Andreu Navarra Ordoño

El regeneracionismo

La continuidad reformista

Ha llegado el tiempo en que España va a confrontar sus realidades con sus mitos para reír o para llorar.

Jaume Vicens Vives, 1952

Los españoles estamos en el desván. Vivimos entre telarañas y trastos viejos. Todos los días decimos que vamos a renovar el piso; pero no lo hacemos nunca.

Julio Camba, 1912

La estadística es cruel como la venganza y amarga como la verdad.

Joaquín Costa, 1868

Me propuse escribir cosas, no frases.

Juan Pablo Forner, 1788

Que la felicidad no ha de venir a nosotros, sin que nosotros la promovamos.

Miguel Antonio de la Gándara, 1759

Este libro está dedicado a Ricardo García Cárcel, Raúl García Bravo y Adrià Navarra Fusté. Los tres me han apoyado, confortado, inspirado y soportado. Sin ellos, no habría gran cosa que dedicar.

CAPÍTULO PRIMERO

SOBRE LAS CRISIS Y LAS DECADENCIAS

SOBRE EL CONCEPTO DE REGENERACIONISMO

Cuando se consolidó el significado moderno de la palabra «regeneracionismo», durante las décadas finales del siglo XIX, esta era un antónimo de «decadencia» y de «caciquismo». Actualmente se la utiliza como antídoto de «corrupción», e intentan hacer bandera de «regeneración» quienes desean quedarse fuera de la suciedad moral extendida por las administraciones públicas españolas, o dicen desear quedarse fuera. Los «limpios», los no manchados, los no afectados por la dolencia nacional (puesto que el término «regeneración» proviene del léxico médico) serían los llamados a «regenerar» la sociedad española. Los morales, los justos, los legitimados. De aquí que, durante los últimos meses, el gobierno español haya intentado impulsar un paquete de medidas presentadas como de «regeneración democrática», con éxito bastante discutible, como veremos. Y tampoco el caciquismo es exactamente el que era. De algún modo el «corrupto» ha perdido la vinculación territorial, y se ha vuelto algo un poco más intangible, más abstracto, y su poder se trasluce a través del tráfico de influencias, las políticas opacas y las discretas pero nutridas trasferencias bancarias de muchos dígitos. La partida de la porra se ha trocado en operaciones de especulación y en juegos de dígitos en constante movimiento.

Los distintos regeneracionismos que nos proponemos filiar y estudiar comparten algunos presupuestos básicos y no pocos rasgos comunes. Aunque lo que se impone de entrada es definir qué cosa es esa del «regeneracionismo». Recientemente, el profesor Luis Arranz ventiló la cuestión de manera poco satisfactoria: «El concepto de regeneracionismo es equívoco y ha tenido distintas traducciones políticas, por lo que, sin perjuicio de su connotación positiva, ha llegado a significar algo muy impreciso» (2013: 10).

El objetivo de este libro, y también de este capítulo en particular, es demostrar exactamente lo contrario: a saber, que es posible definir con cierta exactitud el fenómeno del regeneracionismo, relacionando los fenómenos producidos en su época de algún modo dorada o clásica (1868-1914) con algunas ideologías anteriores (arbitrismo, regalismo) y posteriores (novecentismo, 15-M). Tampoco nos parece muy legítimo ignorar, como ignora Arranz, los trabajos anteriores que han tratado de dilucidar y, sobre todo, definir qué era el regeneracionismo. Entre ellos uno de los más destacables, sin duda, es el capítulo «El regeneracionismo: tentativa de definición», que forma parte del libro La doma de la quimera, de José Carlos Mainer. Esta obra se reeditó en 2004, y en general sus conclusiones siguen siendo válidas. A propósito del regeneracionismo, Mainer vinculó el concepto al «confuso marco de apocaliptismos y esperanzas que vivió nuestro país al asomarse el siglo XX», señaló una indudable «implantación geográfica regional», destacó al positivismo filosófico como factor doctrinal de cohesión y relacionó el impulso regeneracionista con la burguesía profesional deseosa de corregir las deficiencias o limitaciones de la revolución burguesa española (Mainer, 2004: 129-138). Por las fechas preferidas por Mainer, Ortega y Gasset definía el término «regeneración» como un deseo, y «europeización», como el único modo posible de satisfacerlo (Vieja y nueva política, 1914).

Pero más sorprendente es que ni se mencione el libro colectivo El regeneracionismo en España. Política, educación, ciencia y sociedad, coordinado por Vicente Salavert y Manuel Suárez Cortina y publicado en el año 2007 por la Universidad de Valencia. Sin duda constituye el acercamiento más completo y multidisciplinar al fenómeno editado hasta la fecha. Sin embargo, la lupa de aumento que utilizan los colaboradores de este libro vuelve a circunscribirse al período 1875-1910, etapa que, a mi modo de ver, es la fase aguda de un proceso que había empezado mucho antes y que tardaría también mucho tiempo en desaparecer. En 1558, Luis Ortiz diagnosticó unos problemas económicos estructurales que se convirtieron en tópicos sobre una nacionalidad tarada o permanentemente inválida, pero es posible que ni siquiera el rey, a quien fue dirigido su célebre memorial, se acabara de enterar. No por otra razón, otro destacado estudioso del fin de siglo español, J. A. Garrido Ardila, se ve precisado de bucear en los siglos XVII y XVIII para articular un discurso coherente sobre las causas del retraso español (2013: 51-55). El período culminante del regeneracionismo no corresponde con el momento de creación de los principales argumentos que lo sustentaron, sino que el estallido de 1898 coincidió con el momento de máxima extensión de esos tópicos y diagnósticos sobre la salud de la vida nacional. Por lo tanto, olvidar las fuentes de aquellas escuelas de pensamiento (arbitrismo, Ilustración y pensamiento liberal), así como su legado inmediato, no me parece la mejor forma de presentar el fenómeno regeneracionista en su totalidad. A mi modo de ver, sin el estudio de la Mancomunidad de Cataluña, sin el examen de los fundamentos doctrinales de la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República, así como del estudio del orteguismo de los falangistas hasta la misma llegada de la democracia, no podemos integrar un verdadero dictamen exhaustivo sobre lo que el regeneracionismo ha aportado al pensamiento político español. Por lo tanto, más que impugnar las definiciones que se han dado sobre el regeneracionismo, lo que haremos será extender la jurisdicción del término, situándolo en una corriente continua de ensayo económico-político en ocasiones no del todo bien conocido ni divulgado.

No compartimos, pues, la opinión de Pérez Garzón cuando afirma que «al arreglo, por tanto, de la nación se lanza esa literatura regeneracionista, cuya fecha inicial se establece en 1892, cuando Lucas Mallada publica su obra, y se considera finalizada en 1914 cuando Ortega escribe La España invertebrada» (1997: 26). En primer lugar, la obra de Mallada fue publicada en 1890, y recoge textos de hasta 1875. En segundo lugar, en 1914 se publicó Vieja y nueva política, y no España invertebrada, cuya primera edición es de 1921. Pedro Ribas ha documentado obras regeneracionistas hasta en 1873, muy anteriores al Desastre y a la publicación de Los males de la patria. Tampoco estamos de acuerdo con la afirmación de que los escritores regeneracionistas adolecieran de «estadolatría», como veremos cuando nos centremos en la figura de Costa.

Otro experto, y de los más autorizados, Pedro Ribas, parece que renuncia también a definir qué cosa pueda ser el regeneracionismo, pero lo hace con argumentos muy sólidos, que suscribimos íntegramente: «No existe una definición unívoca —escribe Ribas—, y probablemente no existe porque con la palabra regeneracionismo se alude a autores, planteamientos y etapas históricas diversos» (2007: 47). Por esta razón, hablábamos un poco más arriba de «distintos regeneracionismos». Porque, en efecto, poco pueden tener que ver Pablo Alzola y Josep Puig i Cadafalch, pero, sin embargo, algo tienen que ver sus doctrinas y estudios. Por lo tanto, aceptemos sin problemas que del regeneracionismo hay que hablar en plural, pero tanteemos también una base definitoria común a todos que nos permita reconocer como regeneracionista a una determinada actitud o postura ideológica ante un determinado tipo de problema social o nacional.

Tampoco nos parece convincente la hipótesis de Arranz según la cual todo lo que fue regeneracionismo era pulsión autoritaria en Silvela, para en cambio relacionar directamente liberalismo con política conservadora. De este esquema a cuatro vértices se desprendería que el regeneracionismo vendría a ser la quintaesencia del autoritarismo, lo cual es pasar por alto que los más importantes intelectuales regeneracionistas (especialmente Costa, Macías Picavea y Luis Morote) militaron en filas republicanas, y fueron demócratas sinceros. Para Arranz, todo el regeneracionismo se basa en la búsqueda del dichoso «cirujano de hierro», cuando el regeneracionismo no es más que el combate contra las oligarquías o, en caso de ser invencibles, la educación de esas élites oligárquicas a favor del bien común. En el caso de Macías Picavea, el binomio regeneración y democracia era particularmente claro. En 1884, escribía: «¿Quiénes tienen el derecho a gobernar? Todos. ¿Quiénes están sujetos al deber de ser gobernados? Todos» (1999b: 396). Ricardo Martín de la Guardia ha escrito: «El sistema de la Restauración había devenido en un caciquismo intolerable del que urgía escapar. Para ello, para regenerar la vida política, solo era posible una vía: democratizar las instituciones políticas y acometer la reforma social» (2012: 25). Es indefendible equiparar regeneracionismo con autoritarismo. Solo es posible pensarlo así desde una postura presentista y conservadora. En 1884, Macías Picavea escribía: «La ciencia política, elevándose sobre todo género de impurezas reales y pese a la contradicción de intereses egoístas, tiene hoy su fórmula más perfecta en la democracia, esa encarnación del Derecho Moderno que ha conquistado ya todos los espíritus rectos para el culto de la Justicia, y está conquistando ahora el gobierno de todas las sociedades contemporáneas para la realización de los grandes hermosos ideales latentes en la nueva civilización y cultura» (2012: 87). También Pérez Garzón ha subrayado que la defensa de la democracia era uno de los fundamentos de la obra de Luis Morote, quien odiaba profundamente a los generales Weyler y Polavieja, los militares que se sintieron más tentados de redimir a España a través del sable en los momentos inmediatamente posteriores al Desastre (1997: 28 y 30). Lo único que defendía de Cánovas era, precisamente, su inquebrantable civilismo, su empeño por alejar a los militares y los pronunciamientos del control político de la nación (1997: 56).

De la archicélebre «cirugía de hierro» nos veremos obligados a hablar también aquí, lo queramos o no, pero más adelante.

Aunque el regeneracionismo ha sido siempre estudiado en el contexto estricto de la España a caballo entre los siglos XIX y XX, nosotros pensamos en un marco más amplio de explicación. Algo parecido a la extensión del positivismo fue la introducción de los rudimentos de teoría económica moderna entre los arbitristas de finales del siglo XVI y buena parte del XVII. Infinidad de tratadistas (e incluso ministros de la monarquía) continuaron este espíritu de revisión crítica y redactaron numerosos bosquejos de política económica. Francisco Fuster ha escrito: «a partir del 1898 no solamente nace la figura del intelectual en España, sino que empieza a adquirir importancia el intelectual como personaje literario» (2014: 97). De esta frase solo nos parece correcta la segunda proposición. Es, indudablemente, cierto que el intelectual enfrentado al sistema empieza a nutrir los ensayos literarios y las novelas durante el tránsito del siglo XIX al XX. Sin embargo, no podemos confundir un efecto de representación con uno de origen o concepción. ¿Qué tenía Maeztu que no tuvieran Quevedo o Luis Ortiz? ¿No eran burgueses nacionalistas críticos? ¿Acaso no desafiaba al sistema Juan de Mariana, que incluso teorizó sobre el magnicidio? ¿Qué tiene Azorín que no tuvieran Mor de Fuentes o José Somoza, algunos de sus modelos confesos? ¿Eran menos analíticos, menos nacionalistas? Máxime cuando son esos mismos intelectuales los que están constantemente invocando como modelos a Larra, Jovellanos, Aranda, Quevedo, Fray Luis de León, Santa Teresa y Saavedra Fajardo.

Los tratados ilustrados fueron conocidos e invocados con mucha frecuencia por los autores en los que pensaba Mainer, fundamentalmente por Joaquín Costa y Azorín. Silvela mismo descendía de una familia de afrancesados, escribió sobre Moratín y trató siempre de asumir un legado reformista que provenía de épocas muy anteriores a 1868. Por otra parte, como lo que hizo Mainer fue diseccionar qué clase de revoluciones morales se estaban produciendo en España entre 1890 y 1910, con una atención especial para 1898, el año que, en principio, es el eje del pensamiento regeneracionista español, no incluyó la literatura regeneracionista anterior (Costa empezó a escribir en 1867, y la ideología de Almirall se fraguó durante el Sexenio revolucionario), de manera que la zozobra milenarista del cambio de siglo pudo muy bien influir sobre esta ideología, pero también un estado de crisis moral que venía de mucho antes: de 1836, de 1808-1814, de la crítica ilustrada, de los desengañados de 1598.

Hemos tratado de desentrañar el concepto de regeneracionismo. Pero hay otro que existe indisolublemente asociado: el de crisis. ¿Cómo podríamos definir las crisis, o a la Crisis misma, la misma crisis que parece atenazar a España desde el final del reinado de Carlos V, produciendo un sinfín de zozobras, sentimientos de interinidad y sufrimientos socioeconómicos? A propósito del amor imposible que se dio entre España y uno de sus más polémicos glosadores, Pío Baroja, el historiador Francisco Fuster ha encontrado la respuesta en unas palabras de Gramsci: «lo viejo muere sin que pueda nacer lo nuevo» (Fuster, 2014: 21). El regeneracionismo es la ideología que intenta reanimar al cuerpo colapsado tras un momento de crisis aguda. La crisis se nos perfila como el momento en que muere un determinado estado feliz o próspero y se percibe una involución tan imparable como incomprensible. De los resonantes triunfos militares del César Carlos V se pasa en pocos años a la mayor angustia nacional y a la más devastadora de las bancarrotas. Del crecimiento milagroso de la Castilla del Renacimiento se pasa a la crisis total de autoridad y finanzas del reinado de Felipe IV. Carlos II muere sin descendencia, una cruenta guerra civil asola y divide la península, mientras las potencias europeas se reparten el festín de los restos de la monarquía hispánica. Incluso un pedazo de península es colonizada por los ingleses. Y, cuando parece que se ha tocado fondo, es la propia monarquía la que claudica y se entrega al invasor francés. Y el precio de la «libertad» es una guerra civil que acaba de extinguir las energías del país, lo que explica que el 98 sea vivido con indiferencia o, incluso, con alivio, como el cierre definitivo de una pesadilla. Pero hasta ese momento, los valores nuevos no habían sabido ocupar el lugar que les correspondía. No habían logrado desbancar a las fuerzas tradicionales: esa era la sensación de los reformistas, y por eso se vivía en perpetuo estado de crisis. Ni lo nuevo ni lo viejo eran capaces de imponerse. Hasta en una fecha como 1923, año en que Ortega y Gasset publicó El tema de nuestro tiempo, se escribía: «Imagínese un momento de transición durante el cual las grandes metas que ayer daban una clara arquitectura a nuestro paisaje han perdido su brillo, su poder atractivo, su autoridad sobre nosotros, sin que todavía hayan alcanzado completa evidencia y vigor suficientes las que van a sustituirlas» (citado por Fuster, 2014: 23). Crisis es transición. Regeneracionismo es la ideología que trata de dirigir y encauzar transiciones. Y España, pues, bien pudiera ser la nación donde parece que ninguna transición termina de cuajar jamás.

LOS «NOVENTAYOCHOS»

Desde el año 2011, año en que Ricardo García Cárcel publicó su libro La herencia del pasado, sabemos que han existido en la historia hispánica una serie de bancarrotas morales, vinculables entre sí, que el historiador denominó «noventayochos», en plural. En la actualidad sabemos que los «noventayochos» son un fenómeno más o menos cíclico en la historia de España1. Por ejemplo, hace cuarenta años, Gil Novales ya consideraba que 1820 era una fecha de «momento nacional de crisis» pareja a la de 1898 (1975: 18). Una de las aportaciones más exhaustivas al estudio de la literatura del Desastre, la de Garrido Ardila, también transita por este camino (2013: 9-13 y 36-65). Al estudio pormenorizado de estos procesos de crisis y sistematización del concepto de fracaso va dedicado el presente libro. Y no solo intentaremos lanzarnos sobre el pasado, sino que trataremos de extender nuestro análisis del reformismo español a las circunstancias actuales, con el convencimiento de que en la actualidad nos encontramos en medio de uno de esos fatales noventayochos.

Tampoco podemos olvidarnos de un concepto que presidirá toda la argumentación de este libro, un concepto aún más morboso y refractario a la fácil definición que «crisis» o «regeneracionismo», y también más enraizado en la tradición literaria ensayística española. Se trata del término «decadencia», del cual poco o nada hemos dicho hasta aquí. Algunos historiadores, los menos, se han atrevido a desvelar el nombre real de ese nombre, que no es otro que «subdesarrollo». Balcells lo nombra a propósito de un decreto de la Mancomunidad firmado por Prat de la Riba (2013: 135). En el capítulo siguiente, uno de los objetivos centrales consistirá en tratar de escudriñar a partir de qué momento se implantó la conciencia de decadencia entre los prosistas de ideas españoles; es decir, en tratar de fechar la conciencia del subdesarrollo en la España de la Edad Moderna.

En este sentido, resulta oportuno señalar en primer lugar que cualquier regeneracionismo es una modalidad de nacionalismo o, si se quiere, que incorpora una necesaria y generalmente generosa dosis de patriotismo. O bien puede muy bien ser una máscara o pátina que adopta el nacionalismo para mejorar su imagen. Y cuando hablamos de períodos anteriores a 1808, un patriotismo étnico o cultural. Con esto no queremos decir que todos los nacionalismos sean regeneracionismos, algo que no se puede verificar. Lo que decimos es que se puede formular la identificación a la inversa: que todos los regeneracionismos son, efectivamente, formas y modalidades de nacionalismo. Cualquier texto regeneracionista de la época clásica avalaría esta afirmación, pero el autor más transparente fue, de nuevo, Ricardo Macías Picavea, en cuyo «plan terapéutico» de 1899 podemos leer: «Fundación de Sociedades Nacionalistas, que aprovechen para la moralización del pueblo el movimiento regenerativo de la Patria, tendrán como objeto: El culto de la idea de Patria, grande y chica, por medio de himnos corales, fiestas conmemorativas, trabajos y reuniones» (1992: 257). Más claro no puede expresarse, y es la búsqueda de la claridad y la sencillez expositivas uno de los rasgos constantes de la prosa regeneracionista.

A su vez, Luis Morote escribía en su proemio a La moral de la derrota (1900) que solo el «cariño», el «culto fervoroso a España», podrían salvarla de la debacle.

Este nacionalismo es una base que comparte con el republicanismo de los años ochenta. Ricardo Martín de la Guardia nos recuerda que la impugnación de la monarquía se produjo en España en nombre de las necesidades nacionales. La nación, defendida por la ciudadanía, construía un espacio de convivencia opuesto al reino y a la comunidad religiosa, formada por súbditos y fieles, y no por ciudadanos conscientes y soberanos (2012: 83).

En cuanto a las reflexiones sobre la queja española, que deviene una constante desde el inicio del reinado de Felipe II, es posible que su iniciador fuera José del Campillo. En los tratados que redactó en 1741 econtramos una auténtica teoría de la queja hispánica, o de la queja crítica, la metaqueja, la queja de la queja: «No hubiera tantas si fueran mejores las providencias. Son muchas porque los que debían remediarlas muchas veces ni aun quieren oírlas. Las hay porque no se castiga con rigor a los que dan motivo para tenerlas; no las habría si no hubiera quien hiciese quejosos, y estos faltarían si fueran mejores los jueces» (1993: 125). No fue Campillo ciertamente el primer crítico del ser y la historia de España: mucho antes que él emprendieron esa tarea Mariana y Feijoo. Pero la centralidad de Campillo nos parece fuera de duda porque, de algún modo, su obra asume, supera y proyecta las quejas parciales y amorfas de los arbitristas, las sistematiza y abre el camino para que los primeros proyectistas globales ilustrados desarrollen planes aplicables, prácticos. Es el eslabón entre Martínez de Mata y Gándara, Campomanes, Jovellanos, Forner y Capmany. Campillo es el forjador de una retórica, del idioma regeneracionista, el que dio el paso de la queja al nacionalismo, del arbitrio al proyecto, paso del que beberán tanto los ilustrados como los liberales: «Escribo de España lo que no quisiera escribir, escribo contra España porque la retrato tan cadavérica como hoy está, y escribo para España deseando sea lo que debe ser» (1993: 136). Apasionantes aporías que mantendrán alucinada a la prosa política española durante siglos. Feijoo, tan ecuánime y equilibrado, no habría escrito esto nunca: «Contra España escribo según merece el descuido de su angustia, pero esto es más para despertarla que para ofenderla; y por esto escribo para España, porque notar el daño y advertir el remedio es más admirable efecto del amor que horrible producto del vituperio» (Campillo, 1993: 136). Poderoso escritor Campillo, larriano un siglo antes de Larra, y fundamental su aportación estilística y conceptual a la formación del discurso regeneracionista español, en el que ocupa un lugar central.

Los discursos regeneracionistas se presentan como programas de acción social, y reaccionan a un estado de opinión que se acerca a la ansiedad ante una catástrofe socioeconómica, o bien se alarman ante la abulia que estos desastres no logran desterrar. Por lo tanto, su naturaleza es reactiva. Surgen de desazones, de inquietudes ante peligros, del deseo de comprender el origen de los males insolubles del presente, que a veces serán muy evidentes, como fue el caso de 1898, pero que en otras fue una respuesta a un estado insoportable de la vida nacional que se había ido convirtiendo, poco a poco, y de manera más o menos prolongada y sigilosa, en un anormal estado naturalizado de las condiciones de vida.

Así pues, en primer lugar, podemos definir el regeneracionismo a través de su naturaleza nacionalista y reactiva. En segundo lugar, debemos señalar su carácter dual o bifronte. El bálsamo social que pretende ser un regeneracionismo actúa de dos formas concretas, simultáneas y opuestas: por un lado se presenta como una reacción airada y henchida de amor patrio, una indignación reformista, pero, por otro lado, nunca deja de operar en el sentido contrario, es decir, en el sentido de la conservación del sistema en el que se halla inserto el discurso. El sistema se halla «enfermo», incluso gravemente intoxicado o en estado de agonía, pero aún existe posibilidad de salvarlo. Si la esperanza de conservación desaparece, se entra entonces en el ámbito de los planteamientos revolucionarios. Incluso un autor como Bartolomé José Gallardo, en plena efervescencia liberal (1812), temía que el guerracivilismo español, la sucesión de subversiones larvadas desde 1766-1789, destruyeran a la patria: «Yo no he dudado nunca de que triunfaremos de los franceses, pero de nosotros, ¿triunfaremos?» (citado por García Cárcel, 2011: 380). En otras palabras: todo regeneracionismo entraña una fuerza progresista, una voluntad de acelerar las reformas políticas ineludibles, pero, precisamente, para conservar el régimen vigente. El regeneracionismo no es nunca rupturista, es un posibilismo por definición: «En la actualidad, los focos de mayor resistencia al tipo de capitalismo global en el que nos encontramos tienen que ver con la defensa del viejo Estado de bienestar y la protesta por las desigualdades y la concentración del poder que resulta del capitalismo global. Se trata, sobre todo, de una protesta reactiva, que carece de un proyecto alternativo y que no pretende romper las reglas de juego» (Sánchez-Cuenca, 2014a: 160). Los «indignados» se limitan a exigir que no se toque nada, que se continúe la vida española tal y como era vivida en 2007, antes de la llegada del tsunami conocido como «crisis de la deuda», y que en todo caso se reformen y mejoren esas condiciones políticas de hace siete años.

Cuando Antonio de Capmany buceaba en los documentos de la Barcelona medieval, señalaba un camino concreto de modernidad: el estímulo del comercio, el espíritu cosmopolita, y lo oponía a las fuerzas revolucionarias de la Francia de 1889. Cuando Jaume Vicens Vives, ciento cincuenta años después, se proponía básicamente lo mismo, la idea de fondo era crear, en la negra España del franquismo, las condiciones necesarias para que germinaran la historia entendida como auténtica ciencia y, por qué no, la liberalización de un poder que no se había podido combatir abiertamente con eficacia entre 1940 y 1950. La historia de los posibilismos en la España franquista constituirá el último gran objeto de reflexión de este libro.

En algunos regeneracionistas clásicos, el regeneracionismo había nacido tras el desencanto de la política revolucionaria del Sexenio revolucionario (Giner de los Ríos, Valentí Almirall, Macías Picavea, Costa mismo). Los períodos políticamente convulsos son etapas de entusiasmo nacional y político, y suponen ocasos o momentos bajos del discurso regeneracionista, que es siempre gradualista y parte de unas premisas previamente asentadas y legitimadas. A propósito de la historiografía escrita durante la Segunda República, García Cárcel ha escrito que: «Los republicanos tuvieron una conciencia adanista de los tiempos que vivieron. Apenas invocaron la Primera República como antecedente. Se trataba, más bien, de enterrar un pasado que no gustaba» (2011: 35). El pensamiento regeneracionista suele operar de modo inverso, es historicista y bucea en los antecedentes autocríticos: busca lo que sigue siendo válido del pasado para impugnar un presente sin salida.

REGENERACIÓN Y REVOLUCIÓN

Lo que es paz, armonía, regularidad y fácil movimiento, cuando la vida se desarrolla espontánea y libremente, conviértese en guerra, conflicto y agitación tormentosa desde el instante en que una fuerza extraña y violenta se empeña con insensatos designios en torcer los cauces naturales e impedir la majestuosa corriente del progreso.

Ricardo Macías Picavea, 1884

Cuando un arbitrista como Fernández de Navarrete dictamina con insólita frialdad sobre el estado de la monarquía hispánica, nunca arremete contra el principio monárquico, ni duda de que España pueda y deba volver a convertirse en el imperio pujante que era. Los regalistas de las épocas de Felipe V, Carlos III y Carlos IV jamás pusieron en duda la capacidad de la dinastía borbónica a la hora de lograr exactamente lo mismo: recuperar el nivel de éxito internacional y cultural que se había alcanzado al final del reinado de los Reyes Católicos. De un modo análogo, Joaquín Costa no pretendía destruir el sistema liberal y sustituirlo por otro de corte más autoritario, sino desmantelar las lacras que ese sistema arrastraba desde tiempos inmemoriales, y sobre todo reactivar las economías locales a través de programas adaptados al saber tradicional de los campesinos. Ni siquiera los jóvenes Ramiro de Maeztu o Pío Baroja conspiraron por aplastar ese sistema que odiaban: se instalaban en su olímpico desdén y diseñaban una poderosa maquinaria periodística: descubrían las ventajas de ejercer la oposición «intransigente» situada por encima de los partidismos. Las novelas de Baroja certifican una náusea y un estado polvoriento de las cosas españolas, pero por encima de todo persiste el amor conflictivo por aquellas realidades decadentes.

Ni siquiera Ortega y Gasset, que inspiró las plataformas republicanas hacia el final de la dictadura de Primo de Rivera, era un revolucionario. Siempre pensó que la preparación de un nuevo régimen pasaba forzosamente por la consolidación previa de instituciones sólidas (o meras ideas orientadoras) capaces de moldear ellas solas, poco a poco, las situaciones que resultarían de las convulsiones y los deterioros endógenos2. Lo cual explicaría la tibieza del comité revolucionario de 1930, sus voluntades continuistas, su negativa a erigirse como una opción golpista. Lo cual no significa que en 1931 no existiera conciencia rupturista. La Segunda República es uno de los escasos (y breves) momentos de la historia política contemporánea de España en que la lógica partidista y revolucionaria rebasa, supera o se funde con la corriente continua del posibilismo. Por esta razón, Azaña pudo afirmar: «No temáis que os llamen sectarios. Yo lo soy. Tengo la soberbia de ser, en mi modo, ardientemente sectario» (citado por García Cárcel, 2011: 447). Un sectario, un partidista, un revolucionario que se siente llamado a introducir reformas drásticas e ingeniería social no se puede presentar como un regeneracionista. Los disfraces o trajes del restaurador son los del nacionalista centrista: un Silvela, un Rafael Gasset, un Ortega, un Cambó, un Canalejas, un Adolfo Suárez. O un Gregorio Marañón, que apoyó a la República porque la consideraba un «ejercicio responsable de continuidad histórica» y «una palanca de regeneración democrática y liberal» (Gracia, 2004: 69). El radical niega la viabilidad del régimen circundante, y por lo tanto produce otra clase de discurso, con otro tipo de resortes discursivos.

Otra cosa es que Azaña tratara de limpiar a posteriori su imagen de político intransigente, o de sacarse de encima al personaje de hierro que quiso construirse cuando juzgó necesario o positivo para el país investirse de autoridad para implantar las reformas más urgentes. El Azaña que viaja a Barcelona en 1930 o que abandona España en 1939 es un Azaña más dinámico, un hombre flexible. Un hombre con ideas maleables, en 1930, o de ideas vencidas y menesterosas, en 1939, pero no un sectario. Un hombre, como los ministros bienintencionados del siglo XIX, atrapado en las limitaciones del Tesoro Público español. Azaña creía que las reivindicaciones de los socialistas radicales y los anarquistas eran puras ilusiones, porque se carecía del presupuesto necesario para emprenderlas y velar por su aplicación. Igualmente, consideraba a Costa un iluso, porque no creía que el Estado pudiera, a corto plazo, financiar las reformas educativas y las infraestructuras que el aragonés reclamaba. Me pregunto si conocía realmente las teorías de Costa, puesto que este abogaba por una financiación fundamentalmente privada de los proyectos a impulsar, tal y como intentaremos demostrar a su debido momento. Lo cierto es que tanto Azaña como Maeztu construyeron una imagen errónea de Costa como la del gran pedigüeño del Estado. En definitiva, el único Azaña no regeneracionista solo pudo ser el que gozó de poder entre 1931 y 19363.

En la actualidad, el vector conservador común a todo el pensamiento regeneracionista es particularmente evidente: a nadie se le ocurriría aparecer por los periódicos como un no demócrata o un totalitario. No deja de ser una ventaja respecto a Grecia, Francia y Holanda. Los comunistas actuales han detectado este rasgo común de la ciudadanía española: la absoluta ausencia de tentaciones revolucionarias: «ningún proyecto hay que anime a la ciudadanía a convertirse en Soberano, esto es en Voluntad, voluntad organizada, autogeneradora de actividad auto protagonizada, capaz de crear nuevas formas de hacer» (Miras y Tafalla, 2013: 59). Pero es que ni siquiera los autores del manifiesto que acabo de citar se presentan con un proyecto rupturista: su descripción del ente soberano que debe desmantelar las políticas «imperialistas» de la tecnocracia europea no es más que «el viejo Demos social animado a reconquistar su papel en la democracia aparente que ellos denominan “neofranquista”, nacida en 1978 y abolida en 2011». Incluso la extrema derecha (que también tiene sus particulares propuestas arbitristas, nunca lo olvidemos) se ve obligada a escudar sus propuestas y programas más polémicos en conceptos vagos y suficientemente amplios como para no asustar de entrada a sus posibles colaboradores de base. Así, por ejemplo, el racismo y la xenofobia se disfrazan de protección a los elementos proletarios nativos, o los recortes democráticos se presentan como fortalecimientos institucionales que responden a un concepto idealista de la nación o el Estado, verdades protectoras y sagradas que deben ser protegidas y ensalzadas por todos, sin previo debate.

Lo más palpable de las publicaciones de los llamados «indignados» y de los diagnósticos publicados en años recientes es el rechazo de la corrupción, la profundización en las actitudes democráticas (actitudes realmente democráticas, es decir, desligadas de las militancias y obediencias partidistas) y tampoco creo que pueda negarse que la crítica feroz de la institución monárquica. Alguien podría argumentar en mi contra y decir que esa pulsión antimonárquica, que hoy es tan evidente incluso en los medios más oficialistas, es una dirección revolucionaria. Es el parlamentarismo lo que de ningún modo pretenden rebasar ni siquiera los que rodean el Congreso y acusan y zarandean a los políticos. Precisamente se rodea el Congreso para expresar que allí dentro deben desarrollarse debates distintos, protagonizados por otro tipo de políticos, que consideren su magistratura un servicio público y no una provechosa sinecura. Debates regeneracionistas. Y por esta razón, el movimiento indignado ha cuajado en un partido reformista en cuanto a objetivos y métodos de promoción interna, pero no en un nacionalismo rupturista o una acción amenazante, por mucho que los políticos puestos en la picota aseguren que se trata de terroristas o directamente los califiquen de nazis4.

En 2011 publicó Fernando Gil Villa su interesante folleto Profesores indignados. Manifiesto de desobediencia académica, que ya va por la tercera edición. Es un caso paradigmático de la actitud que estamos tratando de definir. Gil localiza un ramo o estrato social podrido o problemático, y le aplica el remedio que le parece más acertado. Entre otras cosas, recomienda a los docentes que preparen sus clases en casa, que dejen de ir a reuniones de claustro que no sean estrictamente imprescindibles, que desistan de cumplir con los innumerables requisitos burocráticos con que les agobia la administración y terminen con la tiranía de los programas cerrados. ¿Cuáles habían sido los problemas generales detectados por el autor? La impresionante cifra de docentes que desarrollan trastornos de ansiedad y depresión y la general desmotivación de alumnos y profesores. El objetivo es claro: superar las atmósferas intoxicadas de negatividad, poder seguir enseñando en un ambiente particularmente hostil, en el que la cultura es sospechosa para muchos padres y para los dirigentes que controlan sus contenidos. Poder lograr relaciones fluidas y creativas entre alumnos y profesores donde hoy solo existen objetivos burocráticos. Su respuesta al problema no es, como habría sido la de José Nakens o la de un marxista de los años cincuenta, voltear el sistema e implantar la dictadura del proletariado. El eslogan revolucionario no tiene cabida en la propaganda regeneracionista, así como tampoco en la ola reformista que se observa en la actualidad, aunque algunas de sus frases más conocidas acaben convirtiéndose en eslóganes («doble vuelta de llave al sepulcro de El Cid», «política de escuela y despensa», o «no nos representan», en referencia a los políticos integrados en los partidos hasta ahora mayoritarios, etc.). El enfoque regeneracionista aísla un determinado problema, busca los datos y estadísticas necesarios, realiza un diagnóstico y receta las medidas arbitrales que se han de aplicar. El sistema social en su totalidad no se ve deslegitimado, sino mejorado parcialmente.

Y junto a las naturalezas nacionalista, reactiva y dual del regeneracionismo de todas las épocas, no podemos olvidar otro rasgo fundamental que constituye, con los tres citados, la esencia del pensamiento reformista: su carácter suprapartidista. En momentos de ilusión política, de confianza en las formaciones democráticas (1931-1933; 1978-1982), los regeneracionismos se asordinan, porque las recetas redentoras se identifican con los programas de unos determinados partidos. De algún modo, la irrupción de los regeneracionismos es más virulenta en momentos de desconfianza respecto a las instituciones y los relatos principales a ellas asociados.

Ejemplos de movimientos políticos regeneracionistas que se presentan como suprapartidistas, como opciones puramente patrióticas o tecnocráticas, hay muchos en la historia contemporánea de España: el viraje autoritario de Bravo Murillo (1850-1851) quiso revestirse de esta aureola de redención multiplicadora de ferrocarriles; esta clase de rasgos no dejaron de abundar durante el «gobierno largo» de O’Donnell y la Unión Liberal (1858-1863), período en el que se desarrolló la segunda gran desamortización, la de Pascual Madoz. De algún modo no deja nunca de sorprenderme cierta obsesión por comparar o relacionar a Miguel Primo de Rivera con Napoleón III, existiendo como existen tantos ejemplos de liberalismo pretoriano, totalmente castizo, en la España del siglo XIX. Asimismo, la inmensa obra institucional y científica de la Lliga Regionalista catalana, culminada a partir de 1914 con la llegada de la Mancomunidad, quiso presentarse como una construcción nacional, interclasista y situada al margen de los juegos y manejos habituales de la política española. No hace falta insistir demasiado en la clase de mensajes y actitudes promovidos por Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930, profundizaremos en ellos más adelante. Hubo incluso un regeneracionismo extremadamente autoritario vinculado al Movimiento franquista, que aprovechó obsesivamente la demonización de las divisiones «partidistas» desarrolladas durante la República para presentar un proyecto verdaderamente «nacional» enfrentado al presunto «caos» instaurado por el «sistema demo-liberal».

Pero no todos los suprapartidismos fueron de derechas. La formación política en que militó Costa se llamaba, sintomáticamente, Unión Nacional, y precisamente pereció esta formación por heterogénea y difusa. Y sin un proyecto constante de construcción nacional centrista carece de sentido la obra política de Ortega y Gasset. En los espectros políticos de la izquierda, los regeneracionismos españoles han ocupado tradicionalmente el lugar del centro, la derecha de la izquierda o la izquierda de la derecha. Mientras, en 1929, se desplomaba la dictadura de Primo de Rivera, Gregorio Marañón escribía que «nuestros republicanos eran la izquierda de la Monarquía —una mansa izquierda—; porque dentro de la Monarquía, todos lo reconocemos, no cabían en España más que derechas y ultraderechas» (1930: VI). Lo cual equivalía a afirmar que era preciso crear la izquierda española, la auténticamente socialista, y también la de centro, para que la sociedad civil pudiera progresar y superar la parálisis política.

El ensayismo regeneracionista que maduró durante los años ochenta del siglo XIX tuvo muy claro que el camino de la redención pasaba por crear una alternativa republicana de orden, nacionalista y sensible a la cuestión social, y que era el despotismo, y no los ideales democráticos, el que encendía la hoguera de la inestabilidad: «No hay, no puede haber, revolución sin previa acción violenta y despótica, de la cual es aquella una consecuencia tan fatal como la explosión lo es de gases comprimidos» (Macías Picavea, 2012: 128).

Lo que más impacta de este ensayismo reformista es la rabiosa actualidad que puede reconocerse en algunos de sus párrafos más afortunados. El lector, leyendo a Picavea o a Morote, piensa muchas veces: «esto podría haber sido escrito ayer o la semana pasada».

REGENERACIONISMOS ACTUALES

Vivimos una época de auge del discurso regeneracionista. Los regeneracionismos surgen con fuerza cuando las izquierdas se encuentran neutralizadas o amordazadas, lo cual no significa que todas las soluciones a las crisis las tenga que aportar la izquierda. Más bien ha venido ocurriendo lo contrario, a través de la historia contemporánea. Las cabezas más visibles del regeneracionismo político español han sido de derechas (Silvela, Maura, Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Primo de Rivera). Lo que parece haber cambiado mucho es la valoración de la corona como posibilidad de una vertebración integradora y cauterizadora de heridas. Las instituciones atraviesan una etapa de descrédito impensable en los años ochenta. Ni siquiera está claro ya qué nación es la que debe redimirse, potenciarse y ponerse a trabajar. Y de ahí surgen grandes confusiones: los regeneracionistas más serios chocan con la flagrante evidencia de que lo que debe cambiar de inmediato es el modo de articulación de la Unión Europea, su modelo de integración supranacional. ¿Es la UE nuestra verdadera patria actual? Desde Cataluña se rescata con fuerza el discurso redentor (con más fuerza incluso que Maragall, Prat y Pijoan, sus regeneracionistas clásicos; con más fuerza de representatividad popular, quiero decir, no sé si con mayor poder de seducción discursiva, difícilmente).

Si algo resulta particularmente claro es que Madrid lidera un amplio y heterogéneo movimiento popular de desobediencia reformista, mientras que Barcelona apuesta decididamente por la ruptura con el entramado estatal y presiona para acelerar un cambio institucional de manera drástica.

Circulan textos de todas tendencias y pelajes. Podríamos traer a colación algunos ejemplos: España destino Tercer Mundo (Barcelona, Deusto, 2012), que dibuja un panorama apocalíptico; El dilema de España. Ser más productivos para vivir mejor, de Luis Garicano (Barcelona, Península, 2014), cuyo tono es más reposado y se centra más en recetas económicas, o el exitoso Todo lo que era sólido (Barcelona, Seix Barral, 2013), del escritor Antonio Muñoz Molina. Exigente y orientado hacia los arbitrios políticos, Lo que España necesita, de Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, es una excelente síntesis de lo que la izquierda más dinámica y culta puede aportar. Que no vamos nada bien lo aceptan todos los autores razonables. Precisamente en oposición al análisis de Muñoz Molina escribió el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca su obra La impotencia democrática (Madrid, Catarata, 2014), y en este libro centraremos nuestro examen del regeneracionismo actual español. Si aceptamos que el discurso regeneracionista es el imperio de las cifras, no cabe duda de que el libro de Sánchez-Cuenca es el que mejor encaja en nuestra catalogación, aunque este autor utilice el concepto de «regeneracionismo» de forma peyorativa, como también lo hace Arranz, al tildar el discurso de morboso y monolíticamente pesimista.

Pero observemos cuáles son las palabras iniciales de La impotencia democrática:

La crisis económica, a veces llamada la Gran Recesión, comenzó en el otoño de 2008. En aquellos momentos era impensable que en 2014 tuviéramos niveles de paro por encima del 25 por 100, jóvenes españoles con formación yéndose al extranjero a buscarse la vida, una tasa de crecimiento anémica, la Administración y el Estado de bienestar en proceso de desguace, una deuda pública cercana al 100 por 100 del PIB y el mayor nivel de desigualdad de la Unión Europea (2014a: 7).

No está mal para empezar un libro: con una auténtica batería de calamidades. Y a estas hay que sumarles otras tanto o más contundentes: en 2007 había en España 1,7 millones de parados, en 2013 eran 6. Ahora bien, ¿son morbosas estas afirmaciones, o se ciñen a la verdad más estricta? ¿Son metafísicas, proponen salvaciones abstractas, redenciones ideales? Debe replantearse o repensarse lo que entendemos por regeneracionismo. El regeneracionismo no es literario, ni poético, ni filosófico, sino esencialmente económico, aunque la filosofía, la crítica literaria e incluso la poesía puedan participar de él. Pero lo que es en esencia es un discurso ensayístico que renuncia a las bondades de estilo para ceñirse a las operaciones estadísticas. Su naturaleza es expositiva, y precisamente empieza a alejarse de su matriz genérica en cuanto empieza a incorporar aseveraciones apocalípticas. Porque un regeneracionismo que se queda en el túnel, que renuncia a presentar soluciones prácticas, no es tal regeneracionismo, ya que le falta uno de los dos vectores fundamentales, tal y como trataremos de ir demostrando a lo largo de este libro.

Lo que se propone Sánchez-Cuenca es desmantelar la retórica que se ha instalado en los medios españoles para sustituirla con las medidas que, realmente, podrían reactivar la economía española. Un tópico de esa lengua falaz que consumimos a diario consiste en glosar los beneficios de la unión monetaria y la necesidad absoluta de impulsar políticas de austeridad. Pedro Solbes, ministro de Economía entre 2004 y 2009, trató de explicar el crecimiento del déficit público a partir de medidas de estímulo público y del Plan de Empleo estatal, cuando en realidad se debe a la reducción en dos tercios de la recaudación por el impuesto de sociedades (Sánchez-Cuenca, 2014a: 61).

Otro grupo de tópicos tiene que ver con la depuración de la clase política. Pero, con una clase política pésima o excelente, el problema queda en pie, porque España no controla las políticas monetarias ni económicas. Al discurso inocuo y apenas reformador que detecta y critica le opone una exposición razonada de las verdaderas causas de la crisis, considerando que son «regeneracionistas» los lenguajes introspectivos y moralizantes que inundan los libros, periódicos y programas informativos, cuando lo único que puede ser llamado con rigor «regeneracionismo» es precisamente su propuesta de cambio de paradigma, esto es, su propia exposición razonada de las causas de la debacle social española: «Hay algo de ingenuo en la idea de que basta cambiar las reglas para que las personas modifiquen su comportamiento [...]. Las patologías políticas españolas pueden proceder en parte de un mal diseño institucional, pero hay también otros factores, de naturaleza social, que se pasan por alto en las propuestas regeneracionistas» (2014a: 13). Entre esos otros factores que no ven los autores introspectivos, hay uno especialmente clave que destaca por su fuerza destructora: «Desde que la crisis global de los países desarrollados mutó en una crisis de deuda en la Unión Europea, hemos visto las consecuencias dramáticas del conjunto de decisiones equivocadas que tomaron los gobernantes europeos a propósito del euro en los años noventa» (2014a: 17). La tesis del libro, por tanto, puede resumirse en la siguiente frase: mientras los arbitristas introspectivos españoles truenan contra la corrupción y la falta de políticas realmente democráticas, el hecho de haber entregado la soberanía económica española al Banco Central Europeo en 2011 provocó la terrible catástrofe económica y social que padecemos actualmente.

No verlo es mantener un sambenito autocrítico, provinciano y anticuado. Durante siglos, especialmente a partir de los trabajos de Julián Juderías, los intelectuales españoles han tenido que lidiar con la conjura internacional y combatir la Leyenda Negra. Pero «lo que ha cambiado es que ahora no se blande la espada para luchar contra los juicios europeos, sino que la melancolía, de partida, ha ido evolucionando hacia un cierto papanatismo europeísta, que conduce con demasiada frecuencia a la deleitación autocrítica» (García Cárcel, 2011: 46). Parece que vuelven viejos fantasmas discursivos cuando, por una vez, está claro que el origen de la maldición tiene un pie fuera de la nación. Sánchez-Cuenca se pregunta también por qué son los políticos los más criticados cuando fueron los banqueros y los economistas del BCE quienes provocaron el desastre (2014a: 78).

Resulta evidente que los políticos españoles están muy por debajo de lo que la ciudadanía espera de ellos, pero no son responsables más que de agravar la situación (por ejemplo, incentivando la propiedad inmobiliaria cuando su aumento era ya inviable). Sería recomendable que la sociedad española se fijara más en los poderes que no controla democráticamente, porque al fin y al cabo aún es capaz de echar a los cargos que considere responsables dentro del Estado, por lo menos en teoría. Aunque exista una caverna mediática que favorezca descaradamente a unas opciones, no es absolutamente imposible responsabilizar a los cargos electos de sus abusos o equivocaciones graves, o de su profunda corrupción. Los partidos pueden ser desahuciados del poder o castigados. Sin embargo, más allá de la concreción izquierdista o derechista de los políticos, Martín Seco ya alertó de la excepcionalidad institucional de que gozaba el Banco Central Europeo en 1996: «Que esta filosofía antidemocrática subyace detrás de toda la construcción de la Comunidad aparece de manera nítida en el diseño del futuro Banco Central Europeo, al que se configura como órgano autónomo e independiente» (Martín Seco, 2013: 23). Autónomo de la vigilancia político-ideológica de los parlamentarios. Los financieros del BCE podían (y de hecho pudieron) dictar las políticas económicas (y las laborales y fiscales, extralimitándose) a los países miembros, utilizando estrategias amenazadoras, pero en cambio los ciudadanos o los diputados de las naciones implicadas no poseían herramientas o poder para contrapesar, discutir o mitigar esas medidas extremas.

El único enfoque realmente racionalista (regeneracionista de verdad) aplicable a los problemas de España ya no consiste, quizá por primera vez en la historia, en zambullirse en las lacras sociales de la pobre patria aquejada, sino en señalar cuál fue el origen real de los desórdenes actuales, y en este caso parece fuera de duda que las políticas de austeridad están detrás de las cifras de espanto que manejamos a la hora de tratar de describir la magnitud del desastre económico y social:

Las políticas de ajuste que se han impuesto a los países deudores para satisfacer los intereses de los acreedores han sido un rotundo fracaso. Tras años de recortes y reformas estructurales, la economía se ha hundido, produciéndose una caída de los ingresos públicos superior en muchos casos al monto de los recortes, lo que ha provocado que los déficits apenas bajen o incluso suban (como en España), que se dispare la deuda pública, que el paro esté en niveles altísimos y que aumente la pobreza y la desigualdad (Sánchez-Cuenca, 2014a: 18).

Pero el problema no es únicamente económico, como muy bien sabe desarrollar el autor. Las consecuencias políticas son incalculables. «Quizá lo más humillante en términos políticos haya sido que, países que, al menos en teoría, son soberanos y se organizan democráticamente, dependieran enteramente del favor del BCE» (2014a: 18). Sánchez-Cuenca no es el único autor que suelta este tipo de frases: «Los ajustes no están sirviendo para nada y, desde luego, de nada ha servido la reforma constitucional» (Martín Seco, 2013: 75). Teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo no es una institución controlada por votante alguno, sino que lo forma una plantilla de supuestos técnicos que perfectamente pueden estar interesados en diseñar el contexto más favorable para sus propias carreras privadas en el sector financiero, el problema está nítidamente planteado. Los estados del Sur europeo que se están hundiendo como mercados y sociedades autónomas están gobernados por un instrumento de control económico que acaba dictando las políticas fiscales que deben seguir los gobiernos, de izquierda, centro o derecha, tanto da (Sánchez-Cuenca, 2014a: 78-88).

En este sentido, sorprenden los ditirambos y elogios que los dirigentes socialistas españoles (José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes, Joaquín Almunia o Javier Solana) han dirigido a la moneda única vinculada a ciertos ideales civilizatorios. Sorprenden porque, expresados por teóricos socialdemócratas, deberían tener en cuenta qué consecuencias está teniendo esa unión sobre la vida de los ciudadanos que los eligieron. Juan Francisco Martín Seco lo ha expresado con las siguientes palabras: «Las argumentaciones y los razonamientos son sustituidos por la repetición sistemática de eslóganes y de consignas en los medios de comunicación, de manera que en el imaginario popular aparezcan como la única verdad» (Martín Seco, 2013: 13). Cuando la realidad ha sido sustituida por la propaganda, surge el discurso regeneracionista para revivir la crudeza de las estadísticas.

Las dos familias políticas dominantes se han unido para presentar como única opción natural y necesaria lo que no es más que el proyecto reaccionario de la minoría neoliberal, como si cualquier análisis racionalista de la situación hubiera de quedar fuera del sistema por definición5.

España no es económicamente soberana, y lo más escalofriante es que los causantes de las calamidades sociales que padecemos hoy no están sujetos a institución inspectora superior alguna, es decir, que no son responsables ante controles políticos elegidos por una ciudadanía cualquiera: nadie los ha elegido, nadie les exige que rindan cuentas de sus fracasos o dogmatismos, no guardan ningún tipo de vínculo con las comunidades que pueden contribuir a hundir, ni siquiera partido político alguno cuestiona su autoridad para hacer y deshacer dentro de la zona euro.

El enfoque económico cuenta con una ventaja más: por primera vez el verdadero discurso regeneracionista rompe con la dinámica morbosa y masoquista que quedó fosilizada en torno a 1900. Es afuera donde hay que buscar las responsabilidades últimas, lo que no obsta, naturalmente, que no deban impulsarse medidas contra la corrupción y la burocratización desideologizada de sindicatos y partidos. Pero, por primera vez, estamos en condiciones de darnos cuenta de que, como raza o comunidad estatal o nacional, no somos racial o moralmente inferiores a nuestros convecinos del Norte. Continuar con los sambenitos autoimpuestos significa reconocer que quienes han roto con los ideales de integración europea, es decir, quienes han decretado la ruina de nuestra economía para lucrar la suya, ni son seres superiores ni representan mejor los valores democráticos, sino que más bien podría decirse que es al revés, con independencia de la calidad de nuestros políticos, que no debe confundirse con la calidad de nuestra ciudadanía.

Este enfoque es regeneracionista porque no implica una ruptura con el sistema vigente ya que, lejos de considerarlo periclitado o en trance de muerte, presenta su recuperación como la única salida posible. El enfoque regeneracionista actual de vanguardia es conservador porque se propone salvar el retroceso de derechos democráticos y de soberanía que se verificó en 2011. Propone «regresar» al Estado del bienestar, y por lo tanto no busca embarcarse en una aventura reformista que, con toda facilidad, aprovecharían las minorías tecnocráticas para efectuar un giro neoliberal, otro más, o profundizar en él, puesto que lo realizaron hace tres años. El nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos parece que va en esta dirección: consolidar un constitucionalismo ultraliberal que acabe de devastar las soberanías nacionales, las únicas capaces de ejercer algún control sobre la actividad económica. Ni siquiera se propone romper con la Unión Europea: bastaría con salir de la zona euro o de cambiar las reglas de juego dentro de esa comunidad para evitar que termine de sancionar la situación hoy verificable: la profunda división entre países del Sur económicamente hundidos y países del Norte que aprovechan ese naufragio para recibir inversiones y flotar por encima de la crisis.

Entretanto, los oportunistas españoles de todo pelaje tratan de presentar el problema como una dialéctica entre izquierda y derecha, entre políticas «viejas» y políticas de «nuevo orden», que muy poco podrían hacer si la soberanía económica no regresa alguna vez para quedarse en manos de gobernantes españoles. El artículo 97 de la Constitución Española encomienda al gobierno la dirección de la política interior y exterior. La Constitución Española de 1978 es intervencionista y trata de garantizar condiciones económicas dignas para todos los ciudadanos españoles. El Tratado de Lisboa se redactó únicamente para garantizar la libre competencia. Desde un punto de vista interno, contradice los consensos de la sociedad española tal y como fue alumbrada durante la Transición. Porque cualquier gobierno, de izquierdas o derechas, podría tratar de reaccionar rediseñando la política monetaria. Pero lo que se hace desde 2011 es obedecer ciegamente, acríticamente, los dictados del Banco Central Europeo, con los resultados que a la vista están.

Los factores antisistema que han roto los pactos sobre los que descansaba el Estado español han sido las decisiones de sus dos partidos mayoritarios. Las formaciones hoy consideradas antisistema son las que exigen una vuelta a la soberanía nacional, un retorno a la normalidad democrática.

Un ejemplo elocuente fue la iniciativa de Yorgos Papandréu en Grecia. El mandatario convocó un referéndum popular para plebiscitar las condiciones que un nuevo préstamo acarrearía a la sociedad griega. La clase política europea en bloque condenó la iniciativa; es decir, los dictados económicos que parten del BCE están totalmente fuera del control de los ciudadanos, han de ser obedecidos de forma automática6.

Incluso reconoce esta traba un partidario de la integración europea, el diplomático Ignacio Pérez Caldentey, en su artículo «Unión Europea y crisis económica»: «La percepción de la gran mayoría de los europeos es que las decisiones que se han adoptado estos últimos años y que les afectan directamente, lo han sido a sus espaldas, con escasas y confusas explicaciones, en medio de un secretismo creciente abundante y en una jerga que el ciudadano de a pie no entiende» (2014: 36). No se pone en duda la existencia de un «déficit democrático», lo que se debate es qué hacer políticamente desde la cúspide cuando un 57 por 100 de los europeos desconfía de la Unión Europea. Cualquier asomo de un regreso a la esfera nacional para resolver los problemas financieros es tildado de «populismo» por la prensa. Parece que la estrategia ha sido la opuesta, la de la «tecnocracia», la del gobierno de los técnicos poco o nada refrendados por las urnas, tipo Mario Monti. Tecnocracia viene a ser sinónimo de «desarrollismo». Frente al «populismo», Pérez Caldentey propone una operación «pedagógica» de gran envergadura que acerque y trate de mejorar la popularidad de las políticas de austeridad ante el conjunto de la ciudadanía.

Pero me atrevo a adivinar que una operación de estas características ampliaría la brecha entre los que desconfían y las instituciones. ¿Para qué vender el ideal de la integración cuando absolutamente todas las evidencias de la realidad política indican que esas políticas lo que están haciendo, precisamente, es desintegrar la comunidad y dividirla entre deudores atrapados y acreedores cada vez más poderosos? Sin embargo, existen partidarios serios de que no irrumpan «populismos» en el Parlamento Europeo: «tenemos que hacer todo lo posible para que las formaciones políticas que apoyan y representan el proyecto de integración sean las vencedoras de estas elecciones» (Pérez Caldentey, 2014: 37). Quizás la pregunta adecuada sería: ¿por qué? O, ¿para qué? ¿Cómo convencer a un ciudadano arruinado de que sustente el hercúleo proyecto que lo ha arruinado? ¿Cómo convencer al griego que apedrea la embajada alemana de que la UE es intrínsecamente positiva para su trayectoria vital? Sin duda, la pedagogía es totalmente insuficiente, o se requerirán pedagogos demiúrgicos. Luego tendremos ocasión de echar un vistazo a las medidas pedagógicas que propone otro dirigente, Javier Solana. Sin el retorno del bienestar, un retorno a la confianza en la UE es una pura ilusión.

Otro diagnóstico extremista, que Sánchez-Cuenca localiza en un trabajo de Fernando Savater, trata de echar la culpa de la quiebra española a los nacionalismos periféricos. Lo hizo en un artículo con reminiscencias unamunianas: «Que decidan ellos» (El País, 24-04-2013). Con una recentralización absoluta de servicios y tributos, se saldría de la crisis: ese viene a ser el arbitrio de Savater. Un ejemplo más de cómo una situación calamitosa provocada fuera del país es aprovechada para reivindicar dudosas medidas de respuesta estructural. Empieza a instalarse en algunos medios la presunta certeza de que es el Estado de las Autonomías el causante de los males actuales. Apoyándose precisamente en el libro de Muñoz Molina, Savater escribió: «La crisis de nuestro país —económica, social, política— tiene varias causas fatalmente concomitantes, internas y externas, pero la fragmentación nacionalista de la soberanía y por tanto de la responsabilidad de defender al unísono derechos y obligaciones ocupa el centro de todas ellas». Esta sí que es una postura radical y antisistema, puesto que trata de torpedear uno de los logros principales de la Constitución de 1978. Según Savater, el causante de la crisis es el «derecho a decidir» reivindicado por vascos y catalanes, y no el BCE. Uno puede estar de acuerdo o no con las reivindicaciones de los nacionalismos catalán y vasco, especialmente cuando una formación violenta enclavada en uno de esos dos nacionalismos le ha amenazado la vida, pero algo que está totalmente fuera de duda es que su irrupción no tiene nada que ver con las causas de la crisis y que la vuelta a la monarquía unitaria no arreglaría ninguno de los problemas que aquejan a la nación. Quizá no esté de más señalar que las deudas de las autonomías más deficitarias están situadas por debajo del 30 por 100, mientras que el endeudamiento de la administración central ronda el 100 por 100 (Sánchez-Cuenca, 2014a: 96).

Portada de la revista Actualidad Económica (octubre de 2014).

Lo de Savater es puro oportunismo. Ocupa su artículo en críticas contra los «separatistas» y la «soberanía en fascículos» pero olvida mencionar cuáles son esas causas externas que anunciaba en su párrafo. Algo fundamental, puesto que la mayor tajada jamás impuesta a la soberanía nacional española se produjo en 2011, en el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero entregó la soberanía económica del país que gobernaba a la Comisión Europea a través de una reforma de la Constitución. Afirmar esto no tiene por qué significar estar de acuerdo con los separatismos, significa, sencillamente, llamar a las cosas por su nombre. Gobernantes españoles de todos los siglos, dirigieran monarquías compuestas (Carlos I, Felipe II, Felipe III) o regímenes más o menos unitarios (Felipe V, Carlos III, Alfonso XIII), tuvieron la posibilidad de legislar sobre la economía propia. Que no lo hicieran o lo hicieran mal es otra cuestión. Lo importante es que hoy es totalmente imposible hacerlo.

Con habilidad nos recuerda Sánchez-Cuenca que los países que más han sufrido las consecuencias de los dictados del BCE, Grecia y Portugal, son estados unitarios.

Por supuesto, Sánchez-Cuenca no considera que las críticas a la corrupción y las propuestas de profundización democrática sean perjudiciales. De hecho, son también necesarias, urgentes a la hora de reengrasar las maquinarias colectivas de nuestra sociedad. Lo que señala en su libro es una doble realidad inquietante: tanto la corrupción como los déficits democráticos son lacras anteriores al estallido del año 2008, y por lo tanto no provocaron la crisis, aunque puedan agravarla. Por ejemplo, indudablemente, que los directivos de un banco se dediquen a saquear sistemáticamente su propia empresa no es precisamente un síntoma de futura solvencia económica. Y si esos mismos bancos han de ser luego rescatados con dinero público, esa corrupción y esa negligencia criminal repercuten directamente sobre la economía nacional.

Especialmente duro es Sánchez-Cuenca con el libro Todo lo que era sólido, de Antonio Muñoz Molina, precisamente el tipo de obra «melancólica», «introspectiva», moralizante y perfectamente inútil que el autor se propone combatir (2014a: 10). Que sean mejorables el nivel de moralidad y cultura ciudadanas, que la educación sea deficiente, que existan múltiples y costosos niveles de administración, no tiene mucho que ver con lo ocurrido entre 2008 y 2011. Sánchez-Cuenca llama «provincianos» a estos discursos ético-literarios que insisten en el análisis introspectivo y el oportunismo político, porque no tienen en cuenta ni a Europa ni al contexto internacional. Entendámonos: una educación insuficiente es, sin duda, calamitosa. Pero controlando el presupuesto público, puede mejorarse. Lo que sin duda es definitivamente calamitoso es que ese presupuesto no lo controlen los votantes, sino unos economistas que viven en Frankfurt y Bruselas.

Lo que pudo causar la situación actual son los dictados antidemocráticos del BCE, y los discursos moralizantes e introspectivos desvían la atención de la realidad que debería ser esencial en el análisis de la actualidad: sin soberanía económica, España no dejará jamás de ser un Estado socialmente arrasado. Así lo expresa: «Mientras los gobiernos y los establishments de los países del Sur porfíen en esa actitud de sumisa aceptación de todos los sacrificios en nombre de un ideal europeo que los países del Norte no respetan, estamos condenados a no tener futuro» (2014a: 22).

Sánchez-Cuenca no es un autor que minimice el problema de la corrupción. A él le ha dedicado algún que otro artículo, como por ejemplo «Mariano, la regeneración empieza por uno mismo» (InfoLibre, 22-09-2014). En él leemos: «En mi opinión, ni el PP ni el Gobierno tienen legitimidad en estos momentos para liderar regeneración alguna. La razón es muy sencilla (discúlpenme que la exponga en términos un tanto coloquiales): la corrupción les sale por las orejas». Comprobamos, pues, como ocurría en el siglo XIX y a principios de siglo XX, que los autores son más radicales e informales en la prensa que en el formato libro. Sin embargo, de la reflexión extraemos una importante conclusión: actualmente, las propuestas de presunta regeneración surgen de la principal formación conservadora (como antaño del partido de Silvela), como un resorte propagandístico destinado a neutralizar el desafío reformista o semirrevolucionario de Podemos (como antaño lo encarnaban los movimientos de las Cámaras Agrícolas y de Comercio de Zaragoza y Valladolid). Las iniciativas regeneradoras del Partido Popular han gozado de escasa o nula credibilidad porque los casos de vergonzosa corrupción han anulado en los medios cualquier posibilidad de coherencia ideológica. Políticos salpicados por la corrupción y enriquecidos ilegalmente con dificultad podrán perfilarse como tecnócratas salvadores. Sánchez-Cuenca lo resume del siguiente modo:

Mariano Rajoy ha invitado a los grupos parlamentarios a negociar durante este otoño medidas de «regeneración democrática». Hay ya un par de anteproyectos de ley que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2013. Ahora se trata de llegar a un consenso con los partidos de la oposición. Los cuatro elementos que ha destacado el Gobierno son estos: reducir el número de aforados, regular la concesión de indultos, endurecer el régimen de financiación de los partidos y reformar la ley electoral para la elección de alcaldes. Este último elemento ha sido muy polémico. Con el pretexto de la «regeneración democrática», el Gobierno ha colado una propuesta de reforma electoral que, según han señalado multitud de analistas [...], no es sino un intento desesperado y autointeresado de minimizar las consecuencias electorales del castigo que, previsiblemente, el Partido Popular sufrirá en las próximas elecciones municipales.

En el caso concreto de la actualidad, a la altura de octubre de 2014, parece que el término «regeneración» está siendo más instrumentalizado que nunca por un gobierno conservador que intentará inútilmente maquillar algo sus tics y fracasos más sonados. El esquema actual de reparto de papeles en la escena política parece poder sintetizarse del siguiente modo: mientras el PSOE intenta relanzar su propia imagen de partido socialdemócrata, reformista y de izquierdas, acusa a Podemos de ser populista e ideológicamente confuso. Y cuando Podemos trata de perfilarse como una opción no exclusivamente de izquierdas, lo que está intentando es definirse como una alternativa regeneracionista, interclasista, capaz de aglutinar a toda la nación, y no solo a un sector determinado de perjudicados o descontentos. El PP trata de lavar su imagen con medidas supuestamente regeneracionistas, mientras que Podemos invade cada vez más espacio político con medidas reformistas (en principio, debería tratarse de la fuerza regeneracionista que el PP no es, como antaño el Partido Reformista de Melquíades Álvarez o la Unión Nacional de Costa y Paraíso), acompañadas de una retórica cada vez más agresiva. Uno de sus últimos libros de programario político se titulaba, sintomáticamente, ¡Abajo el régimen! Para la derecha, y para los socialistas, la salvación pasa por lograr trazar una imagen de Podemos como si se tratara de una fuerza totalmente populista y nada tecnocrática, que colinde con el extremismo callejero y el fascismo.

Existen discursos más radicales aún en las críticas a cómo la Unión Europea ha gestionado la crisis. Por ejemplo el libro Contra el euro, de Juan Francisco Martín Seco, obra que tiene como particularidad el hecho de haber sido construida a base de retazos de artículos escritos desde 1992, y que han resultado proféticos. Y es que el desastre de no conjugar unión política (unión en la que se palían los desequilibrios económicos severos) con unión económica, generadora de colonialismos internos, ya fue profetizado por algún que otro economista alarmado ante el pensamiento único. Este economista madrileño sostiene, sin ir más lejos, que: «El hecho de que el proceso de la Unión Europea se haya realizado sin contar con los ciudadanos dice muy poco del talante democrático de los mandatarios europeos, y crea muchas dudas acerca de la veracidad de los sistemas occidentales que se vanaglorian de ser ejemplo de democracia» (2013: 29).

Las camarillas financieras han hecho y deshecho a su antojo, y las dos familias políticas predominantes siguen elevando discursos llenos de valores totalmente vacíos de contenido: «Los Estados se han ido despojando de competencias y las han cedido a instancias no democráticas ni representativas». El agravamiento de la crisis se ha debido a una gestión irresponsable orientada al beneficio de unas determinadas oligarquías. Alemania y el Banco Central Europeo, según Martín Seco, se han dedicado a salvaguardar los intereses de los prestamistas privilegiados a costa de empobrecer a la ciudadanía de las naciones deudoras y de limitar severamente sus derechos políticos. La acusación es inequívoca: «Se instaura una nueva tiranía basada en la tecnocracia y apoyada en la alargada sombra de Alemania» (2013: 77); «Los ciudadanos del sur contemplan con sorpresa e indignación cómo sus gobernantes se han convertido en marionetas de poderes extranjeros y sienten un vivo rechazo ante este nuevo imperialismo alemán» (2013: 127). El autor compara la situación de España, Portugal o Grecia con la de los países latinoamericanos durante la crisis de la deuda externa. En ese caso, hasta que no se cerró el paso del Fondo Monetario Internacional en las decisiones económicas, es decir, hasta que no recuperaron su soberanía económica, esos países no consiguieron generar un progreso autónomo. Alemania tuvo especial cuidado en que los recetarios del FMI sometieran a las naciones deudoras mientras colocaba deuda pública a precios irrisorios.

Si le echamos un vistazo al currículum de Martín Seco, llegamos a la conclusión de que se trata de cualquier cosa menos de un intelectual antisistema. Profesor de Introducción a la Economía, Teoría de la Población y Hacienda Pública; interventor y auditor del Estado; inspector de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España, secretario general de Hacienda... en fin, no precisamente un perroflauta. Y de él parten las críticas más duras que se pueden encontrar contra el reparto de poderes en la cúspide de la Unión Europea. Porque, precisamente, le interesa conservar su sociedad tal y como la conocía antes de que la clase política empezara a encaminar a su país hacia el abismo económico. Y el hecho de que encabece su libro del año 2013 con una cita de Ortega y Gasset, y que cite a Unamuno para criticar el papanatismo europeísta, el europeísmo como dogma autodestructivo (2013: 17), viene a confirmar que el regeneracionismo humanístico no está del todo reñido con el análisis técnico de la actualidad.

En el fondo, fue la aceptación acrítica de los sueños dorados europeos lo que hizo cometer imprudencias a la clase política española, deseosa de codearse y fotografiarse con los hombres más poderosos del continente: «En ese péndulo en el que se ha movido la historia de España, durante esta última etapa nos hemos sentido más próximos a esa admiración bobalicona que da por bueno, sin examen previo, todo aquello que provenga de más allá de nuestras fronteras» (Martín Seco, 2013: 18). Ricardo García ha descrito con profusión las dos caras del complejo de inferioridad español a lo largo de los siglos: por una parte, el discurso autocomplaciente y tendente a la autarquía; por otra, la aventura de los europeístas en busca del progreso rápido. La tercera vía, la España autoconsciente y autolimitada, ha sido más bien poco explotada. Y en los últimos años se ha vuelto a pecar de lo mismo: «Nos acercamos a Europa agradecidos, sin estar seguros de merecerlo; acomplejados, hicimos el firme propósito de demostrar a nuestros vecinos que nadie nos ganaba a europeizantes» (Martín Seco, 2013: 18). Por supuesto, salíamos de una oscura noche de cuarenta años, y a nadie se le ocurrió plantearse cómo debían corregirse las deficiencias estructurales internas. Esto ya había ocurrido en el siglo XV, cuando los Reyes Católicos vieron qué clase de propaganda racista se hacía de los españoles en lugares como Italia y Holanda. Los españoles eran vistos como medio judíos en contacto permanente con odiosos musulmanes. Corregir las impurezas condujo, en aquella ocasión, a disparates mayúsculos. El juicio de Europa ayudó mucho a la formación de la intolerancia ideológica y religiosa del Renacimiento español.

EL HIERRO Y LAS TIJERAS: LOS NUEVOS ARBITRISTAS

Por supuesto existen otros recetarios o diagnósticos. Algunos son completamente opuestos a la hipótesis Savater. El pasado 25 de abril de 2014, Álex Masllorens, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, defendía la tesis totalmente contraria desde El País, en su artículo (atentos al título) «Decadencia de un régimen». Su tesis es, como reza el titular, clara y concisa: «El problema político fundamental en España es que no ha superado la concepción centralista, unitarista y homogeneizadora», y en el desarrollo de la idea no se aparta ni un ápice de las concepciones regionalistas y regeneracionistas propias de la prosa política catalana desarrollada entre 1868 y 1939:

Las castas han dominado la capital, que es lo mismo que decir que han dominado España: las mismas familias de militares, el mismo alto funcionariado, las mismas familias políticas, la nobleza latifundista. No ha habido revolución burguesa, ni de otro tipo. El despotismo del Madrid poderoso no ha ido solo contra Cataluña o el País Vasco; ha sido general y contra todos los territorios. Primero se expoliaron las colonias y, una vez perdidas estas, la voracidad sin límite y la incapacidad del poder central para crear riqueza por sí mismo y organizar un Estado moderno llevó a la vampirización del país en general.

Parece que nos encontremos delante de alguno de los dos textos fundamentales de Valentí Almirall, de España tal cual es (1886) o Lo Catalanisme (1886). Masllorens, además, combina esta clásica visión centrífuga, actualizándola, con la denuncia de las injusticias derivadas de la gestión interesada de la crisis:

Violencia son los desahucios masivos y la negativa a aprobar la dación en pago, violencia han sido las ventas de preferentes a los pequeños ahorradores, violencia es desmantelar servicios públicos porque no hay dinero cuando sí lo ha habido para salvar a los bancos, violencia es que bajen los salarios también en las empresas con beneficios, violencia es que Hacienda sea fuerte en las multas a los asalariados y débil en la persecución del fraude... Y amenaza es que todos los argumentos que se hayan dado para convencer de su supuesto error a los independentistas sean de carácter coercitivo; ni un solo motivo basado en la ilusión ni la esperanza, ni la remota posibilidad de trabajar en un proyecto colectivo...

Tampoco faltan los ecos orteguianos en este análisis, puesto que la primera vez que un castellano denunció frontalmente la falta de incentivos que significaba el hecho de ser español fue el filósofo madrileño en España invertebrada (1921). Y este es el camino que emprende Alfred Bosch, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de Madrid. Quien poco o mucho haya paseado por las librerías barcelonesas durante este 2014 se habrá dado cuenta de que en estas superficies no faltan dos estantes de varios metros de anchura: el que ocupan los libros sobre el proceso independentista catalán y el que acoge los recetarios contra la crisis, toda clase de análisis regeneracionistas. Pues bien, Bosch, en Como amigos. La independencia de Cataluña interesa a los españoles, ha fundido ambos géneros para presentar, sin duda, la tesis más original, la que reza en el subtítulo de su ensayo: «España no podrá regenerarse si Cataluña no se va».

La idea es tajante, y, como esto no es un libro sobre catalanismo, no entraremos a debatir la ideología política del autor. Lo que sí nos interesa es estudiar cómo se recoge en esta obra una vieja aspiración del catalanismo político, la tradición de los Balaguer, Almirall, Pi i Margall, Cambó, Rovira i Virgili y Pere Coromines, y la actualiza aportando el grado que faltaba de radicalidad o franqueza secesionista. No se trata ya de democratizar y horizontalizar a la monarquía hispánica, sino de golpearla con tal conmoción que tenga que reformarse por completo. Se trata, en suma, de presentar la separación de Cataluña como un proyecto de regeneración para España, como el aldabonazo más drástico y definitivo: «Mi parecer es que si algunos líderes españoles aprovecharan el empuje del tsunami catalán para introducir cambios profundos, y para abrazar una democracia más abierta y participativa, quizás eso provocaría barullo en la caverna y les podría costar la poltrona, pero el favor que harían a la calidad democrática sería incalculable» (2014: 127). El tsunami catalán sería, pues, un nuevo Desastre desatado que electrizaría a la sociedad española y reconstruiría su brío nacional. Bosch aboga por que las identidades catalana y española se desarrollen por separado y en paralelo, y no por oposición. Aboga por una separación cordial inspirada en la de los países escandinavos y que represente una fuente de progreso para ambas naciones.

Bosch parte de la convicción de que cualquier forma de sufragio en Cataluña indicará inequívocamente una voluntad mayoritaria expresada hacia la independencia. Limado todo esencialismo del discurso nacionalista, se define como político independentista porque esa es la voluntad del electorado catalán. Por lo tanto, realizar la misma operación en España sería la única manera de sacar al país del atolladero: «Cualquier día pueden aparecer propuestas nuevas, encaminadas por ejemplo a decidir si se prefiere monarquía o república, y entonces les dirán que votar sobre la jefatura del Estado es ilegal, anticonstitucional, inviable e imposible» (2014: 130). Nos interesa aquí la clave española del análisis lógicamente partidista de Bosch: «O supongamos que prospera la iniciativa de votar para salir de una Unión Europea que algunos consideran que perjudica el Estado del bienestar, y tres cuartos de lo mismo» (2014: 130). En definitiva: «¿Cuál es el referente, David Cameron o Vladimir Putin?». Con esto quiere decir el autor: ¿acaso se está renovando el proyecto colectivo español para atraer a los díscolos y pluralizar las instituciones comunes? Más bien se tiende a lo contrario, se ha caído en un hostigamiento verbal suicida para España, se ha caído en una especie de olivarismo de principiantes que da alas al soberanismo catalán, porque lo provoca y no lo frena. ¿Es una manera lógica de actuar?

Según Bosch, la «nación» española, aherrojada por un «Estado» que es como un armazón inmovilista y funesto, debería hacer como la sociedad catalana, independizarse de sus búnkeres políticos y de la «caverna mediática» y regenerarse a través de una profunda sufragización de la sociedad. Esta independencia española tendría la bandera tricolor republicana como emblema, y a Manuel Azaña y Riego como símbolos históricos. Azaña por haberse atrevido a desafiar a las inercias tradicionales para imaginar un nuevo espacio de convivencia democrática. Riego por haber desatendido una llamada patriótica destinada a mantener colonias para concentrar sus energías en la regeneración interior del Estado. Lo que más interesa de este ensayo político a los lectores demócratas que desean la continuidad del marco institucional tal y como se encuentra ordenado en la Constitución es la reflexión sobre el proyecto común español, o la ausencia de él, y lo que puede reportar al ciudadano la pertenencia al Estado.

Lo que parece indiscutible es que los alicientes para la vida en común sufren una mengua severa. ¿Cómo puede ser atractivo, cómo puede regenerarse, un Estado en el que los dos máximos titulares, el jefe de Estado y el de gobierno, están claramente implicados en sucesos tan vergonzosos como una caza de elefantes y una contabilidad en dinero negro?7. ¿Es que la nación no se avergüenza de las constantes patochadas y bravuconadas de su clase política, que Bosch tilda de «impresentable»? ¿Es que es posible pensar que escándalos de esta envergadura aparezcan en todos los medios durante cuatro años, día tras día, y no ocurra absolutamente nada? En este sentido, el soberanismo catalán es, sí, un regeneracionismo. Un punzón, un acicate. Un regeneracionismo español aún. Es revolucionario de Cataluña para adentro, pero podría ser regenerador para España y Europa, porque podría ser un golpe final para que las estructuras jurídicas ganaran elasticidad. Porque, y aunque nadie sepa exactamente lo que hay que regenerar, significa la única alternativa poderosa al actual estado de las cosas, la única posibilidad que logra inquietar a los detentadores del poder dentro de esta España como intervenida: «Cataluña avanza por la senda joven de algo nuevo, popular y magnético; ya veremos cómo se concretará y quién liderará. Pero en España no hay proyecto claro de sustitución» (Bosch, 2014: 143).

El viejo Ortega, uno de los nacionalistas españoles más inteligentes, si no el que más, se habría llevado las manos a la cabeza, y luego las habría depositado sobre la mesa para exclamar, a continuación, como hizo en 1930: «Señores: hay que tener algo que ofrecer». Y aún puede irse mucho más lejos: ¿por qué no adentrarnos en regiones más inquietantes, puesto que parecemos a las puertas de nuevos desastres por doquier? Podríamos preguntarnos: ¿por qué una nación tiene que verse obligada a revisarse constantemente, por qué debería reflexionar sobre «lo que puede ofrecer», cuando parece ocurrir en otros lugares que son los ciudadanos quienes se entregan al Estado que aman, y no al revés (Francia, Estados Unidos)?

Las tesis de Bosch, aunque desemboquen en el independentismo soberanista, remiten al viejo catalanismo regeneracionista de principios del siglo XX. Y en esa restauración no está solo. Alfredo Amestoy, en su artículo «Cataluña puede galvanizar a España», escribía en El Mundo: «¿Quién avalaría hoy el proyecto para un ensayo de catalanización de España? A lo mejor lo hubiera hecho Pujol, de no haberse distraído en afanes personales, pero otros sí formularon este propósito: Prat de la Riba y Cambó con su “Espanya gran”, que combinaba “autonomía, orden y desarrollo económico con actividades sociales del empresariado capaz de financiar grandes proyectos culturales”. Prat de la Riba insistía en que el catalanismo nunca ha sido separatista y solo podría comprenderse atendiendo al “intenso sentimiento de fraternidad de los pueblos peninsulares”» (26-08-2014). Se trata del viejo sueño del nacionalismo catalán como impulsor de la modernización del Estado. El sueño de Capmany. Para Vicenç Navarro (2012), el problema de fondo (el arbitrio) es una Transición incompleta y deficiente, que dejó a los franquistas libres de responsabilidad, impulsó el cansino bipartidismo, fosilizó la judicatura y las fuerzas de orden público, desmovilizó políticamente a los ciudadanos, sustituyó los movimientos cívicos por las burocracias de partido y sancionó una política territorial inestable y caótica. Es una opinión extendida. Pero es que incluso una repugnante dictadura tendría capacidad para maniobrar evitando la caída libre, como se demostró en 1959 o como demostraron los Pactos de la Moncloa impulsados por Adolfo Suárez. Incluso el caos ingobernable que vivimos podría reaccionar con una política monetaria y laboral adecuada. Por muy deficiente que sea internamente el sistema español, no podría hacer nada ni siquiera tras una depuración y reestructuración profunda, sencillamente porque delegó esas atribuciones nacionales a una institución con sede en Frankfurt. No es que la depuración no sea deseable (cómo no): lo lamentable es que ese nuevo orden más justo sería tan impotente como nuestro actual sistema corrompido hasta los bordes.

Si algo vamos a aprender en este libro, que es un libro de historia, es que las oleadas de pensamiento regeneracionista son, más que cualquier otra cosa, revoluciones lingüísticas que verifican cambios de tema y de tono especialmente perceptibles en los medios de expresión y comunicación disponibles en cada época. En la actualidad, el discurso regeneracionista de vanguardia intelectual pasa por romper los discursos provincianos e introspectivos y en localizar de qué modo las estructuras supraestatales que nos atenazan pueden ser neutralizadas, porque la oposición psicologista o esteticista es tan perniciosa como el optimismo hipócrita. El discurso de indagación fue válido entre 1715 y 1898, o 1939. Más allá se convirtió en un esquema fosilizado, morboso, porque la atención prioritaria debía estar fuera de las fronteras, tanto para bien como para mal.

Ya en 1750 el conde de Campomanes había escrito que la decadencia, «aunque ha sido tratada de otros con muy bellas reflexiones, se han ceñido a puntos particulares, haciendo unos discursos más morales que políticos. Estos últimos son los más apreciables, y para su formación necesitan de un cotejo de lo acaecido en los tiempos pasados» (1984: 37). Poner el acento sobre lo político es el mejor modo de dejar la bella poesía moral, el viejo Campomanes ya lo tenía muy claro. En su Bosquejo de política económica española, ensayo que fue como su cantera de ideas para su posterior obra de gobierno, ofrecía sus reflexiones en torno a las ideas de «política» y «gobierno»: «Tomo aquí el gobierno en el sentido político, esto es, de ejercicio, con que ganar de comer y mantener su familia y mirar por la propagación del género humano» (1984: 55). Nada más: despensa y repoblación. Y además, creía que la historia entraba de lleno en el espectro de las ciencias útiles. Los ilustrados ladearon la tentación esteticista para dedicarse de lleno a atajar los males que aquejaban a la nación. Publicistas incombustibles como Costa o Maeztu obraron exactamente igual. Sus presuntas o reales derivas autoritarias también serán examinadas a fondo aquí. Un regeneracionista puro es aquel autor que rebaja y sacrifica las galas del buen decir para producir una sensación de urgencia civil. Por esta razón, parece que ese testigo hoy lo han recogido básicamente economistas.

Irónico destino el de la nación española. Desde el siglo XVI hasta el Trienio Liberal, de Luis Ortiz a Campomanes, todos los arbitristas coincidían en una serie de diagnósticos y un paquete común de remedios: España debía dejar de exportar materias primas y esforzarse por potenciar el Estado propio frente a las injerencias económicas y políticas de naciones exteriores (Vaticano, Génova, Francia de Napoleón). Ortiz hablaba del hierro que salía barato de España y volvía veinte veces más caro convertido en una daga. Campomanes cambiaba la daga por las tijeras que necesitaba el sastre para confeccionar un traje, y era también partidario de prohibir las exportaciones de materias primas para estimular la industria propia. En su mente estaba la creación de una compañía nacional de puertos que forzara a producir beneficios para la corona y no para los mercaderes de fuera: «no se podría extraer a país extranjero sin haberse traído y adobado en el puerto, para que todo el interés quede en el reino y no se defraudase al rey para imponer el derecho acomodado de extradición y evitar escasez en el país» (1984: 88).

España debía dejar de enviar a sus mejores hombres al exilio y esforzarse por parar la emigración. Y cuando, por primera vez en la historia, España era capaz de exportar productos elaborados, contaba con un régimen político estable y unas instituciones razonablemente aceptadas, había roto con los estereotipos antropológicos que la reducían a un zoológico de personajes pintorescos para los viajeros civilizados del norte, cuando se habían producido una homologación y una dignificación internacionales de sus legados culturales, cuando se habían cumplido en buena medida los objetivos largamente perseguidos por arbitristas, regalistas, ilustrados, liberales, proyectistas republicanos y ensayistas demócratas, y ello sin producir un trauma revolucionario, una coalición puntual de los dos principales partidos políticos entregó en 2011, voluntariamente, la gobernabilidad económica de la nación a un órgano no elegido que dependía directamente del país más fuerte de la Unión.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pasarán a la historia como los dirigentes que entregaron una democracia estable a los profesionales del sector financiero que desestabilizaron y destruyeron a hachazos el sistema nacional que representaban (¿se les acabará llamando «atudescados»?). Las autoridades comunitarias europeas se han limitado durante años a garantizar que los estados miembros poderosos destruyeran las economías interiores de los países débiles. Según Martín Seco: «su intervención se reduce a mantener la concurrencia, especialmente a que ningún Estado miembro otorgue un trato de favor a sus empresas nacionales en detrimento de las extranjeras» (2013: 49). Los arbitristas, nuestro viejo Campomanes, se llevarían las manos a la cabeza: España produce toda clase de objetos manufacturados, pero los vende al exterior, porque el mercado interior ha sido destruido por las propias instituciones políticas. La antigua obsesión de los arbitristas, especialmente Luis Ortiz y Francisco Martínez de Mata, la angustia por tener que comprar caro y afuera mientras vendíamos baratas nuestras primeras materias, es más actual que nunca. Un botón de muestra: la agricultura ecológica española representa el 80 por 100 del total europeo y sin embargo los españoles solo consumen un 20 por 100 de esa producción, naturalmente porque les resulta más cara que la convencional.

No es difícil imaginar al PP y al PSOE preocupados por su propia continuidad dominante. La democracia es siempre amenazante y parecía que, en algún momento, los votantes podían erosionar el predominio de sus clientelas políticas. Por ejemplo, apoyando más a una izquierda real (un populismo) con un programa de reformas para la política europea. O bien impugnando un estado de cosas vinculado a la corrupción política generalizada. Los votantes podían enfadarse y empezar a reclamar cuentas. Debía de ser bien fuerte la tentación neocolonialista, el suicidio nacional, el camino más fácil para la autoconservación: adscribirse incondicionalmente al nuevo poder emergido entre 1979 y 2001 y reconstruir esas redes clientelares a través de la nueva fuente de legitimación: los dictados de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque todo lo demás podía ser tildado fácilmente de «populismo», de obstáculo, de escrúpulo antisistema, de herejía, de molestia democrática, irreal, ilusa8.

El casandrismo es la terrible limitación del discurso regeneracionista: nadie lo tomará en serio hasta que no sea realmente demasiado tarde, hasta que las pírricas ventajas de la continuidad no hayan agotado hasta el extremo sus posibilidades. Al pobre regenerador le espera un negro futuro de desprestigio y deshonra. José del Campillo escribía en 1741: «La realidad no es otra cosa que verdad; esta es una virtud que caracteriza de bueno al hombre que la observa, luego estará bien desconocida donde hay tantos malos» (1993: 126). Se desacreditará al reformista sin descanso, o se lo tentará mediante sobornos. En la actualidad, lo llamarán «populista», y lo encasillarán junto a oportunistas de todo pelaje. A no ser que, como Campomanes, logre encaramarse al poder y disfrutar de él suficiente tiempo. Macanaz, Gándara, Jovellanos, Costa, Azaña, Besteiro, Pi i Margall, grandes perdedores de la historia de España. Ni siquiera hombres que gozaron de una considerable parcela de poder terminaron demasiado bien (Gasset, Cambó, Miguel Primo de Rivera). El regeneracionismo se nutre de las realidades desagradables que nadie está dispuesto a atender de buena gana.

Es antigua la desafección del sistema para quien decide dedicarse a identificar lacras y airear verdades como puños, proponiendo mejoras morales y materiales. Campomanes denunciaba «el ningún premio que tienen los que se dedican a perfeccionar algún arte, míranle como un novelero y se le desprecia»; y añadía: «Esto desalienta a los que saben y confirma a los holgazanes en la idea de que es ocioso darse el mal rato de aplicarse para no medrar y que así es mucho mejor perecer con descanso» (1984: 103).

Pero a veces no hay más remedio. Lo iluso es seguir empeñados en secundar políticas económicas irracionales, absurdas, autodestructivas, que no conducen a ningún beneficio social visible, sino que manifiestamente son el origen de que se agrave el estado de las economías. O peor: que conduzcan a la normalización indefinida de las condiciones actuales de vida. Las fuerzas reaccionarias son todas aquellas que aún levantan el estandarte de los grandes eslóganes del Tratado de Maastricht, el de Lisboa o el actual Tratado de Libre Comercio. Y no pasan de ser eso: eslóganes, ideales sin contenido fáctico alguno, desligados de la realidad. Valores como «convergencia europea», «permanecer dentro de la Historia», «libre circulación y concurrencia», que ya han demostrado su volatilidad, su obediencia a intereses de una exigua minoría colonialista9. Lo repetimos y lo repetiremos: el regeneracionismo, si algo es, es una inyección de realidad en el debate público, frente a las construcciones abstractas que han dejado de reflejar lo que es una necesidad puramente estadística. En 1894, un autor tan poco sospechoso de revolucionario como Joaquín Sánchez de Toca había escrito: «No ha mucho que las cuestiones económicas y las de la Hacienda pública figuraban como secundarias en las contiendas de nuestros partidos. Constituían materias de controversia que llegaba a ser a las veces disputa vivísima entre unos cuantos especialistas; pero los núcleos principales de los partidos políticos se apartaban de tales discusiones, aun cuando la Hacienda marchara sin plan ni concierto y nos envolvieran amenazas y realidades de bancarrota» (1894: 210-211)10.

En 1899 escribió Macías Picavea que los programas políticos de los partidos dominantes eran «pura ideología retórica; en sus doctrinarismos exóticos, vacíos, rutinarios y ficticios; en sus artificios cómicos de comités, asambleas, jefaturas y otras nonadas, más propias de pueblos incultos que de hombres racionales» (citado por Fuster, 2014: 187). Pío Baroja denunció a los políticos de su juventud por haber mirado al patriotismo «como una maniobra retórica para disimular errores y torpezas» (Fuster, 2014: 222). Lucas Mallada sentenciaba: «Seducidos por todo lo poético, queremos huir de la prosa de la vida... y ¡pobres de nosotros! La prosa de la vida es la realidad» (1969: 40). Luego el verdadero patriotismo es el nacionalismo que afronta los problemas estructurales y la corrupción de las élites. El regeneracionismo es el patriotismo crítico y práctico, factual y positivista.

1 Aludimos a los capítulos «Los noventa y ochos» y «De la literatura de la decadencia al concepto de fracaso» de La herencia del pasado (2011: 585-603).

2 En El tema de nuestro tiempo (1923) leemos: «Nuestra generación, si no quiere quedar a espaldas de su propio destino, tiene que orientarse en los caracteres generales de la ciencia que hoy se hace, en vez de fijarse en la política del presente, que es toda ella anacrónica y mera resonancia de una sensibilidad fenecida. De lo que hoy se empieza a pensar depende lo que mañana se vivirá en las plazuelas» (2003: 74). La sensibilidad fenecida era la propia de la Restauración.

3 Sintomáticamente, Ricardo García Cárcel ha escrito que: «En los años treinta, todo regeneracionismo, me temo, podría ser interpretado como presunto fascismo» (2012: 463). Los períodos revolucionarios son superaciones del posibilismo.

4 Recientes son aún las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirmando que las reivindicaciones de las Marchas por la Dignidad incluían puntos comunes con el programa del partido neonazi griego Amanecer Dorado. Cualquier periódico del 20 de marzo de 2014 recoge estas declaraciones. En una sesión de control en la Asamblea de Madrid, González fue más lejos y preguntó a un diputado de Izquierda Unida si apoyaba un programa que era «un llamamiento a la revolución, a la subversión del orden constitucional, al incumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales y a tomar la calle» y «una actuación al más puro estilo comunista y revolucionario que a usted le gusta y que nosotros no compartimos».

5 La situación no era nueva: «Cuando el 10 de diciembre de 1991 los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica Europea (CEE) firmaron en Maastricht el llamado Tratado de la Unión, por el que se establecía la ruta hacia la moneda única, España estaba poseída por una gran fiebre europeísta. No se podía ni se quería cuestionar nada que viniese de Europa. Cualquier duda o interrogante sobre el proyecto era tomado como un despropósito cuando no como un fruto de posturas antisistema» (Martín Seco, 2013: 15).

6 Así se resolvió el tímido desafío de Papandréu, su heterodoxo escrúpulo democrático: «El dúo Merkel y Sarkozy no dudó en intervenir activamente en los asuntos de otro país soberano, manifestando que el contenido del referéndum, de convocarse, tendría que ser acerca de la permanencia de Grecia en la Unión Europea. Las presiones y coacciones forzaron la dimisión de un mandatario elegido democráticamente y su sustitución por un tecnócrata, Lukas Papadimos, profesor en Columbia, gobernador del Banco de Grecia y vicepresidente del BCE con Trichet, es decir, perteneciente a la camada de los halcones y dispuesto a aplicar de forma fiel las consignas procedentes de Europa» (Martín Seco, 2013: 36).

7 Cuando este libro entra en fase de corrección y producción, ya está reinando Felipe VI.

8 «Las elecciones europeas llegan marcadas por la tensión entre europeístas y antieuropeos, representados por un gran número de partidos populistas de corte eurófobo o euroescéptico a lo largo y ancho del continente. Aunque las encuestas demuestran que las dos principales fuerzas del Parlamento Europeo —conservadores y socialdemócratas— siguen muy igualadas y a gran distancia del resto, el auge del populismo preocupa y mucho a todas las familias proeuropeas —no solo conservadores y socialdemócratas, sino también liberales o verdes— que apuestan por seguir adelante con la integración. Esta situación, sin embargo, no debe esconder lo que de verdad nos jugamos y lo que debería ser el centro del debate electoral: la manera en que Europa saldrá de la crisis y generará crecimiento económico» (Javier Solana, «La eficacia de la voluntad», El País, 5 de mayo de 2014. Para Solana, aún tiene que evaluarse el éxito de la austeridad. Como si los fracasos pasados no estuvieran a la vista. Es curioso cómo equipara a cualquier política que no pueda ser clasificada de socialdemócrata, conservadora, liberal o verde con la xenofobia más extremista.

9 Busquemos un ejemplo. Javier Solana escribía que: «Europa, en su proceso de integración ciudadana, debe tender más hacia la erasmización, entendida como el éxito del intercambio de personas, experiencias, ideas, valores y modos de vida. La erasmización, tan presente en las nuevas generaciones de europeos, es la apuesta de Europa por un futuro de libertad y prosperidad en un mundo complejo al que solo se puede mirar bajo el cristal continental de la integración, diametralmente opuesto a lo que defienden las opciones políticas antieuropeas, que no han leído bien el signo de los tiempos en los que vivimos» (El País, 5 de mayo de 2014). ¿Realmente, la solución a los problemas de los griegos, portugueses y españoles es la erasmización?

10 Sánchez de Toca, conservador, fue alcalde de Madrid en 1896, ministro de Agricultura, Industria y Comercio en 1900 y presidente del Consejo de Ministros en 1919.

CAPÍTULO 2

EL UNIVERSO CULTURAL DE LOS ARBITRISTAS

¿QUIÉNES ERAN LOS ARBITRISTAS?

Si a la hora de intentar definir el regeneracionismo ya encontrábamos autores que desistían, de entrada, de semejante empresa, la cosa se agrava si retrasamos mucho más el reloj para situarnos en los siglos XVI y XVII, hasta la época de los arbitristas. Quiénes fueron, qué pretendieron, e incluso discernir si se trataba de descerebrados, de meros arribistas o de intelectuales serios, no es tarea fácil. Sin embargo, Anne Dubet lo intentó en 2003 realizando un exhaustivo estado de la cuestión: «El arbitrista se define por una práctica y unos discursos específicos. Remite arbitrios al rey o a sus consejeros, en los que les propone soluciones a corto, medio o largo plazo para acabar con dificultades hacendísticas o económicas y sus implicaciones políticas y sociales» (2003: 1). Si el arbitrio (o «aviso») no había sido visto nunca en los Libros de los Consejos, se otorgaba al autor un privilegio por el cual cobraría derechos por valor del 4 o el 5 por 100 de los beneficios derivados del arbitrio, si de este se derivaba un expediente y finalmente se ejecutaba. De esta forma resulta posible superar metodológicamente la enorme variedad de perfiles sociales e ideológicos que se encuentran detrás de los arbitristas sistematizando sus recursos discursivos y la naturaleza de los remedios, de naturaleza totalmente reiterativa. Perdices de Blas ha señalado otra característica fundamental: «el afán por cuantificar lo que afirman» (1999: 452), es decir, una primitiva vocación estadística.

Los textos de los arbitristas se caracterizan por unos «giros idiomáticos recurrentes», una «estructura sencilla, generalmente binaria (a los daños siguen los remedios, tantos remedios como daños o un remedio único para todos los daños)11 o ternaria» y una «argumentación repetitiva, que insiste siempre en la urgencia de la situación» (Dubet, 2003: 2). Podríamos añadir la invocación cíclica de la autoridad a que va dirigido el discurso y las constantes manifestaciones de humildad y desinterés personal. Y entre las soluciones más recurrentes deben destacarse el aumento o la reforma de la fiscalidad, la devolución de las regalías empeñadas o enajenadas por el monarca, poner fin a la sangría de metales preciosos, la lucha contra la despoblación y los modos de evitar la inflación del vellón.

A partir de aquí, como el término «arbitrista» cobró pronto un significado burlesco y peyorativo, los historiadores del pensamiento español que han querido distinguir a los buenos autores de los deleznables han acuñado el concepto de «economistas políticos», «economistas» o «teóricos de los negocios» para oponerlo precisamente a aquella algarabía extravagante de polígrafos. Como sus remedios eran, demasiado a menudo, claramente ridículos, el arbitrista pronto se convirtió en objeto de rechifla para los escritores más importantes de la época: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Vélez de Guevara y Tirso de Molina.

En las Cortes de Madrid de 1588, los procuradores suplicaron al rey que los arbitristas, calificados de «ministros de novedades perniciosas a la República», no fueran escuchados bajo ningún concepto (Anes, 1971: 31). De paso, se pedía a Felipe II que los expulsara de la corte. Luis Perdices de Blas aún propone más nombres para los economistas serios: «panfletistas, mercantilistas», «teólogos-juristas» o «autores económicos» (1999: 451). Sin embargo, algunos de los arbitristas más puros (Luis Ortiz) no eran teólogos ni sacerdotes. A propósito de los arbitristas liberales, Gil Novales intentaba distinguir los «arbitristas innovadores científicos, adelantados de la ciencia económica entonces en gestación, de los simples pobres diablos partidarios de la idea fija y el despropósito» (1975: 18). Dubet parece descartar, y estamos de acuerdo, que los arbitristas formaran una escuela diferenciada de pensamiento. Y se arguyen razones de peso: que nunca tuvieran conciencia de formar un grupo, que siempre rechazaran ser realmente arbitristas (lo eran solo los aprovechados, los disparatados), que nunca defendieran remedios comunes (lo que para uno podía ser perdición para el otro podía ser la panacea) y, por último, la extrema variedad de tipos de texto y de autor que se pueden y se deben examinar a la hora de estudiar el fenómeno. Piénsese que entre los arbitristas suele figurar, por ejemplo, el conde-duque de Olivares, el político reformista más importante del siglo XVII, al lado de oscurísimos burócratas que no hacían más que redactar informes sobre censos o monedas o de sacerdotes inquietos que únicamente trataban de ordenar su universo mental de valores ante un mundo que empezaba a cambiar deprisa.

Es mucho más verosímil pensar que llegaron a conclusiones parecidas desde muy distintos enfoques y posiciones, y realmente fueron relativamente pocos los arbitrios que se concibieron como obras de pensamiento político susceptibles de verse impresas y de ser consideradas obras literarias, históricas o filosóficas. Olivares mismo redactó su Gran Memorial, en 1624, como conjunto de instrucciones secretas que debían orientar a Felipe IV en los difíciles momentos iniciales de su reinado. Quienes convirtieron aquellos materiales variopintos en discursos sistematizados y ordenados fueron los ilustrados, tanto los setecentistas que eran más bien arbitristas epigonales (Macanaz, Campillo, Gándara) como los que ya habían asumido el pensamiento racionalista y enciclopédico (Feijoo, Campomanes, Jovellanos, Forner, Capmany).

Gonzalo Anes consideró que el término «economista» no apareció hasta el último cuarto del siglo XVIII, en el momento en que los ilustrados reeditaron las obras de los arbitristas más desarrollados en busca de orientaciones para sus propias empresas reformistas (1971: 28). Y este mismo autor discrimina claramente a los autores ridículos, los «arbitristas», de los autores dignos y complejos, que considera «economistas» (1971: 33). Toma la distinción del propio Campomanes, que diferenciaba entre «arbitristas» o «proyectistas» (no distinguía entre ambos) y auténticos «escritores económicos» (1971: 83). La diferencia estribaba en que unos abusaban de su egoísmo materialista y los otros se destacaban por su desinterés. Y para su clasificación cronológica propone Anes un modelo basado en los comportamientos de la economía nacional, de la mano de Pierre Vilar: la primera etapa se centraría en la primera mitad del siglo XVI, época de «satisfacción de los mercaderes y de inquietud de los consumidores», y más o menos coincidiría con la idealización cultural posterior del final del reinado de los Reyes Católicos y la etapa de Carlos I. Tanto González de Cellorigo como Martínez de Mata señalaron el fin del reinado de Carlos I como el inicio de la «decadencia». Escribía Martínez de Mata que en aquel tiempo «la República perdió el fruto de su labor y cría; la Iglesia los diezmos, de que se siguió la esterilidad; porque cada pobre labrador tenía su manadita de cerda, sus poquitas cabras y ovejas, una yunta o dos de vacas, y bueyes, colmenas, gallinas, pavos, pollinas y yeguas» (Anes, 1971: 127). Una edad dorada rural, vamos.

Durante el reinado de Felipe II se desarrollaría la primera gran época de alarmismo económico, con Luis Ortiz como figura emblemática. Entre 1562 y 1598, aproximadamente, la tónica dominante tendría como incidencia central la llegada masiva de plata americana y el consiguiente aumento de precios. Las figuras destacadas aquí serían Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado. El declive económico se convertiría en una triste realidad inexorable entre 1600 y 1650, cuarta de las épocas según Vilar y Anes, y la centralidad recaería en Martín González de Cellorigo, en cuyo Memorial de la política necesaria y útil restauración de España y estados de ella, y desempeño universal de estos reinos (1600), ya se señaló claramente que el origen de las desdichas económicas de la nación (el «no haber dinero, oro ni plata») era consecuencia, precisamente, de sí tenerlos.

Joseph Pérez sitúa el inicio de la conciencia de la decadencia hacia la muerte de Felipe II: «El viraje psicológico data de los años 1598-1602. Coincidió con la muerte de Felipe II, con la peste que afectó a la península y que contribuyó a detener un crecimiento demográfico ininterrumpido desde comienzos del siglo XV y con las primeras manifestaciones de la inflación. El contraste entre la realidad cotidiana y las ambiciones afirmadas en la cima del Estado era demasiado grande» (2012: 175).

Según este esquema, Martínez de Mata, que escribió y predicó entre 1650 y 1660, sería ya una figura epigonal. Como epigonales serían también los ilustrados que, explícitamente, recuperaron a los economistas barrocos, como Campomanes, Jovellanos y Forner. El esquema es atractivo porque un criterio ideológico, cultural o uniformizador es totalmente inaplicable a una algarabía tan heterogénea como es la de los primeros arbitristas. Sin embargo, presenta no pocos problemas: excluye a los autores dieciochescos que son claramente más deudores del arbitrismo que de la Ilustración, autores no precisamente desdeñables, como Macanaz, Gándara, Campillo, Romá y Rosell y el mismo Campomanes, y deja completamente fuera al arbitrismo liberal. A nuestro juicio, una cronología emprendida con criterios ideológicos sería completamente inviable: los análisis y arbitrios de Luis Ortiz son idénticos a los presentados por diputados de 1823. La cohesión interna de todos estos economistas es prácticamente nula: sobre unos mismos temas (legitimidad del lujo, necesidad de reformar la política tributaria, prohibición de importar y exportar) pueden afirmar, según sus propias preferencias personales, un argumento o su contrario. Sus características discursivas los distinguen como grupo de pensadores, pero su dispersión temporal impide que se les pueda equiparar a una escuela determinada. Pero ya veremos como esto también ocurre en torno a 1898. Por muchos intentos que se han hecho de integrar los discursos de los regeneracionistas de la Restauración con los de principios del siglo XX, pronto se detectan contradicciones, imposibilidades, limitaciones de comprensión.

En este capítulo no entraremos a examinar los arbitrios centrados en cuestiones económicas concretas, sino en los textos de mayor envergadura que supieron crear en España un rudimento de ciencia social y de filosofía económica, con implicaciones morales e incorporación de tópicos sobre las capacidades de los españoles. Nos interesa señalar hasta qué punto de aquella amalgama de informes pudo surgir un caldo de cultivo necesario para que, en el siglo XVIII, los grandes funcionarios y ministros y juristas que más admiramos se dieran cuenta de que alguien había reflexionado ya sobre el ser colectivo de España y su papel histórico desde aproximadamente 1550.

El mercantilismo español tiene un padre pionero: Luis Ortiz, un economista enigmático que envió a Felipe II, en 1558, un Memorial repleto de medidas económicas de una modernidad sorprendente. Es una convención unánimemente aceptada que Ortiz es el primer economista moderno de la historia de España. De su vida no sabemos prácticamente nada, aparte de que vivía en Burgos y de que era contador de las finanzas reales. Colmeiro editó su enigmática obra en 1979 bajo el título Memorial al Rey para que no salgan dineros de España; hasta 1957 el texto se conservó en dos manuscritos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Madrid. La clarividencia de Ortiz consistió en no dejarse cegar por las cantidades de oro que llegaban de América, y advertir al joven monarca (que había accedido al trono solo dos años antes) de que era mucho más importante prestar atención a la primera de las bancarrotas que viviría. Otra cosa habría sido sorprendente: entre 1552 y 1556 el agujero en el Tesoro castellano ascendía a más de 6.761.276 ducados.

La clave del problema económico español, según Ortiz, consistía en cobrar «un ducado» por exportar materias primas y pagar a más de veinte, o a veces hasta más de cien, por la misma materia importada en forma de productos manufacturados como tapicerías, paños, espadas, dagas, escopetas u objetos labrados (Martín, 1999: 425). El problema se atajaba prohibiendo tanto las importaciones como las exportaciones, y obligando a la industria española a desarrollar por sí sola los procesos de producción. Al mismo tiempo se debían rebajar los precios interiores e incentivar las actividades económicas.

La política económica de Felipe II desoyó completamente las advertencias de Ortiz. Por ejemplo, en 1575, el monarca autorizó a los banqueros genoveses (de quienes dependía en absoluto) a llevarse a su patria los beneficios adquiridos en la península. Las consecuencias de las licencias de sacas fueron calamitosas. Como los banqueros podían exportar libremente sus capitales en monedas de oro y plata, dejaron de comprar productos agrícolas e industriales españoles. El consumo se desplomó, se sucedieron calamitosas quiebras, la producción descendió y desde entonces España pasó a depender del extranjero para colmar sus necesidades económicas (Pérez, 2012: 163). Al analizar los orígenes mismos del atraso español, los historiadores se han dado cuenta de que, justo cuando en el resto de Europa aumentaba la diferencia entre los precios de los productos y los salarios, en España salarios y precios subían de manera paralela. Al acumularse menos capitales a partir de los beneficios, España no entró completamente en la era capitalista. Comprender esta verdad simple tiene implicaciones culturales inmensas, puesto que, tradicionalmente, en Europa y en la misma España se han buscado razones morales o raciales para explicar el subdesarrollo nacional. Sin embargo, «la decadencia de España en el siglo XVII se explica por causas económicas y no, como se dice con demasiada frecuencia, por la psicología colectiva de los españoles o por su fidelidad al catolicismo» (Pérez, 2012: 164).

Se ignora si el memorial de Ortiz pudo ser leído por los arbitristas del siglo XVII, y si sus propuestas se las apropiaron directamente los autores que le siguieron cronológicamente: Cellorigo (1600), Moncada (1619), Fernández de Navarrete (1626), Martínez de Mata (1650), Uztáriz (1726) y Ulloa (1740). Tomás de Mercado fue mucho más optimista que Ortiz en cuanto a las ventajas de ir recibiendo el oro americano. Parece claro y demostrado que Moncada sí se vio influido por el texto de Ortiz (Lluch, 1999: 442). Su visión totalmente catastrofista lo convierte no solo en el pionero del pensamiento económico castellano sino en el forjador del ensayismo apocalíptico de tema español o castellano. Ortiz creía a pies juntillas que una oleada imparable de turcos iba a arrasar no solo las zonas costeras del reino (Valencia, Murcia y Granada) sino que hasta Toledo corría peligro de verse atacada y devastada por los infieles. Y señalaba el imparable crecimiento demográfico de los moros como un peligro realmente preocupante, que únicamente podía atajarse mediante la devastación de todos sus reinos (Lluch, 1999: 447). Hechos acaecidos durante el mismo 1558, fecha de escritura del memorial de Ortiz, nos ayudan a no comprender su obra como la de un paranoico: una flota turca, comandada por Piali Paixà, ocupó Ciudadela y saqueó Menorca (Reglà, 2000: 75).

Pero lo que yo me pregunto es hasta qué punto pudo Ortiz influir sobre los economistas ilustrados, porque un mero análisis somero de las ideas que contiene su manual nos conduce a una conclusión sorprendente: los problemas señalados por Ortiz son los mismos que leemos expresados en el Bosquejo de política económica española de Pedro Rodríguez de Campomanes, escrito hacia 1750. Tanto Ortiz como el futuro ministro de Carlos III se dieron cuenta de que el comercio interior (que Campomanes denomina «nacional», interprovincial) era un desastre debido a los innumerables peajes (portazgos, pontazgos, aduanas) que debían pagar los transportistas a la hora de trasladar las mercancías desde el lugar de producción hasta el de venta. Estas trabas interiores facilitaban que los géneros extranjeros llegaran al consumidor más baratos (1984: 82). Ortiz creía imprescindibles dos reformas que Campomanes no solo reflejó en sus escritos sino que también convirtió en ejes de su acción de gobierno: el fomento de la formación profesional y la dignificación social de las clases artesanas. Aparte, Ortiz ideaba otras medidas originales, como la de que se invitara a los extranjeros a venir a España para instalar sus novedades tecnológicas, y que de paso se casaran con chicas pobres castellanas, que, de lo contrario, se entregarían a la vida licenciosa. Se ha destacado también el origen de la orientación «defensiva» del mercantilismo español, preocupado por impedir invasiones comerciales del exterior, mientras que en otras naciones europeas el mercantilismo se decantaba hacia actitudes mucho más agresivas encaminadas a atraer el oro de los potenciales clientes foráneos.

Otro tono y otra naturaleza revisten la obra de Tomás Mercado, Tratos y contratos de mercaderes, publicado por primera vez en 1569. La obra, que fue un éxito de público porque pronto se convirtió en una referencia para consultas morales, se reeditó en 1571. Nacido en Sevilla, se trasladó muy joven a México, aunque algunos autores apunten que nació allí. Profesó en el convento de Santo Domingo, y fue ordenado sacerdote en 1551. De vuelta a España, estudió en Salamanca y obtuvo el grado de maestro en Teología. En 1576 decidió volver a México, pero falleció durante la travesía del Atlántico. Las problemáticas que preocupaban a este dominico observador no eran tanto las posibilidades de éxito histórico y económico de la monarquía como la sistematización escolástica de los modos de vida de los mercaderes. En definitiva, Mercado se ocupaba de cómo podían estos conciliar la vida cristiana y la salvación con su actividad económica diaria. Da la impresión de que el contacto constante con el mundo americano preservó su conciencia del negativismo castellano. Para Mercado, era posible comerciar moralmente y promover el bien común. Formaba parte de un mundo pujante, extrovertido y en expansión: fue ajeno a las angustias del interior castellano.

Por todas estas razones, no se le puede llamar a Mercado ni arbitrista ni economista puro. De algún modo es el reverso de la moneda de Ortiz. Tomás de Mercado es un hombre que no pone en duda su construcción mental aristotélica a partir de la observación de la realidad, ni relaciona esta con el destino secular de la nación. Ni siquiera rompe en lo teórico con el agrarismo característico de la filosofía aristotélica y tomista, sin contacto real con las transformaciones de la economía europea hacia el intercambio y la virtualidad documental (Sánchez-Albornoz, 1999: 245). Su ocupación es el cuidado moral de las almas de los negociantes que le consultan sus cuitas doctrinales. Sin embargo, sí pudo percatarse de que el valor de los metales no era el mismo en los lugares en los que este abundaba (Indias) y en los que escaseaba (España, Europa). Incluso llegó a la conclusión de que, dentro de la misma América, no valían lo mismo los metales y las monedas en las islas antillanas que, por ejemplo, en Perú: «lo que hace bajar o subir la plata es la abundancia o la penuria de la plata: si es mucha, andan bajos los cambios; si es poca, crecen» (Sánchez-Albornoz, 1999: 247). Los valores monetarios, pues, ni eran estables ni, mucho menos, eternos, sino que fluctuaban constantemente, y detectó la inflación que caracterizó al siglo XVI.

El tratado Comentario resolutorio de cambios (1556), de Martín de Azpilcueta, debe ser situado en la misma corriente que la obra de Mercado, pues también se propone que reine la moral cristiana, la justicia y la equidad, en los tratos y negocios. No le interesan tanto los temas económicos como las disyuntivas y dilemas morales de los comerciantes. Por esta razón, aunque la obra de Azpilcueta es dos años anterior a la de Ortiz, se considera que la de este último es la primera propiamente arbitrista. Mercado y Azpilcueta forman parte de la Escuela de Salamanca, el movimiento teológico que fundó y lideró Francisco de Vitoria (1492 o 1493-1546) y que fue continuado por sus discípulos tras su desaparición.

Durante el Siglo de Oro no faltaron las voces de los teólogos, recogidas luego por todos los proyectistas ilustrados sin excepción, que recomendaban moderación en la extensión del imperio, que podía perjudicar a la sociedad de la metrópolis (Domingo de Soto, Sebastián de Covarrubias), o incluso no faltaron las voces que llegaron a condenar explícitamente el concepto de imperio como contrario a la moral cristiana (Vázquez de Menchaca). Como nos recuerda García Cárcel, «Saavedra Fajardo subrayó los límites de la expansión y la inevitable condena al descenso tras el crecimiento, y en el siglo XVIII Pedro Rodríguez de Campomanes recordaba que “cada Estado tiene unos límites impuestos por la naturaleza a su expansión territorial”» (2012: 526). En definitiva, Campomanes sentenciaba incluso antes de ser ministro: «No la multitud de ejércitos, no la larga extensión de una monarquía es su más firme consistencia: el gobierno sí que es el brazo fuerte que la hace respetable, siendo bueno. Ejemplo es España que nunca estuvo más débil que cuando más llena de provincias» (1984: 35)12. En 1593 Jerónimo de Salamanca, procurador a Cortes por la ciudad de Burgos, pidió a Felipe II que sellara la paz y se contentara con la defensa de las fronteras ya consolidadas, las de Nápoles y América, sin pretender extender más el imperio (Pérez, 2012: 174).

Francisco Martínez de Mata fue un personaje apasionante de mediados del siglo XVII. Ha sido presentado como un «rebelde primitivo urbano» o, incluso, como un «primitivo comunista» (Anes, 1971: 18-21). Escribió sus Discursos, Memoriales y Epítome entre 1650 y 1660, y tuvo poco cuidado de fijar las versiones de sus textos, manipulados por sus discípulos y difundidos con infinidad de variantes propias del mundo oral. De la biblioteca de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes rescató un proceso judicial cursado contra él e impulsado don Martín de Ulloa hacia 1660. De este proceso se desprende que, de algún modo, los defensores del sistema vieron en las predicaciones de Martínez de Mata un auténtico peligro disgregador. Todo parece indicar, pues, que este arbitrista que vestía el hábito de tercero seglar de la orden de San Francisco era todo un agitador social: «Como advierte Martín de Ulloa, Mata alude “a las Comunidades de Castilla” y a “las cláusulas que pidieron sobre los tributos”. Tal alusión, unida a la de posibles tumultos, hacía que el denunciante considerase peligrosas las predicaciones de Martínez de Mata» (Anes, 1971: 24). Martínez de Mata actuaba en nombre de la Hermandad de los Gremios de las Artes de Sevilla, «por el bien común, como uno del pueblo». Era, pues, un protosindicalista. Concluye Anes: «Mata no es un arbitrista típico, pues su obra no se puede clasificar entre las comunes del género. Si bien Mata propone arbitrios, estos son presentados en un contexto mucho más amplio de lo usual». Difícilmente encaja Martínez de Mata en el perfil del arbitrista: él mismo fustigó a los cultivadores de avisos en su Informe de la Hermandad de los Gremios de Sevilla. Lo que puede conducirnos a una pregunta fundamental: ¿cuál es el arbitrista arquetípico, canónico? ¿Luis Ortiz y nadie más? Excluidos los «teólogos economistas», porque no presentaban arbitrios sino modelos de conducta cristiana, excluidos los intelectuales que lograron articular visiones de España de cierto vuelo, la figura del arbitrista quedaría relegada a la de la sanguijuela del erario y el escritorzuelo que propone únicamente medidas de alcance local. Pero, claro, ninguno de esos fracasados mendicantes logró destacar.

En el inicio de uno de sus memoriales, Martínez de Mata expone la idea de que el desarrollo de las artes es lo único que puede traer la paz social a la nación. Y lo expresa con su lenguaje claro y fluido: «Trabajando en las Artes los vasallos, tienen todo lo que han menester para pasar la vida sin mendigar ni queja y rinden a las dos Majestades, Divina y humana, los debidos tributos» (1971: 98). Como se ve, la oferta de armonía tiene un doble filo: la autoridad debe tomar nota de que sin trabajo manufacturero, y por lo tanto sin circulación de dinero, se producirán motines.

Martínez de Mata fue un autor especialmente dotado para el análisis económico. Se mostró a favor del lujo, puesto que lo consideró el motor para el desarrollo del consumo interno de productos manufacturados: «La codicia de adquirir y la necesidad de gastar son para Martínez de Mata “las potencias del alma que vivifican el cuerpo místico de la república”» (Anes, 1971: 41). Sus planteamientos son prácticamente idénticos a los de Luis Ortiz cuando señala que «los frutos de la tierra» no valen prácticamente nada en manos de labradores y, en cambio, en manos de manufactureros se centuplica su valor. Y añade que si siguen comprándose productos extranjeros, los españoles pagan tributos a reyes foráneos que ya vienen integrados en los precios finales, mientras que la corona propia pierde dinero porque no ingresa prácticamente nada del consumo de productos fabricados: «Si las mercaderías que consumen los vasallos son extranjeras, es preciso que lleven la carga de los tributos que dellos sacaron los reyes extraños» (1971: 119). De algún modo, piensa Martínez de Mata, importar es defraudar a la Hacienda española. Es más: si las potencias europeas se han enriquecido es gracias a la estupidez de los españoles, que alimentan inconscientemente a sus rivales: «Siendo tan pobres los Reinos y Repúblicas de Francia, Génova, Venecia, Florencia, Holanda e Inglaterra, se han hecho ricas después que se dio permisión a que los vasallos de Vuestra Majestad consumiesen sus mercaderías» (1971: 99).

Solo el desarrollo de las «artes» puede remediar el atraso económico, porque regeneraría la circulación interior de dinero.

El fondo religioso y el lenguaje trascendente utilizado por Martínez de Mata se emparentan, ciertamente, con el lenguaje revolucionario de los comuneros del siglo anterior. Y su discurso parte de la indignación de observar hasta qué punto avanzan la miseria, la mendicidad, la delincuencia y los malos tratos hacia los prisioneros. Por esta razón se le ha emparentado con otro autor interesante del siglo XVII, Pérez de Herrera, cuyos Discursos fueron editados en 1595 y cuyo Remedio de pobres fue impreso por primera vez en 1608.

1635: LA GUERRA QUE LO TORCIÓ TODO

El estudio de la trayectoria política del conde-duque de Olivares es la expresión más dramática de cómo limitaciones de índole económica pueden llegar a producir catástrofes de tal magnitud que la posteridad analiza únicamente como desastres de naturaleza moral, o como impotencias raciales. El inicio de su andadura como gobernante fue más bien decepcionante, ya que parece que el rey no se tomó muy en serio las instrucciones paternalistas con que Olivares trató de obsequiarle en su Gran Memorial de 1624. La falta de interés de Felipe IV llegó a tal extremo que el ministro amenazó con dimitir en 1626 si el nuevo rey no accedía a sentarse a estudiar las reformas urgentes del Estado. Elliott ha analizado con enorme detalle el tipo de relaciones que unían a los monarcas absolutos con sus validos. Tanto Olivares como Richelieu se encargaron de ejercer una suerte de maestrazgo intelectual sobre Luis XIII y Felipe IV, y como armas de persuasión se valieron, fundamentalmente, de las apelaciones a la grandeza que, por justicia, correspondía a sus coronas, y del recurso más extremo de presentar la dimisión si se desatendían sus proyectos (2011: 57). De este modo, las instrucciones autoritarias que partían del ministro hacia el rey quedaban disimuladas bajo la forma de medidas necesarias para el engrandecimiento de la persona real.

Hacia 1621, en cuanto Olivares diagnosticó que el reino se hallaba en bancarrota y que, por lo tanto, el poderío español se hallaba en «declinación», buscando el remedio de la enfermedad aún no crítica, fundó la Junta de Reformación, que integraban diez hombres encargados de sanear las costumbres y la moral de los súbditos. Se entendía que si España se volvía agradable a Dios a través de sus buenas costumbres, regresarían los éxitos político-militares y la prosperidad. Las relaciones entre la salud del reino y la providencia divina eran, en la época, un asunto fundamental de Estado. De 1623 son los famosos Artículos de reformación, que se propusieron disminuir en dos tercios la cantidad de oficiales municipales, cerrar los burdeles, reducir las escuelas de gramática (manantiales de inútiles) e impedir la edición de novelas y comedias, corruptoras de la juventud. Olivares, a la vez, no solo censuró y aplicó la tijera, sino que también intentó impulsar una reforma educativa, cerrando escuelas de latinidad e impulsando estudios técnicos.

En enero de 1622 el valido reactivó un plan anterior de reconstrucción naval (Junta de Armadas) que, según Elliott, devolvió a España el poder naval que había ostentado con Felipe II y tres años después pretendió desplegar su polémica Unión de Armas, un programa pensado para extraer quintas de todas las provincias de la monarquía pero que en realidad era un vehículo de uniformización territorial del imperio. En cuanto a la financiación del Estado, el valido intentó apostar por los banqueros judíos portugueses, deseosos de verse protegidos ante la Inquisición, para desembarazarse de la dependencia de los genoveses, a quienes declaró la suspensión de pagos en 1627. Redujo los intereses y convirtió la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo (Elliott, 2011: 94). En cuanto a los impuestos, Olivares pensaba que los millones (impuestos sobre artículos esenciales de consumo) gravaban excesivamente a las clases productoras, además de ser notablemente ineficaces para llenar las arcas del Estado, así que desde 1624 se operó en la dirección de llegar a establecer un impuesto único sobre la harina. La reforma fiscal iba a culminarse con la creación de montes de piedad y bancos nacionales, que deberían haberse financiado a través de un impuesto sobre el 5 por 100 sobre la propiedad y la renta. En 1623 Olivares participó como procurador de Madrid en las Cortes destinadas a aprobar ese paquete de medidas. Pronto se vio que las oligarquías urbanas castellanas estaban más interesadas en defender sus intereses que en engrandecer la monarquía, y erosionaron los proyectos del gobierno hasta el punto de dejarlos desvirtuados. Olivares comprendió pronto que debería actuar de forma totalmente autoritaria si quería imponer sus paquetes de propuestas. Y su autoridad, carente de refrendo exterior, fue perdiendo legitimidad a medida que avanzaba el reinado. Aun así, en 1630 volvió a la carga y sustituyó por decreto real los millones por un impuesto único sobre la sal. Fue el origen de la oposición violenta que se desarrolló en Vizcaya y que terminó con la ejecución de todos los dirigentes de la insurrección en 1633.

Pero donde llegó más lejos el primer ministro fue en su conclusión de que los españoles debían ser reducidos a la condición de «mercaderes» si se querían restaurar las condiciones favorables de gran parte del siglo XVI. Olivares se sintió siempre admirado e impresionado por el ejemplo holandés, arquetipo de nación que multiplicaba su bienestar material a través del comercio marítimo. Y ¿cómo pensó lograrlo? Creando compañías de comercio a imagen y semejanza de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (creación en Sevilla del Almirantazgo de los Países Septentrionales, 1624) y, atención, concediendo privilegios y títulos de nobleza a quienes se implicaran en el fomento del comercio. Ciento cincuenta años después, Carlos III trataría de impulsar medidas idénticas, y aún sería calificado de revolucionario.

Como se ve, el conde-duque de Olivares fue el archiarbitrista del siglo XVII, y quizás el único hombre capaz (y situado) de sacar a España del marasmo económico, de no haberse cruzado en su desgraciado camino la guerra contra Francia, en 1635. Guerra que no solamente frustró definitivamente todos sus planes de reforma, que carecieron de respaldo financiero, sino que además le desmembraron dramáticamente el reino. Diez años antes ya habían tenido que ser pospuestos sus planes por los compromisos militares, exactamente igual que en Francia, que fracasó en su intento de saneamiento financiero a causa de la crisis de la Valtelina, la revuelta de Soubise y la reanudación de la insurrección de La Rochelle (Elliott, 2011: 104).

Por todo ello, Elliott considera a Olivares un precursor aislado de la Ilustración: «El conde-duque se convirtió en algo no existente y el legado reformador se dejó, junto con el resto de sus trabajos, en el olvido, y solo se resucitó de forma convincente en la siguiente centuria, bajo una nueva dinastía» (2011: 214).

El texto España defendida y los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros y sediciosos, terminado por Quevedo hacia septiembre de 1609, es uno de los principales puntos de partida para los ensayos sobre España de los siglos siguientes. El ilustre escritor había sido reclutado por Olivares para reivindicar su tarea de gobierno. Contiene la apología quevediana tanto los tópicos destinados a contrarrestar la Leyenda Negra (recogidos ciento cincuenta años después por Forner) como también el esquema general de los memoriales arbitristas del siglo XVIII. Se pregunta Quevedo: «¿Quién no nos llama bárbaros? ¿Quién no nos dice que somos locos ignorantes y soberbios, no teniendo nosotros vicio que no le debamos a su comunicación de ellos?» (1958: 490). Así pues, el principal argumento defensivo es que todos los defectos que se denuncian por las monarquías extranjeras no son propiamente españoles, sino contaminaciones procedentes, precisamente, de ese haz de naciones coaligadas para hundir a la española: «¿Supieran en España qué ley había para el que, lascivo, ofendía las leyes de la Naturaleza, si Italia no se lo hubiera enseñado? ¿Hubiera el brindis repetido aumentado el gasto a las mesas castellanas, si los tudescos no lo hubieran traído? Acaso hubiera estado la Santa Inquisición si sus Melantones, Calvinos, Luteros y Zuinglios y Besas no hubieran atrevídose a nuestra fe» (1958: 490). La tesis es sencilla: los españoles son frugales, austeros, equilibrados y aguerridos; su natural carácter se ha corrompido por el contacto con el exterior. Concretamente, Quevedo destaca que: «Es natural de España la lealtad a los príncipes, y religiosa la obediencia a las leyes y el amor a los generales y capitanes» (1958: 521). Afirmaba con rotundidad en otro capítulo: «Propiamente, España se divide en tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal». En 1645, año en que murió, la cosa no podía estar tan clara, tras las separaciones de Cataluña y Portugal. La Inquisición la justificaba porque había impedido el contagio de la herejía, en ningún momento era contemplada como un poder temporal al servicio de la corona.

En 1609 Quevedo es optimista: «Ya, pues, es razón, que despertemos y logremos parte del ocio que alcanzamos en mostrar lo que es España y lo que ha sido siempre, y juntamente que nunca tan gloriosa triunfó de letras y armas como hoy, gobernada por Don Philipe III, nuestro señor». Quevedo escribía estas palabras en pleno auge cultural de la España barroca, literariamente triunfante, y en los prometedores inicios de su carrera política. Esto es lo que había cambiado en 1700: la decadencia cultural era tremenda, insoñable cincuenta años antes. Sin embargo, a renglón seguido, el mismo Quevedo señala las severas limitaciones de la cultura española de su época: «Tenemos dos cosas que llorar los españoles: la una lo que de nuestras cosas no se ha escrito, y lo otro lo que se ha escrito ha sido tan malo, que viven contentas con su olvido las cosas que no se han atrevido nuestros cronistas, escarmentadas de que las profanan y no las celebran». En definitiva, la ausencia de una historia válida (al parecer, la de Mariana debió de parecerle demasiado crítica) y el cúmulo de críticas vertidas contra la monarquía hispánica ya constituyen motivos de preocupación. Esa ausencia de una historia viable para la monarquía española es precisamente la idea que trató de recoger y relanzar Juan Pablo Forner cuando, hacia 1788, redactó la primera versión de su Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España. En ella escribía que, «examinadas estas historias con pureza y neutralidad, se hallará en las nuestras mucha escasez, y en las extranjeras sobrada malignidad» (2010: 91). Quevedo ve a España «afligida» en 1609. Forner, en 1786, en sus Exequias de la lengua castellana, que tanto debe a los Sueños quevedescos, la considerará ya un cadáver. Otro autor de la época, Juan de Salazar, iba mucho más allá en su optimismo, hasta el extremo de considerar a los españoles el pueblo elegido por Dios, como antaño lo fue el israelí, el pueblo llamado a hacer realidad en el siglo todas las bienaventuranzas divinas. Así lo expresó en su tratado Política española, de 1619 (García Cárcel, 2011: 168).

Pero, claro, pronto llegaron los batacazos. Y, con ellos, las contradicciones. «Los arbitristas se convierten en la alternativa al providencialismo fallido en el que parecía estar anclada España» (García Cárcel, 2012: 592). Los proyectos de gobierno imaginados por Quevedo fueron escritos con posterioridad, y deben irse a buscar en los tratados Política de Dios y gobierno de Cristo, en su Marco Bruto y en el Rómulo. Sin duda, fue en Política de Dios donde invirtió mayores cantidades de energía. La historia de la obra es compleja: la primera parte la escribió el autor en 1617, pero no fue impresa hasta 1626. Entre las varias que vieron la luz ese año, la de Zaragoza fue pirata. La segunda parte fue escrita en 1635 y se editó póstumamente, en 1655, diez años después de que muriera. Vale la pena copiar un fragmento de esta segunda parte de Política de Dios para darnos cuenta de hasta qué punto había cambiado el parecer de Quevedo durante el cuarto de siglo que media entre la elaboración de España defendida y su escrito de 1635: «Con toda reverencia y celo leal a vuestra majestad y a Dios, os suplico, serenísimo señor, muy alto y muy poderoso Señor, consideréis que estas palabras amonestan a vuestra majestad que sea manjar del celo de la Casa de Dios. Bien sé que ese celo os digiere y os traga. Sois rey grande y católico, hijo del Santo, nieto del Prudente, biznieto del Invencible. No refiero a vuestra majestad esto porque ignore lo que hacéis, sino porque sepan a todos a quién imitáis y obedecéis en hacerlo» (1958: 595). ¿No se percibe aquí una relación muy distinta con el monarca? Al recordarle a Felipe IV de quién es descendiente, ¿acaso no se está estableciendo una comparación maliciosa? Algo más adelante se concreta la acusación: «Señor, el pan es un pasto de tal condición, que nada puede comerse sin él; y cuando sobra todo, si falta pan, no se puede comer nada; y se desmaya la gente, y la hambre es mortal y sin consuelo, por haber acostumbrádose la naturaleza a no comer algo sin pan. Los tiranos que ha habido, los demonios políticos que han poblado de infierno las repúblicas, han acostumbrado a los príncipes a no comer nada sin comerlo con vasallos. Todo lo guisan con sangre de pueblos: hacen todas las viandas [...]. Y no se puede dudar que cualquiera que sustenta al señor con la sangre de sus vasallos, no es menos cruel que sería el que sustentase un hambriento dándole a comer sus mismos miembros y entrañas, pues con lo que le mata la hambre, le mata la vida» (1958: 595). Conceptista en la forma, pero diáfano en el fondo. De la nación «afligida» por los juicios externos hemos pasado a la monarquía autófaga que alimenta a los príncipes con la sangre de los vasallos. Vasallos que carecen absolutamente de pan, y que yacen desmayados. El panorama es de tiranía y miseria. El tono no puede ser más apocalíptico y angustioso. Sin duda tenía razón Forner cuando afirmaba que por mucho menos de lo que habían escrito los autores e historiadores barrocos, muchos ilustrados habían terminado en la cárcel.

¿Qué había sucedido?

Habían estallado, o estaban a punto de estallar tras años de guerra fría, las hostilidades con Francia. Una guerra que devastaría la sociedad castellana, puesto que para sostenerla se aprobaron impuestos extraordinarios que acabaron de arruinar al reino. Un problema que Luis XIII y el gobierno de Richelieu tuvieron que afrontar también en Francia. En la guerra de desgaste que sostuvieron ambos reinos, los frentes internos fueron casi tan decisivos como las ofensivas y los asedios. Richelieu no dudó en ofrecer ayuda a portugueses y catalanes para poner palos en las ruedas de la maquinaria de guerra de Olivares. España sostenía a la vez dos campañas, la de Francia y la de Flandes, y el país estaba literalmente exhausto. Muchos creyeron que el primer ministro había enloquecido. Los opositores al régimen, débiles y sin un programa claro, se reunían en la casa madrileña del duque de Medinaceli. En ella fue detenido, en diciembre de 1639, Francisco de Quevedo, que de apologista de Olivares había pasado a todo lo contrario: Elliott llega a sugerir que el escritor mantenía contactos con los franceses (2011: 191): y es que si no llegaba pronto la paz, la monarquía se perdería para siempre.

El otro gran escritor que defendió a España de las acusaciones que la acosaban desde fuera fue Saavedra Fajardo. Ocupó cargos diplomáticos en Roma y Nápoles y luego participó en las negociaciones que culminaron en el Tratado de Westfalia (1648). Pero entonces ya había publicado el grueso de sus obras en defensa de la política española: Respuesta a la declaración de guerra de Luis XIII contra España (1635) y su posterior Locuras de Europa, donde utiliza la forma clásica del diálogo erasmista para advertir a los Países Bajos de las desventajas de colaborar con los franceses (Pérez, 2012: 173)13.

Diego de Saavedra Fajardo, Imprenta Real (1791), Biblioteca Nacional.

No hay nada como leer a hispanistas extranjeros para darse cuenta de hasta qué punto los morbos discursivos de la prosa política castellana pueden encontrarse también en otras tradiciones literarias europeas. En 1871 Renan escribía La Réforme intellectuelle et morale de la France, al calor de los desastres de la proclamación del II Reich en Versalles (¿puede concebirse una humillación nacional peor? ¿Un Bonaparte coronándose en El Escorial?) y de la masacre de la Comuna de París. Todos los estados sufren épocas de honda depresión, de todos se podía escribir una historia del regeneracionismo. El problema es que no lo sabemos y tendemos a pensar que España es única. De ahí la importancia de leer a hispanistas extranjeros. A través de ellos nos enteramos, por ejemplo, de que en Francia se escribieron textos de título tan elocuente como Dialogue de la France mourante (1617), del publicista orgánico François de Fancan, o el anónimo La France en convalescence (1624), o de que la tardía adopción, durante la segunda mitad del siglo XVII, de la espiritualidad contrarreformista típicamente castellana por parte de Francia fue un motivo de robustecimiento social y de regeneración moral, cuando en España esos mismos valores ya eran más bien un lastre para el progreso material del reino.

Los Artículos de reformación impulsados por Olivares en 1623 fueron casi inmediatamente reproducidos en París por el Mercure Français. Por su parte, cuatro años después, el rey de Inglaterra seguía el ejemplo de la monarquía hispánica e intentaba fomentar la unión militar de sus reinos para la defensa mutua, inspirándose en la Unión de Armas de Olivares. El lujo y el boato de la vida versallesca fueron inspirados a Luis XIV por los de Felipe IV, en plena y definitiva declinación de la monarquía hispánica. Elliott escribe palabras terribles, de significación tremenda: «El “celo por la reforma” de Olivares demostró ser al final su perdición. No podía dejarlo, pero si lo hubiese dejado y hubiese abandonado sus intentos de movilizar los recursos de las provincias periféricas de la Península Ibérica a través de la Unión de Armas, ¿se las hubiese podido arreglar para mantenerse tanto tiempo como se mantuvo? O resulta descabellado pensar que unos cuantos hombres más y un poco más de dinero hubiesen podido inclinar la balanza a su favor. En 1636 París estuvo a punto de caer, y Richelieu de huir» (2011: 212).

No es misión del historiador construir hipótesis contrafactuales ni fabular... pero no está de más reflexionar sobre el significado de este pasaje elliottiano. ¿Qué significa que si Olivares hubiera abandonado la Unión de Armas, habría podido triunfar sobre su rival francés? Habría conservado Cataluña, Castilla se habría ahorrado casi veinte años de continuas campañas militares y no habría perdido el Rosellón. ¿Qué habría significado la caída de París en 1636? El fin de la guerra, la posibilidad de implantar reformas internas, y quién sabe qué más, la consolidación definitiva del dominio de los Habsburgo. Todo esto para reflexionar sobre los azares de la historia que luego han sido reinterpretados como fatalidades raciales, fracasos dictados por un destino adverso.

En el siglo XVII, las monarquías europeas se enfrentaban a idénticos problemas: reyes arruinados, dispersión territorial, privilegios locales, guerras que impedían las necesarias reformas, escasa autoridad del Estado... Las crisis de moral, los episodios de agonía colectiva, de terrible división interna o asfixia nacional, no son precisamente privativos de España.

El cambio de siglo y la muerte de Carlos II sin descendencia no supusieron un giro en la dirección de los textos patriótico-económicos. Resulta ilustrativo comprobar hasta qué punto las Reflexiones anticipadas en Barcelona a su Majestad CC para el buen gobierno de la España, año 1710, que Ramón de Vilana Perlas, hombre de confianza del archiduque Carlos, envió a su monarca presentan toda clase de arbitrios de viejo cuño para el buen gobierno de España, en plena Guerra de Sucesión. Ernest Lluch reprodujo este texto en su selección de textos de y sobre Vilana que cierra su volumen L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana i Juan Amor de Soria: teoria i acció austracistes (2001). En su reflexión tercera propone agilizar la recaudación de impuestos convirtiendo en superintendentes de rentas a los corregidores de las ciudades, y que esas recaudaciones se realicen en tiempos de la cosecha para evitar fraudes fatales para las arcas reales. En la cuarta, propone retirar remuneraciones a las grandes órdenes militares para pagar el salario debido a los soldados que mantienen la guerra. Para evitar la corrupción política realiza interesantes reflexiones: «Es verdad asentada nacer el abuso de las Leyes de la falta de Justicia, y esta se motiva del corto sueldo que se goza hoy en algunos puestos que no alcanza la decencia, que discurren serlos precisa, y que corresponde, aunque no es disculpa esta, para no regirlos muy justificadamente; pero parece que la tienen los que por sus empleos no gozan sueldo, como son los Ministros Alguaciles de Casa y Corte de V. M.; de que se originan perjuicios comunes, y en particular contra los pobres» (Lluch, 2001: 127). Así pues, según Vilana, no cobrar del Estado repercutía sobre los más débiles, porque los poderosos sin sueldo se hacían pagar abusivamente por medios ilícitos. Sigue a estas reflexiones arbitrales un discurso «sobre la necesidad que hay en estos reinos de la moneda Provincial, y importancia de su fábrica para el Bien común de la Monarquía», donde Vilana trata de ilustrar al monarca sobre los efectos de la depreciación de la moneda castellana.

El problema más urgente es exactamente el mismo que obsesionó a Melchor de Macanaz, una de las estrellas políticas del bando opuesto; financiar la guerra, paliar con todo tipo de parches el angustioso estado de las arcas reales. En esto no había diferencias entre Vilana y Macanaz. Con cierta sorpresa nos enteramos de que también hubo un intento de desamortización eclesiática entre los partidarios del archiduque Carlos (Lluch, 2001: 70).

Ramón de Vilana Perlas fue un dirigente muy controvertido. Ernest Lluch escribió que «el odio que era capaz de atraer Ramón de Vilana Perlas no tenía límites» (2001: 69), hasta el punto de que el autor anónimo de un manuscrito de oposición interna, probablemente un eclesiástico ultraforalista, lo considerara un valido tiránico, un nuevo conde-duque de Olivares. El 16 de agosto de 1710, el «Conde-Rey Carlos III, el Archiduque», como era llamado en algunos documentos de la época, le concedió el título de marqués de Rialp. El nuevo feudo creado para Vilana incluía la antigua baronía de Rialp más el valle de Àssua. Los habitantes del territorio perdieron sus privilegios y tuvieron que empezar a pagar derechos señoriales. La protesta no se sofocó hasta que un batallón se trasladó a la zona para imponer la paz. Si reportamos el detalle es para ilustrar un cambio de mentalidad observable entre un nuevo magnate de la Cataluña austracista y un golilla de mediados de siglo XVIII como lo era Campomanes. Por más que en su escrito Vilana denunciara los abusos y recomendara cierta moderación tributaria, no tenía ningún problema en convertirse en un puro señor feudal. En cambio, el ilustrado, en multitud de textos que diagnostican muy parecidos males de la España de su tiempo, abomina de los abusos señoriales y dedica páginas y páginas a proyectar modos de redención para los sufridos labradores, bien es verdad que con escaso éxito práctico. Pero no avancemos acontecimientos. Hasta muy adentrados en el siglo XVIII no se percibe evolución ninguna en los arbitrios presentados a los equipos de gobierno, tanto borbónicos como austracistas.

11 El ejemplo más extremo de estructura binaria lo constituye el tratado de un autor del siglo XVIII. José del Campillo y Cossío redactó su tratado De lo que hay de más y menos en España, para que sea lo que debe ser y no lo que es, en 1741. Existe una excelente edición moderna, preparada por Dolores Mateos Dorado (Dos escritos políticos, Oviedo, Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, 1993). Campillo fue intercalando los vicios y los defectos, de forma que la enumeración de lo que consideraba sobrante o falto constituye ya un auténtico programa político y moral de regeneración. Según él, en España faltaban Agricultura, Baluartes, Comercio, Diligencia, Educación, Fábricas, Gobierno, Hospicios, Inventos, Justicia, Letrados, Maestros buenos, Navíos, Obras públicas, Poblaciones, Premios, Quintas, Realidad, Sabios, Trigo y Virtud. A su juicio, sobraban Abandono, Bastones, Contribuciones, Escritores, Frailes, Hurtos, Indias, Jueces, Leyes, Mujeres públicas, Negociantes viles, Ociosos, Privilegios, Quejas, Relajación, Soberbia, Tributos y Vicios.

Otro ejemplo frustrado de estructura binaria sería la segunda parte de Los males de la patria, de Lucas Mallada (1890), que se proyectó pero no llegó a escribirse, y que iba a ser un catálogo de remedios y soluciones para los problemas detectados en el primer volumen.

12 El juicio negativo sobre la extensión del imperio hispánico llega totalmente vivo al siglo XX. Según Francisco Fuster, Ortega y Gasset pensaba que «en la decadencia española tenía una cuota de responsabilidad grande el hecho de que, durante siglos, España hubiese sido un país con una proyección política exterior muy por encima de su evolución cultural interna, de modo que el crecimiento del imperio habría tenido como efecto colateral la insuficiencia de recursos y el consiguiente estancamiento» (2014: 200).

13 La mejor edición que se ha realizado hasta la fecha de Locuras de Europa es la que incluyó Sònia Boadas en el «Apéndice Documental» de su tesis doctoral, leída en el departamento de Filología y Comunicación de la Universidad de Girona en el año 2012 (Un diálogo hacia la paz: las «Locuras de Europa» de Diego Saavedra Fajardo, págs. 429-467).

CAPÍTULO 3

REFORMISMO Y LUCES

LA CONCIENCIA CRÍTICA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Hasta muy entrado el siglo XX pervivió la idea de que los ilustrados españoles corrompieron una prístina «democracia frailuna» para introducir peligrosas novedades extranjeras, fundamentalmente de naturaleza francesa y masónica. El principal defensor de las concepciones de Menéndez Pelayo durante el reinado de Alfonso XIII fue Pedro Sainz Rodríguez, el eslabón ideológico que unió la Historia de los heterodoxos con Acción Española y la derecha antiliberal de la Segunda República. En 1924, en el discurso leído en la inauguración del curso académico de 1924 a 1925, oración dedicada a La evolución de las ideas sobre la decadencia española, Sainz definía al reformismo ilustrado con las siguientes palabras: «Aquel huracán de escepticismo y crítica que azotó las conciencias todas del siglo XVIII, tiene sus manifestaciones más genuinas en la serie de ataques contra el catolicismo y la tradición de la Iglesia» (1925: 57). Y es que «España, la nación que había hecho del triunfo de la religión católica uno de sus ideales básicos, es objeto de una serie de ataques, y por las necesidades de la polémica, su atraso y decadencia son utilizados como argumento para demostrar el pernicioso influjo del catolicismo en la civilización». Actualmente, esta particular lectura ha sido completamente superada.

La particularidad del reformismo ilustrado respecto al arbitrismo inmediatamente anterior (tanto Mayans como Feijoo, Macanaz y Campomanes desarrollaron sus ideas en un mismo contexto de continuación de las formas propias del siglo anterior) consiste en la introducción de la preocupación por la lengua en las bases mismas de los problemas urgentes a resolver. En este sentido, Gregorio Mayans redacta en 1727 su Oración que exhorta a seguir la verdadera idea de la elocuencia española, que tuvo ya una antecedente en la Oración en alabanza de las elocuentísimas obras de Don Diego de Saavedra Fajardo. En esta, el erudito de Oliva ataca frontalmente el problema lingüístico que trataron de resolver los ilustrados: «¿Quién no entiende que es gran pobreza que casi no haya habido en España hasta ahora alguna buena escritura cuyo estilo o género de decir pudiese uno seguirlo para enmendar su habla, con seguridad que cuando lo hubiese sacado bien al natural habría mejorado su lenguaje?» (Mayans, 1994: 114). Faltaba, pues, un modelo de prosa clásica, inteligible, capaz de vehicular ciencia y filosofía, un modelo de lengua radicalmente opuesto al registro poético. Y ese modelo fue Saavedra Fajardo.

A Mayans no le convencía Feijoo. La causa nos es de gran interés: en una carta a José Borrull (25 de junio de 1746), el valenciano afirmaba que «El M.º Feijoo ha hecho estudio de agradar al vulgo» (1994: 243); añade algo que consideramos crucial: «Lo que yo creo es que su estilo casi siempre es humilde, lleno de palabras extranjeras y falto de método científico» (1994: 255). La obra de Forner, discípulo confeso de Mayans, no se entiende si no se apela a su búsqueda incansable del predominio de la ciencia sobre el papanatismo profrancés y las «preocupaciones» tradicionalistas.

El Testamento de España, obra tradicionalmente atribuida a Melchor de Macanaz, es un diagnóstico fundamental sobre el que debemos centrar nuestra atención. Fue redactado, según las estimaciones de Francisco Mendoza, en 1756 (2001: 30). La obra, que bebía de dos tradiciones muy vivas, la del arbitrismo que había nacido en 1558 y la de los testamentos burlescos y sátiras de oficios del siglo XVII, circuló con profusión de forma manuscrita, hasta que fue impresa en 1794. En 1917 la reeditó Antonio Valero de Bernabé.

Para realizar su edición del Testamento de España, sin duda la más autorizada hasta la fecha, Francisco Mendoza localizó y cotejó un total de diecinueve ejemplares manuscritos e impresos. Esto nos da una idea del caos textual en que yacen las obras de Macanaz, puesto que para fijar uno solo de sus textos hay que examinar ejemplares de todo tipo, algunos ilocalizables. Lo que está fuera de duda es el impacto que produjo esta obra, que cuenta con el prestigio de las obras clandestinas y perseguidas, sobre el reformismo español: sabemos, por ejemplo, que Antonio Cánovas del Castillo poseía una copia (hoy en la Fundación Lázaro Galdiano), y también dispusieron de la suya el arabista Pascual de Gayangos y el líder conservador catalán Manuel Duran i Bas.

La atribución del texto a Macanaz es más discutible que nunca. Uno de los impresos examinados por Mendoza discute la fecha de 1756 y propone la de 1716. El 28 de junio de ese año, Macanaz, que ya había salido de España, fue llamado a declarar por la Inquisición, y el 18 de julio redactó una retractación para enviarla a Roma. En Pau, el supuesto autor vivía con los jesuitas, por lo que resulta bastante inverosímil que vertiera el caudal de críticas contra aquella orden que se encuentran en el Testamento de España. Si nos fijamos en la fecha más probable de composición del ensayo, 1756, tampoco parece muy posible que escribiera la obra, puesto que contaba ya 86 años y llevaba seis prisionero en La Coruña. Además, «el humor —aunque amargo— y el estilo ágil del Testamento son muy diferentes del farragoso y lleno de anacolutos habitual en Macanaz» (Mendoza, 2001: 31). La obrita, pues, no debe de ser suya. A estos argumentos, yo diría que concluyentes, podríamos añadir otro, y es el sentido completamente opuesto de los trabajos que venía escribiendo Macanaz en el exilio, tratados de exaltación de las misiones españolas en América y elogios de la Inquisición. La atribución solo tendría sentido si el texto fuera de la época de esplendor de Macanaz (1712-1715), la etapa en que residió en Madrid, y de hecho el Testamento guarda relación con el Pedimento Fiscal de cincuenta y cinco artículos que Macanaz escribió como documento gubernamental interno. Pero la intención y finalidad de esos dos textos son bien distintas: Macanaz se propuso conseguir financiación para la continuación de la Guerra de Sucesión, y todo el anticlericalismo contenido en el Pedimento era de naturaleza circunstancial. Además, unas referencias al catastro del marqués de la Ensenada (1749-1756) parecen desmentir una posible datación anterior. Parece ser, pues, que alguien se propusiera escribir una obra satírica con materiales procedentes del Pedimento de Macanaz, convertido en un arquetipo de la política civil enfrentada a los privilegios eclesiásticos.

Efectivamente, el tono y el fondo del Testamento de España tal y como hoy nos es posible conocerlo no coinciden con los escritos de Macanaz, porque este era un jurista y un (aburridote) historiador, no un satírico. Yo no le creo capaz de escribir censuras burlescas como la que encabeza el texto, digna de Torres Villarroel: «Del M.R.P.Fr. Silvestre Romo, del orden de nuestro seráfico padre San Fancisco, confesor de S.M. Examinador Sinodal del Arzobispado de Trapisonda, doctor en las diferencias ciencias de Ripalda, Fleury, etc., en virtud de comisión especial del Sapientísimo y Estupendo Sr. D. Maximino Caco Zorruno, Primer Secretario del Secreto de la Suprema y General Inquisición de estos reinos» (Macanaz, 2001: 41). Como Joaquín Costa, que le expresaba a Altamira su temor de ver a España convertida en una sucursal de París, el autor del Testamento declaró en su prólogo apócrifo atribuido a un original notario que, «como depositario, no de la fe pública sino de la mía propia, y adicto a la desidia, ignorancia, fanatismo y prostitución, que es lo que debe estar en boga en una nación para que a pasos de gigante camine a ser servil dependiente de otra, me he ofrecido, sin interés alguno, a autorizar el testamento de la España» (2001: 45). Costa, lo acabamos de decir, estaba convencido de que España terminaría avasallada por una potencia extranjera. Otros liberales contemporáneos, como Galdós, eran más optimistas. Pensaban que si la nación había sabido reaccionar hasta en 1808, con los ejércitos franceses campando libres por la península, la continuidad nacional estaba garantizada. Así lo expresó en la novela Zaragoza (1874): «aun hoy mismo, cuando parece hemos llegado al último grado del envilecimiento, con más motivos que Polonia para ser repartida, nadie se atreve a intentar la conquista de esta casa de locos» (citado por García Cárcel, 2011: 411).

El frío reparto de Polonia entre las distintas potencias rapaces: he aquí otro fantasma dieciochesco que impresionó a Carlos III y que reaparecía en una novela un siglo después. El miedo a la desintegración del cuerpo de la monarquía es bien patente a lo largo de la historia de España. Carlos II legó a Felipe de Anjou el conjunto de territorios que formaban el Estado porque pensó que era la mejor forma de evitar su desmembración. Las peores pesadillas se hicieron presentes en el Tratado de Utrecht (1713).

Hay un elemento más que opino que debe ser tenido en cuenta a la hora de catalogar el Testamento de 1756: como es la misma España agonizante y personificada quien habla todo el rato, no me parecería fuera de lugar considerar el Testamento un deudor burlesco de los autos sacramentales barrocos. De hecho, se trata de un texto recitable en forma de monólogo, y tampoco resulta inverosímil imaginar las carcajadas de quienes escucharan de un lector, en conciliábulo semiclandestino, recitar el texto, en una venta, en una tertulia formada por personas no necesariamente pertenecientes a la élite intelectual. Y ¿qué contenían tan peregrinas disposiciones finales de esta España que acudía al notario? Legar a otros el «don de gobierno» para que acabara de implantarse la incompetencia política. Mandar que se desterrara la justicia por existir demasiados delincuentes, para que «vivan sin zozobra». Desterrar también el «mérito», para que fueran atendidos debidamente «los innumerables que de él carecen y sin él están colocados en los puestos de favor» (Macanaz, 2001: 49), con lo cual el autor se colocaba muy cerca de los principales reformistas del reinado de Carlos III y Carlos IV. Parece que provengan de la época de Godoy palabras como estas: «Para el gobierno general de mis reinos se nombra un ministro con título de secretario de Estado, que podrá serlo cualquiera, con tal que tenga los requisitos de corte y moda» (2001: 56).

Otras disposiciones son: permitir a los obispos que continúen ausentes de sus diócesis; prescindir de limitar el número de abogados, auténticas «sanguijuelas civiles», para que sigan dividiendo familias; seguir fomentando las notarías, para que continúen arruinando a los propietarios. España manda también que nunca se recopilen ordenadamente las Leyes del reino para que el caos legal continúe. Junto a esta prefiguración uniformizadora, especialmente interesante es el tratamiento de la igualdad social, que va más allá de lo propugnado por los ministros ilustrados y coincide con la opinión del abate Gándara, a quien estudiaremos a continuación: «Por lo que mira a las leyes gubernativas y decretos reales, sea sujeto solamente el miserable pueblo, pero no los grandes, ricos y poderosos» (2001: 55). Prefigura también el mundo liberal la concepción sobre la historia de España: «mando se borre en la sagrada escritura aquel divino texto que funda la riqueza y el poder del príncipe en el número de sus pueblos. La expulsión de moros y judíos ha contribuido no poco a la despoblación de mis provincias» (2001: 59). El autor cita también la emigración hacia América como un factor que se debe corregir en el ámbito demográfico, y su visión del descubrimiento y la conquista anuncia actitudes que solo llegaron a consolidarse entre pequeñas minorías un siglo después: «Dejo a mis herederos unas preciosas posesiones en América que me adquirió un genovés destrozando emperadores y esclavizando la libertad a unos pueblos a los que no tuve más derecho que ellos a los míos» (2001: 84). Incluso escritas en 1860, estas frases causarían el mismo estupor. Forner expresaría idéntica inquietud, y culparía también a «las emigraciones a Italia, a Flandes, a las dos Indias» y también al «excesivo aumento del clero cuando las guerras y las colonias usurpaban los operarios a la labranza y a los talleres» de la despoblación del reino, en la línea de los primeros arbitristas (2010: 93).

Retrato de Joaquín Costa, de Juan José de Gárate. Ateneo, Madrid.

En 1783, a raíz de la emancipación de las colonias inglesas en Norteamérica, el conde de Aranda dirigió una Memoria a Carlos III que, por su «genialidad» y naturaleza profética, ha llegado a ser considerada apócrifa y escrita en pleno siglo XIX. Las sospechas de Aranda consistían en reconocer que las colonias americanas buscarían su independencia a medio o largo plazo, y que, por lo tanto, la política correcta consistía en ir imaginando un escenario político gradualista que conservara los intereses generales de la corona española. Un plan gubernamental fechado en 1769 ya esbozaba este tipo de inquietudes pragmáticas. Godoy recuperó y reelaboró el texto de Aranda, llegando a sugerir que él mismo, sus hijos menores, su hermano, su sobrino y el infante Don Pedro se establecieran en las Indias como titulares de coronas feudales subsidiarias de la española (Domínguez Ortiz, 2005: 337-338). Pero es que en el Testamento, probablemente de 1756, lo que se dice es mucho más contundente: «Por lo que mira a la tropa, fortaleza y demás pertrechos de guerra, ya he declarado no se provea cosa alguna, pues por este medio se restituirá insensiblemente la libertad a aquellos infelices reinos que llorando en su esclavitud, se armarán al fin de su furor para recobrar lo que era suyo». Desde el punto de vista del prestigio de la nación, no cabe duda de que la conservación de los lazos transatlánticos era un punto de máximo interés. El debate consistía en el modo de evitar la separación definitiva. Carlos III demostró una vez más su talante reformista impulsando ambiciosas obras de fortificación en América, en un intento de corregir la negligencia militar que imperaba en las colonias. En 1810 Blanco White escribió: «tiempo ha que se está viendo venir una revolución en América» (Goytisolo, 2010: 124); y en abril de 1813 reconocía desde El Español: «Las Cortes deberían estar persuadidas de que todas las fuerzas de España organizadas y mandadas por los generales más expertos no bastarían a sujetarles las Américas, si los americanos llegasen a unirse verdaderamente contra ellos» (Goytisolo, 2010: 285). Por lo tanto, antes de Ayacucho (1824) ya eran relativamente frecuentes las profecías pesimistas (o simplemente realistas) acerca de la capacidad española para sujetar su imperio ultramarino.

Del reinado de Carlos III hasta la Primera Guerra Mundial, otra de las principales obsesiones de los reformistas españoles fue la despoblación de las zonas centrales de la península. Resulta verdaderamente chocante encontrar en el Testamento de España, un texto escrito hacia 1756, los temas costianos y republicanos de siempre: el celibato eclesiástico como una lacra que priva de población e ingresos al Estado, la agricultura «envilecida y ultrajada», el abandono de las ciencias y estudios que pueden mejorar la situación en el campo (estudios que habían desarrollado los griegos, los romanos, los árabes y los franceses, italianos y holandeses), la implantación de incentivos oficiales («establecimiento de premios al que se aventaje en [la ciencia agrícola] y descubra alguna ingeniosa invención para su adelantamiento y perfección») y el exceso de funcionarios ociosos o absentistas («Mando que se aumente el número de los empleados en todas las oficinas de real hacienda»). Seis años antes, Campomanes había escrito: «El número de legos, donadíos y otros domésticos, que es consecutivo al de los religiosos, es también crecido y consumen una gran parte de las limosnas de los fieles. Este debería reducirse al preciso y nada más, por el perjuicio que se causa al común en substraer estos individuos del trabajo público y de contraer matrimonios, para que no viésemos tan despoblados estos reinos» (1984: 45).

El padre Sarmiento (1695-1771) añadió la miseria en que vivían los matrimonios españoles y la pésima distribución de las tierras de cultivo a los tradicionales argumentos que se venían esgrimiendo a la hora de explicar la despoblación de España. Otro proyectista ilustrado, Romá y Rosell, creía que el remedio consistía en la extensión del censo enfitéutico, que había logrado crear una clase de campesinos ricos en Cataluña desde el final de la Edad Media. Lo expresó en su libro Las señales de la felicidad de España, de 1768 (Domínguez Ortiz, 2005: 180).

Sin abandonar en ningún momento el sarcasmo, lo que trataba de hacer el autor del Testamento, en definitiva, era apoyar claramente el proyectismo: «mando que se desprecien como costosos y extravagantes los proyectos de caminos públicos y posadas» (Macanaz, 2001: 63). Esta España cioranesca que termina de suicidarse en lugar de testar propone boicotear las nacientes industrias de paños y sedas, y dispone que «por lo que respecta al comercio no hay que afligirse pues se encarga a los extranjeros nos surtan de cuanto necesitamos por nuestro dinero».

El tipo de anticlericalismo observable en el Testamento es también uno de los asombrosos puentes que unen esta obra con las creaciones políticas de principios del siglo XIX. Aunque en ningún momento la obra cruza el umbral que separa el regalismo característico de la época de Carlos III, en ocasiones la crítica anticlerical roza los tópicos descalificativos que debían circular soterrados en la cultura oral, y que a veces asoma en la poesía erótico-burlesca de autores como Samaniego o Nicolás Fernández de Moratín: «Es mi voluntad que los Deanos, Arcedianos, Magistrales y Racioneros de las Santas Iglesias Catedrales, creen o establezcan colegios de meretrizandas» (2001: 95). Según el autor, «se reducen a clausura temporal muchas jóvenes incautas que de continuo se ven expuestas a los ataques de libertinaje» (2001: 96). En los conventos se practicarían de forma sistemática lo que el autor llama «poligamia» y «criptogamia», frenesís orgiásticos amparados por el aislamiento. ¿Realidad o fantasía literaria goticista?

Por lo demás, en general la obra discurre por los cauces habituales de la crítica ilustrada: se protesta contra los «beneficios simples», los que no llevaban aparejadas tareas de altar, se deplora la ignorancia de los sacerdotes parroquiales y los frailes y se denuncian la simonía y la falta de vocación. El autor se atreve a afirmar la existencia de padres que destierran a los conventos a las hijas feas, por ser incapaces de conseguir matrimonios ventajosos. A partir del párrafo 26, la obra se convierte en un auténtico canon sistematizado de los topoi anticlericales, que llegarán vivos hasta la guerra de 1936, organizados por órdenes religiosas. A los dominicos se los desacredita por haber sido los primeros inquisidores, y por vivir con excesivo lujo. A los jesuitas, por los mismos motivos que en la década siguiente nutrirían los pedimentos ejecutivos del ministro Campomanes: controlar excesivamente las conciencias de los poderosos, obedecer a una titularidad monárquica exterior, erigir un principado absoluto e independiente en Paraguay y propagar herejías en China. De las Escuelas Pías critica lo costosas que son a los erarios particulares y municipales, recomendando la creación de un sistema estatal. De los Hospitales de San Juan de Dios denuncia que los recursos no revierten en la curación de los enfermos sino en el lujo y comodidades de los religiosos, y eso cuando las rentas no van a parar directamente a Roma.

Campomanes no fue tan lejos, pero no dejó de mostrarse duro contra el exceso de clero ocioso, que no oficiaba misas ni ejercía tareas parroquiales y que arruinaba a la nación: «Los beneficios simples hoy sirven para mantener zánganos en la Iglesia. Cuán útil fuera incorporarles en utilidad de la católica religión en un seminario de apostólicos misioneros para acudir a la conversón de infieles» (1984: 46).

En definitiva, el autor del Testamento destina treinta de los noventa folios de la obra, es decir, un tercio del total, a la descripción de las lacras del clero. Teniendo en cuenta que no se trata de una obra centrada en la cuestión puntual de la reforma de la Iglesia, se comprende hasta qué punto era esencial este tema en una obra que perseguía el objetivo de regenerar al conjunto de la sociedad.

LA PLENITUD PROYECTISTA

Hemos citado fugazmente a Romà y Rosell entre los ensayistas interesados en la revitalización de la agricultura; prestémosle mayor atención. Del análisis sumario de Las señales de la felicidad de España se extraen las ideas vertebrales del reformismo ilustrado dirigido a la restauración de la monarquía. En el capítulo primero, «De la repartición proporcionada de las tierras, o especie de Ley Agraria», leemos: «Todos estos daños produce la tan notoria como excesiva desigualdad de las propiedades de bienes raíces de esta Monarquía» (Romà, 1768: 16-17); luego entra más en la cuestión: «la propiedad, introducida entre los individuos, no impide que el Soberano se valga de aquel Dominio eminente que ejerce revestido de la pública autoridad y de los derechos de la Sociedad, entre los cuales se connumera el de tomar todas las medidas más eficaces para sacar del terreno todo el producto que se pueda, y mucho más, para que no se despueble el Reyno» (1768: 18-19). Invocaba Romà nada menos que la Segunda Partida de Alfonso X en apoyo de su argumento, que no puede estar más claro: el rey tiene perfecto derecho a reformar los estatutos de propiedad porque es un mandato divino que la tierra alimente a sus pobladores. En el capítulo «Del Lujo» (páginas 42-55), el autor combina sus juicios sobre la perniciosa ociosidad, la contratación de mercenarios extranjeros para la guerra14 y los necesarios estímulos a la industria propia para concluir que el lujo puede ser reconducido como factor de revitalización económica, siempre que lleguen felices guerras capaces de incentivar la producción. El más interesante de los capítulos, sin duda, es el segundo, en el que trata «Del libre Comercio, y abolición de la tasa de Granos», «Del libre Comercio de los víveres» y «De la repartición de las tierras concejiles».

Otro escritor político interesante es Miguel Antonio de la Gándara, quien por orden y encargo de Carlos III escribió, en 1759, su obra «Apuntes sobre el bien y el mal de España escritos de orden del Rey», impresa en 1813 en el volumen primero del Almacén de frutos literarios inéditos de nuestros mejores autores antiguos y modernos15. Esta edición es una muestra más de la enorme tarea de recuperación del reformismo español ilustrado emprendida por las dos primeras generaciones de liberales, deseosos de dejarse orientar por los grandes ensayistas políticos de los reinados de Carlos III y Carlos IV. La obra se abre con continuas invocaciones al nacionalismo: «para entrar a leer estos Apuntes, se sirvan vds. animar su espíritu de sentimientos patricios, inflamar su ánimo de un celo nacional, y renovar dentro de su corazón la memoria de aquellos antiguos progenitores nuestros, que supieron colocar el honor de la nación, el valor de las armas, el crédito de las letras, el esplendor de las artes, el heroísmo, la fama y el nombre de España en el templo de la inmortalidad» (1813: 15); y algo más abajo: «Que no tengo más patria, más partido, más paisanaje ni más sangre que España, España y España» (1813: 16). Este sentimiento nacionalista tan exacerbado utiliza términos y conceptos de una pasmosa modernidad en un texto de 1859, pero no deja de poder contextualizarse en los justos márgenes diseñados por Antonio Calvo Maturana a partir del examen de los escritos de los autores del reinado de Carlos IV. Gándara concibe al intelectual como a un patriota que ayuda al rey a orientarse en la tarea común de conseguir la felicidad del pueblo. Así pues, declara: «Que la grande alma del rey nuestro señor, su amor patrio, sus continuos desvelos, y su celo incomparable, ni puede ni debe hacernos dichosos por sí solos» (1813: 20). La obligación del patriota es ayudar al monarca en su ingente tarea de gobernar: «es preciso que todos nosotros arrimemos el hombro al bien con amor, con tesón y con constancia, para que ya que haya de ser S. M. el redentor que lleve la cruz principal, seamos nosotros a lo menos sus buenos Cirineos» (1813: 20). El monarca es el Cristo de la causa patriótica. El buen patriota, quien le ayuda a cargar con esa cruz. Aunque trabajo nos cueste imaginarnos a Carlos III, el rey cazador, como a un sufrido Cristo de la maltrecha España, Gándara lo entendía así. Hacia 1900, el Crucificado será la propia nación16.

Portada de Las señales de la felicidad de España y medios para hacerlas eficaces (1768), por Francisco Romà y Rosell, Biblioteca de Catalunya.

Los argumentos de Gándara pueden parecernos, a día de hoy, ingenuos. En su bienintencionado libro leemos que «con vasallos pobres nunca hubo príncipe rico; y con vasallos ricos jamás habrá príncipe pobre [...]. La miseria de los pueblos empobrece los erarios; la escasez de los erarios es la ruina de los pueblos; uno a otro se aniquilan. Rico el pueblo es rico el príncipe» (1813: 29). Campomanes, por aquellas mismas fechas, expresaba ideas idénticas: «Menos quimeras mueve el rico que el pobre por no exponer sus haberes en manos de los ministros de justicia, y, en una palabra, para ser rico el monarca es necesario lo sean los vasallos» (1984: 58)17. Una sencilla receta, que parece haber perdido vigencia en el día de hoy. Pero no faltan actualmente titulares en los periódicos que avalan su buen sentido. Por ejemplo, el 7 de abril de 2014 la práctica totalidad de la prensa española se hacía eco de la declaración del Fondo Monetario Internacional alertando al Banco Central Europeo sobre la «escasa demanda interior» y la «deflación» de los precios, principales obstáculos para la recuperación económica. La ingenuidad (o la hipocresía) de estas declaraciones no son mayores que las de Gándara o Campomanes, sobre todo después de años y años de recomendar la austeridad que ha dejado exhaustas las arcas de varias naciones europeas. Tratamos aquí con verdades de Perogrullo: si las clases medias desaparecen, las haciendas estatales dejan de recaudar, porque pierden millones de contribuyentes. Los ciudadanos reducidos a la miseria, como es lógico, dejan de consumir y de crear empresas. Sin embargo, seis años después de la implosión del año 2008, el FMI despierta para alertar a las instituciones europeas de que sin consumidores no hay mercado posible. Al término del mandato de José Manuel Durão Barroso, hay 25,7 millones de parados en la Unión, 9,3 millones más que antes de la crisis. El 23,8 por 100 de los ciudadanos, en los países miembros, casi un cuarto del total, es pobre.

Los argumentos de Gándara, expresados con una insólita sencillez, debieron de constituir una notable rareza, y revistieron una indudable originalidad: «cuanto más se acrezcan los impuestos, cuanto más se estanquen los géneros, cuantos más arbitrios se inventen de nuevo, y cuanto más contribuciones se exijan de la nación, tanto más bajarán las cuentas del rey» (1813: 30). Concluía nuestro autor: «¿De dónde han de sacarlo los vasallos, si no se les facilita antes el modo de ganarlo? La dificultad no está en sacárselo, está sería empresa muy fácil; está en que por habérselo sacado antes, no lo tienen para darlo ahora». Campillo también se había manifestado, en 1741, contra el exceso de tributos que padecían los contribuyentes. No es de extrañar que estas ideas políticas se remozaran precisamente en 1813 a través de las letras de molde. ¿Influyeron las ideas de Gándara sobre el arbitrista liberal Juan Álvarez Guerra, quien precisamente en 1813 publicó su obra Modo de extinguir la deuda pública: eximiendo a la nación de toda clase de contribuciones por espacio de diez años?

Cien años antes, Martínez de Mata había defendido todo lo contrario, la necesidad de mantener los tributos como garantía de la continuidad sistémica: «es fiero desatino decir los arbitristas que se quiten los tributos y se impongan sobre algún medio general, para remediar los vasallos» (Anes, 1971: 33). En general, los arbitristas que propusieron la retirada de impuestos han gozado de peor fama y fortuna que los partidarios de mantenerlos. En particular, han sido acusados de idealistas y populistas. El verdadero problema, para Ortiz y Martínez de Mata, era permitir la entrada de mercancías extranjeras, independientemente de si los «pechos» eran muchos o pocos (Anes, 1971: 57).

El recetario económico de Gándara se inscribe de lleno en la corriente «autárquica» defendida por el clandestino autor de Testamento de España, escrito tres años antes que los Apuntes sobre el bien y el mal de España: «La verdaderamente sólida, esencial y pública utilidad del Reino, consiste (veis aquí el bien) en que la substancia de él no salga del cuerpo de la nación» (1813: 27); «Esta es la piedra fundamental de todas las felicidades de España, y este es el único camino real de los progresos y florecimiento de todos nuestros intereses aquí y en Indias. En dedicándonos todos y cada uno por sí mismos a no consumir géneros extranjeros, restablecimos a España, y dimos en tierra con todos nuestros enemigos: sus principales fuerzas consisten en las que nosotros les damos». Lo que se nos propone, por lo tanto, es un puro y duro nacionalismo comercial.

Este haz de ideas debía de circular con profusión por la España de 1750, a través de las tertulias y la copia de manuscritos clandestinos. En el asombroso Testamento de España leemos: «Que se exijan los impuestos con el mayor rigor, y cuando no tengan los vasallos con qué pagar que se vendan sus efectos y muebles y aun si es necesario sus camas y hogares» (Macanaz, 2001: 69). Hasta es posible que Miguel Antonio de la Gándara fuera encarcelado, tras los motines de Esquilache, en el castillo de Pamplona, cárcel en la que murió, purgando la osadía de haberle presentado al rey estos argumentos que otros intelectuales próximos al poder se guardarían mucho de expresar de manera tan directa y comprometedora durante las siguientes décadas.

En cuanto a la política eclesiástica, Gándara es completamente regalista: «Se moderarán los exorbitantes derechos de la Nunciatura, y lo mejor sería ejecutar lo que propondré en el folio siguiente (que es remedio radical) y hacer que los nuncios apostólicos se reduzcan y ciñan su oficio a las puras funciones de embajadores» (1813: 223). Ninguna energía nacional ha de perderse por injerencia extranjera. La Corte Vaticana, entendida como estado terrenal, no era más que otra de las potencias europeas que se afanaban por debilitar a la monarquía hispánica. Esta fue la naturaleza de las propagandas inminentes contra los jesuitas: obedecían a un titular extranjero, y por lo tanto no se incluían en la obligación de servir a su señor natural. E incluso va Gándara mucho más allá, proponiendo, junto a una disminución drástica del personal civil de la administración (uno de los futuros caballos de batalla costianos), la reducción de las cantidades a percibir por parte de los clérigos: «Se modificarán los excesivos derechos de nuestras curias eclesiásticas. Se formarán aranceles y se reducirán los Consejos, Cancillerías y Audiencias de todo el reino» (1813: 223). Proteccionismo y bajada de impuestos, he aquí lo esencial de este programa.

En cuanto a política agrícola, el análisis de Gándara, centrado en los efectos desastrosos de la falta de incentivos, no puede ser más lúcido:

Las tasas ocultan los granos. Los labradores se desazonan con ellas, y faltos también de libertad para extraer del reino el sobrante de sus cosechas, oprimidos de contribuciones, impuestos, alcabalas y cientos para comerciarlos por dentro, agobiados de tributos, anegados en miseria, faltos de dinero y de pósito en los pueblos para hacer sus sementeras, escasos de ganado para fomentar el estiércol, engrasar y calentar las tierras, los víveres caros, lo jornales altos y las mulas por las nubes; si habían de sembrar ocho, no siembran más que cuatro, y dejan lo restante inculto [...]. Multiplicados, pues, estos daños por espacio de más de dos siglos enteros, claro estaba que habíamos de venir a parar en las escaseces que padecemos (1813: 54).

Concluye Gándara: «quien siembra, no coge, y sea el año como fuere». Un diagnóstico de la situación en el campo que podrían haber firmado Costa en 1880, Marcelino Domingo en 1931, o Juan Goytisolo en 1960.

Sobre el regalismo y el antijesuitismo en la persona y el reinado de Carlos III, Antonio Domínguez Ortiz ha destacado varios aspectos que no pueden pasarse por alto a la hora de analizar el reformismo borbónico. Frente a la absurda obsesión francesa según la cual todas las iniciativas anticlericales de la época se debieron a masones y afrancesados, el historiador andaluz pone las cosas en su sitio y señala al elemento napolitano como uno de los que más influyeron sobre Carlos III. Bernardo Tanucci (1698-1783) fue el orientador intelectual de siempre del monarca, y el responsable de sus posturas anticurialistas y antijesuíticas. Sin entender el tipo de problemas con los que se enfrentó el joven Carlos de Borbón durante su reinado napolitano, resulta imposible comprender las medidas que impulsó con éxito desigual durante las dos décadas siguientes como rey de España. Nápoles era un reino débil y deseoso de fraguarse su propia independencia espiritual respecto a la cercana Roma. Domínguez Ortiz deshace las distorsiones que suponen confundir un problema de doctrina religiosa con un conflicto puramente político (la necesidad de que cada potencia católica gestionara por sí misma sus propios recursos y su propio personal eclesial adicto a las instituciones civiles). Asimismo, Nápoles era un estado claramente empobrecido por el exceso de clero y de tributos de naturaleza eclesiástica. Los juicios de Domíngez Ortiz son imprescindibles para comprender la naturaleza del regalismo español ilustrado: «Nadie pensaba que el forcejeo entre los dos máximos poderes tuviera un substrato religioso; los reyes actuaron pensando no solo en los intereses del Estado sino de la propia Iglesia, de la que ellos se sentían responsables en lo temporal» (2005: 123). En el siglo XVIII, la monarquía y la Iglesia eran instituciones híbridas, mucho más que en la actualidad. Los reyes debían garantizar la subsistencia y la utilidad pública de la Iglesia, mientras esta trataba de extender los intereses temporales del Estado Vaticano: «Para juzgar adecuadamente la política “regalista” hay que tener muy presente que el poder real era mixto: temporal y espiritual; sin pretensiones en cuanto al dogma, pero sí en cuanto a la disciplina eclesiástica; por eso vigilaban, y a veces sancionaban, la conducta de los eclesiásticos». En cuanto a las influencias exógenas tan aireadas por Menéndez Pelayo y sus seguidores, la verdad histórica es que: «El regalismo borbónico no fue en el aspecto teórico más allá que el de los Austrias; solo cambió el acento, el espíritu con que se aplicaba, que se fue haciendo paulatinamente más duro» (Domínguez Ortiz, 2005: 123). Ya el conde-duque de Olivares había propuesto a Felipe IV rebajar el poder efectivo de la Iglesia Católica en España, siendo obstaculizadas sus iniciativas por el nuncio papal, el cardenal Monti (Elliott, 2011: 79). Entre 1631 y 1632 las tensiones entre la autoridad real y el clero, que se negaba a pagar impuestos, llegaron a un punto preocupante. La total armonía entre Iglesia y Estado imaginada por Menéndez Pelayo no es más que un sueño, una apropiación ideológica del pasado destinada a rebajar la labor de los políticos ilustrados y liberales. Conclusión: «no hay que concebir el regalismo como una lucha entre el poder civil y el eclesiástico. El rey también tenía un poder eclesiástico. El regalismo no era un conflicto Iglesia-Estado, sino una pugna de poderes dentro de la misma Iglesia» (Domíngues Ortiz, 2005: 233).

Y desamortizar bienes eclesiásticos no fue, ni mucho menos, una manía exclusiva. Tras las causas de los motines de Esquilache, Domínguez Ortiz señala la política oficial de recuperar regalías que se encontraban en manos de poderosos nobles, que cobraron por devolver a la fuerza esos bienes lo que habían pagado por ellas sus antepasados del siglo XVI, sin tener en cuenta la depreciación de la moneda verificada en doscientos años (2005: 120). Por ejemplo, al marqués de Estepa le fue abonada la cantidad que había pagado Adán Centurión en 1558 para poder empezar a cobrar las alcabalas de la ciudad. Otra dirección clara de los gobiernos de la segunda mitad del siglo XVIII fue la dignificación de los oficios manuales que la hidalguía había excluido de la excelencia social.

El 8 de julio de 1787, un real decreto certificaba el nacimiento de la Junta Suprema de Estado. Floridablanca se encargó de redactar la Instrucción reservada que debía regir esa junta de nueva creación. En el apartado 52 se mencionan expresamente las Sociedades Económicas como «instrumento para fomentar el aprecio a las artes y los oficios manuales, aduciendo el ejemplo del príncipe y los infantes», y el de la nobleza inglesa, que ingresaba en los gremios de artesanos antes de desempeñar cargos administrativos del Estado (Domínguez Ortiz, 2005: 152-153). Para que reflotaran la industria y el comercio, era necesario cambiar la mentalidad de las clases dirigentes. En la Real Cédula de 18 de marzo de 1783 se lee que «no solo el oficio de curtidor, sino también las demás artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo son honestos y honrados: que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los ejerce ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la República» (Domínguez Ortiz, 2005: 204). Treinta años antes, Campomanes había escrito:

Por lo regular suele inclinar esta honrilla a la holgazanería o al orgullo; la sabia disposición es cebar con el punto al pueblo para inclinarle al trabajo. Si en España fuera acto positivo para aumentar el honor el adelantamiento en alguna arte o ciencia y por el contrario desdoro la pereza y holgazanería se verían muchos más dedicados al trabajo útil de la república. Dese una hidalguía al que invente una máquina o secreto útil al público (1984: 50-51).

Se trataba, en suma, de darle la vuelta a la mentalidad nobiliaria de los siglos XVI y XVII, que había hecho estragos en la economía. Los ministros de Carlos III no pudieron acabar con la privatización de los cargos públicos puesto que se hubiera tenido que indemnizar a los propietarios con un dinero del que no se disponía. A cambio, Campomanes trató de impulsar una democratización parcial de las administraciones municipales. Las poblaciones grandes elegían por sufragio universal masculino a sus cuatro diputados; las de menos de 1.000 vecinos elegían a dos. El gobierno creó la figura del síndico personero del Común, una especie de Defensor del pueblo contra los abusos de los «poderosos» locales. La Real Cédula del 21 de octubre de 1768, dictada inicialmente para Madrid y luego extendida a otras ciudades, estableció que cada barrio tuviera un alcalde elegido por el mismo procedimiento que los diputados y el síndico personero (Domínguez Ortiz, 2005: 161-167). ¿Veleidades democráticas? Más bien todo lo contrario. El equipo carlotercista se había dado cuenta de que era preciso inspeccionar los abastos de las ciudades para evitar que se repitieran los intolerables abusos que habían culminado con los motines de 1766. Con la tímida reforma se pensaba que se mitigarían las hambrunas, se normalizarían los transportes y se acabaría con el alza fraudulenta de los precios y la venta de productos en mal estado. En la práctica, la reforma cosechó muy escasos ecos. El abstencionismo fue elevadísimo, y las élites locales fácilmente pudieron acaparar los nuevos cargos de naturaleza electiva para volver a garantizar sus prácticas semiseñoriales. Sin embargo, la reforma de Campomanes sirvió de precedente para las votaciones que nutrieron de diputados a las Cortes de Cádiz.

Las sospechas se extendieron al estamento nobiliario, que fue criticado por improductivo y parasitario. Muchos señores se trasladaban a la corte y se llevaban consigo las rentas, dejando sus solares despoblados y empobrecidos. Una Real Orden de 1778 negó el permiso para reconstruir la cofradía nobiliaria de San Jorge de Mallorca. En su lugar, se recomendaba la fundación de una Sociedad Económica. Domínguez Ortiz adivinaba en esta maniobra la mano del incansable Campomanes, que fue el hombre clave de la Ilustración política. De 1764 es su Tratado sobre la Regalía de la Amortización, donde asentaba en la teoría la posibilidad de que las autoridades civiles modificasen los estatutos de la propiedad agraria si lo juzgaban conveniente para la economía de la monarquía. Y a pesar de que hubo que esperar al reinado de Carlos IV para que se iniciara una débil desamortización (1795-1798), las ideas de Campomanes (como antes las de Macanaz) son un nexo de unión entre el absolutismo ilustrado y las iniciativas de la etapa liberal18. Jovellanos y Olavide recomendaron también la limitación por ley del aumento futuro de las propiedades de la Iglesia, ya que no se atrevieron a recomendar la enajenación o el arrendamiento forzoso.

De 1750 es el fundamental Bosquejo de política económica española de Campomanes, que quedó manuscrito y se conservó en el Archivo Campomanes de la Fundación Universitaria Española. Lo firmó un tal Rodrigo Perianes Campo, criptógrafo de no muy difícil identificación. A través de sus sentencias nos vamos dando cuenta de hasta qué punto se había desarrollado el regalismo en la España anterior al inicio del reinado de Carlos III.

Que Campomanes fuera un revolucionario, como han apuntado los críticos más optimistas, lo desmienten sus propias palabras: «La religión es el primero y principal punto de este Estado, como que es la cosa más importante para la salud del género humano [...]. En lo que toca al gobierno los contiene en lo justo y hace respetar al soberano, pues es uno de los literales preceptos del Evangelio» (1984: 39). Únicamente estas palabras ya deberán borrar de un plumazo las especulaciones sobre el carácter descreído de los regalistas. No se trata aquí de que la obediencia al rey sustituya a la obediencia eclesiástica, se trata de fusionar ambas, puesto que obedecer al monarca es someterse a una parte de la Iglesia. Ahora bien, donde empieza a marcarse la diferencia es en los objetivos mismos de la institución monárquica: «La religión deberá observarse y enseñarse sin preocupaciones con aquella libertad y cristiana sencillez del Evangelio. No basta el culto exterior, no el dejar sus haciendas a las iglesias ni dar muchas limosnas; el amor verdadero y respetuoso hacia el Creador debe infundarse al pueblo y como secuela de este la beneficiencia al prójimo» (1984: 40). Las instituciones deben terminar con los usos superficiales, imponer una fe más teológica y pura y considerarla la base misma de una revolución de las conciencias que vivifique no solo la fe religiosa, sino también la civil. Los creyentes deben ayudar al monarca. Patria y catolicismo son la misma cosa.

Preocupaba a Campomanes también la tendencia centrífuga de las distintas provincias: «Ha habido en España una especie de división de provincia a provincia que ha tomado hecho en todos tiempos la nación menos unida [...]. Este espíritu de oposición hizo abrir puertas a las naciones para subyugar a España, pues de otro modo tal vez no lo hubieran conseguido» (1984: 53). El problema, pues, era más de seguridad nacional que económico. La solución: formar un comercio interior fuerte, y otra medida más ocurrente: fomentar los matrimonios «mixtos»: «El mutuo trato puede vencer esto, y en especial el espíritu de comercio, traficando más la unión por casamientos». La obsesión reflejada en el Bosquejo de 1750 era el saneamiento de las comunicaciones: la construcción de canales y la conversión de los ríos en vías navegables; la creación de una red de posadas baratas y decentes, el fomento de los caminos reales, libres de peajes. Y lo que falló en 1766, lo que desencadenó los motines del año siguiente, con Campomanes en la cúspide de su poder, fue precisamente la llegada del librecambio en los granos sin una red adecuada de abastecimientos que pudiera abaratar los precios en los mercados locales.

Más acertado estuvo en el análisis del problema. Observando el devenir del Reino Unido, Campomanes se dio cuenta de que «sabiamente, los ingleses, divididos entre sí en dos partidos de Estado y en muchos de religión, mantienen unidos el celo de la patria y crédito de su banco por el interés que directa e indirectamente tiene toda la nación» (1984: 61). Parece cierto que una economía saneada respaldada por un banco central prestigioso es la mejor garantía de una nación cohesionada. ¿Qué ocurre cuando a un Estado le ocurre todo lo contrario: deja de controlar las cuentas, solo irradia impotencia, seguidismo, recortes, corruptelas, y es legalmente incapaz de devaluar su moneda para ganar competitividad? A la vista de todos está el resultado.

Los ilustrados fueron especialmente críticos con los reyes de la casa de Habsburgo por haber emprendido políticas imperiales insostenibles. Por ejemplo, Juan Pablo Forner escribía: «España está aún experimentando muchas consecuencias del gobierno austríaco en ella, muchos efectos de aquella enorme dilatación de dominios que sustentaban las desgraciadas Castillas, siempre ensalzadas, y siempre agobiadas y miserables» (2010: 92). Proceden estas palabras de su Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España, que se convirtió en un pesimista referente para la historiografía del siglo XIX, puesto que fue impreso en 1843. Una de las obsesiones de Forner la constituye la necesidad de comprender «por cuáles causas se desplomó una monarquía que, habiendo sido miserable cuando aparentaba mayor grandeza, va siendo feliz cuando sus posesiones han quedado reducidas a breve coto» (2010: 108). Para los intelectuales de la época de Carlos III y Carlos IV, una paz duradera es el más preciado de los tesoros, y la restauración de la cultura intentada por Felipe V y confirmada por los monarcas de la segunda mitad de siglo, la confirmación indudable de que España se encuentra en la senda de la recuperación del prestigio perdido.

Sin embargo, el diagnóstico es aún negativo. En su Discurso, aboga por que se recupere la figura del cronista oficial, puesto que los equipos académicos le parecen buenos únicamente para elaborar repertorios y antologías de documentación antigua, diccionarios y enciclopedias. La historia que prestigie al Estado la han de realizar autores individuales que sepan dejar su impronta personal (su estilo) sobre el material histórico en bruto. Aún queda mucho camino por recorrer, y la mejor prueba es la postración extrema a que ha llegado el idioma español. En Exequias de la lengua castellana, extensa sátira menipea que Forner fue elaborando durante distintas fases (la esbozó entre 1783 y 1784, le dio forma durante 1788 para rematarla entre 1789 y 1793, año en que decidió someterla a censura) se escenifican la muerte y los funerales presididos por Apolo que se celebran en el Parnaso en honor de la anciana recién desaparecida que es la lengua española. Anciana decrépita que puede muy bien emparentarse con la imagen de la patria, esa Mater Dolorosa que estudió Álvarez Junco como icono predilecto de la España liberal.

Aunque aquí la personificación de la patria no es una nación, sino un idioma, las implicaciones nacionalistas de la obra de Forner resultan evidentes: las glorias patrias (los escritores predilectos de Forner: Hernando del Pulgar, Jerónimo Zurita, Juan de Mariana, Fernán Pérez de Oliva, Juan Luis Vives, Garcilaso, Boscán, Quevedo, Calderón, Lope, Saavedra Fajardo, con una especial dedicación al patriarca de la erótica y la anacreóntica, Esteban Manuel de Villegas) rodean a la agonizante y recuerdan cuán bello y sabio fue el idioma en las centurias precedentes. De su siglo casi únicamente destaca Mayans, de quien siempre se consideró discípulo. Pululan por el más allá y presencian el entierro el propio Forner y su amigo de los tiempos salmantinos, el poeta José Iglesias de la Casa (Arcadio). En la sátira que prácticamente cierra el volumen, Forner califica de «basura» y «literatura chapucera» todo lo que se ha venido produciendo en el siglo XVIII (1967: 186). Más allá de calificar tan duramente a las letras de su tiempo, Forner propone volver al rigor intelectual del siglo XVI, revitalizar las doctrinas de los moralistas del humanismo y entrar decididamente por la vía científica, tecnificando y cuantificando las opiniones escritas, lo cual no implica, precisamente, imitar a los filósofos franceses, a quienes incansablemente califica de «frívolos».

Únicamente en las Exequias he llegado a cuantificar hasta quince invectivas contra la filosofía francesa, tremendamente duras e insultantes. ¿Para qué copiarlas? El rechazo de Forner ante la importación de valores y modas francesas no es menos visceral que el que experimentarán Costa, Unamuno, Baroja o Maeztu19. Uno de los binomios que ha de romper quien se aproxime al pensamiento reformista español es el que identifica europeización con afracesamiento. Identificado este como intrínsecamente «revolucionario», la solución posibilista (léase «regeneracionista») buscará más allá de los Pirineos intentando siempre romper la dependencia de París y rastreará en otras latitudes (en Gassendi, en Krause, los Schlegel, Schopenhauer o Nietzsche), en la propia literatura clásica o en los valores populares.

Pedro Rodríguez de Campomanes, por José Jimeno (1788), Biblioteca Nacional.

Durante el solemne cortejo, unas plañideras entonan un poema sobre las glorias y virtudes patrias que se incineran junto al cuerpo exánime del idioma. Cantan estas plañideras: «Tus armas invictas, / Que en opuestos rumbos, / De toda la tierra / Cobraron tributo; [...] Glorias son que el tiempo / Disipó cual humo / El soplo sonante / de Aquilón sañudo» (Forner, 1967: 140). El viento se ha llevado al imperio español. Forner tiene clara conciencia de estar viviendo en una auténtica edad de hierro.

Pero no todo fueron ensayos o literatura. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, impulsadas a partir de un informe sobre la situación en el agro escritas por Pablo de Olavide, sirvieron de experimento social hasta que su principal impulsor cayó víctima de la Inquisición. En aquella ocasión, los problemas que se trató de combatir fueron el pésimo reparto de las tierras, la situación miserable de los jornaleros y la inseguridad en los caminos, en parte consecuencia de la despoblación. Campomanes, que había relacionado claramente miseria con despoblación20, se dejó entusiasmar por el proyectista y en julio de 1767 se editaba el Fuero de las Nuevas Poblaciones. Se fundarían varios pueblos sobre tierras baldías o de realengo, repartidas en lotes de cincuenta fanegas, suficientes para alimentar a una familia. Mayorazgos y formas amortizadas de propiedad, así como el establecimiento de conventos, estaban prohibidos. El gobierno local se confiaba a ayuntamientos electos. Los servicios religiosos los administrarían párrocos, y existirían escuelas populares pero no de latinidad. Domínguez Ortiz sentenció: «no se pretendía formar intelectuales, sino campesinos y artesanos» (2005: 182). Se adivinan en estas disposiciones las constantes del pensamiento de Campomanes.

Jovellanos fue nombrado alcalde del Crimen de Sevilla en 1767, y en esa ciudad conoció a Olavide, que a su vez desempeñaba el cargo de asistente en Andalucía. El alcalde del Crimen era una mezcla de juez instructor e inspector de policía. El asistente era, en aquella región, un equivalente al corregidor. En la tertulia de Olavide, en la que se cocinó buena parte del proyectismo ilustrado español, Jovellanos entró en contacto con las novedades europeas y concretó su vocación de dramaturgo. Al caer Olavide en 1778, sus amigos (Capmany, Jovellanos) tomaron nota de lo que podía significar chocar con las autoridades eclesiásticas, y moderaron siempre el contenido de sus escritos polémicos (Jovellanos, 1997: 18).

ARBITRISMO E ILUSTRACIÓN

Llegados a este punto, una vez analizado el pensamiento de los arbitristas de los siglos XVI y XVII, y también el de los ilustrados, se impone reflexionar sobre la deuda que estos contrajeron con aquellos21. Una cantidad de deuda que puede llegar a sorprender. En Exequias de la lengua castellana, Forner salva de su juicio sumarísimo y dantesco a los escritores arbitristas del Siglo de Oro. Menciona, en su lista, la Selva militar y política del conde de Rebolledo, Concejo y Consejeros del Príncipe de Fadrique Furió Ceriol, la Conservación de monarquías, del canónigo Navarrete, y las Reflexiones militares del marqués de Santa Cruz (1967: 146-147). En otra ocasión, Forner guarda un recuerdo indignado del proceso cursado contra Juan de Mariana a raíz de la publicación de su De mutatione monetae (1609). Mariana fue «acusado, encarcelado, tratado como rea uno de lesa majestad, por haberse opuesto con entereza verdaderamente filosófica a uno de los arbitrios más ruinosos que pudo inventar jamás la ignorancia» (2010: 104). Sigue Forner: «Generalmente, son estimables para mí todos los libros castellanos que se escribieron antes que apareciese la plaga de los traductores de obras francesas» (1967: 148). Creemos que en estas palabras se encierra una de las claves fundamentales de su pensamiento, y acaso también una pista útil a la hora de investigar el conjunto de la cultura española reformista del siglo XVIII.

Forner no realiza una crítica casticista o integrista contra la cultura francesa. Lo que hace es señalar su propia tradición de pensamiento. Lo que hace es aportar ejemplos de escritores útiles al Estado capaces de erigirse como ejemplos de auxiliares críticos a una monarquía necesitada de orientaciones técnicas. Esta recuperación de la «filosofía» española por parte de Forner puede darnos pistas sobre un proceso trascendental que, en general, ha escapado de la crítica histórica y filológica: ¿Hasta qué punto existe una ruptura entre la cultura barroca y la ilustrada? ¿Hasta qué punto es obligatorio pensar que toda Ilustración posible era francófila? Es posible que los historiadores hayan ido a buscar sus respuestas en los trabajos de los historiadores, y los filólogos en los de los literatos, en la literatura de creación, cuando la respuesta para sus preguntas se encontraba en la ciencia económica.

No hace falta incidir en el problema de la excesiva parcelación de las disciplinas académicas. No es el momento ni ello es oportuno aquí. Pero ahondar en el conocimiento de los arbitristas, algo que generalmente ha ido a parar a manos de historiadores de la economía, podría resolver dilemas que se han ido repitiendo a través de las décadas sin hallar una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, el neoclasicismo de Forner. Es evidente que en todos sus escritos aboga por una expresión amable, deleitable, bella, útil y ligera, inequívocamente neoclásica. El problema para los críticos era conciliar ese neoclasicismo con las constantes invectivas contra la cultura francesa. De algún modo continuaba operativa la vieja dicotomía romántica, según la cual la Ilustración era un sinónimo de desnacionalización política y cultural. Nuestra hipótesis: Forner trataba de construir su neoclasicismo prescindiendo, en la medida de lo posible, de modelos franceses: «No busquéis grande aparato de elocuencia en los dos Mejías, Juan de Huarte, Alejo de Venegas, Antonio López de Vega. Llanamente, pero con propiedad culta, explican las obras de la naturaleza y los documentos de la virtud» (1967: 149). La operación consistió en aportar modelos españoles para la construcción de la modernidad clásica:

ricos en el uso de las voces, y nada solícitos en enfurecerse con declamaciones y figuras intempestivas. El estilo doctrinal tomó solo de la oratoria lo que basta para que la desnudez no sea fea ni repugnante. Un libro didáctico creo yo que debe ser como el desnudo en la pintura y escultura: un desnudo amable, deleitable, bello; la naturaleza, expresada en sí en sus mejores formas y caracteres. Así escribían Roma y Grecia, y así será también bueno que escriban nuestros españoles.

Y lo mismo hizo Capmany en su Teatro de la elocuencia. Y Mayans con sus recuperaciones críticas de Cervantes y Saavedra Fajardo. Estos autores tan filosóficamente modernos pero tan ideológicamente desconcertantes lo que propusieron fue asumir la novedad de la escuela francesa (incluso su manifiesta superioridad) sin perder los referentes propios del siglo anterior. Adaptar la novedad conceptual llenándola de contenido nacional.

Un ejemplo máximo sería el problema de los apologistas, los teóricos integristas nacionalistas, enfrentados a los protoliberales, los teóricos afrancesados y progresistas extranjerizantes. Estos plantean una contradicción que se supera apelando a la fuente original del arbitrismo barroco. A propósito de los krausistas, García Cárcel escribió que «su europeísmo era singular, porque al mismo tiempo repetían todos los clisés de la galofobia tradicional» (2011: 440). ¡Cómo no iba a ser así, si eran los más nacionalistas de los nacionalistas! ¡Si se consideraron siempre herederos de los regalistas! Si, junto a los modelos ingleses y alemanes, uno de los cuales hasta dio nombre a su escuela filosófico-política, adonde iban a beber una y otra vez era en la mística española. García Cárcel ha llamado a esos indagadores progresistas y anticasticistas la «tercera España», y a ella ha dedicado no pocas páginas de La herencia del pasado. Es muy posible que esa tercera España se negara a elegir entre París y Roma para bucear vitalmente en Toledo, Madrid, Barcelona y Bilbao. La «tercera vía» que desglosa e invoca sin descanso no es más que la vía del regeneracionismo. Un historiador francés, Joseph Pérez, lo ha afirmado con meridiana claridad: «pese a lo que sostenían sus adversarios, el krausismo no era un cuerpo extranjero en España» (2012: 293). La religión practicada por Unamuno, aprendida en Giner, era la forma original de protestantismo que bebía directamente de los erasmistas del siglo XVI y los jansenistas del siglo XVIII, tendencias que Menéndez Pelayo había tildado de «heterodoxas y ajenas al espíritu nacional».

El pensamiento reformista español tiene una característica perenne: se articula como un nacionalismo empeñado en buscar una alternativa al prestigio de las realidades francesas. Una alternativa endógena que reactualizara, tanto en 1790 como en 1914, unos valores o rasgos arquetípicos que debían conformar un tipo de mentalidad llamada a desarrollar, de nuevo, un papel civilizador en Europa. Se diferenciaban, pues, de los neocatólicos en el hecho de que estos hacían coincidir esos rasgos con los de la Iglesia Romana. Y mientras esa identificación pervivía, su investigación no cesaba, hasta el punto de que el mero buscar (y no tanto unas conclusiones resumibles o gacetables) acabó definiéndolos más que sus propias realizaciones políticas. Desde luego, no todos fueron francófilos. E incluso los más francófilos (Azorín, Azaña) se esforzaron por encontrar vetas de identidad en modelos también endógenos (Gracián y los cronistas castellanos tardomedievales en el caso de Azorín, y los comuneros en el caso de Azaña).

François Lopez percibió claramente el enigma, pero no estoy seguro de que acertara completamente en la solución. Se planteó por qué Forner maltrataba a Rousseau, y lo llamaba «maníaco» (cit. en Forner, 2010: XXXVI): «Pero ¿no se ve por qué? ¡Porque este había rebajado a la razón humana! En suma, le tacha de obscurantismo, lo que tiene cierta gracia». ¡Cómo! Un apologista como Forner, ¡llamando oscurantista a Rousseau! ¿Cómo se resuelve el galimatías? «¿Cuál es, en suma, la deuda de Forner con el “maníaco” Rousseau? Es fundamentalmente esa idea de que la “vana oscuridad”, el “contagio de los conocimientos inútiles” son para el espíritu lo que el lujo para las costumbres: un principio de corrupción» (Lopez, 2010: XXXVI). Forner cree que solo podemos permitirnos el lujo de pensar útilmente, sin abandonarnos a la estética y a la irracionalidad. Por pura inercia, estamos acostumbrados a reproducir el cliché según el cual la Ilustración, de origen indudablemente francés, era el Imperio de la Razón. Pero, ¿qué hacer con los irracionalistas? ¿Qué hacer con Rousseau, con Sade? ¿De dónde podía sacar la racionalidad (la ciencia) un nacionalista como Forner? De sus modelos españoles: los arbitristas. Y ello es lo que dicta el sentido común. ¿Cómo, sin leer ni seguir ni estudiar concienzudamente a los arbitristas españoles del siglo XVII, iban a pretender Jovellanos, Campomanes o el propio Forner intentar conocer España, penetrar en la entraña de sus estadísticas?

Esas cifras, que debían de considerar oro puro, procedían de tratados españoles escritos desde el inicio del reinado de Felipe II. ¿De qué podían servirles Diderot o Voltaire, más allá de su validez externa o temperamental, si su empeño mayor era el diseño de las mejoras (los arbitrios, los proyectos) que trataban de aplicar a la realidad española? ¿Cómo podían entender esa realidad sino a través de estadísticas españolas? ¿De qué podían servirles juicios externos o tratados alemanes, holandeses, ingleses, cuando disponían de una tupida literatura sobre esos temas que les apasionaban? Literatura variopinta y, a vueltas, disparatada, pero llena de datos quizá contrastados, quizá comprobables. Una literatura, en definitiva, siempre crítica.

Cuando uno descubre y ve claro hasta qué punto el ensayo español político, desde el Pedimento Fiscal de Macanaz (1716) hasta el Trienio Liberal (1820), buscó constantemente referentes en los textos arbitristas, el dilema se resuelve solo: todos estos intelectuales reformistas buscaban sus modelos en la filosofía hispánica endógena. Ni casticistas tradicionalistas ni afrancesados mentales: la búsqueda del progreso entre 1714 y 1823 se realizó buceando en las obras de los arbitristas, el único «sustituto» posible para la traducción masiva de textos franceses. En 1750 Campomanes escribía: «Hace muchos años que un sabio político y letrado español, Jerónimo de Ceballos, reprendió este reprobable abuso que nos tiene empobrecidos, de permitir de extraer los crudos del reino sin beneficiarlos» (1984: 96). Cuando trata de llegar a conclusiones claras sobre el exceso de clero y de conventos que aqueja a la economía del reino, Campomanes utiliza explícitamente los datos aportados por Ceballos (1984: 154). El 20 de agosto de 1778, el mismo Campomanes redactaba una nota en la que explicaba cómo había recibido de México los Discursos de Francisco Martínez de Mata, con los cuales acababa de formar la primera edición de sus memoriales (Anes, 1971: 481-482). Algunos de esos textos se reeditaban en 1794, con una nota de José Canga Argüelles, y también en 1802 (Anes, 1971: 477-480). ¿Cuántos estudios y energías se han dedicado a esclarecer las relaciones entre el ensayismo político español y las obras de Voltaire, Rousseau, el abate Raynal, las enciclopedias y el Diario de Trevoux (unas relaciones indiscutibles, por otra parte, totalmente fuera de debate)? ¿Y cuántos al estudio de las relaciones entre Macanaz, Forner o Jovellanos y Sancho de Moncada, Juan de Mariana o Tomás de Mercado? Anes escribió hace más de cuarenta años que «Sancho de Moncada, Caxa de Leruela y Martínez de Mata son, sin duda, los tres personajes clave del siglo XVII, cuyo pensamiento es imprescindible considerar para entender la renovación que va a tener lugar en el siglo siguiente» (1971: 82), y también que «Lo que en Martínez de Mata es intuitivo, en Campomanes es fruto de una detenida reflexión» (1971: 87). El añadido crítico más importante del ministro ilustrado sería la insistencia en la creación de instituciones educativas, porque las medidas o arbitrios propuestos podían caer en saco roto si no se generaba un ambiente social propicio para su desarrollo.

Algo similar ha ido sucediendo a propósito de Costa. En una de sus obras más primerizas, Fernández Clemente, a partir de un estudio de Azorín, trataba de delimitar las fuentes del pensamiento costiano, y salían los nombres de Colbert, Cabarrús, Fermín Caballero y Saavedra Fajardo. Pero ¿dónde estaban los arbitristas que Costa examinó, uno tras otro, en Colectivismo agrario? Allí apareceían muchos más autores españoles reivindicados: Vitoria, Soto, Ayala, Mariana, Suárez (1969: 57); y luego Vives, González de Cellorigo, Caxa de Leruela, Martínez de Mata, Aranda, Campomanes, Olavide, el cardenal Belluga, Floridablanca, Jovellanos, Vicente Calvo Julián22, Francisco Javier Peñaranda, Rafael de Floranes, Flores Estrada, Valle de la Cerda, Ceballos, Juan de Castro, entre otros. Todos estos autores, mayores o menores, están detrás de la teoría agraria de Costa. Formulémoslo a la inversa: Colectivismo agrario es la adaptación del pensamiento económico y político español anterior a 1875 a las necesidades del mundo de la España actual. Es un canon y una reivindicación historicista, donde no encontramos prácticamente fuentes europeas.

Pero volvamos al siglo XVIII. Ya en 1701 fue reeditado el Epítome de los discursos de Mata. Sin embargo, la recuperación efectiva del autor no se produciría hasta 1775, momento en que Campomanes empezó a interesarse vivamente por el personaje. Algunas implicaciones de esta línea argumental podrían conducir a conclusiones muy radicales: si se entiende que el ensayismo político-económico español parte, o buscó partir, fundamentalmente, del ensayismo económico de los arbitristas, ¿cómo distinguir lo que era herencia de lo que era novedad? En agosto de 1777 Jovellanos envió una extensa carta a Campomanes en la que vertía sus opiniones sobre los autores económicos españoles de los reinados de Felipe III y Felipe IV. El tema era la constitución de un embrión de banco público que había sido propuesto en 1591, y que fue presentado en Cortes en 1617. El arbitrio fue rechazado por los contadores Luis Valle de la Cerda y Francisco Salablanca, y sin embargo fue puesto en ejecución en 1622.

Jovellanos juzga equivocada aquella decisión, y compone sus propios arbitrios: «No puedo negar que en aquella época había en España algunos conocimientos económicos. Las obras de Moncada y Navarrete, que son de aquel tiempo, lo convencen, y aun también la de que vamos hablando. Valle de la Cerda y Salablanca eran muy hábiles calculistas, y no carecían de buenas ideas» (1859: 139); y más allá: «Un banco público en una nación pobre, no solo de dinero, sino de arbitrios para adquirirlo, en una nación que, según la cédula del señor don Felipe IV, daba las últimas boqueadas, ¿no era la mayor de las quimeras?». Durante toda la carta, Jovellanos desea demostrar a Campomanes que las buenas intenciones de los calculistas barrocos se veían defraudadas por la ausencia de una auténtica ciencia económica española, que sí podía ser establecida en 1777. Las soluciones apuntadas por Jovellanos nos indican hasta qué punto conocía la prosa del siglo XVII: «Si los extranjeros domiciliados en el reino no llevaban su dinero a los erarios, menos lo llevarían los que vivían fuera de él»; «A nosotros nunca nos ha faltado dinero, sino medios de fijar dentro de la nación el que producen sus riquezas naturales y los frecuentes envíos de América. Esta fijación será un efecto del fomento de la industria» (1859: 140).

Constituiría un error considerar a Jovellanos un intelectual interesado únicamente por la literatura y el derecho. En 1783 Jovellanos se integró en la Junta de Comercio, Moneda y Minas, y tuvo que escribir varios informes sobre temas técnicos y económicos, entre ellos el fomento de la marina mercante o la importación de muselinas. Se trata de Voto particular sobre la introducción y uso de muselinas (1784), Sobre el fomento de la marina mercante (1784) y Sobre el libre ejercicio de las artes (1785), donde criticó con dureza la existencia de gremios, opinando de forma totalmente contraria a como lo había hecho el temible Capmany en su Discurso económico-político en defensa del trabajo mecánico de los menestrales y de la influencia de sus gremios en las costumbres populares, conservación de las artes y honra de los artesanos (1778). Estos informes de tema económico vinculan a Jovellanos con la abigarrada galaxia de memoriales elaborados por los arbitristas del siglo anterior. Cinco años más tarde, en 1789, presentó un informe al ministro de Marina sobre el carbón mineral y sus posibilidades comerciales. En Jovellanos se ha de ver al auténtico padre espiriritual del regeneracionismo de la segunda mitad del siglo XIX. Como a Mallada y Macías Picavea, a Jovellanos le interesaron los bancos como fuente de riqueza pública, y entre marzo y mayo de 1782 formó parte de una comisión que debía informar sobre la creación de un banco, finalmente aprobado por Real Cédula el 2 de junio del mismo año. En 1784 Jovellanos leyó en la Sociedad Matritense de Amigos del País su Discurso sobre el establecimiento de un montepío para los nobles de la Corte, desfavorable a la creación de una institución de apoyo económico para los nobles menesterosos y mendicantes. Para el autor, los nobles pobres debían integrarse en las clases productoras para ganarse el sustento (Jovellanos, 1997: 55-56). En cambio, en dos cartas enviadas a Campomanes el 6 de septiembre y el 31 de octubre de 1777, Jovellanos había propuesto al ministro la creación de instituciones bancarias de ayuda económica para campesinos.

Entre 1786 y 1790 Jovellanos gestionó el empréstito que se había de dedicar a la construcción de la carretera entre Oviedo y Gijón (1997: 21-22). Carreteras, bancos, comercio, reforma agraria, extracción de carbón, reforma del estamento nobiliario, mantenimiento de escuadras comerciales... hete aquí temas que ocuparon a Jovellanos al lado de la estética y el derecho. Guillermo Carnero no tiene ningún reparo en identificar como «esperanzas regeneracionistas» las propuestas elaboradas en el Informe en el expediente sobre la ley agraria (1997: 83).

En 1999 el especialista en arbitrismo español Luis Perdices de Blas presentó un trabajo unitario donde se situaban como inmersos en una corriente idéntica a Luis Ortiz, Martín González de Cellorigo, Sancho de Moncada, Pedro Fernández de Navarrete, Francisco Martínez de Mata, Gerónimo de Uztáriz, Bernardo Ward y Pedro Rodríguez de Campomanes. Hasta incluía en la denominación a Jovellanos, Cabarrús y Foronda (1999: 451).

O, lo que viene a significar lo mismo: ¿hasta qué punto el pensamiento ilustrado español no era arbitrismo tardío? Consideración que puede engendrar, a su vez, conclusiones inquietantes: ¿qué había en Macanaz, Forner o Campomanes que no hubiera en los arbitristas del siglo XVII? Lo que, en definitiva, podría llegar a reformularse a través de las siguientes preguntas: ¿qué define a un ilustrado? ¿Hubo un ensayismo auténticamente ilustrado en España?

A mi modo de ver, el regalismo fue el eslabón que unió íntimamente la prosa de los arbitristas y la de los ilustrados. Los elementos del discurso ilustrado que beben directamente de los textos españoles de los siglos anteriores son perfectamente localizables. Sería herencia de los arbitristas el sentimiento de despoblación, el antijesuitismo (presente en autores como Juan de Palafox y potenciado especialmente por Campomanes), la alerta por la fuga de dinero, la denuncia de la dependencia de las importaciones de productos manufacturados, la balanza comercial negativa para España, la miseria generalizada (con la amenaza que suponía para el orden interno de la monarquía), la ausencia de marina, canales y caminos viables, las controversias sobre el lujo y la crítica a la fatal extensión del imperio. Cuando Forner traza la imagen de una nación española como un barco en el que los tripulantes se comen los unos a los otros, ha tomado la imagen de Sancho de Moncada. Campomanes se pregunta en 1750: «¿Qué importan muchos súbditos lejanos si para mantenerles es menester arruinar a los más propios y cercanos con las contribuciones y levas, saliendo fuera los hombres y el dinero?» (1984: 35). Idéntico diagnóstico que el de los arbitristas. E idéntico encontramos en una obra de 1890: «no es tan fácil mantener prósperos y felices los Estados, como aumentar loca y ambiciosamente los territorios que sus naturales límites rebasan» (Mallada, 1969: 63).

A propósito de Campomanes, Vicente Llombart ha escrito que «la continuidad de las ideas del Bosquejo con las de los economistas políticos del siglo anterior es tan evidente que casi parece un escrito más de aquella época» (1992: 63). Y cita a Fernández de Navarrete y a Saavedra Fajardo como a sus fuentes más probables.

Otros elementos no pueden ser más que privativos de la mentalidad ilustrada: la decadencia cultural (iniciada hacia 1680), la crítica despiadada contra la religiosidad popular considerada una superstición anticatólica (una aportación de Feijoo), las críticas al estamento nobiliario (tan características del pensamiento de Campomanes, Jovellanos y Cadalso), las repoblaciones y experimentos sociales como el dirigido por Olavide en el norte de Andalucía, las propuestas concretas y estructuradas de reforma del sistema educativo y la introducción de observación positivista a la hora de enjuiciar los méritos de cada nación. En este sentido, el pionero fue claramente, y de nuevo, el padre Feijoo. En Mapa intelectual y cotejo de naciones, el benedictino trató de dejar atrás los tópicos caracterizadores para introducir elementos racionalistas, estadísticos, positivos, contrastables, de debate (García Cárcel, 2011: 91). Atrás quedaban las tradiciones literarias que atribuían unos defectos y virtudes inmutables a los naturales de una y otra naciones y empezaba el examen de los méritos civilizatorios reales, culturales y productivos. Y esto medio siglo antes de la polémica en torno al juicio negativo de Masson de Morvilliers en la Enciclopedia Metódica.

Por lo tanto, creo urgente desestimar definitivamente la perspectiva según la cual Ilustración española equivalía a afrancesamiento. Este espejismo fue construido por Menéndez Pelayo y relanzado por sus discípulos, ya en el siglo XX. Con toda claridad lo ha expresado Joseph Pérez: «Cadalso vio en Francia un país que estaba en la vanguardia del progreso; también era consciente de lo que no funcionaba en España, pero no por ello estaba dispuesto a aprobar con los ojos cerrados todo lo que procedía del extranjero» (2012: 182). Mucho más verosímil es pensar que los proyectistas buscaran la inspiración en su tradición inmediatamente anterior: «Campomanes y Sempere y Guarinos reeditaron a los antiguos arbitristas del Siglo de Oro; su diagnóstico sobre la situación de España y algunas de sus propuestas les parecieron aún de actualidad. Los reformadores del siglo XVIII estaban deseosos de modernizar el país, pero también eran patriotas; no estaban dispuestos a aceptar que se emitieran apreciaciones injustas o malévolas sobre España» (Pérez, 2012: 182).

Por lo tanto, yo no señalaría una ruptura entre el pensamiento reformista de los economistas barrocos y los proyectistas ilustrados: más bien lo explicaría como un proceso de sedimentación o acumulación de propuestas. Algo parecido observaremos en el paso de la mentalidad típicamente ilustrada a la liberal. El pensamiento reformista español se ha ido construyendo como una sinfonía que repitiera hasta la saciedad las mismas bases rítmicas (de ahí el cansancio, de allí la morbosidad enfermiza de 1898, los eslóganes llegaron fatigados a esa fecha presuntamente axial) y le fuera aportando hallazgos, como nuevas melodías, arreglos o fugas, que no variaran en lo esencial lo que llevaba observándose desde el fin del reinado de Carlos V. Una sinfonía que se volvió incómoda, cacofónica, desacorde, estridente, hacia 1900, a través de la prosa de autores crispados como Baroja o Maeztu.

El regalismo dieciochesco continuó siendo el horizonte principal para los reformistas de toda índole hasta fechas asombrosamente recientes. Las claudicaciones en los concordatos entre los distintos gobiernos españoles y la Santa Sede fueron considerados debilitadores y exponentes de una política «afeminada» y disgregadora de la nación. Un rey que no se atrevía a imponerse a la Curia se convirtió en algo ciertamente penoso, aunque al intelectual rara vez se le permitiera expresarlo. Luis Morote, en un interesante repaso histórico de las políticas clericales y anticlericales de la España liberal, que tituló Los frailes en España (1904a), seguramente con desacierto, porque se trata de un estudio serio y no un panfleto de trinchera, escribió que

triste es decirlo, aunque sea una verdad como un templo, el Gabinete Silvela-Abárzuza todavía defendió mejor los derechos de España que el Gabinete Maura-San Pedro. Y es que con este punto del clericalismo vamos poco a poco perdiendo terreno, cayendo en la sima. En 1851 éramos los amos, tratando de potencia a potencia con la Santa Sede; en 1901 ya pedíamos perdón cuando la Santa Sede se enfadaba por el decreto González, y en 1903-1904, vencidos, rendidos a discreción, estábamos dispuestos a que se repartiesen nuestras vestiduras, a que entrasen a saco en las famosas cuanto abandonadas regalías de la Corona.

El regalismo no fue, en el fondo, más que un deseo de regresar a la edad dorada del nacionalismo español: los reinados de Carlos I y Felipe II, que hacían y deshacían a su gusto en las cuestiones de los privilegios reales a la hora de elegir obispos y de controlar los concilios provinciales. En otro libro, Morote no dudaba en convertir a los Reyes Católicos en los fundadores del regalismo español (1997: 96). El regalismo era un regeneracionismo y un nacionalismo también, tendente a concentrar en el rey las facultades para enriquecer y engrandecer al Estado, beneficiando a su población a través de obras públicas y patronazgo cultural. La gran tragedia de algunos regalistas españoles, con Melchor de Macanaz a la cabeza, es haber tenido que lidiar por los derechos de los reyes, sin el concurso ni la aprobación de estos, siendo los monarcas los primeros interesados en debilitarse a sí mismos para no tener que enfrentarse a excomuniones y anatemas. Parece que únicamente Carlos III, orientado siempre por su mentor intelectual, el napolitano Tanucci, se diera cuenta de ello. Los emperadores Habsburgo tenían estómago (y poder suficiente) para fajar con esta clase de problemas. Morote dedica uno de sus capítulos a demostrar hasta qué punto la política regalista es la más rancia y tradicional en la historia de España. Una España apocada y corrupta como la contemporánea claudicaba siempre y se dejaba «invadir» por decenas de miles de frailes que minaban los recursos de la nación con su actitud parasitaria y antinacional. No fue el único intelectual finisecular que heredó esta vieja posición ilustrada y liberal. Pío Baroja, en su artículo «Galdós vidente», publicado en El País en 1901 y recogido en el volumen XVI de sus Obras Completas, se expresaba en los siguientes términos: «en un país como el nuestro, que no es más que un feudo del Papa [...] la obra de Galdós es una esperanza de purificación, es la visión vaga de la Jerusalén nueva que aparece envuelta en nubes» (Fuster, 2014: 211).

14 Apuntes sorprendentes sobre la composición de los ejércitos imperiales españoles: «El factor decisivo fue siempre la ayuda extranjera: las tropas belgas en San Quintín, las galeras italianas en Lepanto, el ejército francés en Almansa. De todos los soldados, los famosoos tercios españoles no formaban más que un cuerpo de élite. Cuando el duque de Alba entregó su ejército a Luis de Requesens, disponía de 57.000 hombres, de los que solo 7.900 pertenecían a los tercios, es decir, un 13 por 100, una minoría aunque fundamental como fuerza de choque. Es evidente que el número de españoles en el ejército fue escaso. Si en la época más dura de la política exterior de Felipe II la recluta anual ascendía a unos 9.000 soldados al año, españoles había solo un 10 por 100» (García Cárcel, 2011: 532).

15 Un manuscrito sin fechar conservado en la Biblioteca de Catalunya (Ms. 746) aporta el título completo de Apuntes para literatos sobre el bien y el mal de España escritos de orden del Rey.

16 «El mito de la historia de España como una resurrección por la muerte cristalizó en una representación mental embebida de religiosidad cristiana —o impregnada por la fuerza de sus símbolos—, proclive por tanto al pesimismo antropológico y a la espera en un salvador» (Juliá, 2002: 48-49).

17 La cursiva es de Campomanes. En otros pasajes elevaba el tono de la crítica: «Otra causa también nace de las costumbres, y es que al pobre pechero miserable se le prende por sus deudas, se le quita del trabajo para pudrirse en la cárcel e imposibilitarle de pagar, y al rico hidalgo que gasta en lujo lo suyo y lo ajeno no se le puede prender y está en aptitud de malbaratar sus bienes y comerse los ajenos; también parece que esto va al revés» (1984: 105).

18 Campomanes dedicó un denso capítulo de su Bosquejo de política económica española (1750) a los beneficios que comportaría una política de desamortizaciones (1984: 64-69).

19 Sirva de muestra «Afrancesamiento», el artículo que Unamuno publicó el 8 de febrero de 1899 en el periódico Las Noticias, de Barcelona. En él leemos que «es inútil insistir en cosa tan sabida y tan resobada como es esto de que recibimos la cultura europea mascullada ya y hasta peptonizada por los franceses» (Sotelo, 1993: 112).

20 «La abundancia hace la comodidad de la vida, y la desdicha nace de la escasez. Reinando esta última en un pueblo, no hay que admirar que sus habitadores vayan a otro por si mejoran de fortuna» (Campomanes, 1984: 76).

21 Algunos autores tratan de distinguir netamente lo que es «arbitrismo» de lo que es «proyectismo» (Cejudo, 1984: 25). Según este esquema, en el primer caso hablaríamos de un discurso de advertencia, y en el segundo, de un impulso práctico orientado al futuro, exclusivo de la corriente ilustrada.

22 Abogado y canónigo de la catedral de Tarazona, miembro de las Sociedades Económicas Aragonesa, Matritense y Vascongada, que publicó, en 1770, un Discurso político, rústico y legal.

CAPÍTULO 4

PATRIA Y LIBERALISMO

ENTRE RUINAS

La época liberal es una etapa extraordinariamente compleja, pero actualmente bien estudiada. Sabemos con certeza, por ejemplo, que el proceso revolucionario liberal fue llevado a cabo por una élite modernizadora urbana, estatista y minoritaria, y que lo único que pudo haber de verdaderamente popular entre 1833 y 1875 fue, precisamente, la oposición a las medidas liberalizadoras y el apego a las formas de vida tradicionales e integristas (Álvarez Junco, 2012: 271-279). Josep Fontana ha explicado de qué modo los liberales moderados boicotearon la incipiente industrialización española, tanto por un «miedo» real a los inconvenientes sociales de la modernización como por incapacidad manifiesta por rediseñar la economía del país y unificar ideológicamente al empresariado (2007: 418-425).

El año 1814 fue interpretado por los liberales como una fecha de «restauración» y de prometedores enderezamientos, a pesar de la involución fernandina, porque el triunfo sobre los franceses se codificó como un renacimiento nacional y como una certificación de que existía un legado común actualizable que era posible traducir en la implantación de un sistema estatal integrador. Sin embargo, el año 1814 pudo muy bien significar, en realidad, un haz de verdades radicalmente distinto: «Antes de 1805, los españoles afrontaron a sus adversarios, lo que no les impidió analizar con lucidez la situación del país y elaborar proyectos de reformas. Después de 1815, afectados por la amplitud de la decadencia, se dividieron a propósito del diagnóstico y los medios para enderezar la situación» (Pérez, 2012: 169). Efectivamente, la mentalidad entusiasta, la voluntad de orientarse y aislar las posibles soluciones a los problemas inmediatos, parece agostarse durante el fin de la Guerra de la Independencia, y no durante el reinado de Carlos V. Durante estos años, asistimos al nacimiento de los radicalismos políticos. Los arbitristas más groseros y ridículos son de principios del siglo XIX. Las más absurdas matanzas de frailes son de 1834 y 1835. Las vías más simplistas y represivas se ensayan en este período e irán reapareciendo. El guerracivilismo se impone entre liberales y absolutistas y carlistas, de modo que la polarización esteriliza la objetividad. Cuando uno compara la calidad de la prosa de ideas de 1820 con los proyectos reformistas de Olivares, Saavedra Fajardo, Campomanes o Jovellanos, realmente a uno se le puede caer el alma a los pies, y no es hasta finales de la década de 1830 cuando hacen aparición una pléyade de pensadores que recuperan la iniciativa y la capacidad de interpretar el mundo hispánico con cierta lucidez.

Madrid, tal y como la describió Mesonero Romanos en 1836, era una capital impresentable, y sus edificios no eran más que desechos cochambrosos. Los problemas señalados por Mesonero Romanos venían de lejos. Antonio Domínguez Ortiz ha escrito: «Cuando Carlos III llegó a su nueva Corte encontró multitud de deficiencias; Madrid era una población grande (160.000 habitantes) en la que algunos edificios singulares hacía resaltar aún más la pobreza y fealdad de la mayor parte del caserío. Tenía merecida fama de ser la ciudad más sucia y pestilente de Europa, hasta el punto de que un francés socarrón le había dedicado un poema heroico-burlesco titulado La Merdeida» (2005: 99).

De hecho, hasta que no cejaron las constantes guerras civiles, abundó en la España liberal la sensación de que se vivía entre ruinas: ruinas morales, ruinas institucionales y políticas y también físicas, en un tiempo de absoluto e insalvable abatimiento. Gallardo escribía en 1812: «Hace mucho tiempo que no levantamos de entre las ruinas de la patria la hidra de la guerra civil, alimentada especialmente por los que se oponen a las reformas útiles en el nombre de Dios. Los anuncios de esta guerra ya los estamos sintiendo» (García Cárcel, 2011: 380). En 1828, desde Londres, Antoni Puigblanch se quejaba de que «España abunda en edificios públicos a medio hacer» (1976: II, 408). Ni siquiera el buen sentido o la moderación de los monarcas habían logrado ocultar la realidad de que todo estaba a punto de saltar en mil pedazos. Un arbitrista del Trienio Liberal, el coronel Juan Castillo y Rodríguez, lanzaba un arbitrio a la sociedad española que consistía, simplemente, en dejar de matarse los españoles los unos a los otros (Gil Novales, 1975: 21). Hasta 1890 persistía esta sensación de vivir entre muerte y escombros. Lucas Mallada, el eslabón perdido entre el liberalismo y el 98, escribió: «Quédese para los optimistas entonar los himnos de alabanza a las glorias nacionales que nos procuró la Guerra de la Independencia, a costa de muchos estragos y de muchos cadáveres, pasemos de ligero y con sonrojo los tiempos de Fernando VII, y concedamos que no fueron los comienzos del reinado de Isabel II lo más a propósito para regenerar un país tan teñido de sangre y tan cuajado de ruinas» (1969: 66).

Tras el desenlace de 1814, tras seis años de durísima y devastadora guerra, el cansancio se respiraba en el ambiente cultural. El periodista conservador Andrés Borrego, en El Precursor (París, 21 de octubre de 1830), se preguntaba: «¿Cuáles serán los mejores medios de aprovechar los materiales que hay en España para construir con ellos el nuevo edificio social que haya de ponerse en lugar del confuso hacinamiento de ruinas que ahora cubre y embaraza aquel malhadado suelo?» (Castro, 1972: 39). Los escritos de este autor de la primera mitad del siglo XIX constituyen un auténtico análisis del estado de la sociedad española y contienen ya claramente los principales vectores del regeneracionismo conservador propio de la Restauración. En «Situación lógica del espíritu español», prospecto de El Español de 1835, Borrego expresaba que el valor de una sociedad se medía por la calidad de las ideas que era capaz de engendrar. Y de esas ideas había de emanar el sistema político óptimo para establecer en la monarquía española: «Todo método filosófico lleva consigo el desarrollo de un sistema político» (Castro, 1972: 53). A partir de ahí, las propuestas eran simples: «el movimiento liberal salido del seno de las Cortes, movimiento patriótico, generoso, inteligente, idealista, movimiento cuyo valor teórico es inmenso, porque fue el fundamento y el punto de arranque de nuestros esfuerzos para entrar en la senda de la libertad, este movimiento, decimos, recibió su impulso de la influencia de una filosofía extranjera» (Castro, 1972: 54). Lo que era válido para Francia no podía acomodarse a un país cristiano como España. Fijémonos en la maniobra de Borrego: los constitucionalistas gaditanos fueron maravillosos «teóricos», pero no pasaron de ser unos inútiles «idealistas»: «No es, pues, extraño que una legislación sacada de los principios del Contrato Social y de las deducciones enciclopédicas no hallase afinidad, calor ni simpatía en la imaginación de un pueblo cuyas opiniones y costumbres eran expresión de un espíritu diametralmente opuesto al introducido por la reforma» (Castro, 1972: 55).

Estamos en pleno Romanticismo: la plasmación política de este ideario reaccionario apela a un «espíritu» nacional que impide moldear las instituciones sobre un patrón francés. Álvarez Junco demostró de qué modo Capmany, en 1808, ya había construido la asociación necesaria entre pueblo ignorante y virtud nacional a la hora de construir el mito de la patria incontaminada.

La conclusión de Borrego podría sintetizarse en la siguiente frase, del 15 de abril de 1835: «la escuela de 1790 se creyó llamada a destruir; la escuela de 1830 debe creerse llamada a regenerar» (Castro, 1972: 62). La obsesión del liberalismo moderado entre 1830 y 1868 era frenar la revolución, impedir que se desarrollaran los procesos de desamortización, apelar a unos pilares morales fundamentales que, procedentes de la tradición, sustituyeran los valores del Estado constitucional tal y como se había expresado en la Francia de 1789. Jaime Balmes escribía en sus Consideraciones políticas sobre la situación de España: «El único medio que queda al gobierno es aprovechar por de pronto todo lo que puede servir, es cuidar que no se destruya más, y para la marcha sucesiva no adoptar exclusivamente este o aquel sistema, sino apelar a los grandes principios conservadores de la sociedad, a aquellos principios que no son exclusivamente de ninguna escuela, que no son nuevos, sino antiguos como el mundo, existentes desde la eternidad» (1840: 202-203). Es bien patente en este fragmento el terror a la innovación, el miedo a importar doctrinas políticas. Nuestro trabajo consiste en tratar de dilucidar a qué principios universales y eternos se estaba refiriendo Balmes. ¿Los nacionalcatólicos? ¿Los de los Reyes Católicos? ¿Los de Felipe II? En la práctica, la política moderada consistió en ir diseñando tácticas puntuales para resolver las carencias urgentes o los tropiezos sociales que fueran saliendo al paso, mientras se ocultaban en la medida de lo posible los beneficios escandalosos que obtenía la familia real a través de sus chanchullos.

A propósito de Balmes, García Cárcel ha escrito que «ciertamente, tuvo un papel fundamental en esta operación de transición que acabó en un viaje a ninguna parte. Su capacidad posibilista lo convirtió en un intelectual multiusos» (2011: 394-395). Otro intelectual multiusos pudo muy bien ser Francisco Martínez de la Rosa, exponente máximo del liberalismo vaciado de todo contenido. En 1857, a propósito del inicio del reinado de Isabel II, escribió: «Tan fatal era en aquella época la situación de España: camino cierto de salvación por ninguna parte, riesgos por todas y desdichas sin cuento, trabada ya la guerra civil, a un extremo el gobierno absoluto más intolerante y más ciego, y en el lado opuesto la perspectiva de una revolución, que, aun cuando desplegase por insignias las armas reales, había de ofrecer no pocos riesgos al disputado trono» (Martínez de la Rosa, 1857, II: 174-175). Quedan bien patentes en estas palabras los equilibrismos del que juega a desmarcarse de la revolución, juzgándola algo ajeno, los miedos del reformador de muy corta mira que no quiere romper el sistema cuando ya no hay sistema, ni mojarse en una reforma valiente o una apertura real más allá de una representatividad sumamente estrecha. Atrapados por la guerra civil, los liberales solo buscaron orden. Libertad, sí, pero que no se notara demasiado, no fueran a desmandarse las cosas.

Cuando en un regeneracionista pesa demasiado el elemento conservador, el sistema integra la parte innovadora y la acaba neutralizando. Es el caso de no pocos liberales: Toreno, Alcalá Galiano, Basilio Paraíso, Santiago Alba y desde luego es el caso del citado Martínez de la Rosa. Su Bosquejo histórico de la política de España es un buen ejemplo de la amalgama ideológica que presidió su evolución hacia el conservadurismo más conformista. A propósito del advenimiento de Felipe V, Martínez de la Rosa escribía: «perdiose en aquella ocasión una coyuntura oportunísima para restablecer las antiguas leyes fundamentales y afianzar en sólidos cimientos la suerte futura de España» (1857, I: 91). Otra vez los «principios universales» de Balmes. En general, esta prosa patriótica perdió calidad respecto al proyectismo ilustrado, puesto que fue incapaz de articular propuestas concretas, realizables, gacetables. Esas propuestas antirretóricas quedaron en manos de republicanos y regeneracionistas de la generación del 68. Martínez de la Rosa no pasó de combinar la idealización de las cortes de la Edad Media y los comuneros con la tradicional crítica a la monarquía de los Habsburgo, fuente de toda clase de extrañamientos: «Ya que había derramado en abundancia su sangre y sus tesoros, contribuyendo tan poderosamente a colocar la corona de España en las sienes de Felipe V, justo y debido era que, teniendo a la vista el miserable estado a que la había conducido la dinastía austriaca por la inobservancia y menosprecio de las leyes patrias, cuidase de evitar igual daño al empuñar el cetro un príncipe extranjero». De un modo inequívoco, el historiador vincula absolutismo y decadencia mucho antes que Cánovas: «tal era el abatimiento de España, y tan profundo el olvido en que habían caído sus venerandas instituciones, que apenas aparece rastro ni vestigio de que se intentara poner a salvo los derechos de la nación». Una ideología antiaustríaca parecida a la de otros referentes del espectro liberal, como Manuel José Quintana o Modesto Lafuente.

Exactamente lo contrario pensaba Espronceda, representante del liberalismo político optimista, el que confiaba en el progreso moral y material. «El período político creador fue el siglo XVIII y la Revolución francesa», ha escrito Casalduero a propósito de Espronceda. La izquierda, pese a los mazazos que recibía, no renunciaba a mostrarse convencida de que la Ilustración y la «paciencia» del trabajo productivo terminarían por levantar a España de su postración. La derecha se había vuelto pesimista, y pesimista llegaría hasta Cánovas y Silvela. El ciclo de poemas sociales escritos por Espronceda (El mendigo, El reo de muerte, El verdugo), desde nuestro punto de vista, constituye un friso de la España negra, la España a superar, aunque el carácter rebelde del mendigo esproncediano contraste vivamente con el diputado ordenado que demostró ser el poeta durante su paso fugaz por las Cortes, en 1842, en las filas progresistas (Casalduero, 1967: 56-65). La difteria (garrotillo) impidió que se desarrollara la actividad política incipiente del escritor.

LA ESPAÑA ESPAÑOLA

Según Borrego, el espíritu «filosófico-liberal» de los jóvenes debía apartarse de la senda ilustrada para concebir un sistema político de origen y carácter netamente españoles. Borrego ni siquiera asumía como deseables los valores universales del enciclopedismo. Más que un híbrido político (una carta otorgada por Fernando VII o algo parecido al ya cercano Estatuto Real), lo que se proponía era una limpieza de injertos extranjerizantes. El siglo XVIII le había parecido a Borrego intrínsecamente destructivo. Un saber de cuño español debía ser capaz de crear instituciones diseñadas según un patrón intrínsecamente tradicional. El mito del afrancesamiento general de los ilustrados españoles ya estaba completamente formado en 1835. Sin que un solo gobierno progresista hubiera logrado organizar un régimen constitucional con normalidad interna, se proclamaba que hasta Jovellanos y los demás posibilistas gaditanos habían sido perjudiciales para el desarrollo de las instituciones españolas.

Por otros motivos Borrego es un heredero directo de las concepciones ilustradas. Por ejemplo, escribe en 1836 que «la prensa periódica es el principal baluarte que defiende la libertad contra las irrupciones del poder arbitrado, disfrazado de mil maneras para hollar los derechos imprescriptibles del pueblo» (Castro, 1972: 127). Lo que hace Borrego es invertir el sentido de esa libertad y aplicarla para la expresión del tradicionalismo, en pleno gobierno de Juan Álvarez Mendizábal, a quien convertirá en su bestia negra. Es decir, que mientras reclama una revolución casticista no puede ocultar que ha asumido suficientes novedades del mundo moderno como para adaptarlas a su particular construcción ideológica. Los liberales imponen medidas tiránicas al pobre pueblo. Por otra parte, su juicio de los gobiernos de la dinastía austríaca no se aparta ni un ápice del realizado por Forner: «Abusos en su administración, rancia esclavitud en la parte municipal23, falta de código, no de leyes para defenderlo todo en lo civil... He aquí el aspecto que presentaba bajo la dominación austríaca, sin que pueda decirse que haya hecho especiales mejoras con la borbónica» (Castro, 1972: 60). El pueblo español es concebido como «una nación inteligente y belicosa» que se había vuelto «ignorante y pacífica» por el influjo de una administración foránea, y que luchaba sin descanso por una restauración (una «regeneración») que le devolviera el carácter «vigoroso y liberal», a partir de una situación en que yacía «cadavérico y servil». En 1835, treinta años antes de la irrupción de Costa, sesenta años antes de que iniciaran su trayectoria los noventayochistas, ¡antes incluso que los mejores artículos de Larra!, el lenguaje de la regeneración se encontraba ya plenamente formado en la prosa política española porque lo había fraguado toda clase de arbitristas y proyectistas ilustrados.

Pero (ya lo vieron con perspicacia los regeneradores de 1890) fue realmente Mariano José de Larra el intelectual que codificó los males de la patria y les dio una forma literaria perenne. Prácticamente todos los grandes temas que atravesaron los diagnósticos de la España liberal y la de la Restauración parten de los textos de nuestro prosista romántico más genial. Con «Vuelva usted mañana» (enero de 1833) se retrataba con inigualable ironía la pereza nacional. Con «El ministerial» (16 de septiembre de 1834) pinchaba a los políticos parlamentarios y señalaba su desesperante oquedad mental: «el ministerial más tiene de artefacto que de otra cosa. No se cría, sino que se hace, se confecciona. La primera materia, la masa, es un hombre. Coja usted un hombre (si es usted ministro, se entiende, porque si no no sale nada), sonríasele usted un rato, y le verá usted ir tomando forma como el pintor ve salir del lienzo la figura con una sola pincelada. Dele usted un toque de esperanzas, derecho al corazón, un ligero barniz de nombramiento, y un color pronunciado de empleo, y le ve usted irse doblando como una hoja sensitiva, encorvar la espalda, hacer atrás un pie, inclinar la frente, reír a todo lo que diga: y ya tiene usted hecho un ministerial» (2000: 238-239). Ni rastro de ideas. Los políticos que pululan por la corte son autómatas con un alma vegetativa, según la clasificación cartesiana. De este modo, por vía negativa y crítica, va desarrollando Larra su diagnóstico de un nuevo estado que nació con graves limitaciones internas, y al calor de una guerra civil, y va dando forma a su pensamiento reformista. En definitiva, ¿qué es un regeneracionista sino un liberal, de derecha o izquierda, que ha perdido la fe en los políticos?

Con el artículo «El día de difuntos de 1836» (El Español, 2 de diciembre de 1836), parece que Larra inauguraba el mito de las dos Españas: «Aquí yace media España: murió de la otra media» (2000: 586-592). En el estremecedor «La Noche Buena de 1836» (El Redactor General, 26 de diciembre de 1836) se fustiga la horrible y feliz inconsciencia en que viven los políticos de Madrid, e incluso puede barruntarse cierta crítica de la macrocefalia española: «Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás» (2000: 613). Hay que tener en cuenta que el artículo se escribió mientras Bilbao yacía sitiada por los carlistas. En vivo contraste respecto a los que combaten y pasan hambre (las «fisonomías escuálidas»), los madrileños malgastan los víveres y se rodean de teatro y lujos, en una noche que debería ser de recogimiento y reflexión. Mientras se desarrolla una sangrienta guerra civil, a los ciudadanos solo les interesan las «orgías». La decadencia moral resulta insoportable, porque ni la patria ni el cristianismo importan nada a los madrileños.

No se pueden leer algunos pasajes de Larra sin quedar estupefactos: «Religión pura, fuente de toda moral, y religión, como únicamente puede existir, acompañada de la tolerancia y de la libertad de conciencia; libertad civil; igualdad completa ante la ley, e igualdad que abra la puerta a los cargos públicos para los hombres todos, según su idoneidad» (2000: 706). ¿Es Giner quien habla? ¿Es Costa, Unamuno, Morote? Las palabras proceden del prólogo a la traducción de El dogma de los hombres libres. Palabras de un creyente, de Lammenais, que Larra publicó en agosto de 1836. Ocho años antes, Antoni Puigblanch había señalado problemas muy similares a los indicados por Larra, deslumbrado por el ambiente ilustrado y la civilidad que observaba en Londres, pero no había sabido forjar el género literario extraordinariamente dinámico con que Larra fijó esos problemas para la memoria posterior. En las antípodas ideológicas de Borrego, Puigblanch pensaba que una Ilustración deficiente o truncada, unida al desconocimiento completo del inglés y de otras lenguas extranjeras, eran los grandes problemas del país: «Enciclopedias no solo no tenemos ningunas, sino que nos está vedado leer las extranjeras, y las pocas imprentas que hay están casi todas de sobra, como lo estarían en Turquía o en Berbería, que son los dos gobiernos que parece nos hemos propuesto imitar» (1976: II, 403).

En 1850 publicó en Madrid Antonio Ferrer del Río su obra titulada Decadencia de España. Primera parte: Historia del levantamiento de las Comunidades de Castilla. 1520-1521 (1850). La tesis liberal que contenía es de una simplicidad pasmosa: la política castellana se desnaturalizó en cuanto llegó Carlos I al poder. Entre la derrota de Villalar y 1808, España habría yacido bajo un poder despótico ajeno a su configuración parlamentaria connatural. El despotismo de los Austrias había sido el germen de la decadencia. Los regeneracionistas de la Restauración continuaron cargando contra Carlos V y Felipe II: consideraban que «España era para ellos una mera fuente de recursos para sus aventuras en el exterior y por ello dejaron a un lado la tradición mercantil e industriosa propia de otras épocas» (Martín de la Guardia, 2012: 44). Y también continuaron con la idealización de la vida política municipal anterior a la batalla de Villalar, considerada la corriente auténticamente connatural del espíritu español o castellano, arrasado por los Austrias: «¿Qué fue nuestra monarquía en aquellos primeros siglos? Solo una gran conjunción de municipios en que el rey era como el alcalde mayor. Hasta después que en el funesto día de Villalar se hundieron nuestras comunidades y el verdadero genio de nuestra nacionalidad» (Macías Picavea, 2012: 148).

En un curioso folleto de 1854, el Segundo sermón patriótico, que dirige Cosme a su amigo Blas y otros, sobre lo que conviene a la verdadera libertad de España, resultan evidentes dos sensaciones o temores. En primer lugar, se palpa el miedo a que los logros de la política progresista se desborden: «Tened presente que el ofrecer cuesta menos que el cumplir. Que en un país en que todos quieren cobrar tiene que faltar quien pague. Que en un país en que la revolución gira entre dos polos tan malos como son muchos maestros que rayan en ignorantes y algunos curas ignorantes que pasan a fanáticos y rayan en locos por su intolerancia». La propuesta, pues, pasaba por coronar de laureles a Pascual Madoz, nombrado gobernador civil de Barcelona tras la Vicalvarada, y proponer una vía intermedia entre el carlismo integrista y la agitación republicana. Se palpa también cierto hastío o cansancio del proyectismo: «Ojalá que la imprenta, ese arma de la razón que ha de sustituir a las armas mortíferas, fuese nada más que para combatir el mal, para proponer el bien y para formular la opinión pública y poner de manifiesto las necesidades del país, entonces no habría extravíos en las masas y no serían instrumentos de locos, ni de ambiciosos; pero el hombre que de todo hace uso para satisfacer su egoísmo y sus pasiones bastardas, también se puede servir de la imprenta». ¡Curioso publicista, que desconfía de los publicistas! De estos miedos tan curiosos podemos inferir que existía entre los progresistas el terror de que las «masas» se desmandaran y cometieran actos como las matanzas de frailes de 1834 y 1835. Todo debía ser prudencia y gradualismo. El folleto demuestra también que el idioma regeneracionista estaba plenamente desarrollado en el Bienio Progresista, puesto que se celebra que la «propagación de las buenas ideas cunda entre el pueblo y se vayan hechando la cimiente (sic) de esta regeneración que tanta sangre nos cuesta en 40 años de sacrificios»; el autor alude a 1814 como origen de la lucha por la restauración, una vez ahuyentados los franceses, la lucha por el verdadero liberalismo nacional, que tenía a sus principales enemigos dentro mismo de la sociedad.

Segundo sermón patriótico, que dirige Cosme a su amigo Blas y otros, sobre lo que conviene a la verdadera libertad de España (1854), Biblioteca de Catalunya.

Efectivamente, documentos de esa época avalan el desarrollo de un regeneracionismo nacionalista entre los diputados de Cádiz. Juan Romero Alpuente, diputado «suplente» por la provincia de Aragón, mandó imprimir un discurso en 1813 en el que leemos: «Corran por los mares los cascos de los navíos que se están pudriendo en los puertos, y no se vea ni uno en nuestras costas, ni en los resguardos marítimos que no sea de los españoles. Pónganse nuestras Aduanas bajo el pie de orden, de fuerza, de patriotismo, de vigilancia y de integridad inflexible que pide la justicia y exigen imperiosamente nuestros apuros» (Romero, 1813: 57). En Wellington en España y Ballesteros en Ceuta, Romero trataba de alertar sobre la excesiva dependencia de los aliados militares enfrentados a Napoleón. Un defecto antimarcial que había tratado de corregir Campomanes convirtiendo a sus establecimientos de repoblación en «casi colonias militares» (1984: 165). El Estado español hacía aguas por todas partes, y se tenía la sensación de que únicamente una revolución moral podía enderezar al ejército y fomentar el comercio a través de buques españoles que exportaran productos españoles, frente a la dependencia de los suministros extranjeros: las viejas y no resueltas preocupaciones de Campomanes, Gándara o Floridablanca.

Portada de El grito de la Razón al español invencible..., de Juan Romero Alpuente, Biblioteca de Catalunya.

El miedo a que la nación desapareciera era bien patente en los textos de la época liberal. Quintana le escribía a Lord Holland en 1824 que «esta oscilación de esclavos a libres y de libres a esclavos, estas revueltas, esta agitación no son otra cosa que las agonías y convulsiones de un Estado que fenece» (García Cárcel, 2011: 390). Aunque no faltaron los diagnósticos sobre el estado de España, en general se produce un descenso de la prosa identificable como «regeneracionista» respecto a los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Pero ello no ha de sorprendernos: con guerras que ganar, con terribles desgarros internos que zurcir y cauterizar, entre la balumba gritona de las propagandas, apenas podía quedar tiempo para la reflexión y el estudio pormenorizado. 1808-1833: una etapa de hojas urgentes, de propuestas desesperadas. Jovellanos, Romá y Rosell, Martínez Marina, Campomanes, Capmany, Forner, gozaron del reposo necesario para recostarse sobre los problemas y digerirlos académicamente. Algunos incluso pudieron erigir instituciones de fomento científico o centros pedagógicos que lograrían el nivel mínimo de estabilidad. Ni Gallardo ni Quintana ni Romero Alpuente pudieron sentarse unos meses y años para rumiar sus conclusiones finales. Lo harían los doceañistas que, ya muy moderados, tratarían de alcanzar unos presupuestos liberales mínimos y debidamente recortados entre el año 1833 y 1845 (conde de Toreno, Alcalá Galiano, Martínez de la Rosa).

A propósito de los liberales, García Cárcel ha escrito que «tampoco fueron ellos los inventores de la construcción de España por Castilla. Todo el liberalismo del siglo XIX partió del mismo supuesto, fundamentado por otra parte en la convicción de los arbitristas del siglo XVII de que era Castilla quien había llevado todo el peso financiero y político del Estado» (2011: 194). El victimismo es una de las bases discursivas de cualquier nacionalismo, y el integracionismo parlamentario español de los períodos constitucionales (1810-1814, 1820-1823, 1833-1868 y, sobre todo, durante la eclosión democrática del Sexenio) produjo representaciones orientadoras del pasado entendido como fuente de legitimización. Castilla se había arruinado forjando el imperio español, y hora era ya de que todos contribuyeran a la construcción de la nación. Pero no fue el único legado de los lejanos bisabuelos reformistas del Siglo de Oro: «Uno de los periódicos más radicales de Cádiz, El Robespierre español, hace constantes elogios de la Constitución aragonesa y de Juan de Lanuza, y su hombre fuerte, Pedro Pascasio Fernández Sardino, cita con frecuencia a Diego Saavedra Fajardo» (García Cárcel, 2011: 373). El arbitrismo es la cantera que nutrirá todas las plataformas discursivas progresistas hasta muy entrado el siglo XIX: «Los liberales tenían el alma arbitrista; pero, eso sí, con mucha más vocación trascendentalista que la que tuvieron los puntillistas arbitristas del Barroco» (García Cárcel, 2011: 377). Y es que de esos apuntes críticos e ingenuos tenían que surgir los caracteres básicos de la nación que se intentaba construir.

Lo que sí se produjo durante esos años fue el renacimiento del arbitrismo primitivo, tal y como se había practicado en el siglo XVI. Porque volvió a haber Cortes. Hemos visto cómo García Cárcel relacionaba la actividad intelectual de los liberales con el pensamiento político español del siglo XVII. A través de un magistral artículo de Alberto Gil Novales (1975), se nos abre con toda inmediatez el abigarrado mundo de los arbitristas del Trienio Liberal. Un curioso fenómeno sobre el que profundizar: el renacimiento del arbitrismo disparatado en la España de 1820 a 1823. Citemos, por ejemplo, el título (nada más que el título) de uno de los folletos que se publicaron en 1820, escrito por el coronel Juan Castillo: A las Cortes de España. Manifiesto español; desenvolvimientos de esta nación. Contra todo cuanto se ha hecho, hace e intenta hacer; sin tocar, cargar ni lastimar a nadie; librando a todo español, al que quiera serlo, y a sus poblaciones de toda contribución, impuestos, estancos y quintas; acrecentando la renta anual de la nación a lo que jamás tuvo, y sin que la paguen ni ciudadanos ni poblaciones (Gil Novales, 1975: 19).

No podía ser más extremo el misticismo, el impulso nacionalista y redentor. Ni más impopulares los impuestos, que Campillo y Gándara ya habían impugnado. Y esto no era más que el título, que si algo hace es reflejar la desesperación en que habían caído quienes trataban de enderezar a una nación en bancarrota. También en 1820, José González y Montoya, exintendente de Puno, publicaba un folleto de ocho páginas titulado Estadística, dedicado a glosar cómo sin el concurso de esta ciencia resultaba imposible construir una nación. La revolución liberal, pues, vinculada indisolublemente al conocimiento de las cifras de la nación. El autor insistía al año siguiente con la publicación de Paseo estadístico por las costas de Andalucía desde Sevilla a Granada en el verano de 1820.

Juan Castillo y Rodríguez se presentó en sus obras como una víctima de Godoy y de las autoridades civiles y militares españolas, como un antecedente del ingeniero Isaac Peral y como un guerrero incomprendido y maltratado por los amigos y colaboradores de los franceses. Y sus arbitrios realmente convierten a la literatura disparatada de los arbitristas barrocos en algo completamente racionalista: «El Gobierno tiene que tratar a todos los españoles con unción religiosa, con el mismo amor de Dios por sus criaturas; si obra de otra manera, la cólera divina nos exterminará» (Gil Novales, 1975: 21). El cainismo desatado había hecho estragos. Y lo que faltaba por ver. La única propuesta o arbitrio presentada por este coronel no era otra cosa que una revolución moral que impidiera que un español asesinara a otro.

Otro escritorzuelo desconcertante fue Juan Álvarez Guerra, liberal moderado durante la etapa de Cádiz y luego furibundo defensor de Fernando VII, a quien dedicó sus arbitrios y definió como «rey ilustrado». De 1813 es su obra ya mencionada Modo de extinguir la deuda pública: eximiendo a la nación de toda clase de contribuciones por espacio de diez años; y ocurriendo al mismo tiempo a los gastos de la guerra, y demás urgencias del Estado. Según Gil Novales: «La idea básica es la desamortizacón total, civil y eclesiástica, de toda clase de derechos colectivos» (1975: 23). Y, mientras se fuera implantando esa forzosa desamortización, se irían retirando los impuestos excepto los de aduanas y los de correos. Los medios de combatir la pobreza pasaban por crear Juntas de Beneficiencia en cada parroquia española, y por impedir que el clero y los asalariados (los ociosos) pudieran participar de los poderes legislativo y ejecutivo. De esta forma, mandando únicamente las clases productoras (capitalistas, colonos y jornaleros), se implantarían las reformas necesarias para el restablecimiento de la economía nacional.

Hermano de Juan Álvarez Guerra fue don Andrés, coronel también. Gil Novales considera a ese otro arbitrista de la época del Trienio directamente un loco quijotesco. Realmente el pobre tipo llegó a estar como un cencerro, y murió enajenado hacia 1834 en un hospicio de París, el de Bicêtre. Antes dejó escritos algunos textos realmente sorprendentes. Andrés Álvarez Guerra considera que las distintas clases de que se compone la sociedad española se destruyen y esclavizan las unas a las otras, y que por lo tanto el remedio es disponerlas, desde que cada ciudadano tiene doce años, en distintas organizaciones de gestión del trabajo que garantizaran que nadie permanecía ocioso: «Estas juntas o establecimientos llenarán todo el país, según un sistema jerárquicamente organizado: las juntas de los pueblos dependerán de las situadas en las cabezas de partido; estas, de la capital respectiva, y todas, de la Corte o Junta Suprema, presidida por el Rey». La novedad radical, sin duda, es la propuesta de la obligatoriedad del trabajo, la igualación de todos en la clase productora y el reparto agrario. Y por real decreto.

¿Proyectismo extremo? ¿Delirios de un visionario semisocialista? Es como si el autor hubiera ideado dotar de poder ejecutivo a las Sociedades Económicas de Amigos del País para ordenar sobre la vida de los súbditos, en una curiosa mezcla de socialismo utópico y absolutismo ilustrado. Hasta aquí Andrés Álvarez podría haber sido considerado un autor digno de tener en cuenta. Los problemas llegaron tras la restauración absolutista de 1823. En 1827 reaparece el coronel con un nuevo proyecto, el Invento Ceres, o sea, método de proceder por el cual la agricultura va a tener un adelanto considerable propio por diez años. El invento Ceres consta de dos posibilidades, el Ceres Mayor y el Ceres Menor. Por la utilización de su revolucionario invento, Andrés Álvarez cobraba un maravedí por cada vara cúbica de tierra y medio maravedí por la utilización de la versión menor. Y ¿cuál era este invento llamado a cambiar para siempre el agro español y, por lo tanto, toda la economía nacional? «Un arado, cuatro palas y dos azadones forman lo necesario para el invento Ceres mayor: una pala, una azada y un azadón forman el invento menor». Gil Novales no duda de que el autor estuviera realmente perturbado. Lo más inquietante es que Álvarez publicó una lista de suscriptores o usuarios de su método, y no parece que fuera un ardid. Hubo quien afirmó haber aumentado la productividad de sus propiedades con el invento Ceres, que por cierto añadía a ciertos detalles de método el complemento de que las mujeres y los niños debían participar del invento con estos instrumentos que no lastimaban sus débiles brazos. Ni siquiera en Francia cejó este personaje de proyectar nuevas reformas sociales. Desde Bayona, dirige a las autoridades un escrito en el que se proclama «inventor del Ceres Español, de la colonia de Marte y del Banco de Minerva» (Gil Novales, 1975: 33). Parece que la colonia de Marte había de ser algo así como un albergue de retiro para militares jubilados.

Todo bien digno de una novela de Baroja. Y mal no estaría que alguien relacionara a esta clase de personajes históricos con los célebres proyectistas e inventores barojianos situados en la época liberal, la que más conocía, valoraba y explotaba el escritor.

Durante la Restauración, la sensación de decadencia moral y cultural no remite. Hasta el revulsivo de 1898 (que se fue cociendo a medida que los noventayochistas iban ingresando en redacciones de periódicos) no podemos afirmar que la angustia por el atraso literario empezara a remitir. El asalto de Baroja, Martínez Ruiz, Valle-Inclán y Maeztu fue, ante todo, una modernización drástica, terminante y amenazadora. La generación anterior no consiguió sacarse de encima la sensación de fracaso, por mucho que Galdós, Clarín, doña Emilia Pardo Bazán y Juan Valera trabajaran a destajo. En 1876, en su discurso de recepción en la Real Academia Española, Gaspar Núñez de Arce trató de clarificar el origen y el desarrollo de la decadencia cultural española, aún a través de los argumentos típicamente liberales y llorentistas: «Al finalizar el siglo XVII la fuente de nuestra inspiración nacional está del todo cegada, la ruina es completa y la lobreguez absoluta; no hay ramo alguno del humano saber que se salve del general naufragio» (1876: 16). Sentencia: «Nuestra inteligencia, y acaso nuestra conciencia, parece que quedan como atrofiadas». Quede claro que Núñez de Arce está hablando como un literato, se está refiriendo a la creación literaria, a mucho estirar, a la histórico-ensayística. Fenómenos curiosos de la España de Carlos II, como la Academia Hispalense de Medicina, cuna de novatores, de médicos que diseccionaban cadáveres con permiso y patrocinio real (procedente de dos monarcas, del último Austria y de Felipe V), no los conocía o no le interesaban. Destacaba el orador que «también es verdad que a pesar de las calamidades sin cuento con que Dios la afligía y probaba, todavía España era España», y situaba la nacionalidad más allá de los éxitos e infortunios cosechados (1876: 17). Ese «alentar» sorprendente había sido la Guerra de la Independencia. Ninguna originalidad, pues, de momento. El análisis clásico de la década de 1830, situado en un foro casi medio siglo después. La parte más interesante del discurso estaba por llegar: «Digno de meditación y estudio es el contraste que resulta comparando este sombrío cuadro con el que ofrece otra nación más afortunada, la cual, sola en medio de los mares, bajo un cielo nebuloso y destemplado, con una lengua desabrida, conquista preeminente lugar en la civilización europea»: Inglaterra. Creo desencaminados los juicios dirigidos a señalar una contradicción entre el europeísmo a ultranza defendido por liberales y krausistas y su necesidad de vertebrar un pensamiento enraizado en lo tradicional hispánico. La cuestión estribó, en buena medida, en romper la dependencia de Francia y hurgar en la alternativa británica. Anglófilos fueron Giner de los Ríos y Unamuno. Galdós fue traductor de Dickens. Su maestro, Giner, creía en el modelo cultural inglés como el único capaz de desplazar la «inmoral» literatura francesa. Núñez de Arce concluía en cuáles debían ser las recetas para la regeneración cultural de España: la libertad política y el libre examen (1876: 21), ahogada durante siglos por los tribunales de fe. A glosar los principales hitos de esa opresión dedica el orador buena parte de su discurso.

23 ¿Por qué tantos reformistas han insistido en la reforma de las instituciones municipales? Lo hicieron Maura, Silvela y Campomanes, lo está haciendo el gobierno de Rajoy, aunque en sentido contrario que los anteriores, y parece que Andrés Borrego le atribuyera también importancia. Antonio Domínguez Ortiz escribió estas reveladoras palabras: «A primera vista sorprende que unos representantes del Absolutismo Ilustrado, enemigos de la participación directa del pueblo en las tareas del Poder, efectuaran una reforma de indudable cuño democrático. La antinomia es solo aparente, porque lo que aquellos hombres no admitían era la participación de los vasallos como tales en la dirección del Estado; no tenían ninguna objeción contra su participación en las tareas municipales» (2005: 163). Así pues, de algún modo, democratizar las plataformas de base, las más cercanas al ciudadano, tradicionalmente ha eximido de emprender grandes aperturismos en la cúspide.

CAPÍTULO 5

EL ESTALLIDO REGENERACIONISTA

COSTA

La formación del ideario regeneracionista tiene una historia cíclica: la del intelectual que viaja al extranjero y se le cae el alma a los pies en cuanto compara lo que está viendo con lo que ha dejado atrás en su hogar. Es la historia de Larra, la de Mesonero Romanos, y también la de Gregorio Marañón. Joaquín Costa publicó en 1868 su primera obra, Ideas apuntadas en la Exposición Universal de París de 1867 para España y para Huesca, un breve libro que nació precisamente de ese contraste. En las páginas iniciales de su folleto inaugural, Costa trata de identificar los motivos del atraso español y aporta los siguientes: la pereza o la indolencia de los españoles, cuyas clases dirigentes sienten auténtica «aversión al trabajo», la empleomanía, que aparta a los hombres inteligentes de la producción y los destina a cargos administrativos ficticios, y las guerras civiles continuadas hasta 1839. Lamenta, además, que la proporción en Francia sea de 57 científicos por cada político, mientras que en España sea exactamente al revés: 57 políticos por cada científico; y que únicamente un 20 por 100 de la población española sepa leer y escribir. El cuadro es desolador.

Por lo demás, resulta asombroso comprobar hasta qué punto es maduro ya el Costa de 1867-1868, puesto que todas las direcciones de su pensamiento se encuentran formuladas con claridad meridiana. Y no es el único autor estudiado casi exclusivamente como protagonista de la crisis de 1898: también Silvela, la cabeza más conocida del regeneracionismo conservador, se inició en la oratoria pública en abril de 1869, con un discurso librecambista pronunciado en la Bolsa de Madrid. De ese mismo 1869 es Maestro, escuela y patria, fundamental para el ideario pedagógico de Costa. En cuanto a Macías Picavea, su primera obra impresa fue el poema «Kosmos», de orientación krausista, y publicado en el año 1872. El 11 de febrero de 1881 vio la luz el primer número de La Libertad, fundado por los líderes republicanos de Valladolid: Miguel Marcos Lorenzo, José Muro y Ricardo Macías Picavea, que desarrollaría en sus páginas sus doctrinas regeneracionistas y radicalmente democratizantes (Martín de la Guardia, 2012: 24). Cuando se produjo el Desastre colonial, los escritores regeneracionistas mayores llevaban casi un cuarto de siglo escribiendo a gran ritmo.

La experiencia costiana de 1867 también produjo un libro interesantísimo, el opúsculo Instituciones económicas para obreros. Las habitaciones de alquiler barato en la Exposición Universal de París en 1867, que había de quedar inédito hasta muy avanzado el siglo XX, y que posiblemente pudo inspirar en parte la política urbanística primorriverista.

Podemos señalar varias constantes en el ideario costiano de todas las épocas que ya se encuentran muy desarrolladas en su primer libro. Por un lado, la necesidad de impulsar proyectos que escapen de las dinámicas parlamentarias: «La política de partido, que lo absorbe, que lo esteriliza todo, que lo ensucia todo con su asquerosa baba, que todo lo empequeñece y desdeña a despecho de la economía; ese, ese es el fantasma que nos domina y aplasta» (2011b: 72). Por otro lado, la misma crítica del afrancesamiento entendido como una ausencia de patriotismo, que encontramos en Forner y Capmany, y que inflamó las obras de Baroja, Maeztu y Unamuno, el «servilismo de imitar en todo y recibir sancionadas del otro lado del Pirineo las costumbres, la literatura, las instituciones, los trajes, los libros», certificando que la española era una cultura incapaz de crear sus propios modelos. Resulta importante señalar esta francofobia, porque el europeísmo regeneracionista suele ser presentado como una ideología extranjerizante a secas, cuando lo que propuso desde sus primeros balbuceos fue la fusión del europeísmo crítico con las formas castizas del pueblo preindustral. A continuación, la revolución pedagógica, el inevitable primer paso para cualquier obra de emancipación nacional: «La lectura es el zócalo del progreso; principiar por más arriba del zócalo es levantar en el aire un montón de ilusiones engañosas» (2011b: 74). Y la forma de implantar esa revolución pedagógica pasa por la fundación urgente de escuelas para adultos, donde los campesinos aprendan a leer y a mejorar las técnicas agrarias a través de folletos divulgativos.

Llama la atención de esta primera obrita costiana el papel que designa para el clero católico, que viene a ser una mezcla de ingenuidad, deferencia respecto a sus protectores integristas (José Salamero, con quien no había roto aún) y episcopalismo ilustrado. Cuenta Costa que ha visto en la Exposición de París a varios sacerdotes jóvenes que realizaban demostraciones sobre cómo utilizar correctamente arados modernos. A renglón seguido, escribe estas reflexiones: «Todo esto nos prueba no ya que el estado eclesiástico simpatiza con los inventos, sino que viene en apoyo de lo que muchos han dicho y demostrado, a saber: que nadie como el sacerdocio puede dar un fuerte impulso a nuestra civilización» (2011b: 76). Y añade: «el cura párroco debe ser la Providencia en los pueblos pequeños, con especialidad en aquellos que carecen de profesor». Que no se trataba de ideas pasajeras lo demuestra el hecho de que, más de una década después, Costa insistiera en ellas en su bello artículo «Un cura ingeniero», dedicado a Fernando Alvisu, cura barojiano de Elorriaga que había habilitado un huerto experimental. El trabajo vio la luz en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza el 31 de diciembre de 1883 (2011c: 569-574).

El Costa más decididamente anticlerical se inscribe en el período 1890-1894, tal y como se desprende del examen del pleito de La Solana que realizó George Cheyne en 1972 (2010: 121-127). En cuanto a la vigencia del ideario ilustrado, a mi modo de ver no ofrece duda alguna: «A fines del siglo pasado, cuando la vecina Francia se destrozaba en medio de la revolución más espantosa que registra la historia, el clero español colaboraba en el famoso Semanario de Agricultura y Artes, monumento precioso de nuestra bibliografía agrícola» (2011b: 78). La obsesión de Costa por que las clases parasitarias se decidieran a trabajar por la patria tiene mucho de jovellanista. Muchos de sus pilares los encontramos en autores del siglo XVIII. Por ejemplo, la necesidad de terminar con los monocultivos. «El trigo es la esclavitud», sentenciaba Costa, y Campomanes ya se había dado cuenta de ello: «Otro perjuicio en sembrar pocas especies nace de la experiencia de ver que en los países donde no se hace, hay con frecuencia hambres, como en La Mancha y casi nunca en Valencia donde hay esta variedad» (1984: 70).

El sacerdote era el hombre indicado para aleccionar al campesino sobre nuevas técnicas de cultivo. En el fondo, se trataba de una antigua postura ilustrada. El cardenal Francisco de Lorenzana (1722-1804) había dirigido a los párrocos de su diócesis una pastoral exhortándolos a que instruyeran a los campesinos en técnicas agrícolas novedosas. La red eclesiástica entendida como vehículo para introducir mejoras no era una idea de 1867. La encontramos ya en el Informe en el Expediente de la Ley Agraria, publicado por Jovellanos en 1795 (Jovellanos, 1997: 81). Y no era un proyecto inverosímil. A lo largo de todo este libro estamos hablando de élites culturales, de clases medias avanzadas que se abren paso en una sociedad esclerotizada, pero a menudo pueden encontrarse evidencias de que la mentalidad reformista iba calando poco a poco entre elementos cada vez más masivos, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX. En Aragón encontramos el caso del jesuita Longinos Navás, nacido en Tarragona en el año 1858. Era, por lo tanto, algo mayor que Unamuno. Este sacerdote es un curioso caso de vocación científica y espíritu costiano culminado durante los años veinte. Afincado en Zaragoza, ejerció como profesor de historia natural del colegio Jesús María. No se trata exactamente del ilustrador agrícola en contacto con campesinos del que hablaba Costa, ya que Navás daba clase a jóvenes de ciudad, pero resulta evidente que se trata de un personaje en las antípodas de la imagen del sacerdote ocioso e ignorante. En 1903 publicó una lista con las más de setecientas especies de insectos solo en el ámbito natural del Moncayo. Una especie de caracol (el Helix navasi) y un lepidóptero (el Schizothyllum navasi) llevan su nombre. Navás era un entusiasta del Moncayo y movió cielo y tierra para que las autoridades lo declararan Parque Nacional (Viñales, 2013: 45)24.

Costa no solo propuso que los clérigos ejercieran de maestros civiles, sino que también pensaba que los militares acantonados podían recibir lecciones técnicas para que, una vez devueltos a casa, se convirtieran en referentes sociales y núcleos personales de progreso. Todo para desterrar el ocio y expandir el amor al trabajo y a las novedades técnicas.

En cuanto a la valoración del elemento popular, Costa funde el ideario romántico con sus propias originalidades. El hecho de que el pueblo iletrado compre romances de ciego y se los haga leer a un sacerdote o a un maestro la parece la mejor prueba de que el pueblo busca informarse y, a su modo, conocer. Su propuesta es, de nuevo, pintoresca: sustituir las narraciones truculentas por manuales de agricultura. Propone también que los herreros rurales se encarguen de construir los nuevos aparatos mecanizados, con materiales baratos, próximos a quienes debían utilizarlos. Lo que era seguro es que ningún campesino podía pagar la construcción o la importación de la maquinaria vista en París: la genialidad de Costa consiste en adaptar los hallazgos del extranjero a partir de las posibilidades reales del medio rural castellano o aragonés.

Costa era un regeneracionista maduro veinte años antes del Desastre colonial. El juicio de los historiadores ha confirmado la oportunidad de muchos de sus diagnósticos económicos. Entre 1880 y 1883 el aragonés se empleó a fondo para combatir el proteccionismo gubernamental, en los discursos que recogió José María Serrano Sanz en 2011. Los problemas a medio y largo plazo detectados por Costa son los mismos que registra la historia económica actual: «La solución proteccionista adoptada en España desde 1891 permitió la subsistencia de los sectores ineficientes y mantuvo los precios más elevados que en el exterior, lo que restaba competitividad a las posibles industrias exportadoras. Por otro lado, el cierre de la economía española desde el Arancel de 1891 —y su consolidación con el Arancel de 1906— impidió la reconversión de la agricultura, la emigración de los campesinos al exterior, la entrada de la inversión extranjera y, en definitiva, obstaculizó el pleno aprovechamiento del ciclo expansivo internacional que duró desde 1896 a 1913» (Comín, 2002: 99). En su visión antirregionalista, Costa acusaba a los proteccionistas catalanes de oprimir a los compradores desfavorecidos del interior (los aragoneses, los que más le importaban) imponiéndoles tejidos a precios artificialmente elevados, lo que obstaculizaba el consumo interior, mientras que la falta de exportación y el monocultivo del trigo condenaban al campesinado a subsistir en condiciones semimedievales, sujetos al azar climático, las hambrunas cíclicas y el régimen señorial adaptado solo a medias al mundo liberal. Algunos de estos problemas (la falta de estímulos para la industria propia, el intervencionismo exterior, el estatismo comercial interior) formaban parte ya de las inquietudes de los primitivos arbitristas castellanos.

En 1898 el reformismo costiano se había radicalizado. Algunas de sus tajantes afirmaciones de fin de siglo habrían resultado insólitas en sus textos de juventud: «Para poner fin a esta injusticia, para que el pauperismo no se desarrolle en la misma proporción que se desarrolla la riqueza, existe un remedio, y es nacionalizar la tierra, esto es, transferir la propiedad de ella al Estado» (1967: 51). Sin embargo, Costa no consideraba que su ideario fuera revolucionario: «El colectivismo es, o parece ser, una como transacción y componenda entre los dos sistemas extremos comunista e individualista» (1967: 49). Sin este entendimiento, las urgencias sociales desatarían una auténtica confrontación, de la que Costa se sentía ajeno. Pero ¿cómo dejar de ver como realmente revolucionarias iniciativas como las que propuso en 1898? Su colectivismo declaraba «propiedad común o social los instrumentos todos de trabajo, o sea de producción (tierras, minas, máquinas, fábricas, ferrocarriles, buques, etc., toda clase de capitales), pero deja[ba] los productos bajo el régimen de la propiedad individual». Se trataba de sustituir el liberalismo por una organización colectiva que impidiera los monopolios y las acumulaciones. Más amenazador, imposible. Llamemos a las cosas por su nombre: Joaquín Costa, entre 1898 y 1902, era un pensador revolucionario, empeñado en fundar una variante hispánica del socialismo.

Pero, entonces, ¿cómo es posible que Costa no tuviera conciencia de revolucionario, es decir, no se considerara un comunista? La respuesta la hemos de buscar en su historicismo. Tras las declaraciones de intenciones, ¿qué hace Costa? ¡Sorpresa! ¡Bucear en los arbitristas! Tras presentar a Juan Luis Vives como el iniciador de la sociología española, dedica un capítulo a cada uno de los pensadores españoles que, según él, vienen a defender un cambio de régimen en la propiedad agrícola análogo al que desea impulsar. Sobre Juan de Mariana y su De Rege et Regis institutione (1599) escribe: «Según la teoría del preclaro jesuita, aun dividida la propiedad de todos por causa de la corrupción de la naturaleza humana, es conforme al derecho natural que esa propiedad no sea ocupada o monopolizada entera por unos cuantos, sino que ha de reservarse una parte de ella para la comunidad» (1967: 68). De lo que se desprende que su interpretación es muy sui géneris, puesto que Costa acaba de proponer, lisa y llanamente, la nacionalización de todos los medios de producción agrícolas y sus modos de transporte.

Sobre Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de España y Estados de ella y del desempeño universal de estos Reinos (1600), de Martín González de Cellorigo, abogado de la Real Chancillería de Valladolid, escribe Costa: «en su opinión, quien vive de la renta de la tierra usurpa sudores ajenos, y por tanto (esta conclusión iba envuelta en aquella premisa), que el que no es labrador no tiene derecho a ser terrateniente» (1967: 69). Sin duda, Anne Dubet colocaría a Costa entre los glosadores del arbitrismo que proyectan su propia ideología socialista sobre juicios remotos extractados de su debido contexto. Es posible que lo que denunciara Cellorigo fuera el absentismo de los nobles que vivían en la corte de las rentas sin preocuparse lo más mínimo del progreso material que se debía impulsar en sus señoríos.

De Caxa de Leruela destaca el interés que despertó en Campomanes, y a Martínez de Mata lo eleva a la categoría de auténtico iniciador del reformismo económico español: «Uno de los mayores méritos de Martínez de Mata consiste en haber adivinado el peligro que corría España con haberse constituido exclusivamente agricultora» (1967: 73). Aquí sí es totalmente justo y certero Costa. Martínez de Mata percibió con toda claridad «la apremiante necesidad de que [España] se transformara en potencia manufacturera y comercial, para sostener su representación política en el mundo, conservar y acrecentar sus dominios coloniales, restaurar sus decaídos prestigios y afianzar su grandeza», y estos eran precisamente los objetivos finales de Costa: el proyecto nacional, la restauración de España; y como el pueblo español no había sabido conservar y restaurar su potencia industrial y comercial, era el Estado el que debía intervenir para hacerse con el control de los medios de producción. Lo cual tampoco equivalía a tronar contra el gobierno para exigirle mejoras, como presumía Maeztu. Me temo que se trataba de algo más drástico: de echar al gobierno, de sustituirlo por otra clase más eficaz de gabinete reformista.

Como en el siglo XVIII, Costa trata de construir su particular filosofía política y práctica, necesariamente radical ya, a partir de un buceo nacionalista que impide que se le pueda considerar un «marxista» o un europeizador al uso, un «revolucionario» que busque desnaturalizar al pueblo español a partir de medidas importadas de Europa. La influencia que ejerció Juan Luis Vives sobre Oligarquía y caciquismo fue estudiada en el año 2002 por Francisco Calero. Lo que se propone Costa es importar las ideas foráneas a partir de los escritores políticos españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII. La mejor prueba es que, cuando habló de las características que tendría que reunir su famoso «cirujano de hierro», a quien invocó fue... ¡al conde de Aranda! (Fuster, 2014: 189). En otro fragmento, Costa parece delimitar qué grado de autoritarismo reclamaba para el gobierno ideal de España: «adaptación del régimen político imperante en Europa a las condiciones especiales de nuestro país y a la situación extraordinaria que le han creado los últimos sucesos [de 1898], inoculando en él un grano de gobierno personal estilo Bismarck, estilo Washington, estilo Colbert, estilo Reyes Católicos, y confiándolo a personas aptas para sacar partido de tan delicado instrumento» (citado por Fernández Clemente, 1969: 107). Ya lo tenemos: «un grano de gobierno personal», ejercido por alguien capaz y enérgico, por un tecnócrata. Pero ni rastro de dictadura ni de autocracia. Reclamar cierto grado de tecnocracia y de eficacia gestora, o un gobierno enérgico, no equivale a prefigurar el fascismo, porque Costa ni creía en el Estado como fuente de redención ni se propuso movilizar a las clases medias en un sentido militarista e imperialista.

Además, Costa no pudo ser revolucionario, puesto que era partidario de un despliegue jurídico adaptado a la naturaleza del país. Despliegue jurídico o revolución se excluyen, puesto que la revolución no puede ser otra cosa que el descuaje, total o parcial, de un sistema jurídico. Lo expresó con claridad meridiana Eloy Fernández Clemente:

La idea de libertad civil completa la de libertad política, la concreta y vitaliza. Este concepto es fundamental en su pensamiento jurídico: el Estado respeta a los individuos y a las familias la libertad de acción dentro de su privativa esfera, limitándose al papel de regulador. Precisamente esta visión individualista le incapacita para ver en el socialismo la solución al problema nacional (aunque en su última época se acerque a esta política) ni en cualquier otra concepción que afirme la supremacía del Estado, como el fascismo (1969: 31)25.

La decepción finisecular de Costa es idéntica a la de Macías Picavea y a la de los jóvenes de la promoción de 1890, pero proviene de la división interna de los republicanos, no de un deseo de dictadura. Corresponde a una fase en la que el republicanismo había demostrado, una vez más, su inoperancia en el contexto de la Restauración. En Costa se produjo la demanda urgente de una reforma agraria radical e inmediata. Macías Picavea, poco antes de morir, y según Martín de la Guardia (2012: 32), esbozó soluciones autoritarias destinadas a inyectar reformas con la premura necesaria. Pero ni siquiera ese radicalismo y ese autoritarismo tienen mucho que ver con el fascismo, puesto que entre los rasgos inherentes del fascismo destacan la eliminación física del adversario político, la épica de la violencia, el lenguaje como acto de volición propagandística, un lenguaje que apela siempre a idealismos y no a realidades y una dirección tradicionalista, que no encontramos de ningún modo en los regeneracionistas republicanos desengañados, cuyo programa continuó siendo la democratización, la educación y la descentralización. ¿Dónde están, en la prosa de Costa, el encuadramiento militar de la sociedad, el ultranacionalismo acrítico, el discurso antirracionalista y antiintelectualista o el Estado corporativo? No es solo que no estén, sino que sería completamente anacrónico encontrar eso en sus libros y artículos. Y esos jóvenes radicales (Maeztu, Baroja, Unamuno, Martínez Ruiz) fueron también antiparlamentaristas por puro hastío de las corruptelas electorales.

Terminemos, de una vez por todas, con la estupidez del Costa «prefascista». Pedro Ribas ha demostrado que en la lectura de Tierno Galván, principal y casi único defensor del Costa autoritario y «prefascista», influyó no poco el Macías Picavea de Óscar Pérez Solís, burda manipulación franquista del pensamiento regeneracionista, publicada en 1947. Según este ingeniero industrial y militar falangista, el gobierno deseable esbozado por Costa y Picavea pasaría por la destrucción del sistema de partidos, un mero injerto extranjerizante. Fiel a la interpretación menendezpelayana de la historia de España, el liberalismo no sería más que una ideología antinacional importada de fuera e identificada como el caciquismo que Picavea fustigó sin piedad (Ribas, 2007: 59-61). En el capítulo XXIII de El problema nacional, titulado «El Hombre», Macías Picavea parecía abrazar la solución autoritaria.

Pero dejemos que sea él mismo quien lo exprese. Leámosle:

Confieso con lealtad que me pongo frente a frente de la tremenda incógnita, de la magna dificultad en el nacional problema. Ya sabemos todo lo que hay que hacer para resolverlo, y cómo hemos de manejarnos para que la obra resulte; pero, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién ha de ser el genio de esta empresa?

¿El pueblo? Está atrofiado. ¿La monarquía? Se halla representada por un niño inconsciente y por una señora no enterada26, con la circunstancia de haberse sacrificado a ella la nación destruida. ¿Los partidos monárquicos? Son los autores de la ultimación del desastre. ¿Los republicanos? No han acertado a salir fuera de una república de partido, son políticos de idéntica antinacional y degenerada madera que los otros; y, por último, ni siquiera han sabido gobernarse a sí propios. ¡Para meterles a gobernar a los demás en momentos tan críticos y difíciles!27. ¿Los carlistas? Son restos supervivientes de un anacronismo imposible. ¿Los caciques? Son el mal mismo. ¿Alguna clase social? Todas se encuentran o copadas por esos caciques o en estado de coma o impotencia. ¿El Ejército? ¡Qué fracaso el suyo! Además de hallarse en evidente decadencia [...].

Lo que sí podemos afirmar es que, en momentos como este, todas las naciones que se salvaron tuvieron su hombre, o si se quiere, su Hombre con H grande: Alejandro, César, Constantino, Abderrahaman, Alfredo, Isabel de Castilla, Enrique IV, Cromwell, Richelieu, Gustavo Wasa, Pedro de Rusia, Federico II, Washington, Napoleón. Cavour, Bismarck... La patria estaba yacente; imposible enderezarse a sí propia; llegaban ellos y la levantaban sobre sus robustos hombros, imponiéndola a veces al mundo (Macías Picavea, 1992: 327-328).

Es una burda manipulación afirmar que Franco o Primo de Rivera encajaran en esta definición.

¿De verdad esto suena a autoritarismo, un texto tan nihilista, que ataca tan claramente al ejército? El autoritarismo implica la inferencia de un sector o un colectivo redentores, capaces de salvaguardar la integridad de la patria: el ejército, la fe, la religión, la nación en marcha... algo. Pero el autoritarismo no puede ser escéptico. Necesita mentiras, heroísmos, glorias e ideales. Y si muestra aunque sea la menor de las dudas, como el de 1923, acaba siendo arrollado.

Ortega y Gasset habría dicho: ¡la clase media! Pero primero había que educarla.

Lo que Macías Picavea reclamaba era un político capaz de electrizar e ilusionar al pueblo. No un represor ni un vigilante. Un educador, un nacionalizador, un legislador, un constructor de instituciones. Un estadista que supiera levantarse por encima de la raquítica politiquería de distritos electorales. Alguien que no se pareciera a Romero Robledo. Alguien capaz de inspirar grandeza y confianza a la nación. En realidad, desde sus mismos inicios, para Macías Picavea regeneración era sinónimo de democratización, y el republicanismo era el camino doctrinal hacia la racionalización de las instituciones del Estado (Martín de la Guardia, 2012: 58). Así lo dejó escrito Picavea en 1884: «Somos y hemos sido demócratas progresistas, y para nosotros la democracia tiene por fondo la civilización moderna, y por forma, la república» (2012: 88). Quienes atacan a la tríada regeneracionista en realidad esconden el prejuicio contra la democracia, el miedo a la radicalidad del sistema liberal superado por la izquierda de orden. Atacan el reformismo para que estalle la reacción revolucionaria y puedan imponer luego el doctrinarismo, la orientación tecnocrática radical y la represión suspicaz.

Y si sin democracia no podía haber auténtica regeneración, ¿cómo instaurar esa república redentora? La democracia crea al ciudadano racional, y este genera el espíritu democrático. ¿Por dónde empezar, por el huevo o la gallina? A través de un hombre fuerte, de un hombre que impusiera las bases jurídicas para la educación y la emancipación política del pueblo, que el autor consideraba atrofiado. Un hombre como Ortega y Gasset o Manuel Azaña. Un hombre como Adolfo Suárez, que desde la situación de despotismo generara, por iniciativa personal, e incluso, en un primer momento, sin el concurso del pueblo, la plataforma de renovación. Un hombre que, una vez implantada la democracia, se retirara para dejar paso al pluralismo. Un prestidigitador político.

Opino con toda radicalidad que el «Hombre» genial en que pensaba Macías Picavea en 1899 se parecía más a Ortega y a Cambó que a Primo de Rivera y Franco. Opino que estaba pensando en lo que Venizelos fue para la decaída Grecia: un magistrado educador, un legislador solitario pero comprometido con las libertades. En ningún caso creo que pensara en un militar tradicionalista o un dictador dogmático. Morote, un intelectual muy similar, no dudó en dar todo su apoyo a Canalejas, que desconfiaba del pueblo español pero trataba de democratizar el sistema desde arriba. Ni siquiera creo que, a partir de sus palabras, pueda derivarse que Costa y Picavea se hubieran vuelto autoritaristas. Rompamos de una vez por todas la obsesión con la dictadura falsamente atribuida a Costa y Macías Picavea. Existen multitud de figuras políticas de la segunda Restauración española que pudieron ser, o quisieron ser, cirujanos de hierro y encajan mucho mejor en ese perfil o en el del «Hombre» genial: Canalejas mismo, Rafael Gasset, Santiago Alba, Francesc Cambó, hasta Antonio Maura. Desear un líder fuerte que sepa orientar la legislación hacia un rumbo desarrollista no significa proponer una dictadura, sobre todo teniendo en cuenta que Picavea nunca olvidó el ejemplo de los Estados Unidos, ricos en personalidades fuertes comprometidas con los valores de una república federal pujante.

ARBITRISTAS ACTUALES

Sin embargo, no fue Costa el autor de la época que más se asemejó a los economistas primitivos. Joaquín Sánchez de Toca, en un libro de pura teoría económica, se lanzaba a denunciar la «mutilación de la naturaleza humana» y el «divorcio» introducido «entre el mundo moral y material» por las «escuelas modernas» que negaban a Dios y los sagrados vínculos de la comunidad humana (1894: LVII), como si el ateísmo tuviera la culpa del despliegue del capitalismo salvaje que explotaba a los más desfavorecidos. Moral cristiana y teoría económica volvían a darse la mano como en tiempos de Tomás de Mercado y Martín de Azpilcueta.

Ni Mallada estuvo exento de la influencia de los arbitristas. Lo que ocurre es que los males que detectó el republicano aragonés eran exactamente los mismos señalados por Ortiz, por ejemplo, cuando afirma que la «balanza mercantil» es «el mejor barómetro donde se marcan los grados de cultura y de adelanto de los pueblos» (1969: 44). Resulta decepcionante tenerlo que afirmar, pero en cuatrocientos años no se había avanzado mucho. Idéntica incapacidad para estimular el consumo interno a través de la fabricación de objetos suntuarios: «Miremos en torno nuestro, penetremos en los dorados salones de las familias mejor acomodadas; todos los signos de riqueza, todo lo que es magnificencia, todo lo que denota un trabajo caro y bien recompensado, todo ello es extranjero» (1969: 20); idéntica e irracional dependencia de las importaciones: «Desde hace muchos años se tienen que importar anualmente cantidades de maderas por valor de 40 a 50 millones de pesetas, siendo así que por las condiciones naturales del territorio, en vez de importar, debíamos exportar productos por mayores sumas» (1969: 35); «España, que tiene muchas y ricas cuencas hulleras, necesita importar carbones por valor de 25.571.514 pesetas; España, que tiene montañas enteras de excelente mineral de hierro, hasta el punto de poder exportar anualmente por valor de 46.941.414 pesetas, no acierta a elaborar herramientas, máquinas y material de ferrocarriles, para librarnos de un tributo al extranjero de 45.175.070 pesetas» (1969: 44). Volvían las «tijeras» de Campomanes, convertidas en locomotoras y caminos de hierro. Poseyendo el material, se carecía de industria. En definitiva, hacia 1875 las estadísticas elaboradas por los primitivos economistas del siglo XVII ya servían de muy poco. Tampoco parece que Lucas Mallada las hubiera leído, pues no cita en ningún momento esos libros, a diferencia de Costa, que sí los invocó con profusión, y sí toda clase de memorias y revistas sectoriales de su época. Las semejanzas, pues, en este caso, provienen de la persistencia asombrosa en los mismos males económicos.

Un gran escritor mallorquín, Miquel dels Sants Oliver, pensaba que Costa había obtenido su característica fraseología regeneracionista de los textos de Valentí Almirall. Lo expresó en un trabajo de 1911: «sorprende encontrar en El problema nacional de Macías Picavea, en los estudios de Costa sobre la reconstitución y europeización de España o sobre la oligarquía y el caciquismo, y en todos los discursos y documentos importantes que siguieron al desastre de 1898, el mismo, exactamente el mismo lenguaje, y la misma argumentación, y el mismo criterio, y las mismas recriminaciones [de Almirall] que tanto habían alarmado cuando salían de Barcelona, cosa de un decenio antes, para denunciar la inminente ruina del edificio» (1948: 478-479). El historiador Antoni Jutglar es de la misma opinión: «Mucho antes que un Joaquín Costa lo hiciera, hombres como Pi y Margall o como Valentí Almirall denunciaron tal estado de cosas» (1983a: 192). El juicio es totalmente cierto para Pi y Margall, que en 1854 ya había redactado un programa político ambicioso: La reacción y la revolución. Pero la cuestión no está tan clara con Almirall, puesto que Oliver y Jutglar parecen desconocer u obviar las obras de Costa anteriores a 1890. Por cronología, la aseveración es verosímil solo para los textos más famosos de Costa, los que se publicaron en los años inmediatamente anteriores y posteriores a 1898. Almirall había publicado, en Montpellier y en francés, L’Espagne telle qu’elle est, en 1886. La versión española de este lúcido folleto llegaría ese mismo año, traducida por Cels Gomis. Resulta evidente que las críticas al sistema político centralizado, al fraude electoral y a las represiones ideológicas de la época canovista son idénticas a las emprendidas por Costa. Pero más asombroso es aún lo que se lee en Lo catalanisme (también de 1886), comparado con los programas diez años posteriores de la Unión Nacional: «Doquiera se vuelva la vista, apenas se ve en nuestro país más que inmoralidad e ignorancia. En la inmoralidad e ignorancia generales se basan los que en grande escala explotan a la nación desde los altos puestos del Estado» (1902: 23). Y en otro lugar: «Nuestro país es hoy teatro de una infernal orgía de negaciones. El cansancio, la fatiga y el escepticismo nos inspiran solo ideas negativas. Hasta en religión, prescindiendo de los fanáticos, no encontramos más que incrédulos o indiferentes que niegan» (1902: 27).

Como sea, un experto costista como Fernández Clemente parece apoyar la hipótesis de Oliver: «ya casi junto al aragonés, [Azorín] cita a Valentín Almirall, que publica en 1886 en Montpellier su folleto L’Espagne telle qu’elle est, virulento y crítico acervo de nuestra política; y el estudio de Pompeyo Gener sobre la decadencia española, publicado en 1887 en su libro Herejías» (1969: 42). Y es que Costa no fue un intelectual finisecular, sino que participó de una corriente colectiva que tuvo a Giner, Mallada, Macías Picavea, Galdós, Almirall, Gener, Estasén y a él mismo como a cabezas más visibles. Fue hacia 1898 cuando sus ideas se popularizaron y fueron adoptadas y relanzadas por los intelectuales más jóvenes, especialmente Maeztu y Rafael Gasset.

Rafael Gasset. Centro de estudios de Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha) (www.uclm.es/celm).

Es difícil investigar hasta qué punto Costa o Mallada pudieron haber recibido influencia directa de Almirall. Podría perfectamente haber sucedido lo contrario, pero seguro que hubo transmisión en ambos sentidos, como la hubo constantemente entre las figuras de la Renaixença catalana y sus homólogos castellanos28. Hemos visto el ideario costiano asombrosamente maduro en su obra de 1868. De todas formas, ¿hasta qué punto importa eso? Lo importante parece más bien señalar que Almirall, Costa y Mallada formaban parte de una misma nebulosa intelectual, y que el catalanismo almiralliano puede perfectamente presentarse como una más de las regeneracionistas que fueron incubándose desde los inicios del Sexenio revolucionario hasta su apoteosis de los años ochenta, cuando la relativa calma interior de la Restauración permitió a esos escritores sentarse unas cuantas horas al día en el escritorio, meditar sus obsesiones y escribir tratados mínimamente unitarios. Por una parte, opino que carece totalmente de sentido presentar como particularista o preseparatista el proyecto almiralliano. Este tiene más que ver con el autonomismo camboniano que con el federalismo integral de Rovira i Virgili, por mucho que este reclamara a Almirall como a su maestro fundamental:

No solo somos catalanistas y regionalistas, es decir, no solo a que Cataluña rompa las ataduras que la sujetan y agarrotan, y a que las demás regiones de la Península hagan lo mismo, a fin de que puedan luego unirse todas con los dulces lazos de la fraternidad y del mutuo interés, sino que aspiramos a este resultado porque es consecuencia lógica de un orden general de ideas que constituye todo un sistema (1902: 143).

Almirall insiste constantemente en la necesidad de que las demás regiones españolas «despierten», como ha hecho la Cataluña renaciente, para reclamar a Madrid que no se lleve los recursos con los que reactivarán sus economías y sus culturas propias. Almirall pensaba en un mosaico hispánico reconstituido a través del pacto federal: «Gracias al rompimiento de las ligaduras con que nos sujetaba la historia castellana, ha sido posible que se empezase a rehacer la general de España, que antes de nuestro Renacimiento era tan manca y coja que jamás habría conseguido colocarse a la altura que le corresponde» (1902: 14). Por esta razón, Almirall nunca fue separatista: «El catalanismo regionalista no aspira más que a romper las ligaduras de la uniformidad para sustituirlas con los lazos de la unión» (1902: 183). Sus ideas antiseparatistas se formulan de forma inequívoca en su tratado de 1886, cuyo objetivo es criticar sin piedad el carácter histórico de la Castilla dominadora, mostrar los rasgos esenciales de la nacionalidad catalana sofocada y trazar un proyecto hispánico en el cual Cataluña encajase en una España regenerada:

La separación de Cataluña para pasar a formar parte de una nación que no sea España, es absurda y, aunque fuese posible, no nos convendría. Solo lindamos con Francia y ningún interés moral ni material atendible para una unión nos une con nuestros vecinos de allende el Pirineo. El carácter que entre estos predomina es tan diferente y opuesto al nuestro como el castellano, y como hoy son más fuertes que los que ahora nos mandan, la sujeción a que se nos condenaría sería más completa que la que actualmente sufrimos (1902: 174).

La Renaixença catalana, que ha sido recibida en Madrid con todo tipo de prevenciones, es reivindicada como un patrimonio español exportable a todas las regiones de la península. Porque ese renacimiento cultural y político, es decir, el despertar de los particularismos, sería la única vía de penetración del progreso material e ideológico en un país sofocado por el centralismo: «¿Quién dudará, pues, de que si el Renacimiento se extendiese al terreno político-social, se producirían en él los mismos fenómenos que le han caracterizado en los demás terrenos? Su primera consecuencia sería aumentar el patrimonio nacional de las ideas, que tanto lo necesita por lo muy atrasado que se encuentra» (1902: 16). Galicia, Asturias, Murcia, renacerían si imitaran a Cataluña y reclamaran con energía recursos para su propio desarrollo, sin renunciar a sus formas particulares de entender el mundo.

Quien mejor captó este espíritu «redentor» de las regiones en la capital española fue José Ortega y Gasset, del cual hablaremos en profundidad más adelante, pero no creo que llegara a construir su proyecto político, durante la dictadura de Primo de Rivera, a través de la lectura o la influencia directa de Almirall, sino a través de la de Cambó, mucho más cercano a su sensibilidad, tanto en tiempo como en espectro centrista de acción ideológica.

Estas ideas no eran patrimonio de los intelectuales republicanos ni dejaban de formar parte de las grandes narrativas civilizadoras del siglo XIX. Lo que ocurría era que, en general, los idearios colonizadores, en el caso español, debían aplicarse en primer lugar a los territorios propios, antes de exportarlos a regiones atrasadas del continente asiático o africano. Sirvan de botón de muestra estas palabras de Manuel Duran i Bas, que llegaría a ministro cuarenta años después en el primer gabinete conservador explícitamente regeneracionista, escritas en 1858 con motivo de la apertura del canal de Suez:

Los Estados que pueden ver sus intereses políticos comprometidos con la abreviación de las distancias que separan la Europa del Asia; los Estados que viven solo, no para el desenvolvimiento, sino para el egoísmo de su individualidad —que también caben pasiones bastardas en el alma de los pueblos—; los Estados que quieren conservar su predominio marítimo, no peleando como los émulos sino luchando como los envidiosos, esos Estados no serán fieles servidores de la hermosa causa de la civilización moderna, pero podrán serlo de la política nacional si, creyendo que la abertura del Istmo viene a contradecir las tradiciones de esta política, se muestran hostiles al proyecto (1858: 7).

Duran soñaba con un Estado europeizante, abierto a las corrientes del mundo globalizado, contrapuesto al que vive una vida cerrada en sí misma y celosa de tradiciones ariscas. Para este liberal catalán: «Las naciones que, como España, tienen puertos en el Mediterráneo y colonias en el grande Océano, no pueden ser indiferentes siquiera por este proyecto, sino que antes bien han de ser sus entusiastas defensores». Se trata del viejo sueño de Antonio de Capmany: la España abierta a los mares a través de la comerciante Cataluña. La Castilla cosmopolita modernizada a través del puerto de Barcelona.

Las ideas costianas sobre la necesaria repoblación y fertilización de España calaron hondo en el imaginario de los intelectuales, y en fechas muy alejadas de su génesis, aunque no tan lejanas de la desaparición del León de Graus, podemos encontrarlas formuladas en los lugares más inverosímiles. Durante la Primera Guerra Mundial, llamada por sus contemporáneos españoles «Guerra Europea», el periódico La Tribuna impulsó, en enero de 1916, una encuesta dirigida a varias personalidades culturales y políticas. El contexto general era el de plantear qué papel podría y debería desempeñar la nación en el concierto internacional. En una de las cuestiones se les preguntaba sobre las devoluciones de Gibraltar y Tánger. Joaquín Dicenta respondió: «La devolución de Gibraltar a España me parece bien como satisfacción al amor propio nacional. Respecto a Tánger... debo manifestarle que soy enemigo de la colonización de tierras extranjeras por España, cuando esta debiera dedicarse, para su mejor porvenir, a colonizar tierras propias. Es ridículo presumir de amueblar las casas ajenas cuando la de uno está vacía». No fue muy distinta la orientación expresada por el músico Amadeo Vives: «Claro que sería preferible que Gibraltar fuera de España pero hay otra cosa mejor todavía y es que España fuera de sí misma» (Díaz-Plaja, 1973: 294). Ya lo había afirmado con toda contundencia Lucas Mallada, entre 1875 y 1890, muchos años antes: España debía colonizarse a sí misma antes de salir al exterior (1969: 41).

La necesidad de la colonización interior (la auténtica reconquista ideal y endógena del pueblo español) es una idea que encontramos en los textos ideológicos españoles hasta fechas muy alejadas de 1870 o 1890. Por ejemplo, en la biografía de Ganivet que reelaboró Antonio Espina en 1941 leemos que: «En el Idearium se trazan las líneas generales de una posible expansión española en África. Pero el autor estima que para llevarla a cabo es preciso que pase el tiempo necesario para que España se reconstruya interiormente» (1972: 55). Sin ser enteramente una nación, resulta absurdo tratar de erigirse como imperio.

Este primer regeneracionismo «clásico», el de Costa, Mallada, Isern o Picavea, tuvo un correlato estrictamente literario. Los novelistas naturalistas radicales (Alejandro Sawa, Eduardo López Bago), que tan poco se les parecen en tono e intención, sin embargo sí recogen temas esenciales de los ensayos regeneracionistas y los adaptan al género novela. Un ejemplo es la novela Noche (1888), de Alejandro Sawa, una de las más logradas del autor. Se trata del retrato de una familia arquetípica de la Restauración, apegada a valores clericales y tradicionalistas. La intención de Sawa, como en Criadero de curas (también de 1888), es atacar frontalmente la educación clerical mostrando sus estragos sobre la personalidad de los niños y niñas que son educados en aquellos valores católicos «antinaturales». Es la educación que el mismo Sawa había «padecido» en un seminario hispalense.

Sin embargo, cambian de metodología: en lugar de utilizar la elocuencia reformista, estos escritores malditos pasan a utilizar el escándalo y el insulto como herramientas de trabajo. Buscan subvertir, y ya no son posibilistas. Su tono es totalmente distinto del de los ensayos novelescos elaborados por los regeneracionistas: Justo de Valdediós (1874-1883), de Joaquín Costa; La Tierra de Campos (1897-1898), de Macías Picavea; La ley del embudo (1897), de Pascual Queral y Formigales, o Último día de paganismo y primero de lo mismo (1908-1909), de Costa. Aunque, a mi modo de ver, la obra maestra de las novelas regeneracionistas, la más acabada y elaborada, es Doña Perfecta (1876), de Benito Pérez Galdós. Los novelistas que empezaron su andadura en la década de los noventa encontrarían parte del camino realizado, si bien prestarían mayor atención a los logros técnicos necesarios para evitar un enfrentamiento directo y conseguir que sus novelas se apartaran de la novela de tesis.

Para ir concluyendo, en primer lugar diré que no me es posible concebir el estallido regeneracionista de los años setenta y ochenta sin acompañar a Costa y a Mallada de la crítica de Valentí Almirall. Ribas no tiene ningún inconveniente en emplazarlo en lo que juzgamos su justo lugar: al lado y entre los demás regeneracionistas que sitúa en su propuesta de nómina grupal. Ribas cita como tríada imprescindible a los tres grandes: Lucas Mallada, Joaquín Costa y Ricardo Macías Picavea. Luego, como acompañantes menores, cita a Valentí Almirall, Julio Senador, Pablo Alzola, Luis Morote, Vital Fité, Tomás Giménez Valdivieso y Serafín Álvarez. De la tríada principal, el nexo de unión más visible es el agrarismo (2007: 47). De otros autores se pueden destacar otros rasgos sobresalientes que los individualizan. Por ejemplo, el vasco Alzola es industrialista y urbano; Morote, siempre optimista y fuertemente anticlerical.

Digámoslo sin ambages: 1898 no es la fecha axial ni la piedra angular del pensamiento regeneracionista español. No me cabe la menor duda de que el Desastre colonial golpeó como ningún otro factor la conciencia nacional española y de que, por lo tanto, moldeó sobremanera su cultura. Sin embargo, fue un hecho o un haz de acontecimientos extraculturales, vistosos desde el punto de vista de la historia política y económica pero que han podido distraer la atención de fenómenos que, a mi juicio, pesan más a la hora de retrasar unos veinticinco años la fecha de la explosión regeneracionista. Y, a continuación, trataré de aportar datos que lo puedan demostrar.

¿1898 O 1875?

Francisco J. Flores Arroyuelo escribió en 1969 que «podemos tomar Los males de la patria como el eje sobre el que concurren dos visiones bien distintas sobre la realidad española: una inmediatamente anterior, lírica, de color de rosa, y por todos lados bastante ridícula; otra, posterior, crítica, dolorosa y realista, y, desde luego, poco apropiada para el que cree que España puede adquirir un nivel de país desarrollado e industrial» (1969: 11). Pero, ante nuestra sorpresa, seguía dando 1890 como fecha de publicación de la obra maestra de Mallada. No: los artículos que dieron forma a Los males de la patria fueron publicados en el periódico El progreso en 1875, aunque el texto fuera ampliamente refundido, puesto que incluye toda clase de datos de los años ochenta. Y también en 1875 fue expulsado de su cátedra Francisco Giner de los Ríos, el verdadero inspirador de todos los intelectuales regeneracionistas liberales y republicanos de la época. Únicamente este dato fundamental, a mi modo de ver, vencería en trascendencia a la pérdida de las colonias, culturalmente hablando, porque es el año del fin de la utopía liberal, el año del estrechamiento definitivo de los horizontes abiertos en 1868. Sin la experiencia del caos institucional de la Primera República, no se explica el regeneracionismo inmediatamente posterior. Martín de la Guardia ha escrito que «si la Revolución de 1868 fracasó, su legado debía ser asumido para, ante las nuevas circunstancias de los años ochenta, fundamentar no solo un cambio de sistema sino también de valores» (2012: 12). A mi modo de ver, entender esto es entender la raíz del ensayismo regeneracionista. Los líderes de la República de 1873 se encontraron con que había cambiado el sistema, pero también con que faltaban republicanos entre las clases medias y populares que lucharan por consolidar el progreso político y social. La reforma republicana quedó limitada por la ausencia de masas demócratas. Faltaban los valores29.

Lucas Mallada fue el intelectual que mejor expresó ese desencanto de 1874: «Cosa será dejar para otro capítulo el juicio crítico que nos merecen los sucesos acaecidos durante el último período revolucionario, terminado con una restauración tan fácil y súbitamente implantada, como súbita y fácil fue la caída de doña Isabel» (1969: 67). Y a ese capítulo posterior lo tituló «Nuestros partidos políticos», y en él Mallada arremetió contra Sagasta y los fusionistas por haber estafado al electorado demócrata.

A propósito de Giner ha escrito Albert Balcells que «había quedado aleccionado por la efímera experiencia del Sexenio Democrático de 1868-1874 y estaba convencido de que las transformaciones son debidas a los hombres y a sus ideas, y no a los simples cambios políticos» (2013: 92). La desafección gineriana hacia el devenir caótico de la política parlamentaria española nos parece un fenómeno mucho más trascendental que el Desastre colonial en la conformación del pensamiento reformista contemporáneo, puesto que todo él nació, de un modo u otro, directa o indirectamente, de su magisterio moral e intelectual. Costa, Galdós, Macías Picavea, Clarín, Sagasta, Unamuno, Morote, Menéndez Pidal, Cossío, Marañón, Maragall, Pijoan, Ortega, Américo Castro... no se entiende a ninguno de ellos sin la influencia de Giner. Allí donde Giner comprende (ya lo había barruntado Larra) que por la vía parlamentaria jamás llegarán las reformas necesarias para el país, encontramos el punto de inicio del pensamiento regeneracionista contemporáneo español. Y ese punto debe situarse en torno a 1875. Pérez Garzón ha escrito que «nunca será suficiente subrayar el impacto tan profundo que supuso la experiencia democrática del sexenio en las décadas siguientes» (1997: 17).

A propósito de Macías Picavea, Martín de la Guardia ha escrito: «La influencia krausista en Macías es inestimable, permanente. La perfectibilidad, considerada en sí un valor, le hace optimista ante la evolución de la sociedad española, en constante progreso hasta lograr la armonía» (2012: 13). Resultaría demasiado extenso detallar lo que el pensamiento costiano debe a Giner y la Institución Libre de Enseñanza, merecería otro libro entero (Cheyne, 2010: 89-96). El hermanamiento entre los ideales espiritualistas y los materiales, así como la dirección contrarrevolucionaria, afianzada sobre el derecho y la educación, son algunos de los valores que los regeneracionistas demócratas (Costa, Picavea y Morote) tomaron de Giner. Luis Morote llegó a afirmar categóricamente que todos los «problemas urgentes de nuestra educación nacional» se resolverían con que los dieciocho millones de españoles fueran por turnos a escuchar, durante un día, a Giner en su cátedra (Pérez Garzón, 1997: 24).

En la literatura regeneracionista, especialmente en la de Macías Picavea y la de Luis Morote, que eran más radicales que Costa y Mallada, el canovismo es una involución intolerable, que genera la ola de indignación: «El problema de España no era exclusivamente esencialista o, más bien, si existía una decadencia ontológica del país, esta presentaba unas causas inmediatas, concretas y tangibles derivadas de la degradante situación adonde había conducido la restauración canovista. Como otros intelectuales del grupo, el santoñés [Macías Picavea] tomó parte con espíritu optimista en las jornadas de la Revolución de 1868 y vio cómo sus esperanzas en la reforma del sistema se diluían hasta que el turnismo viciado acababa por desplazar a las fuerzas sociales emergentes» (Martín de la Guardia, 2012: 31). Valentí Almirall, por ejemplo, que pasó con desesperación creciente los meses de la Primera República en Madrid, cinco años antes había arrojado por la ventana del Ayuntamiento de Barcelona el retrato de Isabel II (Jutglar, 1983b: 32).

Algunos especialistas tienden, precisamente, a distinguir entre la generación regeneracionista y la del 98, y a ellos nos sumamos: «A pesar de que no era necesario esperar al desastre de 1898 para que el espectro de la decadencia española comenzara a preocupar a los intelectuales, la pérdida de las colonias dio lugar a una importante obra literaria que impulsó las ideas del regeneracionismo que había surgido en las últimas décadas del siglo» (Fuentes Codera, 2014: 21). O: «Si queremos saber a qué etapa histórica se alude al hablar de regeneracionismo y comparamos opiniones, veremos bastantes discrepancias. Y estas discrepancias muestran incoherencias que no resisten el análisis riguroso. Veamos un ejemplo: a menudo se alude al regeneracionismo como reacción frente al desastre del 98. Pero hete aquí que, si tomamos como núcleo del regeneracionismo la obra de Mallada, Picavea y Costa, resulta que el libro más conocido del primero, Los males de la patria, es de 1890, y aunque la obra más conocida de Picavea, El problema nacional, es de 1899, el libro es culminación de la labor realizada y publicada con anterioridad» (Ribas, 2007: 49).

Pedro Ribas ensaya una lista de libros que considera la columna vertebral del regeneracionismo. El primer título que reseña es de 1873: El credo de una Religión Nueva, de Serafín Álvarez. Sigue con Apuntes y estudio sobre la instrucción pública en España y sus reformas (1882), Geografía elemental. Compendio didáctico y razonado (1895), La Tierra de Campos (1897), El problema nacional (1899), de Ricardo Macías Picavea; España tal como es (1886), de Valentí Almirall; Los males de la patria (1890), de Lucas Mallada; El arte industrial en España (1892) y Las obras públicas en España (1899), de Pablo Alzola; Colectivismo agrario en España (1897), Reconstitución y europeización de España (1899), Oligarquía y caciquismo (1902), de Joaquín Costa; Regeneración económica (1897), de Jesús Pando y Valle; Las desdichas de la patria (1899), de Vital Fité; La cuestión regional (1899), Entre dos Españas (1903) y La literatura del desastre (1907), de Miquel dels Sants Oliver; Del desastre nacional y sus causas (1899), de Damián Isern; La regeneración y el problema político (1899), de Antonio Royo Villanova; Problemas del día (1899), de César Silió; La moral de la derrota (1900), de Luis Morote; Psicología del pueblo español (1902), de Rafael Altamira; ¿El pueblo español ha muerto? Impresiones sobre el estado actual de la sociedad española (1903), de Enrique Diego Madrazo; El atraso de España (1907), de Tomás Jiménez Valdivieso; El alma española. Ensayo de una psicología nacional (1910), de Gustavo de la Iglesia; Reconstitución de España en vida de economía política actual (1912), de Joaquín Sánchez de Toca; Problemas de España (1912), de Joan Guixé; Castilla en escombros y La ciudad castellana (1912), y La tierra libre: no pidáis pan, pedid tierra (1918), de Julio Senador, y, por último, Problemas de España (1912), de Santiago Alba.

De esta lista podemos inferir informaciones valiosas: en primer lugar, que es 1899 el año que acumula más diagnósticos sobre la vida pública española, por razones evidentes: los autores recogieron en libro sus impresiones del año anterior, o fueron reflexionando sobre las derrotas militares durante algunos meses. En segundo lugar, demuestra de forma inequívoca que el espectro cronológico comprendido entre 1890 y 1910 es, a todas luces, insuficiente. Hay que partir de la Primera República y hay que abarcar hasta la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, como mínimo. Y aunque Ribas indica oportunamente que no ha intentado ofrecer una lista exhaustiva (sería extraordinariamente arduo y problemático tantear una lista presuntamente definitiva), quizá olvida algunos títulos fundamentales: El pulso de España (1904), de Luis Morote, que pretendía contestar la célebre sentencia de Silvela, o los clásicos orteguianos Vieja y nueva política (1914), España invertebrada (1921) y La redención de las provincias (1931, aunque publicada en la prensa bajo la dictadura). Asimismo, quizás resulte oportuno reseñar algunas obras costianas relevantes de los años setenta y ochenta, década en que era ya un autor en plena madurez inelectual, obras que marcan hitos importantes en su evolución intelectual como La agricultura expectante y la agricultura popular (1877), Introducción a un tratado de política textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la Península (1881), El comercio español y la cuestión de África (1882) o Estudios jurídicos y políticos (1884).

En definitiva, los desengañados del Sexenio revolucionario consolidaron el discurso regenerador, mientras que los escritores jóvenes de 1900 divulgaron y popularizaron aquel conjunto pesimista de ideas a través de la literatura de creación, especialmente Unamuno, Baroja y Azorín. Morote constituyó un brillante epígono neopositivista. Y Maeztu y Ortega fueron los verdaderos herederos del ensayo modernizador. Así lo resume Pérez Garzón con inigualable claridad: «La frustración del experimento democrático y federal del sexenio persistía en la memoria de los intelectuales de la Restauración y por eso la coyuntura del 98 galvanizó cuantas propuestas pendientes había para salvar España (1997: 25).

Si ponemos una junto a otra las obras de juventud de Costa (que empezó a escribir incluso antes de 1875, como hemos mostrado), la obra realmente axial de Mallada, novelas como Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, y, a continuación, otros libros claramente regeneracionistas de la década de los ochenta, como los de Almirall, o La crisis agraria europea y sus remedios en España (1887), de Joaquín Sánchez de Toca, nos damos cuenta de que el discurso regeneracionista había llegado ya completamente constituido (y hasta desgastado)30 a 1898. ¿Por qué medir y analizar las ideas de Francisco Silvela únicamente por su más archiconocido (y huero) artículo titulado «Sin pulso» cuando hacía décadas que Silvela militaba en el canovismo y trataba de impulsar su particular visión del reformismo político?31. Manuel Tuñón de Lara, en su España en el siglo XIX, dedicaba un capítulo conjunto para estudiar a Costa y a Galdós, como integrantes de la misma promoción. Me parece el camino correcto. E incorrecto el de seguir vinculando de forma acrítica a los regeneracionistas de la primera Restauración con los escritores noventayochistas, tal y como hacía, por ejemplo, Fernández Clemente: «Costa es, desde luego, el político de la generación del 98, y la filosofía positivista sustenta, como hemos visto ya, sus doctrinas» (1969: 51). No. El político de la generación del 98 fue Azorín. Y su filosofía, como la de Unamuno, fue idealista y antipositivista. No pueden formar parte de la generación finisecular personas que empezaron a escribir en 1867. Hay que trazar una frontera entre la promoción regeneracionista que surgió de la gran decepción de 1875 y la que entró en liza hacia 1890, alcanzando el cetro literario hacia 1898. Garrido Ardila ha escrito que «los noventayochistas abrazaron desde temprano filosofías antipositivistas. Inspirados muchos por Schopenhauer y Nietzsche —además de Kierkegaard en el caso de Unamuno—, los noventayochistas son hijos de la crisis de fin de siglo que en Europa suscita el descrédito de la ciencia positiva e impone métodos de pensamiento irracionalistas» (2013: 86-87). A años luz están los escritores jóvenes de un Costa, un Mallada o un Morote, excepto Baroja, médico de profesión y siempre partidario del despotismo ilustrado.

Benito Pérez Galdós nació en 1843. Joaquín Costa, en 1846, y Lucas Mallada, en 1841. Macías Picavea había nacido en 1842. Eran ya maduros cuando se produjo la revolución de 1868, ya leían la prensa cuando se produjo la involución de 1874. Ya llevaban varios años publicando.

Unamuno nació en 1864. Blasco Ibáñez, en 1867, y Luis Morote, en 1862. Eran niños cuando se desarrolló el Sexenio revolucionario. A un lado de la divisoria situamos a Giner (1839), Almirall (1841), Costa, Galdós y Mallada. En los setenta nacieron Baroja, Azorín y Maeztu. Quedarían, como un grupo aparte integrado en la generación del Desastre del 98, los valencianos Morote y Blasco Ibáñez, pero formando un conjunto de continuidad naturalista y positivista, al margen de la reacción idealizante que lideró Ganivet. La defensa a ultranza de la democracia, uno de los tres rasgos fundamentales con que Pérez Garzón define las doctrinas de Morote, ya la encontrábamos en el Macías Picavea de los artículos de La Libertad (1884), reunidos bajo el epígrafe de Nuestros principios. Los que sí eran rasgos completamente originales y distintivos del tono y las ideas de Morote eran el optimismo esperanzado, que lo emparientan con el Ortega inicial, y la convicción de que la regeneración, hacia 1904, estaba ya en marcha, a caballo del Partido Liberal. Con justicia destaca Pérez Garzón que Morote nunca abandonó la confianza en el Parlamento como fuente de reformismo (1997: 36).

A propósito de Baroja, Francisco Fuster ha escrito que, «como el resto de intelectuales de su generación», ejerció la crítica social, «pero sin implicarse seriamente en un programa colectivo de reforma o en una acción política» (2014: 100). La conclusión puede ser bastante polémica: es posible que la promoción que ha pasado a la historia como típicamente regeneracionista no lo sea tanto.

Por esta razón nos sorprenden afirmaciones como la siguiente: «Solo un año después [de 1898], Ricardo Macías Picavea publica su libro El problema nacional, dentro de esa primera oleada —de la que también forman parte las obras de Costa— de libros y estudios sobre la decadencia española» (Fuster, 2014: 228). ¡Pero si libros sobre la decadencia española existieron desde 1550! Y si no queremos irnos tan atrás, basta con rastrear estudios debidos a ilustrados y liberales, de los que beben en abundancia los libros de la hornada 1890-1910. En todo caso, Costa y Macías Picavea llevaban publicando desde 1867. ¿Qué sentido tiene seguir vinculándolos a la generación del 98? Esto solo es posible con Morote, cuya obra capital, La moral de la derrota (1900), sí hace referencia constantemente a los estragos de la guerra del 98. Máxime cuando en esa fecha Costa no era ya un escritor regeneracionista, sino pura y simple y abiertamente revolucionario. En 1867, el arbitrio principal de Costa para el arreglo de la economía nacional era la movilización del clero y del ejército (las dos redes nacionales previamente consolidadas) para aumentar la instrucción de los campesinos y reproducir la maquinaria agraria extranjera a partir de materiales indígenas baratos. A la altura de 1898, el arbitrio de Costa ha cambiado por completo: es colectivización inmediata y la destrucción del poder caciquil por la vía revolucionaria. Ese mismo año, Unamuno veía muy bien que el campesinado viviera en la miseria, puesto que así era mejor cristiano...

Esa «primera hornada» de estudios modernos decimonónicos la forman el primer Costa, el primer Silvela, Almirall, el Galdós de los años setenta (no hay más que pasearse por las páginas iniciales de Doña Perfecta [1876], páginas en las que se nos describen los alrededores de Orbajosa) y Lucas Mallada, es decir, los desencantados del proceso revolucionario desarrollado entre 1868 y 1874.

Lucas Mallada era geólogo y paleontólogo. Desde joven había viajado por lo largo y ancho de la península, y la conocía palmo a palmo, como nadie en su tiempo, puesto que hasta la cartografió. Interesa distinguir a Mallada del humanista que, encerrado en su gabinete, lo que hace básicamente es digerir cultura libresca, como Costa. Cultura libresca que no es que falte en Mallada, que era un muy buen escritor, sino que se combina con el conocimiento exhaustivo y científico de la realidad representada, representada por alguien que ha pasado varios años entre labriegos y durmiendo en posadas miserables.

Mallada es un positivista, un auténtico naturalista científico. Y sus intereses son los de la época en que escribió su obra capital (la higiene, la instrucción, la homologación científica), y no los de los modernistas (la mística castellana, los rasgos del espíritu nacional, la ética cristiana, el senequismo, Cervantes y Don Quijote). En Los males de la patria se lee: «Siendo muy pocas las capitales de España donde se observe siquiera el aseo y policía que en cualquiera aldea del extranjero, a nadie ha de maravillar el espantoso abandono y la incuria de nuestros pueblos, ahogados entre muladares y otros focos de infección, y cuyas causas, para muchos, es el atraso, para nosotros, la pobreza, a las que van siempre unidas la dejadez y el y el desaseo». ¿Habrían podido escribir esto Unamuno o Azorín? Al alicantino le interesan las superposiciones temporales, se deja llevar por la meditación trascendental, mientras charla con viejecitas pulcras. Unamuno bendice esa pobreza, la llena de significado cristiano y de virtudes éticas. Lo que le horroriza son los trazados urbanos rectilíneos, el espíritu cortesano de Madrid. Se refugia en ese polvo del pasado, se baña y purifica en esa miseria rural, como estudiaremos en el capítulo siguiente.

Mallada vio en los pueblos castellanos, extremeños y oscenses polvo, roña, cuevas, primitivismo y miseria: lo mismo que vio Baroja, un admirador confeso de Claude Bernard. Y Unamuno y Azorín, en obras como El alma castellana (1900), Los pueblos (1905), La ruta de Don Quijote (1905) o el pionero En torno al casticismo (1895), lo que propusieron fue una rehabilitación ética de esos pueblos, su recuperación filosófica y estética a través de una mitificación nacionalista. Unamuno y Azorín combatieron la crítica positivista desde sus concepciones idealistas. Los intelectuales modernistas o de la promoción finisecular desearon destacarse por encima del pueblo (Unamuno, sobre el vulgo liberal urbano; Baroja, Maeztu y Martínez Ruiz, sobre el pueblo degradado que no se había conmovido ante el fracaso de la nación). La interpretación de lo ocurrido por parte de un republicano de siempre, Luis Morote, era radicalmente inversa: eran los políticos, la cúspide de la sociedad, quienes nada habían hecho a raíz del Desastre, abandonando a su pueblo. En general, los escritores del 98 elogian fervorosamente a Costa, pero en realidad lo ningunean, y está claro que se situaron a su derecha a la hora de trazar proyectos reformistas. La drástica reforma agraria, el programa socializante y nacionalizador de Oligarquía y caciquismo, no halló eco en los ensayos de los escritores del 98.

Otra característica privativa del 98 fue el inicio de la explotación literaria de las tradicionales quejas. Ni los arbitristas ni los ilustrados ni los liberales ni Costa ni Almirall ni Morote fueron literatos de creación. Ni les interesaba la novela ni la poesía en cuanto receptáculos de opiniones regeneradoras. Por supuesto, hubo excepciones, como Manuel José Quintana. Pero observemos cómo se comportan literariamente Larra o Espronceda: una cosa es su prosa de ideas y otra muy distinta su teatro y su narrativa, más o menos acorde con las convenciones de su época. Y eso es precisamente lo que salta por los aires con las novelas de Baroja, Unamuno y Azorín: el ensayo invade la novela, la política fecunda descaradamente algunos de los mejores poemas de Joan Maragall o de Antonio Machado: se produce un feliz desbarajuste en los géneros. La novela regeneracionista, como lo son El Mayorazgo de Labraz (1903), César o nada (1910) o El árbol de la ciencia (1911), extiende la crítica positivista, pero no la origina. Con todo, tenemos que Maeztu (hasta La crisis del humanismo) y Baroja continúan de algún modo con el espíritu arbitrista, pero en mucho menor grado Unamuno y Azorín. La generación del 98 es menos regeneracionista que la del 68.

El libro de Lucas Mallada cierra una época (la del liberalismo), certifica sus derrotas e invita a los sucesores a que obliguen a los gobiernos a poner fin al desbarajuste económico bajo la amenaza de que empiecen a producirse nuevas algaradas violentas, de signo democratizante. El libro de Lucas Mallada expresa las preocupaciones del viejo liberal, generando y anunciando el lenguaje indignado de la generación siguiente. Pero su mundo sigue siendo el de 1854 y 1868: «Sin la Revolución francesa, sin las reformas liberales de Europa entera, España hubiera seguido con su Inquisición y con sus frailes» (1969: 43); sus dictámenes son los del intelectual ilustrado de 1812 y 1820, alimentados por las urgencias contemporáneas y las cifras cada vez más preocupantes: «Aquellos tristes y sostenidos períodos de luchas sangrientas y de espantosos desastres que cayeron sobre España desde tiempos remotos; la intolerancia religiosa, con su Santo Oficio, que nada tenía de oficio, por lo villano, ni nada de santo, por lo cruel; la larga duración de los gobiernos despóticos hasta mediados de este siglo» (1969: 51).

Por lo demás, también hay un arbitrio en el libro de Mallada, un arbitrio muy bien perfilado y que constituye el núcleo de la parte más sistemática de su tratado, la titulada «El malestar en la agricultura». Como Costa, Mallada acertó en señalar los tres problemas fundamentales que atenazaban al país: el estado desastroso del campo, la ausencia de industria y la falta de instrucción. En un momento dado, Mallada elabora una lista de los treinta y tres problemas que deberían abordarse de manera inaplazable para electrizar la producción agrícola, y además ordenados de más a menos importantes. Los copiamos todos para prestar a esto la atención debida: «1.º La excesiva contribución territorial; 2.º La desigualdad de los tributos; 3.º Las ocultaciones de la propiedad32; 4.º El impuesto de consumos; 5.º La concurrencia exterior; 6.º El servicio ferroviario; 7.º La exagerada y ruinosa centralización; 8.º La ruindad de los partidos políticos; 9.º El militarismo; 10.º La impotencia e incapacidad de los gobiernos; 11.º El desbarajuste administrativo; 12.º La inmoralidad pública; 13.º La torpe y larga tramitación de expedientes; 14.º La lentitud y desorden de las obras públicas; 15.º El mal estado de los caminos vecinales; 16.º La mala división de la propiedad; 17.º La desnudez de nuestros montes; 18.º El abandono de las márgenes de los ríos; 19.º La falta de riegos; 20.º El encharcamiento de lugares pantanosos e insalubres; 21.º El empobrecimiento del suelo; 22.º La falta de abonos; 23.º La falta de capitales; 24.º La falta de espíritu de asociación; 25.º La falta de crédito; 26.º La usura; 27.º El caciquismo; 28.º El absentismo; 29.º La inseguridad en los campos; 30.º Las emigraciones; 31.º La rutina y la ignorancia en las prácticas agrícolas; 32.º Las plagas naturales que devoran las plantas y los ganados; 33.º Las inclemencias del cielo» (1969: 84-85).

La lista trae algunas sorpresas, y evocaciones del mundo arbitrista e ilustrado, que Mallada no invoca en ningún momento, recordémoslo. Era un lugar común entre los arbitristas o economistas primitivos la implantación de un Monte de Piedad estatal. Hemos intentado detallar también el interés que los bancos públicos y sus utilidades habían despertado en Jovellanos. En los libros de la tríada nuclear del regeneracionismo, la creación de cajas de crédito que arrancaran a los campesinos de la fatal usura rural se había convertido en la medida más urgente. La usura, con frecuencia ejercida por los propios caciques, era la principal estructura de poder a través de la cual los arrendatarios permanecían atados al lugar y a las formas tradicionales de cultivar33.

En ningún otro texto regeneracionista como en el libro de Mallada parece tan evidente la voluntad de distinguir lo que es pensamiento constructivo de lo que es amenaza revolucionaria, incluso con ciertos matices amenazantes: «¿En qué país del mundo se soportaría con paciencia tanta el cúmulo de males y el enjambre de infortunios que sobre nosotros pesan? [...]. Sin duda que naciones de este jaez solo pueden ser habitadas por gentes de escasos alcances, o de muy rebajada virilidad» (1969: 81). La «futura revolución española» del subtítulo aflora al final del último capítulo, una diatriba contra los partidos turnantes, grises herederos de los antiguos moderados y progresistas, y su significado es lanzado con eficacia a la palestra: o se implantan las reformas necesarias o la llegada de la República será violenta y traerá consecuencias para las élites dominantes. Y precisamente eso lo sabían muy bien los reformistas liberales y conservadores (José Canalejas, Rafael Gasset, Antonio Maura y Eduardo Dato) que, durante el reinado de Alfonso XIII, entendieron que su labor legislativa era un antídoto contra la revolución que se estaba larvando en el interior del país. Mallada advertía: «¿Hasta dónde piensan los Gobiernos que ha de llegar el coeficiente de elasticidad de un pueblo esquilmado y abatido?» (1969: 81); «si los males de la patria continúan sin enmienda, si a los males de ahora se agregasen otros nuevos, esa juventud querrá respirar atmósfera más pura, volverá los ojos a la República, querrá acomodar el país a nuevas instituciones; y entre esa juventud unida y compacta, fuerte y animosa, resonará la voz de algún caudillo que arrastrará en pos de sí toda la masa al grito de ¡Viva España con honra!». La revolución moral (la reforma) es el antídoto contra la revolución auténtica, el estallido de violencia. El regeneracionismo es, digámoslo de nuevo, el camino continuista que se propone evitar la ruptura. A propósito de Costa, Eloy Fernández Clemente ha escrito que una de las «definitivas ideas de Costa» es «el derecho de no obedecer, cuando la ley es injusta. Idea revolucionaria o, mejor, contrarrevolucionaria, ya que una primera y concreta desobediencia puede prevenir la gran rebelión total, revolucionaria» (1969: 31). Desobediencia concreta frente a revolución integral. Reforma sectorial frente a desmantelamiento del sistema. Encontramos a Macías Picavea formando parte, en 1884, de la Comisión Provincial de Reformas Sociales, creada ese mismo año en Valladolid, a instancias de un Real Decreto de Segismundo Moret que señalaba al Estado como responsable de suavizar los conflictos entre capital y trabajo (Martín de la Guardia, 2012: 29). La reforma y el armonicismo social como antídotos contra la revolución.

Ya está. Ya llegó. El «cirujano de hierro». Hagan sus apuestas. ¿Se trataría de un dictador autoritario? ¿Se prefiguró a Primo de Rivera? No lo creo. Mallada fue muy claro: la juventud «volverá los ojos a la República». Ese caudillo no tendría por qué no ser electo, no tendría por qué ser reaccionario. Tampoco tendría por qué ser un militar, máxime cuando ha señalado al militarismo como uno de los treinta y tres problemas principales del país. Azaña encaja mejor en su profecía que Primo.

24 Y Navás seguramente no fue un caso aislado. Es posible rastrear ejemplos parecidos. En un artículo con fuerte carga autobiográfica, de 1941, Azorín dedicaba sus recuerdos a un profesor suyo de la Escuela Pía: «En el colegio en que me he educado, el rector era el padre Carlos Lasalde. Hombre eminente este, a quien recuerdo siempre con emoción. El padre Carlos Lasalde cultivaba aventajadamente la arqueología y descollaba en la bibliografía. A él se debe el descubrimiento, en el famoso Cerro de los Santos, de esas misteriosas mujeres fenicias que hoy reposan en nuestro Museo Arqueológico» («Leer y leer», Escorial, núm. 7, t. III, mayo de 1941; 2014: 216-227).

25 Efectivamente, Costa hablaba en 1899 de que «esa revolución sustantiva, esa transformación del espíritu, del cuerpo y de la vida de la nación tiene que verificarse siempre desde dentro y desde arriba; por lo cual importa no confundirla con la que llamamos revolución de abajo o revolución de la calle, que es, si acaso, un simple medio o instrumento para aquella, y que no tiene nada que ver con ella, que es enteramente distinta, por más que la designemos con el mismo nombre» (en Fernández Clemente, 1969: 108). La revolución espiritual de Costa era una contrarrevolución.

26 Comentario poco afortunado de Macías, puesto que la historiografía reciente ha venido a demostrar que la regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena, se enteraba bastante más que su difunto marido, Alfonso XII: «María Cristina pronto se reveló como una excelente regente, muy trabajadora y entregada a su causa, enterada, prudente, discreta, objetiva, escrupulosa en el respeto a la Constitución. Y lo más curioso: desde el primer momento se produjo un buen entendimiento entre la reina y Sagasta, lo cual facilitó la relación entre ambos y el gobierno de los liberales» (Elizalde, 2002: 83). Incluso estamos tentados de afirmar que si su hijo, Alfonso XIII, hubiera heredado estas cualidades, España se habría ahorrado no pocas bancarrotas y bochornos.

27 «La situación de caos e ingobernabilidad generada por la Primera República y el estigma del caciquismo y la corrupción que a finales de siglo alcanzó a muchos republicanos revelaron que ese ideal de perfección que suponía el republicanismo para Picavea tampoco estaba libre de culpa» (Martín de la Guardia, 2012: 67).

28 Sobre esta cuestión puede consultarse «El diálogo intercultural», el capítulo 20 de mi libro La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939 (Bellaterra, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, págs. 99-105).

29 «Una transformación real de la sociedad solo es posible si antes se ha producido una profunda renovación ética del individuo. De poco servirán las reformas concretas en determinados campos de la actividad humana como la educación y la administración del Estado si no subyace un individuo que pone como meta de su vida el cumplimiento estricto del deber» (Martín de la Guardia, 2012: 40).

30 Juan Valera, por ejemplo, estaba hasta la coronilla de la «regeneración», y en 1900 la consideraba una «pesadilla insufrible y harto humillante» (Juliá, 2002: 34).

31 No estamos de acuerdo, pues, con Francisco Fuster cuando afirma que el célebre artículo de Silvela, publicado en agosto de 1898, fuera «uno de los textos iniciadores del debate regeneracionista» (2014: 165). Pudo serlo en los ámbitos más dinásticos y oficialistas, en los círculos del poder político integrado, pero no para los republicanos ni para los krausistas, que llevaban varias décadas anunciando la llegada del abismo en un tono típicamente arbitrista.

32 En pleno siglo XX aún no se había logrado acabar con la lacra de que los contribuyentes agrarios no declarasen la riqueza real de sus propiedades, una de las realidades que más indignaba a Mallada, puesto qe los más hipócritas defensores del orden eran, precisamente, los que más defraudaban al fisco. Una actirud oficial que debería parecernos de actualidad. Un Real Decreto de 1923 presionaba a los propietarios para que dejaran de ocultar el volumen real de sus beneficios, pero pronto Primo de Rivera tuvo que rectificar ante la presión de los afectados.

33 La usura también era un problema urbano: «En cuanto a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, surgió en Valladolid con un evidente sentido socioeducativo. Trataba de extender el espíritu de ahorro entre los trabajadores y acabar a la vez con la lacra de la usura, que golpeaba a las economías de las clases menos privilegiadas; también concedía préstamos a bajo interés para obtener mayores rendimientos de los ahorros. Un proyecto de este tipo encajaba, pues, con los afanes moralizantes de nuestro autor» (Martín de la Guardia, 2012: 30). Macías Picavea formaba parte del Consejo de Administración de la Caja vallisoletana.

CAPÍTULO 6

PORTADORES DE LA LLAMA I: LA LITERATURA DEL DESASTRE

Cuando nos reemplace la generación que nos sigue, cuando otros hombres sustituyan a los de ahora, esa juventud que no sufrió las tristezas de la derrota, ni el desmayo de las ingratitudes, ni el desencanto de las traiciones; esa juventud, noble y generosa, que no querrá una patria envilecida y despreciada, que no querrá una patria corroída por bajas pasiones y miserables rivalidades; esa juventud, que no querrá una patria empobrecida y sin aliento, se alzará con brío para regenerarla.

Lucas Mallada, 1890

EL FIN DE SIGLO

Las derrotas de Cavite y Santiago no crearon la literatura del Desastre. Elevaron su tono, espolearon la indignación entre los intelectuales, matizaron y añadieron motivos de preocupación (fundamentalmente, la falta de interés mostrado por las masas les hizo comprender que el Estado carecía de nación), pero no crearon las líneas generales del pensamiento regeneracionista ni hicieron surgir de repente a una promoción de escritores. De hecho, entre los críticos que hacen más que repetir tópicos, existen ciertas dudas sobre si el Desastre colonial ejerció realmente una fuerte influencia sobre los movimientos culturales de la época34. Santos Juliá ha escrito: «Esta doble convicción, necesidad de regeneración, incapacidad de regenerarse, no surgió del día a la noche con ocasión del desastre. Los lamentos por la agonía de la nación venían de antes y el pesimismo por la capacidad del pueblo estaba bien asentado en los medios intelectuales desde, al menos, el fracaso de la democracia que siguió a la Gloriosa Revolución de 1868» (2002: 34). Por no cambiar, ni siquiera cambiaron ni la forma de gobierno ni el partido de turno. Siguieron los liberales como si tal cosa: «A pesar de la agitación social y de los motines por las subsistencias de los que fueron testigos numerosas ciudades, y a pesar de las llamadas perentorias a las “clases intelectuales” para que formaran una liga o un partido y se aliaran con el movimiento de Cámaras de Comercio convocado por Joaquín Costa y calificado por El Liberal como “la última esperanza”, la impresión dominante fue que la mayoría prefirió descansar de sus trabajos y dejar las cosas como estaban» (2002: 40). La historia del 98 es la de una gran labor de introspección histórico-estética que no condujo a ninguna aplicación política: «No se produjo el temido levantamiento militar, los carlistas no se echaron al monte, los republicanos dejaron para mejor ocasión convocar al pueblo contra el trono, y los intelectuales, después de pensárselo, no pasaron a la acción» (2002: 40).

Hacia finales de siglo, los sociólogos, antropólogos y criminólogos pusieron en circulación el concepto de «degeneración», no exactamente asimilable al de «decadencia». A esta apreciación más social y racial que nacional de los problemas de España contribuyó especialmente Rafael Salillas, que publicó El delincuente español. El lenguaje (1906) y El delincuente español. Hampa (1898). Salillas era un gran admirador de Lombroso, y coincidía con Mallada en la opinión de que la malnutrición era uno de los orígenes de las fatalidades sociales del país. Otro teórico de la criminalidad y la locura fue el doctor Ángel Pulido, que vivió hasta 1936 y pronunció en el Ateneo de Madrid conferencias sobre salud mental y delincuencia. ¿Pueden entenderse las novelas de Baroja sin este caldo de cultivo? El positivismo tradicional de 1870 fertilizaba de este modo la imaginación de los jóvenes, que buscaban la luz por encima de la roña y la miseria secular de los poblachones manchegos.

Miguel de Unamuno ya había publicado en 1895 sus cinco ensayos inaugurales que se titularon En torno al casticismo, en la revista La España Moderna. Ángel Ganivet ni siquiera conoció el Desastre, puesto que se suicidó en 1897, y de ese mismo año es su fundamental Idearium español. Todos los escritores de la promoción, incluso antes de que publicaran su primer libro, Charivari (1897) en el caso de José Martínez Ruiz o Vidas sombrías (1900) en el caso de Pío Baroja, eran ya firmas habituales en la prensa. Las crónicas reunidas en el imprescindible primer tomo de Ramiro de Maeztu, Hacia otra España (1899), cubren el espectro cronológico de 1896-1899. Detengámonos, pues, en lo que escribieron esos jóvenes durante la década de los noventa, para examinar a continuación de qué modo sobrevivió o se desarrolló su pensamiento durante los primeros decenios del siglo XX.

Ramiro de Maeztu había entrevistado a Costa para la revista Vida Nueva. Maeztu, que en 1911 construiría una reflexión grupal a través de la trayectoria del polígrafo aragonés elevada a la categoría de mito ejemplar (Navarra, 2008), hacia 1899 no pudo compartir en su integridad el ideario costiano. Lo encontró pesimista y poco radical (Varela, 1997: 34). Por lo tanto, aprovechándolo parcialmente, el ensayismo del joven autor se construyó en oposición al derrotismo costiano, constituyéndose como un nacionalismo mucho más pujante y optimista que el del aragonés. Pero había otra diferencia esencial, definitiva: Maeztu no era republicano, no era demócrata. Más bien parece que por aquellos años preconizase una suerte de nuevo despotismo ilustrado: «cuando las masas se fatiguen de arrastrarse ante los sables y ante las sotanas, y vuelvan a impetrar su redención de los intelectuales, la palmeta de dómine que estos empuñan hoy habrase transformado en el látigo de domador que les corresponde» (1977: 73; El Progreso, 6 de febrero de 1898)35. En el sistema costiano, el campesino era la piedra de toque, el elemento a liberar de impuestos, el origen del derecho consuetudinario que regeneraría la economía. El campesino era el redentor, no el irredento. Pero primero había que instruirle y liberarle de las clases parasitarias. Y, por supuesto, jamás se le habría pasado por la cabeza a Costa fustigarlo en nombre de la educación política. Costa y Maeztu describieron operaciones opuestas. Maeztu, además, abomina de las clases medias urbanas: «Ahora nos enteramos de que la reacción no está en los Gobiernos sino en las muchedumbres semiintelectuales, que se aburren de sobrellevar una conciencia y prefieren entregarse al instinto» (1977: 73).

El desencanto costiano provenía fundamentalmente de haber confiado en esas clases medias, durante el ciclo de la Unión Nacional. Pero algo tuvo siempre claro el aragonés: que la «culpa» del atraso y la explotación era de los caciques y de los gobiernos. Maeztu deja atrás este esquema y responsabiliza también a las clases medias, alérgicas al pensamiento, incapaces de imaginar y crear, y por lo tanto abandonadas voluntariamente al despotismo paternalista. En otro denso artículo, esta vez publicado en Las Noticias el 15 de abril de 1899, expresaba Maeztu de manera aún más clara su distanciamiento del proyecto costiano. El texto se tituló sintomáticamente «La cuestión hidráulica». Rafael Gasset, director de El Imparcial, acababa de iniciar una campaña de apoyo mediático a las reivindicaciones de Costa. Maeztu elogió tanto la iniciativa de Gasset como el programa del apóstol aragonés, pero negó que las presiones sobre el gobierno y una eventual intervención del Estado contribuyeran a arreglar el problema de la pauperización y la despoblación del campo español. En este sentido, la visión de Maeztu es típicamente liberal: «Lo que me alarma es que tanto el señor Gasset como el señor Costa, fían a la buena voluntad de un Gobierno-Providencia la misión irrigatoria. Esta confianza es muy española, porque es muy cómoda» (1977: 91). El Estado solo derrocha los recursos públicos. No hay ya que fiarse de él. Lo que debe hacerse es constituir corporaciones y compañías privadas, evitar la dependencia de la subvención, que abre el grifo del despilfarro y la puerta a la corrupción. De seguir reclamando gobiernos justos, fuertes y reformistas, acabarán de arruinarse en la decepción los sanos impulsos progresistas: «lo que me apena es la ilusión desvanecida; lo que me horroriza es la dejadez con que nuestro pueblo abandona en las pecadoras manos gubernamentales sus anhelos de un porvenir más risueño, para que una nueva inevitable decepción acabe de sumirlo en un amodorramiento definitivo» (1977: 92). ¿Cuál sería, pues, el papel del Estado, según este Maeztu? «El Estado puede cooperar de mil maneras al desarrollo de la riqueza pública; por ejemplo, moderando sus gastos y reduciendo los impuestos; obligando a los futuros catedráticos, magistrados, generales, obispos, priores, periodistas y empleados a que se ocupen en trabajos más provechosos, haciendo tabla rasa de nóminas y subvenciones» (1977: 94). La propuesta resultaba clara: retirar sueldos y obligar a las clases ilustradas a ser útiles a la nación. Por último, señalaba que en el País Vasco y en la Cuenca del Guadalete estaban siendo las compañías privadas las encargadas de canalizar con éxito las aguas útiles.

No me cabe la menor duda de que, antes de 1911, Maeztu no solo fue cruel con Costa, sino que no lo había leído ni comprendido demasiado bien. Un autor que escribe «La escandalosa cifra de 180.223 empleados activos y 52.578 pasivos, cuyos haberes ascienden a 870 millones de reales, es demasiado elocuente para que puedan existir dudas en el ánimo» (Costa, 2011b: 71). Y un poco más adelante, a propósito de la fundación de instituciones docentes: «el Gobierno no podría hacer más que apoyar la idea, favorecer su desarrollo y aun tal vez reglamentar la manera de llevarla a cabo, pero de ningún modo ponerla en ejecución» (2011b: 75). Esto lo había escrito Costa en 1868, en su primer libro, obra de la que ya hemos hablado con amplitud. No parece que fuera precisamente partidario de ampliar, ni siquiera de mantener, aquellos gastos en personal funcionario. En un escrito puramente juvenil, no parece que lo fiara todo precisamente al gobierno, sino todo lo contrario. Costa creía en las comunidades rurales autodidactas y autoabastecidas de mejoras construidas por herreros. ¿Fue culpa del propio Maeztu no conocer estos textos? Tampoco podemos afirmarlo. La edición moderna del primer libro de Costa se hizo a partir de un solo ejemplar, el que pertenecía al propio autor, pasó luego al Archivo Histórico Nacional y, posteriormente, al Provincial de Huesca. Codex unicus, pues; lo que debe conducirnos a la siguiente reflexión: la gran tragedia de Costa no fue exactamente que no fuera comprendido, sino que ni siquiera había podido ser leído con suficiente claridad por sus contemporáneos. Y si a esto le añadimos el hecho de que lo elevaran a mito, mito positivo o negativo, tanto daba, la incomprensión se agravaba, porque a los mitos nadie les lee con demasiado interés. Quedaron las frases, los eslóganes. La transmisión de sus textos, excepto los más mediáticos, los escritos entre 1898 y 1904, fue insólitamente defectuosa. Quedó manuscrita, en proyecto, en forma de artículos que casi nadie debía leer, inhumada en revistas de geografía y pedagogía, una muy buena parte de su obra. Manuscritas quedaron sus memorias, incompletas sus novelas, deformados y desordenados sus tratados, ciclos temáticos y ensayos, de forma que únicamente hoy somos, por primera vez, como lectores y no como expertos, capaces de seguir el hilo de sus evoluciones.

Lo que podemos asegurar que ni se asoma por los escritos de Costa es esa confianza acomodaticia en los gobiernos que le atribuyó Maeztu. Acerquémonos al momento en que Maeztu lanzaba sus acusaciones. En 1906, escribía Costa: «Pedir algo a los gobiernos es tanto como obligarse a ellos; es reconocerlos indirectamente. A quienes yo deseo derribar, a quienes yo tengo condenados en mi fuero interior, usurpadores de la soberanía política y del presupuesto..., no les pido nada» (citado por Fernández Clemente, 1969: 47).

Aclarémonos: Costa no fue Gasset. El gran impulsor de la política agraria no trató de reclamar recursos masivos del erario público. Costa siempre fue el auténtico azote de los políticos, especialmente cuando controlaban el poder: «Comparad ese lenguaje del Sr. Sagasta, proteccionista de ocasión en este instante, con el lenguaje del Sr. Sagasta librecambista convencido hace pocos años, cuando era miembro de esa Asociación, y tendréis la expresión fiel y viva de lo que son por regla general los estadistas españoles» (2011a: 72). Es la parte de su obra que más claramente heredaron los intelectuales de la generación siguiente. Azorín publicaba en ABC, cuando a Costa aún le quedaban dos años de vida, su artículo «La personalidad» (24-09-1909), en el que realizaba el siguiente retrato del político español: «El político español es una pura mixtificación. (No necesito advertir de que existen excepciones que están en la mente de todos. En España un político carece casi en absoluto de consistencia y enjundia intelectuales. No tienen sino una cultura superficial. Son, aparte de esto [...] hombres irresolutos, débiles, titubeadores, incapaces de una acción enérgica y sostenida». Imposible no recordar aquellas palabras de Larra en las que caracterizaba al político de la corte como un alma vegetativa y vacía («El ministerial», 1834).

Los diputados eran lo peor de España, su hez. Sus ideas son las menos elaboradas, las menos válidas, porque provienen directamente de la calle. En contraposición a estos políticos hueros e inseguros, obsesionados por los juicios de la prensa y el vulgo, Azorín presentaba a Menéndez Pelayo y a Ramón y Cajal, ambos científicos, como hombres de personalidad ajenos a las miserias y comentarios de corrillos y calles. Se advierte también en el fragmento aquella nostalgia del político fuerte que ha provocado las máximas confusiones a la hora de estudiar el pensamiento regeneracionista. Porque Azorín, al presentar casos de personalidades fuertes, no está pensando en un general o en un dictador, sino en un científico, en un intelectual de ideas poderosas y dotado de poder de atracción, y de ahí que presente a Ramón y Cajal y Menéndez Pelayo, y no, por ejemplo, a los generales Weyler y Polavieja, como ejemplos a seguir. Los salvadores de la patria son los intelectuales, no los militares.

En la obra de Maeztu, el concepto de utilidad es también fundamental. Precisamente lo que elogia de la campaña de Rafael Gasset es su contribución a que el periodismo abandone las discusiones abstractas y conceptuales, lo que el autor llama «zarandajas», «la inmortalidad del verso, la libertad, la religión, el orden, la justicia» y el tono moral para tratar temas cuantificables, aplicables y gacetables. Le interesaban más los números y los presupuestos que los conceptos y las discusiones. También Luis Morote, por aquellas fechas, tronaba contra las palabras huecas y altisonantes: «Pasó el tiempo en que se hablaba de las cosas de memoria, hilvanando párrafos y más párrafos líricos, repletos de lugares comunes, de los argumentos de relumbrón en pro o en contra de una tesis» (1904a: 7). Morote reivindicaba el trabajo del «investigador», del científico, frente al diletante discurseador. El regeneracionismo de la segunda mitad del siglo XIX, que tuvo en Maeztu a su más leal seguidor, puede entenderse como una invocación de estadísticas fiables, como una voluntad de invadir el espacio público de datos y de desterrar la poesía y la declamación. Treinta años después, cuando Maeztu tomó el timón de Acción Española, en esto cambió de opinión por completo. Fue el ciclo de Defensa de la Hispanidad y Defensa del Espíritu, apologías de lo invisible, de lo que realmente cimentaba los ideales de su etapa final. Entonces las «zarandajas» fueron la economía y la regulación del trabajo, y la fuente de energía social y la virilidad, los valores nacionalcatólicos que legó póstumamente al franquismo.

Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, los escritores jóvenes seguían reclamando una inyección de datos y de ciencia en el estudio de las humanidades. Unamuno escribía en su artículo «El pueblo español» (Las Noticias, 24 de abril de 1902) que «no hay más que un medio para poner la cuestión de la psicología de los pueblos peninsulares en buen camino, y ese medio es estudiarla objetivamente, en laboratorio, como la ciencia pide» (Sotelo, 1993: 352). Deseaba mostrar el vasco cierto distanciamiento respecto a los diagnósticos «psicológicos» de los pueblos españoles derivados del Desastre de 1898, tanto de los antirregionalistas (Altamira) como de los regionalistas (Brossa), aunque no cite explícitamente a estos autores. Su interés era el mismo que el de Forner: forjar una ciencia hispánica en lugar de importar acríticamente lo que se traducía de París. Una ciencia adaptada a las necesidades e inquietudes del pueblo español, rigurosa y reducida a cifras, pero idealmente distinta de la francesa, alemana o rusa. Este es el verdadero significado del famoso «¡Que inventen ellos!», que tanto daño ha hecho a la fama póstuma de Unamuno, puesto que le ha restado lectores durante generaciones.

En relación con la desafortunada frase de Unamuno, Joseph Pérez nos ha dejado una interpretación verosímil y alternativa a la meramente reaccionaria: «En realidad, en la intención de Unamuno, no se trataba de establecer algo así como una división del trabajo intelectual, sino de preguntarse por la Kultur, es decir, por la civilización técnica, tal como estaban realizándola los prusianos en aquella época; la técnica podía crear Estados potentes, pero no hacía libres a los pueblos» (2012: 207). El filósofo vasco, pues, habría querido otorgar prioridad a la dimensión ética antes que a la material, sin negar, pero sí postergar, la necesidad de construir infraestructuras modernas. Para expresarlo de un modo esquemático, no veía tan urgente construir embalses y dotar laboratorios como sí reflexionar sobre los valores cristianos tal y como se habían acomodado a la conciencia colectiva de los españoles. Estas dicotomías teóricas se verían dramáticamente reforzadas durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando resultó especialmente evidente que el desarrollo tecnológico no había hecho mejores personas a los ciudadanos prusianos.

Pero ¿qué publicó Unamuno en 1898? De noviembre de ese año es su fundamental ensayo «La vida es sueño. Reflexiones sobre la regeneración de España». Confesamos que estas palabras, una ampliación del célebre «¡Que inventen ellos!», pueden conducir a cierta perplejidad: «Es inútil callar la verdad. Todos estamos mintiendo al hablar de regeneración, puesto que nadie piensa en serio en regenerarse a sí mismo». No está mal: Costa, Silvela, Maeztu: unos mentirosos. La verdadera regeneración es íntima, y la revolución nacional solo puede efectuarse cuando cada uno de los ciudadanos de España se haya regenerado a sí mismo, de manera individual. Y esa regeneración solo puede ser de naturaleza cristiana: «El pueblo, por su parte, el que llamamos por antonomasia pueblo, [...] la masa de los hombres privados o idiotas que decían los griegos, los muchos de Platón, no responden. Oyen hablar de todo eso como quien oye llover, porque no entiende lo de la regeneración». Forman el estrato «eterno» de la nación, el fondo del océano, para quienes las algaradas y turbulencias de la superficie carecen totalmente de importancia. El Desastre no ha afectado al pueblo español, porque al pueblo castizo y real lo único que le interesa es la salvación de su alma: «su aparente indiferencia arranca de su cristiana salud». Los desvelos de las minorías cultas, de los dirigentes liberales, no influyen ni interesan al pueblo: «¿Qué se le da que recobre o no España su puesto entre las naciones? ¿Qué gana con eso? ¿Qué le importa la gloria nacional? Nuestra misión en la Historia... ¡Cosa de libros! Nuestra pobreza le basta, y aún más, es su riqueza». Frontal anticostismo, pues. Una ideología que sigue sembrando la polémica. Y es que, ¿puede ser considerado esto regeneracionismo? ¿Puede de algún modo la pobreza ser defendida como vehículo de una riqueza moral? ¿Utilizaba Unamuno símbolos, algún tipo de alegoría?

Yo pienso que no, puesto que en 1931 insistiría con mayor tesón en idénticas tesis. Al pueblo hay que dejarlo soñar en su pobre existencia evangélica. Esa es la tesis: dejar al pueblo en paz y alejarle de los problemas políticos. Cuando Unamuno escribe: «¿Viven mejor, con más paz interior, los ciudadanos conscientes de una gran nación histórica, que los aldeanos de cualquier olvidado rincón?», el autor está hablando en serio, cree de verdad que prescindir de toda reclamación material o crematística es el mejor camino para conservar el bienestar en una nación campesina. Y aún hay más: recomienda que no se instruya a nadie: «¿Que yace en atraso? ¿Y qué? Dejad que los otros corran, que ellos pararán al cabo. ¿Que yacen en ignorancia? ¡Ignorancia! [...]. Ellos saben mucho de lo que ignoran, y los regeneradores, en cambio, ignoran casi todo lo que saben». Inaudito contrarregeneracionismo. José Carlos Mainer y Francisco Fuster han coincidido en afirmar que el fin de siglo español tuvo como rasgo original la extensión de la angustia nacional y la preocupación por el destino histórico de la patria a las clases populares y subalternas. El proyecto unamuniano pasaba, precisamente, por impedir esa extensión. Era un llamamiento destinado a combatir la concienciación, la nacionalización política.

Lo que puede hacerse es matizar esa opción tan extrema y contextualizarla en el particular idioma filosófico de Unamuno.

En primer lugar, el autor no habla en ningún momento de «catolicismo». Se está refiriendo a una religiosidad popular, de la que extrae las características ideales del pueblo español, y no a una doctrina dogmática o teológica, que a Unamuno la parecía puro racionalismo aberrante. En segundo lugar, Unamuno era agnóstico. Vivió torturado por la duda, víctima de una educación racionalista, y a partir de aquel estado de «agonía» religiosa construyó su modo de vivir e interpretar la cultura. Lo que no deseaba era trasladar aquella tortura al español que vivía feliz en su fe. El liberalismo, la instrucción, eran los caminos por los que penetraban las dudas y la infelicidad, y por lo tanto, desde este peculiar punto de vista (desde luego no el de Baroja ni el de Ortega y Gasset), la de Unamuno sí que era una propuesta regeneracionista, aunque totalmente sui géneris: cuantos más creyentes individuales existieran (creyentes, ya lo hemos dicho, que no tenían nada que ver ni con el católico de ciudad y de cultura escrita ni con el político integrista), más felicidad conservaría la nación. Y la nación era el conjunto de individualidades enfrentadas a su propio destino personal, en ningún caso un órgano deficiente o infeliz a redimir.

Pero, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ciencia sí o ciencia no? Es posible que pueda ayudarnos el precedente ya descrito (y desentrañado) de Forner. Es decir, ciencia española, escrita por españoles y dedicada a la materia nacional, sí; pero ciencia importada de Europa, es decir, técnicas e idearios franceses o alemanes, no. Y ciencia española para élites de ciudad, nada de tratar de «despertar» o redimir a las masas agrícolas. Ciencia para ya contaminados, para ya corruptos. A propósito de la homologación cultural de España respecto a los estándares europeos, Francisco Fuster ha planteado el debate regeneracionista como un conflicto dialéctico entre «aquellos que argumentaron la imperiosa necesidad de fijarse como objetivo —aunque fuese a largo plazo— esta progresiva equiparación con la vanguardia europea» y «aquellos otros que eran más partidarios de prescindir en lo posible de referentes externos para centrarse en una vuelta a las raíces históricas del país» (2014: 179). Algunos de los que deseaban la homologación cultural de España eran, precisamente, quienes buscaban sin descanso las raíces históricas de la nación. Costa, en la literatura popular y el derecho consuetudinario; Ganivet, en el pasado estoico y musulmán; Unamuno, en la literatura mística y la materia intrahistórica; Azorín, en la tradición reformista española desde Vives; en general, ningún escritor español finisecular defendió la importación de valores europeos. El proyecto europeísta era el proyecto casticista, opuesto a la inercia de toda clase de moderados y falseadores de la opinión nacional. Por eso Baroja diseñaba otra clase de dicotomía: «Estos patriotas falsificadores suelen contender con frecuencia con unos internacionalistas falsificadores» (Fuster, 2014: 220). A mi modo de ver, la dicotomía que convirtió el 98 en una explosión cultural se produjo entre los entestados en conocer a España y los que se negaban a abrir los ojos y extender las antenas. Y entre estos, los dardos se los llevaron principalmente los políticos del partido conservador y los nacionalcatólicos, tan ideológicamente «europeizados» como sus oponentes. Pero hemos visto de qué modo Baroja se desmarcaba tanto de los patrioteros como de los internacionalistas, es decir, los socialistas. La verdadera crítica europeísta de 1900 fue un nacionalismo español, una reivindicación de la ciencia y los valores propios. Por esta razón, ha escrito Santos Juliá, a propósito de Rafael Altamira y su discurso de apertura del curso académico de 1898-1899 en la Universidad de Oviedo: «entre las condiciones de nuestra regeneración nacional, dos eran ineludibles: restaurar el crédito de nuestra historia, con el fin de devolver al pueblo español la fe en sus cualidades nativas, y evitar que esa restauración del prestigio histórico pudiera conducir a la resurrección de formas pasadas, a una especie de retroceso arqueológico» (2002: 33). Evitar, precisamente, lo que se propuso la coalición de fuerzas de derecha que se amalgamaron en el Movimiento Nacional y se englobaron en FET y de las JONS, bajo la férula de Franco. Anotemos que Altamira identificó los dos vectores principales que incidieron en el regeneracionismo finisecular: reactivación y legitimación de la historia patria y crítica del patriotismo esencialista. También señaló que debía rebajarse el pesimismo de los reformadores más intransigentes, tipo Mallada o Costa: «esa operación regeneradora no podía partir de un pesimismo radical, porque un pueblo que se considera a sí mismo como degenerado, inepto e incapaz de esfuerzos regeneradores, era un pueblo condenado al pesimismo y la inacción» (Juliá, 2002: 33). Lo que no aparece por ninguna parte es el «europeísmo» entendido como importación masiva de ideas extranjeras. Cuando Santiago Ramón y Cajal hablaba de una «ciencia original» se refería a que España produjera ciencia, no que se importase ciencia europea (Juliá, 2002: 47). Y para conseguirlo había que retirar fondos de Guerra y Marina para invertirlos en Instrucción Pública. Ese es el arbitrio universal que atravesó la España contemporánea hasta 1939, y que ha llegado vivo a nuestra España posterior a la Transición.

Quienes crean que la reacción regeneracionista de los escritores de 1900 no fue un nacionalismo deberían echarle un vistazo a textos como «Colección de farsantes», artículo publicado por Azorín en ABC el 12 de septiembre de 1909. La campaña internacional de apoyo a Francisco Ferrer i Guàrdia removió todo el poso de ideas y cicatrices en torno a la Leyenda Negra española y se convirtió en un nuevo capítulo de esa larga historia de acusaciones cruzadas y polémicas en torno a la ciencia española. Azorín, en esa ocasión, cargó contra la intelectualidad europea y francesa, acusándola de frívola y de desconocedora de la realidad cultural española, con un tono agresivo insólito en un escritor tan habitualmente francófilo.

La superación por la vía de la reivindicación nacionalista fue uno de los pilares del pensamiento de los noventayochistas. Leemos, en el artículo «Vieja España, patria nueva», de Pío Baroja, publicado en El tablado de Arlequín (1904): «Hemos purgado el error de haber descubierto América, de haberla colonizado más generosamente de lo que cuentan los historiadores extranjeros con un criterio protestante imbécil, y tan fanático o más que el del católico» (en Garrido Ardila, 2013: 527).

El mismo ensayo nos impide pensar que Baroja fuera un escritor europeísta. Escribe el vasco: «Los que esperamos y deseamos la redención de España, no la queremos ver como un país próspero sin unión con el pasado; la queremos ver próspera, pero siendo substancialmente la España de siempre». Y construye una interesante analogía: «Si se nos dice que a esa vieja iglesia estropeada, en vez de restaurarla se la va a derribar, y que en su sitio se levantará otra iglesia nueva, o una fábrica de gas, o un almacén de yeso, no nos entusiasmará la idea; [...] creemos que hay en el viejo edificio muchas cosas aprovechables». En esta crítica hay más oposición al europeísmo costista que deuda con él. Para Baroja, el «fanatismo liberal» es tan dogmático y pernicioso como el «católico».

Hasta que llegó Ortega. El esquema más repetido por los críticos a la hora de definir por qué cauces discurrió el pensamiento español de principios del siglo XX es el que opone a Unamuno con Ortega y Gasset36. Mientras que el vasco defendía el buceo en la sustancia eterna castellana, renegando de la cultura científica y del progreso material, Ortega abogaba por la europeización urgente del país, por la homologación científica de España respecto a los estándares europeos.

¿Funciona esta distinción rotunda entre el Ortega racionalista y cientificista y el Unamuno irracionalista y espiritualista? A propósito de Unamuno, Fuentes Codera ha escrito que «se alejó de este temprano europeísmo y emprendió un camino que culminó en 1905 con Vida de Don Quijote y Sancho, donde abandonó definitivamente la idea de europeizar España para acabar proponiendo la españolización de Europa» (2014: 25). A juzgar por lo que se escribieron por carta ambos filósofos entre 1906 y 1914, el esquema dicotómico encaja. Unamuno escribía a Ortega, desde Salamanca, el 17 de mayo de 1906: «Mi vieja desconfianza hacia la ciencia va pasando a odio. Odio la ciencia, y echo de menos la sabiduría». Trece días después, iba aún más allá: «Y yo me voy sintiendo furiosamente antieuropeo. ¿Que ellos inventan cosas? ¡Invéntenlas! La luz eléctrica alumbra aquí tan bien como donde se inventó».

Esto es lo que opinaba Ortega de España y los españoles, en una carta escrita desde Marburgo el 17 de febrero de 1907: «Los españoles han sido siempre una raza simiesca, un arrabal de humanidad. Pero entre todos ellos ha habido unos semi-hombres que no se han contentado con pensar en hacerse hombres, sino que han querido asaltar a Dios, derretirse en todas las ilimitaciones o infinitos. Monos y sobrehombres: eso ha sido Celtiberia». Ni Gallardo ni Costa habían llegado tan lejos. En cambio, ya en Madrid, en marzo de 1908, escribía Ortega: «No romanticismo, no sentimentalismo, no: dos más dos, cuatro, y luego todo el sentimiento que quieran. Ley, ley, cauce y retén para nuestras almas: lo clásico de Goethe»37.

El vasco y el de Madrid no podían estar más en las antípodas. Tenemos, pues, hacia 1905, un nuevo punto de inflexión en el pensamiento reformista español. En el año en que Ortega y D’Ors inician su andadura intelectual, Unamuno abandona definitivamente el europeísmo.

Las diferencias entre el vector decididamente europeísta de Ortega y el casticismo unamuniano incluso llegaron a inspirar palabras malsonantes en la prensa. Insólitamente crispado es el artículo orteguiano «Unamuno y Europa, fábula», publicado en El Imparcial el día de 27 de septiembre de 1909. En él, leemos: «Apenas si he escrito, desde que escribo para el público, una sola cuartilla en que no aparezca, con agresividad simbólica la palabra: Europa. En esta palabra comienzan y acaban para mí todos los dolores de España». Unamuno había llamado «papanatas» a los europeístas, en una carta abierta publicada en ABC, y Ortega se había sentido aludido. Concluye: «¿adónde iremos a buscar la bonne compagnie? Yo debía contestar con un vocablo tosco o, como decían los griegos, rural, a Don Miguel de Unamuno, energúmeno español. Pero... esto sería muy poco divertido». Afortunadamente, las relaciones personales entre ambos no se cortaron y, a la altura de 1914, cuando Unamuno fue destituido de su cargo de rector de Salamanca, Ortega le envió una carta de adhesión solidaria, que su corresponsal agradeció con emoción.

Nuestra conclusión solo puede ser más que una: Ortega es quien realmente cogió el testigo de Costa y se enfrentó a los problemas nacionales desde un doble enfoque radical: el remedio era la neta europeización y, en segundo lugar, la forma de implantarlo era la educación política de los españoles. Fernández Clemente lo confirma: «Costa pide una reforma espiritual que cambie la mentalidad del país y sirva de garantía ética a las instituciones políticas. En última instancia su tesis es la de Ortega, educar para la democracia» (1969: 71). Quienes no educaron para la democracia fueron los noventayochistas. Unamuno y Azorín buscaban en el ámbito rural la reeducación moral. Costa y Ortega abogaban por la modernización europeísta, sin buceos idealistas.

Y no se trata del único caso en que podemos identificar una filiación decididamente europeísta en un escritor de la generación del 14 explícitamente opuesta a las opciones de marcado signo casticista o ultranacionalista. El 11 de septiembre de 1911, en un artículo titulado «Las arriesgadas proposiciones de Baroja» y publicado en La Correspondencia de España, Azaña afeaba al novelista vasco el que hubiera malhablado violentamente de Francia: «Atroz es la dialéctica de Baroja; con cuatro pinceladas traza el cuadro de los males que, a su juicio, el influjo francés nos viene produciendo [...]. Si Francia es todavía un hogar civilizado, fautor del progreso; si España (como Baroja reconoce) necesita de otros pueblos que la adoctrinen y la guíen, no hay por qué maldecir del genio francés ni de su prestigio entre nosotros» (2007a: 165). Solamente tres años después, Azaña y Baroja tendrían ocasión de confrontar sus particulares visiones de las necesidades de España, enclavado uno en la más ferviente francofilia y situado el otro en una extraña germanofilia tecnocrática, admiradora de la ciencia, la ingeniería y el empuje prusianos (Navarra, 2014: 159-168).

NI DE IZQUIERDAS NI DE DERECHAS

Estos jóvenes españoles actuales, como sus papás, son un poco duros de mollera y no quieren ver que puede haber otra cosa que derecha o izquierda. Hasta en la química y en la física encontrarán el mejor día la derecha y la izquierda. No parece sino que el mundo es un hemiciclo y que todos estamos sentados a la diestra o la siniestra de Dios padre. Yo, al menos, soy de los que están tumbados fuera del hemiciclo.

Gregorio Marañón, 1934

Un grupo de textos importantes lo constituyen también los artículos políticos que fue publicando Pío Baroja en periódicos republicanos y revistas efímeras a caballo entre los dos siglos. Aunque le gustaba poco que trataran de convencerle, Baroja formó parte de una nebulosa grupal e incluso algunos de sus textos podrían servir de manifiestos de un estado de opinión característico, pletórico de nietzscheanismo. En «Mi moral» (Juventud, 8 de marzo de 1902) se dolía de lo verdaderamente difícil que era pensar libremente en España, sin que los demás encasillaran el pensamiento de uno en las categorías prejuzgadas de «derecha» e «izquierda». Como veremos, se trata de un tópico totalmente vertebral en la configuración ideológica de este grupo de escritores. Escribía Baroja, en un intento desesperado por poner en claro sus posicionamientos básicos, como hizo siempre, a base de negaciones: «Yo digo que no soy anarquista. Y no lo digo porque tenga miedo a la palabra, sino porque siento demasiado la fuerza de mis instintos para llamarme de esta manera» (1972: 271). Descartada, pues, la opción socialista frente a la individualista, podemos intentar averiguar lo que había de positivo en esa propuesta algo informe. En otro artículo de la misma época, «Influencias extrañas» (Juventud, 31 de octubre de 1901), leemos: «Al entrar la corriente francesa en España nos ha agostado el alma; siempre que hemos imitado a Francia lo hemos hecho mal; Moratín y todos los afrancesados de su época y de épocas anteriores no han hecho en nuestra literatura nada fuerte» (1972: 269). Nos encontramos, pues, ante un nacionalismo lanzado como un arma arrojadiza contra la sociedad apolillada circundante. Un nacionalismo que se convierte también en el acto fundacional de un nuevo idioma, el castellano moderno que deja atrás las timideces casticistas. A un nuevo modo de entender la política debe acompañarle un nuevo modo de escribir y, por lo tanto, de entender el mundo: «Hay que movilizar la hierática rigidez del viejo romance castellano; hay que darle flexibilidad y mayor riqueza; [...] hay que poner en juego su poder de derivación y asimilación, por ridículas preocupaciones de contenido». Veía la luz esta frase de Unamuno en Las Noticias el 10 de mayo de 1899. Del mismo año es uno de los mejores ensayos breves de Unamuno, «La marmota», en el que compara el cuerpo nacional español con un pobre roedor que va asfixiándose en el interior de una campana de cristal. Al ser esta translúcida, le deja entrever el exterior, mientras va agonizando por consumir la misma materia aérea que ha reutilizado una y otra vez. La imagen no puede ser más dramática. La mater dolorosa de los liberales, reducida a una pobre marmota que se intoxica a sí misma con los mismos tópicos literarios e ideológicos: «Si por vía de ejemplo nos fijamos en nuestra literatura, pronto echaremos de ver que su actual ramplonería es, a pesar de aparentes influencias extranjeras, efecto de detritus de nuestro casticismo, que corrompen su savia» (Las Noticias, 6 de abril de 1899; Sotelo, 1993: 131). El cambio de paradigma regeneracionista implicaba, más que cualquier otro factor, una revolución de naturaleza lingüística.

Por lo demás, lo que hace Baroja es caricaturizar y satirizar sin freno a los políticos de su tiempo, y esta será la constante en todas sus épocas: el considerar la política española como un carnaval esperpéntico. Con toda intención, a propósito del joven rey Alfonso XIII, recién coronado, escribe: «¡Ay!, no tienen en cuenta lo amargo que debe ser vivir bajo una roñosa lámina de acero que aunque no pinche ni corte puede descalabrar al caerse» («Piedad suprema», Juventud, 8 de marzo de 1902; 1972: 275); no escapan del cuadro satírico los estadistas españoles: «Cuánto más bello fuera que el afanoso Sagasta, el bondadoso Silvela, el enérgico Moret o el caballeresco Canalejas con el cándido báculo de pastor de pueblos dirigiera los primeros pasos del adolescente real en la ruta áspera de su reinado». Esos políticos forman una pantalla ficticia de progreso, sirven únicamente para apuntalar a la monarquía, parásita de la nación. En «Los viejos caciques» (Juventud, 15 de marzo de 1902) se fustiga a los intelectuales orgánicos que representan el papel de los cortesanos. Baroja no se refiere aquí a los jefes de distrito electoral, sino a las élites de las tribus primitivas que mantienen sujetas a sus greyes a través de conjuros y amenazas. Esos intelectuales actuarían como chamanes o corifeos áulicos: «En España se conquista el cacicato del arte, de la ciencia, de la literatura o de la política a fuerza de años de doblar el espinazo delante de un primate o siendo pidalino» (1972: 279). Esos pensadores reverentes, respetables y notables, «la falange catarrosa» que «se apoderó de los mejores puestos, llenó las Academias» y «se repantigó en el Senado», «temen ser descubiertos, se reúnen para defenderse, y aún tienen las esperanzas de oponer sus famas usurpadas al empuje juvenil». Son los «viejos farsantes» que ni estudian ni escriben, sino que se limitan a obedecer y holgazanear. Se trata del gremio de ancianos pomposos que, desde tiempos inmemoriales, vigilan a los jóvenes para que no destaquen ni se sacudan el yugo del orden establecido.

El modelo del intelectual situado por encima de los partidismos de izquierda y derecha fue el Costa de 1898-1902. Pero no el Costa republicano anterior, ni el Macías Picavea integralmente demócrata, ni el Morote que militaba en las huestes de Canalejas.

La mejor forma que tenían esos viejos corruptos de reducir los peligros que les acechaban era encasillar las ideas de los incontrolados, los «intransigentes». Contra ellos lanzaba Baroja su violenta prosa, cargada de desprecio:

Nadie habla claro de esos hampones de la política con el cerebro vacío que han llevado a España a la decadencia más absoluta por su pereza, por su cretinismo, por su inepcia disimulada con las flores de papel de la retórica, ni de esa literatura pobre y sin médula que ahora impera, ni de esta prensa que es la glorificación de la vanidad, de la rutina y de la insinceridad, ni de ese Museo Moderno, que más que de España, pueblo de gloriosa tradición artística, parece museo de un país de negros, ni de ese teatro de fantasmas sin alma y sin corazón, ni de esa literatura joven, gelatinosa, sin sexo y sin vértebras, ni de ese Madrid ñoño y superficial, amable como la sonrisa de una señorita de mostrador (1972: 267).

En fin, no parece que deje títere con cabeza. El autor se propuso «hablar fuerte y claro de todo, de estos revolucionarios de papel, de estos reaccionarios de pega, de este clero sin fe que ha llevado nuestras iglesias», denunciar que derecha e izquierda son ficciones que perpetúan la podredumbre: «Hay que sentir odio y desprecio [...] por estos hombres de la España actual, pálidos espectros sin energía y sin alma». Lo que hace Baroja es fustigar e insultar, abatir y acorralar, y cerrar la puerta al posibilismo. Costa había escrito en 1881: «A la generalidad del país no le importa que esté en el poder Fulano o Zutano; lo que le importa es que gobierne, y gobernar no es pasar por el banco azul, hablar, cobrar y dimitir: es obrar» (2011a: 37). Entendía el republicanismo y la reforma moral como la necesaria alternativa a los partidos turnantes. Al tratar de filiar qué clase de «tradicionalismo» había sido el de Ángel Ganivet, Antonio Espina escribió que este no encajaba en ningún partido político (1972: 37); y no se equivocaba.

Azorín se propuso, en Lecturas españolas (1912), construir un primer canon del pensamiento reformista español. Los afortunados que recibieron su atención en aquel libro fueron Juan Luis Vives (ya reivindicado en 1898 por Costa en Colectivismo agrario), Baltasar Gracián, José Cadalso, José Mor de Fuentes, Larra y Mesonero Romanos, Pi y Margall, Costa y Galdós. Con esta selección, Azorín pretendía mostrarnos el ADN de su pensamiento político-moral. En el capítulo «el genio castellano», el alicantino llegaba a la conclusión de que lo español esencial era la «alianza del idealismo y del practicismo», y ponía como máximo ejemplo a Santa Teresa, que era capaz de encontrar al Señor entre los pucheros de la cocina. Y a través del estudio de Saavedra Fajardo, llegaban vivos a la prosa depurada del crítico los ecos del arbitrismo: «¿Qué causas son las que determinan la decadencia de los pueblos? ¿Qué ley rige sus caídas? Nada hay fijo ni definitivo». Y parafrasea al autor de La República Literaria: «La colonización americana, juntamente con las guerras, obraron la decadencia española; añadamos también los abrumadores tributos, la abundancia de fideicomisos o mayorazgos, la aversión invencible al trabajo manual»38.

Pero cuatro años antes, Azorín había realizado una discreta revisión del regeneracionismo, cordial como todas las suyas, pero no por eso menos crítica. Publicado en 1908, su tratado El político, trufado de referencias a Feijoo, Gracián y Saavedra Fajardo, trata de reactivar la filosofía clásica española del Siglo de Oro para adaptarla a las necesidades de la política liberal contemporánea. Intenta, en suma, basar los caracteres necesarios a un político español no tanto en su ideología como en su capacidad de estrategia. De manera oblicua, Azorín se está perfilando como un tecnócrata, aunque en lo exterior y en lo histórico se revista del traje más tradicional posible. Veámoslo.

Escribe Azorín: «El político ha de ser fuerte y hábil: esta es la doctrina de Maquiavelo» (1946: 45). No ha de tener un perfil definido, sino unos objetivos alcanzables e inmediatos: «Procure también no dar a las reformas y mejoras que prepara más vislumbres y sonoridades de los que deben tener; es decir, que si hace una reforma que llegue adentro del país, no se envanezca de ella, sino que más bien, para no alarmar a las gentes, debe quitarla importancia y llevarla con la mayor discreción y sigilo» (1946: 82). Nada pues de campañas publicitarias, gritos, ni de ruidosos periódicos: discreción, introducción silenciosa e indolora de las novedades. Este político azorinesco no tiene sentido en la oposición. Es un administrador, un gestor. Un Cambó a la española. Un cirujano de hierro que no se ve.

Azorín nos está pintando a un anti-Costa: «Sepan los que pretenden reconstruir un pueblo, y sepamos todos, que el primero, el más hondo y fundamental de nuestros deberes como hombres es la alegría» (1946: 100). La alegría de reformar y de restaurar, opuesta al morbo, el dramatismo, la autoflagelación, el masoquismo y la autocrítica enfermiza. Opuesta a la política de agitación. Lo que debía imitarse de Costa era el buceo en la sustancia nacional, que se conservaba en el derecho consuetudinario y en la literatura, para construir las leyes sin injertos de afuera. Puro esencialismo nacional, que Azorín asume: «pero el político no se inquiete; él habrá gobernado y legislado de acuerdo con la realidad, de acuerdo con la realidad de su país y el genio de su pueblo» (1946: 113). Lo que se desea limar y descartar es la perpetua aspiración al fracaso y al republicanismo, la protesta inútil, el trabajo tedioso que se pierde. El político ha de ser rápido, eficaz, elegante y certero, y no debe nunca anquilosarse en el estudio.

El cirujano azoriniano es un hombre de acción antiintelectual, que nada tiene que ver con el demócrata informado de los republicanos educados durante el Sexenio.

En 1920, ya con la experiencia de la Guerra Mundial a cuestas, Azorín se preguntaba qué hacía grande a una nación: «La influencia que un pueblo ejerce en el resto del mundo, ¿a qué se deberá? ¿Se deberá a sus ejércitos, a su marina, a su industria, a su comercio?». No: Azorín concluye que esa influencia se produce a través de las creaciones espirituales, es decir, los libros. Una nación es influyente cuando produce buenos y universales libros, y España volverá a serlo cuando aporte autores poderosos, capaces de interesar a los críticos americanos y europeos (2014: 32). En definitiva, la cuestión que preocupaba a Azorín era económica: ¿Cómo era posible que la industria del libro española dejara escapar al mercado hispanoamericano, inmenso? ¿Cómo podían los españoles volver a influir cordialmente sobre sus antiguas colonias, forjando alianzas culturales y aumentando espectacularmente la demanda de libro español? Fomentando el comercio de libros, reclamando una política de Estado encaminada a la producción de libro español exportable.

Observemos qué escribió Azorín en otro artículo dedicado al mundo del libro: «Ahora en España sentimos vivos y fervorosos deseos de un acercamiento espiritual con los pueblos americanos. Se crean juntas oficiales que lo procuren, y se imaginan otros tales arbitrios por parte del Estado» («Libros para el descanso», La Prensa de Buenos Aires, 28-07-1920; 2014: 200). Hemos dado con una palabra clave: «arbitrio». Y fijémonos en qué sentido la aplica Azorín, uno de los escritores léxicamente más exactos de la literatura española: donde solo puede surgir efecto una política editorial poderosa y universalista, el Estado «imagina arbitrios», es decir, se pierde en elucubraciones que no tendrán eficacia alguna. Es la acepción peyorativa del término, utilizada con toda naturalidad, ¡en 1920!

Azorín no fue el único en buscar incansablemente modelos reformistas hábiles para la actualidad política. En su búsqueda de referentes para las nuevas generaciones intelectuales, Miquel dels Sants Oliver dedicó extensos estudios a Larra, entre enero y febrero de 1908 (2001: 47-80), a Balmes en la primavera de 1910 (2001: 81-107) y a Jovellanos, en julio de 1911 (2001: 31-45).

34 «En contra de lo que a veces se ha dicho, la guerra hispano-norteamericana y la consiguiente derrota militar de España no fueron temas abordados con un especial interés por nuestra literatura finisecular. Pese a que en algunos manuales de literatura se diga que el 98 y el desastre fueron un tópico literario arraigadísimo, lo cierto es que la coyuntura bélica en sí misma no fue en absoluto motivo de creación; como dice Mainer en Modernidad y nacionalismo, “las letras españolas no gastaron demasiada tinta en torno a la guerra que —por lo que concierne a los escritores de primera línea de la abusivamente llamada ‘generación del 98’— fue una ausencia clamorosa en sus páginas”» (Fuster, 2014: 161).

35 Las ideas regeneracionistas y nacionalistas del joven Maeztu han sido ampliamente estudiadas y comentadas. Deben destacarse los trabajos de Pedro Carlos González Cuevas («Nacionalismo y modernización en la obra del primer Maeztu», Hispania, 1993, vol. 53, núm. 184, págs. 557-615), Carlos Serrano («El Maeztu regeneracionista», en José Carlos Mainer [coord.], Historia y crítica de la literatura española, 1994, vol. 6, tomo 2, págs. 132-136), Secundino Valladares («Hacia la otra España del joven Maeztu», Revista de Antropología Social, 1998, núm. 7, págs. 177-213). Por supuesto, pueden consultarse también las biografías intelectuales de González Cuevas y José Luis Villacañas. Bien curioso y digno de atención es el Maeztu feminista que nos presenta Luisa Santamaría en su artículo «Un Maeztu desconocido y algunas bagatelas de 1900», Estudios sobre el mensaje periodístico, 1998, núm. 4, págs. 25-38.

36 «A pesar de su juventud, Ortega gozaba de una inusitada autoridad y sus intervenciones tenían amplia resonancia en el mundo intelectual y político de su tiempo. Su protagonismo suscitó una célebre polémica con Unamuno. Si este defedía la “españolización de Europa”, aquel la “europeización de España”. Así, mientras en Unamuno tenía una influencia fundamental el casticismo latente en la obra de la generación del 98, Ortega apostaba por una postura abiertamente europeísta» (López Vega, 2011: 99).

37 Citas tomadas de Revista de Occidente, año II, segunda época, núm. 19, octubre de 1964, págs. 3-28 (número extraordinario de homenaje a Miguel de Unamuno en el primer centenario de su nacimiento).

38 La preocupación azoriniana sobre la Leyenda Negra y el prestigio español no decayó. En 1920, por ejemplo, firmaba el artículo «De un transeúnte» (ABC, 27-08-1920), donde leemos: «El lector conoce lo principal al menos de la copiosa literatura que se ha creado en torno a la dominación de España en América. Ingenios ilustres, de la más variada mentalidad, un Montaigne, un Voltaire, un Herder, un Andrés Chénier, han dado su opinión sobre este asunto. La opinión no ha sido favorable a España» (2014: 31). La solución, según Azorín, pasaba por rechazar con valentía lo que era inaceptable de esa parte de la historia de España.

CAPÍTULO 7

PORTADORES DE LA LLAMA II: NOVECENTISMO E INSTITUCIONALIZACIÓN

Los problemas nacionales que solicitaban la atención de los gobernantes españoles del siglo XVIII eran, mutatis mutandis, los mismos que hoy reclaman la nuestra. No había Ejército, ni Marina, ni Enseñanza, ni Industria, ni Comercio. El erario estaba empeñadísimo.

Álvaro de Albornoz,
El temperamento español, ¿1920?

EUROPEÍSMO SIN PEROS

Los escritores de lo que Unamuno llamó «nuestro movimiento espiritual del 98» no funcionaron como un grupo cohesionado, defendieron la ciencia española pero no la practicaron, y tampoco quisieron construir una alternativa política de oposición a los valores caducos que habían localizado y combatido. Ellos mismos lo sabían, y de esta forma se autodefinieron: como ególatras que habían tratado de salvaguardar sus propias honras de la generalizada deshonra colectiva (Fuster, 2014: 82, 86, 100). Lo esperable, a mi modo de ver, era que la promoción siguiente obrara a través de métodos inversos: que se organizara en partidos concretos o plataformas públicas, que se disciplinara inserta en las corrientes académicas, que se infiltrara en las brechas del sistema para reformarlo desde dentro, que se centrara en los remedios útiles y que fuera una generación de científicos y no solo de literatos.

Esto es lo que fue la generación del 14, cuyo centenario se celebra también mientras este libro se escribe. Como ha puesto de relieve Antonio López Vega, existió una cohesionada generación del 14 médica (formada por Gregorio Marañón, Teófilo Hernando, Gustavo Pittaluga, August Pi i Sunyer y Juan Negrín) que buscó sus raíces en otra generación anterior, la de 1880, formada por Santiago Ramón y Cajal, Alejandro San Martín, Luis Simarro, Ramón Turró, Nicolás Achúcarro, Federico Olóriz y Juan Medinaveitia (2014: 77). Podemos, por lo tanto, anunciar una de nuestras primeras conclusiones: la generación de 14 fue más regeneracionista que la llamada de 1898 porque buscó explícitamente el regreso al cultivo de la ciencia, de modo colectivo y organizado. Algunas preocupaciones del mundo liberal (como la necesidad de que la higiene se convirtiera en una cuestión de Estado) volvieron al primer plano de la política y la cultura. Y es de anotar el fenómeno de que a un mayor auge de la literatura de creación le corresponde cierta marginación de las constantes regeneracionistas, al revés de lo que se ha ido repitiendo. La obsesión de Ortega y Gasset fue la europeización, la superación de los discursos sobre la idoneidad del casticismo, y la de Marañón, sobre todo tras volver de Frankfurt, la homologación de la ciencia española respecto a la del resto de naciones occidentales. A su novia Lolita le escribía, en septiembre de 1910: «es preciso convencer a todos de que la grandeza de los pueblos se funda principalmente en su ciencia» (López Vega, 2011: 72). Es la clase de actitud que le llevaría a confeccionar y publicar obras como Manual de Medicina interna (1916), el primero de esta clase de tratados escrito por un español. Atrás, en la reserva, aunque aún actualizables, debían quedar las cuestiones identitarias de 1898. O, por decirlo de otro modo, estas no tenían por qué estorbar la urgente construcción del edificio científico.

La politización definitiva de Gregorio Marañón tiene que ver con dos vivencias fundamentales: una ya la hemos mencionado, su estancia de trabajo en Frankfurt junto al doctor Ehrlich (1910), y la segunda, la terrible epidemia de gripe que diezmó la población española en 1918, durante la cual Marañón recibió el encargo de viajar a París para contrastar las medidas sanitarias impulsadas por el gobierno francés con las que se estaban impulsando en España. A partir de 1918, y así lo expresó una y otra vez desde las páginas de El Liberal, Marañón comprendió que el Estado debía considerar la ciencia médica y la sanidad como asuntos de prioridad nacional. Su acercamiento a Ortega fue más tardío, y se produjo en 1925, cuando se precisaba organizar la oposición a la dictadura de Primo de Rivera. Hasta ese momento, Marañón había gravitado en la órbita unamuniana. El acercamiento a Ortega era la consecuencia lógica de la decepción respecto a la línea adoptada por el PSOE y la UGT. Desde muy joven, Marañón había admirado a Pablo Iglesias, y hasta 1931 creyó que la vía socialista era la adecuada para encauzar los problemas de la nación. Sin embargo, el PSOE había decidido integrarse en la dictadura (Largo Caballero llegó incluso a ser nombrado vocal de la Organización Corporativa Nacional [1926], creada por Eduardo Aunós, ministro de Trabajo), y esta colaboración explica que Marañón prefiriera participar en la agitación estudiantil directa, que es la que lideró la oposición al sistema, y la única que realmente pudo dejar al dictador contra las cuerdas39. Marañón se reconcilió con el socialismo cuando la UGT rompió con la dictadura, en 1929, y solo entonces volvió a publicar en El Socialista (López Vega, 2011: 196).

Otro compañero de viaje al que se aproximó ejerciendo la oposición activa a Primo fue a Marcelino Domingo. En 1930 prologó su libro ¿A dónde va España?, aportando un trabajo que tituló «Socialismo. Inteligencia. Civilidad»40. Vamos a detenernos en este prólogo, porque se trata de una encrucijada fundamental para entender el novecentismo español y las perspectivas del reformismo liberal inmediatamente anterior a la llegada de la Segunda República. Efectivamente, este prólogo de Marañón indica hasta dónde estaba dispuesto a llegar, por la izquierda, su proyecto integrador, y también qué elementos políticos propios de la Restauración estaba dispuesto a conservar en el nuevo régimen democrático que se estaba gestando.

En el texto, fechado en París el año 1929, Marañón propugnaba la colaboración activa entre los republicanos y los socialistas, alianza que, en gran medida, hizo posibles las iniciativas legislativas del Bienio Reformista. Obreros y pequeña burguesía de ideología avanzada debían unirse en la construcción de la nueva democracia41. El llamamiento a la colaboración interclasista era vehemente: «También he oído quejas y amarguras, porque nosotros, los perseguidos de ahora, no hemos tenido una asistencia cordial de los trabajadores; pero hay que pensar que durante años y años, las cárceles han estado llenas de obreros, con la misma sinrazón, y ciertamente no han ido a consolarlos, a través de las rejas, las asistencias de los que se consideraban liberales» (1930: IX). Hay que destacarse este «nosotros» que utiliza Marañón: se refiere a los integrantes de su clase, los intelectuales pequeñoburgueses, cuyo proyecto reformista, ya en 1931, entraría en franca colisión con los elementos revolucionarios que colapsaron los horizontes de la Segunda República. Sin la colaboración entre obreros y burgueses liberales, la democracia no podía prosperar, y el divorcio entre estas dos clases propició, en parte, los desmoronamientos de 1933 y 1936. En 1929 exclamaba: «El tiempo nos arrollará a todos. Pero, entretanto, la táctica del liberal español —incluido el republicano— debe ser de comprensión radical y entrañable para las aspiraciones proletarias» (1930: X). El proyecto de la nueva España no podía marginar a las clases subalternas: era preciso integrarlas en el proceso de construcción nacional.

Sin embargo, Marañón tomaba también en cuenta la tradición política inmediata, y trataba de adaptarla a la nueva situación. En sintonía con La redención de las provincias, que Ortega andaba publicando en El Sol durante esa misma etapa, Marañón trató de recuperar y actualizar la denostada figura del cacique. Se trata de una diferencia fundamental respecto al regeneracionismo costiano. Marañón y Ortega, que se abrían a la izquierda (al republicanismo socializante), se abrían también a la derecha: «Socialismo, pues, dentro o fuera de sus filas, como repetidamente hemos proclamado. Pero además, instrucción, cultura, inteligencia. Hay que proclamarlo también, por lo mismo que gentes obtusas, de los dos bandos, no lo quieren ver con claridad. Pero el problema de la cultura se me aparece siempre unido a la cuestión del caciquismo» (1930: XI). ¿Cómo? A través del «buen cacicato». A falta de verdadera cultura política rural, los escasos ciudadanos cultos que residían en las ciudades pequeñas y en los ambientes rurales, los eruditos locales, los funcionarios y el clero, debían ser movilizados para realizar una labor de redención nacional. ¿Quiénes debían ser esos buenos caciques? Marañón los describe con precisión: «Muchas veces he dicho que en el último pueblo de la Península, en el más remoto y olvidado, donde parece que no puede haber nada que no sea miseria material y ciudadana, escondida entre adobes, hay siempre tres, cuatro hombres de buena voluntad, inteligentes, generosos, cultos, tolerantes, con los hilos de su curiosidad tendidos al mundo» (1930: XIII). La concepción es puramente dieciochesca. Frente al cacique brutal y avaro, Marañón llama a filas al líder natural de la comunidad rural, que deberá preocuparse por extender la cultura y la técnica en su reducida esfera de influencia. El problema es de red. Para realizar algo análogo, Jovellanos había pensado valerse de los obispos. Y Joaquín Costa, de los antiguos reclutas y también del clero secular.

A propósito del cacique clásico, Marañón concluía que: «El español odiaba al cacique, pero le creaba. Y le creaba porque le necesitaba. Por eso los políticos de la restauración, que propugnaron la necesidad del cacique, conocieron bien la vida española». Una vida de tribu, una vida primitiva, sin información procedente del exterior, sin corrientes de opinión. «Y los que quisieron abatirle, lucharon contra un imposible. Y los que, como la dictadura, pudieron descuajarle, solo anularon —cuando lo lograron— las personas, pero no el espíritu caciquil, que revivió al momento» (1930: XII). El pueblo inculto necesitaba al cacique y a la Guardia Civil, en opinión de Marañón, pero el cacique debía dejar de ser un obstáculo para el progreso para convertirse en todo lo contrario, en una fuente de irradiación de técnicas y de iniciativas educativas.

Una prueba más de la posición centrista de Marañón fue el hecho de que no asistiera a la reunión del 17 de agosto de 1930 en el Círculo Republicano de la capital guipuzcoana, en la que se selló el Pacto de San Sebastián. Como ha escrito López Vega, de ese pacto surgió «un movimiento político, legal y revolucionario que estableciese por un golpe de fuerza popular y militar la república» (2011: 207)42. En cambio, Marañón sí participó en el encuentro monárquico que se celebró poco después en la playa de Ondarreta. López Vega argumenta que el célebre médico no había sabido rechazar una invitación del organizador, su entrañable amigo el conde de Romanones. Sin embargo, esta interpretación puede combinarse con el talante moderador de Gregorio Marañón, más atento al comportamiento de la futura oposición que a los programas inmediatos de acción revolucionaria. De hecho, para el éxito de la Segunda República, recomendó la creación de una derecha moderna que movilizase a la clase media moderada y formara el «núcleo de un gran partido de tipo conservador» (López Vega, 2011: 218). Sin esta derecha integrada en la democracia no podía existir proyecto nacional, la evolución política continuaría siendo el vaivén cainita de unas clases sobre las otras.

Unas palabras del propio Marañón, de 1932, retratan de manera sintética su posición: «soy un entusiasta de Azaña. Tiene el instinto de adaptación al momento, instinto supremo. Los demás no lo tenemos y por eso estamos al margen de la gran renovación española. ¡Qué grande y cuán ciegos los que no la ven! Me siento antirrevolucionario; pero lleno de comprensión para la revolución» (López Vega, 2011: 236). Por estas razones, al año siguiente, Marañón podría haberse convertido en el presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República. Alcalá-Zamora se lo ofreció tras la dimisión de Azaña (8 de septiembre de 1933). Sabía lo que hacía. Trataba de forjar el gobierno de consenso, de concentración, que era el proyecto «nacional» de Ortega y también el del propio Marañón. Sin embargo, este rechazó el cargo. Pensaba que no debía abandonar el laboratorio, que su función era consolidar el progreso científico. Prefirió quitarse de en medio.

Durante todo 1933 estuvo preparando su discurso de ingreso en la Real Academia Española, Vocación, preparación y ambiente biológico y médico del Padre Feijoo, que fue el núcleo de su libro Las ideas biológicas del Padre Feijoo (1934). Una vez académico, Marañón se dedicó a allanar el camino para que lo fuera también Pío Baroja, y cuando lo consiguió, en 1935, contestó su discurso de ingreso. En un ambiente político cada vez más enquistado, en el que las reformas sociales no conseguían abrirse paso en las Cortes, Marañón expresó dudas sobre la vigencia del liberalismo y denunció que los intelectuales se estaban distanciando de las responsabilidades políticas, entregando el Parlamento a «profesionales del politiqueo». Lo hizo en el libro Raíz y decoro de España (1933). Curiosa crítica, pues distanciarse de la política y desentenderse de sus prácticas es exactamente lo que habían hecho él mismo y Ortega y Gasset, en 1931-1932. También Ortega, apartado de la política, vivía una gran etapa creativa, e iba redactando las lecciones de su fundamental En torno a Galileo.

En septiembre de 1935 Alcalá-Zamora volvió a ofrecer a Gregorio Marañón la presidencia del Consejo de Ministros, cuando los escándalos empezaron a minar seriamente el prestigio del Partido Radical. Esta vez, el médico se lo tomó más en serio, pero tuvo que desistir porque Lerroux no aceptaba formar parte de ningún gobierno en el que participaran los socialistas. Este capítulo es uno de aquellos en que el historiador siente tentaciones de extrapolar hipótesis contrafactuales. ¿Qué habría ocurrido en 1935 si Marañón hubiera conseguido hacer viable un gobierno de concentración nacional? Habría aliviado la tensión ambiental y la bipolarización política?

Seguramente habría sido ya demasiado tarde para estabilizar la Segunda República. La posición centrista de Marañón se tambaleó a las puertas de la guerra civil. En 1936, su acercamiento a la derecha se produjo por una serie encadenada de acontecimientos. El 16 de julio de 1936, en carta a Marcelino Domingo, se confesaba «sonrojado» e «indignado» ante el asesinato de José Calvo Sotelo, el antiguo ministro de Hacienda de Primo de Rivera. Con la guerra ya iniciada, fue amenazado e incluso zarandeado en Madrid por unos comunistas, y a continuación huyó a París y proclamó su apoyo a la causa franquista, aunque no incondicional. Hay que darle a ese apoyo a los sublevados el significado «nacional» que tuvo, pues pensaba que la República se había entregado a la titularidad soviética.

POSIBILISMO

Manuel Azaña fue el escritor de la promoción del 14 que más claramente se definió a través de la crítica radical de los modelos de comportamiento público exhibidos por los intelectuales mayores. En 1923 reaccionó indignado contra un discurso de Ramiro de Maeztu pronunciado en el Ateneo de Madrid en el que reclamaba echar tierra sobre las responsabilidades del desastre militar en Marruecos por respeto a las necesidades de la patria quebrantada. El 9 de junio de 1923 Azaña publicaba en el semanario España su ensayo «La defección de un hombre del 98», donde cargaba con fuerza contra Maeztu, acusándolo de querer «sofocar las chispitas de espíritu crítico que los descalabros y las experiencias inolvidables iban suscitando en España» (2007b: 173). De paso, arremetía contra su generación: «Pertenece el señor Maeztu a una generación que se abrió hueco en la consideración pública ejerciendo despiadadamente la protesta y la crítica. Generación romántica, que incorporó a su vida sentimental el consabido “problema de España”. Generación, en buena parte de autodidactos destinados a caminar toda la vida de sorpresa en sorpresa, a descubrir a los cuarenta años el Padrenuestro, y a los cincuenta el terror del infierno». Es notable la conciencia general exhibida por Azaña, a través del contraste: los noventayochistas habían sido desordenados, les había faltado la formación, regresaban a la ortodoxia cuando el país parecía que, por fin, iba a despertar.

Por lo demás, cuando irrumpieron los escritores novecentistas, España se buscaba a sí misma más que nunca. En 1905 se inauguraba el monumento a los héroes de Numancia, «empleado como un contrapunto identitario y de regeneración de los valores emblemáticos del Estado tras la derrota de 1898» (Gracia Alonso, 2013: 49). Entre 1906, fecha en que Eugenio d’Ors empezó a publicar su Glosario, y 1914, año en que Ortega y Gasset pronunció su famosa conferencia «Vieja y nueva política», se solapan tres generaciones o promociones de intelectuales regeneracionistas. Por un lado, colean las últimas manifestaciones del regeneracionismo que llamamos «clásico», el que tiene un marcado signo republicano y cuyo estandarte aún aguantan con más o menos fortuna física Joaquín Costa, que muere en 1911, Luis Morote, que sigue publicando hasta 1913, o Lucas Mallada, que aguanta hasta 1921. Valentí Almirall, muy desgastado intelectualmente, había muerto en 1904.

Entre el predominio de estas voces culturales típicamente decimonónicas, gestadas al calor del Sexenio revolucionario y la elevación al liderato indiscutido de Ortega, se encuentra el interregno de los escritores de 1900, a los que llamaremos noventayochistas por pura comodidad, para distinguirlos de la promoción anterior. Ortega siempre tuvo muy claro que «regeneración» había sido, en España, un término equivalente o sinónimo de «europeización».

En 1907 se creó la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que presidió Ramón y Cajal. El histólogo había recibido el premio Nobel el año anterior. De los dos mil científicos que becó la JAE para trasladarse al extranjero, trescientos cincuenta eran médicos. En la Residencia de Estudiantes se instalaron los laboratorios que se situarían en la vanguardia científica de la España del primer tercio del siglo XX. Nicolás Achúcarro dirigió el Laboratorio de Histopatología del Sistema Nervioso, y Juan Negrín, el de Fisiología General, en el que empezó a trabajar el futuro premio Nobel Severo Ochoa. En la capital catalana, August Pi i Sunyer impulsaba el Instituto de Fisiología de Barcelona, mientras que Gregorio Marañón iniciaba los estudios de endocrinología en el Hospital Provincial de Madrid. De algún modo, «Si Cajal auspició la renovación de la investigación científica conforme a parámetros modernos a través de la Junta, Marañón hizo lo propio en el ámbito asistencial. Fueron, por decirlo de alguna manera directa, los dos impulsores de la medicina como preocupación nacional en su doble vertiente, siempre de la mano, investigadora y asistencial» (López Vega, 2014: 78). En este sentido, son muy interesantes las palabras que pronunció Marañón en la sesión necrológica en memoria de Cajal de la Academia de Medicina (1934): Cajal había sido «un hombre vaciado en los moldes universales», cuya «gran preocupación fue crear la España científica, preocupación de raíz paralela a la de Costa, pero infinitamente más eficaz, porque el gran maestro de todos no solo predicó, sino que nos dio ejemplo» (López Vega, 2014: 80).

¡Pobre Costa! Ni escucharon su llamamiento a la colectivización agraria, ni le leyeron ni comprendieron en absoluto en su tiempo. Pero razón no le faltaba al doctor Marañón. Costa fue un humanista antes que un científico, y los frutos que legó a los jóvenes fueron de índole fundamentalmente cultural. Y Costa tampoco contó jamás con la inmensa suerte de poder dedicarse con sosiego al estudio, agobiado por su precaria situación económica. Ni pudo o no quiso o no acertó a fundar instituciones y hallar financiación. Ni siquiera tuvo garantizada durante años su propia subsistencia, y ni siquiera tenía su vida en mucho, como dejó escrito en sus memorias. Un hombre tan enfermo y depresivo por fuerza había de carecer de la energía necesaria. En este sentido, Gregorio Marañón y José Ortega y Gasset fueron el reverso de la moneda de Costa, los hombres con salud y talento necesarios como para impulsar las instituciones y plataformas requeridas para implantar, aunque fuera en parte, las reformas que juzgaron más urgentes. Y aunque el discurso del primer Ortega se encuentre anegado de las dicotomías costianas (contraposición de «lo real» con «lo ideal», o «lo vital» con «lo oficial», en 1911, sin duda para erigirse como brújula solitaria, Ortega negó que Costa fuera un autor europeísta. Lo presentó como un tradicionalista acientífico (Ribas, 2007: 47-48).

En el caso de Marañón, 1918, el año de la espantosa gripe española, fue la fecha clave que le hizo decantarse claramente por el ámbito asistencial sanitario. Como ha expresado López Vega, Marañón sintió que debía «implicarse en la vida pública», es decir, dar el paso que mediaba entre la predicación y el diseño de medidas prácticas y urgentes, a las que se entregó con tesón. Desde el periódico El Liberal se lanzó a defender un nuevo concepto intervencionista de sanidad, alejado del clásico concepto caritativo, que el Estado debía impulsar y extender por todo el territorio nacional. Hacia esta dirección se encaminó la iniciativa de viajar a Las Hurdes, junto a Alfonso XIII, en junio de 1922, para realizar visitas médicas a sus deprimidos habitantes. El atraso medieval en que vivían era la imagen más representativa del tipo de realidad española que se estaba intentando erradicar desde el siglo XVIII. Como ha explicado Juan Pablo Fusi en el prólogo que escribió para la monumental biografía de Gregorio Marañón elaborada por Antonio López Vega, la memoria que escribió sobre Las Hurdes en 1922 junto a su colega José Goyanes y el inspector de Sanidad de Badajoz, el doctor Bardají, conmocionó al público español, y debe considerarse una de las iniciativas posibilistas más destacadas de la primera mitad del siglo XX (Fusi, 2011: 24).

La influencia de los escritores del 98 fue mucho más profunda en Ortega y Gasset, que ahondó en uno de los pilares de la promoción anterior, la historia como fuente de elementos para construir un método racionalista de análisis ideológico-político del presente, especialmente perceptible en Historia como sistema (1935) y En torno a Galileo (1933-1942): «El esencialismo de la generación del 98 tendió progresivamente a buscar el consuelo antropológico en la historia. Los caracteres nacionales se sitúan en el escenario de la historia para depositar la responsabilidad de lo que somos no en el fatalismo de la predeterminación sino en los condicionamientos del pasado. La historia frente a la naturaleza» (García Cárcel, 2011: 94). Ortega recogió el reto y convirtió un puñado de inquietudes colectivas en un sistema científico.

Al grupo humano formado por José Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors y Gregorio Marañón se le ha llamado el de los adolescentes (teenagers) del Desastre, porque no eran intelectuales maduros en 1898, pero la pérdida de las colonias les condujo a construir una nueva fe patriótica optimista, superadora de la crítica radical finisecular, destinada a colocar a España entre las naciones europeas en cuanto a cultura humanística y científica. El 14 de mayo de 1916 Manuel Azaña, en un discurso de homenaje a Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate pronunciado al finalizar una reunión del Partido Reformista, dijo que «la catástrofe del 98 hirió profundamente nuestra sensibilidad, en los años en que el alma es más impresionable, cuando se abre a las esperanzas de la vida con todo el risueño candor de las ilusiones intactas (2007a: 260). En el mismo discurso reclamaba el mando y el poder para el Partido Reformista, para afirmar que: «La patria para nosotros será la que realice la justicia y la libertad, la que nos preste los medios de arribar a los órdenes superiores de la cultura humana», para concluir: «Esa Patria que no existe es la que nosotros aspiramos a crear, ¡ya veis si es grande nuestra ambición!». Atrás debía quedar el concepto idealista de nación, blindado de toda conciencia crítica, que ocultaba el retraso en todos los órdenes.

Azaña es posiblemente, en sus inicios como escritor y político, el más impregnado de regeneracionismo clásico. La huella de Costa o Mallada es especialmente profunda en «El problema español», conferencia del 4 de febrero de 1911 pronunciada en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, donde Azaña dijo que pertenecía «a una generación que está llegando ahora a la vida pública; que ha visto los males de la patria y ha sentido al verlos tanta vergüenza como indignación, porque las desdichas de España, más que para lamentarlas o execrarlas, son para que nos avergoncemos de ellas como de una degradación que no admite disculpa» (2007a: 149). Cervantes, Quevedo, Fígaro y Costa son los antecedentes que invoca Azaña en este diagnóstico de los males nacionales, como estilos ilustres adoptados por españoles especialmente sensibles al retraso español. Como problema básico de más urgente solución señala al sistema educativo, puesto que su estado deficiente impide formar a españoles capaces de localizar los males y sanarlos.

A propósito de Ortega y Gasset, Fuentes Codera ha escrito: «Consciente del papel que podía jugar en la cultura española, se planteó una nueva actitud generacional frente a la cultura europea, la de un nacionalismo optimista y plenamente abierto a los influjos exteriores, que se potenció en sus años de formación en Alemania» (2014: 27). Francesc Cambó, pese a que por edad y quizá por ciertos rasgos de carácter y de ideología debía formar parte de la promoción modernista o finisecular, es el ejemplo más ilustrativo de esta nueva actitud positiva frente a los problemas económicos y materiales de España. El de Cambó, hasta 1923, fue un regeneracionismo alegre: «Los optimistas deberíamos tener razón, podíamos tenerla, porque en España concurren todos los factores precisos para que estos optimismos se realicen; pero es posible que quienes en definitiva tengan razón sean los pesimistas, porque la eficacia del concurso de todas las circunstancias favorables para hacer la grandeza de un pueblo se tuerce y se destruye si este pueblo no tiene fe en sí mismo» (1984: 55). Cambó culpaba a las «masas españolas» y a Cánovas del Castillo del nihilismo político que no hacía más que agravar la situación interna del país. Este voluntarismo político (propio de alguien que intuye que llegará a ministro pronto) es análogo al vitalismo filosófico que informa toda la obra orteguiana. Las palabras de Cambó proceden de su delicioso librito El pesimismo español (1917), redactado ex profeso para combatir y desmantelar las razones por las que un español debía sentirse pesimista respecto a las posibilidades de la nación. Cambó se propone demostrar que, frente a los morbosos juicios populares y populistas, con los debidos arbitrios impulsados por el gobierno la situación general de España puede mejorarse sustancialmente.

Algunas de sus conclusiones generales no pueden estar más calcadas del discurso clásico liberal y de las doctrinas costianas: «Nuestro Estado no solo es cosa diferente y divorciada de España y de todas y cada una de las regiones españolas, sino que constituye una superposición artificial en la cual el pueblo español encuentra su mayor enemigo» (1984: 72). En la segunda parte de su obra, Cambó presenta al catalanismo como a la única fuerza capaz de obligar a los españoles a tomar conciencia de que únicamente a través del despertar regional será posible adecuar las instituciones españolas al carácter y las necesidades de sus partes constituyentes. Una idea que Ortega y Gasset adoptará durante la dictadura de Primo de Rivera, y que cristalizará en su fundamental tratado La redención de las provincias, que fue viendo la luz en El Sol para ser publicado en forma de libro, finalmente, en 1931.

La primera iniciativa de carácter grupal que impulsó Ortega fue el semanario Faro, que inició su andadura el 23 de febrero de 1908. En ese primer número se publica «La reforma liberal», un artículo de Ortega y Gasset en el que denuncia que las formaciones políticas liberales y republicanas se han anquilosado sin remedio, y que resulta totalmente necesario revitalizar el impulso revolucionario («peligroso») para dinamizar la lucha política española. Así lo expresa: «Una leal amargura ha de arrancarnos la confesión de que en la España política solo hay conservadores, que es como decir que no hay nadie». Más adelante remacha: «Los partidos liberales son partidos fronterizos de la revolución, o no son nada». Ortega invoca a Costa, quien «bramó» «como un búfalo viejo en el fangar de un barranco», e invita a que se recuperen sus propuestas para formar un partido auténticamente liberal, realmente reformista.

Le respondía educadamente Gabriel Maura Gamazo en el siguiente número de Faro (1 de marzo de 1908), en portada, con su artículo «La reforma conservadora». En este ensayo, el hijo mayor de Antonio Maura defendía el papel histórico del partido conservador, que garantizaba que los ideales morales de la sociedad española no fueran arrastrados por el vendaval socialista. La publicación destacada de este ensayo debe hacernos reflexionar sobre la naturaleza del pensamiento orteguiano (y no solo orteguiano, también de los idearios de D’Ors o de Gregorio Marañón, tendentes siempre a encontrar una alternativa centrista y nacional respecto a las soluciones extremas). Hay que entender bien hacia dónde partió el dardo crítico de Ortega. Para el filósofo madrileño (y también para Marañón), el verdadero problema era la izquierda domesticada, no las cabezas conservadoras, que debían desempeñar siempre un papel destacado en los organigramas políticos programados. El problema no era tanto la existencia de un inmovilista partido conservador (como entendían Unamuno o Baroja), sino la inexistencia de una izquierda verdaderamente reformista. El problema era lo que significaban Montero Ríos o Moret, y no tanto lo que significaban Maura o Dato. Por lo tanto, y eso explica la andadura junto al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, la primera alternativa pasaba por construir una auténtica opción política monárquica y de izquierdas.

La primera gran conferencia clásica de Ortega y Gasset se realizó el 15 de octubre de 1909, en el Ateneo de Madrid, y llevaba por título «Los problemas nacionales y la juventud». Las líneas maestras de las argumentaciones, como ha indicado recientemente Fuentes Codera (2014: 29), fueron dos: la inexistencia de «nación» en el Estado español y la necesidad de que la juventud intelectual realizara la tarea de nacionalizar a España, es decir, de educar políticamente a su sociedad para prepararla de cara a una nueva etapa de reconstrucción participativa. En 1910 Ortega impulsó nuevas iniciativas «neorregeneracionistas» (el adjetivo es de Fuentes Codera), como la revista Europa, que nació el 20 de febrero, o el grupo Joven España, que reunió a varios intelectuales en torno al ideal pedagógico de la educación sociopolítica. Ortega seguía también conferenciando («La revolución y los intelectuales», Ateneo de Madrid, 7 de diciembre de 1910), pero sus iniciativas colectivas no conseguían consolidarse ni cuajar en un proyecto político concreto. A la altura de la Primera Guerra Mundial, ni la Liga de Educación Política ni el Partido Reformista habían conseguido encarnar el programa de la generación de Ortega y Marañón (Fuentes Codera, 2014: 89).

España fue la siguiente gran iniciativa de Ortega, si bien un año después cedió el barco a Araquistáin para que este reflotara el semanario con dinero de las diplomacias de las potencias aliadas (Francia, Inglaterra e Italia). Nació el 29 de enero de 1915 y pudo fundarse porque Luis García Bilbao puso su herencia a disposición de Ortega. La revista España es fundamental para entender el paso del reformismo monárquico al republicanismo socialista. La neutralidad oficial obligó a los liberales a demandar algún papel histórico para la «nación» española, cuya voz había sido secuestrada por el gobierno de Eduardo Dato. No se trataba tanto de discutir esa neutralidad como de hacer ver que existía un pueblo que debía refrendar (o no) las políticas oficiales. El trabajo que mejor expresó esta inquietud fue «La noluntad nacional», de Unamuno (19 de marzo de 1915).

Declarándose abiertamente aliadófila, y aunque fuera radicalizándose, España fue más moderada que su hermana catalana, la revista Iberia, con la que intercambiaba colaboradores. El 9 de julio de 1915 publicó un «Manifiesto de adhesión a las naciones aliadas», que firmaron Ortega, Unamuno, Araquistáin, Azaña, Pérez de Ayala, Palacio Valdés, Zulueta, Marañón, Américo Castro, Ramiro de Maeztu, Galdós, Valle-Inclán, Luis Simarro, García Morente, Menéndez Pidal, Pittaluga, Manuel de Falla, Zuloaga, Alomar, Turró, Rusiñol, Clarà y Màrius Aguilar. Resulta difícil resistir la tentación de considerar este manifiesto un texto generacional para los intelectuales que fundarían la república burguesa de 1931, aunque junto a ellos figuraran escritores mayores a quienes los jóvenes consideraban compañeros naturales de viaje (Galdós, Palacio Valdés, Rusiñol, Maeztu y los demás noventayochistas). Con el tiempo, España se convirtió en la voz de los disidentes de 1917 y de quienes apoyaban la descentralización del Estado (Navarra, 2014: 217-236). La revista reunió a las mejores firmas del ensayo contemporáneo: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Eugenio d’Ors, Manuel Azaña, Salvador de Madariaga, Álvaro de Albornoz, Luis de Zulueta, Marcelino Domingo, Josep Carner, Antoni Rovira i Virgili, entre muchos otros.

Las ideas posibilistas de Ortega fueron expuestas con claridad en el artículo «Sencillas reflexiones», que Ortega publicó en El Imparcial el 10 de enero de 1913. En él llamaba a impulsar el reformismo dentro de las posibilidades que podría ofrecer la monarquía. Mientras el Partido Liberal se hundía en el fragor de las luchas por suceder a Canalejas, asesinado en 1912, Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate fundaban el Partido Reformista, en la misma línea de actuación que la Liga de Educación Política que impulsaba Ortega. El objetivo concreto de sustituir la monarquía por la república cedía la prioridad al conjunto de reformas que necesitaba el país (tesis «accidentalista»). El único acto reseñable de la Liga de Educación Política fue la lectura de la conferencia «Vieja y nueva política» (23 de marzo de 1914) en el Teatro de la Comedia de Madrid.

A partir de 1916 Ortega se dedicó al proyecto unipersonal de El Espectador, en el que publicó trabajos fundamentales para la cultura española del siglo XX, como «Elogio del murciélago» (vol. IV, 1921), esencial para entender la eclosión de las vanguardias artísticas, o «Sobre el fascismo» (tomo VI, febrero de 1925), un texto ideológico-político de primer orden que nos permite situar al liberalismo orteguiano como un camino medio entre los extremismos fascista y bolchevique. Mientras, desde España, Araquistáin iba convirtiendo el antiparlamentarismo tradicional de la corriente regeneracionista en una opción de apoyo e importación de las soluciones soviéticas («La verdad sobre Rusia», 7 de febrero de 1920). Fue también la evolución del catalanista marxista Andreu Nin, antiguo admirador de Costa que acabó desempeñando labores de muy alto nivel en Moscú.

El 3 de diciembre de 1917 nacía uno de los periódicos más culturalmente ricos de la tardía Restauración española, si no el que más: El Sol, en el que colaborarían nombres de la talla del propio Ortega, Gregorio Marañón, Ramiro de Maeztu, Julio Camba o Ricardo Baeza. Nicolás Urgoiti había convencido al incansable filósofo madrileño para que se embarcara en un nuevo proyecto de educación política, pero esta vez contando con más medios. Ortega, a la vez, junto a Ramón y Cajal, García Morente, Luis Bello y Lorenzo Luzuriaga, impulsaba la Compañía Anónima de Librerías, Publicaciones y Ediciones (CALPE), que dio trabajo a los jóvenes prosistas de la generación del 27.

A la generación del 14, que buscó aglutinar a las fuerzas de los mayores y las de los más jóvenes, también le tocó vivir cataclismos morales, humanos y políticos en los que la moral nacional resultó especialmente dañada. Y de hecho les tocó enfrentarse a desastres profundos y problemas que quienes se habían educado en la calma chicha de Cánovas no habrían podido ni prever. Estos nuevos desastres fueron: la neutralidad decretada durante la Primera Guerra Mundial, el desastre de Annual y la llegada de una dictadura paternalista que, precisamente para alcanzar objetivos tecnocráticos y regeneracionistas, certificaba hasta qué punto había fracasado el diseño de 1876 para paliar déficits serios y satisfacer las aspiraciones de una nación sentida como europea. Pero el hecho cultural que mejor aglutinó a la generación del 14 fue Revista de Occidente, fundada tardíamente (1923), la iniciativa más lograda de Ortega, que abrió sus páginas para su coetáneos, para los jóvenes vanguardistas y para las figuras más influyentes del pensamiento mundial: Keynes, Le Corbusier, Marinetti, Valéry, Chesterton y Einstein.

En 1921 Francisco Bastos Ansart, que se presenta a sí mismo como «Comandante de Ingenieros y Diputado a Cortes», y que era también un escritor autoritario que convendría desempolvar, quiso ofrecer su particular análisis del desastre de Annual y escribió juicios duros contra la clase política: «La mayoría de nuestros gobernantes, llegados al poder sin el menor conocimiento de nuestros problemas, con méritos, llamados políticos, de travesura electoral» (1921: 16). Sentenciaba Bastos que esos políticos no estaban capacitados para dirigir al pueblo español y, lo que aún era más grave, «ni conocen tampoco el alma nacional». La fraseología costiana es más que evidente. Sin embargo, «el pueblo español es inteligente, sensible y bueno. Se hace cargo con facilidad y precisión de las situaciones. Sufre en las adversidades y siente con viveza y con exactitud lo que le afrenta», pero su «fondo moral» se encuentra «relajado» y no muestra interés por los «problemas nacionales». Por lo tanto, el desastre militar de 1921 debe ser sentido como una «lección» y un «correctivo» colectivos, no únicamente circunscritos a las fuerzas armadas. Es la nación española la que ha fracasado, y la que debe acompañar al ejército en su labor de reflexión interna. El pecado de los políticos ha sido engañar al público, ocultarle la debilidad real del Estado: «Nuestro pueblo no ha conocido nunca la verdad. No se la han dicho nunca. Éramos muy niños los que ahora somos hombres, cuando, persuadidos de ser uno de los más fuertes países de la tierra, retábamos a los alemanes en 1885» (1921: 19). Aludía Bastos al asunto de Las Carolinas, durante el cual Sagasta estuvo a punto de declararle la guerra a Bismarck, último episodio de fogosidad imperial registrado en los anales de la patria.

Era la lectura reaccionaria del desastre de junio de 1921, en el que murieron 16.000 soldados españoles y en el que desapareció el propio general Silvestre. Bastos culpaba a la nación por su escasa implicación, pero los intelectuales liberales empezaron a señalar directamente al rey.

Precisamente el novecentismo autoritario, el de Bastos Ansart, pero también el de intelectuales mucho más significativos (Pedro Sainz Rodríguez, Ramón de Basterra, Rafael Sánchez Mazas, Ernesto Giménez Caballero), es el que más se ha echado de menos en las conmemoraciones del centenario de la generación del 14. Algo, por otra parte, esperable y natural, si de señalar anticipaciones y modernidades se trataba. En cuanto al tema central de este libro, la historia de los diagnósticos que se han ido redactando a lo largo de los siglos sobre España y sus decadencias, no hay duda de que la riquísima y complejísima visión de los novecentistas republicanos de centro (Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña) es muy superior a las concepciones de los escritores jóvenes de extrema derecha, guiados por sus padrinos Ramiro de Maeztu, Manuel Bueno y José María Salaverría, a quienes robó protagonismo el hiperactivo y precoz Sainz Rodríguez. La fórmula autoritaria consiste en no parar de reclamar inyecciones de idealismo patriota abstracto, hipertrofiando los elementos ultranacionalistas del regeneracionismo clásico y ladeando sus aspectos críticos. Así, por ejemplo, Sainz escribía en 1924: «Debemos sentir la solidaridad moral con nuestros muertos, explicándonos históricamente los motivos de sus actos. El pasado es de todos y tenemos derecho a él: a amarlo y a interpretarlo a nuestro modo, sintiendo las raíces de nuestro espíritu asentadas en las entrañas de nuestra raza» (1925: 95).

El regeneracionismo conservador existía antes de 1914 (Isern, Polavieja, Maura) y, durante la guerra, fue tiñéndose de creciente autoritarismo. El lenguaje utilizado por Sainz es inequívocamente regeneracionista: «El mejoramiento y la depuración de nuestro espíritu y de nuestra labor personal son los elementos indispensables para la regeneración de España» (1925: 95). No pienso que sea una buena idea descuidar ese proceso de radicalización a la hora de tratar de entender la política española entre 1923 y la guerra civil, e incluso no creo que pueda soslayarse el estudio de esos autores a la hora de analizar el franquismo inicial, puesto que esos autores novecentistas autoritarios fueron el nexo de conexión entre la crítica de 1900, la crisis de conciencia de 1914, el primer intento dictatorial de imponer la tecnificación (1923-1930), el nacimiento de Falange y las direcciones de los primeros gabinetes civiles de Franco, que creó el primero en 1938.

Su órgano de expresión fue la revista Renovación Española, de la que solo Fuentes Codera parece acordarse, un medio fundamental nacido en 1918 que vino a ser el puente entre la germanofilia fracasada y la extrema derecha antiliberal de las dos décadas siguientes. No puede ser una casualidad que el nombre de la publicación coincidiera con el del partido monárquico que lideró Antonio Goicoechea durante la Segunda República, y que precisamente fue bautizado por Sainz Rodríguez. La dirección neorregeneracionista autoritaria de la revista fue expresada con claridad por Adolfo Bonilla y San Martín, gran amigo de Sainz y compañero suyo de fatigas universitarias, en su artículo «Exceso de política» (5 de febrero de 1918). El abanico de colaboradores confirma que la germanofilia había logrado aglutinar a las figuras mayores de Emilia Pardo Bazán, Pío Baroja, Jacinto Benavente y Eugenio d’Ors con la futura derecha antirrepublicana: Vicente Gay, José María Salaverría, Edmundo González Blanco, Pedro Sainz Rodríguez y Adolfo Bonilla y San Martín. La excepción fue la escritora Margarita Nelken, que con el tiempo se convertiría en militante del PSOE (1931).

EL OCASO DEL REFORMISMO

Por su parte, los vanguardistas, que en ningún caso y ni mucho menos por practicar una estética dislocada carecieron de programa político, expresaron por diversas vías cierta decepción con los hombres del 98. Antonio Espina lo expresó con mucha elegancia en su libro Ganivet. El hombre y la obra, que editó Espasa-Calpe en 1941, siendo en realidad una ampliación de una primera versión publicada por Revista de Occidente catorce años antes. Estas son las primeras palabras del libro: «Nunca sentí gran atracción por la figura de Ganivet» (1972: 9). No está mal para empezar. Los porqués llegan a continuación: «Su ideología de alcance universalista, tantas veces frustrado en la querencia provincial, a pesar de los viajes y la cultura europea del escritor, me defraudaron siempre». Sin embargo, el hecho de haber estudiado las obras de Ganivet había matizado ese rechazo: «Ganivet es una referencia que hay que tener muy en consideración. No solamente por lo que por sí mismo vale y ofrece, sino porque representa la última etapa en el siglo XIX de todo un linaje espiritual español que se remonta en sus orígenes a nuestros más notorios pensadores clásicos: Vitoria, Isla y Luis Vives» (1972: 11). Más adelante se vuelve hacia el debate central de toda consideración acerca del papel histórico de España y la Leyenda Negra: la valoración del reinado de Felipe II. Es notable que en quinientos años no nos hayamos movido demasiado en cuanto a temas y motivos. Si se considera que Felipe II fue un rey acertado en cuanto a líneas generales de política exterior, se es un tradicionalista. Si, por el contrario, se considera que el Rey Prudente fue un oscuro fanático, se es un innovador. En esta cuestión concreta, la conclusión ganivetiana (siempre desde el punto de vista de su biógrafo) es ambigua: «El hecho de que Felipe II no triunfase finalmente [...] se debe a la imposibilidad de adaptación por parte del propio rey y de su nación a la táctica que exigía la política del continente» (1972: 38). Por lo tanto, parece que Ganivet exculpara de algún modo al monarca, acusándolo de actuar según patrones anacrónicos, pero no pintándolo como un retorcido asesino. Antonio Espina ya vio claro el hilo que atravesaba la totalidad del pensamiento español de la Edad Moderna, y en el cual se desarrollaba toda la cultura del siglo XX, de manera que estudiar la figura de uno de los más destacados regeneracionistas del período clásico del regeneracionismo (1890-1910) era un modo de actualizar posos mentales o legados ideológicos que podían remontarse hasta el siglo XVI. En el fondo, trataba de escribir el mismo libro que intentamos escribir nosotros. Un libro en el que las meditaciones en los temas españoles de siempre (Larra, al cual dedica todo el capítulo V; la actuación de los tercios en Flandes; la ortodoxia católica; la herencia de los Reyes Católicos, temas que demostraron durante el siglo XX una notable capacidad de adaptación a todos los gustos) ocupaban un espacio bien visible.

Los reparos que la figura de Ganivet despertaba en Espina se pueden extender hacia el resto de miembros de la generación de 1900. Si uno observa atentamente sus juicios, lo percibe con claridad: «Si hubiese sido [Ganivet] un hombre de gran salud física y mental, de grandes ansias por la sensual alegría de vivir, es posible que se hubiera podido mantener tranquilo en medio de sus paradojas, y hasta de haberlas explotado impunemente como hicieron otros» (1972: 24). ¿Quiénes podían ser estos «otros»? No hay duda: sus coetáneos, que vivieron muchos años más y convirtieron los tópicos del regeneracionismo en una máquina de hacer artículos: Maeztu, Unamuno, Azorín, quizás Blasco Ibáñez, auténticos «explotadores» del haz de ideas popularizado en 1898.

Antonio Espina evita realizar una lista explícita de reparos suscitados por la figura de Ganivet, y sin embargo resulta posible localizar qué aspectos de su ideología le parecían menos correctos o menos actuales. En frases sueltas, la figura que nos va esbozando, con gran habilidad para no escribir las palabras que no podían escribirse en 1941, es la de un cristiano tradicionalista: cuenta el biógrafo cómo, en el siglo XIX, se había formado un criterio histórico-político que propugnaba «moverse siempre en la órbita general de Europa», el criterio liberal, y otro «diametralmente opuesto» que propugnaba «mantener intacto el tipo nacional, cerrando el país lo más posible al influjo externo». Ganivet sustenta este otro: «En el fondo, es el mismo que proclama Unamuno cuando, al grito tan novecentista43 de “¡Hay que europeizar España!”, opone el suyo de “¡Hay que españolizar Europa!” Este criterio es el criterio tradicionalista» (1972: 37). En otros pasajes, lo presenta lisa y llanamente como a un pensador autoritario, precedente del franquismo: «Ganivet tiene del Estado una concepción fuerte y autoritaria»; «Es lógico que quien así describe la actitud de todo un pueblo no fíe nada de él y prescriba la fórmula de una tutela fuerte y bien orientada que se encargue de educar y conducir al país entero» (1972: 43). Y más adelante: «En este vértice crucial de las ideas políticas o, por lo menos, de la técnica gubernativa aplicable a cualquier doctrina política coinciden absolutamente el pensamiento ganivetiano y el de los actuales líderes de los regímenes totalitarios» (1972: 46); «Ganivet [...] no se muestra optimista respecto a ciertos procedimientos democráticos de la Europa que él conoció» (1972: 103). No era partidario del sufragio universal, ni de la libertad de cátedra44.

El descrédito de los escritores mayores es un rasgo generacional entre los jóvenes de la Segunda República. En marzo de 1932, en un artículo para la revista Orto, Ramón J. Sender sentenciaba: «Los primates del decadentismo del año 98 y con ellos su primer representante, Miguel de Unamuno, ya no interesan. Sus libros no se leen. Los de la generación intermedia entre el 98 y nosotros se han acogido a la política para buscar en ella satisfacciones intelectual-burguesas que no les podían dar sus obras. El artista joven espera la revolución» (citado por Mainer, 2006: 67). Algo más adelante, remacha: «Nadie quiere ser un Marañón, un Jiménez de Asúa, un Américo Castro y mucho menos un Ortega y Gasset, porque saben que no es una finalidad concreta en el porvenir que ya apunta. La inteligencia pura es un término burgués con el que se recubre el servilismo de las inteligencias a un régimen caduco y a unos intereses languidecientes». El regeneracionismo, pues, ya no era una opción para los jóvenes comprometidos con las utopías revolucionarias anarquista y comunista. No había ya nada que reformar. La inteligencia debía ponerse a trabajar en el derribo del «orden burgués» decadente.

Y no se piense que Sender fuera un caso aislado. César M. Arconada escribía en la revista Octubre (verano de 1933): «Lo que deseaban y necesitaban nuestros escritores, la pequeña burguesía española, se ha desarrollado muy lentamente, con pereza, haciendo esfuerzos inauditos. Todavía en el 98, apenas si existía. Desde el 98 hasta hoy es cuando ha dado todo su crecimiento, todo su rendimiento. Un pequeño y pobre rendimiento pero, al fin, ella ha podido sustentar a escritores como Baroja, Azorín, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Unamuno; ha hecho su pequeña revolución [...]. El tiempo demostrará que la burguesía se irá del lado de los escritores fascistas» (Mainer, 2006: 70-71). Lo peor del caso es que, en gran medida, tuvo razón. Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Azorín terminaron enclavados en el bando franquista y, como ha expresado Jordi Gracia, se contagiaron, en diversa medida, del virus fascista.

Arconada ya señalaba al partido contrarrevolucionario como enemigo cultural a batir, y en él enclavaba a Montes, Ledesma Ramos, Giménez Caballero y Sánchez Mazas. Ya no había más que fascistas o revolucionarios, sin caminos posibilistas.

La novela de un literato, esa gran enciclopedia de los literatos perdedores de principios de siglo, fue escrita por Rafael Cansinos Assens durante los años cincuenta. Nos interesa especialmente aquí por los retratos que incluye sobre escritores epigonales del 98. En 1961 recibió el original en su despacho el editor Manuel Aguilar, que indicó a su autor que si quería publicar aquel enorme manuscrito debía pulir una a una sus cuartillas, a lo cual se negó Cansinos, fiel a su exquisito pundonor. No tiene desperdicio el párrafo que le dedicó a Eugenio Noel, el hombre «pequeño» y «regordete» que encontró un día en la Puerta del Sol de la mano de un niño «muy lindo y bien vestido»:

Hasta ahora yo solo lo conocía de busto, por los retratos, en los que sugiere la idea de un hombre grande y hasta de un gran hombre, con su gran frente de pensador, sus facciones regulares, escultóricas, casi perfectas, sus ojos grandes y de mirar profundo y sus gruesos bigotes rubios y rizados como sus melenas. Pero visto ahora, de cuerpo entero, se nota que le falta base y resulta grotesco, con sus piernas cortas, sus pies diminutos, su tripa y su culo prominente de contornos femeninos. Es el clásico tipo de zapatero remendón. [...] Es un hombre pequeño que trata de empinarse y fuerza el grito para llamar la atención sobre su personilla (Cansinos, 2009: 363).

Son menos inocentes de lo que podría parecer estas referencias a la obesidad de los escritores atacados. También Baroja criticó a Blasco Ibáñez aludiendo con cierto asco a su cuerpo lleno de redondeces. En el fondo, se trataba de oponer a los intelectuales apoltronados el ideal del tribuno republicano, seco y severo, en su proverbial austeridad. La imagen del regeneracionista es la de un pensador grave y austero, no la de un señorito gordo y bien vestido que se va al Retiro con su muchachito. La vulgaridad aburguesada o plebeya de las caracterizaciones busca transmitir una idea determinada de estafa ideológica. Lo que trata de expresarnos Cansinos es que el regeneracionismo no pasó de las frases. Ya vamos viendo, pues, por dónde fueron los tiros. A Antonio Espina le despertaba Ganivet cierta antipatía instintiva. Para Cansinos, las campañas antiflamencas y antitaurinas de Eugenio Noel no eran más que reclamismo y cuquería. Pero el más violento (porque era un hombre de estridencias) fue Ernesto Giménez Caballero. En Genio de España (1932), leemos: «Causa asombro —y a veces asco— contemplar a tanta fiera espiritual como eran esas almas españolas, casi profesionales del grito, ahora sosegadas, adormiladas y beneplácitas» (Selva, 1988: 59). Gecé, aunque se define a sí mismo como «nieto del 98», lo tiene claro: los noventayochistas se aburguesaron pronto, no tienen ya más afán que «consolidar, ahorrar y perdurar». Fueron falsos revolucionarios de un instante, y por lo tanto debía metérselos en el mismo saco de ideas caducas que los escritores de la siesta de la Restauración. Era preciso, pues, para el primer escritor fascista español, rescatar ese grito del fin de siglo, evitar que se asordinara pronto como la otra vez y que cayera en saco roto: «España quiere ser nación de nuevo. Pero pasar a un nuevo ideal de sobre-nación. Para afiliarse a un gran servicio humano, ecuménico y —por tanto— divino». De la mano, Friedrich Nietzsche y Menéndez Pelayo.

Giménez Caballero había proferido no pocas herejías desde el punto de vista del orgullo patriótico. En 1923, a propósito de Gibraltar, el aguijón que se clava en el orgullo nacional español desde el siglo XVIII, escribió unos párrafos entre provocadores y costianos en los que como «ciudadano del mundo» manifestaba preferir una plaza de Gibraltar «defendida fuertemente por una civilización sana, que la llena de delicadeza y suntuosidades» (Selva, 1988: 69), a un Peñón que fuera un cuchitril más en el erial andaluz. ¡Cómo! ¡Un soldado español de camino a Marruecos que elogiaba a la colonización inglesa, en nombre de la «sana civilización»! Afortunadamente para las sanas conciencias, el libro fue retirado, y su autor, juzgado. Pero es que no era para menos: «Como ciudadano del mundo se agradece este pasillo culto, refinado, entre dos zonas descuidadas, entre estos pueblos muertos de Andalucía y esa tierra salvaje de África».

En 1939 Manuel Azaña escribió en Collonges-sous-Salève una colección de once artículos sobre la guerra civil española que pasaron a sus Obras Completas con el marbete de «Artículos sobre la guerra de España». En 2002 fueron reunidos en un volumen aparte por la editorial Crítica y se les dio el título del primero de ellos, «Causas de la guerra de España». En 2011 el librito, de una lucidez estremecedora, ya iba por su quinta edición. En su análisis del pasado inmediato, Azaña examina tanto los derroteros de la política republicana como los elementos constitutivos (que él llama raciales) del pueblo español (su cainismo visceral, su individualismo, su aversión por los ejércitos regulares y las instituciones gubernativas, todo lo que considera una constante desde 1808), en un intento de esclarecer por qué se ha desatado tamaño desastre entre sus compatriotas. En el texto que presenta los once ensayos de Azaña, Gabriel Jackson ya nos da pistas sobre la consideración que el mandatario tenía de sí mismo y nos ofrece una excelente síntesis de su trayectoria política: «Azaña comprendió y apoyó a Jaume Carner e Indalecio Prieto en sus esfuerzos por mejorar el funcionamiento de la banca española, defender el valor cambiario de la peseta y, al mismo tiempo, combatir el paro y mejorar la infraestructura económica de España mediante un programa de obras públicas» (2011: 10). Un programa reformista, en ningún caso revolucionario: comunistas, anarquistas y radical-socialistas lo llamaban «Kerensky». Según Jackson, Azaña opinaba que «la revolución social no era un experimento admirable aunque ingenuo de nuevas formas de solidaridad humana, sino un desastre de ineficiencia, desorganización y violencia vengativa» (2011: 18). De hecho, Azaña mismo se presentó como un evolucionista. Al glosar los acontecimientos de 1930-1931, escribió: «El régimen monárquico se hundió por sus propias faltas, más que por el empuje de los enemigos» (2011: 22). Los republicanos no lideraron una revolución, sino que tomaron las riendas en un contexto de podredumbre institucional extrema. Los revolucionarios que, en lugar de defender la legalidad republicana entre el verano de 1936 y la primavera de 1939, le escatimaron ayuda para realizar sus propios proyectos socializantes se dejaron llevar por «atrocidades del resentimiento homicida» y por el «primitivismo de los sentimientos» (2011: 96). No se puede ser más crítico con los métodos revolucionarios.

La visión que ofrece Azaña en 1939 es la de Ortega y Gasset, que bebió de la de Costa. Los revolucionarios «no vinieron a salvar un Estado en peligro, sino a confiscarlo en provecho de una fracción, o de una facción de descontentos» (2011: 120). Los revolucionarios dejaban definitivamente atrás el proyecto de una nación de la que participaban todas las clases sociales, gremios, estamentos y agrupaciones, por un bien común que era la restauración de las potencialidades españolas. Costa mismo es uno de los protagonistas del último de los artículos de Azaña, el dedicado a la proverbial neutralidad española durante los conflictos europeos: «aunque Costa, con apariencias de revolucionario, era profundamente conservador e historicista, sus predicaciones fueron especialmente bien acogidas y utilizadas por los partidos de izquierda» (2011: 148), precisamente para presentarse como opciones patrióticas y no como plataformas meramente extranjerizantes y rupturistas, podríamos haber añadido. En definitiva, la idea central aparece casi al final de estos once trabajos de exégesis hispánica: «Lo justo y lo útil es rehacer este pueblo, robustecerlo. Aunque las tesis imperialistas fuesen posibles, exigirían un esfuerzo militar y económico gigantesco, que no permitiría atender a la reconstitución del país» (2011: 157). No sé si se ha dado cuenta el lector de que hace más de trescientos años que manejamos las mismas ideas, que manejamos las mismas lacras, ideas que ya se habían puesto sobre el tapete en los tiempos de Juan Pablo Forner.

Por lo demás, el diagnóstico de la España de 1931 no podía ser más idéntico al de Costa y los regeneracionistas coetáneos. Ello pudo deberse a dos motivos: la influencia perenne de sus escritos, aunque mal conocidos, y sobre todo la dura realidad: en ochenta años no se había progresado gran cosa: «El atraso de la instrucción popular, y su consecuencia, la indiferencia por los asuntos públicos, dejaban sin base sólida al sistema. La industria, la banca y, en general, la riqueza mobiliaria, resultante del espíritu de empresa, se desarrollaron poco. España siguió siendo un país rural, gobernado por unas cientos de familias [...]. La institución parlamentaria era poco más que una ficción» (Azaña, 2011: 24). En el cuarto de sus trabajos de 1939, dedicado a glosar por qué España se había sumado de forma entusiástica (y dramáticamente ingenua) a la Sociedad de Naciones, Azaña insiste en señalar un problema endémico: la ausencia de seguridad ante agresiones externas, lo que podía reformularse como falta de un ejército moderno que garantizara la propia independencia como nación. Con amargura ha de reconocer que sin «ocho grandes acorazados» en el Mediterráneo, la República española era el hazmerreír de la Sociedad de Naciones» (2011: 66). Nadie había hecho caso a Costa: nadie había formado a los soldados españoles. La conclusión de Azaña es clara: si el Comité de No-intervención no hubiera paralizado únicamente al bando republicano, si Alemania e Italia no hubieran prestado ayuda a los nacionales, los españoles, por pura desidia racial, no hubieran tenido con qué aniquilarse, por falta de efectivos militares, fusiles y estrategas. Su ejército era una «masa sin esqueleto» (2011: 78), una corporación impresentable y débil.

39 «Primo de Rivera fundamentó su política social en la atracción a la UGT, con objeto de “nacionalizarla” y transformarla en órgano de gestión y colaboración de clases. El sindicato socialista justificó su apoyo a la Organización Nacional Corporativa con los argumentos de que la nueva estructura de las relaciones laborales no restringía el derecho de huelga, y que consideraba democrática la elección obrera a los Comités Paritarios, cuya actividad serviría de instancia formativa de los obreros en las necesarias artes de la negociación. El balance de este apoyo fue muy favorable: en 1928, la discriminación positiva del sindicato socialista por parte del Gobierno le permitió controlar alrededor del 60 por 100 de los representantes de los trabajadores en los Comités Paritarios, y su participación fue mayor en los órganos superiores de la estructura corporativa» (González Calleja, 2005: 160). Atrayendo a la UGT, Primo conseguía, además, marginar severamente al sindicalismo anarquista.

40 «La primera [consideración] es la amistad leal que me une con Marcelino Domingo, engendrada en las horas, ya lejanas, en que fue perseguido y en que estuvo a punto de ser mártir; horas en que le acompañó la devoción y la protesta iracunda de todos los espíritus liberales y humanos de España. Luego sufrimos ambos a la vez el mismo zarpazo de la llamada justicia de los hombres; y en aquellas semanas, de la comunidad estrecha que engendra la prisión, en la que cada minuto del tiempo y cada matiz de los afectos están cargados de trascendencia perdurable, se renovó y afirmó, a prueba ya de futuras discrepancias, nuestra relación fraternal» (Marañón, 1930: III).

41 «No hace mucho, en efecto, expuse mi opinión, cada vez más firme en mí, de que las izquierdas españolas tenían, inexcusablemente, que orientarse hacia el socialismo. Pero no con el sentido superficial de una maniobra política, impuesta por las circunstancias, sino con el profundo sentido de una comunidad de sentimientos. Esta declaración traía inevitablemente aparejada la disparidad radical con gran parte de los hombres y del republicanismo español, que estuvieron y están, para desgracia de todos, en la acera de enfrente del partido socialista» (Marañón, 1930: V).

42 Sí asistieron Alejandro Lerroux (Alianza Republicana), Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza (Partido Radical Socialista), Manuel Azaña (Acción Republicana), Santiago Casares Quiroga (Organización Republicana Galega Autónoma), Manuel Carrasco y Formiguera (Acció Catalana), Jaume Ayguadé (Estat Català), Matías Mallol (Acció Republicana de Catalunya), Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana), Indalecio Prieto y, como invitados, Eduardo Ortega y Gasset y Felipe Sánchez Román.

43 Antonio Espina utiliza, durante toda su obra, un concepto personal de «novecentismo». Sería este un movimiento que englobaría a las letras desde, aproximadamente, 1880 hasta la guerra civil. Equivaldría, por lo tanto, a grandes rasgos, al Modernism anglosajón y a las más extensivas acepciones del «Modernismo» hispánico. Resulta importante señalarlo porque, para este escritor vanguardista, lo que conocemos como regeneracionismo, simbolismo, novecentismo, e incluso las mismas vanguardias, formarían parte de un mismo ciclo opuesto a las formas culturales tardorrománticas de la primera Restauración.

44 Sobre los escritores del 98 y el antiparlamentarismo, Maximiliano Fuentes Codera ha escrito unas palabras reveladoras: «No eran nuevas las diatribas contra la política y los políticos de la Restauración en España. Lo nuevo era que esta corriente de opinión se había generalizado de una forma notable. La idea que se había extendido no era que la Restauración fuese un régimen fundado en la falsificación del voto, sino que era el mismo sufragio universal el que había de ser puesto en discusión; el Estado, incluso, parecía tener para algunos una dudosa eficacia y aparecía como un ente corruptor de la verdadera realidad española. Así, con esta descalificación de la política, se daba un paralelo énfasis en las soluciones autoritarias. Quien más, quien menos, proponía suprimir el Parlamento o abolir las elecciones» (Fuentes Codera, 2014: 24). Antonio Espina tuvo un encontronazo con el totalitarismo incluso antes de la guerra civil. En octubre de 1935 había escrito un artículo contra la represión en el régimen nazi. El cónsul alemán en Bilbao denunció a Espina y este fue encarcelado por orden del gobierno español.

CAPÍTULO 8

LAS REALIZACIONES POLÍTICAS (1898-1939)

SILVELA

Silvela pudo ser regeneracionista porque asumió un legado constitucionalista y antirrevolucionario, el de la «escuela doctrinaria», desarrollado en España por los josefinos retornados entre 1820 y 1823 y los doceañistas que vivieron el exilio en Inglaterra y Francia, entre 1814 y 1820 (Arranz, 2013: 23). Desde el principio de su carrera, en las Cortes del Sexenio revolucionario, las intervenciones parlamentarias de Silvela se orientaron a moderar las iniciativas revolucionarias para no exacerbar el carlismo y no fracturar un Estado atrapado entre la violencia radical y la integrista. Más tarde, ya en tiempos de la Restauración, todos sus esfuerzos se orientaron a subrayar «la intangibilidad de la Corona» entendida como única garantía posible de estabilidad política constitucional (Arranz, 2013: 36). Dicho de otro modo, Silvela siempre pensó que sin principio monárquico era imposible mantener un orden constitucional en España. Esta es la parte conservadora de su pensamiento: veamos qué rasgos innovadores registró su actividad política desde muy pronto.

Entre marzo y diciembre de 1879, Silvela ostentó la cartera de Gobernación, desde la que quiso distanciarse del oportunismo chanchullista de su rival en el seno del partido conservador, el hacedor de Cortes a medida Romero Robledo. En abril de ese año se celebraron unas elecciones que fueron un modelo de limpieza electoral, pues Silvela impulsó el abstencionismo gubernamental y conocidas figuras políticas tuvieron que trabajar para lograr su escaño, o incluso lo perdieron. Junto a la organización de comicios relativamente limpios, uno de los lemas del Silvela de siempre es también de clara naturaleza regeneracionista: «más administración y menos política». Con una administración robusta y profesionalizada, que dependiera de los vaivenes de la política, se conseguiría construir un tercer pilar para la nación para añadir a los de la corona y la Constitución.

Entre 1891 y 1893 se produjo el distanciamiento entre Silvela y Cánovas del Castillo. Al parecer, sus esposas (Amalia Loring y Joaquina Osma) no fueron ajenos a este asunto (Arranz, 2013: 81). Pero el motivo político de su enfrentamiento tiene mucho que ver con las ideas regeneracionistas de Silvela y el papel que desempeñaba Romero Robledo en la gobernación del país. En una entrevista al Diario de la Marina, Silvela hacía públicas sus opiniones desfavorables al gobierno. Durante un consejo de ministros, Cánovas le interrogó y Silvela extrajo su carta de dimisión. Al parecer, el alcalde de Madrid, Alberto Bosch, amigo de Romero Robledo, era un dechado de virtudes administrativas. Silvela, Eduardo Dato y Raimundo Fernández Villaverde elaboraron un informe denunciando sus comportamientos y decididos a que Cánovas lanzara un escarmiento contra el político corrupto. Sin embargo, Cánovas protegió a Bosch alegando que la esfera municipal era autónoma de la gubernativa (Arranz, 2013: 82). De este incidente se desprende un dato importante: existía ya en 1893 un «equipo» regeneracionista en el seno el partido conservador dispuesto a sanear las instituciones municipales.

En 1893, gobernando Sagasta, se celebraron elecciones generales y Silvela perdió su escaño por Piedrahíta (Ávila). Pensó entonces dedicarse a la abogacía para hacer algo de fortuna. Sin embargo, no pudo resistir la tentación de volver a la política y en menos de un año una elección parcial volvía a colocarle en el Parlamento, esta vez por La Cañiza (Pontevedra), y liderando una facción personal de diecisiete diputados enfrentados a los cuarenta y cuatro que acaudillaba Cánovas. En ese momento fundó el vocero de su formación política, El Tiempo, que se publicó durante seis años.

El carácter dual (y a vueltas difícil de comprender) de Silvela lo ha puesto de manifiesto Luis Arranz:

Había en la argumentación de Silvela una evidente complejidad y, en el fondo, inadvertencia y confusión. De un lado, pronunció y afianzó los argumentos regeneracionistas por cuanto coincidían, o parecían coincidir, con sus raíces josefinas y moderadas: el país necesitaba una administración honrada y eficaz, en condiciones de promover el bienestar de la ciudadanía. Pero rechazó, al mismo tiempo, la agitación política aderezada con reivindicaciones que, de un modo u otro, trataban de asimilar la Constitución de 1876 a la de 1869 en beneficio de los fusionistas (2013: 53-54).

Sin embargo, tales «inadvertencia» y «confusión» no existieron. En 1902 Silvela pronunció un sentido discurso en el Ateneo de Madrid en un homenaje a Larra. Su regeneracionismo era sincero y coherente, no una inoportuna adherencia a la moda ambiental. Solo pueden señalarse contradicciones si se tiene el curioso y original concepto que de las reivindicaciones regeneracionistas tiene Luis Arranz, para quien parece que todo lo que no es acatamiento vertical de la corona y la Constitución de 1876 es pura vanidad y pura desestabilización irresponsable y antisistémica; para quien parece que todo lo que está más allá de Cánovas no merece la oportunidad de ser estudiado ni delimitado. Otros autores destacan que los regeneracionistas deseaban profundizar en el liberalismo, y no destruirlo (Martín de la Guardia, 2012: 58). Arranz traza una línea de tiza en el suelo: a un lado, los leales al sistema; al otro, sus opositores, que no le caen especialmente bien, y en ese saco heterogéneo caben el carlismo, el regionalisno, el republicanismo bullanguero, el socialismo y también el regeneracionismo. Se confunden escandalosamente el federalismo con el cantonalismo. Dicho de otro modo, lo que no parece comprender Arranz es cómo pudo ser Silvela prosistema y antisistema, sin darse cuenta de que la opción regeneracionista no es antisistema por definición, sino todo lo contrario: busca la reforma para conservar la esencia. Hasta el régimen más rupturista que se autodefinió como un movimiento redentor de orientaciones regeneracionistas (el de 1923, el de Miguel Primo de Rivera) se presentó como una opción de continuidad respecto al liberalismo.

Para Arranz, el regeneracionismo no es más que un «un terreno fértil para el tópico y el melodrama con aires de tragedia» (2013: 101). Todo lo bueno que tuvo Silvela provino de su «liberalismo», y todo lo malo, de su «regeneracionismo». El autor, además, equipara el término con los de «autoritarismo» y dictadura: «[Silvela] incluso apeló al tópico regeneracionista supremo, conocido como “revolución desde arriba”. Pero de nuevo se impuso el realismo y también una afirmación inequívoca del rechazo de la dictadura» (2013: 112-113). Ante estos diagnósticos, deben hacerse varias puntualizaciones. En primer lugar, opinamos que la fosilización del discurso introspectivo y «trágico» se produjo en torno a 1898-1900, es decir, tras una tragedia real, el Desastre colonial. Pero para Arranz no parece existir la literatura regeneracionista anterior, la desarrollada durante el Sexenio y el reinado de Alfonso XII. En cuanto a la equiparación explícita entre regeneracionismo y autoritarismo, solo es aplicable a algunos regeneracionistas, por ejemplo Isern y Maura, raramente a autores de izquierda y de ninguna manera a Costa, cuya obra solo tiene sentido como crítica al liberalismo dirigido por una cúpula de intelectuales. Para el aragonés, la legislación debe partir del derecho consuetudinario, para evitar construcciones artificiales y centralizadas sin contacto alguno con las realidades del país.

Sin embargo, por un rasgo notable brilla con luz propia la biografía política escrita por Luis Arranz: por su falta de provincianismo, puesto que el autor demuestra conocer al dedillo los sistemas parlamentarios inglés, alemán y francés, lo que sirve para darnos cuenta de que las administraciones extranjeras se enfrentaban, en aquella misma época, a los mismos retos, obstáculos y problemas que los sufridos parlamentarios españoles. Romper con la idea de la especificidad enfermiza del caso español es condición ineludible para afrontar el estudio de las ideologías españolas desde una posición oxigenada y libre de tópicos.

Entre los puntos fundamentales del reformismo silvelista, Arranz destaca la reforma municipal y provincial como vehículo de la descentralización, la administración pública despolitizada y el régimen electoral específico para los ayuntamientos. La idea de fondo era barrer las prácticas corruptas generalizadas. Un programa que carecía de las orientaciones democratizantes de los regeneracionistas republicanos como Costa o Mallada. Silvela no creía que la sociedad española estuviera preparada para movilizarse democráticamente, tal y como expresó en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en la primavera de 1894. En otras ocasiones sí mostró sintonía con el pensamiento de Costa, puesto que opinaba que obtener colonias era indispensable para el prestigio y la economía de la nación.

También Costa era partidario de reformar las administraciones locales. Del programa federalista de Pi i Margall, el polígrafo aragonés asumió la autonomía municipal, evitando sumarse a las concepciones maximalistas que pasaban también por la descentralización de la soberanía política (Navarra, 2012: 95). La reforma de las instituciones locales, tanto para Campomanes como para Costa, Silvela o Maura, era un modo de aproximar la pequeña política al ciudadano (o súbdito, según el caso) sin retocar las altas esferas del Estado. En el caso de Costa, el ámbito local era la piedra de toque de su andamiaje ideológico. En el caso de los otros tres, inmersos en procesos de cimentación nacional, parece claro que la maniobra de distracción era más consciente.

Quizás por esta razón, y por muchas otras, Unamuno no creyera demasiado en Silvela. En su artículo «Esteticismo de Silvela» escribió: «Un hombre que dice que el problema de la enseñanza laica y de la religiosa está “pasado de moda” es un hombre que creyendo vivir en la realidad, sonambuliza en las más vanas apariencias» (Las Noticias, 9 de julio de 1899; Sotelo, 1993: 161). No está mal tratándose del presidente del Consejo de Ministros. Lo que viene a decir Unamuno es que el regeneracionismo en el líder conservador no es más que un adorno, un aderezo superficial cuya función sería la propia supervivencia política del gabinete, y en ningún caso la inyección de remedios reales demandados por la nación. En 1898 el vasco había parafraseado el célebre artículo de Silvela para negarle lucidez: «Acúsanle [al pueblo] de falta de pulso los que no saben llegarle al alma, donde palpita su fe secreta y recogida».

También parece estar refiriéndose al gobierno de Silvela Antoni Jutglar cuando escribe: «El mencionado regeneracionismo fue rápidamente falsificado por un mecanismo empeñado en “institucionalizar la crisis” y, al propio tiempo, por la realidad de un grave problema de la España contemporánea: la distancia real (desde el punto de vista mental y sociológico) entre el centro (Madrid) y los distintos puntos de la periferia» (1983a: 199).

Retrato de Luis Morote.

EL REFORMISMO POLÍTICO ENTRE 1898 Y 1923

Camilo García Polavieja, llamado «el general cristiano», fue el militar que empezó a hacer circular la idea de implantar un régimen regeneracionista en la España de 1898. En septiembre envió una carta a Rafael Gasset, propietario de El Imparcial, uno de los primeros manifiestos regeneracionistas con vocación realmente intervencionista, que causó sensación. En él se leía que «fatigada de tantos ensayos y del tejer y destejer continuos con que los teóricos han desorganizado al país, la opinión proclama tiempo ha la necesidad de que a la política de las abstracciones sustituya en el gobierno la política agraria, la política industrial, en la política mercantil» (citado por Sánchez Illán, 1998: 222). Polavieja fue, por lo tanto, el primer general llamado a convertirse en el «cirujano de hierro». Es digna de anotarse la animadversión que sus palabras manifiestan contra los «teóricos» y las «abstracciones», que nos sentimos tentados a considerar un antecedente del antiintelectualismo de Primo de Rivera. Porque, no lo olvidemos, Joaquín Costa aludió explícitamente al conde de Aranda (un teórico, un intelectual, un ilustrado) cuando expresó públicamente sus ideas sobre el famoso «cirujano de hierro». Por lo tanto, aunque Polavieja y Primo adaptaran a su ideología intervencionista la fraseología y parte del programa costiano, nunca debemos olvidar que Costa jamás pensó en un militar, y mucho menos en un general que desatendiese al derecho consuetudinario. De lo que sí habló es de una revolución que, en su diseño vertical de arriba abajo, efectivamente desautorizara la revolución de abajo arriba, revolución que, por otra parte, no llegó nunca hasta 1936. Pero pensaba más bien en un magistrado insobornable, culto, respetuoso con las tradiciones y centrado en la extensión de las obras públicas modernizadoras y la educación gratuita y nacionalizadora. Probablemente pensara en un Jovellanos, en una figura de intachable prestigio moral. Nada de cuartelazos.

Pero cuartelazos sí que hubo. Eduardo González Calleja coincide en señalar el año 1898 como un punto de inflexión en la actitud del ejército, que a partir de entonces albergará un «confuso arbitrismo regeneracionista que propendía a soluciones populistas e intervencionistas de carácter más o menos autoritario» (2005: 18). Para este historiador, las primeras manifestaciones de este intervencionismo militar autoritario serían los asaltos a periódicos catalanes de 1905, o el papel del ejército en los primeros compases de la crisis institucional de 1917. Este diagnóstico se confirma y refuerza a partir del siguiente gran desastre para la moral nacional, el de Annual (1921), no menos importante porque terminó de liquidar, de algún modo, la Restauración y prologó, preparó y allanó el camino para la aceptación del golpe de Primo de Rivera.

En el ámbito civil, el hombre clave para entender la relación entre el costismo hidráulico y las políticas liberales del primer cuarto del siglo XX fue Rafael Gasset, nueve veces ministro con muy diversos gabinetes, entre 1900 y 192345. Su periódico, El Liberal, publicó, el 13 de noviembre de 1898, erigiéndose definitivamente en portavoz del reformismo político español regeneracionista, el «Mensaje y programa de la Cámara Agrícola del Alto Aragón». En este manifiesto, Costa pensaba aglutinar el apoyo de las clases productoras en torno a un «programa de realidades» de «escuela y despensa». Las prioridades eran suministrar una nutrición abundante a la totalidad de los españoles y una educación sólida.

Al año siguiente, 1899, llegaba a Madrid, procedente de Valencia, Luis Morote, el incansable intelectual republicano, precisamente para incorporarse a la redacción de El Liberal.

La política hidráulica, al contrario de lo que pensaban los que de ella se mofaron, no era un mero alarde de política inútil de prestigio. Era la primera etapa hacia una verdadera revolución en la vida cotidiana de los españoles. Escritores espiritualistas como Leopoldo Alas o Unamuno se rieron de la política hidráulica, olvidando que los embalses y los canales debían multiplicar el valor de las tierras cultivables y extender una alimentación variada y abundante para los españoles que debían ponerse a pensar en su propio progreso integral. Costa conceptuaba la extensión del riego como un primer paso hacia una revolución social que debía cambiar por completo la estructura del campo español. Por supuesto, la derecha política entendió realmente lo que pretendía Costa y se dispuso a frenar las iniciativas de Gasset, atacando a su inspirador apolítico, Joaquín Costa.

¿Hasta qué punto pensaba en Costa Maeztu cuando ridiculizaba las campañas sobre política hidráulica de El Liberal? Realmente, a quien se atacaba era a Gasset, el único hombre capaz de implantar el programa regeneracionista desde el Ministerio de Fomento.

Perdidas las últimas colonias, Rafael Gasset se convenció de que lo fundamental para el desarrollo de España era el presupuesto del Ministerio de Fomento. Diputado independiente, leyó la carta-manifiesto de Polavieja el 10 de septiembre de 1898 ante el Congreso reunido, y no parece que despertara un gran interés. Sin embargo, la iniciativa traería una larga cola de intentonas políticas. En un primer momento se rumoreó que Polavieja y Gasset formarían un nuevo partido, pero las posibilidades de éxito de esta empresa, dentro del sistema de turnos, eran prácticamente nulas. La combinación se consolidó con la llamada Unión Conservadora, una nueva formación que tendría como jefe a Silvela, y como escuderos, al propio Rafael Gasset y a Camilo Polavieja. ¿Por qué fueron finalmente las filas conservadoras las que impulsaron la primera plataforma política autodenominada regeneracionista? Porque Sagasta había quedado muy desgastado y agotado tras la gestión de la guerra hispano-estadounidense y el humillante Tratado de París. Además, Canalejas se encontraba fuera del Partido Liberal en ese momento (Sánchez Illán, 1998: 223-224).

¿Qué ganaba Silvela? Controlar un periódico de gran circulación e influencia. ¿Y Gasset? Tener la oportunidad de poner encima de la mesa su programa de obras públicas, calificado por un especialista como «ejemplo apartidista de despotismo ministerial ilustrado» (Sánchez Illán, 1998: 225). Rafael Gasset también se sintió llamado a desempeñar el papel de «cirujano de hierro», y desde luego encajaba mucho mejor en el perfil esbozado por Costa que Polavieja y Primo. En cuanto este último se hizo con el poder, en 1923, Rafael Gasset, lógicamente apartado del ejercicio de la política, publicó un manual de enseñanza para ingenieros.

El 7 de enero de 1899 Francisco Silvela desvelaba su programa de gobierno en el Círculo Conservador de Madrid. Los puntos prioritarios fueron el establecimiento de un impuesto sobre la renta y la aceptación de los programas regeneracionistas de Polavieja y Gasset. Otras iniciativas silvelistas fueron la separación de la política y el sistema judicial, el aumento de la marina de guerra, la descentralización administrativa y la reforma de los organismos municipales y provinciales. Gasset consiguió también que el líder conservador asumiera el programa impulsado por la Asamblea de Cámaras de Comercio de Zaragoza, es decir, las propuestas de Costa. Rafael Gasset se había convertido, pues, en la cadena de transmisión que comunicaba las inquietudes de las clases productoras díscolas aragonesas con la cúpula del poder en Madrid. Y continuó siéndolo incluso después de la desaparición de Costa (Gasset, 1912). A la vez, desde su periódico, vulgarizaba y extendía las tesis agraristas del regeneracionismo clásico costiano. Durante veinticinco años, no faltó ni un día la información agraria de interés general en El Liberal, algo que también fue imitado por la prensa catalana regeneracionista (La Veu de Catalunya). Entre el 15 y el 20 de febrero Joaquín Costa impulsaba una segunda reunión en Zaragoza, la Asamblea de Cámaras Agrarias, que dio como resultado el nacimiento de la Liga Nacional de Productores. Fue gracias a sus nuevos portavoces como sus ideas lograron por primera vez impactar sobre la sociedad civil, puesto que las clases medias en general no habían leído sus obras de los años ochenta, ni tampoco sus artículos en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.

El mito de Costa nació en 1898, cuando sus manifiestos de agitación impactaron sobre la vida política de la capital, siendo ya un veterano. Por esta razón se le vincula siempre con los hombres de la generación del 98, porque todos empezaron a escucharle (o a oírle sin entenderle) en esa fecha.

Ahora bien, los problemas para la política hidráulica empezaron pronto, porque el arbitrio principal de Silvela era la implantación del impuesto sobre la renta y el equilibrio presupuestario, mientras que el de Gasset continuó siendo su programa de obras públicas, aplazado una y otra vez, y que no logró ver implantado nunca. El 4 de marzo de 1899 Silvela constituía oficialmente su primer gabinete de gobierno. A Rafael Gasset le ofreció la alcaldía de Madrid, que este declinó para que nadie pensara que sus campañas no eran patrióticas sino destinadas al medro personal. La batuta gubernamental la llevó Raimundo Fernández Villaverde, que impuso su propia visión de la regeneración nacional: la liquidación del déficit acumulado durante la pasada guerra. Fueron necesarias noventa y tres sesiones parlamentarias para debatir sus reformas fiscales y presupuestarias, que generaron una intensa ola de protestas en Cataluña y en Valladolid. Por su parte, Sagasta captó que el aire de la época era convertirse en un regenerador patrio, y se acercó al programa de Gasset en una reunión de ingenieros. Dijo, literalmente, que «la regeneración de nuestro pueblo hay que buscarla en el Ministerio de Fomento», y se mostró partidario de que el Estado costease la construcción de canales y embalses (Sánchez Illán, 1998: 234).

Silvela tuvo que hacer frente a un dilema: aumentar el gasto público en Guerra, como le pedía Polavieja, aumentarlo en Fomento, como le exigía Gasset, o nivelar los presupuestos renunciando a ambas políticas, como le pedía Villaverde. Y finalmente se inclinó por la tercera opción. En el verano de 1899, en Cestona, Silvela y Gasset acordaron la creación de un nuevo Ministerio de Agricultura cuya cartera iría a parar a manos del propietario de El Liberal. En septiembre dimitía Polavieja por haber sido incapaz de aumentar el gasto militar.

El año 1900 iba a ser políticamente agitado. El 14 de enero las Cámaras de Comercio de Valladolid, con Basilio Paraíso y Santiago Alba al frente, resolvieron suspender los pagos tributarios al gobierno y, no contentos con eso, crearon un nuevo partido, la Unión Nacional (atención con este nombre), cuyo programa recogía con integridad las propuestas de Costa: las de noviembre de 1898 (Cámaras de Comercio de Zaragoza), así como las de la Liga de Productores creada en febrero de 1899. La política de regeneración se resistía a morir con las reformas fiscales de Fernández Villaverde.

Entonces Silvela nombró a Rafael Gasset ministro de Agricultura, el 18 de abril de 1900. El nuevo ministro tenía solo 33 años, y se pasaría los veinticinco siguientes intentando impulsar un programa de obras públicas que no lograría consolidarse. Como fuera, se le ha de reconocer a Silvela que incluyera por primera vez en la agenda de un gobierno las competencias que desempeñó el nuevo Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, desdoblado del de Fomento. Rafael Gasset asumía esa cartera desde una posición desideologizada y apolítica, como un técnico especialista puesto al servicio de la reconstitución económica. Estos son los rasgos del político regeneracionista, que Sánchez Illán destaca en sus trabajos sobre la figura histórica de Rafael Gasset: «Gasset asumía el ministerio de Agricultura en calidad de especialista, con un programa de actuación definido y concreto». También Primo de Rivera se autodefinía como «apolítico», a través de una definición dudosa del partido único que implantó en el nuevo Estado: según él, la Unión Patriótica era «un partido político pero que en el fondo es apolítico en el sentido corriente de la palabra» (González Calleja, 2005: 179), es decir, que no entraba en el juego esterilizante de izquierdas y derechas en discusión, sino que habilitaba un espacio suprapolítico de naturaleza nacional, capaz de unir a los «españoles de bien» en la ejecución de lo que demandaban las «ideas sanas»46. Para el regeneracionismo autoritario, el juego democrático era una enfermedad.

Pero no nos anticipemos. Antes de que Silvela llamara a Gasset, la regente María Cristina había llamado a Costa a formar gobierno junto a Germán Gamazo47. Sin embargo, «el nombramiento de un periodista de raigambre liberal como Gasset para el ministerio de Agricultura significaba que Silvela quería seguir adelante con su política de aperturismo, sin destruir las organizaciones de partido» (Sánchez Illán, 1998: 241). Reformar sin revolucionar, para dar continuidad. Cambiar para no cambiar. Se trata, sin duda, del esquema binario que hemos dibujado en el primer capítulo de este libro. El sistema buscaba incorporar a especialistas y agitadores moderados para dotarse de un imprescindible vector tecnocrático y desarrollista.

Tras la caída de Silvela, Gasset tuvo paciencia y se acomodó al villaverdismo para esperar. Tras la liquidación de las deudas y la estabilización de las finanzas, debía llegar la etapa de la reconstrucción nacional. Ya estamos en 1903: parecía el gran momento de la verdad para Rafael Gasset y su política hidráulica. Alfonso XIII firmó sus dos reales decretos presentados en agosto: uno para dotar a las provincias de ayuda financiera para obras hidráulicas y otro para fomentar la construcción de caminos vecinales. El monarca llegó a declarar a la prensa, con el gracejo que le caracterizaba, que aspiraba a ser «el primer agricultor de España». Pero entonces fue Maura quien se cruzó en el camino del aguerrido ministro de Agricultura. Designado como su sucesor por un Silvela en retirada, Maura inició una campaña de bloqueo de los presupuestos de Villaverde para 1904. Campaña exitosa, puesto que disponía de la mayoría parlamentaria. Las conclusiones son representativas de la época: una división interna dentro del partido en el poder impedía el desarrollo de las reformas inaplazables, y por primera vez un paquete de reformas gassetiano ya aprobado y listo para su aplicación se quedaba fuera de la realidad por falta de fondos. Además, el liberal Villanueva y el maurista Allendesalazar acusaron a Gasset de haber impulsado sus decretos de forma «ilegal» y extraparlamentaria. Cuando Maura subió al poder, Allendesalazar sucedería a Rafael Gasset como ministro de Agricultura, y en el futuro se perfilaría como su principal enemigo personal y político (Sánchez Illán, 1997: 333-336).

Silvela y Maura tuvieron en común el haber tratado de impulsar una reforma de las instituciones municipales que presentaron como la solución al centralismo político y al caciquismo. Las prioridades de Maura fueron: la construcción de una escuadra de barcos de guerra que absorbió los fondos que debían haber sido destinados a los decretos de Gasset y las reformas de la ley de administración local y provincial. Sin embargo, lo más interesante del período que comprendió el reinado de Alfonso XII en cuanto a realizaciones legislativas fue el tímido paquete de medidas destinadas a regular el mercado laboral español:

En 1900 se aprobaron las primeras leyes para regular, por un lado, las condiciones de trabajo de mujeres y niños y, por otro, el seguro sobre accidentes de trabajo. Las leyes de descanso dominical y de protección a la infancia se aprobaron en 1904; el salario dejó de ser embargable en 1906. La creación de la Inspección del Trabajo (1906) y del Instituto Nacional de Previsión (1908) trataban de impulsar la aplicación práctica de aquella legislación laboral. El «gobierno largo» de Maura aprobó las leyes del consejo de conciliación y arbitraje y de tribunales industriales (1908) y la de huelgas y coaligaciones (1909), que regulaban los conflictos obreros y establecían los cauces legales para solucionarlos. La jornada máxima de trabajo en las minas fue legislada en 1910, y el contrato de aprendizaje se reglamentó en 1911. En 1912 se aprobaron las normativas sobre la obligación de tener asiento para las mujeres empleadas y sobre la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres (Comín, 2002: 107).

Si bien las reformas modernizadoras durante los primeros años del siglo XX fueron, a todas luces, insuficientes para homologar a España con los estados de su entorno, tampoco es cierto que los políticos no hicieran absolutamente nada. Con buen instinto, en 1901 el conde de Romanones desvinculó la enseñanza primaria de los municipios, abriendo la puerta para que en el futuro se considerase la educación una auténtica preocupación nacional. El problema, como en 1635, como en 1812, 1833 y 1873, fue la guerra: la obligación de destinar todos los fondos disponibles al mantenimiento de ejércitos.

Rafael Gasset, escaldado de la experiencia junto al partido conservador, se acercó a Segismundo Moret durante el invierno de 1905. En julio de ese año, el conde de Romanones, ministro de Agricultura con Montero Ríos, se proclamó un mero seguidor de la política hidráulica de Gasset. En diciembre Moret lo llamaría de nuevo para su nuevo gabinete. En seguida anunció un plan para paliar el hambre en Andalucía (el caballo de batalla de El Liberal desde hacía meses). Con un coste de cien millones de pesetas, el ministro anunciaba la construcción de entre veinticinco y treinta obras hidráulicas en el Sur que llevarían el riego a 250.000 hectáreas. También se anunciaba la construcción de 30.000 kilómetros de caminos vecinales. ¿Qué ocurrió? Moret no obtuvo del rey el decreto de disolución de Cortes, imprescindible para la convocatoria de las típicas elecciones amañadas que deberían haber concedido al gobierno la mayoría necesaria para implantar sus iniciativas. El rey llamó al poder a los conservadores en 1907, y la «ley para la reconstitución naval» de Maura, que comportaba un coste total de 200 millones de pesetas, fue aprobada en noviembre de 1907, por una sorprendente unanimidad. Debe tenerse en cuenta que la reconstrucción de la escuadra naval significaba fomentar la industria siderúrgica y los astilleros, que fueron priorizados frente a los proyectos agraristas de Gasset (Sánchez Illán, 1997: 337-339).

En octubre de 1909 se repetiría el capítulo esperpéntico: Moret llegaba de nuevo al poder, llamaba a Gasset, el gabinete se veía maniatado por el déficit creado por la reconstrucción naval de Maura y el gobierno liberal caía en febrero de 1910 sin pena ni gloria. Con Canalejas como presidente, la propuesta gassetiana de construir veinte obras hidráulicas, 50.000 kilómetros de caminos vecinales y algunos ferrocarriles medianos quedó en nada porque el jefe de gobierno destinó todo el dinero disponible a la guerra de Marruecos.

Canalejas fue el impulsor de un Instituto del Trabajo que acabó llamándose, al año siguiente, Instituto de Reformas Sociales. El proyecto recibió el apoyo y el aplauso de distinguidos intelectuales reformistas: Morote, Buylla y Posada.

En 1915, mientras se discutía el presupuesto para Fomento de ese año, Gasset exigió que se transfirieran fondos de Guerra y Marina hacia otros menesteres más útiles, recordando, de paso, que existían 600 millones de pesetas propiedad del Estado en cuentas corrientes «improductivas». A partir de 1916 Gasset actuó aliado con otro exvillaverdista, Santiago Alba, que ocupaba la cartera de Hacienda. Era lo lógico: si le habían cortado las alas por falta de fondos, ¿qué mejor estrategia que actuar de consuno con el tesorero? Alba actualizó el programa villaverdista en tres etapas: liquidación de las deudas, reconstrucción nacional y posterior inhibición del gobierno en materia de economía. Para la liquidación, Alba trataría de echar mano de los beneficios industriales extraordinarios provocados por la Primera Guerra Mundial, durante la cual la clase industrial española se había lucrado notablemente a través del aprovisionamiento de los ejércitos de las potencias contendientes. Pero de esas tres etapas soñadas, no se alcanzó ni la primera. Cambó, aliado con los nacionalistas vascos, tumbó la iniciativa de Alba en lo que fue el sepulcro del villaverdismo. Entre 1917 y 1922 Rafael Gasset se mantuvo alejado de la política. Había perdido la paciencia. La verdad es que a nadie debería extrañarle. Sus ideas fueron rescatadas por Rafael Benjumea Burín, ministro de Obras Públicas en el Directorio civil de la dictadura de Primo de Rivera. Benjumea trabajó junto con el ingeniero asesor Manuel Lorenzo Pardo y logró impulsar las llamadas «Confederaciones Sindicales Hidrográficas». El dictador se había propuesto relanzar las políticas hidráulicas que la acción parlamentaria había coartado con un plan dotado con 3.500 millones de pesetas. El plan de Santiago Alba y Rafael Gasset había previsto un gasto de 2.134 millones (Sánchez Illán, 1997: 358). Como veremos a continuación, la estrategia que siguió el ministro de Hacienda primorriverista, José Calvo Sotelo, consistió en el incremento de la emisión de deuda pública, así como la creación de cajas autónomas destinadas a proyectos concretos, desligadas del presupuesto general del Estado, con el objetivo de disimular el déficit público.

En 1916, en plena guerra mundial, Santiago Alba, del Partido Liberal, había protagonizado un interesante experimento de arbitrismo económico regeneracionista. Tras las elecciones de abril, cambió la cartera de Gobernación (el ministerio que se encargaba de amañar los comicios) para ostentar la de Hacienda. Desde esa posición elaboró un programa legislativo que nacionalizara los beneficios extraordinarios que las industrias españolas estaban obteniendo desde el año anterior. Un nuevo impuesto sobre esos ingresos inesperados debía impulsar, durante un período de diez años, diversos proyectos de obras públicas, reformas navales y militares e iniciativas culturales (Fuentes Codera, 2014: 119). El proyecto de Alba chocó frontalmente, ya lo hemos dicho, con los nacionalistas vascos y catalanes, espoleados por Cambó, que actuaban como vanguardia del grupo de intereses de la gran industria que se oponían al agrarismo. La agitación contra Alba tenía también una evidente lectura nacionalista: la Lliga Regionalista iniciaba el gran proyecto de la Mancomunidad e impedía que el dinero de los industriales catalanes saliera del Principado para regenerar las infraestructuras castellanas. Cambó era partidario de evitar la fagocitación de Madrid, como Almirall antes que él. Cada región debía regenerarse a sí misma, sin esperar el concurso de la capital ni los cambalaches de los caciques. El plan de Alba, a su vez cacique de Valladolid, pronto quedó en nada.

Todas estas iniciativas pueden ser consideradas regeneracionistas porque servían a la evidente intención de contener la radicalización de las clases medias urbanas y del movimiento obrero, sin interferir demasiado en la estructura de la sociedad liberal.

CATALANISMO POLÍTICO Y REGENERACIONISMO HISPÁNICO

Nunca me cansaré de repetirlo: Maragall es fundamental. Para España y para Cataluña, sus ensayos son fundamentales. Es bien sabido que Joan Maragall inspiró toda la labor de los líderes catalanistas conservadores de la Lliga Regionalista, sin entrar nunca decididamente en política, desde el papel desinteresado que creía que tenían que desempeñar el poeta y el periodista verdaderamente comprometidos. Fue el Ortega catalán, el educador a distancia. Recientemente, una antología (Llum als ulls i força al braç, Barcelona, RBA, 2013) se ha decidido a recoger por fin algunos de los centenares de artículos que Maragall escribió en español, y cuando se analizan estos ensayos aflora un Maragall a menudo tergiversado por su famoso medio verso «Adéu, Espanya!», sacado de contexto.

Veamos algún ejemplo. «Hamlet» fue publicado en el Diario de Barcelona el 9 de abril de 1899. Hamlet es, como indica Maragall, «el pueblo español», el pueblo que duda porque le falta energía ejecutiva, alma verdadera:

Habla el pueblo español por boca de muchos en la representación nacional y en la Prensa; todo se le va en denuncias vagas y críticas acerbas y en palabras sonoras; todo se le vuelven propósitos y programas de regeneración... pero para mañana, para otro día. Primero esperaba la conclusión de la paz, después un cambio de Gobierno, luego la disolución de las Cortes, ahora que pasen las elecciones, más tarde que se voten los presupuestos, que pase el verano. Y pasará el verano y el otoño, y el invierno, y volverá la primavera, y tendremos unas cuantas asambleas más, unos cuantos discursos y programas, unos cuantos tribunales de honor, unas cuantas votaciones, y nos quedaremos con el parlamentarismo de siempre, con iguales gobernantes, con análoga administración, con los mismos militares y con idénticos paisanos.

Adiós, España, sí: pero, ¿a qué España? A la España de 1900, que se niega a regenerarse, que suelta cortinas de humo y que sigue seca de orientaciones e ideales, y fecunda en motivos de tedio, frustración y palabrería sociopolítica. La España que era, ante todo, un Estado, y no un amasijo genial (o simplemente creador) de ideas. Nada se dice de una posible España plural en la que el autor podría confiar, una España que volviera a rezumar ideal por todos sus poros. Y a esto le llaman catalanismo, nacionalismo catalán, cuando también es regeneracionismo, iberismo crítico semifederal. La misma superficialidad que Maragall veía en los vaivenes políticos de Madrid era la «estética» hueca que denunciaba Unamuno en Barcelona. ¿Qué podían importarle el Estado o los Estados al poeta Maragall? Lo que le importaba era que la sociedad se inundara de ideales, de valores, de actividad del espíritu. Pero escojamos un fragmento radicalmente crítico con España, un fragmento originalmente en catalán que exprese el maximum de desafección maragalliana frente al Estado: «Pensemos que el día que Cataluña se hubiera librado del teatro y la prensa de Madrid (y la de aquí que aún se hace a la madrileña), nuestra independencia intelectual estaría muy avanzada; y que el día que nuestra independencia intelectual sea completa, lo demás será lo de menos, y Cataluña formará parte de Europa». El fragmento procede de «La independencia de Cataluña», un texto de 1897 que quedó inédito hasta 1932 y que se ha utilizado para medir el ideal secesionista del autor. Pero no hace falta ser un lince para darse cuenta de que Maragall está hablando del caciquismo y de la ignara política bipartidista de Madrid, que nada es y nada representa, y de la cultura deleznable que lleva asociada, y que lo que propone es una emancipación espiritual de aquella farsa cultural y parlamentaria, una emancipación de cuño europeísta. No menciona ninguna independencia política, así como tampoco la excluye. Más claro no puede decirlo: «lo demás será lo de menos». Y «lo demás» no podía ser más que la política pura, la de fronteras y tratados y negociaciones, la identidad bastardeada por los políticos. En suma, el proyecto maragalliano se resumía en la recuperación radical del alma propia. Este es el discurso que se confronta, se frota y se fecunda junto al de Unamuno, que escribió páginas mucho más duras contra aquella politiquería del Madrid de la época.

Todos los escritores catalanes relevantes posteriores han profundizado en estas ideas y han desarrollado un proyecto de hermandad con Castilla. Un maragalliano declarado, Josep Pijoan, expresaba con mayor claridad, si cabe, el proyecto emancipador de los catalanistas:

Se había hablado aquí, estos últimos días, de salirles al paso y obligarlos a ellos, a toda la comparsa de cortesanos victoriosos y políticos de plumeros y académicos de uniforme, a gritar también como nosotros un mismo grito para el renacimiento de España. ¡Seríamos nosotros quienes se lo pediríamos a ellos! ¿Quiénes son ellos para hacer de jueces, en estas cuestiones de patriotismo?

Pero yo creo que con esta gente no nos hemos de juntar, ni siquiera en la forma de gritar el «Viva España». Es otra la compañía a la que nos hemos de asociar nuestro grito. Para lograrla, se ha de ir, uno por uno, por todos los pueblos de España, gritando desesperadamente para que despierten. ¡A vivir, a vivir, a vivir España! ¿Cómo lo han de hacer los pueblos para asaltar el poder? ¿Qué medios tienen a las manos para defenderse? ¿Cómo se debe hacer, después, para vivir juntos y organizar la común hacienda?

Cataluña, con paciencia y peligros, irá enseñando todo esto: ¿Queréis vida, pueblos de España, de tierra adentro y las marinas? Pues empezad por conocer bien lo que es España.

Más claridad no se le puede pedir a un escritor. El gran Pijoan, que nunca decepciona, al que nunca se le acaba de estudiar como es debido. Y no olvidemos que esto lo expresaba un hombre especialmente vinculado en sus inicios a la naciente Lliga Regionalista de 1901, y lo expresaba nada menos que en La Veu de Catalunya del 15 de mayo de 1907. Catalanistas que gritaban «Viva España» y daban ejemplo de buena gestión... cómo han cambiado los tiempos... Y el ejemplo no es un caso aislado. Este tipo de aseveraciones abunda en los artículos de Pijoan: «viene una nueva afrenta, viene una última injuria, y entonces Cataluña, en lugar de rebelarse, vuelve a soñar como una enamorada en su España, en la nueva España, en la España que deberá su libertad a Cataluña» («Cataluña por las libertades españolas», La Veu de Catalunya, 27 de febrero de 1906). Extraño destino el de Pijoan, escritor excelente y cáustico que se atrevió a girar contra Cataluña (contra la Cataluña oficial, se entiende) el mensaje crítico regeneracionista, para abrazar el ideal pedagógico de Giner, alcanzar la fama internacional en Madrid escribiendo una historia del arte universal y acabar varado en una memoria precaria de sus obras.

Lluís Domènech i Montaner publicaba en 1905 sus Estudis polítics, en la Biblioteca Popular de L’Avenç, una colección de juicios sobre España y Cataluña que incorporaba los más arraigados tópicos de la crítica regeneracionista. De la disgregación del Estado culpaba a la «política tradicional», una política que «oprimía al corazón», y que desde hacía trescientos años iba enajenando territorio nacional, hasta el extremo de que el separatismo tuviera forzosamente que empezar a afectar ya a parcelas de la España peninsular (1905: 29). La primera de las tres partes de su libro se titula, sintomáticamente, «Males viejos de España», y los señala con absoluta claridad: deudas, expedienteo y burocracia, falta de industrias y desorganización del ejército y la armada. Y para terminar de redondear el aroma a arbitrismo, glosa ni más ni menos que a Saavedra Fajardo (empresas LVIII y LXIX): «Si en España hubiera sido menos pródiga la guerra y más económica la paz, se hubiera levantado con el dominio universal del mundo». La guerra, la enemiga de siempre del regeneracionismo, tanto en 1635 como en 1898 y 1909. La paz y el ahorro, las condiciones necesarias para cualquier programa de regeneración. Luis Morote se dolió amargamente de que, en 1893, la guerra colonial en el Rif diera al traste con las interesantes políticas reformistas impulsadas durante los cinco años de Parlamento Largo de color liberal (1886-1890). Se dolía de que, entre 1893 y 1899, las Cortes no hubieran estado abiertas más que tres meses de cada doce, para aprobar solo presupuestos y protocolos guerreros, que habían dejado al país exhausto (1997: 49-52). Morote cree que la debilidad puesta de manifiesto en la represión de Melilla condujo a las rebeliones de Cuba y Filipinas, así como la guerra de Cataluña de 1640 impidió ganar la de Francia y alentó las insurrecciones napolitana y portuguesa.

Pero volvamos a los catalanes. La ideología maragalliana tuvo su correlato político más sintomático en el programa electoral de la Lliga de 1916, la campaña que se denominó «Per Catalunya i l’Espanya gran», la más nítida formulación del regionalismo nacionalista que deseaba sustentarse sobre la necesidad de regenerar al Estado mientras se implantaba y se desarrollaba el autogobierno catalán, encarnado en la Mancomunidad. Con excelente buen sentido, Borja de Riquer señaló en la Introducción a su Alfonso XIII y Cambó cuáles fueron los verdaderos antecedentes de las orientaciones ligueras, que procuraron ser interclasistas e intentaron buscar al monarca como interlocutor directo: «Los primeros catalanistas aspiraban básicamente a que se produjesen en España una serie de cambios políticos que posibilitasen una mejor adecuación de las administraciones públicas a la realidad social catalana» (Riquer, 2013: 11). Por «primeros catalanistas» hemos de entender, naturalmente, a Valentí Almirall y a sus seguidores, a los desengañados de la experiencia de la Primera República, que ni trajo la federación ni logró sobrevivir más que un año.

Precisamente un almiralliano confeso, Antoni Rovira y Virgili, escribía en julio de 1930: «¡Qué más querríamos los catalanes, los gallegos y los vascos, sino que la gran obra de reconstrucción peninsular pudiera ser hecha, no en lucha contra el absorbente unitarismo castellano, sino en colaboración amical y fraterna con Castilla! Nuestra ilusión era que, caída la monarquía española, Castilla renunciara a la manía asimilista e imperialista de sus monarcas y se aviniera a ser, no la España hegemónica, sino una de las cuatro Españas, una de las cuatro naciones ibéricas con categoría y derechos iguales». Y recalquemos que esto lo decía el nacionalista más radical de la Cataluña del momento, un intelectual que había pasado por una fase netamente secesionista durante la dictadura de Primo de Rivera, y quizás desde el inicio de la guerra del 14. En 1945 escribiría: «Las regiones históricas de habla castellana se han fundido y refundido, ya hace siglos, dentro de la unidad nacional de la Castilla mayor, la Castilla del espíritu, de la cultura, de la irradiación universal, esta gran Castilla —mal disimulada por el nombre de España— que tiene virtudes y defectos, como todas las naciones, pero que es una realidad del mundo, un factor importante de la colectividad humana: esta Castilla perenne y auténtica, a la cual yo, catalán nacional, respeto, admiro y amo». Esto fue escrito en pleno franquismo, cuando hacía seis años que Rovira había tenido que huir a Francia con lo puesto delante de los fusiles.

La solución aportada por los catalanistas de izquierda a la vista quedaba: el concepto plurinacional (el de las Españas, en plural) debía sustituir el modelo unitario de la España en singular. Los escritores catalanes, incluso los más radicales catalanistas, se deshicieron en palabras de amor a Castilla, la Castilla idealizada de las libertades medievales, en la tendencia puramente azañista, que no era otra que la tradicionalmente liberal. No otra cosa estaba expresando Azaña en su discurso de defensa del Estatuto de Autonomía de 1932 cuando afirmaba que las últimas libertades de España habían muerto con las catalanas en 1714. Todos de alguna manera habían entendido ya que sin libertad en Barcelona no podía haber libertad en Madrid, y viceversa.

En 1919 Josep Puig i Cadafalch amplió el programa institucional que Enric Prat de la Riba había elaborado en 1912, destacando tres puntos sobre todos los aspectos a impulsar: escuelas y bibliotecas públicas, teléfonos y carreteras. Como ha explicado recientemente Albert Balcells, en una sociedad en la que el 40 por 100 de la población era analfabeta y en la que no se sabía lo que era una biblioteca pública, la extensión de la cultura debía ser absolutamente prioritaria. Y para implantar el ideal novecentista de la Cataluña-Ciudad, es decir, la nación integrada en un proyecto civilizador, resultaba imprescindible comunicar entre sí las distintas regiones y poblaciones de la propia Cataluña. Sin integración territorial no podía haber nación. Y sin misión civilizadora, tampoco. En 1914 se fundó la Biblioteca Nacional de Cataluña, concebida como la central de todas las demás bibliotecas que se irían creando a continuación. En 1919 se habían fundado y dotado diez de las cuarenta proyectadas: en Canet de Mar, Les Borges Blanques, Olot, Sallent, Valls, el Vendrell, Pineda de Mar y Figueres, a las cuales tenían que seguir las de Terrassa y Vic. En 1924 la Mancomunidad había construido 418 kilómetros de caminos vecinales. Más de doscientos pueblos habían quedado unidos, y un total de 372 disponían ya de línea telefónica (Balcells, 2013: 53).

A partir de 1918 se crearon en el seno de la Mancomunidad ocho carteras que fueron distribuidas a distintos consellers. Estas fueron indicadoras del espectro de preocupaciones que centraron su actividad regeneradora: cultura y educación, caminos y puentes, obras hidráulicas, ferrocarriles y comunicaciones aéreas, agricultura con zootecnia y servicios forestales, beneficencia y sanidad, política social y hacienda (Balcells, 2013: 29).

Un excelente resumen de cuáles eran las orientaciones de los dirigentes de la Mancomunidad es la conferencia «Una tasca de civilització», que su presidente, Josep Puig i Cadafalch, publicó el 16 de diciembre de 1920 en el vocero de la Lliga Regionalista, La Veu de Catalunya. En ella leemos: «Los esfuerzos individuales no pueden contrarrestar la falta de servicios públicos. Nuestro país sufre el mismo mal que los países devastados por la guerra: tenemos lugares yermos, faltan carreteras, ferrocarriles y nos falta también utillaje de trabajo. El Estado no ha hecho una acción patente en la cultura general del país». Por lo tanto, allí donde el Estado no llegaba debía llegar la organización regional, llamada a ordenar la vida catalana dotándola de las infraestructuras necesarias para su progreso civil y material, al margen y a pesar del Estado. Así pues, el primer amago de vida autonómica catalana creada en 1914 nació para sustituir el subdesarrollo por un programa integral de reformas morales e institucionales.

De esta forma se intentaba llevar a la realización práctica el conjunto de inquietudes que habían preocupado a los nacionalistas catalanes de finales del siglo XIX. Albert Balcells ha escrito que «unidos en la visión crítica respecto a la España oficial de la Restauración y en el intento de superar la depresión moral resultante del desastre colonial de 1898, [...] Maragall y Giner compartían la obertura a la Europa del momento y el afán de superar el retraso del país» (2013: 90). El nacionalismo conservador catalán, pues, apostaba por la colaboración estatal aunque, de forma paralela, desarrollara sus propias políticas de construcción nacional con los recursos de las cuatro diputaciones mancomundas. No dejaba, pues, de considerarse un órgano español de ideales autónomos autopresentado como modelo a seguir por todas las demás regiones deseosas de sacudirse la modorra secular. El engrandecimiento de Cataluña, pues, no era incompatible con los deseos de engrandecimiento hispánico, tal y como habían expresado Prat de la Riba y Eugenio d’Ors, y tal y como fue formulado en el programa electoral de la Lliga presentado en 1916. Es en este contexto donde deben entenderse las tareas ministeriales de Francesc Cambó en los gabinetes de concentración nacional posteriores a la crisis de 1917. El nacionalismo radical separatista, muy minoritario, empezó a tomar forma en el seno de la Unió Catalanista, durante la etapa en que fue presidida por el psiquiatra Domènech Martí i Julià (1914-1917), que intentó orientarla hacia la izquierda socialista.

No es ningún secreto que Unamuno detestó el catalanismo político y cargó con ironía contra la Solidaritat Catalana entre 1906 y 1909. Esa etapa del anticatalanismo unamuniano ha sido ampliamente estudiada, debatida e incluso discutida (Navarra, 2012: 119-122). Pero la reacción del rector de Salamanca ante la campaña autonomista catalana ha pasado más discretamente a través de la historiografía. En este sentido, el ensayo «El suicidio de España» (España, 6 de febrero de 1919) resulta fundamental para comprender el completo escepticismo que, por aquellas fechas, sentía Unamuno hacia las propuestas regeneracionistas. El autor carga de nuevo contra el catalanismo político, acusándolo de ser un hipócrita asesino de España, pero aún va más allá, y desde el más absoluto nihilismo certifica que España ha muerto y expresa el deseo de que desaparezca pronto de la faz de la tierra. Por lo tanto, no nos encontramos exactamente ante un texto centralista, sino ante una certificación de que la nación española carece totalmente de ideales por los que deba existir, de lo que se desprende que su muerte es deseable. Tan insólita conclusión parte de la convicción de que el federalismo (cada vez más implantado en los programas de la izquierda española) es el certificado de defunción de la nación castellana, incapaz ya de aglutinar, ilusionar o, sencillamente, embarcar o anexionar a sus partes constituyentes en un proyecto común. Para encontrar un texto tan rabiosamente pesimista hay que retroceder hasta Exequias de la lengua castellana, de Forner. Que la Lliga Regionalista catalana se sintiera llamada a regenerar España le parecía a Unamuno el insulto final, la hipocresía más descarada, de la que participaban los políticos conservadores, los verdaderos culpables de la aberrante atonía nacional.

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Como fuera, hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera la Mancomunidad fue el único despliegue institucional explícitamente regeneracionista. La proclama sediciosa que distribuyó Miguel Primo de Rivera el 13 de noviembre de 1923, y que ese mismo día publicó el Diario de Barcelona, utilizó una fraseología típicamente regeneracionista también, pero la política del régimen, como veremos, estuvo más orientada a sustituir y corregir hacia la derecha las iniciativas en curso que a apoyar una auténtica tarea de dignificación nacional. El futuro dictador decía querer libertar a España «de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y que amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso» (Casassas, 1983: 81). Sin embargo, no hace falta ser un lince para detectar en la frase una gran ambigüedad: ¿hasta qué punto no se estaba declarando que, en lugar de desear enderezar a España, lo que debía hacerse era cerrar la boca a quienes, desde 1898, denunciaban esas desdichas y esas inmoralidades? La cuestión es crucial. ¿Se trataba de enmendar las desdichas en nombre de la patria o de taparlas en nombre de la patria? La lista de males sociales es casi tan larga como la de Mallada, con un elemento nuevo e inquietante que no se había desarrollado entre 1875 y 1890, la violencia social:

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos; depreciación de moneda; francachela de millones de gastos reservados; sospechosa política arancelaria [...] porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista [...] e incompleta persecución del vicio del juego (Casassas, 1983: 82).

A la hora de filiar y definir al sistema implantado por Miguel Primo de Rivera, González Calleja ha hablado de un «régimen militar clásico», de tipo autoritario y tradicionalista, y lo ha confrontado, siguiendo a autores anteriores, con los regímenes fascistas totalitarios. Realizar la distinción es crucial aquí para distinguir los rasgos que diferenciaron al franquismo de su precedente de 1923-1930. El de Primo fue un régimen cuyo objetivo «no fue modelar a la población a imagen y semejanza del Ejército, sino salvaguardar el orden público y dotar de respaldo institucional a un régimen que carecía de legitimidad constitucional» (2005: 21). Más adelante precisa que el objetivo final del régimen fue un «intento de concreción de una nueva moralidad pública fundamentada en un populismo patriotero y regeneracionista, en el reforzamiento del Ejecutivo en los aspectos que enfatizaban el desmantelamiento del régimen anterior» (2005: 63). Esa revolución moral debía consolidar la nacionalización del territorio gracias a dos plataformas de movilización civil patrocinadas por el Directorio, y de extensión estatal: la Unión Patriótica y el Somatén, la milicia armada y dotada de funciones de «policía moral» que Primo tomó prestada de la tradición catalana.

En los regímenes totalitarios, son organizaciones civiles extremistas, automilitarizadas, las que toman el poder y lanzan al ejército hacia la represión interna y la política exterior de conquista. El régimen de Primo tuvo un carácter más defensivo, aunque el órgano político que creó y mimó, la Unión Patriótica, tomó rápidamente rasgos fascistizantes. Es posible que el carácter de títere gubernamental que tuvo esta formación política, en la que cupieron mauristas, monárquicos conservadores, sindicalistas católicos e incluso tempranos grupúsculos fascistas, esté en parte detrás de la tardía aparición de un auténtico partido fascista español, emanado de su propia burguesía y no promovido por el ejército. Lo que está fuera de duda es que la Unión Patriótica sirvió de origen y de escuela de modernización para la futura derecha antidemocrática de la Segunda República.

Las proclamas del dictador tuvieron cierto éxito inicial. Fuentes Codera ha descrito cómo «una parte significativa de los intelectuales españoles recibieron la dictadura de Primo de Rivera con la esperanza de que pusiera fin a la decadencia nacional combatida tantas veces y de maneras tan diversas. El militar golpista parecía resumir las dos retóricas dominantes de dos generaciones intelectuales: la regeneración nacional y la liquidación de la vieja política. Desde esta perspectiva, no fue extraño que Eugenio d’Ors, Ramiro de Maeztu y Ortega —desde el liberal El Sol— mostraran su apoyo en las primeras semanas después de su llegada al poder» (2014: 216). Este apoyo se diluyó pronto. González Calleja señala que hacia octubre el periódico El Sol ya se había distanciado del Directorio, puesto que su programa de reformas presentado fue, a todas luces, estrecho (2005: 49). Si el nuevo régimen fue regeneracionista, priorizó las iniciativas represoras frente a las progresivas o desarrollistas. Ya el 15 de septiembre se decretaba la censura de prensa, y quedaban prohibidos las críticas al gobierno, las declaraciones regionalistas, las informaciones sobre declaraciones de huelgas y su desarrollo y, curiosamente, también reportajes sobre desórdenes públicos: atracos, escándalos, pornografía o delincuencia menor... Ya que no podían atajarse de raíz los males de la sociedad, se creaba la ficción de que no existían porque no se hablaba de ellos. Algunas de las iniciativas moralizantes implantadas por el dictador nos indican que no se encontraba en un mundo mental muy alejado del que había fomentado la Junta de Reformación establecida por el conde-duque de Olivares. En 1927 fueron creadas unas Juntas Ciudadanas, tan hipócritas como la de 1621, en las capitales de provincia, cuya misión era reprimir la prostitución, la blasfemia, el alcoholismo y el trabajo en domingo.

Por supuesto, era de estricta obligación insertar las notas oficiosas del Directorio en las páginas destacadas de todos los periódicos. Gabriel Maura dejó escrito que el presupuesto para Policía y Seguridad (sin incluir la Guardia Civil) había pasado de los 24 millones de pesetas de 1921 a los 39 millones de 1930 (González Calleja, 2005: 55-59).

¿Y por qué pudo ser llamado o autodenominarse «regeneracionista»? En su fraseología ocupó no poco espacio el «descuaje del caciquismo» que había popularizado Antonio Maura a través de su particular lectura de Costa. Y destruir al caciquismo pasaba por sanear, cuadrar y moralizar las administraciones locales, estatales, parlamentarias y judiciales. El 3 de octubre de 1923 se creó una Junta Militar especial encargada de investigar los procedimientos judiciales y las presuntas irregularidades llevadas a cabo por senadores y diputados durante los últimos cinco años. Fueron inspeccionados 815 ayuntamientos. En 379 se encontraron irregularidades. Se incoaron 109 expedientes y se expulsó a 152 secretarios (González Calleja, 2005: 65). En la práctica, las medidas indagatorias que promovió la dictadura, excepto en los casos de la Mancomunidad catalana y los de Santiago Alba y sus seguidores, fueron más bien decorativas y pronto quedaron en agua de borrajas, puesto que, en muchos casos, los «caciques» maniobraron insertándose en la Unión Patriótica. La dictadura declaró estar realizando una profunda revolución moral, pero en realidad se propuso (y consiguió) apuntalar las prerrogativas de los sectores más conservadores de la sociedad. El 33 por 100 de los gobernadores nombrados por Primo y Martínez Anido habían desempeñado cargos en la etapa constitucional. La mayoría fueron militares «junteros», que se habían destacado en 1917 y a quienes interesaba mantener apaciguados. El resto de cargos fue repartido entre sectores del católico Partido Social Popular, la Confederación Nacional Católico-Agraria o la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, cuyo papel sería fundamental durante el franquismo. En este proceso de selección del personal político se observa un cambio generacional, puesto que ya no son los viejos conservadores los garantes del «orden», sino asociaciones más jóvenes, más radicales y más confesionales, que se encontraban en un proceso de dinamización como agrupaciones propagandísticas o sindicales. En el Sur peninsular y en Galicia la red clientelar de los caciques rurales continuó prácticamente intacta.

A la hora de definir la naturaleza de la Unión Patriótica, ha habido cierta controversia historiográfica. Mientras que Ben-Ami consideraba que se trató de una formación «revolucionaria» que consiguió movilizar a las burguesías agrarias y católicas, González Calleja tiende a juzgar el invento de Primo como una mera renovación generacional del viejo personal de gestión, pero sin romper las redes clientelares antiguas (2005: 191).

En un primer momento, en septiembre de 1923, los gobiernos civiles fueron sustituidos por el gobernador militar de cada plaza, y a partir de abril de 1924 el personal civil adicto fue reincorporado progresivamente.

Sin embargo, el vector reformista existió y se verificó en dos ámbitos concretos: el del ejército y el de la educación. Para verificarlo, nada tan elocuente como las cifras. Cuando terminó la Guerra de Marruecos, Primo consiguió reducir en un 30 por 100 el volumen de las fuerzas armadas. En 1921 el ejército permanente contaba con 311.192 hombres; en 1927, con 150.000. Según González Calleja, Primo de Rivera «soñaba con un ejército poco numeroso, bien retribuido, correctamente seleccionado y rigurosamente formado en una Academia General única» (2005: 82). Se buscó, pues, recortar, modernizar, evitar chapuzas e indisciplinas y mejorar la preparación de la oficialidad. El siguiente gran reformador del ejército sería Manuel Azaña, que ejerció de ministro de la Guerra entre abril de 1931 y septiembre de 1933.

Según el censo oficial, en 1920 era analfabeta el 52 por 100 de la población española. En 1930 la cifra había descendido al 42 por 100. Entre 1924 y 1930 el número de niños que estudiaban en centros de primaria había aumentado un 23 por 100. En 1923 el número de maestros era de 28.924; en 1930, eran ya 34.680. Durante el verano de 1926 se impuso un nuevo bachillerato de texto único que cumplió con tres objetivos: priorizar la enseñanza católica, desarrollar la educación técnico-científica, considerada prioritaria por el régimen (Macías Picavea había escrito que sobraban abogados y faltaban ingenieros), y fomentar el ahorro familiar. Aunque la anacrónica Ley Moyano de 1857 quedara vigente al no prosperar un proyecto de reforma de la enseñanza de 1924, no hay duda de que existió una voluntad real de extender y mejorar la enseñanza pública por parte del Directorio, empeñado en convertir la escuela en una fuente de patriotismo (tal y como había defendido Macías Picavea en El problema nacional, su obra capital de 1899). Sin embargo, las medidas fueron insuficientes debido al atraso de que se partía, y fueron acompañadas de cierta sensación agridulce, propia de objetivos cumplidos a medias, como en general ocurrió también en otros ámbitos. Donde más se observó un progreso real fue en el ámbito universitario: si en 1922 el número de alumnos era 18.969, en 1930 llegaba casi a 60.000.

Otro éxito indiscutible de la dictadura fue la extensión de la energía eléctrica, que permitió mecanizar muchas actividades económicas, permitió el aumento de la productividad y mejoró la calidad de los transportes y el ferrocarril. Las compañías eléctricas se desarrollaron en detrimento de la minería de carbón, que vivió una crisis de sobreproducción.

Unamuno encabezó la oposición frontal al dictador, y fue desterrado a Fuerteventura en 1924. Gregorio Marañón fue encarcelado el 23 de junio de 1926, acusado injustamente de haber conspirado contra el gobierno (López Vega, 2011: 164-169). Para el célebre médico e historiador, «la Monarquía se había invalidado como régimen nacional» (Fusi, 2011: 26), porque había lanzado a unas determinadas clases e ideologías contra las otras. Incluso un intelectual tan escorado a la derecha como Pedro Sainz Rodríguez criticó en las Cortes la política educativa del régimen, para acabar reprobando abiertamente al conjunto del régimen.

Sin embargo, algunos intelectuales destacados alcanzaron cargos de importancia en los organigramas primorriveristas. Una de las estrellas institucionales del régimen fue Severiano Martínez Anido, que se había distinguido por su capacidad represora como gobernador militar de Barcelona entre 1920 y 1922. Martínez Anido, futuro ministro de Orden Público de Franco, fue antes ministro de Gobernación entre 1923 y 1930. José Calvo Sotelo, que ya se había distinguido por su germanofilia y sus tendencias antidemocráticas durante los años de la guerra mundial, fue nombrado ministro de Hacienda en diciembre de 1925, y ostentaría el cargo hasta 1930. Creo que no es exagerado afirmar que se convirtió en el auténtico cerebro pensante de la dictadura. Quien mejor se adaptó a las políticas del Directorio fue Ramiro de Maeztu, ya completamente escorado hacia el ultranacionalismo de extrema derecha. Fue enviado a Argentina como embajador en 1928.

Calvo Sotelo se vio en la difícil circunstancia de tener que afrontar gastos públicos que eran el emblema de las políticas del dictador e impulsar una reforma fiscal que terminó fracasando, y partiendo de una situación económica muy precaria, que no permitía ningún margen de maniobra. Las cifras económicas inmediatamente anteriores a septiembre de 1923 no eran precisamente alentadoras: mientras las potencias que habían intervenido en la Primera Guerra Mundial iban mostrando claros signos de recuperación, hacia 1921 la economía española no hacía sino caer en un agujero sin fondo. La balanza de pagos, es decir, el índice de todas las transacciones monetarias producidas entre un estado y todos los demás, arroja una tendencia inequívoca: +381 millones de pesetas en 1918, +227 en 1919 y... ¡–424 a finales de 1920! En 1921 el registro era de –500. La deuda pública, que en 1913 era de 9.793 millones, en 1923 ascendía a 15.386 (González Calleja, 2005: 22). Calvo Sotelo impulsó los planes extraordinarios de obras públicas y extensión educativa de la dictadura creando cajas presupuestarias adicionales, al margen de los presupuestos generales, tal y como había recomendado Costa48, lo cual maquilló el aumento espectacular de la deuda pública, que dejó, de algún modo, maniatada a la Segunda República49. El déficit público a la altura de 1929 sumaba la inquietante cifra de 1.005.658.508 de pesetas.

Resulta muy significativo que el primer proyecto extraordinario de la dictadura fuera el reto de afrontar la creación de las Confederaciones Hidrográficas, es decir, la política hidráulica costiana que Rafael Gasset había sido incapaz de impulsar dentro de los presupuestos ordinarios durante las legislaturas de la segunda Restauración.

Los nacionalistas catalanes conservadores también apoyaron inicialmente a la nueva dictadura, que debió su implantación, en buena parte, a la insoportable situación de tensión social que se vivía en las calles de Barcelona desde el fin de la Primera Guerra Mundial50. Los líderes de la Mancomunidad, con Puig i Cadafalch a la cabeza, incluso llegaron a creer en algún momento que Primo de Rivera impulsaría alguna clase de autonomía para su región. En concreto, parece que Puig y Junoy se reunieron en Font-Romeu con el futuro dictador para negociar el apoyo catalán al golpe, a cambio de un reforzamiento de la Mancomunidad y políticas proteccionistas. Cambó, Ventosa, Abadal, el marqués de Comillas y el conde de Güell estaban totalmente enterados de los planes golpistas del capitán general. En cambio, el dictador prohibió la exhibición de la bandera catalana, así como la rotulación pública de negocios en lengua catalana, desguazó y luego disolvió la Mancomunidad en 1925 y permitió que se calumniara injustamente a sus dirigentes, acusándolos de derrochar y desfalcar el dinero público (Balcells, 2013: 78-84).

Pronto el régimen mostró su cara real iniciando una amplia campaña de represión del catalanismo y del idioma y la cultura catalanas. Emilio Barrera, el nuevo capitán general, marginó a los gobernadores civiles y se le dejó manos libres para hacer y deshacer a su antojo. Los centros políticos catalanistas fueron clausurados, y los intelectuales del movimiento, perseguidos y encarcelados, entre ellos no pocos sacerdotes. El mismo 1923 se prohibió izar la Senyera, cantar el himno Els Segadors y utilizar el catalán en los textos oficiales. Al año siguiente se obligó a que los carteles de teatro se rotulasen únicamente en español. La sardana fue limitada y vigilada a partir de 1925, y a los pueblos y calles se les cambió el nombre castellanizándolo. Parecía incluso que al dictador le molestase que se rezara en catalán, puesto que clausuró instituciones sin significación política alguna, como los Pomells de Joventut (ya en septiembre de 1923) o la Academia Católica de Sabadell, que no eran más que agrupaciones religiosas.

Entre las ventiocho instituciones perseguidas y amenazadas se encontraron el Ateneu Barcelonès, el Ateneu Enciclopèdic Popular, la Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, numerosas bibliotecas populares, la sede de Acció Catalana y el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) (Roig Rosich, 1992). Un total de ciento diecisiete intelectuales castellanos, capitaneados por Ángel Ossorio y Gallardo y Eduardo Gómez de Baquero, firmaron un manifiesto de solidaridad con la cultura catalana cuya redacción se debió a Sainz Rodríguez. En 1930 Menéndez Pidal expresó públicamente su disconformidad con el disparate pedagógico que significaba imponer la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas (Pericay, 2013: 342; Ventalló, 1976: 111-114).

Puig i Cadafalch dimitió el 24 de diciembre de 1924, tras haber tenido que escuchar unas polémicas declaraciones de Primo y el rey, recién llegados de su viaje a Italia. En cuanto Puig se autoexilió a Francia, los antiguos caciques que habían quedado al margen del poder político por la hegemonía de la Lliga se abalanzaron como halcones sobre los cargos públicos de la región. En enero de 1924, Primo y el general Barrera abrieron una ronda de conversaciones para ver qué se decidía sobre la descabezada Mancomunidad. Pero no hubo interlocutores de la Lliga, únicamente de la Unió Monàrquica Nacional (capitaneada por Alfonso Sala Argemí, conde de Egara) y de la Federació Monàrquica Autonomista. El 12 de enero, en un alarde de centralismo extremo, Primo disolvía todas las diputaciones provinciales, excepto las vascas, lo que supuso el efectivo desmantelamiento de la Mancomunidad. El nuevo Estatuto Provincial de marzo de 1925 fue el golpe de gracia que eliminó de hecho la institución catalana.

Sin embargo, no se suele insistir en detalles que relacionan estrechamente a las doctrinas políticas de los líderes de la Lliga Regionalista con los intereses defendidos por el dictador. Con oportunidad, González Calleja señala la gestión ministerial de Cambó en el gabinete Maura (agosto de 1921-marzo de 1922) como la única posible fuente de inspiración para la política ultraproteccionista emprendida por Primo. Cambó logró implantar el arancel que llevaba su propio nombre con la intención de proteger a la industria nacional, mientras que el gabinete Alhucemas-Alba, controlado por los liberales, había tendido a favorecer a los cerealistas castellanos. La conservadora Ley de Asociaciones de 1922 irritó a los industriales catalanes y los condujo a perder la confianza en el sistema parlamentario. No está de más recordar que Costa, fiel a su pensamiento fundamentalmente agrarista, siempre fue un furioso librecambista. La apuesta del dictador por la protección de la industria, por lo tanto, no es muy costiana. En este aspecto concreto, el de la defensa de la industrialización, creo que el peso del Cambó teórico es superior al de los regeneracionistas de 1875-1898, como Mallada o Macías Picavea, cuyo pensamiento era notablemente agrarista.

No he leído en ningún texto sobre Primo de Rivera que este tratara de imitar algunas de las estrategias nacionalizadoras que Prat de la Riba y Puig i Cadafalch habían implantado en Cataluña. Que el dictador triturara y descuajara la Mancomunidad no puede confundirse con el hecho de que copiara algunos aspectos de la gestión del ente catalán para aplicarlas a la nacionalización de España. Pero si pensamos en la implantación del Somatén y la creación masiva de escuelas de enseñanza primaria, deberíamos empezar a sospechar en esta dirección. Si comparamos el sistema de conferencias dominicales de tema patriótico-moral organizadas por la Unión Patriótica que describe González Calleja (2005: 205) con el que organizó Puig i Cadafalch y estudió por primera vez Balcells con todo lujo de detalles (2013: 152-164), me parece que la conclusión no puede ser otra que la siguiente: mientras abolía la institución catalana de autogobierno, Primo trataba de imitar el dinamismo nacionalista de la burguesía catalana implantando sus ideas en el sentido opuesto de la nacionalización española. Lo cual es lógico si tenemos en cuenta que la Mancomunidad era el único modelo posible peninsular de estructura desarrollista implantada en España a la altura de 1923. Algunos años antes de que Primo extendiera el cable telefónico por España, la Mancomunidad lo había hecho ya en Cataluña.

Sin embargo, aunque conocemos ya el vector tecnocrático de la dictadura de Primo de Rivera, no podemos aún identificar esa dictadura autoritaria como específicamente regeneracionista. Un ejemplo paradigmático de la doblez característica del régimen lo constituye su reforma de las administraciones municipales. El caballo de batalla de la dictadura era la modernización: el encargado de diseñar los cimientos financieros de las reformas fue Calvo Sotelo, y uno de sus instrumentos, el Estatuto Municipal, que «modernizó la estructura presupuestaria y fiscal de los ayuntamientos, y los dotó de mayores recursos ordinarios y extraordinarios, consolidando una distribución de gastos ya establecida en años anteriores» (González Calleja, 2005: 132). Se trataba de la dirección tecnocrática extrema, en las antípodas del republicanismo democratizante que Costa y Macías Picavea habían dibujado cuarenta años antes: «Desde un punto de vista político, la nueva autonomía municipal quedó lejos de la utópica democracia municipalista preconizada por Costa, al convertir a diputaciones y ayuntamientos en apéndices dependientes del gobernador civil y luego del aparato de la U[nión] P[atriótica]». Costa y Macías Picavea deseaban, por encima de cualquier otra consideración, un gobierno adaptado a la naturaleza de la nación y las regiones que la componían. Y de allí que pensaran, como sus antecedentes inmediatos, los liberales progresistas, que la organización natural española fuera el concejo medieval, aplastado por el despotismo del emperador Carlos V y sus sucesores de la Casa de Habsburgo. Nada que ver con lo que realizaron Primo y Calvo Sotelo, una reforma que dinamizó las posibilidades de financiación sin abrir cauces participativos, por supuesto sin convocar elecciones, y cuya novedad se basaba en una falsa autonomía, ya que formaban parte de las autoridades municipales solamente miembros del partido único o elementos notoriamente afines. De manera muy similar, el Estatuto Provincial del 21 de marzo de 1925, que sustituía a la vieja ley de 1882, permitió que las diputaciones sufragaran la mejora de las infraestructuras, pero aumentando el endeudamiento público.

Otro ejemplo de falso reformismo lo constituyó la política de construcción de viviendas populares. Sabemos que, desde su viaje iniciático de 1867, la construcción de viviendas dignas y baratas para la clase obrera había constituido una de las obsesiones de Costa. Sin embargo, la dictadura consiguió convertir ese vector de modernización y progreso en un instrumento de control social y en una fuente de enriquecimiento para las clases privilegiadas. En primer lugar, adquirir una vivienda endeudaba a las familias y hacía más dóciles y disciplinados a los trabajadores. En segundo lugar, se tendió a eximir de impuestos a compañías inmobiliarias, a la vez que se les concedían créditos y fondos extraordinarios. Los ayuntamientos colaboraron activamente con las campañas de construcción de viviendas populares, pero no lo hicieron desinteresadamente. Mientras que en la propaganda se ofrecía la imagen de una actividad social, en realidad se fomentaban las actividades especulativas y se daba salida a los capitales adquiridos durante la Primera Guerra Mundial (González Calleja, 2005: 268).

Pero de que el régimen se revestía de oropeles y justificaciones regeneracionistas no cabe la menor duda. El general Primo de Rivera inauguró en Graus el monumento a Costa el 22 de septiembre de 1929, y entre otras cosas dijo que no había venido «ante la estatua de Joaquín Costa a hablar del erudito ni del filósofo, ni del tratadista de Derecho. Yo he acudido al pie de la estatua de Costa, en cuyo estanque simbólico se reflejan los colores rojo y gualda de la bandera española, a decir desde aquí a toda España que, mientras la Dictadura dure, mientras la normalidad constitucional no se restablezca, este gobierno faltaría a su deber si no afrontara la responsabilidad de evitar por todos los medios que se hable mal de España, dentro y fuera de España»51. En estas palabras se detecta la misma obsesión que en la proclama inicial del régimen, la necesidad de que toda crítica fuera acallada.

El 28 de marzo de 1925 es una fecha destacada en la trayectoria de la oposición al régimen dictatorial. Con motivo de la llegada a Madrid de los restos mortales de Ángel Ganivet, Gregorio Marañón, Eduardo Gómez de Baquero, Américo Castro y Luis Jiménez de Asúa leyeron en el Paraninfo de la Universidad Central manifiestos que criticaban abiertamente al gobierno. Cuando los organizadores iban a leer una carta de Unamuno, la sesión fue suspendida. Sin embargo, se imprimieron inmediatamente cinco mil copias del texto unamuniano que fueron repartidas entre los estudiantes (López Vega, 2011: 155). El acto de rebelión, producido precisamente durante una sesión necrológica dedicada a Ganivet, no puede ser más simbólico: el recuerdo del noventayochista granadino y la iniciativa de leer la carta de Unamuno, que los estudiantes se aprendieron de memoria, significaban desmentir que la dictadura fuera un régimen auténticamente regeneracionista, legítimamente nacional. Un año antes, en 1924, Marañón, Ortega, Ossorio, Pittaluga y Sainz Rodríguez habían ya firmado un manifiesto que expresaba la inquietud de que Primo de Rivera intentara perpetuarse en el poder.

Martínez Anido, ministro de Gobernación, el único colaborador de Primo con capacidad de decidir durante la etapa inicial del régimen, era enemigo personal de Marañón, y en mayo de 1924 lo destituyó de su cargo de director del Hospital de Enfermedades Infecciosas. La medida era especialmente arbitraria, puesto que Marañón había creado esa institución doce años antes, aportando incluso dinero de su propio bolsillo, como hacía con frecuencia. Martínez Anido boicoteó también la actividad del Patronato para Las Hurdes que había apadrinado el médico, provocando que dejara de asistir a sus reuniones. La pregunta es: ¿hasta qué punto podía autodenominarse «regeneracionista» un gobierno que clausuraba arbitrariamente todas y cada una de las empresas regeneracionistas anteriores, como la Mancomunidad o el Patronato para Las Hurdes?

El 1 de agosto de 1928, ya en los compases últimos del régimen de Primo de Rivera, Gregorio Marañón publicó en ABC un curioso ensayo que era varias cosas a la vez: un programa de vida enraizado en el liberalismo, un manifiesto generacional, una caracterización de las dictaduras europeas en curso y un diagnóstico general de la política española y europea. Llevaba por título «Mi promoción. El ritmo de esta hora». En primer lugar, Marañón negaba que las dictaduras fueran situaciones de poder personalizado. Las dictaduras de los años veinte no eran autocracias porque defendían a partidos y corrientes de opinión difusos en la sociedad, especialmente en pueblos cuya tradición parlamentaria era débil. Los dictadores no hacían otra cosa que representar a las clases conservadoras. Las líneas argumentales de Marañón se situaban cerca de lo que publicaría Cambó al año siguiente, en su libro Les dictadures (1929)52. Cambó ya se había quejado un año antes de los vaivenes que experimentaba la cotización de la peseta en los mercados internacionales. Lo había hecho en su libro (recordemos que la prensa malvivía amordazada) La valoración de la peseta (1928), donde se mostraba más liberal que en su período anterior a 1923. Cambó era partidario, ahora, de que un régimen democrático estabilizara los mercados de forma espontánea, sin un intervencionismo estatal tan pronunciado. Sin embargo, debemos apuntar que estas críticas cambonianas llegaban con el régimen ya muy desgastado.

Por su parte, Marañón seguía señalando, exactamente igual que veinte años antes, la ausencia de educación política como uno de los problemas más graves de la sociedad española: «En los pueblos en que existe una conciencia política muy desarrollada, estas influencias son, principalmente, las que se agrupan sobre la estructura de determinados ideales sociales o políticos, en los llamados partidos. En otros pueblos, estos partidos no existen o son una mera ficción, como ocurre en el nuestro». En esos contextos más rudimentarios, lo determinante es, según Marañón, la biología, en la que entran haces de inspiraciones que orientan la política general sin disciplinar explícitamente a las corrientes de opinión. Se trata de factores como la edad, la religión y el instinto económico primario (el «quién me va a beneficiar más»). Lo que expresa Gregorio Marañón es la centralidad que su promoción iba a ocupar en los inmediatos acontecimientos futuros. Centralidad cronológica y espacial, puesto que pensaba que a los intelectuales reformistas de 1914, llegados ya a su madurez, ni viejos ni jóvenes, ni liberales ni conservadores, ni demagogos ni autoritarios, les había llegado la hora de controlar y dirigir la vida política y social de España. Por lo tanto, creía que él y sus compañeros habían sido llamados a estructurar los vectores regeneracionistas, y que estos debían ya triunfar en esa hora sobre la parálisis de la Restauración, pasando por encima de Alfonso XIII, que había agotado ya su crédito.

En el derrocamiento de la dictadura, el papel más dinámico lo ejercieron las organizaciones estudiantiles. Fue, precisamente, en el acto de homenaje a Ganivet de marzo de 1925 cuando estalló con una virulencia que no perdería fuelle hasta la llegada de la Segunda República. Desde finales de 1924, una organización de estudiantes republicanos liderada por Graco Marsá, la ULE (Unión Liberal de Estudiantes), trató de contrarrestar con fuerza a los sectores católicos y conservadores de la Universidad de Madrid. El 15 de mayo de 1925 se produjo un choque serio en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos. Antes de que Alfonso XIII clausurara el curso académico, el presidente de la Asociación de Estudiantes, Antonio María Sbert Massanet, se enfrentó verbalmente con el dictador, que vio con desesperación cómo se vaciaba la sala de público asistente. No atender a Sbert le costó la vergüenza de tener que explicar al rey por qué no había nadie en la sala para escuchar al monarca. En 1926 Sbert y otros jóvenes dirigentes crearon la indomable Federación Universitaria Escolar, que se convirtió en uno de los quebraderos de cabeza más insistentes para el azorado Primo, que nunca supo cómo gestionar aquel enfrentamiento. En su osadía, los estudiantes llegaron a apedrear la casa del dictador en 1929.

Quienes sí supieron aprovechar aquellas ráfagas de viento progresistas fueron los viejos maestros y catedráticos liberales (Ortega, Azorín, Sainz Rodríguez, Sánchez Román, Fernando de los Ríos, Jiménez de Asúa, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Besteiro, Negrín, hasta Menéndez Pidal), que fueron animándose a participar o apoyar la disidencia que nutriría de filas a la generación republicana de 1931. Sin embargo, debe señalarse que de aquella agitación surgieron «formaciones más extremistas de izquierda y derecha, que trajeron a las aulas un nuevo activismo juvenil, más sistemático, excluyente y violento» (González Calleja, 2005: 94). La diferencia entre la disidencia estudiantil del período 1924-1929 y el activismo universitario inmediatamente anterior a la guerra civil consiste en el hecho de que se pasara de una lucha sectorial por la mejora de la educación a una serie de enfrentamientos políticos que rebasaban el ámbito meramente universitario para sustentar ideologías políticas.

Retrato de Gregorio Marañón, de Enrique Segura (colección privada).

LOS FUNDAMENTOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

El año 1930 fue un año de posicionamientos intelectuales, una época de crisis política incitante, y se multiplicaron los diagnósticos sobre España. De algún modo, a través de los textos de Gregorio Marañón, ya hemos visto cómo ese mundo de sugerencias futuristas venía ya gestándose desde los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, puesto que los intelectuales liberales que fundaron la Segunda República (Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Luis Araquistáin, Marcelino Domingo) estaban convencidos de que se avecinaba una saludable y larga etapa de evoluciones democráticas. Antonio López Vega ha escrito que «después de haber hecho la experiencia monárquica en la década de 1910, la traición del rey al dar paso a la dictadura de Primo de Rivera también contribuyó al fortalecimiento de las tesis republicanas» (2011: 199). En este contexto resultó muy influyente la «conversión» de José Sánchez Guerra, el último presidente del Consejo de Ministros conservador antes de la liquidación de la Restauración. Sánchez Guerra, que había encabezado una insurrección frustrada contra el dictador en 1929, pronunció un resonante discurso en el Teatro de la Zarzuela (27 de noviembre de 1930) en el que rompía abiertamente con Alfonso XIII. Este discurso envalentonó a muchos en la dirección republicana, así como también lo hizo el contundente artículo de José Ortega y Gasset titulado «El error Berenguer» (El Sol, 15 de noviembre de 1930), donde sentenciaba: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia».

Portada de ¿A dónde va España? (1930), de Marcelino Domingo, Biblioteca de Catalunya.

Marañón escribió en 1929 que «el «reservarse», el «escoger el momento», tan gratos al español acomodaticio —incluso a hombres de categoría superior—, son pecados mortales en estas horas en que el espíritu público padece hambre y sed de verdad y de justicia» (1930: IV). Había llegado, pues, el momento de moverse, de implicarse, y la República canalizó este impulso. Y lo primero que hizo al año siguiente fue entregar tres mil pesetas de su bolsillo a José Ortega y Gasset para que este pudiera impulsar las actividades de la Agrupación al Servicio de la República (López Vega, 2011: 208).

Uno de los libros más interesantes del año bisagra que fue 1930 es el que publicó Marcelino Domingo con el título de ¿A dónde va España?, un ensayo de interpretación que pretendía analizar el devenir de la nación desde el siglo XV hasta la llegada inexorable de la nueva república. Desde los años de la Primera Guerra Mundial, Domingo actuaba de puente entre el catalanismo autonomista y el socialismo madrileño. En su libro, se preguntaba: «¿Por qué ha faltado siempre a España un ideal para su política exterior? Carecer de un ideal no significa haber dejado de realizar una acción: significa no haber acomodado esta acción a una política meditada, ordenada, conveniente, en la que el Estado y la Nación se situaran unidos en el cumplimiento de un mismo deber» (1930: 260). Un diagnóstico que venía repitiéndose desde 1750. Una falta de ideal nacional aglutinador que Ortega había descrito con toda contundencia en España invertebrada. Pero Domingo iba mucho más allá: «Porque España ha sido y es una ficción. No existe España. Pudo articularse una gran nación en tiempo de los Reyes Católicos. ¿Cómo? Aceptando y respetando la variedad dentro de la unidad». En su opinión, solo la República democrática podía resucitar ese ideal plural para relanzar el Estado. Algo que ya había afirmado Ortega y Gasset en su célebre conferencia «Los problemas nacionales y la juventud», el 15 de octubre de 1909.

Desde mucho tiempo atrás, los posicionamientos de Domingo habían ido bebiendo del regeneracionismo clásico, como, por ejemplo, se observa en Autocracia y democracia, de 1925:

¿Un partido? ¿Un programa dogmático inflexible? ¿Una lucha circunscrita a la acción autónoma e independiente del partido y a la rígida limitación del programa? Sí. Es necesario el partido; el partido con hombres al frente y disciplina en los adeptos y reorganización extendida a todas las zonas del país; uno de los problemas políticos de España, no es la profusión de partidos, sino la ausencia de ellos o la parálisis o el esmirriamiento de los existentes (1925: 79).

Faltaban, pues, partidos fuertes con programas reformistas ambiciosos, luchando en una competencia democrática, y no una situación de turnos encubriendo la parálisis. Y esto se escribía bajo la dictadura de Primo de Rivera. ¿Cómo pudo ser?

La censura se aplicaba sistemáticamente sobre la prensa, pero los libros quedaron, generalmente, fuera de los gabinetes de censura, porque se pensaba que su incidencia era mucho menor. Esto explica que, a diferencia de lo que suele ocurrir, el ensayo político español publicado entre 1923 y 1931 sea mucho más radical en los libros que en los periódicos. Marañón escribía, en 1929: «no hay periódicos, no hay reuniones ni tribunas; no es posible hablar, en la plaza pública, más que entredientes y apretados por la mordaza. Pero el libro está abierto» (1930: IV).

Un fenómeno similar pudo observarse en el ámbito catalán. Cuando Primo suprimió, multó o presionó a los periódicos catalanes, que eran el buque insignia de la cultura propia (La Veu de Catalunya, La Vanguardia, La Publicitat, La Nau, El Matí o Las Noticias), propició, sin haberlo deseado, el auge de distintos géneros, como el de la revista cultural, que alcanzó unos niveles de continuidad y capacidad de influencia desconocidos hasta la fecha. Rovira i Virgili fundó Revista de Catalunya, la más importante, en 1924. Cinco años después nacía Mirador, imprescindible para conocer la cultura de la etapa republicana. Barcino, Llibreria Catalònia o Proa fueron editoriales que se desarrollaron también a partir de 1924 (González Calleja, 2005: 108). En definitiva, la cultura catalana tuvo que transformarse para superar el bache represor, y supo hacerlo de tal forma que, cuando cayeron las trabas autoritarias y se restablecieron los cauces normales de comunicación, contaba con más recursos, más modernos, actualizados y consolidados.

En 1931, a las puertas de la implantación de la Segunda República, la posición de Manuel Azaña era mucho más revolucionaria y radical que la de Ortega y Gasset o Gregorio Marañón. En La Tierra (2 de abril de 1931), Azaña publicaba su contundente proclama «Revolución y República», en la que el futuro régimen no se presentaba como una evolución del pensamiento liberal-reformista, sino como una auténtica opción golpista decidida a derrocar viejas estructuras: «La monarquía caerá por el esfuerzo revolucionario, que trae su origen del pacto llamado de San Sebastián, no para “afirmar” la República como un ideal ni para reclutar electores en víspera de la renovación de Ayuntamientos, sino para implantar el nuevo régimen a fuerza de puños» (2007b: 1019). Más trasparencia no puede pedirse. Y, a continuación, remachaba: «La obra reconstructora y orgánica de la revolución —después de consumar cierto número de “destrucciones” que no puedan repararse jamás— traducirá en leyes la voluntad libre de la mayoría del país». La clase de actitud radical que, durante los primeros pasos del proceso constituyente, y sobre todo a partir de los incendios de edificios religiosos de la primavera de 1931, forzaría la desafección de los republicanos centristas, obsesionados por lograr una república integradora que no desahuciara del poder a las personalidades conservadoras, que parecían noqueadas y fuera de juego53.

Otros intelectuales insistían en la continuidad histórica del nuevo régimen republicano, e indagaban, reivindicándolos, en diversos precedentes. Precisa y sintomáticamente, es de 1931 el libro titulado Hacia la revolución agraria española. Tres agraristas españoles: Jovellanos, Fermín Caballero, Costa, de Juan Morán Bayo, físico cercano al socialismo, que unía así en una misma tradición reformista el proyectismo ilustrado, el liberalismo y el regeneracionismo finisecular.

Al día siguiente de proclamada la Segunda República española, es decir, el 15 de abril de 1931, Luis Araquistáin saludaba al nuevo régimen con su artículo «Un gran ciclo histórico. 1521-1931», publicado en El Sol. En él recuperaba una vieja idea liberal que habíamos estudiado vinculada a la obra de Ferrer del Río: la de que las libertades castellanas habían sido abolidas por Carlos V, solo que no era ya la reacción patriótica de 1808 el ariete contra el despotismo absolutista, sino la victoria electoral del 14 de abril de 1931. Seis meses más tarde, ante las Cortes republicanas, el también socialista Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, decía el 8 de octubre de 1931: «Llegamos a esta hora, profunda para la historia española, nosotros, los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y cicatrices profundas, porque viene así desde las honduras del siglo XVI» (Pérez, 2012: 222), y se proclamaba hijo de los erasmistas y heredero de quienes perdieron la conciencia individual. A estas tradiciones aludían quienes trataban de construir una nueva era, con cimientos antiguos.

Los problemas para la Segunda República empezaron en mayo de 1931, en el momento justo en que empezaron a arder los conventos de Madrid. Como había ocurrido cien años antes, a la revolución liberal se le dio un toque de atención desde abajo: había quien reclamaba una radicalización de la política progresista a implantar. Y la manera de expresarlo, igual que en 1834-1835, era incendiando edificios religiosos.

La parte más significativa de la intelectualidad reformista y liberal reaccionó con horror y empezó a desear desvincularse del régimen republicano que había inspirado y dirigido en su momento inicial. Cuando se vio que la República burguesa iba a verse colapsada por posturas revolucionarias de signos extremos, los reformistas regeneracionistas abandonaron el barco. Sin embargo, las interpretaciones sobre las quemas de conventos de 1931 fueron muy diversas. Los editorialistas de Crisol acusaron explícitamente a los monárquicos de haber provocado los incendios para acusar al gobierno y desestabilizar al sistema. Azorín, desde la misma revista, elaboró una curiosa versión («Un momento decisivo», 12 de mayo de 1931). En este artículo, Azorín no llegaba a justificar la violencia radical, pero defendía que el pueblo había querido advertir al gobierno en un sentido muy concreto: que no se conformaría con un cambio «superficial». Pedía, por lo tanto, una radicalización de la República para que esta evitara la repetición de las parálisis y los manejos políticos pertenecientes al «pasado». Pedía, en otras palabras, que se completara la revolución y se extirparan de una vez los problemas del atraso español.

Proclamación de la Segunda República en Madrid (EFE).

Si algo demostró el alicantino durante los veinte años que median entre el golpe de estado de Primo de Rivera y la consolidación de la dictadura franquista, es su capacidad para subirse a todos los barcos con inaudita naturalidad. Vemos a Azorín, en mayo de 1931, comprensivo ante las quemas de conventos de Madrid. Pero antes lo habíamos visto renegar de la política liberal y a favor del Directorio (La Prensa de Buenos Aires, 4 de enero de 1925), como luego lo veríamos integrado sin grandes traumas en el sistema cultural del franquismo. En cambio, Azaña llevaba desde mayo de 1924 defendiendo públicamente la implantación de un régimen republicano.

Para el Azorín concreto de la etapa republicana, la Segunda República era una consecuencia lógica y natural de la rebelión de 1898. No fue el único texto en que defendió esta idea. Cuando escribió la reseña doble de dos volúmenes barojianos (La familia de Errotacho, de 1931, y El cabo de las tormentas, de 1932), se lanzó a teorizar sobre el regeneracionismo, y llegó a la siguiente sorprendente conclusión: «contra la fúnebre y enervante España, lo repetiremos, ha combatido la generación del 98. Contra la superstición que se complace en lo fúnebre, contra la ignorancia que alienta la barbarie. La República es el lógico epílogo de la generación de 1898. Un epílogo que es, a la par, un espléndido prólogo. Prólogo en tanto que sea una República progresiva y no retardataria, desarraigadora de la superstición y de la ignorancia y no continuadora de una España caduca» (Luz: diario de la República, 26-04-1932; Fuster, 2012: 206). Maravillosa habilidad la de Azorín para fundir el léxico feijooniano con los resabios del reformismo ilustrado y relacionarlos con los dirigentes del Bienio Reformista. Sin embargo, esa construcción azoriniana es un abuso, como también lo había sido la forja de la denominación «generación del 98», en 1913. Una denominación no aceptada ni por Unamuno ni por Baroja, quienes, además, se enclavaron contra la Segunda República. Entendemos qué quería decir Azorín, cuáles eran sus esperanzas. Unas esperanzas típicamente regeneracionistas: educadoras, modernizadoras, hostiles a la pequeña política de los diputados profesionalizados. Pero abusó en el momento en que quiso hablar en plural, como portavoz de un grupo generacional que, de existir, seguramente no compartía sus ideas sobre el 14 de abril y las quemas anticlericales de mayo de 1931.

Dos días después del artículo de Azorín, aparecía en Crisol un manifiesto de enérgica repulsa firmado por Ortega y Marañón. El 14 de mayo, los líderes de la Agrupación al Servicio de la República concluían en que «quemar conventos o iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano, ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal, que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas». Acertaban los autores en su diagnóstico del anticlericalismo violento. La historiografía reciente demuestra que la pulsión mistérica es común a la ortodoxia que se defendía en los púlpitos y la furia iconoclasta con que se destruían los altares y los edificios. Pero el problema fundamental era que la República se desbordara y desvirtuara por la izquierda radical: «El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo que para la República existe: que no acierte a desprenderse de las formas y las retóricas de una arcaica democracia». En definitiva, regresaban los fantasmas del siglo XIX. El giro centroderechista de los maestros liberales fue coherente con los idearios expresados antes de la llegada de la República. Ortega y Marañón parecía que simpatizaran con el socialismo moderado y que señalaran la necesidad de democratizar la sociedad española, pero en realidad se comportaron como tecnócratas puros al estilo de Cambó54.

Muy característico del momento es el artículo «Un aldabonazo», que José Ortega y Gasset publicó en Crisol el 9 de septiembre de 1931. Entonces, el filósofo madrileño ya intentaba medir distancias respecto al desarrollo del nuevo régimen: «Las Cortes Constituyentes deben ir sin vacilación a una reforma profunda de España en lo político y en lo social. Sin vacilación, pero sin radicalismo —esto es, sin violencia y arbitrariedad partidista». Sentenciaba: «No es cuestión de “derecha” ni de “izquierda” la autenticidad de nuestra República». Su visión era constructiva y depuradora, inequívocamente regeneracionista. Como ha escrito López Vega, la consolidación de la República, para Ortega y Marañón, «no era, en realidad, una cuestión de cambiar de régimen, sino de modernización» (2011: 217). Habían empezado a desconfiar de la democracia que ellos mismos acababan de inspirar.

45 Rafael Gasset fue ministro de Agricultura en dos gobinetes conservadores (Silvela, 1900, y Villaverde, 1903) y luego ministro de Fomento en siete gabinetes liberales o de concentración nacional: tres veces con Moret (1905, 1906 y 1909), una con Canalejas (1911), dos con Romanones (1913 y 1916) y una última vez con García Prieto en diciembre de 1922, antes de que Primo de Rivera liquidara el turnismo parlamentario.

46 «La U[nión] P[atriótica] era sobre todo un gran bloque político-ideológico defensor del orden y de la patria, una especie de macropartido dentro del cual cabían variadas tendencias, que actuaba como dique contra la “ola roja” de la “tiranía comunista y anarquista”, en la más pura lógica del conservadurismo reaccionario, que sería a la postre la única fuerza que aceptó recoger la herencia política de la Dictadura. La UP se autorrepresentó como una organización apolítica y antipartidista, pero generadora de futuros partidos, nutridos “con la savia que brota de los distintos sectores de la opinión”» (González Calleja, 2005: 183). Actualmente no cabe duda de que esta última función, la de convertirse en una escuela de futuras formaciones de derecha, la desempeñó de forma impecable. Resulta imposible entender a las derechas del período de la Segunda República (Unión Monárquica Nacional, Acción Popular, CEDA, Renovación Española, círculo de Acción Española, que impulsaron Ramiro de Maeztu y Pedro Sainz Rodríguez) y las formaciones fascistas (Partido Nacionalista Español y Falange Española) sin la experiencia de la UP primorriverista.

47 ¿Habría sido creíble un gabinete en que figurasen Costa y el cacique más influyente de Valladolid, el más formidable enemigo de Macías Picavea?

48 No está de más leer lo que escribió Costa en su obra Reconstitución y europeización de España (1899): «reclamamos un cambio en el organismo de la Hacienda nacional: la formación de un presupuesto aparte del general y ordinario, dotado con recursos propios, y con él la constitución de una Caja especial autónoma, independiente del Ministerio de Hacienda, a cargo de cuerpos o personas técnicas, para todos aquellos servicios e instituciones que significan “bienestar, progreso y enriquecimiento de los vasallos”; para administrar un cordial al país y reconciliarlo con la vida».

49 «La Dictadura consiguió poner en marcha un plan de infraestructuras muy controvertido, ya que su ejecución quedó sujeta a los medios financieros (3.538,9 millones de pesetas) recogidos en un Presupuesto Extraordinario del Estado aprobado en julio de 1926, con una vigencia de diez años, pero que su propio autor, Calvo Sotelo, retiró al cuarto ejercicio. Algunos hitos de esta política de reforma del sector de obras públicas y comunicaciones fueron: las Confederaciones Hidrográficas (RD-Ley de 5 de marzo de 1926), la Ley y Reglamento de Puertos (RD-Ley de 19 de junio de 1928), la reforma del régimen de transporte por carretera y de los ferrocarriles (RRDD-Leyes de 4 y 12 de julio de 1924 por los que se concedieron 300 líneas de transporte de personas y mercancías por carretera), la mejora del sistema viario con la creación del Patronato del Circuito Nacional de Turismo de Firmes Especiales (RD de 9 de febrero de 1926), la regulación del tráfico rodado (RD-Ley de 17 de julio de 1928, primer código de circulación) o el establecimiento de las bases del sistema telefónico con la adjudicación del servicio a la CTNE (RD de 25 de agosto de 1924).

El Patronato del Circuito Nacional de Turismo de Firmes Especiales preveía la construcción de 7.086 km de nuevas carreteras de trazado radial y la construcción de tres grandes autopistas (de Madrid a Irún y Valencia y de Oviedo a Gijón), todo ello con un coste de 600 millones bajo forma de empréstito» (González Calleja, 2005: 232).

50 «Aunque la Lliga no participó directamente en el pronunciamiento de septiembre, sí que lo apoyó desde su fase conspirativa, y alguno de sus miembros colaboró en los primeros compases de la Dictadura, como el presidente de la Mancomunidad Josep Puig i Cadafalch, autor de una nota de aceptación del golpe que fue publicada en los diarios el 19 de septiembre» (González Calleja, 2005: 100).

51 Puede leerse el discurso completo en Ribas, 2007: 57-58.

52 Retirado de la política desde 1923, los años veinte fueron el gran período de elaboración de ensayos por parte de Cambó, que editó los libros Vuit mesos en el Ministeri de Foment (1919), El problema ferroviario en España (1921), Visions d’Orient (1924), Entorn del feixisme italià (1924), La valoració de la pesseta (1929), Les dictadures (1929), Les dictadures dels nostres dies (1930) y Per la concòrdia (1930). Gregorio Marañón escribió en 1952 su texto «El españolismo de Cambó», que sirvió de prólogo a la Vida de Cambó publicada por M. García Venero (Barcelona, Aedos).

53 «La dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930 produjo un gran vacío de poder y una enorme desmoralización en las clases conservadoras, que no lograron reaccionar impulsando la creación de movimientos de masas que lograran dar la réplica a la espectacular movilización de los grupos que precipitarían la caída de la Monarquía» (González Calleja, 2005: 197).

54 «El grupo intelectual aglutinado en torno a José Ortega y Gasset se transformó en el portavoz más cualificado de las aspiraciones modernizadoras de la clase media urbana y sus miedos a una deriva demagógica de ese proceso de cambio. La dialéctica élite-masa formulada en un sentido histórico-antropológico en España invertebrada (1920) se matizó en El tema de nuestro tiempo (1923) con la idea de “generación” como compromiso entre la acción de la minoría y la receptividad de la mayoría. La rebelión de las masas (1930) marcaría el punto culminante de esa interpretación elitista y medrosa de la evolución social» (González Calleja, 2005: 294). Jordi Gracia va más allá y señala coqueteos con el fascismo en los añadidos con que Ortega extendió, en 1938, La rebelión de las masas. La historia completa del libro orteguiano, en Jordi Gracia (2004: 83).

CAPÍTULO 9

EL FRANQUISMO: REABRIENDO EL SEPULCRO DEL CID

LA ENFERMEDAD DE PENSAR

En la actualidad, nadie pone en duda que el pensamiento franquista, movilizado a través del Movimiento Nacional, buscara su legitimidad ideológica en los escritores de la promoción finisecular. Algo esperable teniendo en cuenta la implicación de los intelectuales de la generación del 14 con la experiencia de la construcción republicana. Así, por ejemplo, García Cárcel ha escrito que «el pensamiento falangista arrastró siempre la dependencia del noventayochismo, empezando por Unamuno. El pensamiento nacionalcatólico —la otra columna del franquismo— arrastró la dependencia del menendezpelayismo» (2011: 35). Y Emilio Castillejo, en un trabajo reciente sobre la historiografía franquista, ha afirmado que «dentro de la corriente nacional-católica hay integristas como el jesuita Ramón Ruiz Amado, cuya Historia de la Civilización es un alegato contra la modernidad y en favor de la intransigencia. Moderados como Antonio Cánovas, que exalta el centralismo, y Antonio Ballesteros Beretta, que recalca la influencia universal de España. Idearium español (1897) de Ángel Ganivet fija la “constitución ideal de España” en Séneca y el cristianismo, y rechaza la política europea de Felipe II» (2013: 111). En la recuperación interesada de los escritores finiseculares, pues, no medió únicamente una cuestión de limpieza política, sino fundamentos filosóficos.

Unamuno y Ganivet, y en parte también Baroja, eran fácilmente adaptables por lo que habían tenido de antiliberales y antidemocráticos, y porque habían rechazado explícitamente la modernidad a través de la crítica de la idea del progreso indefinido55.

Pero, sin duda, ningún escritor o científico de la Restauración alcanzó el extremismo de los intelectuales orgánicos que consolidaron sus posiciones durante la guerra civil. Uno de los casos más escalofriantes fue el del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera, que realizó «estudios de campo» con prisioneros de guerra republicanos, entre finales de 1938 e inicios de 1939, mientras desempeñaba el cargo de director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de los Campos de Concentración (Campos, 2013: 24). Un año antes, Vallejo-Nágera había publicado en Burgos Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, que daba forma definitiva a su ideología, formada en el seno de Acción Española, formación en la que militaba desde 1931. Vallejo se propuso llevar a cabo «una denodada lucha higiénica contra los gérmenes morbosos que carcomen la raza hispana», que no eran otros que el liberalismo, el materialismo, la democracia y el marxismo, y para conseguirlo proponía «un programa político abiertamente partidista al servicio de la causa golpista» (Campos, 2013: 25). En los campos de concentración, Vallejo anotó que los republicanos, entre otras cosas, se abandonaban al «desarrollo desenfrenado de las tendencias instintivas», y proponía terapias de tipo conductista para rehabilitar a los «enfermos». Como era católico, descartaba la eugenesia racial para poner el acento en las relaciones entre degeneración moral y ambiente decadente. Mientras Gregorio Marañón se había propuesto rescatar a los médicos españoles que habían sido pioneros en el estudio del cerebro humano, desde un punto de vista liberal, para tratar de aislar los topoi de la mentalidad hispánica, Vallejo retomaba el degeneracionismo de finales del siglo XIX para llegar a la conclusión de que todo lo que no era nacionalicatolicismo español era una deformación biológica. Deformación que se había iniciado durante las primeras décadas del siglo XVIII. Franco lo dejaría también muy claro en una alocución al ejército victorioso del 20 de mayo de 1939, en la que afirmó que desterraría «hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la Enciclopedia» (Pérez, 2012: 226). La ilustración era el enemigo, y el nacionalcatolicismo, el arbitrio.

Las conclusiones prácticas de los «trabajos de campo» de Vallejo-Nágera fueron desarrolladas en el tratado La locura y la guerra. Psicopatología de la Guerra Española (1939) y el artículo «Psiquismo del fanatismo marxista» (Semana médica, núm. 6, 8 de octubre de 1938). Si no aceptamos que el de Vallejo-Nágera fuera un regeneracionismo radical, o un antirregeneracionismo totalitario, puesto que buscaba desmantelar toda la tradición española de conciencia crítica, por lo menos hemos de convenir en que nos encontramos ante una formulación extrema del problema de España. El diagnóstico, en este caso, incide únicamente en cuestiones espirituales, prescindiendo de cualquier tipo de explicación objetiva o «dato socio-económico» (Campos, 2013: 29). Si consideramos, como hemos venido haciendo a través de estas páginas, que regeneracionismo era, sobre todo, inyección de análisis estadístico, desde este punto de vista el discurso de la psiquiatría eugenésica franquista no puede ser un regeneracionismo. En 1938, en su libro Divagaciones apasionadas, Vallejo-Nágera llegó a afirmar que la solución al problema de España solo podía ser Franco, puesto que lo que lo que el Caudillo quería era, automáticamente, lo que necesitaba España, puesto que Franco era España, su quintaesencia histórica y constructiva.

Pero ¿es esto regeneracionismo? ¿Existió una corriente regeneracionista durante el primer franquismo? A mi modo de ver, sí. El arbitrio era claro: extirpar las actitudes y culturas democráticas, no solo desterrándolas como «antiespañolas», que era la postura clásica, sino considerándolas una patología susceptible de aislarse y erradicarse. La parte o propuesta, digamos, progresista consistía en regresar a la filosofía tomista y a la política de Isabel la Católica, para aplicarla a todos los aspectos de la vida humana. La conservadora estaba íntimamente vinculada a la conservación del catolicismo como única religión para los españoles. Vallejo-Nágera expresó con meridiana claridad cómo debía ser esa nueva España franquista: «Desterrada la religión de España, ni tiene razón su existencia, ni podrán subsistir sus esencias históricas. La nueva España tiene que ser, necesariamente, religiosa y católica, o no será nueva España» (1938b: 16). Estas palabras proceden del folleto El factor emoción en la España nueva, texto en que cita también a Ramiro de Maeztu, que había dirigido la revista Acción Española y había colaborado estrechamente con Pedro Sainz Rodríguez: «La patria es lo que une, lo que está por encima de lo que divide: se hace con gentes y tierra, pero la hace el espíritu, y con elementos también espirituales» (1938b: 16). El «descubrimiento» de Vallejo-Nágera pasaba por describir los sentimientos colectivos católicos como la única fuente de regeneración moral para España. Los libros editados por Maeztu durante los años republicanos (Defensa de la Hispanidad, Defensa del espíritu) y los artículos que Salaverría iba publicando en el ABC sevillano durante la guerra bajo el seudónimo de «Capitán Nemo» son las cadenas de transmisión entre el regeneracionismo de 1900 y el espiritualismo totalitario de 193956. La ideología franquista triunfante esencial fue la del Maeztu converso de los años treinta.

Naturalmente, Vallejo-Nágera no escribía tratados de psiquiatría, sino panfletos políticos que usurpaban la voz del científico. En la sección «Ideal estético» de su folleto de 1938, enuncia la meta final del pensamiento que trataba de sistematizar: «Aspiramos los españoles a recuperar el cetro estético que dejamos caer de nuestras manos cuando comenzamos a extranjerizarnos, sin hacer honor a los inauditos esfuerzos del genio español para empuñarlo» (1938b: 25). Durante los siglos XVI y XVII, el arte español había igualado y aun superado al italiano. Era preciso, pues, regresar al antiguo esplendor: «Informe todavía el ideal estético de la nueva España, palpita en la juventud un sentimiento artístico que despeje nuestro Arte de la roña de cartón-piedra envilecedora de nuestras producciones artísticas desde el ochocentésimo acá». La conclusión, fácil de inferir: «Vibra el hermoso himno de F[alange] E[spañola] como promesa redentora de las Letras y Arte hispanos».

Vallejo-Nágera no fue el único «científico» que abusó de su estatuto para justificar la implantación de la dictadura. Julio Martínez Santa Olalla, comisario general de Excavaciones Arqueológicas, afirmaba en el Ateneo de Madrid: «Los españoles que han perdido esta conciencia de Imperio y de unidad insensiblemente en muchos casos van doblegándose a las potencias extranjeras que nos acaban de hacer la guerra de que hemos salido victoriosos». Hasta que en la década de los cincuenta, momento en que se convirtió en un hombre incómodo por su acendrado filonazismo, Santa Olalla convirtió la arqueología en un foro dedicado íntegramente a la demostración de que España era una nación unida y predispuesta hacia el imperio desde la Edad del Bronce (Gracia Alonso, 2013: 50). Joaquín Costa, entre 1891 y 1895, ya había intentado inferir, a partir del resultado de excavaciones y de registros de viajeros de la Antigüedad, rasgos propiamente españoles rastreables en el mundo prerromano. Pero la arqueología franquista daba un sustancial paso adelante: utilizaba aquel mundo para justificar las formas jurídicas del caudillaje franquista.

¿Y Franco? ¿Exhibió el dictador veleidades regeneracionistas como Miguel Primo de Rivera? ¿Pudo presentar un proyecto de modernización autoritario como su predecesor? Según Paul Preston, «al considerarse un economista genial, Franco mismo adoptó la autarquía como sistema, olvidando que España carecía de los fundamentos tecnológicos e industriales que permitieron aplicarla al Tercer Reich». Franco quiso ser un gran arbitrista, pero demostró que su gran idea era un perfecto delirio: «imitando a sus aliados nazi y fascista, Franco prácticamente garantizó los posteriores sufrimientos posbélicos de su país. Su ingenuidad económica era apabullante, ya que, frente a la evidencia de la total postración del país llegó a alardear de que estaba a punto de resolver los problemas de la vivienda, la educación, la sanidad y el bienestar de todos» (2008: 95).

Portada de El factor emoción en la España nueva (1938), Biblioteca de Catalunya.

LOS POSIBILISMOS FRANQUISTAS

Hace diez años, Jordi Gracia publicó un libro sobre la intelectualidad franquista que, de algún modo, marcó un antes y un después en el estudio del período. Simplificando mucho, porque se trata de un libro basado en matices, el objetivo del autor había sido escudriñar de qué modo, y a qué ritmo y por qué brechas y cauces, los intelectuales españoles atrapados en la malla del fascismo habían tratado de reentroncar sus trabajos humanísticos con la tradición liberal aplastada en 1939 y condenada a continuar viva únicamente fuera del territorio español.

No todos los críticos aceptaron la lectura graciana, y alguno hasta llegó a impugnarla de manera bastante explícita. Gregorio Morán escribió en el año 2005 que «recientemente, acuciados por los ardores de estómago tras haber tragado pliegos de descargo monumentales que dejaron al personal confuso, se inventó una categoría en forma de oxímoron, algo así como “el soleado cielo nocturno” o “las largas piernas de la coja enana”. La llamaron “Resistencia Silenciosa”, así lo escribo, con mayúscula, porque se trata de una novedad intelectual divertidísima no asequible para gentes del común sin licenciatura y ha de interpretarse de esta guisa: ínclitos intelectuales con cargo al presupuesto del Estado franquista, conscientes de que aquello no les gustaba nada, se lo decían al espejo todas las mañanas de afeitado y a sus amigos íntimos a partir de una considerable dosis etílica» («El canon de la transición inventada», La Vanguardia, 11 de diciembre de 2005).

Negaba, por lo tanto, el ácido historiador de la cultura, que los escritores falangistas, los puntales del Movimiento, hubieran podido evolucionar hacia posturas liberales o disidentes dentro mismo del sistema, siendo como eran intelectuales orgánicos al servicio del poder dictatorial. Morán ironizaba sobre esa posibilidad: «Si les llamaban para apoyar lo que se le ocurría al Caudillo, lo hacían con resignación, porque ellos eran resistentes, pero silenciosos, discretos, domésticos. En público, taciturnas prostitutas; en privado, dolientes doncellas. Sus herederos son los creadores de esta audaz tesis que los coloca en el plantel del Heroísmo y la Gloria democrática». En realidad, lo que parece que ocurriera es que Gracia y Morán estuvieran hablando de cosas distintas. Mientras a Gracia le interesaba localizar y aislar «terapias de desintoxicación», «reeducaciones lingüísticas» para frenar el virus fascista, la «epidemia irracionalista», reconduciendo el lenguaje científico hacia el cartesianismo, la moderación racional y la tradición ilustrada, a Morán le interesaba impugnar una visión idealizada de la transición, y la posibilidad de que se considerara demócratas a una pléyade de fascistas que colaboraron en una empresa gigantesca de represión totalitaria. Lo que vengo a decir es que los estatutos de los textos de Gracia y Morán son distintos. El de Gracia es el del historiador de las mentalidades. El de Morán es el del ensayista moral, necesariamente vigilante. No es lo mismo cultivar la historia que cultivar la memoria. La primera función es científica y objetivista, la segunda es ética y se relaciona más directamente con el compromiso civil.

Pero en realidad, Gracia y Morán explicaban lo mismo. Aunque el texto de Gracia fuera, de forma confesa, revisionista, esto no significa que celebrara la trayectoria de los intelectuales que se propuso estudiar, y mucho menos que los considerara unos héroes de la democracia. En realidad, autores como Marañón, Ortega, Laín Entralgo o Torrente Ballester salen bastante mal parados en el libro. El Marañón que nos describe Gracia (que pone el acento sobre su exigencia de que el «Ejército Rojo» fuera totalmente aniquilado durante los últimos compases de la guerra civil) es mucho más franquista que el que nos dibuja Antonio López Vega, quien subraya la temprana exigencia de una política de reconciliación nacional y las actitudes marañonianas respecto al exilio republicano. Para López Vega, el libro Ensayos liberales (1946) no es más que la confirmación de que Don Gregorio continuaba siendo un humanista pluralista y liberal en lo peor del franquismo. Para Gracia, esa misma obra certifica la integración (o la adaptación) de Marañón al régimen. ¿Hasta qué punto son complementarias estas interpretaciones? ¿Hasta qué punto ese prudente regeneracionismo era un sucedáneo o un intento honrado? Encontramos a la cobardía imbricada con la valentía. ¿Hasta qué punto lo que en condiciones normales habría sido completamente cobarde y timorato era una osadía en la larga noche del franquismo?

Y otra característica unió a los liberales que habían pasado de defender la República a proponer su extinción: la convicción de que el retorno de la democracia había de venir por caminos no revolucionarios. En eso coincidían Marañón y, por ejemplo, Jorge Guillén (Gracia, 2004: 169). Y es, en definitiva, lo que acabó ocurriendo.

Si de algo acusa Gracia a Ortega y Marañón (más a este último que a aquel) es de haber caído en la trampa del anticomunismo. Para justificar a posteriori su apoyo a un régimen fascista, los maestros liberales consideraron que a partir de 1934 era imposible no ver en la República un régimen en vías de sovietización (2004: 77). Este haz de argumentos era, en el fondo, nacionalista, y se basó en la ilusión de una invasión comunista. Por eso, Gracia pudo escribir que, «como ciudadanos de un país subalterno, los liberales españoles tuvieron que vivir la trágica ironía de haber luchado contra un falso enemigo en casa, en España, mientras que la lucha verdadera en los países de primera no había sido el comunismo, sino el totalitarismo fascista» (2004: 105). Ni siquiera los más sabios y preparados fueron capaces de confiar en las potencialidades de la democracia de la cual participaban, y quedaron atrapados en la misma telaraña de complejos de inferioridad y desconfianza en el hombre de que habían hecho gala los sectores tradicionalistas españoles desde la época de Andrés Borrego y Donoso Cortés.

En su libro se airean episodios lamentables, como el protagonizado en abril de 1939 por un Pérez de Ayala inmerso en una absoluta bancarrota moral y mental, porque no otro nombre pueden recibir sus elogios al archinazi Chamberlain (2004: 177). Por más que Marañón fuera amenazado y zarandeado en una cheka por milicianos comunistas, era imposible que no viera la pluralidad desde la que se defendían los valores democráticos, pluralidad que salvaguardaron los «liberales íntegros» que salieron al exilio, como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Benjamín Jarnés o Francisco Ayala. El principal error histórico de los liberales infectados por el virus fascista fue creer que el franquismo era la mejor opción de continuidad para el europeísmo humanista, frente a la amenaza moscovita. Esta es la explicación de que Ortega, Marañón o Azorín contemplaran la Segunda República, en 1931, como la concreción del proyecto regeneracionista y en 1937-1939 defendieran su aniquilación a través de un argumento idéntico.

A propósito del Ortega posterior a 1936, Gracia ha escrito que «fue esa desconfianza en las herramientas del liberal para enderezar los tuertos y civilizar a sus propios ciudadanos lo que desarboló las únicas armas que cuentan, y son lentas, las armas del tiempo (cultura, escuela, parlamentarismo). Son las que habían llevado a ese aparente final de Europa, ese agotamiento de los mecanismos liberales que veía Ortega (y veían Spengler y muchos otros) y que le hicieron creer en la necesidad de recortar las libertades con dosis benignas de autoritarismo» (2004: 86). Solo que esta vez, el cirujano de hierro se les fue de las manos y los ninguneó. Si de algo se acusa a Ortega, es de haber podido imaginar que un general como Franco y un régimen como el franquista habrían podido entrañar algún tipo de continuidad respecto a la tradición europea.

No se trataba de considerar héroes a los maestros liberales que habían caído o abrazado el bando nacional (Marañón, Ortega, Azorín, Baroja, Pérez de Ayala, Pla), ni a los falangistas que habían participado en la construcción del nuevo Estado (Ridruejo, Tovar, Laín, Torrente, Maravall), sino de constatar que se dieron cuenta de su error y trataron de maquillarlo, y solo en un caso (el de Ridruejo) se pudo hablar de auténtica evolución hacia la disidencia. Escribe Gracia: «Cuando la resistencia es silenciosa es porque no ha sabido ser ruidosa ni pletórica ni alegre y vital y explosiva, sino acobardada, timorata, precavida, cauta y muy poco heroica». Es más, creo que Gracia, quizás sin desearlo expresamente, crea una oposición entre quienes articularon un posibilismo disidente y quienes se limitaron a construir artimañas: «por eso está más cerca de lo admirablemente humano la repulsa temprana de Dionisio Ridruejo a su propio pasado y sus convicciones fascistas antes que el caso de Laín Entralgo y su maquillaje de una biografía ni asumida ni deplorada» (2004: 81). Efectivamente, no se puede meter en un mismo saco a los «perdedores» voluntarios Ridruejo y Ruiz-Giménez que a los timoratos D’Ors o Laín.

El problema, a mi modo de ver, reside en la palabra «resistencia», y no en la palabra «silenciosa», cuyo sentido explica Gracia de forma satisfactoria: el «resistente silencioso» es un antihéroe, un arrepentido que no se atreve a salir del armario del autoritarismo inflado e históricamente aberrante. El posibilista falangista, el reformista franquista, fue cobarde, timorato, precavido, cauto y poco heroico, porque el régimen implantado desde 1939 era mucho más sistemáticamente represor y salvaje que el de 1923, que había suscitado una creciente ola de de reivindicaciones democráticas. Gracia no se propuso glorificar a un puñado de falangistas integrados en el Movimiento, sino historiar un tímido reformismo que él mismo califica de miedoso, prudente y seriamente limitado. Proporciona un panorama gris y no una reivindicación con tintes épicos. Escribe Gracia: «Defiendo la subsistencia de la tradición liberal, cohibida y escondida, como fundamento del futuro y asumo que la resurrección del pensamiento liberal coincide con el desahucio intelectual y final biológico de una cultura fascista» (2004: 23), y en otro pasaje: «La continuidad liberal fue menos una forma de militancia antifranquista que de subsistencia estricta y elemental» (2004: 125). Luego no fue una resistencia, fue una supervivencia asediada y medio moribunda. Define Gracia a la cultura fascista como la que es únicamente propaganda sin necesidad de apelar a la realidad circundante ni de acudir al análisis objetivo de las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla la vida de los ciudadanos57. Por lo tanto, ese posibilismo reformista, según esta perspectiva, era un semirregeneracionismo, puesto que no se proponía otra cosa que buscar el reenganche con la continuidad que es el objeto central de este libro, continuidad de conciencia crítica sepultada bajo la hojarasca monstruosa del discurso oficial franquista. Cuando en 1951 Gregorio Marañón redactó su prólogo a Modernismo frente al 98, de Guillermo Díaz-Plaja, señaló que, aunque la consigna del régimen fuera reabrir el sepulcro del Cid, en las cuestiones prácticas no había más remedio que acudir a Joaquín Costa, aun a regañadientes (López Vega, 2011: 387).

Creo que ese futuro mediocre cimentado en una heterodoxia gris y débil tiene mucho que ver con la Transición maniatada y tergiversada que denunciaba Morán. No es gran cosa reivindicar a Feijoo en pleno franquismo, como hizo Marañón en varias ocasiones durante sus últimos años. Pero es alguna cosa en el contexto asfixiante y totalitario de la España de los años cuarenta y cincuenta. Por eso, para los casos del Marañón de posguerra, del Ortega eclipsado y noqueado de los últimos años, de Laín, de Tovar, Aranguren y Torrente Ballester, me parece mejor la calificación de «posibilistas». Un posibilista no es un resistente, porque no ha roto con el sistema. Un sistema que trituraba al resistente o al disidente.

Reformulémoslo. El Movimiento franquista aspiró a presentarse, como antes lo había hecho la Unión Patriótica primorriverista, como una formación suprapartidista que aspiraba a convertir el régimen en la palanca regeneradora de la nación. Pero en el caso franquista, la mentira era tan enorme que hasta sus primeros defensores dogmáticos de primera hora tuvieron que imaginar un nuevo (y más real) regeneracionismo. Porque el régimen había dado marcha atrás al reloj hasta antes de 1558, momento en que Luis Ortiz envió al monarca su inaugural dictamen sobre el estado de la civilización española.

El problema analizado por Gracia es de naturaleza lingüística, o por lo menos su origen es un cambio de estilo, reflejo de un cambio de mentalidad, que se observa entre los fundadores de la dictadura franquista y sus primeros sustentadores jurídicos. No diremos que se trata de una cuestión de estilo, es algo más profundo. Algo que solo puede percibirse a través de la punta del iceberg que es el estilo. Se intenta radiografiar a un embrión de lenguaje plural y relativista que nació en el contexto hostil de un idioma totalmente intoxicado por el ruido y los bombos de la lengua del franquismo: «La prosa vieja del humanismo y su legado fue, así, un excepcional antídoto contra la España nueva y el nuevo Estado» (2004: 25). A partir de aquí, pueden documentarse pequeños movimientos aperturistas que, dentro del contexto delirante en que se produjeron, trataron de perfilarse como alternativas al poder directo y omnímodo del dictador. En 1945 Serrano Suñer recomendó a Franco que implantara una especie de gobierno nacional que recuperase a viejas figuras de prestigio del pasado anterior a la guerra (Cambó, Ortega y Marañón). Franco ni le prestó atención, y además fue anotando al lado de los nombres propuestos un «no» rotundo o un «je je» muy sintomático de cuál iba a ser su actitud futura. Serrano, ministro de Asuntos Exteriores, había sido cesado en 1942, pero conservaba aún influencia sobre el dictador, en calidad de cuñado.

En 1947 Ridruejo proponía algo muy parecido: que se relevara de las tareas de gobierno a una Falange muy desvirtuada y se la sustituyera por un gobierno de concentración que recordaba mucho a los de la etapa inmediatamente anterior a la dictadura de Primo de Rivera. Sin atenuar el autoritarismo, la imaginación política no era capaz de crear modelos más allá de los ensayados durante las décadas de los años veinte y treinta. Ortega, más o menos consciente de su equivocación global, parece que mostró un tímido apoyo a una salida como estas dos que llegaron a esbozarse. Lo más urgente era que una restauración monárquica o un paso atrás institucional rompieran la monolítica autocracia que caracterizaba al régimen. Hacía ya cinco años que Ridruejo había dimitido de todos sus cargos en el Partido. En 1942, leal a sus ideas fascistas, se había alistado en la División Azul y se había asegurado de combatir como cualquier otro soldado raso58. Al volver, renunció a todos sus cargos y fue confinado en Ronda y en la costa del Maresme, en Cataluña. Entonces escribió poesía y tradujo a Josep Pla. Realizaba los primeros pasos que tenían que conducirle a la socialdemocracia, aunque faltara mucho para eso, porque su disidencia primera operó en sentido contrario, es decir, tendió a reclamar coherencia fascista para un régimen que, poco a poco, se iba perfilando como un equilibrio plural entre nacionalcatólicos, falangistas, tradicionalistas y monárquicos antiliberales, pronto también marginados, y en el que la lealtad absoluta al Caudillo era realmente el único factor aglutinante.

Para ese Ridruejo de 1942, la única salida decorosa para el franquismo era la fascistización completa. Y no fue el único convencido de ello: hubo un intento serio de radicalizar el franquismo, a través de una revolución sindical, tramado por Salvador Merino. Durante su visita a Berlín, este líder sindical fascista se reunió con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, el 7 de mayo de 1941, con el objetivo de pedirle que financiara una revolución falangista en el seno del nuevo régimen (Payne, 2007: 108). Para controlar mejor a los aparatos sindicales, Merino había renunciado a convertirse en el primer ministro de Trabajo del franquismo, y finalmente fue desterrado a Baleares para neutralizar su intentona.

Por su parte, el influyente Serrano Suñer no dejaba de escandalizar a los sectores militaristas y monárquicos con sus constantes declaraciones pro-Eje. Seguramente, entre los dirigentes cercanos al Caudillo, fuera el más extremista y autoritario, y se le acusó de forzar que no se reconociera a la monarquía y de exceso de poder. Tras su cese en septiembre de 1942, Franco lograría domesticar a la Falange colocando en su cúspide a José Luis de Arrese, un político que destilaba demagogia en los discursos pero que, en la práctica, era completamente dócil a la política conservadora que deseaba diseñar el dictador. Es posible que con esta maniobra Franco lograra capear los estertores de la revolución ultranacionalista que aún pudieran albergar algún tipo de relación con el regeneracionismo de la etapa liberal. Precisamente en ese año Alfonso García Valdecasas, que había figurado entre los fundadores de la Falange de la etapa republicana, publicó un artículo titulado «Los Estados totalitarios y el Estado español», donde negaba que el franquismo se pudiera emparentar con los regímenes fascistas. A su modo de ver, que era en parte el oficialista, la tradición española guiaba y limitaba la política de la dictadura (Payne, 2007: 124-125). Por lo tanto, entre 1941 y 1942 se acabó de ventilar la espinosa cuestión de si el régimen había de encaminarse hacia una fascistización completa, como defendían los falangistas partidarios de la modernización totalitaria, o de si, por el contrario, resultaba necesario potenciar los aspectos nacionalcatólicos y defender una línea contrarrevolucionaria, a la derecha de la ultraderecha. En 1943, previendo la derrota de Italia y Alemania, Franco solicitó al ministro de Justicia que redactara una ley de derechos humanos. Era la primera de sus operaciones de maquillaje (Payne, 2007: 129).

El 19 de marzo de 1945 la oposición monárquica reunida en torno a Don Carlos, hijo de Alfonso XIII, dio a conocer el Manifiesto de Lausana desde Suiza. En el texto se reclamaba la devolución de la Jefatura del Estado y se defendía un retorno a la monarquía constitucional. Pero Franco lo ignoró: «No hay ningún indicio de que hubiese pensado nunca en abandonar el poder. Aunque así hubiese sido, la suerte de Mussolini y las purgas en Francia y en los Países Bajos sin duda lo habrían disuadido de ello. El caudillaje, una vez iniciado, era una empresa a vida o muerte. Como dijo a un destacado general: “Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito: de aquí al cementerio”» (Payne, 2007: 136). De ahí que Franco se especializara en impedir cualquier atisbo de reforma estructural que mermara su poder y en dosificar con cuentagotas, durante las décadas siguientes, sus iniciativas constituyentes. El 17 de julio de 1945 fue promulgado el Fuero de los Españoles, que fundía el espíritu de la Constitución de 1876 con el lenguaje tradicionalista que al régimen le interesaba fomentar. Arrese se opuso al proyecto, pero fue ignorado también.

Cuando Franco apostó inequívocamente por la perpetuación de la dictadura, José María Gil Robles, antiguo líder de la CEDA republicana, desertó del régimen y se pasó a la oposición monárquica. En Estoril impulsó unas Bases institucionales de la monarquía española que corregían el Manifiesto de Lausana y definían un Parlamento corporativo en el que solo un tercio sería elegido mediante elecciones directas. La opción monárquica viraba hacia la derecha y reclamaba un mayor poder para el monarca.

Hacia 1945-1947 Ridruejo consideraba ya que el papel de FET y JONS era meramente decorativo, y que debía dejar paso a otro tipo de gobierno menos hipócrita y más eficaz. Por esos años, también hubo desencanto en Torrente Ballester, pero ni él ni Ridruejo acertaron aún a perfilar una alternativa al poder personal de Franco.

A TIENTAS

¿Quiénes fueron los auténticos triunfadores de las pugnas internas de la primera década de régimen franquista? Para Stanley Payne, no cabe ninguna duda: «[Hacia 1950] se habían llevado a la práctica los siete puntos principales de las teorías de Acción Española» (2007: 158). España se parecía mucho más a una monarquía autoritaria que al régimen que habían exigido los falangistas. Los aspectos más totalitarios eran los confesionales, los que convertían a la fe católica en la única opción de conciencia posible para un español. Rafael Calvo Serer se había convertido en uno de los principales teóricos de ese diseño de los años treinta que acabó imponiéndose durante la segunda mitad de la década siguiente.

En 1948 Ridruejo viaja a Italia como enviado del periódico Arriba. Al año siguiente, ha vuelto convertido en un todavía falangista totalmente antifranquista. Un año clave en su proceso de evolución sería 1952, ya con Ruiz-Giménez de ministro de Educación, año en que fundó la Revista. En 1957 Ridruejo llegaba a una estación concreta: fundaba el llamado Partido Social de Acción Democrática, grupo clandestino de orientación socialista.

Paralelamente, Ruiz-Giménez, ministro desde 1951, dirigía una política reformista que no tuvo continuidad cuando el poder fue a parar a manos de los tecnócratas del Opus Dei. Impuso una inspección estatal limitada a los centros de enseñanza católica, revisó los programas educativos y trató de liberalizar parcialmente los procesos de acceso a cátedras universitarias, suavizando el favoritismo absoluto que se había impuesto desde la inmediata posguerra. En el campo del pensamiento, financió publicaciones trascendentales, que se convirtieron en un fugaz islote de libertad en un contexto tan asfixiantemente represivo. Antes de que dimitiera en 1956, nombró a un brillante equipo de profesionales falangistas de la cultura: a Joaquín Pérez Villanueva como director general de Enseñanza Universitaria, a Pedro Laín Entralgo como rector de la Universidad de Madrid, y a Antonio Tovar, de la de Salamanca. Tras su cese, se convertiría en el líder de la oposición democristiana al régimen. Paralelamente, poco a poco, los posibilistas fueron encontrando redes de conocimiento alternativas a la hinchazón fascista. De 1964 es un estudio sobre Forner escrito por José Antonio Maravall, que luego pasaría a Estudios de Historia del pensamiento español. Siglo XVIII. En opinión de Gracia, «lo que aspira a cambiar Maravall es la idea misma de nación para desembarazarla de las telarañas católicas que impedían la reflexión racional sobre el pasado» (2004: 266).

Va desplegándose también, sintomáticamente y a gran velocidad, el estudio del regeneracionismo: de 1961 es Costa y el regeneracionismo, de Enrique Tierno Galván; de 1965, Derecho y Revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, de Alberto Gil Novales; también de 1965 la tesis doctoral de Nicolás María Calera, Joaquín Costa, filósofo del Derecho; de 1966, El pensamiento de Costa y su influencia en el 98, del imprescindible Rafael Pérez de la Dehesa; de 1969, Educación y revolución en Costa, de Eloy Fernández Clemente, que tiene carácter de balance inicial y que es muy útil a la hora de detectar estudios inmediatamente anteriores: «El caso Joaquín Costa», de Melchor Fernández Almagro (Revista de Estudios Políticos, núms. 29-30, septiembre-diciembre de 1946); «Libertad política y libertad civil, según Joaquín Costa» (Revista de Estudios Políticos, en el mismo número de la misma revista en que había publicado Fernández Almagro); «Joaquín Costa o Sísifo y España», de José María Lacalle Salinas (Cuadernos Hispanoamericanos, junio de 1958); «En torno a Costa», de Pablo Azcárate (Ínsula, núm. 190, septiembre de 1962); «Un desconocido: Joaquín Costa» (Ínsula, núm. 184, marzo de 1962). No es un azar que precisamente las revistas que estaban tratando de consolidar alternativas de pensamiento político publicaran estudios costianos. En 1972 llegaba el patriarca de todos ellos: la biografía Joaquín Costa, el gran desconocido, de G. J. G. Cheyne, cuyo autor la consideró «provisional» porque era un perfeccionista pero que en realidad es un libro no superado, como demuestra el hecho de que se reeditase en el año 2010 con muy ligeros retoques.

La conclusión no puede ser otra que la siguiente: durante los años sesenta se produjo una auténtica avalancha de estudios costianos que de ningún modo puede dejar de ser relacionada con la consolidación de la oposición antifranquista no revolucionaria. La consolidación académica de los estudios costianos fue, a la vez, un intento de rescatar al regeneracionismo de brumas y contradicciones. Un proceso que no ha terminado aún, pues todavía queda mucho por rescatar y aclarar. Imposible pensar otra cosa: Costa resucitaba para volver a indicar el camino de la restauración de la vida española plena y democrática, y muchos intelectuales volvían a él para orientarse en temas tan candentes como la educación y la reforma agraria. El regeneracionismo, a pesar de lo que puedan decir y escribir los enemigos de la democracia, es una constante fuente de inspiración para los españoles que buscan modelos endógenos de profundización progresista. No es casualidad que en 1975, justo el año en que murió Franco, se editara Luis Morote: regeneración y democracia, de Juan Sisinio Pérez Garzón. Por esta razón resulta tan urgente terminar de una vez con las brumas y distorsiones conscientes que vinculan el pensamiento regeneracionista español con los regímenes doctrinarios y militaristas, porque de esta forma se corta el acceso del público lector a su propia tradición de contradicción y desobediencia constructiva.

Que Laín no fue precisamente un héroe, lo repite Gracia en varios pasajes de su obra. Según Castillejo Cambra: «Pedro Laín Entralgo cree que lo católico es consustancial a España, pero busca la “autonomía nacional del Estado” en asuntos temporales» (2013: 113). Era, por lo tanto, joseantoniano, puesto que el fundador de la Falange republicana había indicado que la Iglesia no podía servir como el aglutinante unánime que se deseaba para la nación. Y parafraseando a Santos Juliá, Castillejo también matiza el papel integrador del grupo de Escorial: más que liberalizar el régimen y el ambiente cultural, la mal llamada «Falange liberal» habría pretendido integrar a los vencidos en el proyecto totalitario sin cuestionarlo. Que a los falangistas y entusiastas del Movimiento no les gustara el régimen no significa que aquellos intelectuales hubieran dejado de ser intelectuales orgánicos. Y tampoco significa que hubieran dejado de ser fascistas. Seguramente, si no les gustaba el régimen, era precisamente por lealtad a los principios falangistas, que tenían mucho que ver con el neorregeneracionismo joseantoniano.

En 1945, Laín publica su clásico La generación del 98, y reconoce que resulta imposible considerar a España sin la ruptura con los pintoresquismos que supusieron las obras de los autores examinados. Sin embargo, los noventayochistas son analizados solo como patriotas, y no como «europeizantes». Laín descubría la sopa de ajo: que era posible escribir criticando, que la conciencia independiente del Estado era posible. Quizás empezaba también a descubrir que para hacer cultura de verdad resultaba imprescindible no ser un fascista o empezar a comportarse como un no fascista, si realmente se quería observar la realidad y no producir únicamente organigramas perfectos.

Quizás la palabra más adecuada para referirse a esta «resistencia silenciosa» impugnada por Gregorio Morán como una «prostitución» o una resistencia meramente «doméstica» es «posibilismo». Es la palabra que utiliza Antonio López Vega para titular el capítulo de su biografía que se centra en los años finales de Gregorio Marañón. Un posibilista es alguien que, sin romper con el sistema, promueve su apertura. El problema de fondo es que la base del franquismo era tan aberrante que cualquier postura reformista no podía ser considerada más que un insulto a la dignidad de todas las víctimas, físicas y morales, de la represión falangista y del totalitarismo nacionalcatólico. Pero Gracia tiene especial cuidado en distinguir, en su libro, entre los integrados que trataron discretamente de reenganchar su dicurso al europeo y la generación siguiente de auténticos disidentes, que empiezan a cobrar visibilidad durante los años cincuenta y que son los únicos a quienes puede llamarse con propiedad «resistentes».

Se trata de otros nombres, como por ejemplo los del cineasta comunista Juan Antonio Bardem, o los también comunistas Jorge Semprún (Federico Sánchez), Ricardo Muñoz Suay, Gabriel Celaya o Blas de Otero. Se trata de Carmen Martín Gaite o Rafael Sánchez Ferlosio, o de los redactores de la revista Ínsula. Otro núcleo constructivo y disidente se reunió en torno a José Aumente, fundador de la revista Praxis, donde aparecieron textos de Carlos Castilla del Pino, José Anlló o Nicolás Sartorius. Julio Cerón crearía, tras salir de la cárcel en 1959, el Frente de Liberación Popular, que se propuso aliarse con el cristianismo radical y el socialismo leninista. Jordi Gracia recoge unas palabras de Aumente que interesan enormemente aquí: «La realidad es que los partidos socialistas pequeñoburgueses han servido siempre en todos aquellos países [más atrasados] como vacuna que inmunizase el cuerpo social para la verdadera revolución» (2004: 205). Lo cual equivale a considerar a la socialdemocracia española un ente regeneracionista, fomentador de las mejoras sociales y obstaculizador de la revolución antisistema.

Estas iniciativas de los años cincuenta significan el auténtico cambio de ritmo en la evolución del pensamiento político español de posguerra. Y solo en los años sesenta se desarrolla una recuperación valiente y frontal de la tradición crítica. El interés de Juan Goytisolo por la figura de Larra se plasmó en su artículo «La actualidad de Larra», publicado por primera vez en L’Europa letteraria en 1961 y recogido después en Furgón de cola (París, 1967) y en la antología crítica de Rubén Benítez (Madrid, Taurus, 1979, págs. 107-118). La literatura temprana de Juan Goytisolo, sus primeros relatos, reportajes y libros de viajes, pueden entenderse como un esfuerzo por entroncar con la necesaria descripción del pueblo real hispánico y sus condiciones de vida.

En 1970, Laureano López Rodó reunía todos sus discursos pronunciados desde 1956 en el volumen Política y desarrollo. El tono de esos escritos es netamente falangista. En la página 13 se reproduce un retrato de José Antonio con una dedicatoria escrita y firmada por Pilar Primo de Rivera. El deseo de entroncar con esa tradición es, por lo tanto, bien explícito. Y se confirma desde el mismo prólogo: «Levantar la arquitectura de un Estado y elevar el nivel de vida del pueblo español, objetivo básico para una efectiva justicia social, son tareas ineludibles e inseparables». Veamos cómo se articula y qué léxico utiliza este otro regeneracionismo franquista: «De no impulsar decididamente la consecución de un mayor bienestar y justicia social para todos los españoles, la misma ordenación jurídica de las instituciones del Estado carecerá de sentido. Sería caer de nuevo en la retórica de los viejos sistemas políticos, tan exuberantes en discursos como impotentes para satisfacer las reivindicaciones de un pueblo exasperado por la miseria» (López Rodó, 1970: 11). ¿Trataba ya el artífice del Plan de Estabilización de construirse una aureola «liberal» o predemocrática? Lo cierto es que se seguía oponiendo el intervencionismo del Movimiento a la esterilidad de liberales y republicanos, incapaces de sacar a España del marasmo. Castillejo ha escrito: «El constitucionalismo y europeísmo de la intelectualidad oficial de los años 60 y 70 son epidérmicos» (2013: 120), y también que «el discurso tecnócrata entiende 1936 como el inicio de un régimen “realizador”, que ha superado la inestabilidad política del pasado: esa es su legitimación de origen» (2013: 134). En su opinión, Costa y Ortega y Gasset son instrumentalizados para vigorizar sus discursos sobre las masas, cuyo papel pasivo se limita a dejarse dirigir por la élite intelectual.

No, López Rodó no preparaba aún una conversión milagrosa. Creía que Franco y el Movimiento eran la culminación de un ideal social. Si no, no hubiera permitido imprimir, por ejemplo, su discurso «Del Estado Liberal al Estado Social y de Derecho», leído en las Cortes el 15 de julio de 1958, y que tenía como objetivo defender una nueva ley de procedimiento administrativo. Ese discurso trasluce el juego de oposiciones en que se basa la ideología del ministro que mejor representó las orientaciones tecnocráticas, y por lo tanto reformistas, del régimen. Explica López Rodó cómo se gestó la anterior Ley de Procedimiento, y de allí extrapola las excelencias del gobierno: «Se hallaba entonces España en los primeros años de la Regencia de Doña María Cristina y ocupaba Sagasta la Presidencia del Consejo de Ministros. No se había producido todavía el desastre colonial. Eran ocho los Departamentos ministeriales [...] cuya sola enumeración basta para subrayar la práctica ausencia de acción administrativa en materias económicas» (1970: 139). Qué mal lo hacían: «El presupuesto del Estado ascendía a 800 millones de pesetas, frente a los 60.000 millones del vigente. La cifra de aquella fecha representa en oro la cuarta parte de la actual». Conclusión: el Movimiento Nacional es, seguramente, el único régimen español que ha redimido y regenerado a España. Este es el mensaje final: «El Estado liberal ha tenido que ceder el paso al Estado social de Derecho; es decir, al Estado cuya acción persigue, dentro del mayor respeto al Derecho, la consecución del máximo bienestar social» (1970: 141). Por lo tanto, la diferencia con el hedillismo o los posibilistas es clara: ya no existe revolución pendiente. La felicidad universal se ha logrado ya: «Sería un contrasentido que cuando en los Principios Fundamentales del Movimiento se señalan las directrices de una vigorosa política social, continuáramos regidos por una legislación dictada con vistas a una realidad político-administrativa producto del liberalismo, hoy totalmente superado».

Por lo tanto, el orador desea colocarse al nivel cronológico de Costa, al nivel del impugnador de las impotencias del turnismo, imitando la fraseología progresista, y busca borrar de la historia las intentonas de democratización. Este mundo mental sigue varado en 1824. Entre el Desastre y 1958, lo único reseñable ha sido «un acontecimiento histórico cuya magnitud aún no estamos en condiciones de medir en todo su alcance: el Movimiento Nacional, fundado por el Caudillo, al frente del Ejército y el pueblo, verdadera comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada», etc., en fin...

González Calleja ha mostrado cómo el proyecto de Constitución de 1929, «de carácter antiliberal, monárquico y corporativo», fue el antecedente inmediato de las Leyes Fundamentales del Reino (1967), y cómo la Unión Patriótica pudo ser un modelo (imperfecto) de lo que Franco quiso que fuera el Movimiento (2005: 392), una formación liquidacionista. Jordi Gracia ha llamado al relevo opusdeísta «franquismo puro» (2004: 242) porque, en lugar de tratar de entroncar con el pasado liberal, los equipos tecnocráticos que sustituyeron a los equipos falangistas se ocupaban únicamente de asegurarse de que el sistema permanecía inalterado en sus rasgos fundamentales.

Pero no todos los discursos económicos eran tan optimistas. El regeneracionismo se colaba por entre las brechas cada vez más anchas del régimen. Quien quiera acceder a una radiografía de la economía española a la altura de 1969 dispone del curioso libro de J. Velarde Fuentes titulado Sobre la decadencia económica de España, donde la palabra más utilizada es «retraso». Allí encontrará datos curiosos, como por ejemplo que el 29 por 100 de los municipios de entre 13.000 y 15.000 habitantes carecía de alcantarillado. O que el 40 por 100 de los municipios pequeños de España carecía de alumbrado público... ¡en 1969! Además, el tratado de Velarde realiza en su primera parte un largo examen del pensamiento económico español no exento de inquietudes humanísticas, en el que personajes como Azorín, Rusiñol o Maeztu son habituales. En general, el tono del libro viene a ser la denuncia integral de las decisiones tomadas por los equipos falangistas y Franco desde el final de la guerra civil, con críticas especialmente duras contra la autarquía y los grandes monopolios del Estado.

En una entrevista, precisamente de 1969, un periodista le pregunta a López Rodó por el papel de los exiliados, y el ex ministro responde que «si me hablas de la oposición interior clandestina, te diré que se puede jugar a la política de dos maneras: por vía de revolución o por vía de evolución. A mi juicio, no hay cosa más regresiva que una revolución» (1970: 379-389). Y define como revolución: «La ruptura violenta con lo existente. Esta ruptura es regresiva, en primer lugar por el colapso que provoca. Y en segundo lugar, porque muchos de los revolucionarios que se instalan en el poder reaccionan como “nuevos ricos”: se encastillan aún más en sus privilegios que aquellos a quienes derribaron» (1970: 389). Como vemos, se adopta respecto al régimen una actitud totalmente posibilista. Se conjura el peligro revolucionario (¿qué fue el alzamiento sino una revolución que encastilló a viejos y nuevos ricos?) mientras se dinamizan la economía y la administración. Podría estar hablando Cambó, con la salvedad de que Cambó hablaba en un régimen constitucional, y su actitud parece ser la del grupo de tecnócratas catalanes (con Porcioles instalado en la alcaldía de Barcelona) que no tienen empacho en continuar lanzando la premisa de la accidentalidad de las formas de gobierno. Quizás hubieran podido exclamar: «¿Monarquía? ¿República? ¿Dictadura? ¡Cataluña!».

Cuando López Rodó hablaba en Barcelona, utilizaba otro tono que en las Cortes. En su conferencia «Transformaciones económicas y sociales de Barcelona en los últimos cincuenta años» (1962) terminaba su discurso recitando unos versos de Joan Maragall en catalán. Versos regeneracionistas, de proyección de la ciudad hacia el progreso. Y no es el único poeta que circula por estas páginas, está también Guimerà. Algunas secciones de esa conferencia son netamente tecnocráticas: con mejor administración, se culminan los ideales económicos y sociales. Un regeneracionismo corporativo, industrialista, cuyas líneas maestras quedan bien definidas en otra conferencia que acompaña a la de López Rodó en el folleto Tres actitudes de hoy ante la Barcelona del mañana (1962), titulada «Proyección de la industria barcelonesa en la Carta Municipal». Pero no logran engañarnos: estas «actitudes de hoy» son las de 1916: unidad patria y reclamaciones a Madrid, con la debida sordina. Se había regresado al arcaico mundo de los ministeriales a la catalana.

55 Para un examen exhaustivo y desapasionado de tan espinosa cuestión (la difícil relación entre los escritores noventayochistas y novecentistas y las masas y la democracia) resulta muy útil consultar los capítulos «Baroja y las masas» y «Baroja y la democracia», del libro Baroja y España, del historiador Francisco Fuster (Madrid, Fórcola, 2014, págs. 88-114). El autor no solo examina la cuestión fijándose en Azorín, Baroja y Ortega, sino que además reconstruye el necesario contexto teórico europeo a partir del cual se produjeron esas mentalidades antimodernas.

56 Sobre esta cuestión pueden consultarse los trabajos de González Cuevas (1987): «Ramiro de Maeztu frente a la Segunda República», Historia 16, núm. 138, págs. 19-26; o «La última etapa de Ramiro de Maeztu: Acción Española y la conspiración antirrepublicana», La Razón Histórica: revista hispanoamericana de histora de las ideas políticas y sociales, 17, 2012, págs. 26-56, de José Alsina Calvés. También es ilustrador el trabajo de Enrique Selva (1998): «Salaverría en la vorágine de su tiempo», en Albert Methchild, Vencer no es convencer: literatura e ideología del fascismo español, Madrid, Vervuert, págs. 77-86.

57 «La restitución franquista del ser de España verdadero tuvo su mejor imagen en la imposición general de una lengua apodíctica, profundamente falsa, ajena por entero a los mimbres relativistas de la tradición humanística, y también de una antigua España civilizada. Esa forma del irracionalismo convierte al lenguaje en propaganda porque no aspira a comprender la realidad, ni a conocerla ni a analizarla, sino a transmitirla prefabricada de acuerdo con su propio sistema ideológico» (Gracia, 2004: 24).

58 La experiencia quedó recogida en la obra Cuadernos de Rusia, que se acaba de reeditar con prólogo del propio Gracia y editada y anotada por X. M. Núñez Seixas (Madrid, Fórcola, 2013).

CONCLUSIONES: EL RAYO QUE NO CESA

Hemos completado un largo viaje, y deberíamos ser capaces de aportar con un mínimo de sistematicidad los rasgos generales de lo que hemos convenido en llamar «reformismo» o «regeneracionismo» español. Nos hemos zambullido, por ejemplo, en los orígenes mismos del subdesarrollo castellano (ahora sabemos que, en el fondo, el problema de España nunca fue una cuestión de degeneración racial, de impotencia innata transmitida de generación en generación). Seguramente, si algo no ha sabido hacer la prosa española de ideas políticas ha sido desdramatizar su propia condición para presentar los problemas a una escala humana, desde un punto de vista equilibrado y mensurable, y no como una gigantesca pifia del destino universal, imposible de enderezar. Por descontado, Joaquín Costa o Lucas Mallada no fueron precisamente ejemplos de serenidad reformista. En ese sentido, las aportaciones de Luis Morote y de Ortega y Gasset resultaron fundamentales porque, como las de los equipos ilustrados de Carlos III y Carlos IV o los liberales, se formularon con esperanza y posibilidades de realización.

Es posible que, en el fondo, el gran éxito de Ortega (del Ortega proyectista, no del político), su secreto, no estribara más que en la simplificación práctica de los problemas españoles, de cara a una efectiva identificación de los remedios.

Y llegados a este término, quizás hayamos llegado también a entender hasta qué punto resulta imprescindible conocer la España del siglo XVII para explicar los dramas morales del mundo contemporáneo. Entre 1580 y 1680 Castilla encadenó circunstancias económicas adversas, salió perdiendo de la lucha por la hegemonía europea frente a Francia. Luis XIV relevó a Felipe II como árbitro supremo de la cristiandad. Y durante los tres siglos siguientes, las potencias vencedoras humillaron a España sacándole los trapos sucios y predominando en los aspectos propagandísticos. La nación pobre y derrotada era también intrínsecamente tiránica, intolerante y anticristiana. Sin embargo, a finales del siglo XX e inicios del XXI han tenido que ser historiadores extranjeros quienes redimieran a la nación ultrajada, y escribieran frases como la siguiente: «se debería haber hecho un homenaje a España en un sentido: sus intelectuales fueron los primeros —y los únicos hasta el siglo XX— en luchar contra la idea de que un pueblo puede imponer su tutela a otro con el falaz pretexto de evangelizarlo, de civilizarlo» (Pérez, 2012: 167). Otra cosa es que se les hiciera caso. En uno de los capítulos de su libro La herencia del pasado, Ricardo García Cárcel ha explicado la historia de cómo los hispanistas de la segunda mitad del siglo XX consiguieron romper con el antihistórico ensimismamiento de la historiografía española, para empezar a esbozar las causas reales del subdesarrollo y los morbos masoquistas que la tenían atenazada59. Seguramente, la cuestión central estribaba en meterse en los archivos para dejar de eternizar lugares comunes, bien sangrantes y dolientes, del imaginario colectivo.

Y es que, precisamente, si podemos hablar de continuidad reformista, puesto que esperamos haber podido demostrar hasta qué punto los ilustrados castellanos, a partir de mediados del siglo XVIII, trataron de agavillar a los autores propios más susceptibles de ser considerados auténticos «escritores economistas» para localizar y neutralizar los problemas más acuciantes de la monarquía, es porque ese pensamiento no puede haber fracasado más profundamente. Si los ensayistas y proyectistas españoles tienen que volver continua y cíclicamente sobre los mismos problemas, hasta tal punto que pueden detectarse idénticos topoi en textos de 1560 que en proclamas de 1870, es porque, en general, han sido perfectamente desoídos, y las clases rectoras a las que apelaban para liderar el cambio no han sabido (o seguramente no han querido) ni subirse al carro del capitalismo industrial ni relanzar la economía interna a través de un reparto equitativo de la riqueza. Como se puede comprobar, un problema que ha tomado, de nuevo, actualidad desde el año 2008.

¿Es España un pueblo de inútiles incapaces de dirigir su propia economía, e incapaces incluso de implantar una prosperidad industrializada duradera? ¿De dónde proceden los desgarrones sociales de la actualidad? ¿Hay alguien realmente interesado en mantener el subdesarrollo, limitar el acceso a la cultura, es decir, involucionar? ¿Hasta qué punto interesa a una clase de colonizadores interiores (llamémoslos así) mantener los tópicos de que los españoles son, por naturaleza, unos seres incapaces y de mente débil? Este estado de cosas, el mantenimiento de un Estado sin nación y, por lo tanto, falto de conciencia crítica capaz de controlarlo y dirigirlo, es relativamente fácil de alcanzar. Basta con boicotear la educación y pervertir el derecho, es decir, de invertir el proyecto regeracionista con la idea de impulsar la involución social. Existen motivos para pensar que, precisamente, nos encontramos inmersos en un proceso como el que describimos. Acudamos a un documento reciente: la carta que el músico Jordi Savall envió al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, expresándole los motivos por los cuales se veía moralmente obligado a rechazar el Premio Nacional de Música del año 2014. Y de estas palabras, lo menos importante son los nombres propios, y lo más, el lenguaje utilizado por Savall, que es, inequívocamente, el del intelectual impugnador:

Vivimos en una grave crisis política, económica y cultural, a consecuencia de la cual una cuarta parte de los españoles está en situación de gran precariedad y más de la mitad de nuestros jóvenes no tiene ni tendrá posibilidad alguna de conseguir un trabajo que les asegure una vida mínimamente digna. La Cultura, el Arte, y especialmente la Música, son la base de la educación que nos permite realizarnos personalmente y, al mismo tiempo, estar presentes como entidad cultural, en un mundo cada vez más globalizado. Estoy profundamente convencido que el arte es útil a la sociedad, contribuyendo a la educación de los jóvenes, y a elevar y a fortalecer la dimensión humana y espiritual del ser humano [...]. La ignorancia y la amnesia son el fin de toda civilización, ya que sin educación no hay arte y sin memoria no hay justicia. No podemos permitir que la ignorancia y la falta de conciencia del valor de la cultura de los responsables de las más altas instancias del gobierno de España, erosionen impunemente el arduo trabajo de tantos músicos, actores, bailarines, cineastas, escritores y artistas plásticos que detentan el verdadero estandarte de la Cultura y que no merecen sin duda alguna el trato que padecen, pues son los verdaderos protagonistas de la identidad cultural de este país (30 de octubre de 2014).

Démonos cuenta de lo que está diciendo el maestro. Hacia 1900 se acusaba a los regeneracionistas de ser pedigüeños del Estado, o «estadólatras» se les ha llamado más modernamente. Es posible que aquellos pensadores reclamaran que el Estado fomentara, protegiera, financiara las infraestructuras culturales. Lo que está denunciando Savall es algo mucho más grave: lo que dice es que el Estado está «erosionando» expresamente los valores de la sociedad y su necesario espacio. El problema ya no es tanto permitir que se desarrollen, denunciar una negligencia, o el nivel de perfeccionamiento que las artes puedan alcanzar en España. El problema es que exista un programa meditado de desmantelamiento de la memoria y de la dignidad de los ciudadanos. El problema es la existencia de un intervencionismo negativo, de un saqueo criminal de la identidad, del secuestro del progreso. Savall es «estadófobo».

El lenguaje se ha actualizado, y también los valores, pero en el fondo lo que viene a expresar el músico es la exigencia de una España culta, moderna y europea, enfrentada a un modelo institucional obsoleto y desvirtuado por el nuevo caciquismo, que hoy se llama corrupción. Esperamos, pues, haber podido rescatar un legado de pensamiento español capaz de orientar y aportar ideas, en la crítica situación actual, a una sociedad que vuelve a buscarse a sí misma con desesperación, porque vuelve a sentirse desatendida, dramáticamente ahogada, traicionada y robada, cuando no atacada.

El regeneracionismo actual que consiguiera triunfar reduciría la cuestión a cuatro o cinco conflictos comprensibles, resumibles y claros, pero, ¿lograría alguna vez reunir suficiente apoyo popular, esto es, apoyo electoral, como para introducir reformas? El mismo dilema que condujo a Macías y a Costa a barruntar una vaga solución autoritaria, puntual, pero convertida en un tópico determinante en 1923 y 1939. ¿Hasta cuándo continuaremos rasgándonos las vestiduras, sin coger la aguja y el hilo? Precisamente para improvisar unanimidades se implantaron dos dictaduras en España, que impusieron el gobierno dogmático de una parcialidad para certificar la división interna y ahondarla.

Esperamos también haber contribuido de algún modo a despejar las brumas manipuladas con que continúa siendo percibido el regeneracionismo. Identificarlo como un mero autoritarismo, cuando es harto discutible que sus respresentantes más destacados albergaran alguna vez programas autoritarios (esperamos haber podido demostrar con suficientes argumentos lo contrario), implica acusar de lo mismo a cualquier proyecto actual que se proponga sanear nuestra democracia desde una postura externa a las estructuras de poder consolidadas durante los últimos treinta años.

Hubo un regeneracionismo autoritario (el de Isern, el de Polavieja, el de un determinado Maeztu, el de Primo de Rivera y Calvo Sotelo), y podrá haber, cómo no, otros en el futuro. Pero el legado sustancial y mayoritario del regeneracionismo tiene color republicano y muestra contenidos de profundización democrática. Importa no descansar en la demostración de esta clarividencia regeneracionista. Porque no de otro modo, a la vista de lo sucedido en 1923 y 1939, pueden ser calificadas estas proféticas palabras de Luis Morote, escritas en 1900:

Grave yerro sería pedir por caridad un general que nos salvase, un tirano que nos redimiese, sin pensar que el caudillo que necesitamos es un hacendista que nos saque a flote, y que el tirano que nos hace falta es el maestro de escuela que disipe las sombras de la ignorancia nacional. Los guerreros que alcanzan victorias, no sobrevienen en los pueblos por milagro. Bismarck y Moltke se engendran por un siglo de disciplina mental, por un caudal de ciencia, de energía tremendo. Lo primero es formar hombres, acumular fuerza social y moral, dotar al país de ideales. Y en vez de eso, ya el primer dictador que nos salió intentó arrojarnos en brazos de la reacción clérico-militarista, ese pesado fardo que impide andar a la raza latina (1997: 78).

Hacer del maestro de escuela el tirano nacional. Más claro no puede expresarse el deseo de la dictadura de la cultura. Que es, en definitiva, utilizando el lenguaje analógico, lo mismo que exigir el imperio de la razón, es decir, el antiimperio. La experiencia de los falangistas cultos, aburridos de sus propias tonterías y salvajismos extremistas, debería inmunizarnos, como lo hizo la prosa noventayochista hacia 1900, de las hinchazones discursivas que son mera propaganda negadora de la realidad. Abandonarse al discurso acrítico implica abandonar a la propia nación y destruir sus posibilidades de cohesión o construcción colectiva de un futuro. Acostumbrarse a la mentira cotidiana no es el mejor modo de fundamentar la estabilidad de un Estado, sino el camino más rápido para disolverlo. No es extraño, pues, que se consolide en Cataluña una fuerza francamente independentista cuando la corrupción generalizada ha hecho perder su legitimidad a las propuestas de regeneración planteadas por quienes representan las más altas instituciones del Estado. Si el caciquismo actual es la corrupción, el separatismo es una reacción análoga, pero mucho más radical, a la de los intelectuales catalanes de 1901. El problema es que el regeneracionismo llegue tarde para coser los desgarrones, por pura negligencia. Mal harán los sistemas que cierren el camino al pensamiento reformista, limiten o reduzcan el papel de los educadores en la sociedad española, porque engendrarán la revolución que los destruya. Se atacarán a sí mismos.

Por decirlo de otro modo: en un mundo normal, el ministro de Cultura debería ser Savall, y no Wert.

A veces los historiadores abusan de su presunta capacidad de analizar el presente y el futuro, y yo acabo de hacerlo, y pido disculpas, aunque también es verdad que resultaría difícil justificar su función social si su análisis se limitara radical y exclusivamente a un examen científico y desinteresado del pasado, que es básicamente lo que se ha intentado aquí: filiar un conjunto de escuelas de pensamiento sólidamente imbricadas entre sí. Con todo, no compete al historiador mostrar lo que pueda empezar a esbozarse en una bola de cristal. Así que, para terminar nuestro viaje, nada nos parece mejor que ofrecer, como conclusiones finales, dos fragmentos más de Luis Morote que hacemos nuestros, para que el que quiera entender entienda, si así lo desea: «Los gobiernos que aún subsisten en España y que son de la España que fue, de la que acaba, no pueden tomarse sino a título de saldo de prendas invendibles en una liquidación que está por hacer. Por fortuna, los que se ofrecen como regeneradores, como hombres necesarios, como depositarios de una misión providencial e histórica, son de tallas tan rebajadas, tan minúsculas, que da espanto y frío solo mirarlas» (1997: 55).

Y el otro: «Las diferencias de los partidos gubernamentales se borran. Se remueve hasta el fondo el alma de la patria y aparece esta dividida en dos mitades irreductibles, en dos razas diferentes. La raza de los que piensan y quieren como un pueblo culto y moderno, y no se asustan de la libertad, y en ella ponen sus esperanzas de honor y de paz y tienen un ideal que pudiéramos llamar dinámico, porque consiste en la transformación y movilidad y renovamiento de las fuerzas político-sociales; y la raza de los que pretenden que la paz se afirma y conserva haciendo una guerra de exclusión, de exterminio a las energías libres, no agremiadas en las oligarquías reinantes, y abrigan por todo ideal una noción estática de la administración y gobierno, en la que perduren vicios y errores que tan dichoso éxito han tenido» (1997: 82).

Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.

59 «Los hispanistas: ¿redentores de la leyenda negra?», La herencia del pasado, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, págs. 624-641.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLÁN, José Luis (1986), Los españoles vistos por sí mismos, Madrid, Turner.

— (1989), Historia crítica del pensamiento español. Tomo V (II), La crisis contemporánea. II, Madrid, Espasa-Calpe.

ALBORNOZ, Álvaro (¿1920?), El temperamento español. La democracia y la libertad, Barcelona, Minerva.

— (1925), La tragedia del Estado español, Madrid, Caro Raggio.

ALMIRALL, Valentí (1902), El catalanismo, Barcelona, Antonio López.

— (1983), España tal como es, Barcelona, Anthropos (edición de Antoni Jutglar).

ÁLVAREZ JUNCO, José (2012), Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus.

— (2013), «Historia y mitos nacionales», en Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas (eds.), Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo xx, Barcelona, RBA, págs. 21-54.

ÁLVAREZ PELÁEZ, Raquel (2007), «Biología, medicina, higiene y eugenesia. España a finales del siglo XIX y comienzos del XX», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 207-240.

ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Manuel (2012), Jovellanos: vida y pensamiento, Oviedo, Nobel.

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, José Antonio (1978), «Arbitristas españoles del siglo XVII», Cuadernos Hispanoamericanos, 334, págs. 55-75.

AMESTOY, Alfredo (2014), «Cataluña puede galvanizar a España», El Mundo, 26-08-2014.

AMOR DE SORIA, Juan (2000), Aragonesismo austracista, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (edición y estudio introductorio de Ernest Lluch).

ANES, Gonzalo (1971), Memoriales y discursos de Francisco Martínez de Mata, Madrid, Editorial Moneda y Crédito.

— (1981), Economía e ilustración en la España del siglo XVIII, Barcelona, Ariel.

— (1995), La Ley Agraria, Madrid, Alianza Editorial.

ARAQUISTÁIN, Luis (1920), España en el crisol, Barcelona, Minerva.

ARCHILÉS, Ferran (2009), «La nación de las mocedades de José Ortega y Gasset y el discurso del nacionalismo español (1906-1914)», en C. Forcadell, I. Saz y P. Salomón (eds.), Discursos de España en el siglo xx, Valencia, PUV, págs. 65-121.

ARRANZ NOTARIO, Luis (2013), Silvela. Entre el liberalismo y el regeneracionismo, Madrid, FAES.

AZAÑA, Manuel (2007a), Obras Completas, 1. 1897-1920, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (edición de Santos Juliá).

— (2007b), Obras Completas, 2. Junio 1920-Abril 1931, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (edición de Santos Juliá).

— (2011), Causas de la guerra de España, Barcelona, Crítica.

AZORÍN (1909a), «Colección de farsantes», ABC, 12-9-1909.

— (1909b), «La personalidad», ABC, 24-09-1909.

— (1931), «Un momento decisivo», Crisol, 15-05-1931.

— (1946), El político, Madrid, Espasa-Calpe.

— (1968), Política y literatura, Madrid, Alianza Editorial.

— (1976), Lecturas españolas, Madrid, Espasa-Calpe.

— (2014), Libros, buquinistas y bibliotecas, Madrid, Fórcola (edición de Francisco Fuster).

AZPILCUETA, Martín de (1965), Comentario resolutorio de cambios, Madrid, CSIC (introducción y texto crítico por Alberto Ullastres, José M. Prendes y Luciano Pereña).

BALCELLS, Albert (2013), Puig i Cadafalch, president de Catalunya, i el seu temps, Barcelona, Dalmau.

BALMES, Jaime (1840), Consideraciones políticas sobre la situación de España, Barcelona, Impr. de José Tauló.

BAROJA, Pío (1972), Escritos de juventud, Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

— (1993), Camino de perfección, Madrid, Caro Raggio.

BASTOS ANSART, Francisco (1921), El Desastre de Annual. Melilla en julio de 1921, Barcelona, Minerva.

BENÍTEZ, Rubén (ed.) (1979), Mariano José de Larra, Madrid, Taurus.

BERNAL MUÑOZ, José Luis (1996), ¿Invento o realidad? La generación española de 1898, Valencia, Pre-textos.

BOADAS CABARROCAS, Sònia (2012), Un diálogo hacia la paz: las «Locuras de Europa» de Diego Saavedra Fajardo, tesis doctoral, Universitat de Girona60.

BOSCH, Alfred (2014), Como amigos. La independencia de Cataluña interesa a los españoles, Barcelona, Galaxia Gutenberg.

BRAVO MURILLO, Juan (1863), Opúsculos. Tomo I, Madrid, Librería de San Martín.

BRITT ARREDONDO, Cristopher (2005), «Blanco White ante el casticismo español», en Eduardo Subirats (ed.), José María Blanco White: crítica y exilio, Barcelona, Anthropos, págs. 109-116.

BUIREU GUARRO, Jorge (1991), Antonio García Alix: un ministro del regeneracionismo (1852-1911), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

CADALSO, José de (1998), Cartas marruecas, Madrid, Libertarias.

CALERO CALERO, Francisco (2002), «El pensamiento social de Luis Vives interpretado por Joaquín Costa», EPOS: Revista de Filología, núm. 18, págs. 421-426.

CALVO MATURANA, Antonio (2013), Cuando manden los que obedecen. La clase política e intelectual de la España preliberal (1780-1808), Madrid, Marcial Pons.

CALVO SERER (1949), España, sin problema, Madrid, Rialp.

CAMBÓ, Francesc (1984), Llibres, Barcelona, Alpha.

— (1999), Política económica, Barcelona, Alpha.

CAMPILLO, José del (1993), Dos escritos políticos. Lo que hay de más y menos en España / España despierta, Oviedo, Clásicos Asturianos del Pensamiento Político (edición de Dolores Mateos Dorado).

CAMPOMANES, conde de (1878), Cartas político-económicas escritas por el Conde de Campomanes, primero de este título, al Conde de Lerena, Madrid, Librería de M. Murillo.

— (1984), Bosquejo de política económica española, Madrid, Editora Nacional (edición de Jorge Cejudo).

— (1991), El fomento de la industria popular / La educación popular de los artesanos, Oviedo, GEA.

— (1996), Inéditos políticos, Oviedo, Clásicos Asturianos del Pensamiento Político.

CAMPOS, Ricardo (2013), «Psiquiatría, raza y represión en el primer franquismo: Antonio Vallejo-Nágera», Los intelectuales y la dictadura franquista. Cultura y poder en España de 1939 a 1975, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, págs. 19-45.

CANSINOS ASSENS, Rafael (2009), La novela de un literato, 3, Madrid, Alianza Editorial.

CASALDUERO, Joaquín (1967), Espronceda, Madrid, Gredos.

CASASSAS, Jordi (1983), La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Textos, Barcelona, Anthropos.

CASTIELLA, Fernando M. (1960), Política exterior de España (1898-1960), disertación del ministro de Asuntos Exteriores de España, el día 24 de marzo de 1960 en la Universidad de Georgetown, Washington D.C.

CASTIELLA, F. M., y AREILZA, J. M. (1941), Reivindicaciones de España, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.

CASTILLEJO CAMBRA, Emilio (2013), «Los intelectuales, mediadores del currículum de Historia», Los intelectuales y la dictadura franquista. Cultura y poder en España de 1939 a 1975, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, págs. 109-143.

CASTRO, Concepción de (1972), Andrés Borrego. Periodismo liberal conservador (1830-1846), Madrid, Miguel Castellote Editor.

CAVILLAC, Michel (1975), «Introducción» a Cristóbal Pérez de Herrera, Amparo de pobres, Madrid, Espasa-Calpe, págs. IX-CCIV.

CEJUDO, Jorge (1984), «Introducción» a Conde de Campomanes, Bosquejo de política económica española, Madrid, Editora Nacional, págs. 9-32.

CHEYNE, G. J. G. (2010), Joaquín Costa, el gran desconocido, Barcelona, Ariel.

— (2012), El renacimiento ideal: epistolario de Joaquín Costa y Rafael Altamira (1888-1911), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

CIGES APARICIO, Manuel (2011), Del periódico y de la política, Sevilla, Renacimiento (edición de José Esteban).

COLMEIRO, M. (1979), Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, XVII, XVIII, Madrid, Publicaciones de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

COLÓN, José Joaquín (1814), España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se la atribuyen, Madrid, Impr. de Repullés.

COMÍN, Francisco (2002), «La política económica», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 97-115.

COROMINES, Pere (1930), Por Castilla adentro, Madrid, Mundo Latino.

COSTA, Joaquín (1884), Estudios jurídicos y políticos, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación.

— (1911), Política hidráulica: misión social de los riegos en España, Madrid, Biblioteca Joaquín Costa.

— (1912a), El arbolado y la patria, Madrid, Biblioteca Joaquín Costa.

— (1912b), La tierra y la cuestión social, Madrid, Biblioteca Joaquín Costa.

— (1918), Instituciones económicas para obreros. Las habitaciones de alquiler barato en la Exposición Universal de París en 1867, Tortosa, Casa Editorial Montclús.

— (1967), Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos, Madrid, Alianza Editorial (edición de Rafael Pérez de la Dehesa).

— (1981), Reconstitución y europeización de España y otros escritos, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local.

— (2011a), Discursos librecambistas, Zaragoza, Larumbe (edición de J. M. Serrano Sanz).

— (2011b), Escritos agrarios. Escritos de juventud (1864-1871), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses (edición de Cristóbal Gómez de Benito y Alfonso Ortí Benlloch).

— (2011c), Escritos agrarios. Escritos de madurez (1874-1890), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses (edición de Cristóbal Gómez de Benito y Alfonso Ortí Benlloch).

— (2011d), Memorias, Zaragoza, Larumbe (edición de Juan Carlos Ara Torralba).

— (2012), Introducción a un tratado de política sacado textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la península, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.

DÍAZ-PLAJA, Fernando (1973), Francófilos y germanófilos, Barcelona, Dopesa.

DOMèNECH I MONTANER, Lluís (1905), Estudis polítics, Barcelona, Llibrería L’Avenç.

DOMINGO, Marcelino (1925), Autocracia y democracia, Madrid, Atlántida.

— (1929), Una dictadura en la Europa del siglo xx, Madrid, Historia Nueva.

— (1930), ¿A dónde va España?, Madrid, Historia Nueva (prólogo de Gregorio Marañón).

DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio (1992), «Estudio preliminar» a F. M. Moya Torres y Velasco, Manifiesto universal de los males envejecidos que España padece, Madrid, ICI-Antonio Bosch-IEF.

— (1999), «El siglo XVII español. El trasmundo del arbitrismo», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 403-424.

— (2005), Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza Editorial.

DOWLING, John (1957), El pensamiento político-filosófico de Saavedra Fajardo. Posturas del siglo XVII ante la decadencia y conservación de Monarquías, Murcia, Sucesores de Nogués.

DUBET, Anne (2003), «Los arbitristas entre discurso y acción política. Propuestas para un análisis de la negociación política», Tiempos Modernos, núm. 9, vol. 4, págs. 1-14.

DURAN I BAS, Manuel (1858), La abertura del istmo de Suez y el puerto de Barcelona, Barcelona, Impr. de Joaquín Bosch.

ELIZALDE, M. Dolores (2002), «La Restauración, 1875-1902», en Historia política, 1875-1939, Madrid, Istmo, págs. 17-180.

ELLIOTT, J. H. (2011), Richelieu y Olivares, Barcelona, Crítica.

ESPINA, Antonio (1972), Ganivet. El hombre y la obra, Madrid, Espasa-Calpe.

FEIJOO, Benito Jerónimo (2009), Cartas eruditas y curiosas, Barcelona, Crítica (edición de Francisco Uzcanga).

FERNÁNDEZ ALMAGRO (1946), «El caso Joaquín Costa», Revista de Estudios Políticos, núms. 29-30, págs. 117-127.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy (1969), Educación y revolución en Joaquín Costa y breve antología pedagógica, Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

— (2007), «Bases teóricas de una política económica regeneracionista», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 81-124.

FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo (1999), «El proceso del padre Mariana», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 341-358.

FEU, Leopoldo (1872), La monarquía de D. Amadeo I ante el estado económico y social de España. Breves apuntes sobre una cuestión de actualidad, Barcelona, Impr. de Narciso Ramírez y Compañía.

FITÉ, Vital (1989), Las desdichas de la Patria (1899), Madrid, Fundación Banco Exterior (edición de José Esteban).

FLORES ARROYUELO, Francisco J. (1969), «Prólogo» a Lucas Mallada, Los males de la patria, Madrid, Alianza Editorial, págs. 7-12.

FONTANA, Josep (2007), Historia de España. Volumen 6. La época del liberalismo, Barcelona-Madrid, Crítica-Marcial Pons.

FORNER, Juan Pablo (1967), Exequias de la lengua castellana, Madrid, Espasa-Calpe (edición de Pedro Sainz Rodríguez).

— (2010), Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España, Pamplona, Urgoiti (edición de François Lopez).

FOX, E. Inman (1988), Ideología y política en las letras de fin de siglo, Madrid, Espasa-Calpe.

— (1998), La invención de España: nacionalismo liberal e identidad nacional, Madrid, Cátedra.

FRANCO, Dolores (1998), España como preocupación, Madrid, Alianza Editorial.

FUENTES CODERA, Maximiliano (2014), España en la Primera Guerra Mundial. Una movilización cultural, Madrid, Akal.

FUSI, Juan Pablo (2011), «Prólogo» a A. López Vega, Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal, Madrid, Taurus, págs. 13-33.

FUSI, Juan Pablo, y NIÑO, Antonio (eds.) (1997), Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, Biblioteca Nueva.

FUSTER, Francisco (ed.) (2012), Ante Baroja, Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante.

— (2014), Baroja y España. Un amor imposible, Madrid, Fórcola.

GÁNDARA, Antonio Miguel (1813), «Apuntes sobre el bien y el mal de España escritos de orden del rey» (1759), Almacén de frutos literarios inéditos de nuestros mejores autores antiguos y modernos, vol. I, Cádiz, Impr. de Lema.

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1989), Las culturas del Siglo de Oro, Madrid, Historia 16.

— (2003), Felipe V y los españoles, Barcelona, Random House Mondadori.

— (2011), La herencia del pasado, Barcelona, Galaxia Gutenberg.

GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, y NAVARRA, Andreu (2014), «El novecentismo catalán», La Generación del 14, Madrid, Biblioteca Nacional, páginas 169-176.

GARRIDO ARDILA, J. A. (2013), Textos del desastre. La última gran crisis (1898), Madrid, Castalia.

GASSET, Rafael (1911), Ley sobre construcción de caminos nacionales, Madrid, Biblioteca de la Revista de Obras Públicas, Tip. de Prudencio Velasco.

— (1912), El mitin de Barbastro. Nueva campaña de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, Madrid, Tip. El Liberal.

— (1916), El Plan Extraordinario de Obras Públicas, Madrid, Vicente Rico.

— (1920), La Humanidad insumisa: la revolución rusa: el problema social en España, Madrid, Tip. El Imparcial.

— (1923), La enseñanza y la política de los ingenieros, Madrid, Instituto de Ingenieros Civiles.

GIL NOVALES, Alberto (1965), Derecho y Revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, Barcelona, Península.

— (1975), «Los arbitristas del Trienio Liberal», Cuadernos Hispanoamericanos, 298, págs. 18-33.

— (2008), «La formación de un historiador: el conde de Toreno, y su Noticia, en 1820», en Noticia de los principales sucesos del gobierno de España (1808-1814), págs. VII-LXVIII.

— (2011), «Joaquín Costa y su herencia política», Miscelánea de artículos sobre Joaquín Costa, Monzón, CEHIMO, págs. 141-156.

— (2014), Estudios costistas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.

GIL VILLA, Fernando (2011), Profesores indignados. Manifiesto de desobediencia académica, Madrid, Maia.

GÓMEZ CAMACHO, Francisco (1999), «El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 177-208.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2005), La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930, Madrid, Alianza Editorial.

GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos (1987), «Ramiro de Maeztu frente a la Segunda República», Historia 16, núm. 138, págs. 19-26.

— (1993), «Nacionalismo y modernización en la obra del primer Maeztu», Hispania, vol. 53, núm. 184, págs. 557-615.

— (2002), La tradición bloqueada. Tres ideas políticas españolas en España. El joven Maeztu, Charles Maurras y Carl Schmitt, Madrid, Biblioteca Nueva.

— (2003), Maeztu: biografía de un nacionalista español, Madrid, Marcial Pons.

— (2011), «Introducción» a Salvador de Madariaga, Anarquía o jerarquía. Ideario para la construcción de la Tercera República, Madrid, Biblioteca Nueva, págs. 11-57.

GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro (1999), Ricardo Macías Picavea. Biografía de un intelectual inconformista 1846-1899, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús (1997), «Regeneracionismo, reformismo y democracia en Antonio Maura», Las derechas en la España contemporánea, Barcelona, Anthropos, págs. 91-114.

— (2002), «Los conservadores y la obra de modernizar España», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 141-167.

GOYTISOLO, Juan (1978), Obras Completas. Tomo II, Madrid, Aguilar.

— (1999), Obra inglesa de Blanco White, Madrid, Alfaguara.

— (2010), Blanco White. El Español y la independencia de Hispanoamérica, Madrid, Taurus.

GRACIA ALONSO, Francisco (2013), «La arqueología durante el franquismo. Instrumentalización identitaria», Los intelectuales y la dictadura franquista. Cultura y poder en España de 1939 a 1975, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, págs. 47-76.

GRACIA, Jordi (2004), La resistencia silenciosa. Fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama.

IGLESIAS, Pablo, y Nega LCDM (2013), ¡Abajo el régimen!, Barcelona, Icaria.

ISERN, Damián (1892), De la democracia, la libertad y la república en Francia, Madrid, Impr. de Francisco G. Pérez.

— (2011), Del desastre nacional y sus causas, Pamplona, Analecta (edición de Mónica Rivero).

JACKSON, Gabriel (2002), «Prólogo» a Manuel Azaña, Causas de la guerra de España, Barcelona, Crítica, págs. 9-19.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor (1859), «Al Ilustrísimo señor don Pedro Rodríguez de Campomanes, remitiendo el proyecto de erarios públicos», Obras publicadas e inéditas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid, Rivedeneyra, págs. 139-143.

— (1891), Escritos inéditos de Jovellanos, Barcelona, Establecimiento Tipográfico Arte y Letras.

— (1997), Espectáculos y diversiones públicas. Informe sobre la Ley Agraria, Madrid, Cátedra (edición de Guillermo Carnero).

JULIÁ, Santos (2002), «Regenerarse o morir: el discurso de los intelectuales», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 33-49.

JUTGLAR, Antoni (1983a), La España que no pudo ser, Barcelona, Anthropos.

— (1983b), «Estudio preliminar» a Valentí Almirall, España tal como es, Barcelona, Anthropos, págs. 7-50.

LAÍN ENTRALGO, Pedro (1941), Los valores morales del Nacional sindicalismo, Madrid, Editora Nacional.

— (1947), La generación del 98, Buenos Aires, Espasa-Calpe.

— (1956), España como problema, Madrid, Aguilar.

— (1970), A qué llamamos España, Madrid, Espasa-Calpe.

LARRA, Mariano José (2000), Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, Barcelona, Crítica.

LLOMBART, Vicent (1992), Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, Alianza Editorial.

LLUCH, Ernest (1999), «Cómo quitar de España toda la ociosidad e introducir el trabajo. Comentario al memorial del contador Luis Ortiz a Felipe II», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 429-450.

— (2001), L’alternativa catalana (1700-1714-1740), Ramón de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austracistes, Vic, Eumo.

LÓPEZ MORILLAS, Juan (1956), El krausismo español. Perfil de una aventura intelectual, México, Fondo de Cultura Económica.

LÓPEZ RODÓ, Laureano (1970), Política y desarrollo, Madrid, Aguilar.

LÓPEZ RODÓ, Laureano; AZNAR, Manuel, y PORCIOLES, J. M (1962), Tres actitudes de hoy ante la Barcelona del mañana, Barcelona, Gráficas Central.

LÓPEZ VEGA, Antonio (2011), Gregorio Marañón. Radiografía de un liberal, Madrid, Taurus.

— (2014), «La medicina como preocupación nacional», La Generación del 14. Ciencia y modernidad, Madrid, Biblioteca Nacional de España, págs. 77-83.

LYNCH, John (2010), La España del siglo XVIII, Barcelona, Crítica.

MACANAZ, Melchor de [?] (2001), Testamento de España, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de Albacete.

MACÍAS PICAVEA, Ricardo (1992), El problema nacional, Madrid, Fundación Banco Exterior (edición de José Esteban).

— (1999a), La Tierra de Campos, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid.

— (1999b), Literatura y pensamiento. Obra selecta, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid.

— (2012), Nuestros principios, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria.

MADARIAGA, Salvador de (2011), Anarquía o jerarquía. Ideario para la construcción de la Tercera República, Madrid, Biblioteca Nueva.

MAEZTU, Ramiro de (1977), Artículos desconocidos. 1897-1904, Madrid, Castalia (edición de Inman Fox).

— (1997), Hacia otra España, Madrid, Biblioteca Nueva (edición de Javier Varela).

MAINER, José-Carlos (2004), La doma de la quimera: Ensayos sobre nacionalismo y cultura en España, Madrid, Vervuert.

— (2006), Años de vísperas. La vida de la cultura en España, Madrid, Espasa-Calpe.

— (2012), Modernidad y nacionalismo, 1900-1939, Barcelona, Crítica.

MALLADA, Lucas (1969), Los males de la patria y la futura revolución española. Consideraciones generales acerca de sus causas y efectos, Madrid, Alianza Editorial.

— (2011), La inmoralidad pública, Granada, Algón.

MARAGALL, Joan (2013), Llum als ulls i força al braç, Barcelona, RBA.

MARAÑÓN, Gregorio (1928), «Mi promoción. El ritmo de esta hora», ABC, 01-08-1928.

— (1930), «Socialismo. Inteligencia. Civilidad», en Marcelino Domingo, ¿A dónde va España?, Madrid, Histora Nueva, páginas III-XXIV.

— (1950), Cajal. Su tiempo y el nuestro, Santander, Antonio Zúñiga.

— (1964), Raíz y decoro de España, Madrid, Espasa-Calpe.

MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo (2012), «El pensamiento reformista de Ricardo Macías Picavea a través de La Libertad de Valladolid (1884), Los vínculos con el republicanismo», en Ricardo Macías Picavea, Nuestros principios, Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, págs. 11-84.

MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, y PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo A. (1999), «Estudio preliminar» a Ricardo Macías Picavea, La Tierra de Campos, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, págs. 9-61.

MARTÍN MARTÍN, Victoriano (1999), «La controversia sobre los pobres en el siglo XVI y la doctrina sobre la propiedad», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 295-340.

MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel (1999), «Población y análisis económico en el mercantilismo español», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 499-522.

MARTÍN SECO, Juan Francisco (2013), Contra el euro. Historia de una ratonera, Barcelona, Península.

MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel (1978), La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid, Alianza Editorial.

MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1857), Bosquejo histórico de la política de España: desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta nuestros días, Madrid, Imp. y Estereotipia de M. Rivadeneyra.

MARTÍNEZ DE MATA, Francisco (1971), Memoriales y discursos, Madrid, Moneda y Crédito.

MAYANS Y SISCAR, Gregorio (1994), Escritos literarios, Madrid, Taurus.

MAYORDOMO, Alejandro (2007), «Regeneracionismo y educación: la construcción pedagógica de la sociedad y la cultura», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 165-206.

MENDOZA DÍAZ-MAROTO, Francisco (2001), «Introducción» a Melchor de Macanaz [?] (2001), Testamento de España, Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» de la Excma. Diputación de Albacete, págs. 7-36.

MERCADO, Tomás de (1985), La economía en la Andalucía del descubrimiento, Granada, Editoriales Andaluzas Unidas.

— (2010), Tratos y contratos de mercaderes y tratantes discididos y determinados, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

MESONERO ROMANOS, Ramón de (1989), Rápida ojeada sobre el estado de la capital y los medios de mejorarla, Madrid, CIDUR (introducción de Edward Baker).

MIGUEL EGEA, Pilar de (2002), «Pintura y regeneracionismo», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 263-275.

MIRAS, Joaquín, y TAFALLA, Joan (2013), La izquierda como problema, Madrid, El Viejo Topo.

MIRÓ I ARDèVOL, Josep (2014), «La sociedad desvinculada», La Vanguardia, 24-03-2014.

MOLINAS, César (2013), Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país, Barcelona, Destino.

MONCADA, Sancho de (1974), Restauración política de España, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

MONTERO GARCÍA, Feliciano (2002), «El movimiento católico en el tiempo del Regeneracionismo», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 117-139.

MORÁN, Gregorio (2005), «El canon de la transición inventada», La Vanguardia, 11-12-2005.

MORÁN BAYO, Juan (1931), Hacia la revolución agraria española. Tres agraristas españoles. Jovellanos, Fermín Caballero, Costa, Córdoba, Imprenta La Unión.

MORENO ALONSO, Manuel (2002), Divina libertad. La aventura liberal de Don José María Blanco White, 1808-1824, Sevilla, Alfar.

MORENO LUZÓN (2002), «Nacionalizar la monarquía. Proyectos, logros y fracasos del Partido Liberal», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 169-195.

MOROTE, Luis (1904a), Los frailes en España, Madrid, Impr. de Fortanet.

— (1904b), El pulso de España. Interviús políticas publicadas en el Heraldo de Madrid y en El Mundo de La Habana, Madrid, Fernando Fe.

— (1997), La moral de la derrota, Madrid, Biblioteca Nueva (edición de Juan Sisinio Pérez Garzón).

— (1999), Sagasta. Melilla. Cuba, Melilla, Consejería de Cultura, Educación, Juventud, Deporte y Turismo.

MOYA TORRES y VELASCO, F. M. (1992), Manifiesto universal de los males envejecidos que España padece (1737), Madrid, ICI-Antonio Bosch-IEF.

MUÑOZ MACHADO, Santiago (2012), Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Barcelona, Crítica.

MUÑOZ MOLINA, Antonio (2013), Todo lo que era sólido, Barcelona, Seix Barral.

NAVARRA ORDOÑO, Andreu (2008), «Debemos a Costa (1911), de Ramiro de Maeztu: una temprana reflexión grupal», Letras de Deusto, vol. 38, núm. 118, págs. 163-171.

— (2012), «Joaquín Costa: una pasión de poder», Impossibilia, núm. 4, págs. 84-102.

— (2013), La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939, Bellaterra, Servei de Publicacions de la UAB.

— (2014), 1914. Aliadófilos y germanófilos en la cultura española, Madrid, Cátedra.

NOEL, Eugenio (1967), Discursos antitaurinos, Madrid, Taurus.

NÚÑEZ DE ARCE, Gaspar (1876), Discursos leídos ante la Real Academia Española en la pública recepción del Excmo. señor Don Gaspar Núñez de Arce el día 21 de mayo de 1876, Madrid, Impr. Fortanet.

NÚÑEZ DOMINGO, Pedro Pablo (1999), «Francisco Martínez de Mata», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 581-590.

ORS, Eugenio d’ (1998), El valle de Josafat, Madrid, Espasa-Calpe (prólogo de Rafael Avira; edición de Ángel d’Ors y Alicia García-Navarro).

— (2000), Trilogía de la Residencia de Estudiantes, Pamplona, EUNSA.

ORTEGA Y GASSET, José (1971), Historia como sistema, Madrid, Espasa-Calpe.

— (2003), El tema de nuestro tiempo, Madrid, Espasa-Calpe (edición de Manuel Granell).

— (2007), Misión de la universidad, Madrid, Biblioteca Nueva (edición de Jacobo Muñoz).

— (2009), España invertebrada, Madrid, Revista de Occidente / Alianza Editorial.

ORTÍ, Alfonso (1984), «Política hidráulica y cuestión social: orígenes, etapas y significados del regeneracionismo hidráulico de Joaquín Costa», Agricultura y Sociedad, núm. 32, págs. 11-107.

ORTÍ, Alfonso, y GÓMEZ BENITO, Cristóbal (1992), La fundación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón en el proyecto de desarrollo agrario nacional de Joaquín Costa, Huesca, Fundación Joaquín Costa – Cámara Agraria Provincial del Alto Aragón.

PAYNE, Stanley G. (2007), «Gobierno y oposición (1939-1969)»,1939-1975. La época de Franco, Madrid, Espasa, págs. 97-236.

PEINADO, J. L.; PIQUERAS, Ricardo, y LAVIÑA, Javier (2010), «Presentación» a Tomás Mercado, Tratos y contratos de mercaderes, Barcelona, Publicacions i Edicions de la UB, págs. 9-25.

PERDICES DE BLAS, Luis (1999), «El florecimiento de la economía aplicada en España: arbitristas y proyectistas (siglos XVI, XVII y XVIII), en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, páginas 451-498.

PÉREZ, Joseph (2012), La Leyenda Negra, Madrid, Gadir.

PÉREZ CALDENTEY, Ignacio (2014), «Unión Europea y crisis económica», Claves de razón práctica, núm. 232, págs. 31-39.

PÉREZ DE LA DEHESA, Rafael (1966), El pensamiento de Costa y su influencia en el 98, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones.

— (1970), El grupo Germinal: una clave del 98, Madrid, Taurus.

PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal (1975), Amparo de pobres, Madrid, Espasa-Calpe.

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (1975), Luis Morote: regeneración y democracia, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita.

— (1976), Luis Morote: la poblemática de un republicano (1862-1913), Madrid, Castalia.

— (1997), «El regeneracionismo democrático», en Luis Morote, La moral de la derrota, Madrid, Biblioteca Nueva, págs. 15-38.

PÉREZ SOLÍS, Óscar (1947), Macías Picavea, Valladolid, Imprenta Castellana.

PERICAY, Xavier (2013), Compañeros de viaje, Madrid-Barcelona, 1930, A Coruña, Ediciones del Viento.

PORTERO, Florentino (1997), «El regeneracionismo conservador: el ideario político de Francisco Silvela», Las derechas en la España contemporánea, Barcelona, Anthropos, págs. 45-58.

POZO ANDRÉS, María del Mar (2007), «Los educadores ante el “problema de España”: reflexiones sobre su papel en la construcción de la identidad nacional», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 125-164.

PRAT DE LA RIBA, Enric (1987), La nació i l’estat. Escrits de joventut, Barcelona, La Magrana / Diputació de Barcelona.

PRESTON, Paul (2008), El gran manipulador. La mentira cotidiana de Franco, Barcelona, Ediciones B.

PRO RUIZ, Juan (2006), Bravo Murillo. Política de orden en la España liberal, Madrid, Síntesis.

PUIG I CADAFALCH, Josep (1920), «Una tasca de civilització», La Veu de Catalunya, 16-12-1920.

PUIGBLANCH, Antoni (1976), Opúsculos gramático-satíricos (Londres, 1828), 2 vols., Barcelona, Curial.

PUIGVERD, Antoni (2014), «Aires de farsa», La Vanguardia, 21-05-2014, pág. 16.

QUEVEDO, Francisco de (1958), «España defendida y los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros y sediciosos», Obras Completas. Tomo I. Obras en prosa, Madrid, Aguilar, págs. 488-526.

REGLà, Joan (2000), Felipe II y Cataluña, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

RIBAS, Pedro (2007), «Regeneracionismo: una relectura», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, páginas 47-80.

RINGROSE, Davis R. (1996), España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, Alianza Editorial.

RIQUER, Borja de (1998), «El 1898 i Catalunya», El 1898, 100 anys después. Cicle-homenatge al Prof. Manuel Tuñón de Lara, Sabadell, Fundació Caixa Sabadell, págs. 41-50.

— (2002), «El catalanismo político en la España de principios del siglo XX», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 223-241.

— (2013), Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, Barcelona, RBA.

ROCA ROSELL, Antoni (2007), «El discurso civil en torno a la ciencia y la técnica», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 241-260.

RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio (1999), El desastre en sus textos: la crisis del 98 vista por los escritores coetáneos, Madrid, Akal.

ROIG ROSICH, Josep Maria (1992), La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de repressió cultural, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

ROMà Y ROSELL, Francisco (1768), La señales de la felicidad de España, y medios de hacerlas eficaces, Madrid, Impr. de Antonio Muñoz del Valle.

ROMERO Y ALPUENTE, Juan (1808), El grito de la razón al español invencible, o la guerra espantosa al pérfido Bonaparte de un togado aragonés con la pluma. Discursos sobre el actual peligro de estos Reynos y las medidas infalibles de salvarlos, y restituirlos con ventaja a su Dignidad antigua, escritos por Don Juan Romero y Alpuente, tres veces víctima del malvado Godoy, Zaragoza, Impr. Mariano Miedes.

— (1813), Wellington en España y Ballesteros en Ceuta, Cádiz-Valencia, Yernos de José Estevan.

RUIZ-MANJÓN, Octavio (2014), «Las empresas políticas de la generación del 14», La Generación del 14. Ciencia y modernidad, Madrid, Biblioteca Nacional de España, págs. 127-133.

SAINZ Y RODRÍGUEZ, Pedro (1925), La evolución de las ideas sobre la decadencia española, Madrid, Atlántida.

SÁNCHEZ AGUSTÍ, María (1999), «Macías Picavea en el marco de las ideas regeneracionistas: sus planteamientos educativos», en Biografía de un intelectual inconformista. 1846-1899, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, págs. 391-433.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ y ABOÍN, Nicolás (1999), «Entre la tradición escolástica y la práctica mercantil: Tomás de Mercado», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 243-248.

SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio (2014a), La impotencia democrática. Sobre la crisis política de España, Madrid, Catarata.

— (2014b), «Mariano, la regeneración empieza por uno mismo», InfoLibre, 22-09-2014.

SÁNCHEZ DE TOCA, Joaquín (1887), La crisis agraria europea y sus remedios en España, Madrid, Tip. de Manuel Ginés Hernández.

— (1894), El oro, la plata y los cambios, Madrid, Tip. de los Hijos de M. G. Hernández.

SÁNCHEZ GRANJEL, Luis (1959), Panorama de la generación del 98, Madrid, Guadarrama.

SÁNCHEZ ILLÁN, Juan Carlos (1997), «Rafael Gasset y la política hidráulica de la Restauración, 1900-1923», Revista de Historia Económica, año XV, núm. 2, págs. 319-362.

— (1998), «El ascenso político de la élite periodística: Rafael Gasset, primer ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas», Studia Historica. Historia Contemporánea, núm. 16, páginas 221-243.

— (2002), La nación inacabada. Los intelectuales y el proceso de construcción nacional (1900-1914), Madrid, Biblioteca Nueva.

SANTAMARÍA, Luisa (1998), «Un Maeztu desconocido y algunas bagatelas de 1900», Estudios sobre el mensaje periodístico, núm. 4, págs. 25-38.

SANTS OLIVER, Miquel dels (1948), «A propòsit de l’Almirall», Obres Completes, Barcelona, Excelsa, págs. 478-479.

— (2001), Hojas del sábado, Palma, Lleonard Muntaner Editor (estudio preliminar de Francisco Díaz de Castro).

SARASA ALCUSÓN, Antonio (2011a), «Costismo y Unión Patriótica. El caso del periódico La Tierra de Huesca durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1939)», en Carmen Frías, José Luis Ledesma y Javier Rodrigo, Reevaluaciones. Historias locales y miradas globales, Actas del VII Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, págs. 315-323.

— (2011b), «La Fiesta del Árbol como elemento de Nacionalización durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): el caso aragonés», en Ángeles Barrio, Jorge de Hoyos y Rebeca Saavedra, Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, Publican, pág. 2.

SAVATER, Fernando (2013), «Que decidan ellos», El País, 23-04-2013.

SAWA, Alejandro (2001), Noche, Madrid, Libertarias (edición de Jean-Claude Mbarga).

SECO SERRANO, Carlos (1998), «La renovación política: el regeneracionismo», España en 1898, Barcelona, RBA, págs. 235-260.

SELVA, Enrique (1988), E. Giménez Caballero, prosista del 27 (Antología), Barcelona, Anthropos.

— (1998a), Pueblo, Intelligentsia y conflicto social (1898-1923), En la resaca de un centenario, Alicante, Edicions de Ponent.

— (1998b), «Salaverría en la vorágine de su tiempo», en Albert Methchild, Vencer no es convencer: literatura e ideología del fascismo español, Madrid, Vervuert, págs. 77-86.

SERRANO, Carlos (1994), «El Maeztu regeneracionista», en José Carlos Mainer (coord.), Historia y crítica de la literatura española, vol. 6, tomo 2, págs. 132-136.

SERRANO BLANCO, Laura (1999a), «Las raíces del pensamiento regeneracionista de Ricardo Macías Picavea», en Biografía de un intelectual inconformista. 1846-1899, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, págs. 437-469.

— (1999b), El pensamiento social de Ricardo Macías Picavea, Valladolid, Universidad de Valladolid.

SOLANA, Javier (2014), «La eficacia de la voluntad», El País, 05-05-2014.

SOTELO, Adolfo (1993), Miguel de Unamuno. Artículos en «Las Noticias» de Barcelona (1899-1902), Barcelona, Lumen.

— (1998), «Les lletres espanyoles entorn del 1898: la generació del 98», El 1898, 100 anys después. Cicle-homenatge al Prof. Manuel Tuñón de Lara, Sabadell, Fundació Caixa Sabadell, págs. 51-70.

— (2012), «El pensamiento y la obra de Menéndez Pelayo: acción y dique en la dictadura de Franco (1939-1952)», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, año LXXXVIII, núm. 1, págs. 447-467.

SOTELO, Ignacio (2014), «Derechos al abismo», El País, 16-05-2014.

SUÁREZ CORTINA, Manuel (2002), «Regeneración y República en la España del Novecientos», Regeneración y reforma. España a comienzos del siglo xx, Madrid, Fundación BBVA, págs. 197-221.

— (2007a), «Sociedad, cultura y política en la España de entre siglos», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 21-46.

— (2007b), «Las elites intelectuales y la política en la España liberal», El regeneracionismo en España, Valencia, Universidad de Valencia, págs. 261-293.

TORENO, conde de (2008), Noticia de los principales sucesos del gobierno de España (1808-1814), Pamplona, Urgoiti (edición de Alberto Gil Novales).

TUÑÓN DE LARA, Manuel (2011), La España del siglo xix (vols. I y II), Madrid, Akal.

UNAMUNO, Miguel de (1972), Libros y autores españoles contemporáneos, Madrid, Espasa-Calpe.

— (1974), Soledad, Madrid, Espasa-Calpe.

— (1980a), Viejos y jóvenes, Madrid, Espasa-Calpe.

— (1980b), El caballero de la Triste Figura, Madrid, Espasa-Calpe.

— (2002), Diario íntimo, Madrid, Alianza Editorial.

UNAMUNO, Miguel, y ORTEGA Y GASSET, José (1964), «Epistolario», Revista de Occidente, núm. 19, octubre de 1964.

UZCANGA, Francisco (2005) (ed.), El Censor, Barcelona, Crítica.

VALLADARES, Secundino (1998), «Hacia la otra España del joven Maeztu», Revista de Antropología Social, núm. 7, págs. 177-213.

VALLEJO-NÁGERA, Antonio (1937), Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, Burgos, Editorial Española.

— (1938a), Divagaciones intrascendentes, Valladolid, Talleres Cuesta.

— (1938b), El factor emoción en la España nueva, Burgos, Federación de Amigos de la Enseñanza.

— (1938c), «Psiquismo del fanatismo marxista», Semana médica española, 6, 8 de octubre de 1938.

— (1939), La locura y la guerra. Psicopatología de la Guerra Española, Valladolid, Librería Santarem.

VARELA, Javier (1997), «Introducción» a Ramiro de Maeztu, Hacia otra España, Madrid, Biblioteca Nueva, págs. 17-47.

VELARDE FUERTES, J. (1969), Sobre la decadencia económica de España, Madrid, Taurus.

VENTALLÓ, Joaquim (1976), Los intelectuales castellanos y Cataluña. Tres fechas históricas: 1924, 1927 y 1930, Barcelona, Galba.

VILAR BEROGAÍN, Jean (1973), Literatura y Economía (La figura satírica del arbitrista en el Siglo de Oro, Madrid, Revista de Occidente.

— (1999), «Sancho de Moncada, economista», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, Galaxia Gutenberg, págs. 545-581.

VILAR, Pierre (1982), Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel.

— (2001), «Los primitivos españoles del pensamiento económico. “Cuantitativismo” y “bullonismo”», Crecimiento y desarrollo, Barcelona, Crítica, págs. 111-136.

VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis (2000), Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España, Madrid, Espasa-Calpe.

VILLANUEVA LARRAYA, Gregoria (1991), La política hidráulica durante la Restauración (1874-1923), Madrid, UNED.

VIÑALES, Eduardo (2013), «Cuando el Moncayo quiso ser Parque Nacional», Quercus, 326, págs. 42-48.

VIVES, Juan Luis (1992), El socorro de los pobres, Barcelona, Hacer.

ZAPATER GIL, Alfonso (2011), «Programa de gobierno de Joaquín Costa», Miscelánea de artículos sobre Joaquín Costa, Monzón, CEHIMO, págs. 181-194.

ZULUETA, Luis de (2006), El ideal en la educación. Ensayos pedagógicos y otros textos, Madrid, Biblioteca Nueva.

60 Consultable en línea: http://www.tdx.cat/handle/10803/83619.

Colección dirigida por Ricardo García Cárcel

Diseño de cubierta: INGenius

Ilustraciones: Archivo Anaya (A. García Pelayo y J. Martin); Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha); y EFE

Edición en formato digital: 2015

© Andreu Navarra Ordoño, 2015

© Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.)

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15

28027 Madrid

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ISBN ebook: 978-84-376-3412-8

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