El fiscal Felipe Acedo Colunga tuvo un papel principal en la depuración de todos los colectivos fieles a la República durante la guerra civil y el franquismo: ideó las medidas propagandísticas y penales de la posguerra, y elaboró un plan sobre cómo debía llevarse a cabo la depuración de todos los colectivos rojos sin olvidar ninguno. Y, desde los clásicos postulados tradicionalistas, ultracatólicos y totalitarios fue inflexible con los defensores de la Constitución republicana.

A través del estudio de esta figura y de sus propias memorias se desempolvan también otros temas: la idea vigente durante el franquismo, entre los vencedores, de que la batalla contra «el enemigo» seguía siendo necesaria; la necesidad de continuar defendiendo la memoria histórica; la remanencia en la legislación española de fundamentos crueles y fascistas; las huellas del odio; y la propaganda realizada por el régimen franquista.

AA. VV.

Castigar a los rojos

Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista

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Titivillus 11.03.2023

Título original: Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista

AA. VV., 2022

Ilustración y diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño

Editor digital: Titivillus

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Prólogo
Baltasar Garzón

Guillermo Portilla Contreras, que junto con Francisco Espinosa y Ángel Viñas es uno de los tres autores de este libro, me facilitó una pincelada perfecta sobre el fiscal Felipe Acedo Colunga. Me explicó que, además de participar, fue ideólogo de las tesis defendidas en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia entre 1937-1939; que elaboró un plan sobre cómo debía llevarse a cabo la depuración de todos los colectivos fieles a la República sin olvidar ninguno. Y que desde los clásicos postulados tradicionalistas, ultracatólicos y totalitarios fue inflexible con los defensores de la Constitución republicana.

Tenía razón: todo esto y mucho más es lo que desgrana esta obra que describe y documenta la acción de un personaje que fue creciendo en protagonismo en el régimen franquista gracias a su capacidad de superar su propia y cruel aplicación de una norma penal de tintes fascistas que contribuyó en buena medida a dar forma, destinada a exterminar al enemigo y, por tanto, con esos criterios sistemáticos que llevan a que tengan lugar los grandes crímenes contra la humanidad. En el consejo de guerra de 1939 dio muestras de su talante inflexible solicitando la pena de muerte para Julián Besteiro, presidente de las Cortes durante la Segunda República y también del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. El tribunal desechó tal petición y la sustituyó por cadena perpetua, que luego se traduciría en treinta años de reclusión, a los que no sobrevivió el político. Para Ángel Viñas, el alegato del fiscal representa el repudio «de toda la tradición filosófica, política y jurídica que había pugnado por introducir a España en el siglo XX. Ni más, ni menos. Y al condenar al olvido aquella experiencia, también quiso obliterar la misma existencia física de Julián Besteiro».

Memoria del fiscal del Ejército de Ocupación. Así se denomina este documento de Acedo Colunga redactado el 15 de enero de 1939, «año triunfal», del que parte una indagación tan prolija como rigurosa. Esta Memoria viene a ser un compendio del horror penal que se aplicó con generosidad sobre aquellos que habían defendido al gobierno salido de las urnas y el orden constitucional, por parte de los vencedores del golpe de Estado que sumió a España en una dictadura de tintes fascistas. El ideólogo jurídico de tan cruenta represión fue este fiscal procedente de la rama de aviación del ejército y que entre otros cargos sería, años más tarde, gobernador civil de Barcelona de 1951 a 1960. Ya se ve qué mandatarios han decidido sobre nuestras vidas. Pero, sin duda, el franquismo contaba con los suyos y los cuidaba.

He podido acompañar a Francisco Espinosa, gracias a su relato, en su propia inmersión en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, abierto a la investigación a partir de 1997, y me ha llegado a través de la lectura de su capítulo el olor a humedad y abandono y el estado deplorable en que se encontraban los procedimientos. Y, en estas páginas, he sentido la emoción de su descubrimiento cuando, entre los consejos de guerra allí apilados, localizó la Memoria que, como describe Espinosa, «fue fruto de la experiencia vivida por Acedo Colunga tanto en la fase de la represión organizada desde la Auditoría en los consejos de guerra selectivos de los meses posteriores al golpe, como de los años en que estuvo al frente de la Fiscalía». Añade algo crucial: «El objetivo de la Memoria no fue otro que poner al día lo que se venía practicando desde 1936 con la idea de orientar las actuaciones judiciales militares a partir de 1939, ya que, como sabemos, para los vencedores estaba claro que, aunque la guerra hubiera terminado, la campaña seguía vigente. De hecho, solo cesó cuando tras ocho años, en 1944, las circunstancias internacionales llevaron a la dictadura a dar otra imagen y paralizar durante cierto tiempo, el poco que tardó en saberse que los aliados permitirían la existencia del fascismo español, la maquinaria judicial militar».

Narra Espinosa que se trataba de un documento de carácter interno orientado exclusivamente a las auditorías y no para salir fuera de los círculos castrenses. Pero que lo que resultaba asombroso «era que constituía una exposición detallada y diáfana de los fundamentos ideológicos de la represión».

La base era reprimir primero y luego justificar, afirma, y resalta un párrafo que indica el objetivo de la Memoria: «demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber, que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley».

En noviembre de 1936, Acedo Colunga fue nombrado director de la Fiscalía del Ejército de Ocupación. De la investigación de Espinosa se extrae un antecedente, fruto de una denuncia del presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz que expresaba sus dudas ante algunas instrucciones llegadas de la Auditoría de Sevilla en la forma de abordar la represión. Lo señalo como ejemplo estremecedor. Refería que en cuanto a los apoderados e interventores de las «llamadas elecciones de 1936» debían ser procesados, determinándose durante el juicio oral «por la impresión que en Tribunal produjese la cara de los procesados, quiénes debían ser condenados y quiénes absueltos». Una fórmula de aplicar la ley fuera de todo derecho, como se ve. Como igualmente indicaba, «todos los Milicianos rojos también, como regla general, debían ser procesados y fusilados».

Considera Espinosa que tal situación se acabó convirtiendo en norma y la Memoria es buena prueba de ello. No me resisto a resaltar otra conclusión de este excelente trabajo: «Acedo siempre fue consciente de que nunca se podría castigar a todos los que, según él, lo merecían por dos razones de orden práctico: no habría cárceles para tanto condenado y, sobre todo, porque se corría el peligro de acabar con la mano de obra. En este sentido añoraba los siglos en que reinó la Santa Inquisición».

El Santo Oficio fue sin duda un motivo de inspiración para él y para magistrados de la época que impartieron una justicia basada en el exterminio y la humillación del abatido. Pero como principal inquisidor destaca Felipe Acedo Colunga, tal y como lo define, en su capítulo, el catedrático de Derecho Penal Guillermo Portilla, quien resume lo que denomina la Guía de inquisidores para la represión de los rojos en la guerra civil y la posguerra, analizando la memoria del fiscal y explicando que Acedo Colunga la concibió como «la necesidad, de volcar todo el conocimiento adquirido tras años de ejercicio en la Fiscalía en una guía orientada hacia aquellas personas que se iniciaban en la tarea de administrar justicia en los consejos de guerra». Para conseguir un derecho diferente al resto de los ordenamientos jurídicos y desde el modelo nacional-socialista, apunta Portilla, también al Tribunal de la Inquisición como estandarte del derecho penal patrio que Acedo Colunga deseaba. Reseña un párrafo de la Memoria que es en sí suficiente para entender tal extremo en relación al Santo Oficio: «ofrece perspectivas penales dotadas de una intensa y españolísima originalidad, en las que acaso se encuentren doctrinas susceptibles de ser recogidas y puestas en práctica». Más aún, recoge Portilla que esta idea de volver a tan temible sistema de enjuiciamiento ya era notoria en las obras de algunos catedráticos de Derecho Penal y Filosofía del Derecho que, años más tarde, fueron miembros destacados de los tribunales de excepción franquistas.

«El derecho penal y procesal penal de excepción propuesto por Acedo, la gestación de un procedimiento análogo al que el Santo Oficio de la Inquisición utilizó contra la masonería como una modalidad del delito de herejía, un régimen desprovisto de derechos, se convirtieron en realidad con la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo», señala Portilla. «En esta nueva estructura jurídica —dice— el fiscal debía convertirse en el intérprete del espíritu popular mientras el principio de legalidad queda en un segundo plano.» Se generó de ese modo un derecho penal militar que abarcó un abanico ciclópeo de delitos, juzgados a través del procedimiento sumarísimo: los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la autoridad y sus agentes. Junto con estos, también los comprendidos en el título tercero del Código Penal ordinario bajo el epígrafe «Delitos contra el Orden Público».

En suma, hablamos del diseño de un plan para la represión penal de los desafectos al Movimiento Nacional, explica el catedrático. «En realidad, se trató de un boceto de cómo debía realizarse legalmente el exterminio físico, moral y económico de los defensores de la República, a los que consideraba como enemigos internos ilegítimos carentes de derechos.» Esta, pienso yo, es la clave de lo que los golpistas implantaron desde el primer momento, desarrollaron sin escrúpulos y concluyeron en la mayor impunidad.

La impunidad galopa por las páginas de este documento junto con la convicción de que la justicia era ajena a los criterios de los tribunales, y la compasión, un verso suelto que en pocas ocasiones asomaba. Pero, sobre todo, y gracias a la espléndida interpretación de Guillermo Portilla, el análisis de la Memoria de Acedo Colunga deja varias preguntas en el aire. ¿Hasta cuándo han persistido esos conceptos terribles, inhumanos y fascistas en nuestras normas legales? ¿Cuándo y hasta dónde se produjo el cambio de mentalidad y cultura en la judicatura, una estructura cerrada y endogámica? ¿Cuánto hay que trabajar aún para arrancar las raíces de aquel odio implantado con tanto rigor?

Se completa este trabajo con la cualificada visión de Ángel Viñas en su detallado recorrido por la vida de Acedo Colunga, que comienza sus iniciales vaivenes ideológicos resumidos en tres constantes: militarismo, nacionalismo y socialismo, que llevarían, dice el historiador, al fascismo. Nos describe un personaje peculiar, en absoluto ajeno a los hechos de su tiempo —sin ir más lejos, sufrió prisión por su apoyo a la sublevación del general Sanjurjo—; fue designado como fiscal en la Fiscalía Jurídico Militar para procesar a los involucrados en la llamada revolución de Asturias y después su destino para los asuntos de justicia militar en la Jefatura del Arma de Aviación. Su activo papel en los consejos de guerra, su saña contra Julián Besteiro en cuyo proceso, apunta Viñas, Acedo Colunga «mostró hasta qué punto primaba su voluntad de hacer caso omiso de cualquier señal de autodisciplina y de sentido analítico, pero con la intención de demostrar la criminalidad de la ideología republicana, con independencia de que en la persona del líder socialista existieran actos concretos constitutivos del delito de rebelión por el que se lo juzgaba». Los años siguientes el fiscal ostenta altos cargos y recibe honores del régimen franquista, una fortuna favorable para un hombre del que un cronista de La Vanguardia, en su etapa en el Gobierno Civil de Barcelona, afirmaba que «tenía un sentido de la justicia directo y expeditivo, que no solía ajustarse ni a la norma ni al procedimiento y que perseguía desmanes y desafueros al estilo castrense». Añadía el periodista que inducía al miedo. Testimonio harto elocuente.

En definitiva, este es un estudio singular que se basa en un documento inédito para el gran público, en la Memoria de un fiscal del franquismo que quiso sentar las bases para la represalia más dura, y da la razón a quienes señalamos una voluntad sistemática de exterminar a los defensores del orden constitucional y a todo su entorno. Ese fue el espíritu del inquisidor que inspira la obra. Felicito a los tres autores en su metódico y brillante trabajo y, como demócrata, les agradezco profundamente el conocimiento que han hecho posible.

Madrid, 21 de diciembre de 2021

Introducción

Este libro es el primer monográfico que se publica sobre uno de los personajes más siniestros de la dictadura franquista y al que hasta ahora, con pequeñas excepciones, no se había puesto bajo la lupa crítica de la historia. Es un caso notable, porque en los últimos cuarenta años la represión efectuada por los vencedores durante la guerra y la larguísima posguerra se ha convertido en uno de los capítulos más vibrantes de la historiografía española contemporánea. Y ello a pesar de todas las dificultades políticas, institucionales, conceptuales, culturales, operativas y financieras que sus investigadores han debido superar. Sin contar el dato no banal de que también es uno de los más controvertidos y desfigurados. No en vano a lo largo del presente siglo las acometidas de numerosos medios, periodistas, aficionados y mitógrafos que no dudamos en caracterizar de reaccionarias han tratado de desvirtuar los orígenes inmediatos de la guerra civil, la naturaleza de la conspiración que condujo a ella y las concepciones en que se basó la multimodal represión que quienes se sublevaron llevaron a cabo tras el estallido de julio de 1936.

Frente a tales obstáculos, en modo alguno superados del todo, como debería haber sido, ahí sigue viva la literatura generada, ampliada y puesta al día durante cuarenta años de dictadura para exaltar el sacrificio, cuando no el martirio, de todos los asesinados «por Dios y por España». Siempre «presentes». Los llevaron a cabo las turbas izquierdistas manipuladas, o abiertamente dirigidas por los responsables de partidos, sindicatos y de miembros del propio Gobierno —prontamente descalificado como tal—, en favor de una Junta de Defensa Nacional de España creada por los responsables tras la «necesidad» de dar aquel grito viril que fue el 18 de Julio. El mundo al revés, pero tal es la naturaleza de una «historiografía» (o «historietografía», en palabras de Alberto Reig) que siguen difundiendo algunos medios periodísticos y que se esparce a toneladas por las modernas redes sociales.

Nosotros sostenemos, en cambio, que se trata de una distorsión caracterizada esencialmente por la voluntad de proyectar hacia un enemigo schmittiano (los cuadros y elementos fieles a una República frágil, pero inequívocamente democrática) un tipo de comportamientos que fue, en realidad, el propio y que prepararon y desarrollaron en primer lugar precisamente quienes se sublevaron. En ciertos casos casi desde los comienzos del nuevo régimen, que había dado la puntilla a una Monarquía que se había ganado a pulso, durante muchos años, la desafección de una gran parte de la población española.

Al igual que algunas otras dictaduras europeas del siglo XX, la española se caracteriza también por haber dejado pocas huellas internas de la filosofía jurídico-penal con que abordó el capítulo más sangriento de la historia de España. Es cierto que ya se han publicado numerosas monografías basadas en el análisis de las sentencias y de las causas judiciales generadas por los vencedores. Esta perspectiva es absolutamente imprescindible porque permite desgajar una parte de las concepciones que la sustentaron, basadas en ciertas interpretaciones arbitrarias cuando no anómalas del Código de Justicia Militar (1890) —en adelante, CóJM— y del Código Penal común (1932). No es necesario aquí referirnos a aquel bodrio que fue la Ley Constitutiva del Ejército, decimonónica, y a la que en primer lugar se echó incluso mano para proyectar un papel eminente de los militares en defensa, última, del ordenamiento constitucional. Como si todavía siguiera vigente con la misma lozanía con que se la estableció al final de las guerras carlistas. A decir verdad, el mundo al revés.

Las reflexiones que anteceden son de un carácter sobradamente conocido. Con todo, hasta ahora no se habían abordado las que, dentro de las filas de los vencedores, se hicieron quienes se dedicaron a pensar sobre la forma y manera de «tecnificar» jurídicamente la represión mientras que, de forma pragmática, la aplicaban sin otro sustento doctrinal que lo inscrito en los ilegales bandos de guerra. Su aplicación subvirtió radicalmente la realidad al caracterizar como «sublevados» a quienes permanecieron fieles al régimen legítimo establecido y «leales» a quienes se lanzaron a la insurrección.

Reconocemos, sin embargo, que todavía se ignora lo que escribieron o pudieron escribir juristas próximos a Franco tales como Lorenzo Martínez Fuset u otros miembros eminentes del Cuerpo Jurídico Militar (CJM), como el catedrático de Derecho Civil Blas Pérez González, durísimo ministro de la Gobernación tras la «victoria». También fueron numerosos los civiles que se incorporaron a la emergente dictadura, pero de entre los más conocidos se cuentan con los dedos de una mano quienes confesaran su pertenencia siquiera temporal a él. Incluso en el caso de nombres ilustres como, por ejemplo, el catedrático de Derecho Político Carlos Ollero.

La ausencia de reflexiones sobre los fundamentos jurídico-políticos-filosóficos de la represión no se aplica al protagonista de este libro: el general Felipe Acedo Colunga. En su calidad de fiscal jefe del sedicente Ejército de Ocupación tuvo tiempo, oportunidad y ganas de pensar en las medidas que deberían tomarse en la etapa de la posguerra. En ellas vertió y teorizó la experiencia que había adquirido en 1934 en Asturias y la que fue desarrollando tras los albores de la sublevación. Sin embargo, lo decisivo fue el «capital» que pudo labrarse desde el momento en que, como los sublevados creían, iba a caer Madrid en el otoño de 1936. Esta, como es obvio, se mantuvo firme, pero la altisonante denominación no se modificó. Fue misión de las unidades de dicho «Ejército» entrar tan pronto como fuera posible en las ciudades conquistadas (la terminología al uso siempre las denominó «liberadas») e instruir los sumarios para castigar adecuadamente a los mandos y cuadros, militares y civiles, de las tropas y población que habían permanecido en la zona leal al gobierno de la República.

El entonces ya teniente coronel desarrolló sus funciones con temible eficacia. No le bastó. Quizá con la vista puesta en un más que probable ascenso redactó a finales de 1938, sin que nadie se la hubiera solicitado, una Memoria. En ella destiló los resultados que había ido acumulando a lo largo de la ya dilatada contienda. Los aderezó con propuestas, sugerencias, incitaciones para guiar la labor «purificadora» de los «liberadores» en el risueño período que para ellos se avecinaba después de la VICTORIA. Esa Memoria también pretendió sentar las bases de una doctrina destinada a ajustar cuentas, por sus «terribles» delitos, a todos aquellos desgraciados que cayeron en las garras de los vencedores.

Se trata de un documento al que uno de los abajo firmantes ha aludido en repetidas ocasiones en el curso de sus investigaciones. Localizó un extracto a finales de los años noventa entre las masas de papel en las que se reflejan huellas de la represión ejercida por los militares sublevados y dio a conocer lo esencial de su contenido en diversos trabajos. Sin embargo, y a pesar de todos sus esfuerzos, no logró dar con el original que, con motivo de una deficiente catalogación de archivo, se perdió de vista durante años. Finalmente pudo localizarlo y digitalizarlo en 2019. No debe extrañar por ello que su texto completo jamás se hubiese dado a conocer hasta ahora.

La importancia del hallazgo no puede aminorarse. Se trata de uno de esos documentos en los que se exponen fielmente las concepciones ideológicas y jurídicas del autor, que no fue un militar cualquiera. En 1938 no eran muchos los que hubieran empleado tiempo y energías en, con una visión prospectiva, establecer los principios operativos para proseguir la «grandiosa» tarea de «limpieza» que iba a conllevar la VICTORIA.

Tales peculiares características requerían, pues, un tratamiento pormenorizado que los tres autores realizamos en este libro. No conocemos ningún otro que haya reproducido y analizado desde una perspectiva histórica, jurídica y política un documento equivalente y menos aún la pormenorizada trayectoria profesional de su redactor.

La obra que presentamos a la atención del lector interesado se descompone en cuatro partes. En la primera se abordan los pormenores respecto a la localización de la guía y la actividad represora del teniente coronel Felipe Acedo Colunga durante la guerra civil. No sabemos si se sintió orgulloso de ella. Suponemos que sí, pero lo cierto es que, como se verá, en una hoja de servicios perfectamente manipulada, las referencias a tal actividad y a otra desarrollada tras la contienda brillan por su ausencia. En la segunda parte se efectúa un detenido análisis técnico-jurídico de la guía para la represión que debía continuar tras la VICTORIA. Es el núcleo sustantivo de este volumen. En la tercera parte se expone una biografía más amplia y detallada que los dos pequeños ensayos que hasta ahora se han dedicado al general Acedo Colunga en la literatura; y, en la última, reproducimos la guía para inquisidores en su versión literal y completa.

Los tres autores hemos leído y criticado constructivamente las partes de los demás, por lo que el libro debe entenderse como una obra común. Nos es grato reconocer que la compenetración establecida para la redacción ha sido excelente desde todos los puntos de vista y que las dificultades de comunicación impuestas por la pandemia fueron superadas con camaradería y un buen humor insuperable.

Estamos sumamente agradecidos al magistrado Baltasar Garzón por el prólogo que ha redactado para este libro. Su nombre estará eternamente ligado al primer intento serio para que la justicia afrontase los crímenes del franquismo como delitos contra la humanidad, erga omnes, e imprescriptibles: los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas y los juicios sin garantías. Una tentativa convertida en «imposible» por un sector de la magistratura española que, lejos de orientar su actuación conforme a los principios del derecho penal internacional, estimó que la Ley de Amnistía era un obstáculo infranqueable. De ese modo, no solo quedaron en el limbo jurídico los mencionados delitos, sino que, además, imposibilitó la revisión judicial del derecho penal de excepción que se tradujo en una jurisdicción militar asentada en los consejos de guerra sumarísimos y sumarísimos de urgencia; en una jurisdicción especial mixta (compuesta por militares falangistas, carlistas y magistrados católicos) apoyada en comisiones de depuración; en procesos de incautación de bienes y en las Leyes de Responsabilidades Políticas, sobre Represión de la Masonería y el Comunismo y de Seguridad del Estado.

Todo un récord, que hoy quiere olvidarse en la conciencia pública, pero que debe resonar con el vigor de un aldabonazo de alerta, porque como ya indicó George Orwell en una frase frecuentemente citada, pero no por ello menos cierta, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro.

El pasado, sin embargo, ya no existe. Desapareció. Ha dejado huellas materiales e ideales. Todo intento de recuperarlo no puede hacer abstracción de ellas. En este caso, de disposiciones normativas e instrucciones a los órganos judiciales y ejecutivos. En la medida en que traducen una forma de ver el mundo y la sociedad de su tiempo, una Weltanschauung, es deber del historiador abordarlas, estudiarlas, explicarlas y hacerlas llegar a las nuevas generaciones.

Agradecemos a la familia Yáñez-Barnuevo su amabilidad en darnos a conocer el expediente del consejo de guerra relativo a los primeros ejecutados tras el triunfo de la sublevación en la ciudad de Cádiz y entre los cuales figuró uno de sus antepasados.

También deseamos dejar testimonio de nuestra más sincera gratitud a Carmen Esteban, Raquel Reguera y Joaquín Arias, cuyos consejos y apoyo en Crítica nos permiten acercar esta obra al público lector. Sin ellos no hubiera sido posible. Innecesario es señalar que ninguno de los mencionados es responsable de los errores que se nos pudieran haber deslizado.

Francisco Espinosa

Guillermo Portilla

Ángel Viñas

Sevilla, Jaén y Bruselas, enero de 2022

Primera Parte

La guerra de Acedo Colunga: Memoria de la represión

Francisco Espinosa

La guerra de Acedo Colunga: Memoria de la represión

El Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (ATMTS) se abrió a la investigación en 1997. La noticia no se hizo pública, pero corrió entre algunos investigadores. Según me contaron entonces, esto se debió a la política de puertas abiertas del teniente general Agustín Muñoz-Grandes Galilea, desde su llegada a la ciudad. Dicha política afectaba a todas las dependencias militares, incluido el Archivo de la División, atendido en los edificios de la Plaza de España desde muchos años antes por el capitán retirado Ernesto Subirá Corrales, que, ya en democracia y como pude ver personalmente, adornaba una de las paredes de su despacho con las fotografías enmarcadas de Franco y Queipo de Llano, y fue el encargado de catalogar los fondos de la División que existían en Capitanía, en su mayoría expedientes personales.

UN ARCHIVO ABSOLUTAMENTE VITAL

La documentación judicial militar generada por la Auditoría de Guerra corrió otra suerte. En algún momento que desconocemos fue enviada de Plaza de España a la Maestranza de Artillería del Arenal (antiguas Atarazanas) y de aquí pasó finalmente en 1992 a la Fábrica de Artillería, junto al puente de San Bernardo y frente a las instalaciones militares que más tarde serían ocupadas por el Tribunal Militar Segundo. Este fue el lugar al que accedimos en noviembre de 1997. Como era previsible, estas mudanzas acarrearon la pérdida de numerosos documentos.

Dicho esto, hay que añadir que, si nos atenemos al contenido de la Ley de Patrimonio Documental de 1985, que establecía cincuenta años para el acceso a los documentos, este tipo de archivos militares debió abrirse a la investigación once años antes, es decir, en 1986. Las consecuencias de este retraso fueron importantes, ya que el gran avance investigador que se produjo precisamente durante esos once años se vio privado de esa fuente fundamental. A esto hay que añadir que, como ha señalado Antonio González Quintana, presidente de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, pese a que en 1995 se creó la Junta de Archivos Militares con la misión de adecuar su situación archivística a la Constitución, cuando finalmente se aprobó el Reglamento de Archivos Militares de 1998 la documentación judicial militar quedó fuera del Sistema Archivístico de Defensa, con el que se intentó acercar al mundo de los archivos militares a lo que ya se venía haciendo en la Administración Civil.

Esto significa que todo siguió igual. Por si fuera poco, el Reglamento de Archivos de la Justicia Militar de 2010 mantuvo la misma situación. Y así continúan en un limbo jurídico pese a los problemas que esto acarrea tanto para la propia documentación como para su uso en la investigación, ya que ni siquiera se rige por un criterio unificador. Por lo demás, el hecho de que se mantenga en manos militares impide el tratamiento adecuado de la documentación, aún sin catalogar totalmente a pesar de los años transcurridos, así como la práctica imposibilidad de acceder a él, puesto que solo puede consultarse en horario de 9 a 14 horas.

Merece la pena que nos detengamos en aquel histórico edificio para poder valorar la situación de algunos archivos importantes a fines de los noventa, es decir, pasados ya los catorce años del PSOE y con el PP en el poder. La entrada al archivo, si así cabía llamarlo, se hacía después de atravesar la gran puerta de entrada, pasar junto a dos leones iguales a los del Congreso de Diputados, que por cierto se fabricaron en esa misma fábrica, y un largo pasillo lleno de bustos, arcones y objetos militares además de varios patios y espaciosas naves abandonadas. Finalmente se accedía a un enorme salón de techo muy alto dividido en tres espacios. En la nave principal, además de los estantes pegados a la pared, había dos bloques de estanterías metálicas de seis metros de largo cada una, un pasillo central y dos laterales. En total habría unas doce filas de estantes metálicos dobles con legajos por delante y por detrás. La nave tendría unos quince o veinte metros de ancho por unos cincuenta o sesenta metros de largo. La sala de la izquierda era amplia, de treinta o cuarenta metros cuadrados, y la del fondo igual o algo más grande. El estado de todo ello era penoso. Más que archivo aquello parecía un almacén abandonado.

Las grietas del techo, que no era sino un panel con plafones de luz ya decrépito, permitían ver la techumbre original y el cielo. A la izquierda de la puerta principal había montones de documentos apilados en el suelo y una mesa repleta de papeles desordenados. La sala de la izquierda, con las paredes cubiertas de altas estanterías y en total oscuridad, imponía. Allí se encontraba lo que quedaba del Registro Especial de la Secretaría de Justicia que contenía referencias de las causas iniciadas en estado de guerra. Las relaciones diarias de detenidos habían desaparecido. Solo sabemos de su existencia debido a que, dada la escasez de papel, las hojas con nombres y fechas de detención fueron dobladas y utilizadas como carpetillas. Igual suerte corrió el registro de los marcados con «X-2», clave que designaba a los que habían sido asesinados desde julio, del que solo han quedado algunas pruebas tan contundentes como escasas.

Pero lo mejor era sin duda la sala del fondo, formada por estanterías pegadas a las paredes y por dos bloques centrales separados por un espacio. A la derecha de la entrada había una mesa en la que, dada la oscuridad reinante, se trajo un flexo para que se pudieran verse los documentos sin necesidad de llevarlos a la otra antes mencionada. Un vistazo superficial permitía observar la riqueza documental que contenía, tanto de la República como del golpe militar y la dictadura. Pero hay que decir que, si todo estaba mal, esta sala en particular estaba aún peor. A la izquierda, en el suelo, se amontonaban los documentos en total desorden. Entre los estantes había cajas (Mudanzas Amado Miguel) repletas de montones de papeles. En el techo de las dos esquinas del fondo se veían enormes agujeros por los que el agua de la lluvia había penetrado, de forma que las cajas y documentos de esos espacios estaban convertidos en una masa informe.

El olor a humedad, a abandono, era intenso. Cuando se abría un procedimiento se encontraba de todo, desde los típicos pececillos de plata hasta excrementos de ratas o cucarachas marrones y planas, de las llamadas «americanas», unas aplastadas dentro o entre los procedimientos y otras vivas. Muchos documentos estaban roídos y otros pegados por la humedad, de forma que las páginas no podían separarse ni leerse, ya que la letra se había desvaído. Y era precisamente en esta sala, en un rincón sobre el suelo, donde se encontraba la fotografía enmarcada del auditor Francisco Bohórquez Vecina, foto que preside actualmente la sala de investigadores del nuevo archivo.

A esto habría que añadir que no había orden alguno. Varios soldados y un «civil» habían ordenado durante un tiempo un gran número de legajos, pero, ante la falta de espacio, de presupuesto o de lo que fuera, abandonaron la tarea. Habían desatado muchos de los paquetes atados con los procedimientos y los habían dividido y metido en archivadores de cartón siguiendo un orden prefijado. Dicho orden venía impuesto por un gran fichero que se encontraba en la oficina exterior cercana a la entrada, un gran mueble de madera compuesto por unos setenta u ochenta cajones de medio metro de largo cada uno. Se trataba de un fichero fonético. Había que buscar los nombres por el primer apellido, el nombre y el segundo apellido, y además no había diferenciación alguna entre «b» y «v», «g» y «j», la «h» no existía, etc.

A todo ello, se sumaba otro problema: las fichas indicaban elementos diversos; unas veces podía ser útil tomar el número de legajo y el de orden, y otras el número de causa o de sumario. No quedaba claro cuándo. Las búsquedas podían ser infructuosas, pero ello estaba justificado siempre: no estaban fichadas todas las personas juzgadas en cada causa, de modo que si no se sabía cuál era la primera poco cabía hacer. En otros casos las claves no eran comprensibles y en última instancia ocurría simplemente que el expediente no aparecía. Ya se encargaban ellos mismos de aclarar que los traslados previos habían sido muy perjudiciales. Así, pues, las tediosas búsquedas en los ficheros carecían de sentido alguno.

La suerte que tuvimos los investigadores que accedimos en aquellos años al archivo fue contar con la ayuda y colaboración del teniente jurídico Rodrigo de Lorenzo Ponce de León, que en medio de aquel caos hizo lo posible para facilitar nuestra tarea de manera notable, permitiéndonos, dadas las carencias de todo tipo, acceder directamente a los documentos. Pese a todo lo contado —y las palabras quizás no alcancen a reflejar la realidad de aquel «archivo»—, era tal lo que allí había que la compensación era total.

Resultaba apasionante encontrarse con las catorce piezas de la causa abierta por los hechos de 10 de agosto de 1932, con el procedimiento de Agapito García Atadell o con el proceso abierto a la guarnición de Badajoz por haberse mantenido fiel a la República. Y resultaba preocupante que, lejos de cualquier asomo de algo que recordara el concepto de «reprografía», solo se contaba con una fotocopiadora en la que los soldados metían los documentos seleccionados cuando buenamente podían. En aquella nave abandonada, entre bichos y basura, milagrosamente conservados y en trance de desaparecer, estaban todos los consejos de guerra de la Segunda División Orgánica: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba e incluso los de Badajoz, por haber sido ocupada desde allí; también había de la zona oriental andaluza. Abarcaba desde los años veinte a los ochenta, con un núcleo principal: la etapa 1936-1945. No dejaba uno de preguntarse cómo era posible que aquella documentación no hubiera acabado destruida al igual que otros fondos importantes como los archivos del Movimiento, los de prisiones, los judiciales, etc.

En los meses que siguieron a su apertura, ya en 1998, se completó la limpieza iniciada. Todo ello orientado a corregir el desastre existente y de cara a su ordenación. El problema fue que dicha tarea, que afectaba a cientos de documentos que se encontraban por el suelo, al contrario que los trabajos relativos a la restauración de techumbre, electricidad y limpieza, realizadas por empresas especializadas, fue encomendada incomprensiblemente una vez más a algunos soldados, los cuales se limitaron a remeter lo que había por allí en el primer hueco que encontraron, de modo que todo quedó desastrosamente desordenado.

UN DOCUMENTO ESENCIAL

Fui revisando aquel montón de papeles en la tenebrosa sala del fondo cuando un día vi un documento de unas noventa páginas, mecanografiado y grapado, en cuya portada, bajo el «escudo del águila» y sobre III AÑO TRIUNFAL, se leía MEMORIA DEL FISCAL DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN.[1] Yo ya sabía quién era Acedo Colunga, cuyo nombre aparecía al final del escrito bajo la fecha 15 de enero de 1939, porque en una investigación previa sobre Huelva ya lo había visto en funciones de vocal ponente en las farsas de consejos de guerra a que fueron sometidas las autoridades civiles y militares de dicha provincia, todas ellas asesinadas, como en Cádiz, en los primeros días de agosto.[2] Lo que no podía imaginar es que hubiera dejado por escrito aquel manual de inquisidores. Debía de existir en todos los archivos judiciales militares, pero de no ser por el acceso directo a los documentos no hubiera sido posible acceder a él, ya que, siendo la descripción habitual por nombres, nunca hubiera constado en la descripción de un archivo.

La documentación judicial militar recogía amplia y minuciosamente las reacciones iniciales allí donde hubo oposición militar por mínima que fuera, tanto personal como colectiva. Gruesos expedientes recorrían todos los puntos del sur donde los planes golpistas no pudieron llevarse a cabo. Todo el fondo generado entre julio del 1936 y principios de 1937 relativo a la sublevación era, por su valor intrínseco y por la novedad que suponía, de enorme interés para la reconstrucción de ese momento histórico. Con todo, era sin embargo la implantación del Nuevo Orden la que llenaba centenares de legajos y contaba con una abundantísima información sobre los consejos de guerra celebrados en dichos años desde los primeros meses del año 1937 hasta ya entrados los años cincuenta.

Dentro de este bloque, era la represión de posguerra, con miles de procedimientos abiertos a los capturados en las últimas operaciones bélicas y a los que ya estaban encarcelados y pendientes de juicio desde antes, la que ocupaba el lugar predominante. Poco después el archivo inició un largo proceso de transformación que llevó años pero que ha dado como resultado el magnífico Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, actualmente situado en uno de los edificios del Tribunal Militar.

El tiempo transcurrido entre noviembre de 1936 a abril de 1937, es decir, del tiempo de la represión por bandos de guerra a la creación de la maquinaria judicial militar, coincidió con el mismo proceso que llevó del golpe triunfal en marcha a la guerra civil, todo ello en torno a la fecha clave del 7 de noviembre y el desastre ante Madrid. Es precisamente el momento en que los consejos de guerra que esperaban entrar en la capital se transformaron en Fiscalía del Ejército de Ocupación. Los sublevados habían decidido dar un barniz seudolegal a la represión.

La Memoria es fruto de la experiencia vivida por Acedo Colunga tanto en la fase de la represión organizada desde la Auditoría en los consejos de guerra selectivos de los meses posteriores al golpe como de los años en que estuvo al frente de la Fiscalía. Se ha mantenido en ocasiones —sin ir más lejos, Santos Juliá lo expuso en la introducción a Víctimas de la guerra civil, obra que coordinó—, que «los militares no se habían preocupado de elaborar un discurso que legitimase su acción».[3] La realidad muestra, por lo contrario, que ese discurso existió. El objetivo de la Memoria no fue otro que poner al día lo que se venía practicando desde 1936 con la idea de orientar las actuaciones judiciales militares a partir de 1939, ya que como sabemos para los vencedores estaba claro que, aunque la guerra hubiera terminado, la campaña seguía vigente. De hecho, solo cesó cuando tras ocho años, en 1944, las circunstancias internacionales llevaron a la dictadura a dar otra imagen y paralizar durante cierto tiempo, el poco que tardó en saberse que los aliados permitirían la existencia del fascismo español, la maquinaria judicial militar.

La Memoria se trata, en pocas palabras, de un furibundo ataque al derecho civil en beneficio del derecho militar, víctima, según Acedo Colunga, de ciertas corrientes que lo habían relegado a un segundo orden. Desde la nueva perspectiva, se concebía el derecho como la vía para «obligar a cada uno a cumplir con su deber» (M, Prólogo), siendo el Ejército quien debía realizar la tarea, básicamente de naturaleza penal, de la supuesta reconstrucción. Acedo Colunga proponía además abandonar los textos legales, dejando que la propia realidad guiara cada momento la actuación fiscal, de forma que la dificultad de emitir fallo o acusación, al contar ahora con «horizontes más amplios», quedase superada al no depender de los artículos de la ley. Los acuerdos judiciales, por tanto, debían ser provisionales y siempre abiertos a una nueva instrucción por otros delitos iguales o diferentes, e incluso, llegado el caso, por el mismo delito.

Acedo Colunga, por otra parte —y en esto sigo las aportaciones de Pérez Trujillano—,[4] aportaba su experiencia anterior durante el bienio negro, en el que el espíritu y ciertas características de la justicia militar franquista ya estaban presentes, hasta el punto de que la naturaleza autoritaria de la justicia militar se había consolidado para entonces. De hecho, cabe afirmar que en 1934 la práctica de la justicia caminaba hacia la justicia de guerra implantada dos años después por el golpe militar. Es más, llegado el momento, resultó evidente que el plan represivo contaba desde el principio con un soporte teórico y una práctica que venían rodadas de mucho antes, que habían perdurado durante la República y que solo tuvieron que aplicarse a fondo cuando hizo falta. Dicho soporte teórico vino del mundo judicial militar.

En el bienio negro, la Ley de Orden Público ofreció de nuevo al poder militar la posibilidad de dictar bandos y asumir la autoridad. Durante la represión de octubre de 1934, clave por ofrecer el modelo que se seguirá dos años después, fue Franco, y no el ministro Diego Hidalgo, quien llevó el Ministerio de la Guerra. Sin olvidar a Yagüe al frente de las tropas africanas y al propio Acedo Colunga en la Fiscalía Militar de Asturias. Pero, eso sí, en todo momento la declaración de estado de guerra, la situación excepcional de mayor gravedad, correspondió al Gobierno. En julio de 1936 se prescindió de tal requisito y, para evitar tener que reconocer que la declaración del bando de guerra había sido ilegal, y que por tanto el régimen resultante de la guerra hundía sus raíces en la ilegitimidad, los sublevados decidieron imponer la especie de que las elecciones de febrero de 1936 habían sido falseadas y que en consecuencia el gobierno existente no era legal. Es aquí donde destaca el esfuerzo del fiscal Acedo Colunga por «legalizar» el resultado del «18 de julio» en tres frentes: «ilegalidad de las elecciones de febrero, vacío de poder en los meses del Frente Popular y papel del Ejército». Tres ideas que gozarán de larga vida y predicamento a lo largo de la dictadura e incluso hasta nuestros días.

Dado el sistema que siguen los archivos militares, que funcionan por nombres propios, es posible que hubiésemos tardado bastante en conocer la Memoria de Acedo Colunga, fechada en enero de 1939 y cuyo nombre solo aparecía al final del texto. Se trataba, además, de un documento de carácter interno orientado exclusivamente a las auditorías y no para salir fuera de los círculos castrenses. Lo asombroso es que constituía una exposición detallada y diáfana de los fundamentos ideológicos de la represión.

El documento muestra y pone al día lo que se venía haciendo desde julio de 1936, constituye una guía para lo que habrá que hacer tras la victoria final de 1939 y guarda estrecha relación, cuando no está en la raíz, de otros documentos del momento como el elaborado en ese mismo tiempo, fines de 1938, por Serrano Suñer y un selecto equipo jurídico formado por veintitrés individuos, denominado Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936. Tanto uno como otro documento buscan un mismo fin: justificar la sublevación militar borrando y tergiversando todo lo ocurrido desde febrero de 1936, cuando las elecciones dieron el triunfo al Frente Popular. Tanto para Acedo Colunga como para Serrano Suñer estaba claro que la responsabilidad del desastre debía trasladarse de quienes lo provocaron a sus víctimas. Había que «demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber, que los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder, adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley».[5]

Por lo que sabemos, la única alusión a la Memoria de Acedo Colunga se encuentra en El delito de rebelión, obra de Felipe Stampa Irueste, catedrático de Derecho, capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar y vocal, juez o fiscal en numerosos consejos de guerra celebrados en Badajoz y en Madrid.[6] Dicha obra está inspirada por completo en la Memoria. Ambas ofrecen el esquema básico: primero reprimir y luego teorizar para justificar lo anterior. Debía quedar claro que el «Alzamiento» no era rebelión.

Desde un primer momento, los ideólogos al servicio del golpe tuvieron sumo cuidado en evitar que el llamado «Alzamiento» pudiera ser tomado como un brutal golpe militar; de ahí que planteasen la legalidad de la defensa ante la agresión ilegítima presentada por los «rebeldes». Tampoco era aceptable hablar de «guerra civil», y por eso se idearon mil maneras de evitarlo con la finalidad de no conceder a los que luchaban bajo la República una categoría similar a la suya. Para Stampa solo cabía hablar de «guerra» cuando combatían dos ideologías y no en este caso, en que lo que ocurría, según él, es que la justicia se había alzado contra el crimen. La República era la revolución, hija de dos siglos de historia, y para el mundo que representaba Acedo Colunga solo el «Alzamiento» permitiría que una generación fuera educada en «la verdadera Verdad Histórica» y que los pilares de la sociedad, curas, jueces y militares, recuperaran su lugar.

Lo único realmente legal había sido levantarse contra la ilegalidad reinante desde febrero de 1936 y los verdaderamente rebeldes no eran otros que los que se habían negado a aceptar la nueva legalidad impuesta por las armas. Eran rebeldes ante la patria. El objetivo del derecho militar era doble, ya que además de contener al enemigo externo todo iba dirigido a lo que consideraban más cercano y peligroso: controlar al enemigo interno. El delito de rebelión se convirtió en el instrumento básico para acabar con dicho enemigo, de forma que a todos los que se opusieran a los golpistas, catalogados de rebeldes, se les aplicaría el artículo 237 del Código de Justicia Militar.

Acedo Colunga, al igual que Bohórquez y sus colegas de la Auditoría de Sevilla, estaban convencidos de que, en la decisión de la sentencia, hubiera delito o no, debían tenerse en cuenta los antecedentes políticos y sociales de los acusados. Su modelo coincidía con el implantado en Alemania por los nazis a partir de 1933, que pasaba por el fin inmediato del parlamentarismo y los partidos políticos. Estaba convencido de que la justicia militar teórica nada valía frente a las prácticas represivas iniciadas a partir del golpe militar. Si en el análisis ya clásico que realizó Franz Neumann del nazismo el poder judicial ocupaba el núcleo de la contrarrevolución, en el caso español ese papel lo representaba el poder judicial militar.[7]

Conviene recordar finalmente, para situar en su contexto la Auditoría en la que prestaba sus servicios Acedo Colunga, qué lugar ocupaba en el engranaje represivo. Dicha estructura sería la siguiente: en la base, las comandancias militares que se crearon en todos los lugares a medida que iban siendo ocupados, comandancias a cargo de guardias civiles o militares según el rango de la población; por encima, los gobiernos militares, en línea directa con el Estado Mayor y la Auditoría, sobre las cuales, en el máximo nivel, se encontraría la autoridad golpista de la región militar, en este caso Queipo, en estrecha relación con Francisco Bohórquez Vecina (Auditoría) y José Cuesta Monereo (Estado Mayor). En medio y en comunicación con todos ellos, la Delegación de Orden Público a cargo del vesánico capitán Manuel Díaz Criado.

Dicha Auditoría de Guerra, dirigida por Bohórquez Vecina, empezó a funcionar a toda máquina desde el 18 de julio. La cadena que iba del vocal ponente al auditor y a Queipo estaba perfectamente engrasada. Cada uno cumplía su papel en la obra, desde el instructor a los miembros del tribunal pasando por el fiscal, el defensor y el vocal ponente. Todos ellos se repetían una y otra vez representando siempre la misma farsa, que ya debían saber de memoria.

LA GUERRA DE ACEDO COLUNGA

Además de su activa participación en la sublevación militar de 1932, tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 Acedo dirigió la represión judicial militar en Asturias, donde convirtió en dogma su frase «la revolución es un crimen» (M, 47). Entre 1934 y 1936, durante el llamado «bienio negro», puede seguirse su participación activa en los numerosos consejos de guerra que se celebraron, entre los que destacó el del líder socialista Ramón González Peña, al que fue amnistiado de la condena a muerte que dictó el tribunal.

La actividad de Acedo Colunga llega a su apogeo tras el golpe militar de julio de 1936 a través de los procedimientos sumarísimos de carácter ejemplarizante a los que fueron sometidas las autoridades civiles y militares del Sur y en los que puso la legislación penal militar al servicio del fascismo.

El papel de nuestro protagonista fue clave en el primer consejo de guerra tras el golpe. Se celebró en Huelva y en él se decidió acabar con la vida del gobernador civil Diego Jiménez Castellano y de los tenientes coroneles Julio Orts Flor y Alfonso López Vicencio, de la Guardia Civil y Carabineros, respectivamente. Fueron asesinados a las seis de la tarde del 4 de agosto en la meseta del Conquero, en un espectáculo público. Unos días después intervino igualmente de vocal ponente en el consejo de guerra del abogado y diputado socialista onubense Juan Gutiérrez Prieto, de veintinueve años de edad. En la sentencia que lo condenó se lee:

Que declarado el Estado de Guerra consecuencia de la anarquía en que se encontraba el país, el único Gobierno legítimo de la Nación es el que impone la disciplina del Ejército restauradora de la tradición histórica.

El consejo de guerra del general Miguel Campins Aura desapareció hace años del archivo militar de Sevilla y lo que sabemos viene de la familia, que conserva las notas escritas por el militar que reflejan el cúmulo de irregularidades que se produjeron en un proceso en el que Acedo Colunga tuvo un papel estelar. Campins fue asesinado el 16 de agosto ante las murallas del barrio de la Macarena.

En el caso de Cádiz, tras la ocupación se abrió de inmediato un procedimiento, entre otros, al gobernador Mariano Zapico, al teniente coronel de Carabineros Leoncio Jaso Paz, al capitán de la Guardia de Asalto Antonio Yáñez-Barnuevo y al capitán de fragata Tomás Azcárate. Todos por Este y dos acusados más fueron asesinados sin que concluyera la causa a partir del 6 de agosto. Esto se comprenderá si vemos las declaraciones de algunos de los procesados, caso del capitán Azcárate. Cuando se le preguntó por qué no se rindió, respondió que por estar a las órdenes del Gobernador y que

en ningún caso hubiera accedido a la intimación de rendición mientras que su inmediato Jefe, que en aquel momento lo era el Gobernador de la Provincia, tanto más cuanto consideraba que el acto de la declaración de estado de guerra era ilegal ya que no había sido precedido de los trámites que la ley ordena.

Unos días después, cuando en la declaración indagatoria se le preguntó si tenía algo más que añadir, dijo

que creía que el acto realizado por las tropas era ilegal y que oponerse a toda rebelión es virtud y deber de todo militar.

Dadas las respuestas, ¿qué sentido tenía seguir con la farsa del consejo de guerra? Más adelante, en la tercera parte, haremos un análisis pormenorizado de este caso.

Acedo Colunga intervino igualmente en la farsa judicial militar que se abrió en Sevilla al coronel Santiago Mateo Fernández, defendido por su propio hijo, militar como él, y que tras una actuación imposible vio cómo su padre era asesinado en la madrugada del 18 de septiembre igualmente delante de las murallas cuando la gente empezaba a moverse para ir al trabajo. Otra intervención significativa de Acedo Colunga como vocal ponente fue en el consejo de guerra, en la temprana causa 5/1936, contra los tenientes de Asalto Gabriel Vadillo Gener y Pedro Cangas Prieto. En esta ocasión ocurrió algo frecuente entonces y es que, cuando el instructor solicitó información sobre la situación de ambos, fue informado por el coronel del Centro de Movilización y Reserva de que al primero de ellos «le fue aplicado el Bando el día 23 de julio». Por su parte, Vadillo Gener sería asesinado el 2 de noviembre nuevamente en las aludidas murallas del barrio obrero masacrado por los golpistas y frente a la calle de salida que conducía al cementerio de San Fernando.

El 25 de septiembre de 1936, Acedo Colunga, cansado de su papel en consejos de guerra de oficiales generales celebrados en Andalucía, pidió a Varela —no a Queipo de Llano «porque pudiera Bohórquez ponerme alguna chinita»— que se lo llevara a su Cuartel General. Decía que en Sevilla sobraba personal en la Auditoría: «tres tenientes coroneles, dos comandantes, tres capitanes y unos veinte tenientes honorarios o de complemento». Varela le contestó el 7 de octubre diciéndole que tomaba nota y procuraría complacerlo.[8]

No parece que hiciera falta la intervención de Varela, ya que un mes después, el 5 de noviembre, Acedo Colunga fue nombrado para dirigir la Fiscalía del Ejército de Ocupación, marchando a Talavera de la Reina de cara a la toma de Madrid, cargo en el que se mantuvo hasta agosto de 1939. Su relación con Varela se vio animada con favores mutuos. Así, cuando la mano derecha de este, el teniente Antonio Gallego Piedrafita, se vio procesado por uno de los crímenes cometidos con motivo de la ocupación de Sevilla, el del joven Antonio Prior Salvatierra, bastó que Varela le mostrara a Acedo Colunga su interés en el caso para que el proceso se dilatara por el procedimiento habitual de marear la instrucción de unos a otros hasta decidir finalmente el sobreseimiento del caso.

Prueba del modo en que se funcionaba en la Auditoría dirigida por Bohórquez o por el suplente y futuro sucesor, Francisco Clavijo Peñarrocha, es la denuncia que realizó el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Felipe Rodríguez Franco, en carta escrita a Varela, que por un lado recogía la experiencia de lo que se venía haciendo desde julio y por otro planteaba las dudas que presentaban las instrucciones dictadas desde la Auditoría de Sevilla para las diferentes instancias judiciales.

Dichas instrucciones orientaban la tarea represiva de forma clara tanto por lo que respecta a quiénes debería afectar como al tipo de castigo que debían recibir. Así, se leía que los apoderados e interventores del Frente Popular «en las llamadas elecciones de 1936» debían ser procesados determinándose durante el juicio oral «por la impresión que en Tribunal produjese la cara de los procesados, quiénes debían ser condenados y quiénes absueltos». Otra instrucción determinaba que «todos los Milicianos rojos también, como regla general, debían ser procesados y fusilados». Y en tercer lugar, desde la Auditoría de Sevilla se orientó sobre los porcentajes que debían obtenerse con las distintas penas, determinándose que para establecer el valor de prueba y condenar bastaría con un testigo de cargo.[9]

No se sabe que Varela hiciera algo con la denuncia aparte de decir que lo pondría en conocimiento para que se haga verdadera justicia. Lo único cierto es que quien lo ordenó tras su muerte, el archivero Francisco Macarro Gómez, secretario particular del historiador y militar Tomás García Figueras, tras advertir de lo «delicado» del documento escribiendo sobre la última página la palabra «Consultar», decidió dejarlo existir por beneficiar sin duda la imagen de Varela. Según Rodríguez Franco el asunto quedó en lo siguiente:

Puestos en el trance de cometer la monstruosidad jurídica ... de aplicar retroactivamente preceptos sancionadores, hubimos de considerarlas como inexistentes aquellas indicaciones, y procuramos reflejar en cuantas sentencias fuimos Vocal Ponente un criterio impecablemente jurídico. Por ello, sin duda, recibimos un oficio de la Auditoría en que se nos comunicaba haber dejado de pertenecer al Consejo por no ser ya necesarios nuestros servicios; claro es que, simultáneamente, se hizo el nombramiento a favor de otro compañero.[10]

La Memoria de Acedo Colunga constituye la prueba de que la situación expuesta por el fiscal gaditano en 1937 se «regularizó» constituyéndose en norma. La represión se abatió sobre la provincia de Cádiz hasta acabar con la vida de unas tres mil personas. Hasta el «bueno» de Pemán dejó caer muchos años después, como si nada hubiera tenido que ver en aquella masacre, que no hacía falta haber matado a tantos, que hubiera bastado con un cuatro o cinco por ciento.[11]

En el decreto n.º 55 del 1 de noviembre de 1936, pensando en la inminente toma de Madrid, Franco estableció la creación de ocho consejos de guerra, cuyas resoluciones dependerían de las actuaciones de dieciséis juzgados militares creados para la ocasión. Se seguirían las normas de los juicios sumarísimos. Todo ello estaba coordinado por Lorenzo Martínez Fuset, jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo, conectado a su vez con el coronel auditor Ángel Palomeque Feltrer y otros auditores. Pero Madrid no cayó, obligando así a los golpistas a modificar sus planes. Fue de esta manera como la llamada «columna jurídica» devino en Fiscalía del Ejército de Ocupación, cuyo recorrido siguió el avance de los sublevados, desde Málaga en febrero de 1937 a Madrid en 1939, pasando por Bilbao, Santander, Aragón y Cataluña.

De su actuación puede servir de ejemplo el caso de Málaga: cuatro tribunales juzgaron a veinte mil personas en cien días, dictando tres mil penas de muerte. Acedo Colunga siempre fue consciente de que nunca se podría castigar a todos los que, según él, lo merecían, por dos razones de orden práctico: no habría cárceles para tanto condenado y, sobre todo, porque se corría el peligro de acabar con la mano de obra. En este sentido, añoraba los siglos en que reinó la Santa Inquisición. En esto coincidía con su colega José López-Pinto, gobernador militar de Cádiz y presidente del tribunal que condenó a Campins, quien argumentaba que cuando ganan los de abajo pueden acabar tranquilamente con el reducido grupo de los de arriba sin que esto les plantee problemas de orden económico, pero sin embargo lo contrario no es posible por razones de orden productivo.

Para Acedo Colunga la única tradición válida era la que venía de su educación castrense. Admiraba al jurista militar —llegó a ser auditor— Ángel Salcedo Ruiz y su Sustantividad y fundamento del derecho militar, título de su discurso de recepción en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1913. Fueron esas y otras lecturas, entre las que cabría mencionar a De Maistre, Donoso Cortés, Balmes, Menéndez Pelayo o Vázquez de Mella, además de José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, las que le llevaron al convencimiento de que todos los españoles menos lo que él consideraba «la parte sana de la nación» habían sido víctimas de un engaño colectivo que había pasado de generación en generación. Para Acedo Colunga carecía de valor alguno la lealtad a un régimen legal como la República; eso era irrelevante. Lo realmente importante era si se había traicionado a la «Patria» o a la «Sagrada Causa Nacional».

Los avances de la humanidad en terrenos como los principios humanitarios, la división de poderes, la independencia judicial, la igualdad ante la ley, el concepto de persona jurídica, las garantías procesales, conceptos clásicos establecidos del derecho romano y por encima de todo el Estado de derecho, para Acedo Colunga eran simples antiguallas que debían desaparecer. Su modelo era una mezcla de la tradición española procedente del pensamiento reaccionario y del derecho nazi, que representaba el «tribunal popular» de Roland Freisler, cuyo estilo recordaba cuando en los consejos de guerra insultaba a los acusados. Sería el caso del coronel retirado Eduardo San Martín tras la caída de Santander, al que, pese a ser persona manifiestamente de orden, católica y de derechas, tildó de «mangante» durante el juicio por haber accedido a prestar ciertos servicios a los republicanos tras su detención en los días que siguieron al golpe.[12] Su modelo, en realidad, no era otro que el del fascismo español, al que sin duda hizo una gran aportación.

Nuestro protagonista, con sus propuestas, también aparece en el origen del Patronato de Bienes Incautados y en el del Tribunal de Responsabilidades Políticas, convencido como estaba de que había que sancionar a aquellos a los que, aunque no se les hubiera podido probar delitos, fuesen «desafectos» a la causa.

La represión que alentó tuvo además carácter retroactivo. Al anular los efectos de la amnistía de febrero de 1936 el tope elegido para aplicar el nuevo orden se retrasó a octubre de 1934, aunque la verdad es que se partió del 14 de abril de 1931. Para Acedo Colunga estaba claro: la ficción ideada por los sublevados para justificar el «18 de Julio» partía de la invalidez de las elecciones de febrero de 1936 y del vacío legal posterior que los «militares patriotas» habían venido a llenar. De ahí que juzgaran por «rebelión militar» a quienes no los aceptaron como poder legal y por eso para ellos, al mirar atrás, no aparecía otro referente represivo que octubre de 1934, por más que sepamos que para buscar el origen de dicho delito hay que remontarse a Fernando VII.

Como se ha mencionado, esta línea justificadora del golpe fue también utilizada casi en el mismo momento en que Acedo Colunga escribía la Memoria por Ramón Serrano Suñer en el Dictamen que patrocinó. Sobre esta ficción se sustentaría la legitimidad de la dictadura, consumándose así el sueño de Acedo Colunga, que no era otro que el predominio absoluto de lo militar sobre todo lo demás.

Su Memoria, como la de tantos personajes de segunda fila de la dictadura, se esfumó con el paso del tiempo. Su propio nombre desapareció del callejero de Olvera por acuerdo plenario en septiembre de 1979. En Barcelona, por el contrario, hasta enero de 2019 no se le retiró el pergamino y la placa de hijo adoptivo que el Ayuntamiento le concedió en 1953. Por su parte, la calle dedicada al auditor Bohórquez Vecina en su pueblo natal, Ubrique, en la serranía de Cádiz y no muy lejos de Olvera, desapareció por acuerdo municipal en mayo de 2006. También se le retiró la condición de hijo predilecto. Bohórquez murió en 1955. Fue hermano mayor de la Hermandad de la Macarena y sus restos descansan en la basílica del mismo nombre, no muy lejos de los de Queipo, aunque menos visibles. En la estampa de recuerdo del funeral se leía esta frase que bien podía representar todos los que integraron la Auditoría de Guerra de la 2.ª División en aquellos años:

El recuerdo de sus bondades, la firmeza de su carácter y exacto cumplimiento de sus deberes, servirá de ejemplo y consuelo a los que aquí lloramos su muerte.

EL LEGADO DE ACEDO COLUNGA

Para terminar, cabe plantearse qué queda de todo esto. En este sentido, y aunque nunca han dejado de existir muestras en la misma línea desde la transición, vivimos un tiempo de auge de los fundamentos ideológicos del franquismo. La aparición de Vox y la deriva del PP hacia la extrema derecha están en la base del desquiciamiento de la vida política española y del resurgimiento de ideas y proyectos que parecían ya limitados a ciertos sectores nostálgicos de la dictadura. Lo primero viene de la convicción, ya antigua, que la derecha tiene de que el poder les pertenece y que solo ellos tienen derecho a gobernar. Lo segundo cabe situarlo en la reacción de la derecha liderada por Aznar al movimiento en pro de la memoria a fines de los años noventa, que desembocó en una descarada campaña de propaganda con Pío Moa como mascarón de proa. Poco después, desbrozado el camino por los «Moas», surgió un neofranquismo académico que ha servido para darle forma y contenido a esa reacción.

Todo ello permite observar la vigencia para la derecha de documentos como el Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, de Serrano Suñer y una comisión de juristas fascistas (finales 1938), la Memoria de Acedo Colunga (enero 1939), o la Causa General (abril 1940). A todos los unía un mismo objetivo: justificar y legitimar el golpe militar y la destrucción de la República. El actual gobierno de coalición y la Ley de Memoria Democrática son ahora los enemigos que hay que batir. El discurso que hay detrás viene de lejos: la Segunda República fue ilegítima en origen; la guerra civil la inició la izquierda en octubre de 1934; el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936 fue fruto de un fraude; el «Alzamiento» fue consecuencia del vacío legal y de poder creado tras las elecciones; los responsables del desastre fueron la República y los partidos que integraban el Frente Popular, que eran los que querían la guerra; en la zona republicana reinó el terror, al contrario que en la «nacional», en que primó la justicia y las garantías procesales, y, finalmente, gracias al franquismo se inició la reconciliación y fue posible la transición a una democracia verdadera.

¿Qué nivel de degradación se ha alcanzado para que a finales de junio de 2021 el líder de la oposición, representante de un partido que se supone democrático, declarase en el Congreso que «hablando de memoria histórica, la guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia»? ¿De verdad cree que cabe hablar de justicia en relación con la dictadura franquista?

Concluyo con dos citas de Herbert R. Southworth, una de 1986 y otra de 2000:

España es hoy una democracia política y, en mi modesta opinión, en una democracia no se puede olvidar la historia del propio país ... Si la democracia española, recién restablecida, no ayuda a confirmar la verdad histórica de la guerra civil, puede perder la legitimidad y, lo que es peor, su alma ... La batalla de la propaganda de la guerra civil es una batalla continua, incesante.[13]

Pasarán decenios antes de que la derecha española desista de sus esfuerzos por justificar la rebelión armada de 1936. El actual armisticio de «reconciliación nacional» es solamente eso, un armisticio. Esta situación se hace evidente en la propaganda derechista de hoy, que denigra a la República de los tiempos de la guerra y a sus líderes, y justifica la revuelta militar y los cuarenta años de franquismo.[14]

No se equivocó.

Tal cerrazón de la derecha española es incomprensible racionalmente (aunque no ideológicamente, ya que una parte de esta no ha logrado desengancharse de los mitos generados por la dictadura y, a diferencia de otras derechas en la Europa occidental, sigue teniendo un componente filofranquista, cuando no filofascista). De aquí que cerraremos esta parte de una manera sencilla abordando la dimensión más elaborada, que es la cuantitativa, sobre las cifras globales de la represión en la zona ocupada por los sublevados y en el territorio que permaneció leal al gobierno de la República. Los aspectos cualitativos, en los que se concentra hoy la investigación, no tienen cabida aquí.

LA DESINFECCIÓN DEL SOLAR PATRIO: LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN[15]

El primer recuento de víctimas de la represión que se conoció fue el que elaboró Francisco Moreno Gómez en 1999 para la obra Víctimas de la guerra civil. Se daban datos de 36 provincias que consideraba investigadas y de otras ocho cuya investigación aún era parcial. Las primeras sumaban 72.883 víctimas, y las segundas, 20.181, lo que daba un total de 93.064. Se mostraban también datos de la violencia en zona republicana con 37.282 víctimas en 32 provincias, parte de los cuales procedían del coronel Ramón Salas Larrazábal, la Causa General o, en el caso de Madrid, del general Rafael Casas de la Vega. El paso siguiente se dio con la incorporación a la causa abierta por el juez Garzón del «Informe sobre la represión franquista», elaborado por quien esto escribe como miembro del comité que lo asesoró y cuyo cuadro de víctimas actualizado fue publicado en 2010 dentro de la obra Violencia roja y azul. España, 1936-1950.[16] En esta ocasión, la represión franquista, ya estudiada total o parcialmente en todo el país, daba un total de 130.199 y el número de víctimas de derechas había ascendido a 49.272, cifra que se debía a José Luis Ledesma Vera, autor del cuadro que se ofrecía en la referida obra.

Para este trabajo se ha procedido a revisar de nuevo, diez años después, las cifras de represión teniendo en cuenta las publicaciones habidas en esta década pasada y, sobre todo, contactando con los investigadores e historiadores expertos en estas cuestiones. Hay un problema de base que a estas alturas resulta irresoluble. Al no existir desde el principio, dada la dejación de las instituciones que debieran haber tomado la iniciativa, un modelo de trabajo definido, la investigación de la represión se abordó con diferentes criterios no siempre fáciles de unificar. Hubo trabajos en que se establecieron apartados propios para las víctimas habidas por los bandos de guerra, las producidas por sentencia de los sumarísimos de urgencia, las causadas por las condiciones en que vivían en las prisiones o las que murieron a causa de bombardeos, y hubo otros en que todo esto se mezcló. La falta de criterios establecidos ha creado dificultades desde el primer momento a la hora de abordar las consecuencias de la represión franquista.

Por otra parte, la investigación ha provocado cambios diversos en las cifras que se manejaban. Han subido en provincias y comunidades como Alicante, Badajoz, Baleares, Cáceres, Castellón, Castilla y León, Ciudad Real, Huelva, Murcia y Sevilla, y han bajado en el País Vasco y Navarra, por la aplicación de nuevos criterios sobre la tipología de las víctimas, y en Valladolid, por la confusión de la cifra que se venía manejando. En cuanto a la represión en zona republicana, ha bajado en Cantabria y ha subido un poco en Ciudad Real, según el reciente estudio de Fernando del Rey Reguillo, que pretende romper con algo que hasta la fecha no se discutía, como es el hecho de que la Causa General tendía más bien a aumentar el número de víctimas sumándolas tanto en el lugar en que residían como en el que murieron.

Lo normal hasta ahora ha sido bajar dichas cifras, dado que la propaganda franquista siempre fue consciente de que las consecuencias del «terror rojo» estaban muy por debajo tanto de las que había manejado la propaganda como de las del «terror fascista», lo que llevó a que nunca se hicieran públicos los resultados de la Causa General, de la que solo se dio a conocer lo incluido en Causa General. La dominación roja en España, publicado por el Ministerio de Justicia en 1943 y con múltiples reimpresiones. En todo caso, dado que al «terror rojo» lo respaldan 1.500 legajos depositados en el Archivo Histórico Nacional, accesibles en buena parte a través de internet desde hace años, los cambios afectan sobre todo a la represión franquista.

Una de las obsesiones que más daño han causado a estas investigaciones ha sido el ansia de superar en víctimas a todos los demás. En medio del boom de la memoria de la pasada década hubo personas y asociaciones empeñadas en demostrar a toda costa que sus respectivas provincias eran las más afectadas por el terror franquista y con las mayores fosas de España e incluso de Europa. El nacionalismo aberzale con Iñaki Egaña Sevilla a la cabeza se empeñó en asegurar que los vascos fueron los que más sufrieron la represión franquista, cuando la realidad era precisamente la contraria: el País Vasco, por diversos motivos, es una de las regiones que salió mejor parada de la purga general.

En Valencia, una activista llamada Empar Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, puso en marcha con éxito una campaña que convertía las fosas valencianas en las mayores de Europa. Y por añadir otro ejemplo, de una fosa de un pueblo de Granada llegó a decirse que contenía restos de «entre cincuenta y cincuenta mil personas» y de otra de un pueblo de la Sierra de Huelva que se suponía que había unas seis mil personas. La corriente era fuerte, todo era memoria y, al igual que pasa con la historia, en ella cabían excesos de todo tipo. Para frenarlos, algunos mantuvimos que, en relación con la dictadura y sus orígenes, memoria e historia debían ir juntas, ya que se corría el riesgo de que la historia no llegara a la sociedad y el de que una memoria al margen de la historia terminara por perder el contacto con la realidad.[17]

En 2008 se produjo un cambio de ciclo que permitió observar que las fuentes utilizadas hasta entonces para el estudio de la represión se habían agotado. Hasta ese momento, además de los testimonios orales, se utilizaron básicamente los registros civiles, los archivos municipales, los fondos de la Causa General depositados en el Archivo Histórico Nacional y los que para la represión del comunismo y la masonería se fueron enviando a la Delegación de Servicios Especiales de Salamanca a medida que se fue ocupando el territorio.

El agotamiento de las fuentes afectará poco a los territorios ocupados a partir de febrero de 1937, salvo por lo que se refiere a la eliminación de los soldados presos en las últimas operaciones de la guerra. Los cambios vendrán de la primera época en que se funcionó con los bandos de guerra, cuando las víctimas de la represión eran inscritas años después en los registros civiles o ni siquiera llegaban a inscribirse. En zonas del sur bien investigadas sabemos que entre el 30 y el 50 % de las personas asesinadas nunca llegaron a los libros de defunciones. Las cifras reales de Andalucía occidental, Extremadura, Toledo o Canarias y en general todo el territorio ocupado en los primeros meses serán provisionales hasta que no se pueda acceder a los que en América Latina fueron llamados los «archivos del terror», que hasta la fecha siguen en poder de las mismas instituciones que los generaron.

En cualquier caso, los datos con que contamos, aún provisionales, permiten subir las víctimas de la represión franquista a 140.159, lo que supone un aumento de diez mil personas desde 2010. Por el contrario, el número víctimas en zona republicana se mantiene casi igual que el anterior: 49.367, con la única diferencia ya comentada. Algunos hemos mantenido desde el principio que detrás de las cifras siempre debe haber nombres y apellidos, ya que de lo contrario volvemos al mundo de los excesos numéricos. Sirva el caso de Badajoz, donde se llegó a decir que perdieron la vida ocho mil personas. Solo bastaba recordar que se trataba de una ciudad de cuarenta mil habitantes para darse cuenta de que era una exageración sin sentido. Esto conlleva que cuando se dan las cifras que se obtienen de la investigación muchos se sientan defraudados y de poco vale decir que se trata de un número provisional que deberá completarse.

De ahí que haya quien guste de redondear al alza estas cantidades y decir con toda calma que el resultado final de la represión franquista andará por las 150.000 o incluso por las doscientas mil víctimas.[18] ¿De dónde sale, por poner un ejemplo más, una afirmación ya frecuente como que tras la guerra fueron ejecutadas cincuenta mil personas? Un análisis del Cuadro I mueve más bien a pensar que la distribución de la mortalidad entre las tres fases que cabe establecer (de julio a febrero de 1937, de este a abril de 1939 y de aquí a 1945) no fue esa, pero, por lo que se ve, en cuestión de números cada uno es libre de dar el que le plazca. Y es que, como se ha dicho antes, la forma en que se han desarrollado estas investigaciones impide que puedan darse datos globales sobre cuánta gente fue eliminada por bando de guerra o por sentencia de consejo de guerra, o sobre cuántos murieron antes o después de abril de 1939.

Lo que sí tendría sentido es separar la gran masacre que tuvo lugar entre julio y noviembre de 1936, es decir entre el 18 de julio y el fracaso ante Madrid el 7 de noviembre, y la que sigue desde que se creó la Fiscalía del Ejército de Ocupación hasta que la represión judicial militar se redujo con el derrumbe de los fascismos en 1945, cerrando el ciclo abierto en 1936. Esto no significa que tras 1945 no hubiera nada, ya que el final de la resistencia armada, aunque recibió un fuerte golpe en los últimos años cuarenta, se mantuvo hasta los cincuenta.

Otros, sin embargo, pensamos que en cuestión de números debemos atenernos a lo que realmente tenemos e insistir en que lo que hay que conseguir es que se abran todos los archivos que puedan informar sobre aquellos hechos. Desde 1979, en que se publicó el primer artículo de Alberto Reig Tapia sobre la represión en la revista Tiempo de Historia, hasta hoy han transcurrido cuarenta y tres años en los que basándose en la investigación pura y dura la propaganda franquista ha saltado por los aires. No ha sido fácil, las trabas han sido continuas, queda mucho archivo oculto y ha sido preciso el aporte tanto de las iniciativas personales y sociales, las primeras que se movieron, como del mundo académico, pero el duro trabajo ha dado sus resultados.

Lo único que no se ha conseguido hasta la fecha ha sido trasladar a la sociedad lo que sabemos, lo cual ha dado lugar a que los tópicos y falsedades franquistas hayan seguido circulando. En este sentido, tampoco ha ayudado la falta de políticas de memoria, que hubieran permitido, mediante la enseñanza, explicar a los jóvenes con datos objetivos saber de dónde venimos, y la total ausencia de un debate público fuera de los ámbitos académicos, que hubiera proporcionado a la sociedad algo diferente a lo que los medios de información en general la tienen acostumbrada.

Cuadro I

Represión franquista

Provincias
Represión franquista
(guerra y posguerra)
Historiadores

Albacete
1.821
M. Ortiz Heras

Alicante
846
M. Ors Montenegro - V. Gabarda

Almería
373
R. Quirosa

Asturias
5.952
Asociación de Viudas J. R. Muñoz - R. G. Piñeiro - M. E. Ortega V.

Badajoz
9.551
J. Gallardo - F. Espinosa - J. Martín Bastos

Baleares
2.265
D. Ginard i Fèron

Barcelona
1.716
J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya

Cáceres
2.000
J. Chaves Palacios - C. Chaves Rodríguez

Cádiz
3.071
A. Domínguez - F. Romero y otros

Cantabria
2.535
J. Gutiérrez Flores

Castellón
1.289
V. Gabarda

Castilla y León
16.252
E. Berzal de la Rosa - Varios[19]

Ceuta, Melilla y prot.
768
F. Sánchez Montoya - V. Moga

Ciudad Real
5.050
F. Alía Miranda

Córdoba
11.582
F. Moreno Gómez - A. Bedmar

Cuenca
890
ARMH de Cuenca (Máximo Molina)

Galicia
4.727
X. M. Suárez - J. A. Tojo - L. Lamela - M. J. Souto – Proxecto Universitario

Girona
519
J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya

Granada
5.500
M. I. Brenes - R. Gil Bracero

Guadalajara
976
C. Paramio - Hnos. García Bilbao

Huelva
6.019
F. Espinosa Maestre - J. M. García Márquez

Huesca
1.492
P. Salomón Chéliz

Jaén
2.919
F. Cobo - L. M. Sánchez Tostado - S. de Córdoba

La Rioja
2.000
A. Hernández García - M. C. Rivero Noval - J. V. Aguirre

Las Palmas
1.000
J. L. Morales - M. Torres

Lleida
750
J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya

Madrid
3.522
M. Núñez - A. Rojas - F. Hernández - T. Montero

Málaga
7.471
A. Nadal Sánchez - E. Barranquero

Murcia
1.417
P. M. Egea - Antonio Martínez Ovejero

Navarra
2.932
Altaffaylla Kultur Taldea - Proyecto UPNA

País Vasco
1.468
J. Ugarte - P. Barruso - E. Zubiaga[20]

Sevilla
14.155
F. Espinosa - J. Ortiz - J. M. García Márquez

Tarragona
703
J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya

Tenerife
1.600
M. A. Cabrera Acosta - R. García Luis - R. Rivas García

Teruel
1.031
A. Cenarro Lagunas

Toledo
4.867
J. M. Sabín Rodríguez - J. M. Ruiz Alonso

Valencia
3.130
V. Gabarda

Zaragoza
6.000
J. Cifuentes Chueca - P. Maluenda Pons

TOTAL
140.159

Nota: La revisión de las cifras ha sido posible gracias a la colaboración de Francisco Alía Miranda, Luis Castro Berrojo, Jaume Claret Miranda, Francisco Etxeberria Gabilondo, Vicent Gabarda Cebellán, Pablo García Colmenares, Bartomeu Garí Salleras, Damián A. González Madrid, Fernando Hernández Holgado, José Hinojosa Durán, Isabel Jiménez Barroso, José Luis Ledesma Vera, Antonio Martínez Ovejero, Fernando Mendiola Gonzalo, Sergio Nieves Chaves, Pedro Oliver Olmo, Manuel Ortiz Heras, Maximiliano Paiser Medina, Fernando Pineda Luna y Erik Zubiaga Arana.

Cuadro II

Violencia en zona republicana por provincias[21]

| Violencia en la zona republicana | Historiadores o fuentes
Álava | c. 45 | Causa General
Albacete | 920 | M. Ortiz Heras
Alicante | 1.005 | M. Ors Montenegro
Almería | 471 | R. Quirosa
Asturias | c. 2.000 | A. Caunedo Domínguez
Badajoz | 1.437 | Causa General - Á. D. Martín Rubio
Baleares | 323 | I. Martín Giménez y Causa General
Barcelona | 4.713 | J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya
Cáceres | 130 | J. Chaves Palacios
Cádiz | 97 | F. Romero Romero
Canarias | — |
Cantabria | 1.283 | E. Menéndez Criado - J. Gutiérrez Flores
Castellón | 1.031 | V. Gabarda
Castilla y León | c. 575 | Causa General y J. Gutiérrez Flores
Ceuta, Melilla y prot. | — |
Ciudad Real | 2.292 | F. Alía Miranda y F. del Rey Reguillo[22]
Córdoba | 2.107 | F. Moreno Gómez
Cuenca | 516 | A. B. Rodríguez Patiño
Galicia | — |
Girona | 911 | J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya
Granada | 944 | R. Gil Bracero
Guadalajara | c. 750 | Causa General
Guipúzcoa | c. 400 | P. Barruso
Huelva | 43 | F. Espinosa[23]
Huesca | 1.460 | Causa General
Jaén | 1.640 | L. M. Sánchez Tostado
Lleida | 1.242 | J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya
Madrid | 8.815 | R. Casas de la Vega
Málaga | 2.607 | A. Nadal Sánchez
Murcia | 740 | C. González Martínez
Navarra | — |
La Rioja | — |
Sevilla | 447 | F. Espinosa, J. M. García
Tarragona | 1.486 | J. M. Solé i Sabaté - J. Villarroya
Teruel | 1.699 | E. Casanova
Toledo | 3.152 | J. M. Sabín Rodríguez
Valencia | 2.844 | V. Gabarda
Vizcaya | c. 500 | Causa General - C. Landa Montenegro
Zaragoza | 742 | J. L. Ledesma
TOTAL | 49.367 |

Cuadro III

La represión por comunidades autónomas

Represión
franquista
Represión
republicana
N.º de
exhumaciones
Restos
recuperados

Andalucía
51.090
8.356
95
3.922

Aragón
8.523
3.901
79
368

Asturias
5.952
2.000
13
88

Baleares
2.265
323
12
61

Canarias
2.600
—
6
44

Cantabria
2.535
1.283
2
6

Castilla-La Mancha
13.604
7.630
47
883

Castilla y León
16.252
575
225
1.882

Cataluña
3.688
8.352
45
382

Ceuta-Melilla-protect.
768
—
—
—

Extremadura
11.551
1.567
39
426

Galicia
4.727
—
21
68

Madrid
3.522
8.815
3
7

Murcia
1.417
740
1
2

Navarra
2.932
—
48
204

País Vasco
1.468
945
47
109

La Rioja
2.000
—
4
22

Valencia
5.265
4.880
27
397

TOTAL
140.159
49.367
714
8.871

Nota: Debo la información sobre exhumaciones y restos humanos a Francisco Etxeberria Gabilondo, a quien agradezco su amabilidad. Hay que señalar que el alto número de restos hallados en Andalucía viene marcado por los 2.840 del cementerio de Málaga, cuya localización e identidad se conoce porque al pasar por consejos de guerra dejaron rastro en el cementerio y en el registro civil. En el resto de la región se han recuperado restos de 1.082 personas. En 2010, el número total de exhumaciones era de 207, y el de restos recuperados, de 4.956. La región más activa sigue siendo Castilla y León.

Segunda Parte

Guía de inquisidores: un análisis

Guillermo Portilla

Guía de inquisidores: un análisis

Con fecha de 15 de enero de 1939, Acedo Colunga presentó una Memoria en la que condensó y justificó la labor desempeñada por los consejos de guerra celebrados en las plazas de Madrid, Bilbao, Santander y del frente de Levante durante los primeros años de la guerra civil. Este documento es importante no solo porque en él se describe la estrategia seguida en los procesos penales contra los defensores de la República, sino porque diseña pormenorizadamente un plan represivo, de naturaleza estrictamente penal, contra todos los enemigos de la autodenominada España Nacional. El objetivo propuesto fue lograr la purificación del país y la reconstrucción del Estado en torno a los valores tradicionales: caudillo, imperio, unidad de la patria y religión católica.[24]

LAS ABERRANTES BASES CONCEPTUALES DE LAS FINALIDADES DE LA MEMORIA

La idea de redactar esta Memoria no obedeció, como admite su autor, al cumplimiento de una orden o recomendación específica. La concibió como la necesidad de volcar todo el conocimiento adquirido tras años de ejercicio en la Fiscalía en una guía orientada hacia aquellas personas que se iniciaban en la tarea de administrar justicia en los consejos de guerra (M, 74).

Si tuviéramos que definir la filosofía penal que la inspira, habría que descartar, de inicio, cualquier concepción ilustrada o liberal. Acedo Colunga se desmarcó expresamente de las ideas humanitarias del marqués de Beccaria, asentadas en el respeto al principio de legalidad penal y en la estricta separación de poderes, por ser contrarias a los valores del Nuevo Estado.[25] Por el contrario, asumió las tesis más autoritarias del derecho penal, planteamientos en boga que, según interpretó, representaban el patrimonio legal de las dictaduras europeas.

Con relación a los principios jurídicos en que se basó, Acedo Colunga se inspiró esencialmente en el modelo nacional-socialista, si bien creyó necesario afirmar que el derecho penal español debía aspirar a reconocerse en el propio espíritu popular hispano. Así se convertiría en un derecho singular y diferente del resto de ordenamientos jurídicos europeos. Como estandarte del derecho penal patrio, Acedo Colunga rememoró al Tribunal de la Santa Inquisición, planteándose incluso que podía ser una fuente de inspiración para el futuro modelo procesal-penal de justicia en España (M, 4).

Sin embargo, esta pretensión no fue original. La petición de un retorno del Santo Oficio ya había germinado en las obras de algunos catedráticos de Derecho Penal y de Filosofía del Derecho, que, años más tarde, fueron miembros destacados de los tribunales de excepción franquistas. Tal fue el caso de Isaías Sánchez Tejerina, autor intelectual del delito de masonería y juez del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC). Al pronunciarse a favor de interpretar como un delito grave contra el derecho natural cualquier ofensa a la religión católica, planteó la necesidad de recuperar una especie de Inquisición de carácter temporal contra los que atacaron los valores eternos de España. Demos al lector una muestra de su prosa:

El sentimiento religioso (el católico en España, puesto que quien aquí no es católico, es, sencillamente, descreído o ateo) es fundamental en la sociedad española, y, por tanto, el ataque a este sentimiento permanente es un auténtico delito natural grave. Ni es incompatible la ciencia actual con ningún dogma católico, ni lo fue nunca; qué hubiera sido de toda la ciencia medieval sin los frailes. Hoy mismo y en todas las ciencias tienen la Iglesia y las Órdenes religiosas beneméritos cultivadores e investigadores y tratadistas egregios. Para los equivocados de buena fe la obra evangelizadora de todos será un deber de ineludible cumplimiento. Para los que actúan de mala fe y se apoyan y empinan sobre la ignorancia de los otros atacando a la Religión Católica y poniendo en grave peligro todo lo que hay de excelso en nuestra patria, quizá el restablecimiento temporal de la Inquisición sería lo más eficaz. ¿En el siglo XX?, se dirá; y en el XL si fuere necesaria: Salux populi suprema lex.[26]

De un catolicismo exacerbado, Sánchez Tejerina fue uno de los depuradores más severos de la Universidad. No solo demandó el reingreso de la Inquisición, sino que aplaudió el restablecimiento de la pena de muerte, la legislación penal contra el aborto y promocionó la defensa de la Ley de Seguridad del Estado de 1941.[27] Por esas razones, ha sido calificado como un fanático franquista e inquisidor redivivo.[28] Entre sus muchos «méritos» figura haber sido el artífice de una de las leyes más severas de la dictadura, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (LRMC), norma que incumplió sistemáticamente los principios de legalidad, non bis in idem, irretroactividad y presunción de inocencia.

Otro catedrático de Filosofía del Derecho, Wenceslao González Oliveros, juez del TERMC y segundo presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (TNRP), reivindicó continuamente la antigua justicia inquisitiva frente a la tendencia liberal que, a su juicio, permitió al individuo ir en contra de la comunidad política y, por tanto, contra el Estado. Frente a esta propensión debía oponerse «una democracia antiliberal, como era una institución inequívocamente democrática, nuestra antigua Inquisición».[29]

Tal personaje, uno de los símbolos de la represión penal franquista, fue un falangista confeso desde antes del 18 de julio de 1936 y exhumaba integrismo religioso y nacionalista.[30] Sustituyó a Enrique Suñer como presidente del TNRP entre 1940 y 1945. Al suprimirse este organismo ese mismo año, se le concedió la presidencia de su comisión liquidadora. Además, fue vicepresidente del TERMC, cargo que, a partir de 1948, simultaneó con la presidencia del Consejo Nacional de Educación hasta 1962.[31] También fue miembro de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes de la República y gobernador civil de Barcelona en 1939.[32]

El derecho penal y procesal penal de excepción propuesto por Acedo Colunga, la gestación de un procedimiento análogo al que el Santo Oficio de la Inquisición utilizó contra la masonería como una modalidad del delito de herejía, un régimen desprovisto de derechos,[33] se convirtieron en realidad con la LRMC. Siguiendo la estela del fiscal del Ejército de Ocupación, Marcelino de Ulibarri, primer presidente del TERMC, defendió el 17 de diciembre de 1940[34] que contra determinados inculpados (en un principio habló de masones y luego de socialistas, comunistas y republicanos) no debía seguirse el tradicional régimen penal y procesal de garantías vigente. No nos resistimos a reproducir algunos párrafos de su sobrecogedora prosa:

Ya que contra la Masonería no se haya optado por emplear ahora gubernativamente un procedimiento directo, eficaz y general del tipo de los que en siglos gloriosos del Imperio aplicaron los Reyes Católicos para librar a España de Judíos o Felipe III cuando alejó del porvenir de la Patria el peligro que para ella entrañaban los moriscos, adóptese un procedimiento judicial si se quiere, pero adecuado por su simplificación y eficiencia para el caso. Habrá que huir de la excesiva preocupación legalista que llenará el procedimiento de requisitos formales, plazos, trámites, escritos, vistas y recursos. Óigase a los enjuiciados en la forma estricta suficiente para llenar la exigencia natural de no condenar a nadie sin ser oído y a fin de poder utilizar las manifestaciones de los interesados como elementos de juicio; admítaseles prueba documental en tanto en cuanto no pueda esgrimirse su propuesta como medio de entorpecer la marcha del proceso, pero regúlese éste en todo con la natural suspicacia de que los enjuiciados tratarán de prevalerse hábilmente de las mismas disposiciones legales para poder dilatar cuanto puedan toda resolución del tribunal contra ellos. No vaya a incurrirse en el pueril error de trasladar al procedimiento que para esa ley se establezca, los preceptos legales de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni aun siquiera los principios que la inspiran, tan distintos de los que exige la represión contra la Masonería. Y nada de exigir la intervención de Letrado, ni de consentir debates orales, ni de vistas públicas. Los propios masones dan la pauta de cómo se les debe juzgar. Las medidas que ellos adoptaban para perseguir y combatir a los profanos … eran acuerdos tomados con la mayor clandestinidad y disimulo sin que los propios perseguidos pudieran enterarse siquiera que procedía su persecución de la Masonería, introducida en todas partes y sin apariencia externa, como los gases.

Al igual que la Inquisición pretendió la conversión del hereje, requiriendo al procesado que se retractara de las creencias contrarias a los dogmas católicos,[35] los tribunales de excepción franquistas identificaron el delito con el pecado y la pena con la penitencia. De hecho, el TERMC exigió al imputado por el delito de masonería que presentara dos formularios: uno de retractación, en el que se vio obligado a reconocer su pertenencia a una logia y forzado a delatar a sus compañeros y jefes; el segundo consistió en un modelo de abjuración eclesiástica en el que debía confesar el desliz de haber pertenecido a la organización masónica, jurar su renuncia y firmar un compromiso eterno con la Iglesia católica y todos sus credos. En estos tiempos que corren, ¿qué cabe pensar de lo que se hacía y se obligaba a hacer tan solo ochenta años ha?

Que en el día de hoy D…. ha prestado ante el Ilmo Sr. Vicario General de este Obispado la siguiente profesión de Fe y abjuración de sus errores: «El que suscribe, teniendo ante mí los Santos Evangelios, que toco con mis manos y sabiendo que ninguno puede salvarse fuera de la Fe que profesa, cree, predica y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, contra la cual me pesa de haber gravemente pecado, porque he profesado y creído doctrinas contrarias a las enseñanzas de la misma. Ahora iluminado por la divina gracia, hago profesión de creer que la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, es la única y verdadera Iglesia fundada por Jesucristo en la tierra. A la cual de todo corazón me someto. Creo todos los Artículos que me propone creer, repruebo y condeno cuanto ella reprueba y condena y estoy pronto a observar cuanto me manda, y especialmente prometo:

Que hay un solo Dios con tres divinas personas distintas e iguales, a saber: Padre, Hijo y Espíritu Santo:

La doctrina católica sobre la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y la unión hipostática de las dos naturalezas divina y humana; la maternidad de María Santísima, asó como su integérrima virginidad e inmaculada Concepción.

La presencia verdadera, real y sustancial del Cuerpo, juntamente con la Sangre y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Los siete Sacramentos instituidos por Jesucristo para la salvación del género humano, a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio.

El Purgatorio, la resurrección de los muertos, la vida eterna.

El Primado, no tan sólo de honor, sino también de jurisdicción del Romano Pontífice, de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles y Vicario infalible de Cristo.

El culto de los Santos y de sus imágenes.

La autoridad de las apostólicas y eclesiásticas tradiciones y de las Sagradas Escrituras o que no debe interpretarse y entenderse sino en el sentido que ha tenido y tiene la Santa Madre Iglesia Católica

Y todo lo demás que por los Sagrados Cánones y por los concilios Ecuménicos, especialmente por el Sagrado Concilio Tridentino y por el del Vaticano ha sido definido y declarado.

Por consiguiente, con corazón sincero y Fe no fingida, detesto, y abjuro todo error, herejía y secta contrarios a dicha Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Así Dios me ayude y estos sus Santos Evangelios, que toco con mis manos.[36]

Así como el Santo Oficio perseguía la defensa de la pureza de la fe y la moral de la Iglesia católica (favor fidei),[37] la finalidad de los nuevos inquisidores no fue tanto la demostración del delito, como la obtención de la confesión de culpabilidad y el reconocimiento de la necesidad de expiación. La Iglesia católica se incorporó como una pieza más del engranaje de la maquinaria represora, siendo decisiva en las condenas impuestas por los tribunales especiales. Legitimó la rebelión militar, y la dictadura, en agradecimiento, consagró todos sus poderes y dispensas.[38]

Una muestra de su implicación en la delación de masones, comunistas y desafectos al autodenominado Movimiento, es la carta firmada por el obispo de Barcelona, Miguel de los Santos, el 10 de noviembre de 1941 y dirigida al titular del Juzgado Especial n.º 1 del TERMC, en la que confiesa la posesión por parte de la Iglesia de un archivo sobre masones:[39]

Ilustrísimo Señor: En contestación a su muy atenta comunicación, de fecha 4 del actual, que es la primera que sobre el asunto de que se trata ha llegado a mis manos, tengo el honor de comunicar a V.S. que he llamado y preguntado sobre los extremos de la misma al Rdo. Sr. Dr. D. Juan Tusquets, Presbítero,[40] el cual me ha manifestado lo siguiente: Que no posee, en la actualidad, ninguna ficha masónica, ni de D. Alfonso Fischer Weyer ni de otra persona alguna. Antes del Glorioso Movimiento Nacional, utilizaba el Dr. Tusquets un fichero que llevaba su compañero el Rdo. Sr. D. Joaquín Guiu, también presbítero, pero los rojos asesinaron a éste y destruyeron el fichero. Durante la guerra de liberación, el Dr. Tusquets cuidó, bajo las órdenes del Comandante Palau, de la sección masónica del S.I.P.M., situada en la Presidencia; pero el fichero íntegro de la mencionada sección fue entregado por el Comandante dicho, de orden superior, al Excmo. Sr. D. MARCELINO DE ULIBARRI, Delegado de S. E. el Generalísimo para asuntos Especiales. Dada la cantidad de fichas que en ambos ficheros había, le es imposible al Dr. Tusquets recordar si Don Alfonso Fischer, que le es desconocido, figuraba o no en los mismos.

Como hemos señalado, en el expediente de cada uno de los defensores de la República emergió continuamente un informe eclesiástico que exponía la vileza política y espiritual del acusado justificando la necesidad del castigo. A título de ejemplo, en el sumario instruido por el TRRP contra Manuel Azaña se contiene un informe del cura párroco de la iglesia de la Concepción de Madrid, fechado el 20 de mayo de 1940:[41]

En cumplimiento del presente oficio tengo el honor de manifestar: Que Manuel Azaña, feligrés que fue de esta Parroquia, según referencias fidedignas, fue en todo tiempo persona afiliada a partidos de extrema izquierda. En tiempos de la monarquía, trabajó en Ateneos y Centros Culturales por sembrar en las incultas masas ideas disolventes y rebeldía, siendo uno de los principales agentes, y propulsores que con sus oscuras actuaciones consiguieron el cambio de Régimen con todos sus horrores. En el poder, es del dominio público que su actuación fue funestísima y demoledora para España, transformando todos los principios de orden, moral y justicia, vertiendo en las multitudes el germen de disolución y anarquía que dieron por fruto las abominaciones de sangre, robo y destrucción que todos lamentamos. Unido al marxismo, a elementos extraños, e inspirado en tenebrosos antros, creó tal estado social de crímenes, que Dios en su infinita misericordia inspiró a nuestro Caudillo la Santa Misión de salvar a España. Antes de Terminar la Cruzada el expedientado, desapareció de España y en la actualidad se ignora su paradero.

Fueron muchas las semejanzas entre el procedimiento jurídico inquisitorial y el seguido por los tribunales de excepción franquistas tras la guerra civil: los delitos de herejía y de rebelión militar fueron imprescriptibles; la presencia del abogado, meramente simbólica que, en realidad, se convirtió en un funcionario más al servicio de los inquisidores y de los tribunales militares;[42] en ambos modelos se condenó en rebeldía, incluso a personas ya fallecidas; en uno y otro se estableció el decomiso de las propiedades muebles e inmuebles del imputado, como medida cautelar y condena; los dos fueron jurisdicciones delegadas. Los inquisidores desempeñaron una jurisdicción subalterna de la Santa Sede. En la Inquisición española fueron los Reyes Católicos los que designaron a los inquisidores mediante la bula Exigit sincerae devotionis affectus de 1478.[43] Por su parte, la composición de los tribunales mixtos especiales franquistas (compuesto por militares, carlistas y falangistas) dependió exclusivamente del Caudillo.

Otra de las similitudes entre ambas jurisdicciones fue el secreto de las actuaciones,[44] incluidos los testigos, y, en algunos casos, la publicidad de la condena con fines de ejemplaridad.

En lo concerniente a este último asunto, se originó un debate en el seno del TERMC sobre la necesidad de dar o no trascendencia pública a las actuaciones del tribunal, pues solamente se publicaron en el BOE las sentencias sobre condenados en rebeldía. La posición de la Fiscalía fue tajante, los sumarios debían seguir tramitándose en secreto, pero las condenas tenían que ser públicas, al igual que los autos de fe del Santo Oficio.[45]

Tal y como se observa, la Fiscalía acudió a la tesis de la ejemplaridad. Si lo que se pretendía era dar un ejemplo a la colectividad, entonces convenía desplegar un ceremonial, al estilo inquisitorial, consistente en la lectura pública y solemne de la sentencia por el tribunal. Si la pena no llegaba a ser conocida por todos, se diluía el efecto perseguido. Hasta entonces, a través del BOE, los ciudadanos solo podían conocer la condena en rebeldía de los dirigentes, masones y comunistas que habían huido del país, no, en cambio, las condenas privativas de libertad y derechos que recaían sobre masones con un escaso grado en la Logia o en comunistas de base. La Fiscalía del TERMC lo explicó así:

A los masones hay que combatirlos con sus propias armas, dicen algunos: el mismo secreto que ellos guardan debemos guardar nosotros. No suscribe el Fiscal esta opinión, cree al contrario que sería una sabia norma de conducta la de actuar siempre de manera totalmente opuesta a como ellos actúan. Si la masonería, inspirada en el mal, opta por el secreto, nosotros, inspirados en el bien, debemos optar por la difusión. Y es precisamente a esta difusión a lo que más temen los masones; quizás, para muchos, bastará éste como único castigo. En el siglo pasado, en Francia, según cuenta el padre Hillaire, el solo anuncio de la publicación de la lista de masones, hizo que muchos se borraran de las Logias. Si ahora, en España, se publicasen las listas de los masones convictos y confesos ante el tribunal, desenmascarándoles y arrebatándoles el antifaz, se resentiría más la «Augusta Orden» que con las condenas, sin hacerse públicas, de muchos de sus miembros. Sería esta una sabia medida social para que nadie luego se llevara a engaño. El Estado se dirige a los ciudadanos y les dice: Fulano, Mengano y Zutano son masones; ya lo sabéis; si queréis luego vosotros seguir tratándoles y convivir con ellos, ya sabéis a qué ateneros.[46]

Dejando atrás la secuela inquisitorial de la cruzada penal promovida por Acedo Colunga, otra de sus propuestas consistió en que el fiscal debía convertirse en el intérprete del espíritu popular.[47] En esta nueva estructura jurídica donde el principio de legalidad quedaba en segundo plano, el fiscal asumió un papel preponderante puesto que, mediante un sistema analógico en la interpretación de las normas, él decidía lo que era o no delito.[48] No importaba el texto de la ley, sino su interpretación por el fiscal.

Con tales pilares, Acedo Colunga concibió un derecho penal más interesado en evidenciar la supuesta peligrosidad criminal de la ideología republicana que en demostrar la existencia de actos concretos constitutivos del delito de rebelión. Se construyó, por tanto, un derecho penal de la voluntad en el que se perseguía a todo el que defendía los valores republicanos, aunque no participara directamente en una acción violenta. Al convertir la ideología en el criterio esencial para determinar la existencia del delito, se negó la diferencia entre autor y cómplice, y entre tentativa y frustración. De ese modo, se consideró como autor de un delito de rebelión consumada a cualquier persona de ideología republicana o que no se hubiere opuesto abiertamente a ella. Por mínima que hubiese sido la participación en defensa de la República, tal colaboración alcanzaba la entidad de autoría consumada y, por consiguiente, era merecedora de las más severas penas. El derecho penal ha conocido numerosas aberraciones. Esta es una de las más significativas.

El planteamiento de Acedo Colunga puede sintetizarse en la negación expresa de dos principios clásicos: el nullum crimen, nulla poena sine lege praevia y el de in dubio pro reo (M, 2). Por lo que se refiere al rechazo de este último principio, Acedo Colunga recalcó que la función del Estado era la defensa de la sociedad y, en ningún caso, la tutela del infractor que incumplió el deber social.

Su posición crítica respecto al principio de legalidad le condujo a cuestionar el concepto de rebelión contenido en los bandos dictados por las autoridades militares (artículo 171 del Código de Justicia Militar de 1890).[49] Aunque reconoció que, en principio, había que respetar el contenido de las leyes militares, advirtió que inevitablemente debía recurrirse a la analogía. Entre otras razones, porque, en su opinión, una gran cantidad de conductas ilegítimas no estaban catalogadas de modo expreso como rebelión militar en los bandos. Por ello era necesario que el juez sustituyera a la norma, que no la interpretara textualmente, sino que desentrañara correctamente lo que de verdad pretendía defender. Una vez realizada la interpretación judicial se elevaba a la categoría de precepto penal (M, 3). Se consagró por tanto la tesis del caudillaje con el Estado autoritario sometido a su führer, que es el intérprete del sano sentimiento del pueblo, de la figura viviente del pueblo,[50] y con el juez como exégeta. Igualmente, en España era el juez (según Acedo Colunga, también el fiscal) el que interpretaba analógicamente las normas emanadas del Caudillo.

Retornando a los principios filosóficos y jurídicos que nuestro fiscal rescató del modelo autoritario alemán, sustentó la teoría del pirata y la guerra justa. Una tesis que gravita continuamente en la Memoria: la sublevación militar del 18 de julio de 1936 contra el enemigo interno «nunca ostentó la categoría de una guerra civil». Según Acedo Colunga, en la España republicana no existía un gobierno o ejército legítimos. Con el fin de defender esta posición, se apoyó en diversos hechos: entre ellos la Ley de Amnistía de 1936 que afectó a los implicados en la Revolución de Octubre de 1934, la readmisión de represaliados en 1936, el asesinato de Calvo Sotelo, la corrupción, la destrucción de las imágenes religiosas y la persecución del culto católico, entre otros. (M, 12-14).[51]

Estos fueron algunos de los motivos por los que Acedo Colunga concluyó que el gobierno y ejército republicanos eran ilegítimos, por lo que se necesitaba un caudillo y un Ejército que defendieran los atributos morales e históricos del poder público español. Interpretó que cualquier oposición a ese liderazgo espiritual merecía su inclusión en el delito de rebelión militar del artículo 237 del CóJM: «Ante la historia, ante la moral y ante el derecho el único Gobierno legítimo de España desde el día 18 de Julio de 1936 era el que se ejercía militarmente, en supremo esfuerzo de sublimación espiritual y redención humana» (M, 13).

Partiendo de estas premisas, Acedo Colunga aseveró que no podía hablarse de guerra civil puesto que no existía una igualdad moral entre los contendientes. No se trataba de una confrontación de valores, de una disputa ideológica, sino de la lucha del bien contra lo que categorizó como fuerzas satánicas, la pugna entre el tradicional espíritu de España y la desviación materialista: «No puede haber guerra civil con el crimen y la barbarie… Son la facción de rebeldes ante la Patria» (M, 14). En estas reflexiones se aprecia que Acedo Colunga, como luego se verá, ubicaba a los republicanos en la esfera del enemigo ilegítimo y no en la categoría de enemigo lícito con derecho a gozar del estatus de prisionero de guerra.[52]

A lo largo de la Memoria reiteró este planteamiento. Identificó la República con el crimen y la miseria. Comparó la causa republicana con la rebelión marxista, las hordas que saqueaban los tesoros nacionales, enajenaban el patrimonio artístico, asesinaban a medio millón de personas, dinamitaban edificios y pueblos enteros, invadían los hogares, «pretendiendo extirpar del corazón del hombre el sentimiento religioso que es asilo de paz y fuente inextinguible de esperanzas» (M, 48).

Retrocediendo a la teoría del pirata y la guerra justa, la Memoria respondió fielmente a las notas cardinales del derecho penal autoritario: estamos ante la tesis de la excepción defendida por Carl Schmitt y el renacimiento de la guerra justa, ante el ius ad bellum y la legitimación de la intervención coactiva contra los calificados como rebeldes republicanos.

En el proyecto esbozado se contempló, en efecto, la construcción de un concepto de «enemigo» que se equipara a la tesis del pirata de Carl Schmitt (1979, 45s). En tal sentido, el franquismo no dudó en señalar como enemigo ilegítimo, el anticristo al que el Estado debía eliminar, a la República. Una forma de Estado que representaba la antítesis del autoritarismo al que repugnaban el marxismo, el liberalismo, la masonería, la Institución Libre de Enseñanza y los intelectuales de izquierdas. En definitiva, se catalogó de indeseables a todos los que se suponía habían contribuido a la decadencia de la España imperial. De otro lado, la Memoria también recogió el reingreso de la doctrina cristiana medieval de la guerra justa que estableció los parámetros morales de la guerra.[53]

Explicar adecuadamente el pensamiento de Acedo Colunga, así como la represión en la primera etapa del franquismo, exige aclarar cuál fue el vínculo que los unió con el planteamiento de Schmitt. En aquellos primeros consejos de guerra en los que participó directamente Acedo Colunga como fiscal y en la primigenia legislación de excepción franquista se percibe una notable influencia de las tesis del autor alemán. Concretamente, la teoría del enemigo en la que se distingue entre el extranjero como enemigo colectivo legítimo (hostis) y el enemigo interior ilegítimo —el bandido, rebelde o pirata—, promotor de la subversión, que es objeto de persecución penal y a quien es necesario eliminar para preservar el orden del Estado.[54]

En numerosas sentencias del CSJM de los años cuarenta se refrendó precisamente esta idea: los «rebeldes republicanos» no eran un ejército, sino muchedumbres delincuentes. No se catalogó como deserción la huida de los soldados nacionales al frente republicano porque eso significaría asumir que estos conformaban un ejército. Las fuerzas rebeldes que combatieron contra nuestras tropas, afirmó Acedo, no alcanzaron nunca la categoría de ejército. Ante este planteamiento, la «deserción» solo podía estimarse como modalidad del delito de rebelión.

Este mismo argumento se reprodujo en la sentencia de 10 de octubre de 1941 (Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RJA) n.º 1323):

… a las fuerzas rojas que combatían con las nuestras no se les puede otorgar la categoría de Ejército, ya que nunca dejaron de ser unas agrupaciones de rebeldes alzados en armas contra el poder legítimo del Estado, que siempre ha estado fuera de la Ley y que jamás han observado los postulados del derecho de gentes en orden a la guerra lo que hace que en ese sentido no se les pueda conceder beligerancia alguna.[55]

Tal marco teórico fue asumido por quienes cabe caracterizar como los más eminentes ideólogos del modelo de Estado franquista, Legaz Lacambra y Conde,[56] al igual que por Acedo Colunga y el CSJM. Lo que pretendía y finalmente consiguió la puesta en marcha de la teoría del enemigo, fue la instauración de un derecho penal y procesal penal de excepción, sin garantías para el calificado como no-persona, infrahombre, enemigo ilegítimo: la lucha contra ellos se efectuó en una especie de estado de naturaleza sin derechos, donde no existieron principios como el de presunción de inocencia, legalidad penal, in dubio pro reo, nemo tenetur (derecho a no declarar contra sí mismo), irretroactividad, asistencia letrada, non bis in idem, derecho a un proceso justo, etc. En definitiva, el rechazo de todas las conquistas de los siglos XVIII y XIX en la materia.

La dictadura no podía tratar a los republicanos como sujetos con derechos, sino como fuentes de un peligro objetivo para los valores del modelo autoritario y, en consecuencia, para la seguridad del Estado. Se pensó que esa potencial peligrosidad solo podía conjurarse mediante las ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte y una legislación penal que atendiera exclusivamente a la eliminación del riesgo generado por los disidentes. Proteger la seguridad del Estado franquista se convirtió en la finalidad principal del derecho penal de la dictadura. Y, de hecho, lo consiguió, logrando la destrucción de todos lo que de algún modo manifestaron su oposición al régimen.

EL ESBOZO DEL EXTERMINIO FÍSICO, MORAL Y ECONÓMICO DE LOS ARTÍFICES DE LA REPÚBLICA

Desde estas bases filosóficas, la configuración del enemigo interno como ilegítimo y de una guerra imaginariamente justa que permitiera la purificación del país de los no menos supuestos sublevados, Acedo Colunga abordó la forma en que debería desplegarse el castigo de todas aquellas fuerzas caracterizadas como antiespañolas (M, 4). Una represión, afirmó, que, huyendo de la venganza, debía caracterizarse por ser enérgica y carecer de vacilaciones. Aseveración que nunca interiorizó ya que, desde el inicio, el designio siempre fue la puesta en práctica del exterminio físico, moral y económico de todos los afines a la República.[57]

En un principio pensó circunscribir el círculo de la responsabilidad penal a los, a todas luces, constructores de la República: a los descritos como delincuentes revolucionarios, a los autores de delitos comunes, a los dirigentes y verdaderos propagandistas de la revolución definida ridículamente como materialista, a los autores por inducción (M, 4-6). Sin embargo, al final, Acedo Colunga extendió el ámbito de persecución a otros sectores a los que consideraba garantes intelectuales de esa revolución, a la que calificó como «comunistoide» y «seudodemocrática», esto es, a los Institutos de Enseñanza Media y a la Universidad. Mecanismos que tras «su hojarasca filosófica y sentimental ocultaban las raíces tenebrosas y horribles de la bestialidad humana» (M, 49).

También especuló Acedo Colunga sobre la puesta en marcha de una nueva cruzada que salvaría al mundo dada la superioridad ética de la sociedad española frente a cualquier otro pueblo europeo (M, 5). Un desvarío totalitario que se propagó entre los principales órganos de representación de las instituciones franquistas, como puede verse reflejado en la carta que remitió Enrique Suñer, presidente del TNRP, a Marcelino de Ulibarri, en aquel momento delegado del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD). Debería ser objeto de exégesis en todos los tratados de derecho penal y de historia del derecho, así como en las oposiciones de rigor, como muestra de la abyección total y absoluta de los académicos que se plegaron a servir a los vencedores de la guerra civil.

La trascendental misión que este Tribunal Nacional tiene para la vida futura de España exige la cooperación de todos los buenos patriotas, si es que pretendemos dar feliz cima a nuestra empresa. No se le ocultará a V.E. que en los amargos y luctuosos acontecimientos transcurridos han tenido un papel preponderante aquellos hombres destacados en la vida cultural, en las profesiones liberales, en la Política, en las Finanzas y hasta en el Arte. Envenenadores por causas no siempre claras y la mayoría de las veces secretas e inconfesables, con sus libros, con sus artículos de prensa, en sus tertulias, en la Cátedra y en todas partes, fueron fraguando la siniestra labor sugestiva dominadora de los cerebros inferiores, hasta llegar a los de los infrahombres, causante de tanto crimen, vejación, injusticia, persecución y robo como han tenido lugar en España. Es preciso que, por su espíritu de justicia y para evitar las consecuencias de una nueva infiltración en los puestos directivos y de mando, desde los cuales volverían a labrar la ruina de la Patria, sean desenmascarados estos agentes del mal. De V.E., así como del Organismo que dirige, dependerá en gran parte que esta negra perspectiva no se realice. Al margen de cada uno convendrá se indique las actuaciones nocivas de tales personas y, cuando le sea posible, las pruebas documentales o testificales de solvencia. A veces un dato, una reseña gráfica, un recorte periodístico o una fotografía pueden tener valor decisivo para el juicio. En la seguridad de que V.E. así como los dignos miembros de esa Corporación no sentirán debilidad alguna en el propósito de cooperar cuidadosamente a esta vital labor salvadora de la Patria, le queda de antemano reconocido, en nombre de este Alto Tribunal, quien suscribe el presente documento.[58]

En un principio debían responder penalmente todos los que, según el CJM y una interpretación analógica de los bandos militares, se encontraban insertos en el delito de rebelión. Sin embargo, ante la magnitud de la extensión del ámbito de aplicación de este delito, Acedo Colunga estimó oportuno que no todos los teóricamente rebeldes debían ser catalogados como criminales, en el sentido de que no todos merecían ser acreedores de una pena (M, 49). A este propósito, infirió que la represión debía centrarse en dos grupos principalmente: en los autores materiales del delito de rebelión y en los funcionarios que cooperaron con aquellos a través de actividades esenciales.

El proceso de depuración tenía que iniciarse seleccionando a los autores materiales, inductores y propagandistas del delito (M, 52). Posteriormente, debía continuarse con la exclusión de todos los funcionarios públicos que hicieron viable la República y, seguidamente, con los funcionarios de la carrera judicial y militar que la defendieron.

EL PAPEL EJERCIDO EN LA REPRESIÓN POR LA JURISDICCIÓN MILITAR Y LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

Tras el autodenominado Alzamiento Nacional, en cada una de las guarniciones sublevadas se emitieron bandos que coincidían en tres puntos esenciales: declaración del estado de guerra, anuncio de que la represión de los desafectos al régimen franquista iba a ser gestionada por la jurisdicción militar[59] y la confirmación de la apertura de juicios sumarísimos.[60]

Bien es cierto que, como advierte Pérez Trujillano, algunas de las características de la justicia militar de Franco ya se hallaban presentes en la España del segundo bienio (2020, p. 294) y que la militarización de la justicia siempre fue un mal endémico en España. No hay que olvidar que el texto legal empleado invariablemente por la República y en la primera fase del franquismo fue el Código de Justicia Militar de 1890. Sin embargo, el franquismo abusó de la jurisdicción militar e incrementó incesantemente sus competencias. Además, a partir de 1939 a tal jurisdicción se sumó la de tribunales especiales mixtos integrados por militares y juristas falangistas y carlistas. Entre estos tribunales siempre hubo un contacto estrecho y directo, de forma que lo habitual era que las sentencias circularan entre la jurisdicción militar, el Tribunal de Responsabilidades Políticas (TRP) y el TERMC, o al revés. Al no ser incompatibles entre sí las condenas, por lo general, a un sujeto se le condenaba a través de un consejo de guerra al tiempo que, por los mismos hechos, era sancionado por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas (TRRP) y por el TERMC.

En el período comprendido entre 1936 y 1944, la Jurisdicción Militar alcanzó su mayor expansión. Hay que recordar que fue la que inició la represión penal en aquellos territorios conquistados a la República. De hecho, la jurisdicción penal ordinaria de juzgados y audiencias adoptó un papel secundario frente a la habitualidad de los consejos de guerra. A la par, las jurisdicciones especiales adquirieron una gran relevancia a partir de 1939 con la gestación del TRP y el TERMC. No obstante, pese al auge de los tribunales mixtos, los delitos políticos recogidos en la Ley de Seguridad del Estado de 1941 siguieron siendo juzgados por la jurisdicción militar hasta que pasaron a ser competencia de la justicia ordinaria tras la aprobación del código penal de 1944.

Inicialmente la competencia de la justicia militar fue asumida por la Junta de Defensa Nacional de España (JDNE).[61] A través de un procedimiento sumarísimo se juzgaron los delitos comprendidos en los títulos V, VI, VII y VIII del CóJM de 1890. Esto es, los delitos contra la seguridad de la patria: traición, espionaje, derecho de gentes, devastación y saqueo; contra la seguridad del Estado y del Ejército: rebelión, sedición, insulto a centinelas, salvaguardias[62] y fuerza armada; contra la disciplina militar: insubordinación, extralimitaciones en el ejercicio del mando; contra los fines y medios de acción del Ejército: abandono del servicio, negligencia, denegación de auxilio, deberes de centinela, deserción del honor militar y matrimonios ilegales.

El bando de declaración del estado de guerra de 28 de julio de 1936 (BOJDNE, n.º 3, de 30 de julio de 1936), «cuya validez no se derogó formalmente hasta nada menos que el 7 de abril de 1948», amplió las competencias de la jurisdicción militar al declarar en su artículo 11 la prioridad de cualquier autoridad militar sobre la civil, quedando relegada la justicia ordinaria a un papel supletorio. En cualquier caso, la decisión sobre la atribución a la jurisdicción militar o a la civil correspondía a la autoridad militar (artículo 10).

Al configurarse un concepto desmesurado del delito de rebelión militar, todo lo que se suponía contrario al sedicente Alzamiento Nacional fue estimado como una modalidad de rebelión, auxilio, adhesión y excitación a la misma. Su análisis correspondió a la jurisdicción militar.

Se generó de ese modo un derecho penal militar que abarcó un abanico ciclópeo de delitos, juzgados a través del procedimiento sumarísimo: los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la autoridad y sus agentes. Junto con estos, también los comprendidos en el título tercero del código penal ordinario bajo el epígrafe «Delitos contra el orden público»; los de atentado contra toda clase de vías o medios de comunicación, servicios, dependencias o edificios de carácter público; los cometidos contra las personas o la propiedad por móviles políticos o sociales; los realizados por medio de imprenta u otro medio cualquiera de publicidad. Más tarde, se equiparó al delito de rebelión el contrabando de billetes de banco (decreto de 19 de noviembre de 1936), la exportación de reservas de oro (de 14 de agosto de 1936), la exportación y atesoramiento de monedas de plata (DL 9 de noviembre de 1936), etc. Finalmente, las leyes de 5 de septiembre de 1939, 12 de junio de 1940 y de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 determinaron la competencia de la jurisdicción militar en función de criterios basados en el autor, delito cometido o lugar de comisión.[63]

En 1943 y, sobre todo, en 1944, ya se había juzgado una gran parte de las conductas distinguidas por su oposición al triunfante Movimiento Nacional, interpretadas, generalmente, como delito de rebelión. Es a partir de esas fechas cuando comenzó a apreciarse un descenso en las competencias de la jurisdicción militar en favor de los tribunales ordinarios. A esta caída de los contenidos de aquella favoreció, por un lado, la ley de 2 de marzo de 1943, en la que se dispuso que la jurisdicción militar podía inhibirse siempre que se estimara que los hechos no perturbaban gravemente al orden público o dañaban el prestigio del Ejército.[64] Por otro, la aparición del nuevo código penal de 1944, que atribuyó más competencias a los tribunales ordinarios.[65]

LOS CONSEJOS DE GUERRA Y LOS PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS

Centrándonos en el funcionamiento de los consejos de guerra es preciso recordar que estaban compuestos por un jefe del Ejército o de la Armada como presidente, tres vocales (oficiales) y un asesor jurídico del CJM. Por su parte, para el desempeño del Ministerio Fiscal se nombraba habitualmente a un técnico del CJM, mientras que el abogado defensor siempre fue un militar jerárquicamente subordinado al presidente.

En la mayoría de los juicios inmediatamente posteriores a la finalización de la guerra, se siguió un procedimiento sumarísimo, en el que se instruía, se aportaban y valoraban las pruebas, se juzgaba y sentenciaba en el plazo de unas horas.[66] A ello había que añadir la privación de todas las garantías del procesado y una ejecución inmediata de la condena sin derecho al recurso. En esto se diferenciaban de los consejos de guerra ordinarios en los que sí pudo recurrirse a una segunda instancia. El órgano encargado de la revisión de las sentencias de los consejos de guerra, siempre que, como se ha expuesto, no fueran juicios sumarísimos, fue el Alto Tribunal de Justicia Militar (ATJM). Este organismo se creó con la intención de acabar con cualquier vestigio de los tribunales republicanos. De ese modo, se eliminó la Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo.[67] A su vez, el CSJM fue el órgano que sustituyó al Alto Tribunal de Justicia Militar por ley de 5 de septiembre de 1939 de la Jefatura del Estado.[68]

El delito más juzgado a través del procedimiento sumarísimo fue justamente el delito de rebelión militar.[69] En los casos en los que se condenaba a pena de muerte,[70] la sanción no se notificaba al procesado hasta pocos momentos antes de su ejecución.[71]

¿Cuáles fueron las funciones de la Fiscalía del Ejército de Ocupación en los consejos de guerra?

A veces, el procedimiento sumarísimo coexistió con otro denominado «sumarísimo de urgencia», creado por el decreto n.º 55, de 1 de noviembre de 1936, en el que se aminoraron los plazos y se restringió aún más si cabe el derecho de defensa.[72] En un principio, las medidas excepcionales que aparecen en este decreto estaban pensadas únicamente para su aplicación en la plaza de Madrid. Sin embargo, al final se extendió a todos los territorios ocupados a partir de enero de 1937 y estuvo en vigor hasta el 12 de junio de 1940.[73]

Pues bien, en estos juicios totalmente despojados de garantías fue muy relevante la actuación del fiscal objeto de este estudio. El papel preponderante asumido por la Fiscalía en estos procedimientos sumarísimos de urgencia se explica, sencillamente, por el exceso de trabajo que se generó. Fue tal el número de instrucciones abiertas que llegó a desbordar la capacidad de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Esencialmente, la falta de personal y de medios materiales generó una crisis que solo pudo ser vencida, como admitió Acedo Colunga, «por la fuerza inmensa de nuestra fe en Dios, en España y en el Caudillo» (M, 23s.).[74]

Al respecto, comenta Marco cómo, debido a la falta de medios y personal especializado, entre julio y diciembre de 1936, se reclutaron a cientos de soldados que sin conocimiento jurídico ni experiencia fueron enviados a las audiencias. Junto con ellos, se reincorporaron militares de la reserva y se militarizó al personal especializado en la justicia ordinaria y a otros profesionales del derecho: abogados, notarios, registradores.[75]

Desde el instante en el que la Auditoría admitió y fue consciente de tales carencias, otorgó a la Fiscalía del Ejército de Ocupación una posición sobresaliente en la gestión de los procesos penales abiertos. A partir de ese momento, la Fiscalía se convirtió «en una organización hermana y subordinada a los efectos funcionales» a la Auditoría (M, 18).[76]

La verdadera obsesión de Acedo Colunga radicó en lograr que los consejos de guerra mantuvieran una cierta unidad de criterio en torno a la interpretación del delito de rebelión militar y que hubiese similitud entre las condenas dictadas contra lo que él calificaba como jauría republicana. En parte lo logró. Consiguió que la Fiscalía se arrogara el papel de guía y de intérprete del concepto de rebelión y que los consejos de guerra respetaran su calificación (M, 20).[77] En general, la acusación fiscal se convirtió en el eje del sumario, siendo la sentencia la consecuencia del criterio uniforme defendido. De ese modo, concluyó Acedo Colunga, «se tendía a evitar la injusticia que supone la variación en el enjuiciar, cien veces mayor que la que pueda deparar la lenidad o la excesiva dureza» (M, 22).

La verdad es que la sintonía entre las resoluciones de los consejos de guerra y la Fiscalía fue importante. Empero, al analizar las estadísticas oficiales se comprueba que no siempre se satisficieron las exigencias de este último organismo respecto a la gravedad de la condena. En algún momento los consejos disintieron de la recomendación de la Fiscalía, sobre todo en torno a las penas más graves y las absoluciones.[78]

CAUSAS VISTAS EN EL FRENTE DE MADRID. Sumarios: 688; procesados: 1.551; petición de pena de muerte: 575; sentenciados a ella: 314; petición de treinta años de reclusión mayor: 336; sentenciados: 317; petición de otras penas privativas de libertad: 579; condenados: 505; petición de absolución: 61; absueltos: 415.

31 diciembre de 1938 (M, 81).

CAUSAS VISTAS EN BILBAO. Sumarios: 1.249; procesados: 9.753; petición de pena de muerte: 782; sentenciados a ella: 445; petición de treinta años de reclusión mayor: 1.239; sentenciados a ella: 717; petición de otras penas privativas de libertad: 2.209; condenados: 2.139; petición de absolución: 969; absueltos: 1.898; sobreseimientos: 4.554.

31 de diciembre de 1937.

CAUSAS VISTAS EN SANTANDER. Sumarios: 2.785; procesados: 13.253; petición de pena de muerte: 2.850; sentenciados a ella: 1.946; petición de treinta años de reclusión mayor: 2.458; sentenciados a ella: 2.277; petición de otras penas privativas de libertad: 3.193; condenados: 3.303; petición de absolución: 1.335; absueltos: 2.310; sobreseimientos: 3.417.

Fechado el 31 marzo de 1938.

CAUSAS VISTAS EN EL LEVANTE Y EN LOS FRENTES DE ARAGÓN Y CATALUÑA. Sumarios: 2.048; procesados: 5.667; petición de pena de muerte: 748; sentenciados a ella: 484; petición de treinta años de reclusión mayor: 931; sentenciados a ella: 642; petición de otras penas privativas de libertad: 2.091; condenados: 1.753; petición de absolución: 556; absueltos: 1.356; petición de sobreseimiento: 1.341; sobreseimientos: 1.432.

Fechado el 31 diciembre de 1938.

ESTADÍSTICA GENERAL. Sumarios: 6.770; procesados: 30.224; petición fiscal de pena de muerte: 4.955; sentenciados a muerte: 3.189; petición fiscal de treinta años de reclusión mayor: 4.964; condenados a treinta años: 3.953; petición fiscal de otras penas: 8.072; condenas a otras penas: 7.700; petición fiscal de absolución: 2.921; absoluciones: 5.979; petición fiscal de sobreseimiento: 9.312; sobreseimientos: 9.403.

Fechado el 31 diciembre de 1938.

En los datos sobre las causas vistas contenidos en la Memoria elaborada por Acedo Colunga, contrasta la severidad de la Fiscalía del Ejército de Ocupación en sus peticiones de pena de muerte y otras penas muy graves con la mayor indulgencia de los consejos de guerra.

De igual forma, existió una seria discrepancia entre los criterios sustentados por los Consejos de Guerra de Oficiales Generales (CGOG), con fallos disímiles, y los adoptados por los Consejos de Guerra Permanentes (M, 23, 25s.). El motivo de esta divergencia obedeció a la composición variable de los primeros y, sobre todo, a que nunca llegaron a reconocer la Fiscalía como una institución estable. Ello se tradujo en decisiones heterogéneas, sin un criterio equivalente, frente a la unidad manifiesta de los segundos.

Precisamente, en uno de los primeros Consejos de Guerra de Oficiales Generales participó Acedo Colunga, extrañamente, no para desempeñar la función de fiscal, sino la de vocal ponente (cargo que, en la práctica, confería al que lo ostentaba el papel de redactor de la sentencia). El motivo de este cambio de destino se debía, sin duda, a la mencionada carestía de juristas expertos en derecho penal y a la cualificación jurídica e identificación con el régimen de Acedo Colunga.

Nos referimos al juicio sumarísimo instruido en agosto de 1936 contra el gobernador civil de Cádiz Mariano Zapico Menéndez Valdés, el teniente coronel de Carabineros Leoncio Jaso Paz, al capitán de la Guardia de Asalto Antonio Yáñez-Barnuevo y al oficial de telégrafos Luis Parrilla Asencio.[79] Pues bien, en este procedimiento, que culmina con la condena de los cuatro procesados a la pena de muerte por defender la legalidad republicana, se aprecia la hiriente y viperina pluma de Acedo.[80] Con esta sentencia, nuestro autor, inicia un discurso apologético de la represión militar contra lo que califica de alzamiento en armas de una República inmoral contra el único poder legítimo constituido en España.

Que frente al estado de anarquía que dominaba en todo el territorio nacional con manifiesta conculcación de todo régimen legal civilizado, al asumir el Ejército el poder por el medio legítimo de la declaración del estado de guerra que anula toda autoridad civil cuyo imperio estaba además prostituido por el desorden y la subversión de todos los valores morales de la sociedad, se ha constituido el único gobierno que puede salvar a la Patria interpretando sus destinos históricos y la necesidad de continuar su propia existencia.

Un argumento que se perfeccionó en sentencias ulteriores, como una fórmula estándar, tanto en el primer resultando como en el considerando de cada sentencia:

Resultando que en los días 16 y 17 de julio de 1936, las Autoridades Militares, por la razón suprema de salvar a España, tuvieron que asumir y asumieron mediante declaración del Estado de Guerra los poderes públicos, pero contra ellas surgió en diversos puntos del territorio nacional un alzamiento en armas que aún perdura, organizado militarmente, sostenido entre otros elementos por algunos del Ejército, y en relación con dicho alzamiento, las organizaciones del Frente Popular de … consiguieron adueñarse de dicha provincia y se hicieron fuertes en ella hasta mantener tenaz resistencia con las armas en oposición a las legítimas autoridades del ejército durante el tiempo en que se encontraron allí los procesados en esta causa … Considerando que el extenso Alzamiento en armas a que se refiere el primer resultando de esta sentencia constituye una rebelión militar, ya que las Autoridades Militares que asumieron los poderes públicos a que se refiere el párrafo 1.º del artículo 237 del Código de Justicia Militar eran las legítimas, pues con ello cumplían el deber primordial que al ejército como institución impuso el artículo 2 de su ley constitutiva de 29 de noviembre de 1878, la cual, al fijar las normas básicas de la existencia y organización del ejército señaló como su primera y más importante misión la de sostener la independencia de la Patria y defenderla de sus enemigos exteriores o interiores y, además, en el Alzamiento en armas surgido contra aquéllas autoridades concurren todas las circunstancias que son características del delito de rebelión militar, según el citado artículo 237.[81]

EL DELITO DE REBELIÓN MILITAR EN LA PRAXIS

La interpretación del delito de rebelión militar sustentado por la Fiscalía del Ejército de Ocupación también sufrió vaivenes y transcurrió por diferentes fases. Al inicio de los consejos de guerra, Acedo Colunga confesó que todo fue muy complicado debido a varios factores. En primer lugar, al estricto concepto legal de rebelión militar y a la necesidad de atenerse al principio de legalidad. En segundo término, a la escasez de medios y los diferentes lugares en que se celebraron los juicios. Hasta el extremo de reconocer que la tradicional severidad de la Fiscalía menguó considerablemente en la plaza de Bilbao. Lo contrario que en Santander, donde todo resultó más cómodo y fácil por el respaldo de la población (M, 24). No ocultó los factores que, en su opinión, explicaban tal disociación.

La interrogante que hay que abordar ahora es cómo influyeron, cómo condicionaron, realmente los planteamientos de la Fiscalía del Ejército de Ocupación las sentencias dictadas por los consejos de guerra. Cuál fue el final de aquellas «recetas con aptitud», tal como las denominó Acedo Colunga, que tenían por objeto servir a la correcta aplicación futura del delito de rebelión militar (M, 30).

Para cualquier jurista e historiador este es un tema esencial. Si la praxis se diferenció considerablemente de las tesis y/o postulados de Acedo Colunga, habría que concluir que su Memoria no constituyó una buena guía para la acción, en particular en los meses finales de la guerra y en los primeros años de la posguerra. Si, por el contrario, no ocurrió así, el valor probatorio de su Memoria se vería realzado.

No cabe la menor duda de que algunas de sus sugerencias, inspiradas a su vez en argumentos sustentados por el ATJM,[82] se consagraron definitivamente en las sentencias de los ulteriores consejos de guerra y, más tarde, fueron ratificadas por el CSJM en las sentencias de los años cuarenta (un organismo al que Acedo se incorporó en 1943 cuando dejó la Fiscalía).

Como hemos expuesto, a la conquista por parte del Ejército franquista de cada ciudad, a la «liberación de las plazas» como la bautizó Acedo Colunga, siguió la celebración de cientos de consejos de guerra en torno al delito de rebelión.[83] Una modalidad jurídica que, recuérdese, comprendía cualquier acto de ejecución, adhesión, auxilio, inducción, excitación, conspiración o proposición en sostén de la República. Todo apoyado en la definición legal del artículo 237.

El resultado fue un concepto de rebelión descomunal en el que cualquier conducta contraria al Movimiento Nacional o en defensa de la República se convertía en un delito consumado. Por simple y accesorio que fuera el comportamiento analizado, siempre se transmutaba en una modalidad específica del delito de auxilio a la rebelión militar y no en un acto de complicidad con la rebelión sancionado con una pena inferior (M, 31).

Esta era una de las características propias de la teoría del derecho penal para enemigos ilegítimos: no permitir la construcción de las formas de participación ni de las formas imperfectas de aparición del delito, término con el que el derecho penal de aquella época denominaba las modalidades de la tentativa y de la frustración. En efecto, la naturaleza jurídica del delito de rebelión solo admitía la condena por delito consumado, lo que imposibilitaba la existencia de las formas imperfectas de aparición sancionadas con una pena inferior. Por esa razón no era factible la frustración, comentó Acedo, porque la simple disposición espiritual exteriorizada era ya o podía ser considerada como rebelión militar. Tampoco pudo recurrirse a la tentativa porque el principio de ejecución directa por hechos exteriores consumaba la rebelión.

En conclusión, la verificación de cualquier acto en ayuda a la República, la mera afinidad ideológica, o el comportamiento omisivo de no oponerse, eran elementos suficientes para entender que se había incidido en el delito de rebelión, que se había producido una conducta reveladora de la sublevación contra el Caudillo, representante, a juicio del fiscal, del único gobierno legítimo.

Otra consecuencia derivada de la naturaleza del delito de rebelión como delito permanente, de transcurso continuo, que podía efectuarse en distintos lugares y momentos, fue, según Acedo Colunga, que no cabía aplicar las reglas habituales del principio de excepción de la cosa juzgada. Se destruía de ese modo uno de los pilares imprescindibles del mundo del derecho y de la justicia, el que no cabe volver a juzgar un hecho ya juzgado. Sin embargo, apelando a la excepcionalidad de las circunstancias históricas en las que vivía España, Acedo Colunga estimó que «una absolución o un sobreseimiento definitivo relativo al delito de rebelión militar no debe cerrar el paso a una nueva instrucción sumarial por el mismo delito que se refiera a distintos hechos de los que originaron el fallo firme» (M, 42). En definitiva, lo que quería decir es que el sobreseimiento, salvo en el supuesto de muerte del procesado, siempre tendría un carácter provisional (M, 43). Que la inicial absolución de un republicano no aseguraba que en un futuro no pudiera volver a ser juzgado si se desvelaba un nuevo hecho que reflejara una conducta rebelde.

El tema es lo suficientemente importante como para que nos detengamos en él con la atención que requiere.

El delito de rebelión militar no fue una figura uniforme sancionada con una misma pena. Al contrario, se dividió en diversas manifestaciones heterogéneas, tipos agravados y atenuados, sancionadas de modo desigual.

EL DELITO DE ADHESIÓN A LA REBELIÓN

A primera vista, esta fue la figura más grave al ser sancionada con la pena de muerte o la de treinta años de privación de libertad. La definición que de este delito formuló Acedo Colunga se apoyaba en el concepto sustentado por el ATJM: «teniéndose por adheridos a quienes además de su ayuda o cooperación a la rebelión estén identificados con la misma y persigan con sus actos precisamente los fines de esta como compenetrados con los rebeldes y unidos también en espíritu a ellos» (M, 32). Esta fue también la línea adoptada más tarde por el CSJM entre 1940 y 1943 (fase en la que, como ya se ha indicado, se dictó una gran parte de las condenas por el delito de rebelión militar).

El delito de adhesión se originaba, por consiguiente, cuando se combinaba la cooperación activa con los «rebeldes» y, además, existía una identificación plena con su ideología, los móviles y fines de la rebelión.[84]

Paso a citar algunos casos relevantes que fueron condenados a la pena de treinta años. Conviene señalar que los hechos que se relatan aparecen tal y como se describen en la sentencia.

El consejo de guerra condenó a treinta años de reclusión mayor por el delito de adhesión a la rebelión, del número segundo del artículo 238 del CóJM, a un sujeto que tuvo una destacada actuación en los sucesos de octubre de 1934, hechos por los que fue condenado y después amnistiado. A saber, formó parte de la columna de mineros que al iniciarse el movimiento atacó el cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada. Participó en la detención de personas de derechas que después fueron asesinadas, hecho este último en el que no se acreditó la intervención de procesado (Sentencia de 8/3/1940, RJA 286).

En otro supuesto, una mujer catalogada como antirreligiosa, de mala conducta antecedente, denunció al señor C. por tener escondido a un sacerdote que tuvo que huir y fue asesinado a los pocos días; intervino en registros y saqueos; liberada Barcelona, continuó en compañía de su marido amenazando a los vecinos de la casa de la que era portera. Se la condenó en principio como autora de un delito de auxilio a la rebelión. Sin embargo, el CSJM rectificó y la condenó a la pena de treinta años de reclusión mayor, expresando: «es doctrina muy reiterada de esta Sala que cuando en los delitos de rebelión concurra, sobre la cooperación activa prestada a los rebeldes en la medida de las fuerzas del procesado, una identificación plena entre su ideología y los móviles y fines que aquéllos perseguían, la calificación adecuada habrá de ser la de adhesión a la rebelión y no la de auxilio» (Sentencia de 7/6/1941, RJA 967).

De modo similar, el CSJM condenó como adhesión a la rebelión a la pena de treinta años a un sujeto considerado de ideología izquierdista, actividad política y con cargos de confianza entre los marxistas con anterioridad al Movimiento Nacional [en los consejos de guerra siempre se le antepuso el adjetivo de «glorioso»]. Al iniciarse este, prestó servicio a las órdenes del comité y huyó de su pueblo al ser liberado. Cuando regresó, alardeó de su ideología y de su actuación al servicio de los rebeldes (Sentencia de 16/7/1941, RJA 988).

Igualmente, aunque de inicio fuera absuelto por el consejo de guerra, el CSJM condenó por el delito de adhesión a la pena de treinta años a un sujeto que actuó como miliciano armado, llevando consigo a un individuo que fue muerto a tiros de pistola por dos de sus acompañantes. Aunque el CSJM admitió que no participó directamente en aquella muerte, interpretó, sin embargo, que su conducta se tradujo en la realización de actos de manifiesta hostilidad al GMN. Tal como una «aptitud opuesta al Alzamiento Nacional, íntimas concomitancias con grupos de forajidos a los que acompañó en el automóvil que condujo a R.L.T. al lugar de su inmolación, claro exponente de la identificación del inculpado con el ambiente infrahumano y sangriento que caracterizó a la revolución roja española» (Sentencia de 30/12/1942, RJA 106).

Por último, a otro republicano se le aplicó también el delito de adhesión y se le condenó a la pena de treinta años al cumplirse el requisito subjetivo de comunión de ideas con la causa rebelde. Según el consejo de guerra, se probó su pertenencia a sectores que calificó de extremo izquierdismo y de turbas marxistas, y además se confirmó su participación en los destrozos cometidos en el convento de las Hermanas Josefinas y su incorporación espontánea al ejército rebelde (Sentencia 4/5/1943, RJA 689).

La pena de muerte fue la sanción adoptada cuando la conducta de adhesión desvelaba, a juicio del consejo de guerra, una especial peligrosidad en el autor por la perversidad y trascendencia de los hechos realizados. Así ocurrió en todos aquellos supuestos en los que se consideró que el delito de adhesión (concurrencia con la ideología insurgente) era de una especial gravedad: cuando existía una colaboración material y directa en contra de elementos adictos al GMN, o cuando se participaba en la denuncia o muerte de personas de derechas.

Se condenó a la pena capital a una mujer que pidió el fusilamiento de presos de ideología de derechas, negó clemencia a familiares de los presos que acudieron a ella con tal súplica, acusó y solicitó con otras mujeres el asesinato de F. A., mujer de edad avanzada que fue muerta por las turbas, denunció a personas de orden y quemó los restos del crucifijo entre befas y mofas. Se estimó que la pena de muerte era necesaria debido a «su extraordinaria perversidad y peligrosidad social, la gran transcendencia y daño que produjo su acción punible … además … su sentimiento y pensamiento desprovisto de todo indicio de humanitarismo y del odio que profesa a los principios de jerarquía y de Religión, de los que ha querido hacer escarnio, en especial con la destrucción de una imagen del Redentor» (Sentencia 8/5/1940, RJA 402).

En otro caso, un consejo de guerra dictó sentencia de muerte contra siete individuos. Según concluyó, se daban los dos requisitos típicos de su «afinidad espiritual con la insurgencia, merced a su ideología política y conducta seguida, que acredita su absoluta y completa compenetración con los móviles de los insurrectos y de su apoyo que comprende los más variados aspectos de la subversión roja, a la que contribuyeron lo mismo en el terreno de su defensa armada, en la retaguardia o en los frentes de combate, que en el de la comisión de actos del más refinado vandalismo, que muestran el grado de identificación a que llegaron dichos procesados con la tónica de crueldad característica de la sublevación marxista» (Sentencia de 8/5/1940, RJA 403).

Del mismo modo, otro consejo de guerra condenó a muerte por la especial perversidad demostrada por un individuo de filiación comunista que actuó primero como miliciano y después como secretario del Comité de Control e Información del Regimiento de Artillería a Caballo y que intervino en algunas detenciones y asesinatos de jefes, oficiales, clases y soldados (Sentencia de 8/7/1942, RJA 1024).

EL DELITO DE AUXILIO A LA REBELIÓN

Ya hemos indicado anteriormente que, en opinión de Acedo Colunga, eran inviables las formas de participación de la complicidad y el encubrimiento ya que los que así actuaban, en realidad, no eran partícipes del delito cometido por un tercero sino autores de un delito de adhesión o auxilio a la rebelión. Pues bien, con respecto a esta última figura, Acedo hizo referencia «por lo general, a hechos de menor trascendencia e importancia. A hechos accesorios o complementarios, a hechos no decisivos o elevándose a las conductas dada la extensión en el tiempo y en el espacio que ha alcanzado la rebelión marxista, a todas aquellas de una menor entidad o significación. En buena doctrina, el auxilio parece entrañar la falta de adhesión ideológica» (M, 32).

Esta visión del delito de auxilio a la rebelión fue la que se posteriormente se acogió en las sentencias dictadas por el CSJM a partir de los años cuarenta. Un triunfo sin reticencia alguna de las tesis que había abanderado. Se aplicó, en efecto, el delito de auxilio y no el de adhesión a la rebelión cuando no podía demostrarse la afinidad ideológica y espiritual del inculpado con los móviles perseguidos por «subversión marxista». Normalmente, se abordó el delito de auxilio en dos supuestos: uno, en los casos de sujetos de ideología franquista que, de forma ocasional, colaboraron con la República; otras veces, cuando la participación, aun existiendo una afinidad ideológica, carecía de la entidad suficiente como para condenar por el delito de adhesión a la rebelión.

En tal dirección se aplicó el delito de auxilio a la rebelión, condenando a la pena de tres años y un día de prisión menor, a un comandante de artillería que al iniciarse el GMN se encontraba destinado en el Estado Mayor Central. El tribunal valoró el hecho de que facilitara datos a los nacionales de la batalla de Brunete, lo que era una señal indudable, a su juicio, de «persona de sanos ideales» (Sentencia de 29/3/1940, RJA 272).

Muchas veces, como se ha comentado, el delito de adhesión mutaba en delito de auxilio si el inculpado pasaba a las filas nacionales o su ideología era de derechas. Fue el caso de un sujeto que se pasó tras efectuar varios saqueos y requisas. El tribunal lo condenó a doce años porque estimó que ese cambio de valores convirtió su conducta en un delito de auxilio y no de adhesión (Sentencia de 18/6/1943, RJA 929).

En una situación parecida, se condenó por delito de auxilio a un republicano que se unió al frente nacional, aunque previamente había tomado parte en la destrucción de una iglesia e ingresado en las milicias de CNT por temor a represalias republicanas (Sentencia de 13/3/1942, RJA 590). De igual modo, se transformó el delito de adhesión en auxilio porque apoyó a elementos de derechas, y se desechó la hipótesis de una plena y completa identificación con los facciosos (Sentencia de 7/1/194, RJA 98).

Siguiendo la tesis adelantada por Acedo Colunga, el CSJM rechazó la validez jurídica del acto preparatorio de proposición a la rebelión. Se estimó que la invitación realizada a un tercero para la comisión del delito de rebelión no podía ser sancionada con una pena inferior a la del de auxilio a esta. Por ese motivo, en conformidad con las recomendaciones de Acedo Colunga, el CSJM impugnó bastantes decisiones de los consejos de guerra en los que se aplicaba el acto preparatorio de proposición cuando, en realidad, al contribuir de modo directo a la subversión, el delito cometido era el de auxilio a la rebelión.

El CSJM condenó por delito de auxilio, descartando el acto preparatorio de proposición a cometerlo, a un sujeto de izquierdas, que se jactaba de haber ido a ver los cadáveres de los asesinados para comprobar «si movían los pies», sin que constase que tomara parte en esos crímenes. Inicialmente fue condenado por el consejo de guerra a la pena de seis años de prisión militar correccional como autor de un delito de proposición para la rebelión militar. Sin embargo, el auditor, en la línea avanzada por Acedo, disintió del fallo por estimar que se había incurrido en un delito de auxilio a la rebelión. El CSJM lo condenó por delito de auxilio a la rebelión y a doce años y un día… «siendo notorio que haya o no propuesto a alguien la comisión del delito de rebelión militar, lo perpetró él mismo al contribuir a la subversión armada contra el Gobierno legítimo de la Nación [sic]» (Sentencia de 21/6/1940, RJA 666).

EL DELITO DE INDUCCIÓN A LA REBELIÓN

Nuestro autor incluyó dentro de la categoría de la inducción a los propagandistas, jefes y autoridades políticas por los actos desarrollados antes del 18 de julio de 1936 o desde el momento de la liberación en la zona nacional o en los territorios republicanos (M, 32). Como propagandistas comprendía a «los que, con publicidad y eficacia, de modo continuo, por algún espacio de tiempo apreciable o en ocasión y manera destacada, como consecuencia de cargo o puesto político o sin él, difundan ideas revolucionarias de rebeldía marxista roja, elogien medidas o exalten actitudes rebeldes, propugnen hechos de fuerza en forma indirecta o injurien gravemente al Movimiento Nacional o a su Caudillo y puede ser oral, escrita y artística». A su juicio, los más destacados propagandistas eran «los directores y redactores —jefes de periódicos políticos—, los colaboradores políticos por el texto de sus artículos, los caricaturistas habituales, los dibujantes especializados en términos revolucionarios, los autores de publicaciones o libros revolucionarios, letras de himnos o cantos y los que por radio hicieren manifestaciones políticas que no sean de simple lectura ajena» (M, 58s.).

El concepto de «propagandista» elaborado por Acedo Colunga suponía el aniquilamiento de una tajada de las libertades de expresión, ideología e información. Castigaba cualquier exposición pública de ideas, mensajes, consignas, viñetas, que pudieran interpretarse como una incitación directa o indirecta al delito de rebelión militar. Es decir, castigaba tanto al que generaba el riesgo de la rebelión como al que con sus ideas podía, en un futuro, crear dicho peligro. En realidad, tras esa definición aparecía encubierto el castigo de la apología, esto es, la sanción de cualquier acto de apoyo o en homenaje a los ideales republicanos y la censura de la crítica al Caudillo y al Movimiento Nacional.

Al grupo de inductores también pertenecían los dirigentes políticos, es decir, aquellos que desde puestos de gran relevancia estimularon la revolución: todos los miembros de los comités centrales o nacionales de los distintos partidos revolucionarios entendiéndose por tales partidos todos los que integraron el Frente Popular o después cooperaron al sostenimiento de la rebeldía revolucionaria. Todos los individuos de los comités regionales en las zonas aisladas y singularmente en la zona catalana. Los presidentes y secretarios de los comités locales. Los presidentes, secretarios y aquellos que sin tener este puesto fueren en realidad alma mater de los comités revolucionarios que se hubieren formado en las distintas localidades del territorio rojo.

De este colectivo, Acedo Colunga exceptuó a los comités o juntas defensoras de la vida, como los de Abastos, Sanidad o de tipo marcadamente administrativo que no fueran de reconocida importancia. Del mismo modo, excluyó a los comités o juntas revolucionarias de tipo político que en vez de impulsar la violencia la hubieran contenido impidiendo la realización de ningún hecho delictivo en la respectiva localidad. Sí comprendió a los que formaron parte de juntas depuradoras en los respectivos cuerpos del Estado; los diputados a Cortes políticos revolucionarios; jefes efectivos de comités de explotación o colectivización; jefes de centros de incautación y entidades sindicales; organizadores de centros deportivos adscritos a la política roja; presidentes de ateneos libertarios; directivos o elementos influyentes de las logias masónicas; los que a título o representación política o sindical hubieran sido vocales de tribunales populares (M, 59s.).

De igual forma, consideró responsables del delito de inducción a las autoridades políticas. Por tales, entendía a los que por sí solos o como individuos de alguna corporación o tribunal tuvieren mando o ejercieren jurisdicción propia. Entre ellos se encontraban: «Ministros, Subsecretarios. Directores Generales no técnicos, Gobernadores civiles. Jefes de Policía u Orden Público. Alcaldes y Concejales en poblaciones de más de 20 mil almas.[85] Alcaldes y Concejales en poblaciones menores de 20 mil almas, en donde se hubieren registrado actos salientes de violencia siempre que hubieran sobrepasado la justicia administrativa. Titulares de función judicial, de Policía o Prisiones, designados expresamente por el Gobierno rojo en puestos de reconocida importancia o manifiesta confianza. Jefes Generales o Nacionales de los Servicios Sanitario, de Abastos o de Policía. Jefes de dichos servicios en Madrid, Valencia y Barcelona. Embajadores. Personal de las embajadas o consulados que hubieren servido a la causa roja o hubieren sido designados por esta. Delegados de Hacienda. Inspectores de enseñanza. Jefes Generales de Comunicaciones. Rectores de las Universidades, etc.» (M, 61).

Al final, lejos de cumplir su promesa de reducir la represión a las personas más relevantes que gestaron y defendieron la República, el concepto penal propuesto de dirigentes y autoridades políticas permitió la ampliación de la depuración no solo a aquellos, sino también a todos los cuadros intermedios de las instituciones básicas republicanas.

Siguiendo en el ámbito de la inducción, en la dirección sugerida por Acedo, el CSJM aplicó el delito de excitación a la rebelión cuando los hechos demostraban la tendencia a influir en el ánimo de personas con la intención de que asumieran la ideología de lo calificado por el mismo de «revolución marxista», favoreciendo, moviendo o estimulando a otros a la rebelión.

El CSJM condenó por el delito de excitación a la rebelión del número 2 del artículo 240 del código marcial a la pena de seis años y un día de prisión mayor a una mujer que al regresar a su pueblo manifestó que «no se casaría con ningún soldado que mandara el Generalísimo Franco porque éstos eran negros, carcas y cobardes; que a ella le gustaban los del puño en alto». En otra ocasión repitió parecidas frases diciendo «que no le importaba ir a la cárcel». Posteriormente, en un registro le fueron encontradas once tarjetas de propaganda marxista. El tribunal concluyó que con tales expresiones pretendía influir en el ánimo de algunas personas para que acogieran favorablemente «la ideología que había producido la sangrienta rebelión marxista». A este tenor, se condenó por excitación a un afiliado a Izquierda Republicana que ocupó los cargos de diputado provincial y alcalde, ya que con su actuación, en opinión del Tribunal, estimuló a otros a la comisión del delito de rebelión militar (Sentencia de 6/6/1942, RJA 1008). De la misma manera se condenó a seis años a un maestro nacional que tomó parte en mítines izquierdistas, porque según el Tribunal estaba tratando de inculcar «su disolvente ideología entre los niños que acudían a la escuela y trató de coaccionar a personas que iban a la Iglesia» (Sentencia de 9/10/1942, RJA 1516).

Por el contrario, se negó la existencia del delito de excitación, aplicando el delito de auxilio a la rebelión, a los que no se limitaban a alentar o incitar, sino que realizaban actos de colaboración con la subversión armada contra el orden jurídico.

Un vocal del comité revolucionario fue inicialmente condenado por el consejo de guerra a la pena de seis años por el delito de exaltación debido a su intervención en algunas expoliaciones y haberse alistado voluntariamente en las milicias republicanas. Lejos de esta tesis, el CSJM lo condenó a la pena de doce años y un día por el delito de auxilio, al interpretar que en el de excitación a la rebelión «sólo están incursos los que mueven o estimulan a otros a la perpetración de dicho delito. No quienes, como el inculpado, han efectuado actos de franco apoyo a la subversión armada contra el orden jurídico del Estado» (Sentencia de 29/7/1940, RJA 767). En la misma dirección, «no mueve o estimula, sino que es un eficaz y positivo apoyo a los insurrectos alzados en armas en perfecta congruencia con su modo de pensar dada su ideología izquierdista» (Sentencia de 16/12/1942, RJA 244).

DELITO DE TRAICIÓN O DE REBELIÓN MILITAR Y OTRAS CUESTIONES

En coherencia con la teoría del enemigo interno ilegítimo, Acedo Colunga propugnó que jamás podía aplicarse el delito de traición a los miembros del «Ejército Nacional» que huyeran para integrarse en el frente republicano.[86] La razón de no aplicar en esos supuestos el delito de traición obedeció a que, como ya hemos indicado, no estimaba que las tropas republicanas compusieran un verdadero ejército. Al revés, al tildarlo de bando, que no reunía la consideración jurídica de ejército, pasar de unas filas a otras solo tenía un nombre: rebelión militar.

Al tratarse, en palabras de Acedo Colunga, de una facción de «rebeldes», de «una horda de delincuentes» que se «opone a la liberación de nuestros destinos históricos», el único delito que admitió en estos casos fue el de rebelión militar: «la traición no pueden cometerla nuestros militares al abandonar nuestras banderas porque tal hecho es un abandono de servicio o una deserción al frente del enemigo que en realidad es medio para cometer el delito que reconocemos, el de rebelión militar» (M, 34). Eso sí, entendía que la evasión a zona «roja» o extranjera debía convertirse en una agravación del delito de rebelión militar (M, 35).

A pesar de lo expuesto, Acedo Colunga calificó como delito de traición los casos de entrega del oro del Banco de España, el saqueo del patrimonio artístico o cualquier otra tentativa de concierto por parte de los supuestos rebeldes republicanos con potencias extranjeras como un atentado a la integridad de la patria (M, 34). También es cierto que tuvo que asumir que los bandos militares calificaran como traición los delitos de tenencias de armas y explosivos y los actos de hostilidad contra fuerzas de vigilancia. Sin embargo, a su juicio, esto se hizo con la única finalidad de aplicar una pena más severa en orden a la gravedad de la responsabilidad.

En años sucesivos la Auditoria de guerra siguió discutiendo si los abandonos de las filas nacionales debían calificarse como un delito de traición o de rebelión. Lo habitual fue condenar, como mantuvo Acedo, por el delito de adhesión a la rebelión.

El CSJM descartó el delito de deserción y condenó como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de treinta años a un soldado de ideología de izquierdas del frente nacional que se integró en el ejército republicano sin armamento. (Sentencia 5/3/1941, RJA 453). Del mismo modo, también condenó por adhesión el hecho de sumarse a la causa republicana para prestarle apoyo y ayuda. Interpretó que esa integración en las tropas rivales era un «índice de un deseo de cooperación con la insurgencia y de una plena y absoluta identificación con los móviles perseguidos por la misma» (Sentencia de 14/6/1940, RJA 655. Utilizaron el mismo argumento las sentencias de 24/6/1940, RJA 667 y de 21/6/1940, RJA 665).

Al igual que ocurrió con la deserción o la traición, Acedo Colunga concibió como actos de auxilio a la rebelión militar los delitos contra el derecho de gentes, el espionaje; la aceptación o continuación de cargo público, los delitos contra el sentimiento religioso o las requisas indebidas (M, 33-35). En definitiva, todo lo que no fuera una manifestación de apoyo al Movimiento Nacional se convirtió en un acto de rebelión.

Una de las cuestiones que más inquietó a Acedo Colunga fue la excesiva gravedad de la pena con la que se sancionó al militar que no se opuso a la causa republicana por estimar que corría peligro su vida o la de sus familiares si se negaba a cumplir con su cargo. O la de aquel otro que tuvo una exigua colaboración con la República. Hay que recordar que en tales supuestos se solía aplicar el delito de auxilio a la rebelión. Frente a esta tendencia, Acedo Colunga sugirió que había que intentar encontrar una solución penal más benevolente para aquellas conductas que estimaba desprovistas de importancia y de voluntariedad rebelde (M, 36). Admitió que para casos similares en los consejos de guerra se atenuó la pena al recurrir a la eximente incompleta de estado de necesidad del artículo 72 del Código Penal ordinario[87] —como norma supletoria— cuando el militar realizaba el acto de auxilio a la rebelión con la intención de evitar el mal mayor que le amenazaba personalmente o ponía en peligro a su familia. En tales supuestos la atenuación permitía la rebaja de la pena en uno o dos grados (M, 38 y 39).

En efecto, en los consejos de guerra se aminoró la sanción del delito de auxilio a la rebelión mediante esta atenuante específica cuando concurría objetivamente el riesgo de sufrir represalias personales o familiares. Por el contrario, jamás se aceptó la aplicación de la eximente completa de estado de necesidad. Uno de los requisitos esenciales de esta eximente demandaba que el sujeto afectado no tuviera la obligación de sacrificarse por razón de su oficio o cargo. Conforme a este criterio legal, la interpretación del tribunal se basó en que la condición de militar requería la negativa a ayudar a la República, la obligación de defender el honor personal y profesional e incluso el deber de morir antes que colaborar con los enemigos de la patria.[88] Así, en los consejos de guerra fue usual el recurso al citado elemento para imponer al militar, que se encontrara en la disyuntiva de trabajar con la República o morir, la del sacrificio de su vida o la de sus familiares como única opción. En tales situaciones, el tribunal recordó que la defensa del uniforme le obligaba a inmolarse en defensa de la patria y el Caudillo. Esta fue también la tesis defendida por Acedo. No podía aceptar la aplicación de la eximente completa del estado de necesidad al ser incompatible con el deber de sacrificarse que incumbía al funcionario y, particularmente, al militar profesional. Como se dijo en un consejo de guerra, no se puede aplicar la eximente completa por el deber de vencer el miedo y la coacción que sus obligaciones militares exigen (Sentencia 5/4/1940, RJA 356).

La conclusión es que los consejos de guerra nunca aplicaron la exención completa de la pena al militar situado en aquella alternativa (colaborar o morir). Por el contrario, sí se atenuó la condena cuando la contribución se explicaba por el temor a ser objeto (él o su familia) de amenazas, coacciones, etc.[89] De ese modo, un consejo de guerra recurrió a la eximente incompleta del estado de necesidad y atenuó la pena de un sujeto que recibió la visita de unos milicianos que le amenazaron con llevarse a su padre si no comparecía donde le ordenaran. El Tribunal consideró que existió una coacción psíquica que restringió la libertad de obrar del autor (Sentencia 118/5/1940, RJA 407).[90]

Pese a la sustancial rebaja de la pena en los supuestos en los que se aplicaba la eximente incompleta (casos de colaboración con la República por parte de oficiales del Ejército no adheridos ideológicamente a la calificada como facción rebelde), Acedo jamás se conformó con tal solución. Siempre se opuso a recurrir a una atenuante genérica del código penal común. Lo que realmente ambicionó fue lograr un procedimiento específico de naturaleza estrictamente militar. A tal fin, propuso que, en esas situaciones lo que en realidad acontecía era, sobre todo, el abandono u olvido de los principios genéricos del deber militar. De no existir verdadera intencionalidad rebelde, llegó a la conclusión de que no debía aplicarse el delito de auxilio a la rebelión, sino otro ilícito más concreto sancionado con una pena leve que comprendiera la infracción del deber militar (M, 37).

Con tal objetivo, solucionar estos supuestos con una pena menos grave (entre seis meses y un día a seis años), en contraste con la más grave del delito de auxilio (doce años y un día a veinte años), se planteó la aplicación del número segundo del artículo 277 del CóJM.[91] El citado precepto, integrado en el capítulo de «Negligencia», alude ambiguamente a un indeterminado incumplimiento del deber.[92] A su juicio, el precepto invocado no comprendía solo hechos negligentes, dejaciones u omisiones reglamentarias, «sino olvidos espirituales de un orden más elevado» (M, 38). En este caso, la tesis defendida por Acedo era incongruente con el espíritu del precepto aludido, reservado para infracciones imprudentes del deber militar. De ahí la benignidad del castigo. Al no respetar el principio de legalidad, esta propuesta se convirtió en una analogía inadmisible que no tuvo eco en la jurisprudencia de los años cuarenta ni en la regulación del delito de negligencia en el CóJM de 1945.[93]

En relación con otras circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en especial, la relevancia de la eximente de compensación de servicios, Acedo se mostró muy estricto: «Ante el delito de rebelión militar no son aplicables más circunstancias de exención que las de minoría de edad y locura o incapacidad mental permanente, incluyendo la sordomudez sin instrucción…» (M, 38). El resto de eximentes, a su juicio, era incompatible con el delito de rebelión militar: legítima defensa, miedo insuperable, fuerza irresistible, obediencia debida y, como ya se ha expuesto, el estado de necesidad. En la práctica de los tribunales ninguna de estas eximentes se aplicó, salvo, como ya se ha destacado, la eximente incompleta del estado de necesidad que, en realidad, no era una eximente sino una atenuante de la pena.

Al no ajustarse la mayoría de las eximentes a la naturaleza del delito de rebelión militar, salvo la de minoría de edad de dieciocho años, Acedo Colunga sugirió la creación de una nueva figura que permitiera la exención de responsabilidad: la denominó «eximente de compensación de servicios». El proyecto consistió en la exclusión de responsabilidad penal cuando se demostrara que los servicios prestados por el imputado al Movimiento Nacional patentizaban un gran valor. Pensaba que, si las aportaciones realizadas a favor del Estado autoritario alcanzaban ese nivel extraordinario, entonces se compensaba el agravio ocasionado por el delito de auxilio a la rebelión (M, 38).

La propuesta de Acedo Colunga carecía de base legal. No existía en el ordenamiento jurídico penal español una eximente analógica o excusa absolutoria semejante que convirtiera en atípico el comportamiento del autor. De ese modo, se alejó nuevamente del principio de legalidad, ya que el CóJM remitía en materia de eximentes al código penal común y en este la compensación de servicios no aparecía como una exención de la pena. Por este motivo, en una nota aclaratoria a la página 39 de la Memoria, el fiscal se vio obligado a precisar que «no se trata de erigirnos en legisladores alterando el artículo 172 del CóJM. Cuando la conciencia judicial se encuentre ante una compensación de servicios no ha de reconocerse de modo abierto la eximente o excusa absolutoria, sino que se puede llegar a la ficción de la inexistencia del delito de rebelión basándose en la enervación que produce la estimación de los servicios prestados a la Causa Nacional».

A pesar de la irregularidad de la propuesta, sorprendentemente en los consejos de guerra se siguió una estrategia penal semejante, absolviendo a los que se demostró fehacientemente que habían colaborado con el Alzamiento Nacional o protegido a personas de derechas. Al no existir una previsión legal expresa, el mecanismo empleado por los tribunales era muy parecido al de las excusas absolutorias. Comportamientos inicialmente delictivos que dejaban de serlo si se daba una determinada condición. En este caso la colaboración con el Movimiento Nacional negaba la tipicidad del comportamiento y permitía la remisión de la pena. Se entendía que los servicios prestados compensaban el daño causado por el delito de auxilio a la rebelión.

En la construcción de esta «nueva» eximente, Acedo Colunga observó que el único inconveniente residía en cómo probar la realización de tales actos heroicos. No se conformó con una prueba indiciaria, basada en opiniones personales, sino que exigió que debía ser «auténtica y versar sobre hechos concretos y definidos». Pues bien, esta tesis fue la que se adoptó en los posteriores consejos de guerra, que la aplicaron con cierta habitualidad. Sin embargo, nunca llegó a tener un reconocimiento legal específico. No se previó expresamente la eximente de compensación de servicios. Eso sí, en el CóJM de 1945, sin llegar a ser considerada como eximente, se reguló una atenuante que aglutinaba la mayor parte de los comportamientos que comprendía la figura propuesta por Acedo. Se trata del n.º 8 del artículo 186: obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia.

La absolución fue la decisión adoptada por los consejos de guerra cuando se apreciaba un esfuerzo notable en defensa del Movimiento Nacional. Así quedó exento de pena un comandante médico que ascendió a teniente coronel al lograr que miles de reclutas de derechas eludieran la prestación del servicio mediante declaraciones de inutilidad falsas. La tesis defendida por el tribunal consistió en que «el inculpado, lejos de apoyar a la subversión roja, obstaculizó su progreso, restando elementos combativos a las fuerzas insurrectas, lo que hace que semejante conducta destruya toda posibilidad de figura delictiva» (Sentencia de 20/2/1940, RJA 258).

De modo semejante, se eximió a otro teniente coronel afecto al Movimiento Nacional por la misma conducta, la falsificación de declaraciones de inutilidad (Sentencia de 28/2/1940, RJA 259). En otros casos, la exención fue por recomendar a los médicos de los tribunales a infinidad de personas para obtener certificados de inutilidad falsos (Sentencias de 28/2/1940, RJA 260). Por supuesto, se declaró exentos a los que protegieron a personas de derechas y perseguidas por la República. Así se describe en la Sentencia 1/3/1940, RJA 261); también en el caso de un comandante médico afín al Movimiento, que auxilió y protegió a personas perseguidas (Sentencia 4/4/1940).[94]

En otras ocasiones, la colaboración o ayuda a personas de derechas no eximió de responsabilidad penal ni facilitó la aplicación de la compensación de servicio, pero sí sirvió para evitar la pena de muerte. Este fue el caso de un sujeto condenado a treinta años de reclusión mayor a muerte. Sanción inconclusa gracias a su labor en la protección de personas de derechas. El tribunal estimó que este dato era suficiente para acreditar su falta de peligrosidad (Sentencia de 24/4/1940, RJA 367). En la misma línea, se desenvuelve la sentencia que condenó a muerte al coronel de Infantería, gobernador de la prisión militar de Guadalajara. Una pena que se le conmutó, al carecer de peligrosidad, por el amparo prestado a personas de derechas (Sentencia de 10/6/1940, RJA 654).

Como consecuencia de la falta de reconocimiento legal de la eximente de compensación de servicios, Acedo se vio obligado a ingeniarse varias atenuantes que le permitieran cubrir el espacio que dejaba vacío su ausencia. De este modo, propuso reducir la pena por los favores otorgados a particulares perseguidos o sospechosos en la zona republicana, siempre que fuesen desinteresados e importantes y con ocasión del desempeño de una función pública. Asimismo, planteó reducir la pena en servicios prestados y probados a la causa nacional, cuando tuvieran utilidad y se llevaran a cabo con cierto riesgo efectivo.

Igualmente pensó en otra atenuación consistente en la persecución sufrida por parte de la República en la misma persona o en la de los parientes del segundo grado civil. Y, por último, sugirió que también merecía una atenuación de la pena la presentación voluntaria a las autoridades nacionales (M, 39s.).[95]

Respecto a las circunstancias agravantes, el planteamiento de nuestro autor no fue tan novedoso ya que solicitó la agravación de la pena en función de la transcendencia de los hechos, la perversidad o peligrosidad de los agentes del delito y la extralimitación en el ejercicio de la función pública; unas circunstancias que ya se recogían en el artículo 173 del CóJM de 1890. Empero, sí fue original su propuesta de que figurara expresamente como agravante la filiación a la masonería (aunque solo en supuestos de funcionarios judiciales y militares). Esta previsión puede considerarse precursora de la agravante del artículo 7 de la LRP y de la posterior e ingente persecución de la masonería a través de la LRMC de 1 de marzo de 1940.[96]

PROPUESTA DE REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO DE REBELIÓN Y SANCIONES ECONÓMICAS

Una de las grandes aportaciones de Acedo Colunga fue la articulación de un procedimiento que permitiera hacer efectiva la responsabilidad civil derivada de la criminal por actos contrarios al autodenominado Movimiento Nacional. Un instrumento que resultaba compatible con la responsabilidad civil procedente de conductas no delictivas reguladas en el decreto n.º 108, del que luego se hablará (M, 44 y 45). Durante el proceso penal podía ocurrir que no se demostrara la existencia del delito, pero sí una manifiesta desafección al «Movimiento», afinidades ideológicas con la «revolución marxista» o cualquier otra conducta censurable no delictiva. En tales supuestos, el consejo de guerra podía acordar la absolución del procesado y, al tiempo, derivar el hecho a la Comisión de Incautaciones con el fin de que le impusiera la sanción pecuniaria adecuada prevista en el famoso decreto n.º 108.

La realidad era que el procedimiento sumarísimo de urgencia se centraba en el delito de rebelión y se sentenciaba en pocas horas. Una vez dictada la sentencia, se daba traslado de esta a la junta de incautación correspondiente. Sin embargo, pese a la extrema rapidez del procedimiento, Acedo pretendía algo más: el expolio de los bienes del encausado desde el inicio de la instrucción, aunque no se hubiera celebrado el juicio todavía. Así, propugnó que, para evitar demoras, se trasladaran inmediatamente a la junta de incautación, sin esperar a la condena, los autos de procesamiento para que se originase el embargo preventivo de los bienes del procesado (M, 44, 45).

Con anterioridad a este plan de Acedo Colunga y respecto a las agrupaciones, el bando de 11 de septiembre de 1936, promulgado por Queipo de Llano, creó la Comisión Directora y Administradora de Bienes Incautados y la Comisión de Banca y Comercio, la primera para ocuparse de la incautación de bienes y la segunda para hacer lo propio con la intervención de créditos (Orden sobre intervención de créditos de 3 de mayo de 1937).[97]

La Comisión Central Administrativa de Bienes incautados por el Estado recaudó los de todas las asociaciones que fueron declaradas ilegales por el decreto n.º 108 de la JDNE.[98] En cada provincia existió una comisión provincial de incautación de bienes.[99] El procedimiento empleado careció de las mínimas garantías, por la brevedad de plazos procesales e inversión de la carga de la prueba.[100]

El tantas veces citado decreto n.º 108, firmado por el general Cabanellas, de 13 de septiembre de 1936, fue la antesala de la LRP de 1939. Se dispuso que quedaban fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936, integraron el Frente Popular; del mismo modo, los partidos, agrupaciones, aliados y adheridos a este por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hubieran opuesto al triunfo del «Movimiento Nacional». Al tiempo, se decretaba la incautación de sus bienes muebles e inmuebles, sus archivos y documentos. A tal efecto, se remitió a los juzgados de primera instancia una relación de todas las personas a las que afectaba el decreto, así como los bienes de los que disponían, todos los cuales fueron embargados hasta la concreción de su responsabilidad.[101]

Posteriormente, se crearon las Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes, por el decreto ley de 10 de enero de 1937 (BOE, 11 de enero de 1937).[102] El artículo 6 establecía la responsabilidad de quien «por su actuación fuera lógicamente responsable directa o subsidiaria por acción u omisión, de daños o perjuicios de todas clases, ocasionados directamente como consecuencia de su oposición al triunfo del Movimiento Nacional». En todos estos casos se instruía un expediente para declarar administrativamente la responsabilidad civil, pudiendo decretarse el embargo de los bienes del inculpado.[103]

Más adelante, el 9 de febrero de 1939, tal y como sugirió Acedo (M, 78), surgió la LRP.[104] A la par que los consejos de guerra condenaban a muerte o privaban de libertad a todos los que no apoyaron el «Alzamiento Nacional», los TRP no imponían la pena capital ni restringían la libertad de movimientos. Su especialidad consistió en la privación de todos los bienes y derechos (inhabilitación, extrañamiento y, a veces, hasta la nacionalidad) del disidente a la dictadura, lo que Fernández de Castro denominó «la gran acción de despojo de todos los bienes del enemigo».[105] Se retomó así lo que técnicamente puede denominarse como la responsabilidad civil de los desafectos que consistió en la sustracción de las propiedades a los republicanos.[106] La exposición de motivos de la LRP aclaró que su finalidad estribaba en restablecer el orden perturbado por las acciones y omisiones que dieron lugar a la «subversión roja» y entorpecieron el triunfo del Movimiento.

Esta ley fue uno de los primeros instrumentos expresivos del derecho penal de autor, un derecho de excepción sin garantías contra todos los que no estuvieron a favor del «Alzamiento Nacional». Se empleó para perseguir, amenazar y escarmentar a todo aquel que hubiera participado en la vida política, sindical o social durante el período republicano.[107]

El ámbito de actuación de la ley, que afectó tanto a personas físicas como jurídicas, abarcó dos etapas diferentes: en la primera se trataba de descubrir a los que originaron o agravaron la «subversión del orden», desde 1 de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 1936. A partir de 1936 comenzaría la segunda etapa con el objetivo de perseguir a los que, de modo activo u omisivo, se opusieron al Movimiento Nacional (artículo 1).

Adentrándonos en su contenido, el artículo 2, que incluía una cláusula analógica, precisaba los partidos y agrupaciones que quedaban afectados por la sanción: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unió de Rabassaires, Acció Catalana Republicana, Partit Republicà Català, Unió Democràtica de Catalunya, Estat Català, todas las logias masónicas y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a los expresados, previa declaración oficial de hallarse, como los anteriormente relacionados, fuera de ley.

La consecuencia de esta exclusión legal fue la pérdida absoluta de los derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes que pasaron a ser propiedad del Estado (artículo 3). En cuanto a las personas físicas, se consideró responsable al que se encontraba comprendido en alguno uno de los del artículo 4.

Otra sanción de carácter excepcional fue la pérdida de nacionalidad cuando los hechos realizados revestían signos de una gravedad extraordinaria. Entonces los tribunales podían proponer al Gobierno la pérdida de la nacionalidad española. En todos los fallos en que se sugería, se imponían conjuntamente las sanciones de extrañamiento y pérdida total de los bienes (artículo 9).

Es de destacar que las sanciones económicas se hacían efectivas, aunque el responsable hubiese fallecido antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, ya que la sanción debía cumplirla con cargo a su caudal hereditario (artículo 15). Siendo, además, imprescriptible (artículo 16).

Esta ley vulneró un sinfín de garantías: en primer lugar, el principio de proporcionalidad, pues las sanciones de carácter económico fueron absolutamente desproporcionadas respecto a la capacidad económica del autor. Los bienes del imputado eran conocidos perfectamente por los funcionarios, ya que contaban con un inventario de todas sus posesiones. Sin embargo, al ser las sanciones impuestas muy superiores al límite máximo que podía satisfacer, se facilitó la incautación de sus bienes.

Otro de los derechos quebrantados fue el de irretroactividad, pues a pesar de la inicial declaración de intenciones de la ley, esta tuvo un carácter retroactivo.[108] El artículo 72 dispuso que los efectos del fallo condenatorio se retrotrajeran al 18 de julio de 1936 y, previamente, el artículo 1, se refirió al 1 de octubre de 1934.[109] Es más, Franco Lanao[110] demuestra que el efecto retroactivo alcanzó a actuaciones anteriores a 1934, a los primeros años de la República. Asimismo, vulneró el principio non bis in idem, ya que, por el mismo hecho, la supuesta hostilidad al Movimiento Nacional, se le sancionó en los consejos de guerra, por el TERMC, en las comisiones de depuración y, por supuesto, en los TRP. Además de estas iniquidades, no sorprende en absoluto la decisión de enjuiciar a los ya fallecidos (se trataba de obtener sus bienes estuviesen vivos o muertos) o la exigencia de responsabilidad a los mayores de catorce, cuando la edad penal estaba fijada en los dieciséis años.[111]

Llegó un momento en que la expansión de la represión fue de tal calibre que la jurisdicción de responsabilidades políticas se bloqueó. Fueron miles los procedimientos abiertos contra personas físicas y jurídicas que no apoyaron la sublevación militar. Puede comprenderse la congestión del sistema penal. A estos TRP llegaban todas las condenas del resto de tribunales y, además, no se estableció una distinción entre los partícipes y cuadro de mandos de sindicatos, partidos y logias. El resultado fue el procesamiento de miles de personas cuando no existía capacidad material para juzgarlas a todas.[112]

Revela Manuel Álvaro Dueñas[113] que, con el fin de evitar esta crisis, Carrero Blanco pasó a controlar la jurisdicción especial de responsabilidades políticas en 1941. Hasta esa fecha se habían incoado en España cinco expedientes por cada mil habitantes. Una de las medidas adoptadas para aligerar el ingente trabajo de estos tribunales fue la aprobación de la ley de 19 de febrero de 1942.[114] Una ley que, si bien no afectó directamente al TNRP, repercutió en el resto de los tribunales, ya que se trasvasaron muchas competencias a la justicia ordinaria.

A partir de ese momento, los delitos juzgados por consejos de guerra con una sanción inferior a seis años y un día no se trasladaron a responsabilidades políticas. Al igual, dejaron de valorarse penalmente las conductas consistentes en la participación en los partidos del Frente Popular. No solo quedaron reducidas las causas de responsabilidad política o se amplió el número de circunstancias atenuantes, sino que, al imponerse como criterio para el enjuiciamiento un límite máximo en cuanto al patrimonio del procesado, se absolvió a todo el que era insolvente o disponía de un escaso patrimonio.[115]

Finalmente, los TRP fueron suprimidos por el decreto de 13 de abril de 1945.[116] Sobre el verdadero motivo del final de estos tribunales pormenoriza Miguel Ángel Giménez[117] que de 125.286 expedientes abiertos entre 1939 y 1941, tan solo habrían podido resolverse 38.055, ya que muchas de las multas impuestas eran simplemente incobrables. Por ese motivo, en abril de 1945 se declaró la supresión del TRP, creándose una comisión liquidadora que concluyó realmente con el indulto de 1966. Ahora bien, según Jiménez de Asúa esta ley solo fue «aparentemente» derogada ya que al abrogarla se dijo que «las responsabilidades nacidas de los delitos políticos serán en adelante exigidas y substanciadas por los tribunales ordinarios».[118] Así fue, tal y como anunció el maestro. A partir de ese momento la responsabilidad civil derivada del delito pasó a ser exigida por la jurisdicción ordinaria.

A fin de que el lector pueda hacerse una idea de la modalidad de sanciones que aplicó el TRP, he seleccionado algunas de las condenas que recayeron en varias de las personas más significativas de la República. En primer lugar, no podía ser de otra forma, se recogen las sanciones a los catedráticos de Derecho Penal que defendieron la República hasta el fin, Luis Jiménez de Asúa y su discípulo, Emilio González López. El segundo criterio empleado en la cita se ha basado en la cuantía de la sanción económica impuesta.

LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA:[119] Condenado a ocho millones de pesetas, que comprendía la totalidad de sus bienes. Se le sancionó además con el extrañamiento durante el plazo de quince años y se propuso al Gobierno que acordara la pérdida de la nacionalidad española, de conformidad con lo prevenido en el artículo 9 de la ley de 9 de febrero de 1939.

EMILIO GONZÁLEZ LÓPEZ:[120] Condenado a cien mil pesetas, más diez años de inhabilitación especial para cargos públicos y ocho años de extrañamiento.

MANUEL AZAÑA DÍAZ:[121] Condenado a cien millones de pesetas y propuesta de la pérdida de la nacionalidad.

JUAN NEGRÍN LÓPEZ:[122] Condenado a cien millones de pesetas; propuesta de pérdida de la nacionalidad y sanción de extrañamiento por un período de quince años.

INDALECIO PRIETO:[123] Condenado a cien millones de pesetas; propuesta de pérdida de la nacionalidad y sanción de extrañamiento por un período de quince años.

DOLORES IBÁRRURI GÓMEZ «PASIONARIA»:[124] Condenada a veinticinco millones de pesetas, que comprendía la totalidad de sus bienes, extrañamiento durante quince años y propuesta al Gobierno para la pérdida de la nacionalidad española.

MARCELINO DOMINGO:[125] Condenado a veinticinco millones de pesetas.

MARGARITA NELKEN DE PAUL:[126] Condenada a diez millones de pesetas; propuesta de la pérdida de la nacionalidad y sanción de extrañamiento por un período de quince años.

FRANCISCO LARGO CABALLERO:[127] Condenado a la inhabilitación absoluta en la extensión señalada en el artículo 11 de la ley y extrañamiento durante quince años. Pérdida total de sus bienes y propuesta al Gobierno para que se acordase la pérdida de la nacionalidad española conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la ley de 1939.

DIEGO MARTÍNEZ BARRIO:[128] Condenado a las sanciones de inhabilitación absoluta en la extensión señalada en el artículo 11 de la ley y extrañamiento durante quince años. Pérdida total de sus bienes y propuesta al Gobierno para que se acordase la pérdida de la nacionalidad española conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la ley de 1939.

JOSÉ DÍAZ RAMOS:[129] Condenado a las sanciones de extrañamiento durante diez años y económica de un millón de pesetas.

FERNANDO DE LOS RÍOS:[130]Condenado a doscientas mil pesetas de multa para hacerla efectiva en el plazo de veinte días.

FERNANDO CLAUDÍN PONTES:[131] Condenado a quince años de inhabilitación absoluta, diez años de extrañamiento y pago de cincuenta mil pesetas.

Supuestos de sobreseimiento:

ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.[132]

Supuestos de indulto:

LLUÍS COMPANYS:[133]Instruido el expediente contra él, se le condenó a la pérdida total de bienes. Pero, teniendo en cuenta el contenido del decreto de indulto de 10 de noviembre de 1966, y de conformidad con el mismo y lo informado por el Ministerio Fiscal, se declaró extinguida la responsabilidad. Había sido fusilado en 1940.

NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORRES:[134] Se le impuso la sanción de tres millones de pesetas. Se le aplicó decreto de indulto de 10 de noviembre de 1966 y se declaró extinguida la responsabilidad.

En cuanto al resto de las sentencias recaídas en personas que no tuvieron una representación destacada en los partidos políticos del Frente Popular o en las logias, la mayor parte de las sentencias del TRRP se basaron en las condenas previas por las diversas modalidades del delito de rebelión en los consejos de guerra. En otras ocasiones, no se especificó la modalidad concreta del delito de rebelión militar, sino que se aludió exclusivamente a las letras a), f), del artículo 4 de la LRP.[135]

REPRESIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Tras planear y ejecutar en la práctica de los consejos de guerra, el modelo para la represión penal de los autores de la «rebelión», la segunda gran cuestión diseñada por Acedo Colunga fue cómo debía procederse para desposeer del cargo a todos los funcionarios que cooperaron con actos esenciales en defensa de la República. Una de sus principales preocupaciones se tradujo en sugerencias para llevar a cabo su depuración,[136] partiendo de un principio que posteriormente incumpliría: al funcionario había que expulsarlo no por el simple ejercicio de la función pública, sino por sus actos delictivos. En consecuencia, no debía condenarse a todos los funcionarios que lo fueron durante la República ni tampoco a los que hubiesen contribuido con algún pequeño servicio. Lejos de este planteamiento inicial, lo que verdaderamente se evaluó para ratificar la desafección al régimen fue fundamentalmente la ideología del funcionario y su reflejo en los actos realizados (M, 7).

En realidad, Acedo Colunga estaba pensando en una represión de pasado y de futuro. De pasado, en cuanto que debía constreñirse únicamente a los funcionarios que ejercitaron funciones públicas en auxilio de la rebelión. Pero, además, «la represión debe mirar al porvenir evitando que sigan en el nuevo Estado los funcionarios que hicieron posible el advenimiento de la gran tragedia que vivimos» (M, 9). A tal fin, resultaba imprescindible excluir a «todos los funcionarios que no estén identificados espiritual y materialmente con todo lo que nuestro Movimiento significa».

Entre los funcionarios se acentuó la importancia de investigar la labor que los maestros de escuela desarrollaron en sus centros de trabajo: «propaganda roja, antirreligiosa o inmoral». Junto a ellos, también debía prestarse una atención especial a los funcionarios de radio, teléfonos, telégrafos y correos que, perteneciendo a sociedades o sindicatos de tipo revolucionario, «hayan ejercido sobre todo su cargo en los primeros días del Movimiento» (M, 62).

La idea de comenzar la represión penal con los maestros fue una constante en el primer período de la dictadura franquista. Si hubo un sector social que el régimen militar y sus «intelectuales» consideraban infectado de masones y comunistas fue el de la enseñanza. Se denunció el influjo que los docentes de enseñanza primaria y secundaria, integrados en logias masónicas, ejercían en los centros escolares.[137] Como ejemplo, véase la forma en que la Secretaría General del TERMC hacía uso de las comunicaciones que las comisiones de depuración remitían a la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos:[138]

…Varios de los maestros sancionados, unos con separación temporal y traslado y otros con la separación definitiva, figuraban en sus cargos el ser comunistas, y por si V.E. estimase tenerlo en cuenta se relacionan a continuación: Dª TERESA LOBO LOREDO, Maestra Nacional de Sevilla, Directora de la Graduada de Niñas del Hospicio Provincial. Se halla separada definitivamente del cargo, en virtud del expediente de depuración…

El principal objetivo de las comisiones de depuración de la enseñanza fue la Institución Libre de Enseñanza. El desprecio que se sentía por todo lo que significaba libertad ideológica, laicismo, academia, etcétera, llevó a definir como enemigos cardinales de las citadas comisiones a la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes y la propia Institución Libre de Enseñanza. Todas fueron catalogadas como hostiles a la patria y la religión.[139]

Hasta tal punto se consideró que la Institución Libre de Enseñanza era el vivero de los enemigos ancestrales de la patria, que, como comenta Álvaro Dueñas, el Ministerio de Defensa propuso catalogar, en el proyecto de LRP, el haber sido directivo o profesor de la Institución (2006, pp. 40s). Finalmente, aunque no se incluyó de forma autónoma en la ley, se entendió que tales cargos estaban insertos en otros supuestos de mayor amplitud, de modo que la Institución Libre de Enseñanza entró a formar parte de las entidades disueltas cuyos bienes habían sido confiscados en virtud del decreto n.º 108 de la JDNE.

El proceso de depuración del profesorado comenzó con el decreto n.º 66, de 8 de noviembre de 1936.[140] Cumpliendo las directrices del decreto, se crearon cuatro comisiones:[141] una, compuesta de cinco miembros, tres de los cuales eran catedráticos de universidad, que tenía a su cargo recoger los informes sobre personal universitario, instruir los expedientes oportunos y proponer las resoluciones; otra, sobre personal de ingenieros y arquitectos; una tercera, sobre el personal adscrito a los institutos, escuelas normales, de comercio, artes y oficios, de trabajo, inspecciones de primera enseñanza, sección administrativa y, en general, a cuantos dependían del Ministerio de Inspección Pública y no estaban incluidos en las anteriores comisiones. Finalmente, se creó una cuarta con la misión de formular propuestas razonadas de suspensión o separación del personal de magisterio con destino en el territorio de su jurisdicción (artículo 1).

Una vez oída la de Cultura y Enseñanza, se dispuso en Burgos, el 10 de noviembre de 1936, que las comisiones[142] podían solicitar de cuantas autoridades, centros y personas estimasen convenientes todos los informes necesarios sobre la conducta profesional, social y particular del funcionario que lo era a fecha de 18 de julio de 1936 (artículos 1 y 7). En cada uno de los expedientes debía obligatoriamente aparecer el informe del alcalde, cura párroco, comandante del puesto de la Guardia Civil y de un padre de familia bien reputado del lugar en que radicase la escuela (artículo 2).

Reunidos los informes y redactado el pliego de cargos, se daba traslado por escrito al interesado, para que este, en el plazo improrrogable de diez días, formalizara también por escrito los descargos y pudiera aportar la documentación que considerase oportuna en su defensa (artículo 3). Tras completarse el expediente, se enviaba a la Comisión de Cultura y Enseñanza con la propuesta de sanción (artículo 4). Concluido el expediente podía optarse entre alguna de las siguientes soluciones: confirmar en su cargo al funcionario, trasladarlo o cesarlo definitivamente (artículo 5). Aparte de que, en casos de gravedad, cabía proponer la suspensión de empleo y sueldo del funcionario objeto del expediente (artículo 6).

En una circular posterior, de 28 de enero de 1937, se permitió a los vocales de las comisiones, la tramitación secreta, sin citar su nombre en los pliegos de cargo, y la posibilidad de proponer sanciones aun cuando no existieran pruebas en el expediente contra el encartado, eso sí, siempre que se actuara en conciencia.[143] Finalmente, en otra circular de 17 de febrero de 1937, se admitió la acumulación de sanciones: suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación al personal docente.[144]

Con este sistema de expulsión del ámbito académico de todos los implicados en actividades masónicas, comunistas, socialistas, anarquistas, liberales, etc., quedó, como expone Luis Enrique Otero Carvajal, «expedito el camino para la arbitrariedad de las comisiones de depuración, territorio abonado para el ajuste de cuentas, la venganza o la promoción de aquellos personajes sin escrúpulos que vieron una oportunidad de oro en la denuncia y delación para medrar en sus carreras académicas y profesionales, apartando de su camino a aquellos que podían obstaculizar su ascenso por razón de sus méritos y mayor competencia científica».[145] En este proceso de depuración, las garantías procesales fueron sustituidas por la simple delación, y, como comenta Gutmaro Gómez Bravo, sometidas «a la capacidad de denuncia de éste y a la de sus compañeros y, sobre todo, a la disposición del juez instructor».[146]

En el ámbito del derecho penal, los penalistas republicanos antifascistas fueron depurados y condenados, la mayoría de ellos en rebeldía, por el régimen militar. Con el visto bueno y, a veces, la traición de algunos «colegas» de profesión. Tales fueron los casos de Luis Jiménez de Asúa, Mariano Ruiz Funes, Emilio González López, Antón Oneca y Manuel López Rey. Al ser perseguidos los mejores penalistas españoles por las comisiones de depuración, se produjo lo que Sebastián Martín Martín ha denominado «una ruptura del saber», es decir, se interrumpió su sedimentación progresiva.[147] Los que se quedaron en España liderando el derecho penal totalitario fueron los dos nombres de infamia: Juan del Rosal y Eugenio Cuello Calón.

Retornando al proceso de depuración de los funcionarios, se distinguió entre aquellos ingresados con anterioridad al 18 de julio de 1936, y los que se integraron posteriormente. Eso sí, todos tuvieron que pasar por la criba depuradora correspondiente (M, 61).

En cuanto a la primera categoría, al percibir que era tarea imposible depurar a más de la mitad del personal de los organismos oficiales del Estado, se pensó que la represión convenía reducirla solo al «ejercicio rojo de las funciones públicas revestidas de eficacia social» (M, 52). Así, Acedo Colunga consideró que existían tres colectivos que asumían funciones públicas esenciales: los sacerdotes, los jueces y los militares. Si se descartaba la responsabilidad de los primeros porque era un asunto que incumbía a la Iglesia, quedaban aún otras dos funciones esenciales, la judicial y castrense, como pilares firmes, entendía, de la constitución civil de la sociedad (M, 53).[148]

Respecto a los funcionarios ingresados con posterioridad al 18 de julio, Acedo se mostró más radical: todos debían ser procesados y perder automáticamente sus puestos, salvo que ostentasen una condición subordinada, subalterna o mecánica, debido al principio de «nulidad de los actos jurídicos rojos» (M, 62).

En su propuesta, la graduación de la responsabilidad penal de los funcionarios pasó a depender de los antecedentes ideológicos y sociales; de los servicios prestados (calidad voluntaria, obligatoria y forzosa de la designación), de su condición, fecha de iniciación y terminación, continuidad y ascensos o ventajas obtenidos. Como circunstancias atenuantes recurrió al sistema ya propuesto para los autores del delito de rebelión militar. De ese modo, previó el haber sufrido persecuciones en «zona roja», efectivas y realizadas en sus personas o en sus familiares hasta el segundo grado civil; los favores importantes y desinteresados hechos en favor de particulares perseguidos o sospechosos en la «zona roja» en el ejercicio de su función, los servicios comprobados auténticamente prestados a la Causa Nacional en «zona roja» y la presentación voluntaria a las Autoridades Nacionales (M, 62s.). Por lo que respecta a las agravantes, tuvo en cuenta nuevamente la trascendencia de los hechos realizados, la perversidad o peligrosidad personal y la filiación activa en la masonería.

En cuanto a las eximentes, al margen de la minoría de edad, aceptó exclusivamente la enfermedad mental, siempre que hubiera sido refrendada médicamente, y la ya conocida compensación de servicios (favores o servicios prestados a la «Causa Nacional» y ayuda desinteresada a personas de derechas).

Algunas de estas sugerencias fueron acogidas posteriormente, tanto en el ámbito penal (LRMC de 1 de marzo de 1940;[149] Código Penal común de 1944[150] y CóJM de 1945[151]) como en el administrativo (ley de 10 de febrero de 1939, BOE de 14 de febrero[152]).

Precisamente, esta última norma fue la que estableció los requisitos para la depuración general de los funcionarios públicos. Se concedió a la Administración del Estado el poder de imponer sanciones administrativas a los desafectos al Estado autoritario. De igual forma, se permitió a la Administración investigar la conducta de cada uno de los funcionarios y, sobre todo, inquirir si mantenían algún vínculo con el Movimiento Nacional.

Tras ser designados los instructores, estos comprobaban si eran o no reales los datos aportados por los funcionarios e iniciaban la investigación, confirmando la colaboración de cada funcionario con los que calificaban como sublevados. La propuesta final de los instructores oscilaba entre la admisión sin imposición de sanción y la incoación de expediente para imponer la sanción que procediese. Era el ministro competente el que adoptaba la decisión final.

Al fin, la imposición o no de sanciones administrativas dependía básicamente de los contactos que el funcionario hubiera mantenido a favor del Socorro Rojo Internacional, Amigos de Rusia y otras entidades análogas; de la pertenencia a la masonería, grado que en ella hubiere alcanzado y cargos que hubiera ejercido (artículo 9). En cuanto a las sanciones, estas podían ser: el traslado forzoso, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de uno a cinco años; postergación, desde uno a cinco años; inhabilitación para el desempeño de puestos de mando o de confianza, y separación definitiva del servicio. Las tres primeras sanciones podían imponerse aislada o conjuntamente, según las circunstancias de cada caso (artículo 10).

Acedo Colunga presentó también un programa específico de exclusión de los funcionarios judiciales (incluyendo funciones policiales y penitenciarias). Al igual que hizo con relación a los primeros, distinguió entre los ingresados antes del 18 de julio de 1936 y los ingresados ulteriormente.

Respecto al primer grupo, llegó a la conclusión de que carecían de responsabilidad penal los que se hubieren limitado a ejercer su actividad sin mostrar fidelidad a la República. También debían quedar exentos de pena aquellos cuyos ascensos fueran únicamente reglamentarios o basados en una estricta antigüedad. En definitiva, debía sancionarse exclusivamente a los que habían dictado «sentencia o auto de origen político y naturaleza penal, de consecuencias importantes e irreparables».

Esta proposición de Acedo fue seguida mayoritariamente por los consejos de guerra y el CSJM. En esa dirección, se absolvió a un juez que aceptó durante la República diversos cargos relativos a la Administración de Justicia, llegando a ser magistrado interino de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, presidente de un Jurado de Urgencia y presidente del Tribunal Delegado Central de Espionaje y Alta Traición. El consejo de guerra decidió que «no se hallaba compenetrado en el aspecto interno y subjetivo con los móviles que inspiraban a la subversión roja, prevaliéndose de los puestos que ocupaba, salvó a muchos presos de una muerte cierta» (Sentencia de 7/1/1942, RJA 99); igualmente absolvió en un supuesto semejante la sentencia de 27/3/1942, RJA 600.[153]

Ahora bien, Acedo Colunga insistió en que los jueces que desarrollaron actividades en la justicia republicana siendo fieles a sus leyes revolucionarias, debían ser enjuiciados esencialmente en función de sus antecedentes ideológicos o sociales.[154] De otro lado, también se valoraban los servicios prestados (calidad voluntaria, obligatoria o forzosa de la designación —condición e importancia de estos—, fecha de su iniciación y terminación, continuidad) y los ascensos o ventajas obtenidos.

Al igual que ocurrió con los funcionarios públicos, Acedo Colunga solo subscribió como eximentes la locura y la compensación de servicios (M, 64). Como atenuantes, las ya conocidas persecuciones sufridas en «zona roja»; los favores importantes y desinteresados realizados a particulares perseguidos o sospechosos en la misma zona en el ejercicio de su función, los servicios comprobados auténticamente prestados en ella a la Causa Nacional y la presentación voluntaria a las autoridades nacionales (M, 64).

Del mismo modo, siguió defendiendo como agravantes: la trascendencia de los hechos realizados, la perversidad o peligrosidad habitual y la filiación activa en la masonería. Pero, junto con estas, previó una agravante específica para aquellos casos en los que el funcionario judicial había solicitado, votado y ejecutado una pena de muerte o se extralimitó desmesuradamente en el desempeño de la función (M, 64s.).

Como ya venía siendo habitual en el planteamiento de Acedo, el sistema propuesto respecto a los ingresados con posterioridad al 18 de julio fue más escrupuloso y severo. En tales casos, siempre se presumían los antecedentes ideológicos del juez y la voluntariedad en la designación. Al hilo, comentó Acedo Colunga que los funcionarios designados expresamente por el gobierno rojo serían considerados como autoridades políticas a las que se podrían aplicar las agravantes especiales (M, 65). Asimismo, en tales supuestos no aceptó la eximente de compensación de servicios salvo que se pudiera demostrar que los hechos eran auténticos y de reconocida importancia en calidad y número.

La idea inicial de Acedo Colunga consistió en que el marco de represión debía reducirse a la judicatura más comprometida con la República. La depuración tenía que constreñirse a los jueces con antecedentes ideológicos, designados por parte republicana, y que hubieran desempeñado su cargo voluntariamente.[155] Sin embargo, sorprendentemente, no consideró relevantes concretas decisiones judiciales, llegando a afirmar que no siempre la intervención de un magistrado en los tribunales populares podía ser valorada como absolutamente grave (M, 66). Esto puede explicarse porque para nuestro autor había un principio primordial que estimaba sagrado: la importancia social de la administración de justicia. Por esa razón, no dudó en afirmar que en bastantes ocasiones el magistrado que había intervenido en los tribunales revolucionarios redujo notablemente los impulsos de la masa y los sustituyó por una acción de mayor serenidad. Incluso aceptó que las penas de muerte dictadas podían ser «compensadas por otras tantas evitadas con espíritu de sacrificio y efectividad de riesgo siempre que los hechos enjuiciados por los Tribunales Rojos fuesen evidente y forzosamente merecedores con arreglo al Código de Justicia Militar de la pena de muerte con sujeción a la letra del precepto penal y del criterio defensivo rojo».

Pues bien, tal y como propuso Acedo Colunga, los consejos de guerra se comportaron de modo inflexible con los jueces de ideología republicana. En esa dirección, se condenó a muerte a un juez de primera instancia e instrucción que acudió al llamamiento que formuló el gobierno republicano para que los funcionarios de la carrera judicial que se encontraban en Madrid se presentaran en el Ministerio de Justicia. En agosto de 1936 se produjo una reunión a la que asistieron unos dieciocho funcionarios, a quienes se invitó a colaborar integrando los tribunales populares. En esta reunión uno fue designado vocal magistrado del tribunal popular de Toledo. Entre los hechos que el consejo de guerra le imputó, destacaron: haber dictado dos penas de muerte, una de ellas a un religioso y otra, a un teniente que desertó en el Alcázar. También presidió el jurado de urgencia número uno que entendía de los delitos de desafección al régimen, y en el que estuvo hasta su supresión en 1938. Se le impuso la pena de muerte con el argumento de que con su actuación produjo daños irreparables tanto al Estado como a los particulares (Sentencia de 8/7/1940, RJA 766).

Por el contrario, se fue más indulgente con los magistrados de ideología conservadora.[156] Un ejemplo de trato benevolente fue el consejo de guerra celebrado contra los magistrados del Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 1939. En este caso, la sanción no fue la de privación de libertad, sino que giró en torno a la inhabilitación para el ejercicio del cargo y la absolución. El motivo de unas sanciones tan atenuadas se debió a la decisión de no aplicar el delito de rebelión pues, según el tribunal, aunque trabajaron para la República, su colaboración no solo fue forzada, sino que no llegó a alcanzar una incidencia directa con los fines inmediatos de la guerra.[157]

De otra parte, algunas de las ideas expuestas por Acedo Colunga sobre la represión del sector judicial se llevaron a la práctica en dos fases diferentes. La primera fue anterior a la presentación de su Memoria y el fiscal pudo estar condicionado a la hora de elaborarla por la ley de 2 de septiembre de 1936. A través de ella se desencadenó la depuración de todos los funcionarios de las carreras judicial y fiscal, del secretariado y del personal auxiliar. Fue el decreto n.º 91, de 2 de septiembre, el que facultó a las salas de gobierno de las audiencias territoriales y juntas de gobierno de las audiencias provinciales enclavadas en el territorio «nacional» para «destituir, sin sujeción a las normas de expedientes hasta ahora vigentes, a los jueces y fiscales municipales dependientes de su jurisdicción, cuya actuación negligente, contraria al Movimiento Nacional, o poco patriótica, aconseje tal medida, nombrando para sustituir a los destituidos a aquellas personas que reuniendo las condiciones legales exigidas en cada caso, sean consideradas más aptas para el desempeño de dichos cargos».

La segunda fase de la depuración, aquella en la que más influyó la tesis de Acedo, fue la de 10 de febrero de 1939. Hay que recordar que no fue un proceso ad hoc, creado específicamente para juzgar el comportamiento de los funcionarios de la carrera judicial, jueces, magistrados y fiscales, sino que todos ellos se vieron comprendidos en un procedimiento de depuración generalizado establecido para los funcionarios del Estado y empleados de servicios públicos. Según los datos ofrecidos por Mónica Lanero Táboas[158] el resultado conjunto de las fases depuradoras es el siguiente: de unos mil miembros de la carrera judicial, 368 se vieron sometidos a depuración. Fueron separados 62. Un 8 % fueron admitidos con sanción, mientras que admitidos sin imposición de sanción fueron 230. Por lo que se refiere a la carrera fiscal, que se calcula que contaba con aproximadamente unos 235 miembros en 1939, fueron depurados 96, separados 28 y sancionados 24. Resultaron admitidos sin sanción 44.

Muy probablemente, el compromiso de ciertos funcionarios de la administración de justicia con el modelo jurídico franquista se debió precisamente al temor que despertaron aquellas comisiones depuradoras, muy ligadas al TERMC, al TNRP y a la Jurisdicción Militar. En ese sentido, el recelo a perder la condición de funcionario estaba justificado. Era algo que sistemáticamente acontecía cuando recaía una sentencia condenatoria de cualquiera de los tribunales de excepción.

De lo que no cabe la menor duda es de que la identificación de los órganos judiciales con los principios ideológicos del régimen militar fue absoluta. No solo fue el miedo a perder el empleo. Hay que valorar que los funcionarios eran seleccionados en función de su afinidad ideológica, tras una escrupulosa revisión de su historial por los tribunales y comisiones de depuración.[159] La conjunción de tales factores permitió la gestación de un ejército de funcionarios fieles y adheridos a la biblia del franquismo: Movimiento Nacional, religión y familia.

REPRESIÓN DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO

La Memoria presentada por Acedo Colunga concluye con un proyecto final sobre cómo proceder en la represión de miembros del Ejército de Tierra, Mar y Aire. De la misma manera que en la depuración de los funcionarios judiciales, Acedo pretendió reducir el ámbito del castigo penal de los militares a los verdaderos defensores de la República. Confesó que concebía al militar profesional como «el depósito vivo y eterno de esa conjunción sentimental que origina el honor militar». Por tal motivo, cualquier ascenso del militar que se basara no en un criterio de estricta antigüedad, o directamente lo estuviera en la militancia en partidos republicanos o en la masonería, eran pruebas en su contra al oponerse frontalmente a su formación espiritual (M, 70s.).

Este también fue el criterio seguido por los consejos de guerra. Así, fue condenado por el delito de adhesión a la rebelión, a la pena de muerte, un teniente coronel de la Guardia Civil, de ideología izquierdista. Según la sentencia, persiguió a subordinados de ideología contraria tras los sucesos de 10 de agosto de 1932, de octubre de 1934, tras el asesinato del alférez de la Guardia Civil, García de los Reyes, y el de Calvo Sotelo. Además, se subraya que, iniciado el Movimiento, gozó de la confianza del Frente Popular y protegió «al anarquista que pretendió, durante los sucesos de octubre de 1934, poner una bomba en el Cuartel de la Guardia Civil de Bellas Artes y al que, con el pretexto de entregarle en la Dirección General de Seguridad, sacó en su coche y libertó más tarde, abrazándole y felicitándole» (Sentencia de 23/1/1942, RJA 107).

Esta severidad con el militar fiel a la República debía combinarse, a juicio de Acedo, con cierta magnanimidad con un grupo de militares republicanos, ya que «sería una tremenda injusticia que sobre los funcionarios buenos, pero flacos de espíritu que tuvieron la desgracia de soportar la tiranía roja, recayera todo el peso de nuestras sanciones, mientras del lado de acá, por mera suerte geográfica quedan indemnes y aún recompensados con la eliminación de los “declarados culpables”, algunos notoriamente malos que no tuvieron ocasión ni posibilidad de continuar la trayectoria de su condición anterior y que no hubieren desplegado actividad alguna o contraído méritos incontrastables en nuestro Movimiento Nacional» (M, 72).

A la hora de concretar la responsabilidad,[160] distinguió en función de los mandos, categorías militares y servicios, así como de los antecedentes ideológicos y sociales; de la calidad voluntaria o no de los destinos, fecha de iniciación y terminación (no estimando la forzada y obligada), de la continuidad y de los ascensos o ventajas obtenidos como elementos personales (M, 67).

Por lo que respecta a los mandos, diferenció entre mandos de armas en el frente, de retaguardia y burocráticos o técnicos. En lo que afecta a las categorías militares, empleó las habituales en el Ejército, comenzando por oficial subalterno hasta llegar al generalato. A su vez, en los militares diferenció dos grupos: uno el de oficiales en activo del Ejército el 18 de julio, excluidos los readmitidos por la República y que habían sido separados por fallo de tribunal de honor; los retirados o en reserva en dicha fecha y los de complemento que como tales figurasen al iniciarse el Movimiento Nacional. De otra parte, los comisarios políticos, los oficiales formados por los «rojos» en academias y los creados por designación directa atendiendo a la aptitud militar, y ello implicaba a Guardia Civil, Carabineros, Asalto, Legionarios, oficiales expulsados del Ejército por sentencia judicial expediente gubernativo o fallo de tribunales de honor, confianza política, etcétera (M, 68).

En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, Acedo siguió aplicando las mismas atenuantes, agravantes y eximentes que antes propuso para los funcionarios públicos.

La mayor responsabilidad recaía en el mando de armas en el frente, siendo extraordinaria su gravedad a partir del nivel de batallón, patrulla aérea y barco de guerra o mercante armado. Se equipararían los mandos del Estado Mayor y de Información y Transmisiones. En la graduación penal, los mandos se escalonaban en armas, retaguardia y burocracia. La responsabilidad aumentaba conforme se fuese elevando la graduación del que cometía la falta (M, 68s.).

A su vez, Acedo Colunga distinguió entre militares profesionales y los designados por el gobierno de la República. Entre los oficiales republicanos, la máxima responsabilidad recaía en los comisarios políticos, incluyendo los delegados de compañía o los que fueren auxiliares dentro de las unidades. Para llegar a esta clasificación empleó las disposiciones legales republicanas, concretamente la orden de 16 de octubre de 1936, que estructuró el comisariado político (M, 69).

Por su parte, en los Servicios, asignó mayor responsabilidad a los judiciales y a los de armas… Exceptuó los de carácter humanitario, considerando como tales los prestados por jefes y oficiales médicos, farmacéuticos y veterinarios que se hubieren limitado a la asistencia facultativa y no hubieren ostentado jefaturas de unidades militares, centros orgánicos independientes e importantes (M, 70).

Finalmente, Acedo Colunga creó una excusa absolutoria, una cláusula de exención de la pena, que afectó a todos los soldados de reemplazo forzoso o milicianos voluntarios, clases de tropa u oficiales de complemento, cuando no hubieran tenido mando de armas en el frente, una función judicial relevante y no hubieran logrado un ascenso. En esta excepción no se comprendían a los soldados, clases u oficiales de complemento, otrora denominados «desertores» que, como se sabe, no era un concepto del agrado de nuestro autor, que prefería hablar de «rebeldes».

Tercera Parte

La opaca carrera militar del general de división

Ángel Viñas[161]

En memoria de Manuel Fernández de Henestrosa

La opaca carrera militar del general de división

El general de división Felipe Acedo Colunga nació en septiembre de 1896 y falleció en septiembre de 1965 a una edad que hoy parece relativamente temprana. En los últimos años de su vida, abrumado de honores, es probable que se sintiera en ocasiones oprimido bajo el peso de las numerosas condecoraciones que fue reuniendo a lo largo de su dilatada carrera militar y política.

Que sepamos, Acedo Colunga ha sido objeto de dos tratamientos biográficos, uno breve y ceñido a su hoja de servicios y otro más amplio que se concentra en un corto período en el que fue gobernador civil de Barcelona durante los años cincuenta del pasado siglo. Ninguno de los dos le hacen del todo justicia e ignoran su parte más sustancial, que es la que nos interesa en este libro.

En numerosas obras de historia relacionadas con la represión franquista durante la guerra civil se cita de pasada a nuestro protagonista. En otras no figura. La única excepción relevante la constituye Francisco Espinosa. Una vez que este autor descubrió el opus ideológico y teórico en todo su esplendor de quien hemos caracterizado como el arquitecto de la represión franquista, nos pareció conveniente abordar su trayectoria sobre nuevas bases documentales. Al fin y al cabo, fue una de las figuras más sobresalientes de entre los «teorizantes» y «justificadores» de aquellas actividades represivas (a veces de sobrecogedor salvajismo) que hoy, desgraciadamente, tantos quieren olvidar. Son quienes, por lo demás, siguen dando la lata con la represión republicana tras el estallido del golpe de Estado de julio de 1936, como si la dictadura no hubiese tenido cuarenta años para describirlos y anatematizarlos como producto de la supuesta «vesania roja».

Obviamente olvidan estos nuevos exégetas de la represión republicana dos aspectos fundamentales. El primero es que, si no hubiera habido una sublevación destinada a derrocar al régimen constitucional —que quedó tambaleándose durante varios meses—, no se hubiese producido el colapso de la autoridad del Estado. Esta no falló del todo en el período entre abril de 1931 y julio de 1936. El Ejército, las fuerzas de seguridad y el aparato judicial pudieron lidiar con los culpables, a derechas y a izquierdas. El segundo es que el culpable de la guerra no fue el régimen republicano, sino quienes desde por lo menos 1932 conspiraron contra él, en España y fuera de España, y que terminaron contando con la ayuda de la potencia fascista por excelencia: la Italia de Mussolini. Cuando en octubre de 1935 el diputado monárquico de Renovación Española, Antonio Goicoechea, se entrevistó con el Duce para pedirle dinero e informarle de cómo iba la conspiración no le dejó en ninguna duda en cuanto a los propósitos monárquicos y de un sector subvertido del Ejército por la UME (Unión Militar Española): si las izquierdas volvían al poder, aunque fuese por medio de elecciones, ellos y los militares alborotados se sublevarían.

Lo que los historiadores franquistas y neofranquistas, convirtiéndose en portavoces más o menos respetables de las estridencias de Vox[162] y de otras facciones próximas a él en el más amplio abanico de las derechas, quieren ocultar es la responsabilidad por el estallido de la guerra civil y las barbaridades que los militares levantiscos tenían preparadas para ajustar las cuentas a quienes se resistieran a lo que presumían iba a ser su arrollador empuje.

Entre esos militares figuró desde el primer momento el protagonista de este libro. Sin duda, quedarán todavía facetas en la oscuridad de quien procuró dejar detrás de sí la menor huella posible de su paso por una historia vergonzosa y vergonzante. Sin embargo, lo que cabe discernir en las fuentes ya conocidas o cognoscibles por nueva evidencia primaria relevante de época (EPRE) no es desdeñable. Nos han permitido adentrarnos en el quehacer de una figura opaca durante demasiado tiempo. Esta tercera parte trata de delinear la trayectoria profesional del general de división Felipe Acedo Colunga en la medida en que lo ha permitido una exploración puntual de la documentación archivística y no archivística disponible o que ha llegado hasta nuestras manos. Lamentamos no haber podido consultar una de las causas en que, en 1935, se dejó constancia de algunas de las motivaciones que ya le impulsaban.

ORIGEN

El padre de nuestro tenebroso protagonista, de nombre Felipe Acedo Velao, fue un militar profesional en el arma de Caballería. Nació en 1846 en un pueblecito, Santibáñez de Vidriales, al norte de la provincia de Zamora. Según Wikipedia son famosos sus vinos, quesos y embutidos. En la actualidad goza de una fauna y una flora abundantes. Los árboles más comunes son la encina y el castaño y matorrales como el tomillo, la jara y el brezo. Entre su fauna se encuentran ciervos y jabalíes. Forma parte de un recorrido de interés arqueológico. Su población en los últimos años no llegaba a seiscientos habitantes, pero ignoramos los que pudiera haber tenido hace siglo y medio.

La hoja de servicios de Acedo Velao permite desautorizar tajantemente la idea, que sigue flotando en la literatura, de que pudiera haber nacido en Olvera, en la provincia de Cádiz. No hemos descubierto el motivo de tal persistencia a no ser porque fuera por dos razones. La primera es que, como veremos, este pueblo tuvo un papel importante en la vida de su hijo y protagonista del presente libro. La segunda, que ningún investigador se haya fijado en tal aspecto al manejar su hoja de servicios que hace años es perfectamente consultable en el Archivo General Militar de Segovia.

Acedo padre ingresó en el Ejército de la época como soldado raso. Fue ascendiendo lentamente hasta que, por méritos de guerra contra las fuerzas carlistas, alcanzó los empleos de sargento y de alférez. En la escala de oficiales llegó a obtener el empleo de capitán, nuevamente por méritos de guerra. Entre 1877 y 1895 estuvo destinado en Andalucía, principalmente en Córdoba. Luego fue destinado a Mallorca. Tras una más corta estancia en las islas, fue trasladado a Ávila y de aquí a Madrid como juez de causas y ya con el empleo de teniente coronel. Su hoja de servicios no indica cuándo falleció. Su primer hijo y protagonista de este libro (al menos tuvo otro, llamado José, en 1900) nació, pues, durante el período que el matrimonio Acedo pasó en Palma de Mallorca.

Reconozco no haber encontrado muchos detalles sobre la formación de Acedo Colunga. En la medida en que el grueso de esta obra se ha escrito durante la pandemia de la covid-19 tampoco me ha sido posible efectuar investigaciones complementarias. Sin embargo, con lo que aquí se pone al descubierto, los contornos de la trayectoria vital del ulterior general de división quedan sobradamente ilustrados. Es obvio que las dos etapas culminantes de su carrera profesional están ligadas primero a la guerra civil y a la inmediata posguerra y luego a su etapa como gobernador civil de Barcelona. Esta ya ha sido suficientemente alumbrada y en ella no abundaremos. No se trata de basarse en obras ya publicadas sino de sacar a la luz la parte menos conocida en la vida de nuestro protagonista. Es lo que se merece, por derecho propio, el último teorizante de la Inquisición de nuevo cuño que implantó la dictadura.

Cabe suponer que Acedo Colunga cursara estudios en alguna universidad castellana, incluso tal vez en Madrid, pero no merece la pena hacer búsquedas al respecto. Lo fundamental es que siguió la carrera de Derecho, típica de tantos funcionarios y políticos de la época. También, como era típico, terminó la licenciatura a una edad temprana, suponemos que hacia los diecinueve años. Sin conocer su expediente académico es difícil saber si fue muy brillante, bueno o mediano. Lo que podemos estimar es que tenía una excelente memoria y una capacidad de aguante nada desdeñable.

OPOSICIONES

Su capacidad de aguante es algo que puede afirmarse con certeza porque, tras licenciarse, hizo oposiciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar (CJM), algo explicable dada la atmósfera en que presumiblemente creció. El programa entonces vigente era una modificación del aprobado por la orden de 1.º de julio de 1896. En el tomo correspondiente a ese año de la Colección Legislativa del Ejército los apéndices entre los cuales debería haberse encontrado no se reprodujeron. Sí figura la composición de los ejercicios, que no deja de ser curiosa. Afortunadamente, en la Gaceta n.º 254 del 11 de septiembre de 1903 (pp. 2303 a 2316), fácilmente de encontrar en internet, figura la composición concreta de las oposiciones con el programa a las que concurrió Acedo Colunga.

El primer ejercicio consistía en contestar verbalmente a las preguntas que el tribunal dirigiera al opositor relativas a nociones de derecho natural; derecho civil, común y foral; derecho mercantil; derecho penal común y leyes penales vigentes en España; derecho político y administrativo; organización de los tribunales ordinarios y de lo contencioso-administrativo y procedimiento aplicable y derecho internacional público y privado. En derecho militar figuraban preguntas relativas a la organización del Ejército y de cada una de sus armas, cuerpos e institutos; al fuero militar en todos los órdenes, su alcance, extensión y limitaciones; al derecho penal militar y leyes penales especiales que se aplicaban a la jurisdicción de guerra; a la organización de los tribunales militares, sus atribuciones y procedimientos; a la jurisdicción gubernativa y administrativa en el ramo de guerra y procedimientos; a las disposiciones que regulaban tal ramo de guerra, amén de las relativas a la contratación en este; finalmente, a la organización de la Marina de guerra y su jurisdicción, leyes penales y sus procedimientos.

El temario era muy amplio en lo que a cobertura y número de temas se refiere (cada bloque se descomponía en subgrupos de cincuenta salvo en tres casos, divididos en partes también de cincuenta temas cada una). El total llegaba a la friolera de 1.100 temas. Creo que la longitud supera ampliamente los temarios que los opositores de mi generación podíamos pensar en dominar después de tres o cuatro años de preparación.

Los aspirantes debían sacar a suerte veinte temas y responder en un plazo máximo de cinco (5) minutos a cada uno.[163] Ya puede imaginar el lector la tensión en que se encontrarían los opositores, a quienes prácticamente no se les dejaba ni respirar.[164] Cuando quien esto escribe hizo oposiciones a la Administración en 1967/68, los dos ejercicios orales consistían en exponer cuatro temas en el lapso de una hora y el programa debía tener unos trescientos, caso de no recordar mal. Sin duda, una modernización y racionalización con respecto a la época en que opositó Acedo Colunga.

En el segundo ejercicio se trataba de desarrollar por escrito o de palabra, a voluntad del aspirante, un tema de derecho militar o internacional público escogido por él de entre tres sacados a la suerte de los que previamente había identificado el tribunal en materias de derecho militar, público o internacional. La exposición no podía exceder de veinte minutos ni de diez la réplica a cada uno de los dos contrincantes que hicieran objeciones a su exposición, oral o escrita. Esto parece un antecedente remoto de la notable institución que fue la llamada «trinca» en los primeros dos ejercicios de las oposiciones a cátedras universitarias a mitad del pasado siglo que también tocó padecer al autor de esta parte del presente libro.

De cara al segundo ejercicio del martirio a que se sometió Acedo Colunga, los opositores que hubiesen aprobado el anterior formarían «trincas» por el orden correlativo de los números con los que habían figurado en la relación de admitidos. Si la última no hubiera podido completarse por no ser múltiplo de tres, el número total de ellos se completaría con uno o dos de los que hubiesen actuado previamente designados a suertes. Lógicamente, ya no se le o les computaría para la calificación en esta parte. De los individuos que constituyesen la «trinca» actuaría primero el que figurase con el número más bajo, después el que le siguiera en número y por último el que lo tuviese más alto. El opositor quedaría aislado para preparar este segundo ejercicio y se le facilitarían cuantos libros pidiese y se encontrasen en bibliotecas públicas o en su domicilio.[165] En comparación con las oposiciones a cátedra de la época final del franquismo tengo la impresión de que los futuros juristas militares de la Monarquía alfonsina también se entrenaban ya, o podían entrenarse, en el descuartizamiento memorístico y conceptual de sus oponentes.

Por último, en el tercer ejercicio los opositores examinarían una causa militar o un expediente; harían ante el tribunal una exposición sucinta de su resultado y darían lectura del dictamen auditorial o fiscal o de la sentencia o providencia que fuesen procedentes.

¿Por qué esta somera descripción de las oposiciones a jurídicos militares en la época que nos interesa? Simplemente para establecer algunas hipótesis sobre las características de quienes las superaran. Para ello he considerado conveniente comparar con mi propia experiencia personal, cincuenta años más tarde, en mis oposiciones a un cuerpo especial facultativo y a cátedras de Universidad. Ello me permite afirmar, quizá erróneamente, que en las jurídico-militares de la época de Acedo Colunga primaban esencialmente ciertos rasgos característicos. En primer lugar, permitían comprobar si los opositores tenían o no una gran capacidad nemotécnica. Preparar más de mil ejercicios no era una tarea fácil y menos aún cuando había que comprimirlos para su exposición oral en no más de cinco minutos. En segundo lugar, un gran dominio de sí mismos para «cantar» rápidamente y, si se me permite, con firmeza y autoridad, los temas en cuestión. Y, por último, una gran autodisciplina. Cualidades, sin duda, útiles para el ejercicio de la profesión, que por lo demás se aprendería practicando sobre la marcha.

A la hora de hacer unas valoraciones mínimas sobre la tortura por la que debió pasar nuestro protagonista tengo en cuenta mi propia experiencia, que sufrí —con éxito— cuando tenía veinticuatro, veintisiete y treinta y cuatro años para obtener premio extraordinario en la licenciatura, una plaza en la Administración en un Cuerpo Especial y una cátedra de Universidad. Acedo Colunga concurrió a su propio vía crucis con por lo menos igual éxito y no parece que tuviese que repetir, como ocurre con tantos y tantos opositores a tantos y tantos cuerpos. A tenor de su hoja de servicios, ganó las oposiciones en primera tacada en agosto de 1917, es decir, un mes antes de cumplir los veintiún años. Que los ejercicios de selección antes y después sirvieran para identificar funcionarios, civiles o militares, con capacidad creadora es otro tema. Al menos, el autocontrol, el autodominio y la autodisciplina no serían cuestionables para quienes los hubiesen pasado.

No cabe, por último, desconocer que el CJM era un cuerpo muy restringido y de composición cerrada. En 1918, año para el cual hemos encontrado datos, lo integraban solo 78 funcionarios (un aumento «considerable» con respecto a 1896, en el que solo había 47). En el escalón de ingreso, como teniente auditor de tercera, existían solo once plazas de plantilla. Es decir, nuestro protagonista pudo ingresar porque había, al menos, una vacante. No conocemos el número de opositores que se presentaron y tampoco hemos perdido tiempo en averiguarlo.

INICIOS DE UNA DOBLE CARRERA MILITAR

Como teniente auditor de tercera clase (equivalente al empleo de teniente en el Ejército de Tierra), Acedo Colunga accedió a lo que habría de ser su principal ocupación a lo largo de su carrera, con las vicisitudes que detallaremos hasta su fallecimiento en esta parte del presente libro.

Su primer destino lo llevó a la Auditoría de Guerra en Canarias. Es curiosa esta estancia en las islas, de la que también participaron Lorenzo Martínez Fuset y otros militares que más adelante rodearon a Franco en la conspiración y sublevación de 1936. En Canarias permaneció hasta junio de 1919. Para entonces ya se le había habilitado para desempeñar una plaza de teniente auditor de segunda (equivalente a capitán, aunque en principio se trató de un ascenso en condiciones todavía virtuales). Después de unos pequeños avatares burocráticos que no nos parecen interesantes se le destinó a la Auditoría General de la 2.ª Región, en la que el ascenso se hizo efectivo. Si bien en Canarias no se quedó mucho tiempo, sí lo hizo en Andalucía. También fue en Sevilla en donde dio sus primeros pasos en una dirección que entonces se había puesto de moda.

El ya capitán Acedo Colunga fue, en efecto, uno de aquellos militares —aunque en su caso todavía dedicado a los menesteres jurídicos— a los que pronto les mordió el bichito de la aviación. En lo que cabe considerar su primer libro, que publicó en 1928, se abstuvo de hacer mención de sus peripecias biográficas, que no parece que fueran particularmente interesantes. Sin embargo, no dudó en deshacerse en loores hacia los pilotos de aquellos tiempos casi prehistóricos de la Aviación española en los que se inició el despunte de la futura arma. Ello le honra, aunque también podría considerarse como manifestación de una virtud: el aprovechamiento táctico de la situación.

No queremos adelantarnos. El dato más significativo que en el ámbito aéreo se consigna en su hoja de servicios es que Acedo Colunga rápidamente solicitó autorización para asistir a un curso de pilotos. Conseguida esta, se trasladó a Madrid el 1.º de diciembre de 1919 con el fin de pasar el preceptivo reconocimiento médico. Se incorporó a principios del año siguiente al aeródromo de Sevilla para efectuar las prácticas de piloto, pero apenas si permaneció en él. En abril del mismo año se trasladó a Cuatro Vientos, en Madrid.

Se trató, con toda probabilidad, de un curso con 132 plazas de oficial, de las que según Salas Larrazábal se cubrieron solo 95. Los estudios los finalizaron satisfactoriamente 63 aspirantes. Estos y los diez pilotos que llegaban de las clases de tropa y que se titularon en el primer curso de 1919 permitieron un rápido crecimiento de los efectivos que se destinarían a África.[166] Al tiempo se organizó el territorio nacional en zonas aeronáuticas denominadas «bases aéreas». Una de ellas se estableció en Sevilla, donde se construyó la de Tablada (punto esencial en la carrera de nuestro protagonista). En ella se alojarían escuadrillas de reconocimiento, de caza y de bombardeo. Fue inaugurada oficialmente el 14 de abril de 1923.

Las potenciales aventuras en el aire debieron de estimular a Acedo Colunga porque en agosto de 1920 causó baja en la Auditoría de Guerra sevillana. Este vaivén entre destinos entre lo jurídico-militar y los de la incipiente Aeronáutica tuvo algunas peripecias burocráticas durante los años veinte que no despiertan demasiado interés. Baste con decir que, joven y ambicioso, es muy posible que viera más oportunidades de brillar, o al menos de hacerse un nombre, apuntando hacia el azul del cielo que reducido a las labores propias de un jurídico militar. Desde luego, en su cuerpo de origen se había introducido el sistema por el cual los ascensos se producirían únicamente por rigurosa antigüedad dentro de un colectivo de 78 miembros.[167]

BAUTISMO DE FUEGO

En mayo de 1921 Acedo Colunga pasó a Getafe. En octubre se le destinó a la 1.ª Escuadrilla Havilland, quizá un tiempo previo e indispensable hasta que se le autorizara a participar en las operaciones que la Aeronáutica realizaba en África. Por fin entró en acción en noviembre de este último año y llevó a cabo numerosas actuaciones. Sin hacer alusión a sus experiencias personales (rasgo muy encomiable, pero también significativo) encontró tiempo para, en su primer libro, El alma de la Aviación española, dedicar ardorosos párrafos a la participación de la Aviación en las campañas marroquíes de aquel entonces. Muestra de ello es lo que escribió respecto a las que tuvieron lugar tras el desastre de Annual:

Era preciso hacer caer el fuego del cielo a los que nada esperan de la obra del progreso, sino del fatalista mandato de un Dios vengador. Y el fuego del cielo, forjado por la civilización, empezó a caer todos los días sobre los aduares rifeños, porque España así lo quiso, ya que tiene la necesidad histórica de condicionar el dominio de este suelo africano, donde todos los arroyos saben de su sangre…

Como se observa, el joven piloto ya apuntaba maneras. La frase más relevante del párrafo anterior y que figura en itálicas contiene dos afirmaciones que había ido madurando y a las que se atuvo en su carrera posterior. Por un lado, el mandato de la historia, como si esta exigiese o impusiera un determinado rumbo y solo uno. Por otro, un nacionalismo de medio pelo, muy a tono de la épica y de la época. Ambas características expuestas en tonos altisonantes, pero que eludían la cuestión principal: ¿quién y cómo se interpreta el supuesto «mandato» de la historia? Que sepamos, la Historia (con mayúscula) puede y suele tener una amplia gama de sacerdotes.

Naturalmente toda guerra exige sacrificios y por ello, quizá, Acedo Colunga evocó las inevitables lágrimas que acompañaban a quienes partían con rumbo a Marruecos. Se refirió melosamente al «divino aplauso popular» que excitaba a muchos a abandonar «puestos cómodos y espléndidamente retribuidos para volver al servicio activo y recibir crueles heridas en las operaciones de la Reconquista» [sic]. Sin haber estudiado las escalas de retribución de los oficiales de las fuerzas peninsulares y las de quienes servían en África no me atrevo a pronunciarme. Por otras obras de memorias (Arturo Barea, Antonio Cordón) cabría afirmar que servir en Marruecos no era mal negocio desde el punto de vista crematístico y de obtención de honores y condecoraciones, por no hablar de la posibilidad de hacer una carrera más rápida.

Hay que destacar que esta primera incursión editorial de Acedo Colunga —que durante muchísimo tiempo no se vio seguida por ninguna otra, ya que tardó más de treinta años en publicar un segundo libro— se caracteriza por la relativa ausencia de lo que un jurista ya con cierta experiencia del derecho probablemente hubiera analizado: la evolución de la organización y bases reglamentarias de la Aviación, las dificultades de aprovisionamiento de material moderno, las experiencias realizadas con diferentes enfoques, etc. Algo de ello apareció, aunque no mucho. Como autor se concentró en las experiencias y sicología guerreras desde un punto de vista laudatorio y puramente descriptivo. Que sepamos, su obra recibió reseñas un tanto banales y bien intencionadas. Hoy, catalogada en la Biblioteca Nacional de España, es difícilmente encontrable.[168] En su momento, fue todo un éxito. Según World.Cat Identities se le hicieron cinco ediciones.

Lo que Acedo Colunga enfatizó en su librito es que cuando estuvo volando bajo los cielos marroqués fue el tiempo en que en realidad se forjó la aviación militar española. Esta aventura la vio y la vivió en carne y hueso. Pocos años después, en los cursos para jefes de unidades tácticas aéreas, Alfredo Kindelán, posteriormente famoso, dio clases sobre la aviación hasta la guerra de 1914. En ellas exponía datos del diario de operaciones de la primera escuadrilla expedicionaria que había actuado en Marruecos desde el año anterior. También que la producción de material en gran escala había comenzado en España en 1914, con un éxito cierto ya que en los primeros díez años se habían fabricado en torno a 16.000 unidades de bombas de diversos calibres. Desde el primer momento se había previsto la utilización creciente de bombardeos en las operaciones en Marruecos y, naturalmente, el estallido de la primera guerra mundial obligó a concentrarse en el aumento de la capacidad productiva nacional.[169]

PRESENTE EN LA FORJA DE LA AVIACIÓN MILITAR

Acedo Colunga vivió, en una palabra, lo que también dio en llamarse el «despertar de la aviación española», como anotó Salas Larrazábal. Según este autor, dicho despertar se inició con dos grupos de escuadrillas, basadas en Tetuán-Larache y en Melilla respectivamente, a las que más tarde se añadió una escuadrilla de hidroaviones, también en Melilla, donde en 1923 se recibieron los primeros Dornier Wal.

Las misiones en las que participó Acedo Colunga fueron en general de bombardeo, pero de vez en cuando también hizo fuego de ametralladora («¿vengador?») sobre decenas y decenas de hoy ya más que olvidados villorrios. El 26 de abril de 1922 le llegó su primera condecoración (no escaseaban en las campañas africanas). Fue muy modesta: la Medalla Militar de Marruecos, con el pasador de Melilla. Por algo se empieza.

El joven piloto experimentó varios percances con sus aviones, pero sin que de ellos se desprendieran graves consecuencias. De las escuadrillas de Melilla (a las que dedicó algunas páginas de su libro) pasó en octubre de 1922 a Alcalá de Henares. En julio de 1923 se le destinó, como jurídico militar, a la Auditoria de la 1.ª Región. ¡Madrid! Lo fue en el Servicio de Aviación y es verosímil que no tardara en querer situarse entre ambos mundos, el jurídico y el del cielo.

Esta doble carrera terminó siendo una constante en su trayectoria profesional, ya que, volando o no volando, lo acompañó a lo largo de los siguientes años. La mezcla del derecho y de la aviación hizo de él un experto temático. Por lo pronto, en aquella época lejana, continuó moviéndose entre aerodrómos. Regresó a Marruecos para servir de secretario de causas de las Fuerzas Aéreas en Melilla, y, ¡bingo!, no tardó en recibir una Cruz de 1.ª Clase del Mérito Militar con distintivo rojo (pronto añadió una segunda).

En la primera mitad de 1924 continuó operando en los cielos marroquíes hasta su regreso a la Península para incorporarse a las escuadrillas de Granada. De nuevo, la «llamada de África» o la fuerza del destino lo llevaron a alternar entre los cielos españoles y los del Protectorado. Los anexos de su expediente personal no guardan absolutamente ninguna constancia de lo que pudiera haber pensado Acedo Colunga de la instauración de la dictadura primorriverista. Esto, que es bastante habitual en muchos expedientes personales, se encuentra en la documentación complementaria que en ocasiones figura aneja a las hojas de servicios. Como veremos, también en ciertos momentos, que nuestro protagonista debió de considerar significativos, en el caso que nos ocupa.

Por fin, Acedo Colunga fue herido y quedó asentado en la Península, destinado en Sevilla. En 1926, se le concedió otra medalla, esta vez la de Sufrimientos por la Patria, recompensada con una indemnización única de 2.400 pesetas y una pensión diaria por los 129 días que invirtió en su curación.[170] Podría afirmarse que ya empezaba a despuntar el héroe del futuro. Las heridas, sin embargo, no se produjeron en combate. Se las ocasionó un accidente de aviación en Huelva, en el término de Rociana, en junio del año anterior. Ello generó la oportuna investigación. El resultado no pudo ser más satisfactorio. Por suerte no le ocurrió nada grave.

El sufrimiento que hubiera podido producirle una cierta inactividad es posible que lo compensase la invitación que le cursó el rector de la Universidad de Sevilla. Se trató de participar en unas jornadas celebradas en marzo de 1926 con el fin de solemnizar el éxito del famoso vuelo del Plus Ultra entre Palos de Moguer y Buenos Aires. Su, naturalmente, brillante disertación le hizo acreedor a una felicitación del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¡Qué tiempos! Evidentemente, en su primera obra dedicó alabanzas extremas a los protagonistas del histórico vuelo. Obsérvese el aliento, que nos corta el propio:

El alma de la aviación militar, florecida en los aeródromos africanos y dando al sentimiento nacional, acaso con admirable intuición, la medida de nuevas orientaciones internacionales más perfectas, es transportada por el comandante Franco y el capitán Ruiz de Alda a los países hermanos de Sudamérica. Porque no era la audacia de éstos, ni la habilidad extraordinaria de «Franquito», ni la preparación técnica de Ruiz de Alda, o los auxilios de Durán y de Rada los que pasaron el mar; en realidad, así como los directores de los pueblos que se creen conductores no son más que un reflejo de estados generales de ambiente y polarizaciones de la energía social de un instante histórico, los tripulantes del Plus Ultra son también esto mismo: la manifestación de una energía colectiva que al individualizarse destacó un hombre y consumó un hecho glorioso.[171]

Para entonces nuestro protagonista había merecido otra distinción: tras su alta del accidente se desplazó a Madrid. Aquí recibió instrucciones para su participación en la comisión que representaría a España en la Conferencia Internacional del Derecho Privado Aéreo que debía celebrarse en París. No hemos examinado los currículos de los oficiales del Servicio de Aviación, pero hemos de suponer que no habría muchos que formaran parte del CJM. Así que un oficial que era funcionario de este y que tenía una cierta experiencia de combate bajo los cielos africanos, aunque nunca oscurecidos por la inexistente caza enemiga, representaba una combinación difícil de superar. Sobre todo cuando en febrero de 1927 la plantilla del CJM se redujo a 72 miembros, entre generales, jefes y oficiales.

En aquellos años también se dedicó a volar (la hoja de servicios es puntillosa en anotar las horas y minutos de duración de su permanencia en el aire) y a servir como secretario de la base y juez de Instrucción de la Escuadra en Tablada.

DESPEGA ACEDO COLUNGA

El año siguiente, 1928, cuando se publicó el libro ya mencionado, fue el del despegue de nuestro protagonista. En Aviación ascendió a la categoría de oficial aviador y, en marzo, empezó a desempeñar el cometido de juez con carácter permanente de la citada Escuadra de Tablada. También se le nombró para que representase al Servicio de Aviación en el VIII Congreso Jurídico Internacional de Aviación que se celebró en Madrid en los meses de abril y mayo. Su participación le valió una nueva felicitación, esta vez de la Presidencia del Consejo de Ministros. Simultáneamente se produjo un nuevo ascenso, en tal ocasión al empleo de teniente auditor de 1.ª, equivalente a comandante en el Ejército de Tierra. En 1928 también se creó el Real Aéreo Club de Andalucía, con una escuela de pilotos en Tablada.[172] Acedo Colunga no tardó en ser elegido vicepresidente y, más tarde, presidente.

Esto, que puede parecer una situación anodina, no lo era en modo alguno. Entre otras cosas le permitía cursar invitaciones a los actos que organizaba dicho club y relacionarse con sus jefes un poco fuera de la rígida atmósfera cuartelera. Entre ellos destaca un nombre importante: el ya coronel Alfredo Kindelán, jefe superior de la Aeronáutica Militar. Para entonces Acedo Colunga lo conocía lo suficientemente bien como para rogarle que intercediese en favor del traslado a Madrid de su hermano José, aspirante del Cuerpo de Vigilancia y destinado en Sevilla, a ver si podía prestar servicios en la Brigada de Ferrocarriles, una especie de policía especializada. Quienes debían autorizar el traslado eran en primer lugar el general Pedro Bazán, a la sazón director general de Seguridad, y por encima el general Severiano Martínez Anido, hombre fuerte de la Dictadura y famoso represor del movimiento obrero con mano no ya dura sino durísima.

Tampoco dudó Acedo Colunga en dirigirse a Kindelán con ocasión de su futuro ascenso a jefe de escuadrilla. Deseaba permanecer en Sevilla, le escribió, porque le consumían las tareas del Aeroclub, una revista que dirigía y sus deberes militares. Además, contaba con una amplia red de contactos personales y destinarlo a otro lugar equivaldría a truncar todo su trabajo anterior y la situación personal que ya se había labrado en la capital hispalense. Kindelán aceptó su ruego y nuestro protagonista continuó en Sevilla, haciéndose cargo de la sección de compras del Parque Regional Sur. Nada de ello le impidió seguir volando, algo que su hoja de servicios de nuevo registró meticulosamente. A la vez se ampliaron sus competencias en el ámbito castrense.

Fue en las postrimerías de la dictadura, y precisamente en su libro, cuando nuestro protagonista empezó a asomar su patita en el terreno político e ideológico. Lo hizo al final, en un corto epílogo que podría haberse ahorrado en casi su totalidad. Subrayó el papel de la aviación en la guerra mundial que, «con sus primeras ráfagas de animalidad civilizada», abatió las «hermandades que los hombres de distintos pueblos habían creado al conjuro de una ilusión socialista». Hoy la expresión necesita de una exégesis. No sabemos si sus coetáneos la entendieron fácilmente. Presentó la contienda como una pugna un tanto salvaje y rompió los lazos que ligaban entre sí a los distintos partidos socialistas nacionales, muy notablemente en el caso de Francia y, sobre todo, de la Alemania guillermina. La alusión suponemos que se refería a la hermandad predicada por el socialismo de la época. Como es notorio, se vio truncada por el fervor nacionalista y patriotero que se extendió por los dos grandes Estados que encabezaron el combate en tierras de Francia, esta y el Imperio alemán.

En consecuencia, Acedo Colunga alabó el papel creciente del Estado y de los nacionalismos. Caracterizó al fascismo italiano simplemente de «exaltación nacionalista». Se refirió a la «llamada del suelo». Aludió al sentimiento racial, en tonos todavía reducidos. Se situó no obstante tras la estela del supuesto teorizante político José María Pemán, que habría dicho que la evolución apuntaba «hacia el sentimiento racial». El eminente jurídico militar no hizo grandes pinitos, por lo que quizá sea exagerado presentarlo como un adelantado de lo que pocos años más tarde en Alemania estallaría como literatura del terruño y de la la raza (Blut- und Bodenliteratur).

Al referirse al caso español, Acedo Colunga se quejó de que «nuestras instituciones castrenses caminan en gran parte sin haber logrado encarnar en el corazón del pueblo». Algo sorprendente. Miembro de la casta militar, no podía plantearse que hubiera gente que viese en el Ejército la institución que había llevado a lo más granado de la juventud española al matadero de Marruecos, a tenor de razones que muchos no consideraban demasiado convincentes para pagar por ellas el tributo de su sangre.

Debemos prestar atención a su afirmación sobre la necesidad de alentar «el convencimiento de que era a las instituciones militares a las que se debía, no solo la formación sino la eternidad de la Patria». Tras este coletazo desembocó en una apología cerrada:

El Ejército es la Patria que se forma; la Patria que no quiere morir; la Patria dolorida en sus desastres y altanera en sus triunfos. La civilización que pasa, el trabajo que crea, la justicia que lo ordena todo, la fuerza que a todo impulsa y vivifica.

En definitiva, había que procurar la salud y energía de las instituciones militares, «que son la salud y energía del cuerpo nacional». Ello pasaba, aquí llegó la exhortación final, por el engrandecimiento de «nuestra marina defensiva y nuestra flota aérea. Bien sabe Dios que al emitir este juicio hay tal pureza en el propósito como encendido entusiasmo en el pecho. Lo dicta una firme y honrada convicción».[173]

Por razones que no constan en su hoja de servicios, el 1.º de septiembre de 1930 se incorporó a un nuevo destino. Esta vez en la Jefatura Superior de Aeronáutica del Ministerio de la Guerra, donde quedó afecto a la Oficina de Mando. Parece ser que se debió a una orden de su responsable, entonces el general de brigada Amado Balmes, de triste destino.[174] Debió de ser una contrariedad, aunque compensada por la autorización —preceptiva— para contraer matrimonio.

El año 1930 terminó mal para la Aviación como consecuencia de la fracasada sublevación de Cuatro Vientos poco después de la no menos fracasada sublevación de Jaca, ambas en el mes de diciembre. Participaron aviadores tales como Ramón Franco así como, ¿quién lo diría?, el futuro verdugo y asesino múltiple Gonzalo Queipo de Llano. Ambos hubieron de huir a Portugal y de allí saltar a Francia. En consecuencia, el gobierno Berenguer tomó medidas drásticas. La Aviación perdió su autonomía, amén de sus grados específicos y su uniforme verde. Muchos de los últimos oficiales volvieron a sus armas o cuerpos de procedencia. El único rayito de esperanza se produjo en enero de 1931: al menos el CJM se amplió a 91 miembros.[175]

En 11 de febrero de 1931, Acedo Colunga causó baja en Aviación a petición propia, con derecho, eso sí, al uso permanente del emblema correspondiente en su uniforme y a la percepción del 20 % del sueldo de su empleo como complemento. Quedó disponible en la 1.ª Región, es decir, en Madrid. El 7 de marzo del mismo año se le autorizó el traslado de residencia a Olvera (Cádiz). Entiendo que quizá porque era de allí de donde procedía o en donde había vivido su esposa. Poco después la Monarquía alfonsina cayó carcomida y un nuevo régimen político amaneció en España: la República.

UNA CARTA CURIOSA Y REVELADORA

El 24 de abril, Acedo Colunga, bajo palaba de honor, prometió servirla bien y fielmente, obedecer sus leyes y defenderla con las armas en cumplimiento del recientísimo decreto que así lo estipulaba. Ni que decir tiene que fue uno de los jefes que, años más tarde, se olvidó de dicho juramento. Otros compañeros suyos no lo hicieron, pero nuestro protagonista, como veremos, no parece que se viera atenazado por dudas insuperables. No pertenecía a la categoría de aquellos oficiales prusianos, no necesariamente nazis, que lucharon por el Tercer Reich hasta el amargo final cumpliendo con un juramento de lealtad pervertido.

Ahora llega la primera de las grandes incógnitas en la carrera del futuro arquitecto de la represión franquista. El 29 de abril, sorprendentemente, solicitó el alta en el servicio que acababa de dejar dos meses antes. Ignoramos qué le hizo cambiar de opinión. Por Orden del 4 de mayo se le destinó a la Escuadra n.º 2 de la Aviación Militar en Sevilla y en comisión en la Sección y Dirección de Aeronáutica del Ministerio de la Guerra. Cosas de la época. Se tenía un destino pero se trabajaba en otro, a varios centenares de kilómetros de distancia. Se incorporó el 6 del mismo mes y pasó a prestar sus servicios en el Negociado de Mando de dicha Sección. Todo muy normal. Aparentemente.

Díez días más tarde, desde Ronda, escribió a Ramón Franco, jefe de la Aeronáutica Militar tras el cambio de régimen (a Queipo de Llano se le había nombrado jefe de la Primera División con sede en Madrid). Nuestro protagonista informó a su nuevo mando que había estado unos días antes en el ministerio con el fin de incorporarse a su destino, que no había podido conocer hasta el 10. Profusamente expresó a Ramón Franco toda su gratitud por la amabilidad que había tenido en dejarlo en el ministerio.

Ramón Franco era un auténtico purasangre, en aquella época muy radical, muy republicano, con una fuerte vitola revolucionaria y héroe indiscutible tras su vuelo ultramarino. También era bastante alocado. Dice mucho sobre Acedo Colunga el tenor de la carta que le escribió. No tenemos duda de que su destinatario lo miraría con benevolencia. A pesar de su narcisismo consumado, «Franquito», como Acedo lo había denominado afectuosamente en su libro, no hubiera podido quejarse del tono con el que el joven comandante se dirigía a él.

En efecto, en su misiva Acedo Colunga manifestó que con verdadera satisfacción se pondría a sus órdenes indefinidamente, pero que había decidido cortar por lo sano y separarse del Ejército «para dedicarme a la vida civil de lucha, con el bufete y la política». Ya estaba inscrito en el Colegio de Abogados de Sevilla. Como quiera que tantos de los políticos españoles, bajo la Monarquía o en el nuevo régimen, eran juristas de formación, la idea de dedicarse a la política no tenía, en sí, nada de extraordinario. Cabe recordar que la incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía que se había aplicado a todos los miembros del Ejército se había visto atemperada desde mayo de 1915. A partir de entonces se restringiría a los casos de auditores jefes de las Auditorías de los Ejércitos, Capitanías, Comandancias Generales y Gobiernos militares.[176] No hemos indagado si Acedo Colunga actuó como abogado en la capital hispalense.

La primera manifestación escrita de tal condición que hemos encontrado, para colmo de su puño y letra, figura en la carta a Ramón Franco. La esfinge, o la hasta entonces relativamente opaca figura de Acedo Colunga, ¿se había descubierto una vocación política?, ¿se trataría de algo parecido a lo que ya había apuntado en su libro? De ser así, lo habría situado en las filas de los adictos «naturales» al régimen primorriverista. Aunque no necesariamente.

En la carta, que se conserva en su expediente personal y que por consiguiente no quiso destruir cuando ya se encontraba instalado en las inmarcesibles alturas de la dictadura franquista, Acedo Colunga hizo profesión de fe política. No sabemos si teniendo en cuenta la personalidad y la trayectoria del jefe al que se dirigía o reflejando un sentir personal auténtico. Nos limitamos a citar literalmente y a transcribir en itálicas lo que consideramos más significativo:

Mi credo radical solo se satisface dentro del orden y de la legalidad por esto aunque socialista en las ideas condeno cuanto estos días ha ocurrido y cuanto se está incubando. Por esto quisiera que en las alturas se acometieran reformas avanzadas, avanzadísimas, pero acompañadas de un gran despunte de autoridad porque sin ella se desbordan las pasiones sin provecho social.

Constatamos, pues, que nuestro protagonista se autoproclamó hombre de ideas radicales, pero en una dirección determinada: la socialista. En aquella época esta dirección la protagonizaba esencialmente el PSOE, que ya formaba parte del gobierno provisional. Es difícil que Acedo Colunga pudiera aludir oblicuamente a formaciones que, de una manera u otra, inscribían una interpretación mucho más radical que el socialismo, manteniendo a la vez el orden y la legalidad.

Esta referencia explícita podría llevar a la especulación de si no le atraía una orientación a caballo entre Julián Besteiro e Indalecio Prieto, representantes de las corrientes centrista o de centro-izquierda del PSOE. No hubiera sido el único. Pocos años antes Juan Negrín, afamado médico formado en Alemania y catedrático de Fisiología de la Universidad Central, había ingresado en tal partido. No tardó en situarse en el surco de la tendencia prietista.

Es cierto que el Ramón Franco a quien nuestro protagonista se dirigía representaba una corriente republicana, no socialista y mucho más radical. Por ello estimamos que no cabe descartar que Acedo Colunga quisiera cualificar inmediatamente su inicial autoconfesión a la que, dicho sea entre paréntesis, nada ni nadie le habría obligado.

Dejé en Mayoría la instancia de retiro:[177] no obstante mi decisión yo no hubiera salido de Madrid hasta que tú no me hubieses autorizado para ello: abusé de tu bondad suponiendo tu permiso ante la enfermedad de mi suegra y el apremio de mi mujer que no quería ir sola. Ahora me encuentro, aparte mis asuntos personales, con una enferma muy grave y como no creo te sea indispensable ni necesario espero, a no ser que me ordenes otra cosa, en poder ir a visitarles, bien por ser subordinado tuyo, bien por ser adicto y no digo devoto porque la palabra tiene resabios clericales. Te reitero mi adhesión y siempre quedo a tus órdenes, buen amigo y subordinado.

Como se observa, este segundo párrafo, además de la miel que rezumaba, muestra inequívocamente que Acedo Colunga había dado el primer paso para salir del Ejército. Así, pues, una carta que en principio parece anodina, no lo es tanto. Su autor se autopresentó como hombre de ideas avanzadas, si no avanzadísimas, quizá un poco en consonancia con la postura radical del destinario. ¿Quería dar coba a Ramón Franco? Eso sí, señaló con toda claridad que le repugnaba la violencia y nos parece evidente que con ello debía de aludir de forma indirecta a las alteraciones del orden público con quema de algunas iglesias que se habían producido en Madrid y varias ciudades de provincias unos días antes. En consecuencia, más que adscribirlo a una de las tendencias de dentro del PSOE, podríamos situarlo alternativamente, tal vez, en la misma estela que el nuevo ministro de Gobernación republicano, Miguel Maura. Como es notorio, este no había dudado en utilizar la fuerza pública para reprimir los desórdenes. Pero Maura no era socialista.

En el caso de nuestro protagonista, habría que combinar de otra manera las tres características mencionadas en su libro: militarismo, nacionalismo, socialismo. Todo ello apuntaba en germen hacia otra dirección: la fascista. El ejemplo podía encontrarse, para quien quisiera buscar alguno, en la Italia de Mussolini. La venenosa ideología nazi todavía no se había desparramado lo suficiente fuera de las fronteras de la República de Weimar, aunque juristas destacados a lo Carl Schmitt ya anunciaban una deriva preocupante en el campo del derecho.

INDICIOS DE LA IDEOLOGÍA DEL JOVEN ACEDO COLUNGA

El tono de la carta era, desde luego, de respetuosa subordinación y así debió de entenderlo el destinatario, que dejó escrito a lápiz un somero «muy bien». Con todo, la referencia a la vida civil de lucha y a la política de los anteriores párrafos indican, posiblemente, que el autor también quería cubrirse las espaldas. En consecuencia, la respuesta formal de Ramón Franco, el 23 de mayo, fue ambigua. Contestó que le parecía muy bien el propósito de nuestro protagonista y hacía votos muy sinceros «porque obtengas triunfos sin cuento en la vida civil; si bien sabes hubiera sido muy grato para mí poder contar con tu valiosa cooperación. No dudes me tienes siempre a tu disposición de la manera más incondicional».

Acedo Colunga debió de pensárselo mejor. Ignoramos las razones. El hecho es que continuó en Aviación y en la Oficina de Mando. Recibió a Ramón Franco pocos días después en Sevilla, junto a las autoridades locales y provinciales, en su calidad de ya presidente del Aeroclub. Todo desde su punto de vista probablemente muy normal.

No así desde la atalaya de su nuevo jefe. Ramón Franco se presentó como candidato a las elecciones constituyentes por las provincias de Sevilla y de Barcelona simultáneamente. En la primera, en el seno de una candidatura republicano-revolucionaria (en la que también figuraba Blas Infante), y en la segunda, a petición de Francesc Macià, en la de ERC. Por hacer uso de las instalaciones militares de la base de Tablada en su campaña electoral se vio expuesto a críticas e incluso se aventó la idea de un complot. Todo ello dio origen a un procedimiento judicial que terminó exonerando a Franco, ya diputado por Barcelona. En el detallado análisis que de este ha realizado otro jurídico-militar, Joaquín Gil Honduvilla, amén de historiador, no figura para nada el nombre de nuestro protagonista, que se encontraría en Madrid.[178] De las desavenencias que se produjeron entre los oficiales y soldados de la base de Tablada quedaron secuelas que aflorarían poco más de un año después en la Sanjurjada.

También cabe suponer que Acedo Colunga, al escribir su carta, pudiera pensar que su nuevo jefe no iba a durar mucho en el cargo. Tras los incidentes del aeródromo, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, apartó en efecto a Ramón Franco. En sus «cuadernos robados» dejó de él un retrato implacable:

Es una mezcla de brutalidad y de locura, y sus glorias de aviador han acabado de trastornarle la cabeza. Han querido hacer de él un político, y en realidad no sirve para nada, fuera del avión … Ha ido perdiendo popularidad (la popularidad de la cuarta página de El Heraldo) y este mozo, que representaba un peligro, no es ya nada: él solito se ha anulado.[179]

Igualmente cabe suponer que la crispación que se vivió en Tablada en aquel mes de junio de 1931 debió de producir una fuerte impresión en Acedo Colunga, aunque su nombre no figura en la detallada relación de Gil Honduvilla. Se añadieron otros que preludian la segunda sorpresa que nos depara la opaca relación de sus actividades en su hoja de servicios.

En dicho verano, el nombre de nuestro protagonista apareció entre los firmantes de una nota que hizo pública la autodenominada Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, un tingladillo que se encontraba en vías de legalización. La nota la recogió, por ejemplo, La Vanguardia en su edición del domingo 26 de julio. Acedo Colunga figuraba como miembro de su junta provisional. Los firmantes se pronunciaron en contra de los proyectos, todavía muy difusos, que alentaba el gobierno republicano en materia de reforma agraria.[180] En principio, reclamaban que esta última no se iniciara por medio de decreto.

Como es sabido, la reforma agraria fue una de las cuestiones medulares que empezaron a nuclear la dura oposición de un amplio sector de las derechas contra el nuevo régimen. Ahora bien, en el ánimo de Acedo Colunga quizá pudieron tener algo que ver la impresión, e interpretación, que le dejasen otros disturbios (amén de los que envolvieron a Ramón Franco y sus compañeros de candidatura). Se habían producido en la capital hispalense con ocasión de una huelga general y la proclamación del estado de guerra.

La huelga de Sevilla se había iniciado por motivos salariales y, dada la coyuntura, no dejó de tener implicaciones políticas. Como dijo uno de los fiscales de la Audiencia, testigo presencial de los hechos, «los obreros empezaban a querer ya, con urgencia, que se notase el cambio de régimen y que la patronal no siguiese actuando como dueña absoluta de la situación». Se trató, sin la menor duda, de una huelga iniciada por elementos comunistas y en la cual la Guardia Civil procedió con exagerada violencia.

A los pocos días de iniciada, mataron en el parque de María Luisa a un cojo, Jerónimo Navarro, muy conocido, y liquidaron a un segundo tullido y a dos obreros más, todos pertenecientes a las Juventudes Comunistas. El fiscal Galbe practicó una inspección ocular en el parque y llegó a la conclusión de que no podía tratarse de un caso de agresión a la fuerza armada, como se había dicho. La gota que colmó su paciencia fue que su jefe, Fernando González Prieto, declarara lo contrario públicamente. Galbe lo rebatió.

En el Congreso se armó el consiguiente alboroto. En Sevilla, un guardia civil intentó agredir al fiscal, que se defendió como pudo. A los pocos días este recibió la citación de un juzgado militar para incoarle una causa por «actos con tendencia a ofender de obra a fuerza armada». En el caso intervinieron uno de los abogados más famosos de Andalucía, Manuel Blasco Garzón; el director general de la Guardia Civil, José Sanjurjo, y el ministro de la Guerra, Manuel Azaña. Pocos días después la causa fue sobreseída.[181]

Uno de los responsables fue el capitán de la Guardia Civil Manuel Díaz Criado, de terrible memoria como exterminador en jefe a las órdenes directas del general Queipo de Llano cinco años más tarde.[182] La firma de Acedo Colunga del manifiesto se produjo al comienzo de las repercusiones que tuvieron los asesinatos del parque de María Luisa. Quizá pudiéramos especular que ya defendía las propiedades rurales de su esposa.

BAJO LA BANDERA TRICOLOR

En septiembre de 1931 se concedieron a nuestro protagonista dos meses de licencia por asuntos propios y se le autorizó a que se desplazara a Sevilla y Olvera. ¿Qué se le habría perdido en aquel pueblo de la provincia de Cádiz adonde ya se había trasladado oficialmente al menos una vez anterior? Inició su permiso el 18 de dicho mes y se reincorporó a su puesto puntualmente el 18 de noviembre. De nuevo, entre los posibles motivos, cabe pensar que pudiera haber tenido que ocuparse de alguna propiedad, heredada o por matrimonio.

En modo alguno se adoptaron medidas contra él. Es decir, a sus superiores en Madrid no parece que su oposición a la reforma agraria, que todavía se encontraba en mantillas, les incomodase lo más mínimo. Lo que nos parece más probable es que sobre él pudieran haber dejado secuelas los últimos sucesos sevillanos. De prestar alguna credibilidad a lo que Acedo Colunga escribió a Ramón Franco en conexión con las algaradas madrileñas de mayo, es altamente verosímil que lo que él hubo de interpretar como extralimitación de las izquierdas en su lugar de acogida exacerbase su odio a estas, ya fuera incipiente o no.

Eso sí, en Madrid no permaneció demasiado tiempo. Tampoco sorprenderá que solicitara —o le atribuyesen— nuevo destino. Esto no debería considerarse como muestra de desagrado. El 9 de diciembre se le asignó a la Escuadra n.º 2 de Aviación Militar en Sevilla. Incluso es más que verosímil que moviera influencias para lograrlo. Se hizo cargo de su mando como jefe accidental hasta el 9 de marzo de 1932 cuando, llegado un nuevo jefe, pasó a ser mayor de esta.

El 12 de julio se le designó para representar a España en la VII reunión plenaria del Comité Internacional de Expertos Jurídicos Aéreos que tendría lugar en Estocolmo del 21 al 23 de dicho mes. Fue, que sepamos, su primera salida al extranjero (descontando Marruecos). Aquí debemos hacer hincapié en una de las características de la carrera de Acedo Colunga: su escasísimo contacto con el mundo exterior. Naturalmente no era una singularidad. Numerosos fueron los jefes y oficiales que nunca estuvieron expuestos a realidades foráneas, salvo las realizadas —no siempre para bien— en el Protectorado. También cabe destacar que muchos de quienes sí lo habían estado, por ejemplo cursando estudios en escuelas militares (generalmente en Francia, pero también en Italia e incluso en Alemania) y que, en principio, pudieran haber aprendido algo de otras formas de entender la milicia, no dudaron en conspirar contra la República tan pronto pudieron.

Con todas las cualificaciones posibles hemos señalado que en los comienzos del nuevo régimen no parece que hubiese demasiadas «cosas raras» en la trayectoria profesional hasta entonces de Acedo Colunga. Lo que más le distinguía era su doble característica de aviador y de miembro del CJM. Cabría pensar que había ido desarrollando una postura de derechas, proclive al nacionalismo y al militarismo e incluso algo antirrepublicana, pero en ello no hubiera sobresalido demasiado. El nuevo gobierno facilitó la salida de quienes quisieran dejar el Ejército y la Armada. Con una sucesión de decretos apadrinados por Azaña se redujo el número desbordante de los que figuraban en filas. Una contracción a todas luces necesaria y que mucho más tarde también abordaría Franco sin que levantara ninguna señal de desaprobación como la que ocurrió en los años treinta. Lo que deseamos destacar en este contexto es que Acedo Colunga fue uno de los muchos que permanecieron en el Ejército.

Tampoco se sabe demasiado de los pormenores que lo llevaron a participar en la dinámica que precedió a la sublevación militar en Sevilla el 10 de agosto de 1932. Por consiguiente, hemos de hacer de nuevo algunas suposiciones. Cabe acentuar la vertiente castrense de esta, como es habitual. Sin embargo es preciso dar su parte a los antecedentes sociales e incluso políticos particularmente sevillanos.

La primavera de 1932 fue rica en disturbios en los campos andaluces y extremeños, donde poco a poco empezaban a penetrar las consecuencias de los cambios introducidos en el esclerótico sistema de relaciones laborales heredado de la Monarquía y en el acceso al mercado de trabajo. Eran aspectos absolutamente necesarios como correlato con la modernización económica y social a que aspiraba el nuevo régimen.

En Sevilla había habido una gran agitación social derivada del aumento del paro forzoso y del descenso en la demanda laboral por parte de patronos y propietarios y otros fenómenos colaterales.[183] Se había intensificado la pugna intersindical entre las organizaciones cenetistas y ugetistas. Las derechas, a través de sus actos y de su prensa, vieron la posibilidad de interponer obstáculos a las proyectadas medidas de reforma agraria, sin olvidar que las discusiones sobre el Estatuto de Autonomía para Cataluña habían levantado numerosísimas reticencias entre sus filas. La iniciación de la discusión parlamentaria respecto a las primeras había incrementado la inquina. Es decir, desde el punto de vista de la oposición a la República reformista e impaciente, varias corrientes de pensamiento y de acción confluían en la misma dirección.

En lo que se refiere a la sublevación militar, indudablemente la más peligrosa, algunos aspectos los relató después Azaña en el Parlamento. Otros los dejó consignados en su diario. Se le encendieron todas las alarmas el 22 de julio. Ese día, el ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, le relató los resultados de un almuerzo que Sanjurjo había tenido con Vicente Sol Sánchez, exgobernador civil de Badajoz y que hacía muy poco tiempo había cesado en Sevilla. Sol Sánchez, muy encomiado por Sanjurjo, no se atrevió a aceptar la invitación sin autorización de Casares, quien se los contó a Azaña aquel día.

Sanjurjo comunicó al exgobernador que Lerroux le había preguntado acerca del estado de opinión del Ejército. El entonces ya director general de Carabineros le presentó un memorial de agravios: la oficialidad estaba en una situación de gran desmayo, las filas las minaba el comunismo, el último decreto de retiros les parecía mal, etc. Querían un gobierno republicano y de orden contra los socialistas. En este elenco de despropósitos conviene señalar el que, en la práctica, se convirtió en el más importante entre los militares: la supuesta infiltración del peligro que representaban los malvados comunistas.

La pregunta era cómo atajar tan «nefastos» propósitos. En julio de 1932 no había demasiadas posibilidades de que la coalición gubernamental se rompiera. ¿Cuáles eran las alternativas? La argumentación del peligro «comunista», que se repetirá a lo largo de los años republicanos, era de una estupidez considerable[184] por mucho que la historiografía profranquista lo manejase profusamente durante la dictadura y se mantuviera incluso en la etapa democrática ulterior.[185] Azaña solicitó al director general de Seguridad, Arturo Menéndez, que le informase. Así lo hizo.

El Ejército contaba por aquel entonces con un negociado que seguía la pista a los manejos comunistas, que hay que entender hoy en un sentido bastante amplio. En aquella época ya eran muchas las corrientes que quedaban mezcladas bajo tal marchamo, en especial en términos de propaganda. Menéndez aportó datos y los apuntaló en estadísticas y gráficos. Azaña observó que en algunas cajas de recluta todos eran comunistas, pero reflexionó de la siguiente forma:

A primera vista parece alarmante, pero yo no lo creo así. La brevedad y comodidad con que ahora se hace el servicio los retrae de hacer locuras. Por otra parte los mozos que proceden del campo, aunque aparezcan afiliados en tales o cuales sindicatos y organizaciones «extremistas», no por eso son peligrosos en filas. La situación de la gente del campo es tal que todavía el cuartel representa para muchísimos una mejora, la seguridad de dormir caliente, de dormir en cama, y de trabajar menos. Se ha dado el caso en algún regimiento de que todos los soldados cumplidos pretendían reengancharse. Los comunistas hacen en España una propaganda «traducida». He visto hojas, dirigidas a los campesinos, en las que se predica «contra la guerra imperialista en Oriente», y cosas por el estilo que no les importan a los braceros españoles, ni saben lo que son…[186]

Azaña tenía razón. También subrayó que en las Cortes se discutía sobre la reforma militar y que muchos oficiales y jefes, retirados o no, se oponían a ellas de manera radical. Según indican sus diarios, en las semanas siguientes dedicó mucha atención a los informes de la Dirección General de Seguridad y de los servicios de escucha e interceptación de comunicaciones de la Telefónica. Poco a poco la marcha de la conspiración quedó balizada. La explosión no le cogió, pues, de sorpresa y, como es notorio, fue un fracaso absoluto.

PRELIMINARES DE LA SANJURJADA

La sublevación del general Sanjurjo y de numerosos compañeros de viaje del 10 de agosto tuvo innumerables consecuencias, para quienes lo llevaron a cabo ante todo, pero también para la República. La adhesión costaría a muchos de los primeros sus propias carreras, por lo menos hasta la amnistía que en 1934 concedió un gobierno radical presidido por Lerroux con el apoyo de la CEDA. Los efectos sobre la vida política y la evolución del nuevo régimen se hicieron sentir a lo largo de los siguientes años. El suceso ha sido objeto de incontables relatos en obras generales y específicas. No es nuestro propósito hacer un resumen de ellos.

Desde el punto de vista del comportamiento del protagonista de esta obra nos basta con señalar que el contacto que lo llevó a la conspiración fue el político onubense Manuel Burgos Mazo. Este caballero, exministro de Gracia y Justicia y de la Gobernación en los años anteriores a la dictadura primorriverista, sirvió de enlace con los generales y jefes que se agitaban en Madrid. Evidentemente debía de conocer de qué pie cojeaba Acedo Colunga. A mitad de julio, Sanjurjo se había encontrado con Burgos Mazo en Sevilla y le había manifestado su deseo de reunirse con los jefes de las distintas unidades de la guarnición. Subrayamos la fecha: a mitad de julio. A tal encuentro, pero sin dar detalles, se refirió el entonces teniente coronel Esteban-Infantes, a la sazón ayudante de Sanjurjo, en la hagiografía que dedicó a su antiguo jefe y amigo.[187] Sevilla era una plaza bien conocida del general. Había intervenido, con plenos poderes concedidos por el Gobierno, para resolver los incidentes de Tablada el año anterior y, sin duda, habría visto a muchas de las cabezas de la guarnición. Para nosotros no es necesario detenernos demasiado en la Sanjurjada. Sí es útil destacar algunas de sus consecuencias sobre Acedo Colunga y, de la mano de un especialista como Rubén Pérez Trujillano, traer a colación su impacto sobre un ámbito jurídico más general.

El jurídico militar e historiador Gil Honduvilla ha recurrido a las memorias de Burgos Mazo, que no he consultado. En ellas figura la noción elemental de que Sanjurjo quiso hablar con los jefes de las distintas unidades sevillanas. Algo obligado, pero lo que también resulta obvio es que con ello demostró que había puesto a la capital hispalense en su visor inmediato. Ha habido alguna controversia en la literatura acerca de esta elección. En principio, un golpe con posibilidades de éxito contra el Gobierno hubiera debido asegurarse de que su sede cayera en manos de los sublevados. Pero Sanjurjo quizá pensó en el ejemplo de Primo de Rivera en 1923 y en las circunstancias en que había debido desplazarse a Sevilla para acallar las disonancias que en la guarnición había provocado el comportamiento de Ramón Franco y sus aliados el año anterior. Por el contrario, Sevilla no tenía el peso de Barcelona y, desde luego, sabemos por los diarios de Azaña que este dio un suspiro de alivio al liquidar el conato de golpe en Madrid sin grandes dificultades.

Burgos Mazo se presentó en el domicilio de Acedo Colunga, lo cual implica un conocimiento mutuo algo más que superficial. Es decir, las opiniones políticas de nuestro protagonista, ya entonces formadas, tendrían que haber llegado a saberse no solo en determinados círculos militares sino también políticos. Desde su casa ambos telefonearon a posibles contactos. Esto serviría ya para desmontar los alegatos de que después nuestro protagonista fue muy tibio durante el intento de golpe. A la llamada acudieron oficiales de Artillería, Infantería e Intendencia, aunque no de Caballería. Más tarde, bien los mismos u otros se entrevistaron con Sanjurjo. Gil Honduvilla no entró a analizar los contenidos de estas reuniones, quizá porque sus fuentes proceden de la causa que se abrió posteriormente para esclarecer los acontecimientos del 10 de agosto. Lo que sí afirma es que algunos de los oficiales informaron a Burgos Mazo de lo tratado. Acedo Colunga se queda en la sombra no alumbrada por los papeles.

Por la tarde del mismo día, el político onubense intentó reunirse con Sanjurjo de nuevo, pero vio que este departía amigablemente con varios oficiales y jefes, alguno de los cuales tenía significativos antecedentes monárquicos, y desistió de hablar con el general.[188] No sabemos si en los documentos de la causa llegó a figurar como participante en tales reuniones el comandante Acedo Colunga. Tampoco hasta qué punto de su presencia en dichas maniobras clandestinas tuvo conocimiento la policía. Lo que parece claro es que el 10 de agosto sevillano llevó, por lo menos, en torno a un mes de preparación y que Sanjurjo no hizo ascos a contactar con militares de reconocidas simpatías monárquicas. Nos sorprende que este extremo no lo hayan subrayado todos quienes siguen manteniendo que el golpe no iba contra la República. También que el comandante jurídico-militar no vuelva a aparecer hasta su consumación.

Sin embargo, nos parece evidente que Acedo Colunga se desplazó a Estocolomo teniendo ya una idea bastante precisa de lo que estaba en vías de preparación. Era joven, sí, pero en modo alguno inocente. A su regreso, es impensable que se quedara quieto mientras en torno a él se agitaban los ánimos de los conspiradores. Que los manejos a que se entregaban tenían alguna que otra repercusión que llegaba a Madrid se deduce del comportamiento de Azaña y de Menéndez. El 27 de julio tuvieron noticias de las actividades de otro de los conspiradores, el general Manuel González Carrasco, en Granada y Sevilla. Según circuló en los medios de la conspiración, el golpe se había aplazado porque el Gobierno estaba enterado de lo que ocurría. Al día siguiente, a Azaña y Menéndez les llegó la buena o mala nueva de que Lerroux se jactaba de haber separado a Sanjurjo de la conjura de los generales.

El presidente del Consejo y ministro de la Guerra estaba al quite. Había observado en un acto protocolario los ademanes del director general de Carabineros y dicho al presidente de la República: «Sanjurjo debe de estar pensando alguna diablura». El 8 de agosto, Menéndez le comunicó que los conspiradores estaban dispuestos a lanzar el golpe de un momento a otro.[189] La reconstrucción de los movimientos que las diversas unidades hicieron, o no hicieron, el 10 de agosto de 1932 en Sevilla ha llevado a la conclusión de que las que servían en la base aérea no llegaron a participar activamente en el intento de golpe. Muy bien, pero ¿cuál fue el compartimiento de nuestro protagonista?

ACEDO COLUNGA EN EL 10 DE AGOSTO

El comandante, muy conocido como uno de los implicados en la trama, utilizó el coche oficial para desplazarse en repetidas ocasiones desde la base aérea a la capital. Uno de los declarantes en el procedimiento judicial incoado posteriormente señaló que tales hechos causaron «entre la tropa gran extrañeza». No sabemos exactamente por qué. El propio Gil Honduvilla en su tesis doctoral afirma que, en realidad, era en aquel momento el segundo jefe de la base aérea y que «sin duda alguna, oficiales como Acedo Colunga se encontraban unidos a la conspiración desde que esta empezó a tomar cuerpo» (p. 126).

Hacia la una de la tarde llegó inesperadamente Sanjurjo a Tablada cuando estaba prevista la comida. La compartió con los oficiales en una atmósfera fría. El rebelde general no logró que se pusieran de su lado. Uno de los comensales le oyó comentar que se había sublevado contra el gobierno de la República y especialmente contra los ministros socialistas. Podría haber sido un comentario marginal o improvisado, porque si Sanjurjo afirmó que no se sublevaba contra la República misma pero sí que lo hacía contra un sector del gobierno era rizar el rizo.[190] También una demostración de la carencia de sentido político o incluso de sentido común del ilustre general.

Los intentos de Sanjurjo de utilizar la radio para comunicarse con otras guarniciones no tuvieron éxito. Al final regresó a la capital sin conseguir su objetivo. No comentaremos este tipo de «paseos». Tampoco sabemos, desgraciadamente, qué habría estado haciendo Acedo Colunga durante todo aquel tiempo. Hemos de presumir que, en cuanto que uno de los mandos de la base y, según se conocía, implicado en el intento de golpe, es difícil que no estuviera presente en la comida y los actos posteriores. Quizá, prudente, se mantuvo en las bambalinas.

El Gobierno no se había quedado quieto. Mientras el intento de golpe en Madrid se encaminaba hacia su fracaso, Azaña telefoneó repetidamente al general jefe de la Segunda División Orgánica, Manuel González González. Al principio este respondió con evasivas. El ministro de la Guerra y presidente del Consejo notó inmediatamente que no daba muestra de celo, ni noticia de las medidas que hubiese adoptado o fuese a adoptar. Su juicio fue sumario: o era un cobarde o un traidor. Cuando devolvió la llamada, el general comunicó que Sanjurjo se había sublevado y que todas las fuerzas estaban con él, lo cual no era cierto. Azaña tomó el teléfono y le ordenó:

General, aquí el ministro. Cumpla usted con su deber, aunque le cueste la cabeza. Detenga a Sanjurjo y reduzca a los rebeldes. Dentro de media hora me da usted cuenta de haberlo hecho.

No sabemos si hubo llamada de retorno (Gil Honduvilla ha hecho un recorrido del comportamiento del general González González, que entregó el mando), pero Azaña empezó a dictar instrucciones. Habló con Marina para que una escuadrilla de torpederos remontase el Guadalquivir; ordenó a Felipe Díaz Sandino, accidentalmente en Madrid, que tomara el mando de una escuadrilla de aviones; envió instrucciones a Valencia, Alicante, Cádiz, Algeciras y Ceuta para que el mismo día se pusieran en marcha varias fuerzas. También que se organizaran otras de Asturias, León, Zamora y Valladolid para proceder, llegado el caso, contra Sevilla. Del mando se encargaría el general José Ruiz Trillo, excomandante de la 2.ª División, que, según escribió, no era un genio, pero que cumpliría lo que se le ordenase.[191] Mientras tanto la inacción de Sanjurjo llenó de asombro a Azaña. ¿A qué esperaba? Era absurdo, pensó, tener un día entero a una guarnición sublevada dentro de la misma población.

Si Acedo Colunga reacompañó a Sanjurjo a la capital, poco después debió de olerse que las cosas no iban bien. Hacia las seis y media de la tarde regresó a Tablada. Tengo la impresión de que, en su libro, Gil Honduvilla le extendió un certificado de demasiada buena conducta poco justificado al afirmar que «su comportamiento no fue el de un sublevado, sino el de un militar respetuoso con la legalidad vigente». Para ello aduce que se negó a registrar una orden recibida.[192] Se trata de una que había impartido Sanjurjo. De respeto, me parece un tanto tardío. También es verosímil que Acedo Colunga se hubiera sentido inducido a adoptar medidas para garantizar la vigilancia y el control de las instalaciones con el fin de dar muestras de celo cuando la posibilidad de éxito del golpe se había esfumado.

Dada su proximidad al núcleo de la intentona, Acedo Colunga no tuvo más remedio que reconocer rápidamente que se encaminaba al fracaso. No seremos tan mal pensados hasta el punto de recordar que, como es sabido, cuando un barco amenaza naufragar, son las ratas las primeras que lo abandonan. ¡Dios nos libre de considerar a un futuro y temible general franquista como el equivalente de tan repelente roedor! Especularemos, simplemente, con que se lo pensó dos veces, quizás también en el negro porvenir que le aguardaba si no cambiaba de dirección, y que, en consecuencia, se readaptó a una situación que no resultó como la que hubiera deseado.

Sin duda hubo algo más. Según el periódico La Voz (28 de marzo de 1933), en la sala de banderas del Regimiento de Infantería n.º 9 en Sevilla se celebró un consejo de guerra contra el alférez de complemento Rodolfo Robles César, que había hecho dos disparos de pistola contra Acedo Colunga con ocasión de los sucesos del 10 de agosto. El fiscal calificó el hecho como constitutivo de un delito con tendencia a ofender de obra a un superior y solicitó la pena de ocho años de prisión militar con las accesorias correspondientes. El defensor, capitán Delgado y García de la Torre, alegó la existencia de no delito. Consideró que no podía estimarse superior del acusado al comandante Acedo Colunga porque en el momento de producirse los hechos el alférez iba a proceder su detención por suponérsele a las órdenes del general Sanjurjo. En consecuencia, solicitó la absolución del procesado. Preguntado si tenía que hacer alguna manifestación, el alférez afirmó que se sentía orgulloso. Si se juzgaba que había cometido un acto punible sería por cumplir con lo que había considerado un deber de patriotismo: no disparó la pistola ante un enemigo personal, sino ante quien creía que lo era de la voluntad del pueblo, ante un enemigo del régimen republicano. Lo que había sufrido moralmente en siete meses de prisión, y lo que pudiera padecer en el futuro si el fallo fuese condenatorio, lo ofrecía fervorosamente en aras del engradecimiento y consolidación de la República. El consejo de guerra condenó a Robles a la pena de seis años y un día de prisión militar mayor con las accesorias de separación del servicio, como autor de un delito consumado de maltrato de obra a un superior con arma de fuego fuera de actos de servicio (art. 261 CóJM). El Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo se opusieron frontalmente al indulto de cualquier grado.[193] Fue una muestra de las discrepancias que se abrieron entre los poderes ejecutivo, judicial y luego presidencial que ha analizado Pérez Trujillano y que aquí no nos interesan.

Las consecuencias que para Acedo Colunga tuvo su mayor o menor participación en la Sanjurjada no fueron tan terribles como hubiera podido temer. Quizá por ello pensó que los dioses lo habían cubierto con su manto protector. Ciertamente no le cupo el honor —lo que quizá después le amargase un tanto— de ser deportado a Villa Cisneros, como ocurrió a muchos otros de sus compañeros que sí participaron abiertamente en la sublevación. Sin embargo, es posible que quizá temiese algo, pues el 15 de agosto de 1932 causó baja en el Servicio de Aviación y quedó disponible en la Segunda División Orgánica.

Así, pues, el comandante Acedo Colunga tuvo que ingresar en prisiones militares en calidad de procesado en la causa instruida por el juez delegado de la Sala Sexta del Tribunal Supremo en Sevilla. En dicha situación permaneció hasta el 20 de diciembre. En esta fecha fue trasladado por orden judicial a la prisión de Guadalajara. Seis días más tarde se le puso en libertad provisional. Esto le permitió regresar a la capital hispalense continuando en la situación de disponible. El 27 de abril de 1933, un auto de la Sala Sexta sobreseyó provisionalmente la causa seguida contra él y, el 4 de octubre del mismo año, el general jefe de la Segunda División Orgánica autorizó su traslado de residencia a Madrid. Sus sufrimientos por la patria no parece, en consecuencia, que hubieran sido excesivos.

Para entonces había habido algunos cambios en las Fuerzas Armadas. En diciembre de 1932 se establecieron como armas del Ejército las tradicionales más la Aviación y al año siguiente se creó la Dirección General de Aeronáutica. Estas medidas no se llevaron totalmente a cabo a causa de la dimisión de Azaña. Con ello se abrió un nuevo período, el denominado «bienio negro» que cambiaría la orientación de la política penal de la República. Al lado de esta evolución, no tiene demasiada importancia recordar que en julio de 1934 el poco duradero presidente del Consejo, Ricardo Samper, hizo una importante reestructuración.[194] Estableció la Dirección General de Aeronáutica con dependencia directa de su cargo y la dotó de amplias competencias.

Antes de los cambios fundamentales en la política republicana tras el colapso de la conjunción republicano-socialista, Acedo Colunga había tenido que aguantar algún que otro pellizquito de los para él, sin la menor duda, «despreciables» elementos civiles. El 3 de junio de 1933, por ejemplo, se publicó una carta del diputado socialista por Sevilla, Eladio Fernández Egocheaga,[195] al presidente de las Cortes en la que le rogaba reclamar el expediente instruido a quien había actuado «como comandante en el aeródromo de Tablada». Esto, todo hay que decirlo, no parece que hubiese correspondido a la realidad. Dicho diputado albergaba el propósito de formular una interpelación contra su sobreseimiento, «no obstante la gravísima responsabilidad» en que Acedo Colunga había incurrido.[196] Tampoco le acompañó el éxito, pero formularemos la hipótesis de que el comandante bien hubiera podido empezar a albergar negros propósitos de venganza contra los osados socialistas que se atrevían a ponerlo bajo la sombra de la duda.

EN ASTURIAS Y PENSANDO EN EL PORVENIR

Nuestro protagonista cambió de situación administrativa en varias ocasiones. No constituyen un capítulo interesante. El 8 de septiembre de 1934, declaró que no pertenecía como socio, afiliado o adherido a ningún partido, centro, agrupación, sociedad, organización o entidad de carácter político, sindical o societario. Lo hizo, como tantos otros, en virtud de lo dispuesto por el decreto del Ministerio de la Guerra del 19 de julio precedente. Es evidente que había aprendido a nadar entre dos aguas. Su aventura, a la diferencia de otros compañeros de subversión, discurrió sin graves consecuencias. Acedo Colunga no podría autoproyectarse hacia el exterior como un héroe, pero sí como alguien adicto a la idea de «otra» República. No tardó en demostrarlo y también en poner de manifiesto lo mucho que ya había aprendido.

En primer lugar, no sabemos cuándo ingresó Acedo Colunga en la UME (Unión Militar Española), pero lo cierto es que figuró en un largo listado de cerca de dos mil nombres que los servicios de inteligencia republicanos compilaron en 1937. Lo hicieron con los datos procedentes del Negociado de Control de Nóminas del Ministerio de la Guerra que funcionaba en la DGS.[197] Al parecer, a los nombrados en dicho listado se les detraía una determinada suma de sus sueldos para financiar tal organización subversiva. Hay dos posibilidades, que Acedo Colunga lo hiciera antes de la revolución de Octubre o después. Las implicaciones para su biografía son diferentes, pero no tanto para su comportamiento, que al fin y al cabo es lo que cuenta para nuestros propósitos. Podemos pensar que fue después de aquellos acontecimientos, porque en la compilación aparece con el empleo de teniente coronel. Sin embargo, esto no es sino una suposición.

En efecto, en octubre de 1934 ocurrió un hecho muy relevante, aunque desgraciadamente nada aclarado en su hoja de servicios. Algo que, como veremos, es consustancial a esta. En la Gaceta del 13, una orden del Ministerio de la Guerra, fechada dos días antes, dispuso que «en atención a las extraordinarias circunstancias que demandan crecido número de personal en el Cuerpo Jurídico Militar para atender debidamente los servicios de Justicia», los jefes y oficiales de este que se encontrasen al servicio de otros Ministerios podrían agregarse al de la Guerra con carácter transitorio a las Auditorías y Fiscalías que sus servicios se considerasen necesarios o convenientes.

¿Qué había pasado? Nada más ni nada menos que tras varios meses de azuzamiento contra el movimiento obrero, particularmente en el ámbito campesino, por parte del ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, con el beneplácito del resto del gabinete, la situación había ido deteriorándose. Tras la entrada de la CEDA en el Gobierno estalló la tan anunciada reacción de la izquierda, que condujo en Asturias a la denominada «revolución de Octubre». La literatura sobre este hecho es abundante. Lo es menos el análisis de la evolución de la política penal que se abatió sobre los revoltosos. Se tradujo en una acentuación de la militarización a través de una un tanto torticera interpretación de la declaración gubernamental del estado de guerra. La jurisdicción castrense investigó los delitos de su competencia como si se tratara de casos de rebelión militar y de auxilio a esta. También añadió otros de carácter común, como el de tenencia ilícita de armas de fuego.

Una Orden del mismo Ministerio de la Guerra (Gaceta del 14) creó, afecta al Ejército de Operaciones de Asturias y formando parte de su cuartel general, una Auditoría que ejercería la jurisdicción militar en todo el territorio en que actuase. A la par, se estableció una Fiscalía Jurídico Militar que funcionaría dentro del mismo cuartel general y en la expresada Auditoría. El Gobierno procedería con toda contundencia contra los revoltosos. Francisco Luis Pascual Sarría, que escribe nada menos que en 1998, no tuvo inconveniente en caracterizar la situación creada como de «pre-guerra» (p. 96), una exageración por dondequiera que se mire. Refleja quizá la asunción, todavía hoy aceptada por algunos autores, de que se trató de algo más que la explosión de cólera de una parte del sector obrero ante lo que parecía desvirtuación por parte del nuevo gobierno radical-cedista del futuro de la República. Tales organismos fueron suprimidos por orden del 30 de enero de 1935, que dio un plazo de veinte días para su disolución.

A Acedo Colunga se le destinó a la Fiscalía. Con ello, uno de los sublevados de 1932, de tendencia derechista y con escasa simpatía hacia las izquierdas, se acercó a un puesto en el que podía descargar su ira contra los revolucionarios. En aquellos momentos el número de miembros del CJM no era excesivo. De los 153 del año 1931, en 1934 habían descendido a 105, y después volvieron a reducirse ligeramente.[198]

Según señala Gil Vico, nuestro personaje estuvo, bajo las órdenes de Gonzalo Zarranz Mariana,[199] designado al frente de dicha Fiscalía. Zarranz era un jurídico militar conocido por su participación como fiscal en el consejo de guerra seguido hacia 1929, por excitación a la rebelión contra la dictadura primorriverista, a José Sánchez Guerra y otros militares y políticos de la época. La asignación de Acedo Colunga puede enmarcarse en lo que Pérez Trujillano ha denominado la contrarreforma judicial y militar que apoyó e incluso estimuló la CEDA durante el denominado bienio negro, un capítulo que los abundantes panegiristas de esta no suelen resaltar. La contrarreforma

tuvo un impacto tal que reconfiguró la propia estructura de la justicia militar. La Auditoría de Guerra encargada de reprimir la revolución de Asturias en la jurisdicción castrense fue fletada con jueces y fiscales militares activamente derechistas y antidemócratas.[200]

Nos parece que, para entonces, Acedo Colunga ya encajaba bien en esta tipología. Ciertamente, el número de causas incoadas por la Auditoría en la que sirvió fue enorme. Según Gil Vico, ascendió a 1.156, de las cuales 212 fueron sobreseídas provisionalmente y generaron cincuenta sentencias. En comparación, las cifras correspondientes incoadas por la Auditoría de la Octava División Orgánica (Galicia), cuyo papel es mucho más conocido, ascendieron a 266, de las cuales 159 fueron sobreseídas también provisionalmente y 97 por amnistía. Esta última auditoría dictó, por el contrario, 219 sentencias.[201]

Sobre el comportamiento específico de Acedo Colunga hemos localizado la valoración del mismo autor de que «como otros fiscales, solicitaban condenas graves a veces guiados más por cuestiones desiderativas que jurídicas».[202] Podríamos decir que se dejaban llevar más por sus propios mecanismos de proyección que por la fría valoración de los hechos.

De todas maneras, la dura labor de castigar revolucionarios o, al menos, intentar que se les castigase severamente no hizo olvidar a nuestro protagonista los imperativos de su carrera como miembro del CJM. Poco después de llegar a Asturias escribió, el 16 de noviembre, una carta —que se conserva en su expediente personal— a Apolinar Sáenz de Buruaga, nombrado a la Jefatura de la Aviación Militar.[203] Sin duda, se conocían de las campañas en Marruecos, en las que este último había destacado en varias ocasiones.

Acedo Colunga se había enterado mientras estuvo en Madrid de que en la próxima plantilla de Aviación se había creado una plaza de teniente auditor de 1.ª clase (equivalente a comandante), a causa de una reorganización de los servicios. Así que se apresuró a declarar que, como ya había señalado anteriormente, su deseo era que le destinaran a la Aviación Militar como jurídico. Adujo que se sentía con mayor vocación y más capacidad para el desempeño de las obligaciones inherentes a dicho empleo. Desde hacía años se había dedicado en esa dirección de tal manera que, cuando se le llamó desde Sevilla —lo hizo el general Amado Balmes—, «fue con notorio perjuicio para mi despacho profesional y para mis actividades, entonces vinculadas a Sevilla». Esta es una nueva indicación escrita de que en la capital hispalense había ejercido su profesión de abogado, pero seguimos sin saber con qué intensidad o con qué resultados.

Para entonces Acedo Colunga no tenía el menor interés en reincorporarse a la Aviación propiamente dicha. Lo explicó así:

Orientada mi vida, conservo por mi título aeronáutico un gran amor y por todos vosotros, antiguos compañeros y jefes, un sincero afecto. Pero mi camino no es ese, ni en él puedo obtener las ventajas del prestigio ni otras para las que no experimento atracción.

En definitiva, lo que le interesaba era regresar al servicio jurídico en la Dirección General de Aeronáutica. Nada hace pensar que el Mando de la época estuviera descontento con él. El 7 de febrero de 1935, se decidió que prestaría sus servicios en comisión como asesor jurídico en la señalada Dirección General, pero continuando en situación de disponible en la Primera División Orgánica y en la comisión que desempeñaba en la Fiscalía jurídico-militar de la Comandancia exenta de Asturias. Como sabemos, esta adscripción ya no duró mucho. Da una idea, con todo, de la complejidad de destinos en la época que puede llegar a desorientar a historiadores no avezados.

Poco despues, el 28 de febrero, la decisión precedente fue enmendada en el sentido de que los servicios los prestaría Acedo Colunga para los asuntos de justicia militar en la Jefatura del Arma de Aviación perteneciente a la Dirección General. El 1.º de marzo de 1935 se incorporó a esta. El mismo año le trajo buenas noticias. La acción penal derivada de los acontecimientos de Sevilla se declaró extinguida a todos los efectos y con ello el sobreseimiento provisional. Lo curioso del caso es que en su expediente personal su carta a Sáenz de Buruaga es la última que se conserva.

UNO DE LOS ARIETES DE LA REPRESIÓN JUDICIAL

Hay, en efecto, en dicho expediente un gran vacío hasta después de la guerra civil. Nada sorprendente, por lo demás. ¡Cuántos expedientes personales y hojas de servicio se destruyeron y/o se modificaron tras la victoria! Eso sí, nos llama la atención que falte la menor referencia a un servicio muy importante. En el mes de febrero de 1935 había actuado como fiscal en el consejo de guerra al que fue sometido el diputado socialista y destacado miembro del PSOE y de la UGT Ramón González Peña, por su participación en los acontecimientos de Asturias. La vista, que se celebró en Oviedo, acaparó bastante interés, sobre todo en la prensa local. Es característico del personaje que solicitara la pena de muerte para el procesado. El consejo de guerra le siguió, pero González Peña fue, como tantos otros, indultado por el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.[204]

Los sucesos de octubre de 1934 han dado origen a una abundantísima literatura. La mayoría de los historiadores los considera en sus propios términos, sin negar que el sesgo de violencia en ellos desatado implicó un muy importante realineamiento de las fuerzas políticas y que contribuyó a la polarización creciente de la sociedad española.[205] No obstante, como ha señalado Rafael Cruz, las derechas montaron una interpretación que en ciertos sectores permanece casi inconmovible hasta la actualidad.

Hacen, en efecto, de la «Asturias roja» casi una copia de la Revolución rusa de 1917, con los mineros y rebeldes motejados de bárbaros y salvajes tras elaborar «relatos de dolor y horror soportados por las víctimas». Es más, la responsabilidad por tales atrocidades no solo se hizo recaer sobre los victimarios, sino, en realidad, sobre las fuerzas políticas derrotadas en las elecciones de noviembre de 1933. Siempre como prólogo a una nueva revolución, aún no iniciada, pero cuyo peligro ya se vislumbraba en el horizonte. El comandante Acedo Colunga fue uno de los adelantados de esta interpretación.

Corresponde a Pérez Trujillano haber realizado un análisis comparativo de las causas seguidas, entre otros, a Francisco Largo Caballero, Teodomiro Menéndez Fernández y Ramón González Peña, todos dirigentes socialistas, en su aún no publicada tesis doctoral. Existen argumentos comunes en ellas, pero la del tercero nos interesa particularmente, ya que correspondió a Acedo Colunga actuar como ponente. No estará de más recordar que para los dos últimos los fiscales solicitaron en ambos casos la pena de muerte.

La causa nº. 831/1934 se cerró con la sentencia menos de una semana después de que se conociera la condena impuesta a Menéndez. Juzgaban los mismos militares y resolvieron en igual sentido. González Peña fue declarado autor del delito de rebelión militar en grado de consumación porque, como miembro del comité revolucionario de Oviedo, dirigió los ataques a la Fábrica de Armas de La Vega y al cuartel de Pelayo, robó en el Banco de España y, entre otras acciones, decidió sobre el destino de los prisioneros. Se emplearon torticeramente las declaraciones de Menéndez y otro acusado como acusaciones testificales de sus crímenes y, a su vez, se usó la de González Peña para inculpar a Indalecio Prieto y al grueso del PSOE.

El diputado socialista fue condenado como Menéndez con las mismas circunstancias agravantes y con la declaración de responsabilidad civil por los «incalculables daños producidos». Lo que diferenció su juicio del anterior estribó en que Acedo Colunga se las apañó para que sirviera de ariete contra las organizaciones socialistas. Se usó el cargo del procesado en el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, adscrito a la UGT, para decretar su disolución, previa declaración de asociación ilícita. Esta interpretación se tradujo en las medidas judiciales contra algunos de los sindicatos socialistas mediante la confusión entre sus actos volitivos y su naturaleza jurídica. Además, la sentencia arremetió contra la estructura del socialismo español en su conjunto. Evidentemente, los militares iban a por todas. El consejo de guerra conminó, también, a la jurisdicción ordinaria a que abriera causa al efecto. El fallo reprodujo la fórmula e impuso la misma pena que a Menéndez con, entre otras, las singularidades atinentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Acedo Colunga confirmó la sentencia sin solución de continuidad. Describió como «divagación patética» el discurso que el procesado dio en el uso de la última palabra que le confirió el tribunal con la intención de que se le tratara con «un nimbo de simpatía». Sin embargo, resultó evidente que para él no merecía derechos en el orden jurídico ni respeto en el orden moral. Acedo Colunga despachó con ligereza los alegatos de la defensa y del propio condenado. González Peña intentó por todos los medios destacar el «desbarajuste» vivido en Asturias y la falta de control y centralización del movimiento. En sus discursos ante la comisión de suplicatorios y ante el consejo de guerra se mostró a sí mismo y al resto de dirigentes políticos y cargos públicos implicados como personas empeñadas en contener la insurrección, algo que en realidad había ocurrido.

En ambos casos la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo votó en relación a la conveniencia de proponer el indulto al ministro de Justicia para que este la elevase al presidente de la República. Tras el empate, la calidad dirimente del voto del presidente del tribunal impuso la primera de las alternativas. Se trataba de una solución intermedia, pues, si bien impidió la ejecución de la pena capital, no cuestionó la calificación jurídica de los hechos ni la consecuencia punitiva de los fallos.

Escudándose en razones utilitaristas para la futura reincorporación del PSOE al terreno de la competencia política legal, se perdonó la vida a los dirigentes, pero se les impuso la pena de reclusión perpetua. En el caso de González Peña, el presidente consideró innegable que había «suficientes razones» para condenarle a «la irreparable pena». Solo «razones de utilidad pública con absoluta independencia de la justicia y la equidad» podían aconsejar proponer un indulto al Gobierno. En este supuesto sería menester actuar «con fina percepción de la realidad política» y atendiendo a «sus relaciones con la jurídica». En definitiva, la razón de Estado aconsejaba dos cosas: afianzar la justicia militarizada, autoritaria, vindicativa e implacable y abstenerse de ejecutar la pena de muerte de los dirigentes políticos de la oposición obrera. En dicha intersección se encontraba, a juicio del señor presidente del Tribunal Supremo,[206] la «diferencia sensible» entre «el delincuente político y el perverso malhechor».[207]

No sabemos si la ausencia de toda mención en la hoja de servicios de un consejo de guerra muy publicitado lo fue por casualidad. Como veremos, el período con gran diferencia más interesante y más importante en la carrera como fiscal de Acedo Colunga es también el menos documentado y escrito en gran parte con la misma letra. Pero, en definitiva, sostenemos que en el período 1932-1935 nuestro protagonista consolidó una ideología militarista, invasiva y expansiva en consonancia con el proceso general que los gobiernos radical-cedistas intensificaron desde sus comienzos y que en la huelga general de campesinos de junio de 1934 y después en los acontecimientos de Asturias fue acercándose a su culminación.

Y DESPUÉS DE ASTURIAS, ¿QUÉ?

Suponemos que en el CJM las prestaciones de Acedo Colunga fueron valoradas, pero de nuevo hay que acudir esencialmente a su hoja de servicios. Es el instrumento fundamental para seguir, en parte, las sucesivas peripecias de nuestro personaje, en particular a partir de 1936.

Este histórico año empezó con una nota agradable. Con fecha 11 de febrero, unos días antes de las elecciones que dieron la victoria a la para él, suponemos, aborrecida coalición que se situaba tras el Frente Popular, se le designó para asistir a las reuniones del Comité Internacional Técnico de Expertos Jurídicos que se celebraría en París a partir del 24. Fue su segundo viaje al extranjero. También muy breve. Es imposible que se viera expuesto a formas diferentes de ver el devenir político de otro país, envuelto por cierto en circunstancias también un tanto convulsas. La comisión se le amplió para que en la misma capital tomara parte inmediatamente después en las reuniones de la Comisión Internacional de Navegación Aérea.

Cuando Acedo Colunga regresó a Madrid es difícil que no se sumergiera en la atmósfera febril de la política española. Aparte de su adscripción a la UME, no hemos encontrado ninguna referencia escrita que permita intuir hasta qué punto estuvo ligado a la conspiración militar que ya se desarrollaba con toda intensidad. Quizá en archivos privados puedan hallarse datos a tal respecto. Nuestro protagonista parece haber sido siempre muy prudente en cuanto a lo que debía conservarse y no en su hoja de servicios. Algún rumor que circula por la literatura de que había ingresado en Falange Española no hemos podido corroborarlo.

A raíz de las elecciones su situación cambió. El 27 de febrero se dispuso el cese de sus servicios de plantilla en la Aviación Militar y, como tal, de asesor jurídico en la Dirección General de Aeronáutica. A partir de aquel momento quedó en situación de disponible forzoso en la Primera División Orgánica. Esto no impidió el ascenso en que Acedo Colunga confiaba desde un año antes. Finalmente, se produjo, y se convirtió en auditor de brigada (equivalente a teniente coronel en el Ejército de Tierra). Como ya hemos visto, en la nómina de miembros de la UME aparece con este empleo y en situación de disponible, pero ello no da demasiadas pistas, excepto que es altamente probable que habría sido sometido, al igual que tantos otros jefes y oficiales e incluso suboficiales, al lavado de cerebros que llevaba a cabo la UME, con el conocimiento de los servicios de inteligencia militar y, suponemos, civil.

En aquel momento, el número de auditores, comprendidos todos los grados, había descendido a 101. Lo componían un auditor general del Ejército (el máximo grado) y 21 de brigada (entre ellos uno a quien volveremos a encontrarnos más tarde, Ángel Manzaneque Ferrer; un compañero distinguido también en Asturias, Eugenio Pereiro Courtier, y un tercero que igualmente daría para mucho en la dictadura franquista, Máximo Cuervo Radigales). Los auditores de división, o coroneles, eran once (entre los cuales figuraban Zarranz y quien llegaría a ser la mano derecha de Queipo de Llano en la salvaje represión andaluza, el ya mencionado Francisco Bohórquez Vecina).

El empleo que Acedo había dejado atrás era el más numeroso, con 33 tenientes auditores de 1.ª. Entre ellos se hallaban dos cuyos nombres serían sinónimos de dureza, cuando de no de infamia, Lorenzo Martínez Fuset y Blas Pérez González, y un socialista que ocupó puestos de suma importancia en la guerra civil: José Prat García, en continuación de sus servicios a la República. De los 26 tenientes auditores de 2.ª sobresalen Tomás Garicano Goñi y Rafael Díaz-Llanos Lecuona. Los últimos en llegar fueron nueve.[208]

Volviendo a nuestro protagonista, nos parece algo curioso que, sin cambio en la situación de disponible forzoso, se le concediera una licencia de dos meses por asuntos propios para viajar a Suiza y Alemania. Los motivos que adujo no se especificaron en su expediente. Pudieron ser particulares o de otra índole. Nada en su trayectoria hasta aquel momento nos hace pensar que hubiese tenido algo que ver con ninguno de ambos países. Un militar derechista y que se había significado en la represión jurídica de Asturias es obvio que no se sentiría a gusto bajo el nuevo gobierno y, simplemente, quizá utilizó un pretexto cualquiera para poder salir de Madrid. Los movimientos, sin embargo, en la primavera de aquel año de connotados militares son, por definición, sospechosos. Desgraciadamente, la hoja de servicios no consigna la fecha a partir de la cual empezó a disfrutar de tal licencia. Incluso no sabemos si estuvo en dichos países o no. Habría sido la primera vez que hubiese permanecido fuera de España por una duración superior a unos cuantos días.[209]

Hemos de señalar un dato que nos parece importante. Lo que antecede se consigna en su hoja de servicios en un tipo de letra que es la misma utilizada para describir sus actividades durante todo el período de la guerra civil. De aquí inferimos, sin demasiado temor a equivocarnos, que lo que se refiere a aquel supuesto viaje al extranjero se escribió a posteriori, es decir, bajo el control estricto e instrucciones del nuevo auditor de brigada y probablemente terminada la contienda.

Cuando estalló la sublevación, Acedo Colunga no estaba en Alemania o en Suiza, si es que se había desplazado a tales países. Estaba en un sitio que aparece en su hoja de servicios por primera y única vez y que, a decir verdad, nos sorprende considerablemente. ¿Qué se escribió, pues, de manera oficial y en condiciones no fáciles de determinar?

El 18 de julio se encontraba en Gibraltar y el 19 por la mañana con el comandante don Eleuterio Sánchez Rubio y tres paisanos pasó a una lancha al torpedero 19 surto en la bahía de Algeciras y desde allí a las cinco de la tarde a la población de La Línea, en la que tuvo lugar un combate habiendo dos bajas, una de muerte, en los cinco que pasaron de Gibraltar. Hasta el 27 de julio actuó en Algeciras incorporándose en esta fecha a Sevilla, agregado a dicha Auditoría yendo en los meses de agosto y septiembre a diversas poblaciones en Andalucía a celebrar Consejos de Guerra en calidad de vocal ponente.

Eso es todo. No podemos sino sospechar que, por las razones que fuera, nuestro personaje no quiso presumir —o no pudo presumir— de sus servicios a la conspiración. Que sepamos, su nombre no ha aparecido en ninguno de los relatos sobre esta, aunque hemos de suponer que no le sorprendería.

CÓMO ACEDO COLUNGA SE FUE A LA GUERRA

Las hojas de servicios no se escribían en el vacío y, probablemente, no se redactaban sin el conocimiento de los afectados. También se hacían con su aprobación. A partir de ciertos niveles de empleo o por cualesquiera otras circunstancias, los interesados solían enviar a las Mayorías los documentos y certificados que demostraban algunas, muchas o la totalidad de las inscripciones que querían ver reflejadas en las hojas correspondientes. Se acostumbraba a silenciar aspectos que no deseaban que apareciesen y se incrustaban los que preferían resaltar. A la vista del balance entre lo escrito y lo ocultado es posible inferir algunas características de los oficiales, jefes o generales en cuestión. El de Acedo Colunga no es el único ejemplo con que hemos topado, pero, como este libro demuestra, es uno de los más significativos.

El aspecto que debemos subrayar sin gran temor a equivocarnos —aunque todo puede ocurrir— es que nuestro protagonista se encontraba en el Peñón en el momento de la sublevación. No sabemos si llevaba allí tiempo, si había buscado refugio en él porque no se sentía seguro en donde estuviera, si realizaba alguna misión clandestina o, simplemente, si tenía algún asunto personal. Lo que podemos conjeturar es que no se hallaba en Sevilla, porque de haber estado en esta ciudad es más que probable que, como en 1932, hubiera tenido algunos contactos constatables con los conspiradores de la Segunda División Orgánica. También podría haber ocurrido que se hubiera ausentado por temor a algún tipo de actuaciones contra él. Un teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar no era, en aquel verano de 1936, un don nadie.

También hemos de destacar algunas faltas de armonía en el texto reproducido. Da la impresión de haber sido dictado, o escrito, un tanto a la ligera y con notables imprecisiones. Por ejemplo, la lancha en que subió el grupo para llegar al torpedero, ¿estaba amarrada en Gibraltar? ¿Dónde? ¿En el puerto? ¿En alguna de las playas adyacentes? Y en cuanto al torpedero, ¿dónde se encontraba? Suponemos que fuera de las aguas británicas. ¿O en ellas? La bahía no es un charco. Hay indicaciones de que el torpedero no llevó a los huidos a Algeciras sino a La Línea. ¿Cuánto hubiese durado este recorrido si es que se encontraba cerca de la costa? Finalmente, cuando desembarcaron en territorio español parece que se toparon con una batallita en la que se produjeron algunos muertos entre ellos.

Son preguntas que uno se plantea sobre unas cuantas líneas de la hoja de servicios que suponemos fueron objeto de profunda meditación antes de dictarlas. El amable lector comprobará seguidamente que tal suposición no carece de fundamento.

Afortunadamente, además del expediente personal de Acedo Colunga en el Ejército del Aire, hemos consultado el que tiene abierto en el de Tierra. La hoja de servicios llega en este último hasta solo el año 1926, pero, por razones que no sabemos cómo explicar, figura en él una declaración jurada, firmada el 24 de noviembre de 1938, que no nos resistimos a reproducir. Tiene dos partes. La primera (A) exigía datos sobre «el tiempo permanecido en la zona no liberada, expresando la fecha y el lugar de presentación en el territorio nacional».

Nuestro protagonista precisó en esta ocasión algunos detalles que complementan lo expuesto en su otra hoja de servicios y que aclaran circunstancias que nos parecen de interés algo más general, aunque no ocultamos que presentan diferencias con las de la anterior. No podemos establecer si su declaración jurada se hizo antes o después de que hiciera escribir la hoja, pero nos inclinamos por lo primero, ya que está mecanografiada y que las otras referencias se hicieron, insistimos, siempre con el mismo tipo de letra manuscrita.

La declaración jurada, en la que ponemos en itálicas algunos aspectos en los que nos interesa detenernos, dice así:

El 18 de julio me encontraba en situación de derecho de disponible forzoso en la 1.ª División, y de hecho residente en Gibraltar, pasando en una gasolinera el día 20 por la mañana a bordo del torpedero 19, único punto del territorio patrio que me fue dado alcanzar, en compañía de comandante de Infantería retirado D. Eleuterio Fernández Rubio y otros cinco o seis españoles más, adictos a nuestra Causa y que se encontraban refugiados en el Peñón, hasta que, por la tarde, cuando fue tomada La Línea por fuerzas moras fui a esta población, vistiéndome de uniforme e incorporándome al cuartel durante el asalto que este sufrió y en el que se encontraba el tabor de Regulares que mandaba el comandante D. Amador de los Ríos [sic].

Esta declaración jurada aporta algunas divergencias interesantes. La que más nos llama la atención, de entrada, es que al filo del estallido de la sublevación nuestro protagonista se encontraba en Gibraltar («de hecho residente»). Esta es una expresión que podría caracterizarse de ambigua, según apliquemos la lógica conversacional o la jurídica. Sabemos, desde luego, que en aquella época la residencia en el Peñón carecía de las connotaciones que ahora tiene y que estar de residente en él no necesariamente significaba haberse presentado a las autoridades para trasladar el domicilio. Pero podría haber ocurrido, por ejemplo, que hubiese estado desde unos cuantos días antes de la rebelión o que llevara allí varias semanas. En ambos casos la pregunta es ¿por qué? Es más, ¿habría ido a Suiza o a Alemania? Gibraltar no fue un territorio inocente en los preparativos de la sublevación. En marzo de 1935, por ejemplo, al general en jefe de la Segunda División Orgánica, José Riquelme, se le había informado de que el exiliado general Sanjurjo había desembarcado en el Peñón y no es nada evidente que quisiera pasar unos cuantos días de asueto en él.[210]

Afortunadamente, en el archivo histórico del Colegio de Abogados de Madrid figura el expediente de depuración preceptiva a la que Acedo Colunga fue sometido en septiembre de 1939. En su declaración jurada al efecto, firmada el 24 de agosto, nuestro protagonista aclaró varios aspectos de interés para su biografía. En primer lugar, afirmó no haber pertenecido a partido político alguno previamente al Glorioso Movimiento Nacional. Esto, de haber sido cierto, permite rebatir las referencias existentes en la literatura que lo identifican como miembro de Falange antes del estallido de la sublevación. En segundo lugar, dio como referencias que podrían confirmar sus aseveraciones «cualquier Jefe del Cuerpo Jurídico Militar con destino en Madrid» y «cualquier abogado de la Junta del Colegio de Sevilla», mencionando específicamente a Joaquín del Moral y Adolfo Rodríguez Jurado.

Por un documento complementario anejo a la declaración nos enteramos de que, además, antes de 1936 también había sido miembro del Colegio madrileño. Más importante es que, según él mismo indicó, había salido de Madrid el 12 de julio (víspera del asesinato de Calvo Sotelo) en donde estaba declarado disponible «por el Gobierno del Frente Popular» (eliminó toda referencia a la Primera División Orgánica). Añadió, sin que hayamos encontrado la menor constancia de ello, que estaba «amenazado de muerte por haber intervenido en el Alzamiento militar del 10 de agosto de 1932 en Sevilla y por haber sido Fiscal desde octubre de 1934 a marzo de 1935 en la represión de Asturias».

Que hubiese recibido amenazas no es imposible, pero tampoco es absolutamente creíble de sí y de por sí. Acedo Colunga había sido una de las muchas piezas y uno de los muchos militares que habían servido bajo los diferentes gobiernos republicanos en el período de antes de la guerra, pero tampoco fue un peón demasiado importante. Nombres más connotados que él no habían tenido problemas durante la primavera de 1936. Así que entendemos que, por razones inexplicables dada su posterior y «brillante» ejecutoria durante la guerra civil, nuestro protagonista aprovechó la ocasión para autoconcederse algunas flores.

Es notable, y aclara una de las dudas mencionadas anteriormente, que Acedo Colunga afirmase en agosto de 1939 que desde Madrid se había trasladado a Gibraltar, porque en el Peñón, «desde el mes de febrero, inmediatamente después de las elecciones, se encontraba residiendo accidentalmente su familia».

Esto es muy significativo. Indicaría, de ser cierto, que su esposa u otros familiares de ella podrían haber pertenecido al grupo de derechistas, latifundistas o monárquicos recalcitrantes que salieron de España (la mayoría con rumbo a Portugal o Francia) para capear de la mejor manera posible la reanudación de las reformas, en especial la agraria, que la coalición victoriosa había llevado en su programa de febrero. Por lo demás, familias pudientes de Andalucía e incluso algún que otro príncipe de la Iglesia ya habían corrido a refugiarse en la colonia británica en abril y mayo de 1931.[211]

La segunda discrepancia se refiere a la fecha de su salida del Peñón. En la hoja de servicios y en la declaración de agosto de 1939 fue el 19 de julio. En la declaración jurada de su expediente en el Ejército fue el 20. No es lo mismo y tiene implicaciones para lo que contaría después. La forma de salida se hace de manera diferente. En la primera de todas, en una lancha, y en la segunda y tercera, en una gasolinera. El medio no nos parece demasiado importante. En ninguno de los casos fue a nado. Más significativa es la extraordinaria precisión técnica que utilizó Acedo Colunga —no nos extraña en un miembro eminente del Cuerpo Jurídico Militar— al referirse al torpedero. Suponemos que estaba estacionado fuera de las aguas jurisdiccionales de Gibraltar y en tal sentido podemos considerar que enarbolaba un pabellón ni británico ni de conveniencia, por lo que desde el punto de vista del derecho de la época era «territorio» español.

Ahora bien, gracias a Gil Honduvilla sabemos que un grupo de oficiales que se habían sublevado en la guarnición de La Línea pasaron a Gibraltar el 19 de julio, donde los recogió el Torpedero n.º 19, que los trasladaría a Algeciras. Sin que, por cierto, las autoridades del Peñón pusieran el menor impedimento. ¿No aprovecharía Acedo Colunga la oportunidad?

En ambos casos él y los demás fugitivos debieron de permanecer a bordo algunas horas (¿muchas?), quizá esperando a que se aclarara la situación en tierra. De cara al Colegio de Abogados, precisó que el grupo quedó en el torpedero hasta las cinco de la tarde. Esto no encaja demasiado bien si se habían subido a él la víspera y apunta a que fue el día siguiente. Entonces, continuó su relato, desembarcaron en La Línea, que ya había caído o estaba a punto de caer en poder de las fuerzas insurrectas. Alguna incongruencia adicional se desprende de la declaración de agosto de 1939, en la que afirmó que a los pocos minutos de desembarcar «tomó parte en un combate que hubo por atacarse el cuartel en donde se encontraba». Esto fue el 20 y los detalles los ha reconstruido Gil Honduvilla, quien no menciona para nada al «coronel Acedo» excepto para decir, simplemente, que lo señaló Joaquín Arrarás, cuyas inexactitudes son incontables.[212]

Para embarullar más lo ocurrido en aquel día, Acedo Colunga en la hoja de servicios dio a entender que saltaron a tierra cuando todavía había combates en La Línea. Tal vez quiso señalar una punta de heroísmo al expresarlo así, porque indicó que en el grupo se produjeron dos bajas. Si esperaron a que cayera el pueblo, el heroísmo habría sido menor. Por lo demás, hay que decir que desde el puerto de Gibraltar hubieran podido llegar a La Línea en lancha o en gasolinera directamente. ¿En cuánto tiempo?

En la declaración jurada Acedo Colunga afirmó que la pequeña ciudad había caído en poder de tropas de Regulares el 20. Ahora bien, lo que se sabe en concreto de los sucesos en aquella zona es algo diferente. Según Algarbani, el primer cañonazo que se escuchó en La Línea se dio en la mañana del domingo 19 de julio. Había un cañonero, el Dato, que escoltó al Cabo Espartel para desembarcar en el puerto de Algeciras a un tabor de Regulares de Ceuta hacia las nueve de la mañana. Según Espinosa, partieron inmediatamente para San Roque, donde el alcalde y otras personas habían repartido algunas armas y se atrincheraron en el Ayuntamiento. Tal tabor, que era el n.º 3 de las Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta, se dirigió después hacia La Línea para cañonear, de nuevo según Algarbani, un cuartel de Infantería que contaba con la «poderosa» guarnición de cincuenta hombres. Hacia las cinco de la tarde los Regulares entraron en el pueblo y del cuartel todos salieron con bandera blanca. En su patio, el comandante Amador de los Ríos arengó a la tropa sobre el significado de la sublevación. Innecesario es decir que los cincuenta hombres se sumaron a ella con entusiasmo. El único incidente que se registró fue, al parecer, que una mujer disparó desde una azotea próxima al cuartel, mató a un soldado de Regulares e hirió a varios más.[213] La toma de La Línea, señala Espinosa, costó a los golpistas cinco muertos y quince heridos.[214]

Ahora bien, si examinamos la hoja de servicios del comandante Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón nos encontramos con otra versión. El 19 había partido de Ceuta para Algeciras en el Cabo Espartel. Tras su llegada, salió inmediatamente para La Línea —no se dice si por mar o tierra— y al alcanzar este último lugar hubo un combate que duró unas dos horas con fuego intenso. Se produjeron tres muertos (de los cuales un oficial) y trece heridos. Fue el día 20 cuando Amador de los Ríos se desplazó, por fin, a Algeciras, desde donde prosiguió la campaña. Añadamos que se trató de uno de los jefes que con su unidad no tardaría en participar en la toma de Badajoz al mes siguiente.

Es decir, sospechamos que el eminente jurista y avezado mílite que ya era el teniente coronel aderezó algo su relato en las diferentes versiones que de él dio. Así que, con una probable mentirijilla a cuestas, o dos, según los casos, el guerrero Acedo Colunga se dispuso a echar su granito de arena al combate contra los infieles.

DE INMEDIATO, CORRESPONSABLE DE LA SANGRIENTA REPRESIÓN

Algo de lo que aparece en la declaración jurada en su expediente del Ejército de Tierra es más congruente con la fecha de entrada en la zona sublevada el 19. Fue en respuesta a la parte (B), a saber, «tiempo que hubiera permanecido sin destino a partir de la presentación en zona liberada, especificanto las situaciones en que durante el mismo se hubiera encontrado, así como las causas que motivaron el paso a cada una de ellas y fecha en que comenzó y cesó en las mismas». Por ello podemos pensar que la respuesta del teniente coronel Acedo Colunga se atuvo a los hechos:

A partir del día 20 actué en Algeciras,[215] cuyo comandante militar era el teniente coronel [Manuel] Coco[216] y cuyo jefe de Estado Mayor era el teniente coronel Cuesta, hasta que a fines de mes marché a la plaza de Sevilla, incorporándome a su Auditoría.

Suponemos que ya en Algeciras, durante algunos días, daría rienda suelta a su rabia contra los «enemigos» que ya conocía bien. Por desgracia no identificó tales actuaciones. Tampoco hemos buscado los casos en que interviniera. No tenemos inconveniente en aceptar que la plaza pronto se le hizo pequeña y que, a la mayor gloria de la patria, deseara contribuir en grado más elevado a las apremientes tareas de limpieza que ya iban practicándose, en especial en la capital hispalense, que tan bien conocía. En la respuesta anterior añadió que asistió

a los Consejos de Guerra de Oficiales Generales que se celebraron en Huelva, Jerez, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Badajoz, cuyo número no puedo precisar, hasta que el 5 de noviembre de dicho año fui destinado de Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación, por Orden de dicha fecha inserta en el B.O. número 24.

Obsérvese la prudencia que inspiró las anteriores líneas. Como en su hoja de servicios no las amplió demasiado, debemos suponer que no quiso dejar constancia de sus aportaciones a las labores del autonombrado comandante en jefe de la Segunda División Orgánica, el general Gonzalo Queipo de Llano. Su guía no pudo ser otra que el bando que declaró el estado de guerra en el territorio correspondiente el mismo 18 de julio. Es sobradamente conocido, aunque las versiones que figuran en Wikipedia y Wikisource solo dan una versión incompleta. Por el contrario, puede fácilmente encontrarse en la obra de Gutiérrez Molina.

En particular no se ha subrayado lo suficiente el último párrafo del bando del inefable general. Decía así:

Espero la colaboración activa de todas las personas patrióticas amantes del orden y de la paz que aspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean especialmente requeridas para ello, ya que siendo sin duda estas personas la mayoría, por comodidad, falta de valor cívico o por carecer de un aglutinante que aunara los esfuerzos de todos, hemos sido dominados hasta ahora por unas minorías audaces sujetas a órdenes internacionales de índole varia, pero todas igualmente antiespañolas. Por esto termino con un solo clamor que deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las voluntades: Viva España.

Como es sabido, este bando había sido preparado por el comandante de Estado Mayor de la Segunda División José Cuesta Monereo, que llevaba meses implicado en la conspiración. El párrafo, repleto de estupideces, cada una de mayor enjundia que la anterior, podría haber formado parte del borrador ya elaborado o añadido a última hora por el infame general inspector de Carabineros. De haber puesto su pluma, hay que admirar su descoco. Ya en enero de 1936 había ido a París, no se sabe si a regodearse en alguna maison close de la Ciudad de la Luz o a ponerse en contacto con los conspiradores monárquicos activos en ella. Pero lo que más nos llama la atención es la referencia a las «órdenes internacionales» (¿de quién?). Porque no hubo ninguna para los dirigentes republicanos. No hubo conspiración comunista. No hubo conspiración masónica. Lo que sí hubo fueron los intentos, finalmente exitosos, de garantizarse la ayuda del fascismo italiano. ¿O no lo sabía Queipo de Llano? Al fin y al cabo, eminentes «patriotas» como José Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea y José Antonio Primo de Rivera seguían en sus trece mendigando también ayuda económica para vencer las voluntades de quienes no se atrevían todavía a dar el golpe. Por lo demás, el lenguaje del resto del bando no dejó lugar a dudas respecto a lo que se avecinaba. Destacaba la inversión de la realidad que se operó desde el primer momento. Serían sometidos a la jurisdicción de guerra y tramitados por procedimiento sumarísimo los «delitos de rebelión, sedición y los conexos con ambos, los de atentado y resistencia a los agentes de la Autoridad». Es decir, el mundo al revés: quienes no se rebelaban sino que se oponían a la auténtica sublevación eran los rebeldes.

Tenemos expuesto aquí el concepto que ya se había exhibido en Asturias, si bien con la crucial distinción de que en este último caso la declaración del estado de guerra la había hecho el gobierno. En julio de 1936 tales declaraciones las hicieron generales traidores a su juramento de fidelidad a la República y, si se nos apura, en el caso de Queipo, a su trayectoria prorrepublicana. Unos y otros siguieron las instrucciones que se habían impartido a los conspiradores que iban a rebelarse. Esta «inversión de la realidad» ha sido objeto de numerosos tratamientos. A mí siempre me ha llamado la atención la búsqueda de expresiones que, significando más o menos lo mismo, difieren en la expresión concreta. La palma, en mi modesta opinión, se la lleva el general de división Manuel Goded, conspirador de pro y larga data, que en el segundo y tercer artículos de su «Bando de guerra» se subió al carro del despropósito total al declarar:

En defensa de la Patria, asumo el mando absoluto en todo el Archipiélago, quedando destituidas las autoridades civiles. Resuelto a mantener inflexiblemente mi autoridad y el orden, será pasado por las armas todo aquel que intente, en cualquier forma de obra o de palabra, hacer la más mínima resistencia al Movimiento Salvador de España.[217]

Este trampantojo de «legalidad» lo mantienen todavía los mitógrafos que tratan de justificar la sublevación contra la República en el año en que se publica el presente libro, es decir, 2022. No en vano afirmaría ya Sánchez Recio que «todas las actuaciones políticas y jurídicas realizadas, primero, por la Junta de Defensa Nacional y, después, por la dictadura franquista llevaban consigo la ilegitimidad e ilegalidad como vicios de origen, lo que los ideólogos y corifeos de la rebelión militar y del régimen franquista se aplicaron a subsanar con prontitud».[218]

La huella de Acedo Colunga aparece en el primer consejo de guerra en que participó en Huelva contra el gobernador civil Jiménez Castellano y los tenientes coroneles Orts Flor y López Vicencio, ya mencionados en la primera parte de este libro. También está perfectamente identificada su participación en otro de los consejos que él mismo indicó y que se celebró en Cádiz. Por desgracia, no conocemos nada sobre el que afirmó que tuvo lugar en Jerez, aunque nuestra impresión es que no debió mediar mucho tiempo entre el de Huelva y el de Cádiz.

Este último, perfectamente documentado, fue el que afectó a los líderes de los defensores de la legalidad en contra de la sublevación en la capital de la provincia y que ya se ha mencionado someramente en las partes anteriores de esta obra. A su frente se situaron el gobernador civil Mariano Zapico Menéndez-Valdés, comandante de Artillería, y fuerzas de la Guardia de Asalto mandadas por el capitán Antonio Yáñez-Barnuevo de la Milla. Junto con ellos se encontraban el teniente coronel Leoncio Jaso Paz, jefe de la 11.ª Comandancia de Carabineros, el capitán de fragata Tomás de Azcárate García de Lomas y el comisario de 1.ª clase Adolfo de la Calle Alonso (este último en connivencia con los conspiradores sublevados). También estuvo, entre otros civiles, el presidente de la comisión gestora de la Diputación Provincial, Francisco Cossi Ochoa. El palacio de la Antigua Aduana se lo repartían Gobierno Civil y Diputación.

Cádiz pronto se convirtió en una provincia clave para el triunfo de la sublevación porque a ella podían llegar de forma rápida las fuerzas procedentes del Ejército de África. Es muy verosímil que su importancia no fuese desconocida por las autoridades gubernamentales. Se conserva, por ejemplo, un reflejo de las instrucciones emanadas en el mes de abril del Ministerio de la Gobernación (dirigido a la sazón de forma interina por Santiago Casares Quiroga). Aparece en forma de la respuesta que el nuevo gobernador civil, miembro de Izquierda Republicana, le envió el día 20 de dicho mes (curiosamente coincidiendo con el abortado golpe de Estado previsto en primer lugar por los conspiradores militares).

Zapico explicó que había ordenado a todos los alcaldes de la provincia que debían reunir a los jefes de la Guardia Civil, Carabineros, guardia municipal, forestal, jurados y demás elementos de orden público. Estudiarían los planes para vigilar permanentemente toda sospecha de incurrir en su alteración. Debían reclamar la colaboración de las fuerzas representativas del Frente Popular para evitar sucesos que fuesen perjudiciales a la política que representaban. Los cacheos y registros debían intensificarse con arreglo a la Ley de Orden Público.

Es de suponer que los alcaldes tomasen las correspondientes medidas, pero también hay que pensar que nada de ello pudo pasar desapercibido para los conspiradores en Cádiz, toda vez que el jefe de policía estaba metido en los preparativos del golpe. Además, un estudioso de la situación gaditana en aquellos momentos ha señalado que Zapico fue consciente de la importancia de la proximidad del Protectorado y conocedor del constante trasiego de militares con Algeciras. Inmediatamente después de producida la sublevación en Marruecos, el 17 de julio, fue informado de lo que había ocurrido. Demasiado tarde.

Demasiado tarde porque, además, su contrapartida militar fue el general José López-Pinto Berizo, que también ha aparecido en la primera parte de esta obra. Había sido trasladado de Cartagena en marzo de 1936 y, conocedor de la conspiración, se había preocupado de disipar cualquier duda eventual sobre su fidelidad con protestas ante Azaña, ya presidente de la República. En uno de sus escritos este dejó constancia de que en alguna de las visitas que le hizo «rojo de emoción, me decía: “Señor Presidente, mi persona, mi empleo de general, la plaza de Cádiz … y su guarnición, están incondicionalmente a las órdenes de V.E.”».[219] Si engañó a Azaña no pudo tener mucha dificultad en engañar también a Zapico, en el supuesto de que su actitud hubiese sido realmente dubitativa. Núñez Calvo afirma que, en cuanto Varela fue confinado a Cádiz en abril, se preocupó de potenciar el incipiente movimiento conspiratorio ya existente. Tan pronto Queipo de Llano dio la señal en Sevilla también López-Pinto se sublevó con la guarnición.[220] En Cádiz se produjo lo que se repitió en muchos otros lugares. Los militares, preparados por Varela en unas semanas densas en las que mantuvo contacto con los generales Sanjurjo, Mola y Franco —algo que no suele subrayarse—, tomaron la iniciativa descabezando inmediatamente todo conato de reacción. Como la guarnición casi entera se levantó en armas, las posibilidades de que esta se produjese fueron escasas. Refugiarse en los gobiernos civiles (como, por ejemplo, igualmente ocurrió en Canarias) no era suficiente.

Así procedieron en Cádiz los elementos leales y también aquí los cercaron las tropas sublevadas. El asedio lo ordenó el propio Varela. Lo iniciaron a las cinco de la tarde del 18 de julio tropas del Regimiento de Artillería de Costa n.º 1.[221] Después de un cerco que no duró demasiadas horas, y ante la clara desproporción de efectivos, tras la llegada de refuerzos procedentes de Ceuta y la sedición del destructor Churruca, los leales se rindieron hacia las siete de la mañana del día siguiente. En su parte a López-Pinto, el capitán que mandaba la tropa mencionó a los líderes republicanos, excluyendo al comisario traidor, y añadió el nombre del secretario de Zapico. Sus soldados tuvieron dos heridos, a los que se añadieron, tras el correspondiente recuento, un muerto y otro herido más. Al menos así consta en el parte. Esto puede significar la connivencia previa entre el comisario y Varela. Se acentúa por el cargo inmediato del traidor que pasó a ocupar el puesto de delegado de Orden Público bajo los nuevos mandos.[222]

En contra de lo que cabría esperar, el consejo de guerra no se celebró de forma inmediata. Podría explicarse por diversas razones pero no figuran en la documentación. De todas formas, el expediente se abrió con gran celeridad y con el desparpajo y minuciosidad que hubiese reclamado una acción legítima. Los requisitos que exigían la disciplina y la normativa castrenses se cumplieron sin demora. El papel de juez instructor correspondió de inmediato al comandante de Infantería Joaquín Camarero. Sus labores ocupan decenas y decenas de hojas en un expediente que consta de cerca de doscientas páginas, generalmente escritas a mano en un tono evidente desde el comienzo hasta el fin.

Se trata de uno de los casos de la barbarie judicial a que abrió las puertas la sublevación del 17/18 de julio, pero que tiene la crucial significación de que es uno en el que se documenta la participación de nuestro protagonista en calidad de vocal ponente. En consecuencia, y como ya se ha señalado, le correspondería redactar el proyecto de sentencia.

El procedimiento fue a un ritmo pausado durante una semana, pero de pronto se aceleró. El coronel Núñez Calvo afirma que ocurrió cuando Varela abandonó Cádiz, el 4 de agosto, para proseguir la «reconquista» de los territorios «ocupados» por las autoridades leales al Gobierno. En tal momento, Queipo de Llano impuso su incontestable autoridad y se personó en Cádiz para exigir que se aplicase la necesaria contundencia represiva como él ya había practicado con sangriento éxito en Sevilla. No obstante, hay indicaciones de que el general López-Pinto, traidor donde los hubiera, había tomado medidas, bien de por sí o inducidas telefónicamente desde la capital hispalense. El 2 de agosto, por ejemplo, designó defensor de los procesados al comandante del Regimiento de Infantería n.º 33, Tomás Sevillano Cousillas. Ni que decir tiene que su labor sería más bien parca. En el mismo día se constituyó el juzgado en la prisión provisional y, con arreglo al artículo 548 del CóJM, se dio lectura a las declaraciones contenidas en el sumario y al dictamen de elevación a plenario. En plena parodia se preguntó a los procesados si tenían que alegar incompetencia de jurisdicción y otros temas incidentales que debieran resolverse previamente antes de la vista. Naturalmente, todo esto era mera pantomima, y las respuestas fueron del tenor que los procesados entendían incompetente la jurisdicción de guerra para juzgar su comportamiento, ya que la consideraban ilegal.[223]

En el mundo al revés que fueron creando los sublevados, las órdenes emitidas para atajar la auténtica sublevación se volvieron en contra de los acusados como muestra de su supuesta infamia. Sus expresiones de fidelidad a la República y a la legalidad se les volvieron en contra y en algún caso se aportaron diligencias que «mostraban» que uno de los acusados no era persona de buena conducta. Porque figuraba en «partidos extremistas de izquierdas» y se había distinguido en actuaciones contra la PATRIA. Nada menos.

El 5 de agosto consta que ya se habían recibido instrucciones de la Segunda División Orgánica para que se celebrase el consejo de guerra de oficiales generales. Núñez Calvo indica sobriamente que, tras las instrucciones al respecto, comenzaron «inmediatamente los fusilamientos». Queipo los impulsó de tal forma que «incluso en ocasiones se llevaron a cabo sin conocimiento del juez militar que todavía se encontraba instruyendo la causa». El verdugo que se había apoderado de Sevilla y regiones limítrofes demostró una vez más su preocupante sed de sangre, que todavía algunos autores y camelistas tratan, sin demasiada fortuna, de reducir a parámetros «normales».

En el expediente consta que efectivamente el 4 de agosto Queipo de Llano había firmado la orden para que se constituyera el consejo de guerra que tendría lugar al día siguiente en la sala de banderas del Regimiento de Artillería de Costa n.º 1. Se celebraría contra Mariano Zapico Menéndez-Valdés, Leoncio Jaso Paz, Antonio Yáñez-Barnuevo y Luis Parrilla Asensio. Los tres primeros se encontraban en el castillo de Santa Catalina, y el último, en la prisión provisional de la plaza.

Lo presidiría el coronel Juan Herrera Malaguilla, jefe del Regimiento de Infantería n.º 33,[224] y los vocales serían los coroneles Pedro Jevenois Labernade (jefe del Regimiento de Artillería de Costa n.º 1), Julián Yuste Segura (director de la Escuela Central de Tiro-Artillería), José Solís Ibáñez (jefe del Regimiento de Caballería Taxdir n.º 7) y el teniente coronel Rafael Peñuela Guerra (Regimiento de Artillería de Costa n.º 1). El vocal suplente sería el teniente coronel de Infantería José Sánchez Noé, y el ponente, nuestro protagonista, el auditor de brigada Felipe Acedo Colunga. Al acto debían asistir todos los jefes y oficiales francos de servicio. Por motivos desconocidos hubo algunos cambios. A Sanchez Noé lo sustituyó el coronel de Caballería José Alonso de la Espina y en el tribunal entró como fiscal el también auditor de brigada y jefe de la Fiscalía Jurídico Militar de Sevilla Eduardo Jiménez Quintanilla.[225]

El acta de la celebración del consejo de guerra señala que

dada cuenta del juicio sumarísimo en audiencia pública fueron examinados por el presidente, vocales y fiscal los testigos don Nicolás Chacón, don Julio Almodóvar, don Juan Almansa a quienes se preguntó si se afirmaban y ratificaban en las declaraciones que tienen presentadas. Expresada verbalmente la acusación y la defensa respectivamente por el fiscal y por el defensor, ratificando el primero las conclusiones provisionales en el sentido de que el delito cometido es de Rebelión Militar definido en la primera del Artículo 237 del Código de Justicia Militar y castigado en el número segundo del Artículo 238 del mencionado cuerpo legal[226] y afirmándose el segundo en sus consideraciones...

Preguntado por el Señor Presidente a los acusados si tenían algo que exponer hicieron respectivamente diversas manifestaciones en descargo de las imputaciones que verbalmente les hizo el Ministerio Fiscal y quedó reunido el Consejo en sesión secreta para deliberar y pronunciar su fallo.

La pantomima no debió de durar demasiado y el consejo, naturalmente, aprobó la sentencia, cuyo texto completo no se había dado a la luz, que sepamos, hasta el momento, aunque sí se conocen los párrafos más significativos. La totalidad se lee como un cuento macabro. Le atribuimos importancia no porque fuese una inversión completa de la realidad, que lo era, sino por las justificaciones en las que posiblemente no tardó mucho en caer el ilustre teniente coronel del CJM, el auditor de brigada Acedo Colunga. Su inicio, que ya se ha reproducido en la primera parte de esta obra, no podía ser más pedestre y más tergiversador de la realidad. No solo postulaba una anarquía que, al parecer, existía ya en toda España. También señalaba que era una anarquía que conculcaba todo régimen legal y civilizado. Vamos, como si los meses precedentes hubieran sido un desaguisado completo, propio de un estado de naturaleza de tipo hobbesiano, sin autoridad, sin ley, sin cortapisas, sin gobierno, sin mesura. La declaración ilegal del estado de guerra por un sector del ejército se consideraba, en sí misma, legítima en contra de una autoridad civil abandonada al desorden. Así, pues, el Ejército, levantado en armas, formaba el «único gobierno» con la capacidad de «salvar a la Patria».

¿Basándose en qué? En que el Ejército (más bien tan solo una parte de este) interpretaba por sí y para sí «sus destinos históricos» (como si fueran los de la totalidad), nada menos que para garantizar la continuada existencia de España. Como se advierte, se trataba de una mera fórmula, como si fuese parte de un ritual tribal en un país infradesarrollado, para justificar el asesinato de un puñado de militares españoles que no compartían tales exóticas doctrinas y que se atenían al principio fundamental de obediencia a las órdenes, ya dadas, del gobierno constitucional para oponerse a la auténtica subversión.

La sentencia insistió en ello como si temiera no ser suficientemente explícita. La parte del ejército sublevado se autopresentó nada menos como «el único poder constituido en España y cuya legitimidad moral contará la historia y el asentimiento de los mismos ciudadanos».

Es decir, la parte se tomaba por el todo y se negaba tajantemente que pudiera existir otro poder en España. O sea, como si los sublevados se autoconsiderasen ya victoriosos y provistos de una legitimidad moral que les reconocerían la historia y los propios españoles. Podría afirmarse, quizá, que todo esto eran meras pamplinas para disfrazar un caso de mero asesinato. Sin embargo, la doctrina de que la sublevación del 18 de julio estaba justificada ante el peligro de que España cayera en el abismo, que quienes se sublevaban representaban a los mejores españoles y que su legitimidad se fundamentaba en principios morales (nunca claramente explicitados) fueron partes integrantes del haz de argumentos que el bando insurgente manejó desde el primer momento. En «explicaciones» crecientemente sofisticadas, pero no menos vacuas, se apoyó la dictadura franquista y todavía hoy, en 2022, constituyen parte integrante del discurso de la derecha filofranquista española y, a mayor abundamiento, de la ultraderecha.

Tal vez debamos mencionar explícitamente que, ante esta andanada de mentiras y subterfugios, de explicaciones hueras y de despropósitos, el defensor de oficio, quizá incluso con cierto riesgo propio, se limitó a exponer que los acusados no habían hecho otra cosa sino cumplir con los deberes que tenían asignados.

Para Acedo Colunga debió de ser una confirmación de que había apostado por el mejor caballo cuando su proyecto de sentencia fue ratificado por los demás componentes del consejo de guerra. Así, al día siguiente, tras darse por enterado López-Pinto, los condenados fueron ejecutados en el castillo de San Sebastián por una sección del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas n.º 2 de Melilla.

No terminó aquí la farsa. Como ya se ha señalado en la primera parte de esta obra, a los procesados Azcárate, Macalio y Cossi se les incoó el 3 de agosto un nuevo juicio sumarísimo, sin número. Las manifestaciones que se incorporaron a la causa les fueron mayoritariamente favorables. Ni habían empuñado armas ni tenían mando sobre los asediados. En varias ocasiones habían aconsejado la rendición para evitar derramamientos de sangre. El primero encargó su defensa a un capitán de Infantería. Los dos restantes designaron como defensor a un abogado gaditano que rehusó por carecer de antecedentes. El 16 de agosto fueron fusilados sin conocimiento incluso del juez instructor. Para colmo, se les añadieron dos víctimas más.[227] Sus restos todavía no se han encontrado. Otra forma de manifestarse la aberrante «justicia» de Queipo de Llano.[228] Por lo demás, en un gesto muy significativo, el 11 de septiembre de aquel año luctuoso la nueva corporación municipal, nombrada a dedo por los sublevados, demostró su clamorosa adhesión a los sangrientos arquitectos de la futura España imperial, los generales Queipo de Llano, Varela y López-Pinto, como hijos adoptivos de la ciudad.

Evidentemente, indicado el tenor de la participación de Acedo Colunga en los anteriores actos criminales, y teniendo en cuenta que otros consejos de guerra sucesivos que contaron con él ya se han alumbrado en la literatura y en la primera parte, no merece la pena hacer nuevas precisiones con respecto a lo señalado en su hoja de servicios. Podríamos escribir más líneas en abstracto, pero vamos a limitarnos a reflejar lo que, en relación con la guerra civil, aparece en este último documento. Advertimos al amable lector que el texto no es muy largo. Tras la somera referencia a sus primeras actuaciones en Andalucía encadenó sin solución de continuidad los siguientes párrafos:

Por orden 5 noviembre [1936] (B.O. n.º 24) fue destinado de Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación, incorporándose a Navalcarnero ese mismo día y pasando desde esta plaza a Talavera de la Reina en cuyas poblaciones constituyó la Fiscalía de su mando, nacida para la plaza de Madrid (...) El 14 de Junio [1937], día de su liberación, entró en la plaza de Bilbao; el 26 de agosto en Santander, extendiendo la jurisdicción a cuantas ocupaba el Ejército del Norte, excepto Asturias, con lo cual, en este período de tiempo, atendió al Ejército del Centro y al Ejército del Norte, perteneciendo por tanto a los dos Cuarteles Generales (...) En el mes de febrero [1938] hizo entrega de las provincias de Santander y Vizcaya marchando hacia Zaragoza en donde se constituyó otro despacho de la Fiscalía, desarrollando sus funciones en todo el frente de Levante, y constituyendo despacho en Lérida y en Castellón y Vinaroz, en cuyas plazas entró el primer día y en las que estuvo durante su primera etapa liberadora. Durante este período ha estado en los sitios de mayor trabajo y riesgo, yendo por los frentes y entrando en muchas poblaciones con las tropas, tanto por el servicio fiscal o de justicia, cuanto de asistencia a las poblaciones civiles (...) Desde el mismo día 28 de marzo [1939] en el que a las dos de la tarde entró en la Capital con varios de sus subordinados, tomando posesión de la Fiscalía de la Audiencia, en el Palacio de Justicia, ha estado como Fiscal del Ejército del Centro, perteneciendo en esta última etapa a este Cuartel General.

Esto último, entonces muy reciente, lo revalidó en su declaración, algo abreviada, del Colegio de Abogados madrileño. Informamos al lector no acostumbrado a interpretar hojas de servicio de los militares de la época de que los signos (…) representan simplemente la omisión de ciertas fórmulas de rigor tales como «en cuya situación finó el año» o «en igual situación y destino que el año anterior». No hemos quitado ni añadido una coma. Por lo demás, y según indicamos previamente, todo está escrito con el mismo tipo de letra.

¿Qué sugiere lo que antecede? En nuestra modesta opinión, un intento de enmascarar la significación e importancia de sus labores. No porque no se le reconocieran, que lo fueron y mucho, sino para no dejar huellas que pudieran llevar a situaciones que quizá le comprometieran en el futuro, imprevisible como todos los futuros.[229] Se explicitan hechos (pocos) y de manera muy escueta. Los adjetivos o adverbios son escasos. Solo se insinúa que trabajó mucho y que estuvo en situaciones de «cierto» riesgo.

Nadie podría advertir que se trataba del autor de la Memoria que constituye el epicentro de la presente obra. ¿Habría sido objeto Acedo Colunga de un síndrome duradero de modestia incomparable? Lo dudamos. Hay que destacar, eso sí, que después de 1939 la caligrafía de los amanuenses varía según los años, que es lo normal. Solo en los tres años de guerra es siempre la misma, como si un único escribiente hubiera estado junto al protagonista durante toda la contienda. De haber sido así, redactarla (para la posteridad) no le habría dado más trabajo que una hora como máximo. Afortunadamente, en la primera parte de esta obra, Francisco Espinosa ha aportado datos complementarios que muestran a Acedo Colunga como un carnicero empedernido desde el primer momento en que puso sus pies en territorio controlado por la sublevación.

Hay algunos datos complementarios sobre la actuación de Acedo Colunga en la guerra que aparecen en la declaración jurada. Veamos cuáles y cómo.

En el apartado «Servicios, vicisitudes, guarniciones, campañas y acciones de guerra en que se ha hallado» la respuesta fue la siguiente:

Desde el mes de noviembre de 1936 hasta junio de 1937 las propias del destino en el frente de Madrid. Desde junio de 1937 hasta diciembre del mismo año en las plazas de Bilbao y Santander así como en sus provincias, asistiendo a los Consejos de Guerra de Oficiales Generales, salvo alguna contada excepción y a los ordinarios de urgencia de reconocida importancia. Sin poder precisar el número de estos puede calcularse en una cifra aproximada de 400. Y atendiendo al mismo tiempo a la inspección del despacho que existe para el frente de Madrid.

Como se observa, un trabajador infatigable. Si se nos permite la broma, un militar auténticamente «estajanovista». Es el caso de estimar que, en números redondos, y si trabajó desde el 20 de julio de 1936 hasta la firma de su declaración jurada el 24 de noviembre de 1938, lo habría hecho por un período de unos 818 días. Si descontamos los domingos (pero no otras fiestas de obligada observancia, religiosas o no) nos acercamos a un total de setecientos días. Es decir, que nuestro esforzado protagonista bien pudo tener que preparar y asistir a consejos de guerra casi un día si y otro no.

Es decir, ¡se trata de un récord imbatible!, que implicaba una experiencia que, indudablemente, le fue muy útil para redactar la Memoria que resultó de sus hercúleos esfuerzos. También para disponer de los recursos políticos, ideológicos, «jurídicos» y forenses con que haría frente al desafío que, para el común de los lectores, habría de inmortalizarlo. Un premio que, a su vez, no quedó sin recompensa. Algunos de los jirones de la realidad documentable, en la medida en la que lo permiten los expedientes localizados, se han expuesto ya en la primera parte de esta obra.

HIJO ADOPTIVO DE OLVERA

Mientras Acedo Colunga hacía su guerra, ensangrentado desde el primer momento, no sabemos si dedicó algún pensamiento al pueblito en el que se había retirado en ocasiones antes de la contienda. Me parece difícil que, terminada esta, no regresara a ver lo que en él había ocurrido. Como señalaremos, Olvera continuaría desempeñando, por varios motivos, un cierto papel en su vida. Desde su punto de vista tampoco parece que pudiera desagradarle lo que había ocurrido en la provincia de Cádiz. Un tercio de los pueblos había caído en poder de los sublevados en las primeras 48 horas después del golpe. En Olvera se dio el caso de que no hubo una situación clara al principio, aunque fue uno de los ocupados con relativa rapidez en la comarca de la Sierra.

El 22 de julio, los campesinos hicieron un intento un tanto desmadejado de asaltar el cuartel de la Guardia Civil y varios elementos derechistas fueron fusilados. Durante la noche entre el 27 y 28, estuvo de nuevo bajo el control, muy breve, de una columna republicana procedente de Ronda. Tras un bombardeo, los sublevados se adueñaron rápidamente de la plaza con las subsiguientes represalias. Existen datos concretos que permiten establecer un mínimo de 62 personas. No un ojo por diente. El doble de treinta ojos. También ocurrió algo similar en otros pueblos gaditanos (Grazalema, San Roque) en los que hubo conatos de resistencia, pero no hay que exagerar el número de víctimas de lo que fue, en puridad, autodefensa. Según los datos de Fernando Romero, los «asesinatos de derechistas» («mártires de la Cruzada») oscilan entre 97 y 118, según el criterio que se adopte.[230]

En Olvera cabe identificar una constante de la represión franquista. Como es sabido, teóricamente todos los fallecidos, por cualesquiera causas, debían figurar en el registro civil. Las víctimas de la violencia que, entre los leales al Gobierno, desató el golpe se inscribieron de forma tal que nunca hubo duda alguna en cuanto al origen. En Olvera, por ejemplo, las causas de las muertes se identificaron con expresiones tales como «asesinado por elementos marxistas», «vil asesinato de la barbarie marxista» o «disparos de armas de fuego por las hordas marxistas». Obsérvese la igualdad de los adjetivos.

Nada similar figura en las inscripciones de la represión efectuadas bajo el control de los sublevados, cuando se inscribían, porque con frecuencia no se incorporaron a los registros en los plazos establecidos. Romero ha compilado precisamente para el caso de Olvera un cuadro que resume los subterfugios utilizados para aludir a las causas de las víctimas de los sublevados que han podido identificarse. Se utilizaron expresiones como «aplicación del bando de guerra», «hemorragia interna por disparos por armas de fuego», «batidas contra elementos marxistas», «combates» o «encuentros con fuerzas nacionales», etcétera.

Un gran porcentaje de las víctimas de 1936 en Olvera se inscribió en los años siguientes. En muchos casos fue después de la terminación de la guerra y en al menos una docena no se hizo hasta los años ochenta del pasado siglo. La última se produjo el 9 de marzo de 1984. En otros nueve pueblos de la provincia el porcentaje de no inscripciones supera el 70 % y solo en dos casos se sitúa en el 38 y el 52 %.[231]

No sería, pues, de extrañar que en Olvera el recuerdo de la represión, al igual que en tantos otros pueblos gaditanos, permaneciera bastante latente cuando el coronel y luego general lo visitó después de la guerra. Nos consta que lo hizo en al menos dos ocasiones distanciadas en el tiempo. Sin embargo, dado que poseía propiedades en la zona es más que probable que fuese un visitante algo más frecuente.

La primera visita identificada tuvo lugar en 1943 y lo sabemos porque figura en su expediente personal. A mitad de tal año recibió una mala noticia. En el cortijo de Lora se había producido un incendio que afectó a unas 150 fanegas de tierra de monte bajo y encinares. Eran propiedad del ya general —quizá a través de su matrimonio porque el juez de Instrucción que entendió del caso fue el de Olvera—. Se le informó de que debía personarse en dicho juzgado con el fin de tomarle declaración en concepto de perjudicado por tal hecho. Esto podría explicar su mencionada firma contra los propósitos del gobierno republicano en 1931 de poner en marcha la reforma agraria.

La segunda visita tuvo lugar en 1958 y fue algo más solemne. La ocasión la deparó la ceremonia de imposición de la distinción como hijo adoptivo de Olvera el 28 de septiembre. La Vanguardia Española (como ya se titulaba) se hizo eco, no en vano era entonces el gobernador civil de Barcelona. Le dedicó dos medias columnas y lo felicitó efusivamente toda vez que, para entonces, o tempora, o mores, ya había sido nombrado también hijo adoptivo de la Ciudad Condal. Por dicha noticia podemos colegir que el flamante gobernador costeaba en Olvera el mantenimiento de dos escuelas parroquiales y que se inauguraron varias obras también financiadas por él integramente por importe de un 1.200.000 pesetas de la época. Pronunció un discurso catalogado en la Biblioteca Nacional, pero que no nos ha sido posible leer. Hubo un pequeño festival taurino en el que Álvaro Domecq rejoneó un novillo seguido de una lidia protagonizada por el entonces conocido diestro Miguel Báez «el Litri», junto con otros de la provincia.[232] Que por aquella época siguieran inscribiéndose en el Registro Civil los nombres de víctimas de la represión de veinte años antes careció, naturalmente, de toda importancia.

El otorgamiento de los honores de hijo adoptivo podría tener un carácter algo diferente si pudiera demostrarse que Acedo Colunga había prestado sus servicios como fiscal en alguna de las farsas judiciales que siguieron a la toma del pueblo. Tampoco cabe descartar la posibilidad de lo que cabría denominar «masoquismo institucional», ya fuese entusiasta, forzado, adaptativo o a regañadientes. Por ejemplo, el pueblo cordobés de Baena no dudó en conceder al coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, su conquistador a sangre y fuego el 28 de julio de 1936, la misma distinción.[233] Algo similar, aunque a mayor escala, ocurrió en Badajoz con semejante reconocimiento en favor de los asesinos múltiples Queipo de Llano, el ya general Yagüe y el coronel Eduardo Cañizares, que ha sido objeto de alguna atención en otro trabajo.[234] Los ejemplos, por lo demás, podrían multiplicarse.

Digamos, por último, que el número de víctimas de la represión franquista en la provincia de Cádiz, que hace más de quince años el coronel Núñez Calvo estimó en algo superior a las mil personas como mínimo, ha superado ya la cota de los tres mil, según las últimas estimaciones de diversos investigadores y sintetizadas recientemente por Espinosa. Las víctimas de la supuesta «vesania roja», que tanto parecen preocupar hoy a la derecha española, como si no se las hubiera honrado lo suficiente durante cuarenta años de dictadura, tienen por ahora el techo señalado por Romero en el caso de Cádiz.

LO QUE TAMPOCO APARECE EN SU HOJA DE SERVICIOS

En esta tan mencionada hoja, documento primordial de identidad y autoestima para oficiales, jefes y oficiales generales, hay dos lagunas muy profundas. La primera es la Memoria. No se la menciona en absoluto. Cabría aducir que el esfuerzo que su redacción implicó fue de origen privado, aunque la envió al Mando. Si, como sabemos, no se le había solicitado tampoco se le reconvino en modo alguno ya que constituía una guía para la acción posterior. ¿Se sintió incómodo el interesado? Como ciertamente no repudió tal trabajo, ¿acaso pensó en la posteridad cuando se lean las hojas de servicio? Es una pregunta que podría plantearse cualquier psicoanalista que procurase entrar en las catacumbas más recónditas de la mente del homenajeado jurídico militar.

La segunda laguna es menos explicable. Tampoco hay mención a otro consejo de guerra en el que Acedo Colunga fue el principal protagonista por la acusación y que, suponemos, constituyó un nuevo escalón en su imparable ascenso hacia el estrellato. El teniente coronel y auditor de brigada fue, en efecto, el fiscal jefe en el procedimiento sumarísimo de urgencia número 1 que se inició en Madrid el 28 de marzo de 1939. Es decir en el momento mismo de la ocupación de la capital por las tropas franquistas en la guerra civil. Tal honor era algo a lo que ningún miembro del CJM entre los vencedores hubiera podido sustraerse. No sabemos si nuestro protagonista fue el elegido de entre una variada panoplia, si la mano de la Superioridad se posó suavemente sobre él o si fue el resultado de una mera actuación más o menos mecánica.

Lo cierto es que, a propuesta del juez instructor correspondiente, un comandante de Caballería llamado Carlos Sabater y Gaytán de Ayala, y con el dictamen favorable de Acedo Colunga como fiscal, el procedimiento en cuestión se elevó a plenario por conducto sumarísimo, del que el tan mentado auditor suponemos habría hecho uso sistemático en la guerra civil. Al procedimiento se le adjudicó el número 1449. Su segundo fue un civil llamado Antonio Rueda y Sánchez-Malo en su calidad de capitán honorífico del CJM.[235]

El consejo de guerra en cuestión se inició el 8 de julio de 1939 en el Palacio de Justicia de Madrid. Correspondió la defensa a Ignacio Arenillas y López de Chaves, marqués de Gracia Real, también teniente honorífico del CJM, jefe del decanato de defensores militares de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación y, por consiguiente, muy familiarizado con las actuaciones de Acedo Colunga. Era de origen tradicionalista aunque, por información que nos ha llegado de sir Paul Preston, que lo conoció personalmente, también militó a la vez en Renovación Española y en Falange. Cosas de los tiempos. Durante la guerra escribió un poema —bastante malo— en el que enaltecía a Franco.[236] Se encuentra en el archivo del general Varela. Lógicamente no lo reprodujo en ningún apunte autobiográfico de los que figuran en su magna obra.

Si Arenillas llegó a leer la Memoria de su oponente en el consejo de guerra que ahora nos ocupa no hemos podido documentarlo. Sí escribió una amplia descripción del juicio. Fallecido en 1972, no pudo verla publicada. Apareció como libro en 1976. Contiene material documental sobre la preparación y desarrollo del caso, y reprodujo algunas de las piezas en él presentadas. Se trata de una obra muy conocida y, por lo que sabemos, totalmente agotada. Nos serviremos de ella.[237]

El consejo de guerra que ahora examinamos tiene una importancia intrínseca nada desdeñable. Se deriva de la personalidad del acusado, el único líder republicano de primera línea que, habiéndose negado a abandonar Madrid tras el golpe de Casado, en cuyos preparativos colaboró, cayó en manos de las tropas ocupantes. Las aguardó en su último puesto en los sótanos del Ministerio de Hacienda, excuartel general de la traición casadista. Julián Besteiro, pues de él se trata, había sido también uno de los grandes nombres del PSOE, ligado íntimamente a la historia de este partido y, por su relevancia, a la historia de la República y de España.

Al consejo de guerra cabe atribuirle una significación para nosotros primordial porque está muy ligado a la orientación de este libro. La avalan tres razones: la primera es que la tarea de fiscal jefe (principal acusador) tenía que recaer en un hombre de confianza más que probada. Era absolutamente preciso que fuese así. El «juicio» tuvo lugar a los pocos meses de terminada la guerra civil, antes de que se iniciara la europea, y se desarrolló ante observadores españoles y extranjeros. No se han documentado los motivos por los cuales el triunfante jefe del Estado se fijó en nuestro protagonista. Podemos suponer no solo porque se trataba de un fiscal totalmente fiable, lo cual parece evidente, sino incluso porque quizá fuese el de quien más se fiaba. Que hubiera sido Franco quien lo eligiese directamente o no tiene, con todo, escasa importancia. Nadie hubiera osado proponer el nombre de Acedo Colunga sin consultar previamente con el Cuartel General y jefe máximo.

La segunda razón estriba en la composición del tribunal juzgador, algo que no sabemos si se ha subrayado lo suficiente. Lo formaron tres generales de brigada, Manuel Nieves Camacho, Enrique Ovilo Castelo y José García Benítez, de los cuales el primero actuó de presidente, y los siguientes, de vocales. Como tales se nombraron al coronel de Caballería Santiago Esteban Valiente, al teniente coronel de Ingenieros Carlos Salvador Arcaso (sic) y al de Artillería Mariano Fernández de Córdoba. El auditor de brigada, teniente coronel Andrés Hernández Hertzogs, completó el plantel como ponente. Todos, lamentamos señalar, desconocidos para nosotros sin excepción y, como se comprenderá, fácilmente maleables.[238]

La tercera razón es que muy verosímilmente tampoco fue una casualidad, una aplicación mecánica del escalafón, lo que llevó al nombramiento del segundo de Acedo Colunga. Es de notar que poco después Antonio Rueda no tardó en ingresar, como su jefe, en el Cuerpo Jurídico del Aire (CJA). También es significativa la carrera posterior de este adlátere. Entre 1946 y 1973, encadenó sucesivamente los gobiernos civiles de Almería, Cáceres, Álava, Navarra y Valencia. Llegó a ser nombrado breve subsecretario de Gobernación con Tomás Garicano Goñi, jurídico militar, conspirador y sublevado en Galicia en julio de 1936 y que en 1940, ¡oh, misterio entre los misterios!, también entró a formar parte de la primera promoción del CJA. Viejos conocidos.

Es decir, tenemos dos pesos pesados —uno que ya lo era y otro que llegaría a serlo— como fiscales que actuarían ante un tribunal de bajo perfil y sobre el cual no podía ser nada difícil influir en un sentido o en otro. El desarrollo del consejo de guerra lo han narrado, aparte de Arenillas, varios autores, entre los cuales cabe destacar a Juliá.[239] Hay otros. Sus peripecias y la contraposición documental no nos interesan per se. Lo que deseamos es destacar, aunque no reproducir íntegramente, la para nosotros importante contribución de Acedo Colunga.

En ella, como es sobradamente conocido, no tuvo el menor empacho en solicitar para el acusado la pena de muerte, que el tribunal no tardó en desechar. Que seis ilustres desconocidos osaran, en 1939, adoptar tal decisión nos parece totalmente improbable sin la intervención de una fuerza exterior que, eso sí, no podemos documentar.[240] No se iniciaba una dictadura militar oponiéndose a la voluntad del gran triunfador, del césar victorioso, del Caudillo mayestático, del héroe inmortal de todas las Españas.

EL CONSEJO DE GUERRA A JULIÁN BESTEIRO[241]

La acusación de Acedo Colunga tiene una característica fundamental, muy propia del último inquisidor de España y arquitecto de la represión. No sabemos si fue también de aplicación generalizada por otros fiscales en otros consejos de guerra. De manera muy ilustrativa para cualquier futuro biógrafo del teniente coronel, con más datos a su disposición de los que han estado a nuestro alcance, nuestro protagonista subrayó desde el primer momento la diferencia entre la conducta personal, privada, de Besteiro de su significación como representativo de una filosofía, de una política y de una época. Es algo sorprendente, que ya se ha destacado en la segunda parte de esta obra, y que muestra cabalmente hasta qué punto las concepciones ideológicas nacionalsocialistas relacionadas con el derecho penal de autor de corte hitleriano formaban parte integrante y fundamental de sus planteamientos «jurídicos».

En consonancia con algunos de los anticipos que ya mostró en su Memoria de 1938, tomó el ejemplo del entonces ya considerado como anciano líder socialista con un fin preciso y determinado. Lo hizo, ni más ni menos, para aprovechar la ocasión y su innegable protagonismo en la sala del Palacio de Justicia con el fin de repudiar toda, absolutamente toda, la tradición filosófica, política y jurídica que había pugnado por introducir a España en el siglo XX. Ni más, ni menos. Y al condenar al olvido aquella experiencia, también quiso obliterar la misma existencia física de Julián Besteiro.

Desgraciadamente, no nos es posible dilatar esta sucinta biografía para comparar su argumentación con las que ya hubiera hecho en su dilatada carrera de carnicero togado. Es razonable pensar que a la justificación de su petición de condena a muerte para el líder socialista le dedicó muchísimo más tiempo que a cualesquiera otras de las que hubiera efectuado durante la guerra civil. Por ello nos atrevemos a emitir un juicio que puede parecer exagerado.

Si, como cabe pensar, Acedo Colunga puso en tensión todas sus dotes de jurista y de militar al redactar su acusación, el resultado fue un fracaso total en términos estrictamente procesales. Las más de veinte páginas en que se registró muestran notables inconsistencias, desviaciones, saltos, retrocesos, subidas de tono de pésimo humor y emociones incontroladas. Pocas trataron de esclarecer el comportamiento real del personaje sentado en el banquillo en un proceso que, al fin y al cabo, estaba teóricamente sometido a la disciplina prevista en los procedimientos penales y judiciales. Osamos pensar que en ella Acedo Colunga mostró hasta qué punto primaba su voluntad de hacer caso omiso de cualquier señal de autodisciplina y de sentido analítico a la hora de demostrar la criminalidad de la ideología republicana, con independencia de que en la persona sentada en el banquillo existieran o no actos concretos constitutivos del delito de rebelión por el que se le juzgaba.

La dirección de su acusación se afirmó desde sus consideraciones iniciales. Lo que estaba en el punto de mira de la «justicia» de los vencedores no era una persona determinada, en aquella ocasión Julián Besteiro. Era una filosofía que Acedo Colunga caracterizó como superada. Es decir, una «filosofía materialista desprendida del enciclopedismo filosófico, del concepto materialista de la vida», una revolución (sic) «vencida en el terreno de las ideas y en el terreno de la economía [sic]». Los teóricos del derecho penal y de la historia de las ideas políticas y económicas encontrarán, sin duda, la posibilidad de hacer sabrosos comentarios en la anterior «ensalada». No es nuestra intención.

Acedo Colunga fundamentó tal afirmación en términos que no dudamos en caracterizar como absolutamente míticos:

No han sido solamente las armas triunfantes de nuestro Ejército —grande en fe, escaso en material—[242] que se ha ido organizando bajo el imperio providencial de nuestro Caudillo en aras de la fe y del amor a España,[243] es que han triunfado nuestras convicciones económicas [sic] mientras se abatían las contrarias; es que la economía marxista [sic] … es una economía que tiene forzosamente que destruirse y aniquilarse porque va contariando los impulsos naturales creadores de la economía humana [sic], de la riqueza humana, y por eso quedó destrozada, ¿por qué no había de serlo también de una manera fatal y obligada en el terreno de la economía?

Cabe preguntarse qué tenía que ver la economía —incluso la de índole cuartelera tan cara al Caudillo, impuesta por las armas y ya en los comienzos del verano de 1939 amenazada por la escasez y el racionamiento— con cualquier otra experiencia previa en España. Pensar que en la zona republicana se intentó poner en práctica una «economía marxista» era ignorar todo lo que esta significaba, al menos en la única versión disponible que era la de la Unión Soviética. Acedo Colunga no sabía de lo que hablaba y nos tememos que tampoco lo entendiera el ilustre Tribunal. Pero el popurrí ideológico que el fiscal jefe había preparado era lo que menos importaba en aquel momento. Ayuno de cualquier otro sentimiento que no fuera primario, irracional y despectivo, Acedo Colunga continuó impertérrito subiéndose a la parra de las inanidades:

Y fue así porque el marxismo es una religión de negaciones, de errores, de odios, y es una negación de todo lo más sentimental y lo más sublime que redime y dignifica la condición humana; porque el marxismo viene a decir, en síntesis, en oposición con el cristianismo, que la espiritualidad se rinde al materialismo, ante la animalidad que viene a dignificar la muerte … El marxismo es el que destruye la esencia de la naturaleza humana, el impulso de un hombre por un Dios, para refugiar en Él sus esperanzas y consuelos.

Tal popurrí, ¿qué tenía que ver con el comportamiento de Besteiro en la guerra civil, que hasta su final había sido bastante anodino? Daba igual. El eminente auditor de brigada aprovechó que la ocasión suele pintarse calva para, emulando malamente a un prelado cualquiera desde cualquier púlpito y en cualquier lugar de la España redimida, ensalzar al cristianismo y después pasar a exponer su concepción de la JUSTICIA que no era

una manifestación esporádica o transitoria de los rugidos del populacho, ¡no!; nosotros la consideramos como una vinculación humana de los conceptos permanentes, perfectos, soberanos, descendidos de Dios Nuestro Señor; y así, en este terreno, en posesión de una doctrina que nadie podrá quitarnos, porque sabemos que estamos en posesión de la verdad que representa, así tenemos que huir de toda sugestión externa.

¡Los vencedores en posesión de la verdad! ¡Y su justicia emanada directamente de Dios! ¿Cómo oponerse? Es lo que había prevalecido en los años más oscuros de la historia de la humanidad (aunque el Dios de aquellas épocas remotas adoptase formas politeistas). Y, acto seguido, Acedo Colunga embistió con todos sus arietes reaccionarios:

Porque nosotros —hay que decirlo, y es conveniente decirlo en esta ocasión— no somos demócratas, nosotros somos demócratas de la única democracia posible en la vida: la democracia que consiste en ponerse de rodillas todos juntos ante la imagen de Nuestro Señor;[244] pero nosotros no somos demócratas revolucionarios, porque los principios demócratas revolucionarios no solo sabemos que están vencidos en el terreno de las doctrinas de este siglo, sino que están vencidos también en nuestra propia sangre y en nuestra propia alma, porque han caído hechos jirones y derrumbados con estrépito ante la tragedia horrorosa que nos han hecho vivir.

En esta alocución lo único cierto es que, con toda razón, ni los vencedores eran demócratas ni pretendían serlo. No identificó, lamentablemente, las doctrinas del siglo. No pudo aludir, por vías recónditas, al marxismo-leninismo, así que los que quedan como vencedores eran muy pocos. ¿Nos equivocaríamos mucho al pensar que probablemente tendría el fascismo en mente? O, después y quizás más propiamente, ¿no sería el nacionalsocialismo?

En definitiva, la democracia convencional, más o menos adulterada, más o menos en pugna por mejorar sus bases conceptuales y su aplicación como habían hecho otros países europeos y que igualmente había intentado hacer mal que bien la funesta República, no era lo suyo. Acedo Colunga lo explicó más radicalmente:

Porque después de habernos hablado de la democracia cuando éramos niños, con aquellas palabras bellas y sublimes, diciéndonos que la vida era la síntesis de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, hemos visto que la libertad ha servido de justificación y de base a una cantidad innumerable de crímenes; y hemos visto además que la libertad ha servido para entronizar la más espantosa y sucia de las tiranías: la que ha servido para arrojar de la conciencia humana lo más santo y más sagrado que había en ella, y para pisotear los altares, impidiendo a los hombres ponerse en comunicación íntima con el Creador, atropellando así el uso de un perfectísimo y sagrado derecho de la condición humana. Y después de haber visto que esa palabra sirvió para encubrir tantas suciedades, hemos visto también que la libertad se convrtió en odio a todo lo que representaba bondad en la vida humana. Y hemos visto también que la igualdad no existía, que para el socialismo, para el marxismo, para la revolución social que se ha engendrado y ha tenido vida en este país, la igualdad no era más que la igualdad en la destrucción, la igualdad en la miseria, en el crimen, en la ruina, la igualdad en la muerte, haciendo de los hombres seres mecánicos, sin fe, sin esperanza, sin sinceridad, sin luz, sin conciencia, seres miserables…

Uno se pregunta, aparte de la curiosa terminología del fiscal jefe, ¿qué tenía que ver todo esto con el juicio a Besteiro? Solo hay una respuesta y esta ya la había dado Acedo Colunga en su Memoria. A Besteiro no se le procesaba por lo que hubiera hecho o dejado de hacer, sino estrictamente por lo que era. Se había declarado marxista ortodoxo, no revolucionario, y por ello se le debía condenar a muerte. Era su propia condición lo que lo propelía hacia el amargo final. Derecho penal de autor en estado puro. Como lo que había ocurrido en el Tercer Reich: se había condenado a los judíos a la pérdida de sus derechos civiles (cada vez en mayor medida tras la aprobación de las leyes de Núremberg en 1935 y dentro de unos cuantos años después a la muerte) no por lo que habían hecho o dejado de hacer sino porque eran judíos, por esta su condición irrescatable, inevitable, imperdonable.

Acedo Colunga continuó orgullosamente con la cantinela de que no eran demócratas quienes juzgaban.

¿Cómo vamos a serlo? Después de tanto y tanto dolor, ¿cómo vamos hacer que la justicia dependa de esos conceptos democráticos que han traído a esta sala el procedimiento del jurado, que minaba el fondo moral de las sentencias y daba luego paso, en un ambiente de una misma cosa, en un distinto matiz de un mismo color, a la entronización de la pistola, de la blasfemia y la palabrota, en estas salas augustas y solemnes?[245] ¿Cómo vamos a ser nosotros, hombres que tenemos el sentimiento y la idea de la justicia considerando al hombre como portador de valores eternos —como lo consideraba José Antonio— en oposición a la bestialidad de considerar al hombre libre en el rango y condición de bestia humana? ¿Cómo vamos a considerar a la justicia con ese tono democrático?

Claro: era imposible. El nuevo régimen se autodefinía por conceptos positivos y negativos, pero común a ellos era su oposición radical a la democracia. Si los nazis habían introducido el vocablo de Volksgemeinschaft (traducido general pero erróneamente como «comunidad nacional»), la España victoriosa también la asumía, todavía sin haber conceptualizado del todo lo que podía dar una antidemocracia en devenir. Ahora, eso sí, mirando hacia una reconstrucción de su vida espiritual (sic). Y para ello empezaba, según Acedo Colunga,

refugiándonos en aquellas concepciones que llamaban atrasadas y que eran las concepciones luminosas de la Edad Media, que representaban el impulso espiritual del hombre y que, trasladado a la mente humana por Luis Vives, engendró la filosofía escolástica, la grandeza del Concilio de Trento, la Contrarreforma y, en el siglo pasado, centelleó en el pensamiento de Balmes cuyas cenizas inmortales violaron y pisotearon estos bárbaros.

Aparte de las incongruencias históricas, y tras la debida genuflexión hacia el menendezpelayismo más primario, el fiscal jefe presentó lo que aspiraba a ser un sector de los triunfadores, el más duro, el más cerrado: la negación más absoluta no ya de la herencia de las Luces, sino incluso del propio Renacimiento. Si había que volver a la Edad Media como inspiración (observemos la referencia explícita), cabe afirmar que Acedo Colunga se autoproclamó como enraizado profundamente en lo más ferozmente reaccionario del pensamiento reaccionario español más acrisolado.

Por eso, el auditor de brigada, todavía con sus manos manchadas en sangre, estaba dispuesto a hacer un ejemplo del caso de Besteiro. Como él mismo dijo:

Es un caso representativo de la revolución española, que bien puede decirse ha sido lo mismo que la revolución francesa … Se inició con la Reforma, revolucionando las conciencias; siguió con el curso enciclopedista de la filosofía, revolucionando las voluntades y, mas tarde, ya tenía que aprovechar las masas obreras para entronizar todos sus mitos…

Tras esta sarta, de cuya reiteración hacemos gracia al lector, pasó al ataque frontal contra la República, que había seguido una trayectoria absolutamente criminal, con la persecución de la Iglesia (produciendo «el triste fruto de la quema de los conventos a los pocos días de entronizada»), que se refugió en un Parlamento «que llevaba a la esterilidad como sistema pletórico de errores, lleno de absurdos y de sofismas, engendrador de absoluta ineficacia». Así se llegó al año 1934 («y nos encontramos con una revolución feroz»). Vencida, «porque Dios así lo quiso».[246] Tras páginas y páginas de penosa lectura, acabó afirmando:

En nombre de España la pido [vuestra sentencia], la pido en nombre de la ley … Desde el punto de vista puramente público, el ministerio fiscal se levanta en este acto, que tiene la misma solemnidad que otro cualquiera, cuando se refiera a seres de baja condición, porque nuestra justicia es tan democrática en el verdadero sentido que ahora mismo se duele de que se pretenda igualar a los que están en el arroyo y se pueda entronizar al que esté en campos de cultura elevados, que son los de mayor responsabilidad. En nombre de la ley os pido para el procesado, en mérito de los hechos registrados en autos y en mérito a sus actuaciones, la pena de muerte.[247]

Y se quedó tan tranquilo. A nosotros lo que nos asombra es que, después de esta demostración oratoria, de al menos dos horas y pico de duración y que debió de preparar a conciencia, Acedo Colunga no considerara oportuno introducir, u ordenar que se intodujera, alguna referencia a tan señalado tour de force en su hoja de servicios o en alguno de los anexos de su expediente personal.[248]

Sin entrar en los pormenores procesales, que para el caso que nos ocupa aquí no son interesantes, nos limitaremos a señalar que el abogado defensor, Ignacio Arenillas López de Chaves, inmediatamente señaló el punto débil de su contrincante:

No vais a juzgar, señores del Consejo, de todo el fracaso del siglo XIX ni del fracaso anterior. Por ese banquillo no pasaría un solo político parlamentario, constitucional, que pudiera escaparse sin que el ministerio fiscal solicitara para él la misma pena que solicita para el señor Besteiro. Vais a juzgar a un hombre. El Código Castrense y la justicia militar y la justicia de España exigen que las responsabilidades sean fijadas siempre en una persona. Busca unos hechos. Examina los hechos. Juzguemos nosotros esos hechos.

Arenillas, de acuerdo con los hechos, incorporados a los autos, solicitó la LIBRE ABSOLUCIÓN con todos los pronunciamientos favorables. Excesivo, probablemente, para Franco. En términos jurídicos, la discusión se centraría sobre si era aplicable el artículo 237 del Código de Justicia Militar relativo a la rebelión militar o el 238 sobre la adhesión a esta. El gran fiscal de Franco se inclinó por el primero. El consejo de guerra optó por el segundo. En teoría, debía de suponer un revés judicial para Acedo Colunga. Sin embargo, y como veremos seguidamente, no fue así.

NUEVA CARRERA EN LA «PAZ» DE FRANCO

Como ya hemos señalado en repetidas ocasiones, la hoja de servicios de nuestro protagonista es extrañamente silente sobre su aportación a lo que debería ser cualquier enciclopedia de la ignominia y de la infamia, que es lo que constituyó el consejo de guerra a Besteiro, para colmo gravemente enfermo. Durante todo el período que medió entre la entrada a saco en el Palacio de Justicia en marzo de 1939 hasta el 30 de agosto del mismo año, lo único que en la hoja se afirma es que Acedo Colunga continuó de fiscal jefe en el Cuartel General.

Esto es, sin embargo, para nosotros muy significativo, pues indica su dependencia casi directa de Franco en el período inmediatamente ulterior a la captura de la capital y, por ende, en el que tuvo lugar el consejo de guerra contra Besteiro. No sabemos si después de su hazaña procesal se tomó algunos días de bien merecido descanso. A lo mejor la multiplicación de juicios por vía ultrarrápida no lo permitía y no es del todo improbable que Acedo Colunga continuara en la brecha. Lo que sí puede documentarse es que en septiembre ya estaba a las órdenes de uno de los más esforzados paladines, y también carniceros, del Ejército de la Victoria: el nuevo ministro del Aire, el general Juan Yagüe.

Admitimos a todos los efectos oportunos que, a falta de documentación al respecto, podría establecerse la hipótesis de que Franco no hubiera quedado demasiado entusiasmado con la proeza dialéctica de su paladín, pero de ser así habría que demostrarlo. En contra cabría argumentar que la carrera de Acedo Colunga en el recién constituido Ejército del Aire no fue poco exitosa. A los quince días ya se le nombró jefe de la Asesoria Jurídica del nuevo ministerio, que era en plaza de superior categoría. Curiosamente, el 28 de noviembre se le concedió la Medalla de Sufrimientos por la Patria —que no hizo figurar en su hoja de servicios, quizá porque la denostada República ya se la había otorgado—. Es más, pocos días después Yagüe le habilitó como auditor de división (coronel).

El Ministerio del Aire era un departamento de nueva creación (a tenor de ley del 7 de octubre de 1939) y por consiguiente tenía una penosa labor por delante en términos organizativos y jurídicos. El 15 de diciembre se estableció, provisionalmente, un Servicio Jurídico del Aire. Nos parece muy verosímil que Acedo Colunga dedicase muchas horas de trabajo y todo su talento a la labor como vocal de la Comisión Codificadora del nuevo ministerio a la vez que la compaginaba como profesor de la Academia Jurídica Militar. Así dio comienzo el pluriempleo en el abultado, o abultadísimo, sector público de los vencedores. No sabemos cuánto duró, aunque sí aparece en repetidas ocasiones en la hoja de servicios, siempre debidamente compatibilizado.

Como es notorio, la élite del naciente régimen estaba constituida, por definición, de superhombres que podían trabajar 48 horas diarias para levantar la PATRIA. Desde luego el ascenso no se hizo esperar. Acaeció en abril, es decir, Acedo Colunga estuvo como habilitado solo algo más de cuatro meses. Poco antes había ocurrido un hecho fundamental para su carrera. El 15 de marzo de 1940 se creó formalmente el Cuerpo Jurídico del Aire (CJA) y, naturalmente, nuestro protagonista estaba no solo en primera fila sino, como siempre, en posición de saludo.

Por supuesto se le pidió que acreditara algunos extremos que, hombre sumamente disciplinado, se apresuró a hacer de la siguiente forma:

Juro por Dios y por mi honor [sic] que ascendí al empleo de Auditor de Brigada por Orden de 13 de marzo de 1936, estando en la situación de disponible forzoso toda la etapa del Frente Popular y más tarde prestando servicio en la 2.ª Región Militar a partir del 19 de julio del propio año,[249] siendo nombrado Fiscal del Ejército de Ocupación por orden de 7 de noviembre de 1936 en cuyo puesto y jefatura he estado prestando servicio sin interrupción hasta el 30 de agosto del año próximo pasado en que por orden de dicha fecha pasé destinado a este Ministerio del Aire en el que por decreto del 15 de septiembre fui nombrado Asesor Jefe del mismo.

Algo bastante correcto, pero como Dios no ayuda a quienes no se ayudan a sí mismos, Acedo Colunga remachó:

No he disfrutado licencia alguna y por tanto durante todo este tiempo la prestación de servicio ha sido continua. La disponibilidad forzosa de la etapa del Frente Popular fue a consecuencia de haber sido dado de baja por el Gobierno sectario de la República en fin de febrero de 1936 dejando el destino de asesor de la Dirección General de Aeronáutica que desempeñaba.

Todo lo que hago constar a los efectos de la declaración de aptitud para el ascenso para el empleo de Auditor de División, en Madrid a 6 de abril de 1940.

Y, ¡oh, dicha!, ¡oh, fortuna!, una ley del 3 de mayo de 1940 dispuso que el recién ascendido coronel figurase con el número uno del escalafón inicial de Jefes y Oficiales profesionales del CJA. Previamente, como muestra su expediente personal, ya a finales de marzo se había preocupado de que el Ministerio del Ejército remitiese las hojas de servicios y hechos de los jefes y oficiales del CJM,[250] que serían traspasados al del Aire.

Es más, el director general de Personal del nuevo departamento insistió pocos días más tarde. La burocracia del triunfante régimen era, sin duda, muy puntillosa en cuanto a destinos se refería. El nuevo ministro del Aire, el general Juan Vigón (su predecesor había caído en desgracia), acudió a varios de entre ellos para que eligiesen a los oficiales alumnos que habían de seguir el primer curso de formación para el nuevo CJA. Es cuando sospechamos que quizá Antonio Rueda fuese elegido por quien había sido su superior en el consejo de guerra contra Besteiro.

Que Acedo Colunga era hombre de confianza lo demuestra que el 20 de agosto fue designado como presidente de una comisión de generales y jefes del Ejército del Aire para revisar los expedientes de quienes con anterioridad al 18 de julio se hubiesen hallado en situación de retirado. Entre los miembros de dicha comisión figuraban, por ejemplo, los hermanos Joaquín y Eduardo González Gallarza, futuras luminarias de la Aviación durante la dictadura. También se le otorgó un pasaporte extensivo para visitar todos los países europeos sobre los cuales no pesara ninguna prohibición al respecto y así, felizmente, viajó a la Alemania nazi como miembro de una delegación presidida por el general subsecretario del nuevo Ministerio.

Por desgracia, no hemos encontrado ningún informe sobre sus resultados, que tuvieron lugar en un período absolutamente esencial, pues coincidieron con la superfamosa conferencia de Hendaya. No menor alegría debió de producir a nuestro biografiado que el año 1940 lo despidiera ostentando la Cruz de San Hermenegildo con la antigüedad de enero de 1937. A alguien, con los jaleos de la guerra, a lo mejor se le había olvidado concedérsela. Incluso es posible que a él mismo se le hubiera pasado con tanto trabajo como había recaído sobre sus espaldas.

Es poco interesante enunciar sus idas y venidas en el Ministerio del Aire, en las que nuestro protagonista compatibilizó su trabajo de jurista y de profesor de diversas ramas del incipiente Derecho Aéreo, incluida su proyección internacional. Tampoco cabe afirmar que, a juzgar por la base documental expuesta en este libro, su Memoria y su actuación en el procedimiento contra Besteiro, Acedo Colunga pudiera haber sido un hombre tibio en sus convicciones. Sin duda, tampoco lo dudaron sus superiores. En marzo de 1941, Vigón dirigió a Eduardo Aunós, ministro de Justicia y uno de los participantes en la conspiración monárquica que llevó al 18 de julio, una comunicación con la designación del asesor general del Ministerio del Aire para que formase parte del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Se trataba de que pudiera ilustrar con su esclarecido juicio las propuestas a tal efecto y de concesión de libertad condicional. No conocemos huella documental de sus aportaciones.

Esto, sin embargo, tuvo algunas consecuencias beneficiosas para nuestro protagonista. Sus compañeros representantes en dicho Patronato por los Ministerios del Ejército y de Marina tenían la categoría de generales, en tanto que él era un modesto coronel. La disparidad era evidente. No hay que ser malpensados para plantear la hipótesis de que convenía eliminar tal anomalía, simplemente para situar al Ministerio del Aire con el rango que le correspondía en el seno de las gloriosas Fuerzas Armadas españolas. Acedo Colunga mismo se cuidó mucho de que no pudiera imputársele ninguna vocación que no estuviera dictada por estrictas consideraciones militares. Por ello continuó, felizmente, dando cursos de Derecho del Aire y como asesor general siguió ejerciendo sus responsabilidades en plaza de superior categoría.

En este período, sin duda por razón de su nuevo cargo, pero también porque se le reputaba hombre de confianza, Acedo Colunga se vio mezclado en uno de esos turbios asuntos que, en lo que conozco, no se han aclarado y contextualizado adecuadamente. Tuvo que ver con la petición del teniente coronel Juan Antonio Ansaldo Vejarano, de 30 de marzo y reiterada el 7 de abril de 1942, de que se le concediera el ascenso al empleo de coronel porque estaba declarado apto para este y porque existía vacante para ello. Lo que había ocurrido era que la Superioridad, con su mejor criterio, había encontrado y ascendido a otro candidato. Con el anterior palmarés a sus espaldas, Acedo Colunga no tuvo que esperar demasiado para ascender. En julio de 1942, lo hizo al empleo de general auditor del Aire, es decir, logró el sueño de alcanzar la categoría de general de brigada.

Su corazoncito de jurista debió de latir algo más deprisa una vez que en noviembre se le nombró miembro de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar para cuando conociera de asuntos propios de la jurisdicción aérea. Nunca fueron demasiados los cargos para un titán como nuestro protagonista. Ahora bien, no había que exagerar. Al mes siguiente se le autorizó a hacerse representar en el Patronato de Redención de Penas. De paso, se le concedió la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Todavía tuvo que ver con Ansaldo, un personaje inquietante. Conspirador monárquico desde la primera hora de establecimiento de la República, era piloto de guerra y, además, miembro del CJM. Uno de los pocos casos con una trayectoria muy similar a la de Acedo Colunga. A diferencia de este, había destacado por sus hazañas en África y se le había otorgado la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar española y que Franco no había logrado conseguir a pesar de sus denodados esfuerzos. Durante los años republicanos, Ansaldo había actuado no solo de palabra, sino también de obra contra el régimen. Fue uno de los primeros contactos con la Italia fascista, ya antes del intento de golpe de Sanjurjo, y siguió en la misma senda impertérrito, codeándose siempre con lo más granado de la conspiración, en particular con Calvo Sotelo. También había coqueteado con Falange. Fue la persona que, aprovechando su huida a Francia, había negociado en condiciones todavía no esclarecidas en la literatura la adquisición de aviones de guerra cuya contratación final selló Pedro Sainz Rodríguez en Roma el 1.º de julio de 1936. También fue el piloto que el 20 del mismo mes condujo a la muerte al teniente general Sanjurjo al despegar en malas condiciones de un terreno pedregoso cerca de Lisboa para llevarlo a Burgos, donde habría asumido la dirección militar de la sublevación.[251]

Franco hubiera debido estarle agradecido por su falta de pericia, pero Ansaldo tenía un hándicap. Era monárquico empedernido. Nunca lo ocultó. Consideró siempre que Franco era un impostor y que se había rodeado de sicofantes. Su libro de memorias, escrito en el exilio, no fue lo suficientemente duro según su escasamente conocida biografía realizada por un correligionario. Para alejarlo de España, se le nombró agregado aéreo en París y Londres, pero sus opiniones sobre el curso de la guerra europea fueron tan discordantes de la doctrina oficial que se le hizo volver a Madrid. Aquí volvió a moverse entre los medios monárquicos, lo suficiente para que con pretextos espurios no tardara en verse en la tesitura de pasar seis meses castigado en un castillo. Convenció a otro compañero monárquico, el también teniente coronel Manuel Alemán y de la Sota, a que en vez de trasladarle al de Santa Cantalina en marzo de 1943 lo llevase a Lisboa. Aquí ya emprendió el camino del exilio y nunca regresó a España.

Alemán, a su vuelta a Madrid, y Ansaldo, declarado en rebedía, fueron sometidos a un procedimiento sumarísimo ordinario por el Consejo Supremo de Justicia Militar en julio del mismo año. Con otros prohombres del régimen (los generales Luis Valdés Cavanilles y José María Aymat Mareca, más los auditores generales del Ejército Pedro Topete Urrutia y Ramiro Fernández de la Mora), Acedo Colunga formó parte del tribunal que falló contra Alemán como responsable de un delito consumado de abandono de destino, imponiéndole la pena de la pérdida de empleo, si bien le absolvieron de los delitos de favorecimiento en la evasión de presos y de malversación de efectos públicos, de los que había sido acusado por el Ministerio Fiscal.[252]

EN RÁPIDA FLECHA HACIA LA CÚSPIDE

Cabría pensar que 1944 fue un punto de inflexión en la carrera burocrática de nuestro personaje. Por ser el más antiguo del escalafón, en febrero comenzó a desempeñar las funciones de Inspector General del CJA. A mitad de año tuvo lugar otro acto burocrático, pero no desprovisto de significado: se le concedió la Placa de la Orden de San Hermenegildo. Le siguieron la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Hay, con todo, un detalle de gran importancia que no nos resistimos a subrayar.

Su desempeño en 1944, tal y como se consignó en su hoja de servicios, fue prácticamente la transcripción de una certificación que había expedido el 22 de enero de 1945 sobre sus actividades en el año anterior, «a efectos de inclusión en su Hoja de Servicios». Esto demuestra inequívocamente que, llegados a cierto punto en su carrera militar, eran los propios interesados quienes, bajo su firma, decidían lo que había de incorporarse a la sacrosanta hojita. Por la misma razón, lo que no quisieran que figurase no lo decían y no se hacía constar. Un pequeño interrogante resuelto.

Ahora lo que habría que preguntarse de nuevo es por qué tal importante documento fue tan poco elocuente en lo que respecta a su actividad durante la guerra civil y la inmediata posguerra. ¿Miedo al futuro? ¿Un mínimo de precaución? Si es así no tenía mucho que temer. La segunda guerra mundial no terminaría con el resultado que un sector del Gobierno y el propio Franco habían esperado o deseado, pero tampoco lo hizo con un desastre para el régimen.

Es más, Acedo Colunga participó, suponemos que activamente, en uno de esos actos cuya importancia se revelaría con el paso de los años. Fue el representante del Ministerio del Aire en las reuniones celebradas en el Palacio de Santa Cruz con una delegación norteamericana para concluir un protocolo adicional de 19 de febrero de 1945 al convenio aéreo con Estados Unidos. De hecho, afirma su hoja de servicios, «desde el 30 de enero al 17 de febrero inclusive, asiste como representante del Ministerio del Aire a las reuniones celebradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores bajo la presidencia del subsecretario de este Departamento con una delegación norteamericana para la conclusión del protocolo adicional de 19 de febrero de 1945 al convenio aéreo entre España y los EE. UU.».

Esto es algo que necesita descifrarse. El tema rodaba de atrás. El 2 de diciembre de 1944 se había firmado con Washington un protocolo adicional a un acuerdo bilateral hispano-norteamericano de noviembre de 1943 por el que se concedían derechos de aterrizaje en territorio nacional a compañías aéreas estadounidenses. A los españoles no se les podía haber ocultado la importancia de estas negociaciones, toda vez que funcionarios del Pentágono participaron en ellas. ¿Hemos de pensar que del superabultado Ministerio del Aire no estuvo nadie presente? El protocolo al que hemos aludido fijó las rutas aéreas en cuestión. ¿Tampoco acudió a las negociaciones tan importante ministerio en medio de una guerra exterior?

Desde entonces, se habían ido mejorando algunos aeropuertos, como Torrejón, Gando, Los Rodeos, Villa Cisneros, El Prat, para poder acoger cuatrimotores. El Pentágono no tardó en manifestar su deseo de obtener el permiso del gobierno de Franco para que los aviones del Mando Aéreo de Transporte (ATC) aterrizasen en Madrid. La secuencia fue la siguiente:

30 de enero: presentación de la propuesta norteamericana.

2 de febrero: id de la contrapropuesta española.

6 de febrero: id de una segunda propuesta por Estados Unidos.

19 de febrero: intercambio de notas comunicando los términos de un protocolo adicional al convenio.

Obsérvese que el período es el mismo que el enunciado anteriormente y extraído del expediente personal de nuestro protagonista. Pero ¿de qué se trataba? Como ha señalado Marquina, «el acuerdo significaba dar facilidades militares a un país en guerra por un país oficialmente neutral». El entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica, «se mostró dispuesto a interpretar liberalmente los términos del protocolo».[253]

Es decir, nos parece totalmente lógico que un jurista, con experiencia de piloto, militar de confianza y Asesor Jurídico del Ministerio del Aire ocupase silla en la negociación de este protocolo, que era una de las consecuencias lógicas, dadas las circunstancias, del acuerdo gestado en 1943.

Los compañeros del Aire debieron de quedar encantados con su representante. El 6 de marzo de 1945, el general subsecretario del ministerio le comunicó la creación de una junta consultiva para que «de modo continuo y completo se pueda realizar el estudio y preparación de las diversas cuestiones técnicas y jurídicas que en el orden aeronáutico internacional se presentan en este Ministerio integrada por cinco vocales y en la que ejercerá el cargo de presidente el General que suscribe».

Su carrera prosiguió sin titubeos ni vacilaciones. Representó al Ministerio y al Gobierno español en una reunión internacional que se celebró en agosto. Si nuestro cómputo es correcto, debió de ser la cuarta y última vez que salió al extranjero. No sabemos si escribió algo sobre sus impresiones en el Londres de la victoria sobre el fascismo y/o sobre la guerra aérea que tanto había afectado a la capital británica.

Sufrió un contratiempo aparente: de ser miembro de pleno derecho de la junta consultiva antes mencionada pasó a convertirse en su asesor jurídico. Pero esta mutación fue consecuencia de su nombramiento como consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, que también implicó su cese como asesor general del Ministerio del Aire. Alcanzó así un empleo equivalente al de general de división del Ejército de Tierra. Ya no había a su alcance ningún empleo superior. Los de teniente general se concedían a cuentagotas.

También se le recompensó de otra manera. En marzo de 1947, Franco lo nombró delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Se trataba de una auténtica sinecura. Se produjo tras la nacionalización de la compañía, la ley de 31 de diciembre de 1945 y la aprobación de las bases del nuevo régimen de relaciones con el Estado a tenor del decreto del 31 de octubre de 1946. No hay que cavilar mucho para comprender que la designación de alguien para tal puesto cuatro meses después tenía que recaer en una persona de probada confianza y de acrisolada lealtad. No es posible dudar de que Acedo Colunga las había acreditado. Por primera vez en su largo periplo político-burocrático, el flamante general de división encontró un remanso de tranquilidad e, imaginamos, de bienestar financiero.

EL PASE TEMPORAL A LA VIDA CIVIL

Aquella dicha, en una España asaetada por la corrupción y el mercado negro, no duró mucho. A los cuatro años de su nombramiento en la CTNE, Franco hubo de recurrir a Acedo Colunga para cubrir un puesto delicado. Sin embargo, nada indica que hubiese desarrollado experiencias previas para abordarlo con éxito: gobernador civil de Barcelona.[254] El cargo llevaba anejo el de consejero nacional de FET y de las JONS, que a su vez implicaba la no menos significativa sinecura de procurador en Cortes. Naturalmente, incluso en los mecanismos de acumulación de puestos y de pluriempleo para los militares en la España de Franco se hacía difícil compatibilizar sus nuevas responsabilidades con las de consejero togado en el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Por imperativo legal, Acedo Colunga hubo, pues, de renunciar a este. A lo que no parece que renunciara fue a seguir como inspector general del CJA, su auténtico bombón. Tampoco renunció a solicitar los pluses de vuelo que le correspondían. Había prestado servicios en la escala del Aire más de diez años y menos de quince, pero quizá hubiera sido peligroso sentarse en un avión con él a los mandos como piloto.

No hubiese, tal vez, causado el efecto deseado en Barcelona, ciudad díscola y complicada, con un pecho un tanto desprovisto de grandes cruces. Así que no tardó en recibir la de San Hermenegildo y, como podría quizá aducirse que esta era más o menos de rigor cuando se cumplieran los plazos y condiciones previstos en su reglamento, Franco tampoco dudó en añadir la de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Para colmo de felicidad, el nuevo gobernador no tardó en acumular la Gran Cruz de Caballero de la Orden de San Silvestre Papa, concedida en 1953 por Su Santidad Pío XII (quizá agradecido por su encendida defensa de los valores católicos en la «cruzada»). Además, le concedieron la de Gran Oficial de la Orden Militar de Cristo de Portugal y las Grandes Cruces de la Orden del Mérito Civil y de Cisneros. ¿Le quedaba alguna?

Según su biógrafo de este período, la gestión en Barcelona no estuvo exenta de tensiones, pero superhombre nietzscheano al fin, encontró tiempo y reposo intelectual para escribir una biografía de José Calvo Sotelo. Cabe suponer que se trataba de una de sus figuras de referencia. Ciertamente, estaba cualificado para ello. Acedo Colunga había demostrado ser rabiosamente antirrepublicano, tener una debilidad por las glorias patrias de antaño, situarse en las filas más ariscas de la nueva aristocracia del régimen y estar muy penetrado de los dogmas con los que comulgaba la nueva élite militar, entre ella los dos hermanos Vigón. Eso sí, no vemos a Acedo Colunga inmerso en bibliotecas o consultando viejos papeles.

El libro, entre otros rasgos, se caracteriza por no contener ni una sola referencia bibliográfica. Tampoco la menor nota a pie de página. Fue también, en su prólogo, una apología del sistema franquista y del cual el político tudense aparece como uno de los precursores. Nos llama la atención que, habiendo terminado el libro en enero de 1957, según el prólogo, no figure nunca en él la menor referencia a que el autor era el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona. Quizá, para los catalanes, era innecesario. No así para el resto de sus potenciales lectores.

La contraportada, que entonces como hoy solían aprobar los autores, señala su doble condición de general de división del CJA y piloto aviador. El libro fue publicado por la barcelonesa editorial AHR, en una colección titulada «La epopeya y sus héroes», hoy de imprescindible consulta para todos quienes quieran saber algo del mediocre mundo intelectual y doctrinal que caracterizó la autohistoriografía patria durante la primera época de la dictadura.[255]

PANEGIRISTA DE CALVO SOTELO Y DEL RÉGIMEN

La obrita de Acedo Colunga no podía ser, y no fue, una biografía al uso. Ni que decir tiene que la figura del político tudense la puso por las nubes ateniéndose a los estrictos cánones establecidos por el régimen:

Era la suya una mente prócer, y su palabra, especialmente en la última etapa de su vida, relampagueaba como los aceros al sol de las batallas decisivas. Penetraba y hendía la conciencia de las gentes como los mandobles de un gigante. Pero el odio, un odio denso y negro, le había puesto cerco. En él se consumó un «crimen de Estado», del que existen las pruebas, todas irrefutables y terminantes.

Mala literatura y peor acierto. Para escribir una biografía de Calvo Sotelo, después de la media docena de escritos hagiográficos o de recuerdos que habían aparecido tras la guerra civil, hubiera sido preciso ser algo más incisivo o anunciar algo nuevo. La conexión asesinato-guerra era clásica. Los conspiradores monárquicos, Antonio Goicoechea y otros, la habían declarado en las Cortes al día siguiente de ocurrido el magnicidio. Claro que, en el plano psicológico, estaban ya preparados no porque esperaran la desaparición de Calvo Sotelo, antes al contrario, sino porque el propio Goicoechea (uno de los personajes más despreciables de la política española de la época antes de la sublevación, en la guerra y en la posguerra) ya había avisado previamente a Mussolini de cuándo iba a estallar el golpe de Estado pensado para el 18 de julio. A pesar de ello, el asesinato de Calvo Sotelo, en venganza por otros dos practicados por elementos involucrados en la conspiración, se utilizó siempre (todavía algunos descerebrados siguen aduciéndolo hoy) para «justificar» el golpe.

Por otro lado, no hay que olvidar que al cumplirse el duodécimo aniversario de fecha tan señera, Franco había elevado a la categoría máxima nobiliaria al nuevo duque de Calvo Sotelo con grandeza de España, para él y sus descendientes. Así que alguien más ducho con la pluma que el general de división hubiera podido empezar en tono menos cursi y sí más elevado literariamente su apología por el protomártir. En realidad, retorciendo la historia —de la que quizá no estaba enterado—, Acedo Colunga presentó a Calvo Sotelo como adelantado del régimen español felizmente existente y como si la traslación se hubiese producido con la precisión del funcionamiento de una máquina de relojería.

Nuestro protagonista volvió a las andadas de los años treinta. La pax hispanica de la que disfrutaba el país gracias al genio creador del Caudillo debía mucho a las grandes ideas del prócer asesinado. Su semilla había fructificado en ella y, evidentemente, nada tenía «que ver con el pacifismo nervioso del miedo, del liberalismo, siempre inconsecuente, de los democratismos desnucleados y confusos». Como se ve, un enfoque similar al utilizado en su acusación contra Besteiro casi veinte años antes. Confundir churras con merinas fue una práctica muy acorde con el pensamiento difuso de nuestro arquitecto del mal, pero no cabe negar la consistencia y persistencia de sus desvaríos.

Sentadas tales afirmaciones, de por sí inmarcesibles, verdaderas, eternas, el entonces gobernador se lanzó a la apología más descarada del régimen de Franco, que encarnaba «la estabilidad, la fluidez y la garantía del futuro español». Incluso aprovechó la ocasión él, que no había escrito —que sepamos— la más mínima línea sobre España y el contexto internacional antes, en y después de la guerra, para exaltar hasta el delirio a un país que, habiendo conocido,

lo que cuesta mantenerse sin debilidades en la soledad angosta del bastión, hoy pasea la razón de su ideario, de su conducta y de sus propósitos por todas las aceras del mundo, con la cordial admiración de muchos y, por lo menos, el respeto de todos. Pero no agota este respeto universal la significación de este hecho tan singularísimo. Se trata de algo mucho más trascendente. España vuelve al ágora de la política internacional sin haber disimulado ni uno solo de los principios fundamentales del Movimiento, sin haber hipotecado la más mínima exigencia de su soberanía, más fuerte y madura económicamente y socialmente que antes del asedio….

Camelos en estado químicamente puro, pero frases que deberían haber sabido a mieles al artífice de tales prodigios, porque —y aquí regresó Acedo Colunga a uno de sus temas preferidos—:

Más de dos siglos hacía que nuestra fisonomía política reproducía miméticamente modos, usos, costumbres y hasta sistemas y procedimientos de organización y gobierno que nada tenían que ver con nuestra más limpia tradición y la auténtica y singular personalidad del pueblo español.

Así, pues, España era para tan distinguido general un caso único en la historia. Alguien que había retrocedido hasta el punto de reivindicar los principios en que se había fundamentado la Santa Inquisición no iba a retroceder ante tamañas afirmaciones porque

en esta permanente actualización de lo tradicional es en lo que radica, y no en otras actitudes estrictamente conservadoras, la permanencia del «pasado» en el «presente» y las posibilidades de influir en la configuración del «futuro».

Al final de más y más loas al Movimiento, a su futuro y al de España, probablemente Acedo Colunga se acordó de que estaba escribiendo un prólogo a su biografía de Calvo Sotelo y volvió al redil:

El asesinato de Calvo Sotelo fue la gota de agua que hizo rebosar el vaso y que dinamitó la gran tragedia salvadora de nuestra Patria. El fusilamiento de José Antonio dio aires de eternidad a su doctrina que si ciertamente no es liberal no es tampoco fascista, aunque las coyunturas europeas le prestaran atributos externos y estímulos acaso poco aceptables a nuestro temperamento.

La pirueta intelectual e ideológica estaba perfectamente en sintonía con la línea que Franco trazaba con mano diestra, y firme el ademán, para lo que se entreveía como futuro. ¿Una dictadura fascista? ¡Qué cosa![256]

LOS CONDECORADOS Y SABROSOS AÑOS FINALES

Con un clima político barcelonés en proceso de deterioro, tras casi nueve años de una gestión que ya ha abordado Marín Corbera y con una nueva etapa abierta por el plan de liberalización y estabilización económicas de 1959, los días de Acedo Colunga en la Ciudad Condal estaban contados. Siempre con su acostumbrada lentitud, por decreto del 22 de octubre de 1960,[257] Franco lo cesó. Fue generoso. De entrada, endulzó su salida concediéndole la Gran Cruz de Isabel la Católica, aunque por razones que ignoramos la publicación de tal magnanimidad no se materializó hasta el 6 de abril de 1961.

¿Qué quedaba?

Tras dicho anuncio público, se nombró a Acedo Colunga inspector general del CJA, cargo que desempeñó durante dos años. También en mayo de 1961 Franco lo designó procurador en Cortes y consejero nacional de la FET y de las JONS. En diciembre le regaló otra Gran Cruz, en esta ocasión la del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Funcionó una ya bien engrasada rutina en la que hasta los argentinos le otorgaron una nueva condecoración que añadir a su extensa lista, pero los tiempos habían cambiado. A la España de Franco unos supuestos tecnócratas de pacotilla la habían metido en un experimento. Eso sí, en dudoso honor a las esencias patrias hay que afirmar que se lo habían extraído a Franco con fórceps. En los años sesenta lo que tocaba era la economía: se abrieron las fronteras, se exportó mano de obra, se promovió el turismo, incluso la inversión extranjera. Todo, desde luego, muy controlado. Las libertades fundamentales siguieron siendo una mera aspiración. La represión adoptó nuevas formas y se creó, en parte, un nuevo cuadro jurídico algo más sofisticado.[258]

El ya anciano jefe del Estado no dejó colgado a su antiguo fiscal y lo nombró otra vez delegado del Gobierno en la CTNE. Fue, probablemente, un segundo período de sinecura y de gloria financieras, ya que no políticas. De nuevo su hoja de servicios es silente sobre la repetición de puesto. Pero esto puede comprobarse simplemente echando un vistazo a las memorias anuales de la Compañía, algunas de las cuales, como la relativa al ejercicio de 1962, pueden descargarse de la red.[259] Naturalmente, en estricta lógica castrense cabría aducir que se trataba de puestos civiles y, por consiguiente, sin entrada en la famosa hojita. Habían cambiado mucho los tiempos desde una época pretérita en la que los delegados gubernamentales en la Telefónica, que solían ser militares, reseñaban el cargo en las suyas. Incluso lo hizo alguno de los grandes conspiradores contra la República.

En julio de 1964, Acedo Colunga pasó a la situación de reserva a petición propia y cesó en el cargo de consejero togado en el Consejo Supremo de Justicia Militar al que se había incorporado de nuevo el año anterior.[260] Falleció el 25 de septiembre de 1965, a los sesenta y nueve años de edad.

Los tiempos transcurridos no han sido demasiado favorables a su recuerdo. En general se le menciona por tres temas: su participación en la Sanjurjada, su labor como fiscal pero básicamente centrada en el consejo de guerra contra Besteiro y su gestión como gobernador de Barcelona. Gracias a Espinosa suele añadirse su participación en la represión en Andalucía, particularmente en Sevilla y en conexión con la Memoria que ha dado origen a este libro. Buscando en internet, solo hemos encontrado una semblanza personal de nuestro protagonista. Se debe a la pluma del durante largos años cronista judicial de La Vanguardia Joaquín Hospital i Rodés.

Este conocido cronista en la Ciudad Condal afirmó que el gobernador tenía un sentido de la justicia directo y expeditivo, que no solía ajustarse ni a la norma ni al procedimiento y que perseguía desmanes y desafueros al estilo castrense. Tales características no tienen por qué ser positivas necesariamente y sorprenden —pensamos— en un jurista de formación y ejercicio. El que el citado autor añadiera que se trataba de un militar «honesto» e «incorruptible» no estamos en condiciones de juzgarlo. Nos han llegado noticias que no apuntan en tal dirección, pero que desgraciadamente no tienen soporte documental. Su estampa física, al parecer, imponía respeto. Hospital i Rodés añadió: «¿por qué no decirlo?: miedo». Precisó: «era alto, hombretón, con un talante de pocos amigos». Su conclusión nos parece ambigua: «un gobernante radicalmente antijurídico, pero apasionadamente justiciero. El pueblo le temía, pero le respetaba». Otra faceta. Tal vez con los años había, hacia afuera, atemperado el fervor ideológico del que había dado muestras cuando era mucho más joven.

Quizá con un poco de suerte o de mejor salud Acedo Colunga hubiera podido ver cómo la construcción jurídica y política a la que tanto había contribuído empezaba a desmoronarse. De haber vivido algo más incluso hubiese leído tal vez algo de lo que los historiadores españoles, ya no constreñidos por la censura, comenzaban a escribir sobre los tiempos de dulce gloria para los vencedores y de oprobio sin fin para los vencidos. Sic transit…

La Vanguardia Española le dedicó dos tercios de página el 26 de septiembre de 1965 para hacerse eco de su fallecimiento la víspera en Madrid. Afirmó que había sufrido una hemiplejía dos años antes, pero que había conseguido recuperarse. En el verano había ido a San Sebastián, donde se sintió indispuesto. Regresó a Madrid, donde sufrió un infarto fatal. Solo se informó de lo ocurrido al Jefe del Estado, al ministro del Aire y a su compañero y exministro de Gobernación Blas Pérez González. Fue inhumado en Olvera. La nota biográfica fue amplia (la del ABC de la misma fecha extremadamente breve),[261] y su labor en Barcelona, muy encomiada. Sin firma, el periódico barcelonés le dedicó un pequeño artículo titulado «La honestidad». Nuestro esbozo de biografía lo retrata de manera muy diferente. A nadie, por supuesto, se le ocurrió penetrar en su actividad durante la guerra civil. Esas cosas, simplemente, no se hacían. Tampoco se mencionó su papel en el consejo de guerra contra Besteiro. Sus funerales en Barcelona tuvieron lugar el 23 de octubre de 1965. La crème de la crème oficial de la Ciudad Condal acudió a rendirle sus últimos respetos.

A juzgar por la impresión que de él dejó Hospital i Rodés, es difícil que Acedo Colunga hubiera estado intranquilo en sus tiempos de gobernador por el recuerdo de los actos que había cometido durante los años más sangrientos de la historia española. Alguno de sus equivalentes en otro régimen más impresentable que el de Franco, como fue el nacionalsocialista, han sido objeto de tratamientos pormenorizados. Tal es el caso del juez Roland Freisler, ya mencionado en la primera parte de esta obra.[262]

Al igual que nuestro protagonista, este juez aspiró a desarrollar una nueva concepción del derecho penal como soporte fundamental del nacionalsocialismo. Debía repudiar por toda la eternidad las concepciones «superadas» del derecho liberal. Lo que ambos perseguían era consagrar la noción de que el derecho debía anteponer en cualesquiera circunstancias el «bien» de la comunidad nacional (en el caso alemán, definida en términos de «raza» y, por consiguiente, como «comunidad ario-germánica») por encima del individuo. Sobre todo, dejaba obsoleta la idea de que no podrían aplicarse penas a no ser que estuviesen previstas por ley. Freisler, como Acedo Colunga, escribió elocuentemente que el juez debía ser creativo. (En último término, siempre podrían inventarse disposiciones con efectos retroactivos.) En modo alguno se sintió incomodado por ideas «absurdas» que limitasen el ejercicio de sus omnímodas prerrogativas, que se basaban en la posibilidad de eliminar a los elementos nocivos para sus ideas no por lo que hubiesen hecho o pudieran hacer, sino, simplemente, por lo que eran. No arios. No «nacionales» sino «rojos».

Acedo Colunga, embebido en glorias imperiales y al día de las «modernas» tendencias del derecho penal de corte nacionalsocialista, debe pasar también a la historia. No por su obsesión en la raza sino en la ideología. Su puesto lo tiene asegurado no solo por sus fechorías jurídicas en la España de Franco. También por haber querido cohonestar dichas tendencias con la imperecedora tradición española, basada en el espíritu y los procedimientos de la Santa Inquisición. La orientación de este libro está justificada. Repetimos: el nombre de Acedo Colunga, como el de tantos otros mencionados en esta obra, deberían figurar en letras de fuego en toda historia universal, como la que escribió Borges.

CONCLUSIONES SOBRE UNA FIGURA Y UN RÉGIMEN TEMIBLES[263]

Parece evidente que el teniente coronel y luego general de división Felipe Acedo Colunga diseñó un plan completo y bastante bien acabado para la represión penal de los desafectos al «Glorioso Movimiento Nacional». En realidad, estableció un mecanismo sobre cómo debía realizarse «legalmente» (las comillas son de rigor) el exterminio físico, moral y económico de los defensores de la República. Los consideró como enemigos internos e ilegítimos, carentes de derechos. Sus ideas contribuyeron decisivamente a justificar una aplicación de la justicia al revés: los golpistas habrían sido los «leales», y los defensores del régimen democrático y constitucional, unos réprobos, rebeldes, enemigos que merecían castigos ejemplares. Basándose en esta grotesca superchería, y al amparo de una acción violenta impulsada por grupos armados (una parte del Ejército y de las fuerzas de seguridad), los calificó poco menos que de terroristas. Todavía hoy hay gente en España y fuera de España que se lo cree. La realidad fue muy diferente: los terroristas fueron quienes se sublevaron y quienes practicaron el terrorismo ab initio.

En el sensible campo del respeto a la vida, la propiedad y los derechos humanos, la doctrina que defendió Acedo Colunga, y que en gran medida se aplicó, encaja en dos características estructurales de la dictadura a la que los sublevados apuntaban (tras la desaparición de los líderes de la conspiración monárquica, militar y fascista que llevó al golpe: José Calvo Sotelo y el teniente general José Sanjurjo). La primera fue la proyección, es decir, la atribución al enemigo de rasgos definitorios del comportamiento propio. La segunda, la práctica, desde el primer momento, de un ejercicio masivo de terrorismo, al cual pueden aplicarse sin dificultad las definiciones que del mismo hoy hace el Diccionario de la Real Academia Española: «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror» y «actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos».

Es comprensible que, todavía hoy, muchos españoles se indignen ante la posibilidad de caracterizar el régimen de Franco como una dictadura basada originalmente en una doctrina de carácter también terrorista. Y, sin embargo, es difícil negarlo. No solo en términos de derecho penal. En mi actividad como historiador me he encontrado con un caso que debería ser, en mi modesta opinión, objeto de referencia en todo manual de Derecho Político referido al régimen de Franco.

Tiene que ver con las extrañas ideas que a finales de los años cincuenta del pasado siglo se suscitaron en las covachuelas de la alta Administración madrileña para justificar la deseada reclamación del denominado «oro de Moscú» a la Unión Soviética. Las grandes lumbreras del régimen, empezando por Franco, siguiendo por el ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio (general del CJM, excapitán de Regulares en la guerra civil y letrado del Consejo de Estado con el número 1 de su promoción)[264] y sin excluir al exministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo (también letrado del mismo Consejo), diseñaron un plan con el fin de obtener la devolución del oro. Era absurdo y, naturalmente, no llevó a nada, pero se examinó según todos los procedimientos regulares en el seno del Consejo de Estado hasta llegar al plenario, con Martín Artajo de secretario general.

En el curso de los debates internos sobresalió la postura absolutamente inflexible del entonces director general de lo Contencioso, José María Zabía Pérez,[265] abogado del Estado y que, como es lógico, dependía de Navarro Rubio. Tan destacado jurista aplicó a rajatabla la doctrina fundacional de la dictadura. Exigió que en el dictamen solicitado al Consejo figurase una afirmación tajante sobre la «ilicitud radical que … tuvieron todos los actos de llamado Gobierno de la República», cuya conducta antipatriótica, en el asunto del oro, «por sí sola justificaría el Movimiento Nacional». Tuvo el sublime honor de ver ratificada su postura, en lo que al primer aserto se refiere, nada más y nada menos que por Su Excelencia el Jefe del Estado, quien en sus alocución de fin de año y con referencia al régimen explicó a los españoles, y al mundo que

No es un Estado de hecho que tiene condicionada su licitud y legitimidad limitada por el tiempo necesario para recuperar la «normalidad» alterada, sino que él es el régimen históricamente normal y legítimo. Desde el primer momento es plenamente «Estado de derecho», y como tal se asentó sobre la aclamación, el plebiscito, la adhesión, el asentimiento y el consenso del pueblo español.

Palabras a las que el propio Hitler no hubiera tenido mucho que objetar para el propio régimen. Franco, desde luego, se quedó tan tranquilo.

Es evidente que el pedigrí terrorista de la guerra civil y de la posguerra ya lo había olvidado y, naturalmente, se atuvo a su estrategia de proyección. La misma que hoy aplica un sector de los forjadores de opinión (entre políticos, periodistas, camelistas y autodenominados historiadores) para atribuir a los fieles a la legalidad republicana las exacciones (al margen de la ley) que empezaron a ejercer sectores de las masas populares encuadradas no por las checas de corte soviético, sino por los comités revolucionaros que surgieron esencialmente en Madrid y Barcelona como setas tras las lluvias de otoño.[266]

Al protagonista de este libro podemos, con exactitud, caracterizarlo a su vez como el último inquisidor español y equivalente a los autores de los manuales contra herejes de los tiempos del Santo Oficio, o el arquitecto y artífice de la gran represión franquista. No conocemos, bien durante la guerra o la posguerra, ningún otro esfuerzo intelectual o jurídico para descargar toda la sedicente «justicia» de los vencedores sobre sus derrotados adversarios y, con especial denuedo, sobre todos aquellos que se negaron a rendir las armas inmediatamente de producido el asalto a la legalidad constitucional por medio de un golpe de Estado, que había ido preparándose desde casi los albores mismos del nuevo régimen republicano.

Es verdad que algunas de sus propuestas quedaron en el olvido. Otras, sin embargo, fueron originales y subsistieron. A las primeras pertenece la pretensión de ubicar la conducta de los militares republicanos que ayudaron a personas de derechas en el ámbito del delito de negligencia militar. Entre las que se vieron reflejadas en la legislación y jurisprudencia ulterior destacan en particular:

– El papel preponderante alcanzado por la Fiscalía del Ejército de Ocupación en el seno de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia.

– La interpretación uniforme de los delitos de adhesión y auxilio a la rebelión.

– La generalización de la tesis que descartó el delito de traición en los casos en que militares del autodenominado Ejército nacional abandonaron sus filas para incorporarse al republicano.

– El que los servicios prestados al «Movimiento Nacional» se convirtieran en una cláusula de exención de la pena.

– La propuesta de regulación de la responsabilidad civil derivada del delito de rebelión y la creación de un tribunal civil recaudatorio, anticipándose a la Ley de Responsabilidades Políticas y al Tribunal de Responsabilidades Políticas.

– La introducción como agravante de la pertenencia a la masonería.

– Y, no en último término, el proyecto pormenorizado de cómo debían ser la represión penal y la depuración administrativa de los funcionarios públicos comprometidos con la República, especialmente los de los ámbitos de la enseñanza, del militar y del judicial.

Tanto por su actividad como fiscal del Ejército de Ocupación, como por sus reflexiones «jurídicas», su reiterada mención a los antecedentes históricos españoles (que en cierta medida quiso renovar), su entroncamiento con las más modernas tendencias del derecho penal de autor en la órbita de Carl Schmitt y de la experiencia nacionalsocialista, sus propuestas claramente operativas se dirigieron a la aniquilación de los enemigos del régimen militar y autoritario naciente.

Su papel no había sido todavía iluminado como merece, es decir, con un cincel de tinta negra. La presente disección de la Memoria que lo inmortaliza esperamos que haya permitido al lector navegar en las tenebrosas profundidades que su actividad y sus sugerencias abren ante los ojos, atónitos, del comentarista.

¿Qué cabe afirmar hoy, en el año 2022, como resumen del significado de sus aportaciones?

En primer lugar, que junto al catedrático de Derecho Penal Isaías Sánchez Tejerina y el filósofo del derecho Wenceslao González Oliveros, propuso con absoluta claridad —y notable desvergüenza— que el modelo procesal-penal de justicia en España debía inspirarse en la adecuación del tan controvertido Tribunal de la Santa Inquisición. No se trataba de volver al momento anterior a su disolución (ya de por sí bastante tardío en el siglo XIX temprano). Se trataba incluso de vincular la España del XX a las doctrinas más puras del período de las guerras de religión. Hombre de su tiempo, como no podía ser de otra manera, Acedo Colunga también bebió en fuentes nacionalsocialistas. Algo que no se ha enfatizado como una de las características esenciales de las tentaciones por las que atravesaría la naciente dictadura franquista deslumbrada por el ejemplo, para ella embriagador, del Tercer Reich.

Esto explica lo que hemos indicado una y otra vez. Su deseo de abandonar el principio de legalidad penal para dar paso a la analogía. En su «esclarecido» juicio había que dejar de lado el tenor literal de la ley. El fiscal y el juez debían convertirse en los únicos intérpretes del espíritu del pueblo (el Volksgeist hispano). Es más, cuestionó el concepto de rebelión contenido en el Código de Justicia Militar de 1890, porque pensaba que bastantes conductas de los republicanos no estaban catalogadas expresamente como delito de rebelión militar en aquellos textos. Era, en una palabra, imprescindible, según él, sustituir la ley por otra teoría. Es decir, que los fiscales y jueces interpretasen en cada momento las normas emanadas del Caudillo, único depositario del sentimiento total de la comunidad hispana (ya que no racial). Esto no era otra cosa que remedar la situación en que se encontraba el Tercer Reich. La voluntad de Franco, como la de Hitler, era la última fuente de ley.

El proyecto de derecho penal que aparece pergeñado en la Memoria es un derecho de autor, un derecho de la voluntad. En él se perseguirían tanto las ideas como las acciones. De lo que se trataba era de reprimir con constancia y arrojo a todos aquellos que defendiesen valores republicanos. E, incluso, a los que, sin ser republicanos, no apoyaron el GMN. Al perseguir la condición ideológica sin más, se generó un derecho penal en el que no se diferenciaba entre autoría y complicidad o entre tentativa y frustración. Cualquier apoyo a la República se convirtió en un delito de rebelión consumada mediante autoría directa.

Siguiendo la tesis de Carl Schmitt, nuestro protagonista sustentó la teoría del pirata y la guerra justa. El Ejército republicano no fue sino una turba de delincuentes, que era preciso insertar en el catálogo de enemigos ilegítimos y sin derechos y a quienes podía aniquilarse sin más. Esta fórmula anticipaba, en alguna medida, las actuaciones de las SS, de los Einsatzgruppen y de la Wehrmacht en tierras soviéticas a base de la combinación de los enemigos de sangre (judíos) y de los enemigos perniciosos para el desarrollo de la sociedad deseada (bolcheviques).

Desde tales postulados filosóficos y políticos había, pues, que llevar a la práctica la forma en que debería desplegarse el proceso de depuración de todos los miembros de la anti-España. De ese modo, propuso la eliminación física, moral y económica de todas las personas que eran afines a la República. Ni más, ni menos.

Ahora bien, si la idea inicial fue reprimir a los autores intelectuales, a los verdaderos constructores de la República, al final, dando un giro de tuerca, habría que extender el ámbito de persecución a todos los sectores que habían sido los garantes intelectuales de la «revolución»: Enseñanza Media, Universidad, sindicatos, partidos políticos, funcionarios, jueces, fiscales, militares. Es decir, volver a la supuesta «pureza» de sangre y de ideas de una España incontaminada, como en los años de gloria de la pugna contra los moros, los judíos, los herejes, los importadores de ideas foráneas que no entroncaban con lo que para él sería «la suprema realidad de la PATRIA». Como ningún otro, y superando a los ideólogos civiles del régimen que no vestían el glorioso uniforme del soldado, Acedo Colunga asumió para el Caudillo, el primer militar español por excelencia, la encarnación única, inconmensurable, de la identificación con la esencia misma de España. En su desmesura, el aviador y jurídico-militar fue capaz de interpretar la «filosofía política» de Franco. No extrañará que, como hemos visto en esta tercera parte, su carrera tras la guerra civil estuviese esmaltada de éxitos continuos.

Resumiendo: entre todas sus propuestas, su mayor y más inequívoco triunfo consistió en arraigar en la legislación y la jurisprudencia franquistas su proyecto de represión penal de todos aquellos que no colaboraron con el GMN. Como otros ejemplos del éxito de sus alternativas jurídicas pueden citarse el papel preponderante alcanzado por la Fiscalía del Ejército de Ocupación en el seno de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia; la interpretación uniforme de los delitos de adhesión y auxilio a la rebelión en los consejos de guerra permanentes; el descarte del delito de traición y la imposición del delito de rebelión en los casos en los que el militar del Ejército nacional abandonara sus filas para incorporarse al republicano; la conversión de los servicios prestados al «Movimiento Nacional» como cláusula de exención de la pena; la propuesta de regulación de la responsabilidad civil derivada del delito de rebelión y la creación de un tribunal civil recaudatorio, anticipándose a la ley y al Tribunal de Responsabilidades Políticas; la introducción como agravante de la pertenencia a la masonería; y, finalmente, el proyecto pormenorizado de cómo debía ser la represión penal y depuración administrativa de los funcionarios públicos comprometidos con la República, especialmente los del ámbito de la enseñanza, el militar y judicial.

En definitiva, para su eterna condena en lo jurídico, político y moral, Acedo Colunga interpretó a Franco y a la esencia de una dictadura que se agarró, desesperadamente, falta de alternativas ideológicas modernas, en la guerra civil y en la inmediata posguerra, a la luz deslumbrante del nacionalsocialismo. Con él había que dar su merecido y castigar a todos los «rojos».

Anexo documental

SENTENCIA DEL CONSEJO DE GUERRA
SEGUIDO CONTRA MARIANO ZAPICO Y OTROS,
CÁDIZ, 5 DE AGOSTO DE 1936

En la Plaza de Cádiz a cinco de agosto de mil novecientos treinta y seis, reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y desarrollar el procedimiento sumarísimo que se sigue contra los procesados Don Mariano Zapico Menéndez Valdés, Don Leoncio Jaso Paz, Don Antonio Yáñez-Barnuevo y Don Luis Parrilla Asensio,

Resultando Que frente al estado de anarquía que domina en todo el territorio nacional con manifiesta conculcación de todo régimen legal y civilizado al asumir el Ejército el poder por el medio legítimo de la declaración del estado de guerra que anula toda autoridad civil cuyo imperio estaba además prostituido por el desorden y la subversión de todos los valores morales de la sociedad se ha constituido el único gobierno que puede salvar a la Patria interpretando sus destinos históricos y la necesidad de continuar su propia existencia,

Resultando Que el día 19 de julio del presente año después de haber sido declarado el estado de guerra en esta Plaza con la publicación del bando dictado por el Excmo. Sr. General Jefe de la Segunda División Orgánica se organizó una columna de fuerzas militares al mando del General Don José Varela Yglesia (sic) que tenía por objeto hacer efectiva la orden dictada obligando a las autoridades civiles a que se sometiesen, rodeando dicha columna el edificio que ocupa el Gobierno Civil en esta población e intimando al Gobernador Don Mariano Zapico Menéndez para que hiciera entrega del mando y acatase la única potestad que se considera legítima ante la historia nacional,

Resultando Que el Sr. Gobernador Don Mariano Zapico lejos de obedecer a dicha intimidación conjuntamente con los demás procesados en este procedimiento y con fuerzas que en el referido edificio se encontraban e hicieron fuego contra las militares del General Don José Varela produciendo en esta (sic) un muerto y cuatro heridos, hechos probados

Resultando Que el mencionado Gobernador Sr. Zapico procesado en esta causa ordenó a los comandantes de la Guardia Civil de los puestos de la Guardia Civil que entregaran las armas que poseían y que se encontraban en las armerías para el mismo fin asumiendo la responsabilidad que pudiera derivarse de las órdenes que sin duda se dieron o al menos excitaciones desde el Gobierno Civil para que se efectuasen incendios y desmanes en la población, hechos probados

Resultando Que el procesado Teniente Coronel de Carabineros Don Leoncio Jaso Paz dio órdenes a las fuerzas de su mando para que pararan a las fuerzas militares adictas y cooperó con su presencia en el Gobierno Civil y su decisión ostensible a la rebeldía en que se encontraba, hechos probados

Resultando Que el procesado Capitán de Asalto Don Antonio Yáñez-Barnuevo no solo cooperó de modo entusiasta a la resistencia que se ofreció en el Gobierno Civil a las fuerzas salvadoras de la Nación sino incluso según confesión hecha ante el Consejo que se amenazase a la vida de los Oficiales y sus familias para obligarles de este modo a que abandonasen el cumplimiento de sus deberes militares, hechos probados

Resultando Que el procesado Oficial de Telégrafos Don Luis Parrilla Asensio no solo desarrolló una extraordinaria actividad en la transmisión de telegramas y órdenes sino que desarrolló verdaderas iniciativas con gran entusiasmo dentro del edificio del Gobierno Civil sosteniendo al mando la resistencia que este hacía, hechos probados

Resultando Que el Ministerio Fiscal ha ratificado oralmente en el acto de esta vista su escrito de calificación pidiendo para los cuatro procesados en esta causa la pena de muerte y la accesoria legal de inhabilitación absoluta para caso de indulto y el embargo de sus bienes para resarcir de los daños ocasionados cuya cuantía se desconoce estimando que son autores del delito de rebelión militar que define el artículo 237 del Código de Justicia Militar penado en el número 2 del artículo 238 y que la defensa ha expuesto ante el Consejo que sus respectivos representados no han hecho otra cosa sino cumplir con deberes que se les tienen asignados,

Considerando que los hechos que se declaran probados constituyen el delito de rebelión militar definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar ya que significa el alzamiento ante el único poder constituido en España y cuya legitimidad moral contará la historia y el asentimiento de los mismos ciudadanos,

Considerando que a mayor abundamiento el bando declaratorio y los consejos de guerra y que es forzoso tener en cuenta para su conexión con el código castrense para los cuatro procesados,

Considerando que los actos ejecutados por los cuatro procesados en esta causa se encuentran comprendidos en el número 2 del artículo 238 del Código de Justicia Militar y que del delito que constituyen son responsable en concepto de autores por ejecución directa y en estado de consumación,

Considerando que dada la transcendencia de la rebelión militar en la Plaza de Cádiz y que las órdenes y excitaciones dadas han engendrado sin duda daños cuantiosos y de índole moral incalculables es de estimar las circunstancias agravantes a que se refiere el artículo 173 del Código antes citado,

Considerando que son de apreciar responsabilidades civiles cuyas cuantías han de concretarse en período de ejecución de sentencia ya que de los incendios y desmanes son ciertamente responsables por inducción los procesados en esta causa,

Vistos los artículos pertinentes del Código de Justicia Militar, el bando declaratorio del estado de guerra y leyes de general aplicación,

Fallamos que debemos condenar y condenamos a los procesados en esta causa Don Mariano Zapico Menéndez de Valdés, Don Leoncio Jaso Paz, Don Antonio Yáñez-Barnuevo y Don Luis Parrilla Asensio a la pena de muerte como autores del delito consumado de rebelión militar y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua y abono de prisión preventiva para caso de indulto y la indemnización que se fije en período de ejecución de sentencia por los daños ocasionados a los intereses del Estado y particulares.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos y firmamos

[Se identifican varias tachaduras como no válidas]

Fuente: sentencia conservada por la familia Yáñez-Barnuevo, a la que deseamos agradecer su amable cooperación. El original se encuentra en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, sum. 82/1936, leg. 1, n.º 16.

Parte Cuarta

Reproducción y transcripción de la Memoria de Acedo Colunga

Reproducción y transcripción de la Memoria de Acedo Colunga

MEMORIA DEL FISCAL DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN

PRÓLOGO

No podría ser aunque lo pretendiese, ésta, una memoria protocolaria. No la impone ningún precepto legal y por ello su redacción voluntaria, sin pujo de vanidad alguna, con ambición de humildísimo fervor patriótico, indica sólo un modo de contribuir en la medida de su modestia a la fijación de valores y conceptos que por ser de espiritualidad, no deben sufrir merma alguna con los desgastes del tiempo y los asaltos del interés y de la miseria humanos.

Mientras nuestras armas extienden el área de sus conquistas, la vida implacable con su tejido de egoísmos, intenta en vano socavar los Alcázares gloriosos de nuestra Revolución Nacional. Para muchas gentes, parece que no ha pasado nada. Y sin embargo, se han conmovido las entrañas todas de la conciencia española, que se ha encontrado a sí misma, al volver por los legítimos y naturales cauces de su Historia.

Pero no basta la acción militar de los campos de batalla, ni la misma reconstrucción material de las cosas destruidas por el fuego de la guerra o el odio de los agentes que renegaron de Dios y de la Patria. Existe una labor más honda y difusa, harto más penosa y difícil, compuesta del sacrificio constante de muchos dias, en lu-

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cha con los elementos abismales de la sociedad y en combate con los mismos perjuicios que se enquistaron en nuestras almas, hijas al fin y al cabo de una educación impregnada de las doctrinas liberales y materialistas.

Esta labor es la justinianea de dar a cada uno su derecho, que es antes que nada la de obligar a cada uno a cumplir con su deber.

En este inmensísimo trabajo reconstructivo, la cimentacion es de naturaleza penal. Hay que desinfectar previamente el solar español. Y he aquí la obra –pesadumbre y gloria– encomendada por azares del destino, a la justicia militar.

Una corriente universitaria que disfrazaba con vestidos científicos, sus fóbias a la disciplina castrense y al sentido autoritario que encierra la Jerarquización del Ejército, ha llevado a las generaciones que hoy constituyen la mayoría letrada del país, la opinión de que no existía un derecho militar y de que tal expresión jurídica representaba únicamente un criterio sin propia sustantividad y dotado de caracteres excepcionales.

Hace ya años, un Auditor insigne, de ilustre memoria, D. Angel Salcedo, defendió la tesis de la sustantividad del derecho militar. En días próximos, Jose Antonio Primo de Rivera, representante de la Juventud Española, supo con la belleza de la poesía que promete, informar la vida de un contenido ascético de servicio y de milicia. Y cuando la más terrible de las guerras, ha obligado a una movilización general de las conciencias y a una patriótica uniformidad de los ideales, parece bizantino el pretender

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justificar la existencia de un espíritu jurídico-militar apoyándose en Textos Académicos o en razonamientos de abstracción. Se deriva de la misma realidad trágica y dura, que por mandato de nuestro Señor vivimos.

No vea nadie en estas reflexiones, finalidad interesada o de marco reducido y profesional. Se trata del espíritu jurídico-militar que no conoce de escalafones determinados y que se encuentra potencialmente en los españoles de concepción juvenil e hispana.

Acaso su expresión técnica constituya la vinculación de los Auditores de Guerra, pero su interpretación y difusión no son cotos cerrados por lo mismo que aspiran a obtener resultados de suma transcendencia y universalidad. En la sana energía de sus postulados, en la finalidad ejecutiva de sus orientaciones, en el desprecio que sustenta por la simple oquedad de las formas, en la sencillez con que viste sus atributos, podría verse la imagen de la conciencia jurídica de nuestro pueblo, gran amigo de la equidad y encarnizado detractor de los golillas y los fariseos de la justicia.

Y así es también como la espiritualidad jurídica de los Ejércitos, desemboca en una reivindicación de los conceptos y valores eternos de la justicia, que han de abandonar ropajes estériles para servir los ideales supremos de la vida y de la Patria.

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VOLUMEN DE LA REPRESION

No se ha presentado en la historia del mundo un caso de represión jurídica, como el que ha creado la rebelión marxista. Una nueva época de grandes concepciones surge por tanto para nosotros. Son inservibles los métodos y los moldes que hasta ahora regían, consagrados por el uso en la actividad judicial. La realidad exige que alumbremos con nuestro poder creador, fórmulas nuevas para atender a las exigencias dramáticas de nuestro tiempo.

Tamaña empresa no es, por lo demás, inadecuada a nuestro genio y a nuestra historia. Ya en el siglo XV conocieron nuestros antepasados en el breve espacio de unos años, el salto gigantesco que supuso en nuestro régimen de vida la unificación imperial de nuestro territorio y el descubrimiento de las Indias occidentales por las carabelas de Cristóbal Colón. Poco después conmovían el mundo nuestros estruendos guerreros y nuestras manifestaciones sublimes del arte y de la ciencia. Hoy al terminarse en Julio del 36 el proceso de nuestra decadencia histórica con esta inmensa hoguera donde se está eliminando tanta escoria, aparecen problemas de una magnitud extraordinaria que exceden y superan todo límite. Hemos de resolverlo. Para ello Dios nos ha dotado

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de un poder imaginativo y de una ambición tejida de conceptos teológicos y universales, que ha de permitimos la aplicación de ideas nuevas, prácticas y humanas.

La represión jurídica ha de realizarse a pesar de su extraordinario volumen. Y ha de realizarse, sobre todo, inspirándose en características constructivas. Porqué no se trata de deshacer a España sinó de rehacerla, estableciendo sobre una masa de rencores y de tristezas, la satisfacción suave de una convivencia pacífica y bien ordenada.

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No hay escuela penal que pueda prestar de un modo total su contenido filosófico a nuestra labor. Parece a primera vista que ha de nutrirse de la autoritaria que hoy constituye el patrimonio legal de las dictaduras europeas. Pero esto sólo es en un orden relativo. Desechadas las concepciones sentimentales del humanitarismo de Beccaria, las positivistas del deterninismo, las de la defensa social exclusiva y en mayor medida las primitivas de índole vengativa, es indudablemente que nuestras directrices han de ser de fuerte protección social, hasta el punto de que podríamos afirmar la casi-derogación científica y práctica de los dos principios “nullum crimen nulla pena lage” é “in dubis pro reo”.

El primer principio, sin embargo, tiene una observancia parcial que reduce el libre arbitrio creador que podría quizás, acarrear abusos. Los hechos han de ser sancionados con pena establecida por ley anterior a su perpetración (Códigos de Justicia Militar y Penal Común) y

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han de ser calificados por su inclusión en el Bando dictado por las Autoridades Militares (artículo 171 del Código de Justicia Militar vigente). Queda un margen de libertad a pesar de esto, porqué en una rebelión como la que juzgamos, tan extensa y honda, puede incluirse multitud de actos que integran la vida de relación, que no están materialmente especificados de modo literal en los Bandos y claro es que para ellos ha de considerarlos punitivos el mismo juzgador, constituyendo su criterio en realidad la categoría de un precepto penal.

El segundo principio de origen sentimental es, además de contrario a las exigencias de la época, hasta injusto, porqué dejándose llevar de las corrientes individualistas, deja postergada la continuidad social. El “in dubis pro reo” acaso deba transformarse por el “in dubis pro societas”. Todavía estamos tocando las consecuencias de la propaganda debilitadora de las mismas peticiones de indultos, que se fundan en aquella frase de una indudable alteza moral pero que resulta minada por las impurezas de la vida “odia el delito y compadece al delincuente”. Cuando se presencia una lucha que tiene significados mortales para la misma civilización cristiana, que en vez de corromper al hombre como declaraba Juan Jacobo Rousseau en su discurso sobre las ciencias y las letras, lo eleva desde el pecado hasta el trono de la gracia y en definitiva lo exalta y mejora, son las virtudes sociales y los principios eternos, los que reclaman una vigilancia y protección completas y constantes. Surge así ante nuestra vista el recuerdo del calumniado Tribunal de la Inquisición nacido para juzgar los conversos y para evi-

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tar nuestras guerras intestinas de religión, Tribunal espiritual en donde con unas orientaciones de tipo social, el individuo sometido a las necesidades de la Sociedad, era motivo de la actividad juzgadora que buscaba su salvación eterna. Las fuerzas secretas de la revolución y concretamente la masonería, han presentado a nuestra Inquisición como un modelo de torturas. Un estudio sereno iluminará esta zona sembrada de falsedades, ofreciéndonos perspectivas penales dotadas de una intensa y españolísima originalidad, en las que acaso se encuentren doctrinas susceptibles de ser recogidas y puestas en práctica.

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La represión que impone la rebelión sangrienta de todas las fuerzas anti-españolas, ha de asentarse sobre bases constructivas. Y es aquí donde radican las máximas dificultades.

Ni venganzas ni persecuciones. Pero si un criterio de energía que con las naturales evoluciones que determina el curso del tiempo y las distintas situaciones de la guerra, no sufra vacilaciones ni quiebre su marcha serena y rectilínea.

Hay que eliminar toda la criminalidad en España. Decir esto equivale a suprimir todos los criminales que bajo las banderas rojas han deshonrado la noble hidalguía de nuestro pueblo. Y decir criminales no es sólo referimos a los agentes materiales de asesinatos y ultrajes a la sensibilidad humana, sinó comprender a dirigentes, propagandistas y negociantes de revolución materialis-

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ta.

No debe subsistir quién basaba ambiciones y cálculos sobre la muerte y el martirio de honrados españoles, quien excitaba desde su puesto burocrático o desde su Tribuna de difusión, quién recogía las ventajas del río de sangre que la abyección de las masas engendraba.

Una represión así efectuada será eminentemente jurídica y moral. Socialmente constructiva. Dotada de cifras con gran riqueza numérica, representa sin embargo el nobilísimo empeño de una generación regida por un hombre generosa y patriota en limitar los efectos de una inmensa tragedia. Cuando se recuerdan los miles de fusilamientos hechos en masa, que constituyeron la represión de la Comunne francesa o la política colonial anglo-sajona, se robustece nuestro orgullo de españoles víctimas de leyendas negras y de mediatizaciones históricas, que ya no hemos de consentir. Nuestra represión será, está siendo, lo que entendemos que debe ser.

Pero además constituye un modelo de represión humana, dotada de un altísimo espíritu jurídico. Esta misma memoria modestísima, suma de inquietudes, revela hasta que punto se miden y pesan en España por los que participamos de la conciencia judicial del país, todos los elementos que integran el problema. Revela hasta que punto nos duele el egoísmo frío de gran parte de Europa, que no sabe o no quiere saber de las maldades infinitas y miserables de la zona roja y de como nuestra reacción vigorosa, es una nueva cruzada que salva al mundo, en contra de su misma corrompida voluntad.

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Eliminación de la criminalidad revolucionaria integrada por los autores de delitos comunes, por los dirigentes y verdaderos propagandistas, autores por inducción.... eliminación del crimen para que sus elementos y agentes, resulten dominados en la sociedad futura...

Pero no se trata principalmente de construir una sociedad nueva, porque lo que estaba en realidad absolutamente podrido, era el Estado Español alimentado por principios funestos y esclavo de orientaciones extrañas contrarias a su imperativo espiritual y físico. Al fin y al cabo en la sociedad española existía una reserva ética superior a la de cualquier pueblo europeo. Resulta maravillosa, en verdad, la constitución social de nuestro pueblo, la reciedumbre de nuestra raza, la salud moral de nuestro hogar. Estas no son palabras, son observaciones que pueden continuamente contrastarse y a las que puede darse por tanto un valor de realidades. Por esto la verdadera tarea estriba en construir un nuevo Estado. Levantar una nueva edificación Jurídica en el solar de la raza y de la geografía ibéricas.

Pero el nuevo Estado -seamos sinceros- valdrá lo que valga ciertamente su sistematización orgánica, a condición de que las funciones públicas estén encomendadas a los mejores. Tal es el secreto a voces y sencillo, que se encuentra en las constituciones jurídicas de todos los pueblos de la Tierra.

Y para que los mejores ostenten la función pública futura, es preciso que a su designación preceda una de-

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puración despojada de todo sentimiento de piedad personal.

La providencia depara la ocasión. Dice el refrán que la pintan calva. Ninguna como ésta, para eliminar a todos los funcionarios que no estén identificados espiritual y materialmente con todo lo que nuestro Movimiento significa. Tal eliminación es sin duda obra de los respectivos Cuerpos y distintos Organismos estatales, pero bueno es consignar que ante la función pública entregada a la horda roja, la Justicia Nacional ha de tener formado un criterio. Y es éste, el más delicado acaso. Sus dificultades, sin embargo desaparecen, cuando viene a nuestro espíritu la energía del cumplimiento del deber que tiene la virtud celestial que animó el cuerpo de Lázaro, cuando rompió la marcha saltando los bordes de su tumba.

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Hay tres zonas en donde ha de recluirse nuestra represión jurídica en relación con los funcionarios públicos. Son motivaciones penales indiscutibles: la ideología personal, la entidad rebelde de los actos realizados y la calidad misma de la función desempeñada.

En su lugar oportuno deberán desenvolverse estas ideas; de momento sólo interesa consignar que la primera, cuando aparezca de modo aislado pertenece a los confines de la jurisdicción administrativa en obra depuradora de escalafones y sobre la última o sea la calidad de la función, habremos de subrayar la importancia que reviste la del militar y la del encargado de administrar justicia, ya que en toda sociedad el que ostenta jerarquía profesional castrense y el que está investido de magistratura

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y poder judicial, han de atesorar virtudes específicas de sacrificio, que precisamente por el mérito que supone, otorga a sus titulares el derecho a ser honrados en todo instante y enaltecidos en el comercio natural de la vida entre el resto de sus conciudadanos.

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Como se ve, nuestra política penal no conoce el odio, sinó el amor. No persigue finalidades terroristas como acontece en la zona roja donde la disciplina de sus brigadas se basa en un régimen de espantosa dureza. En la España Nacional no ha sido necesario aumentar la gravedad de las penas que establece el código de Justicia Militar y como puede fácilmente observarse, la disciplina se manifiesta suave como un hecho normal que brota espontáneamente y sin violencia alguna. No hemos tenido en realidad ni una insubordinación. Nuestros soldados desde los primeros momentos siguen a sus Jefes con entusiasmo y con afecto. Y así, en esta heroica etapa de nuestra historia, nuestros Ejércitos no dan trabajo alguno de índole judicial. El Código de Justicia Militar, que era objeto de tantos ataques retóricos por parte de los defensores de la libertad humana, está en una inactividad casi absoluta, por lo que se refiere a los delitos de insubordinación. Y como ésto resulta maravilloso, lo consignamos en esta memoria como signo indudable de las virtudes efectivas y sólidas que dan vida a nuestro Movimiento Nacional.

Nuestra represión jurídica por ser constructiva, es eminentemente generosa. Se confinan, socialmente considerada en los criminales, ingresando en dicho concepto, los

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elementos directivos ya que la revolución marxista reconocía en el crimen su gran palanca “Contra los cuerpos la violencia y contra las almas la mentira”. Es justo que de los miles de asesinatos y atropellos respondan sus agentes directos y sus autores indirectos y mediatos.

En el orden estatal la represión se limita a los que han ejercido funciones públicas con evidente y eficaz auxilio a la rebelión marxista. Pero además la represión debe mirar al porvenir evitando que sigan en el nuevo Estado, los funcionarios que hicieron posible el advenimiento de la gran tragedia que vivimos. ¿Es acaso cruel separar de sus carreras a cuantos son ineptos é inmorales o simplemente acomodaticios y “mangantes”?. Y en este sentido es absolutamente preciso decir de una vez y para siempre, que en esta zona de la represión, por lo mismo que hay que luchar contra un tejido invisible y extenso de intereses creados y de ínfimas inmoralidades y transigencias, se requiere una decisión inquebrantable. El Estado Español futuro, valdrá lo que valgan sus funcionarios, los que de algún modo ostenten autoridad y ejerzan sus funciones. Dejar, pues, con esta investidura a los que están sanos y capacitados, aunque su número sea reducido, es hacer una verdadera Revolución Nacional.

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LA ACTIVIDAD FISCAL

Nosotros no entendemos que el Fiscal es solamente el representante de la Ley, porque superamos el concepto frío de esta representación y de este modo pretendemos dotar al Ministerio Fiscal de un dinamismo apasionado y combativo constituyéndolo más que nada en mandatario y vocero de la conciencia jurídico-social.

Surge así su extraordinaria importancia en el régimen autoritario de una España Imperial.

Mientras la nación discurría por los cauces liberales é individualistas, la bella teoría de la exposición de motivo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, parecía conservar toda su fragancia sofística, colocando al Fiscal y a la Defensa, a la sociedad y al individuo dirimiendo sus derechos ante la serena imparcialidad del Tribunal, pero colocados fuera de toda discusión los derechos del individuo que tienen su lugar en el derecho natural, lo que importa sobre manera resolver ante la justicia estatal es la entidad de la violación social contenida en el delito y así se explica el novísimo ordenamiento procesal alemán en donde el Fiscal registra su actividad con verdadera personalidad creadora, con facultades propias durante la tramitación del procedimiento. Porqué es la sociedad quién allí consigna su emoción y

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por el instrumento técnico adecuado actualiza su presencia no sólo pidiendo sinó haciendo, aumentando su capacidad de obrar y su área de acción procesal.

Esta representación de la conciencia jurídico-social que recabamos para el Ministerio Fiscal constituye carga onerosa aunque aparezca como honor excelso. Obliga de un modo extraordinario al Fiscal a una reflexión constante, a una contención de toda motivación personal, a una descorporeización de egoismos, a una abnegación y a un espíritu de sacrificio imposibles de calcular.

Porqué si es difícil emitir fallo resulta harto más difícil formular una acusación. Cuando ésta se basaba en un artículo de la Ley parecía que en ella se encontraba dulce asilo y justificación, pero cuando el Fiscal -sobre todo en estas circunstancias trágicas- ha de alcanzar horizontes más extensos y ha de investigar en la conciencia jurídica de su país, en los elementos constituyentes del mecanismo penal y social, traduciendo su emoción y reflejándola en su propio espíritu, atribuyéndole exteriorizaciones técnicas, su magistratura aparece investida de un permanente y hondísimo sentido de responsabilidad. No ha de leer el código, ha de saber leer en el Código cuanto representa la vida misma de la sociedad.

Esta manera de concebir el Ministerio Fiscal no es propiamente una teoría que se esgrime para una simple constancia en esta memoria. Si ésto fuera, nada valdría porqué además no representa ninguna novedad.

Pero acaso lo sea y en ello estriba su único valor, su puesta en práctica. Requiere espiritualidad juvenil,

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entusiasmos no marchitados, optimismos eternos... En la Fiscalía del Ejército de Ocupación, en cohesión de hermandad se ha procurado elevar la función fiscal de las regiones frías en que un prejuicio inveterado quería situarla, a zonas de vibración continua. Los informes orales aparecen así como disecciones de los hechos sumariales, como calificaciones jurídicas, pero además de ésto como expresiones sociales de emoción. Y es que creemos que en el curso de cada procedimiento se pone una piedra inconmovible de la nueva España. Nuestra fe en la significación del trabajo, es la mayor energía para vencer las insuperables dificultades del mismo.

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Si el Fiscal es representante de la conciencia jurídico-social, claro es que la elaboración de su criterio supone un conjunto de doctrinas, de observaciones, de experiencias técnicas y de comprensiones directas de la misma realidad. Es forzoso tener un criterio que no puede ser fruto improvisado ni reacción aislada. Y es tanto más necesario cuanto que ante la conmoción revolucionaria de nuestro país, la pobreza de nuestros textos legales anteriores es bién evidente.

Cuando el 18. de Julio de 1936 el Ejército Español obedeciendo su Ley constitutiva, que es traslado de su esencia eterna, se levantó contra sus enemigos interiores en defensa de la Patria, no existía Gobierno en España. Desde el Banco Azul el que se había proclamado como contendiente, pero sin el voto de la mayoría escamoteada en las urnas, había violado la misma Constitución República-

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na con el Decreto de Amnistía, el nombramiento de nuevo Presidente, la readmisión de represaliados y en todo momento había hecho dejación de sus principales deberes, consintiendo y practicando toda clase de violaciones jurídicas.

¿Era Gobierno la facción que dio el primer “paseo” en las calles de Madrid asesinando al más ilustre de los españoles, a Calvo Sotelo?.

Lo repetimos; cuando nuestro Caudillo asumió el mando militar del Alzamiento, recogió los atributos morales é históricos del Poder Público Español. Ante la historia, ante la moral y ante el derecho el único Gobierno legítimo de España desde el día 18. de Julio de 1936 era el que se ejercía militarmente, en supremo esfuerzo de sublimización espiritual y redención humana.

De aquí que desde el primer instante, toda oposición a éste Poder único legítimo, cayera dentro de la órbita del Código de Justicia Militar y concretamente de su artículo 237. que define el delito de Rebelión Militar.

No hay porqué complicar las cosas. Son como son. No valen las palabras. Puede un hombre pasar toda su vida hablando de libertad, pero sus discursos se derrumban ante la brutalidad del solo hecho que significa la destrucción de las imágenes religiosas y la persecución del culto católico, patrimonio espiritual el más alto de la civilización del mundo. Puede un pseudo-Gobierno acatar un artículo constitucional, votado por una generación amotinada contra su historia prorrogando por acuerdos dotados de caricaturesca comicidad, el Estado de Alarma de

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la República Española, con el fin de demostrar su servidumbre a la Ley. Nada vale su cinismo y su bastarda hipocresía, porqué frente a tan burdo legalismo, se alza la corrupción más miserable y extensa que registra la historia humana.

¿Para qué más?. Prorrogada la lucha entre el espíritu de España y la desviación materialista de su historia no cabe siquiera elevar a la categoría de guerra civil, lo que en realidad no es lucha ideológica de doctrinas, sinó esfuerzo generoso y sublime del bien por dominar y reducir las fuerzas satánicas que anidan en la especie humana. No puede haber guerra civil con el crimen y la barbarie. Por esto, nosotros, para la fijación de nuestro criterio penal hemos de rechazar la igualdad moral que entraña la calificación de guerra civil. Los ejércitos democráticos (?) que combatimos y que tienen la derrota en sus propios vicios, en sus crueles paradojas, en su confusión de tópicos y conducta, son núcleos rebeldes. Son facciones de reos del delito de Rebelión Militar. Es su acepción más pura o sintética podríamos decir que son la facción de rebeldes ante la Patria.

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No es baladí ésto de consignar que jurídicamente sólo nos encontramos en presencia de una rebelión porque ya en Valladolid ha sido impreso un libro “Efectos de la guerra en la vida y las relaciones privadas.- Estudios jurídicos-prácticos.” cuyo autor aparece bajo el pseudónimo de Marco Tulio Sempronio y que no hemos de valorar ni comentar, que atribuye a la contienda españo-

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la, la condición de verdadera guerra civil. Y si tal carácter de guerra ha de entenderse para regular determinados efectos jurídicos en las relaciones privadas, en el orden público no es posible aceptar tan fácil conclusión. Por mucho que los hechos efectivamente nos hablen de dos Estados, en España, el rojo y el Nacional y de dos ejércitos y hasta de dos ideologías, siempre en última instancia encontraremos, con que nosotros somos ante la Patria, nuestra propia Historia y ante el mundo nuestra civilización, mientras que los rojos son ante España, la herencia afrancesada y el espíritu asiático y ante Europa el regreso a una época primitiva de barbarie y materialismo opresor.

No hay pues paridad ni equivalencia. No nos engañemos. Las ideas que preconizan el crinen, son el crimen mismo y aún peores que él. De más funestos resultados. No son realmente ideas, sinó crímenes que no deben ser amparados ni protegidos por la Ley.

La vida con sus lecciones trágicas, se ha encargado de demostramos esta gran verdad, que no conocíamos adormecidos por los tópicos del liberalismo. En España la idea “Rousseniana” evolucionada y transformada en el credo marxista –religión del odio y de la destrucción– era el crimen ya en la potencialidad de los cerebros, pero además y como fatal consecuencia, ha sido el crimen en los actos, en las realidades de la vida española, ¡Y en que medida!.

¿Cómo establecer equivalencia entre tales ideas o sea entre tales crímenes, con aquellas nuestras que po-

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drán tener errores parciales, pero que en definitiva son el amor del Crucificado, la redención de la Patria, el restablecimiento del orden social y el verdadero amparo de la libertad personal hollada por la presión de las masas?.

No hay por tanto guerra civil, Decía Donoso Cortés que cuando se empieza a transigir sobre un principio ha terminado el imperio de ese principio. Nosotros podemos transigir con todo, menos con el sector rojo de España. Nosotros no podemos valorar positivamente el crimen. Nosotros no podemos reconocer jurídicamente el crimen. Por el mundo y por España, pero sobre todo -y aquí ya entra en juego nuestra formación universalista, teológica y romana o sea de equilibrio entre el Occidente y el Oriente- por la verdad, el bien y la belleza o sea por los valores absolutos que se desprenden del espíritu increado o sea de Dios, Nuestro Señor.

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LA OBRA DE NUESTRA FISCALIA

Conviene destacar después de las consideraciones generales precedentes que esta memoria es del Fiscal del Ejército de Ocupación, es decir el caudal modesto de experiencias o cristalizaciones ideológicas que pretende fijar quién ostenta solamente una jurisdicción limitada y pareja a la de otros Fiscales Jurídico-Militares del Territorio Nacional. Inexistente la Fiscalía del Alto Tribunal de Justicia Militar y derogada la organización judicial republicana, la realidad coloca a ésta Fiscalía en cierta situación de aislamiento, más aparente que real porqué su contacto con la Auditoría del Ejército de Ocupación es de absoluta é incondicional hermandad y hasta de subordinación funcional y por otra parte siempre se ha movido dentro de los planes que aconsejaban las instrucciones recibidas de la Superioridad, comprendiendo que su actuación no tiene solamente un carácter jurídico y militar, sinó un matiz fundamentalmente político, entendiendo este adjetivo en el sentido más patriótico que pueda imaginarse.

No es necesario decir sobre esto más. Pero si es interesante consignar que en la jurisdicción de guerra suele prestarse poca atención a la actividad jurídica del Fiscal. Tal situación de hecho, se justifica en parte, porqué la función auditorial es la rectora del procedi-

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miento y está presente en todo instante en el curso de los autos. Pero cuando sobreviene una necesidad jurídica como la que registra nuestra actualidad, en la que la jurisdicción militar asume las características de la ordinaria por su extensión y profundidad -pudiendo decirse sin que con ello se establezcan pujos ni se deriven recelos que es hoy la verdaderamente ordinaria y la de Audiencias y Juzgados la excepcional- es una ambición técnica equivocada concentrar todo el peso de la carga jurídica abrumadora sobre la función auditorial. Esta consideración surge con mayor fuerza en la tramitación de los procedimientos Sumarísimos de Urgencia o sea de los sabiamente establecidos por el Decreto nº 55 del Estado Español.

Afortunadamente en la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, no ha ocurrido ésto. Su Jefe, hombre inteligente y de visión certera y amplia, ha comprendido que al ejercicio de la justicia y a la obra de la represión que le estaba encomendada, conviene el señalamiento de un criterio cuyas características de unidad y estabilidad son las bases más firmes para la obtención de un resultado pleno de eficacia.

Las obras hay que examinarlas en su conjunto. Alzándose sobre el detalle que puede convidar al comentario y aún a la impiedad. Así resulta de una manifiesta estulticia, formar el juicio de una represión y concretamente de la que nos está encomendada por el examen de simples casos particulares. No ya el Auditor que aprueba una sentencia que es el final de un sumario conjunto de pruebas con dificultades extraordinarias y después condensa-

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ción de las opiniones humanas de los vocales de los Consejos de Guerra sinó el mismo Ministerio Fiscal a pesar de su disciplina mental y de su cohesión, sufre errores al encarnarse en hombres dotados de distinto temperamento y en presencia de tantas y tan diversas circunstancias objetivas y personales.

Pero es indudable que si el Ministerio Fiscal no aparece con representaciones diversas y transitorias sinó que por el contrario desenvuelve su actividad con un espíritu y con un criterio que se traduce en delegaciones sometidas a disciplina unificadas por un mando asistidas y robustecidas por una Jefatura, la obra empieza a ofrecer garantías y acusa por encima de los enjuiciamientos fáciles y dotados de frivolidad, un contenido de eficacia y seriedad.

No es posible pensar en un Ministerio Fiscal fugaz y transitorio. La función requiere la permanencia del mismo modo que impone su unidad.

De esta manera ha podido realizarse lo que es tan sencillo y está desprovisto de todo mérito. Si en ello hacemos hincapié es porque lo juzgamos conveniente, en bien de la justicia militar que hoy no es patrimonio de un Cuerpo por especializado que esté, sino que es una tarea a la que son llamados funcionarios judiciales de procedencias diversas y hasta simple letrados que transportan su entusiasmo nacional a esta obra ingente que no ha tenido par ni antecedentes en la Historia.

De aquí el error de aquellos espíritus rutinarios que no dan otro alcance a las Auditorías que el que an-

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taño gozaban y solo aciertan a ver en el mejor de los casos y llevados de una bonísima fé, la resolución de un simple asunto o el despacho meticuloso, frío, formalista, de los números que va arrojando la máquina de escribir como un instrumento mecánico de la realidad. Hay que elevarse por encima de esto y hay que merecer la honra abrumadora de vivir estos dias en que se está volviendo a tallar nuestro porvenir de hispanidad.

Por haberlo comprendido así la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación organizada como demandaban las exigencias de esta hora, merece que en esta memoria el Fiscal del mismo Ejército, le rinda este público tributo de justicia. Merced a esta comprensión, esta Fiscalía ha podido constituirse en una organización hermana y subordinada a los efectos funcionales, produciéndose con ello un manifiesto beneficio que vamos a pretender analizar.

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Partiendo del punto inicial de la necesidad absoluta que existe de mantener un criterio ante la riqueza infinitamente compleja de la realidad que hay que adaptar a la Ley Militar en su articulado esquemático relativo a la Rebelión Militar, (engendrado por el temor político a los pronunciamientos militares del siglo pasado que dicho sea de paso eran de sabor liberaloide y de extensión reducida) se llega enseguida por la fatalidad que tienen las trayectorias del pensamiento cuando se aposentan en la verdad, a la conclusión de asignar la fijación del criterio al Ministerio Fiscal.

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Y esto, es lo que ha acontecido en el curso de nuestros trabajos en las plazas del frente de Madrid, Bilbao, Santander y Castellón. Ha sido posible la fijación de ese criterio con formaciones sucesivas, por la existencia orgánica de esta Fiscalía que lo ha engendrado y mantenido con flexibilidad humana pero al mismo tiempo con energía de continuidad.

Cuando se planteó el problema ante la plaza de Madrid en Noviembre de 1936, el Ilmo Sr. Auditor del Ejército de Ocupación haciéndose cargo del mismo, espontáneamente asignó al Ministerio Fiscal el peso de esta responsabilidad que fué aceptada, porqué así debía ser y porqué era útil que así fuera.

Y en vez de ir los Fiscales a las vistas a enfrentarse con los acusados sin un antecedente, sin una consulta previa, sin una preparación adecuada, como células solitarias a ofrecer un simple espectáculo retórico ante el público y contrariamente a la Defensa cuyo Ministerio puede girar más fácilmente en la órbita de la improvisación, en cada plaza se estableció un despacho y los Sumarios antes del señalamiento para el juicio oral eran remitidos por los Juzgados a ese despacho en donde eran estudiados, ofreciendo en algunos casos, la posibilidad de su devolución y en otros, la formación de un escrito breve que era unido a los autos y cuya copia con las fichas de cargo de cada acusado constituía un antecedente, rico en garantías para la acusación verbal en el acto de la vista y un elemento apreciado de archivo para un posible juicio de revisión.

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Bién pronto la honradez del estudio aportado que no entorpecía la rapidez del procedimiento enriqueció la garantía que en si misma ofrecía el ejercicio de la función La acusación era el eje del sumario, en vez de ser una simple formalidad. Y era analizada por el Tribunal sirviéndole lo mismo que a la Defensa, para que una vez constrastada y depurada, cristalizase la obra común en la sentencia que en este modo era resultado, no sólo de un reflexión más acabada, sino también consecuencia de un criterio mantenido bajo el principio saludable de la unidad.

Nada de esto es la invención de la pólvora. Es el huevo de Colón. Es recoger de la doctrina jurídica eterna, practicas sanas y transportarlas a un juicio rapidísimo mecanizando el trabajo y simplificándolo al mismo tiempo que con ello se tendía a evitar la injusticia que supone la variación en el enjuiciar, cién veces mayor, que la que pueda deparar la lenidad o la excesiva dureza.

Y, para que la obra fuera de mayor cohesión, sin rozamientos ni dificultades, desde el primer momento fué pensamiento constructivo de ésta Fiscalía el de que a e11a sólo adscribiesen Oficiales efectivos del Cuerpo Jurídico Militar ó Abogados Fiscales de las Audiencias, militarizados. Lo primero era imposible y buena prueba de ello es que sólo hay por falta de personal en la actualidad, un Capitán en ella destinado. Los demás, son Abogados Fiscales que en su espíritu de juventud y patriotismo han comprendido enseguida el verdadero carácter de esta obra que si es de la Jurisdicción Militar y es dirigida por un Jefe del Cuerpo Jurídico Militar a todos corres-

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ponde por estar vinculada a un Glorioso Movimiento Nacional, de Resurrección Patria. Su entusiasmo por la tarea, corre pareja con su competencia profesional y con su disciplina ya adquirida en el despacho en sus respectivas Audiencias. Gracias a estas cualidades la labor no sólo ha sido fácil, sino gratísima a todos, que de este modo veían compensación desinteresada a las dificultades del empeño que nos ha correspondido en la árdua empresa de reconstruir la Patria.

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Si se compulsan las estadísticas que existen en esta Fiscalía y que se acompañan en esta memoria en número reducido para no invadir el campo auditorial y se avivan los recuerdos, se advierte bien pronto el proceso evolutivo que ha sufrido nuestro criterio, hasta llegar al actual. La gran armonía que en general existe entre las acusaciones y las sentencias, salvadas las naturales diferencias y claro es descontadas las excepciones que confirman la regla y la gran desigualdad que han ofrecido los Consejos de Guerra de Oficiales Generales celebrados con fallos que representan una mayor benignidad que los de los Consejos de Guerra Permanentes.

Se advierten asimismo errores en la puesta en marcha del Decreto nº 55 que como es sabido regula el procedimiento rápido denominado por el uso “Sumarisimo de Urgencia”. Se advierte dando paso a la crítica muchas deficiencias que son secuela de la limitación humana y hasta de la falta de elementos materiales. No hay que olvidar que de ello a nadie puede culparse; las circunstancias lo domina-

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ban todo y se imponían a nosotros como en tantas ocasiones en los primeros tiempos especialmente dejaban oir su voz en las mismas trincheras nacionales que han necesitado apoderarse del material marxista para estar bélicamente municionadas. Las maravillas de nuestra organización militar, en sus diversos aspectos, es más de notar, dada nuestra pobreza que ha sido vencida por la fuerza inmensa de nuestra fé en Dios, en España y en el Caudillo.

Sobre la primera cuestión o sea el proceso evolutivo de formación de nuestro criterio hemos de decir que su iniciación fué durísima por ser de aplicación estricta de la Ley y en momentos que si eran para nosotros de una fortaleza espiritual inmensa, no resultaban en lo geográfico y económico de igual entidad. Esta severidad disminuyó de un modo extraordinario en la plaza de Bilbao, por razones políticas de la campaña y por la escasa aportación de pruebas al Sumario, dada la extraordinaria complicidad que Vizcaya deparaba a los encartados.

En Santander hubo un más fácil equilibrio derivado de la mayor comisión de delitos comunes y de la mayor asistencia de la población que en ocasiones y en pueblos vitoreaban al Fiscal, revelando de ésta manera sus ánsias naturales de justicia y sus ideas sanas de patriotismo.

En Levante, ya maduro nuestro criterio y más avanzada la campaña, la selección judicial ha permitido ir restringiendo el número de acusaciones sin delimitar la energía del criterio, llegando en lo posible y dentro de las dificultades que en ello hay, a la concordia en los principios jurídico y político que informan nuestra actividad.

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Sobre la segunda cuestión enunciada o sea la armonía que en general existe entre las acusaciones y las sentencias nada hemos de decir pero si es obligado dedicar una atención a los fallos de los Consejos de Guerra de Oficiales Generales.

Sea permitido en este punto un rapto de vanidad. El Consejo de Guerra de Oficiales Generales, es sin duda el Tribunal más completo que pueda imaginarse. En la época normal, compuesto de militares experimentados y de elevada jerarquía, ante la comisión de un delito específicamente militar sobre todo, su fallo es moralmente inapelable y jurídicamente está revestido de todas las garantías técnicas. Ante su verdadera autoridad, el mismo Ministerio Fiscal Jurídico-Militar, es sólo un iniciador de la cuestión procesal a los efectos de calificación, más en realidad está sometido al Consejo.

Pero en estas circunstancias, varían los términos del problema. Los Consejos son de composición personal variable, lo cual quiere decir que su criterio no está estabilizado, derivándose la desigualdad en los fallos, cosa que no ha ocurrido en los Consejos de Guerra Permanentes. Por otra parte, el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, intenta llevar al delito de Rebelión Militar su manifiesta superioridad técnica, cuando se trata de delito específicamente profesional y no llega a valorar con precisión la ventaja del Ministerio Fiscal, cuya labor continua ofrece un juicio que podrá ser duro o blando, pero que está formado con miles de experiencias. Esta escasa valoración es también hija de la escasa tradición que

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en el seno militar tiene, la institución Fiscal, que hace muy poco tiempo no era estable, sinó transitoria pues se nombraban los Fiscales para cada caso, como se nombran los Jueces, hasta que se organizaron las Fiscalías Jurídico-Militares de las Regiones.

Estas y otras razones han producido el resultado que se expone escuetamente como un hecho que es. La desigual dad de los fallos aun en la misma jurisdicción y representar ésto un criterio más benévolo que en general el que se sigue en esta Auditoria del Ejército de Ocupación.

Sobre los errores generales que se advierten en la puesta en marcha del Decreto nº 55 por parte de nuestra Auditoría, una aclaración previa. Son así considerados en esta memoria cuya finalidad es servir a la justicia, pero tal crítica puede ser a su vez equivocada, aunque en modo alguno, guiada por propósito malsano.

Si se exponen es para su contraste y extinción, caso de reconocerse su existencia y porqué son de una gran importancia para el desenvolvimiento de nuestra labor. No hemos vacilado en exteriorizar nuestro pensamiento excento de toda impureza, recordando el lema de la condecoración inglesa de la “Jarretiera” que traducimos libremente al español para que pierda su sabor extranjero “Maldito sea el que piensa mal de ésto” y al referirnos a los errores de nuestra Auditoría, hermana y rectora nuestra, encarnada en un Jefe perspicaz y organizador en la que hay un personal inteligentísimo silenciamos sus aciertos, numerosos y brillantísimos, como agenos que son al marco de esta memoria.

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Para obtener una mayor rapidez se han instruido sumarios contra varios procesados violentando las reglas jurídicas de la conexidad, derivándose con esta práctica iniciada con el mejor de los propósitos múltiples entorpecimientos que fácilmente se comprenden y siendo también una rémora para el archivo, estadística y ejecución de los fallos. No ha de ocurrir ésto en adelante porqué se incoaran, salvo casos excepcionales, procedimientos unipersonales que se acumularán á los efectos únicos de la vista para obtener una economía oral y por tanto de tiempo.

Las Juntas de Clasificación de Prisioneros y Presentados deben estar dependiendo a los efectos de justicia de las Auditorias, cosa que no ha ocurrido en la nuestra en las Plazas del Norte.

Por último, en punto a los Funcionarios Públicos tuvimos que comenzar por abordar mal la cuestión. Fue en Bilbao con su burocratismo separatista hipertrofiado, donde se presentó el problema que exigia una inmediata solución. Y la dimos. Fué bastante. Hay ocasiones en la vida en que no es posible acertar: el mérito si lo hay, estriba en actuar. Al cabo del tiempo, con otra organización administrativa, cabe rectificar como se ha hecho y en vez de invadir la esfera de la Administración y de instruir un sumario para cada funcionario público, se ha limitado esta acción judicial y se han adoptado normas que son parecidas a la que ésta Fiscalía independientemente propugna, aleccionada ya por éste error inicial forzado, de cuya responsabilidad no pretende eliminarse. Se puede solucionar el problema de ésta manera:

Funcionarios Bíblicos no militares que lo fueren con anterioridad al 18 de Julio de 1936 entendiéndose dentro del concepto de funcionarios, también a los simples emplea-

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dos subalternos: su depuración debe correr a cargo de Juntas de sus respectivos Cuerpos que deberán constituirse interviniendo en las mismas un representante del Poder Judicial o sea de la Auditoria, y si se quiere por ser más ajustado a derecho, del Ministerio Fiscal Jurídico-Militar, el cual instará la formación del respectivo Sumario cuando encuentre motivos para ello.

Funcionarios Públicos no militares nombrados con posterioridad al 18 de Julio de 1936: perderán automáticamente sus puestos o empleos y deberán presentar sus declaraciones en la Auditoría para que ésta, ordene la formación sumarial y con ella se llegue a una condena o Sobreseimiento.

Militares y Marinos residentes en la localidad liberada: deberán prestar su Declaración Jurada para que se inicie los Sumarios correspondientes contra aquellos que hayan prestado servicios a la causa roja.

En cuanto a la Fiscalía, es justo decir -hay que decirlo todo- -porqué decir la verdad a medias, no es decir la verdad- que si en la calificación y acusación hemos intentado realizar una obra, no hemos acometido en su integridad el pavoroso trabajo que supone una inspección sumarial continua y completa. Conscientes de sus dificultades y de sus asperezas, no llegamos a saber si con una superación de nuestro esfuerzo, hubiéramos alcanzado la consecución de algún resultado eficaz y apreciable. Lo que en ésto hemos hecho, no ha sido continuo ni ha sido total; ha alcanzado a varios Sumarios y está en nuestra intención si Dios nos lo permite y tenemos

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medios materiales para ello, realizar esta misión tan difícil y espinosa pero que es tan propia del Ministerio Fiscal en un Estado de concepciones autoritarias.

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PROBLEMAS JURIDICOS

I

El delito de Rebelión Militar

No es propósito de nuestra labor ofrecer un estudio científico de los varios problemas que se presentan de consuno a los Tribunales Militares que están efectuando la represión de la rebelión marxista. Nuestra finalidad al recojerlos y analizarlos es de índole exclusivamente práctica, como tocada con las túnicas sencillas de la humildad y afanosa de aportar beneficios tangibles y efectivos.

Así ocurre con el primer problema que vamos a enunciar; con el delito de Rebelión Militar. Alejándonos de toda hermenéutica legal y de todo pensamiento filosófico, vamos a exponer algunas ideas o si se permite la palabra, recetas con aptitud, para la buena aplicación actual de los preceptos que en la Ley se contienen sobre este delito.

En primer lugar la Rebelión Militar ó “alzamiento armado contra el poder legítimo” no entraña forzosamente el requisito de la voluntariedad en el agente, como delito militar que es, pero es susceptible de ser estimada en

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cuanto según Pacheco supone intencionalidad para una perfecta ponderación penal.

En segundo término el delito de Rebelión que está definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar y en el Código Penal de la Marina de Guerra se expresa con mayor extensión en los Bandos militares de los Generales en Jefe de los Ejércitos, que incluyen en su órbita penal determinadas series de hechos o actos que de este modo obtienen su calificación delictiva.

En último lugar el delito de Rebelión Militar puede ser cometido hoy por la simple ejecución; por la adhesión, por el auxilio, por la inducción y la excitación, conspiración ó proposición.

De esta manera resultan imposibles la complicidad y el encubrimiento porqué están contenidas en la forma consagrada por la Ley, de auxilio a la rebelión militar.

Resultan igualmente imposibles la frustración y la tentativa, la primera, porque la simple disposición espiritual exteriorizada es ya o puede ser considerada como Rebelión Militar y la segunda porqué lo propio ocurre con el principio de ejecución directa por hechos exteriores. Delito de extensión tan amplia, no admite estos dos grados que se contienen en el Código Penal Común y que de ser posibles serían perfectamente aplicables.

Quedan pues solamente los autores como únicos responsables y la consumación como único momento punible del delito.

Nada hemos de exponer cobre la simple ejecución.

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La adhesión está magníficamente definida en estas palabras del Alto Tribunal de Justicia Militar “Teniéndose por adheridos a quienes además de su ayuda o cooperación a la Rebelión estén identificados con la misma y persigan con sus actos precisamente los fines de esta como compenetrados con los rebeldes y unidos también en espíritu a ellos”.

El auxilio contiene la complicidad, el encubrimiento y se refiere por lo general a hechos de menor transcendencia e importancia. A hechos accesorios o complementarios, a hechos no decisivos o elevándose a las conductas dada la extensión en el tiempo y en el espacio que ha alcanzado la rebelión marxista, a todas aquellas de una menor entidad ó significación.

En buena doctrina, el auxilio parece entrañar la falta de adhesión ideológica.

La inducción como forma del delito dotada de individualidad penal, se refiere a aquellos actos que significándola se hayan desarrollado antes del 18 de Julio de 1936 ó en nuestra zona Nacional ó en los territorios rojos desde el momento de la liberación. Queda pués de esta manera diferenciada esta forma de comisión del delito, con la modalidad inductiva que afecta a la definición de autores, por la que resultan como tales los propagandistas y jefes políticos rojos.

Nada hemos de apuntar sobre conspiración, excitación y proposición.

Por último en cuanto al delito de Rebelión Militar

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hemos de señalar que el imperio de nuestra represión comienza con la liberación de las plazas y la publicación del Bando Jurisdiccional alcanzando en el tiempo como el Bando mismo indica, a los hechos cometidos desde el 18 de Julio de 1936 y aunque no lo declara, a las inducciones políticas desarrolladas en el periodo del Frente Popular.

II

Otros delitos

Aunque nuestra represión tal como se encuentra establecida jurisdiccional y procesalmente en el Decreto nº 55 del Estado Español, por lo general se concreta en el delito de Rebelión Militar acaece, bién por declaraciones de los Bandos, bien por exigencias de la misma realidad, que se presentan a nuestra estimación juzgadora otras figuras delictivas que resulta posible involucrar en la de Rebelión, pero que no por eso dejan de presentarse con sus caracteres propios y específicos.

Tal ocurre en los delitos de traición, deserción, contra el derecho de gentes, espionaje.

Al mismo tiempo hay otros hechos frecuentes que o son objeto de la atención de la Ley Penal Común, como ocurre en la aceptación o continuación de cargo público en la rebelión (artículos 256 y 257 del Código Penal Común); con los que se comete contra el sentimiento religioso (Código Penal artº 234, 235 y 236) o son simples hechos necesitados de sanción en la actualidad, requisas indebidas enriquecimiento torticero y evasión a la zona

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roja o extranjera.

Ante ellos tenemos que tener preparado de algún modo una solución.

El delito de traición en puridad no se da, según nuestro modo de concebir la contienda, porqué no otorgamos consideración jurídica de ejército contrario, al que se opone a la liberación de nuestros destinos históricos. Ya hemos dicho que es una facción de rebeldes. Pero es lo cierto, que por razones políticas en los Bandos se califica algún hecho como tenencia de armas y explosivos así como los actos de hostilidad en las poblaciones contra nuestras fuerzas de vigilancia, como constitutivos del delito de traición, buscando más que nada el dar a tales hechos una mayor categoría de responsabilidad, ya que el concepto de traición se impone a todos con caracteres abrumadores.

Por lo demás la traición no pueden cometerla nuestros militares al abandonar nuestras banderas porque tal hecho es un abandono de servicio ó una deserción al frente del enemigo que en realidad es medio para cometer el delito que reconocemos; el de Rebelión Militar.

Puede ofrecerse sin embargo esta realidad cuando juzguemos la entrega del oro del Banco de España, el Patrimonio Artístico o cualquier tentativa de concierto por parte de los rebeldes con potencias extranjeras en atentado a la integridad de la Patria.

La deserción ya hemos dicho que si es para trasladarse a la facción rebelde constituye un delito de Rebelión Militar dotado de la mayor gravedad.

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Los delitos contra el derecho de gentes y de espionaje no ofrecen dificultad alguna en su calificación y penalidad.

Los delitos contra el sentimiento religioso hemos de conceptuarlos como Rebelión Militar.

El enriquecimiento torticero a semejanza de otros de carácter económico puede considerarse, si así se declara como auxilio de rebelión militar.

La evasión a zona roja o al extranjero no puede adquirir independencia delictiva pero debe servir para atraer la punición, si hubiere comisión personal del delito de Rebelión Militar y su agente gozase de una excusa absolutoria como por ejemplo la que se ha estatuido para los simples soldados. De todos modos la evasión a zona roja o extranjera ha de servir de agravación para el que habiéndola realizado, se encuentre comprendido en el delito de Rebelión Militar.

Por último la aceptación o continuación de cargo público en si, es el delito de auxilio a la rebelión militar. Pero puede ocurrir la necesidad de condenar tal hecho, con una pena leve que no sea la que establece el Código de Justicia Militar.

Tal fue la sana práctica de arbitrar como formula la aplicación del precepto del Código Penal Común como legislación supletoria de la Castrense é imponer las penas de inhabilitación que son más humanas y lógicas.

Esta necesidad desaparecería como otra que estudiare-

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mos después al tratar de la negligencia militar, incluyendo como penas aplicables con independencia por el delito de Rebelión Militar, la separación del servicio y las de inhabilitación.

III

Negligencia Militar

La necesidad de arbitrar fórmulas de penalidad leve obligó a esta Fiscalía a buscar en una ficción, el medio de obtener sanciones adecuadas a conductas militares desprovistas de importancia y voluntariedad rebelde.

La rigidez penal del Código de Justicia Militar en la Rebelión Militar justificaba la medida. Porque si con arreglo a la Ley es indudable que todo militar profesional que haya servido a la causa roja o la hubiere acatado, siquiera sea un instante, comete el delito de Rebelión Militar, por lo menos en su forma de auxilio, la realidad numérica nutrida de mil motivos circunstancias y matices, nos exorbitaba la injusticia que entrañaba la imposición de pena de gran duración y de efectos extremados, sobre todo ante servicios débiles y antecedentes personales estimabilísimos.

La práctica judicial acudió a reconocer incompletamente la eximente del estado de necesidad y al amparo del Código Penal Común (artº 72) en concepto supletorio buscar la rebaja de la pena en uno o dos grados.

Nosotros desde el primer momento habíamos encontrado una solución militar que enunciamos sin propósito de con cederles superioridad científica, ni acierto de ninguna

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clase. Lo importante es resolver en justicia practicada “a fuer de buén varón” como deseaba Cervantes, el conflicto que la vida plantea.

En la prestación de servicios rojos por Oficiales del Ejército no adheridos ideológicamente a la facción rebelde hay la transcendencia o eficacia de la prestación, el “daño social”, pero hay sobre todo el abandono u olvido de los principios genéricos del deber militar. Cuando la función es importante y el daño social por tanto de significación, la ejecución de la rebelión o el auxilio a la rebelión se imponen sin violencia alguna. Más cuando no ocurre ésto y no existe verdadera intencionalidad rebelde, parece que el “auxilio a la rebelión” se esfuma ó al menos se debilita, para imperar con mayor relieve aquel olvido ó abandono.

Además de esto, la asistencia de los militares a la rebelión marxista, es condenable en una esfera puramente psicológica. Si es verdad aquella frase “no siempre se vive como se quiere sino como se puede, pero siempre hay que vivir como se debe”, tratándose del Cuerpo de oficiales adquiere un rango de solidez inatacable.

El caballero Oficial que ha servido a la causa roja aunque pueda no valorarse su apoyo material, ha dejado de cumplir sus deberes militares.

Ahora bién en el Código de Justicia Militar y en el número segundo del artículo 277 se pena de modo benigno precisamente esta dejación. El hecho de figurar tal precepto en un capítulo que se titula “Negligencia” y com-

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prende figuras delictivas de dicho carácter, no quiere decir nada. Porqué apurando el razonamiento, podríamos decir que el precepto penal invocado no comprende sólo hechos negligentes, dejaciones ú omisiones reglamentarias, sinó olvidos espirituales de un orden más elevado. ¿Por qué no?. ¿Es que por ventura los deberes militares genéricos, no son el alma de la profesión y han de ser defendidos de su abandono?.

IV

Eximentes, Atenuantes, Agravantes

Volvemos a decir que no está en nuestra intención el formular un análisis científico-penal sinó un recetario jurídico-práctico.

Ante el delito de Rebelión Militar no son aplicables más circunstancias de exención que las de minoría de edad y locura o incapacidad mental permanente incluyendo la sordomudez sin instrucción que no requieren un estudio especial.

Las demás son inadaptables; la defensa legítima, el miedo insuperable, la fuerza irresistible, la obediencia debida y el estado de necesidad. Sobre este último cabe decir únicamente que la extensión de la tragedia impide el reconocimiento de estas justificaciones, que por otra parte ya se tienen en cuenta al excepcional de responsabilidad a un inmenso número de meros ejecutores materiales del delito de Rebelión Militar. Por lo demás, el estado de necesidad es contradictorio con el deber de sacrificarse, que tiene el funcionario público y singularmente

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el militar profesional.

La locura pueda ser con facilidad un portillo que abra una piedad mal entendida y por ello entendemos que deberá ser probada por notoriedad y por dictámenes periciales, con lo cual indicamos la conveniencia de ser muy parcos en su admisión.

Creamos la eximente de compensación de servicios cuyo reconocimiento concreto, es delicadísimo sin sujeción a reglas taxativas. Es una concesión a la realidad, y en definitiva quiere decir, que cuando los servicios a la Causa Nacional sean de orden extraordinario, de producción continua y de verdadero é intenso sacrificio, tienen fuerza suficiente para anular el daño originado por los hechos rebeldes que también haya realizado el encartado. Su dificultad no sólo radica en su aceptación, sinó en la prueba necesaria para estimarla y es ocioso decir que la prueba ni puede ser indiciaría ni constituida por impresiones u opiniones personales de testigos por mucha que sea su respetabilidad; ha de ser prueba absolutamente plena, auténtica y versar sobre hechos concretos y definidos.

Como circunstancias atenuantes registramos las verdaderamente aptas para llegar a una ponderación real de las culpabilidades en esta esfera represiva que nos está encomendada. Las del Código Penal Común pierden su valor de aplicación excepción hecha de la minoría de diez y ocho años que naturalmente se conserva tal como ordinariamente se computa.

Consideramos como circunstancias atenuantes: la per-

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secución sufrida en la persona o en la de los parientes del segundo grado civil, que no requiere mayor explicación, los favores otorgados a particulares perseguidos o sospechosos en la zona roja, siempre que sean desinteresados é importantes y con ocasión del desempeño de una función pública; servicios a la Causa Nacional auténticamente probados siempre que fueren de verdadera utilidad y realizados con riesgo efectivo y lógico. Y por último la presentación voluntaria a las Autoridades Nacionales cuyo concepto hemos de exponer más adelante.

Como agravantes señalamos la transcendencia de los hechos, la perversidad o peligrosidad de los agentes del delito, la extralimitación en el ejercicio de la función pública (privativo para los funcionarios) y la filiación en la masonería (también privativo para los funcionarios judiciales y militares).

Nada resulta necesario añadir sobre estas circunstancias de agravación perfectamente aplicables según el artº 173 del Código de Justicia Militar.

La filiación a la masonería servirá para la valoración de los antecedentes políticos del encartado, ya que es pública y probada la participación de las Logias en la rebelión marxista, pero cuando se trate de funcionarios judiciales y militares, debe ser estimada independientemente además como circunstancia de agravación.

V

Concepto de la presentación voluntaria

Mucho se ha pretendido desnaturalizar un concepto

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que para ser analizado en justicia, basta con examinar en su generación espontánea.

La presentación voluntaria no es la que se deriva de la aprehensión material o copo en el combate ó a consecuencia de él. No es tampoco la que se efectúa en las plazas liberadas, cuando nuestro Ejército las ha conquistado con el esfuerzo de sus armas.

Es simplemente la que se realiza en forma que suponga un verdadero riesgo ó que revele por lo menos un verdadero sacrificio personal. (La presentación desde el territorio extranjero puede, aunque no siempre, representarlo).

A “sensu contrario” se forma el concepto natural del prisionero. El aprehendido o copado en el combate o presentado a la llegada de las tropas nacionales.

Tal consideración de prisionero está involucrada en la penal de rebelde. De aquí que cuanto con los prisioneros establece el Derecho Internacional y como eco militar vigente el Reglamento de Campaña de 1882, tenga sólo efectos humanitarios que están contenidos por la necesidad judicial de la represión.

Lo que nos interesa es recalcar la nota impunista y artificiosa que se fabrica, cuando se intenta hacer pasar por presentación, el acto que por ser forzoso, no representa mérito alguno aportable en la valoración judicial de la conducta rebelde.

Con un buen sentido como derivación de una buena fé no hay posibilidad de confusión alguna. Son estas cues-

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tiones muy claras que los intereses disculpables defensivos, intentarán en vano enturbiar.

VI

Excepción de cosa juzgada

No podemos ocultar que tenemos que elaborar nuevas condiciones jurídicas ante la excepcionalidad de los días que vivimos. La excepción de cosa juzgada es pilar inconmovible del ejercicio normal de la justicia y por ello de absoluta indiscusión.

Ahora sin embargo nos encontramos con que hemos de juzgar una rebelión desarrollada centenares de dias y de una extensión territorial inmensa. El delito de Rebelión Militar es de los llamados “de tractu continuo”. Puede realizarse en infinidad de ocasiones y lugares.

Esta naturaleza especialísima de esta figura delictiva echa por tierra la convicción antigua. Una absolución o un sobreseimiento definitivo relativos al delito de Rebelión Militar, no debe cerrar el paso a una nueva instrucción sumarial por el mismo delito que se refiera a distintos hechos de los que originaron el fallo firme.

Comprendemos que con esto se dota de inseguridad a los acuerdos judiciales definitivos, que una prudencia obligada ha de procurar restringir, no dando lugar a sobreseimientos que no fueren provisionales, con la excepción de los basados en fallecimiento y absoluciones que no concreten la base “de facto” en que están inspiradas.

Al exponer estas consideraciones no nos hemos referi-

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do a una revisión futura y general que pueda modificar los fallos dictados en una labor igualadora. Nos referimos con toda valentía y precisión a dejar sentada, en nuestro humilde criterio, la necesidad moral y posibilidad jurídica de renovar la acción criminal contra los que tengan a su favor un fallo exculpatorio. Claro es que tal renovación ha de ser limitadísima y en casos de absoluta necesidad.

Amnistía del 36.

La amnistía del año 1936 fué el principio de las ilegalidades cometidas por el Poder Público que ostentaba el Frente Popular. Fué dictada y puesta en ejecución con notoria infracción de la misma Constitución Republicana.

Fundándonos en ésto entendemos que deberán respetarse en su integridad los fallos de represión de Octubre de 1934 dictándose la nulidad jurídica de la amnistía y considerándose con estimación penal en calidad de antecedentes políticos o sociales de notoria importancia el procesamiento dictado y no modificado jurídicamente con motivo de dicha represión.

Anulación de actuaciones judiciales rojas. Han de entenderse nulas sin perjuicio de su posterior convalidación.

Responsabilidad Civil

La necesidad de hacer efectiva la responsabilidad civil derivada de la criminal por actividades contrarias al Movimiento y por aquellas otras que sin tener carácter francamente delictivo recoje el Decreto 108, como

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acreedora á esa reparación pecuniaria, impone el arbitrar medios para que esta responsabilidad civil sea una realidad ineludible.

Ya en la Jurisdicción Ordinaria la efectividad de tales responsabilidades, resulta un poco ilusoria no obstante las medidas precautorias que la Ley impone. En el procedimiento Sumarisimo de Urgencia impuesto por la Jurisdicción Castrense al concentrar lógicamente todo su interés en la depuración y esclarecimiento del hecho denunciado, queda encomendada a las Leyes restantes las medidas encaminadas á hacer efectiva la responsabilidad civil que declara indeterminadamente la sentencia.

Cuando ésta se ha dictado no hay duda; se traslada la sentencia a la Junta de Incautación correspondiente, pero convendría trasladarle asimismo aunque fuere en forma abreviada, los autos de procesamiento para que se originase el embargo preventivo de los bienes del procesado. Es natural que ésto no haya reclamado nuestra atención y que en la práctica para complejizar las actuaciones se procure resolver lo que es más necesario y urgente: la responsabilidad criminal. Pero es indudable que si bien es verdad, que el “Sumarisimo de Urgencia” puede ser tramitado en unas horas, la acumulación de muchos procedimientos y las exigencias de la prueba difieren muchas veces su inmediata resolución. De aquí la conveniencia de asegurar los bienes de los “posibles reos” ó sea de los procesados evitando su insolvencia, por medio de un testimonio ó de una simple comunicación dirigida a la Junta de Incautación que corresponda, interesando la adopción de las medidas precautorias procedentes. Tal diligencia es rápida y no entorpece el curso del procedimiento.

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Cuando los Instructores tengan que dejar sin efecto los procesamientos anteriomente decretados, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Incautaciones para que ésta anule consiguientemente el embargo preventivo que hubiere acordado. Y de idéntica forma procederán los Juzgados de Ejecución respecto de las causas que terminasen por auto de Sobreseimiento o Sentencia Absolutoria.

Ahora bién: en aquellos casos en que no revistiendo figura delictiva una actividad determinada, se manifieste claramente que el sujeto de la misma por su desafección al Movimiento, afinidades ideológicas con la revolución marxista ó conducta censurable, es acreedor a la sanción pecuniaria autorizada en el Decreto 108, podría el Ministerio Fiscal, solicitar y el Consejo acordar al mismo tiempo que su Absolución la procedencia de que por la Comisión de Incautaciones sea impuesta al encartado la sanción pecuniaria que estime oportuna, consignándola así y a tal efecto, en la sentencia o en el auto de Sobreseimiento, para que el Juzgado de Ejecuciones lo traslade al organismo incautador.

Derecho de Asilo

Aunque es más que probable que el Gobierno del Estado tenga en estudio el problema que se deriva del llamado “Derecho de Asilo”, nos creemos obligados a que figuren en esta memoria una sugestión sobre la envergadura y transcendencia que en el campo penal ha de proyectar esta cuestión tan pronto sean liberadas por el Ejército Nacional las capitales de Madrid, Valencia y Barcelona.

Queda pues hecha la sugerencia; y sin ánimo ni pre-

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tensión de apuntar soluciones a tan delicado problema, nos limitamos a recojer las opiniones y acuerdos más importantes en la materia.

“La libertad del Palacio Diplomático no incluye en si derecho alguno de asilo cuando se trata de Estados pertenecientes a la Comunidad Internacional. El Embajador debe entregar al delincuente que se refugia, aunque no exista tratado de extradicion. (Se entiende por Comunidad Internacional la formada por los Estados que reconocen la obligatoriedad de las normas que forman el Derecho Internacional y garantizan su aplicación).”

”El Derecho de Asilo en el orden internacional es una facultad del Estado que acoje al extranjero refugiado, pero no un derecho del delincuente.” (Liszt, pag. 183 y 184 Derecho Internacional).

Desde luego los tratadistas y la legislación positiva europea, no se ocupan de la cuestión presente en terminos que resuelvan el problema sobre la impunidad que el precedente sentado por Las Embajadas en la zona roja, pueda significar.

La Ley española sobre asilo territorial de 1855 no trata tal asunto.

Son al parecer los Estados Sudamericanos los que tienen establecido algún tratado sobre el refugio en Embajadas, de delincuentes políticos, por haber sido allí tan frecuentes los alzamientos revolucionarios. Y ese precedente es el que se aceptó en Madrid.

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FIJACION DE RESPONSABILIDADES

Ya en la sublevación asturiana de Octubre del año 1934 decíamos en el momento de acusar a González Peña que la revolución es un crimen: de tal modo estaban identificados según el credo marxista los dos conceptos que al confundirse justificaban la necesidad social de condenarlos en nombre de la vida misma del ser humano. Después.... ¿para qué decir lo que después ha pasado?. ¿Para qué hablar de legitimidades constitucionales en donde no había más que ficciones externas que encubrían una miseria moral espantosa y salvaje?. No llevemos a nuestro espíritu sereno, con el dolor que no ha de extinguirse en nuestros recuerdos, la nerviosidad de la indignación.

España se ha alzado contra los ladrones de su destino. El hurto de sus ideales fué suave, cauteloso y prolongado: de aquí la dificultad de reconocer la verdad de nuestra constitución nacional por una generación adulterada en todos los sentidos. Pero la verdad se ha puesto en pié saliendo de los montes de Navarra, de los llanos de Castilla, de las tierras de Aragón y de las praderías gallegas. Y la verdad ahora no ha de consentir un nuevo fraude de sutilezas y de transacciones.

La revolución española ha sido un crimen. Lo llevaba escrito con letras rojas en sus banderas: lo predicaba en

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los comicios y reuniones de su horda: lo sentía en las almas envenenadas por la envidia, el odio y el despecho, lo ha realizado en todos los momentos y de todas las maneras imaginables; saqueando los tesoros nacionales, enagenando el patrimonio artístico, asesinando medio millón de personas, dinamitando edificios y pueblos enteros, saqueando todos los hogares, relajando todas las conciencias y pretendiendo extirpar del corazón del hombre el sentimiento religioso, que es asilo de paz y fuente inextinguible de esperanzas.

Nosotros no podemos valorar jurídicamente el crimen. Nosotros en contacto con el derecho, cristalización coactiva de la moral, no podemos considerar nuestra lucha como una guerra civil. Nosotros en la práctica de nuestra actuación judicial, como en la doctrina operante que sentemos, no podemos hacer otra cosa sino definir la rebelión marxista como “ataque fraudulento y criminal a nuestra propia Historia” y considerarla como la “facción de rebeldes ante la Patria”.

De aquí hemos de partir. Los responsables como ya hemos dicho son reos del delito de rebelión militar.

¿Pero quienes han de ser los responsables?. En un plano de estricta lógica legal y hasta jurídica; todos los que se encuentran incursos en el Código de Justicia Militar interpretado por los Bandos militares dictados al efecto o bien todos los que hayan participado de algún modo en esta rebelión.

Tal conclusión no significa sin embargo nada, porqué

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no vale desconocer la realidad que se impone en todas nuestras concepciones mentales. Es verdad que la revolución marxista es un crimen, pero ya no lo es la deducción silogística que un espíritu rígido habría de establecer; luego todos los que en ella han intervenido, son unos criminales.

No es verdad, porqué nos encontramos ante el problema mismo de la Vida. No es sólo un alzamiento contra la Historia Patria nuestra revolución comunistoide y pseudo-democrática, es también un esfuerzo de las potencias miserables de la naturaleza humana por vencer nuestros impulsos superiores de redención. Es el grito del caído y el rencor del maltrecho, es la sensualidad, es la molicie, es la codicia, es el materialismo que a unos domina y a todos nos acompaña, como lastre que intentamos en vano arrojar para alcanzar las alturas inaccesibles de la perfección.

Es también nuestra revolución una consecuencia inevitable de dos siglos de historia. Nuestros padres y nuestros abuelos nos han engañado, engañados como vivían sin pensar que habíamos de pagar con nuestra propia sangre la lección falsa que de ellos hemos recibido. No hay todavía en España una generación de hombres de edad transcendente o sea de responsabilidad social que se haya nutrido de la verdadera “Verdad Histórica”. Todos hemos sido víctimas en la Escuela, en el Instituto, en la Universidad, en la Prensa, en la Tribuna, en la Academia, en la Reunión y hasta en la familia ya, de ideas que en su hojaresca filosófica y sentimental ocultaban las raíces tenebrosas y horribles de la bestialidad humana.

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¿Quién en nuestro desgraciado país puede tirar la primera piedra?. El que esto escribe, se confiesa culpable de haber creído por unos días, hasta el 11 Mayo de 1931 que la única solución que tenía España era la República. ¿Y no es una monstruosidad ésto?. ¿No indica, en el caso más favorable una ignorancia o ceguera absoluta?.

Pero ahora lo vemos con claridad. Los espíritus de buena fé lo vimos enseguida y reaccionamos debidamente con espíritu de sacrificio. El 11 de Mayo trágico de los incendios de Iglesias y Conventos fué el día en que murió la segunda República Española.

Fue sin embargo necesario que España y los españoles siguiéramos un calvario angustioso de indignidades y contubernios de cobardías y de tafetanes, empeñados en imitar la táctica del avestruz, para que fueran despertando los ignorantes con las luces de la tragedia y fueran reaccionando los egoísmos de la indiferencia o la comodidad, con el daño de los embates y el sufrimiento de las heridas recibidas.

Pero todavía más. Ha sido necesario todo; las violencias, los atropellos, hasta el mismo crimen de Estado, realizado directa y escandalosamente por el Poder Público, asesinando a José Calvo Sotelo, el proto-mártir nacional, para que no cupiese duda alguna, sobre el verdadero significado de cuanto veíamos y presenciábamos.

Al lado de todo ésto, hay otras poderosas razones que no están en la profundidad del tiempo, sino en la extensión del espacio. Los caracteres de la lucha entablada y la

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división geográfica de las dos zonas ha planteado al entrecuzarse con la duración de la contienda, todos los conflictos que se derivan de situaciones estabilizas en donde la vida misma establece su necesidad absoluta de no ser interrumpida. Por más que este triunfo de la vida en ocasiones sea hijo de inmoralidades o de simples debilitaciones de conducta, no puede arrojarse semejante realidad dejándola de pesar y de tener en cuenta.

De aquí se infiere la absoluta necesidad jurídica y política de limitar la represión. De confinarla en sus límites racionales. De contenerla en aquellos cauces o sumideros que ejerzan la función social de eliminadores de la basura criminal desparramada y permitan la purificación futura del ambiente nacional.

Esta limitación, impuesta por nuestra doctrina católica de la gracia y aconsejada por la exigencia que impone una convivencia sosegada, no ha de significar sin embargo falta de energía. Ha de ser todo lo contrario. Un manantial constante de energía serena y firme.

Ahora bien, limitar la represión de la rebelión marxista, equivale a puntualizar sus verdaderos responsables. Situados así ante el problema, lo hemos pretendido resolver con decisión inquebrantable, cuando fijamos la responsabilidad en los agentes criminales y en los funcionarios públicos con servicios de eficacia.

Vamos a ver quienes son unos y otros. Desgraciadamente, muchos; más de los que materialmente podríamos condenar, aún supuestas posibilidades que no han de poder darse

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en nuestra labor, finita como humana, ante la inmensidad del cuerpo sobre el que es forzoso actuar.

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Comprendemos en el grupo de los criminales no solo a los autores materiales, cooperadores y excitadores de los infinitos crímenes cometidos en la zona sovietizada, sino también a los propagandistas, dirigentes y autoridades rojas. La razón es bien obvia y está ya señalada. Se han hartado tan desmesuradamente los programas revolucionarios de entronizar el crimen y la realidad se ha encargado de confirmar en tan extensa medida lo que constituía la llamada “dinamita moral” que no es disparatado, sino lógico atribuir el concepto de criminalidad a los que son autores psicológicos o directores de la tragedia revolucionaria española.

De esta manera formamos el grupo primero. El segundo está integrado como hemos dicho por los funcionarios públicos que ostentan funciones de “eficacia social”.

No cabe desconocer que la revolución se ha engendrado con las masas, pero es igualmente exacto que se ha sostenido por el apoyo ó cooperación de los servidores de las distintas funciones públicas. Pero transportar esta idea y encarnarla con toda su extensión, equivale a residenciar bastante más de la mitad del personal de los organismos oficiales del Estado. Tal empresa no sólo es imposible, sino que no es humana. Y nuestro deber es el de ser justos con un sentido de humanidad.

Decía Vázquez Mella en forma soberana para explicar

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la necesidad maravillosa de la encarnación divina en el hombre, que si Dios no hubiese descendido como lo hizo, no podríamos comprenderle y amarle; tan infinita es la distancia que nos separa de El. Pero al sufrir con nosotros y al morir por el ser humano, hizo posible su invocación; la idea de Divinidad estaba reflejada en un sentimiento y en una comprensión, en génesis contraria del paganismo helénico.

Pues ahora, en un orden puramente terreno, hemos de procurar la comprensión de nuestra labor y la posibilidad perenne de nuestro trabajo. Hemos de descender -valga la frase, sobre un supuesto vanidoso de nuestra absoluta pureza- y hemos de juzgar cómo hombres a hombres y como españoles a otros que también son españoles.

De aquí el ir confinando las zonas de la represión y establecer con responsabilidad tan sólo “el ejercicio rojo de las funciones públicas revestidas de eficacia social”.

¿Y cuales son éstas?. En toda sociedad hay tres profesiones de abolengo milenario que constituyen verdaderos ministerios sociales. Todo el mundo los conoce ó los intuiciona. Los Sacerdotes, los Jueces y los Militares. Descartado cuanto con los primeros se relaciona por ser ello de la absoluta incumbencia de la Iglesia, nos quedan las funciones judicial y castrense como pilares firmes de la constitución civil de la sociedad.

Mientras los Magistrados sean austeros e independientes y los Militares hombres de honor, la vida social sos-

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tiene su tono elevado. Y si apuramos la reflexión todavía podemos llegar a una síntesis más alta, cuando la vida social se condensa en la polarización sentimental de la Patria. Esta tiene su sostén y defensa en el Cuerpo profesional de Oficiales, que es lo que en definitiva ha pasado cuando todo estaba degradado y conmovido en España. El Movimiento Nacional ha tenido que ser engendrado y dirigido por el núcleo sano del Cuerpo de Oficiales, es decir por lo que quedaba de honor militar en el Ejército Español.

Por ésto, nosotros en términos generales, encontramos responsabilidad en los Magistrados y en los Militares que han servido a la causa anti-nacional, asignando un coeficiente más alto de culpa a los últimos y excepcionamos de la represión a los restantes funcionarios públicos.

En ellos y singularmente en los Militares, su vocación profesional estimula é impone el sacrificio personal No vale argumentar con abstracciones. Nunca es tan verdad como ahora la célebre frase de “los muertos mandan” que ya en las camarillas burocráticas y en la debilitación ordinaria del vivir, nos empeñamos en olvidar. Porqué no son uno, ni dos, los que murieron por rendir culto al deber. Son cientos, miles, decenas de millares. Por muy humano que debamos ser, no podemos tampoco premiar con nuestra excusa, al que todo lo pospuso por salvar su vida aun comprendiendo lo irresistible de tal pulso.

Es indudable pues, en términos generales que los Militares y los Jueces que prestaron servicio a la causa roja, hicieron mal. Además de ésto hicieron “verdadero y

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positivo daño social”.

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Siempre todos los conflictos de la Historia humana se polarizan en torno del individuo y de la Sociedad. En las doctrinas penales y en las aplicaciones prácticas de toda actividad juzgadora, lo difícil es cohonestar estos dos términos opuestos porqué si se mira al individuo se deja inerme a la especie y si se concentra toda la atención en la agrupación social, se puede correr el riesgo de inhumanizar en una abstracción tiránica nuestra obra, sacrificando totalmente lo que en fin de cuentas, es base y fundamento de la misma colectividad.

Pero si los problemas no se presentaran de semejante modo, no pesarían sobre nosotros con su calidad de tales problemas. Los resolveríamos en el café con las palabras de la bagatela o no necesitaríamos acaso resolverlos. Se resolverían solos.

Este de la represión que al acabar la guerra ha de tomar proporciones sentimentales inmensas, una va apagada la atención angustiosa en el choque de las armas, ha de ser objeto de mil enconados comentarios. Lo presentimos con evidencia plena y con amargura. Sabemos que su simple enumeración es ya conocer las hieles de todos los ataques. Pero juzgamos absolutamente necesario exponerlo y estudiarlo sin prevención ni prejuicio alguno, guiados por un impulso vehementísimo de sacrificio patriótico. No recordamos las persecuciones que merecimos de la horda roja y sólo la suerte que nos deparó la Providencia al mantener

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nuestra vida en la zona Naciona1. Tenemos presente todos los impulsos de la condición humana, por lo mismo que no estamos seguros de redimirnos de ella, pero cuando se trata de resolver el problema y de transformarlo en obra, no hemos de olvidar al individuo ciertamente, pero hemos de tener presente en primer término a la Sociedad.

Por esto insistimos y con ello terminamos, localizan do nuestra atención juzgadora en los que administraron justicia roja y en los que “mandaron el ejército de la independencia moscovita”.

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I

CRIMINALES

a).- Los autores directos.

b).- Los inductores directos.

c).- Los cooperadores directos y concretos.

d).- Los excitadores concretos y directos.

e).- Los propagandistas continuos ó destacados.

f).- Los dirigentes políticos.

g).- Las autoridades políticas.

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AUTORES DIRECTOS

Los que cometen el hecho criminal concreto (artículo 14 del Código Penal Común) o dirijan concretamente su ejecución.

INDUCTORES DIRECTOS

Los que fuerzan o inducen a otro a ejecutarlo.

COOPERADORES DIRECTOS Y CONCRETOS

Los que perteneciendo a una facción criminal concreta y limitada presencien el hecho criminal, aunque no lo cometan personalmente ni lo hayan forzado ó inducido.

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Los que pertenezcan a grupos políticos de notorio significado de acción criminal o violencia.

EXCITADORES CONCRETOS Y DIRECTOS

Los que concretamente en cuanto al tiempo, lugar y persona, hayan delatado a alguna, hayan denunciado algún hecho “ilícito para los rojos” señalando el culpable ó en determinado instante hayan intentado y conseguido producir en la masa o en determinados sujetos un estado propiciatorio al crimen directo.

Se considerarán excitadores concretos y directos los porteros de las casas de malos antecedentes cuando existiere denuncia contra ellos y en la casa donde prestan su habitual servicio hubiese habido asesinato sobre los que nada se sepa y siempre que no probaren su falta de culpa.

PROPAGANDISTAS CONTINUOS O DESTACADOS

Los que con publicidad y eficacia, de modo continuo, por algún espacio de tiempo apreciable o en ocasión y manera destacada, como consecuencia de cargo o puesto político o sin el, difundan ideas revolucionarias de rebeldía marxista roja, elogien medidas o exalten actitudes rebeldes, propugnen hechos de fuerza en forma indirecta ó injurien gravemente al Movimiento Nacional o a su Caudillo.

La propaganda delictiva puede afectar las tres modalidades: escrita, oral y artística.

Entre los propagandistas responsables habrá de contarse preferentemente los directores y redactores-jefes de

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periódicos políticos, los colaboradores políticos por el texto de sus artículos, los caricaturistas habituales, los dibujantes especializados en términos revolucionarios, los autores de publicaciones o libros revolucionarios, letras de himnos o cantos y los que por radio hicieren manifestaciones políticas que no sean de simple lectura agena.

DIRIGENTES POLITICOS

Los que ostenten puestos políticos de relieve que impulsen o regulen la acción revolucionaria.

La formación y limitación de este concepto encierra dificultades insuperables dada la extensión revolucionaria en el tiempo y en el espacio.

De aquí la necesidad de explicar previamente el alcance esquemático del mismo.

Se comprenden en este concepto:

Todos los individuos de los Comités Centrales o nacionales de los distintos partidos revolucionarios entendiéndose por tales partidos todos los que integraron el Frente Popular o después cooperaron al sostenimiento de la rebeldía revolucionaria.

Todos los individuos de los Comités Regionales en las zonas aisladas y singularmente en la zona catalana.

Los Presidentes y Secretarios de los Comités locales de partidos políticos.

Los Presidentes, Secretarios y aquellos que sin tener éste puesto fueren en realidad “alma máter” de los Comités revolucionarios que si hubieren formado en

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en las distintas localidades del territorio rojo.

Se exceptúan los Comités o Juntas Defensoras de la vida, como son los de Abastos, Sanidad o de tipo marcadamente Administrativo que no fueren de reconocida importancia.

Se exceptúan también los Comités o Juntas revolucionarias de tipo político que en vez de impulsar a la violencia la hubieren contenido impidiendo la realización de ningún hecho delictivo en la respectiva localidad.

Los individuos que formaron parte de Juntas Depuradoras en los respectivos Cuerpos del Estado.

Los Diputados a Cortes políticos revolucionarios.

Jefes efectivos de Comités de Explotación o Colectivización.

Jefes de Centros de Incautación y entidades sindicales.

Organizadores de Centros Deportivos adscritos a la política roja.

Presidentes de Ateneos Libertarios.

Directivos o elementos influyentes de las Logias Masónicas.

Los que a título ó representación política o sindical hubieren sido vocales de Tribunales Populares.

AUTORIDADES POLITICAS

Los que por si solos o como individuos de alguna Corporación o Tribunal tuvieren mando o ejercieren jurisdicción propia.

Entre ellos se encuentran:

Ministros. Subsecretarios. Directores Generales,

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no técnicos. Gobernadores Civiles. Jefes de Policía u Orden Público. Alcaldes y Concejales en poblaciones de más de veinte mil almas. Alcaldes y Concejales en poblaciones menores de veinte mil almas en donde se hubieren registrado actos salientes de violencia siempre que hubieren sobrepasado la justicia administrativa. Titulares de función judicial, de Policía o Prisiones, designados expresamente por el Gobierno Rojo en puestos de reconocida importancia o manifiesta confianza.

Jefes Generales o Nacionales de Servicio Sanitario de Abastos ó de Policía. Jefes de dichos servicios en Madrid, Valencia y Barcelona. Embajadores. Personal de las Embajadas o Consulados que hubieren servido a la causa roja o hubieren sido designados por ésta. Delegados de Hacienda. Inspectores de Enseñanza. Jefes Generales de Comunicaciones. Rectores de las Universidades etc.

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II

FUNCIONARIOS PUBLICOS

Hacemos una distinción fundamental: la de los ingresados antes del 18. de Julio de 1936 y la de los ingresa dos con posterioridad.

En los ingresados antes del 18 de Julio de 1936 (aspirantes reconocidos con anterioridad) no perseguimos judicialmente el simple ejercicio de la función pública lo cual no es obstáculo para la actividad depuradora administrativa que corresponda, a no ser que el funcionario se

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haga acreedor personalmente por sus actos a que en él se fije nuestra atención procesal.

En esta particularidad habrán de caer muy frecuentemente los maestros de escuela que hubieren desarrollado en sus centros de enseñanza, propaganda roja, antireligiosa o inmoral y los funcionarios de radio, teléfonos, telégrafos y correos que perteneciendo a sociedades o sindicales de tipo revolucionario, hayan ejercido sobre todo su cargo en los primeros días del Movimiento.

En esta regla general no comprendemos ni los funcionarios judiciales incluyendo los de policía y prisiones que hayan prestado algún servicio a la causa roja ni los elementos integrantes del ejército rojo.

Hacia todos éstos ha de dirigirse nuestra actividad enjuiciadora.

Los ingresados con posterioridad deberán perder automáticamente sus puestos por la regla general de la nulidad de los actos jurídicos rojos y no siendo de condición subalterna o mecánica habrán de ser objeto del correspondiente procesamiento.

La responsabilidad de los funcionarios públicos se regula en función de sus antecedentes ideológicos y sociales; de los servicios prestados (calidad voluntaria, obligatoria y forzosa de la designación, condición de los mismos, fecha de su iniciación y terminación, continuidad) y de los ascensos o ventajas obtenidos.

Se consideraran como circunstancias atenuantes las

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persecuciones sufridas en la zona roja, efectivas y realizadas en sus personas ó en sus familiares hasta el segundo grado civil; los favores importantes y desinteresados realizados a particulares perseguidos o sospechosos en la zona roja en el ejercicio de la función, los servicios comprobados auténticamente prestados a nuestra Causa en la zona roja y la presentación voluntaria a las Autoridades Nacionales.

Se consideraran como circunstancias agravantes de transcendencia de los hechos realizados, la perversidad o peligrosidad personal y la filiación activa en la masonería

Se considerarán como eximentes además de la locura si se comprobase por notoriedad social refrendada médicamente, la compensación de servicios.

FUNCIONARIOS JUDICIALES (incluyendo Policía y Prisiones)

Ingresados antes del 18 de Julio de 1936 que hayan prestado servicio (ó aspirantes con derecho a ingreso).

Ingresados con posterioridad.

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Del primer grupo se excepcionan todos aquellos funcionarios judiciales que sin abuso alguno en el orden de los hechos o entusiasmo ideológico en el de las adhesiones y sin ascenso que no sea reglamentario y de estricta antigüedad, se hubiere limitado a ejercer su actividad, bién dentro del marco judicial penal normal y vigente el 18 de Julio de 1936, bién dentro de la esfera civil de

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intereses privados extraña a incautaciones políticas y no hubiere dictado sentencia o auto de origen político y naturaleza penal, de consecuencias importantes é irreparables.

Los que hubieren prestado servicio dentro de la justicia roja y en cumplimiento de sus leyes revolucionarias, deberán ser enjuiciados en función de sus antecedentes ideológicos ó sociales; de los servicios prestados (calidad voluntaria, obligatoria o forzosa de la designación —condición e importancia de los mismos— fecha de su iniciación y terminación, continuidad) y de los ascensos ó ventajas obtenidas.

Se considerarán como atenuantes: las persecuciones sufridas en la zona roja efectivas y realizadas en sus personas o familiares hasta el segundo grado civil, los favores importantes y desinteresados realizados a particulares perseguidos o sospechosos en la zona roja con ocasión de la función pública; los servicios comprobados auténticamente prestados a nuestra Causa en la zona roja y la presentación voluntaria a las Autoridades Nacionales.

Se considerarán como agravantes la transcendencia de los hechos realizados, la perversidad o peligrosidad habitual y la filiación activa en la masonería.

Se considerarán como eximentes la locura y la compensación.

Son circunstancias agravantes especiales para los funcionarios judiciales haber solicitado ó votado pena de

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muerte que se hubiere ejecutado y la extralimitación innecesaria en el desempeño de la función.

A los ingresados con posterioridad se les presumirá salvo prueba en contrario los antecedentes ideológicos demagógicos y la voluntariedad en la designación. A esta clase de funcionarios no se les computará los favores o servicios que alegaren haber prestado a la Causa Nacional y los beneficios desinteresados a particulares, como no sean de reconocida importancia en calidad y número y evidente autenticidad.

Los funcionarios designados expresamente por el Gobierno Rojo en función judicial, policía ó prisiones de reconocida importancia funcional ó extensión geográfica o de manifiesta confianza serán considerados como autoridades políticas a las que se podrá apreciar las agravantes especiales que se consignan para los funcionarios judiciales.

Los Jefes de cárceles que tolerasen con su pasividad las sacas de presos de las mismas o continuaren en sus puestos después de efectuadas deberán sufrir una agravación en su estimación penal.

En la estimación penal de los funcionarios judiciales deberá concederse más importancia a los antecedentes ideológicos, a la voluntariedad para el puesto servido y a las ventajas conseguidas, que a las consecuencias materiales del mismo.

Las penas de muerte dictadas podrán ser compensadas por otras tantas evitadas con espíritu de sacrificio y

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efectividad de riesgo siempre que los hechos enjuiciados por los Tribunales rojos fuesen evidente y forzosamente merecedores con arreglo al Código de Justicia Militar de la pena de muerte con sujección a la letra del precepto penal y del criterio defensivo rojo.

Las penas de muerte de reconocida y simbólica importancia política constituirán un agravante especial.

Con estas reglas se pretende reducir al mínimo la zona represiva teniendo en cuenta los siguientes elementos que integran el problema.

1º.- El encargado de administrar justicia realiza una misión social importantísima.

2º.- El togado profesional que ha aceptado la legislación roja y figurado en Tribunales de matiz revolucionario, ha avalado el crimen y lo ha legalizado ante la conciencia internacional ocasionando un positivo daño a la Causa Nacional y un beneficio a la rebeldía criminal.

3º.- El Magistrado que ha intervenido en los Tribunales revolucionarios ha ocasionado una serie de beneficios individuales frenando los impulsos de la masa y sustituyéndolos por una acción de mayor lentitud, reflexión y serenidad.

De aquí que en general nosotros no creamos que la intervención del Magistrado en los Tribunales Populares sea de absoluta y constante gravedad.

Llegamos en esto a todas las concesiones porqué ha de examinarse cada caso con la mayor atención. Pero si decimos, sin que la afirmación tenga valor dogmático ni conclu-

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yente, que el funcionario judicial profesional y técnico, que por egoísmo o simple defensa personal ocasiona daño con su función, debe soportar alguna responsabilidad. Pensar de modo contrario, es fabricar un impunismo privilegiado y perjudicial.

EJERCITO ROJO

La responsabilidad judicial de los elementos del ejército rojo de Tierra, Mar y Aire, se regula en función de los mandos, categorías militares y servicios, como elementos reales y en función de los antecedentes ideológicos ó sociales, calidad voluntaria o no voluntaria de los destinos (no estimando la forzada y obligada) fechas de su iniciación y terminación su continuidad y los ascensos o ventajas obtenidos, como elementos personales.

Clasificamos los mandos: en mandos de armas en el frente, mandos de armas de retaguardia y mandos burocráticos ó técnicos.

Las categorías militares son las mismas del Ejército comenzando por la de Oficial Subalterno, hasta el Generalato.

En las categorías militares hacemos dos grupos esencialmente distintos, no sólo para los efectos penales, sinó para los puramente procesales y demás relativos al fuero militar: uno que comprende los Oficiales en activo del Ejército Español el 18 de Julio de 1936, excluidos los readmitidos por la República y que habían sido separados por fallo de Tribunal de Honor; los retirados ó en re-

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serva en dicha fecha y los de complemento que como tales figurasen al iniciarse el Movimiento Nacional. Y otro que comprende los Comisarios Políticos, los Oficiales formados por los rojos en Academias mediante un curso y los creados por designación directa atendiendo a la aptitud militar -Guardia Civil, Carabineros, Asalto, Legionarios, Oficiales expulsados del Ejército por sentencia judicial, expediente gubernativo o fallo de Tribunales de Honor- capacidad cultural, confianza política, méritos revolucionarios o guerreros y otras razones.

Los servicios pueden ser de armas, burocráticos, humanitarios y judiciales.

Estimamos las mismas circunstancias excimentes y modificativas de la responsabilidad que para los funcionarios públicos en general.

Asignamos la mayor responsabilidad al mando de armas en el frente siendo extraordinaria su gravedad a partir del mando de batallón, patrulla aérea y barco de guerra ó mercante armado. Se equipararán a estos mandos los del Estado Mayor de cada unidad militar y los de Información y Transmisiones.

En la graduación penal, escalonamos los mandos de armas en retaguardia y los mandos burocráticos, excepción hecha en cuanto a éstos, de los que fueren extraordinariamente importantes.

En cuanto a las categorías militares aplicamos taxativamante el principio de nuestras sabias ordenanzas militares que va aumentando la responsabilidad a medida

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que se eleva la graduación del que comete la falta.

Como hemos dicho hacemos una separación absoluta procesal y penal entre los militares profesionales y los así nombrados por el Gobierno rojo.

Entre estos Oficiales “auténticamente rojos” entendemos que existe la máxima responsabilidad para los Comisarios Políticos, incluyendo los Delegados de Compañía, así como los que sin tener éste cargo por delegación, fueren auxiliares conscientes del mismo dentro de las Unidades.

Para llegar a esta conclusión hemos tenido en cuenta las observaciones de la experiencia y las mismas disposiciones legales rojas que comenzando por la Orden de 16 de Octubre de 1936 de Largo Caballero, organizaron el Comisariado Político, como un instrumento de la revolución que actúa manteniendo la moral de sus tropas, sostiene su tensión marxista, ficha secretamente conductas y controla sus mandos militares.

En los servicios asignamos la mayor responsabilidad a los judiciales y a los de armas, comprendiendo en los segundos los enlaces de grandes Unidades y los de Transmisiones.

En los servicios simplemente burocráticos encontramos por lo general la leve responsabilidad, excepción hecha de aquellos cuyo tecnicismo sea de notoria importancia como el de las industrias de guerra.

Exceptuamos de modo pleno los servicios humanitarios, considerando como tales los prestados por Jefes y Oficiales Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios que se hubie-

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ren limitado a la asistencia facultativa y no hubieren ostentado jefatura de unidad militar, centro orgánico independiente ó é importante o no hubieren organizado llevados de su adhesión ideológica, instituto o establecimiento de carácter sanitario.

Establecemos una excusa absolutoria general para los soldados de reemplazo forzoso o milicianos voluntarios, clases de tropa ú Oficiales de complemento, que habiendo sido movilizados no hubieren tenido mando de armas en el frente o función judicial importante y no hubieren alcanzado ascenso alguno, siempre que personalmente no sean acreedores a estimación punible.

En esta excepción no se comprenden los soldados, clases ú Oficiales de complemento, que habiendo desertado de nuestras filas, hubieren servido en las rojas aunque se nos hubieran presentado voluntariamente, ni aquellos que residiendo en nuestra zona hubieren pasado a la roja, bien directamente o bien por territorio extranjero, alistándose forzosa o voluntariamente en el ejército rebelde.

Tampoco se comprende los que formaron parte de los Batallones o Unidades rojas de dinamiteros o destructores.

Para esta fijación de responsabilidades cuyo desenvolvimiento es ya la tarea concreta de cada caso, en el que hay que conjugar diversos elementos y circunstancias, hemos tenido presente:

1º.- El militar profesional es el depósito vivo y eterno de esa conjunción sentimental que origina el honor militar.

2º.- El ascenso rojo que no fuere de estricta antigüedad

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o dos obtenidos en la guerra suponen un “beneficio extraordinario” que es lógico suponer salvo prueba en contrario debido al entusiasmo manifestado, mérito contraido ó intriga desplegada.

3º.- La adhesión de un militar profesional a los partidos demagógicos o a la masonería, están en oposición con su obligada formación espiritual.

4º.- La función judicial en el Ejército representa la contención disciplinaria del mismo y el depósito coactivo de sus esencias. De aquí la importancia que encierra su ejercicio y la gravedad que de ella se deriva, cuando produce consecuencias irreparables.

5º.- La función técnica directora de fabricación de material de guerra o aprovisionamiento, sobresale por su importancia en el mantenimiento de la energía combatiente.

6º.- Todo lo que se abandona al sacrificio compañero del deber, para seguir al interés compañero del apetito, pertenece a la jurisdicción del crimen. (Vázquez de Mella).

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Una consideración general que se refiera a los funcionarios públicos y singularmente a los militares y magistrados.

Como ya decíamos en el capítulo primero de esta memo-

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ria, el nuevo Estado valdrá lo que valgan sus funcionarios. Sería una tremenda injusticia que sobre los funcionarios buenos, pero flacos de espíritu que tuvieron la desgracia de soportar la tiranía roja, recayera todo el peso de nuestras sanciones, mientras del lado de acá, por mera suerte geográfica quedan indemnes y aún recompensados con la eliminación de los “declarados culpables”, algunos notoriamente malos que no tuvieron ocasión ni posibilidad de continuar la trayectoria de su condición anterior y que no hubieron desplegado actividad alguna o contraído méritos incontrastables en nuestro Movimiento Nacional.

Aceptada la fatalidad del azar como rector de las relaciones humanas, debemos disminuir sus efectos en cuanto sea posible, no sólo para obtener una igualdad, sinó para conseguir un saneamiento oficial.

Por estas razones propugnamos la depuración administrativa encomendada a “Juntas o Consejos sobre Honor y Aptitud” cuya constitución se reseña en el último capítulo de esta memoria.

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PARA ACABAR.....

Hemos llegado al final de esta modestísima memoria escrita sin que nadie la solicite ni la exija y por este mismo desenvolvimiento personal de ideas y de soluciones prácticas, que son inspiradas en la misma realidad.

No se ha querido dar con ella fé de vida, sinó atraer la atención de los doctos y de los hombres de buena voluntad sobre la obra que en el Prólogo declarábamos -pesadumbre y gloria- encomendada por azares del destino a la Justicia Militar.

Hemos pretendido dirigirnos a las inteligencias españolas que tienen a su cargo la solución de éstos problemas, para estimular su simpatía y activar su concurso, porqué en la hora que vivimos, la epopeya de nuestros Ejércitos es y representa una voluntad nacional de creación histórica. Hemos creído necesario fijar los términos de la gran cuestión judicial que la revolución marxista ha creado en el territorio patrio, elevando el juicio para justificar y confinar las soluciones.

Hemos considerado conveniente exponer nuestra opinión sobre la actividad funcional del Fiscal sin alardes ni pretensiones y hasta colocándonos al margen de toda pedantesca erudición, como eco de nuestro vivir profesio-

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nal que tanto huye del refugio egoísta del despacho, como del prejuicio tiránico de la práctica rutinaria y engolada. Y hemos considerado tanto más útiles estas nuestras reflexiones, cuanto que en la Jurisdicción Militar está incomprendida la misión acusadora y por tanto relegada a un chispazo, que muchos consideran reflejo sin luz propia dentro del curso del procedimiento.

Hemos descendido en el tono de nuestro estudio después para examinar la obra de esta Fiscalía, lo que nos ha servido para entrar en una parte práctica destinada a orientaciones de las personas encargadas de administrar justicia en los Consejos de Guerra y claro es, sin otro valor que el que ya indicado de acuciador para los espíritus o guía para los que han de iniciarse en éstos penosísimos trabajos.

No hubiéramos hecho honor a nuestro sincero deseo de contribuir a la fijación de criterios tan necesarios como utilísimos, sino hubiéramos expresado el nuestro, creado y avalado por una dilatada experiencia, aún corriendo el riesgo que encierra su exteriorización para el futuro y su conocimiento por propios y por extraños.

Y por último no hemos querido terminar sin consignar sujestiones escuetas sobre zonas judiciales que habrán de ser organizadas sabiamente cuando se considere propicia la ocasión.

De este modo se ve bién claro que en nuestro sano afán, no había sólo intuiciones filosóficas o críticas desmandadas sinó ideas concretas susceptibles si su bon-

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dad lo consiente de ser traducidas en actos. No podemos olvidar que nos debemos a la acción y que en la España actual no hemos de vivir de la polémica que enerva, sinó de la idea creadora desarrollada con ímpetu y tenacidad.

Aquí van para cerrar este trabajo algunas por si pueden ser aprovechadas.

Para exponerlas no hemos escuchado ningún cálculo ni voz egoísta y excusado es decir que no tienen más valor que el de una opinión personalísima y aislada.

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I

Reforma de los Códigos de Justicia Militar y Penal de la Marina de Guerra, en lo que afecta al delito de Rebelión Militar.

II

Reforma del Código de Justicia Militar en lo que afecta a algunas figuras delictivas: inutilización voluntaria, abandono de servicio y destino, deserción y delitos contra el honor militar y negligencia.

III

Reintegración del fuero militar y de todo el mecanismo jurisdiccional tradicional en el Ejército y Armada.

IV

Modificación del procedimiento militar, suprimiendo el Plenario de las Causas, por inútil y dilatorio. Atribución de los Juzgados de Plaza y Cuerpo a Funciona-

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ríos del Cuerpo Jurídico-Militar. Robustecimiento de la función Fiscal.

V

Creación del Consejo Supremo de Guerra y Marina con su única Fiscalía Jurídico-Militar.

VI

Creación de un Tribunal Militar de revisión afecto al Consejo Supremo de Guerra y Marina para efectuarla en todas las causas falladas desde el 18 de Julio de 1936 y en las que no se hayan dictado penas de muerte y ejecutado ésta.

VII

Organización del Cuerpo Jurídico Castrense único para asesorar y ejercer funciones judiciales en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, integrantes lógicamente de un sólo Ministerio de Defensa Nacional y constitutivo con ligeras variantes administrativas de una sola técnica y de una sola formación espiritual.

VIII

Organización del Cuerpo Jurídico Castrense de Reserva, que se nutrirá con los Jefes y Oficiales de los Cuerpos Jurídico y de la Armada que pasaren a situación pasiva sin ser por hechos punibles y deshonrosos.

IX

Organización del Cuerpo Jurídico Castrense único de Complemento con las categorías de Teniente, Capitán y Comandante para caso de guerra, en el que deberán figurar los Jueces, Abogados Fiscales, Abogados del Estado, Di-

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plomáticos y Secretarios Judiciales, cuya edad fuere menor de cuarenta años.

X

Robustecimiento de la función Fiscal mediante un nuevo ordenamiento general de la misma.

XI

Creación del cargo político de Fiscal General del Estado, cómo supremo enlace del mando de la Nación y la Función Judicial, siendo Jefe de los Fiscales del Tribunal Supremo y Consejo Supremo de Guerra y Marina.

XII

Creación de Juntas Depuradoras en cada Cuerpo Civil del Estado, constituidas por cuatro funcionarios del mismo, presididas por un militar de categoría de General o Coronel en activo y con méritos en la campaña actual. Los cuatro funcionarios del Cuerpo serán por partes iguales de la última y de la más elevada categoría, así como residentes en la zona roja sin prestación de servicio y en la zona nacional sin antecedentes demagógicos. A esta Junta asistirán sin voz ni voto a los simples efectos de iniciar la actuación judicial que correspondiere en su caso un funcionario bién del Ministerio Fiscal Jurídico Militar, bién Delegado del Auditor.

Estas Juntas en un breve expediente con declaraciones concretas y firmadas, dictadas con sujeción a la con ciencia personal, propondrán al Jefe de cada Departamento Ministerial el fallo relativo a cada funcionario expedientado que se limitará a los efectos administrativos de suspensión, separación del servicio con haberes pasivos si

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correspondiere sin inhabilitación para cargo público, separación del servicio sin haberes y sin inhabilitación y finalmente separación del servicio con inhabilitación por seis años.

XIII

Creación de los “Consejos sobre Honor y Aptitud” para la depuración profesional de los militares, marinos y funcionarios judiciales inspirándose espiritualmente en la orientación de los Tribunales de Honor Militares, pero siendo su fallo una proposición al Jefe del Departamento Ministerial y limitándose a la suspensión de la función por menos de tres años, a la separación del servicio con haberes pasivos si correspondiere y posibilidad de un destino civil del Estado, separación del servicio sin haberes pasivos y sin inhabilitación para cargos públicos y finalmente separación del servicio sin haberes y con inhabilitación para cargo o función pública por seis años.

XIV

Creación del Tribunal Superior de Responsabilidades Civiles afecto al Tribunal Supremo de la Nación, que entienda del ordenamiento nacional de esta cuestión, inspeccionando las ejecuciones de las sentencias en que sin fijación expresa de cuantía se declara haber lugar a responsabilidades civiles por el delito de Rebelión Militar, que puedan ser llevadas a cabo por organismos provinciales y dictando los fallos resolutorios en los expedientes de incautación de bienes que se sigan por dichos organismos provinciales, que solamente propondrán una solución y dictarán las medidas precautorias oportunas.

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XV

Creación del Tribunal de Ciudadanía afecto al Tribunal Supremo de Justicia, que resolverá sobre las cuestiones que forzosamente habrán de surgir en éste orden: Pérdida de Ciudadanía por residencia en el extranjero durante la campaña actual, sin motivo Justificado, evasión a territorio extranjero etc.

XVI

Creación del Patronato de Administración de Bienes Incautados afecto al Ministerio de Hacienda y que tendrá a su cargo la custodia y conservación de dichos bienes hasta que se incorporen a los inventarios del mismo Estado o se inscriban a su nombre o se enagenen en pública subasta.

XVII

Creación de las Colonias Penitenciarias Ultramarinas para el cumplimiento de las penas superiores a veinte años impuestas por el delito de Rebelión Militar.

XVIII

Desenvolvimiento de la redención de las penas por el trabajo para las condenas inferiores a veinte años por el delito de Rebelión Militar.

XIX

Ampliación de los beneficios de la condena condicional para los condenados por Rebelión Militar a penas inferiores a seis años, siempre que hubiere cumplido más de uno, no haciéndose extensiva la fijación a la pena accesoria y debiendo entenderse rogada y potestativa esta

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aplicación.

XX

Redención forzosa de las penas inferiores a catorce años impuestas por el delito de Rebelión Militar por la recluta voluntaria en determinadas condiciones por el tiempo de seis años o el de la mitad de la condena, no siendo inferior a tres en las filas del Tercio para individuos de diez y ocho a treinta y cinco años con aptitud física y siendo limitada numéricamente esta recluta a una parte proporcional de la que constituye la totalidad de la fuerza de la Legión.

XXI

Extinción de la responsabilidad penal para los que resulten acusados del delito de Rebelión Militar y hubieren servido en vanguardia en las filas del Ejército Nacional siempre que hubiere participado en varios hechos de amas, no hubieren desertado, ni incurrido en delito y tal servicio hubiere sido por tiempo superior a un año.

Esta extinción de la acción penal no alcanzará a la acción que corresponda a las Juntas Depuradoras en el orden administrativo o a los “Consejos sobre Honor y Aptitud” ni alcanzará a aquellos acusados de delitos comunes en la rebelión o que se consideren culpables del delito de Rebelión Militar del artículo 238. del Código de Justicia Militar con circunstancias agravantes.

Zaragoza 15 Enero de 1939

III Año Triunfal

FELIPE ACEDO COLUNGA

FE DE ERRATAS

Pags | Linea | Dice | Debe decir
Prlgº |  |  |
2 | 1 | abismales | abisales
2 | 2 | perjuicios | prejuicios
1 | 23 | resolverlo | resolverlos
2 | 22 | “nullum crimen nulla pena lage” | “nullum crimen nulla poena sine lege”
2 | 23 | “in dubis pro reo” | “in dubio pro reo”
3 | 14 | “in dubis pro reo” | “in dubio pro reo”
3 | 15 | “in dubis pro societas” | “in dubio pro societas”
5 | 3 | Tribuna | tribuna
8 | 2 | supone | suponen
8 | 27 | confinan | confina
11 | 11 | emitir fallo | emitir un fallo
19 | 8 | dipersas | dispersas
21 | 10 | expontaneamente | espontaneamente
23 | 15 | al actual. | al actual,
38 | 23 | excepcional | excepcionar
42 | 5 | condiciones | convicciones
42 | 10 | centenares de dias y de una extensión | en centenares de dias y en una extensión
43 | 21 | Anulación de acuaciones judiciales rojas. | ANULACION DE ACTUACIONES JUDICIALES ROJAS.
44 | 6 | imponen | impone
44 | 7 | impuesta | impuesto
44 | 10 | olvida | olvidan
45 | 17 | consignándola | consignándolo
45 | 24 | figuren | figure
48 | 4 | enagenando | enagenando
48 | 23 | jurídica; | jurídica,
49 | 27 | hojaresca | hojarasca
52 | 19 | con las masas | en las masas
53 | 22 | intuicionar | intuye
54 | 23 | humano | humanos
55 | 18 | va | vez
58 | 11 | porteros de las casas de malos ante cedentes | porteros de las casas, de malos antecedentes,
58 | 13 | sobre los que | sobre el que
59 | 6 | agena | ajena
59 | 27 | si | se
62 | 5 | antireligioso | antirreligioso
63 | 23 | hubiere | hubieren
74 | 23 | sujestiones | sugestiones

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

NOTA A LA PAGINA Nº 39

La cultura del lector habrá dado el valor exacto a nuestras consideraciones sobre la eximente de compensación de servicios. No se trata de erigirnos en legisladores alterando el artículo 172 del C.J.M. Cuando la conciencia judicial se encuentre ante una “compensación de servicios” no ha de reconocerse de modo abierto la eximente ó excusa absolutoria sinó que se puede llegar a la ficción de la inexistencia del delito de rebelión basándose en la enervación que produce la estimación de los servicios prestados a la Causa Nacional.

Abreviaturas

AGA | Archivo General de la Administración
AHN | Archivo Histórico Nacional
AHPS | Archivo Histórico Provincial de Salamanca
ATC | Mando Aéreo de Transporte
ATJM | Alto Tribunal de Justicia Militar
BOE | Boletín Oficial del Estado
CDMH | Centro Documental de la Memoria Histórica
CG | Consejo de guerra
CGOG | Consejos de Guerra de Oficiales Generales
CJA | Cuerpo Jurídico del Aire
CJM | Cuerpo Jurídico Militar
CóJM | Código de Justicia Militar
CP | Código Penal
CSJM | Consejo Supremo de Justicia Militar
CTNE | Compañía Telefónica Nacional de España
DB~e | Diccionario biográfico español (de la Real Academia de la Historia, versión digital)
DERD | Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos
DGS | Dirección General de Seguridad
DNSD. SG. Exp. | Delegación Nacional de Servicios Documentales. Secretaría general. Expedientes personales y de asuntos. 1937-1977
DSD | Delegación de Servicios Documentales
EPRE | evidencia primaria relevante de época
FET | Falange Española Tradicionalista
GMN | Glorioso Movimiento Nacional
JDNE | Junta de Defensa Nacional de España
JONS | Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
LRMC | Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940
LRP | Ley de Responsabilidades Políticas de 1939
LSE | Ley de Seguridad del Estado de 1941
PSD. Ser. docs. | Presidencia. Servicios documentales
RAH | Real Academia de la Historia
RJA | Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
Ser. Docs. | Servicios Documentales
SGC | Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno. Secretaría General
TERMC | Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo
TNRP | Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas
TRC | Tribunal de Represión del Comunismo
TRP | Tribunal de Responsabilidades Políticas
TRRP | Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas
UME | Unión Militar Española

Bibliografía

Fuentes primarias y bibliografía

ARCHIVOS

Archivo General Militar de Segovia, Hoja de servicios de Felipe Acedo Velao

—, Hoja de servicios de Felipe Acedo Colunga

—, Hoja de servicios de Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón

—, Hoja de servicios de Manuel Coco Rodríguez

Archivo Histórico del Ejército del Aire, Madrid, Hoja de servicios de Felipe Acedo Colunga, expediente P-183.267

Archivo Histórico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (AHICAM), 1.4.1. Exp. 2496

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Notas

[1] Di a conocer el contenido de la Memoria en Francisco Espinosa Maestre, «La Memoria del Fiscal del Ejército de Ocupación», en Tiempos de silencio, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Valencia, 1999, pp. 34-39. Acedo Colunga y su Memoria ocuparán igualmente un papel importante en mi trabajo La justicia de Queipo, autoeditado en 2000 y publicado en edición revisada y ampliada por Crítica en 2006. Posteriormente incluí el artículo de 1999 en Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 79-93. En medio reflexioné sobre la Memoria en uno de los apartados de «Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio», en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica, Barcelona, 2002, pp. 53-115. <<

[2] Francisco Espinosa Maestre, 1996 (5.ª ed., 2017). <<

[3] Santos Juliá (coord.), 1999, p. 21. <<

[4] Sobre esta cuestión puede verse Rubén Pérez Trujillano (tesis doctoral, 2019). <<

[5] Antonio Agúndez Fernández, 1990, pp. 435-436. <<

[6] La obra fue publicada en 1945 en Cuadernos de Derecho (Edición de los Estudiantes Españoles). <<

[7] Me refiero a Franz Neumann, Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-socialismo, Fondo de Cultura Económica, 1983. <<

[8] Archivo Varela, carp. 148, docs. 609-610. <<

[9] Conocí este documento gracias a Jesús N. Núñez Calvo y lo tuve en cuenta en la segunda edición de La justicia de Queipo (Crítica, Barcelona, 2006). Él lo dio a conocer en su artículo «La represión y sus directivas sevillanas en la provincia de Cádiz», revista Almajar, Villamartín (Cádiz), 2005, pp. 195-208. También se encuentra en la red. <<

[10] Archivo Varela, carp. 148, doc. 1178. <<

[11] José María Pemán, 1974, p. 153. <<

[12] Archivo Varela, carp. 153, doc. 723. Naturalmente los insultos no aparecían en los procedimientos. En este caso lo sabemos porque consta en un informe que recibió Varela. <<

[13] El País, 1/7/1986. <<

[14] Herbert R. Southworth, 2000, p. 185. <<

[15] Este texto, ahora revisado, formaba parte del artículo «La investigación de la represión franquista 40 años después (1979-2020)», de la obra Violencia, conceptualización, memoria, represión, estudios, monumentalización, exhumaciones. Valencia, 1936-2020, Diputación de Valencia, 2020, pp. 91-114. <<

[16] Francisco Espinosa Maestre et al., 2010. <<

[17] Sobre los casos del País Vasco y Valencia, véase Francisco Espinosa Maestre, 2009, pp. 59-75, y 2011, pp. 115-121. <<

[18] Un ejemplo de esto es el caso de Antonio Míguez Macho, de la USC, quien en su apartado del libro Verdugos impunes, Pasado & Presente, Barcelona, 2017, mantiene que fueron 150.648 las víctimas de la represión franquista (p. 93). Y esto pese a que se le olvidó incluir Murcia… Además, para no complicarse la vida lo hace por comunidades autónomas y basándose en una extraña relación de fuentes (véase nota 2, p. 244). Aunque en la obra no conste, hay sobradas razones para suponer que el apartado pertenece a Míguez, ya que se trata de uno de esos libros, en este caso con cuatro autores, donde no se especifica quién es el autor de cada parte de la obra, de modo que en vez de como «colaboración en obra colectiva» pueden atribuirse la autoría del libro cada uno de ellos. <<

[19] Esta cantidad se desglosaría en Ávila: 1.000, Burgos: 2500, León: 5.800, Palencia: 1.322, Salamanca: 1.177, Segovia: 370, Soria: 586, Valladolid: 1.990, Zamora: 1.507. Las cifras de Berzal de la Rosa (coord.), Voces…, pp. 17-18, han sido actualizadas recientemente en el n.º 18 de la revista Memoria antifranquista del Baix Llobregat, dedicado a la represión franquista en Castilla y León. <<

[20] En este caso me he servido del informe sobre violaciones de los derechos humanos elaborado por Gogora, la Fundación Aranzadi y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda en 2019. La particularidad de dicho informe es que solo se incluyen víctimas con vecindad en Euskadi. Las cifras son: Álava: 228 (represión judicial, 30), Guipúzcoa: 604 (represión judicial, 83) y Vizcaya: 636 (represión judicial, 571). <<

[21] Cuadro elaborado por José Luis Ledesma Vera. En los casos de Álava, Baleares, Castilla y León, Guadalajara y Huesca las cifras son estimaciones a partir de la corrección de los datos proporcionados por la Causa General. Hay cifras necesitadas de revisión, caso de la de Cuenca. <<

[22] La reciente investigación de Fernando del Rey ha elevado la cifra de 2.186 a 2.292. <<

[23] Fueron 43 las personas asesinadas en los llamados «días rojos». El resto hasta 101, que aparecían en el cuadro de 2010, incluía casos de acción de guerra y de víctimas de la guerrilla que esta vez no se han tenido en cuenta ni en un sentido ni en otro. <<

[24] Acedo acentuó de entrada la necesidad de recuperar los valores de la España imperial frente a la decadencia histórica iniciada con la República, debido, sobre todo, a una «educación impregnada de las doctrinas liberales y materialistas». Para conseguirlo, consideró el mes julio de 1936 como la fecha en la que comenzó una nueva etapa, la fase de la gran represión jurídica, esa «inmensa hoguera donde se está eliminando tanta escoria» (M, 1). <<

[25] M, 2. <<

[26] Isaías Sánchez Tejerina, 1934, p. 95. <<

[27] Id., 1945, p. 49. <<

[28] Javier Infante Miguel-Motta, 2012, p. 545. <<

[29] Wenceslao González Oliveros, 1937, pp. 36s. <<

[30] Como él mismo asume (1937, p. 19). De hecho, en su paradigmática obra Falange y Requeté, invocó incesantemente el retorno a una España imperial y se jactó de su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Benjamín Rivaya, 1998, p. 47. <<

[31] Álvaro Dueñas, 2006, p. 127. En opinión de este autor, que comparto, González Oliveros se convirtió en uno de los máximos ejecutores de la política represiva del régimen franquista al estar al frente de las dos jurisdicciones especiales, con lo que el gobierno quizá buscara facilitar la coordinación entre ambas, dado que compartían objetivos y encausados. <<

[32] Benjamín Rivaya, 1998, pp. 54s. <<

[33] La Inquisición comenzó a perseguir en España a los masones a partir de 1738. Entre otros motivos, se les imputó el hecho de mantener sistemáticamente el secreto entre sus integrantes, así como poner en duda a la Iglesia, al papa y a los sacramentos. En los primeros años se les condenó por su carencia de ética; en los últimos, por tratarse de disidentes políticos (José Martínez Millán, 2009, pp. 364-371). <<

[34] Archivo de Presidencia del Gobierno, Fondo Junta Técnica de Estado (APG. JTE. Leg. 20, n.º 3). <<

[35] No exageramos. Sirva de ejemplo lo siguiente: «Juramos y prometemos que jamás desde el momento presente creerán o se adherirán a la dicha herejía, no por obra observaremos ni dogmatizaremos ceremonias judaicas y especialmente no veneraremos el viernes a la víspera preparando para el sábado candiles con mechas nuevas, cazuelas con viandas ni dejaremos de trabajar por la solemnidad del sábado siguiente ni veneraremos los sábados a la manera judaica ni ayunaremos el día del ayuno del perdón, que celebran los judíos en el mes de septiembre no comiendo hasta la noche vistas las estrellas. Ni comeremos pan ácimo en la pascua de los judíos celebrando aquella ni por solemnizar aquella no nos abstendremos de comer pan con levadura ni quitaremos la landrecilla del carnero. En dicha herejía nosotros miserables hemos caído y aquella hemos tenido y observado por mucho tiempo según hemos dicho en las confesiones realizadas por cada uno de nosotros particularmente hechas judicialmente delante de vosotros inquisidores, a las cuales nos referimos de la cual herejía de buen corazón y de buena voluntad nos arrepentimos. Juramos y prometemos que jamás de aquí en adelante aconsejaremos a ninguno que observe dichas ceremonias. Es más, si sabemos que alguno a partir de ahora las observa, crea o dogmatiza y las observa, será lícito y sin pecado que lo digan, lo revelen y lo denuncien a vosotros los mencionados vicario e inquisidores y a vuestros sucesores en dichos oficios. Además juramos y prometemos que haremos cumplir la penitencia que por vosotros señores vicario e inquisidores nos ha sido impuesta por las dichas culpas por nosotros cometidas así nos ayude Dios y estos santos cuatro evangelios sobre los cuales juramos. Y si caso será que por instigación diabólica nosotros a partir de ahora creeremos, diremos, haremos o nos adheriremos contra las cosas por nosotros ahora abjuradas, la cual cosa a Dios plazca, ahora nos obligamos y subyugamos a todas las penas que por derecho son debidas a los relapsos en herejía toda hora que legítimamente constara que nosotros o algunos de nosotros lo haya contra hecho o contravenido a los mencionados juramentos o a cualquiera de aquellos». AHN, Inquisición, leg. 597, exp. 4, pp. 285s. Citado por Bibiana Candela Oliver, 2015, p. 122. <<

[36] CDMH: modelo de abjuración contenido en el expediente de Mariano García Cortés, 17 de junio de 1944. Sentencia del 13 de junio. Sumario 354-44 del Juzgado Especial n.º 3, 9574 del TERMC. <<

[37] Manuel Barrios Aguilera, 2008, p. 208. <<

[38] Julián Casanova, 2001, p. 236. Sobre Tusquets, véase la reciente obra de Paul Preston, 2021. <<

[39] CDMH. Ministerio de Cultura. Sumario 71/220. Sentencia de 12 de enero de 1942. <<

[40] Sobre la cruzada emprendida por Joan Tusquets contra la masonería, y la polémica sostenida con Ulibarri en torno a la entrega de la documentación masónica que poseía, véase Paul Preston, 2021, pp. 87-123. <<

[41] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02681. Audiencia Territorial de Madrid (ATM). Expediente de Responsabilidades Políticas. Justicia Caja. 30329. Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas. Expediente 213 de 1939. Fecha de incoación: 21 de agosto de 1939. Conclusión: 18 de septiembre de 1940. Juez: el teniente del CJM Carlos Múzquiz y Ayala. <<

[42] Henry Kamen, 2013, p. 323. <<

[43] Bibiana Candela Oliver, 2015, p. 108. <<

[44] Henry Kamen, 2013, pp. 322s. <<

[45] Memoria-Informe de la Fiscalía n.º 2, de 31 de diciembre de 1942. Sobre el ceremonial de las autos de fe, Kamen, pp. 337-355. <<

[46] Memoria-Informe de la Fiscalía n.º 2, de 31 de diciembre de 1942. <<

[47] Sobre el papel del Ministerio Fiscal, la Memoria fue clara (M, 11) y lo defendió como representante de la conciencia jurídico-social ante la «pobreza de nuestros textos legales anteriores» (M, 12). <<

[48] Como en la Alemania nacional-socialista, el principio de legalidad prácticamente se volatiliza ante la aparición del concepto: «sano sentimiento del pueblo» (gesundes Volksempfinden), que se transmutaría en la verdadera y casi única fuente del derecho. <<

[49] El artículo 171 establecía: «Son delitos o faltas militares las acciones y omisiones penadas en esta ley. Lo son igualmente las comprendidas en los bandos que los generales en jefe y gobernadores de plazas sitiadas o bloqueadas dicten con arreglo a sus facultades». <<

[50] Una consecuencia del Führerprinzip (principio de supremacía del líder) y del Führertum (liderazgo o caudillaje). Ángel Viñas, 2015, pp. 88s. <<

[51] Acedo enmarcó la fecha del 11 de mayo, la jornada de los incendios de iglesias y conventos, como el día en que murió la Segunda República española (M, 50). En su opinión, ese escenario representó el principio de las ilegalidades cometidas por el poder público que ostentaba el Frente Popular. De igual modo, estimó que la amnistía de 1936 debía ser anulada, pues se dictó y ejecutó en contra de la propia Constitución. <<

[52] Francisco Espinosa, 2003, p. 261. <<

[53] El fundamento de la guerra justa lo explicó Schmitt como un intento del imperio cristiano de establecer barreras contra el anticristo (Kat-echon). 1979, pp. 38s. <<

[54] Carl Schmitt, 1979, pp. 175s. <<

[55] En el mismo sentido se expresaron las sentencias de 21 de noviembre de 1941 (RJA n.º 1.355) o 17 de marzo 1942 (RJA n.º 582). <<

[56] Federico Fernández-Crehuet, 2017, p. 97; José Antonio López García, 1996, p. 65. <<

[57] La realidad confirmó la puesta en marcha por la dictadura de una devastadora represión física, política, económica y jurídica (Ángel Viñas, 2015, p. 124). <<

[58] Carta firmada en San Sebastián, el 14 de agosto de 1939. España. Ministerio de Cultura. CDMH. Enrique Suñer. Presidente del TNRP. DNSD. Exp. 197. Leg. 8. <<

[59] Cualquier sujeto, aunque no fuese militar, podía ser juzgado por la jurisdicción militar. <<

[60] Jorge Marco, 2012, p. 191. <<

[61] La JDNE funcionó desde el 24 de julio de 1936 hasta el 29 de septiembre de 1936, siendo su presidente Miguel Cabanellas Ferrer. Curiosamente uno de sus vocales, Antonio Saliquet Zumeta, luego sería miembro del TERMC. <<

[62] Cuerpo armado, vinculado a la guardia civil, encargado de la seguridad interior. <<

[63] Raúl Cancio Fernández, 2007, pp. 128 y 171. <<

[64] Mónica Lanero Táboas, 1996, p. 325. <<

[65] En 1945, a través del decreto de 9 de octubre se concedió el indulto a todos los condenados por el delito de rebelión militar, delitos contra la seguridad del Estado o el orden público hasta el 1.º de abril de 1939. BOE n.º 293, 20/10/1945, p. 2430. <<

[66] Eusebio González Padilla, 2003, pp. 155-166. <<

[67] Decreto n.º 42, de 24 de octubre de 1936 (BOE n.º 18, 1/11/1936). <<

[68] BOE n.º 250, 7/9/1939, pp. 4979s. La mayoría de las sentencias que se citan en este trabajo pertenecen a los primeros recursos resueltos por el CSJM. <<

[69] Artículos 237-242 CóJM 1890. <<

[70] En torno a las condenas a muerte, Miguel Ángel Giménez Martínez (2014, pp. 351s) sostiene que «las apreciaciones más documentadas hablan de unas 50.000 entre 1939 y 1950, si bien esta cifra no es más que una evaluación que trata de acercarse a la realidad por transposición de los casos conocidos de forma completa, unos 35.000. Solo en Madrid se ha calculado que, hasta abril de 1944, los consejos de guerra mandaron fusilar a más de 3.000 personas, mientras que en Barcelona fueron 1.700 hasta 1952». <<

[71] Diego Castro Campano, 2010, pp. 11s. <<

[72] Esta clase de juicios se iniciaban cuando se trataba de un delito militar flagrante o cuasi flagrante (esto es, cuando el sujeto había sido detenido en el momento de cometer el delito o inmediatamente tras su realización) o cuando el ilícito afectaba a la moral o disciplina de la tropa o a la seguridad de la plaza, personas, bienes, siempre que previamente estuviera regulado en los bandos militares. Sin embargo, el decreto n.º 79, de 4 de septiembre de 1936, admitió el sumarísimo de urgencia sin necesidad de delito flagrante o que contuviera la pena de muerte o la cadena perpetua. Jorge Marco, 2012, p. 199. <<

[73] Ibid., p. 195. <<

[74] Algunos de los errores observados por la Fiscalía consistieron en que por razones de urgencia se habían instruido sumarios violentando las reglas jurídicas de la conexidad. Asimismo, se reconoció que «fue en Bilbao con su burocratismo separatista hipertrofiado donde se presentó el problema» (M, 27). <<

[75] Jorge Marco, 2012, p. 194. Al respecto, Acedo admite que intentó, sin lograrlo, que solo se adscribiesen a su oficina oficiales efectivos del CJM o abogados fiscales de las audiencias militarizados. La falta de personal cualificado impidió que pudiera cumplir su objetivo. A cambio, se incorporaron al equipo abogados fiscales que, en su opinión, por su intenso «patriotismo han comprendido enseguida el verdadero carácter de esta obra que si es de la Jurisdicción Militar y es dirigida por un Jefe del Cuerpo Jurídico Militar a todos corresponde por estar vinculada a un Glorioso Movimiento Nacional, de Resurrección Patria» (M, 23). <<

[76] Aunque inicialmente Acedo se quejó de que la Fiscalía del ATJM era realmente inexistente y que, una vez derogada la organización judicial republicana, se encontraba prácticamente aislada…, terminó reconociendo la sintonía que siempre mantuvo con la Auditoría del Ejército de Ocupación (M, 17s.). <<

[77] Entre las propuestas que Acedo prescribió para una futura regulación del delito de rebelión militar destacan las señaladas en M, 79s. <<

[78] M, 81s. <<

[79] Consejo de guerra que será analizado más adelante, en la segunda y tercera partes de este libro. <<

[80] Como se ha expuesto, la sentencia de 5 de agosto de 1936 los condenó a la pena de muerte como autores directos de un delito consumado de rebelión militar del artículo 237, penado en el n.º 2 del 238 del Código de Justicia Militar. Se argumentó que dada la trascendencia de la rebelión militar en la plaza de Cádiz y las órdenes y excitaciones dadas, se habían engendrado cuantiosos daños y de índole moral incalculables. Además, junto con la pena de muerte se les aplicó la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para el caso de un hipotético indulto que nunca se produjo. Al igual, se estableció la imposición de una indemnización en concepto de responsabilidad por los daños ocasionados a los intereses del Estado y a particulares. <<

[81] Sentencia del Alto Tribunal de Justicia Militar de 6 de julio de 1938. Esta constante justificación del golpe de Estado en la jurisprudencia franquista sobre el delito de rebelión desaparecería posteriormente del contenido de cada una de las sentencias, al interpretarse que era una obviedad. <<

[82] Me refiero a las sentencias y, concretamente, al escrito que envió el ATJM a finales de 1937 a las diferentes Auditorías de Guerra solicitando la aclaración en torno a la aplicación del delito de rebelión en diversas sentencias. Al tiempo que aprovechaba para impartir algunas orientaciones sobre las diversas figuras delictivas del mismo (Jorge Marco, 2012, p. 205). <<

[83] El inicio de estos juicios, según Francisco Espinosa (2006, p. 176), puede establecerse entre febrero y abril de 1937. <<

[84] Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, 1980, p. 122. <<

[85] El CSJM condenó a muerte a un alcalde que, prevaliéndose de su autoridad, según el tribunal fue cabecilla en requisas, saqueos y destrucción de templos e imágenes (Sentencia 9/6/1943, RJA 1007). <<

[86] No ocurrió otro tanto con los tribunales republicanos que sí reconocieron a los nacionales la categoría de Ejército, asumieron el delito de traición a los que dejaban sus filas para engrosar la de los rebeldes y garantizaron el cumplimiento de sus derechos (Miguel Ángel Chamocho Cantudo, 2004, pp. 40s.). <<

[87] Decía así: «Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley cuando el hecho no fuere del todo eximente por falta de algunos de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad penal en los respectivos casos de que se trata en el artículo 8.º, siempre que concurriere el mayor número de ellos, imponiéndolas en el grado que el Tribunal estimara correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que faltaren o concurrieren». Se trata del código de 1932. <<

[88] Sentencia 18/5/1940, RJA 407. Igualmente, con relación a la eximente de miedo insuperable, el CóJM de 1945, artículo 185, n.º 10, indica expresamente que en los delitos de traición, espionaje, rebelión y sedición militares no se apreciará esta circunstancia, cualquiera que sea la condición de la persona responsable. <<

[89] Sentencias 26/4/1940, RJA 369; 26/4/1940, RJA 370; 26/4/1940, RJA 371, y 17/5/1940, RJA 405. <<

[90] Empleando el argumento de la falta de afinidad espiritual con los insurgentes, esta misma tesis se defendió en las Sentencias de 9/4/1940, RJA 357; 12/4/1940, RJA 359; 12/4/1940, RJA 360; 20/4/1940, RJA 363; 23/4/1940, RJA 365; 24/4/1940, RJA 366; 24/4/1940, RJA 368; 7/6/1940, RJA 651; 17/6/1940, RJA 657, y 24/6/1940, RJA 668. No obstante, en algunos casos se negó incluso la aplicación de la eximente incompleta del estado de necesidad. Así, el CSJM la rechazó en un caso en que hubo un apoyo a la rebelión militar, pero sin vínculos ideológicos (Sentencia de 1/3/1940, RJA 262; de forma similar, Sentencia de 16/10/1940, RJA 870). <<

[91] Decía así: será castigado con la pena de prisión militar correccional el que sin incurrir en desobediencia ni en el delito del artículo 297 (alegar pretextos para incumplir deberes militares) deje de cumplir con sus deberes militares. <<

[92] Artículo 180 del CóJM. <<

[93] Artículos 388-402 de dicho código. <<

[94] En la misma dirección, sobre el actuar de manera destacada a favor de la causa nacional, protegiendo a personas de derechas, se expresan las Sentencias de 10/5/1940, RJA 404; 17/5/1940, RJA 406; 20/5/1940, RJA 408; 14/6/1940, RJA 656; 17/6/1940, RJA 661; 1/7/1940, RJA 786, y 3/7/1940, RJA 787. <<

[95] Más concretamente, Acedo realizó una propuesta taxativa de cómo debía interpretarse la atenuante de presentación voluntaria. Entendía que no podía ser la que se derivase de la «aprehensión material en el combate o a consecuencia de él. No es tampoco la que se efectúa en las plazas liberadas … cuando nuestro ejército las ha conquistado con el esfuerzo de sus armas. Es la que se realiza en forma que suponga un verdadero riesgo o que revele por lo menos un verdadero sacrificio personal (la presentación desde el territorio extranjero puede, aunque no siempre, representarlo). A sensu contrario se forma el concepto natural de prisionero. El aprehendido o copado en el combate o presentado a la llegada de las tropas nacionales» (M, 41). <<

[96] Afirmaba Acedo que era necesario sancionar la filiación a la masonería por la participación de las logias en la supuesta rebelión marxista (M, 40). <<

[97] Manuel Álvaro Dueñas, 2006, p. 81 y nota 49. <<

[98] BOE n.º 22, 16/9/1936 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/022/J00085-00086.pdf). <<

[99] Elena Franco Lanao, 2005, p. 26. <<

[100] Mónica Lanero Táboas, 1996, p. 330. <<

[101] Francisco Sanllorente, 2005, p. 15. <<

[102] BOE n.º 83, 11/1/1937 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1937/083/A00086-00087.pdf). <<

[103] Elena Franco Lanao, 2005, p. 2. <<

[104] Cfr. BOE n.º 44, 13/2/1939 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf). <<

[105] Ignacio Fernández de Castro, 1968, p. 226. <<

[106] Uno de los sancionados más ilustres de este tribunal, el profesor Luis Jiménez de Asúa, al hacer una breve referencia sobre la LRP, subrayó que establecía sanciones penales gravísimas «por actividades políticas pasadas, que son lícitas en cualquier pueblo civilizado» (s/f, pp. 819-820). <<

[107] Francisco Sanllorente, 2005, pp. 16s. <<

[108] Manuel Álvaro Dueñas, 2006, p. 99. <<

[109] Raúl Cancio Fernández, 2007, p. 149. <<

[110] Elena Franco Lanao, 2005, p. 28. <<

[111] Mónica Lanero Táboas, 1996, p. 329. <<

[112] Elena Franco Lanao, 2005, p. 35; Manuel Álvaro Dueñas, 2006, pp. 132s. <<

[113] Manuel Álvaro Dueñas, 2006, pp. 143-145. <<

[114] BOE n.º 64, 7/3/1942 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/066/A01646-01653.pdf). <<

[115] Raul Cancio Fernández, 2007, p. 151; Mónica Lanero Táboas, 1995, pp. 331-333. <<

[116] https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/115/A03282-03282.pdf <<

[117] Miguel Ángel Giménez, 2014, p. 344. <<

[118] Luis Jiménez de Asúa, s/f, pp. 819s. <<

[119] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02777. RRP Madrid. N.º 410. Expediente de Responsabilidad Política con el n.º 536 de 1939. <<

[120] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02807. <<

[121] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02681. Audiencia Territorial de Madrid. Expediente de Responsabilidades Políticas. Justicia Caja. 30329. Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas. Expediente 213 de 1939. Fecha de incoación 21 de agosto de 1939. Conclusión 18 de septiembre de 1940. Juez. El teniente del CJM Carlos Múzquiz y Ayala. <<

[122] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02831. TNRP. Expediente número 277. <<

[123] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.2853 y TNRP 75/00054. <<

[124] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02775 y TNRP 75/01218. Legajo 6388/2. TRRP de Madrid. <<

[125] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.2725 y TNRP 75/01093. Sentencia n.º 80. 24 de enero de 1942. <<

[126] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02830. <<

[127] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02784. Tribunal Territorial de Madrid. Legajo 6390/1. TRRP. Expediente número 73/1939. <<

[128] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02807. Tribunal Territorial de Madrid. Legajo 6388/2. AT Exte 38. Relación 28 de noviembre de 1961. <<

[129] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.2724. <<

[130] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02861. <<

[131] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.2712. <<

[132] AHPS. Serie Exp. RRPP. Signatura 42.02786. Se acodó el sobreseimiento del expediente por no existir cargos punibles en el orden político con excepción del apartado h), actividades masónicas, cuyo conocimiento estaba atribuido a otra jurisdicción. <<

[133] AHPS. Serie Exp. TNRPP. Signatura 75.0004 y 75.01282. <<

[134] AHPS. Serie Exp. TNRPP. Signatura 75.00091. <<

[135] Esto es: a) Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión: adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación a esta, o por los de traición en virtud de causa criminal seguida con motivo del Glorioso Movimiento Nacional. f) Haber convocado las elecciones para diputados a Cortes del año 1936; formado parte del Gobierno que las presidió o desempeñado altos cargos con este, o haber sido candidato del Gobierno, o candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular y de sus aliados o adheridos en ellas; o haber sido compromisario de tales partidos para la elección de presidente de la República en el mismo año. <<

[136] Se inspiró en el decreto n.º 108 de la Junta de Defensa Nacional. Cfr. BOE, n.º 22, 16/9/1936 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/022/J00085-00086.pdf). Igualmente, seguro que Acedo tomó nota de las sanciones establecidas por el decreto ley de 5 de diciembre de 1936 (BOE n.º 51, 9/12/1936, https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/051/A00349-00350.pdf). Asimismo se privó a los funcionarios de la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo contra la decisión de separación definitiva del cargo (Glicerio Sánchez Recio, 2020, pp. 16-18). <<

[137] Se advertía del «veneno que, en clase, ante niños, puede infiltrar el envenenado por la masonería». En este sentido, se describieron casos de catedráticos de instituto que ejercieron influencia entre sus alumnos, varios de los cuales confesarían que no se hubieran iniciado a no ser por indicaciones de sus maestros. Del mismo modo, se relató que en la Universidad existió algún celebrado catedrático —cuya identidad se omite— que suspendió a un alumno y en la convocatoria siguiente le agració con un sobresaliente en pago de su iniciación en la secta. Informe de los Juzgados de Masonería números 1 y 2. Memoria de 1942. CDMHS. <<

[138] Véase el informe del presidente de la Comisión Depuradora D), de Magisterio de la provincia de Sevilla, de 7 de julio de 1941, sobre Teresa Lobo Loredo. TRC. Exp. 51-100. <<

[139] Enrique Suñer, 1937, p. 18. <<

[140] BOE n.º 27, 11/11/1936 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/027/A00153-00153.pdf). Veáse Pilar Mirat Hernández, 2016, pp.106-116. <<

[141] Sus integrantes eran libremente elegidos por el presidente de la Junta Técnica del Estado a propuesta de las Comisiones de Cultura y Enseñanza. Artículo 2. <<

[142] Contaban con un mes para la finalización de su trabajo, salvo la Comisión D), que contaba con un plazo de tres meses. Artículo 8. <<

[143] BOE n.º 106, Burgos, 3 de febrero de 1937, pp. 298-299. <<

[144] Firmado en Burgos por el general Fidel Dávila. Artículo único. <<

[145] Luis Enrique Otero Carvajal, 2007, p. 61. <<

[146] Gutmaro Gómez Bravo, 2007, p. 150. <<

[147] Sebastián Martín Martín, 2015, p. 393; Gutmaro Gómez Bravo, 2014, p. 977. <<

[148] Insistió en que debía perseguirse especialmente a los magistrados de la justicia roja y a los militares de dependencia moscovita que «han servido a la causa antinacional» (M, 54-56). Mencionó expresamente la persecución que sufrió por parte de la horda roja y la gran suerte que le deparó la providencia de vivir en la zona nacional... Posiblemente hacía referencia a su ingreso en prisión por la participación en el golpe militar perpetrado por el general Sanjurjo. <<

[149] BOE n.º 62, 2/3/1940 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf). <<

[150] BOE n.º 13, 13/1/1945 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/013/A00427-00472.pdf). <<

[151] BOE, n.º 201, 20/7/1945 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/201/R00472-00936.pdf). <<

[152] BOE n.º 45, 14/2/1939 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/045/A00856-00859.pdf). <<

[153] Advierte Sánchez Recio (2020, p. 27) que «la mayor parte de los jueces y magistrados que decidieron permanecer en España … eran personas que se consideraban conservadoras y antirrepublicanas o simplemente profesionales que habían servido al Estado Republicano de la misma manera que se creían aptos para servirlo bajo el régimen nacionalsindicalista». <<

[154] Mónica Lanero Táboas, 2008, p. 39. Un ejemplo de las características exigidas a los futuros miembros de los tribunales franquistas lo encontramos en la circular n.º 1, remitida en Madrid, a 20 de junio de 1939, por el fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, a los fiscales de las audiencias territoriales, con motivo de la renovación de cargos de justicia municipal. Se llama la atención sobre la necesidad de prestar a esos nombramientos el máximo interés «aquilatando con todo escrúpulo, las cualidades profesionales de los concursantes, así como sus condiciones de moralidad»; había que analizar y comprobar «con exquisito cuidado, su actitud con respecto a la Causa Nacional y la sinceridad de sus sentimientos. Es importante y trascendental, por razón del ámbito social en que la Justicia municipal se desenvuelve, que sus componentes ofrezcan las mayores garantías, no sólo de competencia y moralidad, sino también de adhesión y hasta sincero entusiasmo por la Causa Nacional. Deberá, pues, V.E. prestar toda su atención a estos extremos, procurando evitar, a todo trance, que se introduzcan en ese servicio elementos que arrastren de su pasado tachas del antiguo y execrable partidismo político, que debe ser, en absoluto, desterrado de todas las actividades del Estado Nacional» (Memoria elevada al Gobierno Nacional, Madrid, 1940, p. 75). <<

[155] Reconoció que el «togado profesional que ha aceptado la legislación roja y figurado en Tribunales de matiz revolucionario, ha avalado el crimen y lo ha legalizado ante la conciencia internacional ocasionando un positivo daño a la Causa Nacional y un beneficio a la rebeldía criminal» (M, 66). <<

[156] Cuestión diferente es dilucidar, como hace Sánchez Recio (2020, pp. 92, 104), el porqué la represión militar fue más condescendiente con personas de esa ideología que los propios procesos de depuración administrativa en los que se consideró que cualquier trabajo en la administración judicial republicana generaba un estigma que era preciso borrar con una cirugía severa. <<

[157] Citado por Glicerio Sánchez Recio, 2020, p. 79. Véase Archivo Histórico de la Defensa (AHD). Sumarios 2198 y 28741. Leg. 09186. <<

[158] Mónica Lanero Táboas, 1996, pp. 247s. <<

[159] La depuración de los funcionarios judiciales fue efectuada por jueces afines al Movimiento Nacional designados por la Comisión de Justicia de la JDNE, y por el Servicio Nacional de Justicia o la Dirección General del Ministerio de Justicia. Lo que Sánchez Recio (2020, pp. 162s.) denomina falange judicial a las órdenes de Romualdo Hernández Serrano como instructor jefe de la depuración. Una falange que años más tarde alcanzaría los puestos más elevados de la justicia, tanto en el Tribunal Supremo como en la presidencia de las audiencias provinciales. <<

[160] Acedo expuso la necesidad de creación de los «Consejos sobre Honor y Aptitud» para la depuración profesional de los militares, marinos y funcionarios judiciales. Unos consejos que, se inspirarían en los tribunales de honor militares, diferenciándose de ellos en que el fallo sería una proposición al jefe de departamento ministerial, «limitándose a la suspensión de la función por menos de tres años, a la separación del servicio con haberes pasivos si correspondiere y posibilidad de un destino civil del Estado, separación del servicio sin haberes y sin inhabilitación para cargos públicos y finalmente separación del servicio sin haberes y con inhabilitación para cargo o función pública por seis años» (M, 78). <<

[161] Quisiera dejar constancia de mi más profundo agradecimiento al magistrado Juan José del Águila, a los profesores Javier García Fernández y Rubén Pérez Trujillano, al coronel Antonio Montero, a Enrique Gallego Lázaro y a los exsecretarios de Estado Luis y Juan Antonio Yáñez-Barnuevo por su inestimable ayuda a la hora de localizar una parte del material primario y secundario en que se basa esta parte del presente libro. <<

[162] Ángel Viñas, «Vox y la degradación de la historia», en InfoLibre, 18 y 19 de diciembre de 2021 (https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/vox-degradacion-historia-i_129_1215129.html y https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/vox-degradacion-historia-ii_129_1215139.html); y VOX, «Enmienda a la totalidad con devolución del Proyecto de Ley de Memoria Democrática», 17 de septiembre de 2021. <<

[163] El único estudio que conozco sobre la evolución histórica del CJM se debe al capitán auditor Francisco Luis Pascual Sarría. <<

[164] El programa de las oposiciones se reproduce en la Gaceta de Madrid, n.º 254, 11 de septiembre de 1903. Merece la pena echarle un vistazo. <<

[165] http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1010792&posicion=1, disposiciones 21 y 160. La plantilla en aquel año era, meramente, de 47 auditores. <<

[166] Jesús Salas Larrazábal, 1998, pp. 10s. <<

[167] Francisco Luis Pascual Sarría, 1998, pp. 90s. <<

[168] El ejemplar que tengo es un regalo de mi primo hermano, Cecilio Yusta Viñas, que falleció de la covid-19 en abril de 2020. De haber vivido, esta parte relacionada con la carrera de Acedo Colunga como aviador se hubiera enriquecido notablemente ya que Cecilio fue un apasionado historiador de la aviación española, militar y civil. <<

[169] Cecilio Yusta Viñas, 2011, pp. 99-102 y 121. <<

[170] Normalmente esta distinción se le concedería. Sin embargo, el 17 de noviembre de 1939 solicitó del ministro del Aire la «Medalla de Sufrimientos por la Patria», por cautivo, alegando que desde el 15 de agosto hasta el 28 de diciembre de 1932 había estado en prisiones militares como consecuencia del «Alzamiento del 10 de agosto». Tenemos la impresión de que no se le otorgó porque, así como la primera figura en la correspondiente relación de su hoja de servicios, la segunda no. Puede, naturalmente, tratarse de una omisión, voluntaria o involuntaria. <<

[171] Felipe Acedo Colunga, 1928, pp. 165s. Suponemos que la adulación también era entonces de rigor. <<

[172] Para las referencias a la base, véase https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/centenariobasesaereas/tablada/historia.html <<

[173] Citas tomadas de Felipe Acedo Colunga, 1928, pp. 204, 206, 209 y 211-213. <<

[174] En calidad de comandante militar de Las Palmas de Gran Canaria y de su provincia, el 16 de julio de 1936 fue asesinado por orden de su compañero y supuesto amigo, el general de división Francisco Franco. <<

[175] Francisco Luis Pascual Sarría, 1998, pp. 93s. <<

[176] Francisco Luis Pascual Sarría, p. 90. <<

[177] Las oficinas de Mayoría se encargaban de tramitar el papeleo administrativo y de personal de las unidades. Si no se las paraba, ponían en marcha los procedimientos correspondientes. <<

[178] Joaquín Gil Honduvilla, 2011. <<

[179] Manuel Azaña, 1997, p. 55. <<

[180] Martí Marín Corbera (2015, p. 130), destacó la firma de la carta. <<

[181] José Luis Galbe Loshuertos, 2011, pp. 111-117. <<

[182] Francisco Espinosa, 2000/2006, p. 19. <<

[183] Ricardo Robledo ha hecho un reciente análisis de causas y concausas de la agitación social. Contiene abundante bibliografía complementaria. <<

[184] Como se demuestra con abundante EPRE en Ángel Viñas, 2021. Emilio Esteban-Infantes (1957, p. 190), señaló que el ministro de Gobernación había organizado una oficina secreta de información, con el pretexto de descubrir los manejos comunistas, «aunque su principal misión era ejercer una vigilancia solapada sobre el Ejército». <<

[185] No podemos evitar señalar que a tales supuestos manejos les dio su bendición opusdeística nada menos que un personaje por encima de toda sospecha como el profesor Suárez Verdeguer. <<

[186] Manuel Azaña, 1997, pp. 5s. <<

[187] Emilio Esteban-Infantes (1957, p. 192), apostilla que el viaje y dos entrevistas en Madrid con un enviado de Sevilla (¿el hijo de Goded?) fueron los únicos preparativos que Sanjurjo llevó a cabo personalmente. Como si ello fuera un timbre de gloria. <<

[188] Joaquín Gil Honduvilla, 2017, pp. 81s. <<

[189] Manuel Azaña,1997, pp. 6, 11 y 13. <<

[190] Joaquín Gil Honduvilla (2017, p. 208) cita incluso frases de un discurso que se supone que Sanjurjo dirigió a la oficialidad y a la tropa por la tarde, pero su fuente es Arrarás y, con todo respeto, por principio no nos creemos una palabra de lo que transmitió este poco fiable periodista. La idea era que el movimiento no iba contra la República, sino contra el Gobierno, entre otras razones porque este permitía que se insultara a los generales en el Parlamento. Obviamente, hubiera debido cerrar las Cortes según el mensaje de tan encumbrado general. No es de extrañar que a los ingleses les llegara la noticia de que Sanjurjo, gloria nacional, había perdido la cabeza («gone to pieces»). <<

[191] Manuel Azaña, 1997, pp. 21s. <<

[192] Joaquín Gil Honduvilla, 2017, p. 210. <<

[193] Hay otra versión de los hechos que nos ha indicado Pérez Trujillano en AHN, sección de fondos contemporáneos, Tribunal Supremo, Procesos Especiales, Reservado, exp. 56/2, carpeta 20, expediente de indulto n.º 601/1933. Hemos seguido el relato de La Voz, que es público, pero, como nos ha señalado Espinosa, los hechos futuros pusieron a cada uno en su lugar. En 1978 Rodolfo Robles era redactor de la revista Alas gloriosas, el boletín mensual de la ADAR (Asociación de Aviadores de la República). <<

[194] Gaceta de Madrid, 20 de julio de 1939. <<

[195] Breve biografía en el DB~e. Fue también concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento sevillano. Exiliado. Falleció en México en 1965. <<

[196] La Vanguardia, 3 de junio de 1933. <<

[197] Ángel Viñas, 2021, pp. 256, 281n, 474. <<

[198] Juan José del Águila, cuadro 2. <<

[199] Pablo Gil Vico, 2019, p. 228. En la guerra civil, este caballero ascendió a auditor de división. Posteriormente fue consejero de la empresa editora del diario Las Provincias de Valencia. Falleció en 1969. <<

[200] Rubén Pérez Trujillano, 2018, pp. 279s. <<

[201] Pablo Gil Vico, 2019, p. 431. <<

[202] Ibid., p. 243. <<

[203] Dice su biografía en el DB~e que lo fue el 1.º de octubre y que se hizo cargo del arma precisamente en las difíciles circunstancias de la revolución de Asturias. En enero de 1935 ascendió a teniente coronel. En noviembre de este año cesó como jefe de Aviación. <<

[204] Aurelio Martín Nájera, DB~e. En la guerra civil, González Peña fue comisario general del Ejército del Norte, ministro de Justicia y presidente del PSOE y de la UGT. Falleció en México en 1952. <<

[205] Eduardo González Calleja et al., 2015, pp. 974s. <<

[206] Se trataba de Diego Medina. Lo fue desde mayo de 1931 a agosto de 1936, cuando fue apartado por no ser considerado seguro por el Gobierno. Aparece en los diarios de Azaña en relación con Casas Viejas. Fue objeto de un consejo de guerra por los vencedores en 1939 por presunto delito de «rebelión militar» y condenado a inhabilitación especial. Murió en 1942. <<

[207] Rubén Pérez Trujillano, 2019, pp. 287-289. <<

[208] Nombres y grados en el Anuario Militar de España de 1936, pp. 373-375. De notar es que no se haría público el escalafón de tan distinguido cuerpo hasta 1945 (ya había 137 una vez que se retiraron los que habían servido como miembros honoríficos durante la guerra civil). La publicación llega hasta 1965. Son descargables en http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=120 <<

[209] La concesión tampoco figura en el apartado correspondiente de su hoja de servicios, en el que solo se reseña la de 1931. <<

[210] Ángel Viñas, 2021, p. 64, con datos de un trabajo de J. Gil Honduvilla, 2019. <<

[211] Ángel Viñas, 2021, pp. 42s. <<

[212] Joaquín Gil Honduvilla, 2013, pp. 253-255 y 257s. <<

[213] José Manuel Algarbani Rodríguez, 2018, pp. 379s. <<

[214] Francisco Espinosa, 2006, pp. 50s. <<

[215] Esto implica, razonablemente, que su huida de Gibraltar debió ser el día anterior. <<

[216] Llegó a teniente general en 1955. Declaró el estado de guerra el 18 de julio a las 15 horas. Fue refrendado en el mando del Regimiento de Infantería Pavía n.º 7 tres o cuatro días después por el general Orgaz que se desplazó adrede desde Ceuta para ello, según consta en la hoja de servicios. <<

[217] Aróstegui ya hizo notar el caso curioso del competidor malogrado de Franco. <<

[218] Glicerio Sánchez Recio, 2020, pp. 108s. <<

[219] Ángel Viñas, 2021, pp. 312s, 318s, 355 y 378. Un rastreo por la hemeroteca de La Vanguardia muestra que, al menos, el general fue recibido en audiencia por Azaña el 8 de julio de 1936. Es decir, cuando la conspiración había pasado el punto de no retorno. <<

[220] Jesús N. Núñez Calvo (2004, pp. 16s.) señala que se adhirió a la sublevación sobre las 14 horas del 18 de julio, tras recibir una llamada de Queipo de Llano, pero es obvio pensar que difícilmente se hubiera puesto en contra. <<

[221] Por razones que ignoramos, pero que no son difíciles de comprender, el parte omitió que también se sumaron paisanos derechistas armados, especialmente grupos de falangistas mandados por los hermanos Mora-Figueroa. Existen detalles sobre la conspiración civil-militar en Cádiz en la obra del marqués de Tamarón, Datos para la historia de la Falange gaditana, 1934-1939 (descargable en https://www.scribd.com/doc/83504452/Datos-para-la-historia-de-la-Falange-gaditana-1934-1939-Jose-de-Mora-Figueroa). Información suministrada por Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. <<

[222] La más reciente reconstrucción del asedio y sus antecedentes que conocemos se debe a Joaquín Gil Honduvilla (2013, pp. 161-206). No llega, en tal libro, a lo que en esta obra nos interesa. <<

[223] Lo era a todas luces. La literatura al efecto es muy extensa. Una reflexión sobre el tema de fácil acceso es de Juan José del Águila (2013). <<

[224] Según José Luis Gutiérrez Molina (2014, p. 24), uno de los teorizantes ulteriores de la represión en Cádiz. Ocupó la comandancia militar durante algunos meses en 1937 y escribió un informe sobre el desarrollo del golpe en la provincia. Clasificó a los enemigos en tres categorías: quienes debían ser asesinados por su peligrosidad, los que bastaría con ser encarcelados y los que podían ganarse a la «causa». Esta nota no figura en la biografía que le ha dedicado Joaquín Gil Honduvilla (2013, pp. 313-314). <<

[225] Nos guiamos por la orden firmada por Queipo de Llano y el acta de celebración del consejo de guerra. <<

[226] La consistencia entre 1936 y 1939 se nota en muchas de las condenas a muerte que se pronunciaron después de la guerra. Por ejemplo, en la dictada contra el coronel Ricardo Burillo: «los hechos que se declaran probados en esta sentencia son constitutivos de un delito de rebelión militar, previsto y penado en el artículo 238 del CóJM, en relación con el artículo 237 … por cuanto dichos hechos fueron parte integrante de la oposición armada al nuevo Estado Nacional, nacido al asumir el poder legítimo de la Nación las autoridades representativas del Ejército Español el día 17 de julio de 1936», Javier Cervera Gil (2015, p. 237). Sobre dicho coronel cabe consultar https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Burillo <<

[227] Gran parte de lo que antecede se basa en Jesús N. Núñez Calvo (2005, p. 4). Los juicios de valor son míos. La cuestión de los fusilamientos sin esperar a ningún tipo de decisión «formal» ha pasado ya a la literatura en inglés (Peter Anderson, 2010, p. 54). Espinosa ha dedicado varias obras a explorar la «justicia» de Queipo, todavía yacente en la Macarena sevillana, en su calidad de hermano de la cofradía correspondiente. Parecería como si sus actuales miembros tuvieran la misma idea de la historia que ya anticipaban los componentes del consejo de guerra mencionado en el texto. <<

[228] A finales de diciembre de 2021, llegó la noticia de que el pleno del Ayuntamiento de Cádiz había decidido retirar la distinción de hijos adoptivos a, entre otros, Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano, José López-Pinto y José Enrique Varela, con la ausencia del PP y la abstención de Cs. Habían transcurrido más de ochenta y cinco años de los hechos. Nunca es tarde si la dicha es buena. Días después, la estatua de Varela fue retirada de San Fernando, lugar de su nacimiento. <<

[229] En Ángel Viñas et al. (2018), por ejemplo, se muestran casos destinados a encubrir o desfigurar la responsabilidad de Franco en el asesinato del general Amado Balmes. <<

[230] Mencionado por José Luis Gutiérrez Molina, p. 34. <<

[231] Fernando Romero Romero, 2009, pp. 11, 15 y 29s. <<

[232] La Vanguardia, 30 de septiembre de 1958. <<

[233] Arcángel Bedmar, 2013, p. 105. <<

[234] Ángel Viñas et al., 2018. <<

[235] Como es sabido, durante la guerra y desde finales de 1936 se amplió la plantilla del CJM con el nombramiento de oficiales honoríficos entre licenciados en Derecho y a propuesta de los auditores o fiscales de las divisiones o bases navales. Se produjeron excesos. La regulación definitiva se hizo a partir de mayo de 1937. Se añadieron otros requisitos, como tener al menos treinta y tres años o haber prestado ocho meses de servicios de armas en el frente. Francisco Luis Pascual Sarría, 1998, pp. 99s. <<

[236] Ángel Viñas, 2019, p. 361. Decía así: «De Canarias al África, en blanca nave / de sol, cruzó el cielo y el mar un Caballero / ungido del Señor, divino Arquero / con cinco flechas en su arco. Se sabe / descendiente del Cid, descendiente del Manco / de Lepanto; con sangre de la sangre de Pizarro, / de Colón, de Cortés y del bizarro / Gran Capitán: Francisco Franco». Nunca pasó nada desagradable a nadie por excederse en adulación al excelso Caudillo. <<

[237] El profesor Glicerio Sánchez Recio consultó el legajo con la documentación del consejo de guerra, pero, por lo que nos ha dicho, creemos que es la misma que dio a conocer Arenillas de Chaves. <<

[238] Hemos buscado en vano sus nombres en Wikipedia teniendo en cuenta que no es una fuente necesariamente de valor académico. También lo hemos hecho en la versión online del Diccionario Biográfico Español, de la RAH, que suponemos sí lo tiene. <<

[239] En Santos Juliá Díaz, 2002. <<

[240] De notar es que el vocal ponente defendió la propuesta de pena del tribunal y su oposición al abogado defensor. <<

[241] Nos centramos en nuestro protagonista. Un encuadramiento del consejo de guerra puede fácilmente descargarse en el artículo de Ignacio Tébar Rubio-Manzanares (2013). <<

[242] Afirmación dogmática que subrayó enfáticamente el propio Caudillo en unos apuntes personales, en torno a principios de los años sesenta. Continúa imprimiendo carácter a toda una literatura apologética, a veces indisimuladamente. En la actualidad, bajo invocaciones a una supuesta «objetividad». <<

[243] Alusión obligada, ya que el enemigo —representado por Besteiro— carecía de todo sentido patriótico y, como afirmaría el inmarcesible Caudillo en alguna ocasión, era «la escoria de la nación» y como tal se había comportado. <<

[244] Nos tememos que ni en la Edad Media se dijeron habitualmente tales inanidades en ocasiones tan solemnes. <<

[245] Se refería a las del Palacio de Justicia madrileño. <<

[246] Hubiera sido de mal gusto recordar que fue la propia República, bajo una coalición de centroderecha, la que había cercenado la «revolución». Que se sepa, la intervención divina brilló por su ausencia. <<

[247] Los lectores que quieran consultar el texto de la acusación solo tienen que ojear Ignacio Arenillas de Chaves (1976, pp. 202-223). <<

[248] Por consiguiente, tampoco aparece en la reseña biográfica del DB~e, lo cual —con todos los respetos habidos y por haber a su redactor— nos parece sintomático del cuidado puesto en la renovada edición de tan magna obra. <<

[249] Esto nos hace pensar que se escapó de Gibraltar en la citada fecha, que fue la correcta, y nos confirma en la necesidad de rectificar su declaración jurada de 1938, que probablemente ya había olvidado. <<

[250] Entre ellos figuraban Adriano Coronel Velázquez, Benito Pico Martínez, Tomás Garicano Goñi, Manuel Uriarte Rejo, Rafael Díaz-Llanos Lecuona, Pedro Villacañas González y Alberto de Mestas García. De destacar es el nombre de Díaz-Llanos, que había estado al lado de Franco en su etapa de comandante general de Canarias en la primavera de 1936 y luego se incorporó al Cuartel General. <<

[251] Todo esto se desarrolla adecuadamente en Ángel Viñas, 2019. <<

[252] En sus memorias, Ansaldo, pp. 302-306 y 328-331, hace referencia al episodio, sin escatimar críticas a los mandos del Aire. Nosotros nos hemos basado en documentación procedente de su expediente personal en el Archivo del Ejército del Aire. Sobre Alemán no he localizado nada posteriormente, salvo que fue el traductor de una biografía de Napoleón escrita por Jacques Bainville, periodista e historiador monárquico y prohombre de la Action Française, fallecido en 1936. <<

[253] Antonio Marquina Barrio, 1986, pp. 106-113. <<

[254] BOE n.º 76, 17/03/1951 (https://www.boe.es/diario_gazeta/comun/pdf.php?p=1951/03/17/pdfs/BOE-1951-76.pdf). <<

[255] Entre sus autores figuraron «perlas» como Luis de Galinsoga, Francisco Franco Salgado-Araujo, Luys Santamaría, Julián Pemartín, Juan Aparicio, fray Justo Pérez de Urbel, el general Emilio Esteban-Infantes, el general Jorge Vigón, el general José Cuesta Monereo, el general José Díaz de Villegas, el general Camilo Alonso Vega, el general José Gomá, el almirante Francisco Moreno, Florentino Pérez Embid, José Antonio Girón, José Félix de Lequerica, etc. <<

[256] Como es lógico, la obra fue un éxito colosal. Según World.Cat Identities, en dos años se hicieron quince ediciones. En la actualidad solo hemos encontrado una cita de esta en un artículo de Gudín de La Lama. <<

[257] BOE n.º 257, 26/11/1960 (https://www.boe.es/boe/dias/1960/10/26/pdfs/A14883-14883.pdf). <<

[258] La bibliografía es inmensa, pero una de las obras de referencia es la de Juan José del Águila. <<

[259] https://www.telefonica.com/documents/153952/13347843/1962.pdf <<

[260] BOE n.º 199, 19/08/1964 (https://www.boe.es/boe/dias/1964/08/19/pdfs/A10939-10939.pdf). <<

[261] No fue el caso de la edición sevillana, en la que, el 30 de septiembre, Tomás de Martín-Barbadillo, vizconde de Casa González, le dedicó un recuerdo emocionado, y en mi opinión bastante cursi, en el que mencionó su primer opus sobre la aviación española. <<

[262] Sobre este sujeto existe una abundante literatura. Destacan las monografías de Gert Buchheit, Helmut Ortner y Stephan Breuning en alemán. <<

[263] Para llegar a estas conclusiones reconozco y agradezco la sustancial e inapreciable ayuda de mis dos compañeros de exploración. <<

[264] Utilizo una referencia aséptica: https://dbe.rah.es/biografías/6883/mariano-navarro-rubio <<

[265] Es muy de lamentar que no haya tenido el honor de recibir una entrada en dicho diccionario. <<

[266] En este sentido, el reciente libro de Fernando Jiménez Herrera (2021) resulta de lectura inexcusable. <<