El mensaje principal de la dictadura de Franco durante cuarenta años de propaganda fue que había traído la paz y el orden a España. Pero el origen y base del modelo franquista estuvo en la combinación de miedo y hambre o, dicho más claramente, el asesinato de líderes sindicales, la destrucción de organizaciones representativas y la imposición generalizada del terror y de la opresión socio-económica durante y después de la guerra. Y en los años sesenta, con las políticas macroeconómicas correctas y con los trabajadores controlados, el franquismo garantizó un ambiente positivo para la inversión. Y así pudo tener lugar la óptima explotación del trabajo tanto por el Estado como por el capital privado.

Antonio Cazorla Sánchez

Miedo y progreso

Los españoles de a pie bajo el franquismo, 1939-1975

ePub r1.0

Titivillus 23.08.2021

Título original: Fear and progress. Ordinary Lives in Franco’s Spain, 1939-1975

Antonio Cazorla Sánchez, 2010

Traducción: Antonio Cazorla Sánchez

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Listado de ilustraciones

LISTADO DE ILUSTRACIONES

1. Miseria de posguerra: una mujer baña a su hijo en un balde, en un barrio de chabolas. Madrid, abril de 1940[*].

2. Estraperlo: dos mujeres trapichean en una calle de la ciudad, una tiene cigarrillos de racionamiento y la otra espárragos que ella cultiva y de los que solo dan con la cartilla. Madrid, año 1940[*].

3. Una visión idealizada de la represión: reclusos de la cárcel de Porlier se disponen a tomar el almuerzo. Madrid, 28 de septiembre de 1940[*].

4. El amigo nazi: la expedición de productores para trabajar en Alemania organizada por la Central Nacional Sindicalista, sale de la estación de Francia. Barcelona, septiembre de 1941[*].

5. La apropiación del dolor: Francisco Franco visita las obras de construcción del Valle de los Caídos, ejecutadas en parte por presos políticos. El Escorial, Madrid, 20 de noviembre de 1946[*].

6. Salarios de hambre: una cuadrilla de campesinos transporta la uva en grandes espuertas durante la temporada de vendimia en tierras de cultivo extremeñas. Almendralejo, Badajoz, década de 1950[*].

7. Chabolas: Madrid, junio de 1950[*].

8. El dispensador de bienestar: Francisco Franco entrega los títulos de propiedad de las viviendas y las parcelas a sus propietarios. Valdecalzada, Badajoz, 5 de octubre de 1956[*].

9. España exporta a sus pobres: salida del primer contingente de trabajadores españoles hacia Bélgica, de acuerdo con el convenio hispano-belga. Madrid, marzo de 1957[*].

10. Y se van. Salida desde la Estación del Norte del primer tren de trabajadores españoles hacia Bélgica[*].

11. La larga posguerra: trabajadores de la construcción almuerzan en la vía pública. Madrid, 22 de agosto de 1960[*].

12. El turismo: dos mujeres vestidas de negro observan a una mujer que, en bañador, coloca ropa en el tendedero de su caravana en la playa de El Postiguet. Alicante, marzo de 1960[*].

13. Los primeros placeres del consumo: un grupo de personas mira el escaparate de un centro comercial que presenta la moda de primavera para mujer. Madrid, 30 de marzo de 1961[*].

14. Grupo de trabajadores de los 1500 que llegaron en esos meses a Suiza para trabajar en faenas agrícolas. Llegada a la aduana en Ginebra. Ginebra, 3 de mayo de 1962[*].

15. El Corte Inglés anuncia sus rebajas de invierno lo que congregó a gran número de personas. Madrid, 7 de enero de 1964[*].

16. Disidentes: un centenar de manifestantes aprovecharon la presencia de la prensa internacional para protestar por la represión del régimen durante el Festival de Cine. San Sebastián, junio de 1966[*].

17. Leales: un grupo de personas se manifiesta contra el asesinato del jefe de la Brigada de Investigación Social de Guipúzcoa, Melitón Manzanas. Fue el primer atentado premeditado de ETA. Bilbao, 10 de agosto de 1968[*].

18. Supuesta redención. Interior del taller de costura de la cárcel de mujeres. Alcalá de Henares, 15 de enero de 1970[*].

19. Más turistas: cientos de turistas han celebrado la llegada del nuevo año en la playa de Las Canteras, con un gran árbol navideño adornando el paseo del malecón. Las Palmas, 2 de enero de 1970[*].

20. La Paz de Franco se resquebraja: Proceso de Burgos. Gregorio Peces Barba, abogado defensor, acompañado del representante del colegio de abogados de París, Weil, que actúa como observador, se dirigen al juicio contra 16 miembros de ETA. Burgos, 4 de diciembre de 1970[*].

21. Un país mayoritariamente franquista: manifestación de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente. Madrid 17 de diciembre de 1970[*].

22. La cárcel más célebre del tardofranquismo. Patio de paseo del Centro Penitenciario de Carabanchel. Madrid, 16 de junio de 1971[*].

23. La doble opresión de ser mujer y obrera: costureras en una sastrería de Madrid. Madrid, 13 de noviembre de 1973[*].

Nota sobre fuentes y abreviaciones

NOTA SOBRE FUENTES Y ABREVIACIONES

La mayoría de la documentación original citada en este libro proviene del Archivo General de la Administración (AGA). Las diferentes secciones del archivo coinciden con los nombres de los ministerios del Gobierno español. Los más usados en este libro proceden de los siguientes ministerios: Interior (anteriormente Gobernación, AGA-I o AGA-G), Presidencia (AGA-P), Cultura (AGA-C), y Sindicatos (AGA-S). Otras citas aluden a varias fuentes archivísticas, pero la mayor parte de ellas son del Britísh Foreign Office (FO) en los National Archives, y del Archivo del Partido Socialista Obrero Español en la Fundación Pablo Iglesias (AFPI).

Los españoles de a pie y su régimen político excepcional

LOS ESPAÑOLES DE A PIE Y SU RÉGIMEN POLÍTICO EXCEPCIONAL

Cuando en los libros de Historia aparece el nombre de una persona y no lo reconocemos, tendemos a asumir que esta vivió una vida ordinaria y sin interés. Se trata de una presunción especialmente cierta si el lector se considera una eminencia en el periodo histórico del que se trata, pero que ya conlleva el prejuicio de considerar sin relevancia histórica a la inmensa mayoría de las personas que pueblan el planeta, generación tras generación. Aunque el historiador los observe como paja a apartar para encontrar el grano que alimenta su oficio, en realidad son estos mismos sujetos ordinarios los protagonistas del día a día, y los mismos que se benefician, padecen o simplemente se sobreponen como pueden, a las consecuencias de la Historia con mayúsculas. Este libro trata de esa gente que, como usted y yo, no tiene vocación de pervivir en la memoria oficial. Relata las experiencias de los millones de españoles de a pie que vivieron entre 1939 y 1975 bajo el férreo yugo de Francisco Franco, llamado por sus seguidores el Caudillo[1]. Incluye también este trabajo algunos aspectos pertenecientes a los años de la Guerra Civil, de modo que en total revisaremos casi cuatro décadas de la historia de los españoles.

La gente normal no solo hace la historia, sino que también la percibe de manera diferente a aquellos que ostentan el poder, y a menudo también de a quienes se encuentran en posición de juzgarla desde tribunas académicas cuando ya ha pasado. En todo caso, juzgar el ayer es tan inevitable como complicado. Los historiadores, por ejemplo, cuando explicamos las vidas y el tiempo de esa gente sin historia, lo hacemos con la ventaja de (creer) saber qué fue de ellas. Sin embargo, deberíamos ser conscientes de que resulta muy difícil conocer cuáles fueron sus pensamientos, y en particular lo que en su momento pedían al futuro. Esto es especialmente verdad en el caso del franquismo pues, por su propia razón de ser, las dictaduras se fundamentan en la represión, las mentiras y el silencio. Pero, aun en estas circunstancias, la vida bajo una dictadura ofrece otras cosas y no todas, especialmente en el ámbito privado, son malas. Durante la larga duración del régimen franquista, las vidas de los españoles fueron afectadas por muchas transformaciones sociales complejas, y ocurrieron pequeños y grandes eventos personales, esos que no suelen entrar en las grandes narrativas históricas, pero que fueron muy importantes y afectaron de forma positiva a millones de personas. A pesar de ello, narrar el pasado basándose en esos momentos y logros personales, en lo que podemos llamar intrahistorias —más aún si se hace desde la nostalgia de lo vivido— presenta el riesgo de desdeñar o minimizar el miedo y la represión que dominaron la vida cotidiana de los españoles bajo el franquismo y los límites que marcaron las políticas económicas y sociales del régimen. Este es un equilibrio difícil para el historiador: evitar una lectura absoluta en tonos ideológicos y, al mismo tiempo, no hacer un falseamiento edulcorante del pasado que ignore el sufrimiento de las víctimas.

Como se verá en este libro, los anhelos y las aspiraciones de los españoles de a pie durante la Guerra Civil y después de ella difirieron enormemente tanto de los de sus vecinos europeos durante los años dorados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, como de los que, a pesar de los muchos pesares, disfrutamos en nuestro país hoy en día[2]. En la actualidad, Europa es un continente libre y los países están culturalmente muy cercanos entre sí. Los europeos nos vemos y nos reconocemos en la televisión, en los intercambios turísticos y escolares, nos conectamos a través de internet, nos encontramos y debatimos en foros comunes, compartimos y consumimos prácticamente la misma oferta cultural, vivimos vidas muy similares y esperamos más o menos lo mismo del mañana. Hace solo cincuenta años las cosas eran muy diferentes. Por ejemplo, en 1957 Franco estaba en el ecuador de su dictadura: llevaba dieciocho años en el poder y aún le quedaban otros tantos de vida. En ese mismo año, países como Reino Unido y España —conectados hoy por apenas dos horas de vuelo en una aerolínea de bajo coste— no podían ser más diferentes. Entonces, el primer ministro Harold Macmillan podía jactarse de que la mayoría de los británicos «nunca había estado mejor», y estaba en lo cierto. Los británicos disfrutaban de libertad y de una prosperidad mejor distribuida que en cualquier tiempo pasado. Esto era el producto del llamado pacto social de posguerra entre capital, trabajo e instituciones públicas, que contribuyó a repartir los beneficios del boom económico de 1947-1974. Una situación similar se daba en otros países del entorno europeo como Alemania, Holanda e incluso en las entonces políticamente inestables Francia e Italia. Pero en la España que Franco gobernaba las cosas eran muy diferentes: no existía pacto social ni libertad, y la vida, al menos para la mayoría, distaba mucho de tener las condiciones de bienestar descritas para sus vecinos de más allá de los Pirineos.

Este era el caso, por ejemplo, de una familia de nueve miembros que, junto al prometido de la hija mayor, acababan la cena en la ciudad de Almería durante una noche de invierno cualquiera de ese mismo 1957. Como era menester, la madre repartía el postre, compuesto por dos naranjas que se distribuían con arreglo al siguiente criterio: los varones tenían preferencia sobre las mujeres y los mayores sobre los más jóvenes. Así, el padre de familia recibía tres gajos, el futuro yerno y cuñado dos, y lo que quedaba se dividía entre el resto (la madre, tres niños y cuatro niñas). Eran pobres. Los progenitores y el yerno eran analfabetos; y aunque todos los hijos habían asistido a la escuela, la abandonaron pronto, y solo el más joven completaría su formación profesional de mecánico. El resto estaba condenado a desempeñar trabajos no especializados: el padre, que había trabajado en el campo, se ganaba la vida como portero en un edificio gubernativo; la madre le ayudaba y limpiaba las oficinas cuando cerraban sus puertas al público; el yerno era pescador; su futura esposa sería sirvienta, trabajadora en una fábrica, cocinera y, finalmente, limpiadora de un colegio; el hermano mayor probaría suerte en el toreo, luego se convertiría en conductor de camiones, después sería chófer de artistas famosos durante los años de los spaghetti western, y más tarde conduciría un taxi; otra hermana se dedicaría a la costura; el resto de las niñas trabajarían de sirvientas la mayor parte de sus vidas; y el otro hermano fue camarero.

Desde su boda en los años treinta, la madre había estado encinta de manera casi continua. Algunos de sus hijos nacieron antes de la contienda, otros durante ella, y la mayoría en la larga posguerra. Como era normal entonces, esta mujer había tenido también abortos espontáneos y varios hijos que no superaron la infancia. Esta situación no se repetiría para sus hijas y nueras. De los reunidos en la mesa solo la mayor tendría cuatro vástagos. El cuarto, un varón, nació en 1963 tras la muerte del segundo de sus hermanos, una niña, cuando todavía era un bebé. Ese cuarto hijo enseña hoy historia en una universidad canadiense y es el autor de este libro[3].

Las penurias que padeció mi familia reunida alrededor de la triste mesa de esa cena, compartidas a su vez por millones de familias españolas, no eran únicamente el resultado de un contexto «natural» de pobreza, sino que tenían unas evidentes causas políticas. A pesar de ello ni protestaban —o al menos, no en público— ni hablaban de política. Muy al contrario, mi familia, como tantas otras, eligió olvidar aquello que juzgaba inapropiado por peligroso y doloroso. Entre lo primero, estaba que el padre y su consuegro —esto es, mis dos abuelos— habían combatido en el ejército republicano. También que ambos habían votado regularmente a la izquierda e incluso, en el caso del padre de esta familia, llegado a militar en la Unión General de Trabajadores. Pero no eran extremistas. Al estallar el conflicto no se presentaron voluntarios a filas sino que fueron reclutados forzosamente por las fuerzas republicanas. Tampoco ninguno destacó con sus acciones o su bravura en el frente y si sobrevivieron a la guerra fue gracias a que a veces eludieron sus deberes con tácticas similares a las descritas por Jaroslav Hasek en su sátira El buen soldado Svejk. A medio camino entre lo peligroso y lo doloroso, estaba la breve participación de mi abuelo materno en reuniones socialistas clandestinas en la posguerra —mientras mi abuela esperaba en casa, aterrorizada, su regreso— o las actividades del tío del novio pescador, quien vivía exiliado desde algunos años atrás en Orán —entonces la Argelia francesa— después de haber ayudado a huir a aquel país a una partida de guerrilleros republicanos. Sin embargo, su mayor secreto, aquel que se cuidaban de mantener bien oculto, era uno bien diferente y su recuerdo aún estremecía a los adultos de la familia que sabían la verdad de esta historia. Paradójicamente, era un secreto muy visible.

Colgado sobre la pared de la habitación donde cenaba la familia estaba el retrato de un apuesto joven. Vestía el uniforme de oficial de un ejército vencido. La misma foto estaba en las casas de los tíos y tías de la familia extensa. Este muchacho, el primo Rafael, era un teniente de sanidad republicano que había sido confinado en la terrible prisión del Ingenio, en Almería, después de la guerra. De allí lo sacaron para matarlo, lodos sabían que María (mi madre, la hija mayor de la familia), entonces una niña, había sido la primera en conocer el trágico destino del primo Rafael la mañana en que lo ejecutaron, cuando un carcelero grosero se mofó de mi madre y de la cesta de comida que llevaba al ya difunto. «Este pájaro ya no comerá más», le dijo. Pero entonces ninguno de los familiares contaba esa historia a los niños. Yo la aprendí mucho después, cuando el dictador ya había muerto. Ni tampoco hablaba nadie del lugar en que había sido enterrado el cuerpo de Rafael, aunque todos sabían que yacía, junto a muchos otros, en una fosa común sin identificar en el cementerio local, sobre la que, ya en el tardofranquismo, el ayuntamiento construyó nuevos nichos, intentando borrar el horror con la excusa del progreso. Mi familia usó el silencio para sobrevivir a una realidad que no podía cambiar. No anhelaba venganza o, lo que quizás podrá sorprender al lector moderno, ni siquiera libertad. Algunos de mis familiares —como yo hasta casi la adolescencia— incluso llegaron a pensar que Franco era un buen hombre que nada sabía de los crímenes, injusticias y miserias cometidos en su nombre. ¿Acaso no había llegado el indulto del primo Rafael solo unos días después de su muerte? De hecho, cada vez que Franco visitó Almería, varios miembros de mi familia fueron a vitorearle. Poco más podían hacer. Como no les llegaba el dinero para comprar banderas que recibiesen al tirano, tenían que colgar —animados por la visita de la policía política— un mantón o la colcha más nueva que tuviesen en la ventana de su casa. «Entonces teníamos los ojos cerrados» dirían después, en un tiempo muy distinto, mis padres al recordar aquellos años. Solo cuando la democracia volvió finalmente a España mis familiares «abrieron sus ojos», «descubrieron» y «recordaron» lo que durante la dictadura habían elegido olvidar ellos, y que ahora nos contaron a nosotros.

Lo ocurrido con los recuerdos y con las lealtades de mi familia no fue un hecho aislado. Millones de personas que habían apoyado a la izquierda durante la República se vieron forzadas durante las primeras décadas de la dictadura a conciliar sus ideas, su vocabulario, su pasado y sus expectativas, con la dura realidad del franquismo. Ellos se vieron forzados a abandonar toda esperanza de libertad a cambio de poder vivir en paz. Franco aseguraba entonces, como hizo hasta el día de su muerte, que España era una nación europea más, pero que sufría el odio y la incomprensión del concierto de las naciones. Pero su España era excepcional (como lo era también Portugal) dentro de la Europa occidental. Allí, en Europa, y no aquí, se podía elegir democráticamente a los líderes y castigar su mala gestión con la pérdida del poder. En los países ibéricos, desafiar a la dictadura significaba provocar inmediatamente la violencia de Estado y, en el caso particular de España, se temía que confrontar aquella violencia resucitaría el horror de la contienda civil. Atrapados por la lógica política de la dictadura, los españoles de posguerra tuvieron que sacrificar su libertad personal y colectiva a cambio de una paz garantizada por un régimen ineficaz, corrupto, opresivo y criminal. Pero debido al intercambio de libertad por miedo, España no vivió el mismo tipo de progreso que se implantó en la Europa occidental, sino otro distinto, tremendamente tardío, moral y materialmente miserable, y muy desigual.

Este intercambio entre libertad y paz (aunque esta fuese la de los cementerios), por sí mismo devastador, llevó incluido el precio del estancamiento económico del país. Frente a la prosperidad democrática de los países vecinos, la peculiar paz del franquismo dispensó a los españoles de a pie un inconmensurable y prolongado sufrimiento material. Durante décadas, en lugar de obrar en pos del bien común, la gestión económico-social de las instituciones franquistas fue ineficaz en el mejor de los casos, y a menudo tan represiva como indolente. Como resultado, la vida cotidiana fue mísera y los valores sociales y colectivos se hundieron en el pesimismo. El deterioro moral de la sociedad tuvo como víctima preferente a los valores cívicos. Los españoles se volvieron más individualistas y cínicos, buscando el consuelo y el apoyo en la única institución en la que podían confiar, la familia; y en vez de buscar justicia se refugiaron en «el favor». Ambos les permitieron, si no evadir por completo, sí al menos de forma temporal, algunas de las muchas penurias que les acosaban cotidianamente. Pero era un sistema desigual y, por supuesto, lleno de trampas. Obtener un empleo, resolver un trámite administrativo dependía de «conocer» a la persona encuadrada en el régimen más que de la gravedad del problema o la justicia de la causa. Recibir «el favor» podía fácilmente implicar despojar de sus derechos a alguna persona más necesitada, o más capaz. Era un mecanismo moralmente corrupto que creó redes clientelares, en las que el súbdito de Franco necesitaba congraciarse con los sostenedores de la dictadura para resolver sus cuitas diarias. Esta cultura, desgraciadamente, se reprodujo una vez que España adoptó el sistema democrático. Así se conformó una sociedad que aceptó a regañadientes, pero que se adaptó y manipuló, la precariedad mientras los países de la Europa occidental se resarcían y se repartían los beneficios del boom económico. El siguiente es un ejemplo, entre muchos, de lo que decimos. Por ejemplo, en 1930, la renta disponible por habitante en España era un 13 % más baja que la de Italia; en 1950, cuando todavía el «milagro económico italiano» no había arrancado, la diferencia ya era de un 40 %. En aquel mismo año, España era el único país occidental que aún no había alcanzado los índices principales de producción de 1929[4]. Por eso, a diferencia de los europeos occidentales, los españoles de los años cincuenta no pudieron decir «que nunca habían estado mejor». El Caudillo sí que lo decía.

Si mi familia hubiera oído a finales de la década de 1950 «el parte», como entonces se llamaba a los noticiarios de la radio, seguramente tampoco habría sabido de los dilemas a los que se enfrentaba el régimen. La censura oficial se encargaba de que el ciudadano medio viviera sin conocer la gravedad del tono de los informes internos, que señalaban la necesidad urgente de cambios drásticos en el modelo económico a medida que la inflación se disparaba y las reservas de divisas desaparecían[5]. La gente de a pie sabía que los salarios iban siempre detrás de los precios pero ignoraba que Franco, el supuesto buen hombre según muchos, se resistía con obstinación a las reformas, a pesar de las evidencias de que la mala gestión económica estaba llevando el país a la ruina. La gente tampoco sabía que los líderes de la Falange soñaban no en acabar con la pesadilla autárquica sino con un viraje hacia valores y políticas fascistas aún más extremos. Esto es, que los falangistas pedían más de lo mismo, pero con ellos al frente[6]. Por último, ignoraban los españoles que los tecnócratas del régimen, algunos de ellos miembros del Opus Dei —entonces el componente más modernizador del Gobierno franquista— buscaban adaptar la economía al capitalismo occidental ortodoxo[7].

El Opus Dei era (y continúa siendo) una organización católica ultra-conservadora que se fortaleció tanto gracias a sus contactos con políticos franquistas —empezando por la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco— como por su reconocido celo en reclutar y educar a jóvenes con talento. Pese a lo muy reaccionario de su ideario político, los expertos del Opus introdujeron conceptos técnicos de economía que, con el tiempo, calaron entre algunos sectores de las élites franquistas. En 1957 Franco les dio cabida en su Gobierno a costa de la vieja guardia falangista. Allí impulsaron un programa de liberalización económica orientado a crear una España más próspera, pero dejando intacta la estructura política del franquismo y, por supuesto, la represión política y social[8]. Este cambio de orientación guio la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional en 1958, la adopción del Plan de Estabilización de 1959, y el ingreso en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1961. Después de dos décadas de dislates económicos, el franquismo finalmente abrazó el sistema capitalista moderno y comenzó a integrar al país en la economía occidental. Fue un punto de inflexión que cambiaría para mejor la vida de muchísimos españoles, pero que también impulsó al régimen, y le garantizó su supervivencia.

Debido a la longevidad del franquismo, la relación entre la gente y la dictadura fue plural, variable y compleja. Esto ha contribuido a la problemática de periodizar las diferentes etapas del régimen[9]. En términos políticos, existe un consenso mayoritario en diferenciar dos fases: la primera, filo-fascista, abarca desde el final de la Guerra Civil hasta la derrota del Eje al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A partir de entonces, el régimen abandonó sus aspectos formales más abiertamente fascistas en favor de una apariencia cristiana y anticomunista. Además, para entonces, lo peor de la represión contra los vencidos había pasado. Esta segunda etapa se caracterizó primero por el apoyo del Vaticano y luego se consolidó con una alianza formal con Estados Unidos en 1953, que trajo ayuda financiera a cambio de la cesión de territorio español para bases militares americanas.

Mientras que la periodización política de la dictadura es relativamente sencilla, el estudio de la historia social y económica del franquismo se complica porque encierra también la transformación de un país esencialmente agrario en 1939 a otro urbano y moderno a la muerte del dictador[10]. En su conjunto, la mayoría de los estudiosos estiman que hubo tres etapas de desarrollo en el ámbito socioeconómico. La primera abarca hasta 1952 y estuvo marcada por una política autárquica o de subsistencia en la que la privación de productos de primera necesidad causó una hambruna generalizada, que en algunos lugares llegó hasta bien entrada la segunda mitad de la década de 1940[11]. El régimen autárquico —importado del modelo fascista socioeconómico italiano y alemán con el que el dictador se identificaba— pretendió y consiguió mantener a España al margen de la economía global, incluso a costa de rechazar la oferta de asistencia de Estados Unidos y del Reino Unido en los años iniciales de la guerra mundial[12]. Durante el periodo de autarquía, el Estado franquista adoptó una actitud intervencionista: reguló el comercio y la oferta interna, trató de controlar la producción y los abastecimientos, e intentó forzar una industrialización fuertemente basada en la inversión pública directa y en la sustitución de importaciones. Como se verá más adelante, los efectos económicos y humanos de la autarquía fueron nefastos. La segunda etapa, entre 1952 y 1959, se ha llamado de transición o seminormalidad. Se trató de una respuesta reactiva y desganada a la catastrófica situación económica. El régimen dio marcha atrás a buena parte de las absurdas medidas adoptadas durante la autarquía, pero sin desmontar el sistema, lo que llevó a que los desequilibrios macroeconómicos se agudizasen en la segunda mitad de la década. El tercer y último periodo se inauguró con el Plan de Estabilización de 1959. Tras las reformas económicas, se entró en un periodo de desarrollo que, en términos generales, marcó la vida material y cultural (en sentido amplio), pero no la política, del país hasta el ocaso de la dictadura. A este periodo se le llamó el del milagro económico español.

Pero la realidad fue mucho más compleja. Entre otras razones porque los cambios en la vida de los españoles de a pie durante esos cuarenta años no fueron homogéneos a lo largo del país. España es un «pequeño continente» con una diversidad singular —enraizada en fundamentos históricos, económicos, sociales y culturales dispares— entre las diferentes regiones y, si usted lo prefiere, naciones que la conforman; es más, esas diferencias, que en ocasiones pueden llegar a ser muy marcadas, también se pueden apreciar dentro de las subdivisiones territoriales. En 1939, la mayoría de la población era rural. La producción agrícola más importante se encontraba en los trigales de Castilla y de Andalucía, donde también se cultivaba el olivo y se producía fruta y vino para exportar. En el noroeste de la península la explotación de la tierra se llevaba a cabo sobre todo en pequeñas propiedades, pero en el suroeste abundaba el latifundio, que empleaba a cientos de miles de campesinos sin tierra[13]. Al mismo tiempo, el país poseía grandes metrópolis como Madrid y Barcelona o dinámicas ciudades medias como Sevilla, Valencia, Bilbao o Zaragoza. Algunas regiones contaban con un bien establecido y complejo entramado industrial basado en una relativa especialización: extracción de carbón en Asturias y siderurgia el País Vasco; en Cataluña —especialmente en los alrededores de Barcelona— se concentraba la producción textil; Madrid aglutinaba el sector servicios, especialmente en los seguros, la banca y, por supuesto, en la administración del muy centralizado Estado. Otras regiones contaban con industrias de menor calado, la mayoría asociadas a la producción alimentaria y las exportaciones de productos primarios. En cualquiera de estas zonas era posible encontrar, no lejos de los grandes centros urbanos y la opulencia de la burguesía, barrios misérrimos y pueblos y aldeas profundamente atrasadas en todos los aspectos, desde la economía a la educación, o la higiene.

En lo cultural y político también eran muy significativas las diferencias en la España de 1939. La mayor parte de los españoles hablaba castellano, pero el uso de otras lenguas vernáculas en Cataluña, Galicia y, en bastante menor grado, País Vasco, era común, sobre todo en el entorno rural. En Cataluña y en el País Vasco existieron además —hasta su prohibición por la dictadura— partidos y asociaciones de marcado carácter nacionalista. Durante la Segunda República, tanto en estas nacionalidades como en el resto de España, el pequeño campesinado votó en general a la derecha, mientras que los jornaleros sin tierra y la población de los centros urbanos e industriales tendieron a apoyar a la izquierda y a los partidos republicanos. La división ideológica reflejaba además otra de tipo religioso: en las regiones rurales con predominancia de campesinos propietarios, especialmente en el norte, la asistencia a misa era muy alta así como el cumplimiento de las prácticas religiosas; mientras que la clase trabajadora, tanto urbana como rural, era a menudo indiferente e incluso abiertamente anticlerical[14]. Estas divisiones no desaparecieron con el fin de la guerra —otra cosa es que fuesen negadas por la dictadura— y de hecho resultan cruciales para entender el nacimiento y desarrollo de los movimientos sociales y culturales que se produjeron durante los últimos años del franquismo. Entre otras cosas marcaron el contraste entre la frecuencia e intensidad de la protesta en las regiones más desarrolladas y urbanizadas, con una arraigada clase trabajadora otrora organizada y combativa, y la falta de la misma en las zonas católicas, agrarias, conservadoras y/o tradicionalmente desmovilizadas.

Pese a las diferencias antes citadas, la participación en la Guerra Civil de estos sectores y regiones no estuvo marcada automáticamente por sus condiciones sociales, culturales o políticas. El muy diverso campesinado vasco, gallego y castellano formó el núcleo del ejército de Franco; pero también lucharon con los rebeldes centenares de miles de campesinos sin tierra del sur, que fueron enrolados a la fuerza cuando la zona fue tomada, a sangre y fuego, en las primeras semanas del conflicto por el Ejército de África. Las tropas republicanas, por su parte, se nutrieron de los centros urbanos y del centro-levante peninsular, además del foco norte de Asturias, Santander y la costa vasca. En la guerra, la gente combatió más a menudo donde se le forzó a enrolarse que donde eligió hacerlo. Es más, la mayoría ni se presentó voluntaria ni nunca quiso combatir.

Considerando todas estas diferencias materiales y culturales y los eventos políticos y bélicos, resultaría simplista y artificioso aproximarse a la Guerra Civil como la lucha entre un sector, rico y franquista, contra otro, pobre y republicano, o de las nacionalidades históricas contra España, por la sencilla razón de que hubo centenares de miles de gentes pobres (y decenas de miles que no hablaban castellano) con simpatías franquistas o luchando en los ejércitos rebeldes. Lo mismo se puede decir de las simpatías y la militancia de las personas de clase media, progresistas y muy españolistas alistadas en el bando republicano[15]. Estas son algunas de las muchas muestras de la variedad de identidades y circunstancias que desafían a las categorizaciones simplistas de la guerra y de la posguerra. A pesar de ello, se puede decir que el resultado del conflicto fue una sonada derrota, confirmada por las leyes y las políticas de la dictadura, de los intereses económicos de los pobres, y en especial de las clases trabajadoras y campesinos sin tierra. Luego, a partir de los años sesenta, también resultaron damnificados los intereses de los pequeños propietarios agrarios, pero esto, como ocurrió en el resto de Europa, se debió al propio desarrollo del sistema capitalista. También perdieron la guerra las identidades nacionales no «españolistas», las ideas laicas y todas las que se situaban a la izquierda del conservadurismo social y cultural más extremo. Como resultado, la España oficial que salió de la Guerra Civil fue un país caracterizado —y hasta caricaturizado— por la intolerancia y los prejuicios ideológicos, esto es, por la falsa unidad impuesta por el muy real terror del régimen de Franco[16].

Durante la posguerra, los españoles fueron testigos —otra cosa es qué quisieron ver y cómo lo explicaron— del sufrimiento de millones de sus semejantes. Dos fenómenos trágicos marcaron aquellos años. En primer lugar estuvo la brutal y despiadada represión política contra los vencidos que, por dar una idea, provocaría que en 1941 nos acercásemos a la dantesca cifra de 280 000 españoles todavía encarcelados por su simpatía o colaboración con la República. Entre ellos estaban parte de las quizás 50 000 personas que fueron ejecutadas entre 1939 y 1945. Entonces, y después, muchísimos más españoles sufrieron un acoso institucional y social, legal o paralegal, implacable[17]. Esto ocurrió mientras Franco se jactaba de ser un gobernante europeo normal. El suyo, decía el tirano, era un estado cristiano occidental que, en términos de legislación y logros sociales, se encontraba entre los más avanzados del mundo. La Iglesia, única gran institución autónoma del Nuevo Estado, corroboraba, de forma repetida y entusiástica, esta opinión. La dictadura y el clero afirmaban que la España de posguerra era un país en paz. Pero esta también era una gran mentira oportunista que negaba, con el descaro de quienes ostentan un poder inmenso, dos realidades. La primera negación era que la represión franquista sirvió principalmente para apuntalar el régimen a costa de infundir más odio y rencor, en vez de curar las heridas del pasado. Esta represión, y la intención que la guiaba, no fue normal en el contexto europeo occidental de posguerra (la Europa comunista del Este es otro tema) y desde luego fue mucho más extensa e implacable que las que se produjeron en Francia e Italia contra los enemigos políticos (fascistas, colaboracionistas, etc.) durante la liberación al final de la Segunda Guerra Mundial. El número total de asesinatos políticos y ejecuciones en ambos países —los más cruentos en este tipo de crímenes en Europa occidental entre 1943 y 1946— fue de aproximadamente 25 000 personas. Es decir, que entre los dos países apenas llegaron a la mitad de los ejecutados en España, y ello sin tener en cuenta que en nuestro país había una población tres veces inferior a las de Francia e Italia sumadas[18]. En ambos casos, la generosidad y el perdón oficial escalonado en la posguerra sirvieron para cicatrizar muchas de las heridas. Además, mientras que tanto en Francia como en Italia los ejecutores fueron en su mayoría grupos antifascistas y guerrilleros, durante el caos y el vacío de poder que siguió a la liberación, en España la represión de posguerra fue un proceso institucional, casi siempre controlado y llevado a cabo por tribunales militares.

La segunda peculiaridad de la política de la dictadura —esto es, el segundo componente de la falacia franquista, que no se puede separar del primero— fue la represión social[19]. La más dolorosa manifestación de esta fue la hambruna que siguió a la victoria de las tropas de Franco. Se estima que entre 1939 y 1945 unos 200 000 españoles perecieron a causa del hambre[20]. No existe en la Europa occidental de esos años ningún caso similar, no ya durante la posguerra europea, sino incluso durante la guerra misma. Ni siquiera la muy restrictiva política alimentaria implementada en Francia durante la ocupación nazi entre 1940 y 1944 degeneró en una situación de hambruna comparable a la española. Pese a la dificultad de encontrar símiles, el caso español se asemejaría como mucho a la coyuntura creada por el ocupante nazi en Holanda durante el «invierno del hambre» de 1944, cuando unas 22 000 personas murieron por causas relacionadas, directa o indirectamente, con la inanición. Puesto que la población de este país apenas llegaba a un tercio de la española contemporánea, la hambruna holandesa —que, recordemos, fue impuesta por una fuerza extranjera de ocupación— habría sido solo la mitad de letal que la que Franco desató sobre su propio pueblo[21]. Para encontrar en aquellos años algo peor que el caso español tendríamos que trasladarnos a la Europa oriental bajo la dominación nazi.

El sufrimiento padecido durante la larga posguerra, y particularmente durante «los años del hambre», fue muy intenso. Pero aunque afectó a la mayor parte de la población, lo hizo de manera muy desigual. Los que murieron fueron los pobres, especialmente si además eran vencidos. De su muerte y del hambre se beneficiaron otros: los ricos y los vencedores. Estos hicieron pingües negocios con los salarios misérrimos que pagaban, los trapicheos de comida y materias primas, y el robo directo y la adulteración de alimentos, incluso los que supuestamente tenían que ser repartidos entre los hambrientos. Se ha dicho lo contrario, y muchos aún lo creen, pero la hambruna no fue un accidente, una consecuencia de la guerra, sino el resultado de unas decisiones políticas en las que el deseo de revancha social y la avaricia se aliaron con la incompetencia del Nuevo Estado. Entre 1939 y 1945, el régimen no solo permitió, sino que legisló, una reducción del salario medio de los trabajadores hasta dejarlo por debajo de la mitad del poder adquisitivo que estos tenían en 1935. En algunos casos —incluyendo amplias zonas del país, como las regiones agrarias del sur— esta reducción fue incluso más sangrante aún. El salario medio de los jornaleros no recobró el poder adquisitivo que había tenido antes de la guerra hasta mediados de los años sesenta (véase gráfico 1).

En un primer momento, el hambre provocó que la gente se volviese al campo intentando sobrevivir. La mano de obra agraria española incrementó su proporción sobre el total de la población activa, y pasó de representar un 45,5 % en 1930 a un 55,5 % en 1940. Salvo por el caso del imperio ruso durante Primera Guerra Mundial, y las revoluciones y la posterior guerra civil que se dieron en aquel país a partir de 1917, no existe en la Europa del siglo XX un fenómeno comparable. Las consecuencias de esta situación fueron mortales para decenas de miles de españoles, y trágicas para millones más. Como resultado, hasta las personas con trabajo (y sus familias) pasaron y murieron de hambre. El periodo entre el final de la Guerra Civil y 1942 fue el peor. Epidemias como el tifus y enfermedades como la tuberculosis se extendieron hasta convertirse en símbolo de los males de aquellos años de desesperación[22]. Estas enfermedades se cebaron en cuerpos desnutridos hasta extremos que hoy solo asociamos con los lugares más miserables del planeta. La pelagra, un padecimiento bíblico causado por la mala alimentación, se volvió común. Por culpa de la pelagra o por la ingestión de plantas venenosas con las que intentar saciar el hambre atroz, no solo los viejos y los niños (véase gráfico 2), sino incluso miles de jóvenes adultos, completamente sanos hasta entonces, perdieron la visión, desarrollaron úlceras dolorosas en la piel y, con frecuencia murieron en medio de horribles padecimientos. Las huellas de este hambre tan atroz quedarían marcadas en los cuerpos y en las almas de los supervivientes para siempre.

El horror y el sufrimiento de millones de afectados por el hambre no hicieron mella en Franco y en sus generales que, entusiasmados con las medidas que habían fortalecido tanto a su admirada Alemania, creyeron que la autarquía acabaría funcionando también en España[23]. Podían esperar a que los frutos de sus sueños se manifestasen: el precio de sus decisiones no lo pagaban ni ellos ni sus seguidores de nivel social alto y medio, o que poseían algo de tierra. Impávido en medio de la miseria del país, el Caudillo, a quienes sus cortesanos le decían —y que él decidió creer en contra de informes que afirmaban lo contrario— que no había hambre, se veía como el forjador de un nuevo imperio que contaría pronto con millones de hombres armados, miles de aviones de combate que taparían la luz del sol y docenas de acorazados para quitar el control de las olas a la pérfida Albión[24]. Ciego ante la catástrofe que desató, en vez de cuestionar la naturaleza del desastre, Franco, de forma repetida y con su habitual frivolidad, echó las culpas del fracaso de sus políticas al «liberalismo económico» como parte del «capitalismo judío y extranjero». Nunca asumió su propia responsabilidad[25]. Los prejuicios sociales e ideológicos del Caudillo, su ambición desmedida y su manifiesta ignorancia de los principios económicos condenaron a millones de españoles a pasar hambre, y a muchos más a vivir décadas de miseria y penurias. Esto es algo que podrán maquillar, negar o tergiversar pero nunca podrán justificar los apologetas pasados y presentes del régimen: la muerte de tantos inocentes.

Hubo entonces (y ahora) otras muchas más excusas para justificar el desastre, cuyas verdaderas dimensiones, sin embargo, el régimen admitió a veces en documentos confidenciales pero nunca reconoció en público. Se le echó principalmente la culpa a los daños de la guerra (y luego a las supuestas sequías) pero, en contra de lo que se diría después, la contienda civil española no afectó con gravedad a la agricultura. Fue, repetimos, la doble adopción de una economía autárquica —por la que la economía española quedó aislada del mundo y de sus socios comerciales tradicionales, Reino Unido y Francia— y de un modelo de intervencionismo gubernamental, tan intenso como incapaz, lo que hizo que las cosechas, en vez de alimentar a los españoles, se perdiesen en el mercado negro[26]. En consecuencia, el coste de la vida se disparó y los salarios, hundidos, fueron insuficientes para alimentar a las familias. Si una persona no tenía bastante dinero, propiedad o producía poco, no tenía otra salida que ponerse en manos del Estado. Pero, a causa de la ineficacia y de la corrupción, los productos a menudo escaseaban en los centros de distribución oficiales, y los que llegaban solían estar adulterados. En todo caso, el racionamiento fue concebido como un complemento, no un sustituto, del mercado libre. Esta fue la trampa en la que perecieron los pobres: la diferencia entre lo que el cuerpo necesitaba y la suma de lo que el bolsillo podía pagar y lo que el Estado racionaba. Dicho de otro modo, 200 000 españoles murieron porque no pudieron pagar la comida que vendían los estraperlistas, o la que atormentaba sus estómagos desde los escaparates bien surtidos de las tiendas de ultramarinos, ante la injusticia, la corrupción y la indiferencia de las autoridades. En un país donde cientos de personas eran fusiladas diariamente por diferentes razones, y donde la Iglesia bendecía a los verdugos, un solo funcionario franquista fue ejecutado en toda la posguerra (a finales de 1941) por corrupción. Es más, según parece, este individuo fue en realidad ajusticiado no por lo que robó y por el sufrimiento o muerte que pudo causar, sino por sus actividades políticas de falangista disidente[27].

El hambre fue un negocio. Durante la década de 1940, e incluso en la siguiente, productos de primera necesidad como el trigo o el aceite de oliva fueron vendidos en el mercado negro a precios dos o tres veces superiores al oficial, y a veces incluso más. Los beneficios obtenidos fueron enormes, especialmente para los grandes latifundistas y aquellos con las necesarias conexiones políticas para garantizarse la impunidad. Pero la participación en el mercado negro se extendió por toda la sociedad. Millones de pequeños campesinos también obtuvieron su parte. Más abajo en la cadena de beneficios, otros millones de personas tuvieron también que echar mano del «estraperlo», como se decía entonces, aunque fuese de intermediario ocasional, para poder sobrevivir[28]. El hambre y el mercado negro no solo corrompieron los valores de la sociedad de posguerra sino que dejaron también una profunda impronta en la memoria colectiva de los españoles, marcada por una preocupación a veces obsesiva por la comida.

Los años de represión y de hambre —precedidos por otros de guerra, discordia, horribles asesinatos entre republicanos y franquistas, bombardeos de las grandes ciudades y desplazamientos forzosos de población— conformaron las vidas y los valores de las generaciones que los sufrieron. A día de hoy, muchos de los intrínsecos patrones sociológicos y políticos de los españoles pueden adjudicarse a los traumáticos años de la contienda y a las opresivas circunstancias del periodo de posguerra. Pero los recuerdos sobre la represión política y la autarquía pueden variar mucho entre aquellos que los vivieron asociados al régimen y aquellos que solo los sufrieron y callaron, porque no tenían nada que ganar o porque aún podían perder más en los tejemanejes de aquella España cruel y mísera.

Los padecimientos de posguerra duraron mucho tiempo. Pese a las reformas parciales de 1952, la economía fue dando traspiés, de crisis en crisis, durante el resto de la década. Continuaron los embotellamientos en el abastecimiento y la distribución de productos, y se dispararon la inflación, el déficit comercial y la carencia de divisas. También en este periodo se produjeron las primeras oleadas de huelgas masivas bajo la dictadura. Ni siquiera el advenimiento de la asistencia norteamericana (487,8 millones de dólares entre 1954 y 1957) evitó el riesgo creciente de colapso económico[29]. Solo con la puesta en práctica del Plan de Estabilización de 1959 se logró afianzar el proceso industrializador y se inauguró el despegue económico del país (véase gráfico 3).

Entre 1960 y 1975 la renta nacional se duplicó. El crecimiento del PIB, con una media anual cercana al 7 % (véase gráfico 4), llegó a sobrepasar al de cualquier otro país occidental, excepto Japón. La inversión extranjera se disparó desde los 40 millones de dólares en 1960 a los 697 millones una década después. A este éxito contribuyó que la soleada y agradable España se convirtió en un popular destino de vacaciones, con más de 30 millones de turistas en 1975, frente a los escasos 6 millones de 1960. Estos visitantes desembolsaron aquel año más de 3000 millones de dólares. Pero los turistas no fueron los únicos que viajaron en España y que hicieron posible el milagro económico[30]. Entre 1950 y 1975 unos 6 millones de españoles —un 20 % del total de la población— cambiaron su lugar de residencia. La mayoría fueron campesinos que abandonaron el agro por la ciudad, pero más de 2,3 millones de personas emigraron a Europa, de forma permanente o, lo más frecuente, temporal. Los movimientos migratorios de aquel periodo condenaron a desaparecer a una España rural secular, desatando así un rápido proceso de cambio social y cultural tanto en el campo como en la ciudad. El modelo de desarrollo exigió que la población residiese donde se invertía el capital. Esto, que siempre conlleva altos costes sociales y personales, ocurrió en casi todos los procesos industrializadores del mundo. Pero en España el sufrimiento no se amortiguó —como se debía y se podía haber hecho— por parte de las autoridades. Como en otros aspectos que hemos visto, la actuación de estas fue una perfecta combinación de ineficacia, indiferencia y autoritarismo dirigido más a controlar que a solventar los problemas de la gente.

A la muerte de Franco en 1975 España era un país moderno, industrial y mayoritariamente urbano, pero los beneficios del desarrollo económico y social no se habían repartido de forma equitativa entre todos los diferentes sectores sociales y áreas geográficas. La disparidad de rentas entre ricos y pobres se había incrementado entre 1964 y 1967, y solo a partir de 1970 empezó a reducirse. Esta injusticia se acumuló a muchas otras anteriores. Por eso en 1974 la mitad de la población acaparaba cerca del 79 % del total de la renta nacional disponible (y de este porcentaje un 40 % iba para el 10 % más rico) mientras que la otra mitad recibía solo el 21 % restante[31]. En términos geográficos, más de la mitad de la renta nacional se concentraba en el 11 % del territorio, mientras que, en el otro extremo, el 14 % de la riqueza se repartía en el 53 % de la geografía española. Por orden descendiente de su actividad económica, perfil social y concentración de riqueza, España se dividía a principios de la década de 1970 en cinco regiones: el primer puesto lo ostentaban las áreas industriales del País Vasco, Barcelona (y otras zonas de Cataluña) y Asturias; Madrid, con un sector servicios muy activo y también con tejido industrial, ocupaba el segundo puesto; capitales de provincia con una clase media sólida y actividad pequeño-empresarial como La Coruña, Santander, Zaragoza y Valencia aparecían en tercer lugar; las superficies de pequeña explotación agrícola del interior y norte de Castilla, León y Galicia ocupaban el cuarto; el último lugar quedaba para las grandes regiones latifundistas y los centros urbanos empobrecidos de Andalucía, Extremadura y La Mancha. Las zonas comprendidas en los grupos cuarto y quinto estaban afectadas a su vez por una prolongada sangría demográfica que, particularmente en el sur, coexistía con altísimos índices de pobreza, analfabetismo y un déficit agudo de servicios sociales e infraestructuras.

Los cambios sociales y económicos acaecidos durante los últimos años de la dictadura han llevado a difundir dentro y fuera de España la idea de que el franquismo fue responsable de la exitosa transición del país a la modernidad[32]. La tesis defendida por este libro es justamente la contraria. Si se llegara a ignorar —lo que ya es más que mucho— la brutalidad de los años cuarenta y la miseria de los cincuenta podría llegar a afirmarse que, efectivamente, desde un punto de vista técnico, el desarrollo de España fue posible gracias a la política de liberalización de 1959. Pero lo que olvidan los valedores de Franco es que el «milagro económico» se llevó a cabo gracias a la extraordinaria situación de explotación y sacrificio que padecieron los españoles de a pie y en particular el campesinado sin tierra y las clases trabajadoras. Los miembros más pobres de la sociedad española soportaron primero el peso de las políticas crueles y reaccionarias, de la mala gestión económica de las dos décadas de autarquía, y luego el de la desigualdad durante la mayoría de los quince años de desarrollismo, y fueron los últimos en beneficiarse de este progreso tardío.

Volviendo al argumento «técnico». Existen dos logros fundamentales en el desarrollo español que pueden atribuirse al régimen, si bien ambos fueron alcanzados merced a un precio social muy alto. Su primer mérito fue abandonar en 1959 la política autárquica, después de veinte años de fracasos, y adoptar el capitalismo ortodoxo que ya había probado su éxito en el resto del continente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo mérito del franquismo fue ofrecer al capital nacional e internacional una mano de obra disciplinada y barata. Esto lo consiguió el régimen mediante el asesinato de líderes sindicales, la destrucción de organizaciones representativas y la imposición generalizada del terror y de la opresión socioeconómica durante y después de la guerra. Esto es, que el origen y base del modelo franquista estuvo en la combinación de miedo y hambre. Gracias a esta doble premisa pudo tener lugar la óptima explotación del trabajo tanto por el Estado como por el capital privado. En los años sesenta, con las políticas macroeconómicas correctas y con los trabajadores controlados, el franquismo garantizó un ambiente positivo para la inversión. Por esta razón no fueron los ciudadanos, sino el capital —tanto local como extranjero— el que «nunca había estado mejor» en España. Y esto no solo por el bajo nivel de los salarios o los caros y a menudo deficientes productos que el proteccionismo comercial español obligaba a adquirir a los consumidores, sino también por los deficientes servicios puestos a disposición de los trabajadores. En este sentido, el desarrollismo franquista recuerda mucho al «milagro económico» de la China comunista actual. En ambos casos la represión y el férreo control estatal —que conviven con la corrupción— dieron paso a medidas liberales económicas propias del laissez faire más descarado. El franquismo ofreció grandes incentivos a la inversión de capital, entre los que destacaban: exenciones fiscales, mano de obra barata y disciplinada y un mercado de consumo subyugado[33].

Este modelo de desarrollo, de nuevo como en China, se basó en un escaso nivel de redistribución de la renta vía recaudación progresiva de impuestos y gasto social. España no contó hasta 1977 con un sistema de tributación moderno, lo que además de ser una bendición para las clases más pudientes significó también que el Estado tenía una capacidad muy limitada para gastar. Los datos son palmarios. En 1965, el impuesto de la renta representaba solo un 14,3 % del total recaudado por el Estado (la media de la OCDE era del 26 %) y el gasto público solo ocupaba un 15 % del PIB (la media de la OCDE era del 31 %). En 1970, el gasto en el sector público se había incrementado hasta el 20 % del PIB, lo que era una proporción raquítica si se compara con el 38,6 % de Alemania, el 51 % de Francia, el 43 % de Italia o el 53,2 % de Reino Unido[34]. Esto significa que el precio del «milagro español» se sustentó primero en la represión y el hambre, y luego, de forma superpuesta, en la combinación de turismo, emigración e inversión extranjera. Estos tres últimos factores aparecen siempre en los manuales que analizan la economía española contemporánea, a los que les cuesta mucho más reconocer que la explotación de los trabajadores fue el otro factor clave que impulsó el desarrollismo franquista. Estamos hablando de los salarios misérrimos, la falta de servicios sociales y de educación para los pobres. En definitiva, el mérito del milagro hay que atribuirlo no tanto al régimen y sus políticas erráticas, como al sufrimiento desproporcionado y constante de aquellos que trabajaron duro, consumieron poco, malo y caro, y no recibieron la educación, la sanidad, las casas, las calles asfaltadas, etc. que deberían haber dignificado sus vidas. Los pobres —esa mayoría de la población de la que tanto se olvidan los economistas ortodoxos— hicieron la España moderna de la que tanto se ufanó la dictadura.

En los capítulos que siguen, este libro explica con más detalle cómo —tras las políticas, fechas y datos— se desarrollaron las vidas reales de los españoles de a pie. Quiere contar las historias tal y como sus protagonistas las vivieron y recuerdan, contrastándolas a menudo con la versión oficialista de los hechos que se narran. El primer capítulo muestra cómo se vivió la violencia política, la represión y la formación de una atmósfera generalizada, pero a menudo callada, de terror; además de la consiguiente manipulación de estas experiencias por parte del régimen. A continuación, en el capítulo segundo, se analiza el precio social que los españoles tuvieron que pagar por las decisiones del franquismo en el ámbito socioeconómico, y cómo los intereses de la mayoría fueron los últimos en ser tenidos en cuenta en el proceso de distribución de la riqueza. En el capítulo tercero, el libro examina el impacto del fenómeno migratorio, el declive del modo de vida tradicional rural y cómo la búsqueda de mejores condiciones en las ciudades afectó y cambió a la gente. El capítulo cuarto analiza cómo el desarrollo social, demográfico, económico y cultural cambió los valores y la vida diaria de los españoles. En último lugar, el capítulo quinto explora la diversidad de perspectivas y opiniones en la sociedad durante los últimos años de la dictadura, y cómo los españoles se deshicieron poco a poco de los miedos del pasado y establecieron las bases para una rápida y relativamente pacífica transición democrática entre 1975 y 1977.

Capítulo 1. Las políticas del miedo

CAPÍTULO 1. LAS POLÍTICAS DEL MIEDO

EL barranco de Víznar está situado a unos pocos kilómetros al norte de Granada. Entre Víznar y el vecino pueblo de Alfacar se encuentra la Fuente Grande, un lugar de recreo muy frecuentado durante los calurosos veranos granadinos e ideal para coger setas en otoño. Gracias al cobijo de los pinos —parte de un programa de repoblación forestal de los años cincuenta y sesenta— el lugar es fresco y sombreado. Pero en el paraje habitan otras sombras. Desde 1936 hasta la restauración democrática en 1977 este idílico escenario fue también una enorme fosa, de la que no se podía hablar, donde yacían los restos del poeta Federico García Lorca. Pero esto, entonces y ahora, contribuye a encubrir el hecho de que miles de personas fueron también ejecutadas y enterradas allí por las tropas franquistas durante la Guerra Civil. Lo que ocurrió en el barranco de Víznar no es en absoluto excepcional. Hasta hace bien poco casi nada se conocía, y menos se decía, de la existencia de fosas comunes como aquella a lo largo del territorio nacional, y que contienen los restos de al menos 100 000 personas ejecutadas de manera sumarísima, enterradas a toda prisa y oficialmente condenadas al olvido por la dictadura.

Pese a la existencia de lugares como este, y como ya ha ocurrido en otros países con un pasado dictatorial como Rusia, Italia, Alemania o Austria, en la España posfranquista algunos expresan nostalgia por los tiempos pasados donde supuestamente no había delincuencia y reinaban el orden y la moralidad. Esta idea engloba precisamente el mensaje principal de la dictadura durante cuarenta años de propaganda: que trajo la paz y el orden a España. Como mucho, aquellas mismas personas que miran con nostalgia al pasado admiten que en los años cuarenta la vida pudo ser dura, y que tal vez hubo un cierto exceso de crueldad en la vida pública y privada, pero, explican, aquellos tiempos fueron el producto de un pasado mucho peor y que, a la postre, España mejoró bajo el franquismo, y hasta que este hizo posible que hoy vivamos en democracia.

Esta manifestación de nostalgia, como cualquier otra, selecciona del pasado lo que más le conviene e ignora el resto. Presta atención, por poner un ejemplo, a la dureza de la vida de hombres y mujeres que sobrevivieron a las privaciones de la posguerra y trabajaron hasta conseguir la España de hoy: un país, pese a todos los pesares, próspero. Esta nostalgia se regocija también en la idea de que bajo Franco la gente no estaba interesada en política, y que la vida era simple y hasta más plena. Recuerdos selectivos como este son muy cautivadores, pues usan historias y vidas reales de gente normal y decente. Los primeros problemas se presentan no obstante cuando uno empieza a cuestionar qué eventos son olvidados, y qué personas —aquellas con diferentes recuerdos— no son incluidas en la nostalgia. Recuerdos de esta clase ignoran o minimizan el contexto de terror que la dictadura impuso sobre la sociedad española, se olvidan de las vidas de aquellos en desacuerdo con las políticas del régimen, las de los asesinados, reprimidos de muchas formas o silenciados y, finalmente, las de aquellos que, a causa de su pobreza, fueron condenados a morirse de hambre[35]. Lo bueno y lo malo forman parte del mismo pasado, pero mientras que lo bueno forma parte del derecho a la paz y al progreso —que no fueron exactamente lo que Franco dio a los españoles— que toda persona merece, lo malo, como la violencia y el hambre, forma parte de una injusticia que nadie debe sufrir. Por eso lo primero nunca debería ocultar o justificar lo segundo.

La manipulación del pasado

La manipulación del pasado

La narrativa profranquista, incluso la que se declara neutra o apolítica, olvida o no considera importante el hecho de que el régimen obligara a los españoles a renunciar a sus derechos civiles y sociales más básicos. Su discurso no reconoce que, al retirar toda posibilidad de negociación sobre el futuro del país, el franquismo dejó solo una vía de oposición política: alzarse y continuar el conflicto armado. Esta era una opción inviable y, en cualquier caso, que la mayoría de los españoles de a pie jamás aceptaría después de haber sufrido tantos horrores de origen político. La Paz de Franco fue en realidad una imposición sobre el futuro colectivo y una manipulación del miedo de los españoles a un nuevo estallido de violencia. Pero el origen del problema hay que buscarlo antes del nacimiento del régimen; otra cosa es para qué lo usase este y cómo lo manipulase. El miedo había empezado antes de la guerra. Durante la Segunda República (1931-1936) la izquierda, principalmente los sectores anarquistas, había recurrido a la violencia de manera habitual. Más grave aún, después de 1933 un sector clave del PSOE se convirtió a la idea de revolución. En octubre de 1934, los socialistas se embarcaron en una rebelión en Asturias (y, con los catalanistas, otra en Barcelona) contra el Gobierno de derechas legítimamente constituido que se saldó con cerca de 1500 asesinados —víctimas no solo del conflicto armado, sino por crímenes de la izquierda y, sobre todo, por la represión gubernamental— y al menos 15 000 (otras fuentes los cifran en 30 000) detenidos. Tras Asturias, la política española se radicalizó y en los meses que siguieron a las elecciones de febrero de 1936 la proclividad a recurrir a la violencia entre falangistas, comunistas, socialistas y anarquistas se incrementó de forma dramática[36]. Cuando estalló la Guerra Civil —en este caso, a partir de una rebelión de la derecha contra el Gobierno de centro-izquierda constituido de forma legítima— se desató, particularmente durante los primeros meses del conflicto, una oleada de asesinatos masivos[37].

Después de la guerra, la dictadura no trató de promover la reconciliación entre los españoles, sino que alimentó e hizo amplio uso del miedo generado durante la contienda para alcanzar sus objetivos. Aunque unos españoles temían a las autoridades y otros no, la sociedad en su conjunto recelaba de sí misma. Los hechos pasados (y el oportuno y constante recordatorio de la propaganda franquista) habían «convencido» a los españoles de que no sabían vivir en paz consigo mismos. El régimen usó este trauma colectivo para justificar su existencia aduciendo que España necesitaba una férrea disciplina para evitar caer de nuevo en la guerra fratricida[38]. Era precisamente esa peculiaridad del carácter nacional, o así lo decía el propio Franco, sus seguidores y sus simpatizantes anticomunistas en el extranjero, la que impediría a España participar de la misma normalidad de otras sociedades occidentales de posguerra. El resultado fue que la sociedad española quedó en manos de un individuo implacable que capitalizó el dolor colectivo para mantenerse en el poder, mientras manipulaba el pasado y mancillaba la memoria de sus víctimas. Solamente un régimen poseedor de estas características podría haber declarado como fiesta nacional el 18 de julio, el día en que los españoles comenzaron a matarse unos a otros. Durante el franquismo, mientras que la mayoría de los españoles se tomaba el día para pasarlo con sus familias en la playa o en el campo, el régimen y sus seguidores lo usaban para celebrar el inicio de la «cruzada». Según estos últimos, se conmemoraba la fecha en que España fue liberada por un movimiento nacional contra una República atea encabezada por criminales y apoyada por hordas de asesinos.

Para muchas personas profranquistas el 18 de julio era también una ocasión para recordar a aquellos que lucharon en el bando rebelde, que llamaban el bando nacional, los que murieron en el frente y los que fueron asesinados en la retaguardia republicana. En la memoria selectiva del régimen, estos fueron los únicos que obtuvieron el reconocimiento de «caídos». El discurso franquista ignoró que, por cada «buen español» eliminado por las «hordas marxistas», hubo aproximadamente unos tres «rojos» asesinados: unos 50 000 franquistas contra quizás 100 000 republicanos durante la guerra, a los que habría que añadir quizás hasta 50 000 ejecutados con posterioridad a esta. Estos muertos inconvenientes nunca existieron o, si lo fueron, nunca dejaron de ser tachados de criminales legalmente ajusticiados. Asimismo, el régimen se negó a compensar a las viudas y huérfanos de soldados republicanos, o a los mutilados de este bando, que no recibieron pensión o ni siquiera consuelo moral alguno. Excombatientes solo fueron quienes lucharon en los ejércitos de Franco.

Esa era la mentira oficial, pero muchos adultos reconocían el odio que se escondía tras el 18 de julio. Ellos eran conscientes de que las celebraciones de aquel día mantenían aún abiertas las heridas del pasado; y en su mayoría temían las que podría traer un nuevo conflicto. Pero las autoridades no mencionaban nada de esto. En su lugar, abundaban los discursos oficialistas donde se ensalzaba la Paz de Franco y la supuesta prosperidad del país, visibles en la inauguración de edificios oficiales, la entrega de viviendas sociales y otros «logros» del régimen. Para los gobernadores civiles, que también ostentaban la jefatura de la Falange en cada provincia, ese día marcaba el final de varios meses de arduo trabajo, principalmente durante las dos primeras décadas del franquismo, ya que, a causa de la maltrecha economía, en ocasiones tenían poco (y a veces nada) que inaugurar[39].

Con este tipo de ceremonias la dictadura pretendía convencer a los españoles de que el Caudillo había obrado correctamente —y nada menos que por mandato divino— en 1936 y que había traído la paz y el progreso a España. Esta afirmación se sustentaba en la censura de la verdad y en la supresión del debate público. Mientras que la mayoría de los españoles estaban ocupados en sobrevivir al hambre y a las miserias cotidianas, la minoría disidente había sido silenciada, y sus esfuerzos por organizarse y oponerse al régimen terminaban más temprano que tarde en derrotas que acarreaban la represión y la eliminación de líderes y militantes. Hacia la segunda mitad de la década de los años cuarenta, y ante el fracaso sistemático de mantener vivas las organizaciones clandestinas, muchos miembros de la oposición activa fueron abandonando la militancia e integrándose en esa mayoría de españoles que se mantenían apartados de la política, o al menos callados. Aquellos que conocían lo que había ocurrido no se atrevían a cuestionar las verdades oficiales del régimen, ni en público ni, a menudo, en privado. En la inercia de no atreverse a debatir sobre el pasado, sobre los crímenes, los muertos y los olvidados, sobre las libertades perdidas y las esperanzas de cambio, los españoles —y entre ellos especialmente los más jóvenes— o nunca supieron o empezaron a olvidar, favoreciendo con ello la aceptación pasiva de las mentiras del franquismo. De esta manera, la amnesia, las medias verdades y las falacias pasaron a formar parte de las realidades cotidianas de la sociedad española. Incluso hasta muchos de quienes lo habían perdido todo a manos de la dictadura se plegaron a ella y la consideraron la única esperanza de que las cosas mejorarían en el futuro. Fue un proceso relativamente rápido: para el comienzo de la década de los cincuenta la mayoría de la sociedad española era de forma activa o pasiva franquista; y continuó siéndolo al menos hasta la muerte del dictador[40].

La falsificación del pasado practicada por el régimen —hoy la llamaríamos su proyecto de memoria histórica— no se obró solo a base de palabras huecas y amenazas, sino también de sólidas, y sin embargo falsas, piedras. El mayor monumento erigido por el franquismo como símbolo de su particular visión de la guerra fue el Valle de los Caídos: un grandioso complejo arquitectónico al norte de Madrid coronado con una gran cruz de 150 metros de altura y que contiene una enorme basílica de 300 metros de longitud. Todo está construido a base de granito, cemento y acero. El proyecto tardó veinte años en completarse, de 1940 a 1959, y llegó a emplear a prisioneros políticos como mano de obra. En el Valle se encuentran los restos de más de 40 000 (puede que hasta 70 000) soldados —la mayoría franquistas pero también republicanos—, aunque las cifras resultan difíciles de calcular con exactitud debido a lo caótico del proceso de recogida de los restos. La inclusión de cadáveres de soldados enemigos, hecha a última hora, pretendió lanzar un mensaje de perdón espiritual condicionado a la sumisión política: pese a haberse dejado arrastrar por los criminales que dirigían entonces la República, la España cristiana de Franco perdonaba a los soldados que, equivocados, combatieron en el lado del mal. Esta «verdad» del dictador se propagó no solo en nuestro país sino también por el mundo, particularmente una vez que la aparición de la Guerra Fría transformó a Franco de tirano fascista en líder cristiano anticomunista. Ya en la primera guía turística en inglés del monumento en 1959 se explicaba que el Valle:

[…] debería ser considerado por todos los españoles como un justo tributo a la memoria de aquellos que dieron su vida por sus ideales.

[Que] no puede haber un recordatorio más duradero de esto que la cruz sagrada […] El monumento es por tanto de carácter religioso, pues refleja la piedad simple de los españoles, que han permanecido fuera de las corrientes de agnosticismo que han secularizado Europa en este siglo[41].

Esto es, que todos los españoles, por el hecho de serlo y sin consideración a lo que piensen, forman parte de una nación católica distinta de, y mejor que, las demás.

El propio Franco fue enterrado en la basílica en 1975, cerca del líder y fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, quien ostentaba el cargo de Primer Caído entre los sublevados en 1936 y era presentado por extensión como el símbolo del sufrimiento de todos los españoles. Durante décadas, muchos de los actos y ceremonias oficiales del régimen tendrían lugar allí. Pero el Valle era solo la mentira petrificada más importante entre otras muchas. Casi todas las ciudades españolas vieron erigir monumentos franquistas donde las víctimas de la guerra oficialmente reconocidas eran honradas con placas y cruces bajo la inscripción «Caídos por Dios y por España». La mentira era más hiriente aún por su contraste con la memoria de las víctimas republicanas. La propaganda del régimen no solo promovió la difusión de historias sobre los crímenes reales o no del «terror rojo» ocurridos en la retaguardia republicana sino que describió a sus presuntos autores como asesinos primarios y subhumanos. Los dos siguientes extractos, que muestran cómo fueron explicadas las acciones de los «rojos», encierran también la justificación del olvido al que fue sometido el destino de los vencidos. El primero fue publicado en 1939 y sus contenidos no difieren substancialmente de los cientos de libros y panfletos que se publicaron después de la guerra. En este caso, se describen los atroces crímenes republicanos de Torrejón de Ardoz y de Paracuellos del Jarama en noviembre y diciembre de 1936. Como se verá, se contrasta la barbarie asesina de los «rojos» con la naturaleza superior, bendecida por España y por Dios, de sus infortunadas víctimas:

Cuenta un testigo presencial de estos bárbaros asesinatos que los pocos que pudieron desatar sus ligaduras y huir sufrieron el martirio más atroz. Aprehendidos por aquellas fieras humanas, más sangrientas que las de las mismas selvas, ataban sus pies a una caballería y arrastrados así, dejando jirones de sus cuerpos torturados en las asperezas del terreno, eran arrojados e inhumados, con vida o sin vida, en aquella horrenda sepultura […] Yo no encuentro palabras en el diccionario castellano […] para maldecir la cobardía, la ferocidad, la sádica barbarie de aquellos engendros de perversidad. [Todos los Caídos] recibían la helada caricia de las balas como el galardón eterno que el cielo les tenía prometido y el beso amoroso que la Patria, enternecida y orgullosa, imprimía en sus frentes de cruzados[42].

El franquismo explicó las relaciones de clase y la ideología como resultado de diferencias biológicas por las que el español «rojo» era, además de un individuo socialmente inferior, degenerado y resentido, razonando así por qué los más pobres abrazaron ideas izquierdistas[43]. La siguiente cita pertenece a un libro publicado en 1956, cuando las pasiones propias de la guerra deberían haber remitido, y no obstante comenta así las supuestas diferencias naturales entre prisioneros profranquistas durante el conflicto y los republicanos:

Nuestros Cautivos Por Dios y Por España, se portaron como lo que eran, como perfectos caballeros; así como, de ordinario, sus guardianes demostraron y mostraron el latón de una plebeyez insulsa cuando no los peores instintos de insolencia, hasta llegar en grado infrahumano, al crimen, al asesinato, con todos los agravantes[44].

Mientras nunca cesaron de recordar a sus muertos, las autoridades franquistas jamás reconocieron públicamente el dolor que la represión causó entre los vencidos, aunque sabían perfectamente que subsistían en la sociedad española memorias muy distintas del pasado. Un raro ejemplo de reconocimiento, siempre guardado, aparece en un informe interno de febrero de 1956. La noticia de que José Luis de Arrese había sido nombrado ministro secretario del partido fue recibida con gran expectación por los falangistas más extremos, pues veían abrirse la posibilidad de una vuelta a los tiempos dorados anteriores a 1945. En su breve tiempo en el cargo (duró un año) Arrese reorganizó y extendió los servicios de espionaje falangista con la apertura de nuevas delegaciones provinciales. Sin embargo, un viejo falangista y miembro también de los servicios de espionaje mostró su desacuerdo con la medida pues creía que este proyecto acrecentaría la impopularidad del partido y reabriría viejas heridas. En su opinión, en las zonas bajo dominio franquista durante la guerra la gente de a pie asociaba el servicio de espionaje con «represión, detenciones y ejecuciones, incluso si la realidad era diferente», y añadió que en las zonas «liberadas» del control republicano con posterioridad «muchos de nuestros compatriotas, movidos por el deseo de venganza o una mentalidad policial» dejaron recuerdos desagradables en las calles «y recelo, cuando no odio completo hacia nosotros, de nuestros enemigos y de muchos que podrían ser nuestros amigos»[45].

Admisiones tan francas sobre el terror casi nunca salían del mundo controlado de las comunicaciones internas y las conversaciones privadas. Durante su larga existencia, la dictadura buscó siempre contrastar la imagen de un presente pacífico con el pasado violento de los republicanos, subrayando que solo el bando de Franco había actuado siempre rectamente durante la guerra, y que después su Gobierno había prevenido que los españoles cayeran de nuevo en la discordia fratricida. El mensaje, continuamente reafirmado, trasmitía que mientras Franco y el régimen deseaban la paz, los que decían querer la democracia liberal buscaban para España el caos y la destrucción. Para que los españoles pudieran disfrutar de la Paz de Franco, estos debían dar a cambio una libertad para la que no estaban preparados. La democracia era un sistema por tanto antiespañol y que servía únicamente como puente para la entrada del comunismo. El hecho de que el Partido Comunista se presentara a sí mismo por entonces como la única y verdadera alternativa antifranquista ayudó a consolidar la más que dudosa veracidad del argumento.

Los eventos internacionales paralelos a los primeros años de la dictadura ayudaron a reafirmar los reclamos propagandísticos del régimen y la imagen de Franco como un hombre de paz[46]. Franco nunca fue un pacifista; de hecho, durante años tuvo delirios agudos de victorias épicas. Sus verdaderos planes quedaron no obstante truncados por la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el desarrollo de esta contribuyó paradójicamente a identificar las ansiedades de los españoles con la imagen oficial, creada a toda prisa a partir de 1944, del Caudillo como hombre de paz. Después de la caída de Francia en 1940 Franco estaba decidido a unirse a Hitler en un momento en que la victoria alemana parecía inapelable. Ello habría permitido al dictador español realizar sus sueños de conquista y sobre todo la consecución de un nuevo imperio colonial en el norte de África a expensas de Francia. Sus planes incluían también la anexión de Portugal. Afortunadamente para Franco, no hubo entendimiento con Hitler cuando ambos se encontraron en Hendaya en octubre de 1940. El Caudillo pedía demasiado pero tenía poco que ofrecer a un entonces pletórico Führer. Como los propósitos expansionistas del dictador nunca se hicieron públicos, la percepción de la mayoría fue que Franco decidió no intervenir en la guerra para ahorrarle a la población el horror de un nuevo conflicto[47]. Los españoles no supieron lo que se discutió verdaderamente en aquellos días, pero habían temido lo peor y cuando nada pasó, la mayoría, por encima de ideologías, suspiró aliviada. Luego, con la guerra acabada, a los españoles les contarían que el Caudillo no solo aseguró la paz de España sino que fue además un habilísimo negociador que con astucia desesperó y engañó a Hitler[48].

Lo que acabó siendo la falsa neutralidad de España no estuvo exenta de sobresaltos. Cuando se produjo la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, el régimen fue más lejos de lo prudente y envió una división de «voluntarios» —la División Azul— a luchar del lado de los nazis. A pesar de su temeridad, el Caudillo tuvo la suerte de que Stalin no le declarara la guerra, pues de haberlo hecho los Aliados podrían haberse alineado también contra España y convertirla en uno más entre los escenarios de la lucha contra el Eje. Por entonces la máquina propagandística del régimen no solo se cebaba en los soviets, sino también en las que definía como democracias liberales plutocráticas, decadentes y controladas por judíos. El desembarco anglo-americano en el norte de África en noviembre de 1942 supuso otro momento crítico para el régimen. La mayoría de los españoles (y la dictadura misma) contuvieron el aliento, temiendo que los Aliados continuaran su avance por el Marruecos español hasta cruzar el Estrecho de Gibraltar y saltar a la península ibérica. La temida invasión no se produjo, pero la amenaza de guerra y la proximidad de tropas extranjeras contribuyeron a generar un sentimiento popular genuino de gratitud hacia el dictador por saber preservar la supuesta neutralidad española.

Esta confusa interacción entre opinión popular, guerra mundial y la imagen del dictador no fue en absoluto única en la España de Franco. Había pasado en otras partes. La popularidad de Mussolini en 1939 se había recuperado bastante debido a la percepción de la población italiana de que el Duce no deseaba la guerra. Lo que explica, por el contrario, su declive después de junio de 1940 cuando finalmente el dictador italiano intervino en el conflicto y, sobre todo, trajo la derrota y el sufrimiento a sus súbditos[49]. También los alemanes de a pie podían amar a su dictador, que les había dado pleno empleo y logros exteriores, pero decididamente no querían la guerra en 1939. Mientras que los éxitos bélicos iniciales, sobre todo la victoria sobre Francia, consolidaron la reputación de Hitler, después de Stalingrado y de las derrotas que siguieron y los bombardeos masivos de las ciudades, la opinión popular comenzó a mostrar su desencanto con el Führer[50]. Posible y hasta irónicamente, el dictador cuya trayectoria pública durante la guerra corrió más pareja a la de Franco fue Stalin. Él fue también ejecutor de su propia gente, líder victorioso y gobernante retratado por la propaganda y el recuerdo nostálgico de sus súbditos como portador de paz y prosperidad. Ni que decir tiene que la crueldad y el daño que el georgiano causó fueron muy superiores a los del gallego, pero en ambos casos los dos consiguieron enterrar sus crímenes y, con un éxito considerable, cultivar una imagen de amable benefactor que velaba por los intereses de su gente, incluso si habían sido ellos mismos el origen principal de tantas miserias[51]. Curiosamente, a pesar de la limitación de sus respectivas dotes militares, ambos dictadores usaron la victoria para nombrarse a sí mismos generalísimos y se rodearon de cortesanos que alababan sus incomparables genios estratégicos.

Después de 1945, el mensaje central de la máquina propagandística de la dictadura fue el del papel del Caudillo como garante de la paz. En los medios de comunicación y en la opinión popular (por razones obvias, la opinión pública como tal solo existe en sociedades libres) el concepto de paz y el de la estabilidad del régimen de Franco se volvieron complementarios. La presión internacional para una transición democrática en España fue representada por la propaganda como la antítesis de la nación, y como un intento de esclavizar al país por parte de sus enemigos tradicionales y contrarios a su religión. Pero, lo que es más importante, por encima de las ideas que los españoles tuvieran sobre religión o libertad, casi todo el mundo entendió que, mientras Franco viviese, cualquier intento de cambio significaba guerra. Cuando, en diciembre de 1946, la recién fundada Naciones Unidas aprobó una declaración a favor de imponer un boicot diplomático a la dictadura y una condena al carácter fascista del régimen, muchísimos españoles de a pie la juzgaron como una intromisión inaceptable y peligrosa en los asuntos internos del país, y una tentativa para imponer un cambio sin comprender lo que este conllevaría. En respuesta, en las grandes ciudades hubo grandes manifestaciones de apoyo a Franco. Fueron organizadas por el régimen, pero también había mucho de genuino en la asistencia popular a las mismas.

En el futuro, la dictadura disfrutó de similares baños de masas, en los que se denunciaron las interferencias de terceros en los asuntos de España en general y en su paz en particular. Según la versión oficial, cualquier declaración extranjera contra Franco no era más que un designio comunista o de fuerzas políticas hostiles en el exilio contra España, a la que buscaban precipitar a un nuevo conflicto civil. Se creyera o no lo que el régimen contaba, la mera posibilidad de caer de nuevo en la discordia fratricida llevó a la mayoría de la gente de a pie a apoyar la idea de que solo con Franco podría preservarse la paz. Era una prueba de que, en realidad, en las intenciones de la dictadura y en los miedos de los españoles, la Guerra Civil no había concluido.

La Guerra Fría, y en particular los intereses estratégicos estadounidenses en mantener a España como aliada, acabaron despejando las dudas sobre el futuro de la dictadura. El régimen clamó victoria cuando, en 1950, Naciones Unidas retiró las sanciones (incluyendo el boicot diplomático de 1946) y España comenzó a ser readmitida en los organismos internacionales. Algunos de los embajadores extranjeros que volvieron a Madrid empezaron a tratar a Franco como a un incomprendido héroe anticomunista. Entre las grandes potencias, Estados Unidos fue la primera y más decidida en adoptar esta conveniente, y a veces cínica, visión profranquista. En esta línea, el encargado de negocios de la embajada norteamericana en Madrid escribía a Washington en 1949:

Una democracia estable en España solo será posible en un futuro incierto. Los intentos pasados por instaurar la democracia produjeron inestabilidad y caos. Estas gentes, de una u otra clase, no conocen la diferencia entre libertad y abuso. […] Franco no debe ser culpado por todo lo que va mal en España, y mientras él es un católico devoto, no hay nada que indique que él o su régimen apoyan el espíritu inquisitorial que sí puede verse en la Iglesia Católica y entre su gente[52].

Los españoles de a pie poco sabían de cómo eran vistos por el mundo libre. Desconocían, por ejemplo, por qué eran diferentes de los alemanes o los italianos que, aun habiendo abrazado con entusiasmo el nazismo y el fascismo, tenían ahora el derecho a vivir sus vidas en paz y libertad. Pero, en cualquier caso, recibieron con alivio el cese de las sanciones internacionales no tanto porque le diesen la razón al Caudillo sino porque su mayor preocupación tenía poco que ver con la política internacional en sí misma y sí mucho más con cómo aquella afectaba a sus aspiraciones a una vida mejor. Como ilustra un informe confidencial de la Falange de Málaga en 1950, la gente pensaba que la vuelta de los embajadores representaba un triunfo personal de Franco pero, más que nada, estaba ilusionada por la esperada llegada de otras cosas: un periodo de normalización de la economía, una reducción de la burocracia y la inauguración de una fase de «austeridad» política[53]. Otro informe desde Valencia, también fechado en 1950, confirmaba la misma idea: los españoles no querían saber nada de política, sino que pedían precios más bajos y una mejora de los salarios, de la alimentación y del acceso a los servicios[54]. Es decir, que lo global interesaba solo en cuanto afectaba a lo doméstico; y esto último era simplemente sobrevivir lo mejor posible a la miseria cotidiana.

Todo el mundo que quiso verlo se dio cuenta de que España estaba abandonando sus problemas externos e internos más graves, lo que fue confirmado cuando en 1953 Estados Unidos y la dictadura firmaron acuerdos de cooperación económica y militar. Con ellos, una serie de inversiones y de nuevas ideas económicas se introdujeron en un país hasta entonces empobrecido y aislado. La dictadura estaba a salvo. Un mandatario más generoso quizás habría aprovechado las oportunidades abiertas por el nuevo periodo de estabilidad para promover una reconciliación real entre los españoles. Pero generoso Franco nunca lo fue, entre otras razones porque su poder escondía y se apoyaba en demasiadas mentiras y demasiadas víctimas. Por esa razón, el régimen continuó promoviendo una visión pesimista y maniquea del pasado que excluía a millones de españoles y simplificaba, para manipularla, la historia de la nación. Pero detrás del triunfalismo y de la peculiar paz franquista quedaban, apenas ocultas, historias muy distintas de las oficiales.

Los frutos del terror

Los frutos del terror

La manipulación de la historia reciente efectuada por el franquismo solo incluyó, por ejemplo, una parte de los sucesos acaecidos en el pequeño municipio de Camargo, provincia de Santander. No lejos de Camargo existe una zona desolada llamada Peñas Negras donde resuenan aún los recuerdos de un pasado siniestro: fue lugar habitual de ajusticiamientos nocturnos y paralegales. En cierto modo, es un microcosmos de lo que pasó en España a partir de julio de 1936. Durante el primer año de la guerra —hasta su conquista por las tropas de Franco en el verano de 1937— los republicanos usaron este paraje ocasionalmente para incinerar los restos de sus víctimas. Después, con las tropas de Franco, llegaron a las Peñas Negras los asesinos «azules». Las voces de este pasado llegan hasta nuestros días.

Durante una entrevista dada en los años noventa, el cura Isidro R., que pasó varios meses escondido, afirmó que la persecución roja fue «asocial» y la definió no como una revancha contra el capital, sino «contra la religión, solamente contra la religión», aludiendo a que la gente adinerada —los directores de fábrica, por ejemplo— no sufrieron daño mientras que cinco jóvenes, simples empleados, pertenecientes a su parroquia fueron ejecutados en las Peñas Negras solo por ir a misa de forma regular y ser miembros de Acción Católica. Sin embargo, como otros de los habitantes del municipio, Isidro también recordó a Silvio Fombellida, el alcalde republicano que fue asesinado más tarde por los franquistas, como «un hombre bueno y decente» que salvó muchas vidas, incluida la suya[55]. Aunque un convencido franquista, los recuerdos de Isidro no fueron incluidos en la Causa General —la relación oficial de la dictadura de los crímenes (exclusivamente) republicanos cometidos durante la guerra—, que además de ignorar las buenas acciones del alcalde Fombellida le identificó como el instigador de cincuenta y seis asesinatos. El padre Isidro se mostró más indulgente que la propaganda del régimen y perdonó al alcalde al asegurar que él «no lo hubiera matado [y que se habría salvado] tal vez si se hubiera mantenido escondido hasta que se hubiera disipado el odio»²³. El asesinato del maestro local en Escobedo en la localidad republicana de Saturnino, también no lejos de Peñas Negras, fue otro ejemplo que no encajaba en la versión del pasado oficial del régimen de Franco. El mismo día que entraron los rebeldes en el pueblo, el maestro fue acuchillado y su cadáver enterrado a toda prisa. Tres días después su padre vino a buscarlo, pero «el pueblo al completo se quedó mudo, temiendo que empezara a disparar». Este hombre era un oficial de la Guardia Civil y estaba luchando en la guerra en el bando de Franco, el de los asesinos de su hijo[56].

La versión simplista y partidista de los hechos propagada por el régimen, que caracterizaba a los republicanos como monstruos degenerados, difícilmente podía dar cabida a la complejidad de situaciones como las descritas. Por desgracia, la Iglesia católica se convirtió en cómplice moral de las mentiras, medias verdades y ocultaciones del régimen. Los ejemplos son muchos, desde el recién elegido Papa Pío XII (1939-1958), un hombre que detestaba la democracia y que se apresuró a felicitar a Franco por su victoria en abril de 1939, a los obispos y cardenales españoles que casi por unanimidad apoyaron la rebelión en una carta conjunta dirigida al mundo católico en julio de 1937, cuando ya sabían que decenas de miles de personas de ambos bandos habían sido asesinadas impunemente. Aunque existieron muchas excepciones al caso, sobre todo de sacerdotes que defendieron a sus feligreses, hubo también entre los párrocos numerosos casos de indiferencia e, incluso, de incitación al asesinato. Un ejemplo de curas asesinos lo tenemos en un caso de la Galicia rural, que, apenas sin resistencia, había quedado bajo control rebelde desde el mismo verano de 1936[57]. Así lo contó J. A. Dacoba en Orense:

Cuando detuvieron a Castor, don Francisco, el cura de Fontefría, les dijo a los obreros que no intercedería para salvarlo: —¡Yo no voy porque si voy les digo que lo maten antes! […]— El cura de Parada fue quien mandó pasear a Castor, diciéndoles a los falangistas: «Tiene muchos hijos y es muy buena persona. Pero es muy listo, a mí no me va a molestar, pero si queréis dominar el ayuntamiento, a vosotros sí»[58].

Con posterioridad, el sacerdote de Parada inscribiría en el registro de la parroquia el fallecimiento de este hombre (en muchos otros casos, las muertes no fueron registradas) y detallaría el lugar, la causa y los autores de esta y otras ejecuciones, añadiendo que aunque las víctimas vivían distanciadas de la Iglesia, pedía a Dios que las perdonase. Otros religiosos no fueron tan ecuánimes. En los primeros días de la rebelión, el cura de la parroquia vecina de Palmés guio en persona a un pelotón de falangistas hasta la sede local del PSOE y ayudó a destruirla. En las jornadas que siguieron, muchos líderes sindicales y políticos locales fueron asesinados, entre ellos un respetado dirigente campesino. Este hombre era padre de siete hijos[59].

La Iglesia fue víctima y verdugo de la violencia de la guerra. Durante la contienda, más de 7000 miembros del clero fueron ejecutados por milicias y comités republicanos, la mayoría de ellos en los meses estivales de 1936, y demasiado a menudo de manera cruenta y horrible. Muchas de aquellas víctimas serían beatificadas en los últimos años del pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) primero y luego bajo Benedicto XVI (2005-2013)[60]. No obstante, ni durante la guerra ni después de ella la Iglesia —salvo escasas y puntuales excepciones— pregonó o practicó el perdón entre los españoles. En medio de la espiral de violencia solo la Iglesia podía haber tenido la autoridad moral para pronunciarse en contra de la represión y los asesinatos; pero en su lugar permaneció casi completamente en silencio con respecto a los crímenes franquistas mientras que denunció con todos sus medios, dentro y fuera de España, los cometidos por los republicanos. Este silencio dio impunidad (puede que incluso sosiego) a quienes desechaban cadáveres en cunetas, cementerios y fosas comunes a lo largo del país. Tras la guerra, la Iglesia se transformó además en un respaldo moral de la labor de los tribunales militares que condenaron a muerte a miles de españoles. Muchos clérigos incluso llegaron a personarse en los juicios sumarísimos (que eran de carácter público) como testigos de cargo o como complacidos espectadores.

Los asesinatos del nuevo régimen, no obstante, se extendieron más allá de las ejecuciones durante los años de la guerra. Después de la rendición republicana a finales de marzo de 1939, miles de militantes de izquierda se negaron a aceptar la derrota y se echaron al monte. Muchas comunidades rurales se vieron afectadas por la guerra de guerrillas, que ni apoyaban ni deseaban, quedando atrapadas entre las pretensiones y acciones de los dos bandos. La guerrilla reivindicaba su papel de protector del pueblo frente a la dictadura, justificando así el asesinato de personas afines al régimen y la extorsión que no siempre estuvo dirigida hacia el rico. En todo caso, el precio de pertenecer a la guerrilla —muy activa entre los años 1944 y 1949, cuando los comunistas se convirtieron en sus principales protagonistas— fue alto y no solo para los maquis sino también para sus familias. Fueran madres, esposas o hermanas o incluso hijos, los familiares de los guerrilleros fueron forzados a negociar su rendición o a traicionarles y a menudo sufrieron duros castigos por las acciones de sus allegados. Marcelo García, por ejemplo, recuerda cómo durante su infancia en Asturias sus tíos se echaron al monte huyendo de las tropas franquistas. Él era un niño pero esto no le salvó de los golpes de la Guardia Civil y de los falangistas. Su abuela fue colgada boca abajo y torturada. Su tía Araceli, a consecuencia del trato recibido, cayó gravemente enferma y acabaría perdiendo un pulmón. Al final, recuerda, que «entonces los hermanos de mi padre al ver lo que pasaba en casa se presentaron y los fusilaron en Oviedo a los dos». La experiencia de Marcelo fue similar a la de muchos otros. Manuel Gil fue un guerrillero que escapó de España en 1948. Su mujer solo tenía dieciocho años cuando la policía comenzó a torturarla de forma habitual porque querían sacarle información «a palos […] la metían en la cárcel, la volvían a sacar, tenía que presentarse cada segundo día en el cuartel, otro día al Gobierno Civil, otro día al Gobierno Militar […] y así vivió los once años»[61]. Sin embargo, durante los cuarenta años que duró la dictadura, las vivencias de gente como Marcelo, Araceli y Manuel no existieron. Sus vidas no significaban nada. Para las autoridades, las víctimas del maquis eran mártires, mientras los muertos o torturados durante las operaciones de limpieza o de investigación, fueran culpables o inocentes, eran indistintamente tachados de criminales o de cómplices sin derechos[62].

El miedo a la represión franquista acabó siendo interiorizado por la población, pues casi nadie, niño o adulto, estaba en principio libre de padecerla[63]. La sospecha de las autoridades abarcaba, además de lo que se hubiera hecho, hasta lo que pudiera haberse hecho o pensado. A su vuelta a España, G. L., un niño vasco enviado por sus padres fuera del país durante la guerra, nunca olvidó el miedo que sintió por haber cometido el error de no haberse detenido un día cuando, al pasar junto a una escuela, escuchó la sintonía del Cara al Sol, el himno falangista. «Y yo no sabía, la primera vez que me dice mi tía: —Párate que tienes que saludar, ay, yo qué miedo y temblando allí, creía que me iban a meter en la cárcel»[64]. No detenerse y adoptar la postura marcial al escuchar este o cualquier otro himno del régimen era punible en la España de los primeros años cuarenta. La pertenencia al bando erróneo o la mera posibilidad de que las autoridades lo creyesen inspiraban terror entre gentes de todas las edades y podía manifestarse en cualquier situación, incluso durante el tiempo de ocio. Por ejemplo, antes de cada película, en los cines se proyectaba el noticiario NO-DO, que con regularidad insertaba imágenes del Caudillo. No aplaudir cuando Franco aparecía en la pantalla era considerado un acto de sedición[65]. Al finalizar la película, se escuchaba una vez más el himno nacional, y se esperaba que los asistentes hiciesen el saludo fascista.

Eso era la calle, pero todo el mundo conocía también la existencia del mundo más o menos oculto de las cárceles. Las prisiones franquistas eran lugares terribles, donde junto a las frecuentes palizas imperaban la enfermedad y el hambre, realidades oficialmente inexistentes pero de las que sabían muy bien los familiares y amigos de quienes las padecían. A finales de 1940 había 240 916 prisioneros políticos en España, 7762 de ellos a la espera de ser ejecutados. Entre ellos estuvo Antonio Morales, maestro nacionalsocialista, que abandonó España en 1953 después de catorce años encarcelado. En el informe que escribió para sus compañeros de partido, Antonio describió los cuerpos infestados de piojos y de chinches, las enfermedades de la piel, el hambre, las noches heladas o bajo la lluvia, la comida podrida y el escarnio de simulacros de ejecución. «En todas partes existía la misma crueldad», contó Antonio, quien nunca olvidaría ver a sus camaradas presos «morir infectados, porque hambrientos rebuscaban en la basura más hierbas para mitigar su hambre»[66].

Las ejecuciones y las condenas a largos años de prisión seguían, decía el régimen, a un proceso legal. Pero muy a menudo eran la culminación de un esperpento que parodiaba esa misma legalidad. Y aún así, los presos nunca estaban a salvo. J. C. recordaba cómo un día en la prisión provincial de Murcia el alcaide y los guardas eligieron a dedo a cinco presos de entre el resto y los ejecutaron poco después. El horror no tenía fondo. Según Concha Fuentes, también prisionera en Murcia, ella y otras compañeras fueron violadas repetidas veces por un grupo de seis o siete carceleros. Como resultado de la agresión, una presa que estaba embarazada sufrió un aborto. Fue ejecutada al alba del día siguiente[67].

Para Concha Fuentes, que había militado en las Juventudes Comunistas y había sido miliciana, pese a lo sufrido, su estancia en prisión vino a cimentar su fe en sus compañeras, que demostraron siempre gran solidaridad[68]. Cuando dos de ellas fueron fusiladas, Concha aseguró que ella misma se hizo cargo de amamantar a dos retoños además del suyo, un milagro que fue posible gracias a que otras presas compartieron con ella sus raciones (un caldo nauseabundo lleno de gusanos negros). Cuando fue liberada en 1941 fue incapaz de encontrar un trabajo, pero su compromiso con la causa permaneció intacto. Ella y otras comunistas establecieron guardias en el cementerio local, de modo que, después de escuchar disparos, pudieran identificar a las víctimas e informar a sus familiares de lo ocurrido[69].

A diferencia del caso anterior, donde se da una visión de militante, para personas sin compromisos políticos como José Aldomar, la prisión franquista fue un lugar donde había todo tipo de individuos y donde simplemente la mayoría trataba como podía de mantener su integridad. Hasta 1939, Aldomar, que trabajaba como inspector ferroviario, había tenido inclinaciones liberales. Tras la caída de Madrid fue apresado y condenado a toda prisa a la pena capital por un tribunal militar instigado por la acusación de un franquista cuyo testimonio constituyó toda la evidencia en su contra. Como en muchísimos otros casos, conoció por primera vez a su abogado defensor minutos antes de iniciarse el juicio. A diferencia de otros muchos, Aldomar salvó la vida. Fue finalmente indultado en 1941, pero no sin antes cumplir condena en varias cárceles diferentes, y sufrir todo tipo de maltratos físicos y psíquicos. Aldomar era un escritor minucioso que tomó en secreto notas que luego se convirtieron en una especie de diario. Dejó constancia de los intentos de algunos prisioneros políticos para aliviar su situación: incluso formaron una orquesta y hasta organizaron funciones teatrales (el actor principal de una de ellas fue ejecutado en la víspera del estreno). Su diario registró la crueldad de los oficiales de prisiones y el revanchismo de monjas y curas, pero también cómo algunos guardas y miembros del clero trataban de ayudar a los reclusos. En su mayoría, la gente que conoció en prisión soñaba con comer mejor, con la libertad, y con volver a ver a sus familias. Para Aldomar, la cárcel fue un archivo vital de las historias de la gente que iba conociendo: sus pasados tan diversos, sus trabajos y sus propiedades perdidas y, en definitiva, los recuerdos que ayudaban a sobrevivir a un tiempo de miseria. Convencido de que de otra forma se olvidarían, se hizo a sí mismo la promesa de conservar tantas historias como le fuera posible. Guardó sus notas, las escamoteó fuera de la prisión y durante los años de la dictadura reconstruyó sus recuerdos[70]. Pero incluso después de ser indultado por los tribunales del régimen este hombre digno e inofensivo nunca fue realmente perdonado. Tuvo que pelear durante décadas por su derecho a una pensión como empleado de RENFE. Lo conseguiría finalmente pocos meses antes de su muerte en 1978[71].

Los efectos del terror traspasaron el umbral de los hogares y dañaron a muchas familias, a veces causando dolorosos enfrentamientos internos. Santander es una provincia conocida por su fuerte catolicismo. Allí, los republicanos vencidos podían esperar el hostigamiento y el ostracismo social por haber luchado en el otro bando; lo que ya no podían esperar es que sus propios allegados también les culpasen, en una doble condena, de sus males. Esto les ocurrió a Román V. y a Antonio G., quienes años más tarde contaron a su entrevistador el reproche de sus familiares por la «desgracia» que sus ideas políticas habían traído a sus respectivos hogares después de la guerra, pues de no ser por aquellas ideas sus familias no habrían sufrido «las consecuencias» de perder trabajos, pasar hambre o pedir limosna[72]. Otros consiguieron correr un velo sobre el pasado frente a sus hijos, a los que quisieron proteger y mantener inocentes en medio de un presente que no perdonaba. De este modo, levantaron un dique de ocultaciones en la vida diaria de sus familias pues, como dijo el asturiano Nazario Lozano a su entrevistador en los años ochenta, durante la dictadura «era más importante olvidar que recordar». Solo cuando la democracia volvió a España y se legislaron medidas para compensar a los veteranos del ejército republicano Nazario se aventuró a contar a sus sorprendidos hijos que había servido a la República como capitán[73].

El terror de Franco sirvió, además de para la eliminación de sus enemigos, también para recordar a la sociedad cuál era el lugar de cada uno, revertiendo muchos logros alcanzados en décadas anteriores, especialmente los que buscaban una sociedad igualitaria y unas condiciones de trabajo más justas. Los pobres comprendieron que el silencio y la sumisión, al menos de puertas afuera, eran instrumentos fundamentales para sobrevivir[74]. Este mecanismo de preservación tomó diferentes formas, pero ninguna de ellas pudo ser clara y lineal. La provincia de Córdoba, por ejemplo, era desde hacía mucho tiempo una región «sin Dios», con una rica tradición revolucionaria, que desde el siglo XIX había visto muchas revueltas campesinas contra la miseria y las desigualdades sociales. Desde que fue tomada por las tropas franquistas al principio de la guerra la provincia sufrió una fortísima represión que se estima a día de hoy en 9597 republicanos asesinados[75]. Pero las ejecuciones continuaron mucho después de que finalizara el conflicto debido principalmente a la lucha contra la guerrilla, que fue muy activa en Córdoba hasta el final de los años cuarenta[76].

A finales de los años sesenta, un estudio sobre la economía de los latifundios cordobeses y la actitud de sus gentes reveló que la memoria de la represión (durante y después de la guerra) y la derrota histórica del campesinado desposeído habían dejado una huella profunda y persistente. Pero los jornaleros agrícolas entrevistados habían desarrollado mecanismos para defenderse de un presente que no podían controlar. Sabían que era peligroso tener un ideario político, y que incluso era un riesgo hablar de política o ser asociado con alguien que se atreviera a hacerlo en público. A aquellos individuos que expresaban abiertamente su disidencia contra el régimen y trataban de mantener sindicatos y asociaciones políticas les llamaba hombres o mujeres «de ideas»[77]. A estos, la mayoría de los campesinos y trabajadores les miraban con una mezcla de miedo y desdén, pero también con admiración[78]. Aquellos que lo hacían con desdén asociaban las «ideas» políticas con la posibilidad de una vuelta a los horrores de la guerra. Dejándose llevar por la propaganda del régimen, pero también por experiencias propias, algunos llegaban a insinuar que los individuos politizados eran simplemente lo que quedaba de los tiempos de los «asesinos» vencidos. Quienes admiraban a las gentes «de ideas» les veían como reductos de una honestidad y un coraje pertenecientes a una época pasada que podría haber funcionado pero que, al final, se había desmoronado. Tal vez la opinión más común era la de considerar su tenacidad como responsable de las desgracias que padecían ellos y sus familias, pero al mismo tiempo se les reconocía como parte de su mismo grupo, «nosotros, los pobres», vencido por los ricos y el régimen tiránico de Franco[79]. Para estos campesinos, los márgenes eran estrechos y las reglas más o menos claras: mientras rehuían la política, en el ámbito laboral intentaban defenderse echando mano al respeto a las costumbres y los acuerdos con los empresarios. Solo si el patrón fallaba era legítimo protestar, pero siempre en nombre de la costumbre y del honor, lo que llamaban «cumplir», y nunca con palabras o gestos que pudieran interpretarse como políticos.

La actitud de los jornaleros cordobeses, lejos de ser excepcional, fue compartida por otros españoles que vivían en lugares y en situaciones muy distintas. Para ellos, existían muchas razones históricas para desconfiar de la política. Aunque cuando tuvo lugar el estallido del conflicto civil en 1936 la sociedad española había estado políticamente movilizada como nunca antes, la medida de esa movilización y el grado de entusiasmo ciudadano por el discurso político y por cumplir con las demandas que les impusieron ambos bandos fueron seguramente mucho menores de lo que la propaganda trasmitió[80]. A este respecto, resulta tentador pero inexacto confundir las imágenes del fervor militante de ambos bandos en la Guerra Civil (al menos, como fueron presentadas en los noticiarios y en otros medios gráficos o literario-históricos) con la mentalidad del español de a pie durante el conflicto. En realidad, el sentimiento predominante en 1936 no fue de fervor revolucionario o contrarrevolucionario, sino de horror y de condena moral hacia la confrontación política que había precipitado al país a la guerra y arruinado la existencia cotidiana de la gente[81].

La escasa y desigual información disponible sobre las opiniones de la gente de a pie durante la contienda civil revela que el compromiso con ambos bandos fue en gran medida accidental y/o sobreimpuesto desde arriba y que la mayoría de los españoles, incluyendo a los combatientes, quería ante todo que finalizara[82]. Cuando, por ejemplo, en el verano de 1937 las tropas franquistas apresaron a unos 106 000 prisioneros en el recién extinto frente norte, los rebeldes iniciaron enseguida una evaluación de las convicciones políticas de estos. Los captores buscaban identificar a los republicanos convencidos. Los resultados, no obstante, revelaron que solo un 10 % de los prisioneros podían ser calificados como «criminales» (militantes republicanos), un 20 % mostraban dudosa afiliación política, y el resto podían ser inmediatamente incorporados a sus propias filas[83]. Es probable que, si se les hubiera preguntado, la inmensa mayoría habría preferido volver a sus casas y olvidarse de la guerra[84].

Esta repulsión hacia la política, y desde luego contra la violencia política, puede apreciarse también en las historias orales recogidas en los últimos años, donde un argumento recurrente (y que puede interpretarse, al menos en parte, como una tentativa simbólica de restablecer la paz en la comunidad local) era que los asesinatos fueron casi siempre perpetrados por personas ajenas provenientes de localidades más grandes y conflictivas. Por ejemplo, N. G. de Beniel, provincia de Murcia, recuerda cómo una columna anarquista que vino a parar a su pueblo en 1936 estaba compuesta por «ladrones» que, después de tomar lo que quisieron, se llevaron a la gente de derechas para matarlos[85]. El mensaje en este tipo de testimonios da a entender que los españoles se habían matado entre sí principalmente a causa de diferencias ideológicas. No obstante, investigaciones sobre la represión indican que víctimas y verdugos a menudo se conocían, que eran vecinos y que la política era solo una más entre las motivaciones de los crímenes[86]. Es más, quizás si la violencia hubiese sido solo de naturaleza política el miedo de los españoles hacia sí mismos no habría sido tan intenso y traumático.

En todo caso, la mayor parte de los españoles de a pie no sufrieron la represión directa de uno u otro lado, y prefirieron no destacarse durante la guerra y la dictadura. Esta negativa a inmiscuirse en asuntos políticos estuvo motivada tanto por un deseo de evitar más sufrimiento como por la convicción de que la política había fallado. En su lugar, adoptaron valores antipolíticos que incluían una mezcla de olvido voluntario y el de aquella parte de la historia que el régimen quería que se olvidase[87]. A este doble proceso de adaptación y amnesia contribuyó el hecho de que, tras 1943, la acción represiva directa del Nuevo Estado fue el problema de una minoría, debido a las excarcelaciones masivas de los años previos. Es más, desde 1945 en adelante, solo unos miles de personas «de ideas» (aproximadamente unas 16 000) compondrían la población penal por motivos políticos en España[88]. La vida de esta gente fue muy dura y solitaria pues la mayoría de población decidió no pensar demasiado en ellos o en sus familias, y, en todo caso, hablar del tema lo menos posible.

El terror proporcionó al régimen una segunda victoria sobre los republicanos, pues además de destruir físicamente a la oposición les arrebató también la esperanza de un retorno a la democracia. A pesar de ello, sería erróneo adjudicar este triunfo y las distorsiones efectuadas por la propaganda franquista sobre el pasado únicamente al efecto de la represión y el miedo, y olvidar los intereses y las convicciones de gran parte de la población. Mientras que el terror había violentado las vidas de millones de españoles, para otros millones había conseguido proteger sus derechos de propiedad y sus valores sociales, culturales y religiosos. Esta victoria se vio reforzada porque el terror contra los vencidos trajo también pingües beneficios materiales y privilegios a aquellos que participaron en las acciones de represión o que supieron aprovecharse de las oportunidades económicas abiertas por la guerra primero y por el régimen después. La muerte y el dolor de muchos enriqueció a otros.

Una estrategia fundamental en la política del régimen para mantener el nuevo statu quo político y social, esto es, para dividir a la sociedad, fue la de recompensar a quienes le habían apoyado, a menudo a través de la expropiación de los trabajos y de las propiedades de los vencidos. Cuando, por ejemplo, Aldomar fue arrestado en 1939, su puesto de inspector ferroviario fue ocupado por alguien que, además de disfrutarlo, llegaría eventualmente a cobrar la pensión que le hubiese pertenecido a aquel. Al acabar la guerra, las filas del funcionaríado, así como las de otros puestos públicos, fueron objeto de una purga que resultó en duras sanciones y despidos masivos. En contraposición, el 80 % de las plazas vacantes en la administración pública fueron a parar por ley a veteranos del ejército franquista, a quienes habían sido prisioneros bajo los republicanos o a las familias de los muertos del bando bueno. Las viudas de los soldados caídos recibieron pequeñas pensiones, y sus hijos tuvieron trato preferente en la obtención de becas de estudio y en la admisión a centros educativos o instituciones benéficas[89]. Muchas de estas eran ventajas mínimas pero que en la España de posguerra significaban mucho en términos materiales y psicológicos. El contraste, por ejemplo, es patente entre las viudas del ejército franquista y aquellas otras del ejército republicano en Badajoz, donde, a su entrada en el verano de 1936, el Ejército de África ejecutó a miles de milicianos. En 1943, un informe policial sobre la situación moral de la provincia dejó constancia de que numerosas «jóvenes viudas de guerra», practicaban la prostitución fuese por «vicio» o por necesidad (en realidad para no morirse ellas y sus hijos de hambre, pero el cauto informante no usó esta palabra, pues el hambre no existía oficialmente)[90]. La ironía de estas observaciones radica en que estas «perdidas» intentaban alimentar a los hijos de unos hombres que no existían oficialmente y a los que el régimen no solo no reconocía haber ejecutado sino que decía que los que hablaban de su muerte solo hacían propaganda. A día de hoy, algunos historiadores profranquistas niegan aún la existencia de la masacre de Badajoz.

El efecto combinado del miedo y la avaricia evitó también que apareciera un debate público sobre el destino de las propiedades de decenas de miles de republicanos asesinados. Ya durante la guerra, viviendas, maquinaria, medios de transporte y otros bienes fueron confiscados in situ por los simpatizantes franquistas, el ejército rebelde, o adjudicados por tribunales y comisiones oficiales como «reparación» por los presuntos daños causados por los «rojos». Mientras ciertas expropiaciones se encuadraron en la supuesta legalidad del momento, otras fueron en realidad meras transacciones a mano armada que se completaron con la ejecución de las víctimas[91]. Solo en Asturias, las autoridades reconocieron en 1938 haber tramitado 6692 expedientes de expropiación de propiedades de «rojos». Ese mismo año, el número de expedientes abiertos en Vizcaya fue de unos 25 000[92]. La dimensión y el alcance de estas medidas a nivel nacional es a día de hoy una incógnita. En parte porque la política de expropiación continuó mucho después de que acabase la guerra en forma de penas y multas impuestas a los republicanos (algunos de ellos ya muertos) por los Tribunales de Responsabilidades Políticas creados en 1939[93]. Un reciente estudio sobre Andalucía muestra lo que no es más que la punta de un iceberg. Aunque la mayoría de los expedientes (un total de más de 59 000) de Responsabilidades Políticas en esa región se resolvieron o cancelaron en 1945, algunos llegaron a prolongarse hasta el año 1963. Durante este tiempo, se incautaron o se impusieron multas por un montante de, al menos, 120 millones de pesetas de las de entonces (cuando el salario diario de un trabajador podía estar en las 5 o 6 pesetas diarias)[94]. Para entender mejor el valor real de esta cantidad, baste decir que, según fuentes oficiales franquistas (que, por cierto, luego fueron ocultadas por el régimen para que se notase menos el fracaso económico y el hambre) el total de los daños causados por la Guerra Civil en el sector agrario fue de 475,7 millones de pesetas[95]. Esto quiere decir, que los «rojos» de Andalucía pagaron por el valor de un cuarto de todos esos daños.

Los beneficios económicos del terror fueron muy aparentes en el campo, y no únicamente a causa de las expropiaciones. Miles de aparceros y arrendatarios sufrieron la rescisión o modificación de sus contratos de manera unilateral por parte de terratenientes y apoderados a los que nadie se atrevió a desafiar. Una excepción quijotesca a esto último fue el caso de Antonio Castillo. En 1939, Antonio era un aparcero de sesenta y ocho años, analfabeto y humilde, que vivía de lo que le daba una tierra que no era suya en Paterna del Río, provincia de Almería. Bien movido por un valor a la postre inútil o bien por la ingenuidad de quien no se siente culpable de haber obrado mal, denunció que al poco de acabar la guerra el terrateniente se presentó ante él y:

[…] requirió al que suscribe para que inmediatamente abandonara las labores y se considerara despedido, incautándose de la siembra […] con prohibición absoluta de pisar la tierra ni pedir rendición de cuentas de los que se había incautado. No solo no se contentó con eso, sino que manifestó que caso de denunciar el hecho me metería en presidio, y que si quería ganarme la vida fuera a trabajar a los caminos[96].

Antonio había vivido la Guerra Civil en territorio «rojo», y su desahucio había sido el resultado de la venganza y del espolio de alguien que se sabía vencedor en la nueva España de la «Patria, Justicia y Pan». El gobernador civil no le hizo caso alguno.

Además de por venganza o revancha social, las causas detrás de los desahucios fueron también económicas. La autarquía y el floreciente estraperlo, además de los bajos jornales, revalorizaron extraordinariamente el valor de la tierra, lo que abrió los apetitos de los propietarios para explotarla al máximo. El supuesto régimen nacional-sindicalista no hizo nada para limitar el daño que los desahucios produjeron entre el campesinado más pobre. En Extremadura, donde unos habían apoyado a Franco desde el principio de la guerra y todos, pero ya forzados, cuando la región fue tomada a sangre y fuego poco después, el problema fue particularmente grave. Allí, las autoridades franquistas estimaron en un informe fechado en 1957 que, solo en la provincia de Cáceres, unas «20 000 familias de aparceros» habían perdido sus tierras. Los desahuciados se convirtieron así en jornaleros. Entre ellos, decía la Falange de Cáceres, había 5000 excombatientes franquistas e hijos de caídos[97]. El yugo del franquismo sobre la sociedad no solo se basó en el miedo y la propaganda. Fue amparado por los intereses privados, protegidos a su vez por un pacto de silencio y de complicidad entre el Estado y una parte de la sociedad que participó en la opresión de los vencidos y de los más débiles, a veces incluso si estos habían luchado en las huestes de Franco.

Los exiliados y la nueva España

Los exiliados y la nueva España

Los prisioneros políticos, los muertos y desaparecidos y las propiedades y los derechos arrebatados no fueron los únicos ausentes en la narrativa oficial de la España de Franco. También desaparecieron del discurso público los cerca de 300 000 españoles que tuvieron que escapar al exilio. La mayoría marchó a Francia: y otros a Latinoamérica, en particular a México. Como ocurrió con los muertos, aquellos solo fueron mencionados por la propaganda para ser insultados. Sus historias a veces se leen como odiseas. Uno de estos «indeseables», Fernando Pradal, salió de España en marzo de 1939 con solo nueve años. Con el tiempo se convirtió en un reputado científico en Francia. En cierta forma puede considerársele afortunado: su padre era un diputado republicano y sus amistades lograron enviar a Fernando y a su familia a Orán, en la entonces Argelia francesa, donde estuvieron en el campo de refugiados de El Asnan, cerca de Orléansville[98]. Otros exiliados republicanos que intentaron salir desde los puertos de Almería o Alicante en los últimos días de la guerra quedaron atrapados allí, y tuvieron que enfrentarse a la injusticia de Franco. Pero incluso a muchos de los que salieron, las autoridades francesas no les dejaron desembarcar y sufrieron la desesperación y la miseria a bordo de naves ancladas en puertos del norte de África; teniendo incluso que hacer sus necesidades en el costado de embarcaciones hacinadas, a unos cientos de metros de la orilla, y siendo objeto del escarnio y el divertimiento de los paseantes que les observaban desde tierra.

Casi todos los exiliados que acabaron en Francia o en territorios controlados por esta fueron internados en campos de concentración precarios, levantados a toda prisa y a menudo carentes no ya de higiene, catres o alimentos, sino de techos; se trataba poco más que de unas alambradas que cerraban playas y baldíos. Con frecuencia, las autoridades a cargo de estos campos difícilmente ocultaban su desprecio por los «rojos», aunque la actitud general de la población francesa fue mucho más generosa que la de su Gobierno o la de la prensa de derechas. Esta última, cargada de prejuicios ideológicos y racistas, no escatimó epítetos insultantes al retratar a los refugiados.

Además de los exiliados civiles, a los campos de refugiados llegaron muchos soldados del vencido ejército republicano. Uno de ellos fue Joan Martorell quien cruzó la frontera de Francia desde Cataluña en febrero de 1939 cuando solo tenía 19 años; pasó once meses en cuatro campos diferentes (Saint-Cyprien, Adge, Barcarés, Argeles). En enero de 1940 el ejército francés lo empleó en una fábrica de equipamiento militar, pero con la derrota gala a manos de los nazis en junio de aquel año se encontró una vez más preso. Al ser consultado sobre él —y fue solo uno entre muchos otros—, el Gobierno de Franco y su brazo derecho por entonces, Ramón Serrano Súñer, contestaron que ya no le consideraban español y lo dejaron a merced de los alemanes, acción que condenaría a decenas de miles de españoles a la muerte en los campos nazis. El primer tren de deportados de Francia hacia estos campos estuvo compuesto por españoles. Pero Joan escapó y, junto a otros antiguos miembros del ejército republicano y de las Brigadas Internacionales, se unió a la resistencia francesa. Fue nuevamente detenido en 1943, ahora por la policía de Vichy. Los nazis lo enviaron a Dachau en compartimentos para el ganado junto a otros ciento veinte antifascistas. Él fue unos de los pocos de aquel cargamento de mercancía humana que consiguió volver. Poco antes de su liberación, Joan fue testigo de la llegada del llamado «tren de la muerte» desde Le Vernet que transportó republicanos mutilados, de los que la mitad llegaron ya muertos y el resto no sobrevivirían al internamiento. El campo no le robó ni la dignidad ni la esperanza. Joan formó parte de la improvisada comitiva de hombres harapientos que portaban la bandera republicana que, colgada sobre la puerta principal de Dachau, dio la bienvenida en abril de 1945 al ejército americano[99]. En Mauthausen, también fueron los antifascistas españoles quienes controlaron la liberación del campo y quienes escribieron, en español, la enorme pancarta que, desplegada sobre la puerta de entrada del campo, recibió a los soldados aliados.

La lista de exiliados incluye muchos nombres célebres como el ganador del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, el jurista Luis Jiménez de Asúa o los académicos responsables de la fundación del prestigioso Colegio de México. Su privilegiada educación y su reputación internacional ayudaron a hombres y mujeres como estos a encontrar oportunidades y a construirse una nueva vida. Pero la gran mayoría de refugiados eran personas ordinarias o jóvenes soldados republicanos y tuvieron unos comienzos mucho más difíciles. Unos y otros sin excepción compartieron la dolorosa experiencia de adaptarse a una cultura extranjera a la vez que luchaban por preservar sus identidades y la memoria de su patria. Sus recuerdos los mantuvieron simultáneamente cerca y lejos de su querida y cambiante España. Cuando tuvieron la oportunidad de volver, los españoles en el exilio a menudo encontraron la experiencia casi tan dolorosa y alienante como cuando abandonaron el país. Este había cambiado: no era ya ni la España de su juventud ni la otra retratada por la crítica antifranquista. Cuando Josep Muriá regresó a España a finales de los años sesenta se sintió conmocionado ante lo materialista y desagradable que se había vuelto la gente[100]. Carmen Roure derramó lágrimas cuando su avión empezó a sobrevolar España, pero al visitar su Lleida natal descubrió lo cerradas de mente que parecían ser sus antiguas amistades, razonando después que «o yo he cambiado mucho o lo han hecho ellos». Para Manuel Martínez durante su primer regreso en 1957:

[…] la impresión no fue mala […] porque ya estaba preparado por nuestra propia propaganda que hacíamos allí […] que esto era un país de una miseria espantosa, estaba hundido, arruinado, hecho polvo, que había una represión espantosa […] Entonces la propaganda tuvo un efecto contrario, porque España estaba mucho mejor de lo que se esperaba […] España tenía en aquel momento muchas carencias, pero las principales ya habían desaparecido. Ya no había racionamiento, ya se comía… el país empezaba a levantarse[101].

Al comenzar a hacer los trámites para regresar, muchos exiliados comprobaron que el empleado del consulado español que procesaba sus documentos, o los policías que los recibían en la frontera, eran menos hostiles de lo que habían supuesto, y que, de hecho, los últimos se comportaban con extrema cortesía. Al contrario de Franco y otras figuras públicas del régimen, parecía que muchos de aquellos funcionarios querían olvidar la guerra y el odio. Pero en la generosidad iba la ganancia de demostrar la superioridad del régimen sobre el comunismo y desacreditar a la opinión pública internacional crítica con la dictadura. El Gobierno había dado instrucciones reservadas para que los exiliados recibieran un trato preferente. Por ejemplo, al regreso desde la Unión Soviética en 1957 de varios exiliados que habían dejado España de niños, se pusieron en marcha varias directivas confidenciales («sin mostrar un favoritismo aparente») para facilitar su reintegración en la sociedad española ayudándoles a encontrar trabajos, convalidar títulos académicos y hasta dándoles subsidios para el acceso a la vivienda. La medida levantó mucho recelo entre los falangistas, a quienes además se les puso a espiar sobre las opiniones y actividades de los recién llegados[102].

Pero si no habían sanado, al menos las heridas del pasado sí que dolían menos y algunas personas de derechas concedían ahora cierta validez —al menos en la esfera semiprivada, nunca en la pública— a la causa enemiga. Durante una visita desde México a finales de los años sesenta, Pascual Casanova coincidió durante un paseo por las calles de Vendrell, en Tarragona, con el alcalde del pueblo, falangista y veterano de guerra. Se conocían desde antes de la contienda y al encontrarse ambos fueron a abrazarse. «[…] y ni él ni yo dijimos nada. Y allí quedó la cosa», recordó años después[103].

La España a la que regresaron estos exiliados era un país donde Franco era un hecho irrefutable al que simplemente había que resignarse por encima de los sentimientos que despertara. Hacía mucho tiempo que la mayoría se había refugiado en sus asuntos particulares y huido de los políticos. La censura, el miedo y el fomento del conformismo en los mensajes del Estado y de la Iglesia produjeron un ambiente público donde la vida intelectual, desde las universidades a las charlas de café, estaba infectada de dogmatismo, ignorancia y pretensión[104]. Aislada del renacimiento cultural y económico de la Europa democrática de posguerra, España se convirtió en un país donde la opinión pública fue sustituida por la propaganda, los clichés y los rumores. Las consecuencias de esta realidad fueron muchas, desde las actitudes hacia el uso de lo público con fines privados que aún hoy subsisten en el país, hasta la miseria intelectual de lo que la gente podía leer y escribir. Tomemos por ejemplo el caso de la prensa. En la mayoría de las provincias, donde antes de la guerra habían existido varias cabeceras que ofrecían una diversidad de enfoques, ahora los lectores se veían obligados a comprar publicaciones falangistas, y algunas de la Iglesia, porque eran las únicas disponibles (los lectores más intelectuales y adinerados también podían comprar un periódico nacional remitido desde Madrid un día antes). No es por ello una sorpresa que la lectura de diarios descendiese en picado durante la década de los cuarenta hasta llegar a ser una de las más bajas en el mundo occidental. Por ejemplo, en 1948, los diarios italianos publicaban diariamente tres veces más ejemplares que los españoles (5 millones y 1,6 millones, respectivamente), pese a que la población de aquel país era solo una tercera parte mayor que la del nuestro[105].

Al contrario del retrato fascista y hasta totalitario que desde el extranjero se hacía de España, Franco dominaba una sociedad apática e individualista. El régimen podía ser controlador y mortal, pero no tenía las pretensiones populistas de la Alemania de Hitler; y desde luego la Falange nunca amasó el poder político o la capacidad de movilización del partido nazi bajo el Tercer Reich. Por el contrario, los españoles contaban con pocos incentivos para asociarse de forma voluntaria, y puesto que el Estado buscaba sujetar más que movilizar a la población, las organizaciones de encuadramiento oficiales del partido eran muchísimo más impresionantes sobre el papel que en la realidad. Pese a la atención prestada por los historiadores hacia sus organizaciones juveniles y femeninas —quizás porque son llamativas por su apariencia totalitaria— estas estuvieron pobremente financiadas, involucraron a una minoría y fueron tristes copias de los modelos nazi y fascista. En su máximo apogeo, las organizaciones falangistas llegaron a contar con menos de un tercio de los jóvenes varones, y nunca más de un 15 % de las niñas y mujeres. Estas organizaciones eran además predominantemente urbanas y su impacto en el medio rural fue superficial y tardío[106].

Salvo excepciones, las restantes actividades y asociaciones con base comunitaria gravitaron alrededor de la Iglesia católica: de la vida parroquial y sus escuelas, del peregrinaje y las procesiones masivas y de las secciones juveniles de Acción Católica. La capacidad de penetración de la Iglesia era no obstante muy limitada en ciertas regiones de España. La población cristiana practicante era muy baja en los núcleos industriales y en el tradicionalmente «pagano» sur y este peninsular, donde en 1940 se estimaba que solo el 20 % de la población asistía regularmente a misa[107]. Debido además al arraigado carácter elitista y urbano de sus asociaciones juveniles, la influencia de la Iglesia entre familias pobres y rurales, como ocurrió con sus rivales falangistas, estuvo muy difuminada.

Con la excepción del sistema educativo, las interacciones entre el régimen y la población eran para el primero básicamente un asunto de orden público. El único espacio de tiempo en el que los españoles de a pie eran movilizados por la dictadura se reducía, para los jóvenes varones, al servicio militar obligatorio, que podía durar entre dos y tres años. A Franco se le puede considerar un fascista (en la definición está la trampa) pero el suyo no era el ejército «popular» de las SS, el «revolucionario» de Napoleón, o el liberal de Espartero. Los prejuicios sociales, el favoritismo y la corrupción estaban muy extendidos en el ejército y reflejaban la naturaleza política y el día a día de las prácticas bajo el régimen, que tanto recordaban a los años más aciagos y a los vicios del caciquismo y los chanchullos de la guerra de Marruecos. Dependiendo de la extracción social y las posibles conexiones que las familias pudieran o no tener, la mili significaba cosas muy diferentes para quienes servían en ella. Las clases medias y altas podían recurrir a sus contactos para conseguir destinos más convenientes para sus hijos. Tener enchufe significaba también optar a la reserva de oficiales, garantizando un tratamiento distinguido durante el tiempo de servicio. Pero las familias pobres no tenían esta opción.

El servicio militar obligatorio era por lo general una experiencia muy penosa para las familias humildes, de forma especial durante los años de la interminable posguerra. Normalmente, se iniciaba con el traslado en trenes, en vagones de tercera clase, en trayectos que, debido a la mala calidad de las infraestructuras, podían ser muy largos y siempre eran incómodos. Una vez asentados en barracones viejos o peor, los reclutas pasaban una media de tres meses (para los analfabetos este tiempo podía doblarse) sujetos a una mala alimentación, entre otras razones porque el robo de alimentos por parte de oficiales y suboficiales era corriente. Luego estaba el trato vejatorio de los suboficiales (los «chusqueros»), quienes solían ser de extracción humilde. El castigo corporal a los quintos, particularmente las bofetadas, era común. Las medidas de los uniformes muchas veces no eran las adecuadas y los cortes de pelo, ejecutados con tosquedad, con frecuencia causaban heridas en el cuero cabelludo. Como las pagas eran miserables, el servicio significaba un coste adicional para las familias, y las comunicaciones entre estas y los reclutas eran limitadas por la distancia de los destinos, que muchas veces los llevaban a las posesiones españolas en África.

El Estado «fascista» de Franco no tenía pretensiones igualitarias, pero pagaba a la Falange para dar la imagen de lo contrario. La dictadura española era personalista, inusitadamente cruel, tradicional, reaccionaria y basada en la corrupción, los privilegios y en los prejuicios de clase. En la construcción de la nueva España, los pobres solo podían aportar su trabajo. Del español medio se esperaba antes la obediencia que la convicción; y la gente de a pie obraba en público en función de lo que indicaban las autoridades porque la alternativa de protestar siempre traía problemas. Para los pobres, cuanto menos supieran y menos se relacionaran con la autoridad, mejor. No sabemos muy bien qué pensaban, pero sí tenemos algunas indicaciones. En el franquismo no había encuestas, pero sí sondeos y auscultaciones de ínfima calidad científica. En un sondeo de estos, en 1950, el ejército estudió las opiniones de los reclutas y alcanzó dos conclusiones fundamentales: a) el miedo generalizado y la oposición hacia el servicio militar de los soldados y de sus familias; y b) el extremadamente bajo grado de conocimiento e implicación con el régimen, porque solo un 5 % de los reclutas parecía entender los principios políticos que lo sustentaban[108]. Los resultados no eran solo consecuencia del fracaso en cultivar políticamente a los quintos, sino, por el contrario, la respuesta más lógica a la primera lección aprendida por los españoles pobres en 1939 y que les ayudaría a sobrevivir a cuarenta años de dictadura: no pensar en política, y, si se pensaba, pretender lo contrario.

La imposición del consenso

La imposición del consenso

Los bajos niveles de conocimiento político y de asociación entre la población no disuadieron al régimen de continuar su farsa de que los españoles apoyaban a la dictadura de forma libre y voluntaria. El franquismo defendió en todo momento que había devuelto la armonía social al país. Al impartir justicia por primera vez en la historia de España, decía, había convencido a sus antiguos enemigos, en particular a los campesinos sin tierra y a la clase trabajadora, de abrazar la bondadosa verdad de su causa. Esta lógica diferenciaba entre dos tipos de enemigos: por un lado, los pérfidos líderes republicanos —los llamados «gerifaltes»— y, por otro, los buenos españoles de a pie que se habían dejado embaucar por aquellos. Buenos, en este contexto, era un eufemismo para designar a los trabajadores. Este análisis del presente y de las razones por las que estalló la Guerra Civil era compartido por la Iglesia católica, la mejor y más importante aliada de la dictadura, que se negaba a admitir errores propios en el origen de la «apostasía de las masas». Esta mentalidad antiobrera oficial quedó reflejada en muchos ámbitos y, particularmente, en los ya citados testimonios y memorias de la guerra escritos por laicos y clérigos donde eran de rigor las estremecedoras referencias al proceder de los depravados, simiescos trabajadores y sus mujeres, degeneradas y despiadadas, cometiendo atropellos criminales contra la gente respetable, entendiendo por esta al clero, católicos y miembros de las clases media y alta.

De haber podido, el régimen hubiera preferido eliminar al proletariado, pero como en la España moderna resultaba imposible regresar a la organización gremial del medioevo, se vio obligado a controlarlo por la fuerza y, en la medida de lo posible, adiestrarlo, o pretender que lo hacía, en los valores de la dictadura[109]. La tarea principal de representar la farsa de que el régimen había alcanzado la armonía nacional gracias al apoyo de la clase trabajadora fue llevada a cabo por la Organización Sindical Española (OSE), también llamada Confederación Nacional de Sindicatos (CNS). Esta era una organización de corte paternalista —aunque era más bien un padrastro violento— formada a semejanza del modelo fascista-corporativista italiano, donde trabajadores y patrones compartían una sola institución que quedaba dividida en dos secciones: la social, que agrupaba a los primeros, y la económica, que agrupaba a los segundos. Como en Italia, esta supuesta confederación de fuerzas era una patraña tras la que se escondía el objetivo de disciplinar a la clase trabajadora e imponerle una política dictada desde el Gobierno, basada en un programa económico-social que favorecía al empresariado y a los planes económicos de la dictadura[110]. Pese a las reivindicaciones de la Falange, a la que se puso a cargo de la OSE, los sindicatos verticales permanecieron en todo momento como meros instrumentos al servicio de los intereses del Nuevo Estado y no de quienes decían representar. Los «productores» —término por el que el franquismo sustituyó la palabra «obreros»— y todos aquellos que tenían algo que ver en el asunto (incluyendo a los falangistas que los capitaneaban) lo sabían muy bien[111]. El régimen nunca estuvo interesado en la creación de un sindicato fuerte. Prueba de ello fue la escasa inversión y el lento proceso de creación de la OSE, cuyo periodo de organización en las grandes ciudades no se completó hasta bien entrados los años cincuenta, pero que se dilató una década más en las áreas rurales.

Tal fue el caso, por ejemplo, de la provincia de Salamanca, un núcleo de apoyo sociológico a la dictadura y cuya capital llegó a acoger al Gobierno provisional de Franco durante la guerra. Según un informe de 1953, las oficinas centrales de la OSE de Salamanca se ubicaban en un viejo y decrépito edificio. La delegación de Béjar, la segunda ciudad más grande de la provincia, estaba situada en la antigua Casa del Pueblo, y presentaba también unas condiciones deplorables. El grado de implicación de los presidentes electos en cada delegación era escaso. El responsable de la rama del Cereal (clave en la economía de la región) no se molestaba en absoluto en atender a sus obligaciones; como tampoco lo hacían los presidentes de las ramas sindicales de la Vivienda, de Educación y Descanso, de Ganadería (también fundamental en Salamanca), de Industrias Químicas, del Aceite o del Papel. Las ramas del Sindicato de la Fruta y de los Seguros ni siquiera habían sido establecidas; como tampoco existían las secciones sociales de algunos de los sindicatos mencionados.

La escasez de medios y subdesarrollo de la OSE no eran privativas de Salamanca, sino que afectaban a muchas otras regiones. En la conservadora Zamora, un falangista local se quejaba en 1954 de que las funciones administrativas del sindicato debían desempeñarse de manera voluntaria porque se encontraban desatendidas[112]. Cuatro años después, en 1958, el Sindicato de la Metalurgia, vital en la localidad de Sagunto, cerca de Valencia, solicitó ayuda urgente «porque era imposible desarrollar nuestro trabajo con decencia y eficacia» ante la falta de instalaciones para actos sociales o actividades de recreo con las que satisfacer a la creciente población obrera[113]. Los falangistas reconocían con frecuencia este fracaso en convencer a los obreros de los beneficios de los sindicatos, pero únicamente en privado. Por ejemplo, una circular interna de Barcelona en 1954 decía que «hemos tenido en nuestras manos» a las masas para moldearlas y ligarlas al proyecto político del régimen pero «quizás la Falange no estaba lista para esta misión». El autor de estas líneas explicaba que entre las causas del fracaso estaba que, tras la conquista de Barcelona en 1939, la Falange había obligado a los trabajadores a afiliarse recurriendo a «órdenes» y «coacción y amenazas». La Falange también aseguraba que los sindicatos «carecían de contenido social» y por tanto eran vistos con desprecio por los trabajadores[114]. Eran estas palabras que supuestamente decían apoyar una política de Estado más responsable en materia social, pero en realidad eran solo parte de un juego de poder entre los distintos grupos del régimen. Cuando los obreros protestaban, la Falange sabía quién pagaba y qué se esperaba de ella. Por ejemplo, cuando se produjo la famosa huelga de los tranvías de Barcelona en 1951, los falangistas, después de algunas maniobras iniciales contra el gobernador civil, no se pusieron del lado de sus supuestos protegidos sino que cogieron sus pistolas y patrullaron las ciudades en coches con matrículas secretas «para [reprimir] la distribución» de propaganda clandestina y para forzar a los huelguistas a que volvieran a sus puestos de trabajo. Pero acciones de este tipo no impedían a los falangistas reflexionar sobre las estrategias «para la conquista del abandonado proletariado», precisamente bajo la guía de los principios de José Antonio Primo de Rivera y sus esforzados seguidores, o sea, ellos mismos[115].

Las clases trabajadoras tenían escasas razones para identificarse con los sindicatos o con los dirigentes falangistas. Los obreros más viejos echaban de menos a los antiguos sindicatos independientes, y las generaciones más jóvenes permanecieron muy escépticas hacia la acción colectiva al menos hasta la década de los cincuenta. Pese a ello, los trabajadores hicieron un uso pragmático de los sindicatos, especialmente cuando sabían que la ley les amparaba de forma nominal[116]. Por ejemplo, en 1949, los trabajadores de Huesca elevaron una queja al ministerio responsable de la Falange denunciando que «la disparidad entre los salarios reales de los trabajadores y los precios [se estaba] volviendo más grave» y pidiendo el cese de «la intervención sin sentido en alimentos y los controles de precios». En la misma petición se quejaban también del reducido número de trabajadores que recibían la baja por enfermedad[117]. Como este caso ilustra, los sindicatos constituían al menos una plataforma para transmitir ciertas reivindicaciones y hacerlas llegar a las autoridades, usando la contradicción entre la pomposidad de su retórica falangista de justicia social y la mísera realidad diaria.

Los trabajadores debían, no obstante, ser precavidos al hacer uso de sus escasas armas de protesta. Si iban más lejos de lo que el régimen consideraba aceptable, las consecuencias eran inmediatas, y muy duras. En marzo de 1953, la sección social del Sindicato del Metal de Vizcaya, que supuestamente representaba a 70 000 productores, hizo llegar un informe al jefe nacional de la OSE justificando su demanda de una subida salarial. Como en otras ocasiones, tuvieron mucho cuidado en utilizar el lenguaje falangista al uso y en mantener un tono respetuoso para con las autoridades, alabanzas a Franco incluidas. El documento era esencialmente técnico: probaba cómo la inflación había menoscabado su poder adquisitivo. Al no obtener resultados con los canales impuestos por el régimen, los trabajadores comenzaron a impacientarse y, en noviembre de 1953, un grupo de trece de ellos rompieron las reglas del juego y abandonaron sus puestos de trabajo. El gobernador civil de Vizcaya, el siniestro falangista Genaro Riestra, y sus secuaces movilizaron los mecanismos habituales para reprimir lo que era, según sus propias palabras, «en castellano, un acto de rebelión». Este acto de supuesta rebelión fue a más cuando los huelguistas obviaron a los sindicatos oficiales y usaron la mediación del capellán de la compañía Babcock & Wilcox para hacer llegar sus peticiones directamente al patrón. Los huelguistas fueron rápidamente identificados y arrestados[118]. La práctica habitual en estos casos eran los malos tratos, pero lo que ocurría en los calabozos no solía quedar reflejado en los papeles de los burócratas.

En el campo, donde terratenientes y próceres locales imponían su voluntad y la construcción de las estructuras de la organización sindical no parecía correr prisa, las cosas eran más simples. Al menos hasta los años sesenta, en muchas localidades las Hermandades de Agricultores, como se llamaban a los sindicatos rurales (el apelativo mismo implicaba que los terratenientes y el campesinado desposeído eran hermanos) tuvieron una presencia muy reducida. Por ejemplo, de las cuatrocientas cuatro Hermandades teóricamente existentes en la provincia de Salamanca en 1953 al menos ciento cincuenta no registraban actividad alguna y existían «solo en el papel», mientras otras ciento cincuenta tenían un funcionamiento «muy deficiente». Según un informe oficial y por supuesto confidencial, la corrupción y las prácticas administrativas y financieras poco ortodoxas estaban muy extendidas entre los casi ciento cuarenta burócratas que las Hermandades empleaban en la provincia. La corrupción era particularmente notoria en los procedimientos de subastas públicas para la explotación de pastizales y bosques, de vital importancia en la economía ganadera de la región[119]. Un caso parecido se daba en Ciudad Real en 1955, donde los sindicatos locales informaron de que solo «tres Hermandades en las grandes ciudades y otras seis o siete en localidades más pequeñas» estaban operativas, y que los líderes locales y los secretarios eran «en muchos casos hombres sin espíritu y mal preparados». La situación de otras ramas sindicales era muy similar: sus respectivos presidentes locales ejercitaban sus responsabilidades solo sobre «el papel»[120].

Las viejas estructuras de poder sobrevivieron atrincheradas en el agro español mucho más allá de la interminable posguerra. Los grandes latifundistas ni tenían intención de cambiar el statu quo ni tampoco les hacía falta echar mano de la demagogia. Lo que ellos querían era perpetuar unas condiciones sociales tiránicas donde la acción sindical pintaba poco[121]. En las zonas de minifundio, además de la falta de interés oficial y local, bajos presupuestos, y la pobre preparación del funcionariado rural, el limitado alcance de las Hermandades se debió también a la negativa del pequeño campesinado a aceptar la interferencia estatal, en parte porque muy poco de lo que pagaban en forma de impuestos y tasas acababa revirtiendo en ellos. Así por ejemplo, a mediados de los años cincuenta, los líderes sindicales de Orense (una provincia que había entregado miles de soldados a la causa franquista durante la guerra) se quejaban de la «resistencia del pequeño campesinado» a contribuir a las tasas sindicales por los «servicios» prestados. Estas cantidades, añadieron, solo eran entregadas bajo la presión directa de la Guardia Civil[122]. Poco antes, en una muestra de honestidad, un alto cargo del régimen resumió las consecuencias de esta situación al señalar que, en la práctica, en la esfera local y provincial «los campesinos no están interesados en los sindicatos»[123].

En teoría, los sindicatos debían ser participantes activos en la toma de decisiones políticas en materia económica, representando el sentir del mundo del trabajo. Y, en efecto, en 1944 la dictadura permitió las primeras elecciones sindicales. Al principio, los trabajadores votaron tímidamente, pero para finales de la década la participación electoral se había incrementado hasta alcanzar un 80 % a escala nacional. La razón de este aumento en la participación electoral no puede desligarse del uso —de eficacia limitada pero que siempre era mejor que el silencio— que los trabajadores hicieron de los resquicios de defensa de sus intereses que les dejaba el régimen. Por medio de los sindicatos, las secciones sociales podían alzar sus voces para denunciar injusticias o para promover cambios o mejoras, siempre y cuando fueran enunciados con muchísimo respeto, alabanzas al Caudillo y usando el lenguaje cristiano o el de la ortodoxia falangista. Fue en este contexto cuando muchos antiguos militantes de izquierda comenzaron a infiltrarse en el sistema y a promover el cambio desde dentro. Lógicamente, las autoridades trabajaron sin descanso para identificar a los elementos subversivos, especialmente durante los periodos de grandes conflictos como el de la huelga de Barcelona de 1951, en la que los representantes sindicales jugaron un papel determinante. La represión en esta ocasión y en muchas otras fue durísima: los enlaces identificados como subversivos fueron objeto de despidos, palizas y encarcelamientos[124].

Este tipo de incidentes llevaron a las autoridades a desarrollar un sistema de monitorización preventivo[125]. Según detalló un informe interno de la Falange a propósito de las elecciones sindicales de 1961, el sistema supuestamente garantizaba —la seguridad se mostró infundada— que ningún «rojo» volviera a ser jamás elegido[126]. El procedimiento consistía en primer lugar en elaborar un censo de todos los representantes y su categorización en tres grupos —leales, indiferentes y contrarios— que se dividían a su vez en quince subgrupos que iban desde los camisas viejas falangistas (afiliados antes de la guerra) a individuos «peligrosamente hostiles». La policía, la Guardia Civil y los propios servicios de información de la Falange colaboraron en el proceso, que se mantuvo secreto y que observó una apariencia de legalidad debido a la «delicada naturaleza del servicio»[127].

Tan pronto como fueron elegidos, aquellos elementos juzgados por su dudosa afiliación fueron inmediatamente apartados de sus cargos[128]. A pesar de sus salvaguardas, el sistema probó tener sus agujeros, y muy grandes, y en los años siguientes la elección de enlaces sindicales hostiles al régimen no solo no fue erradicada sino que se intensificó (ver capítulo 5).

Según la ley, los sindicatos contaban además con representación propia y directa en las Cortes desde la creación de estas en 1942. Estos sindicalistas eran en realidad los presidentes y los directores de cada sección sindical, que sumaban cincuenta y ocho escaños en total. Otros ochenta y ocho líderes sindicales debían ser elegidos de forma equitativa entre empresarios, técnicos, y trabajadores. Para garantizar el desarrollo y la equidad del proceso, y, sobre todo, para vetar a los indeseables, cada candidato a procurador a Cortes debía ser previamente aprobado por la Junta Nacional de Elecciones. Pero en la práctica nadie tomó este supuesto igualitarismo social en serio y, ya fuera por solapamiento de funciones o por una variedad de ajustes, la representación en Cortes de los sindicatos siempre fue menor que la estipulada, y desde luego apenas incluyó a los trabajadores. Por ejemplo, de los quinientos sesenta y un miembros de las Cortes franquistas en 1971 solo siete se identificaban como trabajadores. Entre ellos, dos pertenecían a diferentes consejos de administración de importantes entidades bancarias y solo otros dos eran supuestos trabajadores rurales, aunque sabemos que uno de estos era el presidente del correspondiente sindicato agrario[129].

La Iglesia católica participó de forma activa en el proceso de encuadramiento y socialización, o más bien sujeción, de las masas. En un principio, sus esfuerzos se centraron en la demostración pública y efectista de su recobrado poder político y la restauración de su prestigio social, al menos el oficial. Después de la «liberación» de una localidad por las tropas rebeldes, uno de los primeros actos llevados a cabo por la Iglesia fue organizar una solemne procesión pública por las calles principales como ofrenda y desagravio a Dios y al patrón y a la virgen locales. En la España de posguerra abundaron las misas masivas, los peregrinajes y las demostraciones político-religiosas. Pese a ello, tanto la Iglesia como Franco reconocieron que el problema no radicaba tanto en atraer a católicos convencidos sino en hacerlo con quienes no participaban en estos actos públicos o quienes solo lo hacían forzados por el miedo o la conveniencia. Aquellos sabían también que había amplios segmentos sociales que rechazaban el catolicismo (o al menos su papel de socio poderoso y privilegiado del Estado), sobre los que se empeñaron en imponer una religiosidad basada en el axioma de que las principales obligaciones de los españoles eran obedecer a las autoridades y creer que Dios y Franco eran responsables de la salvación del país. No por nada Franco era Caudillo «Por la gracia de Dios». Este nacionalcatolicismo pasó a ser la piedra angular del sistema educativo español, donde se inculcó machaconamente a los niños (al menos a los que iban a la escuela). Pero la asignatura pendiente del régimen y de la Iglesia incluyó también a las mentes de la población adulta, que había estado expuesta a una serie de valores y experiencias muy diferentes de la nueva verdad oficial. Para traerlos de vuelta al redil se decidió poner en práctica las llamadas misiones.

Tan pronto como el clero se recuperó de la hecatombe sufrida durante la Guerra Civil y estuvo lista una nueva generación de curas, seminaristas y frailes, se organizaron misiones en zonas con bajos índices de participación religiosa. El objetivo era la conquista de núcleos trabajadores y comunidades rurales tradicionalmente indiferentes o abiertamente anticlericales[130]. Las misiones fueron organizadas con tiempo y cuidado y orquestadas con asistencia del Gobierno. Su puesta en práctica implicaba la invasión y toma de la calle: bares, salas de cine y otras distracciones de la localidad eran cerrados al público para favorecer la participación en procesiones, misas masivas, sermones y otras prácticas de devoción pública.

La primera gran oleada de misiones se produjo entre 1949 y 1953, y la segunda comenzó en el año 1958. En ellas actuaron en comandita con el Estado sacerdotes, frailes y activistas católicos, los sindicatos y en particular, el Ministerio del Interior, pese a que, según informes sindicales, algunos sacerdotes mostraron «reticencias en la cooperación apostólica con las organizaciones sindicales y políticas del Estado»[131]. En 1949 las misiones se concentraron en las difíciles provincias de León, Palencia, Teruel, Murcia y Zaragoza, donde un total de 120 000 almas de setenta localidades habrían sido «salvadas» gracias a la acción de un grupo de cuarenta frailes capuchinos y veinte jesuitas. En 1950 se concentraron en las provincias de Cáceres, Cuenca, Teruel, Murcia, Almería, Murcia, Asturias, León e incluso Navarra. En estas provincias, cuarenta y un frailes capuchinos también redimieron exactamente a 26 857 almas.

En 1958 los misioneros destinados en la cuenca minera de Palencia establecieron una curiosa distinción entre las almas (30 000) y los trabajadores (10 000) curados, congratulándose de los buenos resultados obtenidos con el segundo grupo, considerado como más complicado. Observaron además que los técnicos y los encargados no asistieron a las diferentes actividades organizadas porque consideraban que las misiones eran estrictamente «para las clases trabajadoras». Con excepción de esta única nota negativa, la campaña se saldó en presunta victoria gracias al esfuerzo de un ejército de dieciséis capuchinos, once franciscanos, ocho sacerdotes del Sagrado Corazón de María, siete dominicos, dos pasionarios, un jesuita y siete capellanes locales[132].

El contenido de las misiones en apariencia se limitaba a asuntos morales y religiosos, pero quienes las organizaban sabían que se trataba también de hacer política. Un ejemplo lo tenemos en la misión que se desarrolló en 1961 en la localidad minera de Puertollano, Ciudad Real. Los curas y frailes participantes recibieron instrucciones, primero en Madrid y a continuación en la sede del sindicato local, sobre el procedimiento a seguir. Según estas directrices, debían concentrar sus esfuerzos barrio por barrio (se les proporcionó un análisis de la composición socio-religiosa de cada uno). Pero, pese, o más bien precisamente, a que operaban en una zona muy pobre, a los clérigos se les dijo que debían abstenerse «de hablar de asuntos sociales» porque este es un «pueblo de trabajadores». La lista de actividades a desarrollar era pues acorde con la intención: rezar («por la mañana rosario y misa») y callar[133].

La política como farsa

La política como farsa

El franquismo se jactaba de representar la voluntad de todos los españoles, y de haberlo conseguido gracias a un sistema político alternativo que superaba al democrático-liberal. Franco no solo rechazaba la política de partidos, sino incluso el mismo término partido político, refiriéndose a la dictadura, al día del 18 de julio e incluso al partido único como Movimiento, una voz a su vez prestada de la Italia de Mussolini. Para los franquistas la política significaba división, confrontación y en última instancia guerra civil. Según afirmaban, la política no casaba ni con nuestra historia ni con nuestro temperamento. A la luz de las amargas experiencias de la Guerra Civil, esta opinión era compartida por muchos españoles, y no solo conservadores. En (solo) aparente contradicción, el régimen creó un partido político, FET-JONS (Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensivas Nacional-Sindicalistas) referido comúnmente como la Falange, del que el dictador se nombró a sí mismo líder vitalicio en abril de 1937[134]. Franco, no obstante, no ocupó su tiempo en liderar el partido y delegó esta responsabilidad menor en los dirigentes falangistas, viejos o nuevos, pero con experiencia política anterior a la guerra. En 1945, cuando el fascismo dejó de ser conveniente, estuvo a punto de disolverlo. Al final decidió rebajar su presencia pública y acabó dejándolo sin secretario general durante unos tres años.

La Falange fue una organización impopular entre la población, e incluso entre los simpatizantes del régimen y en las filas del ejército. Sus miembros reconocían —a veces, y de nuevo siempre de forma confidencial— que la mayoría de los españoles de a pie recibirían su disolución con agrado. En sus frecuentes ejercicios de autocompasión, los falangistas atribuían su mala reputación a las manipulaciones de la derecha extrema (conservadores, católicos, estamentos militares) que imponían al «pueblo» medidas «difíciles» en su nombre a la vez que restaban poder al partido y a los sindicatos. Como decían en 1942 en uno de esos informes internos destinados a no ver la luz pública, «el descrédito y la impopularidad» del partido se debía a su inocencia, porque «todo el poder, la fuerza y las decisiones importantes [estaban] en manos de gentes que no eran falangistas»[135]. Las quejas y el descontento de los falangistas, permanentes durante toda la dictadura, no les impidieron acceder a los mejores puestos y prebendas, o aplastar al mismo pueblo al que tanto decían amar cuando eran requeridos por sus amos políticos. La autocompasión falangista, en suma, fue inseparable de su corrupción, mezquindad y gansterismo[136].

La Falange nació siendo una organización fascista minoritaria y fallida. La mayor parte de sus miembros bajo el franquismo no tenían un pasado fascista sino que eran nuevos en política, otros eran avezados políticos conservadores y otros (sobre todo a escala local) eran caciques corruptos cuyas familias habían estado controlando la vida pública del país desde el último tercio del siglo XIX[137]. Cada uno trajo sus antiguos intereses, costumbres y rencillas al nuevo partido, donde no escatimaron medios para ganar preeminencia, aupar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Así, estos nuevos caciques de despacho controlaron los diferentes niveles de la administración pública local como ayuntamientos, sindicatos y hermandades. Como consecuencia, el favoritismo, las recomendaciones y los respaldos de próceres locales, falangistas o no, infestaron desde el comienzo la selección de cargos públicos, las contratas, los suministros y los procedimientos administrativos. La administración pública en tiempos de Franco —y, desgraciadamente, mucho después— se rigió muy a menudo por el lema de «al amigo el favor, y al enemigo la ley». Como es lógico, esta corrupción no pudo ser ni controlada por un Estado cómplice ni denunciada por la censurada prensa, o por la inexistente opinión pública. La destrucción de la sociedad civil a manos del franquismo facilitó así la arbitrariedad del poder, que se constituyó en verdad evidente que, frente al supuesto fervor igualitario fascista, representó para la mayoría de los españoles la cara diaria de la Paz de Franco.

Sobre todo en los años más duros de la represión de posguerra, muchos caciques, falangistas y próceres locales incluso llegaron a ejercer una suerte de justicia paralela. Recurriendo a sus contactos se aseguraban de que sus enemigos fueran castigados o de favorecer a sus clientes[138]. Las vidas de muchas personas acabaron dependiendo así de sus relaciones con el poder establecido y del lugar que ocupaban en las extensas redes clientelares recreadas antes y durante el franquismo, donde tener amigos y patrones prevalecía sobre la verdad y la justicia, y podían incluso representar la diferencia entre vivir o morir. Un ejemplo al caso, extremo pero no inusual, fue el del hermano de M. M., de Murcia, que fue encarcelado en Valencia después de la guerra y condenado a la pena máxima. En su desesperación, su madre fue a ver a un empresario local que había sido nombrado entonces juez. Ella había trabajado como niñera de la única hija de este, que luego casó con un alto mando de la Guardia Civil. Como recordó muchos años más tarde M. M., el resultado de la gestión de su antiguo patrono con «Martínez Moya y Gaspar de la Peña» grandes caciques locales de Murcia por entonces, fue que «salvaron a mi hermano»[139].

Este funcionamiento del régimen nunca apareció reflejado en la máquina propagandística de la dictadura. En vez de las miserias reales del poder, sobre el papel la nueva España era gobernada bajo una «democracia orgánica», que frente a las disrupciones y divisiones fratricidas de la política de partidos del pasado había conseguido representar a la población de manera «natural» según dónde residía (municipios), trabajaba (sindicatos) y a través de la familia (cabezas de familia). Supuestamente, tanto los ayuntamientos como las Cortes de la nueva España estaban compuestos por personas desprovistas de interés personal alguno, que habían sido orgánicamente elegidas entre los tres ámbitos, o tercios, mencionados, por todos los españoles que tenían el derecho al voto.

Las primeras elecciones municipales tras la guerra tuvieron lugar en 1948. Se eligieron tres tercios de concejales: uno por los cabezas de familia, otro por los sindicatos y el restante por las instituciones públicas. No obstante, como los candidatos de las dos últimas categorías debían ser propuestos por el gobernador civil, las candidaturas fueron una mera ceremonia de entrega de trofeos. Por su parte, los candidatos por el tercio familiar fueron investigados, espiados o amenazados de forma que solo aquellos simpatizantes con el régimen previamente seleccionados consiguieron proponer sus nombres. Más aún, como medida cautelar, los presidentes de cada mesa electoral fueron obligados a firmar actas de resultados en blanco que serían más tarde completadas por agentes del Estado a favor de los candidatos oficiales (la medida de las actas electorales falsas se llevó a cabo por primera vez en el referéndum de 1947 por el que Franco fue confirmado como regente vitalicio de España)[140].

La democracia orgánica era una farsa, como, de nuevo confidencialmente, reconocían a veces sus propios ejecutores. Por ejemplo, antes de las elecciones municipales de 1948 el gobernador de Barcelona recordó a sus colaboradores que «estas elecciones se hacen en mi despacho» porque él, añadió, no creía en la democracia. Incluso siendo así, este gobernador usó sus amplios poderes para garantizar la ausencia de sorpresas. De los cuarenta y cuatro candidatos que se postularon solo veintisiete fueron aceptados. Entre los excluidos se encontraban aquellos miembros del partido que no contaban con su autorización expresa; mientras otros aspirantes fueron amenazados con sanciones económicas o profesionales. En al menos un caso, el candidato fue notificado de su retirada «voluntaria» al ir a recoger sus credenciales electorales. Cuando protestó fue sacado a la fuerza del edificio del gobierno civil. Cuando se airearon los resultados de las elecciones la prensa contó con entusiasmo a sus lectores el cuento de que la participación había sido entre un 70 y un 80 %; pero no se permitió a esos mismos diarios publicar detalles por distrito para evitar discrepancias entre las cifras oficiales y las evidencias oculares sobre el número de votantes. Los historiadores han estimado que, en realidad, en esas elecciones en Barcelona tres de cada cuatro electores potenciales se quedaron en casa[141].

La baja concurrencia de votantes se debía en parte a una auténtica apatía popular hacia la política como bien sabían falangistas y muchos dirigentes, para quienes, cuando hablaban honestamente, las elecciones resultaban ser de mal gusto e innecesarias. Como mucho, concedían que eran una treta propagandística dispuesta por el régimen de cara a las democracias liberales y, en particular, a los Estados Unidos[142]. Los falangistas preferían las designaciones a dedo y los acuerdos a puerta cerrada. Por ello en Pontevedra los «militantes del partido» tuvieron primero que superar «su desacuerdo inicial» y accedieron, por «obedecer únicamente las órdenes del Caudillo», a organizar las elecciones municipales de 1948[143]. Durante los preparativos de los comicios en Valladolid, el gobernador habló de la «impresión generalizada» compartida por todos de que las elecciones eran «el deseo del Generalísimo» de tener «una carta para jugar contra las democracias americana y europeas». Este desagrado se veía agrandado por la convicción de que las urnas solo traían problemas, al menos para el régimen. Como dijo el gobernador de Valencia en 1948, si las elecciones hubiesen sido realmente libres se habría producido «una ruptura de la continuidad política que [nos ha] llevado tanto esfuerzo conseguir»[144]. Pero, aunque fuesen de pega, la convocatoria de elecciones exacerbaba el apetito político y las luchas de poder entre las élites locales. La labor de los gobernadores incluía controlar la situación. No obstante, como explicó el gobernador de Valladolid, lo realmente difícil no era tanto sujetar a los suyos como animar a los demás («movilizar a los votantes [y crear] una atmósfera de interés»), esto es, a quienes nada tenían que ganar con la farsa[145].

Los métodos de represión, unidos a la pasividad social con la que se aceptaba que el franquismo iba a perdurar mucho tiempo, casi siempre facilitaron que el proceso electoral fuese conducido con facilidad por las autoridades, ya fuera en la tarea de asegurarse primero de que los candidatos eran leales a la dictadura o, segundo, de que los españoles fuesen a votar. Como hemos visto, esto último se conseguía en parte falsificando los datos. A partir de ahí, solo había que pretender que el cuento era la realidad. Desde Cuenca, el gobernador garantizó en 1948 sin un ápice de ironía que las elecciones en su provincia se llevarían a cabo «en un ambiente de ordenado entusiasmo» dando por sentado que habría una «cuidadosa selección previa de candidatos»[146]. Por su parte, el gobernador de Sevilla dejó claro que falsificaría los resultados si no había suficiente participación ciudadana, asegurando también en términos inequívocos que los candidatos oficiales escogidos a dedo serían los elegidos. En esta provincia, compleja en su composición social y donde el hambre y la miseria convivían mano a mano con la aristocracia más glamurosa, las interesadas predicciones del gobernador resultaron ciertas: entre los candidatos electos que representaban a las familias de la ciudad había, entre otros, un coronel del ejército del aire, un togado militar, un marqués y el hijo de otro marqués[147].

En aquellos casos en que ocurrían incidentes electorales, estos se debían casi siempre a discrepancias personales entre líderes y simpatizantes del régimen. Un ejemplo de estos puede encontrarse en las elecciones municipales de Baleares en 1954, donde la falta de cooperación entre la vieja guardia falangista y el gobernador permitió a un pequeño grupo de sindicalistas ser elegidos como concejales. Pero esta fue una excepción[148]. Más frecuentes eran las presiones, maquinaciones y la labor de las redes de clientelismo mediante las que los dirigentes del régimen operaban a espaldas del público y sin escándalo[149]. En estos tejemanejes, aquellos sin las necesarias conexiones o con una aproximación errónea eran simplemente eliminados de las candidaturas, incluso si se trataba de personas de reconocida valía. Por ejemplo, en Ceuta, un médico admirado por su labor caritativa entre los más desfavorecidos consiguió llegar a concejal en 1952, pero, a pesar de sus buenos resultados en materia sanitaria (reconocidos incluso por sus enemigos), las autoridades decidieron que había llegado demasiado lejos, justificando su posición en que aquel era «sospechoso» porque su padre había pertenecido a una logia masónica. Cuando en 1957 corrieron rumores de que su hermano, también médico, preparaba su candidatura, la Falange se aseguró de que «no se cometiera el mismo error dos veces»[150]. Ambos se quedaron fuera del nuevo ayuntamiento. Como explicó el gobernador de Soria a propósito de los comicios de ese mismo año, aquellos que albergaran «intenciones bastardas» deberían ser eliminados de manera legal de la liza electoral para evitar «sorpresas»[151]. Lo que era bastardo o no, no quedaba definido por la falta de autenticidad de los candidatos, pues el sistema era completamente espurio, sino precisamente por lo contrario.

La represión política, el miedo, la apatía política y la manipulación estaban inextricablemente unidos y eran aprovechados de forma maliciosa por las autoridades durante los comicios. Todo era válido en una política en la que, como dijo con palabras menos directas pero no menos insidiosas el gobernador de Orense, nunca se dudó en adoptar «los pasos necesarios para prevenir la abstención entre los votantes»[152]. Por eso el régimen no dudó en echar mano de un arma con gran tirón popular en esos años: el hambre. En 1948, el gobernador de Ciudad Real recordó a los cabezas de familia de la provincia que debían personarse en las mesas electorales con sus cartillas de racionamiento, que solo continuarían siendo válidas si contenían el sello de haber votado. La necesidad de conservar la cartilla de racionamiento ayuda a entender mejor el aparente fervor popular que generaban las elecciones y los referéndums que quedó retratado en las fotografías de la prensa de entonces[153].

Además de llamarse el mejor y el más representativo, el régimen reivindicó siempre la amplia extracción social de la que provenían los, supuestamente, cargos electos. Era otra mentira. Tomemos como ejemplo las elecciones municipales de 1951. En términos socio-laborales, de los 9005 alcaldes nombrados solo 478 pertenecían, al menos sobre el papel, a la categoría de trabajadores, frente a 5195 propietarios agrícolas y 812 industriales y pequeños comerciantes. En términos ideológicos, 316 parecían tener algún tipo de pasado político de izquierdas o republicano (lo que resulta dudoso), frente a 7307 miembros de la Falange. 2630 habían combatido al lado de Franco durante la Guerra Civil, 401 habían sido prisioneros de los republicanos y otros 60 eran «caballeros mutilados». De los 54 089 concejales electos, solo 4868 se describían como trabajadores, 33 316 como propietarios agrícolas y 5-212 como industriales; un quinto, 14 157, había servido en las filas franquistas durante la guerra. Propietarios y veteranos de guerra —la inmensa mayoría de los cargos municipales— constituían de este modo la verdadera columna vertebral de la dictadura en la política a escala local, sobre todo en el mundo rural[154].

Tan pronto como las elecciones llegaban a su fin, los gobernadores se aseguraban de que lo hicieran también la política y el debate. La normalidad (o más exactamente, la apatía) volvía. Los españoles de a pie eran alentados a continuar con sus asuntos privados y a olvidarse de lo público. Y así lo hacían, para mayor satisfacción del régimen. Tomemos el caso de la relativamente combativa provincia de Guipúzcoa, donde el nacionalismo vasco y la movilización obrera hicieron causa común de forma puntual en algunas huelgas a partir de 1945. En el verano de 1950, la Falange de Guipúzcoa informó de que reinaba la «normalidad absoluta» a pesar de que la oposición había tratado sin éxito de organizar algunas protestas. Cuando el PCE distribuyó unos panfletos contra la Guerra de Corea (la paz era un tema favorito del estalinismo en esos momentos) la gente los había ignorado casi por completo (en opinión del gobernador «sin ningún género de dudas») porque estaba más interesada en lo que hacía el equipo nacional de fútbol en la Copa del Mundo de Río de Janeiro que en guerras lejanas[155]. Ese mismo año, el gobernador de Barcelona aseguraba que «la política [parecía] haber desaparecido en todos los sectores sociales» y que la gente se ocupaba principalmente de sus propios niveles de vida, bien «criticando o halagando [eventos en el país] que creía mejores o peores» para sus situaciones particulares y no para «el bien común»[156]. Este gobernador había aludido a uno de los logros y al mismo tiempo pilares del régimen: la destrucción de la idea de que el bien común dependía de la voluntad colectiva y, por esto mismo, de la relación entre derechos y deberes cívicos.

Pese a todo, sería incorrecto representar todo el conjunto de las elecciones durante los años del franquismo como una puesta en escena sin conexión con las cambiantes realidades políticas. Así fue hasta finales de los años sesenta, pero a medida que el futuro de la dictadura se volvía más incierto, los comicios, en algunos momentos y lugares, se convirtieron en una válvula de escape de las incertidumbres y tensiones dentro del régimen, y en particular de los deseos de algunos de sus miembros de reconectar con la sociedad a la que ellos mismos habían forzado a permanecer muda. Este fue el caso de las elecciones a Cortes de cabezas de familia, donde la participación ciudadana llegó, al menos oficialmente, en algunos casos a ser tan alta como durante el periodo posterior de democracia. Por ejemplo, en los comicios de la provincia de Huesca en septiembre de 1971 la participación fue del 69 %, mientras que en la capital alcanzó casi un 75 % del electorado. Si los datos son reales o no, no lo sabemos. Paralelamente, siguiendo con el caso de Huesca, la más controlada votación para el Consejero Nacional del Movimiento registró grandes tensiones por la rivalidad entre el prócer local (que había ostentado el cargo durante años y pretendía ahora imprimirle una dirección supuestamente más liberal) y una falangista de la línea dura que, con la nada encubierta asistencia de las autoridades, fue finalmente elegida (el número total de votantes fue de solo 556, todos miembros de Falange o responsables de instituciones locales)[157].

Las elecciones en los años finales del franquismo fueron también un indicador de la popularidad de la dictadura entre la población y de la base social que la apoyaba. En general, puede afirmarse que las regiones con una mayor actividad antifranquista, en las que la población estaba menos sujeta a las influencias de los notables locales del régimen, se registraron los índices más bajos de participación en las votaciones. En 1971, en Madrid fue de solo un 31 % y en Sevilla de un 30 %, mientras que un caso extremo se dio en Vizcaya con menos del 27 %[158]. En las Palmas, Guadalajara y León —tres provincias pobres y desmovilizadas— se registró sin embargo una participación del 35 %, 35 % y 32 %, respectivamente. En todo caso, en ambos grupos de provincias, la apatía reinaba y el desencuentro político-institucional entre el régimen (aunque el prestigio del dictador era aún muy alto) y la sociedad eran patentes[159].

Franco impuso sus doctrinas políticas y sociales amparado en un régimen de terror, creando unas condiciones donde la sociedad nunca pudo superar los traumas de la Guerra Civil. La máquina propagandística de la dictadura se ocupó de ocultar el daño causado y, dependiendo de las conveniencias de la situación, de ignorar o demonizar a sus víctimas. Pero mientras que muchos españoles de a pie padecieron, y se resintieron de sus políticas, otros las apoyaron —y a menudo se enriquecieron con ellas— y vieron en Franco al mejor garante de la nueva situación. Como ya ocurriera cuando montaron su entramado político en los años cuarenta, todavía en la década de los setenta, Franco, sus servidores y la Falange continuaron con la farsa de que representaban la voluntad de los españoles, a la vez que les negaron a estos su voz real con la excusa de que así aseguraban el mantenimiento de la paz. Pero este canje entre paz y libertad no se limitó a lo político sino que tuvo también consecuencias terribles para amplios sectores de la sociedad y para el desarrollo económico del país. Como veremos en el capítulo siguiente, el precio de este arreglo impuesto por los vencedores de la guerra lo pagaron millones de españoles en la forma de sufrimiento, humillación y de un futuro sin esperanza.

Capítulo 2. El coste social de la dictadura

CAPÍTULO 2. EL COSTE SOCIAL DE LA DICTADURA

Un argumento reiterado por la propaganda de la dictadura fue que, en contraposición con otros países europeos de posguerra, durante cuarenta años la España de Franco gozó de una paz privilegiada. Para aquellos posicionados en las altas esferas de la pirámide social esto, desde luego, fue cierto: el intervencionismo en la economía nacional y en las vidas diarias de los españoles de a pie les vino muy bien a las clases pudientes. Tanto control estatal pudo ser incómodo, pero prácticamente no tuvo un coste apreciable para ellos, y los beneficios fueron obvios. Incluso si las carencias en los servicios fueron enormes y las infraestructuras del país pésimas, la abundancia de una mano de obra sumisa y la seguridad en las calles compensaron de sobra molestias y deficiencias. En cambio, para millones de españoles pobres la Paz de Franco solo trajo miseria. Sin voz ni representación política, quedaron expuestos a la explotación laboral, a la humillación cotidiana y, lo que es aún peor, al hambre y a la muerte. Nadie padeció más duramente la falta de responsabilidad política de Franco que aquellos que no podían producir su propia comida, que no tenían propiedades o que solo podían trabajar de manera estacional. Esta fue la situación en la que se encontraron si no la mayoría sí al menos una inmensa minoría de los españoles: trabajadores y campesinos sin tierra, viudas y huérfanos sin recursos (en especial si eran familiares de «rojos») y personas con discapacidades físicas o mentales. Fueron estos mismos quienes más sufrieron la hambruna callada de la España de Franco de los primeros años cuarenta —una de las tragedias menos conocidas de la Europa occidental contemporánea— y los efectos de la imposición de una doctrina económica irracional y criminal: la autarquía. Este sufrimiento fue especialmente acusado en las periferias de los grandes centros industriales y en el agro de la mitad sur peninsular, donde la Guerra Civil y la consecuente represión descoyuntaron al movimiento obrero y campesino, y donde los perdedores de la guerra quedaron aterrorizados[160].

Del hambre a la miseria

Del hambre a la miseria

Fueron muchos los casos de hambruna masiva durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis la provocaron en diferentes periodos y con variada intensidad en Polonia, Grecia, los guetos judíos del Este de Europa, la Unión Soviética, e incluso en Holanda. Antes, los soviéticos la infligieron a su propia población en parte como resultado de sus políticas económicas de socialización de la tierra (en realidad, expropiación violenta del campesinado). En España también se produjo una hambruna masiva pero, a diferencia de los nazis, y en cierto modo como los soviéticos, no fue impuesta por un enemigo invasor e implacable sino por el desdén, la corrupción y los prejuicios del Gobierno nacional y de sus seguidores hacia los pobres. Este asesinato a gran escala y callado exigió una complicidad masiva, y de este modo fueron muchos, desde altos cargos burocráticos a pequeños propietarios, los que participaron con su silencio medroso. Pero, además, millones de españoles se aprovecharon, por necesidad o codicia, de la triste suerte de sus vecinos para prosperar o por lo menos para comer lo que a otros se les negaba. En cierto sentido, Franco y sus cómplices tuvieron suerte: el hambre en la España de aquellos años pasó bastante desapercibida para los observadores internacionales porque ocurrió de manera coetánea a los terribles eventos de la Segunda Guerra Mundial y porque tuvo lugar en un país relativamente remoto y sin interés. La máquina propagandística del régimen ocultó los hechos, que jamás fueron mencionados en los libros de historia o en las escuelas, ni en las conmemoraciones posteriores del Movimiento Nacional organizadas para mayor gloria del Caudillo. Es así que incluso en la España de hoy la escala de la tragedia es desconocida, o presentada como un aspecto menor y desafortunado de nuestro pasado que sucedió durante, pero no necesariamente por culpa de, la dictadura. Y pese a ello, aquellos que la sufrieron, y que, si viven, hoy son personas ancianas, saben bien lo mortal que era ser pobre a principios de los años cuarenta, como también recuerdan a las víctimas cercanas que el hambre se llevó por delante y las largas noches que pasaron en la cama pensando (o más bien soñando) con un bocado que llevarse a la boca.

El caso de V. Z. es uno más de entre millones. Estas son las iniciales del nombre de un niño vasco que fue enviado por sus padres al extranjero (concretamente a Bélgica) durante la Guerra Civil. A su regreso a la España liberada se encontró, como muchos otros, política y socialmente en el bando de los vencidos. De aquellos años recuerda sobre todo «miseria, miseria, miseria y hambre… hambre y miseria. ¿Qué te voy a contar? Hambre… hambre a todas horas, soñaba con la comida cuando me metía en la cama… hambre a todas horas»[161]. Lo que estas palabras cuentan es la experiencia humana que se esconde detrás de las cifras. Un estudio de 1941 sobre los niveles de nutrición de los españoles mostró la existencia de un déficit a escala nacional en el consumo del 61,5 % en grasas, 66,2 % en carbohidratos y 66 % en calorías. Esta es la media pues, aunque hubo millones de españoles que comieron bien, al mismo tiempo otros millones más quedaron atrapados muy por debajo de estos índices. Peor aún, el problema, lejos de ser transitorio, persistió, atenuado, pero de forma no menos dramática para sus víctimas, durante muchos años. En 1955, la media de consumo de calorías per cápita todavía estaba en un 10 % por debajo de la de 1935[162].

Durante la Guerra Civil hubo grandes carencias de alimentos y muertes por inanición, especialmente en las áreas urbanas bajo dominio republicano al final del conflicto a causa de la ruptura de los canales de abastecimiento desde las regiones productoras, en buena parte controladas por los franquistas. El hambre primero y la muerte después se intensificaron con la llegada de las tropas «liberadoras» y con la instauración de las políticas de racionamiento y del sistema autárquico. El hambre se introdujo ahora en áreas donde antes no se había padecido ni siquiera la escasez como, por ejemplo, en las Islas Baleares. El archipiélago, salvo Menorca, había permanecido fiel a Franco en 1936, y los años de guerra transcurrieron con relativa normalidad (si no tenemos en cuenta los fusilamientos masivos); incluso las industrias textil y del calzado obtuvieron grandes beneficios por sus ventas al ejército rebelde. Pero los años cuarenta fueron una historia muy distinta. La economía local se derrumbó. La industria del calzado, de producir 3 millones de pares en 1941 pasó a facturar solo 10 000 en 1946. Al mismo tiempo, la producción (al menos la oficial) de cereal en 1947 representaba un 60 % de la prebélica, en parte por la falta de fertilizantes y, con seguridad, porque mucho de lo que se producía acababa en el mercado negro. Las consecuencias sociales del derrumbe económico se notaron muy pronto. En enero de 1941, antes incluso de que se desatara con toda su fuerza la crisis, la Falange local dio cuenta en un informe confidencial de que casi no quedaba comida en los mercados y que los desorbitados precios hacían que lo que había fuera inasequible para los trabajadores. Muchas familias se alimentaban exclusivamente de naranjas y un 40 % de los niños mostraba signos de tuberculosis. Mientras que las gentes «favorecidas por la fortuna» disfrutaban de «una vida fácil», porque con su dinero podían comprar casi de todo, la miseria era visible en fábricas y talleres donde los trabajadores con frecuencia se desvanecían por falta de alimentos[163]. Para 1946, la situación en Baleares había degenerado tanto que la gente afirmaba, de nuevo según un informe confidencial, que «estaban peor que si estuvieran viviendo en una colonia [africana]»[164].

Las condiciones en zonas industriales como el País Vasco, o en las mucho más atrasadas Baleares, eran pésimas, pero eran peores aún en la España meridional, donde el desempleo, el predominio de los latifundios y una industria minera en decadencia contribuyeron aún más a conformar un panorama social no ya sobrecogedor sino de puro horror. En 1940 y 1941 llegaron informes al Gobierno desde diferentes zonas meridionales sobre personas enfermas con unos síntomas extraños: primero les daban terribles dolores al intentar caminar, luego las extremidades comenzaban a sufrir temblores y finalmente quedaban inmóviles, y, al mismo tiempo, en muchos casos perdían la visión. Al parecer, esta nueva enfermedad estaba originada por la falta de vitaminas (casos similares se registraron en Cuba durante los estragos del «periodo especial» en los años noventa) y la ingestión de hierbas venenosas[165]. El doctor Janney, miembro de la Rockefeller Mission (que ayudó a paliar las desesperadas condiciones sanitarias y alimenticias en España) informó en 1941 de que la hambruna en la costa mediterránea y en el sur «debía ser estudiada in situ para ser creída» y que los individuos adultos «consumían un tercio de las calorías necesarias» y los niños «apenas un quinto»[166].

Estas realidades contrastaban de manera radical con la retórica triunfalista de la dictadura. Según escribió, con nulo sentido de la ironía, en 1941 uno de los apologetas del régimen en un libro sobre la economía nacional, «España está claramente en su camino», a pesar de que el conflicto internacional dificultaba su «progreso»[167]. Más mendaz aún, el principal asesor económico de Franco, Higinio París Eguilaz, hizo llegar al dictador un informe el año previo donde, además de echarle la culpa de las dificultades económicas a las «políticas liberales del pasado», afirmaba que «no podemos decir que hay hambre en España»[168]. Frente a esta visión tan feliz, los diplomáticos británicos estacionados en España (y entre ellos, especialmente aquellos destinados en Andalucía) enviaron a Londres numerosos informes donde se describía cómo los obreros eran incapaces de trabajar con normalidad por la falta de alimentos y que muchos de ellos se desmayaban en sus puestos de trabajo. El cónsul británico en Sevilla opinaba en marzo de 1941 que la situación alimenticia iba a peor y dio cuenta de las numerosísimas muertes que se estaban produciendo en hospitales «a causa del hambre»[169]. Otro informe británico, también de 1941, basado en los estudios de comisiones médicas en Cáceres y Badajoz, aseguraba que miles de personas no habían comido otra cosa durante meses que hierbas hervidas en agua salada y pronosticaba que hasta dos millones de españoles perecerían a causa del hambre en el futuro inmediato[170]. Afortunadamente estas previsiones se mostraron exageradas, pero las observaciones en que se basaban no eran imaginarias: el hambre y la miseria siguieron matando en masa en el sur. Solo en la provincia de Jaén uno de cada tres recién nacidos murió en 1942[171]. Allí y en otras partes, familias enteras, a menudo envueltas en harapos y sin calzado, deambulaban por el campo en busca de cualquier cosa —higos, maíz, melones, etc.— que llevarse a la boca, sufriendo a menudo la persecución y las palizas de propietarios y guardas agrícolas. Aunque la mayoría de las estimaciones sitúan en más de 200 000 los muertos por hambre durante la posguerra, en realidad no sabemos la cifra exacta[172].

Esta hambruna no fue producto de un intento deliberado de eliminar a una población hostil, como fue el caso de las acciones nazis en Europa del Este, pero los resultados fueron con frecuencia muy similares. En la España de posguerra había suficiente comida para alimentar a las masas hambrientas, cuyos padecimientos pudieron haber sido evitados. Es más, la gente podía ver las vitrinas de las tiendas y los mostradores de los mercados repletos de productos, pero estos les resultaban a menudo inasequibles. El fracaso de la política de racionamiento radicó no en su implantación en sí misma, sino en cómo se llevó a cabo y en su función dentro del contexto sociopolítico en la que fue ejecutada. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el Reino Unido como en la Alemania nazi el sistema de racionamiento ayudó a combatir las desigualdades alimentarias, e incluso a reducir la malnutrición infantil entre los más pobres. En el primer caso, porque los británicos vivían en una sociedad democrática y tenían derecho a votar; y en el segundo, porque la dictadura nazi, tan criminal en otros aspectos y lugares, creía en la salud de la «comunidad racial»[173]. En la España de Franco ninguno de estos supuestos se cumplieron y, pese a las profundas carencias, la distribución de alimentos estuvo lastrada por la incompetencia y la corrupción masiva, y fue incapaz de compensar la reducción deliberada y brutal de los salarios. Es más, el racionamiento nunca buscó alimentar completamente a la población —el número de calorías repartidas siempre fue insuficiente para ello— sino paliar la escasez[174]. Por eso, en nuestro país, lo que el racionamiento consiguió fue distorsionar el mercado y matar.

El hambre de los años cuarenta fue consecuencia de una doble decisión de favorecer los intereses del capital y de un cálculo interesado y equivocado —que no se corrigió— de las necesidades de los pobres. Frente al padecimiento de millones de españoles, los patronos se beneficiaron de los salarios bajos, los agricultores (y en particular, los grandes propietarios agrícolas) se enriquecieron con el negocio del estraperlo, los falangistas y los burócratas tomaron también su parte del pastel y los bancos, que disfrutaban de un régimen de monopolio, acumularon y administraron a sus anchas las ganancias conseguidas legal y extralegalmente con la especulación y con el mercado negro. La distorsión comercial y las oportunidades de fraude eran evidentes cuando, por ejemplo, en 1945 el kilo de trigo se vendía a 0,84 pesetas en el mercado oficial mientras que alcanzaba entre 2,75 y 10,75 en el de estraperlo; o el aceite de oliva se vendía a 5,19 pesetas por litro pero llegaba en el mercado negro a las 16, o incluso 35 pesetas. Alguien se lucraba con estas transacciones. Este alguien podía ser tal vez un modesto pequeño propietario o una madre desesperada tratando de proveer para su familia. Pero los pingües beneficios quedaban para los que iban a lo grande: latifundistas, miembros del funcionariado y, en ocasiones, hasta el mismísimo gobernador civil que estaba encargado de sofocar las actividades de estraperlo. Estos peces gordos eran prácticamente inmunes y, si acaso eran denunciados, el peso de la ley por «calumniar» a una autoridad o a personas de respeto caía sin contemplaciones no sobre el delincuente sino sobre el atrevido e incauto acusador[175].

El hambre fue un escándalo evidente, al que solo sus víctimas se atrevieron a poner nombre. Cuando la Cámara de Comercio de Bilbao, en un informe sobre la economía provincial en 1944, dio cuenta de forma un tanto aséptica de que la «comida disponible» no permitía la «reconstitución de la fuerza muscular» cansada por el trabajo, estaba expresando las inquietudes por las consecuencias negativas para ellos, los empresarios, y quizás también para los seres humanos que sustentaban esa «fuerza muscular»[176]. Pero una cosa era quejarse de que los obreros no podían trabajar y otra exigir cambios profundos, o pagar salarios más altos para acabar con el crimen. Ni el régimen ni quienes poseían la riqueza hicieron mucho para corregir la situación, y lo poco que hicieron fue bastante ineficaz. La muerte por inanición siguió azotando las regiones más pobres de España hasta mucho después de que se olvidasen las palabras asépticas y las metáforas. Todavía en 1950, el gobernador civil de Almería daba cuenta en su informe anual para el Ministerio de la Gobernación de que en los años anteriores, además de las muertes por epidemias (predominantemente tifus), había habido frecuentes casos de personas que habían muerto de hambre[177]. En 1953, un año después de que se acabase el sistema de racionamiento, en esta misma provincia, las autoridades sindicales calculaban que unos 89 500 trabajadores y sus familias no tenían suficientes ingresos para obtener las calorías «necesarias para la subsistencia»[178].

El hambre y la miseria fueron resultados directos de la corrupción y de la ineficacia, pero también de los prejuicios de Franco, pues cuando resultó patente lo desastroso de la situación, el Caudillo se negó a reconocer sus errores y a modificar su política. Además de decenas de miles de muertos más, esto significó en el ámbito macro-económico que el país perdiese más de una década de desarrollo económico. En España, los niveles de producción prebélicos de 1936 no fueron alcanzados hasta principios de los años cincuenta, cuando en la mayoría de los países europeos que sufrieron directamente la guerra mundial los mismos niveles de 1939 fueron recobrados entre 1947 y 1948. Incluso la dictadura portuguesa y la semidemocracia griega tuvieron mucho más éxito que el franquismo en relanzar sus economías[179].

En vez de cambiar radicalmente de política, el régimen trató de esconder con mentiras el desastre socioeconómico que él mismo había causado. En 1953, el Gobierno llevó a cabo un estudio sobre los salarios a partir de la información suministrada directamente por las empresas. Era un supuesto ejercicio de transparencia… pero también una enorme falacia apoyada por numerosos datos falsos. Estos fueron cotejados con el salario medio de 1936 y con el incremento de los precios durante el mismo periodo. Los resultados eran reconfortantes: el poder adquisitivo de los trabajadores en 1953 se suponía representaba entre un 82 % y un 85 % del de 1936. Incluso se afirmaba que en algunos sectores, como los ferrocarriles y otros monopolios estatales, los salarios sobrepasaban ya el 100 %. Es más, al incluir el valor de los servicios administrados por la seguridad social, estos resultados aparecían sobre el papel como más positivos aún: supuestamente, los trabajadores estaban recibiendo ahora ingresos invisibles superiores a los de antes de la guerra hasta llegar su salario medio real al 110 %[180]. Pero fuentes confidenciales, y por supuesto nunca publicadas, indicaban una realidad muy diferente. En el periodo 1948-1949, el poder adquisitivo de los salarios era apenas un 50 % del de 1936[181]. Y aún peor, como dejó claro un informe sindical de 1950, no se trataba solo de que los salarios fuesen inferiores a los de antes de la guerra sino que además ahora «la distribución de la renta nacional era menos favorable para la clase trabajadora»[182]. Este análisis de uso restringido estaba mucho más cerca de la verdad que el anterior, lo que viene confirmado, por ejemplo, por un estudio reciente sobre salarios y precios en Madrid entre 1947 y 1951. Este muestra que, mientras que los precios se incrementaron en un 100 % durante esos años, la paga de, por ejemplo, un capataz de la construcción creció poco más de un 25 %[183]. Otras fuentes franquistas, de nuevo confidenciales, apoyan también estos datos. En 1956, la rama sindical de Industrias Químicas aseguraba que el trabajador medio del sector cobraba un jornal de 26,18 pesetas al día (menos las 1,16 pesetas que se llevaba la seguridad social) pero que el coste medio de mantener a una familia compuesta por cuatro personas era de 50,44 pesetas[184]. Esta depreciación salarial era sentida incluso por quienes tenían trabajos relativamente bien remunerados. Según otro informe sindical de 1958, un trabajador del metal con mujer y un solo hijo (nótese que las familias eran entonces a menudo mucho más extensas que esto) debía trabajar 15,20 horas diarias para cubrir las necesidades familiares «con dignidad»[185].

Estos eran los sueldos de la élite del proletariado. Para el personal no especializado, y sobre todo para los jornaleros, los salarios eran mucho más bajos, si es que trabajaban pues el desempleo estacional entre estos últimos era rampante. En 1949 había 400 000 personas oficialmente desempleadas en todo el país, la mayoría en el sector agrario y en la construcción. El desempleo rural se concentraba en el sur, mientras que el de la construcción lo hacía en Madrid y Barcelona[186]. El paro entonces no solo significaba pobreza, sino una miseria extrema que podía llevar a la muerte. En un informe de 1952 sobre la provincia de Jaén el gobernador civil reconoció la existencia de unas 20 000 personas en paro permanente a las que en ciertos meses, especialmente entre agosto y diciembre, había que sumarles otras 58 000 más. El efecto de una pobreza a tal escala era sobrecogedor. Los falangistas resumieron la situación diciendo que mataba «la vida de la población trabajadora», particularmente en los años de malas cosechas pues ni los subsidios de desempleo ni los comedores públicos podían hacer mucho por remediarla. El citado informe recordaba lo que ya había pasado en Jaén en el año mortal de 1946, cuando en aquella provincia se produjeron el 25 % de todas las muertes por inanición de España[187].

Esta miseria llovía sobre mojado, y no era ni mucho menos circunstancial. En un informe anterior de 1951, la Falange de Jaén estimó que unas 20 000 familias tenían como máxima aspiración «un pedazo de pan y aceite durante todo el año para poder subsistir, el vestido, el calzado y la vivienda hace mucho tiempo que dejó de preocuparles». Vivían en la miseria más absoluta en cuevas o chabolas «en muchos casos con un rudimentarismo [sic] que había superado el hombre del Paleolítico». A estas familias había que sumar otras 60 000 más para quienes su máxima aspiración era encontrar el pan y el aceite «para no perecer» durante los «cinco o seis meses» del año en que no había trabajo. Los dos informes que acabamos de citar coincidían en que los niños no podían ir a la escuela porque pasaban su tiempo pidiendo caridad para intentar no morirse de hambre[188].

El hambre no era solo una cuestión política o social, sino también de género, ya que estas horrorosas condiciones de vida eran más frecuentes en aquellas familias que tenían solo a una madre al frente, pues las mujeres estaban aún peor pagadas que los varones, y a menudo su salario les era abonado solo en especie. Una mujer empleada del hogar que trabajaba entre diez y catorce horas diarias podía ganar entre 2 y 5 pesetas al día a principios de los años cuarenta, con lo que no llegaba para mantener a una familia. En muchos casos, se trataba de mujeres cuyos maridos estaban desaparecidos —es decir, enterrados en fosas comunes, sin nombre ni historia— o cumplían condenas en prisión. Por supuesto, no recibían siquiera la magra pensión a la que tenían derecho las viudas de soldados franquistas. Al estar en el bando de los vencidos, el nuevo orden católico de la Paz de Franco decidió que ellas y sus retoños no merecían nada.

Si carecían del apoyo de su clan familiar, a esas mujeres a menudo no les quedaba más remedio que ejercer la prostitución. En los primeros años cuarenta, una prostituta podía conseguir entre 5 y 25 pesetas diarias, o hasta 75 pesetas si trabajaba en una casa de citas de cierto prestigio. Los prostíbulos y casas de citas no eran solo lugares de sexo mercenario; en algunos casos representaban también una fuente de sustento familiar y comunitario. No era raro que varias generaciones de la misma familia fueran empleadas y residieran en un mismo establecimiento, incluyendo niños y maridos. El recurso a la prostitución llevó a un incremento de las enfermedades venéreas tras la guerra a pesar de la nueva (o más bien la recuperación de la más reaccionaria) moralidad propugnada por el régimen. Según el Patronato de Protección de la Mujer, el órgano oficial para la reeducación de mujeres «perdidas» y «caídas», en 1941 hubo cerca de 65 000 casos de sífilis en el país; seis años después, esta cifra se incrementó hasta casi los 268 000. Como el número de prostitutas oficialmente registradas como tales permaneció por debajo de 10 000 durante este periodo, el incremento de enfermedades de transmisión sexual probablemente se debió al aumento de la prostitución clandestina llevado a cabo por no profesionales[189]. El número de prostitutas oficiales solo empezó a reducirse a mediados de los años cincuenta cuando la coyuntura económica (o al menos, la disponibilidad de alimentos) mejoró. Puede suponerse que entonces el número de prostitutas ocasionales también declinó[190].

El hambre trajo miseria, muerte y humillación a los que la padecieron, pero representó también una suerte de oportunidad política para los demagogos del régimen ávidos de poder. Entre ellos, aparte del mismo Franco, nadie hizo un uso más desvergonzado y oportunista de las desgracias de los españoles que los miembros de la Falange cuya retórica de justicia social preconizaba de forma repetida una impronta más social e igualitaria a la dirección política del país. Sus remedios eran confusos, pero expresados con toda la teatralidad y demagogia por las que los camisas azules eran tan bien conocidos. Veamos un ejemplo, y hay muchísimos más, del chiste sin gracia en la empobrecida Ciudad Real. Durante una reunión provincial del partido en 1955, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento aseguró que sería necesario bajar los precios de los alimentos, especialmente de «aquellos productos clave en la dieta de los trabajadores» y que se debía «prestar más atención a los asuntos económicos si no [querían] que arruinaran» nuestras políticas. Por su parte, el jefe provincial de los servicios sanitarios exigió que se incluyesen «más vitaminas» entre los productos alimenticios. No quedándose corto, el jefe de los sindicatos añadió que «la mala situación [debía] ser resuelta cuanto antes» o de lo contrario podría desatarse una huelga general como la de Barcelona en 1951, además de recomendar el cierre de economatos reservados al funcionariado porque podían ser «objeto de rechazo entre las clases necesitadas». El gobernador civil lanzó más tarde una enérgica denuncia contra intermediarios y minoristas, asegurando también que, paralelamente a la bajada de los precios, la prioridad continuaba siendo «el problema del desempleo» porque, con independencia de los precios, «parte de la clase trabajadora no [podía] comprar nada». Los asistentes coincidieron en resaltar la actitud antipatriótica de estraperlistas e intermediarios y proclamar que la Falange defendía la bajada de los precios, haciendo un llamamiento a todos sus miembros a «cooperar con esta campaña patriótica» y a mostrar su repugnancia ante los presentes niveles de escasez como una situación «contraria a los deseos» de su líder nacional «el Generalísimo Franco». El gobernador civil (quien era a su vez miembro del Consejo Nacional del Partido) clausuró la reunión con las siguientes palabras: «la Falange se ha vuelto más solidaria con el público prestando su ayuda en servicios y lugares donde sea necesario». Tras esto, todos entonaron el Cara al Sol y el jefe provincial dio los habituales vivas que fueron secundados con entusiasmo por los presentes[191].

Y otro ejemplo más de la broma, quizás tan patética como la previa. Ese mismo año, los falangistas de Almería, provincia mísera donde las hubiera, dedicaron el mayor tiempo de una reunión similar a la organización de diversas actividades del partido y, en particular, a su contribución a los actos de la coronación canónica de la Santísima Virgen del Mar, para la que destinaron amplios fondos públicos. La reunión, no obstante, no descuidó recomendar el estudio de «la presente situación económica y alimenticia de las clases medias y bajas de cara a paliar de cualquier manera posible la situación» que padecían. Como una medida inmediata, se acordó financiar la construcción de dos pisos en el barrio de los pescadores, donde miles de personas vivían en cuevas y chabolas. El acta dejó constancia de que las nuevas viviendas serían adjudicadas a «dos camaradas»[192].

Supervivencia

Supervivencia

La dictadura miró primero por los intereses de sus simpatizantes; luego, dentro de los exiguos recursos disponibles y con una mentalidad excluyente e inclemente, trató de ayudar a los demás. A imitación del Auxilio de Invierno nazi, la Falange creó el Auxilio Social. Este abrió una amplia red de comedores públicos, a cuyo cargo estuvieron las mujeres de la Sección Femenina[193]. Su labor de alimentar a los pobres, cuando contaban con recursos en sus alacenas —lo que no ocurría siempre— fue en muchos casos notable, pero obviamente insuficiente para evitar que muchos perecieran por falta de alimentos. Aunque de manera muy errática y confusa, el régimen también emprendió la construcción de una red primitiva de seguridad social. En 1942 creó el seguro médico obligatorio. Este tenía como cometido ofrecer prestación sanitaria a los trabajadores y sus familias. Su desarrollo fue muy lento. En 1953, solo 530 000 trabajadores estaban cubiertos, lo que incluyendo a sus respectivas familias significaba aproximadamente 1,6 millones de personas (menos de un 6 % de los 28 millones de habitantes de la España de entonces). Pero en ese momento, lejos de haber progresado de forma continua, su cobertura había declinado, ya que el total de individuos asegurados aquel año era ligeramente menor que los 1,62 millones de 1949[194]. Tanto los trabajadores como los patrones recelaban de este sistema, ya que estaban obligados a asignar parte de los sueldos a cambio de la cobertura médica, lo que era muy oneroso en un periodo de alta inflación y bajos salarios. Además, el servicio era a menudo superficial, afectado por la indolencia burocrática y a veces ofrecido con notoria grosería. Más que un derecho podía parecer una caridad.

Una de las mayores contradicciones de la política social del régimen se basaba en que mientras que sus medidas económicas, y en particular, la autarquía y la política de salarios bajos, estaban causando la inanición de los más pobres, aquel iniciaba, continuaba y extendía programas, algunos de creación republicana, para mejorar la salud de niños y madres. El seguro de maternidad, introducido por primera vez en 1931 durante la República, fue incluido por la dictadura en 1944 en el plan de seguro médico. Como otros dictadores contemporáneos, Franco estaba obsesionado con el control de la mujer devolviéndola al hogar, entre otras cosas para que tuviera más hijos, que estos creciesen sanos y que, como futuros soldados, hiciesen a la patria más grande. Para conseguirlo, el régimen usó dos instrumentos fundamentales: los servicios de la Sección Femenina de la Falange y el desarrollo del programa de seguridad social. En 1947, Auxilio Social controlaba ciento sesenta centros, en treinta y nueve provincias, dedicados a mejorar la nutrición de niños desfavorecidos. Ayudaban en la labor otras instituciones para madres lactantes, así como algunas guarderías y orfanatos. En el campo, las llamadas visitadoras rurales introdujeron nuevas prácticas y conocimientos que contribuyeron a mitigar algunos de los problemas sanitarios más graves. Por su parte, a la altura de 1947, el programa de cobertura sanitaria había abierto 250 ambulatorios y nueve hospitales con aproximadamente 4500 comadronas al servicio del Estado[195]. En un momento en el que todavía la mayoría de los nacimientos ocurrían en casa, enfermeras y comadronas, en estos centros o en sus visitas domiciliarias, tuvieron un papel crucial en reducir la mortandad infantil y la femenina posparto.

Aunque estas iniciativas fueron en la dirección adecuada, estuvieron limitadas por la falta de recursos y por la mala gestión de la política sanitaria, que estaba lastrada por una maraña organizativa y la superposición de funciones. La división de responsabilidades entre la Falange, los sindicatos verticales y la seguridad social nunca fue clara, lo que añadió de forma innecesaria confusión y burocracia. En todo caso, pese a los muchos méritos y a la desinteresada dedicación, honestidad e industria de quienes participaron en estas iniciativas, fueran voluntarios o profesionales, sus esfuerzos no pudieron compensar el hambre y la catástrofe sanitaria causados por la autarquía.

Ante la dejadez, incompetencia, corrupción y falta de medios del Nuevo Estado, los españoles se las tuvieron que apañar con sus propios recursos. De entrada, los pobres se vieron obligados a participar en las mismas actividades criminales que hacían sus vidas tan miserables, sobre todo en el mercado negro[196]. Las mujeres en particular fueron activas estraperlistas. Moviéndose a menudo en pequeños grupos, iban del campo a la ciudad acarreando con gran peligro personal pequeñas cargas de las que obtenían escasos pero imprescindibles beneficios que les permitían alimentar a sus hijos. También abastecían los mercados clandestinos trayendo mercancías y comida de contrabando a través de la frontera con Francia, Portugal, Gibraltar y el norte de Marruecos. Por ejemplo, en el Portugal de la posguerra los artículos de lujo provenientes de las colonias como el café o el azúcar no eran difíciles de conseguir. Tenían precios asequibles allí y se pagaban bien en España. Los riesgos no obstante eran altos, ya que la gente normal metida en el mercado negro no contaba con la impunidad de quienes organizaban las grandes operaciones.

Paula era una más de entre esa gente humilde «durante los años del hambre», cuando en su pueblo «no había nada». Apenas una adolescente en la Huelva de posguerra, ella cruzó con frecuencia la frontera de Portugal esquivando las patrullas de la Guardia Civil y sus homólogos lusos, la Guardinha. De noche y con grupos de vecinos y familiares, Paula marchó muchas veces con una pesada carga por barrancos y arroyos, resguardándose en cuevas y escondiéndose donde podía. Paula compraba tres o cuatro kilos de harina, café, azúcar o garbanzos en una granja o vivienda lusa y luego volvía a España con ella. Ella sabía bien que, en el supuesto de ser capturada, la mercancía le sería confiscada y podría ser golpeada, sería desde luego multada y quizás hasta enviada a prisión sin que, en su caso, hubiera nadie a quien recurrir[197]. No todos los casos eran iguales ante la ley. La experiencia de D. J. y sus compañeros en Murcia contrasta con la de Paula y demuestra la importancia de tener contactos. Pese a pertenecer a un grupo bien organizado, D. J. y sus amigos casi creyeron verse atrapados por la Guardia Civil mientras conducían tres carretas de trigo de estraperlo. Fue solo un susto. El cacique local de la aldea de El Raal, que también andaba metido en el asunto, les aseguró que no temieran «incluso si oían los pasos de la Guardia Civil» detrás de ellos porque estos «le debían muchos favores» ya que les había dado de comer muchas veces. «Traficaba con mulas y era muy rico», dijo mucho tiempo después D. J. recordando al cacique Pepe Luis, pero se «portaba muy bien con nosotros»[198].

El cacique Pepe Luis se enriqueció durante los años del hambre, pero al menos mostró su benevolencia hacia los más pobres. No todos se comportaron así. Un tal Paradela, alcalde de Amoeiro, en Orense, resultó ser de una calaña muy diferente, según los recuerdos de Juan Dacoba:

Cuando era alcalde, Paradela estraperlaba la tasa de azúcar, aceite y harinas que daba el Estado y él no la repartía a las tiendas. Estuvimos cinco meses sin recibir el racionamiento; preparaba un camión de madera y dentro llevaba los sacos de harina y bidones de aceite para estraperlarlos en Vigo. ¡Y la gente se quedaba esperando con la boca abierta! […] Después estuvo […] encargado de pagar las pensiones […] ¡Amenazaba a los viejos con sacarles del subsidio si no le daban sesenta duros bajo mano y se hizo rico con aquello[199]!

El doble rasero legal entre pobres y poderosos era ubicuo. En las Islas Canarias la política autárquica y proalemana del franquismo había llevado al Reino Unido a preparar planes de contingencia para su posible ocupación. La dictadura decidió mantener el archipiélago bajo el control militar durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. El llamado periodo del Mando Económico (1941-1946) fue devastador tanto para los negocios como para la mayoría de la población. La exportación y el flete de embarcaciones, ambos pilares de la economía isleña, decayeron muchísimo mientras que, por el contrario, el estraperlo y el contrabando experimentaron una gran expansión. En el caso del segundo, esto no era ni mucho menos un fenómeno nuevo en las islas. Lo que si era nuevo fue el nivel de represión, que recayó de forma exclusiva en el pequeño y mediano contrabandista (el llamado cambullonero) que tradicionalmente comerciaba con las embarcaciones extranjeras. También era nueva la absoluta falta de control sobre las élites locales, quienes gracias a sus conexiones con el régimen manejaron con impunidad la mayor parte del mercado negro durante, y mucho después, de la guerra mundial[200]. Esta situación fue denunciada por una autoridad de Santa Cruz de Tenerife en 1950. Según esta, el estraperlo a gran escala había resultado en «fortunas colosales» que representaban «una ofensa a los ciudadanos honrados» que tenían que lidiar con las dificultades cotidianas para conseguir comida y que veían subir los precios de forma constante[201].

Los pequeños comercios de comestibles fueron cruciales para la organización del mercado negro, pues los vecindarios y pequeñas aldeas solían contar con al menos un establecimiento a través del cual las autoridades gestionaban el racionamiento. En teoría, los minoristas recogían el género directamente de la sede del consistorio local y, en base a las cantidades disponibles y a las diferentes cartillas de racionamiento, lo distribuían entre la gente. En la práctica, las cosas eran a menudo muy diferentes. En primer lugar, era muy común que el género no llegara o que lo hiciera en cantidades insuficientes. En segundo lugar, con una corrupción descontrolada entre las autoridades locales y los concejales a cargo de los abastos y sus asociados, era práctica común que se apropiaran de parte del género, llenando primero sus despensas y beneficiándose después con la venta del resto, que a menudo adulteraban o que sustituían por otro de calidad inferior. Comerciantes amigos o familiares de las autoridades solían estar envueltos en el hurto, porque a menudo eran precisamente sus tiendas las designadas por aquellas para repartir los abastos. Por último, los minoristas también se apropiaban de una parte o sustituían los productos por otros. Lo que quedaba era lo que el consumidor compraba a precios oficiales.

Sería no obstante injusto tildar a los pequeños minoristas de parásitos que se aprovechaban de los apuros de sus vecinos. Ellos solo hacían lo mismo que casi todo el mundo (que podía) para sobrevivir. Pero es que además, y en especial en pequeñas localidades y barrios obreros, los minoristas solían proveer a crédito (especialmente a personas con reputación de honestas) todo tipo de productos, desde alimentos a calzado, funcionando en la práctica como prestamistas. Las compras a crédito eran anotadas meticulosamente en libros de cuentas en dos columnas: en una aparecían el género y la cantidad a pagar y en la otra el reconocimiento de la deuda por parte del cliente[202]. En el código moral de los pobres, lo adeudado debía ser pagado cuando las cosas mejoraran. Cuando no era así los deudores eran con frecuencia objeto de la crítica del vecindario, y sus posibilidades de crédito futuro se veían muy mermadas. Estas críticas no solo eran una censura a conductas moralmente reprensibles o «feas», sino también a las que ponían en peligro un mecanismo de supervivencia de la comunidad.

Si acaecía una enfermedad grave, desempleo o cualquier otro desastre y la familia o los amigos eran incapaces de prestar ayuda económica, la gente pobre también podía recurrir a las casas de empeños. Este tipo de negocios, que aceptaban toda clase de bienes muebles (juegos de cama, cubertería, joyería, bicicletas, etc.) eran por lo general regentados por los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros, que estaban bajo el control de la Iglesia. También, para un pequeño préstamo, las familias recurrían a intermediarios independientes, conocidos en algunas regiones como «teleros», que a su vez operaban con establecimientos comerciales específicos. Si alguien necesitaba un par de zapatos o un traje, los teleros imponían un límite sobre cuánto podían gastarse y eran ellos mismos (y no el comprador) los que abonaban la cantidad directamente a la tienda. Posteriormente, el comprador devolvía a plazos el importe del crédito, más el interés (o gabela), al telero. Este sistema se mantenía todavía en activo en los años setenta, hasta el punto de que muchos españoles pobres adquirieron así su primer equipo de televisión, aunque ya para entonces las letras y la venta a crédito directa por parte de las tiendas se habían impuesto entre los consumidores.

En todo caso, la familia fue la herramienta fundamental para sobrevivir a los años del hambre. Mientras que otras naciones europeas estaban construyendo sociedades del bienestar más acordes con el mundo moderno, en nuestro empobrecido país —donde la política y lo colectivo habían sido secuestrados y enmudecidos por el régimen—, era en el ámbito privado donde los españoles, especialmente los más desfavorecidos, tenían que buscar su sostén social y económico. Desde luego, proteger a la familia y centrarse en ella era más importante y menos peligroso para el español medio que pedir el cambio social. Por eso, durante el largo invierno de la autarquía y bastante después, la familia continuó siendo el único sitio que les quedaba a los abuelos cuando alcanzaban la vejez y no podían valerse por sí mismos. Prestaba además un servicio en el cuidado de los más pequeños cuando los padres y los jóvenes en edad de trabajar debían ausentarse durante el día o incluso meses o años. La familia proveía alimentación gratuita a aquellos familiares que no podían permitírsela. Daba también cobijo a matrimonios jóvenes sin fondos para procurarse su propio hogar. Ayudaba a comprar, si se podía, la máquina de coser o la bicicleta, o, cuando era posible, dar la entrada para una casa. En la familia se podía ahorrar, a veces. Por esta razón, era común encontrar a diferentes generaciones conviviendo bajo el mismo techo, mirando por el otro y discutiendo entre ellos mientras trataban de mantener un mínimo de independencia, de privacidad y de dignidad. No hay que idealizar esta situación. No era un arreglo fácil para nadie, pero para los pobres resultó ser la solución más barata o la única posible frente a tanta miseria.

Las madres jugaban un papel predominante en el mantenimiento de la supervivencia familiar. La relación entre estas y las hijas era crucial, pero funcionaba con frecuencia dentro de un amplio marco operativo donde se incluían otros familiares (tías, primas, sobrinas o nietas) y algunas veces, también vecinas necesitadas o sin familia propia. A través de las mujeres se distribuían los recursos y, si había necesidad, se gestionaban los conflictos. Los maridos entregaban el jornal a sus mujeres, o al menos era la expectativa común, sin preocuparse de lo que se hacía con él, pero se guardaban una pequeña parte para sus propios gastos, «sus vicios». Al final del día eran las mujeres las responsables de que hubiera comida en la mesa y ropa limpia para la jornada siguiente.

Además de los escasos recursos que proporcionaba el Estado, la única alternativa a la familia era el socorro de la caridad católica, o la de las autoridades locales y provinciales. Echar mano a estos recursos conllevaba a menudo la imposición de una serie de condiciones degradantes y de un estigma familiar y colectivo. Por ello era moral y socialmente preferible mantener a familiares seniles o cuidar de un sobrino huérfano en el hogar familiar —aunque apenas si se le pudiese dar una cama en un rincón y un plato de comida— que enviarlos bajo el cuidado de los, a menudo justamente temidos, hospicios y asilos. Muy solo había que estar y muy pobre ser, y hasta desgraciado, para acabar así.

Las humillaciones de la miseria

Las humillaciones de la miseria

Cuando el profundo fracaso económico se hizo evidente, el régimen arguyó que la miseria se debía a las consecuencias de la Guerra Civil (en especial a las destrucciones de los «rojos»), a las dificultades de la guerra mundial, a la sequía y al boicot internacional[203]. El franquismo trató en todo momento de correr un tupido velo sobre la realidad de que la pobreza del país era el producto de la autarquía y del mantenimiento de unas estructuras socioeconómicas que el régimen no solo falló en desmontar, sino que respaldó plenamente. Por eso, quienes sobrevivieron a los años cuarenta todavía vivían vidas miserables y desgarradoras en los cincuenta e incluso en los sesenta, décadas después de que remitiera el boicot internacional y cuando ya había llovido mucho. Los graves efectos de la miseria fueron especialmente duros en el agro del sur peninsular. La base del problema residía en la concentración de la tierra en pocas manos y en la falta de oportunidades para cientos de miles de personas que apenas podían trabajar unos meses al año. La guerra podía justificar por qué en el año 1940 112 303 campesinos sin tierra y 376 187 mujeres aparecían en las estadísticas como permanentemente inactivos en Andalucía, pero no por qué en 1950 estas cifras eran, respectivamente, 132 682 y 343 705[204]. Cuando había sequía, el desastre y el hambre se intensificaban.

Los años 1945, 1946 y 1949 fueron nefastos, pero también lo fue 1954, quince años después de que las tropas de Franco marcharan victoriosas por las calles de Madrid. Fue este último un año en que la sequía afectó gravemente a la producción de trigo, aceite de oliva y la industria vinícola en Andalucía. En Córdoba, durante el otoño de aquel año del Señor los índices de desempleo, que ya habían sido alarmantes durante el verano, se volvieron, según los representantes del Gobierno, «angustiosos»[205]. Para paliarlos, las autoridades recurrieron al incremento de las obras públicas[206]. En la vecina Jaén había en septiembre de 1954 al menos 35 000 parados y se estimaba que otros 10 000 habían emigrado en las semanas previas[207].

Las tragedias de los pobres ofrecían una excelente oportunidad a los falangistas para practicar su ya clásico populismo y denunciar la miseria; pero debajo de este discurso apenas podían esconder a quiénes servían realmente. Solo dos años después, el sufrimiento del campesinado sería utilizado por esos mismo falangistas para la defensa de los intereses de los grandes propietarios. En febrero de 1956, coincidiendo con una carencia momentánea de mano de obra en la provincia de Jaén, los representantes de los sindicatos agrarios informaron que se sentían satisfechos con la situación, sugiriendo que, pese a que los jornales se mantenían todavía a la zaga de los precios, la prohibición de trabajar los domingos debía levantarse «en interés de nuestra economía» y porque «la difícil situación de nuestros trabajadores mejoraría» con un día más de jornal por semana. Nótese que para estos sindicalistas de camisa azul la justicia social pasaba por trabajar más por peonadas de hambre, pero no por subir el salario[208].

Cualquiera que se hubiera molestado en conocer el asunto de cerca sabría que un día más de jornal no cambiaba mucho. Un estudio de Acción Católica de 1953, basado en información compilada por el Consejo Socio-Económico de Sevilla, institución controlada por la Falange, concluyó, después de analizar el crecimiento salarial en veintidós ocupaciones diferentes entre 1936 y 1953, que el poder adquisitivo de los jornales agrícolas se había reducido a la mitad durante ese periodo. Esta regresión de la calidad de vida era particularmente severa para el campesinado sin tierra, del que se estimaba que un 15 % estaba desempleado de manera permanente. Los trabajadores obtenían una media semanal de 70 pesetas de jornal (en realidad, 40 pesetas al incluir los días sin trabajar) mientras que se calculaba que para que una familia media pudiera cubrir sus necesidades básicas diarias, los salarios debían estar en torno a las 200 pesetas; en otras palabras, al menos tres o cuatro veces más de lo que percibían. En 1953, cientos de miles de familias andaluzas sobrevivían con un tercio de lo que necesitaban, lo que explicaba que, a causa de «la deficiente nutrición» que padecían, la productividad media de un asalariado fuera entre el 20 % y el 25 % más baja que durante «los peores y más anárquicos años de la República»[209]. Sin embargo, los preocupados falangistas y los cristianos autores del informe no olvidaron mencionar entre las causas de la baja productividad «la falta de formación moral y del concepto del deber» de los trabajadores[210].

Mientras que los simpatizantes del régimen se preocupaban por las deficiencias morales de la plebe, el hecho innegable era que una década y media después del final de la Guerra Civil el campesinado andaluz sin tierra todavía pasaba hambre. En Córdoba y Sevilla, donde estaban los más fértiles trigales del valle del Guadalquivir, el desayuno de un trabajador agrícola, antes de marchar al campo a trabajar catorce horas (siempre y cuando tuviese un jornal), consistía en pan con aceite o migas, a veces café y muy puntualmente leche. El almuerzo podía componerse de una ensalada de naranjas, cebollas, aceitunas, pan y algunas veces de huevos o patatas fritos en manteca. La cena consistía en un cocido de garbanzos, y quizás higos secos o lechuga. Un banquete inusual para este tipo de familias era echarse a la boca un arroz o patatas con almejas o pescado. Esta dieta era alta en carbohidratos, pero carecía de vitaminas, grasas y calcio. La escasez de leche, carnes y pescados hacía que la principal fuente de proteínas fuera vegetal, lo que no permitía suplir las 4000 calorías diarias que necesitaba un trabajador agrícola. Según el citado informe de 1953, la desnutrición y las enfermedades crónicas entre aquellos estaban muy generalizadas, como también eran frecuentes el subdesarrollo de los niños y la senilidad precoz entre los adultos[211].

La miseria no se limitaba a las zonas de interior. En la provincia de Málaga, en el año 1950, la Costa del Sol, conocidísimo destino turístico en nuestros días, bien podía haberse llamado la Costa del Hambre[212]. Si un viajero intrépido hubiera tomado la carretera, llena de hoyos y con tramos intransitables, desde la vecina Cádiz y visitado las localidades costeras que se encuentran entre las capitales de ambas provincias, habría sido testigo de las horrorosas condiciones de vida del campesinado bajo un sistema cuasifeudal, de inclinación fascista y marcado por la más descontrolada codicia capitalista. Si el viajero hubiese decidido girar al noreste y visitar la provincia de Granada, habría encontrado la misma doble miseria, la material y la moral, que abundaba tanto en aquella España. En Moreda, por ejemplo, el marqués de Montilla era el mayor propietario de tierras. En 1955, urdió un plan para transformar sus ciento nueve contratos de arrendamiento en aparcerías, que eran más beneficiosas para él. Los arrendatarios se opusieron, por lo que el administrador del marqués usó sus contactos en Madrid «dando constantes muestras de sus amistades, reales o ficticias» con las autoridades y líderes del partido, y procedió a coaccionar a los arrendatarios, denunciarlos a la Guardia Civil por supuestas infracciones, y luego a obligarles a firmar documentos en blanco, requiriendo pagos adicionales y restringiendo sus derechos consuetudinarios. Un perito agrícola sugirió como solución la expropiación de las tierras a cambio de una compensación a cargo del Instituto Nacional de Colonización, lo que era la opción preferida por los arrendatarios, que llegaron incluso a pedir la mediación del obispo de Granada en el conflicto. Pese a conocer la falta de buena voluntad del propietario y la «reacción natural de autodefensa contra los abusos» de los arrendatarios, el gobernador y los sindicatos urgieron a las partes a negociar. Al final, incapaces de contravenir el principio de la inviolabilidad de la propiedad privada, los líderes sindicales hicieron un tímido llamamiento a la intervención de los «poderes públicos» para solucionar el problema, pese a, en teoría, ser ellos mismos la autoridad[213].

Pero, si en vez de ir hacia el este, el viajero hubiese decidido volver sobre sus pasos e ir hacia el oeste, hacia el Atlántico, habría comprobado que lo visto hasta entonces era poco y hasta benéfico. En 1960, en Castellar de la Frontera, provincia de Cádiz, vivían 2491 almas distribuidas en tres aldeas. La mayoría de aquellas eran campesinos sin tierra pues las 17 722 hectáreas del municipio se dividían entre los siguientes propietarios: Corchera Almoraima, compañía del corcho asociada al ducado de Medinaceli, que poseía 16 078 hectáreas (91 % del total); la hacienda de la duquesa de Medinaceli, con 1139 hectáreas (6,5 %); el resto (505 hectáreas y 2,5 % del total) pertenecía a una cooperativa de cuarenta propietarios. Mientras que la mayoría de la tierra se destinaba a la explotación del corcho y como coto de caza, actividades que creaban trabajo exiguo y temporal, las condiciones de vida de la población eran abismales. En este paraje natural, casi idílico, decía la Falange en uno de esos informes que siempre eran confidenciales, un simple vistazo habría dejado una «profunda impresión» de pobreza, con campesinos viviendo en chozas y ganando jornales «completamente inadecuados» con jornadas de diez a doce horas al día, cuando había trabajo. Es más, quizás para compensar por tanta generosidad hacia la chusma, la compañía corchera había comenzado a desahuciar a algunos arrendatarios sin compensación alguna. Los afectados imploraron la protección de las autoridades diciendo que lo que querían «no era más que un acto de caridad cristiana» que Dios recompensaría un día[214].

Las horrorosas condiciones de vida en Castellar no distaban mucho de las existentes en las famosas áreas de explotación vinícola del valle del Guadalquivir que van desde Jerez de la Frontera a Sanlúcar de Barrameda. Allí, la falta de lluvias a comienzos de 1961 retrasó el inicio de la temporada e incrementó el desempleo. En Sanlúcar, el ayuntamiento intentó paliar la situación ofreciendo doscientos puestos en obras públicas por un jornal de 40 pesetas al día. Pese a la miseria de la oferta, más de 1000 personas se presentaron, creando una situación «tensa, pero pacífica». Las autoridades reconocieron que los trabajadores «estaban desesperados a causa del prolongado desempleo y de la situación de penuria en la que vivían» y gracias a la cooperación de varias compañías en la zona pudieron ofrecer 470 puestos de trabajo adicionales[215].

El desempleo estructural y la miseria llegaban más allá de la Andalucía latifundista y se extendían a las regiones del centro sur y sureste peninsular donde la gran propiedad agrícola era más la excepción que la norma. En Toledo, en diciembre de 1954, había más de 25 000 parados sin que se implementara ninguna medida al respecto[216]. En Cieza, provincia de Murcia, la industria del esparto —cuya recogida es un trabajo penoso donde los haya— se colapsó a finales de los años cincuenta. En 1957 había allí 1000 trabajadores en situación de desempleo permanente a los que se unirían otros 5000 en los meses siguientes[217]. En la provincia de Málaga 23 000 personas estaban sin trabajo en 1960 y, además, «a causa del reciente incremento en el número de trabajadores disponibles» los sueldos iban a la baja[218]. Un año después el número de desempleados se elevó hasta más de 27 000, pese a la emigración de muchos malagueños a Europa. Por entonces, la súbita contracción de la economía generada por el Plan de Estabilización estaba afectando de manera especialmente cruenta a los pobres. En 1962, veintitrés años después del final de la guerra, la realidad en el sureste era descrita por una fuente sindical almeriense como el resultado de una «relación entre el bienestar y el progreso económico». Utilizando una prosa que por indirecta apenas escondía el horror, los autores de este informe concluían que la carencia de esta relación en Almería hacía «imposible el desarrollo de una existencia humana completa, al menos como la entendemos en el mundo occidental»[219].

En el resto del país tener un trabajo, incluso si se trataba de uno estable y supuestamente reservado a la élite laboral, tampoco era garantía contra la miseria y la humillación. Este fue el caso de los trabajadores de ferrocarriles que, por tener una tradicional filiación izquierdista, recibieron un trato infame por parte de RENFE, el monopolio estatal creado para rescatar de la ruina a las compañías privadas, o más bien a sus inversores, poco después del final de la guerra. De entrada, los trabajadores fueron objeto de una disciplina militar que conllevaba durísimos castigos. A causa del uso de maquinaria anticuada los accidentes laborales no eran infrecuentes, pero las normas de la dirección de RENFE eran tan estrictas que, cuando ocurrían, el trabajador era sistemáticamente acusado de haberlos provocado y encarcelado durante la investigación, que a veces podía durar años. Por esta misma razón, se produjeron suicidios entre los obreros que, al verse de alguna forma implicados en un accidente, temían el arresto[220].

Los salarios de los trabajadores del ferrocarril eran muy bajos, incluso para los estándares del periodo autárquico. A principios de 1950, el sueldo para un recién incorporado era de 10,5 pesetas al día mientras que, por ejemplo, un barbero podía fácilmente ganar entonces el doble. Con la subida salarial de abril de aquel mismo año los sueldos llegaron a las 15,75 pesetas (450 al mes), pero esto todavía era insuficiente para mantener a la familia en un momento en el que un kilo de pan costaba entre 12 y 17 pesetas, una docena de huevos 29 y un litro de aceite de oliva 30. Cuando los empleados con familia recibían «los puntos», cada dos o tres meses, destinaban ese dinero extra a reparar objetos de uso diario o a saldar deudas en comercios locales. A menudo, los trabajadores de RENFE tenían otros trabajos o cultivaban pequeñas parcelas mientras sus mujeres tenían que trabajar en cualquier sitio (además, por supuesto, de ocuparse de las tareas domésticas). Para suplementar sus ingresos, muchos se aprovechaban de sus puestos para hacer estraperlo mientras que otros, como los inspectores de billetes, se dejaban sobornar a cambio de hacer la vista gorda a los estraperlistas[221]. Tan penosa era la situación de estos trabajadores que en 1950 incluso el gobernador civil de Valladolid creyó necesario redactar él mismo un informe directamente al Gobierno. En él explicaba cómo las prácticas de la compañía eran discriminatorias e injustas. Según dijo, en 1949 ingenieros y gerentes habían recibido una subida salarial pero no así la mayoría de los 12 000 empleados de la compañía, a los que la inflación estaba llevando en muchos casos a la destitución. Y para probarlo puso el ejemplo de la mujer de un empleado de mantenimiento que tuvo que ingresar a su hijo en un sanatorio por no contar con los medios para alimentarlo[222].

Si el trato de RENFE hacia sus empleados fue notorio, llegó ya al más absoluto desprecio en el caso de los trabajadores temporales. Por ejemplo, las condiciones de vida de estos en los trabajos de reparación de las vías férreas cerca de Bárcenas de Reinosa, Santander, en 1954 eran tan deplorables que ni siquiera había suficientes camas ni mantas y se veían obligados a dormir juntos para combatir el frío; no existían ni retretes ni duchas; y la comida era pobre, consistiendo en sopa de fideos para el desayuno, un plato de patatas o alubias para el almuerzo y algo de pan para la cena[223]. Al menos eran nominalmente libres. En ocasiones, estos hombres trabajaban al lado de los prisioneros políticos que redimían sus condenas reconstruyendo la España de Franco[224].

También fueron tratados con especial saña los trabajadores de la minería, quizás porque habían sido en el pasado la vanguardia de los movimientos sindicales. En el área de Linares-La Carolina, en una de las provincias, Jaén, más abandonadas y miserables del país, sobrevivían en los años cincuenta algunas de las últimas minas de plomo de España. El panorama humano y social allí era simplemente desolador. De entrada no había ni casas suficientes para sus 60 000 habitantes, principalmente porque, a pesar del impulso que el régimen autárquico dio a la producción minera nacional, a fecha de 1955 en Linares todavía no se había construido ni una sola nueva vivienda social desde el final de la guerra. La salud de los trabajadores era pésima. La silicosis estaba muy extendida entre los, aproximadamente, 5000 mineros, en parte por la falta de medidas de prevención laboral. Esto explica que algunos hombres enfermasen solo cinco años después de comenzar a trabajar. Cuando a un minero se le diagnosticaba silicosis era despedido de inmediato y solo recibía una irrisoria compensación durante los primeros dieciocho meses, después de los cuales ni ellos ni sus familias tenían derecho a nada. Tras el despido, el estigma de la enfermedad y las mermadas capacidades del que la padeciera limitaban muchísimo las oportunidades de encontrar otra vez trabajo, ya que las compañías, según reconocían los falangistas (otra vez en un informe interno), eran reacias a contratar hombres «que habían contraído la enfermedad trabajando para otro»[225].

A pesar de los esfuerzos oficiales, el sector de la minería estaba en un declive irreversible en España; pero no la demagogia de la Falange. Pese a que la inversión extranjera había estado en retirada durante décadas, los falangistas no tuvieron empacho en tirar de la xenofobia para explicar tanto la decadencia del sector como la opresión de los trabajadores. Tal fue el caso de Río Tinto, Huelva. Era este el mayor exponente del colonialismo económico británico en España en el siglo XIX. Allí «las compañías lo controlaban todo», decía un informe falangista de 1955. Y el resultado era terrible: los trabajadores, a veces hasta una docena, vivían hacinados en moradas de una sola y estrecha habitación, infestadas de enfermedades, donde las deposiciones eran hechas en un cubo y vaciadas en un pozo negro. Pero el patriótico discurso de Falange tenía algunas pequeñas incongruencias. El presidente en España de esta compañía británica no era otro que Joaquín Benjumea, quien no era extranjero sino español, antiguo ministro y latifundista, un hombre al que los amigos del pueblo falangistas solo podían calificar «de bien y de grandes cualidades políticas». Pese a las deplorables condiciones laborales, a los falangistas también les resultaba imposible negar que los mineros recibían mejores servicios sanitarios de la compañía que del nuevo programa de seguridad social de la dictadura[226].

Los mineros tenían salarios muy bajos, peores condiciones laborales y eran —ellos y sus vidas— tratados con desprecio por sus patrones, y no solo los privados. Una explosión mató a once trabajadores en 1953 en la mina Calvo Sotelo de Puertollano, Ciudad Real, que era propiedad del Estado. En 1958 otra explosión de gas en el mismo lugar mató a doce hombres más. El primer accidente se achacó a la negligencia de uno de los fallecidos, pero después del segundo las quejas de los supervivientes fueron más sonadas porque, dijeron, ninguna medida de seguridad se había implementado a raíz del accidente previo. Los mineros no estaban dispuestos a aceptar que «otro nombre de aquellos registrados como trabajadores» (en alusión al primer minero muerto y acusado en 1953) cargara con las culpas cuando no se había hecho responsable a ningún gerente de lo ocurrido cinco años atrás. Según dijeron al dirigente sindical que redactó el informe sobre la tragedia (¿o deberíamos llamarla crimen?), después del primer accidente apenas se habían adoptado nuevas medidas de seguridad para detectar escapes de gas, pero además fueron abandonadas después. Los mineros sabían que una nueva desgracia podía ocurrir en cualquier momento[227].

La disyuntiva para los obreros era simple: trabajar, aún en condiciones de alto riesgo y de humillación, o morirse de hambre. En el vecino complejo minero de Almadén, también bajo control estatal y conocido por la extracción del venenoso mercurio, los mineros eran objeto de forma constante de las reglas arbitrarias impuestas por la compañía. En 1955, esta despidió a setenta y dos trabajadores y castigó a decenas más por «baja productividad». Según un informe confidencial de los sindicatos falangistas, la falta de motivación de los trabajadores se debía a que «los estatutos que regulaban la seguridad, los turnos, los sueldos y las condiciones de trabajo eran injustos, anticuados y a menudo ilegales», a que se usaba tecnología obsoleta, y que, cuando llegaba maquinaria nueva, ya fuera por corrupción o por incompetencia, resultaba ser «menos efectiva» que la que pretendía reemplazar. El acoso y el desprecio no acabaron ahí. Cuando, siguiendo las disposiciones legales, los sindicatos establecieron jurados de empresa (órganos de supuesta representación de los trabajadores) la compañía simplemente los disolvió; y no solo eso, sino que también ignoró los acuerdos colectivos. Tampoco escaparon de la rapiña las tradiciones más venerables de la mina de Almadén, pues la empresa quitó a los trabajadores hasta los huertos que, según un privilegio que se había mantenido desde el siglo XVIII, les pertenecían. A pesar del atropello masivo y constante, los sindicatos protestaban con sordina, y poco más. Tampoco ofrecían servicios recreativos, instalaciones médicas o viviendas sociales que compensasen las muchas privaciones, viejas o nuevas, de los mineros. Con estos precedentes resulta fácil comprender la reflexión de los afligidos falangistas, según la cual los mineros «o no nos necesitan o casi no creen en nosotros».

El largo adiós de la autarquía

El largo adiós de la autarquía

La mísera y larga posguerra agotó la capacidad de los españoles para creer en el progreso, al menos tal y como lo presentaban las promesas del régimen. Esto es lo que decían, por ejemplo, en abril de 1950 las autoridades de Orense al constatar «una confusión generalizada sobre los asuntos económicos y un creciente descontento por las condiciones de vida»[228]. Una opinión muy similar prevalecía en la más diversa y socialmente polarizada provincia de Sevilla[229]. Ese mismo año, incluso en la relativamente mejor situada provincia de Álava, que había apoyado de forma tan vehemente la causa antirrepublicana en 1936, las preocupaciones sobre la escasez y los altos precios dominaban la vida de sus habitantes[230]. También en Tenerife existía un descontento generalizado por causa de la corrupción, que se estimaba muy extendida en el archipiélago canario[231]. En resumen, más de diez años después de acabada la guerra, la vida seguía siendo muy dura, la autarquía era mayoritariamente rechazada, y la gente no creía que el cambio estaba cerca[232].

Hacia principios de los años cincuenta, se alzaron voces dentro de la misma dictadura que reconocían ya el fracaso de la política autárquica y sus catastróficos efectos en el conjunto de la sociedad. Pero eran críticas que tenían que ser prudentes, dada la querencia del dictador por esta política. Por ello, las quejas de este tipo no siempre apuntaban a la intervención del Estado en sí mismo sino más bien a la manera en que la autarquía era implementada, e incluso sobre quién tenía que dirigirla. El privilegio de administrar la miseria de los españoles se convirtió así, otra vez, en objeto de pugnas y ambiciones políticas de quienes decían hablar en nombre del pueblo pero descartaban la voluntad popular. En 1951, los falangistas de Vizcaya, mientras que por una parte eran de la opinión de que la intervención debía efectuarse bajo el control de los sindicatos, por otra se lamentaban de la creciente e incómoda posición en que se encontraban en las grandes áreas urbanas e industriales, donde, según ellos —y era la verdad— la Falange hacía el trabajo sucio al servicio de las políticas de terceros, frustrando las legítimas reivindicaciones de la población, quedando solos en la tarea de «disciplinar» a los trabajadores. Dijeron también que no había ninguna esperanza a la vista de que la situación mejorase, que las políticas económicas habían «fallado», y que la creciente disparidad entre precios y salarios se había convertido en un «abismo» que se podría hacer «mañana» más profundo por culpa de la corrupción y el estraperlo[233].

Tal vez el sector que mejor ejemplificó el profundo daño causado por las políticas autárquicas fue el de la industria textil, mayoritariamente ubicada en Cataluña. «Caos» fue la palabra usada por los jefes sindicales en 1949 al exponer cómo, mientras los industriales todavía creían y estimaban a Franco, las medidas autárquicas habían generado «sentimientos violentos» entre ellos contra el Gobierno y, por supuesto, los falangistas[234]. Estos sindicalistas de pega admitían que las grandes empresas y los individuos bien conectados tenían mejor acceso a los materiales que los empresarios más humildes. También afirmaban que los industriales catalanes contaban con más ventajas que los del resto del país. Fuera como fuese, los resultados de las políticas del Gobierno estaban dando lugar, como en los años pasados, al declive de la producción, a bancarrotas frecuentes que afectaban especialmente a las pequeñas compañías, y al desempleo. En 1950, solo en el sector manufacturero del algodón había 171 factorías que dejaron de producir totalmente, mientras que otras 295 sufrían carencias de materiales y apenas funcionaban algunos días a la semana. Como resultado, aquel año había en el área de Barcelona entre 50 000 y 67 000 trabajadores desempleados, temporal o permanentemente[235].

La industria textil catalana había padecido una crisis constante pero cada vez más intensa desde mediados de los años cuarenta. Los empresarios del ramo debían lidiar con la corrupción para abastecerse de materiales, y con recurrentes cortes de energía —según la propaganda oficial, causados por las lluvias, aunque en realidad se originaban en la mala ubicación de los recursos y en la falta de planificación del Gobierno—. Como decía un informe de los falangistas de 1950, a pesar de todo, el régimen publicitaba constantemente la inauguración o pronta terminación de grandes obras públicas en la región; y por ello la persistencia de los cortes en el suministro eléctrico resultaba más irritante aún[236]. El problema energético se extendió por toda Cataluña y afectó a todos los aspectos de la vida diaria, que en los años siguientes siguió atenazada por la pobreza energética. En Gerona, en diciembre de 1954 las autoridades informaron de que la falta de suministro estaba en la raíz de «la parálisis de la producción industrial», que llegó a reducirse en un 20 % respecto a la de años anteriores. La respuesta oficial fue prohibir la instalación de «pequeña maquinaria como cafeteras y motores en pozos»[237].

Una vez más, los falangistas aprovecharon la crisis y la pobreza ajena para hacer demagogia e intentar cobrar influencia, presentándose como los únicos que podían ofrecer una verdadera alternativa a las políticas que se habían llevado a cabo hasta entonces. Su apropiación del dolor del español de a pie alcanzó, quizás, su cima a principios de los años cincuenta, cuando el descontrol de la inflación y la congelación salarial agudizaron el malestar social. En las Islas Canarias, las críticas de la Falange a las políticas gubernamentales fueron tales en 1950 que al gobernador civil no le quedó otra alternativa que arrestar a varios «camisas viejas» en Tenerife y degradar al líder de la «Vieja Guardia»[238]. Sin embargo, fue en Barcelona donde el populismo barato de la Falange llegó más lejos, aunque no ciertamente a donde pretendía, pues sirvió para azuzar el descontento social que estalló durante los meses de febrero y marzo de 1951. La situación, que no el problema, se originó en una venganza política del partido contra el gobernador civil, que desembocó en la impresión y distribución por parte de los falangistas disidentes de unos panfletos alentando a la protesta contra la subida de los precios de los billetes del tranvía. Pero pronto la protesta desbordó las intenciones de sus instigadores y se convirtió en una auténtica revuelta civil en la que los participantes, entre los que no solo hubo antifranquistas, aprovecharon la ocasión para airear su rabia contra las intolerables condiciones de vida. Los sucesos de Barcelona tuvieron su cénit en una huelga general y en el boicot a los tranvías que paralizó la ciudad condal los días 12 y 13 de marzo. Las autoridades respondieron con el envío de tropas. La Falange local, tras descubrir que había estado jugando con fuego, retornó a sus viejas fidelidades, colaborando en la represión de los huelguistas con patrullas armadas que recorrieron en coches las calles de la ciudad y visitaron las fábricas. La famosa «huelga de los tranvías» de Barcelona fue la mayor manifestación de protesta civil en España desde el final de la Guerra Civil, y además aunó a activistas de diferentes ideologías —desde comunistas a sectores católicos— y estratos sociales. Pero fue una huelga de protesta que careció de una agenda política y que —a pesar de las reivindicaciones de algunos partidos, como el comunista— ni fue organizada ni liderada por ningún partido o sindicato. Esto precisamente la hizo popular entre un amplio sector de la población. Por el contrario, cuando dos meses después los ilegalizados grupos de la oposición hicieron un llamamiento a la huelga el 1 de mayo, la mayoría de los barceloneses (incluyendo a los trabajadores) permanecieron en casa o continuaron con normalidad sus jornadas laborales[239].

La mayoría de las protestas bajo el franquismo, y desde luego en los años cincuenta, no tuvieron un carácter político expreso. Pero la respuesta colectiva ante tanto sufrimiento podía desatarse en cualquier momento, especialmente en lugares como Barcelona, el País Vasco, Asturias o Madrid, donde el pasado historial de movilizaciones de las clases trabajadoras no había sido borrado de la memoria por la dictadura[240]. La mayor preocupación de los trabajadores, y de la gente común, seguía siendo la supervivencia, lo que, por supuesto, fue muy conveniente para el régimen. Mientras los españoles pensaran en la comida y en las deudas no tendrían energías, ni siquiera ganas, de plantearse alternativas políticas. Aunque siempre había quien tenía intenciones ocultas y deseos de derribar a la dictadura, en esencia las protestas actuaban como una válvula de escape, que podía poner nervioso al régimen, pero más por su propio carácter intolerante y cerril que porque aquellas supusiesen una amenaza seria a su existencia.

Por su parte, aunque muchos empresarios estaban descontentos con la autarquía, la mayoría apoyaba al régimen, especialmente en situaciones críticas como huelgas o boicots. Existen hoy en Cataluña y en el País Vasco ciertos mitos nacionalistas según los cuales los empresarios habían mostrado su simpatía hacia las oprimidas clases trabajadoras y que incluso las habían protegido en lo que pudieron de los males de la España franquista, todo ello en función de sus intereses nacionales comunes. Esta idea es tan piadosa como errónea: entre las clases pudientes, la patria vasca o catalana no sustituyó ni al bolsillo ni a los miedos de volver a una situación anterior a la de julio de 1936. Por ejemplo, en diciembre de 1953 los trabajadores de las factorías vizcaínas de Euskalduna y de Constructora Naval comenzaron una huelga pacífica. Sus compañeros de otras compañías les secundaron, y no porque fuesen a derribar a Franco sino porque durante meses habían intentado hacer oír sus quejas a las compañías y a los sindicatos oficiales sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por culpa de la inflación. Las empresas no solo se negaron a negociar sino que además despidieron a los huelguistas, medida que solo en Euskalduna afectó a 1900 de los 2000 trabajadores. Los despedidos perdieron, además de su empleo, sus derechos de antigüedad (que representaban al menos el 20 % de la paga) y los salarios correspondientes al periodo «entre el despido y la resolución de sus peticiones» de readmisión. En este caso, habían sido las vasquísimas compañías (y no los sindicatos fascistas españoles) quienes actuaron de forma despiadada contra sus exhaustos trabajadores y quienes exigieron la humillación de que los despedidos tuviesen que volver a solicitar la readmisión a sus trabajos. El gobernador civil y las fuerzas policiales ayudaron a los patronos intimidando, arrestando y propinando palizas a los líderes huelguistas y a cualquier obrero que pillaron en el lugar y en el momento equivocado. La colaboración fue íntima: gracias a los datos que proveyeron los empresarios y a las fichas policiales, cualquier obrero con «malos antecedentes policiales» fue despedido de manera irrevocable[241].

La policía y los patronos no eran los únicos que se unían para reprimir a los agitadores. Como ya hemos visto en el caso de Barcelona en 1951, siempre se podía contar con esa amiga del pueblo que era la Falange. Cuando, por poner otro ejemplo, en 1954, la compañía Tranvías de Sevilla fue autorizada a incrementar el precio de los billetes, la mayoría de los indignados clientes que se atrevieron a protestar —al menos en público— eran estudiantes, aunque fueron apoyados por los empleados de la compañía (quienes a su vez, habían estado presionando inútilmente durante meses por una subida salarial) y por mucha gente corriente, que no solo estaba harta de pagar mucho por un mal servicio sino que además había sido testigo de los numerosos accidentes causados por el penoso estado de mantenimiento del material. Para acallarlos, la Falange prestó su asistencia gansteril habitual con el despliegue de 150 afiliados en los tranvías que actuaron como informantes haciéndose pasar por «pasajeros ordinarios [y tomado nota de] las conversaciones y el ambiente general para prevenir nuevos incidentes»[242]. Mientras tanto, otros camisas azules fueron enviados a espiar en las factorías más importantes de la capital por si a los obreros se les ocurría hacer causa común con los revoltosos.

El miedo general a la confrontación fratricida y la represión directa no eran los únicos instrumentos de control del régimen; también estaban las mentiras. Estas alcanzaron nuevas cotas de cinismo cuando, en 1957, la dictadura fue acusada por la Organización Internacional del Trabajo de oprimir a los trabajadores españoles y de vulnerar su derecho a la libre asociación. Los representantes del régimen en Ginebra lo negaron, manteniendo resueltamente que los sindicatos oficiales eran pluralistas y que su papel era el de «mediar y reconciliar», nunca el de imponer. La pertenencia a los sindicatos, dijeron con candidez los servidores de la dictadura, era simplemente «una consecuencia de ser [el trabajador] beneficiario de la seguridad social», y el Gobierno «nunca intervenía [en ellos]». Es más, la causa de la mayor parte de los conflictos laborales desde 1950 había sido que la dictadura había trabajado por «la mejora continua» de las condiciones de vida de los trabajadores, los cuales habían comenzado un movimiento contra las horas extra porque creían que los salarios regulares ya «eran suficientes para sus necesidades y que preferirían ocupar ese tiempo descansando» o divirtiéndose[243]. Era así como los sicofantes del régimen intentaban presentar a la nueva España ante un mundo asombrado; pero sus informes internos describían una realidad muy distinta.

Sobre la presunta mejora de las condiciones de vida, un informe confidencial de los sindicatos de Santander explicaba, precisamente en 1957, que «el continuo incremento de los precios, más marcado en las provincias del norte […] ha mermado el poder adquisitivo de los jornales» haciendo inútil la última subida de estos. Ya que la situación económica no parecía tener remedio, lo importante era tener bajo control a los obreros. Según este mismo informe, entre los elegidos en las recientes elecciones sindicales había varios falangistas y sujetos apolíticos, pero también activistas católicos y miembros de «viejas organizaciones, sobre los que se estaban llevando a cabo investigaciones detalladas» para saber cuáles eran sus intenciones[244]. El método para conocer «las intenciones» de los electos quizás era el mismo que el utilizado en noviembre de ese mismo año en Valencia. Allí, los servicios de espionaje de la Falange hicieron saber a sus jefes que ellos mismos, o la policía, debían ir a las fábricas o, «para acabar rápido», directamente a las casas de los representantes sindicales, para interrogarles. Su experiencia les decía que los interpelados muchas veces tenían dificultad para contestar a sus preguntas pues «la mayoría de ellos habían cooperado de una u otra forma con el Ejército Rojo»[245]. Con su clásica y enmarañada jerga, el Secretariado Político del partido, haciendo gala del tradicional autoelogio lastimero falangista, justificó estas medidas al afirmar que si bien era «admisible y hasta aconsejable» adoptar una actitud generosa e incluso de perdón hacia «los errores políticos cometidos en asuntos laborales» y que facilitase la vuelta al trabajo de los «elementos opuestos a España, es completamente inaceptable, porque es peligroso» tener «una actitud neutral» cuando se trataba de cargos sindicales y municipales[246].

La presión del régimen era particularmente efectiva en las capitales de provincia donde los trabajadores industriales constituían una minoría y los alborotadores eran fácilmente reconocibles. Por esa razón, ante la perspectiva de padecer palizas, despidos o encarcelamientos y el ostracismo social, la opción de aquellos a menudo se limitó a echar mano de las pocas armas indirectas de protesta que tenían —que, desde luego, eran menos eficaces que las huelgas— como difundir rumores y comentarios escépticos sobre las élites y las políticas del régimen. Pero los falangistas escuchaban. Los sindicatos de Orense informaron en marzo de 1956 sobre la impresión general entre las clases trabajadoras de haber sido engañadas con la reciente subida salarial, que no solo era menor de lo esperado sino que temían que seguiría yendo por detrás de la subida de los precios[247]. En Guadalajara, los sindicatos reconocían la insuficiencia de los salarios para tener una «vida digna»[248]. Cuando se efectuó la esperada subida del 20 % en abril de 1956, la sensación de burla también fue predominante entre los trabajadores de aquella provincia, al darse cuenta de que ahora «podían comprar las mismas cosas que podían comprar con sus salarios anteriores». En Granada, en 1956, los trabajadores adoptaron una actitud de expectativa cuando las autoridades prometieron una subida salarial. Según un informe oficial del mes de octubre, durante los meses previos los precios de los productos de primera necesidad habían subido el 30 % y los obreros temían que el aumento salarial fuese superado por la inflación[250]. La experiencia les había enseñado qué podían esperar de las promesas del régimen: en la primavera anterior, la subida de precios fue mayor que la de salarios, lo que causó un amplio «descontento»[251]. También en octubre de 1956, los sindicatos de Salamanca hicieron saber a Madrid del malestar reinante, pues aunque la provincia estaba en su mayoría a favor del régimen (y en particular de Franco), los trabajadores temían al futuro y desconfiaban completamente de las declaraciones hechas por los órganos oficiales[252].

En la segunda mitad de los años cincuenta la inflación estaba descontrolada, situándose en torno al 12 % de media anual entre 1956 y 1958. Las huelgas de mayo de 1956 en el País Vasco, Navarra e incluso en Salamanca obligaron a los dirigentes sindicales y a sus esbirros a gastar tiempo y recursos en visitar y «consultar» con los representantes obreros en los lugares que presentaban «el mayor riesgo de huelga»[253]. El malestar se extendió incluso entre personas y en zonas que debían permanecer leales. Hasta los sacerdotes de Navarra (quizás la provincia más adepta a la causa franquista en 1936), comenzaron a airear sus críticas durante el sermón de los domingos. Por su parte, los trabajadores habían abandonado las «precauciones» y hablaban abiertamente de hacer huelga «como la más natural de las cosas»[254]. Si esto pasaba en la franquista Navarra, no es de extrañar que en lugares tradicionalmente más radicales como Vizcaya, los sindicatos oficiales hablasen en junio de 1957 de «una desorientación absoluta y un futuro negro» causado, entre otras cosas, porque los salarios de septiembre «valdrían menos que los de agosto del año pasado y habría que empezar de nuevo»[255]. Lo que todos los afectados —los trabajadores y sus represores— ignoraban era, no que en febrero de aquel año Franco había remodelado su Gobierno, pues esto era público, sino que algunos de los nuevos ministros iban a diseñar e implementar el Plan de Estabilización de 1959 que puso fin a la autarquía.

A pesar de tanta miseria ni los trabajadores en particular ni la población pobre en general buscaron el enfrentamiento con el régimen. ¿Fue acaso solo por miedo a la represión? Ciertamente este, además de la memoria del horror de la Guerra Civil, son elementos cruciales para comprender la relativa pasividad de la gente, pero también necesitamos entender cómo operaban esos sentimientos y experiencias históricas en el contexto específico de los españoles, y en particular los costes y los beneficios que calculaban que les acarrearía la protesta. En una sociedad libre moderna y posindustrial la gente cuenta con los medios materiales y legales que le permiten luchar con garantías de éxito: el relativo bienestar económico, seguridad social, y el apoyo de instituciones, grupos y medios de comunicación, etc. Una sociedad moderna y democrática ofrece también la oportunidad de disentir abiertamente y al amparo de leyes basadas en derechos humanos inalienables. Hoy tendemos a dar por sentado todos estos derechos, pero los españoles de la posguerra no contaban con ninguno de ellos y, por tanto, no podían esperar la mejora de su situación a través de la protesta.

Bajo la dictadura, el coste potencial —la durísima represión— podía afectar de manera casi automática y de forma crucial no solo a los individuos sino también a sus familias, la institución en la que las clases trabajadoras se apoyaban en el duro día a día. Por ello mismo, la preservación de la familia restringía el ámbito y la intensidad de sus respuestas. Esta necesidad determinó las posturas tomadas por la mayoría de las personas y la manera en que los pobres encajaron la opresión material y social causada por el experimento autárquico y las leyes contra los trabajadores del franquismo. En parte, esto explicaría por qué los modos de protesta más recurrentes de los trabajadores —la negativa a incorporarse al tajo, la disminución voluntaria del ritmo de trabajo, los rumores y comentarios críticos— no buscaron la confrontación directa con el poder, que sabían fiero y eficaz, sino plantearle un conflicto moral para que este reaccionara con falsa benignidad, y así poder seguir sobreviviendo. Los funcionarios sindicales eran conscientes de esto. A ellos lo que realmente les importaba era la conservación de sus cargos, sinecuras y posiciones de autoridad: esto es, servir a la dictadura y controlar, a cualquier precio, a sus víctimas, todo ello mientras decían protegerlas. Un resultado de esta farsa colectiva, aparte de la muy real opresión del trabajador, fue la ficción del papel de los sindicatos en mantener la, no menos supuesta, justicia social del régimen de Franco.

La Falange trató de que los trabajadores mantuviesen un comportamiento sumiso y modélico, mientras secuestraba sus voces para hablar en su nombre e interés. En este teatro, los líderes sindicales se presentaron a sí mismos como padres estrictos pero solícitos que en ocasiones hacían causa común con las reivindicaciones de sus hijos —los trabajadores— pero que en última instancia sabían qué era mejor para ellos. El discurso de los falangistas podía ser muy demagógico y hasta propio de matagigantes, pero al fin y al cabo su actuación era no la de intermediarios sino la de subordinados a los designios de la dictadura y no a los deseos de quienes decían representar. Lógicamente, a los falangistas no les interesaba ni que los trabajadores protestasen por sí mismos ni que los aparatos represivos del Estado pensasen que lo hacían, pues ello supondría que habían fracasado en su misión de controlar y mediar. Estas inseguridades de los falangistas aparecen por ejemplo en las siguientes palabras de un mando sindical de La Unión, Murcia, a propósito de una huelga en la compañía minera Cruz Chiquita SL en 1961 al asegurar que:

[…] ni en los términos en que se comportaron los trabajadores, y estuve en permanente contacto tan pronto como tuve conocimiento de los incidentes, ni en los del tamaño de la compañía [era una empresa muy pequeña] tuvieron los sucesos, en mi opinión, importancia alguna […] los trabajadores actuaron sin conocer el significado de sus actos[256].

Esto es, que no se preocupe el Gobierno, que ya me ocupo yo de controlar a los niños.

Pero cuando los inmaduros protegidos se apartaban de su papel subordinado, surgía de inmediato el padrastro que se enfundaba la camisa azul y se ponía el correaje. Durante una huelga de la construcción en Madrid en 1958, el jefe del sindicato dio una reprimenda a los trabajadores del Taller del Temple de Ballesta, acusándoles de su «torpeza y grave responsabilidad» al participar, según sus palabras, en una acción hostigada por los «enemigos de la tranquilidad y la prosperidad de los trabajadores». A algunos obreros, emigrantes recientes escapados del hambre del sur, les amenazó directamente con hacerles «volver a sus lugares de origen». El mensaje era claro: o aceptaban la situación y se callaban o volvían a la miseria de sus vidas previas. En esta ocasión el patrón intercedió por los huelguistas, tal vez en un acto de buena voluntad o tal vez por la escasez de mano de obra en la capital, explicando al enojado falangista que sus empleados eran «buena gente, sin grandes ideas»[257]. Aunque la confrontación fuera más profunda que en el caso anterior, la solución fue la misma: aceptar el papel paternalista, e impuesto, de la detestada Falange y, en el caso de los obreros, el de buenos pero díscolos seres inmaduros.

Estos malentendidos convenientes entre la Falange y los trabajadores —y a veces los empresarios— quedaban en entredicho cuando aquellos decidían que el acuerdo desigual era menos conveniente que protestar abiertamente como adultos, y se quitaban la máscara de niños. Lógicamente, esto ocurría con más frecuencia en las zonas con una identidad de clase más consolidada, entre otras razones porque había grandes bolsas de población obrera donde el apoyo muto y la solidaridad eran amplios, y donde la protesta podía hacer mucho daño a la imagen que el Nuevo Estado quería dar de sí mismo. En Asturias, por ejemplo, hubo entre 1957 y 1958 numerosas protestas generales entre los mineros por la reducción del salario real que, a pesar de las subidas, siempre iba por detrás de la inflación[258]. Las respuestas del régimen fueron una mezcla habitual de buenas palabras, demagogia, amenazas y eventualmente, cuando por fin cayó la pantomima filantrópica, represalias en forma de palizas, encarcelamientos y despidos. El papel de papá falangista bueno lo intentó interpretar el ministro de Trabajo y antiguo jefe de los sindicatos, Fermín Sanz Orrio, quien recorrió las cuencas mineras en 1958. Entonces echó mano del viejo recurso populista de permitir que los trabajadores expusieran sus reivindicaciones en actos públicos, que en todo momento estuvieron fuertemente controlados por policías uniformados y de paisano. Pero la farsa no funcionó. A la fría acogida de la comitiva en las calles —el viaje coincidió con el último de una serie de accidentes laborales en los que fallecieron varios mineros— siguió la actuación de varios individuos en un acto público masivo presidido por Sanz Orrio. Los obreros se negaron a actuar con la inocencia y docilidad que se esperaba de ellos y a limitar sus intervenciones a pedir, con lealtad y sumisión, mejoras al jerarca y que este se luciese con palabras de justicia social. Por el contrario, el evento se convirtió en un acalorado debate donde las autoridades se vieron hostigadas por preguntas comprometidas sobre arrestos y deportaciones de trabajadores, tratos degradantes a representantes laborales, sobre la militarización del entorno laboral y la libertad para crear sindicatos independientes. Entonces la careta paternalista del ministro dejó paso a la cara del matón, quien no dudó en acusar allí mismo a los trabajadores más vocales de ser «estúpidos e idiotas» y de estar siendo manipulados por fuerzas subversivas[259].

La mayor parte de los grandes conflictos laborales bajo el franquismo, y en particular durante el periodo autárquico, siguieron un patrón similar al caso de Asturias. Primero, si los sindicatos se daban cuenta a tiempo, se intentaba una mediación, pero si fallaba la presión, la Falange pasaba a proferir amenazas, y si esto no bastaba, ayudaba —como subordinada del gobernador civil— directamente a la represión. Después era práctica habitual «perdonar» a los trabajadores en pos de mantener la ficción de que se había restablecido la relación armónica entre el trabajador, el sindicato y el capital. Era una dinámica en la que los trabajadores trataban de maximizar los resultados y de minimizar los riesgos mientras que la Falange se esforzaba en cumplir la función que el dictador le había encomendado: mantener si no la lealtad sí al menos el silencio de los trabajadores. Este sistema funcionó bien hasta los últimos años de la autarquía. Pero la cultura política de los trabajadores fue evolucionando y estos se convirtieron en una fuerza cada vez más difícil de ser controlada por la Falange.

El desarrollo de las nuevas movilizaciones y organizaciones obreras estuvo acompañado por un largo proceso de aprendizaje de la oposición, en el que el primer paso había sido asumir los errores y las derrotas del pasado, abandonando las rígidas estructuras organizativas anteriores a la guerra y el tono abiertamente político de las huelgas de los años cuarenta[260]. Muchos viejos militantes se fueron dando cuenta de que la mejor forma de luchar contra el régimen y de mejorar sus vidas era actuar desde dentro, esto es, desde la legalidad, infiltrándose en los órganos representativos inferiores de los sindicatos oficiales. Este proceso, que tanto inquietaba a los falangistas y a la policía, fue llevado a cabo de manera espontánea por los trabajadores y, al menos al principio, sin la orientación de ninguna formación política o sindical clandestina. En el proceso, los militantes de izquierda comenzaron a interactuar con generaciones de trabajadores más jóvenes, yuxtaponiéndose así diferentes tradiciones y expectativas. A los militantes más veteranos les sorprendió, por ejemplo, encontrar entre los más jóvenes a activistas asociados con la HOAC (la Hermandad Obrera de Acción Católica) que —para sorpresa de aquellos y en contra de viejos prejuicios anticlericales— compartían una misma actitud crítica hacia el régimen. Creada en los años cuarenta, la HOAC pronto se desilusionó con el fallido programa social y con la acción represiva de la dictadura y, para consternación del régimen y de muchas jerarquías eclesiásticas, pasó a convertirse en un refugio de la militancia obrera. Su irrupción resultó fundamental para cambiar la cultura política de la oposición, que poco a poco abandonó los aspectos más extremos de su sectarismo y abrazó la necesidad práctica de una alianza más amplia de todos los sectores descontentos. Esta nueva forma de oposición utilizó con habilidad los canales sindicales y el lenguaje oficial —las retóricas falangista y nacionalcatólica sobre la justicia social— para articular sus intereses y discursos públicos de tal manera que fuera más difícil para la dictadura reprimirlos como subversivos. Las palabras del régimen, y sus promesas populistas, fueron de esta manera usadas por los trabajadores para defender sus intereses[261]. En su conjunto, las nuevas generaciones de militancia obrera aprovecharon lo que pudieron de la estructura sindical, y del lenguaje oficial y desecharon, abiertamente o no, el resto. En contra de lo que la dictadura hubiese querido, la represión no llevó a la oposición al nihilismo, sino al pragmatismo, a la ampliación de sus horizontes y, a la larga, a la moderación política[262].

El pragmatismo de los nuevos movimientos obreros fue a la vez causa y consecuencia del carácter esencialmente defensivo y no violento de las protestas durante los años cincuenta. Los pobres y la oposición eran conscientes de la debilidad de su situación y hasta dónde podían llegar con sus reivindicaciones, especialmente en periodos de crisis económica (o más exactamente, de crisis dentro de la crisis sin fin) cuando no tenían ni poder de negociación ni opciones de marcharse a otra parte. Por ejemplo, uno de los efectos inmediatos del Plan de Estabilización de 1959 y del desmantelamiento del sistema autárquico, fue una breve pero muy marcada recesión que dio lugar a una subida rápida del paro. Esto empeoró aún más las posibilidades de éxito de las huelgas y eso que no faltaban razones para protestar, tales como las fuertes bajadas salariales, a causa de la supresión de horas extraordinarias, incentivos y otras fuentes complementarias de ingresos; y el aumento de los despidos, a causa del cierre o de la disminución de la actividad de muchas empresas[263]. La repentina reducción del poder adquisitivo del trabajador medio se situó entre el 20 % y el 50 %, según informes confidenciales de los sindicatos únicos, pese a que la cifra hecha pública por fuentes oficiales la dejó en apenas un 4 %. Y eso que a los obreros no les quedaba mucho margen para abrocharse el cinturón. En 1960, los trabajadores españoles del campo o la ciudad consumían una media de 2730 calorías diarias, las clases medias, 2950 y los grandes terratenientes, 3500. Por algo los pobres llamaban «gordos» a los ricos y poderosos[264]. Aún así, las huelgas se redujeron durante el periodo 1959-1961. Solo aumentaron, y se convirtieron de inmediato en una oleada de protestas, en 1962, cuando los efectos de la recuperación dieron lugar a una escasez súbita de mano de obra cualificada, a la que contribuyó también el inicio de la gran espantada de emigrantes a Europa. Esto es que, a pesar de lo defendido por los padrinos de la Falange, la gente sencilla y supuestamente inmadura, sabía muy bien cuándo y cómo actuar.

La catástrofe educativa

La catástrofe educativa

A menudo se olvida hoy que los prejuicios y la insensibilidad de Franco dejaron una herencia catastrófica en el sistema educativo español que, exceptuando el Portugal de Salazar, no tiene parangón en la Europa contemporánea[265]. La baja inversión pública y el desdén de la dictadura hacia los más pobres fueron las causas principales de este desastre. Los presupuestos del Estado durante la posguerra se centraron en defensa y en represión, que eran las prioridades de la dictadura. Por ejemplo, en 1931 la República destinó casi dos veces y media más fondos a defensa que a educación, pero en 1941 la diferencia era de ocho veces y media, y todavía de cuatro veces y media en 1955. Al atacar y mermar la política educativa de la República, el primer franquismo consiguió que España siguiera una tendencia opuesta a la europea, donde la expansión del sistema de enseñanza fue parte fundamental del proyecto social de progreso e igualdad de la posguerra.

El déficit educativo de España durante el franquismo fue más grave aún porque los problemas de España en esta materia eran profundos y venían de lejos. Mientras que en el centro y el norte de Europa se estableció, de forma muy irregular y superficial, la educación universal desde mediados del siglo XIX, los sucesivos Gobiernos de la España de la Restauración hicieron poco por la educación pública y la dejaron en manos de los municipios —que, sobre todo en el centro y sur del país, tenían escasos presupuestos y a menudo eran corruptos— y de la iniciativa privada, esto es, fundamentalmente de la Iglesia. Por eso, en las provincias más pobres, y sobre todo en la España meridional, los índices de analfabetismo se mantuvieron altísimos mientras que en el resto de Europa occidental (con la excepción de Italia y, por supuesto, Portugal) esta lacra prácticamente desapareció con el nuevo siglo. En 1900, casi el 64 % de la población española (el 56 % de los hombres y el 71 % de las mujeres) no sabía leer ni escribir. La situación comenzó a cambiar con la llegada de la política de masas, la actitud de ciertas élites y el ascenso de las clases medias que, después del descalabro de 1898, se decidieron por fin a atajar las causas de la decadencia española, entre las que estaba su raquítico sistema educativo. Pero el problema de la educación no fue abordado de forma decidida y coherente hasta la llegada de la Segunda República en 1931. Esta implemento de inmediato un extenso programa de construcción de escuelas, instrucción del personal docente e importantes subidas salariales. Sin embargo, este progreso sería bloqueado y hasta revertido durante la primera década y media de la dictadura.

El régimen franquista se jactaba de haber devuelto la educación a España pero lo que quería decir en realidad es que había extirpado las ideas modernas de las escuelas. En cuanto a los datos, los informes internos contradecían los autohalagos falaces. En un estudio sobre los presupuestos estatales para el bienio 1956-1957, Joaquín Ruiz-Giménez, entonces ministro de Educación y posteriormente demócrata cristiano, primero criticó a los Gobiernos liberales previos por tener «pequeños presupuestos» y no invertir lo suficiente en educación, pero las cifras de ese mismo informe indicaban que en 1935 la coalición de centro-derecha que entonces gobernaba la República había asignado el 1,39 % del presupuesto estatal a educación frente a una media anual de bastante menos del 1 % de los presupuestos del Estado franquista entre 1940 y 1954. Es más, el gasto de la dictadura en educación, además de mísero fue errático. Incluso cuando se incrementó hasta alcanzar un 1,1 % de los presupuestos en 1949, el esfuerzo fue efímero, pues bajó de nuevo en 1951 hasta un escasísimo 0,64 %. Según la UNESCO, en 1954 España destinaba el 0,9 % de su presupuesto nacional a educación frente al 3 % de Irlanda, el 2,71 % de Suecia, el 2,68 % de Italia o el 2,5 % de Alemania Occidental. Contabilizado en dólares, el gasto educativo español era apenas un tercio del de Venezuela, menos de la mitad del de Argentina y menor que el de Egipto, Sudáfrica o Portugal. La situación era incluso peor en materia de investigación, en la que el Estado español gastó en 1955 apenas el 0,015 % del presupuesto nacional, frente al 0,5 % de Francia, el 0,7 % de Reino Unido o el 1 % de Alemania Occidental[266].

Hubo algunas notas más positivas en cuanto al índice nacional de analfabetismo, que estaba por encima del 44 % en 1930 pero que mejoró en las dos décadas siguientes hasta llegar al 15 % en 1950. Estos datos esconden la enorme disparidad que existía entre, por un lado, el campo y la ciudad, y, por otro, entre provincias pobres y ricas. En 1950, la proporción de personas analfabetas en las áreas rurales era al menos un tercio superior a la de los núcleos urbanos, y el problema era mucho más grave en el sur que en el norte peninsular. Las provincias de Málaga, Granada, Huelva, Jaén, Almería, Cádiz y las Islas Canarias tuvieron índices de analfabetismo que superaban el 35 % hasta bien entrada la década de los cincuenta; entre otras razones porque contaban con muchas menos escuelas per cápita que las provincias del norte.

Las enhorabuenas estadísticas respecto al analfabetismo eran un tanto ilusorias, puesto que, por culpa de la pobreza de la posguerra, hubo una proporción muy alta de niños que asistieron a la escuela de manera ocasional o que no lo hicieron en absoluto. La autarquía fue en parte responsable de esta debacle educativa pues —como ya vimos en los propios informes de la Falange— para sobrevivir al hambre muchas familias debían enviar a sus hijos a trabajar, a pedir limosna o a rebuscar por cualquier sitio en busca de comida. A menudo, los periodos de escolarización para millones de niños fueron muy cortos, por lo general dos o tres años. Por ello, muchos niños de la nueva España fueron analfabetos como sus padres, o dejaron de serlo solo en términos estadísticos porque eran capaces de leer o escribir de forma rudimentaria. Es más, el absentismo escolar no se limitó a los «años del hambre» más duros. Según la Junta Nacional contra el Analfabetismo, la proporción de niños escolarizados durante el curso académico 1950-1951 fue solo de un 35,7 % del total en edad escolar, lo que suponía una bajada respecto al 46,9 % del curso 1940-1941[267]. Pero es que además, en caso de querer y tener la posibilidad de ir a la escuela, los pobres a menudo no podían hacerlo. En 1950, se estimaba que había en España un déficit de 55 000 aulas, lo que muestra que la reducción del analfabetismo para aquellos años no fue tanto un logro de Franco sino como de, por una parte, los programas dispuestos durante la República y, quizás por otra, de un cambio en la mentalidad de muchos padres, que vieron necesario el aprendizaje de algo de escritura y de cuentas, y poco más. Es decir, que aunque en teoría muchos españoles dejaron de ser analfabetos, millones continuaron siéndolo en la práctica[268].

Comparada con cualquier otro país europeo importante, España estuvo a la cola en todos los indicadores educativos. En 1955, la duración de la educación obligatoria era aquí solo de seis años mientras que en Alemania era de entre ocho y once años, en Bélgica era ocho años, y en Noruega y el Reino Unido siete[269]. La ratio media alumno-maestro era en España de 1:35 frente 1:30 de Reino Unido, 1:26 de Italia, 1:23 de Austria y Bélgica, y 1:21 de Noruega. Peor aún, según el ministro de Educación, España también estaba al final de la cola en cuanto a la proporción entre los alumnos formalmente matriculados y aquellos que realmente iban a clase, con el 67 % de nuestro país frente al 98 % de Austria, el 97 % de Alemania Occidental, el 90 % de Noruega, el 86 % de Suecia o el 72 % de Italia. Además, en España, aproximadamente 1 400 000 niños (el 30 % de aquellos en edad de escolarización) no contaban con «acceso apropiado a una escuela». Por su parte, los maestros españoles estaban entre los peor pagados de Europa. Según datos oficiales, el poder adquisitivo de sus salarios apenas llegaba al 20 % del que tenían en 1936, sustanciando así el dicho popular de «pasar más hambre que un maestro de escuela». El material escolar estaba en «situación intolerable», por lo que urgía, según las autoridades en 1955, un «modesto incremento de 1000 pesetas por escuela». Por último, siempre según cifras oficiales pero confidenciales del Ministerio de Educación, las instalaciones de las bibliotecas públicas eran deficientes en el 80 % de los casos, siendo mantenidas por el mismo número de empleados que cincuenta años atrás. El personal estaba «entre los peor remunerados» y, no pudiendo hacer más por la falta de medios, se limitaba a una «función de conservación»[270].

La clave para entender el déficit de inversión en educación pública es que para el primer franquismo la escuela representaba ante todo una herramienta para el mantenimiento de las desigualdades sociales y políticas. Hasta finales de los años sesenta, la educación de calidad fue un privilegio de las familias de clase alta y media-alta, que tenían la posibilidad de enviar a sus hijos a centros privados y confesionales, especialmente para estudiar el bachillerato. Esto explica el florecimiento de los institutos católicos privados durante los años cuarenta, cuando la financiación para los centros de secundaria públicos se redujo, con el resultado de llegar aquellos en 1957 a cuadruplicar en alumnado (205 974 frente a 62 422) a los centros estatales. Peor aún, hasta ese año, el número de estudiantes de bachillerato en institutos públicos fue menor que el de 1940. Ni que decir tiene que los alumnos de educación media y superior (bachillerato y universitario) eran predominantemente varones. Mientras que en el año 1950 las niñas suponían poco más de la mitad de los estudiantes de las escuelas primarias, en los centros de bachillerato estas representaban un tercio del total, y todavía en 1970 solo el 45,6 %. En las universidades, las mujeres constituían en 1951 el mero 15 % del alumnado y en 1970 el 27 %[271].

El número de estudiantes que llegaba a alcanzar los grados de educación secundaria o universitaria era muy reducido. En 1965, solo el 18,6 % de los niños de entre 11 y 16 años estaban cursando el bachillerato. Este era uno de los índices más bajos entre los países industriales. Incluso en la India había un tercio más de bachilleres per cápita que en España. Además, los institutos de secundaria estaban ubicados en o servían a las áreas geográficas donde se concentraban las clases pudientes. En Madrid, por ejemplo, los barrios de Chamartín, Argüelles o Salamanca tenían entre cuatro y cinco veces más alumnos de secundaria per cápita que los barrios más pobres como Moratalaz o Vallecas. La mayoría de los institutos de secundaria en las áreas más prósperas eran privados[272].

La ideología reaccionaria de la dictadura no determinó únicamente los medios y los recursos educativos sino también sus contenidos. El franquismo concibió a la escuela como un instrumento para imbuir sus valores católicos ultraconservadores, chauvinismo, sexismo y prejuicios de clase. El eje pedagógico de la educación fue la sumisión de los estudiantes: obedecer era mucho más importante que pensar. La base ideológica era una cruzada contra el racionalismo, considerado por la Iglesia y el Nuevo Estado como uno de los grandes males de la modernidad. Entre las primeras medidas adoptadas por la dictadura, por ejemplo, estuvieron la prohibición de la educación mixta y la reintroducción del castigo corporal (el famoso dicho de «la letra con sangre entra»). En los centros públicos y privados se enseñaba no solo que hombres y mujeres eran diferentes, sino que las segundas debían obedecer a sus padres y maridos y conformarse con ser menos que sus hermanos[273]. La Iglesia fundamentalista de entonces apoyó vehementemente esta política y la canalizó a través del Ministerio de Educación, que era un reducto católico, y del auge de las escuelas privadas confesionales que, como hemos visto, vivieron una época dorada[274].

Quizás no haya un ejemplo más claro para entender el proyecto educativo franquista que el de los contenidos de los currículos de Historia. Mezclando Historia Sagrada con lo que se suponía era la Historia de España, esta era —literalmente— una pirámide con Dios en la cúspide, vigilando las diferentes etapas de la civilización y de la patria. El primer momento clave en este esquema era la llegada de Santiago el Mayor, que evangelizó España en tiempos romanos, y a cuyas tierras su cuerpo volvió luego de forma milagrosa. Desde entonces, el país se debatió entre la España auténtica, la católica, y las fuerzas foráneas que pretendían destruirla —las más recientes entre ellas serían la Ilustración, el liberalismo y la supuesta inminente revolución comunista de 1936— hasta su redención providencial gracias a Franco, el hombre que solo respondía ante esa misma historia y ante el Dios que la movía[275]. Era una verdad presidida en cada aula por un crucifijo, al que flanqueaban los retratos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Durante las clases, los alumnos aprendían (o, más a menudo, apenas deducían) si sus familias habían luchado durante la guerra del lado de Dios o del diablo, siendo forzados así a reinterpretar las vidas y experiencias de sus padres y abuelos de acuerdo con los intereses de la dictadura y con lo poco o nada que les habían dicho en casa.

El adoctrinamiento patriótico y religioso se vio limitado precisamente por la falta de medios para educar a los pobres. Cuando una inspectora de educación visitó en 1960 la escuela de Villamanrique, una pequeña aldea en la provincia de Sevilla, se le indicó que de las 240 alumnas matriculadas solo 170 asistían con regularidad, pero apenas 157 se encontraban presentes el día de la visita. También se le dijo que, de los 130 alumnos varones solo iban regularmente una media de 120, pero el número de los presentes aquel día era 103[276]. Como en muchos otros lugares a lo largo y ancho de España, pueblos como este solo experimentaron una oportunidad de mejora a principios de los años setenta. En el caso de Villamanrique, esta llegó con un nuevo alcalde. Antonio era un hombre de fuertes convicciones católicas pero que creía en el nuevo mensaje oficial de progreso del régimen. Al «descubrir» que aproximadamente 45 alumnos locales trabajaban en tareas ganaderas y no asistían a clase llamó a los padres e invitó también a la reunión al sargento de la Guardia Civil del puesto del pueblo. En la reunión amenazó a los padres. Muchos años más tarde, Antonio diría a su entrevistador que ahora «incluso los hijos de los gitanos [sic] van a clase», aunque algunos se las arreglasen para hacer novillos[277].

El de Villamanrique no fue un caso aislado. Aunque en la segunda mitad de los años sesenta y en los primeros setenta el régimen expandió de forma notable el sistema educativo y las becas, la tragedia educativa no remitió fácilmente. Cuando, en 1972, el Ministerio de Educación publicó un estudio sobre los índices regionales de asistencia escolar en la década previa, el panorama que emergió fue el de una catástrofe[278]. Las regiones con los índices de absentismo más altos estaban en el sur peninsular, en las Islas Canarias, en la costa mediterránea y en Madrid, Vizcaya y Pontevedra. Los casos más extremos se registraban en la provincia de Málaga, donde en 1968 solo el 55,5 % de los niños iba a clase, y en Tenerife, con un 59,6 %. Aunque en principio pueda parecer sorprendente, en la provincia de Madrid el índice de asistencia estaba en solo un 73 % y en Vizcaya en un 78,6 %. Esto ocurría debido a la inmigración, que había rebasado el ritmo de construcción de centros educativos, y a que los hijos de los emigrantes no iban a la escuela porque a menudo estaban trabajando o cuidando a sus hermanos menores[279]. En total, hacia 1970 solo un 75 % de niños españoles iba regularmente a clase. Había por entonces también un déficit de 400 000 puestos escolares (lo que, incluso con un ratio de 40 alumnos por clase, todavía significaba que faltaban nada menos que 10 000 aulas); y otras 721 000 plazas escolares estaban en edificios inadecuados para la enseñanza. Por provincias, el déficit de plazas era de 250 000 en Barcelona, 155 000 en Madrid, 90 000 en La Coruña, 87 000 en Valencia y 74 000 en Sevilla.

No menos escandaloso era que el índice de analfabetismo en las regiones más pobres (Extremadura, La Mancha, Levante, Andalucía, las Islas Baleares y las Canarias) era todavía superior al 25 % entre los varones adultos y que en el caso de las mujeres llegaba al 30 %[280].

El elitismo educativo del franquismo y sus políticas reaccionarias moldearon también el pequeño e insuficiente sistema universitario. En 1970, solo el 9,2 % de jóvenes de entre 20 y 24 años estaba matriculado en la universidad[281]. España tenía una de las proporciones más bajas de alumnado universitario de Europa: 653 de cada 100 000 jóvenes, inferior a los 856 de Grecia y los 1280 de Italia, países que han sido tradicionalmente el mejor indicador (y a veces consuelo) para hacer comparaciones con el nuestro. En los Estados Unidos, la cifra era de 4137 estudiantes por 100 000. La población universitaria creció rápidamente durante los años sesenta, pasando de 76 458 estudiantes en 1960 a 213 069 en 1970, pero los recursos disponibles y la contratación de personal docente quedaron muy por detrás de lo requerido. En 1972, de los 8500 profesores universitarios en activo, alrededor de 2000 eran numerarios y el resto sobrevivía en condiciones laborales precarias, lo que alimentaría su incorporación a grupos de protesta contra el statu quo universitario y, por extensión, contra la dictadura[282].

El daño social causado por el franquismo no tuvo parangón en ninguna sociedad de la Europa occidental de posguerra. Se puede asegurar sin miedo a caer en la exageración que solo el más insensible de los dictadores pudo haber mantenido durante tanto tiempo políticas sociales y económicas tan absurdas como la autarquía. Al mismo tiempo, resulta evidente que solo un régimen que no rindiera cuentas a su gente pudiese sobrevivir al desastre causado por estas medidas. Franco ofreció a los españoles paz a cambio de libertad, pero a millones de ellos más que nada les dio vejaciones y sufrimiento. Aún así, los pobres consiguieron adaptarse y sobrevivir, llegando algunos incluso a progresar. La clave fue su propio sacrificio, trabajar duro y, para muchos, escapar a la miseria emigrando. Sobre esta última estrategia de supervivencia trata el próximo capítulo.

Capítulo 3. La emigración

CAPÍTULO 3. LA EMIGRACIÓN

La emigración es uno de esos gravámenes difícilmente cuantificables que, casi con exclusividad, pagan los pobres. La emigración afecta desigualmente a las regiones: las más deprimidas pierden los recursos humanos que posibilitan el progreso económico de las más ricas. Pero, pese a ser un impuesto en especie, la emigración presenta a veces la posibilidad de mejorar la vida. Los Gobiernos pueden ayudar a hacer esta transición menos dolorosa para los más débiles, y a compensar el ahondamiento de los desequilibrios territoriales, creando, respectivamente, oportunidades y promoviendo el desarrollo social. Pero los gobernantes responden a los intereses de quienes les apoyan y por eso no es lo mismo emigrar en, o desde, un país como ciudadano de pleno derecho que hacerlo como súbdito de un régimen dictatorial. En la España de posguerra, por tener uno de los pocos regímenes europeos occidentales que no tenía que responder al escrutinio público, la emigración fue regulada más en el papel que en la realidad, y sus consecuencias sociales más negativas fueron abordadas con la mezcla de incompetencia, dejadez y autoritarismo usual en la administración franquista. En todo caso, sabemos más de los números de la emigración que de los emigrantes. Este capítulo explica precisamente esto último: las experiencias de la gente de a pie antes, durante y después de dejar sus hogares, qué sintió y cómo cambió su forma de vivir y de pensar.

El proceso migratorio y el ahondamiento de los desequilibrios regionales no fueron una novedad de la España franquista. Existieron desde mucho antes y se acentuaron con el proceso industrializador del país que arrancó a finales del siglo XIX. Los efectos regionales de este proceso han sido estudiados en profundidad por historiadores, demógrafos y geógrafos. Los datos son elocuentes. En 1900, Barcelona era la provincia más densamente poblada de España; hasta diez veces más que la provincia menos densamente poblada, Soria. En 1975, estas mismas provincias todavía representaban los extremos, aunque para entonces la de Barcelona estaba cincuenta y seis veces más poblada que la de Soria. Los años cincuenta y sesenta fueron clave para el rápido aumento de población en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. En estas dos décadas Madrid y Barcelona crecieron cada una en cerca de 1,4 millones de habitantes, mientras que Valencia recibió una inmigración neta de 275 000 personas, y Vizcaya de 264 000. Por otra parte, durante este mismo periodo, la población descendió en veintiuna de las cincuenta provincias del país. Las provincias del sur fueron las grandes afectadas por la sangría demográfica: solamente la de Jaén perdió en esas décadas más de 400 000 personas, la de Granada 334 000, la de Badajoz 332 000 y la de Córdoba 321 000[283]. Como resultado de estos enormes trasiegos de población, en 1975 uno de cada cuatro españoles vivía en un municipio diferente al de su nacimiento[284].

El final del campesinado

El final del campesinado

El final del campesinado posiblemente haya sido el mayor fenómeno social en la historia europea del siglo XX[285]. En Alemania occidental, por ejemplo, los campesinos representaban en 1950 el 23 % de la mano de obra, pero solo el 9,7 % en 1971. Durante el mismo periodo, en las fértiles tierras de la Emilia-Romaña, en Italia, la proporción del campesinado en la fuerza de trabajo se redujo del 52 % al 20 %. Esto ocurrió porque la mayoría de los protagonistas de las grandes migraciones que se dieron en la Europa de posguerra fueron campesinos que abandonaron la agricultura y la vida rural para marcharse a las ciudades. En el caso de Italia, 9 millones de personas emigraron entre 1955 y 1971[286]. Como hicieron sus homólogos europeos, el campesinado español también emigró masivamente del campo a la ciudad, y de un país a otro, dejando de labrar la tierra para trabajar en fábricas o en el sector servicios. En 1950 el sector agrícola ocupaba al 46 % de la fuerza laboral (la misma proporción que en 1930) pero para 1970 aquel había perdido 2,3 millones de activos y quienes trabajaban la tierra representaban ahora solo el 22,2 % del total del empleo nacional. En esta transición, los campesinos pasaron a convertirse en camareros, bedeles, empleados domésticos, etc., o incluso en funcionarios, pero la mayoría fueron a engrosar el sector secundario, que pasaría de representar un 27,4 % de la mano de obra en 1950 a un máximo histórico del 48,4 % en 1970. El resultado fue una situación única en la historia de España: nunca antes (o después) los trabajadores fueron tan numerosos y nunca tuvieron sus valores, esfuerzos y destinos mayor impacto en el carácter del país y en sus expectativas colectivas de futuro[287]. Estos cambios se vieron acompañados por un proceso de urbanización acelerado[288]. En 1940 el número de españoles viviendo en localidades con menos de 2000 habitantes era muy similar al de los que habitaban en ciudades con más de 100 000. En 1970 aquellos eran apenas un tercio.

¿Quiénes dejaron el campo y por qué? Los emigrantes de los años cuarenta y cincuenta fueron en su mayoría jornaleros estacionales sin tierra, que huían del hambre y de la miseria. Pero entre 1960 y 1968, más de un millón de personas, sobre todo pequeños propietarios, simplemente abandonaron la agricultura de manera permanente. No obstante, y obviamente, no todos los granjeros dejaron la tierra. Mientras que los campesinos más jóvenes y en situación precaria sí se marcharon, aquellos con mejores condiciones de vida, mayores propiedades o de edad más avanzada tendieron a quedarse. Por ejemplo, un estudio sobre Extremadura muestra que, en 1960, el campesinado con más de 50 hectáreas de propiedad o aquel mayor de cuarenta y cinco años no solía emigrar. En su conjunto, los estudios sobre la emigración durante aquellos años concuerdan en que la mayoría que marchó no pensaba volver a trabajar en el campo nunca más. Esto suponía no solo que los más jóvenes no quisieran ocupar el lugar de sus padres, sino que sus progenitores a menudo estaban de acuerdo con la decisión de sus hijos. Ambas generaciones coincidían en que no había futuro en labrar la tierra, y que era preferible buscarse la vida en las ciudades, con sus comodidades, salarios estables y acceso a servicios sociales[289].

Mucho antes de que el pequeño campesinado abandonara la tierra, la emigración había sido un fenómeno masivo en los parajes de desolación social del sur de España. Para los pobres, especialmente aquellos de las zonas de los grandes latifundios de Extremadura y Andalucía, graneros del resto del país, emigrar fue simplemente el último recurso para escapar de la desposesión y de las miserables condiciones salariales y de vida del campo español durante la posguerra. Como veremos enseguida, los padecimientos de los trabajadores de la aceituna son un ejemplo extenso y extremo, entre los muchos que hubo, de esta situación. Para los hombres y mujeres aceituneros el pan de cada día no estaba hecho de trigo sino de trabajo escaso, jornales de hambre y unas vidas cortas y llenas de penas. No eran gente sin esperanza, es que se la habían robado. No siempre habían aceptado su miseria con resignación. Mucho antes de la llegada de Franco al poder, se habían organizado por sus derechos y luchado para alcanzar el sueño de tener tierra. Durante la Guerra Civil, allí donde la rebelión fracasó, muchos echaron o ejecutaron a sus patrones, a veces de forma brutal, y redistribuyeron la tierra, a menudo formando comunas. Esta revolución de la propiedad agraria, que llegó a expropiar al menos 6 millones de hectáreas de tierra cultivable, dejaría memorias muy divididas en el campo español[290].

Allí donde triunfó la rebelión militar, y en todo el país después de la caída de la República, el campesinado desposeído y sus familias, hubieran o no participado en la revolución, se convirtieron en las principales víctimas directas e indirectas de la represión franquista, que ejecutó a decenas de miles de jornaleros y en especial a los que tenían «ideas». Todos sufrieron las políticas de venganza social de los patronos y, en definitiva, fueron los más perjudicados por el doble desastre de la autarquía y el racionamiento. Su derrota a sangre y fuego, tanto política como social, conllevó el desmantelamiento inmediato de la militancia campesina. La emigración masiva de las áreas productoras de Jaén y Córdoba —la tierra de los olivos y la gente humilde pero digna cantada por los poetas— fue la ruta de escape de los vencidos. En 1975, un tercio de la población jienense de 1945 se había marchado[291].

Los años inmediatamente posteriores a la guerra dejaron un rastro de miseria y muerte en la tierra que producía el pan y el aceite de España. Tal fue el caso de la fértil Campiña Sur cordobesa, y —más exactamente y por poner un ejemplo— de la localidad de Bujalance, que tenía una larga tradición de protesta y lucha campesina, y donde primero la represión fue muy dura, y luego el hambre mató a mansalva durante mucho tiempo. El verano de 1945 fue uno de los más horribles. Fue un año de sequía. Mucho tiempo después los viejos todavía recordaban que «sereales casi no se cogieron y aseitunas no había ninguna» y, tras aquello, empezaron a emigrar a Madrid, a Barcelona, a Valencia o a Zaragoza «donde había otro ambiente» y desde donde empezaron a mandar remesas de dinero a casa «porque allí había trabajo, […] se vivía mejor, y algunos familiares fueron tirando… Y eso fue una cadena». En Bujalance «no tenías más remedio que emigrarte […] Muchos probeticos que no se les dio tiempo a emigrarse se murieron de hambre […] aquí ha habío días que san enterrao 14, 12, 10, 9… Y encontrárselos ahí, en esas cunetas, comiendo yerba como los animales… Y aquí los graneros los tenían llenos»[292]. Era un tiempo tan terrible, e injusto, que hoy cuesta creerlo. Cuando llegó la democracia, los supervivientes tuvieron problemas para convencer a los más jóvenes de los padecimientos que habían sufrido. Los abuelos no se sentían ofendidos por la incredulidad de sus familiares. Su principal preocupación era que las nuevas generaciones no pasaran «por donde he pasao yo, que no tengan ellos que contarle a sus hijos y nietos lo que yo les puedo contar»[293]. En 1945, año de la liberación de Europa, los campesinos de la Campiña Sur iniciaron solos su propia liberación: emigrar[294].

Como ya hemos señalado, para los pequeños agricultores de Castilla y otras regiones del norte la emigración llegaría a principios de los años sesenta. Ellos habían sido la columna vertebral del conservadurismo agrario de preguerra y su apoyo y lealtad al régimen siempre fueron firmes. Pero las medidas a favor de la industria y el Plan de Estabilización de 1959 conllevaron un desmantelamiento de las estructuras económicas autárquicas que hicieron inviable el mantenimiento de la agricultura minifundista de secano tradicional. Además, la emigración de los jornaleros dio lugar a una rápida subida de los salarios, que por fin sobrepasaron el nivel de preguerra. Pero las máquinas que debían sustituir a aquellos eran costosas y no siempre adecuadas para todas las explotaciones, de modo que muchos propietarios se encontraron con que sus explotaciones no eran rentables y, a menudo, se vieron obligados a marchar a la ciudad. El Gobierno franquista no hizo mucho para paliar los efectos de una transformación tan trascendental para la sociedad campesina, pues la liberalización económica, que era la auténtica prioridad del régimen, se llevó a cabo sin corregir el tradicional déficit de inversión pública en las zonas deprimidas. La dictadura propició la creación de cooperativas agrícolas y una mejor racionalización de los usos de la tierra —por ejemplo, mediante la concentración parcelaria— pero los efectos económicos de estas medidas fueron a menudo decepcionantes y, en cualquier caso, insuficientes para detener la sangría demográfica y para evitar que los hijos de los campesinos soñasen con las ciudades. La pérdida de mano de obra del sector agrícola y el declive del campo fueron inevitables; pero no lo fueron las consecuencias sociales que los acompañaron.

De la misma forma que las provincias de Jaén y Córdoba fueron el epítome de la miseria de la posguerra en los latifundios del sur, la de Zamora sirve de muestrario de cómo el milagro económico de los años sesenta esquivó y aún contribuyó al declive de las zonas de agricultura minifundista tradicional. A principios de la década, el 60 % de la población zamorana trabajaba la tierra, la mayoría en pequeñas propiedades familiares dedicadas al cereal que no requerían grandes inversiones de capital. Pero, como solo el 10 % de las fincas era de regadío, la productividad y la rentabilidad eran muy bajas. No había industrias para absorber el crecimiento de la población. Lo que quiere decir que las exportaciones de la provincia eran básicamente dos: seres humanos y energía hidroeléctrica. Si en la década de 1950 la provincia perdió más de 46 000 habitantes por causa de la emigración (más que en las tres décadas anteriores juntas), entre 1961 y 1965 este proceso se aceleró con otros 41 000 emigrados, en su mayoría a Alemania y al País Vasco. En 1970 Zamora tenía 64 000 personas menos que en 1950. En los llamados «años dorados» de la economía española uno de cada tres de sus habitantes abandonó la provincia[295].

Las zonas montañosas fueron especialmente castigadas por la emigración. La Sierra de Huelva, tan exitosa en la producción de especialidades porcinas en nuestros días, sufrió una despoblación muy marcada durante los años sesenta. Solo las regiones de Aracena y Valverde perdieron cerca de 42 000 habitantes, que emigraron a Sevilla, Barcelona o, temporalmente a Alemania, Francia, Bélgica y Suiza. De igual modo, el fin de la agricultura tradicional también se vio acompañado de la práctica desaparición de formas antiquísimas de explotación, como era la trashumancia ganadera, que databa de tiempos medievales[296]. Y lo mismo ocurrió con otros trashumantes como los segadores gallegos, que desaparecieron rápidamente de los campos entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Ellos, como los castellanos, formaban parte del ejército de «vencedores» de la guerra. Mucho más pobres que los de Castilla, los propietarios-jornaleros de Galicia habían estado practicando durante siglos una emigración temporal, desde mayo hasta agosto, hacia la Meseta para recoger la cosecha del trigo. Viajaban en cuadrillas de diversos tamaños, compuestas por hombres de todas las edades, niños incluidos, mientras las mujeres se quedaban en casa y mantenían la tierra, que a menudo solo consistía en propiedades demasiado pequeñas para sustentar a una familia. Venían de sitios como A Terra Chá, en Lugo. Estos hombres trabajaban mucho, cobraban poco y gastaban casi nada. Guardaban la mayoría de lo ganado y sobrevivían con una dieta simple de garbanzos con manteca y, algunas veces, de carne. Cuando se aproximaba el Día de la Virgen, el 15 de agosto, comenzaban a volver a sus hogares. Hacia finales de los cincuenta, no obstante, los salarios estaban subiendo y ya empezaba a no ser rentable que fuesen brazos humanos los que segasen. A su vez, la mecanización, allí donde pudo ser introducida, estaba volviendo sus servicios prescindibles. Los más jóvenes prefirieron entonces emigrar al País Vasco o a Madrid, y también a Alemania[297].

A lo largo de los años sesenta, campesinos propietarios de toda condición vieron con pesimismo cómo la juventud abandonaba sus localidades, dejando los campos sin cultivar. Aunque no pasaron hambre en la posguerra, sus vidas habían sido siempre duras, con mucho trabajo y escasas comodidades o lujos. Sus hijos no querían seguir su camino, ni ellos querían que lo hicieran. El valor de las cosechas, especialmente las de secano, retrocedía inexorablemente mientras que subían no solo los precios de los artículos de consumo sino también los costes de explotación. Sabían —muchos de ellos eran alcaldes o concejales de sus pueblos, y leales franquistas— de la insolvencia de sus municipios, veían las calles sin asfaltar y eran cada vez más conscientes del déficit de servicios básicos en sus pueblos. La televisión les trajo las imágenes de la opulencia del consumo en las grandes urbes, y la caracterización de la España rural como sabia, quizás, pero también como decadente y atrasada. Ellos eran ese mundo que representaba el pasado para el resto de los españoles, e incluso a los ojos de sus propios hijos. Los valores de estos, además, estaban cambiando y no solo porque buscasen mayor riqueza material. Al marchar a la ciudad para estudiar o trabajar, a veces adoptaban valores «modernos» e incluso las ideologías a las que sus padres se habían resistido todas sus vidas. El cambio para estas personas fue acelerado y no siempre fácil. En este proceso, las madres a menudo desempeñaron un papel de mediadoras entre las distintas generaciones[298].

Pese al abandono del régimen a quienes habían luchado por su causa durante la guerra y eran ahora víctimas estructurales de sus políticas económicas, los pequeños propietarios rurales no se opusieron a la modernización social del campo. Eran conscientes de que luchaban una batalla desigual contra los nuevos valores que traían la industrialización, la urbanización y la sociedad de consumo, y de que, para el lejano Madrid, sus intereses eran secundarios frente a los de otros grupos más prominentes. A menudo sí que se resintieron de lo que creían el apoyo gubernamental a sus enemigos históricos: los jornaleros agrícolas y los trabajadores industriales. Aunque todos ellos compartieron a menudo el mismo sufrimiento, sus respectivas andaduras a lo largo de la historia no bastaron para convertirlos en aliados. Como apuntó un observador, los aldeanos castellanos abordaban la política con hostilidad o indiferencia y, al hacerlo, echaban la culpa de lo malo a los tiempos que corrían o al Gobierno (y a los subversivos de las zonas industriales y a los estudiantes) pero esencialmente seguían apoyando al régimen y en especial a Franco, el hombre que, providencialmente, restauró su derecho a la propiedad privada y sus valores sociales y morales[299]. Sin embargo, la historia no perpetuaría el desencuentro entre campesinado y proletariado rural, sino que les tendría reservado una cita no exenta de ironía. Como consecuencia de la emigración a la ciudad, los pequeños propietarios y sus familias acabarían conviviendo con sus rivales históricos en los nuevos suburbios, y en las fábricas españolas y en otros lugares de Europa. Hasta entonces, los jornaleros agrícolas y los pequeños propietarios se habían considerado mutuamente enemigos de clase, pero en la ciudad ambos eran campesinos alienados, con valores y expectativas casi indistinguibles, y con problemas y disyuntivas comunes.

La emigración aceleró el cambio cultural del agro español. Una vez en la ciudad, los antiguos campesinos se convirtieron en parte de la gente pobre y anónima en lo más bajo de la escala social. Pero también pasaron a ser consumidores y participantes de la modernización del país. Aprendieron, por ejemplo, a usar desodorante o a cepillarse los dientes con regularidad, y al volver a sus lugares de nacimiento fueron a menudo considerados portadores del progreso[300]. En sus maletas trajeron al pueblo tal vez el primer aparato transistor en el que se oyó música o el fútbol, o el primer vermut italiano que sus amigos bebieron entre comentarios irónicos. Los más afluentes, llegaron un verano por el camino polvoriento o mal asfaltado, conduciendo el primer auto de fabricación alemana que se veía por allí, y que no pertenecía a un turista extraviado. Sus hijos serían los primeros en presentarse en las fiestas estivales con melena y escuchando música ruidosa cantada en inglés. Y fueron probablemente sus hijas las pioneras en llevar minifalda, fumar en público, o entrar con sus amigas en el bar del pueblo donde antes solo iban los hombres[301].

A la ciudad

A la ciudad

Desde que comenzó la industrialización en España, cada región receptora de emigrantes tuvo unas zonas específicas que la surtían de población. Los aragoneses y la gente del sur y del levante emigraron sobre todo a Cataluña; los castellanos del norte y los gallegos lo hicieron al País Vasco; y los castellanos del centro fueron a Madrid. Los emigrantes contribuyeron así a conformar el paisaje humano, social y cultural de los lugares de recepción, y en particular reforzaron o cambiaron el perfil de sus barrios. Después de la Guerra Civil, a la par que las ciudades crecían, también lo hicieron los barrios periféricos y los cinturones industriales, donde la alta y desproporcionada demanda de viviendas y servicios se encontró con la negligencia del régimen. La ciudad se polarizó aún más. Por un lado estaban los más afluentes y mejor atendidos barrios céntricos donde vivía la burguesía nativa y, por otro, las barriadas de los pobres: los nativos y los inmigrantes. En estos barrios se encontraron los perdedores materiales de la guerra, y sus hijos, con los vencedores morales, y ambos grupos negociaron viejas identidades y crearon otras nuevas.

La institución que hizo posible el asentamiento y supervivencia de los emigrantes en las áreas suburbanas no fue el Estado, sino la familia y, a veces, los amigos y paisanos. Como ya hemos visto, la familia no era solamente el mejor sino a menudo el único servicio de seguridad social disponible para préstamos de dinero, para el cuidado infantil y de ancianos, y para encontrar un techo o un trabajo. La cohesión familiar, el sentido del deber y del sacrificio y los valores jerárquicos y autoritarios de entonces posibilitaron que los emigrantes se establecieran y que se enfrentasen a la separación familiar, a la miseria diaria y la explotación laboral. Un, en su momento famoso, libro describió así las privaciones y experiencias de una típica familia de emigrantes en Cataluña. Eran de Granada, donde el padre, que trabajaba en la construcción, tenía que andar todos los días a pie 14 kilómetros para ir al tajo, y todo por un salario miserable. Este hombre decidió emigrar a Barcelona en 1949 después de ser convencido por su cuñado de que «allí había mucho trabajo». En Barcelona ganaba 140 pesetas semanales de las que enviaba cuanto podía a su mujer y a sus cinco hijos. Su alimentación diaria era un cocido que comía por la noche. Cuando consiguió un trabajo mejor (225 pesetas por semana) su mujer y las dos hijas mayores se mudaron con él a una chabola en Montjuic que les había dejado de forma gratuita un amigo; el resto de los hijos se quedaron con la familia en el pueblo[302]. La mujer encontró un trabajo que le reportaba 125 pesetas semanales, mientras las hijas permanecían en la chabola al cuidado de la mujer del amigo. En su caso, progresar significaba explotación y sacrificios continuos. Para ahorrar dinero, no hicieron uso ni una sola vez del tranvía o del autobús en cuatro años. La hija mayor, en cuanto pudo, en vez de ir a la escuela se puso a trabajar en un taller de aprendiz.

Después de un año de vivir en la chabola, y con la ayuda de un modesto crédito de otro conocido de Granada, y de un pequeño premio de la lotería, consiguieron ahorrar 3000 pesetas y comprar su propia chabola. Su situación era no obstante muy precaria: la amenaza de demolición de las autoridades fue constante hasta la regularización de su modesta casa en 1957. Era un logro nada desdeñable en una Barcelona donde había entonces cerca de 13 000 chabolas habitadas por unas 66 000 personas. El sistema de supervivencia basado en la estructura familiar continuó funcionando. Los hijos restantes y otros familiares se unieron a ellos, llegando a vivir en la chabola catorce personas. Dos hijos más nacieron en Barcelona. La situación financiera de la familia mejoraba porque, a excepción de los más pequeños, todos trabajaban. El padre combinaba su jornada de ocho horas en una fábrica con un empleo de guarda durante la noche. Así lograron ahorrar lo suficiente para vender la chabola y comprar un pisito en L’Hospitalet. Cuando fue entrevistado a mitad de los años sesenta, el padre se mostraba satisfecho con sus logros, y de haber dejado atrás la miseria de Andalucía, apostillando que en Barcelona por primera vez en su vida había vestido «calzoncillos blancos»[303].

Como este caso ilustra, la emigración fue una experiencia menos solitaria de lo que a veces se piensa, siendo a menudo un fenómeno en cadena. El patrón consistía en seguir los pasos de un familiar o de un conocido que había marchado primero. Así acaban asentándose en un lugar no solo miembros de la misma familia sino también de la misma localidad. La pedanía de Matián, en el término municipal de Cúllar, Granada, que quedaría casi despoblada en los años sesenta por el éxodo masivo a Ibi, Alicante, ofrece un buen ejemplo de emigración comunal.

La gente de Matián siempre fue muy pobre. La mayoría de sus vecinos eran aparceros que trabajaban unas explotaciones que no les pertenecían y por las que debían entregar un quinto de la producción de cereal a terratenientes ausentes, a quienes también pagaban el alquiler de las casuchas de suelo de tierra prensada donde vivían. Las transacciones comerciales eran mínimas y se producían cada lunes en el mercado de Cúllar. Las mujeres eran las encargadas del mercado pero también trabajaban la tierra y en casa. El pan se cocía en hornos comunales, la gente casi nunca bebía café de verdad y solo muy puntualmente comía pescado. Los hombres, pero nunca las mujeres, se reunían en la taberna a beber y a jugar a las cartas. Al cumplir los ocho años, los niños pasaban a cuidar del ganado y dejaban de ir a la escuela, donde las clases se impartían por maestros itinerantes a cambio de comida. Tenían una maestra local, pagada por el Estado, pero no estaba bien considerada por los vecinos porque entre otras cosas abandonaba regularmente sus funciones para preparar el almuerzo a su propia familia. No había médico. El calendario religioso marcaba todas las fiestas locales. El patrón de Matián era San Antonio. En cuanto a las relaciones de género, el cortejo entre los jóvenes estaba muy controlado, pero muchas parejas de novios se fugaban —era una forma muy barata de casarse— y luego se echaban las «bendiciones» en la iglesia. Durante siglos, en Matián la gente había vivido, trabajado, amado y muerto de esta forma hasta que un día, en 1963, uno de los vecinos emigró a Ibi. Allí, entre otras, la industria juguetera estaba en plena expansión. Las noticias de las maravillas de la nueva vida de este pionero hicieron que su familia emigrara también; luego siguió una marea humana. En 1975, Matián estaba casi despoblado. Ibi, por contra, entre 1960 y 1970 había triplicado su población de 6000 a cerca de 19 000 almas[304].

Emigrar significó no solo ir a vivir a otro sitio sino también un cambio personal y colectivo. Por primera vez en sus vidas, los emigrantes vivían rodeados de miles de personas, la mayoría de una extracción social similar, cuyas existencias no estaban constreñidas por las limitaciones sociales, y por las tradiciones, de sus pueblos y aldeas. En las nuevas áreas de residencia se formó una nueva identidad: la del barrio. Solo conociendo el barrio de residencia de una persona era posible saber, o al menos suponer, si sus padres eran emigrantes, la calidad de su vivienda, y hasta su nivel educativo, y de renta. Al declararse una persona de uno u otro barrio subyacía un elemento de orgullo, en algunas ocasiones como substitutivo de, o superpuesto a, la localidad original de donde provenía la familia. La imagen y la identidad de barrio desarrollaron características particulares que se adscribían a sus habitantes y que, supuestamente, les diferenciaban de los de otros vecindarios. Por eso, un barrio (o por la misma regla de tres, una ciudad) representaba tanto una señal de identidad como de exclusión: ser, por ejemplo, de Terrassa en Barcelona, de Móstoles en Madrid o de Llodio en Álava presuponía que la persona en cuestión podía ser pobre, inmigrante, de clase obrera y, en ciertos casos, nativo de una localidad concreta y con un idioma materno distinto.

El encuentro entre dos grupos distintos, los nativos y los recién llegados, ayudó a la construcción de nuevas identidades colectivas entre los inmigrantes. Después de la familia y de los allegados, la gente comenzó a sentir que podía confiar o al menos apoyarse en personas de su pueblo e incluso de su provincia y región. Así, los emigrantes, por ejemplo, comenzaron a identificarse y a ser identificados como andaluces en Cataluña o gallegos en el País Vasco, esto es, no ya como gentes que venían de una región muy amplia y que no se conocían hasta entonces entre sí sino como miembros de un grupo más o menos compacto con características similares, pero diferentes de las de los miembros de las comunidades nativas. Estas, por su parte, sentían que ciertos grupos «tomaban» ciudades enteras y creaban enclaves distintivos y exclusivos. Así ocurrió a lo largo del cinturón industrial de Barcelona en ciudades como Terrassa, compuesta en 1965 por un 49 % de no nativos, en Sabadell por un 43 % en 1967 o en L’Hospitalet por un 56 % en 1970. La mayoría de estos eran andaluces. Las diferencias de percepciones y experiencias entre nativos e inmigrantes se basaban en realidades —como prácticas religiosas (o falta de ellas), hábitos de alimentación, comportamientos en público, etc.— que, en los casos de Cataluña y el País Vasco, se veían agudizadas por la existencia de lenguas maternas distintas. Todo ello dio lugar a la aparición de respuestas negativas mutuas de tipo xenófobo basadas en tópicos sobre el «otro». La marginalización del inmigrante fue inevitable, en parte porque, a ojos de muchos, su presencia era «prueba» de una supuesta invasión española de la «patria» propia, como sería el caso del País Vasco o de Cataluña[305].

Sin embargo, la integración (o más exactamente, el acomodamiento) se convirtió poco a poco en la norma y, a pesar de haber nacido, por ejemplo, en Jaén, los hijos de los emigrantes acabaron siendo catalanes; y lo mismo se podía decir de los castellanos en el País Vasco y en Madrid[306]. Es más, la emigración, especialmente en Cataluña, se convertiría en un motivo de orgullo entre amplios grupos sociales y de sensibilidades políticas muy diversas, quizás porque tres de cada cuatro catalanes son en distintos grados descendientes de inmigrantes, o son inmigrantes ellos mismos, y porque hay un reconocimiento de que el fenómeno migratorio hizo posibles tanto la segunda industrialización catalana de posguerra como la modernidad actual.

A diferencia de Madrid o Barcelona, la situación en el País Vasco fue más complicada, pues la llegada de inmigrantes alteró de forma dramática la vida de pequeñas localidades que hasta entonces habían sido comunidades rurales más o menos, o al menos así se veían, autosuficientes. Como en el ejemplo catalán, los inmigrantes representaban un problema para la identidad vasca y para los servicios disponibles en los lugares de acogida. Por ejemplo, en el municipio de Llodio, un importante centro metalúrgico situado en la provincia de Álava, el incremento de la población hasta el año 1940 había dependido casi exclusivamente de los ciclos naturales. Entonces vivían allí unas 3000 personas, pero en las tres décadas siguientes su población se multiplicó por cinco, con cientos de nuevos inmigrantes arribando cada año a la que era por entonces una comunidad católica muy cohesionada. Amén del ajuste cultural, la oleada de inmigrantes trajo el problema de la competición por los escasos servicios sociales y las viviendas, que continuaron siendo insuficientes hasta el final de la dictadura[307]. En Barakaldo, Vizcaya, se vivió una situación similar pese a su experiencia previa como lugar de destino de inmigrantes. Con la llegada masiva de trabajadores y sus familias en la década de los cincuenta, sobre todo desde Galicia y el norte de Castilla, la población se incrementó en un 84 %, y en «solo» un 40 % en la siguiente década (el «solo» es por comparación con otros municipios de la zona: el aumento de la población en los años sesenta en Lejona fue del 301 %, en Echevarri del 171 % y en Santurce del 150 %). El flujo de inmigrantes causó carencias en la disponibilidad de viviendas y escuelas, pero hubo otros desajustes menos visibles. Entre los recién llegados había un gran número de católicos no practicantes, una situación que sería denunciada en numerosas ocasiones por el sempiterno alcalde franquista del municipio. Entre sus peculiares soluciones estuvo limitar de forma deliberada la construcción de nuevas escuelas públicas para forzar así la asistencia de los niños «paganos» a los centros católicos privados. El resultado fue un déficit crónico y abultado de plazas escolares para los recién llegados y, en última instancia, que muchos niños simplemente no fueran a la escuela. La situación llegó a ser tan crítica que en 1965 la prensa local informó de que un grupo de universitarios andaba buscando alquilar un sótano para impartir clase a algunos de los 2000 niños del municipio sin escolarizar. Por su parte, aquellos que iban a clase debían hacerlo en condiciones paupérrimas: sin calefacción, electricidad o servicios de limpieza[308].

Además de las grandes áreas industriales, también comenzaron a recibir nuevas oleadas de inmigrantes las regiones que se estaban convirtiendo en centros turísticos. Tal fue el caso de la Costa del Sol y la Costa Brava, pero sobre todo y de manera más intensa, de Mallorca, que se transformó rápidamente en los años sesenta de ser una región de emigrantes en una receptora de inmigrantes. Antes y después de la guerra los mallorquines habían emigrado principalmente a América (todavía en los años setenta se mantenía un débil flujo hacia este destino). Pero desde principios de los años cincuenta aquellos, en su mayoría jornaleros agrícolas, comenzaron a emigrar a Palma y a los pueblos costeros donde empezaban a erigirse hoteles. En los años sesenta, estos emigrantes locales ya no eran bastantes y la industria hotelera tuvo que buscar trabajadores fuera de la isla. La soleada Mallorca se convirtió en las dos décadas siguientes en un imán para los pobres de Andalucía y Extremadura. Un tercio de estos emigrantes no tenía formación educativa básica y supuestamente obligatoria, siendo el nivel educativo incluso más bajo entre las mujeres. Ambos, varones y hembras, debieron conformarse con los trabajos más humildes: camareros y botones ellos; mientras que a las mujeres se las empleó sobre todo en labores de limpieza y cocina[309].

Dentro del fenómeno migratorio hubo una tendencia de emigración exclusivamente femenina: fue la de aquellas mujeres que marcharon a las ciudades para trabajar en el servicio doméstico. Aunque la mayoría fueron a servir en sus propias provincias otras fueron más lejos, incluyendo al extranjero donde las mujeres españolas tenían reputación de ser limpias y disciplinadas. Y, desde luego, muchas mujeres fueron a trabajar, como hacían los varones, a otras provincias. Las clases medias de las capitales más importantes demandaban criadas, y hasta tenían preferencias por trabajadoras de comarcas específicas, con fama de proveer mujeres honestas, incansables y obedientes. En Bilbao, por ejemplo, se importaban «castellanas», esto es jóvenes procedentes del norte de Castilla. Estos movimientos de mujeres jóvenes solas causaron honda preocupación moral, hasta el punto de que las asociaciones católicas femeninas publicaron manuales sobre el trato que se debía dar a las domésticas. Con estos manuales, que a menudo solo confirmaban prácticas ya establecidas, las señoras de la casa adquirían, o más bien se atribuían, una autoridad y una serie de responsabilidades respecto al servicio superiores a las de cualquier patrón y que afectaban claramente a la libertad y hasta al sentido de la dignidad de las sirvientas. La vida de estas, corsés morales aparte, no era fácil. Por lo general efectuaban tareas domésticas de todo tipo y la mayoría vivía en la misma vivienda donde trabajaba. Muchas de las casas de familias de clase media y alta contaban con pequeños dormitorios anexos a la cocina para el servicio. No tenían tiempo libre a lo largo de la jornada y solo podían disfrutar de uno (o, en algunos casos, dos) días libres por semana, aunque era común tener un solo día de asueto cada dos semanas. Los salarios eran tan bajos que, hasta bien entrados los años setenta, resultó muy barato tener una sirvienta, incluso para familias de clase media relativamente modestas[310].

No todos los que emigraron lo hicieron a grandes centros urbanos. Hubo durante las últimas dos décadas de la dictadura algunas corrientes migratorias hacia el campo, o más bien entre zonas agrícolas, impulsadas por la muy cacareada colonización agraria, aunque su escala fue bastante menor de lo que la propaganda del régimen quiso hacer creer[311]. Los términos impuestos a los nuevos colonos por el Instituto Nacional de Colonización fueron estrictos, y la obtención de tierras nunca resultó tarea fácil. El pueblo de nueva creación de Llanos del Caudillo, en la provincia de Ciudad Real, sirve para ilustrar cómo se desarrolló este proceso de migración y colonización. Los candidatos, en su mayoría antiguos jornaleros o braceros, pasaron primero un examen selectivo que garantizaba su capacidad para trabajar la tierra pero que incluyó también el escrutinio de su pasado político. Aquellos considerados como subversivos fueron rechazados. El campesino ideal debía ser «apolítico», esto es, partidario del régimen. Los primeros colonos que llegaron en 1955 encontraron, no la Arcadia feliz de la propaganda franquista, sino un lugar en construcción, con viviendas que no tenían todavía ni puertas ni ventanas. Vivieron sin corriente eléctrica durante los tres años posteriores[312].

Entre los casos de emigración interrural sobresale el de los alrededores de El Ejido, en Almería. Allí, en los años cincuenta, un plan de irrigación de una llanura hasta entonces semidesértica creció en las dos décadas siguientes hasta conformar un modelo único de pequeñas explotaciones familiares que, mediante el uso de invernaderos, consiguieron recoger tres cosechas anuales fuera de temporada. Esto coincidió con la expansión de la demanda de alimentos en el mercado nacional y, eventualmente, también en el europeo. Las familias de los colonos llegaron sobre todo de los pueblos vecinos de la Alpujarra. Todos los miembros, desde los padres hasta los niños, trabajaron muy duro y, al menos al principio, vivieron en condiciones a menudo atroces pues sus casas (que con frecuencia no eran más que chozas, chabolas y viejos cortijos semiderruidos) carecían, entre otras cosas, de los más elementales servicios sanitarios. La mayoría de los jóvenes fueron a la escuela de manera irregular o nada en absoluto. A pesar de los problemas, el plan de irrigación y colonización fue un éxito, al menos en términos económicos. Otros nuevos y afluentes pueblos y villas surgieron donde antes solo había habido cortijadas en ruinas. Solo el municipio de Dalías-El Ejido (este último se hizo independiente en 1982) pasó de tener 11 386 habitantes en 1950 a 32 929 en 1980, registrando pues un incremento de población del 289 %. No lejos de allí, en Roquetas de Mar, donde también se comenzaron a instalar invernaderos, la población creció en este mismo periodo de 3761 a 19 006 habitantes, lo que significa un aumento del 505 %. En su conjunto, la población de las nuevas áreas agrícolas del Poniente de Almería creció en un 259 % durante el periodo 1950-1980. Fue un cambio brutal y súbito que provocó fuertes tensiones sociales y culturales, entonces y después[313].

A Europa

A Europa

A la vez que se producía la emigración hacia las ciudades y áreas industriales de España, millones de españoles partieron al extranjero. La primera emigración masiva de posguerra fue a América Latina. Era un espejismo pasajero que reflejó tiempos pasados. El final de la Segunda Guerra Mundial reabrió el tránsito transoceánico a los emigrantes. Los destinos principales fueron Argentina y Venezuela, dos países que entonces vivían un buen momento gracias al boom de las exportaciones y, en el caso del primero, también por los efectos de la industrialización. Desde 1946 en adelante el número de españoles que se asentaron allí creció rápidamente. El año 1955 fue el de mayor tránsito con 62 000 personas. Pero este flujo migratorio fue con frecuencia caótico, sujeto a fraudes, irregularidades en el procedimiento y, peor aún, a la explotación a la que fueron sometidos los recién llegados. En algunos casos, el viaje de ida fue una experiencia terrible que guarda muchos elementos en común con la de los inmigrantes y refugiados de África y Asia que llegan a las costas europeas en nuestros días. Hubo episodios de pasajes falsos cobrados a precios exorbitados por traficantes de personas; de inmigrantes que, creyendo tener sus visados en orden, fueron rechazados al llegar a sus destinos; de barcos que arribaron casi sin agua potable después de un mes en la mar; de escorbuto; y de cargas y descargas clandestinas en playas remotas[314]. La prensa venezolana y la argentina informaron de estos percances, pero no los censurados medios españoles[315].

La emigración hacia Europa sobrepasó por primera vez en relevancia a la transoceánica en 1961. Ello se debió a las nuevas oportunidades abiertas en el continente, pero también, al menos inicialmente, a la coyuntura de recesión de la economía nacional causada por las medidas del Plan de Estabilización. La contracción momentánea pero drástica del sector industrial entre 1959 y 1960 llevó a un súbito descenso de la emigración entre el campo y la ciudad, donde el empleo era escaso, y al aumento de la que se dirigía hacia Alemania, Francia y Suiza. La media anual oficial de emigrados a Europa desde 1961 y para el resto de la década alcanzó las 84 000 personas, pero el flujo se redujo después de 1971 y se agotó completamente después de 1973. Esos son los números oficiales. Se suponía que las migraciones eran reguladas por las autoridades y que los emigrantes eran reclutados, documentados, informados, asistidos y protegidos por representantes del Ministerio del Trabajo y por empleados de las embajadas de los países de acogida. Eso decían las guías y panfletos en los que, con un lenguaje y tono paternalistas, el régimen aleccionaba a los emigrantes sobre cómo comportarse y qué esperar del nuevo país. Uno de ellos, hecho en 1966 para quienes tenían como destino Suiza, después de hacer una valiosa descripción sobre el clima del país, la población, la historia, y la religión, añadía datos como el siguiente: «los suizos son gente callada y reflexiva y huyen de cualquier tipo de demostración…». Esta guía explicaba además los derechos y deberes de los trabajadores y la manera en que podían defender sus intereses de acuerdo a las leyes del país, avisándoles (como si no estuvieran ya acostumbrados a cosas mucho peores en España) de que en el sector hostelero en Suiza era común trabajar 12 horas diarias y 60 horas a la semana[316].

Como en tantas otras cosas, en la España de Franco, lo escrito en el papel —cifras, acuerdos bilaterales y directrices oficiales— sobre la emigración y lo que en verdad ocurría era bien diferente. Para el español de a pie que buscaba una vida mejor resultó más fácil y hasta conveniente usar las irregulares y descontroladas rutas migratorias que seguir los canales oficiales. La mayoría de los dos millones de trabajadores que emigraron a Europa ya tenían familiares, conocidos o contactos que, por experiencia, sabían que eran más accesibles y útiles que la burocracia española. Por eso, cientos de miles de los emigrantes abandonaron España como supuestos turistas y llegaron a sus países de acogida en situación ilegal; hasta el punto de que el número de emigrados legales fue superior al de los ilegales solo durante cuatro años en toda la década de los sesenta[317]. El país de acogida con peor reputación de explotar a los inmigrantes ilegales fue el Reino Unido, donde las redes de tráfico de personas obtuvieron grandes beneficios[318].

La esperanza y la mentalidad práctica obligaron a los afectados a someterse a las duras pruebas diarias de ser emigrantes en un continente que aún no estaba acostumbrado a la diversidad étnica, muchos años antes de que lo políticamente correcto y la noción de una identidad paneuropea estuvieran en boga. Pero estaban acostumbrados a lo peor. Después de todo, los emigrados españoles provenían de un país donde, para los pobres o aquellos en el lado político equivocado, las humillaciones venían con el pan de cada día. La primera posible humillación para los futuros recién llegados era los exámenes médicos obligatorios que, exigidos por las autoridades alemanas, tenían que pasar los emigrantes antes de abandonar España. No era un trámite fácil ni decente para los parámetros de hoy en día: de las aproximadamente 53 000 personas examinadas en 1969, 7800 fueron rechazadas —entre ellas, las mujeres que estaban embarazadas.

Si pasaban esta prueba, los emigrantes iniciaban el periplo en autobuses o vagones de tren abarrotados, a veces en convoyes, en trayectos largos, incómodos y con los olores propios del hacinamiento de muchos cuerpos en espacios reducidos. El primer contacto con la gente del país de acogida era con los agentes de inmigración, que revisaban la documentación y confiscaban por «razones de sanidad» embutidos y licores, preciados tesoros que los emigrantes llevaban consigo en sus maletas.

A la llegada a su lugar de destino, los capataces de diferentes compañías daban instrucciones a través de altavoces, intercalándolas a veces con amenazas reales o percibidas como tales. Después de dividir a los inmigrantes en grupos en base al trabajo que desempeñarían, eran conducidos a dormitorios o bloques de pisos. Los testimonios sobre las condiciones de vida varían. Para muchos, los alojamientos fueron más que aceptables mientras que para otros solo levemente mejores que los de un campo de internamiento. Por lo general, los alojamientos eran lugares abarrotados, separados de la población nativa (a veces, por vallas o muros) y, como medida cautelar para evitar embarazos y un posible descenso de la productividad laboral, segregados en ocasiones también por sexos. En Alemania, la experiencia predominante fue la última, donde además los hombres se hospedaban en campos de los que solo era permitido salir para ir a trabajar. Para aquellos alojados en pisos, las condiciones solían ser incluso peores. Cuando, a finales de los años sesenta, la Organización Socialista Juvenil de Westfalia realizó un estudio sobre las condiciones de vida de los inmigrantes, se encontraron que más del 50 % de ellos vivían hacinados en una o dos habitaciones, solo el 40 % contaba con cocina y el 32 % con aseo. A comienzos de esa década, en los alrededores de la muy afluente ciudad de Ginebra existían barrios de chabolas cuyos ocupantes eran en un 64 % españoles[319].

Los sindicatos locales asistieron con frecuencia a los recién llegados, pero no eran salvaguardia contra el rechazo racista. En ciertos países no era raro encontrar en las puertas de tabernas y parques señales que negaban la entrada a perros, españoles, italianos o portugueses[320]. Los contactos entre inmigrantes y la población nativa fueron limitados. Hubo casos de relaciones y matrimonios mixtos, aunque también existieron enfrentamientos causados por una xenofobia recíproca. Por lo general, durante sus horas de ocio cada comunidad se mantenía apartada del resto. Incluso dentro de un mismo grupo de inmigrantes, las personas procedentes de provincias o regiones cercanas tendieron a formar lazos más duraderos que con los de otras.

Como en tantos otros casos en la historia de las migraciones, los españoles en Europa ocuparon los puestos menos deseados, a la vez que disfrutaron de derechos limitados. En Francia, en 1960, el 65 % de los inmigrantes españoles varones trabajaba en la construcción, el 25 % en el sector industrial y el resto en la metalurgia o en la minería. El 60 % de las mujeres lo hacía en el servicio doméstico. Tres de cada cuatro de estas trabajaban de manera ilegal y sin cobertura de la seguridad social. Como España no pertenecía a la Comunidad Económica Europea, fueran o no legales, los inmigrantes ni tenían el derecho automático a traer a sus familias (Francia fue una excepción en este aspecto) ni contaban con otros derechos básicos del trabajador (por ejemplo, el de elegir la ocupación) que los nativos daban por sentado.

Si los emigrantes transigieron con estas privaciones fue porque no tenían otra opción. Según un sondeo conducido en 1966 por el Ministerio del Trabajo, el 90 % de aquellos enunciaba como causas fundamentales para justificar su marcha al extranjero a las tres siguientes: ayudar a sus familias, mejorar sus salarios y, finalmente, ahorrar. Al explicarse con más detalles, matizaban y aparecían otras razones entrelazadas con las ya expuestas. Los entrevistados decían que los salarios en España eran muy bajos, que querían mejorar las condiciones de vida de sus hijos, liquidar viejas deudas, o ahorrar lo suficiente para comprar una vivienda propia algún día, y, por último, que se habían marchado porque estaban desempleados o solo trabajaban de manera irregular o temporal en España[321]. Trabajar en el extranjero y ahorrar la mayor cantidad posible a base de vivir de forma muy frugal eran estrategias de supervivencia para superar las terribles condiciones sociales en que los pobres vivían en España, donde los salarios estaban muy por debajo de los que se pagaban en Europa. Según Naciones Unidas, en 1963 los trabajadores agrícolas sin especializar (la más baja de las categorías en términos salariales) ganaban 2,9 veces más por hora en Holanda que en España. En otros países la diferencia también era abultada: 2,5 en Alemania, 2,5 en Suiza y 2,4 en Bélgica. Este desequilibrio tiene que ser puesto en contexto ya que escondía una tragedia histórica: en el caso de los jornaleros españoles, sus salarios de 1963 eran, con mucho, los más altos desde 1939, y reflejaban un incremento tan rápido como reciente. Esta «mejora» se produjo solo porque la emigración dio lugar a una carencia de mano de obra que permitió dejar atrás finalmente los salarios de hambre de la larguísima posguerra[322]. Puesto de otro modo, para obtener un salario decente, los españoles pobres, y en particular los jornaleros, debieron pagar primero el impuesto de la emigración.

A pesar de las dificultades y padecimientos, la mayoría de los inmigrantes se mantuvieron, como el resto de los españoles, apolíticos. Un reciente proyecto de historia oral sobre los campesinos gallegos en Alemania muestra no solo que su principal preocupación continuó siendo ahorrar dinero para regresar a sus casas, sino también la acritud mayoritaria hacia cualquier discusión de naturaleza política, y muy particularmente a hablar de la España de Franco[323]. En este y en casos similares, se produjo un maridaje entre sentimientos nacionalistas ante las críticas de los extranjeros y la noción bien aprendida de que los pobres no tenían nada que ganar con discutir o involucrarse en política. Mientras que la política traía problemas, el dinero ahorrado era la solución. En el noroeste de España, donde la pequeña propiedad agrícola era predominante, la mayoría de los emigrantes mantuvo sus tierras y los lazos familiares en sus localidades de origen y por ello no tuvieron muchos alicientes para integrarse en las comunidades de acogida. Esta gente no buscaba cambiar el mundo, solo mejorar el que ya conocían y que no querían perder. Para estos gallegos, y para la mayoría de los emigrantes españoles, el objetivo era sostener a sus familias. La emigración, en definitiva, no era sino una estrategia de subsistencia familiar para preservar y mejorar el estilo de vida, incluyendo el del campesinado tradicional que, paradójicamente, estaba en transformación y hasta desapareciendo.

Los efectos de la emigración fueron más allá de la producción de riqueza y la reproducción del sistema socioeconómico campesino en decadencia. Incluso si sus protagonistas no eran conscientes, el proceso les transformó también a ellos porque les abrió los ojos a nuevas realidades y posibilidades. La Paz de Franco había desarticulado política e ideológicamente a los trabajadores y al campesinado más desposeído y, como resultado, aquellos que emigraron se consideraban a sí mismos y ante todo gente pobre. Provenían de un país donde el favoritismo era más importante que las leyes y donde la insensibilidad social era una norma no declarada. Creían que sus intereses, valores y oportunidades eran diferentes de los de aquellos con dinero y poder, que tenían más deberes que derechos, y que entre estos no estaba el de poder criticar al Gobierno. Pero en Europa vieron que las cosas no tenían necesariamente que funcionar así, o no tan a favor de una minoría y tan en contra de los trabajadores. Tras experimentar la libertad, y la prosperidad asociada a esta, los emigrantes (o al menos, una minoría entre ellos) adoptaron nuevas referencias y parámetros con los que comparar y juzgar la situación en España, y comenzaron a transmitir estas concepciones a otros. Aunque fueran ciudadanos de segunda clase en el extranjero, allí pudieron comprobar que la mayor libertad y equidad social habían traído más prosperidad a Europa que la que había ofrecido a España la dictadura del miedo. El régimen era consciente de esta posible «contaminación». Un estudio, publicado en 1972, sobre los inmigrantes españoles en Francia ya alertaba de que una vez allí, «la libertad de afiliarse a un sindicato o un partido» de cualquier tendencia permitía a los españoles «decir lo que pensaban». Se producía así «una cierta apertura del espíritu del emigrante» y no era infrecuente verlos leer, «quizás por primera vez en sus vidas», periódicos de todas las tendencias. Esta nueva situación desembocaba en «una evolución de sus sentimientos y opiniones en general», incluyendo cómo entendían su identidad social. Es más, «la mayoría [que] va a volver a España», era consciente de haber prosperado en otro país gracias a su esfuerzo pero también «bajo otras leyes políticas y sociales» que veían como favorables a sus intereses[324]. Esta apertura llevó también a muchas mujeres y a algunos hombres a reconsiderar sus roles de género, pues, como este mismo informe decía, «después de un tiempo» de estancia en Francia, las mujeres eran más influenciables por normas más «realistas para tomar decisiones más independientes de los principios éticos tradicionales»[325].

La historia de Cristóbal Sánchez es una más entre las de muchos —es imposible saber cuántos— españoles cuyas concepciones políticas y de género cambiaron gracias a la experiencia migratoria. Desde 1966 había trabajado en las peligrosas y anticuadas minas de carbón de León, donde su hermano mayor contrajo silicosis y donde hasta en dos ocasiones él mismo fue prácticamente enterrado vivo a causa de desprendimientos, la última vez durante dos días[326]. Tres años y medio y dos accidentes en las minas fueron suficiente para Cristóbal quien decidió emigrar, según sus propias palabras, «no importaba adonde. Lo único que importaba era ganar dinero para enviarlo a [sus] padres. [Era] el único de [sus] cinco hermanos que podía ayudar». Firmó un contrato para trabajar en Alemania, donde arribó después de treinta y seis horas de viaje en un tren de treinta vagones llenos con emigrantes provenientes de toda España. Llevaban sobres que contenían información sobre cómo llegar a sus destinos. Al llegar a Hanover un capataz alemán le indicó a Cristóbal por medio de gestos qué tren debía tomar para llegar a Soltau, su destino final. A la mañana siguiente recibió su contrato y algo de dinero. Cuando entró por primera vez en un supermercado quedó muy impresionado por la cantidad de alimentos disponibles y con el hecho de que la gente los cogiera con sus propias manos, añadiendo que tuvo miedo de hacerlo él mismo porque «no quería que pensaran que estaba robando». Cristóbal nunca había cocinado en su vida. Las mujeres siempre lo habían hecho por él y se sentía avergonzado de tener que hacerse la comida, pero pronto cayó en la cuenta de que «todos los hombres lo hacían». Se acostumbró, y, como dijo a su entrevistador muchos años más tarde, «ahora no me importa que me vean limpiando o lavando». Aunque se sintió muy solo, el trato en la factoría fue bueno, el sueldo incluso superior al originalmente estipulado y la gente realmente intentó portarse bien con él, invitándolo a tomar cerveza o a asistir a diferentes eventos. El coste de la vida eran similar al de España, pero allí al menos podía ahorrar dinero para enviarlo a sus padres. En Alemania, Cristóbal sintió por primera vez la libertad, y cuando, a principios de los años setenta, fue entrevistado admitió que había disfrutado con la sensación de igualdad entre la gente, y que notaba que ese país era más libre que España. En Alemania, Cristóbal estuvo afiliado a un sindicato libre de verdad. Recordaba también que «había solidaridad entre los trabajadores» y que eso le había gustado[327].

Pese a la alergia a la política de la mayoría de los emigrantes, el régimen tomó medidas para luchar contra la contaminación ideológica que podía originarse en la atmósfera de libertad del país de acogida o, peor aún, gracias a la acción de los republicanos exiliados[328].

Por esta razón, la red de oficinas de trabajo abiertas por el Gobierno español en diferentes países tuvo una doble función. La primera, era la oficial, que consistía en mirar por los derechos de los trabajadores contra los posibles abusos de los patronos. La otra, expresada en directivas reservadas, era supervisar las posibles ramificaciones políticas de tener tantos españoles viviendo en libertad. Francia era el país más temido a causa de la fuerza y organización de la comunidad republicana en el exilio, que había ganado un merecido prestigio en ese país por su participación en la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial[329]. En 1955, esto es, antes de que comenzara la emigración masiva, había ya al menos 366 160 españoles en Francia, aunque el número era seguramente mayor porque muchos habían perdido su nacionalidad, a menudo por decisión expresa del régimen de Franco. El 48 % de la colonia española había llegado entre 1936 y 1946 y al menos la mitad eran exiliados políticos. En su mayoría, tres cuartos del total de la colonia, tenía ocupaciones manuales. Se concentraban en el llamado «cinturón rojo» de París, y también en el sur del país, notablemente en el área de Toulouse[330]. Representaban la peor pesadilla de la dictadura, ya que podían interactuar con los desorientados, y más inocentes en cuestiones políticas, inmigrantes españoles y hablar con ellos, en su propio idioma, de aquello que no se podía discutir en España.

La emigración ha sido llamada el Plan Marshall español: pero el dinero no vino de la generosidad interesada del Tío Sam sino del sudor de los pobres que huían de la miseria del Tío Paco. Al marchar a Europa, millones de españoles desaparecieron de las estadísticas de desempleo, forzaron la subida de los salarios, y sus remesas de divisas estimularon el consumo interno, ayudando así a arrancar a la hasta entonces dislocada economía nacional. El Estado español correspondió al esfuerzo y contribución de sus súbditos con la habitual tacañería que su discurso nacionalista y una beneficencia muy publicitada pero escasa no pudieron ocultar. Las divisas enviadas por los emigrantes fueron usadas por el régimen franquista para poner en marcha sus ambiciosos planes de desarrollo, pero no para sacar de la miseria a las zonas de donde aquellos venían, que estos mismos planes ignoraron. El régimen, que se decía encantado en los años sesenta con la planificación económica, tampoco se preparó para el eventual retorno de los emigrados y esta negligencia se hizo patente tras la crisis de 1973. En 1972, justo antes de que regresara el último millón de emigrantes que había estado enviando a España cerca de 30 000 millones de pesetas al año, aquellos recibieron solo 171 millones en servicios a través del Instituto Español de Emigración. Esto significa una media de 13 pesetas por emigrante en asistencia social, 101 pesetas en (supuesta) asistencia legal y 15,5 pesetas en educación —menos de un euro actual por cabeza al año[331].

El Estado español no fue la única institución que se benefició de la explotación de los emigrantes españoles. Otras de carácter privado y/o con ánimo de lucro tomaron también su tajada y a cambio de muy poco, o nada. El Banco de España y otras entidades bancarias convirtieron las preciadas divisas extranjeras en humildes pesetas, haciendo un negocio redondo con el cambio ventajoso que se daban a sí mismas en perjuicio de los intereses de las familias de los emigrantes; y luego comercializando esas divisas en los mercados monetarios y crediticios. Los depósitos de los emigrantes también tuvieron un efecto muy positivo en las cajas rurales y, sobre todo, en las de ahorros, controladas normalmente por la Iglesia. Las cajas de Orense, Vigo, La Coruña, Ronda, Granada y otras de provincias «exportadoras» de seres humanos se encumbraron entre las más poderosas del país, pero apenas invirtieron en sus propias provincias y sí pusieron sus fondos a disposición del despegue industrial de Madrid, Cataluña o País Vasco, contribuyendo así a perpetuar los desequilibrios regionales del país.

Por último, cabe recordar que hubo una forma de emigración incluso más dura y que radicaba una vez más en las miserables condiciones de vida del sur peninsular: las migraciones de temporada al campo francés. En los años sesenta y setenta más de 150 000 personas viajaban cada año a Francia para recoger fruta, sobre todo uvas, en condiciones laborales muy precarias. La temporada oscilaba entre las seis semanas y los seis meses. Mientras que usualmente era el padre el único que iba con contrato, a menudo familias enteras viajaban como supuestos turistas y acompañantes a los viñedos franceses, viviendo y durmiendo dondequiera que los patronos hubieran dispuesto para ellos. El coste de esta estrategia de supervivencia de los pobres fue grave y duradero. Por ejemplo, según un estudio de 1978, junto a los 20 000 andaluces que trabajaban en los viñedos de Agen ese año se encontraban 3000 de sus hijos en edad escolar, de los que solo 400 habían recibido algún tipo de enseñanza formal[332]. Aunque estas migraciones decayeron mucho en los años siguientes, volvieron a revivir de forma dramática a partir de la crisis económica que comenzó a sacudir a España en 2008.

Buscando un techo

Buscando un techo

Los españoles que emigraron a las ciudades lo hicieron en busca de trabajo, pero lo que necesitaban primero, y antes que nada, era un techo sobre sus cabezas. Sin embargo, ni Madrid ni Barcelona ni ninguno de los otros grandes centros urbanos del país contaban con suficientes viviendas para atender de forma adecuada a la demanda. El problema escaló de tal forma que, en el verano de 1957, el Gobierno, ese autoproclamado defensor de la libertad cristiana y de la dignidad humana, incluso se planteó adoptar una medida típicamente comunista: una ley que restringiera el asentamiento de nuevos trabajadores irregulares en Madrid. En todo caso, el régimen no asumió culpa alguna por el problema. La explicación oficial de las autoridades a la escasez de viviendas fue que esta había sido motivada por la destrucción de barrios obreros durante la guerra (esto es, dieciocho años antes), una mala conservación de edificios antiguos y, por supuesto, la llegada de trabajadores a causa del despegue industrial de la capital. Incluso en el fracaso, la dictadura encontraba motivos para felicitarse[333]. La crisis de la vivienda era real, pero esas justificaciones reflejaban la habitual mezcla de mentiras y tergiversaciones autocompasivas muy propias del franquismo. Era cierto que el sector industrial estaba en auge, pero la economía en su conjunto arrastraba graves problemas. Si la cuestión era la falta de tiempo para satisfacer a la demanda, entonces ¿qué podía explicar que durante las dos décadas previas el régimen había hecho más bien poco en cuanto a la construcción de casas? Solo en Madrid, el déficit de viviendas en 1957 se cifraba oficialmente en 60 000-70 000, pero hasta entonces las autoridades no habían desarrollado un plan coherente con el que hacer frente a la situación; lo que explica la proliferación de chabolas y el hacinamiento humano tanto en la periferia como en los barrios desfavorecidos de la capital.

La ironía de esta situación radicaba en que mientras el mercado inmobiliario sufría una saturación de casas caras, cientos de miles de familias trabajadoras de toda España no tenían un techo decente bajo el que guarnecerse porque la construcción de viviendas asequibles estaba limitada por la desgana oficial, cuellos de botella en la disponibilidad de materiales, y por prácticas corruptas. En Santander, por ejemplo, un proyecto de construcción fue detenido en 1952 por la falta de materiales tales como cemento, hierro o cinc, que eran desviados al mercado negro donde el cemento era adquirido «a 8 pesetas más por saco que en los precios oficiales»[334]. Era la punta del iceberg de una realidad en la que se combinaban corrupción, amiguismo, incompetencia y discriminación social. En Guadalix de la Sierra, al norte de Madrid, también en 1952, se descubrió que las viviendas construidas para los vecinos eran ocupadas por personas residentes en Madrid que las mejoraban «haciéndolas parecer pequeños hoteles que disfrutaban como casas de verano». Esta información apareció recogida en un informe de los sindicatos provinciales que, además, denunciaba el sospechoso incremento de los costes en la construcción de distintos proyectos de viviendas en la capital, originalmente estimados en 135,57 millones de pesetas pero que al completarse acabaron costando 211,43 millones[335].

Los análisis críticos estaban reservados para los ojos de los leales. En los rotativos y en el NO-DO la versión oficial era que se estaban haciendo rápidos progresos en la crisis de la vivienda, como se podía ver en las informaciones sobre los nuevos barrios y casas inaugurados por las eficaces y desveladas autoridades locales y nacionales. Esos momentos presentaban una ocasión ideal para que la dictadura se jactara de sus logros. Eran acontecimientos reservados para visitas ilustres, siempre acompañadas por el gobernador civil, o para las celebraciones del 18 de julio. El mensaje era claro: Franco y su régimen se ocupaban de los españoles de a pie[336]. Pero tan pronto como se disipaba la pompa de la presencia de las autoridades y de la prensa, los problemas comenzaban a aparecer, pues las viviendas humildes sufrían con frecuencia de una más que cuestionable calidad en la construcción. Aquellos mismos edificios publicitados y fotografiados para mayor gloria del Nuevo Estado eran a menudo chapuzas que exigían reparaciones importantes, incluso antes de que fueran habitadas. Por ejemplo, según un informe —siempre confidencial— de una inspección llevada a cabo en diferentes localidades de Córdoba en 1954, se habían detectado serias deficiencias en varios grupos de viviendas que acababan de ser terminadas. El complejo de viviendas «económicas» Hernán Cortés, en Castro del Río, tenía «cimientos inaceptables», tejados con goteras, techos que se caían dejando estancias «completamente expuestas», «cocinas inútiles», «carpintería atroz» e «inodoros que [goteaban]». En el grupo Padre Jesús Nazareno, en Priego, se volvían a señalar los «malos cimientos», «paredes que se caen», techos deficientes, suelos rajados, etc. En el caso del complejo Gran Capitán, en Montilla, el maestro local denunció que los cimientos se habían hecho «sin utilizar cemento», amén de «alcantarillados taponados», «cocinas inutilizables» y cloacas inútiles que hacían que las calles del barrio fuesen «auténticos ríos de pestilencia». Otros informes sobre tres proyectos más dejaron constancia de problemas similares[337]. La pobre calidad de estas viviendas se agravaba por un sistema de suministro de agua mediocre, la falta de zonas verdes y, especialmente, las carencias de servicios. Pese a que en los años siguientes el Gobierno intentó controlar mejor la construcción de nuevas viviendas y la calidad de las edificaciones, los embotellamientos propios de la autarquía, y la mezcla de incompetencia y corrupción, siguieron frustrando la provisión de casas dignas a los españoles[338].

La negligencia de una dictadura que se consideraba a sí misma eficiente y omnímoda resulta más evidente cuando se compara la realidad española con la situación en el Reino Unido, donde el sector de la vivienda también acusaba grandes problemas no solo por la destrucción causada por la Guerra Mundial, sino por la pobre e inadecuada calidad de muchos inmuebles, que venía de lejos. En 1939, por ejemplo, una cuarta parte del total de las moradas británicas no contaba con un inodoro y casi la mitad carecía de bañera. Pese a encontrarse casi en bancarrota, en 1945 el nuevo Gobierno laborista y las autoridades locales se lanzaron a un proyecto masivo de construcción de viviendas públicas, y por tanto al alcance de los más desfavorecidos, que en 1951 había conseguido edificar un millón de casas y apartamentos nuevos. Más tarde, el Gobierno conservador extendería estas medidas, con el objetivo de crear 300 000 nuevas viviendas por año. Como resultado, en 1970 cerca de un tercio de todas las casas del país eran de propiedad pública[339]. Mientras tanto, en la nueva España la rama sindical a cargo de los proyectos de construcción de viviendas sociales, la Obra Sindical Hogar y Arquitectura, aseguraba haber edificado 138 686 casas entre 1939 y 1969. Lo que, dicho de otra manera y a modo de comparación, significa que durante esos treinta años se construyeron cada año en el Reino Unido más de dos veces el número de viviendas públicas que las erigidas en España en todo el período[340].

Si la probidad británica ciertamente no tuvo equivalente en España, no fue porque las necesidades aquí fuesen mucho menores que las de allí. Según el arquitecto jefe del Instituto Nacional de la Vivienda, en 1945 el déficit era de cerca de 400 000 casas, pero lo que se estaba edificando era inasequible para familias que dispusiesen de menos de 1200 pesetas al mes. Los trabajadores españoles ni de lejos ganaban esa cantidad. Los resultados de este elitismo —de la versión más salvaje del capitalismo fascista— fueron otra vez trágicos para los pobres. Incluso entre los relativamente más pudientes mineros asturianos ya entonces se había convertido en algo normal alquilar una cama por solo ocho horas al día, en la que dormían en turnos sucesivos tres trabajadores[341]. Pero, en vez de mejorar, el problema del déficit de viviendas se agudizó en los años siguientes. Según una encuesta nacional realizada en 1950 solo el 6 % de los edificios existentes habían sido construidos tras la Guerra Civil; por el contrario, el 74 % databa del siglo XIX. En general, las viviendas eran de baja calidad y carecían de servicios básicos: apenas el 20 % tenía agua corriente, el 20 % alcantarillado, y solo el 1 % contaba con calefacción. La ausencia de inversión pública solo era parte del problema. Debido a la falta de mantenimiento (las condiciones de vida, extremadamente bajas, impedían destinar una porción de la renta familiar a la restauración) los edificios antiguos se iban deteriorando. Por ello, en ese año, 1950, el déficit nacional de viviendas ya se estimaba en más de 680 000 unidades. La respuesta de los pobres fue el hacinamiento, echando mano una vez más de la solidaridad familiar: en muchas localidades el número de hogares multifamiliares era de casi el 30 %. En Salamanca capital, por ejemplo, cerca del 35 % de las familias compartían vivienda. Esta penuria resulta más relevante aún cuando se tiene en cuenta que en aquel mismo año había en España al menos 150 000 pisos, la mayoría de nueva construcción, sin ocupar, y que casi 178 000 solo eran usados de manera ocasional[342]. Sus precios, no obstante, eran tan altos que solo estaban al alcance de unos pocos.

Y aunque parezca imposible, en los años que siguieron, el problema continuó empeorando[343]. Cuando, en 1957, se creó el Ministerio de la Vivienda, Franco puso al camisa vieja, y arquitecto, José Luis Arrese a su frente. Defenestrado en 1945 de la Secretaría General del partido, el ahora recuperado sicofante, quien siempre tuvo una marcada debilidad por los discursos populistas, no solo reconoció el creciente déficit de viviendas asequibles sino también una de sus consecuencias: la explosión de las barriadas de chabolas. Pero la culpa no podía ser ni del régimen ni de su amo. En un discurso en 1958 (diecinueve años después de la guerra) Arrese culpó de la situación a los gobiernos liberales y republicanos y a los bombardeos de la Guerra Civil. Esta última aseveración era la menos incierta, al menos en Madrid, pero olvidó mencionar que fue su bando (el franquista) el que llevó a cabo los bombardeos durante dos años y medio, que castigaron con especial virulencia a las zonas obreras de la capital mientras que evitaron dañar a los barrios finos. Es más, el problema de la vivienda era una buena señal, continuó inasequible al desaliento Arrese, porque, según él, era signo inequívoco del éxito de la industrialización[344]. Afortunadamente, él se lanzó a solucionar el problema. Arrese diseñó un plan de choque para construir «viviendas protegidas». Los inmuebles deberían ser construidos de forma barata, sin facturas o complementos superfluos, y con unas dimensiones reducidísimas (entre 59 y 72 m²). Debido a la gran demanda, incluso estos pisitos fueron muy pronto ocupados, pero, a causa una vez más de la corrupción y del amiguismo, muchos de los beneficiarios no fueron las familias necesitadas de obreros e inmigrantes, sino individuos de clase media bien conectados con el régimen, y en especial falangistas[345].

El Ministerio de la Vivienda edificó muchas casas, pero no fueron ni de lejos suficientes. En 1968, los sindicatos calculaban que solo en Barcelona el déficit anual de viviendas era de 60 900[346]. Ese mismo año, de acuerdo con las estimaciones del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de aquella provincia, los problemas de la legislación sobre la vivienda eran su naturaleza a corto plazo y sus limitados efectos. Como señalaba el Colegio, el déficit de casas no era únicamente el resultado de la falta de inmuebles, sino que seguía siendo el mismo que dos décadas atrás: existían viviendas para aquellos que pudieran permitírselas. En Madrid, por ejemplo, había 50 000 pisos sin ocupar, pero costaban mucho y estaban en los barrios equivocados, al menos para los pobres[347]. El problema pues continuaba siendo la falta de poder adquisitivo de los españoles de clase baja, precisamente los que más necesitaban una vivienda, y que el Estado no compensaba aquel a través de la transferencia de servicios sociales como ocurría en los denostados países demoliberales[348]. En la España de Franco, no era infrecuente oír una y otra vez durante décadas la misma secuencia de problemas y soluciones, a menudo a cargo de las mismas autoridades e instituciones que ya los habían «resuelto» en el pasado. Lo que no se oía nunca era que no se podía alcanzar el bienestar sin hacer pagar más impuestos a los ricos y gastar más en los pobres.

Puesto que las autoridades solo solucionaban los problemas de forma nominal, la gente se decantó —qué otro remedio quedaba— por la acción directa. Esto significaba actuar de manera ilegal o, al menos, paralegal. En los barrios obreros de la periferia de las grandes ciudades, entonces llamados suburbios, aparecían de la noche a la mañana calles enteras de chabolas, construidas por sus propios ocupantes. Como recordarían en los años noventa sus pioneros, en el barrio de Palomeras, en Madrid, aquello supuso una lucha diaria, que incluyó negociaciones con la policía municipal y las autoridades del barrio, pero también el uso de influencias, para evitar que fueran derribadas sus recién levantadas moradas[349]. Era un juego de gatos y de ratones, en el que estaba claro quiénes eran los depredadores. Rosario Olegario, que se instaló en Palomeras en 1953, explicó muchos años después a sus entrevistadores que las chabolas tenían que ser erigidas en una sola noche y ocupadas inmediatamente antes de que llegase la mañana. De no ser así, eran demolidas y sus edificadores multados. Pero Rosario recordaba no solo al enemigo sino también la solidaridad entre los vecinos, asegurando que «cuando teníamos algo bueno lo compartíamos y disfrutábamos juntos porque no ocurría muy a menudo» y entonces se apreciaban más las cosas[350]. Sin embargo, la solidaridad de los pobres en la España de Franco tenía un valor muy limitado. En un país donde los amigos eran mejores que las leyes, Paula García, también residente en Palomeras, tuvo cierta ventaja. Un día su chabola fue casi derribada por las autoridades. Pero su hermano había sido seminarista y tenía buenas amistades en el ayuntamiento. Después de contactarlas con premura, estas disuadieron rápidamente al policía municipal que estaba a cargo de la demolición, y eso que ya estaban allí unos camiones llenos de presos políticos para efectuar el derribo. Dos vecinos de Paula no tuvieron tanta suerte y sus viviendas fueron destruidas[351].

El techo podía estar asegurado, pero los «afortunados» residentes de Palomeras todavía debían lidiar en los años cincuenta con problemas menores como no contar con agua corriente o alcantarillado. Carmen Villar recuerda deshacerse cada mañana de los excrementos de la noche en un cubo y que en verano «las moscas te comían viva» por la presencia de desechos en la calle. Poco a poco el barrio mejoró. Algunas calles fueron asfaltadas y los vecinos fueron ampliando y haciendo más cómodas sus viviendas, e incluso llegaron los taxis, que hasta entonces se habían negado a entrar en el barrio porque las ruedas quedaban atrapadas en el barro. Una Nochebuena llegó la electricidad y, aquellos que pudieron, adquirieron aparatos de radio. Ahora los matrimonios, después de un día largo de trabajo, podían sentarse juntos por las tardes, y escuchar música o radionovelas[352].

Las familias lograron modestos progresos pero los servicios sociales tardaron en llegar. Y de hecho, mucho antes que la beneficencia del Estado, aparecieron por Palomeras la especulación inmobiliaria y la corrupción. Lucía Ribote recuerda como un día se presentaron unas máquinas excavadoras e hicieron una gran zanja en un área designada oficialmente como zona verde y que los vecinos creían que no era edificable. Algunos se preguntaron si el hoyo era para poner por fin el alcantarillado, para construir un parque o, quizás mejor aún, una escuela que evitara que los niños del barrio tuvieran que andar varios kilómetros cada día. Por desgracia, el socavón era parte de una nueva colonia de casas baratas que sería erigida por una constructora. «Estos señores, decía la gente, eran buenos amigos del Sr. Esteras, el alcalde de barrio» y así lograron todos los permisos que necesitaban. No sería hasta la llegada del padre Fernando en 1967, «quien empezó a mover las cosas», cuando Palomeras obtuvo su primer trabajador social. Eventualmente, entre este y el cura conseguirían que las autoridades construyesen la muy necesitada escuela[353].

El barrio de Palomeras fue un producto de la enorme expansión urbana de Madrid y un buen exponente de los problemas sociales que aquella generó. En 1965, había en la capital más de 18 000 familias viviendo en chabolas. Para entonces habían aparecido otros «nuevos» barrios, como Moratalaz, donde solo el 43 % de las viviendas tenía agua corriente y apenas el 55 % retretes. La mortalidad infantil se había reducido hasta algo menos de la mitad de lo que había sido en 1940 (7,6 por mil y 16,6 por mil, respectivamente), pero era todavía devastadora entre los pobres: en algunos barrios más de 30 por cada 1000 niños morían antes de cumplir un año. Y luego estaba el desastre educativo. Todavía en 1965, casi el 17 % —esa era la cifra oficial, pues la real era muchísimo más alta— de los hijos de familias obreras abandonaba la escuela antes de cumplir trece años. Dos de cada tres de los entrevistados aseguraron que la razón principal era «la falta de recursos económicos» de la familia. Un estudio contemporáneo estimaba que «solo el 16 % de los niños varones y el 6 % de las niñas de familias pobres» escaparía a la pobreza. Los afortunados eran aquellos que habían estudiado más allá de la «escuela elemental»[354].

Para finales de los años sesenta el Ministerio de Vivienda había mostrado cierta capacidad para erradicar algunos de los barrios de chabolas, aunque continuó culpando de su existencia no a las carencias del sistema sino a la llegada de inmigrantes. Aún así, décadas de negligencia e incompetencia habían dejado un enorme agujero social y grandes desafíos. Las autoridades debían construir un número adecuado de pisos de bajo coste para suplir la demanda y proveer a los barrios existentes de los servicios básicos. La mejora de las infraestructuras era un clamor en barrios como el de Corralejos, junto al aeropuerto de Barajas, donde el rudimentario sistema de alcantarillado consistía en una gran fosa séptica, y el servicio de agua en un pozo abierto, ambos construidos por los primeros vecinos al instalarse allí, pero que servían ahora a miles de personas. Sin embargo, estos madrileños no eran los que estaban en peor situación. En el Madrid del desarrollismo seguía habiendo sitios de espanto como el Cerro del Tío Pío, situado al final de la calle Enrique Velasco. También estaba el Pozo del Tío Raimundo, que era, aún más, un caso aparte. La mayoría de sus vecinos eran trabajadores no especializados, empleados temporales de la construcción y sin derecho a la seguridad social[355]. Existía en esta comunidad una alta concentración de gitanos que, como en cualquier otra parte de España, registraba niveles bajísimos de acceso a una vivienda digna, salud y educación. En 1967 se estimaba que existían en Madrid 1200 familias y un total de 10 000 gitanos, aunque muchos no aparecían en ningún registro. La mayoría vivía al margen de la sociedad: no hacían el servicio militar obligatorio y no estaban escolarizados, lo que explicaba un nivel de analfabetismo del 95 %. No contamos con datos sobre los índices de salud o de mortalidad, pero puede asumirse que eran abismales[356].

La solución del régimen a los barrios de chabolas más marginales probó ser de dudosa eficacia. Como en otros países de posguerra donde se experimentó un auge de las viviendas sociales ligadas a la emigración, se crearon barrios que pretendían ser escaparates de una nueva sociedad pero que pronto se convirtieron en guetos. Muchas de las familias agraciadas con una vivienda social descubrieron que su nuevo barrio estaba concebido para mantenerlos apartados de la gente «normal». Los llamados poblados de absorción, en origen concebidos a finales de los años cincuenta bajo la dirección de Arrese, se componían de bloques de pisos minúsculos, normalmente con exceso de ocupantes, ubicados en las afueras de las ciudades pero mal comunicados por las líneas de transporte público, sin escuelas, asistencia sanitaria u otros servicios públicos y sociales. Las calles a menudo no estaban pavimentadas, el alumbrado público era muy deficiente y apenas contaban con cabinas de teléfonos. Sus habitantes eran gente pobre, social y físicamente segregados del tejido urbano de la ciudad. Los suburbios de este tipo concentraron y acrecentaron problemas como el alcoholismo, la violencia doméstica, el absentismo escolar y la delincuencia. Pronto se degradaron aún más debido a la pobre calidad de los materiales con que se construyeron y por la destrucción del escaso mobiliario urbano por parte de jóvenes violentos y desorientados[357].

De inmigrantes a vecinos

De inmigrantes a vecinos

La inmigración transformó de forma rápida y dramática el paisaje urbano, pero también cambió a los emigrantes que en los barrios pasaron de ser campesinos a vecinos. La gente del campo y de las ciudades pobres de provincias provenía de sociedades estratificadas donde a menudo la opresión social se ejercía directa y despiadadamente. Al asentarse en sus nuevos vecindarios descubrieron una mayor equidad y hasta una nueva solidaridad porque, con pequeñas diferencias, todos partían de la misma situación y tenían un pasado social similar. Pese a que no se discutiera de política abiertamente, en sus conversaciones diarias en la calle, en bares o durante partidos de fútbol compartían opiniones sobre los mismos problemas: empleo, vivienda, educación, etc. Entre los efectos de estas conversaciones estuvo un fortalecimiento de la convicción de la ineptitud e indiferencia de las autoridades. Además, una minoría de jóvenes inmigrantes, o sus hijos, estudió o se involucró en asociaciones juveniles, que al principio eran casi exclusivamente católicas, entre las que destacaba, por su organización y extensión por todo el territorio nacional, la Juventud Obrera Cristiana (JOC)[358]. Esta cumplió entre la juventud una función de aprendizaje político muy similar a la que desempeñó la HOAC entre los trabajadores. Partiendo del estudio del lenguaje evangélico de amor al prójimo, y hasta del falangista con su énfasis en la justicia y en la igualdad, y con el apoyo de curas jóvenes cada vez más involucrados en cuestiones sociales, estos jóvenes comenzaron a reinterpretar (y a la vez a ayudar a sus padres a hacerlo) su pasado colectivo y las realidades presentes en términos cada vez más políticos. Este tipo de discusiones y de intercambios generacionales crearían un flujo de información y de maneras de pensar crucial para entender las nuevas mentalidades políticas de la década de los setenta, cuando muchos padres (hasta entonces políticamente desarticulados y neutralizados) comenzaron a apoyar el activismo y la oposición de sus hijos contra el régimen. En este proceso los pobres adquirieron o recuperaron identidades políticas e ideológicas que les redefinieron a ellos mismos y, a la postre, al mundo que les rodeaba. Su vieja aceptación fatalista de la realidad evolucionó así hacia una crítica hacia el régimen, del que se sentían alienados[359].

Esta concienciación política en los nuevos barrios no fue tan evidente en vecindades donde residían los más extremadamente pobres, pues la preocupación por el sustento material, aunada con la incultura, dejaban poco tiempo para el desarrollo personal o comunitario. Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en 1965 en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Granollers, en Barcelona, donde hasta el nivel más elemental de cooperación social o de integración era inexistente. Esta parroquia abarcaba dos barrios: el barrio Norte y el barrio Xarlet[360]. En ambos, más de la mitad de la población había nacido en Andalucía. En el Barrio Norte, el 30 % de los inmigrantes provenía de la empobrecida Almería. El 91 % vivía en humildes viviendas de una planta. La población era en su mayoría joven y de edad fértil que, como suele ocurrir con los emigrantes de primera generación, tendía a casarse con miembros de su misma comunidad: solo el 10,5 % de matrimonios eran mixtos con vecinos de otras regiones, incluyendo catalanes. Por esa razón, la lengua franca allí era el castellano y no el catalán. La vida de estas gentes era dura y se desarrollaba al margen de la cultura nativa, en parte también a causa del analfabetismo que alcanzaba un índice del 37,2 % entre los varones y del 62,8 % entre las mujeres. Aquellos que trabajaban (el 58 % como capataces o personal cualificado y el 41 % sin especializar) lo hacían a destajo en obras y en fábricas muy alejadas de sus moradas.

En el barrio de Xarlet, como en el barrio Norte, no había alcantarillado, pavimento ni alumbrado en las calles. Muchos vecinos obtenían agua de pozos sin regular, y el 30 % de las viviendas no tenía retrete. La dieta de sus habitantes era escasa y deficitaria en minerales, grasas y vitaminas, pero no por culpa de la ignorancia: el estudio que estamos citando estimaba que el 20 % de las familias del vecindario no contaba con suficientes recursos para procurarse una alimentación adecuada. La falta de servicios sanitarios y las carencias nutritivas quedaban reflejadas en el alto índice de mortalidad, a pesar de tratarse de una población muy joven. El barrio sufrió incluso un brote de tifus. Pese a que no eran chabolas, las casas eran de ínfima calidad, estaban atestadas, y aún así eran insuficientes. Un 20 % de la gente no tenía una vivienda propia, lo que daba lugar a situaciones durísimas. Por ejemplo, según Caritas, ocho parejas, con al menos cinco retoños cada una, vivían juntas en un sótano que carecía de luz natural alguna. El futuro tampoco pintaba bien. Casi la mitad de los niños que asistían a clase lo hacían lejos del barrio porque no había suficientes escuelas en los alrededores. Peor aún, cientos de aquellos permanecían escolarizados solo durante unos pocos años, o no lo estaban en absoluto. La razón, siempre según Cáritas, era que los ponían a trabajar o a cuidar de sus hermanos menores mientras los padres se buscaban la vida. Salvo por la existencia de algunos clubs de fútbol, no había en el vecindario asociaciones culturales o sociales de ningún tipo[361].

Había muchas comunidades de inmigrantes similares repartidas por los alrededores de los grandes centros industriales de la España desarrollista, pero no todas sufrían la falta de voces críticas o una situación de desposesión tan extrema como la que acabamos de ver. Muchos barrios obreros no solo estaban mejor en términos materiales sino que en ellos se había puesto en marcha un proceso de transición hacia unos valores y prácticas sociales más amplios, a la vez que aparecía un número creciente de asociaciones no solo culturales y recreativas sino también de participación y activismo social. Ejemplos de esto eran Can Oriach, en Plana del Pintor, y Torrent del Capella, en Sabadell, ambos en el cinturón industrial barcelonés. En 1967 vivían allí unas 20 000 personas de las que un tercio había nacido en Cataluña y la mitad en Andalucía[362]. La población era joven y crecía rápidamente. Los habitantes eran tanto trabajadores cualificados como no especializados, empleados en la industria textil, metalúrgica y también en la construcción. El índice de analfabetismo era oficialmente «solo» de un 12,55 %, estadística que reflejaba sobre todo la situación de los mayores (aunque un 2,23 % de la población infantil también era analfabeta)[363].

Tres de cada cuatro personas vivían en casas de una planta pobremente edificadas, que tenían reducidas dimensiones y estaban atestadas. Las condiciones sanitarias de estas viviendas eran penosas: solo el 22 % tenía ducha, y el 25 % fregadero; mientras que el 45 % carecía de agua corriente y de alcantarillado. Incluso si los vecinos querían mejorar sus hogares, ello les era imposible pues las tuberías de agua y el alcantarillado solo llegaban al 23 % de las calles del barrio. Los servicios sociales eran escasos, particularmente en lo referente a la educación. La insuficiencia de centros públicos en la vecindad era mal suplida por cinco escuelas privadas en situación irregular, a las que asistían unos 460 alumnos. Estos centros tenían una sola habitación para todos los estudiantes, careciendo de espacio para la práctica deportiva o de cualquier otra instalación adicional. Peor aún, se estimaba el déficit educativo de estos barrios en 23 aulas y 805 plazas escolares. No había guarderías. Estas 20 000 personas tenían acceso a doce teléfonos públicos y a un único buzón de correos[364].

Pero las cosas en Can Oriach y Torrent del Capella estaban cambiando, porque los vecinos se estaban organizando, empezando por sus actividades de ocio. La principal actividad deportiva era, por supuesto, el fútbol. Los dos clubes locales se enfrentaban regularmente en un descampado; pero había además un club de balonmano y otro de ajedrez. La gente se entretenía también escuchando la radio y viendo, los más pudientes o los que bajasen al bar, la televisión. Ir al bar era, precisamente, quizás la actividad de ocio más importante, al menos entre los varones. Había sesenta y siete bares en la vecindad. Algunos de estos establecimientos funcionaban también como centros comunitarios o culturales informales, otros como clubes futbolísticos, uno albergaba una asociación de colombofilia, y otro ofrecía música en directo. Es fácil imaginar su decoración: copas y trofeos de eventos deportivos en estanterías y en las paredes, fotos de famosos, calendarios religiosos, a veces incluso al lado de otros que mostraban mujeres desvestidas hasta el máximo permitido por la censura. Los tres cines del vecindario se abarrotaban cada fin de semana. Puesto que su capacidad era de unos 1500 asientos, esto significaba que esos días acudía a cada pase de los mismos cerca del 7,5 % de la población. Por otra parte, la gran mayoría de la gente no acudía a misa (solo asistían el 2,2 % de los hombres adultos y el 5,8 % de las mujeres), aunque sesenta y cuatro vecinos eran miembros de organizaciones católicas. La lenta movilización cultural y social llevaría, llegado el momento y tan pronto como lo permitió la ley, al establecimiento de una asociación de vecinos en 1964, lo que era una fecha muy temprana en el contexto de la España de Franco. Poco después la asociación comenzó a publicar un boletín informativo[365].

La ruptura paulatina con las actitudes pesimistas e individualistas del pasado resultó más fácil para la gente joven pues, al contrario que sus mayores, no tenía derrotas históricas que superar. La primera generación de emigrantes a las ciudades había traído el miedo, los valores y las expectativas forjadas por sus experiencias de miseria y desesperanza. Habían sido educados en una cultura de sumisión, obediencia y deber (hacia la familia y hacia la autoridad) que no reconocía la idea del bien común ni la de la libertad individual para elegir por sí mismos, y concentraron —no tenían otra opción— sus atenciones en los asuntos privados o familiares y en el trabajo. No eran ciudadanos, sino súbditos de una sociedad autoritaria. Y sin embargo eran parte de una generación empática hacia el sufrimiento de los demás, siendo este un legado que llega a nuestros días, cuando los observadores extranjeros se sorprenden de que los «individualistas» españoles son personas caritativas y solidarias ante las desgracias no solo de sus compatriotas sino también las de gentes muy lejanas. Esto quizás algo tenga que ver con la ausencia de un movimiento ultraderechista xenófobo masivo en la España de hoy.

Es notable que estas mismas personas criadas en el autoritarismo pudieran luego, con la llegada de la democracia muchos años después, reinterpretar sus vidas y dignificar sus nuevas identidades mientras recobraban la voz que la dictadura les había quitado. Lo sufrido no valía la pena —el dolor solo es dolor— pero los logros que consiguieron eran suyos y solo suyos, y los procesaron cuando llegó la libertad con la dignidad y el orgullo de los supervivientes. Cuando pudieron, las viejas generaciones sorprendieron alguna vez a sus «modernos» hijos al expresar, tal vez por primera vez, sus frustraciones y sus esperanzas truncadas, revelando a la persona que siempre había existido detrás de la máscara del deber y de la sumisión impuesta. Después de 1975, cuando sus miedos más profundos comenzaron a disiparse, millones de españoles, ahora ancianos o cerca, empezaron a recordar y a expresarse como individuos. Esto va más allá de la ideología y es aplicable tanto a personas de izquierdas como de derechas. Las nuevas posibilidades de descubrir los placeres de la vida que se abrieron con la llegada de la democracia fueron especialmente sentidas entre las mujeres, pues además de haber vivido muy malos tiempos habían logrado sobrevivir a una sociedad machista que las discriminaba como a súbditos de segunda categoría, en la calle y en casa. Dirían las madres, las más calladas hasta entonces, cuánto les hubiera gustado viajar, leer, o acudir al teatro o a eventos musicales, si hubiesen tenido el dinero y la libertad. Los siguientes testimonios fueron tomados en los años noventa de mujeres del ya visto barrio madrileño de Palomeras[366].

Al mudarse a Madrid desde la Alcarria, provincia de Guadalajara, junto a su familia, Rosario Olegario trajo con ella sus miedos y la doble opresión de ser pobre y mujer. A principios de los años cuarenta, cuando era una adolescente, su madre le dijo «que no hablara con nadie» y, ciertamente, no tenían nada que ganar al hacerlo. De donde ellas venían, que había sido zona republicana durante la guerra, había muchos conocidos que estaban encarcelados, o a los que les había sucedido algo peor. Rosario trabajó la tierra desde los ocho años. Pero debajo de la adulta prematura había una niña muy consciente de su situación de pobreza, que siempre se resintió de haber tenido que abandonar la escuela cuando tenía solo doce años. Recordaba que los maestros que les puso la dictadura no mostraban interés en la gente pobre. Rosario no olvidó sus sueños, y en los años noventa, cuando alguien se molestó en preguntarle, comenzó a hablar abiertamente de sus experiencias y a expresar su convicción de la importancia de la educación. Por entonces, acudía a un programa de escolarización para mayores[367].

Encarnación del Campo nació también en un entorno rural, pero en el corazón de la más conservadora Burgos, donde antes de los diez años ya trabajaba la tierra y se ocupaba de cuidar a sus hermanos. Junto a su madre y su tía, como cientos de miles de mujeres por entonces, participó en el estraperlo durante la posguerra y fue aprehendida en dos ocasiones. Cuando alcanzó la adolescencia comenzó a trabajar en una panadería. Al igual que Rosario, recordaba la principal lección de esos años: el miedo. En este caso el que ella sentía al escuchar a su patrono, que solía decir que tuviesen cuidado con comentar lo que se dijera en la tahona pues nunca se sabía lo que realmente pensaban los clientes. «Había mucho miedo». Con diecisiete años llegó a Madrid, donde trabajó toda su vida como sirvienta y limpiadora. Años después, se apuntaría también a la escuela para adultos del barrio porque «quería aprender»[368].

Puri García llegó a Madrid desde Cáceres con cinco años. Sus padres, de profesión albañil y empleada doméstica, eran analfabetos pero ella pudo asistir a la escuela durante algunos años. En 1959 se casó y se mudó a Palomeras. Trabajó como costurera, asegurando que «su aprendizaje fue una auténtica explotación». No tenía seguridad social ni límite de horas, y cuando los empleados más antiguos acababan ella debía quedase para limpiar el taller. Recuerda también que por entonces comía poco, porque no había más. En 1963, después de cambiar de empresa, ella y otra compañera fueron a quejarse a los sindicatos. Sintieron «un miedo horrible por dentro […] pues parecía que estábamos cometiendo un crimen». Un año más tarde consiguió por fin estar cubierta por la seguridad social pero no recuerda firmar una sola nómina. En los años noventa también se apuntó, junto con su marido, en la escuela de adultos[369].

Con la llegada de la democracia y de una relativa prosperidad, mujeres como estas comenzaron por fin a hablar del hambre, del miedo, de las duras tareas del campo, del cuidado de los pequeños en familias extensas con padres estrictos y madres constantemente embarazadas y, después de emigrar, de las duras condiciones de vida en sus nuevos barrios. Ahora que eran personas mayores tenían claro que no querían que sus hijos (y en particular, sus hijas) vivieran una situación similar, y apreciaban la independencia, el sistema de pensiones, la familia pequeña y la libertad de los nuevos tiempos. Sus vidas simbolizan la evolución de los españoles de a pie desde 1939 hasta el final del siglo XX: el paso de ser campesinos pobres a habitantes de la ciudad que disfrutaban de una cierta prosperidad; y de súbditos de una dictadura despiadada a ciudadanos orgullosos y responsables.

Las historias arriba expuestas tienen finales relativamente felices, pero no todos los españoles pudieron preservar su dignidad, mejorar su situación o mantener sus familias unidas en sus nuevas vidas. Los campesinos emigrantes tuvieron que enfrentarse con los retos y la problemática social de la gran ciudad, y en particular con los peligros de la vida en los suburbios. Muchos fueron incapaces de hacer la transición o de vivir sus nuevas vidas con dignidad.

Lo que quedó atrás

Lo que quedó atrás

El crecimiento de los barrios marginales, descontrolado o como resultado de la planificación urbana, generó problemas muy serios. Sufrieron lo peor de esta situación aquellos individuos y sus familias que carecían de los medios materiales y culturales para hacer frente a los nuevos desafíos de la vida en la ciudad. Ya en los años sesenta, algunos observadores detectaron fenómenos preocupantes, sobre todo entre la juventud. Muchos de los hijos de familias semi o completamente analfabetas no tenían en las ciudades las restricciones sociales o comunitarias de sus mayores. A menudo excluidos del sistema escolar, tampoco aprendieron las habilidades o adquirieron el nivel educativo necesarios para integrarse plenamente en la vida urbana. Así, mientras que sus padres trabajaban duro por salarios miserables, muchos de estos jóvenes deambulaban por las calles sin supervisión. Por añadidura, sus casas eran lugares poco acogedores y a menudo muy problemáticos donde no era infrecuente el alcoholismo y la violencia doméstica, agravados por el hacinamiento de demasiadas personas en espacios reducidísimos. La relación entre inmigración y criminalidad fue documentada en un estudio sobre Barcelona, publicado en 1970, donde los expertos aseguraban que «generalmente, la trayectoria de la gente joven hacia la delincuencia se origina en los suburbios de las grandes ciudades», esto es en los barrios pobres y marginales de la periferia. El citado informe apuntaba entre las razones que llevaban a los jóvenes a delinquir a la falta de comunicación entre los miembros de la unidad familiar, familias rotas, absentismo escolar y la ausencia de atención de los padres, demasiado ocupados con ganarse el sustento diario[370]. Las familias de inmigrantes con este tipo de problemas no sabían cómo responder o dónde buscar ayuda, especialmente cuando la situación de sus hijos degeneraba de la marginalidad hacia comportamientos criminales. Otra cosa es que el Estado tuviese esos servicios disponibles, lo que no era el caso, y por eso fueron las cárceles donde a menudo los pobres acabaron pagando su incapacidad para escapar a su miseria y a su falta de adaptación a la vida urbana. Según el citado informe, en una de las principales prisiones de Madrid al menos el 40 % de los reclusos eran analfabetos, y el 45 % solo habían sido escolarizados durante unos pocos años. De los 500 reclusos estudiados, 269 provenían de familias extremadamente pobres, 87 eran de clase media y solo 12 de familias desahogadas[371].

El incremento de la delincuencia juvenil se manifestó en forma de hurtos, robos de coches y crímenes de naturaleza sexual asociados con la prostitución femenina. Las drogas duras no habían llegado aún a los suburbios, pero sí el hachís, a menudo introducido por antiguos miembros del ejército estacionados en África. Aunque no levantara tanto rechazo, el alcohol era un problema masivo y podía verse con facilidad a niños muy jóvenes consumiéndolo en bares y otros establecimientos. Sin embargo, para las autoridades, quizás la mayor preocupación era la expansión de la prostitución, que había sido oficialmente prohibida desde la década anterior. Esta afectaba de forma principal a jóvenes inmigrantes y marginalizadas, algunas de ellas con experiencia previa en el servicio doméstico, pero otras reclutadas directamente al llegar a las ciudades. Según las rudimentarias encuestas de la época, un cuarto de las prostitutas aseguraba haber sido rechazadas por sus prometidos después de mantener relaciones sexuales con ellos. Muchas decían haber sido abandonadas por sus familias[372].

La marginalización durante el milagro económico de los años sesenta no solo afectó a individuos o a grupos familiares de emigrantes. Algunas ocupaciones, grupos y áreas geográficas se quedaron a la cola del progreso o incluso se hundieron aún más en la miseria. El concepto de pobreza es esquivo y puede abarcar desde la completa depauperación a la simple incapacidad de ahorrar dinero una vez cubiertas las necesidades básicas (en sí mismo, también un concepto elusivo) de manutención, vivienda y vestimenta. A pesar de ello, algo muy importante falló durante los años de bonanza económica cuando, por ejemplo, un estudio de 1968 revelaba que el 71 % de los trabajadores no especializados y el 64 % de los del sector servicios consideraban sus salarios insuficientes para cubrir sus necesidades[373]. El autor del informe se refería a los sujetos estudiados —personas sin apenas educación, que habitaban hogares pequeños e incómodos, que trabajaban muchas horas, casi no disfrutaban de vacaciones y difícilmente llegaban a fin de mes con el salario combinado de la familia, y cuyos hijos probablemente abandonarían la escuela demasiado pronto— como a quienes llevaban sobre sus espaldas el «peso del desarrollo». Era una opinión por desgracia acertada. En la base de la pirámide social de la clase trabajadora estaban entonces un millón de obreros no especializados en el sector agrícola, medio millón en la construcción y 80 000 en la industria pesquera y asociada, además de cerca de 400 000 mujeres reconocidas de manera oficial como empleadas de hogar cuyo número real (incluyendo a aquellas a media jornada) era con seguridad mucho mayor. Junto a ellos, había cerca de 200 000 personas oficialmente paradas. Si a estas cifras se añade el casi un millón de hogares que tenían un cabeza de familia analfabeto (este grupo se entremezclaría con los anteriores), los cientos de miles de personas que vivían de pequeñas pensiones y los trabajadores estacionales, es probable que en 1970 entre 9 y 10 millones de personas (una vez que sus dependientes son incluidos en el cómputo) vivían en España muy cerca o por debajo del umbral de la pobreza[374]. Esto representa entre un tercio y un cuarto de la población española de la época, que era de casi 34 millones de personas[375].

Expresado en términos geográficos, los trabajadores no especializados, sobre todo en los sectores agrícola, pesquero y de servicios del sur del país, los campos de Castilla, las Islas Canarias y Galicia, componían el escalafón más bajo de la mano de obra activa del país en cuanto a salarios y acceso a la educación y a los servicios. Estas personas representaban más de dos tercios de los españoles pobres. Un obrero campesino no especializado ganaba un salario anual medio de 75 000 pesetas en 1970, menos que el de cualquier otro trabajador. Para millones de españoles como estos, las ilusiones del boom económico resultaron ser eso, meras ilusiones: pues siendo en teoría los próximos en disfrutar de los logros de la sociedad de consumo serían los más afectados por la profunda crisis socioeconómica que se desató en 1974 y que acabó con el modelo desarrollista de la dictadura[376]. En la década de los setenta y en la siguiente el desempleo se extendió en ciertos periodos hasta abarcar el 20 % de la población y los españoles pobres tuvieron que recurrir otra vez a la solidaridad familiar. Una vez más, en los barrios humildes las parejas de jóvenes debieron quedarse en la casa familiar porque al menos ahí existía la certeza de que habría un plato de comida en la mesa. Cuando los últimos políticos franquistas y los primeros de la democracia discutieron la necesidad de apretarse el cinturón de cara a la nueva crisis, eligieron ignorar que, para millones de personas, el cinturón había estado siempre ajustado hasta el último de sus agujeros. La visión de la realidad de los políticos tenía poco que ver con la de los pobres, que habían sacrificado tanto para colocar a España entre los países del primer mundo, aunque ellos mismos quedaran excluidos de tal categoría.

Como ya se ha visto, esta pobreza estaba desigualmente distribuida a lo largo del país. Existen muchas razones que explican la disparidad regional, que podrían ser catalogadas bajo la voz genérica y a menudo vacía de significado de «subdesarrollo», aunque también hay explicaciones más tangibles. Desde mediados de los años sesenta y en adelante se escribieron numerosos informes sobre la pobreza regional en España. La mayoría de estos fueron elaborados por instituciones oficiales y redactados usando un conveniente lenguaje moral que evitaba en lo posible los matices negativos y las críticas a las políticas de la dictadura. Pero, detrás de los paños calientes, su atenta lectura revela de forma palmaria que las medidas económicas y sociales del Gobierno no iban a cambiar la situación de atraso en un futuro cercano. Desde la perspectiva de las autoridades locales y provinciales, el propósito de estos informes era en realidad ubicar a una región o un lugar específico en una cola imaginaria de áreas desposeídas de cara a la próxima vez que Madrid decidiera implementar un nuevo plan de desarrollo, inversión o un proyecto particular que, se esperaba, sacase a la región de su atraso y, quizás, a sus habitantes de la miseria. Un ejemplo puede encontrarse en el informe enviado en 1969 por el presidente de la Cámara de Comercio de Galicia, donde exponía cómo, a excepción de algunas áreas costeras e industriales, el despegue económico había obviado a la región y, en especial, al campo y a las zonas del interior. Según explicaba, en las dos décadas previas Galicia había perdido casi un 25 % de su población. La mayoría de las 665 000 personas que emigraron lo hicieron desde las áreas rurales y semirurales hasta provocar allí la desaparición casi absoluta de los braceros. El informe también añadía recomendaciones para detener la sangría demográfica, pero evitaba apuntar con su dedo al responsable obvio de aquella situación —el Gobierno de Franco— y prefería en su lugar describir a la bella región como «dormida», como si estuviese a la espera de un beso del príncipe del progreso que la despertase[377].

Al igual que Galicia, Extremadura fue otra región muy castigada por esa miseria profunda y extensa que no erradicó el particular progreso económico de la España franquista. En 1969, la Comisaría del Plan de Desarrollo —el mismo organismo que tenía a la región desatendida de inversiones— produjo un detallado informe sobre las estructuras socioeconómicas de Extremadura. En sus páginas se podía leer que el 75 % de las casas no tenía agua corriente. Esta situación era peor aún en el campo, pues la carencia de agua corriente alcanzaba al 97,7 % de las viviendas de las áreas rurales en Cáceres y al 99,05 % en las de Badajoz. Y luego estaba la miseria cultural: dos tercios de los extremeños no tenían acceso a la prensa escrita, solo el 3 % tenía televisión y apenas el 60 % radio. Sin embargo, los pobres extremeños sí que sabían lo que querían: un futuro más digno. Dos de cada tres entrevistados dijeron que aspiraban a una vivienda mejor. El 61 % dijo querer una mejor educación para sus hijos y solo el 22 % deseaba que continuaran trabajando en tareas agrícolas y no en fábricas u oficinas. Uno de cada cinco campesinos sin tierra se planteaba emigrar en un futuro cercano a Alemania o a Madrid, Barcelona o Bilbao. El 92 % de los emigrantes tenía menos de 34 años[378].

Muchas regiones españolas —pero no necesariamente sus gentes— esperaban dormidas al tren del progreso que debía llegar de Madrid. Según un estudio de 1973, el 31 % de la población del sur y centro peninsular y casi el 30 % de la gallega vivía en situación de pobreza frente al 10 % de la de Cataluña y el 11,5 % para las provincias del Levante[379]. Se trataba de profundas disparidades geográficas que ni la intervención estatal ni la transferencia de servicios y pagos consiguieron, o incluso pretendieron, mejorar. En aquel año, cualquier persona que viviera en Madrid o Barcelona recibía hasta tres o cuatro veces más servicios de la seguridad social que alguien de, por ejemplo, Orense o Cuenca. Los resultados de esta disparidad en la asignación de recursos sociales contribuyó a que, hacia el final de la dictadura, el nivel de vida de las diez provincias más ricas fuera dos veces más alto que el de las más pobres. Un panorama de desigualdad similar se daba entre los habitantes de las grandes ciudades y los del campo[380].

El problema de las estadísticas arriba expuestas radica en que, a pesar de que los datos son inapelables, aún ocultan la situación de ciertas partes del país que solo se puede calificar de desgarradora. Esto es, que las cifras y los informes, oficiales o no, eran incapaces de transmitir la pobreza abyecta de zonas de Andalucía, Extremadura y Galicia. Era una realidad horrible como la que, por ejemplo, vivían los 100 000 sevillanos pobres que entre 1961 y 1970 tuvieron que alojarse temporalmente en dormitorios públicos porque sus inmuebles no eran aptos; o las 3160 familias de un barrio gaditano que, a principios de los años setenta, compartían un solo dormitorio para todos, y las 4475 familias que tenían el lujo de repartirse dos habitaciones[381] Sevilla y Cádiz formaban parte del mapa de la miseria ancestral que pervivió hasta los últimos días de la dictadura, y después. Pero había otros muchos lugares desolados en el sur, como por ejemplo, Baza, en Granada. Esta comarca se caracterizaba por una agricultura de secano muy pobre, y un alto nivel de paro estacional. No había industria. La emigración había diezmado la población desde el final de la guerra de modo que, para 1960, y a pesar de un incremento del índice de natalidad y de un descenso del de mortalidad, Baza tenía casi el mismo número de habitantes que en 1940, unas 20 000 almas. Lo que sorprendía especialmente a los observadores eran las pésimas condiciones sanitarias de esta localidad. Todavía en 1969 cerca de 10 000 personas vivían en cuevas que, por supuesto, carecían de agua corriente, retretes, calles pavimentadas, etc.[382].

Lo mismo podía decirse de muchos otros sitios de España. En 1970, el libro Noticia de Andalucía se convirtió en un pequeño éxito de ventas. Lo escribió Alfonso Carlos Comín, un hombre bueno, católico marxista, que viajó desde la España más rica y lectora para conocer y relatar las penurias de la miserable y analfabeta. Cuando visitó la localidad minera de La Carolina, en Jaén, fue testigo de situaciones tan terribles como la de Margarita, viuda con cinco hijos vivos pues dos habían muerto de malnutrición. Uno de ellos aseguró al autor que no había pasado más hambre «porque el día solo [tenía] veinticuatro horas». Más tarde, en la Chanca, en Almería, Comín fue testigo de la miseria, quizás aún mayor, de 16 000 personas[383]. La situación de este barrio, habitado por pescadores, trabajadores de la construcción, gitanos y población marginal había sido ya notoria gracias a un libro del novelista Juan Goytisolo, publicado en 1962 en Francia y que fue objeto de una violenta campaña de desmentidos e insultos en España[384].

La censura y la prensa franquista podían detener a la verdad pero eran menos eficaces a la hora de erradicar la pobreza abyecta. En la Chanca, pese a los muy publicitados planes para paliar el destino de sus habitantes, un informe sindical de 1974 aseguraba que de sus ya por entonces 17 000 moradores el 35 % todavía vivía en cuevas. Había incluso focos de lepra. Lo que es más, la miseria hasta entonces concentrada allí se había esparcido en su versión más extrema a otros barrios a causa de la decisión del ayuntamiento de reubicar a los más marginales de este barrio marginal en otras zonas apartadas del casco urbano. Estos nuevos guetos pronto adquirirían una reputación que eclipsó a la de la Chanca. Uno de ellos fue Los Almendros, que se erigió cerca del cementerio de la ciudad. Allí vivían unas 2500 personas, 1800 de ellas gitanas. De esta colonia, las autoridades llegaron a afirmar que tenían «dudas sobre incluirla entre los demás barrios de trabajadores» debido a sus bajos índices económicos. Según este mismo informe, el 80 % de los habitantes de Los Almendros eran analfabetos[385]. La creación adrede de barrios-gueto de extrema miseria fue la norma en Andalucía y en Extremadura. Las terribles Tres Mil Viviendas de Sevilla y el Polígono (o «Polígano») de Granada son algunos ejemplos más. Desde su creación hasta nuestros días estas vecindades continúan siendo conocidas por su pobreza y por sus altos índices de criminalidad, y por las estremecedoras condiciones de vida que de vez en cuando son expuestas por los medios de comunicación.

La emigración cambió a España. En el proceso de emigrar para sobrevivir primero y para escapar de la pobreza del mundo rural después, los emigrantes establecieron nuevas relaciones y, aunque no todos, encontraron nuevas soluciones y construyeron nuevas identidades. La emigración contribuyó a cambiar los valores sociales y culturales de los españoles. Pero hubo otros factores que, en mayor o menor medida, también ayudaron a la transformación del país. Los nuevos fenómenos y movimientos culturales y sociales que tuvieron lugar, en su conjunto, fueron responsables de la evolución de los españoles y de su creciente distanciamiento del sistema de valores y prácticas de la dictadura. Esto es lo que explica el próximo capítulo.

Capítulo 4. El cambio social

CAPÍTULO 4. EL CAMBIO SOCIAL

La última década y media del franquismo estuvo caracterizada por una creciente confusión que se extendió hasta las regiones más remotas del país. Por entonces, ni siquiera el apoyo de la Iglesia Católica —aliada por excelencia del régimen durante los años cuarenta y cincuenta— podía darse por sentado. Las quejas del gobernador civil de Huesca en 1971 sobre los sermones y las actividades de los eclesiásticos de la provincia ilustran bien la situación. Según este, los sacerdotes de los municipios de Laluenga y Laperdigura declararon durante la misa de Viernes Santo que «la tierra debía ser para quien la trabajara». Los curas de Tardienta y Cartuja de los Monegros denunciaron como insuficiente el jornal mínimo de 136 pesetas, asegurando uno de ellos que, si estuviera en su mano, los que tomaron esta decisión deberían vivir «dos o tres años con ese dinero» para ver qué opinaban después. En un tercer caso, un cura llegó a vetar la participación de las autoridades locales en la procesión del Corpus Christi, asegurando que «la tradición había terminado» y que desde ahora la procesión estaba reservada a los católicos de verdad. Finalmente, el obispo auxiliar de la diócesis habló públicamente de la represión contra los católicos que se habían sumado a los trabajadores para pedir una subida salarial y mejores condiciones de trabajo. Añadió el prelado que, cuando los trabajadores acudían a ellos en busca de apoyo, muchos sacerdotes temían las represalias de las autoridades. El gobernador civil escribió que acciones de este tipo causaban «confusión» y «división» no solo en la Iglesia sino también en el conjunto de la sociedad[386].

La evolución desde una postura profranquista a otra de disidencia política entre amplios sectores eclesiásticos no fue súbita, sino que replicó en muchos aspectos, y aún fue por delante, de la transición de la sociedad española desde la apatía política generalizada a la desafección, siempre minoritaria pero cada vez más intensa y extensa, hacia un régimen osificado y caduco. Esto es, que esta «confusión» no había ocurrido de la noche a la mañana sino que era el producto de un proceso de sofisticación y diversificación de una sociedad que en los años sesenta tenía cada vez menos que ver con la de posguerra: era más próspera, más compleja y sus valores estaban cambiando, sobre todo porque España había dejado de ser un país predominantemente agrario y aislado de las nuevas ideas, relaciones y circunstancias que se habían desarrollado en Europa occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos autores llaman a este fenómeno el resurgimiento de la sociedad civil, mientras que otros prefieren hablar de un aumento del capital social[387].

El altar y la calle

El altar y la calle

Una de las principales características del catolicismo español de posguerra fue su falta de reflexión honesta y crítica sobre las causas de la Guerra Civil y las políticas del régimen de Franco. Resulta significativo que durante los veinte años posteriores al conflicto no existiera un solo intelectual católico o pensador que se atreviera a cuestionar el discurso autoritario y triunfalista de las jerarquías eclesiásticas (ni tampoco que tuviera una audiencia internacional). Al contrario, durante aquel periodo, la Iglesia española no aportó nada nuevo y su acercamiento severo y despiadado a los problemas sociales se redujo casi siempre a tratar la dramática situación del país como una cuestión moral, de la que culpó a las víctimas o, de forma vaga, a los defectos y pecados de la sociedad en general. Ejemplos hay muchos pero pocos son tan lamentables como los que se expusieron públicamente en Zaragoza en 1943 durante un congreso de la Acción Católica sobre la «caridad». Entre otros, un sacerdote presentó una ponencia que glosaba sobre sus experiencias con los mineros asturianos antes de la guerra[388]. Según este clérigo, los mineros gozaban de grandes salarios, no tenían motivos para quejarse, pero eran revolucionarios porque «carecían de moral». Es más, mientras sus familias pasaban hambre en casa, ellos, después de cobrar su salario, se desplazaban en taxis a Oviedo o a Gijón, donde se hospedaban en hoteles de lujo para beber champán francés («el mejor que haya» exigían) que consumían por cajas. Después de tan esclarecedor relato, el sacerdote espetó a sus oyentes: «¿qué importa una nueva distribución de los bienes cuando las conciencias permanecen deformadas? La solución a los problemas económicos es, ante todo, la solución de los problemas morales, solo posible en nombre de Dios y a través de una educación cristiana». Eran sabias palabras a las que los congregados asintieron con unanimidad[389].

Detrás del sin sentido de estas y otras declaraciones por el estilo se escondía un prejuicio de clase de la peor índole, que por entonces estaba muy extendido entre los que se sentían vencedores absolutos de la guerra. Para el régimen y la mayoría de los cristianos instruidos, aquellos llamados a beneficiarse de la paz de la nueva España no eran los campesinos desposeídos o el proletariado ingrato, sino las clases medias, caracterizadas en un librito de 1951 de la Acción Católica «por su cultura y sus condiciones económicas, esfuerzo, búsqueda espiritual y deseo de mejorar socialmente» frente a «[la] cultura limitada, [la] tendencia a los placeres materiales [y las] ideas quiméricas sobre asuntos sociales» de las clases trabajadoras[390]. Según esta misma obra, las clases medias necesitaban de manera desesperada asistencia porque gastaban casi el 70 % de sus salarios en manutención frente al 40 % de sus homologas británicas. Era esta una situación intolerable que dejaba a la mesocracia española en un nivel social muy similar al de la mayoría del proletariado humilde de algunos países extranjeros. Lo que no se decía era cómo había que calificar entonces la situación de los subversivos y desagradecidos trabajadores patrios[391].

La mayoría de los católicos prominentes del país no solo apoyaban sin reservas a un régimen tan despiadado con los más pobres, es que además se enorgullecían abiertamente de hacerlo, no teniendo reparos —y aún jaleando— a las políticas más duras e inhumanas del mismo. Los representantes de la Iglesia y las autoridades franquistas iban literalmente de la mano. Y ambos —más quienes les apoyaban en el conjunto de la sociedad— sabían que habían conquistado a mano armada el espacio público y barrido del mismo a quienes pensaban de forma distinta. Esta situación quedaba reflejada durante las procesiones de Semana Santa que, pese a lo que puedan representar hoy, entonces no eran manifestaciones de la diversidad en las formas de practicar la fe, y del respeto a la tradición, sino de una dictadura nacionalcatólica intolerante y cruel[392]. Entre lúgubres himnos religiosos y marchas militares desfilaban a la cabeza del cortejo obispos, sacerdotes, oficiales de la guarnición, gobernadores, falangistas y otras autoridades, escoltados por tropas y agentes de la Guardia Civil, ésta a veces a caballo, en una demostración de poder y del catolicismo más teatral e intransigente. La procesión continuaba con los penitentes, y en último lugar se situaban los devotos de a pie, a menudo portando un cirio o caminando descalzos en señal de expiación de las culpas o de agradecimiento por un pequeño milagro. Puestos a la cola de manera literal y simbólica, la devoción popular proveía una tropa de fieles al régimen y a su aliada la Iglesia. Y a veces, la piedad ante el hijo de Dios solo escondía crueldades y mentiras, pues los humildes que participaban en las procesiones y quienes las miraban, o se recluían en sus casas para no saber, podían tener memorias muy distintas de quienes las dirigían. Por ejemplo, las procesiones de la conocidísima Semana Santa sevillana fueron durante años notables por la presencia del sanguinario general Gonzalo Queipo de Llano. En 1936 este hombre controló la ciudad para el bando rebelde y dirigió una brutal represión en los barrios obreros que dejó al acabar a unos 8000 republicanos asesinados. A su muerte en 1951 fue enterrado en la basílica de la muy reverenciada Virgen de la Macarena, la principal iglesia de Sevilla[393]. No fue un hecho aislado. Los generales José Sanjurjo, el líder original del «Alzamiento» de 1936, y el cerebro del mismo, el despiadado Emilio Mola, también acabaron enterrados en la catedral de Pamplona.

Por unos días las procesiones de Semana Santa eran eventos de enorme simbolismo, pero el mensaje nacionalcatólico de poder, falta de perdón y falsificación del pasado era transmitido a diario a aquellos que asistían a misa. Allí los españoles de a pie escuchaban mensajes explícitos de apoyo a la dictadura, como el del obispo de (entonces) Lérida a sus feligreses en 1955 a quienes exhortaba a estar «agradecidos a Franco y a su Gobierno» y a pedir «a Dios Nuestro Señor que les ilumine y reconforte para que puedan proseguir su obra de entronización de la justicia social». Para terminar, este prelado reclamaba «paternalmente a que miréis la pobreza y las tribulaciones todas con mirada sobrenatural, porque, si miráis de esta manera, os parecerán más suaves y sacaréis de ellas los tesoros de vida eterna que contienen»[394].

Sin embargo, algo empezaba a cambiar muy lentamente en el seno de la Iglesia. Hacia principios de los años cincuenta la miseria permanente del país atrajo al fin el interés de una nueva generación de católicos, algunos demasiado jóvenes para haber vivido los horrores de la guerra, y de un movimiento de base alejado de la visión moralista de la pobreza y con un acercamiento más humanista a la realidad social. Pequeños grupos, particularmente dentro de la HOAC (Hermandad Obrera de la Acción Católica), rompieron con el pasado católico casi unánime de apoyo incondicional a la dictadura y adoptaron posiciones cada vez más críticas contra el régimen y sus políticas[395]. Fundada en 1946, la HOAC, y la rama juvenil de la Acción Católica, la JOC (Juventud Obrera Católica), se convirtieron en excelentes plataformas de lucha contra la dictadura porque usaban un discurso político y un análisis social de corte católico —luego, en teoría, legal y hasta leal— que servían para contrarrestar el monopolio ideológico y político del régimen, simplemente recordando las obvias diferencias entre la retórica oficial y la realidad. Sus acciones no pasaron desapercibidas a los servicios policiales y al espionaje de la Falange[396]. El mejor indicador de que en sus reuniones y escritos los católicos disidentes comenzaban a transgredir las líneas marcadas por el régimen eran las visitas sin invitación de matones de la Falange y agentes de la policía secreta, que escuchaban y anotaban lo que se decía en sus encuentros, pero que también a veces los interrumpían e incluso atacaban físicamente a los presentes[397]. Ante estas agresiones y las cortapisas legales, los militantes católicos obreros tuvieron cierto apoyo episcopal. Ya en los años cincuenta, algunos obispos empezaron a pronunciarse en contra de las terribles condiciones sociales y las pretensiones del régimen de monopolizar la vida de los trabajadores. Por ejemplo, en enero de 1955 el obispo de Las Palmas de Gran Canaria, el conservador monseñor Antonio Pildain, hizo un borrador de una carta abierta donde se planteaba que los sindicatos no actuaban de acuerdo a la doctrina católica y que los trabajadores los despreciaban vehementemente, además de plantear su intención de cesar al sacerdote que actuaba de asesor en el sindicato[398]. Debe aclararse, no obstante, que los disidentes católicos fueron una pequeña minoría hasta finales de los años sesenta y aún después. El grueso de los miembros de instituciones y organizaciones católicas, incluyendo a la mayoría del clero, apoyó —como lo hizo la mayor parte de la sociedad española— a Franco hasta el final.

Por desgracia para el régimen, el cambio en la Iglesia fue parcial y lento pero irreversible. Para principios de los años sesenta, algunos de sus miembros más brillantes habían abrazado ideologías consideradas subversivas, y comenzaban a protagonizar acciones de clara oposición política. Este nuevo catolicismo despegó antes incluso de que se dejaran ver en España los efectos del Concilio Vaticano Segundo, que tuvo lugar entre 1962 y 1965[399]. La paradoja de esta situación era que, a medida que la economía mejoraba y el régimen parecía más asentado que nunca, se iba convirtiendo en práctica común entre ciertos círculos católicos debatir sobre problemas sociales —sobre todo, las penurias que pasaban las clases trabajadoras— y cuestionar el rol político de la Iglesia de posguerra. Por ejemplo, en 1964 la emblemática editorial progresista católica ZYX publicó un libro de testimonios de eclesiásticos donde uno de ellos aseguraba que:

[…] no [le avergonzaba] decir que, como la mayor parte de mi generación, estaba equivocado al creer que los trabajadores españoles eran poco más que unos salvajes, llenos de vicio y odio, gente vaga que buscaban vivir sin trabajar.

Otro de los sacerdotes, que convivió con obreros asturianos durante quince años, explicó (podría tal vez decirse que reveló) a sus lectores que los mineros trabajaban muy duro y que sus reivindicaciones se originaban en haber sido dados de lado tanto por las clases pudientes como por la Iglesia[400].

Ejemplos de autocrítica como esta eran ciertamente novedosos y ayudaron a desarrollar espacios de discusión más abiertos sobre la dirección que debía tomar la Iglesia, y sus relaciones con el Estado. Eran parte de un proceso de cambio más amplio y del descontento que acabaría por desatar una profunda crisis en la Iglesia española a finales de los años sesenta. Una de las consecuencias de esta crisis fue una división evidente entre la mayoría conservadora y la cada vez más activa minoría antifranquista. Otra consecuencia fue que, desde mediados de la década, no fuera ya posible discutir sobre asuntos sociales en los términos de moralidad abstracta usados por la Iglesia y el Gobierno en las décadas previas. Esta nueva actitud reflejaba un sentimiento de vergüenza a propósito de las desigualdades sociales del país y la política de represión de la dictadura. Las palabras escritas de un eclesiástico periodista en 1965 —«todo hurto es un pecado. Y si un rico le roba a un pobre todos deberíamos estremecernos»— estaban muy alejadas de las ñoñerías crueles y autosatisfechas de sus colegas de las décadas anteriores[401].

La figura del cura obrero jugó un papel fundamental en el nuevo catolicismo español. Este modelo eclesiástico se había originado en Francia y Bélgica a finales de los años cuarenta con el propósito de evangelizar a las masas obreras por medio de sacerdotes que fueran trabajadores y que convivieran con el proletariado y por convivir, lo entendieran. Pero mientras que la capacidad de conversión de trabajadores no católicos por parte de los curas obreros fue bastante limitada, en el proceso muchos sacerdotes se transformaron en trabajadores militantes, se unieron a la oposición y hasta colgaron los hábitos. Entre tanto, muchas parroquias se convirtieron en santuarios para la organización de comités y para el activismo de trabajadores en huelga, o para otras formas de protesta, lo que causó gran consternación entre las autoridades franquistas. En 1971, estas denunciaron, por ejemplo, que cuando los panaderos gaditanos en huelga fueron hostigados por la policía y desalojados violentamente de la fábrica que ocupaban, tomaron refugio en la Capilla de la Divina Pastora, que era administrada por un monje capuchino «que frecuentemente [atacaba] al régimen»[402]. Los encierros en iglesias y conventos, lugares en teoría fuera de la jurisdicción del Estado, y a salvo de la policía, se convirtieron en un símbolo físico de la nueva relación entre una parte de la Iglesia y la sociedad, y, por supuesto, entre aquella y el régimen.

Un ejemplo quizás aún más chocante de esta evolución fue el de la Compañía de Jesús, que había sido tradicionalmente —y a menudo por razones muy válidas— vista por la militancia obrera como aliada de los ricos y los poderosos y enemiga de la libertad. Sin embrago, desde los años sesenta, los jesuitas, basándose en su amplia experiencia como testigos de injusticias y regímenes nefastos a lo largo del mundo, y en especial en Latinoamérica, cambiaron sus planteamientos, y esa influencia llegó a España. Esta evolución se puede ver con claridad en el caso del jesuita Luis Añoro. Luis, que provenía de una familia de clase media, se mudó en 1968 a un barrio obrero, buscando, como otros curas, trabajar en fábricas para familiarizarse con las experiencias de la gente ordinaria. Encontró trabajo en Zaragoza en una empresa de ciento cincuenta trabajadores. Allí usó sus conocimientos para organizar a los obreros, crear un comité sindical y eventualmente liderar a sus compañeros en varios conflictos. Fue despedido. Durante los meses siguientes volvería a perder su empleo hasta en tres ocasiones, en parte porque la policía pasaba su historial a sus nuevos patronos. Al recordar años después lo que había aprendido de sus experiencias como cura obrero, Luis habló del agotamiento físico, del valor del esfuerzo, de la importancia del descanso y de disfrutar de la vida, de las consecuencias de hacer en vez de hablar, y del significado de la solidaridad y la ayuda entre los trabajadores. Recurriendo a la terminología marxista, Luis también hizo mención a su nueva «conciencia de clase», que le había llevado a romper con sus orígenes sociales privilegiados, y a que en su nueva vida había conocido mejor a Jesús[403].

La experiencia de Luis fue sintomática de la crisis global de la Iglesia católica, desde España hasta la provincia de Quebec, en Canadá, donde el papel tradicional de sacerdotes y monjas acabó evolucionando de forma radical[404]. Unos buscaban una espiritualidad más simple y auténtica, otros reivindicaban reformas sociales y mostraban una mayor solidaridad con los pobres. La crisis de la Iglesia se manifestó también en la reducción masiva en el número de clérigos, en parte por el súbito descenso de jóvenes en los seminarios pero también por el abandono y, en muchos casos, incluso el matrimonio, de sacerdotes y monjas. En 1950 había unos 8000 varones estudiando en los seminarios españoles, mientras que en el año 1972-1973 apenas si eran 1800. En todo caso, resulta revelador la manera en que muchas de las experiencias personales de los clérigos reflejaron el cambio mental (y geográfico) que acarreó el final del pequeño campesinado en España y la transición de una sociedad agraria a otra urbana. Este fue el caso de José Manuel González López, quien nació en Burgos en 1938 en el seno de una familia campesina de ocho hijos, de los que cuatro se hicieron monjas y dos curas. Él ingresó en la Compañía de Jesús y marchó a Madrid, donde experimentó «una realidad diferente» a la que había conocido hasta entonces[405]. Algo parecido le ocurrió a Gonzalo González Álvarez, nacido en una modesta familia conservadora de León en 1943, y que fue al seminario «porque [le] llevaron allí». Gonzalo fue ordenado dominico, pero su vida cambió al comenzar a trabajar en una refinaría en Cartagena. Poco después se mudaría a Valladolid, trabajaría en la construcción y viviría en un piso en vez de hacerlo en la casa parroquial. A la altura de 1972 había sido detenido por su activismo obrero, había roto el voto de castidad y se había unido al grupo Cristianos por el Socialismo. Finalmente colgaría los hábitos.

El recorrido de José Manuel y Gonzalo desde un origen campesino y conservador hacia el activismo obrero en zonas urbanas e industriales no fue excepcional. Plasta la segunda mitad de los años sesenta, muchos jóvenes eran enviados a los seminarios para escapar de la pobreza o para satisfacer los designios familiares (a veces ambas circunstancias coincidían) antes de que pudieran comprender las implicaciones del sacerdocio y sin poder preguntarse, y sin que nadie les preguntase, qué querían. Para muchos curas españoles, quizás la mayoría, esta senda y estas razones les llevaron a desempeñar sus ministerios durante el resto de sus vidas sin hacerse muchas preguntas, conformándose, más o menos, con hacer lo que se esperaba de ellos. Lo que resultaba ahora novedoso, y hacía que muchos jóvenes abandonaran el sacerdocio a favor de otras actividades, era la apertura intelectual que emanaba del desarrollo de nuevas expectativas socioculturales en España. Esto conllevaba, entre otras cosas, una reafirmación de lo individual y la interiorización de un mensaje teológico que conminaba a los sacerdotes a participar activamente en la transformación y mejora material de este mundo en vez de limitarse a la salvación de las almas para el del más allá. Los nuevos horizontes y expectativas eran muy similares a los experimentados por el conjunto de la población española de entonces e incluían la creciente afirmación de los deseos personales y una mayor preocupación por, y hasta optimismo ante, los problemas sociales y políticos del país.

Tanto el Concilio Vaticano como, de forma más moderada, el Papa Pablo VI (1963-1978) promovieron el cambio, hasta el punto de que, a principios de los años setenta, la Iglesia española pareció estar a punto de deshacerse del todo de su acercamiento moralizante a los problemas sociales y de romper con la dictadura. Este cambio nunca llegó a ser completo. En 1971, una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes promovió una propuesta para que la Iglesia pidiera perdón por su partidismo durante la Guerra Civil, pero no consiguió los votos necesarios para ser adoptada formalmente. Esta y otras oportunidades perdidas significaron que hasta el final mismo de la dictadura la Iglesia oficial fuera incapaz de condenar al régimen, hacer autocrítica de su posicionamiento político o incluso expresar arrepentimiento por su papel en los trágicos y vergonzosos sucesos de la guerra y del franquismo[406]. Como resultado, cuando la democracia se instauró en 1977 en España, la Iglesia y millones de católicos se encontraron en una situación de confusión y desorientación. La llegada al papado de Juan Pablo II en 1978 significó un cambio institucional hacia posturas conservadoras.

Moralidad

Moralidad

El régimen franquista dejó la definición de la moralidad en manos de la Iglesia, mientras que él mismo se encargó de que los preceptos de esta se cumplieran. Durante la dictadura, las concepciones morales estuvieron infestadas por prejuicios de clase según los cuales el trabajador, precisamente por ser pobre, ya era sospechoso de lo peor, mientras que la realidad y la imagen de las élites eran tratadas de forma muy distinta: estas eran consideradas lo mejor, de forma natural, de la sociedad. El mensaje oficial que llegaba a la mayoría de la población desde el púlpito no era sobre justicia social sino, por el contrario, que las llamadas injusticias eran antes que nada el resultado de la inmoralidad, y nadie era más propenso a esta que los pobres. Al eliminar la crítica social, la definición de lo moral quedó limitada sobre todo a la regulación de las relaciones sociales y las de género. Esto es, se centró en el control de los pobres y de las mujeres; pues estos últimos grupos —en especial cuando se era pobre y mujer— eran considerados los de más riesgo. La combinación de ambos factores —el prejuicio social y la misoginia— aparecía tanto en los textos más básicos dirigidos a jóvenes como en el discurso, más elaborado, para mujeres adultas. Por ejemplo, el panfleto para niñas ¿Quieres ser buena? publicado en 1943 explicaba que para ser buena había que «querer mucho al Señor porque había hecho muchas cosas buenas por ti [como crear] las lindas flores cuando las buscas en el campo o en un jardín»[407]. Es de suponer que, en el contexto de los años del hambre, este era un mensaje aplicable a aquellas féminas que gozaban de jardín, podían recrearse en la visión de una flor y no estaban ocupadas trabajando la tierra a la vez que cuidaban de sus familias y de los animales, o huyendo por los campos de la Guardia Civil acarreando modestas cantidades de comida de estraperlo.

El clasismo también aparecía incluso cuando la Iglesia discutía otros temas como el baile, una interacción entre sexos extremadamente peligrosa y muy temida por los clérigos de la época. Las polémicas sobre tan crucial cuestión fueron ilimitadas, apareciendo en numerosos libros, folletines y, por supuesto, en sermones. Una de las mayores eminencias en la materia, el presbítero Rufino Villalobos, explicaba en 1948 desde la misérrima localidad de Don Benito, en Badajoz, que «Dios no está aquí para satisfacer nuestros deseos» de mover las piernas y que bailar era casi siempre «un pecado y un pecado mortal». Peor aún, en la cabeza de este injustamente olvidado clérigo se conjuraba una visión del infierno cada vez que imaginaba a una persona casada bailando con otra que no era su cónyuge, práctica que consideraba automáticamente como «adúltera»[408]. Sin embargo, hombre sensible a la pesada carga del poder político, el padre Villalobos admitía a regañadientes la posibilidad del intercambio de parejas de baile entre personas importantes durante recepciones oficiales. Debe dejarse constancia de que sus opiniones eran algo extremas. Otros eclesiásticos se permitían cierta liberalidad al sancionar la ejecución de danzas regionales o folclóricas entre desconocidos siempre y cuando no implicaran contacto físico alguno.

Junto a los males del baile, la otra gran bestia negra de la Iglesia (y también de las autoridades) eran los baños en público, que ya fuera en las playas o en las (pocas, la verdad) piscinas generaban cada verano un dilema moral de primerísimo orden, y que provocó incluso la convocatoria de congresos dedicados exclusivamente a debatir el tema. El presbítero catalán Dr. Carlos Salicrú emergió como experto en el asunto, y aunque como hombre progresista entendía los beneficios de bañarse, se posicionó en contra de la «promiscuidad entre sexos» y «la actitud sensual y cínica de mirones desvergonzados». Por ello recomendó en 1944 la completa separación de los sexos en las playas por medio de barreras, así como cubrir íntegramente la piel de los bañistas durante la actividad de refrescarse el cuerpo[409].

Presa como estaba de un ritual desfasado y de un entendimiento dogmático de su papel en la tierra, la Iglesia de posguerra no estaba preparada para enfrentarse a los nuevos retos sociales y morales de una sociedad cada vez más urbanizada, o a las ideas que llegaban de fuera, o cuya existencia se rumoreaba. Esta estrechez de mente es palpable en las conclusiones del congreso nacional de 1959 sobre Familia y Moralidad Pública. Allí, por ejemplo, los delegados de Alicante explicaron que «sin una profunda educación religiosa no [se resolverían] los posibles defectos que la sociedad» pudiera tener. Para los de Ávila, la inmoralidad reinante «era consecuencia del agrietamiento de los principios cristianos». Según los representantes de Baleares «el turismo, además de ser un peligro moral», también lo era ideológico por el riesgo de infiltración de ideas materialistas como la de limitar el tamaño de la familia, el divorcio, laxa moralidad y pensamientos liberales. Por su parte, los delegados de Sevilla aseguraron que «en muchos hogares [había] un ateísmo doméstico real […] sin moral [con] padres que se habían juntado para satisfacer sus apetitos bestiales [y con] hijos que nunca habían escuchado la palabra de Dios». Signos claros de declive moral podían apreciarse por doquier, aun en los lugares más insólitos: el aborto parecía ser un tema candente en Albacete y San Sebastián; el «virus maltusiano» en Cuenca; «el gasto excesivo» en Madrid; «el creciente número de homosexuales» en Palencia; y como no, el baile, esa «tortura de los confesores y virus» de las asociaciones más castas y peaje «favorito del diablo» que, de nuevo se oteaba desde Cuenca, amenazaba la fibra moral de la nueva España[410].

La Iglesia necesitaría más de dos décadas para superar estos planteamientos tan simplistas y comenzar a abordar los efectos de la modernidad, incluyendo un papel más igualitario para las mujeres. El cambio llegaría con una nueva generación de militantes católicos más preparada que creyó necesario instruir a las clases medias y altas para los nuevos retos sociales[411]. La traducción de algunas publicaciones extranjeras contribuyeron a este cambio paulatino. Por ejemplo, el texto quizás más importante del feminismo católico moderno, el libro de Gertrud Van Le Fort La mujer eterna, fue publicado en España en 1953 (apareció originalmente en alemán en 1934)[412]. El papel de la mujer moderna fue tomado muy en serio por la Acción Católica, que insistió en la necesidad de una buena educación para que las mujeres pudieran equipararse a sus esposos y mejorar la calidad de vida de sus familias[413]. Durante este proceso de cambio, los aspectos más misóginos y sexistas del discurso moral católico fueron cayendo en desuso, y las viejas exigencias de una mujer casta, pasiva y simple que fuera una mera transmisora de la voluntad de su esposo dieron paso a las de la nueva mujer formada con un papel más equitativo en el matrimonio[414]. Los objetivos de este cambiaron, o más bien se ampliaron, y donde la función reproductiva había sido antes prioritaria aparecía ahora precedida por la de «ayuda y amor mutuos» de los esposos, y la del cuidado de la educación de los hijos[415]. Existía también una nueva exigencia para que la mujer fuera sexualmente más activa, incluso si sus deseos no correspondían «con los ritmos del hombre». A pesar de esta supuesta verdad científica, ahora se esperaba de ella «un poco de gracia y de ternura, que es la sal que la mujer debe añadir a este condimento a menudo demasiado fuerte para su sensibilidad». Este pequeño sacrificio de la mujer, se razonaba, era necesario para ayudar al marido, cuya naturaleza estaba más determinada por los instintos, y evitar que se sintiera defraudado y derrotado por no contar con «la conquista sexual sobre su esposa», una situación que se estimaba muy peligrosa[416]. Al menos en ciertos contextos, la vida sexual ya no era considerada simplemente un pecado.

Esa era la moralidad oficial, pues la popular, además de diferir de forma significativa de aquella, tenía muchos más matices y grandes diferencias según el origen social y las realidades regionales. Por lo general, las relaciones de género y la discriminación hacia la mujer se mantuvieron constantes en la posguerra, siguiendo pautas establecidas mucho antes del nacimiento del franquismo, y aplicándose en función de viejas (supuestas) verdades. Estos valores tenían raíces claramente rurales y se consideraban «tradicionales»[417]. Así, en la mayoría de las familias reinaba un autoritarismo según el cual el padre estaba a la cabeza y la madre se encargaba de la disciplina diaria y de la mediación con el pater familias, cuya autoridad era temida por el resto, que lo colocaban en un lugar distante. En la mesa el patriarca era servido primero y a menudo se llevaba el mejor bocado[418]. El castigo corporal a los hijos era práctica común. Este elemento autoritario del modelo de familia era sorprendentemente homogéneo a lo largo y ancho del espectro político y geográfico del país. Como muchas militantes de izquierda recordarían con posterioridad, mientras sus padres y maridos eran en la calle revolucionarios e individuos progresistas, de puertas adentro se comportaban como pequeños dictadores[419].

También extensa y uniforme era la discriminación de género, que comenzaba en la infancia y se consolidaba durante la pubertad. Normalmente, cuanto más pobre era la familia más hijos tenía —la descendencia era la seguridad social de los pobres— y, por regla general, las hijas eran obligadas a trabajar en la casa y a cuidar de sus hermanos desde una edad temprana. Para los varones, la vuelta de la mili suponía el paso a la vida adulta —solía decirse que solo entonces se les permitía dejarse el bigote o fumar en presencia del padre— pero las mujeres permanecían bajo supervisión constante hasta el matrimonio. Incluso, aunque estuvieran prometidas, otro miembro de la familia debía actuar de «carabina» cuando salían con el novio. La situación de discriminación continuaba durante el matrimonio. A diferencia de los varones, en el supuesto de que enviudaran (y especialmente, si ya tenían hijos) a menudo no se veía con buenos ojos que las mujeres se volvieran a casar, y sufrían más frecuentemente que los hombres el escarnio de las habladurías. Ya que la relación emocional entre el padre y los hijos era limitada, los lazos más fuertes eran con la madre. En este sentido, no resulta pues difícil entender que la posibilidad de perder a la madre y de acabar con una madrastra fuera muy temida por los hijos[420].

Durante la posguerra, la evolución de los valores, prácticas y estructuras familiares tendió hacia la homogeneidad y la supresión de costumbres locales no católicas. En esta dirección fueron los intentos de erradicar la convivencia de personas que no estaban casadas, que era tradicional en las zonas rurales de Galicia, Murcia, Andalucía y también en algunas áreas urbanas marginales[421]. En la Galicia rural, por ejemplo, la convivencia entre campesinos sin compromiso de matrimonio hasta comprobar que podían tener hijos era normal y ampliamente aceptada. También en las ciudades del sur y del este, antes de la guerra, no era raro entre los pobres de estas zonas fugarse o convivir durante años y tener hijos antes de casarse, o, como se solía decir, echarse las bendiciones. Estas prácticas explican que, por ejemplo, cerca del 8 % de los nacidos en Málaga en 1931 lo hicieran fuera del matrimonio. Cuando la provincia cayó bajo control franquista en febrero de 1937 la Iglesia y las autoridades trabajaron para imponer sus nuevos preceptos morales sobre aquellos con «vidas anticatólicas». Solo un año después daban cuenta del casamiento de 712 parejas que ya vivían juntas, amén del bautismo de 417 adultos y de 579 niños. Una encuesta, de nuevo para Málaga, en el año 1942 revelaba que 254 de las 832 parejas recién casadas ya tenían hijos en común. Desde las parroquias, los curas ayudaron en esta tarea redactando listas que entregaron después a las autoridades y que contribuyeron eventualmente al cambio de comportamientos sociales. La fuga de parejas continuó produciéndose, pero ahora se daba la circunstancia de que poco después se imponía una boda religiosa. Treinta años después, un estudio sociológico sobre Málaga patrocinado por la Iglesia mostraba que, aunque la mayoría no asistía a misa, la gente era más conservadora en sus actitudes sobre el matrimonio, la sexualidad y los hijos de lo que lo había sido durante el periodo de posguerra[422]. La presión estatal, el fenómeno migratorio y la modernización marcaron una tendencia hacia el matrimonio formal y hacia familias nucleares más pequeñas. La nueva normalidad imponía que las parejas se casaran y que el primogénito naciese al menos después de pasados nueve meses desde la boda. Esta evolución hacia la homogeneidad se dio también entre las familias campesinas, que tendieron a adoptar costumbres similares a las de la población urbana[423]. Debe enfatizarse, no obstante, que este cambio de actitud no ocurrió solo en España, sino que se dio también en todo Occidente. En el Reino Unido, por ejemplo, se observó que «nunca antes se había casado tanta gente de manera tan elaborada y convencional como en las décadas de los cincuenta y sesenta»[424].

La nueva moralidad impuesta desde arriba tuvo también un claro impacto en los barrios obreros y de inmigrantes de las grandes ciudades. Lo que incluyó, por ejemplo, la substitución por el modelo católico de la tradición anarquista de parejas que vivían como compañeros pero sin casarse. Un estudio centrado en el barrio madrileño de Nuestra Señora de la Paz, también llamado Pacífico, mostraba en 1958 que la normalización moral y sexual del barrio tras la Guerra Civil resultó en un declive del número de niños nacidos de uniones de hecho de casi un 11,2 % en 1940 a solo un 0,4 % en 1950. También se detectó un incremento de los bautismos y una reducción de la edad media en la que estos se producían. En 1940, el 23,3 % de todos los niños bautizados tenía más de un año, frente al 3,5 % en 1950[425]. La moral católica, sus rituales y festividades (o al menos en sus manifestaciones públicas) no solo se habían restaurado entre los creyentes en la posguerra sino también habían sido impuestos, con mucho éxito, al resto de los españoles.

Uno de los ritos de iniciación más importantes para cualquier niño español era su primera comunión. Las familias pobres hacían (y hacen) enormes sacrificios para que sus hijos se sintieran especiales durante el día de la celebración, y para ello el traje o el vestido eran cruciales. En el caso de las niñas, lo normal era vestirlas de monjas o de boda/princesas, y en el de los niños de frailes o de marinos (incluso de oficiales). En la mayoría de los casos, la vestimenta se compraba o se adaptaba de un hermano mayor, pues alquilarlo se consideraba a menudo como una forma de beneficencia y por tanto una humillación. La comunión tenía lugar en mayo y tras la ceremonia religiosa los niños visitaban a sus familias y conocidos para recibir pequeñas cantidades de dinero o meros piropos a cambio de recordatorios. Luego seguía una comida o merienda con amigos y familiares. En los barrios desfavorecidos, donde las casas eran demasiado pequeñas para dar cabida a los invitados, el banquete podía consistir en ir a una taberna. Esta última era una costumbre vista con desdén por muchos sacerdotes[426].

Pese a todo, la inclusión del mensaje moral y de las prácticas oficiales no fue tan profunda como la dictadura y la Iglesia deseaban. Una cosa era que la gente se adaptase a las formas impuestas, pero otra muy distinta es que cambiase sus convicciones. Los curas y los misioneros que se ocupaban de los barrios obreros reconocían que cada vecindario era un mundo aparte, con códigos y tradiciones propias que no necesariamente comulgaban con la perspectiva católica ortodoxa, y donde existía —además de un sentimiento anticlerical a menudo muy arraigado— valores particulares encapsulados en el vocabulario cotidiano y en la, siempre supuesta, sabiduría popular. Dichos, proverbios y el uso de ciertas expresiones, por ejemplo, al mismo tiempo que transmitían mensajes subversivos contra la autoridad, civil o religiosa, también expresaban concepciones morales a veces muy restrictivas, duras y hasta crueles que indicaban, entre otras cosas, la represión a la que eran sometidas las mujeres, y cómo sus comportamientos eran más censurables que los de los hombres. Al contrario de lo que indicaban las enseñanzas católicas, mientras los devaneos de los varones eran tolerados socialmente, la promiscuidad, o la mera sospecha de su existencia, femenina desembocaba en el apelativo de «puta» y en la imposición del correspondiente estigma social. En la sociedad española de entonces, una mujer que tuviera demasiado poder o libertad era alguien que estaba «sacando el pie fuera del tiesto». Una joven podía ser excluida del matrimonio si estaba «estrenada»; mientras que el hombre que hiciese esas mismas cosas era un envidiado machote cuyas culpas se lavaban con agua[427]. También, pese al mensaje (más teórico que aplicado) de perdón cristiano, la homosexualidad era ridiculizada a diario y con extrema crueldad (hasta hace poco tiempo se consideraba socialmente aceptable y divertido en los programas de televisión reírse o tratar de manera vejatoria a quien se mostrase atraído por miembros de su mismo sexo). Las mofas de los vecinos hacia los homosexuales acompañaban y justificaban el tratamiento brutal que la policía y las autoridades judiciales les daban, en especial a los varones, contra quienes se aplicaba un amplio repertorio de nombres despectivos, insultos, leyes represivas, escarmientos y castigos extralegales[428]. Debe decirse que, en este aspecto, la España franquista no era diferente de otros países del entorno europeo, a pesar de tener estos sistemas políticos muy distintos.

Las discrepancias entre la moralidad oficial y los valores populares no se limitaban al uso del lenguaje ni a cómo se castigaban las «desviaciones de género». La dictadura y la Iglesia fueron más lejos aún, y a veces hasta el esperpento. Por ejemplo, ambas se conjuraron para que los matrimonios civiles y los divorcios producidos durante la República fuesen anulados. Esta medida convirtió de la noche a la mañana en ilegítimos a miles de niños, y a sus padres en adúlteros. Eso no quiere decir que, a pesar de las leyes y los sermones, los matrimonios no siguiesen rompiéndose y que las gentes no reconstituyesen sus relaciones de pareja, solo que ahora debían hacerlo al margen de la legalidad. Prueba de esta realidad puede encontrarse en el antes citado barrio de Nuestra Señora de la Paz en 1958 donde, en una muestra de 2000 personas hecha por la Iglesia, se encontró que 55 parejas vivían en situación «irregular», 28 personas eran divorciadas de facto, 31 mujeres eran madres solteras, 49 personas habían estado envueltas en comportamientos de «moralidad dudosa», y otras 14 vivían una vida de conducta calificada como «libre»[429].

La evolución de los cánones morales y de las relaciones de género en la ciudad alcanzó pronto al campo, en parte porque las diferencias en este sentido entre ambos ámbitos nunca fueron muy grandes. La regla principal —con las excepciones antes descritas— en ambos entornos era la prohibición de mantener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, una norma que afectaba casi exclusivamente a las mujeres. La conservación de la virginidad femenina era fundamental por dos razones: primero, en caso de que el compromiso matrimonial fuera roto y, segundo, como prueba de la capacidad de contención sexual de la mujer. Una mujer que se entregara a su prometido se arriesgaba a que este no la desposara luego, y a padecer el ostracismo social y la reputación de «perdida» que truncaría seriamente sus perspectivas de matrimonio con otro hombre. En caso de que así ocurriera, a menudo debía contentarse con un compañero menos deseable como un viudo con hijos o un hombre con discapacidades[430].

Las cuestiones relacionadas con el matrimonio entroncaban en parte con un asunto más amplio y propio de cualquier sociedad: la relación entre la norma social y el deseo. Esta tensión entre deber y querer era muy complicada en la España franquista y podía desembocar en situaciones trágicas. Mientras que los hombres buscaban relaciones sexuales (ser un donjuán era un signo de notoriedad entre los varones) al mismo tiempo esperaban que sus prometidas fueran castas hasta el momento exacto en que se consumara el matrimonio, después del cual se convertirían en seres sexuales a su servicio[431]. Por ello, durante el cortejo no había nada más delicado que la continua tensión entre el apetito sexual de ambos participantes y el miedo a ser engañados en el juego. El rol del varón era probar el carácter de la futura esposa y el de la mujer contener al varón sin llegar a la indiferencia, la indolencia o la crueldad que pudieran acabar con el interés de aquel[432]. Para las mujeres, y especialmente para las de familia pobre, su reputación era su mejor baza en la vida, y perderla significaba la ruina[433]. La dinámica se complicaba a su vez por las posibilidades sexuales y emocionales únicas del varón como eran la prostitución o la búsqueda de otras novias, que eran referidas como «novias para divertirse» en contraposición a las «novias para casarse». En el supuesto de que la prometida, esto es, la «novia para casarse», quedara embarazada antes del matrimonio, la resolución del problema se hacía perentoria. El varón, normalmente, pero ni mucho menos siempre, se casaba con ella, incluso en contra de su voluntad. En la moral popular solía decirse que con este acto el hombre «pagaba», en referencia a la virginidad perdida y a la reputación cuestionada de la prometida.

La legalidad contemplaba medidas punitivas para los hombres que obtuvieran favores sexuales de una mujer de buena reputación mintiéndole sobre su estado civil o haciendo falsas promesas de matrimonio. Pero era muy difícil implementar esas leyes, puesto que recaía en la mujer la responsabilidad de demostrar el fraude. Además, la denuncia podía volverse en contra de la acusadora, con terribles consecuencias para ella si no conseguía casarse con el hombre que estaba intentado engañarla y denigrarla. La pertenencia social también jugaba un papel crucial en este proceso. Las mujeres pobres o analfabetas eran las que más tenían que perder —en especial si su seductor tenía un nivel social más alto— pudiendo acabar como madres solteras y marginadas, y a veces en la prostitución. La discriminación social contra estas últimas se transmitía también a sus hijos, pues la negativa del varón a dar el apellido familiar a un hijo le convertía en bastardo y le discriminaba a la hora de la herencia. También en este sentido, el trato legal a las mujeres en la España de Franco no fue muy distinto del que se producía en muchos países democráticos.

En el juego, a veces perturbador e irreal, del sexo y del matrimonio, muchos hombres acababan placando sus frustraciones recurriendo a prostitutas. Las actitudes de los varones hacia las prostitutas reflejaban de muchas maneras la miseria y la represión sexual de ambos sexos bajo el franquismo[434]. Aunque a partir de 1956 la prostitución quedó prohibida por ley, su práctica fue ampliamente tolerada[435]. La realidad de las vidas de las mujeres empleadas en la prostitución y la manera en que eran vistas por los hombres fueron objeto de algunos estudios contemporáneos, aunque normalmente desde una perspectiva moral. Solo a partir de los años setenta el fenómeno de la prostitución fue analizado de manera sistemática y más objetiva[436]. En todo caso, todavía sabemos poco. De una publicación de 1974, basada en entrevistas a prostitutas y a sus clientes, se desgrana que, en el caso de muchas mujeres, antes de hacer la calle habían quedado embarazadas por sus prometidos o por sus patronos y luego habían sido defenestradas. Para estas mujeres —a menudo pobres, analfabetas y completamente solas en la gran ciudad, acarreando en muchas ocasiones a hijos no reconocidos— la prostitución representaba simplemente el menos malo, y a veces el único, recurso de supervivencia. Por otra parte, la mayoría de los clientes consideraban «ir de putas» como un mero alivio físico previo al (y durante el) matrimonio; algunos de los entrevistados incluso dijeron que la prostitución era una forma de castigar y vengarse de las mujeres[437].

La evolución de los valores de género siguió más que precedió al cambio económico. Las grandes migraciones comenzaron en los años cuarenta, la industrialización española arrancó en los años cincuenta, pero tenemos que esperar hasta 1959 para que un informe sociológico sobre la familia española detecte los primeros nuevos aires de evolución de la moralidad y de los papeles de género. Entre otros, los indicios de cambio aparecían en la erosión relativa del papel de la familia en el tema de la educación —que cada vez más correspondía a la escuela—, el incremento del amor «romántico», una mayor paridad entre marido y esposa respecto a la responsabilidad en la educación y el cuidado de los hijos, una predilección por tener familias más pequeñas, una presencia más fuerte de mujeres en el mercado laboral y, finalmente, más equidad en el nivel educativo entre los esposos[438]. Esta evolución hacia la paridad entre los sexos sería recogida por la legislación, pero siempre de forma dubitativa, lenta e incompleta[439]. La reforma del marco legal —especialmente de aquellas normas referentes a la incorporación de la mujer al mercado laboral— se encaminó a derogar parte de la legislación previa del régimen franquista, que en 1938 y de nuevo en 1956, había recortado los derechos de las féminas al trabajo, por ejemplo restringiendo las prestaciones sociales y complementos salariales familiares cuando la esposa trabajaba[440]. Los derechos de las campesinas, que habían trabajado siempre y mucho, y el de obreras y mujeres pobres que se habían buscado la vida empleándose aquí y allá, eran temas abordados por esta legislación, otra cosa es que se les aplicase a ellas lo que la ley decía.

Las nuevas actitudes se manifestaron también en la discusión de temáticas que hasta entonces habían sido obviadas. Tal fue el caso de la violencia doméstica. Posiblemente, el primer artículo sobre este tema aparecido bajo la dictadura fue el publicado el 9 de noviembre de 1953 en el periódico monárquico (y profranquista) Abc. En él se denunciaban los frecuentes malos tratos a mujeres casadas y la discriminación legal que estas sufrían. El censor había retenido el artículo durante meses, pero la autora, la abogada Mercedes Fórmica, tenía buenas conexiones dentro del régimen y esto posibilitó que su publicación finalmente fuese permitida. Lo que el artículo no decía era que la situación que se denunciaba era en parte un producto de la derogación por la dictadura de la legislación republicana. En todo caso, el artículo provocó una cascada de respuestas y cientos de cartas, hasta convertirse en lo más cercano a un debate sobre la familia y la ley que se había visto hasta entonces en la España de Franco. Abc llegó a organizar una encuesta informal entre abogados, todos varones, sobre cómo llevar a cabo una hipotética reforma. Las respuestas fueron en general condescendientes. Pero la Sección Femenina de la Falange apoyó a Fórmica. Esta, además, consiguió una entrevista con Franco, quien se mostró receptivo a sus ideas[441].

Pero, cuando se trataba de reformas, el proceder del franquismo fue siempre lento y caracterizado por la timidez. Los derechos jurídicos y de propiedad de la mujer fueron ampliados en la reforma del Código Civil de 1958. Sus derechos laborales también mejoraron en 1961. En ese mismo año, desapareció del Código Penal el notorio artículo que, reintroducido por la dictadura en 1944, castigaba de forma leve el uxoricidio de honor, esto es, el asesinato por parte del marido o padre de esposas o hijas si eran sorprendidas participando en actos de flagrante adulterio. También en 1961 la tipificación legal de adulterio pasó a incluir a los varones, aunque el castigo prescrito fuera bastante más leve que el aplicable a las mujeres. En 1972, las mujeres adultas y solteras menores de 25 años adquirieron el derecho a abandonar el domicilio paterno sin el consentimiento de sus mayores. Hasta entonces solo habían podido hacerlo para casarse o ingresar en una orden religiosa[442]. El adulterio fue finalmente descriminalizado en 1978, ya en democracia, y la equidad legal (la real es una historia bien diferente) entre sexos no se alcanzó hasta 1981, seis años después de la muerte del dictador.

Descubriendo el consumo

Descubriendo el consumo

Tras los terribles años de la autarquía, los españoles estaban a la cola de los países europeos en tres aspectos: lo que comían, lo que poseían y lo que adquirían. No sería hasta principios de los años sesenta cuando estas tres realidades experimentaron un cambio significativo y los patrones de consumo de los españoles siguieron los experimentados por las sociedades europeas occidentales desde unos quince años antes. Tener lo suficiente para sustentarse fue el primer indicador de progreso, pero una vez cubiertas las necesidades más básicas, los españoles comenzaron a gastar menos en alimentos y más en sus bogares, y en otros artículos que no eran de primera necesidad. Así, el porcentaje del PIB nacional dedicado al consumo de alimentos pasó del 35,25 % en 1954 al 28,76 % en 1962, y al 24,14 % en 1975[443]. A principios de los años sesenta, a pesar de muy notables disparidades regionales y locales, la mayoría de los españoles ingería una dieta muy superior en términos nutricionales a la que tuvieron durante la interminable posguerra. Pero esta dieta era muy similar a la de sus antepasados de principios de siglo, estando basada en una fuerte dependencia de legumbres y grasas, y en la que escaseaban verduras frescas y proteínas de calidad. Después de tantas penurias, comer bien siguió siendo una obsesión en la mesa de las familias españolas. Prueba de ello es que, entre 1958 y 1975, a pesar de que el coste de la cesta de la compra declinó en términos relativos al poder adquisitivo de las familias, el gasto alimentario se multiplicó por dos en términos absolutos.

La distribución del gasto familiar dependió en primer lugar de la evolución de la renta per cápita. En 1964, las familias españolas gastaban el 50,2 % del total de sus ingresos en alimentos, el índice más alto con diferencia de todas las naciones occidentales. En Italia, que era el país más cercano, este gasto se situaba en el 46,9 %, mientras que la media del OCDE se encontraba cerca del 40 %. En 1972, el gasto familiar en alimentación era del 44 %, todavía bastante superior a la media europea, pero la diferencia se había reducido algo. El incremento del gasto absoluto en alimentación no solo fue destinado a comer más sino también a sufragar cambios significativos en la dieta que empezó a incluir productos que habían sido inalcanzables o muy costosos para la mayoría en el pasado reciente. Tal fue el caso del incremento en el consumo de proteínas de origen animal, sobre todo carne⁵⁹. Lo mismo puede decirse del pescado. Pero también aumentó el consumo de productos considerados de lujo como el café, el té o las bebidas alcohólicas de «marca» (en oposición a las más tradicionales y de menor calidad a granel). Al mismo tiempo, bajó el consumo de pan —alimento básico en el pasado— y el de otros productos baratos como patatas y legumbres[444]. A principios de los años setenta, las familias de clase baja, media y alta retenían todavía patrones de consumo muy diferenciados, un hecho que podía explicarse no simplemente en función de los ingresos, sino también en términos históricos y culturales. Los pobres consumían más pan y patatas que los más pudientes, y casi la misma cantidad de carne y pescado, pero frecuentaban menos bares y restaurantes; y no solo porque era más barato comer en casa, sino porque aquí la calidad y la preparación de los alimentos inspiraba más confianza, un hecho que no olvidaban quienes habían sufrido durante décadas tanto el hambre como la adulteración de los productos.

Mientras que los españoles de a pie comenzaban a saborear los frutos de la prosperidad, los intelectuales de los años sesenta se preguntaban hacia dónde se dirigía la sociedad. Algunos sectores tradicionalistas veían con pesimismo y aun rechazo el consumismo y la marcada orientación capitalista occidental que estaba adoptando el país. En el fondo de estas cuestiones estaba una preocupación moral sobre la influencia perniciosa de los valores materialistas extranjeros y de cómo el consumismo minaba las conciencias de los españoles. Era una preocupación que la izquierda, paradójicamente, compartía con la derecha católica, ya que para aquella el proceso amenazaba con hacer más fuerte a la dictadura o, incluso peor, extender su apoyo popular hasta incluir a la gente pobre. Eran miedos fundados, al menos en parte. Efectivamente, España era, o estaba a punto de convertirse, en una sociedad consumista, y esta revolución (palabra que se usaba en aquellos años para explicar lo que estaba pasando) contribuyó, a corto plazo, a elevar el prestigio de Franco. Pero la popularidad del dictador estaba llegando a su cénit y, desde comienzos de los años setenta, declinó claramente. Lo que ya no cambió, por suerte, fue que, por primera vez en la historia del país, había abundancia de bienes de consumo en los hogares españoles y en las calles. Esto es que, por fin, se había producido en España una participación desigual pero masiva en el reparto del bienestar de las clases trabajadoras urbanas y de las clases medias del campo. Era un logro que, como concedió un conocido intelectual de izquierdas, «no [era] necesariamente negativo o algo contra lo que [había que] luchar»[445].

Dejando a un lado consideraciones morales o ideológicas, los datos confirman que la mejora llegó a aquellos que hasta entonces habían sido los más desfavorecidos por el intercambio de libertad por paz que impuso la dictadura: los pequeños y medianos agricultores y, particularmente, las clases trabajadoras[446]. Para estos pobres, su conversión en consumidores residía en tres factores clave. El primero fue que desde 1964 hasta la recesión que puso fin al milagro económico en 1974 el incremento medio anual del consumo privado fue del 5,7 %; esta es una cifra muy similar al 6 % de incremento salarial per cápita para este periodo. El segundo pilar del progreso es que, hasta principios de los años setenta, el aumento de los salarios estuvo siempre por detrás del de la productividad; esto es, que se creó un modelo productivo, al menos en este aspecto, sostenible. El tercer y último factor —que es a menudo ignorado en los análisis más clásicos y economicistas— fue que los trabajadores consiguieron sobreponerse a su pobreza a base de trabajar muy duro, desde una edad muy temprana y con frecuencia a costa de renunciar a su educación. Esto último quiere decir que cada bien de consumo que entraba en una vivienda humilde había sido adquirido, literalmente, a cambio de años de formación perdida. Para los españoles pobres, la inserción en la sociedad de consumo conllevó la hipoteca no escrita de los límites de su propio progreso personal y profesional. Estos sacrificios personales en educación tendrían serías repercusiones en las actitudes futuras de amplios sectores sociales hacia el valor de la escuela, que han llegado hasta nuestros días en la forma de un demasiado extendido abandono escolar en España, sobre todo en momentos de bonanza económica.

La mejora de la economía nacional en los años sesenta se debió en gran medida al trabajo (o más bien a la explotación) de los obreros, de sus privaciones y al tirón del consumo gracias al incremento de sus salarios. El papel del Estado, por otra parte, fue en general negativo, incluso en los mejores años de la dictadura. Pues una cosa es que el Gobierno liberalizase parcial, pero muy tardíamente, la economía, pero otra muy distinta e injustificable fue su actitud tímida, en el mejor de los casos, a la hora de invertir, redistribuir riqueza y proveer servicios a lo largo del espectro social y regional. El consumo privado como porcentaje del PIB (que en este contexto no es sino el reverso de la inhibición estatal y la escasa carga fiscal para los ricos) fue de forma consistente mayor en España que en cualquier otro país occidental. Por ejemplo, en 1964 el consumo privado español fue del 69,8 % del PIB mientras que en el Reino Unido, el país europeo occidental más cercano en este aspecto, se situó en el 64,7 %; y en Japón, un país con una tradición de economía exportadora y ahorradora, fue de solo un 52,1 %. En 1969 el consumo privado español llegaba al 68,6 % del PIB nacional frente al 63,5 % de Italia y al 51,3 % de Japón. Todavía en 1972 España estaba a la cabeza de la lista con el 66,3 %, le seguía Italia con el 64,6 %, mientras que Japón se situaba en el último lugar con el 52 %[447]. Puesto en palabras simples —y hasta repetidas para que se entienda mejor— esto significa que el precio del cambio económico, el consumo y la modernidad fue sustentado no por el gasto del Estado o por los impuestos que los más opulentos no pagaron sino por las magras rentas, el esfuerzo (la explotación y la autoexplotación) y las oportunidades perdidas de esa gran mayoría de españoles que componían las clases bajas y medias.

En todo caso, durante la década de los sesenta los españoles gastaron más, y una proporción más alta de este gasto fue destinada a productos que no eran esenciales. En esta naciente sociedad de consumo, la gente comenzó a invertir en sus hogares, antes de que fuese influenciada en el descubrimiento de otras supuestas necesidades por la publicidad, y —esta fue una novedad de la época— en especial por la que emitía la televisión. Esta última se convirtió en sí misma en el producto estrella del consumo de los años del despegue económico. En 1960, solo el 1 % de las familias contaba con un aparato de televisión, pero solo seis años después el porcentaje había aumentado hasta el 32 %. España iba por detrás, aunque reduciendo la diferencia, de lo que estaba pasando en el resto de Europa. Por ejemplo, durante este mismo periodo, la posesión de televisores en Francia se incrementó del 13 % al 47 %. Otro artículo muy solicitado fue el frigorífico, que solo tenían el 19 % de los hogares españoles en 1960 pero del que en 1966 ya disfrutaban el 36 %. En el caso francés su posesión se incrementó del 24 % al 42 %. La demanda de máquinas lavadoras también se disparó, y de encontrarse en un 19 % de los hogares en 1960 pasó a hacerlo en el 36 % en 1966. En Francia el incremento fue del 24 % al 42 %[448].

Otro cambio dramático en la segunda mitad de los años sesenta fue la incorporación del transporte privado en las vidas de millones de españoles. La moto Vespa sustituyó a la bicicleta como medio de transporte del trabajador. Era además un vehículo familiar y en los días en que la seguridad en las carreteras era tomada menos en serio que hoy podía acomodar hasta a cinco miembros de una misma familia[449]. No obstante, aquellos que podían permitírselo se hicieron con un automóvil: la posesión de estos pasó de un 4 % de los hogares en 1960 a un 35 % en 1971. Durante este mismo periodo, en Francia el incremento había sido del 35 % al 60 %. El número de autos en España creció de forma muy espectacular en especial entre 1964 y 1971: en un 290 % frente al 49 % en Francia, el 30 % en Italia, el 62 % en Alemania o el 40 % en Reino Unido[450]. Los míticos e incómodos Citroen 2CV, Renault 4 y por supuesto, Seat 600 pronto se convirtieron en un símbolo del éxito para aquellos afortunados que los poseían. Aunque no eran coches seguros ni sus dimensiones fueran ideales, fueron inmortalizados en canciones y películas como emblemas de la nueva felicidad que era posible hallar en la soleada y, eso se vendía, sonriente España del desarrollo[451].

Como ya se ha apuntado, la sociedad de consumo y la publicidad fueron de la mano. Al igual que había ocurrido previamente en otros países europeos, las grandes firmas internacionales de publicidad aterrizaron en España a mediados de los años sesenta trayendo consigo la capacidad de estimular los deseos de consumir de los cada día más afluentes españoles[452]. Para el final de la década, el coste de la publicidad equivalía ya al 1,3 % de la renta nacional[453]. La mejor herramienta de marketing fue la televisión, entonces bajo monopolio estatal, y que para 1968 había facturado en publicidad unos 1400 millones de pesetas desde la introducción de los anuncios en 1957. Pese a que por aquellas fechas el número de aparatos en España era de menos de 4 millones y que había varias provincias donde menos del 20 % de los hogares tenía un televisor, para las compañías de publicidad la inversión valía la pena. A diferencia de la radio, la gente veía el objeto del deseo. El medio ofrecía también ventajas sobre la publicidad inserta en periódicos y revistas, entre otras cosas porque a mediados de los años sesenta ni siquiera un cuarto de los adultos decía leer la prensa a diario.

Los anuncios reflejaron y a la vez guiaron la naturaleza cambiante de la sociedad española. Al principio estuvieron dirigidos a un público con una renta disponible muy limitada y por ello ofrecieron productos básicos o asequibles como alimentos, bebidas, electrodomésticos y otros artículos del hogar. Los anuncios que ofrecían automóviles, vacaciones o servicios bancarios, que hoy día son comunes durante las pausas publicitarias, eran muy minoritarios. Lo que no ha cambiado desde entonces fue el intento de la publicidad de conectar con los valores y los instintos del consumidor que, como hoy, se nutrían previsiblemente de las tensiones entre sexos donde el hombre triunfal que adquiría el preciado producto se imponía a otros, a la vez que se aseguraba la conquista de la mujer; y donde los artículos para esta reforzaban su imagen y función doméstica o le ayudaban a asegurarse la atracción de los hombres, situación que, entonces más que ahora, se resolvía con su felicidad vía novio formal y matrimonio[454].

Con la publicidad se asentó también en España el concepto de «cultura joven». Mientras que los progenitores se ocupaban de que la familia comiese mejor, comprar pisos o reformar los que ya habitaban o de adquirir electrodomésticos, motos y coches, los jóvenes desarrollaron sus propios patrones de consumo con nuevos (y en apariencia radicales) hábitos respecto a lo que bebían, la música que escuchaban, la ropa que les vestía o la colonia que se ponían, por no hablar de los cortes de pelo. Estas tendencias fueron claramente influenciadas por los anuncios que reforzaban lo que ya se veía en los programas de televisión o en películas, y que no eran sino las tendencias y gustos de sus homólogos occidentales. Un estudio de 1971 sobre los hábitos de compra de la gente joven mostraba tanto las nuevas predilecciones de estos como las diferencias que existían entre géneros[455]. Los gustos musicales, por ejemplo, representaban una brecha entre la generación de los padres y la de los hijos, que estos recordaban de forma ruidosa a diario a aquellos, pues el 56 % de los jóvenes poseía entonces un tocadiscos y el 82 % un transistor. Para horror o al menos escepticismo de sus padres, la gente joven a menudo escuchaba música en inglés, pese a que casi nadie entendiese la letra o fuese capaz de repetir, malamente más que alguna línea (seguida por el recurrido y perdonado washiguáwashiguáyoulovewahsiguá), y se empapaban de una estética, la de la música pop, que poco tenía que ver con los gustos de los españoles de más edad, que todavía se decantaban por la llamada «canción española», más o menos influenciada por el flamenco. Otro cambio significativo respecto a las generaciones previas fue el incremento por el gusto de la lectura entre la gente joven, pese a que, comparados con otros europeos, los españoles leían poco. En 1971, el 49 % aseguraba haber adquirido un libro, sobre todo novelas, durante los tres meses previos. Otros géneros como la filosofía, la psicología o a la sociología eran también leídos, aunque muy por detrás de la ficción.

Los nuevos hábitos de consumo afectaron, y se vieron afectados por, los valores de género emergentes, y en particular por las nuevas interacciones entre hombres y mujeres. El ya referido estudio de 1971 revelaba que el 63 % de los varones y el 44 % de las mujeres fumaban, un hábito novedoso para estas últimas, ya que pocas entre la generación de sus madres tenían lo que entonces se consideraba un «vicio» propio de los hombres, especialmente entre mujeres campesinas u obreras, para las que fumar era también considerado un signo de distinción de las señoras de clase alta, o algo propio de «señoritas» de moralidad dudosa. Por su parte, los hombres fumaban ahora más tabaco rubio y cigarrillos americanos que sus padres. Los jóvenes varones seguían bebiendo más alcohol, sobre todo cerveza y vino, que las mujeres (77 % frente a 61 %, respectivamente). Pero ahora, beber en público era socialmente aceptado en el caso de estas, incluso en los reductos tradicionales de los varones como el bar y la cafetería. Las mujeres, en mayor medida que los hombres, comenzaban a adoptar nuevos hábitos higiénicos y a hacer uso de productos de este tipo con mayor regularidad. Por ejemplo, el 99 % de aquellas afirmaba usar pasta de dientes (un producto en absoluto asociado a la tradición de la España rural y trabajadora) frente al 94 % de varones. Era esta una diferencia que no escaparía a las firmas de publicidad, como evidencia un anuncio de primeros de los años setenta en el que una joven le decía a su prometido «Pepe te quiero, pero si usas Colgate te querré más». No sabemos si Pepe usaba otra marca o, como muchos de los telespectadores, nunca había pensado en la necesidad de cepillarse los dientes, pero desde luego el aliento medio del país mejoró durante los años finales de la dictadura. Los efectos transformadores del consumismo en términos de higiene debieron apreciarse casi de inmediato, en el caso citado y en los de otros relacionados con olores corporales ya que, a pesar de ser España un país muy cálido en verano, todavía en 1971 solo el 65 % de los hombres creían necesario usar desodorante (frente al 91 % de las mujeres que decían utilizarlo).

A medida que la dictadura entraba en su recta final, España se convirtió en una sociedad de consumo donde las desigualdades sociales se estaban reduciendo de forma clara pero donde todavía existían diferencias regionales significativas. Al analizar la renta y el equipamiento de los hogares en 1969, el Instituto Nacional de Estadística estableció un ranking de regiones según los niveles de bienestar: el primero lo ocupaba solamente la ciudad de Madrid; el segundo lo formaban las provincias vascas y Navarra; en el tercero y el cuarto grupo aparecían las provincias de Cataluña, más Zaragoza y Huesca; los dos últimos grupos daban cabida a la mayor parte del país, incluyendo todas las provincias de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla y Murcia. Las provincias desfavorecidas se habían desarrollado en este aspecto a mayor ritmo que las privilegiadas, pero las diferencias regionales eran todavía muy marcadas[456]. Además, la desigual distribución de la riqueza era más palmaria en las provincias más pobres que en las más ricas[457]. España había mejorado mucho, pero aún no pertenecía a la primera clase de Europa. En 1970 los españoles consumían aproximadamente 300 calorías diarias per cápita menos que sus homólogos occidentales. Esto no quita que, en comparación con las terribles décadas de los cuarenta y cincuenta, los españoles nunca habían estado mejor, y que parte de los efectos más dañinos de la política autárquica y de la falta de inversión pública se habían superado o quedado ocultos por la nueva prosperidad. El número de viviendas construidas, por poner un ejemplo, superaba finalmente en 1971 al de Alemania, Reino Unido o Italia, aunque todavía se situaba bastante por detrás del de Francia u Holanda. Era este un hito muy positivo pero que no podía compensar tres décadas de dejadez e incompetencia.

Como era de suponer, el régimen se atribuyó el mérito del progreso, apropiándose del sacrificio y del esfuerzo de los españoles de a pie, para presentar el bienestar creciente como un logro solo posibilitado por la Paz de Franco. De este modo, el infalible Caudillo copaba el éxito al que tanto había contribuido con sus políticas para que fuese tan tardío, mediocre y doloroso de conseguir[458]. El discurso del dictador fue una tergiversación del pasado que obviaba los defectos, injusticias, crueldades, errores y prejuicios apenas escondidos tras la fachada de la nueva España del consumo. Pero detrás de la abundancia material reinaba la miseria política y cultural. La mejor representación de la primera era la mentira de la unidad de los españoles detrás de su líder invicto, celosamente guardada por la censura y voceada por la propaganda. De la segunda baste notar la cantidad de kilos de papel de periódicos consumidos per cápita —por entonces una medida de cultura aunque hoy día lo sea de daño ecológico— que en 1971 era menor que en 1968 y que se mantuvo bajísima en comparación con la de cualquier otro país europeo. Era este un indicio más de lo que se escondía debajo de la fachada de un país supuestamente feliz donde más del 25 % de los niños no conseguía el título de educación primaria[459].

Vista desde la mitad de los años setenta, la década previa había sido prodigiosa. Pero la economía española era todavía incapaz de alimentar, vestir, dar alojamiento o educar a las clases bajas al mismo nivel que se hacía en el resto de Europa. Este era el resultado de un desarrollo tardío y basado de forma desproporcionada en el consumo privado y que, por último, se mostró frágil. Cuando en 1974 la crisis económica llegó a España se produjo un rápido incremento del desempleo (a su vez, intensificado por la vuelta de los emigrantes) que conllevó drásticos recortes del gasto familiar, lo que a su vez deprimió aún más la economía. Las primeras y más sentidas víctimas fueron, como no, los pobres y los que contaban con menos formación —trabajadores no especializados, mujeres y emigrantes retornados—, los mismos que tras décadas de esfuerzos habían llegado a disfrutar brevemente unos, o a solo vislumbrar otros, la prosperidad que el resto de Europa habían conocido desde hacía más de veinticinco años. Fue una quimera que se desvaneció durante el último año de la dictadura; y se hizo otra vez lejana para los pobres de España.

El tiempo libre

El tiempo libre

Los hábitos de ocio de los españoles de posguerra continuaron siendo casi los mismos que los de los años anteriores al conflicto[460]. Ir al cine era el pasatiempo preferente (la asistencia se encontraba entre las más altas del mundo entonces, solo por detrás de los Estados Unidos). Esta tendencia se mantendría hasta los años setenta con la masificación de la televisión[461]. Las películas constituían la principal fuente de diversión de las familias, incluso si estas no asistían siempre juntas a verlas[462]. Los productos de Hollywood, doblados al español, tenían mucho más tirón que las películas nacionales. La gente seleccionaba qué películas iba a ver en función de los actores que aparecieran en el reparto; por entonces casi nadie sabía exactamente qué hacía un director. Los grandes actores americanos podían ser tan conocidos en los más humildes pueblos españoles como en las calles de Nueva York.

Había también una pequeña industria cinematográfica española con sus propias estrellas. En estas películas eran frecuentes los personajes, la música y los escenarios de supuesta inspiración andaluza. Como ocurre con el cine de Hollywood, las tramas y los finales eran completamente predecibles: en su mayoría, historias de amantes desventurados que buscaban el matrimonio como único garante de la felicidad eterna[463]. A veces los actores cantaban o bailaban mientras el villano de turno intentaba aguar la fiesta. El mensaje de estas películas era moralista y conservador, retratando situaciones poco realistas y en las que no aparecía mención alguna a la conflictividad social o a la política del momento. Aunque se produjeron algunas películas de contenido político o histórico, su éxito casi nunca pudo competir con el tirón de comedias, dramas y musicales. La censura ayudó a encarrilar el contenido moral de las películas, eliminando besos o alterando y eliminando escenas y diálogos (en esto resultó muy útil el doblaje) que pudieran parecer remotamente inapropiados, para que encajasen en la estricta doctrina católica. Luego, en los años setenta, no era raro que una película producida en España contara con dos versiones: una «picante» para el extranjero y otra «decente» para la distribución nacional.

Pasar tiempo en tabernas, bares o cafeterías representaba otra actividad de ocio de la gente, pero restringida sobre todo a varones adultos. Las mujeres consideradas decentes, especialmente las de clase media o media-alta, podían asistir a salones de té o a zonas de las cafeterías reservadas para ellas, pero raramente lo hacían solas o en compañía de hombres que no fuesen de su familia. En las tabernas los hombres solían jugar al dominó o a las cartas mientras conversaban y bebían. Existían diferentes bebidas asociadas a los distintos momentos del día: el café era para las mañanas, aderezado (o no) con un chorrito de licor. Vinos de baja calidad y cerveza eran las bebidas preferidas durante el resto de la jornada. Pero a veces los hombres se quedaban en la taberna demasiadas horas; y eso presentaba dilemas no solo económicos sino morales y de género. Por ejemplo, si para la hora de la cena el marido no había regresado ya a casa, las mujeres se abstenían de buscarlo en la taberna. Esto estaba considerado una práctica humillante para el hombre al sugerir que tenía una relación de sumisión hacia su mujer. Por eso, la esposa o esperaba en casa armándose de paciencia u optaba por enviar a uno de los hijos al padre con el recado —una opción más aceptable siempre que no ocurriera demasiado a menudo— de que la familia le esperaba para cenar.

Los partidos de fútbol se volvieron un pasatiempo cada vez más popular. Junto a las corridas de toros (más caras y que tenían lugar de forma más espaciada que los primeros) eran parte de un mundo masculino en el que, en general, con más excepciones en los toros, no se esperaba la presencia de las mujeres. Cuando la televisión se extendió por España en la segunda mitad de los años sesenta, los primeros televisores a menudo fueron los de los atestados bares de barrio o pueblo, donde acudían varones y niños a seguir, en medio del humo del tabaco y del ruido de fondo, a sus equipos y toreros favoritos.

En la posguerra, cuando la gente joven buscaba mezclarse con el sexo opuesto las opciones eran pocas y difíciles. Por lo general, los jóvenes en vecindarios obreros reservaban los domingos por la tarde para actividades recreativas y, dependiendo del mes del año, los ocupaban de diferentes maneras. Según un estudio de los años cincuenta, durante el invierno aquellos iban al cine en el 51 % de los casos, a bailar en el 42 % y a pasear en el 13 %, pero en verano casi no iban al cine, bailaban menos (27 %) y se llevaban más las excursiones y los paseos (31 % y 35 %, respectivamente)[464]. Un muchacho podía intentar llevar a su novia al cine, pero ella necesitaría una carabina y en ciertos casos esto solo sería posible si ya estaban prometidos[465]. En el caso contrario, no era raro que el varón pagara la entrada de la muchacha e incluso la de sus amigas, y que esperara fuera o que entrara y se sentara con sus amigos y lejos de ella. Una mujer joven que se sentara en un cine junto a un varón con el que no tenía una relación aceptada socialmente podía ser considerada una «perdida». Si un hombre se sentaba junto a una mujer que no era de su familia, se esperaba que ella objetara y hasta denunciara sus intenciones reales o supuestas. Cuando las parejas casadas iban al cine se sentaban de manera que ningún varón ajeno acabara junto a la mujer, normalmente poniendo a un hijo al lado de ella, y el marido en el otro. Se temía que la oscuridad de las salas de cine diera pábulo a actividades no deseadas, que los empleados de los establecimientos tenían la función de evitar. Durante las proyecciones no era inusual que se insertaran mensajes alertando a los espectadores contra comportamientos inmorales. A veces se avisaba de esta forma a los de ciertas filas, amenazando que la próxima vez se especificaría qué asientos ocupaban. En casos excepcionales, los acomodadores o ciertos varones movidos por la indignación moral se levantaban durante la película y denunciaban públicamente a quienes se comportaban de manera inapropiada, llegando incluso a agredirles. Si tenían suerte, los acusados podían escabullirse amparados por la oscuridad de la sala. Por otra parte, en cada cine de barrio se sabía qué asientos eran, por estar más apartados del resto de las butacas, idóneos para un contacto más íntimo, y se reconocía que quienes los elegían no pagaban su entrada para ver la película, lo que, como era de esperar, tenía implicaciones morales muy serias para la mujer que fuera vista allí. En cines que ocupaban teatros, siempre se podía sobornar al acomodador para que abriese un discreto palco a una pareja, y luego cerrase la puerta hasta un poco antes del final de la función.

Las fiestas eran normalmente privadas, y por ello objeto de la supervisión de miembros adultos de la familia que se aseguraban de que solo hubiese bailes moralmente aceptables. Hasta los años sesenta, muy pocas personas contaban con tocadiscos, y por esa razón los bailes de posguerra suponían la contratación de guitarristas y hasta cantantes más o menos profesionales que amenizaran las veladas. Durante estas, los hombres bebían alcohol pero se esperaba que las mujeres se abstuvieran de hacerlo. Había poco lugar para la intimidad. Las luces de la fiesta tenían que estar encendidas e iluminar claramente las actividades de los presentes, en especial las manos de ellos. Los paseos eran una alternativa de ocio barata y mixta, pero incluso estos requerían prudencia pues podían incluir lugares aislados o de limitada visibilidad, lo que en caso de trascender podía acarrear consecuencias muy serias para la reputación de las chicas. Por eso, los paseos eran aceptables si la pareja llevaba una carabina o tenían lugar a la vista de todos. De no ser novios, los jóvenes no caminaban juntos, sino a cierta distancia o, en el caso de plazas, en círculos, encontrándose la mirada cada unos cuantos minutos pero sin decirse nada.

El gran cambio en el ocio del periodo de posguerra fue el aumento de las actividades privadas familiares. La radio fue crucial en este fenómeno que ayudó a consolidar unos nuevos patrones domésticos. Ahora las familias se reunían en torno al aparato para escuchar el mismo programa, y gracias a esto tendrían temas comunes sobre los que conversar. La nueva necesidad de los radioyentes de escuchar un programa o un serial específico trajo un cambio de las costumbres diarias, pues ciertas actividades se acomodaron para permitir que la gente se retirara a casa en un momento determinado. En las casas más grandes, esta tendencia llevó a dar un nuevo uso a la sala de estar: una habitación donde varias personas podían sentarse más o menos cómodamente durante horas convertidas en espectadores. Por supuesto, esto solo era posible en hogares de cierto tamaño y para la mayoría la radio se disfrutaba sentados junto a la mesa del comedor o en la cocina. Lo mismo ocurriría más tarde con la televisión.

La popularidad de la radio en España comenzó con la llegada, a finales de los años cuarenta, de locutores latinoamericanos, y con la introducción de las radionovelas. En un principio, la censura desconfió del carácter retorcido de las historias, donde a menudo se daban amores prohibidos y secretos que incluían descendencia ilegítima. No obstante, el régimen comprendió pronto el potencial de escapismo que ofrecían los seriales radiofónicos y supo apreciar que al final de las historias triunfaban de manera consistente los valores tradicionales. No es accidental que el primer serial producido en España, La canción de Bernadette, tuviera una temática marcadamente católica[466]. Era la historia de Bernadette Soubirous, una joven atormentada por un malvado párroco celoso de que la Virgen se le apareciera a ella en Lourdes y no a él[467]. Sus apuros y sus padecimientos hicieron llorar a millones (y no solo en España, su versión fílmica de 1943 a cargo de Henry King ganó un premio Oscar) ocupando un lugar preeminente en los corazones de muchísimos españoles, hasta el punto de que sería repuesta hasta en dos ocasiones.

Como ya ocurría a uno y otro lado del Atlántico, las compañías de publicidad descubrieron que patrocinar programas de radio era una excelente manera de promocionar sus productos. Por ello nunca faltó, al principio de cada retransmisión o en las pausas, cancioncillas anunciando los beneficios de tal o cual artículo. Su introducción representó un salto cualitativo en la cultura de consumo de masas: la promoción simultánea de un mismo producto a lo largo de todo el país conllevó la unificación de gustos, comportamientos y expectativas. El comprador local se estaba convirtiendo en nacional, y —como muchos de los productos venían del extranjero— en consumidor internacional. Además, la creciente y casi adictiva costumbre de escuchar la radio (en 1955 había más de 2,7 millones de aparatos en el país, uno de los mayores ratios per cápita de Europa) ofreció a la dictadura nuevas oportunidades de propaganda, a través de las informaciones de Radio Nacional de España (fundada por el bando rebelde durante la guerra), y de numerosas estaciones de radio local a cargo de Falange, además de otras compañías privadas férreamente controladas por la censura.

La Iglesia se apuntó también a la radiodifusión y fundó varias estaciones pequeñas que se unificarían en 1965 en la COPE. Un resultado de esta modernidad eclesiástica fue que la España de posguerra tendría su propia modalidad de predicadores radiofónicos —el más famoso fue probablemente el muy reaccionario padre Venancio Marcos en los años cincuenta— y varios programas que ofrecían consejos a las mujeres sobre cómo compaginar los valores familiares con un mundo en transición[468]. Con diferencia, el más famoso de estos consultorios fue Elena Francis, que empezó a retransmitir en 1948 y continuaría hasta después de instaurada la democracia. Luego se supo que la señora Francis no era una persona real, sino una voz femenina detrás de la cual se escondía un equipo de, sobre todo, hombres que incitaban a las mujeres a apoyar a sus maridos, a perdonar sus faltas y devaneos en silencio, y a rezar a Dios.

Esta combinación de modernidad y ocio tendría otras ramificaciones, pues ayudó a los españoles a reforzar una imagen de sí mismos en términos de colectividad y una aceptación de nuevas responsabilidades sociales. Gracias a la radio, pueblos y localidades dispares se sintieron más cerca. Por ejemplo, la cobertura radiofónica de las catastróficas inundaciones de Valencia de 1957 ayudó a organizar una campaña de solidaridad con los afectados a escala nacional. Igualmente, las diferentes cadenas competirían en campañas de beneficencia, especialmente durante las fiestas de Navidad, donde locutores y artistas conectaban con la gente de a pie, transmitiendo la belleza de eventos lejanos, y contribuyendo así a crear un sentimiento de bienestar moral y una identidad católica aglutinadora. También el espíritu de que todo era posible se manifestaba durante los concursos musicales para cazar talentos donde, por primera vez, el conjunto de los españoles podía escuchar las mismas canciones de manera simultánea, reconocer a solistas y seguir la, normalmente, efímera fama de jóvenes artistas de extracción a menudo muy humilde. Junto a los de índole musical, tal vez ningún programa radiofónico ayudó a forjar más la idea de una comunidad nacional tanto como el fútbol, desde las primeras retransmisiones de la Liga y la Copa del Generalísimo en la década de los cuarenta hasta los eventos internacionales ya en los años cincuenta. Hasta la década de los sesenta, la impresionante cadena de victorias del Real Madrid, que llegó a ganar en cinco ocasiones consecutivas la Copa de Europa entre 1955 y 1960, se convirtió en símbolo del éxito deportivo internacional de la España de Franco[469].

El encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid, jugado el 15 de febrero de 1959, añadió a las tradicionales pasiones propias del encuentro la novedad de ser el primer partido en la historia de España retransmitido por televisión. Ese año los aparatos de televisión se vendieron por la astronómica cantidad de 2000 pesetas. Los televisores eran todavía un producto exótico y fuera del alcance de la mayoría. Habían comenzado a comercializarse en Madrid en 1956, pero su venta solo despegó cuando cinco años después el Gobierno abolió el impuesto de producto de lujo. De unos 600 aparatos existentes en 1956 se pasó en 1966 a 2 125 000, cifra que se doblaría en los cuatro años siguientes. Para 1970, el 40 % de las familias españolas poseía su propio televisor[470].

La televisión tuvo un impacto sociocultural enorme. Desde mediados de los años sesenta los españoles no solo la veían sino que hablaban de ella y empezaban a hacer sus compras en base a lo que esta les transmitía. Incluso en mayor grado que con la radio dos décadas antes, la introducción de la televisión contribuyó a cambiar la manera en que la gente interactuaba en espacios públicos y privados. Pese a la bien ganada (aunque tal vez exagerada) reputación de los españoles de hacer vida callejera y noctámbula, con la televisión mucha gente empezó a volver a casa al mismo tiempo, normalmente tempranito, para ver las mismas cosas. Los más pequeños también tenían sus espacios y tiempos propios. El final de los programas infantiles marcaba la hora en que las autoridades consideraban prudente que se fuesen a la cama; otra cosa es que lo hiciesen[471]. La televisión dictaba ahora a los padres cuándo podían disfrutar de tiempo para ellos solos, o al menos para los adultos de la casa, reafirmando así el concepto y las nuevas prácticas ideales de la familia nuclear.

Ver la televisión reflejó y cambió a la vez los valores y las prácticas sociales. Según un estudio de 1969, los hombres veían más la televisión que las mujeres, las generaciones jóvenes más que las viejas y los más formados más que los analfabetos o aquellos que habían dejado la escuela antes de terminar los estudios primarios[472]. La razón era simple: las mujeres trabajaban jornadas más largas, en casa y en el trabajo (si tenían uno), y debían cocinar, limpiar y cuidar de los hijos mientras sus maridos se relajaban delante del televisor después del trabajo y durante los fines de semana; los valores de las generaciones más longevas no se veían siempre correspondidos por la oferta disponible; y los pobres tenían menos dinero para comprar televisores y jornadas laborales más largas y a menudo en lugares más lejanos de sus hogares. En cualquier caso, con la televisión en el comedor, los hombres tenían ahora más motivos para quedarse en casa y no ir al bar, mientras que las mujeres hacían menos visitas a amigas y familiares. Los domingos, los varones veían el fútbol mientras que podían beber a un coste más barato que en la calle. Sus esposas tal vez daban cortos vistazos al partido mientras se encargaban de las tareas domésticas, rompiendo poco a poco el cliché de que los gustos de las mujeres no incluían a los deportes. No pasaría mucho hasta el momento en que ellas también se sentasen, tuviesen una opinión sobre lo que estaba pasando y hasta fuesen al estadio con sus maridos a ver un partido.

El éxito de la televisión no solo se debió a que promovía el escapismo y la fantasía, sino porque, además, al ver historias de familias con una moralidad estricta, sobre las divisiones de género en el trabajo, el papel del hombre en los espacios públicos y de la mujer en los privados, o la asimetría en la elección de roles y vocaciones disponibles para padres e hijos, la gente veía en la pantalla sus propios valores morales reflejados y sus realidades, aunque idealizadas, del día a día[473]. La televisión en España consolidó un mensaje de modernidad controlada, usando para ello todo tipo de programas desde los, en apariencia, inocuos concursos para toda la familia hasta los dirigidos específicamente a niños o a adultos, donde cualquier idea considerada perturbadora era eliminada, presentando al mismo tiempo como viables solo los valores conservadores[474]. Pero la televisión no era simplemente inmovilista sino que influenciaba a las personas a comportarse de manera «moderna», al presentar nuevos escenarios sociales y culturales que, sobre todo, venían a través de los programas extranjeros.

La televisión se convirtió en un fenómeno sociocultural en un momento en que el progreso y la modernidad resultaban todavía excitantes. Poseer una y hablar de ella implicaba prestigio. Cuando, en los años sesenta, vecinos, amigos o familiares se reunían alrededor de un televisor recién comprado se producía un efecto dominó casi inmediato. Cuando los hombres hablaban de la televisión en el trabajo, las mujeres en el mercado o los niños en la escuela, irritaban, voluntaria o involuntariamente, a aquellos que no tenían una. Si primero fueron los españoles más afluentes quienes vieron y hablaron de la televisión, los más pobres pronto buscaron hacerse con una y experimentar ellos mismos este nuevo símbolo de bienestar. Era una necesidad vital más que objetivamente material y que quizás explique por qué en 1966 el 51 % de los hogares en las grandes ciudades tuviera un televisor aunque solo el 47 % contara con un frigorífico[475]. A menudo, la solución que encontraron los más humildes para adquirir un televisor pasó por contraer un crédito directamente con el vendedor (las famosas letras). En muchos barrios obreros, fue un vecino el que hizo las veces de corredor de comercio por parte de la tienda de electrodomésticos, buscando familias honestas y fiables que comprasen hoy y pagasen a plazos mañana. En un país donde la mayoría todavía consideraba, desde una perspectiva católica y esencialmente anticapitalista, las deudas como un estigma, comprar a crédito perdió su mala reputación no solo porque todo el mundo lo hacía sino porque la televisión era una cosa buena para toda la familia, que traía diversión pero también cultura y prestigio social, y porque se sabía que, en la coyuntura del despegue económico del país, el pago era más probable que el incumplimiento.

La televisión fue también una apuesta por una vida mejor hecha por personas que habían vivido tiempos muy difíciles. Ofrecía ejemplos de justicia y de esperanza que decían a quienes los veían que todo era posible. En palabras de algunos intelectuales (con dos pesetas de ideología en el bolsillo) quizás era el nuevo «opio del pueblo», pero para las personas más humildes significaba por fin optimismo después de dos, y hasta tres, décadas en las que habían conocido demasiadas miserias. Las melodías de los programas, los seriales donde el bien se imponía al mal, las competiciones de talentos que daban fama a jóvenes estrellas y los concursos donde los participantes ganadores se hacían con premios, regalos, dinero o fabulosos autos representaban todos signos inequívocos de esperanza. Esta nueva mentalidad fue representada como pocos por el programa, estrenado en 1968, Un millón para el mejor, una versión local de otras producciones europeas similares (a su vez, copiadas del formato americano) donde una persona de a pie podía, si contestaba correctamente todas las preguntas, conseguir el mítico premio de un millón de pesetas.

Era también una recompensa meritocrática en un país caracterizado por el privilegio y el enchufe. El mensaje de optimismo y de justicia de los concursos también se trasmitía a través de la música y de los festivales de la canción como el de Benidorm (copia del de San Remo) o el de Eurovisión. Allí ganaba, en teoría al menos, el mejor, fuese quien fuese, viniese de donde viniese. Era, en fin, una sensación de entretenimiento y de placer ahora igualitaria, pero que hasta entonces había estado reservada a una minoría[476].

La introducción de la televisión fue también beneficiosa para la dictadura, que utilizó la imagen de la nueva España feliz para promover el escapismo y para su propaganda política, y en especial para alabar la figura de Franco. En 1964, el dictador, escoltado por su joven ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, inauguró los flamantes estudios de Prado del Rey, a las afueras de Madrid. Aquel mismo año el Gobierno inició una red de teleclubs que llevaron la ilusión y la propaganda del régimen a los barrios y a miles de localidades remotas. Aunque en 1971 ya había en España 4414 teleclubs, fue un empeño que en realidad iba contra la lógica de los tiempos. Ver la televisión era, aparte de su papel en los bares, una actividad privada; y fue en los hogares y no en los clubes donde creció de forma masiva el número de televidentes[477].

Consciente del valor político de este medio, el Gobierno franquista retuvo el monopolio estatal sobre la televisión sin permitir iniciativas privadas, y la usó de manera descarada para sus propios fines. Es cierto que otros gobiernos democráticos, como los de Francia e Italia, no fueron ajenos a prácticas de manipulación y censura, pero en comparación, las acciones e intenciones últimas del franquismo pertenecen a una categoría aparte: la de las dictaduras[478]. La mayor concesión hecha por el régimen hacia la diversidad cultural y nacional española fue la autorización en 1964 para producir y retransmitir piezas teatrales en catalán[479]. Por supuesto, esta mínima liberalización no compensaba por todas las décadas pasadas y futuras de represión de esta lengua[480]. Existió, además, un pequeño respiro con la liberalización parcial de las leyes censoras en 1966, promovida por Manuel Fraga, pero esta apertura afectó sobre todo a libros y, en una escala mucho menor, a la prensa. La televisión y la radio se mantuvieron bajo un estricto control. Era lógico: los españoles raramente leían libros y los lectores de periódicos eran todavía una minoría. Para el régimen, lo fundamental eran las retransmisiones que veía todo el mundo con cierta inocencia y con la fe de que «la tele» no mentía, y en ella Franco y su dictadura siempre eran representados en términos inequívocamente positivos[481].

A pesar de los controles, pero sin que se llegaran a cuestionar el statu quo político o los valores morales del régimen, los patrones y actitudes del cambio sociocultural fueron filtrándose paulatinamente en la televisión. En 1972, la dictadura permitió un tímido debate sobre asuntos sociales en un programa semanal con apariencia de discusión política, Estudio abierto. Este programa intercalaba contenidos musicales con largas entrevistas que a veces incluían debates. La modernidad y el consumo introdujeron un mínimo de sexualidad en las pantallas. El éxito de Un, dos, tres, responda otra vez, un concurso lanzado en 1972, no se basaba solamente en la brillante combinación de juegos, música, humor y premios, sino también en el atractivo físico, para determinados espectadores, de las «secretarias» en minifalda que asistían al presentador[482]. Otro programa muy famoso del tardofranquismo, Crónicas de un pueblo, conectó con una inquietud generalizada pero callada de los españoles. Producido en 1971, en un momento en que el declive físico del dictador era evidente y el régimen comenzaba a ser contestado por una minoría creciente, este programa transmitió al ciudadano de a pie el ideal nostálgico de una comunidad pacífica y estable del mundo rural que España había dejado atrás. En realidad, se trataba de un país que nunca existió, en el que no había memoria de la represión, el hambre, la miseria y el sufrimiento. La misma televisión permitió a los españoles ver a un Franco cada vez más frágil —sus palabras difíciles de entender y sus manos mostrando los signos de la enfermedad de Parkinson— en su tradicional mensaje de fin de año. Y, luego, por ella, adivinando la verdad detrás de las ocultaciones y el lenguaje oblicuo, aquellos siguieron la agonía y la muerte del hombre que dominó sus vidas durante cuatro décadas.

Confusión

Confusión

A finales de los años sesenta, el cambio se estaba produciendo a un ritmo relativamente rápido y esto generaba tensiones sociales y culturales. Un estudio de 1972 sobre los valores y opiniones del español medio mostraba a una sociedad inmersa en una crisis de dirección donde los patrones sociales y políticos tradicionales flaqueaban pero en la que los nuevos aún no habían calado entre la mayoría de la población[483]. Esta crisis era especialmente acusada en las relaciones de género y en los ámbitos morales, pero también era evidente en las expectativas políticas e incluso —a pesar del desarrollo económico durante la década previa— en la confianza en la economía capitalista, de la que recelaba abiertamente la mitad de la población. Esta confusión era producto de una serie de factores concatenados que ya hemos visto: urbanización; consumismo; mayor cultura general gracias a la mejora del sistema educativo —deficiente pero en expansión—, en especial de la enseñanza universitaria; y a la influencia de los medios de comunicación y el cine. Todos ellos minaron las formas de comportamiento y expectativas de futuro impuestas por el franquismo.

Pero (como veremos en el capítulo siguiente) la crisis de valores era también producto de los conflictos sociales y los modos de sociabilidad y de protesta emergentes, desarrollados a partir de las experiencias de explotación laboral e injusticia padecidas por la gente común. Todo esto llevó a un escrutinio de muchos aspectos de la vida pública y de los valores familiares, que a menudo estuvo asociado a nuevas visiones de lo político. Los mismos que criticaban a la dictadura comenzaron a ser conscientes de hechos como la continuada discriminación de género o cómo sus valores morales hasta entonces poco discutidos se situaban, una vez examinados, muy lejos de los ideales de libertad para todos que estaban interiorizando. Sería no obstante erróneo dividir a España en dos grupos completamente separados —una mayoría satisfecha y una minoría crítica— pues la confusión social de los años finales de la dictadura se originaba en, y afectaba a, todo el conjunto social. Desde luego, no solo eran los sectores antifranquistas los que habían estado evolucionando y distanciándose de los estrechos patrones morales y sociales que el régimen había impuesto desde el final de la guerra. En todo caso, las influencias ya apuntadas explican el divorcio creciente entre el país real y el oficial.

Además de los factores apuntados, otros dos fenómenos nuevos aceleraron el cambio en los valores de género y en las relaciones de familia, precisamente la célula más importante en la reproducción social, y en la supervivencia de los españoles bajo el régimen. Uno fue externo: el turismo; y otro interno: la progresiva incorporación de la mujer al trabajo remunerado. Ambos fenómenos contribuyeron a crear una dinámica sociocultural que cuestionó el modelo autoritario y patriarcal del franquismo, y que acabó socavando la moral tradicional en la calle y en la casa.

El turismo siempre produjo a las autoridades, y a muchos españoles, sentimientos contradictorios. Era una amarga bendición que, por un lado, traía desarrollo pero, por otro lado, también ponía en riesgo valores morales al presentar ejemplos de formas de vida no deseables. La explosión del turismo en España coincidió plenamente con el despegue de la economía. En 1959 visitaron el país 2,8 millones de turistas; diez años después esa cifra había ascendido hasta los 19 millones. Oficialmente, el turismo fue bienvenido como un signo de progreso, pues multiplicó la actividad económica del país —especialmente, en áreas desfavorecidas del litoral mediterráneo— y trajo las muy necesitadas divisas, amén de que se esperaba que gracias a él mejorara la imagen de la dictadura en el extranjero. El régimen no se cansaba de asegurar —y por una vez decía la verdad— lo mucho que a los europeos les gustaba España, un país seguro, con playas vírgenes y un gran patrimonio cultural, además de una excelente gastronomía[484]. No obstante, la visión oficial chocaba con las reservas más o menos públicas de muchos de sus simpatizantes. La Iglesia y otros sectores tradicionalistas desconfiaban de los efectos perniciosos para la sociedad del turismo, y creían que los valores morales del país se estaban sacrificando a cambio de divisas. Como dijo, en 1964, Antonio Pildain, el obispo de las Islas Canarias, «solo uno de nuestros niños [es] más valioso que todos los turistas indecentes del mundo juntos»[485]. Muchos súbditos de Franco estaban de acuerdo entonces y después. En 1972 más del 40 % de los españoles encuestados respondieron sí a la pregunta de que si consideraban que el turismo estaba «arruinando a nuestra juventud»[486].

La supuesta ruina moral desencadenada por el turismo no solo afectaba al futuro de los jóvenes, sino también al presente de los españoles adultos. Cuando, en 1963, un grupo de sacerdotes hizo un estudio sobre la religiosidad de los trabajadores del sector en la Costa Brava se sorprendieron al descubrir que estos estaban imitando la vestimenta de los turistas, pues las mujeres comenzaban a llevar bikinis y los hombres pantalones cortos. Asimismo, también les chocó su falta de interés en asuntos religiosos (y en la encuesta: casi el 70 % no respondió a los cuestionarios). En este último aspecto llovía sobre mojado y resultaba fácil achacar al turismo la falta de observancia religiosa en vez de hacerlo al fracaso del proyecto evangelizador conjunto de la dictadura y la Iglesia de posguerra. Quizás esto explique que si la asistencia media a misa era muy baja entre los trabajadores locales (16 % para los hombres y 37 % para las mujeres) lo fuese aún más entre los inmigrantes de las regiones «paganas» de Andalucía y Extremadura, precisamente donde tantas misiones se habían llevado a cabo en las décadas anteriores[487]. Otros curas hicieron encuestas similares ese año en la Costa del Sol, llegando a la conclusión, quizás obvia, de que el hecho de que la gente se mudara a áreas turísticas «no beneficiaba la observancia religiosa» y, esto ya era más grave, notando que los antiguos campesinos, quienes solían ir a misa en sus lugares de origen, abandonaban totalmente esta práctica una vez que se convertían en camareros y mucamas. A buen seguro, el tema es más complicado de lo que presentaban estos estudios, pero desde luego parece innegable que las costumbres cambiaban en la costa bastante más rápido que en las áreas del interior del país. Como dijo uno de los curas a cargo de las encuestas, el proverbio «cada uno es libre de hacer lo que quiera» se había vuelto ahora no ya aceptable, sino que era de uso común[488].

La controversia sobre los efectos del turismo no era solo de tipo moral —o, ni mucho menos entonces, sobre las consecuencias medioambientales o paisajísticas, sobre las que ni se preguntaba— sino también de tipo sociolaboral. Según señalaron los citados sacerdotes, mientras que el turismo había traído mayor riqueza esta se había distribuido muy desigualmente, produciendo condiciones laborales y situaciones personales muy penosas para los empleados del sector. Estos trabajaban largas jornadas, no tenían alojamientos adecuados, y sus hijos estaban malamente escolarizados y apenas atendidos por sus progenitores. Puesto de otra manera, la soleada y despreocupada imagen de «España es diferente» escondía la explotación de la mayoría de los trabajadores que tan atractiva hacían la estancia de los turistas. No fue una situación temporal que las autoridades corrigieron. Al contrario, fue a peor. Un estudio a escala nacional sobre el sector de 1974 ofrece amplia evidencia de esta terrible realidad. Muchos de los trabajadores eran jornaleros agrícolas parte del año y obreros durante unos meses. Trabajaban en la aceituna desde diciembre hasta febrero, después iban a Francia desde marzo a junio para ser empleados en la construcción o en el sector servicios y, tras trabajar el verano en hoteles y restaurantes en España, volvían de nuevo a Francia para la vendimia que se desarrollaba entre septiembre y octubre. A menudo, tan pronto como los niños podían físicamente trabajar, dejaban la escuela: el 23 % de los entrevistados aseguraba que habían empezado a trabajar en la industria hostelera entre los siete y los trece años, y un 68 % entre los catorce y los dieciséis. Las condiciones laborales eran durísimas y poco seguras: dos tercios de los empleados tenían contratos temporales, que eran frecuentemente verbales y sujetos al abuso de los patronos. Al recibir la paga, los trabajadores eran a menudo obligados a firmar la nómina en blanco. Solo los empleados más sumisos podían esperar trabajar todo el año o que se les renovase el contrato. Las quejas, incluso aquellas referentes al abono de jornadas que no habían sido remuneradas, llevaban con frecuencia a despidos sin compensación. Los representantes sindicales eran elegidos por la propia dirección entre los capataces y los empleados más dóciles. Normalmente, la jornada excedía las diez horas, solo se daba un día libre, apenas se ofrecía formación previa y los accidentes laborales eran frecuentes —una desgracia agravada por el hecho de que el 60 % de los trabajadores no tenía seguridad social[489].

Si el turismo había precipitado cambios sociales y culturales —y era a su vez un reflejo del doloroso e injusto proceso de modernización franquista—, lo mismo podía decirse de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, otro de los fenómenos socioculturales más relevantes del momento. Es obvio que las mujeres no eran nuevas en el entorno laboral. Como en cualquier sociedad campesina, ellas habían trabajado siempre duro, además de encargarse de la familia. Pero cuando las tradicionales estructuras socioeconómicas del agro español cambiaron dramáticamente durante los años cincuenta y sesenta, más y más mujeres pobres encontraron trabajo en los sectores secundario y terciario, de modo que mientras en 1950 solo representaban el 15,8 % de la mano de obra oficial, en 1974 ya eran el 29,6 %. A pesar del incremento, este índice estaba entre los más bajos de Europa[490]. Los nuevos derechos legales conseguidos por las mujeres en los últimos años de la dictadura no se reflejaron en una mejora de sus condiciones reales de vida y de trabajo, que estuvieron fuertemente influenciadas por valores familiares tradicionales y por los prejuicios sociales. En el caso de mujeres pobres y sin formación, esta situación era todavía más acusada, pues fueron siempre consideradas ciudadanas de segunda clase en las esferas pública y privada. Pero la problemática del mundo laboral femenino no radicaba solo en los valores imperantes sino en algo más tangible. Se trata de la no actuación de las autoridades o, mejor dicho, de la connivencia de estas con las prácticas de las empresas que se saltaban con frecuencia la ley y llevaban a cabo lo que solo puede llamarse explotación pura y dura de las obreras.

Uno de los sectores donde creció notablemente el empleo femenino fue el de la industria agroalimentaria, que se benefició de la creciente demanda de productos semiprocesados y de alta calidad a nivel nacional y europeo. El procesamiento y empaquetado de conservas de pescado, de fruta y de verduras era (y es) una industria estacional que demandaba una mano de obra sin especializar. Estos empleos fueron ocupados en su mayoría por mujeres (como sucede aún a día de hoy), y se caracterizaban por salarios bajos, duras condiciones laborales que incluían registros corporales, jornadas interminables, y descansos y supervisión estrictos —a menudo humillantes, pues a veces hasta se limitaba el tiempo y la frecuencia del uso de los retretes— a cargo de capataces, en su mayoría varones. Los derechos y las prestaciones, si es que existían, eran mínimos. Los patrones se las arreglaban rutinariamente para evadir dar de alta a las empleadas en la seguridad social y eran comunes las más variadas prácticas fraudulentas. De cara a mantenerse en el puesto eran normas no escritas el silencio y la falta de solidaridad entre las trabajadoras, y eso que había muchas y variadas razones para protestar y unirse. Véase, por ejemplo, el caso de Murcia. Un informe elaborado en 1964 por las organizaciones católicas de la provincia sobre las condiciones laborales de entre las 10 000 y 15 000 mujeres empleadas en las plantas de empaquetado agroalimentario, revelaba la práctica habitual de jornadas de entre doce y dieciocho horas durante la temporada alta, y que las horas extraordinarias eran pagadas como ordinarias. El fraude en el salario era frecuente. Más del 71 % de las empleadas no había firmado o recibido nunca una nómina. La ley del silencio reinaba y el miedo a perder sus puestos de trabajo resultaba en que las quejas a la inspección de trabajo fuesen inusuales. Como muchas mujeres traían consigo a sus hijos al trabajo, estos también acababan siendo empleados en tareas menores. Durante los meses de trabajo muchas escuelas de Murcia se vaciaban, y eso que el empleo de menores de catorce años estaba oficialmente prohibido. Pero una cosa era la ley y otra la realidad: casi la mitad de las encuestadas declaraban haber empezado a trabajar antes de alcanzar esa edad, y muchas incluso antes de cumplir los diez años[491].

La situación de las obreras del sector agroalimentario de Murcia no fue excepcional. No se trataba de un caso aislado de una provincia entonces lejana. La discriminación y la explotación de la mujer se producía a una escala aún mayor en Madrid, a escasos kilómetros de la sede del Gobierno. Allí la industria textil experimentó un espectacular crecimiento en los años sesenta, pasando de emplear a unas 32 000 mujeres a comienzos de la década a cerca de 83 000 diez años después. Era usual para estas mujeres comenzar a trabajar a una edad temprana, entre los diez y los doce años, cuando abandonaban la escuela y sus madres las llevaban de aprendices de costura, normalmente a pequeños talleres. Esta era considerada una profesión decente para jóvenes sin formación, y aunque bajos, los salarios eran cruciales para mantener a flote a las familias en la gran ciudad. En una industria con un estrecho margen de beneficios, las mujeres no solo eran explotadas laboralmente de forma sistemática sino que con frecuencia sufrían vejaciones verbales y hasta físicas. Las niñas carecían de cualquier clase de cobertura médica hasta que cumplieran los catorce años de edad. Como en muchos otros sectores, los hombres tenían jornales más altos y desempeñaban los mejores cargos en las empresas. A principios de los años setenta, algunas mujeres de la industria textil comenzaron a organizarse, lo que las llevaría a afiliarse a sindicatos ilegales[492].

La incorporación de las mujeres al trabajo asalariado con sus horarios fijos dio lugar a una situación nueva: su ausencia del hogar cuando los hijos eran todavía pequeños y necesitaban cuidados. Esto a su vez sentó las bases para un debate, hasta entonces inédito, sobre los deberes de ambos cónyuges y en especial sobre la igualdad en la esfera doméstica que supuso un elemento de cambio crucial en las relaciones de género. Si ambos esposos trabajaban fuera de casa para ganar un jornal, la siguiente pregunta era por qué no tomaban los dos las mismas responsabilidades o disfrutaban de los mismos derechos en el hogar, y fuera de este. Las mismas cuestiones podían hacerse sobre el acceso y la calidad de la educación de niños y niñas, sus responsabilidades en casa y sus oportunidades profesionales y personales de futuro. No cabe duda de que la transformación de los roles de género en España tuvo muchas causas, pero la interacción entre el trabajo de las mujeres y sus responsabilidades en el hogar fue, sin duda, una de las más relevantes al debilitar el hasta ahora incontestado papel masculino de supremacía doméstica, en parte por ser los hombres los proveedores del ingreso familiar. Este proceso se aceleró con la llegada de la democracia y pavimentó el camino para una completa paridad legal primero y, desde entonces, para un debate sobre las condiciones necesarias para alcanzar una auténtica igualdad entre los géneros[493].

Al limitado apoyo que tenían las madres trabajadoras de sus maridos habría que sumar la notoria falta de interés en el tema de las autoridades. Para un régimen que de forma deliberada confundía moralidad con clasismo, indolencia en materia social con probidad, y feminidad con matrimonio y domesticidad, invertir dinero en el cuidado de los hijos de las mujeres trabajadoras no fue nunca una prioridad. Los políticos de la dictadura fueron incapaces de mirar más allá del prejuicio ideológico según el cual las madres debían encargarse de criar a los hijos y olvidarse de ganar dinero fuera de casa. La idea subyacente era que, si había necesidad, las mujeres debían reducir sus gastos pero no renunciar a su sagrada misión de madres. Las jerarquías del régimen —cuyas esposas podían disponer fácilmente de criadas que se ocuparan de sus más pequeños— no se molestaron en entender, y mucho menos en afrontar, que el salario de la mujer trabajadora era esencial para sus familias.

Una de las consecuencias de esta óptica reaccionaria y sexista fue el déficit crónico de centros que ofrecieran servicio de guardería. El problema se convirtió en angustioso en los barrios de inmigrantes, donde la población era joven, fértil y ambos cónyuges trabajaban. Manresa, situada en el cinturón industrial de Barcelona, es un buen ejemplo. Allí habían funcionado varias guarderías durante la Segunda República y la Guerra Civil, pero fueron clausuradas con la llegada de la dictadura, dejando carente de este servicio social básico a una población que crecería espectacularmente de 60 000 habitantes en 1950 a 160 000 veinte años después. En 1972, solo operaban en la localidad dos guarderías: una era privada y estaba reservada a los hijos de los empleados de una empresa, y la otra había sido abierta en 1968 por una organización católica y se ocupaba sobre todo de hijos de viudas, madres solteras y familias más desposeídas. El resultado era que de las 2200 familias trabajadoras de Manresa con hijos menores de cuatro años de edad solo 170 tenían acceso a servicios de guardería[494].

El fenómeno migratorio, la urbanización, las mejoras en la educación, el avance del individualismo y de los valores consumistas, el turismo y la incorporación de la mujer al trabajo trajeron una erosión de los viejos patrones socioculturales y propiciaron un espectro más amplio de posibilidades en cuanto al matrimonio y a las relaciones de género. La endogamia y la idiosincrasia locales se fueron erosionando y no solo en el anonimato de las grandes ciudades sino también en las localidades más pequeñas. El individualismo (esto es, el derecho a ser uno mismo) cobró fuerza frente a las expectativas de grupo tradicionales. Ello afectó a instituciones sociales claves como el matrimonio. Como los estudios sociales y antropológicos comenzaron a detectar, en el campo español aquella institución dejó de estar ligada a la propiedad de la tierra (o a las expectativas de adquirirla) y pasó a depender más de las posibilidades de futuro de los esposos, a medida que la idoneidad de la pareja se fue definiendo en términos educativos y de carácter emprendedor. Esta irrupción del individualismo en el matrimonio, no obstante, conllevó tensiones y peligros nuevos. Por ejemplo, frente a la relativa facilidad de las sociedades rurales de antaño para evaluar el carácter de los miembros de la posible pareja entre personas que se conocían, el matrimonio se convirtió ahora en una empresa más o menos arriesgada, ya que la decisión de contraerlo se tomaba por propia voluntad, y estaba basada en los gustos personales y en el amor, en vez de en las referencias comunitarias. La unión matrimonial, en resumidas cuentas, se volvió más gratificante pero también menos segura, al alejarse de las visiones tradicionales de la familia donde se esperaba que la esposa aguantara fracasos, abusos e infidelidades y se plegara a las necesidades y deseos del marido.

No es por casualidad que a principios de los años setenta los españoles comenzaran a hablar abiertamente del divorcio por primera vez desde su prohibición al final de la guerra. La polémica que se generó a su alrededor sería muy similar a la experimentada, por ejemplo, en Italia una década antes. Aún así, la mayoría todavía consideraba al divorcio como un efecto de la introducción de usos extranjeros, algo más propio de protestantes y de estrellas de Hollywood que de auténticas familias españolas. El debate alrededor del divorcio tuvo mucho de provinciano y estuvo a menudo envuelto en elucubraciones sobre el creciente materialismo o la falta de tolerancia (o más bien aguante) de las mujeres jóvenes, esto es, su incomprensible actitud hacia las posibles faltas de sus hombres. Era, en suma, con frecuencia una visión machista y misógina, que quedó reflejada en las películas nacionales, algunas canciones, reportajes sensacionalistas en revistas y magazines, amén de en las declaraciones de clérigos. Según estos, el problema radicaba fuera de la Península, y llegaba aquí con el turismo y otras nefastas influencias de allende los Pirineos. Las extranjeras supuestamente no sabían cómo tratar a sus maridos y eran presuntas malas esposas y madres indolentes, materialistas y, peor aún, sexualmente desatadas. Si se creen como ciertas las sugerencias de, por ejemplo, demasiadas películas —en su mayoría supuestas comedias— que emponzoñaron las mentes de los españoles de los primeros años setenta, aquello que era malo para los maridos y para las familias del extranjero ofrecía grandes oportunidades para los varones españoles que, respondiendo a su naturaleza, estaban abocados a perseguir (o ser perseguidos por) turistas rubias semivestidas y desde luego locas por disfrutar de hombres peludos y bajitos pero machos de verdad[495]. Era este el trasfondo patético de una misma historia que fue presentada hasta la saciedad: un varón español ávido de sexo, que al no obtenerlo de su prometida, lo intentaba, con o sin éxito, con las turistas. Pero una vez saciados o frustrados sus instintos, redescubría el valor de su casta y futura mujer y caía en la cuenta de que ella era lo que siempre había querido[496].

Estas elucubraciones tuvieron lugar en medio de una ignorancia generalizada sobre la sexualidad, y, por supuesto, de las medidas de control de la natalidad. Era obvio, según lo que todos veían y confirmaban los datos estadísticos, que las mujeres españolas de los años setenta estaban teniendo menos hijos que las de la generación anterior. Parte de ello se debía al uso de técnicas anticonceptivas. Otra cosa era tanto la calidad de los datos sobre el uso de anticonceptivos como la fiabilidad de los métodos empleados. Un estudio de 1973, basado en preguntas indirectas hechas a mujeres, concluía que los métodos más comunes para evitar el embarazo eran el uso de preservativos y el coitus interruptus[497]. Pese a sus muchas carencias, los datos revelaban un cambio de naturaleza cultural en los patrones reproductivos: las mujeres recurrían al primer método más que lo que lo habían hecho sus madres, quienes, por su parte, habían utilizado principalmente el segundo. Era además muy significativo, por dudoso, que un 86 % de las mujeres que se consideraban católicas practicantes decían no usar de manera regular ninguna forma de contracepción, y la mitad de las que sí reconocían emplearlas aseguraban hacerlo solo de manera ocasional[498]. Debido al estado de desinformación de la población, la falta de acceso a la píldora anticonceptiva, la reticencia masculina a usar preservativos (que tampoco se vendían legalmente), y los problemas de fiabilidad del método Ogino-Knaus —el único sancionado por la Iglesia—, las mujeres de los años setenta tenían todavía recursos muy limitados para evitar el embarazo. Por ello, decenas de miles de mujeres eran obligadas cada año a padecer la terrible experiencia de un aborto.

El aborto estuvo legalizado en la España republicana durante la guerra. El franquismo lo prohibió y reprimió con dureza. Esta medida, más que seguramente, era apoyada por la mayoría de los españoles. Su posible legalización no era ni siquiera discutida y en aquellas ocasiones en las que se hablaba de él era solo para condenarlo. Sin embargo, su práctica era un secreto a voces. Poco se conoce del aborto durante las primeras décadas de la dictadura, salvo que se recurría a él a menudo y que era peligrosísimo, legalmente y en términos de salud. Una ley de 1941 catalogó al aborto como un crimen contra el Estado y dispuso penas muy severas, con un mínimo de seis años de prisión, a quienes lo practicaran. Sin embargo, un estudio semioficial en 1943 sostenía que por aquellas fechas en España uno de cada tres embarazos acababa en aborto, lo que significaría cerca de 125 000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año. Entre 1965 y 1970 el régimen encausó 741 casos de aborto y condenó a 1067 personas. En el periodo de 1970 a 1975 las cifras se redujeron a 505 casos y a 769 personas condenadas. Pero esto representaba solo la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia en la que la hipocresía y la represión recayeron una vez más con saña sobre los pobres. Como revela un estudio local sobre Zaragoza en los años cuarenta, las personas perseguidas por la ley fueron con diferencia, sobre todo mujeres solteras, viudas y algunas casadas pobres. Con frecuencia, los casos de los dos primeros grupos estaban asociados al ejercicio de la prostitución[499]. Por el contrario, las familias ricas y las personas con las necesarias conexiones podían hacerse fácilmente con los servicios de un médico y tener una rápida y discreta visita a una clínica privada, o, desde 1967, cuando se legalizó en el Reino Unido, hacer un corto viaje de supuestas compras o de placer a Londres. La represión no detuvo los abortos, pero sí condenó a morir a miles de mujeres. Establecer cuántas es una conjetura, pero los datos, aún si muy imprecisos, no dejan de espantar. Los métodos más usados para abortar eran peligrosísimos: la inserción de agujas de calceta, mostaza, perejil o pastillas de jabón en la vagina o golpear el vientre de la embarazada. Según un estudio de 1972, se dieron en aquel año alrededor de 114 000 abortos ilegales en España[500]. El informe anual del Ministerio de Justicia de 1974 los cifraba en cerca de 300 000, aunque a causa de su obscura metodología sus conclusiones resulten poco fiables. En todo caso, como la mortalidad materna causada por un aborto ilegal puede fácilmente alcanzar el 1 %, esto quiere decir que entre algo más de 1000 y quizás unas 3000 mujeres españolas fallecían cada año a causa de su práctica. El aborto bien pudo ser la causa principal de mortalidad, entre el 17 % y el 30 % de los casos, de mujeres de entre 17 y 35 años de edad[501].

Los valores sociales y las expectativas de los españoles hacia el final de la dictadura distaban mucho de aquellos de los años cuarenta. Durante la década de los años sesenta los preceptos morales y culturales del franquismo habían sido abandonados de forma creciente por la población joven y por los sectores mejor formados del país.

Este distanciamiento, no obstante, estaba también prendiendo entre el resto de la sociedad. El discurso autoritario del régimen, inalterado desde su nacimiento, colisionaba con la actitud cada vez más tolerante de los españoles, quienes estaban más interesados en procurarse una vida mejor que en preservar la esencia política de un sistema que, de forma creciente, les parecía anticuado. A diferencia de lo ocurrido cuando se produjo la instauración de la República en 1931, los españoles no estaban interesados ya en la cuestión de la propiedad de la tierra, la revolución o el papel de la Iglesia, que tanto les dividió entonces. Lo que querían era negociable. Esperaban ahora más del Estado, de sus instituciones, de las empresas, de la familia y de sus propias vidas. Buscaban satisfacer nuevas ilusiones y olvidarse de las miserias del pasado. Sus valores eran urbanos y cada vez más receptivos a ideas nuevas, comenzaban a verse como ciudadanos europeos y aspiraban a vivir en un país normal en todos los ámbitos: social, cultural y, cada vez más, en el político[502]. Los españoles querían paz pero las contradicciones abiertas en el seno de la sociedad y entre esta y la dictadura dieron lugar a numerosas tensiones que eventualmente pusieron en entredicho la estabilidad del país. El último capítulo examinará precisamente las implicaciones políticas de los cambios, contradicciones y problemas que acabamos de ver.

Capítulo 5. Los caminos a la ciudadanía

CAPÍTULO 5. LOS CAMINOS A LA CIUDADANÍA[503]

La vida durante los años cincuenta y sesenta era previsible en Llanos del Caudillo, un pueblo agrícola de nueva creación de la provincia de Ciudad Real. Se basada sobre todo en el esfuerzo diario, y en el disfrute de los contados momentos de ocio que quedaban al final de la jornada o de la semana. De ser preguntados, sus habitantes habrían asegurado con toda probabilidad que no existía la política allí, pese a que la política no los había abandonado a ellos del todo. Un día, en 1957, las autoridades anunciaron la visita del Caudillo a la localidad, a la que el Instituto Nacional de Colonización le había dado su nombre. La gente estaba muy excitada. Luego los presentes recordarían cómo los maestros hicieron formar en fila a los niños para saludar al dictador, al que el pueblo al completo se dispuso a rendir homenaje. Lo que sucedió después puede calificarse de anticlimático: la caravana de Franco redujo la velocidad al acercarse al pueblo, sus guardaespaldas cambiaron de sitio y la limusina aceleró de nuevo carretera abajo[504]. La visita había terminado. No sabemos si los habitantes de Llanos del Caudillo recuerdan el incidente con bromas o con amargura, o si la aparente unanimidad de la población local sobre la situación de paz y su conformismo eran tan reales como entonces se quería creer. Porque incluso allí había al menos una persona «con ideas» que en diciembre de 1966 se atrevió a votar NO en el referéndum organizado por Franco, causando un gran revuelo. Durante años los vecinos se preguntaron quién se había arriesgado de tal manera. En todo caso, a la llegada de la democracia en 1977 muchos de aquellos campesinos todavía se mantenían aprensivos hacia la política de partidos, pues recordaban lo que habían visto u oído durante los años de la República y lo que les habían contado después, y opinaban que «todos los partidos quieren ganar y no aceptan la derrota», y por eso creían que la política precipitaría de nuevo al país «a la violencia»[505].

Estas opiniones no eran exclusivas de este pueblecito manchego, pero tampoco eran ni mucho menos unánimes en toda España; hacía tiempo que muchos españoles habían tomado un camino muy distinto. Este fue el caso de Manuel Cortijo. Él nació en los años treinta en Guadalajara pero se mudó a Cataluña en 1941 a raíz de la deportación y condena a trabajos forzados de su padre, un campesino que marchó de voluntario al ejército republicano. Durante la guerra, los franquistas de su pueblo robaron a la familia de Manuel la mayoría de sus pertenencias, incluyendo la tierra. El abuelo murió en prisión. Aunque nunca lo supieron con certeza, su muerte pudo haber sido un simple asesinato. La familia, en suma, no tenía dónde ir, y desde luego no era bienvenida en su pueblo. En Lleida (o Lérida entonces) Manuel se convirtió en albañil y en comunista. En los años sesenta comenzó a organizar las ilegales Comisiones Obreras junto a otros compañeros activistas. Contaron con la ayuda de la HOAC, que les facilitó un local en una parroquia para sus reuniones. Manuel recuerda cómo aprovechaba que había pocos policías de patrulla durante la retransmisión de partidos —«a todos los policías les gusta el fútbol»— para pintar mensajes subversivos en los muros de la ciudad. Como hicieron otros miembros de la oposición antes y después de él, en 1967 Manuel se infiltró en los sindicatos oficiales como representante (enlace sindical) del gremio de albañiles. Cuando fue descubierto pusieron su nombre en una lista negra y tuvo que emigrar durante varios meses a Francia donde sobrevivió trabajando en la vendimia. Dos años más tarde, la policía le retiró el pasaporte. Según Manuel, algunos patronos no tenían reparos en contratar a miembros de Comisiones Obreras, y hasta les pagaban un poco más para compensarles por la pérdida de otros beneficios ya que no podían darles de alta en la seguridad social. Pero la mayoría de las compañías se mantuvieron neutrales y obedecieron las órdenes de la dictadura. Manuel fue detenido por manifestarse durante el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo de 1969. Cuando su padre le visitó en la comisaría, él también fue arrestado[506].

Detrás de la unanimidad oficial, la España de los últimos años de la dictadura era una sociedad compleja en la que existía una gran diversidad social, económica, política y cultural. Había en definitiva muchas Españas, y las esperanzas de la gente eran muy distintas y hasta contradictorias. Sin embargo, entre la mayoría de los españoles predominaba la idea, y se podía decir que incluso el sentimiento, de que no se repitiera la gran masacre de la Guerra Civil o la violencia de los primeros años de la dictadura. Había miedo y en el horizonte estaba siempre la cuestión de qué pasaría a la muerte del dictador. Oficialmente, el camino había quedado expedito en 1969 cuando Juan Carlos de Borbón fue nombrado Príncipe de España, esto es, heredero de Franco a la Jefatura del Estado y continuador de su obra[507]. Pero esa era la teoría. En la práctica todo el mundo sabía que un franquismo sin Franco era imposible o al menos improbable, y que el futuro estaba aún por escribirse. Políticos, intelectuales, empresarios, diplomáticos extranjeros, acérrimos profranquistas, líderes de la oposición y los españoles de a pie hacían cábalas, pero nadie podía responder con certeza a la gran pregunta: después de Franco, ¿qué?

Una sociedad desmovilizada

Una sociedad desmovilizada

Después de las estridencias de sus años más fascistas, la dictadura se había asentado dentro de un patrón de normalidad que requería desmovilización política y conformismo social. Los españoles eran incitados a ocuparse de sus vidas privadas y a dejar el resto en manos del régimen. En eventos públicos se esperaba que la gente se comportase como simples espectadores, y no como actores. Como resultado, la sociedad que experimentó el boom económico de los años sesenta era individualista y políticamente indolente, ocupada de su propio bienestar y el de sus familias, y muy indiferente al bien común. Esta actitud había permitido a la gente más pobre sobrevivir a la insensibilidad social y a la dureza represiva del Estado, pero también había beneficiado al régimen, que contaba con el conservadurismo, la pasividad generalizada y el miedo para llevar a cabo sus políticas sin tener que hacer frente a cualquier oposición social organizada. En áreas poco desarrolladas de España, donde la pobreza y el fenómeno migratorio habían hecho estragos —en la práctica, la mayoría de las provincias y zonas rurales del país— esta pasividad estaba especialmente enraizada. La apatía política podía encontrarse fácilmente en las regiones montañosas del norte, en las llanuras del centro, en los valles del sur, y en la costa mediterránea, esto es en Galicia, Castilla, Extremadura, la mayor parte de Andalucía, Levante, Islas Baleares y Aragón, y en cada una de las Islas Canarias. En todas estas zonas eran característicos el retraso económico, el predominio de la economía agraria, el declive poblacional (o el crecimiento mínimo), la falta de industrialización y las insuficiencias educativas y de servicios sociales. Había, no obstante, dentro de estas regiones centros industriales y universidades que presentaban dinámicas diferentes y aisladas que estaban más cercanas a las de las zonas desarrolladas del país. Hasta el final de sus días, las preocupaciones (o más bien irritaciones) de la dictadura en estas provincias fueron pocas, quedando limitadas a las actividades de grupos católicos como la HOAC y la labor de sacerdotes progresistas entre los trabajadores y la gente joven, y los escasos militantes políticos, sindicales y estudiantes de izquierdas que intentaban crear o mantener grupos de oposición.

La dictadura vio con buenos ojos la apatía, hasta que esta acabó afectando a instituciones falangistas de masas como el Frente de Juventudes o la Sección Femenina. Por ejemplo, al señalar en 1962 las actividades de la HOAC y el algo perturbador comportamiento político de algunos eclesiásticos de Segovia, el gobernador civil de esta provincia describió el clima político como de «calma y normalidad», a la vez que dio cuenta de «la gran desorientación entre la gente joven» en cuanto a ideas políticas dado que solo una minoría tomaba parte en las actividades del Frente de Juventudes[508]. En aquel mismo año su homólogo de Ávila subrayó la «apatía general y la falta de interés en asuntos políticos», pues cada día crecía la falta de interés por la Falange a medida que los viejos militantes perdían «la voluntad y la entereza» para servir. Las filas del FET-JONS, decía el gobernador civil, no eran renovadas y los jóvenes no encontraban «una clara orientación» que pudiera llevarlos a enrolarse en la organización. Según el gobernador civil de Cádiz, el Movimiento Nacional se componía de «una minoría militante y un largo contingente sin entusiasmo», mientras que la mayoría de la población vivía en una «completa inhibición de los asuntos políticos»[509]. Desde Salamanca, la memoria anual del gobernador civil dejaba constancia de «la importancia real de los asuntos sociales sobre los políticos» entre el público, y la manera en que los trabajadores «no mostraban interés por la política, y solo se ocupaban de aquello que les ayudaba a solventar sus problemas», volviéndose hacia los sindicatos solamente para conseguir salarios más justos. Por último, la primera autoridad de la entonces Gerona también afirmó que allí los asuntos políticos eran secundarios y que las atenciones del público se centraban «en asuntos económicos, tan presentes en nuestros días»[510].

A medida que transcurrían los años del desarrollismo era obvio que las prioridades de la dictadura eran la preservación del orden público, el progreso y, ante todo, el mantenimiento del prestigio del dictador. Por esa razón, cuando la salud de Franco empezó a resentirse a comienzos de los años setenta tanto las autoridades como los españoles de a pie tuvieron que plantearse, en su mayoría de forma aprensiva, la cuestión de su sucesión y cómo esta afectaba al futuro del régimen. El problema era insoluble ya que la política oficial tenía como pilar fundamental al Caudillo. Si alguien había tenido dudas alguna vez, desde los años sesenta era palmario que la Falange estaba en claro declive, e iba camino de convertirse rápidamente en un cascarón vacío. Esto es, que pese a lo que querían creer los fanáticos, sin Franco el Movimiento no era nada[511]. El problema no era solo que el supuesto partido único que vertebraba la política del país careciera de poder real dentro de las estructuras del Estado sino que, además, su incapacidad para influenciar a las masas era obvia. Cuando el dictador visitaba una población era bien sabido que la gente no vitoreaba a los hombres de la Falange ni a las autoridades que le rodeaban sino a Franco. Los falangistas todavía tenían recursos estatales a su disposición, organizaban eventos políticos y actividades que atraían principalmente a sus propios militantes, cuyos rostros, cada año un poco más envejecidos, reflejaban el declive del Nuevo Estado. Las grietas que revelaba esta situación aparecieron precisamente cuando el régimen se lanzó a promover el desarrollo económico como nueva fuente de legitimidad política. Por ejemplo, en su memoria anual de 1962 el gobernador civil de Logroño destacó que el acontecimiento más importante del año en esa provincia (del que, decía, se podía obtener «el mayor beneficio») había sido el acto de renovación de la promesa de lealtad a la bandera nacional el 18 de julio, para el que se movilizó a «prácticamente» todos los antiguos combatientes de la guerra y sus hijos mayores de catorce años[512]. El mismo gobernador describió otras actividades políticas desarrolladas aquel año, como fueron algunas conferencias, la inauguración de edificios de nueva construcción, el homenaje anual a José Antonio y otros caídos el 20 de noviembre, y una competición para premiar a la localidad más hermosa de la provincia. En suma, se trataba de una política raquítica centrada solo en movilizar a los convencidos.

La incertidumbre sobre el futuro político del país aumentó a medida que los años sesenta avanzaban y la sociedad española se volvía más compleja y exigente, mientras que la capacidad de movilización del régimen declinaba. La desgastada retórica oficial apenas podía esconder una justificada sensación de irrelevancia de la supuesta revolución nacionalsindicalista. Se infiere de esta situación que, confiado en las virtudes del desarrollo económico, o bien el franquismo no temía los nuevos desafíos a los que se enfrentaba la sociedad española o bien no sabía cómo hacerles frente. Es probable que la respuesta sea una suma de ambas posibilidades. Ello explicaría que, por ejemplo, en 1972, después de una década de profundos cambios socioeconómicos, la Falange todavía organizaba el mismo tipo de actividades públicas que diez años atrás, pero con la diferencia de que el atractivo popular de sus propuestas era incluso menor que entonces. Ese año el gobernador civil de Palencia señaló que los eventos políticos más significativos fueron un encuentro entre los líderes locales del partido y los alcaldes en la Casa de la Cultura y la organización del IV Consejo Político-Social Sindical[513]. En Murcia, el acontecimiento político más trascendental fue una misa en memoria del primer falangista muerto durante la guerra, a la que acudieron unas 3000 personas. También resaltó el gobernador civil de esta provincia la celebración de una segunda misa en el Valle de los Caídos en honor de los falangistas locales muertos, con unos 200 asistentes; la organización de la Semana de la Juventud; variadas misas más (sin datos de participación); algunos encuentros y, por último, el típico premio a la población mejor renovada[514]. Desde Castellón de la Plana, el gobernador civil informó ese año de «la gran lealtad al Caudillo» pero también de que la mayoría de la población «ignoraba el sistema político del país» y solo buscaba paz y justicia social[515]. Parecía obvio que, incluso en las regiones más conservadoras y desmovilizadas, el progreso económico no había hecho a los españoles más activos en su apoyo al régimen o mejorado la reputación del único partido político legal del país, y que la vida pública oficial se había convertido en un ritual que funcionaba por costumbre. El progreso económico había creado nuevas necesidades sociales y culturales pero ni los organismos públicos abordaban con éxito esos retos ni la Falange era capaz de capitalizarlos. Como veremos más tarde, el vacío social resultante fue ocupado por organizaciones independientes que incluían desde las muy conservadoras asociaciones de padres católicos y de amas de casa a otros grupos más progresistas como las asociaciones de vecinos, que comenzaron a florecer cuando la ley de asociaciones de 1964 lo permitió. Y luego estaban los partidos y sindicatos clandestinos, cuyos militantes a menudo jugaban un papel decisivo en algunas de las asociaciones que acabamos de citar.

La falta de iniciativas públicas y la casi absoluta ausencia de actividad política a principios de los años setenta no significaron que la dictadura se viera seriamente desafiada por los sectores disconformes de la sociedad española. Y eso que las opiniones políticas críticas estaban ganando popularidad. Según un estudio de FOESSA —Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada— en 1970 el conservadurismo político estaba muy enraizado en la sociedad, especialmente entre las clases bajas. Los trabajadores (sobre todo aquellos sin cualificación), las generaciones más viejas y las mujeres eran en su mayoría partidarios de mantener el statu quo político. Por el contrario, la gente joven y los ciudadanos mejor formados eran más propensos a aceptar el cambio[516]. Los resultados de aquel estudio, pese a ser el principal conducido en España en aquellos años y considerarse una referencia obligada en los estudios académicos, no ahondaba en la aparente contradicción existente entre apoyar la paz del continuismo y ser consciente de las viejas y nuevas desigualdades sociales creadas por el régimen. En resumidas cuentas, no proyectaba una perspectiva histórica al acercamiento sociológico, y por eso no conseguía explicar que los miembros más débiles del conjunto social habían aprendido bien la lección política del proceso que se desató en 1936, ni se preguntaba por qué estos creían que Franco, y no su régimen, representaba la «paz» y, por último, no se discernían los distintos significados de esta para los españoles. El gobernador civil de Cádiz dio una interpretación muy acertada de la situación, en muchos aspectos contradictoria, en su memoria del año 1972 al escribir que:

La mayoría silenciosa tiende hacia un socialismo moderno que equilibre el progreso social con una distribución igualitaria de la riqueza […]. Esta tendencia ideológica es fácilmente adaptable a cualquier régimen o sistema político capaz de implementarla.

Su opinión era, en ciertos aspectos, similar a la expresada por el gobernador civil de Huesca:

El conjunto de la población está preocupado principalmente por el desarrollo económico y las resultantes mejoras en el nivel de vida, la aceleración de la disminución de las desigualdades sociales […] la paz y el orden en el país […] y la deseada evolución del orden establecido[517].

Las dinámicas desatadas en la economía española por la crisis de 1974 y la muerte del dictador en 1975 contribuirían a transformar aquellas ideas de justicia y las memorias de violencia —ambas en apariencia conservadoras— en parte del nuevo proceso de cambio político y de instauración de las libertades individuales, moderando ese proceso con su «miedo» pero al mismo tiempo exigiendo una dimensión social a la naciente democracia española. Dicho de otra manera, la muerte de Franco anuló la ecuación de paz a cambio de negar los derechos políticos y sociales de la población que había anclado al régimen a la sociedad española desde su fundación, y los mismos pobres desmovilizados que habían apoyado pasivamente a la dictadura comenzaron entonces a decantarse por la liberalización política y la adquisición de nuevos derechos sociales y, al mismo tiempo, a aprender a ser ciudadanos de una democracia[518].

Señales de que esta realidad futura era posible aparecieron ya a principios de los años sesenta incluso en provincias donde hasta entonces el régimen lo había tenido muy fácil. Este fue el caso de ciudades y localidades universitarias de mediano tamaño como Granada, La Coruña, Valladolid y, por supuesto, en otras mayores como Zaragoza, Sevilla o Valencia donde, aunque estuvieran socialmente aisladas, comenzaron a crecer la conflictividad social y las actividades antifranquistas protagonizadas por trabajadores y estudiantes. Por su parte, en regiones de mayor presencia industrial como Madrid, Barcelona, Bilbao o Asturias este tipo de actividades se fueron haciendo más amplias y radicales, pues contaban con una masa trabajadora más segura de sí misma, cuyo número iba en aumento, y donde además la memoria del sindicalismo de clase no había sido borrada por la represión del régimen. En cualquier caso, en ninguna provincia, a diferencia de lo que ocurrió durante la Segunda República, pareció precipitarse la sociedad hacia un conflicto abierto entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la dictadura. Con la notoria excepción de ciertos grupos en el País Vasco, incluso en las regiones más conflictivas, la mayoría conformista, la minoría franquista y las minorías subversivas no llegaron a las manos. Un caso ilustrativo de esta compleja realidad emergente es la provincia de Valencia. Durante la visita de Franco en junio de 1962, esta «se rindió completamente a él, con un sentimiento de unidad, admiración y respecto» que, según las autoridades, fue genuino y entusiasta. No hay dudas de que decían la verdad, pero si esa era la actitud de una mayoría (imposible de ser cuantificada) muy distinta era la de una minoría en el campus universitario de la ciudad donde ese mismo año reinaba «la aprensión hacia la situación política» que había dado lugar a que el SEU, el sindicato oficial y único de estudiantes, apenas se mantuviese a flote; y tampoco debía ser la situación tan claramente pro Franco en Sagunto, donde habían tenido lugar huelgas masivas, y por supuesto ilegales, en la industria siderúrgica solo unas semanas antes de la visita del dictador. En Valencia, pese a las diferencias, los miedos y a las crecientes protestas, la gente vivía y quería seguir viviendo en paz, y el régimen no tenía aún miedo allí[519]. Todo indica que en el resto del país ocurría lo mismo.

No obstante, la situación política era más complicada para el régimen en las áreas industriales del país. En la primavera del mismo año en que Valencia y otras provincias se rendían con entusiasmo al Caudillo, tuvo lugar la mayor y más amarga huelga durante la dictadura —además de ser también la más publicitada internacionalmente— en la región minera de Asturias, aunque pronto las protestas se extendieron al País Vasco, Navarra, Madrid, Barcelona y otros puntos aislados del país[520]. Aún así, la protesta masiva de 1962 no llegó a desencadenar la discordia nacional ni supuso tampoco un desafío mortal para el régimen. Otra cosa es que, ya por entonces, la torpeza y la violencia de este (y la de algunos de sus enemigos) estuviesen incubando monstruos que tanto daño hicieron a la nueva democracia española. En algunas regiones, las protestas sociales hicieron causa común con los nacionalismos periféricos —otro foco de resistencia política y de memoria histórica contra el franquismo— lo que en el caso del País Vasco acabó generando el fenómeno terrorista. ETA se fundó en 1958 pero durante muchos años fue poco más que una anécdota, y solo a finales de la década de los sesenta comenzó a convertirse en un problema serio. Por ejemplo, el gobernador civil de Álava hablaba en 1962 de un «conformismo [que] se traducía en lealtad positiva a Franco, pero también apatía sobre los problemas políticos y la participación en asuntos de carácter público». Pero dejó también constancia de que el sentimiento nacionalista vasco estaba creciendo, apoyado por sectores del clero (y la HOAC y la JOC) y de que ya se habían producido algunas actividades intermitentes de ETA[521]. Pero para 1968 el orden público en la otrora muy leal provincia se había deteriorado hasta tal punto que el gobernador civil tuvo que solicitar a Madrid refuerzos policiales[522]. Cuatro años más tarde, en 1972, las protestas obreras en la provincia se habían incrementado, y la violencia de ETA también. La huelga de los trabajadores de Michelín fue tan violenta que el gobernador civil tuvo que pedir la llegada de nuevos refuerzos, en este caso de policías antidisturbios[523].

Peor aún para la paz pública, y para la futura España democrática, era la dinámica que se estaba generando en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. En 1962, en ambas se produjeron numerosas huelgas pero, en palabras del gobernador civil de Vizcaya, fueron sobre todo de naturaleza social. Las autoridades estaban convencidas de que eran el resultado de «los altos precios, los salarios insuficientes y la falta de atención de las compañías […] más el desengaño de los trabajadores con los sindicatos oficiales»[524]. Por su parte, el gobernador de Guipúzcoa añadió que el sindicato nacionalista vasco STV controlaba a la vasta mayoría de los trabajadores y era responsable de la conflictividad. Pero a la altura de 1968, a pesar del crecimiento económico y del aumento de los salarios, la situación se había deteriorado mucho. En ese año, ETA asesinó por primera vez de forma deliberada y el régimen impuso el estado de excepción. En sus informes, las autoridades señalaron al mayor culpable de difundir el descontento y de hacer apología de la violencia de ETA: el clero nacionalista de la provincia[525].

Afortunadamente, para el régimen y para la futura España democrática, en Barcelona y Madrid, las dos provincias más importantes del país, los conflictos no desembocaron en el extremismo que se produjo en el País Vasco. En cuanto a Cataluña, la dictadura era perfectamente consciente de la pervivencia de la identidad nacionalista, palmaria en las opiniones del gobernador civil de Barcelona en 1961, según las cuales aquella «había cambiado poco en los últimos cuarenta años»[526]. Pero este fue un nacionalismo pacífico. En 1972, cuando la violencia y la espiral de represión y terrorismo comenzaban a dominar la vida política en el País Vasco, la memoria anual sobre la situación de Barcelona dejaba constancia de la creciente actividad de partidos políticos y sindicatos ilegales que si bien «no habían conseguido politizar a los trabajadores […] los habían hecho más proclives al espíritu de solidaridad»[527]. Esta «despolitización» estaba no obstante a punto de transformarse pues la agitación social y laboral experimentada en los últimos años del franquismo adoptó cada vez más un carácter abiertamente político, y no siempre como resultado de las intenciones originales de manifestantes o huelguistas, sino por la falta de alternativas constructivas de la dictadura. Es más, la ausencia de estrategias de diálogo por parte de esta facilitaron una creciente confusión y una atmósfera de crisis política y cultural. Mientras el franquismo se empecinaba en tratar a los conflictos laborales como simple subversión, gentes de todas clases e ideas miraban a Europa en busca de modelos —aunque muchos radicales de izquierda soñaban con los de Europa del Este y algunos incluso con el maoísmo— y veían que el tiempo de dictaduras, de prohombres fascistas y del terror político eran allí una vaga memoria. Veían los logros de la Europa democrática y próspera y la contrastaban con la anormalidad española. No obstante, la mayoría de los españoles eran lo suficientemente pragmáticos como para darse cuenta de que las soluciones al futuro del país debían encontrarse en España; que sus realidades particulares debían ser tomadas en cuenta, destacando entre aquellas las que imponía el pasado trágico del país.

Viejos recuerdos, nuevas expectativas

Viejos recuerdos, nuevas expectativas

En los últimos años España se ha visto sacudida por una cascada de revelaciones y análisis —que se han tornado más sombríos a raíz de la crisis económica que se desató en 2008— sobre los planes de las élites del periodo tardofranquista para transformar el sistema político y restaurar la democracia tras la muerte del dictador. Estos trabajos coinciden en señalar que muchos liberales —más o menos tapados-dentro del régimen, burócratas reformistas bien posicionados y el príncipe, compartían el deseo, manifestado a menudo de forma más implícita que explícita, de comenzar un proceso de transición política. Los partidos políticos y sindicatos ilegales, evidentemente, también buscaban un cambio de régimen, pero sus planes diferían entre sí. Había quienes todavía soñaban con revivir la República o con implantar su propia interpretación del socialismo. No obstante, a pesar de la posición un tanto elitista que se revela en muchos estudios sobre la transición, sería erróneo aproximarse a esta como si hubiese sido el producto, la mera realización, de los planes y deseos de los agentes políticos del régimen, aliados con poderosos sectores económicos, y sus negociaciones con los diferentes grupos de la oposición. La democracia no llegó como una simple ofrenda de las élites a los españoles de a pie. Por el contrario, la transición fue también un acuerdo muy complicado, y a veces improvisado, en el que nadie obtuvo exactamente lo que esperaba y donde nadie pudo haber previsto cómo se desarrollaría el proceso o cuáles serían sus resultados finales. Los españoles de a pie, aprendidas sus lecciones políticas del pasado, tuvieron mucho que decir sobre, y que contribuir a, este proceso. Su participación tuvo lugar a través de su esfuerzo diario en sus vecindarios, lugares de trabajo y familias, pero también, cuando pudieron hacerlo, mediante su ejercicio del voto, que tuvo un carácter sobre todo moderador. Todo ello fue vital para dar forma a la nueva España de la democracia. Fue un proceso que ni fue lineal ni siguió un patrón establecido pero durante el cual los españoles aprendieron a negociar, a exigir más a los poderosos y a cuestionar la tradición y la herencia histórica recibidas dentro y fuera de sus hogares. En suma, los españoles cambiaron con el país.

El cambio consiguió eliminar finalmente la amenaza de otra guerra civil del futuro colectivo de los españoles. Al principio, este fue el caso sobre todo para la gente joven y aquellos mejor formados, pero en muy poco tiempo esta visión optimista del presente y del porvenir también se extendió a la mayoría de la población. Los españoles volvieron a ser ciudadanos al ganar un sentido mucho más sólido de sus derechos y deberes cívicos del que habían tenido en 1931 cuando la Segunda República fue proclamada. Paradójicamente, pese a vivir bajo una dictadura que protegía de manera tan tenaz un reparto desigual de la riqueza, profesaba el obscurantismo cultural y pretendía mantener un control político total y despiadado sobre la nación, los españoles, debido al desarrollo económico, social y cultural —que habían ganado con sus sacrificios y esfuerzos— estaban ahora más libres que nunca de la pobreza, la ignorancia y la intolerancia. Esto no significaba que hubieran olvidado el pasado, pues este resurgía continuamente, pero cuando lo hacía era interpretado de manera crítica y de acuerdo a las nuevas realidades, expectativas y valores de una sociedad que había cambiado para mejor. Sin embargo, no fue un camino corto, ni fácil.

Quizás la primera ocasión en que los viejos recuerdos y las nuevas expectativas coincidieron fue en junio de 1962 cuando, por primera vez desde 1936, representantes de todas las tendencias políticas democráticas de dentro y fuera de España, de derechas y de izquierdas, se reunieron en Múnich. Durante este encuentro se declaró, de manera un tanto optimista, que «la Guerra Civil había acabado», y aunque los ataques de la propaganda del régimen y los sectores comunistas dejaban claro que no todo el mundo estaba de acuerdo, lo que también se hizo evidente fue que desde entonces la posibilidad de construir una democracia en España contaba con el apoyo de partidos que hasta la guerra habían representado a la gran mayoría de la población. Esta posibilidad, no obstante, debería esperar a la muerte del dictador para hacerse factible. Aquel mismo año la recuperación de la economía española tras la amarga medicina del Plan de Estabilización de 1959 abrió un nuevo periodo de progreso económico. También, como ya hemos visto, en 1962 comenzaron las grandes corrientes migratorias hacia Europa. El éxito económico, aunque doloroso y tardío, sin duda satisfizo al régimen, pero se estrenó con la mayor oleada de huelgas desde la guerra, que recordaron a la dictadura que las viejas lealtades políticas se mantenían parapetadas en varios bastiones obreros. Esto es, que las huelgas mandaron un mensaje claro al franquismo: después de más de dos décadas de explotación y vejaciones, los trabajadores podían sacudirse el miedo y exigir más porque sabían que ahora podían conseguirlo.

El encuentro entre la memoria y una nueva percepción de las realidades de España se consolidó primero en Asturias. La fundación de un nuevo sindicato clandestino al margen de los canales oficiales fue obra de los mineros de la mina de la Camocha en 1957[528]. El modelo fue pronto adoptado por otros pozos. Comisiones Obreras, como eventualmente sería conocida esta organización, tuvo una estructura informal y muy débil en sus años iniciales, durante los que apenas tuvo presencia fuera de los valles mineros asturianos. No obstante, poco a poco, Comisiones Obreras fue infiltrándose en el sistema mediante la elección de enlaces sindicales, y para el final de la década aparecía ya fuertemente asociada al Partido Comunista (PCE).

Comisiones Obreras pudo crecer por el cambio en las leyes que el franquismo, confiado en su propia fortaleza, implemento para hacer frente a la expansión de la mano de obra industrial y a la creciente complejidad de la conflictividad laboral, que hacían necesarias estructuras jurídicas menos rígidas y más sofisticadas. Además, los patronos querían tener un mayor control para gestionar sus empresas de acuerdo con sus necesidades específicas. Esto explica que en 1958 el Gobierno aprobase la Ley de Convenios Colectivos. En cualquier caso, la ley se implementó con lentitud y hasta 1961 solo habían sido firmados 758 convenios[529]. Debido a que la congelación salarial decretada por el Plan de Estabilización no acabó hasta 1961, no sería hasta un año después cuando esta nueva forma de negociar comenzó a extenderse. En 1962 ya había dos millones de trabajadores acogidos a convenios colectivos. Fue entonces cuando los trabajadores comenzaron a negociar en busca de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, ofreciendo a cambio una mayor productividad. Pero aquellos tenían por detrás quejas arrastradas y no atendidas durante mucho tiempo, y nuevas expectativas de mejora, lo que explica lo súbito y el amplio eco de las huelgas de 1962 que, en un principio, carecían de agenda política (en la primera mitad de los años sesenta, al menos el 90 % de las huelgas tuvieron su origen en disputas laborales. Tampoco generaron apenas episodios violentos, ni estuvieron vinculadas a acciones de solidaridad con otros trabajadores ni con asuntos sociales fuera de la firma)[530]. En el caso concreto de las huelgas de 1962 el Gobierno sabía que las protestas eran espontáneas, pese a que ciertos grupos de oposición como los comunistas trataron de, y en parte consiguieron, capitalizarlas. Era consciente asimismo de que los paros laborales fueron apoyados por una amplia mayoría de la población, incluyendo sectores católicos, y que hasta entre ciertos grupos franquistas se llegaba a conceder en privado que las quejas de los trabajadores estaban justificadas[531]. Pero, a pesar del amplio apoyo social a los huelguistas, o tal vez precisamente a causa de este, el Gobierno decretó la introducción del estado de excepción en las provincias en huelga, lo que generalizó y dio cobertura a las detenciones ilegales y a las torturas.

De cara al público la dictadura permaneció unida en torno a la postura oficial de intransigencia, pero entre bastidores se produjeron importantes divisiones. En el extremo moderado estuvieron los líderes sindicalistas falangistas, algunos de los cuales buscaban reconocer un derecho limitado a la huelga; el otro extremo, el de la línea dura del régimen, estuvo encabezado por el mismo Franco. Algunos falangistas hicieron notar al Gobierno que muchos trabajadores no habían secundado las protestas, incluso si sus lugares de trabajo estaban junto a epicentros huelguistas. La razón era que recibían un buen trato de sus patronos. Pero Franco fue inamovible, y al elegir la vía represiva, garantizó que cualquier protesta laboral presente o futura sería a la vez política e ilegal, con independencia de las intenciones de sus actores. De acuerdo con el artículo 222 del Código Penal, las huelgas siguieron estando definidas y penalizadas como actos de sedición. Estas y otras medidas represivas, y ciertas concesiones en el contexto del boom económico, se encargarían de devolver la calma, pero las consecuencias de la estrategia adoptada se harían evidentes en la década siguiente, cuando ni el dictador ni su régimen eran ya tan fuertes.

Un momento clave en el desarrollo del sindicato clandestino fueron las elecciones sindicales de 1966, cuando la confianza y la relativa tolerancia del régimen a causa de los espectaculares avances en materia económica propiciaron la elección de muchos militantes de Comisiones Obreras como representantes oficiales de las secciones obreras (llamadas sociales). Estas elecciones probaron que si los trabajadores podían elegir se decantaban por hombres y mujeres que defendiesen sus derechos y no por los candidatos apadrinados por el aparato sindical falangista. Por eso mismo la tolerancia y la autosatisfacción franquista duraron muy poco. Tras esta tentativa fallida de usar a las masas laborales para conseguir legitimidad política, el régimen volvió a recurrir a la represión. En 1967 fue legalizada Comisiones Obreras y la policía reforzó su empeño en desmantelarla. De este modo quedaba clausurada una vieja fantasía falangista y también uno de los temas recurrentes de la propaganda franquista dentro y fuera de España: la pretensión de que los trabajadores eran libres de elegir como representantes sindicales a quienes quisieran. Y así también quedó enterrada para siempre toda oportunidad de llevar a cabo la supuesta tercera vía falangista que, expuesta por primera vez durante la República, todavía estaba «pendiente»: crear un modelo socioeconómico mejor y más justo a caballo entre el capitalismo democrático y el socialismo que combinase armónicamente lo mejor de ambos para el bien de la patria.

El daño, en cualquier caso, ya estaba hecho. Las tácticas intimidatorias del Gobierno consolidaron la convicción en muchos círculos obreros de que el arma más eficaz para conseguir mejoras materiales era la solidaridad política. De este modo, la represión de la protesta obrera dio pie no solo a una mayor oposición política, sino que además le dio forma. Comisiones Obreras se convirtió primero en una escuela de protesta y, después, en una plataforma de acción política donde futuros cuadros de los partidos de la oposición aprendieron tanto a negociar mejoras tangibles como a socavar la estabilidad del régimen[532]. La organización se convirtió también en lugar de reunión de viejos y jóvenes sindicalistas, de grupos católicos y de abogados comprometidos. En los conflictos laborales, parte de la nueva oposición al franquismo y los trabajadores aprendieron a luchar por sus derechos, pero también a apreciar el valor de la diversidad de intereses, las diferencias entre grupos culturales, sociales e ideológicos, y los derechos de género.

Una de las personas que recibió esa forma de educación laboral y política fue Antonio Cantano. Antonio nació en Loja, provincia de Granada, en 1927 en el seno de una familia socialista de campesinos sin tierra. Varios de sus miembros perecieron víctimas del franquismo. La vida en la Loja de posguerra era muy dura. La familia de Antonio emigró a Lérida en 1956, donde un día a principios de los años sesenta un compañero comunista llamado Miguel Moreno le habló de un grupo que se reunía con regularidad para discutir la situación de la clase obrera. Casi sin notarlo, se vio militando en Comisiones Obreras primero y más tarde en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el comunista PSUC. Antonio fue detenido numerosas veces, su nombre fue puesto en listas negras, fue amenazado, sufrió traiciones, desilusiones y abusos físicos. Pero Antonio no solo experimentó la violencia del régimen sino que su militancia le llevó también al descubrimiento de un país muy complejo que hasta entonces desconocía, y de sí mismo. Las reuniones del sindicato, recordaría luego Antonio, le causaron «una sensación muy extraña» pues lo que se hablaba en ellas era muy diferente de lo «que podía ver en la calle». Allí Antonio tenía una voz, opinaba y discutía, y ello le llevó a leer, a pensar de manera diferente y a desarrollar un nuevo vocabulario y nuevos conceptos que transformarían su visión del mundo. Aprendió el valor de la diversidad, por ejemplo cuando conoció a militantes de la HOAC, que «durante los años duros de la dictadura estuvieron siempre con nosotros». Y apreció la ayuda del obispo local, quien medió en numerosas ocasiones con el gobernador civil para conseguir la liberación de trabajadores encarcelados, y que incluso donó dinero a las familias de los afectados. A través de este tipo de interacciones Antonio llegó a conocer a individuos de opiniones y orígenes sociales muy diferentes de los suyos. En el proceso, las clases medias y la burguesía liberal dejaron de ser para él las temidas y abstractas clases enemigas para pasar a ser gente real con ideas interesantes e incluso inspiradoras.

Antonio Cantano cambió, pero no lo hizo solo. Durante los años de su aprendizaje político su familia y su vecindario también evolucionaron. Por ejemplo, el nuevo vocabulario político y sus reflexiones sociales y culturales le llevaron a él y a otros militantes a conclusiones que cambiarían las dinámicas diarias de las familias y sus conceptos de género. Natividad, la mujer de Antonio, también abrazó la militancia antifranquista pero con demandas y expectativas propias que no dependían del liderazgo masculino. Como ella, otras mujeres pidieron por esos años a las autoridades locales mejoras urbanísticas o de los servicios públicos, pero también comenzaron a exigir fuera y dentro de sus casas la igualdad entre los géneros[533]. La familia de Manuel Cortijo —de cuya historia ya se ha hablado al comienzo de este capítulo— experimentó también cambios, entre ellos estuvo una creciente identificación con la cultura catalana que, en su caso y en el de muchos otros militantes, marcaría la conexión entre los movimientos obreros y el nacionalismo periférico. Manuel se casó con una mujer catalana, Mercedes, quien, como este recordaría a su entrevistador, no solo se identificó plenamente con la lucha de su marido sino que desempeñó un papel muy activo en las actividades contra el régimen y a favor de los trabajadores y los habitantes de los barrios[534]. De la tradicional relación marido-mujer, en origen no muy disimilar a la preconizada por el estereotipo moral franquista, los matrimonios de militantes como los que acabamos de ver evolucionaron hacia la igualdad, convirtiéndose en parejas de compañeros.

La politización del trabajo comenzó a extenderse a los barrios, y viceversa, desarrollándose así relaciones recíprocas entre sindicatos, asociaciones de vecinos, clubs sociales, grupos de mujeres, etc. La aparición de nuevas identidades y relaciones políticas y sociales fue mucho más rápida en aquellas zonas con mayor tradición industrial como Barcelona y las regiones del norte que en las de nuevo cuño como Madrid, Puertollano o Cartagena, debido al efecto catalizador de los viejos militantes sobre los jóvenes. Un buen ejemplo de la interacción entre militantes obreros experimentados e inmigrantes sucedió en el Baix Llobregat, en el cinturón industrial de Barcelona. La zona vivió profundos cambios económicos y demográficos con la industrialización de posguerra y la llegada masiva de inmigrantes. Solo en Cornellá, una de sus mayores localidades, la población se multiplicó por dos entre 1950 y 1960. Allí la mayoría de la mano de obra era joven y estaba sometida a la fuerte explotación laboral que caracterizó a las dos primeras décadas del franquismo. La empresa más importante de Cornellá era Siemens. Las relaciones entre esta y los trabajadores se deterioraron mucho en 1958 cuando los segundos recurrieron a la relentización del trabajo (un método clásico de protesta relativamente seguro) debido a una disputa sobre las horas extraordinarias. Poco después, los representantes sindicales, «gente honrada», sufrieron las iras de la empresa, que despidió a cuatro de ellos. Uno de ellos, Morilla, vivía en una chabola y tenía a la esposa embarazada. Los trabajadores estaban indignados porque sentían que cuando «quizás por primera vez tenían personas en posición de representarlos» se las habían quitado. Al final, pese a no encontrar el juez que se ocupó de su caso base legal para el despido, no solo aquellos hombres no fueron readmitidos sino que, además, acabaron incluidos en una lista negra. Morilla tuvo que emigrar a Alemania; Clemente, otro de los compañeros afectados, se fue a Francia, y otro de los despedidos se volvió a trabajar en el campo. La economía del país y de Cornellá mejoraron pero la dictadura no. Cuatro años después del suceso, en mayo de 1962, cuando las protestas se reanudaron otra vez en la factoría de Siemens la infame Brigada Político-Social organizó una reunión con los representantes de los trabajadores en la misma fábrica. Esta reunión fue en realidad una sesión de tortura a domicilio. Uno de los trabajadores recordaría posteriormente cómo «golpearon a Padilla» allí arriba en las oficinas. Este bajó y volvió al trabajo. Era el único que lo hizo entre los ochocientos hombres que pararon aquel día, mientras él, Padilla, trabajaba y lloraba[535].

A pesar de que la represión era la misma, la situación en 1962 era muy diferente de la de 1958, y no únicamente porque la curva de aprendizaje político de los trabajadores era más acusada. En septiembre de aquel año la mayoría de la plantilla de Siemens de Cornellá fue de nuevo a la huelga. Cuando los capataces trataron de persuadirles con la amenaza de ser despedidos muchos volvieron a sus puestos. No les quedaba otra opción. Pero los vecindarios, como los trabajadores, habían cambiado; ya no eran los conglomerados de inmigrantes de mentalidad individualista de años pasados y, cuando la situación trascendió, la gente de la localidad se dirigió en masa a la fábrica para apoyar a los huelguistas —que habían decidido tomar las instalaciones— entrando en la planta y compartiendo comida entre todos los presentes. La policía antidisturbios bloqueó el acceso al recinto. Después de alcanzar un acuerdo con el capitán de la Policía Armada, los trabajadores accedieron a la evacuación de la fábrica. Al día siguiente, los obreros volvieron a la planta pero, al encontrarla cerrada, decidieron marchar en protesta por las calles de la localidad vistiendo sus monos de trabajo. Esta vez la policía respondió cargando con dureza, golpeando incluso al párroco que intentó dar cobijo en su iglesia a los manifestantes. La compañía despidió a todos los huelguistas y les exigió que firmaran contratos nuevos para ser readmitidos. Los huelguistas aceptaron en apariencia, pero solo para poder despedazar uno detrás de otro los contratos en un acto simbólico de desobediencia frente a un público que les vitoreaba. Con ello, no solo rompieron un papel humillante sino también con décadas de miedo. Al final, la compañía concedió una subida salarial —que había sido la principal reivindicación desde el principio— pero cuarenta y dos trabajadores fueron despedidos y doce acabaron procesados por un tribunal militar acusados de sedición. No serían olvidados. Durante meses, los afectados fueron asistidos por sus compañeros con donaciones recaudadas en la factoría y también por miembros de Acción Católica. Lo que había comenzado como una mera disputa laboral pronto dio paso a un hito de gran significación política y social que unió a creyentes y a «rojos», a hombres y a mujeres, barrios y familias, a representantes sindicales y a activistas políticos. De esta lucha salió una rama local de Comisiones Obreras. Sus primeras reuniones tuvieron lugar en la parroquia del barrio[536]. Mucho tiempo después, en mayo de 1976, cuando la democracia era ya una posibilidad real y el activismo sindical estaba en un punto álgido en España, la presión de los compañeros consiguió que aquellos trabajadores despedidos catorce años antes fueran readmitidos en sus antiguos puestos.

Los riesgos de la paz

Los riesgos de la paz

La situación en sitios como Cornellá tenía poco que ver con la de la España rural y las provincias pobres. En 1968, por ejemplo, el año de la rebelión de la juventud y del primer asesinato premeditado de ETA, los redactores de prensa sensacionalista habrían tenido serias dificultades para llegar a fin de mes si toda España hubiese sido como Segovia. Ese año no había habido en la provincia asesinatos, homicidios (con la notable excepción de un infanticidio) o abortos. Es más, la criminalidad «continuaba decreciendo». Aparte de cuatro casos de agresiones físicas, el hurto era con diferencia el crimen más común, con 39 condenas, y la única infracción que mostró un aumento significativo fue la conducción peligrosa o ilegal, producto del creciente número de conductores de los 13 000 vehículos de motor registrados en la provincia. Al cerrar el año, de un total de población de más de 160 000 personas, había solo tres reclusos en la prisión provincial[537]. En la empobrecida provincia de Badajoz la situación no era mucho más excitante. El número de delitos en 1969 fue de 223 contra la propiedad y 461 contra las personas, la decencia y la seguridad pública. Eran unas cifras bajísimas para una población total de 700 000 habitantes. El caso estrella del año estuvo de nuevo relacionado con la modernidad sobre ruedas del país: se trataba de una banda de ladrones de coches que fue atrapada[538]. En Valladolid, con 400 000 habitantes y varios centros industriales, la criminalidad también descendió en el año 1969. La excepción, una vez más, fue el robo de vehículos (168 autos y 281 motos). Hubo además 401 hurtos, 35 casos de estafa, 30 casos de agresión y 44 crímenes contra la decencia[539]. Salvo la excepción apuntada en Segovia, en ninguna de las provincias citadas se registraron asesinatos.

En comparación con las manifestaciones y barricadas que tuvieron lugar en 1968 en París y en otras partes de Europa, o con las protestas raciales de Detroit del año previo, no hay duda de que, a finales de la década de los sesenta, España era un país muy seguro. No obstante, tras las imágenes de calma, creciente materialismo y riqueza estaba el problema no abordado de la esclerosis política y, por supuesto, la larga sombra de la Guerra Civil. Ambas eran una anomalía, sin válvulas de escape y sin visos de solución, que se podía manifestar en cualquier momento y en cualquier parte. Por ejemplo, en la remota y muy pacífica Huesca, provincia agraria y desmovilizada, el impacto del decreto gubernamental de marzo de 1969 que concedía la amnistía política a crímenes cometidos antes del final de la guerra fue muy sentido porque, como apuntaba el gobernador civil, había «numerosos exiliados de esta provincia, la mayoría con muchos familiares aquí […] que habían mantenido el contacto y los recuerdos [eran] difíciles de borrar»[540]. El problema de la paz reinante era que su principal garante, Franco, formaba parte interesada, activa y manipuladora de aquellos «recuerdos», esto es, del eufemismo que evitaba describir los años de asesinatos políticos y de miedo.

Pero el dictador se estaba haciendo viejo, lo que creaba una creciente ansiedad. En palabras del gobernador civil de León en 1968, la mayoría de los que apoyaban a Franco lo hacían con la convicción de que mientras él siguiera al frente disfrutarían de una confianza y seguridad óptimas pero «a causa de la edad de su Excelencia las preocupaciones naturales de la gente se han vuelto más acusadas»[541]. En esta misma línea, en 1969, el gobernador civil de Segovia aseguraba que «mientras Franco se mantenga como Jefe de Estado, [se dudaba de] que la unidad política fuera rota [incluso si existían] sentimientos contradictorios entre las minorías más inteligentes»[542]. La cuestión de qué pasaría a la muerte del Caudillo estaba en la mente de todos, pero raramente se expresaba en público y se reservaba para la seguridad de la conversación entre amigos y familiares.

La sociedad española era incapaz de deshacerse de los fantasmas del pasado —los esqueletos apenas enterrados por la Paz de Franco— precisamente cuando el consenso social auspiciado por el boom económico comenzaba a mostrar sus fallas, que nadie sabía cómo reparar. Entre las fisuras más evidentes estaban el creciente distanciamiento entre el régimen y la población joven, el incremento de las actividades de ETA y, por supuesto, la conflictividad laboral. Ninguno era exclusivo de España. La rebelión de la juventud, el terrorismo o el reverdecimiento de la militancia obrera estaban ocurriendo por entonces en muchas otras sociedades occidentales industrializadas. Pero mientras que en los países democráticos aquellos problemas eran resueltos con mayor o menor éxito, la dictadura franquista no podía recurrir a los mecanismos de mediación propios de un país libre con una sociedad civil fuerte. El régimen, en vez de negociar y abrirse a las nuevas realidades y demandas sociales —lo que le resultaba impensable— adoptó una postura reactiva ante los retos. Lastrado por la inercia de su propia naturaleza, la supervivencia política de la dictadura quedó así ligada de forma inexorable a la vida del Caudillo.

La juventud española, sobre la que las autoridades (y no solo ellas) se quejaban cada vez más, estaba mostrando su ruptura con el pasado de muchas maneras, pero sobre todo en su forma de vestir, sus peinados, sus gustos por el cine, la música, el teatro o la literatura. Este tampoco era un fenómeno aislado sino que, como dijo el gobernador civil de León en 1968, era parte de otro internacional más amplio que inspiraba ideas y modas. Más específico de España, y más preocupante para la dictadura, era lo que este servidor del régimen también señaló: la influencia en la juventud «de curas progresistas, que se [mezclaban] con jóvenes y trabajadores y [fomentaban] ideas y protestas»[543]. Como también explicó el gobernador civil de la vecina Zamora en 1969, los jóvenes buscaban «transformar el medio social» pero permanecían confusos y no encontraban los caminos para llevar a cabo este cambio. Ello llevaba al gobernador civil a temer que la juventud zamorana evolucionara hacia una situación «extremadamente negativa»; un mal social que «gracias a Dios, aún [se podía] evitar». Las autoridades locales tenían esperanzas de que el nuevo obispo fuese como el anterior, quien había sido capaz de controlar a la minoría de sacerdotes «progresistas» que tantos problemas causaban[544].

Este tipo de comportamientos entre la juventud era la culminación y la generalización de un fenómeno que había estado desarrollándose entre los estudiantes universitarios durante años. Los orígenes del antagonismo, o al menos el rechazo, estudiantil hacia el régimen se remontan incluso a finales de los años cuarenta. Una encuesta de 1949 a cargo del Sindicato Español Universitario (SEU) ya mostraba que una mayoría (el 90 % en el caso de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid) profesaba una «indiferencia increíble hacia los problemas políticos». En aquellos años el cuerpo estudiantil era todavía generalmente conservador, pero también existía un núcleo idealista que albergaba sentimientos enfrentados sobre la política. Este informe, por ejemplo, señalaba que varios estudiantes falangistas veteranos de la División Azul expresaban incluso simpatía por la Unión Soviética mientras que otros se encontraban «en un periodo de evolución de la indiferencia a la demagogia» de los grupos de oposición[545].

Esa era la minoría. La mayoría estaba sobre todo preocupada por su futuro profesional, pero también era testigo de los fracasos de la dictadura en corresponder a su retórica con éxitos tangibles. En particular, los estudiantes estaban molestos con la indiferencia oficial hacia las desigualdades sociales y la miseria extensa que se daba en el país. Entre las fuentes de la desilusión estudiantil en 1949 se citaban problemas como la existencia de barrios de chabolas, la falta de una reforma agraria y de la redistribución de la tierra, la corrupción gubernamental, el mercado negro, los bajos presupuestos de las universidades, el poder de la Iglesia y del Ejército, y la ascensión del Opus Dei[546].

Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta la mayoría de los estudiantes todavía hacían uso de la terminología y los razonamientos oficiales para explicar el estado del país. Pero la retórica falangista en temas de igualdad y justicia social, como la católica, era un arma de doble filo que a menudo aportaba supinos ejemplos de hipocresía[547]. Los riesgos de creerse el discurso franquista radicaban en que, a menudo, llevaba a darse cuenta de lo falsas que eran sus pretensiones de justicia. Una vez alcanzado este punto, se podía iniciar un proceso de desencanto que en muchos casos acababa en la oposición abierta o el cinismo[548]. La propaganda oficial, por ejemplo, aseguraba que el particular sistema político de España era superior a otros. Pero muchos estudiantes estaban descubriendo que no era cierto, como reveló una encuesta del SEU del año 1950 que concluía que aquellos pensaban que en países como Alemania o el Reino Unido «pese a todas las huelgas y luchas partidistas y todas las dificultades, la verdad era que […] habían alcanzado una normalidad casi absoluta en todos los aspectos» y especialmente en el de la distribución de los alimentos[549].

Hasta 1952 las quejas y las protestas estudiantiles se centraron en aspectos puramente profesionales como eran la demanda de nuevas asignaturas, la mejora de la instrucción o poner fin a la corrupción y al nepotismo dentro de la universidad. Pero estas cuestiones, o la falta de iniciativa gubernamental hacia los problemas sociales del país, no fueron por sí solas las que llevaron a una nueva percepción del régimen como una dictadura opresora. Tan importante como aquellas fue que la dictadura, con la complicidad del SEU y de las autoridades académicas, a menudo respondió a las demandas del alumnado con la represión más cerril. Así ocurrió en Madrid en noviembre de aquel año, cuando las protestas estudiantiles, en principio apolíticas, se saldaron con algunas palizas y tres detenidos. En este caso, la represión sufrida llevaría a muchos jóvenes a plantearse por primera vez cuestiones de índole política y a empezar a buscar respuestas a las contradicciones entre lo que habían creído hasta entonces y lo que habían experimentado[550]. Resulta sorprendente la rapidez con la que algunos estudiantes pertenecientes a familias conectadas con el régimen adoptaron posiciones de oposición política y entablaron relaciones con individuos de izquierda. Este hecho no pasó desapercibido a la dictadura, que se dio cuenta de que la Falange estaba perdiendo el control de la vanguardia de las organizaciones estudiantiles. La situación se hizo patente en febrero de 1956 en Madrid, cuando un número de confrontaciones de carácter violento entre estudiantes y matones de la Falange acabó con un joven falangista gravemente herido (a causa de «fuego amigo»). El incidente desató una crisis en el Gobierno y la universidad fue cerrada temporalmente. Como dijo después un antiguo estudiante falangista, «tras aquello, prácticamente [se perdió] toda esperanza de que la Falange pudiera desarrollar cualquier reforma revolucionaria en España»[551]. La conversión política de este joven no sería única[552].

En realidad, en aquel momento solo una minoría de los universitarios adoptó esta postura crítica. La auténtica ruptura entre el régimen y una minoría amplia del alumnado se materializaría más tarde. En Madrid ocurrió entre 1964 y 1965, cuando una serie de protestas y la represión que las intentó atajar acabaron radicalizando a los estudiantes. La presión estudiantil llevó al desmantelamiento del SEU. Con ello, la única herramienta que le quedó al régimen para enfrentarse a la rebelión de la universidad fue la represión directa[553]. En adelante, los conflictos entre el alumnado y las autoridades, y la policía antidisturbios, se intensificarían y se harían más frecuentes, entrando en una dinámica acción-represión que llegó hasta más allá del final de la dictadura. Las protestas de los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid se convirtieron así en un ejemplo de cómo la política oficial de fomento de la pasividad y de resorte último a la violencia era contraproducente con las minorías ilustradas. El vacío dejado por el régimen en la universidad fue ocupado por otras fuerzas. La falta de reflejos y la desorientación de la dictadura era patente en un informe confidencial de 1968, en el que, tras una supuesta evaluación «fría y analítica» de la situación, las autoridades concluyeron que la «politización de la juventud» era la solución al problema, como si los estudiantes no estuviesen ya politizados (de hecho, nunca lo habían estado tanto), pero con ideas muy diferentes a las oficiales[554].

La presencia de centros estudiantiles dentro de localidades relativamente pequeñas generó un clima político muy diferente del de aquellas sin universidad, incluso si se trataba de ciudades de tendencia conservadora y sin apenas presencia de una clase obrera movilizada. Este era en parte el caso de Valladolid en 1968, donde el mundo obrero se mantenía tranquilo y «los elementos marxistas» no llevaban a cabo actividades públicas, pero donde los estudiantes «promovían incidentes en las calles, pese a hacerlo en pocas ocasiones y en pequeños grupos». El gobernador civil de esta provincia afirmaba que, sin lugar a dudas, la tendencia de mejora en cuanto al empleo y los salarios tenía algo que ver con la calma de los trabajadores, pero no tenía nada que proponer para remediar la situación de la universidad[555]. Este clima de inquietud entre los estudiantes, y de calma entre los trabajadores, podía encontrarse también en Tenerife, donde aquel año los alumnos de la Universidad de la Laguna, «organizados por una minoría», participaron en protestas políticas. El gobernador civil decía estar satisfecho con la tranquilidad en el ámbito laboral de Tenerife, pues solo se había producido un conflicto menor que fue pronto solventado[556]. De Sevilla llegaron en 1968 informes similares[557]. En Salamanca, el desencanto estudiantil hizo de 1968 un año sonado. Los estudiantes boicotearon las clases y organizaron otros numerosos actos de protesta que incluyeron recitales de música y de poesía subversiva donde, para horror de las autoridades, se cantó «La Internacional». El cuerpo estudiantil, dijo el gobernador civil, «previamente indiferente», había comenzado a ser consciente «de sus derechos». Entre los revoltosos había incluso estudiantes de la Universidad Pontificia y de la Facultad de Teología. Las protestas estudiantiles solo fueron sofocadas con la imposición del estado de excepción[558]. Hasta en la provincia de La Coruña, lugar de nacimiento del dictador, las autoridades detectaron que muchos estudiantes se habían unido al movimiento nacionalista gallego, a grupos marxistas y a Comisiones Obreras, donde estaban armando ruido, a menudo ayudados por sacerdotes progresistas y por intelectuales[559].

El activismo estudiantil y la represión crecieron rápidamente en la década siguiente. En Granada la policía informó en 1971 de que la suspensión de las libertades durante el invierno había permitido «desmantelar organizaciones subversivas asociadas a grupos de estudiantes» y que «la detención de estudiantes y de gentes ajenas a la universidad por un lado, y por el otro la huida […] de otros activistas, [dejaban] a la movilización estudiantil rota y desorganizada, al menos de manera transitoria»[560]. Todo era verdad, incluso la coletilla final pues, pese a sus resultados inmediatos, la represión no logró invertir la cultura de protesta que había estado cultivándose entre la gente joven, que se sentía cada vez más alejada del sistema político y de lo que consideraba valores negativos y anticuados de las generaciones anteriores. A la movilización estudiantil había que sumar la insatisfacción de maestros de secundaria y de los profesores universitarios, en particular aquellos que no eran fijos, los famosos Profesores No Numerarios (PNN), que jugaron un papel crucial en la dirección de los conflictos. Además, la protesta se extendió por el país con los estudiantes cuando estos se graduaban y encontraban un empleo, normalmente en la enseñanza, o incluso cuando marchaban a cumplir el servicio militar. En 1971, en la empobrecida y lejana Cáceres, la policía identificó como elementos subversivos a varios profesores de bachillerato contratados por lo que, como informó el gobernador civil, «[se alcanzó] un acuerdo con el Ministerio de Trabajo» para su despido tan pronto como acabara el año académico. Según la policía, otra fuente de contaminación ideológica y cultural de la juventud local eran los estudiantes que estaban haciendo el servicio militar en la guarnición local. Estos a veces colaboraban con sacerdotes en su labor de proselitismo político y se servían de sus redes y contactos en las grandes ciudades como Madrid para pasar información y publicaciones de temática subversiva[561].

Los alborotadores y los subversivos fueron siempre una minoría entre la mayoría pasiva de la juventud y, por supuesto, entre la población en general. La distancia entre los primeros y los políticamente conformes era real y podía ser percibida en las calles del país. Diciembre de 1970 fue un mes difícil para la Universidad de Salamanca a causa de las protestas contra el Proceso de Burgos —el sonado juicio a militantes de ETA que acabó con varias sentencias de muerte, después conmutadas por el régimen— que incluyó incidentes, enfrentamientos con la policía y el lanzamiento de cócteles molotov por parte de los estudiantes. Pero cuando Franco visitó la provincia para inaugurar una presa, las autoridades afirmaron satisfechas que más de 50 000 personas, de un total de 125 000 habitantes, se congregaron en la Plaza Mayor para vitorearle. Una segunda concentración en apoyo del régimen y de rechazo a las condenas internacionales por el Proceso de Burgos que se produjo el 19 de diciembre contó con la supuesta asistencia de 70 000 salmantinos[562]. El fervor hacia Franco fue nuevamente demostrado en Zaragoza en diciembre de aquel año con una enorme concentración patriótica⁶¹. En la ciudad de Toledo, por su parte, una manifestación similar congregó a 30 000 personas (de un total de 40 000 almas) el 22 de diciembre. Este, señaló el gobernador civil, era un hecho tranquilizador dados los temores de que la apertura de una nueva fábrica y la creación de un centro universitario fueran a causar problemas. Después de todo, el foco infeccioso «de los estudiantes politizados de la Universidad de Madrid» se encontraba a solo unos pocos kilómetros[563]. El tamaño de las demostraciones de apoyo a Franco mostró claramente que este todavía disfrutaba de una posición privilegiada en los corazones de los españoles. Por entonces el Tío Paco se había convertido en el imaginario colectivo del país en un abnegado gobernante paternalista, anciano y sabio que sufría el escarnio internacional por intentar proteger a su gente de la violencia. Como explicó con acierto el gobernador civil de Almería: «Debemos destacar que junto al apoyo a la persona de Franco, la pasividad y la falta de interés en la política son los aspectos fundamentales de la situación»[564].

Este apoyo masivo debía mucho a una campaña propagandista orquestada por la dictadura en la televisión, la radio y en la prensa escrita, y al acarreo de los participantes con fondos y medios públicos. Pero esa campaña fue efectiva porque conectó con el recuerdo de discordia de la Guerra Civil y la asociación en el imaginario popular del Caudillo con el orden y la estabilidad del país que confirieron autenticidad a los sentimientos expresados durante las manifestaciones. Franco era más popular que su régimen y desde luego muchísimo más que su designado sucesor, el entonces príncipe Don Juan Carlos. Por ejemplo, cuando este y su familia visitaron Valencia en febrero de 1970, lo mejor que las autoridades pudieron contar fue su recibimiento «entusiasta» por parte de los alumnos de una escuela de formación profesional. Cuando, en cambio, el propio dictador realizó una visita a la ciudad en junio su acogida fue descrita como «una apoteosis y una demostración de homenaje de toda la provincia». Pese a pecar en algo de exagerado, si bien poco, las fotografías y testimonios de la prensa valenciana de esos días atestiguan la autenticidad de la aseveración. De nuevo en diciembre —momento en que la condena internacional por el Proceso de Burgos se cebaba con la dictadura— una masa patriótica inundó la plaza mayor de Valencia. Era una señal muy alentadora para el régimen dada la existencia de una inquieta población universitaria, los consabidos sacerdotes progresistas y la creciente fuerza de los sindicatos ilegales en el puerto de Sagunto y en las plantas siderúrgicas[565]. En Granada, a lo largo de 1970 los estudiantes radicales habían estado muy activos y los trabajadores de la construcción se vieron envueltos en una huelga violenta que se saldó con tres muertos por disparos de la Policía Armada. Pero las autoridades locales todavía pudieron informar con satisfacción de que el 25 de diciembre se produjo allí una «grandiosa manifestación patriótica» de, según aquellas, 80 000 personas en apoyo a Franco, que además cantaron y dieron gritos de apoyo al régimen a su paso por el gobierno civil, por el edificio de los sindicatos y por «la basílica de nuestra patrona la Virgen de las Angustias», antes de disolverse «en perfecto orden»[566].

La mayoría de los españoles rechazaba la violencia y respetaba al Caudillo pero, al mismo tiempo, sabía poco de las dificultades reales que la dictadura y su peculiar paz estaban experimentando en el País Vasco. Los atentados y los actos de sabotaje no eran cubiertos en los medios, como tampoco la brutalidad policial o las torturas. Lo que se sabía de ETA era que estaba causando problemas y por eso hacia 1970 los españoles, aun los menos formados e informados, empezaban a sospechar que el fervor patriótico y profranquista era menos evidente en el País Vasco que en el resto de España. Por supuesto que aquellas provincias estaban llenas de gentes —es muy difícil saber qué porcentaje— que apoyaban al régimen, pero esta opinión ya no gozaba de la hegemonía en las calles que todavía tenía en la mayor parte del país. Ya eran historia los celebrados días de las vacaciones veraniegas del dictador en San Sebastián, que habían incluido su presencia en competiciones de traineras y de deportes de pelota —que tanto gustaban al Caudillo— coreada por los vítores de las multitudes. Sus apariciones en público eran ahora raras en la región y limitadas a su retiro en el Palacio de Ayete o a bordo del Azor, su yate de uso privado. Estos cambios en los hábitos estivales de Franco estaban bien justificados. Como informaba el gobernador civil de Guipúzcoa, ya en 1970 había poco que celebrar en la provincia[567]. Ese año, una persona había muerto y varias resultado heridas a manos de la policía, que también tuvo heridos y contusionados. Pero amén del deterioro del orden público y de los atentados, ataques y huelgas, lo peor para las autoridades era «la frialdad de la población, su falta de reacción»[568].

La cada vez más acusada falta de apoyo público al régimen en el País Vasco era un fenómeno relativamente nuevo y, en cierto sentido, se debía al propio proceder de la dictadura. Aunque debe decirse que la violencia del franquismo no fue peor aquí que en otras zonas de España. Es más, las antiguas guerrillas de izquierda que intentaron operar en la zona en los años cuarenta se encontraron, allí y en Navarra, que la población rural era abiertamente hostil a su causa, dándose casos de caza de guerrilleros y hasta del linchamiento, seguido de la mutilación de los cuerpos, por parte del campesinado carlista. Los vascos habían vivido la versión genérica de la Paz de Franco durante dos décadas, pero la aparición de ETA cambió esta dinámica. La primera gran acción violenta de ETA fue el descarrilamiento de un tren que transportaba veteranos del ejército franquista de camino a San Sebastián para conmemorar el 18 de julio en 1961[569]. Pero cuando ETA comenzó a actuar la sociedad vasca era muy apolítica y el nacionalismo era un recuerdo lejano para la mayoría. Como constató uno de los fundadores de la rama militar de ETA «la gente joven de la generación de los sesenta no sabía nada de nuestra cultura o de nuestras tradiciones». Muchos de los primeros integrantes de ETA «descubrieron» este pasado en los círculos católicos, en los que los sacerdotes fueron instrumentales al explicar a los más jóvenes que eran diferentes de los españoles y que la nación vasca estaba oprimida por aquellos[570]. Para mediados de la década de los sesenta la policía comenzaba a ver con frustración cómo muchos religiosos de la provincia colaboraban con los elementos subversivos y usaban el privilegio de su condición de clérigos para protegerlos[571]. Eso pasaba en toda España, la diferencia era que en el País Vasco las pistolas estaban saliendo a la calle.

El fenómeno de ETA no se puede separar del de la rebelión juvenil experimentada en la mayoría de las sociedades occidentales en los años sesenta y de la idealización de los movimientos de liberación del Tercer Mundo. No es sorprendente que los aprendices de terroristas buscasen primero inspiración en el Che Guevara y se volvieran hacia el campo, como los revolucionarios habían hecho en Cuba, en busca del apoyo del campesinado que creyeron abrazaría sin duda su causa. Pronto quedaron desencantados. Por ejemplo, cuando el 1 de mayo de 1966 un grupo de miembros de ETA «liberaron» la pequeña localidad de Garay, en Vizcaya, debieron marcharse «después de ser incapaces de hablar con una sola persona. De vez en cuando alguien miraba por la ventana, pero cuando se les acercaban, las cerraban firmemente»[572]. Más tarde, sus escenarios soñados se basaron en otros modelos, como el del católico bueno y oprimido frente al protestante malo y represor del Ulster o, incluso, en el espejismo, más delirante aún, de hacer de Euskadi la versión atlántica de la Albania pastoral de Enver Hoxha.

Después de su fracaso en materializar una revuelta popular que no llegaba, ETA cambió de estrategia y se dedicó a efectuar acciones de sabotaje, asalto, secuestro y, finalmente, de asesinato. ETA mató a propósito por primera vez el 7 de junio de 1968. Se trató de un joven miembro de la Guardia Civil que efectuaba un control de carretera. Un camionero que vio el asesinato avisó a las autoridades que pudieron seguir el rastro de los autores del atentado. El tiroteo que siguió terminó con uno de los terroristas muerto. La Guardia Civil tuvo que intervenir durante la misa en honor del terrorista fallecido cuando se exaltó su figura. Otro terrorista sería capturado más tarde en una iglesia y condenado a cadena perpetua. Por entonces, mucha gente en el País Vasco consideraba ya a los militantes de ETA como luchadores por la libertad y mártires. La cadena de eventos de acción y reacción había comenzado, incluyendo la deshumanización progresiva pero rápida de lo que algunos todavía definen asépticamente como «el conflicto», en el que los asesinatos resultaron ser ejecuciones, supuestas acciones de guerra o productos de accidentes; en el que las vidas tuvieron valores muy dispares; el discurso de los derechos humanos fue manipulado por los que no creyeron nunca en ellos; y los muertos, especialmente los de uniforme, hasta fueron tachados de perros[573].

El principio del fin

El principio del fin

Los españoles sabían que la década de los setenta iba a ser crucial, incluso si nadie podía prever cómo se desarrollaría. En 1970, el año del Proceso de Burgos, el régimen era estable y el dictador popular, pero los problemas tanto dentro de las jerarquías del poder como del conjunto de la sociedad eran más profundos de lo que nadie podía ver; sencillamente porque la censura hacía imposible tener una visión global de los acontecimientos y de las opiniones de la gente. Para empezar, los planes del Caudillo para la sucesión en la persona del príncipe Don Juan Carlos resultaban inciertos. Eran aplaudidos por sus adeptos como deber «por ser la decisión de Franco», pero sin demasiado entusiasmo, y recibidos con hostilidad por los grupos de oposición. Para muchos franquistas la monarquía traía recuerdos de la odiada España liberal, y temían que con los Borbones el país se orientara hacia una mayor liberalización política. Para los grupos de oposición Don Juan Carlos representaba la continuidad del régimen porque había sido elegido por el propio Franco. La mayoría de los españoles percibían la sucesión con una mezcla de indiferencia y preocupación[574]. Además ya habían aparecido los primeros indicios de que a la dictadura se le escurría su dominio sobre la sociedad. Esto no quiere decir que el régimen hubiera perdido el control de las calles del país o de que la mayoría de los españoles se hubiera pasado a posiciones antifranquistas (aunque habría que hacer una excepción a esta aseveración en ciertas partes de País Vasco y en las universidades). El orden público y el prestigio del dictador se mantenían incólumes. Pero el franquismo estaba perdiendo rápidamente la hegemonía en varios sectores clave como el del trabajo, los círculos culturales y el activismo comunitario, que demandaban cada vez más abiertamente cambios profundos. En esas esferas el régimen era percibido como una anomalía y un obstáculo que impedía a España alcanzar una nueva normalidad similar a la de la mayoría de los países europeos occidentales. Por último, el modelo económico, que había probado ser tan exitoso en la década anterior, comenzaría pronto a mostrar signos de fragilidad.

La dictadura no contaba con un plan alternativo, ni mucho menos nuevo e ilusionante, para hacer frente a estos retos, y esta falta de perspectivas comenzaba a alejar a aquellos de sus simpatizantes que eran más partidarios de la modernización y de la afirmación de los valores cívicos. La carencia de opciones viables a las nuevas demandas políticas y sociales de los años sesenta y setenta, que a menudo no tuvieron más opción que manifestarse a través de la protesta abierta, explica por qué el régimen tuvo que recurrir a la represión, y en especial a la imposición del estado de excepción en 1968 en el País Vasco, y su extensión al conjunto del país en 1969 y 1970. La dictadura se mantenía firme en conservar el orden público, pero cada vez iba más a la deriva y a remolque de los acontecimientos. Era asimismo incapaz de aprovechar los esfuerzos de grupos moderados y apolíticos —asociaciones de vecinos y de padres, amas de casa, colegios oficiales, instituciones culturales, etc.— que habían estado trabajando dentro de los límites de la legalidad vigente para revitalizar la sociedad y afrontar los retos de la modernización en una España cambiante. Al volver la vista atrás parece evidente que el franquismo nunca hubiera sido capaz de asimilar cambios que se oponían a su propia naturaleza autoritaria y enemiga de la movilización social. Entre tanto, mientras los españoles eran más o menos libres de, por ejemplo, votar en sus propias asociaciones, la dictadura todavía se empecinaba en la pretensión de que su sistema electoral «orgánico» representaba a la voluntad popular. Era una aseveración que los sectores sociales más activos estaban explícita o implícitamente rechazando, y sobre la que la mayoría de la población no politizada estaba simplemente desinteresada.

La eficacia de la represión era limitada. Continuando las medidas adoptadas durante el año anterior, el Tribunal Supremo declaró en 1968 a Comisiones Obreras «ilegal y subversiva». A esta condena siguió un periodo de fuerte represión que culminó con la detención de nueve líderes de la comisión coordinadora del sindicato en 1972[575]. Las esperanzas de que, tras la ilegalización, la organización acabaría disolviéndose fueron solo ilusiones vanas. Ya en 1969 las autoridades detectaron una multiplicación en el número de Comisiones Obreras y otros sindicatos ilegales en Madrid, en especial en compañías del metal como Pegaso, Standard Eléctrica, Ericsson, Lanz Ibérica o Construcciones Aeronáuticas. Esto ocurría a escasos kilómetros del palacio del Pardo y entre la élite —en cuanto a estabilidad laboral y salarios— de la clase trabajadora madrileña. Si el régimen había esperado comprar a los trabajadores a través de un mayor bienestar evidentemente se había equivocado. Peor aún, Comisiones Obreras comenzaba a atraer ahora a los trabajadores de cuello blanco de sectores tradicionalmente muy sumisos como eran los empleados de las grandes entidades bancarias como el Banco Hispano-Americano, el Banco Central, el Banco Español de Crédito o el Banco Exterior de España.

La represión no pudo prevenir la formación de una cultura de protesta, y de hecho, por torpe y a menudo indiscriminada, contribuyó a exacerbarla y extenderla a grupos tradicionalmente pasivos. La protesta trascendió las viejas divisiones de clase y fue más allá de las reivindicaciones sindicales de concesiones para los trabajadores. La palabra que mejor ilustra la nueva situación es solidaridad, pues a medida que las organizaciones y grupos ilegales comenzaron a desafiar al régimen fueron construyendo redes con, y prácticas de apoyo a, otros grupos. En este sentido, tanto el papel de la Iglesia como la utilización política de la solidaridad en el tardofranquismo recuerdan mucho al de la Polonia tardo comunista. Pese a que las protestas y las réplicas del régimen se desarrollaron en un clima en el que la mayoría de los españoles, y sobre todo aquellos de las generaciones mayores y los socialmente más débiles, no querían tener nada que ver con la política, los efectos de la represión comenzaron a influenciar también en las actitudes de estos. Muchos de los participantes en huelgas o manifestaciones se lanzaron, a veces por primera vez en sus vidas, a protestar por razones apolíticas, creyendo que luchaban por sus derechos y por lo que consideraban que merecían moralmente bajo el sistema político establecido. Pero cuando se les negaba aquellos derechos que el mismo régimen decía que tenían y, además, ellos o sus familiares o conocidos eran atacados de manera brutal por la policía, sus valores morales y su misma indignación podían tornarse rápidamente en razonamientos políticos. Los resultados del ya citado estudio de FOESSA de 1970 apoyan esta hipótesis, al mostrar cómo los valores morales de la gente podían contradecir las normas políticas del franquismo. La mayoría de los trabajadores encuestados preferían la forma de Gobierno del momento y solo un 30 % se inclinaba por la república. Esto contrasta con las opiniones de los estudiantes universitarios, de los que el 1 % prefería la dictadura y el 76 % un sistema republicano. Aún así, los mismos que apoyaban el continuismo de Franco también apoyaban el derecho de huelga (el 58 %) contra el que el Gobierno luchaba de forma tan vehemente[576].

La tendencia hacia el cambio político —o la conversión de agravios sociales y posicionamientos morales en demandas de una mayor libertad y derechos— se desarrollaron con lentitud hasta los últimos dos años de la dictadura cuando experimentaron una aceleración, pero solo se convirtieron en dominantes después de la desaparición del régimen[577]. Según otro estudio de 1973, el 54 % de los encuestados aseguraba preferir el sistema de Gobierno establecido y no querer arriesgarse a cambiarlo, frente a un 33 % que defendía lo contrario. Estas cifras no dicen realmente la sensación que se vivía en la calle porque la minoría por el cambio era mucho más activa que la mayoría conservadora. Según esa misma encuesta, una clara mayoría de los españoles, que lógicamente incluye a los que afirmaban querer la continuidad, pensaba que la política debería implicar una mayor responsabilidad social de aquellos en el poder (65 % de los encuestados apoyaba esta aseveración frente al 20 % que decía no estar de acuerdo) y que debería ser orientada hacia un progreso más colectivo (62 % a favor y 24 % en contra)[578]. Esto es, que la prioridad de la mayoría de la población de mantener la paz era evidente, pero la evolución de los valores políticos estaba enseñando a los españoles a sentirse cómodos con nociones como la pluralidad y la tolerancia y —en claro contraste con la inoperancia del régimen— la responsabilidad de los poderes públicos de resolver los problemas sociales. Esta evolución de los valores y expectativas de la sociedad se ve de forma clara al analizar la opinión popular en la última década del régimen en torno a la dicotomía (falsa) entre paz o libertad. En 1966, un 68 % de los españoles entrevistados eligió un combinado de paz, orden y estabilidad como primera opción mientras que el 20 % se decantaba por la combinación de justicia, libertad y democracia. En 1975 la diferencia entre ambos se había reducido (56 % y 33 %, respectivamente) y volvió a hacerlo de nuevo en 1976, con 44 % por la primera opción y 40 % por la segunda. Pero hay que ser muy cautelosos con estos datos. Que se eligiese una opción sobre la otra es en parte consecuencia de cómo se concibieron y efectuaron los estudios. Y no solo porque fueron hechos bajo una dictadura sino por las preguntas mismas: pues lo que no dicen sus resultados es que los valores que aparecen como secundarios no fuesen también deseables. Por ejemplo, se puede preferir la paz ante todo pero también, de ser posible, que haya libertad y justicia[579].

Lo que hace patente este patrón de evolución de los valores políticos en el tardofranquismo es que el deseo de paz compartido por los españoles de a pie implicaba un rechazo a la confrontación violenta, pero esto no debe confundirse con un apoyo incondicional al régimen. Cuando las protestas pacíficas de grupos de oposición en las calles o en la fábrica eran correspondidas con brutalidad policial, la respuesta del régimen era contraproducente, pues traía recuerdos de un pasado oscuro y de confrontación que los españoles de a pie rechazaban y que no querían como futuro. Cuando la línea dura del régimen, encabezada por el propio Franco, se empeñó en adoptar medidas represivas como única solución al desafío social, la gente de a pie comenzó a volverle la espalda a la dictadura y a contemplar como una alternativa viable los valores democráticos de tolerancia y la diversidad que en Europa garantizaban la paz. Esto, por otra parte, ayuda a entender por qué la mayoría del país sí que apoyó al régimen cuando encarcelaba a los terroristas de ETA e incluso, de forma más medrosa, cuando algunos fueron ejecutados. La gente distinguía perfectamente entre la lucha antiterrorista —una política con la que estaban de acuerdo porque hacía frente a la violencia—, de las acciones de la policía antidisturbios cuando agredía o disparaba a pacíficos (o simples alborotadores) obreros y estudiantes, o cuando la Brigada Político-Social arrestaba a vecinos que denunciaban el estado de abandono de sus barrios. La represión social era la negación de la paz, y por eso causaba indignación. Por esta misma lógica, el ciudadano de a pie se fue desencantando debido a la patética censura gubernamental a artistas populares o escritores, que simplemente intentaban expresar sus ideas y las de muchos de sus compatriotas. En resumen, que el anhelo de paz, que era parte del conjunto de valores que había dado legitimidad política a la dictadura en sus primeras tres décadas de vida, ahora, en el contexto de mayor diversidad de la sociedad española, estaba socavando el futuro del régimen.

La hegemonía del valor social de paz y la aceptación creciente del de tolerancia no solo limitaron la viabilidad futura de la dictadura, una vez muerto Franco, sino que también forzaron a que el lenguaje y el posicionamiento de los grupos que proponían un cambio político se adaptasen al deseo mayoritario de concordia. Por esa razón, los discursos radicales de la oposición —especialmente si acarreaban recuerdos asociados a la violencia o a la Guerra Civil— no encontraron un apoyo popular significativo durante la transición a la democracia, ni éxito electoral cuando esta se instauró. Las actitudes pacíficas de la gente de a pie pedían moderación y tolerancia y de este modo encauzaron las opciones políticas ofrecidas en el camino hacia la democracia. El pesimismo práctico y el pacifismo de los españoles prodemocráticos marcaron así los parámetros a seguir a las élites[580]. Este factor ha sido últimamente olvidado por quienes desdeñan o pretenden desacreditar la democracia española que emergió después de cuatro décadas de dictadura. Lo mismo, por cierto, ocurre en la Polonia poscomunista actual.

Como ya hemos apuntado, el avance desde la pasividad hacia la aceptación de la pluralidad a finales de los años sesenta y principios de los setenta tuvo sus raíces en el rechazo colectivo a la violencia y a la represión, pero también entroncó con las reacciones de la gente hacia los absurdos límites que el régimen imponía a la expresión cultural de los españoles. El franquismo había claudicado al liderazgo cultural del país hacía muchos años, antes incluso de la década de los sesenta, y desde entonces se había limitado a ejercer el papel de censor[581]. Este posicionamiento pasivo-agresivo finalmente le pasaría factura. El deseo de dejar atrás la confrontación y de aprender más del pasado y del presente convirtió en antifranquistas o al menos en afranquistas a intelectuales, sectores de la clase media y a muchos jóvenes, que buscaron y expresaron en el arte los valores liberales y cívicos que la vida pública no ofrecía. De estos sectores salieron también los lectores de las primeras publicaciones con agendas reformistas permitidas por la dictadura y que el público culto escudriñó, a menudo entre líneas, pero siempre con avidez curiosa. Triunfo, publicada por primera vez en 1962, Cuadernos para el diálogo, nacida en 1963, o Cambio 16, en 1971, ofrecieron una plataforma fértil para el creciente debate sobre el cambio pacífico. A estas habría que añadir revistas de humor como Hermano Lobo, que apareció en 1972. A la expansión de este fenómeno contribuyó la relajación parcial de la censura en la prensa escrita en 1966 por la llamada Ley Fraga. La nueva legislación terminó con la censura previa, pero no fue ni mucho menos liberal pues incluyó un amplio listado de castigos para quienes cruzasen con sus opiniones las muy estrechas líneas rojas del régimen. No obstante, esta ley permitió la introducción de una mayor transparencia en los rotativos regionales, particularmente en los católicos, que jugaron un papel divulgativo fundamental para los lectores de provincias. A principios de los años setenta, por ejemplo, las autoridades señalaban al diario católico de Madrid Ya y al sevillano El Correo de Andalucía como medios para la expresión de voces disidentes lo que, según el gobernador civil de Sevilla, equivalía a promover «la subversión y la manipulación»[582].

Buena parte de los incidentes que creaban nerviosismo entre las autoridades eran el resultado directo de la falta de representación de la sociedad civil en el sistema político y de la ausencia de responsabilidad gubernamental hacia el bienestar público. El poder venía de Franco y no de los votantes, y las autoridades e instituciones servían ante todo a su señor. Las preocupaciones y necesidades de la gente de a pie no eran una prioridad en la estructura política piramidal del franquismo. Esta dinámica había funcionado cuando España era un país predominantemente rural, sus ciudadanos estaban aterrorizados y poco educados, y esperaban poco del Gobierno, pero tras los grandes cambios sociales de los años sesenta ya no era tan efectiva. A medida que crecían las ciudades y se multiplicaban los problemas propios de la falta de planificación, medios y atención, se incrementaron también las quejas de los españoles de sus poco receptivos y mal financiados ayuntamientos y diputaciones. Una respuesta social minoritaria fue la organización de asociaciones de vecinos que pronto se convirtieron en un quebradero de cabeza para el régimen. Por ejemplo, en 1968 en el barrio Yagüe de Logroño, la gota que colmó el vaso fue la petición del alcalde de contribuir económicamente al desfile anual de las fiestas de la ciudad. Los vecinos se preguntaron con amargura por qué su dinero debía gastarse en desfiles cuando sus calles estaban sin pavimentar desde hacía décadas y eran reconocidos en otras partes de la ciudad por el barro que llevaban pegado al calzado. En lugar de obedecer al regidor se pusieron a hacer pintadas críticas en las paredes de la calles del barrio, cosa que no agradó ni al alcalde ni a la Brigada Político-Social, sobre todo cuando esta descubrió que los sacerdotes de la parroquia habían participado en la protesta. Las detenciones no tardaron en llegar, pero con esta acción el régimen solo había conseguido aparecer ante la vecindad como torpe y malintencionado[583].

El creciente descontento popular era una oportunidad para quienes aún tenían aspiraciones de poder en medio de la bancarrota política de la dictadura. Se trataba de una ocasión que, entre otros, los incansables falangistas no dejaron escapar. Esto dio lugar a que los ayuntamientos tardofranquistas fuesen escenario de pequeños escándalos. Los conflictos dentro de los ayuntamientos, debidamente manipulados por una prensa un poco más libre que antaño, representaban por una parte la creciente disidencia (o descomposición) dentro del régimen y, por otra, la voluntad de las élites locales de capitalizar el descontento de los españoles de a pie con los servicios deficientes, los despropósitos, las señales de corrupción y, en suma, con el sentimiento colectivo de alienación respecto al sistema. Pero la crítica y el desafío auténticos en la vida local venían de fuera del franquismo y eran protagonizados por asociaciones vecinales o culturales, que a menudo eran pantallas o aliados de militantes de organizaciones ilegales y de los grupos católicos más subversivos[584]. La hegemonía de estos últimos tenía más que ver con los tiempos que corrían que con una nueva y extensa devoción popular genuina. La Iglesia era, después de todo, la única esfera que había escapado de las tentativas del régimen de acaparar lo público, y sus organizaciones ofrecían un cobijo y una protección limitada a quienes se enfrentaban a la dictadura. Es más, los únicos lugares físicos más o menos seguros para organizarse eran locales de la Iglesia como parroquias, residencias y conventos, y por esa razón muchas asociaciones vecinales y obreras se iniciaron o tenían su sede en instalaciones eclesiásticas.

La mayoría de las asociaciones de vecinos nacieron (amparadas por una ley de 1964) entre finales de los años sesenta y, sobre todo, en los años setenta, y fueron un instrumento y un síntoma del renacer de la sociedad civil (o del aumento del capital social) en el franquismo[585]. Fueron una respuesta al desarrollo caótico de los barrios y a las nuevas expectativas sociales. A pesar de los graves problemas creados por las migraciones y la urbanización del país, el franquismo fue incapaz de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, porque esto iba en contra de la naturaleza del régimen y de los intereses de las élites políticas, quienes no querían verse sometidas al escrutinio público. Por ello las tentativas oficiales para resolver los problemas en las ciudades no pasaron de ser autoreferenciales, y a menudo tan patéticas como inefectivas, pero llenas de gestos triviales y acciones vacuas que reflejaban la lógica de poder de un régimen autoritario. Por ejemplo, el plan de 1974-1975 para estudiar los problemas de las barriadas de Zaragoza fue llevado a cabo exclusivamente por los miembros de la corporación y por el funcionariado, sin contar en ningún momento con las asociaciones vecinales. Ni siquiera hubo una sesión pública no ya de exposición y debate sino incluso informativa. La presentación supuestamente popular fue conferida por el ayuntamiento a las Asociaciones de Cabezas de Familia, una red asociativa del gusto del régimen y formada por personas profranquistas o «apolíticas». La charada del citado plan zaragozano culminó con una inspección, en un solo día, de los barrios de la ciudad. Después de proclamar para ellas y para la prensa local los grandes progresos experimentados por la periferia, las autoridades de Zaragoza clamaron victoria, se congratularon unos a otros y volvieron a sus otras múltiples obligaciones[586].

No todos los que se organizaron bajo la dictadura lo hicieron contra el régimen. Muchos españoles de tendencia conservadora pero cívicamente comprometidos comenzaron también a movilizarse alrededor de asuntos específicos como los relacionados con la educación o el consumo. Favorecidas por el cambio de la legislación, en los últimos años de la dictadura surgieron asociaciones como la ya citada de Cabezas de Familia, de padres católicos, amas de casa, familias numerosas, empleadas del hogar, personas con discapacidades, etc. En 1967 había 1672 asociaciones en España pero para 1975 ya eran, incluyendo a las vecinales, 4074. Sus miembros se encontraban sobre todo entre aquel grupo de españoles en ascenso social y con una mejor formación. Muchos de ellos eran individuos políticamente moderados que simplemente intentaban mejorar el país y hasta el régimen. Pero a menudo quedaban decepcionados ante la falta de compromiso y de constancia de las autoridades con sus propuestas. Estas personas comenzaron a entender que la solución de futuro para España pasaba no por mantener la dictadura después de Franco sino por una transición política ordenada hacia una mayor apertura e incluso hacia una democracia plena. A este cambio de conciencia contribuyeron sus propias experiencias asociativas. En estos grupos había profranquistas y gentes que se veían a sí mismos como apolíticos pero sus organizaciones solían tener una estructura interna democrática, y de hecho algunos de los asuntos más debatidos en sus reuniones giraban alrededor de cómo votar a sus líderes y de cómo controlar las acciones de estos, lo que en la práctica las hacía escuelas de una nueva cultura cívica y democrática. Durante sus reuniones eran capaces de expresar sus opiniones y hacer propuestas pero luego, al intentar transformarlas en políticas oficiales, enseguida acusaban su escasa capacidad de influencia pública, y al salir a la calle de pronto volvían al país real de la dictadura disfuncional, autoritaria y a menudo beligerante. Como hicieron otros españoles miembros de organizaciones declaradamente antifranquistas, estos activistas comenzaron a pedir responsabilidades a aquellos en el poder, esto es, que les representasen a ellos, dejando de este modo de pensarse súbditos para comenzar a definirse en términos de ciudadanos[587].

Entre aquellos españoles que se sentían alienados por la dictadura estaban los cada vez más numerosos profesores universitarios no numerarios (PNN), quienes trabajaban en condiciones precarias y hasta humillantes pese a su alta formación[588]. Los PNN se convirtieron en un grupo profundamente desafecto y movilizado contra la dictadura que, como sus homólogos en París o en Milán, compartían valores político-culturales con los estudiantes a cuyo lado protestaron a menudo. Era una élite en un país donde una minoría consumía literatura más o menos prohibida sobre teoría política, economía y filosofía y leía medio a escondidas a autores españoles ilegales o repudiados por el régimen como Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. La lectura de estos escritores no era neutra pues implicaba hacer preguntas sobre su destino particular, y la historia del país en general, que estaban ocultos por la censura, el miedo y la ignorancia histórica impuestos por la dictadura. Al cuestionar las omisiones y deformaciones de la memoria histórica franquista, esto es, al buscar la verdad, estos lectores se situaban automáticamente en la disidencia. Junto a poetas y escritores, los cantautores también desempeñaron un papel clave en la protesta cultural. La música desafiante de, por ejemplo, Paco Ibáñez, el bilingüe Joan Manuel Serrat y los catalanoparlantes Lluis Llach o María del Mar Bonet, mezclaba textos clásicos con temáticas abiertamente subversivas tanto en lo político como en lo cultural. En el caso de los últimos cantantes citados, por el mero hecho de expresarse en una lengua despreciada oficialmente, ya cuestionaban la verdad oficial de una España homogénea, que no conseguía esconder la intolerancia y estrechez intelectual del franquismo.

La cultura política de la minoría creciente se convirtió en un conflicto casi ininterrumpido con las autoridades. El régimen (y cualquier observador atento) sabía que hacia principios de los años setenta la mayoría de estas élites creativas —pintores, directores de cine, escritores, cantautores— estaban firmemente en el campo de la oposición política[589]. Pero las reglas las imponía la dictadura y por eso el mundo de la cultura se movía en un ambiente de ambigüedad, de tolerancia sin libertad, en el que los artistas resultaban a menudo censurados, multados o sometidos a alguna forma de acoso o encarcelamiento en respuesta a los escándalos o los insultos que supuestamente habían dirigido a personas del régimen o a sus instituciones. La represión y el control, absurdos hasta lo surreal, generaron un sentimiento colectivo de agravio entre las élites culturales y artísticas españolas. Como, por ejemplo, recordaría Manuel Andreu un dirigente (elegido democráticamente) del Ateneo Colón de Barcelona que organizó eventos durante 1972 y 1973, había que andarse con mucho cuidado porque en aquellos años «hasta para estornudar tenías que pedir permiso»[590]. Incluso la más inocua de las representaciones teatrales era interpretada en términos políticos tanto por el público como por el régimen, fuera una obra clásica o de vanguardia, y fuera ésta o no la intención de los artistas. La cultura se convirtió en un campo de batalla simbólico, y por eso toda obra censurada (19 producciones teatrales fueron canceladas por razones políticas en 1970 y 48 un año después) o canción prohibida se encumbraba pronto en celebridad clandestina, y todo artista que era sometido a la represión se tornaba en paladín de las libertades políticas y en héroe/mártir de la libertad.

Al igual que ocurría cuando se formaba parte de una asociación cívica, ser culto en España era participar en la transformación del país y convertirse en el proceso en aspirante a ciudadano. Este fenómeno, a diferentes velocidades y con distinta intensidad, tuvo lugar aún en los lugares más remotos de España. Como escribió en 1973 el gobernador civil de Segovia, examinando la situación «con objetividad», había muchas gentes y grupos que, pretendiendo que sus actividades eran religiosas, deportivas o culturales, en realidad su intencionalidad última subyacente era política. Aquellos grupos incluían a sacerdotes, el obispo, miembros del HOAC y un pequeño grupo de abogados, maestros y algunos patronos, todos ellos «individuos brillantes cuyas opiniones no son favorables al régimen». Bien podía haber añadido que la gente que podía permitirse el lujo de leer, hacer deporte o reflexionar había perdido el miedo[591].

Como ya hemos visto, un elemento crucial en la pérdida de liderazgo cultural del régimen radicó en las divisiones internas y en las transformaciones del mundo católico, que se intensificaron tras el Segundo Concilio Vaticano y a raíz de la designación de obispos españoles progresistas por parte de Pablo VI. Este proceso culminó con la ya citada Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971. La inquietud de la dictadura ante este evento en particular, y la transformación del catolicismo en general, fue compartida por las clases medias conservadoras que vivieron el fenómeno —en palabras de los servicios de información de la dictadura— «con perplejidad y desorientación», en parte por el sentido «de falta de autoridad o de disciplina tradicional [dentro] de las jerarquías eclesiásticas»[592]. En todo caso, era un proceso irreversible. En un escrito de 1973 llamado «La Iglesia y la comunidad política» los obispos apoyaron públicamente y por primera vez la separación entre Iglesia y Estado, a lo que una cada vez más desorientada dictadura respondió asegurando que las acciones de la Iglesia se debían «a la actitud arriesgada y confusa» de los prelados, de los cuales un 45 % (35 de un total de 78) eran identificados como elementos progresistas y enemigos del régimen[593]. Es cierto que la confusión y la desorientación se habían apoderado del catolicismo pero no lo es menos que la propia dictadura ya no sabía qué hacer con el país. Y, además, la vida de Franco comenzaba a apagarse.

Mirando al futuro

Mirando al futuro

Los españoles vivieron el final de la dictadura bajo la sombra amenazante de la violencia; pero no solamente la del pasado. El Gobierno y ETA tuvieron la mayor parte de la culpa de que aquella se pusiese otra vez en su futuro. Fue un proceso bastante rápido. En 1969, en un acto relativamente aislado en Navarra, la prisión provincial fue atacada por miembros de ETA que trataban de liberar a algunos de sus militantes[594]. Al año siguiente, a la par que se desarrollaba el Proceso de Burgos, se registraron incidentes estudiantiles en Álava, como ocurrió en otras ciudades del país. Pese a la influencia de ETA, cada vez más fuerte en otras provincias vascas, Álava todavía era una provincia segura para el régimen[595]. No podía decirse lo mismo de la vecina Vizcaya, donde el activismo de grupos de izquierdas, tanto de partidos como de sindicatos, era más intenso, y donde en 1970 el nacionalismo y ETA ya tenían, en palabras del gobernador civil de la provincia, «una importante influencia en amplios sectores de la población»[596]. Debe aclararse que aunque ya había asesinado, la organización terrorista se dedicaba entonces sobre todo a actos de sabotaje y robos de bancos, haciendo las veces de modernos Robin Hood contra el capitalismo. Hubo quien, dentro y fuera del País Vasco, se creyó este y otros mitos romántico-revolucionarios. Esta idealización del terrorismo tendría graves implicaciones morales, políticas y, peor aún, humanas para la futura España democrática. Tras la muerte de Franco ETA mató mucho más a menudo y de manera más generalizada y despiadada que bajo la dictadura; y ahora políticos de izquierda estuvieron también entre sus objetivos. De las más de 850 víctimas del terrorismo de ETA, «solo» unas decenas fueron asesinadas durante el franquismo.

La sociedad vasca estaba dividida pero, aunque en receso en la esfera pública, existían importantes focos de lealtad a Franco que se harían patentes, por ejemplo, en diciembre de 1970 en una manifestación «patriótica» en Bilbao en apoyo del dictador que contó con una participación masiva[597]. En todo caso la dinámica vasca era diferente de la del resto del país. En su conjunto la sociedad española era todavía mucho más profranquista que antifranquista, y ciertamente poco amiga de la violencia política. La brecha entre la dinámica social vasca y la del resto de España se abriría más en el futuro, pero la contradicción explotó de manera literal con el asesinato a manos de ETA del almirante Luis Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973. Fue un crimen espectacular que constituyó un golpe demoledor para el régimen. Carrero, que había sido la mano derecha del dictador desde 1941, fue nombrado vicepresidente del Gobierno en 1967 y, como consecuencia del notable empeoramiento de la salud de Franco, presidente del Gobierno en junio de 1973. Se entendía que su misión era garantizar la continuidad del régimen tras la muerte del Caudillo y monitorizar los primeros años de su sucesor en la Jefatura del Estado, el poco experimentado Don Juan Carlos. El atentado no podía llegar en peor momento, no solo por el visible deterioro físico del dictador sino porque además tenía lugar apenas dos meses después del embargo petrolífero que siguió a la Guerra del Yom Kippur y que traería tanto caos a la economía global, y en especial a la española, a partir de 1974[598].

Hasta el asesinato de Carrero, el régimen parecía haber controlado la situación. Aquel mismo año, por ejemplo, pese a los «medios abundantes» de ETA para llevar a cabo sus acciones, las autoridades consideraban que esta había sido incapaz de ganarse «el mundo del trabajo, que [era] el objetivo de toda organización que se enfrenta al Estado» en Guipúzcoa, la provincia que junto a Vizcaya agrupaba al grueso de los simpatizantes. El clero, por su parte, había «tomado parte y mostrado solidaridad» con las acciones de la banda terrorista a base sobre todo de sermones de apoyo, colectas de fondos para miembros encarcelados y denuncias públicas de las torturas de la policía[599]. En Álava no hubo prácticamente incidentes en todo el año, con la excepción de algunas huelgas menores[600]. Esa sensación de controlar la situación reinaba también entre las autoridades de Barcelona, a pesar de albergar a una gran masa de trabajadores industriales que habían protagonizado numerosas huelgas y conflictos. Estos fueron en origen de tipo laboral pero en su desarrollo se convirtieron a veces en políticos. Por ejemplo, en los primeros tres meses de 1973 en Terrassa se había registrado un aumento de acciones por parte de los trabajadores, que las autoridades identificaban en su mayoría como «jóvenes» y «despedidos de otras compañías», que se enfrentaron sin ningún pudor a sus supuestos representantes sindicales a los que llamaron «vendidos», pidiendo su dimisión a través de hojas clandestinas, y en algunos casos atacando a capataces y profiriendo «amenazas anónimas». Las actividades subversivas de obreros y estudiantes se habían intensificado entre abril y junio, especialmente el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. En abril un trabajador había resultado muerto «cuando la masa obrera se enfrentó a la policía»[601]. En Asturias, otro lugar tradicionalmente difícil para la dictadura, también habían crecido en 1973 las actividades de grupos comunistas y socialistas, y había tenido lugar una huelga con fuertes tonos políticos en el sector minero durante noviembre y diciembre, pero, señalaban las autoridades asturianas, la preocupación de los huelguistas se había centrado sobre todo en la subida de la inflación[602].

En muchos puntos del país, las autoridades franquistas todavía compartían en 1973 la noción de que las tensiones —y en particular los conflictos laborales— habían sido fácilmente controlables. Era esta una percepción que se basaba sobre todo en el hecho de que la conflictividad laboral no había crecido de forma tan acusada como en el año previo y que, comparada con el terrorismo vasco, cualquier otra forma de protesta parecía ya un mal menor. En La Coruña el número de protestas de trabajadores y estudiantes había sido «modesto», quizás porque los líderes de la huelga de los astilleros de El Ferrol de 1972, donde dos trabajadores perdieron la vida, estaban en prisión. Pero una cosa era controlar la situación y otra ganar la iniciativa. Cuando el régimen trató de lanzar una «ofensiva institucional» para movilizar a sus partidarios y reactivar sus políticas entre los coruñeses, descubrió que «no llegaron muy lejos entre la gente»[603]. En Sevilla no hubo aquel año episodios que pudieran considerarse importantes[604]. En Zaragoza se produjeron protestas estudiantiles —aunque menos que en años anteriores— y algunas de trabajadores[605]. En Granada las actividades de carácter opositor se limitaron a la universidad, pero también hubo tentativas fallidas durante el 1 de mayo de conmemorar la muerte en 1970 de tres albañiles a manos de la policía, lo que no sucedió porque «la masa trabajadora no siguió en absoluto los planes» de las organizaciones subversivas. Era una victoria pírrica pues, como ya hemos visto que ocurría en La Coruña y en el resto del país, en esta provincia «la apatía política» continuaba siendo la actitud «de la mayoría de una población leal» cuya preocupación principal era la subida de los precios[606]. En la vecina Málaga el frente laboral había permanecido en calma, salvo por una huelga en el sector textil que acabó con el despido de quince trabajadores, entre ellos cuatro representantes sindicales. Sus compañeros se encerraron en la catedral durante días para impedirlo, pero no tuvieron éxito[607].

En la mayoría de las provincias españolas la situación aquel año había sido incluso más tranquila. En Alicante existía una preocupación generalizada sobre asuntos de índole económica pero «la gran mayoría permanecía completamente leal a las estructuras orgánicas del país»[608]. En Cáceres no se registraron incidentes serios, continuando con «su pacífica estabilidad social y su tradicional salud política»[609]. En Gerona el único asunto problemático consistió en que los precios estaban subiendo más rápidamente que los salarios[610]. Lo mismo se dijo de Cuenca[611]. En Orense el panorama se describió como «bueno» a secas[612]. En León, a pesar de la existencia de importantes núcleos mineros y de otros trabajadores, se mantuvo «la unidad y una actitud firme» de apoyo al Caudillo, asegurándose que mientras este continuara como jefe de la nación «no había de qué preocuparse»; incluso la figura del príncipe se volvió «más popular y aceptada por personas que inicialmente no simpatizaban con él»[613]. En Teruel apenas si hubo actividades políticas significativas, mientras que sí existió una abrumadora «identificación y lealtad hacia el régimen […] y una auténtica veneración hacia Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Francisco Franco», además de una confianza y una valoración de las virtudes del príncipe[614]. Pero esta calma era más frágil de lo que las autoridades franquista querían creer y pronto dio lugar a una situación que se hizo más compleja por momentos.

En el año 1972 hubo 853 huelgas en España; en 1973 el número aumentó modestamente hasta alcanzar las 931; pero en 1974 las huelgas fueron 2290, y en 1975 llegaron hasta 3156[615]. Esta movilización obrera se tradujo en un incremento importante de los salarios reales —una media anual del 8,5 % entre 1969 y 1975— que estuvo ligeramente por encima del incremento de la productividad por primera vez desde el final de la guerra. El aumento salarial contribuyó al repunte de la inflación lo que, de forma paradójica, llevó a una creciente sensación de frustración entre los trabajadores. El proceso de negociación salarial tenía lugar una vez al año, lo que en la práctica significaba que, mientras tanto, el tanto por ciento salarial perdido por la inflación desde la última negociación colectiva iba directamente a manos de la empresa. Dicho de otro modo: los trabajadores ganaban salarios más altos pero, como la inflación aumentaba rápidamente, acababan trabajando gratis durante un número cada vez más numeroso de jornadas[616].

Durante los últimos dos años de vida de la dictadura se extendió la percepción del deterioro de la posición material de empleados y patronos. La inflación estaba dañando la economía y su impacto era mayor en los sueldos de los más pobres. El índice oficial de inflación para el periodo 1970-1974 fue alrededor del 53 % (un 17 % en 1974 solamente) pero fue mucho peor para los productos básicos de consumo familiar, que subieron por encima del 60 %[617]. La inflación y la sensación de pérdida de poder adquisitivo fueron fenómenos interconectados que avivaron protestas que ni el régimen ni los desprestigiados sindicatos oficiales se mostraron capaces de abordar[618]. El primero, y sobre todo los segundos, estaban volviéndose irrelevantes tanto para los trabajadores como para los patronos, como quedó patente en el aumento de los contactos directos entre empresarios y representantes de los sindicatos ilegales, principalmente Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera. Como tuvo que admitir el gobernador civil de Barcelona en 1974 «los trabajadores, sin lugar a dudas, están en contra de las instituciones que les competen [los sindicatos oficiales]» y por eso las compañías estaban tratando directamente con los verdaderos representantes obreros e ignorando los canales oficiales[619].

A medida que crecía el número de huelgas, la impresión predominante era que, a pesar de la represión, el régimen había perdido el control de los elementos más militantes de la clase obrera y que estos le disputaban ya abiertamente la primacía en las calles. Pero la dictadura intentó acallar las protestas. Solo en enero y febrero de 1974 fueron suspendidos sin paga 24 814 trabajadores y 4379 más fueron despedidos[620]. La represión selectiva no funcionó, y la represión masiva era una opción que la mayoría de los españoles, incluyendo a las mentes más preclaras del franquismo, rechazaban, pues nadie deseaba volver al horror de los años treinta y cuarenta. La pérdida de control, en cualquier caso, era más una cuestión de percepción (y por tanto, importante para un régimen represivo) que una amenaza real, que en todo caso estaba limitada geográficamente. El número total de huelguistas en 1974 no superó las 650 000 personas; el 70 % de ellos se concentraron en el País Vasco, Barcelona, Madrid y Asturias[621].

Fuera de aquellas regiones, los viejos mecanismos de control —la apatía y la amenaza de represión— todavía eran efectivos, pero la degradación de las condiciones económico-sociales y el creciente descontento eran evidentes. En Granada en 1974 el previsible y «claro contraste entre la capital y el resto de la provincia» se mantuvo pero, en opinión del gobernador civil, la mayoría de la población continuó identificada con el régimen pese al creciente desempleo, la penetración comunista entre los trabajadores y las acciones de curas subversivos[622]. En Sevilla «la crisis económica» causaba «frustración», los problemas aumentaban y la situación se agravaba por el desempleo y la vuelta de los emigrantes de Europa. Hubo protestas, pero ninguna representó una amenaza para el régimen[623]. En La Coruña fue evidente «una erosión» del orden en la Universidad de Santiago de Compostela —que el gobernador civil achacó a la cooperación tácita entre las autoridades académicas y los estudiantes— pero el evento político más trascendente del año fue «la conmoción popular causada por la enfermedad del Caudillo este verano». Como en otros lugares de España, para la mayoría de las familias las preocupaciones más importantes fueron la subida de los precios, particularmente los de la electricidad y la gasolina, que crearon un clima de descontento generalizado, y que el decreto gubernamental de limitación de subidas salariales de diciembre de 1973 solo consiguió acrecentar[624]. En provincias como Cáceres[625], Cuenca[626], Gerona[627], Teruel[628] o Las Palmas[629], el régimen mantuvo la situación bajo control y, aparte de algunos conflictos obreros, el clima fue de relativa calma y de «lealtad».

La percepción creciente de pérdida de control del régimen en las calles en 1974 era resultado del incremento de los conflictos laborales, las protestas en las universidades y los actos terroristas. Se trataba del mayor y más intenso reto, quizás más simbólico que real, al que la dictadura había hecho frente desde la derrota de la guerrilla comunista a finales de los años cuarenta. Demostró que la doctrina de ley y orden del régimen (que para sus enemigos era más bien de terror e intimidación) había quedado caduca. Este era un elemento clave de uno de los tres principales pilares legitimadores del franquismo: la Paz. El segundo y más reciente, la economía, también se estaba resquebrajando. Como también estaba quebrándose el más antiguo y principal pilar del régimen: el Caudillo. En 1974, Franco cumplió ochenta y dos años y su salud, visiblemente aquejada por el mal de Parkinson, se resintió hasta el extremo de que en el verano renunció de forma temporal a sus poderes a favor del príncipe Don Juan Carlos.

La parálisis del régimen se intensificó precisamente cuando la oposición comenzaba a organizarse mejor, y a coordinarse. A pesar de ser ilegales, algunos partidos como el PSOE —protegido por la Internacional Socialista— comenzaron a operar en un régimen de muy ambigua cuasitolerancia. Además, las actividades de las élites reformistas de dentro y fuera del aparato de la dictadura se intensificaron y, de forma más o menos pública, empezaron a discutir los cambios que se avecinaban. Por supuesto, nada de esto impidió ni las palizas y detenciones de la policía ni los juicios políticos del tristemente famoso Tribunal de Orden Público (TOP) que entre 1964 y 1976 condenó por actividades subversivas a 2006 españoles. El Partido Comunista de España (PCE), el más activo entre los partidos de la oposición, fue blanco particular de esta represión. Buscando una apertura hacia otras fuerzas de oposición y el apoyo mutuo contra el régimen, el PCE formó en julio de 1974 la Junta Democrática de España. Los socialistas del PSOE fundarían su propia Plataforma de Convergencia Democrática en junio de 1975. Ambas acabarían fusionándose en marzo de 1976 en la jocosamente llamada Platajunta.

La crisis económica que se desató en todo Occidente en 1974 fue especialmente acusada en España, debido a su fuerte dependencia de las importaciones de petróleo y de la inversión extranjera, pero también por la vuelta masiva de emigrantes. Este último fenómeno tuvo dos consecuencias negativas directas para la economía española: la aguda subida del desempleo y la desaparición de las remesas de divisas. A ello se sumó la incapacidad del Gobierno para hacer cambios en sus políticas económicas y sociales. En 1974, el franquismo estaba reaccionando de manera cada vez más errática. Además, era incapaz de imponer medidas de austeridad a la movilizada clase trabajadora. La dictadura no solo estaba sino que parecía paralizada y, por momentos, sumida en el terror ante el futuro. Una llamada de atención llegó el 25 de abril cuando el régimen dictatorial de Portugal fue depuesto por un golpe de Estado llevado a cabo por oficiales jóvenes del ejército. Como pudieron ver en televisión las autoridades franquistas, y todos los españoles, el derrocamiento de la dictadura lusa fue recibido con entusiasmo por la población. Las expectativas y los miedos (dependiendo de a quién se le preguntase) de que un proceso similar pudiera darse en España eran irreales porque la inmensa mayoría del ejército apoyaba a la dictadura —lo que probaría ser un obstáculo considerable una vez el país comenzara a virar hacia la democracia[630]. La sensación de aislamiento internacional del franquismo se agravó con la condena a muerte de cinco miembros de ETA y del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) en septiembre de 1975. A pesar del llamamiento a la clemencia de, entre otros, Pablo VI, Franco decidió no conmutar las penas. Las ejecuciones dieron lugar a grandes manifestaciones de protesta y de presión a lo largo de Europa que tuvieron su cénit en el asalto, incendio y saqueo de la embajada española en Lisboa el día 27 de aquel mes. La parálisis y el desconcierto aumentaron cuando los Estados Unidos —el mayor aliado internacional del régimen— demostró lo limitado y calculado de su amistad durante la crisis diplomática con Marruecos por el Sáhara Occidental. Como descubrieron con amargura los diplomáticos de Franco, los americanos prefirieron apoyar a las pretensiones del dictador Hassan II antes que las de su moribundo colega español (y a las resoluciones de la ONU).

El franquismo iba a la deriva interna y externamente; y Franco se moría. La anticipación sobre el final de su vida estuvo plagada de miedos e incertidumbres, pero cuando finalmente se produjo fue un momento anticlimático. El 14 de octubre de 1975 el dictador comenzó a sentirse indispuesto y sufrió un ataque al corazón. Desde entonces su salud se deterioró de forma irreversible. Tras una larga agonía fue declarado oficialmente muerto la mañana del 20 de noviembre. Pese a los problemas socioeconómicos y políticos que se arrastraban desde hace años, o quizás a causa de ellos, la noticia de su muerte fue recibida con calma y tristeza generalizadas, pero esta última no fue ni mucho menos unánime[631]. El gobernador civil de Almería escribió poco después que la mayoría había apoyado las ejecuciones de septiembre —lo que es posible— pero que consideraba esto como un asunto de segundo orden: el verdadero evento del año fue «la carga emocional de su larga y dura convalecencia [de Franco], que afectó a la mayoría de las gentes de España que habían sido testigos del calvario de un español tan notable». Pero 1975 también fue el año en el que, el informe añadió, incluso en este empobrecido y muy desmovilizado lugar del sureste del país tuvieron lugar varias acciones de oposición[632]. En Cuenca las autoridades escribieron que la muerte de Franco causó un profundo dolor entre la población. Una minoría de personas y algunos medios se mostraron «pesimistas» o alarmistas, pero las calles se mantuvieron en calma ya que la mayoría había mostrado «confianza» y apoyado la «moderación»[633]. En Las Palmas se dio «una gran muestra de emoción, pero [también] de serenidad» ante «la larga y dolorosa enfermedad» de Franco[634]. En Zamora también se expresó un gran dolor por su muerte[635]. En Guipúzcoa, por el contrario, fueron las actividades y los crímenes de ETA (ambos se habían incrementado aquel año) y no la muerte del dictador los asuntos que parecieron importar más a la población[636].

Para los españoles de a pie la normalidad de 1975 se había caracterizado por una inflación creciente, desempleo y protestas obreras generalizadas. En una encuesta a escala nacional de aquel año, el 74 % de los entrevistados nombraban al desempleo como su mayor preocupación, seguido de la inflación, las desigualdades sociales, las huelgas y las manifestaciones. Solo el 24 % dijeron estar preocupados por la falta de libertad[637]. Las encuestas bajo una dictadura son siempre engañosas. Aún así, justo en los meses que precedieron o siguieron a la muerte del dictador, comenzaron a ocurrir cosas en lugares donde nada había acontecido, al menos en público, durante décadas. En Gerona, por ejemplo, el gobernador civil dejó constancia de que «estaban apareciendo frases y conceptos, muchos de los cuales se consideraban extintos», especialmente en el mundo laboral y algunos círculos de estudiantes[638]. En la otrora soñolienta Orense, tierra desangrada por la emigración, leyendo los periódicos locales se podía ver ahora la palabra huelga y conflicto; y hasta el gobernador civil recordó y comenzó a referirse a las guerrillas de los años cuarenta (hasta entonces completamente olvidadas) en relación a la aparición de nuevos grupos políticos, a las actividades de subversión de organizaciones culturales y a la reaparición de grupos separatistas, observando que el Movimiento había perdido casi por completo su peso en la provincia[639]. En Sevilla, a propósito del creciente número de huelgas, el gobernador civil denunció «la falta de sentido de la responsabilidad entre la clase trabajadora» que obstaculizaba el supuesto proceso democrático iniciado por las autoridades y que «la inmensa mayoría de los españoles [querían]»[640]. Como en el caso de muchos otros antiguos miembros de las élites franquistas, este servidor de la dictadura parecía llevar trazas de convertirse en un apresurado partidario de la democracia, y quizás de paso dejar atrás un pasado personal inconveniente.

Mucho se ha discutido sobre cómo de democrática era la sociedad española al final de la singladura de la dictadura: si había ya una sociedad civil o, utilizando otra forma de exponer el problema, cuánto capital social se había acumulado. Lo cierto es que millones de españoles, que hasta principios de los años setenta no reconocían tener un ideario político, se habían formado ya uno o estaban en el proceso de hacerlo. Un estudio de 1971, por ejemplo, revelaba que solo el 12 % de los españoles decía creer que la existencia de formaciones políticas sería beneficiosa para el país, el 23 % sostenía lo contrario y el 56 % no tenía nada que decir al respecto. En 1973 los datos habían cambiado de forma significativa y reflejaban que el 37 % se declaraba a favor de los partidos políticos, el 34 % en contra y el 29 % decía no tener opinión. En abril de 1975, el 56 % estaba a favor, el 22 % en contra y el restante 22 % no sabía si decantarse por una u otra opción[641]. Según estas cifras, en solo cuatro años la sociedad española se había vuelto en esencia «cívica y democrática». Es una conclusión que debe ser abordada con cautela pues cuando en 1973 la gente fue entrevistada con unas preguntas ligeramente diferentes, el 61 % todavía declaró su apoyo al sistema de participación política en vigor y solo el 23 % se decantó por una «representación a través de partidos políticos». Esto sugiere que, mientras la mayoría de los españoles en aquel año querían un cambio, no estaban, rigurosamente hablando, a favor de la democracia plena. Pero lo que es innegable es que al final del franquismo los españoles eran mucho más conscientes de sus derechos de lo que lo habían sido desde nuestra horrenda Guerra Civil. Estos derechos incluían el de elegir a los líderes políticos y que todos debíamos ser iguales no ya ante la ley sino ante las urnas. En resumidas cuentas, si no demócratas, los españoles ya eran ciudadanos. Esta nueva conciencia les predispuso a participar en el sistema democrático de forma plena una vez que los partidos políticos fueron legalizados y se celebraron elecciones libres y pacíficas —por primera vez desde las muy polarizadas y demasiado irregulares de 1936— en junio de 1977[642].

El proceso de convertirse en miembros de una democracia implicaba aprender un nuevo lenguaje político, pero también recordar y conversar sobre el pasado, las historias reprimidas durante décadas de miedo, silencio y mentiras. Tal vez no existe un mejor resumen de este proceso que las palabras de J. M. S., mujer y votante socialista de Alhama de Murcia:

Pos yo con la Transición verdaderamente, si yo digo que me alegré miento, pos que yo había vivió ya cuarenta años aquí con ellos [el régimen] y eso, y estábamos acostumbraos a eso, pero claro, yo echaba de menos lo que mi padre me contaba… mi padre me contaba que el socialismo en democracia era participar, y… repartir[643]…

El año en que murió Franco la balanza se había ya inclinado a favor de aquellos que favorecían el cambio sobre quienes defendían el mantenimiento del statu quo a toda costa[644]. Pronto muchos aprenderían que lo que habían padecido y lo que habían perdido a manos de la dictadura solo podía ser redimido a través de la democracia. La mayoría de los españoles de a pie empezaron a recordar lo que siempre habían sabido o sospechado, que pasaba por reconsiderar sus opiniones sobre el hombre que había gobernado España con un puño de hierro y un corazón tan frío durante casi cuarenta años. Al final, cuando los españoles recordaron su pasado, los años vividos bajo la dictadura se convirtieron, según qué sombras y luces vieran, en la imagen de Franco, la de su país y la de ellos mismos.

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Notas

[1] Ver Antonio Cazorla Sánchez, Franco. Biografía del mito, Madrid: Alianza Editorial, 2015. <<

[2] Sobre el contexto de la edad dorada consultar Mark Mazower, Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, Nueva York: Alfred A. Knopf, 1998, especialmente los capítulos 6 y 9. Para una perspectiva más completa ver Tony Judt, Postwar: A History of Europe since 1945, Nueva York: Penguin, 2005, sobre todo desde la página 241 en adelante. <<

[3] Esta relación parte de mi propia experiencia y de las muchas historias familiares que escuché durante mi infancia y adolescencia. Una buena introducción a la situación de Almería durante la dictadura puede encontrarse en Oscar J. Rodríguez Barreira, Migas con miedo. Prácticas de resistencia al primer franquismo. Almería 1949-1953, Almería: Universidad de Almería, 2008. <<

[4] Jordi Catalán, La economía española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona: Ariel, 1995, p. 24. <<

[5] Las autoridades eran plenamente conscientes de las rigideces de la economía y de cómo la inflación anulaba y aún sobrepasaba los incrementos de salarios. Por ejemplo, las autoridades sindicales de Zaragoza denunciaron que los niveles de vida de los trabajadores debían de «subir de verdad» y no en los discursos o en las estadísticas. En este mismo informe se hacía saber que en 1955 y mayo de 1958 el índice de precios creció de 100 a 138. Consejo Económico Nacional Sindical (Gabinete Técnico), Informe sobre el problema de los precios, 1958, AGA-P 150. <<

[6] La absurdidad de este proyecto aparece detallada por su propio protagonista en José Luis de Arrese, Una etapa constituyente, Barcelona: Planeta, 1982. <<

[7] Para un análisis crítico del Opus Dei consultar Joan Estruch, Saints and Schemers: Opus Dei and its Paradoxes, Nueva York: Oxford University Press, 1995. <<

[8] Los falangistas reaccionaron con propaganda populista, por ejemplo, denunciando las nuevas medidas y acusándolas de estar en consonancia con la banca, a la que culpaban de estar acaparando el crédito y propiciando la ruina de los «pequeños y honestos» empresarios, falange Española Tradicionalista y de las JONS, Delegación Nacional tic Información e Investigación, Nota informativa n. 1342, 27-6-1957, AGA-P M5. Los «oligopolios», se quejaban con aparente amargura los falangistas en otro documento, consideraban que el Opus Dei «había ganado la partida». Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Delegación Nacional de Información e Investigación, Nota informativa n. 1341, 27-6-1957, AGA-P 145. <<

[9] Una buena visión de conjunto en Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975): política y sociedad, Madrid: Síntesis, 2000. <<

[10] Para un resumen de los desarrollos sociales en España consultar Adrián Shubert, A Social History of Spain, Londres: Unwin Hyman, 1990. <<

[11] Roque Moreno Fonseret ofrece un excelente estudio a nivel local en su obra La autarquía en Alicante (1932-1952), Alicante: Instituto Gil-Albert, 1995. <<

[12] Catalán, La economía, pp. 213-231. <<

[13] Un estudio clásico (aún vigente en muchos aspectos) del campesinado español es el de Eduardo Sevilla Guzmán, La evolución del campesinado en España, Barcelona: Península, 1979. <<

[14] Un completo estudio sociológico del periodo puede encontrarse en Jesús María Vázquez, Realidades socio-religiosas de España, Madrid: Editora Nacional, 1967. Para una visión general de la Iglesia católica consultar William Callahan, The Catholic Church in Spain. Washington: Catholic University ol America Press, 2000. <<

[15] Javier Ugarte Tellería ofrece un notable estudio a escala local en La Nueva Covadonga Insurgente: orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco, Madrid: Biblioteca Nueva, 1998. Una perspectiva sureña puede encontrarse en Alfonso Lazo, Retrato de fascismo rural en Sevilla, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997. <<

[16] José Luis Leal et al, La agricultura en el desarrollo capitalista español 1940-1970, Madrid: Siglo XXI, 1975. <<

[17] Ver Santos Julia et al., Victimas de la Guerra Civil, Madrid: Temas de Hoy, 1999. <<

[18] Judt. Postwar. <<

[19] Isaías Lafuente, Tiempos de hambre: viaje a la España de posguerra, Madrid: Temas de Hoy, 1999. Consultar también Miguel Angel Almodóvar, El hambre en España: una historia de la alimentación. Madrid: Oberón, 2003. <<

[20] Michael Richards, A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Francos Spain, 1936-1945, Nueva York: Cambridge University Press, 1998, p. 7. Consultar también Rafael Torres, Víctimas de la victoria, Madrid: Oberón, 2006. <<

[21] Se estima que el número de víctimas del hambre holandesa estuvo entre los 18 000 y los 30 000. Henri A. Van der Zee, The Hunger Winter: Occupied Holland 1944-1945, Londres: J. Norman & Hobhouse, 1982, pp. 304-305. <<

[22] 1941, Resume of report by the Medical Commission appointed by Dirección General de Sanidad to examine conditions in the provinces of Badajoz and Cáceres, FO 371-26891. <<

[23] Puede encontrarse más información en Catalán, La economía. <<

[24] Juan Carlos Losada Málvarez, Ideología del ejército franquista, 1939-1959, Madrid: Istmo, 1990, pp. 157-161. <<

[25] Arriba (1939), mencionado así en Rafael Abella, La vida cotidiana bajo el régimen de Franco, Barcelona: Argos-Vergara, 1984, p. 21. <<

[26] Esta indiferencia se hizo patente en un informe que fue inmediatamente censurado por el Gobierno. Ministerio de Agricultura. Servicio de Recuperación Agraria, Memoria sobre la gestión realizada por este servicio desde su creación en mayo de 1938 basta su extinción en diciembre de 1940, Madrid: Ministerio de Agricultura, [1941]. <<

[27] Antonio Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria: la consolidación del Nuevo Estado franquista, 1938-1953, Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 87. <<

[28] Ramón Garrabou et al… Historia agraria de la España contemporánea, vol. 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960), Ranclona: Tilica, 1986, pp. 383-454. <<

[29] Oscar Calvo-González, «Neither a Carrotnor a Stick: American Foreign Aid and Economic Policymaking in Spain during the 1950s», Diplomatic History 30(3) (2006): 409-438. <<

[30] Ver Sasha Pack, Tourism and Dictatorship: Europes Peace ful Invasión of Franco’s Spain, Houndmills: Palgrave, 2006. <<

[31] Citado en Carme Molinero y Pere Ysás, «Cambio socioeconómico y conflictividad social en España». En: José Manuel Trujillano y Pilar Díaz (eds.), V Jornadas historia y fuentes orales: testimonios orales y escritos. España 1936-1996, Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa, 1998, pp. 27-47. <<

[32] Ver la opinión de uno de los padres de la economía franquista en Higinio París Eguilaz, 50 años de economía española. Madrid: II. París, 1981. <<

[33] Mar Cebrián Villar, «Las fuentes del crecimiento económico español, 1964-1973», Revista de Historia Económica 19 (2001): 277-300. <<

[34] Albert Barreras y Xavier Tafunell, Estadísticas históricas de España: siglos XIX y XX, Bilbao: Nerea, 2005, vol. 2, p. 877. <<

[35] Ver Antonio Cazorla Sánchez, Franco, pp. 20, 333-334. <<

[36] Una visión muy crítica de la responsabilidad de la izquierda durante la República puede encontrarse en Stanley Payne, The Collapse of the Spanish Republic, 1933-1936: Origins of the Civil War, New Haven: Yale University Press, 2006. Para la rebelión de Asturias ver pp. 52-95. <<

[37] Consultar Helen Graham, The Spanish Republic at War, 1936-1939, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 79-130. <<

[38] Para un análisis de los efectos de la Guerra Civil sobre la vida política de posguerra y las manipulaciones del franquismo ver Paloma Aguilar Fernández, Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition, Nueva York: Berghahn Books, 2002. <<

[39] Un caso típico aparece reflejado en un informe confidencial de febrero de 1953 sobre el programa de viviendas subvencionadas por el Estado presentado por el secretario general del partido. Este señaló «dificultades materiales, el alto coste […] y falta de inversión» para justificar los pobres resultados de aquel año. Para todo el territorio nacional fueron distribuidas un total de 5014 viviendas en treinta y siete provincias. Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría Política, Sección Técnica, Resumen de las entregas de viviendas protegidas que se efectuarán con motivo del 18 de julio o en fechas próximas, 6-2-1953, AGA-P 92. <<

[40] Uno de los mejores ejemplos de aquella asimilación puede encontrarse en los testimonios recogidos por Ronald Fraser, Blood of Spain: An Oral History of the Spanish Civil War. Nueva York: Pantheon books, 1979. <<

[41] Patrimonio Nacional (1950), The National Monument of the Santa Cruz del Valle de los Caídos (Tourist Guidebook), Madrid: Patrimonio Nacional, 1950, pp. 5-6. <<

[42] G. Arsenio de Izaga, Los presos de Madrid. Recuerdos e impresiones de un cautivo en la España Roja, Madrid: Imprenta Martosa, 1939, pp. 332-333. <<

[43] Antonio Cazorla Sánchez, «Patria Mártir: los españoles, la nación y la Guerra Civil en el discurso ideológico del primer franquismo». En: Javier Moreno Luzón (ed.), Construir España: nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 289-302. <<

[44] Fernando Jansá, El encadenado de Cristo, Mahón: Manuel Sintes Rotger, 1956, pp. 2-3. <<

[45] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Delegación Nacional de Información e Investigación, Movimiento y miembros del partido, 23-2-1956, AGA-P 58; Vicesecretaría General del Movimiento, 21-4-1956, AGA-P 56. <<

[46] Antonio Cazorla Sánchez, «Beyond They Shall Not Pass: How the Experience of Violence Re-Shaped Political Valúes in Early Franco Spain», Journal of Contemporary History 40 (2005): 503-520. <<

[47] Antonio Cazorla Sánchez, «Surviving Francos Peace: Spanish Popular Opinión during World War II», European History Quarterly 32(3) (2002): 391-411. <<

[48] Cazorla, Franco, pp. 154-169. <<

[49] Simona Colarizzi, L’opinione degli italiani sotto il regime, 1929-1943, Bari: Laterza, 1991. <<

[50] Ian Kershaw, Popular Opinión and Political Dissent in the Third Reich: Bavaria 1933-1945, Oxford: Clarendon Press, 1985. <<

[51] Orlando Figes, The Whisperers: Private Life in Stalin’s Russia, Nueva York: Metropolitan Books, 2007. <<

[52] «The chargé d’affaires in Spain (Culbertson) to the Secretary of State», Foreign Relations of the United States, 22-6-1949, vol. 4: Western Europe, Washington DC: United States Printing Office, 1975, pp. 750-753. <<

[53] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Málaga, Parte mensual de información correspondiente a noviembre de 1950, 1950, AGA-P 268. <<

[54] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Valencia, Informe que emite el Jefe Provincial del Movimiento de Valencia ante el Delegado Nacional de Provincias para conocimiento del Secretario General, en resumen del ambiente político y de las actividades desarrolladas a lo largo del mes de noviembre de 1950, 1950, AGA-P 268. <<

[55] Vicente Fernández Benítez, «Los lugares comunes en la memoria colectiva». En: José Manuel Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales: memoria y sociedad en la España contemporánea, Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa, 1993, pp. 71-91. <<

[56] Ídem. <<

[57] Un análisis muy crítico del rol de la Iglesia durante la guerra puede encontrarse en Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Barcelona: Crítica, 2005. <<

[58] Raúl Soutelo Vázquez y Alfredo Varela Sabas, «Variaciones en las formas de represión y resistencia popular en el medio rural ourensano, 1936-1946». En: Trujillano Sánchez y Gago González (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales, 1994, pp. 217-233. <<

[59] Idem. <<

[60] Julio de la Cueva Merino, «Religious Persecution, Anticlerical Tradition, and Revolution», Yournal of Comtemporary Hostpru 33(3) (1998): 355-369. <<

[61] Begoña Serrano Ortega, «La represión franquista en Asturias a través de las fuentes orales». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales, 1993, pp. 239-249. <<

[62] En agosto de 1950, las autoridades de la provincia de Sevilla se jactaron de una «normalidad y tranquilidad absolutas» (pese a ciertas «dificultades» entre las clases más humildes por la carestía de productos de primera necesidad), de la captura por la Guardia Civil de dos «bandidos» y la detención de otros tantos militantes de izquierda, en su mayoría anarquistas. FET y de las JONS, Jefatura Provincial de Sevilla, 21-8-1950, AGA-P 267. <<

[63] Sobre las víctimas infantiles, ver Ricard Vinyes, Montserrat Armengol y Ricard Belis, Los niños perdidos del franquismo, Barcelona: De Bolsillo, 2003. <<

[64] Jesús J. Alonso Carballes, «La integración de los niños vascos exiliados durante la Guerra Civil en la sociedad franquista de posguerra». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales, 1993, pp. 173-184. <<

[65] Saturnino Rodríguez, NO-DO: catecismo social de una época, Madrid: Editorial Complutense, 1999. <<

[66] Informe del compañero Antonio Morales Belmonte, recién llegado de España. Maestro nacional, 28-3-1953, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (AFPI) 635-32. <<

[67] Fuensanta Escudero Andújar, Lo cuentan como lo han vivido (república, guerra y represión en Murcia). Murcia: Universidad de Murcia, 2000, p. 139. <<

[68] Para saber más de la militancia femenina consultar Fernanda Romeu Alfaro, Mujeres contra el franquismo, Madrid: SF Alfaro, 1994. <<

[69] Carmen González Martínez, «Sobrevivir a la represión franquista: condiciones de vida y trabajo de los represaliados murcianos». En: José Manuel Trujillano y José María Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales: historia y memoria del franquismo, Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa, 1997, pp. 425-437. <<

[70] Este caso no fue ni mucho menos excepcional. Ver Antonio Castillo y Feliciano Montero (coord.), Franquismo y memoria popular: escrituras, voces y representaciones, Madrid: Siete Mares, 2003. <<

[71] José Aldomar Gutiérrez, Condenado a muerte (1939-1941), Valencia: Historia Social, 2006. <<

[72] Serrano Ortega, «La represión». <<

[73] Idem. <<

[74] Ver Encarna Nicolás Marín y Alicia Alted Vigil, Disidencias en el franquismo (1939-1975), Murcia: Diego Marín, 1999. <<

[75] Más detalles en Francisco Moreno Gómez, La Guerra Civil en Córdoba (1936-1939), Madrid: Alpuerto, 1985. <<

[76] Dolors Marín Silvestre, Clandestinos: el Maquis contra el franquismo, 1934-1975, Barcelona: Plaza y Janés, 2002. <<

[77] Juan Martínez Alier, La estabilidad del latifundismo: análisis de la interdependencia entre las relaciones de producción y la conciencia social en agricultura latifundista en la Campiña de Córdoba, París: Ruedo Ibérico, 1968. <<

[78] Para el aislamiento social de los militantes, ver George Collier, Socialists of Rural Andalusia: Unacknowledged Revolutionaries of the Second Republic, Stanford: Stanford University Press, 1987. <<

[79] Los activistas políticos conformarían la mayoría de los detenidos y perseguidos durante las protestas y periodos de tensión sociopolítica del franquismo. En el conjunto del país 3899 personas serían detenidas en 1947, 1698 en 1956 y 1442 (además de 996 huelguistas) en 1962. Estos mismos detenidos serían también los responsables de pasar el relevo con sus ideas, métodos e inspiración a una nueva generación de oposición obrera en la década de los sesenta. Abdón Mateos, «Vieja y nueva oposición obrera contra Franco», Historia Contemporánea 26 (2003): 77-89. <<

[80] Para los años anteriores a la Guerra Civil ver Rafael Cruz, En el nombre del pueblo: república, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid: Siglo XXI, 2006. Para una perspectiva de los años del conflicto en el bando republicano ver Michael Seidman, Republic of Egos: A Social History of the Spanish Civil War, Madison: University of Wisconsin Press, 2002 [ed. cast.: A ras de suelo. Historia social de la República durante la Guerra Civil, Madrid: Alianza Editorial, 2003. <<

[81] Fraser, Blood of Spain. <<

[82] Un buen ejemplo de análisis a nivel local es Javier Cervera Gil, Madrid en guerra: la ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid: Alianza Editorial, 2000. <<

[83] Javier Rodrigo, Cautivos: campos de concentración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona: Crítica, 2005, p. 71. <<

[84] Ver James Matthews, Soldados a la fuerza, Madrid: Alianza Editorial, 2013; y Francisco Leira Casteñeira, La consolidación social del franquismo. La influencia de la guerra en los soldados de Franco, Santiago de Compostela: Universidad de de Santiago de Compostela, 2014. <<

[85] Escudero, Lo cuentan como lo han vivido, p. 108. <<

[86] Carlos Gil Andrés, «Vecinos contra vecinos: la violencia en la retaguardia riojana durante la Guerra Civil», Historia y Política 16 (2006): 109-130. <<

[87] Susana Narotzky y Gavin Smith, «“Being Político” in Spain: An Ethnographic Account of Memories, Silences and Public Politics», History and Memory 14(1/2) (2002): 189-228. <<

[88] Julius Ruiz. «A Spanish Genocide? Reflections on the Francoist Repression after the Spanish Civil War», Contemporary European History 14(2) (2005): 171-191. <<

[89] José Manuel Sabín, Prisión y muerte en la España de postguerra, Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1996. <<

[90] Informe sobre la Moralidad en España del patronato de Protección de la Mujer, 1943, APG 40-1 y 2. <<

[91] Edward Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain: Origins of the Civil War, New Haven: Yale University Press, 1970. <<

[92] Memoria del Gobierno Civil de Asturias, 1938, AGA-G 2796; Memoria del Gobierno Civil de Vizcaya, 1938, AGA-G 3175. <<

[93] Consultar Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria, pp. 98-110. <<

[94] Fernando Martínez López, «Las responsabilidades políticas en Andalucía (1936-1945). Balance de una investigación». En: Fernando Martínez López, Miguel Gómez Oliver, Antonio Barragán Moriana (coords.), El botín de Guerra en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945, Madrid: Biblioteca Nueva, 2014. <<

[95] Ministerio de Agricultura, Servicio de Recuperación Agrícola, Memoria sobre la gestión realizada por este servicio…, p. 23. <<

[96] Antonio Cazorla Sánchez, Desarrollo sin reformistas: dictadura y campesinado en el nacimiento de una nueva sociedad en Almería, 1939-1975, Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1999, p. 100. <<

[97] Jefatura Provincial de Cáceres, Síntesis informativa para el Excmo. Sr. Ministro Secretario General del Movimiento, 15-5-1957, AGA-P 1937. <<

[98] Antonio Soriano, Éxodos: historia oral del exilio republicano en Francia, 1939-1945, Barcelona: Crítica, 1989, pp. 77-88. <<

[99] Ídem., pp. 123-130. <<

[100] Dolores Pía Brugat, «La experiencia del regreso: el caso de los exiliados republicanos catalanes». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales, 1997. <<

[101] Ídem. <<

[102] Presidencia del Gobierno, Secretaría Política, Informe personal y reservado sobre españoles recientemente repatriados de Rusia, 27-3-1957, AGA-P 147. <<

[103] Pía Brugat, «La experiencia». <<

[104] Juan Marsal, Pensar bajo el franquismo, Barcelona: Península, 1979. <<

[105] Francisco Sevillano Calero, Propaganda y medios de comunicación en el franquismo, Alicante: Universidad de Alicante, 1998, pp. 78-95. <<

[106] Juan Sáez Marín, El Frente de Juventudes: política de juventud en la España de postguerra (1937-1960), Madrid: Siglo XXI, 1988. Rosario Sánchez López, Mujer española: una sombra de destino en lo universal. Murcia: Universidad de Murcia, 1990. <<

[107] Vázquez, Realidades socio-religiosas de España, pp. 92-119. <<

[108] Losada, Ideología del ejército franquista, pp. 270-279. <<

[109] Consultar Carme Molinero, La captación de las masas: política social y propaganda en el régimen franquista, Madrid: Cátedra, 2005. <<

[110] José Babiano Mora, Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), Madrid: Consejo Económico y Social, 1998. <<

[111] Un ejemplo a escala local puede encontrarse en Abdón Mateos, La contrarrevolución franquista: una aproximación a la represión contra UGT y al nacionalsindicalismo desde Cantabria rural, 1937-1953, Madrid: Historia del Presente, 2005. Un ejemplo internacional puede verse en Abdón Mateos, La denuncia del Sindicato Vertical: las relaciones entre España y la Organización Internacional del Trabajo, Madrid: Consejo Económico y Social, 1997. <<

[112] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 27-12-1954, AGAS 4805. <<

[113] Peticiones de la Delegación Sindical del Puerto de Sagunto al Secretario General de la Organización Sindical, 26-9-1958, AGA-S 4848. <<

[114] Sindicatos, Secretaría Política, Informe sobre Sindicatos de Barcelona, 1954, AGA-P 100. <<

[115] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial, Madrid, 23-5-1951, AGA-P 89. <<

[116] Carmen Benito del Pozo, La clase obrera asturiana bajo el franquismo, Madrid: Siglo XXI, 1993. <<

[117] Peticiones que elevan al Camarada Raimundo Fernández Cuesta, como Ministro y Secretario General del Movimiento, las Secciones Sociales y Económicas de los Sindicatos provinciales de Huesca, 1949, AGA-P 49. <<

[118] El Gobernador Civil de Vizcaya y Jefe Provincial del Movimiento, Consejero Nacional, 5-11-1953, AGA-P 91. <<

[119] Delegación Provincial de Sindicatos, Salamanca, Informe general sobre la Organización Sindical de la Provincia, septiembre de 1953, AGA-S 4805. <<

[120] Delegación Nacional de Sindicatos, Reservado, 15-12-1955, AGA-S 4748. <<

[121] Un estudio a escala local puede encontrarse en Manuel Ortiz Heras, Las Hermandades de labradores en el franquismo. Albacete 1943-1977, Albacete: Diputación de Albacete, 1992. <<

[122] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 16-11-1954, AGA-S 4805. <<

[123] Tomás de Allende y García-Baxter, Notas sobre sindicalismo agrario 1950, AGA-S 4763. <<

[124] Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria, pp. 183-191. <<

[125] Del Ministro de Trabajo al Sr. D. José Solís Ruiz, Ministro-Secretario General del Movimiento, 14-1-1958, AGA-S 4353. <<

[126] Secretario General del Movimiento, El Secretario Técnico, 28-10-1960, AGA-S 4353. <<

[127] El Secretario General de la Organización Sindical, 15-12-1960, AGA-S 4354. <<

[128] Excmo. Sr. D. Camilo Alonso Vega, Ministro de la Gobernación, Madrid, 15-2-1961, AGA-S 4353. <<

[129] Esta información está extraída de Repertorio biográfico de procuradores en Cortes (Madrid, 1971), citada en José Félix Tezanos, Estructura de clases en la España actual, Madrid: Cuadernos Para el Diálogo, 1975, p. 131. <<

[130] Entre 1949 y 1952 las misiones católicas se concentraron en las siguientes regiones industriales y mineras: Almería, Asturias, Barcelona, Cuenca, Ciudad Real, León, Murcia, Gerona, Santander, Teruel, Palencia, Vizcaya y Zaragoza. Campañas misionales organizadas y desarrolladas por la Dirección General de Apostolado (Subsección de Misiones) en las zonas mineras e industriales, 1-8-1955, AGA-S 4358. <<

[131] Delegación Nacional de Sindicatos, Lista de los pueblos mineros-industriales y ganaderos misionados por la Asesoría Eclesiástica Nacional, [1958], AGA-P 150. <<

[132] Ídem. <<

[133] Misión General de Puertollano, Folleto informativo dirigido a los Padres Misioneros por el P. Villalobos, Director de la Misión, 16-4-1961, AGA-S 4358. <<

[134] El mejor análisis puede encontrarse en Joan María Thomàs, Lo que fue de la Falange, Barcelona: Plaza y Janés, 1999. <<

[135] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Delegación Nacional de Información e Investigación, Resumen del ambiente político general de la segunda quincena del mes de setiembre, 1942, AGA-P 240. <<

[136] Un análisis a escala local puede verse en Manuel Ortiz Heras, Violencia política en la II República y el primer franquismo, Madrid: Siglo XXI, 1996. <<

[137] Antonio Cazorla Sánchez, «Dictatorship from Below: Local Politics in the Making of the Francoist State, 1937-1948», Journal of Modern History 71(4) (1999): 882-901. <<

[138] Un acertado examen a escala local puede encontrarse en Damián González Madrid, Los hombres de la dictadura: personal político franquista en Castilla-La Mancha, Ciudad Real: Ediciones de Almud, 2007. <<

[139] Escudero, Lo cuentan como lo han vivido, p. 131. <<

[140] Cazorla, Las políticas de la victoria, pp. 234-238. <<

[141] Consultar Mercedes Vázquez de Prada, «La oposición al régimen franquista en Barcelona. Algunas muestras entre 1948 y 1951», Hispartia 63(3) (2003): 215, 1057-1078. <<

[142] La «indiferencia del pueblo» era la tónica aludida por muchos gobernadores a raíz de los preparativos para las elecciones municipales de 1948. Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría, Jefatura Provincial de Guadalajara, 15-11-1948, AGA-P 197. <<

[143] Jefatura Provincial Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Pontevedra, Informe, Apreciaciones de orden político que sugiere esta Jefatura Provincial a la convocatoria a elecciones municipales y, especialmente, el desarrollo de estas en lo relacionado con la proclamación de candidatos por el tercio de representación familiar, 17-11-1948, AGA-P 197. <<

[144] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Valencia, Personal y reservado, Informe que eleva el Jefe Provincial del Movimiento de Valencia al Secretario General, en contestación al telegrama oficial de fecha 15 de noviembre de 1948, 18-11-1948, AGA-P 197. <<

[145] Gobierno Civil de la Provincia de Valladolid, Secretaría Política, 16-11-1948, AGA-P 197. <<

[146] Gobierno Civil de la Provincia de Cuenca, Secretaría General, 16-11-1948, AGA-P 197. <<

[147] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Sevilla, 18-11-1948, AGA-P 197. <<

[148] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Baleares, Informe sobre campaña electoral de 1954, diciembre de 1954, AGA-P 266. <<

[149] Albacete, Informe de la Jefatura provincial del Movimiento sobre elecciones municipales de 1957, 3-3-1957, AGA-P 318. <<

[150] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Informe sobre las próximas elecciones municipales a celebrar en la plaza de Ceuta, 4-11-1957, AGA-P 318. <<

[151] FET y de las JONS, Jefatura Provincial de Soria, Urgente y Reservado, Orden de Servicio para todos los jefes locales del Movimiento, Circular 4/57, 21-10-1957, AGA-P 318. <<

[152] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría, Jefatura Provincial de Orense, 15-11-1948, AGA-P 197. <<

[153] Jefatura Provincial de FET de las JONS de Ciudad Real, Reservado, 19-11-1948, AGA-P 197. <<

[154] Fueron elegidos también 1062 antiguos militantes de izquierda y concejales republicanos, pero en ambos casos las autoridades garantizaban al 100 % su apego y lealtad al régimen. Secretaría General del Movimiento, Delegación Nacional de Provincias, Resumen estadístico de los ayuntamientos de España, totalizados a raíz de las elecciones municipales de noviembre de 1951, según datos facilitados por las jefaturas provinciales del Movimiento, 1952, AGA-P 317. <<

[155] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Guipúzcoa, Parte mensual de actividades, correspondiente al mes de junio de 1950, 1950, AGA-P 266. <<

[156] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Barcelona, Parte mensual de actividades, correspondiente al mes de junio de 1950, 1950, AGA-P 266. <<

[157] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Huesca, 1971, AGA-I 507. <<

[158] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Vizcaya, 1971, AGA-I 504. <<

[159] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Las Palmas, 1971, AGA-I 503. <<

[160] En toda la provincia de Jaén, más de tres cuartos de los ejecutados por el franquismo fueron campesinos sin tierra. Francisco Cobo Romero y Teresa María Ortega López, «La protesta de sólo unos pocos: el débil y tardío surgimiento de la protesta laboral y la oposición democrática franquista en Andalucía Oriental, 1951-1976», Historia Contemporánea 26 (2003): 113-160. <<

[161] Jesús J. Alonso Garballes, «La integración de los niños vascos exiliados durante la Guerra Civil en la sociedad franquista de posguerra». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales, 1994, pp. 173-184. <<

[162] Luis Enrique Alonso y Fernando Conde, Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y primer desarrollo, Madrid: Debate, 1994, p. 131. <<

[163] David Ginard i Feron, «Las condiciones de vida durante el primer franquismo, el caso de las Islas Baleares», Hispania 62(3) (2002): 1099-1128. <<

[164] Ídem. <<

[165] Abella, La vida cotidiana bajo el régimen de Franco, pp. 49-52. <<

[166] British Embassy, Madrid, 19-8-1941, FO 371. <<

[167] Manuel Pérez Urruti, España en números: síntesis de la producción, consumo y comercio nacionales, 1940-1941, Madrid: M. Aguilar, 1942, p. 8. <<

[168] Informe de Higinio París Eguilaz sobre los fallos de la política económica…, 20 de septiembre de 1940, Archivo de la Fundación Francisco Franco 27070. <<

[169] Distribution B; Spain, 4-3-1941, FO 371. <<

[170] Resume of report by medical commissions appointed by the Dirección General de Sanidad to examine conditions in the provinces of Badajoz and Cáceres, 1941, FO 371. <<

[171] Alonso y Conde, Historia del consumo en España, pp. 124-125, 133. <<

[172] Richards, A Time of Silence, p. 7. <<

[173] Juliet Gardiner, Wartime Britain, Londres: Headline, 2004, pp. 160-189. Para el caso alemán consultar Gotz Aly, Hitler’s Beneficiarles: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State, Nueva York: Metropolitan Rooks, 2005. <<

[174] Oscar Rodríguez Barreira, «Cambalaches. Hambre, moralidad popular y mercados negros de guerra y postguerra», Historia Social 77 (2013): 149-174. <<

[175] Conxita Mir Cucó, Vivir es sobrevivir: justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Lleida: Milenio, 2000, pp. 134-139. <<

[176] Cámara de Comercio de Bilbao, La economía vizcaína en 1944: principales estadísticas de producción, consumo y tráfico, Bilbao: Cámara de Comercio, 1945, p. 74. <<

[177] Memoria-informe que eleva al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación el Gobernador Civil de Almería, 1950, AGA-G 3310. <<

[178] Presidencia del Gobierno, Proyecto de Plan de Ordenación Económico-Social de la provincia de Almería, 1953, pp. 20-21. <<

[179] Esta estimación fue propuesta en un estudio comparativo con Italia en Leandro Prados de la Escosura y Vera Zamagni (eds.), El desarrollo económico de la Europa del sur: España e Italia en perspectiva histórica, Madrid: Alianza Editorial, 1995. <<

[180] Consejo de Economía Nacional, Resultado de una encuesta sobre los salarios en la industria española, 1953, AGA-P 95 sp. <<

[181] Vázquez de Prada, «La oposición al régimen franquista en Barcelona». <<

[182] Delegación Nacional de Sindicatos, Secretaría Nacional, 8-2-1950, AGA-P 61. <<

[183] Jesús A. Martínez (coord.), Historia de España siglo XX, 1939-1996, Madrid: Cátedra, 1999, p. 58. <<

[184] Sindicato Vertical de Industrias Químicas. Acuerdos de la Sección Social Central del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, 10-1-1956, AGA-P 56. <<

[185] Secretaría General del Movimiento, Secretaría Técnica, Comisión Delegada de Sanidad y Asuntos Sociales, Ambiente Social. Precios y Salarios, 1958, AGA-P 150. <<

[186] Delegación Nacional de Sindicatos, Delegación, 20-8-1949, AGA-P 52. <<

[187] Informe sobre paro estacional agrícola en la provincia de Jaén y posibles remedios del mismo, 1952, AGA-P 130. Informe sobre paro estacional agrícola en la provincia de Jaén y posibles remedios del mismo, 1952, AGA-P 130. <<

[188] Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Informe sobre situación obrera en Jaén y su provincia, 27-3-1951, AGA-P 72. <<

[189] Andrés Moreno Mengíbar y Francisco Vázquez García, Historia de la prostitución en Andalucía, Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2004, pp. 243, 246-249. <<

[190] Ver un resumen en Mirra Núñez Díaz-Ralart, Mujeres caídas: prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, Madrid: Oberón, 2003. <<

[191] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial, Ciudad Real, Acta del Consejo Provincial de FET de las JONS celebrado el 14 de marzo de 1951, 14-3-1951, AGA-P 278; Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial, Almería, Copia del acta número veintidós de la reunión del Consejo Provincial de FET de las JONS celebrado el día veintisiete de marzo de 1951, 27-3-1951, AGA-P 278. <<

[192] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial, Almería, Copia del acta número veintidós de la reunión del Consejo Provincial de FET de las JONS celebrado el día veintisiete de marzo de 1951, 27-3-1951, AGA-P 278. <<

[193] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial, Almería, Copia del acta número veintidós de la reunión del Consejo Provincial de FET de las JONS celebrado el día veintisiete de marzo de 1951, 27-3-1951, AGA-P 278. Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial, Almería, Copia del acta número veintidós de la reunión del Consejo Provincial de FET de las JONS celebrado el día veintisiete de marzo de 1951, 27-3-1951, AGA-P 278. <<

[194] Informe y datos estadísticos sobre el Seguro Obligatorio de Enfermedad, 31-1-1953, AGA-P 298. <<

[195] Esteban Rodríguez Ocaña, «La construcción de la salud infantil: ciencia, medicina y educación en la transición sanitaria en España», Historia Contemporánea 18 (1998): 19-52. <<

[196] Una buena descripción de este fenómeno puede encontrarse en José Martí Gómez, La España del estraperlo, Barcelona: Planeta, 1995. <<

[197] Margaret Van Epp Salazar, «Si yo te dijera…»: una historia oral de la Sierra de Huelva, Sevilla: Fundación Machado, 1998, pp. 218-225. <<

[198] Escudero, Lo cuentan como lo han vivido, p. 193. <<

[199] Julio Prada y Raúl Soutelo, «La resistencia económica en el primer franquismo. Una aproximación al estraperlo desde la memoria oral: Orense, 1939-1952». En: Trujillano y Díaz (Edic.), V Jornadas historia y fuentes orales (1998), pp. 77-93. <<

[200] Ricardo A. Guerra Palmero, «El mercado negro en Canarias durante el periodo del Mando Económico: una primera aproximación», Revista de Historia Canaria 183 (2001) 175-189. <<

[201] Gobernador Civil, Presidente de la Junta Asesora de Comercio, Notas sobre asuntos económicos de Santa Cruz de Tenerife, abril de 1950, AGA-P 60. <<

[202] José María Gago González, «El pequeño comercio en el periodo autárquico». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornada de historia y fuentes orales (1997). <<

[203] París Eguilaz, 50 años de economía española, p. 57. <<

[204] Delegación Provincial de Sindicatos de FET y de las JONS, Córdoba, Informe sobre paro en la provincia de Córdoba, abril de 1955, AGA-P 120. <<

[205] En Córdoba, por ejemplo, el desempleo entre los obreros nunca cayó por debajo de la cifra de los 5000 durante los mejores meses del año; la cifra para 1949 fue superior a los 20 000. Delegación Provincial de Sindicatos de FET y de las JONS, Córdoba, Informe sobre paro en la provincia de Córdoba, abril 1953, AGA-S 4756. <<

[206] Del Secretario Nacional de Sindicatos al Vicesecretario de Ordenación Social, 14-10-1954, AGA-S 4750; Problema del paro obrero en la provincia de Córdoba, Septiembre de 1954, AGA-S 4750. <<

[207] Grave problema de paro obrero en la provincia de Jaén. Septiembre de 1954, AGA-S 481. <<

[208] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, Reservado, 13-2-1956, AGA-S 481. <<

[209] Acción Católica, Los problemas sociales del campo andaluz, Madrid: Acción Católica, 1953, pp. 204-7. <<

[210] Ídem. <<

[211] Ídem, pp. 204-207. <<

[212] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Málaga, Parte mensual de información correspondiente a noviembre de 1950, Noviembre de 1950, AGA-P 268. Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Málaga, Parte mensual de información correspondiente a noviembre de 1950, Noviembre de 1950, AGA-P 268. <<

[213] Informe que eleva el Delegado Provincial de Sindicatos de Granada, sobre la Finca «Moreda», al Delegado Nacional, 24-9-1955, AGA-S 4702. <<

[214] Delegado Provincial de la Organización Sindical de FET de las JONS. Cádiz. Nota informativa reservada del pueblo Castellar de la Frontera, 8-6-1961, AGA-S 4746. <<

[215] Delegado Provincial de la Organización Sindical de FET de las JONS. Cádiz. Nota informativa sobre problema paro de los trabajadores viticultores de Sanlúcar de Barrameda, 14-3-1961, AGA-S 4746. <<

[216] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 9-12-1954, AGA-S 4815. <<

[217] El Jefe del Sindicato Nacional Textil, Nota informativa para el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, 8-4-1957, AGA-S 4796. <<

[218] Delegación Provincial de la Organización Sindical, Málaga, Informe sobre el gravísimo problema del paro en esta provincia, 17-9-1960, AGA-S 4798. <<

[219] Consejo Económico Sindical Provincial, Estructura y posibilidades del desarrollo económico de Almería, Madrid: Hispalense Industrial, 1962, p. 31. <<

[220] Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria, pp. 124-125. <<

[221] Pilar Folguera et al., El mundo del trabajo en RENFE: historia oral de la infraestructura, Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2009, pp. 120-123, 156. <<

[222] Gobierno Civil de Valladolid, Secretaría Política, Nota informativa sobre situación económica del personal de RENFE, resumiendo datos proporcionados por la Junta de la Sección Social —Sector Caminos de Hierro— y otros obtenidos directamente del personal obrero de confianza, 21-2-1950, AGA-P 73. <<

[223] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 28-5-1954, AGA-S 4807. <<

[224] Isaías Lafuente, Esclavos por la patria: la explotación de los presos bajo el franquismo, Madrid: Peinas de Hoy, 2002. <<

[225] Sindicato del Metal, Linares, Necesidades de urgente solución, [Marzo de 1955], AGA-S 481. <<

[226] Informe sobre la actual situación de la zona minera de Huelva, 26-5-1955, AGA-S 4766. <<

[227] Delegación Provincial de Sindicatos Organización Sindical de FET de las JONS, Ciudad Real, Informe de la Delegación Provincial de Sindicatos de Ciudad Real sobre Almadén y sus minas de mercurio, 8-7-1955, AGA-S 4748. <<

[228] Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Secretaría, Jefatura Provincial de Orense, Informe Situación Política, Social y Económica de la Provincia, 2-4-1950, AGA-P 265. <<

[229] FET de las JONS, Jefatura Provincial de Sevilla, Parte mensual, mayo de 1950, AGA-P 265. <<

[230] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Parte de Actividades, Mes de octubre, 1950, AGA-P 267. <<

[231] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Parte Mensual de Actividades, Mayo de 1950, 3-6-1950, AGA-P 265. <<

[232] Esta información proviene de diferentes informes gubernamentales expedidos entre 1949 y 1951, y correspondientes a Barcelona, Vizcaya, Madrid, Sevilla, Pontevedra, Almería, Lugo y Orense, AGA-P 264. <<

[233] Comisión que actuó en el Gobierno Civil de Vizcaya sobre el problema del abaratamiento de la vida, 23-4-1951, AGA-P 73. <<

[234] Sindicato Nacional del Textil, Jefe Nacional, Particular, Informe, 26-7-1949, AGA-P 66. <<

[235] Informe mensual reservado correspondiente al mes de mayo de 1950 del Sindicato Nacional Textil, 1950, AGA-P 66. <<

[236] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Jefatura Provincial de Barcelona, Parte mensual del mes de octubre, 1950, AGA-P 267. <<

[237] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 22-12-1954, AGA-S 4759. <<

[238] Informe que rinde el Lugarteniente Provincial de la Guardia de Franco de la Provincia de Tenerife Camarada Manuel Guerrero Padrón al Consejero Nacional Camarada Sancho Dávila Fernández de Celis de Los hechos ocurridos en la citada provincia y que han sido la causa de la destitución del citado Lugarteniente Provincial, 11-1-1950, AGA-I 66. <<

[239] Cazola Sánchez, Las políticas de la victoria, pp. 183-191. <<

[240] En la provincia de Vizcaya los sindicatos habían comunicado en diciembre de 1953 que además de la congelación salarial y la inflación, los trabajadores se enfrentaban a un incremento de la jornada laboral de ocho horas a diez. El consecuente deterioro de la reputación de los sindicatos se manifestó en una mayor utilización de la HOAC como plataforma de expresión de sus frustraciones contra la situación de pobreza que padecían y contra la anulación de sus derechos de libre asociación y de huelga. Delegación Provincial de Sindicatos de FET de las JONS, Vizcaya, 11-12-1953, AGA-S 4851. <<

[241] Delegación Provincial de Sindicatos de FET de las JONS, Vizcaya, 5-12-1953, AGA-S 4851. <<

[242] Informe sobre algaradas estudiantiles con motivo de la reciente elevación de tarifas en «Tranvías de Sevilla S. A.», 20-3-1954, AGA-P 101. <<

[243] [Ministerio de Trabajo], Contestación a la Organización Internacional del Trabajo sobre supuestas violaciones a la libertad sindical, 1957, AGA-P 140. <<

[244] Delegación Sindical Provincial, Santander, Informe sobre desarrollo de las elecciones para mandos de las entidades sindicales provinciales de la CNS de Santander, 9-10-1957, AGA-P 141. <<

[245] [Falange Española Tradicionalista y de las JONS], Delegación Nacional de Información e Investigación. Nota Informativa, 2-10-1957, AGA-P 141. <<

[246] Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Nota de la Secretaría Política, Elecciones, 14-5-1957, AGA-P 141. <<

[247] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 26-3-1956, AGA-S 4805. <<

[248] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 28-3-1956, AGA-S 4763. <<

[250] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, Reservado, 10-10-1956, AGA-S 4760. <<

[251] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, Reservado, 22-6-1956, AGA-S 4760. <<

[252] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 3-9-1956 y 18-10-1956, AGA-S 4805. <<

[253] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 28-6-1956, AGA-S 4807. Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 28-6-1956, AGA-S 4807. <<

[254] Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 12-2-1954, AGA-S 4799; Delegación Nacional de Sindicatos, Servicio de Organización, 20-2-1956, AGA-S 4799, 1957. <<

[255] Delegación Provincial de Sindicatos de FET de las JONS, Vizcaya, Informe, 5-6 AGA-S 4853. <<

[256] Carta a Francisco Jiménez Torres, Secretario General de la Organización Sindical, de Carlos Iglesias Selgas, 21-1-1961, AGA-S 4796. <<

[257] Informe que eleva a la consideración de las autoridades superiores la Delegación Provincial de Sindicatos, de acuerdo con los informes recibidos en los distintos sindicatos afectados por las incidencias ocurridas en el día de hoy, 5-5-1958, AGA-S 4790. <<

[258] Información sobre conflictos laborales en Asturias, desde el día 15 de febrero, [marzo de 1958], AGA-S 4529. <<

[259] Información sobre la reciente visita a Asturias del Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, 25-6-1958, AGA-S 4529; Nota informativa recibida en la mañana de hoy y referida a la impresión recogida en los sectores obreros después de la visita del Excmo. Sr. Ministro de Trabajo a Asturias, 23-6-1958, AGA-S 2529. <<

[260] Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria, pp. 171-190. <<

[261] Las autoridades fueron conscientes de estos cambios. [CNS Asturias], Información sobre conflictos laborales en Asturias, desde el día 15 de febrero, 1958, AGA-S 4529. <<

Las autoridades fueron conscientes de estos cambios. [CNS Asturias], Información sobre conflictos laborales en Asturias, desde el día 15 de febrero, 1958, AGA-S 4529.

[262] [CNS] Informe sobre situación política social actual, 2-10-1957, AGA-S 4353. <<

[263] CNS de Zaragoza, Breve resumen de la situación económico-social de Zaragoza y su provincia, 5-10-1959, AGA-S 4855; Delegación Provincial de la Organización Sindical, Vizcaya, Confidencial Informe sobre la situación económica actual, 14-9-1961, AGA-S 4853. <<

[264] Demetrio Casado, Perfiles del hambre, Madrid; Cuadernos Para el Diálogo, 1967, pp. 72, 167. <<

[265] Un estudio al respecto prácticamente desconocido para el público puede encontrarse en Ramón Navarro Sandalinas, La enseñanza primaría durante el franquismo (1936-1975), Barcelona: PPU, 1990. <<

[266] Ministro de Educación, Memoria sobre el adjunto proyecto de presupuesto de gastos del Ministerio de Educación Nacional para el bienio 1956-1957, junio de 1955, AGA. <<

[267] Antonio Guzmán et al., Causas y remedios del analfabetismo en España, Madrid: S. N., 1955, pp. 15-20, 31-49. <<

[268] Gregorio Cámara Villar, Nacional-catolicismo y escuela: la socialización política del franquismo (1936-1951), Jaén: Hesperia, 1984, pp. 258, 255. <<

[269] Ministro de Educación, Memoria, doc. cir. <<

[270] Ídem. <<

[271] María del Carmen Agulló Díaz, «Transmisión y evolución de los modelos de mujer durante el franquismo (1951-1970)». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales (1994) pp. 491-502. <<

[272] José Félix Tezanos et al., El bachillerato ¿para qué? Encuesta-informe sobre problemas de la enseñanza media, Madrid: Cuadernos Para el Diálogo, 1968, pp. 15-17. <<

²⁶⁶ Cámara Villar, Nacional-catolicismo y escuela, passim. José Félix Tezanos et al., El bachillerato ¿para qué? Encuesta-informe sobre problemas de la enseñanza media, Madrid: Cuadernos Para el Diálogo, 1968, pp. 15-17.

[273] Cámara Villar, Nacional-catolicismo y escuela, passim. <<

[274] Para las purgas de personal docente en los años de la posguerra consultar Francisco Múrente Valero, La depuración del magisterio nacional, Valladolid: Ambito, 1997. <<

[275] Ver Carolyn P. Boyd, Historia Patria: Politics, History and National Identity in Spain, 1875-1975, Princeton: Princeton University Press, 1997. <<

[276] Alfredo Jiménez Núñez, Biografía de un campesino andaluz: la historia oral como etnografía, Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1987, pp. 165-166. <<

[277] Ídem., pp. 174-175. <<

[278] Alfonso García Barbancho, Población, empleo y paro, Madrid: Pirámide, 1982, p. 72. <<

[279] Pese a la visión negativa arrojada por estos datos, la realidad era mucho peor. En las provincias catalogadas como de asistencia escolar plena, solo Soria, Zamora y Guadalajara (las tres con altos índices de emigración) tenían más de un 90 % de la población en edad escolar atendiendo a clase e incluso siendo así, existían problemas de fiabilidad estadística. Memoria de gestión del Gobierno Civil de Soria, 1968, AGA-I 52-487. <<

[280] Ministerio de Educación y Ciencia, Informe sobre la escolarización en Enseñanza General Básica, Madrid, MEC, 1972, pp. 6-26. <<

[281] Carreras and Tafunell, Estadísticas históricas de España, pp. 213-228. <<

[282] José Luis Abellán, La industria cultural en España, Madrid, Cuadernos Para el Diálogo, 1975, pp. 50-62. Consultar también Carlos Paris, La universidad española actual: posibilidades y frustraciones, Madrid, Cuadernos Para el Diálogo, 1974, pp. 117-177. <<

[283] Alfonso García Barbancho, Disparidades regionales y ordenación del territorio, Barcelona: Ariel, 1979, pp. 55-73. <<

[284] La despoblación del centro y sur de España, con la excepción de Madrid, continuó durante los años setenta en el contexto de los efectos de la crisis del petróleo, cuando el desempleo se disparó y centenares de miles de españoles emigrantes volvieron desde Europa a sus localidades de nacimiento. Solo en aquella década la provincia de León perdió más de 200 000 personas, Extremadura 241 000, La Mancha 236 000 y Andalucía 621 000. García Barbancho, Población, empleo y paro, p. 92. <<

[285] Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, Londres: Penguin, 1994, pp. 289-90. <<

[286] Judt, Postwar, pp. 324-337. <<

[287] Xavier Doménech Sampere, «La otra cara del milagro español: clase obrera y movimiento obrero en los años del desarrollismo», Historia Contemporánea 26 (2003). <<

[288] Vincent J. Knapp, Europe in the Era of Social Transformation 1700-Present, Nueva York: Prentice Hall, 1976, p. 220. <<

[289] Víctor Pérez Díaz, Pueblos y clases sociales en el campo español, Madrid: Siglo XXI, 1974, pp. 138-149. <<

[290] Un ejemplo clásico es Malefakis, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. <<

[291] Cobo Romero y Ortega López, «La protesta de sólo unos pocos». <<

[292] Victoriano Camas Baena, «Trabajo y reconstrucción de la realidad». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales, 1993, pp. 331-351. <<

[293] Ídem. <<

[294] Antonio López Ontiveros, Emigración, propiedad y paisaje agrario en la Campiña de Córdoba, Barcelona: Ariel, 1974, pp. 119-127. <<

[295] Juan Seisdedos Robles, Dos problemas graves de la economía de Zamora: la emigración y el paro encubierto, Zamora: Gabinete Técnico, 1968, p. 12. <<

[296] Ignacio Prieto Sarro, Despoblación y despoblamiento en la provincia de León: 1950-1991, León: Universidad de León, 1996, pp. 49-57. Manuel Moreno Alonso, Despoblamiento y emigración en la Sierra de Huelva, Aracena: Ayuntamiento de Aracena, 1979, pp. 11-18. Joaquín Bandera y José Miguel Marinas, Palabra de pastor: historia oral de la transhumancia, León: Universidad de León, 1996, pp. 52-62. <<

[297] La siguiente relación esta extraída de los testimonios orales recopilados en Marcelino Fernández Santiago, «Estudio de las migraciones estacionales: Los segadores gallegos en Castilla». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales, 1993, pp. 261-274. <<

[298] Pérez Díaz, Pueblos y clases sociales, pp. 215-226. <<

[299] Víctor Pérez Díaz, Structure and Change of Castilian Peasant Communities: A Sociological Inquiry into Rural Castile, 1550-1990, Nueva York y Londres: Garland, 1991, pp. 106-114. <<

[300] Ídem. pp. 124-204. <<

[301] Joseph Acevedes, Social Change in a Spanish Village, Cambridge y Londres: Schekman, 1971, pp. 62-64. <<

[302] En los años cuarenta había en la ciudad de Barcelona una media de 22 000 chabolas. Francisco Candel, Los otros catalanes veinte años después, Barcelona: Plaza i Janes, 1986, p. 113. <<

[303] Francisco Carandel, Los otros catalanes, Madrid: Península, 1965, pp. 128-131. <<

[304] Los únicos hijos que irían a la universidad serían, paradójicamente, los de una de las pocas familias que quedaron en Matián. José Ramón Valero Escandell, «De Matián a Ibi: el éxodo masivo de una aldea del norte de Granada». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales (1993) pp. 345-361. <<

[305] Antonio Cazorla Sánchez, «At Peace with the Past: Explaining the Spanish Civil War in the Basque Country, Catalonia and Galicia». En: Noel Valis (ed.), Teaching Representations of the Spanish Civil War, Nueva York: Modern Languages Association, 2006, pp. 63-72. <<

[306] Candel, Los otros catalanes, pp. 1 53-162. <<

[307] José Manuel López de Juan, Llodio: crisis y crecimiento. Aportación para un conocimiento sociológico y planificación de los servicios sociales, Vitoria: Caritas Diocesanas, 1970. <<

[308] Antonio E. Canales Serrano, «Desarrollismo, inmigración y poder político local: el problema escolar en Barakaldo». Historia Contemporánea 26 (2003): 57-76. <<

[309] Sebastiá Busquets Serra et al., «Mallorca: de la emigración a la inmigración». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales (1993) pp. 285-310. <<

[310] Leonor Meléndez, El servicio doméstico en España, Madrid: Consejo Nacional de Mujeres de la Acción Católica, 1962. <<

[311] Un estudio clásico en Nicolás Ortega Cantero, Política agraria y colonización del espacio, Madrid: Ayuso, 1979. <<

[312] María José Romano Serrano, Llanos del Caudillo: memoria e historia oral de un pueblo de colonización agraria, Ciudad Real: Ayuntamiento de Llanos del Caudillo, 2005, pp. 26-34. <<

[313] Cazorla Sánchez, Desarrollo sin reformistas, pp. 237-267. <<

[314] Mariano González-Rothvoss, Los problemas actuales de la emigración española, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1949, pp. 133-135. <<

[315] José Babiano Mora y Ana Fernández Asperilla, El fenómeno de la irregularidad en la emigración española de los años sesenta. Documentos de Trabajo. 3, Madrid: Fundación 1 de Mayo, 2002. <<

[316] Instituto Español de Emigración, Emigración a Suiza. S. N.: Madrid, 1966. <<

[317] José Babiano Mora y Ana Fernández Asperilla, «En las manos de los tratantes de seres humanos (notas sobre la emigración irregular durante el franquismo)». Historia Contemporánea 26 (2003): 35-56. <<

[318] Babiano Mora y Fernández Asperilla, El fenómeno de la irregularidad en la emigración española. <<

[319] Moisés Cayetano Rosado, Maletas humanas (obreros emigrantes), Badajoz: D. I…, 1977, pp. 49-56. <<

[320] Ídem., pp. 11-35. <<

[321] Citado en Víctor Canicio, ¡Contamos contigo! (Crónicas de la emigración), Barcelona: Laia, 1972, p. 10. <<

[322] Juan Añilo Vázquez, Estructura y problemas del campo español, Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1966, pp. 173-175. <<

[323] Julio Prada Rodríguez, «Conflicto y consenso: la emigración como instrumento de cambio ideológico y transformación social». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales (1993) pp. 315-337. <<

[324] Jaime Muñoz Anatol, La familia española migrante en Francia, Madrid: CSIC, 1972, pp. 177-178. <<

[325] Ídem., p. 160. <<

[326] Ronald Fraser, Mijas: república, guerra, franquismo en un pueblo andaluz, Barcelona: Antoni Bosch, 1985, pp. 208-211. <<

[327] Idem. <<

[328] Resulta fácil comprender la satisfacción del enviado español de trabajo en Bruselas cuando, en el contexto del triunfalismo español por la visita del presidente norteamericano Eisenhower a Madrid, expresó que «el problema de los trabajadores españoles en Bruselas acaba de cambiar de dirección». Agregaduría Laboral, Bélgica, Nota informativa, 23-5-1960, AGA-S 4885. <<

[329] Al intentar los sindicatos verticales afianzar el control sobre los emigrantes, a la Falange no le quedó otra que admitir «la perniciosa influencia de las organizaciones de izquierda» sobre los trabajadores. Organización Sindical de Guipúzcoa, Agrupación Sindical de Trabajadores Españoles en Francia, Informe, 5-10-1958, AGA-S 4765. Consultar también José Babiano Mora, «Emigración, identidad y vida asociativa: Los españoles en Francia de los años sesenta». Hispania 62(2) (2012): 211, 561-76; y Rose Duroux, «La emigración a Francia (segunda mitad del siglo XX): unas reflexiones sobre retornos y reintegraciones». Hispania 62(2) (2002): 211, 577-596. <<

[330] Embajada de España en París, El Agregado de A. S., Informe extraordinario (Ejemplar actualizado a junio de 1960). Características de la acción político-social-asistencial, realizada, en desarrollo y a realizar respecto a dicha emigración por esta agregaduría a nuestra embajada en París. Beneficios y costo ponderado de esta acción, 30-8-1959; 15-7-1960, AGA-S 4885. <<

[331] Guillermo Díaz-Plaja, La condición del emigrante: los trabajadores españoles en Europa, Madrid: Cuadernos para d Diálogo, 1974, pp. 341-344. <<

[332] Citado en Babiano Mora y Fernández Asperilla, El fenómeno de la irregularidad en la emigración. <<

[333] [FET-JONS], Nota sobre el proyecto de decreto que restringe el nuevo establecimiento de trabajadores en Madrid, 14-8-1957, AGA-S 4789; Delegación Provincial de Sindicatos de FET-JONS, Madrid, Delegación, Algunas consideraciones acerca del problema de la vivienda en Madrid, 1-4-1957, AGA-S 4789. [FET-JONS], Nota sobre el proyecto de decreto que restringe el nuevo establecimiento de trabajadores en Madrid, 14-8-1957, AGA-S 4789; Delegación Provincial de Sindicatos de FET-JONS, Madrid, Delegación, Algunas consideraciones acerca del problema de la vivienda en Madrid, 1-4-1957, AGA-S 4789. <<

[334] Delegación Nacional de Sindicatos, FET de las JONS, Particular, Notas sacadas del informe verbal dado al Excmo. Sr. Ministro Secretario General del Movimiento por el Delegado Nacional de Sindicatos sobre su visita a Santander, 2-10-1952, AGA-P 81. <<

[335] Delegación Provincial de Sindicatos de FET y de las JONS, Madrid, Informe, 25-1-1952, AGA-P 81. <<

[336] Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría Política, Sección Técnica, Resumen de las entregas de viviendas protegidas que se efectuarán con motivo del 18 de julio o en fechas próximas, 1953, AGA-P 92. <<

[337] Resumen de la inspección de grupos de viviendas protegidas en Córdoba, [1954], AGAS 4750. <<

[338] Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Inspección Nacional, Informe reservado sobre el grupo «Francisco Franco» de Avilés redactado como consecuencia de la visita de inspección realizada los días 24 a 26 de abril de 1958, 2-5-1958, AGA-S 4529. <<

[339] Para un resumen consultar David Kynaston, Austerity Britain: 1945-1951, Londres: Bloomsbury, 2007. <<

[340] Resumen de la inspección de grupos de viviendas protegidas en Córdoba, [1954], AGA-S 4750. <<

[341] José Fonseca, El problema de la vivienda, Madrid: Gráficas Barragán, 1945, pp. 9-12. <<

[342] Semanas Sociales de España, La crisis de la vivienda. Secretariado de la Junta Nacional de Semanas Sociales: Madrid, 1954, pp. 40-41, 45-46. <<

[343] Miguel Royo Martínez, La crisis de la vivienda, Sevilla: EDELCE, 1953. <<

[344] Ministerio de la Vivienda, Plan de urgencia social, Madrid: Gráfica Exprés, 1958, pp. 28-29. <<

[345] Pilar Folguera, «La construcción de lo cotidiano durante los primeros años del franquismo». Ayer 19 (1995): 165-187. <<

[346] Vicesecretaría de Obras Sindicales, El problema social de la vivienda, Madrid: Organización Sindical, 1968, p. 7. <<

[347] Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, El problema de la vivienda, Barcelona: El Colegio, 1968. <<

[348] Los mismos razonamientos fueron curiosamente utilizados por las autoridades en un informe oficial en 1960 que declaraba que «había muchas viviendas viejas y nuevas desocupadas». José Luis González Santander, El problema de la vivienda, Madrid: Cabal, 1960, pp. 25,27. <<

[349] María del Carmen García-Nieto (ed.), La palabra de las mujeres: una propuesta didáctica para hacer historia (1931-1990), Madrid: Editorial Popular, 1991, pp. 65-83. <<

[350] Ídem. <<

[351] Ídem. <<

[352] Ídem. <<

[353] Ídem. <<

[354] Caritas Diocesanas de Madrid, Informe sociológico sobre la situación de Madrid, Madrid: Caritas Diocesanas de Madrid, 1967, pp. 235, 256, 323-324. <<

[355] Ministerio de la Vivienda, Absorción del chabolismo: teoría general y actuaciones españolas, Madrid: Ministerio de la Vivienda, 1969, pp. 6, 10. <<

[356] Caritas Diocesanas de Madrid, Informe sociológico sobre la situación de Madrid, pp. 223-224. <<

[357] ídem, pp. 36-41. <<

[358] Ver Juventud Obrera Cristiana, Identidad de la JOC: documentos básicos para la identidad de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) en España, Madrid: Ediciones de ACE, 1983. <<

[359] Un estudio de esta dinámica en Antonio Cazorla Sánchez, «Did You Hear the Sermón Progressive Priests, Conservative Catholics, and the Return of Political and Cultural Diversity in Late Francoist Spain», Journal of Modern History, 85, (3 September 2013): 528-557. <<

[360] Esta información proviene de un informe de Cáritas en Pedro Bordes Roca et al., Parroquia de Nuestra Señora de Fátima: estudio sociológico y planificación social, Granollers: Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, 1965. <<

[361] Ídem. <<

[362] Extraído de Joaquim Clusa i Oriach, Estudio-informe de los barrios Can de Oriach, Plana del Pintor, Torrent del Capella, Sabadell: Serracanta Copisteria, 1967. <<

[363] Ídem. <<

[364] Ídem. <<

[365] Ídem. <<

[366] García-Nieto, La palabra de las mujeres, pp. 23-63. <<

[367] Ídem. <<

[368] Ídem. <<

[369] Ídem. <<

[370] Instituto de Reinserción Social, La problemática de la marginalidad social en Barcelona, Barcelona: Instituto de Reinserción Social, 1970, pp. 20-21. <<

[371] ídem, p. 18. <<

[372] ídem, pp. 77-78. <<

[373] Demetrio Casado, La pobreza en la estructura social de España, Madrid: Ayuso, 1976, pp. 67-144. <<

[374] Para consultar la distribución geográfica de la pobreza en España ver Antonio Bosch Doménech (ed.), La desigualdad y la pobreza en España, 1973-1981, Madrid: Instituto Ortega y Gasset, 1998. <<

[375] Tezanos, Estructura de clases en la España actual, pp. 177-179. <<

[376] Consultar Demetrio Casado, Sobre la pobreza en España, 1965-1994, Barcelona: Hacer, 1994, pp. 223-240. <<

[377] Antonio Taboada Arceo, Galicia dormida ante el II Plan de Desarrollo Económico y Social: proposición abierta a quienes pueden y deben redimir a Galicia de su pobreza, La Coruña: Cámara Oficial de Comercio, 1969. <<

[378] Comisaría del Plan de Desarrollo, Estudio económico y social de Extremadura, Madrid: Ministerio de Agricultura, 1969. <<

[379] Ver José Cazorla Pérez, Estratificación social de España, Madrid: Cuadernos Para el Diálogo, 1973, pp. 102-143. <<

[380] Barbancho, Disparidades regionales, pp. 76-127. <<

[381] Antonio Burgos, Andalucía, ¿tercer mundo?, Madrid: Círculo de Lectores, 1972, pp. 118-125, 178. <<

[382] Demetrio Casado, Plan Social Baza: una experiencia de desarrollo social, Madrid: Cáritas Española, 1970. <<

[383] Alfonso Carlos Comín, Noticia de Andalucía, Madrid: Divulgación Universitaria, 1970, pp. 115-124. <<

[384] Juan Goytisolo, La Chanca, París: Librería Española, 1962. <<

[385] Organización Sindical Almería, Encuesta informe referido a aspectos sociológicos de las barriadas de trabajadores, 1974, Archivo Histórico Provincial de Almería, AISS C-1258. Agradezco a mi colega Oscar J. Rodríguez Barreira que me facilitase este documento. <<

[386] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Huesca, 1971, AGA-I 507. <<

[387] Un análisis teórico y práctico de este fenómeno en Cazorla Sánchez, «Did You Hear the Sermón?». <<

[388] La realidad de los mineros asturianos en los años treinta era muy distinta. Consultar Adrián Shubert, The Road to Revolution in Spain: The Coalminers of Asturias, Urbana: University of Illinois Press, 1987. <<

[389] Acción Católica, Jornadas de caridad, Acción Católica: Zaragoza, 1943, pp. 60-61. <<

[390] Curiosamente, el autor concluyó que, pese a sus magros salarios, las fuerzas policiales debían ser incluidas también entre las clases medias. Acción Católica, Problemas de la clase media, Madrid: Acción Católica, 1951, pp. 72, 77-78. <<

[391] Ídem., p. 167. <<

[392] Ver Casanova, La iglesia de Franco. <<

[393] José Hurtado Sánchez, «Las cofradías de Sevilla y la política (1940-1991)», Demófilo 23 (1997): 77-91. <<

[394] Citado en Belén Solé i Mauri, «El discurso moral de la Iglesia y su vivencia popular». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales (1997) pp. 457-467. <<

[395] Basilia López García, Aproximación a la historia de la HOAC, 1946-1981, Madrid: HOAC, 1995. <<

[396] Por ejemplo, y los archivos estatales están llenos de muchos de ellos, en 1959 en Valladolid, uno de los núcleos de la Falange original, los servicios de información del partido divulgaron que los círculos católicos locales estaban constantemente «desacreditando» a aquellos que colaboraban con los sindicatos. Para un régimen que había contado con la desmovilización del proletariado, también preocupaba la cada vez mayor afluencia de trabajadores a las reuniones de la HOAC. Servicio de Información del Movimiento, Nota informativa, 27-6-1959, AGA-S 4850. <<

[397] Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social, Servicio Nacional de Inspección de Vicesecretarías Provinciales, Actividades realizadas por las HOAC durante el día 1 de mayo de 1957, 7-5-1957, AGA-P 145. <<

[398] El Gobernador Civil de las Palmas a Excmo. Sr. D. Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo, Ministro Secretario General del Movimiento, 15-1-1955, AGA-P 105. <<

[399] Gallahan, The Catholic Church in Spain, pp. 509-526. <<

[400] Salvador Blanco Piñán, Los obreros: ¿Son los culpables?, Madrid: ZYX, 1964, pp. 10-19. <<

[401] Juan Arias, Las cosas claras: los obreros, 2 vols., Madrid: El Perpetuo Socorro, 1965, vol. 1: p. 37, vol. 2: pp. 23-25, 68-70. <<

[402] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cádiz, 1971, AGA-I 506. <<

[403] Ramir Pampols et al., Curas obreros: entre la Iglesia y el Reino. Evaluación, perspectivas, Barcelona: Cristianisme i Justicia, 1987, pp. 12-19. <<

[404] Una visión transnacional comparada en Nancy Christie y Michael Gauvreau (eds.), The Sixties and Beyond: Dechristianization in North America and Western Europe, 1945-2000, Toronto: University of Toronto Press, 2013. <<

[405] Las siguientes experiencias están tomadas de una serie de entrevistas compiladas en Angel Castro y Margarita Serrano, La gran desbandada (curas secularizados), Madrid: C anulemos para el Diálogo, 1977. <<

[406] Audrey Brassloff, Religión and Politics in Spain: The Spanish Church in Transition, 1962-96, Houndmills: Macmillan, 1998, pp. 42-78. <<

[407] Acción Católica, ¿Quieres ser buena?, Madrid, Acción Católica: 1943, p. 1. <<

[408] Rufino Villalobos Bote, ¿Es pecado bailar? ¿No es pecado bailar? Respuesta serena y objetiva a estas apasionantes preguntas de la juventud de hoy, Don Benito: Secretariado de Propaganda de la Juventud Masculina de Acción Católica, 1948, passim. <<

[409] Carlos Salicrú Puigvert, Cuestiones candentes acerca de la moralidad pública, Barcelona: La Hormiga de Oro, 1944, passim. <<

[410] Congreso de la Familia Española, Síntesis de ponencias provinciales en torno a la familia y la moralidad pública, Madrid: Ediciones del Congreso de la Familia Española, 1959, passim. <<

[411] Teresa Rodríguez de Lecea, «Mujer y pensamiento religioso en el franquismo», Ayer 17 (1995): 173-200. <<

[412] Gertrud Van Le Fort, La mujer eterna. Madrid: Rialp, 1953. <<

[413] Consultar, por ejemplo, Acción Católica, Cultivemos nuestra juventud, Barcelona: Acción Católica, 1958. <<

[414] Para un resumen completo ver Aurora G. Morcillo, True Catholic Womanhood: Gender and Ideology in Francos Spain, De Kalb: Northern Illinois University Press, 2000. <<

[415] Esperanza Luca de Tena, Educación de hijos, Madrid: Nuevas Gráficas, 1961, pp. 5-7. <<

[416] Esperanza Luca de Tena, Deberes conyugales, Madrid: Nuevas Gráficas, 1961, pp. 9-11. <<

[417] Un análisis breve de los valores rurales y la moralidad durante la transición puede encontrarse en Acevedes, Social Change in a Spanish Village, pp. 118-131. <<

[418] María Isabel Diez Gil y Dolores García Sainz, «Alimentación y sociedad. Testimonios orales (Camargo)». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales (1993) pp. 149-159. <<

[419] Cristina Borderías et al., «Los eslabones perdidos del sindicalismo democrático: la militancia femenina en las CC. OO. de Catalunya durante el franquismo», Historia Contemporánea 26 (2003): 161-206. <<

[420] Pilar Díaz Sánchez, «Familia y cambio social en la II República española». En: Trujillano Sánchez (ed.), III Jornadas historia y fuentes orales, 1993, pp. 139-147. <<

[421] Juan Frigolé Reíxach, «Estrategias matrimoniales e identidad sociocultural en la sociedad rural: llevarse a la novia y casarse en un pueblo de la Vega Alta del Segura», Agricultura y Sociedad 25 (1982): 71-109. <<

[422] Adela Alfonsi, «La recatolización de la moralidad sexual en la Málaga de posguerra», Arenal 6 (2): (1999) 365-385. <<

[423] Pérez Díaz, Pueblos y clases sociales, pp. 191-197. <<

[424] Jane Lewis, Women in Britain since 1945: Women, Work and the State in the Post War Years, Oxford: Basil Blackwell, 1992, p. 43. <<

[425] Jesús María Vázquez, Así viven y mueren: problemas religiosos de un sector de Madrid, Madrid: Ope, 1958, pp. 196-203. <<

[426] Ídem., pp. 208-224. <<

[427] Manuela Cantón Delgado, «Género, lenguaje y metáforas cotidianas en Triana (Sevilla)». En: Congreso de Historia de Andalucía, Actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba: Cajasur, 1994, pp. 365-375. <<

[428] Consultar un estremecedor testimonio en un popular barrio obrero en Sevilla en las décadas de los cuarenta y cincuenta en Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos alcanza: memorias (1940-1982), Madrid: Espasa-Calpe, 2004, pp. 17-63. <<

[429] Había al menos dos lugares donde literatura pornográfica (ediciones francesas y también españolas) y otros productos inmorales como los muy ansiados profilácticos eran vendidos; otra queja contra aquellos establecimientos era que también vendían tebeos a los niños. Vázquez, Así viven y mueren, pp. 270-276. <<

[430] Ídem., pp. 150-177. <<

[431] Rafael Torres, El amor en tiempo de Franco, Madrid: Oberón, 2002. <<

[432] Carmen Martín Gaite, Los usos amorosos de la posguerra española, Barcelona: Anagrama, 1994. <<

[433] Como contaba mucho después a su entrevistador A. D. G., que creció en Basauri, su madre solía advertirle (en referencia a un escándalo sexual o a un embarazo) que «si algo [le pasara] la [echaría] de casa». Esta mujer recordaba cómo en su mismo vecindario una vecina de unos quince o dieciséis años quedó embarazada y fue echada de casa y tuvo que mudarse a la lejana Valladolid porque el hombre que la había seducido se negó a casarse con ella. José Antonio Pérez Pérez, Los espejos de la memoria: historia oral de las mujeres de Basauri, 1937-2003, Basauri: Área de Igualdad, 2004, p. 30. <<

[434] Francisco Muñoz Roldan, Mujeres públicas: historia de la prostitución en España, Madrid: Temas de Hoy, 1995. <<

[435] Jean-Louis Guereña, La prostitución en la España contemporánea, Madrid: Marcial Pons, 2003, pp. 399-449. <<

[436] Núñez Díaz-Balart, Mujeres caídas. <<

[437] José María Cañas, Prostitución y sociedad, Barcelona: Publicaciones Editoriales, 1974, pp. 9-14, 48-49, 122-123. <<

[438] Enrique Gómez Arboleda y Salustiano del Campo, Para una sociología de la familia española, Madrid: Congreso de la Familia Española, 1959. <<

[439] Folguera, «La construcción de lo cotidiano». <<

[440] Este proceso de cambio, especialmente para las mujeres, sería categorizado por una antropóloga como el proceso que iba «del deber al deseo». Jane C. Collier, From Duty to Desire: Remaking Families in a Spanish Village, Princeton: Princeton University Press, 1997. <<

[441] María del Rosario Ruiz Franco, ¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo, Madrid: Biblioteca Nueva, 1997. <<

[442] María del Pilar de la Peña, La condición jurídica y social de la mujer, Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1974, pp. 35-37. María del Pilar de la Peña, La condición jurídica y social de la mujer, Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1974, pp. 35-37. <<

[443] Ver María Luisa Peinado Gracia, El consumo y la industria alimentaria en España: evolución, problemática y penetración del capital extranjero a partir de 1960, Madrid: Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1985. <<

[444] Subsecretaría de Planificación, Presidencia del Gobierno, Consumo, Madrid: Presidencia del Gobierno, 1976, pp. 14-42, ídem., pp. 161-166. <<

[445] Alberto Míguez et al., España: ¿Una sociedad de consumo?, Madrid: Guadiana de Publicaciones, 1970, pp. 79-81. <<

[446] Según el informe de 1966 del FOESSA citado en DATA S. A., Comportamiento y actitud de las economías domésticas hacia el ahorro y el consumo, Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1969, p. 127. <<

[447] Subsecretaría de Planificación, Consumo. <<

[448] Alonso y Conde, Historia del consumo en España, pp. 170-175. <<

[449] El truco consistía en sentar al hijo mayor entre el conductor (que era siempre el padre) y el manillar, al hijo intermedio a la espalda de este y a la madre sentada de lado (entonces las señoras llevaban siempre faldas) con el menor de los hijos en sus brazos. <<

[450] Alonso y Conde, Historia del consumo en España, p. 220. <<

[451] Bastante antes del libro Guinness, el autor de este libro hizo (y sobrevivió a) un memorable viaje de cuatro horas entre Almería y Granada con siete personas (tres de ellas aquejadas de vómitos) a bordo de un Seat 600. Afortunadamente, no era verano. <<

[452] Consultar Victoria de Grazia, Irresistible Empire: America’s Advance through Twentieth-Century Europe, Cambridge MA: Harvard University Press, 2005. <<

[453] Manuel Martín Serrano, Publicidad y sociedad de consumo en España, Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1970, pp. 22-23. <<

[454] Ídem., p. 30. <<

[455] La siguiente información ha sido obtenida de Metra Seis, Estudio sobre hábitos de compra y consumo de la juventud española: penetración de los distintos medios publicitarios, Ávila: Movierecord Cine, 1971. <<

[456] Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre bienes de consumo duradero en las familias, Madrid: INE, 1970, pp. 20-31. <<

[457] DATA S. A., Comportamiento y actitud de las economías domésticas, p. 132. <<

[458] Cazorla Sánchez, Franco, pp. 257-292. <<

[459] Idem. <<

[460] Ver Jorge Uría (ed.), La cultura popular en la España contemporánea, Madrid: Biblioteca Nueva, 2003. <<

[461] Valeria Camporesi, Para grandes y chicos: un cine para los españoles, Madrid: Turfán, 1993, p. 72. <<

[462] Josep Estivill Pérez, «La industria española del cine y el impacto de la obligatoriedad del doblaje en 1941», Hispania 59(2) (1999): 677-691. <<

[463] Uría, La cultura popular, p. 215. Consultar también Camporesi, Para grandes y chicos, pp. 67-87. <<

[464] Vázquez, Así viven y mueren, pp. 290-291. <<

[465] Martín Gaite, Los usos amorosos de la posguerra española. <<

[466] Para los menos versados en cultura católica Bernadette era una muchacha pobre francesa de mediados del siglo XIX que comenzó a tener visiones de la Virgen María en una cueva de Lourdes, que pronto se convirtió en un lugar de peregrinaje masivo, famoso por sus curaciones. Fue canonizada en 1933. <<

[467] Juana Ginzo, Mis días de radio: la España de los cincuenta a través de las ondas, Madrid: Temas de Hoy, 2004, pp. 219-220. <<

[468] Armand Balsebre, Historia de la radio en España, vol. 2: 1939-1985, Madrid: Cátedra, 2002, pp. 118-122. <<

[469] Consultar Duncan Shaw, Fútbol y franquismo, Madrid: Alianza Editorial, 1987. <<

[470] Manuel Palacio, Historia de la televisión en España, Barcelona: Gedisa, 2005, pp. 53-61. <<

[471] Los efectos de la televisión en el día a día de los españoles no difirieron mucho de los descritos para el caso italiano en John Foot, «Televisión and the City: The Impact of Televisión in Milán, 1954-1960», Contemporary European History 9(3) (1999): 379-394. <<

[472] Ministerio de Información y Turismo, La audiencia de televisión en España, Madrid: Ministerio de Información y Turismo, 1969. <<

[473] Jorge Grau Rebollo, La familia en la pantalla: percepción social y representación audiovisual de etnomodelos procreativos en el cine y la televisión en España, Oviedo: Septem, 2002, pp. 193-194. <<

[474] Mario García de Castro, La ficción televisiva popular: una evolución de las series de televisión en España, Barcelona: Gedisa, 2002, pp. 23-63. <<

[475] Palacio, Historia de la televisión en España, p. 64. <<

[476] Pese a que es bien sabido que Eurovisión es un escaparate del nacionalismo más casposo, el franquismo fue más lejos: se ha demostrado recientemente que el régimen compró la victoria española de 1969. <<

[477] 22-3-1971, [Ministerio de Información y Turismo], Los teleclubs en España, AGA-C 586. <<

[478] Ver Richard Vinen, A History in Fragments: Europe in the Twentieth Century, Londres: Litric, Brown, 2000, pp. 373-375. <<

[479] Josep María Baget Herms, Historia de la televisión en España, 1956-1975, Barcelona: Feed-Back, 1993, pp. 135-136. <<

[480] Una relación detallada de la represión de la lengua y la cultura catalanas puede verse en Josep Solé i Sabaté y Joan Villarroya, Cronología de la repressió de la llengua i la cultura catalanes, 1936-1975, Barcelona: Curial, 1994. <<

[481] Manuel Vázquez Montalbán, «Los medios de comunicación de masas y el consumo». En: Miguez et. al., España: ¿Una sociedad de consumo?, 1970, pp. 145-168. <<

[482] Un análisis de los contenidos televisivos de finales de los sesenta y principios de los setenta puede encontrarse en Fausto Fernández, Telebasura española, Barcelona: Glènat, 1998, pp. 41-78. <<

[483] Rafael López Pintor, Los españoles de los años 70: una versión sociológica, Madrid: Léenos, 1975, pp. 46-101. <<

[484] Sasha D. Pack, «Tourism and Political Change in Francos Spain». En: Townson (ed.), Spain Transformed (2007) pp. 47-66. <<

[485] Antonio Pildain Zapiain, El turismo y las playas, las divisas y otros escándalos, San Sebastián: Gráf. Torres, 1964, pp. 6, 9. <<

[486] López Pintor, Los españoles de los años 70, p. 59. <<

[487] Angel Herrera Oria, Sacerdotes y seglares ante el turismo en España, Madrid: Secretariado Nacional de Pastoral, 1964, pp. 74-87. <<

[488] ídem, pp. 122-145. <<

[489] Este informe apuntaba entre las motivaciones de trabajar en el sector turístico dos fundamentales: la pobreza y las conexiones personales. Así, las razones se ordenaban de la siguiente forma, de menos a más: la sugerencia de amigos o familiares, la falta de trabajo en sus lugares de origen, ganar dinero, intentar dejar atrás una situación de pobreza y porque toda la familia lo hacía. Antes de partir, un 65 % ya tenía trabajo gracias a la mediación de amigos o familiares. Para una visión de conjunto ver Mario Gaviria, España a Go-Go: turismo charter y neocolonialismo del espacio, Madrid: Turner, 1974. <<

[490] En términos generales, durante la posguerra el sur de Europa permaneció por detrás del norte y del este del continente en cuanto a empleo femenino y en su conjunto, por detrás del de Estados Unidos. Consultar Hartmut Kaelble (ed.), The European Way: European Societiesin the 19th and 20th Centuries, Nueva York: Berghahn Books, 2004, p. 281. <<

[491] Gloria Bayona Fernández, «Utilización del documento escrito-administrativo como marco metodológico de la fuente oral: reconstrucción de la memoria histórica de la industria conservera en Murcia en los años 60». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales (1997) pp. 259-274. <<

[492] Pilar Díaz Sánchez, El trabajo de las mujeres en el textil madrileño: racionalización industrial y experiencias de género (1959-1986), Málaga: Universidad de Málaga, 2001. <<

[493] Una antropóloga americana estudió el cambio en las percepciones sobre la nueva situación de la mujer entre 1962 y 1980, que según testimoniaban «las mujeres que antes habían estado subordinadas a sus maridos se habían convertido en sus iguales». Hasta es una opinión no compartida por la autora, algo escéptica del significado de la verdadera libertad. Collier, From Daily to Desire, p. 129. <<

[494] Cáritas-Manresa, Les guarderies infantils a Manresa: informe sobre la seva necesítate, Manresa: Cáritas, 1972. <<

[495] Esta opinión era compartida por mucha gente. «La gente joven solo piensa en sexo. Creen que cualquier mujer extranjera se acostará con ellos», opinaba el propietario de un bar en la Costa del Sol a principios de los setenta. Fraser, Mijas, pp. 188-195. <<

[496] Hubo decenas de producciones similares, pero el título de una estrenada en 1973, Lo verde empieza en los Pirineos, resulta en sí mismo muy revelador. Consultar más información en Equipo Cartelera Turia, Cine español, cine de subgéneros, Valencia: Fernando Torres, 1974. <<

[497] Juan Diez Nicolás, «La mujer española y la planificación familiar», Tauta 8 (1973) 86-97. <<

[498] Salustiano del Campo y Manuel Navarro, Análisis sociológico de la familia española, Maradona: Ariel, 1985, pp. 124-125. <<

[499] Inmaculada Blasco Herranz, «Actitudes de las mujeres bajo el primer franquismo: la práctica del aborto en Zaragoza durante los años 40», Arenal 6(1) (1999): 165-180. El segundo estudio aludido puede encontrarse en Rodríguez Barreira, Migas con miedo, pp. 357-363. <<

[500] J. M. Deleyto, «El aborto en España», Tribuna abierta (1 diciembre 1972): 20-23. <<

[501] Julio Iglesias de Ussel, El aborto: un estudio sociológico sobre el caso español, Madrid: CIS, 1979, p. 49. <<

[502] Alonso y Conde, Historia del consumo en España, pp. 194-195. <<

[503] La voz «ciudadanía» es usada aquí para describir el grado de desarrollo político de la mayoría de los españoles al final de la dictadura. El concepto hunde sus raíces, en la teoría tanto como en la práctica, en los primeros años de la Revolución Francesa (citoyen) e indica que, pese a la ausencia de partidos políticos y a que la mayoría de la población no tenía una idea clara sobre cómo canalizar sus opiniones e intereses, entendía que la sociedad debía basarse en la igualdad de derechos y obligaciones para todos sus miembros (aunque durante la Revolución Francesa las mujeres fueron excluidas de estos derechos). Entre los derechos del ciudadano las libertades personales eran esenciales, así como también el de la responsabilidad del Gobierno para con aquellos, a diferencia, por ejemplo, de la idea de responsable solo «ante Dios y la historia» de Franco. Bajo su régimen, los españoles eran considerados súbditos, no ciudadanos. <<

[504] Romano Serrano, Llanos del Caudillo, pp. 84-88. <<

[505] Idem. <<

[506] Idem. pp. 119-139. <<

[507] Álvaro Soto Carmona, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Madrid: Biblioteca Nueva, 2005. <<

[508] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Segovia, 1962, AGA-G 11330. <<

[509] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Ávila, 1962, AGA-G 11324; Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cádiz, 1962, AGA-G 11326. <<

[510] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Salamanca, 1962, AGA-G 11330; Memoria de gestión del Gobierno Civil de Gerona, 1962, AGA-G 11326. <<

[511] Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria, pp. 25-43. <<

[512] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Logroño, 1962, AGA-G 11328. <<

[513] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Palencia, 1972, AGA-G 447. <<

[514] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Murcia, 1972, AGA-G 476. <<

[515] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Castellón de la Plana, 1972, AGA-G 474. <<

[516] Amando de Miguel, El final del franquismo: testimonio personal, Madrid: Marcial Pons, 200.1, pp. 358, 359. <<

[517] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cádiz, 1972, AGA-G 474; Memoria de gestión del Gobierno Civil de Huesca, 1962, AGA-G 475. <<

[518] Para este desarrollo consultar Víctor Pérez Díaz, The Return of Civic Society: The Emergence of Democratic Spain, Cambridge: Cambridge University Press, 1983. <<

[519] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Valencia, 1962, AGA-G 11331. <<

[520] El carbón español estaba volviéndose cada vez menos competitivo y solo continuaba extrayéndose bajo el régimen proteccionista de la economía nacional. La recesión causada por el Plan de Estabilización de 1959 y la fuerte subida de los precios (que no estuvo acompañada por la correspondiente subida salarial) agravó estos problemas estructurales. Consultar Ramón García Piñeiro, Los mineros asturianos bajo el franquismo, 1937-1962, Madrid, Fundación Primero de Mayo, 1990. <<

[521] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Álava, 1962, AGA-G 11324. Memoria de gestión del Gobierno Civil de Álava, 1962, AGA-G 11324. <<

[522] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Alava, 1968, AGA-G 480. <<

[523] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Alava, 1972, AGA-G 47.3. <<

[524] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Vizcaya, 1962, AGA-G 11331. <<

[525] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Guipúzcoa, 1968, AGA-G 483. <<

[526] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Ranclona, 1961, AGA-G 11323. <<

[527] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Bareelona, 1972, AGA-G 47.3. <<

[528] Rubén Vega García, «Orígenes y desarrollo de Comisiones Obreras en Gijón: de La Camocha a la transición democrática». En: Trujillano y Gago (eds.) (1997), V Jornadas historia y fuentes orales, pp. 207-215. <<

[529] José María Maravall, El desarrollo económico de la clase obrera (un estudio de los conflictos obreros en España), Caracas y Barcelona: Ariel, 1970, pp. 91-93. <<

[530] Ídem., pp. 100-106. <<

[531] Numerosos ejemplos de informes policiales sobre las actitudes de la población pueden consultarse en Rubén Vega García (coord.), Hay una luz en Asturias: las huelgas de 1962, Gijón: Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002, pp. 17-29. <<

[532] David Ruiz (ed.), Historia de las Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid: Siglo XXI, 1993. <<

[533] Gregori Gallego i Marin, Els anónims de la transició: historia oral del moviment obrer a Lleida i a Balaguer (1960-1970), Lleida: Pagès, 1996, pp. 21-53. <<

[534] Ignasi Riera y José Botella, El Baix Llobregat: 15 años de luchas obreras, Barcelona: Bltime, 1976, p. 127. <<

[535] Riera y Botella, El Baix Llobregat, pp. 21-35. <<

[536] ídem, pp. 37-56. <<

[537] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Segovia, 1968, AGA-I 52-486. <<

[538] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Badajoz, 1969, AGA-I 494. Memoria de gestión del Gobierno Civil de Badajoz, 1969, AGA-I 494. <<

[539] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Valladolid, 1969, AGA-I 496. <<

[540] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Valladolid, 1969, AGA-I 496. <<

[541] Memoria de gestión del Gobierno Civil de León, 1968, AGA-I 52-485. <<

[542] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Segovia, 1969, AGA-I 494. <<

[543] Memoria de gestión del Gobierno Civil de León, 1969, AGA-I 490. <<

[544] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Zamora, 1969, AGA-I 495. <<

[545] Contestación al cuestionario presentado a la Delegación del SEU, 13-3-1949, AGA-P 240. <<

[546] Los estudiantes, falangistas o no, recelaban del crecimiento del Opus Dei dentro de las universidades. En 1950, después de conocer que un nuevo profesor de Historia del Derecho en Madrid era miembro de este grupo y sospechando juego sucio en su nombramiento, un grupo de estudiantes causaron un gran revuelo durante la toma del cargo. «Da la sensación de que a día de hoy, para ser catedrático tienes que ser miembro del Opus Dei» apuntó un representante del SEU. Sindicato Español Universitario, Jefatura Nacional, 10-1-1950, AGA-P 60. <<

[547] Los estudiantes, falangistas o no, recelaban del crecimiento del Opus Dei dentro de las universidades. En 1950, después de conocer que un nuevo profesor de Historia del Derecho en Madrid era miembro de este grupo y sospechando juego sucio en su nombramiento, un grupo de estudiantes causaron un gran revuelo durante la toma del cargo. «Da la sensación de que a día de hoy, para ser catedrático tienes que ser miembro del Opus Dei» apuntó un representante del SEU. Sindicato Español Universitario, Jefatura Nacional, 10-1-1950, AGA-P 60. <<

[548] Para muchos, esta contradicción entre discurso y práctica representaba la raíz del descontento con el falangismo. Consultar Marsal, Pensar bajo el franquismo. <<

[549] Sindicato Español Universitario, Jefatura Nacional, 10-1-1950, AGA-P 60. <<

[550] Secretaría General de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Secretaría Política, Secretaría Técnica, 26-11-1952, AGA-P 80. <<

[551] José María Maravall, Dictadura y disentimiento político: obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid: Alfaguara, 1978, p. 166. <<

[552] Muchos franquistas cayeron en la cuenta de que los símbolos de los estudiantes «no eran ya los del Movimiento Nacional». Estas conclusiones eran por ejemplo las transmitidas en un informe confidencial del Instituto de Estudios Políticos sobre las universidades de Madrid y Barcelona en 1957. Este reconocía que las preocupaciones de los estudiantes habían mudado su objetivo hacia aspectos sociales y el contraste entre el discurso oficial y las realidades del país: «Su orientación es hoy hacia la renuncia y el existencialismo, hasta el extremo de alcanzar en ocasiones heterodoxias reales o declaraciones de fe marxista». Instituto de Estudios Políticos, Nota sobre una acción coordinada para recuperar el ambiente de la Universidad, 19-6-1957, AGA-P 147 sp. <<

[553] Miguel A. Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU): la socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid: Siglo XXI, 1996. <<

[554] Aparte de sus propios grupos estudiantiles, la policía del régimen había identificado al menos cincuenta y siete grupos independientes activos en la universidad, desde neonazis a anarquistas pero con predominio de organizaciones marxistas y de izquierda. La situación era una bomba de relojería, por la concentración de grupos obreros inquietos en la capital. Memoria de gestión del Gobierno Civil de Madrid, 1968, AGA-I 52-485. <<

[555] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Valladolid, 1968, AGA-I 52-487. <<

[556] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Tenerife, 1968, AGA-I 52-488. <<

[557] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Sevilla, 1968, AGA-I 52-487. En Murcia, provincia pobre pero que contaba con universidad, los estudiantes no manifestaron signos de inquietud. De hecho, las autoridades informaban en 1968 que el suceso político más relevante aquel año fue el homenaje hecho a las tres ramas del ejército. Memoria de gestión del Gobierno Civil de Murcia, 1968, AGA-I 52-488. Para un análisis más detallado del porqué 1968 fue un año clave para la Universidad de Sevilla, consultar Juan Luis Rubio Mayoral, Disciplina y rebeldía: los estudiantes de la Universidad de Sevilla (1939-1970), Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005, pp. 157-227. <<

[558] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Salamanca, 1969, AGA-I 495. <<

[559] Memoria de gestión del Gobierno Civil de La Coruña, 1970, AGA-I 498. <<

[560] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada, 1971, AGA-I 509. <<

[561] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cáceres, 1971, AGA-I 506. <<

[562] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Salamanca, 1970, AGA-I 502. <<

[563] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Toledo, 1970, AGA-I 499. <<

[564] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Almería, 1970, AGA-I 487. Más en Cazorla Sánchez, Franco, pp. 257-314. <<

[565] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Valencia, 1970, AGA-I 52-493. <<

[566] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada, 1970, AGA-I 52-479. <<

[567] Para una aproximación a la perspectiva de la Policía Armada consultar Julián Delgado Aguado, Prietas las filas: recuerdos de un capitán de los grises, Barcelona: Editorial Libros PM, 1996. <<

[568] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Guipúzcoa, 1970, AGA-I 52-497. <<

[569] Xavier Zumadle Romero, Mi lucha clandestina en ETA, Arrigorriaga: Status, 2004, p. 69. <<

[570] Sobre este proceso ver Gregorio Moran Morán, Los españoles que dejaron de serlo, Barcelona: Península, 1982. <<

[571] Ver algunos ejemplos en Julián Delgado Aguado, Los Grises: víctimas y verdugos del franquismo, Madrid: Temas de Hoy, 2005, pp. 180-206. <<

[572] ídem, p. 200. <<

[573] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Vizcaya, 1968, AGA-I 52-489. <<

[574] Este conjunto de opciones se exponía en los informes internos generados por el régimen. [Ministerio de Información y Turismo, Oficina de Enlace], Impresiones obtenidas por la designación de su Alteza Real Don Juan Carlos de Borbón como sucesor del Caudillo, 23-8-1969, AGA-C 673. <<

[575] Este sería el primer paso de lo que después conformaría el infame Proceso 1001, cuyas penas oscilarían desde los seis a los veinte años de prisión. Maravall, Dictadura y disentimiento político, pp. 62-63. <<

[576] Antonio López Pina y Eduardo López Aranguren, La cultura política de la España de Franco, Barcelona: Taurus, 1976, p. 85. <<

[577] Para un análisis más detallado consultar Rafael López Pintor, La opinión pública española del franquismo a la democracia, Madrid: CIS, 1982. <<

[578] Idem., p. 66. <<

[579] Santos Juliá, «Orígenes sociales de la democracia en España», Ayer 15 (1994): 165-188. <<

[580] Para el papel de las élites y en particular, de los reformistas dentro del régimen, ver Cristina Palomares, «New Political Mentalities in the Tardofranquismo». En: Townson (ed.), Spain Transformed, pp. 118-139. Para una comparativa internacional ver John Higley y Richard Gunther (eds.), Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Nueva York: Cambridge University Press, 1992. Para el proceso de democratización popular tras 1975 consultar Mariano Torcal, «The Origins of Democratic Support in Post-Franco Spain: Learning to be a Democrat under Authoritarian Rule?». En: Townson (ed.), Spain Transformed, pp. 195-226. Para una perspectiva diferente ver Pere Ysás, «¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío», Ayer 68 (2007): 31-57. <<

[581] Una relación de cómo las élites culturales se alejaron del régimen hasta adoptar una oposición clara puede encontrarse en Shirley Mangini, Rojos y rebeldes: la cultura de la disidencia durante el franquismo, Barcelona: Anthropos, 1986. <<

[582] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Sevilla, 1974, AGA-I 11446. <<

[583] Roberto Germán Fandiño Pérez, Historia del movimiento ciudadano e historia local: el ejemplo del barrio Yagüe en Logroño (1948-1975), Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2003, pp. 101-114. <<

[584] Para un buen ejemplo a nivel local ver Oscar José Martín García, Albacete en transición: el ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979, Albacete: Instituto de Estudios Albacetense, 2006, pp. 29-83. <<

[585] Para esta parte del libro quiero agradecer la contribución de la profesora Pamela B. Radcliff, que me permitió hacer uso de sus escritos, publicados e inéditos y luego publicados Making Democratic Citizens in Spain: Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960-78, Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011. Para más información sobre el rol de los movimientos urbanos en la transformación social ver Manuel Castells, La ciudad y las masas: sociología de los movimientos urbanos, Madrid: Alianza Editorial, 1986. <<

[586] Problemática de los barrios de Zaragoza, Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1975. <<

[587] Pamela Radcliff, «Associations and the Social Origins of the Transition during the Late Franco Regime». En: Townson (ed.), Spain Transformed, pp. 140-162. <<

[588] Francisco Morente Valero, «Las luchas de los enseñantes públicos en la crisis del franquismo y la transición a la democracia (1970-83)», Cuadernos republicanos 46 (2001): 101-124. <<

[589] Ministerio de Información y Turismo, Tendencias conflictivas en cultura popular, 1972, AGA-C 580. Esta fuente incluye una lista de unos 500 artistas subversivos que puede leerse como un quién es quién de la cultura española en aquel periodo. <<

[590] Eduard Molner Closas, «La crisis del Ateneo Colón del Poblenou. 1972-1973». En: Trujillano y Gago (eds.), IV Jornadas historia y fuentes orales (1994) pp. 439-455. <<

[591] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Segovia, 1973, AGA-I 11440. <<

[592] Ministerio de Información y Turismo, Reservado, Informe provincial del 22 al 28 de septiembre, [1971], AGA-C 605. <<

[593] [Ministerio de Información y Turismo], Reservado, Radiografía urgente del Episcopado español actual, Junio de 1973, AGA-C 560. <<

[594] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Navarra, 1969, AGA-I 488. <<

[595] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Alava, 1970, AGA-I 500. <<

[596] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Vizcaya, 1970, AGA-I 500. <<

[597] Ídem. <<

[598] Javier Tusell, Carrero: la eminencia gris del régimen de Franco, Madrid: lemas de Hoy, 1993. El día en que Carrero fue asesinado estaba a punto de abrirse el Proceso 1001 contra diez líderes de Comisiones Obreras. Pese a que los acusados no tuvieran relación alguna con los eventos, existía el temor de que pudieran ser linchados por extremistas. Para un estudio del asesinato de Carrero y de sus repercusiones ver Equipo de Investigación de El País, Golpe mortal: asesinato de Carrero y agonía del franquismo, Madrid: El País, 1983. Aunque breve, una acertada introducción a ETA puede encontrarse en Patxo Unzueta, El terrorismo: ETA y el problema vasco, Barcelona: Destino, 1997. <<

[599] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Guipúzcoa, 1973, AGA-I 11438. <<

[600] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Álava, 1973, AGA-I 11436. <<

[601] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Barcelona, 1973, AGA-I 11436. <<

[602] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Oviedo, 1973, AGA-I 11439. <<

[603] Memoria de gestión del Gobierno Civil de La Coruña, 1973, AGA-I 11437. <<

[604] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Sevilla, 1973, AGA-I 11440. <<

[605] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Zaragoza, 1973, AGA-I 11440. <<

[606] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada, 1973, AGA-I 11438. <<

[607] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Málaga, 1973, AGA-I 11439. <<

[608] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Alicante, 1973, AGA-I 11436. <<

[609] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cáceres, 1973, AGA-I 11437. <<

[610] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Gerona, 1973, AGA-I 11438. <<

[611] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cuenca, 1973, AGA-I 11438. <<

[612] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Orense, 1973, AGA-I 11439. <<

[613] Memoria de gestión del Gobierno Civil de León, 1973, AGA-I 11439. <<

[614] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Teruel, 1973, AGA-I 11440. <<

[615] Para un análisis de la dinámica de esta aceleración ver Álvaro Soto Carmona (dir.), Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical (evolución socio-laboral de Madrid 1939-1991), Madrid: GPS, 1994. <<

[616] En base a la diferencia entre el índice de inflación y la subida retardada de los salarios entre abril de 1970 y febrero de 1975 el trabajador medio le dio a su patrón alrededor de 25 000 pesetas, cantidad que por entonces representaba aproximadamente el jornal de cuatro meses de un trabajador especializado en la industria del metal. José Iglesias Fernández, Precios, salarios e inflación en España, Madrid: Cuadernos Para el Diálogo, 1975, pp. 15, 16, 24. <<

[617] Ídem. <<

[618] Si se entiende en cuestión de «millones de horas perdidas» había existido una tendencia al alza desde 1968 que se volvió generalizada después de 1973 (11 millones en 1973, 18 en 1974, 10 en 1975 y 110 en 1976), lo que explica que los trabajadores quedaran convencidos de que la huelga era su mejor herramienta. La mayoría de ellas se desarrollaban en áreas y sectores industriales como la metalurgia, la minería, la industria química, la industria textil y el sector de la construcción, pero también en el sector servicios como la banca, en el sector educativo y en el sanitario. <<

[619] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Barcelona, 1974, AGA-I 11442. <<

[620] Maravall, Dictadura y disentimiento político, p. 71. <<

[621] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Madrid, 1974, AGA-I 11445. <<

[622] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Granada, 1974, AGA-I 11444. <<

[623] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Sevilla, 1974, AGA-I 11446. <<

[624] Memoria de gestión del Gobierno Civil de La Coruña, 1974, AGA-I 11443. <<

[625] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cáceres, 1974, AGA-I 11443. <<

[626] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cuenca, 1974, AGA-I 11444. <<

[627] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Gerona, 1974, AGA-I 11444. <<

[628] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Teruel, 1974, AGA-1 11446. <<

[629] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Las Palmas, 1974, AGA-I 11445. <<

[630] Para la composición y psicología del ejército consultar Julio Busquets, El militar de carrera en España, Barcelona: Ariel, 1984; y José Antonio Olmeda Gómez, Las fuerzas armadas en el estado franquista, Barcelona: El Arquero, 1988. <<

[631] Ver Cazorla Sánchez, Franco, pp. 306-314. <<

[632] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Almería, 1975, AGA-I 11447. <<

[633] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Cuenca, 1975, AGA-I 11449. <<

[634] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Las Palmas, 1975, AGA-I 11451. <<

[635] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Zamora, 1975, AGA-I 11453. <<

[636] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Guipúzcoa, 1975, AGA-I 11450. <<

[637] López Pintor, La opinión pública española, p. 20. <<

[638] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Gerona, 1975, AGA-I 11449. <<

[639] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Orense, 1975, AGA-I 11451. <<

[640] Memoria de gestión del Gobierno Civil de Sevilla, 1975, AGA-I 11452. <<

[641] López Pina y López Aranguren, La cultura política de la España de Franco, p. 109. <<

[642] Ver Howard Penman y Eusebio Mujal-León, Spain at the Polb, 1977, 1979, and 1982: A Study of National Elections, Durham, NC: Duke University Press, 1985; y Richard Gunther et al., Spain after Franco: the Making of a Competitive Party System, Berkeley: University of California Press, 1988. <<

[643] Encarna Nicolás Marín et al., «Actitudes de la sociedad murciana en la etapa 1936-1978». En; Trujillano y Domínguez (eds.), V Jornadas historia y fuentes orales (1998) pp. 113-130. <<

[644] Francisco Sevillano Calero, Ecos de papel: la opinión de los españoles en la época de Franco, Madrid: Biblioteca Nueva, 2000, p. 206. <<