Antón Costas es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y presidente del Círculo de Economía. Autor de numerosos libros y artículos en torno a las políticas de liberalización, el análisis de reformas y la relación entre ideas e intereses, entre ellos, La crisis de 2008. De la economía a la política y más allá. Es columnista de El País, El Periódico y La Vanguardia. Junto a Xosé Carlos Arias es autor del libro La torre de la arrogancia (Ariel, 2ª edición, 2012)

Xosé Carlos Arias es catedrático de Política Económica en la Universidad de Vigo. Entre sus últimos libros publicados destaca la coedición de Nuevo institucionalismo: gobernanza, economía y políticas públicas (CIS, 2013), así como capítulos en libros de editoriales internacionales como Springer, Routledge o Intersentia. Es columnista de La Voz de Galicia. Junto a Antón Costas es autor del libro La torre de la arrogancia (Ariel, 2ª edición, 2012)

La economía de mercado ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas, al principio de una forma silenciosa y luego con notable estruendo. En el capitalismo de ahora destacan tres rasgos novedosos. El primero es la dimensión ultrafinanciera, con los mercados de capital situados fuera de cualquier escala razonable. El segundo, la creciente desigualdad, que origina amenazas para algunos de los grandes progresos que las sociedades avanzadas alcanzaron a mediados del siglo pasado. Y el tercero, una dinámica de internacionalización que abre nuevos caminos para la prosperidad, aunque también grandes riesgos, debido sobre todo a su composición muy desequilibrada.

Esos tres rasgos, que guardan densas relaciones entre sí, se vieron exacerbados a partir de la explosión de la gran crisis financiera de 2008. Pero también mostraron entonces sus múltiples e intrincadas contradicciones. Y no sólo en el ámbito estrictamente económico, en el que la posibilidad de un crecimiento lento en una perspectiva a largo plazo se ha ido haciendo cada vez más verosímil. También se plantean notables interrogantes para el futuro de la democracia, ya que la lógica de los mercados y la de la política democrática avanzan por sendas diferentes. Y en relación con todo ello, surge asimismo una amenaza para el proyecto de integración europea, pues la transformación económica de fondo ha acabado por mostrar las deficiencias estructurales sobre las que aquel proyecto fue diseñado.

En este libro, Xosé Carlos Arias y Antón Costas estudian con detalle las principales ideas y la sucesión de acontecimientos que están contribuyendo a la conformación de una nueva piel del capitalismo.

Serie Actualidad

Dirigida por Josep Ramoneda

Se puede optar por un pensamiento crítico que tomará la forma de una ontología de nosotros mismos, de una ontología de la actualidad.

MICHEL FOUCAULT

Edición al cuidado de María Cifuentes

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

info@galaxiagutenberg.com

www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: noviembre 2016

© Xosé Carlos Arias, 2016

© Antón Costas, 2016

© del prólogo: Josep Ramoneda, 2016

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2016

Imagen de portada: © Estudio Pep Carrió, 2016

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN Galaxia Gutenberg: 978-84-16734-64-1

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PRÓLOGO

¿Es posible moralizar el capitalismo?

1.- Dos economistas interpelan a la economía con preguntas que han sido sistemáticamente dejadas de lado por el mainstream del pensamiento económico, convertido en fundamento de la hegemonía ideológica actual. Este ejercicio de tomar distancia de la propia disciplina para entender mejor las transformaciones del mundo, adoptando un punto de vista que los acerca a otras perspectivas, como la filosófica, es para mí el gran atractivo metodológico de este libro. Late en la actitud de Xosé Carlos Arias y de Antón Costas una disposición crítica con el positivismo dogmático (o si se prefiere la ideología cientista) que entiendo como lo pretensión de propiciar el retorno de la economía a su casa: el regreso al hogar de las humanidades del que nunca debería haber escapado. Sin duda corren el riesgo de ser descalificados como «negacionistas», según el criterio de Pierre Cahuc y André Zylberberg, que equiparan a los que ponen en cuestión los hallazgos de la ciencia económica a los negacionistas de Auschwitz o del cambio climático. Fascinados por el modelo de las ciencias naturales, atraídos por este imán irresistible que es el poder, algunos economistas buscaron en el modelo científico la garantía de legitimidad intelectual de su trabajo, intentando tomar un atajo que les diera una autoridad irrefutable para convertirse en garantes de las políticas en curso. Olvidaban así el sabio consejo metodológico de Keynes: «La economía es una ciencia moral y no una ciencia natural. Apela a juicios de valores». De modo que la pluralidad del discurso económico es esencial para el propio devenir de la democracia.

Siempre he pensado que la pretensión de las ciencias sociales de homologarse a las naturales es un desatino, un salto epistemológico en el vacío. Y la asunción del principio de elección racional como sustento de esta pretensión lo ratifica. No ha servido para conocer mejor la compleja economía del deseo y de las elecciones humanas, sino para legitimar el modelo ideológico que ha dominado los últimos treinta años: la reducción de la experiencia humana a la economía y del ciudadano a sujeto económico autosuficiente. Algún día se escribirá –de momento sólo hay algún testimonio más bien periodístico– la historia de la relación entre mundo universitario y dinero en el camino que condujo hasta la crisis de 2008, en que se ha confirmado que siempre que se pierde la noción de límites, siempre que se cree que todo es posible, se alcanzan resultados catastróficos. En este viaje el discurso económico dominante y algunas de las más loadas instituciones académicas han dejado varios girones de su prestigio. Y no abundan los indicios que permitan pensar que se ha aprendido la lección. Lo cual hace especialmente atractiva la apuesta de Arias y Costas.

Desde Nietzsche no hay coartada para confundir la verdad verdadera de la falsa verdad o, dicho de otra manera, la verdad que nace del conocimiento y la verdad epocal de cada momento (aquellas ficciones que operan como verdades incontestadas e incontestables de una época). Y una de las tareas de las ciencias sociales es precisamente señalar –y no cegar– esta diferencia. Para ello hay que tomar distancia, es decir, asumir la perspectiva de las humanidades que tanto estorban a algunos. Las ciencias sociales se mueven en un territorio proceloso: su vocación es el conocimiento y su participación en el debate público las sitúa en el terreno de las opciones y de la toma de decisiones. Pretender que la política sea cautiva de una presunta (e incontestable) verdad científica de la economía, en pleno desprecio de la complejidad cultural, institucional y de la economía del deseo, es una vía directa al autoritarismo al reducir al ciudadano a hombre unidimensional.

2.- Sabido es que la fuerza del capitalismo es su capacidad de mutar y adaptarse a los cambios. Hay muchas decantaciones del capitalismo según cada lugar y circunstancia, Arias y Costas centran su mirada en cómo ha ido mudando su piel, después de los excesos del cambio de siglo y en la travesía de la crisis. Y lo hacen a partir de tres niveles de interpelación. A la propia disciplina económica: ¿qué vínculos existen entre los argumentos y la realidad? A la relación entre economía capitalista y política: ¿cómo encontrar el justo equilibrio entre la lógica del mercado y la lógica política del interés general? Al propio destino del capitalismo, en un momento en que parece incontestado e incontestable: ¿adónde va, cuáles son sus próximas decantaciones? No es irrelevante que Arias y Costas hablen de argumentos y no de teorías, definen con ello la interrelación entre pensamiento y acción propios de una cultura política democrática.

¿Qué encuentran en este recorrido? ¿Cuáles son las manchas más evidentes en la nueva piel del capitalismo? Ciertamente, lo primero que deslumbra la mirada es el cambio de escala, que desequilibra la relación entre poder económico –global– y poder político –nacional y local– y crea poderes contramayoritarios de dudosa legitimidad; el desplazamiento hacia una hegemonía ultrafinanciera –que acelera la secesión del dinero respecto a la sociedad–, el poder económico ya no tiene patria; y la marcada tendencia a la desigualdad, que se ha convertido en problema capital de los países antes llamados del primer mundo, donde inmensas clases medias habían llegado a creer que jamás volverían a beber de este cáliz. Estas tres tendencias podría decirse que en el razonamiento de Arias y Costas concluyen en una: «El notable deterioro del contexto moral en el cual opera la dinámica de los mercados». No sería la primera vez en la historia que, en un proceso de cambio de escala de la economía, lo primero que se globaliza es el dinero y el crimen. Poder de los monopolios sobre el mercado, impotencia de la política, ruptura del equilibrio entre capitalismo y democracia, facturas sociales irreconducibles, un proceso especialmente sensible en Europa, que ve cuestionado un modelo singular de bienestar y cohesión social que tenía ambición universal y que ahora es ridiculizado como melancolía del pasado.

3.- ¿Es posible la moralización del capitalismo? Arias y Costas buscan la salida a su reflexión crítica a partir de esta pregunta. Hablar de moral –que no es lo mismo que hablar de ética– nos sitúa en el terreno de los valores. Valores quiere decir prioridades, finalidades, marcos referenciales compartidos. ¿Conoce el capitalismo otra prioridad que los resultados? La desigualdad desvertebra la sociedad, excluye a amplios sectores de la ciudadanía del reconocimiento, alimenta las ideologías y creencias que desprecian a los perdedores, niega el derecho a las personas a una vida digna, y, sin embargo, el único argumento que adquiere carta de naturaleza es el de la eficiencia. Sólo si se prueba que la desigualdad es ineficiente para el sistema es susceptible de ser tomada en consideración en una cultura que sólo sabe de ganancias.

Cierto que los padres fundadores de la economía moderna y de la tradición liberal tenían la exigencia moral en sus oraciones. Decía Adam Smith que la admiración acrítica de la riqueza era «la causa más grande y más universal de corrupción de nuestros sentimientos morales». Y John Stuart Mill remachaba: «La idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es básicamente repulsiva». Pero, desde mi punto de vista, el problema es que capitalismo y moral son por definición incompatibles. La moral supone una idea de límites. Si tuviera que escribir una minima moralia la reduciría a dos principios: «No todo es posible». «Todo podría haber sido de otra manera.» El capitalismo busca la ruptura de los límites: siempre más. A la hora de decidir, el criterio es la cuenta de resultados. Gana el que crece. De modo que el capitalismo, que goza de una singular capacidad de adaptación y mutación que le permite sobrevivir de mil maneras, sólo es moralizable (susceptible de aceptar límites) bajo presión. Es decir, en una situación en que el rechazo a ceder amenace el cálculo de riesgos y beneficios.

Podría pensarse que los Treinta gloriosos, la Europa de los años cincuenta y sesenta, tan mitificados hoy por la nostalgia de lo perdido, son un momento de moralización del capitalismo. Fue la capacidad de intimidación de la Unión Soviética (y del movimiento obrero), el miedo, lo que hizo posible que se aceptaran las concesiones necesarias para una sociedad más equitativa. Cuando se acabó la amenaza, rápidamente se olvidó de nuevo la noción de límites. Y se abrió la senda naturalista: la falsa creencia de que la economía de mercado –un invento bien reciente– es el modo de hacer de la especie. Y que, por tanto, es una verdad irrefutable que está por encima de las personas y de las instituciones. Descrédito de la política, apología de los expertos, cuestionamiento de la soberanía, democracias descafeinadas en que se estrecha cada vez más el marco de lo posible, fractura social al alza.

La moral del capitalismo es nihilista, como se ha visto en los años noventa y en la primera década de este siglo: todo está permitido. Es la del beneficio y del crecimiento ilimitado. Si de lo que hablamos es de poner límites, el capitalismo, como tal, no es moralizable, su tendencia natural es al abuso de poder: quien gana arrasa, el perdedor no cuenta. Es la ciudadanía la que debe encontrar la respuesta moral (es decir, mover la hegemonía, cambiar los valores) y su traducción política. Lo que se puede y se debe hacer es ponerle los límites que la dinámica capitalista nunca se pondrá espontáneamente. Y esto sólo tiene un marco posible: la política democrática. El poder político en tanto que poder de los que no tienen poder. Y para eso hay que defender la autonomía de la política, hoy tan devaluada, y la fortaleza de las instituciones democráticas, hoy minadas por la corrupción y por un burocratismo estéril.

La relación entre capitalismo y democracia es un equilibrio muy precario, siempre con riesgo para la democracia. En realidad es una contradicción en los términos: el principio económico de desigualdad, frente al principio político de igualdad. No hay nada natural en la relación entre capitalismo y democracia. Y está probado que el capitalismo se mueve a su antojo en sistemas autoritarios, de la España de Franco al Chile de Pinochet, los ejemplos son legión. Si faltaba alguna prueba, se ha demostrado la fulgurante compatibilidad entre el despotismo asiático –aún disfrazado de comunismo chino– y el crecimiento y el desarrollo capitalista. Sólo una política democrática eficiente, asentada en la soberanía de los ciudadanos, puede poner coto a los excesos espontáneos del capitalismo. La democracia es un ingenio delicado para evitar el abuso de poder. Por eso son tan peligrosas las doctrinas en curso que pretenden trasladar su eje de la ciudadanía a los expertos (constructores de las falsas verdades del momento), de la participación a la indiferencia, de la confrontación ideológica al discurso del «No hay alternativa». Contra este estado de cosas reaccionan dos economistas humanistas, Xosé Carlos Arias y Antón Costas, que, en la vorágine, abogan por un capitalismo inclusivo «capaz de reconciliar la lógica económica con una idea de democracia y moral cívica», como base de construcción de un nuevo progresismo que nos salve «de la decadencia y la barbarie».

JOSEP RAMONEDA

Introducción

I

Más de ocho años han transcurrido desde que un abismo se abrió en la economía internacional con la caída del banco de inversión Lehman Brothers. En aquel momento, a lo largo de unas pocas horas o días, el mundo descubrió que las bases de la economía eran mucho más frágiles de lo que se creía, percibiendo de pronto que toda una era tocaba a su fin: aquel período de más de dos décadas que con buenas dosis de voluntarismo muchos habían comenzado a llamar la Gran Moderación. En el otoño de 2008 tanto en la academia como en los gobiernos o las agencias internacionales muchos observadores detectaron que el sistema financiero global se encontraba ante un riesgo muy real de colapso, advirtiendo del terrible impacto que ello tendría sobre la actividad productiva o el comercio mundial. Las comparaciones con la Gran Depresión de los años treinta no tardaron en aparecer.

Ciertamente, a lo largo de estos últimos años hemos visto fenómenos que creíamos habían quedado ya muy alejados en la historia: una persistente situación de trampa de liquidez; amenazas de deflación; la puesta en marcha de políticas monetarias completamente contrarias a lo que los manuales señalaron durante décadas como buenas prácticas; la posibilidad de una cadena de insolvencias de estados de países desarrollados… En relación con todo ello, lo que ahora cabe preguntarse es, después de tantos años, hasta qué grado los problemas que surgieron a lo largo de aquel durísimo otoño del inicio de la crisis, y los que fueron apareciendo en los años siguientes, han sido ya corregidos.

¿Lo han sido? Sólo en cierta medida, lo cual, después de tanto desgaste y sufrimiento, representa un resultado altamente decepcionante. En este libro se pasa revista a esa evolución, examinando las razones de lo que no puede calificarse sino como fracaso colectivo. En el fondo de ese análisis irá apareciendo la idea de que, con la gran crisis financiera y sus consecuencias, algunos de los lazos principales que nos unían al pasado en el complejo tejido de nuestros problemas económicos ya se han roto. Y con ello, una diversidad de tendencias, amenazas, oportunidades y riesgos nuevos se van afirmando ante nuestros ojos de cara al futuro (al menos en la perspectiva de la próxima década).

Es obvio que el peso de las distintas regiones del globo está cambiando (probablemente en favor de lo que solíamos llamar países en desarrollo), pero para el mundo industrializado es difícil no atisbar un largo período de crecimiento mediocre y una crónica y recurrente inestabilidad macroeconómica, al menos en el caso de permanecer en la inercia de las actitudes y respuestas políticas de los últimos años. Algo que vale, sobre todo, para el caso de la vieja y querida Europa. ¿Qué habría que cambiar, dónde situar el énfasis para proceder a un verdadero viraje que permita dejar atrás las apagadas expectativas actuales? Aunque en ningún caso pretendemos recoger un inventario extenso de posibles alternativas y soluciones, en los capítulos que siguen se intenta detectar los principales errores del pasado reciente y los nudos que sería necesario aflojar para ver el tiempo que viene con mayor optimismo. Lo que en último término nos proponemos con este ensayo es introducir una reflexión general sobre el sentido histórico de esta crisis.

II

Son características de las coyunturas históricas críticas la revisión de creencias, el surgimiento de argumentos nuevos y la apertura de debates generales sobre las grandes cuestiones, o sencillamente en torno a asuntos –algunos de los cuales afectan al núcleo de la vida económica o social– que en los tiempos de bonanza parecían zanjados. ¿Cabe observarlo en relación con esta crisis? Uno de los principales objetivos de este libro es estudiar precisamente esa cuestión, sobre todo en relación con tres puntos que nos parecen capitales: en primer lugar, ¿qué vinculo existe entre argumentos económicos y realidad? Es decir, las ideas económicas ¿verdaderamente importan, tienen consecuencias sobre la evolución de los hechos en la economía, la sociedad y la moral pública? En segundo lugar, en una economía capitalista avanzada, ¿cómo aproximarnos a lo que debe ser una posición equilibrada y fecunda en las relaciones entre el mecanismo de mercado y las soluciones de intervención pública? Y tercero, ¿cuál es la dinámica actual de transformación del capitalismo, hacia dónde se encamina en sus tendencias profundas?

No hará falta insistir en que las anteriores son cuestiones de gran calado. Si las abordamos aquí es porque pensamos que las respuestas a esos interrogantes se han ido enriqueciendo y llenando de contenidos o matices nuevos a la luz de lo acaecido en los últimos años. A lo largo de los capítulos que siguen se irán presentando múltiples reflexiones sobre esos tres ejes capitales, en torno a los cuales se está estableciendo, no solamente la forma de salida de la crisis, sino también el tablero de juego de la economía internacional –y de las relaciones económicas, políticas y sociales dentro de los diferentes países– probablemente para varias décadas.

En relación con la primera de esas grandes cuestiones –la trascendencia de los argumentos económicos–, no cabe duda de que el orden de ideas previo a la crisis estaba dominado por una mentalidad próxima a la de aquel personaje de Voltaire, el doctor Pangloss, que siempre incluía en sus respuestas la convicción de estar «en el mejor de los mundos posibles». La ilusión de infalibilidad cientifista de la teoría económica, absolutamente predominante en las décadas de expansión, llevó a muchos de los más laureados economistas a pregonar que al fin habíamos alcanzado un estado de progreso indefinido y sin sobresaltos, en el cual la propia noción de ciclo, o la posibilidad de una desestabilización profunda, estaban fuera de lugar. Las consecuencias de ese sistema de ideas, que lejos de quedar restringido a las aulas universitarias o los seminarios de institutos sofisticados llegó a ser ampliamente compartido por empresarios, banqueros y responsables políticos, fueron muy graves: el exceso de confianza, la pérdida de la noción de los grandes riesgos contraídos, y la dilución progresiva de los elementos de control y regulación de unos comportamientos económicos en los que el sesgo especulativo era cada vez más visible. Las grandes y dramáticas sorpresas de 2008 tuvieron mucho que ver con todo eso.

La crisis supuso, por tanto, entre otras cosas, un gran golpe en el plano intelectual. A partir de ahí, las llamadas a un rápido e intenso viraje teórico se sucedieron con fuerza, pero más que dar lugar a un paradigma nuevo, lo que hemos ido viendo ha sido un importante grado de confusión, con muchos debates abiertos y la aparición brusca de múltiples heterodoxias, pero también fuertes (y en algunos aspectos muy exitosos) intentos de regreso al orden, con algunos de los supuestos y razonamientos que habían caído en el mayor de los descréditos durante las fases iniciales de la Gran Recesión ocupando de nuevo un amplio espacio en la generación de opinión económica. Y más aún, influyendo de un modo perceptible sobre la formación de políticas económicas.

La segunda gran cuestión en la que nos centraremos es la evolución contemporánea de la idea de mercado y la consiguiente alternativa entre soluciones de mercado e intervención pública. Ya se sabe que ésta es la cuestión sobre la que más se ha discutido entre los economistas desde finales del siglo XVIII. Si hay algo que podemos concluir con toda firmeza de ese largo debate es que, cuando la alternativa se ha planteado en términos absolutos y exclusivos (léase libre mercado para todo o economía estatalizada al modo de los sistemas de planificación central), no han tardado en sobrevenir grandes desastres. En el caso del argumento del libre mercado su punto de partida suele ser –más allá de señalar que es un mecanismo que permite por lo general obtener las mayores dosis de eficiencia en las relaciones económicas– que se trata de un fenómeno natural y espontáneo, de modo que lo artificioso es introducir maquinarias externas y por encima de él, como la del Estado.

Lo que podemos llamar fundamentalismo de mercado ha influido decisivamente en las actitudes de la mayoría de los actores económicos a lo largo de las últimas décadas. Hasta el punto de convertirse en elemento central de la famosa TINA (There is no alternative), lema que presidió la propuesta de política económica mínima, que ocupaba casi todo el espacio ideológico-doctrinal antes de 2008. A pesar de que en aquellos años también se fue extendiendo la literatura sobre los fallos de los mercados (por ejemplo, los de información), su proyección sobre la política y las mentalidades fue bastante escasa. Y todo ello se daba en unas condiciones en las que las finanzas ocupaban un espacio cada vez mayor de la actividad económica, con lo que en el centro del escenario de la economía globalizada se situaban comportamientos de naturaleza especulativa y, por tanto, de alto riesgo (cuando no de total incertidumbre).

La Gran Recesión mostró la condición quimérica de esta visión. Desde entonces se han generalizado las discusiones sobre el fallo de mercado, y también sobre los supuestos metodológicos de algunas de las teorías más frecuentadas por los partidarios radicales del libre mercado (nos referimos a las hipótesis de expectativas racionales y eficiencia de los mercados). Pero, más allá de eso, se hace necesario recuperar la simple pero fundamental idea de que los mercados son simples creaciones humanas, no hechos espontáneos de la vida, y que es imprescindible edificar instituciones y estructuras organizativas muy complejas, y generalmente también muy caras, para que puedan funcionar con cierta normalidad.

III

De la gran crisis financiera puede decirse, por tanto, que representa una línea divisoria en la historia del capitalismo contemporáneo: ésa es la tercera y fundamental cuestión que aquí exploraremos. Sin embargo, posiblemente es más acertado proclamar que, en realidad, en los últimos años se ha exacerbado y hecho al fin muy visible una deriva que el capitalismo fue adquiriendo a lo largo de los últimos treinta años. Básicamente, nos referimos a tres tendencias tan firmes como inquietantes que serán estudiadas en detalle en las páginas de este ensayo: la primera es la desmesurada escala y la importancia cualitativa adquirida por los mercados de capital, que permite hablar de capitalismo ultrafinanciero. La segunda es la desigualdad rampante como marca y seña, lo que hace que grupos sociales muy amplios queden excluidos de su dinámica básica y de los objetivos de progreso que supuestamente persigue (por tanto, un capitalismo no inclusivo). Y la tercera, el choque creciente con la democracia, que se concreta en la percepción generalizada de que son los mercados quienes mandan, y que a los gobernantes democráticos no les queda sino aceptar pasivamente sus diktats. En algunos aspectos, sobre todo el de la desigualdad, la situación actual de los países desarrollados recuerda a la de hace un siglo, cuando el capitalismo presentaba unas características que lo hacían odioso para amplias capas sociales, y que fueron quedando atrás gracias a las grandes reformas sociales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Desde ese punto de vista, y en una perspectiva de largo plazo, el capitalismo sin límites se muestra como el peor enemigo de sí mismo. ¿Puede el capitalismo salvarse de sí mismo? Un buen número de reflexiones contenidas en este ensayo se refieren en primera instancia a procesos y propuestas de índole más concreta, ya sea la necesidad de recuperar equilibrios en el sistema productivo, o la generación de políticas a favor de una mejor distribución de la renta. Pero, en última instancia, muchas de esas reflexiones remiten a la necesidad de ofrecer una respuesta en positivo a la pregunta que acabamos de formular.

Porque reconciliar capitalismo y democracia exige reformas profundas. Durante los últimos años, se ha repetido mucho la demanda de reformas estructurales, haciendo casi siempre referencia a la necesidad de mejorar el grado de eficiencia de determinada economía –y el caso de España sería aquí fácilmente reconocible–, para obtener ganancias de competitividad ante las posiciones cada vez más fuertes de algunos nuevos países (como los emergentes) en el comercio internacional. Algunas de esas reformas eran necesarias, otras acaso no tanto, pero en una visión de conjunto presentaron el problema de ser unilaterales, originando a veces más problemas de los que resolvieron. Por eso, las reformas de las que nosotros hablamos debieran ser equilibradas en el reparto de sus costes y beneficios, y llegarse a ellas a través de amplios acuerdos, pues sólo así será posible regresar al camino, hoy tan añorado, de un capitalismo inclusivo.

IV

Este libro se divide en tres partes. En la primera (capítulo 1), presentamos los principales problemas y tendencias que más adelante serán examinados con un mayor grado de detenimiento. Lo hacemos partiendo de su identificación en los años recientes, intentando detectar cómo ha sido su evolución desde el comienzo de la crisis. Lo hemos titulado «Algo habremos aprendido», partiendo de la idea de que todo período de dificultad lo es también de aprendizaje. En este caso, el descubrimiento más notorio fue el asombroso olvido de algunos problemas económicos básicos en el que mayoritariamente cayeron las sociedades desarrolladas durante el período de expansión. A partir de 2008, sin embargo, conocimos –o, mejor, recordamos– el peligro que representan las deudas fuera de cualquier escala razonable. Comprendimos que muchos de los esquemas y argumentos teóricos que durante treinta años se usaron para interpretar la economía y sus avatares eran platónicos en alto grado. Y también comprobamos que la democracia no es una conquista definitiva, sometida como ha estado en los últimos años a notables presiones desintegradoras y a un aumento del malestar. Sólo entonces hemos reconocido lo frágil de nuestra prosperidad.

La segunda parte se adentra en un estudio más detallado de los hechos económicos que parecen ir confirmando el fenómeno que justifica el título de este ensayo. Comenzamos, en el capítulo 2, analizando la evolución de las principales variables económicas desde 2008. En particular, seguimos la pista al difícil proceso de desendeudamiento, en torno al cual aparecen numerosos contratiempos colaterales. El más importante, la tendencia al estancamiento que parece estar asomando con fuerza en economías muy variadas, particularmente las europeas. Se presenta también la evolución de las principales políticas que se han desarrollado en estos años para hacer frente al marasmo. Por último, se estudia la evolución de las reformas financieras en este período, en las que algunos avances se han alternado con profundas decepciones. En el capítulo 3 estudiamos lo que consideramos es la peor cara del capitalismo contemporáneo, la creciente e intolerable desigualdad, que en distintos aspectos ha empeorado con la crisis. Debatimos ahí sobre la naturaleza y el origen del problema y proponemos algunas vías para ponerle coto. Por su parte, en el capítulo 4 nos centramos en la muy azarosa evolución del proceso de integración europea en estos años en los que –aquí también con pasmo– hemos reconocido que el sistema de unificación en el euro está mal resuelto, y que de no darse pasos hacia importantes cambios institucionales y, sobre todo, hacia un cambio en la mentalidad y la concepción del liderazgo, ese proyecto está seriamente amenazado por la ruina.

La tercera parte trata sobre la cultura económica del nuevo capitalismo. Es decir, nos acercaremos ahí a las ideas y controversias que más agitación han registrado en los últimos años, en algunos casos de un modo claro, en otros todavía incipiente y no del todo satisfactorio. En el capítulo 5, tomamos dos ideas, radicalmente equivocadas que fueron ampliamente usadas en momentos diferentes, no sólo por economistas académicos, sino también, y sobre todo, por parte de los gobernantes más decisivos. Una de ellas –la de la eficiencia del mercado– predominó antes de la crisis; la otra, la austeridad expansiva, a partir de 2010: lo que las une es que, hasta que se demostró su fondo equivocado, tuvieron grandes y muy negativas consecuencias. En el capítulo 6 trataremos sobre la idea de mercado, sin duda el mejor mecanismo conocido para la asignación eficiente de los recursos. Sin embargo, mostraremos que, en contra de una concepción muy extendida, los mercados no son un fenómeno natural, sino que en muchos casos han sido fruto de la acción de los estados. Abordaremos también la cuestión de los límites que los mercados tienen para resolver por sí solos los problemas, así como otra discusión largamente postergada: la de sus límites morales. Ya en el capítulo 7 examinaremos el modo en el que algunos conceptos económicos que fueron muy importantes en el pasado –como el de ciclo o el trade-off entre objetivos de política económica– resurgen ahora con fuerza, y se proyectan hacia el futuro como algo de uso imprescindible para comprender a qué tipo de dificultades nos enfrentaremos en los próximos años. Al final aparecerá un concepto de política económica en el que, lejos de la idea simplista que predominó en el último cuarto del siglo XX, la complejidad y la dificultad de elección son las notas dominantes.

Finalizamos con una conclusión general en la que quedará bien perfilada esa nueva piel del capitalismo de la que hablamos. Una piel bajo la cual, la economía y la democracia se seguirán debatiendo en sus laberintos.

Este ensayo se ha beneficiado de los comentarios y el estímulo crítico de un buen número de colegas y amigos. Entre ellos debemos reconocer expresamente nuestro agradecimiento a Javier Bilbao, Gonzalo Caballero, Pablo Iglesias-Rodríguez, Santiago Lago, Ramón Máiz, Tomás Mancha, Albino Prada, Josep Ramoneda, José María Serrano Sanz, Felipe Serrano y Ramón Villares. Y también, desde luego, a María Cifuentes, por su atenta y muy cuidadosa labor de edición.

CAPÍTULO 1

Algo habremos aprendido

Después de cada guerra / alguien tiene que limpiar./

No se van a ordenar solas las cosas, / digo yo.

WISLAWA SZYMBORSKA,
«Fin y principio»

En el último párrafo de nuestro anterior libro escrito a dos manos, La torre de la arrogancia, segunda edición de 2012, describíamos nuestra percepción de que «hay una corriente de fondo que empuja hacia un, azaroso pero muy real, retorno del “arte” de la política económica. Un fenómeno que formaría parte de un proceso de cambio económico, político y social más amplio, que aquí hemos denominado, en referencia a una obra clásica del pasado, una “pequeña gran transformación” en la relación entre poder de los mercados y poder de la política. ¿O tal vez no tan pequeña?». Esa obra clásica es la que Karl Polanyi publicó en 1944 (The Great Transformation), en la que consiguió dar una explicación cabal de la cadena de desastres ocurridos durante el período de entreguerras y los cambios trascendentales que se produjeron a partir de ahí en la economía y el conjunto de la vida social del mundo desarrollado.

Cuando ya han transcurrido varios años muy difíciles, tanto en lo económico como en lo político, sobre todo en Europa, desde la publicación de aquel libro, cabe preguntarse si efectivamente ahora estamos más cerca de un escenario como el descrito en el apartado anterior. ¿Lo estamos? A primera vista desde luego no lo parece. Los desesperantemente lentos procesos de recuperación de la economía han traído consigo no sólo el retorno, sino incluso una exacerbación de los límites que la dinámica de los mercados imponen al funcionamiento de las democracias. No es raro que por todas partes surjan lamentos en torno al «deterioro de la calidad de la democracia», o incluso vivas alarmas sobre la capacidad de supervivencia de ésta en el largo plazo. Pero una mirada más atenta detecta sugestivos intersticios en los que los elementos de cambio se cruzan con las inercias del pasado, y a veces las anulan. Es esa mirada la que se intenta fijar en este libro.

Para hacerlo, es imprescindible no sólo indagar en la situación de la economía y sus tendencias, sino ir más allá. Por ejemplo, al hablar de las reformas –una palabra que ha percutido de un modo constante en la opinión pública de la mayoría de los países en los años recientes– creemos que no basta con estudiar sus posibles efectos estrictamente económicos; por el contrario, es fundamental tener en cuenta el juego político en el que tienen lugar y la forma en la que distribuyen sus impactos en la estructura social. En ese sentido coincidimos con dos importantes economistas contemporáneos, Daron Acemoglu y James Robinson, cuando afirman: «Las reformas económicas introducidas sin comprender sus consecuencias políticas, más que promover la eficiencia económica, pueden significar su reducción».1 Si de algo trata este ensayo es de asuntos de economía política.

UN DETERIORO ECONÓMICO EN BUENA
PARTE AUTOINFLIGIDO

Todo ello tiene que ver, en primer lugar, con lo extraordinario del deterioro económico experimentado por numerosos países en estos años. En efecto, se puede afirmar que la sucesión de acontecimientos a partir de 2008 adoptó derivas funestas en muy diversos, y a veces inesperados, aspectos. Primero fue la gran crisis financiera que adquirió dimensión de catástrofe absoluta debido al ya célebre accidente de Lehman Brothers. Siguió la Gran Recesión, es decir, la intensísima caída de la actividad económica real que en 2009 adquirió carácter de hundimiento en el mundo industrializado. Continuó –ya en el ámbito europeo– con la crisis de deuda soberana, que estuvo muy cerca de hacer colapsar el conjunto del sistema de integración en el continente. Numerosos países, sobre todo los integrantes de la eurozona, se internaron en una segunda y dolorosa recesión; y algunos de ellos incluso llegaron a tocar la tercera, algo de lo que hay muy pocos precedentes para períodos semejantes en toda la historia del capitalismo. Finalmente, y para colmo, ante lo limitado de las reformas en el sistema financiero global, se han vuelto a originar burbujas en algunos mercados, aumentando los temores de que sobrevengan nuevos episodios de inestabilidad. Con esa sucesión de desastres, se hace difícil recordar que en estos años también se han producido algunas sorpresas positivas, como el buen comportamiento de los mercados emergentes durante la primera fase de la crisis y el hecho de haberse evitado, al menos por el momento, la aparición de una nueva era de proteccionismo generalizado que, en algún momento, pareció ineludible.

De lo que no cabe duda, en todo caso, es de que la valoración de urgencia hecha por muchos observadores en el dramático otoño de 2008 acerca de que estábamos ante un momento histórico de viraje, y que la única comparación posible con el pasado remitía a la década de 1930, se ha visto plenamente confirmada en estos años. Un autor norteamericano, Bradford DeLong, ha llegado a hablar de La Grandísima Depresión, lo cual puede parecer exagerado, pero no lo es tanto cuando nos fijamos en algunos países de la eurozona y comparamos su PIB actual y el que en 2007 se estimaba que alcanzaría: si se hace así, las pérdidas de producción acumuladas en los años de crisis superan el 20 % en un buen número de países.2 Como poco, estamos viviendo en una de esas que se suelen llamar décadas perdidas, algo evidente en países como España, donde los cálculos apuntan a que, pese a la reciente recuperación, hasta 2017 probablemente no se recuperará el nivel previo a la crisis.

Son muchos los analistas, sin embargo, que de un tiempo a esta parte van más allá de esa constatación para advertir que estamos ante un período de prolongado estancamiento y deflación o, al menos, de escaso crecimiento de la actividad económica. El argumento del estancamiento secular (secular stagnation) ha sido muy frecuentado en la literatura económica desde que lo resucitara el economista Lawrence Summers a finales de 2013. Si bien no se trata de una idea nueva, en el capítulo siguiente mostraremos que es ahora cuando se está utilizando con profusión para intentar descifrar las dificultades del porvenir. Y es que la posibilidad de estar ante un lento crecimiento prolongado y la dificultad de crear empleo aparecen como un nuevo rasgo de la piel del nuevo capitalismo en el presente siglo. El precedente japonés de las dos últimas décadas resulta aterrador. Pero lejos de lo que creía el personaje de Denis Diderot, Jacques le Fataliste, la historia no está escrita en el cielo y podrían sobrevenir hechos nuevos que rompan radicalmente con esas tendencias que ahora llevan al pesimismo. Hablamos, por tanto, de un riesgo, no de una tendencia inexorable, pero está fuera de duda que los fenómenos vividos a lo largo de estos años dejarán heridas duraderas.

Una de las características más llamativas de esa cadena de dificultades y daños económicos que han venido después de la crisis de 2008 es que han sido, en buena medida, autoinfligidos. En realidad, algunas de las principales políticas dirigidas a atajar los problemas o bien los agravaron considerablemente o dieron origen a otros nuevos. Destaca aquí el llamado austericidio dentro de la eurozona, es decir, la obsesión por aplicar una política de consolidación fiscal a toda costa, en todas partes y a velocidad de crucero. Esta obsesión ha llevado a aplicar políticas de recortes de los gastos sociales y de aumento de impuestos que, en una situación de debilidad del consumo y la inversión del sector privado, lo único que han hecho es debilitar aún más la economía y, como consecuencia, aumentar las presiones sobre el déficit y la deuda. Ciertamente, había razones para la consolidación fiscal, pues la atención a los desequilibrios en las cuentas públicas se hacía obligada cuando los niveles de deuda pública se colocaron en sendas difícilmente sostenibles, en 2009. El error gravísimo fue actuar como si se tratara de la única necesidad y hacerlo a corto plazo. Éste ha sido un buen ejemplo de cómo las ideas –en este caso, una mala idea– tienen consecuencias.

IDEAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS

A partir de 2010, la política económica europea se edificó sobre tres ejes principales que tuvieron una fuerte influencia sobre la política económica. El primero fue el ya mencionado ajuste radical y a corto plazo del déficit público, que se constituyó en referencia única para la política fiscal hasta bien entrado 2015 (año en que los ajustes, sin desaparecer, se atenuaron notablemente). El segundo fue la búsqueda de la consolidación de la credibilidad antiinflacionista del Banco Central, que se transformó en faro de referencia para la política monetaria; aunque en este caso, afortunadamente, sólo hasta la última parte de 2012. Y, el tercero, la puesta en marcha en los países de la eurozona de reformas como la del mercado de trabajo para facilitar la flexibilización de las condiciones laborales y la reducción de los salarios. Los tres planteamientos se revelaron con el tiempo, al menos en parte, como equivocados.

En el caso de la presión sobre los salarios, la lógica preocupación por recuperar competitividad exigía en las nuevas condiciones de los mercados internacionales un esfuerzo de contención. Pero la presión ha sido tan fuerte (en España, una bajada de en torno a un 9 % en cinco años) que ha supuesto un obstáculo importante para la recuperación de la demanda interna, dañando las posibilidades de una verdadera recuperación. Así han acabado por reconocerlo organismos que inicialmente impulsaron esa línea de reforma como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3 Sin embargo, el principal problema de las reducciones salariales continuadas no ha sido esa rémora sobre el consumo, sino que ha señalado un pésimo camino para la ganancia de competitividad y la mejora del potencial de crecimiento a largo plazo. Incidiendo en lo más fácil políticamente –bajar salarios en presencia de desempleo masivo y debilidad sindical–, se han olvidado las genuinas fuentes de un crecimiento sólido y sostenido: las reformas orientadas a introducir mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, la mejora de la educación, el soporte científico-tecnológico avanzado y las buenas instituciones. En esos campos, como veremos, la mayoría de los países de la periferia europea han registrado retrocesos significativos. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha constatado en 2016 la prioridad otorgada a las reformas económicas que, en una situación de recesión, tienen un efecto depresivo sobre la actividad económica, mientras que se han pospuesto aquellas otras que, como las de liberalización de los mercados de bienes, tienen la virtud de mejorar a corto plazo la eficiencia en la asignación y aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo.4

Por su parte, la obsesión por la amenaza de inflación demostrada por el Banco Central Europeo (BCE) durante la primera parte de la crisis, coincidiendo con la presidencia de Jean-Claude Trichet, es un ejemplo clarísimo de la importancia que puede llegar a tener la inercia de las ideas del pasado. Establecido desde los años noventa el principio de que el único objetivo de la política monetaria es la ausencia de inflación, las autoridades monetarias de Fráncfort tardaron un tiempo inverosímilmente largo en reconocer que, si había un verdadero enemigo, era el contrario: la deflación. Decimos inverosímil porque eso ya era obvio para otros muchos bancos centrales desde años atrás. En esos años, un grupo creciente de macroeconomistas propusieron superar los estrechos objetivos de inflación establecidos en la década de los ochenta, de en torno a un 2 % anual, para así ganar márgenes para los instrumentos de política.5 Pero tuvieron poca influencia. El conglomerado tecnocrático-intelectual de la banca central europea continuó defendiendo, bajo la dogmática vigilancia del Bundesbank, el banco central alemán, su vieja y casi única idea de inflación cercana a cero. Hubo que esperar a la llegada del italiano Mario Draghi a la presidencia del BCE y a su ya famoso discurso de rectificación de la política monetaria, pronunciado en agosto de 2014 en la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, en el que señaló a la «inflación persistentemente baja» como un peligro real para todos y reclamó por primera vez una política fiscal activa.6

Pero ya hemos señalado que la principal dirección de la política económica en Europa la ha marcado el ajuste fiscal compulsivo. Como mostraremos más adelante (capítulo 5), en este ámbito encontramos un ejemplo muy acabado de una idea de apariencia rigurosa –la denominada austeridad expansiva– que sirvió para la legitimación intelectual de una política que, en realidad, acabó por tener importantes consecuencias prácticas negativas. Y ello a pesar de que tal argumento no tardó en quedar desacreditado, cuando nuevos y bien fundamentados cálculos mostraron que el impacto negativo de la consolidación fiscal sobre su propio crecimiento (el llamado «multiplicador fiscal») era muy grande, mucho mayor en todo caso que su contribución a los objetivos de reducción del déficit y la deuda del sector público.

Cálculos mal hechos, teorías equivocadas. El problema es que, por el camino, unos y otras produjeron resultados que afectan gravemente a la vida de los ciudadanos. Y es que, por mucho que un gran número de economistas académicos –acaso la mayoría– se vean a sí mismos como científicos puros, la experiencia de estos últimos años demuestra que las ideas realmente importan (y no siempre para bien, como un idealismo trivial imagina). En estas materias, las ideas y los intereses frecuentemente se intersectan, tendiendo a generar juegos redistributivos y, en último término, juegos de poder.

EL DIFÍCIL CAMBIO EN LAS IDEAS ECONÓMICAS

Los argumentos económicos contienen innegables elementos morales. Esta afirmación, que no hubiera extrañado a Adam Smith –después de todo, un filósofo moral– ha provocado muchas sonrisas en algunos sofisticados departamentos de Economía en el pasado reciente. Pero emerge con gran fuerza descriptiva tras estos años de dificultad, hasta el punto de que ahora no extraña –como posiblemente hubiera ocurrido hace unos años– que una importante revista, Journal of Economic Perspectives, haya dedicado a estas cuestiones uno de sus números recientes, incluyendo títulos como «Reclaiming Virtue Ethics for Economics».7 Para avanzar por ese camino afortunadamente contamos con guías intelectuales tan poderosas y vivas como las de Amartya Sen o Michael Sandel, quienes, por cierto, durante los años de crisis, han producido algunos trabajos luminosos, aunque con importantes diferencias entre sí, en torno a los espacios de intersección entre economía, moral y filosofía política.8

En todo caso, las ideas económicas han vivido un período bastante tumultuoso a partir de 2008, momento en que, de un modo muy brusco, pareció abrirse un proceso de cambio muy rápido y radical –una verdadera revolución científica– en este campo del conocimiento. La razón era muy sencilla: muchos de los argumentos y conceptos que fueron capitales para la formación de la mentalidad con la que una mayoría de economistas se enfrentaban a la realidad en las décadas anteriores a la crisis financiera de 2008 –sobre todo las pretensiones de racionalidad general en los comportamientos de los mercados financieros y de estabilidad a largo plazo– se vieron dramáticamente desmentidos por la virulencia del desastre financiero.

Sin embargo, es verdad que a medida que fue trascurriendo el tiempo estas expectativas de mutación profunda en el pensamiento económico se vieron en gran medida frustradas. Es más, en algunas áreas de la economía se ha procedido a serios intentos de restauración de las viejas ideas. Desde luego, es sorprendente escuchar cómo se ensalzan de nuevo algunos nombres que tuvieron mucho que ver con los fiascos teóricos del pasado, y ello incluye la concesión del premio Nobel a algunos autores muy representativos de aquel orden de ideas, como Thomas Sargent o Eugene Fama. Todo eso ha llevado a algunos observadores, como el historiador de las ideas económicas Philip Mirowski, a concluir que nada ha cambiado, que «la crisis no ha logrado acabar con ninguna idea económica falaz». Para este economista se habría producido, por tanto, una verdadera «vuelta al orden». Su planteamiento es radical: «Ninguno de ellos [los economistas que habían errado] fue despedido por incompetente; ninguno tuvo que soportar rituales de degradación de su estatus. Los economistas no fueron expulsados de sus puestos en el Gobierno. Ningún departamento de Economía fue clausurado como medida de ahorro de costes…».9

Hay un punto, al menos, en que es obligado dar la razón a Mirowski. Con semejante grado de error en otras muchas profesiones, el resultado reputacional hubiera sido diferente. Sin embargo, nosotros no compartimos esa visión planteada en esos términos tan generales y tajantes. Tal y como señalábamos en nuestro libro anterior, La torre de la arrogancia, es característico de los procesos de cambio teórico que se enfrenten a dificultades no pequeñas, como el peso de la inercia mental, los intereses académicos establecidos (el hecho, por ejemplo, de haber invertido notables recursos económicos, intelectuales y de tiempo en la formación en un sistema determinado de ideas) e, incluso, el peso de los intereses de grupos políticos o económicos a los que aludía el apartado anterior.

En el campo específico de la economía, además, se dan algunas características de sociología del conocimiento que hacen difíciles y lentos los cambios profundos. La economía es, sin ninguna duda, la ciencia social más jerarquizada, con procesos de reclutamiento más definidos y cerrados, y la más «aislacionista» en relación con las demás, en el sentido de que gira en torno a sus propios conceptos y métodos ignorando otras disciplinas como la historia, la sociología o la teoría política. Los economistas se ven asimismo como los científicos sociales que en menor medida creen en las virtudes del conocimiento multidisciplinar: un influyente trabajo reciente muestra que solamente un 42,1 % entre los economistas norteamericanos cree en esas virtudes, frente a un 72,9 % de los sociólogos, un 68,2 % de los historiadores o un 59,8 % de los politólogos.10 Por ello se hace más difícil que abandonen su tradicional «arrogancia».

Por lo demás, la historia de las ciencias sociales nos enseña que en los procesos de transformación social el campo de las ideas suele experimentar períodos de transición, a veces dilatados. Se señala a menudo, con razón, que las grandes crisis económicas del pasado vinieron acompañadas de revoluciones científicas en el conocimiento económico; sin embargo, eso no ocurrió en ningún caso de un día para otro. La revolución keynesiana de los años treinta se prolongó durante más de una década a través de aportaciones diversas de economistas de distintas partes del mundo, por mucho que el libro de John Maynard Keynes de 1936 viniera a darle expresión cabal. Y con la revolución del «nuevo liberalismo» de los años setenta ocurrió algo parecido. Lo que en los últimos años hemos visto ha sido un panorama complejo y contradictorio, en el que es cierto que algunos argumentos que constituían la ortodoxia incontestable en 2008 por momentos se han oído más alto –y han tenido mayor incidencia sobre la formación de políticas– que nunca, al mismo tiempo que se han visto sometidos al fuego cruzado de la crítica pública.

Cualquier observador atento habrá detectado en el escenario del conocimiento económico a partir de 2008 tres características que estaban absolutamente ausentes durante las décadas anteriores. En primer lugar, un difuso pero constatable malestar en la comunidad académica, que ha conducido, por ejemplo, a que en diversos países se hayan multiplicado las discusiones en torno a la necesidad de dar un viraje significativo a los sistemas de formación de los economistas, introduciendo en mayor medida los estudios de historia económica o las corrientes ajenas al que hasta ahora ha sido mainstream.11 En segundo lugar, se detecta un creciente contraste de teorías, sobre todo en el ámbito más próximo a la política macroeconómica, asunto del que iremos tratando en los capítulos que siguen. Y en tercer lugar, hay también un refuerzo en los intentos de buscar algunos argumentos nuevos más allá de los marcos teóricos establecidos, que incluso tienen su ocasional reflejo en algunos trabajos de los equipos de investigación de organismos como el FMI, el Bank for International Settlements de Basilea (BIS) o el Banco de Inglaterra. ¿No son los anteriores elementos típicos de las crisis científicas?

Cuando observamos signos de cambio en el panorama de las ideas no pretendemos afirmar que estamos en presencia de una pérdida de influencia general del programa de investigación neoclásico, ni desde luego nosotros lo propugnamos en esos términos. No se dan dos condiciones imprescindibles para ello: ni ha surgido un programa analítico y metodológico alternativo con fuerte consistencia y capacidad explicativa superior, ni las ideas establecidas han fallado en todos los campos. Al contrario, mucho mejor nos hubiera ido a todos –para estar prevenidos ante la posibilidad de un gran shock en la economía internacional– si se hubiesen usado con más profusión algunos argumentos y modelos aparecidos en décadas anteriores y a los que el razonamiento neoclásico, quizás un tanto a regañadientes, había dado ya carta de naturaleza. Así ocurrió al menos con algunas aportaciones de la nueva economía de la información o de la nueva economía institucional.

Para los objetivos de este ensayo, la parte de los debates en curso que más interesan son los relativos a los supuestos de eficiencia natural e infalibilidad (omnisciencia) de los mercados financieros, claves en el sistema de conocimiento económico que predominó entre 1980 y 2007. Y aquí sí se detectan movimientos profundos hacia el cambio. La aplicación más radical de la idea de racionalidad a la macroeconomía y las finanzas –a lo cual hemos denominado en otro lugar «la ilusión ultrarracional de las finanzas»– ha quedado fuertemente desprestigiada en estos años, según han acabado por reconocer algunos de quienes fueron sus principales valedores en el pasado, entre ellos Alan Greenspan.

LA QUIMERA DEL DIOS MERCADO

En un ensayo reciente de amplia divulgación, el autor se pregunta: «¿Cómo es posible que en medio de una crisis de mercado se pronunciara la frase de Angela Merkel sobre una “democracia acorde con el mercado” y apareciera como una visión? Y ¿por qué se emprendieron esfuerzos para reparar los estados, pero no los mercados? La respuesta es: porque casi todas las élites políticas y sociales interpretan la teoría de que el mercado es más sabio que uno mismo como una ley natural».12 Quizá sea más correcto afirmar que en estos años se nos han abierto los ojos a una realidad con la que convivimos en las décadas de expansión y a las que la sociedad no parecía prestar suficiente atención: la apoteosis de la idea de mercado. Pero resulta ciertamente chocante que, después de lo ocurrido con el sistema financiero internacional en 2008, se siga afirmando que «los mercados» –ya se sabe que cuando se utiliza esta expresión se habla de los de capital– realizan sus asignaciones de recursos sin cometer errores sistemáticos; esto es, que nunca se equivocan.

El libre mercado es, sin duda, el mejor mecanismo conocido de organización económica. Dada la delicada combinación de sencillez y complejidad con que recoge la interacción entre los diferentes actores económicos, puede incluso usarse sin sonrojo la expresión «la maravilla del mercado», puesta en circulación por el economista liberal Friedrich Hayek. Pero, en contra de lo que Hayek creía, se trata de todo menos de un hecho natural. Muy por el contrario, los mercados son construcciones humanas. No nacen por sí solos, no se desenvuelven en un «orden espontáneo», sino que se crean con finalidades específicas. El ya mencionado Karl Polanyi demostró sobradamente este hecho fundamental en su análisis de la realidad histórica desde finales del siglo XVIII.

FINANZAS TEMERARIAS, FUERA DE ESCALA

La insistencia en la quimera de que el mercado es capaz por sí solo de resolverlo todo si se le deja operar con plena libertad resulta particularmente peligrosa cuando hablamos de finanzas, una actividad absolutamente basada en relaciones de confianza, taladrada hasta la médula por problemas de información asimétrica y de carácter intensamente cíclico. Con estos rasgos, aceptar que los mercados de capital son plenamente racionales y autosuficientes, y a partir de ahí poner obstáculos para su estricta regulación pública, solamente puede traer nuevos e importantes desastres.

Estas afirmaciones son hoy ampliamente compartidas, no sólo por la opinión pública de todo el mundo, sino también por numerosos expertos.13 Pero no lo eran antes de 2008: predominaba entonces una mentalidad que contemplaba los mercados de capital de un modo completamente ilusorio, viendo en su funcionamiento uno de los mejores ejemplos de la racionalidad colectiva que, supuestamente, la revolución de los flujos de información había traído consigo. Desde un punto de vista teórico ello se reflejaba en que la teoría predominante en este campo –denominada Hipótesis del mercado eficiente– daba por hecha la eficiencia natural de los mercados de capital. Y ello se traducía en una pléyade de estudios que llegaban siempre a parecidas conclusiones: el desarrollo de las finanzas, al margen de cual fuera su dimensión, se consideraba siempre como positivo para la marcha de la economía, ya se tratara de impulsar el crecimiento, dinamizar la capacidad creativa o favorecer la mejor distribución de la renta.

Toda esa visión –desde los supuestos a las conclusiones– está sujeta ahora a un escrutinio cruel, demostrándose que lo cierto es más bien lo contrario: que siendo el desarrollo financiero un factor de progreso económico cuando se mantiene por debajo de una determinada escala, se convierte en una gran rémora y una fuente de innumerables problemas al crecer con desmesura. En distintos lugares de este ensayo mostraremos hasta qué punto esos problemas constituyen graves amenazas para el futuro. Baste por ahora con recoger la profunda autocrítica que escribió en un importante artículo («Does Finance Benefit Society») el profesor de Harvard Luigi Zingales, uno de los autores que más contribuyó en el pasado a difundir aquella visión ilusoria: «Al defender todas las formas de financiación, sin distinguir el trigo de la paja, hemos perdido toda credibilidad para defender la contribución real de las finanzas».14

Todo eso ha ocurrido cuando los mercados de capital han alcanzado unas cotas superiores a cualquier momento del pasado. Cálculos más bien conservadores apuntan a una expansión de un múltiplo de 3,5 en el peso relativo de los instrumentos de financiación sobre la economía, entre 1980 y 2007. Instrumentos que, además, en una porción cada vez más importante, son altamente sofisticados. Productos complejos, fruto de actividades de bricolaje financiero de difícil comprensión, generados en una dinámica inacabable de innovación, desregulación e internacionalización. Un mundo de finanzas en gran medida temerarias y fuera de escala que, de hecho, se han convertido en la primera marca de identificación del capitalismo contemporáneo.

Cuando hablamos de extraordinario grado de complejidad no sólo estamos pensando en la aparición de nuevos productos o en la capacidad de realizar inversiones especulativas en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Hablamos también de una profunda transformación en la dimensión temporal de las transacciones financieras, dada su creciente velocidad, en unos términos casi inasibles. En pocos años hemos pasado de contar en segundos el tiempo de negociación de los contratos financieros a hacerlo en microsegundos y nanosegundos (equivalente a 10-9 segundos), en una vertiginosa carrera hacia cero.15

Naturalmente, eso es algo que está fuera de la escala y de las posibilidades de control de la decisión humana. De ahí que su funcionamiento vaya quedando en manos del nuevo y verdadero protagonista de las finanzas contemporáneas: las máquinas, grandes procesadoras de información a través del uso de modelos matemáticos que utilizan algoritmos de gran complejidad. Según un importante grupo de físicos, el mundo de las finanzas se encuentra ante «una nueva fase de ocupación plena por las máquinas, caracterizada por la proliferación de acontecimientos inferiores al segundo [la cual] muestra una correlación intrigante con el arranque del colapso financiero de 2008».16 La posibilidad de que en ese supuesto mundo perfecto de algoritmos algo se descontrole origina una posibilidad real de caos, en una distopía casi absoluta.17 Algo que, a muy pequeña escala, durante veinte interminables minutos ocurrió ya con en el famoso flashcrash de 2010, cuando Wall Street perdió 862.000 millones de dólares en su valor de capitalización (que en las horas siguientes fue recuperado).18

En el fondo de esta evolución tan desmedida está el hecho de que el capitalismo ha estado y continúa estando en trance de transformación en los últimos decenios. Y esa muda de piel se ha acentuado con la crisis. Algunos autores, como el politólogo norteamericano Robert Reich han hablado de supercapitalismo,19 pero desde nuestra perspectiva, como consecuencia de la dinámica de cambios descrita, hemos arribado a lo que parece más correcto denominar fase plena de capitalismo ultrafinanciero, una macrocefalia financiera del capitalismo en la que la dinámica del riesgo, el valor de la información, la velocidad de las transacciones y el peso de la deuda en la actividad económica alcanzan proporciones de gran desmesura, seguramente a una escala desconocida en la historia.

En el origen de ese gran salto de las finanzas desreguladas está, desde luego, la tecnología: la revolución de las tecnologías de la información estuvo más presente en este ámbito de la actividad económica que en cualquier otro. Pero también tuvo mucho que ver con ello la elección política. La desregulación e internacionalización de las finanzas fueron políticas deseadas por numerosos gobiernos, pero en algunos países llegó mucho más lejos que en otros. Un ejemplo elocuente es lo ocurrido con el sistema financiero de Estados Unidos y Canadá. Son dos países de cultura económica similar, que comparten una larga frontera y que tienen unas relaciones comerciales prácticamente de libre comercio. La crisis financiera de 2008 dejó en Estados Unidos un rastro considerable de quiebras bancarias y de rescates públicos de empresas. Sin embargo, los efectos de la crisis de 2008 en el sistema bancario de Canadá fueron imperceptibles. ¿Cómo explicar este diferente efecto de una misma causa? La respuesta está en las distintas políticas regulatorias del sector financiero seguidas en las décadas anteriores por ambos países. Mientras Estados Unidos procedió a la práctica desregulación financiera a partir de la década de los noventa, Canadá mantuvo un elevado grado de regulación microprudencial sobre los bancos y su política de crédito.

Pues bien, en relación con todo eso aparece una de las mayores causas de decepción ante las respuestas a la crisis. A pesar de lo mucho que se repite la palabra reformas, en el campo en el que acaso fueran más necesarias –la mayor y mejor regulación de los sistemas financieros, sobre todo a una escala global– se han dado pocos pasos efectivos, más allá de las grandes proclamas. Ello hace temer que, en la salida de la crisis, el contexto general de inestabilidad financiera no será muy diferente del de 2008, por lo que, en gran medida, esa salida puede ser en falso. Algo que ya hemos comenzado a entrever con las turbulencias de los países emergentes o con las muchas dudas que suscitan una vez más algunos sistemas bancarios.

DESIGUALDAD RAMPANTE Y DESCARNADA

Una de las más llamativas novedades que ha traído la crisis, y que, junto con la macrocefalia financiera, se constituye como el rasgo más definitorio de la nueva piel del capitalismo del siglo XXI, es el reconocimiento y la toma de conciencia sobre la creciente desigualdad, un verdadero santo y seña de las sociedades desarrolladas de las últimas décadas. Entiéndase bien: en 2005, por ejemplo, ya se hablaba de ese problema y existían algunos estudios empíricos que lo documentaban sobradamente. Pero se trataba de una corriente de literatura muy especializada, desarrollada en los márgenes de la corriente principal, y que apenas trascendía a la opinión pública. Por el contrario, la mayoría de los economistas se consideraba ajena a esta cuestión desde que, a mediados de los años setenta, muchos de ellos aceptaron sin objeción la tesis de la existencia de una contradicción entre la búsqueda de la eficiencia y la de la igualdad. Esa tesis fue propuesta inicialmente en 1975 por Arthur Okun, un economista que, sin embargo, era sensible a los problemas sociales.20 La cuestión no estaba tanto en reconocer la existencia de esa interferencia entre objetivos, sino en haberla entendido de un modo absoluto y unilateral. La prioridad recaía siempre, y sin discusión posible, en la eficiencia, por lo que el objetivo de igualdad fue quedando, sin más, descartado.

Nadie planteó este conflicto y prioridad de un modo tan descarnado como Robert Lucas, uno de los más influyentes economistas ortodoxos y premio Nobel, quien hace unos años escribió: «De las tendencias que son dañinas para una economía sana, la más seductora, y en mi opinión más venenosa, es poner el foco en la cuestión de la distribución. [...] El potencial para mejorar la vida de la gente pobre mediante la redistribución no es nada comparado con el potencial aparentemente sin límites de aumentar la producción».21 Éste es otro ejemplo, y de los más importantes, de que las ideas económicas, lejos de circunscribirse a planos abstractos, traen consigo importantes consecuencias para la vida de individuos y sociedades.

Aunque el problema de la desigualdad estaba fuera del foco del debate entre economistas, sus consecuencias eran, sin embargo, muy perceptibles. En un libro sobre las consecuencias morales del crecimiento económico, publicado un poco antes de la crisis, Benjamin Friedman afirmaba con razón que: «La creciente intolerancia e incivilidad, y el deterioro de la generosidad y apertura que han marcado importantes aspectos de la sociedad norteamericana en el pasado reciente, han sido, en una parte significativa, consecuencia del estancamiento de los estándares de vida de la clase media durante el último cuarto del siglo XX».22

Todo indica que a partir de 2008 los problemas de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza no han dejado de agrandarse, y no hay duda de que las falsas soluciones políticas buscadas para intentar atajar la contracción económica provocada por la crisis han impulsado aún más las disparidades. La recuperación de los excedentes empresariales y la recomposición de la riqueza financiera han sido la contrapartida de las reducciones salariales y, sobre todo, del notable recorte experimentado por algunos de los principales gastos sociales. La presión hacia la desigualdad ha sido tan desmesurada –y constatada por todo tipo de estudios–23 que, ahora sí, ha aumentado notablemente la intolerancia social ante el problema y amplios sectores sociales parecen despertar con amargura ante sus consecuencias.

No sorprende, por tanto, que, a partir de 2008, algunos de los textos de economía más notables –y más leídos– se hayan centrado en el análisis de la desigualdad de la renta y sus consecuencias. Por ejemplo, Fault Lines, el libro de Raghuram G. Rajan de 2010, aunque no se centraba propiamente en la cuestión distributiva, encontraba un vínculo para el caso norteamericano entre desigualdad (provocada por la continuada presión a la baja sobre los salarios) e inestabilidad financiera: la bajada sostenida de los tipos de interés del crédito hipotecario (una de las causas más inmediatas de la crisis) se habría llevado a cabo para evitar la tensión social que podrían generar los bajos salarios. Sobre supuestos metodológicos muy diferentes, James Galbraith desarrolló en Inequality and Instability un poderoso argumento que demostraba que la creciente desigualdad era la otra cara de la moneda de un modelo macroeconómico que enmascaraba una profunda tendencia a la inestabilidad (recuérdese que esos años fueron ilusoriamente llamados la Gran Moderación).

Mención aparte merece El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, que ha conseguido colocar el problema del capital, los efectos económicos de la relación entre capital y trabajo, y la relevancia de la distribución de la renta en el centro del escenario del debate y de la investigación económica. En este último caso, lo más sorprendente ha sido la recepción masiva de sus contenidos, tratando a su autor periódicos y cadenas de televisión como si fuese una estrella de rock. Esto viene a evidenciar la extraordinaria sensibilidad social, por primera vez en cuatro décadas, ante el modelo cada vez más inequitativo de reparto de la renta y la riqueza.

Es importante aclarar, con todo, que la tendencia a la que nos estamos refiriendo atañe al mundo desarrollado. Pero cuando introducimos otro tipo de países, como los emergentes, el análisis debe hacerse más matizado. De hecho, es innegable que las diferencias en renta y riqueza entre las economías industrializadas y las llamadas «en vías de desarrollo» se han reducido en los últimos años, debido a la gran ampliación de las clases medias en países como China o Brasil, que tanto pareció cambiar la naturaleza de sus sociedades. Un fenómeno de gran trascendencia sobre cuya continuidad pesan ahora muchas dudas, dado el deterioro experimentado por las tasas de crecimiento de esas economías.

Por acudir de nuevo a la comparación histórica, la situación actual de los países industrializados recuerda a la llamada Gilded Age o Belle Époque de hace un siglo. Es decir, a la edad dorada de la acumulación de riqueza por parte de un sector reducido. Lo recuerda hasta tal punto que en Estados Unidos se ha popularizado la expresión «economía del 1 %». Las consecuencias económicas de esta rampante desigualdad pueden llegar a ser notorias. Por ejemplo, a ella suelen referirse autores como el economista Robert Gordon cuando vinculan sus advertencias sobre el estancamiento secular con la desigualdad. Pero, tal y como mostraremos en el capítulo 4, de mayor trascendencia aun son sus posibles efectos sociales, políticos y también morales. Y es que es ahora cuando hemos recordado una característica fundamental de la historia del capitalismo: que cuando la desigualdad se agudiza, la economía de mercado choca frontalmente con la democracia.

CUANDO LA ECONOMÍA CHOCA CON LA DEMOCRACIA

La dura situación del presente se hace más difícil de asimilar si se considera lo que tiene de retroceso respecto al grado de desarrollo social que el mundo industrializado conoció a lo largo de buena parte del siglo XX. Si algo caracterizó la evolución económica entre los años cincuenta y los setenta fue que el crecimiento productivo estuvo acompañado por un conjunto de políticas públicas a favor de un reparto relativamente equilibrado de renta y riqueza. Obviamente, en ello jugó un papel capital la expansión del Estado del Bienestar, que hizo que, sobre todo en Europa, las diversas partidas del gasto social alcanzaran cotas nunca conocidas en la historia. Surgió así la que probablemente fue la gran innovación social de la pasada centuria: un nuevo contrato social entre sectores y grupos muy diversos, situados en posiciones muy diferentes en el reparto de la renta y la riqueza nacional. La dinámica de enfrentamiento abierto del período de entreguerras dejó paso a un escenario de mayor estabilidad social y política, que a la postre se convirtió también en campo abonado para la estabilidad económica. Aunque esté fuera de lugar una idealización trivial de aquel período, no hay duda de que capitalismo y democracia avanzaron por entonces en una única y coherente dirección.

Cabe hablar, por tanto, cuando nos referimos a aquellas décadas de la parte central del siglo pasado, de un capitalismo inclusivo, es decir, de una fase fuertemente integradora en su desarrollo. Esa reconciliación entre capitalismo y democracia constituye, desde luego, la mayor aportación de la socialdemocracia –explicada como nadie, por el historiador Tony Judt,24 pero en la que también incidieron algunos autores y escuelas que poco tenían que ver con esa tendencia–. Es el caso de John Maynard Keynes, cuya orientación política inteligentemente conservadora le hizo percibir que la pervivencia del propio capitalismo exigía esa extensión de su condición inclusiva. La gestión de la demanda agregada de la economía y las menores desigualdades eran para él dos caras de la moneda del progreso. A propósito de ello, es interesante recordar el análisis crítico del propio Estado del Bienestar que desde su perspectiva marxiana hacía James O’Connor en La crisis fiscal del Estado (una de las últimas grandes aportaciones de esta corriente de pensamiento). Según O’Connor, la expansión de los gastos sociales resultaba imprescindible para que el Estado cumpliera con su función de legitimación del capitalismo, permitiendo con ello la estabilización de su orden social básico, y en último término su supervivencia: «Los gastos sociales son el coste que el Estado ha de pagar para obtener el consenso político y la legitimación».25

A partir de la década de 1980 comenzó un proceso de lento retroceso de ese contrato social, empujado por la dinámica de la globalización y por los nuevos determinantes tecnológicos, pero también por factores ideológicos, en los que las ideas económicas del nuevo liberalismo jugaron un notable papel aglutinador. Es sabido que en el arranque de ese proceso las revoluciones neoconservadoras en Estados Unidos y el Reino Unido sirvieron para proporcionarle un primer e importante impulso, que no dejó de crecer a lo largo de las décadas siguientes.

El último cuarto del siglo XX ha sido denominado muy certeramente «la era de la fractura».26 En la mayoría de los países desarrollados –más en Estados Unidos que en Europa–, el espacio de lo público frente a lo estrictamente privado, y la idea de que la participación en ese espacio representa una virtud cívica de primer orden, experimentaron un repliegue en toda regla. Toda una mentalidad social se fue asentando sobre la desintegración de los valores colectivos y la exaltación extrema del individualismo, un fenómeno de gran trascendencia en el que probablemente ejerció una notable influencia el argumento económico que exaltaba la superioridad del mecanismo de mercado.

Esa transformación ideológica de fondo tuvo grandes consecuencias, tanto en un plano general, como en otros más particulares. Respecto a lo primero –que ya hemos estudiado ampliamente en otro lugar–,27 el efecto más destacado es el creciente desprestigio de la política. En un terreno más concreto esos cambios afectaron de un modo muy acusado a los principales grupos sociales organizados, que pasaron a ser etiquetados como meros «buscadores de rentas». Es cierto que en no pocas ocasiones se comportan como tales, pero esa visión olvida que este tipo de organizaciones cumplen también funciones de intermediación y vertebración social, y que su desfallecimiento dejaría un vacío en el tejido comunitario. Sobre todo en el aspecto crucial de la toma de decisiones mediante acuerdos.

El caso más aireado es el de los sindicatos, sobre los que se ha ido extendiendo una capa de desprestigio social, al destacar su aspecto de estructuras burocráticas dirigidas a autoperpetuarse. Sin embargo, es difícil no pensar que el debilitamiento sindical y la caída de las tasas de afiliación no hayan servido también para impulsar la presión sobre los salarios y, en último término, la creciente desigualdad. Mucho menos conocido es el fenómeno que autores como Mark Mizruchi, profesor de la Universidad de Michigan, ha llamado –pensando en el caso norteamericano– «fragmentación de la élite empresarial». El argumento es que a partir de los años setenta los miembros de esa élite abandonaron toda preocupación que fuera más allá de la cuenta de resultados y el interés a corto plazo de la empresa propia. Paradójicamente, afirma Mizruchi, «las empresas norteamericanas consideradas individualmente tienen hoy más poder político que en cualquier momento desde 1920. Como grupo, sin embargo, están fragmentadas. A diferencia de sus predecesoras en décadas anteriores, no tienen voluntad ni capacidad para acercarse sistemáticamente a resolver los problemas de su comunidad».28 Se trataría de un cambio notable que, si por una parte ejemplifica la pérdida general de las referencias colectivas, por otra abunda en lo que en una perspectiva de largo plazo pudiera ser una deslegitimación de las instituciones básicas del capitalismo.

Hiperindividualismo, disolución del tejido social, fractura: todo eso no hizo sino apuntalar el retroceso del contrato social. Pero ha sido en los años recientes cuando, en el contexto de las dificultades de todo tipo originadas por la crisis, ese retroceso se ha hecho verdaderamente visible, hasta alcanzar un estado crítico, como consecuencia de tres fenómenos: la ya mencionada desigualdad rampante, el deterioro de servicios básicos como la sanidad y la educación, y la pérdida de grados de libertad de las políticas públicas ante las presiones de los inversores en los mercados de capital. Afirmaciones como «no sabía que los mercados mandaran tanto» o «no cumplo mis promesas, pero cumplo con mi deber», pronunciadas por los dos últimos jefes del Gobierno españoles, o la reforma por la vía de urgencia de la Constitución española para introducir una estricta regla fiscal, no podían sino provocar una marea de desconfianza ciudadana en la propia idea de democracia.

En este punto conviene recordar algunas características singulares de los sistemas políticos de los países avanzados que tienen directamente que ver con las tendencias de la economía, y en particular con la internacionalización de las finanzas. Características que en absoluto han ido a menos desde el comienzo de la crisis, sino más bien ha ocurrido lo contrario. Una muy conocida es que las diferencias entre izquierda y derecha en el diseño de las políticas o policymaking se han erosionado fuertemente. Otro aspecto son los fenómenos de desbordamiento de las políticas aplicadas por encima de las fronteras nacionales: ningún gobernante está aislado; todos dependen en algún sentido de lo que están haciendo otros actores, sean públicos o privados.

Y aún más significativa que esa ruptura del orden espacial es la que se da en la otra dimensión, la del tiempo: la decisión política se ha hecho más rápida y sus ciclos han tendido a acortarse (es decir, ahora es más cortoplacista), sobre todo para hacer frente al desafío que representa la aceleración creciente de las decisiones de inversión (o desinversión) en los mercados transnacionales. Es lo que algunos politólogos comienzan a llamar política rápida (fast policy). Con todo, a pesar de esa evolución, los gobiernos tienen en este punto una desventaja crítica con respecto a los mercados, pues están obligados a ser meramente reactivos, a ir por detrás de lo que la volatilidad de estos últimos sentencie.29

Obviamente, el aumento del malestar tiene también que ver con la eclosión del fenómeno de la corrupción. Ello guarda relación, desde luego, con la complejidad de los vínculos entre el poder económico y el político que caracteriza a un buen número de democracias avanzadas. Sin embargo, la preocupación creciente por los problemas de corrupción, detectada por todo tipo de encuestas o en los estudios de organismos como Transparencia Internacional, no significa necesariamente que este fenómeno sea hoy más importante que hace diez años (de lo cual no hay evidencia), sino que nos habla de un agravamiento en la percepción del problema. En ese sentido, una hipótesis plausible es que la tolerancia hacia ese tipo de perversión política ha disminuido de un modo significativo debido al efecto combinado de los fenómenos más atrás señalados (desigualdad, etcétera). Lo ha resumido de un modo exacto el premio Nobel Angus Deaton: «La combinación de pedir austeridad y después mostrar debilidad frente a la corrupción es una bomba social».30

Junto a todo eso está la idea –que se extiende con fuerza sobre todo por Europa– de que sólo a través de procesos de devaluación interna por la vía de la reducción de salarios o la eliminación de programas sociales será posible competir con éxito en unos mercados internacionales en los que nuevos países, como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), ocupan posiciones cada vez más consolidadas. Es una idea desde luego equivocada, pues, como ya hemos señalado, olvida que las verdaderas fuentes del crecimiento sostenible a largo plazo están en otros lugares. A veces da la impresión de que se está aprovechando la crisis –en una suerte de «destrucción creativa» no muy saludable– para volcar la naturaleza del sistema económico hacia una dinámica menos inclusiva y de mayor desequilibrio social.

Las consecuencias de esos cambios están ya a la vista, sobre todo en Europa. Son muchos los países en donde la configuración política y el sistema de partidos tradicionales se están descomponiendo rápidamente, surgiendo aparentemente de la nada movimientos políticos de carácter diverso, por lo general populista, con frecuencia inclinados hacia la extrema derecha y casi siempre con fuerte resentimiento antieuropeo. Es decir, el difuso y creciente estado de malestar visible ya en los primeros años de crisis está dejando paso a todo un proceso de rebelión contra las élites, una rebelión que anuncia escenarios más complejos e inciertos en los que el debate y el acuerdo podrían ser sustituidos por el conflicto como mecanismo de resolución de diferencias.

Los efectos del malestar no se limitan, en todo caso, al modelo de representación política. Se observan en diversos aspectos de la vida social, apuntando siempre a escenarios de fragmentación e incertidumbre. Por ejemplo, en lo ocurrido a partir de 2008 con el capital social. Por esto último habitualmente entendemos el conjunto de normas sociales no escritas que inducen a los individuos a cooperar entre sí de un modo espontáneo. Una mayor dosis de capital social revela empatía con el entorno y deseo de participar en el ámbito público. Pues bien, todos los estudios indican que el retroceso de esta variable ha sido espectacular. Por poner el ejemplo de España, se ha calculado lado una reducción de más de un 22 % en sólo tres años (2008-2011).31

El panorama descrito en este apartado sugiere que, junto a algunos aspectos radicalmente modernos, estamos ante el retorno de algunas de las características más agrestes y antipáticas del capitalismo histórico, lo que en otro tiempo se llamó «capitalismo salvaje», caracterizado por llevar hasta el final, con impulsos marcadamente depredadores, la lógica de la maximización del beneficio. Esa evolución se podría estar alzando como el peor enemigo del propio capitalismo, por lo que no es extraño que, al igual que ocurrió en los años treinta con algunos intelectuales y políticos moderados –como Keynes o lord William Beveridge–, estén surgiendo ahora desde dentro del propio sistema voces que alertan sobre los peligros evidentes de la actual deriva. Ése sería el caso de los financieros George Soros, Warren Buffett y Nick Hanauer.

Pero quizá nadie lo ha expresado con tanta rotundidad como el inteligente gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, en una conferencia celebrada en Londres en 2014, significativamente titulada «Inclusive Capitalism Initiative»: «Los excesos del sector financiero y el “fundamentalismo de mercado” que están en el origen de la crisis global están destruyendo el contrato social de igualdad de oportunidades, resultados y justicia entre generaciones».32 La batalla por la reconstrucción de ese contrato social será, sin duda, larga y compleja, pero las evidencias acumuladas de los últimos años se suman a una dilatada experiencia histórica para constatar que de cómo se resuelva depende la efectiva reconciliación entre capitalismo y democracia sobre bases perdurables.

LO QUE HEMOS APRENDIDO...

No dejes que una buena crisis se malgaste. Esta frase tan repetida, generalmente con acentos cínicos, puede servir para subrayar que de los momentos de dificultad se aprende y que ello permite evitar caer en los mismos errores del pasado. Dicho más rigurosamente, las decisiones de los agentes económicos, ya sean públicos o privados, son el producto de «procesos de aprendizaje social negativo». En los últimos años, ¿qué hemos aprendido? Muchas páginas de los capítulos que siguen tratan de dar respuesta a este interrogante de un modo detallado. En términos generales, cabe ahora distinguir entre lo que hemos descubierto –es decir, el conocimiento de fenómenos nuevos o la revelación de la verdadera cara de otros sobre los que en los buenos tiempos nos habíamos hecho concepciones falsas y/o ilusorias– y lo que simplemente hemos recordado, problemas que en otro tiempo nos fueron familiares y que vanamente creíamos haber superado para siempre.

En cuanto a los descubrimientos, uno de los más importantes tiene que ver con los límites de la información. La revolución tecnológica de la llamada sociedad del conocimiento aporta ganancias importantes a la vida individual y colectiva, pero la crisis financiera ha puesto dramáticamente de manifiesto que la multiplicación de los flujos de información, y el acceso de las multitudes a ella, no garantizan su buen uso. Más bien al contrario, comprobamos que la sobreabundancia de información lleva con frecuencia a que los actores económicos tengan serias dificultades para procesarla, con pérdida de visiones de conjunto. Esa idea de pleno dominio de la información y sus efectos se ha revelado en gran medida como un mito contemporáneo. Al igual que ocurre con la pretensión de que la innovación es fuente ininterrumpida de riqueza, ahora sabemos bien que en los mercados financieros –el ámbito de la economía en el que la dinámica innovadora avanzó con más fuerza a lo largo de las últimas décadas– el rastro de desastres dejado por una desmedida asunción de riesgos, que se creía que ya eran manejables en un mundo de información multiplicada, resultó letal para el conjunto de la economía.

Vinculado al reconocimiento de haber padecido una amplia ilusión tecnológica generalizada va unido a la evidencia de la ilusión del conocimiento. Y es que por mucho que, como hemos dicho, algunas ideas que parecían superadas en 2008 hayan vuelto a tener reconocimiento en círculos académicos, no parece que al menos durante un período bastante prolongado, nociones como la de plena racionalidad de los operadores financieros, ausencia de riesgo en la inversión en productos derivados, o la idea de un mundo sin ciclos, consigan impregnar la mentalidad colectiva, tal y como ocurrió en el pasado. Parece que, al menos en este punto, algo hemos aprendido.

LO QUE HEMOS RECORDADO

Pero uno de los elementos distintivos de esta crisis es que muchos de los graves problemas surgidos no son novedades absolutas, sino que ya habían tomado forma en diferentes momentos del último siglo, con manifestaciones no demasiado distintas. Es decir, a partir de 2008 hemos ido identificando problemas cuya existencia casi habíamos olvidado durante el largo período de bonanza y que la crisis global ha puesto de nuevo de manifiesto en toda su crudeza. A veces, como en el ya mencionado caso de la desigualdad, ese olvido ha sumado a muchos en el estupor: ¿cómo es posible que hayamos olvidado un problema tan grave durante tanto tiempo?

Debemos a Albert Hirschman el estudio clásico sobre la importancia de los problemas olvidados en los procesos económicos (en su caso, referidos al movimiento hacia el desarrollo). En Journeys Toward Progress, el gran profesor del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton distinguió entre los problemas apremiantes de cada época –es decir, aquellos en los que quienes los sufren tienen acceso adecuado a los gobernantes y presionan para que los introduzcan en la agenda política– y los problemas olvidados, en los que sus afectados carecen de esa posibilidad. Sin embargo, en determinadas circunstancias, según Hirschman, «existe la posibilidad de un acceso forjando una conexión entre el problema olvidado y el problema privilegiado mediante la demostración de que el primero se encuentra en la base del segundo».33 Pues bien, conexiones de ese tipo se han dado con cierta intensidad en los años recientes.

Además de la postergación de la distribución de la renta, ya comentada, la Gran Recesión ha puesto de manifiesto la presencia de problemas olvidados durante el largo período 1980-2007 en tres planos principales de la dinámica del capitalismo actual. Por un lado, en la dinámica de la internacionalización. Por otro, en el carácter esencialmente inestable de la economía de mercado, sobre todo si como ahora ocurre su sector más dinámico son las finanzas. En tercer lugar, en la insuficiencia de las respuestas simples y esquemáticas a la confluencia de problemas económicos de gran complejidad. A continuación se presentan de un modo muy resumido.

Con respecto al primer punto, si se hubiese planteado hace sólo unos años la posibilidad de que la globalización cambiara de rumbo para experimentar un retroceso hubiese sido motivo de sarcasmos. Sin embargo, sabíamos que el amargo fin de la primera gran oleada de internacionalización del capitalismo en las décadas que precedieron a la Primera Guerra Mundial había llevado a un retroceso de la globalización. De ahí que historiadores económicos como Harold James advirtiesen antes de 2008 que algo parecido podría ocurrir en el presente.34 Ahora, sin embargo, sabemos que no puede descartarse un repliegue significativo de la globalización –al menos de su descarado sesgo hacia los mercados de capital–, por las muchas contradicciones que acarrea. Quizás ha sido Dani Rodrik, profesor de Harvard y Princeton, el economista que, en su libro La paradoja de la globalización, ha sabido llevar con mayor rigor el argumento escéptico respecto a esta cuestión.35

Vinculado a este asunto, y aunque en principio pudiera parecer algo de muy distinta naturaleza, está la cuestión del modelo de especialización sectorial que se ha ido imponiendo en la mayoría de los países desarrollados. A lo largo de los años de expansión, el eje vertebral de ese modelo lo han ocupado cada vez con mayor intensidad los servicios, y muy especialmente los financieros, que, como hemos reiterado, han sido los verdaderos protagonistas de la actual globalización. El progresivo olvido de la industria es una de las características más marcadas de la dinámica económica de ese período. Pues bien, ahora que muchos países, como en el manifiesto caso de España, redescubren que la debilidad de sus estructuras industriales los hace más vulnerables a la sucesión de shocks en la economía internacional, la idea de recuperar la pujanza industrial cobra fuerza. Con la crisis hemos recordado las virtudes de la industria36 –también en el plano cívico– y los importantes riesgos asociados al hecho de tener un sistema productivo altamente desequilibrado desde el punto de vista sectorial.

El segundo gran olvido, que aparecerá de un modo reiterado a lo largo de este libro, es el de la naturaleza esencialmente cíclica de la economía capitalista. Un olvido que permitió que se hiciera predominante la falsa y peligrosísima idea de que estábamos al fin a salvo de las grandes turbulencias y contracciones. Lo expresó con mayor claridad que nadie, también en este punto, Robert Lucas, «el problema de la prevención de depresiones ha sido resuelto en todos sus aspectos para muchas décadas».37 Es decir, se llegó a creer que los ciclos económicos eran una antigualla, algo que pertenecía a un cada vez más remoto pasado.

O para decirlo de un modo más preciso, en los modelos económicos aceptados las fluctuaciones existían, pero eran perfectamente regulares y se autocorregían. El problema estuvo en habérselo creído demasiado; es decir, en forzar el encaje de la realidad en tales modelos,38 hasta el punto de elaborar una visión extraordinariamente idealizada que acabó por trasladarse con fuerza al ámbito de la política. Porque si el mundo es perfectamente estable y los problemas circunstanciales se arreglan por sí solos, ¿para qué son necesarias las cautelas y los controles, a qué viene cualquier intervención externa como la de los poderes públicos?

En términos más generales, la banal pretensión de haber superado los ciclos económicos era la más acabada expresión de la ilusión del conocimiento. Tal ilusión quedó violentamente desmentida por los acontecimientos que siguieron a la quiebra de Lehman Brothers. Ahora, sin embargo, ha regresado con mucha fuerza la idea de ciclo, sobre todo en el ámbito fundamental de las finanzas. Olvidados groseramente durante los años de expansión y apenas citados los grandes libros de Charles Kindleberger que mostraban que las crisis financieras son un fenómeno recurrente, la crisis actual ha multiplicado los estudios sobre la secuencia cíclica de la deuda y el desapalancamiento.

En relación con todo lo anterior, y pese a las importantes inercias doctrinales que continúan estando presentes, la parte del conocimiento económico más volcado hacia la política se ha hecho mucho más pragmática en estos años como consecuencia directa de la crisis. De ello han dado abundantes muestras autores como Olivier Blanchard, durante varios años responsable del departamento de estudios del FMI, o Ben Bernanke, anterior presidente de la Reserva Federal, quienes desde 2008 revisaron en profundidad sus concepciones anteriores a la crisis y se abrieron a ideas y a propuestas de solución que sencillamente no habrían ni imaginado antes de aquel año.39 Enfocado con ese espíritu pragmático, de la experiencia de la crisis se siguen dos lecciones importantes y que debieran tener efectos perdurables en lo que se refiere a la relación entre ideas y políticas.

La primera es que los instrumentos de que se dispone para resolver los problemas económicos de nuestras sociedades deben ser utilizados, y el arsenal de medidas económicas en manos de los poderes públicos para combatir los factores desestabilizadores es realmente poderoso. Obsérvese que esta lección es en gran medida negativa: fue precisamente el negarse a utilizar los instrumentos disponibles una de las principales causas de la extraordinaria profundidad y duración de la crisis europea.

En segundo lugar, hay que centrarse en los enemigos verdaderos, y olvidar los puramente imaginarios, como de un modo tan reiterado ha ocurrido con la inflación: obsesionados con su fantasma, muchos gobernantes y banqueros centrales, en particular en la eurozona, han malgastado sus fuerzas y perdido tiempos preciosos que hubieran debido dedicar a prepararse para afrontar un problema ahora mismo mucho más real, la amenaza de deflación.

En este punto llama de nuevo la atención que, contra lo que en principio se podía esperar (y frente a lo que solemnemente proclamaron a partir de 2008 en reuniones como las del G-20), los últimos en reaccionar hayan sido los gobiernos democráticos, paralizados por la falta de ideas (o la inercia de las malas ideas), la crisis general de la política y, con frecuencia también, por el miedo. Frente a esta parálisis de los gobiernos, organismos no elegidos («ademocráticos»), como son algunos bancos centrales y algunas agencias reguladoras, fueron cambiando sus líneas de actuación de un modo mucho más rápido y consistente. En el caso europeo el BCE acabó por tomar la delantera a los gobiernos nacionales y a la Comisión Europea en su reacción ante las amenazas de estancamiento y deflación. Todo ello no puede verse sino como una notable anomalía –otra más– desde un punto de vista genuinamente democrático.

El último de los grandes problemas olvidados es el de que la política pública ha de asumir necesariamente un alto grado de complejidad para hacer frente a entornos económicos complicados. Y es que una característica muy marcada de la larga fase de expansión fue la pretensión de haber configurado al fin programas de política económica que se acercaban mucho a lo que se definía como «política óptima», que sería aquella que permite una continuada y sostenida ganancia de credibilidad ante los mercados de capital. Esta visión se estructura en un esquema muy simple: impacto mínimo (lo que hemos llamado en otro lugar «política de grado cero»),40 definición muy vinculada a un objetivo casi exclusivo (la tasa de inflación en niveles muy bajos) y un esquema institucional en el que desempeñan papeles centrales la independencia de los bancos centrales y la preferencia por las reglas frente a los criterios discrecionales (el conocido rules rather than discretion).

Todo este esquema ha sido puesto seriamente en cuestión por la sucesión de desastres de los últimos años. Es algo que ha ocurrido en varios planos, pero ahora nos centraremos en el que seguramente sea el más importante de ellos, el problema de la interferencia entre objetivos, cuya manifestación más grave es la relación de conflicto o trade-off. Es decir, aquella situación que se da cuando avanzar por el camino que lleva a alcanzar una meta de la política económica hace imposible conseguir otra, siendo ambas igualmente necesarias y deseables. Este problema fue considerado durante mucho tiempo como uno de los principales obstáculos para definir políticas económicas con un grado aceptable de consistencia interna. En los años setenta, cualquier manual de política económica incluía largos apartados sobre esta cuestión. Un ejemplo paradigmático era la disyuntiva subyacente a la curva de Phillips: dado que combatir la inflación y el desempleo es contradictorio en sus términos, ¿qué debemos elegir –y por tanto, qué sacrificar– en cada momento? Esta última es la cuestión clave del problema del trade-off: que obliga al decisor político a elegir continuamente entre contrarios. Y esa elección no tiene porqué ser siempre la misma, sino que debiera ser mutante, con virajes que pueden ser de 180 grados en función de las circunstancias cambiantes de la economía. El trade-off, por tanto, encierra un permanente dilema en el corazón de la política pública.

Durante las décadas siguientes, el creciente predominio de la noción de política permanentemente óptima fue convirtiendo el del trade-off de políticas en un problema en gran medida olvidado. Después de 2008, sin embargo, ha resurgido con toda su crudeza debido a varias razones. La más importante es la necesidad indeclinable de avanzar en el desapalancamiento financiero, un objetivo que entra en contradicción absoluta con cualquier estrategia –también imprescindible si se pretende salir del marasmo– para superar el permanente estado de trampa de liquidez, una de las claves de la larga duración de la crisis. Se trata de un fenómeno que no tiene nada de coyuntural. Por el contrario, todo indica que éste será uno de los principales vectores que marcará la evolución económica durante un período prolongado.

Pero no es el único fenómeno de conflicto entre objetivos que cabe detectar en la vida económica de ahora mismo. Por ejemplo, ¿debemos fomentar la capitalización de los bancos o su contribución a la recuperación del crédito? ¿Debemos poner el énfasis en la consolidación fiscal o en el crecimiento? Examinaremos estas cuestiones en el capítulo 7, donde veremos cómo el problema puede alcanzar alternativas muy generales: el corto frente al largo plazo, las reformas frente a las políticas coyunturales o los condicionantes económicos de la decisión frente a los políticos. Lo que ahora ya constatamos es que, frente a esos entornos complejos, las fórmulas simples y sumarias de política económica (política mínima, reglas rígidas, etcétera) son manifiestamente insuficientes y acaso suicidas. La propia política, por tanto, ha de asumir esa condición compleja. Y la teoría de la política económica, sancionarlo.

PEQUEÑA GRAN TRANSFORMACIÓN

Hemos aprendido, hemos recordado. Pero cunde también la impresión de que, en realidad, en torno a lo fundamental nada ha cambiado. O peor aún, que nunca desde hace un siglo habían tenido tanta fuerza y protagonismo ideas y tendencias manifiestamente opuestas a aquel aprendizaje. Las dos cosas –cambios importantes hacia delante y regresos al pasado– son probablemente ciertas, aunque a primera vista resulte desconcertante. Asistimos a una velada batalla entre lo viejo y lo nuevo de la que es difícil saber cómo saldremos. Este libro no es un ejercicio de prospección, sino más bien de observación y análisis de los movimientos operados en relación con todo ello a lo largo de los últimos años. En nuestro argumento central resaltan los elementos de analogía con aquel largo y complejo proceso a que se refiere la expresión «gran transformación». Elementos muy interesantes pero, con frecuencia, también inquietantes, entre los que destacan los cuatro siguientes: 1) la profunda inestabilidad y volatilidad de la vida económica choca con la quimera, aún viva, de que el mercado se basta para corregir esos problemas. 2) El miedo –alimentado por décadas de pensamiento económico antiestatista– a que la intervención pública genere problemas mayores ata las manos de los gobiernos cuando más necesaria es su actuación, lo que acaba por multiplicar los errores en la definición de las políticas y, con frecuencia también, sume a los reguladores de políticas o policymakers en el desconcierto. 3) La plena confianza en las virtudes intrínsecas de la internacionalización económica encierra grandes peligros cuando se presenta de un modo tan desequilibrado a favor de los mercados de capital, tal y como ocurre en el mundo contemporáneo. 4) La desigualdad alcanza límites tan elevados que crea obstáculos cada vez mayores para el crecimiento económico y el funcionamiento de la democracia. Y todo ello en un entorno marcado por un fenómeno nuevo, que tiene un potencial desestabilizador muy grande: la escala desmesurada de las modernas finanzas desreguladas. Elementos todos ellos que configuran la nueva piel del capitalismo, con sus dilemas para la economía y la democracia.

Por utilizar una terminología un tanto en desuso, en torno a esas cuatro tendencias no dejan de crecer las contradicciones desde el comienzo de la crisis financiera, alcanzándose ya en algunos aspectos cotas explosivas. Y ello sin salir del ámbito estricto de la economía. Porque la cosa se complica extraordinariamente cuando se introducen las dimensiones metaeconómicas de esas contradicciones, ya sea en el plano social, político o de la moral pública. Ampliando el campo de aplicación del argumento de Acemoglu y Robinson, recogido en los primeros párrafos de este capítulo, sostenemos que las consecuencias políticas y sociales de perseverar en esas contradicciones las hacen insostenibles en una perspectiva de medio o largo plazo, dado el enorme riesgo que acarrean para la pervivencia del contrato social básico. Aspectos demasiado importantes de la vida colectiva, que han alcanzado cotas de progreso y virtud cívica como nunca antes se habían conocido, están siendo ahora puestas seriamente en cuestión. De ahí que sea fácil imaginar que acaben apareciendo reacciones sociales más fuertes que las que hasta ahora hemos conocido. El problema podría ser la forma que tomen esas reacciones.

Una, al menos, pequeña transformación parece, por tanto, cuestión de tiempo. Ésa es la lección que se puede extraer del período de entreguerras del siglo pasado cuando la presión de los movimientos sociales y el propio conflicto bélico sentaron las bases de la gran transformación. Ahora los síntomas, por mucho que a veces sean inconsistentes o disformes, van estando cada vez más a la vista. Los capítulos que siguen intentan mostrarlo.

1. Acemoglu y Robinson (2013).

2. Véase DeLong (2014).

3. «OECD Employment Outlook», septiembre, 2014.

4. FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril, 2016.

5. En la amplia literatura en torno a esa línea de argumentación destaca Ball (2013).

6. Draghi (2014).

7. Bruni y Sugden (2013). El número incluye un conjunto de artículos con ese contenido, entre ellos el notable de Sandel (2013).

8. Sen (2009), Sandel (2012, 2013).

9. Mirowski (2013), p. 31

10. Véase Fourcade, Ollion y Algan (2015), pp. 93-95. Ese artículo ha documentado muchas de esas características. Por ejemplo, en economía el 81 % de las citas en 1997 fueron dentro del propio campo, frente el 52 % en sociología, el 53 % en antropología y el 59 % en ciencia política. En American Economic Review, por ejemplo, entre 2000 y 2009, el 40,3 % de las citas procedían de las 25 primeras revistas de economía, según rankings establecidos, en tanto que sólo un 1,1 % estaban tomadas de las 50 primeras revistas en sociología y ciencia política (p. 94).

11. Las mayores y más interesantes discusiones se han dado en el Reino Unido. Son de mucho interés en ese sentido los debates resumidos por Diane Coyle (2012, 2014), que tuvieron amplio seguimiento, sobre todo «The mainstream economics curriculum needs an overhaul», voxEU, 4 de mayo de 2014. También los organizados por la Post-Crash Economics Society de la Universidad de Manchester: «Economic, Education and Unlearning», abril, 2014.

12. Véase Schirrmacher (2014), p. 155.

13. Por ejemplo, en 2014 sólo el 34 % de los norteamericanos adultos creían que las finanzas son buenas para la economía (Chicago Booth-Kellogg School Financial Trust Index, diciembre de 2014). Y, quizá más significativo, el 57 % de los lectores de The Economist estaban en desacuerdo con la expresión «la innovación financiera impulsa el crecimiento económico». Recogido en Zingales (2015).

14. Zingales (2015), p. 3.

15. Véase Haldane (2011).

16. Johnson et al. (2013).

17. Dos películas de estética e intención muy diferentes, Margin Call y Metrópolis, tratan de ese mundo de grandes finanzas gobernadas por máquinas.

18. Véase Arias (2014).

19. Véase Reich (2007, 2011).

20. Okun (1975).

21. Véase Lucas (2004).

22. Friedman (2004), p. 9.

23. Véase, por ejemplo, OCDE (2011), cap. 5. Del modo más resumido, valga ahora este dato esclarecedor: entre 1990 y 2012 de un total de 44 países desarrollados, en 30 se registraron aumentos en la desigualdad de la renta, y sólo en ocho hubo descensos (PNUD: «Informe sobre el desarrollo humano», 2014, tabla 2.3).

24. Véase su imprescindible Postguerra (Madrid, Taurus, 2006), pero también sus libros finales, como Ill Fares the Land (ed. esp.: Algo va mal, Madrid, Taurus, 2010).

25. O’Connor (1973), p. 321.

26. Véase Rodgers (2011).

27. Véase Arias y Costas (2012), capítulo 7.

28. Mizruchi (2013), p. 4.

29. Sobre la relación tiempo-mercados y tiempo-política, véanse Peck y Theodore (2015), Esposito (2011) y Arias y Costas (2012).

30. Recogido en El País, 7 de junio de 2016.

31. Según datos de Fernández de Guevara et al. (2015) para la Fundación BBVA.

32. «Bank of England chief Mark Carney warns of rising inequality», The Independent, 28 de mayo de 2014.

33. Véase Hirschman (1981), p. 193.

34. Véase James (2003).

35. Véase Rodrik (2011).

36. Véase Costas (2014).

37. Lucas (2003).

38. Véase Blanchard (2014).

39. Ambos autores habían figurado entre los principales promotores del sistema de ideas que condujo a la fatal presunción de que habíamos alcanzado al fin un orden de progreso estable e indefinido. Blanchard, por ejemplo, sentenciaba en 2007: «El estado de la macroeconomía es bueno». Y Bernanke: «Una de las características más asombrosas del panorama económico de los últimos veinte años aproximadamente ha sido un declive sustancial en la volatilidad económica» (Bernanke, «The Great Moderation», discurso, 2007). Sobre todo ello, véase Mirowski (2013), pp. 244-278.

40. Véase Arias y Costas (2012), pp. 277-281.

CAPÍTULO 2

Una recuperación por sendas escabrosas

[…] en los últimos diez años se habrán acumulado letras de cambio insatisfechas por valor de casi un millón… El empleado jefe guiñaba con malicia el ojo y decía unas palabras que no todos entendían: consecuencias psicológicas de la época.

ANTON CHEJOV,
Tres años

A lo largo del otoño de 2008, cuando los perfiles aterradores de la crisis financiera amenazaban con llevarse por delante el orden económico internacional, se fueron poniendo en evidencia cuatro importantes peligros que conformaban grandes y difíciles tareas para la actuación de los gobiernos nacionales y las organizaciones multilaterales.

En primer lugar, y en el corto plazo, a medida que pasaban las semanas y los meses y se comprobaba la rapidez con la que se desplomaba la actividad económica y el empleo, la amenaza de estar ante una gran depresión similar a la que siguió al crash financiero de 1929 se fue haciendo más evidente para todos, y había que conjurarla a toda costa. Esa tarea exigía utilizar de forma coordinada por parte de los gobiernos y los bancos centrales de los países desarrollados todo el arsenal que tenían las políticas económicas para evitar el desastre económico. Ésa fue la primera tarea a la que se encomendaron los países del llamado G-20 en su primera reunión, celebrada en Washington en noviembre de 2008.

En segundo lugar, de repente se descubrió que a lo largo de la etapa del boom se había creado una gigantesca bomba de deuda en el mundo desarrollado –mucho mayor de lo que se creía–, que estaba fuera de control. Para reconducir esa situación a niveles manejables era necesario proceder a un desapalancamiento masivo y ordenado de los sectores privados y públicos en algunas de las principales economías.

En tercer lugar, se hizo evidente para todos que el origen de la crisis se encontraba claramente en el cambio de escala y la dinámica de transformación de los mercados financieros globales, lo que hemos llamado hiperfinanciarización del capitalismo. Pero, a la vez, se descubrió con sorpresa la ausencia de estructuras de regulación adecuadas, tanto a nivel nacional como global. Era prioritario, entonces, construir una nueva gobernanza internacional, es decir, levantar arquitecturas financieras globales. Paralelamente había que redoblar los esfuerzos para evitar que los países entrasen en una escalada proteccionista como la que había tenido lugar en los años treinta del siglo pasado. Ambas tareas fueron proclamadas con gran fuerza retórica en la mencionada primera reunión del G-20.

Y, en cuarto lugar, en una perspectiva temporal más dilatada, se hizo también evidente que era necesario reconstruir los sistemas productivos para recuperar el potencial y las sendas del crecimiento a largo plazo previas a la crisis.

En este capítulo analizaremos cómo la crisis de 2008, al igual que ocurre cuando baja la marea y permite ver quién se estaba bañando desnudo, tuvo la virtud de dejar al descubierto con toda su intensidad las consecuencias de la dimensión hiperfinanciera que el capitalismo había ido adquiriendo desde la década de los ochenta, cuando los gobiernos comenzaron a desmontar las salvaguardas que habían funcionado durante el medio siglo anterior. A la vez, examinaremos cómo se han ido afrontando esos cuatro grandes y difíciles cometidos, así como los resultados alcanzados hasta ahora.

En relación con la primera de esas tareas que acabamos de mencionar, la amenaza de un derrumbe generalizado de la economía, que parecía más que probable durante la primera parte de 2009, fue desactivada a través de los programas de estímulo que prácticamente todos los gobiernos del G-20 pusieron en marcha ese año. Dentro de ese grupo se encontraban también las grandes economías emergentes, como la china, que fueron las que protagonizaron la recuperación más rápida y vigorosa. En nuestro libro anterior, La torre de la arrogancia, hemos explicado con detalle esos programas y sus consecuencias. Aunque sus efectos secundarios fueron dolorosos, sobre todo en la forma de grandes desajustes en las cuentas públicas, creemos que el coste de no haberlos puesto en marcha en aquel momento hubiera sido mucho mayor. Aunque nunca sabremos qué hubiese ocurrido de no hacerlo, algunos estudios muestran que sin las políticas monetarias y fiscales ultraexpansivas de 2009 la contracción de la actividad y el empleo habría tomado formas de cataclismo.1

Pero es verdad que, a partir de ese momento, aparecieron nuevos y graves problemas, de modo que la crisis fue conformándose como lo que, también en La torre de la arrogancia, hemos llamado «un genio maligno con muchas caras». Lo que parece ser la solución en un momento surge como nuevo y peligroso problema en el siguiente. Es por eso que, en nuestra opinión, para reflexionar acerca del sentido histórico de esta crisis (objetivo último de este libro) es imprescindible saber qué ha ocurrido con las otras tres tareas que antes mencionábamos, cuando ya han pasado ocho largos años desde que fueron formuladas. ¿Ha habido avances significativos en la reducción general de los niveles de deuda? ¿Cabe hablar de un cambio real en las estructuras de la regulación financiera a escala nacional y supranacional? ¿Se han eliminado los graves desequilibrios de fondo en la economía internacional (el llamado global imbalance)? Y, quizá más importante aún, ¿han aparecido señales que apunten a una recuperación consistente, con una perspectiva a largo plazo, de la actividad productiva en las economías industrializadas? En los apartados siguientes intentaremos dar respuesta, basada en datos contrastados, a estos interrogantes fundamentales.

ADIÓS A LOS TIEMPOS NORMALES2

Recesiones repetidas. Amenazas deflacionistas. Pervivencia de altísimos niveles de deuda acumulada, pese a todos los ingentes y costosísimos esfuerzos realizados para frenarla. Estamos ante obstáculos diversos que ciegan el camino hacia una nueva etapa de crecimiento sostenido. Y también ante algunos factores nuevos que quién sabe si no abrirán opciones positivas e inesperadas para el progreso. Ésas son las principales cuestiones sobre las que nos proponemos discurrir en estos apartados. Comenzaremos por dar algunas malas noticias.

Hay pocas dudas acerca de que la contracción económica de los últimos años es la más intensa, problemática y prolongada entre todas las vividas a lo largo de los últimos ochenta años, desde la Gran Depresión de los años treinta. Así, por ejemplo, si se compara la evolución seguida por el PIB norteamericano a lo largo de los siete años que siguieron a la explosión de la crisis con lo ocurrido en los nueve episodios anteriores de recesión aguda (el más antiguo, de 1953), resulta que la senda actual está siempre por debajo de cualesquiera de las del pasado. Pero aún es peor lo ocurrido en el caso europeo. La senda del producto correspondiente a la eurozona no solamente fue inferior a la norteamericana o a la del conjunto de economías de la OCDE, también resulta perdedora si se la compara con casos de recesiones agudas que siguieron a colapsos bancarios en el pasado.3 La expresión crisis histórica no recoge, por tanto, en esta ocasión, hipérbole alguna.

Pero ¿cuál fue verdaderamente la intensidad de la caída productiva durante esta Gran Recesión? Si lo medimos en términos de PIB real, la situación ha sido bastante diferente para los distintos países industrializados. Entre el momento de mayor auge, inmediatamente antes del colapso de 2008 y mediados de 2014, hubo notables caídas en países como Grecia (28,3 %), Irlanda (10,1 %), Italia (9,4 %), España (7,1 %) o Países Bajos (4,5 %). Por el contrario, otras economías habrían conseguido crecer algo en ese período: la norteamericana (un 5,9 %), la alemana (3,8 %), la francesa (1,1 %), o la japonesa (1,2 %). Pero si la comparación la establecemos con la tendencia de la fase expansiva (es decir, contrastando la tasa del PIB real con la que se habría alcanzado de haber continuado la expansión), entonces las cifras que obtenemos nos hablan ya de un golpe terrible y generalizado, sin excepciones: las caídas habrían sido del 50,5 % en Grecia, 47,6 % en Irlanda, 29 % en España, 18,6 % en el Reino Unido, 17, 7 % en Italia, 17, 4 % en Países Bajos, 12,6 % en Estados Unidos, 12,1 % en Francia, y 2,5 % en Alemania.4

Según otra fuente fiable, que mide «el daño a largo plazo causado por la Gran Recesión», en términos de comparación entre el producto real y el potencial, resulta que para el conjunto de 23 países desarrollados analizados la pérdida registrada es de un 8,4 %, correspondiendo los peores datos a un buen número de economías europeas. Grecia, Irlanda y Hungría habrían experimentado pérdidas de en torno a un 30 %, en tanto que la economía española rondaría el 23 %.5 Sabíamos ya que procesos de crecimiento rápido como el que se vivió en España, por ejemplo, en los tres lustros que precedieron a la crisis, eran de todo punto insostenibles; pero ello causa escaso consuelo ante el derrumbe absoluto con respecto a las expectativas que nuestras sociedades se habían forjado, y que las cifras anteriores acreditan.

No es raro que, al menos hasta entrado 2015, la gran mayoría de las predicciones que se han ido haciendo en todo este tiempo sobre las diversas economías y la internacional en su conjunto con frecuencia se hayan equivocado de un modo significativo y siempre en la misma dirección: pecando de optimismo. Han sido paradigmáticos en ese sentido los errores de cálculo de una de las grandes factorías de análisis y predicción económicos, el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sus previsiones sobre la evolución del PIB de numerosas economías tuvieron que ser continuamente revisadas a la baja al ir quedando los datos reales en niveles inferiores de lo previsto. Con el tiempo, el FMI se ha ido incorporando cada vez más al campo de los pesimistas en relación con las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Hasta el punto de haber titulado así su informe de primavera de 2016: «Crecimiento demasiado lento por demasiado tiempo».

Si nos fijamos en Europa, es importante aclarar que la línea contractiva no tuvo un carácter universal. Su impacto en el este del continente fue mucho menor. Polonia, por ejemplo, no conoció la recesión en todos estos años, mientras que en Eslovaquia, la República Checa o los países bálticos, que experimentaron durísimas contracciones al comienzo de la crisis, vieron después una recuperación bastante rápida y consistente. En todo caso, observada desde una perspectiva general y de largo plazo, la crisis europea ha traído como consecuencia la ruptura, o incluso reversión, de la tendencia hacia la convergencia real entre el conjunto de las economías que forman la Unión Europea (UE), que fue uno de los principales legados de la integración europea en las últimas décadas.6 Las expectativas de continuidad de esa convergencia se han desmoronado por completo.

EL FANTASMA DE LA DEFLACIÓN

La doble recesión europea, seguida de una débil reactivación, ha venido acompañada por un viejo enemigo al que muchos consideraban muerto y enterrado: la deflación o, al menos, la desinflación. Con la excepción notable del Japón posterior a 1990, este escenario deflacionista europeo era desconocido para el mundo desarrollado desde la década de la Gran Depresión. Los datos, en todo caso, son indiscutibles. En la UE el crecimiento de los precios prácticamente no ha subido de cero en los últimos años, con un buen número de países –como España– instalados en tasas negativas durante varios trimestres consecutivos. Con una perspectiva general, a mediados de 2015 para el conjunto de 189 países que suministran esos datos, la inflación mediana estaba por debajo del 2 %; había más países con tasas por debajo de cero que superiores al 10 %; y en el grupo de 23 economías avanzadas, la inflación mediana era del 0,2 %, la más baja desde 1933.7 ¿Qué factores se encuentran detrás de esta tendencia deflacionista? Sin duda, existen factores relacionados con la reducción de costes, como los asociados a la energía y otras materias primas. Pero hay otro hecho fundamental y de gran gravedad: la atonía general de la demanda. Por un lado, la paralización casi total del crédito y la situación de trampa de liquidez han secado los gastos de consumo y de inversión del sector privado. Se han unido las políticas públicas obsesionadas con la consolidación fiscal y también, en muchos países, la fuerte presión a la baja sobre los salarios: algo así como la reunión del hambre y las ganas de comer.

En ese sentido, después de tantos años en los que el miedo a la inflación era el que marcaba absolutamente las pautas de la gestión macroeconómica, ahora es su reverso –aunque hay que advertir que inflación y deflación no son exactamente problemas simétricos– el que comienza a ocupar el centro de la preocupación en el debate público. Por dos motivos: porque, tal y como mostraremos un poco más adelante, complica extraordinariamente la resolución de algunos de los principales problemas actuales (sobre todo, la minoración de la deuda); pero también, y sobre todo, por lo que tiene de síntoma: la deflación, al hacernos percibir que nos asomamos al abismo del estancamiento, es como el pájaro que enmudece en una mina cuando se produce una emanación de gas grisú. Como iremos comprobando a lo largo de los siguientes capítulos, es esa combinación de amenazas deflacionistas y de estancamiento uno de los principales cambios que están detrás de la denodada búsqueda de un nuevo compás para las políticas económicas, tanto desde el punto de vista teórico como de su aplicación práctica.

MONTAÑAS DE DEUDA

La segunda gran cuestión es la del apalancamiento del sector privado, es decir, los hogares, las empresas y la banca. Si hay una idea económica que ha quedado desacreditada en los últimos años es la de que «el nivel de la deuda privada no importa». Esta idea constituye el contenido central del llamado teorema de Modigliani-Miller y, en términos más generales, fue uno de los argumentos más exitosos que pregonaban la visión ultrarracional de las finanzas durante las décadas de expansión (abordaremos con calma esta cuestión en el capítulo 5). El propio Ben Bernanke, anterior presidente de la Reserva Federal, afirmó en 2005 que «el nivel de la deuda privada no tiene efecto macroeconómico alguno». De ahí que los modelos de previsión macroeconómica que manejaban los bancos centrales y los gobiernos para la previsión del comportamiento de la economía no tuviesen en cuenta la deuda.

Ahora sabemos bien que la deuda importa, y además mucho. En realidad lo hemos sabido siempre. Las crisis financieras son fenómenos recurrentes y consustanciales a la economía capitalista. Lo conocemos desde la célebre tulipomanía holandesa del siglo XVII que inspiró los «tulipanes de amargo aroma» del poeta polaco Zbigniew Herbert. El gran historiador económico Charles Kindleberger describió en su libro imprescindible Manías, pánicos y cracs la pauta regular que siguen estos eventos: euforia, formación de burbujas de deuda, pinchazo irreversible de éstas y duros impactos sobre la economía real. Dos importantes economistas contemporáneos, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, en su tan conocido libro Esta vez es distinto, se remontan a «ocho siglos de crisis financieras» a la hora de documentar el papel que juega el endeudamiento en las crisis financieras y económicas.

Decíamos que lo hemos sabido siempre, pero se trata de un asunto que con frecuencia se olvida… con consecuencias catastróficas.8 En este sentido, asombra constatar las semejanzas existentes en el clima de opinión frente a las finanzas antes de 2008 con el que predominaba en momentos previos a otras grandes contracciones. Por ejemplo, al hablar de la situación de los años veinte del siglo pasado, decía un analista de la época: «[…] después de 1925 los esplendores de un patrón de cambio estable cegaron los ojos de los banqueros y del mundo en general. La ilusión de que los desajustes económicos serían corregidos por fuerzas automáticas dominaba el pensamiento financiero del mundo».9

Sin embargo, en la brusca aparición de la crisis actual hay elementos nuevos que indican que esta vez no se trataba de una burbuja más. Entre 1980 y 2007 los mercados financieros internacionalizados adquirieron un peso en la dinámica económica que nunca antes habían tenido. De aquí que el peligro que representaba su explosión eventualmente descontrolada fuese también mayor. Esta realidad es la que hace ahora tan importante que el proceso de desendeudamiento se haga de un modo ordenado y firme. De hecho, si a partir de 2009 hubo un objetivo de primer orden detrás de las políticas puestas en marcha en todo el mundo desarrollado, con mejores o peores criterios concretos, ése fue el ajuste de los balances a través de la reducción de la deuda.

¿Puede decirse a mediados de 2016 que ese proceso ha tenido lugar? Como mostraremos a continuación, basándonos en algunos estudios empíricos recientes, la respuesta es negativa. Cuatro rasgos lo ponen claramente de manifiesto: 1) a escala mundial el nivel de deuda acumulada no es ahora menor, sino mayor, que en 2008. Entre ese año y finales de 2013 el peso de la deuda aumentó para el conjunto de la economía internacional en 38 puntos porcentuales; 2) el nivel de deuda total de los países desarrollados se ha reducido mínimamente desde sus cotas desmesuradas de partida, pero esta leve reducción ha sido más que compensada por la subida del montante de la deuda en el mundo emergente. Si hasta 2008 el apalancamiento general estuvo muy localizado en los países del centro industrializado, durante la crisis el protagonismo mayor en ese ámbito correspondió sobre todo a los países BRICS: tan sólo en China la ratio de deuda sobre el PIB subió 72 puntos porcentuales; 3) la deuda privada (incluida la del sistema financiero), que constituía el núcleo del problema en 200810 –a diferencia de la pública, que presentaba cotas moderadas en un buen número de países–, tendió a reducirse ligeramente, pero su dinámica descontrolada fue acaparada ahora por la de las administraciones públicas; 4) esa reducción de la deuda privada ha sido significativa en algunas economías, como la norteamericana y la británica (al menos en los casos de consumidores y empresas), pero la de carácter público ha tendido a crecer considerablemente; y 5) en otras muchas economías sobreendeudadas, como en el caso de España, la ligera reducción de la deuda privada ha sido más que compensada por expansiones verdaderamente grandes de las deudas soberanas, una tendencia que puede parecer incomprensible en una primera visión, dado que la prioridad obsesiva de las políticas públicas de los últimos años estuvo centrada precisamente en corregir ese problema.11

En consecuencia, el estado del problema en 2014 era de una indudable gravedad. Para el conjunto de la eurozona la deuda total representaba un 385 % del PIB (164 % la privada no financiera, 128 % la financiera, y 93 % la pública), aumentando en 25 puntos porcentuales desde 2008, mientras en el Reino Unido era del 495 % (90 % deuda soberana) y en Estados Unidos del 362 % (105 %, pública). Entre los grandes países europeos continentales, sólo en Alemania la deuda total estaba ligeramente por debajo del 300 % del PIB, con Irlanda en el 1.026 %; Países Bajos, en el 636 %; Suecia, en el 422 %; España, en el 394 %; y Francia, en el 347 %.

Todo lo anterior sugiere que el gran problema del exceso de deuda no se ha reducido en estos años, sino que se ha distribuido de un modo diferente entre sectores económicos y entre unas economías y otras. Por un lado, ha habido un notable proceso de conversión de deuda privada en pública; por otro, se han producido cambios entre países (por ejemplo, la reducción de deuda en Alemania sólo ha sido posible por su sobrecarga en economías como la china).12

Otro componente problemático de este fenómeno de sobreacumulación de deuda es el notable aumento de la considerada como de difícil cobro. Un estudio del Banco de Canadá ha cuantificado esta última, a escala global, en casi 450.000 millones de dólares en 2013, una cifra que no fue siquiera alcanzada durante la gran crisis de deuda externa de la década de 1980 (entonces centrada en el mundo en desarrollo).13

Es decir, tomada la economía global como un todo, y para el conjunto de los sectores económicos, es obligado constatar que el necesario e inevitable proceso de desapalancamiento aún no ha tenido lugar: lo que se ha avanzado por un lado, por otros se ha retrocedido. Ésta es una conclusión particularmente grave que da idea del tiempo perdido y de las notables dificultades que encara todavía la reconstrucción de una línea genuina de crecimiento económico. En particular son decepcionantes los datos de la eurozona, una región en la que la obsesión por evitar a toda costa que la deuda se situara en sendas insostenibles originó una política –la de recortes generalizados en los presupuestos públicos– que a la postre no hizo sino impulsar más y más los niveles de deuda. Así lo muestra la comparación con otras economías desarrolladas en las que las políticas macroeconómicas fueron más matizadas: como ya hemos mencionado, ni el Reino Unido ni Estados Unidos experimentaron crecimientos de la deuda total a lo largo de los años de crisis, como sí ocurrió en la eurozona (en conjunto, unos 25 puntos porcentuales). Parece por tanto que, sobre todo los europeos, estamos atrapados en un círculo vicioso de alta deuda que frena el crecimiento, lo que a su vez hace crecer los niveles de deuda.14

La larga pervivencia de esa situación de deuda fuera de escala trae consigo consecuencias graves para la economía. Por un lado, mantiene la vulnerabilidad ante el riesgo de nuevas crisis financieras. De ahí que no sea raro que en los últimos años se hayan multiplicado las advertencias sobre la posible formación de nuevas burbujas y los efectos devastadores que tendría su eventual estallido. Por otro lado, es evidente que la permanencia de altas deudas constituye una rémora para la reconstrucción de las bases del crecimiento económico, entre otras cosas debido a la duración del shock de crédito. En ese sentido, cabe afirmar que la excepcional duración de esta crisis, sin duda una de las más largas en la historia del capitalismo, tiene que ver con el extraordinario nivel alcanzado por el endeudamiento en su arranque, y con el grave retraso acumulado por su proceso de purga.15

A estas alturas parece ya evidente, por tanto, que las diferentes economías nacionales no se van a desendeudar ni fácil ni rápidamente, a no ser que se establezcan mecanismos especiales que lo hagan posible. Uno de ellos es la inflación, que, como es bien conocido, lamina el valor real de las cantidades que se deben. Sin embargo, esa vía está ahora mismo, por primera vez en muchas décadas, ausente en la dinámica de nuestras economías debido a las presiones deflacionistas. Dejando al margen el uso de otros mecanismos, como la represión financiera directa, la otra posibilidad es optar por alguna fórmula de reestructuración de las deudas. Este camino fue muy usado en el pasado por las economías ahora desarrolladas, pero quedó confinado al mundo emergente –donde se usaron con gran profusión– a partir de 1980. Las reestructuraciones suelen traer consigo elementos traumáticos, sobre todo si, como suele ocurrir, incluyen quitas (reducciones del nominal de la deuda). Éste es el motivo por el que los prestamistas y las autoridades se resisten a su introducción. Pero todo lo dicho hasta ahora apunta a que en algún momento, a lo largo de los próximos años, veremos procedimientos de ese tipo.

EL FONDO OSCURO DEL ESPEJO JAPONÉS

El hilo argumental que más nos interesa seguir en este capítulo es el que liga las situaciones de exceso de deuda con las dificultades para el crecimiento. Para entender alguna de estas relaciones hagámonos estas dos preguntas: ¿cuál es la explicación al prolongado estancamiento experimentado por Japón desde 1990 hasta la actualidad? ¿Pueden caer ahora el resto de las economías occidentales en una situación similar de estancamiento económico prolongado?

A la hora de buscar una respuesta a estas cuestiones nos encontramos con uno de los conceptos clave surgidos para intentar explicar la intensidad y duración inusitadas de la contracción de los últimos años: el de recesión de balance. Este concepto fue inicialmente propuesto por el economista Richard Koo, especialmente en su libro The Holy Grail of Macroeconomics, para intentar descifrar los enigmas del súbito pero prolongado estancamiento económico experimentado por Japón desde inicios de la década de los noventa, y está ahora en el corazón de los análisis de organismos como el Bank for International Settlements (BIS; en español Banco de Pagos Internacionales, BPI) en sus informes recientes.16

La idea central es que un ciclo financiero es algo muy diferente y mucho más grave que un simple ciclo de negocios. Cuando la burbuja financiera está en formación, la excitación general que provoca lleva a la expansión inmoderada de las inversiones en algunos sectores y también del balance de los hogares. Cuando la tendencia cambia en los mercados de capital, sus consecuencias sobre la economía son letales. A partir de ese momento todo tipo de empresa y también los particulares se ven obligados a ajustar drásticamente sus balances y a dar absoluta prioridad a la reducción de sus deudas en las peores condiciones de la economía, sometida a contracciones de gasto.

Evidentemente, la dureza y duración de la contracción dependerá sobre todo de la intensidad de los excesos acumulados durante la expansión. Si éstos han sido muy grandes, debemos prepararnos para una recesión profunda, pero también para que la recuperación subsiguiente sea lenta y costosa. La razón es que algunos de los elementos que podrían facilitar la recuperación –como el flujo del crédito– están prácticamente ausentes. De algún modo, la intensidad de las recesiones de balance muestran las deficiencias estructurales de la economía que habían quedado ocultas bajo la superficie durante la etapa de expansión. En la medida en que los esfuerzos a favor de la absorción de los excesos de deuda se mantengan durante largos períodos, la pérdida de consumo y la insuficiencia de la demanda agregada se harán permanentes. De esta forma, surge un pesado lastre para la recuperación de la actividad y, en mayor medida aún, del empleo.17 Las recesiones de balance, por tanto, a diferencia de las recesiones ordinarias, suelen conducir a décadas perdidas.

Pues bien, como ya hemos anticipado, la noción de recesión de balance cuadra muy bien para explicar lo acontecido en los últimos años con un buen número de economías, como la norteamericana o la española.18 A la luz de los argumentos contenidos en los párrafos anteriores se hacen más fácilmente comprensibles las duras realidades que están detrás de los datos recogidos al principio de este capítulo sobre las trayectorias del PIB. En palabras del BIS de Basilea, ésta «no fue la típica recesión de posguerra para contener la inflación. Fue una recesión de balance, asociada a la fase contractiva de un enorme ciclo financiero».19 En el caso de la economía europea no es raro que cada vez más estudios de prospección sobre su evolución a medio plazo se refieran al espejo japonés, en cuyo fondo oscuro surge el espectro de un prolongado estancamiento.

La forma más común de abordar la acumulación de desequilibrios de los últimos años es verlo como la consecuencia del carácter fuertemente contractivo de la fase actual de un simple ciclo económico. Sin embargo, lo que tenemos delante es algo más que un ciclo convencional de los negocios. Estamos ante algo más complejo y difícil: el ciclo financiero. Ésta es una de las principales innovaciones teóricas de los últimos años. Entender bien la diferencia entre ambos es muy importante para captar algunos de los principales problemas de la economía contemporánea. Existen cuatro diferencias básicas que distinguen los ciclos financieros de los ciclos económicos convencionales. Primero, su duración es típicamente mucho mayor, de entre quince a veinte años, frente a un máximo de ocho de los ciclos convencionales. En segundo lugar, el final de las fases de auge del ciclo financiero generalmente vienen de la mano de crisis bancarias y tensiones crecientes en los mercados financieros. Tercero, su evolución suele ser sincronizada –lo que no quiere decir idéntica o paralela– en numerosas economías de todo el mundo. Y cuarto, los ciclos financieros vienen muy marcados por los entornos institucionales y macroeconómicos; por ejemplo, el ciclo de las últimas décadas tuvo mucho que ver con el impulso de la liberalización financiera y su separación de las políticas monetarias.

El mayor peligro de no saber distinguir el ciclo financiero del económico convencional es que los responsables de las políticas centren su actuación en el segundo de ellos ignorando el primero. Es decir, que, por ejemplo, practiquen la expansión monetaria para estimular la economía por razones coyunturales olvidando los efectos que esa relajación pueda tener en términos de un eventual sobreendeudamiento. Eso fue exactamente lo que ocurrió en muchos países –entre ellos Estados Unidos o España– en el período previo a la crisis, constituyendo una causa mayor de ésta.20

DEMASIADAS FINANZAS SON MALAS
PARA LA ECONOMÍA

La segunda idea nueva que conviene considerar para entender la relación entre situaciones de elevado endeudamiento y dificultades para el crecimiento es la del estancamiento secular (secular stagnation). Aunque ya había sido mencionada por el economista Alvin Hansen en los años treinta al analizar la Gran Depresión, había quedado en el olvido. Hasta que fue recuperada por el economista norteamericano Larry Summers en una conferencia pronunciada a finales de 2013. A partir de esta fecha son muchos los economistas de primer nivel que la han utilizado. Pero, en realidad, no todos ellos se refieren exactamente a la misma cosa. De ahí que se hayan producido algunas interesantes discusiones acerca de los contenidos reales de un posible estancamiento secular y de sus causas.21

En este debate es fundamental el libro colectivo editado por el Centre for Economic Policy Research (CEPR), con aportaciones notables del propio Summers, Robert Gordon, Paul Krugman o Richard Koo.22 Se comprueba allí que efectivamente hay más diferencias que coincidencias a la hora de definir la noción de estancamiento secular. Quizá podría servir como punto común el concepto técnico de Summers: durante un período prolongado, los tipos de interés reales han de ser negativos (en un 2 o 3 %, o en términos generales) para equilibrar el ahorro y la inversión, de modo que se pueda alcanzar el pleno empleo. Como vemos, aparece aquí el ahora famoso y temido zero lower bound (ZLB, que podría traducirse por «límite inferior a cero de los tipos nominales»). La muy baja o negativa inflación y el ZLB constituyen en la práctica una combinación letal para las posibilidades del crecimiento y el empleo. Y también un serio peligro para la estabilidad financiera, ya que sabemos bien –sobre todo después de la experiencia de 2000-2007– que la permanencia de tipos nominales y reales muy bajos en una situación de insuficiencia de demanda impulsa la formación de burbujas en algunos activos. Más importante todavía: si los tipos de interés se hacen persistentemente negativos (incluso en términos nominales), tal y como se está haciendo moneda común en los últimos años, ¿ello no atenta contra las bases del funcionamiento de las entidades bancarias y, más aún, no va contra la lógica del sistema capitalista como un todo?

Los debates más interesantes en torno al estancamiento secular, y los que en mayor medida permiten conectar este concepto con la situación actual, son los que se refieren a sus causas. La más compartida es la que guarda relación directa con nuestro argumento central en este capítulo: el exceso de deuda. Utilizando las palabras de Richard Koo, «la recesión de balance es la causa del estancamiento secular».23 Dicho de otra manera, lo verdaderamente trascendente para explicar el bloqueo del dinamismo económico es el hecho de que estamos aún sumidos en la fase contractiva de un superciclo financiero.24

Este planteamiento debe complementarse, sin embargo, con otros fenómenos que apuntan en la misma dirección. En particular, la demografía adversa y la creciente desigualdad, con su impacto negativo sobre el gasto de los hogares con menos ingresos, que son quienes tienen una mayor propensión a consumir. En nuestra opinión, otras explicaciones sobre las posibles causas del estancamiento, como las que recalcan que la actual ola de innovación tecnológica tiene escasa influencia sobre la productividad (en lo que ha insistido mucho Robert Gordon), son mucho más aventuradas y discutibles.

Como ya hemos dejado consignado en el capítulo anterior, las percepciones sobre el papel de las finanzas en la economía han cambiado mucho en los últimos años. Múltiples investigaciones están demostrando que cuando los mercados de capital alcanzan la dimensión desmesurada que ahora mismo tienen, más que ventajas, traen consigo un importante lastre para la marcha de la economía. Así ocurre en el ámbito de la distribución de la renta, y también en lo que en este momento nos interesa más señalar, la eficiencia en la asignación de recursos y el ritmo de crecimiento.

Ciertamente, la asociación entre exceso de deuda y bloqueo del crecimiento se ha consolidado en los últimos años gracias a la aparición de algunos estudios empíricos que la acreditan. Así, al examinar 33 sectores de 15 países los economistas Stephen G. Cecchetti y Enisse Kharroubi han comprobado la existencia de una relación negativa entre la tasa de crecimiento del sector financiero y la de la productividad total de los factores en la economía. Su idea básica es que las finanzas son una palanca positiva para el desarrollo cuando se mantienen dentro de una determinada escala, pero se convierten en una importante rémora al traspasar ese umbral.25

¿Por qué razón el sistema financiero se convierte en rémora? Porque un sector financiero sobredimensionado, más que complementar, compite fuertemente con el resto de los sectores de la economía, sobre todo con los más dinámicos y de mayor productividad potencial. Una vía es a través de la competencia por los mejores cerebros de científicos e ingenieros para la gestión de productos financieros sofisticados. Otra, orientando el crédito hacia sectores regulados o manufactureros de baja productividad. En su análisis, Cecchetti y Kharroubi señalan que «la sobreexpansión del crédito daña sobre todo a los sectores que en mayor medida impulsan el crecimiento general (y en particular a aquellos que son más intensivos en I + D)».26 Sobre este punto se van acumulando investigaciones de alto nivel que demuestran la larga sombra que sobre la productividad están teniendo, y tendrán todavía durante un buen tiempo, las distorsiones producidas en la asignación de recursos por el boom de crédito durante la fase de expansión (de la que el sobrepeso de sectores como el de la construcción residencial fue el fenómeno más conocido).27

La hiperfinanciarización de la economía que caracteriza el capitalismo de las últimas décadas no es solamente, por tanto, un problema para los objetivos de estabilidad macroeconómica y equidad distributiva, sino también para el crecimiento económico real. Ésta es una conclusión notable y muy rompedora de doctrinas ampliamente aceptadas durante mucho tiempo. El impacto de ese viraje en la consideración del papel de las finanzas –propuesto, por cierto, por unos autores que pertenecen también al BIS– ha llevado a The Economist a incluir un titular que a muchos habrá sorprendido: «Warning: too much finance is bad for the economy».28

¿Por qué surgen precisamente ahora estos nuevos conceptos y debates? Sencillamente, porque se acoplan como anillo al dedo a algunos de los hechos y las tendencias que hemos observado en los últimos años. Para empezar, entre 2008 y 2014 la tasa de interés real en Estados Unidos fue, en promedio, de un -1 %. En su interpretación keynesiana, la previsible escasez de demanda (ya sea por factores demográficos o por la persistencia del desapalancamiento de los hogares y de las empresas) lleva a esperar que el crecimiento del PIB real se mantenga durante un largo período por debajo del PIB potencial. Pero no todas las economías están expuestas a la amenaza del estancamiento en el mismo grado. Desgraciadamente, la UE es la región del mundo donde mejor parecen cuadrar los análisis y las predicciones sobre el estancamiento secular. De verificarse –es decir, de no hacer nada para evitarlo–, la tan desgastada expresión euroesclerosis habría cobrado finalmente cuerpo.

Lo que sí parece claro es que no estamos simplemente ante la amenaza de sufrir bajas tasas de crecimiento durante una larga temporada, sino ante una combinación de difíciles problemas que resultan en algo más complejo e incierto. No es raro que economistas como Raghuram Rajan adviertan de la necesidad de «prepararse para el estancamiento».29 Y aquí entra la cuestión fundamental de las políticas que hacen falta para hacerles frente, cuestión que más adelante recogemos. Las viejas fórmulas de gestión macroeconómica son claramente insuficientes ante la magnitud y las características de este problema. En un plano teórico, la posibilidad muy real de que estemos entrando en una era de estancamiento secular obliga a repensar las ideas básicas de política macroeconómica.30 A propósito de ello, Larry Summers ha hablado de «la manifiesta inadecuación de las fórmulas convencionales, ante la eventualidad de que pueda ser imposible para una economía conseguir simultáneamente el pleno empleo, un crecimiento satisfactorio y la estabilidad financiera simplemente utilizando políticas monetarias tradicionales».31 Ante esto, parece evidente que las políticas fiscales activas tienen un papel importante que jugar para evitar un largo declinar. Lo cual constituye una razón para impugnar a fondo la política seguida en Europa, el área más amenazada por este problema en los últimos años.

Visto desde una perspectiva temporal más amplia, el declinar del crecimiento no es un fenómeno estrictamente nuevo que haga acto de presencia por primera vez con el colapso financiero en 2008. Al contrario, desde 1970 se observa una tendencia a la progresiva reducción en las tasas de expansión de la actividad, lo que constituye un hecho alarmante. En todo caso, tal y como ha concluido el analista británico Gavyn Davies, «la reducción del crecimiento a largo plazo en los países desarrollados parece haberse convertido en un hecho permanente de la vida, más que un resultado temporal del crash que desaparecerá con el tiempo».32 Todo eso será así, añadimos nosotros, a menos que una acción enérgica lo impida, en términos de políticas macroeconómicas activas y reformas estructurales pensadas para favorecer el crecimiento con una perspectiva de largo plazo (dirigidas a impulsar la tecnología, el capital humano y la mejora institucional). Pero pudiera ocurrir que una reducción general de los ritmos del progreso económico tengan lugar en cualquier caso en el mundo desarrollado.

EL MALESTAR CON LA GLOBALIZACIÓN
SÓLO ACABA DE COMENZAR

¿En qué sentido las grandes turbulencias de los últimos años han afectado a la dimensión global del capitalismo? Recordemos que en los inicios de la crisis se especuló mucho con la posibilidad de que se produjera un significativo retroceso en el grado de internacionalización. ¿Ha tenido efectivamente lugar? Hasta el momento, desde luego, no. Pero tampoco cabe excluir que ese fenómeno se produzca en cualquier momento. De hecho, cuando escribimos estas páginas estamos asistiendo a la aparición en numerosos lugares de un fuerte cuestionamiento social y político a los nuevos tratados de comercio, como los que se están negociando entre Estados Unidos y Europa. De un modo destacado, en la campaña presidencial norteamericana, los diversos candidatos –sobre todo Donald Trump y Bernie Sanders– han enarbolado su rechazo a los acuerdos comerciales (que se extiende incluso a tratados que están en vigor desde hace varios lustros, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) como una de sus principales banderas, debido a sus efectos sobre el empleo y los salarios interiores. De este modo, la política comercial parece erigirse expresamente, por primera vez en mucho tiempo, en uno de los principales centros del debate político en Estados Unidos. De la misma forma, el cuestionamiento en la UE de la firma de esos acuerdos de liberalización no deja de ir a más. Es verdad que algunos de esos tratados –y en particular el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)– tienen una cara oscura, sobre la que se centra una buena parte de la contestación creciente: algunos de sus puntos pueden ser lesivos en materia de derechos sociales o protección de los consumidores. Pero también lo es que ese malestar podría fácilmente trasladarse a la idea de apertura comercial e inclinar la balanza hacia el lado proteccionista.

Más gravedad puede tener en este punto la salida británica de la UE, que tanto tiene que ver también con un profundo malestar. Los efectos económicos que tal decisión traiga consigo dependerán de cómo evolucione el proceso de negociación de los términos concretos de la salida. Pero el entorno general en que se ha producido sugiere que, en todo caso, las relaciones comerciales entre el Reino Unido y sus antiguos socios en la UE no serán a partir de ahora nada sencillas. Ése es el tipo de situaciones en las que resulta fácil que surjan represalias mutuas, por lo que el peligro para el comercio abierto se hace ahora bastante explícito. Un peligro que se multiplicaría en el caso de que algún u otro país siguiera el (mal) ejemplo británico.

Las tres preguntas clave a las que es obligado responder para hacernos una idea clara sobre las consecuencias efectivas que la Gran Recesión ha tenido sobre la dinámica de la globalización entre 2007 y 2015 son las siguientes: ¿se ha corregido el grave desequilibrio global que se había acumulado en los años finales de la expansión entre Asia y Estados Unidos y entre Alemania y el resto de los países de la UE? ¿Los flujos de capital se han visto minorados? Y por lo que hace al comercio, ¿se han cumplido los pronósticos agoreros hechos en el otoño de 2008 sobre el advenimiento de una nueva era de proteccionismo?

Respecto al primer punto, hace una década, inmediatamente antes de la explosión de la crisis, el llamado global imbalance –es decir, la posición de desequilibrio de las cuentas exteriores de los diferentes países, ya sea en déficit o en superávit– alcanzó cotas extraordinariamente elevadas. Los mayores protagonistas de esa situación eran Estados Unidos, que acumuló grandes déficits en sus balanzas comerciales (próximos al 10 % de su PIB), por un lado, y las potencias asiáticas, China y Japón, con sus enormes superávits, por otro. Pero otros muchos países contribuyeron a agrandar ese desequilibrio; en el ámbito europeo, las posiciones más extremas las ocuparon España y Alemania.

Es obvio que la situación respectiva que los diferentes países ocupan ante los desequilibrios en la economía internacional guardan una relación muy directa con la que mantienen frente a los flujos de deuda: el déficit sistemático de la balanza comercial de un determinado país indica que su nivel de gasto agregado está por encima de los recursos de su ahorro interno, por lo que solamente podrá cubrirlo mediante el acceso al crédito en los mercados exteriores, convirtiéndose por tanto en prestatario neto. Así fueron fijando su posición las diferentes economías ante el crecimiento general de las deudas internacionales: unas como grandes o pequeñas acreedoras, según los casos, y otras como deudoras. No hay que insistir en que un desequilibrio global muy elevado equivale a un horizonte cargado de peligros de inestabilidad, tal y como se pudo comprobar dramáticamente después del accidente de Lehman Brothers.

En los ocho primeros años tras la crisis, y como consecuencia de los intensos procesos de ajuste puestos en marcha, los desequilibrios globales se han ido corrigiendo, hasta recortarse en aproximadamente un tercio de su valor inicial. En particular, una de las mayores reducciones corresponde al diferencial entre los dos grandes protagonistas del desequilibrio inicial, China y Estados Unidos. El déficit comercial en Estados Unidos en esos ocho años se recortó en casi medio billón de dólares, en tanto que el superávit chino se redujo desde un 8,3 % a un 1,9 % de su PIB.33 Se trata de resultados notables, sobre todo por lo que tienen de disminución de los riesgos sistémicos. Pero ello no puede hacer olvidar la pervivencia de los dos tercios restantes. Por tanto, mucho tiempo después de comenzado el ajuste el problema sigue vivo, aunque ahora sea menos amenazador.

En segundo lugar, la evolución del comercio mundial en estos años se ha mantenido muy lejos del colapso que en principio se temió. Aunque en los inicios de la crisis efectivamente se produjo una fuerte caída, en proporciones que se pueden calificar de históricas, se recuperó entre finales de 2009 y mediados de 2010 gracias a la sorpresiva reactivación experimentada por las economías en desarrollo. A partir de entonces, sin embargo, la expansión de los flujos comerciales se ha ralentizado, manteniéndose en todo caso muy por debajo de los ritmos de las dos décadas anteriores a la crisis. Si entre 1985 y 2007 su crecimiento medio fue de un 6,8 %, entre 2011 y 2014 apenas pudo alcanzar el 3 %, una tasa de crecimiento ligeramente por debajo del mantenido por el PIB mundial. Esto es algo que no se había registrado desde el período de entreguerras.

Como ya hemos señalado, en la declaración de la primera reunión del G-20 a finales de 2008 los líderes de esos países hicieron un vibrante llamamiento a evitar los cantos de sirena del proteccionismo. A pesar de estas buenas intenciones la organización Global Trade Alert (GTA) ha conseguido documentar casi 1.800 medidas de corte proteccionista aprobadas por esos mismos gobiernos entre aquel momento y 2014. No se trata de un aumento general de las tarifas, sino de otro tipo de medidas con contenidos discriminatorios diversos, que incluyen subsidios al salvamento de empresas o sectores específicos (lo que el propio GTA denomina formas de «proteccionismo vergonzante»). Siendo esto cierto, si levantamos la vista, notaremos que en las principales economías lo que ha habido es una combinación de proteccionismo selectivo y promoción del comercio, y que, en cualquier caso, en modo alguno tuvo lugar la temida «nueva era de proteccionismo». Esto es algo a destacar, pues es la primera vez que ocurre en una gran crisis del capitalismo. Pero no se debiera proclamar como un hecho definitivo, dado que, como acabamos de señalar, el malestar con la globalización tras la crisis de 2008 sólo acaba de comenzar.

Pero ciñéndonos al presente, las débiles tasas de crecimiento del comercio entre 2010 y 2014, después de todo, no están nada mal, pues consiguieron superar, además de los obstáculos ya mencionados de las medidas proteccionistas, otros dos obstáculos de considerable magnitud. En primer lugar, el comportamiento azaroso de los tipos de cambio en diferentes momentos, ya fuera debido a comportamientos agresivos –guerras cambiarias, como las que en varios momentos libraron, a veces de un modo cruzado, el dólar, el yen y el yuan–, ya a las consecuencias sobre esas variables de los cambios acontecidos en las políticas monetarias de los diferentes países y regiones. Es decir, la depreciación del dólar norteamericano, y su posterior apreciación, como consecuencia de la puesta en vigor y los anuncios de progresiva retirada, respectivamente, de la expansión cuantitativa (quantitative easing) de la Reserva Federal. Y en segundo lugar, los cambios importantes producidos en el panorama geoestratégico, derivados de la complicación de la situación del golfo Pérsico y la aparición de un inesperado foco de inestabilidad en Ucrania y el conjunto del este europeo. El riesgo geoestratégico dificulta la recuperación del comercio internacional, pero parece lejos de representar una amenaza seria de hundimiento.

Es verdad que a partir de 2014 el panorama comercial se ha tornado más oscuro, redoblándose la preocupación por su futuro. Entre los primeros trimestres de 2014 y 2015, el valor de las importaciones de los BRICS cayó un 18 %, y el de los países del G-7, un 11 %. Algunos observadores han hecho notar que la ratio de flujos comerciales respecto del PIB en la economía global seguramente ha alcanzado ya un límite, a partir del cual sólo cabe esperar retrocesos, aunque sean moderados.34 A la hora de explicar las razones de este repliegue los expertos se dividen en ver en ello un fenómeno estructural (culminación del proceso de integración de algunas áreas como la Europa Oriental o la propia China, caída en la elasticidad-renta del comercio…) o cíclico. El peso que en estas tendencias está teniendo la fuerte desaceleración de las economías emergentes apunta más bien a la validez de la segunda explicación. Hasta el momento, el aumento del grado de proteccionismo ha sido moderado.35 Pero, como señalamos al inicio de este apartado, hay otro factor más imprevisible y que pudiera acabar siendo más determinante: el traslado al terreno político del creciente malestar frente a determinados aspectos de la globalización. En relación con ello, habrá que ver cómo evoluciona y hasta dónde llega la reacción contra los tratados de comercio que está surgiendo en Estados Unidos y Europa, y sobre todo el grado de amplitud de las consecuencias del Brexit.36

Por lo que se refiere a las finanzas internacionales, ¿cuál ha sido su evolución en términos cuantitativos a lo largo de estos años? Los flujos internacionales de capital apenas han retrocedido. Sí se han producido cambios en su composición y en su distribución regional, afectados por las políticas monetarias ultraexpansivas y algunos otros factores. Pero todo indica que, en lo fundamental, el peso de las finanzas en la economía mundial se ha mantenido durante los años de crisis (volveremos a este importante punto al final de este capítulo). Es una muestra más de la fuerza de la cualidad ultrafinanciera del capitalismo contemporáneo.

¿Se ha producido, entonces, un retroceso de la globalización? No hasta ahora en lo que tiene que ver con los flujos financieros ni, aunque de un modo más matizado, con los flujos comerciales. Pero hay otra dimensión de la internacionalización económica frecuentemente olvidada en la que sí ha tenido lugar un freno importante. Se trata de los movimientos migratorios. En este terreno la globalización se ha detenido o revertido con la Gran Recesión. Los obstáculos al libre movimiento supranacional de la fuerza de trabajo han tendido a aumentar en estos años. El miedo al otro que suele ser catapultado por las crisis económicas se convierte ahora cada vez más en fenómeno político abierto, contribuyendo de un modo significativo al crecimiento de los populismos de derecha.

La situación vivida en Europa a partir de la crisis de refugiados de 2015 es su mayor y más grave evidencia. Pese a que la UE, por su propia definición institucional, debiera incorporar una remoción continuada de los obstáculos al libre movimiento de personas, lo que estamos viendo es que, en un buen número de países, esos obstáculos se han visto catapultados, e incluso en algunos casos –de Dinamarca al Reino Unido– se puede afirmar que han cambiado de escala. Todo indica que la presión para redoblar los controles sobre la inmigración irá a más, hasta el punto de que probablemente será uno de los elementos que en mayor medida caracterice el espacio europeo en los próximos años. Con todo ello, la parte más débil de la globalización contemporánea –el libre movimiento de personas– se hace todavía más frágil.

EPPUR SI MUOVE

La sucesión de argumentos sobre la evolución de la economía en los últimos años que se ha incluido en este capítulo no parece dejar mucho espacio para el optimismo. Y sin embargo, hay también algunos factores que pueden jugar en sentido contrario, hasta el punto de poner en jaque alguno de los pronósticos adversos. Más adelante haremos una referencia más extensa a los factores que permiten alimentar una visión posibilista y esperanzadora que deje atrás la austeridad obsesiva europea, y acaso también la senda suicida hacia sociedades fragmentadas y altamente injustas que ahora estamos viendo. Hay, sin embargo, tres notas que queremos incluir en este punto.

La primera es que el estancamiento secular, siendo posible e incluso probable, no está escrito en los cielos. Lo que nosotros detectamos es un riesgo y no una tendencia inexorable. En una visión posibilista es posible que puedan surgir elementos nuevos e imprevistos que rompan esas inercias negativas. Por ejemplo, la reducción sustancial de los precios de la energía ha sido un regalo inesperado para muchas economías a partir de 2015 y, aunque no está garantizado su mantenimiento en el largo plazo, parece que pudiéramos estar ante ciertos cambios estructurales –nuevas técnicas de extracción, variación en la demanda, debilitamiento del poder oligopolístico de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP)– que llevan a pensar en una década de energía relativamente barata como algo más que una quimera.

En segundo lugar está la fuerza de la innovación tecnológica. Es cierto que algunos autores –ya hemos mencionado a Robert Gordon– señalan que la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo –la de la información y el conocimiento– no trae ya consigo crecimientos potenciales significativos de la productividad. Sin embargo, no es éste un asunto que esté claro, pues sobre el camino que a las nuevas tecnologías les quede por recorrer en cuanto a sus efectos económicos pesa un importante grado de incertidumbre. ¿Qué recorrido industrial espera a invenciones tan llamativas como la de la impresión 3D o la robotización generalizada de las actividades productivas? Más allá de la aprensión que produce sobre el futuro del empleo, es difícil contestar con precisión, pues son cuestiones dominadas por una radical incertidumbre. Pero las sorpresas positivas en este ámbito –como tantas veces ha ocurrido en el pasado– no pueden descartarse en absoluto.

En tercer lugar, no puede olvidarse la fuerza que, pese a todo, sigue teniendo la idea de unidad paneuropea. Si bien a partir de 2010 las políticas europeas, sobre todo en la zona euro, constituyeron una rémora importante para las posibilidades de reactivación general, hay que recordar que, en términos históricos, la integración económica en el continente ha sido un factor extraordinario de progreso para todos los que participaron en ella. Quiere decirse que no se puede excluir en modo alguno que las grandes virtudes de la vieja Europa vuelvan a surgir para hacer frente a los malos augurios. Las amenazas ciertas al modelo europeo –esa combinación extraordinaria de civilidad, progreso económico, libertad política y Estado del Bienestar en cotas antes nunca alcanzadas– también pueden ser el comienzo de un viraje en sentido contrario. De todo esto hablaremos con más detalle en el próximo capítulo al abordar el impacto de la crisis y las tendencias de la economía y la democracia en Europa.

POLÍTICAS CONTRADICTORIAS,
RESULTADOS DISPARES

En la primera fase de la crisis las trayectorias de las políticas monetarias y fiscales fueron similares y de signo decididamente expansivo, pero a partir de 2010 se hicieron marcadamente divergentes. Mientras las estrategias de los bancos centrales, aún con apreciables diferencias de intensidad entre ellos, tendieron a utilizar todos los medios disponibles con el fin de contrarrestar la contracción y evitar de esa forma otra Gran Depresión, las políticas fiscales se convirtieron en una carga muy pesada sobre las alas de la recuperación. En este punto destacaron los países europeos, y en particular los de la eurozona.

Con una visión de conjunto que tenga en cuenta las diversas políticas macroeconómicas empleadas en los diversos países para salir de la recesión, así como el grado de coherencia interna entre ellas, se observa un grado mayor de coherencia en los casos norteamericano y británico. Esa coherencia les permitió llegar ya en 2014 a una reactivación de cierta intensidad. Por su lado, la política del gobierno de Shinzo Abe en Japón (la famosa abenomics) es un intento absolutamente heterodoxo de luchar con todos los medios posibles contra las profundas y pertinaces tendencias deflacionistas de esa economía, que vienen ya de inicios de los años noventa. Si no fuera por su parecido con los actuales dilemas europeos, tal vez podríamos desechar la experiencia japonesa por su lejanía. Al tratarse de problemas de largo recorrido sólo el paso del tiempo permitirá juzgar los efectos de esas políticas excepcionales en toda su extensión. En todo caso, los resultados de la abenomics desde 2012 han sido bastante contradictorios, con recaídas en la recesión en algunos momentos y expansión en otros. En las páginas que siguen vamos a revisar algunas de estas políticas contra la recesión y sus resultados.

ACTIVISMO MONETARIO

Las políticas monetarias desarrolladas desde finales de 2008 rompieron con el modelo que había predominado en todo el mundo desarrollado durante la fase de expansión de los años noventa y los primeros años de este siglo. Esa visión dominante se basó en el conjunto de ideas acerca de cuál debía ser el comportamiento óptimo de acuerdo con lo que entonces se llamó «nuevo consenso» macroeconómico. Dentro de esa concepción, la estabilidad de precios era vista como la clave de bóveda no sólo para el equilibrio macroeconómico, sino también como garantía de estabilidad financiera. De ahí que, aunque ahora resulte absolutamente sorprendente y hasta ingenuo, las variables crediticias estaban totalmente ausentes en los modelos de política macroeconómica basados en aquel consenso. Es decir, no se consideraba que el mayor o menor crédito existente en la economía tuviese efecto en la estabilidad macroeconómica. Se entendía que el papel del dinero era neutral en el funcionamiento de la economía y que su función era únicamente servir de medio para facilitar las transacciones económicas. De acuerdo con este enfoque, la gestión de las políticas monetarias fue desentendiéndose de cualquier responsabilidad en materia de control de la política crediticia de las instituciones bancarias.

A partir del colapso financiero se produjo una alteración radical en ese estado de cosas. A lo largo de los años de crisis, la necesidad de afrontar un durísimo shock de crédito provocó que los tipos de interés de referencia de los bancos centrales se mantuvieran en niveles muy bajos en todas partes. En el otoño de 2008, los cuatro grandes bancos centrales redujeron sus tipos de interés básicos, manteniéndolos en niveles históricamente bajos, próximos a cero, hasta finales de 2015: por debajo de 0,25 % en términos nominales en Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña; por debajo de 1 % en la zona euro. Además, debido a las operaciones extraordinarias de creación de liquidez, los balances de todos los bancos emisores mantuvieron una línea de crecimiento constante, con el consiguiente aumento de la cantidad de dinero en circulación, llegando a más de quintuplicarse en el caso de la Reserva Federal.

A la vez que las políticas monetarias se abrían hacia los ámbitos «no convencionales», fueron surgiendo intensos y muy interesantes debates teóricos que apuntaban a una redefinición de sus objetivos y procedimientos.37 Aparecieron dos principales líneas de cambio. Primero, el abandono del objetivo de inflación y de los métodos llamados de inflation targeting (es decir, una estrategia centrada en objetivos de inflación) como único referente para la gestión de la política monetaria. Surgieron entonces otras metas como el crecimiento del PIB o el precio de los activos. Esto era algo lógico si se tiene en cuenta la súbita aparición del enemigo inverso, la caída de los precios. En este nuevo escenario, mantener la credibilidad antiinflacionista como el único motivo de acción para un banco central tenía mucho de lucha contra los molinos. Muchos economistas de primer nivel propusieron entonces la ampliación de los objetivos de inflación desde el 2 %, que fue lo más común en los años de expansión, a nuevos referentes en el 4 o el 6 %. Pero estas propuestas no se han traducido aún en cambios prácticos.

La segunda línea innovadora en la reflexión teórica sobre las políticas frente a la recesión fue la integración entre las políticas monetarias y las de regulación prudencial de la banca. Lo que ahora se propone es que la estabilidad del sistema financiero sea considerada como un todo y que, por tanto, su regulación se incorpore a la gestión macroeconómica, del mismo modo que ocurre con las herramientas estabilizadoras convencionales, es decir, con la política monetaria y la política fiscal. Esta nueva perspectiva sobre las finanzas sí se trasladó bastante rápidamente a las reformas financieras, como veremos más adelante. Sobre esas nuevas ideas tuvo una influencia notable la experiencia en curso de la política aplicada por la Reserva Federal.

Entre todos los bancos centrales, la Reserva Federal fue la que mantuvo una mayor continuidad y coherencia en la dirección de sus políticas. Su presidente en la fase aguda de la crisis, Ben Bernanke, había sido también responsable de la inacción de la autoridad monetaria norteamericana en 2006 y 2007, incluso cuando ya había explotado la burbuja de los créditos subprime. Sin embargo, su primera reacción después de la quiebra de Lehman Brothers fue fulminante. Bernanke fue uno de los primeros responsables políticos de primer nivel en el mundo en percibir en ese momento la gravedad de la amenaza, y también uno de los que se encargó de poner en marcha la estrategia de luchas con todos los medios posibles para evitar, según sus propias palabras, «otra Gran Depresión». Sin duda, influyó mucho en ello el hecho de tratarse de uno de los expertos académicos más destacados en el conocimiento del componente monetario de la gran crisis de los años treinta. Bernanke es afín a la idea de Milton Friedman y Anna Schwartz según la cual fueron los errores de la Reserva Federal, al restringir el crédito entre 1930 y 1932, lo que convirtió algo que, según ellos, no hubiera pasado de ser una fuerte pero momentánea contracción en la enorme catástrofe que efectivamente acabó siendo.

Además de situar los tipos de interés nominales muy próximos a cero, la Reserva Federal siguió una línea de intervención directa sobre la cantidad de dinero. El instrumento utilizado fue la política de inyección masiva de liquidez (expansión cuantitativa), una política nada convencional que contribuyó significativamente a mantener abiertos los canales del crédito en aquella economía. Y eso que, como ya sabemos, el desendeudamiento del sector privado avanzó allí en mayor medida que en Europa. Con el objetivo de crecimiento de la inflación, esta política usó toda una panoplia de procedimientos heterodoxos para alcanzar las metas de liquidez. Entre ellos, la canalización directa de crédito a los sectores de la economía real, reclamándose cada vez más una monetización directa del déficit público, algo que anteriormente, en el consenso de la etapa de expansión, era considerado como un tabú.38

Venimos, por tanto, de un período en el que la política monetaria ha sido llevada a lo que muchos consideran sus últimas fronteras, después de aplicarse lo que un banquero central ha llamado «el mayor estímulo monetario de la historia mundial».39 Sus resultados han sido positivos, desde luego, pero más bien anémicos. En esas condiciones no es raro que muchos observadores se pregunten, cuando estas páginas se escriben (mediados de 2016), si los bancos centrales, únicos responsables del diseño de políticas que dan señales de estar vivos y despiertos, se pueden estar quedando sin munición. No hay, desde luego, una única respuesta. Pero es interesante en este punto constatar la reaparición de una idea de la inyección de liquidez a la economía más audaz que las que se llevaron a la práctica en los últimos años: el helicóptero monetario.40

Se trata de un viejo concepto de Milton Friedman para cuando todo lo demás falle: déjese caer directamente sobre empresas y particulares una gran masa de liquidez, y hágase –decía Friedman– por una sola vez, para que sea absorbida ávidamente por el público. En las versiones que ahora circulan, el mecanismo para llevarlo a efecto en el caso de que las tendencias hacia el estancamiento se consoliden sería la monetización directa de un aumento de gasto público y/o una reducción de impuestos. Es decir, una combinación estrecha entre política monetaria y fiscal. Obsérvese que esta propuesta, así definida, estuvo entre las más demonizadas por los manuales de economía entre 1980 y 2007, por sus seguros efectos inflacionarios. Sin embargo, ahora, como sabemos, tales efectos ya no son temidos, sino más bien deseados. Y en todo caso, según sus defensores, la financiación del déficit resultará menos problemática a través de la máquina de dinero que con emisión de deuda.41

Al margen de su grado de efectividad, esta política tuvo también sus problemas y costes. Por ejemplo, dado que los mecanismos de transmisión de los impulsos monetarios hacia la economía real no han llegado nunca a funcionar del todo bien desde 2008, se ha producido una situación un tanto paradójica. Mientras una parte de las empresas y de familias de baja renta han visto bloqueado su acceso al crédito de un modo continuado, las grandes empresas y corporaciones, así como sectores de renta alta, dispusieron de una gran bolsa de liquidez adicional que multiplicó el riesgo de aparición de nuevas burbujas de activos, de un potencial explosivo de cierta intensidad, como la que ha tenido lugar en los valores bursátiles. El resultado de todo ello en términos de distribución de la renta ha sido negativo, habiéndose calculado que los efectos de la expansión cuantitativa quedaron confinados a no más del 10 % de la población.42

El embolsamiento de liquidez en el ámbito de la especulación financiera ha traído renovadas disyuntivas a la política. Además, el potencial efecto desestabilizador se vería muy reforzado en el caso de que los tipos de interés negativos acabaran por afectar seriamente a la capacidad de las entidades bancarias de generar beneficios (y algunos banqueros ya han expresado sus temores de que tal cosa ocurra).43 Ése es uno de los motivos fundamentales por los que parece razonable concluir que las políticas monetarias no convencionales han llegado a su límite: un límite a partir del cual seguir usando esos instrumentos para servir al objetivo del crecimiento muy bien pudiera estar socavando otra vez las condiciones para la estabilidad financiera.

La evidencia de esos efectos negativos y ese límite, más allá del cual ya es impensable que consiga afectar con eficacia la evolución de la economía, hizo que a lo largo de 2015 comenzara su repliegue. Sin embargo, el hecho mismo de que los reiterados anuncios de subidas inminentes de tipos de interés fueran sistemáticamente incumplidos obliga a pensar en las estrategias monetarias de estos años como un laberinto que fue imprescindible crear, pero al cual es muy difícil encontrar una salida que no dé lugar a daños colaterales.

La historia de la política económica en Europa ha sido bastante diferente de la norteamericana (o la del Banco de Inglaterra, que en gran medida siguió el ejemplo de la Reserva Federal). Entre 2010 y mediados de 2012, el Banco Central Europeo (BCE) fue uno de los causantes del gran desastre de Europa, debido a su actitud de absoluta inhibición ante la creciente degradación de la economía. El prestigioso historiador económico Barry Eichengreen habló por entonces de «la letal inhibición del BCE».44 En algunos casos su comportamiento tuvo algo de chantajista, al obligar a algunos gobiernos a hacer reformas –no siempre bien orientadas– y recortar brutalmente el gasto si querían acceder a la liquidez del Banco Central. Esta conducta no hizo más que precipitar al conjunto de la eurozona hacia la espiral de retrocesos en todos los planos, el económico, el social y el político.

En realidad, durante esos años cruciales, en los que estuvo presidido por Jean-Claude Trichet, el BCE fue el único de los bancos centrales que permaneció apegado a las concepciones predominantes antes de 2008. No es raro, entonces, que el miedo a una hipotética pero improbable inflación le hiciera cometer sus dos históricos errores en los comienzos de los veranos de 2008 y 2011: subir los tipos para reforzar la credibilidad antiinflacionista cuando, en realidad, estaban a punto de sobrevenir fuertes recesiones que no fue capaz de anticipar. La confluencia en esos años de esta política monetaria astringente con una austeridad fiscal inmoderada fue una máquina perfecta de contracción económica. Este resultado era previsible en la medida en que los efectos multiplicadores del recorte en el gasto sobre la evolución de la actividad económica es mayor en condiciones de estrechez monetaria. Mostraremos en el siguiente capítulo que, durante esos años, el BCE no se comportó para nada como lo que debería ser, un prestamista de último recurso para una economía en la que el crédito privado había desaparecido. En consecuencia, la crisis de la deuda soberana no hizo sino empeorar en esos años, a la vez que el riesgo de desaparición del euro se hizo muy significativo en la segunda mitad de 2011 y primera de 2012.

Todo cambió a partir de 2012, como es bien sabido, con la actitud del nuevo presidente del eurobanco, Mario Draghi. El BCE pasó entonces a utilizar dos instrumentos muy poderosos de su arsenal que estaban prácticamente inéditos. En primer lugar, las sucesivas rondas de expansión de la liquidez. Y en segundo, el viejo y potente instrumento de la persuasión moral. Sus efectos se comprobaron ya cuando Mario Draghi anunció en julio de 2012 que el BCE haría todo lo necesario («whatever it takes»), es decir, utilizaría toda su potencia de fuego con el fin de salvar el euro. Su efecto fue inmediato. Las primas de la deuda soberana (el diferencial de coste de la deuda de los diversos países del euro) se redujeron fuertemente al eliminarse sus componentes más especulativos. El instrumento fundamental utilizado fue el programa de Outright Monetary Transactions (OMT) u operaciones monetarias de compraventa (OMC), consistente en compras de títulos de deuda soberana en el mercado secundario. Aunque el BCE no llegó a comprar títulos en el mercado primario de deuda pública, lo que hubiese significado monetizar directamente una parte de ella, las compras en el mercado secundario contribuyeron a relajar las tensiones financieras en el continente.

Pero si su efecto fue contundente al calmar los mercados y alejar el riesgo de desaparición del euro, sus repercusiones efectivas sobre la marcha de la economía han sido pequeñas. Los canales de transmisión de la nueva liquidez hacia las actividades productivas y de consumo de los hogares estuvieron prácticamente bloqueados por el deseo de los bancos de atesorar liquidez y obtener rentabilidad para arreglar sus balances. Por otra parte, en buena medida, el propio BCE neutralizó los efectos potenciales de esas operaciones sobre la actividad económica al subrayar que las compras de títulos públicos deben ser esterilizadas, es decir, no afectar a la oferta monetaria o a la inflación.

Sin embargo, el Consejo del BCE ha ido dando crecientes muestras de insatisfacción con la timidez de su propia actuación. A pesar de la notable oposición de algunos de sus miembros –sobre todo del Bundesbank, el banco central alemán– y de las luchas internas de poder, poco a poco se ha ido abriendo hacia una nueva y mucho más radical estrategia con el fin de combatir la ya innegable corriente deflacionista de fondo.45 Ese cambio se hizo muy visible a comienzos de 2015 con la puesta en marcha de una expansión cuantitativa al estilo de la de la Reserva Federal. A propósito de ello se ha producido un hecho curioso. Las políticas monetarias de Estados Unidos y Europa se han cruzado: cuando la relajación cuantitativa llegó al Viejo Continente, justo en ese momento se anunciaba su abandono por las autoridades monetarias del Nuevo. Como hemos visto, las consecuencias de esto han sido complejas en términos de movimientos de capitales y de los tipos de cambio, originando nuevos episodios de inestabilidad, aún no desaparecidos del todo. Sin embargo, es indudable que esa política más ambiciosa del BCE ha sido un notable alivio para la coyuntura de la atribulada eurozona.

Otra cosa es la perspectiva a largo plazo. Lo que ya hemos dicho para el caso norteamericano se ve reforzado para el europeo. Las políticas monetarias ya no pueden dar mucho más de sí por estar cerca de sus últimas fronteras, tal y como muestran los desmesurados balances de los bancos centrales. El dato de que a mediados de 2016 los bonos con tipos negativos superaban ya los ocho billones de euros, apunta en la misma dirección. Para países como España, que han sufrido fuertes recesiones de balance, es necesario saber que llega un punto en que la política monetaria se hace muchísimo menos efectiva. Lo decía con claridad el anterior presidente del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa, quien tuvo que lidiar con el problema: «En una economía que se está desendeudando la efectividad de la política monetaria declina… [debido a que] el mecanismo de transmisión no funciona después de la explosión de una burbuja».46 Cuando eso ocurre, si se quiere luchar contra el estancamiento, en el campo de la acción macroeconómica sólo queda un camino: el de las políticas fiscales activas.

... Y UNA PASIVIDAD FISCAL DIRIGIDA POR EL PÁNICO

El fuerte activismo monetario tuvo su contrapartida negativa en las estrategias presupuestarias contractivas de los gobiernos. Sobre todo en el caso europeo, en el que estas últimas probablemente sean recordadas durante mucho tiempo como uno de esos ejemplos de políticas obsesivamente encerradas con un solo juguete y que finalmente causaron grandes estragos, sin alcanzar, sin embargo, su objetivo primario. En el capítulo 5 abordaremos el estudio de esas consecuencias, en el terreno estrictamente económico y más allá; ahora se trata simplemente de dejar definido el papel de las políticas fiscales en la evolución económica de los últimos años. Un papel al que el vocablo «rémora» le cae perfectamente.

Comencemos por reconocer que la crisis de la deuda soberana introdujo la necesidad inexcusable de dar prioridad a la corrección de los fuertes desequilibrios de las cuentas públicas, una vez que se acepta que no es posible mantener durante mucho tiempo déficit públicos de más del 10 % del PIB, como ocurría en bastantes países en 2010. Todos los gobiernos del mundo desarrollado dieron pasos en ese camino. Pero mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, se buscó un camino lleno de contrapuntos (la acción de la Reserva Federal, pero también de los organismos parapúblicos de crédito, que insertaron hasta cuatro billones de dólares en la economía, en seis años),47 la línea de austeridad se aplicó en Europa de una forma desnuda y brutal.

¿Qué explica este comportamiento fiscal europeo? Quizá, más que otra cosa, el miedo. El reconocido experto en economía europea Paul De Grauwe ha llegado a hablar de una «austeridad dirigida por el pánico».48 La posibilidad de una voladura descontrolada del euro y la incógnita de la reacción de los mercados originó una percepción de estar ante un abismo. Esta total incertidumbre cegó algunas de las habituales respuestas de cálculo racional. Además, otros dos factores fueron decisivos en la formación de esa política. Por un lado, la inercia de las (malas) ideas, que abordaremos más adelante, y, por otro, las peculiaridades institucionales de la UE. En este último terreno, no sólo se trató de la desaparición durante bastante tiempo de la Comisión Europea en ese proceso (y la consiguiente toma de decisiones por parte del Consejo y el llamado Eurogrupo, donde las posiciones alemanas apenas dejaron margen alguno). Fue sobre todo la carencia institucional de origen que tiene la eurozona, pues sus instituciones y compromisos básicos, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fueron construidos pensando casi únicamente en la lucha contra la inflación. De ahí que se hayan visto inermes ante el desbordamiento de una dinámica económica que conducía al problema contrario.

Durante todo ese tiempo no faltaron análisis que propusieran un enfoque más equilibrado. Se recomendó por activa y por pasiva que la política fiscal necesariamente tenía que contribuir al desapalancamiento público, pero al mismo tiempo tenía que generar los suficientes estímulos como para evitar recaer en una nueva fase de recesión (cosa que, como sabemos, ocurrió). La recomendación de buscar espacios de maniobra fiscal, intentando compatibilizar el impulso coyuntural de la demanda con la necesaria consolidación fiscal a largo plazo,49 fue atendida cada vez en mayor medida por los gobiernos anglosajones, pero no desde luego por los europeos continentales (al menos hasta bien entrado 2015).

En todo caso, el peligro de un estancamiento secular y la progresiva menor efectividad de la política monetaria que hemos comentado en el epígrafe anterior, obligan a redefinir las estrategias fiscales europeas, confiriéndoles un grado de activismo muy superior al que han tenido en los últimos años. En ese sentido, la posibilidad de que se cronifique una situación de bajos tipos de interés, muy negativa en múltiples aspectos, constituye sin embargo una buena noticia en la medida en que aliviará la carga de los elevados niveles de deuda pública. En todo caso, dada la necesidad de elegir entre opciones contrarias de un modo continuado, la formación de políticas se carga de complejidad. Lo cual naturalmente obliga a una reconstrucción de la teoría de la política económica, de modo que incorpore esa naturaleza decididamente compleja de los principales problemas de los que se ocupa (cuestión que abordaremos en la parte final de este ensayo).

REFORMAS FINANCIERAS A MEDIO HACER

En el otoño de 2008 fueron muchos quienes consideraron que la primera prioridad para detener el desastre era avanzar rápidamente en una profunda reforma de las finanzas. La opinión pública comenzó entonces a escuchar expresiones hasta entonces muy poco frecuentadas, como «banca en la sombra», «riesgo sistémico» o «socialización de pérdidas de los bancos». El disparate de un casino global y gigantesco sometido tan sólo a una quimérica «regulación de toque ligero» (light-touch regulation) estaba en el origen del gran desastre. De ahí que se viese como imprescindible cambiar en profundidad ese estado de cosas. Después de todo, fue una de las personas que en mayor medida se había beneficiado de aquel orden de cosas, el inversor norteamericano Warren Buffett, quien inventó la expresión «armas financieras de destrucción masiva».

Todo lo que vino después no hizo sino confirmar esa visión. En particular, los desmesurados costes de las crisis bancarias sufridas por muchos países. Por centrarnos en Europa, la Comisión Europea autorizó entre 2008 y finales de 2013 400 operaciones de ayudas de Estado al sector financiero por valor de casi 650.000 millones de euros.50 De ellos, una tercera parte fue efectivamente empleada para el salvamento de bancos.51 Todo ello tuvo, obviamente, funestas consecuencias en el ámbito de los desequilibrios macroeconómicos. Por ejemplo, en el caso irlandés, el salvamento del sistema bancario colocó el déficit público en casi un 30 % del PIB, mientras que en España los más de 40.000 millones de euros del programa de salvamento financiero apuntaron al temido horizonte del 100 % para la deuda pública acumulada. Como consecuencia de los rescates bancarios, la deuda pública bruta del conjunto de los países avanzados se vio incrementada en un 7 % entre 2008 y 2012.

El proceso de recapitalización de los bancos avanzó en ese período y se redujeron de forma apreciable los problemas de solvencia, tal como mostraron las pruebas de esfuerzo realizadas en el otoño de 2014. Pero lo cierto es que los síntomas de anomalía en absoluto han desaparecido. De hecho, el panorama internacional se oscureció de nuevo a comienzos de 2016, cuando se extendieron las sospechas acerca del verdadero estado de algunos sistemas bancarios nacionales, como el italiano o el portugués, o de algunas grandes entidades sistémicas, como el Deutsche Bank (extendiéndose entonces, como es lógico, las dudas en torno a si aquellas pruebas de esfuerzo estuvieron en realidad bien realizadas). Además, aparecen problemas nuevos. Uno muy destacado es el interrogante que los tipos de interés negativos introducen sobre el futuro de las cuentas de explotación de unas entidades bancarias que, como mínimo, se muestran como desconcertadas ante esa anomalía. Y aún más grave es el hecho de que en los últimos años hayan vuelto a surgir todo tipo de alertas sobre la aparición de nuevas burbujas. Esto es algo que causa terror, pues su eventual explosión descontrolada eliminaría las posibilidades de recuperación.

Es indudable que en estos años el entorno regulatorio sobre los sistemas financieros se ha hecho más estricto. La razón es la evidencia de que el modelo anterior de «regulación de toque ligero» había sido el camino perfecto hacia el desastre. De esa toma de conciencia participaron algunos de los más importantes reguladores. Son los casos destacados de Adair Turner, antiguo director de la Financial Services Authority británica (FSA), Paul A. Volcker, ex gobernador de la Reserva Federal, o incluso en algún punto, o en algún momento de debilidad, el mismísimo Alan Greenspan. El asunto es que, con el ruido de fondo del pánico no del todo superado, las exigencias de solvencia y liquidez a los bancos se vieron redobladas para intentar contrarrestar los problemas de «demasiado grande para caer», «riesgo moral» u «operaciones fuera de balance» que la crisis financiera de 2008 había dejado al descubierto.

La principal manifestación de estas nuevas medidas de control financiero a nivel global fue la aprobación de las nuevas reglas denominadas Basilea III, que diseñaron una senda para multiplicar los requerimientos de capital de calidad a las entidades, en algunos casos entre siete y diez veces, con un horizonte, eso sí, quizá demasiado dilatado (2019). Como resultado de ello, las bases de capital del sistema bancario efectivamente se han fortalecido en estos años.52

Dentro de las fronteras nacionales –o de regiones, como la UE– las reformas han avanzado de un modo bastante apreciable.53 Parece quedar ya lejana la idea de liberalización general de las finanzas que estuvo vigente en todos los países en el período previo a la crisis. Pero en casi todos los casos se han observado dos líneas de resistencia muy influyentes. Una es la de los intereses de los propios bancos y entidades de inversión, que con frecuencia han pugnado por frenar las reformas.54 La otra es la que viene desde la vertiente técnica, consecuencia de la gran dificultad de embridar la intensa dinámica de innovación en ese sector. Con todo, en Estados Unidos la Ley Dodd-Frank lanzó un conjunto de reformas para favorecer la transparencia, separar bancos comerciales y de inversión, y proteger a los usuarios de servicios financieros. Y en el Reino Unido hubo acuerdo para que la Financial Services Act de 2012 reforzase notablemente la capacidad de regulación prudencial, ahora asignada al Banco de Inglaterra.

Por lo que respecta a la UE, los avances de la unión bancaria se ven ahora como imprescindibles para completar la integración monetaria. Esto significa un cambio considerable respecto de los primeros momentos de la crisis. Pero gran parte de la ambición de sus proyectos iniciales se ha quedado por el camino. Sus dos primeros componentes, la regulación unificada y el Mecanismo Único de Supervisión bancaria para toda la Unión Económica y Monetaria (UEM), se pueden considerar satisfactorios. Pero no así el tercero, el Mecanismo Único de Resolución de crisis bancarias, cuya insuficiente dotación, complejidad burocrática y ausencia de vías de mutualización hacen pensar que, en caso de una nueva crisis sistémica, su capacidad real de respuesta será muy escasa. Algo que, viendo la evolución reciente del continente y sabiendo que los cambios institucionales en él siempre son de parto más difícil, no debiera extrañar a nadie.

En mayo de 2015, y en el seno del Foro Económico Mundial, un grupo selecto de financieros, entre los que se encontraban representantes de algunos de los principales bancos y sociedades aseguradoras del mundo, publicó un manifiesto en el que se afirmaba su apoyo a «un enfoque holístico de la regulación financiera. […] Creemos que la estabilidad financiera es un bien público fundamental y que la regulación macroprudencial es un importante mecanismo que podría contribuir a esa estabilidad […] luchando contra las crecientes ineficiencias del mercado».55 Dos comentarios se siguen de aquí. Primero, que a pesar de las mencionadas presiones antirreformistas de buena parte de la industria bancaria, el reconocimiento de la necesidad de la regulación se ha extendido incluso a los ámbitos en los que siempre ha reinado una cultura de oposición a todo control externo. Y segundo, que si un lustro y medio después del colapso es necesario un llamamiento así, ello demuestra que el recorrido de la reforma hasta ahora ha sido sólo discreto.

En todo caso, hay que reconocer que, con los cambios producidos en estos años, el mundo de la banca tradicional se ha hecho más seguro de lo que era en 2008. Este avance debe ser saludado con satisfacción, si bien cabría añadir que faltaría más que no hubiera habido variación alguna, dada la evidencia de los males mayores que el descontrol de las finanzas causó sobre la vida económica y social. Ahora bien, ¿es suficiente? Son varios los motivos que nos llevan a responder de forma negativa. Veámoslo primero respecto de los mercados financieros nacionales.

En primer lugar, algunos de los aspectos de la estructura de supervisión previa a la crisis que se mostraron en mayor medida fallidos no han sido eliminados en absoluto. El ejemplo más destacado es el de las agencias de calificación de deuda, a las que se señaló en los primeros momentos de un modo general como uno de los grandes causantes del desastre. Pasados los años, sin embargo, y pese a las solemnes promesas de reforma, apenas se ha hecho nada en esa dirección. Ni se ha creado una agencia europea que pudiera romper el oligopolio de las tres grandes norteamericanas, ni el funcionamiento real de éstas parece haber experimentado modificación significativa alguna.

En segundo lugar, buena parte de los cambios señalados en los párrafos anteriores se refieren a la banca convencional. Cosa muy distinta es la banca en la sombra (shadow banking) que tuvo un protagonismo muy directo en la explosión de la crisis financiera de 2008. Basada en una dinámica continuada y muy sofisticada de innovación, genera actividades que escapan fácilmente a toda forma de regulación. Pues bien, estamos ante un problema que sigue siendo objeto de viva preocupación, pues su dimensión e influencia tienden a incrementarse, no a disminuir. Dado que los márgenes en las actividades tradicionales de préstamo tienden a reducirse, son muchas las entidades financieras que cada vez buscan más sus líneas de negocio en ese otro tipo de operaciones. Algunos informes fiables predicen que si el peso de la banca en la sombra en el total de activos financieros globales ronda actualmente el 25 %, ese porcentaje subirá hasta el 35 % en 2020. La cuestión ardua es que la definición estricta de esas actividades no está nada clara. Esto crea dificultades agudas a muchos de sus clientes para conocer exactamente el riesgo que contraen. No es extraño que algunos organismos multilaterales, como el FMI, llamen seriamente la atención sobre la necesidad absoluta de salir al paso de este problema.56

Y hay todavía una tercera razón para ser escéptico sobre la profundidad y las perspectivas de futuro de las reformas financieras: el propio modelo de regulación está bajo sospecha, entre otros motivos por el problema de las puertas giratorias, al que en estos años apenas se ha puesto coto. No es un asunto fácil de resolver: téngase en cuenta que el personal de las agencias reguladoras, para cumplir bien sus tareas, debe aunar conocimiento técnico y experiencia en el manejo de todo tipo de instrumentos de financiación. ¿Y quién mejor que aquellos que han acumulado esa experiencia en la propia industria financiera? Pero, al mismo tiempo, ese don de ubicuidad acarrea también potenciales conflictos de interés. Aunque durante los años de expansión fue un problema casi ignorado, en el período reciente se ha extendido la percepción de que algunos importantes fallos en la regulación han podido tener mucho que ver con la «captura de los reguladores» por parte del sector al que deberían haber controlado mucho más estrictamente.57

Quedan por tanto serias dudas acerca de que las nuevas estructuras regulatorias, por mucho que representen un avance, sean realmente capaces de mantener bajo control las riendas de unas finanzas que operan con una insólita escala y complejidad. Este último elemento –el increíble grado de sofisticación de las finanzas contemporáneas– no ha dejado de ir a más, con crisis o sin ella. Y con él, el desorden que introduce la aceleración en las transacciones, la capacidad de unos pocos operadores para incidir en el valor de los precios o los comportamientos de manada. Ante todo esto, caben más que dudas razonables acerca de si los cambios legislativos para mejorar la regulación de las finanzas consiguen en realidad seguir los audaces pasos de éstas.

Un problema en cuya resolución apenas se ha avanzado en los últimos años es el del carácter oligopolístico de las estructuras financieras, y en particular de los sistemas bancarios. Recuérdese que, al principio de la crisis, el criterio de too big to fail (la imposibilidad de dejar caer a grandes conglomerados sistémicos, dado el impacto que ello tendría sobre el resto de la economía) se convirtió en el argumento clave para rescatar entidades bancarias de numerosos países. Pues bien, las reformas llevadas adelante desde 2009 no han hecho sino reforzar la concentración en el sector, mediante el impulso de las fusiones de entidades. En España, por ejemplo, el plan de rescate financiero dispuesto por la UE en 2012 tuvo como una de sus principales consecuencias la eliminación de numerosas entidades de crédito, y la captación de casi todo el mercado por apenas cinco entidades. Es interesante destacarlo, porque constituye una muestra de las profundas contradicciones que marcan ahora mismo las perspectivas de la economía: un programa de reforma que ha contribuido decisivamente a la mejora del entorno económico general (y sería casi la única que lo ha conseguido), y que sin embargo ha traído consigo dos consecuencias nefastas de cara al futuro: el mencionado oligopolio, y el salto experimentado por la deuda pública.

Por otro lado, en la etapa previa a la crisis reinaba plena confianza en que el acceso a la información por parte de todos los operadores, ya sean prestamistas o prestatarios, crea condiciones para la racionalidad de esos procesos, con plena conciencia de lo que allí se contrata. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a historias interminables de engaños, ocultaciones y fraudes, muchos de los cuales –seguramente varios cientos de casos– deambulan aún por los tribunales de justicia de varios países.58 Trataremos con calma esta cuestión en un capítulo posterior, especialmente en lo que se refiere a las ideas económicas y sus consecuencias. Pero desde ahora constatamos la falsedad de ese supuesto de racionalidad, destacando un hecho hasta ahora poco analizado y que investigaciones recientes han dejado acreditado:59 el alto grado de desconocimiento, que raya en el analfabetismo, que caracteriza a amplísimos sectores sociales sobre todo lo que tiene que ver con las finanzas, lo que crea una extensa base para todo tipo de estafas.

Esto nos acerca a la última razón por la que debe avanzarse en la reforma de las finanzas, y que no es otra que una razón de moral pública. En los últimos tiempos, el antiguo drama de la hostilidad entre Wall Street y Main Street ha vivido un nuevo y vibrante acto con la gran banca internacional en el papel de «enemigo del pueblo». Tal cosa no extraña, pues recordamos bien, por ejemplo, que, mientras se salvaban masivamente bancos en 2009, los banqueros obtuvieron ganancias descomunales (según algunas estimaciones de hasta 140.000 millones de dólares). El uso de información privilegiada, los sistemas de bonus, la ausencia de responsabilidades personales: todo ello apunta en una dirección muy poco aleccionadora, además de una grave perversión de incentivos. Un problema que en los últimos años no ha dejado de agravarse. Por ejemplo, es bien sabido que las remuneraciones de los primeros ejecutivos de la gran banca han seguido creciendo en la crisis a pesar de las tribulaciones pasadas por ese sector y de la enorme cuantía de fondos públicos utilizados para su rescate.60 A partir de ahí la relación observada entre responsabilidad, premio y riesgo queda muy lejos de todo lo que se pueda juzgar como justo o apropiado.

Como ha reconocido, entre otros, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, los escándalos financieros «no fueron consecuencia de unas cuantas manzanas podridas, sino de los toneles en los que se almacenaban».61 Es decir, no se trató simplemente de comportamientos individuales inaceptables, lo que sería fácil de afrontar, sino del sistema en que se encuadraban, algo desde luego mucho más perturbador. Estamos ante toda una cultura, fuertemente arraigada en esas organizaciones en la etapa de bonanza, que acabó por generar estructuras de incentivos muy perversas e inclinadas a la pura especulación, mucho más que al cumplimiento de las viejas tareas de la banca consistentes en mediar entre ahorro e inversión y proveer de liquidez a la economía.

Se trata de un asunto de suma gravedad, pues afecta de un modo crucial a la confianza del resto de los actores de la economía en la intermediación financiera. Se trata de un negocio que, sencillamente, sin confianza no puede funcionar. Este problema nos lleva de nuevo, aunque desde una perspectiva más a medio plazo, a cuestionar la eficiencia y estabilidad de ese sistema. A propósito del caso norteamericano, afirman Atif Mian y Amir Sufi: «El sistema financiero está lejos de lo que debería ser […]. Acapara cada vez una parte mayor de la renta nacional, pero muchos estadounidenses no confían en él».62

Y es que en el clima de intenso malestar que causa la reiteración de escándalos y la percepción de conductas depredadoras, los ciudadanos apenas aprecian ni dan valor alguno a las mejoras técnicas de la regulación. Solucionar este tipo de problemas pasa por mejorar de verdad los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en este sector. Esto exige legislar muy estrictamente sobre bonus, pensiones, responsabilidades personales y sistemas de sanciones. ¿Se han dado pasos dignos de mención para corregir esa situación? Muy pocos y tardíos, seguramente como consecuencia de la ya mencionada fuerza de presión política que los banqueros mantienen. Se ha querido ver en la cumbre del G-20 en Brisbane, en noviembre de 2014, un cierto viraje respecto de esta cuestión. Pero esa misma fecha da idea del mucho tiempo perdido, con notables efectos negativos sobre la imagen social de las finanzas.

El sistema en el que vivimos no puede funcionar sin bancos y sin la savia fresca del crédito a negocios y particulares. Su evolución contemporánea, sin embargo, los ha alejado cada vez más de hacerlo de un modo socialmente aceptable. Sobre estas cuestiones escribió hace unos años el premio Nobel Robert Shiller en su libro Las finanzas en una sociedad justa, en el que reclama una profunda democratización de los procesos financieros y, en particular, de la banca.63 Si solamente se expone en términos generales, este planteamiento puede parecer naíf, pero tiene mucho interés si se concreta en dos puntos clave. Por un lado, en el acceso a la información sobre todo tipo de aspectos del funcionamiento de las entidades por parte de los usuarios de servicios financieros. Por otro, en la participación de éstos en condiciones de igualdad con los operadores más sofisticados. En términos más propios de la teoría económica, hablaríamos de la exigencia de mecanismos muy precisos para evitar el uso y abuso de la información asimétrica (ventajas informacionales) de la que disfrutan sus gestores. En último término, eso significa que las finanzas volverían a tener una escala humana. Y en ese plano, apenas se han registrado mejoras dignas de mención a lo largo de los últimos años.

DEMEDIADAS ESTRUCTURAS GLOBALES

Es en el plano global donde la insuficiencia de las reformas se hace más manifiesta. Recordemos que en 2008 se multiplicaron los llamamientos a avanzar de una vez en la puesta en funcionamiento de verdaderas y efectivas estructuras de regulación supranacional de los movimientos de capital. El más destacado fue el contenido en la declaración de la primera reunión del G-20. La lógica de esas propuestas era contundente. Si como consecuencia de la apertura general de la cuenta de capital, la dinámica de las finanzas era global, y lo era también el propio ciclo financiero,64 se necesitaban estructuras de regulación y control que operasen también a escala global. Finanzas globales y regulaciones nacionales no podían traer nada bueno. Frente a big finance se necesitaba big government. Dado que ésa era precisamente la situación observable en los mercados, era imprescindible progresar en la creación de una agencia multilateral que permitiera la buena gestión agregada de las crisis financieras y otros elementos de regulación global.

Pues bien, en este ámbito son muy pocos los pasos que se han dado, más allá de las reglas Basilea III, que ya hemos mencionado. En todo caso, aunque esta última regulación parece ir en la buena dirección, sus resultados sólo podrán evaluarse una vez haya entrado plenamente en vigor. Pero no hay nada parecido a un tribunal internacional de quiebras, a pesar de haberse producido en estos años varios acontecimientos que han llevado a echarlo en falta, como la entrada en situación de impago (default) de la deuda soberana argentina en 2014, debido a la aplicación de la sentencia de un simple juez de Manhattan. Tampoco las proclamas a favor de extender de un modo coordinado la imposición sobre las transacciones internacionales de capital (como la famosa tasa Tobin) se han traducido en medidas específicas, si bien un proyecto bastante demediado en esa dirección debiera entrar en funcionamiento en Europa en 2017. Y en cuanto a la gestión de crisis financieras, poco hay que reseñar al margen de un Consejo de Estabilidad Financiera, creado con gran publicidad en 2009, pero cuya eficacia es mínima debido a que ningún tratado internacional lo respalda y no existe posibilidad alguna de sancionar a los países que incumplan sus normas.

En este punto cabe recordar que algo parecido ocurrió ya en episodios anteriores de crisis en los mercados globales. Por ejemplo, con la tormenta asiática de 1998. Sucede, sin embargo, que este tipo de propuestas se agitan cuando arrecian los vientos huracanados, pero desaparecen con la posterior calma. Esto ha acabado por provocar un alto grado de frustración sobre las expectativas de implantar una nueva gobernanza global. Si en ese punto no se registran avances, la única alternativa razonable será la de una cierta segmentación de los mercados. Hay que recordar que en absoluto está escrito en el cielo que la globalización financiera ha de ir siempre hacia delante. Un cierto retroceso en ese aspecto no sería cosa mala, en la medida en que, como ha señalado Dani Rodrik, no siempre más globalización es mejor globalización. Pero, en todo caso, el fracaso de las nuevas arquitecturas globales hace más probable y descontrolado ese retroceso.

Como consecuencia de todo lo dicho en este apartado, ¿se puede concluir que el riesgo sistémico que trae el nuevo capitalismo hiperfinanciero ha aumentado o disminuido? Es difícil decirlo de un modo contundente. En cambio, sí está claro que se ha desplazado claramente hacia el expansivo mundo de la banca en la sombra. Con todo, en términos generales es indudable que la presencia del elemento de riesgo sigue siendo muy pronunciada en la economía internacional. Y más que ante un riesgo, que en todo caso es medible y susceptible de ser cubierto, nos encontramos de forma creciente con un elemento de incertidumbre sin posibilidad de cálculo racional. Quizá nada lo demuestre mejor que el temor bastante generalizado al comienzo del verano de 2015 que provocó la posibilidad de un impago griego, visto en muchas partes del mundo como «un nuevo Lehman». Algo que en gran medida se volvió a hacer presente, en relación con el Reino Unido, como consecuencia del resultado del referéndum sobre el Brexit. Si un accidente de esas características sigue siendo posible es que continuamos viviendo sobre un volcán sólo temporalmente dormido.

Hemos visto, por tanto, cómo la dimensión elefantiásica de las finanzas, el carácter hiperfinanciero del nuevo capitalismo, y su evolución en gran parte fuera de toda posibilidad de control efectivo, han estado en el centro de los problemas económicos contemporáneos. Mientras no se devuelva a los mercados financieros su condición instrumental a una escala humana, y mientras no quede embridado por estrictos controles, continuará siendo un obstáculo para una recuperación de la economía internacional que sea genuina y sostenible.

1. Entre los últimos en defender la necesidad de aquellas políticas en aquel momento figura la Oficina de Evaluación del FMI, en su informe de 2014.

2. Versiones previas de este trabajo han sido publicadas como documentos de trabajo, por el Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá («Economía europea: ¿hacia el estancamiento secular?», mayo, 2015) y el Foro Económico de Galicia («Sobre o risco de estancamiento na economía europea», junio, 2015). También como capítulo de un libro (Costas y Arias, 2016a).

3. Datos procedentes de Harver Analytics, Goldman Sachs Global Investment Research, 2014.

4. Datos extraídos de BIS (2014), cuadro III.2.

5. Véase Ball (2014).

6. Véase Serrano y Altuzarra (2015), p. 37.

7. Véase C. Reinhart: «La inflación, la Fed y el panorama general», Project Syndicate, 3 de septiembre de 2015.

8. Véanse Kindleberger (1989); Reinhart y Rogoff (2009).

9. W. A. Brown Jr.: The international gold Standard reinterpreted, 1914-1934, citado por D. Aldcroft (1978): From Versailles to Wall Street, 1919-1929 (trad. esp.: De Versalles a Wall Street (1919-1929), Barcelona, Crítica, 1985).

10. El libro de Mian y Sufi (2013), House of debt –uno de los más exitosos libros de economía publicados en Estados Unidos en los últimos años– analiza con detalle la acumulación de deuda en los hogares como causa capital de la crisis en aquel país. Un estudio para 22 países, destacando la importancia de la deuda privada, se halla en Vague (2014).

11. Estudios cuantitativos fundamentales sobre la evolución de la deuda por países y regiones son Buttiglione et al. (2014), BIS (2014) y McKinsey Global Institute (2012). De esas fuentes están tomados los datos que presentamos en esta sección.

12. Véase Turner (2016), p. 215.

13. Véase Beers y Nadeau (2015), gráfico 2.

14. Véase Wolf, «We are trapped in a cycle of credit booms», FT, 7 de octubre de 2014.

15. Véase Reinhart y Rogoff (2014).

16. Véase BIS (2014), capítulo 1.

17. Véanse Reinhart y Rogoff (2009) y BIS (2014).

18. El profesor Antonio Torrero ha argumentado sobre la crisis española en esa clave teórica. Véase Torrero (2014).

19. BIS (2014), p. 12.

20. Para todo lo que tiene que ver con las diferencias entre ciclo financiero y ciclo de negocios son fundamentales las investigaciones desarrolladas en el Banco de Basilea. Véanse Drehmann, Borio y Tsatsaronis (2012) y BIS (2014), capítulo IV.

21. Un interesante recorrido por la historia de esa noción, desde su uso por parte de Hansen al reciente redescubrimiento, se encuentra en Backhouse y Boianovsky (2015).

22. Véase Teuilings y Baldwin, eds. (2014).

23. Véase Koo (2014).

24. Véanse Lo y Rogoff (2015), Rogoff (2015) y Geanakoplos (2013).

25. Cecchetti y Kharroubi (2015).

26. Véase Cecchetti y Kharroubi (2015), p. 4. Una industria intensiva en I + D situada en un país con alta tasa de expansión de las finanzas crecerá cada año un 2 % menos que industrias de características similares situadas en otro país de menor crecimiento financiero.

27. Véase sobre todo Borio et al. (2015).

28. The Economist, 18 de febrero de 2015.

29. Título de su artículo en Project Syndicate, 14 de enero de 2015.

30. Véase Krugman (2014).

31. Véase Summers (2014).

32. Véase G. Davis: «Is economic growth permanently lower?», FT, 26 de octubre de 2014. Véanse también los artículos de Martin Wolf: «An economic future that may never brighten», FT, 14 de abril de 2015, y Gavyn Davies: «Global growth report card – is the world slowdown temporary?», FT, 4 de mayo de 2015.

33. Véanse FMI (2014), Perspectivas de la economía mundial, capítulo 4, octubre y Aslam et al. (2014).

34. Véase The Economist, «International trade – A troubling trajectory», 13 de diciembre de 2014.

35. Para una discusión sobre todo ello, véase el libro colectivo editado por Hoekman (2015).

36. De hecho, el temor a que ahora la reacción proteccionista sí vaya en serio ha hecho reaccionar a numerosos economistas de todas las tendencias, alertando sobre los peligros de un repliegue general del comercio. Véanse por ejemplo, L. Summers: «Global Trade should be remade from the bottom up», FT, 10 de abril de 2016, y K. Rogoff: «¿Estados Unidos contra el comercio?», Project Syndicate, 7 de abril de 2016.

37. Entre esas aportaciones destacan Borio (2011), Committee on International Economic Policy Reform (2011), Reichlin y Baldwin, eds. (2013), Think Tank 20 (2013), Woodford (2012), Ball (2013). Véase un resumen en Arias y Teixeira (2015).

38. Nuevos argumentos para rebatir tales tabús han surgido en lugares inesperados. Véase, por ejemplo, Turner: «Printing Money to fund deficit is the fastest way to raise rates», FT, 10 de noviembre de 2014.

39. Véase King (2016).

40. Véase Reichlin, Turner y Woodford (2013): «Helicopter Money as a policy option», voxEU, mayo, y Think Tank 20 (2013).

41. Entre los muchos defensores del helicóptero monetario se encuentran algunos tan notables como Ben Bernanke y Adair Turner. Véanse A. Turner: «Helicopters on a Leash», Project Syndicate, 9 de mayo de 2016, y B. Bernanke: «What Tools does the Fed have left? Part 3: Helicopter Money», Brookings, Bernanke Blog, 11 de abril de 2016.

42. Véase Stephen Roach: «Ocuppy QE», Project Syndicate, 25 de septiembre de 2013. El original título de este artículo es muy revelador de los efectos perversos de la relajación cuantitativa sobre la distribución de la renta.

43. Ése parece ser el caso del presidente del BBVA, quien ha declarado: «Los tipos negativos están matando a los bancos», El País, 24 de mayo de 2016.

44. Véase Eichengreen: «The ECB’s Lethal Inhibitión», Project Syndicate, abril, 2012.

45. Véase Bini Smaghi: «The ECB must show leadership to fight threat of deflation», FT, 2 de diciembre de 2014.

46. Véase Shirakawa (2012), p. 4.

47. Véase Grunwald: «The (Real) Bank of America», Político Magazine, enero, 2015.

48. Véase De Grauwe y Yi (2013).

49. Véase Blanchard et al. (2013).

50. Exactamente 636.399 millones en operaciones de recapitalización y rescate de activos bancarios. Véase CNMC: «Informe sobre las ayudas públicas en España-2015», IAP 001/15, p. 28.

51. Véase BCE: «Financial Integration in Europe», abril, 2014. Los datos anteriores, recogidos en FMI: «Fiscal Adjustment in an Uncertain World», abril, 2013.

52. A pesar de los progresos realizados, a la altura de marzo de 2015, la escasez de activos sanos de los grandes bancos sistémicos para cumplir con esos nuevos requerimientos, a escala mundial, era de 300.000 millones de euros. Véase FT, 4 de marzo de 2015.

53. A propósito de las reformas aplicadas, véase la importante conferencia del gobernador del Banco de Inglaterra, Carney (2014). Véanse también Haldane (2013) y los volúmenes editados por Iglesias (2015) y Schoenmaker (2014).

54. El economista Simon Johnson ha publicado numerosos trabajos evidenciando esas presiones y sus resultados. El más conocido es Johnson y Kwak (2010).

55. Véase World Economic Forum, «The Role of Financial Services in Society. Statement in support of macroprudential policies», mayo, 2015.

56. Véase Fondo Monetario Internacional, «Global Financial Stability Report», abril, 2015. Los datos están tomados de PwC, «Capital Markets 2020», abril, 2015.

57. Véase Zingales (2015), Iglesias-Rodríguez, Triandafyllidou y Gropas, eds. (2016).

58. Entre los episodios importantes de fraude de los últimos años que han sido detectados cabe destacar la manipulación del euríbor en la City, en 2012; en otros casos se vieron implicadas entidades de gran tamaño como J. P. Morgan o Credit Suisse. Sólo en Estados Unidos, entre 2008 y 2014, las multas impuestas a los grandes bancos superaron largamente los 10.000 millones de dólares. Véase Dudley (2014).

59. Véase Lusardi y Mitchel (2014). Según el estudio empírico comparativo de estas autoras, con datos obtenidos entre 2011 y 2013 a través de un sistema de encuestas, en las que se formulan tres preguntas muy elementales y claras sobre el funcionamiento de los mercados financieros –relativas a la noción de interés compuesto, el efecto de la inflación sobre el ahorro, y el riesgo asociado a una operación bursátil–, en Estados Unidos, por ejemplo, sólo un 30,2 % de los entrevistados acierta a responder correctamente las tres preguntas (un 30, 9 % en Francia; un 24,9 % en Italia, un 27 % en Japón; y algo superiores, un 53,2 % y un 44,8 % en, respectivamente, Alemania y Países Bajos).

60. Según un estudio del banco de inversión Berenberg de finales de 2014, las remuneraciones de los ejecutivos de los grandes bancos europeos han crecido desde 2009, sin correlación con la valoración de las acciones de sus entidades. De hecho, la única correlación observada es con el tamaño y grado de complejidad del banco (con un importante incentivo para el too big to fail).

61. Carney (2014), p. 13. Véase también Shafik (2014) y Dudley (2014). Estos dos últimos autores son también destacados reguladores, el primero en el Banco de Inglaterra y el segundo en la Reserva Federal de Nueva York.

62. Mian y Sufi (2014), p. 186.

63. Véase Shiller (2012).

64. Véanse Rey (2014) y Blanchard et al. (2014).

CAPÍTULO 3

La desigualdad,
la peor cara del capitalismo

La opinión popular está agitada con problemas que pueden perturbar el orden social, y entre ellos no hay ninguno tan amenazador como la desigualdad de condición, riqueza y oportunidades.

JOHN SHERMAN,
discurso, 1890

El rasgo que mejor caracteriza el capitalismo en este inicio del siglo XXI es, junto con su dimensión ultrafinanciera, ya analizada, la extrema desigualdad que ha vuelto a surgir en las tres últimas décadas. Por un lado, una elevada concentración de la renta y la riqueza en un reducido número de personas muy ricas en la parte alta de la distribución. Por otro, la creciente pobreza y falta de oportunidades que sufre más del 40 % de la población que está en la parte baja. Acompañando a esta polarización entre los extremos, la clase media está experimentando una reducción de su tamaño en la mayoría de las sociedades desarrolladas.

Los efectos negativos sobre la economía de esta creciente desigualdad son cada vez más reconocidos en la literatura académica y en las investigaciones de institutos y organismos económicos internacionales. El mal reparto perjudica la asignación eficiente de los recursos disponibles, hace más volátiles las economías, empeora la calidad del crecimiento económico y debilita su potencial a largo plazo. Pero sus efectos van más allá de la economía. La desigualdad económica no se puede separar de la social y política.

Por un lado, una economía de libre mercado necesita una especie de pegamento social que le permita funcionar armoniosamente. Ese pegamento se alimenta de un sentido de comunidad en la cual los ciudadanos compartan dignidad y oportunidades. Los defensores del sistema de libre empresa tienen que tener en cuenta que el núcleo moral que legitima el capitalismo es la creación de oportunidades para todos. De ahí que Robert Skidelsky, el gran biógrafo de John Maynard Keynes, haya llegado a afirmar que «la desigualdad asesina al capitalismo».1

Por otro lado, dada la importancia que la existencia de una fuerte clase media patrimonial tiene para el funcionamiento de la democracia, su jibarización es un fenómeno político de primera magnitud. Thomas Piketty, de cuyo libro El capital en el siglo XXI hablaremos más adelante, ha señalado con acierto que la creación de una clase media patrimonial fue «la mayor innovación del siglo XX».2 De aquí que la polarización de la distribución de la renta y la riqueza, a la vez que se levanta como una amenaza para el capitalismo, lo es también para la democracia. Estos efectos políticos los estamos comenzando a ver con el resurgimiento en las sociedades desarrolladas de los movimientos populistas de todo tipo, tanto de derecha como de izquierda. De hecho, la desigualdad extrema acostumbra a ser un buen indicador adelantado de potenciales conflictos sociales y políticos.3 Esta emergencia del populismo político parece confirmarlo. Por lo tanto, remedando la frase de Skidelsky que acabamos de mencionar, podríamos decir también que la desigualdad asesina la democracia.

La toma de conciencia del fenómeno de la desigualdad y el reconocimiento de sus efectos perversos es un hecho cada vez más generalizado. Pero lo más relevante es que esta preocupación no viene sólo de sectores de la izquierda política poco proclives de partida al capitalismo, ni de economistas especializados en este tema pero lejanos a las preocupaciones de la corriente principal de la economía. Ahora procede también de instituciones económicas centrales del capitalismo, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fue el BM quien, en un informe titulado «Inequality in Focus», identificó la desigualdad como el problema prioritario al señalar que «recordaremos 2011 como el año en el que los problemas relacionados con la desigualdad y la equidad volvieron a atraer la atención».4 Este reconocimiento de la importancia de la desigualdad para el buen funcionamiento del capitalismo ha venido también de medios de comunicación defensores del libre mercado. Así, The Economist, semanario de orientación liberal y el de mayor difusión e influencia en el mundo económico desde finales del siglo XIX, dedicó en 2012 un suplemento especial a la trascendencia del problema. En él señalaba que «la democratización de los niveles de vida ha ocultado una dramática concentración de la renta a lo largo de los últimos treinta años», dando lugar, afirmaba, a una segunda Gilded Age.5

Esta referencia a una nueva Gilded Age, un término acuñado por Marc Twain, o Belle Époque –la etapa de fuerte crecimiento y de concentración de la riqueza que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX–, permite afirmar que estamos asistiendo a una efeméride histórica, en el sentido de que los niveles actuales de desigualdad traen memoria de los que tuvieron lugar en aquella etapa. Pero, en todo caso, se trata de una efeméride inquietante cuando recordamos los conflictos sociales, políticos y bélicos de aquel período. Un nombre paradójico, por cierto, para una época que combinó una mezcla explosiva de concentración de la riqueza en una fracción reducida y cosmopolita de la sociedad con una extrema pobreza y ausencia de oportunidades para el resto.

¿Es casualidad que sean los años posteriores al inicio de la crisis financiera de 2008 el momento en que esas dos instituciones tan representativas de las élites económicas occidentales comenzaran a ver la desigualdad como un fenómeno preocupante? De hecho, antes de 2008 era ya una realidad económica y social evidente para algunos estudiosos. Pero se podría decir que era una enfermedad oculta y asintomática. Oculta, porque no estaba ni en el núcleo de las preocupaciones de los economistas de la corriente principal ni en la agenda política de los gobiernos. Y una enfermedad asintomática porque no daba síntomas de gravedad, tanto para el funcionamiento de la economía como para la cohesión social y la democracia.

Posiblemente el motivo de ese olvido fue que durante un tiempo, desde los primeros años ochenta del siglo pasado hasta la llegada de la crisis financiera de 2008, la caída de los ingresos de los hogares se vio aliviada por el recurso al crédito. Un crédito abundante y barato que permitió compensar la reducción de los salarios reales que se había iniciado a finales de los setenta, coincidiendo con los albores de la nueva globalización, la llegada de nuevos gobiernos conservadores, como el de Ronald Reagan en Estados Unidos y el de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y el giro de las políticas económicas desde el keynesianismo al liberalismo radical. La hiperfinanciarización de la economía y la desigualdad, los dos rasgos más característicos de la nueva piel del capitalismo, se conjugaron a lo largo de las tres décadas anteriores a la crisis para lograr un cierto equilibrio económico y social inestable. Ese equilibrio se rompió violentamente en 2008. La crisis financiera de ese año puso de manifiesto que el sobreendeudamiento del sector privado había llegado a sus límites como factor compensador de los desequilibrios distributivos y como estímulo para el crecimiento de la economía. Fue ese momento, cuando faltó el alivio –en realidad, la droga– del crédito, cuando la desigualdad se hizo visible para todo el mundo.

Sin embargo, el reconocimiento de los riesgos económicos y políticos de la desigualdad no ha llevado hasta ahora a que se hayan puesto en marcha medidas y políticas eficaces para ponerle remedio. Esta falta de acción política probablemente tiene que ver con el debate en curso sobre sus causas, un debate inconcluso y mediado por un sentimiento fatalista que ve en la distribución inequitativa una enfermedad crónica del capitalismo provocada por los procesos de modernización económica. Desde esta perspectiva fatalista poco se puede hacer, más allá de esperar que, tarde o temprano, los resultados de esa modernización –en forma de mayor crecimiento, empleo y salarios– acaben reduciendo la desigualdad. Pero, desde otras perspectivas de análisis, hay motivos para la esperanza y el optimismo. La experiencia histórica del siglo XX enseña que tanto la regulación en determinados ámbitos de la economía (muy destacadamente, el de las finanzas) como las políticas públicas juegan un papel crucial en la evolución de la desigualdad.

En este capítulo vamos a dar noticia, en primer lugar, del extraordinario aumento de la inequidad que ha tenido lugar desde los años ochenta del siglo pasado hasta el momento presente. Posteriormente analizaremos sus efectos, causas y remedios. Aquí nos centraremos en su dimensión económica, es decir, en la distribución de la renta y la riqueza, pues por mucho que la desigualdad material no pueda separarse de la social y política, es el aspecto económico el que se constituye como factor causal determinante de los demás.

UNA NUEVA BELLE ÉPOQUE

La evolución de la desigualdad a lo largo del último siglo muestra un perfil bipolar o, por así decirlo, maníaco depresivo. Como ya hemos mencionado, a la etapa de desigualdad extrema de principios del siglo XX le siguió otra de igualdad relativa (la «época de la igualación») en las décadas centrales, para volver a aumentar las disparidades a partir de los años ochenta, hasta llegar en la actualidad a niveles extremos similares a los de hace un siglo. Pero antes de analizar con un poco más de detalle este ciclo de desigualdad, veamos cómo la miden los economistas.

El indicador más habitual es el índice de Gini, en memoria del estadístico italiano Corrado Gini. Este índice mide hasta qué punto la distribución de la renta en una sociedad se aleja de un reparto equitativo. Su valor va de cero a uno. En el primer caso, estaríamos ante una sociedad absolutamente igualitaria, donde todos los individuos tendrían el mismo nivel de renta. En el otro extremo, cuando el índice toma valor uno, estaríamos ante una sociedad absolutamente desigualitaria, donde toda la renta estaría concentrada en una sola persona. Pues bien, el índice de Gini de la mayor parte de las economías, tanto desarrolladas como emergentes, muestra un aumento significativo de la desigualdad desde los años ochenta hasta la actualidad. El hecho más destacado es su polarización en los extremos de la escala de la distribución. Por un lado, un intenso proceso de acumulación de la renta en el 10 % superior. Además, dentro de ese 10 % hay un fuerte proceso de concentración en los más ricos de los ricos, en el 1 %. Por otro lado, vemos una disminución pronunciada de los ingresos del 40 % de los más pobres. En cambio, si se mide a escala mundial, entre países, se aprecia una reducción del índice de Gini a lo largo de las últimas décadas. La causa es el decrecimiento de la pobreza en las grandes economías emergentes, en particular la china.

Otro indicador muy utilizado para medir la desigualdad es el índice 10/90. Mide el porcentaje de la renta total anual que acumula el 10 % de la población más rica de una sociedad en relación con el 90 % restante. El gráfico 1 muestra la evolución de este indicador para el caso de Estados Unidos.6 Como se ve claramente, la desigualdad en este país ha estado creciendo de forma intensa y sostenida desde finales de los años setenta, alcanzando a la altura de 2007 los niveles de principios del siglo pasado. Esa concentración de la renta en el 10 % de los más ricos se ha acentuado en estos cinco años de crisis financiera y económica. Tal es así, que el debate en Estados Unidos sobre la desigualdad extrema se centra hoy en el 0,1 % de los superricos.

Hay otras formas, menos rigurosas pero acaso más expresivas y de mayor impacto en el debate público, de significar la magnitud de la desigualdad en el mundo contemporáneo. Centrándonos en la distribución primaria, la que hace el mercado entre salarios y beneficios, es interesante observar cómo han evolucionado las remuneraciones de los diferentes tipos de asalariados en las empresas a lo largo de las tres últimas décadas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para las 500 primeras compañías, la relación entre los ingresos del primer ejecutivo y un trabajador medio (el llamado worker pay ratio) era en 1980 de 42 a 1; en 1990 de 107 a 1; y de 343 a 1 en 2010.7 Unas diferencias, como poco, extravagantes, que se dan también en otros países desarrollados, como es el caso de España, aunque no con la intensidad que se registra en el mundo anglosajón.

¿Qué curso seguirá la desigualdad dentro de las sociedades desarrolladas en las próximas décadas? No hay nada escrito en el cielo sobre esta cuestión. Pero si nada cambia, hay una elevada probabilidad de que la actual polarización se perpetúe en el tiempo. La razón es que el índice de Gini de la distribución de la riqueza es mayor que el de la distribución de la renta. Por lo tanto, al acumularse año tras año los rendimientos de la riqueza en un reducido grupo de personas la desigualdad de la renta tienda a aumentar. El riesgo es, entonces, que se convierta en la enfermedad crónica de nuestro tiempo.

Gráfico 1

Fuente: Piketty y Saez (2013), series actualizadas a 2011 (incluye las ganancias realizadas de capital, pero se excluye las transferencias del Gobierno).

La dinámica de la desigualdad en los países europeos ha seguido un perfil similar al de Estados Unidos, tal como se ve en el gráfico 2, pero su intensidad ha sido menor. A inicios del siglo pasado el capitalismo europeo era más desigualitario que el estadounidense. Pero a partir de los años veinte esa posición en el ranking se invirtió y las sociedades europeas se hicieron más igualitarias que la norteamericana. La incidencia del modelo social europeo, que trajo consigo un desarrollo mucho más intenso y ambicioso de las políticas asociadas al Estado del Bienestar que el que tuvo lugar en Estados Unidos, fue el factor decisivo para la consolidación progresiva de esa diferencia. Pero también la política tributaria, la evolución de los tipos impositivos, o el modo de tratar la riqueza heredada, jugaron también un papel en esa historia.8

Este distinto comportamiento entre dos economías de mercado, por lo demás similares en cuanto a sus instituciones, nos ofrece una clave importante para el debate sobre las relaciones entre capitalismo y desigualdad. Más que de capitalismo tenemos que hablar de diferentes tipos de capitalismo en cuanto se refiere a sus resultados en términos de desigualdad. Más adelante volveremos sobre esta cuestión.

Gráfico 2

Fuente: Piketty (2013), documentación anexa.

Esta fotografía de la desigualdad nos permite identificar tres etapas diferenciadas que nos ofrecen algunas lecciones importantes. La primera es la que ya hemos identificado como Gilded Age o edad dorada, que transcurre entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Una etapa que coincidió con una fuerte modernización económica asociada al despliegue del nuevo capitalismo industrial y a la primera gran manifestación de la globalización de mercados. Esa modernización trajo consigo la aparición de grandes fortunas que dieron lugar a la formación de una élite social cosmopolita. Una élite que alimentó un sentimiento de prosperidad permanente y estabilidad política, asociada esta última a las grandes monarquías de la época, la victoriana en el Reino Unido y la austrohúngara en el continente europeo.

Sin embargo, la otra cara de esa edad dorada de riqueza y cosmopolitismo fue la enorme desigualdad como resultado de la acumulación en un sector muy reducido de superricos. A la vez que ensalzaba y adulaba la riqueza, la cultura dominante de la Belle Époque estigmatizó a los pobres, continuando la práctica que se había iniciado en los años treinta del siglo XIX con la reforma de las leyes de pobres, que obligaban a éstos a aceptar salarios y condiciones laborales de miseria y semiesclavitud como alternativa a su reclusión en hospicios y casas de beneficencia. Oliver Twist, la conocida novela de Charles Dickens, es paradigmática de la doble cara de aquel período. Ya bastante más adelante, la desigualdad se hizo socialmente insoportable en los años de entreguerras. Extrema riqueza y extrema pobreza fueron los rasgos característicos de esa convulsa etapa en la que capitalismo y democracia chocaron violentamente. El libro de memorias de Stefan Zweig, El mundo de ayer constituye un extraordinario documento literario de aquellos años.

Después de esa colisión dramática, vino la llamada «época de la igualación», que abarca desde la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta. Durante esta etapa, las sociedades occidentales vivieron tres décadas de relativa igualdad. Las causas fueron varias. Por un lado, las políticas de seguros sociales (sanidad, desempleo, pensiones) e igualdad de oportunidades (educación) representadas por el New Deal en Estados Unidos y por el Estado del Bienestar en Europa. Por otro, las políticas de control de las finanzas, con la separación radical entre la banca minorista de depósitos y la banca de negocios que introdujo la Ley Glass-Steagall de 1933 en Estados Unidos y leyes similares en otros países. En tercer lugar, la gestión keynesiana de la demanda agregada para evitar los ciclos económicos. Esta triple intervención pública en la economía trajo consigo una etapa larga de estabilidad financiera y de fuerte crecimiento económico y del empleo. Lo cual tuvo, a su vez, dos impactos benignos importantes. Por un lado, hizo emerger una amplia y relativamente fuerte clase media, especialmente aquella de carácter patrimonial de la que hablaba Piketty. Por otro, se produjo una amplia difusión de la democracia en los países occidentales (con algunas notorias excepciones en el sur de Europa). El resultado fue que economía y política fueron de la mano en esas décadas centrales del siglo XX, en las que el capitalismo se reconcilió en buena medida con la democracia.

Vista desde el momento actual, la época de igualación parece haber sido un sueño, una época excepcional, que puede no tener continuidad. Los gráficos 1 y 2 nos permiten ver con claridad cómo a partir de los años setenta la desigualdad comenzó a retornar a las economías desarrolladas hasta alcanzar, en el caso de Estados Unidos, niveles iguales o superiores a los de hace un siglo. Estamos, por tanto, asistiendo a un retorno de los peores aspectos de la Belle Époque, con su carga de patologías económicas y sociales de todo tipo. Patologías ocultas durante la época del boom crediticio, pero que han emergido ahora de un modo descarnado y brutal.

POR QUÉ NOS DEBE PREOCUPAR LA DESIGUALDAD

Puede parecer retórico, y hasta cínico, hacernos la pregunta de si nos debemos preocupar por la desigualdad. Pero vale la pena hacerlo porque tanto en la discusión académica como en el debate político no hay aún una conciencia plena de la importancia y magnitud de sus efectos, ni de la urgencia en hacerle frente. En unos casos esa falta de acción se justifica en la falta de consenso académico y político sobre las causas. En otros, porque se considera que es un resultado inevitable, aunque no deseado, de la dinámica de las fuerzas del mercado vinculadas a la modernización económica impulsada por la innovación tecnológica y la globalización de los mercados. Este fatalismo inhibe la acción política.

En todo caso, hay que tener en cuenta que no es necesario esperar a tener un conocimiento exacto de las causas de un problema para actuar sobre sus efectos. Sucede así con muchas enfermedades, como el cáncer, que aun no habiéndose alcanzado un conocimiento preciso sobre sus causas, eso no inhibe la acción para evitar o disminuir sus efectos. Lo mismo sucede con la desigualdad. La urgencia de la acción viene de la intensidad y magnitud de sus efectos.

Y entre esos efectos están, en primer lugar, los puramente económicos, tanto sobre la eficiencia en la asignación de los recursos como sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento potencial de la economía. Hasta ahora la sabiduría convencional afirmaba que una cierta desigualdad es necesaria para incentivar el comportamiento eficiente de los actores económicos. Es decir, se pensaba que existía un conflicto entre eficiencia e igualdad, y que el dilema para una sociedad es decidir entre más eficiencia y menos equidad o su contrario. Sin embargo, como veremos de inmediato, la investigación económica más reciente ha puesto de manifiesto de forma estadísticamente muy robusta que la desigualdad daña la eficiencia y el crecimiento, y que, por el contrario, mayores niveles de igualdad contribuyen a mejorar la calidad y sostenibilidad del crecimiento económico.

Pero yendo más allá del funcionamiento de la economía, la desigualdad tiene también unos efectos perversos claros sobre otros ámbitos de la vida, individual y colectiva. En el orden social, el mal reparto seca el pegamento entre los diversos grupos sociales, algo indispensable para que la economía de libre mercado pueda funcionar eficientemente; a la vez, trae consigo una agudización de todas las patologías sociales vinculadas a la pobreza. En el orden político, la desigualdad pervierte la naturaleza y el funcionamiento de la democracia. Esto es así en la medida en que facilita el acceso ventajoso de los sectores más ricos al poder político y hace que las políticas públicas respondan más a sus preferencias que al interés general. Por último, la desigualdad produce una quiebra moral del sistema de economía de mercado. Éste es un efecto que no se acostumbra a tener en cuenta a la hora de evaluar las consecuencias de la desigualdad. Pero hay que recordar que, como ya señalara Adam Smith a finales del siglo XVIII, el «sistema comercial» –manera común de nombrar al capitalismo en esa época– es un orden económico que exige un alto grado de virtud moral por parte de todos los actores económicos. Pues bien, la desigualdad, en la medida en que hace que los ricos se desentiendan de la situación de los más pobres, corrompe los sentimientos morales de la sociedad y, a la postre, daña gravemente el propio capitalismo.

En síntesis, la desigualdad lleva a una economía más volátil, a un crecimiento de peor calidad, a una sociedad con menor cohesión, a una democracia más inestable y a una pérdida de legitimidad del capitalismo. En los apartados siguientes vamos a analizar con un poco más de detalle estos diferentes efectos.

EL FALSO DILEMA ENTRE EQUIDAD Y EFICIENCIA

Como si de un axioma se tratase, la sabiduría económica convencional establecía que existe una relación inversa entre eficiencia económica e igualdad: si una sociedad quiere aumentar el grado de equidad en la distribución de la renta, tiene que estar dispuesta a aceptar el coste de una menor eficiencia en la asignación de los recursos y en la tasa de crecimiento económico. Por el contrario, si quiere fomentar la eficiencia y el crecimiento, la sociedad deberá soportar, al menos temporalmente, el coste de una mayor desigualdad.

Ese dilema dominó el debate político económico sobre las políticas redistributivas durante décadas y fue, inicialmente, una clave básica de la identificación ideológica de todo el sistema de partidos políticos. Así, en líneas generales, los conservadores se identificaban con la prioridad a la eficiencia sobre la equidad, mientras que los socialdemócratas daban preferencia a la igualdad. En el lenguaje político convencional este dilema se representa con frecuencia con la metáfora del pastel: se trataba de decidir si dábamos prioridad al crecimiento del pastel (la eficiencia y el crecimiento) o a su reparto (la equidad). Con el paso de los años se fue produciendo una línea de convergencia a favor del objetivo de eficiencia en buena parte del espectro político de la mayoría de los países desarrollados, quedando por tanto los objetivos redistributivos relativamente relegados a la hora de decidir la agenda política. En la búsqueda de la eficiencia, la socialdemocracia fue progresivamente olvidando sus políticas tradicionales, prestando atención privilegiada a sectores medios con empleo estable, mientras marginaba a aquellos otros en situación más precaria y adoptaba políticas públicas menos igualitarias.9

El fundamento analítico de este gran dilema de objetivos de la política económica está en un muy influyente trabajo publicado en 1975 por el economista norteamericano Arthur Okun con el título de «Equality and Efficiency: The Big Tradeoff».10 Con ese artículo, Okun, por lo demás un economista muy sensible a los problemas sociales, definió una situación de incompatibilidad entre dos objetivos en sí mismos deseables. Algo de lo que parecía imposible escaparse.

La influencia de este dilema en el pensamiento de los economistas ha sido enorme. Los estudiantes de economía se impregnaban de él y eran formados en la prioridad hacia la eficiencia frente a la igualdad. La frase de Robert Lucas recogida en el capítulo 1, acerca de «lo dañino de poner el foco en la cuestión de la distribución» es seguramente su manifestación más explícita. Entiéndase bien: no se trata de que los economistas de esta corriente sean insensibles a la desigualdad, sino que creen en la teoría del rebose. Es decir, que a medida que se expande la producción, este crecimiento hará que sus resultados en términos de renta y riqueza vayan llegando poco a poco a toda la sociedad. En esta visión, un esfuerzo por aumentar la igualdad mediante las políticas redistributivas daña la asignación eficiente de los recursos y el potencial de crecimiento económico a largo plazo.

Sin embargo, la aceptación acrítica de este dilema está cambiando diametralmente, a medida que aparecen nuevas investigaciones empíricas que aportan una renovada luz en torno a esta cuestión. La conclusión central de estos estudios no es sólo que la desigualdad no es un buen incentivo para la eficiencia, sino que, por el contrario, excepto en casos extremos, reducciones de la desigualdad mediante políticas redistributivas impulsan la eficiencia, calidad y sostenibilidad del crecimiento. Las investigaciones que apuntan en esta dirección son ya muy numerosas. Quizás algunas de las más significativas, por venir de economistas que desempeñan su labor en una institución que ha defendido en el pasado la vieja visión, el FMI, son los trabajos de Jonathan D. Ostry y colaboradores. En uno de ellos, publicado en 2014, en el que utilizan nuevas fuentes de datos que permiten diferenciar entre la desigualdad primaria producida por el mercado y la final, después de la redistribución mediante impuestos y transferencias, estos economistas aportan una nueva visión sobre las relaciones entre redistribución, desigualdad y crecimiento económico. Por un lado, muestran que niveles bajos de desigualdad final se relacionan de forma robusta con un crecimiento más rápido y estable. Por otro lado, prueban que la redistribución es generalmente benigna en términos de su impacto en el crecimiento, y que sólo en casos extremos hay alguna evidencia de que las políticas distributivas tienen efectos negativos sobre el crecimiento. Según sus propias palabras, «procesos de redistribución a una gran escala pueden tener efectos negativos directos sobre la duración del crecimiento, […] pero la redistribución media, y la reducción que conlleva en la desigualdad, está asociada a un crecimiento mayor y más duradero». Es por eso que los autores, aun reconociendo las limitaciones de los datos empleados y los problemas con las comparaciones entre países, concluyen que «deberíamos ser muy cuidadosos en no asumir que hay un trade-off entre redistribución y crecimiento. Los mejores datos macroeconómicos disponibles no apoyan esta conclusión».11 No es exagerado decir que los resultados de esta investigación significan un ataque a la línea de flotación de la vieja visión y sientan las bases para un nuevo paradigma en las relaciones entre eficiencia e igualdad.

¿Cuál es la vía a través de la que el mal reparto de la renta perjudica la eficiencia en la asignación de recursos de la economía? Fundamentalmente a través de su impacto en el capital humano y en la igualdad de oportunidades. Por una parte, desincentiva la inversión en la formación de las personas, base del capital humano de la economía. Por otra, al reducir la movilidad social (el ascensor social), hace que el dinamismo propio del capitalismo meritocrático se bloquee, perjudicando la innovación y el crecimiento.

Además de estos efectos sobre la eficiencia y el crecimiento, hay también evidencia empírica abundante que señala que la desigualdad acentúa la inestabilidad macroeconómica, favoreciendo de esa forma la aparición de burbujas y crisis recurrentes. En su obra Inequality and Instability, James Galbraith –un destacado experto y profesor de la Universidad de Texas– ha desarrollado una línea de análisis poderosa que demuestra que la creciente desigualdad es la otra cara de la moneda de un modelo económico que enmascara una profunda tendencia a la inestabilidad.12 A este argumento regresaremos un poco más adelante. Por su parte, Raghuram Rajan, prestigioso economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y gobernador del Banco Central de India, coautor de Saving Capitalism from the Capitalists, sostiene en su libro Fault Lines un vínculo claro entre, por un lado, la desigualdad y la caída de los salarios en Estados Unidos y, por otro, la inestabilidad financiera del capitalismo y la crisis de 2008. A su juicio, la bajada sostenida de los tipos de interés, una de las causas inmediatas de la crisis, fue alimentada por las autoridades como una vía para aliviar la tensión social que en otro caso habrían producido los bajos salarios.13 Como vemos, existe una corriente de opinión entre economistas de primer nivel que vinculan el sesgo hiperfinanciero del capitalismo contemporáneo con la desigualdad y la inestabilidad macroeconómica.

De modo que, poco a poco, se va abriendo paso una nueva visión que sostiene que la desigualdad no permite a la economía de mercado funcionar de forma eficiente y estable. Con todo, probablemente hay una línea de pensamiento que permite conciliar la vieja visión de Arthur Okun con la nueva. Niveles tolerables de desigualdad, como los que tuvieron las sociedades occidentales en las décadas centrales del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, pueden actuar como un buen incentivo para el crecimiento económico, pero una desigualdad excesiva, como la que estamos viviendo de nuevo en el siglo XXI, reduce la eficiencia económica y daña la capacidad de crecimiento potencial de la economía. Vienen a cuento aquí las palabras atribuidas a John Maynard Keynes en el sentido de que consideraba que existían muchos argumentos para defender las ventajas de una cierta desigualdad, pero que no había ningún argumento para justificar la que existía a inicios del siglo XX. El argumento vale también para hoy.

QUIEBRA MORAL DEL CAPITALISMO

Pero los efectos económicos de la desigualdad van más allá de su impacto en la eficiencia en la asignación de los recursos, la calidad del crecimiento y la inestabilidad macroeconómica. Posiblemente el impacto más importante a largo plazo es sobre el propio sistema de economía de libre empresa. Esto es así en la medida en que la inequidad extrema produce una quiebra moral del capitalismo. En un trabajo anterior, uno de nosotros ha desarrollado esta idea en relación con los comportamientos que estuvieron detrás de la crisis financiera de 2008.14

Este efecto de la desigualdad desmedida sobre los fundamentos morales del capitalismo puede tener relación con la tendencia de los ricos a verse diferentes al resto de la sociedad. Lo expresó de forma magistral el escritor norteamericano F. Scott Fitzgerald, autor de novelas como El Gran Gastsby que tan bien retrataron la sociedad norteamericana de la edad dorada, al señalar que «los muy ricos son diferentes a usted y a mí». Esta percepción de ser diferentes lleva a los muy ricos a una especie de autoexclusión. Una de las consecuencias más perversas de ese fenómeno es la tendencia de los muy ricos a ignorar a las personas que se quedan atrás en el proceso de crecimiento. Y no sólo eso, el verse diferentes los lleva a culpabilizar a los pobres de su pobreza y marginación. Las élites favorecidas por la acumulación de la renta y la riqueza, ya sea de primera generación o heredada, acostumbran a desarrollar una fuerte insensibilidad por los costes humanos y la pérdida de bienestar que experimentan los más débiles como consecuencia de la dinámica del capitalismo o de políticas económicas que dañan gravemente el bienestar individual. Ése sería el caso, desde luego, de las políticas de austeridad inmoderada practicadas, especialmente en Europa, en estos años de crisis.

Esta corrupción de los sentimientos ha provocado una quiebra moral de la economía de mercado de dimensiones globales e impredecibles. Hay que recordar que el fundamento ético del capitalismo fue una condición esencial para la defensa que de él hicieron sus primeros valedores. En La teoría de los sentimientos morales, Adam Smith habló del «principio moral de la simpatía» como una especie de pegamento invisible para que las motivaciones humanas que dirigen la búsqueda del interés privado logren conciliarse con el interés general o el bien común de la sociedad; o como hoy decimos, con el bienestar social. Ese principio moral actúa en el pensamiento de Adam Smith como un mecanismo psicológico que proporciona un acercamiento a la comunidad de sentimientos de la sociedad.15 Esta comunidad de sentimientos o «simpatía» es fundamental para que las decisiones orientadas a la búsqueda del propio interés beneficien, a la vez, el bienestar del conjunto de la sociedad.

Desprendidas de ese contenido moral, las motivaciones humanas que mueven los mercados se apoyan en una ética desequilibrada que valora únicamente el logro de intereses particulares. Para la teoría económica, la maximización del bienestar social se basa en el criterio de distribuir los bienes producidos de tal manera que se maximice la utilidad que reporta el goce de esos bienes. Esa utilidad es diferente para cada individuo. La cuestión es cómo la medimos. La teoría económica moderna identifica utilidad con la «disposición a pagar» de cada individuo. Desde esta perspectiva, cuanto mayor es la disposición a pagar, mayor es la utilidad de ese bien para esa persona. La suma de utilidades individuales da como resultado la utilidad total o bienestar social. Por lo tanto, la disposición a pagar ofrece un criterio para distribuir los bienes entre los potenciales consumidores de acuerdo con su utilidad. Sin embargo, en el caso de que la renta y la riqueza se concentren en una parte reducida de la sociedad, la tendencia a valorar la utilidad de los bienes, tanto privados como públicos, únicamente por la disposición a pagar, acentúa la desigualdad social en el acceso a bienes y servicios que son básicos para garantizar la condición de ciudadanía de muchas personas. Las consecuencias las estamos viendo. Un ejemplo notable es el de la generalización del copago para el acceso a servicios públicos básicos, que quiebra la condición de ciudadanía, fundamento esencial de una sociedad democrática. Lo mismo sucede con la educación y el principio de igualdad de oportunidades. Con esa visión estrecha de la utilidad, la ética del mercado aparece como coja. Retornaremos a estas importantes cuestiones, para estudiarlas con mayor grado de detalle, en el capítulo 6.

UN DISOLVENTE DEL CONTRATO SOCIAL

Más allá de sus efectos económicos, la desigualdad extrema tiene un poderoso efecto disolvente sobre el contrato social en el que se apoya el funcionamiento armonioso de una sociedad determinada. El contrato social es una metáfora muy utilizada en las ciencias sociales. De la misma forma que el contrato individual regula las relaciones entre particulares y establece los compromisos recíprocos entre las partes que hace que la transacción sea buena para ambos, un contrato social regula las relaciones y los compromisos entre los diversos grupos sociales de un país. No tiene por qué ser formal, es decir, estar escrito en un documento, sino que se puede interpretar metafóricamente para hacer referencia a los compromisos implícitos y explícitos que articulan una determinada sociedad. Puede cubrir aspectos a largo o a corto plazo, y cubrir grandes o pequeñas áreas de la vida social. Algunos de esos elementos tienen expresión formal en la Constitución de cada país y en instituciones sociales como la Seguridad Social o los sistemas sanitario y educativo públicos. Y puede ser específico de un país o de entidades supranacionales. En este sentido podemos hablar también de un contrato social a escala europea (lo que solemos llamar modelo social europeo).

Pues bien, el contrato social es como el pegamento invisible sin el cual una economía de mercado no puede funcionar de forma eficiente. La desigualdad se comporta como un poderoso disolvente de ese vínculo. Este efecto destructivo lo expresó de forma certera el historiador Tony Judt, al afirmar que en la medida en que «corrompe a las sociedades desde dentro […], la desigualdad es corrosiva».16 Actúa a través de diversas vías: reduce la igualdad de oportunidades, disminuye la movilidad intergeneracional (el ascensor social) y pone en marcha toda una diversidad de trastornos que afectan de forma especial a los componentes de los grupos sociales más pobres. Una excelente investigación sobre estas patologías sociales de la desigualdad y la pobreza está recogida en el trabajo de Richard Wilkinson y Kate Pickett,17 donde se documentan sus costes sociales en términos de aumento de las enfermedades mentales, consumo de drogas, deterioro de la salud física, reducción de la esperanza de vida, obesidad, deterioro de los resultados educativos, nacimientos prematuros y violencia. Estaríamos ante un auténtico bloqueo del «ascensor social».

Las amenazas al contrato social lo son también, desde luego, para los individuos concretos. Y es que la ampliación de los márgenes de la pobreza multiplica la probabilidad de que se internen en ella numerosas personas que ni siquiera habían pensado nunca en esa posibilidad. Lo ha explicado con claridad Joseph Stiglitz: «Quienes se encuentran en la parte inferior [de la estructura distributiva] están al borde de la quiebra, enfrentando todo lo que esto implica. Con frecuencia es suficiente que sufran una enfermedad, divorcio o pérdida de empleo para que se vean empujados al abismo».18 En ese entorno deberíamos matizar la afirmación anterior sobre el ascensor social: sí parece funcionar, y con bastante empuje, pero sólo hacia abajo.

Cuando a los problemas de distribución de la renta se unen los relativos a la riqueza, el efecto corrosivo es aún más intenso. El principal mecanismo a través del cual la acumulación de la riqueza en un grupo reducido de personas parece tener unos efectos particularmente nocivos sobre el contrato social es la ruptura de la confianza. La desigualdad extrema disuelve la confianza recíproca entre los diferentes grupos sociales, absolutamente necesaria para que una sociedad pueda progresar. Este efecto disolvente de la pérdida de confianza no siempre se pone de manifiesto de un modo inmediato, pero más tarde o más temprano acaba por aparecer. De nuevo, en palabras de Tony Judt: «El impacto de las diferencias materiales tarda un tiempo en hacerse visible, pero, con el tiempo, aumenta la competencia por el estatus y los bienes, las personas tienen un creciente sentimiento de superioridad (o de inferioridad) basado en sus posesiones, se consolidan los prejuicios hacia los que están más abajo en la escala social».19 Lo intrigante de este efecto es que, en materia de confianza mutua entre los grupos sociales, no importa tanto lo pobre o rico que sea un país, sino lo desigual que sea. Existe una abundante investigación en el campo de la psicología social y de la economía del comportamiento que muestra esta tendencia. Esta dilución de la confianza recíproca entre ricos y pobres parece tener que ver con la tendencia de los primeros a verse a sí mismos como diferentes de los demás grupos de la sociedad y, como consecuencia, a autoexcluirse.

DESIGUALDAD Y CONVULSIONES POLÍTICAS

La historia política nos dice que la desigualdad es también un buen predictor de potenciales desórdenes políticos y de problemas profundos para la democracia. Ya hemos visto que así ocurrió de un modo destacado entre 1870 y la Primera Guerra Mundial, cuando el aumento de la inequidad y la pobreza (y consecuentemente, también el miedo y el odio) caminaron de la mano de la aparición de fenómenos de agitación social y violencia política, vinculados a la aparición de los movimientos anarquistas, nihilistas y revolucionarios. Un retrato histórico espléndido de cómo la visión idílica de un mundo en progreso, en paz y seguridad que sostenían las élites económicas y políticas de los antiguos regímenes imperiales chocó violentamente con la agitación, la violencia y el odio es el ensayo La torre del orgullo, de la historiadora norteamericana Barbara W. Tuchman.20 Allí se muestra que la Belle Époque no murió de senectud ni por accidente, sino que la acumulación de sus grandes perturbaciones de fondo la llevó a estallar en una crisis final, la Gran Guerra, que constituye uno de los mayores episodios de devastación jamás conocidos. Quizá nadie lo supo contar mejor que Stefan Zweig, en El mundo de ayer: «Hoy, cuando hace ya tiempo que la gran tempestad lo aniquiló, sabemos a ciencia cierta que aquel mundo de seguridad fue un castillo de naipes. Sin embargo, mis padres vivían en él como si fuera de piedra».21

De forma similar, los actuales niveles de desigualdad y pobreza presagian importantes conflictos políticos. Intentando confirmar esta relación la revista Foreign Affairs pidió a varias docenas de conocidos expertos en la materia su conformidad o desacuerdo con la siguiente afirmación: «Si no se atiende, la desigualdad económica provocará grandes convulsiones políticas en los países desarrollados a lo largo de la próxima generación». Dos tercios de las respuestas se mostraron muy de acuerdo o de acuerdo con esa dramática afirmación.22

De hecho, ya estamos viendo esas convulsiones políticas en la emergencia de los nuevos populismos y nacionalismos, tanto en Europa como en Estados Unidos. El nuevo nacionalismo norteamericano y la explícita defensa de posiciones aislacionistas y proteccionistas por parte del candidato republicano a la presidencia Donald Trump, y en parte también por el emergente demócrata Bernie Sanders, apoyados ambos por los perdedores de la globalización, el cambio técnico y la crisis, son una muestra expresiva de esas tensiones que amenazan el sistema político de aquel país. En el caso europeo, el resultado del referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el creciente apoyo electoral a partidos populistas xenófobos y de extrema derecha en países como Francia, Alemania o Austria, así como a formaciones populistas de izquierda en la Europa del Sur, son también manifestaciones claras de las convulsiones políticas que vienen asociadas al sentimiento de injusticia provocado por el mal reparto de la riqueza y los costes de la crisis.

¿Existe un umbral a partir del cual se puede predecir que la mala estructura distributiva tiende a provocar conflictos y convulsiones políticas? No parece ser cuestión de niveles sino de cambios en la tolerancia social ante el problema. La evidencia histórica nos dice que niveles relativamente elevados de desigualdad económica pueden ser compatibles con situaciones de estabilidad política. La variable determinante aquí son las expectativas de oportunidades abiertas. Cuando la población tiene expectativas de mejora, la tolerancia social a la mala distribución de la renta es elevada. El llamado «sueño americano» es un caso claro de tolerancia a la desigualdad extrema en una sociedad que, sin embargo, cree en el funcionamiento del ascensor social. Por el contrario, cuando la población percibe que no existen oportunidades de mejora, vemos giros, en ocasiones repentinos, en la tolerancia social. Las convulsiones políticas que estamos viendo en las economías desarrolladas, y a las que hemos hecho referencia en el párrafo anterior, posiblemente tienen su explicación en esta hipótesis. Los interesados en estos cambios de la tolerancia social a la desigualdad encontrarán intelectualmente sugestiva la lectura de un ensayo de Albert O. Hirschman sobre las relaciones entre economía y política que están mediadas por la desigualdad.23

EL COMPLEJO DEBATE SOBRE LAS CAUSAS

Si la desigualdad es ese poderoso y peligroso disolvente para la sociedad, la economía y la democracia, conviene ahora que nos interesemos por sus causas, y por si existen factores o pautas comunes a todos los países. ¿Es la consecuencia inevitable de la dinámica del capitalismo o es resultado del mal funcionamiento de las políticas públicas?

Es sorprendente lo poco que sabemos con certeza acerca de las causas. Abundan las teorías que intentan buscar nexos causales entre diferentes factores. Pero el debate permanece aún inconcluso. Lo que sí es cierto es que, como antes decíamos, después de décadas en que los economistas no le habían prestado mucho interés, ahora estamos viviendo lo que se puede llamar una edad de oro en el estudio del problema. Pero ha sido sin duda la publicación en 2014 de la edición inglesa del monumental estudio del economista francés Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, el que ha marcado un antes y un después en su medición, la evolución en el tiempo, sus causas y consecuencias y, en menor medida, los posibles remedios.24 Entre los muchos méritos de la obra de Piketty uno de los más relevantes es haber vuelto a situar el estudio de la distribución de la renta y la riqueza en el corazón del análisis económico, como ya había ocurrido durante la etapa de la economía clásica. Su explicación sobre las causas descansa en la existencia de una especie de ley general del capitalismo consistente en que, tendencialmente, la retribución del capital es superior a la tasa de crecimiento de la economía. El resultado es la concentración de la renta y la riqueza en la parte alta de la distribución, haciendo que aumente la desigualdad a lo largo del tiempo.

Sin embargo, los factores causales mencionados en la literatura publicada en los últimos años incluyen también otros aspectos. De forma sintética se pueden agrupar en tres tipos: 1) los financieros: expansión del sector financiero, ciclo financiero, tipos de interés, flujos de inversión financiera, relaciones entre acreedores y deudores; 2) los factores reales: comercio internacional, progreso tecnológico y cambios en la demanda de capital humano; y 3) las causas políticas: sistemas fiscales nacionales e instituciones relacionados con los programas sociales de igualdad que condicionan las oportunidades reales que tienen las personas para formarse y progresar laboralmente.25 En principio, se podría pensar que estos factores presentes en la economía internacional tienen un impacto diferencial según sean las circunstancias específicas de cada país. Y así parece ser. Si observamos de nuevo el gráfico 2, veremos que las pautas seguidas por el capitalismo norteamericano y el europeo continental presentan fuertes diferencias en cuanto a su intensidad. A la vista de esta distinta trayectoria, parece lógico que nos preguntemos si la causa de la desigualdad es el propio capitalismo o es la política y las políticas públicas existentes en cada país.

Una corriente de investigación apunta a la importancia que tienen los factores vinculados a los procesos de modernización económica que mueven el capitalismo: la innovación tecnológica disruptiva, la globalización de los mercados y el cambio sectorial de las economías (servicios versus industrialización). En la medida en que se supone que estos procesos de modernización actúan mediante oleadas, la desigualdad debería seguir también una pauta cíclica: aumento en la etapa de cambio y disminución en la madurez. En esta idea se apoya la hipótesis de las «ondas de Kuznets», que ahora veremos.

La segunda línea de interpretación destaca el papel determinante que tienen las finanzas y las grandes corporaciones globales a la hora de explicar la concentración de la riqueza en la parte alta de la distribución. La hipótesis en este caso es que se ha producido un cambio en la estructura de poder dentro del sistema de economía de mercado, con un desplazamiento desde el capitalismo industrial, que fue hegemónico en las décadas siguientes a la posguerra, al nuevo capitalismo hiperfinanciero y global de las últimas tres décadas. Complementariamente, hay otra tendencia del análisis que señala la influencia determinante de la política y las políticas públicas, incluyendo la desregulación de las finanzas, la libertad de movimientos de capital y la desregulación de los mercados de trabajo. Para esta corriente, la desigualdad no es una consecuencia inevitable de la dinámica de las fuerzas del mercado sino una opción política. En los apartados siguientes vamos a hacer un pequeño comentario sobre cada una de estas narraciones. En cualquier caso, por lo dicho hasta aquí es evidente que no hay un consenso claro sobre las causas de la desigualdad y que el desconocimiento sobre estas cuestiones es aún muy elevado. Esta falta de consenso es, como ya hemos señalado, un factor determinante a la hora de explicar la falta de acción política.

LA «DESTRUCCIÓN CREADORA» DE LA MODERNIZACIÓN

Una hipótesis muy asentada en la reflexión de los economistas es la idea de que los procesos de modernización económica que acompañan la dinámica del capitalismo provocan desigualdad.26 Por modernización se entienden los procesos de cambio que tienen lugar en la estructura sectorial de la economía y del empleo cuando aparecen nuevas oleadas de cambios tecnológicos, o se amplían las fronteras de los mercados (globalización). Esta idea de modernización económica va de la mano de la noción de «destrucción creadora» que, según el gran economista austro-norteamericano Joseph Alois Schumpeter, define al capitalismo: destruye las viejas formas de producción y de empleo para crear sobre sus restos lo nuevo. Esos cambios en la estructura sectorial de la economía llevan consigo cambios en la demanda de capital humano por parte de las empresas. Como resultado, por un lado, algunas habilidades y oficios quedan obsoletos y se reducen los ingresos de esos trabajadores y, por otro, aparecen nuevas necesidades de capital humano y oficios cuyos salarios aumentan. El resultado en términos de distribución es un aumento de la desigualdad.

El ejemplo histórico paradigmático de este cambio sectorial fue el tránsito desde la economía agraria a la nueva economía industrial de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del xx. La industrialización fue un motor extraordinario de creación de riqueza. En sus primeras etapas, esa riqueza se acumuló en pocas manos. Pero, a medida que la industrialización fue extendiéndose y madurando, se produjo una convergencia en las productividades de los distintos sectores y una igualación en los ingresos y en la distribución de la renta. Sobre esta idea construyó el economista norteamericano Simon Kuznets su teoría de los ciclos de desigualdad, publicada en 1955 y que tanta influencia ha tenido hasta tiempos recientes.27 Kuznets sostuvo que la desigualdad es reducida en economías con bajos niveles de desarrollo económico (la economía agraria), aumenta durante la fase de la industrialización, para reducirse después a medida que ese proceso de cambio alcanza la madurez. Desde esta perspectiva, la desigualdad extrema de la Belle Époque sería un efecto temporal de la modernización económica asociada al nuevo capitalismo industrial. Acompañando ese cambio estructural del capitalismo y el aumento de ingresos surgió una amplia clase media patrimonial. Y asociados a esa clase media, vinieron también el fortalecimiento y la difusión de la democracia. Capitalismo, igualdad y democracia parecieron reconciliarse a mediados del siglo XX creando una percepción de progreso indefinido. La curva de Kuznets parecía explicar bien las bondades que el capitalismo estaba mostrando en los países desarrollados. Como consecuencia, esa teoría gozó de la aceptación de economistas y políticos, tanto conservadores como socialdemócratas.

Pero esta teoría comenzó a perder su capacidad explicativa en los años setenta y ochenta. De forma inesperada, como hemos visto, la desigualdad comenzó a elevarse de nuevo en todos los países desarrollados, especialmente en los de cultura anglosajona, hasta llegar a los niveles extremos que estamos viendo en la actualidad. Es en este nuevo escenario de quiebra de la teoría de los ciclos de Kuznets donde la aparición de la obra de Piketty parece ofrecer una explicación más consistente y amplia, en la tradición de los economistas clásicos como David Ricardo y Karl Marx. Para Piketty, como hemos señalado un poco más arriba, los elevados niveles de desigualdad son el estado natural de las economías modernas, dada la ley general del capitalismo según la cual los beneficios del capital aumentan sistemáticamente por encima de la tasa de crecimiento económico. Sólo acontecimientos extraordinarios, como fueron las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, pueden alterar temporalmente esa dinámica.

La teoría de Piketty sobre la existencia de esa ley general ha comenzado a ser rebatida, no así la calidad de sus fuentes de datos y el retrato que esos datos dibujan sobre la evolución del problema. Dos economistas muy mencionados en estas páginas, Daron Acemoglu y James Robinson, han cuestionado la utilidad de este tipo de leyes generales del capitalismo a la hora de comprender el pasado o predecir el futuro, debido a que, a su juicio, ignoran el papel esencial que tienen las instituciones políticas y económicas, así como la evolución de la tecnología, en la distribución de recursos dentro de una sociedad determinada. Para estos autores el gap entre las tasas de beneficio y las de crecimiento no son una buena explicación histórica de la desigualdad, especialmente en lo que se refiere a la acumulación de renta en la parte alta de la distribución. A través del estudio de sociedades concretas, muestran que las malas pautas de distribución de la renta no pueden ser comprendidas si no es en el contexto de las instituciones políticas y económicas específicas de esas sociedades.28

También Branko Milanovic, uno de los más conocidos estudiosos de esta materia, y durante un tiempo director del departamento de estudios del Banco Mundial, acaba de publicar un libro que pretende ser una síntesis superadora tanto de la teoría de Kuznets como de la de Piketty.29 Milanovic sugiere que ambas teorías están equivocadas o, cuando menos, son parciales. Para demostrarlo sitúa su análisis de los países en un marco global. Parte de las ondas de Kuznets para señalar que a lo largo de la historia la desigualdad se ha movido en forma de ciclos. En la época preindustrial las causas de esas ondas fueron fuerzas de tipo malthusiano: las hambrunas y las guerras, con sus efectos demográficos. La desigualdad se reducía cuando los países disfrutaban de una buena época económica y de elevadas rentas; pero la llegada de una hambruna o una guerra hacía descender la renta a niveles de subsistencia, y la desigualdad se elevaba. Con la industrialización, las fuerzas que mueven el ciclo de Kuznets cambiaron. El cambio técnico y la globalización de los mercados pasaron a ser las fuerzas determinantes del nuevo capitalismo industrial. El juego combinado de ambas produjo un cambio estructural dramático, con el traslado de millones de trabajadores desde la agricultura a las fábricas. Las diferencias de ingresos aumentaron durante la primera etapa de este proceso. El punto máximo se alcanzó en los primeros años del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Para Milanovic fue la propia desigualdad extrema la que puso en marcha «fuerzas malignas» autónomas que la hicieron revertir. Esas fuerzas perniciosas fueron del tipo de los conflictos sociales y el desorden político, que tanto se extendió a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y la propia Gran Guerra. A estos factores se vinieron a sumar más tarde, después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, otras fuerzas «benignas» (como la educación pública). El resultado fue la reversión de la tendencia y la igualación relativa de renta y riqueza que se produjo en los años cincuenta, sesenta y setenta. Como vemos, la época de nivelación que tuvo lugar en las décadas centrales del siglo XX, que Piketty ve como un accidente de la historia –sobre todo, la reconstrucción de las devastadas economías después de dos guerras–, Milanovic la observa como el resultado de fuerzas sociales y políticas que puso en marcha la propia desigualdad extrema de la Belle Époque, asociada a los procesos de modernización económica que dieron lugar al capitalismo industrial.

Volviendo a nuestro presente, Milanovic utiliza su teoría para explicar lo ocurrido en las últimas décadas. A su juicio lo que estamos viendo desde los años ochenta es una nueva ola de Kuznets, impulsada en este caso por la modernización de la economía asociada a las nuevas tecnologías de la información y la robótica y por la nueva globalización, protagonizada especialmente por China. El resultado de este nuevo proceso de modernización económica es, de acuerdo con la tesis de Kuznets, la nueva etapa de desigualdad extrema que estamos viviendo. Pero el pronóstico de Milanovic es que, como ocurrió en el siglo pasado, ésta acabará cediendo en su crecimiento como consecuencia de la puesta en marcha de fuerzas sociales y políticas impulsadas por la propia desigualdad, ya sean fuerzas malignas o benignas. Desde esta perspectiva, los conflictos sociales y políticos que estamos viendo en las sociedades desarrolladas, con la aparición de nuevo de fuerzas populistas de uno u otro signo, pueden ser vistos como el arranque de ese proceso de cambio.

CAMBIO DE PODER A FAVOR DEL CAPITALISMO FINANCIERO

Hagámonos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los nuevos superricos de esta nueva Belle Époque? Sabemos que en el siglo pasado procedían de las grandes empresas vinculadas al capitalismo industrial manufacturero. Pero ahora no parece ser ésta la fuente de la nueva riqueza. El problema es que las investigaciones basadas en la explotación de las fuentes de datos sobre la distribución de la renta no permiten responder con claridad a esta cuestión. Lo que nos dice ese tipo de estudios, tal como hemos visto anteriormente, es que se ha producido una acumulación de la renta y la riqueza en la parte superior de la distribución, pero no nos permite conocer quiénes son los que se están enriqueciendo y qué actividades económicas están en el origen de ese enriquecimiento.

Para responder a esta cuestión es necesario redefinir el estudio de la desigualdad económica utilizando la información disponible sobre ingresos salariales. De esa forma, sería posible obtener una distribución de ingresos (sueldos y salarios) por grupos de actividad económica. Esto es lo que ha llevado a cabo James Galbraith,30 quien, a partir de las fuentes de datos existentes sobre ingresos salariales de Estados Unidos, Europa, América Latina y China, y utilizando una misma metodología, se pregunta si existen hechos o pautas comunes que emerjan de forma clara y persistente en el comportamiento de la distribución de la renta en todos los países. Los resultados son interesantes y permiten plantear una respuesta a la pregunta de quiénes son los nuevos superricos y de qué actividades económicas derivan sus ingresos. Los resumimos a continuación:

1) Las fuerzas que están influenciando la distribución de ingresos salariales (y, por tanto, de las rentas) son sistemáticas y de naturaleza macroeconómica. Son fuerzas que actúan en el conjunto de la economía global, y en un mismo sentido. Y que, además, escapan al control de los países individuales, aunque, como nos muestra el gráfico 2, sus efectos sobre la distribución final de la renta pueden ser atemperadas en alguna medida por la existencia de buenas instituciones fiscales y políticas de esos países.

2) Esas fuerzas que actúan sobre la distribución de la renta y la riqueza a escala mundial son, esencialmente, de naturaleza financiera. Tienen que ver con tipos de interés, flujos de inversión financiera y con la corriente de pagos entre deudores y acreedores, tanto de deudas nacionales como internacionales. Para Galbraith, a nivel global, los datos existentes no apoyan la hipótesis de una fuerte incidencia de los factores reales, pues una vez se sacan los factores financieros de las series de ingresos, el aumento de la desigualdad que caracteriza al período entre 1980 y 2000 simplemente desaparece.

3) La acumulación de ingresos en la parte superior de la escala de la distribución de la renta y riqueza a nivel mundial, que comenzó en los años ochenta del siglo XX y tuvo su pico a principios de éste, representó también una aguda crisis tanto para las personas de menores ingresos dentro de cada país como para los países de menor renta. Los deudores perdieron en beneficio de los acreedores, tanto a escala nacional como internacional. La más sencilla y convincente explicación de este desequilibrio entre deudores y acreedores es que sus causas fueron políticas. En particular, las agresivas políticas de altos tipos de interés que comenzaron a aplicarse a finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y se mantuvieron a lo largo de dos décadas. Estas políticas transformaron las finanzas y los negocios corporativos globales. En la medida en que interactuaron con caídas de los precios de las materias primas y con el aumento de la deuda en Latinoamérica, Europa del Este y Asia, esas políticas transformaron los equilibrios de poder económico dentro del capitalismo en favor del sector financiero y las corporaciones globales, y en perjuicio del resto de los sectores económicos.

4) Esa alteración de los equilibrios de poder económico entre el sistema financiero y el resto de la economía se produjo tanto a nivel internacional como dentro de cada país. Y, en la medida en que los sectores de actividad económica están vinculados a regiones y países concretos, las pautas sectoriales y regionales de distribución de ingresos se vieron fuertemente afectadas. La desigualdad económica tendría, por tanto, mucho que ver con el cambio en la estructura de las modernas economías y del precio de los activos de los diferentes sectores. Esta modificación actuó en beneficio del sistema financiero, al cambiar en su favor la estructura del poder económico y de distribución de ingresos.

En el capítulo 2 hemos mostrado que, a diferencia de lo que mayoritariamente se pensaba hace sólo diez años, el hiperdesarrollo de los mercados de capital ha traído altos costes para la marcha de la economía en diversos aspectos. Pues bien, en lo que ahora interesa, ¿ha sido productivo para la economía el crecimiento del poder de las finanzas? De nuevo, la respuesta ha de ser negativa.31 Así, para J. Grantham, uno de los mejores expertos en esta cuestión, el sistema financiero es para la economía «como correr con una grande, pesada y creciente sanguijuela sobre la espalda».32 Es decir, las finanzas y las corporaciones globales están actuando como un mecanismo de extracción de rentas del resto de los sectores, cambiando la distribución de ingresos, salarios y rentas a su favor desde inicios de los años ochenta.

¿Qué es lo que ha provocado este desequilibrio en favor de las actividades financieras y corporativas globales y su impacto sobre la distribución de la renta? Sabemos ya de la importancia de las razones tecnológicas, pero las políticas públicas jugaron también un papel determinante. Como afirmaba en su informe sobre la crisis el comité del Congreso norteamericano, la desregulación de las finanzas «no cayó del cielo», sino que respondió a una voluntad política determinada.33 Junto a ello, las políticas fiscales y de vivienda de muchos países promovieron una «sociedad de propietarios» que estimuló la burbuja crediticia e inmobiliaria. Todo ello fue el resultado de querer prolongar un modelo de crecimiento basado en la desigualdad; un modelo que había llegado a sus límites ya a inicios del nuevo siglo. Y lo hizo, forzando el comportamiento del sistema financiero más allá de los límites legales y éticos. Pero eso no ocurrió en igual medida en unos países y otros. Según hemos mostrado más atrás, en Estados Unidos, por ejemplo, se dio en una medida muy superior a la que se registró en el país en muchos aspectos más cercano a él, Canadá. Y en algunos países europeos, como desde luego es el caso de España, la intensidad del proceso y sus consecuencias fueron mucho más dramáticas que en otros.

El principal interés que para nosotros tiene esta visión es que relaciona de un modo muy estrecho y riguroso los dos aspectos que hemos venido destacando como cruciales en el trance de cambio de piel del capitalismo contemporáneo: la desmesura de las finanzas y la desigualdad. Por eso nos interesa destacar su conclusión central: que fue el cambio de equilibrio de poder dentro del capitalismo, en favor de las finanzas, la causa principal de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. Y en relación con ello, el papel que tienen las instituciones económicas y políticas en la diferente concentración de la renta en cada país nos lleva a la hipótesis que ve en la política la causa fundamental de la desigualdad.

LA DESIGUALDAD, UNA OPCIÓN POLÍTICA

En los dos apartados anteriores hemos analizado el papel que los llamados factores reales (cambio tecnológico, comercio-globalización y diferencias en el capital humano de los trabajadores) y los factores financieros (la alteración del equilibrio de poder económico dentro del capitalismo en favor de las finanzas) han tenido en la polarización del reparto de la renta y la riqueza. Estos dos tipos de factores han sido comunes a todos los países. Sin embargo, como hemos visto en el gráfico 2, la dinámica de la polarización ha sido diferente en Europa y Estados Unidos. Podemos concluir entonces que los resultados de esos factores sobre la desigualdad están mediados por el juego de las instituciones políticas y económicas existentes en cada país y de las políticas públicas. Instituciones y políticas influyen tanto en la distribución de la renta primaria que produce el mercado como en la distribución final o neta, es decir, la que emerge una vez que tiene lugar el efecto redistributivo de los impuestos y gastos públicos en transferencias monetarias y servicios fundamentales (educación, sanidad). Desde este punto de vista, la política es la tercera causa a la hora de explicar la evolución de la distribución de la renta y la riqueza en cada país concreto.

Estos efectos diferenciales entre países han llevado a algunos estudiosos a sostener que la desigualdad extrema que estamos viendo no es un resultado inevitable de la dinámica del capitalismo, sino una opción política de cada país. Los análisis de Acemoglu y Robinson y los de Stiglitz van, aunque por caminos analíticos diferentes, en esa dirección.34 Un caso muy claro de cómo las políticas son absolutamente determinantes para modular o acentuar la desigualdad es lo ocurrido con la gestión de crisis reciente. En aquellos países donde se han llevado a cabo políticas radicales de austeridad del gasto social (educación, sanidad y prestaciones sociales) y aumentos de impuestos sobre las clases medias y trabajadoras, el impacto de la crisis ha sido particularmente intenso. Dado que analizamos estos efectos de forma extensa en otros capítulos, no insistiremos ahora en ello.

Pero sí conviene detenernos un momento en el caso particular de España, un país en el que los recortes en los programas de gasto social han sido intensos: estamos ante un ejemplo paradigmático del efecto de las malas instituciones y políticas públicas sobre la distribución de la renta. España es uno de los países europeos más desiguales y en el que más han crecido las diferencias distributivas desde 2008. En conjunto, la renta disponible de los hogares españoles ha caído un 20 % entre 2007 y 2013. Este descenso es, por sí mismo, muy intenso, pero su gravedad se acentúa al analizar cómo se ha repartido esa caída entre los diferentes grupos sociales. Si definimos las clases medias como el grupo de hogares cuyos ingresos están entre el 75 y el 200 % de la renta mediana, vemos que en 2007 ese sector representaba el 60,6 % de los hogares españoles. Este número cayó en 2013 al 52,3 %. Es una reducción significativa. Supone que alrededor de tres millones de españoles han dejado la clase media para ingresar en las clases bajas. Más allá de la importancia de la pérdida de ingresos en sí misma, este descenso en el ranking social hace psicológicamente muy vulnerables a las personas que lo sufren.

Pero lo realmente significativo, a la vez que dramático, es lo que ha ocurrido con las clases bajas. Si las definimos como los hogares cuyos ingresos están por debajo del 75 % de la renta mediana vemos que su aumento durante la crisis es espectacular. En 2004 incluían al 31,2 % de los hogares; tres años más tarde, en 2007, su tamaño se había reducido al 26,6 %. Pero su tamaño en 2013 había vuelto a aumentar de una manera desproporcionada hasta alcanzar el 38,5 % de los hogares, 12 puntos más que al inicio de la crisis. Esto significa que alrededor de cuatro de cada diez personas vive en una situación de pobreza, falta de oportunidades y exclusión social muy grave, en unos términos que hace unos años se consideraban desterrados.35

Sin duda, la mayor caída del empleo y la fuerte sustitución de contratos fijos por temporales ha sido un factor determinante del aumento de la desigualdad por abajo, es decir, de la pobreza. Pero las políticas redistributivas han jugado también un papel determinante. Así lo muestran los estudios empíricos rigurosos que sobre esta cuestión han sido publicados recientemente.36

La conclusión que cabe extraer de lo dicho hasta ahora sobre las causas de la desigualdad es que persiste un elevado grado de desconocimiento y falta de acuerdo en torno a esta cuestión. Sin duda, los factores relacionados con los procesos de modernización económica favorecen la desigualdad en la distribución de la renta que hace el mercado. Pero ha quedado claro que eso no permite sostener una especie de fatalismo de la desigualdad inevitable. Como hemos dicho, la desigualdad final que existe en una sociedad concreta es el resultado tanto de la distribución que hace el mercado como de la redistribución que llevan a cabo las políticas públicas. Desde esta perspectiva, conviene ver ahora cómo las políticas pueden jugar a favor de una disminución de la desigualdad tanto en la fase de distribución primaria de la renta, que hace el mercado, como en la final, una vez operan los impuestos, las transferencias y los servicios públicos fundamentales.

CONTRA LA DESIGUALDAD, POR TIERRA, MAR Y AIRE

Como acabamos de ver al analizar las distintas teorías acerca de las causas de la desigualdad, la magnitud de nuestra ignorancia sigue siendo considerable. Tenemos excelentes narraciones, pero no existe un consenso entre los economistas. A la vez, y en parte vinculado con esa falta de acuerdo, algunos responsables políticos muestran su preocupación y ansia ante un problema que va a más, tal como ha hecho el presidente Barack Obama al afirmar que «la desigualdad es el reto de nuestro tiempo». Pero esta preocupación no ha ido acompañada hasta ahora de una acción efectiva. Los gobiernos parecen resignados ante un proceso que ven como una fatalidad contra la que no puede hacerse mucho más que esperar a que sea la propia economía la que en algún momento revierta sus efectos.

Así las cosas, tenemos que preguntarnos si están los gobiernos a merced del ciclo económico o pueden actuar para afrontar ese reto. ¿Por qué la democracia, un sistema en el que el poder político está mejor repartido que el poder económico, no logra reducir la desigualdad? ¿Habrá que aceptar, como hemos visto que sostiene Branko Milanovic, que será la propia desigualdad quien, tarde o temprano, acabará poniendo en marcha fuerzas malignas que, como ocurrió en el siglo pasado, corregirán esta tendencia? En este sentido, ¿podríamos considerar la rebelión contra las élites que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, el retorno de las propuestas populistas y las convulsiones políticas, como en el caso del referéndum sobre el Brexit, ejemplos de esas fuerzas malignas? Es una cuestión inquietante, sin fácil respuesta.

En todo caso, si la desigualdad es, como hemos mostrado, fundamentalmente una opción política y no un resultado inevitable de las fuerzas del mercado es necesario explorar el papel que pueden tener las fuerzas «benignas» vinculadas a las políticas públicas. En este sentido, Anthony Atkinson, un reconocido experto en la materia, acaba de publicar un excelente ensayo que nos puede servir de guía para analizar el posible papel de las políticas en la reducción de la desigualdad en los próximos años.37

Para Atkinson esta lucha por la distribución positiva se tiene que apoyar en cuatro convicciones. La primera es que, de entre todos los problemas actuales de nuestras sociedades, éste es el más importante. La segunda, que no hay nada inexorable en el crecimiento de la desigualdad. No es una plaga divina, ni una fatalidad inevitable de los procesos de modernización económica asociados al capitalismo; al contrario, los gobiernos pueden dar pasos efectivos para afrontar con éxito esa batalla. Pasos que, en todo caso, serán difíciles porque muchas de las medidas crearán ganadores y perdedores, pero que, en su opinión, serán la única manera de hacer frente a una realidad tan frustrante como la que estamos viviendo. La tercera es que la reducción de la desigualdad no daña la eficiencia y el crecimiento económico. Al contrario, en su opinión, que coincide con la que nosotros ya hemos expresado, mejora la eficiencia y la calidad del crecimiento. La cuarta es que esa guerra requiere poner en marcha un plan de acción que abarque todos los flancos. Por así decir, una acción conjunta por tierra, mar y aire, incidiendo tanto sobre la distribución inicial de la renta que hace el mercado, como a través de políticas redistributivas.

Como hemos visto, una de las fuentes de la desigualdad que produce el mercado es el creciente gap entre la retribución de los trabajadores con conocimientos y habilidades para adaptarse a los nuevos requerimientos del cambio técnico y económico y la de los trabajadores de baja o nula cualificación, cuyos empleos se han reducido como consecuencia de la revolución tecnológica y la globalización de los mercados. Desde este punto de vista, la educación –es decir, la mejora de los conocimientos y de la formación profesional continua de todos los trabajadores– es una acción política esencial para lograr que la oferta de empleo cualificado vaya por delante de su demanda por parte de las empresas.

Este último punto exige, sin embargo, alguna matización. La educación es, desde luego, un factor explicativo de primer orden de las grandes diferencias existentes entre las estructuras distributivas de los países avanzados y los menos desarrollados. Pero si nos centramos en los primeros, como es aquí nuestro cometido, entonces hay que tener un cierto cuidado con no exagerar la trascendencia de ese factor. Como ha recordado Ricardo Hausmann, un economista de Harvard experto en crecimiento económico, existiendo muchas razones para que los gobiernos hagan esfuerzos para mejorar la educación, debe observarse que ésta por sí sola no es una estrategia de crecimiento.38 En el mejor de los casos, la educación beneficiará a las generaciones jóvenes, pero no dará respuesta a la falta de empleo y oportunidades para los millones de personas que hoy están en el paro y la marginación. Para ello hay que actuar también por el lado de la demanda de empleo, mediante planes de estímulo al crecimiento.

En este sentido, Atkinson ha sugerido fijar un objetivo de empleo en el cuadro de mandos de la gestión macroeconómica de los gobiernos, de la misma forma que existe para la inflación o para el déficit público. De esa forma, los responsables de las políticas estarían obligados a evaluar todas éstas en términos de la batalla contra el paro. Hasta ahora, sin embargo, nuestros gobiernos, especialmente en Europa, sólo han actuado por el lado de la oferta de empleo mediante reformas orientadas a flexibilizar el funcionamiento de los mercados de trabajo. Pero esta acción es claramente insuficiente para aumentar el empleo y, ante todo, incrementa la desigualdad salarial.39 Esta propuesta podría parecer, en principio, quimérica y demasiado radical. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. En este punto es necesario recordar que, en medio de la gran recesión producida por la crisis financiera de 2008, Ben Bernanke, a la sazón presidente de la Reserva Federal, puso el objetivo de empleo en el centro de la política monetaria y financiera cuando en los inicios de la recesión de 2009 señaló que «la Fed [el Sistema de Reserva Federal] hará todo lo necesario, durante el tiempo que sea necesario, hasta que el desempleo en Estados Unidos baje del 7,5 %». Los resultados de esa política monetaria orientada a aumentar la demanda de empleo están a la vista: el paro en Estado Unidos ha bajado ya del 4 %. Nada de eso se hizo, sin embargo, en la zona euro. No es de extrañar, entonces, el elevado nivel de paro y de pobreza en el continente.

Ahora bien, el empleo no es toda la historia en relación con la reducción de la desigualdad que produce el mercado. La propuesta de Atkinson de impulsar una política activa de los gobiernos sobre los salarios mínimos coincide con la puesta en marcha de un conjunto de acciones muy interesantes en ese terreno en países como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. Se trata de medidas que hace sólo unos pocos años serían consideradas anatema no sólo por cualquier gobierno conservador, sino incluso por los socialdemócratas. Sin duda, estamos asistiendo a tiempos extraordinarios, en los que lo nuevo y lo viejo, lo conservador y lo radical, a veces se confunden.

Como hemos visto, la desigualdad final o neta existente en una sociedad no sólo es resultado de la desigualdad de ingresos que produce el mercado, sino del efecto de la redistribución que lleva a cabo el Estado mediante impuestos y transferencias de renta a los hogares, ya sean éstas de carácter monetario, vinculadas a programas públicos como las pensiones, los seguros de desempleo o diversos tipos de becas y ayudas, ya sea a través de transferencias no monetarias centradas en servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad u otros servicios asistenciales.

Si se desea luchar contra la desigualdad es necesario también repensar la forma en cómo actúan estas políticas redistributivas. En las últimas décadas, las reformas fiscales que se han llevado a cabo en la mayor parte de los países occidentales –impulsadas, como sabemos, por el fenómeno de competencia fiscal, característico de la globalización– han disminuido la capacidad redistributiva de los impuestos, llegando en algún caso a revertir su dirección, canalizando renta de abajo arriba. Por otro lado, los recortes en las transferencias monetarias y en los servicios como la educación y la sanidad han favorecido un aumento de la desigualdad. En países como España, los programas públicos de transferencias han protegido relativamente bien a los mayores y pensionistas de los efectos de la crisis, pero han dejado totalmente desprotegidos a los más jóvenes.40

Otra dimensión de un genuino programa a favor de una mayor equidad tiene que ser la democratización del acceso al capital y a la riqueza. Sobre esta cuestión, Robert Shiller ha propuesto algunas medidas de interés, desde cuentas de ahorro indiciadas, para permitir que el esfuerzo de los pequeños ahorradores tenga una compensación positiva por encima de la inflación, a la creación de nuevos programas de seguros públicos que cubran la contingencia de pérdida de ingresos de los más jóvenes.41 Por su parte, Atkinson propone una serie de medidas que, en principio, podrían parecer radicales en el clima del pensamiento político económico previo a la crisis, pero que hoy, dada la magnitud del problema, parecen cobrar todo su sentido y se van abriendo paso tanto en el pensamiento socialdemócrata como en el conservador. Como ejemplo de medidas orientadas a democratizar la riqueza por arriba, propone favorecer la difusión de la riqueza en los casos de herencias y evitar su concentración en un solo heredero; o, un impuesto sobre la riqueza recibida a lo largo de la vida en forma de legados y herencias de todo tipo. Entre los ejemplos orientados a democratizar el acceso a la riqueza y al capital por abajo sugiere dotar de una herencia mínima al cumplir los dieciocho años, de tal forma que este igualitarismo haga posible el principio de igualdad de oportunidades; o programas que focalicen la atención en la actual pobreza infantil, con ayudas al nacimiento que eviten beneficiar a los hogares de rentas altas. Alguno de estos programas se podrían financiar con los ingresos procedentes de la imposición sobre las herencias. Sugiere también programas relacionados con una renta básica o de inclusión para todos los ciudadanos que tengan una participación activa en las actividades comunitarias en un sentido amplio. Ideas radicales…, aunque quizá no tanto: algunas de las políticas actualmente existentes en ciertos países, como es el caso de las exenciones en el impuesto de la renta o el impuesto negativo sobre la renta –propuesto inicialmente por el economista liberal Milton Friedman–, están próximas a esta idea, pero con el inconveniente de que no benefician a todos los ciudadanos sino sólo a los más ricos. Por el contrario, las fórmulas propuestas por Atkinson tienen la ventaja de democratizar esas medidas, extendiéndolas al conjunto de la sociedad.

Por último, la batalla contra la desigualdad pasaría por redefinir las funciones del Estado en campos como la creación de riqueza, el reequilibrio de poder entre todos los actores y el logro de una efectiva igualdad de oportunidades en el acceso a los mercados. En este sentido, no hay que olvidar que la desigualdad es también el resultado de los procesos de concentración empresarial que se han venido produciendo en las últimas décadas. Sin una nueva y efectiva política antimonopolio, similar a la que se llevó a cabo a finales del siglo XIX con la Ley Sherman en Estados Unidos y leyes similares en otros países, la concentración de la renta y la riqueza no tendrá límites. Ya hemos visto cómo la mayor parte de la renta y riqueza creada en estos últimos años se ha ido a las personas que están en la alta dirección de las grandes empresas y corporaciones. Pero, además, esta concentración empresarial está obstaculizando la entrada de nuevas empresas competidoras en muchos sectores económicos. Estas barreras de entrada están favoreciendo la formación de precios de monopolio en muchos mercados de bienes y servicios, precios que detraen renta disponible de los consumidores.

La principal crítica de falta de realismo que en el contexto actual puede hacerse a las medidas propuestas por Atkinson, que nosotros hemos recogido en este apartado, es que la restricción externa impuesta por los mercados sencillamente no lo permitiría. Ello es, en parte, cierto (por ejemplo, en relación con el mencionado fenómeno de competencia fiscal), y nos introduce de nuevo en el campo minado de las relaciones entre mercados de capital y políticas democráticas, de las que se trata en diversas partes de este libro. Pero ésa es sólo una parte de la historia. Si se repasa el listado de medidas concretas que hemos ido mencionando, se verá que no pocas entre ellas corresponden a políticas internas, muy poco afectadas por decisiones que pudieran importar a los inversores internacionales. Y es que, a veces, la «camisa de fuerza de los mercados» se exagera intencionada e interesadamente, con el fin de alejar determinados asuntos de la formación de la agenda política.

Muchas de las medidas que acabamos de enumerar serán de difícil implementación si no se mejora la calidad de la democracia en nuestros países. Sólo de esa forma se logrará que las políticas recojan mejor los intereses y las preferencias del conjunto de la sociedad, y no sólo las de los sectores de mayor renta. ¿Por qué la democracia no logra eliminar la desigualdad? En principio es el sistema más capaz de repartir el poder político de un modo equitativo, de tal forma que ello debiera trasladarse de un modo natural al terreno del poder económico. En las actuales circunstancias, dado que los perdedores de la crisis son muchos más que los ganadores, el hecho de que la democracia otorgue a cada persona un voto debería hacer que las políticas se orientaran en el sentido que acabamos de señalar. Pero no es así. El motivo es doble. Por un lado, la concentración de la riqueza introduce sesgos en la formación de los gobiernos y en los procesos de decisión política. Los caminos de esa influencia son variados, desde la financiación a los partidos políticos a una mayor presencia de sus representantes entre los miembros de parlamentos y gobiernos. Por otro lado, el hecho de que los sectores sociales de baja renta se inhiban de participar en el proceso político ordinario hace que sus intereses y preferencias sean poco tenidos en cuenta. En cualquier caso, sin progresar en la calidad de nuestras democracias y su capacidad para recoger los intereses generales, no será fácil poner freno al aumento de la desigualdad y hacerla retroceder a los niveles tolerables que tuvo en los años centrales del siglo XX. Volveremos sobre esta cuestión en el capítulo 8.

1. Skidelsky, «Inequality is killing Capitalism», Project Syndicate, 21 de noviembre de 2012.

2. Piketty (2013), pp. 285-287.

3. Foreing Affairs, «Does Inequality Matter?», diciembre, 2015.

4. Banco Mundial, «Inequality in Focus», vol. 1, n.º 1, abril, 2012.

5. The Economist, «For Richer, for Poorer», Informe especial sobre la economía mundial, 13 de octubre de 2012.

6. Piketty y Saez (2013).

7. En Europa las diferencias eran mucho menores, pero también extraordinariamente llamativas: por mencionar dos casos de empresas de un mismo país, Gran Bretaña, en la BP esa relación era de 16:1 en 1979-1980 y de 63,2:1 en 2009-2011; en esos mismos períodos en el Barclays Bank la relación era de 14,5:1 y 75:1, respectivamente. Sobre todo ello, véase Mazzucato y Lazonick: «Explaining rising income inequality», en New Statement, septiembre, 2012.

8. Véase Alvaredo, Atkinson, Piketty y Sáez (2013).

9. Véase Máiz (2016), p. 10

10. Okun (1975).

11. Ostry, Berg y Tsangarides (2014).

12. Galbraith (2012).

13. Rajan (2010). También Joseph Stiglitz se apunta a esta tesis en alguna de sus obras más recientes. Véase Stiglitz (2012, 2015).

14. Costas (2011).

15. Sobre la naturaleza y el papel del «principio moral de la simpatía» en la obra de Adam Smith, véase Roncaglia (2006), pp. 171-177.

16. Judt (2010).

17. Wilkinson y Pickett (2009).

18. Stiglitz, «La era de la vulnerabilidad», Project Syndicate, 13 de octubre de 2014.

19. Judt (2010), p. 34.

20. Tuchman (1966).

21. S. Zweig, El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Barcelona, Acantilado, 2002.

22. Foreign Affairs, «Does Inequality Matter?», 13 de diciembre de 2015.

23. Véase Albert Hirschman, «La tolerancia cambiante de la desigualdad del ingreso en el curso del desarrollo económico». Publicado originalmente en The Journal of Economics, 87, noviembre de 1973. Incluido en Hirschman (1981), pp. 57-81.

24. Piketty (2013).

25. Además de estos tres grupos de factores causales, hay otros dos también bastante frecuentados en la literatura especializada: los demográficos (inmigración y dinámica interna de la población) y los efectos de la crisis de 2008.

26. Inglehart (2016); Bourguignon (2016).

27. Kuznets (1955).

28. Acemoglu y Robinson (2015).

29. Milanovic (2016).

30. Galbraith (2012).

31. Una excelente revisión de esta literatura se puede encontrar en Torrero (2012).

32. Citado en Torrero (2012), p. 26.

33. Véase Financial Crisis Inquiry Commission (2011).

34. Stiglitz (2012, 2015).

35. Datos tomados de Fundación Alternativas (2016) y Goerlich Gisbert (2016).

36. Fundación Alternativas (2016) y Goerlich Gisbert (2016).

37. Atkinson (2016).

38. Hausmann, «The Education Myth», en Project Syndicate, 31 de mayo de 2015.

39. Atkinson va más allá en su defensa del papel del Estado al proponer el compromiso de los gobiernos en la creación de empleo. De la misma forma que los bancos centrales actúan como prestamistas de último recurso del sistema financiero, el Estado tendría, a su juicio, que actuar también como empleador de último recurso ofreciendo empleo en situaciones de crisis profunda.

40. Véanse Fundación Alternativas (2016) y Goerlich Gisbert (2016). También OCDE (2011).

41. Véase Shiller (2012).

CAPÍTULO 4

Europa y los bordes del despeñadero

La moneda común europea, que nació de un modo estelar a finales del viejo siglo y comenzó a circular en los albores del nuevo, ha sido una de las grandes afectadas por la tempestad económica que ha asolado el capitalismo occidental en los últimos años. Surgido en un entorno de aparente solidez, fruto directo de la mentalidad de «un mundo al fin estable» que dominó durante la fase de expansión, el proyecto del euro corrió paralelo al de la globalización financiera. Esos dos grandes procesos que tuvieron lugar en las décadas de tránsito entre dos siglos no pueden desgajarse el uno del otro. De hecho, algunos hitos importantes de ambos coincidieron en el tiempo. Así, en 1999 la Administración Clinton derogó la Ley Glass-Steagall de 1933 que estipulaba fuertes medidas de control sobre los bancos, sustituyéndola por una nueva norma desreguladora que, entre otras cosas, impulsó la formación de grandes conglomerados financieros globales, como el Citigroup. Pues bien, no es casualidad que el euro se introdujese en los mercados financieros internacionales como unidad de cuenta en ese mismo año de 1999. Ambos procesos son parte de una misma dinámica de financiarización global del capitalismo finisecular.

Esta dimensión internacional del euro ha quedado tapada por su vertiente más interna, vinculada al esfuerzo para dar una orientación macroeconómica a la integración política europea, consistente con la idea de eliminar las tensiones entre los tipos de cambio que se habían producido a lo largo de las décadas precedentes entre los países que comerciaban libremente dentro de la Comunidad Económica Europea (CEE). En ese entorno de apariencia estable, las dudas que surgieron sobre el euro venían de las insuficiencias y anomalías de su andamiaje institucional y de las diferencias de competitividad entre las economías que lo integraban. Pero, dado el clima optimista de la época, esas carencias y dificultades fueron desestimadas sin más.

La crisis lo cambió todo. Hasta tal punto ha sido así que, a partir de la primavera de 2010, los bordes del despeñadero se convirtieron en lugar de residencia habitual de la moneda común. A la tradicional lentitud en la toma de decisiones de los órganos de la Unión Europea (UE), se sumaron ahora otras patologías mucho más importantes, como el desconcierto ante los cada vez más visibles fallos institucionales del sistema del euro, las diferencias entre gobiernos nacionales, los reflejos antisolidarios y las reacciones motivadas por el miedo. ¿Miedo? ¿Exactamente por qué y a qué? Es imposible contestar con precisión, porque lo que causa mayor temor de un abismo es desconocer lo que hay en su fondo. Y eso es lo que ocurre con un hipotético fin del euro: no sabemos en absoluto qué puede traer consigo. Porque, como suele ocurrir en estos casos, para su entrada en vigor se diseñó un complejo sistema de reglas y procedimientos, pero ningún protocolo está establecido para su eventual desaparición.

En consecuencia, ése es el terreno perfecto para las puras especulaciones: las de quienes ven la posibilidad de un nuevo accidente a la Lehman multiplicado, y las de aquellos otros que rebajan mucho ese riesgo. Nada permite descartar en términos tajantes una u otra percepción. Hay sin embargo un punto en el que muy pocos se atreven a discrepar: a estas alturas, una hipotética desaparición de la eurozona muy probablemente no sólo se llevaría por delante, antes o después, el conjunto del proceso de integración europea sino también el marco actual de relaciones financieras internacionales. Es decir, que no sólo la Unión Económica y Monetaria (UEM) está en peligro; lo está también la propia UE y, más allá, el sistema económico y financiero global. Probablemente ha sido ese miedo a lo desconocido el causante de algunas reacciones de último momento que consiguieron evitar su colapso.

En ese escenario de gran complejidad, es evidente que el resultado del referéndum británico constituye un reto de primer orden para el proyecto europeo en su conjunto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ello tiene mucho más que ver con sus consecuencias que con sus causas. Lo que queremos decir es que, si bien es indudable que establece una línea de demarcación en la historia de la UE –en la medida en que muestra que ésta no es irreversible y abre la puerta para otras posibles defecciones–, la explicación de por qué se ha producido ha de buscarse más bien en otra dirección: en el profundo malestar originado por la desigualdad tóxica y la falta de movilidad social, con toda su carga de patologías, que acabamos de estudiar. El Brexit habría sido, más que una reacción propiamente antieuropea, una especie de revuelta antiélites. Así parece mostrarlo el hecho de que la mayor concentración de ese voto se haya dado en aquellas ciudades y distritos con mayor grado de estancamiento social.1

En este capítulo nos centramos en la realidad europea y examinamos los pasos de ese camino extraordinariamente accidentado que está siendo el euro. Analizamos los fallos que el sistema de la política monetaria única ha dejado al descubierto en estos años, y los avances y retrocesos experimentados por la estructura de gobernanza de ese sistema en medio de tantas dificultades.

DEL ENTUSIASMO EUROPEÍSTA
AL MIEDO QUE PARALIZA

Las dos décadas que precedieron a la explosión de la crisis financiera de 2008 no solamente trajeron consigo la carga de una economía ultrafinanciera y socavada por las desigualdades. También fue el momento del entusiasmo europeísta: por entonces apenas teníamos dudas de que el proceso de integración paneuropea –una de las mejores cosas que nos ocurrió a los ciudadanos del continente, y particularmente a los españoles, en toda nuestra historia– era irrevocable.

Esa euforia, detectada por todas las encuestas de opinión, no salió de la nada. De hecho, la historia de la UE desde su creación en el Tratado de Roma no es la de un ascenso lineal, sino que ha estado mechada de avances y retrocesos (estos últimos se hicieron bastante visibles durante la crisis de los años setenta). Pero, a partir de 1985, los progresos se fueron dando de un modo constante y cada vez más intenso: así llegaron el Acta Única Europea, los programas estructurales, el Tratado de Maastricht y, finalmente, la entrada en vigor del euro.

Para la reafirmación de esos avances continuados fue decisiva la coincidencia de varios líderes fuertes en los principales países de la UE y en la propia Comisión Europea. François Mitterrand, Helmut Kohl, Felipe González o Jacques Delors eran dirigentes políticos convencidos de que el momento histórico exigía dar pasos firmes hacia la integración, quizá no tanto porque alemanes y franceses, por ejemplo, se amaran fraternalmente, sino porque era la mejor forma de evitar los problemas del pasado (es decir, por el principio de «nunca más»). Con la idea de que la atención a los miembros más débiles del grupo redundaba en beneficio de todos, un cierto sentido general de solidaridad europea se fue imponiendo y produciendo estimables resultados, por encima de los obstáculos que incesantemente disponían las fuerzas más euroescépticas, como el Gobierno británico de Margaret Thatcher. El mecanismo fundamental que se puso en marcha para impulsar ese principio de solidaridad fue el de los fondos estructurales. La consecuencia de su aplicación fue un venturoso proceso de convergencia real entre economías. En el caso español, por ejemplo, esos programas supusieron un crecimiento económico adicional de en torno a un 1 % cada año.

Nada más natural que aquel euroentusiasmo, dado que la UE se fue conformando como la parte del mundo en la que, de un modo más virtuoso, se combinaban densidad cultural, libertad política y progreso económico. Ésta es una historia de éxito bien conocida. También lo son algunos fracasos que se fueron produciendo por el camino, y que alertaban a quien quisiera verlo de que tal vez el proceso de integración adolecía de problemas más graves que los que se atisbaban en la superficie. El más importante de esos fiascos fue el de la Constitución europea, de la cual se suponía que habría de significar un salto adelante en la integración política pero que sucumbió por el voto ciudadano en varios países. Con el tiempo, los problemas de fondo de la UE se fueron haciendo cada vez más visibles, originando algunas contradicciones con un alto potencial explosivo. Entre ellos merecen destacarse, por la relevancia que han adquirido en el período más reciente, los cuatro siguientes:

En primer lugar, a estas alturas aún no sabemos qué es exactamente la UE, a qué fórmula exacta de gobierno se corresponde. ¿Es un sistema federal o confederal? ¿O se trata de meras estructuras de cooperación supranacional? La complejidad institucional, con órganos propios y otros de carácter intergubernamental pero muy decisorios, como el Consejo Europeo, no favorece una respuesta clara y única. Y más cuando se hace necesario el concurso de varios órganos para la aprobación de un buen número de decisiones (hasta un 80 % de ellas en muchos momentos quedaron sujetas a procedimientos de codecisión). Un lío considerable que hace surgir la expresión más repetida cuando se habla de la UE y sus insuficiencias: la necesidad de una nueva gobernanza europea.2 Y si es así en el caso de la UE, esas dificultades de definición y nueva gobernanza se hacen todavía mucho mayores con el euro y la UEM.

El segundo problema tiene que ver con lo anterior pero es aún más grave. Se trata del famoso déficit de legitimidad democrática que con tanta frecuencia se ha puesto de manifiesto, a veces de un modo dramático. El estilo tecnocrático de los órganos de la UE choca muy manifiestamente con las mejores tradiciones políticas europeas. Más extraño aún es el hecho de tener que reconocer que sin esos modos abiertamente ademocráticos varios de los saltos hacia delante que hemos mencionado –como el Acta Única– nunca se hubieran producido. La audacia de Delors como presidente de la Comisión produjo magníficos resultados, pero al mismo tiempo fue cavando un hoyo de desconfianza hacia los burócratas de Bruselas por parte de miles de ciudadanos de todo el continente. La ausencia de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en un problema crónico que ha hecho que aquel entusiasmo europeísta al que hemos aludido se haya evaporado en buena parte. Sobre estos aspectos volcó buenas dosis de vitriolo Hans Magnus Enzensberger en su libro El gentil monstruo de Bruselas.

El tercer gran problema de fondo es mucho menos conocido. Es el hecho de que dentro de la UE conviven culturas económicas (y quizá culturas en general, pero eso en este momento interesa menos) muy diferentes. La sensibilidad de un ciudadano medio alemán o austríaco ante el problema de la inflación, el temor a las consecuencias de la acumulación de deudas, o algo tan concreto como el grado de independencia de su banco central, es muy diferente de la que se puede dar en Francia, Italia o España. Razones históricas –el modo en que se solucionaron o agravaron problemas del pasado– lo explican en gran medida, además de, en ocasiones, diferentes percepciones morales. Altos grados de divergencia se aprecian también respecto de otros notables aspectos de la vida económica como las relaciones industriales, el gusto por el cambio y la innovación o la actitud hacia los monopolios. Y más importante aún son las diferencias que separan la idea de Estado social predominante en la Europa continental de las tendencias hacia la desregulación general y la privatización que se han hecho muy fuertes en el Reino Unido y en los países del Este recién llegados a la UE. La cuestión problemática es que frente a esa diversidad de mentalidades, la política ha de ser necesariamente única.3

Y, en cuarto lugar, está el modo que la UE eligió para hacerse más fuerte. En principio había dos caminos para ello: o bien se optaba por la consolidación a fondo de lo que ya había, es decir, con los 15 países que la constituían avanzando hacia su mayor integración, o por el contrario, se extendía el proceso a otros muchos. La posibilidad de avanzar a dos velocidades por las dos vías al mismo tiempo no era realista. Se optó por las sucesivas ampliaciones, dando entrada a países con estructuras productivas y culturas económicas muy diferentes. El resultado es que la UE-28 de hoy es una organización de una complejidad desmesurada que hace muy difícil profundizar en el diseño de políticas comunes. Esta complejidad explica el retraso de políticas fundamentales como la energética o la normativa sobre servicios, o el gran peso que la agricultura sigue teniendo en el presupuesto de la UE. Y también ayuda a entender la falta de un criterio común para afrontar problemas nuevos, como la dramática crisis de refugiados que comenzó en 2015.

Pero hay una segunda consecuencia de la ampliación que se ha ido haciendo cada vez más visible. A medida que el eje central de la UE ha ido basculando hacia el norte y el este, la solidaridad y el afán de una mayor unificación política han perdido enteros en el acerbo comunitario a favor de los criterios estrechamente economicistas.

Estos problemas ya eran conocidos durante los años de expansión. Pero, a partir de 2010, con la explosión de la crisis de la deuda soberana, fueron conformando, entrelazados, el telón de fondo del drama que desde entonces se ha vivido en territorio europeo. Un drama que ha tenido como principal protagonista al euro y sus posibilidades de supervivencia. Téngase en cuenta que algunos mecanismos de estabilización que, mejor o peor, habían funcionado en los países en el ámbito interno fueron, en unos casos, transferidos al ámbito comunitario y, en otros, sencillamente desmantelados en el período precedente.4 Los errores de diagnóstico, la debilidad mostrada por los sentimientos de solidaridad entre territorios y ciudadanos europeos precisamente cuando eran más necesarios, y los importantes fallos institucionales evidenciados por la UE, confluyeron en una dinámica destructiva y potencialmente desintegradora.

EL EURO, DE COMITÉ MONETARIO A MONEDA ÚNICA5

La crisis de deuda soberana dejó súbitamente al descubierto el pobre diseño del euro en sí mismo y la lógica de simple mercado común –y no de una genuina unificación macroeconómica– sobre la que se edificó. La fragilidad de todo el proceso se hizo visible en ese momento para todos, pero es innegable que hasta entonces apenas había sido tomada en consideración en los ámbitos de decisión política. Sin embargo, en este caso no faltaban advertencias sobre ese mal diseño y sus posibles consecuencias. En particular, las críticas con buenos fundamentos macroeconómicos fueron bastante frecuentes entre los economistas norteamericanos –y también algunos europeos– desde el mismo arranque del proceso de Maastricht.6

La principal razón que esos autores aducían era que las economías integrantes de la UEM carecían de las condiciones económicas de base para cumplir los criterios que exige la teoría de las áreas monetarias óptimas. En particular, no cumplían el requisito de relativa equiparación entre las capacidades competitivas de las economías que pasaron a formar parte de ella. En tales circunstancias, la entrada en vigor del euro era un error que, o bien acabaría creando desequilibrios comerciales insostenibles, o funcionaría como un mecanismo deflacionista capaz de empobrecer a los países menos competitivos.

Frente a eso, los países impulsores de la unificación monetaria, Alemania y Francia, confiaban en que los mecanismos de coordinación que operan a través de los mercados serían suficientes para forzar las reformas procompetitivas que mejoraran la competitividad de los países más atrasados. Para facilitar la integración en la primera fase del euro se puso en marcha todo un sistema de reglas, cuyo obligado cumplimiento buscaba facilitar la convergencia inicial de condiciones macroeconómicas. Por su parte, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tenía el objetivo de intentar evitar que los sectores públicos de los países integrantes generasen desequilibrios fiscales. Por último, la Agenda de Lisboa de 2000 buscaba forzar a los países a llevar a cabo reformas para aumentar la eficiencia de sus economías y lograr una convergencia en competitividad dentro de la UEM que evitase la aparición de desequilibrios insalvables. Como se ve, la confianza en un futuro común para los países de la UE se hacía descansar en los mecanismos de coordinación que operaban a través de los mercados, sin incorporar ningún mecanismo preciso de solidaridad y transferencias internas que fuesen más allá de los fondos estructurales.

En realidad, la política monetaria común europea fue fundamentalmente concebida como un paso más, aunque importante, para culminar el mercado interior que había puesto en marcha el Acta Única. Pues bien, coherente con la lógica de la consolidación de un mercado único, el diseño del euro respondió más a lo que en la literatura económica se suele llamar currency board o comité monetario, que a la moneda propia de una unión política. Un comité monetario es un mecanismo de coordinación dotado de algún tipo de autoridad monetaria cuyo objetivo fundamental es mantener de un modo muy firme un sistema de tipos de cambio fijos que evite guerras de monedas y guerras comerciales entre los países participantes en el sistema. Este objetivo de estabilidad cambiaria requiere que los objetivos convencionales de un banco central se subordinen al objetivo de tipo de cambio.7

A diferencia de lo que ocurre con el banco central de una moneda común en el seno de una unión política, la autoridad de un comité monetario presenta tres características principales. En primer lugar, la autoridad monetaria no tiene facultades para prestar a los gobiernos, es decir, no puede actuar como prestamista de última instancia del Tesoro, algo esencial en los casos de un banco central en una unión política. En este esquema, los gobiernos no pueden imprimir dinero y han de recurrir al crédito para financiar sus compromisos de gasto. En segundo lugar, de manera similar a lo que ocurre con los gobiernos, la autoridad monetaria del comité monetario no puede actuar como prestamista de última instancia de los bancos comerciales, al contrario de lo que ocurre con las funciones del banco central de una unión política (una función, por cierto, que, según enseña la historia de las finanzas, es esencial para evitar crisis sistémicas). Y en tercer lugar, esa autoridad monetaria ha de tener como objetivo fundamental de su política monetaria la baja inflación, dada su relación con la paridad de la moneda. No tiene, por tanto, como ocurre con un banco central de una unión política, la capacidad para fijar la política monetaria en función de objetivos de política interna.

Es verdad que desde su nacimiento el Banco Central Europeo (BCE) poseyó algunas capacidades más que la autoridad convencional de una unión cambiaria. Por ello cabe hablar de un comité monetario reforzado. Pero sus diferencias con los bancos centrales genuinos, como puedan ser la Reserva Federal norteamericana, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, eran significativas. El pobre diseño del euro tenía su razón de ser en esta lógica de mercado común, basada únicamente en mecanismos de coordinación del mercado, sin que pudiese incorporar además los mecanismos de solidaridad propios de la moneda de una unión política.

Como había ocurrido con sus antecedentes de la Serpiente Monetaria y el Sistema Monetario Europeo, la gran beneficiada en términos comerciales de este diseño del euro fue Alemania. Con la entrada en vigor de este modelo, ese país se aseguró que ninguno de sus rivales comerciales pudiera reajustar la paridad de moneda para responder a los desequilibrios comerciales que generaban las diferencias de competitividad existentes entre unas economías europeas y otras. Es decir, Alemania construyó su actual hegemonía comercial, y, a la postre, su hegemonía económica y financiera, no como resultado de un shock de productividad interna, sino por los efectos de la moneda común y la política monetaria del BCE. La evolución de su superávit comercial con el resto de los países de la eurozona a partir de la entrada del euro así lo confirma.

En cualquier caso, si los primeros años de funcionamiento de la moneda común estuvieron marcados por la aparente estabilidad general de la economía, su andamiaje institucional mostró su extrema fragilidad a partir del comienzo del drama griego y la explosión de la crisis de deuda soberana. Durante varios años verdaderamente críticos, el BCE fue un náufrago, sin capacidad alguna de afrontar los crecientes problemas que le salían al paso, obsesionado con un fantasma –la inflación, ya en realidad casi inexistente–, y vulnerando además, cada vez de un modo más claro, el mandato de independencia que supuestamente lo inspiraba.

Este último punto es importante porque, durante el mandato de Jean-Claude Trichet, y bajo la presión muy directa del Bundesbank alemán, el consejo del BCE comenzó a aplicar «un método» que se extendería a lo largo de toda la crisis, con resultados no sólo negativos en algunos aspectos económicos, sino también favorecedores de dinámicas disgregadoras: duras reformas y consolidación fiscal a ultranza como contrapartida de la asistencia urgente de liquidez. Esa política, vista cada vez más como una suerte de chantaje por amplios sectores de la opinión pública europea, se mantuvo de un modo muy descarnado al menos hasta el verano de 2012, entre dudas cada vez más extendidas sobre la supervivencia del propio euro.

Pero no se trataba solamente de un problema de actitud y de un criterio de actuación equivocado, sino de algo mucho más grave: se originaba en los problemas estructurales que eran consustanciales al diseño de la moneda única. Jean Pisani-Ferry, antiguo director del think-tank europeo Bruegel, señaló en el peor momento de la crisis que la causa de esa fragilidad era la «imposible trinidad» existente en la estructura institucional del euro. Por un lado, la imposibilidad de mutualización de la deuda (es decir, la emisión de eurobonos). Por otro, la imposibilidad por parte del BCE de dar apoyo monetario a los estados miembros, como ocurre con otros bancos centrales, como la Reserva Federal. En tercer lugar, porque al no poder el BCE actuar como prestamista de última instancia de los bancos comerciales se producía una mortal retroalimentación entre la deuda soberana de los países con problemas y los bancos que tenían en su balance esa deuda. Concluía este autor que, para salvar el euro, era preciso romper al menos una de esas restricciones, si no las tres.8

La lógica que está detrás del razonamiento anterior parecía llevar a la eurozona a un callejón sin salida. A partir de 2012, sin embargo, algo importante cambió. No tanto en la caracterización formal del BCE ni en su marco normativo, pero sí en la línea de actuación seguida por su nuevo presidente, Mario Draghi, que dio varios pasos trascendentales en el camino de definir la entidad como un verdadero banco central. Las sucesivas rondas de ampliación de liquidez y el programa de compra de títulos en los mercados secundarios, junto con un simple pero muy eficaz «haré todo lo que sea necesario para salvar el euro» (algo que según los viejos manuales de política monetaria se definía como el instrumento de persuasión moral, muy eficaz en momentos de dificultad), cambiaron radicalmente, para bien, las condiciones monetarias en Europa entre 2012 y 2015. Pero no eliminaron las dudas sobre la naturaleza del euro y sus instituciones, como demuestran los repetidos recursos ante el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Justicia sobre la compra de bonos por parte del BCE. Esos recursos –en la línea de, no lo olvidemos, la que sigue siendo doctrina oficial del aún muy poderoso Bundesbank– suelen invocar que este organismo incumple su mandato legal al realizar ese tipo de operaciones.9 Y aunque por el momento tales vías de impugnación han sido desestimadas, las dudas de fondo siguen siendo importantes (como lo es todo lo relacionado con la actuación del consejo del BCE durante lo peor de la crisis griega en 2015, que más adelante trataremos).

En cualquier caso, cabe afirmar que los pasos que el BCE fue dando a partir de 2012 permitieron que cumpliera por primera vez la función de prestamista de último recurso (recuérdese: el tercer pilar de la «imposible trinidad»). Esto significa un paso trascendental para asumir la naturaleza de un auténtico banco central.10 Quizá no lo sea todavía –pues sigue sin cumplir algunos de los requisitos antes señalados–, pero ya se parece mucho más a la Reserva Federal, por ejemplo, que a un comité monetario más o menos reforzado. Éste es, sin duda, el caso más significativo que se puede mencionar de salvamento del proyecto del euro al filo del abismo, que no se quedó en eso, sino que al cabo trajo consigo un paso adelante en la integración.

DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO, SOLUCIONES DESINTEGRADORAS

Lo que es novedoso en esta crisis no es tanto la grave tardanza en la aparición de mecanismos de cortafuego contra los procesos de especulación y contagio en el sistema del euro, como los errores en la identificación de las causas que originaron esta crisis. Los fundadores del euro creyeron que los problemas vendrían de los desequilibrios fiscales del sector público. De ahí, el Pacto de Estabilidad como mecanismo para vigilar y castigar los fallos presupuestarios del sector público. Lo que no se pensó fue que los problemas más graves podrían venir de otro tipo de desequilibrios macroeconómicos no presupuestarios. Sin embargo, como sabemos, la causa principal del sobreendeudamiento está en los desequilibrios financieros originados en el sector bancario privado de la UE.

Quizá por inesperado, este fallo del sector privado no es aún reconocido por los gobiernos de los países más fuertes del euro. En particular, el Gobierno alemán –y sus satélites finlandés y holandés–, así como una buena parte de sus élites económicas y de la opinión pública, siguen empecinados en atribuir la crisis de deuda soberana a una prodigalidad fiscal de los gobiernos que en realidad nunca existió, al menos con la intensidad y las características de fenómeno general que les atribuyen. En el caso español, por ejemplo, en 2007 las cuentas públicas presentaban unos resultados favorables inéditos en la historia económica del último medio siglo (superávit fiscal y una deuda pública de en torno al 36 % del PIB). De hecho, nada demuestra mejor lo equivocado de esa diagnosis que el hecho –tan conocido como con frecuencia olvidado– de que los países que mejor cumplieron las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad hasta la llegada de la crisis fueron España e Irlanda, figurando Alemania entre los principales incumplidores (junto a Francia, un hecho que llevó a la reforma del Pacto en 2005).

En este error persistente de diagnóstico radica la principal explicación de la obsesión de aplicar fórmulas de política económica que hace tiempo que se han manifestado como diametralmente equivocadas. La pieza principal de esa política fue la consolidación fiscal a ultranza, cuyos errores veremos con detenimiento en el capítulo 5. Esa política es responsable en primer grado de las tendencias profundas hacia el estancamiento económico que podrían haberse originado en Europa en estos años, y que también hemos analizado ya. Frente a ello, la Agenda de Lisboa fue prácticamente abandonada en estos años, hasta el punto de que el cumplimiento de sus objetivos se pospuso diez años (con la aprobación de la nueva Agenda 2020). La búsqueda de las fuentes del crecimiento sostenible a largo plazo, a través de la inversión en cambio técnico o la mejora educativa (expresados en cifras-objetivo muy precisas en la Agenda), cedió todo protagonismo frente a la virulencia del ajuste fiscal, y también frente al intento de mejorar la competitividad por la vía, aparentemente más fácil, pero en realidad mucho más problemática, de la devaluación salarial.

Interesa remarcar que frente a esa política había alternativas para hacer frente a la eventualidad de impagos soberanos. Alternativas no solamente relacionadas con un cambio en los ritmos y el modo de hacer la consolidación; también estaba la posibilidad de explorar alguna fórmula de mutualización de la deuda pública de los países miembros. Existen algunos argumentos poderosos a favor de la emisión conjunta de eurobonos. Paul De Grauwe ha identificado dos fundamentales. El primero es de naturaleza política y tiene que ver con el hecho de que la emisión de eurobonos remediaría la falta de confianza en el futuro de la eurozona, algo que es fuente de inestabilidad crónica. Esto, en su opinión, apaciguaría los mercados financieros al disipar los miedos existenciales que hoy existen sobre el futuro del euro. El segundo es que reportaría algunas ventajas financieras, relacionadas con el hecho de que los eurobonos crearían un mercado más amplio y líquido que podría competir con el dólar y permitir a los países europeos financiarse en mejores condiciones.11

Es verdad que esas ventajas tienen también su contrapartida en ciertos posibles inconvenientes de alcance. Uno de ellos es la posibilidad de que se produzcan conductas de riesgo moral, es decir, el temor a que algunos países aprovechen esa mutualización para alejarse de la virtud fiscal. Otro es el riesgo de que los eurobonos empeoren las condiciones que hoy tienen algunos de los países menos endeudados para financiar su deuda. A pesar de que algunas de las propuestas que se pusieron encima de la mesa sobre la emisión de eurobonos eran muy razonables y lograban superar desde un punto de vista técnico esos problemas, fueron desestimadas de plano. El terror a quedar atrapados entre la telaraña de deudas de otros –explicable como primer impulso, pero mucho menos como fuente de una posición política radical e inamovible– se hizo muy fuerte en los países centroeuropeos, hasta el punto de bloquear totalmente la que sería la forma más genuina de solucionar los problemas de deuda en una auténtica unión monetaria. En la visión del propio De Grauwe, esta cuestión ha sido de importancia capital, pues la obstinación alemana de imponer un mecanismo de resolución de la crisis en la que la carga recae exclusivamente sobre los deudores es pura y simplemente la negación de la existencia de la eurozona.12

Está claro que la necesidad objetiva de la mutualización se enfrenta a un complejo entramado de razones, intereses y percepciones psicológicas, que parecen disponerse de un modo muy diferente en los distintos países. Según Anthony Giddens, la defensa de la moneda común, por significar necesariamente un trasvase de poder económico y fiscal a los órganos comunes, «implica la aceptación de la mutualización (es decir, compartir responsabilidades entre las economías ricas y las pobres). Si ese paso no se diera en alguna medida, todas las apuestas sobre un futuro estable de Europa serían pesimistas. El camino de simplemente aumentar la coordinación, característico de la UE, no puede sustituirlo». Ante lo cual concluye: «Podría decirse que la UE tiene una detallada y compleja anatomía, pero una psicología pobremente desarrollada».13

Algunos de los comentarios anteriores sugieren que el diagnóstico descaminado de los problemas que vive la eurozona es también uno de los factores que obstaculiza en mayor medida la solución a su crisis de gobernanza. Desde la tempestad de 2010, la moneda común ha vivido muchas veces al borde del precipicio. Jürgen Habermas lo ha explicado con exactitud: «La unión monetaria seguirá siendo inestable en tanto que no sea completada por la unión bancaria, fiscal y económica. Pero esto significa –si no queremos declarar con todo descaro que la democracia es un mero decorado– que la unión monetaria debe desarrollarse para convertirse en unión política».14 Lo que es seguro es que el proceso de unidad europea se encuentra en una situación en la que el statu quo ante ya no es una opción realista. Ahora sólo queda retroceder o avanzar.

Es decir, la crisis podría cumplir una función integradora (favoreciendo un avance hacia una arquitectura institucional, económica y política de la zona euro) o desintegradora.15 Pero hay que recordar en este punto, remedando lo que ya hemos dicho sobre la globalización, que más integración no es necesariamente mejor integración. Es necesario repensar la integración europea, buscando un mejor reparto de responsabilidades entre las instituciones comunitarias y los estados nacionales. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un continuo zigzag, con pasos contradictorios en una y otra dirección. Esta cuestión no se puede entender cabalmente sin hacer referencia a la fuerza principal que orienta esas tendencias, el muy peculiar liderazgo alemán.

ALEMANIA, UN LIDERAZGO INDESEADO Y CICATERO

Alemania ha emergido en medio de esta crisis como la potencia central de la eurozona, tanto en el sentido geográfico, como económico y político. Este nuevo poder no viene únicamente de su fortaleza productiva y demográfica, sino de que es el socio más fuerte en cuanto a capacidad exportadora (ya conocemos que, al menos en parte, debido a la estabilidad cambiaria de la eurozona), así como el que ha conseguido mantener la mejor calidad crediticia. Además, se trata del país que estaría en mejores condiciones para utilizar su demanda interna con el fin de servir de locomotora para el crecimiento del conjunto de la eurozona, con el consiguiente beneficio para los países endeudados.

Sin embargo, en todos estos años de crisis, Alemania ha sido remisa a jugar ese papel de locomotora. Su negativa a subir los salarios internos y a favorecer la expansión de su propia economía, aun teniendo amplios márgenes fiscales y financieros para ello, ha sido una de las fuerzas conductoras de las deprimentes tendencias económicas del continente desde 2010. Por lo demás, su visión de las causas del actual desastre, como ya hemos explicado, condujo a responsabilizar a los países endeudados de sus propias desdichas y les impuso drásticos e intempestivos programas de austeridad, haciendo aún más inconfortable la situación de los países en dificultades, al mantener sobre ellos la espada de Damocles de la quiebra. Incluso, en no pocas ocasiones, pareció que lo que realmente estaba en juego era conseguir mantener la cotización del euro en unos umbrales favorables a las exportaciones alemanas; un juego del cual los países más endeudados serían meros rehenes. Todo ello da idea de una visión muy estrecha, cortoplacista y, en el peor sentido, interesada, del papel que debe jugar un líder.

Frente a la visible pujanza alemana, en estos años, la otra gran potencia europea –Francia– no ha dejado de retroceder en su grado de influencia sobre el resto del continente, quedando ya atrás los tiempos en que el eje franco-alemán funcionaba como un motor bien engrasado y eficiente en la sala de máquinas de la integración. Recuérdese que aún en los primeros momentos de la crisis se hizo popular el neologismo Merkozy, bajo la idea muy aceptada de que ambos dirigentes representaban «la pareja indispensable en Europa». Sin embargo, hace tiempo que esa situación cambió. A pesar de que la economía francesa, aun acumulando muchas críticas sobre su «retraso en las reformas», tuvo un comportamiento bastante aceptable en estos años (de hecho consiguió recuperar su nivel de producción anterior a la crisis en 2013), en términos políticos su presencia no dejó de disminuir. La llegada de François Hollande fue, de hecho, recibida por la opinión pública de muchos países como una oportunidad para el viraje en las políticas europeas; pero esa ilusión no duró mucho: si bien en las cumbres de los máximos dirigentes parecía haber una voluntad compartida de afrontar los desafíos del proyecto europeo y seguir adelante con una cierta ambición, en los órganos más técnicos y decisivos –como el eurogrupo– las posiciones alemanas no dejaron apenas resquicio alguno a la hora de imponer sus soluciones.

Es decir, que el paso del tiempo y los acontecimientos va dejando una fuerte y generalizada impresión de que Alemania es «la nación indispensable en Europa».16 En su versión más benigna, la UE se habría convertido en algo así como un sistema intergubernamental deliberativo siempre a la sombra de Alemania.17

Es verdad que, a pesar de esa pobre visión hasta mediados de 2015, la conducta de los dirigentes alemanes parecía orientarse a hacer lo necesario para mantener el euro a flote, pero siempre minimizando la exposición de los contribuyentes alemanes a las políticas de apoyo a los socios. En todo ese tiempo, desde luego, permanecieron las dudas sobre cómo se comportaría el liderazgo alemán a medio y largo plazo. Por desgracia, como mostraremos en el siguiente apartado, a partir del acuerdo para el tercer rescate griego, una parte de esas dudas se multiplicaron, haciendo que las alarmas sobre el futuro del euro se hicieran más insistentes.

Ese tipo de actitudes ha dado lugar a un creciente malestar y resentimiento entre otros miembros de la UE. Por buena parte de la geografía europea –no sólo en Milán, Lisboa o Atenas, también en países que no han sufrido particularmente esta crisis, como es el caso de Polonia– se extienden los temores a que se imponga una Europa alemana. De un modo que era imposible imaginar en 2009, Angela Merkel y su Gobierno se han convertido en figuras centrales en el juego político interno de otros muchos países, representándoseles en muchos lugares con las imágenes tópicas del nazismo o, en versiones más benignas, del imperialismo prusiano. Y, sin embargo, el actual poder alemán se va afirmando a través de vías muy distintas de las de su tormentoso pasado: en realidad, podría decirse que se trata de una potencia hegemónica… que no quiere serlo. De hecho, uno de los mejores conocedores de este fenómeno nuevo de la Europa alemana, el sociólogo Ulrich Beck, lo describió con una frase contundente y un tanto paradójica: «Alemania ha creado un imperio accidental».18

Este rasgo singular de poseer un gran poder no deseado es, por tanto, crucial para entender el fondo de la actual encrucijada europea. Por razones históricas, debe descartarse por bastante tiempo la opción de un imperialismo clásico de Alemania sobre el resto de Europa. Porque los demás países no lo aceptarían, pero también –y sobre todo– porque los propios alemanes no lo buscan en absoluto. La posición de liderazgo de ese país parece construirse, en cambio, sobre unos pilares inéditos: la desgana, la falta de compromiso y el miedo. Un triple miedo muy instalado en la sociedad alemana, y ante el cual sus gobernantes no han dejado de adaptarse políticamente: miedo o aversión a la inflación; a caer en la trampa de la deuda de otros; y a resultar el mero pagador en una «unión de transferencias».

Ya hemos mencionado un poco más atrás que los dos primeros tienen, en realidad, escasas conexiones con la realidad. Algo parecido ocurre con el tercero: no deja de ser sorprendente que hayan tenido tanto éxito las llamadas para evitar que la UE se transforme en una unión de transferencias; por una razón simple: siempre lo ha sido. Después de todo, ¿qué fueron los programas estructurales sino grandes mecanismos de canalización de renta desde los países más ricos a los menos desarrollados? Hasta 2008, sin embargo, apenas se discutía que, vistos con carácter general, esos programas al final habían favorecido a todas las partes, fuesen receptoras o emisoras de los fondos. «Inflación», «mutualización de deudas» y «unión de transferencias»: he aquí tres fantasmas que han estado muy vivos en todos estos años, y que han marcado significativamente la forma alemana de ejercer su liderazgo europeo.

Junto a ello está el peso de unas ideas económicas singulares, excéntricas en el panorama general de la economía contemporánea, pero que en Alemania han influido de un modo extraordinario en la conformación de la mentalidad y la visión de sus élites. Nos referimos al ordoliberalismo, que, como veremos con calma en un capítulo posterior, proporciona una manera extremadamente prudente –casi diríamos temerosa– de afrontar la inestabilidad económica. El filósofo francés Michel Foucault dedicó algunas de sus famosas lecciones en el Colegio de Francia a estudiar este fenómeno ideológico-doctrinal, concluyendo que «este análisis de los ordoliberales, ese proyecto político, esa apuesta histórica [...] constituyeron la base misma de la política alemana contemporánea».19 Pues bien, detrás del «imperio accidental alemán» que ahora vivimos quizás hay, sobre todo, un deseo de extender esa forma de entender la economía y esa mentalidad al resto de la eurozona.

Al margen de esa condición «no voluntaria», si nos atenemos a la conocida distinción entre el liderazgo cooperativo y el hegemónico (el primero desarrollado en el seno de relaciones entre iguales; el segundo, a través de relaciones jerarquizadas), la actual posición alemana se aleja cada vez más del primero, que ejercido por el eje franco-alemán fue propio de la UE en las décadas pasadas, para instalarse sobre el segundo.20 Alemania parece haber optado por un liderazgo entendido como hegemonía. Un ejercicio de hegemonía en el que domina la búsqueda de sus propios intereses a corto plazo y que deja poco espacio para el liderazgo colectivo y para convicciones morales, responsabilidad histórica, o conceptos como el deber y la obligación del líder.

El último punto mencionado es de gran importancia: porque el verdadero líder no sólo obtiene ventajas de su posición; también debe asumir deberes y responsabilidades. Un concepto muy útil aquí es el de estabilidad hegemónica, desarrollado por la teoría de ese nombre y usado por historiadores económicos como Charles Kindleberger para intentar comprender el problema que supuso el vacío de poder en las relaciones internacionales en algunas coyunturas económicas críticas (como la Gran Depresión).

Según la teoría de la estabilidad hegemónica, el líder tiene la misión de garantizar el orden en las relaciones económicas internacionales, lo que quiere decir que –además de obtener beneficios propios– debe cumplir dos grandes funciones: garantizar el buen funcionamiento del comercio (por lo que no puede caer en la tentación del proteccionismo) y la dinámica estable de las finanzas (suministrando liquidez al resto de las economías). Aplicando este argumento a las relaciones entre países dentro de un área como la UEM, es claro que, para cumplir la función de liderazgo de un modo que suministrara estabilidad al conjunto del área, Alemania tendría que haber actuado de un modo muy diferente a como lo ha hecho.

Es interesante recordar, en ese sentido, que el superministro Wolfgang Schäuble mencionó en términos laudatorios el argumento de Kindleberger al principio de la crisis («El mensaje central de Kindleberger es en 2010 aún más importante que en el pasado»). Según él, una potencia hegemónica benigna, como la que debiera representar el eje franco-alemán, podría ejercer un gran papel estabilizador en la economía en las nuevas circunstancias.21 Lo llamativo es que el propio Schäuble es considerado hoy, con razón, como uno de los principales responsables de que su país se haya alejado notablemente de cumplir ese papel.

La nueva hegemonía alemana, por tanto, si por una parte provoca antipatía y reacciones adversas en otros países, por otra no es lo suficientemente completa como para estabilizar y dar garantías de continuidad a la propia UE. A partir de ahí, uno de los efectos más visibles de esta forma germana de ejercer su nuevo poder ha sido la debilitación de las instituciones comunitarias, la retirada de apoyo a avances supranacionales y el fortalecimiento de su papel como principal actor de las relaciones con Estados Unidos, Rusia, Latinoamérica o Asia, en perjuicio de la voz y la acción de las instituciones colectivas de la UE.22

Sean cuales fueren las valoraciones sobre el modo alemán de ejercer su posición preeminente en el pasado reciente, la gran duda que sigue persistiendo es la de cómo usará a medio y largo plazo Alemania su nuevo poder. ¿Lo hará mediante un liderazgo conciliador y responsable o simplemente usando la ley del más fuerte? Podría haber dos razones por las cuales Alemania acabe por transformar su actual línea de liderazgo en otra más horizontal y cooperativa con el resto de los países:23 en primer lugar, la necesidad de colocar por encima de todo sus propios intereses como país en una perspectiva de largo plazo, y no sólo atendiendo a lo más inmediato. Y en segundo lugar, porque la cooperación a través de las actuales instituciones de la UEM origina sus propias inercias que podrían favorecer una dinámica de consolidación; la ya explicada transformación del BCE en los últimos años sería el mejor ejemplo.

Se trata, en todo caso, de una elección crucial, pues si falla en elegir el rol adecuado para gobernar los actuales desequilibrios financieros y económicos de la eurozona, Alemania, la potencia emergente, se puede encontrar que, cuando despierte de su error, sencillamente haya perdido el hilo de la idea europeísta. Y todos nosotros con ella.

GREXIT, O LA ATRACCIÓN DEL ABISMO

Todo lo ocurrido en torno a la negociación de la deuda griega durante la primera mitad de 2015 probablemente traiga consecuencias muy negativas, que durante bastante tiempo se sentirán en la zona euro. Porque no ha sido sólo una cadena de errores y malentendidos: mucho más trascendentes –además de reveladores del estado en que se encuentra la integración europea– han sido los chantajes que han intentado condicionar por todas las partes. Los cometidos por el Gobierno griego, explicables por el amateurismo de muchas de sus posiciones, interesan menos aquí (aunque probablemente quepa decir en su favor que lo originaba un deseo sincero de aliviar las penas de sus ciudadanos). En cambio, la actitud mostrada por los órganos de la UE debe ser cuidadosamente analizada, pues puede llenar de connotaciones negativas el futuro del euro.

En la forma de tratar la posibilidad de un Grexit por los dirigentes de la UE, probablemente han confluido dos intenciones. Por un lado, el rigor formalista, es decir, tratar al deudor exactamente como lo que es en los términos establecidos en los contratos, ignorando la responsabilidad que los acreedores pudieron haber contraído también en la acumulación de deudas indebidas. Por otro, la de dar un escarmiento al Gobierno díscolo, incapaz de adaptarse a las normas fijadas. Este último punto sin duda puede verse como una reacción de las élites ante las posibles consecuencias políticas del creciente malestar. La aparición de nuevas exigencias y condiciones sobre los términos de acuerdo ya aceptados por la parte griega, ocurridas en varios momentos, puede verse como una manifestación de ese deseo de castigo.

El papel jugado por el BCE en ese proceso, recortando la liquidez de los bancos griegos hasta forzar su cierre, fue una importante sorpresa negativa. Sorpresa, porque rompió con su línea de actuación en el período inmediatamente anterior, cuando acertó a inyectar liquidez en los momentos y a los actores en dificultad. Y negativo, porque puso una vez más dramáticamente de manifiesto las grietas en la configuración institucional del sistema del euro. Charles Wyplosz, uno de los máximos especialistas en economía europea, escribió en esos momentos un importante artículo en el que se preguntaba: «¿Por qué congeló el BCE la asistencia de liquidez de emergencia a Grecia?». Y respondía: «El BCE sin duda desarrollará todo tipo de justificaciones legales, pero eso no cambia el resultado. Si efectivamente estaba plenamente autorizado para detener la asistencia, eso significa que la arquitectura de la eurozona está profundamente socavada. Si no, el BCE ha realizado una decisión política de relevancia histórica. Sea como fuere, se trata de un paso desastroso».24 Constatamos, en todo caso, que en este asunto la función de prestamista de última instancia experimentó un retroceso inusitado.

Lo peor es que todo eso se produjo como respaldo a una posición de enfrentamiento total contra unos argumentos –los de la parte griega– cuyo elemento central era perfectamente razonable: una reestructuración de los términos de la deuda que incluyera aplazamientos de pago y una quita en su valor. La principal razón para esa reestructuración está en que prácticamente todos los expertos en esta cuestión concluyen que, si no se procede a ella, la deuda griega es sencillamente impagable. Ya no es que las exigencias financieras provocarían nuevas catástrofes humanitarias; es que con una deuda pública del 175 % del PIB un país como Grecia nunca la va a poder pagar. Sobran los estudios e informes –algunos realizados por organismos como el FMI– que lo acrediten.

Pero había otras tres importantes razones para cambiar las pautas estructurales de la deuda helena. La primera nos lleva a las experiencias del pasado. Las quitas sobre el valor nominal de las deudas han sido en muchos momentos parte de la solución a los problemas de impagos soberanos (como lo son en las deudas empresariales privadas) en distintas circunstancias y diferentes partes del mundo (ocurrió, por ejemplo, en la crisis de los años ochenta). Pero lo que realmente interesa es el recuerdo –en este caso positivo– de la propia historia europea. En los años cincuenta, como se afirma en el manifiesto firmado por cinco importantes economistas, «se construyó Europa sobre el perdón de las deudas del pasado, sobre todo las de Alemania. Algo que contribuyó enormemente al crecimiento económico y a la paz de posguerra».25 Algo profundo anda descarriado en el espíritu de la integración europea para que sea necesario recordar cosas así.

En realidad, a esa reestructuración de la deuda se debió llegar hace mucho tiempo. En concreto, en mayo de 2010, cuando comenzó el primer rescate de la economía de ese país, y el conjunto de la política de austeridad. Por entonces ya eran muchos los expertos que pensaban que, sin ella, la deuda helena era insostenible. Aunque se trate de un contrafactual y, por tanto, algo de imposible demostración, un acuerdo en esa línea muy probablemente habría colocado aquella deuda en una senda de sostenibilidad que hubiera evitado el nefasto curso posterior de los acontecimientos.26 Sin embargo, esa posibilidad fue desestimada por la concurrencia de un complejo juego de intereses, en los que destacaba un factor fundamental: los principales tenedores de bonos griegos eran bancos franceses y alemanes.

La operación para evitar la suspensión de pagos griega en 2010 consiguió evitar una peligrosa recaída en la crisis financiera global. Pero lo hizo dando un paso en falso. Como consecuencia de la presión de los gobiernos alemán y francés, y también de la actuación oscura del FMI, los bancos internacionales consiguieron salvar sus posiciones, pues gracias a las operaciones de bail-out o rescate público puestas en marcha consiguieron desprenderse de sus bonos. De modo que los principales acreedores pasaron a ser los estados. Grecia era el país perfecto para aplicar un acuerdo de ese tipo, haciéndolo presentable para la opinión pública; después de todo, se trataba de un país cuyos gobiernos habían hecho trampas sistemáticas en sus cuentas para cumplir con los requisitos de acceso al club del euro, y de sus élites se conocían bien los sesgos cleptocráticos y la incapacidad para las reformas.27 Además, el caso griego era muy oportuno para colocar el foco sobre las cuentas públicas, aunque –como ya hemos mostrado– esa visión fuese del todo incorrecta al aplicarse al resto de los países y con criterio general.

El primer acuerdo de rescate no solucionó nada. El problema griego no dejó de ir a más desde entonces, tanto por sus dramáticas implicaciones internas, al provocar una de las recesiones más fulgurantes vividas por cualquier país de un cierto grado de industrialización desde el siglo XIX (cuyo impacto se puede resumir en el dato de un 40 % de niños viviendo bajo el umbral de la pobreza), como en la dinámica envenenada que acabó por introducir en el seno de la UE.

Una razón adicional que debieran considerar quienes tienden a olvidar la falacia de la composición en estos asuntos –es decir, valoran los problemas colectivos de deuda en los mismos términos de un simple contrato entre un acreedor y un deudor específicos– es el hecho de que las famosas trampas griegas no sólo eran conocidas por las autoridades europeas (sobre ellas había, además, numerosas advertencias en el mundo académico), sino que jamás habrían salido adelante sin la cooperación de entidades financieras, entre ellas de un modo destacado el banco de inversión Goldman Sachs. Particularmente vidriosa es la cuestión de que algunas de las personas que más tuvieron que ver con la aplicación de los programas de rescate fueran precisamente antiguos directivos de ese banco, como Mario Draghi o Lukas Papademos. Ese engaño, ya bien conocido, comenzó con una operación swap secreta de Goldman en 2001 con un diseño muy complejo pensado para burlar los controles comunitarios. Constituye una de las muchas historias inaceptables desde todos los puntos de vista que nos han proporcionado las altas finanzas en las últimas dos décadas.28 En condiciones como ésas, un cierto reparto de los costes del impago entre deudores y acreedores está bastante justificado.

La posibilidad, que en 2015 se hizo altamente probable, de una salida de Grecia de la eurozona con el apoyo de una parte de la opinión y los líderes europeos, fue un hecho muy grave. Al romper con la idea de que el euro es irreversible, las reglas del juego cambian y se abren peligrosas perspectivas de cara a lo que pueda ocurrir en el caso de aparición de nuevos episodios de crisis y contagios financieros. La cadena de errores que trajo la crisis griega no es atribuible a la insuficiencia de las soluciones técnicas dadas, sino a algo mucho más trascendente: a la cada vez más visible desnudez de la urdimbre política de la UE. Como ha sabido ver mejor que nadie Jürgen Habermas, al subrayar que en las negociaciones griegas los principales gobiernos de la UE, sobre todo el alemán, se han comportado sólo como acreedores, y no como socios de un gran proyecto político: «Esa disolución de la política en la conformidad con los mercados puede explicar la desvergüenza con la que los representantes del Gobierno alemán, todos ellos sin tacha moral, niegan su corresponsabilidad política en las devastadoras consecuencias sociales que han aceptado».29 Este planteamiento lleva directamente a dos cuestiones nucleares para el futuro del proyecto de unidad europea: la ya examinada del papel ejercido por el único país con una posibilidad real de ejercer como líder, Alemania; y la de las posibilidades de corregir en profundidad los defectos y las insuficiencias institucionales de la UE y la eurozona, que trataremos a continuación.

POSIBILIDADES DE UNA SALIDA INTEGRADORA

¿Cómo transformar una crisis fundamentalmente desintegradora en otra muy distinta, que acabe por impulsar el proyecto común hacia una mayor integración? Todo lo que hemos dicho a lo largo de este capítulo conduce a la conclusión de que sólo se podrá avanzar en la consolidación de la moneda común si se dan pasos coherentes y firmes hacia la unión política. Un tránsito que, ya sabemos, de ningún modo será fácil, sobre todo debido a la pérdida de impulso europeísta que ha dominado la acción política en el pasado reciente. Si en muchos rincones de este libro los argumentos económicos se entrecruzan con los políticos, al abordar el futuro de la integración paneuropea ambos se funden de un modo particularmente intenso.

Para avanzar en esa dirección lo primero que debe hacerse es extraer las pertinentes lecciones acerca de todo lo que en estos años ha fallado. Cinco conclusiones principales debieran tomarse en consideración. La primera, y fundamental, que sin recuperar una idea de solidaridad por encima de las fronteras y las soberanías nacionales que vaya más allá de la retórica todo el proyecto común se vendrá abajo más tarde o más temprano. La segunda, que la política macroeconómica tiene un componente unitario básico, de forma que los intentos de separar la estrategia monetaria de la fiscal acaban en grandes fiascos. La tercera, que es absurdo construir una moneda única manteniendo elementos de fragmentación en el espacio de las finanzas (un único banco central y muchos reguladores; una única moneda y muchas deudas públicas denominadas en ella). La cuarta, que la estrategia de descarnada presión sobre los países en riesgo de colapso inminente (el intercambio de reformas radicales por asistencia urgente de liquidez) puede dar algunos resultados positivos a corto plazo, pero sus costes –sobre todo en términos de aumento del resentimiento y alejamiento del ideal europeísta– son enormes. Y la quinta, lo peor que le puede pasar a la idea de integración es que las pretendidas soluciones económicas sean vistas como la negación de una democracia genuina: mal vamos si Europa y democracia son vistos como términos contrapuestos.

Antes de continuar, cabe hacer una reflexión sobre el «método», que se está haciendo tradicional en Europa, de llegar a los mismos bordes del precipicio para dar un golpe de timón y afrontar de verdad los problemas. Ulrich Beck, tenía en la cabeza Europa al escribir: «Cuando la expectativa de una catástrofe modifica la conciencia pública, los fundamentos de la sociedad y de la política se transforman […]. Y es posible –más aún, necesario– cambiar las viejas reglas. Se abren así nuevas posibilidades para procesos de negociación de lo que hasta entonces se consideraba impensable […]. Estamos ante el comienzo de nuevas formas de política».30 Para Beck, a partir de ahí se abren dos escenarios posibles. En el primero, la visión del abismo tiene un efecto terapéutico y acaba por triunfar la «astucia de la razón»: lo que llama el «imperativo cosmopolita» (que se podría expresar como coopera o fracasa) se impone y un impulso integrador tiene finalmente lugar frente a los egoísmos nacionales. En el segundo escenario, en cambio, «la anticipación de la catástrofe moviliza el paisaje político, generando juegos estratégicos de poder».31 Esos dos escenarios no son necesariamente excluyentes: de hecho, en el entorno europeo de los últimos años ambos se han hecho bien visibles (por ejemplo, en la conversión del BCE en prestamista de último recurso, por un lado, y en la aparición de fórmulas tecnocráticas salvadoras en varios gobiernos nacionales, por otro).

A partir de las conclusiones anteriormente expuestas, se abren dos grupos de opinión divergentes acerca del futuro de la integración, que en términos convencionales podemos denominar, los optimistas y los pesimistas. Con el paso de los años estos últimos posiblemente se han hecho mayoritarios, pues las decepciones sufridas –cuyo recuento hemos hecho hasta aquí– han sido considerables. Ahora interesa más explorar las razones que puedan alegar aquellos que creen que todavía hay posibilidades reales de transformar la salida de la crisis en una solución integradora. La primera consiste en dar la vuelta a la cuestión del tiempo transcurrido: si en estos años de dificultades extremas la UEM no se ha hundido, no cabe pensar que ello ocurra cuando vamos hacia la salida de la crisis, aunque no nos esperen años de radiante expansión. Es un argumento simple, pero a tener en cuenta.

La segunda razón, más consistente, es que en los últimos años han entrado en vigor algunas soluciones técnicas que deben ser apreciadas. En primer lugar, la ya explicada transformación por la vía de hecho del BCE en un verdadero prestamista de último recurso y, por tanto, en un verdadero banco central. También merece una mención la creación en 2012 del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate permanente que vino a sustituir a instrumentos anteriores que se habían mostrado ineficaces. Con mayor potencia de fuego y capacidad de endeudarse (lo que, de nuevo, provocó la reacción adversa del Bundesbank y un recurso ante la Corte Constitucional alemana, felizmente desestimado), el MEDE contribuyó en alguna medida, complementando los nuevos programas del BCE, a superar los peores momentos de turbulencia en el continente. Todavía más importante debiera ser la Unión Bancaria (UB), que ya ha entrado parcialmente en funcionamiento con el objetivo de dar respuesta a algunos importantes aspectos del problema de la fragmentación financiera. Tal y como expusimos en el capítulo anterior, la UB resuelve satisfactoriamente los apartados de regulación y supervisión común, pero no lo hace en absoluto con los mecanismos de resolución de crisis bancarias. Se trata en todo caso de un avance notable.

Otras reformas institucionales imprescindibles se han quedado por el camino, o han sido, al menos de momento, abiertamente desechadas. Sin embargo, es verdad que algunos de los principales dirigentes europeos, aunque tarde, parecen haber entendido al fin que están obligados a dar pasos en firme al menos para completar la unión económica. En un documento de estrategia firmado a mediados de 2015 por los presidentes del Consejo, la Comisión, el Parlamento, el eurogrupo y el BCE («Realizar la Unión Económica y Monetaria europea») se propone un interesante catálogo de reformas entre las que destacan: culminar la UB; coordinar más estrechamente las políticas presupuestarias nacionales (mediante un Consejo Fiscal consultivo); crear «un sistema de autoridades de competitividad de la eurozona»; consolidar desde un punto de vista institucional la representación exterior del euro; e incluso poner en marcha «un futuro Tesoro de la zona euro».

El documento parece seguir la estrategia de «pequeños pasos» en direcciones diferentes propuesta por autores como Paul De Grauwe, lo que constituye una buena noticia.32 Hasta 2017 expresamente rechaza entrar en el terreno que daría lugar a una reforma integradora en profundidad, el de la reescritura de los tratados. A partir de ese año, ese paso sí se podría dar, llegando incluso a mencionar la posibilidad de un seguro de desempleo común para el conjunto de la UEM. Con todo, el documento de los cinco presidentes no pasa de ser una declaración de intenciones, y es obligado recordar que algunas propuestas anteriores en esa línea quedaron totalmente desdibujadas con el paso del tiempo. Y, por otro lado, muy poco después de presentarse aquel informe tuvo lugar la cumbre europea en la que algunos de sus firmantes estuvieron a punto de forzar con su actuación la ruptura de la moneda común. Lo cierto es que la línea de actuación de estos altos responsables comienza a recordar demasiado a la figura del doctor Jekyll.

A pesar de sus muchas peculiaridades, la UEM no representa una novedad absoluta en cuanto a procesos de unidad monetaria. Y puesto que hay precedentes, es lógico buscar en la experiencia o experiencias que hayan acabado en éxito una fuente de inspiración –o incluso emulación– para intentar desanudar el curso de la que tiene lugar en Europa. Ahí destaca, sin duda, la consumación de la unidad fiscal en Estados Unidos. En particular, el procedimiento de asunción de deudas de guerra que, diseñado por Alexander Hamilton, llevó a cabo el Gobierno federal norteamericano en 1790 ha sido visto como un modelo a seguir para favorecer un acuerdo general de redención de la deuda soberana europea. El programa norteamericano provocó inicialmente una profunda división entre los estados, pues Virginia y otros estados del sur, que ya habían redimido su deuda, se negaron a financiar el rescate de los estados sobreendeudados. Pero, mediante concesiones de diverso tipo a los estados opositores (entre ellas la decisión de localizar la capital federal, Washington, en las fronteras del estado de Virginia), Hamilton consiguió que retiraran su oposición a la mutualización de la deuda, con lo que se logró la unión fiscal.33

Ese modelo norteamericano ha sido muy recordado en estos años, sobre todo debido a la experiencia del estado de California en esta crisis, en la que la pertenencia a una unión fiscal a todos los efectos hizo que una situación efectiva de impago de la deuda pública no tuviera efectos particularmente negativos para su economía, dada su cobertura de última instancia por la federación (el contraste con lo ocurrido con los estados de la periferia europea en los últimos años salta a la vista). Es importante recordar, sin embargo, que la existencia de una verdadera política fiscal y monetaria común no quedó en absoluto resuelta por el pacto inicial, sino que habría de tardar todavía más de un siglo en consumarse. De hecho, la presencia del Gobierno federal en la economía norteamericana fue muy pequeña hasta los grandes cambios operados durante la Gran Depresión. Su presupuesto apenas superaba el 2 % del PIB del país, una situación, por cierto, bastante similar a la del actual presupuesto de la UE (en este caso no supera el 1 %). Por otro lado, a lo largo de ese período se sucedió la adopción de normas para limitar el crecimiento del déficit y la deuda pública, de un modo también muy parecido a lo que actualmente ocurre en la eurozona. Por último, recuérdese que hasta 1913 no hubo en Estados Unidos un verdadero banco central (de ese año es la ley que funda la moderna Reserva Federal), por lo que hasta entonces la política monetaria de aquel país experimentó todo tipo de altibajos y desajustes.

Se trata, por tanto, de una historia que efectivamente culminó en un éxito, pero que fue mucho más tortuosa y llena de dificultades de lo que se suele pensar. De hecho, las instituciones fiscales y monetarias estuvieron tan en precario durante un período importante de la historia norteamericana que su contribución a la construcción de aquella economía –y aquella nación– fue escaso. En este sentido, un impacto mucho mayor tuvo la movilidad interna del trabajo y del capital. Una movilidad que permitía que si en un estado había un elevado desempleo, los trabajadores pudieran desplazarse libremente hacia otros en busca de mejores oportunidades. Una parte de los modernos mitos fundadores de aquel país tienen que ver con ello. La lección fundamental a extraer del espejo norteamericano está en que la unidad económica tuvo menos que ver con las instituciones fiscales y monetarias que con el deseo de los ciudadanos de alcanzar una unidad política más intensa.34 Y ahí está precisamente el principal corolario para la integración europea: si se pretende conseguir al fin una genuina moneda común es necesario fortalecer en las mentes de los ciudadanos europeos el deseo de construir una unión política.

***

En los últimos años la tempestad financiera de 2008 ha sacudido algunos cimientos importantes de la vida económica, social y política a lo largo y ancho del mundo. En Europa, además, ha supuesto un reto extraordinario para el proyecto de integración. Hemos visto que, frente a ese desafío, las autoridades de nuestros países no siempre han estado a la altura de las circunstancias, por lo que la crisis ha tenido un indudable componente desintegrador. Las dos características centrales del capitalismo contemporáneo –las finanzas fuera de escala, bajo las cuales el club del euro se ha convertido en un endiablado laberinto, y la desigualdad rampante, que ya ha producido resultados nefastos, como el Brexit– han acabado por ser enemigos formidables de la idea europeísta. Es verdad, sin embargo, que la historia de la UE es la de un proceso largo y difícil cuyos avances se han dado siempre en los límites. Por eso, no es del todo aventurado afirmar que en la salida de la crisis esas tendencias podrían revertir.

La gran partida de fondo se juega en la mente de los ciudadanos europeos: si la ruptura psicológica con la idea de unidad se confirmara, poco habría que hacer para salvar el proyecto común. En este punto, sin embargo, hay un elemento muy esperanzador en el nuevo espíritu cosmopolita de los jóvenes, muchos de los cuales se han hecho ya a una cierta idea de «doble soberanía», y a la costumbre de viajar libremente y realizar una parte de sus estudios en otros países de la UE. El impulso europeísta que de ahí debiera surgir –estudiado por el sociólogo Vicenzo Cicchelli– puede favorecer una reversión de la deriva actual. Al papel de los jóvenes, en este caso centrándose en su nuevo y bien visible malestar, ha hecho referencia también el filósofo Pascal Petit, para quien el daño causado por la austeridad y la vulnerabilidad laboral podría dejar paso a una nueva querencia por la idea europea en el caso de postularse un sistema ambicioso de políticas activas para los jóvenes gestionadas por la propia UE (de un modo no necesariamente muy diferente a como se han gestionado hasta ahora los fondos estructurales).35

Están en juego, entre otras cosas, razones económicas de primer orden, como la capacidad de afrontar con éxito las tendencias de base hacia el estancamiento y las futuras turbulencias en los mercados financieros, que más pronto o más tarde regresarán. Pero también, y sobre todo, dependen de ello dos cuestiones cruciales: el papel que Europa vaya a desempeñar en el concierto internacional por un buen número de años, y el grado de cohesión del contrato social.

1. Véanse FT, 30 de junio de 2016, y El País, 3 de julio de 2016.

2. Para los dos primeros problemas considerados, véase Majone (2010).

3. A propósito de esa diversidad de culturas económicas, véase Hall y Soskice, eds. (2013).

4. Véase De Grauwe (2013).

5. En este apartado hemos adaptado varios trabajos anteriores de ambos autores, principalmente Costas (2012) y Costas y Arias (2016b).

6. Una exposición sistemática de esos argumentos críticos muy difundidos en Estados Unidos se puede ver en Felstein (2011).

7. En la copiosa literatura sobre el currency board o comité monetario, cabe destacar el estudio de Obstefeld y Rogoff (1995).

8. Véase Pisani-Ferry (2011).

9. La Corte Constitucional alemana de Karlsruhe decidió abstenerse a favor del Tribunal europeo (que las desestimó) ante las demandas formuladas contra el BCE y sus operaciones de compra de bonos.

10. Véase De Grauwe (2013), p. 17.

11. Véase De Grauwe (2011).

12. Véase De Grauwe (2011).

13. Giddens (2014), p. 9.

14. El País, 28 de junio de 2015.

15. Véase Hirschman (1981).

16. Véase Giddens (2014), p. 21.

17. Véase Schmidt (2015), p. 38.

18. Entrevista con Ulrich Beck recogida en En Campo Abierto, 26 de marzo de 2013. Imprescindible para ahondar en esta cuestión es su libro: Beck (2012).

19. Foucault (2004), p. 216.

20. Para la distinción entre liderazgo hegemónico y cooperativo, véase Kindleberger (1992).

21. Tomado de Kundnani (2014), p. 109.

22. Véase Costas y Lago (2015), p. 191.

23. Véase Kindleberger (1992).

24. Véase Wyplosz (2015), p. 2.

25. Manifiesto firmado por Thomas Piketty, Heiner Flassbeck, Jeffrey Sachs, Dani Rodrik y Simon Wren-Lewis: «Austerity Has Failed: An Open Letter to Angela Merkel», The Nation, 8 de julio de 2015.

26. Véanse Blustein (2015) y Wyplosz (2015).

27. Un estudio detallado de aquellas negociaciones y la importancia de los juegos de intereses bancarios y políticos en ellas, se puede ver en Blustein (2015).

28. Véase N. Dunbar y E. Martinuzzi: «Goldman Secret Greece Loan Shows Two Sinners as Client Unravels», Bloomberg Business, 6 de marzo de 2012.

29. Habermas (2015).

30. Beck (2012), pp. 40-41.

31. Beck (2012), p. 42. El autor denomina a esos dos escenarios, respectivamente, «hegeliano» (o de astucia de la razón) y «escenario Carl Schmitt».

32. Véase De Grauwe (2012).

33. Véase Costas y Lago (2015), pp. 194-195.

34. Véase Costas y Lago (2015), p. 195.

35. Véanse Petit (2012) y Cicchelli (2012). También Beck (2012).

CAPÍTULO 5

De cómo las ideas importan,
y no siempre para bien

No me importa quién escriba las leyes de la nación, si yo puedo escribir sus libros de texto económicos.

PAUL SAMUELSON

Una de las afirmaciones de John Maynard Keynes que se suele repetir con mayor frecuencia es aquello de que «los hombres prácticos, que se imaginan a sí mismos como completamente libres de influencias intelectuales, acostumbran a ser esclavos de un economista difunto». Mucho menos conocido es el final de ese mismo párrafo, que tiene un punto oscuro: «Más pronto o más tarde, son las ideas y no los intereses creados, lo que constituye un peligro, para bien o para mal».1 Según el gran biógrafo de Keynes, Robert Skidelsky, el autor de esta enigmática frase, que siempre fue muy cuidadoso con su lenguaje, no utilizó la palabra «peligro» en vano sino que intentó destacar con ella un argumento muy sutil: que la ignorancia es desde luego peligrosa, pero el conocimiento también lo puede ser, porque encierra la tentación de hubris –la arrogante usurpación por parte de los hombres de los poderes de los dioses–, cuyo fruto inevitable es la némesis.2 En cualquier caso, esta advertencia de tan alto maestro nos servirá para introducir el contenido de este capítulo.

Porque en las páginas que siguen hablaremos de errores, de teorías que con el paso del tiempo se demuestran equivocadas, pero que, mientras tanto, provocan calamidades diversas. Vaya por delante que, al hacerlo, no pretendemos en absoluto negar de un modo sumario el valor del conocimiento económico de uso más común, una parte importante del cual es, sin duda, relevante desde un punto de vista intelectual, pero también útil, pues son numerosas las innovaciones en este campo –ideas económicas a pequeña o gran escala– que se han trasladado a la gestión efectiva de problemas reales, contribuyendo a la mejora en el funcionamiento de industrias y mercados. En un libro de 2010, que pasa revista al impacto sobre el mundo real de las aportaciones de la economía contemporánea, se detallan doce casos muy concretos de esa aplicación provechosa del análisis económico, la mayoría de los cuales son difícilmente objetables: desde la compraventa de derechos de emisión a la regulación de los monopolios, pasando por algo tan específico como las subastas de licencias en el espectro radioeléctrico. Pero en ese listado de aplicaciones útiles se incluye también, «una nueva aproximación a la política monetaria que consiguió moderar las fluctuaciones»;3 algo que, como iremos mostrando, ahora mismo muy pocos suscribirían en esos términos. Es un dato revelador del carácter contingente y cargado de controversias teóricas y metodológicas que se ha manifestado con fuerza en la economía a lo largo de los últimos años.

Antes de entrar en materia, conviene advertir que el empeño de los gobiernos en llevar adelante políticas insensatas e irracionales, contrarias al interés general, no es algo en absoluto privativo de las políticas económicas. En su libro La marcha de la locura, la historiadora norteamericana Barbara Tuchman estudió esa tendencia a la irracionalidad por parte de los gobiernos, y descubrió un empecinamiento, mucho más común de lo que se pueda pensar –sobre todo por parte de gobernantes enzarzados en meras luchas de poder–, en aplicar políticas perjudiciales al interés general, aun cuando existían alternativas perfectamente viables.4

En este capítulo nos centraremos en dos malas ideas que ejercieron notable influencia en distintos momentos del período reciente de turbulencias, y cuyas innegables consecuencias sobre la vida real contribuyeron a agitar la situación de debate y duda que acabamos de mencionar. La primera de ellas ayudó a conformar la mentalidad de «al fin un mundo estable» a lo largo de las décadas de expansión, por lo que su aportación al desastre no fue pequeña. La segunda, que viene de antiguo, cobró una inusitada popularidad a partir de 2010: es la noción de austeridad expansiva, pronto convertida en la principal justificación intelectual de la política europea de recortes fiscales generalizados. En estos apartados, por las características de la materia tratada, nos apoyaremos en citas textuales en mayor medida que en el resto de los capítulos.

CONFIADOS CUANDO LA GRAN TORMENTA ACECHA5

La idea de «al fin un mundo estable» tiene una de sus principales raíces intelectuales en la hipótesis del Mercado Eficiente (Efficient Market Hypothesis, EMH), surgida en 1965 en un artículo del profesor de Chicago Eugene Fama. Su argumento central se puede resumir en que «los precios de los activos financieros incorporan en cada momento toda la información relevante». La idea es que la competencia entre agentes plenamente informados lleva a asignaciones de recursos que conducen a posiciones de equilibrio eficiente en las que los precios de los activos coinciden con su valor intrínseco. La clave aquí es la definición de eficiencia: «En un mercado eficiente, la competición entre muchos participantes inteligentes dirige a una situación en la que, en todo momento, los precios efectivos de los títulos reflejan ya los efectos de la información basada tanto en los acontecimientos que ya han ocurrido como en los que el mercado espera que tengan lugar en el futuro».6

En esta concepción de los mercados financieros carece de sentido hablar de burbujas, o de comportamientos de manada, o de cualquier otra anomalía en la respuesta de los operadores. Las burbujas sencillamente no existen pues la fuerza autodepuradora del mercado las elimina: para cualquier activo, la existencia observable de una «burbuja» llevaría a su venta inmediata por parte de los agentes racionales, quienes esperarían a comprarlo de nuevo a un precio menor. De esta forma, la dinámica de las compras bajistas acabaría por eliminarla por completo. El carácter platónico y atento sólo a su propia lógica interna de este enfoque surge ya con fuerza en este punto pues, como más adelante veremos, en las mismas décadas en que algunos artículos publicados en las mejores revistas de investigación sobre finanzas lo aceptaban sin discusión, se estaba gestando la mayor burbuja de la historia de las finanzas.

En su planteamiento inicial, esta hipótesis fue aceptada por algunos economistas como Paul Samuelson, que vio en ella un supuesto válido para el análisis microeconómico de los mercados de capital (es decir, para explicar la evolución de un título de valor individual). Sin embargo, pronto se dio el paso de la visión micro a una visión macro, es decir, la aceptación de su plena validez también para un mercado a escala agregada. De hecho, esa teoría pasó a formar parte indiscutible del llamado Nuevo Consenso Macroeconómico que se dio por establecido en los últimos años de expansión. Si se quiere resumir en una frase la esencia de ese enfoque teórico crecientemente predominante bastaría decir que respondía a un intento de «proporcionar fundamentos microeconómicos a la macroeconomía».

La confluencia de esta hipótesis de los «mercados eficientes» con la de las «expectativas racionales» (Rational Expectations Hypothesis, REH) fue cerrando un círculo de plena racionalidad y eficiencia de los mercados financieros que ha constituido el núcleo de la teoría económica de las últimas décadas. Es interesante constatar, sin embargo, que en lo que respecta a la EMH, el propio Samuelson era muy crítico de esa visión, pues como antiguo keynesiano creía en la existencia de burbujas y en elementos de inestabilidad en la dinámica agregada de la economía.7

En realidad, detrás de la EMH hay una idea muy sencilla, pero su formalización a través de formulaciones matemáticas muy sofisticadas le dio una alta respetabilidad académica y reputación política. A pesar de su carácter apriorístico, en poco tiempo cambió radicalmente la visión que la mayoría de los economistas tenían acerca de las finanzas. ¿Por qué resultó en ese momento, en la segunda mitad del siglo XX, tan seductora esa concepción benévola de los mercados financieros? Por tres razones fundamentales. Primero, por un motivo doctrinal: la quiebra del keynesianismo se fue haciendo un fenómeno visible en aquellos años en los que la inflación volvía a coger fuerza y el crecimiento se debilitaba. En ese contexto económico surgieron desde diferentes frentes fuertes intentos de legitimar el mecanismo de mercado frente a los «fallos del Estado». La EMH constituyó, junto a la teoría de las expectativas racionales, la parte nuclear de la revolución teórica que por entonces se hizo dominante.

En segundo lugar, los sistemas financieros venían de una situación –originada durante la Gran Depresión– de muy escasa inclinación al riesgo, lo que los hacía muy seguros. Pero la existencia de controles públicos de todo tipo sobre las entidades de financiación introducía también algunos visibles elementos de ineficiencia. A partir de ahí, los bancos y el conjunto de la comunidad financiera fueron asumiendo cada vez con más intensidad la necesidad de avanzar en la desregulación, presionando a los poderes públicos en esa dirección. Para ello la aparición de un argumento de gran consistencia formal como la EMH resultaba de gran utilidad.

Y tercero, todo lo anterior tal vez no hubiera avanzado mucho de no haberse producido la revolución de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Este gran cambio de los flujos informacionales afectó al sector financiero más que a ningún otro. A partir de 1980 tuvo lugar un proceso de enorme innovación de productos y servicios financieros que acabaron por transformar la idea básica de lo que es una entidad de financiación. Si en 1980 un banco era sobre todo generación de crédito negociado en un espacio físico reconocible y próximo al prestatario, en 2005 las finanzas ya eran básicamente una enorme red virtual de negocio sin fronteras, con miles de agentes interactuando entre sí en Singapur o Buenos Aires, con productos extraordinariamente sofisticados y cuya naturaleza era, en muchos casos, difícilmente entendible incluso para los profesionales más avezados.

Esas razones están detrás de la llegada y el afianzamiento en el último tercio del siglo XX de la llamada «regulación financiera de toque ligero» (light-touch regulation), una regulación que consiste en aceptar que los procesos de mercado son claramente superiores a cualquier control público a la hora de gestionar, anticipar y medir los riesgos en las finanzas. Una idea resumida con exactitud por Alan Greenspan, uno de los actores políticos más firmemente partidarios de la EMH: «Las fuerzas reguladoras privadas para la estabilización de los mercados debieran desplazar gradualmente a las incómodas e ineficaces estructuras gubernamentales».8

En particular, numerosas operaciones con productos financieros complejos –los «estructurados»– fueron quedando fuera de la posibilidad efectiva de un estricto control. En el negocio financiero, la presencia de operaciones complejas en mercados secundarios, obligaciones garantizadas por deuda (Collaterized Debt Obligations, CDO), seguros de impago o fondos de cobertura (hedge funds) se fue haciendo cada vez mayor. La nueva convención aceptada de la eficiencia de los mercados que trajo la teoría de las finanzas fue el elemento de cierre para la construcción de todo ese edificio. Por ejemplo, no hay duda de que la llamada «ecuación Black-Scholes» –un modelo teórico formalizado por Robert Merton para la determinación del precio de las opciones que estaba muy influido por la EMH– era exactamente el soporte intelectual que necesitaban los mercados de derivados financieros para multiplicar sus volúmenes operativos, sobre la base de la creencia de que ésa era la mejor opción para el conjunto de la economía. En palabras de Alan Blinder, «los modelos teóricos de evaluación basados en el razonamiento de la EMH fueron usados por la ingeniería financiera de Wall Street para inventar todo tipo de exóticos derivados».9

Todo lo anterior apunta a una conclusión relevante: la historia de las finanzas contemporáneas es la de un proceso extraordinariamente expansivo en el que la teoría y la nueva realidad de los flujos informacionales se fueron retroalimentando, impulsándose mutuamente. Es decir, la línea argumental impulsó los mercados desregulados a gran escala, pero, a su vez, la creciente automatización y la (supuesta) transparencia de éstos sobre una base de información inmediata y generalizada reforzaron la credibilidad del argumento. Éste fue un fenómeno notable y altamente inusual, sobre todo teniendo en cuenta que los supuestos de la EMH (como los de las expectativas racionales) son altamente apriorísticos y, de hecho, pueden considerarse como los más «duros», radicales y restrictivos –y para muchos, de Robert Solow a Albert O. Hirschman, alejados de la realidad– en la historia del conjunto de las ciencias sociales. En todo caso, no hay duda de que estamos ante las formulaciones más extremas de las nociones neoclásicas de racionalidad y de equilibrio eficiente.

Es cierto que, como ya se ha dicho, en algunas de sus versiones moderadas la EMH aceptó la existencia de elementos de irracionalidad y burbujas en ciertas condiciones de los mercados, si bien sólo como excepción. Pero no hay duda de que la teoría fue expresada en sus términos más extremados y excluyentes durante casi tres décadas por muchos de sus principales valedores y, sobre todo, así fue aceptada por quienes desde las propias entidades financieras o los órganos reguladores la propusieron casi como dogma de fe. Y, dado que también ha venido formando parte del núcleo duro de los programas de estudios económicos y financieros en las principales universidades, ese enfoque constituye una parte imprescindible en la formación de los economistas contemporáneos.10 Ni la existencia de una corriente continuada de críticas a ese enfoque11 ni la evidencia de que la aplicación de algunos de sus modelos había causado ya algunos desastres (como ocurrió con la aplicación del modelo Black-Scholes en la quiebra del Long-Term Capital Management en Estados Unidos, en 1998) consiguieron revertir las tendencias.

En definitiva, por su rigor formal y amplio sustento académico, la EMH fue el argumento perfecto para legitimar el desarrollo hiperfinanciero del capitalismo entre 1980 y 2007. En ese sentido, puede afirmarse que esta teoría, lejos de limitarse al puro ámbito de la aportación y el debate científicos, fue mucho más allá, para influir significativamente sobre algunos aspectos fundamentales de la realidad económica contemporánea.

MÁS QUE UNA TEORÍA, UN SISTEMA DE CREENCIAS

Una vez sobrevenido el cambio de clima debido a la gran crisis financiera de 2008, algunos partidarios de la hipótesis de eficiencia de los mercados (EMH) han argumentado que, en realidad, esa teoría sufrió de un «exceso de interpretación» y que su influencia real sobre reguladores y diseñadores de políticas siempre fue pequeña, mucho menor de lo que se ha dicho. En particular, comentarios de ese tipo se escucharon tras la contestada concesión del premio Nobel 2013 a Eugene Fama, el inspirador de esa teoría. Sin embargo, hay sobrada evidencia de que durante muchos años los teóricos de la EMH presumieron del modo en que sus argumentos modelaron la realidad de las finanzas. En una entrevista con Fama en la revista del Banco de la Reserva de Minneapolis, se afirma: «Pocos economistas han tenido tan grande influencia sobre la teoría y la práctica de las finanzas […]; los trabajos iniciales de Fama pronto transformaron Wall Street, y más tarde Main Street, al hacer surgir toda una proliferación de fondos de bajo coste […]». En el mismo lugar se recoge la opinión de Myron Scholes: «Eugene Fama hizo interpretaciones pioneras del funcionamiento de los mercados […] que han beneficiado a los participantes en todo el mundo».12

Pero, al margen de los autoelogios de sus protagonistas, no hay duda de que los principales bancos centrales y las agencias reguladoras –sobre todo las anglosajonas– fraguaron a partir de 1980 un cuadro básico de referencias teóricas entre las que dominaban las ideas de eficiencia natural de los mercados y de expectativas racionales. En el ámbito de la política monetaria, sus modelos operativos durante todos esos años –los llamados modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general (Dynamic Stochastic General Equilibrium models, DSGE)– tuvieron muy en cuenta los esquemas teóricos de EMH y REH. Ello explica dos de las mayores deficiencias de estos modelos de previsión: la exclusión total de los ciclos del crédito y de cualquier conexión entre política monetaria y regulación macroprudencial de los bancos. Estas carencias han sido reiteradamente señaladas después de la crisis de 2008, pero apenas eran mencionadas con anterioridad

Quizá pueda parecer un tanto exagerado atribuir tal grado de influencia a teorías de un elevadísimo grado de abstracción y complejidad en su formulación formal. Esta objeción puede tener algún sentido cuando se aplica a cada una de ellas de forma individual. Por eso es fundamental entender cómo funcionó la dinámica envolvente de conjunto: sus diferentes supuestos y argumentos se fueron alimentando mutuamente para construir un nuevo y crucial sistema de creencias sobre el funcionamiento de los mercados financieros en el que la idea de ultrarracionalidad y de equilibrio automático de los mercados no dejaba margen alguno para cuestionar la innovación financiera ilimitada, la aceleración continua de los intercambios y la desregulación como última referencia. Es decir, se fue configurando una nueva sabiduría convencional predominante que penetró profundamente en la línea de reflexión y actuación de los principales órganos reguladores nacionales o supranacionales y, en general, sobre la formación de las políticas macroeconómicas.

Pero en toda sabiduría convencional suele haber una combinación de ideas e intereses. En las décadas recientes ambos elementos interactuaron con intensidad para definir toda una mentalidad, un sistema ideológico muy cerrado y coherente. En palabras de Adair Turner: «Intereses e ideología frecuentemente interactúan de un modo tan sutil que es difícil distinguirlos […]. Las teorías de la eficiencia y la completitud de los mercados pueden ayudar a que los altos ejecutivos de las entidades financieras imaginen que están haciendo un trabajo de dioses, cuando a simple vista algunas de sus operaciones no pasan de pura especulación, y los expertos están casi obligados a compartir aquellas asunciones implícitas».13 Con todo ello, entre las élites económicas y políticas se fue conformando y cobrando cada vez más fuerza una nueva narrativa dirigida a legitimar las tendencias desreguladoras, ya fuese con argumentos a favor del mecanismo de mercado y el valor disciplinante de la asunción de riesgos o resaltando el valor social y económico de las finanzas en términos de bienestar general.14

De hecho, la idea de eficiencia de los mercados puede servir como ejemplo bastante acabado de lo que algunos pensadores contemporáneos como John Langshaw Austin y Roland Barthes han llamado «performatividad», es decir, el poder de ciertas palabras o expresiones para transformar o subvertir la realidad. Más allá de abrir una vía de análisis de los mercados financieros, esa hipótesis ha servido para establecer un tejido de prácticas, procedimientos y productos en tales mercados. Al margen de que se trate o no de una teoría acertada, la EMH ha influido decisivamente para la puesta en marcha de los fondos indexados, los mercados de opciones y otros productos financieros de alta sofisticación.15

El sistema de creencias del que hablamos se configuró de un modo muy drástico en los casos de bancos centrales y agencias reguladoras especializadas.16 En Estados Unidos, la influencia de la EMH y la REH fue decisiva para la definición de la política de la Reserva Federal durante los casi veinte años que estuvo dirigida por Alan Greenspan. La visión de las finanzas de Greenspan fue radical en cuanto a la creencia de que la regulación, por su propia naturaleza, inhibe la libertad de los mercados («son demasiado complejos para la intervención humana»). En un entorno de innovación financiera generalizada, el uso de modelos matemáticos sofisticados que partían de los supuestos de ultrarracionalidad, ausencia de incertidumbre y eficiencia, garantizaba la estabilidad de los mercados financieros sin dejar margen alguno para la presencia de burbujas, ciclos de crédito o cualquier otro tipo de anomalías. La relación entre teoría y política era directa, según el propio Greenspan reconoció más tarde: «Todos los nuevos conceptos y todos los avances teóricos encarnaron en nuestros modelos: expectativas racionales, monetarismo, todo tipo de medios sofisticados de pensamiento acerca de cómo funciona la economía. La Fed tiene 250 doctores en Economía en esa división y todos son muy listos».17 Con ello, la desregulación en Estados Unidos avanzó más lejos que en cualquier otro país desarrollado. Y, en la medida en que se aceptó el supuesto de que la estabilidad financiera estaba garantizada, la política monetaria se aplicó en exclusiva a controlar la inflación dejando de lado la regulación macroprudencial de las instituciones financieras. Greenspan es, sin duda, la figura que encarna por encima de cualquier otra el sistema de creencias del que hablamos. Es más, los aparentes buenos resultados de esa estrategia durante los años de expansión lo convirtieron en símbolo de una época.

La publicación por parte del famoso periodista Bob Woodward del libro Maestro (2000), en el que desde el propio título ensalzaba casi sin límite a Greenspan, muestra hasta qué punto esa concepción de las finanzas llegó a penetrar en la cultura de masas. De hecho, Greenspan fue visto por amplios sectores como una figura indiscutida, casi como un mago poseedor de las claves del conocimiento económico, capaz de promover un progreso indefinido y sin sobresaltos. En esa misma línea, otros ejemplos de publicaciones que tuvieron gran difusión fueron el libro de Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree (1998), que contribuyó a la difusión de la idea de que los mercados son infalibles, además de popularizar la noción de los mercados como «camisa de fuerza» para disciplinar las políticas públicas; y, sobre todo, The Wisdom of Crowds, de James Surowiecki (2004), que desde su propio título destacaba la noción de «sabiduría de las multitudes», partiendo de que «la inteligencia de una multitud humana» es capaz de enfrentarse de un modo sistemático a todo tipo de problemas cognitivos.

Como vemos, todo indica que la pretensión de ultrarracionalidad no se detuvo en su influencia sobre los responsables de diseñar las políticas, sino que se difundió con fuerza en el conjunto de la sociedad. De ahí que el modelo de política macroeconómica mínima gozase de un alto grado de apoyo en amplios sectores sociales. Y lo que es más importante, a medida que la difusión de las ideas de eficiencia de los mercados y expectativas racionales se fue haciendo más intensa, mucha gente perdió la noción del peligro que puede traer consigo el riesgo financiero.18 En ese sentido, por haber contribuido decisivamente a cambiar la actitud social ante las finanzas, puede decirse que la responsabilidad de la EMH en la gestación de la Gran Recesión fue considerable.

La independencia de los bancos centrales y las agencias reguladoras favoreció que la idea de regulación ligera se convirtiera en dogma para ese tipo de organismos en numerosos países. En el caso británico, desde al menos 1986, la EMH fue el referente teórico principal de la filosofía regulatoria para la «disciplina del mercado» con la que nació en 1997 la Financial Services Authority (FSA). Nadie lo ha expresado con tanta claridad como su antiguo presidente Adair Turner, quien, al preguntarse por los supuestos intelectuales sobre los que se construyó ese enfoque, responde: «Fue la creencia en que los mercados financieros son eficientes y racionales […]; un gran cuerpo de trabajos teóricos y empíricos se han dirigido a probar que los precios de las acciones siguen “paseos aleatorios”, adaptándose los precios a la nueva información que es valorada por una amplia gama de participantes en el mercado».19

Pero la influencia de esas teorías se extendió también, aunque de un modo más matizado, a los gobiernos, sobre todo a los ministerios de Economía o del Tesoro. Y a algunos sectores de los legislativos. De nuevo, un caso singular fue el británico, donde Gordon Brown, ministro del Tesoro durante más de una década en los gobiernos laboristas de Tony Blair, mostró una confianza sin límites en la idea de que cualquier elemento de regulación de los mercados de capital debía ser «crecientemente basado en el riesgo», usando razonamientos directamente extraídos de la lógica de la EMH para justificar el uso masivo de instrumentos financieros estructurados. De hecho, sus postulados fueron con frecuencia similares a los de Greenspan, de quien en repetidas ocasiones se declaró gran admirador. En su modelo de política económica, Brown dio prioridad absoluta al desarrollo de las finanzas liberalizadas, de modo que el boom de crecimiento de esos años se basó sobre todo en un masiva carga de deuda, que llevó a la economía británica a ser una de las más endeudadas del mundo en 2008 (469 % del PIB). Poco antes de la crisis preveía «una era que la historia recordará como el comienzo de una nueva edad de oro de la City de Londres. Un nuevo orden mundial ha sido creado».20 Pero, como veremos, su rectificación a partir de 2008 ha sido muy notable, casi de 180 grados.

La figura de Gordon Brown es un tanto excepcional en este punto. Su vinculación con las teorías de Fama o Robert Lucas no se produjo de un modo tan directo en los casos de otros líderes de gobiernos o parlamentos. Sin embargo, no hay duda de que en un sentido más genérico, el sistema de creencias sobre los mercados desregulados se difundió –con mayor o menor fuerza, según los casos– en todos los ámbitos de la formación de la política económica del mundo desarrollado. Bajo la premisa de que los instrumentos de deuda se desenvolvían en un entorno de perfecta transparencia y racionalidad, su expansión fue considerada casi como una panacea para resolver todo tipo de problemas económicos, incluido el de la creciente desigualdad e insuficiencia de ingresos de una gran parte de la población. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Raghuram Rajan ha explicado convincentemente que el crecimiento –considerado como seguro– del crédito hipotecario (y su desarrollo desmesurado a través de mercados secundarios) fue programado por las administraciones Clinton y Bush como una forma de contrarrestar la creciente desigualdad de la renta y la riqueza debido a la presión a la baja sobre los salarios. Así, desde principios de los años noventa, un móvil central de la política económica para favorecer la cohesión social fue permitir una gran expansión del crédito a bajo coste –«dejémosles que coman créditos»– para permitir el acceso a la propiedad de amplios sectores sociales. La consecuencia obviamente fue la formación de una gran burbuja crediticia.21

EL RETORNO DE LA INCERTIDUMBRE

El colapso de 2008 vino a desmentir dramáticamente los supuestos fundamentales de la teoría de la eficiencia de los mercados. Ni los mecanismos de mercado (a través, por ejemplo, de las agencias de calificación de deuda) funcionaron de un modo aceptable ni existía en realidad la pretendida transparencia (pues sencillamente se desconocía la existencia de una buena parte de los productos estructurados) ni la reacción de numerosos operadores tuvo nada de «racional». Al contrario, en medio del pánico y de las operaciones improvisadas de salvamento de los bancos, se hizo evidente que la innovación financiera había creado una bomba de deuda que en buena medida estaba fuera de control. En realidad, si hubo algo que en esas circunstancias dramáticas se hizo evidente fue que los operadores en los mercados, muy lejos de la omnisciencia que se les atribuía, eran completamente ignorantes del entorno de vulnerabilidad en el que hacía muchos años que se movían; lo cual en el fondo se debía a que en ese entorno no era el simple riesgo lo que predominaba, sino la incertidumbre, concepto que por entonces muchos redescubrieron.22

A partir de ahí, la evidencia dramática de que su visión de equilibrio de mercado no guardaba relación alguna con la realidad de los mercados multiplicó las críticas a la EMH hasta el punto de que pronto se la consideró una teoría zombi. El inversor George Soros lo expresó por entonces de forma sumaria: «El prevaleciente paradigma de la hipótesis del mercado eficiente y la elección racional ha entrado en bancarrota de un modo muy similar a la bancarrota del sistema financiero global después de Lehman Brothers».23

En la nueva situación, algunas agencias reguladoras del sistema financiero hicieron fuertes autocríticas, expresando su voluntad de apartarse de las teorías que las habían inspirado en las dos décadas anteriores. Entre ellas figura de un modo destacado la FSA británica. Numerosos documentos de esta agencia dejan claro la fuerte ilusión ultrarracional que marcó su actuación durante los años anteriores a la crisis. Cuando en su informe de 2009 el organismo se pregunta, «¿Qué es lo que estaba equivocado?», entre las respuestas que ofrece figuran, además de la innovación financiera, el crédito estructurado y los excesos de deuda, «el descansar demasiado sobre las matemáticas sofisticadas: la gran complejidad matemática usada para medir y gestionar los riesgos, hizo que fuese cada vez más difícil para los altos gestores y los consejos tener un juicio propio sobre los riesgos en los que estaban incurriendo».24 Con esta revisión, la FSA estaba dejando atrás su concepción fundamental, hasta poco tiempo antes muy consolidada. Un proceso de profundas reformas se abrió a partir de ahí en el Reino Unido, culminando en la nueva Financial Services Act, ya mencionada en un capítulo anterior, que entró en vigor en abril de 2013 y extendió los mecanismos regulatorios con el fin de evitar los errores del pasado.

En el caso de Estados Unidos, la principal pieza que permite ver en detalle la responsabilidad que tuvo la ilusión ultrarracional de las finanzas en la generación de la crisis de 2008 es el importante informe emitido por el Congreso en 2011: «Más de treinta años de desregulación y confianza en la autorregulación de las instituciones financieras, liderada por Alan Greenspan y otros, apoyados por las sucesivas administraciones y mayorías del Congreso, bajo presiones del poderoso sector financiero, desmanteló las salvaguardas que hubieran podido evitar la catástrofe».25

Más revelador aún es que algunos de los grandes actores políticos que durante muchos años defendieron expresamente la visión ultrarracional de las finanzas, como Alan Greenspan en Estados Unidos y Gordon Brown en el Reino Unido, se hayan alejado de ella tras la crisis. En los últimos años, Greenspan ha hecho parciales pero profundas autocríticas sobre su propia responsabilidad, separándose de su vieja creencia en la EMH y la REH para acercarse a los planteamientos opuestos, es decir, la economía del comportamiento y de la incertidumbre (Greenspan, 2013). De un modo interesante pasó a enfatizar precisamente la particularidad de las finanzas: «En la parte no financiera del sistema [la teoría económica racional] funciona muy bien. […] Las finanzas son algo totalmente diferente del resto de la economía. Más concretamente, aunque algunas veces los mercados se comportan de un modo que se puede predecir, otras se comportan de un modo irracional» desafiando las matemáticas.26 Otro gran banquero central, Mervin King, gobernador del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, ha dejado también testimonio de ese desengaño intelectual.27

En el caso de Brown, después de muchos años de usar los argumentos de ultrarracionalidad y eficiencia para respaldar sus políticas al frente del Tesoro británico, en 2011, en una conferencia en Harvard, declaró: «Ninguna de las teorías económicas que teníamos en 2007 resisten el examen, debido a que los mercados no se autoajustan, se autodestruyen».28 La ilusión ultrarracional de las finanzas se desmoronaba así para quienes más hicieron por trasladarla sin matices al ámbito de la política.

EL CASTIGO POR LA ARROGANCIA INTELECTUAL

Después de siete años de fuertes controversias que siguieron a la debacle de 2008, no hay duda de que la crisis científica desatada en el conjunto de la economía ha estado básicamente centrada en las dos teorías mencionadas en este capítulo, EMH y REH. Como ocurrió en otros momentos en la historia del análisis económico, la clave de esa crisis estuvo en la disparidad absoluta entre los supuestos y las predicciones de esas teorías y la realidad observable. En un importante ensayo, Jon Elster (2009) resumió en la expresión «excesivas ambiciones», su crítica a los intentos de convertir en «ciencia dura» la ilusión ultrarracional del comportamiento económico mediante modelos basados en una fuerte lógica deductiva erigida sobre supuestos muy frágiles o imaginarios y que, sin embargo, tenía la pretensión de establecer conclusiones de valor universal. Estaríamos ante una manifestación de hubris intelectual, directamente asociada a la confianza ciega en el rigor de la lógica matemática utilizada y a la capacidad de cálculo. En este punto, expectativas racionales, mercados eficientes y modelos DSGE pueden ser vistos como la culminación de la vieja aspiración de la economía de asimilarse al método de la física.

Sin embargo, a pesar de que el estado de insatisfacción se ha extendido extraordinariamente en los últimos años en relación con los contenidos científicos de la economía, la quiebra del prestigio académico de esas teorías dista mucho de ser completa. Algunas encuestas realizadas entre economistas acerca de esa cuestión no revelan tanto un cambio pendular en sus ideas como una clara división de opiniones. Una encuesta realizada entre economistas de 16 países muestra que el 56 % cree en una crisis real de la teoría económica, frente al 44 % que cree lo contrario.29 El muy polémico premio Nobel concedido a Eugene Fama en 2013 demostró que los zombis seguían estando muy vivos, aunque el hecho de que el premio lo compartiera con quien probablemente es el máximo crítico de la EMH, Robert Shiller, constituye una muestra evidente del momento de confusión (o al menos, de eclecticismo) que ahora vive la teoría económica, lejos ya del clima de confianza y unanimidad anterior a 2007.

En todo caso, parece claro que las hipótesis del mercado eficiente y de las expectativas racionales de los agentes económicos han dejado de ocupar el centro absoluto de las teorías de las finanzas y macroeconómicas. Y más importante aún, en numerosos países se ha perdido la relación directa entre esas teorías y las políticas monetarias y financieras. Las estrategias regulatorias y la definición de las políticas monetarias desde 2009 se han hecho mucho más pragmáticas y (quizá precisamente debido al «eclecticismo teórico») han reducido notablemente sus vínculos con teorías concretas. Este menor doctrinarismo se ha traducido en el avivamiento del debate político-económico que ya hemos mencionado en capítulos anteriores.

LA AUSTERIDAD EXPANSIVA,
UN MOTOR DE ESTANCAMIENTO

A partir de 2010 se impuso en todo el mundo desarrollado un viraje hacia la consolidación fiscal. Sin embargo, desde 2012 un buen número de países, como Estados Unidos y el Reino Unido, fueron llenando de matices ese viraje, e incluso en algún caso, como Japón, se abandonó radicalmente la línea de ajuste en favor de nuevas estrategias de estímulo a la actividad económica. No fue ése el caso de la eurozona, donde la consolidación se mantuvo con criterios extraordinariamente restrictivos y radicales hasta bien entrado 2015.

Las consecuencias prácticas de esa política europea han sido muy negativas en todos los órdenes. En lo estrictamente económico, retrasó notablemente la recuperación. En todas las comparaciones con el resto de los países industrializados, la eurozona presenta los peores datos de crecimiento de la actividad económica. Pero incluso si se la juzga en términos de consecución de los principales objetivos buscados, la rápida reducción de los niveles de déficit y deuda pública, la política de austeridad ofrece resultados desastrosos. Numerosos países miembros del euro están aún muy lejos de cumplir las reglas de equilibrio presupuestario del Pacto de Estabilidad. En el caso de la deuda pública, en algunos países más que reducirse ha alcanzado unas cotas a las que nunca antes se había llegado. Ése es el caso de España, en el que el nivel de deuda actual no se había visto desde principios del siglo XX. Ante estos efectos, no es raro que muchos observadores hayan concluido que la obsesión por la austeridad fiscal ha sido un verdadero motor de estancamiento. Más aún cuando los recortes indiscriminados en el gasto han afectado gravemente a la dinámica de la formación de capital, sobre todo en ámbitos como la educación y el cambio técnico, fundamentales para definir sendas de crecimiento sólido y sostenible a largo plazo.30

Este último punto encierra una profunda contradicción. La mayoría de los defensores de la austeridad radical argumentaron que ésta era necesaria para obligar a algunos países a abordar profundas reformas en su economía, reformas que, por ser muy impopulares, en otro caso nunca se harían. Vemos sin embargo que, al menos en algunos casos, como el español, los recortes en el gasto público ciegan, más que impulsan, el potencial de crecimiento de la economía a largo plazo. Todo esto no hace sino confirmar algo que ya hemos constatado en capítulos anteriores: que el estancamiento no es una amenaza retórica sino muy real para la Europa de ahora mismo.

Pero siendo apreciable el efecto de rémora inducido en el crecimiento de la economía, todavía es más significativo el daño causado en la estructura social y el equilibrio de poder dentro de la sociedad. Porque el programa de austeridad se ha plasmado en realidad en un sistemático deterioro de algunos de los más importantes servicios públicos, corazón del Estado del Bienestar europeo. Ese deterioro ha afectado fundamentalmente a los sectores de renta media y media-baja, por lo que, junto con el alza del paro y el empobrecimiento ocasionado por la devaluación salarial, la austeridad es uno de los mecanismos centrales del acusado aumento de la desigualdad y pérdida de oportunidades que se ha producido en los últimos años en países como España.

Contemplada desde esta perspectiva, puede afirmarse que la política de consolidación fiscal a ultranza ha tenido un importante coste humano. Una parte destacada de ese coste se origina en los crecientes problemas experimentados por los sistemas públicos de salud. Numerosas investigaciones muestran que en ese ámbito el impacto de esa política ha sido grande. Por ejemplo, en un informe publicado en el British Medical Journal sobre el efecto de los recortes en el gasto sobre la sanidad española, se afirma que, de no adoptarse medidas correctoras, se podría producir un desmantelamiento de partes importantes del sistema sanitario, con potenciales efectos dañinos sobre la salud.31 No es raro, entonces, que se haya extendido de un modo imparable la impresión de que la política europea de los últimos años ha causado «mucho sufrimiento innecesario» (en palabras del anterior secretario norteamericano del Tesoro, Timothy Geithner) hasta el punto de que titulares como «La austeridad fiscal contra la sociedad europea» se hayan hecho muy comunes.32 Lo ha expresado de un modo más depurado el filósofo y premio Nobel de economía Amartya Sen al señalar que «hay una amplia tendencia a suponer que si una política duele, es que se está haciendo muy bien. Promover sufrimiento no es una buena forma de política económica».33

Pero ¿dónde está el origen de esa política? ¿Por qué tanto empeño en persistir en un error tan doloroso? Su motivación se encuentra en la confluencia de tres factores de diferente naturaleza: un problema real (el sobreendeudamiento), un planteamiento de orden moral y un razonamiento económico erróneo presentado como científicamente inobjetable. A esta última cuestión dedicaremos el resto de este capítulo, pero antes cabe hacer algún comentario sobre las otras dos.

En primer lugar, la explosión del problema de la deuda soberana europea a comienzos de 2010 hizo ver la urgencia de afrontar el problema, real y no inventado, del descuadre general de las cuentas públicas originado por las políticas inevitablemente expansivas puestas en marcha a fines de 2008 para evitar una gran depresión como la que tuvo lugar en 1929. Se hacía inevitable una labor de cirugía para reducir su tamaño. El problema vino con el carácter radical y generalizado de la estrategia que se puso en marcha en la eurozona, más propia de una gran tala de árboles que de la sutil actividad en un quirófano.

En segundo lugar, en torno al problema de la deuda y su tratamiento surgió con fuerza todo un discurso moral según el cual aquellos países que habían cometido excesos de gasto en el período de las vacas gordas ahora tenían que penar por esos pecados en la forma de duros ajustes en la renta de sus ciudadanos. Muchos editoriales de prensa y algunos responsables políticos echaron mano por entonces de viejas historias de hormigas y cigarras. A propósito de ello, es interesante el uso de una palabra, austeridad, que en el lenguaje ordinario sólo tiene connotaciones positivas. Y que caía, además, como un bálsamo en amplios sectores sociales de muchos países (más allá del evidente caso español), dado el derroche de recursos públicos originado en torno a proyectos de inversión fuera de escala durante la fase de expansión. El problema fue que la política «de austeridad» no afectó sólo a esos proyectos, sino también a aspectos fundamentales del gasto social y a la capacidad emprendedora de los estados.

La supuesta razón moral a la que aludimos tiene que ver con la transposición directa de lo que son virtudes y vicios en el orden individual al orden colectivo: si nadie podría objetar la vida austera de un individuo, ¿por qué hacerlo cuando hablamos de toda una nación? El caso es que, desde que a principios del siglo XVIII Bernard de Mandeville escribió su Fábula de las abejas, sabemos de «los vicios privados pueden ser virtudes públicas». Por cierto, aparece aquí un planteamiento tanto moral como analítico: no es sólo el modo muy desigual en que se pueda repartir el coste de los ajustes en el plano colectivo, pagando justos (es decir, quienes no participaron en los procesos de decisión que llevaron a los excesos previos) por pecadores; es que si todos los sujetos reducen el gasto al mismo tiempo, el resultado puede ser desastroso para el conjunto. Es lo que se llama «falacia de la composición», sobre la que también escribió largamente John Maynard Keynes.

A la vista de los costes económicos y humanos que ya hemos mencionado, el discurso moral a favor de la austeridad radical se ha evaporado casi por completo, salvo en Alemania y algunos países de su entorno, en donde la mentalidad de pequeños ahorradores, junto con el miedo a ciertos fantasmas como la inflación o la «mutualización de deudas», han seguido alimentando fábulas colectivas sobre ociosas cigarras y necesarias redenciones de pecados.

El tercer frente a través del cual avanzó la consolidación fiscal a ultranza fue el de su legitimación intelectual. A partir de 2010, algunos argumentos conocidos desde bastante tiempo atrás –como la «equivalencia ricardiana» o la «austeridad expansiva»– alcanzaron una gran difusión, traspasando la frontera de los libros y las revistas especializadas para pasar a ser usados con frecuencia por algunos diseñadores de políticas clave. Ese proceso de interacción entre teoría y política económica –que ya vimos cómo funcionó en el ámbito de las finanzas– estuvo lleno de elementos discutibles (medias verdades, desmentidos parciales, oportunismo de uso en ciertos documentos públicos), y merece la pena estudiarlo con algún detenimiento. Pero antes nos detendremos en presentar un fenómeno poco conocido: en el país cuyo gobierno ha insistido más en el mantenimiento de la política de austeridad reina desde hace mucho tiempo un entramado de ideas económicas singular –de nuevo, un sistema de creencias–, que sirvió como perfecto caldo de cultivo para aquellos argumentos.

EL EXTRAÑO PENSAMIENTO ECONÓMICO ALEMÁN: ORDOLIBERALISMO

Es un hecho poco conocido que en Alemania hay un amplio consenso entre buena parte de los economistas académicos y el mundo político y de los negocios en torno a un sistema de ideas singular, el llamado «ordoliberalismo». Casi ignorado fuera de las fronteras de aquel país, este sistema de creencias se aleja bastante en ciertos aspectos de la corriente principal anglosajona, predominante en el resto del mundo. Esta corriente nació en la llamada escuela de Friburgo, a través de aportaciones de autores como Walter Eucken, en la década de 1930.34 De esa escuela procede la distinción entre políticas de ordenación (dirigidas a fijar el orden económico) y de proceso (intervención en los asuntos ordinarios). Según los principios de esta corriente, sólo las primeras están plenamente justificadas para garantizar los buenos principios del sistema económico: estabilidad de precios, independencia de la banca central, finanzas públicas sanas, regulación de los mercados para favorecer la competencia. Este último punto puede sorprender –pues lo separa de los planteamientos del liberalismo al uso– pero, efectivamente, el ordoliberalismo propugna legislaciones muy detalladas para frenar las posiciones de los oligopolios. En cambio, en todo lo relacionado con la gestión de la demanda y la intervención macroeconómica sobre las variables del ciclo, sus principios son radicalmente liberales y opuestos al uso eventual de estrategias monetarias o fiscales para forzar la expansión en la fase contractiva de la economía. Encontramos aquí una idea de política económica como algo absolutamente asimilado a la aplicación de reglas rígidas a través de estructuras legales muy trabadas. Éste es un planteamiento muy anterior al rules rather than discretion (reglas en vez de discrecionalidad) que tanta influencia tuvo desde los años ochenta en el mundo anglosajón.

El ordoliberalismo estuvo detrás de la orientación de la política económica germana desde los gobiernos que dirigieron la reconstrucción en la posguerra hasta hoy mismo. Su aceptación traspasa las barreras ideológicas de los tres partidos tradicionales alemanes, con muy pocas excepciones. En el ámbito académico, para decirlo de un modo más exacto, en Alemania se dio, como en otras muchas partes, una adscripción generalizada a hipótesis como la de expectativas racionales que hemos analizado más arriba, pero lo distintivo es que buena parte de los macroeconomistas alemanes más influyentes reconocen estar también influenciados por las ideas de Friburgo. Y ese vínculo es aún mayor en el caso de los economistas del entorno del Bundesbank y del Ministerio de Finanzas (en donde, por cierto, también es una tradición la fuerte presencia de juristas, quizás en mayor medida que de profesionales de la economía). En todo caso, el contrapunto keynesiano es allí una rareza, hasta un grado que es difícil encontrar en cualquier otro gran país industrializado.

Todo lo anterior explica que muy pocos economistas alemanes relevantes –como los miembros de los famosos y muy influyentes Cinco institutos– acepten ideas como la de que los superávits comerciales de algunos países son –sobre todo en un área unificada– la otra cara de la moneda de los déficits de otros. En su concepción, estos últimos no serían más que el producto de una mala gestión económica y una pobre productividad. Sin descartar la influencia de los intereses económicos alemanes, parece claro que esa visión (que asume sin más que lo que vale para un país ha de valer también para un área unificada, aunque sea tan compleja como la Unión Económica y Monetaria, UEM) ha pesado mucho en la insistencia alemana en provocar ajustes asimétricos dentro de la eurozona. Algo parecido ocurre con cualquier idea de renegociación o reestructuración de las deudas; o con el uso de instrumentos no convencionales para inyectar liquidez en los mercados cuando éstos experimentan un shock de crédito (motivo por el cual el Bundesbank tanto se ha opuesto al cambio de política del Banco Central Europeo, BCE). En un entorno dominado por esa mentalidad mercantilista, nada asusta tanto como los desequilibrios en las cuentas públicas y la inflación.35 Desde esta mentalidad, por duras que sean, las medidas de austeridad no provocarían recesiones sino que serían la base para el futuro crecimiento.

El problema es que, por un lado, la austeridad como política de estímulo de una economía que está en recesión no encuentra fundamento en los datos económicos; y, por otro, que esas medidas se encuentran con un problema de legitimidad política de primera magnitud. En palabras de un agudo crítico, «lo que la señora Merkel desea para la eurozona como un todo es ordoliberalimo: reglas rígidas y entramados legales más allá del proceso democrático de decisión».36 Un deseo que en buena parte, desgraciadamente, se ha convertido en realidad.

RELACIONES INDECOROSAS ENTRE
IDEAS Y POLÍTICAS

La idea de que los ajustes fiscales son un mecanismo que sistemáticamente favorece la reconstrucción del crecimiento económico tiene un largo recorrido en el análisis económico. La vía por la que vendrían esos efectos benéficos es la mejora de la confianza del sector privado que se produce cuando observan un comportamiento austero por parte del sector público. Quien primero la formuló en términos rigurosos fue David Ricardo, en 1821. Expresado con términos de hoy, su razonamiento sería que cuando el déficit y la deuda pública son altos, tanto los consumidores como las empresas reducirán sus gastos presentes para aumentar su ahorro con el fin de hacer frente a lo que suponen será un inevitable incremento futuro de los impuestos para pagar la deuda de hoy. En consecuencia, el crecimiento se verá afectado negativamente por ese comportamiento privado. Ésa es la médula de la llamada equivalencia ricardiana que muchos economistas han aceptado casi a ciegas a lo largo de la historia y que se ha plasmado en criterios de acción política en diversos momentos.37 Por ejemplo, su influencia fue decisiva a principios de los años treinta en la elaboración de los presupuestos fuertemente contractivos de la Administración Hoover, en Estados Unidos, y del Gobierno Brüning, en Alemania. Esas dos políticas tuvieron como principal consecuencia la profundización de la depresión en aquellos años. Por esta razón, la naciente economía keynesiana situó en el centro de sus críticas la supuesta regla de oro de las finanzas públicas, que tenía mucho que ver con la noción de Ricardo.

En las últimas décadas, con el predominio en la corriente principal de la economía de supuestos como el de expectativas racionales, la equivalencia ricardiana se instaló con más fuerza que nunca en la mentalidad de los economistas, sobre todo a través de aportaciones como las del economista conservador Robert Barro.38 Si los sujetos son plenamente racionales y capaces de anticipar las consecuencias futuras de las políticas actuales de los gobiernos, la suerte de cualquier política que lleve a un desequilibrio en las cuentas públicas estará echada. Como a los ojos de los consumidores déficit e impuestos serían la misma cosa, y el gasto presente de los individuos será menor como consecuencia de su ahorro para hacer frente al aumento futuro de los impuestos, la política fiscal activa no surtirá efectos expansivos. Una idea interesante, pero que planteada con pretensiones de universalidad («teorema de la equivalencia ricardiana») no pasa de ser un dislate. De hecho, la evidencia empírica que la soporta es bastante escasa.

Sin embargo, entre los principales diseñadores de políticas europeos esta teoría ha sido muy influyente a partir de 2010. Así Jean-Claude Trichet, anterior presidente del BCE, en una importante conferencia en el verano de 2010, un momento clave de la crisis de la deuda en la eurozona, apoyándose, por cierto, en citas a Robert Barro, se posicionó claramente en contra de la propuesta de retrasar la consolidación fiscal hasta que la recuperación fuese más firme, afirmando: «Soy escéptico sobre esa línea de argumentación. Desde luego, la estricta visión ricardiana nos ofrece una más razonable estimación de los probables efectos de la consolidación». Y más tarde: «Las contracciones fiscales expansivas […] no son sólo una curiosidad intelectual».39 Quizá ningún otro lo llegó a expresar de una manera tan clara, pero fueron muchos los responsables políticos europeos de primer orden, en ministerios de Finanzas o en bancos centrales, los que en esa etapa de la crisis formularon juicios parecidos. De ese modo, sus políticas aparecían legitimadas por el mantra de la austeridad expansiva, convertida así en verdad científica inobjetable.

En ese camino de búsqueda de una legitimación intelectual jugaron un papel fundamental varios trabajos del profesor de Harvard Alberto Alesina, realizados con varios colaboradores, como Silvia Ardagna.40 El uso (y el abuso) de los artículos de Alesina en ámbitos políticos diversos a partir de 2010 compone un relato lleno de afirmaciones rotundas y desmentidos a medias. Es una historia que oscila entre el rigor académico y la pura manipulación política, cuyos avatares vale la pena diseccionar con algún cuidado, pues son muy ilustrativos de hasta qué punto las relaciones entre teoría y política económica pueden llegar a ser altamente indecorosas.

Antes de entrar en esas relaciones, conviene aclarar que, desde nuestro punto de vista, están fuera de discusión los efectos indeseables que un elevado déficit público puede ocasionar. Como anteriormente hemos expuesto, en 2010 parecía razonable restaurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante planes creíbles de consolidación a medio plazo, pero que permitiesen un cierto margen de maniobra para introducir estímulos que ayudasen a sacar la economía europea de la recesión. Y también pensamos que, en determinadas circunstancias, políticas fiscales contractivas pueden efectivamente originar expansiones del producto en la medida en que mejoren el entorno económico general. Lo inaceptable está en hacer de ello un dogma, ignorando lo peculiar de las circunstancias europeas de estos años.

Pues bien, los trabajos de Alesina no parecen en principio de este último tipo. Ni siquiera son de carácter fundamentalmente teórico, sino empírico. A partir del estudio de 107 casos de cambios fiscales llevados a cabo entre los años 1970 y 2000 llegan a varias conclusiones. La primera es que en un cierto número de casos los ajustes fiscales no provocaron recesiones. La segunda es que tampoco originaron problemas de reelección a los gobiernos que los pusieron en marcha; o sea, que fueron políticamente sostenibles. Y, tercero, que los mejores resultados se dieron cuando los ajustes del déficit procedieron de recortes en el gasto en vez de incrementos en los impuestos. Todo presentado con los habituales matices y salvaguardas propios de investigaciones de ese tipo.

El caso es que en 2010 esos resultados fueron vistos como una oportunidad perfecta para legitimar la política que se estaba fraguando. El propio Alesina fue convocado a la reunión del Ecofin en Madrid en abril de 2010. Allí presentó un trabajo titulado «Fiscal adjustments: lesson from recent history», un importante documento en el que muchas de sus cautelas de investigador ya habían desaparecido. En él se carga contra la «sabiduría convencional contenida en los libros de texto keynesianos» sobre las consolidaciones fiscales para afirmar que, según los resultados de sus trabajos previos, «los ajustes fiscales por el lado del gasto están más asociados a episodios de fuerte crecimiento que las expansiones fiscales, […] lo cual es plenamente consistente con la reciente y sofisticada investigación econométrica que muestra que los multiplicadores del gasto son bajos y probablemente menores que uno». A lo que el autor se refiere al hablar de los multiplicadores es al cálculo del impacto sobre la actividad económica de cada unidad de reducción en el gasto público. En ese momento se extendió la presunción, como veremos muy mal fundada, de que ese multiplicador era «de en torno a un 0,5». Es decir, un recorte del déficit en 1 % sólo hacía caer la actividad económica, el PIB, en medio punto. Por lo tanto, un multiplicador muy pequeño. De ahí que, en el documento, la respuesta a la pregunta de si los ajustes fiscales necesariamente tienen grandes costes sociales, fuese que no siempre: «La retórica sobre los costes sociales de los ajustes es desproporcionada y con frecuencia es usada estratégicamente por ciertos grupos, no necesariamente los más desaventajados, para protegerse a sí mismos».

La justificación «científica» de la política de austeridad estaba servida. Muchos de los principales reguladores políticos europeos comenzaron a partir de ese momento a citar profusamente a Alesina y a sus colaboradores. El ya mencionado Trichet afirmó poco después de esa reunión del Ecofin que «es un error pensar que la austeridad fiscal es una amenaza para el crecimiento y el empleo».41 De manera similar se pronunciaron los principales ministros de la UE, como el británico John Osborne.

Todo ello quedó ampliamente recogido en la prensa internacional. Por poner un único pero significativo ejemplo, el editor de Business Week proclamó que «ésta es la hora de Alesina, el nuevo favorito de los halcones fiscales, […] tan influyente como para ser citado en la cumbre de Madrid».42 Sin embargo, muy pronto toda esta historia comenzó a mostrar un fondo de contradicciones a veces asombrosas.

El primer aspecto en el que se revelan esas contradicciones es el del «contraste empírico». Para empezar, resulta que de los 107 casos estudiados por Alesina y Ardagna, solamente en 26 se produjeron «ajustes fiscales expansivos», un resultado que explica la prudencia con que sus autores recogen sus conclusiones. Prudencia que, como hemos visto, desaparece cuando esas conclusiones se trasladan al terreno político económico, y que de nuevo la prensa no dejó de recoger: «Alesina [...] ha encontrado que, en muchos casos, grandes y decisivas políticas de reducción del déficit fueron seguidas por crecimientos del output, no por recesiones».43 ¿Muchos casos? Pero es que, además, algunos de ellos son más que dudosos. De hecho han sido rebatidos convincentemente por otros autores.44

Mayor interés aún tiene el hecho de que buena parte de la evidencia empírica a favor de la tesis de la austeridad expansiva la obtienen los autores de situaciones en las que la economía ya estaba en expansión. La diferencia es esencial. No tienen nada que ver los efectos de los ajustes fiscales en tiempos de auge y sobrecalentamiento económico con los ajustes llevados a cabo en una economía en profunda depresión. Y tampoco es lo mismo la puesta en marcha de esa política de contracción cuando las condiciones monetarias garantizan un libre y abundante flujo de crédito que cuando es obligado mantener tipos de interés de prácticamente cero debido a una situación económica caracterizada por una trampa de liquidez; en una situación así, favorecer una continuada rémora fiscal equivale a dejar inerme la economía ante eventuales shocks o factores de inestabilidad de todo tipo. Por último, en algunos casos en los que se ha demostrado la efectiva presencia de recuperaciones del producto, esas recuperaciones no tuvieron que ver con la política fiscal contractiva aplicada, sino con el hecho de que se dieron en economías que vivían en pleno auge de sus exportaciones. A la vista de estas contradicciones, no es de extrañar que uno de los más destacados integrantes de esa corriente, Roberto Perotti, se haya desmarcado de la conclusión principal. En su opinión, la hipótesis de consolidación fiscal expansiva no es aplicable a muchos países europeos en las presentes circunstancias.45

Pero a pesar de ser bastante conocida, la parte verdaderamente chocante –e inaceptable– de toda esta historia es la que tiene que ver con el cálculo del valor de los multiplicadores fiscales. Ya hemos mencionado que hubo un momento, al comienzo de la crisis de deuda soberana en 2010, en que se extendió como una revelación –sobre todo a través de publicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)– que ese valor era «de en torno a un 0,5». Esto, como ya hemos señalado, significaría que el efecto contractivo de los ajustes sobre el nivel de actividad económica y del empleo sería muy pequeño. Si bien había ya algunos cálculos que apuntaban a impactos muy superiores, a partir de 2012 se produjo una auténtica eclosión de trabajos empíricos que dejaron en evidencia que efectivamente el multiplicador era más elevado. De esa revisión participó el propio FMI, que nada menos que en sus «Perspectivas de la Economía Mundial 2012» –su más importante documento anual– reconoció que, en las condiciones presentes de las economías desarrolladas, el valor de los multiplicadores estaba «entre 0,9 y 1,7». Dos de sus principales economistas Olivier Blanchard, que a la sazón era el jefe del departamento de estudios económicos y vicepresidente del FMI, y Daniel Leigh establecieron un cálculo más preciso que, desde entonces, se ha venido aceptando de un modo bastante generalizado: en los años de crisis, el multiplicador sería de un 1,5, es decir, el triple del anteriormente estimado. No es raro, por tanto, que los nuevos estudios empíricos también hayan ido dejando claro que los países que impusieron las medidas de austeridad más radicales fueron los que experimentaron caídas más dramáticas de su PIB.46

Al final de esta historia lo que queda es una fuerte impresión de manipulación y uso interesado de ideas cuyos autores se dejan querer y halagar –ser citado por el presidente de un gran banco central en una cumbre no es ninguna broma–, y al final participan en un juego que ha acabado por ser doloroso para una parte importante de la sociedad. Sufrimiento inútil, según el economista Paul De Grauwe; falacia que acaba en fiasco, según Robert Skidelsky; pura estupidez económica, según Joseph Stiglitz. En todo caso, esto es lo que ha traído consigo la recuperación por la vía de urgencia de ideas como la equivalencia ricardiana o la austeridad expansiva a las que se ha intentado otorgar la condición de principio económico universal.

Al final, la consecuencia no es sólo que durante cinco largos años la máquina de la recesión y el estancamiento ha estado a pleno funcionamiento en Europa. Es que ni siquiera se han logrado los objetivos de consolidación fiscal: reducir el déficit y la deuda pública. La razón es que la contracción productiva, al provocar una caída en la capacidad recaudatoria de los estados y un inevitable aumento de algunas prestaciones públicas –como la del desempleo– obliga a un recorte adicional del gasto para conseguir el objetivo de déficit inicial, con lo que el proceso recomienza. Un círculo vicioso que obliga a recordar la vieja paradoja de Aquiles y la tortuga: por mucho que corramos para alcanzar nuestro objetivo, éste siempre se escapa. O dicho de otro modo, se hacen necesarios grandes y costosos esfuerzos fiscales para lograr éxitos muy pequeños en la lucha contra el déficit. Una desproporción, además, que los sucesivos estudios que se han venido publicando han ido mostrando como más y más exagerada: uno de ellos, muy fiable, apunta a que los recortes en el gasto provocaron efectos acumulativos de contracción del PIB del conjunto de la eurozona de 4,3, 6,4, y 7,7 puntos porcentuales en, respectivamente, 2011, 2012 y 2013. Frente a eso, su contribución a la corrección del déficit público habría sido sólo de -0,1, 0,2 y 0,2 % en esos años.47 Un resultado realmente deprimente.

Y lo peor es que los efectos perversos de esa política parecen no haber quedado confinados en los años de la segunda recesión. En un artículo tan influyente como bien fundamentado, Antonio Fatás y Lawrence Summers han mostrado que las consecuencias de la austeridad se proyectan de un modo muy perturbador hacia el medio y largo plazo. La causa es el fenómeno conocido como histéresis, que se da cuando el fenómeno persiste en el tiempo pese a haber desaparecido el estímulo que lo puso en marcha. Estos autores caracterizan como «autodestructiva» la estrategia de austeridad fiscal, concluyendo que un nivel de output permanentemente más reducido aumenta la ratio de deuda sobre el PIB y reduce la recaudación impositiva, de modo que una parte del impacto sobre el output se hace permanente.48

Se entiende que, al final de ese camino, el que fue responsable directo de la aplicación de esa política en la eurozona durante varios años, Jean-Claude Juncker, se haya referido a ella, no sin cierto cinismo, como «esas reformas estúpidas de la austeridad».49 Pero si hay alguien que ha entonado el mea culpa en este asunto ha sido el FMI, que en un informe de 2010 había señalado: «Los planes de consolidación […] reducirán grandemente los riesgos de pérdida de confianza y ayudarán a reequilibrar la economía». Todo para acabar reconociendo en un documento interno unos años más tarde: «La institución fue oportuna e influyente cuando en 2008-2009 preconizó el estímulo fiscal a nivel mundial, pero en 2010-2011 se apresuró al recomendar una reorientación hacia la consolidación fiscal en algunas de las principales economías avanzadas».50

Había, sin embargo, un argumento sólido a favor de políticas de consolidación fiscal moderada. Ese argumento tenía que ver con la situación general de sobreapalancamiento en que se encontraban y encuentran muchas economías. No hay, en cambio, justificación racional para la consolidación radical. En el momento en que se puso en marcha la política de austeridad había otras teorías de las que echar mano para intentar resolver el difícil puzle en que se encontraban las cuentas públicas de muchos países. Sin ir más lejos, en el seno del propio FMI –un organismo que, como vamos comprobando en los últimos años, se ha especializado en dar una de cal y otra de arena– una línea de investigación renovada a partir de la crisis reivindicaba la necesidad de ganar espacios para una política fiscal anticíclica –concebida como una importante herramienta estabilizadora– que fuese compatible con horizontes de sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo.51 Una idea demasiado matizada para lo que realmente interesaba en ese momento a unos reguladores que parecían buscar desesperadamente alguna doctrina de prestigio que justificara sus apriorismos políticos.

A la altura de 2014 ya era manifiesto para muchos de los principales actores –entre ellos algunos tan destacados como los presidentes del BCE y la Comisión Europea– que esa política estaba agotada. De ahí que nos hayamos encaminado, si no a un viraje completo, sí a una especie de limbo en el que la austeridad se ha suavizado, pero aún no está en marcha una batería inteligente de estímulos. A pesar de sus muchos elementos inciertos, el plan de inversiones patrocinado por la Comisión Europea simboliza esa línea de revisión de una política cuyos fundamentos intelectuales eran débiles y que ha dejado un legado costoso que acaso se siga sintiendo durante un largo período. Un ejemplo claro de lo perniciosas que pueden llegar a ser las relaciones entre las ideas económicas y las políticas en el capitalismo de este inicio del siglo XXI.

***

En este capítulo hemos estudiado argumentos que, antes y después de la explosión de la crisis, fueron utilizados como armas arrojadizas a favor de una determinada concepción de la política económica y que, al cabo, resultó equivocada. Los errores de concepto y método que se han descrito en las páginas precedentes no son, por desgracia, los únicos que cabe consignar en la historia del análisis económico contemporáneo. Hay algunos planteamientos generales de la corriente principal académica que burlan el buen sentido y, con frecuencia, ciegan las posibilidades de entender la realidad económica en toda su complejidad. En el plano más general, la arrogante pretensión de conocimiento universal y atemporal –una única teoría para explicar la naturaleza de un fenómeno, al margen de las circunstancias de tiempo y lugar en las que se inscriba– es, en gran medida, responsable de excesos teóricos como los de la hipótesis de los mercados eficientes. Y también de la mala fama que la economía neoclásica tiene en amplios sectores de historiadores, politólogos y filósofos contemporáneos.52 Esas ideas jugaron un papel importante de legitimación de la deriva del capitalismo en estos años inciertos.

Cierto que, junto a esas sombras, el análisis económico contemporáneo ha desplegado también algunas luces brillantes, como el tratamiento de las asimetrías de información o la relación entre eficiencia económica e instituciones. Tras la explosión de la crisis, como ya hemos reiterado, el debate de ideas se ha hecho mucho más intenso, y en él algunos nombres se han afirmado con fuerza hacia el futuro por su capacidad de desmontar errores contenidos en argumentos considerados, antes o ahora, como intocables, así como proponer otros nuevos. Es decir, autores capaces de explicar aspectos de la anomalía general que la vida económica ha experimentado en estos años.

Algunos vienen de atrás –ya eran autores muy reputados en la economía académica anterior a la crisis–, si bien la mayoría de ellos ha revisado autocríticamente al menos algunos de sus argumentos previos. Entre ellos son de destacar Dani Rodrik y Daron Acemoglu, referentes de la moderna economía política y de la economía del crecimiento; los macroeconomistas Olivier Blanchard, James Galbraith y Carmen Reinhart; el historiador de la economía internacional Barry Eichengreen; el experto en finanzas conductuales Robert Shiller; o el especialista en economía europea Paul De Grauwe. Situados en lugares muy diferentes en el espectro de la razón económica, todos ellos han escrito aportaciones imprescindibles para comprender la naturaleza de problemas económicos del capitalismo de nuestro tiempo. Más interesante es que han surgido algunos nombres nuevos de economistas poco conocidos antes de 2008 y que, por haber removido ya el diccionario de ideas recibidas, se proyectan con fuerza hacia la cima del análisis económico que viene: Richard Koo, economista jefe del banco Nomura; Claudio Borio, del BIS de Basilea; el cerebro gris del Banco de Inglaterra, Andrew Haldane; Jonathan Ostry, del equipo de investigación del FMI; y desde luego también, la estrella fulgurante de Thomas Piketty, profesor en París. Obsérvese que la mayoría de estos últimos no son economistas académicos, sino gente que trata con la dura realidad de los desequilibrios económicos desde distintas organizaciones. Quizá por eso mismo, poco dados al platonismo en sus análisis y prescripciones.

Con todo, no hay duda de que la sombra de las malas ideas es alargada en la historia contemporánea del conocimiento económico. En la relación de ideas de amplia difusión, pero equivocadas, posiblemente ninguna es tan peligrosa como la concepción del mercado como un hecho natural y espontáneo. Un error con graves consecuencias a cuyo estudio dedicaremos el capítulo siguiente.

1. Véase Keynes (1936), p. 383.

2. Véase Skidelsky (2003)

3. Véase Siegfried, ed. (2010). También Litan (2014).

4. Véanse Tuchman (1984) y Costas (2014a).

5. Este apartado está basado en un trabajo nuestro anterior, «The ultrarational illusion of finance» (2015).

6. Véase Fama (1965).

7. Según Samuelson, «no tenemos una teoría sobre las eventuales burbujas. Siempre pueden ir más lejos de lo que pensamos […]». Luego habla expresamente de «macroineficiencias en el nivel de precios de los mercados de capital» (Samuelson, 1998).

8. Véase Financial Crisis Inquiry Commission (2011), p. 28.

9. Véase Blinder (2013), p. 65. Muy interesante en ese mismo sentido es el artículo del matemático británico Ian Steward: «The Mathematical equation that caused the banks to crash», The Guardian, 12 de febrero de 2012.

10. Véanse Colander et al. (2009) y Coyle, ed. (2012).

11. Una relación sistemática de esas críticas puede verse en Sewell (2011).

12. Véase Minneapolis Fed: «Interview with Eugene Fama», FRB of Minneapolis, 15 de octubre de 2007.

13. Véase Turner (2010).

14. Véase Engelen et al. (2011).

15. Véase Mackenzie et al., eds. (2008).

16. Una encuesta realizada para el primer ministro francés en 2011 entre 200 banqueros centrales y economistas de 16 países muestra que a la pregunta «¿Es la crisis económica una crisis de la teoría económica?», el 100 % de los banqueros encuestados contestan «no», mientras que a la pregunta «¿Están los modelos DSGE equivocados en lo fundamental?», el 82 % contesta «no» (frente a un 59 % de «sí» que responde el colectivo de economistas). Son datos significativos, pues en ese momento esos argumentos estaban sometidos ya a críticas descarnadas. Recogido en Carré y Couppey-Soubeyran (2013).

17. Véase G. Tett: «An interview with Alan Greenspan», FT, 25 de octubre de 2013.

18. Véase Shiller (2012), p. 170.

19. Véase Turner (2009).

20. Recogido en Lee (2011). Las opiniones de Brown en ese momento aparecen también claramente formuladas en «Speech by the Chancellor of the Exchequer», Londres, Mansion House, 2006.

21. Véase Rajan (2011).

22. Para el contexto de ignorancia en la gestación de la crisis, véase el original aunque controvertido libro de Friedman y Krauss (2011). Entre «los ignorantes» estos autores incluyen tanto a los inversores como a las agencias reguladoras.

23. Véase Institute for the New Economic Thinking: «Interview with George Soros», junio, 2009. Sobre las teorías zombis, J. Quiggin escribió un penetrante libro (2010).

24. Véase Turner (2009), p. 22.

25. Véase Financial Crisis Inquiry Commission (2011), XVIII.

26. Véase Tett (2013). También Greenspan (2013).

27. Véase King (2016).

28. Véase Lee (2011).

29. Véase Carré et al (2013), p. 21.

30. En el significativo caso español, por ejemplo, entre 2010 y 2013, 11.400 investigadores fueron expulsados del sistema de ciencia y tecnología. Mientras que el objetivo europeo para 2020 era conseguir un esfuerzo inversor en I + D del 3 % del PIB, ese dato no dejó de reducirse, sobre todo partir de 2012, alcanzando ahora escasamente el 1,3 %. Véase Cotec, Memoria, 2014.

31. Véase Legido-Quigley (2013). Sobre la misma cuestión, véase también los números de BMJ de noviembre de 2011, y los de marzo, junio y noviembre de 2012. Una interesante presentación general sobre los efectos de los recortes sobre los sistemas de salud, y sobre la salud misma de los ciudadanos puede verse en Stuckler y Basu (2013). Todas las investigaciones incluidas en esta nota fueron realizadas por expertos en salud pública.

32. Véanse respectivamente, Geithner (2014) y Kemal Derviç (vicepresidente de la Brookings Institution), columna en Project Syndicate, 16 de enero de 2015. Un análisis del impacto de esas políticas sobre cada uno de los principales países europeos, puede verse en la colección de ensayos de Lehndorff, ed. (2012).

33. Véase A. Sen, conferencia pronunciada en Buenos Aires el 13 de noviembre de 2014, recogida en La Vanguardia.

34. Sobre las singularidades del ordoliberalismo, y su gran influencia en la política económica alemana desde 1945 hasta el presente, véanse Foucault (2004), Dullien y Guérot (2012), White (2012) y Kundnani (2014).

35. Véanse al respecto las magníficas columnas de H. Kundnani, «The eurozone will pay a high price for Germany’s economic narcissism», The Guardian, 6 de enero de 2012, y de W. Munchau: «The wacky economics of Germany’s parallel universe», FT, 16 de noviembre de 2014.

36. Véase J. W. Müller: «What Do Germans Think About When They Think of Europe?», London Review of Books, febrero, 2012.

37. Véase Konzelmann (2014).

38. Véase Barro (1987).

39. Véase J.-C. Trichet, «Central banking in uncertain times. Conviction and responsability», Jackson Hole, agosto, 2010.

40. Véase Alesina y Ardagna (1998, 2009). Un excelente relato del uso político de ese argumento puede verse en Islam y Chowdhury (2012); un recuento más amplio de los peligros que acarrea la idea de austeridad se puede ver en Blyth (2013).

41. J.-C. Trichet, entrevista en Libération, 8 de julio de 2010.

42. Peter Coy, «Keynes vs. Alesina. Alesina Who?», Business Week, 30 de septiembre de 2010.

43. D. Brooks, «Prune and Grow», New York Times, 10 de junio de 2010.

44. Por ejemplo, el economista australiano John Quiggin lo ha mostrado para el caso de su país en los años ochenta, que no tuvo nada que ver con lo que Alesina y Ardagna cuentan. Véase Quiggin, «Tales of austerity ring hollow», Australian Financial Review, 16 de febrero de 2012.

45. Véanse Jayadev y Konczal (2010), Eggertsson (2011) y Perotti (2011).

46. Entre los estudios más rigurosos que han elevado el valor de los multiplicadores figuran Blanchard y Leigh (2013), Auerbach y Gorodnichenko (2012) y De Long y Summers (2012). Para la correlación entre austeridad y caída del PIB, véanse De Grauwe y Yi (2013) y Gechert, Hughes Hallett y Rannenberg (2015).

47. Véase Gechert, Hughes Hallett y Rannenberg (2015).

48. Fatás y Summers (2015).

49. En medio del caos de la negociación con el Gobierno griego, el 29 de junio de 2015, Juncker afirmó que su propuesta era muy fácilmente aceptable, pues ya no proponía «reformas estúpidas de austeridad». Véase Le Monde, 29 de junio de 2015.

50. FMI (Oficina de Evaluación Interna), 2014, p. 1 (resumen ejecutivo).

51. El mejor resumen de esos argumentos se encuentra en Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro (2013).

52. En su libro Las pseudociencias, ¡vaya timo! (Laetoli, 2011) y también en una entrevista en El País (Babelia, 17 de enero de 2015), el filósofo de la ciencia Mario Bunge menciona a la economía neoclásica como «una de las más peligrosas entre las pseudociencias».

CAPÍTULO 6

Los límites del mercado.
Una cuestión de eficiencia y mucho más

Si hay que resumir en una única creencia el trasfondo ideológico predominante que ha sustentado la ideología del capitalismo a lo largo de las últimas décadas sería la idea de que el mecanismo de mercado se vale por sí solo, con excelencia y autosuficiencia, para afrontar los problemas más complejos y difíciles que pueda encontrar la economía. Frente a las ineficacias atribuidas, con razón o sin ella, a la intervención pública, el mercado aparece en esta visión como un deus ex machina. Es cierto que en las últimas décadas la formulación más extrema y radical de esta visión, sostenida por los economistas de la llamada escuela austríaca, ha sido vista como una rareza ajena a la corriente principal del pensamiento económico contemporáneo. La noción de «fallos de mercado» está presente en casi todos los manuales, y en las últimas décadas nuevas modalidades de fallos –sobre todo, los relacionados con las asimetrías de información entre los actores económicos– han sido incorporadas al corpus de la economía y sus autores han recibido premios Nobel como reconocimiento.

Sin embargo, también en la mentalidad de una importante porción de los economistas y de los diseñadores de políticas se fue imponiendo a partir de la década de 1980 una idealización casi completa de los atributos del mecanismo de mercado. Argumentos macroeconómicos como las hipótesis de expectativas racionales y de eficiencia de los mercados financieros están profundamente influidos por esa idea de autosuficiencia de los mercados. En el ámbito de los responsables políticos no fue solamente el thatcherismo el que contribuyó a difundir esa idealización del mercado; como hemos visto, también gobernantes de orientación socialdemócrata, como Gordon Brown, ministro laborista del Tesoro británico, compartían expresamente esa concepción antes de 2008. Todo ello justifica el uso de la expresión «fundamentalismo del mercado» para designar la mentalidad de la corriente ideológica central de ese período tanto en la academia como en la política. Y no sólo eso: la mentalidad de juzgarlo todo en términos de intercambio se ha extendido al análisis de un amplísimo espectro de fenómenos sociales, más allá de los estrictamente económicos. De hecho, uno de los fenómenos que más identifica al capitalismo de nuestro tiempo es la mutación del lenguaje que ha llevado de la «economía de mercado» a la «sociedad de mercado».

La Gran Recesión ha puesto seriamente en jaque esta visión idealizada de las virtudes intrínsecas del mercado. Ahora se han reabierto importantes debates que habían quedado en buena parte sepultados por la visión doctrinaria en el período de expansión. Entre ellos cabe destacar la recuperación de la valoración de los resultados del funcionamiento del mercado en términos éticos, una cuestión que había permanecido apartada de la corriente principal de la economía durante muchas décadas. Con ese trasfondo de mayor contraste de ideas han surgido algunos argumentos nuevos e importantes que parten de la vieja noción de que los mercados no son un hecho natural, sino que se crean, que son resultado de la ley y las costumbres. Esta visión más pragmática y terrenal introducirá una mayor complejidad en la dialéctica mercado versus intervención pública en el capitalismo del siglo XXI.

Para examinar con alguna profundidad estas cuestiones es obligado echar atrás la mirada, recalando en algunos episodios singulares en la evolución de las ideas económicas y del capitalismo. Sobre todo eso trata el presente capítulo. Los primeros apartados apuntan a esa revisión histórica; en los últimos, nos centramos en el obligado replanteamiento que la crisis de 2008 ha supuesto en esta materia, que, como veremos, está siendo bastante intenso.

LA «MARAVILLA DEL MERCADO»

Es más que sabido que la formulación canónica de las virtudes del mercado como mecanismo de asignación económica se encuentra en La riqueza de las naciones de Adam Smith, aunque se pueden detectar barruntos en esa dirección mucho más atrás. En un célebre párrafo, Smith afirmaba que «no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde debemos esperar que venga nuestra cena, sino de su atención a su propio interés. Nos encomendamos no a su humanidad, sino a su egoísmo». A través de la metáfora de la mano invisible, la idea de un ajuste automático entre las fuerzas de la demanda y la oferta que acuden al intercambio se fue conformando en la tradición liberal como la vía más eficaz para el progreso de la sociedad como un todo.

Pero hay que recordar que en el pensamiento de Adam Smith no se trataba sólo de un argumento relativo a la eficiencia. También incorporaba un fundamento moral. En su pensamiento aparece formulada con notable sutileza la tesis del doux commerce o «comercio gentil», que ya habían frecuentado otros grandes pensadores de la Ilustración, desde Montesquieu a James Steuart y David Hume. Se trata de la creencia de que el comercio y la sociedad del intercambio son grandes agentes civilizadores, capaces de dominar las bajas pasiones de los hombres. Esta idea se perfiló como una especie de «sabiduría convencional» para la vanguardia intelectual del siglo XVIII. Sobre ese importante capítulo de la historia de las ideas escribió Albert Hirschman un libro imprescindible, Las pasiones y los intereses, cuyo razonamiento seguimos en términos generales en algunas partes de este capítulo.1

Para Smith el mercado reforzaba las virtudes morales de la sociedad. Este resultado procedía del hecho de que la sociedad mercantil –en esa época no se utilizaba aún el término capitalismo– tendía a fomentar valores como la confianza, el cumplimiento de los deberes, la laboriosidad, la frugalidad o la probidad de los ciudadanos. En esta visión, el comercio y el mercado, con su capacidad para generar normas y reglas de una moral civil y laica, vinieron a sustituir el papel que, con anterioridad, habían jugado las costumbres y la religión en su función de suministrar las normas y reglas morales para el funcionamiento de la economía y el logro de una cierta cohesión social en la sociedad medieval.

Aunque en un apartado posterior introduciremos algunos matices importantes a esta afirmación, la obra de Smith se puede leer como el esfuerzo analítico por liberar a los mercados del corsé moral que venía de la religión y de las limitaciones del mercantilismo medieval. Su análisis hace surgir esos fundamentos morales del propio funcionamiento de los mercados y de la sociedad civil. De hecho, sus lecciones en la Universidad de Glasgow versaban sobre la «historia de la sociedad civil». En ellas trataba de buscar una filosofía moral empírica cuya raíz estaba en el análisis de la sociedad tal como emergía con el desarrollo de los mercados y la manufactura en la Escocia del siglo XVIII.

La defensa de las virtudes del mercado como inspiradora de los principios de la economía clásica experimenta un salto cualitativo con la obra de David Ricardo. Tanto en el sentido del rigor analítico como también –y es eso lo que ahora nos interesa– porque defendía de un modo más firme el principio del laissez faire como criterio para orientar la intervención pública en prácticamente todos los campos de la economía. Así, ese principio inspiró sus propuestas de reforma del sistema de impuestos (recuérdese el concepto, en realidad muy posterior a él, de equivalencia ricardiana, del que hemos hablado en el capítulo anterior); del sistema de comercio, pues es bien sabido que Ricardo fue el padre de la teoría de la ventaja comparativa que durante mucho tiempo fue el principal argumento utilizado por los partidarios del librecambio; y de su intervención en los vivos debates políticos de su tiempo, en los que combatió las normas de tipo, digamos, intervencionista, como las leyes de pobres y las leyes de cereales; e incluso por su formulación clara de lo que debiera ser el sistema monetario internacional (en la que resumió perfectamente el sentido del patrón oro). Ricardo endureció y agudizó los supuestos y las hipótesis que estaban contenidas en La riqueza de las naciones, por lo que su economía política reforzó el supuesto de laissez faire con implicaciones prácticas más incisivas.2

Todo ese orden de ideas fue dejando su legado en la tradición clásica, que, con el paso del tiempo, dio lugar a argumentos cada vez más sofisticados. En el ámbito analítico, ya en las últimas décadas del siglo XX, la economía neoclásica había de construir sobre esa idea de autorregulación sus cada vez más complejos y matematizados modelos, en los que unos actores definidos como plenamente racionales se mueven en la virtuosa dinámica del intercambio en pos del «equilibrio». La economía, en cuanto ciencia, se fue centrando cada vez más en el estudio de los problemas de eficiencia asignativa, olvidando casi todo lo demás. En ese terreno, el mercado, como mecanismo de asignación eficiente de los recursos, se mostraba imbatible, según demostraban con suficiencia los modelos (de equilibrio general) en que esa línea de análisis se concretaba. Con un método no demasiado alejado al de las ciencias duras como la física, se sostenía la validez universal del mecanismo de mercado para la asignación de recursos. Ya no era un criterio moral: era pura ciencia.

A partir de la llamada revolución neoclásica de inicios del siglo XX, en el seno de la corriente predominante en la economía, la valoración ética de las transacciones fue quedando cada vez más como un simple residuo normativo: algo ajeno a una ciencia que se pretendía neutral ante los valores. En la década de 1930 se vivió la que había de ser, durante mucho tiempo, la última gran controversia sobre esta cuestión. De un lado, economistas como John Maynard Keynes resaltaban la condición de ciencia moral de la economía. En lo fundamental, Keynes no sólo se oponía al mercado desregulado por sus posibles consecuencias en términos de inestabilidad financiera y económica, sino también porque contrariaba profundamente su sistema de valores morales.3 De otro lado, estaba la posición que más tajantemente que nadie estableció Lionel Robbins en su famoso Ensayo sobre la naturaleza y significado de la ciencia económica, de 1932, al afirmar que «la economía trata con hechos comprobados, la ética con valoraciones y obligaciones. Los dos campos de búsqueda de la verdad no están en el mismo plano del discurso».4

A pesar de la intensa influencia que la obra de Keynes ejerció en las décadas siguientes, fue el criterio de Robbins el que prevaleció en esta materia, convirtiéndose a partir de entonces (y con mucha más fuerza aún desde los años ochenta) en una seña de identidad de la economía como disciplina académica. Un criterio –en nuestra opinión gravemente equivocado– que, frente a cualquier consideración de tipo ético, enfatiza que lo fundamental es que el mecanismo de mercado ofrece ganancias de eficiencia, es decir, de mayor crecimiento de la economía (algo que, como veremos, la crisis de 2008 ha puesto seriamente en cuestión).

A lo largo del siglo XX, posiblemente nadie haya defendido la idea de libre mercado con tanta pasión y brillantez como el miembro de la escuela austríaca Friedrich Hayek. Considerado con razón como el verdadero padre del neoliberalismo, Hayek defendió la superioridad absoluta de las soluciones de mercado basándose en la capacidad de éste para acumular y utilizar mayor conocimiento e información. En The Use of Knowledge in Society, Hayek intentó demostrar que solamente una institución que haga que los precios se formen libremente (es decir, el mercado) permitirá solucionar el problema de coordinación de las actividades humanas en un mundo de conocimiento disperso y subjetivo, propio de las sociedades modernas. Como cada individuo tiene sólo acceso a una parte muy pequeña del conocimiento, cualquier sistema de centralización de la toma de decisiones será arbitrario. En el libre mercado, en cambio, lo que ocurra en el sistema económico como un todo aparecerá reflejado en los precios de cada uno de los activos que se negocian en el mercado: millones de participantes reaccionan en la correcta dirección cuando hay un cambio en el precio de un bien, aunque lo ignoren todo sobre las causas de ese cambio. En la maravillosa maquinaria de los mercados rige, por tanto, «un orden espontáneo».5

Llamamos especialmente la atención sobre este argumento porque, a partir de 1990, la creencia en la autorregulación se vio reforzada por la percepción empírica de que los mercados son extraordinarios procesadores de información. Y la información, ya se sabe, es el bien más preciado en la moderna sociedad del conocimiento. Es cierto que, en el nuevo contexto de realidades tecnológicas, la captación de señales emitidas por una diversidad de agentes económicos por parte de otros es hoy más rápida y veraz que en cualquier momento del pasado. Esta capacidad les permite generar respuestas que se aproximan a la idea de eficiencia en entornos de libre mercado. Pero en este punto la crisis ha mostrado también que llevar el planteamiento al extremo puede ser una grave equivocación. De hecho, hoy es evidente para todos que los mercados –incluso los más sofisticados– cometieron errores capitales de percepción y reacción antes de 2008. Estos errores están en la raíz de la crisis actual.

Pero eso es avanzar demasiado. Para llegar a entender convenientemente algunas de las deficiencias que hoy podemos observar en el mecanismo de mercado creemos que es útil echar la vista atrás y hacer una breve excursión crítica por la historia del análisis económico.

LOS MERCADOS, UNA CREACIÓN
HUMANA CONTINGENTE

La literatura acerca de los límites del mercado es muy profusa y densa. Entre los muchos grandes economistas o teóricos sociales que han visto profundos problemas en ese mecanismo figuran desde Thomas Malthus a John Maynard Keynes, y desde Karl Marx a Joseph Schumpeter o Karl Polanyi. Un buen número de esos autores llegaron incluso a construir, a partir de la detección de tales problemas, algunas teorías en torno a la supuesta tendencia innata del capitalismo a autodestruirse. Entre las objeciones que se pueden encontrar en esa vasta y absolutamente diversa literatura es obligado distinguir aquellas que incorporan discusiones puramente económicas, es decir, que alegan razones por las cuales el mercado sin restricciones en realidad no resuelve un buen número de problemas de la economía, de aquellas otras que incorporan elementos morales (ya señalados como olvidados por la corriente principal durante largo tiempo). Aunque muchas veces no es fácil separar unas de otras, hablaremos de esas dos cuestiones en apartados diferentes, comenzando por la primera de ellas.

A menudo se ignora que la argumentación sobre los límites del mercado es casi tan antigua como la que lo exalta. Y que, además, una y otra estuvieron encabezadas casi por los mismos autores. Es el caso de James Steuart, un economista del siglo XVIII, y su famosa «metáfora del reloj» para la descripción de la economía. El reloj, señaló Steuart, «se destruye de inmediato […] si se toca con otra cosa que no sea la mano más delicada». Pero, por otra parte, sigue diciendo «de continuo marchan mal; a veces la cuerda es demasiado débil, otras veces es demasiado fuerte para la máquina […] y se hace necesaria la mano del relojero para componerla».6 Es fácil ver en estos párrafos tanto una visión crítica y certera de las intervenciones arbitrarias que interfieren en la lógica económica, como una justificación de lo que casi dos siglos después, a mediados del XX, se llamó fine-tuning o ajuste macroeconómico.

La historia de la economía clásica está llena de advertencias del tipo ¡cuidado con creer que el libre mercado por sí mismo se vale para todo! Ya en los albores del siglo XIX, algunos economistas de primer rango, como Thomas Malthus, llamaron la atención sobre este punto con una visión que hoy llamaríamos «intervencionista». Mucho tiempo después así lo reconoció el mismo Keynes al afirmar que «si el padre de la economía en el siglo XIX hubiese sido Malthus en vez de Ricardo, qué lugar tan sabio y rico sería el mundo actual».7 En el dilatado arco de la historia de las ideas que va de uno a otro –de Malthus a Keynes– encontramos muchas veces la idea de «fallo de mercado» (si bien esa expresión sólo se generaliza en el siglo XX).

Incluso uno de los grandes del pensamiento liberal, John Stuart Mill, participó de esa corriente. Defendió la necesidad de que los gobiernos cumplieran, junto a una función civilizadora, una función estabilizadora de la economía dirigida a reducir (usando el sistema de impuestos) la caída en los beneficios que se podría producir en ciertos momentos y, más en general, a disminuir la volatilidad del sistema económico. Ya el propio Adam Smith había señalado que el sutil encuentro de oferta y demanda sólo será virtuoso si funciona bien la competencia. Poco a poco, al fallo de eficiencia producido por la presencia de monopolios naturales se fueron añadiendo otras circunstancias como las externalidades, los bienes públicos, los mercados incompletos…

La revolución keynesiana de los años treinta supuso un salto importante en esa trayectoria. Trasladó la noción de fallo de mercado del ámbito, digamos, microeconómico al macroeconómico: las fuerzas puras del mercado pueden llevar al mayor de los fracasos debido a la naturaleza cíclica del capitalismo. Escasez de demanda, paro masivo, inflación o deflación eran los problemas principales que la mayoría de los economistas tenían en la cabeza cuando hablaban de la insuficiencia del mecanismo de mercado en las décadas del llamado consenso keynesiano, es decir, hasta entrados los años setenta del siglo pasado. Una historia tan conocida que no insistiremos ahora en ella.

NO ES EL RIESGO, ESTÚPIDO, ES LA INCERTIDUMBRE

Hay, sin embargo, un aspecto en la obra de Keynes mucho menos conocido que su teoría de la demanda efectiva y que probablemente llevaba consigo un cambio más trascendente y revolucionario para la comprensión de la naturaleza del capitalismo. Nos referimos al papel asignado a la incertidumbre que rodea a un buen número de transacciones.

La consideración de la incertidumbre conduce el análisis económico a un terreno desconocido. Hablamos de algo muy diferente al simple riesgo. A este último se le puede asignar una distribución de probabilidades, es decir, es posible hacer un cálculo preciso: una cuestión fundamental cuando hablamos de la búsqueda de soluciones de mercado. Por el contrario, en presencia de incertidumbre cada situación es, en buena medida, única… e incalculable. Éste es el concepto de incertidumbre knightiana, llamada así porque fue el profesor de Chicago Frank Knight el primero que lo propuso, en la década de 1920.

La entrada en escena de las consecuencias inciertas va mucho más allá, por tanto, de la simple identificación de fallos de mercado, pues crea un espacio vacío e indeterminado en el que todo es posible. Así lo supo ver Keynes, quien otorgó a ese factor un rango trascendente en el conjunto de su sistema teórico: «La perspectiva de una guerra en Europa es incierta, o el precio del cobre y el tipo de interés dentro de veinte años son inciertos, o la obsolescencia de una nueva invención es incierta. […] Sobre estas cuestiones no hay una base científica sobre la cual basar cualquier probabilidad calculable. ¡Simplemente no lo sabemos!».8 Sin embargo, la distinción entre riesgo e incertidumbre fue desapareciendo de la corriente principal del análisis económico en las últimas décadas del siglo XX. Uno de los principales responsables de ese hecho fue Milton Friedman, quien en su libro Teoría de los precios, de 1976, negó toda diferencia entre una y otra noción: «No creo que esa distinción sea válida. […] Podemos tratar a la gente como si se hubieran asignado probabilidades numéricas a cada evento concebible».9

Sin embargo, lo inesperado y brusco de la llegada de esta crisis hizo que muchos economistas descubrieran el entorno de incertidumbre radical al que se enfrentaban. Uno de ellos fue Mervyn King, quien era gobernador del Banco de Inglaterra en aquellos momentos y que acabó por rendirse a la omnipresencia de la incertidumbre en su libro The End of Alchemy.10

Obsérvese que en esas condiciones, cuando nos enfrentamos a lo incierto, absolutamente nada garantiza racionalmente que los mercados autorregulados produzcan los resultados pretendidos de una mayor eficiencia. Los «límites del mercado» se perfilan aquí como mucho más abruptos y a veces también (como se pudo ver, por ejemplo, en el desplome de las finanzas en 2008), abismales.11 Razón por la cual los principios de precaución y control se imponen con especial fuerza lógica.

LA CREACIÓN DE MERCADOS NO SURGE ESPONTÁNEAMENTE

La idea de que los mercados autorregulados constituyen un orden natural y espontáneo forma parte del núcleo argumental del liberalismo económico clásico. Muchos autores desafiaron esa concepción desde comienzos del siglo XIX, pero fue mucho tiempo después –en torno a 1940– cuando la aparición de dos nociones muy diferentes entre sí permitió cuestionar esa idea con profundidad y rigor. Esas nociones son la creación de mercados y el coste de transacción.

Karl Polanyi escribió La gran transformación con la intención de mostrar que «la idea de un mercado autorregulado implica una utopía total». En su análisis de la evolución real del capitalismo desde finales del siglo XVIII, demostró que el principio de laissez faire apenas pasaba de ser una formulación retórica. De una forma altamente paradójica, para Polanyi, el laissez faire no tenía nada de natural y los mercados libres no podrían haber surgido jamás con sólo permitir que las cosas tomaran su curso. En realidad, el propio laissez faire habría sido impuesto por el Estado.12

Polanyi proporcionó amplia evidencia histórica acerca de que los mercados no surgieron por lo general como un fenómeno espontáneo, sino como una creación humana contingente e interesada. En realidad, esa visión había sido ya expuesta antes por algunos otros autores. Así, el gran economista sueco Gunnar Myrdal escribió a finales de los años veinte: «En efecto, nunca ha habido un mercado libre en el sentido en que esa expresión se emplea en economía. Mucho antes de que existiese algún mercado del que hablar, las transacciones de cambio habían sido sometidas a reglamentaciones por quienes estaban en el poder».13

En gran medida, esta idea fue dejada en el olvido durante décadas, pero en los últimos años, como veremos algo más adelante, ha resurgido con fuerza de la mano de una corriente de pensamiento expresamente neopolanyiana, pero asoma también en la obra de autores vinculados a la corriente principal, como es el caso de Dani Rodrik o Joseph Stiglitz. En este punto, todos ellos se sitúan muy lejos de la metáfora de la mano invisible.

Todo este modo de razonar conduce a una notable y muy preocupante conclusión: el funcionamiento de una economía compleja en base al mecanismo simple del puro mercado libre no es más que una utopía. Luego, si por los motivos que sea (por la simple dinámica de las fuerzas de mercado o por presión ideológica) esa situación se lleva plenamente a la realidad, podrá funcionar durante un tiempo, pero más tarde o más temprano revertirá con su carga de dolorosas consecuencias. ¿Hará falta insistir en la pertinencia de esta conclusión para alumbrar lo sucedido en los últimos años?

De un modo totalmente independiente, un autor en muchas cosas opuesto a Polanyi, el economista y premio Nobel Ronald Coase creó un nuevo campo para la investigación económica a partir de su constatación de que los intercambios de mercado raramente son gratuitos, sino que tienen un coste que, en muchos casos, puede ser muy elevado: costes de búsqueda, de medición, de información, de diseño y resolución de los contratos en los que se sustancian los intercambios entre oferentes y demandantes. Es la economía de los costes de transacción.

La conclusión de Coase, y de otros muchos autores a partir de él, como el también premio Nobel Douglas North, fue que los mercados no surgen y se desarrollan por sí solos. Solamente a través de estructuras institucionales complejas es posible reducir o eliminar esos costes y conseguir así que la transacción se pueda realizar. Es decir, únicamente en presencia de un entorno institucional adecuado, que permita extender la confianza y reducir el oportunismo entre quienes intercambian, los mercados funcionan de un modo correcto y eficiente. Sin ese entorno, la puesta en marcha de «mercados libres» puede llevar aparejado un fracaso económico generalizado. La exigencia de contar con un denso tejido de instituciones sociales se conforma, por tanto, como otro importante «límite del mercado».

ÉTICA Y CAPITALISMO14

En el apartado anterior hemos acotado las principales limitaciones a la idea de autorregulación que surgen de la búsqueda de la eficiencia de los mercados organizados. Sin embargo, también hemos señalado que desde el nacimiento de la economía política, y durante más de un siglo y medio, las principales impugnaciones de la economía de libre mercado vinieron de juicios morales que ponían en cuestión que el mercado fuese portador de valores superiores. La visión benigna y civilizadora del mercado que está detrás de la tesis del comercio gentil se vio profundamente alterada y desplazada del pensamiento dominante en el siglo XIX. La causante de este cambio fue la revolución industrial. El nuevo capitalismo industrial no creó la miseria y la pobreza, presente ya en la sociedad agraria tradicional, pero sí la hizo más visible a los ojos de la sociedad, al concentrar enormes masas de nuevos trabajadores industriales en las nuevas fábricas situadas alrededor de las ciudades. Fue esa realidad material la que hizo que la ominosa palabra «desempleo» apareciese por primera vez en 1888 en The Oxford English Dictionary. La visión de esa nueva condición material y moral de las masas trabajadoras industriales fue el caldo de cultivo de una nueva argumentación acerca de la relación entre el mercado y el trasfondo moral de la sociedad.

Según esta nueva tesis, lejos de engendrar virtudes morales, el mercado y la sociedad capitalistas mostraban una enorme proclividad a socavar los fundamentos éticos en que debe basarse cualquier sociedad, incluida la capitalista. Ahí se origina lo que Albert Hirschman llama «tesis de la autodestrucción», según la cual la dinámica propia del capitalismo lleva a agotar y socavar el fundamento moral necesario para el cabal funcionamiento de la sociedad de mercado.

Al igual que para el caso de James Steuart, también al hablar de las raíces de las objeciones morales al mecanismo de mercado es obligado señalar que algunos de sus impugnadores se contaron también entre los que fueron asimismo sus principales defensores. Véase el ejemplo del mismísimo Adam Smith. Con su obra arranca el gran debate sobre la existencia de límites morales del mercado (si bien él estuvo muy lejos de usar esa expresión). Y es que, como ha señalado Amartya Sen, aunque la pléyade de tifossi ultraliberales del economista escocés ha propagado en las últimas décadas su imagen como «hombre de una sola idea» (la autosuficiencia del mercado), la obra de Smith fue mucho más que eso. Tanto en La riqueza de las naciones como, sobre todo, en su Teoría de los sentimientos morales, Smith explicó que el dinamismo y buen funcionamiento del capitalismo (que él llamaba «sociedad comercial») necesitan de límites claros, correcciones y complementos por parte de otras instituciones, de cara a prevenir la inestabilidad, la inequidad y la pobreza.15 Si no hay duda de que Smith fue el principal defensor del autointerés como fórmula para el progreso, tampoco debe olvidarse su clara afirmación de que con ello no basta, pues «la justicia, la generosidad y el espíritu público son las cualidades más útiles para los otros» y, por tanto, añade Sen, para alcanzar una sociedad decente.

Comienza a partir de aquí una densa y muy diversificada trayectoria intelectual de conciencia crítica acerca de los límites del capitalismo dentro de la cual se encuadra la tesis de la autodestrucción, formulada de modo muy diferente por unos y otros autores. Así, para Karl Marx, ese mecanismo actúa de un modo directo. Se relaciona con algunas propiedades que desarrolla el sistema capitalista, en particular con la tendencia a la concentración de capital, la tasa decreciente de beneficios y las crisis periódicas debidas al exceso de producción sobre la capacidad de consumo de la sociedad. Además, contra los efectos benéficos y civilizatorios que sostenía la tesis del comercio gentil, en el Manifiesto Comunista, Karl Marx y Friedrich Engels consideran que el capitalismo corroe los valores morales y las instituciones tradicionales que mantenían la cohesión social en la sociedad tradicional.

Otros pensadores del siglo XIX y comienzos del XX identificaron otras vías a través de las cuales el capitalismo estaría abocado a la autodestrucción. Por un lado está la tesis de Joseph Schumpeter en su obra Capitalismo, socialismo y democracia. En su segunda parte, que lleva por título «¿Puede sobrevivir el capitalismo?», Schumpeter identificaba una vía sutil e indirecta a través de la cual el capitalismo se ve impelido hacia la autodestrucción. En la medida en que el capitalismo favorece el individualismo y una actitud racionalista en muchos sectores sociales, especialmente entre los intelectuales, crea a la vez una mentalidad crítica en la sociedad que no sólo socava la autoridad de las instituciones de la sociedad tradicional, sino también la propia institución de la propiedad privada. El capitalismo, a través de la aparición de esta mentalidad crítica en la sociedad civil, acabará autodestruyéndose.16

Por otro lado, está la tesis de la dolce vita, acuñada por Albert Hirschman. La idea en este caso es que, para que el capitalismo avance y se desarrolle, se necesita que los capitalistas sean frugales, ahorren y tengan una visión a largo plazo para financiar la acumulación. Sin embargo, el propio éxito del capitalismo en su avance lleva a que, en algún punto, los aumentos de riqueza tiendan a debilitar el espíritu de frugalidad y haga que los capitalistas busquen el disfrute inmediato más que la acumulación a largo plazo.

Esta idea estaba ya en Mostesquieu y Adam Smith, pero se vio reforzada con la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. De ahí que a finales del siglo XIX veamos la aparición de movimientos reformistas que, desde fuera del mercado y a través de la acción política y del activismo cívico, intentaron dotar al capitalismo de los fundamentos morales que la sociedad de mercado necesita y no es capaz de generar por sí misma. El puritanismo como filosofía moral y política de finales del siglo XIX tuvo esa función, que también está muy clara en el moralismo de la etapa victoriana en la Inglaterra de finales del siglo XIX, donde la religión y las virtudes tradicionales jugaron ese papel.

En este sentido, las páginas que Robert Skidelsky dedica en su biografía de John Maynard Keynes a «La civilización de Cambridge: Sidgwick y Marshall» son iluminadoras. Describe de forma brillante el entorno de alta tensión intelectual que, en el nacimiento de la economía como rama independiente de la teología y de las ciencias morales, sostuvieron moralistas y economistas en el Cambridge de finales del siglo XVIII para buscar un acuerdo filosófico que reconciliara la filosofía social con la moral, la conducta social con la individual, el disfrute personal con el deber moral, el interés general con el interés privado.17

Finalmente Alfred Marshall, fundador de la economía académica inglesa, menos religioso que el resto de sus colegas de Cambridge, resolvió esa tensión independizando la economía de la filosofía moral y de la religión. A juicio de Skidelsky, Marshall nunca sintió la necesidad del cristianismo para fundamentar la ética de la economía. Paseando por los barrios marginales de Londres y mirando las caras de la gente, Marshall se convenció de que la moralidad y el buen carácter dependen principalmente de las circunstancias económicas. Por lo tanto, el progreso económico era la condición más importante para la mejora social y moral. Y ése debía ser, por tanto, el objetivo de la ciencia económica como disciplina moral.

Esta creencia de que el crecimiento económico, a la vez que mejora las condiciones materiales de la vida de la gente trae también consigo el progreso moral de la sociedad, ha estado muy presente en el pensamiento de los economistas y en las políticas que éstos han recomendado a partir de Alfred Marshall. En cierto sentido, fue un retorno a la tesis del comercio gentil. Pero no se puede olvidar que Marshall no cuestionó nunca el compromiso entre capitalismo y moral puritana que existía en la sociedad victoriana de su época. Sencillamente, dio por supuesto que ese fundamento moral y el orden social necesario para el crecimiento económico ya estaban en la sociedad inglesa de la época. Por lo tanto, no había que preocuparse más por los fundamentos éticos de la economía.

Este eclecticismo del pensamiento marshalliano acerca de las relaciones entre capitalismo y ética también se dio en la Europa continental en los comienzos del siglo XX. Hay buenas dosis de ambigüedad en cuanto a las vías de influencia recíproca entre sociedad de mercado y sociedad civil tanto en la obra de Émile Durkheim como en la del sociólogo alemán Georg Simmel, ambos coetáneos de Alfred Marshall pero no economistas. Como de nuevo señala Hirschman, los dos reconocen, por un lado, que los mercados, especialmente a través de la división del trabajo y de la competencia, tienen una cierta capacidad para establecer relaciones sociales de diverso tipo entre los individuos y, por tanto, contribuyen a forjar una sociedad solidaria. Pero, a la vez, ambos reconocen que la cohesión social que necesita el capitalismo para funcionar de un modo eficiente y equitativo requiere del activismo moral de la sociedad y de la acción política.

Esta línea de pensamiento no se alinea de forma clara ni con la tesis del comercio gentil ni con la de la autodestrucción. Recoge elementos de ambas tesis, pero a la vez defiende la necesidad de la acción política y el activismo de la sociedad civil a la hora de generar una educación y un sentido de responsabilidad moral. Esa visión ecléctica se extendió con mucha fuerza en las décadas centrales del siglo XX. De hecho, en este período, la economía de mercado consiguió escapar exitosamente de sus tendencias autodestructivas tras haber sido capaz de generar, si no douceur o gentileza, al menos una considerable confianza en su capacidad para resolver los problemas que encuentra en su camino mediante la intervención pública, ya fuese en la forma de gestión keynesiana de la demanda, ya a través de la regulación de los mercados, en especial de los mercados financieros, o por las prestaciones sociales del Estado del Bienestar.

En todo caso, a partir de los años centrales del siglo XX, los argumentos relativos a la autodestrucción del capitalismo fueron quedando progresivamente relegados, al tiempo que, como ya sabemos, se batían asimismo en retirada los criterios éticos en la evaluación de las soluciones de mercado. Una y otra tendencia –en realidad, dos caras de la misma moneda– se vieron extraordinariamente reforzadas a partir de 1980, cuando da comienzo lo que hemos llamado «la era de los mercados triunfantes».

EL MERCADO EN TIEMPOS DEL CAPITALISMO ULTRAFINANCIERO

Como sabemos, la crisis del modelo de crecimiento experimentada por las economías desarrolladas en la década de 1970 trajo consigo una reorientación ideológica que se cuenta entre las grandes revoluciones doctrinales en la historia del capitalismo. En ese contexto de cambio, la visión del mercado fue la que experimentó transformaciones más intensas y decisivas. Cabe mencionar tres aspectos fundamentales de esa transformación. Primero, en el plano teórico, la aparición de la idea de «fallo del Estado». Segundo, en cuanto a su ámbito de aplicación, la idea de libre mercado se extiende a todo tipo de actividades económicas y se difunde con fuerza por todo el planeta gracias a la moderna globalización. Y tercero, habiendo sido relegadas las razones para la evaluación de los resultados del mercado en términos morales, se da el paso desde la «economía de mercado» a la «sociedad de mercado». Detengámonos por un momento en estas tres dimensiones de la reorientación ideológica del capitalismo en esa etapa histórica.

En el plano analítico, a partir de los últimos años de la década de 1970 se produce un desplazamiento progresivo en el análisis económico desde el énfasis en la idea de «fallo de mercado» que había caracterizado la economía en las décadas siguientes a la Gran Depresión al nuevo e interesante concepto alternativo de «fallo del Estado». Entiéndasenos bien, la mayoría de los economistas siguió utilizando con profusión argumentos que identificaban fallos específicos de los mercados, e incluso apareció en esos años –gracias a aportaciones como las de George Akerlof o Joseph Stiglitz– alguna categoría nueva y trascendente, como la de «fallo de información». En ambos casos esas aportaciones fueron reconocidas por la academia con la concesión de respectivos premios Nobel. Sin embargo, es obligado constatar que otro tipo de impugnaciones de la idea de autorregulación de los mercados a un nivel más profundo –como los problemas de incertidumbre y los límites morales– fueron plenamente desestimadas en esos años.

Nuevas escuelas teóricas, como la de la Elección Pública, propusieron una pléyade de argumentos teóricos que identificaban algunos problemas importantes de ineficiencia en el ámbito público. Así, la teoría de la burocracia, la teoría del ciclo electoral o la teoría de la búsqueda de rentas tenían como conclusión común que la intervención económica de los gobiernos llevaba aparejada una enorme carga de ineficiencia. Entre las predicciones de estas nuevas orientaciones del análisis sobre los fallos del Gobierno se cuentan las siguientes. En primer lugar, la necesidad de maximizar el número de votos lleva a los gobiernos a impulsar artificialmente medidas expansivas antes de las elecciones para, a continuación, verse obligados a introducir medidas de ajuste para restaurar los equilibrios económicos. De esta forma, los gobiernos provocan un nuevo y perverso ciclo en la economía. En segundo lugar, el deseo de los burócratas de maximizar su poder hace crecer el presupuesto muy por encima de lo que sería su «nivel óptimo». En tercer lugar, la presión de los grupos de interés especial sobre los gobiernos hace que las decisiones públicas se alejen de la simple maximización de la función de bienestar social. Como consecuencia de todo ello, el interés particular desplaza a la búsqueda del interés general como criterio orientador de la intervención de los gobiernos.

No pretendemos negar los supuestos que están detrás de estos enfoques teóricos y la validez de sus hallazgos. En algunos casos trajeron consigo argumentos originales y útiles de la economía política contemporánea. Es indudable que fue decisiva su aportación a la desmitificación del Estado como «planificador benevolente». Pero lo que ahora interesa señalar es que también contribuyeron decisivamente a la reafirmación, en términos muy exagerados, del principio de «el mercado es siempre mejor solución».

En cuanto a la segunda cuestión planteada, relativa a su ámbito de aplicación, la pretensión de validez universal que se le otorgó a los ajustes a través del mercado condujo a desregular todo tipo de sectores y actividades, incluidos aquellos que, como las finanzas o el suelo urbano, habían estado durante varias décadas bajo la caución y los controles públicos. La fuerza de este fenómeno desregulador fue tal que, como ya hemos señalado en el capítulo anterior en relación con la hipótesis de la eficiencia de los mercados de capital, el argumento económico se convirtió en ciertos sentidos en «performativo», es decir, dio lugar efectivamente a la constitución de mercados nuevos.18

El razonamiento a favor de los mercados libres y desregulados constituyó un rasgo esencial de la nueva piel del capitalismo que se formó durante el último tercio del siglo XX. Gracias a la dinámica de internacionalización, ese impulso no se paraba en los confines de los países industrializados, sino que alcanzaba a los países menos desarrollados de todos los continentes, y también, tras la caída del Muro de Berlín, a las antiguas economías planificadas del Este europeo. El triunfo del mercado parecía así universal y definitivo.

El tercer aspecto importante que hemos destacado es lo que el filósofo de Harvard Michael Sandel ha acertado a etiquetar como el advenimiento de «la sociedad en que todo se vende» como uno de los fenómenos más significativos de nuestro tiempo. Se refiere a la tendencia contemporánea a valorar una gran diversidad de aspectos de la vida social –y no sólo los propiamente económicos– en términos de transacción de mercado. Es decir, la puesta en práctica del designio de que «en realidad todo es susceptible de ser intercambiado». La mentalidad y los valores de mercado se fueron internando en campos tan diversos como la procreación, el cuidado de los niños, la salud, la educación, la justicia criminal, la protección del medio ambiente o el servicio militar. Se originó en este punto una contradicción importante: a medida que los mercados se extendían cada vez más hacia campos no económicos de la vida social, aparecían más entrecruzados por dilemas morales. Pero, de un modo altamente paradójico, nunca se había visto el razonamiento económico tan ajeno a los criterios morales como efectivamente ocurrió en esos años.19

PAISAJE DESPUÉS DE LA TORMENTA DE 2008

De la rápida excursión por la historia de las ideas que hemos ido recogiendo en este capítulo se deduce que la aparición de crisis económicas significativas ha traído consigo, por lo general, cambios en la percepción de la importancia y el papel del mercado. Eso mismo ha acontecido a partir de 2008, momento en que la dureza de la realidad ha obligado a reformular las viejas ideas recibidas sobre este asunto en varios aspectos fundamentales. Observando la literatura reciente, en algunos casos vemos cómo se recuperan elementos que habían casi desaparecido en las décadas de expansión, pero también surgen algunas nociones y vías de análisis nuevas. El resultado no es un nuevo consenso alternativo, algo casi imposible, sino vivas e interesantes controversias.

En las páginas siguientes examinaremos cuatro ámbitos en los que la hegemonía del mercado se está viendo sometida al venturoso fuego cruzado de la crítica, abriéndose hacia nuevos escenarios, tanto en el plano teórico como en el de la acción. Ocurre así en algunos campos singulares de la economía, y de un modo destacado en el de las finanzas; con el surgimiento de algunos originales argumentos sobre la conveniencia de la intervención pública, como el que gira en torno al concepto de Estado emprendedor; con el retorno de los juicios morales a modo de criterio para la evaluación de los resultados del mercado; y, muy ligado a lo anterior, con la recuperación –con nuevas variantes– de la tesis de la autodestrucción del capitalismo. Todo parece preparado para que la dialéctica mercados versus gobiernos sea revisitada en algunos de sus aspectos más trascendentes.

Y es que todo sugiere que la era triunfal del fundamentalismo del mercado ha tocado a su fin. El colapso de las finanzas en 2008 fue de suficiente calado como para alterar en profundidad el orden ideológico establecido respecto a este punto crucial del nuevo capitalismo. Ya hemos tratado de ello en el capítulo anterior y, sobre todo, muy extensamente en nuestro libro La torre de la arrogancia. Esto nos excusa ahora de extendernos de nuevo sobre este importante punto. Sí queremos, en cualquier caso, dejar claramente expuesta una vez más nuestra posición. Consideramos que el mercado es la mejor forma conocida de asignar recursos económicos. En muchas actividades y transacciones de bienes o servicios su dinámica es virtuosa y eficiente. En esos casos, el papel del control y la regulación pública ha de ser necesariamente constreñido.

Pero ése no es el caso de algunas actividades clave de la economía de nuestro tiempo, como la financiera. La experiencia de esta crisis ha vuelto a demostrar, por si no lo habíamos aprendido de crisis anteriores, que la naturaleza intrínseca de las finanzas casa mal con la lógica del libre mercado. Empeñarse en liberalizar y desregular ese sector equivale a colocar una brutal bomba de tiempo en el corazón de la economía de mercado, del capitalismo. Pocos se atreven después de 2008 a discutir esta afirmación. El resultado de esta evidencia es la postulación de un papel activo del Estado en el control de las finanzas. Se habla menos, sin embargo, acerca de que en algunos otros sectores de la economía la pura asignación de mercado tampoco sirve. Entre esos sectores y actividades destacan los que incorporan un componente fundamental de innovación tecnológica (tal y como de inmediato mostraremos), la gestión del ciclo macroeconómico y la provisión de servicios públicos. Todas estas actividades traen tareas inexcusables para la política económica.

En estos años, por lo demás, se han hecho patentes algunas realidades de la supuesta apoteosis de los mercados desregulados. Cuando la marea de expansión estaba alta y todo funcionaba, habían quedado enmascaradas, pero ahora se nos muestran claramente como simples mitos. Merece la pena detenerse en dos de ellos. El primero es el del triunfo universal de los mercados gracias a la globalización. Se escucha con frecuencia decir: ¿qué mejor prueba de la absoluta superioridad de ese sistema económico y su irreversibilidad que el que haya sido adoptado con gran convicción por todo tipo de países, a lo largo y ancho del mundo? El hecho de que en la primera fase de la crisis muchos de los países emergentes hayan sabido afrontar con éxito la Gran Recesión refuerza a primera vista el argumento.

Este tipo de afirmaciones se enfrentan, sin embargo, a dos objeciones de calado. En primer lugar, es cierto que allá por 1990 un buen número de países se lanzaron a una línea de liberalización y desregulación a ultranza (lo que se llamó el Consenso de Washington), pero esa línea de acción política revirtió muy pronto como consecuencia de la cadena sin fin de crisis financieras de finales de esa década. A partir de ahí, muchos gobiernos, con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, dieron prioridad a otro tipo de reformas que pusieron el énfasis en la reintroducción de controles sobre los mercados de capitales.

Y aún más importante fue que muchas de esas economías en realidad no pueden calificarse como de libre mercado –tal y como lo entenderían Hayek o Greenspan–, sino como verdaderos capitalismos de Estado. Una realidad que se hace particularmente visible en los BRICS. Así, las empresas públicas representan más del 80 % del valor de capitalización bursátil en China, el 60 % en Rusia, o el 35 % en Brasil. En general, más de un tercio de la inversión directa registrada en el conjunto del mundo emergente entre 2003 y 2010 correspondió a ese tipo de compañías. Algo que llevó a The Economist a poner el siguiente titular en 2012: «The rise of state capitalism».20

El segundo gran mito que ha caído es más importante y decisivo. Si, como ya hemos señalado, la revolución de tecnologías de la información llevó a exaltar el mecanismo de mercado desregulado como responsable de los «milagros tecnológicos de garaje», como Google o Facebook, hoy sabemos bien que en ello hay mucho de superchería pues, según han acreditado investigaciones recientes, muy pocas de las principales innovaciones de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en Estados Unidos hubieran tenido lugar sin la presencia de grandes programas públicos. El «Estado emprendedor» ha resultado tan determinante como el mercado en el gran salto de las tecnologías contemporáneas.

ESTADO EMPRENDEDOR FRENTE A MITOS TECNOLÓGICOS

Ya hemos señalado con anterioridad que una de las sorpresas del panorama de las ideas económicas de los últimos años es la aparición de una pujante corriente neopolanyiana en los países anglosajones que reúne a un conjunto de economistas y expertos en organización de empresas coincidentes en reivindicar la noción de «creación de mercados».21 Entre esos autores destacan Fred Block, William Lazonick y Mariana Mazzucato, autora esta última de uno de los libros más renovadores e influyentes de los últimos años, El Estado emprendedor, cuya principal virtud es dejar claro que en el país que más solemos asociar con la idea de libre mercado, Estados Unidos, casi todas las grandes innovaciones –y no sólo en el ámbito de internet, sino también en la biotecnología o la nanotecnología– se originaron a través del apoyo del Estado. Para Mazzucato, el capital riesgo llegó varios lustros después de que se hubieran realizado las inversiones importantes con fondos públicos.22

Un dato incontestable, aunque poco conocido, es que el 88 % de las grandes innovaciones norteamericanas entre 1971 y 2006 dependieron plenamente de la investigación financiada con fondos federales y no por empresas privadas. En el sector farmacéutico, por ejemplo, el 75 % de las investigaciones en nuevos fármacos (como las nuevas entidades moleculares) fueron financiadas por laboratorios públicos de Estados Unidos. Se desvela así una verdad reveladora y poco conocida: el Estado es quien financia lo principal de la innovación más arriesgada y rompedora, sea básica o aplicada. Vemos cómo la intervención pública no sólo se muestra como un factor clave para la corrección de fallos del mercado, «sino que también ha creado mercados de forma activa».

Esta evidencia es de gran importancia en el manido debate entre mercado y Estado, pues en torno al capital riesgo como vía para financiar los llamados «milagros tecnológicos de garaje» se había venido construyendo un argumento de apariencia muy creíble que vinculaba el mejor espíritu emprendedor del capitalismo a la expansión de las modernas finanzas desreguladas. La mixtificación es ahora evidente. Mazzucato y otros autores han demostrado en un terreno tan primordial como la provisión de tecnología la falsedad de la idea de que los mercados responden a un orden espontáneo, que son hechos naturales de la vida. Por el contrario, son meras construcciones sociales. En su explicación, el Estado se aleja notablemente del papel pasivo y residual que se le asignaba en la visión imperante en las últimas décadas. Desde esta nueva perspectiva analítica, el Estado pasa de ser concebido «como un Leviatán burocrático e inercial a considerarlo el verdadero catalizador de la nueva inversión privada; de ser el “corrector” de mercados a ser el moldeador y creador de mercados, de ser un mero mecanismo para “reducir el riesgo” del sector privado a aceptar y asumir el riesgo debido a las posibilidades de crecimiento futuro».23

En realidad, nada de esto sorprenderá a quien conozca la historia del milagro económico japonés que siguió a su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Un éxito que tuvo mucho que ver con el papel jugado por su Gobierno (el famoso MITI, Ministerio de Industria y Tecnología) en la dinámica innovadora de su sistema industrial. Y algo parecido puede decirse de otras economías triunfantes, como la de Corea del Sur.

La relevancia de la nueva visión sobre los roles del mercado y del Estado está en que todo lo anterior se afirma ahora en relación con la economía norteamericana, una de las economías más liberalizadas del mundo. Y no es algo que haya surgido ahora mismo: para el conjunto de su historia industrial, y sobre todo en su parte más dinámica, van apareciendo estudios que observan la presencia de una auténtica mano visible.24 Por ejemplo, Daron Acemoglu y sus colaboradores han demostrado que ya en el siglo XIX el progreso tecnológico de Estados Unidos dependió de un modo crucial de «la capacidad de las infraestructuras estatales».25 En el centro del capitalismo contemporáneo –la economía norteamericana– el mito de una edad de oro de Estado débil ha llevado con frecuencia a malinterpretar la verdadera naturaleza de los problemas del sistema económico y social. Una visión que, por fortuna, está cambiando de forma rápida últimamente.26

En último término, lo que están mostrando estos nuevos enfoques es que la realidad económica es mucho más compleja de lo que pretende el fundamentalismo del mercado, pues en ella –y en sus segmentos más avanzados y sofisticados– se da una combinación de factores y principios (la cooperación, la copropiedad público-privada, la descentralización coordinada) que, cuando funciona bien, conduce a la sociedad por el camino del progreso.

Hay algo muy revelador en la reacción que ha causado la amplia difusión alcanzada por los trabajos que mencionamos. Acostumbrados como estábamos a que durante mucho tiempo apenas se hablara de otra cosa que de los múltiples fracasos de la intervención pública en la economía, a sus ineficiencias y perversiones, causa sorpresa que ahora aparezca destacado este otro aspecto tan diferente del papel de los estados, cargado de éxitos en un campo decisivo para el futuro. Decididamente, al menos en el plano intelectual, la relación entre gobiernos y mercados está mudando de piel.

A propósito de estas investigaciones, el siempre perspicaz economista del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton Dani Rodrik ha destacado que estamos en un tránsito desde «el Estado benefactor al Estado innovador». Este autor ha llamado la atención sobre la anomalía que significa el hecho de que, al no participar los gobiernos en la comercialización de las tecnologías de éxito que contribuyen decisivamente a generar, las ganancias quedan enteramente en manos privadas. El Estado aparece aquí como un inversionista decisivo para el éxito de la innovación que, sin embargo, no recibe retribución alguna por su inversión. De ahí que propugne una profunda reforma institucional en este punto, una reforma que podría proporcionar importantes recursos a los estados desde ámbitos hasta ahora apenas explorados.27 Y es que los argumentos neopolanyianos sobre innovación encajan muy bien y dan renovado impulso a la idea de «una nueva política industrial para el siglo XXI», que autores como Rodrik propugnan ya desde hace algunos años; una nueva política industrial estratégica que asume que «la programación estatal y la inversión pública pueden actuar como fuerzas impulsoras del desarrollo económico».28 Todo lo cual nos sitúa, evidentemente, muy lejos de los horizontes doctrinales vigentes hace sólo un decenio.

LOS LÍMITES MORALES DEL MERCADO

Como ya señalamos al final del capítulo 2, una de las peores perversiones mostradas con toda crudeza a partir de 2008 por el moderno capitalismo hiperfinanciero es la persistencia de un denso tejido de prácticas y comportamientos ajenos a cualquier idea de decencia en la organización social. La repetición de casos de fraude, engaños, ocultamientos, retribuciones estratosféricas de los altos directivos a una escala desconocida hasta ahora, ha obligado a replantear los fundamentos éticos de las transacciones financieras y, más en general, de la economía.

En ese sentido, George Akerlof y Robert Shiller han descrito en su libro Phishing for Phools, «cómo caemos como incautos en las trampas del mercado». Tras el estudio detenido de un buen número de casos concretos, muestran que los trucos, la pura manipulación, explican una parte del funcionamiento del sistema económico. Y concluyen que «el libre mercado hace a la gente libre de elegir. Pero no la exime de manipular o ser manipulada. Ignorar esta verdad es una receta para el desastre».29

En su importante artículo ya citado sobre Adam Smith, Amartya Sen hacía referencia a las páginas en que el pensador escocés identificaba las influencias destructivas de aquellos que llamaba prodigals y projectors (que podría traducirse por derrochadores y promotores fraudulentos): «Este análisis –señala Sen– es de hecho profundamente relevante hoy en día para entender lo que ha ocurrido en el mundo financiero. La fe implícita en la sabiduría de la economía de mercado, plenamente responsable de la supresión de las regulaciones en Estados Unidos, llevó a aceptar las actividades de prodigals and projectors en un sentido que hubiera asombrado a los pioneros de la economía de mercado». Para Sen, «la crisis financiera actual es un buen ejemplo de la necesidad de alejarse del autointerés ilimitado, con el fin de alcanzar una sociedad decente».30

El olvido de la condición moral de las relaciones económicas en aras de «una estrecha y simplista teoría de la racionalidad humana» tendría, por tanto, mucho que ver con el origen del desastre. No es extraño entonces que la visión de la economía como una ciencia moral, ignorada como sabemos durante mucho tiempo por la corriente académica principal, haya vuelto con gran fuerza tanto a los debates metodológicos como a los de carácter político económico en los últimos años.

En esta dirección, ha sido decisiva la obra reciente de Michael Sandel. En un artículo de título exacto –«Market Reasoning as Moral Reasoning: Why Economists Should Re-engage with Political Philosophy»–, Sandel sistematiza las razones para dudar de que estemos ante una ciencia económica libre de valores. Queremos destacar aquí dos de esas razones que consideramos fundamentales. La primera es que los economistas, contra lo que con frecuencia proclaman, no hacen sólo análisis de eficiencia basándose en meros supuestos utilitaristas, sino que también formulan propuestas en torno al bienestar. La visión utilitaria de la maximización del bienestar ignora su componente distributivo. Sin embargo, cuando se reconoce la importancia de los principios de distribución de la renta para el bienestar social, los juicios se cargan inevitablemente de peso moral.

La segunda razón es todavía más contundente. Más allá de que puedan ser eficientes, algunos intercambios llevados a cabo en los mercados pueden resultar objetables por estar basados en relaciones de desigualdad radical. Estas desigualdades socavan el carácter voluntario de la transacción. Como ejemplo extremo podríamos mencionar la compraventa de órganos humanos. Las pretendidas ventajas mutuas del libre intercambio no pasan de lo ilusorio.31

La pertinencia de estos razonamientos parece ahora fuera de toda duda. Como ya hemos explicado, los retrocesos vividos antes y después de la explosión de la crisis en materia de desigualdad de la renta constituyen uno de los fenómenos que marcan en mayor medida la evolución reciente de las economías desarrolladas. Y, junto a ello, es obligado también constatar que la idealización del mercado trajo consigo un elemento de legitimación del estado de cosas existente que hizo olvidar el rol de las instituciones y de los juegos de poder que permiten el funcionamiento de esos mercados. Juegos de poder que explican en buena parte los resultados obtenidos en términos de desigualdad.

En otro lugar Sandel afirma que «nuestra reluctancia a emplear argumentos morales y espirituales, junto con nuestra aceptación de los mercados, nos ha hecho pagar un alto precio: ha drenado el discurso público de toda energía moral y cívica, y ha contribuido a la política tecnocrática, de mera gestión, que hoy aqueja a muchas sociedades».32 Las palabras de Virgilio,33 Timeo mercatores et dona ferentes, parecen pensadas para esta situación en la que, de un modo tan estruendoso y general, los mercados traspasan sus límites morales.

En este sentido, no está nada mal que, recientemente, algunos defensores del libre mercado se hayan tomado en serio los argumentos de virtud ética, para intentar demostrar que también en este punto las soluciones de mercado son superiores.34 Las posibilidades de éxito de esa empresa son cuestionables, pero una generalización de esos debates sobre los resultados del mercado desde el punto de vista de sus efectos morales incorporaría grados de profundidad y diversidad al razonamiento económico que debieran ser, desde luego, bienvenidos.

RETORNO DE LA TESIS DE LA
AUTODESTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO

En un sentido general, y a diferencia de lo que ocurriera durante la Gran Depresión, las predicciones sobre un colapso total del capitalismo son ahora bastante marginales, seguramente debido, sobre todo, al fuerte retroceso experimentado en su influencia por el marxismo y a la desaparición de un modelo alternativo general desde el colapso del llamado socialismo real. De modo que las advertencias más frecuentes sobre las amenazas para la supervivencia del sistema se refieren a aspectos particulares y con perspectivas a largo plazo.

En ese plano, limitado y poco estridente, parece regresar en los últimos años la tesis de la autodestrucción del capitalismo. A este respecto, han alcanzado mucha difusión los trabajos del sociólogo Wolfgang Streeck, en los que insiste en que en el sistema económico contemporáneo se acumulan los factores de desorden («crecimiento declinante, oligarquía, privación de la esfera pública, corrupción y anarquía internacional»), que le llevan a pronosticar «un largo y penoso período de decadencia acumulativa: intensificación de las fricciones, fragilidad e incertidumbre».35 En el análisis de Streeck, tres de los asuntos a los que nosotros hemos dedicado más atención –la carga de la deuda, la desigualdad y el peligro de estancamiento– se presentan como vectores principales de esa progresiva desintegración.

Pero quizá la fórmula más repetida en esa dirección es el «salvar al capitalismo de sí mismo», frase que se escucha con frecuencia, formulada desde diferentes perspectivas y con diferentes intenciones.36 Así lo hace por ejemplo Yanis Varoufakis desde su autodefinición como «marxista errático»: «El deber histórico de la izquierda en esta coyuntura particular es estabilizar el capitalismo, salvar al capitalismo europeo de sí mismo».37

Desde la perspectiva opuesta, la de un economista liberal que cree firmemente en la virtud esencial de este sistema económico, el profesor de Harvard Luigi Zingales distingue entre «el capitalismo» y «los capitalistas», y entre una visión «pro-mercado» (en la que tiene que prevalecer la dinámica competitiva) y otra «pro-negocios» (en la que las grandes empresas median decisivamente ante los gobiernos). Zingales observa que esta última es la que ahora predomina en Estados Unidos, pues el poder creciente de las grandes corporaciones se refleja en su capacidad de influir en el diseño de las leyes y en una cada vez mayor concentración de capital. Y concluye: «Hoy en día, el capitalismo está más amenazado por los capitalistas que por cualquier otra cosa».38 Siendo tan diversas entre sí, las posiciones de estos dos últimos autores comparten dos notas fundamentales: ambas son escépticas sobre el futuro del capitalismo, componiendo versiones diferentes de la tesis de la autodestrucción. Y tanto uno como otro reclaman expresamente el anclaje ético de sus respectivos razonamientos. Considerando esos dos aspectos, podemos decir que se trata de argumentos muy reveladores del clima intelectual de los últimos años.

Algunos argumentos ahora mismo muy pujantes sobre los que ya hemos ido tratando en este libro –sin ir más lejos, el del estancamiento secular– podrían encajar perfectamente en esa tendencia. Con todo, a partir de 2008, las formulaciones más consolidadas de la tesis de la autodestrucción han tenido que ver con los problemas de desigualdad. Como ya sabemos, el mejor y más brillante ejemplo del retorno de esta tesis está en El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, para quien la desigualdad es inherente a las leyes inexorables del funcionamiento del capitalismo, por lo que cabe pensar que continuará aumentando. Se trata, por tanto, de una variante de la tesis de la autodestrucción.

***

A lo largo de este capítulo hemos reflexionado sobre un mito peligroso en torno al cual se ha construido la idea de la existencia de un orden social espontáneo que surge del funcionamiento de los mercados. Esta ideología constituye uno de los rasgos más definidores de la piel del capitalismo reinante a lo largo de las últimas décadas. Sin duda, el mecanismo de mercado posee múltiples e importantes virtudes, pero la historia demuestra –sobre todo la historia de los últimos treinta años– que empeñarse en llevarlo hasta el final, tanto en el ámbito de la reflexión analítica como en la acción política, es una de esas utopías que acaban por transformarse en distopías. En ese sentido, reconocer los límites de los mercados –en el sentido moral y en el de su contribución a la eficiencia– constituye una precondición para intentar relanzar los proyectos de progreso.

1. Véase Hirschman (1977).

2. Véase Hutchison (1978), p. 77.

3. Véase el capítulo 3 de Backhouse y Bateman (2011), «El Keynes filósofo moral».

4. Véase Robbins (1932).

5. Véase Hayek (2014).

6. Tomado de Hirschman (1977), p. 93.

7. Keynes (1933).

8. Véase Keynes (1937), p. 113.

9. Friedman (1976), p. 282.

10. King (2016). A propósito de ello, véase J. Kay, «The enduring certainty of radical uncertainty», FT, 5 de abril de 2016.

11. Sobre la importancia de la incertidumbre en el caos de las modernas finanzas escribió Nassin Taleb su famoso libro El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Barcelona, Paidós, 2008.

12. Véase Polanyi (1944), p. 144.

13. Myrdal (1953), p. 213. La versión original en sueco de esta importante obra es de 1929.

14. En la primera parte de este apartado seguimos la línea argumental de Hirschman (1977). Véase asimismo, Hirschman (1982). También seguimos fielmente en este punto un trabajo anterior de uno de nosotros: Costas (2014).

15. Véanse Sen (2010) y Wells (2013).

16. Véase Schumpeter (1952).

17. Véase Skidelsky (2003).

18. Véase Mackenzie et al., eds. (2008).

19. Véase Sandel (2012, 2013). También Foucault (2004).

20. Véase The Economist, 21 de febrero de 2012. También, I. Bremmer: «State Capitalism Comes of Age», Foreign Affairs, junio, 2009.

21. Muestra del renovado interés por estos argumentos son los números dedicados al «regreso de Polanyi» por revistas como Economy and Society («New Directions in Polanyian Scholarship», vol. 43, 2014); Dissent Magazine («The return of Karl Polanyi», primavera de 2014); o The American Prospect («Karl Polanyi Explains It All», abril, 2015). Más significativo aún nos parece que el Fondo Económico Mundial haya dado a su reunión de 2012 el título genérico de «The Great Transformation».

22. Véase Mazzucato (2011). El análisis de Mazzucato coincide con el desarrollado en una colección de trabajos reunidos en el también importante libro compilado por Block y Keller, eds. (2011).

23. Véase Mazzucato (2011), p 39.

24. Importante evidencia de ello para un conjunto muy diverso de sectores industriales se encuentra en Block y Keller, eds. (2011). Véase también Pérez (2002).

25. Véase Acemoglu, Moscona y Robinson (2016).

26. Véanse, por ejemplo, Novak (2008) y Cohen y DeLong (2016).

27. Véase D. Rodrik: «De Estado benefactor a Estado Innovador», Project Syndicate, 14 de enero de 2015.

28. Véase Rodrik (2004). También Chang (2002). Por su parte Stiglitz y Greenwald (2014) centran sus argumentos a favor de un nuevo activismo industrial de los estados en el ámbito del aprendizaje y la producción y transmisión del conocimiento, tareas que, según su análisis, «los mercados no cumplen eficientemente».

29. Akerlof y Shiller (2015), p. 162.

30. Véase Sen (2010), p. 53. Véase también Wells (2014).

31. Véase Sandel (2013), pp. 122-123. Véase también Atkinson (2009).

32. Véase Sandel (2012), p. 22.

33. «Temo a los mercaderes aunque traigan regalos», Virgilio, Laocoonte.

34. Véase Bruni y Sugden (2013).

35. Streeck (2014), p. 64.

36. Como ejemplo, véase la conferencia celebrada en 2011 con el título «The future of capitalism», cuyos trabajos fueron recogidos en un número de Cambridge Journal of Economics, 38, 2014.

37. Véase Varoufakis (2013), p.1.

38. Véase Zingales (2012).

CAPÍTULO 7

La política económica
y la gestión de la complejidad1

Al igual que ocurrió con la desigualdad rampante, a lo largo de las últimas décadas algunos otros problemas económicos de primer orden permanecieron extrañamente olvidados. Mencionaremos dos de gran importancia: el carácter congénitamente cíclico de la economía capitalista y el hecho de que los responsables políticos se ven obligados a decidir a cada rato entre objetivos contrapuestos. Estos dos asuntos nos remiten a la dimensión altamente compleja que tienen los procesos político económicos, y que con la crisis ha ido a más. La propia idea de política económica, que durante las décadas de expansión se fue perfilando con esquemas un tanto simplificadores, ha de adaptarse a esa dimensión.

Hace unos pocos años hacíamos notar, en La torre de la arrogancia, que la definición de la agenda de las políticas económicas va acercándose a escenarios complejos, llenos de contradicciones para la decisión pública, de modo que la necesidad de optar entre objetivos contrapuestos convierte la elección pública en un continuado dilema. Y avanzábamos que probablemente esa economía del conflicto de objetivos (por lo común denominados trade-offs) se haga más tensa y dramática, en los próximos años.2 En este capítulo intentaremos estudiar hasta qué punto la evolución de los hechos económicos a lo largo de los últimos años permite confirmar este pronóstico.

¿La realidad de las políticas económicas se ha hecho en efecto más compleja, debido a la necesidad de enfrentarse a problemas contradictorios, en busca de fines que también lo son? ¿Se ha consolidado la percepción de que el trade-off será el problema nuclear de la política económica en el futuro próximo? ¿Cuáles han sido sus manifestaciones críticas en los últimos años?

Avancemos que las respuestas a los dos primeros interrogantes son afirmativas. Por llevar consigo disyuntivas inevitables, es evidente que, cuando se registra ese tipo de situaciones, la toma de decisión aparece cargada por la tensión psicológica y la duda. En último término, el ámbito propio del trade-off es el del contraste y enfrentamiento continuado de «buenas razones». A no ser que se pretenda ignorar permanentemente una parte de las urgencias económicas y sociales, los procesos de decisión se hacen más difíciles, y en ellos no cabe la simple aplicación de modelos apriorísticos, ni de procedimientos y reglas universales. Frente a esas difíciles encrucijadas sólo cabe la respuesta matizada y probablemente cambiante con el paso del tiempo. Si algo cabe reivindicar cuando ese problema queda identificado es el arte de la política.

Nuestro propósito es mostrar en las páginas siguientes por qué ese concepto se está colocando en el centro del escenario en la definición de las nuevas políticas. Y también sus posibles consecuencias en distintos ámbitos, desde el uso de este marco conceptual para interpretar la propia crisis hasta el surgimiento de nuevos argumentos político-económicos y, acaso también, de algunos rasgos institucionales renovados para las decisiones en el espacio público. Pero antes debemos detenernos en el retorno estelar de la noción de ciclo.

PROBLEMAS OLVIDADOS: LOS CICLOS

En las dos décadas anteriores a la crisis financiera, bajo el creciente predominio de una visión de los mercados y sus operadores como algo que respondía a criterios de pura racionalidad y estabilidad, la idea de ciclo económico pasó a ser considerada una antigualla, un concepto si no equivocado, sí propio de dinámicas económicas que se consideraban ya superadas. Sobran los textos tanto de teóricos de la economía como de responsables políticos de alto nivel que insistieron en esa línea, según hemos mostrado en La torre de la arrogancia, por lo que ya no lo repetiremos aquí.3

Ese planteamiento era, sin embargo, disparatado, pues contravenía un elemento fundamental de la naturaleza del capitalismo: su carácter maníaco depresivo. Y no se trata de un vituperio, sino de la constatación de algo objetivo (y desde hace muchos años conocido): las decisiones económicas se mueven por impulsos que suelen dirigirse en diferentes direcciones en momentos y fases distintas. Cuando sopla el viento –es decir, las tendencias económicas de fondo– en una dirección, todo favorece que éstas se autoalimenten para parecer definitivas… hasta que se alcanza un punto crítico y las tendencias revierten, para hacerse ahora también sólidas y aparentemente definitivas… Una historia que se puede predicar del conjunto de la economía (lo sabía bien John Maynard Keynes), pero que resalta con la mayor fuerza cuando hablamos de finanzas (y quien conoció esto mejor que nadie fue el heterodoxo y genial economista keynesiano Hyman Minsky).

En todo caso, desde el punto de vista de la utilidad de las ideas económicas, el olvido del ciclo y sus complicaciones trajo consigo diversas consecuencias para el análisis convencional y su capacidad de interpretar la realidad. Seguramente, la más notable es que –como ahora se ha manifestado en toda su extensión– no dispone de una estructura teórica para encarar las depresiones. Algo que en las condiciones en que se ha movido la economía internacional en los últimos años nos parece, desde luego, una gravísima carencia.

Por el contrario, el análisis económico poscrisis se está abriendo con mucha fuerza a la toma en consideración de la dinámica del ciclo. Como ya hemos señalado en el capítulo 2, no se trata sólo, ni principalmente, del simple ciclo de los negocios, sino de algo más trascendente, del ciclo financiero, cuyas características lo convierten en mucho más peligroso y difícil de afrontar que aquél, pues sus fases son más prolongadas y agudas, y están asociadas a riesgos mucho más pronunciados.

Todo esto era ampliamente ignorado en los modelos teóricos y político-económicos predominantes antes de 2008, en los que –como ya hemos explicado en detalle– tanto influían las hipótesis de expectativas racionales y eficiencia del mercado. Por ejemplo, en los modelos con los que operaba la mayoría de los bancos centrales (llamados modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general) no había variables que incorporaran la dinámica oscilante de las finanzas. Algo que está cambiando en los últimos años, aunque las inercias doctrinales del pasado sigan siendo poderosas. Así lo ha puesto de manifiesto Claudio Borio, uno de los economistas más interesantes e innovadores del panorama actual: «Lo sabíamos, pero lo habíamos olvidado. […] El ciclo financiero ha emergido de nuevo como una fuerza fundamental que dirige la macroeconomía, pero el análisis económico aún no lo ha incorporado del todo»; y concluye sumariamente: «La macroeconomía sin ciclo financiero es como Hamlet sin el Príncipe».4

Una vez que hemos situado en el centro del escenario el ciclo financiero, se multiplican las complicaciones para la definición de políticas que sean a un tiempo efectivas y consistentes. Para empezar, se hace necesario trascender el puro cortoplacismo y adoptar una visión a medio o largo plazo para encarar los problemas. La validez universal y atemporal de las recetas queda radicalmente puesta en cuestión. Las políticas coyunturales, la fiscal y la monetaria, o la regulación macroprudencial, no deben orientarse en el mismo sentido durante las fases de auge y los momentos de contracción. No entender esa lección fundamental de esta crisis –y de todas las anteriores– equivale a preparar el camino para que la siguiente sea todavía más dañina.

Es decir, si en las últimas décadas el elemento primordial de la definición de la política económica fue la necesidad de que se ajustara como un guante a la dinámica de los mercados de capital –es decir, la política óptima se entendía estrictamente como aquella que proporcionaba de un modo continuado ganancias de credibilidad ante los operadores del mercado– ahora esta consideración sigue y seguirá teniendo gran relevancia, pero cede ante la necesidad ineludible de que su puesta en funcionamiento surta efectos anticíclicos. En ese preciso sentido, el tan comentado «regreso de Keynes» (que en algunos ámbitos posiblemente se ha exagerado, pues las circunstancias han mudado mucho desde los tiempos del gran economista de Cambridge) es más que una simple proclama.

Cambios diametrales de dirección en la sala de máquinas de la política, recesiones de balance, búsqueda de márgenes mayores para las políticas fiscales, vinculación muy directa entre políticas monetarias y regulatorias, trade-offs: cuestiones todas que protagonizan el presente de la economía internacional y se proyectan con fuerza hacia el futuro. Y cuestiones a las que la mera aplicación de fórmulas simples y establecidas difícilmente puede dar respuesta adecuada. En alguna ocasión, Albert Hirschman dispuso alguno de sus sutiles argumentos para «complicar el discurso económico». Pareciera que el duro despertar del sueño de «un mundo al fin sin ciclos» haya traído ahora múltiples complicaciones, que el debate de ideas entre los economistas, aunque sea en términos poco claros y con constantes idas y vueltas, poco a poco va incorporando.5

En relación con este último punto conviene hacer una precisión sobre un término profusamente usado en este capítulo, «complejidad». Afirmar la complejidad de la política económica y los problemas a los que debe hacer frente no significa para nada postular el uso de modelos analíticos u operativos de gran enrevesamiento y sofisticación. Al contrario, en las dos décadas anteriores a la crisis, una visión de la realidad, que en el fondo era muy simplificadora y apriorística, se intentó formalizar en modelos que no pocas veces eran inextricablemente complejos. Sus resultados nefastos a la vista están. A propósito de ello, en un texto muy celebrado que se centra en la política financiera, afirma Andrew Haldane: «Las finanzas modernas son complejas, quizá demasiado complejas. La regulación de las finanzas modernas es compleja, quizá demasiado compleja. Esa configuración explica el problema. Así como no se combate el fuego con el fuego, no se combate la complejidad con complejidad. Debido a que la complejidad genera incertidumbre, no riesgo, exige una respuesta regulatoria basada en la simplicidad, no en la complejidad».6 Es decir, en estas materias, frente a las marañas teóricas (que con frecuencia llegan a extremos que muy pocos operadores en realidad entienden) o legislativas, «menos puede ser más».

De un modo parecido, hace tiempo que Dani Rodrik viene argumentando acerca de que «la mejor forma de reaccionar ante la complejidad de la vida social no es idear modelos cada vez más elaborados, sino aprender cómo funcionan los diferentes mecanismos causales […]».7 Si se aplica esto último, por ejemplo, al ámbito de la política monetaria, se concluirá que sería mucho mejor que los bancos centrales contaran con modelos operativos sencillos, pero que de un modo realista incorporaran la eventualidad de perturbaciones originadas en el ciclo financiero, que otros mucho más sofisticados que, como ya hemos dicho, ignoran esos efectos.

Por cierto, una característica muy notable y apenas destacada en la literatura sobre la evolución del ciclo en los años recientes es su comportamiento dispar en los diferentes grupos de países, los industrializados por un lado y los emergentes por otro. Cuando las economías del centro capitalista afrontaban la posibilidad nada hiperbólica de un hundimiento, en los meses más críticos de 2009, la mejoría sorpresivamente rápida de economías como la china, la india o la brasileña, hizo posible la recuperación del comercio mundial, contribuyendo grandemente a la estabilización general. Los países BRICS, que en las primeras décadas de la moderna globalización habían sido el epicentro de episodios dramáticos de perturbación financiera (desde el llamado efecto tequila de 1995 al fin de la convertibilidad argentina en 2001, pasando por las crisis del Sudeste asiático en 1997-1998), ahora se convirtieron, contra la mayoría de los pronósticos, ya no en origen de perversos efectos dominó, sino en su rotundo freno. Las fuertes reservas que estos países habían acumulado, como consecuencia de las lecciones aprendidas en las crisis precedentes, jugaron como factor de estabilización de primer orden –por lo general a través de las compras efectuadas por sus fondos soberanos– frente a las fuertes turbulencias de los mercados.

Sin embargo, la situación dio un completo giro en los años sucesivos debido a la caída en los precios de las materias primas y al hecho de que las expectativas de un regreso a la normalidad monetaria en Estados Unidos y Europa favoreció una intensa salida de capitales desde el mundo emergente hacia el industrializado (en torno a un billón de dólares solamente entre los veranos de 2014 y 2015). Una situación no demasiado diferente de la que se daba antes de esta crisis. Cabe destacar que ese comportamiento diferente del ciclo ha sido finalmente una bendición, pues aunque ha favorecido que la evolución reciente de la economía internacional haya tenido mucho de tobogán, es indudable que la no coincidencia en el tiempo de las simas en el ciclo permitió evitar lo que hubieran sido, sin duda, males mayores.

Y no se trata sólo de una reflexión de carácter general; si nos fijamos en algo tan concreto como el sistema financiero español, la distinta evolución del ciclo en la propia España y en América Latina hizo posible que muchas grandes empresas y, desde luego, los grandes bancos españoles, consiguieran sobrellevar pasablemente el contexto general de altos riesgos: cuando su negocio se hundió en la Península, los beneficios de sus filiales latinoamericanas afloraron, permitiendo que esos grandes grupos al cabo de un tiempo se recompusieran.

Ciclos intensamente marcados por las finanzas, ciclos internacionalizados, como no podía ser de otro modo en la deriva actual de una economía global. Ciclos distintos, con sus fases expansivas y contractivas operando en diferentes momentos en unos países y otros. Cabe concluir que ninguno de los profundos cambios económicos e ideológicos de los últimos años ha sido tan rotundo y significativo como el derrumbe de la quimera de un mundo, al fin, sin ciclos.

PROBLEMAS OLVIDADOS: TRADE-OFF
ENTRE OBJETIVOS

La existencia de disyuntivas críticas en la elección de objetivos no es precisamente un asunto nuevo y desconocido. Hasta la década de 1980 fue considerado uno de los problemas principales que sistemáticamente debían encarar los que diseñan las políticas en su toma de decisiones, y así quedaba recogido tanto en los tratados de economía y política económica, como en muchos programas de acción gubernamental. Un manual muy usado en los años setenta daba el dato de que por entonces los nudos con forma de trade-off representaban en torno a un 19 % del total de las relaciones entre objetivos en los principales países.8 En el conjunto de relaciones de antinomia entre objetivos, dos destacaban claramente sobre el resto por su importancia: las que median entre estabilidad de precios y pleno empleo, por una parte, y entre eficiencia e igualdad, por otra.9

La necesidad de elegir entre inflación y desempleo había sido el problema clásico de las políticas macroeconómicas de estabilización en las décadas anteriores. De hecho, la curva de Phillips, que se ocupa precisamente de la interpretación de ese problema, fue uno de los artefactos teóricos más conocidos y divulgados a lo largo de esos años. Pero una situación nueva se dio a partir de la crisis de 1973, cuando surgió con gran fuerza destructiva el problema de la estanflación, que aunaba aquellos dos desequilibrios tradicionales. Con tasas de crecimiento de los precios que en casi todas partes alcanzaban los dos dígitos, un nuevo consenso se fue alcanzando entre economistas y responsables políticos que fijaba la prioridad absoluta en la lucha contra la inflación.

A partir de ahí, y ya de un modo muy firme a partir de los años noventa, la jerarquía entre fines apareció marcada por la preeminencia absoluta otorgada a la lucha a favor de la estabilidad de precios. El objetivo de mantener una inflación muy baja (no superior por lo general al 2 %, que en la práctica equivale a estabilidad de precios) se fue haciendo el principal objetivo de las políticas monetarias –cuando no el único, como en los casos del Bundesbank y el Banco Central Europeo (BCE)–, ocupando estas últimas el corazón de la gestión macroeconómica. Lo que ocurrió fue, por tanto, que este destacadísimo problema de trade-off, sin que nadie lo negara como tal, dejó de preocupar por la razón más sencilla: porque en la elección entre alternativas contrapuestas el modelo de política imperante daba siempre la misma y única respuesta.

Algo parecido aconteció con la contradicción entre eficiencia e igualdad, tratada explícitamente como un problema de trade-off por la corriente principal de la economía desde la aparición del influyente trabajo de Arthur Okun en 1975, Equality and Efficiency. Como ya señalamos en el primer capítulo, también en este punto las prioridades quedaron fijadas sin que mediara matización o excepción de determinados casos: lo primero y principal, sentenció la opinión mayoritaria entre los economistas, es obtener ganancias de eficiencia, sin ponerles trabas a través de mecanismos que supuestamente actúen a favor de una mayor igualdad en el reparto de la renta y la riqueza. Tampoco en este caso, por tanto, la teórica disyuntiva de la elección entre objetivos representaba un problema práctico: sencillamente no había elección, porque no había posibilidad de alternancia.

Pero con la crisis reciente todo esto parece haber cambiado. La nueva normalidad que parece irse asentando es la de una aguda tensión entre objetivos. La relación de los trade-off que han alcanzado gran protagonismo en los últimos años y posiblemente continúen teniéndolo, al menos en la próxima década, es extensa: reducir el peso de la deuda o impulsar el crecimiento; regulación financiera más intensa versus reconstrucción del crédito; simultaneidad de los ajustes interno y externo; ganar competitividad o expansionar el consumo; crecimiento versus reducción de las desigualdades; reactivación económica a corto o a largo plazo (yendo un poco más allá, entre tiempo económico y tiempo de calendario); gestión de la demanda frente a reformas estructurales; decisión basada en razonamientos puramente económicos frente a la lógica de la política… Algunas de esas discordancias constituyen hechos objetivos y difícilmente evitables; otras, teniendo también un componente real, responden sobre todo a preferencias o ideas muy influyentes, pero no pocas veces equivocadas. Conviene distinguir entre unas y otras, para enmarcar correctamente la naturaleza del problema.

Al fondo de ese paisaje multiplicadamente contradictorio se encuentran dos fenómenos de gran trascendencia –en realidad, dos aspectos del mismo y único fenómeno– que han complicado en alto grado la lógica económica. Por un lado, está la tensión permanente entre mercados y políticas, que constituía el objeto central de estudio en La torre de la arrogancia. Los impulsos contrapuestos de unos y otras socavan con frecuencia las posibilidades de adoptar líneas de actuación coherentes y bien premeditadas.

Por otro lado, es imposible hablar de estos asuntos sin mencionar la moderna globalización. Y es que una parte importante de las encrucijadas de la elección aparecen al considerar la apertura de la economía hacia el exterior. En ese sentido, es llamativo el uso repetido de términos como dilema o trilema en los argumentos contemporáneos de economía internacional. El más conocido de todos es el trilema de la globalización propuesto por Dani Rodrik, según el cual no es posible mantener al mismo tiempo la apertura internacional de un país, su soberanía y el ejercicio pleno de la democracia. A ese mismo término ha acudido también el nuevo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld, en un artículo significativamente titulado «Trilemmas and Tradeoffs: Living with Financial Globalization». Al referirse a los sucesivos trilemas de las políticas monetaria y financiera, este autor destaca cómo la internacionalización de los flujos financieros hace más difícil la elección entre los objetivos internos de la política, así como el modo en que la libertad de esos flujos impide la eficacia de las políticas regulatorias nacionales.10 Otros autores, como Hélène Rey, prefieren hablar de un simple dilema, entre autonomía monetaria y apertura financiera. Y en un ámbito más específico, el europeo, ya hemos explicado el sentido en que Jean Pisani-Ferry habló de «nueva imposible trinidad» para explicar las opciones del BCE en la crisis.11

De la consideración crítica de ese entorno complejo y contradictorio que aparece en argumentos como los anteriores, surge la necesidad de un replanteamiento general de los criterios de la política. El más relevante se refiere a la conveniencia de reintroducir ciertos controles de capital que, como ya sabemos, proponen hoy muchos expertos e incluso organismos como el FMI (al menos en los trabajos de algunos de sus departamentos), cuando hasta hace poco tiempo el santo y seña de su línea de actuación era el contrario. Aunque ahora no insistiremos en esa dirección, parece claro que si esos razonamientos se llevaran a la práctica, y efectivamente emergiera todo un sistema de controles de capital en las economías desarrolladas (tal y como ha ocurrido ya en algunos de los principales países emergentes, como Brasil, India, Sudáfrica o Turquía), entonces una parte importante de las contradicciones en las políticas nacionales que se tratarán a continuación perdería su fuerza. Es algo cuya resolución está todavía por ver, dado que la ideología y los intereses en su contra siguen siendo muy poderosos, y que los condicionantes tecnológicos no lo facilitan.

El gran trade-off de la deuda

Una vez reconocido ese trasfondo de la dinámica de la globalización, nos interesa centrarnos en las implicaciones que todo ello tiene para las economías nacionales. Ahí, sin duda, el papel principal y de más ardua resolución corresponde a la necesidad de elegir entre dos acciones que ahora mismo son cruciales (y como hemos visto, seguirán siéndolo): establecer un horizonte de desapalancamiento intenso y general, y poner en marcha un proceso de crecimiento económico sostenido. Es lo que cabe denominar el gran trade-off de nuestro tiempo pues, originado en el contexto de cambio de piel del capitalismo al que asistimos, condiciona en gran medida todos los demás.

Éste es un asunto que ya conocemos bien. Según hemos mostrado en el capítulo 2, en términos generales el peso de la deuda en la economía internacional en su conjunto ha tendido a aumentar desde 2008, mientras que en los países más desarrollados ha disminuido sólo en muy pequeña proporción (debido sobre todo al aumento de las deudas soberanas). De manera que, si una reducción universal de la escala de la deuda aún está por hacer –y en todo caso, más tarde o más temprano, se hará–, eso quiere decir que las políticas a favor del crecimiento se encuentran aún con un obstáculo decisivo: todavía está lejos la posibilidad de que los flujos de crédito recuperen, no su dimensión desmesurada de antes de 2008, pero sí al menos un grado que permita lubricar los procesos básicos de inversión y consumo.

En la propia dinámica de evolución de la deuda y sus diferentes componentes encontramos ya algunas notables contradicciones. Después de todo, el extraordinario aumento de la deuda pública en numerosos países desarrollados a partir de 2009 fue la consecuencia de decisiones políticas dirigidas a enjugar las costosas consecuencias de la crisis de sobredeuda privada, ya fuese debido a los procesos de salvamento público de la banca privada, ya por la necesidad de evitar el hundimiento de la economía real inducida por la propagación del tumulto de las finanzas. La experiencia de los últimos años muestra la dificultad extrema de avanzar al mismo tiempo en la reducción de todos los segmentos de deuda. Si se intenta hacer así, será imposible evitar recaer en la recesión.12 De modo que finalmente es muy probable que la reducción progresiva de una parte (en este caso la deuda privada) se compense con el aumento de otra (la pública).

Esta situación de fondo explica algunas de las contradicciones profundas en que se han visto sumidas las políticas económicas en los últimos años, contradicciones que están detrás de sus cambios diametrales de dirección en coyunturas críticas y también, obviamente, de algunos de los errores cometidos por los diseñadores de las políticas. Ello ha afectado de un modo diferente, pero siempre muy intenso y problemático, a las dos principales políticas instrumentales, la fiscal y la monetaria. En el caso de la política fiscal, el trade-off ha alcanzado la máxima visibilidad, encarnándose en el continuado dilema entre consolidar unas finanzas públicas cuyas cuentas se hacían altamente inmanejables, y desarrollar estrategias anticíclicas para combatir las profundas tendencias recesivas o hacia el estancamiento: asunto clave sobre el que ya hemos escrito un buen número de páginas, por lo que ahora ya no insistiremos en ello, salvo para destacar dos aspectos. El primero es el de su fuerte proyección hacia el futuro; es decir, que se trata de un problema del que ya sabemos que muy difícilmente acabará aquí.

Lo que conduce a su segundo aspecto destacable: debido a una toma de conciencia bastante amplia sobre la gravedad de este problema se han multiplicado las propuestas teóricas para hacerle frente, renovándose con ello, al menos en cierto grado, el pensamiento macroeconómico en este ámbito. Las sucesivas propuestas de Olivier Blanchard y sus colaboradores, de Christina Romer y otros autores, van en la dirección de ampliar los márgenes fiscales para que esta política sea capaz de cumplir con su función básica de favorecer la estabilidad, es decir, para su uso anticíclico.13 Cuestión clave aquí, en relación con las opciones que se abren a la decisión política, es la de la magnitud de ese espacio fiscal (entendido como el margen de maniobra dentro del presupuesto para generar recursos sin comprometer su sostenibilidad financiera): si fuera amplio, las políticas dirigidas en primer lugar a reducir la deuda podrían ser indeseables, por ser los costes de distorsión del crecimiento mayores que los beneficios de todo tipo que surjan de la minoración de la deuda.14

En cuanto a las políticas monetarias, su fondo de contradicciones ha sido extraordinario en los últimos años, lo que explica que hayan alcanzado un grado de heterodoxia como no se había visto, para el conjunto de las economías desarrolladas, en muchas décadas (si es que se llegó a ver alguna vez). La situación de trampa de la liquidez tuvo naturalmente mucho que ver con la explosión de la burbuja de las deudas acumuladas, y a partir de ahí los estímulos monetarios masivos –a través de tipos de interés cero o negativos, facilidades de crédito y diversas formas de expansión cuantitativa– se hicieron necesarios para evitar el colapso del sistema económico. Pero, con el paso del tiempo, fueron originando más y más problemas. De modo que, a partir de un determinado momento, los responsables de los bancos centrales asumen la necesidad de retirar esos estímulos, para evitar más efectos secundarios indeseables (en el caso norteamericano, después de muchos retrasos, ello ocurrió ya avanzado 2015, mientras que el BCE prolongará esa política hasta al menos 2017). Se trata, sin embargo, de una decisión difícil, por el miedo a que los problemas a los que durante los últimos años se fue haciendo frente mediante el uso de esos instrumentos poco convencionales reviertan rápidamente con su retirada.15 Es decir, estamos ante un trade-off en estado puro. De hecho, puede verse en propuestas tan poco comunes, como la del helicóptero monetario, el intento de escapar de la contradicción entre objetivos que estamos estudiando

La consideración del problema anterior nos permite plantear una cuestión que en las décadas anteriores fue infrecuente y que, sin embargo, se ha dado con intensidad a partir de 2008: la del anudamiento de los trade-offs. Es decir, aquella situación que se da cuando se plantea una solución a cierto problema de inconsistencia de objetivos, y esa solución da lugar a un nuevo problema… en torno al cual surgen nuevas e importantes disyuntivas. En el caso específico de las políticas monetarias ultraexpansivas, la necesidad de dar respuesta al gran trade-off de deuda puso en marcha algunos mecanismos que, según hemos visto, originaron fuertes tensiones entre recuperación económica e igualdad. Un influyente informe de la Brookings Institution planteó con acierto esas contradicciones en el terreno del entrecruzamiento entre economía y política, al proclamar que sus implicaciones redistributivas adversas hace a las políticas de relajación cuantitativa insostenibles políticamente a medio plazo.16

Cuando se coloca el problema del gran trade-off de deuda en el centro del análisis de los problemas de la política económica de estos años turbulentos, se entienden mejor, creemos, buena parte de las improvisaciones y los cambios de rumbo y la búsqueda, con frecuencia en términos dramáticos, de soluciones nuevas. Y también la aparición en los debates académicos y públicos de algunas propuestas de solución realmente traumáticas, que sugieren que la situación de fondo sigue teniendo mucho de excepcional. Nos referimos, por ejemplo, a la cada vez más frecuentada idea –tan a contracorriente de la cultura económica de las últimas tres décadas– de que una inflación demasiado baja puede llegar a ser un problema, y que, por el contrario, una dinámica de crecimiento de los precios de en torno a un 5 o un 6 % anual podría contribuir a solucionar de un modo relativamente sencillo los problemas de servicio de la deuda.

Pero, como ya hemos advertido en el capítulo 2, hay medidas políticas mucho más radicales que en los últimos años han sido defendidas por economistas a los que se suele considerar como plenamente ortodoxos. Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, por ejemplo, que algo han demostrado saber sobre las tendencias históricas de la deuda, han sugerido de un modo repetido la necesidad de avanzar hacia procesos de reestructuración que incluyan quitas en el valor nominal de los contratos. Y no sólo para un país como Grecia, sino como un criterio a tener en cuenta para dejar atrás una situación general de cargas de deuda fuera de escala. Y yendo aún más lejos, en la obra de ese tipo de autores no faltan alusiones a la posibilidad de reintroducir una represión financiera directa (una expresión tabú durante las tres décadas precedentes para los organismos en que muchos de esos autores trabajan, como el FMI) si se quiere cortar de verdad la raíz del problema de sobreendeudamiento. Ante los beneficios que se derivarían de los mecanismos de reestructuración palidecen sus eventuales efectos adversos, sobre todo en términos de reputación ante los mercados (hasta hace poco casi la única vertiente del problema considerada en la literatura).17

Directamente relacionada con esa cuestión está la disyuntiva que se abre ante las reformas financieras, que necesariamente debieran superar la regulación de toque ligero que tantos problemas ha causado. ¿Debieran reforzarse los andamiajes regulatorios? ¿Constituye una necesidad ineludible controlar estrictamente y restringir los productos y procedimientos más peligrosos, como la banca en la sombra y el proceloso mundo de los derivados? ¿Es imprescindible reforzar las bases de capital de los establecimientos de crédito? Las respuestas a estos interrogantes son decididamente afirmativas. El problema es que poner en marcha reformas en esa dirección mientras el peso de la deuda sigue siendo abrasivo pudiera ocasionar un lastre notable y un retraso para la recuperación del crecimiento.

En ese sentido, el camino hacia el pleno cumplimiento del nuevo sistema de coeficientes de Basilea III –que debiera tener lugar al final de esta década– ha presionado en varios momentos de los últimos años sobre las necesidades de liquidez de numerosos bancos (poniéndolos incluso en situación de cierta dificultad para superar las pruebas de esfuerzo realizadas en Europa o Estados Unidos). Por ello, puede verse esta situación como un trade-off entre el corto y el largo plazo de las finanzas. Es decir, entre la necesidad de impulsar un sistema bancario sano y sólido, con garantías de ser sostenible en el tiempo, y las urgencias de canalizar flujos de crédito suficientes para apuntalar la recuperación.

Reformas y gestión de la demanda

En los últimos años las políticas económicas se han visto minadas también por otras situaciones de viva contradicción entre objetivos. En algunos de estos casos, a diferencia de lo que ocurre con el gran trade-off de deuda y sus múltiples encrucijadas, ya no se trata de fenómenos objetivos y en gran medida inevitables. Por el contrario, hablamos de elecciones específicas de los gobernantes, que tienen que ver con sus criterios, ideas o intereses. Se trata, en todo caso, de problemas que restan grados de consistencia interna a la política general, y que no parece, desde luego, que vayan a menos de cara al futuro inmediato.

Una de esas situaciones de tensión entre objetivos centrales de la política es la que afecta a la línea de reformas a favor de la competitividad frente a las condiciones en las que se mueve la gestión macroeconómica. Si nos fijamos en las economías de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la coincidencia en el tiempo de las reformas estructurales y un proceso de dura consolidación fiscal ha traído consecuencias negativas, no solamente en términos de la sustentabilidad política de las primeras, sino también porque una fuerte contracción fiscal puede hacerlas indeseables,18 convirtiendo el conjunto de la política en un poderoso mecanismo procíclico.

Veámoslo ahora para el caso concreto de España. Es claro que una de las pautas fundamentales de las reformas estructurales españolas se centra en la devaluación interna por la vía de la presión sobre los salarios. La reforma laboral de la primavera de 2012, por ejemplo, aunque no lo recogiera como un fin expreso, buscaba reducir los salarios mediante una reducción de la capacidad negociadora de los agentes del mercado laboral. La devaluación salarial ha sido, de hecho, un mecanismo básico a través del cual ha avanzado el ajuste de la economía española desde la explosión de la burbuja. El salario medio real de finales de 2013 representaba el 96,8 % de su valor en 2007.19

Ya hemos dicho más atrás que ésta es una senda acaso demasiado fácil –si las condiciones políticas y sociales del momento lo permiten– para obtener ganancias de eficiencia y competitividad por parte de una economía productiva. El diseño de una verdadera estrategia industrial, la mejora tecnológica y educativa o la atención a la productividad total de los factores, rinden, sin duda, resultados mejores a largo plazo. Pero, en determinadas condiciones, la contención salarial puede ayudar bastante en esa tarea (sobre todo si el tipo de cambio es intocable, como ahora ocurre): algo así ocurría en España en 2008.

El problema es que esa estrategia –además de no haber sido negociada, y haber carecido de elementos de compensación, por lo que ha contribuido grandemente a la generación de malestar– ha sido, por una parte, excesiva; y por otra, ha coadyuvado al mantenimiento de un clima contractivo durante demasiado tiempo. Este último aspecto, que ha llamado la atención de numerosos observadores, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),20 es el que ahora nos interesa destacar. La caída de los salarios fue, efectivamente, una de las causas directas de la anemia del consumo y el conjunto de la demanda en España entre 2008 y 2014, y dada la fuerte recuperación experimentada por los beneficios y las rentas más altas, también ha sido uno de los principales causantes de que la percepción de desigualdad inaceptable haya crecido en estos años. En todo caso, constatamos que el conflicto entre el objetivo de mejorar la competitividad a medio plazo y el de favorecer la recuperación de la demanda se hizo visible en España en los años de la doble recesión.

La consistencia política de las soluciones económicas

No hacía falta llegar a estos tiempos difíciles para entender que del platonismo del razonamiento económico no puede venir nada bueno. La economía nació como economía política y hubo que esperar a la transformación metodológica de finales del siglo XIX (la llamada revolución neoclásica) para que se afirmara la pretensión de ser una ciencia pura que nada tenía que ver con el resto de las ciencias sociales, capaz de formular sus argumentos y de proponer sus soluciones al margen de los condicionantes históricos, políticos y sociales. Todo ello fue un error gigantesco que, aun corregido o matizado en algunos momentos y por parte de ciertos autores o escuelas, se ha mantenido hasta nuestro tiempo.21

Esa pretensión no sólo ha dejado sus notables consecuencias en el terreno intelectual, sino también en el de la política práctica. En este último ámbito se puede decir incluso que la pretensión de aceptar como irrelevantes los efectos políticos de las decisiones económicas ha llegado en las últimas décadas más lejos que nunca, pues la propia condición subalterna de la política democrática frente a la economía (es decir, de los desprestigiados sujetos del ámbito público frente a los operadores privados) así lo favorecía. El caso es que, si regresamos por un momento a las reformas, con frecuencia han sido evaluadas sólo por las supuestas ventajas o inconvenientes puramente económicos que acarreaban. Así ocurrió, por ejemplo, con las reformas del llamado Consenso de Washington, que se aplicaron en numerosos países en desarrollo hace un par de décadas con tanta intensidad como malos resultados. Esto último llevó a que organismos como el Banco Mundial (BM) identificaran ya a finales de los años noventa como gran causa de aquellos fracasos el empeño en aplicar fórmulas económicas doctrinarias e indiferenciadas a entornos políticos e institucionales que entraban en abierta contradicción con ellas.

Pues bien, algo muy parecido a eso ha ocurrido en los últimos años en el mundo industrializado. En un importante artículo ya citado («Economics versus Politics. Pitfalls of Policy Advice»), Daron Acemoglu y James Robinson han llamado la atención sobre las pésimas consecuencias que pueden derivarse de la no consideración de las implicaciones políticas de los cambios económicos. Las reformas económicas tienen por lo general efectos «de segunda vuelta» que se observan en el campo político, lo que en determinadas condiciones, y si esos efectos entran en conflicto con la estructura económica general, puede fácilmente provocar un impacto adverso también en el campo de la economía.

Todo lo ocurrido en el escenario político europeo no ha hecho sino confirmar esa secuencia de fenómenos. El empeño en usar exclusivamente la lógica y el cálculo económicos, en un sentido muy estrecho, condujo a diseñar políticas coyunturales y reformas a largo plazo que, al margen de sus defectos intrínsecos, acabaron por presentar otra dimensión: la de provocar un enorme malestar social y político que se ha traducido en una ruptura general del sistema tradicional de partidos, con la aparición o ascensión meteórica de fuerzas antisistema.22 Con todo ello, el grado de incertidumbre política se ha multiplicado en casi todos los países, y esa situación cada vez menos previsible se acaba trasladando al futuro de esa política y esas reformas. La advertencia de Acemoglu y Robinson no puede ser más clara y certera: «Nuestro argumento es que el análisis económico necesita identificar teórica y empíricamente las condiciones bajo las cuales la política y la economía entran en conflicto, y evaluar las propuestas que lo tomen en consideración». Su conclusión es que las consecuencias políticas de una reforma pueden provocar efectos económicos contrarios a los pretendidos: «Hay que ser particularmente cuidadosos con los impactos políticos de reformas que cambian la distribución de la renta en una dirección que beneficie a los grupos ya poderosos. En esos casos, políticas económicas bien intencionadas […] podrían crear consecuencias adversas significativas de cara a los equilibrios políticos futuros».23

Este anudamiento de efectos tan perceptible viene a complicar notablemente el problema de los trade-offs. No es sólo que el responsable de diseñar las políticas se vea obligado a elegir entre objetivos económicos deseables, y por tanto a renunciar en ciertos momentos a uno de ellos. Es que los equilibrios económicos y políticos interactúan y se condiciona mutuamente. Lo que, de nuevo, obliga a elecciones difíciles y mutantes en el tiempo.

NUEVAS INSTITUCIONES PARA UNA
POLÍTICA CAMBIANTE

La Gran Recesión y su cadena de consecuencias han traído también al primer plano la cuestión de la creciente complejidad en lo que se refiere a la definición de las instituciones básicas de la política económica. Sabemos ya que, durante las décadas precedentes, a lo largo y ancho del mundo se fue imponiendo un esquema institucional sobre tres elementos nodales: la apertura general de las finanzas, el criterio de «reglas mejor que discrecionalidad» para la decisión política y la independencia de los bancos centrales. En este último punto nos centraremos ahora.

Hubo buenos motivos detrás de la implantación en todo tipo de países del modelo de banca central independiente: la necesidad de luchar en primer lugar contra la inflación (para lo que ese modelo es indiscutiblemente mejor que cualquier otro) o la necesidad de sustraer la política monetaria de las contingencias electorales. Sin embargo, el modelo quedó seriamente socavado por la llegada de la crisis: los estudios empíricos sobre esa cuestión demuestran que el grado medio de independencia retrocedió a partir de 2008, por primera vez en décadas, debido a las necesidades crecientes de afrontar los problemas de exceso de deuda, inestabilidad financiera y aumento del desempleo.24

Las dos razones más contundentes que estuvieron detrás de esa evolución son bien conocidas: la primera es la dificultad de coordinación entre políticas monetarias y fiscales que puede provocar la independencia operativa entre las dos autoridades que intervienen, el banco central y el Ministerio de Hacienda. Si ese tipo de problemas puede restar coherencia al conjunto de la política en cualquier circunstancia, en contextos de contracción y multiplicación de los riesgos tal posibilidad se convierte en explosiva. Por eso, en esas circunstancias, el énfasis en la independencia tiende a desaparecer.25 De cara a la complejidad económica de los próximos años, frente a la persistencia de altas deudas y ante las amenazas de estancamiento, la cooperación estrecha entre los principales responsables de diseñar las políticas será una necesidad ineludible. Lo cual compromete la idea de fuerte independencia de uno de ellos, el banco central, al menos tal y como se entendía en las décadas precedentes.26

La segunda razón es la duda que ese modelo institucional de independencia origina en términos de legitimación democrática. Una duda ahora obvia para la mayoría, pero a la que antes de 2008 –otro grave problema olvidado– pocos parecían dar alguna importancia: el hecho de que una política con un peso tan marcado en el conjunto de la decisión pública, como es la monetaria, quede confinada en organismos no elegidos choca muy visiblemente con la lógica de la democracia. Radica aquí uno de los motivos de insatisfacción más marcados con el funcionamiento de los sistemas políticos, origen de un creciente y cada menos difuso malestar, que estudiaremos en el capítulo siguiente.

Sin plantearla en términos absolutos, ante esa difícil cuestión se pueden proponer algunos remedios paliativos. El que más hay que tener en cuenta es la extensión de una amplia y efectiva transparencia sobre los procedimientos de decisión de los bancos centrales. Respecto a este punto, se han producido algunos movimientos interesantes en algunos de ellos a lo largo de los últimos años. Por delante ha ido el Banco de Inglaterra, en el que su siempre innovador gobernador Mark Carney ha impulsado la publicación de informes que antes eran confidenciales y de los registros de votación en el consejo del organismo;27 por el contrario, en el caso del BCE los avances registrados en estos importantes aspectos son muy escasos, con lo que sus problemas de legitimidad se hacen más visibles.

Además de las dos grandes razones señaladas, que vienen de atrás, hay un tercer motivo –éste en gran medida nuevo, surgido en los años de crisis– que obliga a un replanteamiento de la independencia de los bancos centrales: su asunción de amplias e importantes tareas de regulación financiera. Antes de 2008 predominaba una división clara entre los objetivos de estabilidad financiera y equilibrio monetario, que por lo general se confiaban a organismos diferentes (en un esquema «a la Tinbergen» de dos objetivos / dos instrumentos, que evidenciaba esa característica de simpleza general de la idea de política económica a la que ya hemos aludido). Sin embargo, como ya sabemos, en el nuevo consenso que se va formando una y otra meta aparecen asociadas en lo más profundo. Pues bien, en esa línea de acuerdos también aparece con fuerza el razonamiento de que el principio de independencia debe ser dejado de lado en lo que tiene que ver con la regulación. Por ejemplo, en la importante conferencia de expertos internacionales «Rethinking Macro Policy III», de mayo de 2015, se concluía que «el consenso general es que […] los bancos centrales deben retener plena independencia en relación con la política monetaria tradicional, pero ése no puede ser el caso para las herramientas de regulación o macroprudenciales».28 El problema de las disyuntivas de objetivos, por tanto, ha llegado para quedarse, complicando notablemente la definición de las instituciones económicas básicas.

En cuanto al segundo gran referente institucional de las políticas económicas contemporáneas –la preferencia por las reglas frente a los procedimientos discrecionales para la toma de decisión–, las razones que lo avalan siguen siendo poderosas: conocemos, sobre todo, que el sistema de reglas despeja el escenario político de un buen número de elementos de incertidumbre, al saber el conjunto de los agentes a qué atenerse frente a las eventuales ocurrencias u oportunismos del gobernante de turno. Con ello, la política se hace más confiable, y ello en sí mismo debiera favorecer la estabilidad económica.

Siendo los argumentos teóricos bastante firmes, no nos cabe duda de que su aplicación en períodos de estabilidad general trae consigo ventajas importantes. Pero ahora no estamos en un tiempo de esas características, ni probablemente lo estaremos en un futuro que podamos prever. Nuestro tiempo es de dificultad y permanentes disyuntivas; y ante éstas ya hemos señalado que no caben vías de solución únicas y permanentes, que es lo que se supone que ofrece la aplicación de una regla: una respuesta perfectamente conocida de antemano. Ante la acumulación de graves encrucijadas para la decisión, el lema «reglas mejor que discrecionalidad» es un pobre y probablemente perjudicial principio de solución. Malamente se derivará de ello, en esas condiciones, ventaja alguna en términos de credibilidad, entre otros motivos porque ante peligros mayores las reglas acabarán siendo violadas (y ya se sabe que lo peor que puede ocurrir a quien busca la credibilidad es que haya una norma y ésta no se cumpla). Es lo que en La torre de la arrogancia llamamos «el dilema de la regla»: para ser efectiva una regla tiene que ser irreversible; en tiempos de bonanza, con la política reglada todo parecen ser beneficios, pero cuando las tornas cambian y el ciclo muestra su cara más hostil, llevarla hasta el final suele conducir a una tragedia. ¿El final de la historia? Pues sencillamente que la regla supuestamente irreversible revierte, con lo cual se llega al peor de los mundos posibles.

Bueno para las expansiones, pero portador de graves problemas en las contracciones, el régimen de reglas transita por una zona de profundas contradicciones, quizá debido a que ignoramos cómo hacer para pasar ordenadamente hacia el régimen inverso, el discrecional. No es raro, por tanto, que ese fondo de contradicciones vaya dejando un rastro en la política práctica: si nos fijamos en las reglas más comúnmente utilizadas, las de política fiscal relativas al déficit y la deuda pública, durante los años de crisis ha habido de todo: incumplimientos generalizados (es bien sabido que entre los países miembros de la UEM la regla de deuda apenas ha sido cumplida por nadie durante años) junto a reforzamientos del rango legal de la norma, que ha llevado a incluirlas en las constituciones de diversos países (entre ellos, en España en 2011). Todo ello con un notable trasfondo conflictivo que ha conducido a que, lejos de su tradicional carácter técnico o académico, esta cuestión se haya convertido en una materia de controversia y lucha política de primer orden.

Todo lo anterior remite a la posibilidad de que se produzcan cambios en las instituciones que han sido claves en el modelo político económico de las últimas décadas. Pero hay una segunda cuestión acaso más interesante aún: ¿cabe pensar que surgirán nuevas instituciones que sean realmente acordes con la nueva situación que se va dibujando? Es claro que, si nos centramos en un ámbito tan importante como el del funcionamiento de los mercados financieros, en estos años ya ha surgido una pléyade de normas, procedimientos y organismos nuevos (otra cosa, que ya hemos examinado anteriormente, es que estén siendo efectivos y realmente signifiquen un cambio profundo en las estructuras de esos mercados y esas políticas).

Nuestra reflexión debe ir más lejos de esa mera constatación. A lo largo de los capítulos anteriores se ha ido dibujando un panorama nuevo de funciones económicas del Estado, las cuales tienen que ver con nuevas formas de entender la trama de relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Así, se habla con buenas razones de «Estado emprendedor» o de «distribución primaria de la renta». La pregunta en relación con todo ello es: ¿no se debiera traducir la necesidad de cumplir esas funciones en la creación de nuevas instituciones? ¿No asistiremos a una reconfiguración institucional del capitalismo?

Veámoslo para el caso del Estado emprendedor. Redescubierto su importante papel en la buena marcha de algunos de los ámbitos más dinámicos de la economía contemporánea –frente a la acumulación de tópicos de ineficacia natural e insuperable–, en ningún caso ello puede quedarse en el ámbito de la reflexión. Al contrario, se requiere dar pasos muy directos y efectivos para que esa actividad impulsora de la inversión en innovación y cambio técnico, en sectores tan significados como el de las tecnologías de la información, la biomedicina o las nuevas fuentes energéticas, quede reconocido en estructuras institucionales propias y genere los debidos retornos al propio Estado (pues ya hemos señalado que es inaceptable que mientras las crisis fiscales se agudizan por casi todas partes, los beneficios derivados de programas públicos de inversión en innovación, que incorporan elevados riesgos, no se traduzcan en mayores recursos para los estados).

Poner en marcha mecanismos efectivos para esto último requerirá de una importante redefinición institucional. Es difícil precisar ahora qué tipo de organismos y qué procedimientos son los adecuados para cumplir esas nuevas funciones, pero sí parece claro que no podrán tener que ver con los viejos instrumentos de control ni con una idea de gestión burocrática de las relaciones entre poder político y mundo empresarial. En relación con este asunto, que tan relacionado está con la mejora de la eficiencia económica, un nuevo espectro de instituciones está aún por descubrir y poner en marcha. Y algo parecido ocurre también para el caso de la distribución de la renta, con la eventual asunción de tareas de asignación primaria por parte del Estado. Ello forma parte del proceso general de reconstrucción de la idea de política económica que, con todas sus contradicciones, lastres y retrocesos, se va pergeñando de cara a los próximos años o décadas.

POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPLEJIDAD

El fundamentalismo de mercado ha quedado tan desacreditado como el viejo estatalismo burocrático. Si algo hemos aprendido en el camino que va desde la quiebra de los esquemas de planificación y control a la Gran Recesión es que esa polaridad recuerda demasiado la vieja historia del asno de Buridán: de tanto oscilar entre una y otra opción, el pobre borrico acaba muriendo de hambre. Un elemento importante a tener en cuenta aquí es el de las dudas que ha abierto la reciente crisis en cuanto al tipo de relación entre políticas públicas y mercados financieros que predominará en el futuro. Puesta en cuestión de un modo radical la idea de que los mercados juzgan siempre –y dictan sentencia– con criterios perfectamente racionales la calidad de las políticas, lo cierto es que la camisa de fuerza de los mercados ha operado en algunos lugares de forma más opresiva que nunca (así ha ocurrido muy destacadamente en Europa después de 2010). Cómo se orienten en los próximos años y décadas esas relaciones depende críticamente del modo en que se resuelva el proceso de desapalancamiento, y también, naturalmente, de que se mantenga o no la dinámica de globalización financiera en sus términos actuales. Con la carga de incertidumbre que todo ello trae consigo, parece razonable conjeturar que serán las formas intermedias de organización de las relaciones entre mercados y política –una amplia gama de grises– las que se irán abriendo camino. Y ello se refiere no solamente a la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas, sino también a su formulación en términos abstractos, teóricos.

Esto quiere decir que, poco a poco, todo el fondo de anomalía y conflicto que la crisis reciente ha ido dejando como poso, y que aquí se ha ido recogiendo capítulo a capítulo, está transformando la noción misma de política económica y la teoría que intenta explicarla. Afirmar hoy, como era frecuente hace no tanto tiempo, que «la política óptima es aquella que garantiza la generación de ganancias de credibilidad», parece una simpleza. Frente a las múltiples y cambiantes encrucijadas a las que debe enfrentarse la decisión política, no cabe una única respuesta que se mantenga en el tiempo, ni la definición de un único objetivo estable y permanente. Al contrario, la agenda de la decisión político-económica debe ser no solamente pragmática y adaptativa, sino también asumir un carácter alternante. Lo cual, en último término, niega la posibilidad o conveniencia del intento de definir «una política permanentemente óptima», pues no hay una guía política definitiva.29 Y lo mismo vale para las instituciones básicas que han de servir para la construcción y aplicación de esas políticas: para ser eficaces deben acoplarse a la dinámica mutante de la realidad y sus problemas. En este punto será útil recordar lo que decía Gunnar Myrdal en su importante obra ya citada: «A cada momento nos enfrentamos con la elección de mantener la ordenación social tal como es o cambiarla. Puede ser cambiada en un número de direcciones diferentes, de maneras distintas y, sobre todo, en grados diversos».30 Nada, por tanto, que pueda ser desafiado con una única fórmula sumaria y concluyente.

Aunque en este libro no pretendemos internarnos en estos asuntos, cabe señalar que esa visión de los procesos político-económicos se traslada necesariamente al campo de su interpretación teórica. Es decir, a la teoría de la política económica, área intelectual que más allá de los modelos a la Tinbergen o los que todo lo refieren a las ganancias de credibilidad, se encuentra ahora mismo en plena transformación.31 No es un simple juego de palabras afirmar que la política económica debe ser ahora, si cabe más que nunca, economía política.

1. Los argumentos aquí contenidos fueron tomando forma en algunos de nuestros trabajos comunes anteriores. Es el caso de Arias y Costas (2013), «Great Recession and Economic Policy: Roots and Consequences», o Costas y Arias (2015), «Crecimiento, crisis y formación de políticas económicas».

2. Arias y Costas (2012), p. 271.

3. Particularmente significativas fueron las afirmaciones de Robert Lucas, por una parte, y de Gordon Brown, por otra. Véase Arias y Costas (2012), capítulo 4.

4. Véase Borio (2013).

5. Los manifiestos a favor o en contra de determinadas propuestas político económicas –algo que era muy raro antes de 2008– se hicieron muy frecuentes en los primeros años de la crisis. Aunque se han ido espaciando, han seguido publicándose documentos de ese tipo en los últimos años. Un ejemplo es el del «Manifiesto de los 79», firmado por muchos economistas de primer rango contra la política presupuestaria británica en 2015 («Osborne plan has no basis in economics», The Guardian, 12 de junio de 2015).

6. Haldane (2012a).

7. D. Rodrik: «Los economistas frente a la economía», Project Syndicate, 10 de septiembre de 2015. Véase también Rodrik (2015).

8. Véase Kirschen et al. (1978), p. 236.

9. El planteamiento canónico del problema del trade-off se encuentra en el viejo libro de Jan Tinbergen (1956), en cuyo capítulo 1 se estudian las consecuencias indeseadas de las «inconsistencias entre fines». Para afrontar ese problema, Tinbergen construyó su famoso modelo de un mismo número de instrumentos y objetivos (un instrumento para cada objetivo).

10. Este trilema es conocido en la literatura económica desde hace tiempo, pues quedó recogido en el modelo Mundell-Fleming de economía internacional. En los últimos años se ha planteado de un modo más radical y crítico.

11. Véanse Rodrik (2011), Obstfeld (2014), Rey (2014), Pisani-Ferry (2012) y Bordo y James (2015)

12. Adair Turner explicó en una magnífica columna de 2013 («El fracaso de las finanzas de libre mercado, Project Syndicate) la imposibilidad de reducir al mismo tiempo la deuda pública y la privada, concluyendo que para afrontar un problema así el único remedio es «el realismo y la política imaginativa».

13. Véanse Blanchard et al. (2013, 2015) y Romer (2012).

14. Véase Ostry et al. (2015).

15. Sobre la problemática de las políticas monetarias no convencionales, sus éxitos y efectos secundarios, y sobre la dificultad de su retirada véanse Roubini (2013), Think Tank 20 (2013) y Arias y Teixeira (2015).

16. Véase Think Tank 20 (2013), p. 2.

17. Véanse Reinhart y Rogoff (2014) y Reinhart y Trebesch (2014).

18. Véase Boeri y Jiménez (2015).

19. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con una perspectiva temporal más amplia, cabe señalar que mientras en 1993 los salarios representaban el 63,3 % del PIB español, en 2013 superaban apenas el 53 %. OIT: «Informe mundial sobre salarios 2014/2015».

20. Véase «OECD Employment Outlook 2013».

21. Sobre este asunto escribió el premio Nobel Gunnar Myrdal uno de sus libros fundamentales, El elemento político en el desarrollo de la teoría económica. Véase Myrdal (1953).

22. En realidad, aunque en el período reciente ese malestar se haya hecho particularmente visible, la relación entre políticas generalizadas de recortes fiscales y creciente conflicto social ha sido una constante histórica. Ponticelli y Voth (2011) mostraron para un período de noventa años (1919-2009) el aumento de todo tipo de manifestaciones de violencia política y social en períodos de fuerte restricción fiscal.

23. Acemoglu y Robinson (2013).

24. Un ejemplo sería el estudio realizado sobre 45 bancos centrales por Masciandaro y Romelli (2015).

25. El primero en reconocerlo fue el anterior presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke (por ejemplo en su discurso sobre Japón de 2003 ante el Consejo de Gobernadores de la Fed, y en Jackson Hole, en 2010).

26. Véase el interesante análisis en ese sentido de McCulley y Pozsar (2012).

27. Desde 2015 el Banco de Inglaterra publica un blog, Bank Underground (http://bankunderground.co.uk/) que revela aspectos de su política antes inasequibles. Véase Howard Davies: «Informes confidenciales de los bancos centrales», Project Syndicate, 27 de agosto de 2015. También Dorn (2015).

28. El texto corresponde al resumen de O. Blanchard («Ten Takeaways from the Rethinking Macro Policy. Progress or Confussion?», FMI). La conferencia está recogida en: http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2015/macro3/

29. Véase Arias y Costas (2012, 2013).

30. Myrdal (1953), p. 213.

31. Un flujo creciente de literatura nueva va desembocando en esa dirección. Es el caso de una interesante aportación reciente del economista David Colander y el físico Roland Kupers, quienes han intentado aplicar al campo de la política económica los conceptos de la moderna ciencia de los sistemas complejos. Véase Colander y Klupers (2014).

CAPÍTULO 8

A modo de conclusión:
capitalismo, democracia y moral pública

Nuestra incapacidad es discursiva. […] Simplemente no sabemos cómo hablar sobre estas cosas.

TONY JUDT,
Cuando los hechos cambian, 2015

El destacado experto en organización de empresas William Lazonick afirmaba en un artículo de 2012:

Muchos de nosotros sabemos en qué consiste una economía próspera. La gente que desea un puesto de trabajo no tiene problema para encontrarlo. Aquellos que se proponen seguir una carrera pueden acumular la suficiente experiencia de trabajo para hacerlo. […] Cuando el trabajo ha sido hecho, se ha acumulado la experiencia y las empresas están en pleno funcionamiento, la economía próspera genera una distribución de la renta que la mayoría de la gente ve como justa. La economía próspera tiene una amplia y estable clase media […]. La expectativa intergeneracional es que los hijos vivirán mejor que sus padres […].1

Si esta visión es acertada, parece fuera de duda que la de estos tiempos se aleja bastante de la idea de una «economía próspera».

La cadena de desequilibrios, dificultades y dilemas que hemos ido presentando en los capítulos anteriores, no son cosa de un momento o de unos pocos años. Se trata de tendencias que están encastradas en la dinámica profunda del sistema económico y social en el que vivimos. Un sistema al que solíamos llamar capitalismo, pero para el cual durante las últimas décadas adoptamos una denominación más aséptica: economía de mercado. Con la crisis, sin embargo, ha retornado el viejo y descarnado vocablo, capitalismo, sobre cuyo futuro se han abierto de pronto numerosos debates.

Porque en estos años difíciles se ha manifestado con toda crudeza algo que, como ya hemos destacado más atrás, no es nuevo, sino que se había venido fraguando silenciosamente a lo largo de las últimas décadas: la mutación de algunos de los elementos centrales de la estructura económica. En este capítulo final, además de recapitular nuestras principales conclusiones, examinaremos cuál es el sentido de ese proceso de cambio y los retos que trae aparejados. Es algo que consideramos prioritario para aquellos que –como nosotros– creen en la necesidad de un capitalismo inclusivo.

LA NUEVA PIEL DEL CAPITALISMO

¿Se puede hablar de un nuevo capitalismo, de características notablemente diferentes a las del pasado? Si nos fijamos en la evolución de las economías industrializadas de las últimas décadas –con la línea de demarcación en c. 1980– encontramos dos notas fundamentales que nos acercan a una respuesta afirmativa al interrogante anterior: la dimensión ultrafinanciera y la marcada tendencia hacia la desigualdad. Ambas orientaciones –que han sido puestas de manifiesto en los capítulos anteriores– están interrelacionadas, y traen consigo una pléyade de cambios, la mayoría de ellos muy problemáticos. Con ese trasfondo, las coordenadas espacio-temporales de la economía han mutado en profundidad. Si, por un lado, la actividad económica ha experimentado un cambio de escala y una ocupación creciente de espacios, por otro, la percepción del tiempo también se ha visto alterada, con una significativa «carrera hacia cero» en la medición de las operaciones de los mercados de capital.

Sin embargo, es importante destacar que detrás de las dos tendencias señaladas late un problema más profundo: el notable deterioro del contexto moral en el cual opera la dinámica de los mercados. Hemos estudiado, siguiendo una tradición intelectual que se remonta a Adam Smith y registra una importante aportación contemporánea en Amartya Sen, que el mercado sólo puede funcionar adecuadamente y ser considerado como un mecanismo válido para la interacción social si favorece (o al menos no deteriora) la moral pública. En este punto la sucesión de acontecimientos observados en los últimos años no han hecho sino confirmar el deterioro experimentado en las dos décadas anteriores.

Cuando nos referimos a un retroceso en el clima moral en el que operan los mercados estamos pensando, desde luego, en el encadenamiento de fraudes de todo tipo que tanto han protagonizado la información económica de los últimos años, y que tanto han contribuido a minar el bien más precioso en un sistema económico basado en el intercambio: la confianza. En todo lo relacionado con la extensión del fraude, el mundo de las finanzas ha tenido un protagonismo muy destacado, pero no exclusivo, como prueban los casos de Volkswagen y otros grandes fabricantes de automóviles. Desde el caso Enron a la manipulación de los tipos de interés en la City, el arte del engaño parece haberse multiplicado en su escala en la economía del siglo XXI.

Ese fenómeno no es, sin embargo, lo más trascendente, pues por repetidos que sean tales casos, no dejan de ser la excepción. Mucho más significativos son algunos aspectos de la nueva normalidad que tienen un sentido profundamente inmoral. Pensemos en el comportamiento abierta y sistemáticamente depredador que tantos operadores en los mercados de capitales han protagonizado en los últimos años, y de los que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, entre otros, ha dejado interesante testimonio. Y al mismo tiempo, pensemos en el dato, revelado a finales de 2015, de que el 1 % de la población mundial posee la mitad de la riqueza mundial acumulada (algo que en la serie histórica nunca antes se había registrado).

Un serio motivo para la impugnación moral del capitalismo actual está en su fuerte deriva hacia el poder de los monopolios sobre el mercado. Algo que ha sido estudiado sobre todo para el caso norteamericano, pero que es también una realidad palpable en Europa.2 Las políticas de defensa de la competencia tienen aún mucho que mejorar a los dos lados del Atlántico, no tanto por la falta de habilidad de sus gestores, sino, sobre todo, por el hecho de enfrentarse a tendencias muy profundas de la economía. En cualquier caso, el fenómeno de la concentración oligopolística de mercados clave no ha dejado de ir a más en los últimos años, siendo el de los sistemas financieros uno de los casos más evidentes.

Entre los límites morales del actual curso del capitalismo figura también, y de un modo muy destacado, su choque con una idea genuina de la democracia. La idea de «gobierno de los banqueros», sobre la que filósofos como Jürgen Habermas han escrito ampliamente, puede aportar escasas virtudes desde un punto de vista moral. En palabras de otro notable pensador contemporáneo, Tzvetan Todorov, «la economía se ha hecho independiente e insumisa a todo poder político, y la libertad que adquieren los más poderosos se ha convertido en falta de libertad para los menos poderosos. El bien común ya no está defendido, ni protegido ni exigido al nivel mínimo indispensable para la comunidad. Y el zorro libre en el gallinero quita libertad a las gallinas».3 Sobre el problema de la difícil relación entre mercados y políticas democráticas ya nos hemos extendido en este libro –al igual que hicimos en La torre de la arrogancia–, por lo que ahora no insistiremos en ello, más allá de constatar que éste es uno de los puntos clave no sólo para la supervivencia de la democracia, sino acaso también para la del propio capitalismo.

La orientación, poco amigable en muchos aspectos, de la economía posterior a 1980 ha llevado a muchos observadores a reexaminar con buenos ojos el largo período que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, aquellos treinta años fueron espléndidos tanto en lo estrictamente económico como en relación con los avances sociales y políticos. Un fuerte, sostenido, generalizado y básicamente estable proceso de crecimiento fue por entonces compatible con la generalización de los programas sociales, con una reducción significativa de la desigualdad y con el avance de la democracia. El Estado del Bienestar, generosamente implantado en múltiples ámbitos, pasó a ser la mejor cara que el capitalismo había tenido nunca como forma de organización social.

¿Fue en realidad esa combinación de elementos una excepción en la historia del capitalismo, un mero interregno debido a factores excepcionales (entre ellos la necesidad de combatir con seducción a un fuerte enemigo ideológico que desapareció en 1989)? Y si así fuera, ¿no será que el capitalismo ha vuelto, una vez superado aquel interregno, a su verdadera naturaleza depredadora? No es posible dar respuestas definitivas a estas preguntas, ante las que un buen número de autores –como el experto en desigualdad Branko Milanovic–4 se muestra pesimista.

Ciertamente, el regreso a un modelo muy similar al que rigió en las décadas de 1950 o 1960 parece altamente improbable, puesto que ni los desarrollos tecnológicos ni, sobre todo, el avance experimentado por la internacionalización de la economía lo permiten. Dado el modo en que los mercados interconectados responden con gran rapidez y contundencia a los cambios en las políticas económicas nacionales, parece que las fórmulas del tipo «keynesianismo en un solo país» han quedado atrás. Y aunque los movimientos migratorios hayan avanzado a un ritmo mucho más lento que la internacionalización de las finanzas, con el paso del tiempo han acabado por transformar la estructura social de los países avanzados, restando muchos grados de cohesión interna en ellos, desde el punto de vista étnico o cultural. Lo cual supone en sí mismo un reto difícil para la supervivencia del Estado del Bienestar tal y como se concebía hace cuarenta o cincuenta años.

Por otro lado, sería un error caer en una idealización trivial de aquel período, pues también tenía varias caras muy oscuras. Quien mejor lo ha explicado es uno de sus mejores conocedores, el historiador Tony Judt, quien fue además uno de los más inteligentes defensores de la idea socialdemócrata.5 En materia de edificación de la ciudad moderna, por ejemplo, o en cuanto a la libertad de costumbres, no fue precisamente una época para añorar.

También en lo económico se registraban disfunciones, como el exceso de burocracia de los procesos regulatorios. En el ámbito de las finanzas ello producía importantes elementos de ineficiencia que, por mucho que hoy nos puedan parecer preferibles al descontrol que trajo consigo la «regulación de toque ligero» que vino después, con graves consecuencias, distaba mucho de ser un modelo de intervención pública equilibrado y eficaz.

Llegados a este punto mencionaremos algunas razones que pueden llevar a pensar que, sin ser posible ni conveniente un retorno general al pasado, algunos de los rasgos del modelo anterior a 1980 sí podrían ser recuperados.

Porque afirmar que la globalización probablemente ha venido para quedarse, no supone aceptar sin más que su actual desequilibrio a favor de los mercados de capital sea inevitable o definitivo. Hemos mostrado que un cierto retroceso del criterio de apertura de la cuenta de capital parece ahora bastante probable, a la luz no sólo de la nueva literatura que avala las consecuencias positivas de implantar controles de capital en ciertas circunstancias, sino también de la experiencia directa de un buen número de países que así lo ha hecho en los últimos años. En cualquier caso, algunos de los peores aspectos de la globalización financiera no tienen nada de inexorables, sino que dependen de la falta de una voluntad política de avanzar en la coordinación internacional. Por mencionar un ejemplo muy destacado, la lucha contra los paraísos fiscales –que tanto minan la conciencia fiscal y cívica, como ha quedado de manifiesto con la filtración de los llamados «papeles de Panamá»– no parece difícil de alcanzar en el caso de que exista una firme voluntad de un pequeño grupo de gobiernos en esa dirección.6 Con todo, importa mucho señalar que la acumulación de contradicciones en relación con estos asuntos es de tal entidad que cabe pensar que, si no se ponen bridas de un modo ordenado a la globalización financiera, éstas llegarán en algún momento de un modo desordenado, sin que sea posible actuar ya sobre ellas, y con consecuencias nefastas.

Entre quienes, a pesar de lo ocurrido en los últimos años, siguen viendo en la economía actual, sin mayores matizaciones, un escenario de triunfo final del capitalismo se suele destacar que ese sistema nunca fue más universal, ni se extendió a más economías a lo largo y ancho del mundo. Y en buena medida tienen razón. Pero eso no debe hacer olvidar que el modelo económico ahora mismo más extendido tiene muy poco que ver con la idea liberal del mercado. Al contrario, por los diferentes continentes vemos fórmulas de un más o menos difuso «capitalismo de Estado» y, quizá más significativamente, modelos mestizos en los que la libertad económica se combina con descarnados autoritarismos.

Este último punto nos lleva a plantear que, si bien es cierto que la globalización contemporánea ha tenido como lógica consecuencia una mucho mayor uniformización de las economías contemporáneas (al igual que ha ocurrido con los hábitos y otras manifestaciones culturales), un cierto grado de diversidad entre ellas sigue estando muy vivo. Uniformidad y diversidad son dos caras de la economía contemporánea, y en el modo concreto de articularse estos dos elementos contrapuestos nacen muchas de las contradicciones que vemos casi a diario, y que con la crisis han ido a más.

Y es que, contra lo que sugieren las interpretaciones más simples y unilaterales –ya sean exaltadoras o denigratorias–, el capitalismo no ha sido nunca un sistema económico y social uniforme y sin matices. Tampoco lo es ahora. Muy al contrario, cabe afirmar que hay muchos capitalismos, desde las versiones más depredadoras que abundan en el antiguo Tercer Mundo a aquellas otras que han sabido reunir eficacia económica con progreso social y virtud cívica, combinación en la que tanto brillan los países escandinavos contemporáneos.

Desde un punto de vista histórico, son bien conocidas las diferencias entre el modelo anglosajón de capitalismo de mercado y el llamado modelo «renano». Por hacer referencia a un vector económico al que aquí hemos prestado atención preferente –la organización de las finanzas–, las divergencias entre los dos modelos siempre fueron marcadas. Mientras que en el centroeuropeo predominó un profundo vínculo entre banca e industria (que dio lugar a la llamada banca universal), en el anglosajón esa relación fue mucho más difusa o inexistente (por lo que se habla de «banca especializada»). Aunque fueron muchos los avatares históricos de esos modelos, la distinción entre ellos ha pervivido durante largo tiempo, marcando significativamente las diferencias en la naturaleza y orientación de unas economías y otras.

Pero, como decíamos, no es ésta una cuestión que quede confinada en la historia. Al contrario, a poco que se indague se verá que dentro del capitalismo convive una cierta diversidad de modelos: economías regidas por instituciones diferentes –al menos hasta un cierto punto– que producen resultados sistemáticamente dispares. A su estudio se ha aplicado una de las partes más interesantes de la moderna investigación económica: los distintos institucionalismos económicos, a pesar de sus diferencias metodológicas, coinciden en resaltar esa diversidad.7 Entre los elementos que con frecuencia divergen a la hora de contrastar unas estructuras económicas y otras, no solamente observamos la existencia de diferentes grados de intervención pública en la economía, o en los «estilos» de esa intervención. También es de notar que, en torno a algo si cabe más trascendente como es el grado de cohesión social o el valor de la reputación mutua en las transacciones (es decir, en último término, los incentivos para la cooperación), se detectan situaciones distintas entre las economías del mundo industrializado (sin entrar, desde luego, en las diferencias mucho mayores que, respecto a estos puntos, se dan en las emergentes).

En esa línea, la innovadora literatura sobre los efectos económicos del capital social resalta la importancia de que una sociedad cuente con reglas de comportamiento no escritas que induzcan de un modo espontáneo a resolver todo tipo de intercambios a través de soluciones cooperativas, y no mediante el conflicto. Si tales reglas efectivamente existen, la confianza –esa cualidad de tan alto valor en la economía moderna– se extenderá, con provecho general. Pues bien, no todas las sociedades cuentan con la misma dotación de capital social: aquellas en las que éste fluye con mayor intensidad y dinamismo –y de nuevo hay que mencionar a los países nórdicos– serán las que a largo plazo acumularán ventajas de todo tipo en la carrera hacia el progreso. Reténgase este punto, pues nada parece más incompatible con esa necesaria acumulación de capital social que un capitalismo en el que se haga visible un carácter exclusivo, depredador y amoral. En presencia de tales rasgos, las condiciones para la empatía social y la virtud cívica desaparecen de escena, y ello a su vez acaba por suponer un coste económico.

No muy alejados de ese punto, Daron Acemoglu y James Robinson, en uno de los libros más interesantes de los últimos años, han dado razones bastante convincentes de «por qué fracasan (o triunfan) los países». En su argumento, la clave del progreso está en disponer de instituciones económicas inclusivas, las cuales «a su vez, se forjan sobre bases establecidas por las instituciones políticas inclusivas, que reparten ampliamente el poder en la sociedad y limitan su ejercicio arbitrario».8 En nuestra opinión, surge ahí uno de los razonamientos más contundentes en torno a las ventajas económicas que se derivan de la plena democracia y, consiguientemente, también de los costes que su retroceso puede traer aparejados.

Los comentarios de los últimos párrafos sugieren la necesidad de introducir algún importante matiz respecto a una de las cuestiones de fondo que se han planteado en este ensayo. Para nosotros, es indudable que si el capitalismo se quiere salvar de quien ahora mismo es su peor enemigo (esto es, él mismo), debe corregir en profundidad los excesos de los últimos decenios. Para ello la economía tiene que hacerse más inclusiva y revertir su preferencia por lo especulativo frente a lo productivo. No hablamos, sin embargo, ni de un quimérico regreso a un modelo ya pasado ni de dar un salto «hacia una nueva fase del desarrollo del capitalismo» (por utilizar una expresión que fue muy común en el pasado). Nos referimos a algo más modesto, con lo que casa bien la expresión «pequeña gran transformación».

Esa dinámica de cambios graduales pero significativos exige una redefinición de las relaciones entre mercados de capital y políticas democráticas, para lo que es necesario un avance de la innovación en los procesos de formación de las políticas públicas. Ahí puede jugar un papel relevante la observación de aquellas experiencias que han permitido que, en determinadas sociedades, la adaptación a las tendencias globales no haya incorporado los rasgos más antipáticos que el capitalismo ha tomado en otras. Pensamos en países como los escandinavos, que aún con todos sus esfuerzos de adaptación, han sabido mantener una combinación virtuosa de funcionamiento eficiente de los mercados, servicios sociales y asistenciales de altas prestaciones y calidad institucional.

La pequeña gran transformación incorpora, desde luego, un «elemento conservador»: la necesidad de mantener la vocación de cohesión social, con la idea de que ésta supone no un obstáculo, sino un elemento de valor económico si se atiende a las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Dentro de esa diversidad de la que venimos hablando, el modelo social europeo (que en sí mismo tampoco es, desde luego, homogéneo) representa la cota más ambiciosa, y cuya conservación seguramente es de más alto valor (el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lo designó como un verdadero «patrimonio de la humanidad»). Pues bien, hemos mostrado que la Gran Recesión ha presentado en Europa algunas de sus caras más hostiles, llegando a introducir dos desafíos fundamentales, a ninguno de los cuales se ha sabido dar por el momento una respuesta cabal.

Por un lado, el propio proceso de integración ha experimentado un retroceso, apareciendo ahora como novedad una tendencia disgregadora que es perceptible en la opinión pública de amplios sectores de la población europea. La pervivencia de los efectos de la crisis de deuda soberana; la ausencia de un sentido de solidaridad entre países ante la consolidación fiscal a ultranza y los movimientos migratorios masivos; la presencia de un líder obvio –Alemania– que no quiere serlo y que renuncia a asumir sus responsabilidades como tal; y la escasa fuerza activa manifestada por los órganos de poder comunitario para contrarrestar tanta tendencia adversa. Ésas son las principales razones del decaimiento actual del proyecto europeo. Un proyecto del que ahora sabemos bien que, en su versión más estricta –el club del euro–, presenta notables carencias institucionales y competenciales que, de no corregirse (y es verdad que algunas mejoras en ese sentido ha habido en los dos últimos años), ponen en riesgo la aspiración de unidad europea en su conjunto.

Por otro lado, la política de austeridad ha extendido la desigualdad y la pobreza en un buen número de países y ha puesto también en situación de riesgo al Estado del Bienestar. Ante este segundo gran desafío a la cohesión, creemos que el gasto social ha de adaptarse a las nuevas realidades, mirando más directamente hacia las fuentes de la desigualdad. Con el fin de intentar atajar la desigualdad más en su origen que en sus efectos, tal y como indicamos un poco más adelante, es prioritario que el Estado social europeo asuma la igualdad de oportunidades como principio fundamental.

Para el futuro de la integración paneuropea, los acontecimientos de estos años han sido más que avisos. Algunos de ellos han provocado importantes heridas que distan de estar cicatrizadas: el cambio diametral de políticas bajo el diktat de los inversores en 2010; el abismo del euro en 2012; el drama griego en 2015; el Brexit en 2016. Pero es un proyecto demasiado valioso como para permitir que los grandes fallos cometidos en la construcción de la política monetaria común se lo lleven por delante. Los remedios posibles son conocidos (más política fiscal compartida, eurobonos, cambios institucionales). Pero todos ésos serán meros apaños para ir tirando, y a fin de cuentas servirá de poco, si no se consigue extender al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) –entre los cuales ahora mismo cunde el desánimo– el deseo de alcanzar una unidad política más intensa. Y eso, entre otras cosas, exige otra forma de entender el liderazgo del proyecto.

LA BATALLA DE IDEAS

Hemos dedicado dos capítulos a las ideas económicas. Las aguas estancadas en que la teoría económica se movía hace apenas una década –sobre todo en materia de macroeconomía y finanzas– han dado paso a la agitación actual. Si bien no ha habido un cambio diametral en la orientación de la economía, sí es verdad que algunos supuestos y argumentos considerados casi como intocables antes de 2008 han acumulado mucho desprestigio desde entonces: el supuesto de ultrarracionalidad de los actores económicos y la teoría de la eficiencia natural de los mercados de capital destacan en ese punto.

Pero un debate de ideas económicas no es algo que concierna sólo a departamentos universitarios o a centros sofisticados de investigación. Las ideas importan, y a veces importan mucho…, ya sea para bien o para mal. Así lo hemos mostrado en este libro, mediante la disección de dos teorías, cada una de las cuales tuvo una enorme influencia, e importantes efectos prácticos, antes y después de la explosión de la crisis. Durante la fase de expansión, la hipótesis del mercado eficiente fue el argumento favorito de quienes defendían la concepción radical de los mercados financieros desregulados que finalmente se impuso. Esa «visión ultrarracional de las finanzas» invadió con fuerza los principales ámbitos del diseño de políticas en muchos países y contribuyó decisivamente a que se consolidara en la mentalidad de la época, dada su apariencia de dicterio científico, y por tanto insoslayable.

Por otro lado, a partir de 2010, y sobre todo en Europa, alcanzó gran protagonismo en el debate político económico el argumento de la austeridad expansiva, que es la segunda idea cuyo tránsito desde la pura especulación teórica a su uso para justificar una determinada política hemos examinado en detalle. La estrategia de consolidación fiscal a ultranza ha traído consecuencias políticas y sociales muy negativas a diversos países europeos, pero hay también amplia evidencia de sus importantes efectos adversos en el ámbito económico, tanto a corto plazo como en una perspectiva a largo plazo. Es por tanto un segundo ejemplo, y de gran trascendencia, del peligro que representan las malas ideas cuando son vistas como oportunidades para legitimar desde el punto de vista intelectual estrategias espurias.

En la historia del pensamiento económico seguramente no ha habido mayor discrepancia doctrinal que la que tiene por protagonista a la propia idea de mercado. Siendo un asunto, por tanto, nada nuevo, es verdad que nunca se ha llevado tan lejos la lógica del puro mercado como ha ocurrido en los últimos decenios, trascendiendo sus ámbitos tradicionales, lo que justifica el uso del término «sociedad de mercado». Si en algunos casos esa trasposición es sencillamente útil (por ejemplo cuando hablamos de «mercados de emisiones de gases», lo que hace sesenta años a nadie se le habría ocurrido), en otros resulta mucho más controvertida y objetable (como cuando nos referimos, como hace la influyente teoría de la elección pública, a los «mercados del voto»). En este último caso, es fácil traspasar los límites morales del mercado de los que habla Michael Sandel.

La apoteosis del mercado ha traído consigo errores y disfunciones importantes, sobre todo cuando se ha idealizado su concepción como un hecho espontáneo, natural, en un entorno económico protagonizado, más que por cualquier otro sector, por las finanzas. Con demasiada frecuencia se ha olvidado que los mercados, aun pudiendo cobrar dinámica propia, sólo son construcciones humanas, y que en muchos casos han sido creados por los estados. Lo que quiere decir que los planteamientos duales del tipo «mercado o Estado» están en gran medida equivocados.

De ahí surge una visión matizada de la dialéctica libre mercado / intervención pública, sobre todo en los dos aspectos de la economía que en mayor medida hemos examinado en este libro, las finanzas y la dinámica macroeconómica. En esa línea es útil rescatar la «metáfora del reloj» que hace más de doscientos años usara James Steuart: la delicadeza de su mecanismo exige formas sutiles y bien calculadas de intervención, más allá de las cuales los controles pueden provocar más daños que beneficios; pero si al mercado, como al reloj, se le abandona a su suerte sobrevendrá el fracaso (el reloj atrasa y finalmente se para). Algo que, aun pareciendo obvio, durante varios decenios estuvo bastante olvidado, y que la eclosión de la crisis nos ha obligado a recordar.

El colapso de algunas teorías, por importantes que éstas hayan sido, no significa aún una revolución científica. Pero la trama de relaciones entre argumentos y políticas sí parece estar avanzando en los últimos años hacia algunos territorios nuevos. Si en el ámbito estricto de la generación de ideas –es decir, principalmente en el mundo académico– los debates han avanzado a un ritmo lento (desesperadamente lento, para muchos), su recepción por parte de los entornos más próximos a la decisión política ha derivado en una batalla teórico-ideológica mucho más perceptible. Y lo mismo ocurre, más en general, con la opinión pública, que en muchos países se muestra ávida de razonamientos económicos renovados, de un modo que desde luego no se observaba hace diez o veinte años.

El comentario anterior será probablemente obvio para cualquiera que siga con asiduidad alguna de las múltiples plataformas en las que economistas destacados –muchos de ellos laureados con el premio Nobel– exponen sus columnas de prensa o ensayos de persuasión. En la relación de grandes columnistas de Project Syndicate, por ejemplo, se puede captar con facilidad el aspecto poliédrico de la argumentación económica actual. Respecto a los más diversos asuntos, desde la naturaleza de los mercados financieros al impacto de la educación sobre la productividad, observamos argumentos contrapuestos por parte de autores como Dani Rodrik o Robert Shiller, Martin Feldstein o Robert Skidelsky. Análoga percepción se sigue de una revisión de voxEU (perteneciente al británico Centre for Economic Policy Research, CEPR), en este caso a través de resúmenes de investigaciones de primer nivel. La diversidad se aprecia en todos los planos, es decir, tanto en los supuestos como en los procedimientos de investigación y sus resultados.

Debates en curso, batallas de ideas cuyo resultado aún es difícil predecir. Sin embargo, hemos mostrado que en ese panorama cambiante hay algunas novedades especialmente reseñables. Las resumimos ahora en los cuatro puntos siguientes. Primero, la intensa recuperación de la idea de ciclo (sobre todo la de ciclo financiero, más largo y difícil que el tradicional «de los negocios»). Segundo, un conjunto de argumentos que, a partir del punto anterior, comparten una visión macroeconómica más pragmática, cambiante y equilibrada (es decir, menos volcada en el fundamentalismo de mercado, y menos vinculada a principios y reglas muy simples y restrictivos). Tercero, una eclosión de notables estudios sobre la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. Y cuarto, la aparición de nuevas visiones acerca de las funciones económicas del Estado, entre las que destaca el Estado emprendedor.

En el orden metodológico, en el trasfondo de todo ello aparece una revisión de los modelos de pura racionalidad (es decir, aquellas que parten de sujetos de los que se asume un actuación enteramente racional), para abrirse más o menos sistemáticamente a las anomalías de comportamiento, se trate de problemas con la información, de los siempre perturbadores animal spirits (espíritus animales) o, sin más, del peor enemigo del analista que cree saberlo todo: la presencia de incertidumbre.

En cualquier caso, más importante que la aparición o caída en el descrédito de una u otra idea concreta, es el reconocimiento bastante amplio de que la actitud de arrogancia de las últimas décadas no llevaba a parte buena alguna. Así lo ha reconocido de una forma magnífica el economista jefe del Banco Mundial, Kaushik Basu: «Una cosa que los expertos saben y los no expertos desconocen es que aquéllos saben menos de lo que éstos creen».9 Por eso, el premio Nobel de 2016, concedido a Angus Deaton, constituye la mejor de las noticias: un pensador notable capaz de proponer argumentos originales en torno a temas cruciales, como el consumo o la desigualdad, pero que nunca se dio a sí mismo demasiada importancia. Y sobre todo que, a la hora de hacer recomendaciones de política, siempre se mantuvo fiel al principio de pegarse a la tierra y no partir de teorías más o menos sofisticadas, que poco tienen que ver con los datos y que, como hemos mostrado, a veces se convierten en meras coartadas ideológicas.

UN NUEVO PROGRESISMO

La sucesión de problemas económicos de los últimos años interpela de un modo particular a los sectores sociales y políticos de visión progresista, y muy singularmente a la socialdemocracia europea. Es un hecho indiscutible que los partidos socialdemócratas compartieron responsabilidades en el origen de la crisis con otras fuerzas del espectro político, debido a sus posiciones excesivamente complacientes con la globalización financiera durante la fase de expansión. El líder socialista español Felipe González solía insistir en que los socialistas no podían dejar la bandera de la estabilidad macroeconómica a sus rivales conservadores, y que en esa materia también debían ser «los mejores». No le faltaba razón, pero el problema estaba en la propia idea de estabilidad que esos partidos aceptaron acríticamente y que fue llevada a un extremo con la difusa tercera vía propuesta por el líder laborista británico Tony Blair.

El desconcierto ideológico no es, desde luego, patrimonio exclusivo de la moderna socialdemocracia. Pero, seguramente es ahí donde la crisis ha provocado mayores dosis de duda y ansiedad. El choque entre la lógica de los mercados y la de la política democrática ha hecho que algunos principios del progresismo político tradicional del siglo pasado se muestren ahora como ineficaces y anquilosados. Pues bien, en los capítulos anteriores se ha expuesto una amplia gama de argumentos que, partiendo de los múltiples fallos que la crisis ha puesto de manifiesto, permiten dibujar un mapa de líneas de solución que un nuevo progresismo debiera aspirar a poner en marcha. En nuestra opinión, esa necesaria dinámica renovadora se resume en afrontar cinco desafíos político-intelectuales de primer orden.

En primer lugar, es urgente impulsar un conjunto de instituciones que favorezcan la estabilidad macroeconómica en un sentido realista, así como la preservación de los servicios públicos básicos. Sabemos que el uso de políticas anticíclicas –que sean capaces de tomar lo mejor del keynesianismo originario– es el único modo de bregar con el gran trade-off de la deuda. En ese sentido, desde una visión preocupada por la desigualdad, el desapalancamiento masivo puede acarrear, además de la máquina de estancamiento que hemos venido destacando, consecuencias distributivas funestas –de hecho así ha ocurrido en el pasado reciente–, por lo que habrá que hacerlo con sumo cuidado y sentido del equilibrio. Recuérdese en ese sentido que, como consecuencia del anterior boom de crédito, los consumidores, también los de menor renta, se han hecho más dependientes de la deuda no sólo para adquirir viviendas, sino también para cubrir sus necesidades de servicios sanitarios, educativos o culturales.10

Una genuina política estabilizadora puede ser también un instrumento fundamental para la sostenibilidad de los principales segmentos del Estado del Bienestar, como la educación, la sanidad o el sistema de pensiones. Para ello es fundamental incorporar la dinámica del ciclo a la toma de decisiones sobre el gasto social. Es decir, aplicar el principio tan sencillo como sabio de ahorrar en los tiempos de vacas gordas, para forzar el gasto en las depresiones. Un modelo que, desde luego, no hay que inventar desde cero: ahí está, como ejemplo de una institución de ese tipo, la «hucha de las pensiones». En todo caso, nótese que la aplicación de ese principio obliga a revisar la definición de reglas de política económica, como las que rigen los sistemas fiscales en la eurozona.

En segundo lugar, es prioritario defender el funcionamiento de la competencia en los mercados, es decir, combatir los monopolios, los cárteles y los privilegios corporativos y concesionales. La política regulatoria tiene que hacerse más dúctil y diversificada, favoreciendo una amplia liberalización de los mercados de bienes y servicios, al tiempo que la regulación de las finanzas se hace más estricta y profunda. Del primer punto dependen crucialmente las condiciones de eficiencia de la economía a largo plazo (pues desde Adam Smith sabemos, aunque tantas veces lo hayamos olvidado con pésimas consecuencias, que para ser eficientes, los mercados han de ser competitivos). El segundo punto es crucial para, sencillamente, evitar caer en los errores y excesos del pasado, y asomarnos así a nuevos abismos.

En tercer lugar, las políticas empresariales deben experimentar un viraje radical desde su actual énfasis en la rentabilidad hacia las ganancias de productividad. La preponderancia otorgada en los últimos años a la desregulación laboral, la devaluación salarial, las subvenciones y las rebajas de impuestos favorece la recomposición de la rentabilidad de las empresas. Puede defenderse que, con todos los sesgos perversos que ha traído su aplicación sin matices, algunas medidas con esa orientación eran imprescindibles en una dinámica de ajuste. Pero nada de eso resuelve los problemas de fondo de muchas economías europeas, como la española. Lo que ahora realmente se necesita es colocar el énfasis en la productividad, para lo que es imprescindible reorientar radicalmente las políticas de educación, de inversión y de innovación científica y técnica, colocando ahí las prioridades del gasto.

En cuarto lugar, y muy relacionado con lo anterior, el nuevo progresismo debe impulsar un Estado menos intervencionista, y más innovador y emprendedor. Estado y mercado pueden desarrollar dinámicas mutuamente enriquecedoras en muchos ámbitos: tal y como hemos venido constatando, ya existen ahora mismo experiencias ejemplarizantes –entre ellas la hasta ahora poco conocida de los sectores más dinámicos de la economía norteamericana– del papel del Estado como verdadero impulsor de la innovación, las ganancias de productividad y la creación de nuevos mercados. Es decir, tampoco aquí hay que inventarlo desde cero: la experiencia ya existe, y autores como Mazzucato han sabido teorizarlo. Ahora falta sólo convertirlo en un claro y prioritario principio activo de política.

Y en quinto lugar, revertir la fuerte tendencia hacia la desigualdad constituye ahora mismo una necesidad «prepolítica», casi diríamos civilizatoria. El malestar es ya tan extenso, y tan visible, que algunas respuestas colectivas muy poco «racionales» (o al menos, poco comprensibles desde una perspectiva de reflexión y cálculo), como el Brexit, podrían extenderse muy fácilmente en el inmediato futuro, si no se le pone coto. Desde el punto de vista de un nuevo progresismo, es importante reconstruir el Estado social de un modo que se vuelque en dos aspectos fundamentales. El primero es dar prioridad a la igualdad de oportunidades. Porque, a pesar del desgaste de los últimos años, el Estado del Bienestar sigue protegiendo bien a las generaciones mayores, pero deja en gran medida inermes a las más jóvenes. Incluso desde el punto de vista de su sostenibilidad política es importante ese viraje, pues de otro modo el vínculo emocional de los jóvenes con el Estado del Bienestar –y sus deseos de defenderlo– se irán evaporando.

El segundo aspecto es que en los últimos años se ha ido haciendo visible el riesgo de que el Estado del Bienestar quede reducido a una dimensión meramente asistencial. Es decir, se vaya transformando en el sentido de ocuparse sólo de sectores marginales: por ejemplo, sanidad únicamente para quien no pueda pagar ningún gasto sanitario, lo que en buena medida supondría un retroceso hacia un modelo sanitario como el que opera tradicionalmente en Estados Unidos, objeto de vivas y justificadas críticas por injusto e ineficaz. Siendo esta cuestión de particular importancia en el ámbito de la salud pública, el nuevo progresismo debiera establecer como prioritaria la garantía de universalidad de esos servicios. Además de su contenido civilizatorio habría aquí, de nuevo, un criterio político de primer orden: permitir que las amplias clases medias sigan comprometidas con la defensa del Estado social. La orientación hacia la igualdad de oportunidades, la redistribución positiva de la renta y la riqueza, y la defensa del principio de universalidad en algunas de sus grandes conquistas (como la sanidad pública) debieran ser el santo y seña del Estado social en las próximas décadas.

ECONOMÍA Y DEMOCRACIA EN SUS LABERINTOS

Dar una respuesta cabal a los desafíos anteriores exige afrontar de una vez, como condición previa, el problema de la camisa de fuerza dorada o golden straitjacket. Y es que, sin reducir el peso de la restricción externa impuesta por los mercados de capital, todo lo anterior seguramente quedaría en simple quimera. Regular eficazmente las finanzas globales a través de nuevas estructuras y organismos o desandar una parte del azaroso camino de la apertura sin límite de los flujos de capital mediante la imposición coordinada de controles: para deshacer el nudo que ahora ata malignamente a la economía y la política no nos van quedando más opciones. Sin eso no hay reconstrucción posible de progresismo alguno.

El dilema anterior puede expresarse de otra forma: la globalización contemporánea probablemente ha alcanzado ya sus últimas fronteras. A partir de aquí se abren dos posibilidades: o extender ordenadamente el dominio sobre ella, haciéndola retroceder en sus aspectos más temerarios y nocivos –especialmente la libre circulación de capitales–, o su repliegue avanzará de un modo descontrolado, llevándose por delante algunos de sus grandes logros, que tanto estiman –y estimamos– los ciudadanos cosmopolitas.

¿Tendrá el capitalismo los siglos contados?11 Más allá de la frase ingeniosa, ahora sabemos que sobre el futuro de este sistema pesan amenazas que hace solamente diez años resultaban casi inimaginables. Pero tales amenazas tienen también el aspecto positivo de revelar problemas profundos que, aun viniendo de antiguo, estaban enmascarados por la ilusión de «un mundo al fin estable». En este ensayo hemos abogado por un capitalismo inclusivo, capaz de reconciliar la lógica económica con una idea de democracia y moral cívica. Porque quién sabe si la alternativa a eso no será la decadencia y la barbarie.

1. Lazonick (2013), p. 857.

2. Sobre el poder de los cárteles en Estados Unidos, véanse los conocidos libros de Robert Reich (2007, 2011).

3. El País, 15 de diciembre de 2014.

4. Véase Milanovic (2013).

5. Véase Judt (2010).

6. Véase el interesante libro de Zucman (2015) sobre los paraísos fiscales.

7. Una presentación de esos argumentos puede verse en el volumen colectivo editado por Arias y Caballero (2013). También desde otras ciencias sociales se han realizado aportaciones relevantes al estudio de esa diversidad. Como ejemplo destacado cabe citar al politólogo Peter Hall y sus análisis de economía política comparativa, en los cuales resalta con fuerza la existencia de «variedades del capitalismo». Véase Hall y Soskice, eds. (2013).

8. Acemoglu y Robinson (2012), p. 105.

9. Véase D. Rodrik, «¿Para qué sirven los economistas?», Project Syndicate, 13 de mayo de 2015.

10. Véase Dumenil (2015).

11. Recogemos esta frase del título de un libro de Giorgio Ruffolo (2013).

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