Entrega n.º 3 de la colección Cuadernos del Mundo Actual: La sociedad española de los años 40.

Ángel Bahamonde Magro

La sociedad española de los años 40

Cuadernos del Mundo Actual - 3

ePub r1.0

Titivillus 08.10.2022

Título original: La sociedad española de los años 40

Ángel Bahamonde Magro, 1993

En portada: el cardenal Pla y Deniel y el ministro de Justicia, Esteban Bilbao, a la salida de un acto religioso a comienzos de la década de los 40

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Militares, falangistas y católicos daban cobertura política a la dictadura de Franco
(dibujo por E. Ortega).

La sociedad española
de los años 40

Por Ángel Bahamonde Magro

Catedrático de Historia Contemporánea.
Universidad Complutense de Madrid

Martín Marco vaga por la ciudad sin querer irse a la cama. No lleva encima ni una perra gorda y prefiere esperar a que acabe el metro, a que se escondan los últimos amarillos y enfermos tranvías de la noche. La ciudad parece más suya, más de los hombres que, como él, marchan sin rumbo fijo con las manos en los vacíos bolsillos —en los bolsillos que a veces, no están ni calientes—, con la cabeza vacía, con los ojos vacíos y, en el corazón, sin que nadie se lo explique, un vacío profundo implacable. («La colmena», Camilo José Cela).

Existe un debate abierto sobre la naturaleza política de la dictadura de Franco: ¿modelo fascista?, ¿solución bonapartista?, ¿nacionalismo autoritario? ¿dictadura militar? Cualquier respuesta deberá tener en cuenta que el régimen franquista tuvo una considerable capacidad de adaptación a los tiempos. Más que en función de acontecimientos internos, evolucionó al socaire de variables exteriores en relación con los vaivenes de la política internacional, sobre todo a lo largo de los años cuarenta. Mientras que el fascismo italiano o el nazismo alemán tuvieron un concepto preconcebido del Estado basado en unas formulaciones ideológicas con señas de identidad propias, el franquismo, más allá de la idea del poder personal del dictador, aglutinó en sus orígenes en torno suyo a un conglomerado defensivo articulado en su negación al reformismo republicano, principalmente de su etapa frentepopulista.

En esta ambientación personajes del franquismo como Serrano Suñer elaboran un cuerpo doctrinal mínimo, justificativo del poder unipersonal de Franco, a base de presupuestos falangistas, del conservadurismo antiparlamentario y del catolicismo tradicional. En la línea apuntada, los militares sublevados fueron construyendo a lo largo de los tres años de guerra civil el primer basamento del Estado totalitario, término prolijamente utilizado en los discursos oficiales de la época, a la par que se dejaba abolido el grueso de la legislación republicana, desde la abrogación de la reforma agraria hasta el fin de la separación Iglesia-Estado, con sus consiguientes proyecciones a otros ámbitos.

La evolución política del Nuevo Estado

Así el Estado fue adquiriendo paulatinamente un ropaje corporatista, que en un primer momento arbitró su discurso al abrigo de otros Estados totalitarios europeos, pero que desde 1943 fue adaptándose a otras realidades, para culminar con las transformaciones del quinquenio 1945-1951, que no alteraron el poder del general Franco. Así el período 1939-1951 puede entenderse como la época en la que el régimen cambió su corteza política, comprendiendo lo que suponía la derrota de las potencias del Eje, sin que por ello se transformara su núcleo. Las formas fascistas se abandonaron desde 1945 porque convenía a la reproducción del franquismo, término entendido en su pleno sentido, mientras que la autarquía económica y el modelo de economía cerrada pasaron a mejor vida cuando las condiciones de la política internacional permitieron su sustitución.

La evolución institucional del nuevo Estado sólo puede entenderse sobre la base de las siguientes premisas: su origen, una sublevación militar dirigida contra la izquierda republicana; el papel de Franco, como dictador que busca la consolidación de su poder unipersonal, y los avatares internacionales, que determinaron el entramado institucional con vistas a la perpetuación del régimen franquista. Cuando los militares se sublevaron en julio de 1936 contra la República no poseían una idea de Estado. Sus planteamientos eran puramente negativos: derrocar al Gobierno del Frente Popular y con ello secuestrar a la República. Conforme se hizo evidente el fracaso del pronunciamiento y su conversión en prolongada guerra civil, se hizo preciso empezar a construir un edificio institucional alternativo a la República, amparado, más en la forma que en los contenidos, en los presupuestos de los triunfantes movimientos fascistas que recorrían Europa por esas fechas, bajo la retórica de un grupo hasta entonces marginal: Falange Española, transformada a partir del proceso unificador de abril de 1937 en Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (FET y de las JONS).

A partir del cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial, en 1943 con la batalla de Stalingrado, la dictadura de Franco empezó a soltar amarras respecto a la retórica fascista y a redefinir la filosofía del poder unipersonal. Con la victoria aliada en 1945 se intensificó esta evolución, hasta la promulgación de la Ley de Sucesión de julio de 1947. Sucesivamente, pues, el franquismo confeccionó su tejido institucional entre 1936 y 1947, creando una estructura duradera que será reorientada en 1966 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. Una línea de continuidad recorre las permanentes mutaciones del régimen: el poder unipersonal de Franco.

A lo largo de los años cuarenta las familias políticas del franquismo son fiel reflejo del conglomerado de fuerzas e intereses que se habían sublevado contra la República. La creación del partido único en 1937 no significó la uniformación del sustrato político. En líneas generales, 1945 actúa de bisectriz que delimita dos tendencias: el predominio falangista y el nacionalcatolicismo, ambas supeditadas a la persona del dictador. En el Gobierno constituido el 9 de julio de 1939 se observa ese predominio falangista en equilibrio con militares, católicos y antiguos miembros de la CEDA muy próximos a Franco, y como gran maestro de ceremonias el cuñado del dictador, Serrano Suñer, ministro de la Gobernación, hombre clave en los primeros pasos de la institucionalización del régimen. El control por los nacionalcatólicos del Ministerio de Educación en la figura de Ibáñez Martín prefigura su posterior preponderancia. La marcha de la Segunda Guerra Mundial determinó la caída de Serrano Suñer en agosto de 1942, buscando una mayor equidistancia respecto a las potencias del Eje, hecho confirmado por el nombramiento del conde de Jordana como ministro de Asuntos Exteriores.

Ramón Serrano Suñer

Nació en Zaragoza en 1901. Abogado, fue dirigente de las Juventudes de Acción Popular y, con la Segunda República, diputado por la CEDA. Mantuvo amistad con Gil Robles y con José Antonio Primo de Rivera y por matrimonio llegó a ser cuñado del general Franco. Al inicio de la guerra civil, tras evadirse de Madrid, contribuyó muy activamente a la unificación de las fuerzas políticas de la zona sublevada. Ocupó los cargos de ministro del Interior, de Gobernación y de presidente de la Junta Política. Dotado de gran poder, fue uno de los artífices del nuevo Estado que surge de la guerra. En 1940, como ministro de Asuntos Exteriores, dirigió una política pro Eje, que le llevó a mantener varias entrevistas con Hitler y Mussolini. Con el viraje de la guerra mundial en favor de los aliados, se vio apartado del Gobierno en 1942. Desde entonces, el que fuera todopoderoso cuñadísimo vive retirado desarrollando la práctica de su profesión. Es autor de dos obras: Entre Hendaya y Gibraltar (1947) y Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias (1977).

El 18 de julio de 1945 quedó constituido el tercer Gobierno de Franco. Nuevamente aparecen militares, católicos y falangistas, en la clásica situación de equilibrio tan cara para el dictador. Pero cabe hacer algunas matizaciones. En primer lugar, la desaparición de los monárquicos conservadores, en un momento en el que individuos del propio régimen y un sector de la oposición del exilio juegan con la hipótesis del retorno de la monarquía en la persona de don Juan de Borbón. En segundo lugar, la continuidad de Ibáñez Martín en la cartera de Educación Nacional, y la entrada de Martín Ahajo, propagandista de Acción Católica, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, marcan el viraje ideológico hacia el nacionalcatolicismo y el reordenamiento del entramado institucional.

El nacionalcatolicismo no era un producto ideológico de nuevo cuño; representaba más bien la adecuación a los nuevos tiempos de viejos postulados del conservadurismo español antiparlamentario. En este sentido no entraba en contradicción con la teoría del caudillaje. Una idea castellanizante de España que excluía la pluralidad nacional, cultural y lingüística, adobada con la idea del Imperio. En Ideas para una filosofía de la Historia de España, García Morente se planteaba ¿Qué es la hispanidad?… ¿Qué tipo de hombre es ese que la hispanidad legitima? Su respuesta resume un vector ideológico que se convirtió en basamento de la propaganda de la época: La idea del Imperio español es la idea del imperio católico mundial, que en la contemporaneidad se resuelve en una muda y trágica protesta española frente a lo que se piensa y se dice y se hace en el resto del mundo.

El nacionalcatolicismo encontró su principal instrumento de reproducción en el control del mundo de la enseñanza, desde la Universidad, reorientada por la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943, hasta la escuela, estructurada por la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, pasando por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado por ley de 24 de noviembre de 1939. En su preámbulo se explicitaban los criterios que iban a regir la ciencia y la investigación en España, una vez suprimida la Junta para Ampliación de Estudios en 1938: En las coyunturas más decisivas de su Historia concentró la Hispanidad sus energías espirituales para crear una cultura universal. Esta ha de ser la ambición más noble de la España del momento… Tal empeño ha de cimentar, ante todo, en la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias, destruida en el siglo XVIII.

Los símbolos y las banderas acompañaban una retórica que, en todos los ámbitos de la sociedad, reclamaba un hombre nuevo para la nación española.

Gobiernos de Franco

9 de agosto de 1939 a 18 de mayo de 1941

Jefe del Estado y del Gobierno: F. Franco. Asuntos Exteriores: J. Beigbeder. Gobernación: R. Serrano Suñer. Justicia: Esteban Bilbao. Hacienda: José Larraz. Ejército: General J. E. Varela. Marina: Alm. S. Moreno. Aire: General J. Yagüe. Obras Públicas: A. Peña. Industria y Comercio: L. Alarcón (sustituido en 1940 por D. Carceller). Agricultura: Joaquín Benjumea. Educación: J. Ibáñez Martín. S. Gral. Movimiento: A. Muñoz Grandes (cesa en 1940). Ministros sin cartera: P. Gamero del Castillo, Rafael Sánchez Mazas, que cesa en 1940.

19 de mayo de 1941 a 19 de julio de 1945

Foto oficial del Generalísimo Francisco Franco, por A. Jalón.

Jefe del Estado y del Gobierno: F. Franco. Asuntos Exteriores: R. Serrano Suñer (sustituido por G. Jordana en 1942, que fallece en 1943 y es sustituido por Lequerica). Gobernación: V. Galarza (sustituido por Blas Pérez en 1942). Justicia: E. Bilbao. Hacienda: J. Benjumea. Ejército: Gral. Varela (sustituido en 1942 por Gral. Asensio Cabanillas). Marina: Alm. S. Moreno. Aire: Gral. Juan Vigón. Obras Públicas: A. Peña. Industria y Comercio: D. Carceller. Agricultura: M. Primo de Rivera. Trabajo. J. A. Girón. Educación: J. Ibáñez Martín. S. Gral. Movimiento: J. L. Arrese.

20 de julio de 1945 a 18 de julio de 1951

Jefe del Estado y del Gobierno: F. Franco. Asuntos Exteriores: Alberto Martín Artajo. Gobernación: Blas Pérez. Justicia: R. Fernández-Cuesta. Hacienda: J. Benjumea. Ejército. Fidel Dávila. Marina: A. F. Regalado. Aire. Gral. E. G. Gallarza. Obras Públicas: Gral. Fernández Ladreda. Industria y Comercio: J. A. Suances. Agricultura: Carlos Rein. Trabajo: J. A. Girón. Educación: J. Ibáñez Martín.

La primera institucionalización del régimen

Hasta 1942 el único órgano corporativo deliberante del régimen había sido el Consejo Nacional de FET y de las JONS. En la teoría del caudillaje elaborada desde los comienzos de la sublevación militar, todos los poderes se concentran en manos del jefe del Estado, principio convertido en ley el 30 de enero de 1938, por lo que la función del Consejo se limitaba a escuchar y aprobar, careciendo de toda capacidad de iniciativa legislativa. La doctrina oficial del nuevo Estado quedó resumida, desde la unificación de la primavera de 1937, en los 26 puntos fundamentales de FET y de las JONS, que sirvieron de base para los estatutos del partido único aprobados por el decreto de 4 de agosto de 1937. El decreto de 31 de julio de 1939 explicitó las funciones meramente consultivas del Consejo Nacional.

El 17 de julio de 1942 se crearon por ley las Cortes orgánicas. Dada la sustancia del Estado totalitario, las Cortes orgánicas no supusieron en España la división de poderes. La plena capacidad de legislar siguió en manos del jefe del Estado. De esta manera las Cortes se convirtieron en un órgano meramente deliberante y así continuaron a lo largo de toda la época franquista. En este aspecto, pues, las Cortes orgánicas no pueden ser entendidas como un Parlamento depositario de la soberanía nacional, pieza angular de los regímenes parlamentarios, continuamente denostados por la propaganda del régimen. Habrá que esperar a la Ley Orgánica del Estado de 1966 para que una parte de los procuradores se convierta en representantes familiares, elegidos por los cabezas de familia, aunque esto no trajo consigo una redefinición del papel legislador de las Cortes.

El 16 de julio de 1945 se aprobaba por aclamación en las Cortes el Fuero de los Españoles. Especie de tabla de derechos de la persona no garantizados en la práctica, ya que su ejercicio no podía cuestionar los principios fundamentales del Estado totalitario, hizo las veces de una Carta otorgada de un franquismo que paradójicamente nunca había abolido de iure la Constitución republicana de 1931. Una ausencia significativa: el Fuero no definía la forma de Estado. Se consideró prematura la adopción de la forma monárquica, en un momento en el que la figura de don Juan de Borbón y la plataforma del exilio que se movía en torno suyo podía ser considerada por las potencias aliadas como alternativa a la dictadura.

El 22 de octubre del mismo año quedó aprobada la Ley de Referéndum, que dejaba en manos del Estado la capacidad de someter a referéndum los proyectos de leyes elaborados por las Cortes. Como se observa, 1945 fue especialmente intenso en esta labor institucional. El final de la guerra mundial había colocado al régimen en una complicada tesitura. La incertidumbre se apoderó de las familias franquistas. Con este trasiego legislativo se pretendía dar una imagen institucionalizada más alejada de los pesados lastres de la fascistización de la retórica presente en el Fuero del Trabajo y en los Principios de FET y de las JONS.

A pesar de ello, a finales de 1946, el aislamiento internacional era prácticamente absoluto, concretado en la condena de la ONU y la retirada de embajadores. La reacción oficial quiso mostrar al exterior el apoyo incondicional, la adhesión inquebrantable de la población, con la organización de una masiva concentración patriótica en la madrileña plaza de Oriente el 9 de diciembre de 1946. Nacía así el espacio simbólico por excelencia del franquismo.

Por fin, el 6 de julio de 1947, fue sometida a referéndum la Ley de Sucesión, que institucionalizaba la jefatura vitalicia del Estado en la persona de Franco: la jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Definía a España como reino y al Estado lo adjetivaba de católico, social y representativo. Franco se reservaba la posibilidad de nombrar a su heredero. Aunque se establecía que las Cortes debían aprobar al heredero de la Corona, el dictador disponía de la capacidad de revocar la designación, incluso después de su aprobación en Cortes.

Balanza comercial, 1940-1953

En millones de dólares USA

Año | Importac. | Exportac. | Saldo
1940 | 172,48 | 96,25 | −76,23
1941 | 144,54 | 134,40 | −10,14
1942 | 153,28 | 161,94 | 8,66
1943 | 259,57 | 235,05 | −24,52
1944 | 206,16 | 229,63 | 23,47
1945 | 246,76 | 216,65 | −30,11
1946 | 215,69 | 179,15 | −36,54
1947 | 322,07 | 217,45 | −104,62
1948 | 410,98 | 272,71 | −138,27
1949 | 372,80 | 289,44 | −83,36
1950 | 296,71 | 309,77 | 13,06
1951 | 318,14 | 397,66 | 79,52
1952 | 495,05 | 368,04 | −127,01
1953 | 511,64 | 382,49 | −129,15

Fuente: Manuel Jesús González, La economía política del franquismo (1940-1970), Madrid, 1979.

Estas previsiones sucesorias dieron lugar a la creación de dos nuevos Consejos: el Consejo de Regencia, cuyo cometido estribaba en asumir los poderes del jefe del Estado en caso de interregno, y el Consejo del Reino, encargado de asistir al jefe del Estado en los asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. En el referéndum de 1947 participó a nivel nacional un total de 14.145.163 votantes; de ellos votaron afirmativamente 12.628.983, equivalentes al 82,34 por 100 del censo electoral, frente a 1.074.400 votos negativos, blancos y nulos.

La oposición interior al franquismo

La desmoralización de la derrota, la represión y las disensiones internas, que continuaron reproduciendo el conjunto de tensiones que había acompañado a la vida política de la España republicana durante la guerra, limitaron e hicieron escasamente operativa la oposición a la dictadura. Pero también es preciso destacar un aspecto poco valorado hasta ahora: la subordinación y el complejo entramado de relaciones personales edificado en la posguerra, al socaire de las dificultades del sobrevivir y el permanente temor a ser objeto de los procesos de depuración. Haz de relaciones personales del que se beneficiaba la base de la pirámide social de los vencedores, para la que las estrecheces de lo cotidiano eran compensadas por la seguridad que les ofrecía sentirse parte del bando que había triunfado. La fidelidad quedaba así garantizada. Otro sector de la población se encontraba atenazado por el pánico derivado de su propio pasado político sujeto a sospecha o por la tenencia de algún familiar en las cárceles, el exilio o muerto en el bando de los vencidos. Para ellos era el tiempo de silencio y la búsqueda del aval, con sus inevitables secuelas de servilismos y subordinaciones hacia los garantes.

El control político de las ciudades quedaba asegurado por una tripleta significativa: el jefe de barrio, el jefe de calle y el jefe de casa, dependientes de Falange, como un poder de hecho. Una minoría llevó adelante el arriesgado compromiso político, resuelto en varias dimensiones: aquellos marcados por la existencia de un familiar en las prisiones y que participaron en las redes clandestinas de ayuda a los presos. Los que procedentes de pueblos y pequeñas ciudades se escondieron en el anonimato de la gran ciudad, y, por último, una ínfima minoría que mantuvo el compromiso político hasta sus últimas consecuencias, al intentar reconstruir los aparatos políticos para hacer frente a la dictadura, en un proceso dificultado por los recelos mutuos, en los que se proyectaban y reproducían las divisiones políticas pasadas. La represión hacía el resto.

Las estrategias políticas se movían en la esperanza, al menos hasta 1947, de que la derrota del nazismo conllevaría la caída del dictador. El PCE organizó antes del final de la guerra un conjunto de redes clandestinas que paulatinamente fueron desarticuladas. Las Juventudes Socialistas, formalmente desligadas de las JSU desde marzo de 1939, se organizaron con Sócrates Gómez hasta su detención en el verano de 1942, sustituyéndole Julio Gómez hasta junio de 1943, momento en el que era detenido. A finales de ese año Sócrates Gómez, recién salido de la cárcel, organizó nuevamente una dirección socialista en la clandestinidad.

Entre agosto de 1943 y junio de 1944 se producen los primeros intentos de aglutinar a la oposición del interior. El PCE junto con algunos militantes de la CNT, del PSOE y la UGT constituyó la junta suprema de Unión Nacional. La persistencia de las divisiones hizo que se creara en octubre de 1944 otro organismo, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), en el que participaban republicanos, cenetistas y socialistas, que planteaba la posibilidad de un acercamiento a don Juan de Borbón, a través de los monárquicos del interior. En febrero de 1946, previa disolución de la Unión Nacional, el PCE ingresó en la ANFD.

Entre finales de 1944 y la primavera de 1945 fueron detenidos los dirigentes de la ANFD, Sócrates Gómez, Gómez Egido, Catalá, Régulo Martínez… Igualmente entre octubre de 1945 y abril de 1946 cayó la dirección nacional de la CNT y de sus organizaciones madrileñas, además de las Juventudes Libertarias. En mayo de 1947 fue desmantelada una vez más la dirección de la CNT. Un año antes la cúpula de la también clandestina Federación Universitaria de Estudiantes era disuelta. Entre otros, tomaba el camino del exilio Manuel Tuñón de Lara, casi al mismo tiempo que Nicolás Sánchez Albornoz lograba escapar de Cuelgamuros, en la sierra madrileña, donde los presos construían, bajo el sistema de trabajos forzados, el Valle de los Caídos.

La autarquía económica

En las postrimerías de la guerra mundial el PCE intensificó su estrategia guerrillera con la esperanza de provocar una intervención directa de los aliados en España. La acción más significativa fue la pequeña invasión del valle de Arán en 1944. La lucha guerrillera del maquis, aprovechando la orografía del país, duró varios años pero se mostró escasamente operativa. En octubre de 1948 el PCE sancionó oficialmente el final de la lucha guerrillera y su sustitución por el trabajo clandestino en las incipientes organizaciones de masas que habían ido surgiendo al calor de los primeros movimientos huelguísticos en 1946 y 1947.

Pilar Primo de Rivera

Nació en Madrid en 1910, hija del entonces teniente coronel Miguel Primo de Rivera. Tras cursar estudios en colegios religiosos, su hermano José Antonio la introduce en el mundo de la política. El 29 de octubre de 1933, en el acto del teatro de la Comedia, se crea Falange Española. La hermana del fundador, que trabaja en el Sindicato Español Universitario, organiza en junio de 1934 la Sección Femenina, de la que es delegada nacional, cargo que ocupará durante cuarenta y tres años. Tras la guerra se pone en funcionamiento el Servicio Social de la mujer, que se hace obligatorio. Fue procuradora en Cortes durante todas las legislaturas del régimen anterior. En mayo de 1977, desaparecido por ley el Movimiento Nacional, presentó su dimisión. En 1983 publicó su libro de memorias Recuerdos de una vida. Fue la persona que durante más tiempo desempeñó un cargo oficial en España. Murió en Madrid en marzo de 1991.

Al terminar la guerra civil se consolida un tipo de política económica, cuya originalidad ha sido a veces destacada de forma exagerada, la autarquía económica. Hasta 1951, al menos, el nuevo Estado totalitario persiguió con ahínco una política de autoabastecimiento a cualquier nivel considerado, fuertemente dirigida por el poder político. Se ha discutido hasta la saciedad el porqué de tal política. Cualquier análisis debe resolverse a la luz de tres variables. Podría argumentarse que la autarquía estuvo determinada por los desastres económicos de la guerra. En tal caso se trataría de una solución de emergencia obligada por los acontecimientos, y, por tanto de naturaleza coyuntural, en función de la normalización de la actividad económica una vez restañadas las heridas de la guerra.

En efecto, el desastre económico de la guerra fue evidente, pero quizás de menor intensidad que lo que una primera valoración puede hacer suponer. La guerra fue especialmente costosa en lo que se refiere al capital humano. Independientemente del juego de cifras con respecto a muertos, desaparecidos y exiliados, unos 600.000 en total, lo importante es el lado cualitativo de la cuestión. En los frentes de combate, en la retaguardia o en el exilio quedaron cientos de miles de españoles en su plena edad productiva, y decenas de millares de entre ellos plenamente cualificados intelectual y técnicamente.

El sistema de transportes fue el sector más damnificado, con una pérdida importante en el parque automotriz, que condujo a sustanciales «trangulamientos y distorsiones en el mercado interior. Sin embargo, el patrimonio industrial y el agrario sufrieron con menor intensidad las consecuencias del conflicto. A su vez, el reordenamiento monetario, a pesar de las dificultades técnicas, llegó a su conclusión a finales de 1939.

No obstante, el discurso del régimen legitimador del nacionalismo económico a ultranza insistió hasta la saciedad en que la política dirigista e intervencionista iba encaminada a resolver los desequilibrios entre oferta y demanda, inmediatamente heredados; de ahí su carácter temporal. Nuevas adiciones al discurso fueron produciéndose a partir de 1943. Esta vez se hacía alusión a los estrangulamientos impuestos desde el exterior como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Se continuaba insistiendo en la continuidad del dirigismo estatal una vez finalizado el conflicto mundial y restablecidos los circuitos internacionales de intercambio.

A partir de 1945 se añadieron nuevos elementos al discurso, pero siempre de la misma índole. Ahora se trataría del boicot internacional de los vencedores contra el régimen de Franco. La negativa del mercado mundial a comerciar con España obligaría a una nueva prórroga de la autarquía económica. Habrá que esperar los nuevos aires de principios de los años cincuenta y el agotamiento propio del modelo, para que el intercambio de la política económica sea un hecho y la apertura del capitalismo español su consecuencia.

Sin embargo, caben otras explicaciones a la política económica de los años cuarenta. Señalemos en primer lugar que el nacionalismo económico es un ideal para los regímenes políticos totalitarios. Existían modelos de referencia en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler y en el corporativismo portugués. Pero más allá de los regímenes políticos dictatoriales, los intentos de nacionalismo económico se habían extendido por doquier como respuesta a la crisis de 1929. El viraje de la librecambista Gran Bretaña durante los años treinta ejemplifica una tendencia, un caldo de cultivo proclive al repliegue.

Por otra parte, la autarquía franquista de los años cuarenta puede ser considerada como un eslabón más de la cadena iniciada a finales del siglo XIX. Del incremento del proteccionismo arancelario finisecular se pasó a un intervencionismo más complejo del Estado conforme avanzaba el primer tercio del siglo XX, llegando a su máximo exponente con las propuestas dirigistas de la dictadura de Primo de Rivera. En esta onda interpretativa, la autarquía de los años cuarenta marcaría una línea de continuidad enraizada en los decenios anteriores y ahora exacerbada sucesivamente por las consecuencias de la crisis de 1929, por la guerra civil, por una ambientación internacional proclive a este tipo de fórmulas económicas y por las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria del campo aliado.

El teniente general Varela preside la procesión del Corpus celebrada en Valencia, 1942.

Carmencita Franco y los hijos de Serrano Suñer asisten en Madrid a una celebración de Auxilio Social, 1940.

El ideal autárquico pretendía lograr la autosuficiencia económica, es decir, una sustitución total de importaciones. Un intervencionismo estatal que iba mucho más lejos de la mera imposición de barreras aduaneras para plantearse el control global del comercio exterior, que se convirtió en arbitraria, en la concesión de divisas y de licencias de importación. En el desarrollo de la política autárquica confluyeron variables económicas y políticas, y posiblemente estas últimas fueron determinantes. Era preciso poner en tensión a las fuerzas de la Patria. J. A. Biescas ha señalado que la relativa autonomía alcanzada por la superestructura política durante este periodo y, sobre todo, el poder indiscutible del dictador hicieron deseable, más allá de lo solicitado por el mundo empresarial, una política ultraintervencionista.

Y es que este tipo de política económica posibilitaba un incremento de la concentración de poder en manos del dictador y en un círculo restringido de cortesanos. No es de extrañar su correlato inmediato: la generalización de la corrupción, que en el plano social encontraba su traducción en las prácticas estraperlistas del mercado negro. Un reducido número de personajes caracterizados de la dictadura encontró un camino expedito para la realización de grandes fortunas. El pequeño estraperlo, vital para la subsistencia de los sectores sociales más débiles, actuó como legitimador de las grandes operaciones estraperlistas: desde el tráfico de divisas hasta el trasiego con las licencias de importación, pasando por las facilidades, discrecionalmente concedidas, para reconstruir zonas devastadas y el mercado negro a gran escala de productos alimentarios.

El dirigismo estatal acabó por desembocar en una economía altamente burocratizada. Sus dos piezas básicas eran el Servicio Nacional del Trigo y la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Girando en torno a ellos, toda una constelación institucional en forma de espiral sin fin. Cada nueva institución creada tenía su contrapartida en un paralelo aumento de la corrupción y del estraperlo. La creación en septiembre de 1940 de la Fiscalía de Tasas, a pesar de que configuró una abundante legislación para reprimir al mercado negro, fracasó en su intento. En 1943, según datos oficiales, un 30 por 100 de la cosecha era desviado hacia el mercado negro. Como símbolo de todo el conjunto, las cartillas de racionamiento, instauradas en la primavera de 1939, perduraron hasta 1951, ejemplificando el fracaso de uno de los lemas más repetidos por la propaganda: Que en ningún hogar falten la lumbre y el pan.

Enrique Pla y Deniel

Nació en Barcelona en 1876. Se ordenó sacerdote en Roma, donde cursó Derecho Canónico y Filosofía. De regreso a España, se dio a conocer como teólogo y como activista social entre el proletariado barcelonés, al tiempo que enseñaba desde su cátedra de oratoria sagrada y patrología del seminario. Impulsor de Acción Popular y alto cargo en Acción Católica, fue nombrado obispo de Ávila en 1918, impulsando la formación de sindicatos católicos. Obispo de Salamanca, apoyó abiertamente desde el primer momento al bando de los sublevados y colaboró activamente con el naciente franquismo. Arzobispo de Toledo y Primado de España tras la guerra, se cuidó desde entonces de desligar a la Iglesia de toda imagen de colaboración con los totalitarismos, pero en ningún momento regateó su respaldo al régimen imperante. Mantuvo su dedicación a los temas sociales y su preocupación por las organizaciones de apostolado obrero y sus relaciones con el sindicalismo vertical. Falleció en Toledo en 1968.

La extensión del mercado negro afectaba a las economías familiares pero también a las pequeñas y medianas empresas que no estuvieran bien relacionadas con determinados centros de poder. Los estrangulamientos en el suministro de materias primas y energía estaban a la orden del día. La imposibilidad de obtener licencias de importación obligaba al contrabando para obtener los recursos necesarios. Sólo una buena cobertura política aseguraba un buen funcionamiento empresarial. En este aspecto señalaba J. B. Donges: Para muchos empresarios resultaba más rentable gastar esfuerzos en gestionar tratos preferenciales por parte de la Administración que en racionalizar la producción. En suma, en cualquier aspecto que lo consideremos el mercado negro y el estraperlo fueron excelentes instrumentos de control político y social.

La industria española continuó a lo largo de este periodo dependiendo del ciclo agrario. El intervencionismo en política industrial giró en torno de un conjunto legislativo que vio la luz en el segundo semestre de 1939. El decreto de 8 de septiembre disponía que la instalación de cualquier industria necesitaba el permiso previo ministerial.

Iglesia-Estado, luna de miel

Terminada la guerra, el nuevo Estado se apresuró a declarar su confesionalidad y el firme propósito de erigirse en fiel guardián de la Iglesia y de sus instituciones. A golpe de ley, el gobierno franquista fue devolviendo a la Iglesia todos los privilegios que un día le quitara el gobierno republicano; al tiempo que abolía el divorcio, hacía obligatorio el matrimonio por la Iglesia y eximía a ésta de la tributación de impuestos por los bienes eclesiásticos.

Franco bajo palio, un privilegio eclesiástico del Generalísimo

La Iglesia se dejaba arrullar por esta nueva situación que, inesperadamente, le premiaba con creces todas sus bendiciones al nuevo Estado. En plena luna de miel Iglesia-Estado, se llegó a tal confusión que español y católico parecían dos términos inseparables y hasta sinónimos. España, otra vez, volvía a ser la reserva espiritual de Occidente, luz de Trento y martillo de herejes, como dijera algunos años antes Menéndez y Pelayo.

Los obispos, auténticos reyezuelos en sus diócesis, aprovecharon toda suerte de tribunas para imponer sus cartas pastorales que, mientras mostraban una obsesiva preocupación por la moral de la pantorrilla, olvidaban, en cambio, la dramática realidad del momento: el hambre, el estraperlo, el paró, la falta de viviendas y de escuelas, los abusos de poder, las represiones, las cárceles llenas.

Agricultura, industria, finanzas

El 24 de octubre se declaraban industrias de interés nacional todas las relacionadas con la defensa del país, lo que supondría una situación de privilegio para los beneficiarios: protección financiera del Estado o ventajas a la hora de obtener licencias de importación. El 24 de noviembre la ley de protección de la industria nacional limitaba la participación del capital extranjero al 25 por 100 del capital de la empresa. Conjunto legal que enraíza a la perfección con disposiciones de naturaleza similar de decenios anteriores, encontrando ahora su máxima expresión.

El Instituto Nacional de Industria (INI), piedra angular del intervencionismo estatal, se constituyó por la ley de 25 de septiembre de 1941, para dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestra nación. En otras palabras, el INI tenía como objetivo llevar a su máximo exponente la política de sustitución de importaciones, sin valorar sus elevados costes, sobre todo en el sector vinculado a la defensa nacional. Contó desde el primer momento con el lastre secular de la ausencia de una tecnología nacional. La valoración del INI en los años cuarenta ha levantado un importante debate entre historiadores hasta conformar dos marcos de comprensión divergentes. Uno de ellos insiste en la descoordinación existente entre la actividad del INI y la acción privada, haciendo hincapié en la falta de racionalidad y coherencia de la política del Instituto, que a lo sumo lo que permitió fue la prolongación agónica de la política autárquica. El otro marco explicativo insiste más en la capacidad que tuvo el INI para crear y modernizar una infraestructura básica, pilar sobre el que se edificó la política industrial de los años sesenta.

Juego de la oca con La vida del cristiano, una de las muestras de la propaganda del nacionalcatolicismo.

Así el INI se planteó una política industrial territorialmente diversificada, que si, por un lado, aprovechaba los territorios industriales tradicionales, por otro, sentaba las bases para la consolidación futura de nuevas regiones industriales.

Este último caso sería el de Madrid. Como nudo central de la red nacional de comunicaciones, las ventajas locacionales de la región madrileña atrajeron la atención del INI. A ello se unía el deseo del régimen de edificar una capital más poderosa acorde con el discurso del nuevo Estado, capital en la que confluyeran poder político y económico como símbolo de las directrices centralistas del régimen. Nueva valoración del fenómeno de la capitalidad, que ya fue definida en la reunión que mantuvo el primer Ayuntamiento franquista con el ministro de la Gobernación, Serrano Suñer, el 20 de mayo de 1939.

Repatriación infantil, subsidio familiar, educación y formación profesional, lemas del régimen en un parchís.

El ministro esbozó la línea a seguir: Hay que hacer un Madrid nuevo, lo que no quiere decir precisamente el gran Madrid en el sentido material y proletario de los Ayuntamientos republicano-socialistas, sino el Madrid con la grandeza moral que corresponde a la España heroica. Un Madrid donde nunca más puedan cometerse las vilezas que aquí se cometieron en el dominio rojo… Trabajen ustedes para que todos podamos acabar con la españolería trágica del Madrid decadente y castizo, aunque hayan de desaparecer la Puerta del Sol y ese edificio de Gobernación, que es el caldo de cultivo de los peores gérmenes políticos… Este programa tomaba cuerpo en las palabras de Pedro Bigador, el urbanista encargado de la reconstrucción de la ciudad: La destrucción plantea vivamente dos problemas fundamentales de la ciudad como ciudad y como la capital de la España nueva…, la revalorización de la fachada, como símbolo real de la unidad de la jerarquía y de la misión del Estado. En el organigrama político se creó, el 7 de octubre de 1939, la Junta de Reconstrucción Nacional que sirvió de cobertura a la Junta de Reconstrucción de Madrid, dependiente de la Dirección General de Regiones Devastadas, presidida por José Moreno Torres, que años después sería alcalde de la ciudad.

El INI efectuó grandes inversiones en empresas industriales y de servicios de la capital y de su entorno próximo. A la altura de 1951 las empresas madrileñas más dinámicas poseían una participación mayoritaria del Instituto. El desarrollo industrial de Madrid durante los años sesenta tuvo, pues, sus orígenes en la política de infraestructuras esbozada en los cuarenta.

En el plano financiero, la política del nuevo Estado fue dirigida a consolidar la plataforma bancaria existente, creando un marco no competitivo que cerraba el mercado financiero a la banca extranjera, como puso de manifiesto la ley del statu quo bancario de 1946, que en sustancia mantenía la misma filosofía de la Ley de Ordenamiento Bancario de Cambó de 1921. En gran medida, la política monetaria del periodo estuvo en manos de la banca privada gracias a los mecanismos de monetización de la Deuda Pública. Téngase en cuenta que una de las constantes de la época es la persistencia de un déficit público. La insuficiencia de los ingresos ordinarios del Estado, problema no resuelto debido a la limitadísima reforma fiscal del ministro Larraz en 1940, contrastaba con el incremento de los gastos ordinarios y extraordinarios. La solución se encontró en un incremento desmesurado de la circulación fiduciaria, a través del siguiente circuito: emisión de deuda pública-suscripción de la misma por la banca privada-pignoración en el Banco de España-emisión de nuevos billetes. Es a partir de 1947 cuando asistimos a un cierto ordenamiento monetario, con la elevación del tipo de interés y un mayor control en la concesión de créditos bancarios.

Situación monetaria que se tradujo en un aumento considerable de las tendencias especulativas, según reconocía la Memoria del Banco de España de 1948. La expansión de la circulación fiduciaria no tuvo su contrapartida en un aumento paralelo de la Renta Nacional. Se acentúa así el gap inflacionista que amenazaba con la bancarrota a la economía nacional. Entre 1939 y 1950 la circulación fiduciaria pasó de 6.000 millones de pesetas a 31.600, con su correlato en la elevación del índice general de precios que, de base 100 en 1939, alcanzó el nivel 570 en 1950.

Los años cuarenta están, pues, marcados por un complejo haz de dificultades y estrangulamientos que limitaron el crecimiento económico. Así, la reconstrucción posbélica se retrasó considerablemente. Habrá que esperar a 1952 para que la renta per cápita en pesetas constantes de 1935 alcance los valores de este último año. La evolución de esta magnitud ofrece un desarrollo errático a lo largo de la década. Se dibuja una ligera recuperación entre 1940 y 1944, truncada en 1945, con una leve alza de 1946 y un descenso posterior que se extiende hasta 1950.

José Ibáñez Martín

Nació en Valbona, provincia de Teruel, en 1896. Desde su plaza de catedrático universitario, se identificó plenamente con la ideología de los sublevados en 1936. Ello le valió, llegado el año 1939, el cargo de ministro de Educación. Desde este puesto —y hasta 1951— se erigió en imagen representativa de los nuevos usos educativos del régimen, directamente intervenidos por la autoridad eclesiástica y convertidos en instrumentos aplicados del más oscurantista conservadurismo. Ibáñez Martín es un verdadero arquetipo del alto burócrata del sistema, reclutado en niveles acomodados opuestos al progresismo que supuso la República de 1931. Ocupó los cargos de presidente del Consejo de Estado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, embajador en Lisboa y miembro de las Academias de Bellas Artes, de Jurisprudencia y Legislación y de Ciencias Morales y Políticas. Firmó varias obras sobre temas culturales. Murió en Madrid en 1969.

Evolución de la población y de la renta. 1939-1953.

En pesetas de 1953.

Año
Población
Renta
Nacional
en millones
Indice
Renta/hab.
Indice

1935
24.466.037
197.392
100
8.068
100

1940
25.768.556
166.078
84,1
6.445
79,9

1941
25.980.769
175.058
88,7
6.738
83,5

1942
26.185.344
183.821
93,1
7.020
87

1943
26.391.532
182.128
92,3
6.901
85,5

1944
26.697.092
185.785
94,1
6.959
86,3

1945
26.804.242
153.213
77,6
5.716
70,8

1946
27.014.245
199.338
101
7.379
91,5

1947
27.224.974
191.337
96,9
7.028
87,1

1948
27.436.907
184.266
93,4
6.716
83,2

1949
27.651.047
183.741
93.1
6.645
82,4

1950
27.866.833
192.281
97,4
6.900
85,5

1951
28.096.215
226.118
114,6
8.048
99,8

1952
28.333.374
236.952
120
8.363
103,7

1953
28.571.291
228.570
115,8
8.000
99,2

José Antonio Biescas en: España bajo la dictadura franquista (1939-1975), Barcelona, 1981.

Ningún hogar sin pan y sin lumbre

De todas formas esta medición esconde una realidad social de carácter dual. Fueron los grupos sociales menos pudientes quienes soportaron el deterioro de la evolución económica. Un marco dual en el que las figuras de los nuevos ricos, bien situados políticamente, contrasta vivamente con situaciones de extrema pobreza. Si tomamos como ejemplo el caso madrileño, el desfase entre salarios nominales y la evolución de los precios se intensificó entre 1945 y 1951. En 1947 la subsistencia básica diaria de una familia trabajadora con dos hijos se elevaba a 12,5 pesetas aproximadamente, mientras que en 1951 su coste se había incrementado en un 100 por 100. Sin embargo, los salarios no habían seguido el mismo ritmo. Algunos ejemplos lo confirman. En el sector de la construcción, claro ejemplificador del conjunto del mercado de trabajo, el salario diario de un capataz se situaba en 1947 en torno a las 27,5 pesetas mientras que en 1951 sólo había ascendido hasta las 34,5 pesetas. Con respecto al peón especialista el panorama no difiere: 16,85 pesetas en 1947 y 21 en 1951.

Como resultado de todo ello, la contracción del consumo se mostraba sobre todo entre los asalariados. En 1949, Higinio París Eguilaz calculaba que la disminución del consumo había sido radical en determinados artículos básicos, comparando los quinquenios 1943-47 y el inmediatamente anterior a la guerra civil. Esta disminución se hacía especialmente sensible en el consumo de trigo, patatas, azúcar y carne, aproximadamente el 50 por 100 del periodo 1931-35. En parte estas dificultades quedaron subsanadas por la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Ignacio Fernández de Castro ha calculado que durante el decenio un total de 467.000 mujeres se incorporaron al mercado laboral, lo que representaba un incremento del 55 por 100 con respecto a la situación anterior.

A ello se unía el aumento de las horas trabajadas. Para una fecha más tardía de los límites cronológicos de este estudio, 1955, Jesús María Vázquez, sacerdote del barrio de Pacífico de Madrid, calculaba las horas trabajadas por los obreros del barrio: el 46 por cien de los cabezas de familia superaban las diez horas de trabajo diarias, el 41 por cien se situaba en una franja comprendida entre ocho y diez horas, el 13 por 100 trabajaba ocho horas al día. La documentación procedente de Magistraturas del Trabajo ofrece un panorama similar, demostrativo del persistente incumplimiento de las relaciones laborales.

Un calendario de Auxilio Social ilustra la frase de Franco: Ni un hogar sin lumbre. Ni un español sin pan.

En los años cuarenta surgió una interesante publicística sobre los problemas de desnutrición de amplios sectores de la sociedad española. Investigaciones de afamados médicos pusieron de manifiesto las carencias en la nutrición de los habitantes de las medianas y grandes ciudades. Para el bienio 1941-42, un equipo bajo la dirección del doctor Jiménez Díaz investigó la alimentación de una muestra de más de 700 familias del Puente de Vallecas de Madrid. La conclusión fue que los niveles calóricos medios representaban entre el 57,3 y el 79,9 por 100 de las necesidades mínimas. Hipoalimentación calórica que llevaba a los investigadores a declarar: Hemos supuesto que el pan era de composición normal, cosa que no siempre ocurrió, y que la leche merecía el nombre de tal. La comprobación del consumo de ciertos productos con los datos oficiales del abastecimiento fracasó por cuanto muchas de las familias de los grupos más pobres venden el pan, y, sobre todo, el aceite y azúcar para comprar luego otros alimentos de menos valor.

En 1948 otro estudio, realizado por Vivanco, Palacios, Rodríguez Miño y otros colaboradores en el barrio de Cuatro Caminos de Madrid, obtuvo unos resultados ligeramente mejores que los anteriores en el número de calorías ingeridas, pero con graves desequilibrios nutricionales por la monotonía y pobreza de la dieta. Las conclusiones sanitarias ofrecían resultados alarmantes: el retraso en el desarrollo físico en el 18,5 por 100 del total de la muestra, cifra que se elevaba al 31,4 por 100 en el tramo comprendido entre los seis y doce años, sobre todo por una baja ingestión de calcio; el 37,7 por 100 tenía escasez de panículo adiposo y el 21 por 100 palidez en piel y mucosas; el 6 por 100 de los niños presentaba estigmas de raquitismo y el 20 por 100 del total, adelgazamientos graves y fatiga persistente.

Uno de los rasgos definidores de la ideología del nuevo Estado era la negación de la lucha de clases, entendiéndola en un amplio marco en el que se amalgamaban repulsas teóricas propias del cuerpo doctrinal de los nacionalismos autoritarios, el recuerdo histórico de los altos niveles de conflictividad social del periodo republicano y el hecho de que las organizaciones obreras de clase habían sido derrotadas en la guerra civil recién terminada. El conflicto social, pues, dejaba de existir. En el plano teórico la noción fascista y nacionalista del Estado, como crisol en el que se funden los intereses de los diferentes grupos sociales en un ideal común, pretendía negar la existencia de intereses contrapuestos. En la práctica, el ideal común quedaba reforzado manu militari por la violencia institucional del nuevo régimen.

El encuadramiento del mundo obrero

Así, las relaciones de trabajo quedaron reglamentadas e intervenidas por el Estado. Pieza básica de esta regulación extrema fue la publicación el 9 de marzo de 1938 del Fuero o Carta del Trabajo, que establecía la organización corporativa de la producción y el carácter subsidiario del Estado como empresario, a la par que se prohibían las huelgas. Reforzamiento de la figura del empresario, considerado expresivamente como jefe de la empresa, único responsable frente al Estado de su funcionamiento, y subordinación de la masa laboral, representan los dos pilares básicos de esta especie de síntesis ideológica en la que los asalariados se ven sumidos en unas relaciones laborales consistentes tanto en la prestación del trabajo y su remuneración como en el recíproco deber de lealtad, asistencia y protección en los empresarios y la fidelidad y subordinación en lo personal. Conjunto de expresiones que recordaban el juego simbólico y las relaciones recíprocas de subordinación, dependencia, homenaje y asistencia de la liturgia feudal.

Los trabajadores quedaban encuadrados obligatoriamente en los sindicatos verticales, dirigidos por miembros de Falange. Cualquier veleidad de autonomía sindical ante el Estado, aunque procediera de militantes falangistas, fue rápidamente yugulada por el régimen. Baste como ejemplo la destitución del delegado nacional de sindicatos en 1941, Gerardo Salvador Merino, por su discurso considerado excesivamente populista.

Franco llega a las Cortes para presidir la sesión de apertura (17-3-1943).

Inauguración del CSIC, con asistencia de Franco, el ministro de Educación y otras autoridades de la época (30-10-1940).

Su sucesor, Arrese, fue el encargado de diseñar la pirámide sindical en consonancia con los deseos del dictador, siguiendo las directrices marcadas por la Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 de diciembre de 1940, en cuyo preámbulo se hacía hincapié en la necesidad de disciplinar la mano de obra como tarea primera del nuevo sindicato. La disciplina, el encuadramiento ideológico y la represión quedaban completados por el paternalismo que informó a la política social del régimen. La experiencia del reformismo social desde principios de siglo y el discurso nacionalsindicalista del falangismo confluyeron en la creación de la primera estructura de la Seguridad Social, en 1943, por el ministro de Trabajo José Antonio Girón.

La reglamentación de las relaciones laborales por parte del Estado estaría, según el título séptimo del Fuero, en manos de las Magistraturas de Trabajo, lo que suponía que la cuestión de los conflictos laborales iba a ser sustraída a los propios protagonistas, tanto patronos como obreros, para convertirse en competencias del Estado totalitario. En este principio abundaba la ley de 30 de enero de 1938, que creaba el Ministerio de Organización y Acción Sindical, encargado de las competencias sindicales y laborales. Los sindicatos de clase como instrumentos de estructuración de los trabajadores pasaban a mejor vida en aras de un sindicalismo dependiente directamente del Estado, de corte vertical donde confluirían patronos y obreros en una aparente relación de igualdad que la práctica y la sobreexplotación económica de los años cuarenta acabaría por desmentir.

En esta línea resulta comprensible el decreto de 13 de mayo de 1938 que establecía la supresión de los jurados mixtos instaurados el 27 de noviembre de 1931, por ser contrarios a los principios que informan al Movimiento, y cuyas competencias pasaron íntegras a las Magistraturas de Trabajo. En realidad, estas instituciones desbordaron el mero ámbito de su competencia como tribunal laboral para legitimar las depuraciones políticas de las empresas realizadas a lo largo de los años cuarenta. Ya se han analizado las actividades de estas Magistraturas para el caso de Madrid, poniendo de manifiesto los resultados de la labor política realizada por ellas. Se consideraban causas suficientes de despido desde el impreciso insulto al Movimiento hasta el haber intervenido en la huelga de 1934, o haber militado en alguno de los recién desaparecidos sindicatos de clase.

Maravall ha señalado que la manifestación abierta del conflicto se hace incompatible con una actitud general de impotencia ante el propio destino. Se genera así una actitud fatalista que dificulta la aparición de movimientos de oposición y el encuadramiento en esta dirección de los grupos sociales que consideran lesionados sus intereses. Sin pecar de economicismo resulta evidente que la afloración de los conflictos en un contexto organizativo exige un mínimo de bienestar económico y un cierto nivel de libertad, algo que contrasta vivamente con la situación de los años cuarenta.

Las organizaciones políticas y sindicales tradicionales habían quedado desmanteladas como consecuencia de la derrota y de la radical y violenta represión posterior que frustró el embrionario renacimiento clandestino de una oposición sindical que cuestionara la filosofía y la práctica de las relaciones laborales del régimen franquista. En estas condiciones resultaba difícil la manifestación abierta del conflicto social, por, mucho que el deterioro de la situación económica de la inmensa mayoría de los asalariados fuera constante.

Hasta 1945 al menos el conflicto abierto quedó sustituido por el conflicto latente, expresado en protestas individuales, desde el mantenimiento de unas bajas tasas de productividad hasta diversas formas de resistencia pasiva. En los expedientes procedentes de Magistratura del Trabajo se entremezclan asiduamente como causas de despido la falta de respeto al superior, indisciplina, desobediencia, fraude, deslealtad, negligencia, siendo el término sabotaje uno de los más repetidos sobre todo en las declaraciones de los patronos.

A partir de 1945 se observa un incremento de la conflictividad abierta, con la intensificación de huelgas promovidas por el tejido clandestino de los sindicatos tradicionales. Repárese en la fecha, coincidente con la victoria aliada y la apertura de un nuevo horizonte de esperanzas para los vencidos en la guerra civil. En el segundo semestre de 1945 estallaron huelgas aisladas en Barcelona, preludio de la mayor actividad huelguística de 1946, sobre todo la huelga general de Manresa con repercusiones en Cataluña y País Vasco, donde un año después resulta significativo el ensayo de huelga general del primero de mayo de 1947.

Según Tuñón de Lara, estas acciones fueron dirigidas por las redes clandestinas de la CNT y la UGT, con participación del PSUC en Cataluña y del Sindicato de Trabajadores Vascos en la ría de Bilbao. Sin embargo, las acciones del primero de mayo en la capital vasca supusieron también el final del ambiente optimista abierto en 1945. Tengamos en cuenta que a finales de 1947, además del referéndum de la Ley de Sucesión, el hecho de que la Asamblea General de la ONU no ratificara las sanciones a la dictadura, unido a los recelos y divergencias en el seno de la oposición obrera, propagaron un nuevo ambiente pesimista, con el consiguiente reflujo de la conflictividad social, que habrá de esperar hasta el bienio 1950-51 para rebrotar con tácticas diferentes y nuevas formas de estrategia.

En el plano laboral, el silencio del periodo 1947-50, tiene su correlato en el doble fracaso político de la oposición democrática: el del proyecto socialista, vinculado a ciertos grupos monárquicos del interior, tendente a la reinstauración en España de una monarquía democrática en la persona de don Juan de Borbón, y la táctica guerrillera auspiciada por el Partido Comunista que prácticamente fue abandonada en 1948. La acción directa fue paulatinamente sustituida por el entrismo, es decir, la penetración paulatina en el sindicalismo vertical. Fue el PSUC el primero que practicó esta nueva táctica en las elecciones a enlaces sindicales de octubre de 1950. Estamos en la antesala de los movimientos huelguísticos de 1951.

La omnipotente censura

En los años de la autarquía, la censura previa era obligatoria para todo tipo de publicaciones, espectáculos y obras de arte. Sólo en 1966, con la Ley de Prensa de Fraga Iribarne, se excluyó de dicha obligatoriedad a las publicaciones (salvo las juveniles), si bien siguió en vigor para el cine y los espectáculos. En una época en que la unidad política y religiosa era monolítica, las preocupaciones censoras se concentraron en el tema de la moralidad sexual.

La severidad de los censores en materia de reproducciones artísticas o de simples fotografías femeninas en libros, revistas y diarios fue atroz. La tijera llegaba hasta los libros de texto y especializados. El desnudo desapareció de la historia del arte, salvo en ediciones de lujo, cuyo elevado precio las ponía fuera del alcance de la gran masa. Este odio al sexo y al desnudo, incluso artístico, se manifestó igualmente respecto a las obras originales. (…)

Si graves eran los atropellos de la censura en materia de ilustraciones, aún lo fueron mayores en lo que respecta al texto de las publicaciones. Ni siquiera los grandes clásicos de la literatura se libraron del lápiz rojo de los censores. Los textos más osados de la literatura erótica simplemente no vieron la luz. Otros, más domesticables, fueron expurgados a conciencia. El lápiz rojo se ensañaba ferozmente con toda alusión a lo que se denominaba tema fuerte, con cualquier desenlace que no dejara severamente castigadas las conductas deshonestas, con la más mínima concesión al léxico popular considerado malsonante.

La periodista Josefina Carabias ha contado que en uno de sus artículos le suprimieron la palabra braga por inmoral. En los diálogos, había que sustituir las enérgicas y raciales interjecciones de connotación sexual, como coño, carajo y joder, por eufemismos ñoños como córcholis, caray y jolín. En el colmo de la estupidez, los censores tomaron durante un tiempo la costumbre de tachar la palabra moño, por entender que su fonética era equívoca y podía dar lugar a peligrosas erratas involuntarias. El mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua reflejó esta mojigatería oficial (…).

Uno pensaría que los libros que lograban salvar la criba de la censura debían salir limpios de toda sospecha, aptos para lectura de novicias. Nada más lejos de la verdad. El integrismo católico era insaciable. Por ello se exigía a los padres y educadores una estrecha vigilancia sobre los libros que llegaban a manos de sus hilos o alumnos, sobre todo si se trataba de novelas. Que no se aficionen a las novelas modernas —leemos en un manual educativo publicado durante la guerra—, las que, sobre ser peste social, carcoma del entendimiento y desaguadero pestífero de la inmoralidad, son vanas y ficticias y los convertirán (a los jóvenes) en vanos ociosos y soñadores. (…)

(Alonso Tejada, L., La represión sexual en la España de Franco)

Los conflictos de 1951

A finales de los años cuarenta, la situación española ofrecía síntomas contradictorios. En el terreno institucional la dictadura se afianzaba a la par que las diversas conjuras, procedentes del exilio, mostraban signos de agotamiento. Especialmente importante fue para el régimen el fracaso de una hipotética alternativa monárquica liderada por don Juan de Borbón, que podía haber aglutinado a diversos personajes de la élite política y militar del interior junto a sectores del exilio, fundamentalmente la línea posibilista desarrollada en el seno del PSOE a partir de la figura de Indalecio Prieto. Por otra parte, el régimen de Franco empezó a afianzarse a nivel internacional. Fue emblemática la visita de varias unidades de la VI Flota norteamericana en enero de 1951. Dos meses después llegaban los embajadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña.

El reverso de la moneda lo constituía la política económica. Al menos desde 1945 resultaba evidente que el ideal autárquico estaba plenamente agotado, al menos así era percibido, por amplios sectores del propio franquismo, y desde luego por la masa de asalariados que habían observado un descenso acusado de su poder adquisitivo, ya de por sí bajo, conforme la política dirigista quedaba distorsionada por el avance del mercado negro; lo que en lenguaje de la época se denominó el estraperlo, en recuerdo de aquella jugada especulativa de 1935 en manos de Lerroux.

Franco visita una vivienda de un nuevo barrio obrero construido en Madrid (4-1-1940).

Niños desayunando tras una multitudinaria Primera Comunión, organizada por Auxilio Social (30-5-1941).

Entre 1945 y 1951 el desfase entre salarios nominales y evolución de los precios se intensificó. Para el caso madrileño puede establecerse que en 1947 la subsistencia diaria de una familia con dos hijos se elevaba a 12,5 pesetas aproximadamente, mientras que en 1951 su coste se había incrementado en un cien por cien. Sin embargo, los salarios no habían seguido el mismo ritmo. Algunos ejemplos lo confirman, en el sector de la construcción el salario diario de un capataz se sitúa en 1947 en torno a las 27,5 pesetas mientras que en 1951 sólo ha ascendido hasta las 34,5 pesetas. Con respecto al peón especialista el panorama no difiere: 16,85 pts. en 1947, y 21 en 1951. Cualquier otro sector nos plantea un cuadro similar.

En esta doble ambientación surgen las movilizaciones populares de la primavera de 1951 en Barcelona, País Vasco, Pamplona y Madrid. Estas movilizaciones pillaron de sorpresa tanto al régimen como a la oposición, su carácter espontáneo encontraba su justificación en la insoportable situación económica que sufrían los asalariados por la inflación rampante desatada. Estas movilizaciones revelaban un profundo malestar que sirvió de caldo de cultivo para el nacimiento y desarrollo de una serie de organizaciones de carácter parasindical como la HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica), constituida en 1945, y la JOC (Juventud Obrera Católica), creada en 1946 bajo el paraguas protector de ciertos sectores de la Iglesia, que empezaban a romper amarras con el apoyo incondicional que el nacional-catolicismo había prestado a la dictadura en sus primeros años.

Las situaciones de pobreza, con sus terribles secuelas, un panorama habitual de los suburbios de los años 40.

Tengamos en cuenta que los años cuarenta se habían saldado con la derrota y el agotamiento de las organizaciones guerrilleras y de los focos de resistencia de las organizaciones obreras tradicionales como la CNT y la UGT, sujetas a una fortísima represión. Al caso madrileño cabe aplicarte lo que señalan Joan Oliver y Pelai Pages para Barcelona: fue un movimiento espontáneo, carente de intencionalidad política inmediata y surgido del estado de ánimo generalizado contra el incesante aumento del coste de la vida.

Por otra parte, los movimientos de la primavera de 1951 encuentran también su significación en el viraje que se observa en el movimiento obrero español desde 1950, basado en el entrismo en el aparato sindical oficial. Es lo que Jordi Blanc ha denominado los balbuceos de reconversión del movimiento obrero. Es decir, una nueva orientación menos determinada por la política que por unos objetivos de tipo social y económico más coyunturales.

Barcelona inició la marcha del descontento a principios de 1951, para desarrollarse con todo su vigor en la primera quincena de marzo. Barcelona había sufrido con especial virulencia la represión franquista de los años cuarenta. Las sucesivas caídas de los aparatos clandestinos de la CNT habían agotado considerablemente a esta organización obrera. La otra versión opositora, una vez agotada la senda guerrillera, el PSUC, empezó a desarrollar desde las elecciones sindicales de 1950, con cierto éxito, la entrada en el Sindicato Vertical. En suma, la fase de la resistencia armada había pasado a mejor vida a la par que tomaba cuerpo un proceso de reorientación táctica que ha sido calificado de balbuceo de reconversión del movimiento obrero. De esta manera, la conflictividad en Barcelona dibujó en aquella primavera de 1951 un crescendo que fue progresando desde el boicot a los tranvías, como protesta al aumento de tarifas, hasta el primer ensayo de huelga general posterior a la guerra civil.

El Consejo de Ministros del 19 de diciembre de 1950 había decidido una subida de veinte céntimos en los billetes de tranvía de Barcelona. Medida impopular de por sí, pero que agravó sus consecuencias cuando se tuvieron noticias de que el mismo incremento había quedado en suspenso para Madrid. A principios de febrero empezaron a circular profusamente unas octavillas redactadas en castellano y catalán, que quizás puedan atribuirse a la HOAC, llamando a los barceloneses a boicotear los tranvías el primero de marzo. Que la ambientación era propicia al boicot lo demuestra la nota repleta de amenazas del gobernador civil de Barcelona publicada por la prensa el 25 de febrero. No obstante, el boicot fue todo un éxito. Así lo confirma el descenso del número de viajeros entre el uno y seis de marzo, día en el que el Gobierno Civil recibió una notificación del ministro de Obras Públicas ordenando con carácter provisional el restablecimiento de las antiguas tarifas. El día siete fue cesado el alcalde de Barcelona.

Franco se dirige a la multitud durante una típica manifestación en la plaza de Oriente de Madrid, diciembre de 1946.

Un aspecto del Pleno de las Cortes que aprobó la Ley de Sucesión (7-6-1947).

Paralelamente al tema de los tranvías, la Asamblea de enlaces sindicales del Consejo Nacional de Sindicatos, donde ya era evidente la presencia de militantes clandestinos del PSUC, convocó una huelga general para el 12 de marzo. Aunque no tuvo un carácter masivo, sin embargo la movilización se dejó notar en Barcelona y su hinterland industrial. Como respuesta, las detenciones de cenetistas y comunistas se multiplicaron. En semanas posteriores la policía política tuvo especial empeño en desarticular el aparato clandestino del PSUC. A principios de mayo fue detén ido Gregorio López Raimundo junto con otros dirigentes del PSUC, acusados en consejo de guerra de haber organizado la huelga.

Los sucesos de Barcelona tuvieron inmediata repercusión en el País Vasco los días 23 y 24 de abril. Las organizaciones tradicionales —UGT, CNT y Solidaridad de Trabajadores Vascos— coincidieron con la HOAC en la preparación del movimiento huelguístico. Al igual que en Barcelona, también es posible detectar la presencia de algunos falangistas, más a título individual que otra cosa, pero que en todo caso muestran las fricciones existentes en el seno de las familias del régimen. La huelga general obtuvo un considerable éxito, sobre todo en Vizcaya, aunque parezca exagerada la cifra que se ha manejado de 250.000 trabajadores en huelga. Como un apéndice de menor intensidad, el cuatro de mayo la huelga llegaba a Vitoria y el siete a Pamplona, una de las ciudades-símbolo del franquismo por su vital importancia en los orígenes de la rebelión militar de julio de 1936.

El momento álgido del descontento popular en Madrid se dio en el mes de mayo de 1951 en la denominada huelga blanca, traducida en el boicot a los tranvías y autobuses siguiendo la estela de Barcelona en los meses de febrero y marzo. A primeros de mayo empezaron a circular en la ciudad, siguiendo el método del mano a mano, octavillas que invitaban a los madrileños a protestar contra la carestía de la vida el 22 de mayo. La ausencia de coordinación entre los distintos sectores de oposición se manifestó en la fijación de objetivos contradictorios que iban desde la huelga a determinadas formas de resistencia pasiva. Paulatinamente se fue concretando el objetivo de la protesta: el boicot a los medios de transporte. ¿Hasta qué punto tuvo éxito este movimiento de descontento?

A través de los archivos de la Empresa Municipal de Transportes se han podido reconstruir, línea por línea de tranvías y autobuses, las dimensiones del boicot. Por término medio tomaba diariamente el tranvía en Madrid un total de 570.000 viajeros. Concretamente se vendieron 569.575 billetes el día 21. Sin embargo al día siguiente, el fijado para la protesta, el número de billetes vendidos desciende drásticamente hasta los 266.811. El día 23, recobrada la normalidad, el número de billetes vendidos se situó en los niveles habituales, 571.288. La cifra de viajeros había descendido por tanto el día 22 un 53,16 por ciento en comparación con el día anterior y un 53,15 por ciento si establecemos la comparación con el promedio de días laborables de la semana anterior.

En definitiva, la primavera de 1951 trajo a la palestra unas formas de conflictividad radicalmente diferentes a las de los años cuarenta. Nuevas tácticas, nuevos objetivos estratégicos, preludio asimismo de una forma nueva de entender la oposición al franquismo, que encontraría su máxima expresión en la posterior política de reconciliación nacional desarrollada por el PCE desde 1956 y con el nacimiento de las Comisiones Obreras.

Entre Carpanta y Zarra

La vida cotidiana en la España de los años cuarenta estuvo determinada por el sobrevivir de cada día, al menos para la mayoría de la población no relacionada con los circuitos del poder político y económico del régimen. La mayor parte de los ingresos familiares iban dirigidos al consumo alimentario. Quedaban pocos remanentes para ser destinados al ocio y a la diversión. El fútbol se convirtió en el espectáculo de masas por excelencia. Los triunfos del Atlético de Aviación, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao se vivían intensamente. La construcción del estadio Santiago Bernabeu en 1947 demostraba la capacidad de convocatoria de este deporte. Incluso el gol de Zarra, en los mundiales de Brasil en 1950, produjo un auténtico arrebato patriótico, convenientemente utilizado por el discurso oficial que quiso ver en ello una especie de venganza contra los británicos que ocupaban Gibraltar.

El cine igualmente elevó su número de espectadores. La férrea censura de la época llegaba a manipular escenas consideradas lesivas de la moral pública. Ahí se sitúan escándalos como los de Mogambo, donde la perspicacia del censor llegó a hansformar un triángulo amoroso en una relación incestuosa Las producciones españolas recordaban los valores intrínsecos de la raza, las gestas imperiales, el ideal de familia o la maldad consustancial de los vencidos en la guerra civil. El cine americano desvelaba un género de vida de ensueño, inalcanzable, pero que durante hora y media hacía al espectador copartícipe de un paraíso lejano. Por esta vía empezó la sociedad española a aproximarse al american way of life, que el tardío Mr. Marshall empezó a importar desde 1953. Luego, la vuelta al hogar, con escasez de lumbre y pan, con la programación radiofónica que mantenía los sueños de los más afortunados poseedores del aparato de Marconi, con concursos y canciones que remitían sistemáticamente a un onírico mundo tan abundante como las ubres de la vaca lechera. Una sociedad de carpantas, zarras, flechas y pelayos, con el recurso en última instancia al Auxilio Social o a las ropitas tejidas por las mujeres de la Sección Femenina.

La crisis de la autarquía

A corto plazo si las movilizaciones de 1951 no fueron determinantes, al menos aceleraron el cambio ministerial barruntado desde hacía casi un año. La subida de Arburúa al Ministerio de Industria y Comercio el 18 de julio de 1951 significó el comienzo del fin de la política económica autárquica y el primer desplazamiento de los falangistas en favor de los tecnócratas, en este caso de Acción Católica. Se iniciaba un lento viraje cuyo punto de no retorno lo constituirá el Plan de Estabilización de 1959.

En efecto, el cambio ministerial del 18 de julio estuvo acompañado de una declaración de principios del ministro Arburúa que cuestionaba explícitamente la viabilidad del modelo autárquico. Era preciso un viraje en la política económica que asegurase las transformaciones estructurales que el país necesitaba para embarcarse definitivamente en la aventura industrial, aprovechando la estela de creación de infraestructuras por parte del INI desde su creación en 1941. En cualquier caso la nueva política económica debía contemplar un mayor grado de liberalización de las actividades económicas o, si queremos, una distinta filosofía en las formas de intervención económica del Estado, más acordes con las políticas keynesianas que empezaban a diseñarse en el occidente europeo.

Izquierda, El Socialista, editado en Francia, informa sobre la primera huelga de importancia en el País Vasco, el 1 de mayo de 1947. Derecha, número manuscrito de Mundo Obrero, realizado en el penal de Ocaña en 1947.

A corto plazo, era obligado transformar las relaciones entre el sector agrario y el industrial, entre el campo y la ciudad. La liberalización de precios agrarios, además de poner coto al insufrible mercado negro, colaboraría a sacar al campo de su letargo secular y a potenciar los cambios estructurales que incorporasen un mayor nivel de eficiencia y productividad a la agricultura española. El sector agrario debía asegurar tres requisitos fundamentales: alimentar sin tensiones inflacionistas a los núcleos urbanos cuyo crecimiento se preveía inmediato; incrementar su capacidad de compra de productos industriales, es decir, favorecer su mecanización, lo que a su vez redundaría en el trasvase de mano de obra hacia el sector industrial, y, en último término, debía procurar un trasvase de recursos hacia el sector industrial a través de unas relaciones de intercambio más beneficiosas para la industria.

Igualmente, la nueva política económica debería prestar especial atención al crecimiento industrial y al despegue del consumo interior. Todo ello en un contexto que controlase aquellas tensiones inflacionistas que tanto habían desvirtuado el panorama económico de los años cuarenta. En este aspecto resultaba vital la adopción, en fin, de una política monetaria coherente que limitase al máximo la monetización (pignoración) de la deuda pública.

Para el buen éxito de la nueva política económica comenzaba a darse un condicionamiento exterior favorable. Conviene insistir en que los peores años en el plano internacional para la dictadura habían quedado atrás. A nadie se le ocultaba que el fin del modelo autárquico exigiría la articulación de la economía española al mercado mundial. Una apertura que regulase los intercambios con el exterior y asegurase la recepción de inputs tecnológicos e industriales y de capitales foráneos.

Pero para todo ello se hacía igualmente necesario el pleno reconocimiento político de la dictadura por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos jugó el papel de maestro de ceremonias en esta incorporación del régimen de Franco a la escena internacional. Asimismo, la ayuda económica norteamericana fue esencial en el cambio de política económica en España, cuya valoración geoestratégica como bastión anticomunista posibilitó la firma del Tratado hispano-norteamericano de 1953.

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