La periodista de Público Ana Pardo de Vera; la directora del programa 360 grados de ETB, Eider Hurtado; y el corresponsal de TV3 en Madrid, Albert Calatrava, se han unido para realizar un libro sobre la figura del rey emérito y de su sucesor, Felipe VI, como nunca antes se ha realizado.

A partir de una profusa documentación, un centenar de entrevistas a personalidades de todas las instancias del poder —pasado y actual— en España y sus miradas poliédricas y objetivas, estamos ante un relato certero sobre la situación actual de la monarquía española.

Mientras asistimos atónitos a las revelaciones de cuentas offshore, tarjetas black, chantajes, comisiones e investigaciones judiciales a nivel internacional, la pregunta clave es: ¿cómo ha sido posible llegar a este punto? Y la explicación radica, en parte, en la armadura de protección a nivel mediático, político y judicial que se elaboró para proteger al monarca durante la Transición y hasta la fecha, una operación que se trata de repetir con el rey actual.

Este es el punto central objeto de contextualización y análisis en un libro con todos los ingredientes de rigor y actualidad.

AA. VV.

La armadura del Rey

Un relato explosivo sobre la situación actual de la monarquía española

ePub r1.0

Titivillus 27.12.2022

AA. VV., 2021

Retoque de cubierta: lvs008

Editor digital: Titivillus

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ACERCA DE LA OBRA

Este no es un libro contra la monarquía, y esto hay que dejarlo claro porque todavía hoy poner el foco sobre la institución monárquica se interpreta como un ataque que provoca el repliegue de todas las fuerzas del Estado en su defensa. Este es, precisamente, un exhaustivo trabajo periodístico que desvela cómo y quiénes forjaron la coraza que blindó a Juan Carlos de Borbón durante décadas, en una suerte de pacto colectivo para preservar la Corona. Cuando, muchos años después de dicho pacto, el rey emérito se ha visto obligado a refugiarse en los Emiratos Árabes Unidos, acuciado por las informaciones que evidencian prácticas poco edificantes en un jefe de Estado, muchos ciudadanos se preguntan cómo pudo actuar de tal manera sin que nada se supiera. La respuesta se ofrece en La armadura del rey, un libro en el que por primera vez se detallan todos los mecanismos, personajes y maniobras que se conjugaron para hacer posible el blindaje de la monarquía española desde que el 23 de febrero de 1981 un golpe militar fallido sirviera para alumbrar el juancarlismo.

La armadura del rey es el relato de una «responsabilidad colectiva» en el blindaje de un rey y sus actos, los que fueran; es la prueba contundente de esa «responsabilidad colectiva» reconocida por todas y cada una de las personas entrevistadas para este libro, que van desde altos cargos en ejercicio de las más altas instituciones del Estado hasta amigos y confidentes del monarca emérito, pasando por muchos y variados personajes de los ámbitos políticos, empresariales y mediáticos del pasado y el presente.

«Más allá de las respuestas a estas preguntas, La armadura del rey bucea en el entramado de poder que ha posibilitado a Juan Carlos I crear una realidad paralela por encima de libertades y derechos fundamentales cuyo respeto se exigen al resto de ciudadanos. Es una protección a la figura del rey emérito que se mantiene en la actualidad, como demuestra la total opacidad en su huida de España y estancia en el golfo Pérsico o la imposibilidad de investigar cualquier irregularidad a través de los cauces parlamentarios. El resultado de esta labor periodística es un relato profuso en datos y testimonios, que da forma a un auténtico operativo de intereses de todo tipo: políticos, empresariales, mediáticos o judiciales. El libro, además, expone con toda su crudeza las miserias humanas de un rey que hacía lo que le daba la gana en un Estado cuya misión era protegerlo de la opinión pública y de la democracia».

INTRODUCCIÓN

Este no es un libro contra la monarquía, y esto hay que dejarlo claro, porque todavía hoy poner el foco sobre la institución monárquica se interpreta como un ataque que provoca el repliegue de todas las fuerzas del Estado en su defensa. Este es, precisamente, un exhaustivo trabajo periodístico que desvela cómo y quiénes forjaron la coraza que blindó a Juan Carlos de Borbón durante décadas, en una suerte de pacto colectivo para preservar la Corona. Cuando, muchos años después de dicho pacto, el rey emérito se ha visto obligado a refugiarse en los Emiratos Árabes Unidos, acuciado por las informaciones que evidencian prácticas poco edificantes en un jefe de Estado, muchos ciudadanos se preguntan cómo pudo actuar de tal manera sin que nada se supiera. La respuesta se ofrece en La armadura del rey, un libro en el que por primera vez se detallan todos los mecanismos, personajes y maniobras que se conjugaron para hacer posible el blindaje de la monarquía española desde que el 23 de febrero de 1981 un golpe militar fallido sirviera para alumbrar el juancarlismo.

El PSOE gobernante de Felipe González (1982-1996) fue el partido más aplicado a la hora de proteger a la monarquía parlamentaria, aunque su fidelidad implicase el blanqueamiento de la Corona española hasta nuestros días. El PSOE de Pedro Sánchez, en el Ejecutivo desde 2018, se ha convertido también en el sostén principal de la monarquía, hoy encabezada por Felipe VI, heredero de Juan Carlos. Si los socialistas decidieran abrir el melón del debate sobre la forma del Estado, la monarquía podría tener los días contados: derecha y ultraderecha defienden a la Corona en su condición de fervientes monárquicos, caiga lo que caiga, pero el PSOE, haciendo una pirueta justificativa cada vez más inverosímil en el siglo XXI, sigue declarándose republicano y defendiendo una monarquía «más democrática», como no la fue, ni mucho menos, la encarnada por el emérito. Y así se prueba en estas páginas.

La armadura del rey es el relato de una «responsabilidad colectiva» en el blindaje de un rey y sus actos, los que fueran; es la prueba contundente de esa «responsabilidad colectiva» reconocida por todas y cada una de las personas entrevistadas para este libro, que van desde altos cargos en ejercicio de las más altas instituciones del Estado hasta amigos y confidentes del monarca emérito, pasando por muchos y variados personajes de los ámbitos políticos, empresariales y mediáticos del pasado y el presente.

¿Primaron intereses particulares, políticos, periodísticos y empresariales, o todos ellos, en el blindaje de Juan Carlos I? ¿Resulta creíble el argumento de que había que pagar el peaje de la inviolabilidad del rey y aceptar su comportamiento censurable por la estabilidad democrática? ¿O la restauración monárquica en Juan Carlos I constituyó, en realidad, la columna sobre la que sostener los privilegios de un Estado conformado durante una Transición de claros ganadores y perdedores que se nos vendió como perfecta? ¿Por qué el PSOE no se atreve a asumir de una vez el alma republicana de sus bases y sus Juventudes Socialistas? ¿Qué cadáveres tienen en el armario los socialistas para alinearse con una derecha radical en la defensa de la Corona? ¿Llegará Leonor a reinar?

Más allá de las respuestas a estas preguntas, La armadura del rey bucea en el entramado de poder que ha posibilitado a Juan Carlos I crear una realidad paralela por encima de libertades y derechos fundamentales cuyo respeto se exigen al resto de ciudadanos. Es una protección a la figura del rey emérito que se mantiene en la actualidad, como demuestra la total opacidad en su huida de España y estancia en el golfo Pérsico o la imposibilidad de investigar cualquier irregularidad a través de los cauces parlamentarios. El resultado de esta labor periodística es un relato profuso en datos y testimonios, que da forma a un auténtico operativo de intereses de todo tipo: políticos, empresariales, mediáticos o judiciales. El libro, además, expone con toda su crudeza las miserias humanas de un rey que hacía lo que le daba la gana en un Estado cuya misión era protegerlo de la opinión pública y de la democracia. No es de extrañar, pues, que muchas de las personalidades que estuvieron dispuestas a contribuir en este libro hayan declinado que su nombre salga reflejado. Han hablado ministros, ministras, secretarios y subsecretarios de Estado, directores de gabinete, portavoces parlamentarios, diputados y senadores, jueces en ejercicio o retirados, presidentes y consejeros autonómicos, alcaldes y otros altos cargos institucionales, así como sus antecesores, pero también militares y agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, periodistas, empresarios, extrabajadores de la Casa Real y numerosas personalidades de la cultura y la vida social de España. Todos los testimonios han sido valientes (mucho más de lo esperado, quién sabe si en un ejercicio de catarsis amparado por la protección de las fuentes) y de gran ayuda para componer el gran puzle que supone este libro sobre Juan Carlos I, sobre su culpabilidad en primer lugar y sobre la responsabilidad de todo un Estado después.

17 de enero de 2021

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LA HUIDA

«Me quieren echar de España, me voy».

JUAN CARLOS DE BORBÓN,

rey emérito

El 3 de agosto de 2020, a las nueve de la mañana, el sol asoma en el aeropuerto de Vigo entre pequeños bancos de nubes. Es una jornada que no se presenta especialmente calurosa. Una pequeña brisa sopla en la zona de pista de las instalaciones de Peinador. La tripulación de un avión privado de la compañía TAG Aviation, con matrícula 9H-VBG, espera la llegada de los pasajeros, que van a emprender la salida en menos de una hora. La discreción que se pide a todos los tripulantes, en esta ocasión, es absoluta, y se han tomado todas las medidas oportunas para evitar cualquier filtración. El jet, con base en Malta, tiene marcada la ruta París-Abu Dabi, pero ha efectuado una escala previa en Galicia. El secretismo es absoluto, y ello es porque debe protegerse la identidad del pasajero VIP. Es el hombre que ha ejercido la jefatura del Estado español durante cerca de cuarenta años. Los mismos que lleva ceñida la corona constitucional.

Juan Carlos de Borbón llega en una furgoneta con los cristales tintados. Su presencia en el aeropuerto no llama la atención. El monarca está acompañado de una persona de su estrecha confianza y de un grupo reducido de cuatro escoltas. El personal de las instalaciones se lo mira con indiferencia, pues al cabo de los años ya están acostumbrados a verlo en sus habituales visitas a Sanxenxo. No hace falta un gran despliegue de seguridad, porque será un desplazamiento privado que nada tendrá que ver con los antiguos actos de su agenda oficial, que sí eran cubiertos con un mayor número de efectivos. Los agentes que velan por su integridad son guardias civiles, tal como quiere el monarca, que prefiere la escolta de la Benemérita antes que la de la Policía Nacional. No es un capricho, en absoluto. Juan Carlos I valora la naturaleza militar de la Guardia Civil, al fin y al cabo, él fue el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Su jerarquía y autoridad sobre los hombres que le protegen es incuestionable.

El avión despega de Vigo a las diez de la mañana. Tiene por delante siete horas y trece minutos de vuelo, incluyendo una parada técnica en El Cairo, la capital egipcia, de apenas media hora para repostar combustible y volver a despegar rumbo al destino definitivo. El viaje se realiza en uno de los modelos de aviones de negocio más modernos y exclusivos del mercado, el Global 6500, una de las últimas novedades de la compañía Bombardier, reservado en la mayoría de las ocasiones para el transporte de lujo. Su alquiler para desplazamientos de esta índole puede alcanzar los 150 000 euros. La aeronave cuenta con una sala de reuniones más amplia que otros modelos de su misma gama y con unos innovadores asientos para vuelos de largo recorrido. Son diecisiete plazas que, esta vez, no serán cubiertas en su totalidad, con el objetivo de poder realizar el desplazamiento con la mayor amplitud y comodidad posibles. Minutos después de las cinco de la tarde, el avión privado aterriza en el nuevo destino elegido, a más de seis mil kilómetros de Vigo. Nadie espera a Juan Carlos I a pie de pista para agasajarle con los habituales honores de Estado ni se interpretan los himnos nacionales como sucedía antaño. El rey ni tan siquiera viste con traje y corbata, dado que en este viaje lo que prima es la comodidad: pantalones oscuros, camisa azul claro y un fino chaleco de color gris, que dan al atuendo un leve toque aventurero.

Una vez tocada tierra, sin más demora, la comitiva sube a un helicóptero para trasladarse a un lujoso hotel, uno de los más caros del planeta. El exmonarca no quiere sorpresas y ha elegido este establecimiento porque conoce las instalaciones de la ciudad tras haberse alojado en ellas en anteriores viajes. Sin embargo, ahora todo es diferente. Este no es un desplazamiento de placer, en absoluto. Ha salido de España a escondidas, como si fuese un fugitivo, y con el orgullo herido. Le han convencido a regañadientes de que era la única opción que tenía para garantizar la supervivencia de la Corona.

Son las seis de la tarde, y Juan Carlos I ya está muy lejos del país en el que reinó. El plan de viaje ha concluido sin contratiempos. Ahora, ya solo falta realizar la última llamada telefónica a Madrid para comunicar que se ha cumplido la primera parte del pacto del destierro. Un nuevo terremoto está a punto de producirse en España. El seísmo, no obstante, empezó casi cinco meses antes.

El hijo mata al padre

El 15 de marzo de 2020 España vive aún bajo el impacto del primer día de estado de alarma, decretado horas antes por un Pedro Sánchez con cara de circunstancias. Desde el atril de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno español anuncia que a partir de la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la única autoridad competente pasará a ser la del Ejecutivo que él preside. La situación provocada por la pandemia es más grave de lo que pensaban días atrás, y es urgente frenar la extensión de un virus que no para de propagarse por todo el territorio.

A menos de diez kilómetros, en el Palacio de la Zarzuela, ya hace días que se han activado todas las alarmas. Y no es precisamente a causa de la COVID-19. Otro virus, el de la corrupción, salpica a Felipe VI tras haberse divulgado informaciones sobre el supuesto patrimonio oculto de su padre. La noche del viernes 13 de marzo El País publica que el rey emérito figura como tercer beneficiario de una fundación, Zagatka, que se creó en Liechtenstein en octubre de 2003, y que abrió una cuenta en el banco helvético Credit Suisse en la que durante once años se han ingresado generosas cantidades de dinero transportadas en decenas de vuelos privados. El nombre de Felipe VI no aparece en la información del diario editado en Madrid, pero en la Zarzuela ya saben que solo es cuestión de horas que todo salte por los aires.

Los acontecimientos no desmienten esta apreciación; de hecho, se precipitan.

La exclusiva la da el sábado 14 de marzo el rotativo británico The Telegraph, que revela que el actual jefe de Estado aparece como segundo beneficiario de la fundación offshore, y que figura como titular de la cuenta donde se ingresó una supuesta donación de cien millones de euros de Arabia Saudí a su padre, Juan Carlos I. El artículo lo firma el corresponsal en Madrid, James Badcock, que a mediados de febrero ya había informado de que el primo del rey emérito y testaferro, Álvaro de Orleans-Borbón, cobró cincuenta millones de euros en concepto de comisión por ejercer de mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en el año 2003.

El domingo por la mañana los ciudadanos comienzan a asimilar que el confinamiento marcará sus vidas durante los próximos meses. Mientras, en la Zarzuela, Felipe VI ha convocado al núcleo duro de palacio. Todos son hombres, ni una mujer: el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín; el secretario general, Domingo Martínez Palomo, y el director de Comunicación, Jordi Gutiérrez. A la cita también asiste el rey emérito. Hace menos de un año que el rey decidió que Juan Carlos dejaría de formar parte de la vida pública de la institución, pero la medida ha sido insuficiente para cortar la hemorragia de apoyos públicos que está sufriendo la monarquía española. Es necesario redoblar la apuesta y dar un paso más, y ahora la decisión ya está tomada. Solo hace falta darle forma, y eso provoca un largo debate, porque cada uno de los convocados habla y da su opinión, aunque la voz cantante la lleva Jaime Alfonsín, mano derecha de Felipe VI y figura clave en todo lo que se cuece en la Zarzuela. Pese a la trascendencia del momento, durante la discusión se mantienen los modales clásicos: todas las propuestas y comentarios al rey van precedidas del tratamiento de «señor», nadie lo tutea. Se valora el momento en que se hacen públicos los hechos, en medio de una pandemia devastadora. Lo que en otro contexto llenaría las portadas de los diarios y abriría los informativos de la radio y la televisión, ahora puede quedar más camuflado. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar, y al final hay acuerdo: ese mismo día, sin demora, se lanzará el comunicado y el rey emérito asumirá públicamente en la nota la responsabilidad con el objetivo de intentar proteger al actual jefe de Estado. Una última conversación entre padre e hijo certifica el pacto. La respuesta tiene que ser rápida porque el goteo de informaciones sobre la fortuna de Juan Carlos I pone en jaque a toda la institución.

El domingo por la tarde, la Casa del Rey emite el comunicado. Ni más ni menos que tres páginas y seis puntos, mucho más extenso que las notas habituales de la Zarzuela, que suele ser parca en palabras. Es una bomba, sin duda. Felipe VI confirma totalmente las informaciones sobre las supuestas corruptelas del emérito y da un paso más: sacrifica a su padre para intentar salvar la Corona, siendo consecuente con una tradición de la Familia Real española. De hecho, ya lo hizo también Juan Carlos con su progenitor, don Juan.

«Con ese comunicado el emérito sabe que su hijo le ha dado la estocada. Ha quedado totalmente señalado», reconoce un exresponsable de una alta institución del Estado.

El rey no solo se desvincula totalmente de cualquier negocio de Juan Carlos, sino que le retira la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa del Rey, que asciende a 194 232 euros anuales. Más adelante se verá que la decisión se tiene que observar con lupa, para no pasar por alto la letra pequeña, porque el emérito ya ha cobrado los primeros tres meses de 2020, unos cuarenta mil euros, que, por si alguien alberga alguna duda, no piensa devolver.

El jefe del Estado sostiene en el comunicado que no quiere saber nada de «cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad». En otras palabras, Felipe renuncia a la herencia de su padre. Es puro marketing, puesto que hasta que no muere la persona de la que se hereda no se puede ni aceptar ni rechazar una herencia, según contempla el Código Civil español. En cualquier caso, las novedades sobre los negocios de Juan Carlos no cogen por sorpresa al rey. En el comunicado, Felipe VI admite que desde hace más de un año sabe que la sombra de la sospecha persigue a su padre, pero que públicamente prefirió guardar silencio.

Para entender lo que sucede ahora hay que remontarse justo un año antes, a marzo de 2019. Aquel mes marcó otro punto de inflexión. Kobre & Kim, el despacho de abogados de la examante de Juan Carlos, Corinna Larsen, envía una carta al actual rey, en la que le comunica que será beneficiario, a la muerte de su padre, de una fundación de estructura opaca con base en Panamá llamada Lucum. Felipe sabe que la carta de Corinna no tiene nada de amistosa, y que, probablemente, la empresaria alemana busca con esta misiva presionar para blindarse ante cualquier acción de la justicia española. Felipe, en consecuencia, ya no podrá decir que no le habían informado sobre la existencia de empresas en paraísos fiscales. Corinna, con toda la astucia, le ha cerrado una vía de escape.

El monarca asume que la situación es especialmente grave y que no puede salir airoso del desafío en solitario, y es por eso por lo que busca el salvavidas que le puede arrojar el Gobierno español. Se pone en contacto con la Moncloa y se convoca una reunión entre Jaime Alfonsín, el hombre de confianza de Felipe VI, y la vicepresidenta Carmen Calvo, que sirve para transmitir el contenido de la misiva y abordar posibles medidas. La conclusión del encuentro es clara: se debe mantener silencio y blindar la figura del rey. ¿Cómo se puede proteger al monarca? La solución es, aparentemente, una jugada hábil: dejar constancia en un documento solemne de que Felipe no quiere saber nada de Juan Carlos antes de que todo el escándalo salga a la luz. De esta forma, el 12 de abril de 2019 el monarca comparece ante notario para manifestar que se ha dirigido por escrito a su padre para renunciar a cualquier participación o beneficio de la polémica empresa pantalla. Felipe ha sido previsor y ha jugado bien sus cartas. Eso no le evita, sin embargo, que un año más tarde se vea atrapado por las informaciones de The Telegraph. Sabe que tiene que hacer algo más.

El problema «Juan Carlos»

La permanencia de Felipe en el trono pasa por romper con los negocios de su padre y tomar nuevas decisiones. Aunque ahora toca esperar acontecimientos, la música ya empieza a sonar en la Zarzuela, solo falta ponerle la letra. El periodista José Antonio Zarzalejos, una de las personas que mantiene hilo directo con el entorno del rey, será el primero en dar la pista sobre lo que puede suceder, cuando defiende públicamente que el emérito «debe abandonar la Zarzuela y retirarse a vivir a un país europeo para no seguir estorbando a la Corona».

La realidad es incuestionable: Juan Carlos se ha convertido en un obstáculo y hay que buscarle una salida. Son jornadas de confinamiento a causa de la pandemia, y el rey emérito, a sus ochenta y dos años, pertenece a la población de riesgo. Pasa las horas encerrado en la zona de su residencia de las instalaciones de la Zarzuela. Dentro del palacio está más solo que nunca, pero el teléfono le mantiene en contacto con el exterior. Las llamadas y los mensajes de apoyo de los amigos más íntimos son constantes, aunque los hay que viven aún en estado de shock. Un veterano periodista muy cercano al emérito reconoce la incomodidad ante la situación: «No voy a salir a defender abiertamente al exjefe del Estado —⁠reconoce⁠—, pero después de tantos años de estrecha amistad con Juan Carlos tampoco puedo despellejarlo en los medios de comunicación».

Se produce una mezcla de sorpresa y bochorno entre algunos de los que durante años le rieron todas las gracias. Mientras tanto, Felipe VI pretende recuperar la iniciativa, porque es evidente que no quiere que el tsunami de su padre lo arrastre y lo aleje aún más de una sociedad que observa con estupor los escándalos del Borbón. Tres días después del inédito comunicado, el rey decide presidir el comité de gestión técnica del coronavirus. En el salón de audiencias de la Zarzuela, se reúne alrededor de una alargada mesa rectangular con los miembros del ejecutivo que están en la primera línea de fuego de la gestión de la pandemia. Las imágenes se distribuyen a todos los medios, y en ellas se ve a un monarca que aparece flanqueado por el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, como si se tratara de una improvisada reunión del Consejo de Ministros. El encuentro sirve también para que el rey y el jefe del Ejecutivo aborden el despacho semanal ordinario. La Casa del Rey ya ha anunciado un mensaje institucional dirigido a la población. Es la estrategia que ha ideado para salir al paso de las voces que le acusan de estar desaparecido cuando la cifra de infectados por coronavirus supera las diez mil personas en toda España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da el visto bueno a un discurso que se limitará a tratar exclusivamente la crisis sanitaria. No dirá ni una palabra sobre su padre, ni una, y no habrá ninguna referencia a los fondos opacos en paraísos fiscales, en consecuencia. El mensaje se graba esa misma tarde y se emitirá en el prime time televisivo a partir de las nueve de la noche. Son siete minutos de intervención con una novedad en la puesta en escena: Felipe VI se dirige a la ciudadanía tras un atril, pues su equipo cree que la gravedad del momento reclama la mayor solemnidad posible. Ha decidido ponerse de pie para pedir a los españoles responsabilidad y dejar de lado las diferencias. Incluso en el discurso extraordinario del 3 de octubre de 2017, después de las cargas policiales en Cataluña en la jornada del referéndum del 1-O, el rey optó por mantenerse sentado.

Como estaba previsto, Felipe VI evita cualquier referencia a los escándalos que acechan a la monarquía española. Son muchos los que no lo entienden. A la misma hora que se emite su alocución, se han convocado caceroladas contra la Corona. Mensajes exigiendo «que Juan Carlos I done los cien millones saudíes a la sanidad pública» circulan extensamente por las redes sociales. La protesta se hace notar en balcones y ventanas de ciudades y pueblos, aunque el ruido de los metales no llega a la Zarzuela, que vive aislada por el monte de El Pardo. Los posicionamientos de las formaciones políticas son diversos. Podemos, uno de los partidos del Gobierno español de coalición, defiende la cacerolada como una demostración de «libertad de expresión», el PSOE opta por no entrar en la polémica y el Partido Popular reclama al Ejecutivo que haga público su apoyo al rey. Parece que los focos mediáticos se alejan de la Zarzuela para volver al terreno político, a la lucha entre partidos. Lo cierto es que entre bambalinas ya se han empezado a mover los hilos. Que cambie todo para que no cambie nada, una vez más, y la consigna es la habitual en estos casos: hay que preservar la institución por encima de todo. Se ha puesto en marcha la operación para salvaguardar a Felipe VI, para aislarlo de los efectos nocivos de las acciones de su padre.

Se empieza a fabricar una nueva armadura a medida de los nuevos tiempos.

Un maletín lleno de billetes

La Fiscalía de Suiza tiene en marcha una investigación, y a partir de ahora será imposible interponer más diques de contención. A la monarquía española le esperan meses de un particular viacrucis, que tiene como primer paso el final de abril de 2020. En sus planes, Felipe VI y Pedro Sánchez ya contaban que serían inevitables las filtraciones de la justicia helvética, pero la que llega en aquellos días desde Suiza es especialmente hiriente. El 30 de abril El País publica que Juan Carlos I entregó en Ginebra, en 2010, 1,9 millones de dólares que había recibido como «donación» del rey de Baréin al gestor de su cuenta suiza en la banca Mirabaud, el abogado Arturo Fasana. Así consta en la versión del gestor ante el fiscal que investiga los movimientos de la fundación panameña vinculada al rey emérito.

«¿Cuáles son las razones por las cuales Juan Carlos I recibió 1,9 millones de dólares del rey de Baréin?», pregunta el fiscal. La declaración judicial de Fasana es clara, no se va por las ramas: «Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa a Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones del rey de Baréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visita y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí».

Juan Carlos se desplazó al domicilio de su gestor con una maleta supuestamente repleta de billetes, exponiéndose al máximo, en una imagen que nos transporta a los años de la corrupción española más rancia. En la Zarzuela tiemblan, ya saben que puede salir cualquier secreto, pues todos son conscientes de que debajo de la alfombra queda aún mucha porquería. Y todo ante una sociedad atónita que sigue las informaciones de su antiguo rey paseándose por Suiza con un maletín lleno de dinero, mientras oficialmente ese 30 de abril España registra 268 muertes por coronavirus. La filtración de la declaración judicial provoca un movimiento en la justicia española. De manera extraoficial, se pide a la Fiscalía de Suiza que envíe el resultado de sus investigaciones, una información que será clave para decidir si se abre finalmente una causa en España.

Desde el entorno de Felipe VI no van a cambiar el guion que tenían escrito. Oficialmente no se mueven ni una coma de la versión que han dado y van a seguir ofreciendo en las próximas semanas: «Las informaciones afectan al rey Juan Carlos, ya no son asunto de la jefatura del Estado, nada más que comentar». Pero el rey emérito continúa como miembro de la Familia Real, y sigue viviendo en la Zarzuela, ahora sin agenda pública pero confinado en palacio y muy cerca de su hijo. Ese es justo el problema, la estrecha cercanía.

Históricamente, con unos medios españoles domesticados, en palacio siempre han estado muy pendientes de todo lo que publica la prensa extranjera, y saben que el capítulo del «maletín» no ha pasado desapercibido. Los asesores del rey leen con especial preocupación el reportaje del prestigioso periódico francés Le Monde del 27 de mayo. El titular ya arrastra por los suelos a la institución: «Maleta de billetes en Suiza, sociedad opaca en Panamá: Juan Carlos, desorden en España». El análisis de la información es aún más demoledor: «Un viejo devorado por la pasión por las mujeres y el dinero. Un aristócrata alemán tal vez demasiado hablador. Generosas donaciones de los países del Golfo. Un administrador de fondos y un abogado de azufre en Ginebra. Todos los ingredientes de un thriller político-financiero se unen en el escándalo que azota a la monarquía española desde principios de marzo».

Tampoco se queda corto otro de los rotativos más influyentes de Europa, el británico The Times, que titula «Rey caído» en lo más alto de su portada a mediados de junio. El subtitular no deja margen a la duda sobre el tono de la información: «Sexo, dinero y el escándalo que ha sacudido España». El periodista Isambard Wilkinson firma la información tirando de ironía al inicio del artículo: «Desayunar en el Palacio de la Zarzuela debe de ser un asunto tenso estos días». Y luego añade: «Juan Carlos afronta una tormenta de acusaciones sobre sus negocios financieros que hace que el clan borbónico gobernante pueda temer los periódicos de la mañana».

Y eso es lo que sucede. Mientras España afronta durante el mes de junio la desescalada de la primera ola de la pandemia, la Zarzuela asciende por un sendero cada vez más empinado y estrecho, lleno de obstáculos. En la Casa del Rey despliegan el paraguas para soportar el diluvio que se les viene encima.

La Fiscalía y su voladura controlada

El 8 de junio, la Fiscalía del Tribunal Supremo anuncia formalmente que ha asumido la investigación contra el rey emérito por el supuesto cobro de una comisión al hacer de intermediario en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca. Los fiscales investigan si Juan Carlos de Borbón ha cometido blanqueo de capitales y delito fiscal. Sin embargo, la investigación tiene su limitación temporal. La Fiscalía reconoce que tratan de «delimitar» o «descartar» la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a la abdicación del rey emérito, en junio de 2014, momento en que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que le concede el artículo 56.3 de la Constitución.

Tres días antes de hacerse público el anuncio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya ha dictado un decreto en el que designa para la investigación a Juan Ignacio Campos, fiscal especialista en delitos económicos. La idea es trasladar la imagen de que se pone toda la carne en el asador para esclarecer los hechos. «Dada la trascendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúna una extraordinaria cualificación y experiencia», explican desde la Fiscalía.

Sin duda hay una buena parte de escenificación en esta estrategia, y la Fiscalía española ha optado por tratar de realizar una voladura controlada. Se ha movido arrastrada por los resultados de las investigaciones del fiscal suizo, Yves Bertossa, que estaba dejando en evidencia la pasividad de las autoridades españolas. Que nadie tenga la menor duda: si Bertossa no hubiera llegado a avanzar de manera sólida en sus pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones, en España se hubieran quedado de brazos cruzados. La Fiscalía del Supremo, con la apertura formal de diligencias, ya tiene la excusa perfecta para solicitar toda la información a Suiza y así saber hasta qué punto Bertossa tiene acorralado a Juan Carlos. No es de extrañar que en círculos judiciales esté extendida la percepción de que el fiscal de Ginebra desconfía del paso dado por los colegas españoles. Piensa que la investigación de la Fiscalía se puede convertir en una rémora para sus diligencias, y de entrada solo les facilitará una parte de los testimonios recogidos durante sus años de indagaciones. Se trata básicamente de la información referida al período en que Juan Carlos de Borbón era jurídicamente inviolable. En cambio, se guarda la información vinculada a los delitos de blanqueo y fraude fiscal cometidos, supuestamente, a partir de 2014, cuando el exmonarca ha perdido la inviolabilidad.

Sea como sea, el lunes 8 de junio las diligencias abiertas por la Fiscalía suponen un paso más en la estrategia del rey para conseguir desplazar a su padre. En la Zarzuela ya sabían que el día estaba marcado en el calendario y prefieren dar apariencia de normalidad. Quieren reforzar el discurso de que Felipe VI está al margen de los acontecimientos que rodean a su padre, y prueba de ello es que ya hace semanas que el monarca centra su agenda en actos vinculados al terreno sanitario y a la lucha contra la pandemia. Cuanto más alejado esté de las disputas políticas por los escándalos de su progenitor, mucho mejor.

La noticia sobre la decisión de la Fiscalía salta durante la visita de los reyes al Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, y no es casualidad, todo estaba previsto. El rey ignora completamente las novedades sobre la situación judicial del emérito. Mientras los medios de comunicación lanzan destacados urgentes informando del paso dado por la Fiscalía, Felipe VI pronuncia unas palabras en las que destaca el papel de los deportistas españoles y la importancia de que los ciudadanos actúen como «un gran equipo» para derrotar a la pandemia. Como ya hiciera en marzo, se impone el mutismo sobre los escándalos que envuelven a la Corona. Es el peor momento del reinado de Felipe VI hasta la fecha, y no solo por las correrías de su padre.

El domingo 21 de junio The Telegraph vuelve a la carga con nuevas revelaciones y esta vez la información toca de lleno al rey actual. La actualidad hace bueno el dicho: «A perro flaco todo son pulgas». El rotativo británico desvela que el emérito y su amigo, el empresario catalán Josep Cusí, se gastaron 467 000 dólares para sufragar la luna de miel de Felipe y Letizia. Hasta ahora era todo un misterio el feliz recorrido de los recién casados después de su boda en mayo de 2004. Bien es cierto que se habían dejado ver en lugares bastante discretos como el Parador Convento de Cuenca, Albarracín en Teruel, la basílica del Pilar en Zaragoza, el castillo de Olite en Navarra y quizá lo más caro de todo el viaje fuera una comida en el restaurante Arzak de Donostia. Ese fue el relato oficial del viaje de novios de la pareja, pero desconocíamos que existía una segunda versión algo más exótica. Tuvieron que pasar dieciséis años para conocer los verdaderos detalles, la letra pequeña de un viaje a lo grande.

El rotativo británico muestra una envidiable luna de miel con un periplo por diferentes escenarios: Jordania, Camboya, las islas Fiji, Samoa, California y México. Dos meses por lugares paradisíacos que costearon a medias Juan Carlos y Cusí. Los entonces príncipes de Asturias intentaron pasar inadvertidos y se registraron en los exclusivos hoteles y resorts bajo el pseudónimo de señor y señora Smith, en alusión a la película protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie en la que precisamente surgió el amor entre los dos actores. El mismo The Telegraph calificó esta maniobra de «poco imaginativa».

La puntilla definitiva llegará a principios de julio: tres días seguidos de filtraciones dejan a Juan Carlos totalmente desnudo. Es de nuevo la figura de Corinna Larsen la que remueve los cimientos de la Zarzuela. El día 5 sale a la luz la declaración de la examante del rey ante la Fiscalía de Suiza, en la que explica que el emérito, en 2012, le transfirió 64,8 millones de euros, y da su explicación ante tan generoso gesto del entonces monarca: «Pienso que me ofreció ese dinero por gratitud y por amor. Era consciente de que había hecho mucho por él y de que había estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad. También creo que hay una última razón: tenía todavía la esperanza de poder recuperarme». Según Corinna, el regalo de cerca de sesenta y cinco millones fue solo por amor, en ningún caso para ocultar el dinero o deshacerse de él.

Uno de los políticos que ha tenido un contacto más estrecho con Juan Carlos pone en duda la versión del «regalo»: «El rey no es precisamente una persona desprendida, más bien todo lo contrario. No le veo dando dinero sin más, sin nada a cambio».

Al día siguiente, el 6 de julio, otra exclusiva arroja detalles muy sustanciosos de la declaración ante el fiscal suizo del abogado del rey, Dante Canonica: «Juan Carlos I encargó a la Zarzuela crear una estructura para ocultar dinero saudí en Suiza». El relato del letrado que recoge El Español no tiene desperdicio: «Conocí a Juan Carlos I con Arturo Fasana en Madrid en el Palacio de la Zarzuela. Nos explicó que su amigo, el antiguo rey de Arabia Saudí, quería hacerle una importante donación. Le pregunté cuánto dinero. Me respondió que no lo sabía. Preguntó si existía la posibilidad de crear una estructura para recibir esta donación».

Canonica prosigue con el discurso, que incluye también un viaje a Estados Unidos: «Juan Carlos I nos dio entonces las coordenadas del embajador de Arabia Saudí en Washington. Nos dijo que podíamos contactarle para saber el monto de la donación». Días después llegarían los deseados fondos: «Fue entonces cuando descubrimos la cantidad exacta de la donación. Llamamos a Juan Carlos I, que se quedó atónito al saber la cantidad que le había pagado. Pronunció una frase como “¡Oh, Dios mío! Han sido muy generosos”».

Las declaraciones de los «hombres» de Juan Carlos están dejando en una posición insostenible al emérito, y aún quedará un tercer día en que el calvario se recrudecerá.

El 7 de julio nuevas informaciones revelan que la firma del exmonarca aparece en los estatutos de una sociedad panameña utilizada supuestamente para ocultar dinero donado por Arabia Saudí. Hasta en tres páginas aparece su rúbrica, que lo situarían como primer beneficiario. El documento también implica a Felipe VI, que aparece como segundo beneficiario. El acuerdo privado vincularía a Juan Carlos I en la gestión de la sociedad offshore con la cual pudo ocultar, supuestamente, los cerca de sesenta y cinco millones de procedencia saudí. Será un día negro para Juan Carlos. Esa misma mañana se publica otro fragmento de la declaración de su gestor, Arturo Fasana, ante el fiscal de Ginebra el 18 de septiembre de 2018.

«¿Juan Carlos I ha declarado los fondos de la fundación Lucum a las autoridades fiscales españolas?», inquiere el fiscal. «Que yo sepa no, se lo tendría que preguntar a él», responde Fasana.

Para Juan Carlos, esto no fue lo peor de la declaración. Su gestor también admitió que «no hay documento oficial» que acredite que los cien millones de dólares ingresados por la fundación Lucum fueron un regalo del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd. La versión del emérito hace aguas.

«Hasta aquí hemos llegado», concluyen en la Moncloa.

Sánchez pulsa el botón de salida

La reputación de la Corona está por los suelos. Al día siguiente, el 8 de julio, podremos observar la primera muestra pública de que algo se está fraguando. Pedro Sánchez se reúne en la Moncloa con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y en ese encuentro los dos mandatarios unen esfuerzos de cara a la trascendental cumbre que se celebrará a finales de julio en Bruselas sobre el fondo europeo de recuperación pos-COVID. Los dos países mediterráneos van cogidos de la mano y quieren escenificar su buena sintonía.

En la rueda de prensa posterior al encuentro nada invita a pensar que Sánchez y Conte se saldrán un pelo del guion sobre los aspectos internacionales. Como es habitual en las comparecencias con líderes extranjeros, las preguntas se reparten en cuatro turnos: dos para la prensa extranjera y dos para los italianos. Las cuestiones se pactan entre los periodistas españoles. Hay un tema de actualidad que destaca por encima de todos, los negocios opacos del rey, y ya son demasiados días con revelaciones sobre las actividades del emérito. La pregunta al presidente español es la esperada: «¿Está preocupado por las informaciones que están apareciendo, cree que puede afectar a la institución de la monarquía?».

Sánchez coge aire, mira ligeramente los papeles que tiene sobre el atril y responde con gesto serio: «Es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también».

Segundos de silencio, un silencio de sorpresa. Es el efecto que han provocado sus palabras. Nadie esperaba esa declaración de Sánchez, solo su equipo de asesores sentado en primera fila tenía claro que ese día marcaría un punto de inflexión. El presidente español se ha salido del guion ya manoseado en las últimas semanas de respeto a la presunción de inocencia y no intromisión en las investigaciones judiciales. «Inquietantes y perturbadoras» son los dos adjetivos utilizados por el jefe del Ejecutivo español que señalarán un antes y un después en la estrategia conjunta. La respuesta ha sido previamente comunicada a la Casa del Rey, Sánchez no hubiera dado el paso sin tener el visto bueno de Felipe VI. El mensaje en clave interna tiene un destinatario evidente: las puertas de la Zarzuela han quedado abiertas para Juan Carlos de Borbón. Ahora falta encontrar la fórmula de salida, y la Corona y el Gobierno se tienen que poner de acuerdo, pero también tienen que salvar sus diferencias.

En plenas negociaciones, un capítulo enturbia la situación, ya muy compleja. Los reyes acuden al funeral por las víctimas del coronavirus organizado por la Conferencia Episcopal, pese a no ser el acto oficial de Estado, que días más tarde se celebrará en la plaza de la Armería del Palacio Real. La decisión de Felipe VI de asistir al funeral convocado por los obispos irrita profundamente al presidente del Gobierno español. Un miembro del ejecutivo reconoce que «nunca había visto a Sánchez tan enfadado con el monarca». El rey les ha dejado en muy mal lugar, y desde la Moncloa se ven obligados a dar explicaciones sobre la ausencia de presidente español en la ceremonia religiosa de la catedral de la Almudena. No quieren que cuaje la idea de que el jefe del Ejecutivo ha abandonado a los familiares de los fallecidos, y recuerdan que España es un Estado aconfesional y que las víctimas del coronavirus no solo han sido católicas.

Tensiones institucionales al margen, el barco de Juan Carlos I cada vez hace más aguas. Las informaciones sobre sus negocios opacos son casi diarias. No han pasado ni cuarenta y ocho horas desde la rueda de prensa de Sánchez y dos nuevas exclusivas aportan más documentos sobre las supuestas actividades ilícitas.

En la Zarzuela ya no ganan para más disgustos, puesto que ahora sale a la luz, a través de El Español, que el rey emérito ordenó transferir 65 millones de euros a Corinna en 2012. Y también se sabe que Juan Carlos pudo sacar 100 000 euros al mes de su cuenta en Suiza durante cuatro años para esconder los 65 millones de Arabia Saudí, según El Confidencial, que también alertará poco después de que «Un documento revela que el rey Juan Carlos introdujo en España miles de euros en billetes a través de Barajas». El abogado Dante Canonica habría sido el encargado de desplazar cantidades entre 200 000 y 300 000 euros de las cuentas suizas hasta el Palacio de la Zarzuela, para que el monarca tuviera acceso en efectivo a la fortuna que poseía en el extranjero. En los documentos no consta que las remesas fueran declaradas a la Agencia Tributaria, aunque la normativa fiscal prohíbe introducir en España más de 10 000 euros en efectivo desde Suiza o desde cualquier otro país ajeno a la Unión Europea sin una declaración de origen. La Fiscalía española está desbordada después de haber recibido una parte de los datos que reclamó a Suiza. Ante la complejidad técnica del caso decide reforzar al fiscal encargado de la investigación con cuatro fiscales más de «la más alta categoría y mayor especialización».

El Gobierno presiona

Pese al chaparrón que está cayendo durante esos días, desde la Moncloa intentan trasmitir un mensaje de tranquilidad. Quieren pensar que no habrá ningún conflicto, que el rey emérito acabará tomando la decisión más oportuna, aunque les inquieta «el silencio» de la Zarzuela. En el fondo saben que no será fácil, teniendo en cuenta que desde el entorno de Felipe VI hacen llegar ciertas dudas, pues creen que antes de tomar alguna decisión sobre Juan Carlos hay que esperar a una resolución formal de la Justicia. Argumentan que es exagerado haber de expulsar de sus aposentos en el palacio al emérito simplemente por unas informaciones aparecidas en los medios de comunicación. En el Gobierno español, en cambio, son conscientes de que la Fiscalía tardará meses en pronunciarse y que la situación corre el peligro de acabar enquistada.

Los socios del Gobierno, Unidas Podemos, también aprietan. Públicamente se lanzan con decisión, con el vicepresidente Pablo Iglesias en la cresta de la ola, abriendo la caja de los truenos: «Resulta difícil ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en que la legitimidad descansa precisamente en la filiación». La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste: «Es muy difícil separar el caso de corrupción de la familia Borbón». El ministro de Consumo, Alberto Garzón, remata: «Se equivocan los que creen que proteger todo lo que hace la monarquía es proteger España».

Sánchez sabe que los tiempos de la Zarzuela no son los mismos que marcan la política diaria, y menos aún los que rigen en los medios de comunicación, pero insta a sus ministros a presionar públicamente a la Casa del Rey. La ministra portavoz, María Jesús Montero, después de la reunión semanal del Consejo de Ministros aprovecha la habitual rueda de prensa de los martes para lanzar un aviso: «El Ejecutivo celebra todas las medidas pasadas y futuras que se pueden impulsar para incrementar la transparencia».

Son unas palabras muy meditadas, nada improvisadas. Minutos antes, el todopoderoso jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, ha preparado con la portavoz las ideas centrales de la comparecencia y le ha pedido un mensaje claro: hay que urgir a la Casa Real a mover ficha para trasladar la imagen de una monarquía ejemplar.

Dos días después, a la salida del acto institucional de homenaje a las víctimas del coronavirus es Carmen Calvo quien da una nueva vuelta de tuerca para insistir en que Felipe VI tiene que actuar con firmeza. «En este asunto la Casa Real tomará sus decisiones, entendemos que hay una parte importante de la ciudadanía que está preocupada», advierte la vicepresidenta española.

Las palabras de Calvo tienen especial relevancia porque es una de las negociadoras directas con la Zarzuela. Si públicamente está instando a dar un paso, es que el cerco sobre Juan Carlos cada vez es más estrecho, y un indicio claro de que la paciencia se agota. Pese a ello, públicamente los ministros socialistas defienden la misma idea: «El Gobierno distingue muy claramente lo que son asuntos que afectan al rey emérito de la impecable labor que hace el rey Felipe VI». En privado, los ministros insisten en que se tendrán que dar pasos contundentes. «Habrá decisión de manera inminente», advierten. Será la culminación de la operación de Estado para salvar a la Corona y todos están convencidos de que es cuestión de días. La Zarzuela y la Moncloa llevan meses negociando de manera muy discreta, desde que a principios de año tuvieron constancia de que la investigación de la Fiscalía de Suiza había dado en el clavo sobre el fondo de cien millones de dólares.

Ahora toca afrontar el tramo final de unas conversaciones que se llevan a tres bandas, entre el padre, el hijo y la Moncloa, aunque el Gobierno español deja en manos de Felipe VI y Juan Carlos I el debate interno. Solo pide estar al corriente de la decisión que se tome. Y este fue el error de Sánchez.

Una salida por la puerta de atrás

Todas las opciones están encima de la mesa, y se analiza incluso la posibilidad de realizar una regulación fiscal del patrimonio del rey emérito, pero ello comporta problemas legales y también una desorbitada cantidad a pagar que Juan Carlos no puede asumir. En un primer cálculo, la multa por los más de sesenta millones en Suiza podría superar los treinta y dos millones de euros.

Las partes creen que se deben buscar las soluciones que tengan las menores complicaciones jurídicas. Una salida del Palacio de la Zarzuela sería lo más factible, es una medida que no comportaría la necesidad de una reforma legal que tuviera que pasar por la mesa del Consejo de Ministros o del Congreso de los Diputados. Lo precisaría, en cambio, la revocación por medio de un real decreto del tratamiento de rey honorífico a Juan Carlos I, concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Felipe VI entiende que no se le puede quitar el título de rey a su padre, y así lo hace saber al Gobierno de Pedro Sánchez, que sería el encargado de tomar la decisión. En el Ejecutivo tampoco ven con buenos ojos la salida del emérito a un país lejano, porque están convencidos de que la ciudadanía lo percibiría como una huida o una fuga de una persona investigada por la justicia. Mantienen que lo mejor es que se quede en España. Una de las posibilidades planteadas es que Juan Carlos se traslade a vivir a Galicia o con la infanta Elena, puesto que de los tres hijos es, sin duda, con quien tiene más afinidad. Es su preferida y comparten aficiones, se les ha visto juntos en regatas, corridas de toros o rutas gastronómicas.

En cualquier caso, la pelota está en el tejado de la Zarzuela. Las negociaciones entre padre e hijo no son fáciles, y es sabido que la convivencia entre los dos reyes ha sido una fuente continua de conflictos en los últimos años. La relación entre ellos se ha enfriado desde la abdicación y ahora mismo es casi inexistente. De hecho, los primeros contactos no los llevan directamente el actual rey y su predecesor en la jefatura del Estado. Hablan a través de intermediarios. Jaime Alfonsín negocia de parte de Felipe VI y Juan Carlos I delega en el diplomático y hombre de confianza Alfonso Sanz Portolés. No llegan a un acuerdo. El diálogo entre emisarios se convierte en un intercambio de propuestas donde el emérito no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Finalmente, padre e hijo se citan para afrontar la salida.

La reunión, lejos de ser amable, se convierte en un nuevo elemento de confrontación. Juan Carlos cree que la cita será cara a cara con Felipe, ellos dos solos, pero, de manera inesperada, en el despacho hay una tercera persona: Jaime Alfonsín. El rey emérito se enfurece porque no soporta al actual jefe de la Casa del Rey. Desde su abdicación, le hace responsable de haberle arrinconado, de intentar relegar en un segundo plano todo el legado del juancarlismo. El encuentro va a ser de todo menos agradable.

Felipe se dirige a su padre: «El jefe de la Casa del Rey tiene que comunicarte una decisión». Precisamente Alfonsín es el encargado de trasladarle que tiene que abandonar el palacio. Es una humillación para el emérito.

«Hay una cosa evidente: Juan Carlos detesta que le digan qué es lo que tiene que hacer», explica un antiguo asesor de palacio. Y eso es precisamente lo que está pasando. Felipe intenta persuadir a su padre. Le explica que todas las informaciones sobre las irregularidades financieras están erosionando a la Corona. Lo mejor que se puede hacer es salir del foco mediático, desaparecer temporalmente. El actual monarca juega también la baza de la Moncloa, y sostiene que la presión de Pedro Sánchez está siendo muy fuerte, hasta el punto de que el Gobierno exige que Juan Carlos salga de la Zarzuela. El planteamiento es directo: el emérito se tiene que ir y tiene que ser él mismo, a través de su despacho de abogados, quien anuncie la decisión, y debe dejar al margen a la Casa del Rey. No sin dificultades, cierran un pacto de «autoexilio». El acuerdo tiene una contrapartida: si le obligan a marcharse, será también él quien marque las reglas, Juan Carlos de Borbón decidirá el destino.

Solo falta cerrar el momento de la huida. Felipe VI pide que todo suceda en agosto, con menos presión de los medios de comunicación y sobre todo cuando finalice la gira de los reyes por toda España. Felipe y Letizia están inmersos en una ruta por todas las comunidades autónomas, dedicarán treinta y siete días a intentar volver a conectar con la sociedad española después del confinamiento por la pandemia y de los escándalos que asedian a la institución. Surge de nuevo la voluntad del rey de aparentar normalidad buscando la proximidad con los ciudadanos y separar en el imaginario colectivo a Felipe de su padre. Pero la gira no tiene el resultado esperado, y poca gente acude a las calles. Las imágenes más vistosas son las de la policía delimitando las protestas republicanas. Se producen situaciones que solo se pueden calificar como pintorescas, como las que tienen lugar en el viaje a Cataluña. Se opta por una visita relámpago a puerta cerrada al monasterio de Poblet, ante la protesta de un millar de independentistas y con tan solo una quincena de manifestantes españolistas ondeando al viento sus banderas al grito de «¡Viva el rey!». El 30 de julio el monarca cierra la gira en Asturias y vuelve a su refugio de Madrid. El horizonte ya está despejado para culminar la operación salida.

Juan Carlos lleva encerrado desde hace meses en la Zarzuela. Solo ha salido unas horas para someterse a una revisión médica en una clínica cercana al palacio, y lo ha hecho casi de manera furtiva, de noche, para evitar llamar la atención. El exmonarca baja de su lujoso vehículo Bentley con la mascarilla y apoyado en un bastón. Los responsables del hospital le esperan con una silla de ruedas para facilitar el desplazamiento. No ha sido del todo un mal día para el emérito, pues horas antes el Congreso ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre su figura. Será una victoria irrelevante para Juan Carlos, que tiene los días contados en España. No acaba de asumir que saldrá por la puerta de atrás, como un fugitivo, del que ha sido su hogar durante cerca de sesenta años. Se muestra irascible, saca a relucir su carácter más arisco, refunfuñando con algunos gritos a los que le rodean. Uno de los amigos que habla con él describe el estado de ánimo de quien fue jefe del Estado: «Está triste, asume la salida como una obligación. Dice que no entiende que con ochenta y dos años le echen de España, de su casa, justo en un momento de pandemia mundial».

Pedro Sánchez, consciente del mal humor del emérito, ya ha sido informado del acuerdo sellado en la Zarzuela y da su visto bueno. Lo escenifica en una entrevista la noche del 27 de julio en Telecinco, en la que apela a la estabilidad con un mensaje de apoyo a la Corona: «No encontrarán al PSOE en ningún intento de socavar las instituciones». Hace también una encendida defensa de la monarquía parlamentaria y sobre todo se sitúa claramente al lado del actual rey: «Ha hecho bastante por garantizar esa transparencia y dar pasos a favor de esa ejemplaridad». Sánchez cierra filas, una vez más protege a Felipe VI y lo aísla de Juan Carlos. Es lo que se ha pactado. Aún quedará un último acto para abordar los detalles finales.

El curso político se cierra en una reunión que más bien se convierte en un intento de Pedro Sánchez de escenificar unidad, la conferencia de presidentes autonómicos convocada en La Rioja. No será un encuentro telemático como las catorce anteriores en plena pandemia del coronavirus, pues el Gobierno español quiere ofrecer una imagen conjunta de todos los dirigentes de las comunidades autónomas, y casi lo consigue. El president Quim Torra se aparta de los focos de la reunión y se mantiene firme en su decisión de no asistir a una cita que sostiene que, entre otros motivos, sirve para blanquear a la monarquía. Una de las sorpresas es la participación de Felipe VI en el encuentro de San Millán de la Cogolla, y parece una presencia más bien simbólica en el almuerzo inaugural con los políticos y en la correspondiente fotografía de familia, con la mascarilla de rigor. Lo que de entrada es un acto sin mucho recorrido se convertirá de manera secreta en la última reunión cara a cara entre el jefe del Estado y el presidente español para cerrar la salida de Juan Carlos de Borbón de la Zarzuela. La infraestructura de la huida ya hace días que está activada y Moncloa da su aprobación. La operación ya no tiene marcha atrás.

Juan Carlos siempre había manifestado a su entorno un deseo: «Ojalá acabe mi vida como inicié mi reinado». A la vista de los acontecimientos, eso resulta cada vez más difícil. Es una tristeza que traslada a uno de sus amigos: «Al final la gente se va a quedar con lo último y no me va a recordar por todo lo que hice por España».

No era en absoluto el desenlace que hubiera soñado al cabo de tantos años de servicio.

2
EL GOLPE QUE FUNDÓ EL JUANCARLISMO

«—¡Nos la has metido doblada!

[…]

—Pero ¿tú te das cuenta de lo que dices… y a quién se lo dices?

—¡Sé demasiado bien a quién se lo digo! ¡Esta situación la has provocado tú!».

ADOLFO SUÁREZ a JUAN CARLOS I

(La gran desmemoria, de PILAR URBANO).

El rey salvó la democracia. Durante décadas esta convicción silenció a la prensa, a los políticos y a los intelectuales de todo signo y dio un cheque en blanco a Juan Carlos I, al que, tras su gran labor del 23 de febrero de 1981, nadie osaría molestar ni fiscalizar. La versión oficial se construyó en grandes titulares que se repetían año tras año, engrandeciendo su figura, construyendo con aquella hazaña una armadura que le protegería hasta que cedió la corona. El rey paró el golpe. Casi nadie lo ha cuestionado. Pero existe otra lectura: ¿y si lo que paró fue un golpe que él mismo había puesto en marcha? El estudio de las conversaciones y reuniones que se produjeron antes y después del 23-F ofrece una serie de indicios razonables que, cuando menos, alimentan la sospecha. ¿Fue un golpe… de efecto?

De la mano de Franco

En una tarde de invierno de 1992, el rey charla con un amigo en su despacho de la Zarzuela. Viste de gris y lleva corbata de Hermès, y apenas puede moverse por la sala pese a que algunos de los acontecimientos que relata exigen expresiones vigorosas. Se recupera del último accidente de esquí en las pistas de Baqueira Beret. Da una calada al Cohiba. José Luis de Vilallonga no puede evitar fijarse en el anillo de oro con el escudo real que siempre lleva en el dedo pequeño de la mano izquierda. Lo escucha con atención: «¿Crees que el 22 de noviembre de 1975, cuando fui proclamado rey, existía un sentimiento monárquico en España?». Y le responde: «No, señor. Pero muy pronto apareció el juancarlismo».

El rey recuerda con su amigo, aristócrata y escritor, cómo conoció a Francisco Franco dos semanas después de llegar a España. Tenía once años y pronto fue Juanito para todos. Franco le trataba como al hijo que nunca tuvo. «Era muy amable, a menudo afectuoso, y siempre muy respetuoso con lo que yo representaba a sus ojos», recuerda. Hasta el punto de que «en su lecho de muerte, Franco cogió mis manos entre las suyas y me dijo que la única cosa que me pedía era que preservara la unidad de España».

La conversación se prolongó durante varias jornadas, y Vilallonga las registró en setenta y dos horas de grabaciones que se acabarían convirtiendo en la fuente de la única biografía autorizada del monarca. La gestación del libro El Rey es, también, una de las muestras que deja en evidencia los esfuerzos de la Zarzuela por ocultar ciertas confesiones que pudieran comprometer el papel regio en la noche de su consagración.

El propio Sabino Fernández Campo, asistente personal de Juan Carlos, reconoció que la preparación de este libro le llevó a una profunda discrepancia con el monarca. Según relata el biógrafo de Fernández Campo, Manuel Soriano, «a Sabino lo que le parecía más grave era que el rey apareciera hablando de los entresijos y de los personajes del 23-F. Insistió con rotundidad en que don Juan Carlos no debía aparecer relatando en primera persona tan controvertido suceso». Sabino no consiguió convencer a Juan Carlos para que diera marcha atrás. La confianza entre ambos estaba más que tocada, y meses después sería destituido. Su relevo, Fernando de Almansa, también trató de pararlo.

El director editorial de la edición en castellano, Enrique Murillo, relata, veinticinco años después en una entrevista en El Confidencial, cómo se produjo el recorte de según qué contenidos. Le llamaron de la Casa Real, desafiantes: «Usted ha contratado este libro, pero este libro no se puede publicar». Murillo defendió que lo había comprado una multinacional de la edición, Bertelsmann, a la que pertenecía su sello Plaza & Janés, y que sí se iba a publicar. «Me convocaron a una reunión en la Zarzuela. Luego hubo tres o cuatro reuniones más a las que asistieron Fernando de Almansa y Rafael Spottorno. La actitud fue amistosa desde el principio. Ellos sabían que no podían impedir la publicación del libro y yo me presté a escuchar sus sugerencias. Los tres teníamos una copia del manuscrito en francés, fuimos viendo dónde podía haber problemas y limamos». Pero en Francia el editor Bernard Fixot publicó la versión original sin tantas mutilaciones, un texto que aporta algunos de los detalles que iremos desgranando y que no casan con el relato oficial, que según apunta el propio Vilallonga en su libro «consiguió que don Juan Carlos dejara de ser para millones de españoles el hombre que había sucedido al general Franco “a título de rey” para convertirse, simplemente, en el rey de España».

El «borboneo» y la conspiración

El rey Juan Carlos I eligió a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno para avanzar en la Transición, pero la relación entre los dos se deteriora profundamente en los últimos años de su mandato, sobre todo tras las elecciones de marzo de 1979. El rey no encaja bien que Suárez tome cada vez más decisiones en solitario. Ha sido refrendado de nuevo por las urnas y no necesita la legitimidad de la Corona para gobernar. El rey nota que pierde el control y a la vez se siente controlado. La desconfianza es tal que cuando llama a la Moncloa el presidente no coge el teléfono, y en correspondencia cuando él acude a la Zarzuela se ve condenado a esperas vejatorias, tal como explica Javier Cercas en Anatomía de un instante. En cierta ocasión, Suárez le reprocha que reciba a un ministro francés en la Zarzuela sin su consentimiento y Juan Carlos le responde de malas maneras, según Juan Francisco Fuentes en Adolfo Suárez: biografía política: «El Rey recibe a quien le sale de los cojones».

La tensión social, política y militar va en aumento, en paralelo a la aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y Euskadi, y las facciones que se resisten a romper con el franquismo se revuelven. En 1980, la crisis económica está desbocada, los atentados de ETA no dan tregua, el malestar en los cuarteles es cada vez mayor y Adolfo Suárez llega a la primavera más solo que nunca.

Los socialistas no le han perdonado la derrota electoral que les ha infligido y sienten que ha llegado su momento. Aunque el 30 de mayo Felipe González pierde la moción de censura contra Suárez por tan solo catorce votos, logra el consenso en casi todo el arco parlamentario de que es urgente sacarlo de en medio. Suárez únicamente consigue los votos de los suyos y no está convencido de pasar la prueba hasta el último minuto. Su propio partido, la UCD, tampoco le quiere.

No solo molesta a los partidos, que ya lo consideran prescindible. También pierde el favor de la Iglesia, el Ejército, las patronales, la prensa y los intelectuales, por citar algunos poderes de peso. Con la llegada del verano de 1980, todos conspiran para sacar a Suárez de la Moncloa, y el rey les abre la puerta de su despacho en la Zarzuela. «Yo recibía a oficiales superiores que deseaban exponerme en privado su punto de vista sobre la situación, como siempre lo he hecho, a demanda suya», le contaba a su amigo Vilallonga.

Escucha quejas y críticas y comparte con todos que el Gobierno de Suárez es un desastre. «A ver si me quitáis a este de encima, porque con este vamos a la ruina», se le escuchó decir en algunas de esas reuniones, según Javier Cercas en Anatomía de un instante.

El rey teme que las críticas y amenazas que ha emitido en contra de Suárez puedan volverse hacia él, pero no tiene ninguna duda de que para salvar la Corona debe cambiar al presidente. De eso le convence todo aquel que pasa por su despacho. Antes de la cuestión de confianza, Felipe González y Manuel Fraga le visitan, y las audiencias se intensifican tras la moción.

Santiago Carrillo acude en tres ocasiones a la Zarzuela en este convulso año 1980, y el líder de los comunistas escucha cómo el rey se queja de Suárez, por su falta de soluciones y por su determinación en impedir un gobierno de coalición. Su lamento es definitivo: «Yo no puedo hacer nada para librarnos de él». Y Carrillo sale pensando, según afirman en sus libros Pilar Urbano y José García Abad: «Si eso el rey me lo dijo a mí, dirigente comunista y conociendo mi afecto personal hacia Adolfo, ¿qué no le diría a un teniente general monárquico como Milans del Bosch, o a un general Armada, con quien tenía toda la confianza del mundo?».

Carrillo da en el clavo. El rey se reunió en no pocas ocasiones con los principales implicados en la intentona golpista, especialmente con el general Alfonso Armada, a quien le unía una estrecha amistad. Armada había sido instructor militar de Juan Carlos cuando este aún era príncipe y después fue secretario general de la Casa Real hasta que sus enfrentamientos con Suárez provocaron su salida. Asumió su relevo Sabino Fernández Campo, y Armada fue destinado a Lleida. El presidente del Gobierno le quería lejos. Sin embargo, sus encuentros con el rey se mantuvieron y durante el invierno cenaban juntos en la estación de esquí Baqueira Beret.

Pero es a mediados de 1980, semanas después de la moción de censura, cuando ambos comentan la idea de apartar a Suárez para dar paso a un gobierno de concentración presidido por un civil o un militar independiente, el mismo general Armada. Las versiones sobre el origen de esta idea difieren dependiendo de la fuente. En el relato que sale de la Zarzuela, Armada envía a Fernández Campo un documento secreto para que lo conozca el rey. Es un informe anónimo, redactado por civiles, que, tras un análisis muy crítico sobre la gestión de Adolfo Suárez, termina con una propuesta: presentar una moción de censura para derribar al presidente y proponer un candidato que inspire más confianza.

Sin embargo, la versión que años después ofrecería Armada al capellán de la prisión de Alcalá de Henares, Mariano del Cid, recoge un matiz importante. Según el relato del cura, recogido por Amadeo Martínez en su libro El libro que nunca existió, el general le reveló que el encargo le fue encomendado por el monarca. «Fue precisamente el rey el que, tras conocer puntualmente los peligros que se cernían sobre España, la democracia y la Corona, me propuso a mediados de 1980 ser presidente de un hipotético gobierno de concentración o unidad nacional a formar con representantes de los principales partidos políticos. Juan Carlos quería, llegado el momento, satisfacer las apetencias de los generales y frenar su descontento por la marcha de la Transición, pero sin poner en peligro la estabilidad monárquica y la legalidad democrática. Yo acepté disciplinadamente la idea. Él prometió facilitarme con urgencia un destino en Madrid y me encargó que hablara con los principales dirigentes políticos y buscara un consenso para poder poner la idea en marcha si la situación nacional no mejoraba y se veía obligado a prescindir de Suárez. También me ordenó que me pusiera en contacto con Milans, del que estaba seguro que se sumaría al proyecto si sabía que tras él se encontraba el rey. Después de las órdenes del rey me puse a trabajar sin descanso y siempre lo tuve puntualmente informado de las gestiones, a través de las frecuentes entrevistas que mantuve con él, sobre todo en diciembre de 1980 y enero y febrero de 1981».

Posiblemente nunca conozcamos la fuente original de una conspiración con muchos implicados. Entre los señalados también estaba el CESID, dirigido por José Luis Cortina, que sería absuelto en los juicios por el 23-F. Los servicios secretos manejaban desde finales de los años setenta un dosier que recogía «la posible aplicación en España de la Operación De Gaulle, como corrector del sistema desde el propio sistema». Siguiendo el ejemplo francés, que recurrió a una operación militar para forzar el regreso del general De Gaulle al poder, la versión española proponía generar alguna amenaza y así sustituir al presidente por otro sin necesidad de elecciones. En este esquema la amenaza sería Antonio Tejero. Y el resultado, un autogolpe.

Semanas después de la moción de censura, Cortina visita al rey para advertirle sobre el ruido de sables, sobre el malestar de los militares, que podría desembocar en algo más grave. Esto al rey no le suena extraño, pues dos años antes ya se produjo el conato conocido como Operación Galaxia, planeado por Ricardo Sáenz de Ynestrillas y Tejero, un plan frustrado que visibilizó a este último como un posible fichaje para materializar el golpe.

Las ansias golpistas crecen a lo largo de 1980. Entrado el otoño, El Alcázar, el diario de la extrema derecha, publica un artículo del colectivo Almendros, en el que se anuncia que algo ocurrirá cuando los almendros se pongan en flor, en la próxima primavera. Se prepara un golpe a la turca y la información corre por los cuarteles, y ya se ha hablado sobre una posible intervención del Ejército en la política del Estado.

Según relata el excoronel del Ejército de Tierra Amadeo Martínez Inglés, en noviembre de 1980 los capitanes generales Merry Gordon, Campano, Milans del Bosch, Polanco, González del Yerro y Elícegui dirigen un escrito al rey pidiéndole la destitución de Adolfo Suárez en beneficio de la patria. El rey no contesta al escrito, pero habla de forma reservada con algunos de los generales firmantes. En concreto, recibe al general Milans del Bosch en la Zarzuela a mediados de diciembre, como documenta Amadeo Martínez Inglés en El golpe que nunca existió.

Jaime Milans del Bosch, uno de los personajes clave del 23-F, que tuvo varios contactos personales y telefónicos con el rey en los meses previos al asalto al Congreso, ordenó ese día la ocupación militar de Valencia y fue posteriormente condenado a treinta años de cárcel. El exministro José Bono, sobre los encuentros con el monarca, revela al menos uno que pudo ser determinante entre Juan Carlos y Milans del Bosch, que le habría sido relatado de este modo por Sabino Fernández Campo: «Entré al despacho del rey para preguntarle cómo había ido la reunión y me dijo: “Todo ha ido bien, muy bien, porque yo le dije, antes de que él hablara, lo que él venía a decirme”». Sabino juzga extremamente relevante esta audiencia y esa respuesta. Cree que Milans «quizás entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser el desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle», según José Bono en Se levanta la sesión.

Unas semanas después, los dos generales implicados en el golpe mantienen un encuentro trascendental. El 10 de enero de 1981, Alfonso Armada viaja a Valencia para reunirse con Milans del Bosch y le habla en nombre del rey de «la solución Armada», y este la acepta convencido de que cuenta con el aval de Juan Carlos I. Tanto Armada como Milans están considerados los militares más monárquicos del Ejército, y se les atribuye la determinación de llevar a cabo cualquier acto para salvar al rey. Este hecho conocido seguramente daba credibilidad a Armada para hablar en nombre de Juan Carlos y de este modo, como un apoderado real, se presentaba en el otoño de 1980. El propio Milans lo describió así en varias entrevistas concedidas años más tarde al coronel Amadeo Martínez Inglés en la prisión militar de Alcalá de Henares: «El rey tenía plena confianza en mí, ya que le había demostrado mi fidelidad en múltiples ocasiones, y, por supuesto, en el antiguo secretario general de su Casa, el general Armada». Este, muy bien informado, puesto que recibía información privilegiada del CESID, con muy buenas relaciones políticas con los partidos y las instituciones, con el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas por su amistad con el rey, y con la total confianza de este, recibió el encargo de organizar lo que muy pronto empezó a llamarse en los medios de comunicación «golpe de timón» o «solución Armada» con la finalidad de frenar la involución que preparaba el Ejército y que se esperaba para mayo de 1981, según cita Amadeo Martínez Inglés.

Milans sostiene que Armada no le engañaba al decirle que venía de parte del rey, porque él mismo habló con el monarca en varias ocasiones y «siempre me dijo que confiara en Armada, que este tenía todo muy bien preparado para solventar los graves problemas que tenía España, que la solución pasaba por un gobierno de salvación nacional presidido por él, y que yo con ese gobierno me haría cargo de la suprema dirección operativa de las Fuerzas Armadas». Según su relato, el rey le habría pedido que para dar tiempo al golpe de timón institucional controlara el movimiento golpista que se preparaba para la primavera.

Armada ata la pata militar para que el golpe se materialice, pero también mantiene relevantes contactos políticos. En noviembre de 1980 se encuentra en Lleida con varios socialistas. El alcalde Antoni Siurana organiza una comida a la que acuden el dirigente del PSOE Enrique Múgica y el del PSC Joan Reventós. Armada los pone al corriente de los movimientos golpistas que agitan los cuarteles y les traslada la necesidad de un gobierno de coalición presidido por un independiente. Así lo revela Múgica en una entrevista en El País el 13 de marzo de 1981: «Armada pensaba que la situación podía empeorar si no se establecía un cambio de clima político, y para ello propuso que todos arrimaran el hombro: en concreto, se refirió a un gobierno UCD-PSOE presidido por un independiente».

Sin embargo, en enero de 1982, en el juicio por el 23-F, Múgica niega que se hablara «en absoluto de ningún golpe de timón de ninguna clase», y declara que se trató de una comida de perfil bajo en la que se habló del paro, de la situación agraria de Lleida y «de lo hermosa que era Cataluña». Son unos argumentos que trataban de minimizar hasta el ridículo la implicación del PSOE en los movimientos para derribar a Suárez y que contrastan con testimonios como el de Jordi Pujol. El entonces president de la Generalitat cuenta en sus memorias: «El PSOE tenía una auténtica obsesión por hacer caer a Suárez. Una prueba de ello es la visita que el destacado líder socialista Enrique Múgica me había hecho a finales del verano de 1980, a mi casa de Premià de Dalt, para preguntarme cómo veríamos que se forzase la dimisión del presidente del Gobierno y su sustitución por un militar de mentalidad democrática».

Pujol manifestó su total desacuerdo ante esa «solución» que los socialistas también plantearon a los nacionalistas vascos. El entonces portavoz del PNV en el Congreso, Marcos Vizcaya, asegura que fue consultado por Alfonso Guerra y Gregorio Peces-Barba, en palabras recogidas por Joaquín Prieto y José Luis Barbería en El enigma del «Elefante»: «El momento más peliagudo se produjo cuando recabaron mi opinión sobre la idea de poner al frente de ese gobierno a un independiente prestigioso. Me preguntaron qué me parecería si ese personaje fuera un militar. Les dije que no veía clara la sustitución de un gobierno legítimo sin una convocatoria electoral».

Además, los socialistas y la Casa Real se mantienen en contacto. Durante el verano de 1980, Felipe González y Enrique Múgica invitaron a comer al jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Después Múgica acudirá a ver a Pujol, como explicó después el president, y más tarde a Armada, y con el informe de aquel encuentro con el general en Lleida, Felipe González acude a la Zarzuela a ver al rey. Todos coinciden en la necesidad de un cambio en el Gobierno de Suárez.

La ruptura entre el rey y Suárez

Entrado ya el año 1981 y antes del 23 de febrero, el rey Juan Carlos mantiene al menos seis encuentros con el presidente Adolfo Suárez y otros tantos con el general Alfonso Armada. Son unas reuniones a caballo entre Baqueira Beret y Madrid, en las que la relación entre el monarca y el presidente llega a un punto insostenible. Por un lado, el general Armada advierte de la tensión creciente en los cuarteles, y por otro, Juan Carlos termina reconociendo a Suárez que apuesta por un cambio en la presidencia, según relata la periodista Pilar Urbano: «Llega un momento en el que al rey se le calienta la boca. Están discutiendo y dice Suárez: “¿Qué solución hay?”. Y dice el rey: “¡Otro presidente!”. Y Suárez propone otra solución: “Voy a disolver las cámaras y convoco elecciones…”. A lo que el rey responde: “Yo no voy a firmar el decreto de disolución…”. Suárez no da crédito: “¿Qué no va a firmar?… ¡Estaría fuera de la Constitución!”». Según apunta Urbano, al quitarse de en medio Suárez ya no hay moción y el plan de Armada no tendría sentido. «Pero a Armada el rey ya le había puesto los patines y ya no se frena».

Adolfo Suárez dimite el 29 de enero y en principio deja sin argumentos a los golpistas, pero el golpe sigue adelante. Parece que el plan no era quitar al presidente, que ya se había retirado.

En aquellos días, el rey ya no oculta su ruptura con Suárez. El 3 de febrero de 1981, los reyes llevan a cabo su primera visita oficial a Euskadi. La comitiva institucional que les recibe no sale de su asombro ante las duras palabras que sobre el ya expresidente deja caer el monarca a quien se ponga a tiro. Al día siguiente, en la Casa de Juntas de Gernika, los reyes son abucheados.

Concluido aquel viaje oficial, marcado por la tensión, vuelan directamente a Baqueira Beret. Entre picos nevados, el 6 de febrero se produce uno de los encuentros más importantes entre Juan Carlos I y Alfonso Armada. Recién aterrizado en su refugio de esquí, el rey recibe una llamada de Madrid en la que le comunican que la madre de la reina Sofía ha muerto. Sin embargo, el monarca no le cuenta a su esposa el fatal desenlace, lo suaviza y le dice que se encuentra mal tras una operación que no ha salido bien. La reina vuela sola a la capital, y el rey se queda. Tiene una cita que no va a eludir, ni siquiera sabiendo que su suegra ha fallecido. Cena con Alfonso Armada. La velada se extiende hasta pasadas las tres de la madrugada. El contenido de esa larga conversación no ha trascendido, pero es la primera que mantienen tras la dimisión de Suárez. Desde luego, el escenario ha cambiado y quizás también las estrategias.

Una semana después, el 13 de febrero, el rey y Armada mantienen otro encuentro tan relevante que, durante el juicio del golpe, Armada le pidió por carta al monarca poder detallar lo tratado aquel día en su defensa. El rey le denegó esa posibilidad. El general acató la decisión pese a que le supusiera una larga condena. ¿Qué gran secreto oculta aquella conversación? El encuentro se produjo en Madrid, ya que el rey había conseguido traerle de nuevo. Según Armada, en Al servicio de la Corona, en aquella reunión «contó al rey lo que sabía» sobre la delicada situación por la que atravesaba el Ejército.

Faltaban diez días para el 23-F.

Un agujero negro

La versión oficial que durante décadas se ha construido sobre el 23-F ha estado centrada, aniversario tras aniversario, en apuntalar el papel heroico del rey como salvador de la democracia. La imagen del monarca revestido con el aura de la autoridad en un discurso televisado que puso fin a la pesadilla ha sido grabada a fuego en la memoria colectiva. Cada año, en esas fechas, se desgrana minuto a minuto lo ocurrido desde que Tejero irrumpe en el hemiciclo del Congreso a las 18:23 horas, en plena investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, al grito de «¡Quieto todo el mundo!». Es muy conocido que el secuestro duró dieciocho largas horas y que mantuvo en vilo a un país que sufría ante la posibilidad de regresar a un pasado de terror demasiado reciente. Recordados cada año, por tanto, los hechos principales, nos fijaremos en algunos detalles que dejan incógnitas que la versión oficial no ha querido esclarecer.

Con el teniente coronel Antonio Tejero entra en el Congreso el capitán Jesús Muñecas, tristemente conocido en Euskadi por las torturas que infligió en el cuartel de la Guardia Civil de Tolosa. Tras los disparos al techo de Tejero, Muñecas toma la palabra en un intento de calmar los ánimos: «Buenas tardes, no va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer… lo que tenga que ser y lo que él mismo… diga a todos nosotros. O sea que estense tranquilos. No sé si será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora… me imagino que no más». Imaginaba mal, porque la autoridad competente no apareció y nunca se supo a quién se refería, pero está claro que el plan de los golpistas pasaba porque el asunto terminara rápido con la solución que traería un militar que no llegó a zanjar el asunto.

Entretanto, en la Zarzuela, el rey se prepara para jugar una partida de squash cuando alguien que acaba de oír por la radio lo que está ocurriendo en las Cortes le pone sobre aviso. La primera llamada de Juan Carlos es al Cuartel General del Estado Mayor. Allí, junto al teniente general Gabeiras, que coge el teléfono, se encuentra el general Alfonso Armada, que se pone inmediatamente. «Alfonso, ¿qué es toda esta historia?», le pregunta el monarca. «Recojo unos documentos en mi despacho y subo a la Zarzuela a informaros personalmente, señor», le responde solícito.

En ese momento entra Sabino Fernández Campo en el despacho y hace un gesto al monarca para que tape el teléfono con la mano. El asistente real le interroga con un gesto de cabeza y el rey responde en voz baja: «Se trata de Armada». Sabino le recomienda que tenga cuidado y el Borbón despacha a Armada diciéndole que tratará de verle más tarde. Cuelga, y Sabino le informa de que acaba de hablar con el general José Juste de la División Acorazada, donde creen que Armada acudirá a la Zarzuela. El rey y Fernández Campo reflexionan, según José Luis de Vilallonga en El Rey: «Si Armada está implicado en este asunto y viene aquí significará que el rey está al corriente del golpe y deja hacer». Así que el rey, en aquellos primeros minutos de confusión, ya sabía que ser relacionado con Armada en aquel momento no era una buena idea. ¿Hasta dónde conocía sus planes?

Las dudas no han hecho más que crecer con el paso del tiempo y con la revelación de algunos comentarios, como el que hizo Sabino años más tarde a José Bono. El exjefe de la Casa Real le contó al exdiputado que «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero… ¿esperaba algo?». Ante esa pregunta retórica, Bono asegura que no preguntó más, o, al menos, no quiere revelar cómo continúa una conversación que da a entender que el rey tenía conocimiento sobre la posibilidad de alguna acción en las Cortes.

En 1992, durante sus conversaciones con Vilallonga para la elaboración de su biografía, el rey revela otro detalle llamativo. «Más tarde se supo que en los planes de los conjurados no estaba prevista la ocupación de la Zarzuela. ¡Ni siquiera habían cortado las líneas telefónicas!». Aunque el comentario no resultó relevante para los revisores de la Zarzuela que permitieron su publicación, destapa un escenario sorprendente: los golpistas no se preocupan por controlar ni bloquear el centro de operaciones del rey.

Los teléfonos de la Zarzuela echaban humo aquella noche mientras el país permanecía en vilo. El rey tarda en salir por televisión siete largas horas. Pasadas las diez de la noche, TVE anuncia la intervención real, pero Juan Carlos no termina de aparecer. El discurso se graba al filo de la medianoche, y en ese momento el general Armada se dirige al Congreso. Según Gabeiras, lo hace con la autorización del rey, que le envía con la misión de que Tejero y sus guardias se entreguen, tal como recoge Pilar Urbano en La gran desmemoria. Armada llega buscando un último resquicio para salvar el plan en el que lleva tantos meses trabajando. Le explica a Tejero «su solución», que pasa porque los diputados que tiene encerrados voten como salida a aquel caos un gobierno de concentración cuya composición hace que Tejero estalle. Presidido por el propio Armada, el ejecutivo implica a casi todas las fuerzas políticas, dejando fuera a los nacionalistas vascos y catalanes. La propuesta de un gobierno que incluye a socialistas y a comunistas enfurece a Tejero, que se niega rotundamente a secundar las intenciones de Armada. La doctora del Congreso, Carmen Echave, escucha la conversación tras una puerta y anota la lista de los diecinueve integrantes de ese gobierno.

La lista está compuesta por Felipe González (PSOE) como vicepresidente para Asuntos Políticos, y por el banquero José María López de Letona para Asuntos Económicos. Los ministerios se los repartirían José María de Areilza, de Coalición Democrática, Asuntos Exteriores; Manuel Fraga Iribarne, de Alianza Popular, Defensa; Gregorio Peces-Barba, del PSOE, Justicia; Pío Cabanillas, de UCD, Hacienda; el general Manuel Saavedra Palmeiro, Interior; José Luis Álvarez, de UCD, Obras Públicas; Miguel Herrero de Miñón, de UCD, Educación y Ciencia; Jordi Solé Tura, del PCE, Trabajo; Agustín Rodríguez Sahagún, de UCD, Industria; Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE, Comercio; el empresario Antonio Garrigues Walker, Cultura; Ramón Tamames, del PCE, Economía; Javier Solana, del PSOE, Transportes y Comunicaciones; el general José Antonio Sáenz de Santamaría, Autonomías y Regiones; Enrique Múgica Herzog, del PSOE, Sanidad, y Luis María Anson, presidente de la agencia Efe, Información.

Tejero aborta el plan y Armada abandona el Congreso derrotado. En ese momento, a la 1:14 horas de la madrugada, se emite el mensaje del rey por TVE. ¿Estuvo el monarca esperando el desenlace? En ese momento histórico, interpeló a la ciudadanía en estos términos:

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:

Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

El contenido del discurso puede resultar ambiguo, ya que el mantenimiento de «la legalidad vigente» también lo habría sido si Armada hubiera salido del Congreso investido presidente por la mayoría de la cámara. Pero la operación de Armada fracasa y el general, hasta ese momento amigo cercano y fiel del rey, pasa a la historia como el traidor del 23-F.

Juan Carlos también mantuvo varios contactos aquella noche con otro de los generales condenados por la intentona golpista. Habló en varias ocasiones con Jaime Milans del Bosch, el general que se sublevó haciendo salir los tanques a la calle. El propio Milans aseguraría años más tarde desde la cárcel que sacó los carros en Valencia para escenificar «un golpe de efecto», y sostuvo que el batallón salió prácticamente desarmado porque no iba a combatir contra nadie. En su versión de aquel 23-F, Milans afirmó que «en toda la tarde-noche hablé con el rey cuatro o cinco veces y varias más con Sabino. Tras la segunda charla con el rey, pasadas las ocho de la tarde, en la que me dice con total claridad que no puede asumir lo de Tejero y que anule el estado de guerra… me quedé anonadado, en extremo sorprendido y humillado», según explica Amadeo Martínez Inglés en su libro.

En 2011, el Congreso desclasificó parte de la documentación de aquella jornada, que sigue bajo el manto de la ley de secretos oficiales. En concreto, un télex que el rey envió a Milans del Bosch pasadas las 2:30 horas de la madrugada, ordenándole que le diga a Tejero que deponga su actitud. A esa hora el monarca ya ha salido por televisión con su famoso discurso y en ese télex incluye una enigmática frase: «Ya no puedo volverme atrás».

«En España no hay sitio para los dos»

El asalto al Congreso concluyó en la mañana del 24 de febrero. Fue una jornada en la que se produjeron, al menos, dos encuentros de gran relevancia.

El primero fue entre el rey y el dimitido presidente Adolfo Suárez, quien cuando sale del Congreso pasa por la Moncloa a darse una ducha rápida y a afeitarse, y sube seguidamente a la Zarzuela. Asegura Pilar Urbano que el contenido del enfrentamiento más duro entre ambos se lo contó Suárez a muy pocas personas, pero siempre con las mismas palabras. Ya entrado el mediodía Suárez encuentra al rey vestido de uniforme en su despacho:

—¡Nos la has metido doblada!

—¿De qué me hablas?

—Hablo de que, alentando a Armada y a tantos otros… tú mismo alimentaste el «malestar militar»… les hacías el juego. Con esos consentimientos, que tus visitantes tomaban en serio, has puesto en gravísimo peligro la democracia.

—Pero ¿tú te das cuenta de lo que dices… y a quién se lo dices?

—¡Sé demasiado bien a quién se lo digo! ¡Esta situación la has provocado tú!

La conversación, reproducida por Pilar Urbano en La gran desmemoria, arranca en este tono y se va tensando, hasta el punto de que Suárez amaga con revocar su dimisión, y el rey alza la voz hasta advertirle de que no hay sitio para los dos en España.

La segunda cita del día es por la tarde. El rey preside la Junta de Defensa Nacional en la que entre militares y altos responsables institucionales queda delimitada la responsabilidad del golpe a los tres hombres que recibirían las más altas condenas: Tejero, Armada y Milans. Según relató a El País Francisco Laína, que asumió las funciones del Gobierno durante el 23-F, en aquella Junta el rey lloró al constatar la situación de Armada. Laína puso una cinta con las conversaciones que Tejero mantuvo aquella noche con otro de los golpistas condenados, Juan García Carrés. Se le escucha decir a Tejero que «Armada ha venido al Congreso porque lo que quiere es la poltrona y le da igual una junta militar que un gobierno con comunistas. Le he echado de aquí». Al escuchar la cinta, al rey se le humedecieron los ojos, inclinó la cabeza, se tapó la cara con una mano y al retirarla Laína pudo ver cómo le caían dos lágrimas por las mejillas. Sacó un pañuelo y se secó los ojos.

El cese de Milans se aprobó en la Junta de Defensa y al día siguiente se concretó el arresto de Armada.

Luz verde a la armadura del rey

Cuatro días después del 23 de febrero, miles de personas se echan a la calle para celebrar en una gran manifestación que todo ha quedado en un susto. La gente grita «¡Viva el rey!», proclamando un entusiasmo por el monarca que no se había visto desde que fue coronado por Franco. En el Congreso, los diputados ovacionan al monarca, aprueban mociones en su defensa, le lanzan entusiasmados vítores. Ese año Juan Carlos de Borbón llega a estar nominado al Premio Nobel de la Paz por la «decisiva intervención del 23-F», que ya nadie cuestionaría en las próximas décadas. El proceso judicial que se celebró un año después se encargaría de asentar la narración oficial para la posteridad.

El macrojuicio arranca el 19 de febrero de 1982 con gran expectación y con un guion que parece escrito. En la portada de La Vanguardia de aquella mañana se lee: «Si el 23-F fortaleció la Corona, cuyo supremo papel comprobaron de hecho seis millones y medio de españoles, las sentencias del juicio que ahora se abre robustecerán nuestra convivencia política». La prensa apuntala la versión oficial de la historia.

Es llamativo que de los doscientos ochenta y ocho hombres que participaron en el asalto al Congreso solo treinta y tres fueran procesados; además, once fueron absueltos, entre ellos el comandante del CESID José Luis Cortina. La mayor parte de las condenas fueron menores, de entre uno y tres años. Tejero y Milans pagaron el precio más alto con treinta años, mientras que Armada solo fue condenado por el Consejo Militar a seis años de prisión. El Tribunal Supremo elevó las penas, pero salvo Tejero, que cumplió quince años de cárcel, ninguno de los condenados pasó demasiados meses entre rejas. Armada fue indultado en 1988 por el Gobierno de Felipe González.

El rey pudo mediar para que el grupo que se sentó en el banquillo y las condenas que recibieron fueran lo más leves posibles. En 2012 Alemania desclasificó documentos del departamento de Exteriores germano que revelaban una conversación que apuntaba en esa dirección. El despacho 524 recoge una reunión privada entre el rey Juan Carlos y el embajador alemán Lothar Lahn el 26 de marzo de 1981, en cuyo encuentro el rey «no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores, es más, mostró comprensión, cuando no simpatía». El diplomático alemán sostiene que el monarca español defendió que «los cabecillas solo pretendían lo que todos deseábamos, concretamente la reinstauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad». Según el mensaje enviado por el embajador Lahn a Berlín, el rey le habría confesado que trataría de influir en el Gobierno y los tribunales para evitar un castigo severo a los golpistas, ya que estos «solo pretendían lo mejor». Es una declaración de intenciones reveladora que solo hemos podido conocer al desclasificar Alemania estos documentos, porque en España buena parte de los papeles y de las grabaciones del 23-F, además del sumario del juicio, siguen siendo secretos.

En cualquier caso, la revelación no tuvo mayores consecuencias y la Casa Real despachó el asunto argumentando que «el papel y la actuación del rey durante el 23-F están ya consolidados por la historia, y el modo decidido y determinante como actuó en defensa de la democracia es conocido por toda la sociedad española y en todo el mundo».

Este es el mensaje que ha servido para tapar críticas, para frenar cualquier publicación sobre un rey que después de hacer su gran servicio a España pidió que le dejaran tranquilo. De hecho, el mismo 24 de febrero, cuando el rey se reúne con Suárez, Felipe, Fraga y Carrillo, les expresa su deseo de no tener que volver a intervenir en la vida política. Y los principales dirigentes del momento asumen que al rey no habrá que molestarle en los próximos tiempos. Se trata de una idea que compartirán los medios de comunicación y con la que se empieza a construir la armadura que en adelante le hará impenetrable. Puede que nunca se conozcan los secretos del 23-F, puesto que algunos de los protagonistas ya no están y otros nunca hablarán.

El juicio trató de construir una versión oficial que establecía que Tejero, Armada y Milans iban de la mano. Tejero fue el cabeza de turco, el que más tiempo pasó en la cárcel, y siempre sostuvo que actuaba a las órdenes del rey. No podemos saber si era cierto o si se lo hicieron creer, porque Armada y Milans están muertos. La cuestión es que Armada acudió al Congreso para ser presidente, y si Tejero no llega a frenarle, podría haber salido de allí como salvador de la democracia. Igual que el rey. Pero a Armada le salió mal la jugada y pagó el fracaso.

Sin embargo, aquella estrambótica maniobra significó la consolidación de la Corona en manos de Juan Carlos I y sentó las bases para que nadie en las décadas siguientes pensara siquiera en discutir nada sobre él.

Fue un golpe de efecto, sí. Pero ¿planificado o bien aprovechado?

3
REY POBRE, REY (MUY) RICO

«Muy pocos españoles saben lo rico que realmente es el rey de España».

Revista Eurobusiness

«Desde pequeño siempre he oído hablar en casa de problemas económicos. Para nosotros el dinero era un tema constante de preocupaciones. Tenía cinco o seis años cuando hice el primer mal negocio de mi vida. Fue en Lausana. Un español que había venido a visitar a mi padre me regaló una pluma de oro. Como no tenía un céntimo en el bolsillo, tuve la luminosa idea de ir a ver al portero del hotel para enseñarle mi pluma. “Es de oro, ¿cuánto me da por ella?” El portero me dio cinco francos y yo le di la pluma».

La anécdota infantil, que relata el propio Juan Carlos en la biografía de José Luis de Vilallonga El Rey, resume bien el proceder del Borbón el resto de su vida. Obsesionado desde muy pequeño con hacer dinero, traumatizado por la austeridad de una familia desplazada al exilio y a una vida alejada de las riquezas que sus derechos dinásticos debían haberle garantizado, el monarca siempre ha contado a su círculo más cercano las estrecheces que vivió antes de percibir una asignación del Estado e incluso después, habida cuenta del nivel de vida que consideraba ajustado a su estatus real. Sostiene que, desde los tiempos de su abuelo Alfonso XIII, su familia apenas podía sufragar el mantenimiento del patrimonio que había ido heredando.

Juan Carlos de Borbón nació en Roma y pasó sus primeros años en Italia, sin grandes lujos, y mantiene que durante el tiempo que duró el exilio de la familia no recibieron ni un duro del Estado español. Cabe señalar, no obstante, que Franco devolvió a la familia real los bienes incautados por la República.

En cualquier caso, Juan Carlos siempre ha explicado que su juventud estuvo marcada por las estrecheces económicas, hasta el punto de que los trajes se los pagaban amigos aristócratas de la familia. Cuando Juanito estudiaba en Donostia, se alojaba en el palacio de Miramar, propiedad de su padre, que a su vez lo heredó de Alfonso XIII, y vivía solo en una parte del palacio porque no tenían medios para mantener todas las habitaciones abiertas. Años después, a su regreso a España, don Juan terminó vendiendo el palacio donostiarra y también el palacio de la Magdalena de Santander a precio de saldo para poder ingresar dinero en efectivo.

La situación no mejora al instalarse en Madrid bajo la tutela de Franco, ni al casarse con otra reina, Sofía de Grecia, también marcada por una historia familiar de exilio y penurias. El matrimonio real vive en sus primeros años de los regalos de empresarios y aristócratas. Según revela la propia reina Sofía a Pilar Urbano, la Diputación de la Grandeza de España, el organismo que aglutina a los nobles de más alta jerarquía, realizó un regalo económico importante cuando se casaron. El enlace se celebra en Atenas, el 14 de mayo de 1962, y la pareja real recibe un cuantioso y generoso regalo de veinte millones de pesetas, pagados del bolsillo de un grupo de empresarios encabezados por el banquero Luis Valls-Taberner, que organiza una colecta para aportar al matrimonio una dote digna. Entre los desprendidos próceres se encuentra Emilio Botín padre, que regaló un millón de pesetas de la época a los novios para que pudieran dar la vuelta al mundo tras la boda. Gracias a la generosidad de otros tantos amigos ricos, los recién casados se embarcan en una luna de miel de varios meses alrededor del planeta. El armador griego Stavros Niarchos les cedió su isla privada y un yate que los llevó a efectuar varias escalas por Europa, Estados Unidos, Japón, Tailandia o la India.

Así que, ya en 1962, la maquinaria de amigos y favores económicos alrededor del futuro rey se pone en marcha. Y por lo que hemos descubierto décadas más tarde, debió de convertirse en una tradición que un amigo millonario costease la temprana felicidad matrimonial de los reyes, seguida como hemos visto por Felipe y Letizia en su primer viaje conyugal, según reveló el diario británico The Telegraph. Parece asumido que los monarcas tengan este tipo de amigos, pero ¿qué reciben estos a cambio de tan generosos obsequios?

Hacer regalos al rey no es delito, pero huele mal, no es de buen tono. Cuando un empresario como Javier de la Rosa regala un Porsche 959 a Juan Carlos, lo primero que cabe preguntarse es qué obtiene como contrapartida. Nadie se desprende de veinticinco millones de pesetas de 1988 porque sí. Ese año, De la Rosa consiguió mantenerse como representante del grupo KIO, la agencia de inversiones kuwaitíes, gracias al rey y en contra de la opinión del Gobierno. Como si fuera una alegoría de lo que ocurriría en los años noventa cuando estalla el escándalo, en la Navidad de 1990 el rey estrelló el Porsche al patinar con una placa de hielo en la N-230, a la altura de Pont de Suert. Juan Carlos y la infanta Cristina, que le acompañaba, no sufrieron daños y al día siguiente ya se estaban deslizando por las pistas de Baqueira-Beret.

Pero no solo sus amigos contribuyeron a su afición por los coches caros. Durante años, los mismos fabricantes de automóviles regalaban sus mejores vehículos al rey Juan Carlos, y doblaron la apuesta en la figura del príncipe, cuando este tuvo la edad para poderlos conducir. El periodista José García Abad vio con sus propios ojos en el año 2003 dos deportivos de Nissan preparados para enviar a la Zarzuela, donde para entonces ya habían llegado, al menos, dieciséis automóviles de la firma japonesa. A estos hay que sumarle modelos de Audi y Mercedes, las marcas más utilizadas por la realeza española. A partir de aquí, la gama de vehículos no cesaba de subir de nivel. Abad sostiene que Juan Carlos le adelantó en cierta ocasión por la N-VI, camino de Las Rozas, quemando rueda de un Ferrari a no menos de trescientos kilómetros por hora. El rey tiene gustos caros que le han permitido disfrutar durante años sin soltar un euro.

Estamos hablando de coches, motos y, por supuesto, yates. El primer yate Fortuna se lo regaló el rey Fahd de Arabia Saudí en 1976, tras su coronación. El segundo con el mismo nombre lo pagaron a escote veintidós empresarios, principalmente de Mallorca. Con una sorprendente generosidad, digna de admiración, aportaron cada uno seiscientos mil euros, en total dieciocho millones, para que el rey surcara sus aguas cristalinas a todo trapo. El objetivo, según dijeron, era impulsar el turismo en la isla. Los miembros de la Casa Real fueron durante aquellos veranos mallorquines unos auténticos maniquíes para patrocinadores de ropa, relojes y todo tipo de equipamiento deportivo con los que las marcas les agasajaban gustosas.

A todo esto hay que sumarle los regalos de sus amigos árabes. En 2011, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, regaló a Juan Carlos dos Ferrari en una visita privada. Y según cuenta José Bono en Se levanta la sesión, el propio monarca le reconoció que el rey de Jordania le había regalado una finca en La Mareta, en Canarias. Pero al darse cuenta de que aquello podía costarle dinero, se deshizo de ella: «Yo pregunté a Carlos Solchaga [exministro de Economía con Felipe González] qué debía hacer con ella. Me respondió que tenía que pagar impuestos, y entonces la regalé al Estado».

Así que está documentado diáfanamente que durante décadas el rey ha recibido millones de euros en especies. Según relata Manuel Soriano en La sombra del rey, Sabino Fernández Campo tuvo que estar muy atento para evitar que los empresarios y particulares cometieran excesos, pues no obviaba que «Tenía muy claro que los hombres de negocios no regalan nada, pues de lo contrario no serían hombres de negocios». Sostiene que el jefe de la Casa del Rey frenó esa práctica de los regalos a la Zarzuela, que se empezó a extender «peligrosamente en el mundo empresarial». También el Gobierno trató de ponerle freno, pero cuando compartió con Juan Carlos la necesidad de regular los obsequios, este se revolvió, según cita José García Abad en La soledad del rey: «¿Qué queréis? Está uno aquí pringando todo el día y encima me pedís que rechace estos detalles…». La ley no llegó ni a plantearse.

El dinero y las amantes

El rey demandaba mucho, pero daba poco. Cuenta un ex alto cargo de una institución del Estado que Juan Carlos no era en absoluto un hombre desprendido. En cierta ocasión, su amante Bárbara Rey, acuciada por un problema familiar, le hace partícipe de su necesidad y le pide concretamente tres millones de pesetas. A Juan Carlos la idea no le entusiasma y ella, al ver sus reticencias, le ofrece como garantía de devolución un valioso anillo, que él guarda en una cajita. Cuando tiempo después Bárbara Rey le devuelve el dinero prestado, el rey hace lo propio con la joya, y ella no sale de su asombro al abrir la caja y descubrir que el anillo está etiquetado por una conocida joyería con la cifra de su valor real. Es una anécdota que dibuja el retrato de un rey desconfiado, que, sin embargo, derrochó dinero cuando quiso. Algunos de sus amigos sostienen que «se gastó mucho dinero en sus amantes». Esto lo vieron quienes estuvieron cerca de él e intentaron contenerle.

Años después, en 2015, recién coronado, Felipe VI quiso marcar la diferencia con respecto a su progenitor, y aprobó una norma por la que los miembros de la Familia Real no podían aceptar regalos que, por su «alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario», pudiesen «comprometer la dignidad» de sus funciones institucionales. Los medios publicitaron el gesto como una garantía de transparencia, pero lo cierto es que la medida no fue más allá de una normativa interna de la Casa Real. Y quizás para conseguir este objetivo tampoco hacía falta un gran despliegue normativo, bastaba con no aceptar regalos que desprendieran un cierto tufo de descomposición.

Calcular el alcance de la fortuna que maneja la Casa Real es, hoy en día, una misión imposible, hasta el punto de que ni siquiera se puede saber cuánto dinero le destinan realmente los Presupuestos Generales del Estado. No es posible esclarecer cuánto dinero de todos los contribuyentes termina destinándose a las actividades de la Zarzuela. Es más, aunque tratemos de consultar a través del portal de transparencia información sobre Felipe VI, la reina Letizia, las infantas Leonor y Sofía, el rey emérito Juan Carlos I y la reina emérita Sofía, no obtendríamos respuesta porque la Familia Real no está sujeta a la Ley de transparencia.

Aunque el empeño de Felipe VI desde su proclamación fue trasladar una imagen de su reinado más transparente, poca cosa ha cambiado en relación con la práctica de su padre. Se publican desde entonces las cifras oficiales que desglosan la partida que destinan los Presupuestos a la Casa Real. Fueron 7.887 150 euros en 2020 y para el 2021 la previsión aumenta casi un 7 por ciento, hasta los 8.400 000 euros. Y eso que Juan Carlos, por decisión de su hijo, deja de reservarse los casi doscientos mil euros anuales que se embolsaba como rey emérito. De esa partida oficial, salen los sueldos de los miembros de la Familia Real (el rey Felipe VI cobró 248 562 euros en 2020 y la reina Letizia, 136 701), los salarios de los once altos cargos de la Casa Real y otros gastos de funcionamiento ordinario. Pero la partida que se publica y se atribuye directamente a la Casa del Rey no es el dinero público real que se destina, pues otros ministerios cubren actividades de la realeza, como los viajes y la seguridad, que corre a cargo de Interior y Defensa. Hacienda emplea 45 millones en el mantenimiento del Parque Móvil del Estado, de los cuales una cantidad no especificada es destinada a la Zarzuela, y tampoco se suma la partida de 7,1 millones de euros que Presidencia destina al «apoyo a la gestión administrativa de la jefatura del Estado».

Con todo, varias fuentes consultadas elevan hasta los 70 millones de euros la cifra que se puede estar destinando cada año al mantenimiento de la Corona. Los ministerios no informan sobre la parte que destinan a ello, así que no es posible ni siquiera ejercer un control efectivo sobre las finanzas oficiales. Desentrañar, por tanto, la dimensión de la fortuna personal de la Familia Real es casi una utopía.

En su último año de reinado, Juan Carlos I cobró 292 752 euros. Son cifras oficiales, de las que trataremos de establecer la cantidad máxima que pudo ingresar como asignación oficial durante todos estos años.

Teniendo como referencia su último salario, se deduce que en treinta y nueve años de reinado pudo percibir un sueldo anual de no más de trescientos mil euros, que fue muy inferior en los primeros años, ya que en 1980 la asignación total de la Casa Real era de 1,2 millones de euros (de esta cifra una pequeña parte sería su sueldo, proporcionalmente unos cincuenta mil euros). Antes de ser proclamado rey, si creemos lo que él mismo contaba, la cantidad que recibía del régimen franquista no es digna de tener en consideración. El periodista Jaime Peñafiel ha relatado en más de una ocasión que cuando le contrataron en la revista Hola como el mayor fichaje de la historia del periodismo, Juan Carlos le llamó a la Zarzuela y lo único que le preguntó es cuánto le iban a pagar. «¿Sabes lo que yo gano? Setenta y cinco mil pesetas para todo. Incluso para la peluquería de la princesa. Eso es todo lo que yo tengo. No tengo más dinero». Así de justo andaba con la paga de Franco, por lo que seguramente poco pudo ahorrar.

Siguiendo con los datos oficiales, en los cinco años que Juan Carlos ha seguido cobrando como rey emérito ha recibido, como hemos indicado, casi doscientos mil euros al año, en total casi un millón hasta que, expulsado de la Familia Real, le ha sido retirada la asignación.

A pesar de ello, y si creyéramos que no ha gastado un solo céntimo de todos sus salarios, podría haber llegado a acumular alrededor de diez millones de euros. Este ejercicio irreal de cálculo matemático nos da una medida máxima del capital que según las cifras oficiales podría haber amasado como rey, y nos sirve para compararlo con las desorbitadas cantidades que se han manejado. Por supuesto que algo no cuadra.

La prensa internacional

La única cifra que se ha empleado en las últimas décadas para valorar la fortuna de Juan Carlos se acerca a los dos mil millones de euros. Curiosamente, en todos estos años, solo ha habido un par de intentos de aproximación a la magnitud del grosor de su cuenta corriente, y han llegado de medios internacionales.

Fue la revista Eurobusiness, hoy desaparecida, la primera en aportar cifras sobre la opaca fortuna del rey español. La publicación británica sacaba cada año un listado de los personajes más ricos de Europa, y en el año 2000 situó a King Juan Carlos en el puesto 115, con una fortuna estimada en 1681 millones de euros. Aquella publicación pasó desapercibida o ignorada, pero dos años más tarde, la misma revista volvió a nombrarle, en esta ocasión como el cuarto español más rico (el primero ya era entonces Amancio Ortega), con un capital que había aumentado hasta los 1790 millones de euros. Según detallaba Eurobusiness, «la fortuna del rey Juan Carlos nace de un fondo colocado en el exterior durante el franquismo por monárquicos que preparaban la restauración democrática. Muy pocos españoles saben lo rico que realmente es el rey de España», pues posee «fincas desparramadas por Europa, colecciones de arte y vastas propiedades de todo tipo». En esta ocasión, los ecos de esta información llegan hasta la Zarzuela, y el embajador en Londres Santiago de Mora-Figueroa envía una carta a la revista pidiendo explicaciones: «La disparatada cifra de 1700 millones de euros solo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional del Estado español son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto». Eurobusiness, por su parte, niega el error y se reafirma en lo publicado.

En aquellos años, la periodista Rebeca Quintáns ya había publicado un libro sobre el rey (Un rey golpe a golpe), y seguía investigando con el equipo del gallego asentado en Euskadi Pepe Rei. Enviaron a un periodista a la redacción de Eurobusiness en Londres para ver qué había de cierto en aquellas informaciones, y tras la reunión Quintáns sostiene que «estaban muy seguros de lo publicado. Nos explicaron que estaban curtidos en realizar investigaciones exhaustivas y que por supuesto sabían diferenciar entre el Patrimonio Nacional y las propiedades privadas del rey. No daban margen al error, lo tenían todo contrastado. Es más, retaban a la Zarzuela a denunciarles si consideraban que las cifras no eran correctas». Pero la demanda judicial nunca llegó. Y esos casi mil ochocientos millones de euros del año 2002 ha sido la cantidad de referencia que se ha manejado desde entonces.

Un año después, en 2003, la revista estadounidense Forbes incluyó al rey Juan Carlos entre los más ricos, con una fortuna estimada alrededor de esa cifra. Hoy no hay rastro de la publicación y algunas fuentes sostienen que no llegó a España porque fue secuestrada, y que los pocos ejemplares que se recibieron fueron destruidos. Lo cierto es que Forbes no ha vuelto a publicar nunca sobre el patrimonio de la realeza española.

Con estos únicos precedentes, una década después, otra prestigiosa publicación internacional se atrevió a hablar de la fortuna del monarca.

2300 millones de dólares

En el año 2012, cinco meses después de que estallara el escándalo de Botsuana, The New York Times publica una crónica titulada «El rey castigado busca una redención para España y su monarquía». El texto apunta que la riqueza de la familia real española se ha estimado en hasta 2300 millones de dólares, pero la forma en que ha acumulado esta sustancial riqueza personal sigue siendo un secreto. Se recuerda que Juan Carlos no tenía dinero cuando accedió al trono y se destaca que es ampliamente valorado en los círculos empresariales por actuar en ocasiones como negociador y embajador económico de su nación. De hecho, en el reportaje, el entonces presidente de Telefónica, César Alierta, apunta que «desde un punto de vista empresarial, es el embajador número uno de España». En lo sustancial, la crónica de The New York Times no aporta grandes novedades sobre lo que en España se sabía en 2012, pero que una publicación de prestigio incuestionable se atreva a redondear esa cifra sacudió el tablero. Antes de su publicación, la Casa del Rey movió ficha y pidió un encuentro con los directivos del rotativo. El monarca llamó personalmente a Juan Luis Cebrián, que tenía muy buena relación con los responsables del diario neoyorquino. Nos lo cuenta el propio Cebrián: «El rey me llamó un día diciendo que iba a estar en Nueva York y quería entrevistarse con The New York Times. Yo hablé con el primer accionista del NYT, Arthur Sulzberger, que es amigo mío. Él organizó una cena con el rey en su casa y al día siguiente, un encuentro con el equipo editorial, el rey y sus acompañantes». Juan Carlos I entra en los despachos del periódico sabiendo que están escribiendo un reportaje que no le va a gustar. Y, de hecho, los responsables del diario le plantean algunas de las dudas que han tratado de resolver sobre el origen de su fortuna. Son unas preguntas a las que el monarca español no está acostumbrado. Cebrián niega que el rey se enfade y monte un número, como ha escrito algún medio, pero reconoce que el encuentro no fue cómodo. «Algunos de los presentes de ambos lados me dijeron que se creó alguna incomodidad por algunas de las preguntas y respuestas que dio el rey».

El diario neoyorquino recibió amablemente al rey aquella mañana y poco después publicó lo que tenía previsto. La crónica está firmada por la corresponsal del rotativo en Europa, Doreen Carvajal, y por el corresponsal en Madrid, Raphael Minder, quien recuerda que «el objetivo del artículo no era dar cifras, sino cuestionar cómo un rey que llegó con los bolsillos vacíos al trono figuraba en los listados de los más ricos. Preguntábamos de dónde sale el dinero, si la suma de la asignación oficial no alcanza esas estimaciones que se habían publicado. Nos preguntamos: ¿cuánto tiene el rey? Llamamos a personas que podían tener conocimiento sobre el patrimonio real para contrastar si esa cifra de dos mil millones de euros se ajustaba al volumen de la fortuna que podía tener. Y nos dijeron que sí».

Los negocios del petróleo

Respondida la primera pregunta sobre la magnitud de la fortuna del monarca, habría que responder la segunda: «¿Cómo ha podido Juan Carlos amasar una de las mayores fortunas del mundo?». Buceando en publicaciones, tramas y personajes, se encuentran algunas pruebas que apuntan a dinámicas nada edificantes. Podríamos decir que empezó a cobrar comisiones durante los últimos años del franquismo, aunque entonces fueron legales, propiciadas por el propio régimen y sin haber sido aún coronado.

En 1973, los países productores del petróleo fuerzan una subida del precio del crudo que España no puede asumir. Ante la amenaza de desabastecimiento, el ministro de Hacienda de Franco, Antonio Barrera de Irimo, pide al príncipe Juan Carlos que medie con el príncipe Fahd de Arabia Saudí. Las monarquías absolutistas solo hablan con la realeza, y esta ha sido una de las bazas de los Borbones en sus relaciones con los ricos monarcas árabes.

El rey envía a Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien durante años fue su hombre de negocios. Prado explicó años después en una información de El Mundo que gracias a aquella mediación el monarca saudí concedió cien mil barriles diarios a España. Si el rey cobró una comisión por cada barril, los cálculos son astronómicos. Pero aún hay más.

Quien fuera el consejero delegado de Campsa, Roberto Centeno, asegura que esta práctica comisionista no paró con la muerte de Franco. En 1979 España afronta la segunda crisis del petróleo. Centeno es el encargado de conseguir los suministros en Campsa, en estrecha comunicación con el Gobierno. La preocupación es máxima, así que cuando le llama Fernando Schwartz, el embajador español en Kuwait, no tarda en coger un avión. Schwartz, con muy buenas relaciones con la familia reinante Al Sabah, le abre el camino, y Centeno consigue un importante cargamento de 150 000 toneladas, al cual le iban a seguir otros. Todo ello sin comisiones, a precio de mercado, lo cual supone todo un triunfo y regresa con este aval a Madrid. Según aterriza, le informan de que el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, le ha estado llamando insistentemente. Se citan en el despacho del ministro a la menor brevedad y, según relata Centeno, en cuanto entra Fernández Ordóñez le recibe dando gritos con los brazos en alto: «¡Qué has hecho, Roberto! Me has buscado la ruina… Ha estado aquí Manolo Prado y me ha montado un pollo como no te puedes ni imaginar. Márchate y no se te ocurra volver a ir a ningún sitio si antes no lo consultas conmigo». El ejecutivo del petróleo no da crédito a la situación que acaba de vivir, él que nunca había oído hablar del tal Prado. Cuando pregunta quién es aquel que osa montarle «un pollo» al ministro, este le llama pardillo por no tener «ni idea de cómo funciona este país». Así que al ejecutivo de Campsa le queda claro que Manolo Prado es el único que puede comprar petróleo en Arabia Saudí y Emiratos. De ahí interpreta que se ha entrometido en un negocio del que «el amigo del rey» saca importantes beneficios. Centeno ha llegado a estimar entre uno y dos dólares las comisiones que se cobraban por barril. Hablamos de que en un superpetrolero pueden entrar un millón y medio de barriles, lo que podría proporcionar alrededor de dos millones de dólares por petrolero. Y esto lo pagarían los consumidores españoles a escote, porque las comisiones repercuten en el precio del crudo.

Muchos años después, cuando mirando a La Meca la población se escandalizaba de la posibilidad de que el rey hubiera cobrado cien millones de comisión, Roberto Centeno se explayaba, en el programa 360° de ETB, con los mismos argumentos que escuchó en el despacho de aquel ministro de la Transición: «Si se lleva comisiones, que se las lleve, que para eso está. Si alguien piensa que llevarse una comisión de cien millones es una barbaridad, es que es un ignorante que no sabe cómo funcionan las cosas en este mundo».

Ese es justamente el problema, que no se ha permitido saber cómo funcionaban las cosas. Y nos hemos limitado a ver los innumerables apretones de manos del rey con los jeques árabes en visitas cordiales o cómo acompañaba en sus aventuras internacionales a los jefes de las grandes empresas. En todas las operaciones importantes se ha visto a Juan Carlos.

Cuando en 2009 Repsol halló en Venezuela el yacimiento de gas más grande de su historia, la noticia se acompañó de la imagen del monarca y el presidente venezolano, Hugo Chávez, bromeando y riendo, muy alejados de aquel «¿Por qué no te callas?» que quedó enterrado por intereses superiores. Fue también la intervención del rey la que salvó a Repsol YPF de ser intervenida en Argentina tres años después. Juan Carlos llamó a Cristina Fernández, la presidenta del país, y la convenció de que abandonara una decisión que habría sacudido el mercado del crudo. «Al igual que todos los gobernantes de la región, Cristina siente un profundo respeto hacia el rey. Para ella no era lo mismo pelearse con Antonio Brufau (presidente de Repsol) que con la Corona española», explicaba un empresario del sector energético ante la prensa española en marzo de 2012, según publicaba El Mundo.

De la misma manera, en 2011, un almuerzo del monarca con el presidente de México, Felipe Calderón, zanjó la crisis que amenazaba la relación entre Repsol y la petrolera Pemex, que estuvo a punto de llevar a Brufau ante los tribunales. La intervención de Juan Carlos tuvo efectos inmediatos. Conocía bien el terreno, pues en los años ochenta México, a través de Pemex, también salió en rescate de España ante la falta de suministros.

El rey ha abierto camino en terrenos inhóspitos, como cuando viajó por primera vez a Libia con una quincena de empresarios, entre los que destacaban los presidentes de Repsol, la constructora OHL y el grupo Indra. Juan Carlos posó junto al dictador Muamar el Gadafi para apoyar los intereses del sector energético español. El rey no ha tenido reparos en llamar a dirigentes de gobiernos o de grandes empresas para pedir que maniobraran en favor de este o aquel negocio.

Ocurrió de una forma más escandalosa cuando la petrolera rusa Lukoil irrumpió en el panorama energético español y quiso hacerse con el 30 por ciento del accionariado de Repsol. El Gobierno empezó oponiéndose a la operación, pero ante la presión del rey Juan Carlos, que llegó a llamar a José Luis Rodríguez Zapatero hasta seis veces solo por este tema, relativizó el asunto. Ante la presión del monarca, la Moncloa pidió a los ministros que mantuvieran un «perfil bajo», sin apoyos, pero también sin oposición. En este caso, la llamada del rey respondía a intereses propios porque, según apunta un ex alto cargo del Gobierno socialista, quería contentar a los rusos y también a Corinna Larsen, con la que ya era socio en negocios como este.

En esta historia estuvo también implicado el exconsejero delegado de Campsa, Roberto Centeno, que era ahora precisamente asesor de Lukoil. «Después de varias reuniones en Moscú, el asunto quedó decidido. Volví a Madrid, pasaron unos cuantos días y, como no obtenía respuesta, decidí llamarles. Me contestaron que la operación seguía adelante, pero que iban a prescindir de mis servicios porque el tema lo llevaba otra persona. ¿Quién era esa persona? Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Juan Carlos I había llamado a Putin y le había dicho que ella era la intermediaria perfecta. Tiempo después, mis amigos de Lukoil me dijeron que la señora entraba en el despacho de Putin en el Kremlin sin pedir audiencia», según recogía Vozpópuli. Estamos en el año 2008 y ya todo el mundo sabe que Corinna acompaña siempre al rey en esos viajes de negocios, de los que nadie publica nada todavía. En los corrillos de Madrid se habla de ella como de la sustituta de Manuel Prado y Colón de Carvajal. Casualmente, Juan Carlos conoció a Corinna en 2004, el mismo año en el que Prado entró en la cárcel.

La gestión financiera de los «amigos»

Manuel Prado y Colón de Carvajal fue el administrador privado de Juan Carlos durante las primeras dos décadas de su reinado. Su relación era íntima, entraba y salía de la Zarzuela sin pedir permiso, hasta el punto de que los funcionarios se referían a él como «el jefe de la Casa Bis». Prado, sin embargo, se califica a sí mismo como «el perro del rey», tal como explica José García Abad en El Mundo. En plena Transición se dedicó a pasar la gorra entre los amigos ricos, bien fueran mandamases de monarquías asentadas en oro o de grandes empresas que cogieron vuelo durante los últimos años del franquismo.

En 1977, después de las elecciones generales, salen de la Zarzuela una serie de misivas que imploran ayuda para la incipiente democracia española. Ayuda económica, por supuesto. Llevan el sello del rey y Prado se encarga de enviarlas. De una de estas cartas, dirigida al sha de Persia, Reza Pahlevi, tenemos conocimiento porque su mano derecha, Asadollah Alam, la publicó años después en un libro de memorias editado en Londres bajo el título The Shah and I: The Confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1968-77. En la misiva, fechada en la Zarzuela el 22 de junio de 1977, una semana después de la victoria de Adolfo Suárez, el rey incide en que la victoria de UCD se ve amenazada por los socialistas y los comunistas, y pide a «su hermano» nada menos que diez millones de dólares para hacerles frente. Esta es la traducción de la carta, escrita en francés por Juan Carlos I y publicada en inglés por el ex primer ministro iraní:

Mi querido hermano:

Para empezar, quisiera decirte cuán inmensamente agradecido estoy porque hayas enviado a tu sobrino, el príncipe Shahram, a verme, facilitándome así una respuesta rápida a mi petición en un momento difícil para mi país.

Me gustaría a continuación informarte de la situación política en España y del desarrollo de la campaña de los partidos políticos, antes, durante y después de las elecciones.

Cuarenta años de un régimen totalmente personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país, pero al mismo tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme riesgo para el fortalecimiento de la monarquía. Después de los seis primeros meses de gobierno de Arias, que yo estuve igualmente obligado a heredar, en julio de 1976 nombré a un hombre más joven, con menos compromisos, a quien yo conocía bien y que gozaba de mi plena confianza: Adolfo Suárez.

Desde aquel momento prometí solemnemente seguir el camino de la democracia, esforzándome siempre en ir un paso por delante de los acontecimientos a fin de prevenir una situación como la de Portugal que podría resultar aún más nefasta para mi país.

La legalización de diversos partidos políticos les permitió participar libremente en la campaña (electoral), elaborar su estrategia y emplear todos los medios de comunicación para su propaganda y la presentación de la imagen de sus líderes, al tiempo que se aseguraban un sólido respaldo financiero. La derecha, asistida por la banca de España; el socialismo, por Willy Brandt, Venezuela y otros países socialistas europeos; los comunistas, por sus medios habituales.

Entretanto, el presidente Suárez, a quien yo confié firmemente la responsabilidad del Gobierno, pudo participar en la campaña electoral solo en los últimos ocho días, privado de las ventajas y oportunidades que expliqué ya anteriormente y de las que se pudieron beneficiar los otros partidos políticos.

A pesar de todo, solo, y con una organización apenas formada, financiado por préstamos a corto plazo de ciertos particulares, logró asegurar una victoria total y decisiva.

Al mismo tiempo, sin embargo, el partido socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes fidedignas me han informado de que su partido es marxista. Cierta parte del electorado no es consciente de ello y los votan en la creencia de que, con el socialismo, España recibirá ayuda de algunos grandes países europeos, como Alemania, o en su defecto de países como Venezuela, para la reactivación de la economía española. Por esa razón es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista, creando un partido político que sirva de soporte a la monarquía y a la estabilidad de España.

Para lograrlo, el presidente Suárez claramente necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compañeros o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas.

Por esta razón, mi querido hermano, me tomo la libertad de pedir tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez, ahora en difícil coyuntura; las elecciones municipales se celebrarán dentro de seis meses y será ahí más que nada donde pondremos nuestro futuro en la balanza.

Por eso me tomo la libertad, con todos mis respetos, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder 10 000 000 $ como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española.

En caso de que mi petición merezca tu aprobación, me tomo la libertad de recomendar la visita a Teherán de mi amigo personal Alexis Mardas, que tomará nota de tus instrucciones.

Con todo mi respeto y amistad.

Tu hermano,

JUAN CARLOS

Así, con esta despedida escrita por Juan Carlos de su puño y letra, solicitaba el monarca diez millones de dólares. El descaro fue de tal magnitud que en la respuesta que le envía el sha el 4 de julio le pide con palabras afectuosas que sea más prudente: «En cuanto a la cuestión a la que hace referencia su majestad en su carta, comunicaré mis pensamientos personales verbalmente».

Esta petición del monarca iraní llega, al parecer, a materializarse. Porque Adolfo Suárez, que algo supo de estos envíos, comentó la jugada con periodistas de la época, quejándose de que UCD nunca vio un duro de aquellos millones que en su nombre reclamaba la Zarzuela.

De cien en cien millones de dólares

En aquel tiempo, Manuel Prado y Colón de Carvajal tenía licencia para moverse a su antojo y lo hacía, efectivamente. Viajaba mucho. Presidió Iberia entre 1976 y 1978, y, de hecho, fue él quien estrenó la conexión aérea entre Madrid y Riad. La monarquía saudí también respondió favorablemente a las necesidades de su hermano español, y prueba de ello es que el rey Fahd concedió a Juan Carlos un crédito de cien millones de dólares a devolver cómodamente en diez años y sin intereses, para que fuera tirando con aquella democracia. El rey seguramente pensaría que su rico petrobrother no necesitaría reclamarle nunca la devolución del dinero. Pasados los diez años, se organizó un escándalo cuando el hermano del rey Fahd se presentó en Mallorca para cobrar la deuda, y tuvieron que explicarle que no tenían el dinero. Otros cien millones de los que nunca se supo, unos quince mil millones de las antiguas pesetas.

La cifra de cien millones es, desde luego, una cantidad que se repite en el historial de Juan Carlos. La misma suma debería haber hecho tambalearse su reinado cuando saltó el escándalo del caso KIO, pero la prensa española apenas lo cubrió. En los años noventa, tras la invasión de Kuwait, se descubre que del Grupo Torras, filial de la Kuwait Investment Office, más conocida como KIO, habían desaparecido cerca de cincuenta y cinco mil millones de pesetas. El presidente de la filial, Javier de la Rosa, amigo íntimo de Juan Carlos, fue acusado de quedarse con el dinero. Pero ante el juez declaró que le entregó parte del total al rey, a través de Manuel Prado, por los trabajos realizados en calidad de asesor.

«Fue el escándalo más grave —⁠recuerda José García Abad, uno de los pocos periodistas que publicó sobre el caso⁠—. A Javier de la Rosa los emires lo denunciaron por ladrón en Madrid y Londres, y en su defensa De la Rosa dice que el dinero se lo dio al rey para que interviniera en la guerra del Golfo. Otros cien millones de dólares. Se demuestra que se lo ha entregado, pero se paraliza el proceso cuando se trataba de dirimir si se lo había quedado el rey, que era inimputable». Javier de la Rosa y Manuel Prado sí fueron condenados por apropiación indebida.

La justicia no ha podido o no ha querido actuar contra el monarca, y el Gobierno le permitía todo. Según García Abad, «Felipe González hizo la vista gorda ante los negocietes y escapadas reales». Los que supieron no lo contaron y los pocos que señalaron fueron ignorados e incluso silenciados.

Algo así ocurrió con el empresario José María Ruiz-Mateos, que pasó de amigo del rey a acusarle de haberse quedado con mil millones de pesetas que le habría entregado en maletines. No se puede obviar, sin embargo, que el jerezano también tendría sus intereses. Pero es interesante lo que ocurrió después de la expropiación de Rumasa, años después de una estrecha relación. Ruiz-Mateos conoció a Juan Carlos poco antes de ser este designado sucesor por Franco. La amistad o el interés mutuo se fraguó en aquellos últimos años de la dictadura y continuó durante la Transición.

Era sabido que Ruiz-Mateos entraba asiduamente a la Zarzuela y, según contó el empresario en más de una ocasión, le llevaba al rey grandes cantidades de dinero en maletas de la marca Loewe. Al parecer, esta dinámica respondía a los aprietos económicos de los que Juan Carlos se quejaba en aquellos años a quienes querían escucharle. «¡Es que no tengo ni para pagarle al servicio! —⁠Se dolía⁠—. Esto no puede ser, Constantino me cuesta mucho dinero… Son unos inútiles, no ganan dinero… No puedo más», se lamentaba, según explicaba Rebeca Quintáns en Juan Carlos I, la biografía sin silencios. Y Ruiz-Mateos respondía a las llamadas calmando al monarca con maletines.

Estas revelaciones del propietario de Rumasa motivaron una acusación del fiscal general del Estado por un delito de injurias al jefe del Estado, aunque se desestimó y nunca llegó a plantearse un juicio que habría sido seguramente contraproducente para la Casa Real.

En contra, el empresario también tuvo a algunos medios que se volcaron en desacreditarle. Bajo el titular «Campaña de Ruiz-Mateos contra el rey Juan Carlos», El País trató de desmentir las pruebas que había esgrimido: los papeles que acreditaban una transferencia de tres millones de dólares en 1981 desde un banco suizo hasta una cuenta del Banco de Nueva York como soborno para lograr la destitución del subgobernador del Banco de España, en una operación en la que implicaba al rey. Una crónica de El País aseguraba en enero de 1984 que tenía los documentos en su poder y que no constituían prueba alguna de sus acusaciones, que nunca se esclarecieron porque el Estado nunca investigó y archivó la denuncia de la Fiscalía.

¿Dónde está el dinero?

Sumando comisiones petroleras, donaciones solicitadas por carta a pudientes hermanos orientales, colectas, amigos con maletines y capacidad de negocio, podría haber amasado una cantidad importante. Pero si realmente Juan Carlos I consiguió reunir esa fortuna incalculable que se apuntaba por encima de los dos mil millones de euros en los citados rankings de las personas más ricas del mundo, cabe preguntarse dónde guardaba el dinero. Hoy la justicia suiza ha abierto investigación sobre cuentas radicadas en el país helvético, pero hay otros precedentes.

Las primeras cuentas en Suiza vinculadas a la Familia Real que fueron confirmadas quedaron al descubierto en 2013 y se referían a la herencia de don Juan de Borbón, el padre del rey emérito. El abuelo del actual rey de España dejó una fortuna valorada en unos mil cien millones de pesetas, guardada en tres cuentas suizas. Sin embargo, cuando falleció don Juan en 1993, se ocultó esta información, manteniendo la idea de que no abarcaba demasiado dinero. Se llegó a informar sobre que Mario Conde tuvo que pagar las facturas de la Clínica Universitaria de Navarra donde falleció el padre del rey, enfermo de cáncer, tras seis meses y quince días de ingreso. Era el tiempo necesario para que la herencia del conde de Barcelona tributara en Navarra y no en Madrid, ahorrando a la familia una importante cantidad. Al permanecer más de seis meses residiendo en Navarra, tal y como exigía la hacienda foral para quedar exento del pago del impuesto de sociedades, se ahorraron una buena suma de dinero. Tuvieron suerte, en cierta manera, de que don Juan alargara su agonía y que aguantara veinticuatro días inconsciente antes de fallecer. Y lo hizo, según la familia, sin ninguna asistencia mecánica. «Ni respirador automático, ni ayuda cardiológica ni ninguna otra», refirió El País en abril de 1993.

Así que los descendientes de don Juan no tuvieron que tributar por los mil cien millones de la herencia, de la que a Juan Carlos le correspondieron 375 millones de pesetas (2,3 millones de euros) y a sus hermanas Margarita y Pilar, 172 y 131 millones de pesetas respectivamente. Pero todo esto no lo supimos hasta veinte años después, cuando El Mundo publicó el testamento de don Juan para conmemorar, curiosamente, el aniversario de su muerte. En 2013 se desmentía así el mito de la pobreza del padre de Juan Carlos I, al quedar al descubierto tres cuentas domiciliadas en Suiza: una en Ginebra y dos en Lausana.

La armadura se resquebraja

Ante la publicación de estos documentos comprometedores, la Casa Real despachó el asunto argumentando que la herencia que le correspondía al rey Juan Carlos se gastó en hacer frente a deudas y obligaciones de los condes de Barcelona. La Casa del Rey aseguró en aquel momento, en 2013, que la cuenta fue cancelada en 1995 y que desde entonces el monarca no ha vuelto a tener ninguna otra en el extranjero. Las fuentes oficiales expresaban además su «convicción» de que los albaceas se habrían ocupado de liquidar las obligaciones con el fisco, aunque las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la Familia Real volvieron a manifestarse un año después, cuando la infanta Pilar apareció en los papeles de Panamá y tuvo que reconocer ser titular de una sociedad offshore entre 1974 y 2014. Pero ese, quizás, sea otro asunto.

Además de la herencia del padre, el rey emérito podría haber tenido otros depósitos en Suiza. Al menos dos empresarios han señalado que el monarca tiene su dinero en la misteriosa cuenta Soleado, detectada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) e investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa. Esta cuenta debe su climático nombre al origen español de sus clientes, cuya identidad nunca ha sido revelada.

Según el informe de la UDEF, fue abierta en 1995 por Arturo Fasana, presunto testaferro de Juan Carlos I, que fue detenido e interrogado en el marco de la operación Gürtel. Según la UDEF, entre 1999 y 2007 se habían depositado en la cuenta veinticinco millones, de los que Francisco Correa obtuvo dieciocho. El cerebro de la Gürtel ha señalado directamente a Juan Carlos I como uno de los millonarios que tienen su dinero en Soleado. Durante el juicio por la visita del papa a Valencia, Correa contó que cuando le presentaron a Fasana y le crearon una sociedad en Suiza, le explicaron que su dinero iba a pasar por la cuenta Soleado, «por donde pasan las grandes fortunas del país, incluida la del rey de España».

Pero seis años antes ya había señalado el vínculo entre Soleado y Juan Carlos I otro conocido empresario. Existe una grabación en la que Javier de la Rosa cuenta al «pequeño Nicolás» quién es Fasana: «Tú y yo sabemos que tiene en sus cuentas trescientos millones del rey. Y por eso está ahí bloqueado el tema Gürtel. […] Están los Albertos con el rey con trescientos millones, así de claro. Porque me deben a mí mucho dinero los Albertos, y por eso lo sé». De la Rosa pensaba que estaba hablando con un agente del CNI. Así se presentó Francisco Nicolás Gómez Iglesias el 23 de septiembre de 2014 para poder grabar esta confesión.

La filtración de grabaciones ha sido en los últimos años el detonante de investigaciones y publicaciones que han puesto en el punto de mira al rey emérito. Así trascendieron los indicios que apuntaban al cobro de una millonaria comisión por el contrato del AVE a La Meca. El 12 de julio de 2018, Okdiario y El Español llevan a cabo una publicación coordinada de las conversaciones que mantuvieron Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el comisario José Manuel Villarejo en un encuentro propiciado por el empresario Juan Villalonga en Londres, en el año 2015.

En esta grabación, Corinna relata a Villarejo que el rey cobró una comisión de cien millones por la obtención de un contrato de 6300 millones para un consorcio de empresas españolas. Según cuenta Corinna, OHL puso en esta negociación a una intermediaria que cobró una comisión del 1,5 por ciento del contrato: la empresaria iraní Shahpari Zanganeh, esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi. Y el monarca, molesto, reclamó su parte a Juan Miguel Villar Mir: «¡No me jodas, mi comisión! Yo hice el tren. Yo hablé con mi amigo, mi hermano, y con los saudíes. […] Me tenéis que pagar a mí, no a Zanganeh. Yo me reuní con quien cerró el contrato». Villar Mir, que fue quien contrató a la iraní, habría hablado con ella para que le diera parte de la comisión a Juan Carlos. Todo ello según la versión de Corinna, que en esas grabaciones filtradas se desvincula de la operación y sostiene que reprochó a Juan Carlos su proceder, pero este no hizo caso: «¿Sabes cuál es el problema? El rey no tiene el concepto de lo que es legal y lo que es ilegal, porque lo ha hecho siempre».

A partir de estas publicaciones, el fiscal suizo Yves Bertossa decide abrir una investigación en busca de indicios de blanqueo de capitales y encuentra cuentas que le llevan a una fundación, Lucum, de la que el primer beneficiario es Juan Carlos I y el segundo, Felipe VI.

La fundación Lucum, creada en 2008 en Panamá, está vinculada a una cuenta en la banca suiza Mirabaud. Gestionada por el bróker suizo Arturo Fasana (del que ya hemos hablado en relación con la cuenta Soleado y la trama Gürtel) y el abogado Dante Canonica. La fundación Lucum se cierra en 2012 y entonces el dinero cambia de manos. Cuando salta el escándalo de Botsuana, el banco Mirabaud pide a los presuntos testaferros del rey que cierren la cuenta. Los sesenta y cinco millones de euros pasan a una cuenta de Corinna en Bahamas y de ahí, treinta y nueve saltan a otra cuenta gestionada por la empresaria alemana en Estados Unidos. Corinna siempre ha manifestado que esos sesenta y cinco millones son un regalo de Juan Carlos.

Pero, además, la investigación de Bertossa ha detectado otros movimientos en esa misma cuenta, y los interrogatorios a los presuntos testaferros apuntan al rey emérito. En 2010 se ingresaron 1,7 millones de euros. Fasana declaró ante el fiscal Bertossa que, en 2010, Juan Carlos I le entregó esa cantidad para que la ingresara en Suiza explicando que se trataba de una donación del sultán de Baréin. Casi dos millones en efectivo en un maletín que portaba el aún rey de España.

La justicia suiza investiga al mismo tiempo una segunda fundación radicada en Liechtenstein y con cuenta en el Credit Suisse de Ginebra: la fundación Zagatka, creada en 2003, como hemos visto, por el primo del rey emérito, Álvaro de Orleans-Borbón. Esta fundación llegó a atesorar catorce millones de euros. Cuando se conoció su existencia, Juan Carlos I figuraba como tercer beneficiario y Felipe VI como cuarto, pero a finales de 2020 sus nombres fueron eliminados. El rey emérito se habría beneficiado de ocho millones de euros de este fondo, al menos, con los que se pagaron sus viajes privados entre 2009 y 2018.

También se apunta al cobro de comisiones a través de esta fundación, después de que Orleans confirmara al fiscal que ingresó en Zagatka un cheque de 4,2 millones de euros por su intermediación en la venta de unos terrenos en México. El dinero de esas presuntas comisiones pudo moverse además para comprar importes millonarios de acciones de empresas del Ibex-35. Alguna de las operaciones que se investiga data de 2009, cuando Juan Carlos aún era rey de España. Durante casi dos décadas el rey emérito habría sido accionista de BBVA, Santander, Iberdrola, ACS, Ence, Abertis, Endesa, Acciona y Repsol. En 2015 el 44 por ciento del patrimonio de la fundación eran participaciones de empresas con una administración de activos que sumaba más de trece millones, según detalla El Confidencial en noviembre de 2020.

La investigación en Suiza nos lleva a un largo camino de millones en cuentas vinculadas a fundaciones donde figuraba Juan Carlos I. Pero, además, la investigación judicial abierta en España está provocando movimientos tanto por parte del rey emérito como de la prensa española, inmersa ahora en una carrera por ver quién se apropia del mérito de destapar el último escándalo. Se apunta a diez millones más escondidos en la isla de Jersey, que habrían sido detectados por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, al tratar el emérito de mover el dinero. Son fondos en el extranjero que se van destapando en la medida en que la armadura del rey se va resquebrajando. Juan Carlos deja de estar blindado a partir de su abdicación. Al ceder la Corona pierde la inmunidad judicial, pero también la protección mediática. Se abre la veda. La prensa publica hoy más noticias por semana sobre la presunta fortuna del rey emérito de las que se publicaron durante cuarenta años de reinado. Pero la profusión de datos y de escándalos financieros no termina de aclarar las cuentas, convirtiéndose en una maraña en la que se pierden los millones como si fueran pequeños apuntes informativos. Y el público se acostumbra, ya no repara en detalles, son demasiados, todos girando sobre un mantra: Juan Carlos I lo hizo mal y el actual rey ha actuado en consecuencia. Al emérito le quitaron la armadura cuando dejó el trono. Su hijo la necesitaba y ahora Juan Carlos está desnudo, desvalido, sin corte, solo y desterrado.

Ahora está lejos de aquellas amistades, en ocasiones peligrosas, que lo acompañaron y protegieron durante los años de oro de su reinado.

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AMIGOS, LEALES, SIERVOS, CRÁPULAS Y CAZAFORTUNAS

«¡Ese tirano me quiere controlar!».

JUAN CARLOS I

sobre JOSÉ MARÍA AZNAR

Para hacer una aproximación sobre los amigos de Juan Carlos I, habría que establecer células aisladas y círculos concéntricos en los que la mayor o menor cercanía no siempre es garantía de amistad en el sentido estricto de la lealtad mutua. Si por algo sufrió Sabino Fernández Campo en su etapa de jefe de la Casa Real fue por las bien conocidas amistades peligrosas del monarca, muchas ya desaparecidas, auténticos aprovechados que buscaban la influencia, el poder económico y el poder político. De entre ellos, Mario Conde fue, sin duda, el más ambicioso, según coinciden en señalar las fuentes de la Casa Real de ayer y de hoy consultadas, y cuyos testimonios han sido recogidos en diversas publicaciones.

Mario Conde, José María Ruiz-Mateos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa, Zourab Tchokotoua, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, o Francisco Sitges son citados a menudo en primera línea de los que se arrimaron a Juan Carlos por intereses personales. No les importaba la persona, sino la figura regia, por su influencia, su agenda y su poder en las tres primeras décadas de su reinado. Algunos como Conde, Prado, De la Rosa o Ruiz-Mateos acabaron en prisión; otros como Tchokotoua o los Albertos se libraron por los pelos, y también por sus buenas relaciones con el poder de entonces, incluido el real.

La década de 1980 y la primera mitad de la de 1990 constituyeron la época del pelotazo, del capitalismo salvaje, sin escrúpulos, los tiempos en que unos pocos privilegiados obtuvieron un elevado estatus financiero y, por tanto, social, a través de los negocios a gran escala girando en la órbita del Gobierno socialista y de la Zarzuela. El rey Juan Carlos era entonces el amigo más deseado para todos los que buscaban prosperar como fuera y se le agasajaba sin pudor con regalos millonarios, a los que nunca hizo ascos, para tenerle cerca y aprovecharse de sus contactos. Entre Mallorca, Marbella y Madrid, pero también en Suiza y en los países árabes, la vida de lujo del rey transcurría muy por encima, sin duda, de las posibilidades de la Casa Real y de las de unos españoles recién salidos de la dictadura, con una economía precaria y una alta tasa de paro.

Nunca se vio al presidente González, republicano declarado pero cada vez más juancarlista, molesto con el rey. Y, si lo estaba, se desahogaba en privado. ¿Se le pasó en algún momento por la cabeza legislar para poner bajo control las donaciones o los regalos que percibía o para poner freno a sus comportamientos privados? En absoluto. El Gobierno del PSOE, apoyado por una mayoría parlamentaria absoluta impensable hoy, no tuvo mayores problemas para proteger al Borbón ni cuando empezaron los escándalos provocados, precisamente, por ese capitalismo de nuevos ricos sin medida, entre los que se encontraban varios de los citados cazafortunas «amigos» del rey. Incluso cuando la denominada beautiful people de González empezó a decaer por su implicación en diferentes causas de corrupción, el rey mantuvo su reputación intacta. La prensa y las instituciones del Estado que le habían construido la armadura seguían con él, y con mayor ardor monárquico y juancarlista.

La amistad de Juan Carlos I con Felipe González se fue haciendo más estrecha y perdura hasta hoy. El expresidente es uno de los mayores defensores del Borbón fuera de la órbita de la derecha y la ultraderecha, hasta el punto de anteponer su papel en la Transición y el golpe de Estado del 23-F a la presunta corrupción que ha llevado a su hijo Felipe VI a echarlo de España, retirarle el sueldo y renunciar simbólicamente a la herencia de su padre. El emérito ha logrado también lo que en la época de González en el Ejecutivo nadie habría ni imaginado: que la monarquía se encuentre en su crisis más profunda desde que en 1931 Alfonso XIII abandonó España, «no por rey, sino por ladrón», como sentenció Ramón María del Valle-Inclán. Aunque, en aquella ocasión, el abuelo de Juan Carlos también lo hizo por haberse puesto del lado de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en pleno advenimiento de la Segunda República.

Al margen de los cazafortunas y los aprovechados de los años ochenta y noventa, los amigos leales del rey, y algunos interesados en mantener sus privilegios con el régimen del 78, son, pues, los políticos, los altos cargos, los funcionarios y otros dirigentes institucionales, como Felipe González, que conocieron y taparon los comportamientos del monarca, pasando por encima de la ética y la ejemplaridad a las que está obligado un jefe del Estado y rey, y que también ocultaron las conductas presuntamente delictivas que se han ido conociendo sobre todo en 2020.

«Cuando empezaron a conocerse los comportamientos que hoy se saben corruptos de Iñaki Urdangarin con la complicidad probada de su mujer, la infanta Cristina, y otros nombres de la Casa Real que pasaron por el banquillo, como Carlos García Revenga, al rey le sorprendió que se montara tanto alboroto y escándalo por parte de la opinión pública», recuerda otro antiguo trabajador de la Zarzuela.

«No es para tanto», opinaba Juan Carlos mientras leía sorprendido las noticias sobre el caso Nóos. El monarca veía probablemente en los comportamientos de su yerno —⁠Que contaban con su complicidad, según varios mails y declaraciones de testigos que constan en el sumario— un reflejo a pequeña escala de lo que el propio jefe de Estado entonces, según sabemos ahora, hacía sin pudor ni límites.

El primer juancarlista

«Santiago, vente. Alberto, ministro, acompáñanos. Vamos a saludar a unos amigos». Con estas palabras, el rey Juan Carlos, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62 de la Constitución refrendada hacía tres años, cogió de un brazo con su habitual familiaridad a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España, que apagó el cigarrillo rápidamente, y del otro a Alberto Oliart, ministro de Defensa en el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Los tres se dirigieron a saludar a los altos oficiales de la cúpula del Estado Mayor durante la recepción en el salón real, con todo el protocolo ya rancio en aquella época, aunque ha evolucionado hasta ahora.

Cuando el trío llegó a su destino, el grupo de generales se cuadró ante el rey y el ministro de Defensa y estrecharon la mano a Carrillo, que observaba su recelo con interés. «Los militares nunca perdonaron a Suárez la legalización del PCE durante la Transición, que además se hizo a sus espaldas. Se resignaban con la que, con el tiempo, se convirtió en una relación estrecha del monarca y el líder de los comunistas españoles, pero en privado siempre renegaron de esa cesión. Un comunista no era un adversario político más, era el enemigo», recuerda uno de los pocos altos cargos de entonces dispuestos a hablar de Juan Carlos.

Aunque era consciente de la animadversión que él y su partido despertaban en el Ejército y en otros sectores ultraconservadores que habían saltado de la dictadura a la democracia sin despeinarse, a partir de aquel momento Carrillo defendió al rey y la monarquía parlamentaria como el más entusiasta de los monárquicos. Y como muestra, la afirmación que sostuvo en el año 2000 en el marco de una mesa de debate promovida por la Fundación Instituto de la Transición Española. En aquel foro, el que fuera dirigente del PCE defendió que Juan Carlos I «fue el líder político del movimiento reformista del régimen de Franco».

«El rey Juan Carlos sabía perfectamente dónde estaban sus contrarios, que eran quienes tenían que convertirse en sus amigos para que él llegara a ser rey de España en democracia; y, además, un rey de consenso», se explica hoy en el entorno del emérito. Por eso, durante la Transición, el elegido por el dictador Francisco Franco como su sucesor en la jefatura del Estado se trabajó a fondo su amistad con el comunista Santiago Carrillo y con el socialista Felipe González. «Fue muy hábil», recuerda un ministro actual.

Carrillo aceptó la monarquía parlamentaria constitucional a cambio de la legalización del PCE. González, por su parte, se definía como republicano y no dio el sí a la Corona durante el debate parlamentario del mes de julio de 1978 sobre los artículos constitucionales. Siguió la pauta de su partido, que se abstuvo en este punto «en coherencia con sus principios», según dijo el entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, el asturiano Luis Gómez Llorente. Santiago Carrillo se convertía así en el primer juancarlista.

A la pregunta de si Carrillo conocía los negocios y las andanzas del rey, el citado ministro actual argumenta: «No puedo confirmarlo, pero todos los que pintábamos algo en política entonces los conocíamos y oíamos hablar de ellos. No podíamos hacer nada: el PCE había sido legalizado también gracias al rey [el príncipe Juan Carlos llegó a pedir al presidente rumano Nicolae Ceaușescu ayuda para que Carrillo accediera a reunirse con él], el país estaba en proceso de construcción y lo importante era la estabilidad en un momento muy frágil. “No era monarquía o república, era dictadura o democracia”, y así lo dijo Santiago a los suyos cuando respaldó la forma de Estado… Le costó votos, adhesiones y la marginalidad del PCE en el futuro democrático de España, que él se había esforzado en construir con muchas renuncias».

El defensor más apasionado

Felipe González fue el hombre que aconsejó y dirigió a Juan Carlos I durante su abdicación para tratar de que fuera lo menos perjudicial para quien pasaría a ser rey emérito. Con Alfredo Pérez Rubalcaba como brazo ejecutor desde el liderazgo de la oposición y Soraya Sáenz de Santamaría capitaneando un equipo de juristas, en el que destacaba el subsecretario de Presidencia y abogado del Estado Jaime Pérez Renovales, González se esforzó por proteger al máximo a su amigo durante aquel proceso, del mismo modo que lo había hecho desde que accedió al poder gubernamental en 1982.

El socialista republicano que no aprobó la monarquía parlamentaria en 1978 asegura actualmente —⁠con una investigación en curso en Suiza, el emérito huido a Abu Dabi y una regularización fiscal que confirma donaciones en negro— que «Cuando alguno da credibilidad a lo que diga un policía corrupto [José Manuel Villarejo] o una señora ligada a otro [Corinna Larsen], que la dé también cuando se refiere a ellos, no vaya a ser que valga la información que den en una dirección y no valga en otra». Felipe González, frente a los potentes indicios de corrupción que planean sobre el emérito durante su reinado y después, sigue defendiendo su papel en la Transición y lo antepone a sus presuntos delitos.

González y el Borbón hicieron un tándem perfecto a partir de la victoria del PSOE: Felipe apoyaba a Juan Carlos en todo y lo salvaguardaba del conocimiento público de sus amantes y negocios ejecutados por Manuel Prado y Colón de Carvajal, que acabó en prisión. Los comentarios sobre las aventuras extramatrimoniales del rey eran la comidilla de periodistas, políticos, altos funcionarios o empresarios: todos ellos formaron parte de la armadura del rey.

Había asuntos, no obstante, muy serios y que implicaban el uso delictivo de herramientas del Estado, de las llamadas cloacas policiales, que contaron con el conocimiento y la supervisión del rey y que jamás le salpicaron, pues era inviolable y estaba protegido férreamente.

«Señor, esto se nos está yendo de las manos». Con estas palabras Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad bajo el mandato de González, comparte con el rey sus inquietudes por las informaciones en prensa relativas a los Grupos Antiterroristas de Liberación, los GAL, el sistema parapolicial creado en las cloacas del Estado durante el primer Gobierno socialista para ejecutar a miembros de ETA, o a aquellos que lo parecieran. Su creación fue uno de los episodios más tétricos de la democracia posfranquista. «Las noticias cada vez son más graves y apuntan más alto, al presidente mismo —⁠insiste Vera—. Se han cometido muchos errores». «Rafa, Rafa… ¿por qué no dejas las cosas como están?», le contesta Juan Carlos I, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro.

Rafael Vera sale esa tarde de la Zarzuela convencido de que alguien tendrá que pagar por todo el conflicto de los GAL y que es precisamente él quien tiene más cerca la puerta de la cárcel. Y que deberá callar para siempre.

La anécdota la cuenta un incondicional del exsecretario de Estado, defensor de su inocencia y convencido de que su paso por prisión fue en condición de «cabeza de turco y muro de contención de responsabilidades más altas». Y eso es así porque el jefe del Estado, según narra en su libro «maldito» el coronel Amadeo Martínez Inglés, Juan Carlos I, el último Borbón, tenía conocimiento de todo el operativo de los GAL, y de otras cuestiones, gracias a su servidor leal y jefe de los servicios de inteligencia, entonces Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el teniente general Emilio Alonso Manglano.

Martínez Inglés cuenta en el libro que el rey fue el primero en conocer «la famosísima Acta fundacional de los GAL, siniestro documento de La Casa [así se conoce al CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia], que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha la reprobable e ilegal guerra sucia contra ETA en la primavera de 1983 y que se saldaría con 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que años antes, en julio de 1979, sería también el rey el que primero tuviera en su despacho un documento muy similar, confeccionado por el todopoderoso CESID de la época y con los mismos fines: el denominado Informe-propuesta sobre la lucha antiterrorista, que en aquella ocasión sería rechazado con vehemencia por el Gobierno centrista de Adolfo Suárez. En ocasiones puntuales, cuando la urgencia del asunto o su importancia lo requerían, el fiel director del CESID informaba personal y exclusivamente al rey por teléfono (línea directa y cifrada con secráfono, por supuesto), saltándose de ese modo a la torera cualquier condicionamiento jerárquico y lealtad institucional. Asimismo, don Juan Carlos era receptor privilegiado de la información sensible y reservada que generaban los centros de inteligencia de los tres ejércitos».

La idea de que el rey ejercía un cargo sin atribuciones y que se dedicaba tan solo a vivir bien, cobrar presuntas comisiones, hacer grandes viajes y tener amantes es errónea: «Juan Carlos estaba al tanto de todas las actuaciones del Gobierno, grandes y pequeñas, y si no se las contaban, como le ocurrió con Aznar, él se encargaba de enterarse. Nadie contestaba al rey que no podía informarle sobre algo». Felipe González, dicen en su entorno, vive hoy con frustración y dolor lo que considera un ataque desproporcionado al emérito y al sistema que ambos, y otros muchos, contribuyeron a poner en pie desde la nada y con el rencor más absoluto del franquismo. «Los herederos del dictador no querían a Juan Carlos, querían a Franco, pero sabían que su tiempo había terminado, y no solo por su muerte. Fraga fue el primero en asumirlo, pero hubo muchos más. Con todo, rechazaron que los cuarenta años de franquismo fueran condenados y nunca aceptaron el comunismo como forma de gobierno legítima. A Carrillo, que transigió y que se llevaba muy bien con don Juan Carlos, sí lo aceptaban; al comunismo no. El relato de la derecha —⁠y ahora de la ultraderecha de Vox— contra el comunismo hoy es idéntico —⁠razona un exministro de González—. Se acercaron las posiciones políticas al centro con el PSOE y finalmente y, tras años de evolución desde el franquismo, al PP. El bipartidismo mayoritario fue el sistema que nos dimos bajo la jefatura de Estado del Borbón para años de estabilidad en España sin extremismos. Y sin corrupción, incluida la que se achaca al rey, habría funcionado más tiempo».

Las largas charlas de Felipe González y Juan Carlos I, solos o con más acompañantes, las consultas frecuentes, las agendas y muchos intereses internacionales compartidos, como Latinoamérica, fueron estrechando la amistad que hoy ha convertido al expresidente en uno de los pocos dirigentes destacados que defienden al emérito. Aunque ello conlleve grandes críticas al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. «Tampoco sabría decir quién genera mayor rechazo a Felipe: si Pedro Sánchez o Pablo Iglesias», ironiza el mismo exministro socialista, en alusión a la convicción de González de que este Gobierno quiere acabar con la monarquía o dejarla malherida.

Seguramente, para mayor suerte de González, el presidente Pedro Sánchez no formó parte del núcleo duro que trabajó en la abdicación del rey. El presidente del Ejecutivo entre 1982 y 1996 llevó prácticamente la batuta en un intercambio bilateral entre el rey y él, con Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces jefe de la oposición y secretario general del PSOE, como brazo ejecutor de González. Mariano Rajoy, siendo presidente del Gobierno, delegó en su eficaz vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para que desarrollara la ley necesaria para culminar el proceso, la Ley orgánica 3/2014, y, aparte, el aforamiento del emérito. Además, se decidió mantenerle el título inédito de rey honorífico.

El más leal de todos

La tristeza del rey Juan Carlos cuando Rubalcaba falleció repentinamente en 2019 por un infarto cerebral con sesenta y siete años pudo observarla todo el mundo durante el velatorio que se celebró en el Congreso, cuando el monarca, con la movilidad muy tocada ya, se acercó al féretro de su leal servidor y puso su mano encima, murmurando muy bajito lo que parecía un agradecimiento.

No es de extrañar. Quien fuera ministro en los gobiernos de González y ministro y vicepresidente en los de Zapatero, sustituyendo a este, además, en la Secretaría General del PSOE y como candidato para las elecciones de 2011, cuando el PP arrasó con su mayoría más absoluta, asumió el encargo real de preparar la abdicación de Juan Carlos I en 2014 con la mayor discreción y fidelidad al monarca y a la Corona. Rubalcaba abandonaría la política y el liderazgo del PSOE tras los resultados en los comicios europeos de abril de 2014, y también la oposición parlamentaria al Gobierno, pero asumió esta última responsabilidad para blindar al rey y apuntalar a la monarquía y al propio Estado surgido del pacto de 1978 como si fuera la misión más importante de su vida. Desconocemos si lo fue, pero sin duda se destacó como una de las más complejas de toda su trayectoria política junto al final de ETA, que la banda terrorista anunció en 2011.

La discreción para evitar filtraciones, la tensión creciente en la Casa Real por los escándalos asociados al caso Nóos y el noviazgo del rey con Larsen, los vaivenes de la firmeza del jefe del Estado para abordar definitivamente su abdicación y el delicado trabajo jurídico para dejarlo bien armado y a la Corona bien atada no hicieron mella en el político eficaz y componedor que era Rubalcaba. Al contrario, los protagonistas de ese complejo episodio de la historia de España dicen que se le vio disfrutar con la trascendente tarea.

—He pensado en abdicar.

—¿Lo ha pensado o lo ha decidido? Es que hay mucha diferencia.

—Sí, es distinto, pero creo que es el momento, hay que prepararlo, hay que hacerlo seriamente.

La conversación entre Juan Carlos de Borbón y Felipe González la recoge el periodista y exdirector de El País Antonio Caño en su libro Rubalcaba. Es febrero de 2014 y el expresidente señala esa fecha como la que inició una serie de encuentros entre ambos que dio luz verde al proceso de abdicación.

Un mes antes había tenido lugar el desastroso discurso de la Pascua Militar, con un rey resacoso por haberse acostado a las tantas celebrando su cumpleaños el día anterior y que protagonizó la que es probablemente la peor intervención pública de su reinado, incapaz de terminar bien una sola frase. «A mí casi me da una lipotimia y me tuvieron que sacar a escondidas», recuerda el director de Comunicación de la Casa Real de entonces, Javier Ayuso, en el podcast XRey, firmado por Eva Lamarca y Álvaro de Cózar en 2019, donde Ayuso reconoce también haber vivido una etapa durísima con el goteo de escándalos en la Familia Real. El entonces director del CNI también fijó en esa noche fatídica del rey la ruptura definitiva con Corinna Larsen durante una comisión a puerta cerrada en el Congreso.

Lo cierto es que los periodistas estaban estupefactos ante el discurso deslavazado y titubeante de Juan Carlos I y lo achacaron a un empeoramiento en la salud del monarca, que tenía muchos y muy visibles problemas de movilidad. Las preguntas sobre si iba a abdicar de una vez y dar paso a su hijo se sucedían sin tregua y los rumores, más o menos interesados, se potenciaban con el comportamiento incoherente del monarca en esa mañana.

No obstante, el entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, asegura en el libro de Antonio Caño que no fue en ese momento cuando tomó la decisión de abdicar. Entonces «nos echó la culpa a todos» del desastre de discurso, asegura el diplomático, pero en ningún momento el rey planteó que fuera a abandonar el trono. Fue después, tras la conversación con González en febrero, cuando se puso en marcha el aparato del Estado al máximo nivel. Y Rubalcaba estuvo allí, siguiendo las instrucciones de González, que hablaba constantemente con Juan Carlos, aclarando las dudas del monarca con su propio criterio. Asesoró con sinceridad al propio González y al rey, como había hecho siempre desde que se conocieron en los Juegos Olímpicos de 1992 y la afición por el deporte les unió.

A Rubalcaba le daba mucha pena que el rey dejara el trono, confesó siempre, pero sabía que tenía que irse y así lo había insinuado en varias entrevistas antes de que el proceso de abdicación se pusiera en marcha. La monarquía también era cuestionada en el PSOE como nunca, aunque el exlíder socialista no estuvo dispuesto nunca a abrir ese melón en su partido. No, al menos, mientras él estuviera al frente.

Desde 2012 y con la caída en Botsuana mientras estaba de cacería con Corinna Larsen, los rumores sobre la abdicación real no cesaron. El rey tampoco fue ajeno a ellos y pidió un informe a Spottorno en 2012 y otro a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) de Aznar en 2013 sobre la sucesión en el príncipe de Asturias, su hijo. Los dos documentos se quedaron en un cajón hasta 2014, cuando el proceso se resolvió rápidamente en pocos meses y el rey abdicó en Felipe VI el 19 de junio de aquel año. El éxito de la cuestión habría sido imposible sin Rubalcaba, que había anunciado su dimisión en mayo de 2014, tras las elecciones europeas, pero aguardó al frente del PSOE hasta julio, contra su voluntad y para garantizar el éxito del proceso de sucesión de los Borbones. Una vez entronizado Felipe VI, se celebró el congreso socialista para elegir al nuevo líder del partido.

Juan Carlos y «Maura Aznar»

«Aznar y el rey Juan Carlos mantuvieron siempre una relación institucional; lo de su mala relación es un mito», subraya siempre que se le pregunta a Miguel Ángel Rodríguez, coloquialmente llamado MAR, mano derecha, secretario de Estado, portavoz y amigo de José María Aznar. El actual director de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso no acepta la mala conexión con el emérito que persigue al expresidente del Gobierno, que se documenta en todos los libros que se han escrito sobre el Borbón.

En realidad, y para ser estrictos, la relación del exjefe del Estado y José María Aznar recuerda a las personas del entorno de quien fue refundador del centroderecha español a la del conservador Antonio Maura con el rey Alfonso XIII, de apenas veinte años entonces. Maura intentaba que el Borbón se ciñese a su papel institucional y el otro lo odiaba por no amañar resultados electorales para que los republicanos no obtuviesen representación institucional.

Aznar también trataba de encajar a Juan Carlos en un papel institucional austero, del que el rey no quería ni oír hablar. Según el veterano periodista José García Abad, el expresidente del Gobierno no soportaba las frivolidades del emérito, sus líos con mujeres y los rumores sobre su fortuna.

«Había una relación de respeto, no eran amigos: eran el presidente del Gobierno y el jefe del Estado», subraya un exministro de la época de Aznar. Desde luego, no era una amistad como la de Felipe González y el rey, pero tampoco José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy fueron amigos de Juan Carlos. «Yo diría que estos dos últimos lo soportaron», afirma. Todo ello, teniendo en cuenta que la relación y los negocios del monarca y Corinna Larsen comenzaron en 2004, cuando Zapatero ocupó por primera vez la Moncloa, y la caída en Botsuana en una cacería y la abdicación tras los escándalos provocados por todo esto tuvieron lugar durante los gobiernos de Rajoy.

Aznar no era Felipe González, pero intentó llevar una relación cordial con el monarca, que en realidad recelaba mucho del líder del PP. «Nunca se le tocaron los discursos desde la Moncloa», sostienen en el entorno del presidente de FAES ante la dureza con la que la Casa Real afirmaba entonces que el presidente trataba al monarca. Un exalto cargo de Aznar, de hecho, cuenta que este se esforzó por convencer al rey de que era conveniente legislar sobre las donaciones y el patrimonio para evitar el oscurantismo y el nulo control institucional. «El rey se subía por las paredes: “¡Ese tirano me quiere controlar!”, gritaba. “¡Me quiere dejar en evidencia!”», recuerda un alto cargo de la Casa Real de entonces. No obstante, Aznar se esforzaba por mantener un buen trato con el monarca, aunque desaprobaba su ligereza y hasta su familiaridad; sabía además que la relación del jefe de Estado con Felipe González era muy estrecha y le resultaba insoportable. La relación con su antecesor en la Moncloa no solo era nula, sino que era muy mala. González siempre despreció a Aznar y lo hizo evidente, aunque posteriormente, según recuerdan en el PP, el socialista demostró que no solo despreciaba al popular, sino a cualquiera de sus sucesores en la presidencia del Gobierno. Aunque fueran del PSOE. «Le ocurrió con Zapatero y le ocurre con Sánchez. Rajoy pasó sin pena ni gloria, pero le caía bien; tenían una visión del Estado muy similar y, además, le hacía mucha gracia».

La vinculación entre el matrimonio Aznar y los reyes existió, a pesar de todo, y se intentó que fuera lo más cordial posible, pese a episodios históricos como el «desaire» al monarca en una visita oficial de Estado a Cuba. «Claro que hubo reuniones privadas entre los reyes y el presidente y su mujer, Ana Botella: varias cenas y comidas. Y en el famoso viaje a Cuba, donde Aznar se quitó la chaqueta en presencia del rey, fue Juan Carlos quien dijo al presidente: “Ahora te vas a enterar de lo que van a decir”». Efectivamente, a Aznar se le criticó muchísimo por ir dando indicaciones públicas en los medios sobre cuándo debía viajar a un sitio o a otro el monarca —⁠«Viajará cuando toque», respondía cuando los periodistas le preguntaban sobre los desplazamientos institucionales del jefe de Estado⁠—, pero la gota que colmó el vaso fue su gesto de quitarse la americana en Cuba y colgársela al hombro durante un paseo de la comitiva, que incluía a Fidel Castro y a Juan Carlos I, que mantenían excelentes relaciones. La prensa se echó encima del presidente del Gobierno por ese presunto desprecio al monarca, pero este no se sintió violentado en absoluto. Otra cosa es lo que le pareciese a la opinión pública el gesto, desde luego, que era poco o nada habitual.

El expresidente del PP era una persona extremamente institucional, que no soportaba la informalidad, la impuntualidad o el trato campechano del rey. Esa actitud había sido, en realidad, su gran baza para conquistar a los adversarios naturales de la Corona durante la Transición, ya fueran el PSOE, el PCE o las formaciones nacionalistas. Sobre todo, le sirvió con los partidos catalanes, con los que convivió a la perfección hasta que se destaparon los escándalos de corrupción, especialmente los que afectaron a la familia del president Jordi Pujol.

Durante la Transición, admiten en el PP, fue ese «compadreo» entre todos los altos responsables institucionales, empezando por el rey, lo que facilitó el acuerdo y hasta la Constitución. «No se pueden juzgar los comportamientos de entonces con la misma perspectiva que hoy: se estaba construyendo un país después de cuarenta años de franquismo. Aznar entendió siempre ese papel del rey y no habría permitido nunca en los despachos una mala palabra sobre Juan Carlos», garantizan sus excolaboradores.

Otras fuentes cercanas al rey, no obstante, insisten en que la relación entre Aznar y el rey no era buena, y más por la parte de Juan Carlos que por la del expresidente. El rey no reparaba en bromas sobre el jefe del Ejecutivo, y las hacía públicamente, ante la prensa y ante otros altos cargos en distintas recepciones o actos públicos. «Podía ser muy violento para todos —⁠admiten sus colaboradores⁠—, porque se jactaba sobre su estatura, imitaba su tono seco y cortante en corrillos, sus palabras. ¡Aznar te podía caer mejor o peor, pero era el presidente del Gobierno!».

El emérito no llevaba bien que el líder del PP tratase de encajarlo en la senda institucional a la fuerza, con leyes o sin ellas, para que no se saliera de su papel de «florero», como denunciaba el rey («Me quiere como a un vulgar florero»), dándole a entender que quien mandaba y gobernaba era el jefe del Ejecutivo. Lo cierto es que las razones de Aznar pueden ser de pura institucionalidad o por solo cabezonería y celos, conociendo después sus propios delirios de grandeza en la boda de su hija en El Escorial, por ejemplo, a la que el rey acudió poco menos que a la fuerza y para no provocar una crisis de Estado. Mirándolo con perspectiva, no obstante, si González y los demás hubieran hecho lo mismo que Aznar, intentando encarrilar al emérito, quizás la situación actual sería diferente, con una armadura destrozada por el propio rey en sus mil batallas lúdicas y financieras.

«Con Adolfo [Suárez], el rey se iba de putas; de Felipe sigue siendo muy amigo, nadie le ha tratado y protegido como él; a Aznar no lo soportaba, y con Zapatero y Rajoy mantuvo una relación cordial, pero sin cercanía». Así resume, en un escueto párrafo, un ex alto cargo del Estado la relación de Juan Carlos I con los presidentes del Gobierno de la democracia. «La existencia de Calvo-Sotelo pasó sin pena ni gloria para el rey… Menudos dos caracteres opuestos; casi ni se hablaron, bastante tenía el monarca con conquistar entonces a Carrillo y a González».

«Servidor del Estado», sobre todo

El director general del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019 y jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2004 y 2008 es, probablemente, la persona mejor informada de España. Félix Sanz Roldán es amigo del rey, pero es también un teniente general de larga y consolidada trayectoria que hace honor a la lealtad con la que entiende su oficio y sus valores más allá de las Fuerzas Armadas. No se ha encontrado a nadie que haya trabajado y hable mal de este castellanomanchego, salvo el excomisario José Manuel Villarejo, que, aunque trate de vincularse al general por todos los medios que tiene a su alcance, «jamás se reunió con él», garantiza el entorno de Sanz.

Félix Sanz Roldán llegó al CNI de la mano del rey, que le pidió a Zapatero su nombramiento tras la atropellada salida de Alberto Saiz, hombre de confianza de José Bono, ministro de Defensa, cuyos viajes para cazar y pescar desvelados por El Mundo dieron pie a una batida del PP contra Saiz hasta que lograron su dimisión. La entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aceptó la salida de Saiz, nombró a Sanz Roldán y supo después que el CNI necesitaba una mano experta que tranquilizara las aguas internas, muy revueltas tras el paso de Saiz. Cuando Rajoy sucedió a Zapatero, en 2011, también el monarca pidió al del PP que mantuviese a Sanz Roldán al frente de los servicios de inteligencia, cosa que Rajoy aceptó, aunque volvió a llevarse al CNI a las órdenes de la Presidencia, ostentada por la también vicepresidenta y portavoz Sáenz de Santamaría. La relación entre Sanz Roldán y esta abogada del Estado fue «muy buena» y la convirtió a ella en una persona muy temida en su propio partido, inmerso ya en causas de corrupción muy graves, como las de Bárcenas y Gürtel, y con vértigo hacia la información que podía manejar Sáenz de Santamaría de mano de los servicios de inteligencia.

De hecho, tras la expulsión de Rajoy de la Presidencia del Gobierno con la moción de censura de Sánchez, las primarias del Partido Popular se celebraron con un candidato y dos candidatas, Pablo Casado, Dolores de Cospedal y la propia Sáenz de Santamaría. El delfín de Rajoy, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declinó presentarse tras varios días de expectación, creyendo todo el PP que daría el paso y anunciándolo en una rueda de prensa desproporcionada y fuera de lugar, con emoción incontenible y apostando por Galicia. La razón de su marcha atrás, señalaron entonces en el equipo de Rajoy, «podían ser unos dosieres del presidente gallego donde no salía bien parado y de los que disponía la vicepresidenta gracias al CNI». Feijóo ya había probado la amargura de filtraciones interesadas con la publicación en El País de una foto de su juventud en compañía del narcotraficante Marcial Dorado en una lancha, y no quería exponerse a más. Penalmente sabía que no había nada que pudiera hacerle daño, aunque políticamente era otra cosa, de modo que se retiró.

Hay mucha literatura sobre el CNI, sin duda, pero tener a los espías bajo la propia responsabilidad es, sin duda, una de las aspiraciones de los políticos. «Muchas veces, más por tranquilidad respecto a que no los tengan otros que a la información que pueda obtenerse —⁠señalan desde Defensa⁠—. Pero el Centro Nacional de Inteligencia no es un organismo independiente; el CNI es el Estado y trabaja a las órdenes del Gobierno y al servicio de aquel».

«Corinna estuvo a nada de ser reina de España», dice a sus íntimos el general Sanz para explicar cómo la relación de la alemana con el emérito se convirtió en un «problema de Estado» porque era un conflicto abierto para la Corona y para la supervivencia de la monarquía. Se reunió con ella en Londres, durante cinco horas; la alemana quedó encantada con el jefe de la inteligencia española y así lo trasladó a sus íntimos, hasta que Villarejo y ella decidieron ir contra el rey y contra Sanz Roldán, y chantajear a la Casa Real para lograr que el expolicía fuera liberado de sus cargos delictivos y de la cárcel, sobre todo.

El jefe de los espías se convirtió en el enemigo número uno del excomisario, y aún lo sigue siendo, y la alemana apostó por no apartarse del rey en el camino para culminar con éxito su estrategia de defensa, imputada como está también, cuando se escribe este libro, por blanqueo de dinero.

La voladura de la relación entre Juan Carlos I y Larsen, pese a los esfuerzos de Sanz Roldán, no pudo ser controlada. «Ella manejaba demasiada información y demasiados negocios comunes —⁠sostienen fuentes de la Casa Real⁠—. Y él estaba literalmente enchochado con ella, pensando en acabar sus días a su lado y abdicar del trono si era necesario para divorciarse de Sofía y casarse con Corinna. Le daba igual todo, no actuaba como rey sino como civil, y eso no podía ser».

Félix Sanz Roldán está muy tranquilo: cree que las acusaciones que Villarejo y Corinna Larsen han vertido sobre él, por amenazarla a ella, no tienen ningún recorrido. Siempre insiste en que todo lo que hizo —⁠reunirse con Corinna y tratar de que fuese capaz de captar la dimensión del problema para España⁠— fue para intentar solucionar un «problema de Estado», y lo hizo con la complicidad y la autorización del Gobierno, del presidente Rajoy y de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Fue un servicio más al Estado y lo hizo cuando se lo pidieron. «Soy amigo del rey, pero soy un servidor del Estado». Así entiende la lealtad y así entiende el rey que la entienda, porque «su relación personal continúa y hablan casi todos los días», subrayan los íntimos del general.

Al propio entorno de Sanz le sorprende la rotundidad de la investigación de la Fiscalía suiza sobre los presuntos negocios, fundaciones, paraísos fiscales y comisiones del emérito, y afirman sin matices que «el rey Juan Carlos debe pagar por aquello que no haya hecho bien». No obstante, no entran a valorar si Felipe VI se equivocó al dejar marchar a su padre a los Emiratos Árabes Unidos, porque si Juan Carlos I delinquió —⁠en términos «teóricos», ya que mientras fue jefe de Estado era inviolable⁠—, debe ser castigado de alguna forma ejemplarizante.

Ser una persona mayor, con una salud delicada, no cuenta para un rey y jefe de Estado. «Es rey. Punto», concluye Sanz.

5
AMANTES Y SOCIOS

«Corinna estuvo a nada de ser reina de España».

FÉLIX SANZ ROLDÁN

Es la mañana del 8 de abril de 2006 y la capital de España aún no se ha despertado. La base del Ejército del Aire de Torrejón de Ardoz ha amanecido en medio de la efervescencia de los preparativos de un viaje de Juan Carlos I. Su destino será Riad, la capital de Arabia Saudí, uno de sus desplazamientos favoritos.

El rey no va solo, por lo que en esta ocasión se preparará uno de los dos aviones más grandes de la flota del grupo, dedicado habitualmente a cubrir los desplazamientos de los jefes de Estado y de Gobierno, el Airbus 310. El viaje es público y le acompañan, además de su esposa la reina Sofía y su séquito habitual, una comitiva de once empresarios en representación de las principales empresas españolas. Es una de las expediciones en las que el Borbón acude como «embajador primero de España», el papel favorito que se otorgó al monarca en la Transición por parte de periodistas, empresarios, ciudadanos juancarlistas y el PSOE.

Si hay una pregunta insistentemente respondida por los poderes económicos y políticos desde la aprobación de la Constitución es la de si no sería más democrática y adecuada al sentimiento mayoritario de los españoles una república como forma de Estado, aquella que no fue incluida en el articulado constitucional, que encajó una Corona sin referéndum de aceptación popular previo. Adolfo Suárez admitió la pulsión republicana en el país durante un off the record a la periodista Victoria Prego en 1995, destapado veintidós años después por periodistas de La Sexta por pura casualidad, revisando viejas grabaciones. «Hacíamos encuestas y perdíamos», confesó el expresidente a Prego, de modo que incorporó al rey y a la Corona en la ley de reforma política sin necesidad de pasar por las urnas. Se refrendó la Carta Magna, pero no la forma del Estado, que estuvo impuesta por Franco y posteriormente ratificada por Suárez.

«¿Quién nos representa fuera de España mejor que el rey Juan Carlos? Es nuestro gran embajador, todo el mundo se le pone al teléfono, todos los líderes internacionales le llaman para pedirle asesoramiento, las empresas saben que estando él, negocio seguro… Lo adoran, y él siempre está dispuesto a ayudar a la economía de su país; le debemos mucho», repetían una y otra vez los republicanos juancarlistas antes de que empezaran a aflorar los casos de corrupción.

Empresarios… y alguien más

La comitiva real y la delegación empresarial que van llegando esa mañana de abril de 2006 a la base de Torrejón incluye a varios directivos de empresas punteras del Ibex-35 como Repsol, Cepsa, ACS o Ferrovial. También viajan dos ministros de la etapa del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la que discurre entre 2004 y 2008: el titular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y el de Industria, José Montilla, con un reducidísimo grupo de miembros de sus equipos ministeriales. El Airbus de la Fuerza Aérea Española es grande, pero no tanto como parece. En los aviones A-310 de las líneas aéreas caben unas doscientas setenta personas, pero en los dos Airbus del Grupo 45 tan solo sesenta y siete en cada aeronave, ya que se han adaptado para satisfacer las necesidades de los viajes oficiales, y ahora incluyen estancias privadas, como un despacho, un baño o un dormitorio para los reyes o el presidente del Gobierno.

El rey y la reina ya están en sus dependencias del avión junto a sus asistentes, y solo falta por subir al Airbus la representación de empresarios. Apenas hay presencia femenina en la lista de pasajeros, como suele ocurrir en los viajes reales que dan apoyo al sector económico en busca de negocios internacionales, así que los tacones de una mujer rubia de mediana edad golpeando levemente, casi de puntillas, la escalerilla del avión mientras sube al A-310 llaman la atención de varios integrantes de la comitiva. Una vez superada la curiosidad inicial, cada uno vuelve a lo suyo, después de suponer que se debe de tratar de alguna asesora o de una asistenta de la tripulación.

Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, no dice nada, pero sabe perfectamente quién es esa mujer impecablemente arreglada. Su presencia junto al rey le persiguió varios años, hasta que abandonó el departamento que rige la política internacional, explica un compañero del Gobierno de Zapatero. Fue el ministerio del jefe de la diplomacia española en la etapa socialista el que dio luz verde a la presencia de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la lista de pasajeros del Airbus que se dirigía a Riad, como representante de la Agencia Saudí de Inversiones Internacionales (SAGIA, en sus siglas en inglés). Anteriormente, en otro viaje, y como ministro de Defensa, José Bono se había negado a dar permiso para la incorporación al vuelo de esa misteriosa pasajera, que no daba más detalles sobre sus responsabilidades y que entonces casi nadie conocía. El rey intentó por diversas vías, aunque no llegó a llamar al ministro de Defensa, que la misteriosa mujer accediese a la comitiva, pero en esa ocasión no lo consiguió.

En 2006 Corinna Larsen sigue usando el nombre y el título de princesa gracias a su segundo marido, el príncipe alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein Berlenurg, del que se ha separado en 2005, un año después de conocer al rey Juan Carlos. El príncipe Casimir fue consciente de que su esposa tenía una relación con el jefe del Estado español antes de separarse, y lo celebró como «una bendición», según contó el diplomático Ramón Gandarias, embajador en Colombia entre 2014 y 2016, a José Bono, exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, en una conversación privada. Gandarias confundía el origen del príncipe y lo situaba en Rusia, como a ella, que en realidad era alemana de origen danés, pero confesó haber brindado con su anterior cónyuge por iniciativa de este tras enterarse de que Corinna comenzaba una relación con Juan Carlos. Así lo narra Bono en la tercera entrega de su libro de memorias Se levanta la sesión: ¿Quién manda de verdad?: «[Gandarias] me cuenta que “el rey va con una señora de origen ruso cuyo marido se llama Casimir y que está exultante por habérsela quitado de encima”».

Otro ex alto cargo del Gobierno de Zapatero confirma que casi todo el mundo en el entorno real sabía de la relación y callaba: «Unos antes, otros después, fuimos conociendo quién era Corinna Larsen y qué papel ocupaba, muy diferente que el del resto de mujeres que han pasado por la vida, y la cama, de Juan Carlos I: ellos dos eran amantes, pero además, eran socios; eran una empresa en la que él ponía una agenda inalcanzable para el común de los mortales y ella un conocimiento exhaustivo del mundo financiero, económico, empresarial, de la diplomacia económica. Una mujer listísima, una conseguidora y una intermediaria sin barreras de poder, con contactos al máximo nivel. Estoy seguro de que hizo negocios con el emérito e hizo negocios en nombre del emérito sin que este supiera nada. Al menos, me consta que lo intentó».

Al poco de tomar posesión de su cargo en 2009, el director del Centro Nacional de Inteligencia y anterior jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, empezó a reconocer en ámbitos muy reducidos su inquietud por esta amistad «muy poco discreta» entre el rey y Larsen, que, además de ser poco velada, se estaba complicando con un intrincado intercambio de intereses personales, empresariales y estratégicos «no siempre adecuados». Sanz acababa de llegar al CNI, pero conocía perfectamente los movimientos del rey, a quien le une también una estrecha amistad desde su etapa como JEMAD, y su lealtad a la Corona y al Estado es inquebrantable. De hecho, fue Juan Carlos quien, cuando el PP ganó las elecciones de 2011, pidió a Rajoy que mantuviese al general amigo al frente de los servicios de inteligencia, como así hizo el gallego.

Larsen también trabaja sola

Los intereses privados del rey y de Corinna, juntos o cada uno por separado, se mezclaron peligrosamente desde que iniciaron su relación. Es conocida, gracias a las incontables grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, por ejemplo, la gestión del terreno de Marrakech que Larsen sostiene que el rey Mohamed VI de Marruecos regaló a Juan Carlos I para que construyese allí su casa, en una zona muy exclusiva donde recalan ricos y famosos internacionales, para que no tuviese que alojarse en las del monarca marroquí o en hoteles, aunque fueran de un lujo supremo.

Mohamed VI dijo al rey español, en uno de sus viajes al país vecino en 2013, cuando acudió acompañado por una amplia delegación de antiguos políticos de UCD, PP y PSOE, además de cinco ministros de entonces: «Escoge una parcela, en la mejor zona de Marrakech, yo te la regalo, y haz allí tu casa». Lo cuenta uno de los hombres más cercanos al Borbón para explicar, según le confesó el propio monarca, cómo Larsen hacía y deshacía a su antojo en esa época y en todo lo que hacía referencia a los regalos, donaciones o presuntas comisiones del emérito. En cuanto este contó a Corinna lo que le había ofrecido el rey de Marruecos —⁠«mi hermano» tal como lo designa⁠—, ella, «ni corta ni perezosa», se puso en contacto con el gabinete del alauí y pidió que le enseñaran la urbanización de lujo para elegir el terreno donde construir la casa. Se plantó allí y, sin dudarlo un momento, puso la parcela a su nombre. «No iban a construir una casa, el rey no quería, pero ella vio el negocio y se presentó como hacía habitualmente, de asistente, de gestora, incluso de novia del rey. Por supuesto, ningún empleado del monarca de Marruecos osó cuestionar nada, la veían habitualmente al lado del “hermano” real de España y eso bastaba para neutralizar toda sospecha».

El terreno de Marrakech tenía 45 000 metros cuadrados y estaba valorado entonces en 1,8 millones de euros, según El Español. Hoy sigue a nombre de Larsen, y su compra forma parte de una investigación en Suiza por blanqueo de capitales. Ante estas circunstancias, Mohamed VI no quiere saber nada ni de la parcela ni de la amante del Borbón.

Bono recuerda, asimismo, en el citado libro autobiográfico, que neutralizó un intento de Larsen de organizar un acto para recaudar fondos en el Palacio Real, a través de una empresa, que había de estar presidido por el rey. No fue el único evento previsto, pues volvió a intentarlo varias veces a través de la fundación Laureus, la filial española de la internacional y prestigiosa Laureus Sport for Good. El exministro de Defensa asegura que «consiguió celebrar dos saraos de este tipo en Barcelona».

Una cuestión que es crucial resolver es si Corinna utilizaba habitualmente al rey. Otro alto cargo de Zapatero resuelve esta incógnita de este modo: «Se utilizaban mutuamente, para ser justos; ella es un lince y le abrió a él los ojos a las muchas posibilidades de negocio de su posición; incluso ayudó a la familia, a Urdangarin, sin ir más lejos, que hacía lo que veía en la Casa y acabó como acabó… Pero en parejas como la de Corinna y Juan Carlos siempre hay una parte que da más, y el que estaba colado hasta las trancas era Juan Carlos I».

Los amigos a los que el rey emérito ha continuado llamando desde su exilio en Abu Dabi y que le han mantenido su lealtad son pocos, y mayoritariamente hombres. Uno de ellos, en conversación para este libro, quiere mostrarse «realista»: «El rey sabe perfectamente que Corinna era lo que se dice “el último tren” y se enganchó a ella completamente fascinado, dispuesto a acabar sus días juntos».

Incluso el teniente general Félix Sanz Roldán reconoce sin titubeos en su círculo más privado hasta dónde llegó la relación del emérito y la alemana: «Corinna estuvo a punto de ser reina de España». Solo de pensar que una mujer intermediadora, una comisionista experta en negocios, pudiera llegar a ser reina o mujer del exrey, en caso de que abdicase por ella, hacía que les temblasen las piernas, y que el temblor se extendiera por todo el cuerpo, a los monárquicos, juancarlistas y políticos conocedores de su relación extramatrimonial.

Un romance así, que podía llegar hasta el final, mezclado con oscuros negocios al máximo nivel, era muy peligroso para el Estado. Lo sabía Zapatero y lo supo Rajoy, aunque el expresidente del PP tratara de quitarse de encima el problema, al menos cuando estaba de líder de la oposición al Gobierno del PSOE. «Yo no quiero saber nada de ese asunto», repetía sacudiendo las manos, en un intento de no tener ninguna implicación en la vida sentimental del Borbón. No obstante, las fuentes consultadas de los gobiernos socialista y popular señalan que Rajoy lo supo antes que Zapatero, y fue él mismo quien se lo contó a este último en una de sus reuniones en la Moncloa, evitando de este modo implicarse y trasladando al Ejecutivo socialista toda la responsabilidad para neutralizar un tema tan difícil.

Cuando Rajoy llegó a la Moncloa en 2011, en cambio, su actitud fue diferente, pues hizo lo que recomendaban su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y sus ministros de confianza, José Manuel García-Margallo y Jorge Fernández Díaz, sobre todo. Es decir, acabar con la relación entre Larsen y el rey, que comprometía a todos y que podía ser la fuente de mucho perjuicio, tanto para el Gobierno y para el partido como para el país. «Se había convertido en una cuestión de Estado, como si tuviéramos pocos problemas entonces», se lamentan en el entorno de Rajoy.

El expresidente del Gobierno fue muy directo en uno de sus despachos en la Zarzuela con Juan Carlos de Borbón. «Tienes que cortar con Corinna Larsen», le indicó. La respuesta que obtuvo fue diáfana: «No, no lo haré. Puedes pedir mi abdicación, si quieres, pero no voy a cortar con ella».

Rajoy no encajó muy bien la negativa del rey, asegura un miembro de su equipo más cercano, pero tampoco estuvo dispuesto a levantar ninguna polémica. Calló, tragó, consintió y cuando le avisaron en 2012 de que Juan Carlos I se encontraba en una carísima cacería en Botsuana, junto a su amante Corinna Larsen, indiferente a la crisis que estaba devastando en aquel preciso momento la economía de los españoles, supo que empezaban los problemas de verdad para la Casa Real y, en consecuencia, para su Gobierno. Aquello no tenía marcha atrás, pero nadie podía echar en cara al presidente del PP que no hubiera intentado frenarlo cuando el asunto aún tenía solución.

La caída del rey en aquella cacería forzó su retorno de urgencia a España: la fractura que sufrió exigía el ingreso hospitalario. Esta salida del guion del monarca marcaba el inicio de la cuenta atrás que terminaría con el abandono del trono de la persona que había conducido la Transición, y significaría también el fin del juancarlismo. El proceso, sin embargo, debía ser blindado para que sus connotaciones de vodevil no hicieran temblar la institución. Era necesario añadir más armadura a la armadura ya existente.

Advertencia al Ibex-35

José Luis Rodríguez Zapatero, a diferencia de Mariano Rajoy, que tuvo que gestionar las crisis reales más graves, como la de la cacería de Botsuana y la posterior abdicación, había contado siempre con un buen muro de contención personificado en dos figuras clave de su mandato: Alfredo Pérez Rubalcaba y Félix Sanz Roldán. Este último también sería decisivo en la etapa de Rajoy en la Moncloa, tras continuar como director del CNI por petición expresa del rey Juan Carlos, como se ha señalado. Fueron ellos dos, afirman fuentes del Gabinete de Zapatero, quienes pusieron en alerta a todos los presidentes de las empresas del Ibex-35 sobre Corinna Larsen. La advertencia a los máximos responsables de las principales empresas españolas era clara: «Nadie debe hacer nada que ella sugiera sin informar previa y discretamente al Gobierno, para no comprometer a la institución de la Corona y, por ende, al Estado».

La armadura del rey intentaba reforzarse ante lo que era, sin lugar a duda, un fuego amigo: el del mismo rey haciéndose un gol en propia puerta. Y esta protección se realizó con toda la delicadeza posible, además. El equipo de Zapatero se esforzó al máximo por tratar de minimizar los daños y abordó la relación entre Corinna y el rey sin tratar al jefe del Estado como «un pelele sin voluntad». Consiguieron frenar los intentos de hacer negocios y de intermediación por parte de Larsen con varias empresas, que, alertadas por el Ejecutivo socialista, dieron largas a la amante del rey e incluso al propio monarca, advirtiéndole de lo arriesgado o inapropiado de algunos planes con la máxima sutileza. «Es el rey, pero también es el país, sus instituciones…», insistían en despachos muy privados.

Las personas consultadas, que se hallan en el nivel más alto del Estado, coinciden en señalar un antes y un después en la vida del rey con la llegada de Corinna Larsen a su vida, en 2004, justo cuando arrancaba el segundo Gobierno del PSOE, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, cuando Juan Carlos I «entró en barrena» definitivamente fue en 2007, una vez consumado el divorcio de su hija mayor, la infanta Elena, de Jaime de Marichalar. Este hecho queda subrayado desde el equipo más cercano de Zapatero y lo confirman desde el de su sucesor en la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy: el impacto que sufrió el Borbón a raíz de la separación de «su ojito derecho», su primogénita, fue enorme, y como consecuencia se agudizaron sus actuaciones.

Los frentes que tenía abiertos eran excesivos, con Elena, Cristina y Urdangarin, y con Corinna por el medio. La gestión de la jefatura del Estado por parte del Ejecutivo socialista y del equipo de la Casa Real se volvió un auténtico infierno hasta que se produjo la abdicación, y también durante su gestión.

La «obsesión» rusa

La intervención de Corinna Larsen en negocios estratégicos para ella y para el emérito constituyó un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuentan desde su antiguo gabinete que llegó un momento en que los intereses del emérito y los de la comisionista alemana iban juntos. «Era él quien llevaba la voz cantante, quien pedía esto y lo otro, pero era ella la que marcaba los objetivos», comenta un ministro de la segunda etapa de Gobierno socialista, la que va de 2008 a 2011.

El jefe de Estado y su amante ponían incluso en peligro relaciones bilaterales de España con países que la diplomacia española había de tratar con más delicadeza, como por ejemplo Rusia. Y eso era así por la facilidad de movimiento de Larsen en los mercados árabes y ruso, que había aumentado con su incorporación a la agenda del Borbón. Varios ministros y altos cargos del Gobierno de Zapatero consultados por el diario Público en 2013, con el popular Rajoy ya al frente del Ejecutivo, confirmaron la «presencia activa» de Corinna zu Sayn-Wittgenstein al menos entre 2006 y 2011 como acompañante del rey y como conseguidora o intermediaria de negocios, en teoría, beneficiosos para la economía española. Este éxito era precisamente el gran argumento del juancarlismo para justificar la intervención del monarca como gran embajador de la llamada Marca España.

Existe una duda muy razonable sobre el hecho de que este tipo de «trabajos» de la Corona, con la asistencia de la pareja extramatrimonial del rey, se hicieran en interés del país. Esta idea chocaría con actuaciones muy polémicas que ahora adquieren especial dimensión. Por ejemplo, con la aparición en escena, a finales de 2020, del generoso «donante» real Allen de Jesús Sanginés-Krause. El millonario financiero mexicano, con nacionalidad británica, habría regalado al emérito importantes cantidades de dinero que sirvieron a parte de la familia Borbón, incluida la reina Sofía, para pagar las facturas que generaba su elevado tren de vida, en absoluto acorde con el salario establecido para la Familia Real en el presupuesto público.

Sanginés-Krause era un viejo conocido del monarca, y también de Corinna Larsen, según se pudo saber a través de los medios de comunicación a finales de 2020 cuando su nombre apareció vinculado a las «tarjetas black», opacas a Hacienda, que el emérito repartió entre su familia para gastarse las donaciones del amigo mexicano. Fotos de la alemana con Allen, lujosos actos del mexicano en Irlanda, donde posee un suntuoso castillo y a los que asistieron Marta Gayá y Juan Carlos, son el testimonio explícito de una estrecha amistad hasta ahora desconocida. ¿Era el multimillonario un generoso mantenedor de monarquías o un socio, un testaferro, del jefe del Estado?

Las dudas surgen cuando Sanginés-Krause aparece vinculado a la operación, presuntamente estratégica, para la Marca España, que alentó el rey Juan Carlos y que encendió todas las alarmas de Zapatero y su equipo: la compra del 30 por ciento del accionariado de Repsol por parte de los gigantes rusos Lukoil y Gazprom. «Lo del rey con la entrada de Rusia en el mercado energético español era una obsesión», confirmaron en 2013 a Público las fuentes consultadas. Detrás del rey, sin embargo, quienes llevaban entonces la iniciativa eran Corinna Larsen y su amigo Allen de Jesús Sanginés-Krause, «representante del grupo ruso Lukoil en el asalto a Repsol en 2008», según relató El Mundo. El generoso financiero pasó desapercibido entonces para los medios de comunicación y el Gobierno, según afirman con toda rotundidad hoy sus responsables, hasta que en 2020 se destapó el escándalo de las tarjetas ocultas al fisco en manos de la familia Borbón y Grecia, alimentadas con dinero de la fortuna del mexicano.

El Gobierno empezó oponiéndose a la operación de Lukoil, pero ante la presión del rey Juan Carlos, que llamó al presidente Zapatero insistentemente para que esta compra saliera adelante, prefirió optar por una respuesta ambigua: lo dejaba todo en manos de las empresas española y rusa. El malestar en la Moncloa, sin embargo, era evidente. Ante el desaforado interés real, desde Presidencia se pidió a los ministros que mantuviesen un «perfil bajo», que pasaba por no apoyar explícitamente la operación, pero sin oponerse. El secretario general de la Presidencia, el diplomático Bernardino León, fue el encargado de seguir los movimientos de cada uno, y de una en particular, en aquella operación.

Se acudía a las reglas del libre mercado para justificar la posición del jefe del Estado, pese al respeto temeroso que infundía en el Ejecutivo la entrada de Rusia en el mercado energético español. «Realmente, aquella compra tenía tan pocas ventajas que, en nuestra negativa, contamos incluso con el apoyo de Rajoy [entonces líder de la oposición] y de la Unión Europea; era un auténtico disparate», confirman fuentes de Presidencia de entonces. Estaba muy lejos, añaden, de beneficiar al interés general de España y «demasiado cerca de los intereses privados» del rey, su amante y el presunto benefactor real, que resultó que formaba un «triángulo» de intereses con Larsen y Juan Carlos. Así, de nuevo El Mundo, en una información firmada por el periodista Carlos Segovia sobre Allen de Jesús Sanginés-Krause, recuerda que «otra operación a gran escala en la que intervino el mismo triángulo de personajes fue el extraño fondo hispano-saudí montado en 2006. Teóricamente iba a promover inversiones en ambos países e iba a estar dotado con unos 1500 millones de euros, de los cuales el grueso sería aportado por fondos soberanos saudíes y el resto por las principales empresas del Ibex. “Allen Sanginés vino a verme para que participara en ese fondo, en el que yo ya sabía que también Corinna estaba detrás de él con respaldo del Rey”, asegura a este diario el expresidente de una de las empresas del Ibex participantes. Terminó en fiasco en 2010 con pérdidas para las empresas aportantes».

En la operación de Lukoil, hubo quien desde el Gobierno socialista señaló a Luis del Rivero como detonante del embrollo con la energética rusa, pues ejercía como presidente de Sacyr-Vallehermoso en 2008 y había dado a conocer públicamente su deseo de vender su parte en Repsol. Del Rivero lo negó categóricamente, dejando al margen que la operación le convenía. También rechazó esta hipótesis Antonio Brufau, presidente de Repsol: «Miren más arriba» para dar con los interesados, advirtieron entonces en su entorno. Y para presionar más al Gobierno de Zapatero, la Casa Real confirmó en esos días de negociaciones entre la empresa rusa y la española una llamada a la Zarzuela de Vladimir Putin, en la que pedía a su «amigo» Juan Carlos de Borbón que esa operación saliese adelante. Fue el propio Kremlin el que filtró la llamada al rey para poner bajo presión a Zapatero.

La operación Lukoil no cogió por sorpresa al Gobierno socialista, pues era bien conocida la insistencia de los rusos por maniobrar en el sector en España, y la insistencia del jefe del Estado para que lo consiguieran venía de lejos. El monopolio ruso Gazprom había intentado hacerse con el 20 por ciento de Repsol, según informó el propio vicepresidente de la Federación de Rusia durante una visita a España en noviembre de 2008.

Tras los dos intentos de los gigantes energéticos rusos para entrar en el accionariado de Repsol, las relaciones con Rusia quedaron tocadas, tanto por la resistencia del presidente del Gobierno como por la de la propia compañía española. El rey estaba molesto por la falta de apoyo de Zapatero, que había puesto obstáculos, además, al negocio de Corinna Larsen.

Para compensar tanta decepción, la Moncloa se esmeró entonces en organizar una «cumbre energética», tal como se denominó, con todas las partes implicadas reunidas en Madrid en marzo de 2009, apenas cuatro meses después de la polémica con Lukoil. Allí estuvieron el entonces presidente ruso Dmitri Medvédev con sus empresas y Zapatero con las suyas para firmar un memorándum de colaboración energética entre la Federación de Rusia y el Gobierno de España, que incluía un par de acuerdos a «futuro próximo» entre las españolas Gas Natural e Iberdrola y las rusas Gazprom e Inter Rao, respectivamente. Los pactos que se suscribieron no se materializaron, se evaporaron en cuanto se firmaron.

El poder público y empresarial hispano-ruso concentrado en la Moncloa ese día fue del agrado del rey y de gran provecho para la alemana, según alguno de los protagonistas del encuentro, aunque nadie quiere entrar a concretar los negocios posteriores de Larsen con los rusos, «porque no afectan a los intereses de España».

«Los cuernos de Sofía»

La cena de ese día de 2012 en La Angorrilla, previa a la cacería de Botsuana, se desarrolla con la confianza de los viejos conocidos, invitados y anfitriones: los primeros, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Rajoy, José Manuel García-Margallo, y los exministros de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos y José Montilla. Los han recibido y agasajado espléndidamente, como siempre, el rey Juan Carlos y su novia, Corinna Larsen, que va y viene a la residencia del jefe de Estado en esta dependencia situada en los dominios reales de El Pardo, donde convive con él. Hablan de todo, pero nadie pregunta ni se pregunta por la reina Sofía, que conoce perfectamente tanto el romance de su marido y rey con la alemana como que esta reside en El Pardo, en el antiguo pabellón de caza restaurado antes de Corinna por orden de Juan Carlos I. Lo tiene para disfrutar, lejos de la Zarzuela, de su independencia, fuera de la mirada de los funcionarios de la Casa Real y de su familia.

La reina Sofía, efectivamente, estuvo al tanto casi desde el principio de las infidelidades de su marido. Periodistas como Pilar Eyre sostienen que desde 1968 los reyes estaban separados y solo ejercían como matrimonio profesional para la Corona. La mayoría, no obstante, ha declarado siempre que Sofía sufría con las aventuras extramatrimoniales del rey, que se convirtieron en una rutina que siempre sobrevolaba en el seno familiar. La prensa, por su parte, miraba hacia otro lado. «La reina Sofía es una profesional», se admiraban a su alrededor. Una frase como esta, sin embargo, equivalía a decir: «Ahí la tienes, aguantando las infidelidades del rey, siempre con una sonrisa y cumpliendo estrictamente con sus funciones: acompañarlo y ejercer de embajadora de labores benéficas». Era el murmullo presente cuando ella saludaba y asistía a los actos, efectivamente, muy risueña y sin apenas hablar.

La armadura del rey lo protegía también de sus actuaciones con el sexo opuesto, demasiadas veces cargadas de comportamientos machistas. Una antigua alto cargo del Estado que prefiere no decir su nombre cuenta que el monarca «podía resultar hasta grosero» en actos institucionales. «No había medida y había que callar ante presuntos piropos subidos de tono, que te decía al oído al lado de la reina y de quien fuera. Era muy violento todo, terrible…», recuerda muy seria.

En pleno siglo XXI resulta incomprensible justificar el silencio de la reina Sofía y de sus hijas e hijo, a pesar del dolor que soportaban, sostiene uno de los incondicionales del emérito. «No creo que me equivoque al señalar que buena parte de la dura actitud de Felipe VI con su padre viene condicionada por la falta de respeto que siempre demostró con su madre; son reyes primero, pero son personas siempre».

El verdadero sentimiento de quienes elogiaban y blindaban el papel del rey y de su esposa desde las instituciones se vio reflejado, por ejemplo, durante la proclamación de Felipe VI, hasta entonces príncipe de Asturias y heredero al trono el 19 de junio de 2014, diecisiete días después de que se hiciera pública la abdicación de Juan Carlos I.

El acto solemne se realizó ante las Cortes Generales en una sesión conjunta del Congreso y el Senado. Cuando el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, elogió a la reina Sofía, que asistía emocionada a la proclamación de su hijo como nuevo rey de España desde la tribuna de invitados del Congreso, todo el hemiciclo se puso en pie y una larga ovación apoyó las palabras de Posada. Diputados, senadoras, el rey Juan Carlos, los presidentes autonómicos, alcaldes, todos aplaudiendo al unísono con una entrega que la prensa se esmeró en recoger como «homenaje», «agradecimiento», «premio» a un reinado de consorte durante cuarenta años cargado de desplantes del rey, la complicidad silenciosa de los medios de comunicación durante décadas y el blindaje de las instituciones.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, se giró hacia sus compañeros en la tribuna de invitados mientras aplaudía y les dijo: «Estamos aplaudiendo los cuernos de Sofía».

En el pensamiento de todos los asistentes se encontraba Corinna Larsen, y también las demás amantes, las conocidas y las desconocidas. El noviazgo había terminado en enero de 2014, pero los peores escándalos para la monarquía y el Estado, armado en 1978 en torno a la Corona como columna vertebral, aguardaban agazapados en paraísos fiscales, fundaciones, grabaciones del excomisario preso José Manuel Villarejo e inexplicables tarjetas black.

Todo era tan excesivo que la armadura de Juan Carlos reventó por todas las costuras.

6
DOS REYES Y UNA LEGISLACIÓN PROTECTORA

«Yo me muero de rey en la cama, con la corona puesta».

JUAN CARLOS DE BORBÓN,

rey de España

El 6 de enero de 2014, el rey Juan Carlos reaparece en un acto oficial después de su enésima operación. Semanas antes le habían colocado una prótesis en la cadera. El monarca decide acortar los plazos marcados por su médico y fija el día de Reyes para demostrar que conserva la energía suficiente para continuar al frente de la Corona. Han sido unos meses complicados, tras toda una serie de escándalos que han saltado a la luz pública, relacionados con Botsuana, Corinna o el caso Nóos.

La fecha señalada, el día de la Pascua Militar, no es casual, se celebra un acto de primera magnitud que cuenta con la presencia de las más altas instituciones del Estado: el presidente del Gobierno, ministros del Ejecutivo y la cúpula de los tres ejércitos. Un acontecimiento con toda la pompa oficial que será retransmitido en directo por televisión. Tan solo unos días antes, en el tradicional mensaje navideño, el rey ha manifestado que se ve con fuerzas para seguir ejerciendo el papel que le otorga la Constitución.

La mañana es fría en Madrid. Es sábado y festivo en toda España, pero el acto ha despertado una gran expectación, y se presenta como un termómetro del futuro de la institución después de muchos meses de rumores sobre una posible abdicación y de dudas sobre el estado de salud de Juan Carlos. La primera imagen en el patio de armas del Palacio Real confirma los peores augurios para el monarca. Vestido con el uniforme del Ejército de Tierra, se mueve lento y torpe, demuestra enormes dificultades y recurre a dos muletas para mantener el equilibrio. Camina errático y le siguen por detrás con rostro serio su hijo Felipe, la princesa Letizia y la reina Sofía. Sin embargo, lo peor está aún por llegar.

Los ilustres invitados esperan en el Salón del Trono, el lugar más solemne de todo el recinto. Llega el momento central del acto, el discurso oficial del monarca. Acaba siendo un desastre absoluto. Juan Carlos balbucea, parece que se ahoga, le falta la respiración, hace pausas largas para coger aire, resopla, elabora frases desordenadas y algunas no tienen sentido. Afirma entre dudas que «en los destinos donde han estado destinados… esa es la grandeza de la familia», en lugar de «esa es la grandeza de la milicia». Cuesta seguir el hilo de la intervención. La tensión se apodera de la concurrencia, los mandos militares no saben dónde fijar la mirada y siguen su intervención con las cabezas agachadas y gestos incómodos deseando que termine, puesto que están viendo sufrir a su jefe supremo. El entonces director de comunicación de la Casa Real, Javier Ayuso, reconocerá después que creía que «me iba a dar una lipotimia, pensaba que no acababa», según recoge el podcast XRey. Pero finalmente el rey consigue concluir, después de seis minutos que se han hecho eternos. Ni el habitual «¡Viva España!» del final sirve para tapar el silencio nervioso que se ha instalado entre los presentes.

En la Zarzuela los ánimos están alterados, pues nadie duda de que la reaparición del rey ha acabado siendo un fracaso. Los miembros de su equipo se mueven con rapidez y buscan argumentos peregrinos para justificar el naufragio. «El atril no estaba bien iluminado, le hacía sombra en los papeles y no veía con claridad», explican como justificación a los periodistas, que aún siguen impactados por la escena que se ha vivido en palacio. Las razones de fondo son bastante más sencillas: Juan Carlos ha dormido poco esa noche, ha vuelto unas horas antes de Londres, donde ha celebrado su septuagésimo sexto cumpleaños. Ha sido una larga jornada de diversión al lado de su amante Corinna, que después del accidentado viaje de Botsuana ya hace meses que no pisa territorio español. Una vez más, ha hecho lo que ha querido y cuando ha querido sin calcular las consecuencias de sus actos. Obviando la importancia del discurso de su reaparición, se ha regalado el capricho de irse de fiesta justo el día anterior. Es un pequeño detalle que desconocen los invitados a la Pascua Militar, que después de los discursos oficiales rematan la celebración con la segunda parte del acto, el tradicional vino español que sirve para comentar la actualidad entre aperitivos selectos. Es el momento de los llamados «corrillos», las conversaciones informales entre los asistentes, y en ellos no se habla de otra cosa. Los titubeos de Juan Carlos son la comidilla en los salones del Palacio Real. Los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy intentan quitar hierro al asunto, aunque son conscientes de que lo que ha sucedido puede marcar los acontecimientos de los próximos meses.

Ha sido un día negro para Juan Carlos de Borbón. Si quería acallar todos los rumores sobre su abdicación, no ha hecho más que acrecentarlos. Ha puesto la primera piedra para convertirse en futuro rey emérito, aunque ya hace tiempo que esta idea ronda por la cabeza de los que le rodean.

La abdicación

El papa Benedicto XVI está a punto de abandonar Madrid después de su visita oficial a España, en agosto de 2011. Los reyes y los representantes de las altas instituciones se reúnen en el Pabellón de Estado del aeropuerto de Barajas para despedir al pontífice antes de tomar el avión de regreso a Roma. Son unos minutos de espera. Juan Carlos, apoyado en su muleta, busca la complicidad de una de las autoridades españolas presentes. Mirando hacia la reina y a parte del equipo de la Zarzuela, deja en el aire un comentario que solo puede escuchar la persona que tiene a su lado: «Estos me insisten, me hablan de la abdicación. ¿Tú qué piensas?». Su interlocutor no sabe cómo salir del paso: «Señor, si usted está en condiciones de seguir…». La respuesta refuerza la posición del monarca, que le contesta: «Es lo que digo yo. Me muero de rey en la cama».

Esa era su intención, y la conversación demuestra que Juan Carlos aún veía lejos el relevo. Quería morir con la corona puesta, era evidente, pero se equivocaba. En otoño de 2012, el entonces todopoderoso jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, es la primera persona en ser consciente de las nuevas intenciones del monarca.

«Una mañana me llama al despacho y me dice que está pensando que cuando cumpla setenta y seis años, para el año 2014, quiere abdicar», se documenta en el podcast XRey. Los fontaneros de la Zarzuela, de manera secreta, empiezan a trabajar en una cuestión inédita en democracia y que plantea muchas incógnitas. Sobre todo, no saben si la decisión de Juan Carlos es firme o si se trata más bien de un globo sonda, porque anímicamente está pasando por un mal momento. El rey habla con amigos, con personas de su más absoluta confianza, y les expresa las dudas sobre la continuidad al frente de la jefatura del Estado. Uno de sus confidentes es Felipe González, que siempre se ha mantenido a su lado. El expresidente español es una de las voces que le advierten de que la Corona está en peligro y es el momento de abrir el proceso de sucesión. El monarca pide discreción absoluta, pero es inevitable que la filtración acabe llegando a la prensa. En todas las comparecencias públicas del monarca de 2013 sobrevuela el fantasma de la abdicación, y el rey da la orden de desmentir todo por completo, hay que esforzarse para poner punto final a los rumores. Juan Carlos se aferra al trono, a pesar de los continuos escándalos que afectan a su familia y a su deteriorada imagen pública. Pero todo se derrumba en la Pascua Militar de 2014. Las fuertes críticas que recibe tras su bochornoso discurso le hacen ver que está solo, y le duele constatar que nadie sale en su defensa.

A finales de enero traslada a su hijo, el príncipe de Asturias, que lanza la toalla. La decisión está tomada: va a «cederle el trono». Ahora sí, reclama a Spottorno poner en marcha la sucesión, ya no hay marcha atrás. Es un proceso sin precedentes que abre muchos interrogantes jurídicos y que se debe realizar con absoluta discreción para evitar que se abra un debate público sobre la monarquía. Dentro del Palacio de la Zarzuela son muy pocas las personas que saben lo que se está cociendo, y al mismo tiempo la operación requiere la complicidad desde el exterior. Al rescate de la institución saldrán el PP y el PSOE, los partidos que se han alternado en el Gobierno de España. Las dos formaciones jugarán un papel clave a la hora de blindar la Corona y garantizar la supervivencia del sistema heredado de la Transición.

Los escuderos del rey

El primer paso lo da el monarca el 31 de marzo de 2014, justo después del funeral de Estado por el expresidente español Adolfo Suárez. En un momento determinado, Juan Carlos se acerca a Mariano Rajoy, aprovechando que nadie les está escuchando. «Nos vemos esta tarde en la Zarzuela», le avisa, casi susurrando.

El entonces jefe del Ejecutivo asume que aquel despacho no va a ser rutinario y que será con toda certeza una reunión diferente de las que mantienen semanalmente para repasar las cuestiones del día a día. El Borbón le comunica lo que desde hace tiempo es un runrún cada vez más extendido. El anuncio no sorprende a Rajoy, que recibe el encargo de preparar el armazón jurídico de una abdicación que tiene demasiados aspectos abiertos, como los de la seguridad o el protocolo, pero sin duda el que más preocupa es el legislativo. Es una evidencia que no hay que dejar cabos sueltos en la protección del rey saliente.

No han pasado ni veinticuatro horas desde la reunión en la Zarzuela y Rajoy ya cita a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pues ha decidido que será ella, como abogada del Estado, una de las cabezas pensantes en todo el proceso. Otra figura dentro del Gobierno tendrá un papel relevante en la construcción del andamiaje legal: Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia, persona de la plena confianza de Sáenz de Santamaría. Ellos dos, desde la sala de máquinas de la Moncloa, asumen la misión de dar forma a un proceso que se va a ejecutar con toda la prudencia y que culminará con la elaboración de una ley orgánica lo más sencilla posible. La nueva armadura de Juan Carlos.

Durante esos días de la primavera de 2014 son habituales las llamadas del rey a Rajoy, pues el monarca está impaciente y no quiere que nada quede en manos de la improvisación. No respeta la Semana Santa y decide llamar a la vicepresidenta española, que está pasando unos días de descanso en Roma, pero cuando Sáenz de Santamaría ve la llamada de Juan Carlos, acepta que el monarca no tenga en cuenta los días festivos y menos en relación con el tema que se traen entre manos. La «número dos» del Gobierno habla con Juan Carlos I bajo una tromba de agua desde las escalinatas de la Piazza de Spagna. Los turistas que deambulan por uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad Eterna son ajenos a la trascendencia de la conversación. Con el teléfono móvil en una mano y con un paraguas en la otra, tranquiliza al monarca. Todo va como estaba previsto y la sucesión se podrá hacer en pocas semanas. Esta escena la recoge el propio Mariano Rajoy en su libro Una España mejor.

Las personas implicadas en la abdicación hace días que trabajan con total secretismo. Spottorno, Ayuso, Sáenz de Santamaría y Pérez Renovales se ven prácticamente de manera clandestina, y las reuniones entre los equipos de confianza del rey y de Mariano Rajoy se hacen cuando no queda nadie en las dependencias de la Zarzuela, aprovechando que ya se han ido todos los trabajadores de la casa. Los protocolos de funcionamiento siempre son los mismos: documento que se imprime, documento que acaba después en la máquina trituradora de papeles, una vez ha sido estudiado por todos los negociadores. No se deja ningún archivo en los ordenadores de uso común, pues son conscientes de que cualquier descuido puede provocar el descarrilamiento del plan.

La pata del Gobierno del Partido Popular está controlada, y ahora solo falta atarlo todo con el PSOE, el partido que nunca ha fallado a Juan Carlos pese a su alma republicana.

A principios de abril de 2014 el rey repite la operación de Rajoy, pero esta vez con el secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. El monarca confía plenamente en el veterano dirigente político. En un encuentro discreto en el Palacio de la Zarzuela tras una llamada el día anterior, valora todos los esfuerzos de su amigo para frustrar cualquier debate interno en el PSOE sobre el futuro de la monarquía, el último tan solo unos meses antes.

En noviembre de 2013, los socialistas habían celebrado su conferencia política y se presentaron varias enmiendas de apoyo a la República. El debate se alargó durante toda la noche en el marco de la comisión «Unión Europea y reformas políticas», en cuyo transcurso hubo una encendida discusión en la que algunos delegados defendieron que el partido no podía ser ajeno a la imagen deteriorada de la Casa del Rey y al creciente rechazo que estaba generando en la sociedad. Pero la dirección logró imponer su criterio y abortar el intento de algunos militantes de lanzar un toque de atención a la Corona. A la mañana siguiente, el diputado Nacho Sánchez Amor fue el encargado de defender las conclusiones ante el plenario, y afirmó con la boca pequeña: «Hoy por hoy no hay consenso alternativo a la monarquía con la suficiente entidad».

Fueron unas palabras que provocaron rumores iniciales que se convirtieron en silbidos y abucheos de una parte destacada del auditorio. El diputado intentó compensar las discrepancias con otra afirmación: «Reivindicamos nuestra tradición cultural y política republicana». Los aplausos finales sirvieron para tapar el ruido que había generado el debate. El documento definitivo del PSOE sobre la Corona concluyó con una fórmula que mantenía el statu quo: «Alterar el fundamento de nuestra convivencia política sería profundamente desestabilizador». Rubalcaba, una vez más, había mostrado su fidelidad a Juan Carlos, y por eso estaba sentado frente a él, en el despacho del Palacio de la Zarzuela.

El rey le traslada sin rodeos su decisión y le pide la implicación del PSOE en la abdicación. Para el monarca el apoyo del entonces principal partido de la oposición es incluso más importante que el del PP. La misión de Rubalcaba es controlar cualquier movimiento en las filas socialistas que ponga en duda la monarquía parlamentaria y silenciar las voces favorables a un nuevo modelo de Estado. Rubalcaba, siempre leal a la Corona, afronta el encargo, y lo hace reconociendo la dificultad del contexto: «No es el mejor momento, me viene fatal». Ha tomado la decisión de renunciar a presentarse a las primarias del partido ante un horizonte electoral sombrío y dejar paso a una nueva hornada de dirigentes. Pero no se fía de los nuevos, así que adaptará el calendario de cambios del PSOE a las peticiones de Juan Carlos. No habrá nueva dirección socialista hasta que la sucesión de la Corona esté bien cerrada, y este será su último gran servicio a la monarquía y a su amigo Juan Carlos. «Rubalcaba se portó de cine, se comprometió a resolverlo todo antes de irse», reconoció años después el entonces director de comunicación de la Zarzuela.

Ahora para el rey ya se ha puesto en marcha el reloj de la cuenta atrás. Es el tiempo de descuento de un monarca que no quiere abandonar su reinado sin antes despedirse de sus «hermanos» en el extranjero. El último viaje oficial como jefe del Estado será a los Emiratos Árabes y al Golfo, como demostración de la huella que la península Arábiga ha dejado en él. Le acompañan cuatro ministros del Gobierno del PP y una quincena de empresarios de las grandes compañías de la construcción y adjudicatarias de contratos públicos. Vuelan todos juntos en el Airbus A-310 del Ejército del Aire, el Air Force One español. Son todos caras muy conocidas del Ibex-35, y comparten confidencias, risas y alguna fotografía conjunta entre los amplios asientos de piel de color beige del avión. Desconocen por completo que ese es el último desplazamiento de Juan Carlos como rey de España, y tampoco saben que viaja de regreso con un regalo muy especial del sultán de Omán: un lujoso ático en Londres. De la modesta dádiva valorada en más de sesenta millones de euros no se enterarán hasta años después, pero de la abdicación, tan solo tendrán que esperar unas semanas para conocerla.

El relevo sigue como estaba previsto, y después de cerrar el acuerdo con los líderes de los principales partidos del Estado, solo falta poner la fecha. No hay que perder tiempo, y es por eso por lo que Juan Carlos I da la orden de hacerlo todo antes del verano. Está preocupado por la situación política en Cataluña, cada vez más convencido de que «será un otoño caliente y complicado». En septiembre, se prevé de nuevo una multitudinaria movilización coincidiendo con la Diada y el tricentenario de la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas, y, sobre todo, el 9 de noviembre está convocada una consulta sobre la independencia de Cataluña. Tiene claro que el cambio no se puede dilatar, pues el escenario político está demasiado alterado. Ahora mismo, Juan Carlos cuenta con el abrigo de los dos principales partidos, PP y PSOE, que suman más del 80 por ciento de los escaños del Congreso, y dejar pasar los meses puede ser arriesgado ante un escenario electoral incierto.

Además, cada vez son más las personas que conocen los planes del rey. Todos los expresidentes españoles han sido informados y en la Zarzuela temen que una indiscreción eche por tierra el secretismo de las últimas semanas. Llegan informaciones que generan nerviosismo en palacio, pues alguno de los expresidentes está hablando más de la cuenta. José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han comentado en su entorno más estrecho las intenciones del rey, y de nuevo los rumores llegan a oídos de algún periodista que está haciendo preguntas incómodas.

A más de uno le entran las prisas. Hay debate sobre la fecha y se plantea hacer el relevo antes de las elecciones europeas del 25 de mayo. «No es una buena idea», responden en la Moncloa. «Hacer el relevo a pocos días de la cita electoral puede convertir las urnas en un plebiscito sobre la monarquía, que a nadie interesa», explica un antiguo asesor de Rajoy. El anuncio, por tanto, tendrá que esperar hasta después de los comicios europeos.

Pocos podían pensar que aquella noche electoral de finales del mes de mayo acabaría condicionando todo. El resultado de las urnas es un desastre para el bipartidismo español que ha sustentado a la Corona. El PSOE y el PP no llegan al 49 por ciento de los votos, en contraste con la irrupción inesperada de Podemos, un partido de signo claramente republicano que consigue cinco eurodiputados. El discurso de su casi desconocido líder, Pablo Iglesias, provoca una indigestión en la monarquía, pues la acusa de estar «vinculada a la corrupción» y de ser «una cosa del pasado». Se avecina un cambio en el tablero político español.

En la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid todo son caras largas, intranquilidad y desasosiego ante el batacazo que se acaban de pegar. Pérez Rubalcaba es consciente de que tiene los días contados, pero su cabeza alberga otra preocupación. Desde su despacho de la cuarta planta descuelga el teléfono para hablar, esa misma noche, con el jefe de la Casa del Rey. Le expone el nuevo escenario y la situación delicada en la que ha quedado. El desplome de los socialistas obliga a Rubalcaba a presentar su dimisión al día siguiente, pero aún no se irá.

Convoca el congreso del PSOE para el mes de julio, y mientras tanto permanecerá al frente del partido para mover los hilos de la abdicación. Esa es la maniobra y el margen de tiempo que se han dado para hacerlo todo. Tienen que cerrar la fecha del relevo al frente de la jefatura del Estado sin demora. Esa semana, el rey cita en la Zarzuela a Rajoy y a Rubalcaba. Corona, PP y PSOE alrededor de la misma mesa.

No hay que darle demasiadas vueltas, porque todos están de acuerdo en efectuar el relevo de manera inmediata. El día señalado será el 2 de junio, pero el guion no está escrito. Primero es Mariano Rajoy quien, desde la Moncloa, anuncia la decisión, con unas palabras que se convierten en un panegírico de Juan Carlos, a quien califica como «el mejor portavoz del Reino de España», «principal impulsor de la democracia» y «baluarte cuando la vio amenazada», o como quien nos deja «una impagable deuda de gratitud».

Esa misma mañana, Juan Carlos comunica por teléfono la abdicación a representantes de grupos políticos y algunos dirigentes autonómicos, al president Artur Mas o al lehendakari Iñigo Urkullu. También habla personalmente con los responsables de los principales grupos de comunicación, demostrando que es importante contar con la complicidad de los medios en aquellos días trascendentales. Posteriormente, en un mensaje institucional, el rey explica la decisión: «Una nueva generación reclama el papel protagonista para afrontar con renovada intensidad los desafíos». No es como había imaginado y no morirá con la corona puesta, aunque siempre podrá presumir de haberse quedado a las puertas de los cuarenta años de reinado.

Por la tarde, el aún jefe del Estado tiene en la agenda una audiencia con el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Lo que en otras circunstancias sería un acto intrascendente, con un par de medios gráficos, se convierte en una reunión con multitud de periodistas concentrados en el Salón de Audiencias de la Zarzuela. El rey sonríe, pero no está exultante, y en la conversación con periodistas tampoco derrocha felicidad.

«Nunca os habéis interesado tanto por mí como hoy». La frase de Juan Carlos suena a reproche. Le preguntan si está triste. «¿Vosotros cómo me veis? Hay que contestar a la gallega». Así zanja el breve intercambio de palabras. La procesión va por dentro.

El primer paso ya se ha dado con el anuncio de la abdicación, en una operación que es todo un ejemplo de cómo se manejan los resortes del poder en España. Si Roma no paga traidores, el «sistema» sí premia a los fieles negociadores. Según documenta Alberto Lardies en su libro La democracia borbónica, Soraya Sáenz de Santamaría fichará años después como socia del prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas. Pérez Rubalcaba acabará en el Consejo Editorial de El País. El jefe de prensa de la Casa del Rey, Javier Ayuso, de exdirector de comunicación del BBVA pasará a la Zarzuela para llegar a ser adjunto a la dirección del diario del Grupo Prisa. Jaime Pérez Renovales, en aquel entonces subsecretario general de la Presidencia del Gobierno, dejará la Moncloa para convertirse en alto ejecutivo del Banco Santander.

Los muñidores de la abdicación habían hecho su trabajo. Solo faltaba que el relevo se hiciera de manera tranquila, sin sobresaltos. Lo que se ha pactado en reuniones secretas tiene que llevarse al Congreso. Rajoy y Rubalcaba se han comportado como nobles escuderos de la Corona. De los diputados del PP no hay ninguna duda. Nadie cuestionará el proceso ni la solución que se ha dado para que Juan Carlos mantenga su protección. Más inquietud genera el PSOE, un partido a la deriva después del revés electoral y pendiente de una nueva dirección. Lo que no saben las voces críticas socialistas es que el secretario general ya hace semanas que dio su palabra al rey. «Alfredo» no fallará.

La fidelidad del PSOE

El PSOE reúne a puerta cerrada a sus diputados y senadores un día antes de la votación en el Congreso de la ley que tiene que validar la abdicación. Toca hacer frente común y la vieja guardia socialista se mueve. Alfonso Guerra pide la palabra. Es el único parlamentario que mantiene el escaño desde la primera legislatura y sus intervenciones públicas cada vez son más aisladas, pero en esta ocasión quiere que sus palabras dejen huella. «No podemos ceder la bandera de la Constitución en manos del PP, los socialistas estuvimos en la raíz del pacto constitucional», advierte el histórico dirigente. Su discurso es una loa a la figura de Juan Carlos. Lo describe como «garante de la democracia durante la Transición» y destaca su actuación «en la intentona golpista del 23-F». Su apasionado discurso en defensa del statu quo provoca una atronadora ovación. Otro veterano socialista, Ramón Jáuregui, refuerza el discurso oficial con firmeza: «No vamos a cometer la irresponsabilidad de plantear la vía de la República por meros rumores».

Poco podía imaginar que estas habladurías acabarían en una investigación judicial y con el rey «expulsado» de la Zarzuela. Hasta treinta diputados solicitan turno para intervenir, una cifra nada habitual en este tipo de reuniones. Más que un debate, es un monólogo a favor de la monarquía. También levanta la mano un diputado al que algunos señalan como posible candidato a liderar el partido, Pedro Sánchez. Sabiendo que sus palabras serán observadas con lupa, no se aparta ni un milímetro de la estrategia de la dirección cuando sostiene que «votaré “sí” no por disciplina sino por convicción y coherencia». Algunos diputados piden libertad de voto, pero la respuesta de Rubalcaba es taxativa: «Yo no puedo autorizar esta opción». Punto final.

«A Alfredo era imposible negarle nada, tenía argumentos para todo», recuerda un veterano parlamentario del PSOE. «Hubo más ruido que nueces», considera años después otro diputado socialista presente en la reunión. «Si en los peores momentos del caso Nóos, con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, no hicimos mucha sangre, en un traspaso de corona menos aún».

Veinticuatro horas después del cónclave socialista se materializa el acuerdo del PP y el PSOE para blindar la abdicación. La ley sale adelante con el apoyo de los dos partidos, más del 85 por ciento de la cámara. Como habían pactado sus «cocineros», una norma sencilla, de un solo artículo para evitar complejidades jurídicas.

Con todo, la ejecutiva socialista demuestra que no está para bromas. Durante la votación nominal que se realiza en el Congreso, la diputada del PSC Isabel López Chamosa, en el momento de comunicar su voto sobre el relevo de Juan Carlos, añade una coletilla: «Que se jubile». La frase se escucha en todo el hemiciclo y no gusta entre los capitostes socialistas. «Me abrieron un expediente porque decían que me había desmarcado de la consigna del partido, cuando realmente yo había votado que sí —⁠recuerda ahora la diputada, alejada ya de la política⁠—. Hubo un intercambio de cartas con la dirección del grupo, y yo les decía que no tenía ningún sentido todo el debate que estaba generando mi frase, en el fondo era una chorrada». Es quizás una anécdota, pero pone de relieve hasta qué punto no se puede jugar con la monarquía.

Lo sabe también Odón Elorza, exalcalde de Donostia y diputado socialista en el Congreso desde 2012: «Yo tenía claro que el proceso en el relevo al frente de la Corona no fue transparente. No se hizo autocrítica, todo fueron loas cuando realmente existían muchas dudas». Por eso rompió la disciplina del grupo y no votó favorablemente a la ley de abdicación. También le abrieron expediente con una amenaza de multa de seiscientos euros.

«Recibí muchas críticas internas, me cayeron rapapolvos. Había presiones para que dejara el acta de diputado, para que no repitiera en las listas del PSOE cuando acabara la legislatura», lamenta con amargura, aunque públicamente se niega a señalar con nombre y apellidos a ninguno de sus compañeros. Las cosas no han cambiado con el paso de los años.

En julio de 2020, en plena polémica sobre las corruptelas de Juan Carlos, Elorza decide presentar una proposición de ley para que todos los miembros de la Familia Real efectúen una declaración de bienes y derechos patrimoniales cada año. En resumen, pide la transparencia total. «Me tumbaron la propuesta, ni siquiera pasó el filtro del grupo del PSOE, que se negó a presentarla. Una persona de la dirección del grupo parlamentario me advirtió: “Odón, la proposición no es oportuna”, y se guardó en un cajón», explica con resignación el exalcalde vasco.

«He notado en el partido que me miran de manera diferente, te hacen el vacío, parece que contaminas», asegura. Son las consecuencias de ser un verso libre en el PSOE y más si se habla de la monarquía. El partido de los valores republicanos se ha convertido en el mayor aliado de la Corona. Ya lo dijo Rubalcaba: «El rey no hubiera sobrevivido sin el PSOE».

La solución ad hoc

Con la abdicación del monarca en 2014, el plan establecido para blindarle tenía aún una segunda fase, no menos importante: mantener la protección de Juan Carlos. La cuestión planteaba sus dudas ante la existencia de un vacío legal. El artículo 57.5 de la Constitución contempla que todas las abdicaciones y todo lo relativo a la Casa del Rey tiene que ser regulado mediante una ley orgánica. Sin embargo, más de cuarenta años después esa normativa aún no se ha desarrollado. ¿Quién le pone el cascabel al gato? El rey tampoco lo ponía fácil.

«Cada vez que le hablabas de tocar la Constitución o de alguna modificación legal que pudiera afectar a la Casa Real, Juan Carlos fruncía el ceño», recuerda un exministro del Gobierno. «Si abrimos el melón de la Corona, eso tiene peligro», remataba el rey. Así que nadie toca nada, y con ese problema se encuentran los legisladores con un rey recién abdicado.

Las cabezas pensantes de la Moncloa, con Soraya Sáenz de Santamaría al frente, idean una solución de urgencia. El nuevo estatus jurídico del rey emérito se resolverá a través de dos enmiendas de una ley que justo en ese momento se está tramitando en el Congreso sobre racionalización del sector público. No tiene nada que ver con los aforamientos, pero la urgencia apremia. Juan Carlos ha perdido su inviolabilidad y es necesario activar nuevos mecanismos para perpetuar su estatus jurídico privilegiado.

En solo tres días se tramita la reforma, en una maniobra de urgencia que proyecta una sensación de ocultación y de protección de determinadas personas. Una «aberración, un fraude a la Constitución», según el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. «Un poco chapuza», reconocerá el entonces presidente del Congreso, el popular Jesús Posada.

En el diario de sesiones de aquel debate parlamentario quedan recogidas las dudas de una diputada del PSOE que años después se convertiría en la tercera autoridad del Estado. Meritxell Batet desde la tribuna de oradores advierte de que «el procedimiento está repleto de despropósitos». Emilio Olabarría, del PNV, también se suma a las críticas, y considera que «se protege al rey de manera manifiestamente ilegal». Y Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, sentencia: «Hay ciudadanos que pretenden tener un aforamiento generalizado, extraordinario y vitalicio».

Con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE, el Congreso cierra el nuevo aforamiento de Juan Carlos, las reinas Letizia y Sofía y la princesa de Asturias. El rey emérito pasa a tener una protección que abarca más allá de sus actividades oficiales e incluirá también su vida privada, un privilegio que no tiene ningún cargo público, ni los parlamentarios ni los miembros del Gobierno.

«Si el aforamiento como institución resulta en sí mismo cuestionable, lo es todavía más cuando se extiende a sujetos que ya no realizan ninguna función pública», defiende la doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Oviedo Patricia García Majado.

Con la modificación, cualquier causa penal y civil contra Juan Carlos de Borbón será siempre tramitada por el Tribunal Supremo y no por un tribunal ordinario. En poco más de un mes los ciudadanos han visto, casi sin enterarse, cómo España cambiaba de rey. Se ha hecho todo sin ruido y de manera secreta, en un ejercicio de poca transparencia, parecido al que hace referencia al tratamiento de los números de la Casa Real.

Una legislación opaca

En diciembre de 2011, la Zarzuela publica por primera vez el sueldo de Juan Carlos: 292 552 euros anuales. Hay quien lo celebra como un hito. Han tenido que pasar treinta y dos años para que se haga pública la nómina del rey, «una medida pensada desde hace tiempo», asegura un antiguo empleado de palacio, «pero que se precipitó por el contexto de aquellos meses». ¿Qué estaba pasando en aquellos momentos? El CIS acababa de suspender a la monarquía, cosa que nunca había sucedido, y el volcán del caso Urdangarin entraba en erupción. Era tan solo el principio. El 2012 se convirtió en un annus horribilis para el rey, que culminó con el fatídico accidente de la cacería de Botsuana. Todo ello ante una sociedad golpeada por la crisis económica y los recortes de las administraciones.

El Gobierno de Mariano Rajoy y la Zarzuela entienden que hay que hacer algo para revertir el desprestigio y la desconfianza que está generando la institución. Los ciudadanos perciben la monarquía como una de las instituciones más opacas del Estado y desde la Moncloa asumen que hay que realizar el enésimo gesto para intentar fortalecer la Casa del Rey. La jugada parece fácil y efectiva. Después de meses de negociación entre las dos instituciones deciden incluir a la Monarquía en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. En palabras de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, es «un paso humilde a favor de la transparencia que hace a la democracia más fuerte».

En septiembre de 2013 la ley sale adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. La realidad convierte el control a la monarquía en algo parecido a un brindis al sol: la norma no se ha de aplicar a quien ostenta la jefatura del Estado, y por tanto la figura del monarca y la de los miembros de la Familia Real quedan al margen de la normativa. No deben presentar declaración de bienes y rentas como sí están obligados a hacer desde diputados y senadores hasta altos cargos de la administración del Estado.

Hecha la ley, hecha la trampa, o por los menos la excepción. Bajo la apariencia de una medida aperturista, el Ejecutivo se mantiene como cómplice de la opacidad de la Zarzuela. Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, lo sintetiza de manera directa: «La Casa Real es un organismo público, pero todos sus contratos son considerados privados. La selección de personal se realiza sin publicidad, hay falta de información previa en los contratos, no se publican las declaraciones de bienes derechos de los altos cargos y hay escasa transparencia de las retribuciones».

Ni tan siquiera el Tribunal de Cuentas puede fiscalizar la manera en que se emplea la asignación presupuestaria que la institución recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier intento de exigir alguna explicación contable topa con la barrera infranqueable de la Constitución del 78, que permite, ahora a Felipe VI y antes a Juan Carlos I, hacer lo que les venga en gana. El artículo 65.1 de la Carta Magna es lo más parecido a una barra libre: «El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y distribuye libremente la misma».

En concreto, estamos hablando de 8,4 millones. Es la cantidad presupuestada oficialmente para la Casa Real en el año 2021. Es el «chocolate del loro» si se tiene en cuenta todo el dinero público que se destina a costear la actividad de la Corona, que oscila entre cincuenta y sesenta millones de euros anuales, según algunos cálculos. Al margen de la partida oficial destinada a la institución, ministerios como Presidencia, Exteriores, Interior, Defensa o Hacienda también dedican parte de sus fondos al funcionamiento de la Casa del Rey. La conservación de los palacios y jardines, los viajes oficiales, las recepciones, el salario del personal de la Zarzuela, los gastos de seguridad, de coches y chóferes o de la Guardia Real, entre otros, son partidas que salen de los presupuestos de los ministerios y en muchos casos se mantienen en secreto. Si alguien piensa que obtener la cifra exacta es un simple ejercicio de búsqueda entre papeles y presupuestos ministeriales, está profundamente equivocado. Las asignaciones están camufladas en conceptos genéricos y poco claros.

Para demostrarlo, basta con un ejemplo. En septiembre de 2019 el Ministerio de Hacienda saca a licitación por vía de urgencia la compra de un vehículo «blindado de alta representación». El presupuesto inicial es de 454 000 euros. El proceso se realiza con absoluta reserva y oficialmente el coche pasará al parque móvil del Estado, sin entrar en detalles. El Ministerio de Hacienda se acoge al artículo 168 a) 3 de la Ley de contratos públicos para hacer todo el proceso sin publicidad, amparándose «en la protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado». Tienen que pasar unos meses hasta que el Gobierno explique los detalles de esa misteriosa partida. Y no lo hace motu proprio, sino como respuesta a una pregunta del senador valenciano de Compromís Carles Mulet, que obliga al Ejecutivo a dar una justificación de manera formal, que no es otra que el vehículo estará al servicio «de forma preferente» del rey y de la Familia Real en sus viajes y desplazamientos oficiales. En junio de 2020, coincidiendo casualmente con la aprobación por parte del Gobierno del nuevo Plan Renove, los reyes estrenan en Sevilla el nuevo coche, un Mercedes-Benz Clase S con un precio definitivo de 549 945 euros. Un capítulo aparte merece la decisión de visitar con este vehículo de alta gama el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, uno de los más humildes de toda España. En este caso, los asesores de protocolo de la Zarzuela no tuvieron su mejor día.

La realidad es que la falta de mecanismos de control sobre Juan Carlos I le ha permitido actuar guiándose por sus caprichos. El exministro del PSOE Ramón Jáuregui es una de las voces que habla con más claridad, y aunque defiende su «papel clave» durante la Transición, también admite sin ambages errores propios. «Como Gobierno, debimos tener mayor capacidad de intervención. La figura del rey está sometida en gran parte a la acción del Ejecutivo —⁠reconoce el veterano socialista. Y va más allá en su análisis⁠—: El sistema político pudo tener fallos in vigilando, no tuvo suficiente fuerza para reclamar transparencia. En España hubo un manto tácito de cobertura. Nadie quería que la monarquía estuviera sometida al juicio popular».

Si el poder ejecutivo pudo hacer más, el legislativo se quedó de brazos cruzados. Las Cortes españolas han sido testigo privilegiado de un rey intocable, pese a los esfuerzos de algunos parlamentarios y partidos políticos para resquebrajar la coraza.

El Parlamento bajo la ley del silencio

Fue Iñaki Anasagasti quien abrió la veda. En 1986 entró como diputado en el Congreso y años después comenzaría a plantear las primeras iniciativas parlamentarias sobre el rey Juan Carlos.

«Empecé a preguntar por los viajes, las cacerías en el extranjero, la gente que le acompañaba… me tumbaban casi todas las preguntas, ya fuera el Gobierno del PP o del PSOE —⁠recuerda el veterano político del PNV, que sitúa en 2003 el punto de inflexión de sus relaciones con el monarca⁠—. Los reyes decidieron almorzar con los portavoces parlamentarios. Yo defendí ante Juan Carlos que España no debería apoyar la guerra en Irak y le espeté que si le gustaba la guerra, por qué no enviaba a su hijo a aquella locura». Esa comida marca un antes y después.

En el Congreso Anasagasti pasa a ser un antimonárquico y sus cuestiones crispan a más de uno: «Me llamó Rubalcaba y me dijo que ese tipo de preguntas no las hiciera, que les incomodaba. Recibí una amenaza concreta de un diputado andaluz del PP muy vinculado a la Casa Real. Me advirtió de que si seguía por ese camino me acabarían procesando por injurias».

Anasagasti se convierte en un suplicio para la monarquía, y una prueba de que no desfallece son las decenas de preguntas, proposiciones, peticiones para crear comisiones de investigación que impulsa, que topan con el muro infranqueable de la Mesa del Congreso. En otras épocas, esta barrera se alza con los votos del PP, el PSOE y la antigua CiU dirigida en Madrid por Duran i Lleida. Más adelante se suma Ciudadanos y en la última legislatura la extrema derecha de Vox. Los letrados de la cámara y las mayorías parlamentarias se amparan en la Constitución. Van desgranando artículos para justificar la obstrucción, como el 66, según el cual «las funciones de las Cortes Generales son, entre otras, controlar la acción del Gobierno». Como no se dice nada de la jefatura del Estado, la solución que dan es vetar todo aquello que afecte a la Corona. Algunas de las preguntas rechazadas por la Mesa, sin embargo, son premonitorias del tsunami que acabaría llegando.

En abril de 2014, después de la gira de Juan Carlos I por países de Oriente Próximo, el diputado Alberto Garzón plantea una batería de preguntas, como «¿Ha operado el rey como intermediario comercial entre las grandes empresas españolas y los gobiernos extranjeros de los países visitados?» o «¿Recibe el Gobierno español o la Casa Real alguna comisión para operar como intermediario comercial entre las empresas españolas y los gobiernos?», entre otras.

La reacción es la esperada, el portazo de la Mesa con el argumento utilizado hasta la saciedad de que la persona del «rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Seis años después aquellas preguntas que el Congreso rechazó son las mismas que han acabado sobre la mesa de los fiscales del Tribunal Supremo.

Si Garzón dio en el clavo no fue por un golpe de suerte aislado. En 2017, el diputado de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante ya hacía tiempo que andaba con la mosca detrás de la oreja cuestionando la fortuna de la Casa Real. Aprovechando los primeros mil días de reinado de Felipe VI lanza una pregunta: «¿Puede afirmar el Ejecutivo que ningún miembro de la Casa Real tiene recursos en el extranjero y, en particular, en los conocidos como paraísos fiscales?». La petición acaba, como todas las anteriores, en la papelera de reciclaje.

No tuvo mucha más suerte otro de los diputados más incisivos con la monarquía en sus quince años de estancia en el Congreso. Joan Tardà, de ERC, no solo chocó con la Mesa de la cámara sino también con el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso del diputado republicano que pedía amparo para poder interrogar sobre la monarquía. Tardà buscó fórmulas de lo más variopintas para intentar conseguir información, con preguntas por escrito al Gobierno: «El pasado jueves 1 de septiembre, la hermana del jefe de Estado, Felipe VI, Elena de Borbón, sufrió un accidente en que padeció rotura de muñeca mientras practicaba equitación… el suceso ocurrió en las instalaciones hípicas del Palacio de la Zarzuela… ¿bajo qué criterios de necesidad y/o utilidad para el correcto desempeño de las labores de la jefatura de Estado, se construyó tal complejo hípico? ¿El caballo del que se cayó la infanta era de titularidad pública o privada?».

Ni con ingenio ni con dosis de humor Tardà superó el filtro de la Mesa. Por lo menos su esfuerzo le sirvió para que la Asociación de Periodistas Parlamentarios le premiara con el galardón por haber emitido la pregunta del millón del año 2016. Hacía tiempo, sin embargo, que Juan Carlos conocía, y de sobra, al portavoz de ERC.

El rey agradecido

Durante el aniversario de la Constitución del año 2008, Joan Tardà participa en una protesta organizada por las juventudes republicanas de su partido (JERC) con un entierro simbólico de la Carta Magna. El diputado cierra el acto con una proclama y un grito final: «Visca la República i mori el Borbó!».

La frase enciende a Juan Carlos, que, atónito, la escucha desde el Palacio de la Zarzuela. De poco le sirven las explicaciones del diputado ante los medios de comunicación, en las que justifica sus palabras como una «referencia metafórica a una expresión popular de la guerra de Sucesión referida a Felipe V». El rey ya había descolgado el teléfono para hablar con el presidente del Congreso, José Bono, y exigirle que tomase medidas. Todo el mundo sabe hasta dónde puede llegar el monarca cuando está enfadado, y más aún en el trigésimo aniversario de la Constitución, una cifra redonda y con su presencia en el acto oficial del Congreso. En un día tan señalado, Tardà se convierte en protagonista y Bono en apagafuegos.

El presidente de la cámara sabe que no puede pasar por alto el malestar del jefe del Estado y decide hablar con el portavoz de ERC. Le traslada el enfado «real». Juan Carlos no acepta ese tipo de críticas, sean o no una metáfora. El diputado está sorprendido, no entiende en absoluto que una frase como la que pronunció acabe con el rey pidiendo explicaciones. Cree que es surrealista. Bono quiere cerrar el episodio lo antes posible y pide a Tardà contención en sus palabras, aunque públicamente lo disculpa: «No es una cosa que sienta él, sino que se debe más bien a su carácter primario». El presidente del Congreso cierra la polémica fiel a su estilo, pero, sin embargo, sabe perfectamente que tarde o temprano recibirá una nueva llamada desde la Zarzuela.

Cuenta un alto funcionario de la cámara que el monarca seguía con especial atención las sesiones parlamentarias. En su despacho oficial conectaba con el canal del Congreso y cada vez que algo no le gustaba marcaba el número del presidente de la cámara. Bono ya se acostumbró a que en pleno debate su teléfono móvil comenzara a vibrar con el nombre del Borbón en la pantalla, aunque no siempre era para recibir una queja.

En septiembre de 2009, la Mesa del Congreso acababa de rechazar una pregunta del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares en la que reclamaba información del Gobierno sobre la posible existencia de bienes en paraísos fiscales a nombre de algún miembro de la familia real. La cuestión ni siquiera fue calificada.

De vuelta al despacho Bono recibe una llamada. No ha pasado ni una hora desde que ha acabado la reunión de la Mesa y el rey, de nuevo, se encuentra al otro lado del teléfono: «Quiero agradecerte tu posición en la reunión». Ahí quedó el agradecimiento de Juan Carlos, en el ámbito de una conversación privada, lejos de la transparencia y del control de los partidos con representación en el Congreso. En sede parlamentaria, si se habla de los escándalos de la Casa Real será a puerta cerrada y todo bajo el control de los servicios secretos españoles. Una pieza más en la armadura real.

El paraguas del CNI

Félix Sanz Roldán sonríe al ver el revuelo de periodistas que le espera al final del pasillo. Va vestido de civil y en la solapa luce un imperdible con las cuatro estrellas de general del Ejército. El director del Centro Nacional de Inteligencia mantiene el rictus relajado, consciente de que es objeto de las miradas, los flashes y las cámaras. En plena canícula del verano de 2018, ha pedido comparecer a petición propia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. El máximo responsable de los servicios secretos españoles no se prodiga mucho en este tipo de comparecencias. La última fue en 2013 para dar explicaciones sobre Corinna. Cinco años después, la examante del rey vuelve a poner contra las cuerdas a la monarquía con unas grabaciones en las que revela que Juan Carlos cobra comisiones y tiene cuentas en Suiza. El general Sanz Roldán se ve obligado a salir al paso de las informaciones, y lo hace como director del CNI, pero también como buen amigo del emérito. En la Moncloa y en la Zarzuela ya están informados de la estrategia del veterano militar.

Dentro ya le esperan los portavoces de los siete grupos parlamentarios que forman parte de la selecta comisión, que funciona bajo un código de silencio. Lo que se cuenta allí queda entre las cuatro paredes de la Sala María Pineda. Todos han dejado su teléfono móvil en la entrada, en unas cajitas custodiadas por los ujieres, pues no se puede utilizar ningún aparato sospechoso de grabar nada. Bolígrafo, bloc de notas y la buena memoria de sus señorías serán las únicas armas para dar fe de lo que allí se cuente. Los políticos se disponen en un lado de la alargada mesa de madera noble, y en el otro se aposenta el jefe del CNI. Las normas son claras: se puede pedir información y consultar documentos, pero nadie se lleva ningún papel a casa. Arranca la reunión.

Sanz Roldán quiere hacer partícipe a los portavoces de la gravedad de la situación: «Aquí hay una amenaza que sabe la Casa Real desde 2015, que les tenemos que trasladar porque es material sensible». Es su carta de presentación.

La amenaza tiene nombre y apellidos. Es Corinna Larsen y también el omnipresente comisario de policía José Manuel Villarejo. El director del CNI da su versión sobre las polémicas grabaciones en que la examante del rey habla de comisiones, testaferros y fondos en el extranjero. Sanz Roldán defiende que todo es un montaje, una operación de Villarejo para sacar dinero a Corinna. El comisario le hace creer que hay un plan inminente del Estado español para detenerla y que la manera de protegerla es grabar una conversación con acusaciones contra el emérito. Una de las copias se hará llegar a la Moncloa con el aviso de que, si le pasa algo, se hará pública toda la conversación.

El jefe de los servicios secretos insiste en que es todo un montaje: «El diálogo de las cintas entre Corinna y Villarejo está guionizado. La prueba es que ella utiliza tiempos verbales que no sabe conjugar, que nunca diría de manera espontánea si antes alguien no se lo hubiera escrito».

Son los argumentos del máximo responsable del espionaje español, que advierte sobre los peligros de Villarejo, enemigo declarado desde hace años: «Tiene almacenados decenas de terabytes de datos. ¿Saben el volumen qué significa esto? Doce camiones tráiler llenos de información delicada».

Sanz Roldán proyecta, en una pantalla de la sala, papeles que Villarejo habría utilizado para convencer a Corinna. Entre ellos un falso documento con el membrete del CNI sobre un supuesto plan de arresto de la antigua amante de Juan Carlos.

El director de los servicios secretos intenta transmitir seguridad y ganarse la confianza de los partidos. Reconoce que fue a Londres y se entrevistó con Corinna en un hotel, y explica que lo hizo para salvar la situación. No lo consiguió, pero niega que la amenazara.

Es el turno de las preguntas de los diputados. Ya hace tiempo que corren demasiados rumores sobre los negocios del rey, y a raíz de la operación Gürtel y de la detención de un bróker suizo, ha salido a la luz el nombre de la cuenta Soleado. Nadie sabe cuántos millonarios españoles guardan su dinero en este fondo bancario del país helvético. Juan Carlos I podría ser uno de ellos. En este punto, el director del CNI dice que no puede dar información.

«Se denegó la investigación de esa cuenta», sin entrar en detalles. Algunos de los diputados presentes interpretan que la orden vino de arriba, a nivel político, del Gobierno del PP y de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con quien el jefe del Centro Nacional de Inteligencia mantenía un hilo directo. La realidad es que Sanz Roldán no ofrece ningún dato o información sobre Juan Carlos. Sin embargo, hace gala de su fama de persona inteligente y extremadamente hábil. Sabe cómo moverse en situaciones embarazosas y ganarse a su auditorio, siempre con alguna anécdota a punto para buscar la complicidad de quien le escucha.

En medio de la comparecencia sorprende a los diputados con un chascarrillo. Pone cara de niño travieso, con una media sonrisa, y comenta: «Ahora les voy a explicar una confidencia. ¿Se acuerdan del día que el rey en la Pascua Militar no daba una y todo el rato se equivocaba en su discurso? Resulta que la noche anterior estuvo en Londres, cenando con Corinna. Fue la última cena antes de la ruptura, y eso le afectó».

No es la única «anécdota». El general también confirma lo que era un secreto a voces. En sus habituales viajes a España, la examante de Juan Carlos se instalaba en un antiguo pabellón de caza situado en el mismo complejo de la Zarzuela. Un inmueble para Corinna a poco más de un kilómetro de la residencia oficial de los reyes. El director del CNI con tono irónico añade un comentario: «Ya saben, un lugar donde el rey iba a tomar café y a dormir la siesta».

Los diputados no salen de su asombro ante la serie de historietas de las relaciones extramatrimoniales del rey, relatadas en medio de una comisión de secretos oficiales.

Para algunos se trata de una frivolidad, pero Sanz Roldán ha conseguido su objetivo. Después de tres horas de reunión a puerta cerrada abandona la sala, y lo hace con gesto satisfecho y con un dosier del CNI bajo el brazo. Ha cumplido con la misión de proteger a Juan Carlos sin entrar en los aspectos más oscuros de los negocios del emérito.

Minutos después aparecen los portavoces parlamentarios. Unidas Podemos muestra su escepticismo: «Salimos con más dudas de las que teníamos». El PSOE y el Partido Popular se dan por satisfechos. La portavoz socialista, Adriana Lastra, se muestra tranquila: «No tengo ninguna duda de lo que ha contado el director del CNI». Rafael Hernando, del PP, mantiene que «siempre» está satisfecho con las explicaciones del máximo responsable de los servicios secretos.

Después de la comparecencia, los dos principales partidos dan carpetazo a la petición de crear una comisión de investigación sobre la Casa Real. Una más y no será la última.

… Y el muro perdura

La Mesa del Congreso se reúne, en septiembre de 2020, con una nueva petición sobre la Corona encima de la mesa. El rey emérito continúa en su refugio de los Emiratos Árabes y eso ha convertido la presentación de propuestas de los diferentes partidos en prácticamente una rutina. El ritual es siempre el mismo. El secretario de la Mesa lee la proposición, en este caso una petición de Más País y de Compromís para delimitar la inviolabilidad del rey. Los representantes de Unidas Podemos defienden su admisión y el PSOE responde: «Miraos bien lo que dice el Constitucional, sabéis que no se puede aceptar». Esgrimen los informes de los servicios jurídicos de la cámara. El PP asiente. Vox es más vehemente en su crítica a todas las iniciativas que tienen que ver con la monarquía. Seis votos contra tres es el resultado. La propuesta queda rechazada.

La escena ya la han vivido en los últimos meses, pero esta vez hay una novedad. A la salida de la reunión, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se acerca a los representantes de Podemos y prácticamente les susurra: «Tenéis razón en vuestros argumentos». La frase va acompañada de un gesto de complicidad. No es el único. Joan Baldoví, de Compromís, reconoce que algunos diputados socialistas, en privado, le expresan su apoyo: «Esto de Juan Carlos no hay por dónde cogerlo. Tenéis más razón que un santo».

Sin embargo, la realidad es tozuda. Mientras las informaciones sobre los tejemanejes del rey emérito inundan los medios de comunicación, el Congreso se mantiene impertérrito. Unidas Podemos, independentistas catalanes y vascos y formaciones de izquierda; todos van coleccionando peticiones con el sello de «denegado» estampado en el documento. En enero de 2021, los letrados de la cámara dieron, por primera vez, el visto bueno a abrir una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte del emérito. Los servicios jurídicos entendían que los hechos eran posteriores a la abdicación de Juan Carlos y, por tanto, el exmonarca ya había perdido la inviolabilidad. No tardó ni una hora el PSOE en responder. Los socialistas ignoraron el criterio de los letrados y sumaron sus votos a los del PP y Vox para tumbar la solicitud de creación de una comisión parlamentaria, con el argumento de que la función del Congreso no es investigar al rey.

Es una demostración más de un sistema político que durante años ha tejido una red de protección alrededor de la Corona, y que se ha perpetuado con el relevo al frente de la jefatura del Estado.

Si hablamos de poderes del Estado, sin embargo, aún quedará una pieza clave en el engranaje.

7
TRIBUNALES A MEDIDA DE LA CASA REAL

«La justicia es igual para todos».

JUAN CARLOS DE BORBÓN

Nos encontramos en la primavera de 1978. Para aislarse de las presiones políticas, los ponentes de la Constitución se encierran en el Parador de Gredos, en Ávila. Jordi Solé Tura, uno de los padres del texto, describía el entorno de aquellas negociaciones: «Allí, en aquella habitación escasa de luz y de espacio, lúgubre para los que no habíamos entrado nunca, empezamos a discutir, a analizar y a votar los temas fundamentales de una nueva democracia».

De aquel espacio oscuro surge el principal blindaje que ha resguardado a Juan Carlos I durante todo su reinado. Así lo decidieron los autores del artículo 56.3 de la carta magna española, siguiendo la tradición hispánica de todas sus constituciones, con un redactado muy explícito: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Para proteger el cacareado consenso del 78, ningún partido se opuso al blindaje propuesto. El artículo pasó todos los filtros de la ponencia, comisión y pleno del Congreso sin que nadie tuviera nada que objetar. La monarquía quedó instaurada por Franco en 1975, pero fueron los padres y ponentes de la Constitución los que quisieron proteger la figura del rey de denuncias de terceros y acabaron construyendo su armadura.

«El origen de la inviolabilidad del monarca es consecuencia del carácter sagrado de la institución, de su poder absoluto y, en tiempos posteriores de su posición en la cúspide del ordenamiento jurídico», según explica Alejandro Villanueva, profesor de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en su tesis doctoral.

Es la lectura maximalista del artículo que rebaten otros juristas: «El 56.3 no se puede interpretar para todos los delitos. ¿Imaginamos un homicidio, abusos sexuales a menores? —⁠argumenta el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín⁠—. La comunidad internacional a través del Convenio de Viena entiende que la inviolabilidad solo abarca a posibles delitos en ejercicio de sus funciones».

Los ponentes de la Constitución, sin embargo, integraron la expresión de los doctrinarios ingleses: The King can do no wrong «El rey no puede equivocarse». A efectos prácticos le otorgaron una inviolabilidad absoluta para cualquiera de sus actos realizados, eximiéndole de cualquier tipo de responsabilidad penal. Aquí empieza todo.

El golpe de suerte que llevó al caso Nóos

José Castro habla con ritmo y tono relajado. No tiene prisa, desde que colgó la toga para jubilarse asegura que puede conversar con más calma, incluso hace broma sobre el tiempo que tiene ahora para hacer cursos de guitarra o de piano. Atrás quedan los años frenéticos como titular del juzgado número 3 de Palma que le situaron en el ojo del huracán, por una investigación que cambió su vida, aunque todo empezó por una casualidad.

Era verano de 2010. El juez Castro estaba indagando sobre el sobrecoste del velódromo Palma Arena, construido en la época de Jaume Matas como presidente de las Islas Baleares. Entre el caos de papeles, informes y carpetas clasificadoras, el fiscal Pedro Horrach encuentra un documento que poco podía sospechar que daría un giro radical a la investigación. Son ocho folios, olvidados en el fondo de un cajón, en los que se adjudicaba la organización de unas jornadas deportivas a un instituto llamado Nóos. 1,2 millones de euros concedidos sin concurso, «Demasiado desembolso por organizar unas jornadas de tres días», sospecharon juez y fiscal. Era solo el inicio de lo que pasaría a llamarse la «Pieza 25».

«Esto parece un pelotazo de libro», escribe entonces el fiscal en su informe a su jefe de Anticorrupción de Madrid. Había que seguir el rastro del Registro Mercantil para ver quién estaba detrás de ese instituto hasta entonces de nombre desconocido. Empiezan a surgir otras empresas y las figuras clave, entre las que sobresale Aizoon, una sociedad compartida al 50 por ciento entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Era el premio gordo. La investigación detecta pagos recibidos de administraciones públicas: 2,3 millones de Baleares y casi cuatro millones de la Generalitat Valenciana. El resto de la historia ya es sabida: registros, imputaciones y un juicio que acaba con el yerno del rey y la hija del monarca sentados en el banco de los acusados. El mayor escándalo judicial destapado hasta entonces con vinculaciones con la Casa Real.

Lo que era la actividad de una supuesta entidad sin ánimo de lucro acabó en una condena de casi seis años de prisión para Iñaki Urdangarin, y con una multa de 136 950 euros para la infanta Cristina como responsable a título lucrativo. El Tribunal Supremo concluyó en su sentencia que Urdangarin se valió «de su posición de privilegio como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era jefe del Estado».

Diez años después del inicio de aquella investigación y en plena polémica sobre los negocios del emérito en el extranjero, el juez Castro no tiene la menor duda: «Es imposible pensar el caso Nóos sin Juan Carlos I. —⁠Hace una pausa reflexiva y continúa⁠—: El ordenamiento jurídico me impedía que investigara en absoluto al monarca. Tirase para un lado o hacia otro, no podía hacer nada que afectara al rey, pero otra cosa es que tuviera mis sospechas». Y las sensaciones que tuvo durante aquella larga instrucción de más de cuatro años apuntaban a lo más alto de la institución: «Uno puede pensar que Urdangarin y su esposa gozaban del favor real, que el rey conocía todo lo que pasaba, que Juan Carlos I podría haber intervenido en su diseño, que el rey podía haber buscado patrocinios. Algunos de estos patrocinios, se dice, que se gestaron en la Zarzuela, como el Valencia Summit, o en el palacio de Marivent».

Los correos electrónicos de Urdangarin a su entonces socio, Diego Torres, dan fe de la mediación de Juan Carlos en los negocios de su yerno para conseguir entrar en el suculento pastel millonario de la Copa América de Valencia: «Tengo un mensaje de parte del Rey, que le ha comentado a Cristina, para que me lo diga, que llamará a Camps [Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana] para comentarle el tema de la base de Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla». Urdangarin comentaba con satisfacción que las gestiones de su suegro iban por el buen camino. Y no sería el único mensaje en el que sacaría pecho por la efectividad de Juan Carlos: «El rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxá (presidente del grupo Iberostar). Por otro lado, le he transmitido [a Fluxá] la buena sintonía con BBVA y que le iba a dar un empujón a Paco González».

Era evidente que Urdangarin presumía de suegro en los numerosos emails que enviaba desde su cuenta corporativa de Nóos. Notaba la protección de un rey que sentía predilección por aquel deportista retirado que se había casado con su hija pequeña. Parecía el yerno perfecto, y Juan Carlos se había convertido en el ángel protector del matrimonio. Les iba a ayudar todo lo que hiciera falta, aun a riesgo de explorar los límites de la legalidad.

El palacete bajo sospecha

La infanta Cristina no lo veía claro, y el mismo día de la firma ante notario de la compraventa de la vivienda, la hija del rey «estaba nerviosa y tenía dudas». No se equivocaba. El matrimonio estaba a punto de adquirir una vivienda valorada en seis millones de euros. Ese año 2004, el sueldo de la infanta en La Caixa era de 90 000 euros, a la que añadía la asignación de 72 000 por parte de los presupuestos de la Zarzuela. Eran unas cifras muy por encima del ingreso medio de cualquier hogar español, pero son asfixiantes cuando tienes que afrontar una cuota trimestral de hipoteca que supera los 50 000 mil euros. Cristina estaba a punto de renunciar a la compra, pero Iñaki veía en aquel palacete de la parte alta de Barcelona el hogar de sus sueños, la culminación del ascenso social de un antiguo jugador de balonmano que había tenido buen ojo con los negocios. El empujón definitivo lo dio el rey.

Juan Carlos, en persona, fue a visitar aquella mansión de más de mil metros cuadrados situada en la zona de Pedralbes, justo delante de la clínica Planas, que el monarca conocía muy bien. El rey quedó especialmente maravillado por las vistas de la ciudad. Un poco de whisky y un buen puro fumado con el propietario de la vivienda sirvieron para acabar de cerrar el trato. El matrimonio de Iñaki y Cristina necesitaba dinero y el jefe del Estado lo puso encima de la mesa. En concreto, aportó 1,2 millones de euros para la compra de la casa. Lo que no podían imaginar es que todo acabaría saliendo años después en el sumario de una investigación judicial por corrupción.

«Eso era un fraude de ley —⁠destaca el juez Castro⁠—. El contrato era simulado, se simuló un préstamo ante notario cuando realmente el rey nunca tuvo la intención de reclamar la devolución del dinero a su hija. Era por tanto una donación». El instructor de la investigación aventura cómo podría haber acabado esa triquiñuela: «La infanta tendría que haber pagado el impuesto de donaciones en Cataluña porque es donde tenía su domicilio fiscal. El rey habría sido cooperador necesario de ese fraude fiscal». Pero una vez más, José Castro reconoce que no podía hacer nada y tampoco quería darle más vueltas. «Yo no me iba a obsesionar en imputar a alguien que era inimputable, era perder el tiempo. No quería pasar a la historia como el empecinado. Hay que aceptar la realidad, el rey era impune». Sin embargo, ¿ni siquiera se podía citar a declarar al monarca como testigo? El juez Castro vuelve a negar con la cabeza. «El rey no tenía ninguna obligación de comparecer; aunque yo hubiera ido a la Zarzuela a tomarle declaración, no tenía el deber de atenderme». Así quedó un supuesto fraude fiscal que nunca se pudo investigar. Aunque lo del palacete de Pedralbes tampoco acabó como un cuento de hadas, la vivienda se había convertido en una pesada losa imposible de mantener. En 2015 la infanta y su marido cerraron la venta de la casa, previa autorización del juez Castro, que ordenó levantar el embargo que pesaba sobre la vivienda.

El cortafuegos de Estado

Si Juan Carlos estuvo al lado de su hija en la compra de la mansión de ensueño, no la dejó en la estacada tampoco cuando el panorama judicial se empezó a complicar, y eso sucedió en 2012. Iñaki Urdangarin ya había sido imputado y una de las acusaciones pedía formalmente que la infanta Cristina siguiera el mismo camino.

El caso Nóos estaba tocando de lleno en el corazón de la Casa Real. Uno de los capítulos más controvertidos y llenos de misterio fue la reunión secreta en la Zarzuela para «salvar» a la infanta Cristina. En febrero de 2012, el rey Juan Carlos, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce se citaron para idear una operación de salvamento de la Corona. Rajoy ya había advertido a Gallardón: «Esto se nos va de las manos». La sombra de la imputación acechaba a la infanta Cristina y los presentes acordaron que era necesario crear un cortafuegos para librar a la hija del rey de males mayores. Ni Fiscalía, ni Abogacía del Estado ni Agencia Tributaria actuarían contra ella, según relatan Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en su libro La intocable. Era necesario preservar la Corona, aislarla de la investigación judicial. Es una música que nos recuerda demasiado a lo ocurrido años después, cuando en el 2020 Juan Carlos se convertiría en el protagonista de numerosos escándalos.

La pregunta sobre aquella operación de Estado provoca un silencio en José Castro. Prefiere no meterse en terrenos pantanosos y obliga a leerle entre líneas: «No descarto que hubiera alguna cumbre para minimizar los daños de la investigación judicial. Posiblemente el rey Juan Carlos despachó con el fiscal general del Estado». Castro quiere ser prudente. Por todos es sabido cómo acabó su relación con el fiscal Pedro Horrach. De compañeros inseparables de fatigas pasaron a una guerra abierta, cuyas heridas nunca acabaron de cicatrizar. El punto de inflexión lo marcó una conversación en el Club Náutico de El Molinar, en Palma. «Voy a imputar a la infanta», le comunicó el juez. La respuesta del fiscal ya anunciaba posiciones enfrentadas: «No hay elementos suficientes, no hay pruebas que impliquen a la Casa Real».

La infanta Cristina acabó imputada contra el criterio del fiscal, que presentó recurso. No es nada habitual que la fiscalía impugne, de entrada, la imputación acordada por un juez, pero Horrach lo hizo. Siempre ha defendido que actuó por convencimiento propio, sin seguir instrucciones u órdenes directas de sus superiores. Durante el juicio, el fiscal fue especialmente incisivo en su defensa de la infanta, denunciando que la instrucción judicial se había convertido en «una persecución» de Cristina, a base de «malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos» y la utilización del «fraude de ley» para mantener acusada a la ya hermana de Felipe VI.

Si acabaron mal las cosas entre Castro y Horrach, tampoco fueron especialmente plácidas las relaciones del juez con Hacienda, a la que reprochó haber cambiado de criterio para beneficiar a la infanta. En plena instrucción judicial, la Agencia Tributaria designó la Delegación de Barcelona para que investigara las empresas del caso Nóos, al considerar que las sociedades sospechosas tenían la sede en Cataluña. Eso provocó el enredo. Castro sospechaba que desde «arriba» querían arrinconar a las personas de su plena confianza y pidió formalmente contar con su equipo del Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera para supervisar todos los informes. Hacienda, es decir el Gobierno español, lo rechazó. Es más, los peritos de la Agencia Tributaria de Barcelona salieron airadamente al paso de cualquier acusación de trato de favor a la infanta y negaron haber recibido presiones para no investigar a la hija del rey. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

El pulso entre el juez y las instituciones del Estado era más que evidente. Algunos parece que habían olvidado el principio de «respeto a la independencia judicial» y pasaron al ataque con manifestaciones públicas cargadas de toda la intención. En plena investigación, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce afirmó que «no tenemos ningún miedo al lobo feroz judicial». Irremediablemente venía a la cabeza la imagen de un juez Castro convertido en un temible carnívoro peludo de cuatro patas. Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, también puso su granito de arena con aquella famosa frase sobre el futuro de Cristina de Borbón: «Estoy convencido de que a la infanta le irá bien». Era una manera de dejar claro que la hija del rey saldría indemne de todo el trance judicial.

A las presiones también se sumó la Zarzuela. Rafael Spottorno, como jefe de la Casa del Rey, salió públicamente en televisión para reclamar que la instrucción judicial «termine pronto», de un sumario que «lleva abierto tres largos años» y cuya prolongación resulta «un martirio» para la Corona. La Fiscalía, el Gobierno y la Zarzuela actúan al unísono siguiendo una misma estrategia, fruto posiblemente de aquel cónclave de febrero de 2012, cuando todos acordaron salvar a la infanta.

Se produjeron presiones y ataques, pero sin duda una de las jugadas soterradas más sorprendentes llegó desde la defensa de la infanta, como recuerda José Castro. Una persona del entorno del abogado Miquel Roca le propuso una reunión secreta en una finca apartada de los juzgados, sin periodistas, ni fotógrafos. «¿Para qué?», se preguntó el juez, que rápidamente sospechó que detrás de esa oferta había la voluntad de captar una imagen de él en un escenario complicado para poner en duda su imparcialidad. El juez respondió que, si querían una reunión, tendría que ser en su despacho de los juzgados de Palma. No estaba dispuesto a exponerse en ubicaciones extrañas. Por si acaso, Castro había preparado un sistema para grabar a escondidas aquella conversación, que le hacía desconfiar. Pero Miquel Roca nunca asistió a ningún encuentro.

Pese a todo, el juez del caso Nóos siempre ha defendido que nunca se sintió presionado. Ni tan siquiera cuando rajaron las cuatro ruedas de su coche, le sellaron con silicona las cerraduras de su vivienda o la puerta de la casa apareció llena de excrementos. Reconocer esas presiones sería una manera de admitir que desde el exterior habían condicionado sus decisiones judiciales. Es la opinión de un juez que llegó al caso más importante de su carrera por pura casualidad, por aquella carpeta casi olvidada en el fondo de un destartalado archivador. Ahora, sin la tensión de aquella instrucción judicial, no puede evitar expresar su opinión sobre lo que ha significado la protección jurídica del rey: «Los españoles nunca pensaron que la figura inviolable de Juan Carlos sería, realmente, estar por encima de la ley».

Todos los caminos conducen a Suiza

Mayo de 2011. Cae una enorme tromba de agua, pero Juan Carlos camina por la plaza federal de Berna sin paraguas. Pasa revista a las tropas mientras se está calando, pero no importa, porque pretende tener un gesto de complicidad con los militares que soportan estoicamente el aguacero sin ninguna protección. Han pasado treinta y dos años desde su anterior viaje de estado a Suiza y el monarca es recibido con todos los honores. La presidenta del país helvético quiere agradecerle públicamente el papel crucial que ha tenido en la reciente liberación de dos rehenes suizos en Libia. El rey telefoneó directamente al dictador libio Muamar el Gadafi y facilitó la puesta en libertad de los secuestrados. Esa mediación provoca que el monarca sea agasajado en el Parlamento suizo y en la cena de gala todo son parabienes. Lo que no saben sus anfitriones es que no hace tanto que el rey ha estado en el país centroeuropeo, en un viaje de negocios más bien personales.

Meses atrás, en 2010, Juan Carlos, siendo aún jefe de Estado, ha llevado un maletín con 1,7 millones de euros a su gestor de fondos en Ginebra, Arturo Fasana. El dinero procede de una entrega realizada por el sultán de Bahréin, según informa El País del 30 de abril de 2020. Mientras el dinero se mueve por Suiza, ese mismo 2010 y en plena crisis económica, el monarca se dirige a los españoles en su tradicional discurso de Navidad con una petición: «Es preciso fomentar el ejercicio de valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez». Juan Carlos apela a los comportamientos modélicos cuando ya hace tiempo que la partida se está jugando en Suiza. Solo hay que echar un vistazo a una rápida cronología.

2003: Ginebra. Creación de la fundación Zagatzka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito. Juan Carlos I figuraba como tercer beneficiario de una fundación con sede en Liechtenstein.

2008: Ginebra. Creación de la fundación Lucum, con sede en Panamá y cuenta en el banco suizo Mirabaud. Allí ingresan 65 millones de euros de Arabia Saudí.

2012: Ginebra. Se cierra la cuenta de la fundación Lucum en el banco Mirabaud y se transfieren los 65 millones a una cuenta de Corinna Larsen, la examante del rey.

Todo ello se lleva a cabo a espaldas de Hacienda. Parecía que estaba controlado, teniendo en cuenta que, más allá de su condición de inviolable, la justicia nunca había osado poner en duda la honorabilidad de Juan Carlos, una figura incuestionable. Sin embargo, una bomba se activa con efectos retardados. Las grabaciones secretas de Corinna en las que reconocía que el rey ocultaba dinero en Suiza se filtran a la prensa en verano de 2018. La explosión se acaba de producir, pero en España, los tribunales no están por la labor.

Carpetazo rápido de España

A Diego de Egea siempre le han colgado la etiqueta de juez conservador. Procedente de la carrera jurídico-militar, aterriza en la Audiencia Nacional en 2017 como magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción número 6. Bien pronto deja impronta de su carácter en los pasillos de la sede judicial. Comentarios algo encendidos sobre la necesidad de detener a Carles Puigdemont, su extrañeza ante la imputación de agentes de la policía o la cerrada defensa de tejer un pacto de Estado para proteger al rey de España son opiniones que expresa abiertamente ante la sorpresa de sus interlocutores. En julio del 2018 le cae el caramelo envenenado de las cintas de Corinna y las revelaciones sobre los negocios de Juan Carlos I. Los medios de comunicación arden con aquellos comentarios de la examante del emérito en los que le acusa de haberla utilizado como testaferro para adquirir una finca en Marruecos, de tener cuentas en Suiza a nombre de su primo o de cobrar comisiones en la negociación de la adjudicación del contrato del AVE a La Meca. El juez lo ve todo muy rápido, tan veloz que en menos de dos meses resuelve guardar en un cajón el llamado caso Carol. No cita a declarar a Corinna, tampoco al primo lejano del rey Álvaro de Orleans ni a los supuestos testaferros.

La mañana del 7 de septiembre el juez tiene sobre su mesa el informe de la Fiscalía en el que le recuerdan que el exmonarca era inviolable. A nadie se le pasa por la cabeza investigar posibles delitos cometidos a partir de 2014, cuando el emérito dejó de tener el blindaje absoluto. Tan solo unas horas después de pronunciarse la Fiscalía, De Egea decide cerrar la carpeta del expediente con total celeridad. Ni tan siquiera disimula dejando unos días de margen para evitar que alguien piense que la decisión estaba tomada de antemano. En una resolución de diez páginas, el magistrado argumenta que el relato de Corinna puede obedecer a una especie de venganza contra Juan Carlos I tras «la ruptura de la relación de amistad entre ambos». Entre las razones aportadas para archivar el caso, el juez recuerda un libro publicado en 2015, Final de partida, de la periodista Ana Romero. Según el juez, el libro ya explica algunas de las supuestas irregularidades relatadas posteriormente por Corinna y subraya que nadie había presentado ninguna denuncia. Es toda una novedad que una obra literaria se convierta en argumento jurídico para concluir una investigación.

La realidad es que el llamado caso Carol pasó en 2018 como una centella por los tribunales españoles mientras que, a poco menos de mil quinientos kilómetros de Madrid, un meticuloso fiscal de Ginebra estaba haciendo un trabajo de hormiguita.

La bestia negra de Juan Carlos

Yves Bertossa empezó su carrera de fiscal arrastrando un apellido, el de su padre Bertrand Bertossa, uno de los fiscales del cantón de Ginebra con más reputación en la lucha contra el uso del secreto bancario como herramienta de evasión fiscal. A su hijo no le hizo falta mucho tiempo para ganarse el respeto de sus compañeros de la Fiscalía a partir, sobre todo, de la entrada en la Unidad de Delitos Financieros. Perseguir a los ladrones de cuello blanco son palabras mayores cuando tu territorio de actuación es un avispero financiero como el de Suiza. Pero si alguna cosa ha demostrado Yves Bertossa es que no le tiembla el pulso ante los retos de grandes dimensiones, tal como certifica su hoja de servicios. Ordenó detener al hijo de Gadafi, descubrió la cuenta secreta de un ministro de Hacienda francés, registró el todopoderoso banco HSBC o abrió una investigación por blanqueo de capitales contra un expresidente ucraniano.

Con este currículum no es de extrañar su reacción a mediados de 2018 cuando tuvo conocimiento de unas conversaciones de Corinna Larsen hablando de cuentas secretas, comisiones y testaferros. Encerrado en su despacho de la Route de Chancy de Ginebra, escucha aquellas grabaciones que estaban corriendo como la pólvora en la prensa española y su olfato le indica que había que tirar de ese hilo. Prácticamente en paralelo, mientras la Audiencia Nacional española cierra de un plumazo la investigación, Bertossa abre la causa P1483/2018. El fiscal suizo se pone las pilas. Ordena la entrada y registro en las oficinas de Arturo Fasana, el gestor de fondos del rey. Encuentra cuantiosa documentación sobre la fundación Lucum, cuyo primer beneficiario es Juan Carlos I. Las piezas empiezan a encajar y llevan a una cuenta del banco Mirabaud con numeración 505 523, donde ingresaron 65 millones procedentes de Arabia Saudí. La justicia helvética tiene la documentación y los datos que le faltan a España. Bertossa consigue la cuadratura del círculo con las declaraciones en su despacho de Corinna, el primo del rey y los testaferros, Arturo Fasana y Dante Canonica, precisamente aquellos interrogatorios que no practicó el juez de la Audiencia Nacional.

El tenaz trabajo del fiscal de Ginebra deja en evidencia a más de uno. Ahora sí, España se ve obligada a investigar a Juan Carlos I. El 8 de junio de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo anuncia que abre unas diligencias por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La presión de Yves Bertossa ha dado resultados. Sin embargo, un reconocido magistrado de alto tribunal español avisa: «Lo mejor para el rey es que todo acabe en el Supremo, es como una vía muerta». Juan Carlos ya lo comprobó hace años.

Demandas de paternidad

En junio de 2014, perdida la inviolabilidad, el ya rey emérito es consciente de que puede tener algún «susto» jurídico con los presuntos hijos ilegítimos. El Congreso le otorga con toda la diligencia el aforamiento y consigue que cualquier demanda de paternidad tenga como destino final el Tribunal Supremo. Dicho de otra manera, las denuncias no se perderán por algún juzgado ordinario, con el peligro que ello puede comportar. Muchos recuerdan el quebradero de cabeza que justo en esa época está dando el caso Nóos a la Casa Real, precisamente porque la infanta Cristina no está aforada y ha topado en Palma con un juez de espíritu libre. Los temores del exmonarca no tardan en cumplirse. Hasta el Tribunal Supremo llegan en pocas semanas dos demandas presentadas por una ciudadana belga, Ingrid Sartiau, y un vecino de Girona, Albert Solà.

El caso de este último es quizás el más mediático, aunque el Tribunal Supremo no tardó en tumbarle la petición con el argumento que el relato que planteaba era del todo inverosímil. Solà no rehúye hablar de su caso e incluso ha escrito un libro. Trabaja como camarero en un bar de La Bisbal d’Empordà y en una de sus pausas para descansar comenta que «no ha perdido la esperanza de ser reconocido como hijo biológico del rey emérito». Su intención es seguir batallando judicialmente en Estrasburgo o «encontrar alguna rendija legal si se aprueba definitivamente la ley de niños robados».

Lo de Ingrid Sartiau fue diferente. En enero de 2015 la Sala Civil del Tribunal Supremo acuerda admitir a trámite la demanda de paternidad presentada por la ciudadana belga, en una decisión que no tenía precedentes. Los magistrados, en contra del criterio de la Fiscalía, habían dado credibilidad a un acta notarial presentada por la demandante en la que su madre biológica describe los detalles de la relación con Juan Carlos cincuenta años atrás. La decisión inicial del Supremo abrió un escenario inédito lleno de incógnitas. Se abría la incógnita sobre si el emérito debiera declarar y sobre si tuviera que someterse a una prueba de ADN.

En la Zarzuela no daban crédito. Fueron semanas de revuelo y tensión, conversaciones airadas en despachos y los teléfonos móviles de los doce miembros de la Sala Civil echaban humo. ¿Serían capaces, por primera vez en la historia de España, de someter a un rey a un proceso judicial para investigar una paternidad? La respuesta llegaría tan solo en unas semanas. Los mismos magistrados decidieron archivar el caso con el argumento de que habían admitido la reclamación de Sartiau sin escuchar antes las explicaciones de Juan Carlos, que les había convencido en su recurso por escrito. Por arte de magia, el Supremo pasó en poco más de un mes de dar credibilidad a la demanda de paternidad a calificar la solicitud de «falsa, frívola y torticera». El alto tribunal estrenaba de esta manera el aforamiento del emérito después de todo un reinado de inviolabilidad. La Constitución ha cumplido con su misión de proteger al rey, como también lo ha hecho el Código Penal.

Un juicio pintoresco por injurias a la Corona

Desde su casa en Getxo, en Vizcaya, Xabier Sánchez Erauskin explica el capítulo de su vida que le ha vinculado al rey emérito. A sus ochenta y cinco años se expresa con dificultad, pero sin esconder un punto de emoción cuando su memoria le permite recrear lo sucedido cuarenta años atrás.

Hay que remontarse a febrero de 1981. Eran tiempos convulsos en un país que salía de la dictadura, no sin dificultades. Días antes del golpe de Estado del 23-F, el rey Juan Carlos visita por primera vez Euskadi. El recibimiento no es el más acogedor. Ante la Casa de Juntas de Gernika, el monarca empieza su intervención ante los gritos y abucheos de los representantes de Herri Batasuna. Puño en alto cantando el himno Eusko Gudariak y son desalojados por la fuerza.

Con los acontecimientos aún calientes, Sánchez Erauskin escribe un editorial satírico en el semanario Punto y Hora. Bajo el título «Paseíllo y espantá», hace una comparación entre la visita de Juan Carlos a Gernika con el toreo. El «paseíllo» se refiere al paso del monarca por Euskadi y la «espantá» a la huida de Adolfo Suárez, todo ello utilizando un lenguaje taurino para concluir que hubo división de opinión entre los asistentes. El texto irrita a las autoridades judiciales, que están muy ofendidas por lo sucedido en la Casa de Juntas de Gernika, y la Fiscalía mueve ficha. El periodista declara inicialmente ante el juzgado de Donostia y vuelve a su casa pensando que la cosa no irá a más. No calculó que en tiempos convulsos quizás buscaban un cabeza de turco. Su caso acaba finalmente en Madrid, en la recién estrenada Audiencia Nacional, sustituta del Tribunal de Orden Público franquista. Dos años después, Sánchez Erauskin se convierte en la primera persona condenada en democracia por injurias a la Corona. «El juicio fue pintoresco, duró solo dos días. Lo tenían muy claro», explica Erauskin. Su defensa expuso ante el tribunal que la revista francesa Le Canard Enchainé o la británica Punch atacaban continuamente en sus portadas a sus jefes de Estado. En España, en cambio, el rey «estaba sacralizado, era tabú». Meses antes, la revista Cambio 16 publicó a Juan Carlos bailando claqué en Estados Unidos. Tirando de ironía, el abogado adujo que si un torero no era tan honorable como un bailarín.

De nada sirvieron los argumentos. «Me pasé un año en la cárcel», concluye el periodista. Ingresó en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, los primeros días en el pabellón de presos preventivos, sin que se le reconociera como preso político. Como señal de protesta inició una huelga de hambre para solicitar un cambio de módulo.

Su condena cree que sirvió para remover ciertas conciencias. «Eran años de muchas multas, de exceso de ataques a la libertad de expresión, eran tiempos complicados para los medios de comunicación». Erauskin recuerda el caso del también periodista Xavier Vinader, condenado en 1981 por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por un delito de imprudencia temeraria de carácter profesional. Había escrito en la revista Interviú dos reportajes sobre actividades de grupos de extrema derecha en Euskadi. Con posterioridad a la publicación, ETA asesinó a dos de las personas que aparecían citadas en sus reportajes.

Ya fuera de la cárcel, Erauskin y Vinader participaron en diversas charlas, «muchas de ellas en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Explicamos nuestra experiencia y la verdad es que también recibimos bastantes muestras de apoyo».

El exdirector de Punto y Hora intenta quedarse con el recuerdo más optimista de su paso por la cárcel. En plena conversación, se levanta y se dirige a una estantería para recuperar dos carpetas voluminosas. Orgulloso, ojea las decenas de cartas y telegramas que recibió en su año en Nanclares. Guarda con esmero recortes de la prensa de la época que hacen referencia a su caso, y lee con especial atención la noticia sobre la proposición presentada en el Parlamento vasco solicitando su indulto en abril de 1983, una medida de gracia que nunca llegó.

El primer condenado de la democracia española por injurias a la Corona ha dedicado a la docencia los últimos años antes de su jubilación como profesor en la Facultad de Periodismo en la Universidad del País Vasco. Muchas cosas han cambiado desde aquel editorial «Paseíllo y espantá», pero en sus clases de Comunicación ya avisaba a sus alumnos de que hay que cosas que siguen igual: «En España puedes escribir y hablar de todo, menos del rey». Lo decía con conocimiento de causa.

Los «injuriosos»

La condena a Xabier Sánchez Erauskin, lejos de quedarse en una anécdota, ha marcado un camino que después han seguido decenas de personas. Ha habido casos más conocidos, algunos han sido más mediáticos, otros casi pasaron desapercibidos y algunos incluso rozaron el ridículo, según documenta Rebeca Quintáns en su libro Juan Carlos I, la biografía sin silencios. Un par de ejemplos de estos últimos: el del cocinero Marciano Delgado Francés, que en 1988 pasó seis meses en la cárcel por haber insultado al rey durante una parada militar en la plaza Cibeles de Madrid. En su declaración, Delgado lo negó, pero tuvo más peso la versión de un agente de la policía. Otro caso, de 1990, es el del joven José Espallargas, condenado a un mes de arresto domiciliario mientras realizaba la mili por haber hecho un dibujo considerado obsceno sobre un sello del rey en una carta que enviaba a su novia.

Una mención especial tiene las causas abiertas con periodistas implicados. Posiblemente el caso más sonado ha sido el de la revista satírica El Jueves. El 20 de julio de 2007 el juez Juan del Olmo ordena su retirada, y el magistrado califica de «irreverente» la portada en la que Felipe VI y Letizia Ortiz aparecen caricaturizados en una postura sexual acompañados del texto «2500 euros por niño», en referencia a las ayudas que el Gobierno de Rodríguez Zapatero había empezado a conceder por cada recién nacido. En su resolución, el juez define la portada como «claramente denigrante y objetivamente infamante». La cosa no queda ahí. La Audiencia Nacional acaba condenando a los dos autores de la caricatura, Guillermo Torres y Manel Fontdevila, a una multa de 3000 euros a cada uno por injurias. Ni las apelaciones a la libertad de expresión sirvieron para que el Tribunal Constitucional levantara posteriormente la condena.

Poco después, en 2008, un artículo publicado en medios vascos, «Las tribulaciones del oso Yogui», lleva a sus tres autores al banco de los acusados de la Audiencia Nacional. El texto aborda con humor la noticia sobre la supuesta participación del rey Juan Carlos I en la cacería de un oso en Rusia, del que se dijo que le habían emborrachado con vodka para facilitar su captura. El artículo va acompañado de un fotomontaje en el que aparece el monarca junto a un oso muerto apoyado sobre un barril de licor. La Fiscalía no se queda corta y pide una multa de 10 800 euros para cada uno de los acusados, entre ellos el ilustrador Javier Ripa. Más de una década después recuerda las sensaciones de aquel juicio: «Al principio te asustas. En el peor de los casos nos podían caer dos años y medio de cárcel y te acojonas. En casa, a mis padres no les quise decir nada. Yo soy del País Vasco y más de uno podría pensar que estaba metido en ETA… Es que estaba sentado en la Audiencia Nacional». Después de solo una sesión, el tribunal dicta sentencia. Absolución. Un alivio, aunque incompleto: «La pena de banquillo no nos la quita nadie. Durante un año y medio que duró el proceso judicial, estuve en la picota con la gente pensando que era medio terrorista».

Años después, visto lo visto, reivindica aún más el artículo. «El tiempo nos ha dado la razón. Con todo lo que está saliendo sobre Juan Carlos teníamos razón con lo que decíamos nosotros en tono de humor. Alguien, quizás el fiscal, debería llamarnos y pedirnos disculpas —⁠sostiene. Pese a todo, no duda⁠—: Volvería a hacer “Las tribulaciones del oso Yogui”».

La justicia tampoco ha sido menos inflexible con las letras musicales. Que se lo digan a los miembros del grupo Ardor de Estómago, que en 2012 fueron condenados a una multa de 900 euros por una canción en la que calificaban al rey de «bastardo» y de «codearse con mafiosos». Son unas palabras que el magistrado que los juzgó calificó de «manifiestamente injuriosas». El caso tiene además su víctima colateral. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Segovia acabó presentando su dimisión. El consistorio editó un disco con motivo de la Muestra de Música Joven y, casualmente, ese mismo grupo que acabó condenado por injurias formó parte del recopilatorio. Fue un hecho que el juez aprovechó para regañar al ayuntamiento. Les reprochó la ausencia de «un mínimo control» por no escuchar previamente la grabación de Ardor de Estómago.

Lo del grupo segoviano resulta casi una anécdota comparado con algún otro caso con consecuencias penales bastante más graves. En mayo de 2018 la Audiencia Nacional decidió dictar una orden nacional, europea e internacional contra el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc. El objetivo, ponerlo a disposición de la justicia después de ser condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas. No tardarían los jueces en confirmar lo que en los primeros días era tan solo una sospecha. El músico había abandonado el territorio español para evitar el ingreso en prisión. No pensaba cumplir la condena. El destino elegido no era fruto de la casualidad: Bruselas. Sonaba a un nuevo quebradero de cabeza para España, y el paso del tiempo así lo ha demostrado. La justicia belga ha interpretado que las canciones por las que el rapero fue sentenciado en España entran dentro de la libertad de expresión. Por tanto, no son delito en Bélgica, y deniega la extradición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha negado a la entrega automática del cantante con el argumento que había sido condenado con un Código Penal de 2015, cuando las letras de sus canciones se compusieron tres años antes. Poco podía imaginar Valtònyc que aquellas frases del tema «No al borbó» acabarían en una condena y un largo exilio.

Tampoco entraba en la peor de las pesadillas de Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, convertirse en el primer músico encarcelado en España en democracia por sus comentarios. A finales del mes de enero de 2021, la Audiencia Nacional ordenaba el ingreso en prisión del rapero de Lleida. Lo hacía, no por las letras de sus canciones, sino por los mensajes que había colgado en las redes sociales. El resultado, una condena de nueve meses de privación de libertad que puede llegar hasta los dos años y medio a causa de las multas económicas que comporta la sentencia. El Tribunal condenaba a Pablo Hasél por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y a las fuerzas de Seguridad. Para los magistrados, la libertad de expresión no puede amparar determinadas expresiones que consideraban de odio y de ataques al honor. Para la defensa del rapero, en cambio, la justicia actuó como elemento de represión y como efecto disuasivo de cara a otros artistas.

El bofetón de Europa

El 13 de septiembre de 2007, Juan Carlos I visita Girona para inaugurar el Parque Científico de la Universidad y celebrar una cena con empresarios y autoridades. En la céntrica plaza del Vi se convoca una protesta para rechazar la presencia del monarca, y la concentración acaba con la quema de fotos del rey. Nadie podía pensar las consecuencias de aquel acto que parecía aislado.

Al día siguiente, el diario El Mundo abre su edición a cuatro columnas: «Grupos de independentistas queman la imagen del rey en su visita a Gerona». Una fotografía del momento en que se prende con fuego el retrato del monarca completa la información. La derecha mediática exige que los hechos no queden impunes, y en consecuencia un resorte activa la maquinaria judicial y policial que acaba con la detención de dos jóvenes, Jaume Roura y Enric Stern. El trámite habitual se pone en marcha: citación en la Audiencia Nacional, juicio y condena a cada uno de ellos a una multa de 2730 euros. Sin embargo, el proceso se tiene que repetir porque en la primera vista el juez no ha permitido a los acusados hablar en catalán. Nuevo juicio y nueva condena, ahora de quince meses de cárcel sustituibles por una multa de 2700 euros por la ausencia de antecedentes penales. Ante la amenaza de ingresar en la prisión, los condenados pagan.

Su abogado, Benet Salellas, no se queda de brazos cruzados y lleva el caso a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que once años después arrastra por los suelos a la justicia española. Concluye que España violó la libertad de expresión de los jóvenes y condena al Estado a devolver la multa que abonaron Roura y Stern, y a indemnizarlos con 9000 euros.

La quema de fotos del rey ya no es un delito sino una crítica política totalmente legal. «Fue una victoria y ha servido para amparar otras protestas que han venido después, quitar la mordaza a determinadas críticas a la monarquía», reconoce con una tímida sonrisa Enric Stern. Lo hace a través de la cámara de su ordenador, desde la Universidad de Cambridge, donde forma parte de un equipo de investigación sobre sistemas de refrigeración menos contaminantes. Ya no es aquel joven de diecinueve años al que los Mossos d’Esquadra identificaron como uno de los dos encapuchados que quemaron la imagen del monarca en la plaza del Vi. «Es una de las cosas de las que me arrepiento: haber participado en la protesta con la cara tapada», lamenta con una mueca de cierto disgusto.

«Yo estaba muy convencido de lo que hacía. Era nuestra manera de denunciar que el rey no era bienvenido a Girona. Es cierto que durante esos meses hasta el juicio mi madre lo pasó especialmente mal. Teníamos policía siempre cerca de casa. Hablaba por teléfono con mis amigos y escuchábamos rebobinadas las conversaciones que habíamos tenido. Era todo surrealista», afirma Stern. Aunque lo más sorprendente llegaría durante el juicio: «Recuerdo que fuimos en autocar, con familiares y amigos. Nos paró la policía en una gasolinera cerca de Madrid para identificarnos a todos. Luego escoltados por la Castellana por furgonetas policiales… ¡Aquel despliegue solo por la quema de unas fotos! Era todo anómalo y fuera de lugar». El paso de los años no ha borrado de la memoria de Enric Stern un recuerdo: «Aquel olor de viejo de la Audiencia Nacional, de naftalina, de cosa anacrónica».

Aviso a navegantes

Si alguien piensa que las injurias a la Corona son cosa del pasado, está muy equivocado. Es lo que comprobaron tres políticos que decidieron, en agosto de 2020, en plena huida del rey emérito, expresar su opinión.

«Los Borbones son una organización criminal, la monarquía solo puede ser corrupta por definición», advirtió el entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. «No hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real. No vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y corrupción», manifestó Ana Pontón, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Lo remató Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía: «La monarquía es corrupta hasta el tuétano».

A la Fiscalía de la Audiencia Nacional no le hicieron ni pizca de gracia estos comentarios y decidió abrir una investigación. El fiscal consideraba que las opiniones pueden ser constitutivas de un delito de injurias contra la Corona.

Con Juan Carlos I omnipresente en los medios de comunicación y en el debate político, la investigación de la Fiscalía enviaba una advertencia: determinadas expresiones pueden salir caras y mejor tener la boca callada si estamos hablando de la monarquía. Pero la realidad es obstinada y los pronunciamientos de los tribunales europeos contra España han sido muy nítidos. Días después, la Fiscalía se vio obligada a archivar las denuncias al entender que las palabras de los tres líderes políticos se enmarcan en el terreno de la libertad de expresión y por tanto no merecen reproche penal. Carpetazo al asunto y ese parece que puede ser el recorrido de cara al futuro.

La Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado detalla que durante el año anterior se tramitaron en toda España seis investigaciones vinculadas al delito de injurias contra la Corona. El documento reconoce en su habitual lenguaje barroco que «todas ellas hubieron de ser archivadas en aplicación de la nueva doctrina europea sobre estos hechos al entender que los mismos carecen de relevancia penal y no sería aceptable castigarlos penalmente ya que se enmarcan en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución de la Monarquía, en general, y en particular del Reino de España como nación, debiendo entenderse como una expresión simbólica de insatisfacción y protesta». Traducido para el común de los mortales, después de la reprimenda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la justicia española tiene que dar marcha atrás.

Pese a todo, el delito continúa vigente. A finales de enero de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU envió a España nuevos avisos sobre las injurias a la Corona. Bélgica pedía «garantizar la libertad de expresión y de opinión para que los delitos tipificados en él se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente». Era una verificación contra el castigo por injurias que también solicitaban Canadá y Ghana. La respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido una declaración de buenas intenciones. Existe el compromiso de revisar el delito de injurias a la Corona, pero sin concretar plazos o calendario.

Han pasado casi cuatro décadas desde la primera sentencia y de aquel año de prisión que Xabier Sánchez Erauskin «se comió» en la cárcel de Nanclares. Han sido cuarenta años de un Código Penal que ha protegido, y sigue protegiendo, a la monarquía de críticas y protestas. Por el camino, numerosos procesos judiciales y condenas a políticos, periodistas, artistas, activistas e ilustradores.

Ha sido alto el precio que pagar para librarse de la mordaza impuesta por la justicia.

8
LA ARMADURA MEDIÁTICA

«No se podía publicar, la política aquí contaba mucho, el grupo editorial tiene una línea que no te puedes saltar y sus intereses son enormes».

MIGUEL ÁNGEL GORDILLO,

subdirector de Interviú

Los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación supieron mucho o poco sobre lo que pudiera afectar a la Corona durante décadas, pero se mantuvieron callados. Ante las evidencias que apuntan las investigaciones judiciales sobre Juan Carlos I entonan un mea culpa discreto. Hubo un pacto de silencio, aunque la mayoría de los profesionales implicados sostiene que ese pacto fue tácito, movido por el objetivo de no dañar a la institución monárquica.

Los pactistas de los primeros años dan forma a la armadura

Después del 23-F la Corona se erigió como garante y salvadora de la libertad, y en virtud de tal consideración todos los poderes se unieron en su defensa.

«Hubo una especie de asunción tácita por parte de todas las fuerzas políticas y de los medios de opinión, un pacto no escrito para no discutir sobre la monarquía como forma de Estado y enturbiar el debate público con un debate sobre la Corona». Quien habla es uno de los hombres más poderosos en el ámbito mediático, Juan Luis Cebrián, director del diario El País desde su fundación en 1976 hasta 1988, cuando pasó a ser consejero delegado del Grupo Prisa, el emporio mediático que acabó presidiendo. Ha sido, sin duda, uno de los hombres más influyentes de España y estuvo junto a Juan Carlos I desde que accedió al trono. Le acompañó en sus primeros viajes oficiales por China y Alemania.

Las relaciones entre los responsables de los medios que estaban escribiendo la historia eran habituales, según reconoce Cebrián: «Calvo Sotelo nos reunió varias veces a los directores de los periódicos. Además, el rey daba fiestas a las que acudíamos todos, directores de diarios y medios».

Son unas reuniones que se han continuado repitiendo, ya fuera para compartir impresiones con un destacado líder internacional o para intercambiar opiniones sobre el momento político y social. A las convocatorias de la Zarzuela nunca faltaban los directores del ABC, El País, la agencia Efe y La Vanguardia. El silencio fue una premisa compartida durante, al menos, veinticinco años, según apunta Cebrián: «Como director del periódico percibía que era importante actuar así. Las amenazas de golpe de Estado seguían, el Ejército era franquista y tenía un poder inmenso. Después del 23-F, las cosas cambian. Ya no hay militar que se atreva a salir a la calle y ver a los socialistas en el poder normalizó la democracia española». Siente que todos contribuyeron a dejar atrás una etapa negra: «Francisco Fernández Ordóñez me llamó un día para pedirnos que no asistiéramos a las recepciones reales vestidos de esmoquin porque los comunistas y socialistas no lo vestían, “y no conviene que se sientan discriminados”. Ese era el ambiente».

El rey viaja en aquellos primeros años de democracia por muchos países y siempre le acompañan los mismos periodistas, y los medios tienen equipos estables destinados a unas misiones internacionales de escaso contenido político o empresarial.

Jaume Roures era productor de TV3 en aquellos viajes que le llevaron de una parte a otra del planeta. De esas experiencias pudo extraer una buena colección de anécdotas y pocos titulares informativos, pero tuvo la oportunidad de saber cómo era el rey y su relación con la reina. «Recuerdo entre mis primeros viajes una misión a Zaire. El presidente Mobutu organizó una recepción en un palacio de Kinsasa, cargada de folclore africano y guiños al anfitrión. Apareció una bailarina con un ajustado vestido de leopardo cantando temas de Julio Iglesias en suajili. Al rey, sentado junto a la reina, aquello le encantó y casi hubo que pararle los pies. Ahí ya empezamos a conocer el carácter del “campechano” —⁠recuerda Roures. El rey se mostraba tal como era y los periodistas trataban de sacar su mejor cara⁠—. También le vimos cabreado en ocasiones. Si la reina llegaba tarde le pegaba unas broncas impresionantes delante de todos».

Sin embargo, el protocolo era estricto y el guion de lo que se podía contar estaba muy delimitado. «No podías mostrar a los reyes comiendo o bebiendo. No había margen para improvisaciones». El productor catalán pudo comprobar de primera mano qué ocurría si llegaba a trascender alguna imagen fuera de lo previsto.

En junio de 1985, una amplia comitiva mediática acompaña a la reina Sofía a Canadá. El príncipe Felipe se gradúa de bachiller en una de las trece mejores escuelas privadas del mundo, el Lakefield College School. La matrícula cuesta un millón y medio de pesetas cuando Flip, como le conocen sus compañeros, termina el COU. «No ha sido un año excesivamente duro, aunque creo que el nivel de exigencia es un poco superior al de España», afirma el príncipe de Asturias durante la ceremonia de graduación, que se celebra en los jardines del colegio. El ambiente es informal, la familia real se mezcla entre los padres y madres de los 239 alumnos de la promoción del 1985. Todos disfrutan. La reina, que luce una chaqueta de lino blanco y una falda de seda azul con lunares, baila con el teniente coronel que se encarga de la seguridad del príncipe. Las cámaras de TV3 captan el momento y el equipo de Roures envía las imágenes a Barcelona. «Me pareció que la imagen era entrañable, humanizaba a la reina. Grabamos y enviamos sin ninguna mala intención. Pero se montó un lío importante. Aquella imagen de la reina fuera de protocolo no sentó nada bien».

Aquellos eran viajes institucionales, casi turísticos, nada atractivos informativamente. «Supongo que habría agendas privadas a las que nosotros no accedíamos», reflexiona Roures cuando le preguntamos si pudo ver algún indicio en aquellos viajes de las prácticas irregulares que se investigan años después.

En cualquier caso, si el rey hubiera hecho algo fuera de lugar, nunca habría trascendido. El empresario considera que el pacto de silencio que sigue vigente nace en la Transición: «Es parte del envoltorio del sistema, no es solo defender a Juan Carlos y a la monarquía, es de fondo. Ahora, aunque se demuestre que Felipe VI ha mentido, la protección de la que goza no permite que se cuestione al rey y mucho menos la institución. Nunca se ha puesto en cuestión la monarquía. Este blindaje forma parte de los lastres de la Transición, que ya implica un maridaje entre la prensa y el régimen que se mantiene hasta hoy. A cambio de esa colaboración activa, lograron formar parte del sistema. Si se observa quiénes son los accionistas de PRISA o de algunas entidades bancarias, se entiende todo».

Los periodistas de la Transición guardan la llave de muchos de los secretos que forjaron la armadura del rey. Una defensa que se realiza, en el caso de periodistas como Pilar Urbano, por convicción. «Hay una época en la que queremos salvar al rey, queremos salvar la democracia», reconoce.

Como columnista en el ABC, disponía de una buena agenda política que le permitió estar al cabo de todo lo que ocurría, aunque no todo se podía publicar, por prudencia y por respeto a la institución: «Yo supe de los líos amorosos del rey, pero no lo conté porque tenía mucho respeto a la reina y porque me parecía que España quedaba muy mal con un rey mujeriego. Ahí sí, nos hemos censurado. Por no dañar a la reina y por no manchar una Corona que era infinitamente mejor que cualquier político. Prefiero que me represente un señor que garantiza la estabilidad interior y especialmente la exterior, la que atrae el dinero y mueve a las empresas. Cuando un rey descuelga el teléfono, se ponen todos los líderes mundiales. Por este valor superior, yo me he censurado».

Cuando le preguntamos por la censura de medios y editoriales, Pilar Urbano sostiene que solo le han censurado en dos ocasiones: después del 23-F, cuando el ABC quería salvar a Milans y Armada, alargaban sus textos con nombre, apellidos y cargos completos de los militares a fin de que no quedara espacio en la columna para recoger las implicaciones. La segunda vez mucho más grave: le fueron vetados del manuscrito de un libro once folios en los que se recogían conversaciones grabadas por el CESID sobre los GAL. Asegura que «en esas conversaciones, que pude confirmar con fuentes suficientemente acreditadas como para publicar algo tan importante, quedaba clara la acción de Felipe González, Narcís Serra y Emilio Alonso Manglano sobre los GAL, pero también que el rey da el impulso. El impulso fue soberano, y como se implicaba al rey, esos once folios fueron censurados por la editorial».

En 1991 el coronel Juan Alberto Perote sacó del CESID, al menos, siete cintas en las que el rey Juan Carlos conversaba con ministros como José Barrionuevo o con su amigo Zourab Tchokotoua, según publica El País en 1995. Algunas de esas grabaciones de los servicios de inteligencia fueron filtradas o vendidas a la prensa.

Pilar Urbano pudo conocer el método del rey para ayudar a los empresarios en sus negocios por el relato de exministros que comprobaron cómo se desarrollaban esas influencias en el palco del Bernabéu: «Se aprovechaba el descanso para muñir negocios. El rey agarraba del brazo al ministro de Fomento, de Industria o de Obras Públicas y le acercaba donde estaban los grandes empresarios de OHL o Ferrovial, pidiendo que les facilitara el camino. Pero esto lo supe años después porque me lo contaban Arias Salgado o Álvarez Cascos».

Los periodistas tenían acceso a fuentes del entorno de Juan Carlos I tan directas como Mario Conde, aunque el banquero solía advertir: «Si lo publicas, lo negaré». Cuando salta el escándalo KIO, Javier de la Rosa, condenado por apropiarse indebidamente quinientos millones de dólares, señala que el rey se ha quedado con cien, una cifra que se repite. «De ahí, cien para mí», le habría dicho el monarca, según le contó el empresario a Pilar Urbano, a quien también le confirmaría el hecho el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, que tuvo que hacer de intermediario en aquel asunto. Juan Carlos I entró un día en su despacho molesto y le dijo: «Oye, Sabino, que Javier [de la Rosa] solo me ha pagado ochenta, faltan veinte». El «error» no tardaría en resolverse porque el rey le pidió a Sabino que acudiera a la oficina que tenía Javier de la Rosa en la Castellana para decirle «que ya estaba todo». Los primeros ochenta millones se los habría dado el propio empresario al rey en mano en un hotel de Londres.

En la construcción de esa armadura mediática tuvo un papel protagonista el fiel escudero de la institución monárquica, Sabino Fernández Campo. Era quien trataba directamente con el mundo de la información. Antes de publicar, la prensa le consultaba cualquier tema importante que afectara a la familia real y Sabino les convencía de que no publicar era mejor para todos. «Este tema no conviene» era una de sus frases más repetidas.

Sabía ganarse a los periodistas revelándoles secretos intrascendentes, con los que aseguraba su silencio, y fue así como consiguió neutralizar durante años al cuarto poder. En una ocasión, llegó a comprar una información sobre Juan Carlos I, poco comprometida, pero en 1985 ningún detalle de la vida privada del rey podía hacerse público. Se trataba de las cuarenta y siete cartas de amor que le escribió siendo príncipe, en 1958, a la condesa Olghina di Robilant. La condesa guardó aquellas pruebas de amor juvenil e intentó hacer negocio ofreciéndoselas al entonces director de La Revista, Jaime Peñafiel. Pedía ocho millones de pesetas, y Sabino, en cuanto se enteró, le entregó a Peñafiel un maletín para que se hiciera con la exclusiva, a fin de que nunca fuera publicada, según reveló Manuel Soriano en La sombra del rey.

El control sobre lo que se publicaba era mucho más sutil. «No había imposiciones, pero te llamaban Sabino o Almansa y ya sabías lo que podías o no tocar. El pacto de silencio lo montan los directores de los medios y lo controlan los jefes de la Casa del Rey», explica un veterano periodista que siguió de cerca las andanzas del monarca.

Sabino fue fundamental conteniendo a los medios, pero más importante fue aún el trato que dispensaba el rey a periodistas, políticos y empresarios. José García Abad admite que nadie escapaba al efecto de ser halagado por un rey: «Era muy seductor, cercano, te llamaba Pepe y te desarmaba. Es una de las armas que utilizó para conseguir la complicidad de la prensa». De esta forma, cuando en el año 2004 el periodista publica La soledad del rey, Juan Carlos, con esa cercanía que derribaba todas las defensas, le hace saber que no ha gustado en la Zarzuela. El 12 de octubre, en plena celebración en el palacio, se le acerca en un corrillo y le dice: «Pepe, qué disgustos me das, la reina está desolada». El rey solo quería dejar claro que estaba haciendo daño a alguien que le apreciaba.

La relación del rey era fluida con los propietarios de los grandes medios, según recuerda García Abad: «En aquellos años, con un abanico mediático más reducido y tradicional, sin tantos digitales como tenemos hoy, los propietarios de los grandes medios decidían y era muy fácil controlar a la prensa hablando con los dueños. Es cierto que los periodistas no hicieron ningún esfuerzo por investigar, pero es que sabían que no podrían publicarlo. La clave es que había una imposibilidad práctica de sacar informaciones sobre la Corona. Era algo impensable. Nos autocensuramos. Considerábamos que la monarquía no estaba consolidada y no queríamos desestabilizar».

Otro de los grandes nombres mediáticos, que estuvo al frente del diario ABC durante más de una década, Luis María Anson, ha reconocido que en los años noventa se producían reuniones secretas en las que el único tema sobre el que había consenso era la monarquía. De puertas para afuera, Luis María Anson, el más monárquico de los periodistas, y Juan Luis Cebrián eran rivales irreconciliables, pero compartían objetivos en encuentros discretos. Según relata Anson en una entrevista de 2020 a El Confidencial, cenaban de manera habitual en casa de Jesús Polanco, el fundador y propietario del grupo PRISA: «De vez en cuando nos poníamos de acuerdo en unas cenas que organizaba Jesús Polanco en su casa, a las que asistíamos Cebrián, Guillermo Luca de Tena y yo. Esas reuniones eran más bien secretas. El ABC definía lo que iba a hacer el centro-derecha, y El País dirigía el centro-izquierda. Cebrián defendía la monarquía, pero a partir de ahí casi todo era enfrentamiento».

Sin duda, para que la armadura funcionara, fue fundamental que hasta quienes se decían republicanos defendieran la monarquía. Entre sus aliados destacaba Jesús Polanco, que pasó de no tener apenas relación con el monarca a convertirse, junto a Felipe González, en uno de sus pilares. «Si el diario El País toma una actitud beligerante en contra de la monarquía, la monarquía está jodida», llegó a decir el empresario en una demostración de fuerza que no resultaba desmedida, según recoge Jesús Cacho en El negocio de la libertad. La relación con el monarca se estrecha a raíz del editorial de El País del 20 de noviembre de 1992, en el que, con el título «¿Qué hace el Rey?», el rotativo critica la asistencia de Juan Carlos a un acto gastronómico organizado por el ABC, el eterno rival. El monarca se da cuenta de que tiene a Polanco descuidado y empieza a llamarle personalmente, a invitarle a la Zarzuela, a demostrarle que es uno de los hombres importantes del país. Polanco cae en la red, y El País no tendría nunca una actitud beligerante hacia la monarquía.

Por su parte, en el ABC y La Vanguardia la información sobre el jefe del Estado no se abordaba desde las páginas de política o economía, sino que la cubrían corresponsales con plaza permanente en todos los ámbitos, «expertos en la Corona», que conocían el protocolo y nunca recogieron ningún detalle fuera de lugar.

La relación entre el rey emérito y el propietario de La Vanguardia era tan estrecha que, ante cualquier información inconveniente, Juan Carlos llamaba directamente a Javier Godó. En enero de 2004, José Luis de Vilallonga firmó un artículo en La Vanguardia titulado «Bufones reales», en el que cargaba contra el entonces príncipe Felipe, a cuya boda «no iría ni aunque le invitaran». El texto no sentó bien a la familia real y el rey Juan Carlos llamó al conde de Godó para manifestárselo. Vilallonga solo tuvo tiempo para publicar un artículo más en el diario, y se cortó la colaboración que mantenía desde hacía trece años.

La relación entre la Corona y La Vanguardia se refuerza aún más cuando el rey promociona al conde de Godó dentro de la nobleza, entregándole el máximo título nobiliario. En 2008, lo distingue como Grande de España, coincidiendo con el ciento vigesimoquinto aniversario del diario.

No había margen para fisuras en el muro de contención del diario monárquico, pero en 2012 todo cambia. La histórica manifestación de la Diada de 2012 abre una grieta enorme. El rey Juan Carlos I considera que el periódico ha apostado por la vía soberanista y está abandonando su posición monárquica y española, y hace explícito su malestar personalmente, y también a través de intermediarios, a los máximos responsables del diario. Lo hace en un tono muy severo, y supone un antes y un después en la relación con La Vanguardia. Automáticamente se convierte en objetivo de medios de comunicación y de políticos de Madrid, que la consideran una amenaza para la estabilidad del Estado.

Las primeras grietas

Durante los primeros diez años de reinado el rey es absolutamente intocable, pero a finales de la década de 1980 nacen dos nuevas publicaciones que necesitaban hacerse un hueco en el mercado, y a partir de ese momento la competencia entre los medios abre algunas grietas en la armadura.

En 1988 Julián Lago apuesta fuerte con el lanzamiento de la revista Tribuna de Actualidad, y el titular de una portada —⁠«Así se forran los amigos del rey»⁠— rompe el tabú sobre el monarca, reforzado por una fotografía en la que Juan Carlos da una palmada afectuosa a Manuel Prado, ambos sonrientes, sobre un texto que habla de la fructífera relación del rey con millonarios como el príncipe Zourab Tchokotoua. El reportaje no sienta bien en la Zarzuela. Dos años más tarde, la revista vuelve a la carga con otro atrevido reportaje: «Los líos de la Corte de Mallorca».

El Mundo le sigue la estela con una crónica titulada «Un verano en Mallorca», con la que Pedro J. Ramírez critica al rey por no interrumpir sus vacaciones para involucrarse en una salida diplomática a la crisis desatada por la invasión de Irak en Kuwait. El ataque viene de un diario que tan solo lleva un año en el mercado y trata de convertirse en el referente del control a las instituciones del Estado. Ese día los ejemplares se agotan. Según cuenta el propio Ramírez, Sabino le llama al día siguiente. «Apenas llevábamos diez minutos en su despacho de la Zarzuela cuando se abrió la puerta, entró el rey y me planteó sonriendo la más nítida de las disyuntivas: “Bueno, qué… ¿amigos o enemigos?”. Pocos minutos después remató la faena con una referencia pinturera a mi destitución como director de Diario 16 año y medio antes: “Es verdad que le dije a Juan Tomás de Salas [el propietario del periódico] que no se sentara a mi lado mientras tú siguieras siendo el director, pero no pensé que fuera a ser tan tonto de hacerme caso”».

Tal y como relata el director de El Mundo en la carta abierta «La prótesis», publicada en este diario el 22 de abril de 2012, Juan Carlos I le ganó con aquellas maneras: «Aunque yo hubiera sido el más cínico de los folicularios, la campechanía del jefe del Estado, ese salir dando la cara al encuentro de los problemas, su desparpajo hasta para convertir una metedura de pata en elemento de complicidad con el perjudicado, su cercanía al preguntarte por la familia o hacerte depositario de confidencias políticas, me habrían ganado para su causa. Cuando mis hijos eran pequeños nos regaló uno de sus golden retriever y le pusimos de nombre Rex».

Aquellas críticas acaban haciendo perder la paciencia del rey. En el discurso de Navidad de 1990, dirige, por primera vez, un toque de atención a los medios de comunicación: «Una democracia avanzada no se entendería sin el equilibrio de la veracidad de la información y el mayor respeto a la libertad de expresión». En el tradicional mensaje televisado, el rey se enfrenta a la prensa y lo hace en contra del criterio de sus asesores y aconsejado, al parecer, por el Gobierno de Felipe González. El Ejecutivo socialista está harto de informaciones que le relacionan con la corrupción y la guerra sucia, y Juan Carlos se suma a la crítica mediática.

El mensaje no es igual para todos. Cuatro días después, coincidiendo con la conmemoración de los primeros cinco mil números de El País, el monarca firma una felicitación en portada en la que deja claro su querencia por el diario de PRISA: «Siempre he estado seguro de que, como Rey, podría contar con El País en cada ocasión en que la historia reciente lo requería; es decir, cotidianamente, en los momentos más graves y en los más livianos». El rey aprovecha la felicitación para «saludar a toda la prensa española». Con este mensaje de reconciliación trata de sellar la armadura.

Dos años después se abrirá la primera grieta importante, que pone en evidencia la falta de control sobre la doble vida del rey, ante la que los súbditos permanecen ajenos. Es entonces cuando estalla el escándalo Marta Gayá, sobre el que no se escribía por considerarlo del ámbito privado. Sin embargo, en junio de 1992 una frase en el Congreso de Felipe González convierte el asunto amoroso en crisis política e institucional. El presidente está a punto de nombrar a un nuevo ministro de Exteriores, tras la dimisión de Francisco Fernández Ordoñez, cuando un periodista le pregunta si había consultado con el rey Juan Carlos el nombramiento. «El rey no está». Son solo cuatro palabras, pero sacuden el tablero. Ante el revuelo generado, se filtra una versión que no hace más que avivar la polémica. Dos días después, el 19 de junio, El País publica la versión del Gobierno en una breve reseña con la que disculpa dicha ausencia afirmando que estaba siendo sometido a un chequeo médico rutinario en una clínica suiza y que ello justificaba la consiguiente dejación de sus funciones institucionales. El rey no está y encima está enfermo. La bola sigue creciendo.

En realidad, Juan Carlos se encuentra con Marta Gayá en Suiza, donde su amante se recupera de una fuerte depresión en una clínica especializada. Pero contar la verdad es impensable. Sabino sale desmintiendo la enfermedad del rey, al que sitúa de vacaciones.

Sin embargo, Pedro J. Ramírez ve la oportunidad y se pone a investigar. El lunes 22 de junio, El Mundo abre portada a tres columnas explicando que «El rey Juan Carlos se encuentra de nuevo fuera del territorio. Regresó el sábado a Suiza inmediatamente después de entrevistarse con González». A esta edición, llena de críticas y artículos de opinión, le siguen nuevas entregas a lo largo de todo el verano. Se abre la veda mediática. Por primera vez, la vida privada del jefe del Estado se transforma en asunto político. En un gesto inédito, algunos medios piden al rey que rinda cuentas sobre sus actividades, mientras que los más monárquicos, como el ABC, observan el fuego desde la barrera, con el silencio como consigna.

Ese mismo 1992 la revista especializada en la realeza Point de Vue dedica un extenso reportaje de ocho páginas a la vida privada del monarca, y la italiana Oggi habla de Marta Gayá como «la compañera sentimental del rey Juan Carlos». Los ecos de estas publicaciones llegan a la dirección de la revista Época, donde trabajaba el periodista de investigación Juan Luis Galiacho: «Yo estaba en Mallorca, me llamó el director adjunto Miguel Torres y me dijo que había que sacarlo. Yo ya tenía el camino avanzado, me había acercado a su círculo de confianza. Lo más difícil fue conseguir una foto, porque ella siempre estaba muy protegida. Al final, conseguimos una que no tenía mucha calidad, pero lo importante es que fuimos el primer medio español en hablar de las relaciones íntimas del rey».

¿Por qué la revista Época se atrevió a desafiar a la monarquía? Quizás que su director fuera Jaime Capmany, de trayectoria falangista y no precisamente monárquico, tuvo algo que ver. Sin embargo, ni el más republicano podía con la capacidad de persuasión de Sabino Fernández Campo, que, tras la publicación, entra en acción y llama directamente a Capmany: «Te pido por favor que no saques más, la reina no para de llorar, te lo pido como persona, no como el jefe de la Casa del Rey, la mujer está hecha polvo». Suplicando de esta manera consiguió, según Galiacho, frenar una segunda parte, que habría sido un bombazo.

Época se convierte en una publicación peligrosa, por lo que Mario Conde compra un buen paquete de acciones. Recuerda Galiacho que, tras la operación, trasladaron la sede de la revista a un edificio de Banesto: «Mario Conde quería controlarlo todo». Y por supuesto, deseaba garantizar al monarca que Época no volvería a darle problemas: «Los amigos del rey eran los que tenían el poder, si te metías con el rey, te metías con ellos».

Conde también llegó a tener una participación en El Mundo, con cuyo director mantenía una estrecha relación. Cuando le llegan las quejas del rey por las publicaciones de aquel verano de 1992, el banquero ve la oportunidad de librarse de Sabino Fernández Campo. «La sombra del rey», como le denomina Manuel Soriano en su biografía, es un controlador incómodo para los amigos del rey. Conde convenció a Juan Carlos de que Sabino estaba en el origen de las filtraciones a la prensa. Medios como Diario 16 apuntaron a su vez que el banquero estaba detrás de la publicación de Point de Vue, pero el monarca creyó a Mario Conde, que vio reforzada su versión por el director de El Mundo. Pedro J. Ramírez dejó caer ante Juan Carlos que Sabino le había comentado en alguna ocasión que consideraba necesario sugerir al rey, a través de la prensa, que estaba vigilado, según explica Soriano en su libro.

Censura y autocensura, todo encaja en la armadura

El nuevo jefe de la Casa Real, Fernando de Almansa, mantiene la política de opacidad comunicativa desde que asume el cargo, en 1993. Pero, además, el blindaje mediático no puede entenderse sin la intervención del CNI, que trabaja a las órdenes del Gobierno. «Si el felipismo no quería que se tocara, no se tocaba a nadie —⁠apunta el periodista Juan Luis Galiacho, que atribuye a la eficacia de la inteligencia del Estado el éxito del pacto de silencio⁠—. Los servicios secretos en aquellos años trabajaban muy bien para mantener la monarquía, investigaban al rey para tenerlo todo atado. El equipo de Manglano era la leche. A mí me llegó a contar la operación que hicieron sobre Bárbara Rey. Fue increíble».

De nuevo, Manglano y las cintas del antiguo CESID, que habría pagado tres millones de euros de los fondos reservados entre 1996 y 1997 por el silencio de su amante artista, según publicó en 2017 OKdiario. La relación que mantuvo con Juan Carlos I quedó documentada en unas cintas magnetofónicas y de vídeo.

Miguel Ángel Gordillo, subdirector del semanario Interviú durante veinticinco años, puede acreditar la existencia de esas cintas. No olvida el escandaloso contenido de aquel material: «Yo estuve en un chalé escuchando las cintas con las conversaciones entre Bárbara Rey y Juan Carlos. Y salí de allí con los pelos como escarpias. El contenido era muy fuerte, sexualmente muy explícito. Cuando llegué a Interviú dije: “Si hacemos un serial con esto —⁠y daba para varios fascículos⁠— tenemos asegurado un millón de copias todas las semanas”. Aquello podía vender más que los desnudos de Lola Flores». Pero enterró aquellas cintas para siempre: «No se podía publicar, la política aquí contaba mucho, el grupo editorial tiene una línea que no te puedes saltar y sus intereses son enormes».

No ha sido el único material sensible que ha tenido entre manos Gordillo antes de guardarlo en un cajón. En 1995 la revista italiana Novella 2000 publicaba unas fotos en las que se veía a Juan Carlos bronceándose desnudo en la cubierta de un barco. Aproximadamente un año antes, esas fotografías habían sido ofrecidas a Interviú. Su subdirector, Miguel Ángel Gordillo, fue citado en un VIPS de Madrid. Su interlocutor le puso sobre la mesa unas imágenes que lo dejaron sin palabras. Juan Carlos tomaba el sol en su yate Fortuna, tumbado sobre unas colchonetas azules y con un gorro blanco como única indumentaria. Boca arriba y boca abajo, todo bien visible. «Me ofrecieron las fotografías —⁠explica Gordillo⁠—, como una exclusiva mundial, es decir, que, si compras y no publicas, tampoco pueden venderse fuera. Y los servicios secretos podían estar por medio. Aunque el interés de la agencia era puramente económico. Pedían cincuenta millones de pesetas. Llamé directamente a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y me dijo que no quería ni verlo».

Era la reacción que esperaba Gordillo, lógica en 1994: «Asensio sabía que iba a pagar un montón de millones por algo que no podría publicar. Habría sido una locura, te echas a todos encima, empezando por el Gobierno. Yo también lo vi así».

La autocensura funcionó durante décadas. Periodistas y autores evitaban publicar contenidos que les podían causar problemas. Las cautelas llegaron hasta el punto de utilizar un seudónimo para poder seguir trabajando. Es el caso de Rebeca Quintáns, autora de Un rey golpe a golpe, que firmó como Patricia Sverlo. La periodista gallega había realizado la tesis doctoral sobre los discursos del rey en la prensa, y ya entonces fue objeto de censura por parte de su director en la universidad. Le obligaron a quitar el capítulo sobre el 23-F, tema nuclear en el sostenimiento de la monarquía.

Más allá de esta significativa anécdota, la cuestión es que Quintáns ya tenía experiencia en la investigación y mucha documentación sobre la figura del monarca. El periodista gallego afincado en Euskadi Pepe Rei pensó en ella para trabajar en un libro. En 1999 acometieron esta tarea en un clima que recordaba al de la clandestinidad: «Nos compramos unos móviles de tarjeta para hablar y yo solo lo hacía con Pepe. Tenía miedo a las consecuencias, porque era freelance y una publicación de este tipo podía cerrarme todas las puertas en Madrid. Temía pasar a una lista negra. Por eso, Pepe me dijo que firmara con seudónimo y él asumiría toda la responsabilidad», explica Rebeca Quintáns.

El libro fue un bombazo, y Pepe Rei se hartó de firmar ejemplares en la Azoka de Durango, la feria del libro vasco, de 2000. Quintáns asegura que no recibieron ningún comentario o respuesta de la Casa Real, aunque sospecha que el cierre de la revista Ardi Beltza un año después y la detención de Pepe Rei, por orden del juez Garzón, pudo tener que ver con publicaciones incómodas. Se corrió la voz de que Pepe Rei era el verdadero autor y Rebeca Quintáns no desveló que ella era Patricia Sverlo hasta catorce años después. Hoy todavía quiere mantener en secreto el sentido oculto tras este seudónimo. Un rey golpe a golpe circuló con éxito, incluso, a nivel internacional, aunque grandes distribuidoras como El Corte Inglés se negaran a comercializarlo.

Algo parecido le ocurrió a Iñaki Anasagasti con su primera publicación, Una monarquía protegida por la censura, un título paradigmático. Cuenta el exportavoz parlamentario del PNV que escribió el libro, en el año 2008, por encargo: «Se pusieron en contacto conmigo desde una editorial para proponerme que contara todas las presiones que había sufrido por ser de los pocos diputados que cuestionaba la monarquía. Acepté, me puse a trabajar y entregué el manuscrito. Pasaron tres meses y me llamaron para comunicarme que no se iba a editar. Sin más explicaciones». No fue hasta algún tiempo después que supo qué había ocurrido. «Me contaron que habían mandado mi manuscrito a la Zarzuela, donde se vetó su publicación». No obstante, Anasagasti consiguió publicar con otra editorial.

El ejemplar vio la luz en 2009, aunque no llegó a distribuirse del modo habitual. «Lo que pasó después fue extraño. No podías encontrar el libro en los lugares de mayor difusión, como los aeropuertos». El exdiputado sospecha de alguna maniobra para que el libro no llegara a los principales puntos de venta.

El control sobre lo que se dice o se publica sobre la monarquía suele ser sutil. Cuando en 2002 José García Abad empieza a trabajar en su libro La soledad del rey, se pone en contacto con la secretaria de la Casa Real para informarle y buscar información. Asunción Valdés, que era entonces la directora de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa del Rey, responde con evasivas. Según cuenta Abad, ella argumenta que «ve muy complicado que nadie participe». El autor llama entonces a Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey, y le contesta: «Tú sabes que hay cosas de las que es mejor que ni me entere».

En 2004, momento en que sale el libro, el interés de la Zarzuela se centra en saber si piensa seguir en esa línea. Además del comentario que le hace el propio monarca el 12 de octubre para tratar de marcar sus defensas ganándose su confianza, Abad revela que la estrategia pasa por enviar como mensajeros a terceros: «Me mandaron de emisarios a tres periodistas. Tres veces vinieron colegas tratando de enterarse de si tenía más. Querían saber si iba a seguir dando la vara».

La armadura del rey no solía hacer ruido. Ni siquiera cuando El Jueves publicó la portada sexual de los príncipes que fue secuestrada se pronunció la Zarzuela, que trasladó que nada tenía que ver con la denuncia de la Fiscalía, según informó El País el 21 de julio de 2007. Y eso que la dirección de la revista reconocía que ya había recibido alguna vez «algún toque» de la Casa Real que les habría pedido «una reflexión» sobre la manera en la que se trataban los asuntos relacionados con la Corona.

Son muy pocos los casos en los que desde la Zarzuela se han manifestado abiertamente ante informaciones o publicaciones que pudieran querer frenar. Una de esas raras ocasiones fue la de una emisión de TV3 a mediados de los noventa. El aclamado Mikimoto presentaba en aquellos años el programa Persones humanes. El 20 de enero de 1994 se encontraba entre los contertulios del late night el escritor Quim Monzó, que hizo una sátira sobre la falta de actividad de la realeza española, con mención especial a la infanta Elena, que no salió bien parada. La broma sentó tan mal que el jefe de la Casa del Rey, Fernando Almansa, envió una carta expresando su indignación y pidiendo explicaciones al presidente del ente público, que se disculpó, igual que hizo el president de la Generalitat Jordi Pujol. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió abrió una comisión de investigación sobre posibles responsabilidades para determinar si hubo mala intención a la hora de preparar el programa.

Pero el episodio no termina aquí. Un mes más tarde, El peor programa de la semana, el espacio que presentaba en TVE El Gran Wyoming y dirigía Fernando Trueba, es censurado por la televisión pública española. El motivo: el protagonista de esa noche es Quim Monzó. La dirección de la televisión trata de convencer al equipo directivo de que cambien al invitado, pero se niegan y argumentan que su participación es conocida desde hace semanas. Esa noche La 2 emite una reemisión de los Carnavales de Tenerife.

Casi una década después, en 2002, un programa de TV3 vuelve a situarse en el punto de mira de la Zarzuela. Set de nit, presentado y dirigido por Toni Soler, recibe quejas por la imitación del rey Juan Carlos que hace el actor Toni Albà. La dirección de la Corporació traslada al equipo de Soler que «los programas satíricos han de abordar el tema de la Monarquía con contención, porque representa al Estado español». Al director general de la CCRTV, Miquel Puig, le preguntan en el Parlament si TV3 está recibiendo presiones de la Casa Real. Puig ni confirma ni desmiente estas informaciones y sostiene que lo que sí está recibiendo son quejas de espectadores molestos con el trato que se le da al monarca, según recogió La Vanguardia.

Una semana después, El Mundo explica que estas supuestas quejas también habrían llegado a la Casa Real, la cual «como un mero transmisor, hizo que las misivas de protesta llegaran al director de TV3». En consecuencia, sí hubo quejas de la Zarzuela a la televisión pública catalana. Set de nit dejó de emitirse tres meses después.

Estos precedentes pudieron marcar lo que ocurrió en la primavera de 2010. TV3 anunció el estreno del documental Monarquía o república, que no se emitió, sin embargo, hasta dos años después, tras modificar parte de los contenidos y en un momento muy diferente. Los autores de este trabajo, Montse Armengou y Ricard Belis, comenzaron a prepararlo en 2009. El rodaje se extendió durante, al menos, medio año, en el que pudieron contrastar posturas a favor y en contra de la monarquía entre un amplio abanico de periodistas, políticos y personas cercanas a la institución. Era, por tanto, de dominio público que estaban trabajando sobre este tema. Por eso, la sorpresa cuando se frenó el estreno fue mayúscula.

La emisión del documental ya había sido anunciada mediante nota de prensa a todos los medios. Ricard Belis explica que estaban ultimando los detalles para el estreno: «Tuvimos la brillante idea de hacer la presentación en el palacio de Pedralbes, donde se quedaba el rey cuando venía a Barcelona. Se lo trasladamos al responsable de comunicación de TV3 y este pidió ver el documental. Supongo que después de visionarlo fue directo a dirección a advertir de que era peligroso, porque se frenó en seco».

A partir de ahí, los autores entran en un periodo que recuerdan con dolor, en el que sienten que su profesionalidad se pone en entredicho, y no terminan de comprender las verdaderas razones por las que la cinta no puede emitirse.

Armengou relata cómo se precipitaron los hechos: «Enseguida nos llamaron de la dirección de la televisión, que ocupaba Mònica Terribas, y la explicación que nos dieron es que no era lo que esperaban. Nos sorprende porque llevábamos meses trabajando en ello, pero nos dicen que no se puede emitir así. Y ahí entramos en un bucle muy doloroso porque nunca se nos dijo de una manera clara cuál era el problema. Si quizás hubo algún tipo de llamada o presión, no se nos trasladó, siempre se puso el énfasis en que eso de esa manera no podía salir». Ambos recuerdan los siguientes meses como una pesadilla, con constantes subidas al despacho de dirección.

El caso llega a la comisión de control de la ahora denominada Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del Parlament, donde la directora de TV3 defiende que la emisión del documental ha sido suspendida «porque requiere de un enfoque distinto». Mònica Terribas asegura ante la comisión parlamentaria que «la televisión pública debe plantear el debate dando libertad al ciudadano y cuando responda a estos criterios se tirará adelante».

La explicación oficial se centra en que el trabajo no está a la altura de las exigencias de la cadena. Los autores, de larga y premiada trayectoria, no dan crédito. Armengou se niega a creer tal argumento: «Llevábamos muchos años haciendo documentales, con una gran aceptación, con reconocimientos nacionales e internacionales, y que justo en este tema lo hiciéramos tan mal como para que no se pudiera emitir no se lo tragaba nadie. Puedo asegurar que este fue posiblemente uno de los trabajos más equilibrados de nuestra carrera, con posturas a favor y en contra, en la misma proporción. Ni siquiera entrábamos a plantear un problema de posible corrupción del que nos hablaban algunos interlocutores. En el Parlamento balear se había preguntado sobre el caso Nóos y no quisimos entrar en esa cuestión. Nos autocensuramos porque sabíamos que estábamos ante un tema tabú. Pero conseguimos mucho y en el año 2010 habríamos sido pioneros con un documental así. Se perdió una oportunidad de oro, porque para cuando se emitió ya había estallado todo y se le había echado demasiada agua al vino».

Trabajado a lo largo de 2009, el documental recoge la que sería probablemente la última entrevista con Sabino Fernández Campo, que se suma en el bando de los defensores a nombres destacados como Luis María Anson, Paul Preston, Gregorio Peces-Barba, Santiago Carrillo o Simeón II de Bulgaria. Entre los republicanos, expresaban su posición Joan Tardà, Iñaki Anasagasti, Amadeo Martínez Inglés o Toni Albà. Estuvieron a punto de conseguir que participara Mario Conde, pero en el último momento, y con la cita ya cerrada, canceló misteriosamente la entrevista.

Los autores se esforzaron, desde luego, por equilibrar el documental con todas las posiciones. Pero «el enfoque» no terminaba de gustar. Hicieron cambios, pero tampoco pasó el filtro. Les pidieron una nueva versión y amenazaron con negarse a poner su firma, según cuenta Belis: «Dijimos que podían cambiarlo más, pero nosotros no lo firmaríamos. Y se nos negó ese derecho. Si no llevaba nuestra firma, no salía. Tuvimos que llamar a los entrevistados para explicarles que no se iba a emitir y entre los republicanos empezaron a hacer ruido». Llegaron a organizarse manifestaciones en la plaza de Sant Jaume. Después de varios meses de lavados y retoques sin que el trabajo quedara listo para su visionado público, fue guardado en un cajón.

Monarquía o república vio la luz, finalmente, dos años después, en 2012, cuando tras el caso Nóos, la cacería de Botsuana y las primeras grandes movilizaciones independentistas en Cataluña, la mentalidad respecto a la monarquía era ya muy diferente. Justo antes de que cambiara la dirección de TV3, se emitió el trabajo de Armengou y Belis, quienes consideran que pese a todo «no podía quedar en un cajón como censurado». A ambos les cuesta incluso recordar el episodio más doloroso de su carrera. «Que la directora de tu cadena diga en sede parlamentaria que el tuyo no es un buen trabajo duele mucho —⁠subraya Armengou⁠—. Se nos hizo mucho daño y nunca se nos explicó realmente qué pasó».

El blindaje de la Corona implica evitar informaciones o minimizar escándalos, aunque al final resulten incontenibles. Antes de que estallara el caso Nóos, Juan Luis Galiacho sufrió una censura directa de una exclusiva. El periodista de investigación fue el primero en hablar sobre el caso Urdangarin, pero la información fue eliminada de un plumazo.

Una mañana de junio de 2010, Galiacho se encontraba en los estudios de la cadena Cope en Madrid. En medio del programa matinal en el que participaba dijo que tenía «un bombazo». Ante la expectación generada apuntó que «podía ser la primera vez que se investigara a la Casa Real». El periodista había tenido acceso al primer auto del juez José Castro, que ordenaba investigar la empresa de Iñaki Urdangarin. Inmediatamente el titular saltó a la web de la emisora, destacado como exclusiva. Pero no duró ni dos minutos. Galiacho cree que el presidente de la COPE estuvo detrás de tan rápida maniobra: «Alfonso Coronel de Palma me lo censuró. Lo mandó quitar el presidente de la cadena, que tenía relación directa con la Casa Real, pues su hermano es cuñado de Marichalar».

No ha sido la única traba que ha encontrado Juan Luis Galiacho para poder informar sobre asuntos incómodos para la familia real: «Cuando preparaba Los herederos del gran poder quise hablar sobre Iñaki Urdangarin y no me dejaron. No querían que hubiera un capítulo que mirara a la Zarzuela. Tuve que recurrir a figuras retóricas. Aludiendo a “los otros borbones” y fórmulas similares conseguí calzarlo en las últimas páginas. En España los grandes temas de investigación se han contado en los libros, que era donde podíamos publicar lo que nuestros medios no nos permitían. Saber, se sabía todo, se tenía, pero luego no se publicaba».

El control de la Casa del Rey

La opinión pública no ha sabido lo que ocurría en el interior de la Zarzuela, en buena parte por la autocensura que han practicado los periodistas habituales de la Casa Real. Ocurrió, por ejemplo, en el año 2010 en uno de los corrillos que se forman el Doce de Octubre, durante la celebración de la fiesta nacional. Acababa de estallar el caso Nóos y el rey, con su conocida naturalidad, dejó caer delante de todos: «Yo ya estoy cansado, a ver si este espabila». Era la primera vez que hablaba de una posible retirada. Era un bombazo, pero nadie lo contó por una norma no escrita que asumen los periodistas que entran en el palacio: «Las conversaciones con el rey no se citan».

A partir de ese año, se vuelve imposible contener las informaciones, y el yerno del monarca salta inevitablemente a los titulares. Se intenta parar, pero el torrente informativo es incontenible.

«Cuando salta el escándalo del caso Nóos se hace un cordón sanitario alrededor del rey Juan Carlos. Quitan a Urdangarin de la agenda, y si lo relacionabas con el rey, te lo desmentían. —⁠La que habla es Mábel Galaz, corresponsal de El País en la residencia real con tres décadas de experiencia⁠—. Sabíamos, por ejemplo, que Urdangarin seguía yendo a la Zarzuela, pero nos querían hacer ver que no significaba que se encontrara con el rey Juan Carlos. Lo que no tenía sentido, porque cualquiera que conozca la Zarzuela sabe que es pequeña».

El control de la información es un arte que han sabido manejar los responsables de la Casa del Rey, dosificándola a conveniencia. Esto fue lo que ocurrió con la cacería de Botsuana. Mábel Galaz fue quien dio la exclusiva, que le llegó a través de una llamada realizada en el momento justo: «Son las 8:30 de la mañana de un sábado. Me llaman directamente de la Zarzuela y me informan de que el rey está siendo operado de una fractura de cadera. No me lo podía creer… ¿Cómo? ¿Se ha caído? ¿Y dónde se ha caído? Cuando me dicen “En Botsuana” yo ya estaba alucinando. Pero… ¿qué hacía allí? Cazando elefantes. Era todo increíble. Llamé al periódico y lo publicamos en la web. A los pocos minutos de publicar, buscamos fotos del rey de cacería en la web del campamento donde estaba y ahí encontramos la famosa foto del rey con el animal muerto».

La indiscreción del campamento de lujo que exhibe a sus clientes disfrutando de sus cacerías proporcionó las imágenes que harían despertar a la opinión pública respecto a comportamientos nada edificantes del monarca. Pero ¿por qué Zarzuela llama a Galaz para contarlo? «Porque sabían que iba a salir y prefieren manejar la información. Ahí empieza a fraguarse la abdicación del rey Juan Carlos y, conscientes de la situación, quieren controlarlo», razona la periodista.

La periodista Ana Romero cree que cuando el rey se rompe la cadera en compañía de Corinna, «a la Zarzuela no le importó que se supiera, sino todo lo contrario».

Romero trabajó como corresponsal de Casa Real en El Mundo durante siete años y fue la primera periodista española en entrevistar a Corinna Larsen. Dio con su contacto de casualidad, tras encontrar en unos emails del caso Urdangarin su teléfono móvil. Llamó y consiguió la exclusiva del momento. En aquella entrevista, publicada en febrero de 2013 en su diario en dos entregas, cumplió todas las exigencias de Corinna en cuanto al tratamiento y las preguntas. «Le puse una alfombra roja de siete kilómetros, exactamente la que ella quería. Sus exigencias no han cambiado: la media docena de entrevistas que ha concedido en el último año también se ajustan a la norma de no cuestionar sus afirmaciones. Entonces exigió que la relación con el rey careciera de matiz sexual y utilizó, en inglés, el término endearing friend. Así nació la famosa expresión “amiga entrañable”». Ana Romero la bautizó como «la amiga entrañable del rey», aunque asegura que Corinna quiso ser mucho más. «Ella aspiraba, y estuvo a punto de serlo, la consorte oficial del rey. Corinna de Borbón. Mi impresión es que todo el que era alguien, las personas relevantes —⁠empresarios, políticos, periodistas⁠— sabían o intuían que el rey hacía negocios con su “novia”. Corinna iba con él a todas partes, no se escondían, y pasó largas temporadas viviendo en el recinto de El Pardo, a un tiro de piedra de la Zarzuela».

La existencia de Corinna no se le escapaba a nadie. Aunque bajo el pretexto de que era la vida privada del monarca, la opinión pública vivió ajena a todo ello hasta que el rey se rompe la cadera cazando elefantes. El director de La Razón, Francisco Marhuenda, también tuvo conocimiento, mucho antes, de la relación extramatrimonial: «Me enteré cuando aún no era público. Pensé que confirmaba el distanciamiento entre la reina Sofía y el rey Juan Carlos. Pero era su vida privada, yo estaba seguro de que, si se sabía, sobre todo la gente joven, lo vería muy mal». Marhuenda niega que tuviera conocimiento de que además de amantes también pudieran ser socios de negocios: «No tuve ninguna idea. Lo único que escuché siempre fueron opiniones negativas sobre ella, en la línea de que era una arribista que buscaba ascenso social».

De la misma manera, otro poderoso hombre del espectro mediático, Juan Luis Cebrián, sostiene que nunca estuvo cerca de la amante del rey: «Nunca vi a Corinna, todo lo que sé de ella es por lo que se ha publicado». Cuando se le insiste sobre si nunca vio nada, contesta: «Bueno, me habían hablado de ella, sí, pero nunca la vi… o si la vi, nunca reparé en ella».

Algo parecido le ocurrió al exministro de Industria José Montilla. En 2006 vuela con Corinna, Juan Carlos I y la reina Sofía en el mismo avión. Viajan a Arabia Saudí acompañando a un nutrido grupo de empresarios. Por increíble que parezca, el exministro nos asegura que no reparó en la rubia acompañante del monarca. «Había muchas mujeres en la delegación empresarial y a ella no la recuerdo. No sé qué papel pudo jugar allí. Yo me enteré de la existencia de esta señora mucho tiempo después, cuando un empresario me comentó: “¿No recuerdas que vino en aquel viaje?”».

O Corinna tenía la virtud de pasar desapercibida, o nadie quiso poner el foco sobre ella ni sobre el jefe del Estado. Ana Romero se dio cuenta de inmediato: «Cuando llegué a la Zarzuela en el año 2010 enseguida percibí la opacidad, la veneración por el rey y el hecho de que nadie se cuestionaba el estado de la institución. Cinco años después, cuando publiqué Final de partida, el libro en el que puse sobre la mesa la situación a la que había llegado la institución con Juan Carlos I, ninguno de los grandes medios escritos o audiovisuales, los importantes, los que marcan la agenda del país, quiso entrevistarme. Había interés por el cotilleo, por la relación sentimental con Corinna en los programas del corazón, donde yo no me siento cómoda. Pero los medios serios, en su totalidad, no estaban interesados en investigar o siquiera en analizar cuál era el estado de la cuestión monárquica. Creo que eso no ha cambiado fundamentalmente. Ahora no ponen trabas, sino todo lo contrario, a la hora de criticar al rey Juan Carlos hasta la extenuación, pero no les interesa indagar en las causas del fracaso colectivo que supuso el final de su reinado».

Son pocos los que investigan, porque ahondar fuera de los códigos establecidos y asumidos tiene consecuencias. «La Casa Real no te manda cartas amenazantes y nadie te silencia abiertamente, pero mi caso no deja de resultar ilustrativo: a partir de 2014 he dejado de trabajar en dos periódicos y me he quedado a las puertas de un tercero cuando ya tenía el contrato firmado», observa.

Ana Romero se marchó de El Mundo en 2014, el mismo día de la abdicación del rey, tras un encontronazo con el entonces director, Casimiro García-Abadillo, que tuvo miedo a que ella le estropeara la cobertura institucional que todos los grandes medios acordaron con la Casa Real. Tres años después, en 2017, Romero se marchó de El Español cuando percibió que este medio se había echado en brazos del comisario Villarejo. En el verano de 2018 este digital, junto con OKdiario, publica unas grabaciones en las que Corinna habla del cobro de comisiones por parte de Juan Carlos. Esta información dio el pistoletazo de salida a dos años de nuevas revelaciones y a opiniones que cuestionan duramente al rey emérito. Pedro J. Ramírez ha llegado a expresar, en una entrevista en mayo de 2020 en el programa de La Sexta Liarla Pardo, que Juan Carlos de Borbón puede «acabar siendo uno de los mayores corruptos de la Transición».

Las lealtades cambian y el pacto mediático que sostiene la monarquía fluctúa en función del provecho que pueden obtener en cada momento. Es la reflexión a la que, tras su propia experiencia, llega Ana Romero: «Los llamados pactistas del silencio se mueven por sus propios intereses. Disfrazan su complicidad con la corrupción con palabras mayores, como la defensa de la democracia o del Estado, pero en realidad solo buscan proteger sus privilegios: básicamente su dinero y su poder. Para mí, se trata de un pacto tramposo y cargado de testosterona diseñado por los hombres que han controlado y en gran parte siguen controlando la estructura de los medios en España. Pactan el silencio para protegerse a sí mismos y en ese interés común protegen a la monarquía. Se tapan sus vergüenzas. Pero cuando el vértice del sistema que los protegía cae y ya no les sirve, se tiran encima. Ahora hay barra libre con Juan Carlos I, que es el malo malísimo al que nadie pudo parar mientras que sus protectores (periodistas, empresarios, políticos) son unas buenísimas personas que solo querían lo mejor para España».

A Juan Carlos de Borbón le quedan pocos protectores, pero diarios como La Razón siguen defendiéndole a capa y espada. Su director Francisco Marhuenda esgrime su peso histórico: «Yo lo hago por convicción, es una de las figuras más importantes de España. Es el artífice de la Transición, por tanto es una persona que merece el respeto generalizado. Luego está su vida privada y si hay un acto criticable, si tiene sanción judicial, ya lo veremos… pero nadie es perfecto».

Cuando salvar al hombre se hace imposible, hay que preservar la figura histórica. A la pregunta de si se le ha permitido todo por ser quien fue, Marhuenda responde: «Yo no tengo esa sensación. Pensar que todos los presidentes le han permitido todo sería pensar que han sido cómplices».

En su reflexión, Marhuenda da en el clavo. Para que la armadura funcione, todos los poderes han tenido que estar implicados. Sin embargo, el director de La Razón sostiene que, si el rey hubiera incurrido en algo realmente grave, se habría publicado. Desacredita de esta forma las informaciones que apuntan al enriquecimiento de la familia real: «Se han publicado cifras sobre una fortuna que no tienen. Son informaciones de carácter sensacionalista. La familia real española es como una familia burguesa, de clase media alta. Nunca han tenido recursos suficientes. La reina Sofía viajaba en una aerolínea de bajo coste a Londres».

Los defensores del rey emérito, como Marhuenda, restan importancia al sospechoso cobro de «regalos» millonarios por parte de potencias petroleras. «En una sociedad de economía sumergida como la española, ahora el gran escándalo es que el rey recibió un regalo de su hermano de Arabia. Cada cosa hay que ponerla en contexto y la mentalidad oriental es muy diferente. Entre reyes las cosas son distintas. No me sorprende que tuviera ese gesto de solidaridad con su hermano, que era pobre. Si fuera cierto, lo máximo que habría es una donación, que no es delito. Yo estoy convencido de que don Juan Carlos no ha hecho nada que entendamos como delito. Ha hecho enormes favores a empresas españolas porque consideraba que era su deber y su obligación», justifica el director de La Razón.

Juan Luis Cebrián esgrime unos argumentos muy similares y explica que fueron por altruismo los 65 millones de euros que habría recibido Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí: «Yo no creo que hubiera una comisión, creo que fue un regalo. El tren estaba ya concedido a empresas francesas y fue la intervención del rey la que lo cambió. Me consta que ha ayudado a muchas empresas del Ibex-35 a su expansión en América Latina y no ha cobrado ninguna comisión. Estoy sorprendido ante la gran cantidad de empresarios que conozco, empresas cotizadas a las que hizo enormes favores y abrió posibilidades en muchos países y que están callados al respecto. Podían salir a explicar que les ayudó y no tuvieron que pagarle nada».

La historia se repite: la prensa extranjera señala las vergüenzas de la Corona

Desde que Felipe VI accediera al trono, ha corrido por las antesalas de los platós una máxima: «Se puede hablar cuanto quieras sobre Juan Carlos. Sobre Felipe, no». Esto lo cuentan periodistas que frecuentaban tertulias en las grandes cadenas.

Un veterano periodista revela que esta idea le llegó hace tiempo de fuentes cercanas a la inteligencia del Estado: «Me dijeron: “Juan Carlos es un fardo que se puede tirar desde el barco, pero al capitán ni tocarlo”. Cuando empezaron a salir cosas, estaban preocupados por si había algo sobre el actual rey, Felipe VI».

Juan Carlos ya es carne de cañón y si para proteger al actual rey hay que tirarlo por la borda, se hace. Cuando el corresponsal de The Telegraph James Badcock sacudió el tablero en marzo de 2020 con la exclusiva sobre la fundación Lucum, advirtió ciertos movimientos encaminados a preparar el terreno: «Antes de publicar sobre la Lucum el 14 de marzo, me puse en contacto con la Casa Real para preguntarles sobre lo que tenían entre manos. No dijeron nada. Un silencio que interpreté como una confirmación de lo que manejaba. Pero un día después de mi correo electrónico, el diario El País saca nuevas informaciones sobre Zagatka mencionando que Juan Carlos está entre los beneficiarios de esa fundación y obviando que Felipe VI también figura como cuarto beneficiario. Pudo ser casualidad o una explosión controlada. Yo creo que fue una estrategia para amortiguar el golpe de la información que publicaríamos el día después en The Telegraph».

El periodista que publicó esta información en El País, José María Irujo, defiende en una entrevista al documental de ETB El virus de la Corona que cuando lo sacaron solo tenían las primeras páginas de los estatutos donde figuraba el rey emérito como tercer beneficiario, que no disponían de las páginas siguientes.

Un mes antes, The Telegraph publicó la primera gran exclusiva sobre las presuntas cuentas ocultas del rey emérito. El 15 de febrero de 2020 Badcock firma una crónica que apunta al cobro de una comisión de 47 millones de euros por parte de Álvaro de Orleans, primo del rey, por haber ejercido como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en 2003. Según el diario británico, el dinero habría ido a parar a una cuenta suiza para que Juan Carlos I dispusiera de él. Tras la publicación, Badcock detecta algunos movimientos encaminados a saber qué más puede tener: «Fue un poco extraño. Me empezaron a llamar periodistas de otros periódicos, que yo no conocía de nada. Preguntaban si iban a salir más cosas. Antes de esto yo no había tenido ninguna relación con la Casa Real, como todos los corresponsales nos dedicamos a temas muy diversos».

En su caso, encontró una fuente importante que le permitió dar las exclusivas de Barclays y de Lucum. La primera tuvo un impacto mínimo, y la prensa española apenas se hizo eco de esta información, que implicaba al rey emérito en el cobro de comisiones. La segunda apuntaba a Felipe VI como beneficiario junto a su padre de una fundación offshore y provocó la conocida reacción de la Zarzuela. «Creo que la reacción es importante. Este rey siempre se ha escudado en no tener que actuar por lo que hizo su padre. Y me parece algo obtuso, porque tiene obligación de responder desde la institución. Es grave la falta de respuesta a estas acusaciones. En el Reino Unido no se aceptaría algo así, el Gobierno británico no se prestaría a un juego de opacidad de este tipo. No concibo un secretismo como el que se ha establecido aquí. Y no veo un cambio respecto a Felipe VI, se espera una apertura que no llega. Están haciendo lo mismo», reflexiona Badcock.

Ha sido la prensa extranjera la que ha abierto la caja de Pandora sobre las vergüenzas del rey emérito. Tras la exclusiva de Barclays en The Telegraph, el 4 de marzo Tribune de Genève revela que Juan Carlos guardaba cien millones en Ginebra. Y un par de meses después, Le Monde publica en portada un reportaje titulado «El aura perdida de Juan Carlos».

Firma la crónica Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde desde 2010. Se muestra un tanto sorprendida por el revuelo que se generó: «El reportaje que yo saqué en mayo de 2020 no aportaba ninguna información nueva. Hice un repaso sobre lo que se había estado publicando. La novedad es que yo puedo escribir libre de tabúes. Yo creo que hay un problema importante en la relación de la prensa española con la monarquía. En España, cuando publicas sobre el rey parece que quieres acabar con la monarquía. Creo que esto se debe a la falta de solidez de las instituciones españolas, que hace que se tienda a proteger la institución por miedo a que se derrumbe todo el castillo de naipes. Hay miedo a que caiga todo el sistema».

Sandrine Morel solo escribe sobre la monarquía española cuando saltan grandes escándalos. Como otros corresponsales extranjeros consultados, no cree que sea una institución interesante por sí misma. «No tiene poder y no informa más allá de comunicados. He hablado con los corresponsales españoles en la Zarzuela y en realidad no hacen más que seguir el protocolo», afirma.

Protocolo, control sobre la información, autocensura, silencio… Parece que la armadura que protege a la monarquía del control de la prensa solo ha cambiado de rey.

9
CRISIS INSTITUCIONAL ENTRE LA MONCLOA Y LA ZARZUELA

«Pedro Sánchez quiere ser el presidente de la República».

JUAN CARLOS DE BORBÓN,

rey emérito

El lunes 3 de agosto de 2020 las redacciones de los medios de comunicación funcionan a medio gas, parece que todo el pescado político está vendido en el primer día laborable del mes de vacaciones por excelencia. Solo queda un Consejo de Ministros antes de que los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez se tomen unos días de descanso. Los informativos se rellenan ese mediodía con la inagotable ola de calor y el esfuerzo de las administraciones para reducir los brotes del coronavirus. A las seis de la tarde, la Zarzuela sacude la perezosa tarde de verano con un comunicado oficial que marcará el futuro de la institución, una simple página para comunicar que Juan Carlos de Borbón se va de España. Y así lo explica por escrito a su hijo, Felipe: «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones, a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España».

El comunicado lleva el membrete de la Casa del Rey, no es una fría nota de un despacho de abogados. La primera conclusión es evidente: el emérito sigue siendo miembro de la Familia Real. No le apartan de la institución como se había especulado en los días previos. La frase más comentada del escrito —⁠«Ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada»⁠— incorpora el argumento que da el exmonarca para justificar su huida. No niega las acusaciones sobre las supuestas corruptelas, lo enmarca todo en el ámbito de su vida personal, y no hay ninguna muestra de arrepentimiento o de petición de disculpas. Asesorado por sus abogados, entiende que no es el momento de dejar negro sobre blanco ningún comentario que pudiera sonar a autoinculpación en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El verbo que escoge es significativo: «Trasladarme en estos momentos fuera de España». «Trasladar» es un verbo aséptico muy alejado del impacto y de la fuerza que pudieran tener otros como «exiliarse» o «fugarse», o incluso alguno más neutro como «viajar» o «salir».

La explicación la da el periodista de El País Miguel González: «Trasladarse es cambiar de un sitio a otro. Pero para los funcionarios y los militares (y la profesión de Juan Carlos de Borbón es la de militar), trasladarse es cambiar de destino, muchas veces a otra localidad. El traslado puede ser voluntario o forzoso».

El comunicado corre como la pólvora por los teléfonos móviles. Televisiones, radios y medios digitales arrancan programas especiales sabedores de que es la noticia más esperada desde hace semanas. La Moncloa sigue al pie de la letra la consigna de discreción y respuesta de perfil bajo. Las cuentas en las redes sociales de Pedro Sánchez se mantienen inactivas durante horas. Ante la insistencia de los periodistas, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, envía un escueto mensaje una hora después del comunicado de la Zarzuela: «Para citar en fuentes de la Moncloa: Respeto a las decisiones judiciales comunicadas hoy por la Casa del Rey y reconocimiento del sentido de ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la jefatura del Estado». Ni una palabra más, silencio de los ministros socialistas.

La Fiscalía se quita rápidamente la presión de encima: «No hay comentarios a la decisión, continuamos con las diligencias abiertas». Es lo poco que trasladan desde el entorno de Dolores Delgado, fiscal general del Estado desde el febrero de 2020, que no quieren que en esas horas clave el foco se centre en el Ministerio Público ante la duda de si la justicia debería haber tomado algún tipo de medida. Se limitan a recordar que Juan Carlos de Borbón es una persona con total libertad de movimientos para salir de territorio español. Desde el despacho de abogados del rey emérito mueven ficha para recordar, a través de un comunicado, que «S. M. el Rey Don Juan Carlos permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna». Es básico transmitir el mensaje de que no está huyendo de la justicia española.

Mientras tanto, el mutismo en el PSOE contrasta con la representación del malestar explícito en Unidas Podemos. Pablo Iglesias decide romper el silencio de los miembros del Gobierno a través de su cuenta de Twitter, en la que publica un mensaje que escuece entre muchos ministros socialistas que tampoco sabían nada sobre los planes de la Zarzuela. «La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna y deja a la monarquía en una posición muy comprometida». Son unas palabras que no ponen a los morados en el centro de las críticas. «El PSOE y Podemos hace semanas que conocían los planes de fuga y no han hecho nada por impedirlo», denuncia el president de la Generalitat Quim Torra. En el entorno de Pablo Iglesias concluyen que es necesario marcar distancias con el PSOE.

No está en la agenda oficial del Gobierno, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, improvisa la mañana del 4 de agosto una entrevista en la Cadena SER para lanzar el mensaje: «Podemos no ha participado en ninguna negociación, no sabíamos nada de la salida de Juan Carlos I». Públicamente, los miembros de la formación morada optan por escenificar la indignación y reaccionan con respuestas airadas, pero de puertas adentro las sensaciones son diferentes. El líder de la formación y vicepresidente segundo siente cierto alivio. Sabía que Sánchez estaba negociando una salida del rey emérito, pero desconocía los detalles. Visto el desenlace, en Podemos están convencidos de que era mejor no tener información. ¿Qué hubiera pasado si el presidente del Gobierno hubiese llamado a Iglesias con antelación para comunicarle la salida y el destino del Borbón? Hubiera sido una auténtica patata caliente que habría situado a Iglesias entre la espada y la pared. Pero el líder de Podemos no habría reventado la operación.

«Una cosa así no la habría filtrado, se la hubiera comido», reconoce un dirigente de Podemos muy próximo a Iglesias. Un miembro socialista del Ejecutivo discrepa, y pone en duda la discreción del vicepresidente segundo, puesto que recuerda que a lo largo de la legislatura ya han sufrido alguna que otra deslealtad de los socios de Gobierno: «En negociaciones de temas sensibles, como el ingreso mínimo vital, filtraron conversaciones de manera interesada, por no hablar de algunos consejos de ministros telemáticos durante el estado de alarma, en los que prácticamente la prensa estaba informando al minuto de lo que pasaba dentro de las reuniones».

Sea como sea, el secretismo de Sánchez ha dejado a Iglesias todo el espacio para jugar con comodidad. «Nos ha tocado la lotería», reconoce a los suyos. Iglesias podrá criticar abiertamente los hechos con el convencimiento de que no les pueden acusar de complicidad.

Tensión en el Consejo de Ministros

No han pasado ni veinticuatro horas desde que se ha emitido el comunicado cuando, en medio de un ambiente enrarecido, se celebra la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones del mes de agosto. Poco importa la agenda habitual de temas elaborada los días previos por los secretarios y subsecretarios de Estado, todo queda en segundo plano ante la gran cuestión que centra la atención de los medios de comunicación. Los ministros de Unidas Podemos están serios, especialmente Pablo Iglesias, que toma la palabra. El reproche que verbaliza es más que esperado por los miembros del Ejecutivo del PSOE. No le parece aceptable que mientras hay una causa abierta por la Fiscalía, el anterior jefe del Estado pueda desaparecer sin que nadie sepa nada, le parece «impresentable en términos democráticos». Lamenta que no se les haya informado, que no se les haya dicho nada sobre la salida de España de Juan Carlos, y que hayan tenido que enterarse por los medios de comunicación, como la gran mayoría de los presentes en la sala.

Sánchez intenta calmar la situación, pues entiende el malestar. Pide disculpas, pero reclama a los ministros de Podemos que sean conscientes de que la situación es muy delicada tratándose de una operación que tiene que llevarse con absoluto secretismo. No puede facilitar tampoco el destino del emérito. Está convencido de que todo habría resultado igual en la operación rey Juan Carlos si les hubiera anunciado con antelación algún detalle.

«No habría cambiado vuestra postura de fondo», replica a Iglesias. El presidente realiza una exposición extensa, más prolija de lo habitual. Explica que no puede exigir a Podemos que abandonen sus ideales sobre la República, pero les advierte de que la posición oficial del Ejecutivo es la defensa del pacto constitucional y, por tanto, de la monarquía parlamentaria. Las palabras de Sánchez intentan ser un bálsamo, pero la tensión ya se ha instalado en el antiguo Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa, rebautizado como Salón Barceló por el jefe del Ejecutivo cuando llegó al complejo presidencial. Las telas y esculturas del artista de Felanitx son testigos de una reunión cargada de reproches. Es el consejo más duro desde que empezó la legislatura, y empiezan a salir las quejas. La vicepresidenta, Carmen Calvo, reclama a sus socios lealtad y también más prudencia, y pide que no se divulguen todas las diferencias internas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, echa en cara a Iglesias una rueda de prensa de principios del mes de julio en la que aseguró que la crítica a los periodistas y medios de comunicación «es una cuestión normal propia de las democracias avanzadas». No es ningún secreto que la titular de Defensa no despierta especial simpatía entre sus colegas del Consejo de Ministros, tampoco entre los del PSOE. Le reprochan su excesivo afán de protagonismo y las ganas de construirse un perfil propio, aplaudido especialmente desde la derecha mediática.

Interviene la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las personas que más respeto se ha ganado en el Ejecutivo. Los complicados acuerdos cerrados con los agentes sociales en plena pandemia la han situado como uno de los valores con más futuro de Podemos. Su queja no es nueva, ya la ha pronunciado en anteriores reuniones. Lamenta que el Gobierno no se puede dividir en dos bloques y aprovecha para pedir fidelidad entre todos los componentes del Ejecutivo para evitar desconfianzas y distanciamiento. Entre los ministros socialistas tienen la sensación de que los miembros de Podemos se han reunido previamente y han coordinado los discursos de esa mañana. Las quejas y protestas de los morados están enlazadas y cada uno de ellos con diferentes argumentos sobre la mesa. No es ninguna casualidad. El único que parece empatizar con Sánchez es el titular de Universidades, Manuel Castells, que se ha convertido en un verso libre. Sus intervenciones en las citas semanales del Consejo de Ministros no acaban de ser compartidas por los otros ministros de su formación.

La reunión ha desembocado en un debate sobre los primeros meses del Gobierno de coalición y casi todos los ministros expresan su opinión. La huida de Juan Carlos ha servido para hacer aflorar las discrepancias de un ejecutivo de coalición que lleva poco más de medio de año en marcha. Se escuchan críticas sobre las recientes reuniones con Ciudadanos para hablar de los Presupuestos Generales del Estado o sobre la aparcada reforma fiscal, que tenía que ser uno de los buques insignia de la legislatura. El Consejo de Ministros se alarga más de lo previsto y la comparecencia de Pedro Sánchez ante la prensa empieza con retraso respecto a la hora anunciada, después de las tres de la tarde. En la Moncloa los periodistas ya se han acostumbrado a las ruedas de prensa con el estómago vacío que el presidente español aprovecha para ocupar los informativos televisivos del mediodía.

Proteger a la Corona, aunque duela

Acaba el discurso de Sánchez de cuarenta minutos y no ha hecho una sola referencia a la crisis abierta en la jefatura del Estado por la huida de Juan Carlos. Sus primeras palabras han sido de balance de los siete meses de legislatura, y ha repartido su discurso entre la explicación del compromiso con el Gobierno de coalición, la crisis sanitaria, la cogobernanza, el escudo social, los rebrotes o el ingreso mínimo vital.

Es el turno de preguntas y la primera, obviamente, hace referencia al rey. A Sánchez le toca capear el temporal. No puede reprochar la decisión del exmonarca, aunque no sea la opción que él quería: «Absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real por cuanto hay detrás de la decisión». El presidente del Gobierno no se sale del guion.

Protege a la institución: «En este país ha habido casos de corrupción vinculados a partidos políticos y no se ha cuestionado el sistema de partidos. No se juzgan instituciones, se juzgan personas».

Defiende la monarquía: «La respuesta es la que corresponde a una democracia vigorosa, España necesita estabilidad e instituciones robustas. La línea marcada por la Casa Real es la adecuada».

Se niega a desvelar información de las conversaciones con el monarca: «Los asuntos de los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son discretos y confidenciales, y en ese ámbito quedan».

Esquiva las preguntas sobre si ha sido desleal con Podemos: «Este es un Gobierno de coalición. En ciertas cuestiones tenemos opiniones divergentes porque tenemos culturas políticas distintas».

Durante la hora entera que ha durado la rueda de prensa, Sánchez se ha convertido en un frontón. De momento ha salvado la situación, pero también es consciente de que las cosas se van a empezar a complicar. El presidente español inicia sus vacaciones en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, que el rey Hussein de Jordania regaló a Juan Carlos. El ruido que provoca la salida del rey es creciente, y el malestar es también latente en las bases del PSOE. Las Juventudes Socialistas han emitido un comunicado recordando que son «una organización estatutariamente republicana». Sánchez no está dispuesto a reabrir ningún debate sobre el modelo de Estado y ataja cualquier amago de protesta o malestar interno. Firma una carta dirigida a los más de 160 000 militantes de su partido con una idea clara: «Los socialistas defienden la monarquía parlamentaria». El líder socialista recuerda a los suyos que son leales a la Constitución, de principio a fin y que la defenderán a «las duras y a las maduras». Para evitar cualquier sombra de duda sobre el trato que recibirá el rey, Sánchez garantiza a sus militantes que no habrá impunidad, que «todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta».

Ese es el discurso oficial, pero en la Moncloa ya constatan que la salida del rey emérito se les está atragantando. Días después de la huida, desde el Gobierno español ya empiezan a filtrar que «la fórmula final no era la que ellos querían». El resultado de la operación no es el esperado y muchos lo atribuyen al exceso de opacidad. Los mensajes que salen del entorno de Pedro Sánchez descargan toda la responsabilidad sobre la Casa del Rey: «Es Zarzuela quien debe informar sobre el paradero de Juan Carlos de Borbón». Seguir el rastro por vías oficiales se convierte en misión imposible, y la respuesta de la Casa Real es siempre la misma: «Ni confirmamos ni desmentimos estas informaciones, corresponde al emérito decidir si comunica su destino y cuándo».

Recuerdan que el padre de Felipe VI no tiene agenda oficial ni tampoco asignación del Estado, y por tanto todo lo que haga forma parte de su vida privada. Los asesores del rey optan por una estrategia de comunicación de perfil bajo, muy bajo. Los periodistas especializados en la Casa Real vuelven a estar sorprendidos, pues no se produce ni una sola reunión o encuentro de la prensa con los responsables de la Zarzuela para conocer una versión oficial de lo sucedido.

Una periodista que desde hace años cubre la información sobre la monarquía española lo resume con sensación de hastío: «La comunicación en la Casa del Rey se ha quedado antigua. Que nadie piense en una estructura superpotente y moderna alrededor del rey. Al final, los que deciden las cosas en palacio se pueden contar con los dedos de una mano. Ellos piensan: “Total, nos van a dar igualmente por todas partes, pues mejor no hablamos”. Ni salen a desmentir informaciones o rumores que luego se demuestran erróneos. La estrategia de comunicación es el silencio».

Y este mutismo hace que el presidente del Gobierno cada vez se sienta más incómodo. Con Juan Carlos I aún en paradero desconocido, el encuentro de cada verano con Felipe VI en el palacio de Marivent se convierte en un mal trago. Sánchez tiene que comparecer de nuevo ante la prensa y su discurso se ha endurecido. «Somos instituciones distintas», enfatiza.

Deriva todas las preguntas que recibe hacia la Casa del Rey y al propio exmonarca: «Aquellas cuestiones que tengan que comunicarse vinculadas con el asunto que usted ha referido tiene que ser la Casa Real o el propio afectado y no el Poder Ejecutivo».

Elude, incluso, mencionar el nombre de Juan Carlos I. Sánchez está molesto. La Zarzuela le ha pedido tiempo, que espere unos días para ver si el emérito cambia de país y puede evitar anunciar un destino que todo el mundo sabe que será un quebradero de cabeza. La situación se ha enmarañado, cada día que pasa sin que se sepa el paradero del emérito es una pesada losa sobre la imagen ya maltrecha de la monarquía española. ¿Dónde está el rey? Casi nadie en la Moncloa tiene conocimiento real de la operación. Pedro Sánchez ha guardado con celo todos los detalles. La mayoría de los ministros no dudan que «una cosa así la lleva personalmente el presidente, por mucho que otros se quieran colgar medallas». La vicepresidenta Carmen Calvo y el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, también tienen información. En las últimas semanas han sido los encargados de tratar con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, las cuestiones técnicas y jurídicas de la salida de Juan Carlos I. El resto de los ministros está totalmente al margen, y se han enterado de la huida del monarca como el resto de los españoles, por sorpresa y a través de los medios de comunicación. No solo los miembros de Podemos del Ejecutivo han quedado apartados de cualquier información, también los ministros socialistas, algunos de ellos con carteras consideradas «de Estado», no saben nada de la ruta ni del destino del emérito. La explicación que reciben es siempre la misma: el sigilo en la operación era innegociable. Un secretismo que se traslada también a los aspectos que van más allá del destino escogido por el monarca. El Gobierno no facilita ningún dato sobre el operativo de seguridad que da cobertura al huido. La respuesta oficial es que no saben nada. No extraña a las personas que conocen el funcionamiento interno de la escolta de la Casa Real.

«Es un servicio de protección personal que actúa de manera autónoma. No rinde cuentas ni da explicación a los mandos superiores de la Policía y de la Guardia Civil —⁠apunta un alto cargo del Ministerio del Interior⁠—. El sueldo lo asumimos nosotros, es el único vínculo directo». Las dietas y retribuciones complementarias las paga la Casa del Rey, precisamente para evitar filtraciones sobre cualquier viaje, movimiento, desplazamiento o localizaciones. No debe salir información más allá de los muros de la Zarzuela, solo aquella que quiera dar el rey. Es una fórmula instaurada para proteger la privacidad de los miembros de la Casa Real, una pieza más de la armadura.

«Es un cuerpo muy cerrado, pero también es cierto que se intenta buscar rendijas entre sus agentes para conseguir información. De una manera u otra, el Gobierno ha de tener canales para saber lo que está pasando», puntualiza un exministro español.

Es tal el hermetismo que, en las horas posteriores a la salida de España, desde la Dirección General de la Policía están convencidos de que Juan Carlos I se encuentra en Portugal, aunque están tan equivocados como el resto de los ciudadanos. La escolta real actúa a su aire, la relación con los compañeros del cuerpo dedicados a otras funciones no está exenta de tensiones.

«Cuando ellos llegan a cualquier sitio, toman el poder, el resto de los agentes nos tenemos que poner de perfil —⁠reconoce un veterano de la policía. Así funcionan ahora las cosas y así han funcionado durante muchos años⁠—. No dan información, no hay colaboración. Solo se ponen en contacto para pedir material, por ejemplo, para solicitar nuevas cámaras perimetrales para alguno de los palacios o residencias como hicieron recientemente con las instalaciones de Marivent». Hay una ausencia absoluta de control que provoca que, de manera oficial, muchos altos cargos en el Ministerio del Interior tampoco sepan en aquellas horas iniciales dónde ha ido a parar el monarca.

¿Quo vadis, Juan Carlos?

«¿Dónde está el rey?» es la pregunta más repetida durante los primeros días de agosto. Dar con una información fiable del destino de Juan Carlos I es la gran obsesión de las redacciones. El último rastro seguro lo deja en Galicia, en Sanxenxo, la localidad pontevedresa que se ha convertido en los últimos meses en un refugio vital para el exjefe de Estado. Ya hace tiempo que se siente más cómodo en el municipio turístico por excelencia de las Rías Baixas que bajo los techos del Palacio de la Zarzuela. Son cada vez más habituales los viajes a la villa gallega, donde se ha rodeado de un círculo de personas de su plena confianza, una especie de nueva corte con la que ha tejido unos lazos de amistad. El domingo 2 de agosto cena con amigos y compañeros de regatas, con vinos de la tierra, marisco, pescado y licores para cerrar una velada distendida. El rey emérito les comunica que deja el país, que abandona España como hace habitualmente por esas fechas, pero esta vez por un periodo de tiempo indefinido. Los que comparten mantel con el rey sostienen, incluso, que le ven más animado que en anteriores visitas. Es solo una apariencia. Todos saben que están siendo meses difíciles desde que su hijo le dejó a los pies de los caballos con la retirada de la asignación oficial y la renuncia de la herencia. Esa última noche en España la pasa en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Club Náutico de Sanxenxo y sobrino del expresidente español Calvo Sotelo. El gallego se ha convertido en uno de los principales apoyos del rey, coincidiendo con los años en los que Juan Carlos se ha quedado cada vez más aislado.

A primera hora del lunes 3 agosto, el emérito parte de Pontevedra sin aclarar el destino a todos sus anfitriones. El rey juega sus cartas y da pistas confusas a su entorno de amigos, que sabe que son los primeros que van a recibir llamadas y mensajes de los periodistas, lo que explica el baile de países y las especulaciones de aquellos días. El primer destino que coge fuerza es la República Dominicana, con escala previa en Oporto. Es el lugar que publican algunos medios que recuerdan la amistad del rey emérito con los Fanjul, una de las familias más adineradas de Latinoamérica gracias al negocio de exportación de azúcar. TVE envía a una de sus periodistas a la isla caribeña con el convencimiento de que allí encontrarán a Juan Carlos I, aunque será un desplazamiento en balde. Portugal es otra de las posibilidades. Algunos medios hablan de Azeitão, a pocos kilómetros de Lisboa; también de Estoril, ciudad donde el emérito pasó su infancia después del exilio de su padre, Juan de Borbón. Pero todas las informaciones son erróneas. La estrategia de lanzar anzuelos equivocados, de momento, está dando resultado. Es el diario ABC el primero en publicar, el 7 de agosto, la que a la postre será la ruta exacta: el rey emérito había viajado desde Vigo hasta Abu Dabi, donde se habría alojado en el exclusivo hotel Emirates Palace. Nius Diario, digital propiedad de Mediaset, llega a publicar el día 8 una fotografía exclusiva del exjefe de Estado descendiendo por las escalerillas de un jet privado en el aeropuerto de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. La imagen está tomada desde una distancia muy cercana, como si la hubiera captado alguien que viaja con el rey o que le espera a pie de pista. Es imposible pensar que la instantánea la haya tomado un trabajador del aeropuerto de manera espontánea, arriesgándose a un severo castigo. Quizás ha sido alguien de seguridad, del CNI o de la embajada en el país árabe. Sea como fuere, desde la Zarzuela asumen la filtración de la imagen como un toque de atención, como un aviso del Gobierno, como una nueva medida de presión, para que aceleren el anuncio sobre el paradero del emérito.

Hay inquietud en el entorno de Pedro Sánchez, pues comienzan a notar que la situación está desgastando al Gobierno. Los miembros morados del Ejecutivo aprietan en la exigencia de información sobre el destino de Juan Carlos I y, contrariamente a lo que pensaban en un inicio, la opinión pública se gira en contra de la Moncloa. Van a más las peticiones de transparencia, de información y de poner punto final al exceso de secretismo. La estrategia del avestruz no funciona y el mes de agosto se puede hacer muy largo.

Pedro Sánchez está enfadado y no lo esconde, y no duda en trasladar el fastidio a su círculo más estrecho de confianza. En conversaciones con ministros y dirigentes del PSOE, verbaliza su malestar con el rey. «Pedro está muy cabreado», comenta una de las personas que esos días habla con el presidente del Gobierno por teléfono.

Se aceleran las llamadas entre el gabinete de Sánchez y la Casa del Rey, presiones para comunicar la localización y acabar con las especulaciones que están perjudicando al Ejecutivo. En la Moncloa creen que ya han tenido suficiente paciencia y que el rey, investigado por la Fiscalía, no puede continuar sin comunicar oficialmente su paradero actual.

La vendetta, en «el lugar del crimen»

Ya han pasado dos semanas desde la huida, y la situación es insostenible. Felipe VI habla con su padre, en la que será la última conversación antes de tomar una decisión. Juan Carlos no está dispuesto a rectificar, no va a cambiar de destino ni va a volver a España. Es su vendetta particular, no hay nada que hacer. Su hijo da la batalla por perdida y traslada a su equipo que ese mismo día tiene que anunciar el paradero del miembro de la familia real más buscado. De nuevo se hace a través de un escueto mensaje, un SMS enviado a los periodistas habituales: «S. M. el Rey Don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos donde permanece en la actualidad». Una vez más la comunicación llega con un mensaje corto, con algún error de puntuación y sin concretar si el lugar escogido es temporal o definitivo.

Los Emiratos Árabes Unidos, una monarquía absolutista de corte feudal, están radicalmente alejados de un sistema democrático. Los partidos políticos están prohibidos, cualquier tipo de oposición está perseguida y la vulneración de los derechos humanos es una seña de identidad del régimen. Las detenciones arbitrarias, las acusaciones de torturas y las desapariciones forzosas son habituales en el país, que tiene un código penal que castiga el aborto con latigazos y cinco años de cárcel, y castiga la homosexualidad con catorce años de prisión y con muerte por apaleamiento el adulterio. Este es el nuevo destino de Juan Carlos I, el que ha escogido para garantizarse la más absoluta opacidad, a seis mil kilómetros de España, demasiada distancia cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abierta una investigación. Juan Carlos de Borbón se ha instalado en el lugar que revive los episodios más controvertidos y polémicos de su reinado. En 2007, en la misma península Arábiga apareció formalmente Corinna Larsen como representante «de su Majestad el Rey de España», para entablar negociaciones con el príncipe Al-Walleed bin Talal. Más de trece años después, en agosto de 2020, aparecen de nuevo todos los fantasmas sobre los «hermanos árabes» de Juan Carlos I, justo cuando la Zarzuela quiere enterrarlos. Ni República Dominicana, ni Portugal, ni Nueva Zelanda. Catorce días ha necesitado la Casa del Rey para hacer público el destino del emérito, unos días cargados de presiones, de malestar por la falta de transparencia y de un silencio irritante para el Gobierno, que no se cansaba de repetir que el anuncio estaba en manos de la Zarzuela.

El periodista José Antonio Zarzalejos explica que durante esas dos semanas se ha intentado convencer a Juan Carlos I de que los Emiratos Árabes no era el mejor destino, le han instado a buscar otro país, pero el emérito va por libre y parece estar descontrolado, ya no escucha a casi nadie y hace literalmente lo que le da la gana. Sus decisiones están perjudicando a su hijo y, por ende, a la institución que logró restaurar. Lo que tenía que ser un gesto calculado para fortalecer a la monarquía se ha vuelto en contra de Felipe VI.

El hijo del rey emérito, sabedor de que el escenario se está complicando, decide volver a Madrid. Su retiro vacacional en las Islas Baleares ha sido algo más breve de lo habitual, no es el momento de exhibir relajamiento y apariencia de normalidad cuando la institución está pasando una de las peores crisis de su historia. Su padre le está lanzando todo un desafío, la decisión de instalarse en los Emiratos Árabes es toda una venganza. Juan Carlos de Borbón «antes de abandonar España» ya había trasladado a sus amigos que se iba de vacaciones. En su fuero interno ha asumido el viaje como una especie de retiro estival, no quiere hablar de autoexilio, expatriación y menos aún de fuga. Él está convencido de que no ha hecho nada malo y por eso va a decidir en todo momento sus movimientos, con absoluta libertad. No le importa lo que hagan o digan desde la Zarzuela y la Moncloa. Las instalaciones escogidas para su particular destierro tampoco pasan desapercibidas, un hotel que parece sacado de los cuentos de Las mil y una noches. No es la primera vez que Juan Carlos I se aloja en el Emirates Palace, de Abu Dabi, uno de los establecimientos hoteleros más lujosos del mundo, propiedad del Estado. Un resort de 394 habitaciones, 1,3 kilómetros de playa privada y suites de 680 metros cuadrados al precio de 55 000 dírhams la noche, al cambio unos 12 600 euros. Son unas cantidades que solo están al alcance de los bolsillos más exclusivos.

Poco se habla, en cambio, de otro aspecto con consecuencias más allá de las económicas. Acechado por las investigaciones judiciales, fuera y dentro de España, Juan Carlos de Borbón se refugia en un país que no cuenta con convenio de extradición con Suiza. Es evidente, pues, que las autoridades helvéticas podrían tener problemas a la hora de reclamarle en el marco de la investigación abierta meses antes. El emérito sabe que está protegido. Con España, de entrada, no existen problemas ante una hipotética entrega. En el año 2009 se suscribió un convenio con los Emiratos con el objetivo de facilitar la cooperación entre los dos países en la lucha contra la delincuencia, según el cual se debe conceder de manera recíproca la extradición de cualquier persona para su enjuiciamiento o cumplimiento de una condena. Pero el acuerdo también tiene su letra pequeña, puesto que la extradición se puede denegar por motivos de edad o de salud, unos condicionantes que encajan perfectamente con el perfil del monarca. Además, ante cualquier petición, la potestad última la tendrá siempre el emir. El príncipe heredero Mohamed bin Zayed es quien ejerce de anfitrión del rey emérito, su «hermano». Todo queda entre amigos, o entre familiares, según como se mire.

«Los Emiratos es el peor destino posible», reconoce resignado un miembro del Gobierno. «El lugar del crimen», remata el vicepresidente Iglesias. Pese a todo, en la Moncloa sienten cierta sensación de alivio. Muy pocos sabían el país escogido, eran conscientes de que levantaría ampollas, pero están convencidos de que se quitan de encima una buena parte de la presión de los últimos días: el destino de Juan Carlos I ya no es un secreto. Cierran así semanas de negociación complicadas, de tira y afloja con Zarzuela.

Pedro Sánchez no quería ver a Juan Carlos residiendo en Abu Dabi, pero entiende que es el precio que pagar para salvar a la Corona. El Gobierno prefería un destino más cercano. El exmonarca propuso inicialmente la República Dominicana, aunque en la Moncloa pensaron que era «demasiado exótico e indiscreto». Juan Carlos se plantó: si no le dejaban ir a la isla caribeña la única alternativa serían los Emiratos. Felipe VI y Pedro Sánchez aceptaron tras coincidir en una parte positiva, dado que difícilmente se puede encontrar un lugar en el planeta más blindado que Abu Dabi. Se trata de un espacio seguro, totalmente privado, aislado del exterior, sin temor a fotografías o imágenes comprometedoras que compliquen aún más la situación. Mientras dure la tormenta judicial, el rey emérito permanecerá en su búnker particular.

Horas antes de hacerse público el mensaje de la Zarzuela, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hace auténticos malabarismos para responder las preguntas en una entrevista radiofónica, llegando a afirmar que «el debate sobre el destino del rey emérito tampoco es relevante», en una demostración de que en el Gobierno se sienten realmente molestos con la situación. Oficialmente el discurso no cambia, pero cada vez más voces reconocen que la operación Juan Carlos es un fiasco. El famoso cortafuego que tenía que aislar a Felipe VI de las corruptelas de su padre se está convirtiendo en un incendio con muchos focos activos. La estrategia ha sido mal planificada, mal diseñada y mal ejecutada. Pero ahora no es momento de airear intimidades. Desde el entorno de Sánchez insisten en la táctica del silencio, que se traduce en la desaparición formal del presidente español de cualquier escaparate mediático. Hay que aprovechar el ferragosto, los miembros del Ejecutivo están de vacaciones y es la mejor fórmula para esquivar las numerosas preguntas que la huida del rey ha dejado en el aire.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, evita los problemas. Tiene cerrada desde hace días una entrevista con la agencia Europa Press y se limita a defender la presunción de inocencia del rey emérito ante las preguntas del periodista. Deja una frase que resume a la perfección las pocas ganas de entrar en debates: «No voy a perder el tiempo en charlas de café sobre la controversia entre monarquía y república».

Pero el destino del rey ha levantado una enorme polvareda. Incluso el monárquico diario ABC es especialmente duro con la situación, y su director adjunto, Agustín Pery, afirma: «De todos los lugares posibles para exiliarse, Juan Carlos I ha escogido el peor. Los republicanos acérrimos hablarán de una jaula de oro para el Borbón. Quienes somos monárquicos por formación y convicción preferimos denominarlo torre de marfil, esa con la que una satrapía blinda la estancia y le protege de fotos incómodas. Sin duda recibirá allí todas las atenciones, pero se arriesga a perder aquí todas las devociones».

Es la tónica general. La mayoría de los medios, opinadores y periodistas que salen en defensa de la monarquía siguen un patrón parecido. Si hay que criticar a alguien, que sea al Borbón padre, y el hijo es intocable, hay que protegerlo. Lo que no sabían eran las consecuencias que dejaría la salida de España del emérito.

«El rey no se fía del presidente»

El paso de los días provoca que, poco a poco, la presión sobre el emérito se vaya relajando. No se han equivocado aquellos que defendían que Abu Dabi sería un lugar blindado a cualquier indiscreción. Durante meses, ninguna imagen, ninguna información sobre la vida que lleva el exmonarca. Hasta el inicio de 2021, cuando Telecinco publica una imagen del rey emérito andando por el puerto deportivo ayudado por dos de sus escoltas. La fotografía la han realizado el 29 de diciembre unos turistas españoles de viaje a la capital de los Emiratos. Pese a todo, se han difuminado las críticas. La huida ya no abre informativos y da un respiro a los protagonistas de la operación.

Eso es solo lo que parece, pues la salida de Juan Carlos ha dejado un poso de desconfianza entre la Zarzuela y la Moncloa, un nuevo elemento que ha alterado las relaciones personales entre Pedro Sánchez y Felipe VI. Una fuente cercana al palacio admite abiertamente que «el rey no se fía del presidente», y añade: «Sánchez, poco a poco, le ha ido restando protagonismo». Un amigo de Juan Carlos I, en una conversación telefónica con este mientras permanece en Abu Dabi, se sorprende al oír lo que el emérito le traslada y que asegura que se lo han confirmado desde Madrid: la relación entre Felipe VI y Pedro Sánchez es mala porque este «quiere ser presidente de la república». No son imaginaciones de su amigo y confidente: en el tono de Juan Carlos I, «que sigue molesto con su hijo», subyace cierta satisfacción con el mal trago de Felipe VI.

Mucho han cambiado las cosas desde que, en febrero de 2019, el jefe del Ejecutivo publicase su Manual de resistencia. Entre las confesiones del libro admite que estableció «una relación de complicidad» con el rey Felipe VI a raíz de la decisión de Mariano Rajoy de no aceptar la propuesta del monarca de presentarse a la investidura tras las elecciones de diciembre de 2015. «Conectamos de forma especial, confiamos el uno en el otro y se estableció una relación muy franca, una corriente de confianza mutua», aseguraba. El contenido del libro no acabó de gustar en la Zarzuela, al entender que revelaba comentarios realizados en un contexto de reuniones privadas. Sería solo el inicio del enfriamiento de lo que se había presentado como una gran sintonía personal. El punto de inflexión lo marca, sobre todo, la configuración del Gobierno de coalición con Podemos. Los más monárquicos sostienen que la lista de desplantes del presidente hacia el jefe del Estado es cada vez más amplia. Recuerdan, por ejemplo, cuando le comunicó los nombres de los veintidós ministros de su Gobierno por teléfono, rompiendo la tradición de trasladar personalmente los miembros del nuevo Gobierno.

Pese a que Pedro Sánchez sale al rescate de Felipe VI para separarlo de los negocios de su padre, en la Zarzuela no están satisfechos. Todo lo contrario. Creen que el presidente ha arrinconado al monarca en los actos de la agenda oficial. Siguen con la enumeración de agravios, y afirman que molestó, y mucho, la decisión de Pedro Sánchez de «apuntarse» a la reapertura simbólica de fronteras entre España y Portugal, el 1 de julio.

En pleno bombardeo sobre las informaciones de Juan Carlos, el rey puede tomarse un respiro. Ese día, entre Badajoz y Elvas se escenifica la recuperación de la normalidad después de semanas de cierre de fronteras entre los dos países por el coronavirus. La imagen está inicialmente planificada para que sus protagonistas sean los dos jefes de Estado, Felipe VI y el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Pero el guion cambiará porque Sánchez se acaba sumando y obliga a que también participe el primer ministro luso, António Costa. Cosas del protocolo. La fotografía conjunta acaba siendo a cuatro.

Aquellos días en la Zarzuela tampoco sienta especialmente bien la entrevista de Pedro Sánchez a eldiario.es y a Infolibre. De nuevo Sánchez abre el debate sobre el fin de la inviolabilidad del rey. Plantea una «reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no a otra. Lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado». Desde el entorno del presidente enmarcan estas palabras en una reflexión en voz alta sobre una modificación de la Carta Magna española, que difícilmente se llevará a cabo a corto o medio plazo. Pero en palacio las cosas se ven diferentes y no entienden que en plena crisis de la institución se anuncie una medida de ese calibre que ni tan solo se ha hablado con la persona afectada, con Felipe VI.

Es más bien una lucha de egos, una batalla de personalismos que tendrá su punto álgido después del verano, en un enfrentamiento sin precedentes entre el presidente del Gobierno y el jefe de Estado.

Pulso de togas en Barcelona

El 25 de septiembre está prevista la entrega de despachos judiciales, un acto que volvía a Barcelona después de que el año anterior se trasladara de manera excepcional a Madrid, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial ya ha contactado con la Zarzuela y el rey ha confirmado su asistencia. Está todo preparado, con las invitaciones cursadas, que no dejan lugar a duda: «El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tiene el honor de invitarle al acto de entrega de despachos a los alumnos de la 69ª promoción de la carrera judicial que bajo la presidencia de Su Majestad el Rey se celebrará el 25 de septiembre de 2020 a las 13:00 en la sede de la Escuela judicial de Barcelona».

Con las invitaciones enviadas y con la asistencia de Felipe VI confirmada, cuatro días antes el Gobierno español decide que el rey no irá, no participará en la entrega de despachos. Zarzuela airea que el Ejecutivo no ha autorizado la visita y el acto desaparece de la agenda oficial. Desde la Casa del Rey no se andan con evasivas, señalan abiertamente a Pedro Sánchez como el responsable de un hecho inédito: es la primera vez, de manera oficial, que el Ejecutivo no da el visto bueno a un acto institucional de Felipe VI. Es paradójico, pero al jefe del Estado le ha molestado que le apliquen la Constitución, el artículo 64, que señala que los actos del rey serán refrendados por el presidente del Gobierno. Y eso es justo lo que ha pasado, o más bien lo que no ha pasado. Pedro Sánchez no ha autorizado un acto del monarca, sin más explicaciones.

Inicialmente se filtra que el veto está relacionado con la protección del rey. Parece que el Gobierno no ha olvidado los incidentes de 2018 a las puertas de L’Auditori de Barcelona, cuando los líderes independentistas ya estaban en prisión preventiva. Aquel día Felipe VI abandonó el edificio en el vehículo oficial por una calle cortada para evitar el acercamiento de los manifestantes. De puertas adentro, algunos ministros preguntan para conocer la versión oficial y no reciben muchos detalles. «Cuestiones genéricas sobre la seguridad», explica un miembro del Ejecutivo que reconoce no saber lo que está sucediendo. Desde la Moncloa siguen sin ofrecer explicaciones. Lo más parecido a una justificación son unas improvisadas declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, minutos antes de comenzar una reunión con el PNV para negociar los presupuestos. «La decisión está muy bien tomada», asegura. «¿Quién la ha tomado?», pregunta una periodista. «La ha tomado quien le corresponde», concluye la vicepresidenta.

Y a quien le corresponde es a Pedro Sánchez. Él decide que Felipe VI no irá a Barcelona, y la decisión no tiene nada que ver con la seguridad, porque la protección del rey está más que garantizada en cualquiera de los escenarios. Se ha enterado de que el monarca, por cuenta propia, ha aceptado ir a la entrega de despachos judiciales sin consultarlo previamente a la Moncloa, sin saber que ese día está prevista la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra. Así lo habían pactado Juan Carlos Campo y Manuel Marchena. El ministro de Justicia y el presidente de la Sala Penal del Supremo mantienen una amistad desde hace años. Los dos son directos y no se andan con rodeos. Acuerdan que la resolución se hará pública el viernes 25 de septiembre para intentar alejarla lo máximo posible del aniversario del 1-O. Parecía un pacto perfecto a dos bandas sin saber que había un tercer actor. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, habla con Marchena y no da margen a la negociación: «Manolo, el 25 tenemos la entrega de los despachos judiciales. El rey ya ha confirmado su asistencia».

La respuesta provoca la indignación de la Moncloa. Lesmes no cede y obliga al Tribunal Supremo a trasladar la publicación de la sentencia al lunes siguiente. En las conversaciones privadas, el Gobierno ya había advertido de que no querían una condena a Torra el mismo día que el monarca tiene un acto oficial en Barcelona, no quieren agitar demasiados ingredientes en un cóctel explosivo. Hay enfado con el presidente del CGPJ, pero también, y mucho, con Felipe VI.

«El rey no puede aceptar ninguna invitación de un acto sin preguntar al presidente del Gobierno si es o no oportuna su presencia», recuerdan en el Ejecutivo. De nuevo conversación con la Zarzuela para comunicar formalmente que Sánchez no quiere que el monarca vaya a la capital catalana ese día. A un lado del teléfono se encuentra la vicepresidenta Carmen Calvo, y al otro el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Se han convertido en bomberos para apagar incendios y este fuego, lejos de apagarse, aún arreciará. El acto de Barcelona se mantiene, se va a celebrar cargado de tensión, sin el rey, cuya ausencia se encarga de destacar Carlos Lesmes en su discurso.

«Sentimos un enorme pesar», subraya el presidente del Poder Judicial, que evita cualquier referencia a los cerca de dos años que lleva con el mandato caducado. No ha sido especialmente duro pero lo peor está por llegar. El vocal conservador, José Antonio Ballestero, se levanta y grita «¡Viva el rey!», y le secunda el propio Lesmes. A su lado, el ministro de Justicia aplaude con desgana, visiblemente incómodo, y masculla: «Se ha pasado tres pueblos». La escena es desconcertante: la posición apolítica exigible a la cúpula judicial ha saltado por los aires. Pero Lesmes hurgará aún más en la herida, pues, minutos después de finalizar el acto, desvela en los corrillos con los jueces que el rey le ha llamado por teléfono para trasladarle que «le hubiera gustado estar» en la ceremonia. Es el clímax de la tormenta política, Felipe VI no ha asumido el castigo y lo hace evidente. En la Zarzuela están «muy cabreados».

Esa misma tarde los ministros de Unidas Podemos saltan como un resorte a la yugular del monarca. Como es habitual, se mueven rápido a través de las redes sociales al mismo tiempo que el lamento del rey comienza a circular por los medios de comunicación. Pablo Iglesias exige «neutralidad política de la jefatura del Estado». Alberto Garzón denuncia que «la posición de la monarquía hereditaria aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible». Pedro Sánchez y el resto de los ministros socialistas permanecen en silencio, pero el enfado es monumental. La Zarzuela intenta rebajar la tensión, y desde el departamento de comunicación se ponen en contacto con los periodistas habituales que cubren la Casa Real. Tenían que trasladar que la llamada entre el rey y Lesmes había «sido una conversación de cortesía sin consideraciones institucionales», un intento de bajar el suflé. Las tensiones entre Felipe VI y Sánchez se han aireado en exceso, y Carmen Calvo ha de salir a pedir calma públicamente: «Todos deberían empezar a tranquilizarse, y cuando digo todos, digo todos». Serán unas palabras premonitorias.

Días después Sánchez y Felipe VI teatralizan el deshielo, y juntos improvisan una visita, precisamente a Barcelona. Fin de la polémica, pero con cierto resquemor interno. El monarca seguirá trasladando a los suyos que el presidente no le defiende suficientemente y lamenta que está siendo objeto de una campaña de desprestigio. Podemos y los independentistas catalanes y vascos no cesan en los ataques contra la monarquía. El Congreso es el escenario de duras críticas a la institución y Felipe echa en falta la protección del Gobierno español. «No veo ningún gesto, ningún alegato de Sánchez en mi defensa», manifiesta a su equipo de confianza en una de las múltiples reuniones en la zona de oficinas de El Pardo. Está dolido.

La soledad del destierro

La situación del padre no ayuda al hijo. Juan Carlos salió de España con la idea de que su destierro sería tan solo por unos días, unas semanas como mucho, pues su intención inicial era regresar lo antes posible, cuando la polémica sobre sus negocios hubiera amainado.

«A ver si el 10 de septiembre estoy de vuelta por Galicia justo para el inicio de la temporada de regatas, quiero volver», llegó a comentar a sus amigos de Sanxenxo. Expresaba más bien un deseo de futuro que una realidad. El extrañamiento será mucho más largo de lo que había pensado y eso acaba por afectar su estado de ánimo.

«Está bastante apagado, con muchos problemas de movilidad. No está bien de salud. Continuamente está sometido a chequeos y revisiones médicas, todos los desplazamientos los tiene que hacer en silla de ruedas. No para de repetir que se aburre mucho. Hace algo de ejercicio y poca cosa más». Es la descripción que hace una de las personas que habla a menudo con el exmonarca en aquel otoño atípico para Juan Carlos.

Según sus amigos, el emérito ha abandonado el lujoso Emirates Palace para cambiar de refugio, para instalarse en una vivienda privada cedida por el emir. «Ya ha dejado el hotel de Abu Dabi y vive en una residencia particular», asegura uno de ellos. A su lado, tres ayudantes de cámara que se van rotando desde su huida. Es personal que asiste al rey emérito y cuyo sueldo asume el Estado, en concreto Patrimonio Nacional, el organismo que depende del Ministerio de la Presidencia. Eldiario.es revela que la Zarzuela carga a las arcas de este departamento las nóminas, los gastos de la estancia en el país y las facturas de los billetes de avión de ida y vuelta. Todo ello sin contar el alojamiento y las dietas. Nueva residencia y personal de libre designación que le acompaña de manera permanente quizás es la demostración de que el exilio no iba a ser breve. Cuando pensaba que la Fiscalía estaba a un paso de archivar el caso del dinero saudí, comprobó que el hervidero judicial estaba agitado. A principios de noviembre se abren nuevos frentes, dos nuevas investigaciones de la Fiscalía vuelven a cerrar las puertas de su regreso. El uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales y un entramado para ocultar a la Agencia Tributaria los fondos procedentes de un empresario mexicano, Allen de Jesús Sanginés-Krause, con la participación como testaferro del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Será la misma fiscal general, Dolores Delgado, quien revele que también están investigando al exjefe de Estado por la existencia de una posible fortuna en la isla de Jersey. La caja de Pandora se ha abierto y difícilmente se podrá cerrar. ¿Están avisando a Juan Carlos que su vuelta no será bien recibida?

«A finales de octubre, principios de noviembre, Juan Carlos está convencido de que va a regresar. Así lo comunica a los suyos, pero tiene que echar marcha atrás ante la aparición de nuevos escándalos», subraya un dirigente socialista. Una de las personas que conoce de primera mano las intenciones del emérito es su hija Elena. La infanta realiza un viaje secreto para ver a su padre y se desplaza en un vuelo regular hasta Dubái, seguido de un trayecto de cien kilómetros por carretera hasta Abu Dabi. Es la fórmula menos complicada para esquivar las restricciones por la pandemia del coronavirus. Elena quiere pasar desapercibida, pero el control de seguridad del aeropuerto le juega una mala pasada: al quitarse la mascarilla ante el agente de la policía, es reconocida por otro pasajero español. Es un viaje en solitario, sin más compañía que la de su escolta, para comprobar que su padre está harto y ya no aguanta más, quiere volver. «Echo de menos ver corridas de toros», llega a expresar en una de sus diarias conversaciones telefónicas con España. Tan obsesionado está con su regreso que pasa por alto que la temporada taurina está afectada también por la pandemia del coronavirus.

Rara es la semana en que no surgen nuevas revelaciones que hunden aún más la imagen del exmonarca. Los viajes privados de otras épocas se han convertido en una pesadilla. Como el que hizo a Kazajistán en 2002, donde regresó en su avión con los cadáveres de cabras salvajes que había cazado y cinco millones de euros, cortesía del presidente del país, Nursultán Nazarbáyev. Un testigo de aquellas cacerías «reales» narra la escena que no ha podido olvidar, justo cuando Juan Carlos volvía a España: «Por la puerta trasera del avión introducían los cuerpos de aquellos animales que habían cazado y por la delantera, al mismo tiempo, subían los guardaespaldas del presidente portando cuatro o cinco maletines negros y bajaban sin ellos». Minutos después, cuando el avión ya despegaba, el presidente Nazarbáyev comentó en voz alta: «¡Míralo! Es el rey de un país, pero no tiene nada. Yo le ayudo como puedo».

Para el recuerdo de aquellas visitas al país asiático quedará la llamativa fotografía de Juan Carlos con un abrigo de pieles de leopardo de las nieves, cuyo comercio se prohibió en 1975 por ser una especie en peligro de extinción, tal como informó eldiario.es. Eran los años dorados de Juan Carlos. Viajes por todo lo alto incluso cuando ya había abandonado el trono. Utilizó hasta ocho millones de euros de origen opaco para pagar más de una decena de vuelos privados por América, Caribe y Oriente Próximo, entre 2008 y 2019, según El Confidencial.

Desde su destierro en los Emiratos Árabes, el emérito lee con estupor todo lo que se publica sobre él. Cada vez que amaga con volver, parece que alguien pone palos en las ruedas. Tiene la sensación de que muy pocos desean que regrese, y razones para pensarlo no le faltan. Los intentos de viaje de vuelta se convertían en un dolor de muelas para la Moncloa. El entorno de Pedro Sánchez, en plenas negociaciones de los Presupuestos, entendía su posible regreso como un elemento distorsionador. Más aún cuando en la ecuación de las conversaciones participaban partidos como Podemos, ERC o Bildu, muy críticos con la huida del emérito. En la sede del Gobierno, los equipos jurídicos reciben el encargo de estudiar los posibles escenarios, nada puede dejarse a la improvisación. Se están revisando todos los protocolos, incluso los que hacen referencia a los preparativos en caso de fallecimiento. Si Juan Carlos mantiene su condición de rey emérito, recibiría un tratamiento específico, pero la cosa cambiaría si le retiran el título honorífico de rey. Es evidente que todo se realiza con absoluta discreción, son intercambios de informes y propuestas que bajo ningún concepto deben salir a la luz pública. Cualquier novedad no les puede coger con el pie cambiado. Los rumores sobre el estado de salud del exmonarca son constantes y también las filtraciones sobre sus intenciones.

Sus amigos ya comentan que se ha marcado como objetivo celebrar la Navidad en España. Quienes le aconsejan le advierten que «antes de retornar tiene que pagar de alguna forma por lo que ha hecho». Juan Carlos toma nota y opta por la investigación más accesible de afrontar. Justo después del puente de la Constitución del mes de diciembre presenta a través de su abogado una declaración voluntaria ante Hacienda por importe de 678 393,72 euros. El emérito regulariza las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas bancarias opacas de las que se habrían beneficiado tanto él como algunos de sus familiares, como es el caso de sus nietos Froilán y Victoria Federica. La Fiscalía le seguía los pasos desde 2019, pero esta vez no fue especialmente rápida, un año de margen al rey sin presentar formalmente una querella, y tan solo avisaron a su abogado en el mes de noviembre de la investigación abierta a Juan Carlos. Las sospechas de trato de favor son inevitables. El exmonarca está convencido de que ha evitado ser juzgado con el pago de casi setecientos mil euros. Es calderilla comparado con los millones de euros que tiene ingresados en cuentas en el extranjero. En cualquier caso, el emérito admite con su maniobra que defraudó a Hacienda cuando ya había dejado la jefatura del Estado y no era inviolable. La presunción de inocencia cayó por su propio peso, ante la incomodidad del Gobierno. Juan Carlos no deja de ser un elefante en la habitación.

Con todo, Pedro Sánchez está muy lejos de cuestionar la Corona. Dos horas después del anuncio de la defensa del antiguo jefe del Estado, el presidente del Gobierno tiene una entrevista en Telecinco. No puede ser más contundente en sus palabras: «La monarquía no está en peligro. Hay que ser conscientes de que se juzga a personas no a instituciones, conviene no mezclar».

¿Necesita Felipe VI alguna prueba más de que el jefe del Ejecutivo va a mantener la armadura que protege a la Casa Real desde hace décadas?

La resaca

Los que pensaban que la salida de Juan Carlos solo sería una tormenta de verano han errado de manera estrepitosa. Más allá de las consecuencias en la Casa Real, la estampida del emérito ha servido también para mostrar las costuras de un Gobierno de coalición con diferentes sensibilidades alrededor de la monarquía. Del enfrentamiento inicial ante la huida, se pasó a una discrepancia pactada donde la crítica se moduló dependiendo del contexto. El paso del tiempo sirve a los protagonistas del Gobierno para analizar lo sucedido desde una perspectiva temporal.

El vicepresidente Pablo Iglesias accede a valorar la situación creada a partir de la marcha del emérito. Su primer análisis se centra en los antecedentes: «Hay un proceso de degradación de una figura histórica. El rey era un problema para la monarquía. Le dan un título de rey emérito para que no condicione la institución y básicamente pasa todo lo contrario. La institución no se puede disociar de la figura de Juan Carlos». Se muestra crítico con el papel que han tenido los partidos políticos a lo largo de los años: «Aquí muchos no son monárquicos, han sido juancarlistas. Eso implicaba hacer una cierta vista gorda. Eso con las crisis del 2008 empezó a cambiar. La derecha se ha quedado sola defendiendo a la institución».

Iglesias cuestiona también el papel que han tenido los medios de comunicación: «En este país ha habido normas no escritas. Un pacto, por ejemplo, de los medios de comunicación; la monarquía haga lo que haga, no se toca».

Sobre la huida del exmonarca no esconde la gravedad de la situación: «Se instala una sensación de impunidad, de falta de rendición de cuentas, de opacidad y un debate social muy claro a propósito de la utilidad de la Corona. La clave de lo que está sucediendo son los hechos. Los elementos son inaceptables».

El vicepresidente español evita, eso sí, entrar en confrontaciones públicas con la gestión del caso de Pedro Sánchez: «Es obvio que tuvimos con el presidente una serie de conversaciones difíciles por la forma. El contenido no lo voy a revelar por respeto a la privacidad, pero no es demasiado complicado de imaginar».

Y de cara a la estrategia política de futuro, avisa: «A nosotros que el rey Juan Carlos fuese a Abu Dabi nos concedió una pista de aterrizaje para nuestro discurso republicano que funciona muy bien. Ellos sabrán».

Es evidente que Iglesias se muerde la lengua en muchas de las respuestas. Otros dirigentes de Podemos hablan de puertas para adentro. Prefieren no hacerlo públicamente para no desgastar al Ejecutivo de coalición, pero son muy duros con la actitud del presidente del Gobierno.

«Pedro Sánchez es enormemente leal a la peor tradición del PSOE, con los sectores que le intentaron matar, humillar y arrastrar políticamente —⁠subraya un destacado dirigente de los morados. Y añade⁠—: A Sánchez le pesa mucho lo que representa el PSOE, lo que significa la monarquía y el régimen del 78. La Casa Real hace lo que le da la gana y el Gobierno deja hacer».

Otra de las personas que forma parte del Gobierno se muestra convencida de que no todos en el Ejecutivo comparten la gestión de la salida de Juan Carlos: «Nuestros compañeros socialistas de Gobierno se han visto en la obligación de hacer cosas con las que se han sentido tremendamente incómodos. La dirección del PSOE quizás sea monárquica pero también hay una base electoral que no entiende lo que están defendiendo. Lo que hemos visto refuerza la impresión de la gente de que la ley no es igual para todos».

En Podemos reconocen que la huida del emérito ha tensionado la relación con sus socios de Gobierno. Todos coinciden, en cambio, en que no será un elemento de ruptura.

Mucho más difícil es encontrar voces en el PSOE que quieran abiertamente expresar su opinión sobre lo sucedido. Hablamos con una persona que forma parte del Ejecutivo socialista, con la condición, eso sí, de que su nombre no aparezca publicado. Nos recibe en un amplio despacho ministerial y de entrada nos avisa: «Todo esto lo cerró personalmente Pedro Sánchez. Quizás Carmen Calvo ha tenido algún papel, pero el resto sabemos bien poco».

Por si acaso deja claro que la Moncloa nada tiene que ver con la idea de huir a Abu Dabi. «La propuesta de salir de España surge del mismo rey. En la cabeza del Gobierno había otros planes —⁠apunta. Sin querer entrar en más detalles, continúa con un convencimiento⁠—: Pedro Sánchez siente que sale más al socorro del rey de lo que él querría, el presidente piensa que el rey podría ayudar más». Son unas palabras que suenan a reproche, acompañadas de otro comentario: «La Casa Real lo está pasando mal con lo que ellos consideran una campaña antimonárquica. En cambio, les parece bien quien les reivindica como es la extrema derecha. Tienen que calcular que algunos les quieren instrumentalizar para alejarlos de la sociedad». Y concluye con una advertencia: «La monarquía solo puede sobrevivir si asume su papel constitucional, si acepta su función de representante de todos».

Una opinión que comparte otro ministro socialista: «Felipe VI corre el riesgo de convertirse en un rey de derechas, no puede ser solo el rey de una parte». Es un aviso acompañado de un convencimiento: «En cualquier caso, ahora no es el momento para abrir ningún debate sobre monarquía o república».

Ese es precisamente el mensaje central que los diferentes gobiernos en España han mantenido durante más de cuarenta años. La monarquía no se toca. Desde la proclamación de Juan Carlos I, en 1975, se ha tejido alrededor de la Corona un blindaje por parte de las más altas esferas del Estado.

Se trata de una armadura que Felipe VI quiere mantener a toda costa.

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EPÍLOGO: LA ARMADURA DE FELIPE VI

El martes 29 de diciembre de 2020, en su última comparecencia del año, Pedro Sánchez anunció que la Corona se disponía a emprender una «hoja de ruta» para profundizar en su «renovación». Es un proyecto en el que, según el presidente del Gobierno, Felipe VI lleva inmerso desde su coronación en junio de 2014.

Es la primera vez que el Ejecutivo se pronuncia sobre la posibilidad de hacer cambios legislativos que afecten a la monarquía y a la jefatura del Estado, más allá de aquellos que la abdicación de Juan Carlos I, su aforamiento y su reconocimiento honorífico de rey emérito exigió. Tanto la Casa Real como el Gobierno trabajan para determinar la profundidad que puedan tener estos cambios. No se contempla en ningún caso el referéndum sobre la forma de Estado, ya que Sánchez, en la última comparecencia y rueda de prensa del año 2020, reafirmó su compromiso con la monarquía parlamentaria recogida en la Constitución de 1978, pese a la pulsión republicana cada vez más acusada de las bases y las juventudes del PSOE, así como la de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que pide abiertamente un referéndum para elegir entre monarquía y república en España.

La encuesta más importante sobre ambas formas de Estado se publicó el 12 de octubre de 2020, Día de la Hispanidad, gracias a una iniciativa de crowfunding de la Plataforma de Medios Independientes, que agrupaba a un total de dieciséis medios de comunicación: Alternativas Económicas, Carne Cruda, Catalunya Plural, Crític, CTXT, Cuartopoder, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Mongolia, Nortes, Nueva Tribuna, Pikara Magazine, Praza y Público. Mediante una petición pública a la ciudadanía, lograron en menos de treintaiséis horas la financiación con la aportación individual de sus contribuyentes para hacer el sondeo, lo que ya dio cuenta de un considerable interés público. Fueron tres mil entrevistas realizadas por la agencia de investigación 40dB, dirigida por Belén Barreiro, expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dieron como resultado una victoria republicana clara: un 40,9 por ciento de la población española votaría por la república y un 34,9 por ciento seguiría apostando por la monarquía. Sobre todo, eran los jóvenes los que querían ver el final de la Corona al frente de la jefatura de Estado, mientras que hasta los cincuenta y cinco años el apoyo a una III República era considerablemente superior. Es a partir de esta edad donde el rey encuentra su principal sostén.

Por su parte, el CIS, que es el organismo del Gobierno encargado de los estudios sociológicos y sondeos electorales, lleva sin hacer una encuesta sobre la monarquía desde abril de 2015, pese a que desde 1994 se había preguntado regularmente a los españoles por la valoración que hacían de la Corona y otras instituciones. A partir de 2011, cuando los escándalos de la Familia Real ya empezaban a percibirse como comportamientos generalizados debido a sus implicaciones en el caso Nóos, la monarquía no conseguía obtener un aprobado. Y en abril de 2015, cuando Felipe VI recibió su primer suspenso como rey (4,3 sobre 10), se interrumpió la presencia de la Corona y el jefe del Estado en los barómetros del CIS.

Ni el Gobierno de Rajoy ni el de Sánchez han querido dar una respuesta contundente al porqué de la retirada de las preguntas sobre la jefatura del Estado por parte del CIS, más allá de que, según han repetido: «No es un problema que preocupe a los españoles». La respuesta real es obvia y reconocida en fuentes privadas institucionales: «Es una forma de proteger a una monarquía en decadencia». Es la misma monarquía con la que el PSOE se comprometió cuando dio su apoyo al texto constitucional a pesar de su trayectoria republicana. Por su parte, tanto el Partido Popular como la ultraderecha de Vox se han convertido en los principales defensores del rey como símbolo y garante de la unidad de España.

Blindar al rey

«La operación “Salvar a Felipe VI” está en marcha, no nos confundamos». Así se expresaba en septiembre de 2020 uno de los integrantes del Consejo de Ministros sobre la posibilidad de que, ante los escándalos y el largo historial de presunta corrupción del rey emérito se pudiera poner en marcha un histórico referéndum que diese paso a una república con el apoyo del PSOE.

«Solo una revolución social lograría un cambio en la forma del Estado y tendría que ser un movimiento potentísimo —⁠razona un ex alto cargo socialista⁠—, que forzara a girar al PSOE. No se dan los mimbres, y con la pandemia menos; la gente tiene muchas preocupaciones ahora, estamos en una crisis muy profunda que durará años. Además, no hay apoyos en el Congreso. Hoy se necesita al PP y su respaldo para abrir el melón del referéndum es impensable». Para este influyente político, una solución intermedia pasa por «democratizar la monarquía, hacerla “republicana”, controlable y transparente de verdad». Una institución, en definitiva, a la que solo se pueda reprochar no contar con el aval de las urnas. «Con eso no vas a contentar a los antimonárquicos más militantes, tampoco a Unidas Podemos o a los partidos nacionalistas, pero al menos, si el rey cumple, no hará ruido ni interferirá en la estabilidad política, como ahora».

El 29 de diciembre, y tras el anuncio de la «hoja de ruta» para renovar la Corona por parte de Sánchez, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, dijo estar dispuesto a apoyar esta revisión del papel de la monarquía, aunque únicamente para «reforzarla» y sin tocar la Constitución. Esta modificación sería lo más complicado si se tiene en cuenta que la Carta Magna aún contempla la prevalencia machista en el recambio en el propietario de la corona. «La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos», determina el artículo 57.1. Aunque Felipe VI y la reina Letizia tienen dos hijas y Leonor ya ha sido oficialmente designada heredera, este artículo de la Constitución, que se contradice con el 14, referente a la «igualdad» de todos los españoles ante la ley «sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión», choca frontalmente con los principios y valores defendidos por el Gobierno de coalición progresista y, aunque en menor medida, por el PP.

La abdicación de Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI en 2014 supusieron un intento de blanquear a la institución, muy cuestionada por los escándalos financieros del rey emérito, por sus negocios con su última amante Corinna Larsen y por el juicio por el caso Nóos, que llevó a la infanta Cristina a sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio y al marido de esta, Iñaki Urdangarin, a prisión por corrupción. Pero, sobre todo, tanto el caso Nóos como la presunta corrupción del emérito y su alto tren de vida revelaron un comportamiento estructural que nada tenía que ver con lo que se había vendido a los españoles tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que inició el proceso de construcción de la armadura del rey y un relato sin tacha de la monarquía y sus miembros contado desde todas las instituciones y por el grueso de los medios de comunicación.

La última baza del PSOE

El 2020 fue un annus horribilis para Felipe VI, pero su cuestionamiento como jefe de Estado y rey de todos los españoles tiene antecedentes mucho antes. Más allá de que los republicanos no aceptan una monarquía, sin que sea una cuestión personal contra quien encarne el reinado, la aceptación de Felipe VI encontró más detractores entre los indecisos ya en 2017, cuando el rey pronunció un discurso el 3 de octubre en respuesta al referéndum del 1-O convocado por el Govern independentista de Cataluña, con mayoría parlamentaria.

En líneas generales, y visto con perspectiva, desde el PSOE están convencidos de que «el rey cometió un error con ese discurso de parte», por el que el jefe del Estado se posicionaba del lado de los no independentistas y de los contrarios a una consulta pactada en Cataluña, que tenía el apoyo de un 80 por ciento de los catalanes según reflejaba una encuesta del diario Ara en diciembre de 2018. Es decir, se situaba con la derecha del PP y de Ciudadanos y con la ultraderecha, aunque Vox todavía no tenía representación parlamentaria. Además, Felipe VI no condenó ni hizo referencia alguna a las desproporcionadas cargas policiales contra los votantes del 1-O, entre los cuales se hallaban familias enteras con niños y gente mayor que acudía con su papeleta con un «sí» o un «no» para decidir sobre la independencia catalana. Las imágenes de ese día abrieron los informativos de todo el mundo. La población catalana partidaria del referéndum, más numerosa que la estrictamente independentista, consideró que el rey estaba avalando la fuerza policial contra ellos, y el discurso reproducido por todos los medios dio la razón a los independentistas sobre la llamada «represión del Estado». «Cataluña ya es republicana de facto, como Euskadi», asumen los socialistas.

El discurso del rey el 3 de octubre de 2017 fue el quinto mensaje institucional extraordinario de un monarca español dirigido a la ciudadanía desde 1975. Los anteriores fueron durante la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981, al producirse el intento de golpe de Estado militar; el 11 de marzo de 2004, a causa de los atentados islamistas en Madrid; el 23 de marzo de 2014, por la muerte del expresidente Adolfo Suárez, y el 2 de junio de 2014, durante la abdicación de Juan Carlos I.

Hay varios miembros del Gobierno actual convencidos de que Felipe VI buscó en el discurso del 3-O «su 23-F particular para legitimar su reinado, un felipismo equivalente al juancarlismo de su padre que nació con el golpe militar de 1981». Le salió mal desde el momento en que lo que hizo Felipe VI fue ponerse en contra de las aspiraciones mayoritarias y legítimas de parte de la «España territorializada», las de Cataluña y Euskadi sobre todo, pero también las de Navarra, el País Valenciano o, incluso, Galicia. «Felipe VI hizo gala del nacionalismo español más recalcitrante al ignorar a esa España y a la que apoya el mal llamado derecho a decidir; es mucha población, esa…».

El PSOE es consciente de que la monarquía tiene su última oportunidad con Felipe VI y con esta «hoja de ruta» anunciada por el presidente Sánchez el 29 de diciembre para «renovar» la institución. Los socialistas no dudan del comportamiento del rey Felipe y creen que no cometerá los mismos errores que su padre en materia de presunta corrupción financiera, pero sí son conscientes de las «diferencias ideológicas» del monarca y el Gobierno de coalición, sobre todo del lado de Unidas Podemos, pero no solo: también las bases del PSOE y sus jóvenes debaten sobre si ha llegado el momento de retirar la confianza a la monarquía parlamentaria tras los escándalos del emérito y de miembros de la Familia Real. El PSOE es progresista, «le cuesta sostener el discurso monárquico, por lo que, si el rey no está de nuestra parte y no acepta normas de control democrático y transparencia drásticas, Sánchez podría tener problemas internos serios».

Fuentes del PSOE muy relevantes creen contar con una aliada poderosa, la reina Letizia, que se ha propuesto sobre todas las cosas que su hija Leonor sea la primera reina de España tras la dictadura. «La reina viene de donde viene; conoce perfectamente lo que es no ser reina y lo importante de la aceptación popular en los cambios políticos y en las transformaciones profundas de los países, por muchas leyes que se hagan y por mucho que nos empeñemos los políticos en mantener las cosas como están. Nos va a ayudar», afirma un dirigente socialista.

El discurso del rey en la Nochebuena de 2020, sin duda su alocución más complicada en seis años y medio como jefe de Estado, no condenó explícitamente a su padre, ni siquiera lo citó. Habló de las responsabilidades más allá de la familia y de ser rey antes que hijo, en clara referencia a Juan Carlos I, que sigue en los Emiratos Árabes pese a los rumores sobre su venida a España en Navidad.

Felipe VI rechazó de plano esa posibilidad de tener a su padre en el país y, pese a que el emérito hizo el gesto público de regularizar las donaciones hechas en negro por el millonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, de las que disfrutaron la reina Sofía y al menos dos de sus nietos, Froilán y Victoria, el rey se mantuvo inflexible: «Que no venga». Tanto la Casa Real como el propio emérito aludieron al riesgo de contagio de coronavirus para frenar su regreso, aunque Juan Carlos I no descartó hacerlo «tan pronto como pueda», según comenta uno de sus amigos. «Cené con él antes de irse y ya estaba pensando en volver», asegura.

Un ejercicio de fe en Felipe VI

El 15 de marzo de 2020, mientras los españoles digerían la declaración del estado de alarma a causa de la expansión mundial de la pandemia, recibieron una noticia proveniente de la Zarzuela que nada tenía que ver con el coronavirus, pero sí con la Corona: Felipe VI renunciaba a la oscura herencia de su padre, tratando de marcar así una línea con las actividades y actitudes del emérito. Resultaba, no obstante, un gesto poco creíble. Por un lado, porque es legalmente imposible renunciar a una herencia sin que se haya muerto la parte que testifica, en este caso el rey Juan Carlos. Por otro lado, y más importante, el paso de Felipe VI se producía después de una serie de revelaciones periodísticas en torno a la investigación que seguía en Suiza por blanqueo de dinero, y que afectaba a donaciones y varias cuentas en el país helvético vinculadas al rey emérito y a su amante Corinna Larsen.

Días antes de renunciar a su herencia, se supo a través del diario británico The Telegraph, como hemos explicado, que Felipe VI figuraba como beneficiario en al menos dos fundaciones con cuentas en paraísos fiscales vinculadas a su padre: la fundación Lucum, sobre la que se investiga un ingreso de cien millones de dólares en 2008 procedentes de Arabia Saudí como regalo a Juan Carlos I, y la fundación Zagatka, que creó el primo del emérito, Álvaro de Orleáns, en 2003 y que tiene a Felipe VI como cuarto beneficiario, por detrás de su padre.

El rey intenta con estas maniobras pasar página y establecer un muro impenetrable entre su padre y él, aunque es difícil adivinar la solidez de los lazos que aún les atan, más allá de la misma sangre que le ha hecho heredero del trono. Mientras tanto, el PSOE sigue negándose a abrir el fuego en el partido sobre la república y, tras muchas consultas y debates internos entre el presidente y otros líderes socialistas e internacionales, ha decidido construir una coraza en torno a Felipe VI que garantice su reinado, en un nuevo ejercicio de fe, como el que se hizo con Juan Carlos I.

La historia continúa, y aún queda mucho por escribir. Mientras tanto, se sigue dando forma a la nueva armadura del rey.

ANA PARDO DE VERA (Lugo, España, 1974) se licenció en Filología Hispánica y cursó posteriormente un máster en Medios de Comunicación.

Ha trabajado en varios medios de comunicación como Diario 16, La Voz de Galicia, Tiempo o El Siglo de Europa y ha colaborado con diversas radios y televisiones.

Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue asesora de Comunicación en los ministerios de Defensa, Industria, Turismo y Comercio y Vicepresidencia de Política Territorial.

Desde 2016 hasta 2019, dirigió el periódico digital Público, del que actualmente es su directora corporativa y de Relaciones Institucionales.

ALBERT CALATRAVA (Barcelona, España, 1976) es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Actualmente es el delegado en Madrid de TV3 y de Catalunya Ràdio.

Desde 2001 ha centrado su actividad periodística en la capital española compaginando la cobertura de la actualidad política con la de tribunales.

Colabora con diferentes espacios de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

EIDER HURTADO (Santurtzi, Vizcaya, España, 1982) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco.

Trabaja como periodista en ETB. Ha sido directora y presentadora del programa de reportajes 360 grados.

Comenzó su carrera en la radio, pasando por los micrófonos de Radio Euskadi y Onda Vasca, con especial seguimiento de la actualidad política.

En los últimos años, se ha dedicado al periodismo de investigación.