del estamento farmacéutico ante la salud pública; al contrario, sus representados habían luchado infatigablemente desde mediados del siglo pasado para «quitar de las manos de los traficantes la morfina y la cocaína», y reafirmó que «el bienestar de este país depende del bienestar de sus fabricantes». El doctor Muir, que hablaba en nombre de la Asociación Médica Americana, empezó advirtiendo al Comité que el día anterior se habían reunido quinientos farmacéuticos en Brooklyn para estudiar medios eficaces de vetar la ley; añadió que —a su entender— sólo una educación de los ciudadanos podría controlar el problema del abuso de drogas, y que a las informaciones últimamente difundidas sobre la cocaína se debía, sin duda, la visible disminución de su consumo en Nueva York. Como un extraño entre extraños, y usando un argumento cuyo origen está en Juan Crisóstomo, Muir sugirió que si se prohibía el opio porque puede hacer daño, a pesar de todo el bien que hace, bien podríamos prohibir los automóviles, a pesar de todas sus ventajas, porque pueden atropellar. La intervención fue seguida por otra de un curioso personaje, C. B. Towns, que preconizó el proyecto de ley si incluía el cáñamo, «pues no hay droga en la actual farmacopea capaz de producir tan agradables sensaciones […], y de todas las drogas terrenales ninguna merece tanto estar prohibida». Como representantes del Bureau of Quemestry habló el doctor Wiley, apoyando en líneas generales el proyecto, aunque propuso incluir la cafeína en la lista de sustancias controladas[102].

Terminada la sesión quedó claro que la victoria se inclinaba hacia el criterio representado por la patronal fabricante, la NWDA (National Wholesale Druggists Association), dispuesta a que se prohibiera lo que fuese, pero sin papeleo, controles severos ni graves condenas para los boticarios y mayoristas de productos farmacéuticos. Su semanario —el American Druggist and Pharmaceutical Record— anunció en el número de marzo de 1911, en primera página y con grandes titulares: «Liquidado el proyecto Foster.» En realidad, uno de los grandes problemas de fondo eran las medicinas de composición secreta (propietary medicines), como «El amigo del niño», «La loción de doña tal», «El tónico del doctor cual», «El jarabe relajante de fulano», etc., que si bien estaban hechos casi siempre con opiáceos y cocaína, se negaban a caer bajo la etiqueta infamante del «estupefaciente».

I.VI. Las Conferencias de La Haya

Sin ley represiva a nivel doméstico, por tanto, la delegación americana acudió a la primera Conferencia sobre el opio de La Haya, entre sospechas de una conspiración internacional opuesta a la American Crusade. Sus miembros eran Brent, Wright y —por primera vez— un farmacéutico californiano, H. J. Finger, designación que mortificó a sus otros dos compañeros por considerarlo un simple técnico frío, sin conocimientos de Derecho internacional[103]. En efecto, ha habido ocasión de ver que los datos farmacológicos han sido siempre lo de menos en toda esta iniciativa, y no es de extrañar que la inclusión de un farmacólogo hiciese temer por el «espíritu» de la actitud a tomar.

La primera Conferencia (diciembre de 1911) resultó algo decepcionante. Turquía siguió negándose a asistir, y Austria-Hungría no acudió esta vez. Inglaterra sólo quería hablar de morfina y cocaína, y Alemania protestaba en nombre de su formidable industria farmacéutica, alegando que Suiza no estaba presente y aprovecharía las restricciones en su privado beneficio. Portugal defendía su industria del opio en Macao, y Persia sus ancestrales cultivos. Holanda estaba implicada en el tráfico de opio, morfina y cocaína en las Indias Orientales. Francia se encontraba dividida entre los ingresos provenientes del consumo de opiáceos en Indochina y el temor a verse inundada por los productos de sus colonias. Japón afirmó ignorar por completo el motivo de las acusaciones que se le hacían, en el sentido de introducir masivamente morfina y heroína, así como hipodérmicas, en el continente chino. Rusia tenía una sólida industria de cultivo de adormidera, de tamaño medio, y Siam procesaba una considerable cantidad de opio crudo. Italia, que sólo compareció el primer día (aunque tuviera los más altos índices de cocainomanía de Europa, como sucede hasta el día de hoy), puso como condición para participar que se incluyera el tema del cáñamo.

Cuando la delegación americana insistió en no adoptar «recomendaciones», sino «resoluciones», y que el convenio resultante fuese sometido a ratificación por los legislativos de cada Estado, los presentes —se trataba de 12 países— adujeron que se hallaban ausentes 46 naciones, y entre ellas las más comprometidas en el tráfico de opio y cocaína (Turquía, Suiza, Bolivia y Perú). La delegación alemana aprovechó, además, para recordar a la americana que tanto su prisa por poner en marcha el convenio como la severidad pretendida se armonizaban mal con la falta de una legislación represiva propia, La consecuencia de todo ello fue que el Convenio quedó en suspenso, pendiente de que los otros países se adhiriesen, y que su principal estipulación no fuera la prohibición de todo uso no estrictamente médico de narcotics, sino un «control» de la preparación y distribución de opio médico, morfina, heroína, cocaína y cualquier otro derivado que «mediante pruebas científicas resultara igualmente peligroso». Quedaban exentos de ese control los preparados que contuviesen menos del 0,2 de morfina y menos del 0,1 de heroína o cocaína. Las partes se comprometían a «esforzarse» por controlar su propio tráfico con esas sustancias, y delegaban en las legislaciones de cada país la instrumentación de las medidas oportunas.

Este criterio repugnaba a la delegación americana, imbuida de un convencimiento ecumenista, y motivó la Conferencia de Ginebra sobre el opio en 1925, cuya principal finalidad era establecer el principio de las restricciones internacionales, y no sólo nacionales, al uso de estupefacientes. En realidad, para cuando se produzca la Conferencia de Ginebra ya no se emplea la problemática etiqueta del «estupefaciente» salvo en ciertas partes del convenio, hablándose para lo demás de «drogas ilícitas». Lo legal empezaba a sobreponerse explícitamente a lo farmacológico. Al no comprometerse con ningún criterio unitario, o siquiera químico, sobre agentes psicoactivos a prohibir, hablar de drogas «ilícitas» resultaba mucho más claro que meter en un saco al opio y la cocaína, dejando fuera alcohol y barbitúricos, como «estupefacientes adictivos». En otras palabras, los Estados ya no estaban protegiendo a sus ciudadanos de algo claro como sustancias creadoras de hábito (y síndrome abstinencial), sino de ciertas substancias que, por razones morales o políticas, les parecía oportuno prohibir.

Como sólo firmaron 13 naciones, se convocaron una segunda (1913) y una tercera (1914) conferencias a fin de incorporar a los países faltantes. Para cuando concluyó esta última (29-VI1914), las presiones norteamericanas en América Latina y en el resto del mundo habían logrado que firmasen 44 gobiernos. Sólo Serbia y Turquía seguían negándose. Sin embargo, menos de la mitad de los Estados habían ratificado el pacto, y apenas cinco (Estados Unidos, China, Holanda, Noruega; Honduras) lo pusieron en práctica desde el año siguiente. De hecho, tres días después de concluir esta tercera Conferencia era asesinado el archiduque Fernando en Sarajevo, y estallaba la Primera Guerra Mundial.

La inteligente estratagema angloamericana de incorporar el Convenio de La Haya como sección 295 del Tratado de Versalles (1919) hizo que prácticamente todos los gobiernos del mundo suscribieran las restricciones acordadas por apenas trece en 1911. Introduciendo la Cruzada contra el estupefaciente en la Sociedad de Naciones, los Estados Unidos habían logrado una proeza en apenas diez años. Brent y, sobre todo, Wright fueron sus artífices, aunque con desigual suerte; Brent se sintió hasta el final de sus días un mártir de la fe en tierras de infieles, y Wright fue expulsado poco antes de la última Conferencia de La Haya (1914), debido a sus excesos con la bebida[104]. Dos años después fallecía, presa de la amargura y el hígado simultáneamente.

II. LA LEY HARRISON

Nos encontramos todavía en Estados Unidos, a comienzos de 1912, y H. Wright ha buscado como padrino para sacar adelante su ley federal a F. C. Harrison, un demócrata sureño, de quien se esperaba que convenciese a sus colegas de región. Para fabricantes y farmacéuticos, su proyecto adolecía del mismo vicio que el de Mann y el de Foster, esto es, no permitir específicos con pequeñas cantidades de opiáceos o cocaína[105]. Pero el país estaba cada día más maduro para las medidas prohibicionistas y, considerando inevitable la adopción de un proyecto u otro, los fabricantes y boticarios crearon dos asociaciones, la NAMP (National Association of Medicinal Products) y la NARD (National Association of Retail Druggists), para resistir del mejor modo posible. La Asociación Farmacéutica Americana, temerosa de perder prestigio y aún poco influyente, adoptó una postura de apoyo al principio prohibicionista, aunque criticó —como la NAMP y la NARD— los excesivos engorros de registrar cada venta en detalle. La Asociación Médica Americana, que había pasado de 8.500 miembros en 1900 a 36.000 en 1913, apoyaba sin reservas la entrada de Washington en el campo de la Sanidad.

II.I. La polémica entre dispensadores de drogas

Desde 1912 a fines de 1914 se produce un interesante conflicto intergremial. Los boticarios consideraban que la actitud de la Asociación Médica Americana era puro lobbying y public relations para aumentar su poderío político[106], y la propia Asociación Farmacéutica Americana no vaciló en declarar oficialmente que los médicos pretendían usar la ley federal para montarse dispensarios privados de drogas de acuerdo con su inveterada costumbre. Para defenderse de la «traición» de la clase médica se convocó la National Drug Trade Conference (NDTC), como principal interlocutor del Congreso. Tras largas negociaciones a nivel subterráneo, la NDTC firmó un borrador de Bill que remitió a la Cámara Baja. Wright estaba airado, porque el proyecto había sufrido modificaciones que lo suavizaban notablemente. El registro de recetas era mucho menos estricto; los médicos quedaban facultados para recetar sin limitación cuando tenían el paciente a la vista[107]; podían seguir obteniéndose en tiendas de alimentación y por correo muchos remedios de autor con pequeñas cantidades de opiáceos y cocaína; no se gravaban las drogas al peso, y sólo quedaban sometidos a control el opio, la morfina y la cocaína. El hidrato de cloral (de efectos análogos al barbitúrico), el cáñamo y la heroína quedaban fuera de la normativa federal. Como dijo el Comité de Modos y Medios del Congreso, «el proyecto de ley tenía la aprobación de los intereses médicos y comerciales»[108]. Sin embargo, cuando el Bill llegó al Senado comenzaron nuevos forcejeos de pasillo, y se autorizó —con gran escándalo para los farmacéuticos— que los pacientes solicitasen por vía postal drogas controladas[109].

Al fin, la ley fue aprobada el 14-XII-1914, tras apenas unos minutos de deliberación. Su naturaleza de norma meramente reglamentaria en la esfera administrativa —igual en principio a preceptos sobre importación de alimentos en lata, funcionamiento de la Casa de la Moneda o condiciones para concurrir a una licitación de obras públicas— obvió la necesidad de modificar la Constitución, o, mejor dicho, permitió sortearla. Sin embargo, que la ley Harrison requería una Enmienda lo probará el hecho de que, una semana justa después, el tercer período de sesiones del Congreso aceptaba un pliego con seis millones de firmas pidiendo la Ley Seca. El portavoz de la Cámara Baja, O. W. Underwood, que había intervenido decisivamente para lograr la aprobación de la ley Harrison, no vaciló en calificar la condena del alcohol como «una maquinación tiránica para establecer la virtud y la moralidad mediante leyes». Curiosamente, no se le ocurrió el mismo argumento para otros agentes psicoactivos.

II.II. La naturaleza jurídica de la ley Harrison

Así pues, la originalidad de la ley Harrison fue presentarse como una norma exclusivamente registral y no como una ley penal sustantiva, ya que en otro caso habría requerido —como la Ley Seca— una derogación de la norma constitucional, y concretamente la suspensión de los derechos a la intimidad, la libertad de conciencia y la búsqueda personal de la felicidad, recortados en virtud de un criterio paternalista ausente por completo de la Constitución americana. Sin embargo, el Bill era en realidad una ley penal sustantiva, y durante los primeros años su vigencia encontrará dificultades serias en la esfera judicial cada vez que sus «provisiones tributarias» se manifiesten en su verdadera naturaleza de normas policiales represivas. J. H. Beal, director del Journal de la Asociación Farmacéutica Americana, y uno de los principales negociadores de la NDTC, dijo entonces que si la ley Harrison fuese usada para obtener police powers sería «declarada anticonstitucional de inmediato»[110] criterio compartido por el Public Health Service federal[111] y por cualquier jurista con mínimas nociones sobre Derecho público norteamericano. En realidad, todo el Bill obedecía al principio de Brent (cualquier uso «no médico» de ciertas drogas es «inmoral»), y el gigantesco problema planteado de inmediato al entrar en vigor el precepto fue determinar qué podía entenderse por «médico» y «no médico» en relación con la moralidad.

Para empezar, la inmensa mayoría de los adictos norteamericanos eran yatrogénicos o de origen médico, entendiendo por tales a quienes contrajeron el hábito usando medicinas recetadas por algún facultativo. En segundo lugar, nadie se atrevió a discutir siquiera que los médicos y el personal terapéutico (incluyendo boticarios) eran el sector más propenso, con mucho, a la adicción. Sumada una cosa y otra, parecía evidente que los casos de adicción eran casi siempre problemas «médicos». Pero, en tercer lugar, desde 1914 se consagra legalmente algo tan poco «médico» y tan delirante desde el punto de vista farmacológico como que el opio y la morfina promueven apetitos criminales, arruinan los órganos reproductores y causan demencia, mientras otras drogas como el alcohol o los barbitúricos son inocuas medicinas, o fármacos con escaso potencial de abuso. En realidad, al «uso médico» se superponía la «moralidad», que en definitiva proponía el no uso (como veremos en seguida). De poco sirvió que verdaderos investigadores en farmacología se opusieran como hizo L. Kolb, del Health Service, cuando declaró en una comparecencia ante el Congreso que «había más violencia en un galón de alcohol que en una tonelada de opio»[112].

Los buenos oficios de los primeros empresarios morales, aliados con el elán prohibicionista y nacionalista americano, lograban dar la vuelta a un criterio inmemorial en medicina. Apenas unas décadas antes, los manuales anglosajones más respetados consideraban el opio y sus derivados «sin duda el remedio más importante y valioso en toda la farmacopea»[113]. Más contundente aún era la opinión de G. Wood, titular en la Universidad de Pennsylvania y presidente de la American Philosophical Society:

«Se percibe una sensación de plenitud en la cabeza, seguida pronto por una sensación general de deliciosa paz y comodidad, con una elevación y expansión de toda la naturaleza moral e intelectual que es, según creo, el más característico de sus efectos. No hay la misma excitación incontrolable que se observa con el alcohol, sino una exaltación de nuestras mejores cualidades mentales, un aura más cálida de benevolencia, una disposición a hacer grandes cosas, pero noble y benevolentemente, un espíritu más devoto y una mayor confianza en uno mismo, junto con una conciencia de poder. Y esta conciencia no se equivoca del todo, porque las facultades imaginativas e intelectuales son elevadas hasta el punto más alto compatible con la capacidad individual. Al cabo de algún tiempo esta exaltación se hunde en una serenidad corporal y mental, apenas menos deliciosa que la excitación previa, y termina en sueño al poco tiempo»[114].

Por supuesto, Wood conocía la posibilidad de adiccionarse al opio, pero consideraba que sus efectos eran menos peligrosos para el individuo y la sociedad que los del alcohol, por no destruir los tejidos orgánicos y por la naturaleza misma de los efectos de ambos fármacos. «Es satisfactorio —añadía— saber que este vicio puede corregirse sin gran dificultad, si el paciente realmente lo pretende. El sistema adecuado es una disminución gradual de la dosis, en cantidades casi imperceptibles, que conduce a la cura en algo más de un año»[115].

Treinta años más tarde, de estos criterios de Wood sólo resta la confianza en la cura, aunque se tratará de remedios distintos a cualquier «mantenimiento» en el vicio. El progresismo prohibicionista creyó desde el principio que el problema de la adicción tenía soluciones ad hoc, perfectamente científicas, y durante los primeros años de vigencia de la ley Harrison florecieron muchos remedios expeditivos e «infalibles». El tratamiento más famoso, con mucho —que llevó al Senado a su inventor, el iletrado C. B. Towns—, era una pócima hecha con «una parte de ceniza de corteza de árbol, una parte de beleño y dos de belladona», a la cual se añadían estricnina y grandes dosis de aceite de ricino[116]. Años después, la Asociación Médica Americana consideró que la cura sólo podría producir «diarrea, delirio y ruina física» —Y, en efecto, produjo varias defunciones—, pero en esos años cualquier expediente rápido resultaba bienvenido. Towns, que cobraba de 200 a 300 dólares por cinco días de administración de su ponzoñosa cura, se sentía orgulloso de «no haber tenido un resultado negativo jamás», lo cual quedaba probado —a su entender— porque sólo el 1 por 100 de sus pacientes «regresaron para recibir nuevo tratamiento». Cabría preguntarse cómo es posible que los poderes públicos autorizasen «tratamientos» semejantes, inventados por alguien sin la más elemental formación en medicina y farmacia; no obstante, la razón es obvia: el optimismo terapéutico estaba en relación directamente proporcional con la inaceptabilidad del verdadero estado de cosas. El estado de cosas, entonces y ahora, es que no existe una cura m a eficaz para la adicción. Curar al adicto con el remedio de Towns no es en sí más seguro que curar a los brujos y lujuriosos medievales con el potro de tortura o la hoguera. Pero en ambos casos dejaba intacta la buena conciencia de los censores.

II.II.I. El problema de la posesión y la dispensación

Al aprobarse la ley Harrison, el principal problema jurídico era saber si las infracciones a ella podrían ser otra cosa que falta de inscripción en el, registro especial[117] o negligencia en llevar los libros reglamentarios. Sin embargo, ya desde su creación en 1919, el Departamento de Control de Estupefacientes había aclarado por boca de su director, F. Richardson, «que se sentía justificado para revocar la autoridad de médicos y boticarios, en lo que se refiere a tratar con drogas y dispensarlas a los adictos». Los médicos no debían pensar que iba a corresponderles definir por sí solos el «uso médico».

¿Era delito federal la posesión de «estupefacientes»? La sección 8 de la ley determinaba que el poseedor debía probar que los había obtenido «legalmente», y, dada esa circunstancia, la respuesta debía inclinarse por la afirmativa. Este tipo de prueba, llamado tradicionalmente probatio diabolica, por exigir la demostración de una negación, implica grandes dificultades e invierte el curso normal del proceso, donde la carga de la prueba incumbe a quien acusa.

¿Cómo interpretar el adverbio «legalmente» en ese caso? Tal como en el caso de hechiceros y endemoniados, la diferencia se cifró en la eticidad exterior del decoro. Si el sujeto había obtenido la droga tras una consulta rápida y barata con un médico de clientela miserable, la posesión provenía de un «mero alcahueteo con las ansias de diabólicos drogados» (dope fiends)[118]. Si el médico dispensaba a pocos adictos, tras un detenido examen de cada uno, y cobrando lo adecuado a una clientela más distinguida, la conducta del doctor no sería «alcahueteo», sino «tratamiento». Tampoco durante la caza de brujas constituía una prueba irrefutable de comercio con potencias diabólicas el hecho de tener o usar ungüentos, sino sólo el hecho de tenerlos o usarlos cuando la persona carecía de la probidad inherente a una buena posición social. Se trata de la diferencia entre magia blanca y magia negra, cuya incierta línea divisoria tratará de definir el Tribunal Supremo federal cuando hable de «buena fe» en el médico y el boticario. Buena fe significa en la práctica no mezclarse con drogadictos, y no defender ningún «mantenimiento» en el vicio. Si el vicioso era una persona respetable en principio, procedía su «tratamiento», aunque fuese recibiendo dosis de la substancia prohibida, con la esperanza de lograr más adelante su colaboración activa.

La posesión de drogas prohibidas —por una ley exclusivamente vinculada al registro y tributación de ciertos productos— no sólo implicaba, pues, un riesgo para el mero usuario, sino para su dispensador. El delito de conspiración para vulnerarla se basaba sobre la suposición inatacable de que el mantenimiento de una adicción era conducta terapéutica ilegítima, incompatible con la «buena fe». Fueron todas estas consecuencias, con la consiguiente situación de inseguridad jurídica para los ciudadanos, el motivo de que algunos jueces reaccionaran.

II.II.II. Las reservas iniciales del poder judicial

Un juez de distrito en Kansas City rechazó, en 1915, los cargos de falta de inscripción fiscal contra un consumidor de «estupefacientes», considerando que —en cuanto consumidor— no le estaba permitido registrarse. La solidez jurídica del argumento (no acusar de falta de registro a quienes están excluidos por principio del registro) ponía en cuestión el conjunto de la ley Harrison y sus sinuosos caminos de incriminación. De ahí que el fiscal general enviase de inmediato instrucciones al correspondiente fiscal de distrito de Kansas City, advirtiendo «lo importante que es para el Gobierno no sufrir una derrota en cuanto a la constitucionalidad del precepto». Instrucciones semejantes recibieron otras fiscalías, porque —en palabras del fiscal general adjunto, Wallace— «los jueces americanos sienten dudas sobre la constitucionalidad de la ley, y en la mayoría de los casos parecen opuestos a ella»[119].

Es un momento dramático para el prohibicionismo, que amenaza bloquear el atajo utilizado para rehuir los problemas de una enmienda constitucional. La judicatura no necesitaba ser convencida de las razones prohibicionistas, pero exigía que los preceptos se aplicasen de acuerdo con su naturaleza, y una norma tributaria difícilmente se traducía sin mediaciones en norma de Derecho penal sustantivo. El clímax se alcanza con el caso de un médico, el doctor J. F. Moy, a quien el Departamento de Estupefacientes acusó de un uso «no médico» de drogas. El alegato fiscal le atribuía recetar algo menos de dos gramos de morfina «no por razones médicas, sino para suministro de un adicto». Se pretendía enseñar al médico a ser médico, y el juez de instrucción de Pittsburg demolió el argumento con razones simples: «No es requisito exigible que el adicto esté registrado, ya que no importa, produce, comercia con, dispensa, vende o distribuye morfina de acuerdo con los términos de la ley [Harrison].» Recurrido el fallo por la fiscalía, el tribunal de apelación entendió que la ley Harrison era una norma tributaria, y que desbordar esa esfera implicaría «violar las previsiones de la Constitución de los Estados Unidos». El caso se elevó entonces al Tribunal Supremo, que por una mayoría de siete a dos confirmó las sentencias precedentes. En otras palabras, la más alta autoridad judicial rechazaba sin paliativos los argumentos del Gobierno para solicitar amplios poderes policiacos en nombre de la ley Harrison[120].

El Departamento del Tesoro (autoridad tributaria) no vaciló en decir que «esta sentencia del Tribunal Supremo hace prácticamente imposible controlar el tráfico de drogas estupefacientes por parte de personas no registradas, pues la mera posesión de cualquier cantidad de esas drogas no es prueba de un delito, y el Gobierno se ve forzado a asumir la carga de la prueba en cada caso, lo cual resulta difícil de sacar adelante»[121]. En otras palabras, la policía y los fiscales consideraban abusiva la vigencia de los principios del Estado de derecho —junto con las oportunas garantías procesales y sustantivas vigentes para cualquier otro delito— en el caso de los «estupefacientes».

La tensa situación se mantuvo tres años más, sometidos los jueces a la presión de sentirse estorbos en la American Crusade contra drogas diabólicas, hasta que dos sentencias del Tribunal Supremo aceptaron el criterio del Tesoro en 1919. Una casaba la libre absolución de un médico que había recetado quinientas tabletas de morfina a un paciente[122], y la otra declaraba que la terapia de mantenimiento era «una perversión semántica», indigna de un médico[123].

II.II.III. Eficacia terapéutica de la ley

El año de 1919 marca la segunda victoria del prohibicionismo federal, y es aquel donde se prepara la prohibición del alcohol igualmente. Aunque la encuesta hecha por un Comité del Tesoro indica que puede haber un total de 238.000 adictos en los Estados Unidos[124] el propio Comité consideró que la «cifra real» podría elevarse a un millón o más, y la noticia de esa gigantesca plaga social cayó en un momento de singular fervor nacionalista. Los atentados de bolcheviques contra líderes e instituciones, las grandes huelgas y los complots anarquistas determinaron no sólo el endurecimiento de la represión en materia de psicofármacos, sino en el terreno político, con manifestaciones tan sobresalientes como las razzias rojas de ese año. El mismo mes en que se producen las sentencias del Tribunal Supremo federal hay un artículo en el Times[125] que preconiza «cocer en aceite» a los médicos culpables de proveer a adictos.

Con todo, subsiste el problema de la cura o tratamiento, que si bien en los primeros años es cosa evidente y sencilla, va mostrándose más y más problemática con el curso del tiempo. En 1921, un informe confidencial dirigido al Surgeon General, cargo equivalente al director general de Sanidad, redactado por el doctor Dumez —miembro del Comité especial del Tesoro para asuntos relacionados con la ley Harrison—, indica que sólo hay un 10 por 100 de curas, y que «nuestros actuales métodos de tratar la adicción a drogas deben considerarse fracasos»[126]. A partir de entonces, los resultados en este campo son descorazonadores; sólo centros privados y lucrativos de rehabilitación informan de algún progreso. Las «granjas» psiquiátricas de Fort Worth y Lexington, en realidad prisiones indiscernibles de las demás, no logran llegar al 6 por 100 de rehabilitaciones en sus primeros años de vigencia, y un segundo estudio sobre Lexington demostró que de 453 supuestos rehabilitados, sólo 12 (menos del 3 por 100) seguían abstinentes cinco años después[127]. El estudio definitivo, basado en un seguimiento durante doce años, se hizo esperar bastante y resultó demoledor: de unos quinientos «rehabilitados» en Lexington, todos menos diez recayeron; de estos diez, tres habían muerto antes de los doce años, dos eran alcohólicos, tres nunca habían sido adictos (y seguían sin serlo) y los dos últimos continuaban usando drogas ilícitas de modo intermitente[128]. En realidad, ni uno solo de los tratados respondió cumplidamente al tratamiento. Un ensayo en el hospital Riverside, en Nueva York, mostró que de 247 adictos tratados, el 86 por 100 estaban encarcelados u hospitalizados tres años después; sólo el 8 por 100 no seguía siendo adicto, y todos los sujetos incluidos en ese 8 por 100 declararon no haberlo sido jamás, sino casos de reclusión por mera tenencia[129].

Téngase en cuenta que, por estas mismas fechas (1917), el Comité Rolleston ha determinado en Inglaterra algo abominable para los cruzados americanos, aunque asegurase hasta años recientes el más bajo nivel europeo de adictos:

«Morfina o heroína pueden administrarse a adictos en las siguientes circunstancias:

I. Cuando los pacientes se encuentran en tratamiento por el método de retirada gradual.

II. Cuando se ha demostrado, tras un largo intento de curación, que el uso de la droga no puede ser interrumpido completamente sin peligro, vista la gravedad de los síntomas de abstención que produce.

III. Cuando ha sido igualmente demostrado que el paciente, siendo capaz de llevar una vida útil y relativamente normal si se le administra regularmente una determinada dosis mínima, se convierte en incapaz de todo ello al interrumpirse de modo total el suministro de la droga»[130].

De hecho, un informe oficial del Gobierno inglés, «elaborado tras un cuidadoso examen de los historiales de más de cien personas clasificadas como adictas», reveló que «muchos llevan vidas satisfactoriamente razonables, y no vemos, en consecuencia, razón alguna para rechazar la idea del adicto estabilizado»[131].

A datos completamente análogos llegaron las dos únicas investigaciones serias hechas en Estados Unidos antes de concluir los años veinte. En el primero de los estudios, encomendado al entonces director adjunto del Public Health Service, L. Kolb, se investigaron 119 personas adictas a opiáceos por causas yatrogénicas (recomendación médica) y no yatrogénicas. Del conjunto, 90 individuos cumplían en su trabajo con buena calificación, mientras 29 habían adquirido una reputación de seriedad escasa o nula. Según Kolb,

«a juzgar por su trabajo y por sus propias declaraciones, ninguna de las personas vio reducida su eficacia por el opio. Veintidós trabajaban regularmente, aunque llevasen veinticinco años o más tomando opio; una de ellas, una mujer de ochenta y un años, todavía ágil mentalmente, había tomado un quinto de gramo de morfina durante sesenta y cinco años. Parió y crió seis hijos, llevando sus tareas domésticas con una eficacia superior a la normal. Una viuda, de sesenta y seis años, había tomado casi dos gramos de morfina diariamente durante más de treinta y siete años. Se encuentra mentalmente ágil, hace trabajo físico todos los días y se gana la vida»[132].

Los hallazgos de Kolb quedaron confirmados al año siguiente por A. B. Light y sus colaboradores, en una investigación patrocinada por la Asociación Médica Americana. La conclusión de Light fue análoga a la de su colega, y a la del Gobierno inglés:

«La adicción a la morfina no se caracteriza por deterioro físico o lesión de la capacidad física. No hay pruebas de cambios en las funciones circulatorias, hepáticas, renales o endocrinas, Si se considera que esos sujetos llevaban por lo menos cinco años, y algunos más de veinte, adictos a esa droga, estas observaciones negativas adquieren una gran significación»[133].

Los casos investigados por Kolb y Light correspondían al tipo de adicto que había en los Estados Unidos antes de entrar en pleno funcionamiento la maquinaria prohibicionista. Ese tipo, llamado a veces southern white, abarcaba un sector de clases medias formado por rentistas, profesiones liberales, señoras de edad, etc., y hasta que la prohibición no logre marcarlas con su estigma infante, esas personas seguirán siendo en su mayoría gente normal sin el menor indicio de pactos con el diablo. Al contrario, su caso invita a pensar por qué sesenta años más tarde, en el mismo país, de una muestra semejante —obtenida entre yonkis que se administran cantidades diez o veinte veces menores en pureza—, más del 80 por 100 sean criminales perseguidos, todos ellos laboralmente nulos y vaya a morir el 5 por 100 0 más al año por envenenamiento (eufemísticamente denominado «sobredosis»). La innegable evidencia de «adictos estabilizados», sin dramáticos problemas de socialización, contrasta con la destructividad de los pseudoadictos actuales, afectos a sucedáneos inyectados que se adquieren a usureros precios en ambientes delictivos siempre y, en realidad, adiccionados a un papel draculino que compra irresponsabilidad a cambio de introyectar el mito del diabólico usuario de substancias diabólicas.

Pero la ley Harrison es inconcebible aceptando que, sin acoso ni estigma, la mayoría de los habituados a tomar opiáceos o cocaína pueden llevar vidas «satisfactoriamente razonables», por usar las palabras del Gobierno inglés. La adicción es para los prohibicionistas algo metafísico, «mucho más incurable que la lepra», según el cruzado R. P. Hobson[134], y cualquier compromiso con ella equivale, finalmente, a traicionar a Dios.

II.III. El cierre de las clínicas

Desde su fundación, la División de Estupefacientes de la Prohibition Unit, subsección del Tesoro, se propuso cerrar cualquier institución pública o privada dedicada a terapia de mantenimiento o gradual retirada, y encarcelar a los médicos que recetasen opio, morfina y cocaína salvo en casos absolutamente excepcionales, finalmente restringidos a cirugía, casos de gran dolor momentáneo y terapia agónica. Eso determina una reacción entre el personal terapéutico, que se percibe ya en el Medical Record, de Nueva York, cuando en 1921 habla de los médicos como cabezas de turco de una sociedad fanatizada, y advierte sobre «la creciente esclavización de la profesión médica»[135]. El criterio dominante era que el Gobierno estaba molestando inútilmente a sus ciudadanos y ejerciendo un poder injusto y extravagante. Apenas dos años antes, el presidente de la Asociación Médica Americana proponía «tomar medidas contra unos pocos miembros de la profesión renegados y depravados que, uniéndose al hampa, permiten la subsistencia del diabólico e ilícito tráfico de drogas»[136]. A partir de ahora, la clase médica teme que la medicina estatal convierta a los médicos en «empleados».

Sin embargo, la Asociación Médica Americana ha colaborado desde 1910 con el prohibicionismo estricto, y una década después —cuando, gracias a sus buenas relaciones con el ejecutivo, ha logrado poner fuera de combate a la mitad de las instituciones que impartían títulos de practicante en medicina, reduciendo la competencia y aumentando sustancialmente el nivel de ingresos de sus afiliados— la sociedad ha hecho suyo el estereotipo del toxicómano como ser infernal. En la comitiva de esos seres infernales están los médicos diabólicos que pretenden tratar de modo humanitario al adicto. Por una notable ironía, desde 1919 los profesionales en ejercicio tendrán que hacer frente al delito provocado por policías con disfraz de enfermos. Como en los demás delitos sin víctima o de puro riesgo, y al igual que en los procedimientos inquisitoriales, la aplicación de la ley Harrison implica que los represores pueden adelantarse a la comisión de un delito e inducirlo mediante ingeniosas estratagemas. Evidentemente, el sistema no sirve para los verdaderos y permanentes delitos reconocidos por todos los códigos penales (robo, lesiones, violación, homicidio, estafa, etc.), pero tratándose de infracciones a supuestas buenas costumbres —caso de la prostitución, la pornografía, el exhibicionismo, las opiniones políticas, las blasfemias, etc.— las garantías cesan y el inductor recibe carta de absoluta impunidad.

El caso más sonado y revelador de los nuevos delitos sin víctima tuvo por protagonista al doctor E. S. Bishop, que en numerosos artículos y ensayos trató de combatir el «estigma mental y moral» impuesto al usuario de ciertas substancias[137]. Bishop, que consideraba un método «bárbaro, dañino e inútil» no ya la retirada brusca, sino la reducción gradual, abogaba por un suministro legal y barato de droga a los adictos, cuando menos «hasta disponer de alguna cura mejor». Al poco de aparecer su libro fue procesado por recetar un frasco con 20 tabletas de morfina a un agente de narcóticos, que acudió a su consulta fingiéndose toxicómano agudo, y aunque el caso no llegó a verse ante los tribunales su reputación quedó totalmente arruinada. Pudo influir en la falta de condena, aunque no en la falta de absolución, el hecho de que «el Departamento del Tesoro fuese acusado de intentar silenciar su fuerte postura contraria a la interpretación en boga de la ley Harrison»[138].

Hacia 1920, la media de edad para adictos atendidos en clínicas —sobre un total de 10.000 en todo el país— era de cuarenta años, superando los hombres a las mujeres por dos a uno. En Atlanta, por ejemplo, la media era de cuarenta y tres y cuarenta y seis años, respectivamente. En todas esas instituciones (lucrativas en su mayoría) cundía el criterio de que los adictos no deberían quedar privados de suministro sin descubrir antes «algún medio adecuado de cura». Para la Prohibition Unit, en cambio, esa postura no sólo era perverse en sí, sino peligrosa para los jurados comunes, inclinados a creer que el Gobierno debería ofrecer algún tratamiento sustitutivo. Por otra parte, la Cruzada comenzaba a hacer efecto en la población o —si se prefiere— a convertir la creencia pasiva de los prohibicionistas acerca de dope fiends en una creencia activa, arraigada en individuos que se autoconsideran dope fiend. Tras un siglo de adictos en edad madura o ancianos, en 1919 los encargados de aplicar la ley Harrison descubren que, en Nueva York, el 70 por 100 de los heroinómanos tienen menos de veinticinco años[139], que se han multiplicado por cinco en un quinquenio y que, en definitiva, «son el mayor problema de la nación». Quien lo declara es el comandante Porter, jefe de los agentes represores en Nueva York, que calcula en 200.000 el número de heroinómanos de la ciudad. La exageración es tan grosera que provoca un desmentido por parte de A. Lambert, presidente de la Asociación Médica Americana. El interés de ese desmentido reside en que reconoce explícitamente como factor causal de la epidemia a su mismo remedio:

«Es evidente que el número de adictos a narcóticos ha sido enormemente exagerado. Aplicada severamente en Nueva York, la ley Harrison sólo ha producido unos 6.000 adictos, en vez de los cien o doscientos mil alegados»[140].

Lo mismo piensa un director de hospital, el doctor D. Hubbard, con comentarios donde expresa su disgusto por las predicciones apocalípticas de pánico y desasosiego de masas, emanadas insistentemente de la Prohibition Unit. Según Hubbard, las cifras de Porte on «míticas y falaces»[141]. Es uno de los raros casos donde las autoridades terapéuticas oficiales niegan de modo categórico las cifras ofrecidas por el estamento represor.

Vale la pena notar ahora que contra el estereotipo del usuario de ciertas drogas sostenido por el credo prohibicionista comienza a conspirar la influencia cada vez más sostenida del pensamiento psicoanalítico, así como la aparición de gremios nuevos con intención de vincularse al terapéutico tradicional (psicólogos, asistentes sociales, etc.), que coinciden en considerar la adicción como consecuencia de una dinámica psíquica compleja, susceptible de aparición no sólo en seres diabólicos, sino en cualquiera.

Esto no evitará que la Prohibition Unit mantenga una vigorosa política opuesta al mantenimiento, y prometa al país librarlo de esa infecciosa lepra si le fuese permitido cerrar todas las clínicas dedicadas al tratamiento de adictos[142]. Así sucumbieron las clínicas de Albany, Houston, New Haven, Atlanta, Shreveport y Nueva Orleans, aunque no sin algunos problemas. En Shreveport, donde recibían tratamiento 129 personas declaradas incurables, los jueces de distrito y condado, así como el sheriff y el jefe de policía, coincidieron en apoyar a su director —el doctor Butler— ante los ataques federales. La denuncia provino de un agente encubierto, al que Butler describió como «el ser más vil y vulgar con el que haya conversado»[143]. Ese agente afirmó que la clínica distribuía opiáceos a traficantes callejeros y repartía droga libremente entre las prostitutas locales. Para apoyar este informe sin pruebas, el agente incorporó una breve memoria sobre algunos de los pacientes de la clínica, que merece consideración por expresar las categorías en juego:

«E. W., treinta y nueve años, rotulista en paro, Un drogado, puro y simple.

Señorita M. Pesaba 90 kilos cuando llegó a Shreveport y perdió 25. Tiene un aspecto bueno y saludable, aunque dice sentirse mal si le falta su dosis diaria de morfina. Típica drogada sin medios visibles de vida.

Señorita S., treinta y siete años, adicta durante ocho. Una simple drogada rutinaria, con aspecto bueno y saludable.

J, R., cincuenta y cuatro años, morfinómano durante veinte años. Un desastre físico. Mal como posible testigo, debido a su aspecto lamentable.

B. J., prostituta, treinta y dos años, adicta durante doce. El vivo retrato de la salud, complexión fuerte. A nuestro juicio, una simple viciosa.

W. M., conocido contrabandista de alcohol y estupefacientes, expulsado por un comité de moralidad pública[144].

M. P., cincuenta y dos años, tendero, hombre respetable. Querría dejar de drogarse, siempre que le pusiesen difícil el suministro.

S. W. H., treinta y nueve. Ha estado dos semanas sin morfina cuando no pudo obtenerla»[145].

Butler reaccionó airadamente ante la trampa en un artículo[146] y de inmediato fue amenazado con un procesamiento por conspiración contra la ley Harrison. Se le consideró «el más sutil oponente médico a la ley en esa parte del país», aludiendo de modo indirecto al ya mencionado doctor Bishop. Unos meses después, la clínica se clausuraba. Dos años más tarde, la prensa local alegó que se vendía libremente morfina y cocaína en la calle, cosa prácticamente desconocida antes de cerrarse la clínica[147].

Prácticamente sucedió lo mismo en la clínica de Atlanta, donde eran sostenidos unos doscientos adictos. Disfrazado como enfermo, el agente E. C. Ruth consideró que en su mayoría no eran casos «incurables»[148]. Esto motivó la expulsión de la mitad de los pacientes, considerados «curables», y un año después la recomendación de cerrar el establecimiento por las buenas. Vista la ruina profesional de Bishop y Butler, el director de la clínica no vaciló en obedecer, como sus demás colegas en otros lugares del país. Para 1925 no había una sola institución que reconocidamente sostuviese a adictos inveterados. Sólo los médicos a título individual seguían recetando a pacientes, y las calles empezaron a llenarse de drogas ilícitas.

II.IV. Resultados iniciales de la Cruzada

La lógica prohibicionista se basaba en la premisa de que sin clínicas y manteniendo en estado de permanente intimidación a médicos y boticarios el problema quedaría zanjado. En otras palabras, bastaría cortar su suministro a unos 10.000 adictos declarados y reforzar las precauciones en aduanas para conseguir la deseada descontaminación del cuerpo social. Desde luego, lo que sucedió desde 1925 en adelante fue cosa distinta. Convertidos en negocio para cualquier mafia, mitificados por sectores sociales pobres y por parte de los estratos más pudientes (especialmente el mundo del espectáculo y la moda), los opiáceos y la cocaína florecieron más aún que antes de 1914, ahora apoyados en una creciente corrupción de los represores institucionales.

Por entonces, lograr que los Estados Unidos no probasen una gota de alcohol absorbía la parte más destacada de la Prohibition Unit. De sus 2.500 agentes, sólo 170, elevados a 270 en 1929, pertenecían a la Narcotics Division. Había muchas más violaciones de la ley Volstead que de la ley Harrison (en 1920, por ejemplo, el alcohol produjo 45 ,000 condenas, y los «estupefacientes», 3.900). Sin embargo, como las penas derivadas del segundo precepto eran mucho más severas que las derivadas del primero, hacia 1928 un tercio de los reclusos femeninos y masculinos en las prisiones americanas estaban allí por opiáceos o cocaína. Este dato es importante, porque prueba que ya antes de 1930 los toxicómanos aportaban el mayor contingente de reclusos por un solo concepto penal, De hecho, el número resultaba tan exorbitante a nivel penitenciario que llevó a crear las «granjas» de Fort Worth (Texas) y Lexington (Kentucky)[149]. Las escuetas cifras sobre detenciones anuales, desde 1917 a 1828, son las siguientes:

1917: 1.100 | 1921: 4.300 | 1925: 10.300
1918: 1.300 | 1922: 6.700 | 1926: 10.300
1919: 2.400 | 1923: 7.200 | 1927: 8.900
1920: 3.900 | 1924: 10.300 | 1928: 8.700

Los cuatro primeros años suman 8.700; los cuatro segundos, 28.500, y los cuatro últimos, 38.200.

II.IV.I Nuevos problemas con la judicatura

Esta evidente escalada, cuando el problema se tenía por perfectamente atajable doce años antes con simples medidas represivas, suscita nuevas dudas en el poder judicial, a quien la irregular naturaleza de la ley Harrison ha conferido la espada damocleana de declararlo inconstitucional. Se añadían a ello el ya mencionado influjo creciente el psicoanálisis sobre la psiquiatría, y una indignación indisimulada en toda la clase médica. Para ser exactos, los médicos y los represores se disputaban el monopolio sobre los agentes psicoactivos más eficaces de la época. Ya en mayo de 1922, el pleno de la Asociación Médica Americana condenó la «medicina de Estado», y sus representantes llegaron a aborrecer tanto a los agentes de narcóticos que el nuevo comisario jefe de la División de Estupefacientes —H. J. Anslinger— quiso tomar posesión en términos conciliadores, y recomendó a sus subordinados «interrumpir sus pesquisas en la botica de la esquina y con el médico familiar, para ponerse a perseguir traficantes e importadores»[150]. Con esto reconocía la creación de un importante mercado negro. Da una idea de ello que las cantidades de droga incautada pasaron de 500.000 dólares en 1920 a 1.600.000 en 1930[151], lo cual representa un aumento global del 400 por 100, que coincide puntualmente con el incremento de condenas observado durante el mismo período.

Pero si bien en 1920 la Narcotics Division exageraba groseramente los términos del problema, multiplicando por diez o veinte el número de nuevos adictos, ahora —en 1930— su comisario jefe, Levi Nutt, niega en una audiencia con el Congreso que el problema esté creciendo, justamente cuando se ha multiplicado por cuatro en una década. Para empezar, es evidente que el grupo llamado sudista (southern white), formado por blancos de clases medias, mayores de cuarenta años y usuarios de preparados farmacéuticos clásicos, mayoritario en 1914, ha cedido lugar a consumidores de heroína o morfina de contrabando, en buena medida adolescentes, que se concentran en los suburbios pobres de Nueva York, Chicago, Washington y Puerto Rico, siendo dos tercios de ellos negros y portorriqueños; hay también focos de heroinómanos en un cinturón que sigue a la frontera mexicana, diseminados por Arizona, Nuevo México y Texas. Estos consumidores de nuevo cuño, acosados por la persecución y los altos precios, trafican para subsistir y poseen índices muy altos de criminalidad común, absentismo laboral y marginación. Pertenecen a minorías étnicas segregadas, en mayor o menor medida, y si por una parte usan opiáceos para sufrir mejor su miseria, por otra son creaciones puras de la legislación represiva o sujetos que han introyectado el cliché del drogadicto infernal.

Con sus medidas de mantenimiento y su negativa a poner en circulación el estereotipo del dope fiend, Inglaterra tenía en 1930 escasamente mil adictos, todos ellos controlados. Con sus medidas como cruzado moral, el sistema americano había encarcelado a casi 80.000 de 1917 a 1928, y se enfrentaba a cientos de miles más, literalmente nacidos de la Prohibición. Ya no se trataba de gente mayor y empleada, sino de un ejército de miserables identificados con el agresor, abocados a la vida delictiva por su status social y por las condiciones impuestas a la satisfacción de su hábito.

Al mismo tiempo, las protestas del estamento terapéutico comenzaban a alcanzar un nivel estentóreo. El diputado L. Volk, de Nueva York, denunció ante la Cámara Baja «una conspiración para privar a la profesión médica de sus derechos legales acostumbrados», consumada por una legislación inconstitucional[152]. Los engorros de ser acusado como violador de la ley Harrison eran de tal naturaleza —incluso logrando una final sentencia absolutoria— que los agente de la prohibición podían hundir por completo la carrera de un médico o boticario con absoluta impunidad. En 1932, un alto funcionario de estupefacientes admitió «la justificable queja de los profesionales ante el deseo de algunos agentes nuestros de construirse un buen expediente a su costa», y que «nuestros hombres de brega a veces los han metido en cintura con chantajes»[153]. De hecho, a finales de los años treinta las estadísticas del Departamento de Sanidad revelan que, desde su puesta en vigor, la ley Harrison ha motivado en Estados Unidos la detención de 25.000 médicos, 3.000 de los cuales seguían cumpliendo penas de prisión en 1938[154].

Ante el confuso estado de cosas, un indicio de las inquietudes de la judicatura aparece en una sentencia del Tribunal Supremo federal que condena a cierto médico neoyorquino por recetar a un cliente casi 3.000 dosis de morfina[155]. La sentencia se impuso por una mayoría de 6 a 3, declarando que «la mal llamada receta gratificaba un apetito enfermo, fruto de una voluntad pervertida». Sin embargo, tres magistrados —incluyendo al presidente— disintieron, porque «el principio de la buena fe protege al acusado, por necios que sean sus actos». Tres años después sonaba para la Narcotics Division la alarma otra vez, cuando el Tribunal Supremo casó —por unanimidad— la condena a un médico acusado de recetar tres tabletas de cocaína y una de morfina a un informante de la policía. El Tribunal fue contundente:

«La Sentencia de 1922 (caso Behrman) no es aceptable como precedente para sostener que un médico obrando de buena fe no puede jamás dar a un adicto cantidades de droga para autoadministración, a fin de aliviar estados producidos por la adicción misma. Poner en práctica unas normas fiscales no exige semejante regla drástica, y sí la ley Harrison tuviese esa pretensión encontrará sin duda graves dificultades constitucionales»[156].

II.IV.II. La reacción del prohibicionismo

De la gravedad de esta decisión da cuenta el hecho de que el Departamento del Tesoro inició de inmediato trámites para conseguir una enmienda constitucional. La División de Estupefacientes sometió al Congreso un proyecto de ley en siete puntos, de los cuales destacaban: a) prohibir el registro bajo la ley Harrison de médicos adictos, y de médicos condenados por violaciones de ese precepto; b) prohibir todo tratamiento «ambulatorio»; c) responsabilizar en parte a los boticarios de la bona fide en las recetas. Sin embargo, el Congreso rechazó el proyecto, desoyendo el criterio gubernamental de que los Estados Unidos estaban obligados a esa enmienda por haber firmado el Convenio de La Haya.

La situación parece crítica, y es entonces cuando en apoyo del Gobierno se manifiestan numerosas organizaciones prohibicionistas. El general W. B, Wheeler, presidente de la Anti-Saloon League, testifica ante el Congreso que «la necesidad de la ley viene probada por las propias dificultades de su puesta en práctica». Tras declarar en 1920 que «la plaga estaba adquiriendo caracteres de tragedia nacional», el comisario jefe de Estupefacientes afirma en 1928 que el problema se está solucionando. Cree así acallar las críticas de inutilidad y corrupción acumuladas contra la política represiva, y lanza en su defensa a una colección variada de sociedades nacionales e internacionales llamadas a la templanza y la virtud forzosa; es el caso de la WCIAS (White Cross International Anti-Narcotic Society), la INEA (International Narcotic Education Association), la WNDA (World Narcotic Defense Association), la NDL (National Drug League), el Salvation Army y la WAU (World Anti-Narcotic Union), que usando como portavoz a su presidenta, la señor Graham-Muhall —presidenta también de la Federación de Clubes Femeninos de América—, apoyó a la División de Estupefacientes en nombre de «millones de las mejores madres, esposas y hermanas de la Unión»[157]. También apoyaban la medida los Caballeros de Colón, la Leal Orden del Alce, la Orden de la Gruta, la masónica Orden Mística de los Profetas Velados del Reino Encantado, la Benevolente y Protectora Orden de los Renos y algunas otras. El presidente en funciones por entonces, Harding, era miembro de la Gruta[158]. En todos estos documentos y declaraciones los adictos son concebidos como un inmenso y diabólico mal, que ha de ser borrado a cualquier precio.

La respuesta del Tribunal Supremo a este clima, y a las presiones del ejecutivo, fue una sentencia[159] donde por mayoría de 6 a 3 aceptaba la constitucionalidad de la ley Harrison. Junto a esa excelente noticia, que zanjaba los temores de desmantelación para su aparato, la División de Estupefacientes cerró el año con cierta amargura. El asesinato de un gangster hizo que la policía de Nueva York descubriese una lista de personas relacionadas con él en el tráfico de alcohol y estupefacientes; fue una sorpresa descubrir que entre sus asalariados estaban L. P. Mattingly y Roland L. Nutt, yerno e hijo del comisario jefe de Estupefacientes, Levi Nutt[160]. El malestar se superó reestructurando el cuerpo y sustituyendo a su cabeza visible. En lo sucesivo sería Federal Bureau of Narcotics (Oficina Federal de Estupefacientes), y su director —H. J. Anslinger— permanecería en el cargo hasta 1962. Si H. Wright puede ser considerado el padre, pronto desaparecido, de las leyes sobre «estupefacientes», H. J. Anslinger puede ser considerado el tutor ejemplar que las preserva y amplía, durante una égida de seis lustros. Había empezado siendo un agente de la Prohibición para el alcohol, donde sobresalió entre sus colegas como convencido defensor de las medidas puramente represivas, que abogaba siempre por penas más altas para aliviar el mal. Al aceptar el cargo —según dijo en una entrevista— se le aclaró que sólo había una cosa excluida a priori: recomendar clemencia para un dope fiend[161].

El experimento mental[162]

Pocas semanas después de decretar unilateralmente el envío a Bolivia de tropas para destruir laboratorios en la selva, el enérgico presidente Reagan copa los titulares del verano con «una movilización nacional para hacer la guerra a la droga», cuyo primer paso será imponer controles «antidoping» en la Administración y la empresa privada. El llamamiento obedece a cálculos recientes de organismos oficiales norteamericanos, indicativos de que hay en Estados Unidos unos cinco millones de cocainómanos y como tres veces esa cifra de arios esporádicos. Según fuentes policiales, el volumen de neg •o que ese consumo genera podría rondar en 1986 los 100,000 millones de dólares.

A pesar de su enormidad, datos semejantes aparecen mucho en los periódicos y ya no asombran a casi nadie. Quizá se sorprendería algo más el lector remontándose a 1914, cuando entró en vigor el primer control sobre drogas, que contemplaba restricciones a la disposición de opio, morfina y cocaína. El senador Harrison defendió el proyecto de la ley que lleva su nombre apoyándose sobre informes alarmantes de un incremento en importación y consumo desde comienzos de siglo. Los datos aducidos por Harrison eran que los consumidores de estas tres drogas en Estados Unidos no bajaban de 300.000, de acuerdo con estudios hechos bajo los auspicios de la American Medical Association (por los doctores Wilbert, Terry y Pellens), que confirmaron pocos años después los de Kolb y Du Mez para el Health Service. La cifra pareció aterradora en su momento.

Sin embargo, de esos 300.000 sólo correspondían a la cocaína algo menos de la mitad, y conociendo las circunstancias reinantes no sería ecuánime negarles alguna justificación. Antes de 1914 el fármaco se compraba libremente en farmacias y podía obtenerse a granel de los fabricantes usando el correo. Lo recomendaban eminencias terapéuticas como Freud, lo usaban en diversos preparados personajes como Edison, Ibsen, Zola, Verne y Sara Bernhardt. Era consumido en forma de Licor Mariani por el príncipe de Gales y León XIII, que no tuvo inconveniente en prestar su efigie para la etiqueta de las botellas y concedió además una medalla de oro a Mariani. De hecho, el actual azote se propagandeaba tan ampliamente como la aspirina; Parke Davis y Merck primaban al comprador de un paquete grande con un kit que, junto a la droga, ofrecía una jeringuilla con diferentes agujas (uso intramuscular e intravenoso), un pincel con pelo de camello, un artístico tubito para administraciones nasales y un folleto para preparar soluciones líquidas y pomadas. Era cocaína con el 99 % de pureza, no regalada, aunque sí a un precio que permitía a cualquier oficinista adquirir varios gramos diarios.

Las cosas han cambiado desde entonces. Para empezar, los consumidores que no pueden gastarse 100 0 200 dólares al día se han desviado masivamente hacia venenos más baratos como la base y el crack. Pero en las viejas condiciones tenía Estados Unidos 150.000 cocainómanos, y ahora multiplican esa cifra por cuarenta.

El fenómeno es en verdad extraño, por más que tenga lo suyo de previsible. Para explicarme mejor propongo un experimento mental, que no necesita laboratorio distinto del propio raciocinio.

Cierto matrimonio tiene problemas con su hija, que acaba de cumplir los diecisiete años. Aunque sus padres le pidieron que no volviese a casa después de las 10.30, la muchacha se ha negado a obedecer, contesta sin respeto y reconoce haber pasado largos ratos a solas con cierto joven desconocido para la familia, que según la madre podría ser hasta toxicómano, «como tantos hoy en día». Tras una tormentosa discusión en la mesa, y comprobar que la joven no atendía a razones, el padre no vio mejor salida que encerrarla con llave en su habitación. Esto sucedió hace tres meses. Las discusiones y la reclusión han venido renovándose periódicamente.

No creo que sea difícil imaginar el supuesto empírico en un país como el nuestro, tan dado a parejas salidas. El experimento mental consiste en pararse un momento, pensar en la joven y calcular la probabilidad de que, mientras duren los encierros, ella diga de corazón un día: «Queridos padres, qué mal os entendí. Ya no será precisa la llave, porque sólo pienso salir con chicos formales. Volveré lo más tarde a las diez de la noche. Deseo casarme y tener una hija, para educarla como vosotros me educasteis.»

Si la probabilidad de semejante reacción se aproxima a cero y la de otras reacciones —como escaparse de casa o mentir— es incomparablemente mayor, ¿por qué creemos que soluciones análogas funcionarán en el caso de las drogas? Quizás alguien tenga la bondad de aclarármelo. Entre tanto, para comprender la pervivencia de tratamientos que agravan la enfermedad y finalmente reconocen no saber curarla, parece indicado atender a dos cosas. La primera es el valor simbólico de unidad que tiene para un grupo en sí desunido, poder disponer de algún enemigo común o absoluto, de acuerdo con un mecanismo tan viejo como las hachas de sílex; a ese enemigo, quintaesencia del mal, se atribuyen incontables crímenes, y su exterminio proporciona al grupo una sensación de pureza recobrada. La segunda cosa a la que conviene atender son esos 100.000 millones de dólares, o los que efectivamente fueren. El presidente Reagan parece creer que pasan íntegramente al bolsillo de media docena de malignos sudamericanos.

Temo que mientras a escala oficial intenta reconvocarse como nueva una cruzada tan senecta en esencia como la de Ricardo Corazón de León, docenas de miles de personas mueren al año envenenadas por las condiciones del mercado vigente y muchos millones más arriesgan otro tanto cada día. Temo que los narcotraficantes están felices con la prohibición, fuente vital de su realidad, y que desde 1914 las victorias de los prohibicionistas —incluyendo la Ley Seca—— hacen palidecer a las de Pirro. Para ser exactos, sugiero que el chantaje de la posición vigente es plantear como única alternativa al actual engaño y corrupción una inmediata disponibilidad de todas las drogas, promovido el opio por Marlboro y la cocaína por IBM. Sin embargo, la legalización es un engendro tan insostenible como su opuesto. ¿Por qué no legalizamos el aluminio, los libros, el onanismo, los zapatos de gamuza o el tabaco? No necesitamos legalización, sino secularización del asunto, Cualquiera en sus cabales sabe que deshacer el embrollo mítico-ritual disparado con el episcopaliano obispo Charles Brent en 1909, cuando convocó desde su sede en Manila la «cruzada moderna», puede muy bien tomar bastantes años, y que hasta poner las cosas en su sitio sería peligroso prescindir de controles.

La cuestión es saber si el Gobierno norteamericano, instigador del enfermizo remedio ensayado, quiere o no empezar a poner las cosas en su sitio. Quienes ahora llevan las riendas de la cruzada deberían saber que pelean con la química y el sistema nervioso tanto como peleaban los teólogos jesuíticos con el telescopio galileano y las revoluciones del orbe terrestre. Por consiguiente, la opción no es seguir como estamos o desatar un pandemonium de imprevistos. La opción es poner gradualmente las cosas en su terrenal lugar —escuchando el señor Reagan a sus sociólogos, médicos y farmacólogos en verdad competentes, cuya opinión es prácticamente unánime y se desoye hace setenta años——, o bien extremarse en una empresa seudocientífica que no sólo promete inducir crecientes atrocidades sino ahondar el ya escandaloso desprecio a la ley.

Tengamos presente que poner tras de sí el diluvio —bajo la forma de «o mi postura o todas las drogas regaladas a tu hijo en el colegio»— no sólo es radicalmente absurdo, sino una cómoda estratagema para perpetuar la hegemonía de un criterio que hacia 1910 prometía acabar por completo con la droga en pocos años. Pues bien, no hay nada en todo el ancho mundo que corresponda a la droga, y el simplismo —en uno u otro sentido— nos está saliendo muy caro[163].

Para el hombre contemporáneo el desafío radica en canalizar el tesoro de conocimientos y recursos terapéuticos que representan los psicofármacos descubiertos y por descubrir. Es un patrimonio de la humanidad, que diversas facciones han tratado de monopolizar con estrechas miras. Esa sinrazón pudo ser poco visible al comienzo, pero ha ido creciendo en las sucesivas consecuencias hasta desembocar en el absoluto disparate, como ahora acontece. Si ha de producirse un cambio favorable será porque la planificación del problema ha dejado de pertenecer a fanáticos, aprovechados e ignorantes. Mientras esa sustitución no se inicie y tenga por norte —en primer lugar— el libre y detenido examen de las cosas, que no nos hable el presidente norteamericano de nuevos planes.

La era del sucedáneo[164]

En 1979 apareció una variedad de heroína —la China white— que entre los 100.000 adictos californianos parece haber causado en seis años 70 muertes y varios casos de lesiones cerebrales graves. Usando un equipo muy complejo, farmacólogos de la Drug Enforcement Administration (DEA) lograron aislar en algunas muestras un compuesto muy semejante al fentanil, potente narcótico comercializado ya para usos quirúrgicos. Sin embargo, no se trataba de esa substancia, sino de alfametilfentanil, un compuesto patentado en 1970 y aún a la espera de lanzamiento farmacéutico. Por otra parte, algunas muestras se asemejaban también a la meperidina, un analgésico común comercializado como demerol, en una variante conocida hoy por las siglas MPP. Cuando un investigador acudió a la Universidad de Stanford para ampliar información encontró en la biblioteca una nueva sorpresa, porque los principales artículos habían sido recortados con una cuchilla. Era evidente que por lo menos un químico más o menos avezado estaba trabajando en la síntesis clandestina. Nuevas averiguaciones mostraron que ese tipo de substancias había sido ensayado por Hoffmann-La Roche Inc. en los años cincuenta (con letales consecuencias para seis cobayas humanas y dos simios), y luego empleado como herbicida.

Con agentes vestidos de bomberos, la policía californiana logró forzar el domicilio de un sospechoso y sustraer inadvertidamente una muestra de polvo blanco. Desde 1984, la DEA puede incluir con una simple firma (y un año de plazo para justificarla) cualquier nuevo compuesto en la lista de substancias prohibidas, y los agentes confiaban hallar fentanil, alfametilfentanil o meperidina en esa muestra. Sin embargo, lo que hallaron allí fue otra substancia, perfectamente legal pero desconocida: el parafluorfentanil. Frustrados, aunque tenaces, los funcionarios incluyeron no sólo esa nueva substancia, sino 26 compuestos análogos de probable síntesis sucesiva. Con todo, cuando volvieron a capturar un paquete sospechoso, resultó no ser ninguno de ellos, y sus propietarios hubieron de ser puestos en libertad.

Al parecer, se trata de substancias vinculadas a productos muy usados por la industria (el alfametilestireno, el formaldehído y la metilamina). Se dice también que una inversión de 500 dólares en equipo y material puede producir una taza de China white, cuyo valor en el mercado negro ronda los dos millones de dólares. Sus diversas fórmulas son derivados cincuenta veces más potentes que la heroína y su efecto se consigue con pocas gammas o millonésimas de gramo; una tableta de aspirina, por ejemplo, pesa unas 300.000 gammas (0,3 gramos) y la dosis callejera de China white —cargada con algún corte inerte— es de 50 a 80 gammas. Para ser exactos, la millonésima de gramo puede venderse a medio dólar. Esto explica que de 29 laboratorios clandestinos descubiertos en 1972 los norteamericanos hayan pasado a 236 en 1979.

Según las propias autoridades de la DEA, «el campo es ilimitado, porque la naturaleza suministra pautas moleculares para millones de drogas con potencial de abuso». Esto ya se sabía a nivel teórico, y el estado de cosas ha—venido a ponerlo en práctica. Si ciertas masas compran psicofármacos, y si ciertas corporaciones monopolizan su uso, elevando vertiginosamente el precio, a algunos se les ocurrirá buscar psicofármacos baratos donde en realidad los hay, jugando con radicales, átomos de fósforo y compuestos de uso habitual en la industria. No sería extraño que se produjesen hallazgos con esa química doméstica (pues a golpes de azar progresa la ciencia), pero su efecto inmediato no desmerece ya en víctimas a las bombas atómicas. Por otra parte, sería equivocado atribuir el descalabro a las designer drugs, cuyo éxito parece basado en matar sólo al I por 1.000 de los usuarios; los adulterantes menos sofisticados pueden matar al 5 0 7 %, y siguen hallando vendedores y compradores. Para contribuir a la perplejidad, los farmacólogos de la DEA confiesan que «sigue siendo un misterio cómo mata la China white, pues sobrevive sin lesiones un grupo de control que toma dosis cincuenta veces superiores a las halladas en presuntas víctimas de sobredosis».

Lo dicho sobre la heroína sintética se aplica también al hoy célebre crack, de cuyos efectos hablan constantemente los media, aunque sin mencionar —salvo muy raros casos— su composición. Sin embargo, lo esencial para entender el uso de esta droga es su composición. En efecto, la llamada cocaína es un clorhidrato extraído de las hojas del arbusto erythroxilon coca, que primero se convierte por maceración y lavado con hidrocarburos en la llamada PBC o pasta base de coca, conocida también como «base». Sobre esa base —que es un sulfato de cocaína— y empleando elementos muy volátiles (éter o acetona) se obtiene el clorhidrato, no sin perder una muy notable proporción de peso, que dependiendo del «cocinado» y la pureza final pretendida oscila del doscientos al quinientos por cien. El crack es base a la que se añade una cantidad variable de bicarbonato sódico, un polvo blanco baratísimo que suele tomarse para el ardor de estómago.

Importa aclarar que el sulfato constituye una substancia incomparablemente más tóxica que el clorhidrato de cocaína. Su alto contenido en azufre y otras toxinas hace que no sea administrable por vía intravenosa o intramuscular (pues produciría la muerte instantánea o casi instantánea en dosis activas), por vía nasal (pues abrasa la mucosa en una sola administración) o por vía digestiva (debido a inmediatas ulceraciones), lo cual restringe su uso a cigarrillos y otras modalidades de empleo por vía pulmonar. Eso no quiere decir que deje de ser un abrasivo para los bronquios, ni un entorpecedor de la circulación capaz de producir gangrenas en las extremidades, pero antes de que eso sea ostensible pueden pasar semanas o meses. Desde el punto de vista subjetivo, el efecto de la base y el crack se asemeja por intensidad y brevedad a la inyección intravenosa de cocaína, efusión efímera que exige renovarse a los pocos minutos para no caer en sobreexcitación o estados depresivos. Si exceptuamos el uso intravenoso de anfetaminas, quizá no se conoce en toda la gama de hábitos dañinos ninguno tan venenoso y demenciador.

He mencionado como lo esencial del crack su composición, porque el lector de prensa y el televidente pueden creer —atendiendo a las informaciones distribuidas— que millones de americanos en busca de estimulantes son lo bastante oligofrénicos como para preferir esos toscos venenos a la cocaína o las anfetaminas. Habrá excepciones como en todo, obedientes quizás al gancho de la moda, pero el motivo de que mueran o enloquezcan miles de personas al mes en Estados Unidos y otros lugares debido a la base y el crack se vincula exclusivamente a dos hechos muy ligados entre sí; uno son las restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de éter y acetona a los grandes productores sudamericanos de coca, lo cual implica en Bolivia, Perú, Colombia y Brasil muy altos precios para esas substancias, únicas capaces de transformar el sulfato en clorhidrato de cocaína; el segundo es que vender crack resulta de ocho a diez veces más barato que vender cocaína, y abre al producto un mercado de consumidores pobres, antes incapaces de acceder a cualesquiera derivados de la coca. Resulta así que Estados Unidos —principal víctima del uso endémico de tales ponzoñas— es directa y literalmente la causa de que existan y se distribuyan sulfatos en vez de clorhidratos, aunque ni una sola de sus autoridades quiera reconocerlo.

Cuando la legislación sobre estupefacientes cumple sus setenta años asistimos a una transición importante de la toxicomanía a la sucedaneomanía. Un ejército de terapeutas y represores ha acabado enfrentándose a un ejército de traficantes y productores; entre ambos poderes, una masa creciente de usuarios consume día a día más adulteración y se intoxica más gravemente. Sabíamos que la política sobre salud pública en materia de drogas produciría hampa y burocracia, pero no que fuese a llenar la calle de venenos y a provocar la indefensión más flagrante para millones de ciudadanos.

Cualquiera de los fármacos ilegales clásicos fue antes un agente terapéutico reconocido, ensayado cuidadosamente en condiciones de laboratorio y producido por químicos competentes; su abuso mataba, pero no de manera inmediata su uso, mientras la sucedaneomanía contemporánea se basa en cocinas caseras que con un leve exceso o defecto de grados pueden producir una neurotoxina letal, en vez de un compuesto asimilable. La evidente causa es el ánimo de lucro, declarado esencia de la sociedad vigente, que seguirá actuando mientras haya una demanda de aquellos originales que incontroladamente imitan las designer drugs y sus análogos. A las autoridades compete decidir si sigue protegiendo a la salud pública el que sectores sociales enteros hagan de cobayas para un vil negocio en permanente expansión.

Más de uno dirá que los envenenados con sucedáneos se lo tienen merecido por no conformarse con las drogas que les recetó el médico. Será difícil poner en duda, sin embargo, que el motivo explícito para legislar en general sobre drogas ha sido proteger —incluso contra su voluntad— la salud del ciudadano.

Farmacracia y automedicación[165]

La sociedad y los poderes públicos han reparado en que más de las tres cuartas partes de los delitos y reclusos de este país —y de Italia, Francia, Estados Unidos y un largo etcétera— provienen de una causa única. Me refiero al consumo de «estupefacientes». Dos tesis se enfrentan:

1. Con los límites de cualquier política a gran escala, la postura legal en materia de drogas está dictada por razones humanitarias, y es el humanismo puesto en práctica.

2. La postura vigente no se distingue, ni en el fondo ni en la forma, de la vieja expiación ritual para endemoniados y malos espíritus, convertida en grandioso negocio.

Creo que los partidarios de una y otra tesis sólo coinciden en la necesidad de proteger la salud de los menores de edad ante ciertas substancias. De hecho, la desastrosa situación a que ha llevado hoy esta defensa —asumida exclusivamente por los prohibicionistas en sucesivas cruzadas— constituye uno de los básicos argumentos a esgrimir por parte de los radicales.

Atengámonos a España. En trece años los yonkis juveniles se han multiplicado —escuchen bien— en la proporción de dos mil por uno. Como sucedió con Inglaterra, aquí el sistema de recetar heroína al heroinómano fue cortado por detectarse «abusos», y desde ese momento las estadísticas se dispararon. En 1971 sólo existían ochocientos adictos en el país, en su inmensa mayoría individuos de avanzada edad que habían contraído el hábito tras largos tratamientos con algún opiáceo como analgésico, o personal terapéutico (médicos, enfermeras, monjas o familiares de éstos); creo que ya por entonces habría algún yonki, pero no estaba fichado por la policía ni cumplía condena ni esperaba juicio. Hacia esas fechas había en América del Norte por lo menos medio millón de adictos callejeros, y nuestra situación permitía a uno de los expertos oficiales diagnosticar: «Todo indica que en esta materia el problema no existe»[166]. En 1983 el panorama resulta irreconocible: las cifras no incluyen la antigua gama de personas, se refieren a jóvenes en su inmensa mayoría y son estimadas oficialmente en ochenta mil. En marzo de 1985 la televisión anuncia 170.000, y la Coordinadora Nacional de la Lucha Antidroga 114.000[167]. Ese centenar largo de regimientos comete casi todos los atracos y robos, perpetra un sinfín de vilezas, desde canalladas domésticas a matricidios por un poco de dinero, es asesinado impunemente por quienes deciden poner veneno en sus manos llamándole heroína y, en general, vive una existencia a caballo entre la hiena y el gusano. Su mantenimiento le cuesta a nuestra sociedad unos dos mil millones de pesetas diarios, si las cifras son ciertas, aunque no debemos olvidar que el sensacionalismo y la exageración han sido herramientas predilectas de los cruzados antinarcóticos, y que un aumento en el número oficial de adictos supone hoy automáticamente un aumento de plantillas dedicadas a represión, prevención y rehabilitación; las dotaciones para investigación, en esta área, siempre han sido innecesarias dado el general consenso.

El conjunto del problema —la Plaga— resulta inconcebible faltando la Prohibición. Se ha dicho que sin ella una cantidad mucho mayor de personas serían adictas. A lo cual responden los radicales que bien podría ser (la Ley Seca redujo la cantidad de alcohol ingerida por habitante y año), pero que esos adictos no serían precisamente yonkis, que sigue siendo prioritario defender —de verdad— a los adolescentes ante un vicio penosísimo, y que los métodos del prohibicionismo han fracasado en toda la línea. No faltan radicales que niegan incluso el aumento de consumidores a medio y largo plazo, si desaparecieran el encanto y el negocio de la transgresión legal. Como comentaba H. Skolnick ya en 1968, «ni un solo científico social apoya la teoría y la política de la Oficina Federal de Narcóticos... sólo hay una abrumadora conclusión: no funciona»[168]. Peor aún —podríamos añadir casi dos décadas más tarde—, tiene todo el aspecto de funcionar perfectamente en proporción a su propio fracaso, y regala sin duda empleo y rentas a personas y capitales, con un ritmo siempre creciente. Por otra parte, hay la misma unanimidad en el campo prohibicionista, y los estudios hechos por De Rossi en Baltimore sobre escala de gravedad de diversos delitos para los ciudadanos arrojaron notables resultados; vender heroína se consideró más grave, por ejemplo, que el asesinato de un esposo; vender LSD más grave que asesinar a un funcionario público o matar a alguien por una discusión de dinero; consumir heroína más grave que el atraco a mano armada o provocar un incendio, y vender marihuana más grave que el incesto o el chantaje.

No hace falta, en principio, decidirse por una u otra de estas posturas antagónicas, sino tratar la materia con el pensamiento. Sea o no imprescindible la Prohibición, parece fuera de duda que la única vía humanista (no «inquisitorial») acorde con ella misma, y con sus declarados principios, será considerar al adicto como un «enfermo», y tratar a cada uno con la atención, la benevolencia y el apoyo que merecen desde luego los enfermos.

I. EL EXPERIMENTO ROCKEFELLER

Tratar al adicto como un enfermo fue una magnanimidad sugerida por algunos sectores del estamento terapéutico, que acogió por primera vez el Tribunal Supremo americano en una decisión histórica de su presidente, W. O. Douglas, en 1962. Aparentemente, la solución respeta las premisas humanistas y secularizadoras contenidas en la constitución de los Estados Unidos. No obstante, ¿será verdaderamente posible tratar a cada toxicómano con la atención, la benevolencia y el apoyo que merecen los enfermos de úlcera péptica o leucemia, por ejemplo?

Cuando se habla de reducir las pensiones a los jubilados, cuando vemos el trato padecido por quienes sólo pueden acudir a los terapeutas de la seguridad social, cuando no reciben la menor atención y apoyo enormes sectores de la sociedad aquejados por males realmente involuntarios, ¿será posible prestar gratuitamente a cada yonki años de apoyo psicoanalítico, buenos empleos, nuevas amistades y lo demás requerido para un «tratamiento» mínimamente eficaz? Si alguien sigue respondiendo afirmativamente, le recomiendo que haga frente entonces al verdadero interrogante de fondo. ¿No se primará entonces al yonkismo? ¿No se estimulará en toda suerte de desgraciados y consentidos agujerearse las venas durante algún tiempo, si eso sirve para lograr una permanente tutela pública?

Estas cuestiones pueden contestarse con bastante exactitud, sencillamente porque la rehabilitación institucional se viene intentando desde mediados de siglo en América y Europa. El esfuerzo más patético de coherencia con ese planteamiento tuvo quizá su sede en el estado de Nueva York desde 1968 a 1974, que en media docena de años gastó seis mil millones de dólares para derrotar a la heroína.

Tras ser nombrado gobernador del estado, a Nelson Rockefeller —un magnate a nivel planetario— se le ocurrió la idea de subvencionar en servicios y en metálico a algunos yonkis con la condición de que se mantuvieran apartados de la aguja, ofreciendo en ciertos casos cantidades próximas a los mil dólares mensuales. El resultado del plan fue un vertiginoso aumento en el número de aspirantes al estatuto de yonki pensionado; se comprobó también que incluso la pequeña minoría de yonkis efectivamente pensionada hacía trampas de todo tipo, usando el dinero para adquirir droga, revendiéndola luego, etc. La burocracia surgida al amparo del plan consideró sus resultados como «un revés imprevisible en la incansable batalla»[169], y la siguiente iniciativa del equipo Rockefeller fue obtener de la Cámara estatal penas de cadena perpetua para «los traficantes de heroína, cocaína, morfina, opio, hachís, LSD y anfetaminas»; en realidad, el gobernador había estudiado la posibilidad de proponer la pena de muerte para «importadores y mayoristas de drogas ilícitas»[170], mostrando qué cerca se encuentran en el prohibicionismo la humanitaria beneficencia y la espada del ángel exterminador, la ingenua estratagema laica y el rigor bíblico ante la impureza.

Tratándose de heroína —droga de consumo imposible sin «trapicheo», salvo para millonarios como el propio Rockefeller— la condena a perpetuidad logró aumentar el hasta entonces estable precio del producto en el mercado negro, hacerlo acudir de todas partes para satisfacer tan favorable demanda y —cosa aún más llamativa, aunque bien previsible— incrementar vertiginosamente el número de «camellos» adolescentes, pues por debajo de los dieciséis años quedaban excluidos de represión penal[171]. En definitiva, cuando Rockefeller dejó su puesto la situación toxicológica de su Estado le inspiraba un sentimiento de «frustración ante el fracaso». Durante su mandato se produjo uno de los más graves escándalos conocidos en la metrópolis, al «perderse» en el Departamento de Policía heroína y cocaína por valor de muchos millones de dólares[172], y comenzó a percibirse en todo ello algo emparentado con el círculo vicioso. Pensando en la política rockefelleriana pudo escribir Szasz en 1975: «Las autoridades que crean el "problema" pretenden que intentaron "resolverlo" pero " fracasaron". No obstante, si rechazamos esta mitología debemos decir que la "creación" del gobernador Rockefeller fue un inmenso éxito, y logró exacerbar el "problema" que ostensiblemente se puso a remediar.» Este efecto de boomerang caracterizará a todas las Cruzadas previas y posteriores.

II. DROGAS Y USUARIOS

He ahí un somero prólogo a la naturaleza y consecuencias de lo que arriesga la sociedad en este campo. Creo que la elección entre prohibicionistas y radicales, inevitable a la larga, no puede tomarse antes de desentrañar todo un universo de conceptos y pseudoconceptos manejados irreflexivamente; y que debemos abordar el asunto como cuestión merecedora de libre examen desde sus primeros fundamentos, Convendría pensar simplemente, cosa de notable dificultad cuando no sólo cunde la ignorancia sino una indoctrinación desinformante, que pulsa las fibras más explosivas de una pasión expiatoria viva en el corazón humano. Curarse uno exterminando a otro, o asumir como propia la etiqueta infamante proyectada por otro son procedimientos antiquísimos de cura social, que al ejercerse sobre brujas, herejes, réprobos y minorías étnicas han producido sistemáticas masacres purificadoras. La terapia del chivo expiatorio bien pudo ser la primera «medicina» descubierta por el hombre primitivo, y desde el Paleolítico ha suscitado innumerables variantes. Muy significativamente, los chivos o corderos sacrificiales —desde Jesús a los negros crucificados por el Klan— se llaman en griego antiguo pharmakoi.

Tratándose de drogas y usuarios, no parece haber otro humanismo que el de observar con detenimiento, conscientes de estar abordando algo impensado hasta hoy, y recubierto por un ovillo de clichés y estereotipos. La Plaga, el mal du siècle, se detectó en 1914, y desde entonces su cura genera víctimas, verdugos y parásitos en espectacular aumento, Es, pues, uno de los síntomas capitales de nuestra era, de inexagerable valor hermenéutico para comprender algunos de sus aspectos, siempre que no nos conformemos con su caricatura.

Empecemos desde el principio. ¿Qué les parece no atribuir al objeto identificado como droga cosa distinta de las expectativas y la precisa administración que los humanos hacen de él? Digámoslo sin subterfugio: todas las drogas son traicioneras y dañinas, todas «intoxican»; todas tienen o pueden tener también un uso terapéutico o recreativo, y colaborar en la empresa principal de los hombres, que es sobrellevar los avatares de su vida. Esto es lo que quiere decir phármakos en griego clásico: veneno y remedio. No una cosa u otra, sino una cosa y otra. Distinciones santificadas por la legislación —como drogas duras y blandas, drogas creadoras de toxicomanía, drogas creadoras de hábito y drogas inofensivas— cometen el burdo error clasificatorio de mezclar consideraciones heterogéneas que provienen de la química, la psiquiatría y la ética; no son por eso mejores que clasificar el conjunto de los vinos en dulces, blancos y de Albacete, o las aguas en bendita, pesada y del grifo.

Si se quiere decir de otro modo, las drogas somos nosotros, y sólo a través de nosotros obtienen una u otra consideración los ADN de ciertas plantas. Lo demencial, aunque frecuente, es la persecución de panaceas o panapatógenos, de fármacos absolutamente buenos o absolutamente malos. ¿Han pensado en el tanto por ciento de personas que no toman alguna, ocasional o habitualmente? En 1967 la comisión oficial asesora del presidente Lyndon Johnson le dio el disgusto de constatar que «la forma más rara o más anormal de conducta es no tomar ninguna de las drogas que alteran la mente»[173], y añadir que «la popular imagen del diabólico vendedor seduciendo al niño inocente es enteramente falsa». En efecto, nada menos que el Torquemada de este campo, el famoso fiscal Harry Anslinger, líder durante treinta años del prohibicionismo mundial, había comenzado su brillante carrera política con la peregrina pretensión —jamás probada— de que «han sido cogidos villanos mexicanos distribuyendo cigarrillos de marihuana a escolares gratuitamente»[174].

Para colaborar a la confusión, la ingente familia de usuarios y abusadores de substancias que afectan al sistema nervioso central aparece dividida por feroces desavenencias y equívocos. Para una adicta a barbitúricos, digamos con cincuenta años y dueña de mercería, o para un viajante de comercio que trabaja con ayuda de un bote diario de anfetamina desde hace varias décadas, los muchachos de suburbio que fuman marihuana son unos degenerados. Para un gangster morfinómano el tomador ocasional de ácido lisérgico es un comunista, o algo aún peor. Para un borracho de bar la joven que sin demasiado disimulo aspira cocaína en un rincón se está matando con su negro vicio. Para el lumpen heroinómano que busca en el síndrome abstinencial cumplir un rito de iniciación a la cofradía de los muertos vivientes (y valora sus monos como los vaqueros las muescas de su revólver), quien celebra la llegada del otoño en los bosques con un festín de hongos alucinógenos es un imbécil, insensible a los encantos de la marcha. Para un consumidor de combinaciones farmacológicas recetadas, el usuario de drogas sin prospecto tiene algo de sucio; y para el progresista macrobiótico, el usuario de «pastillas» suele ser mala persona. La enumeración podría seguir y seguir. Es el signo de esta hora que hasta en áreas por principio totalmente refractarias, como el deporte, no sólo se observa la presencia constante de drogas ilegales, sino un auténtico baño de fármacos legales que altera profundamente la anatomía y la personalidad de los atletas.

A pesar de vivir bajo constituciones basadas en la libertad —y en su corolario de responsabilidad individual—, cada vez parece pensarse menos en los humanos como seres racionales, y más en ellos como peleles traídos y llevados por agentes externos. Naturalmente, esto justifica en muchos millones de individuos con problemas de identidad y acción— el autoengaño y el interés de definirse como tales. Es exactamente el mismo mecanismo de identificación con el agresor que exhibe magistralmente la película de Dreyer, Dies Irae, en relación con una mujer acusada de brujería, y el de la mayoría de los judíos en campos nazis de exterminio; creerse la acusación constituye una manera de aceptar el kafkiano castigo, y en Auschwitz muchos reclusos acababan siendo más nazis que sus guardianes, aunque eso no les librase de los crematorios.

Un cuerpo inerte (el cigarrillo, el polvo de cocaína, el trozo de opio) usado por un agente dotado de discernimiento se convierte por arte de magia en su contrario, esto es, en una substancia todopoderosa que determina a un cuerpo inerte como el del consumidor. Hay desde luego drogas recientes —los llamados neurolépticos o tranquilizantes «mayores»— que literalmente paralizan a su usuario con una invisible camisa de fuerza (H. Laborit, el primero en ensayar con ellos, los llamó «lobotomizadores químicos»), pero a pesar de su elevada toxicidad, y de inducir una verdadera y prolongada demencia catatónica, no son substancias que se consideren droga, sino medicina; su capacidad para atar al individuo sin necesidad de cadenas hace de ellas el orgullo de la psiquiatría moderna, antes forzada a emplear curas menos asépticas como el electroshock, la malarioterapia, el coma insulínico o la lobotomía quirúrgica. La magia de la «drogueidad» actúa haciendo que las mismas píldoras, en la misma dosis, constituyan tratamiento racional de la obesidad o prueba de una toxicomanía que requiere rehabilitación forzosa, dependiendo del canal por el que fueron obtenidas y de los motivos alegados para tomarlas. Esa misma magia hace que substancias igualmente tóxicas, o adictivas, sean objeto de regulaciones legales totalmente dispares.

Semejantes despropósitos no logran rehuir el hecho de que la voluntad es interior, y desafía con simulacros a cualquier vigilante externo. He ahí el motivo de que la rehabilitación institucional de toxicómanos no haya alcanzado nunca niveles estadísticos superiores al 4 %. Creyendo en las ventajas de la información, y confiando en el juicio crítico de los ciudadanos, los Estados incorporan a los paquetes de cigarrillos una noticia (demasiado lacónica) sobre los peligros de fumar, porque sólo el conocimiento colabora lealmente con la voluntad. Sin embargo, las razones por las cuales basta esa información para unas drogas; las razones por las cuales otras ni siquiera la requieren, y las razones por las cuales un tercer grupo de drogas con efectos análogos y a veces mucha menor toxicidad están fuera del comercio lícito, no pertenecen al campo de la lógica, ni al de la farmacopea, ni aparentemente al de ciencia alguna. Al revés, hunden sus raíces en motivos religiosos y sociológicos, en la estructura del prejuicio y el negocio, en lo que literalmente se quiera, menos en una consideración ponderada del asunto. No son farmacología, sino farmacomitología,

Muchas investigaciones experimentales, algunas anteriores a la Prohibición, han probado que el adicto a opiáceos se encuentra y es «perfectamente normal» mientras mantenga su necesario nivel de droga, sin existir correlación entre su hábito y accidentes industriales, asistencia al trabajo, competencia, cumplimiento de deberes familiares, etc. Lo que en realidad deteriora el organismo es el síndrome abstinencial, y está comprobado sin resquicio de duda que un morfinómano con acceso a un producto barato y puro (un médico, un farmacéutico, un millonario) puede vivir treinta años administrándose dosis diarias que matarían de golpe a diez o quince yonkis callejeros actuales. La confusión reinante nos hace olvidar lo propiamente «malo» de su hábito, que es la rendición de la voluntad a un vicio —no a una «enfermedad», sino a una falta de virtud— que engendra inevitablemente tristeza. Tristeza en el sentido más profundo y global, como disminución generalizada en la capacidad de obrar. La libertad perdida, con una consiguiente ruina de la propia estima, es la maldición con la que carga el adicto a opiáceos. Lo demás es añadido externo.

Qué duda cabe, la heroína es un fármaco tóxico y adictivo; pero hay muchas cosas no menos tóxicas (alcohol, barbitúricos, tranquilizantes «mayores», anfetaminas, tabaco, etc.), y tan adictivas, cuyo uso se confía al entendimiento del ciudadano. El prejuicio racial, el prejuicio social, el autoritarismo ¿acaso no lo son? ¿Acaso matan o hieren menos?

III. ESTADO TEOCRÁTICO Y ESTADO TERAPÉUTICO

Salvo los esquimales, que viven en zonas sin vegetación, todos los pueblos han usado y usan drogas psicoactivas. Clasificadas de acuerdo con las necesidades de sus usuarios, y sin farmacomitología, todas las drogas pueden reducirse a una triple función: las que proporcionan alguna forma de paz interior (sedantes, hipnóticos, analgésicos, embriagadores), las que proporcionan energía o vigilia (estimulantes, antidepresivos) y las que sensibilizan o permiten explorar los sentidos (los llamados alucinógenos). Por alguna razón, las que proporcionan paz son todas adictivas, aunque sus moléculas sean químicamente muy dispares. Las que otorgan inyecciones de energía no suelen producir dependencia física, pero su abuso, facilitado por un alto factor de tolerancia, tiende al de lirio paranoico y a un depresivo agotamiento de las reservas orgánicas. Las que permiten investigar la propia conciencia no producen jamás dependencia física, ni crean tolerancia, pero su uso frívolo tiende a producir pésimos viajes; los pueblos que llevan milenios usándolas se sirven de ellas religiosamente, como enteógenos o invocadores de lo divino.

Paz, energía y viajes, para quienes tienen esas cosas y para quienes no las tienen. Dependencia, agotamiento y delirio como pago del abuso. La ecuación es sencilla. Un quantum de desasosiego, de apatía y de insubstancialidad mantiene y mantendrá, por ahora al menos, el uso de substancias que confieren apaciguamiento y energía, aunque sea en préstamos a plazo corto y con alto interés. Los ciclos culturales pueden alterar las proporciones relativas de ese quantum (por ejemplo, desorbitar las necesidades de estimulantes en el Japón de la postguerra), pero no cambiarle substancialmente.

En los cinco milenios de historia recordada las drogas no representaron problema social y jurídico alguno, salvo —miren qué curioso— a los misioneros de distintas confesiones. Ahora no sólo acaparan el crimen y la corrupción, sino que generan un desprecio sin precedentes hacia la ley. En España, por ejemplo, los informes oficiales hablan de dos millones de usuarios de cannabis (en forma de marihuana o hachís), un millón de usuarios de anfetaminas, un cuarto de millón que utilizan asiduamente cocaína, algo menos del millón dependientes de antihistamínicos y por lo menos tres millones de personas atadas a sedantes y somníferos. Las cifras de la Coordinadora Nacional de la Lucha Antidroga indican que «cerca de 10 millones de españoles consumen algún tipo de estupefacientes»[175].

Para explicar este desprecio ante la ley y la moralidad «pública» se pueden aducir varias razones, aunque quizás hayan acontecido básicamente dos cosas. Por una parte, los farmacéuticos han seguido buscando lenitivos al dolor y la fatiga humana, y de esa búsqueda han nacido muchas drogas; hacia 1972 más de doscientas estaban controladas o prohibidas, y se expendían bajo más de diez mil nombres en los distintos países. Por otra parte, la ruina del Estado teocrático consumada por la revolución americana y la francesa va a dar lugar a la ideología de la cura institucional, que es el Estado terapéutico y su brazo secular, la farmacracia. Lo que antes era tratamiento sacramental de la hechicería, la lujuria y el librepensamiento se convierte en tratamiento «científico» de locos, desviados y usuarios de drogas. El Index librorum prohibitorum sólo dejó de publicarse en 1966, por iniciativa del cardenal Ottaviani, cuando se ultimaban los trabajos preparatorios de ese Index pharmacorum prohibitorum que es la Convención Internacional sobre substancias psicotrópicas de 1971, donde los Estados firmantes abandonan los límites de una caza al estupefaciente (vaporoso concepto, farmacológicamente indefinible) y se lanzan a una protección del «juicio, el comportamiento, la percepción o el estado de ánimo» (art. 2.4). Desde luego, el concepto de substancia psicotrópica resulta todavía mucho más vago y arbitrario que el de narcótico —abarca, por ejemplo, las cartas de amor o las letras de cambio—, pero se alinea de modo perfecto con la ideología que Thomas Szasz llama «terapeutismo».

Para comprender qué significa el terapeutismo nada mejor que oír un momento las opiniones del doctor Benjamin Rush, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, autor del primer tratado de psiquiatría, cuya efigie adorna el sello de la Asociación Psiquiátrica Americana. Un año antes de aprobarse la Constitución, cuando ya había preconizado la prohibición del alcohol, este eminente prócer escribía a un amigo diciendo: «En lo sucesivo quizá pueda ser asunto del médico salvar a la humanidad del vicio tanto como hoy lo es de un sacerdote. Concibamos a los seres humanos como pacientes en un hospital. Cuanto más se resistan a nuestros esfuerzos por servirlos, más necesitarán nuestros servicios.»

Vivimos inmersos en el cumplimiento de esta profecía. La solución para los males es sustituir la tutela eclesiástica por la tutela médica, el estamento clerical por un estamento farmacrático. Además de las intervenciones psiquiátricas forzosas, los tratamientos involuntarios y los mil abusos encubiertos bajo el velo de una protección a la salud mental, el instrumento decisivo de la sustitución fue establecer una política prohibicionista a nivel planetario, desterrando una costumbre inmemorial de automedicación y otorgando al gremio terapéutico el riguroso monopolio de cualesquiera fármacos, a excepción del alcohol, el tabaco, el té y el café.

Las primeras convenciones internacionales no cristalizarán en una acción represiva eficaz hasta terminar la primera gran guerra, y desde entonces hasta comenzar la década de los sesenta se observa un magnífico éxito. Prácticamente puede decirse que las substancias originalmente prohibidas (opiáceos, cocaína y marihuana) desaparecieron del mundo «civilizado». ¿Acaso experimentó una brusca reducción el quantum de angustia, apatía y aburrimiento durante ese medio siglo? ¿Acaso logró la ley, asistida por los poderes farmacráticos, convencer al hombre de que se debe vivir sin droga alguna? Observemos los hechos de cerca. Fueron los médicos quienes recomendaron sustituir el opio por la morfina desde principios del siglo XIX, luego la morfina por la heroína desde finales de este siglo, luego la heroína por la petidina, luego petidina por la metadona. La metadona es cinco veces más adictiva que la morfina y cincuenta veces más adictiva que el opio. No se extrae de una planta sino de alquitranes, y salvo por su potencial adictivo es desde todos los puntos de vista inferior al tradicional extracto de la adormidera.

Lo que el primer siglo de pax farmacrática logró fue una sustitución generalizada; no de drogas adictivas por no adictivas, de narcóticos por «medicinas», sino de fármacos ilegales por fármacos legales. En lugar de tisanas de opio se recetarán barbitúricos o codeína, en lugar de cocaína anfetaminas, en lugar de morfina meprobamatos, en lugar de hachís unas copitas de licor. Los estupefacientes naturales se han convertido en estupefacientes manufacturados, que en vez de poder obtenerse fumando, mascando o cociendo flores y frutos del campo provienen de la urea, como los barbitúricos, o de alquitranes de la hulla y el petróleo, como los opiáceos sintéticos y los tranquilizantes. El boticario local se ha convertido en vendedor para multinacionales farmacéuticas, que poseen sutiles ramificaciones cerca de los organismos internacionales encargados de velar por la salud mundial. Nadie con una mínima formación farmacológica y experimental en la materia puede pretender que la anfetamina sea más sana que la cocaína, que el barbitúrico o la metadona sean menos tóxicos que el opio o la morfina, que el alcohol o el tabaco sean menos adictivos que la marihuana.

Sin embargo, esto es lo de menos para la cruzada terapéutica. A comienzos de los años sesenta sólo los Estados Unidos están produciendo ocho mil millones de tabletas de anfetamina, medio millón de kilos de barbitúrico y cantidades aún superiores de tranquilizantes adictivos, si no miente la Encyclopaedia Britannica[176], que equivalen a más de cincuenta dosis de estimulantes y más de sesenta de sedantes por cabeza al año, incluyendo niños. Si hacemos las oportunas divisiones y multiplicaciones, la producción permite mantener en estado de intoxicación crónica intensa a unos veinte millones de personas. He ahí una interesante cura para los doscientos mil adictos a estupefacientes censados en Estados Unidos a principios del siglo XX. La solución del terapeutismo tiene como salvajada adicional el hecho de que sus víctimas creen tomar medicinas para el riñón o la úlcera, y sólo descubrirán por casualidad que dependen absolutamente de un narcótico.

IV. LOS ESCOLLOS EN EL CAMINO

Aquello que luego acontece, fechable desde el momento en que la contracultura americana denuncia el envenenamiento masivo de la población por supuestos agentes terapéuticos (humanos y químicos) pertenece ya a nuestra generación. La farmacracia responde al ataque incluyendo en la lista de drogas prohibidas a los alucinógenos, pero no puede evitar una restricción en la disponibilidad de los estupefacientes legales. Bastantes médicos resultan expedientados y hasta procesados por recetar «injustificadamente» analgésicos y antidepresivos. El quantum social de desasosiego y apatía reacciona. Una parte acepta la necesidad de acudir a la consulta y obtener lo que antes recibía sin ese rito. Otra parte se rebela contra esa gama de panaceas y busca alternativas. Acosada o comprada por el «sistema» al que pretendía denunciar, la contracultura se ha disuelto sin recurrir a violencia, aunque dejando un hueco donde penetrarán personajes cuya poesía versa sobre el asfalto y el plástico: inversores, malhechores y la gama de polvos y aguja, simétricamente opuestos a la psicodelia rural que Vos precedió. El asunto droga se ha convertido en una empresa económica de formidables proporciones. Está gestándose la escalada mundial, el nuevo azote apocalíptico, la maldición, que multiplica cada año el consumo de «estupefacientes». Grandes programas de gasto público son lanzados para rehabilitar de grado o por fuerza, y su eficacia bordearía el ridículo si no fuese porque alimentan generosamente a la farmacracia misma. Para los forajidos significa pura y simplemente el privilegio de una exención fiscal con precios monopolísticos.

En realidad, que con la persecución el problema aumenta en vez de solventarse ya lo sabíamos de sobra por las cruzadas contra brujos y herejes. Pero la cruzada prohibicionista —ya va siendo hora de airearlo— es estructuralmente idéntica y parecidísima en detalles a la caza ritual de hechiceros y réprobos durante el medievo. Mientras no cunda entre los ciudadanos el convencimiento de que sus fundamentos y sus métodos provienen de una simple superstición autoritaria, y al libre desarrollo de la personalidad, contraria a cualquier interpretación racional del derecho a la libertad religiosa constitucionalmente consagrados, seguirá habiendo una espiral inflacionaria de demanda y oferta, perseguidos y culpables.

De hecho, el número de consumidores crece tanto que los tribunales se ven obligados a distinguir entre usuarios y traficantes, aunque el espíritu original y la letra de la legislación es prohibir el «empleo» (Convención Internacional de 1912, con expresión reiterada en la de 1925), y en particular los ambientes estigmatizados por el uso de drogas ilícitas. Hace menos de quince años la Fiscalía del Supremo español consideraba en su Memoria de 1970 que era «absolutamente preciso incluir entre las infracciones punibles la mera tenencia de droga para consumo», y aunque la iniciativa no prosperó entre los magistrados sí guio la conducta policial hasta bien entrada esta década. Sin embargo, tampoco esta componenda representa una garantía jurídica eficaz para los ciudadanos, mientras no se aborde sin hipocresía la cuestión del suministro real y sus condiciones. El problema del consumidor despenalizado y el traficante perseguido es el acceso a la droga. Si la heroína o la cocaína pendiesen de los árboles, como las manzanas (o estuviesen en cada esquina, como el tabaco de contrabando), sería sencillo distinguir al usuario del mercader, porque el segundo —comiendo o no— almacenaría los frutos y se los llevaría al mercado para venderlos. Cuando no es así, faltando el concurso de algún agente sobrenatural parece imposible acceder a la droga sin participar en una transacción económica, que favorece el tráfico y encubre a un traficante. Los usuarios no conocen en la gran mayoría de los casos sino a otro usuario, y así sucesivamente, hasta llegar a un depositario que quizá se encuentre ya próximo al origen, aunque quizá sea sólo otro hombre de paja. Los usuarios compran para sus amigos, hacen colectas, y al pasar por cada mano el producto tiene serias posibilidades de mermar en peso y pureza. Se trata de inevitables anillos de consumo, pero cada uno de sus eslabones podría en estrictos términos legales considerarse favorecedor del tráfico y, en consecuencia, traficante. Si pensamos que en España hay millones de personas que consumen algún «estupefaciente» prohibido, y un número muchísimo menor de personas cuya subsistencia depende de venderlos, constataremos que la picaresca desatada a derecha e izquierda por la Prohibición pone en peligro la seguridad de ambos casi por igual. La conocida técnica de infiltración en cualquiera de los anillos puede —con la debida paciencia— excitarlos mediante inyecciones de droga o dinero hasta desembocar en la incriminación de cualquier consumidor habitual que, por una causa u otra, deba ser estigmatizado.

Hemos querido ignorar hasta hace poco que la determinación del heroinómano tiene (gracias en buena medida a los mitos de los cruzados represores) tanta firmeza como la del fanático religioso y político, y que ningún precio social o físico ha resultado disuasorio. Algo parecido acontece con el alcohólico, por ejemplo, aunque la legitimidad de su vicio le priva del misticismo draculino adosado al heroinómano. La firmeza del heroinómano resulta un fenómeno tanto más indicativo de factores míticos cuanto que en su mayoría los yonkis callejeros actuales no usan realmente heroína, sino cantidades ínfimas de morfina sin refinar mezcladas con toda clase de sucedáneos, entre los cuales destaca la estricnina, un veneno puro y simple. ¿Quién añade estricnina a la heroína? Es ilógico atribuirlo a los traficantes, que reducen así su clientela. ¿No era la justificación de todo el aparato público metido en el asunto proteger al individuo, incluso en contra de su voluntad? Una vez más, la sinrazón inicial sólo puede provocar sinrazones ulteriores. En el caso específico del heroinómano, el régimen vigente prima con exenciones fiscales y precios monopolísticos al hampa, y crea hampa a ritmo vertiginoso; ofrece, además, un medio perfecto de asesinar, para cualquier persona interesada en ello que conozca a algún adicto.

El italiano Arnao, uno de los más serios investigadores sociales en esta área, ha resumido de modo excelente la situación: «El intento institucional de ilegalizar un vicio individual ha desembocado en la creación de una ilegalidad estructurada para el disfrute de ese vicio, y en la infiltración de la ilegalidad en las instituciones

Szasz ha ido más al fondo aún, al advertirnos que durante la pleamar de otras cruzadas casi todos cuantos se quejaban (y eran minoría) se quejaban de lo equivocado, fortaleciendo así las premisas básicas de los perseguidores. Quienes protestan ahora —al considerarla «excesiva»— contra una condena a perpetuidad o a muerte por venta de hachís o cocaína, por ejemplo, pierden de vista lo fundamental: «Su reacción se asemeja a la de la gente cuando los programas de la Inquisición o de la Alemania nazi se habían establecido C ya; no era discutible entonces —incluso para personas 'liberales" y "bienintencionadas"— que " algo debía hacerse" con las brujas y los judíos A la larga, esta cruzada pseudomédica y apoyada a la vez por los países capitalistas y comunistas, puede resultar más peligrosa para la causa de la libertad y la dignidad humana que ninguno de los conflictos armados de nuestro tiempo.»

La delirante historia del delirante asunto[177]

P. — Estas escribiendo un libro muy extenso sobre las drogas, ¿no es cierto?

R. — Llevo veinte años estudiando historia del pensamiento, y un tema así me resulta algo nuevo. Pero no veo por qué han de investigarse con rigor cosas como la evolución del plateresco en Pontevedra, o la numismática visigótica, y un tema de este calibre —que afecta a cientos de millones de personas— ha de quedar limitado a periodismo sensacionalista y a informes médico-policiales.

P. — ¿Cómo abordas tú la materia?

R. — Es un asunto a caballo entre la antropología, la filología, la historia de la medicina y la historia de la religión, básicamente «interdisciplinario». Mi plan comprende un primer volumen sobre los hechos (que es la historia del asunto desde el Paleolítico hasta nosotros), un segundo sobre los fenómenos (droga a droga, deslindando farmacología y farmacomitología) y un tercero, ya más breve, sobre las razones (para prohibir o no, qué y por qué).

P. — ¿Hay precedentes de cosa semejante?

R. — No de una investigación global, con seriedad en el acopio de las fuentes. No hay una historia cultural de las drogas. El trabajo se parece al de un cartógrafo que quisiera levantar un mapa sobre territorios básicamente inexplorados. Hay desde luego una bibliografía extensísima, pero para cuestiones de detalle, y muchas veces poco fiable.

P. — Estás terminando la parte histórica, según me dices. ¿Podrías resumir el trabajo en unas conclusiones?

R. — Difícilmente, porque es una historia rica en pormenores. Sin embargo, puede decirse que hay cuatro etapas en el asunto, bien perfiladas. La primera o era pagana abarca desde los primeros testimonios hasta el triunfo del cristianismo, y se caracteriza por un libre uso de los psicofármacos, que no generan problema social ni individual de ninguna especie; así, la lex Cornelia, que estuvo vigente hasta la caída del Imperio romano, afirma que «droga» es una palabra indiferente, relativa a cosas útiles para intoxicar o curar, y que al derecho sólo le interesan los casos donde alguien emplea tales substancias para matar a alguien determinado.

P. — ¿Y la era pagana es cortada bruscamente por el cristianismo?

R. — Al nivel de las drogas la modificación es gradual, porque hasta comenzar la caza de brujas no cobra relevancia el tema. Pero los monoteísmos con vocación de imperio planetario —el cristiano primero y luego el islámico— nacen con la pretensión de legislar sobre la conciencia y la esfera íntima. Es fundamental a esos efectos la idea del paraíso prohibido, que simboliza el arcángel armado con una espada y puesto a las puertas del Edén para impedir que retornen Adán y Eva. El paraíso perdido es una idea pagana, pero el paraíso prohibido es una idea típicamente monoteísta.

P. — ¿Y luego?

R. — El siglo XVIII y el XIX, épocas de secularización, muestran un extraordinario interés por la modificación química de la con- ciencia. Son siglos de «apología de la droga», usando la expresión actual.

P. — ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas?

R. — Ya bien entrado el siglo xx. Los factores fundamentales son el revival religioso en Estados Unidos y el desarrollo del Estado que se llama del bienestar, que resucita la idea de la tutela defendida por los monoteísmos, aunque ya no en nombre de la autoridad de la fe sino en el de la ciencia médica, la pedagogía política y el control social. Tras el breve interregno verdaderamente liberal, el viejo Estado teocrático se convierte en Estado terapéutico, sostenido por estamentos profesionales que heredan las prerrogativas de la casta sacerdotal. Con las primeras medidas prohibicionistas empieza a cobrar una desmesurada importancia económica el asunto.

P. — ¿Y ahora?

R. — Ahora pagamos la irreflexión de las medidas adoptadas hace setenta años. Estamos en plena era del sucedáneo. Docenas de miles de personas mueren al año envenenadas con raticidas, polvos de talco, bicarbonato o lo que fuere, mientras una situación de guerra civil divide a las sociedades en usuarios de drogas lícitas y drogas ilícitas. Surge una rica mitología en ambos campos, y ante substancias que llevaban cuatro o cinco mil años usándose a discreción (como el opio o el cáñamo), sin mención de abuso alguno, se montan ejércitos de adictos y ejércitos de represores.

P. — Parece como si en un momento dado, que podría ser la ruptura de los años sesenta, la transformación de la sociedad hubiera pasado por la utilización de las drogas, como si cambio social y modificación de la conciencia fuesen paralelos. Hoy ya no sabría decir si el paralelismo continúa estando vigente...

R. — Lo original de los sesenta fue dotar de significado religioso al uso de ciertos psicofármacos, concretamente a los alcaloides indólidos (LSD, DMT, mescalina, psilocibina, etc.), de acuerdo con costumbres ancestrales en todos los continentes con drogas parejas. El Bardo Todol —también llamado Libro tibetano de los Muertos— fue el best-seller de aquella generación, empleado como guía para la experiencia psicodélica. Pero se trataba de un matiz religioso panteísta y pagano, para nada reñido con la sensualidad y la tolerancia, que aterró a los poderes públicos.

P. — Aquello queda lejos ¿no?

R. — La psicodelia se acabó. Al pacifismo silvestre de los flower children siguió el tropel de los tomadores de polvos, tanto polvos sedantes o analgésicos como polvos de estimulación, cocaínico-anfetamínicos; ya no drogas capaces de hacer «viajar». Sus usuarios tienden a convertirse en una clase social de parásitos inimputables, gracias a la persecución de que son objeto.

P. — ¿Y las medidas de rehabilitación?

R. — Dan de comer al estamento policial-jurídico-terapéutico. El asunto está planteado a la inversa. Si la sociedad va a emplear grandes sumas en rehabilitar toxicómanos, lo que hará es primar la toxicomanía, incentivarla. Con toda la razón del mundo, los demás sectores e individuos desfavorecidos pedirán asistencia psiquiátrica, empleo y apoyo económico. Si realmente queremos ayudar a los heroinómanos y cocainómanos lo primero es asegurarse de que no consumen raticida a cuatro mil duros el gramo, y lo segundo desmontar la mitología que les sirve de coartada para sentirse víctimas con derecho a robar, estafar y demás canalladas intra o extrafamiliares.

P. — ¿No crees que a lo mejor hay un cierto número o proporción de gente que sencillamente es incapaz de vivir sin lenitivos, que nunca llegará a valerse del todo por sí sola?

R. — Desde luego. Todo grupo tiene una proporción de locos, mongólicos, neuróticos, tarados de nacimiento, etcétera. Pero el sistema para tratar a los toxicómanos equivale a curar la diabetes prohibiendo la insulina, y eso nos mete en un callejón sin salida. No hay un solo científico social importante, ni un solo médico o farmacólogo con verdadero prestigio en el mundo entero, que apoye una legislación por lo demás planetaria. ¿Quién puede entender que no sean narcóticos cientos de productos sintéticos inductores de sueño, y que lo sea la marihuana? Pensemos en una droga tan destructiva como el alcohol, capaz de producir con alta probabilidad malformaciones en fetos, taras hereditarias durante muchas generaciones, violencias, accidentes, cirrosis, demencia, etcétera, actualmente clasificada como «artículo de alimentación». Si pretendiésemos prohibirlo, con todo, prescindiríamos de lo fundamental: que las personas han ido aprendiendo a beberlo, y que en su inmensa mayoría no caen atrapadas por el alcoholismo crónico.

P. — Por cierto ¿hubo problemas durante la Ley Seca con alcoholes de mala calidad?

R. — La historia de la Ley Seca está muy bien documentada. Se calcula que al menos cien mil personas murieron envenenadas por alcoholes metílicos y otros sucedáneos, que más de doscientos mil quedaron paralíticas o Ciegas. Una media de cuarenta y cinco mil personas estuvieron encarceladas cada año de los trece que duró la prohibición. Siendo presidente Harding, durante el período álgido del problema, su ministra de Justicia A. Fall, su ministro del Interior, H. Dougherty, y el fiscal general, McDouglas, fueron procesados y condenados por vinculación con el contrabando de alcohol. A él un infarto providencial le ahorró las salpicaduras del mayor escándalo por corrupción conocido en ese país.

P. — Pero la Ley Seca requirió una enmienda a la Constitución americana. ¿Sucedió lo mismo con las leyes sobre narcóticos?

R, — Qué va... La Ley Seca derogaba el principio constitucional que reconoce a los ciudadanos el derecho de buscar su felicidad como quieran, y por eso requirió una enmienda. Los llamados narcóticos siguieron un camino mucho más rocambolesco; para evitar el difícil trámite de modificar la Constitución quedaron regulados por una norma sólo fiscal (la Ley Harrison, de 1914), que en principio se limitaba a controlar la producción, almacenamiento y distribución en manos de fabricantes, farmacéuticos y médicos inscritos en un registro, aunque encubría normas de derecho penal sustantivo. Hasta firmarse el Tratado de Versalles, que reorganizaba el mundo después de la P.G.M., no logró evitar varias sentencias de inconstitucionalidad por parte de los tribunales americanos.

P. — Explícate un poco.

R. — Sí, la única forma de conferir police powers al ejecutivo federal americano en esta materia era lograr una enmienda o conseguir que Estados Unidos firmase un tratado internacional, que como norma de superior rango a las estatales autorizaba a poner en marcha la cruzada antinarcótica. Esto se intentó con las Convenciones de La Haya (de 1911, 1913 y 1914), aunque los representantes americanos —el arzobispo Ch. Brent, un misionero metodista y el abogado H. Wright, destituido en la de 1913 por alcoholismo— sólo lograron que asistiesen trece naciones, y tampoco que esas trece acordaran una verdadera prohibición de los llamados narcóticos, sino moderadas restricciones a la disponibilidad de algunos. Cuando al fin se consiguió fue mediante la estratagema de incorporar el último Convenio de la Haya —puesto en práctica sólo por cinco países (Estados Unidos, China, Holanda, Noruega y Honduras)— como sección 295 del Tratado de Versalles. Esa astucia permitió que lo acordado por una exigua minoría se convirtiese en norma para todos los países del mundo prácticamente. Sucede así que en ninguna nación del mundo se planteó por los cauces acostumbrados prohibir ciertas drogas, sustituyéndose la elaboración y discusión de los proyectos de ley por la firma de convenios internacionales. Es un asombroso caso de legislación sin legisladores. Para ser exactos, el Senado americano ni siquiera ratificó el Tratado de Versalles. Pero el Partido Prohibicionista había logrado convocar su cruzada, y el poder judicial americano prefirió no interferir en lo sucesivo.

P. — Temo perderme con tantos datos. ¿No te parece un poco raro esto de las cruzadas?

R. — Parece que los hombres no pueden dejar de creer en cielos e infiernos, aunque vayan cambiando con los tiempos. Ahora hacemos cruzadas para librar al mundo de ciertas drogas; antes se hicieron para librar al mundo de ciertos libros, de ciertas representaciones gráficas, de ciertas sectas religiosas y políticas... Con palabras aterradoramente parejas hemos perseguido a maniqueos y cristianos, a paganos y judíos, a ateos, a comunistas, a liberales y a un sinfín de minorías étnicas, sociales e ideológicas. Es una tendencia del ser humano sacrificar a otro para purificarse, de acuerdo con lo que llamaría cura trasferencial.

P. — Me haces pensar en esas pequeñas ciudades del cine americano, quizá en el Sur, donde se odian prácticamente todos y el tánico modo de unirse es encontrar alguien a quien linchar. Nadie tiene tiempo para demostrar el crimen en la debida forma, simplemente todo el mundo sabe que ese sujeto es culpable y se le extermina.

R. — El mecanismo viene de mucho más atrás. Es Abraham con el cuchillo sobre el cuello de su hijo Isaac, son centenares y centenares de ciudades antiguas que viéndose amenazadas por guerras o plagas degüellan o lapidan a niños y adultos pidiendo a la divinidad que tenga a bien aceptar su ofrenda; es el polinesio que tras obrar mal se arranca un pelo de la cabeza y lo tira al río diciendo «pague él por mí».

»Hipócrates creó la medicina científica porque dijo de una vez por todas que con matar a un chivo expiatorio nadie sanaría el mal propio. Si me he metido en una investigación tan laboriosa es porque la historia de las drogas no sólo resulta tan apasionante como la historia de las costumbres sexuales, las batallas o las relaciones económicas, sino un ejemplo modélico de cuestión indiferente convertida en lo que llamo peste moral o epidemia sin virus, como los cristianos para Nerón o las brujas para el papado; las pestes morales son siempre profecías autocumplidas y, frente a las pasiones fanáticas en una u otra dirección, compete al pensamiento científico mostrarlo así, desentrañar los factores en juego, aunque sólo sea para educarnos en humanidad.

P. — ¿No crees que hay una conexión entre las drogas que se toman (y el modo de tomarlas) y la naturaleza de cada sociedad?

R. — Evidentemente, los pueblos recolectores y cazadores piden psicofármacos muy distintos que las culturas agrícolas y las sociedades industriales. Conocer en detalle esas diferencias es uno de los aspectos más instructivos.

P. — Esto se está haciendo largo. ¿No se te ocurre algo para concluir?

R. — Podría hablarte del hombre caballo, del hombre hormiga y del ciudadano.

P. — Venga.

R. — El hombre mono o caballo busca territorios vírgenes y defiende un esquema de autosuficiencia. Siempre en pequeños grupos, busca amplitud, caza y ocio. Las sociedades de este tipo suelen llamarse primitivas o sin Estado, como se dice que el tuerto es alguien sin un ojo o el cojo alguien sin una pierna. Pero en realidad son sociedades contra el Estado, como mostró Clastres, movilizadas permanentemente para evitar la emergencia de sumos sacerdotes, reyes, gobernantes y demás instituciones ligadas a una estratificación y jerarquización del cuerpo social.

P. — Es el camino del noble salvaje.

R. — Pero acontece que estas sociedades son incompatibles con cierto nivel de densidad demográfica, con fronteras rígidas y vecinos organizados estatalmente. El segundo camino es el del hombre hormiga, sometido a los grandes imperios antiguos y modernos, donde la regla no es la autosuficiencia sino la absoluta interdependencia. Este camino inventa los reyes y los esclavos, eleva a categoría suprema la autoridad y se monta como organización de la organización para la organización. Las hormigas y las termitas perdieron la vista hace millones de años, como las abejas el sexo; no están en la vida para sentir individualmente, sino para alimentar el desmesurado abdomen de madre-reina-diosa que vomita huevos sin pausa, tal como el súbdito de los imperios y las naciones está en la vida para servir fielmente al rey dios de turno, llámese Sacro Imperio, Estado totalitario o Welfare State.

P. — Nos falta ahora el ciudadano.

R. — Sí, parece que no hay sino estas dos opciones, y que estamos condenados a ser unos pobres nómadas recolectores, expulsa dos por bulldozers de nuestros últimos enclaves en la superficie del planeta, o bien a ser unas pobres hormigas atrofiadas física y mentalmente para mayor gloria del abdomen inmenso que antes se llamaba Corte, hoy Gobierno. Pero algunos hombres se dieron cuenta de que, dentro de niveles demográficos altos y con vecinos estatalizados, era posible compatibilizar el ideal de autosuficiencia con las ventajas de la organización colectiva. Este es el mundo del ciudadano, el invento de los griegos. La ciudadanía implica que cada individuo pasa por dos etapas en su vida, una donde es menor de edad y necesita tutela, y otra donde es mayor de edad. Cuando alcanza esta segunda época tiene capacidad para obligarse y responde desde luego a sus compromisos, pero nadie tiene derecho a decirle lo que debe creer o hacer. El adulto adquiere sus compromisos, pero su libertad de conciencia es sagrada. El único límite que su autogobierno tiene es el autogobierno de sus conciudadanos. Este principio liberal es desde luego incompatible con las sociedades calcadas sobre el termitero, que pretenden tutelar la inteligencia de los adultos hasta la hora de su muerte, inventando infinidad de crímenes sin víctima cuyo fundamento es defender ese vientre desmesurado o razón de Estado que exige no sólo el sacrificio del trabajo sino el del entendimiento.

P. — Te estás poniendo político...

R. — Lo que hagan en privado adultos sin coacción no es asunto del Derecho. Si no se establece una clara frontera entre moral y derecho tendremos que pedirle al Código Penal que arbitre tipos delictivos para la mezquindad, el mal genio, la envidia y la cobardía. El Código es único y las morales son múltiples. Ni una sola ética digna de tal nombre ha pretendido jamás ser única. Las leyes están hechas para defendernos de los otros, no de nosotros mismos, y cualquier olvido de esto implica una intromisión tiránica. Pasa lo mismo que con la censura en general, cuya meta es defender del error imponiendo con cortes y supresiones la verdad. Digamos que la verdad es grande, y que librada a sí misma es el enemigo natural y suficiente de la mentira. Querer apoyarla con medidas de censura es lo mismo que colaborar a la carrera de un buen velocista obligándole a llevar consigo un par de muletas.

P. — ¿Y entonces?

R. — Creo que la educación civil consiste en que nos pongamos de acuerdo en respetarnos los unos a los otros, lo cual exige que cada uno empiece respetándose a sí mismo. Nadie concede libertad a otro si no la quiere para sí. El gran peligro es que muchos no la quieren para sí y, agotadas otras vías para forzar a los demás, recurren a la convocatoria de cruzadas para curar pestes morales. Esos sí que son una peste.

IV
Generalidades para el acuerdo o desacuerdo

La esperanza en la razón[178]

En un notable artículo, Ignacio Sotelo ha llamado «posmodernidad» al doloroso momento donde cesa toda fe en la razón. El núcleo último del optimismo racionalista —la idea de la historia como realización de la libertad— traduce ahora un sofisma piadoso, arrastrado en ocasiones a la caricatura. Era la médula de una teología secularizada, que al saberse tal deja de ser creencia y de generar «esperanza». Según Sotelo, la razón no «da de sí» hoy para suscitar una espera confiada. Por otra parte, sin semejante condición sólo resta una vida mermada, que se asoma aburrida al pasatiempo y mora en la falta de paradero. Su secuela inevitable es una desorientación en aumento. «Hoy no existe otra esperanza que la religiosa», concluye, ni otra alternativa a esa esperanza que «la lúcida desesperación».

Todo esto es muy cierto, y cabría incluso ir un poco más allá. El oropel propagandeado, la trivialidad que recomienda entretenerse y vivir «el presente», no pueden tapar por más tiempo una aflicción y sus primeras convulsiones. Somos un mundo que oculta a sus agonizantes entre fotos truculentas de agonizantes ajenos; la experiencia de la nihilidad subyace al generalizado hedonismo oficial. En eso no difieren las diferentes escuelas filosóficas. Sin dejar de ser necesaria, la muerte se ha hecho absurda; el futuro es poco probable.

Con todas sus promesas de dar nacimiento al hombre, la muerte de Dios ha empobrecido monstruosamente a los hombres. El ateísmo siempre fue una actitud estética, que al nivel de los fundamentos requería tanta fe como su contrario. Ahora la fe de Feuerbach ha hecho crisis, cuando la fe de los más cándidos parece en retirada hace siglos. Como si lavásemos al bebé en el baño, y al quitar el tapón se nos fuese él con el agua por la cañería, la antigua superstición y lo sacro —que no son lo mismo— desaparecieron a la vez.

Sólo una cosa me impide estar completamente de acuerdo con lo que Sotelo piensa del significante «razón». El Padre y el Hijo pueden requerir fe, pero la razón no fue instituida por fiducia, ni puede cancelarse en virtud de su falta. La crisis presente es crisis para un concepto particular de razón: el que pretende ir de lo claro a lo claro, simplemente «analizar». Acosado por una llamarada de escepticismo, quizá no inferior en intensidad a la actual, Descartes habilitaba el antídoto de un cogito que en realidad ponía fe en el sujeto, y que pagaba el precio de ese punto de apoyo «puro» con un divorcio entre lo extenso y lo pensante. Siglo y medio más tarde, el schematismus kantiano habrá saneado, aparentemente, la misteriosa relación de cuerpo y alma que obligaba a los cartesianos a postular una glándula pineal. Pero entonces razón ya no es el logos físico que las cosas exhiben, el argumento material que ellas son, sino una zona del entendimiento que se denomina facultad de los principios. Purificada en el autoclave del punto de vista «trascendental», la facultad subjetiva acaba en la vaciedad del formalismo lógico, mientras su vertiente de razón práctica origina una voluntad constructivista que termina hablando de razón con mayúscula, simplemente porque no se ha parado a pensar en lo que dice, o porque pretende imponer comisarialmente sus criterios.

De ambas cosas estamos ahítos. Es arriesgado, sin embargo, identificar la crisis de esta corriente con una crisis de confianza en la razón tout court. Olvidaremos que sigue habiendo un otro del «creer»; y que ese otro hemos de retenerlo a toda costa. La falta de fe en la razón, tan lúcidamente invocada, oculta aquello de lo cual en realidad disiento, que es la idea «sociológica» de la razón como fe, cuyo desarrollo llevaría a considerarnos no tanto animales racionales como animales fiduciarios. Considerando que razón es fe, ¿qué nombre daremos a lo que no es profecía autocumplida, fanatismo y prejuicio, sino fruto de observaciones ecuánimes? ¿Cómo llamaremos a lo contrario de aquella ambición mencionada por Spinoza, en cuya virtud exigimos de los demás que amen y odien lo amado y odiado por nosotros, atropellándonos así —tantísimo— los unos a los otros? Razón es objetividad, y mientras eso no se reconozca como algo permanente y planetario el rico detalle de su manifestación pasará por concepciones del mundo supuestamente aisladas y arbitrarias, velando el mejor punto de contacto entre los hombres, y el único puente sólido que nuestra especie puede tender hacia el fundamento de las cosas.

Lo real no dejará de ser racional porque incumpla nuestras expectativas. Todo cuanto conseguimos por esa vía es borrar la distinción entre realidad y facticidad —como antes borramos la que hay entre substancia y sujeto—, ofreciéndonos un mundo de conclusos hechos positivos que inspiran acatamiento. Hecho es el participio pasado de hacer, el rastro inerte que deja tras de sí una acción. Aunque lo tildemos de teología secularizada, la historia de los individuos y los pueblos sigue siendo un despliegue de la libertad; y a estas alturas debemos aceptar que no se opone a tal libertad el que muchos prefieran anclarse a unas cadenas, o saltarse la tapa de los sesos.

Nos hemos hartado, pues, de la razón pura, y nos resulta manifiesto que la razón práctica derivada de ella es mera edificación pietista. Tras el imperio de cartesianos, newtonianos y kantianos, podríamos volver los ojos hacia aquellos que —como Heráclito, Aristóteles, Leibniz, Hegel o el propio Nietzsche— no comulgaron con la versión «formalizada», aunque suministrasen casi todos los conceptos usados por unos y otros. El latín purus («sin mezcla») proviene del griego pyr, que significa fuego, ardor, ímpetu, pasión. Desde el cristianismo la pureza deja de ser la cualidad de lo ígneo para encarnarse en la cualidad que simboliza ejemplarmente una virgen asqueada por lo corpóreo, y a partir de entonces lo otro de la pureza no va a ser la impureza o mezcla, sino lo físico en general. Pero lo físico no puede ser puesto entre paréntesis sin disminuir el campo de lo racional que llamamos objetividad, ni provocar una pérdida de substancia que momentos después declarará la falta de «sentido» para esto y lo otro, como si esa falta no fuese consecuencia del recorte impuesto antes al mundo real y posible.

Siguiendo por etapas, acabamos pensando que la bomba de hidrógeno es algo irracional y sin sentido, por ejemplo, cuando bien podría considerarse también como una astucia de la razón que viene restringiendo a guerras periféricas las tensiones entre el Este y el Oeste. Ciertamente, la razón de la que hablan Ramiro de Maeztu o Mao mejor podría llamarse fe, o lecho de Procusto, pero la razón física tiende un puente entre lo subjetivo y lo objetivo. En esa medida, constituye la esperanza sin hipotecas y el espíritu de la verdad, que cercado inmemorialmente de enemigos subsiste un instante más que ellos, y se deja ver como llamamiento a la ciencia y vocación de virtud.

Para recobrar lo sagrado me cuesta admitir que sólo quede el recurso de retroceder a la fe, por mucha angustia que genere la ubicua precariedad. Pienso que de nuestra encrucijada sólo nos sacará, si algo puede sacarnos, la razón misma. No veo desligado de la termodinámica un juicio que hacía Thomas Jefferson a principios del siglo XIX, valedero quizás hoy y mañana:

«Debemos hacer nuestra elección entre economía y libertad, o profusión y servidumbre.»

Llevamos largo tiempo huyendo hacia adelante. Tanto, en efecto, que cualquier otro camino parece impracticable, sin serlo.

Nación y república[179]

Bodino empezó usando la palabra majestas para aquel poder ilimitado e indivisible que más tarde llamó soberanía, y gracias al cual las naciones se conciben como una especie de dioses terrenales. Aunque el poder absoluto sea un invento arcaico, los viejos reyes justificaron siempre su majestad en una delegación o en una naturaleza divina, mientras lo propio de la soberanía moderna es que los dioses terrenales pretenden ser una institución totalmente popular, emanada del pueblo.

La justificación teórica de semejante cambio en el origen de la fuerza fue la idea de un pacto originario, que nos llega a través de dos versiones principales. La más antigua, expuesta en el Leviatán de Hobbes (1651), imagina que el principio de la soberanía fue el deseo popular de abolir un «estado de naturaleza» definido por la guerra civil permanente, y que la seguridad de los individuos fue su meta. La versión posterior, expuesta en El contrato social de Rousseau (1762), entiende que, antes de darse soberano alguno, el pueblo se constituyó como tal pueblo, mediante un pacto cuyos términos debieron ser: «Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general», que, por su parte, tiene como principio la libertad individual o «el que cada uno sólo se obedezca a sí mismo».

Una idea del pacto nos hace súbditos de un soberano; la otra, ciudadanos de una república. Podrá objetarse que no hay mucha diferencia, porque sin seguridad la libertad carece de valor; y, más aún, porque, como cosa distinta de la «voluntad de todos» (presidida por el egoísmo), la «voluntad general» roussoniana tiene un matiz místico que hasta cierto punto deja intacto el germen de la vieja majestas. Aun concediendo esto, la diferencia resulta profunda. Sin embargo, la verdadera raya divisoria sólo se trazó con nitidez cuando (en vez de conjeturar cuál habría sido el origen del poder absoluto) un grupo de personas decidió fundar una república en la otra orilla del Atlántico. El súbdito de Hobbes ofrecía acatamiento a uno para evitar la guerra civil entre todos, como si tal fuera el único recurso disponible para inaugurar una sociedad política y conservarla en el tiempo. Curiosamente, cuando esa inauguración acontece de hecho, quienes participan en ella están muy lejos de querer pacificar la vida colectiva otorgando a un soberano absoluto el monopolio de la violencia; al contrario, se prometen los unos a los otros una sociedad sin soberanos, autogobernada y presidida por lo que John Adams llamó «un contrato original entre individuos independientes». Reducido a su esquema, el contrato pide del Gobierno ante todo que sea mínimo, y que sea electivo o popular. Más en lo hondo, atiende el consejo de poner máximo empeño en restringir el poder oponiéndolo a sí mismo, dividiéndolo.

La consecuencia fue un conjunto de Estados distintos que se amalgaman en uno para los asuntos externos, conservándose singulares e independientes en cuanto a su administración interna. Aquí la soberanía no tiene nada de monolítico o sagrado, ni hay ese altar de los sacrificios que será la Nation francesa demandando por boca del Primer Ciudadano «une volonté UNE». De ahí que en la revolución americana tampoco se vea seguida la tragedia de la Convención por la comedia de un Directorio que entrega el poder a un déspota como Bonaparte.

La actitud no obsta, evidentemente, para que los Estados Unidos sean una nación y desde el comienzo se conduzcan como tal hacia fuera. Lo que hace es suprimir de raíz esa aniquilación de la diferencia interior —tras consagrar muy solemnemente el derecho a ella— tan característica de las revoluciones nacionales. Los estadounidenses parten de una autonomía previa que contiene ya la igualdad (ayuntamientos independientes integrados en colonias autónomas), en vez de partir de una majestas central que, de hecho, contiene sólo la desigualdad más grosera, como acontece en Francia, Alemania o Rusia en sus períodos revolucionarios. Para los miembros del Congreso de Filadelfia, que declarará la independencia norteamericana, cualquier esfuerzo por lograr una expresión indivisa de la voluntad popular equivalía a suscribir el oráculo barbárico del Antiguo Régimen —el poder dividido conlleva impotencia—, cuando la Confederación ensayaba un principio opuesto de gobierno, basado en la idea de su equilibrio: poderes aliados actuando como frenos recíprocos, sin conceder predominio a ninguno.

Si comparamos esta línea con la que se impone entre los revolucionarios franceses, observaremos que el baño de sangre se halla vinculado a la indivisión de la souveraineté. Aunque ha nacido reclamando los derechos de las asociaciones, el jacobinismo no tardará en perseguir a todos los núcleos «bastardos» de opinión. Como observó Hannah Arendt, el gobierno del terror no fue sino el intento de organizar a todo el pueblo francés en un único y gigantesco aparato de partido. Los clubes jacobinos, surgidos espontáneamente para intercambiar criterios, se convirtieron en nidos de espionaje y depuración, justamente como los soviets fueron corrompidos y forzados a seguir los mismos derroteros por el partido bolchevique.

Toda revolución contempla al comienzo la formación de consejos locales como única alternativa al poder de las instituciones previas, y como segura expresión de la voluntad popular. Lo que distingue a la revolución norteamericana, fundamentalmente, es que esas asociaciones existían ya en buena parte, y que ninguna facción del Gobierno pretendió convertirlas en mera apariencia de poder político, fortaleciendo en vez de borrar la majestad del Timonel, el Conductor, el Caudillo, el Comandante o el Padrecito de turno, basada sobre la soberanía «nacional» de un pueblo suplantado y manipulado por su bien. Los amplios planes de cultura popular emprendidos por esas revoluciones coinciden siempre —qué casualidad— con una implacable censura de publicaciones y espectáculos. Con su pan se lo coman.

Para nosotros, que estrenamos Constitución, el asunto es recordar que toda gran república se apoya sobre pequeñas repúblicas, descentralizando y delegando el poder hasta hacer partícipes de él a todos en la esfera de sus posibilidades. La meta es que los ciudadanos, sin teúrgias ni demagogias, se organicen en cuanto les concierne de modo directo, aligerando al gobierno general de asuntos que no le incumben. Esto parece, de paso, el único modo de asegurar aquel interés de cada cual por sus derechos, y mantener vivo el fermento de exigencia imprescindible para que la cosa pública no caiga más pronto o más tarde en corrupto marasmo.

En tiempos del rey Arturo, la racionalidad republicana habría pedido (caso de existir) creación de poderes sociales, concentración de los mismos y, en definitiva, difusión de lo general sobre la singularidad anárquica. Hoy el peligro es justamente opuesto; ser republicano significa temer ante todo la concentración del poder, que se hace absoluta allí donde resulta central y único, y temer la uniformización. No basta salir un momento de la dependencia para votar amo ante el colegio electoral, volviendo inmediatamente a ella; por eso decía Cicerón que la libertad republicana no consiste en tener un amo en carecer de amo. Tras acomodarnos al estatuto de guisantes en un bote —redondos, contiguos e incomunicados— el peligro es que los cebos del consumismo hagan de nosotros clientes para la atrofia del Gobierno omnipresente, cuya supervivencia como administración de la libertad depende a su vez de nuestra diligencia política. Esa diligencia implica que ningún derecho civil parezca renunciable, aunque su conculcación no afecte particularmente, y saber que cualquier atropello político sufrido por otros es un atropello que se comete contra nosotros mismos; podemos no ser judíos, comunistas o liberales, pero debemos estar seguros —porque es seguro— de que la persecución contra una minoría o una ideología será sólo el comienzo de una persecución cuya víctima final son las demás condiciones del Estado republicano.

Por su parte, la misma razón que recomienda descentralizar y delegar poder recomienda seguir adelante, no detener la descentralización a nivel regional y municipal, llevarla también a los barrios con unidades vecinales de gestión para los (muchos) servicios en ellas delegables. Me refiero a asuntos tan próximos a todos como el agua, la luz, el gas, el teléfono, los transportes públicos, etc., que sus gestores nos imponen a través de falsos acuerdos o contratos-tipo, a los cuales sólo podemos adherirnos de modo incondicionado o renunciar. Unidades regionales y municipales de usuarios servirían para paliar la indefensión del ciudadano ante las compañías concesionarias, convirtiendo la actual apariencia de contrato en algo más próximo a un acuerdo de voluntades. Los ciudadanos podrían responder así a las huelgas de pilotos, controladores o ferroviarios con huelgas de viajeros, a la elevación de tarifas con manifestaciones públicas o sólidos recursos en derecho, obteniendo aquella fuerza que proporciona la unión cuando no es abstracta.

Si observa principios republicanos, el interés del gobierno general es el progreso general del autogobierno, la atomización interior de la soberanía. Creer lo contrario —tentación importante de nuestro así llamado socialismo— sólo conducirá a hacer crónicos problemas perfectamente solubles sin arrogancias centralistas, cronicidad que luego será explotada como legitimación para restaurar el autoritarismo de siempre. En esa misma medida resulta absurdo, o algo aún peor, pedir estatutos realmente autónomos si se pretende instaurar dentro de cada poder desgajado un soberano nacional, movido por cosas tan ajenas a la participación ciudadana en lo público como el caciquismo, la religión o la raza.

Adiós a todo[180]

Cuánto dolor nos causaron males nunca acontecidos.

Palabrear sobre la aventura es no emprenderla. El capitán R. F. Burton soñaba en diecisiete idiomas y dominaba cuarenta. Cuando en 1872 emprendió su incomparable traducción de Las mil y una noches era el mejor espadachín de su tiempo, el único infiel que besara la piedra negra del Caaba y recorriera la ciudad prohibida de Harrar. Había seducido a princesas afganas y caboclas rubias de Minas Gerais, descubierto el lago Tanganika, sobrevivido a once guerras e innumerables expediciones; fue huésped de caníbales en Dahomey, lírico rapsoda de la luz estival en Islandia, sobrio redactor de un informe para la reina Victoria sobre los prostíbulos homosexuales de Pakistán, héroe en Crimea y los Dardanelos, espía para el Foreign Office, primer expedicionario que llegó a las fuentes del Nilo. Los somalíes le habían atravesado los carrillos con una lanza, y en el óleo que le hizo Lord Leighton su aguileño rostro muestra justo debajo del pómulo, antes de comenzar la poderosa barba, la huella oblicua del hierro. Volviendo de Salt Lake City, donde habló largamente con el gran mormón Brigham Young sobre poligamia, se casó en secreto con una mujer peligrosa, que si bien estuvo a su lado en Fernando Po y Santos, en Damasco y Trieste, amándole siempre, quemó una ingente cantidad de diarios del titánico esposo, aterrada por su pasión de antropólogo volcado sin mojigaterías sobre las costumbres sexuales en todos los rincones de la tierra. Aun así, Burton dejaba 43 volúmenes sobre viajes y exploraciones, más de 100 artículos y otros 50 volúmenes de traducciones del árabe y el sajón antiguo, del sánscrito, el griego, el latín, el italiano y el portugués, junto con deslumbrantes piezas de erudición histórica como El libro de la espada o de exquisita poesía propia como el Kasidah, imitando los cantos báquicos de Anacreón y Khayam. Aunque tuvo buenos amigos, y poco antes de morir fue hecho par de Inglaterra, sus enemigos se contaban por centenas, agrupados bajo la bandera de que aquel hombre era una repugnante colección de costumbres degradadas y estadísticas del vicio. Según Borges, «catalogó las innumerables maneras de ser un hombre que conocen los hombres».

Sir Richard Francis Burton fue desde luego un héroe homérico, de caudal inaccesible para los simples mortales. Aparte de las gestas bélicas, los largos viajes, la increíble erudición, los lances galantes en cuatro continentes y demás rasgos de honda humanidad que le adornaron ¿nos queda otra aventura? ¿Hay acaso aventuras distintas de esas, aventuras para el hombre más modesto, quizá apegado a territorios que se divisan desde lo alto de una montaña, a una familia con chicos que deben ir a la escuela, al rechazo de las armas, a un entendimiento sin acerados brillos? Si no le entiendo mal, Borges propuso como aventura para los simples mortales rememorar las aventuras, enveredar por la memoria-biblioteca como verdadero mundo real, aprendiendo allí las reglas para vivir con cierta virtud en el hospital de existencia gastada que suele ofrecer cada presente.

Confiando en que los divergentes convergen, en que de lo discordante brota la más bella armonía, me atrevo a sugerir justamente lo contrario. Aventura accesible para todos es olvidarse de la personalidad que otros nos construyen: destruir toda suposición acerca de uno mismo. Tomemos como modelo la amnesia. Los diccionarios explican que es una condición patológica, inducida por diversos agentes (golpes, estados de alta tensión psíquica, lesiones internas, venenos, deficiencias nutritivas), en cuya virtud alguien deja de poseer una identidad particular; el amnésico —anterógrado o retrógrado, según olvide lo anterior o lo posterior al ataque deja de recordar su tarjeta de visita, el preciso yo que era.

Pero si los diccionarios dicen eso, las historias de la filosofía moderna cuentan, por su parte, que la última esencia del mundo es el sujeto —lo afísico de los corpóreos humanos—, llamado ego en Descartes, sujeto trascendental en Kant, yo absoluto en Fichte y Husserl, pura conciencia en Sartre. Coinciden, además, en afirmar que la esencia de esa esencia es saberse a sí misma como sí mismo, alcanzar una redonda identidad. A pesar de sus veleidades escolásticas, no andaba lejos de la física pagana Zubiri al considerar que, con raras excepciones, toda la modernidad filosófica es «egología», culto del A=A que se impone a la naturaleza prescribiendo reglas a priori para cualquier sentido posible.

Con todo, si los médicos nos dicen que la amnesia es una condición patológica, y los filósofos que la verdad última es la pura conciencia de la propia identidad ¿qué le queda al amnésico cuando por una u otra causa huye de la salud y la razón de ser? ¿No se parecerá al pobre Satán, que a fuerza de acumular imperfecciones acaba siendo idéntico a la nada, enteramente irreal? Como mínimo, es preciso que retroceda eones en la evolución, condenado a una vida solamente vegetativa.

El caso es que no acontece cosa semejante con los amnésicos concretos. La coordinación de movimientos, el gusto, las cosas grandes y pequeñas del mundo, los sentimientos, el modo de caminar y atarse el zapato, el buen o mal humor por las mañanas, la previa destreza o patosería, los modales, el lenguaje... Todo eso sigue allí, intacto. Nunca se olvida lo substancial. Sólo falta parte del llamado yo, el hilo que ensarta las cuentas —jade o dijes baratos— del acontecer ya sido. Para ser exactos, ni siquiera se observan menos reflejos o capacidad intelectual en el desmemoriado. Lo ausente son los datos del D.N.I., la fidelidad a su ayer.

En vez de ese documento hay un agujero en el muro de rutina, una ancha grieta en el espejo, y por allí penetra a raudales la perplejidad. Como el daltónico que, recobrado el color, se embriagara de clorofila y fuego; como el impotente recorrido por un chorro estable de libido; como el acolchado por hábitos repetidos y meticuloso orden que encontrase su casa patas arriba, quizá convertida en iglú o suntuosa tienda de beduino. El amnésico no necesita viajar geográficamente al modo de Burton: viaja hacia dentro, borrando la tiranía de los hechos para instalarse en una inauguración del sentido. El lugar donde despierte de su previo recuerdo es tan misterioso e inmenso como el Hindukush, aunque sea el pasillo de la casa donde vive hace medio siglo. Borrada la trama de costumbres, cualquier espacio es minuciosamente explorable, objetivamente nuevo.

Se me dirá, y lo acepto, que el amnésico habitual suele angustiarse ante el hueco abierto por el olvido. También el explorador desfallece ante la magnitud de lo desconocido que se extiende ante él. Y sin riesgos la aventura se convierte en pasatiempo insulso. Pero si propongo la del olvido es pensando en una amnesia que no se fugue del pasado por sinuosas vías freudianas sino voluntariamente, aceptando responsabilidades por su decisión. De hecho, el mundo puede ponerse en cuestión a cada instante, todo entero. Sólo que para hacerlo es preciso no querer cerrar prematuramente nuestras cuentas con lo real, como insistió en observar William James. Por eso practicaban ocasionalmente los paganos una u otra modalidad de amnesia. Temían más el imperio de una memoria que sólo fuese atención a modas engendradas por el aburrimiento, o por un miedo que vive de sabios muertos. La más fina película —el velo de las rutinas aprendidas— separa a Odiseo y Burton del rapaz dentista y el trepador ejecutivo. Un ataque de amnesia podría unirles en el descubrimiento de infinitos mundos, mientras tanto asfixiados por el nudo corredizo de intereses que se acatan por desprecio de uno mismo y los demás. Ciertamente, una cosa va con la otra.

Amnistía viene del griego amnemon («olvidadizo», «distraído»), un adjetivo que se sustantivó cuando Atenas quiso empezar de nuevo su andadura tras las miserias de los Treinta Tiranos, y decretó una general amnesie que puede traducirse como «soberano acto de olvido». La institución permaneció, y hoy son amnistiados espías, terroristas, contraterroristas y disidentes, con mejores o peores razones. Son amnistiados también políticos que desfalcan, militares carniceros, funcionarios corruptos, prelados estafadores, ladrones fracasados y triunfantes.

¿Llegará el día en que nos amnistiemos a nosotros mismos como ciudadanos de a pie, osando cada cual en su casa, sin testigos, la aventura de los grandes héroes?

No sería mal principio atreverse a olvidar una sumisa memoria, que recomienda acatamiento ante la estupidez, el latrocinio y la mentira. Eso acercaría a las bendiciones y la seguridad del autogobierno, permitiendo recordar a cada instante aquello que en verdad importa y suele olvidarse continuamente; lo que dejó dicho pocos días antes de morir, ya muy viejo, el más grande republicano moderno:

«Que la masa de la humanidad no ha nacido con sillas a sus espaldas, para que la monten con botas y espuelas unos pocos favorecidos por la gracia de Dios.» Ni por decretos de cualquier otro Gobierno.

Addenda: saber y recuerdo[181]

Esta rapsodia de esperanzas tiene algo de caótico. Conviene por eso delimitar bien el sentido en que se dice interminable el proceso del conocimiento.

Puede en primer término indicar el carácter infinito de lo desconocido o —cosa igual— la brevedad de nuestra vida, y quien disienta aquí pretendiendo un saber de todo y de cada manera dice a las claras cuán poco tiene él presente. Puede indicar, en segundo término, que el saber se cierra en círculo sobre sí y pone la pesquisa como único fin real. Dicho en otros términos, vivir para saber. Las dos manifestaciones más visibles de este saber que se tiene a sí mismo por meta son la postura de Sócrates y el sueño de Lessing prefiriendo el camino hacia la verdad a la verdad misma, Sócrates, hombre de transición entre los primeros físicos y los docentes colegiados, tenía el ejercicio del pensamiento discursivo por única actividad permanente recomendable, y se sentía tan alejado de los contempladores de principios naturales como de los retóricos políticos. Por eso mismo, el saber se orientaba en él a la gimnasia de las definiciones combinándose, y cualquier ocupación ajena a ese alumbramiento del logos estaba dictada por circunstancias involuntarias. Con ello, el saber se convertía en saber de sí mismo y era oponible a la idea del conocimiento como un trámite o iniciación (algo explícito en Heráclito y Parménides, por ejemplo), no menos que a la explotación práctica de la cultura representada por los sofistas.

La historia —es bien sabido— sancionó esta actitud como única exenta de mística y sin el baldón del provecho pecuniario, modelo de altruismo y sensatez a un tiempo. El sólo sé que no sé nada, unido al implícito «pero fuera del saber todo es vanidad», constituye desde entonces y salvo contadas excepciones —entre ellas, la de Fichte— el estado de ánimo filosófico por excelencia. Sin embargo ¿qué es el no-saber sino creer en lo sabido y no en el saber? Desligar de la ignorancia —única capacidad postulada del saber— implica ya una divergencia entre ser informado del saber y el abandono puro y simple de una actitud hacia la existencia por adhesión a otra. Con todo, sólo lo segundo desliga en sentido estricto, y que la ignorancia es tanto defecto de información como de perspectiva lo saben bien todas las expresiones populares donde se considera un «estar en» otra parte. Ya Heráclito definía a los necios de modo universal como individuos que estando presentes se encuentran siempre ausentes. El cambio del no-saber al saber sería entonces una transición de ausencia a presencia; en realidad, cabría decir que la presencia no se modifica, sino que se da como falta (relativa y absoluta) o en su plenitud. Las distinciones entre términos como ver y mirar, escuchar y oír, van todas en esa dirección.

Pero importa ante todo precisar si en esta transición hay algo que siempre cesa y algo que siempre comienza. Recibir, por ejemplo, el conjunto de tesis del atomismo griego es evidentemente recibir un saber; para el convencido de ellas lo presente no será nunca lo presente antes de encontrar las intuiciones del vacío y los átomos, ni coincidirá tampoco con lo presente para un espiritualista o un eleático. Sin embargo, el planteamiento mismo de la transición obliga a descartar en general como contenido las tesis postuladas y sus recíprocas diferencias. De ahí que todas esas variaciones sean en principio cambios de «ideas», sin prejuzgar la desligación de una ignorancia, en el sentido radical de estar el hombre en otra parte de donde está. Demócrito pudo, según la tradición, arrancarse los ojos para no verse distraído por las apariencias, y Galileo ensanchar su campo mediante el telescopio para descubrir las lunas de Júpiter, pero si ambos son «sabios» no es debido a ninguna de esas cosas. Más aún, resulta perfectamente posible conocer al pie de la letra sus escritos y ser ajeno a toda sabiduría. Dicho de otro modo, el conocimiento de Demócrito y Galileo se distingue del que puede tener alguien interesado en ellos porque la proporción entre saber y sabido es opuesta; el pensador es casi íntegramente saber, y el erudito es casi íntegramente sabido.

Por tanto, ¿qué distingue en cualquier caso el saber de lo sabido? La respuesta es ahora inequívoca: en el saber el sentido nace de modo inmediato, mientras lo sabido se apoya sobre una mediación de la memoria. Lo que cabe preguntarse entonces, abreviando, es si el saber puede tener en general meta distinta a la de cancelar lo interpuesto entre el sentido y lo inmediato. Esto es, si saber es cosa distinta de conquistar el derecho a estar en presencia de acciones y no de hechos, cosa distinta de llegar a causas vivas en lugar de conformarse con relatos ajenos aprendidos.

El niño —que es de todo el hombre lo más requerido de aprendizaje— se obstina en hacer la experiencia de lo posible, desoyendo las voces adultas de peligro y sufriendo los a veces devastadores efectos de su impericia. Pero necesita hacer la experiencia, y su fascinación por lo desconocido no se mitiga escuchando una voz de alerta o un consejo disuasorio. Las palabras valen para él, pero no entonces, porque aquello que atrae su atención —un precipicio, un caramelo, un cuarto oscuro— sencillamente no es equiparable a una explicación verbal. Y cuando un niño «empieza a aprender», o pone en lugar de la experiencia directa otra experiencia de lo mismo aunque no la suya, está a un tiempo entrando en la juventud y poniéndose en contacto con lo sabido.

Sin embargo, el sabio es quien recorre el camino de lo sabido hasta el punto de desandarlo y situarse en la fundación del sentido que es el presente. En consecuencia, todo lo sabido puede saberse (otra vez), pero ningún saber puede ser sabido sin sucumbir como tal. Porque lo sabido evita el estar ausente del no-saber mediante una información que, acatada, aleja el contacto con su objeto y preserva la forma más radical de la ignorancia. Se diría que el acto mismo de comprender o captar exige algo semejante a la amnesia, como si sólo entonces pudiera celebrarse el encuentro:

«Un signo, tal somos, y sin sentido,

muertos a todo sufrimiento, y casi

hemos perdido nuestra lengua

en país extraño.»

Estas palabras de Hölderlin corresponden precisamente al comienzo de un himno llamado Mnemosyne. Se pide a la sabiduría que abra una casa para el viviente y le haga pasar al otro lado del signo que es el sentido, aunque sea reanimándole también al dolor; de hecho, el dolor es una incómoda prerrogativa de lo vivo. Ahora bien, poner al hombre donde está implica facultarle para ver y escuchar por sí, para hacer la experiencia de un universo que de alguna manera aguarda a cada individuo específico, reservándole una visión irrepetible de su curso. El saber remueve los obstáculos que demoran o entorpecen dicha visión, y en esa medida se endereza primariamente contra el estado de cosas dado en general; lo sabido presenta la fijeza y regularidad del signo, que en su abstracción entrega como experiencia la memoria de una abreviatura opaca, y frente a ese patrimonio de decisiones tomadas (por otros) y hechos establecidos (por otros también) busca pura y simplemente un sentido actual. Porque saber es una disposición de la vida, mientras lo sabido constituye un archivo de experiencias, que en el mejor de los casos quizá sirva a título de nuevo contraste para quien desconfíe de su propio sentir.

Por eso mismo, el sabio sólo tiene dos atributos recurrentes como individualidad determinada. Es, en primer término, capaz de dar su parte a lo sabido y manejar sin sumisión el archivo heredado de asertos. Pero, en segundo término, es alguien que se ha aventurado en lo inculto y trae de ese viaje sentidos cegados hasta él. Ambas disposiciones de ánimo son en realidad sus medios de supervivencia mientras carga con el doble frente de lo indescubierto y lo sabido. Todo cuanto en definitiva puede lograr su determinación de saber es toparse con una visión cuyo objeto no cabe en ninguno de los frentes, al no regir para ella ni el estatuto de lo ignorado ni el de lo sabido. Esa dimensión literalmente intermedia no tiene otro rasgo común que el de producirse en la experiencia una invención precisa de realidad, respecto de la cual él mismo tiende a considerarse casual depositario. Sin embargo, la invención precisa de realidad que acontece en él, y para él no hace sino ofrecer un objeto en la plenitud de su acción, algo efectivamente captado o sentido donde la verdad no proviene del acuerdo entre signos sino de un ánimo expuesto.

El conocimiento que el entendimiento afilosófico proporciona es uno e idéntico con el yo que el entorno cultural conforma, y no subsistiría un solo segundo si el velo de la amnesia cayera sobre él. Por eso mismo las líneas finales de la Fenomenología del Espíritu celebran «la memoria, forma superior de la substancia». Pero si algo resulta buscado en la aventura del saber es una orientación que no dependa de mapas sino de las propias cosas definidoras del paradero, una magnanimidad o un criterio que no descanse sobre los criterios sino sobre su punto de partida —común o diferencial— en la experiencia.

Todo lo que no sea esto es suministrar opinión (sobre la opinión, naturalmente) e impartir juicios subjetivos, parciales. De ahí el valor inmutable del acto poético, donde se rompe con la falsa objetividad de la información mnémica. Y si Spinoza decía que el hombre libre (el que «ama» la «substancia», según la Ética) es quien menos piensa en la muerte, se debe a que el saber busca la eternidad inmediata habiéndose decidido mortal, cosa idéntica a cancelar las prerrogativas del ego. Una de ellas es imponer al individuo su propio estupor aterrado ante la muerte, tan inexplicable y brusca para el propio yo como un olvido. Pero tiempo y finitud no son sinónimos; el tiempo es el orden de las señales, y la finitud el nervio de lo señalado. El sabio perfecto se aproxima al perfecto amnésico, que procede por visiones instantáneas de la presencia y no por asociaciones de juicios clasificados, con lo cual existe sobre la eternidad fugaz. En ese individuo la falta de recurso a lo sabido determina toda experiencia como pasión debida a un agente o como alucinación directa. Ahora bien, la unidad de esos contrarios es la experiencia misma y la ley de su devenir.

Por supuesto, el amnésico absoluto es tan hipotético como el sujeto trascendental kantiano, y no carece de parentesco con su contenido. Pero sin semejante descubrir la presencia por sí habrá tanta riqueza de símbolos como pobreza de sentido, y creer que no hay tal posibilidad es ya la usura de la memoria en acción, ese agujero griego en el cántaro de su almacenamiento gracias al cual la existencia retenida va siendo automáticamente vaciada. Sin la grieta que el genio mitológico discierne en el recipiente de Mnemosyne la memoria sería simplemente la vida y la totalidad de sus trayectorias. Con ella es la realidad del tiempo, desproporción entre la presencia y la ausencia favorable a esta última, aburrimiento.

Este amnésico sabe, y todo lo que no es saber se va desvaneciendo en el olvido. Cabría pensar que sin recuerdo también el saber sucumbe, pero esto es justamente lo que no puede acontecer ni con el amnésico ideal ni con el amnésico concreto. Se olvidan cosas tales como el nombre, la nacionalidad, el motivo de hallarse en cierto lugar, etc., nunca aquello que fue objeto de una experiencia vivida. Aunque no recuerde sus odios y sus alegrías, siente odio o alegría; aunque no disponga de criterios aprendidos, sí dispone de reacciones; aunque no conozca el nombre de las presencias, tiene su presencia. Lo que hay en él o lo que ha llegado a experimentar está impreso de modo indeleble, porque carecer de memoria no significa que se interrumpa la metamorfosis de los ánimos y sus accidentes. Como el árbol, hace físicamente la memoria en los círculos concéntricos de su tronco, en la constitución y el pormenor de su cuerpo. El ejercicio del saber deja así huellas, pero no son huellas mnémicas, presencias ausentes, sino las visiones mismas, que aquí quedan como un poder de acción y allí como una cicatriz, aquí como una arruga y allí como una tendencia.

Vale la pena tener ante los ojos que todas esas huellas sin memoria son precisamente lo inolvidable de la vida, aquello que está ahí con o sin ayuda de los signos. Como sostuvo Platón, las cosas verdaderas las supimos siempre; sólo tardamos más o menos en darnos cuenta, y cuando advienen es bajo la forma de un «claro» o un «naturalmente». Por lo mismo, es estéril y vana toda pedagogía distinta de la que tiene por meta dar nacimiento a la experiencia objetiva, a lo innato o inolvidable. Lo que no sucumbe en el silencio no nació de la palabra. De igual modo puede descansar confiada una naturaleza en sí misma, aceptando el despliegue original de su contenido. Sin duda, el olvido y la precariedad corroen todo cuanto brotó sabido ya en la memoria y existe sobre ella. Pero aquello que el recuerdo tiene de constatar lo perpetuo o la eternidad de ciertos objetos se sostiene en el viviente sin esfuerzo partiendo del instinto y la experiencia actual del sentido; su principio no tiene ocaso, y cuando muere es dando nacimiento. Tal es la diferencia entre la patria del yo y la patria del individuo, entre el idealismo ético con su «seguro» dominio trascendental y el pensamiento libre. Un poeta pensaba al traducir la Octava Elegía de Rilke:

«El animal tiene su ocaso detrás, en lo ya pasado, y su alba delante. Nosotros nada delante —excepto deseo— y detrás, el recuerdo»[182].

Entiendo que se nombra—aquí una diferencia involuntaria respecto del animal en el hombre. En esa Elegía, Rilke dice casi de entrada:

«Siempre es Mundo,

y jamás Ningún-lugar sin No:

lo puro, incustodiado, que se respira y

sin fin sabe y no codicia. El niño

se pierde allí en silencio y es sacudido.

O tal otro muere y lo es.»

La diferencia entre el hombre y el animal concierne al estado de naturaleza. Para bien o para mal, en todo o en parte, el hombre ha perdido y sigue perdiendo ese estado, el estatuto de un viviente que tiene como experiencia substancial la vida misma y cuya operación es un pensamiento. Naturaleza es tener substancia. Por eso sería torpe identificar el «estado de» ella con ideales pastoriles o con la nostalgia del buen salvaje corrompido por la sociedad. Cuando esos limbos se enunciaron regía aún la conciencia —pública— el concepto personal y ético del dios, y en esa medida la naturalidad a reconquistar estaba teñida de culpa y resentimiento. Estado de naturaleza, ontológicamente entendido, no indica en principio ni goce ni dolor; indica no cultural a secas, no surgido de crimen o de pacto alguno y mucho menos por causa de su utilidad para un tercero, como el objeto técnico. Natural es lo que vive actualizando su poder, sin requerir artífice ni reflexión. Lo que significa «Dios ha muerto» es: hemos perdido excusa para la sumisión. Y ello implica preguntarse: ¿dónde hallar —si cabe tal— aquello que existe por sí mismo? Lo divino seguirá siendo por eso un concepto de la libertad del pensamiento, pero durante demasiado tiempo ha sido la cadena de su esclavitud. El hecho de morir como cosa distinta de la naturaleza es así morir la alternativa en general, Ha muerto todo salvo lo que sabe y nada quiere. Para la caduca conciencia infeliz el deber es no sentir deber alguno, entregarse a lo que hay y tomarlo en la medida de sus fuerzas.

Dicho de otro modo, el saber es ante todo una preparación para el arte, entendido como el vivir mismo y la única existencia acorde con la libertad y el goce. La ciencia es un medio para alcanzar el arte o un trabajo administrativo en otro caso, y el arte se distingue de ella —como de lo agradable, lo útil y lo moral— porque está desinteresadamente vivo en el interior de la vida y crea. Aquello que para la ciencia constituye un trabajo interminable por definición es para la saludable impiedad del arte contacto con el sentido, fusión de conciencia e inconsciente. Y todo artista es así testimonio de lo gratuito que sólo admite ejercicio y escapa siempre al aprendizaje. Como Schelling decía, «el organismo viviente presenta todavía en estado de indivisión aquello que la producción estética representa tras la división, pero reunido»[183].

ANTONIO ESCOHOTADO (Madrid, 1941 - Ibiza, 2021). Fue un filósofo, jurista, ensayista, traductor y profesor universitario español, cuyas obras, si bien centradas principalmente en el derecho, la filosofía y la sociología, abordaron una gran variedad de campos. Tradujo a Hobbes, Newton y Jefferson, y ha publicado más de una docena de libros, entre los que destacan La conciencia infeliz. Ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel (1971), De physis a polis. La evolución del pensamiento filosófico griego desde Tales a Sócrates (1982), Realidad y substancia (1986), Filosofía y metodología de las ciencias sociales. Génesis y evolución del análisis científico (1987), El espíritu de la comedia (1991), Rameras y esposas (1993), Retrato del libertino (1998), Caos y orden (1999), Sesenta semanas en el trópico (2003), Mi Ibiza privada (2019), Hitos del sentido (2020) y sus ya clásicas Historia general de las drogas y la trilogía de Los enemigos del comercio. Una historia moral de la propiedad.

Notas

[1] El País, 30/06/1985. <<

[2] El País, 23-24/5/1985. <<

[3] «Efectos de las quimioterapias psiquiátricas en el comportamiento sexual», en Actualités de Thérapeutique Psychiatrique, 2.a serie, Masson, París, 1967. <<

[4] El País, 18/5/1985. <<

[5] El País, 28/1/1985. <<

[6] El País, 16/8/1987. <<

[7] El País, 3/5/1985. <<

[8] El País, 3/6/1986. <<

[9] El País, 26/3/1986. <<

[10] Sistema, febrero 1987. <<

[11] Cicerón, en su diálogo sobre la república, aclara que «el juicio del censor sólo inflige a aquel a quien condena el castigo de la vergüenza, y […] llamamos ignominia a la culpa suscitada» (IV, 6). <<

[12] Meditaciones, I, 14. <<

[13] Tácito, Historia, I, I. <<

[14] Sátira XV, 35-36. <<

[15] Los frumentarii, por ejemplo, fueron disueltos tras sucesivos escándalos y sustituidos por el «benemeritus» cuerpo de los agentes in rebus, tan corrupto y temible a su vez que la ciudad de Roma obtuvo como privilegio especial no permitir su entrada sin un cometido específico y breve; sobre el particular puede consultarse R. W. Davies, «Police work in Roman times», History Today, Londres, 18, 1968, pp. 700-707, y J. A. Arias Bonet, «Los agentes in rebus: contribución al estudio de la policía en el Bajo Imperio», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1957, 58, pp. 197-219. Arias Bonet, «Los agentes in rebus: contribución al estudio de la policía en el Bajo Imperio», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1957, 58, pp. 197-219. <<

[16] Según Suetonio, molestaba al César que «viese en la filosofía un medio de insultar a los que ocupan el poder, alborotar a la masa e introducir cambios en la situación»; Vita Vesp., 15. <<

[17] Por una ironía del destino, los persas acabaron siendo bastante más respetuosos con el pensamiento, y los jefes de escuela en Atenas (Simplicio, Damascio, Hermías, Isidoro de Gaza, Diógenes, etc.) se refugiaron en la corte de Cosroes el parto, tras la clausura de la Academia decretada por el cristiano Justiniano. <<

[18] El rescripto de Trajano ordenaba que las autoridades no tomasen iniciativa alguna de persecución, pero que obligasen a los cristianos a sacrificar según el rito pagano —bajo pena de muerte, desde luego— si mediaba denuncia contra alguno. En esta exigencia de querella específica se observa la repugnancia de Trajano y sus jurisconsultos ante la idea del crimen sin víctima, aunque sea evidentemente comprensible el estupor de los perseguidos, y la frase de Tertuliano: «¡Oh sentencia por necesidad confusa!» (Apologeticum, II, 7.) <<

[19] De la buena opinión sobre la quiromancia que reina a nivel popular habla elocuentemente que Apuleyo, procesado por «artes mágicas», no se recate en responder al magistrado que la magia «es un arte grato a los dioses inmortales, muy entendido en el modo de rendirles culto, piadoso y conocedor de lo divino». (Apología, X, 6, I.) <<

[20] J. Paulo, Sentencias, V, 21. <<

[21] Sentencias, V, 23. <<

[22] Adv. nat., 111, 7. <<

[23] Ibíd., IV, 18. <<

[24] En el 391 el Obispo Teófilo dirige personalmente a los fieles que destruyen el museo de arte —el Serapeum— de Alejandría, en cuyas llamas perece parte de la biblioteca filial; más tarde el fuego purifica la biblioteca real o Basílica de Juliano, y desaparecen 120.000 volúmenes, entre ellos los más antiguos rollos que contenían poemas homéricos. Siglos después es León III, el emperador, quien ordena quemar unos cuarenta mil volúmenes de la Biblioteca de Bizancio, «para mayor gloria divina». En el 646 es el califa Omar —animado por el otro monoteísmo de vocación ecuménica— quien ordena un nuevo incendio de la biblioteca de Alejandría. <<

[25] Codex Theodosianus, IX, 14, 3. <<

[26] En el 424 la Ley Sálica arbitra penas de muerte para «echadores de suertes» y brujos. En el 506 el Concilio de Agde excomulga a los «adivinos, hechiceros, vampiros y a quienes los consultan» (canon 42); en el 511 el de Orleans prohíbe «indagar las cosas futuras» (canon 30), y en el 589 el de Narbona ordena «vender a los hechiceros como esclavos, con sus mujeres, hijos y sirvientes» (canon 14). Nuestro Fuero Juzgo condena también a «adivinos, sorteros y encantadores» (VI, tít. ll), y las capitulares de los reyes francos, ya a partir de Childerico III, determinan que toda clase de hechiceros «serán reputados execrables, y tratados como los homicidas y envenenadores», aclarando que «quienes los consulten tendrán la misma pena». <<

[27] Jean de Meung, Roman..., v. 18.624. <<

[28] Una de las actas de acusación dice: «Allí se encontró con un macho cabrío cambio gigantesco, al que saludó y al que abandonó. El macho cabrío, a cambio, le hizo conocer las plantas venenosas […] y desde entonces se ocupa en la confección de ciertos ingredientes y brebajes.» (Cfr. J. Caro Baroja, Las brujas y su mundo, Alianza, Madrid, 1966, p. 115.) <<

[29] Art. 35. El sálvese con fierro mienta la ordalía del hierro candente, Si el reo no resultaba quemado se le reputaba inocente. <<

[30] Como cuenta M. Harris, «se reducían los costes del procedimiento obligando a la familia de la bruja a pagar los servicios de torturadores y verdugos. Asimismo la familia corría con el costo de los haces de leña y el banquete que los jueces daban después de la quema. Por lo demás, se fomentaba el entusiasmo de los funcionarios locales autorizándoles a confiscar todos los bienes de cualquier persona condenada por brujería». (Vacas, cerdos, guerras y brujas, Alianza, Madrid, 1985, p. 188.) <<

[31] Malleus Malleficarum, Pushkin Press, Londres, 1938, pp. 5-6. <<

[32] Autobiografía, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1929, vol. II, p. 171 b. <<

[33] En Encyclopaedia Britannica, «Psychology, History of», vol. XV, p. 155. <<

[34] Carena, Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis, II, tít. V, secc. II-XII, pp. 334 a-350 b; cfr. Caro Baroja, 1966, p. 39. <<

[35] E. Cassinelli, Historia de la locura, J. Gil, Madrid, 1924, p. 191. <<

[36] Por ejemplo, la sirvienta Geillis Duncan, empleada de un magistrado municipal de Tranent (Inglaterra), fue puesta a cuestión de tormento por éste sin buenos resultados hasta encontrarse en su cuerpo señales. Finalmente acabó confesando, y denunció hasta a treinta personas del condado de Lothian como brujas. Hay un espléndido relato de otros casos en A. Huxley, Los demonios de Loudun, Planeta, Barcelona, 1972, pp. 127 y ss. <<

[37] Una descripción bastante completa de los útiles para confeccionar pócimas diabólicas puede encontrarse en S. Cirac Estopañán, Los procesos de hechicería en la Inquisición de Castilla la Nueva, C.S.I.C., Madrid, 1942, cap. I, art. II. <<

[38] Malleus, p. 82. Súcubos e íncubos son demonios femeninos y masculinos respectivamente. <<

[39] En los muy raros casos de sentencia absolutoria cuenta Cirac Estopañán —un discípulo de Menéndez Pelayo, nada sospechoso de anticlericalismo— que «los reos juraban guardar secreto de todo» (p. 226), entendiendo por ello las condiciones de las cárceles y el trato recibido. <<

[40] H. C. Lea, Materials Toward a History of Witchcraft, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1939, vol. III, p. 317. <<

[41] En M. Marwick (ed.), Witchcraft and Sorcery, Penguin, Harmondsworth, 1970. <<

[42] E. Midelfort, Witch Hunting in Southwestern Germany, Stanford University Press, Stanford, 1972. <<

[43] En Caro Baroja, El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio, Alianza, Madrid, 1970, pp. 43 y 30. <<

[44] Cfr. Caro Baroja, Inquisición, brujería y criptojudaísmo, Ariel, Barcelona, 1970, p. 212. <<

[45] Caro Baroja, Las brujas y su mundo, p. 190. <<

[46] Caro Baroja, Inquisición, brujería y criptojudaísmo, p. 226. <<

[47] Quaestio de Strigibus, Venecia, 1523, cap. II; cfr. M. Harner, «The role of hallucinogenic plants in European Witchcraft», en M. Harner (ed.), Hallucinogens and Shamazism, Oxford University Press, Nueva York, 1972, p. 133. <<

[48] Las brujas y su mundo, p. 35. <<

[49] La cultura del Renacimiento en Italia, Iberia, 1946, p. 464. <<

[50] Caro Baroja, Las brujas y su mundo, p. 238. <<

[51] Es la postura del marxista Harris: «Preocupadas por las actividades fantásticas de estos demonios, las masas depauperadas, alienadas, enloquecidas, atribuyeron sus males al desenfreno del Demonio en vez de a la corrupción del clero y la rapacidad de la nobleza. La Iglesia y el Estado no sólo se libraron de toda inculpación, sino que se convirtieron en elementos indispensables. Eran los grandes protectores frente a un enemigo omnipresente pero difícil de detectar. Aquí había, por fin, una buena razón para pagar diezmos y someterse al recaudador de impuestos» (ob. cit., pp. 205-206). <<

[52] Las reglas del método sociológico, D. Jorro, Madrid, 1912, p. 135. <<

[53] Ibíd., p. 136. <<

[54] Símbolos naturales, Alianza, Madrid, 1978, pp. 140 y ss. <<

[55] Cfr. J. L. Brau, Historia de las drogas, Bruguera, Barcelona, 1973, p. 43. <<

[56] Compárense como «indicios racionales de criminalidad» la posesión de pipas, papel de fumar, jeringuillas, tubos para aspirar nasalmente, cuchillas, balanzas y papel de aluminio con pucheros vidriados, ollitas, jarras, flor de azufre, piedra cristalina, retortas, potajes y untos. <<

[57] En su artículo «Witchcraft», Encycl. Brit., vol. XIX, p. 899. <<

[58] Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 34, abril-junio 1986, pp. 197-202. <<

[59] Hesiodo había dicho que «encadena los pies, las manos, la lengua y la mente con irrompibles ataduras (fr. 121, 3-4 Rz.), y Heráclito que convierte al hombre en «un niño inmaduro» (fr. 117 Diels). <<

[60] En diciembre las procesiones del gran falo y los desfiles de máscaras; en enero las lénai báquicas, en marzo las antesterias y en abril las llamadas Grandes Dionisíacas. <<

[61] Vv. 282-285. Se usa la versión de A. Tovar, C.S.I.C., Madrid, 1983. <<

[62] Desde Rohde muchos helenistas han afirmado que Dionisos es una deidad tracia o frigia, aunque luego se hayan descubierto inscripciones micénicas del siglo XII a.C. con el nombre di-wo-ni-so-jo (Cfr. W. Otto, Dyonisos, Bloomington, Londres, 1933). De acuerdo con las tradiciones, está regresando entonces de Asia tras derrotar a las amazonas, cuyo rígido matriarcalismo resulta idéntico, por coincidencia de opuestos, al patriarcalismo a ultranza vigente por entonces en Tebas, También puede considerársele una deidad «nueva» debido a su propio arcaísmo, a la radical primitividad de sus ritos fálicos y su magia selvática. El mensaje religioso que encarna constituye una amenaza tanto para la tabla patriarcal de valores como para la racionalización cívica —racionalización en el sentido psicoanalítico de reelaboración mediante una instancia «censora»— que se expresa en Creón y Penteo por igual; lo básico en ellos no es tanto el patriarca en abstracto como el fiel servidor de un incipiente derecho estatalizante, capaz de someter la desviación singular a un canon común y que, a la vez, destaque la singularidad irreductible de un mando local («razón de Estado»). <<

[63] Tal como una histérica abomina de la copulación, pero no puede acostarse sin mirar debajo de la cama (en inconsciente busca dirá Freud— de su violador), o tal como rechaza cualquier forma de sexo, pero no logra apartar de su mente las fantasías obscenas. <<

[64] Vv. 698-704. <<

[65] Vv. 216-247. Es llamativo que una protección de la castidad femenina ante seductores sin escrúpulos y provistos de drogas sea el motivo más esgrimido por las campañas prohibicionistas modernas. Como si el mecanismo escenificado por Eurípides fuese históricamente inapelable, serán precisamente adolescentes del sexo femenino quienes en los años sesenta apoyen de forma masiva el uso de ciertos psicofármacos «psicodélicos», en un clima de liberación por la música, el retorno al campo y el abierto erotismo. El discurso de Penteo encuentra un correlato perfecto, por ejemplo, en el Curso monográfico sobre drogas nocivas editado por la D. G. de la Guardia Civil (Altamira, Madrid, 1969), aunque allí se hable ante todo del cáñamo, «amenaza epidémica y agresiva que lleva a manifestaciones desenfrenadas y repugnantes de promiscuidad» (p. 33). <<

[66] Vv. 274-284. <<

[67] Dice a Cadmo: «Estás loco lastimosamente, y no hay drogas que puedan curarte, y no es sin drogas como deliras» (vv. 325-326). <<

[68] Vv. 310-318. <<

[69] M. Nilsson observa que «los griegos quitaron al culto dionisíaco el aguijón peligroso incluyéndolo en la reglamentación de ritos oficiales» (Historia de la religiosidad griega, Gredos, Madrid, 1969, p. 31). Dodds (1980, p. 254) añade que «canalizando esta histeria en un rito [...] el culto dionisíaco la contuvo dentro de unos límites y le proporcionó una válvula de escape relativamente inofensiva [...] Resistir a Dionisos es reprimir lo elemental en la propia naturaleza; el castigo es el colapso completo de los diques internos, cuando lo elemental se abre paso por la fuerza y la civilización se desvanece». <<

[70] Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 34, abril-junio 1986. <<

[71] Cfr. G. Beard, American Nervousness: Its Causes and Consequences, Putnam, Nueva York, 1881, p. 64. <<

[72] Cfr. D, A. Musto, The American Disease: Origins of Narcotic Control, Yale University Press, New Haven, 1972, p. 259, n. 39. <<

[73] Las de Wilbert, Terry, Pellens, Kolb, Dumez y Lindesmith, que menciona Musto. <<

[74] Una proporción parecida a la que obtuvo en España el partido Fuerza Nueva en las últimas elecciones donde se presentó como formación independiente. <<

[75] Cfr. el excelente análisis de E. C. Sandmeyer, The Anti-Chinese Movement in California, University of Illinois Press, 1939, pp. 38-39. <<

[76] Herald Tribune, 21/6/1903, p. 17. <<

[77] Literary Digest, 28/3/1914, p. 687. <<

[78] D. A, Musto, ob. cit., p. 7. <<

[79] New York Times, 8/13/1914, p. 31; Medical Records, 85, 1914, pp. 247-249. <<

[80] Cfr. E. M. Green, «Psychoses Among Negroes: A Comparative Study», Journal of Nervous and Mental Diseases, 41, 1915, pp. 697-708. <<

[81] American Diplomacy and the Narcotic Traffic, 1900-1939, Dulce University Press, Durham, N, C., 1969, pp. 29-30. <<

[82] Proceedings of the American Pharmaceutical Association, 51, 1903, p. 477. <<

[83] Crafts y Otros, A Twentieth Century Survey on Intemperance, Based on a Symposium of Testimony from One Hundred Missionaries and Travellers, Washington, D. C., International Reform Bureau, 1900, p. 230. <<

[84] Cfr. A. C. Zabriskie, Bishop Brent: A Crusader for Christian Unity, Westminster, Philadelphia, 1848, p. 110. <<

[85] La guerra con España —que marca el comienzo de la expansión imperial americana— sirvió para templar los ánimos de varios prohibicionistas memorables, entre los cuales destaca R. P. Hobson, héroe litar en Cuba, nombrado «hombre más besado de los USA», de la Cruzada antialcohólica. <<

[86] Brent se hacía eco de un criterio típicamente anglosajón, que ya a finales del siglo XVIII exponía un célebre historiador sueco, cuando hablaba de cierto hongo alucinógeno: «Rara es la tribu nómada siberiana o samoyeda que no use amanita muscaria para despojarse de sus sentimientos y sentidos, por gozar el placer animal de escapar a las saludables ataduras de la razón. Afortunadamente, el arte de la destilación de alcoholes está atajando este ignominioso abuso»; cfr. S. Odman, «An Attempt to Explain the Berserk-Raging of Ancient Nordic Warriors through Natural History», Kunkliga Vetenskap Academien, vol. V, Estocolmo, 1784, p. 245; véase R. Gordon Wasson, Soma: the Divine Mushroom of Inmortality, Harcourt, Nueva York, 1967, pp. 175-176. <<

[87] Commitee Appointed by the Philippine Commission to Investigate the use of Opium and the Traffic Therein, cuyo informe se denomina, abreviadamente, Philippine Opium Investigation. Junto al libro citado de A. H. Taylor puede consultarse el de P. D. Lowes, The Genesis of International Narcotic Control, Droz, Ginebra, 1966, especialmente pp. 102-106. <<

[88] Phil. Comm., Eighth Annual Report, 1907, Bureau of Insular Affairs, War Department, Part. 2, p. 18. <<

[89] «Paternalism», en R. A. Wasserstrom (ed.), Morality and the Law, Wadsworth, California, 1971, p. 86. <<

[90] Memorandum Concerning Concerted International Restraint of the Traffic in Intoxicants and Opium among Aboriginal Races, folleto de fecha 22/2/1907; cfr. D. A. Musto, ob. cit., p. 261, n. 12. <<

[91] Brent apoyaba a Crafts y proponía «un colonialismo americano que mejore los métodos británicos y evite el estilo laissez-faire de los administradores franceses»; cfr. Musto, ob. cit., pp. 26 y 260, n. 8. <<

[92] E. Root a W. H. Taft, 14/6/1903, Library of Cangress, E. Root Papers. <<

[93] Cfr. H. K, Beale, Th. Roosevelt and the Rise of America to World Power, J. Hopkins Press, Baltimore, 1956, p. 230. <<

[94] C. Chailé-Long, «Why China Boycotts Us», The World Today, marzo, 1906, p. 314. <<

[95] Cfr. Beale, ob. cit., p. 197. <<

[96] H. Wright a C. Huntington Wilson, 29/11/1909, en Musto, ob. cit., p. 266, n. 65. <<

[97] Pocos años después, el secretario de Estado, J. Bryan, escribía al presidente Wilson que «el señor Phillips (secretario de Estado adjunto) observa también lo que yo mencioné a usted en previas ocasiones, a saber: que el aliento del doctor Wright apesta a licor»; cfr. Library of Congress, W. Wilson Papers, «Opium», 21/3/1914, en Musto, ob. cit., p. 274, n. <<

[98] Importation and Use of Opium, Hearings before the House Committee of Ways and Means, 3/5/1910, 61 Congr. 2nd. Ses., GPO, 1910. <<

[99] Pp. 48-49. Es habitual traducir white slave traffic por «trata de blancas». <<

[100] P. 503. <<

[101] R. P. Hobson, quizá el más famoso prohibicionista de todo el período, diputado por Alabama, pasó fluidamente de la Cruzada antialcohólica a la Cruzada contra opiáceos y demás «estupefacientes», sin dejar en ningún momento de denunciar el «peligro amarillo», la «amenaza japonesa» y las tendencias «germanófilas». El compendio de toda su vida como cruzado fue una obra de senectud, Drug Addiction: A Malignant Racial Cancer (1933), cuyo título habla por sí mismo. <<

[102] Cfr. sobre el debate D. A. Musto, ob. cit., pp. 45-48. <<

[103] Cfr. Musto, ob. cit., p. 50. <<

[104] El secretario de Estado, Bryan, le citó y exigió que hiciera voto de abstinencia (pledge of abstinence), al menos mientras durase la Conferencia. Ante la indignada negativa de Wright, Bryan le comunicó su cese, tanto en el Departamento de Estado como en la delegación americana. <<

[105] Acabamos de ver que el Convenio de La Haya dejaba la puerta abierta a preparados cuya proporción de «estupefaciente» no excediera, en unos casos, del 0,1 y, en otros, del 0,2. <<

[106] Journal of the NARD, editorial: «Legislative organization: Have a laugh with us», núm. 17, 1913, pp. 73-74. <<

[107] El dato muestra, indirectamente, que era muy frecuente recetar por correo en aquellos años. <<

[108] Cfr. Musto, ob. cit., p. 60. <<

[109] Cfr. J. H. Beal, «The Senate Amendments to the Harrison Bill», Journal of the American Pharmaceutical Association, 3, 1914, pp. 479-481. Beal hace especial mención a un típico remedio de autor, el «Curso terapéutico del doctor Tucker contra el asma», hecho a partes iguales de morfina y cocaína y vendido a 12 dólares. <<

[110] Jour, of the Am. Pharm. Ass., Editorial, 4, 1914, pp. 4-8. <<

[111] Cfr. Musto, ob. cit., p. 273, n. 33. <<

[112] Cfr. Use of Narcotics in the United States, Hearing before the Committee on Printing, 3/6/1924, 68 Congr., 1ª Ses., p. 27. <<

[113] J. Pereira, The Elements of Materia Medica and Therapeutics, Carson, Philadelphia, 2 vols., 1854, p. 1039. <<

[114] A Treatise on Therapeutics and Pharmacology or Materia Medica, 2 vols., Lippincott, Philadelphia, 3ª ed., 1886, vol. I, pp. 712-713. <<

[115] Ob. cit., pp. 725-726. <<

[116] Cfr. C. B. Towns, Habits that Handicap, and the Remedy, Century, Nueva York, 1915, p. 71. <<

[117] A 1/6/1916 había 124.000 médicos, 47.000 boticarios, 37.000 dentistas, 11.000 veterinarios y 1.600 productores, importadores y mayoristas registrados. <<

[118] «Penalties Imposed by the Harrison Antinarcotic Law», Editorial, Medical World, 33, 1915, p. 459. The Fiend significa en inglés «el Diablo», y la expresión dope fiends debe traducirse por diablos drogados, mejor que con términos como «drogocanallas» o «narcomonstruos», pues se retiene con ello el matiz teológico último. <<

[119] Justice Dept. Records, National Archives, b. 7, r. g. 6; fiscal F. Robertson a Fiscalía General, 2/10/1915; W. W. Jr. a Robertson, 11/10/1915. Cfr. Musto, ob. cit., p. 127. <<

[120] «La ley parece tan plagada de goteras que se hundirá si el Congreso no hace un replanteamiento», decía un editorial del New York Medical Journal, 104, 1916, pp. 905-906. <<

[121] Bureau of International Reform, Annual Report, 30/6/1916, pp. 24-25. <<

[122] U.S. versus Doremus, 249 U.S. 86, fallado en 3/3/1919. <<

[123] Webb et al. versus U.S., 249 U.S. 96, fallado el mismo 3/3/1919. <<

[124] Cifra confirmada cuatro años más tarde por L. Kolb y A. G. Dumez; cfr. Public Health Reports, 39, mayo 1924, pp. 1179-1204. <<

[125] 23/3/1919, p. 31, «Drugs Threaten America». <<

[126] «Some Facts Concerning Drug Addiction», 14/6/1921, Records of the Public Health Service, National Archives, r. q. 90, fol. 2123. <<

[127] H. Duvall, B. Locke y L. Brill, «Follow-Up Study Of Narcotic Drug Addicts Five Years After Hospitalization», Public Health Reports, 78, marzo 1963, pp. 185-193. <<

[128] G. E. Vaillant, «A TweIve-Year Follow-Up of New Narcotic Addicts: The Relation of Treatment to Outcome», Am. Journ. of Psychiatry, 122, 1965, pp. 729 y ss. <<

[129] Cfr. R. E. Trusell, «Proceedings, White House Conference on Narc. and Drug Abuse», Panel 2, sept. 27-28, Washington, D.C., U.S., Government Printing Office, 1962. <<

[130] U.K. Ministry of Health, Report of the Rolleston Committee, 1918, reimpr. en Home Office, p. 14. <<

[131] U.K. Min. of Health, Interdepartamental Comm. of Drug Addiction Report; cfr. S. Schnur, Narcotic Addiction in Britain and America, Indiana University Press, Bloomington, 1962, p. 161. <<

[132] L. Kolb, «Drug Addiction: A Study of Some Medical Cases», Archives of Neurology and Psychiatry, 20, 1928, p. 178; cfr. A. R. Lindesmith, The Addict and the Law, Indiana University Press, Bloomington, 1965, p. 40. <<

[133] A. B. Light et al., Opium Addiction, American Medical Association, Chicago, 1929, p. 115. <<

[134] Cfr. Musto, ob. cit., p. 191. <<

[135] Editorial, «The Growing Enslavement of the Profession of Medicine», 99, 1921, p. 18. El artículo vinculaba irónicamente la persecución de toxicómanos y la de sujetos con enfermedades venéreas y opiniones políticas radicales. <<

[136] A. Lambert, «Address of the President Elect», Jour. of the Am. Med. Ass., 72, 1919, pp. 1767-1769. <<

[137] «Morphinism and Its Treatment», Jour. of the Am. Med. Ass., 58, 1912, pp. 1499-1504; «An Analysis of Narcotic Drug Addiction», N.Y. Medical Jour., 101, 1915, pp. 399-403; «Some Fundamental Considerations on the Problem of Drug Addiction», Am. Med., 21, 1915, pp. 807-816; «The Narcotic Addict, the Physician and the Law», Med. Economist, 4, 1916, pp. 121-128; The Narcotic Drug Problem, MacMiIlan, Nueva York, 1920. <<

[138] «Resolution Relative to Dr. Ernst Bishop», Am. Med. Editor's Ass., 53 Annual Meeting, en Am. Med., 28, 1922, pp. 720-721. <<

[139] New York Times, 10/3/1919, p. 7. <<

[140] «The Underlying Causes of the Narcotic Habit», Modern Med., 2, 1920, p. 8. El subrayado no es de Lambert. <<

[141] «Some Fallacies Regarding Narcotic Drug Addiction», Jour. of the Am. Med. Ass., 74, 1920, p. 1439. <<

[142] La falta de fe en semejantes promesas es muy antigua dentro del propio estamento represor. Ya en 1921, el secretario del Tesoro, A. Mellon, constataba que «el aumento del contrabando de estupefacientes no cesa, y los funcionarios de aduanas parecen impotentes»; cfr. A. Mellon a J. W. Fordney, Comm. of Ways and Means, 67 Congr. 1ª Ses., 27/3/1922, H. Rept. 852, pp. 19-20. <<

[143] Cfr. Musto, ob. cit., p. 170. <<

[144] Se trata del Ku Klux Klan; cfr. Musto, ob. cit., p. 171. <<

[145] Informe de H. H. Wouters, agente especial de Estupefacientes, a W. S. Blanchard, comisionado para la Prohibición, 29/9/ 1922; cfr. Musto, ob. cit., pp. 170-171. <<

[146] W. P. Butler, One American City is Meeting the Public Health Problems of Narcotic Drug Addiction», Am. Med., 28, 1922, pp. 154-162. <<

[147] Shreveport Journal, 7 y 9 de junio de 1923. <<

[148] Ruth fue después procesado y expulsado del servicio, por chantajes y extorsiones tanto a adictos como a terapeutas; cfr. S. Howard, «The Inside Story of Dope in this Country», Hearst's International, febrero 1923, p. 142. <<

[149] Será una circunstancia hasta cierto punto colateral, como el hecho de quedar esas «granjas» bajo a custodia del Public Health Service, lo que radicalizó al doctor L. Kolb y le llevó a estudiar con rigor distintos aspectos en el sistema de la prohibición. En 1935, Kolb fue nombrado director de la Narcotic Farm de Lexington, donde el régimen de rehabilitación forzosa, en condiciones carcelarias, acabó por manifestársele como algo simultáneamente opuesto a la Medicina y al Derecho. Gracias a Kolb, y a voluntarios de Lexington, comenzó a socavarse el infundado prestigio de las drogas «lícitas», y hasta su jubilación, cuando era la máxima autoridad nacional en materia de Sanidad, fue un vigoroso crítico de la política oficial sobre «estupefacientes». Quizá su trabajo definitivo sea el hecho en colaboración con C. K. Himmelsbach, «A Critical View of the Withdrawal Treatments with a Method of Evaluating Abstinence Syndromes», supl. 128 a Public Health Reports (GPO), 1938. Por lo demás, su falta de influencia sobre la Prohibition Unit cuando ya era director general de Sanidad expresa hasta qué punto nunca fue una empresa de científicos la caza de diabólicos adictos. Sólo a posteriori, retroactivamente, ha querido presentarse la Cruzada como un asunto «científico». <<

[150] «Hearings before the House Appropiation Committee», Treasury Dept., Appropiation Bill, 1933, 14/1/1932, 72 Congr., 1ª Ses., p. 376. <<

[151] Cfr. «Hearings before the House Appropiation Committee», Tr. Dept., App. Bill, 1931, 27/11/1929, 71 Congr., 2ª Ses., p. 345. <<

[152] «House Investigation on Narcotics», House Res., núm. 258, 67 Congr., 2ª Ses., 4/1/1922, Congr. Rec., vol. 62, pt. 1, p. 808. <<

[153] H. T. Nugent, supervisor general de la Oficina Federal de Estupefacientes, a la 4ª Conf. Anual de Funcionarios dedicados a la Represión Farmacéutica, Toronto, 25/8/1932; archivos de la American Pharmaceutical Ass., b. 31, pp. 86-87. <<

[154] Cfr. L. Kolb, Drug Addiction: A Medical Problem, Ch. Thomas, Springfield, Illinois, 1962, p. 146. <<

[155] U.S. versus Behrman, 258 U.S., 27/3/1922. <<

[156] Linder versus U.S., 268 U.S., 13/4/1925, p. 22. <<

[157] «Hearings on Establishment of Two Federal Narcotic Farms», House Judiciary Committee, HR, 12781, 26/4/1928, 70 Congr., 1ª Ses. <<

[158] Cfr. Musto, ob. cit., p. 324, n. 43. <<

[159] Nigro versus U.S., 276 U.S. 332, 9/4/1928. <<

[160] Cfr. Musto, ob. cit., p. 207 <<

[161] Cfr. Musto, ob. cit., p. 212. <<

[162] El País, 5/9/1986. <<

[163] Como sucedió con las brujas desde el XVI al XVIII, la cruzada contra diversas substancias sólo sirve para multiplicar por cuarenta o cincuenta el número de sus consumidores. <<

[164] El País, 3/7/1986. <<

[165] Cuadernos del Norte, 31, mayo-junio 1986. <<

[166] E. Baselga, S. J., Los drogadictos, Guadarrama, Madrid, 1972, pp. 182-185. <<

[167] El País, 2/4/1985, p. 21. <<

[168] «Coertion to Virtue: The Enforcement of Morals», Southern California Law Review (41), 1968, p. 620. <<

[169] New York Times, 2/2/1973, «Governor's Plan on Drug Abuse», p. 13. <<

[170] New York Times, 6/2/1973, «Flexibility urged in narcotics cases», p. 29. <<

[171] J. Fort, La sociedad adicta, Laia, Barcelona, 1984, p. 87. <<

[172] New York Times, Editorial, «Police as pushers», p. 32. <<

[173] Task Force Report: Narcotics and Drug Abuse, Washington, D. C., U. S. Government Printing Office, 1967. <<

[174] Cfr. D. Musto, The American Disease: origins of the narcotic control, Yale University Press, Yale, 1973, p. 220. La declaración de Anslinger apareció en el New York Times de 15/9/1935. <<

[175] El País, «Informes oficiales sobre el número de adictos en España», 2/4/1985, p. 21. <<

[176] Voz Drug problems, vol. V, p. 1051. <<

[177] Entrevista con J. Lledó, La Luna de Madrid, 16/3/1987. <<

[178] El País, 10/4/1984. <<

[179] El País, 19/5/1984. <<

[180] El País, 15/7/1987. <<

[181] Estudios, México, 1987. <<

[182] Manuel Sáenz de Heredia, comentario a su traducción —aún inédita— de las Elegías de Duino. <<

[183] Sistema del Idealismo Trascendental, cap. final, «Naturaleza de la obra de arte», par. 2; Sämmtliche Werke, t. III, p. 607. <<