Ningún hecho político trascendente ha tenido lugar en este país, durante los últimos treinta años, que no fuera previamente autorizado o decidido por el rey Juan Carlos I. La defenestración de Arias Navarro, el nombramiento de Adolfo Suárez, las conversaciones con Santiago Carrillo, la legalización del PCE, la dimisión del primer presidente de la democracia, el 23-F, el juicio de Campamento, los GAL, las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, el apoyo logístico a la Primera Guerra del Golfo, los nombramientos de la mayoría de los ministros y de todos los de Defensa, las conversaciones con ETA… etc., etc., son quizá los más importantes, pero no los únicos, en los que el inefable inquilino de La Zarzuela ha intervenido directamente haciendo valer una autoridad y un poder personal que en absoluto contempla la Constitución.

Podríamos decir por lo tanto, sin exageración alguna, que el 22 de noviembre de 1975 una nueva dictadura más sutil, de rostro más amable, enmascarada en unas formas democráticas aceptables para Europa y la comunidad internacional pero quizá más perversa y engañosa por actuar en la clandestinidad de palacios y altos despachos, sucedió a la anterior del yugo y las flechas. Apoyada en el propio Ejército franquista (que actuaría a partir de entonces de sólido valladar ante las aspiraciones de los políticos verdaderamente demócratas), en los todopoderosos servicios de Inteligencia de las FAS (que transformarían al heredero de Franco en el hombre mejor informado del país) y también en el pánico cerval del pueblo español a tener que enfrentar una nueva guerra civil.

Esta dictadura en la sombra por parte del monarca español ha durado hasta nuestros días, si bien en los últimos años (prácticamente desde la salida de la Casa Real del general Sabino Fernández Campo) ha decaído ostensiblemente, al compás del deterioro personal de su titular.

Esto ha sido así, históricamente, aunque muchos ciudadanos españoles no hayan sido capaces de percibirlo. No obstante, si a alguno de ellos (está en su derecho) le parecieran claramente exageradas o fuera de lugar mis afirmaciones, la lectura de este libro les sacará de dudas.

Amadeo Martínez Inglés

Juan Carlos I. El último Borbón

Las mentiras de la monarquía española

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Titivillus 14.03.16

Título original: Juan Carlos I. El último Borbón. Las mentiras de la monarquía española

Amadeo Martínez Inglés, 2008

Editor digital: Titivillus

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INDICE

Introducción >>

1. FRANCO QUISO HACERLO SOLDADO >>

2. BORBÓN MATA A BORBÓN >>

3. LA CORONA ESPAÑOLA BIEN VALE UNA MISA >>

4. ADOLFO SUÁREZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO >>

5. EL EJÉRCITO CONTRA EL REY >>

6. EL 23-F NACIÓ EN LA ZARZUELA >>

7. EL REY GOLPISTA >>

8. LA VERDAD SE ABRE CAMINO >>

9. LA INFORMACIÓN ES PODER >>

10. LA BELLA Y EL REY (B. R.) >>

11. LOS VALIDOS Y LOS «CADÁVERES» DEL REY >>

12. UNA BODA A «LO PERSA» >>

13. SENTADOS SOBRE UN POLVORÍN >>

Introducción

El régimen político dictatorial, golpista, ilegítimo, ilegal… que se instauró en España en abril de 1939, tras la sangrienta rebelión militar protagonizada por el general Franco, no terminó, desgraciadamente, en noviembre de 1975 con la muerte del autócrata. Su legado, su testamento, su oculto poder, su alma perversa… continuaron existiendo en este país durante mucho tiempo y todavía se mantienen hoy, siquiera parcialmente, como desastroso resultado de una mal llamada «modélica transición» a la democracia en la que unos cuantos prebostes franquistas, bien situados en las cúpulas militar y civil, y siguiendo fielmente las directrices personales de su «generalísimo», decidieron dar vía libre a una anacrónica «monarquía parlamentaria» protegida y defendida por el Ejército y las fuerzas ultraconservadoras que propiciaron la Guerra Civil del 36. Con ello le hurtaron al pueblo español, tras la desaparición física del «espadón» gallego, la posibilidad de decidir libremente su futuro al tratar de mantener como fuera, con el escudo protector de una Constitución angelical, formal y posibilista que contemplaba (y contempla) la figura cuasi divina del heredero elegido por Franco, un sistema político sui generis que en la recta final de la primera década del siglo XXI, después de un relativamente largo período de tiempo con aparente buena salud, da síntomas de agotamiento y autodestrucción.

Este peculiar sistema político posfranquista de democracia formal, aparente, de buena cara exterior, vigilada desde su nacimiento por el Ejército y otros importantes poderes fácticos, y que, con el tiempo, ha devenido en una descarada oligarquía de dos partidos mayoritarios fuertemente jerarquizados y financiados por el Estado, ayudados esporádicamente en sus tareas de gobierno por una cohorte marginal de pequeñas fuerzas políticas nacionalistas y de extrema izquierda, ha venido usando todos estos años como mascarón de proa y estandarte de la supuesta libertad y los hipotéticos derechos de sus «súbditos», la figura ejemplar, incorruptible, benefactora, providencial, democrática, altruista, limpia, campechana, deportista… de su titular, el rey Juan Carlos I, un hombre que, como si del último individuo de una rara especie en peligro de extinción se tratara, ha venido siendo protegido hasta la nausea por los poderosos medios audiovisuales, políticos, económicos y sociales del Estado.

Como resultado de esta penosa y larga campaña de intoxicación, deformación de la realidad y desinformación del pueblo español (que votó la «Constitución del cambio y la libertad» sin habérsela leído y con sus acobardados ojos clavados en los amenazantes cuarteles franquistas de la época), la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país ha creído de buena fe durante años que este hombre que tan «providencialmente» nos envió el cielo para que los españoles no volviéramos a matarnos entre nosotros, el rey Juan Carlos I, ha impulsado y protegido la democracia como nadie en España y su largo reinado ha servido para estabilizar un régimen de libertades y un Estado de derecho en este país; pero que, sin embargo, su poder personal y su influencia en la vida política nacional ha sido más bien escasa, casi testimonial, por imperativos legales de la propia Constitución de 1978. Dando por bueno el conocido tópico de que «el rey reina pero no gobierna», muchos todavía se muestran convencidos, a día de hoy, de que, efectivamente, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, el máximo representante de esa familia que previsiblemente pase a la historia como último soberano español (los tiempos evidentemente han cambiado y su hijo Don Felipe, si accede a la jefatura del Estado por la vía nada democrática de los genes, lo va a tener muy difícil para mantenerse en un trono que apesta a naftalina en el marco de una Europa unida y republicana), ha reinado en este país desde aquél frío y preocupante día de noviembre de 1975 en el que sucedió al dictador Franco en la jefatura del Estado «a título de rey» pero que ha tenido que ver más bien poco, por no decir nada, con el gobierno diario de la nación y con la resolución de las principales crisis o problemas a los que ésta ha debido enfrentarse en los últimos treinta años.

Nada más lejos de la realidad. Siendo cierto que la Constitución Española de 1978 limitó extraordinariamente los poderes del nuevo rey (aunque, eso sí, protegiendo su figura con el manto de una inmunidad total ante las leyes, algo que no es de recibo en el marco de un Estado democrático y de derecho) reservándole casi exclusivamente un papel de «moderador y árbitro de las instituciones del Estado», también lo es que todos los presidentes de Gobierno elegidos democráticamente en este país en estas tres últimas décadas (absolutamente todos), bien sea por los difíciles momentos por los que tuvieron que pasar o porque ellos mismos lo quisieron así, buscaron deliberadamente cobijarse una y otra vez, para tomar sus decisiones, en la más alta magistratura de la nación, el rey. Éste, además de una muy cuidada imagen pública elaborada y protegida por todos los medios audiovisuales del Estado, representaba para amplios estamentos del antiguo régimen la «autoridad franquista» heredada de su predecesor, con un poder político subterráneo nada despreciable sobre todo en los primeros años de la transición, y que controlaba el poder fáctico por excelencia en España, el Ejército, que nunca dejó de vigilar el arriesgado proceso político en marcha.

Es por ello por lo que la institución monárquica representada por don Juan Carlos (normalmente desde la sombra, aunque saltándose a veces también cualquier prejuicio constitucional) ha venido ejerciendo, desde su instauración en 1975, un poder real, subterráneo, efectivo, dictatorial en determinados momentos y, desde luego, muy superior siempre al que le correspondía con la Carta Magna en la mano. Es decir, hablando en plata, el rey Juan Carlos I, una figura decorativa según muchos, prácticamente desde que el franquismo le catapultó al trono «del yugo y las flechas», hábilmente, sin alharacas, sin presencias inconvenientes en los medios de comunicación, sin decisiones públicas, sin manifestaciones institucionales (salvo las protocolarias y las por todos conocidas del muy oportuno 23-F que le supusieron abundantes réditos democráticos), y con la solapada complicidad de generales, políticos acomodaticios y validos palaciegos, supo convertirse, emulando a su sanguinario predecesor, en el verdadero amo del país, en un poder fáctico real sin precedentes en la Historia de España salvo si nos remontamos a las épocas ya pretéritas del absolutismo regio de tan negro recuerdo.

Esto que acabo de afirmar sin circunloquios puede resultar excesivamente frívolo, sin fundamento, escandaloso y alejado de la realidad para algunos ciudadanos españoles totalmente desconocedores de los enrevesados entresijos políticos y militares por los que ha discurrido la vida pública en este país durante los últimos treinta años y nada conocedores, por lo tanto, del verdadero papel, nada testimonial, nada protocolario, nada democrático, que ha jugado en ella el monarca elegido por Franco para sucederle en la jefatura del Estado. Y hablo de entresijos «político-militares» porque, en efecto, la componente castrense ha sido determinante (junto con la política, subordinada siempre a la anterior) en el delicado proceso de transición abierto en España a partir del año 1975, una vez que el rey Juan Carlos I, con evidente pragmatismo, nítida visión de la realidad, ambición sin límites y afán de supervivencia personal y política, decidiera apoyarse en los altos mandos de las Fuerzas Armadas para ejercer ese poder oculto, aconstitucional, alegal, fáctico y resolutivo que ha subsistido hasta nuestros días.

De ahí que yo me permita aseverar, aquí y ahora (lo he esbozado ya en alguno de mis libros anteriores, pero la férrea censura editorial existente todavía en nuestro país me ha impedido, hasta el momento, ahondar públicamente en este delicado tema histórico de la «dictadura blanda» del último Borbón español), que el «simpático», «providencial», «campechano», «demócrata»… Juanito, heredero de Franco a título de rey, además de reinar en España desde noviembre de 1975 (esto nadie lo duda) ha gobernado este país como ha querido todos estos años; por supuesto en la sombra, siempre entre bambalinas, y ello fuera cual fuere el pelaje ideológico y partidario del presidente de Gobierno de turno (centrista, socialista, popular…), y también fuera cual fuere su talante y su empatía personal con la monarquía en general y el monarca felizmente reinante en particular. Y este gobierno real, fáctico, oculto, del último de los Borbones, que empezó a campar por sus respetos prácticamente desde su ascensión al trono, el 22 de noviembre de 1975, tomando decisiones importantísimas que cambiarían la historia de la transición (y la de España), todavía se haría más fuerte y descarado a partir del 25 de febrero de 1981 cuando el poder castrense franquista, tras el fracaso de su plan involucionista y antimonárquico preparado para ponerse en marcha el 2 de mayo de ese mismo año (debido a la arrojada maniobra interceptora del general Armada, apoderado del rey), desapareció prácticamente de la escena política y las nuevas Fuerzas Armadas de la etapa socialista juraron fidelidad y acatamiento (a cambio, eso sí, de pingües contrapartidas personales y profesionales para sus altos dirigentes) al «providencial salvador de la nueva democracia española».

Y si esto es así, se preguntará en estos momentos más de un lector, si es verdad que el rey Juan Carlos I ha ejercido todos estos años un poder político y personal muy superior al que le correspondía constitucionalmente, interviniendo directamente en la gobernación del país por encima de aquéllos a los que en ley les correspondía esa tarea por mandato imperativo de las urnas, ¿cómo ha podido hacerlo?; ¿por qué le han dejado los políticos democráticos abusar de sus funciones? Preguntas éstas, sin duda muy importantes, que apuntan directamente al meollo del presente libro y que estoy seguro quedarán oportunamente resueltas conforme nos adentremos en la lectura del mismo, pero que, no por ello, voy a dejar de contestar someramente en estas primeras líneas.

En primer lugar, al que luego reinaría en España con el título de Juan Carlos I siempre le gustó sobremanera el poder, desde muy joven, y de ahí que aspiró a ejercerlo obedeciendo a una desmesurada ambición personal que nunca se molestaría en disimular, sobre todo en su etapa de formación y primeros años de su reinado. Siendo cadete en la Academia General Militar de Zaragoza, en 1958, después de que un sospechoso «accidente familiar» hiciera desaparecer de la carrera por el trono franquista a su desgraciado hermano Alfonso, el preferido de su padre Don Juan (accidente, negligencia grave con resultado de muerte, homicidio por imprudencia o fratricidio premeditado, según el cristal con el que se mire, puesto que ni la policía ni la justicia, en su momento, ni la Historia después se han dignado investigar nada sobre la muerte del infante, ocurrida en Estoril en la Semana Santa de ese año, y que más adelante me voy a permitir analizar en profundidad como historiador y experto en armas), ya se jactaba ante sus compañeros de curso. Así las cosas, echando mano de la ampulosa retórica imperialista del franquismo más ancestral, afirmó que un día, no muy lejano, sería rey de España, de todos los españoles, y que llegado ese venturoso momento no dudaría en ponerse a trabajar con todas sus fuerzas para reverdecer los laureles y las glorias de sus antepasados en el trono.

En segundo lugar, resulta meridianamente claro a estas alturas de la película borbónica que al nuevo monarca colocado en el trono de España por Franco, con el peligro latente que en 1975 representaba todavía el Ejército del extinto dictador, le dejaron hacer y deshacer a su antojo los Gobiernos democráticamente elegidos en las urnas durante la enfáticamente llamada modélica transición, sobre todo los presididos por Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Evidentemente, el horno no estaba para bollos en aquella segunda parte de la década de los setenta y primera de los ochenta. Sin paños calientes, debo resaltar que el miedo (por no decir el pánico) a una involución sangrienta era absolutamente indescriptible en la nueva clase política asomada al poder o a sus aledaños, y el rey puesto al frente de la débil nave del Estado español por quien lo había elegido como depositario de su testamento político, se presentaba como el único clavo ardiendo al que poder asirse ante el oscuro (por no decir negro) porvenir democrático que se oteaba por el horizonte.

Y en tercer lugar, a falta de explicarme con mucha más profundidad a su debido tiempo, yo diría que la situación política y social en España llegó a ser tan desesperada en los primeros años del cambio político (y no sólo en el 23-F, sino ya antes con la legalización del PCE, primeras elecciones generales del 15 de junio del 77, dimisión de Suárez, otoño de 1980… etc., etc.,) que a los asustados políticos del consenso, la libertad y la democracia no les quedó otro remedio, como mal menor, que abdicar en parte (en mucha parte, diría yo) de sus funciones y prerrogativas democráticamente recibidas del pueblo español y echarse en manos de un señor sin ninguna legitimidad democrática evidentemente, elevado a la Jefatura del Estado por decisión unipersonal y testicular de un cruel dictador, pero que tenía detrás de él los ya un tanto oxidados (pero, no por ello, menos temibles) cañones de la victoria del Ebro.

Y don Juan Carlos, faltaría más, se daría cuenta enseguida del poder que tenía en sus manos (el de los generales franquistas que ¡ojo!, años después lo tildarían literalmente de «traidor» al Movimiento Nacional e irían contra él) y, ya desde el principio, decidiría usarlo para satisfacer su ego monárquico-imperial, sus ansias de no ser para nada un rey «figurón», un vividor, y poder gobernar de facto el país que le había puesto en bandeja el generalísimo de los Ejércitos nacionales. Era actuar todo lo que las circunstancias y la acobardada clase política de la transición le dejaran. Y para ejercer ese poder, castrense fundamentalmente, enseguida se daría cuenta también que necesitaba ser el hombre mejor informado del país (la información es poder en cualquier lugar y circunstancia, pero mucho más aún lo era en la atormentada España de entonces), y que para ello necesitaba dominar los servicios secretos militares, los mejores y más dotados del Estado, y en particular los del Alto Estado Mayor y Presidencia del Gobierno (antiguo SECED de Carrero Blanco), que a partir de 1977 se transformarían en el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa). No dudaría, en consecuencia, el último Borbón en llamar a capítulo a La Zarzuela a sus máximos dirigentes y en colocar a sus fieles peones al frente de los mismos a la primera oportunidad (en 1981, después del 23-F, situaría al frente del CESID a su amigo y confidente el monárquico coronel Alonso Manglano); sin menospreciar por ello la valiosa información de todo tipo que le servían, precisa y oportunamente, sus fieles militares de palacio: Armada, Milans, Fernández Campo, el marqués de Mondéjar, Muñoz Grandes… etc., etc.

***

El rey Juan Carlos I ha ejercido pues, como digo, prácticamente desde su ascenso al trono de España, como una especie de super presidente del Gobierno de la nación o, si lo queremos decir de otra manera, como jefe de un Gobierno paralelo en la sombra que decidía y luego presionaba al legítimo para que éste hiciese suyas esas previas decisiones regias y las pusiera en circulación como propias. Luz y taquígrafos; así de claro y así de sencillo. La lucecita de El Pardo, a la muerte del dictador, se había mudado subrepticiamente a La Zarzuela para seguir alumbrando el feliz sueño de todos los españoles. A destacar que sobre todo en la etapa de Adolfo Suárez el monarca casi ejerció de «dictador máximo» al utilizar como una marioneta al presidente del Gobierno y futuro duque de Suárez (con fama de duro y de decidido y, sin lugar a dudas, lo era), que desde su designación en 1976 le profesaba una gratitud y una consideración sin límites que le llevarían incluso a perdonarle su «traición» ante los generales franquistas que exigieron, y consiguieron, su cabeza política en bandeja de plata. Todo fue a fin de parar como fuera el golpe involucionista puro y duro que aquéllos preparaban para primeros de mayo de 1981 y que, sin embargo, el rey no lograría desactivar totalmente hasta que el general Armada consumara su tragicómica maniobra de salón, autorizada previamente por la Zarzuela, desencadenada, dentro de su bananera escenificación, en los alrededores del Congreso de los Diputados a partir de las 16:20 horas del famosísimo y penoso 23-F. Pero ello le costaría al sacrificado valido palaciego una fortísima condena de treinta años de prisión militar y la pérdida de su carrera sin que su impávido señor, que lo tacharía públicamente de «traidor», moviera un solo dedo para ayudarle en tan comprometida situación.

Con la llegada de los socialistas al poder, en 1982, el último Borbón todavía se crecería más en su subterráneo poder. Ello fue así porque, en ese momento, ya era plenamente consciente de que dominaba totalmente a los mandos militares después de que éstos se hubieran rendido sin condiciones previas a su regia persona (vía Sabino Fernández Campo) poco antes de que el teniente coronel Tejero diera por concluida su chusca participación en el evento de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, en la madrugada del 24 de febrero de 1981. Juan Carlos I era conocedor, asimismo, del terrorífico miedo que los uniformados despertaban en el PSOE, especialmente en Felipe González (que había aprendido muy rápidamente de los errores cometidos por Adolfo Suárez), quien muy pronto acabaría echándose en sus brazos para que le ayudase, ante los antiguos «espadones» franquistas, a que el Ejército, como institución, aceptara de buena gana el espectacular triunfo de su partido en las urnas e, incluso, prestase su colaboración en el futuro para la buena marcha del delicado proceso político en marcha.

El rey aceptaría encantado la petición de los socialistas. Más aún, no tendría la más mínima duda en ayudar a ese partido (que se había encaramado al poder político en España con el espectacular respaldo de diez millones de votos) a desmontar el residual poder fáctico del Ejército franquista; pero, eso sí, fue a costa de ser él, su regia persona, la que diese el visto bueno a todas las decisiones importantes del futuro Gobierno socialista: las legales, las políticamente correctas, las rodeadas de una moralidad incontestable y, también, las otras, las gestadas en las cloacas del Estado, las auspiciadas por los servicios secretos en su guerra sucia contra la banda separatista ETA.

Recibiría para ello el monarca información privilegiada y directa del CESID, desde la misma creación de este organismo centralizado de Inteligencia en 1977. Después, a partir de octubre de 1981, cuando colocó al frente del mismo a su íntimo amigo y confidente el coronel Alonso Manglano, su relación con este centro de información del Estado sería continua, especial, secreta y estrechísima. En concreto, el antiguo «paraca» reconvertido en jefe supremo de los militares/espías españoles, que hizo, sirviendo dócilmente a su amo, una brillantísima carrera militar (de coronel a teniente general sin salir de su despacho de espía y sin cumplir jamás los requisitos reglamentarios para los sucesivos ascensos), le informaría regularmente, durante años y años, en La Zarzuela (a veces a altas horas de la madrugada), facilitándole documentos secretos supersensibles. Emilio Alonso Manglano puso a disposición del último Borbón, una y otra vez, datos y análisis de los distintos departamentos de «La Casa» de los que nunca jamás dispondría (o dispondría mucho más tarde) el Gobierno legítimo de la nación, que sería «puenteado» constantemente por el general y sus esbirros.

Así pues, no debe extrañar a nadie que yo revele, aquí y ahora, que fue el rey, siempre vía Alonso Manglano, el que primero tuvo en sus manos (antes incluso que el propio Felipe González, presidente del Gobierno socialista) la famosísima Acta Fundacional de los GAL, siniestro documento de «La Casa» que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha la reprobable e ilegal guerra sucia contra la banda separatista ETA en la primavera de 1983 y que se saldaría con 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que años antes, en julio de 1979, sería también el rey el que primero tuviera en su despacho un documento muy similar, confeccionado por el todopoderoso CESID de la época y con los mismos fines: el denominado Informe-Propuesta sobre la lucha antiterrorista, que en aquella ocasión sería rechazado con vehemencia por el Gobierno centrista de Adolfo Suárez.

En ocasiones puntuales, cuando la urgencia del asunto o su importancia lo requerían, el fiel director del CESID informaba personal y exclusivamente al rey por teléfono (línea directa y con secráfono, por supuesto), saltándose de ese modo a la torera cualquier condicionamiento jerárquico y lealtad institucional. Asimismo, don Juan Carlos era receptor privilegiado de la información sensible y reservada que generaban los centros de Inteligencia de los tres Ejércitos; si bien, todo hay que decirlo, el de Tierra, con sus máximos responsables tradicionalmente muy poco monárquicos y de extrema derecha, nunca resultaría muy diligente que digamos con su «comandante en jefe» y procuraría reservarse muchos informes; y, aún más, «procesar» todos los datos negativos sobre la Corona que cayeran en sus manos. Hablamos de dossiers secretos sobre la figura del rey, su vida privada, sus amoríos, sus manejos políticos, sus intrigas palaciegas, sus afanes económicos… un material del que este modesto autor tuvo precisas referencias en sus cuatro años de destino en la cúpula militar del palacio de Buenavista de Madrid, y que, estoy seguro de ello, todavía permanece en buena medida en los fondos reservados de la División G-2 (Inteligencia) de ese alto organismo de mando y control de las Fuerzas Armadas. No obstante, esperemos que algún día, no muy lejano, cuando la verdadera democracia se asiente de una vez en este país y el sucesor de Franco, «a título de rey», deje de ser la divinizada figura que ha sido durante tantos años, pase a conocimiento de todos los ciudadanos del Estado español.

Dueño de la abundante y sensible información que le proporcionaban constantemente los centros de Inteligencia de las FAS y sus leales de palacio (militares, pero también algunos políticos), que le convertían, sin exageración de ninguna clase, en la persona mejor informada del país (y, por ende, con más poder de decisión), al rey Juan Carlos le gustaba siempre bromear y «chascarrillear» con los sucesivos presidentes del Gobierno que acudían a La Zarzuela a despachar con él. A éstos, invariablemente con aire trascendente y cómplice, interrogaba sobre los asuntos que en cada momento se encontraban en el candelero político y social del país. Haciéndose el ignorante, el Borbón, ávido de saber, preocupado por el cariz que en algunos momentos llegaban a tomar determinados acontecimientos, acababa por soltar, siempre entre sonrisas y muy divertido, informaciones que el jefe del Ejecutivo de turno desconocía totalmente. Y, por supuesto, al finalizar el despacho, cuando su perplejo interlocutor todavía no se había repuesto de la sorpresa inicial, Don Juan Carlos se permitía «proponerle», más como amigo que como superior jerárquico institucional, la decisión o decisiones que, según él, un inteligente hombre de Estado debería tomar para reconducir la situación de forma conveniente.

Este peculiar modus operandi real sería el guión oficial en muchísimas entrevistas entre el monarca español y sus respectivos jefes de Gobierno durante la transición y de él tendrían puntual conocimiento los medios de Inteligencia militares gracias a la inveterada y enfermiza costumbre del rey Juan Carlos de contar sus más nimias experiencias personales y políticas a aquellos validos y militares de cámara que le han venido sirviendo dócilmente a lo largo de su extenso reinado. Así ha sido posible que algunas personas, esencialmente castrenses, que siempre hemos tenido muy buenas relaciones con los Servicios de información del Ejército, estemos ahora en posesión de abundantes datos sobre la vida personal y política del último Borbón y que, en consecuencia, a día de hoy, pueda ver la luz un libro como éste.

Ésta es una obra que, desde luego, se lo advierto al lector que no lo haya percibido ya por lo que lleva leído, no cuenta, ni contara jamás, con el beneplácito o el nihil obstat del monarca que ha reinado y «gobernado» a sus anchas este bendito país desde noviembre de 1975. Lo pudo hacer por la gracia y la cabezonería de un militar medio analfabeto que, después de arrasar la nación española en una cruenta guerra civil y masacrar a decenas de miles de luchadores demócratas, se permitió el lujo, con la perruna aceptación de millones de españoles, eso sí, de «reinstaurar» una monarquía obsoleta y sin sentido en las postrimerías del siglo XX, sacándose de la manga un rey ad hoc y dotado genéticamente con el desastroso pedigrí histórico de los Borbones. Ha sido un salto en el vacío que, después de un moderado éxito inicial y de unos cuantos años de paz interior (debido, esencialmente al peligro que durante todo ese tiempo han representado para el pueblo español unas Fuerzas Armadas fascistoides y golpistas) amenaza ahora, a principios del siglo XXI, con llevarnos nuevamente, a los ciudadanos de este país, a los preocupantes primeros años de la década de los treinta; todo ello si no lo remedia, espero que sí, la inteligencia, la paciencia, la tolerancia y el deseo de paz y concordia del, en ocasiones, «aborregado» pueblo español, que lo mismo despide multitudinariamente y con lágrimas en los ojos al feroz dictador que lo reprimió a sangre y fuego durante cuarenta años que recibe con alborozo, papanatismo y doblando la cerviz, al advenedizo príncipe impuesto por el anterior.

Tras el triunfo de los «populares» de Aznar, en 1996, con su reinado «absolutista» ya en franca decadencia, pues ni los años ni la política perdonan en este país, el rey Juan Carlos lo tendría un poco más difícil para seguir mangoneando a sus anchas, ya que de todos es bien conocido el poso antimonárquico y falangista de la derecha española. Pero pronto sabría adaptarse a los nuevos tiempos y encontrar la forma de seguir siendo la «lucecita de El Pardo», aprovechándose de la inicial debilidad del primer Gobierno de Aznar (que no consiguió, como todos sabemos, la mayoría absoluta y tuvo que pedir ayuda a vascos y catalanes) y de su buena relación con Jordi Pujol.

El último Borbón español se escudaría siempre, eso sí, dentro de su peculiar juego de poder en la atormentada España de la transición, en su irresponsabilidad personal, en su inviolabilidad, en la impunidad total que le otorga una magnánima y angelical Constitución hecha a su medida en unos momentos históricos de pánico político y social para, como digo, intervenir, aconsejar, influir, asesorar… al Ejecutivo de turno, democráticamente elegido por el pueblo, en cuantas decisiones importantes tuviera que tomar para la correcta dirección del país. De este modo, hasta se permitiría el lujo, en determinados eventos de especial relevancia (como quedará reflejado con todo detalle a lo largo de las páginas del presente libro), de dirigir personalmente, en secreto y al margen de las leyes, la adecuada solución de los mismos, como en el archifamoso caso de la intentona involucionista del 23-F. Tengamos muy presente que en ésta, saltándose olímpicamente la Carta Magna, conspiró descaradamente con los generales monárquicos Armada y Milans del Bosch para cambiar, por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de la nación y tratando de introducir en la vida política española un fantasmal Ejecutivo de concentración/unidad nacional que salvara su corona de las iras de los capitanes generales franquistas; quienes, tachándole de «traidor» al sagrado legado del generalísimo, preparaban un traumático golpe de Estado para primeros de mayo de ese mismo año: 1981. Así, de facto, por mucho que la propaganda oficial del Régimen y sus plataformas mediáticas leales hayan destacado todos estos años su providencial papel en la chapucera asonada militar, Juan Carlos I se convertiría en todo un flamante «rey golpista», una figura ciertamente atípica (aunque no única) en la historia española y que sin duda habría acabado en los tribunales en cualquier democracia occidental que se precie de tal.

En las páginas que siguen, amigo lector, voy a intentar desmontar, desde la verdad y el conocimiento profundo de su reinado a través de múltiples testimonios de los servicios secretos militares, el mito creado en este país sobre la figura de Juan Carlos I. No es de recibo que siempre nos lo han presentado como un hombre providencial, honrado, desinteresado, altruista, amante de la democracia, alguien que ha pilotado una transición modélica del franquismo a la libertad… cuando la realidad es muy otra…

La otra cara de la moneda nos presenta a un monarca de una gran ambición personal, desleal con sus subordinados, traidor a sus amigos, egoísta sin límites conocidos, defensor a ultranza de sus prerrogativas reales, manipulador nato de su entorno personal y familiar. Hablamos de un personaje que no dudó un instante en abrazar la causa de la dictadura franquista para, a través de ella y de su supuesta lealtad al apolillado Movimiento Nacional, acceder al trono de España pisoteando la figura de su propio padre, y que luego, lejos de ceñirse a su modesto papel constitucional de rey que «reina pero no gobierna», ha intrigado, conspirado, intervenido, dirigido como ha querido (tras las bambalinas, por supuesto) la política de este país. Lo ha hecho apoyándose en el Ejército y en los servicios secretos castrenses, con los que no dudó nunca en presionar, una y otra vez, a los dirigentes políticos democráticos de turno, que no tuvieron más remedio que «cohabitar» con él en la gobernación del Estado si no querían llevar al país a una nueva noche de dictadura militar. Y todo ello lo hizo dejando de paso, tirados en el camino, sin ningún remordimiento de conciencia, los «cadáveres» políticos, militares, financieros, familiares, palaciegos… de todos aquellos que eran sus amigos, confidentes, validos y subordinados, los que fueran necesarios para conseguir mantenerse en el trono y lograr sus ambiciosos planes personales.

¡Ah si algún día se decidieran a hablar públicamente, sin miedos ni tapujos de ninguna clase, personajes del llamado «entorno real» (cada día que pasa van quedando menos en situación de hacerlo) como Armada, Fernández Campo, Mondéjar, Muñoz Grandes, Felipe González, Conde, De la Rosa, Prado y Colón de Carvajal… que saben y esconden tantas cosas, muchas de ellas, afortunadamente para la historia que tarde o temprano se escribirá en este país por pluma imparcial, recogidas y guardadas en documentos secretos de los servicios de Inteligencia militares (los conocidos en el argot de los servicios de Información castrenses como MSCR), que en su día, estoy seguro de ello, verán la luz! Todo llegará, amigo lector, pero de momento (y no es poco), lo que sí tiene en sus manos es un libro honesto, veraz, valiente, necesario, quizá escandaloso… que le va a permitir empezar a conocer los oscuros hechos y las peligrosas aventuras políticas y militares protagonizadas durante más de treinta años por el que sin duda será (así lo esperamos muchos españoles verdaderamente demócratas) el último de los Borbones que haya reinado (y gobernado) en este país.

1
FRANCO QUISO HACERLO SOLDADO

El Régimen franquista busca heredero con pedigrí. —Franco se fija en el hijo mayor del conde de Barcelona, un muchacho introvertido y mediocre que puede servir perfectamente a sus fines. —Pero antes que rey deberá ser soldado. —Viaje a España. —La etapa Montellano. —Ingreso en la Academia General. —Los «sábados, sabadetes…» del cadete Juanito.

La victoria de las democracias occidentales y la URSS sobre el Eje, en 1945, largamente anunciada y trabajosamente conseguida, pondría al dictador Franco, tras sus largos años de devaneos políticos y militares con nazis y fascistas (iniciados en los prolegómenos de la Guerra Civil Española y substanciados en una copiosa y determinante ayuda militar, continuados después a lo largo de la magna contienda mundial a través de contactos personales y directos con Hitler y Mussolini y con el envío, por parte de España, de la famosa División Azul), en una situación personal y política harto difícil, abriendo para el Régimen que dirigía un período de convulsiones internas y peligro externo que podía llevarlo a su desaparición física.

En consecuencia, en el plano interno, el amplio abanico de colaboradores necesarios del franquismo: monárquicos, militares, falangistas…, muchos de ellos situados en puestos clave del sistema pero temerosos de un vuelco espectacular en la situación, empezaría enseguida a tomar posiciones, a conspirar en secreto y a unir fuerzas para estar en las mejores condiciones de sobrevivir ante la eventualidad de que las potencias vencedoras en la mayor conflagración de la Historia decidieran acabar de una vez por todas con el torpe general español (pero astuto político) que, después de liderar una chapucera rebelión militar contra la desarmada II República española y enfrascarse con ella en una larga y absurda guerra de desgaste de tres años de duración, regía con mano de hierro la devastada España de la posguerra desde abril de 1939.

El heredero de la dinastía borbónica, don Juan, conde de Barcelona, como jefe espiritual del lobby monárquico que dentro de España había conspirado contra la República y a favor de la drástica intervención del Ejército, también pondría enseguida en marcha su particular estrategia para recuperar el trono que su padre había dejado vacante en el año 1931, acercándose todo lo posible a Madrid. Por eso asentó «sus reales» en Estoril (Portugal) el 2 de febrero de 1946 e inició una urgente guerra psicológica contra Franco, planificada por su entorno de asesores y aduladores, tendente a conseguir que el general abandonara cuanto antes, y de buena fe, el caudillaje que él mismo se había arrogado sobre España y se aviniera a una restauración monárquica en la persona que en aquel momento ostentaba todos los derechos dinásticos, o sea él mismo.

No obstante, muy pronto sería consciente el hijo de Alfonso XIII de que el autócrata gallego, después de años de saborear las mieles de un poder absoluto, omnímodo, feudal… y con un numerosísimo y fiel Ejército detrás que lo adoraba como al providencial líder capaz de llevarlo a la victoria sobre los enemigos de la patria, no estaba muy dispuesto a ceder ese poder a nadie, por muchos derechos que exhibiera, mientras le quedara un hálito de vida. Así, una de las primeras noticias que sus fieles le transmitirían a don Juan en su recién ocupada residencia de Estoril (Villa Papoila, una casa prestada por los marqueses de Pelayo), serían las confidencias de Franco al general Martínez Campos, duque de la Torre, que habían corrido como la pólvora por los mentideros castrenses y políticos de Madrid semanas antes. Según estos rumores, el generalísimo le había transmitido al general sus más íntimos pensamientos en forma de lapidaria frase para la historia: «Yo no haré la tontería que hizo Primo de Rivera. Yo no dimito. De aquí al cementerio». Era algo que, evidentemente, no dejaba lugar a dudas sobre las auténticas intenciones del dictador.

Los altos mandos militares, los generales que habían ayudado a Franco a ganar su particular «cruzada» contra el comunismo, la masonería y «los enemigos de la patria…» también daban muestras de nerviosismo creciente conforme iban llegando a nuestro país los espantosos pormenores de la debacle del nazismo en Europa y del Imperio del Sol Naciente en el Pacifico/Asia. España, a pesar de las baladronadas castrenses del sátrapa (un millón de soldados listos para defender del comunismo la capital de Alemania) y de la profusa propaganda oficial, se encontraba arruinada, destruida, desarmada (casi todo el material de guerra servido por alemanes e italianos para vencer a la República era ya pura chatarra), desmoralizada, dividida y, sobre todo, sola. Se hallaba aislada ante el peligro de unas potencias vencedoras capitaneadas por unos Estados Unidos de América que, con la guerra mundial, habían dado el gran salto adelante, convirtiéndose en el líder mundial indiscutible al estar en posesión en solitario del arma total: la bomba atómica.

Algunos de estos militares (altos mandos, pero también de categoría intermedia), monárquicos en su mayoría, empezarían a «moverse» en los cuarteles y a conspirar secretamente en favor de una pronta restauración de la Casa de Borbón. Sin romper totalmente con su generalísimo (nadie ponía todavía en cuestión, a mediados de la década de los cuarenta, su apabullante victoria sobre el comunismo), sí dejaban entrever posiciones políticas cada vez más cercanas a una posible y deseada renuncia de Francisco Franco defendiendo la teoría, asumida plenamente por el clan de Estoril, de que el mando supremo del carismático militar sobre los Ejércitos nacionales y la jefatura del nuevo Estado salido del 18 de julio de 1936 le habían sido otorgados por sus compañeros de generalato en circunstancias extremas y únicamente mientras durara la Guerra Civil, como un instrumento indispensable para ganarla y con el fin último de restaurar la Corona borbónica en cuanto las circunstancias así lo permitieran.

Franco, que, una vez más, maniobraría con astucia y suma prudencia para enfrentar el peligro borbónico representado por don Juan, actuó sin embargo con mano de hierro para hacer valer su autoridad sobre sus propios compañeros del Ejército que conspiraban contra él. Ya el 25 de agosto de 1945 había destituido al general Kindelán como director de la Escuela Superior del Ejército por un discurso fervientemente monárquico en el que, sin pelos en la lengua, había solicitado la colaboración de las Fuerzas Armadas para colocar cuanto antes la corona de España en las sienes del pretendiente de la Casa de Borbón. El día 13 de febrero de 1946, con motivo de la publicación de un Saluda firmado por 458 personalidades del Estado español (políticos, empresarios, aristócratas, catedráticos) en el que mostraban su alborozo por la llegada de don Juan a Portugal, instando a su próxima coronación como rey de España, ordenó la detención y posterior encarcelamiento de Alfredo Kindelán, firmante del documento y considerado por los servicios secretos del Régimen como la cabeza visible del movimiento monárquico dentro del Ejército. Fue una orden que sólo revocaría a regañadientes, enviándole desterrado a Canarias, por la presión de varios compañeros del detenido y por la precaria salud del general. Esta dura reacción de Franco contra el monarquismo militar beligerante, representado por el general Kindelán, desactivaría abruptamente cualquier veleidad futura en los cuarteles donde, por otra parte, seguían siendo una amplia mayoría los profesionales que, a pesar de las dificultades, formaban una piña alrededor de su generalísimo y no contemplaban, ni personal ni colectivamente, ninguna posibilidad política para este país que no pasara por su continuación sine die en la jefatura del Estado.

En la Falange, otro pilar fundamental del Régimen nacido el 18 de julio de 1936, la preocupación institucional ante los acontecimientos exteriores y el adverso resultado de la Segunda Guerra Mundial haría florecer enseguida, entre sus dirigentes, el conocido espíritu numantino patrio y el ferviente deseo colectivo de defender a ultranza, otra vez con las armas si era necesario, la nueva patria «Una, Grande y Libre» renacida de las cenizas de un país devastado por una brutal guerra fratricida entre españoles. Seguirían cerrando filas alrededor del providencial caudillo que los había llevado a la victoria, llevando a feliz término la revolución social y política defendida por su fundador, José Antonio Primo de Rivera, y rompiendo para siempre con una monarquía corrupta y envilecida, rechazada mayoritariamente por el cuerpo social de la nación española.

Fue ésta la teoría que, siquiera parcialmente y dejando de lado sus íntimos deseos sobre el porvenir político español y el papel que podía jugar la monarquía en ellos, abrazaría el déspota español por lo menos hasta que las democracias occidentales y, sobre todo, Estados Unidos, después de la famosa declaración de Potsdam (en la que a pesar de reiterar la exclusión de España de Naciones Unidas no se había propuesto ninguna intervención directa contra Franco) desvelaran sus inmediatos planes sobre el régimen político que él capitaneaba y que, completamente solo después de la destrucción a sangre y fuego de sus socios y correligionarios europeos, se agazapaba, herido de muerte, en la vieja piel de toro ibérica. Además, a Franco no le quedaban muchas otras opciones después de leer el Informe-Propuesta sobre la continuidad de su propio sistema político que su leal asesor y figura política emergente, Luís Carrero Blanco, le había presentado recientemente con carácter confidencial y en el que, entre otras importantes cuestiones, se afirmaba cínicamente «que después de Potsdam no parecía nada probable que Francia o Gran Bretaña favorecieran la implantación del comunismo en España apoyando a los republicanos exiliados» Asimismo, se señalaba con toda rotundidad que la única salida factible para España era «el orden, la unidad y el aguantar la presión exterior e interior apoyándose en una buena acción policial y, si era preciso, en una enérgica represión sin miedo a las críticas» Ese documento terminaba con una clara negación personal del «donjuanismo» y de su nada deseable presencia en el futuro de nuestra patria.

Pero todas estas inquietudes y temores de Franco y su régimen serían pronto frenados en seco por la buena suerte (algo que para un político puede ser determinante de cara al futuro) y por las especiales circunstancias del momento; que favorecerían no sólo al dictador, que vería alejarse con celeridad los riesgos de una intervención militar directa contra él, sino también, aunque en menor medida, a la totalidad del pueblo español que, aún a riesgo de ver aumentadas substancialmente las posibilidades de tener que seguir sufriéndolo algunos años más, no hubiera podido soportar una nueva guerra en el solar patrio. ¡Sólo les hubiera faltado a los empobrecidos, desmoralizados y hambrientos ciudadanos españoles de la época que Estados Unidos, bien sólo o acompañado de otros (Naciones Unidas o alguno de sus socios políticos y militares europeos) hubiera decidido, altruistamente claro, librarles de su sanguinario mandamás militar al estilo de lo que medio siglo después haría el todopoderoso emperador antiterrorista George W. Bush en la nación iraquí en relación con el sátrapa Sadam Hussein! No cabe duda de que hay situaciones en la historia de los pueblos que mejor es no meneallas desde el exterior y en las que lo único que pueden hacer sus ciudadanos es ponerse a rezar todos juntitos aquella famosa oración a la Virgen de Lourdes: «¡Virgencita, que me quede como estoy!»

Efectivamente, la suerte, la buena suerte, iba a llamar enseguida a las puertas del palacio de El Pardo donde el autoproclamado «generalísimo» de los Ejércitos vencedores en la cruenta Guerra Civil se las veía y se las deseaba para capear el vendaval que amenazaba su recién nacida «nueva España». La situación en Europa, una vez que los soviéticos por un lado (el Este) se plantaron en Berlín y las fuerzas anglo-franco-americanas por el otro (el Oeste) acabaron de liberar toda la parte occidental del continente, no mejoró substancialmente con el fin de la guerra sino más bien todo lo contrario. Al recelo inicial que suscitó entre los dos grandes bloques vencedores la alocada carrera emprendida por sus Ejércitos al final de la contienda, para llegar los primeros a la capital de Alemania, conquistando de paso la mayor porción posible del antiguo III Reich, pronto sucedería la clara beligerancia política e ideológica entre ambos y enseguida la descarada lucha por el poder mundial que derivaría a pasos agigantados en la costosísima y preocupante «Guerra Fría». Ésta tuvo consecuencias inmediatas en la política exterior de esos dos grandes bloques, que tratarían por todos los medios de organizarse militarmente por si de nuevo las armas eran llamadas a hablar en otra terrorífica confrontación bélica. Y en este contexto geoestratégico nuevo, en esa incómoda tesitura de tener que prepararse para una guerra antes de terminar por completo la anterior, los norteamericanos pronto empezarían a dar largas a la, en principio, democrática obligación, tantas veces proclamada, de acabar con el último bastión fascista europeo representado por la España de Franco.

Así, si bien es cierto que el 4 de marzo de 1946 una Declaración Tripartita de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia había anunciado que «mientras el general Franco mantenga el mando en España el pueblo español no puede esperar una plena y cordial asociación con las naciones del mundo que, mediante un común esfuerzo, han causado la derrota del nazismo alemán y el fascismo italiano», y que el 12 de diciembre del mismo año una sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas resolvió excluir a España de todos sus organismos dependientes, solicitando también al Consejo de Seguridad que estudiara las medidas a adoptar si, en un tiempo razonable, España seguía teniendo un Gobierno carente de refrendo popular al tiempo que pedía a las naciones miembros que retirasen a sus embajadores de Madrid, resultaba ya evidente, a finales de 1946, que por intereses de las grandes potencias no iba a producirse una intervención aliada contra el caudillo español.

El alto mando yanqui ya había empezado a planificar una tupida red de bases militares dentro de la nueva y urgente estrategia de cerco al lobo estepario ruso que, a pesar del duro castigo sufrido en su cruento enfrentamiento con el Ejército nazi, demostraba unas ansias irrefrenables de expandir sus ideales comunistas y su poder militar por todo el mundo. Y dentro de esa estrategia de contención de sus antiguos aliados del Este, y de expansión de su «colonialismo de faz democrática» o nueva «pax americana», España (aún con un impresentable y sanguinario dictador a su frente) representaba para Estados Unidos una inmejorable apuesta como gran base logística de retaguardia y como plataforma segura y cercana para montar sobre ella las bases aeronavales que fueran necesarias. Muy pronto las recomendaciones de los generales estadounidenses serían aceptadas por la Casa Blanca y consideradas de prioridad política de primer nivel, con lo que el hasta entonces apestado general Franco pasaría de inmediato a la categoría de aliado in pectore de la gran nación americana, y de ahí que muy pocos años después, en 1953, el Tratado de Amistad y Cooperación firmado entre ambos países lo elevaría a la categoría de amigo preferente y socio indispensable en la lucha del mundo libre contra el comunismo internacional.

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A finales del año 1946, a pesar de las declaraciones de Naciones Unidas y de los contactos secretos con los Aliados de cara a substanciar su colaboración futura en la guerra contra el comunismo, Franco no las tenía todas consigo y no dudó un solo segundo en tomar las medidas adecuadas para hacer su régimen más aceptable para las democracias occidentales. Sobre la base de un memorandum elaborado por Carrero Blanco (con fecha de 31 de diciembre de 1946, modificado y ampliado, a instancias del dictador, por otro de 22 de marzo de 1947), vería enseguida la luz un proyecto de Ley de Sucesión que fue debatido en el Consejo de Ministros del 28 de marzo de ese año. En él se consideraba a España como una unidad política, como un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en Reino. La jefatura del Estado correspondía al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, que gobernaría el país hasta que la incapacidad o la muerte se lo impidieran. Se avalaba también en el proyecto de Ley el derecho del Caudillo a nombrar su propio sucesor dentro de la familia real y dejaba bien claro que el futuro rey debería someterse a las leyes fundamentales del régimen, pudiendo ser destituido si no lo hacía.

Como se ve, muy poco o nada quería cambiar el monolítico Estado franquista con esta Ley, pues a lo único a lo que aspiraba era a ganar tiempo ante los aliados occidentales y ante los monárquicos del interior, vistiendo el muñeco de una inexistente apertura política hacia ninguna parte. Eran objetivos que no podrían alcanzarse, eso sí, sin la colaboración por lo menos pasiva del conde de Barcelona. Para conseguir la cual se trasladó inmediatamente a Estoril el propio Carrero Blanco, con un mensaje personal de Franco en el que instaba al pretendiente a aceptar la Ley de Sucesión y a tener paciencia, como premisas indispensables para poder ser elegido en su día como su sucesor a título de rey.

Pero don Juan no sólo no aceptaría las marrullerías de Franco, sino que se enfrentó drásticamente a la Ley de Sucesión con el llamado Manifiesto de Estoril, en el que denunciaba la ilegalidad de la misma dado que alteraba el carácter de la monarquía española sin consultar ni al heredero del trono ni al pueblo. A ello añadió unas escandalosas declaraciones publicadas, el 13 de abril de 1947, en los periódicos The Observer y The New York Times, en las que se manifestaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Franco siempre que éste formalizara inmediatamente una transferencia de poder pacífica e incondicional. Se declaraba, asimismo, partidario de una monarquía democrática, de la legalización de partidos políticos y sindicatos, de una cierta descentralización territorial del Estado, de la libertad religiosa y de una amnistía parcial para los encarcelados con motivo de la Guerra Civil. Ni que decir tiene que tanto el Manifiesto de Estoril como estas revolucionarias declaraciones del conde de Barcelona caerían en El Pardo como una bomba, hasta tal punto que son muchos los historiadores que señalan esa fecha del 13 de abril como la de la eliminación fáctica de don Juan de Borbón como posible sucesor del Caudillo.

Y así sería efectivamente porque, cada vez más seguro el dictador de su supervivencia política y de la completa aceptación de su régimen por las grandes potencias, empezaría, ya sin ningún rubor, a dar los pasos necesarios para encontrar a alguien, de sangre real por supuesto, con la juventud necesaria para poder moldearlo a su capricho y que estuviera dispuesto a ceñir, en un futuro más o menos lejano, la corona de la nueva España del Movimiento Nacional salida de la lucha fraticida, comprometiéndose a defender sus principios y a respetar sus leyes fundamentales por tiempo indefinido. La búsqueda de ese sucesor capaz de garantizar la continuidad del sistema y su adaptación a los nuevos tiempos, una vez que él hubiera desaparecido, quitaría durante mucho tiempo el sueño a Franco, que tendría que debatirse entre sus profundas convicciones monárquicas, las fuertes presiones de un entorno familiar que aspiraba en secreto a perpetuar su apellido en lo más alto de la cúpula del Estado español, emparentando, si ello era preciso con alguna familia de sangre real que se aviniese a prestar su pedigrí para tan arriesgada componenda política y social, las fuertes recomendaciones de sus generales (quienes soñaban con que un nuevo «centurión de hierro» tomase en su día las responsabilidades dejadas por su idolatrado generalísimo), las aspiraciones de los diversos clanes del aparato político y sindical falangista (que apostaban por una salida al régimen totalmente autónoma y al margen de la monarquía) y, por último, las maniobras y conspiraciones del Consejo de Estoril, que ya sólo veía la urgente proclamación, como rey de España, de su señor don Juan de Borbón a modo de remedio para los males del país.

Al margen de todas estas presiones, Franco tenía una cosa muy clara: para garantizar una salida pacífica a su peculiar sistema político personal, efectuando sólo los cambios cosméticos necesarios (ni uno más) para que España pudiera ser aceptada en Europa, la persona elegida debería poseer, además del rango regio que él consideraba absolutamente imprescindible, una gran autoridad personal y unas especiales dotes de mando, algo que siempre han apreciado los españoles en general y los militares en particular. Es decir, convenía, y las circunstancias así lo aconsejaban, que su sucesor tuviera una exhaustiva formación castrense y estuviera adornado, a poder ser, con las mejores virtudes de tan sacrificada profesión. O sea, blanco y en botella, que el futuro heredero de la Corona española además de pertenecer a la realeza debería ser un militar de alto rango y con una completa formación castrense a sus espaldas que el autócrata personalmente se encargaría de fiscalizar.

De acuerdo con estas premisas, una vez aprobada la Ley de Sucesión por las Cortes en junio de 1947 (fue refrendada mediante un referéndum celebrado el 6 de julio siguiente) y descabalgado de facto don Juan de la carrera por la Corona, Franco, con un acendrado monarquismo en sus genes y un profundo agradecimiento a la dinastía borbónica (en particular a Alfonso XIII) que le había elevado a lo más alto de la carrera militar al premiar pródigamente sus correrías africanas, enseguida empezaría a considerar seriamente la posibilidad de que fuera uno de los hijos del conde de Barcelona el que, convenientemente adoctrinado en los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y siempre que cumpliera sus expectativas de futuro, ciñera en su día la Corona de España. Y para poder llevar a buen puerto semejante decisión el primer objetivo a alcanzar era, obviamente, el lograr que los infantes Juan Carlos (Juanito para la familia) y Alfonso (El Senequita) vinieran a España a estudiar y a formarse convenientemente, sin condiciones previas y reservándose el dictador la suprema y última palabra sobre la persona que, en última instancia, concluido su personal y antidemocrático casting, sería la elegida. A todo esto, Franco, en su astuto juego, nunca descartaría explícitamente a la otra rama borbónica, representada por los herederos del sordomudo don Jaime, Alfonso y Gonzalo, a pesar de que en 1935 había renunciado a sus derechos sobre el trono para él y sus herederos.

Y esa decisión sobre la futura formación de los jóvenes Juan Carlos y Alfonso de Borbón la tenía que tomar, lógicamente, el padre de ambos, don Juan, que, desde su cómodo retiro portugués, había iniciado ya una muy particular relación amor/odio con el generalísimo, ora conspirando contra él, ora colaborando con su régimen; todo ello de cara a una pronta restauración monárquica en su persona que él todavía creía factible en esos momentos si sabía manejar inteligentemente el poder de su derecho dinástico ante el caudillo español y las potencias democráticas occidentales.

Para conseguir sus planes de que los infantes vinieran a estudiar a España (de momento y debido a la corta edad de El Senequita, la medida sólo afectaría a Juanito) el general Franco urdiría una maquiavélica entrevista con el conde de Barcelona a bordo del yate Azor (emboscada política más bien, planificada ¡cómo no!, por el cerebro gris de la trama: Luís Carrero Blanco) a la que el pretendiente no se pudo negar porque a esas alturas era ya consciente de la fortaleza del dictador, de que su régimen iba a sobrevivir a la victoria de las democracias occidentales sobre el nazismo y de que una futura restauración monárquica en España sólo sería posible con su plena aprobación.

La entrevista entre Franco y don Juan, pactada entre ambos sin el conocimiento siquiera del Consejo Político de este último (Gil-Robles, Sainz Rodríguez, Vegas Latapié, Dánvila, Sotomayor…), se llevaría a cabo el 25 de agosto de 1948. La puesta en escena fue preparada minuciosamente por el aparato del Estado franquista y resultó perfecta para los intereses del tirano, quien no tuvo ningún reparo en saludar efusivamente a don Juan cuando éste subió a bordo del yate, anclado en el golfo de Vizcaya, y hasta se permitió el lujo de soltar algunas lágrimas (de cocodrilo sin duda) que, por inesperadas, desconcertaron por completo, en un primer momento, al visitante. Éste, no obstante, enseguida se daría cuenta de la encerrona y hasta podría capear el temporal con decoro y con cierta fortaleza de ánimo contestando a las alabanzas del dictador sobre su extinto padre Alfonso XIII con severas críticas a la postura del régimen en relación con la monarquía, que no sólo era marginada en relación con importantes decisiones que le afectaban de manera prioritaria sino que era perseguida con saña en la persona de importantes personalidades relacionadas con la Casa de Borbón.

Esta primera entrevista Franco-don Juan se saldaría, a pesar de todo, con una clara victoria para un anfitrión que, prácticamente sin ninguna concesión por su parte y sin prometer nada a su invitado (todo lo contrario, dejándole muy claro que no pensaba renunciar a la jefatura del Estado mientras viviera), conseguiría de él su promesa de que su hijo mayor Juan Carlos dejara pronto su internado suizo de Friburgo y viajara a España para continuar sus estudios en Madrid. Pero este acuerdo secreto entre caballeros, sería filtrado interesadamente por Franco a los medios de comunicación el 26 de octubre de 1948, obligando con ello al conde de Barcelona a telegrafiar urgentemente a Eugenio Vegas Latapié, su secretario político y preceptor del infante, para que acompañado de éste se presentara de inmediato en Lisboa al objeto de preparar su viaje a España. Así lo haría el fiel consejero y hábil político que, no obstante, no podría acompañar a Juan Carlos a Madrid por orden personal del dictador.

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Después de esta sucinta y apretada ambientación histórica, que nos ha permitido recordar los preocupantes momentos que vivíamos los españoles al término de la Segunda Guerra Mundial, dentro de un Régimen franquista amenazado de muerte y con el tercer hijo varón de un rey destronado conspirando en la sombra para recuperar la corona perdida, vamos ya a personalizar, a adentrarnos en lo que nos interesa de verdad, a desarrollar la almendra del primer capítulo de un libro que nos va a permitir conocer la historia, la verdadera y desconocida historia, del último Borbón español, del sucesor de Franco a título de rey, de una persona, de un ciudadano en suma, aparentemente marginado del poder político en su condición de rey constitucional.

Hablamos de alguien con medievales prerrogativas regias como el ser inviolable y no estar sujeto a responsabilidad alguna por mor de una posibilista, pactada, consensuada y desconocida Constitución Española que fue aprobada sin que casi nadie se la leyera, todo hecho en base a una situación política y social desesperada.

Nos referimos a un monarca que ha mangoneado este país como ha querido durante los últimos treinta años, sobrepasando, ignorando y despreciando muchas veces a los gobernantes elegidos democráticamente por el pueblo soberano, al utilizar en su único beneficio a las Fuerzas Armadas, recibiendo información privilegiada y exclusiva de los servicios secretos militares, aprovechándose de los medios de los que un Estado democrático dispone para el mejor servicio de sus ciudadanos y no dudando en saltarse a la torera las leyes y la propia Carta Magna cuando le ha convenido a su corona.

Prestaremos, no obstante, mucha mayor atención (no olvide el lector que quien esto escribe es un historiador militar, un profesional con muchos años de servicio y acceso directo a informaciones reservadas que han permanecido en el más absoluto de los secretos durante muchos años) a todo lo relacionado con su vida privada y pública a partir del año 1955, fecha ésta en la que inicia su peculiar andadura militar ingresando, a instancias de Franco, faltaría más, en la Academia General Militar de Zaragoza.

Así pues, sin más dilación, empecemos a conocer al célebre Juanito, un muchacho asustado, triste, introvertido, no muy inteligente, de diez años de edad, hijo mayor de don Juan de Borbón y que, en base al conciliábulo secreto pactado entre su augusto padre y Franco en la cubierta del Azor, llega a Madrid a bordo del Lusitania Express (conducido por un Grande de España, el duque de Zaragoza, vestido con un proletario mono azul) en la mañana del 9 de noviembre de 1948. Fue recibido, en la capital de la nación, por un siniestro y pequeño grupo de monárquicos conservadores teóricamente partidarios de don Juan, pero decididos a defender a ultranza unos privilegios de casta que en buena parte estaban garantizados con la supervivencia del régimen autoritario franquista.

Juan Carlos de Borbón (Juanito para todos los miembros de su familia que, a pesar de ser el mayor de los dos hermanos varones, siempre se referían a él por el diminutivo de su nombre, mientras el pequeño era, para todos, Alfonso a secas) había tenido, hasta el momento de su llegada a Madrid para educarse bajo la autoridad suprema de Franco, una niñez muy parecida a la de cualquier otro pequeño vástago de vieja familia real europea en el exilio. Pasó de internado en internado (en Suiza y Portugal), de soledad en soledad, con muy poco cariño familiar que llevarse al alma, con la exagerada autoridad paterna siempre sobre su cabeza (su padre el conde de Barcelona, un señor rencoroso y amargado que sólo vivía para recuperar la corona perdida, llegó a prohibir a su madre, María de las Mercedes, que le llamara por teléfono al colegio de los padres marianistas de Ville Saint-Jean, en Friburgo, donde estuvo educándose desde que cumplió los ocho años, a fin de endurecer su carácter), cumpliendo a trancas y barrancas con unos estudios que ni profesores particulares ni preceptores habían conseguido nunca sacar de la mediocridad y la rutina. Sus cortas e infrecuentes vacaciones en casa de sus padres nunca consiguieron otra cosa que aumentar su melancolía, su juvenil frustración y el sentimiento de abandono familiar en el que se sentía inmerso.

No obstante, su llegada a Madrid, en noviembre de 1948, iba a cambiar radicalmente su vida. Elegido por Franco como delfín en potencia de su régimen político, como posible sucesor de su persona en la jefatura del Estado español (si cumplía las expectativas puestas en él, por supuesto), como aspirante a ceñir en su día la corona de sus antepasados, se acabarían para él la soledad y el anonimato al iniciar una larga etapa en su educación personal bajo la estricta supervisión de su autoritario protector, que comenzaría con una corta estancia en el atípico y selecto colegio ubicado en la finca Las Jarillas, una impresionante casa de estilo andaluz propiedad de don Alfonso Urquijo, amigo de su padre, situada a 18 kilómetros de Madrid y muy cercana al palacio de El Pardo. Allí su padre, con el preceptivo permiso del generalísimo, había organizado un elitista centro especial de formación para niños de sangre azul y de la alta burguesía madrileña bajo la dirección y tutela de unos cuantos reconocidos preceptores, entre los que sobresalían José Garrido Casanova, un granadino de ideas liberales y fundador del hospicio de Nuestra Señora de la Paloma, y Heliodoro Ruiz Arias, profesor de Educación Física y antiguo entrenador personal de José Antonio Primo de Rivera. Entre los nuevos compañeros de Juanito (ocho en total) se encontraban personajillos de poca edad pero con mucho futuro político y social como Alonso Álvarez de Toledo (hijo del marqués de Valdueza, que, al crecer en edad y sabiduría, se convertiría años después en una importante figura de las finanzas españolas), Carlos de Borbón-Dos Sicilias (primo hermano de Juan Carlos), Jaime Carvajal y Urquijo (hijo del conde de Fontanar), Fernando Falcó (más tarde marqués de Cubas)… y otros de menor estatus familiar pero que después harían brillantes carreras profesionales como Agustín Carvajal Fernández de Córdoba, Alfredo Gómez Torres o José Luís Leal Maldonado. Todos estos muchachos ayudarían a vestir el muñeco (que la propaganda del Régimen franquista siempre propaló) de una educación convencional, tradicional, efectiva, democrática y socialmente integradora para el que luego sería rey de España que para nada, como ocurriría con su formación castrense en las sucesivas Academias Militares, fue real.

El conde de Barcelona, que, aunque de mala gana, había accedido a los deseos de Franco de tomar bajo su tutela directa la educación de Juanito (siendo con ello blanco de las críticas más acerbas de su propio entorno monárquico, que desde entonces no dejó de acusarle de dejación de sus derechos dinásticos ante el dictador), recibiría muy pronto, no obstante, una sonora bofetada institucional del autoritario inquilino de El Pardo al negarse éste en redondo a que Juan Carlos ostentara el título de Príncipe de Asturias, habitualmente concedido al heredero del trono de España. Con esta inesperada negativa del ferrolano, que el pretendiente recibió en Estoril como un mazazo, emergían drásticamente a la superficie de la política española unos límites y unos deseos poco tranquilizadores del propio régimen en relación con la restauración monárquica y con la persona que en su día sería llamada a ocupar la Corona de España.

En consecuencia, la estancia del joven Juan Carlos de Borbón en Las Jarillas sería más bien corta. A finales de mayo de 1949, tras terminar el curso académico 1948-49, su padre, enfrentado nuevamente a Franco, le ordenó regresar a Estoril, donde permanecería nada menos que 17 meses, hasta el otoño de 1950, en el que, esta vez acompañado de su hermano menor, Alfonso, regresaría a España a continuar sus estudios después de que el conde de Barcelona, asesorado espiritualmente nada menos que por el padre José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, reconsiderara su inicial negativa a que su hijo continuara su formación en España y decidiera que era bueno para la causa monárquica que sus dos vástagos varones se pegaran como lapas al invicto caudillo de España para que por lo menos uno de los dos pudiera rescatar la corona de sus antepasados, que él veía cada vez más difícil pudiera descansar algún día sobre sus ya plateadas sienes; todo ello máxime después de que su hermano mayor, don Jaime, alentado secretamente por Franco, anunciara a bombo y platillo, en diciembre de 1949, que consideraba nula la renuncia a sus derechos al trono de España, efectuada en la habitación de un hotel de Fontainebleau 16 años antes, alegando que su incapacidad física había remitido totalmente; y, sobre todo, después de que Franco autorizara públicamente los estudios en España de los dos hijos de don Jaime, Alfonso y Gonzalo de Borbón Dampierre.

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En esta ocasión los dos hijos de don Juan no irían a Las Jarillas, el elitista y recogido colegio en las afueras de Madrid donde Juan Carlos había permanecido unos meses en su anterior etapa de formación institucional a cargo del aparato franquista, sino al palacio de Miramar, en San Sebastián, la antigua residencia de verano de la familia real española, paradisíaco lugar donde se había constituido un nuevo centro educativo ad hoc para que los infantes pudieran cursar sus estudios rodeados de un pequeño grupo de escogidos compañeros (16 en total) extraídos, como en Las Jarillas, de la más rancia aristocracia de la sangre y del dinero. Estos muchachos fueron divididos en dos «núcleos educativos», uno de la edad de Juanito y el otro de la de Alfonso, figurando en el grupo mayor, el que iba a arropar a Juan Carlos, la mayoría de sus antiguos compañeros de Madrid. En el capítulo de profesores casi todo permanecía igual: el director del colegio seguía siendo José Garrido Casanova; el padre Zulueta, un cura conservador y reaccionario, enseñaba latín y religión; Juan Rodríguez Aranda era el profesor de literatura e historia; Aurora Gómez Delgado, la única mujer entre el personal docente fijo, enseñaba francés; y entre los profesores no residentes cabe reseñar a la señora Mary War, que se incorporó a Miramar dos años después para enseñar inglés a los distinguidos niños allí recluidos.

De la etapa de Juan Carlos de Borbón y de su hermano en el palacio de Miramar, que duraría cuatro largos años, apenas se ha escrito y poco se sabe. Aurora Gómez Delgado, una de las poquísimas personas que ha puesto por escrito sus experiencias como profesora en tan atípico colegio donostiarra de enseñanza media, relata en sus Memorias que Juanito era un alumno bastante deficiente en matemáticas y algo mejor en humanidades, aunque lo que más le apasionaba era montar a caballo, nadar, jugar al hockey sobre patines y al tenis. Era un muchacho que sentía frecuentes añoranzas de su casa y siempre esperaba con impaciencia sus vacaciones en Estoril, al lado de los suyos. De Franco siempre hablaba bien aunque no comprendía por qué en España criticaban con tanta frecuencia a su padre.

Juanito no albergaba ninguna duda de que algún día sería rey de España y en una ocasión al menos, tras la pública amonestación de un profesor, llegó a mascullar una clara amenaza contra el osado docente que se dirigía a él en unos términos no apropiados a su regia condición; amenaza a poner en práctica, lógicamente, cuando la Corona de España luciera sobre su augusta cabeza. Sin embargo, ni a través de esta profesora ni de ningún otro de los componentes del claustro de Miramar se ha sabido nada de las relaciones que existían entre los dos infantes allí presentes. Su madre siempre dejó claro en todas sus entrevistas y declaraciones previas a la muerte de don Alfonso, en 1956, que ambos hermanos siempre se habían llevado bien, y desde luego en los cuatro años pasados en San Sebastián nunca trascendió nada que indicara lo contrario. Sin embargo, en determinados círculos monárquicos de Estoril siempre se supo de los frecuentes encontronazos personales entre Juan Carlos y Alfonso (algo normal, en principio, entre hermanos adolescentes) y de lo difícil que resultaba mantener la paz familiar en Villa Giralda cuando los dos estaban de vacaciones en la casa paterna, siempre debido a los celos que Juanito sentía por su hermano menor dada la particular preferencia de su padre por el inteligente, simpático y querido Senequita.

Terminados los estudios secundarios de Juan Carlos en el verano de 1954, de nuevo se planteó la cuestión de adónde enviarlo en el futuro para completar su formación superior. Y de nuevo resurgiría con fuerza el enfrentamiento entre su padre y Franco, ya que los dos hacía tiempo que venían utilizando esta cuestión de la educación de Juanito como arma arrojadiza en su largo y público enfrentamiento político y personal. Don Juan, presionado por su cerrado entorno monárquico, y en particular por José Mª Gil-Robles, que quería que el infante fuera arrancado de la larga mano del dictador y enviado a estudiar a alguna universidad europea de prestigio, en concreto a la de Lovaina, en Bélgica, inició los trámites para que su hijo se incorporara en septiembre a ese distinguido centro universitario. Y así se lo hizo saber al generalísimo en una dura nota verbal enviada a El Pardo el 16 de junio de 1954. Franco que, aunque en secreto, seguía alentando las pretensiones a la corona del hijo de don Jaime, don Alfonso, ya tenía perfilado un ambicioso plan para la formación militar de Juan Carlos en las Fuerzas Armadas españolas, contestó a la nota del conde de Barcelona con una larga misiva en la que le pedía una «meditada reflexión sobre las condiciones en que un infante de la Casa Borbón ha de formarse y el bagaje de conocimientos que hoy requiere la dirección de una nación para que pueda despertar el respeto, la confianza y el amor del pueblo llamado a sostenerle.» Le dejaba bien claro que «Juan Carlos debe prepararse en España para poder responder en su día a los deberes y obligaciones que la dirección de una nación entraña» También le lanzaba la rotunda amenaza de que, sin esa preparación, jamás se le permitiría subir al trono; y concretaba finalmente que «para la formación del carácter y de la disciplina no podía haber nada más patriótico, pedagógico y ejemplar que su formación de soldado en un Establecimiento militar» o sea, en roman paladino: o el tímido, mediocre y depresivo Juanito se reciclaba rápidamente en gallardo militar franquista o no había nada que hacer. La Corona española que, por supuesto, nunca iba a ir a Estoril, iría a otras sienes, con el apellido Borbón o quién sabe…

El conde de Barcelona, irritado, molesto, humillado y entristecido, tardó dos meses en contestar al dictador, pero lo hizo con fecha 23 de septiembre de 1954. En esta nueva comunicación personal se refería a sí mismo como «padre consciente de su deber», aceptaba de plano que su hijo ingresara en la Academia General Militar (para seguir al pie de la letra con los planes castrenses que para su vástago había elaborado el ala más radical del franquismo) y solicitaba del caudillo una entrevista personal para poder perfilar en ella los detalles de esa larga preparación militar de Juan Carlos. Esa reunión, aceptada con cierta apatía por parte de un Franco que por fin se sentía ganador en toda la línea, se llevaría a cabo el 29 de diciembre de 1954 en Navalmoral de la Mata (Cáceres), en la finca Las Cabezas, propiedad de Juan Claudio Güell, conde de Ruiseñada. De este encuentro personal saldría la autorización de don Juan para que Franco hiciera en el futuro lo que le viniera en gana con la educación y con la vida de sus dos vástagos, los infantes Juan Carlos y Alfonso, ya que también se consideró el ingreso de este último, con vocación marinera como su padre, en la Armada española. Todo sirvió para que un desmoralizado y deprimido don Juan (que, sin embargo, no renunció ante Franco a «sus derechos» a la Corona española) se asegurara, como mal menor, la restauración monárquica en la persona de alguno de sus hijos, ya que cada día que pasaba veía más en el aire su propia ascensión al trono de España al contar con enemigos muy poderosos dentro del Régimen franquista; como los falangistas y, sobre todo, la propia familia del dictador, que no ocultaba ya sus oscuras pretensiones de fundar una dinastía propia con todas las consecuencias; eso sin contar con los descendientes varones de don Jaime de Borbón (Alfonso y Gonzalo) que, captado y pagado por Franco, eran tenidos por éste en reserva como una segura opción sucesoria si fracasaba la apuesta de Estoril.

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Y vamos a entrar ya de lleno, sin más dilación, en la peculiar vida castrense de Juan Carlos de Borbón (Juanito para los íntimos), un militar de pacotilla, de atrezzo, de guardarropía… «fabricado» por Franco dentro de la maquiavélica operación diseñada por él mismo para darle continuidad a su régimen a través de la pomposamente llamada «instauración monárquica», que debería tener como protagonista a algún manejable personajillo de sangre azul, con vitola de militar autoritario, que no tuviera reparos en abrazar públicamente sin rubor los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional fascista, los asumiera hasta las últimas consecuencias y, con la protección y fidelidad del descomunal Ejército franquista salido de la Guerra Civil, fuera capaz de asegurar su supervivencia en un futuro lleno de incertidumbres.

Fue una operación de altos vuelos que, en definitiva, le salió muy mal al dictador (algo de lo que, al menos en principio, deberíamos congratularnos todos los demócratas si no fuera por las perversas consecuencias que tamaño contubernio político-militar han traído a este país, incapaz de encontrar después de treinta años de transición el verdadero camino hacia una democracia plena) porque el maleable muchacho, finalmente elegido para ser su sucesor «a título de rey» (este Juanito, mitad infante, mitad soldado, del que vamos a conocer muy pronto los oscuros entresijos, nunca publicados hasta ahora, de su vida personal, militar y política), ambicioso en extremo y sin escrúpulos de ninguna clase desde su más tierna infancia, después de jurar con total desfachatez las leyes y principios fundamentales de la dictadura franquista, le traicionaría a Franco a las primeras de cambio, es decir, a su muerte. Eso sí, lo hizo obedeciendo a un repentino e irresistible síndrome de «democracia personal sobrevenida» que, por lo visto, llevaba años rondando su alma; lo que tratándose de un Borbón no deja de tener su particular morbo histórico.

Pactando con las propias fuerzas políticas del sistema franquista una peculiar reconversión del mismo en una democracia «de fachada», formal, sólo formal, engañosa, fraudulenta, liderada por los mismos prebostes políticos, financieros y militares del antiguo régimen… podría el bueno y converso demócrata Juanito blindar brutalmente y asegurar para siempre la monarquía recién «instaurada», su nueva monarquía borbónica, por medio de una consensuada y pactada Constitución que, entre otras lindezas, promesas, brindis al sol y cuentos de la lechera dirigidos a un pueblo atemorizado que nunca llegaría a conocerla aunque sí a votarla, consagraría la inviolabilidad y la no sujeción de la persona del monarca a responsabilidad alguna. Reconociendo así, por decirlo de alguna manera más coloquial, la cuasi divinidad del peculiar rey/soldado que el sanguinario y analfabeto militar africanista que gobernó este país con mano de hierro durante cuarenta años (sus estudios profesionales no pasaron nunca de los elementales adquiridos en la Academia de Infantería de Toledo para ser promovido a segundo teniente) se había sacado de su bocamanga.

Juan Carlos de Borbón estableció, además, en la idílica Constitución que rige nuestras vidas determinadas consignas de hierro (mayoría de dos tercios en las Cortes Generales, disolución de las mismas, nuevas Cortes, referéndum popular, etc., etc.) para impedir, contra viento y marea, que los ciudadanos españoles puedan volver algún día, y por la vía pacífica, a disfrutar de la verdadera y única democracia que existe en el mundo: la republicana. Nos referimos ahora al sistema político que, iniciado el siglo XXI, está ya presente en la inmensa mayoría de los Estados del mundo (con sus peculiaridades y distintas garantías, según el lugar, la tradición, la religión, la etnia, el desarrollo económico… etc., etc.), mientras que aquí, por culpa del pequeño y ridículo «espadón» gallego de aflautada voz que Belcebú tenga en los infiernos, hemos vuelto a las andadas; y encima, engañándonos a nosotros mismos, sacamos pecho y nos felicitamos con nuestro recién conquistado régimen de libertades que en el fondo todos sabemos que de verdadera democracia tiene muy poco.

Nos limitamos a votar cada cuatro años las listas cerradas y bloqueadas que nos presentan dos únicos y autoritarios partidos que, con el apoyo de un poder financiero que saca pingües beneficios del sistema, son capaces de formar Gobierno (no de gobernar en libertad). Y a dar cada día gracias a Dios por tener en la cúspide del Estado a un ser increíble, campechano y bueno que, habiendo heredado para nuestro bien la lucecita política de El Pardo, nos distrae a través de la televisión y el papel cuché con sus hazañas terrenales que, como ya es conocida tradición en el trono borbónico, se centran fundamentalmente en disfrutar de lo lindo (gratis total) con regatas, yates, viajes, vedettes, recepciones, fiestas, cacerías de osos, bodas a «lo persa»… y demás distracciones mundanas que la estulticia y el miedo del pueblo pone todavía, a estas alturas de la historia a disposición de un príncipe advenedizo. Lo de toda la vida, vamos. Por esta desgraciada piel de toro no pasa el tiempo.

Pero aunque estaba firmemente decidido a hincarle el diente de una vez a la vida castrense del infante (o príncipe, me da igual) Juanito, que acaba de cumplir los 17 años de edad y está a punto de iniciar su preparación para el ingreso en la Academia General Militar, nuevamente me he salido del guión previsto para divagar sobre lo divino y lo humano, o sea sobre el rey que nos regaló Franco y la democracia sui generis que éste, a su vez, nos regaló a todos los españoles, ¡gracias, Majestad! Pido perdón al lector, tiempo habrá para volver a insistir sobre tan trascendental tema. Vamos ya con el cadete Juanito, o mejor dicho, con el aspirante a cadete Juanito.

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Nada más terminar su entrevista con Franco en las Cabezas (Cáceres), y decidida en ella la exhaustiva preparación castrense de su hijo Juan Carlos a manos del régimen (dos años en la Academia General Militar de Zaragoza, uno más en la Academia Naval de Marín, en Pontevedra, y otro en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia), el conde de Barcelona designa, como preceptor del infante y delegado suyo para todo lo relacionado con su formación militar, al general Carlos Martínez Campos, duque de la Torre. Era un militar de 68 años perteneciente a la más alta aristocracia castrense española, de corte tradicional y autoritario, formado profesionalmente a la vieja usanza y subordinado fiel del dictador con el que, sin embargo, había mantenido algún que otro rifirrafe personal por sus manifestaciones en pro de una pronta restauración monárquica en la persona de don Juan.

El duque de la Torre, siguiendo las instrucciones epistolares del pretendiente de Estoril y las muy personales y directas de Franco, decide enseguida la creación en Madrid de un improvisado centro de preparación militar ad hoc, elitista, cerrado y con un profesorado escogido y de alto nivel que acoja de inmediato al hijo de su señor, el tímido y depresivo Juanito, le transforme en un joven de prometedor futuro, con ansias de escalar los más altos puestos de la jerarquía castrense, y le prepare a conciencia para ingresar con todos los honores en el más afamado centro académico militar de España: la Academia General Militar de Zaragoza; célebre en todo el mundo desde que el primer director de su segunda época, el general Franco, echando mano de las enseñanzas tácticas prusianas y del espíritu militar espartano, decidiera convertirla, allá por los años veinte, en férreo yunque donde forjaran su carácter los futuros oficiales del Ejército español.

La singular academia premilitar para tan distinguido alumno sería ubicada, tras algunas dudas iniciales, en la casa-palacio de los duques de Montellano, en La Castellana, un lujoso y aristocrático edificio muy funcional de principios del siglo XX que sus felices propietarios no dudaron en poner a disposición del futuro heredero de Franco y de su singular cohorte de preceptores, ayudantes y profesores, en cuanto recibieron de don Carlos, el duque de la Torre, la primera indicación al respecto. Y no sólo cederían sin rechistar su magnífica casa solariega los buenos de don Manuel y doña Hilda, duques de Montellano, sino que la abandonarían físicamente en pro de un uso más íntimo y racional por parte de sus nuevos inquilinos, dejándoles además el servicio completo de la casa y hasta sus provisiones y enseres más delicados. Fue un buen detalle para la causa, no sabemos si monárquica o franquista, de los señores de Montellano que, además, quedarían muy agradecidos en lo más intimo de sus respectivos seres con la elección de su mansión para que el futuro rey de España pudiera adquirir en ella sus primeros conocimientos castrenses. Debían ser los que le permitirían, es un decir, llegar en su día al trono de España con una muy necesaria aureola de soldado, de soldado franquista, por supuesto, autoritario y no muy demócrata que digamos, pero capaz de llevar con soltura, y hasta con donosura, el uniforme de capitán general del Ejército español.

Y es que desde siempre un buen rey, lo que se dice un buen rey, ha debido saber lucir bien el uniforme militar en fiestas, recepciones y saraos regios. Sin uniforme militar un monarca se queda en nada, pierde autoridad ante sus súbditos, no da bien en fotografías y reportajes y, además, es mucho más vulnerable a los vientos republicanos de toda índole que pueden surgir por los cuatro puntos cardinales. Yo creo que por todas estas consideraciones, y algunas más que irán saliendo a lo largo del presente libro, el caudillo rebelde Franco se decantó firmemente por un rey como sucesor suyo en la jefatura del Estado; pero no por un rey cualquiera, sino por todo un rey/soldado, con uniforme militar como él y con ansias de mando como él.

Sin los entorchados de general, sin saber mandar y sin poder utilizar con cierta maestría todas las armas de las que los Ejércitos disponen (aunque al bueno de Juanito parece ser que la instrucción sobre el uso de armas portátiles recibida durante seis meses en la Academia de Zaragoza no le ayudó mucho ¿o sí?, cuando en la trágica Semana Santa familiar de 1956 mató a su hermano Alfonso de un disparo en la cabeza efectuado con su pistola semiautomática) nunca hubiera podido subir al trono de España el tímido muchacho de pocas luces y espíritu vacilante que, a primeros de enero de 1955, fue recibido en la puerta del palacio de Montellano en Madrid por el autoritario general Martínez Campos y un reducido grupo de profesores vestidos de uniforme. Era la elitista plantilla castrense que en aquellos momentos tenía como única y trascendental misión, emanada de lo más alto del Estado franquista, la de convertir a aquél acomplejado joven de sangre azul en un militar figurón, de pega, de fachada, falso… pero que, sabiendo llevar con soltura y empaque el uniforme de «príncipe de la milicia» y comportándose como tal en recepciones, desfiles, actos sociales, conmemoraciones franquistas y fiestas religiosas de guardar con palio incluido, fuera capaz de dar continuidad al sistema autoritario apoyándose en el Ejército y utilizando a discreción el dictatorial ordenamiento legal puesto en marcha por su predecesor en la Jefatura del Estado, el caudillo Franco. Al sufrido y arruinado pueblo español, pensaban, le iba a preocupar muy poco, como históricamente ha quedado demostrado en el pasado, que el monarca elegido por el autócrata para ser «instaurado» en el trono, tras su muerte, llevara algo en su cabeza, además de la corona, que le permitiera hacer algo medianamente de provecho para el pueblo; y sí el que, en una situación tan agónica como la de la España de los años 50, supiera mantener la paz (la paz de los cementerios franquistas) y seguir dando trabajo y pan a la amplia masa de desheredados que poblaba el país.

La plantilla de profesores que el viejo y autoritario general don Carlos Martínez Campos, duque de la Torre (que no dudaría en lamentarse con sorna, ante sus amigos y subordinados, al tener que asumir a su edad una labor tan delicada como la de instruir y educar a un infante; él, que nunca supo hacerse entender por sus numerosos hijos) había reunido en Montellano para tratar de hacer aflorar en el joven Juanito el espíritu militar y las dotes castrenses que, con toda seguridad, los augustos genes de sus antepasados borbónicos habían dejado en su alma, no tenía desperdicio alguno y desde luego decía mucho sobre la clase de educación (general y castrense) que iba a recibir en los siguientes meses, hasta el verano de 1955, el distinguido aspirante a caballero cadete de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza. Como ayudante suyo y coordinador general del selecto grupo de profesores había nombrado al comandante de Artillería Alfonso Armada Comyn, hijo del marqués de Santa Cruz de Rivadulla, quien después de los meses que pasaría en Montellano con Juan Carlos de Borbón ya no se separaría de él, tanto en su etapa de infante, príncipe o como de rey de España, ostentando toda clase de cargos (ayudante del preceptor, ayudante del infante, secretario de la Casa del Príncipe, secretario general de la Casa del Rey…) hasta el 23 de febrero de 1981 en que, tras los hechos ocurridos en España aquel recordado día, sería defenestrado sin contemplaciones por su amo y señor después de ser tachado por él de traidor, miserable y desleal.

Para desempeñar el cargo de profesor de Infantería del infante fue designado el comandante Joaquín Valenzuela, marqués de Valenzuela de Tahuarda, destinado en la Academia General Militar de Zaragoza y que al año siguiente, con Juan Carlos convertido ya en todo un caballero cadete del Ejército español, pasaría a ocuparse con dedicación absoluta de todos aquellos problemas (personales y no personales) que pudieran afectar a tan distinguido alumno. Sin embargo, por diferencias que surgirían enseguida con el todopoderoso duque/preceptor sería sustituido en el curso siguiente por el comandante Cabeza Calahorra, más tarde polémico capitán general de Zaragoza y defensor del general Milans del Bosch en el proceso del 23-F.

Como profesor de Caballería, Caza y Deportes, se había incorporado a la singular residencia premilitar de Montellano otro comandante del Ejército ya madurito (pues había cumplido los 50 años de edad) que, siguiendo la estela de Armada, pronto se convertiría en perpetua sombra protectora del bueno de Juanito, tanto en su etapa de aspirante a la Corona de España como en la de glorioso disfrute de la misma: Nicolás de Cotoner, conde de Tendilla y después marqués de Mondéjar, Grande de España y gran admirador de Franco, a favor del cual había luchado en la Guerra Civil.

La difícil misión de enseñarle al joven infante las matemáticas necesarias para poder hacer un mediano papel dentro de la Academia Militar zaragozana recayó en dos probos oficiales: el capitán de corbeta de la Marina española Álvaro Fontanals Barón, gran educador y con amplia experiencia en la preparación para el ingreso en los centros superiores militares, y el comandante de Aviación Emilio García Conde, piloto con gran prestigio dentro de su Ejército. Pero en esta ocasión, por la nula predisposición de su alumno y su escandalosa falta de aptitudes, ambos tendrían que hacer frente a una de las papeletas más difíciles de su vida profesional; que a pesar de todo llegarían a resolver con discreción y paciencia, aunque con unos resultados más bien modestos.

El capellán de la «residencia» (según la denominación impuesta por su director, el general Martínez Campos) era el padre José Manuel Aguilar, un cura dominico que era cuñado del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez. Completando la plantilla de educadores, como profesor de Historia, figuraba Ángel López Amo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Opus Dei.

Para empezar a forjar el carácter del joven aspirante a cadete del Ejército español, el general Martínez Campos le impuso a Juanito en Montellano un horario inflexible y duro que apenas le dejaba tiempo libre. Le despertaban cada día a las 07:45 horas y a continuación disponía de tres cuartos de hora para asearse, desayunar, asistir a misa en la capilla y hojear con rapidez los periódicos de la mañana. A las 09,30 era acompañado por el capitán de corbeta Álvaro Fontanals Barón al Colegio de Huérfanos de la Armada de Madrid, donde asistía a tres clases colectivas y a una sesión de educación física, hasta las 13:15 horas. Después de la comida en la casa-palacio tenía un par de horas de cierta libertad para montar a caballo o hacer deporte en la Casa de Campo. A las cinco de la tarde volvía a asistir a varias clases y sesiones de estudio, hasta las 20:50. La cena era servida a las 21:30 horas y el «toque de silencio» sonaba indefectiblemente en la mansión a las diez y media de la noche, debiendo el ajetreado infante acostarse y respetarlo escrupulosamente.

El preceptor, muy preocupado con el feliz resultado de la trascendental misión que le habían impuesto, no quería que el regio educando que tenía en sus manos perdiese un minuto del escaso tiempo del que disponía para prepararse adecuadamente para el ingreso en la Academia General Militar (apenas cinco meses) y le vigilaba y controlaba las 24 horas del día. Permitía las visitas de un reducido y selecto grupo de amigos del muchacho que, de vez en cuando, se reunían con él para charlar, jugar, montar a caballo o hacer deporte, pero era con carácter muy esporádico y siempre con la previa autorización y la presencia de un profesor. Sin embargo, esas condiciones draconianas no eran exigidas en las continuas y muy frecuentes entrevistas del infante con su gran amigo del alma, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, que tenía entrada libre en Montellano a cualquier hora del día o de la noche.

Al duque de la Torre, le gustaba, eso sí, organizar charlas, normalmente con cena incluida, en las que Juanito debía compartir mesa y mantel con importantes y variopintas figuras de la Iglesia, la Falange, el Ejército, el Opus Dei y el mundo empresarial. Eran encuentros, casi nunca del agrado del joven estudiante, que éste afrontaba siempre con cara de circunstancias y como un sagrado deber que debía cumplir. Al fin y al cabo, como reconocería con desparpajo bastantes años después, siendo ya rey de España, al recordar sus tediosos encuentros con Franco, su objetivo lo tuvo muy claro desde muy joven en estas textuales declaraciones: «El general era a veces muy difícil de soportar. Pero yo me había convencido de una vez por todas de que para llegar a mis fines tenía que aguantar muchas cosas. El objetivo valía la pena.» Ese objetivo, como todos los españoles sabemos ahora, era ni más ni menos que la vuelta de los Borbones (de cualquier manera y a cualquier precio, incluida la traición familiar y el perjurio), al trono de España.

Con relativa frecuencia, el duque de la Torre acompañaba a Juan Carlos a El Pardo para rendir pleitesía al caudillo, quien sometía al joven a interrogatorios inmisericordes y a intensísimas lecciones de Historia de España. Estas visitas acabaron gustando tanto al dictador que decidió institucionalizarlas y someterlas a reglamento, ordenando al general/preceptor que, como mínimo, tuvieran lugar una vez al mes. Franco no quería perder ni un ápice de su influencia personal y política sobre el infante, al que de momento tenía como número uno en su particular lista de sucesores con corona, pero al que quería vigilar muy de cerca, de cara a constatar su perfecta idoneidad para asumir tan trascendental tarea histórica. Todo era en dura competición con los otros candidatos, entre los que se encontraban (o podían encontrarse, en un próximo futuro) el segundo hijo de don Juan, Alfonso, los dos hijos de don Jaime, Alfonso y Gonzalo, y ¿por qué no?, el propio nieto del dictador, nacido el 9 de diciembre de 1954, y que con el nombre de Francisco Franco Martínez-Bordiú (tras el oportuno cambio en el orden de apellidos) se había convertido en potencial heredero de su abuelo.

Que la elección del heredero no estaba cerrada en los primeros meses de 1955 lo prueba la contestación negativa de Franco, un par de años después, al conde de Ruiseñada cuando éste le pidió permiso para que Juanito presidiera, en el primer aniversario de la muerte de su hermano Alfonso, el descubrimiento de un busto en memoria del infante desaparecido. Esto fue lo que le ordenó textualmente el autócrata: «Llame a su primo Alfonso de Borbón Dampierre. Quiero que le cultive usted, Ruiseñada. Porque si el hijo nos sale rana, como nos ha salido el padre, habrá que pensar en don Alfonso»

Hay una anécdota de la vida en Montellano, aparentemente intrascendente pero que nos presenta con suma nitidez el peculiar ambiente en el que se desenvolvía Juan Carlos en aquella atípica residencia premilitar, así como la idea de propiedad privada que los jerarcas del Régimen franquista tenían de la España de la época. En una excursión al castillo de la Mota (Valladolid), sede de la dirección de la Sección Femenina, a Juan Carlos, que viajaba en el Mercedes de su profesor y acompañante, el comandante Emilio García Conde, se le ocurrió la peregrina idea de conducir tan lujoso automóvil. No tenía carné, pero a pesar de todo el militar, haciendo gala de tan escaso sentido común como su joven alumno, le cedió sin rechistar los mandos del coche. Después sucedió que en un paso a nivel el inexperto conductor atropelló a un ciclista, que cayó al suelo con el pantalón roto y algunas magulladuras leves. El comandante García Conde bajó rápidamente del automóvil y puso en la mano del sufrido ciclista unos cuantos billetes, le dio una palmadita en el hombro y dio por terminado el incidente. La cosa no pasó a mayores aunque al duque/preceptor, que viajaba en otro vehículo, no le gustó para nada la solución dada por Conde al desagradable asunto provocado por el infante y le ordenó que inmediatamente buscara al ciclista, le retirara el dinero que le había entregado y diera parte de todo lo acontecido a la Guardia Civil, no fuera que el accidentado, al no conocer la identidad del «Fangio» regio que le había atropellado, acudiera a la autoridad competente y el pequeño accidente acabara en escándalo político y periodístico al evidenciar un corrupto intento por parte del primogénito de don Juan de evadir sus propias responsabilidades. La cosa terminaría sólo unos días después (las dictaduras son como son y España, en aquellos desgraciados momentos, era una de primera división) cuando el duque de la Torre recibió directamente del ministro de Obras Públicas un flamante carné de conducir para que se lo hiciera llegar al bueno de Juanito. Éste, como premio a su caprichoso y peligroso proceder, dispondría así del salvoconducto oficial para poder seguir haciendo de las suyas al volante de cualquier automóvil, preferentemente de la marca Mercedes; por lo menos algunos meses más, pues las primeras lecciones reglamentadas de conducir, que se sepa, las recibió siendo ya cadete en la Academia General Militar de Zaragoza.

Los meses de preparación militar del futuro cadete Borbón pasaron raudos a pesar de la disciplina prusiana impuesta por el duque de la Torre en Montellano. De ese modo, a primeros de mayo de 1955, fecha en la que comenzaban los exámenes para el ingreso en la Academia General Militar, el general decidió plantearle a Franco la necesidad (o por lo menos la conveniencia, de cara a la futura «carrera» militar del infante) de que Juan Carlos se sometiera a los mismos, como un aspirante más… A Franco la idea le pareció pueril e innecesaria, pero ante la terca insistencia del preceptor del muchacho y lo plausible que había resultado hasta entonces su rígida actuación con él, acabó transigiendo con el «teatrillo castrense» (en el argot militar, montaje exhaustivamente preparado y ensayado relacionado con las actividades propias de los Ejércitos y cuyo fin es esencialmente la publicidad y propaganda de las mismas, engañando descaradamente a la opinión pública y en especial a los políticos relacionados con la Defensa) que, contra viento y marea, para evidenciar públicamente los notables progresos que, bajo su autoridad, había experimentado el regio aspirante, estaba dispuesto a montar en Zaragoza el autoritario duque.

Porque de eso se trataba en definitiva, de montar un teatrillo castrense de los muchos que se montaban (y se montan todavía) en unos Ejércitos españoles totalmente inoperativos, anticuados, desfasados, sin medios materiales, herederos de aquellos que obtuvieron «la heroica victoria» del 39 contra la indefensa, traicionada y abandonada II República. Hablamos de unas Fuerzas Armadas que durante años y años fueron convertidas por el dictador en guardia pretoriana de su nefasto régimen, obligadas, una y otra vez, a aparentar, a engañar al pueblo español, a esconder unas carencias y unas deficiencias que les han imposibilitado incluso en la etapa de democracia «manifiestamente mejorable» en la que vivimos desde el año 1975, para ejercer su misión de defensa exterior del país. Es una democracia «modélica» la nuestra, según la propaganda oficial, en la que el pueblo soberano no puede elegir directamente ni al jefe del Estado, ni al presidente del Gobierno, ni a los diputados, ni a los alcaldes, ni a los concejales… sólo decantarse, cada cuatro años, por unas listas cocinadas dictatorialmente por los aparatos de los partidos pensando en su interés y no en el de la ciudadanía.

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Lo que quería el general Martínez Campos era que el heredero áulico de Franco, el poco conocido y, sin embargo, ya cuestionado infante Juan Carlos, en el primer acto de un largo montaje castrense que iba a durar cuatro largos años en el incomparable escenario de las tres Academias militares españolas, interpretara ante la prensa y la sociedad española el papel de un despierto e inteligente muchacho que, en apenas cinco meses de intensa y modélica preparación castrense, estaba en condiciones de equipararse con los miles y miles de jóvenes estudiantes que cada año se presentaban a las dificilísimas pruebas de ingreso en la AGM de Zaragoza. A esas pruebas acudían, como media anual, unos doce alumnos por plaza y en las que, en ocasiones, se había rozado la proporción de veinte a una. Concretamente en las llevadas a cabo dos años antes, en mayo de 1955, en las que el modesto autor de estas líneas logró su ingresó en ese centro de enseñanza militar, probaron suerte ante el tribunal marcial que presidía el evento, con cara de pocos amigos, casi cuatro mil aspirantes que debieron luchar a brazo partido por una de las 250 vacantes puestas en juego.

El teatrillo previsto, decidido y planificado por el duque de la Torre para ser estrenado en el paraninfo de la Academia zaragozana, con el probo Juanito como primer protagonista, a pesar de que el director/preceptor se movió con presteza en El Pardo y en el Ministerio del Ejército, no pudo estar listo para ser estrenado coincidiendo con las pruebas generales de ingreso en la AGM (mayo de 1955) y tuvo que ser pospuesto para un día del mes siguiente, cuando ya la mayoría de los agraciados con el título de caballero cadete del Ejército español andaban guardando cola ante los sastres zaragozanos, especializados en ternos castrenses, para encargar el suyo propio.

En consecuencia, el plan que se puso en escena finalmente consistió en la realización de un examen escrito por parte del distinguido aspirante a cadete (tan reservado que nadie en la Academia lo vio) sobre Geografía, Historia, Idiomas, Análisis matemático y Trigonometría y que, según parece, superó holgadamente a pesar de su nula preparación en matemáticas. También tuvo lugar una muy planificada y ensayada comparecencia pública del mismo aspirante ante un reducido plantel de profesores y selectos invitados, delante de los cuales interpretó el papel que le correspondía en el guión general escrito por el duque. Ni que decir tiene que los profesores elegidos para tan democrático acto acudieron al mismo sabiendo perfectamente lo que debían preguntar al aristocrático examinando, y éste lo que debía contestar a cada uno de ellos. La cosa salió como debía salir y todos tan contentos. La nación entera se enteraría, pocas horas después, cuando el director de la Academia General Militar decidiera que el teatrillo castrense había terminado, que España tenía un príncipe azul superdotado intelectual y físicamente, ya que en tan sólo cinco meses de preparación académica había logrado lo que a millares de jóvenes ciudadanos españoles les costaba cuatro o cinco años de estudio y sacrificio. Y es que, por lo visto, los aires serranos que periódicamente acarician el palacio de Montellano, en el Paseo de la Castellana de Madrid, habían hecho el milagro…

Apenas nada es lo que se ha escrito, por parte de historiadores y biógrafos, sobre la etapa académica militar del hoy todavía rey de España, Juan Carlos I de Borbón, y lo poco que ha llegado a los libros está lleno de inexactitudes, errores, falsedades e invenciones de todo tipo. El ancestral mutismo del Ejército español (el «gran mudo» ha sido llamado y con toda razón), su alergia a salir en los papeles, sobre todo cuando el Estado al que sirve es democrático y garantiza una saludable libertad de expresión, y el miedo de sus integrantes más cualificados a manifestarse públicamente para no ser represaliados manu militari ante la más mínima discrepancia con la doctrina oficial de los altos mandos (que yo sepa, hasta este momento ningún militar ha escrito nada sobre el asunto que estamos tratando), son premisas harto desfavorables para conseguir que hechos más o menos trascendentes de la historia militar de nuestro país lleguen a la opinión pública con fiabilidad y honestidad; de ahí que se debe acudir a investigadores y biógrafos, a fuentes externas nada solventes que distorsionan la realidad cuando no se la inventan con todo descaro.

Algo de esto, por poner un ejemplo de cierto nivel y sin animus injuriandi de ninguna clase, le debió ocurrir al, a todas luces, prestigioso historiador británico Paul Preston, con amplios conocimientos de la España contemporánea. Que en su biografía Juan Carlos. El rey de un pueblo desliza tal cúmulo de inexactitudes, errores y barbaridades, desde el punto de vista militar, cuando analiza la vida como cadete del que luego sería heredero de Franco a título de rey, que tengo que reconocer me han producido bastante estupor y toneladas de vergüenza ajena. Me voy a permitir sacar a colación algunas de ellas, no para tratar, repito, de rebajar un ápice su impresionante curriculum profesional, ¡válgame Dios!, sino para demostrar la veracidad de lo que acabo de escribir sobre las dificultades que encuentran los investigadores civiles cuando tratan de penetrar en los arcanos más ocultos de los cuarteles españoles. Éstos se encuentran cerrados a cal y canto, durante años y años, a la ávida mirada de periodistas e informadores españoles y no digamos ya extranjeros.

Pues bien, el insigne historiador Paul Preston (titular de la cátedra Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea Española y director del Centro Cañada Blanch para el estudio de la España Contemporánea, educado en Liverpool y en la Universidad de Oxford, profesor de Historia en la Universidad de Reading), basándose sin duda en informaciones sesgadas y poco contrastadas, todas procedentes de personas no demasiado cualificadas, deja escapar en las páginas de su afamado libro biográfico errores y falsedades como las que a continuación voy a poner negro sobre blanco. Todas están relacionadas con la etapa juvenil militar de Juan Carlos de Borbón. Leamos, pues, lo que se afirma en la página 112:

El año y medio pasado en el palacio de Montellano preparándose para el examen de entrada en la Academia Militar de Zaragoza sería una dura prueba para Juan Carlos…

Pero el joven Juanito estuvo en la casa-palacio de los duques de Montellano sólo cinco meses escasos, desde enero a mayo de 1955, y desde luego la vida que llevó allí ni fue dura ni constituyó prueba alguna, ya que él sabía desde el principio que su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza estaba cantado desde meses atrás. El general Franco y su padre lo pactaron en la finca Las Cabezas, y las pruebas de ingreso, si llegaba a realizarlas alguna vez ante un tribunal, no pasarían de ser un simulacro castrense por necesidades del guión previamente establecido por el dictador. Sigamos con Preston, que en el capítulo 3, página 119 dice asimismo:

Habiéndola superado [la prueba] Juan Carlos ingresó en la Academia en diciembre de 1955. Como sus compañeros de la Academia recordaban después, estos exámenes eran muy duros y aunque en general el príncipe fue tratado por los examinadores como un candidato más, el examen de matemáticas que él hizo debió ser más fácil que el de los demás: de hecho pronto se vería que Juan Carlos estaba bastante por debajo de la media en esta asignatura.

Aquí comete el insigne profesor Preston un nuevo error, otra inexactitud, y por el contrario, deja caer dos certezas que conviene resaltar: Juan Carlos no se incorporó a la Academia General Militar en diciembre de 1955, sino tres meses antes, el 15 de septiembre; obviamente, no fue tratado por los examinadores como un candidato más porque en realidad no se relacionó con nadie que no fuera del entorno del duque de la Torre. Sí es totalmente cierto, como acabo de señalar hace un momento, que los exámenes de ingreso en la AGM eran muy duros y que, efectivamente, una vez dentro del centro militar, en los poquísimos casos en los que los otros cadetes compartieron clase de matemáticas con «su alteza», todos pudieron constatar el completo «analfabetismo funcional» en la materia en el que se debatía el infante. Y sigue el historiador Preston en la página 120 de su biografía regia:

Juan Carlos deseaba fervientemente que se le permitiera llevar una vida como la de cualquier cadete… Los constantes ataques a su padre alteraban mucho a Juan Carlos. Algunos compañeros cadetes se divertían maliciosamente citando las insinuaciones de la prensa. En más de una ocasión provocaron tanto a Juan Carlos con comentarios de que su padre era masón o un mal patriota (por servir en la Royal Navy) que la cuestión acabó en pelea. Éstas se organizaban furtivamente por la noche en los establos, quizá incluso con la connivencia del profesorado.

¡Demencial, señor Preston! Para empezar, Juan Carlos de Borbón (Juanito para los íntimos) no debió desear tan fervientemente que lo trataran como un cadete cualquiera pues, que se sepa, no sufrió ninguna frustración cuando, al incorporarse a la Academia, fue instalado en un cómodo apartamento de varias habitaciones, con salón incluido, con varios ordenanzas (soldados de reemplazo forzoso) que recibieron como única misión en la vida (militar, se entiende) satisfacer sus más pequeños caprichos académicos y personales, todo bajo la directa supervisión del comandante Joaquín Valenzuela, marqués ¡cómo no!, de Valenzuela de Tahuarda, que no se apartaría un solo instante de su vera y le acompañaría durante todo el primer curso (en el segundo dimitiría por diferencias con el duque de la Torre y sería relevado por el también comandante Cabeza Calahorra) en sus «divertimentos» por las instalaciones académicas: equitación, tiro, deportes, excursiones, comidas y cenas de trabajo… etc., etc. Clases, lo que se dice clases (de ésas en las que sus compañeros se dejaban la piel cada día) habría más bien pocas para el aristocrático cadete Juanito.

Y lo de las peleas en los establos de la Academia por defender el honor y el buen nombre de su padre, con la apuntada connivencia del profesorado, merece un comentario aparte. ¿Pero qué clase de centro militar cree usted que era la Academia Militar de Zaragoza en los años 50, señor Preston? ¿Una base de entrenamiento para gurkas, guerrilleros tamiles o fedayines palestinos? No, hombre, claro que no. A pesar de que en aquellos desgraciados momentos España sufría una feroz dictadura militar ¡y quizá por ello!, esa Academia militar de élite del Ejército español era respetada en el mundo entero por su nivel profesional, académico, perfecta organización y, sobre todo, por la disciplina y marcialidad de sus cadetes. Sin querer exagerar, yo, que me he permitido criticar hasta la extenuación las carencias e inoperatividad del Ejército español en épocas recientes, le diría con toda honestidad que en la época en la que el cadete Juanito entró en la misma (exclusivamente, como estamos viendo, para que allí le enseñaran a llevar con soltura el uniforme militar) era sin duda una de las tres mejores Academias Militares del mundo. Allí se había establecido una disciplina absolutamente prusiana y unos tan rígidos protocolos de actuación para sus cadetes que imposibilitaban totalmente que cualquiera de ellos pudiera llegar a pensar un solo segundo en pelearse con un compañero para resolver sus problemas personales, pues todos eran conscientes de que antes incluso de haber podido llegar a ponerle las manos encima (¡y desde luego no en los establos!), su expulsión del centro estaría ya sobre la mesa del general director.

Y sigamos con la esperpéntica visión que de la Academia General Militar española de los años 50 hace gala en su libro el ínclito profesor Preston y especialmente con las supuestas acciones de «matonismo cadeteril» cometidas en su seno por el entonces teórico delfín de Franco y más tarde rey de España, Juan Carlos de Borbón. Porque, si hacemos caso al preclaro historiador británico que nos ocupa, parece ser que no sólo fueron esporádicas peleas con sus compañeros de clase en defensa del buen nombre de su padre, el conde de Barcelona, las que protagonizó en los establos del centro y en sus horas libres el belicoso infante, sino que hubo más, muchísimo más. Veamos, sin sonrojarnos, lo que expone en la pagina 121:

Tenía un buen sentido del humor y le gustaba gastar bromas a sus compañeros. A menudo tomaba parte, por ejemplo, en las batallas de comida que se declaraban en la cantina a la hora del almuerzo.

¡Y se queda más ancho que largo el hasta hace muy poco (al menos para mí) prestigioso historiador! Pero qué batallas y qué cantina. En la Academia General Militar (por lo menos en la que yo conocí desde el año 1953 al 1955 como cadete, que si no estoy equivocado era la misma en la que, según Preston, cometió sus simpáticas «fechorías» el cadete Juanito) nunca existieron las por él llamadas «batallas de comida», ni tampoco hubo nunca una «cantina» en la que llevarlas a cabo, según parece con total impunidad para los jóvenes contendientes. Los caballeros cadetes sí disponían de una moderna y amplia cafetería adaptada a las necesidades del centro, donde no se servían bebidas alcohólicas en horas lectivas y que estaba vigilada permanentemente por un riguroso servicio de orden de los propios cadetes, siempre bajo el mando de un profesor de servicio. Nunca, en los dos años y tres meses en los que permanecí en ese centro como alumno, tuve conocimiento de batalla alguna entre cadetes, ni a la hora de la comida, ni a cualquier otra hora. ¿Pero quién le ha engañado a este hombre del Reino Unido? La disciplina en la primera Academia Militar de España era tan exagerada en aquellos años (luego, con el paso de los tiempos, se ha tenido que ir adaptando lógicamente a los mismos), que hablar de «batallas» o peleas entre sus alumnos es ridículo, demencial, increíble, fuera de lugar para cualquier ciudadano español que, aunque no haya conocido nunca semejante centro de formación castrense, ha cumplido simplemente el servicio militar obligatorio en nuestro país. ¡Pero qué desconocimiento supino el de este historiador con tan amplia credibilidad en España! Aviados vamos si todas sus investigaciones profesionales han contado con fuentes de este rigor. Pero los despropósitos se suceden sin tregua. En la pagina 122 el insigne profesor Preston sigue insistiendo sobre las cualidades para el boxeo de las que dio pruebas en los años 1955 y 1956 (de sus presuntas batallas y peleas en las Academias de Marín y San Javier nada cuenta) el cadete Borbón, poniendo en su boca lo siguiente:

Algunos pensaron que yo era un niño mimado por el destino, una especie de hijito de papá o un habitante de otro planeta. Tuve que imponerme con los puños para convertirme en uno de ellos.

¡Vamos, señor Preston, como si se tratara de los latin king de ahora o grupo similar! Según usted (ya que para nada puede tomarse como verídica esa afirmación del cadete Juanito que, aunque lego en matemáticas y en otras muchas materias a lo largo de su vida, ha demostrado no ser tan tonto como para hacerla) en esa bendita Academia General Militar de Zaragoza (en las del Reino Unido parece ser que no) sus alumnos o se hacían un puesto con sus puños, demostrando cuanto antes al personal que eran más chulos que un San Luís o eran arrojados al ostracismo y a las tinieblas… Y sigue el referido historiador erre que erre con las «batallitas» académicas a cargo del infante metido a militar de carrera. En la página 123 apostilla textualmente:

En su primer año en Zaragoza, Juan Carlos sufrió las mismas novatadas y bromas que otros alumnos recién llegados. Años después recordaba no sólo muchas de las novatadas que le habían gastado cuando llegó a Zaragoza, sino incluso sus nombres. «Tuve que hacer el reptil por el suelo del dormitorio, dormí con la monja (el sable), me hicieron los rayos X (dormir entre las dos tablas de una mesilla de noche)…».

Por supuesto que nada de esto es cierto y seguramente se lo habrá contado al escritor británico (por buscar alguna razón medianamente plausible) algún informador español sin escrúpulos que hizo el servicio militar obligatorio en las milicias universitarias. Juan Carlos no pudo sufrir ninguna novatada porque, como luego veremos, nunca se relacionó con la «plebe» académica (vulgo cadetes del montón) y únicamente un reducido grupo de selectos y elegidos compañeros de la aristocracia militar y política (la llamada, por el resto de cadetes, «banda del Borbón») tenía acceso diario a su alteza, que campaba por sus respetos dentro del centro y asistía a las clases (reservadas) que le daba la gana, preferentemente equitación, deportes, esgrima, tiro, idiomas y alguna que otra de táctica o historia. Y, por cierto, las novatadas que yo sufrí como cadete «nuevo» (recién ingresado en primer curso) en el año de gracia de 1953, fueron todas bastantes más duras e insufribles que estas de carácter angelical que pone el historiador en boca del príncipe/cadete.

Y como no quiero ponerme muy pesado con el supino desconocimiento que de la AGM de Zaragoza evidencia el historiador Paul Preston en su biografía sobre el rey Juan Carlos, paso ya a la última referencia reprobatoria. En la misma página 125, después de lo de las novatadas, el autor sentencia lo siguiente:

El príncipe tenía un sentido natural de las cosas justas. Prudentemente, sólo utilizó su rango para ayudar a otros. Así, cuando un compañero era castigado sin postre por alguna trastada, Juan Carlos protestaba de su postre para obtener una ración extra que pasaba a su amigo. Cuando se sumaba alegremente a las batallas de comida y otras jaranas, acababa confinado en el cuartel como los demás cadetes.

¡Y dale con las batallitas y las jaranas! ¡De vergüenza ajena, señor Preston! ¿Pero usted está hablando de los cadetes de una de las mejores Academias Militares del mundo, reconocida internacionalmente a pesar de las carencias y escasez de medios materiales del Ejército español, o del cuento de un colegio de ursulinas con niños mimados a quienes les quitan el postre por una trastada, con un «príncipe valiente» que se deja la piel para que un castigado amigo recupere el suyo, y con peleas de comida (parece ser que en el mismo comedor y a servilletazos) que terminan abruptamente con la monja superiora enviando al cuarto oscuro a los díscolos alumnos? ¡Por favor, mister Preston, un poco de seriedad de su parte.

Dejemos ya el laudatorio libro sobre el rey de España del señor Preston y centrémonos de nuevo en éste, en el que tiene en sus manos en estos momentos, amigo lector, y con el que pretendo, ya lo estoy haciendo, contarle la verdad, la cruda y obscena realidad sobre las aventuras políticas y militares del actual rey de España. Hay que volver a insistir que fue colocado en tal alto puesto por deseo expreso del dictador Franco y no por la confianza y manifestación colectiva del pueblo español que, aunque votó con una moderada mayoría la Constitución de 1978, no ha podido pronunciarse libremente todavía, más de treinta años después, sobre el inesperado retorno a España de una monarquía borbónica metida de matute en la Carta Magna y blindada hasta tal extremo que la hacen prácticamente inexpugnable.

Y esa verdad comienza con la llegada de Juan Carlos a la Academia Militar de Zaragoza, el 15 de septiembre de 1955, no como un cadete más adscrito a la XIV promoción de tan alto centro castrense, sino más bien como aristocrático protagonista del paripé institucional (o sainete castrense) montado por Francisco Franco desde El Pardo para hacerlo oficialmente militar antes que rey. El joven príncipe (aunque no «de Asturias», ya que el generalísimo se ha negado en redondo a refrendar una proposición en tal sentido del conde de Barcelona, pues quería tener las manos libres en el futuro para la definitiva designación de su futuro heredero) fue instalado no en un dormitorio colectivo, capaz para 60-80 alumnos como el resto de los que oficialmente iban a ser sus compañeros de primer curso, sino en un flamante apartamento, separado de los demás y con rigurosísimas medidas de acceso limitado a todos aquéllos (profesores o alumnos) que no estuvieron debidamente autorizados por el general director del centro; es decir, que no formaran parte del entorno del duque de la Torre, director escénico del peculiar «teatrillo castrense» en el que durante cuatro largos años el sufrido Juanito iba a ejercer como protagonista, o del escaso número de cadetes de alto nivel procedentes de la aristocracia castrense y de la más rancia nobleza española que habían sido elegidos como «guardias de corps» (o pequeña corte marcial) para entretenerle y protegerle en su «peligroso y duro devenir académico».

Enseguida el alto y marcial cadete Juanito empezaría a luchar a brazo partido con su aparente duro destino, a desarrollar unas actividades de cadete sui generis que en nada se parecían a las que acometían diariamente, perdiendo el culo, la masa amorfa de cadetes de primer curso que se las veían y se las deseaban para poder cumplir con un horario y unas actividades académicas pensadas y planificadas para que ningún joven «normal» de la época pudiera abarcarlas al cien por cien, por mucho espíritu militar y afán castrense que guardara en su alma.

Así, a su alteza el caballero cadete Juan Carlos de Borbón (según la denominación oficial exigida por la dirección de la Academia) el horario académico normal no le condicionaría para nada. Se levantaba temprano, eso sí, entre otras razones porque a partir de las 06:20 horas, momento en el que el toque de diana (en días solemnes a cargo de la banda de música del centro en pleno) dejaba oír sus desgarradoras notas por pasillos y dormitorios, ya nadie era capaz de pegar un ojo en muchos kilómetros a la redonda de tan distinguido centro de enseñanza militar debido al ruido ambiental que generaba. Después asistía a muy pocas clases y cuando acudía a alguna de las denominadas «duras»: matemáticas, organización militar, táctica…, siempre era en «plan mirón» y previo aviso de la jefatura de Estudios para que nada ni nadie se saliera del guión preestablecido. Sí le gustaba acudir, por el contrario, a clases de equitación, gimnasia (sólo deportes), instrucción en orden cerrado (desfiles), en orden abierto (ejercicios tácticos sobre el terreno), natación, esgrima y, sobre todo, instrucción de tiro, pues su afición a las armas de fuego era muy grande y disfrutaba lo suyo disparando con toda clase de armas portátiles, sobre todo pistolas, aunque siempre en petit comité y rodeado de los suyos. Debido a esa afición personal, nunca faltaría en su primer año de permanencia en Zaragoza a un ejercido de tiro con fuego real de los que con gran profusión realizaban los cadetes de primer curso para llegar cuanto antes al conocimiento y uso seguro de toda clase de armas portátiles (pistolas, subfusiles, fusiles ametralladores, granadas de mano…) y poder acceder así al servicio de guardia de honor en la Academia, un tradicional y muy prestigioso servicio de armas que despertaba siempre en la población maña, sobre todo en domingos y días de fiesta, una curiosidad muy especial. Por lo tanto no debe extrañar a nadie que, muy pocos meses después de su llegada a Zaragoza, el cadete Juanito sobresaliera ya como un consumado deportista, un aventajado équite y un consumado experto en el conocimiento y uso de armas de fuego.

***

El reducido y selecto grupo de compañeros del infante Juan Carlos de Borbón, hábilmente elegidos por el comandante Armada, ayudante del general Martínez Campos, le acompañarían pegados a su cuerpo en todas y cada una de sus salidas sabáticas a la capital maña, en busca de un merecido descanso semanal del guerrero. Nos referimos a ese necesario regocijo corpóreo juvenil del cadete recogido con gracia en el conocido dicho cuartelero y que después ha hecho fortuna en el acervo popular español: “Sábado sabadete, la alegría del cadete, camisa nueva y polvete”.

Los habituales y más recónditos lugares de reunión y desmadre académico castrense, lo que hoy conoceríamos como «sitios de marcha o movida», aunque respetando escrupulosamente las formas externas (pues no conviene olvidar que estamos hablando de los años 50 en la España nacional/católica franquista y de los alumnos de una de sus más emblemáticas Academias Militares), pronto verían entre sus clientes habituales al joven Borbón dedicándose, protegido por su cohorte de amigos y guardaespaldas, a la no muy noble pero comprensible tarea de divertirse de lo lindo bebiendo vino tinto y degustando tapas en La Espiga o en Casa El Abuelo, saboreando gin-fizz o cuba libres en las salas de fiestas del Paseo de la Independencia o acudiendo, dando esquinazo al ubicuo servicio de vigilancia de la Academia, a una de las profusas casas de lenocinio (autorizadas, controladas y vigiladas sanitariamente por el «mea pilas» Régimen franquista como mal menor y para evitar que millones de jóvenes españoles del sexo masculino se refugiaran en la homosexualidad ante la imposibilidad manifiesta de mantener relaciones sexuales con sus compatriotas del sexo opuesto, obligadas a la virginidad hasta que el sacrosanto matrimonio llamara a sus puertas) que se agrupaban en tropel en el Casco Viejo de Zaragoza, con «El Tubo» como eje principal. Era allí donde los cadetes con pedigrí podían pagar con vales de bar de la Academia si sus reservas en metálico, en números rojos, estaban a la espera de recibir la indispensable asignación paterna mensual.

Pero en general, el cadete Borbón mantenía una actitud bastante distante con la «plebe cadeteril» en sus salidas de fin de semana. De hecho, rara fue la vez que se le pudo ver por Zaragoza «alternando» con cadetes sin nombre o paisanos advenedizos. Tanto fue así que a las pocas semanas de comenzado el curso eran ya legión en la Academia los que sospechaban que algunos (o quizá todos) de esos establecimientos de desmadre zaragozano (donde en repetidas ocasiones se dirimían verdaderas batallas entre cadetes y universitarios, celosos estos últimos por el indudable éxito con las chicas de los primeros) eran avisados con antelación de la visita del denominado «clan del Borbón» y actuaban en consecuencia, aislando convenientemente una sala VIP donde el principito de marras pudiera solazarse sin testigos. Pero aún así, alguna que otra «hazaña» de Juanito trascendería a los demás cadetes y círculos mejor informados de la sociedad aragonesa que siempre permanecían atentos a lo que de novedoso pudiera ocurrir en el afamado centro de enseñanza militar ubicado en el desértico paraje de San Gregorio. Como cuando el infante, enfrascado en un ligue multitudinario con tres o cuatro chicas, no siguió la estela de su grupo y se perdió en una de las tascas del céntrico laberinto zaragozano, teniendo que ser buscado, encontrado y rescatado por el jefe del servicio de vigilancia que lo envió respetuosamente de inmediato a la Academia.

Así las cosas, la vida sabática del joven Borbón no fue en absoluto disipada, por lo menos en los seis primeros meses de su permanencia en Zaragoza. Esa actitud cambiaría ostensiblemente después de la Semana Santa de 1956, tras el trágico suceso que tuvo lugar en Estoril y que luego analizaremos con todo lujo de detalles. Muchos fines de semana se alojaba en el Gran Hotel, el mejor establecimiento de la capital aragonesa, donde recibía las visitas protocolarias del duque de la Torre y de su ayudante, el comandante Armada (estos contactos contribuirían a potenciar la larga y profunda amistad con el marqués de Santa Cruz de Rivadulla, que duraría hasta la desgraciada fecha del 23-F) y donde llegó a conocer (y a confraternizar en demasía con él) al notario Antonio García-Trevijano, que sabiendo de sus aficiones por los coches deportivos no dudó un instante en prestarle su impresionante automóvil deportivo Pegaso Z-102 para que se moviera a sus anchas por las afueras de Zaragoza, lo que haría montar en cólera a su exigente preceptor y a su augusto padre.

Según muchos de sus compañeros Juanito se comportaba en general en la Academia como un muchacho débil, acomplejado, inseguro e introvertido, pero que a veces, sobre todo cuando se había tomado unas copas, se crecía, sacaba a flor de piel una escondida arrogancia. Además, quizá dolido por las críticas institucionales y mediáticas contra su padre, empezaba a gritar a todo el mundo «que pronto sería rey de España y todo en su familia cambiaría radicalmente», dejando bastante confundidos y asustados a sus circunstanciales compañeros. Pero su moral personal no era muy alta, ya que no hacía nada sin consultar a su preceptor, al ayudante del preceptor o al comandante Valenzuela, que le acompañaba siempre en todos los actos académicos. Su coeficiente intelectual parecía más bien bajo, sensiblemente por debajo de la media, y en clase aparecía casi siempre distraído y ausente, a excepción de las que le gustaban especialmente como las ya reseñadas de carácter deportivo y militar. Los escasos juicios y comentarios que se permitía hacer en público eran tomados frecuentemente «a chacota» por amigos y cadetes, que se referían después a ellos como «cosas del Borbón».

El 15 de diciembre de 1955 juró Bandera en un acto tradicionalmente solemne pero que en esa ocasión, presidido por el ministro del Ejército, general Muñoz Grandes, no debió parecerle especialmente grato al infante metido a militar con calzador pues el antiguo jefe de la División Azul, afín a la Falange y antimonárquico visceral, no hizo la más mínima referencia a su presencia allí, ni en su discurso institucional, ni tampoco a lo largo de todo el desarrollo de tan marcial acto castrense.

El cadete Juanito seguiría en la Academia General Militar (castigando su cuerpo con el deporte y la equitación, a la par que abandonaba su alma y su cerebro a la molicie propia de su alto estatus social y político) hasta primeros de julio de 1956, fecha en la que asegurado su pase a 2º curso y con dos meses de vacaciones oficiales por delante, saldría disparado hacia Estoril para tratar de olvidar la dura vida académica y pasárselo lo mejor posible. Fueron objetivos que muy pronto empezarían a materializarse al acudir, día tras día y noche tras noche, a toda clase de fiestas y guateques en compañía de chicas del espectro social portugués y foráneo, con las que luego no tendría el más mínimo reparo en desmelenarse a fondo en la parte trasera de su coche. Así un buen día conocería a la condesa Olghina Nicolás de Robilant, una aristocrática italiana de medio pelo y actriz de cine de segunda categoría, cuatro años mayor que él y algo «ligera de cascos» según la prensa rosa italiana de la época, con la que se dedicaría buena parte del verano al dolce far niente, a recorrer los lugares de moda europeos de alto standing, sin olvidar algún que otro crucero por el Mediterráneo. Con esta mujer, demasiado liberada para la época y con dos abortos en su haber, iniciaría una apasionada relación sentimental de casi cuatro años de duración a lo largo de la cual, también según los díscolos y entrometidos rotativos romanos, se le iría un poco la mano al joven Juan Carlos y la cosa terminaría, a principios de 1959, con el embarazo de la condesa y el posterior nacimiento de una preciosa hija, Paola, que nunca sería reconocida por el actual rey de España y que, tras los desgraciados episodios a los que tuvo que hacer frente su madre en el ocaso de su vida, arrastra en la actualidad una anodina existencia en su apartamento de la ciudad de los rascacielos.

Pero antes de que el que luego sería designado heredero de Franco empezara en julio de 1956 (siguiendo la atávica llamada hipersexual de sus genes borbónicos, demostrada históricamente a través de decenas y decenas de bastardos de toda laya) a repartir esperma azul a raudales por medio mundo, en la Semana Santa de ese mismo año 1956, a finales de marzo concretamente, sería protagonista de un dramático, increíble, anómalo, inexplicable y sospechoso asunto con muy claras responsabilidades de todo tipo para su persona, incluso penales. Pero esto es algo que, por supuesto, nunca llegaría a asumir y que a pesar de haber sido recogido, muy parcialmente eso sí, por algunos biógrafos regios, ha permanecido hasta nuestros días en la más completa oscuridad histórica, como un impenetrable secreto de Estado que nadie se ha permitido analizar. Y que yo sí, yo me voy a permitir abordar, aquí y ahora, en todos sus extremos, en primer lugar como escritor, luego como militar, y finalmente como experto en armas…

Me estoy refiriendo, ya lo habrá intuido el lector, a la trágica muerte en Villa Giralda (Estoril), el 29 de marzo de 1956, del infante Alfonso, segundo hijo varón del conde de Barcelona, tras recibir en la cabeza un disparo efectuado por su hermano mayor Juan Carlos con una pequeña pistola de su propiedad, con toda seguridad una Star semiautomática de 6.35 mm. Es éste un hecho trascendente que desborda el ámbito familiar en el que la dictadura franquista quiso aparcarlo desde el principio, que muy posiblemente cambió la historia de España, y que los ciudadanos de este país, después de tantos años de autoritarismo y censura de prensa (incluso en los años de la transición), deben conocer de una vez por todas y hasta en sus más nimios detalles, sin cortapisas de ninguna clase. Pero eso será ya, amigo lector, en el próximo capítulo.

2
BORBÓN MATA A BORBÓN

—29 de marzo de 1956: el cadete Borbón, 18 años de edad, con seis meses de instrucción militar y experto en toda clase de armas de fuego, mata de un disparo en la cabeza a su hermano Alfonso. ¿Accidente, homicidio por imprudencia o fratricidio premeditado? —Un manto de silencio cubre el trágico suceso. Nadie investiga nada. Ningún juez puede pronunciarse. —El conde de Barcelona al presunto homicida: «júrame que no lo has hecho a propósito» Don Jaime, Jefe de la Casa de Borbón: «No puedo aceptar que sea rey de España quien no ha sabido aceptar sus responsabilidades» —Cincuenta años después, del estudio pormenorizado de los hechos se desprende que la muerte del infante Alfonso pudo ser intencionada.

El sábado 24 de marzo de 1956, con seis meses de academia militar sobre sus espaldas y convertido ya en un veterano cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, experto en toda clase de armas portátiles, magnífico jinete y buen deportista, emprende Juan Carlos viaje hacia Estoril (vía Madrid) para pasar las vacaciones de Semana Santa con sus padres y hermanos. En la capital de la nación recoge a su hermano Alfonso y ambos suben al Lusitania Express de esa misma noche para llegar cuanto antes a la casa paterna. Juanito, que en el mes de enero cumplió 18 años, va rutilante con su impecable uniforme militar. Alfonso, con sus 14 primaveras, alumno de bachillerato en el colegio Santa María de los Rosales, quiere iniciar el próximo año su preparación para el ingreso en la Academia Naval Militar de Marín con la total complacencia de su padre, que ansía verlo pronto vistiendo el tradicional terno de tan prestigioso centro militar de la Armada española. Los dos hermanos tienen previsto permanecer en Estoril hasta primeros de abril, en que regresaran a sus respectivos quehaceres escolares. Alfonso, El Senequita (según el cariñoso sobrenombre con el que le conocen desde hace años sus familiares más allegados que aprecian en él cualidades nada comunes de inteligencia, intuición, perseverancia, simpatía y afán de trabajo), tiene comprometida su asistencia, durante la corta estancia en la casa paterna, al torneo infantil de golf (el Taça Visconde Pereira de Machado) que anualmente organiza el Club de Golf de Estoril.

El 29 de marzo, jueves Santo, ambos hermanos asisten con sus padres y hermanas a una misa matutina en la iglesia de San Antonio de Estoril y todos juntos regresan a casa. Después del almuerzo, toda la familia en pleno acompaña a Alfonso, a la sazón gran jugador de golf gracias a las clases recibidas de su padre, que asimismo le ha imbuido desde muy pequeño una gran afición por las cosas del mar, al ya citado Club de Golf donde el infante gana sin excesivos problemas la semifinal del torneo ante la euforia de los suyos que ya lo ven como triunfador absoluto en la final a disputar el Sábado de Gloria. Pero, cosas del destino, el inteligente muchacho (que según muchas voces autorizadas del entorno de don Juan en Estoril era ya entonces el preferido de su padre para sucederle, si el ya iniciado distanciamiento con su hijo mayor, cada vez más cerca del franquismo, no paraba de aumentar) nunca acudiría a tan deseada prueba deportiva.

Sobre las ocho de la tarde, el ambiente se presenta muy relajado en Villa Giralda después de que los condes de Barcelona y sus hijos regresaran de los oficios de Jueves Santo, que han tenido lugar a las seis en la recoleta iglesia de San Antonio, situada a pocos metros de su casa y de las bravas y límpidas aguas del océano Atlántico. La condesa habla de sus cosas con unas amigas, en el salón de la casa, asuntos triviales, y muy cerca de ella, en su despacho, don Juan lee hasta la hora de la cena. De repente, una atronadora detonación procedente del piso superior, donde se encuentra la habitación del infante Alfonso y adonde se han retirado escasos minutos antes los dos hermanos, resuena en toda la casa como un trallazo, seguida en pocos segundos por unos desaforados gritos de Juan Carlos llamando a su padre. Dª María de las Mercedes sale despavorida del salón, al tiempo que su marido, alarmado, corre escaleras arriba.

La escena que se encuentra el conde de Barcelona al entrar en la habitación de su hijo Alfonso es sobrecogedora y ya no se la podrá quitar jamás de su mente mientras viva. El infante yace en el suelo, con la cabeza destrozada por un disparo y rodeado de un gran charco de sangre. A su lado, de pie, hermético, en silencio, como ausente, con sus ojos fijos en algún punto del suelo cercano a la cabeza de su hermano, su otro hijo, el mayor, el cadete que siguiendo las directrices de Franco se había convertido ya en un militar de carrera, mantiene todavía en su mano derecha la pequeña pistola de 6,35 mm. que él desgraciadamente ya conoce, y de la que acaba de salir la bala asesina.

Desesperado, don Juan trata de reanimar a su hijo pero todo es inútil pues a los pocos segundos éste muere en sus brazos. Agarra entonces con fuerza una bandera de España que cuelga de la pared de la habitación y cubre con ella el amado cuerpo, sin vida, del hijo en quien «tenía puestas todas sus complacencias». A continuación, se vuelve con rabia contenida hacia su hijo Juan Carlos, le hace inclinarse sobre el cadáver cubierto con la enseña nacional, y con voz fuerte y solemne le exige:

—Júrame que no lo has hecho a propósito.

El médico de la familia, el doctor Joaquín Abreu Loureiro, llega a Villa Giralda a los pocos minutos, pero apenas puede hacer otra cosa que certificar la defunción del desgraciado infante. El conde de Barcelona, desolado, fuera de sí, agresivo contra su hijo mayor, le hace salir de la habitación de su hermano muerto y le dice con firmeza que debe regresar cuanto antes a la Academia Militar de Zaragoza. Llama por teléfono al duque de la Torre, al que en pocas palabras pone en antecedentes de la tragedia familiar. Éste, a su vez, se la comunicará enseguida a Franco, que ordena secreto absoluto sobre la misma y la publicación, urgente, por la Embajada española en Lisboa, de una nota oficial que, desvirtuando convenientemente lo sucedido, lo acomode todo a las necesidades políticas del momento.

La nota de la Embajada, publicada por todos los medios de comunicación portugueses en la mañana del día 30 de marzo de 1956, dirá lo siguiente:

Mientras su Alteza el infante D. Alfonso limpiaba un revólver en la tarde del día de ayer con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó en la frente y le mató en pocos minutos. El accidente se produjo a las 20:30 horas, después de que el infante volviera del servicio religioso de Jueves Santo, en el transcurso del cual recibió la santa comunión.

También ordenó Franco que se hicieran los oportunos trámites con el Gobierno portugués para que un espeso manto de silencio cubriera la sorprendente muerte de D. Alfonso, no se promoviera por su parte ninguna investigación policial o judicial al respecto, y su versión oficial se acoplara lo máximo posible a la del Gobierno español, expresada en la nota difundida por su Legación en Lisboa. Como le soltaría con total desparpajo el dictador español a una alta personalidad del entorno político del conde de Barcelona, escasos días después de la trágica muerte del infante:

—A la gente no le gustan los príncipes con mala suerte.

Cínica sentencia que, dos años después, ampliaría al explicar por qué no quería que se hablara de Alfonso en la prensa:

—El recuerdo puede arrojar sobre su hermano sombras por el accidente y en las gentes simplistas evocar la mala suerte de una familia, cuando a los pueblos les agrada la buena estrella de sus príncipes.

***

La muerte de Alfonso, El Senequita, según la prensa internacional independiente de la época (en España, por supuesto, sólo correría la versión oficial franquista), los comentarios de algunos amigos y confidentes de los dos hermanos, las manifestaciones del entorno familiar de Villa Giralda, y las revelaciones que luego hizo, en sus Memorias, Dª María de las Mercedes, condesa de Barcelona, ocurrió de la siguiente manera:

Los dos hermanos, que habían llegado a Estoril el jueves 22 de marzo de 1956, parece ser que empezaron a aburrirse sobremanera en la casa paterna conforme pasaban los días de aquella Semana Santa «a la portuguesa», demasiado recogida, puritana y de religiosidad sin límites… Y decidieron pasar a la acción utilizando a destajo la pequeña pistola Star de 6,35 mm. (algunas versiones periodísticas, históricas e incluso la nota oficial de la Embajada española hablan de un revólver calibre 22, lo que no es nada probable ya que la propia condesa de Barcelona en sus Memorias hace precisa referencia a «una pequeña pistola de 6 mm. que los chicos habían traído de Madrid», y los revólveres, sobre todo los de ese pequeño calibre, eran en aquellos años rara avis en España) que Juanito se había traído de la Academia Militar de Zaragoza. Hablamos de un arma corta que, según todos los indicios, le había regalado el verano anterior el conde de los Andes, jefe de la Casa de su padre, con motivo de su ingreso en la Academia General Militar.

Se ha especulado (en alguna de las escasas publicaciones que a lo largo de los años, aunque muy someramente, han estudiado este lamentable hecho) con que la dichosa pistolita se la había regalado al flamante cadete Juanito el mismísimo Franco, cuando acudió a visitarle muy pocos días después de su ingreso en el ya citado centro de enseñanza castrense; supuesto éste que no resiste el más mínimo análisis objetivo y profesional. Franco, todos los españoles lo sabemos de sobra a estas alturas, siempre fue un sanguinario dictador y un autoritario militar que manejó este país durante años como si fuera un cuartel o su cortijo particular; pero nunca dio muestras de ser un necio o un loco. Y de esas ingratas deficiencias mentales hubiera hecho extraordinario alarde si se le hubiera ocurrido la peregrina idea de regalar una pistola a un inmaduro muchacho de 17 años que se iba a la Academia Militar de Zaragoza a aprender el duro oficio de las armas, y al que, salvo error u omisión del inexperto joven, le tenía reservado un esplendoroso destino; y encima sin decirle nada al padre de la criatura…

No conviene olvidar al respecto que Franco, además de autócrata y asesino en serie (que lo era) seguía siendo un militar profesional, y muy pocos militares, por no decir ninguno, cometería la enorme estupidez de regalar una pistola a su hijo, a un amigo de su hijo, a un sobrino, a un amigo de su sobrino… o al vecino del quinto, y ello por importante que fuera el motivo de la dádiva. Los profesionales de la milicia (en casa del herrero, cuchillo de palo) tenemos verdadero respeto (por no decir miedo, que suena muy mal en un militar) por las armas de fuego y, en particular, por las pistolas, porque las manejamos a diario, porque conocemos sus efectos y porque el que más y el que menos (todos los que hemos estado en una guerra, desde luego) ha visto a algún compañero, subordinado, superior, amigo o soldado a sus órdenes morir o sufrir graves secuelas por culpa de alguno de estos pequeños y maquiavélicos artefactos; y no precisamente por accidente, que no suelen suceder si los que las manejan son auténticos profesionales.

Por todo lo anteriormente expuesto, es muy poco probable, por no decir imposible, que la pistola que el joven Juanito se llevó a Estoril, desde Zaragoza, en la Semana Santa de 1956, y con la que «ultimó» a su hermano Alfonso, le fuese regalada por el dictador y protector suyo, don Francisco Franco Bahamonde; y que casi con toda seguridad debió ser el conde de los Andes (como ha sido recogido por algunos autores) el que, demostrando con ello una irresponsabilidad manifiesta, pusiera en manos del hijo mayor del conde de Barcelona el arma que meses más tarde acabaría con la vida de su hermano pequeño.

Pues bien, sabiendo ya que de quién era la pistola (con toda probabilidad, como digo, una pistola semiautomática marca Star, calibre 6,55 mm.) que iba a desencadenar la tragedia en casa de los Borbón en Estoril y quien previsiblemente la compró y regaló, sigamos con el sucinto relato de los hechos: Los dos infantes, aburridos y con muchas horas libres al día, parece ser que se dedicaron con ella, en las jornadas anteriores al Jueves Santo, a practicar una y otra vez el tiro al blanco, a las farolas de los alrededores, y a todo aquello que se les pusiera por delante. Este irresponsable proceder resulta totalmente increíble en dos jóvenes de 18 y 14 años (el primero caballero cadete de la Academia General Militar, con instrucción militar muy adelantada y experto en armas portátiles), en teoría con una educación y una formación humana y social muy elevadas debido a su rango, y que se encontraban de vacaciones en la casa de sus padres a los que debían respeto y obediencia… Increíble pero auténtico. Su propia madre, María de las Mercedes, lo recoge así en sus Memorias:

El día anterior [28 de marzo, Miércoles Santo] los chicos habían estado divirtiéndose con el arma disparando a las farolas. Por ello, don Juan les había prohibido jugar con la pistola. Mientras esperaban el servicio religioso de la tarde, los dos muchachos se aburrían y decidieron subir a jugar otra vez con ella. Se estaban preparando para tirar contra una diana cuando el arma se disparó, poco después de las ocho de la tarde.

O sea que los muchachos, según su madre, se habían dedicado a pegar tiros por la calle con el arma de fuego propiedad de Juan Carlos (por lo menos, el día anterior de la tragedia). Después, a pesar de que su padre la había requisado y guardado bajo llave en un secreter, el Jueves Santo por la tarde, luego de conseguir de su madre que les abriera el mismo y les entregara de nuevo la pistola, subieron a la habitación de Alfonso a practicar el tiro al blanco. ¡Demencial pero cierto!

Lo que ocurrió allí dentro, en la habitación del Senequita, nadie lo sabe con certeza absoluta (a excepción del hoy todavía rey de España, que desde el preciso momento en el que le descerrajó un tiro a su hermano Alfonso se ha callado como si realmente el muerto fuera él), pero he aquí que nos podemos aproximar mucho a la realidad de los hechos después de estudiar y analizar convenientemente todas las informaciones (no hay muchas, pero sí sabrosas) que la prensa internacional independiente publicó en su día. Por ellas sabemos (en contra de la angelical versión oficial del Régimen franquista, aireada en la escueta nota de la Embajada española en Lisboa de 30 de marzo de 1956) que fue precisamente Juan Carlos quien apretó el disparador (vulgo gatillo) de la pistola que acabó con la vida de su hermano. Ni él, ni su padre, don Juan, negaron nunca las informaciones periodísticas posteriores al hecho que enseguida pusieron en cuarentena la información oficial que hacía referencia a un supuesto accidente fortuito cuando Alfonso limpiaba una pistola en presencia de su hermano. Lo que sí se ha especulado mucho es sobre el «cómo» se produjo el disparo, el «por qué» del mismo y cuáles fueron las circunstancias en que se produjo tamaña tragedia familiar. Fue protagonizada, no conviene olvidarlo, por un hombre ya «hecho y derecho» como Juan Carlos de Borbón, con 18 años cumplidos, militar profesional con más de seis meses de instrucción castrense intensiva en su haber (más otros seis de formación premilitar), y que tuvo como víctima a un adolescente de 14 años, inteligente, muy despierto, nada alocado, que había dado hasta ese momento muestras sobradas de responsabilidad y cordura.

Por supuesto que en las líneas que siguen voy a contestar a todos esos interrogantes, y a alguno más, después de haber dedicado mucho tiempo a estudiar, analizar y clarificar con todo detalle lo sucedido en Villa Giralda aquel tremendo Jueves Santo de 1956; sirviendo así al lector de hoy y, por supuesto, al de años venideros, la verdad objetiva, histórica, no manipulada por nadie, que se desprende de todas esas investigaciones. Pero todo a su debido tiempo.

Conviene acabar primero con el relato de aquel desgraciado hecho y después, sin prisas, sin demagogia, sin autocensura, buscando por encima de todas las cosas la auténtica verdad, entrar a valorarlo debidamente en todas sus vertientes, sacando las conclusiones pertinentes; apoyándome para ello en mi larga experiencia como historiador militar (sin bozal orgánico de ninguna clase y con una cierta credibilidad social después de muchos años de aguantar a pie firme los duros arrebatos del poder de turno) y en mi largo curriculum profesional como militar de Estado Mayor.

***

Nos habíamos quedado en el momento en el que el doctor Loureiro acude presuroso a Villa Giralda, como respuesta al urgente llamamiento del conde de Barcelona. El médico no puede hacer nada ya que el infante Alfonso ha fallecido minutos antes. La bala, disparada a bocajarro, le ha entrado por la nariz y le ha destrozado el cerebro. Certificará su defunción, obviamente, pero nadie jamás verá nunca ese certificado de la muerte del hijo menor de don Juan de Borbón. Pese a la normativa legal imperante en todos los países civilizados del mundo ante un asunto de esa naturaleza, la policía judicial no acudirá al domicilio del pretendiente a la Corona de España (que acaba de perder a su hijo más amado en unas sorprendentes y extrañas circunstancias) a levantar el oportuno atestado y buscar pruebas que aclaren lo sucedido; ni tampoco ningún juez, algo increíble en un moderno Estado europeo aunque estemos hablando del Portugal de 1956 víctima de una feroz dictadura, se personará asimismo en Villa Giralda para proceder al levantamiento del cadáver y ordenar el inicio de las oportunas indagaciones; nadie investigará absolutamente nada, por lo tanto, en una muerte violenta por arma de fuego disparada a escasos centímetros de la cabeza de la víctima por su propio hermano. Ambos, presunto autor del disparo y víctima, son infantes de la Casa de Borbón y herederos de los supuestos derechos dinásticos de su padre, el conde de Barcelona.

Un espeso manto de silencio caerá como una losa de granito sobre la habitación de la parte alta de la casa en la que el inteligente Senequita reposa inerte bajo la bandera de su país al que, incomprensiblemente, no podrá regresar durante muchos años, concretamente hasta 1992, y no precisamente por impedimentos del Régimen franquista que, como todos sabemos, desapareció oficialmente en 1975, sino por la negativa de su propio hermano Juan Carlos. Éste, desde que subió al trono el 22 de noviembre de ese mismo año, pareció olvidarse para siempre de su desgraciado compañero de «juegos de guerra» en el Estoril de 1956 y finalmente sólo accedió a trasladar sus restos a España cuando su padre, enfermo terminal de cáncer, se lo pidió in extremis como un último deseo.

Hasta el cuerpo del delito, el arma causante de la tragedia, la pequeña pistola semiautomática de 6,35 mm. propiedad del cadete Juanito que, de forma inexplicable, había sido cargada, montada, desactivada de sus mecanismos de seguridad, apuntada y disparada contra el infante D. Alfonso a pocos centímetros de su cabeza… desaparecerá muy pronto, escasas horas después. Fue arrojada al mar por el propio padre de Juan Carlos que, según comentaría tiempo después, «ansiaba perderla de vista cuanto antes»; con lo que se hurtaba así una prueba preciosa para cualquier posterior investigación policial o judicial.

Don Alfonso recibió sepultura en el cementerio de Cascais el sábado 31 de marzo de 1956. El funeral fue oficiado por el nuncio papal en Portugal y a él asistió un nutrido grupo de monárquicos españoles y otro, sensiblemente menor, de personalidades adscritas a diversas casas reales europeas. El Gobierno portugués estuvo representado por el presidente de la República, y por parte española la representación institucional fue mucho más modesta, al acudir al luctuoso acto el ministro plenipotenciario de la Embajada española, ya que el embajador, el orondo Nicolás Franco, hermano mayor del dictador, se encontraba en cama reponiéndose de un accidente de tráfico. Francisco Franco, no obstante, envió un mensaje de condolencia a la familia del fallecido infante.

Juan Carlos asistió al entierro de su hermano y al funeral vestido con el uniforme de caballero cadete de 1º curso de la AGM de Zaragoza, con cara de circunstancias y aspecto distraído. Sin duda la procesión iba por dentro, pero no dio especiales muestras de desolación y tristeza durante el desarrollo de ambas ceremonias. Aparecía ausente y como con ganas de que todo terminara cuanto antes. Su padre, abatido, destrozado, perplejo todavía por todo lo que había tenido que vivir durante las últimas 48 horas, aguantó el tipo y contestó a todos los saludos y condolencias con gentileza y dignidad.

El duque de la Torre, general Martínez Campos, acompañado por su ayudante (el después tristemente célebre general Armada), respondiendo puntual a la angustiosa llamada de don Juan y tras la preceptiva autorización de Franco, se había plantado en Estoril a bordo de un avión militar DC-3 pilotado por el comandante García Conde. Sin pérdida de tiempo, recién acabadas las ceremonias mortuorias, metieron al cariacontecido Juanito en él y se lo llevaron directamente a Zaragoza, donde escasos días después iniciaría su tercer trimestre académico. Según algunos de sus compañeros, se encontraba en una acendrada soledad, con claros síntomas de introspección, con cara de pocos amigos, huraño y huidizo.

Sin embargo, estos claros síntomas de depresión y tristeza cederían pronto y pasadas muy pocas semanas, en contra totalmente de algunos rumores infundados que empezaron a correr por los mentideros políticos madrileños y que ponían en labios del único hijo varón vivo del conde de Barcelona unas intenciones nada claras de evadirse del mundo e ingresar en un monasterio, reaccionaría con inusitada firmeza en un sentido totalmente opuesto a esos rumores, dedicándose con furia todos los sábados (sabadetes), domingos y fiestas de guardar a la más pura y descabalada dolce vita, a salir con chicas (cuantas más, mejor), a frecuentar toda clase de mujeres ya maduritas que sus compañeros de francachela le ponían en bandeja (muchas de las cuales provenían del entorno del notario y amigo de barra de Juanito, el señor García Trevijano, que tenía establecido su «cuartel general» en el Gran Hotel zaragozano), a beber en demasía por cafeterías, tascas y salas de fiesta de la «movida cadeteril maña» y, en definitiva, a tratar de olvidar todo lo ocurrido semanas atrás en el exilio dorado de sus padres en Estoril. Fue una amnesia buscada que, parece ser, conseguiría pronto, en todo caso antes del verano de ese mismo año, 1956, en el que, dando claras muestras de una recuperación asombrosa y con sus genes borbónicos pidiendo guerra, se dedicaría en cuerpo (sobre todo) y alma a disfrutar de lo lindo con su íntima amiga Olghina de Robilant.

***

La muerte de su hijo afligiría profundamente a la condesa de Barcelona, Dª María de las Mercedes, que caería en una profunda depresión y tendría que ser internada bastante tiempo en una clínica alemana. En todo momento tendría a su lado a Amalín López Dóriga, viuda de Ybarra, que sería su paño de lágrimas hasta su muerte. Parece ser que el sentimiento de culpa al haber sido ella en persona quien entregara la pistola a sus hijos, el día de autos, afectó profundamente el alma de Dª María, que ya nunca dejó de recordar la infausta fecha como la más desgraciada de su vida. También afectaría la tragedia familiar a la hermana de Juan Carlos, la infanta Margarita, que saldría ese mismo mes de abril hacia Madrid para estudiar puericultura y ya no regresaría hasta tres años después. Asimismo, abandonó Villa Giralda, ya para siempre, el aya de los infantes durante muchos años, la suiza Anne Diky, que había entrado en la casa cuando nació Alfonso.

La trágica desaparición de su segundo hijo varón afectaría también profundamente a don Juan, tanto en lo personal como en lo político. En lo primero, acusaría la tragedia hasta extremos increíbles, iniciando muy pronto una huida hacia adelante, una huida en realidad de sí mismo y de su entorno familiar más cercano que lo llevaría a poner tierra por medio, a emprender largos cruceros por todo el mundo, primero a bordo de su yate Saltillo y más tarde en su nuevo barco, el Giralda. Lo hizo olvidándose de todo y de todos. En sus largos periplos ambos barcos llevarían siempre sus bodegas bien repletas de bebidas alcohólicas, preferentemente ginebra, de la que se aprovisionarían muchas veces en las plazas españolas de Ceuta y Melilla a su paso por el Estrecho. Todavía se acordaban en la Comandancia General de Melilla, a mediados de los años 80 (época en la que este modesto historiador militar estuvo destinado en el Estado Mayor de esa ciudad española del norte de África), de las repetidas escalas del yate del conde de Barcelona en el puerto de la ciudad, allá por los años 60 y 70, ante las cuales el comandante militar de la plaza debía reaccionar con presteza enviando a bordo unas cuantas cajas de la mejor ginebra que pudieran encontrar los servicios de Intendencia militar, y casi siempre sin recibir ni siquiera un agradecimiento personal del ilustre patrón de la pequeña nave de recreo.

El fallecimiento del infante Alfonso también influiría muy negativamente en la política del conde de Barcelona, debilitando su posición ante Franco y haciéndole depender mucho más de los vaivenes de la situación de Juan Carlos en España. Su desaparición privaba a don Juan, desde el punto de vista del legitimismo dinástico, de un hipotético sustituto para el caso de que su hijo mayor aceptara ser el sucesor del general Franco contra la voluntad paterna, y al margen de la línea sucesoria considerada normal. Para algunos muy destacados analistas de la época quedó muy claro que, «de haber vivido Alfonso, su mera existencia habría condicionado el comportamiento posterior de Juan Carlos en la lucha entre su padre y Franco»

La infausta muerte del Senequita serviría también para poner nuevamente a flote algunas rencillas familiares, aparentemente dormidas, en el seno de la familia Borbón. Don Jaime, hermano mayor de don Juan, procuró enseguida sacar alguna ventaja política del luctuoso hecho. Como lo cortés no quita lo valiente, envió con premura un sentido mensaje de condolencia, pero cuando unas semanas después, concretamente el 17 de abril de 1956, el periódico italiano Il Settimo Giorno publicó un relato pormenorizado de lo ocurrido que difería absolutamente de la versión oficial ofrecida en Lisboa y señalaba acusadoramente a Juan Carlos, hizo unas explosivas declaraciones, en principio privadas, pero publicadas después por la prensa francesa. De ellas, sobresalía lo siguiente:

Estoy desolado de ver que la tragedia de Estoril es llevada de esta forma por un periodista al que le ha sorprendido la buena fe, pues me niego a no creer en la veracidad de la versión de mi desgraciado sobrino, dada por mi hermano. En esta situación y en mi calidad de jefe de la Casa de Borbón, no puedo más que estar en profundo desacuerdo con la actitud de mi hermano Juan que, para cortar toda interpretación posterior, no ha pedido que se abriera una encuesta oficial sobre el accidente y que fuera practicada la autopsia en el cuerpo de mi sobrino, como es habitual en casos parecidos.

Ni don Juan ni su hijo Juan Carlos se permitieron contestar a la petición de don Jaime, por lo que éste, el 16 de enero de 1957, daría una nueva vuelta de tornillo a la espinosa cuestión familiar con una carta dirigida a su secretario, Ramón de Alderete. Publicada después en algunos medios de comunicación y después de exponer que «varios amigos me han confirmado que fue mi sobrino Juan Carlos quien mató accidentalmente a su hermano Alfonso», le pedía que solicitara en su nombre que «por las jurisdicciones nacionales o internacionales adecuadas se proceda a la encuesta judicial indispensable para esclarecer oficialmente las circunstancias de la muerte de mi sobrino Alfonso». Don Jaime terminaba su misiva con una dura acusación hacia su hermano Juan y, sobre todo, a su sobrino Juan Carlos:

Exijo que se proceda a esta encuesta judicial porque es mi deber de Jefe de la Casa de Borbón y porque no puedo aceptar que aspire al trono de España quien no ha sabido asumir sus responsabilidades.

***

Expuestos hasta aquí, aunque muy sucintamente, los hechos acaecidos en Estoril aquella tremenda tarde/noche del 29 de marzo de 1956, vamos ahora a analizarlos, a estudiarlos en profundidad y a sacar las oportunas conclusiones; tarea nada fácil, pero que yo me voy a permitir afrontar prioritariamente desde el punto de vista de un militar profesional con muchos años de servicio y, por lo tanto, con un amplio conocimiento de las armas portátiles. No conviene olvidar que la tragedia familiar que estamos comentando, con todas sus consecuencias políticas, históricas y sociales, tuvo como causa desencadenante un arma, una pistola, y hasta la fecha muy pocos historiadores, y desde luego ninguno militar experto en armas, se han atrevido a hincarle el diente a tan tenebroso tema; protegido, como todo lo que huele a monarquía y a Borbón en España, por un secreto pacto de silencio de los medios de comunicación (más bien de sus directores) que alguna vez habrá que erradicar del horizonte informativo español. Habrá que hacerlo aunque sólo sea por respeto a los ciudadanos de este país, que tienen todo el derecho del mundo a recibir información objetiva y valiente sobre hechos históricos trascendentes que han afectado a sus vidas.

Y para llegar al fondo de la cuestión, sin dejarnos absolutamente nada en el tintero, vamos a empezar por las hipótesis que sobre lo ocurrido se han barajado todos estos años por parte de integrantes de la propia familia Borbón, de amigos y confidentes de los dos protagonistas de la tragedia, y también por periodistas que tuvieron acceso privilegiado a determinadas informaciones relacionadas con la misma. Estas hipótesis, que tratan sencillamente de explicar lo ocurrido, son básicamente tres, a saber:

A) Juan Carlos apuntó en broma a Alfonsito y, sin percatarse de que el arma estaba cargada, apretó el gatillo.

B) Juan Carlos apretó el gatillo sin saber que la pistola estaba cargada y la bala, después de rebotar en una pared, impactó en el rostro de Alfonsito.

C) Alfonsito había abandonado la habitación para buscar algo de comer para Juan Carlos y para él. Al volver, con las manos ocupadas, empujó la puerta con el hombro. La puerta golpeó el brazo de su hermano Juan Carlos quien apretó el gatillo involuntariamente justo cuando la cabeza de Alfonso aparecía por la puerta.

Ninguna de estas tres hipótesis podría ser tomada ni medianamente en serio por analista o experto que se precie. Son sólo eso, hipótesis rebuscadas, infantiles e inconsistentes para cualquiera que sepa algo de armas, explicaciones familiares interesadas para tratar de explicar la realidad, la auténtica realidad de unos hechos que, de haber sido investigados y aclarados como se supone se debe hacer en un Estado moderno y europeo, se hubieran podido acarrear responsabilidades penales para el entonces infante y heredero de Franco, in pectore, Juan Carlos de Borbón.

Pero la inconsistencia o no de cada una de estas hipótesis (justificaciones familiares, más bien para mentes ingenuas) las va a poder apreciar personalmente el lector en cuanto «haga suyas» las razones, esencialmente técnicas pero también históricas o de simple sentido común, que a continuación, en las páginas que restan del presente capítulo, voy a exponer lisa y llanamente. Vayamos con ello.

El cadete Borbón tenía en su haber en el momento del extraño «accidente» (29 de marzo de 1956) nada menos que seis meses de instrucción militar intensiva (de septiembre de 1955 a marzo de 1956) y otros seis meses previos de instrucción premilitar (de enero a junio de 1955). A lo largo de los dos primeros trimestres de su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza recibió, como todos y cada uno de los cadetes de 1º curso, una metódica instrucción de tiro con toda clase de armas portátiles (pistola, mosquetón, granada de mano, subfusil automático, fusil ametrallador…) con el fin de estar en condiciones de prestar servicio de guardia de honor en la Academia, una actividad tradicional de gran prestigio y solemnidad dentro de las obligaciones docentes en el primer centro de enseñanza militar de España.

Juan Carlos de Borbón conocía pues, en la Semana Santa de 1956, el uso y manejo de cualquier arma portátil del Ejército español y por lo tanto, con más seguridad, el de una sencilla y pequeña pistola semiautomática como la Star de 6,35 mm. (o calibre 22 en su caso concreto), en cuya posesión estaba, según todos los indicios, desde el verano de 1955. ¿Cómo se le pudo disparar entonces esa pequeña pistola, apuntando además a la cabeza de su hermano Alfonso, si además previamente tuvo que cargarla (introducir el cargador con los cartuchos en la empuñadura del arma), después montarla (empujar el carro hacia atrás y luego hacia delante, para que un cartucho entrara desde el cargador a la recamara), a continuación desactivar el seguro de disparo con el que estaba dotada, y finalmente, presionar con fuerza el disparador o gatillo (venciendo las dos resistencias sucesivas que presenta, claramente diferenciadas) para que entrara en fuego?

Es prácticamente imposible, estadísticamente hablando, que a un militar medianamente entrenado se le escape accidentalmente un tiro de su arma si sigue el rígido protocolo aprendido en la instrucción correspondiente. Por ejemplo, en el caso de una pistola semiautomática (repito ordenadamente los conceptos que acabo de exponer para mejor comprensión del lector) es el siguiente:

1º. Introducir los cartuchos en el cargador.

2º. Colocar el cargador en su alojamiento de la empuñadura.

3º. Montar el arma desplazando el carro hacia atrás y hacia delante para que el primer cartucho entre en la recamara.

4º. Desactivar el seguro o seguros (normalmente dos o tres) de los que dispone.

5º. Apuntar el arma con precisión y sujetarla con fuerza si se quiere dar en el blanco, puesto que el retroceso del cañón (y por ende de la pistola) dificulta mucho el éxito del disparo.

6º. Apretar con fuerza el disparador de la pistola (vulgo, gatillo) venciendo las dos resistencias sucesivas que presenta para lograr finalmente que el disparo se efectúe.

¿Verdad que no es tan sencillo y rápido disparar una pistola? Pues claro que no, y es por ello por lo que a cualquier persona que conozca las armas y su manejo (como era el caso de Juanito) le resulte casi imposible equivocarse y que se le dispare una pistola sin querer. Una pistola se dispara cuando el que la maneja quiere y siempre que haya efectuado el protocolo de disparo antes señalado. Y una vez disparada, es muy difícil (prácticamente imposible) que el proyectil, sobre todo en los de pequeño calibre, se aloje en la cabeza de una persona causándole la muerte o daños irreparables si previamente el arma no ha sido apuntada con precisión a ese blanco humano, ya que el número de posibles líneas de tiro es sencillamente infinito. A no ser, claro está, que se dispare al albur contra una masa humana cercana.

Tanto es así que en mis cuarenta años de profesión militar no he conocido un solo caso, ni uno sólo, de que a un recluta, y mucho menos a un soldado veterano, se le disparase accidentalmente su arma y matara o causara lesiones graves a un compañero. Ni un solo caso, jamás, y eso que he tenido más de veinte destinos en el Ejército español y la mayoría de ellos en unidades muy operativas o de élite. Únicamente, estando destinado como jefe de Estado Mayor en la Brigada de Infantería de Zaragoza, fui testigo de un pequeño accidente doméstico cuando una bala se alojó en el suelo del salón de mi domicilio, ubicado encima del cuerpo de guardia, procedente del fusil CETME de un soldado que al pasar la correspondiente revista de armas tenía un cartucho en la recamara y al apretar el disparador, por orden expresa de su jefe, salió rauda en busca de mi modesta persona (o de alguna otra de mi familia) con un ángulo de tiro de 90 grados. Pero este disparo fortuito (que por ocurrir escasos días después del famoso 23-F provocó de inmediato en mi esposa un desgarrador alarido de pánico comparable, sin duda, al lanzado por los señores diputados en el Congreso cuando Tejero se lió a tiros con el techo del hemiciclo) de accidente no tuvo nada, sino de viciosa práctica común de los segundos jefes de las guardias de prevención de los cuarteles de toda España que, como malsana y antirreglamentaria norma, después de pedir a sus soldados que quitaran el cargador de su arma ordenaban a continuación apretar el gatillo para asegurarse expeditivamente que ninguno de ellos se iba al dormitorio con un cartucho en la recamara de su fusil de asalto.

Lo que sí he conocido, por supuesto, y muchas veces de cerca, han sido bastantes casos de suicidios, homicidios, asesinatos y lesiones irreversibles causadas por reclutas, soldados, e incluso mandos, en la persona de algún compañero o superior (normalmente con una estrecha relación con ellos) que en principio fueron presentados por sus jefes más inmediatos como «desgraciados accidentes» en el curso de la limpieza del arma o jugando con sus compañeros y, que, tras unas someras investigaciones decretadas por la superioridad, devinieron enseguida en acciones delictivas premeditadas y preparadas de antemano por el causante de la desgracia. Pero siempre, para preservar el honor y el buen nombre de la Institución castrense y paliar en lo posible el dolor de los deudos de las víctimas, seguirían siendo consideradas, a pesar de la investigación realizada, como desgraciados «accidentes laborales» sin responsabilidad alguna para sus causantes.

Hasta tal punto ha sido tan común esta práctica en el Ejército español (que, por cierto, continúa con ciertos matices en nuestros días) que, ya como norma, tras un hecho tan lamentable como el que estamos tratando, con resultado de muerte, los mandos intermedios involucrados en el mismo (coronel, teniente coronel…), ante la previsible reacción del general de turno, optaban siempre, de entrada, por apuntarse a la teoría del accidente, presentándolo a los medios de comunicación y a la sociedad como un hecho desgraciado, fortuito y totalmente imprevisible ante el uso por los soldados de armas cada vez más peligrosas, sofisticadas y de difícil manejo.

Pero, obviamente, esto no es así, ni mucho menos. Las armas de fuego las cargará el diablo, según el conocido dicho popular, pero son muy seguras en su manejo si el que las utiliza tiene unos elementales conocimientos de las mismas y cumple a rajatabla los protocolos y órdenes para su uso. Las pistolas, por ejemplo, disponen de dos, tres, y hasta cuatro seguros, para evitar que puedan dispararse al azar y es prácticamente imposible, en líneas generales, que esto ocurra pues para llegar al disparo, repito, hay que cumplir religiosamente con toda una serie de acciones previas sin las cuales la apertura de fuego nunca se producirá. Concretamente, en el caso que nos ocupa de la pequeña pistola en poder del entonces cadete Juanito (rey de España, después), en marzo de 1956, alguien tuvo que cargarla, montarla, desactivar los seguros de que disponía (salvo que hubiera sido manipulada), apuntarla a la cabeza del infante Alfonso y, por último, apretar el disparador con suficiente fuerza y determinación para vencer el muelle antagonista del que está dotado y que presenta dos resistencias o pasos sucesivos para que, al final del segundo, se produzca el golpe del percutor sobre el fulminante del cartucho y con ello, el letal disparo.

Prácticamente es imposible, vuelvo a insistir, que sin querer, sin que el que utiliza un arma esté dispuesto a dispararla, ésta entre en fuego. Yo por lo menos no he conocido ningún caso (los que llegaron a mí no resistieron la más somera de las investigaciones) de un accidente de verdad; y mucho menos a cargo de un soldado con instrucción básica de tiro, de un mando con instrucción superior o, como era el caso del príncipe Juan Carlos, de un caballero cadete de la AGM de Zaragoza con seis meses de instrucción intensiva. No quiero negar al 100% la posibilidad de que en Estoril ocurriera lo nunca visto y que, efectivamente, el diablo le jugara una mala pasada al díscolo Juanito de nuestra historia en forma de desgraciado o extraño accidente mientras se entretenía («jugaba», según el manido argot familiar) con su hermano disparando la pistolita de marras. ¡Por favor, un cadete del Ejército español, con 18 años de edad, jugando a pegar tiros de los de verdad en la habitación de su hermano pequeño! Pero en este caso existen abundantes indicios racionales, muy claros para un experto militar, que apuntan a lo contrario, a que el arma fue disparada a sabiendas de lo que podía ocurrir. Y que indefectiblemente ocurrió lo peor…

Las dos personas que intervinieron en este distinguido «juego de niños» de Villa Giralda (como lo denomina en sus Memorias Dª María de las Mercedes, condesa de Barcelona y madre de los «jugadores»), en marzo de 1956, no eran ya unos niños y, por supuesto, aquello no tuvo nunca nada de juego. Juan Carlos tenía ya (no me cansaré de repetirlo, pues todavía no me cabe en la cabeza como historiador militar que la persona que ha ocupado durante más de treinta años la jefatura del Estado español, bien es cierto que sin un mérito especial por su parte si hacemos abstracción de su nacimiento y de los intereses políticos del franquismo, cometiera semejante estupidez en su juventud y encima sin querer afrontar la responsabilidad consiguiente) 18 años bien cumplidos y era todo un caballero cadete de la Academia General Militar, un hombre con seis meses de instrucción académica (que incluye todo tipo de ejercicios de fuego real con armas de guerra mucho más sofisticadas que una simple pistola de 6,35 mm.) y otros seis de instrucción premilitar en el palacio de Montellano, donde, por lo menos en teoría, le darían clases de tiro sus profesores militares. El infante Alfonso tampoco era un niño, tenía 14 años y una inteligencia privilegiada. Había dado muestras hasta entonces de una gran estabilidad emocional y suma prudencia, por lo que era el preferido de su padre, el conde de Barcelona, que, según algunos de sus biógrafos, pensaba nombrarle en el futuro su heredero dinástico si su hijo mayor, Juan Carlos, cedía en demasía a los oropeles del franquismo y abandonaba la tutela paterna en busca de un atajo al trono de España. ¿Tendría esto último algo que ver con las extrañas circunstancias de su muerte? La historia dirá en su momento la última palabra. Seguro.

La pistola causante de la tragedia, para más inri, había vuelto a poder de Juanito el mismo día de autos en contra de las instrucciones de su padre que había «decretado» su guardia y custodia bajo llave en un secreter del salón de la casa, ante la irresponsabilidad manifiesta de su propietario que se había dedicado, en las jornadas precedentes al luctuoso hecho de Jueves Santo, a efectuar ejercicios de fuego real por las calles cercanas a su domicilio. Concretamente el día anterior, Miércoles Santo, los dos hermanos habían tomado como blanco de sus «juegos» las farolas de alumbrado público de su propia calle. Todo un despropósito se mire como se mire.

Pero la pistola, la tarde en la que murió Alfonso, fue cargada por el diablo o por el propio Juan Carlos, ya que el arma era de su propiedad y su hermano no tenía por qué conocer su manejo. Asimismo, la pistola, con toda seguridad también, sería montada por Juanito que, lógicamente, ejercería en estos «juegos» como propietario y como militar profesional que era, de maestro de ceremonias. La teoría de que una bala podía estar ya alojada con anterioridad en la recamara y precipitar anómalamente el disparo fatal, no se puede sostener ante experto alguno pues un seguro (un diente metálico situado en la parte superior de la corredera de prácticamente todas las pistolas que se fabrican en el mundo) alerta claramente si la recamara está ocupada y, además, por esa sola causa no podía desencadenarse el disparo fortuito.

Por otra parte, la pistola la tenía en su poder Juan Carlos desde el verano de 1955, en el que la recibió como regalo por su ingreso en la Academia Militar de mano del conde de los Andes, según todos los indicios. Al incorporarse a ese centro militar, el 15 de septiembre de ese mismo año, seguía con ella pues algunos de los cadetes de aquella época recuerdan que «fardaba» de su posesión ante sus congéneres del «clan Borbón». Y no sólo era propietario de la pistolita de marras, sino también de una preciosa carabina calibre 22 que despertaba la envidia de alumnos y profesores. No conviene olvidar, por otra parte, que el infante, como ya he reiterado una y otra vez a lo largo del presente trabajo, había realizado ejercicios de fuego real con toda clase de armas portátiles durante sus seis primeros meses en la Academia Militar, incluidas pistolas de 9 mm largo, por lo que sin ningún temor a exagerar, tras dos trimestres de «mili especial» como la que realizaban los cadetes españoles de la AGM en la década de los 50, era todo un experto en armas cuando se incorporó de nuevo a la casa paterna a últimos de marzo de 1956.

Incluso había realizado ejercicios de fuego real con su propia pistola. Previsiblemente en el propio campo de tiro de la Academia, durante sus ratos libres, ya que era un entusiasta del tiro y no faltó nunca a un ejercicio de fuego de instrucción o de combate con ningún tipo de arma, igual que no dejó de asistir jamás a las clases de equitación (los caballos eran otra de sus aficiones preferidas) y a las de practicas de conducción de vehículos militares, actividad que también le obsesionó mientras estuvo en Zaragoza.

***

Como he señalado hace un momento, algunos historiadores han especulado con el tipo de arma que realmente mató al infante Alfonso, haciendo referencia a que podía haber sido un revólver de calibre 22 e, incluso, una pistola de ese mismo calibre. Esta posibilidad, aún no siendo determinante en el proceso de clarificación histórica en el que estamos inmersos (ya que cambia muy poco las circunstancias y las responsabilidades de aquél luctuoso hecho), no tiene muchas probabilidades de ser cierta. En primer lugar porque la propia madre de Juan Carlos en sus Memorias, como también he señalado, menciona «una pequeña pistola de 6 mm que los chicos habían traído de Madrid» (el calibre de 6 mm no existía entonces como tal, siendo el menor que se encontraba en el mercado el de 6,55 mm). En segundo lugar porque los revólveres, y todavía más los de calibre 22, no se encontraban tan fácilmente en la España de la época. Las armas ligeras que se usaban (y se vendían, incluso en el mercado negro) eran mayoritariamente de las marcas Star, Astra y Llama, de calibres 6.35. 7,65, 9 mm corto y largo, siendo normalmente los calibres más pequeños (6,35 y 7,65) los utilizados por militares y miembros de las fuerzas de seguridad para su defensa personal (como armas de su propiedad) y los superiores (9 mm corto y sobre todo, largo) los reglamentarios en cuarteles y unidades operativas. Y en tercer lugar porque ningún cadete que coincidiera con Juan Carlos en sus años de Academia en Zaragoza ha hablado nunca de que viera un revólver en sus manos y sí, y muchos, de la pistolita que guardaba el Borbón como un auténtico tesoro y que exhibía ante sus amigos a todas horas. Por todo ello, es mucho más plausible y lógico que fuera una pequeña pistola de 6,55 mm, propiedad del infante Juan Carlos, la que acabó, muy certeramente por cierto (pues no es nada fácil matar a una persona con un solo disparo de ese pequeñísimo calibre), con la vida del infante Alfonso de Borbón.

Y sigamos con las consideraciones sobre las tres hipótesis que anteriormente he sacado a colación como las más representativas de la cortina de humo levantada en su día por familiares, amigos y periodistas de cámara de la familia Borbón, para tratar de explicar la muerte violenta a consecuencia de un disparo de uno de sus miembros más jóvenes, inteligentes y prometedores. La segunda de las mencionadas hipótesis (propalada incluso por el propio Juan Carlos que, al parecer, se la sugirió a su amigo portugués Bernardo Arnoso) habla de que el cadete Juanito, que tendría lógicamente en su mano derecha la pistola cargada y montada en el momento del disparo fatal, «apretó el disparador de la misma creyendo que estaba descargada y la bala rebotó en una pared y fue a incrustarse desgraciadamente en la cabeza de su hermano Alfonso causándole la muerte instantánea» Esta justificación, venga o no venga del propio protagonista de la tragedia, es sencillamente ridícula. No se la puede creer nadie que sepa algo de armas de fuego y de teoría del tiro. Un pequeño proyectil, procedente de un cartucho de 6,55 mm (y lo mismo ocurriría si se tratara de un calibre 22) que ha sido disparado con la pistola correspondiente, no tiene la suficiente fuerza cinética para impactar en una pared de una habitación y seguir después en una nueva trayectoria hacia sabe Dios dónde. Es más, aunque el ángulo de incidencia con la pared fuera extremadamente pequeño, de muy pocos grados, y en consecuencia, más factible de que esto pudiera ocurrir, la bala seguiría con un ángulo de salida de la pared tan pequeño que no le permitiría separarse mucho de ella, a lo sumo unos pocos centímetros, con lo que nunca podría buscar un nuevo blanco que no estuviera en la propia pared o muy cercano a ella; y, desde luego, con una fuerza de penetración muy reducida, cercana a cero. Eso contando con que el ángulo de incidencia sea casi plano, lo que es muy difícil que ocurra disparando el arma desde el centro de una habitación. Si el proyectil, como es lo más normal, hubiera llegado a la pared con un ángulo de incidencia cercano a los noventa grados, habría entrado en la misma, pero nunca hubiera salido. No hubiera tenido fuerza residual suficiente para traspasar el muro de la habitación y penetrar en la contigua, y mucho menos aún para volverse a buscar la cabeza del desgraciado infante Alfonso. Así de claro y así de sencillo. O sea que de posible rebote de la bala que presumiblemente disparó Juan Carlos de Borbón, nada de nada. No se lo puede creer nadie.

Y tampoco se puede creer nadie, medianamente constituido intelectualmente, lo contemplado por la tercera hipótesis, esa de la inoportuna salida del Senequita de su habitación en busca de viandas para los dos «jugadores» y que propicia que a la vuelta asome inoportunamente la cabeza por la puerta y se la vuele su hermano (sin querer, claro) de un certero disparo tras recibir un golpe en el brazo. Este guión es más propio de una mala novela negra o de espías que del vivido por los protagonistas de aquél desgraciado evento, en la recogida Villa Giralda de los años 50. Aunque en este caso, de haberse producido todo como recoge esta hipótesis (sugerida por Pilar, hermana de Juan Carlos, a la escritora griega Helena Matheopoulos), la realidad hubiera superado de nuevo a la ficción pues ni el mismísimo Ian Fleming hubiera sido capaz de proponer algo tan inverosímil, para que su famoso personaje James Bond, manejando una ridícula pistolita de 6.35 mm, mandara sin querer al otro mundo de un solo disparo en la cabeza al despistado enemigo que, pretendiendo sorprenderle en su habitación, le golpeara el brazo con tan mala fortuna que provocara tan anómalo accidente. ¡Demasiado incluso para el sagaz agente 007 de Su Majestad Británica! Pero parece ser que no, si hacemos caso a Dª Pilar, para el «francotirador de Estoril», su hermano Juanito (el terror de los vecinos de Villa Giralda en aquella Semana Santa portuguesa de 1956) que, después de dejar a oscuras con su pistola todas las calles de los alrededores, tuvo esa mala suerte de que su hermano le golpease el brazo y una inoportuna bala se cobrase sin más su vida.

A la vista de todo lo que acabo de exponer, supongo que el lector ya se habrá hecho su composición de lugar con respecto a las tres hipótesis de trabajo que estamos analizando. Y también que no habrá dudado en poner un claro suspenso a cada una de ellas. Pero si es así, lo lógico también es que a continuación se haga la siguiente consideración: De acuerdo, estos tres supuestos sobre las circunstancias en que se desarrolló la extraña muerte de Alfonso de Borbón no son de recibo, pero entonces… ¿Qué nueva hipótesis sería la más plausible, la que más posibilidades tendría de ser cierta, la que después de un análisis serio y desapasionado podría considerarse como más aceptable? Pues, amigo mío, empecemos por la que el propio conde de Barcelona planteó con desgarro escasos segundos después de la tragedia, cuando le espetó a la cara a su hijo Juan Carlos: «Júrame que no lo has hecho a propósito». O sea, hablando en plata, la hipótesis de que el cadete Juanito descerrajara un tiro en la cabeza a su hermano «a propósito».

Algún lector quizá pueda empezar a rasgarse las vestiduras en este punto, pero yo le pediría un poco de paciencia. Si un padre, ante un hecho de tanta gravedad como el que estamos considerando, en un apresurado análisis de la situación en el que su subconsciente toma evidentemente la delantera, cree posible que su hijo mayor haya matado «a propósito» a su hermano disparándole un tiro en la cabeza, no cabe duda de que existe, ya de entrada, una razón de peso para que ciertas personas, fuera del círculo familiar del presunto homicida y que además tenemos como profesión analizar desde la más completa independencia los hechos históricos, podamos arrogarnos la potestad de estudiar y considerar tamaña hipótesis de trabajo, por dura y escandalosa que ésta pueda parecer a multitud de ciudadanos españoles de buena fe. Teniendo en cuenta, además, que los que tenían que haber tomado sobre sus espaldas desde el primer momento ese trabajo (la policía y los jueces portugueses) no lo hicieron en absoluto a pesar de que abundantes indicios racionales apuntaban a una clara responsabilidad penal del infante Juan Carlos. Por lo menos, por negligencia e imprudencia temeraria con resultado de muerte. Pero quizá también ¿si su padre no desechó en principio esa posibilidad, por qué tenían que hacerlo los jueces y policías portugueses?, por homicidio e incluso asesinato. ¿Por qué no se investigó esta hipótesis? ¿Por qué no se le hizo la autopsia al cadáver de Alfonso? ¿Por qué don Juan tiró la pistola al mar? ¿Por qué tanto secreto y tanta oscuridad al cabo de tantos años…? ¿Quiso Franco, en connivencia con las autoridades portuguesas, preservar la imagen y la propia vida de la persona que tenía en cartera como heredero y futuro rey de España?

Bueno, pues como acabo de señalar que existían (y existen) abundantes indicios racionales que apuntaban (y apuntan) a una clara responsabilidad penal del infante Juan Carlos en la muerte de su hermano menor Alfonso, voy a continuación, para cerrar ya este análisis personal de los hechos, a resumir los más importantes:

1º El cadete Juan Carlos de Borbón conocía, en marzo de 1956, el manejo y uso en instrucción y combate de todas las armas portátiles del Ejército de Tierra español.

2º Había realizado ejercicios de fuego real con todas ellas con arreglo a la cartilla de tiro correspondiente a un caballero cadete de 1º curso de la Academia General Militar.

3º Conocía, pues, muy bien el manejo de las pistolas de 9 mm largo reglamentarias en las Fuerzas Armadas españolas.

4º Con mayor motivo debía conocer el uso y manejo de la pequeña pistola de 6,35 mm (o de calibre 22) de la que era propietario y con la que había efectuado (la última vez, el día anterior al triste suceso) numerosos disparos.

5º Conocía, asimismo, los protocolos de actuación que marcan los reglamentos militares para el uso, limpieza, desarmado, armado, equilibrado, preparación para el disparo… etc., etc., de cualquier arma portátil y en particular todas las precauciones que debe tomar un profesional de las armas antes de efectuar un disparo de instrucción o combate.

6º Resulta inconcebible que todo un caballero cadete de la AGM (una de las mejores Academias Militares del mundo en su momento) con 6 meses de instrucción militar intensiva y con numerosos ejercicios de tiro de instrucción realizados, no tomara las elementales medidas de seguridad (activación de los seguros de la pistola y comprobación de la existencia o no de cartucho en la recamara) antes de proceder a manipular su pistola en presencia de su hermano pequeño.

7º ¿Qui prodest? ¿A quién pudo beneficiar la muerte del infante don Alfonso? Ni la policía judicial portuguesa ni la española (civil o militar) investigaron nada en relación con la extraña muerte del infante Alfonso de Borbón a pesar de que D. Jaime, jefe de la Casa de Borbón, pidió una encuesta judicial sobre la muerte de su sobrino. Pero por otra parte, del mero análisis político y familiar del entorno de los Borbones se desprende que la desaparición física del hijo menor del conde de Barcelona benefició y mucho, las expectativas de su hermano Juan Carlos de cara a ocupar en su día el trono vacío de España. De no haber muerto Alfonso, esas expectativas habrían caído en picado pues, según bastantes prohombres del entorno de don Juan, éste barajaba ya (en la época en la que sucedió la inesperada desaparición de su hijo) la posibilidad de nombrar al Senequita su descendiente preferido, heredero de los derechos dinásticos de la familia en detrimento de los del hijo mayor. Además, de vivir Alfonso, su sola presencia física hubiera constituido en sí misma una baza muy importante en manos del conde de Barcelona en su tenaz lucha con el dictador para conseguir que el futuro rey de España fuera él y no su hijo Juan Carlos. Existía también la posibilidad de que, tras el enfrentamiento entre éste y su padre por la asunción sin condiciones por parte del primero de las tesis franquistas, don Juan hubiera presionado a Franco a favor de su hijo Alfonso como futuro heredero de la jefatura del Estado español a título de rey.

8º ¿Sólo la casualidad puede explicar el insólito hecho de que el pequeño proyectil de 6,35 mm (o calibre 22), que en el caso de impacto directo en la bóveda craneal de don Alfonso hubiera tenido muy pocas posibilidades de traspasarla dada su pequeña entidad y la escasa fuerza propulsora inicial, buscase el único camino expedito (las fosas nasales) para alcanzar el cerebro sin problemas y causar la muerte? Resulta increíble, por las prácticamente nulas posibilidades de que una cosa así pueda ocurrir en un disparo accidental, que la bala asesina penetrara de abajo a arriba por la nariz del infante (hecho éste generalmente admitido por los poquísimos biógrafos y escritores que se han permitido analizar el tema) en base exclusivamente al azar o la mala suerte. La previsible trayectoria del disparo, para que esto pudiera ocurrir, resulta tan forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro, sin influencia alguna del tirador.

9º Juan Carlos de Borbón (repitámoslo una vez más) no era en marzo de 1956 ningún niño, como la domesticada prensa del franquismo dejó caer, una y otra vez, en los meses siguientes al sospechoso «accidente», sino todo un caballero cadete de la AGM. Era, pues, un hombre que se afeitaba todos los días, un militar profesional a todos los efectos que había jurado bandera en diciembre del año anterior y que realizaba los estudios y prácticas necesarias para acceder en su día a la categoría de teniente del Ejército español. ¿Por qué entonces, ante la extraña muerte de su hermano Alfonso (en unas circunstancias que le involucraban directamente, ya que aquélla se había producido por un disparo efectuado con un arma de su propiedad y estando a solas con él), no se produjo de inmediato la apertura del reglamentario expediente investigador militar, al margen del que pudieran incoar la policía y la justicia lusas, al objeto de depurar sus presuntas responsabilidades penales? Conviene resaltar que en el caso de un miembro de las Fuerzas Armadas que mata a un civil con su arma, éstas están sujetas a fuertes agravantes, si se demuestra que no adoptó las correspondientes medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego que contemplan los reglamentos militares y que, obviamente, deben conocer a la perfección todos aquellos que visten un uniforme militar.

En este caso del cadete Juan Carlos de Borbón no se abrió investigación militar alguna, ni tras conocerse (por los medios de comunicación extranjeros) las extrañas circunstancias en que se había desarrollado la trágica muerte del infante Alfonso y las presuntas y claras responsabilidades del primogénito del conde Barcelona. Nadie ordenó la incoación del oportuno procedimiento judicial castrense contra su persona.

***

Juanito permanecería en la Academia General Militar de Zaragoza hasta el verano de 1957, en el que con el título de caballero alférez cadete del Ejército de Tierra y tras dos años de estancia en tan riguroso centro de enseñanza militar, se iría de vacaciones, como todo hijo de vecino, primero con su novia oficial de entonces, María Gabriela de Saboya, y, después, con su amiguita del alma y del cuerpo, la condesa Olghina de Robilant. Su segundo, y último, año en la Academia zaragozana sería especialmente movido en el terreno personal, al decir de sus compañeros de centro, pues «su alteza» (como le llamaban todos por imperativo jerárquico, a excepción del clan borbónico, que le rodeaba como una piña), no se sabe si para olvidar el trágico «accidente» de Estoril o, precisamente, por no poder olvidarlo, se dedicó todo ese segundo curso académico a vivir su vida, a disfrutar todo lo posible de los placeres mundanos y a tomar la Academia militar en la que residía como base de partida para sus correrías festivas de fines de semana y fiestas de guardar; o sea, a la práctica abusiva y sin control del famoso «sábado, sabadete» cadeteril.

En septiembre de 1957, el ya alférez Juan Carlos de Borbón se incorporaría a la Escuela Naval de Marín para realizar un curso con los cadetes de 5º curso de ese centro castrense. Parece ser que, después del tórrido verano con cruceros y fiestas de todo tipo, acudió ya más calmado en sus ímpetus juveniles a la llamada del deber pues sus compañeros de aquella época no recuerdan expresamente que el infante (metido ahora a marino de guerra por deseo expreso del inefable caudillo ferrolano) hiciera una vida fuera de lo normal para ya todo un alférez de 3º curso. Los fines de semana permanecía indefectiblemente, eso sí, en paradero desconocido y durante las jornadas lectivas tampoco es que se dejara ver mucho por aulas y gabinetes de estudio, aunque eso sí, nunca se ausentó de un acto oficial o formación académica que tuviera resonancia en los medios de comunicación para salir en las fotos de rigor.

Así no podía faltar, y no faltó, al famoso crucero alrededor del mundo que en enero de 1958 emprendieron los componentes de su curso a bordo del airoso velero Juan Sebastián Elcano, y que lo tendría embarcado (y tranquilo) por espacio de casi cinco meses. Con esta excursión marítima global (que quizá fue el inicio de su pasión desmedida por el deporte de la vela) terminaría prácticamente su compromiso con la Escuela Naval, una estancia demasiado corta, protocolaria y deportiva que no parece ser le aportara muchos conocimientos navales ni mucha afición por la «mar oceana» como la que siempre evidenciaron tanto su padre (elevado después de su fallecimiento a la categoría de almirante de la Armada española por deseo de su augusto hijo, ya rey de España) como su malogrado hermano, el inteligente Senequita.

Por último, y para acabar con su periplo por las diferentes academias castrenses y convertirse así en un singular militar interdisciplinario de provecho, como quería su protector Franco, Juan Carlos de Borbón aterrizaría (nunca mejor dicho) en la Academia General del Aire de San Javier, en septiembre de 1958. Su objetivo era permanecer allí todo el curso académico 1958-59, hacerse con el título de piloto del Ejército del Aire español y regresar después a Zaragoza para efectuar un último período académico de conjunto y recibir al fin el despacho de teniente.

Pero en la Academia de San Javier tampoco es que se desviviera por aprender mucho y portarse como un cadete más el bueno del alférez Juanito. Según algunos compañeros de entonces, generales en la reserva en la actualidad, llevaba una vida de invitado de lujo. Apenas hacía nada por sí mismo y las órdenes procedentes «de arriba» (que exigieron, en principio, su graduación como piloto de guerra con todos los conocimientos y prácticas que hicieran falta), enseguida tuvieron que ser matizadas y sustituidas por otras mucho más pragmáticas que aceptaban ya el carácter simplemente honorífico y testimonial de las enseñanzas que el susodicho Borbón iba a recibir.

Uno de estos compañeros del flamante infante real llegó a manifestar a este investigador:

Era muy malo con los mandos, lo que se dice «un negao», muy descoordinado y sin visión alguna para el vuelo. Además, no digería adecuadamente las pocas lecciones teóricas a las que acudía. Sólo se le podía dejar unos segundos a los mandos de la avioneta de instrucción. En los meses que estuvo en San Javier apenas progresó nada, limitándose a volar con los mejores instructores en plan pasajero VIP.

Resulta pues totalmente ridículo que por parte del aparato de propaganda del Régimen franquista entonces (y después por las autoridades políticas de la transición) se pretendiera hacer llegar a la opinión pública española la falsa idea de que el príncipe Juan Carlos pilotaba personalmente los aviones en los que viajaba al extranjero o acudía, en España, a actos protocolarios o turísticos. La farsa se ha ido ampliando incluso a sus posibilidades como piloto de helicópteros de todo tipo, de guerra incluidos por supuesto, de cuya correcta conducción nunca ha tenido Juan Carlos de Borbón ni pajolera idea. Eso sí, siempre le ha gustado ocupar el asiento de copiloto de cualquier aeronave que transportara sus reales huesos y hacer el viaje «gozando» de las vistas desde la cabina; Con ello se ha dado pábulo a que los sumisos periodistas de cámara que siempre le acompañan, continúen, todavía a día de hoy, propalando a los cuatro vientos las increíbles dotes aeronáuticas del nuevo rey que tuvo a bien regalamos Franco antes de irse a los infiernos para siempre.

Por cierto, el Gobierno socialista lleva ya tiempo (y nos parece perfecto a muchos) enfrascado en la noble tarea de retirar de las vías públicas españolas todos los símbolos que recuerden al fenecido franquismo (estatuas ecuestres del autócrata, placas conmemorativas, dedicatorias de calles…). Sin embargo (y esto nos parece fatal a muchos), no dice nada del primero y más emblemático de todos esos símbolos franquistas: el rey Juan Carlos, heredero del sanguinario militar y que no tuvo reparo moral alguno en jurar los inamovibles Principios Fundamentales de su régimen, comprometiéndose a asumirlos y defenderlos aunque luego, gracias a un sorprendente ataque de democracia sobrevenida (y a pequeños intereses de su corona) propulsara una sacrosanta transición de conveniencia hacia un régimen de libertades en el que él, blandiendo ante los políticos el espantajo del Ejército franquista y con toda la información de los aparatos de Inteligencia del Estado y de las FAS a su servicio, pudiera mangonear el país casi tanto como su amado caudillo del alma. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo: ¡Fuera símbolos de la más sanguinaria dictadura que haya sufrido nunca este bendito país! Pero todos fuera. Absolutamente todos.

***

El príncipe Juan Carlos recibió su despacho de teniente del Ejército español el 12 de diciembre de 1959. El 23 de julio de 1969, diez años después, sería nombrado sucesor del jefe del Estado, a título de rey, y ascendido por decisión testicular del dictador a general. El «espadón» gallego tendría así lo que quería: Un militar, un general amamantado a sus pechos que pudiera recoger el testigo de su deleznable dictadura castrense. Y así sucedería en realidad, pues su régimen no pereció como muchos ingenuos aún creen con la promulgación de la Constitución del 78.

Hablamos de una Carta Magna pactada, consensuada, corregida y autorizada por el Ejército franquista y por las fuerzas más poderosas del antiguo sistema que montarían el «teatrillo del cambio» para que nada cambiara en realidad en este país. Sí, los españoles podemos votar cada cuatro años unas listas electorales cerradas y bloqueadas, confeccionadas por los aparatos de unos partidos que comen del pesebre del poder, del mismo poder de siempre… Pero de auténtica libertad, verdadera democracia, real soberanía del pueblo… muy poco todavía, casi nada. Habrá que esperar un poco más para que el «soberano» pueblo español pueda ser eso, soberano (sin comillas) y recobrar todos sus derechos perdidos. Tengamos paciencia. Estamos en el buen camino.

Ahora sigamos, en otro capítulo, con la vida y milagros del, de momento, teniente Juanito.

3
LA CORONA ESPAÑOLA BIEN VALE UNA MISA

—La etapa universitaria del teniente Borbón. —Sus aventuras amorosas. —Su sorprendente boda con la recatada Sofía. —Su designación como heredero de Franco a título de rey. —Su ascensión al trono. —La defenestración de Arias Navarro.

Terminados con aprovechamiento (es un decir) los estudios militares del cadete Juanito y ya con los tres uniformes de teniente del Ejército de Tierra, alférez de fragata de la Armada y teniente piloto del Ejército del Aire en el fondo de su armario (a Franco, con estudios castrenses muy elementales, no se le ocurrió la idea de hacerle también por la brava diplomado de Estado Mayor de los tres Ejércitos, lo que sin duda hubiera elevado ostensiblemente su futuro caché como militar coronado), se volvería a plantear en el entorno de don Juan, con toda su crudeza, el delicado tema de la formación integral del infante como aspirante a la Corona española.

El general Martínez Campos, con la preceptiva autorización de Franco y la aquiescencia, más o menos explicita, del conde de Barcelona, llevaba ya meses preparando la subsiguiente etapa universitaria de Juan Carlos (un ciclo de estudios semiprivados de dos años de duración) que estaba prevista se desarrollara en la Universidad de Salamanca, a cargo de un selecto plantel de profesores de dicho centro y con un grupo de ayudantes militares a su servicio. Por tener, hasta se tenía ya elegida la amplia y confortable vivienda que, después de que don Juan rechazara de plano el palacio de Monterrey que le habían ofrecido los duques de Alba, iba a servir de residencia al joven Borbón. El duque de la Torre había hablado ya de todo esto con el ministro de Educación del Régimen franquista, Jesús Rubio García Mina, con el ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, y también con el rector de la Universidad, José Beltrán de Heredia.

Pero las cosas se torcerían hasta extremos increíbles cuando el todavía preceptor del infante, que había acudido a Estoril, el 17 de diciembre de 1959, para entrevistarse con el conde de Barcelona, se reunió con éste en la mañana del día siguiente, en Villa Giralda, y sin darle demasiada importancia al asunto le explicó con todo detalle la visita que Juan Carlos le había girado a Franco tres días antes. El todavía pretendiente a la Corona de España, visiblemente molesto, reaccionó con dureza ante la noticia y en el curso de la tensa conversación que vino después llegó incluso a plantear al duque de la Torre la posibilidad de que su hijo no acudiera a Salamanca para continuar sus estudios. Martínez Campos protestó con firmeza de lo que, a su juicio, representaría un manifiesto abandono de los compromisos adquiridos. Además, dado lo adelantado que estaba todo, manifestó su deseo de no abandonar Estoril hasta que el asunto estuviera convenientemente resuelto.

Al día siguiente, 19 de diciembre, se produciría una nueva reunión entre el preceptor del infante y su padre, esta vez acompañados de varios miembros del Consejo Privado de don Juan (Juan Ignacio Luca de Tena, Pedro Sainz Rodríguez, Gonzalo Fernández de la Mora, Florentino Pérez Embid…). Tras una acalorada discusión, en la que el duque de la Torre llegó a amenazar a los presentes con un hipotético destino militar forzoso para el infante puesto que era un oficial del Ejército en activo, el también general dimitió irrevocablemente de sus responsabilidades con respecto a Juan Carlos de Borbón.

Este choque frontal entre don Juan y Martínez Campos, que acudió directamente a El Pardo para informar a Franco, desde el tren que le había llevado de vuelta a Madrid, tendría importantes consecuencias, tanto para el futuro del conde de Barcelona como para el de su primogénito. Ello fue así hasta el punto que muchos han creído ver en él una artera maniobra de determinados personajes del círculo de Estoril para, con la buscada dimisión del duque de la Torre, rebajar ostensiblemente el poder de Juanito en el entorno del autócrata y abrir nuevos e insospechados caminos a la candidatura de su padre. Objetivos éstos, que si de verdad existieron, no se cumplirían en absoluto pues Francisco Franco, tras estos lamentables hechos de diciembre de 1959 en la residencia privada de don Juan, consolidaría mucho más su convicción de que el tercer hijo varón de Alfonso XIII era una marioneta en manos de unos políticos radicalmente monárquicos y visceralmente antifranquistas. En consecuencia, sus posibilidades de ocupar algún día el trono de España caerían en picado tras la abrupta dimisión del general Martínez Campos.

El duro enfrentamiento de Villa Giralda, con el príncipe Juan Carlos y sus estudios universitarios en el centro de la diana, tendría al final una solución salomónica: Ni a la Universidad de Lovaina, con la que a última hora amagó don Juan (más que nada para incordiar a Franco), ni a la de Salamanca, (como había previsto el régimen), ni a la de Navarra, por la que apostarían a última hora determinados jerarcas del Opus Dei. El infante estudiaría por su cuenta en Madrid, acudiendo a determinadas clases en la Universidad Complutense y siendo asistido por un grupo de profesores elegidos a partes iguales entre partidarios de Franco, de don Juan y miembros simpatizantes del Opus. Entre ellos había nombres con gran prestigio profesional como Jesús Pavón, Antonio Fontán, Laureano López Rodó, Enrique Fuentes Quintana… etc., etc. Todos ellos actuaron bajo la dirección y supervisión de Torcuato Fernández-Miranda, profesor de Derecho Político.

Juanito residiría en la llamada Casita de Arriba de El Escorial (un pequeño palacete a prueba de bombas situado en las afueras del real sitio y acondicionado por Franco durante la Segunda Guerra Mundial por si necesitaba usarlo como refugio), hasta que estuviera renovado y en condiciones de uso el palacio de La Zarzuela, lugar elegido para su residencia oficial en la capital de España.

De entre el plantel de profesores que a partir de abril de 1960 empezaran a acudir a El Escorial para impartir clases particulares a Juan Carlos, el más asiduo y el que demostraría un interés más especial por su educación (y adoctrinamiento) sería siempre Torcuato Fernández-Miranda. Éste, con una puntualidad británica, llegaba todas las mañanas, durante meses, a la Casita de Arriba para transmitirle sus conocimientos en Derecho Político de una forma un tanto atípica para la época (sin libros, sin papeles, sin notas…), no desaprovechando ocasión alguna para hacer partícipe a su distinguido alumno de sus ideas en la materia (en aquellos momentos esencialmente franquistas, aunque con posterioridad evolucionarían claramente hacia la plena aceptación de una transición controlada a la democracia, de la que él mismo sería el promotor e insigne planificador) y mostrarle el camino que debería recorrer en los años venideros para, en primer lugar, conseguir su ansiada meta de teñir la corona de sus antepasados, y, después, lo que a su juicio le podía resultar mucho más difícil el mantenerla dentro de la convulsa España del posfranquismo.

Pero el corto interregno universitario del teniente Juanito, aunque casi totalmente privado, no le iba a resultar precisamente un camino de rosas, descubriendo sus pequeñas trampas en cuanto acudiera, más que nada para cubrir las apariencias y dar un cierto aire de oficialidad a sus estudios, a determinadas clases en la ciudad universitaria de Madrid. Cuando el 19 de octubre de 1960 hizo su entrada, por primera vez, en la Facultad de Derecho de la Complutense sería recibido con grandes gritos y abucheos del tenor de los siguientes: «¡Fuera el príncipe! ¡No queremos reyes idiotas! ¡Abajo el príncipe tonto!», fueron lanzados al aire por grupos de indómitos estudiantes capitaneados por falangistas y carlistas. Juan Carlos tendría que regresar precipitadamente a su residencia de El Escorial y permanecer recluido allí durante bastantes días, dado que la tensión generada en la Universidad con su visita, lejos de disminuir con su huida, no pararía de aumentar en las jornadas siguientes. Para atajarla, el régimen tuvo que echar mano de la JUME (Juventudes Monárquicas Españolas), cuyo líder, Luís María Ansón, después de negociar con las Falanges Universitarias de Martínez Lacaci, con la ASU (Asociación Socialista Universitaria) y hasta con algunas células comunistas clandestinas, especialmente beligerantes dentro de la Universidad, lograría por fin un cierto consenso para que el infante asistiera a algunas clases (muy pocas, ciertamente) como un estudiante más.

La etapa universitaria del teniente Borbón sería, pues, más bien protocolaria, insulsa desde el punto de vista académico, poco rentable intelectualmente para él, que apenas recibiría en sus dos años de duración unos meros retazos inconexos de un sinfín de materias a cargo de unos profesores designados a dedo. Es más, resultó hasta perjudicial desde el punto de vista psicológico y moral, ya que pasar, casi sin solución de continuidad, del ambiente de compañerismo y amistad en el que se había desenvuelto durante los cuatro largos años de permanencia en las tres Academias Militares españolas a la cartujana soledad del palacete de El Escorial y al degradado y hostil campus universitario madrileño (donde las luchas entre grupos o facciones eran moneda común en una época en la que las élites revolucionarias universitarias empezaban a plantar cara con todas sus consecuencias al franquismo) iba a representar para él un cambio personal muy profundo y, como es obvio, difícil de asumir psíquicamente.

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Para contrarrestar tan difícil y desagradable situación anímica, no le quedaría más remedio al bueno de Juanito que refugiarse, una vez más, en sus aventuras de fin de semana, en sus escapadas galantes, más o menos autorizadas (algunas fuera de España), y en sus vacaciones oficiales, en las que, para descargar adrenalina, darle gusto al cuerpo y seguir haciendo frente a sus fogosos genes hipersexuales borbónicos, debería buscarse nuevas amigas circunstanciales en el entorno madrileño y foráneo. No conviene olvidar que en la época que comentamos (segundo semestre de 1960 y primero de 1961) sus relaciones sentimentales de «toda la vida», tanto la más oficial con María Gabriela de Saboya como la más subrepticia y calenturienta con la condesa Olghina de Robilant, habían entrado ya en sendas fases de frialdad y estancamiento. La primera, por deseo expreso de Franco (que en los últimos años había advertido ya repetidas veces al infante que esa relación no tenía ningún futuro). La segunda decaía por agotamiento físico y moral de sus protagonistas, a lo que sumaria la entrada en escena de los progenitores de la liberal condesa que, después de la maternidad de su hija, creyeron ver una oportunidad única para sacar una buena tajada (económica fundamentalmente) de sus relaciones con el primogénito del conde de Barcelona, presunto padre de la criatura.

Pero como en las dictaduras, tarde o temprano, de todo se entera el autócrata, que para eso controla férreamente los poderosos servicios de Inteligencia del Estado, los detalles de las nuevas aventuras físico/sentimentales del único oficial de sangre azul en activo que hayan tenido nunca al alimón los tres Ejércitos españoles, el teniente Juan Carlos Borbón y Borbón, pronto empezarían a aparecer con pelos y señales (no en cintas de vídeo, como llegaría años después a los servicios de Inteligencia del Estado, siendo ya rey, su sonada relación pornosentimental con una conocida vedette española, que nos costaría a los contribuyentes españoles muchos millones de pesetas y que comentaremos con todo detalle en otro capitulo del presente libro) en la mesa de Franco. Éste, con su paciencia ya colmada y su alma de creyente al borde del pecado mortal por omisión, decidiría poner coto de una vez por todas a la descarada promiscuidad del nieto de Alfonso XIII que había elegido como delfín.

Aprovechando una de las frecuentes visitas que Juanito giraba a El Pardo para rendir pleitesía a su amo y señor, el autócrata le llamó a capítulo, le puso sobre la mesa las cartas que durante los últimos meses había ido enviando por valija diplomática a una amiguita brasileña que había conocido en Río de Janeiro durante su largo crucero en el Juan Sebastián Elcano y que habían sido interceptadas por la Embajada española en ese país, y le ordenó sin circunloquios (no ha trascendido si también en este caso le «mandó», acción autoritaria totalmente conexa con la anterior en una dictadura militar) que se dejara de aventuras, se buscara una novia formal de su clase y se casara cuanto antes. Evidentemente, el caudillo de España sentía una gran preocupación en aquellos momentos por el derrotero que había adquirido en los últimos meses la vida privada del muchacho y temía que entre unos (los profesores progresistas y liberales de la Universidad) y otras (el sinfín de deseables mujeres que pululaban a su alrededor y entre las cuales él parecía encontrarse muy a gusto) le «desgraciaran» completamente antes de poder proyectarlo al trono de España.

Y el áspero «ordeno y mando» castrense de Franco surtiría efecto de inmediato al margen de las preferencias sentimentales de un Juanito que muy pronto, con motivo de su propia boda, empezaría a recitar sin pausa de ninguna clase, día y noche, convenientemente españolizado, eso sí, aquél desvergonzado comentario que un rey francés soltó para la historia en relación con su París del alma: «La Corona española bien vale una misa» Y vinieron luego una boda sin amor, y una traición a su padre, y otra al dictador que le aupó al trono, y un perjurio, y un envío a galeras de algunos de sus más fieles validos de palacio, y un chapucero golpe de Estado, y el abandono de sus fieles generales cortesanos, y el pacto y la negociación fraudulenta con los enemigos que podían arrebatarle su corona, y una guerra sucia de los aparatos policiales del Estado contra la organización separatista ETA que se saldaría con 28 asesinatos… y decenas y decenas de decisiones tomadas desde las bambalinas del poder de turno, al margen de la Constitución y del poder soberano del pueblo.

Sí, antes de casarse, a principios de 1961, ya sabía Juan Carlos de Borbón que tendría que hacer muchas barrabasadas para ceñir la corona de sus antepasados y otras muchísimas más para conservarla… Pero no adelantemos todavía acontecimientos, que todo llegará. De momento, estamos en la fase prematrimonial de su vida, obligado a casarse, y pronto, porque así lo había decidido su valedor, su dueño, su caudillo, el hombre que algún día lo haría rey de todos los españoles, naturalmente… porque le salía de los testículos.

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Los casamientos en las familias reales (reinantes o no) siempre han representado un arduo problema para ellas (y también, en muchos casos, para sus pacientes súbditos presentes o futuros) que se juegan mucho en el arriesgado envite de tener que elegir consorte para sus vástagos. Pero en el caso de los Borbones, con las conocidas secuelas genéticas propias de esta familia adquiridas como consecuencia de la endogamia salvaje que han venido practicando durante siglos, y con una irrefrenable tendencia histórica a la promiscuidad y el libertinaje sexual por parte de sus miembros, preferentemente del sexo masculino (y en el que parece ser se basaron los insignes redactores del chabacano Diccionario cuartelero del Ejercito español (1945) cuando definieron al ciudadano medio que acudía a sus filas como «un señor bajito, siniestro, envidioso, permanentemente cabreado por su baja actividad sexual y cuyo cuerpo serrano estaba formado por dos únicos e indivisibles órganos: pene y portapene»), el problema se ha convertido en casi irresoluble.

Muy consciente de todo ello, la propia familia borbónica ha rebajado sustancialmente, en muchas ocasiones, el nivel de sus pretensiones conyugales en aras de poder «colocar» a todos sus miembros en edad de merecer, sobre todo las mujeres, que han debido renunciar a casarse con personas de sangre real. Tenemos ahí como ejemplo el caso de la hermana mayor del actual rey de España, la infanta Pilar (sí, aquella que después del desgraciado «accidente» en el que murió su hermano Alfonso dio a la publicidad la extraña hipótesis del «golpe en el brazo» al presunto homicida como desencadenante de la tragedia), que a los inconvenientes genéticos propios de la familia debía sumar un muy poco agraciado físico y un carácter extremadamente raro y desagradable. Todos los esfuerzos que desde Lausana haría su abuela paterna, Dª Victoria Eugenia de Battemberg por encontrarle un consorte regio (incluido el triste y reservado Balduino de Bélgica, que acabaría casándose con una de sus damas, la también triste y reservada, Fabiola de Mora y Aragón) resultarían infructuosos. Así las cosas, después de años y años esperando al príncipe de sus sueños en el aburrido Estoril de la aristocracia exiliada, la infanta Pilar conseguiría por fin llevar al altar al abogado Luís Gómez Acebo.

Y todavía le resultaría más difícil a la familia Borbón casar a la otra hermana de Juan Carlos, la infanta Margarita, ciega de nacimiento y muy infantil de carácter, que tras bastantes años de soledad, algunas anécdotas amorosas y varios noviazgos fracasados (su padre tuvo que reprenderla muy severamente en una ocasión porque pretendía escaparse del domicilio familiar con un amigo ocasional que había conocido horas antes y que resultó ser un ciudadano americano de inclinaciones sexuales nada convencionales) acabaría casándose con Carlos Zurita, un médico español totalmente desconocido y de sangre «rojilla», como el común de los mortales, vamos.

El matrimonio de Juan Carlos, a pesar de su juventud, su uniforme, su previsible futuro real y su gran éxito con las mujeres, iba a representar para los Borbones un reto todavía mayor que los afrontados con sus poco agraciadas hermanas, ya que en su caso no se podía renunciar, en principio, a una esposa de sangre real y existían muy pocas candidatas donde elegir al respecto.

Con bastantes posibilidades de ceñir en el futuro la corona de España y con una relación muy especial con el general Franco, que se había convertido de facto en su tutor y educador, la apuesta se presentaba compleja y difícil, pues sin duda eran muchos y muy importantes los condicionantes políticos que iban a pesar sobre ella. El primero y principal lo representaba el hecho de que prácticamente iba a resultar imposible que el infante eligiera a una futura consorte que no fuera del completo agrado del autócrata. Éste, curándose en salud, ya había manifestado sus deseos y dado precisas instrucciones al entorno de Juanito, formado por Nicolás Cotoner y Cotoner, marqués de Mondéjar, virtual jefe de su Casa en detrimento del fantasmal duque de Frías que en teoría ostentaba ese título, y Alfonso Armada, secretario de la misma.

La primera candidata a considerar, una vez que el dictador se había decantado por la pronta boda del príncipe, a mediados de 1960, era sin duda su hasta entonces novia oficial, la princesa María Gabriela de Saboya, nieta de Víctor Manuel II e hija de Humberto, eterno aspirante al trono de Italia y exiliado con toda su familia, como los Borbones, en Portugal. Juan Carlos y Gabriela se conocían desde su más tierna infancia, siempre habían salido juntos y nadie era capaz de precisar el momento exacto en el que ambos decidieron pasar de la categoría de amigos a la de novios formales. Parece ser que fue en el verano del año 1954, aprovechando uno de aquellos «celestinescos» cruceros por las maravillosas islas griegas a bordo del yate Agamenón, que periódicamente organizaba la reina Federica de Grecia para facilitar las relaciones entre los cada vez más escasos miembros de la realeza europea en edad de merecer pareja. Y parece ser que en este caso concreto sí las facilitaría pues, según medios informativos de la época, aunque Juanito y Gabriela eran entonces unos adolescentes, con tanto balanceo babor-estribor y tanto cabeceo proa-popa se debió producir algún fortuito encuentro espermo/ovular entre los cuerpos serranos de ambos jóvenes, con el resultado que era de esperar nueve meses después. Los supuestos y jóvenes padres, como es lógico, nunca comentarían nada al respecto, pero seguirían con su recién iniciado romance. Concretamente, en 1955, se les vería de nuevo juntos en el palacio de Montellano de Madrid, donde el infante se preparaba para ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza; y más tarde, durante su permanencia en ese centro castrense (1955-57), serían varias las ocasiones en las que Gabriela acudió a la capital maña para estar algunas horas con su fogoso novio.

El conde de Barcelona nunca vio con malos ojos esta apasionada relación sentimental de su hijo y hasta estuvo a punto de anunciarla oficialmente a bombo y platillo en 1956, pero la desgraciada muerte de su hijo Alfonso trastocaría todos sus planes. Por el contrario, Franco, a quien nunca le cayeron bien las escandalosas vicisitudes familiares de los Saboya y, sobre todo, la fama de bisexual de Humberto, siempre tomó esa relación como un pasatiempo erótico del infante sin posibilidad alguna de terminar en algo serio. Por eso cuando decidió, en 1960, a título personal (como haría nueve años después en orden a elegirlo para sucederle a título de rey) que Juan Carlos debía casarse, y pronto, la princesa María Gabriela sería una de las primeras en ser apeada abruptamente de la lista de posibles candidatas a acompañarle al altar, sin que su eterno novio tuviera otra opción que la de edulcorar convenientemente la ordenada ruptura.

También tendría que romper definitivamente el fogoso Juanito con su otro largo y apasionado amor, el que representó durante casi cuatro años la condesa Olghina de Robilant, quien a pesar de que su amante le había dejado claro desde el principio que su relación jamás podría terminar en boda, mantuvo siempre sus esperanzas matrimoniales y hasta se permitió el lujo, en determinados momentos, de sacarle a colación sus antecedentes aristocráticos familiares, comparables, según ella, a los de la regia familia Saboya. La relación con la condesa, que había entrado en una etapa fría y distante a finales de 1959 (que alcanzaría su máximo distanciamiento a mediados del año siguiente, cuando ella le comunicara el alumbramiento de su hija Paola), sería totalmente cortada de raíz por las presiones de Franco y por el peligro cierto de que la despechada Olghina se presentara un buen día en Estoril, con su hija en brazos, pidiendo a gritos el tácito reconocimiento de la misma por parte de Juan Carlos.

Pero aunque el atosigado Juanito aclarara con ambas rupturas sentimentales (auspiciadas, como decimos, por el dictador) su horizonte matrimonial, éste no lo tenía despejado, ni mucho menos, dada la persistente renuencia de las viejas casas reales europeas a emparentar con los Borbones, la conocida indigencia en la que se debatían los mismos y, sobre todo, el largo y difícil camino que todavía tenía que recorrer para llegar algún día al trono de España. Por ello, ante las extremadamente frías relaciones con su familia después de la nueva claudicación de su padre, permitiendo el regreso de su hijo a Madrid para que siguiera su educación a la vera del caudillo, no le quedó más remedio al futuro contrayente que buscar en los militares de su entorno (Mondéjar y Armada) la ayuda necesaria para solventar la difícil papeleta matrimonial que tenía por delante; que debería respetar siempre el gusto del autócrata pues la aprobación de su progenitor la tenía asegurada y, en última instancia, no le importaba demasiado. Esa ayuda necesaria le sería prestada de inmediato, con absoluta fidelidad, por el marqués de Mondéjar (tras la boda, éste sería nombrado jefe de la Casa del Príncipe, en sustitución del duque de Frías), pero, sobre todo, por el entonces teniente coronel Armada, secretario personal suyo, quien muy pronto se convertiría en el muñidor entre bastidores de su sorprendente noviazgo con la princesa Sofía de Grecia, en el artífice de la aprobación del mismo por parte del generalísimo y, en definitiva, en el máximo responsable de la boda real que tendría lugar en Atenas el 24 de mayo de 1962.

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Juan Carlos había conocido a Sofía en el verano de 1954, en el curso del crucero por las islas griegas a bordo del yate Agamenón ya comentado líneas atrás, pero en aquella ocasión, como ya conoce el lector, los ojos del príncipe estuvieron puestos día y noche en la jovencísima Gabriela de Saboya, de la que no se separó un solo segundo en toda la travesía.

La pareja volvió a verse cuatro años después en el castillo de Althausen, en Alemania, con motivo de la boda de una hija de los duques de Witemberg. En este encuentro el infante iba ya acompañado de Alfonso Armada, quien más tarde, en su famoso y exculpatorio libro sobre el 23-F Al servicio de la Corona, dejaría constancia de la gratísima impresión que, por su belleza, su gentileza y la esbeltez de su figura, le produjo entonces la princesa griega. Pero a pesar de que ambos jóvenes estuvieron toda la velada bailando juntos, no parece que surgiera entre ellos nada de especial relevancia, entre otras razones porque Sofía estaba en aquellos momentos, al decir de los cronistas rosas de la época, muy enamorada del príncipe Harald de Noruega, heredero del trono de ese país, con el que mantenía un largo idilio no oficial, de más de dos años de duración, y que, según parece ser, no llegó a cristalizar en boda por la cicatería económica del Gobierno griego para con el rey Pablo, al que sólo concedió la mitad de los 50 millones de francos que había solicitado como dote de su hija. Harald rompió su platónico compromiso con Sofía y se casaría, unos años después, y muy enamorado, con una señorita «proletaria» de su propio país, Sonia Haraldsen, dejando absolutamente desconsolada a la que luego se convertiría en una «muy profesional» reina de España.

El primogénito de don Juan de Borbón y Sofía volvieron a coincidir en el año 1960 en otro evento real (en este caso la boda de la «princesa» Diana de Francia con el heredero de los duques de Witemberg), que tuvo lugar en el mismo castillo alemán de Althausen. Se saludaron cortésmente y hasta incluso bailaron en alguna ocasión, pero el corazón de Juanito seguía ligado (si bien es cierto que ya con altibajos y menos apasionamiento que en épocas pasadas) a los de Gabriela de Saboya y Olghina de Robilant. Todo ello al margen, por supuesto, de las consabidas aventuras erótico-sentimentales que, fiel al histórico mandato sexual borbónico, mantenía en aquellos apasionantes momentos de su vida (inicio de sus estudios universitarios en Madrid) con algunas bellas mujeres de su gentil entorno. Entre ellas, según algunos círculos bien informados del «tout Madrid» de la época, el que tenía con la famosa bailarina La Chunga, que arrasaba entonces por los escenarios de la capital y que parece ser le bailó al ligón Juanito algo más que la danza del vientre.

Sin embargo, a pesar de que, como acabamos de señalar, Juan Carlos y Sofía se conocían desde hace años y nunca habían demostrado una atracción especial el uno por el otro, la cosa cambiaría de pronto, como por arte de magia, y esa fría amistad entre ambos pasaría en cuestión de semanas a tórrida relación amorosa con noviazgo oficial incluido. ¿Cupido o Franco? ¿Quién tuvo la culpa? Desgraciadamente para el abultado grupo de consumados románticos que existe en este país, Cupido no tendría nada que ver en esta ocasión. A mediados de 1960 el dictador, como ya hemos apuntado en páginas anteriores, no estaba nada dispuesto a aceptar el derrotero que había tomado le vida de su delfín tras regresar éste de las Academias militares e iniciar una corta carrera universitaria en Madrid. Así que después de estudiar a fondo los informes y propuestas del entorno monárquico-militar del joven, de valorar adecuadamente las informaciones procedentes del servicio secreto castrense, y oído el propio interesado, decidió (por vía testicular, como siempre) que, vistas las dificultades que existían para casarlo con alguna princesa de abolengo procedente de las elitistas monarquías nórdicas, la modesta realeza griega podía ser, si no la mejor opción, sí la más conveniente dadas las circunstancias del momento. Franco temía que el muchacho, con tanta bella mujer a su alrededor (las suecas acababan de desembarcar en las playas españolas y el «destape» hacía ya estragos en la capital de la nación) se maleara más de lo que ya estaba y acabara liándose para siempre con cualquier pelandusca de tres al cuarto que lo volviera loco entre sabanas.

Y sin pensárselo dos veces, el autócrata gallego nombró como valedor mayor de la operación matrimonial de altos vuelos que tenía in mente al ¡cómo no!, omnipresente Alfonso Armada, que llevaba ya muchos años al servicio personal del infante y… también, aunque más en secreto, al suyo propio. No conviene olvidar que Alfonso Armada era, en aquellos precisos momentos, un ambicioso militar (y, por supuesto, un redomado monárquico) que nadaba entre las procelosas aguas de esas dos íntimas debilidades y que soñaba con que un no lejano día su respetado superior jerárquico castrense, el generalísimo Franco, hiciera rey a su amado príncipe del alma. Evidentemente no sabía en aquellos momentos el trabajador y leal (pero también ambicioso e intrigante) valido lo que le esperaba veinte años después, en 1981, cuando, tachado de traidor y miserable por su sempiterno y desagradecido señor, sería enviado a «galeras» durante treinta años por el, sin duda, grave error de integrar al inefable teniente coronel Tejero en la ejecución de la maniobra palaciega que todos conocemos. Pero bueno, eso es harina de otro costal y ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido de tan espinoso asunto.

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La cosa corría prisa y los dos militares monárquicos y franquistas ya mencionados, que ejercían como correa de transmisión entre el infante y Franco, se aprestaron a la tarea sin perder un solo segundo. Apenas unas semanas después del encuentro de Juan Carlos y Sofía en el castillo de Althausen (donde no ocurrió nada entre ellos porque lisa y llanamente en aquel preciso momento todavía no se había cursado ninguna orden al respecto), en mayo de 1960, los Borbón viajaron a Nápoles a bordo del Saltillo para asistir a la Semana de la Vela de las Olimpiadas de Roma, en la que participaba el hermano de Sofía, Constantino, como componente de la delegación de su país. Se hospedaron ¡qué casualidad!, junto con algunos amigos portugueses que viajaron con ellos desde Cascais, en el mismo hotel de los griegos y allí Juan Carlos y Sofía aprovecharían la ocasión para pasar bastante tiempo juntos, alcanzando una apreciable intimidad y formalizando en sólo unos días un noviazgo, en principio reservado, pero dotado de una fortaleza increíble dados los obstáculos que debió superar en los siguientes meses. Pero eran obstáculos más aparentes que reales, puesto que esta relación, por mucho que algunos historiadores hayan querido presentarla como fortuita, nacida de la suprema voluntad del príncipe Juan Carlos e, incluso, patrocinada por su padre, don Juan, había sido en realidad decidida en El Pardo después de cotejar otras posibles opciones y puesta en marcha por el entorno militar del joven infante, quien no tendría más remedio que decir amén a pesar de que la recatada princesa griega no era en absoluto su tipo, como se comprobaría después tras un matrimonio que «haría aguas» desde el primer momento.

Tan rápido resultaría el sorprendente compromiso de Juanito con Sofía y tan preparada su cita con ella en la capital italiana, que a su regreso a Estoril Juan Carlos ya se permitió el lujo de exhibir ante su amigo de correrías, Bernardo Arnoso, la pitillera dedicada que su nueva novia le había regalado. Después acudieron ambos a visitar al conde de Barcelona para comunicarle la buena nueva.

Así las cosas, los aparentes problemas que el nuevo, y en apariencia indestructible, noviazgo entre Juan Carlos y Sofía iban a suscitar en el enrarecido ambiente político de la España de la época y en el marco de las relaciones familiares de los Borbones, bastante tensas ya de por sí, se solucionarían, sin embargo, sin demasiados obstáculos. Pocas cosas se resistían en la España de la época a la suprema voluntad del dictador Franco. Todos esos problemas: la sempiterna relación amor/odio entre Franco y don Juan, que podía ser exacerbada por este motivo; la barrera lingüística entre los novios que apenas podían entenderse en un inglés muy deficiente por parte de Juan Carlos, pero que, no obstante, no había sido obstáculo ni valladar para intimar en muy pocos días; la diferencia de estatus social y regio, pues mientras ella era la hija de un monarca reinante, él sólo era el aspirante a un trono vacío y con aún escasas probabilidades de reinar algún día; las diferencias religiosas entre ambos, él católico romano y ella griega ortodoxa; las reticencias iniciales de la reina Federica, que quería para su hija un pretendiente más rico y con posibilidades reales de ocupar un trono; y las pretensiones dinerarias de la familia real griega, que ansiaba para Sofía una dote digna (al final, con cierra dificultad, el Parlamento griego aprobaría su concesión con un monto de 20 millones de pesetas)… serían soslayados uno tras otro por la sencilla razón de que Franco había dado la orden de que este matrimonio se celebrara cuanto antes. Por otra parte, el propio Juanito no estaba en condiciones de oponerse a la suprema voluntad del inquilino del palacio de El Pardo, so pena de poner en serio peligro su futura elección como heredero de la Corona española. En el otro lado, la princesa Sofía no podía perder un pretendiente de sangre real después de su amargo fracaso con Harald de Noruega, y por último, la familia real de Grecia (o sea, la intrigante reina Federica) no estaba dispuesta, después de algunas dudas iniciales y dado el enrarecido ambiente antimonárquico que empezaba a respirarse en la sociedad de ese país, a perder la oportunidad política y social que representaba una boda como aquélla.

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El enlace matrimonial entre Juan Carlos (ejerciendo de teniente con un impecable uniforme militar del Ejército de Tierra) y Sofía se celebró en Atenas el 14 de mayo de 1962. Franco no asistió a la ceremonia, aunque en los meses anteriores se había especulado con una supuesta asistencia de última hora, pero envió una representación de alto nivel presidida por el ministro de Marina, almirante Abárzuza, al mando del buque insignia de la Escuadra española, el obsoleto crucero pesado Canarias, que nunca había navegado tan lejos. También asistió el ubicuo Alfonso Armada, servidor inseparable del infante y muñidor entre bastidores del evento regio. Como testigo del novio figuró Alfonso de Borbón y Dampierre, que en esta ocasión, sólo en esta ocasión, recibiría una tan ostensible deferencia por parte de su primo y competidor a la Corona de España, Juan Carlos de Borbón.

Por lo demás, para la ceremonia nupcial en sí se echaría mano de toda la parafernalia propia de estos actos: catedral (ortodoxa en este caso), carrozas reales con caballos blancos, escoltas militares a caballo, uniformes de todos los formatos y colores (algunos inventados para la ocasión, como siempre) con sus correspondientes medallas de no se sabe qué méritos, arco de honor de sables a cargo de antiguos compañeros de Academia Militar del contrayente (una costumbre castrense asumida con total complacencia por los Borbones tras el paso de Juanito por las Academias Militares y que también se usaría bastantes años después en la boda de Felipe con la periodista Letizia Ortiz en la catedral de La Almudena), banquete regio con cientos de invitados, invitadas con descomunales pamelas y trajes de atrezzo… y ¡cómo no!, arzobispo oficiante en el altar mayor (de Atenas, en este caso).

El caudillo de España (para entendernos, el pedestre rebelde del 36 que se sublevó creyendo que metería en cintura al país en una semana y tuvo que enfrentarse a él en una larga guerra de desgaste de tres años de duración y medio millón de muertos) seguiría el evento regio por televisión y, según algunos íntimos, disfrutó mucho con el aire marcial de su protegido que, con aquella ceremonia, ganaría muchos puntos en el particular casting que el dictador llevaba al día de cara a elegir el personajillo de sangre real más idóneo para sucederle en la Jefatura del Estado. La boda también serviría como amplia caja de resonancia y propaganda para los monárquicos españoles en general y para Juan Carlos en particular, en serio detrimento del amargado conde de Barcelona. Éste llevaba bastantes meses perdiendo puntos ante Franco en su personal duelo político y de imagen.

La princesa Sofía, lista como ella sola y una gran «profesional de la monarquía» (título que se ganaría pocos años después tras aguantar carros y carretas por las infidelidades flagrantes de su regio esposo) enseguida se daría cuenta de que si quería ser algún día reina de España (y lo que sin duda era más importante para ella, que alguno de sus hijos pudiera heredar la corona) debía atraerse como fuera al amo absoluto de España en aquellos momentos: el general Franco. Por ello no dudó un solo segundo a la hora de enviarle, la víspera de la boda y desde el mismo palacio real de Atenas, una jugosa misiva personal, una perla epistolar donde las haya, que textualmente decía lo siguiente:

Mi querido Generalísimo.

Me he sentido abrumada y profundamente emocionada por los maravillosos regalos que el almirante Abórzuza me ha traído de su parte y que le agradezco de todo corazón. La condecoración (el gran Collar y el Lazo con brillantes de la Orden de Carlos III) me ha complacido en extremo, al igual que el magnífico broche de diamantes que me envió como regalo de bodas. Los valoraré como un tesoro toda mi vida.

Sofía

Pero esta emotiva carta personal le debió parecer poco a la joven princesa griega, que, como se ve, ya apuntaba maneras políticas y diplomáticas, y esta vez asesorada por el propio Juan Carlos, volvió a dirigirse de nuevo al dictador escasos días después de su enlace matrimonial, concretamente el 22 de mayo, para volver a agradecerle (y no sólo a él, sino también a su esposa, Dª Carmen Polo, sus regalos y las muestras de cariño recibidas de ambos con motivo de su unión con el infante. En esta nueva misiva hablaba ya de su nueva patria española («ardo en deseos de conocerla y servirla») y le daba mil gracias al general (al que denominaba marcialmente, al estilo castrense español: «Mi general») y a su esposa.

***

Después de la boda, la nueva pareja iniciaría de inmediato una larguísima luna de miel que los llevaría, en primer lugar, a bordo del yate Eras, propiedad del naviero griego Niarchos, a diversas islas griegas; después a Roma, para dar las gracias al papa Juan XXIII por todo lo que había hecho para facilitar su unión; a continuación a Madrid, para agradecer personalmente a Franco tantas atenciones recibidas con motivo de su enlace y, por último, a una amplia gira por medio mundo de cinco meses de duración. Por cierto, la visita a El Pardo, realizada sin conocimiento de don Juan y en contra del parecer de su Consejo Privado, que les instó severamente a que no la realizaran, irritaría profundamente al conde de Barcelona y marcaría de hecho un hito en las ya de por sí tensas relaciones entre padre e hijo, que desde entonces entraron en un proceloso camino de indiferencia cuando no de clara ruptura.

Juan Carlos, a partir de su enlace con Sofía de Grecia, dejaría de guardar las formas con su progenitor, dedicándose en cuerpo y alma, con el decidido apoyo de su esposa (mucho más culta e inteligente que él), a atravesar el particular y difícil desierto que le separaba del trono de España, integrándose ambos decididamente en el entorno político del autócrata con el apoyo leal y continuo de unos pocos colaboradores, esencialmente militares, que le facilitarían enormemente la tarea y que a partir de entonces estarían siempre listos para asumir las misiones que tuviera a bien encomendarles. A la cabeza de éstos, lo habrá adivinado ya el lector, se colocaría ¡cómo no!, el listo y ambicioso Alfonso Armada.

Una prueba del afán independentista y de ruptura con su padre que en la psique de su esposo introdujo la recatada, inteligente e intrigante Sofía, lo constituye la cínica respuesta que bastantes años después dio a un periodista que quería saber si aquella famosa visita a Franco de junio de 1962, en pleno viaje de novios, se había realizado a espaldas de su suegro:

Ni de espaldas ni de frente. Se hizo. No contamos con el parecer de don Juan porque no era necesario. No sé si se opuso con rotundidad o sin rotundidad. Sólo sé que se lo dijimos, pero no le consultamos.

Después de esta visita el conde de Barcelona, que inmediatamente se percató de la enorme trascendencia de la misma, tanto para sus pretensiones al trono de España como para las de su hijo, cesó fulminantemente al duque de Frías como Jefe de la Casa del infante, consiguiendo con esa medida hacer oficial lo que ya era una realidad desde mucho tiempo atrás: la nula autoridad del duque en las decisiones y asuntos de Juan Carlos y el poder, cada vez más absoluto e incuestionable, de los dos militares (Nicolás Cotoner y Alfonso Armada) que, por ordenes directas de Franco, no se separaban un solo instante del joven Borbón. Ni de día ni de noche.

¡Bueno, tampoco conviene exagerar, pues la historia con letras minúsculas de este país podría dejarme enseguida por mentiroso! De día, efectivamente, los dos nobles milites (marqueses de Mondéjar y Rivadulla respectivamente) nunca dejarían solo al futuro heredero del dictador, ni un solo segundo, ni para ir al baño vamos; de noche, la cosa ya sería harina de otro costal y tanto en su luna de miel (en la que, por supuesto, no tuvieron más remedio que dejar que su amo y señor, él solito, pusiera en práctica con su santa esposa las picardías aprendidas en otras muchas veladas de furia y desenfreno erótico-sexual), como antes y después de la misma, deberían transigir una y otra vez, mirando siempre para otro lado cuando el fogoso muchacho, bien servido de colonia cara y repeinado en exceso, abordaba casi a diario su Mercedes, su Audi, su BMW o su moto Yamaha para, acompañado de un escolta de suma confianza (el mamporrero real de servicio, según los desconsiderados informes reservados de los servicios secretos castrenses, que desde siempre han tenido un cierto regusto malsano en perseguir en sus correrías de faldas al, con el tiempo, cazador real de osos borrachos), acudir a la salvaje e irrefrenable llamada de la fémina de turno que esperaba abierta de piernas.

Pero bueno, estamos en el verano de 1962 y todavía la culta y serena Sofía de Grecia no se había ganado su afamado y seguramente bien merecido título de «gran reina» y «gran profesional». Todo llegará y ya hablaremos con todo detalle en el capítulo correspondiente (cuando saquemos también a colación los negocios de Juan Carlos con sus amigos saudíes y el turbio asunto de las comisiones por la entrada de España en la primera Guerra del Golfo) de la célebre «bella del rey» (B. R.), la amiguita del ya general (y rey) Juanito con la que mantendría un largo y tórrido romance de casi 15 años de duración, así como de sus otros ligues de Estado y de todo cuanto ha acontecido alrededor de la figura de su esposa; y que ha hecho que este país (más bien los pocos, poquísimos monárquicos que quedan en él a estas alturas del siglo XXI) eleven a los altares del reconocimiento y la admiración a una reina que reinar, lo que se día reinar, no ha reinado mucho (la verdad, entre otras cosas, porque el dictador/conquistador que le tocó por esposo no la ha dejado), pero lo que es aguantar, ha aguantado lo suyo la pobre. Debemos recordar aquello tan grosero y sonoro de: «¡Ni Juanito ni hostias!», que su regio marido le soltara en público poco tiempo después de subir al trono, cuando ella le llamara cariñosamente por su diminutivo en el momento en que en uno de sus frecuentes raptos de ira borbónica el nuevo monarca abandonaba precipitadamente una recepción oficial que no era de su agrado porque los periodistas no le hacían mucho caso. Y es que por los hijos se hace lo impensable, hasta admitir que a una, en lugar de tonta o santa, la llamen «profesional».

Y sufrir también ha sufrido lo indecible la pobre Sofía de Grecia, que nunca supo dónde se metía cuando le dio el «Sí quiero» al joven Borbón, casi un completo desconocido para ella y que por sorpresa le pidió ir juntos al altar. Nunca supo de sus amoríos pasados, ni de los que gestionaba con toda pasión en el momento de su declaración amorosa, ni, por supuesto, de sus intenciones de seguir «ama que te ama» al margen del lecho nupcial, una vez que el orondo arzobispo de Atenas consagrase su unión con el futuro heredero del militarote ferrolano que los españoles teníamos entonces al frente de nuestros destinos.

Sí, sufriría mucho y durante años, la recatada y culta Sofía (prácticamente hasta el año 1995, en el que su marido, tras las continuas reprimendas de Sabino Fernández Campo y un apreciable descenso en su nivel de testosterona, decidió cortarse la coleta extramatrimonial), pero aunque estuvo a punto de tirar la toalla en un par de ocasiones, en los primeros años de su matrimonio, sabría aguantar hasta el final con la vista puesta en su familia. La corona española, después de que la de su país saliera despedida manu militari de las sienes de su hermano Constantino (exiliado desde diciembre de 1967), no podía perderse por nada del mundo. Y menos por unos cuantos adulterios de su esposo que una reina, si verdaderamente es una «profesional», debe saber asumir con dignidad y discreción. Y como todo sacrificio tiene algún día su recompensa, ahí va ahora la señora, en los primeros años del siglo XXI y con treinta años de reinado sobre las espaldas de su amado cónyuge (ya en el dique seco erótico/afectivo), sonriente y feliz por toda España inaugurando colegios, realizando visitas de Estado, cogida de la mano de su redescubierto amante conyugal y promocionando social y políticamente a su hijo, Felipe de Borbón, para que si tiene (y puede) que recoger algún día el testigo de su padre, lo haga sin demasiados problemas.

Aunque, la verdad sea dicha, es que lo tiene muy crudo a día de hoy la antes triste y ahora feliz «profesional» reina de España con el hipotético reinado de su vástago. El horno no está para bollos en este país con una derecha, tradicional aliada de la monarquía borbónica, que se echó al monte con armas y bagajes el 14 de marzo de 2004 después de que los hombres de Bin Laden, tras masacrar a casi doscientos españoles, le pusieran en bandeja a ZP la presidencia del Gobierno español. Ha resurgido con mucha fuerza en sus filas el sentimiento antimonárquico falangista (que ya exhibieron sin mucho éxito cuando Franco, a principios de los años 70, andaba deshojando la margarita de su propia sucesión) que se ha exacerbado mucho últimamente con el Estatuto catalán, las conversaciones del Gobierno socialista con ETA, el proceso contra los terroristas del 11-M, los amoríos (esta vez políticos) del monarca con Rodríguez Zapatero, y las estupideces cinegéticas personales en las que parece haberse embarcado en los últimos años el antiguo cadete Juanito, que se gasta el oro (no el suyo, desde luego) y el moro en largarse en secreto a ciertos países del Este de Europa y África, donde se organizan mascaradas sangrientas de caza de animales teóricamente salvajes, para seguir saciando su desmedida afición por las armas de fuego. Ahí se dedica a abatir, entre otras especies a punto de extinguirse, osos domesticados y llenos de vodka hasta los ojos. Lo hace con una pericia que es fruto de su paso por las mejores Academias Militares españolas, que ya demostró desgraciadamente muchos años atrás y no precisamente con un animal salvaje sino con alguien muy cercano de su familia, al que dejó seco de un certero disparo en la cabeza que ni a propósito…

Pero es que además de la derecha montaraz, que empieza a cuestionar la monarquía reinstaurada por Franco, el rutilante juancarlismo de la transición está empezando a recibir también el rechazo frontal de amplios sectores de la izquierda, de los delfines de aquellos jerarcas socialistas y comunistas que se sacaron de la manga toneladas de pragmatismo, caradura y ambición personal cuando el nuevo rey franquista les llamó, a mediados de los años 70, para cambiar amigablemente los atractivos cromos de la libertad y la democracia (muy formales y muy limitadas ambas, no se crean) por los de su corona, su bandera, sus alabarderos, su inmunidad personal y el blindaje constitucional de todo ello. Por lo que a estas alturas resulta muy problemático que, a pesar de su largo y penoso sacrificio personal y familiar, la buena, profesional, prudente y, en los últimos tiempos, feliz Dª Sofía de Grecia pueda ver alguna vez en el trono español, por lo menos con la tranquilidad, estabilidad y permanencia que ha disfrutado su cazador padre, a su querido vástago el príncipe Felipe.

***

Después de estos análisis apresurados sobre el problemático porvenir que tiene por delante la actual monarquía española, y que ampliaremos con profusión en páginas venideras, sigamos ahora con la vida de la joven pareja regia que acaba de casarse en la capital griega el 14 de mayo de 1962. A principios del año siguiente (como ya hemos apuntado con anterioridad, la luna de miel de Juan Carlos y Sofía duraría cinco largos meses, prácticamente todo el segundo semestre del año 1962) la nueva y principesca pareja hispano-griega reside ya tranquila en el remodelado palacio de La Zarzuela de Madrid, con todos los papeles en regla, con todos sus deberes hechos, con todas las teclas tocadas, dispuesta a iniciar el largo calvario, el tenebroso desierto político y social que ambos saben deberán salvar si algún día quieren ser los reyes de España. Anhelado título que (ellos lo saben con diáfana seguridad) sólo les puede garantizar un hombre: Francisco Franco Bahamonde, a la sazón caudillo de España y generalísimo de sus Ejércitos por tiempo indefinido.

Y a esa tarea, a la de realizar la travesía del desierto que tenían por delante con las menores dificultades y las mayores garantías de no morir en el intento, se dedicarían los jóvenes y ambiciosos príncipes durante los siete años que aquélla iba a durar, hasta el 23 de julio de 1969, día en el que por fin el autócrata se decantaría definitivamente por el entonces capitán Juanito como heredero suyo en la jefatura del Estado español, a título de rey. Después, claro está, de que éste se comprometiera y jurara ser fiel a los sagrados Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.

La travesía del desierto de Juan Carlos y Sofía («de Grecia» oficialmente en España, pues parece ser que la princesa no tenía apellido que llevarse a su árbol genealógico después de que la justicia danesa determinara que no podía usar los de la dinastía reinante en ese país, de la que procedía la familia real griega) sería efectivamente larga y penosa, pues el Régimen franquista no pasaba precisamente por muy buenos momentos en aquellos primeros años de la década de los 60. Las luchas obreras se endurecían cada día que pasaba y no sólo por cuestiones laborales como mejores salarios y condiciones de trabajo más dignas, sino también por claras y perceptibles ansias de libertad y democracia. A ellas empezarían a sumarse muy pronto los movimientos estudiantiles y los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco. La sociedad española despertaba, al compás de una cierta liberalización del régimen tras los pactos con los norteamericanos y la llegada masiva de turistas europeos. Franco, fiel a su estilo, reaccionaría con dureza sometiendo al país a una dura represión, tanto en las fábricas como en los campus universitarios.

En estas circunstancias de inestabilidad política y social tendría una importancia extrema el IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Munich en junio de 1962, donde monárquicos españoles, católicos y falangistas disidentes se reunieron con exiliados socialistas y nacionalistas vascos y catalanes. El resentimiento del dictador con el conde de Barcelona se exacerbó tanto con esta reunión (que Franco «bautizó» para la historia con aquél célebre calificativo de «Contubernio de Munich», convencido de que era una singular confabulación de judíos y masones para destruir su régimen) que, a pesar de que todos los indicios apuntaban a que don Juan se enteró de la misma a bordo de su yate Saltillo cuando regresaba a Portugal desde Atenas, rompió prácticamente toda relación con él ampliando, por el contrario, los contactos con su hijo Juan Carlos. Algunos historiadores señalan este acontecimiento político de Munich, que efectivamente dañó mucho la imagen del franquismo en Europa y retrasó el ingreso de nuestro país en su seno, como el detonante de la exclusión definitiva de don Juan del trono de España y la clara, y también definitiva, elección de su único hijo varón vivo como heredero del dictador.

Si bien en el terreno político las cosas empezaron a irle ostensiblemente bien a Juan Carlos después de su boda con Sofía de Grecia, en el terreno personal muy pronto surgirían los problemas. Sólo algunos meses después de celebrado el enlace, en la primavera de 1963, la prensa extranjera comenzó a hablar de que el matrimonio no se llevaba muy bien y de que en Grecia la familia real daba ya como muy probable una pronta separación. Los rumores llegarían incluso al Parlamento griego, donde se produjo alguna interpelación al Gobierno sobre el futuro de la dote de la princesa ante un desenlace en tal sentido.

Estas habladurías, desde luego, siempre fueron ciertas y los servicios secretos militares españoles, con abundantes datos sobre las correrías nocturnas madrileñas del príncipe, trabajaron bastantes meses con esta posibilidad como hipótesis muy probable de convertirse en realidad en un corto plazo. Pero el embarazo de la princesa (la infanta Elena nacería el 20 de diciembre de 1963), con toda la enorme expectación política y social que levantó, y las tajantes advertencias de Franco al infante en el sentido de que no quería ni admitiría separación o divorcio alguno y que, por lo tanto, era necesario que recobrara cuanto antes un buen ambiente familiar en su matrimonio, obrarían el milagro de una pronta reconciliación entre ambos cónyuges y la aprobación de las primeras oposiciones de la santa Sofía al honroso y merecido título de «gran profesional» de las monarquías europeas.

El primer embarazo de la princesa griega causaría realmente una gran expectación en España, pero también una enorme decepción al ser niña; un desencanto que alcanzaría altísimos niveles de desolación y tristeza en algunos ambientes monárquicos y políticos al saberse de su discapacidad intelectual, mantenida por supuesto desde el momento de su alumbramiento en el más absoluto de los secretos. Cuando se produjo el segundo embarazo principesco, los círculos políticos del régimen, especialmente los tecnócratas del Opus Dei que encabezaban las vanguardias del incipiente juancarlismo, se lo tomaron con más prudencia y mucha menos expectación. El nacimiento de la infanta Cristina, ocurrió el 13 de junio de 1965 y pasó casi desapercibido, aunque evidentemente aumentó en muchos de los seguidores de la pareja la preocupación y el desánimo porque, tampoco esta vez, el ansiado heredero varón había hecho acto de presencia en La Zarzuela.

Dicen que a la tercera va la vencida y el ansiado niño, Felipe (a cuyo bautizó acudió la ex reina Victoria Eugenia, su bisabuela, que hacía 37 años que no regresaba del exilio y que llegó desde Suiza en calidad de madrina) aparecería por fin el 30 de enero de 1968, tras un embarazo con ciertas complicaciones y cuando a muchos forofos juancarlistas (el enfrentamiento entre padre e hijo había pasado ya la línea de «no retorno» después de la no asistencia de Juan Carlos a un solemne acto de lealtad al conde de Barcelona celebrado en Estoril el 5 de marzo de 1966) les invadía la angustia pues, de no venir pronto un heredero varón, la futura sucesión se presentaba harto problemática. Asimismo, además de tener que hacer posible que en su día reinara una mujer, habría que saltarse de algún modo a la primera de las hijas de los futuros reyes, la infanta Elena. Era demasiado para unos padres que todavía en esos momentos tenían su porvenir en el aire y para una institución que, de llegar a buen puerto de la mano de Franco, debería soslayar en sus primeros momentos multitud de problemas de todo tipo.

Pero todo llega en la vida y por fin vendría para el príncipe soldado su hermoso día «D», aquella venturosa jornada en la que, después de casi veinte años de aguantar a Franco y de luchar contra su propio padre, contra su tío don Jaime, contra los hijos de éste, Alfonso y Gonzalo, contra los falangistas, contra el clan del dictador representado por Dª Carmen Polo y el ambicioso marqués de Villaverde y… contra todo aquél que pudiera (o pudiese) disputarle mínimamente su ansiada corona, lograría por fin ser nombrado sucesor del dictador a título de rey. Era lo que para él iba a representar, sin ninguna duda, la consecución de su anhelado sueño de poder ceñir algún día la corona de sus antepasados. Pero para el resto de los españoles suponía la constatación pura y dura de que el amo absoluto de la piel de toro en aquellos tristes momentos se había sacado de la manga (por no decir de otra parte más pudenda de su pequeña anatomía) un futuro rey de dudosa legitimidad histórica y, encima, procedente de la degenerada dinastía foránea que había sido la culpable, en buena medida, de la decadencia y empobrecimiento secular de nuestro país desde el siglo XVIII. Y, por supuesto, como buen dictador, lo había hecho sin molestarse en preguntar a uno solo de sus aborregados ciudadanos si ello le parecía bien, mal o regular.

El 23 de julio de 1969, el agradabilísimo día «D» para el flamante heredero y, sin duda, una jornada muy triste para infinidad de ciudadanos españoles que ansiaban recobrar cuanto antes la legalidad y legitimidad política perdidas con el cruento golpe militar de Franco en julio de 1936, representaría, obviamente, un importante hito en la carrera de Juanito, pues, además de ser nombrado sucesor del dictador a título de rey, sería ascendido a general de Brigada del Ejército y revestido del flamante título de príncipe de España, que no de Asturias. Carrera que completaría seis años después cuando, muerto y bien enterrado el tirano, accediera al trono de España y cerrara, bien es cierto que con la complicidad y asesoramiento de sus primeros validos (Torcuato Fernández-Miranda en la política y Armada y Milans en la milicia), un rebuscado pacto entre caballeros con las fuerzas de la derecha (todas provenientes del franquismo) y con las de la izquierda (que habían luchado contra Franco), por el cual concedería la ansiada libertad a sus nuevos súbditos y se desprendería formalmente de los poderes que el régimen le había transmitido a cambio de pingües contrapartidas personales, institucionales, políticas y sociales. Entre ellas ocuparían un lugar de honor las siguientes: aceptación plena por parte de todos de la nueva monarquía que él representaba, así como de todos sus «sagrados» símbolos (la bandera rojo y gualda, entre ellos); el blindaje de la misma a través de una Constitución, pactada y consensuada, con la que prácticamente resultara imposible que una nueva República pudiera resurgir algún día en nuestro país; la divinización, también constitucional, de su figura (inviolable y no sujeta a responsabilidad penal alguna haga lo que haga); y el mantenimiento por tiempo indefinido en su persona de la jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas, heredada asimismo del generalísimo Franco, lo que unido al mandato testamentario del dictador a sus Ejércitos y al control de los Servicios de Inteligencia de los mismos, suponía dotarle de un poder personal inmenso facultándole para, al margen de cualquier Gobierno elegido democráticamente en las urnas, ejercer de perpetuo autócrata coronado en la sombra.

Todo esto se haría al margen de otras concesiones menores, como la asignación de una muy substancial partida presupuestaria para la Casa Real sin ningún tipo de control en su distribución y sin tener que rendir cuentas jamás a nadie; la puesta en marcha otra vez (aunque sin una Corte tradicional de nobles y Grandes de España que pudiera afearle algún día sus orígenes franquistas) de toda la parafernalia palaciega de la antigua monarquía borbónica: Regimiento de la Guardia Real, Unidad de Alabarderos del rey, concesión de títulos nobiliarios, representación del Estado español ante el mundo entero… etc., etc. Y, además, una muy sutil componenda sine qua non, aparentemente baladí, y que con el paso de los años se revelaría como sumamente eficiente para la pervivencia de la Institución monárquica dados los vicios personales con los que estaba «adornado» el nuevo rey: un pacto de silencio, de respeto y de suma consideración por parte de los directores de todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales nacionales en relación con todas aquellas informaciones, noticias, sucedidos o revelaciones que pudieran afectar a la persona del monarca y a su entorno familiar y social. Es algo que ha sido respetado (salvo algunas clamorosas excepciones) con total subordinación y un malsano peloteo cortesano prácticamente hasta hace un par de años, cuando los responsables de algunos distinguidos rotativos, cadenas de televisión y periódicos digitales, hartos de las sonoras andanzas cinegéticas de un rey que parecía haberse vuelto loco de remate dándole gusto al dedo con la caza de animales domesticados o enfermos (a doce mil euros el ejemplar), decidieron que ya estaba bien de tanto silencio cómplice y sacaron a la luz pública la última de ellas (la del oso «Mitrofán» en Rusia, emborrachado con vodka y miel para que pudiera ser abatido sin ningún peligro por el coronado jefe del Estado español) que había dado ya la vuelta al mundo a través de Internet con toda libertad, haciendo que millones de personas se llevaran las manos ala cabeza.

***

Pero dejemos el año 1975, cuando Juan Carlos de Borbón será proclamado y coronado como rey de España (ya hablaremos en su momento y con toda profundidad del famoso pacto Corona Fuerzas políticas que propició la «modélica» transición y la Constitución del 78 que han intoxicado y adormecido al pueblo español durante más de treinta años) y retrocedamos de nuevo a 1969, concretamente al 23 de julio, día en el que en una teatral ceremonia en las Cortes (franquistas, claro, con procuradores elegidos a dedo), después de la insulsa y predeterminada votación del día anterior sobre la propuesta presentada por Franco, se le elige oficialmente como sucesor de éste en la jefatura del Estado español, a título de rey. En esta solemne sesión de las Cortes franquistas al ambicioso Juanito de nuestra historia no le quedó más remedio que cumplir con su amo y señor, el general/dictador que le hacía heredero de su feudo particular (la España del yugo y las flechas), y agradecerle su designación a través de un patético discurso que a usted, amigo lector, no sé que le pudo parecer entonces (si es que vivía en el surrealista mundo de la España franquista que estamos tratando), ni, por supuesto, lo que le puede parecer ahora, 37 años después (por si acaso, se lo voy a transcribir en su totalidad a continuación). A mí, debo confesarlo con toda honestidad, con la información reservada sobre el personaje que en aquellos momentos ya obraba en mi poder, me produjo una enorme inquietud y un agudo ataque de vergüenza ajena.

Lo que afirmo fue de un calibre menor que el que experimentaría seis años después, el 22 de noviembre de 1975, cuando el nuevo rey, sin duda por aquello tan pragmático y tan regio de «París bien vale una misa», se permitiría jurar ante las Cortes franquistas, presididas por el falangista Rodríguez de Valcárcel, aquello tan sonoro y falso de «guardar y hacer guardar los sagrados principios del Movimiento Nacional y sus Leyes Fundamentales», cuando ya tenía en su democrática mente la idea de regalarnos bondadosamente a todos los españoles las libertades y los derechos que tan abruptamente nos había arrebatado su sanguinario mentor. Evidentemente, el trono de España bien valía una misa. Y también un perjurio… Y lo que hiciera falta. Ya tendría tiempo, más adelante, para colocar a sus peones y negociar con los que tenían el verdadero poder en España (los militares), haciendo las concesiones que fueran necesarias y siempre con la vista puesta en que la amada corona que iba a recibir a cambio de su falso juramento, no se cayera de sus regias sienes en mucho tiempo. Pero seguimos en el histórico y bochornoso 23 de julio de 1969, fecha de la elección de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey. El elegido, después de la parodia de votación en las Cortes del día anterior, lanza a los presentes y al pueblo español el discurso que yo me voy a permitir recordar en su integridad resaltando, claro está, en «letra negrita» los, para mí, más sabrosos y desahogados pasajes de tan elocuente y encendida soflama:

Mi general, señores ministros, señores procuradores:

Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar, como sucesor, a título de rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino.

Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el l8 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.

España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la dirección de Vuestra Excelencia, la paz que hemos vivido, los grandes progresos que en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento de los fundamentos de una política social son cimientos para nuestro futuro. El haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido y siga siendo, por muchos años, el rector de nuestra política.

Pertenezco por línea directa a la Casa Real española y en mi familia, por designios de la providencia, se han unido las dos ramas. Confío en ser digno continuador de quienes me precedieron.

Deseo servir a mi país en cauce normal de la función pública, y quiero para mi pueblo: progreso, desarrollo, unidad, justicia, libertad y grandeza, y esto sólo será posible si se mantiene la paz interior. He de ser el primer servidor de la patria en la tarea de que nuestra España sea un reino de justicia y de paz. El concepto de justicia es imprescindible para una convivencia humana, cuyas tensiones sean solubles en la ley y se logren dentro de una coexistencia cívica en libertad y orden. Ha sido preocupación fundamental de la política española en estos años la promoción del bienestar en el trabajo, pues no puede haber un pueblo grande y unido sin solidaridad nacida de la justicia social. En este campo nunca nos sentiremos satisfechos.

Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser siempre mantenidas, pero sin que el culto al pasado nos frene en la evolución de una sociedad que se transforma con ritmo vertiginoso en ésta era apasionante en que vivimos. La tradición no puede ni debe ser estática: hay que mejorar cada día.

Nuestra concepción cristiana de la vida, la dignidad de la persona humana como portadora de valores eternos, son base y, a la vez, fines de la responsabilidad del gobernante en los distintos niveles de mando.

Estoy muy cerca de la juventud. Admiro en ella, y comparto, su deseo de buscar un mundo más auténtico y mejor. Sé que en la rebeldía que a tantos preocupa, está viva la mejor generosidad de los que quieren un futuro abierto, muchas veces con sueños irrealizables, pero siempre con la noble aspiración de lo mejor para el pueblo.

Tengo gran fe en los destinos de nuestra patria. España será lo que todos y cada uno de los españoles queramos que sea, y estoy seguro de que alcanzará cuantas metas se proponga, por altas que sean.

La monarquía puede y debe ser un instrumento eficaz como sistema político si se sabe mantener un justo y verdadero equilibrio de poderes y se arraiga en la vida auténtica del pueblo español.

A las Cortes españolas, representación de nuestro pueblo y herederas del mejor espíritu de participación popular en el Gobierno, les expreso mi gratitud. El juramento solemne ante vosotros de cumplir fielmente con mis deberes constitucionales es cuanto puedo hacer en esta hora de la Historia de España.

Mi general: Desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso «no temblará» para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.

En esta hora pido a Dios su ayuda, y no dudo que Él nos la concederá si, como estoy seguro, con nuestra conducta y nuestro trabajo nos hacemos merecedores de ella.

Fue un vergonzoso discurso de poco más de cinco minutos de duración en el que el ya sucesor de Franco, a título de rey, se reclamaba inequívocamente como franquista de pro y como admirador entusiasta de la figura «histórica y providencial» del autócrata. A éste, evidentemente, satisfaría en grado sumo la intervención de su protegido, capaz de tragar con todo y leer lo que pusieran por delante, desconocedor como estaba en aquellos momentos del «contubernio» ya existente entre éste y su profesor de Derecho Político, el taimado, rencoroso e inteligentísimo Torcuato Fernández-Miranda, para desmontar en cuanto fuera posible el tinglado político levantado por la dictadura en aras de consolidar como fuera la nueva monarquía salida de sus pechos. Aunque, al que esto escribe, conociendo en profundidad la «profesionalidad» y el modus operandi de los poderosos servicios secretos militares franquistas (que pinchaban sistemáticamente todas las conversaciones del inquieto Juanito, hasta el punto de que algunas de ellas servirían de mofa y escarnio en ambientes nada monárquicos del Cuartel General del Ejército) le cuesta mucho creer que Franco no conociera nada de esos proyectos del tándem Juan Carlos-Torcuato, y más bien pensara para sus adentros aquello tan socorrido de «Después de mí el diluvio» o «Que se apañen estos cretinos cuando yo no esté aquí». Ambos pensamientos resultarían perfectamente compatibles con la idiosincrasia del dictador más sanguinario que ha tenido este país desde que Viriato andaba por la Hispania ulterior, corriendo a pedradas a los legionarios de Roma.

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Nombrado, pues, Juan Carlos de Borbón sucesor «legítimo» de Franco, con el consiguiente poder (más moral que personal o político, por el momento) que ello representaba a nivel nacional e internacional, empezaría, no obstante, para el nuevo príncipe de España (el dictador no quiso de ninguna de las maneras concederle el título de príncipe de Asturias, que ya le había negado repetidas veces en el pasado) una época difícil, oscura y desagradable. Así las cosas, nuestro ínclito protagonista tendría que batallar con abundantes enemigos internos (el clan de los Franco que no había tirado todavía la toalla de la sucesión y conspiraba con todas sus fuerzas contra el ya nombrado heredero; la Falange, profundamente antimonárquica; los propios monárquicos donjuanistas, en total desacuerdo con su elección como futuro rey en detrimento de los derechos de su progenitor, etc.), con otros externos, y, hasta con su propio padre que, incapaz de perdonarle la «traición dinástica» cometida al acceder a los deseos del tirano ferrolano en su perjuicio, prácticamente rompería toda relación amable con su hijo después de los actos del 22 y 23 de julio de 1969 en las Cortes franquistas.

Es la época de su vida que hasta el propio heredero de la Corona tacharía después como de «muy dura y desagradable», debido al silencio y la mansedumbre que tendría que derrochar ante unos y otros, con la vista siempre puesta en que no se torciera el proceso político abierto por su mentor, el general Franco, accediendo así al trono del Reino de España a la esperada muerte de éste. Además, la nieta mayor del autócrata: María del Carmen Martínez-Bordiú, se casa con Alfonso de Borbón y Dampierre (primogénito de don Jaime, el sordomudo), al que su abuelo había designado embajador en Suecia el año en que las Cortes acataban la sucesión de su primo como Príncipe de España. Todo se desarrolla en mayo de 1972, lo que levanta no pocas suspicacias sobre la ya prevista sucesión pues el intrigante marqués de Villaverde, padre de la novia, ha logrado emparentarse con los Borbones y hay quien cree que todo puede suceder…

En el verano de 1974 surgiría, sin embargo, algo muy importante e imprevisto en la vida política española que le haría adquirir un protagonismo personal muy acusado, aunque efímero. A mediados de julio el dictador es ingresado, por primera vez desde la Guerra Civil, en un hospital (la ciudad sanitaria que llevaba su nombre) aquejado de una tromboflebitis. A las cuatro de la madrugada del 19 de julio, una fuerte hemorragia lo pone a las puertas de la muerte y al presidente Arias no le queda más remedio que hacer uso del artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, transfiriendo la jefatura del mismo, con carácter interino, al príncipe de España. La conmoción a nivel nacional es máxima (los cancerberos del sistema, encabezados por Arias Navarro, no se ahorran sobrenombres injuriosos para referirse a él en privado: «el sobrero», «el niñato», «el creído», «el cretino»…), y Juan Carlos se las ve y se las desea para hacer como que controla la situación en la casa de locos en la que parece se ha convertido el débil edificio político del Régimen franquista.

El príncipe heredero, revestido de la púrpura de un puesto que le viene excesivamente grande, convoca durante el verano de 1974 algún que otro Consejo de ministros (celebrados todos en el Pazo de Meirás donde convalece el dictador, que no le quita ojo a su delfín) y hasta se permite firmar el Convenio de Ayuda y Cooperación con EE.UU., en nombre de Franco. Pero el entorno del augusto enfermo no está por la labor de que el inexperto muchacho le coja gusto al puesto y les haga, de paso, alguna piña política. De ese modo, en los últimos días de agosto consigue que el achacoso caudillo, con cara hosca y sin agradecerle al «niñato» los escasos servicios prestados durante los 43 días que ha durado su experiencia, retome las riendas del poder.

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El 1º de octubre de 1975 (en unos momentos especialmente dramáticos para el Régimen autoritario, que acaba de fusilar a cinco activistas antifranquistas), Juan Carlos de Borbón acompaña a Franco, acabado y enfermo, en su histórica salida al balcón de la Plaza de Oriente para saludar a los miles de ciudadanos madrileños que en «espontánea» manifestación han acudido en apoyo de su caudillo, vilmente insultado por las democracias de todo el mundo. Ésta será la última salida pública del dictador. El 16 de ese mismo mes de octubre se le detecta un infarto silente de miocardio y aunque al día siguiente todavía se permitirá presidir su último Consejo de Ministros (monitorizado y asistido médicamente desde la habitación contigua), todo indica que se ha abierto el proceso de abandono definitivo por parte del autócrata de la poltrona de poder omnímodo (siempre «por la gracia de Dios») que ha ocupado durante casi cuarenta años.

Pero sus últimos días serán terribles. Para él y para millones de españoles que viviremos el infierno del cambio con preocupación, angustia y hasta con pánico medianamente contenido. A las incertidumbres de dentro muy pronto se unirán las de fuera y así, enseguida, nos enteraremos de que muy lejos de El Pardo (donde la famosa lucecita que ha mantenido indemne durante lustros la moral del franquismo parece apagarse por momentos), por las lejanas llanuras del sur de Marruecos, que se derraman sin control hacia la famosa Saguia el Hamra, donde España todavía mantiene un extenso territorio desértico custodiado por unos pocos miles de legionarios y nómadas, una impresionante muchedumbre de 300.000 hombres, mujeres y niños (movilizados por el inteligente y ladino Hassan II con apoyo político y logístico norteamericano) avanza impasible, seguida de cerca por la élite del Ejército marroquí, para arrebatarle al dictador español moribundo el Sahara Español, uno de sus últimos sueños imperiales.

El 26 de octubre Franco sufre una grave crisis en su enfermedad y el primer día de noviembre el príncipe Juan Carlos asume, por segunda vez en su vida, la jefatura del Estado. Si en julio de 1974 fue el propio autócrata el que pidió la aplicación del artículo II de la Ley Orgánica, en esta ocasión no se entera de nada. Está prácticamente en coma y es Arias Navarro el que toma la iniciativa. Desde bastantes horas antes, no obstante, tenía redactadas ya, a modo de testamento político, su despedida a los españoles y sus particulares consignas al Ejército para que acatara sin rechistar la autoridad del sucesor.

Sin embargo, y debido a las especiales circunstancias que concurren en la nueva toma del poder por parte de Juan Carlos (a todas luces la definitiva, pues a Franco le quedan muy pocos días de vida) esta vez su moral es muy alta. Tras la máscara de preocupación y pena que intenta transmitir en público, los que le rodean pueden apreciar una «autoritas» desconocida en él; tanta que en el plazo de muy pocas horas le llevará (a pesar de los consejos del presidente Arias, del jefe del Alto Estado Mayor, general Vallespín, y del marqués de Mondéjar) a cometer uno de los primeros y mayores errores de su vida política. Fue un error, nacido de la precipitación y de la falta de análisis de la situación creada en el Sahara, que bien pudo provocar un cataclismo político en nuestro país e, incluso, la guerra total con Marruecos en un momento de extrema debilidad nacional. Y que se saldaría definitivamente con una clara desautorización del Gobierno a su real persona que, no obstante, no trascendería en demasía a la opinión pública (aunque sí a las Fuerzas Armadas) gracias a la férrea censura mediática existente en la España de entonces.

Me estoy refiriendo concretamente al no demasiado conocido por los españoles extraño viaje de Juan Carlos, ya jefe del Estado en funciones, a la capital del Sahara Español (El Aaium), justo al día siguiente de asumir el cargo y sin encomendarse a nadie ni a nada; para, según él y su pequeño séquito, «levantar la moral» de las tropas españolas de guarnición en aquél territorio. Que enfrentaban, es cierto, una preocupante situación estratégica, táctica, logística, política y de todo orden al venírseles encima la maquiavélica «invasión pacífica» diseñada por Hassan II de Marruecos.

Los hechos, para los que no los conozcan, se sucedieron así: En la mañana del 1 de noviembre, durante el despacho de Juan Carlos con sus más inmediatos colaboradores militares, alguien plantea la difícil situación política y militar que se vive en el Sahara y al príncipe, revestido ya, como acabamos de decir, con la púrpura suprema del Estado, se le ocurre la peregrina idea (enseguida asumida con vehemencia por casi todo su equipo, con la excepción de Mondéjar) de presentarse por sorpresa en El Aaium para saludar a las tropas españolas destacadas allí y elevar su moral. Alfonso Armada contacta enseguida con el presidente Arias que, impactado como está por las últimas noticias sobre el caudillo, no se entera de nada y opta por presentarse en La Zarzuela acompañado del ministro del Ejército (Coloma) y del jefe del Alto Estado Mayor (Vallespín). A Arias Navarro, en principio, no le gusta para nada la idea y trata de disuadir al príncipe de que realice un viaje tan arriesgado y sin ninguna finalidad clara. En esta imposible misión es apoyado por el general Vallespín, pero no por el ministro del Ejército que se suma eufórico a la escapada sahariana. Hasta la princesa Sofía, que es llamada con urgencia al improvisado «cónclave», acaba poniéndose del lado de su esposo en la aventura sahariana.

Resulta evidente que a Juanito, tras la asunción interina de la jefatura del Estado, le había salido de pronto a la superficie la vena de general de guardarropía que llevaba dentro y que quería ir a ver a sus tropas en pie de guerra (en realidad, unos 6.000 legionarios, nómadas y soldados de reemplazo dotados con material escaso y anticuado, apenas nada para hacer frente a los 120.000 efectivos del Ejército marroquí) contra viento y marea. La decisión se toma allí mismo y el viaje se inicia al día siguiente, 2 de noviembre de 1975, utilizando dos aviones Mystère del Ejército del Aire que reciben escolta de algunos cazas con base en Morón (Sevilla) y Gando (Gran Canaria).

La improvisada legación llega pues por sorpresa a El Aaium y en el primer acto oficial, una parada castrense en el acuartelamiento del Tercio, el príncipe les espeta a los militares allí congregados que España no les va a abandonar y que cumplirá sus compromisos con los saharauis utilizando todos los medios necesarios, sin importar sacrificio alguno. No menciona expresamente la palabra «guerra» pero la cosa parece quedar muy clara para los miembros de las Fuerzas Armadas allí presentes: «España no claudicará ante el órdago de Hassan II y no permitirá la violación de su frontera norte por parte de la llamada “Marcha Verde” o las Fuerzas Armadas alauies».

Juan Carlos, totalmente lego en estrategia, en táctica y en orgánica militar y seguramente arrastrado por el ambiente que, después de la mencionada recepción oficial, reina en el lujoso Casino de Oficiales de El Aaium (donde asiste a una larga y bien regada copa de vino español), se va de la lengua en todos los sentidos y les dice a los generales, jefes y oficiales allí reunidos que, como jefe supremo de las FAS, está con ellos, que pueden confiar en él y que en cuanto suene el primer tiro, él estará en primera línea al frente de las fuerzas.

La euforia que estas palabras (y la visita en general, que apenas dura unas diez horas) desata en las unidades saharianas en particular y en el Ejército español en general, en unos momentos especialmente dramáticos y de moral dubitativa, es enorme y traspasa las fronteras. Hassan II llama de inmediato al príncipe nada más aterrizar éste en Madrid y cínicamente le felicita por su valiente gesto, a la vez que amenaza al Gobierno español con la guerra total si uno sólo de sus súbditos es abatido por el Ejército español en el Sahara.

La situación se agrava por momentos y el presidente Arias, en privado, no se recata en echar toda la culpa al «niñato» Juan Carlos, que ha metido la pata hasta el corvejón en su aventura viajera de gobernante bisoño. En el Ejército español, por el contrario (el que esto escribe es, en aquellos momentos, jefe de operaciones en el Estado Mayor de una Brigada de Intervención Inmediata) la excursión dominguera de su general en jefe eleva hasta la estratosfera la moral imperial y el deseo de lucha de unos profesionales alicaídos, mal pagados, mal equipados, dotados del mismo material anticuado con el que acabaron la Guerra Civil (a excepción de unos pocos carros de combate y camiones cedidos en 1953 por el Ejército americano y que no podrían usar en una hipotética contienda con Marruecos), pero que ven en el joven heredero del dictador la reencarnación de su invencible caudillo. Se empieza a hablar con apasionamiento en los cuarteles de ir a la guerra, de darle una lección al moro, de defender con uñas y dientes, hasta la muerte si es preciso, el desértico territorio que Franco elevó en su día a la categoría de provincia española. La mayoría no saben, excepto los que prestamos servicio en Secciones de Inteligencia o Estados Mayores, que el Ejército español, en su conjunto, no dispone de munición para poder aguantar más de un día de combate en el Sahara y que apenas tiene barcos y aviones para abastecer a las tropas que allí están, y no digamos ya para las que habría que transportar con toda urgencia desde la península en caso de guerra total con nuestro vecino del sur.

El hechizo castrense, el subidón de moralina del Ejército de Franco, se vendrá abajo con estrépito escasos días después de la visita de Juan Carlos, cuando el Gobierno Arias, atrapado entre la agonía del dictador, las amenazas marroquíes y los apresurados informes del Alto Estado Mayor, desaconsejando totalmente la guerra con Hassan II, aún a costa de abandonar vergonzantemente la totalidad del territorio en litigio, envía presuroso a Rabat al ex ministro secretario general del Movimiento José Solís Ruiz (llamado «la sonrisa del Régimen») para pedir árnica y solicitar una urgente conferencia bilateral con el reino alauí, a celebrar en Madrid y con un único punto en el orden del día: la paralización de la Marcha Verde y el futuro del Sahara Español. Conferencia que se celebrará escasos días después y que finalizará con el famoso Pacto de Madrid, en virtud del cual España entregará, sin contrapartida alguna, a excepción de una paz vergonzante, toda la parte norte del vasto territorio que controla (el más rico, con las minas de fosfatos a cielo abierto más importantes del mundo) a Marruecos; cediendo la parte sur (la más pobre y despoblada) a Mauritania; país este último que, ante la imposibilidad material de controlar la parte recibida, acabará renunciando a ella en beneficio de su ambicioso vecino del norte.

La estupefacción que semejante Pacto (realizado con nocturnidad y alevosía) produce en el Ejército español, que había empezado ya a movilizar a sus mejores unidades operativas, las denominadas de «intervención inmediata», con vistas a la guerra total con Marruecos, es de antología. Se culpa de inmediato al Gobierno de entreguismo y traición, pero también de estúpido, frívolo, indocumentado y figurón a su nuevo comandante en jefe, el príncipe de España, Juan Carlos, quien, según el clamor de las salas de banderas, ha cedido a las presiones de los políticos y ha abandonado a las tropas destacadas en el Sahara. Mal empieza, desde luego, su andadura como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas el general Borbón, heredero de Franco y jefe del Estado en funciones ante la reacción del Gobierno de su odiado Arias. El Pacto que éste se ha sacado de la manga, para contrarrestar las amenazas de guerra de Hassan II, y la crítica acerba de los militares, provoca que Juanito desaparezca de la escena política durante varios días sin decir esta boca es mía. Jamás le perdonará ya el Ejército (todavía franquista hasta la médula) el ridículo sufrido ante el sátrapa alauí y el humillante abandono de 300.000 kilómetros cuadrados de suelo patrio ante una nación, como la marroquí, que ya nos había tendido a los españoles en el pasado emboscadas políticas y militares sin cuento, siempre saldadas en su absoluto beneficio.

Pero dejemos, por el momento, la primera y estrafalaria aventura castrense del príncipe Juan Carlos, que despertará, como acabamos de ver, abundantes rechazos en las FAS y enturbiará aún más su relación futura con muchos generales franquistas (a pesar del testamento del dictador), y sigamos con los últimos momentos del moribundo caudillo. El día 3 de noviembre de 1975, Franco es operado de urgencia en un antiguo botiquín del complejo de El Pardo adonde es llevado en circunstancias lamentables ante la oposición de su yerno, el marqués de Villaverde, a trasladarlo al hospital La Paz de Madrid. Y escasos días después, el 7 de noviembre, es operado de nuevo a vida o muerte en ese centro sanitario e ingresado en la UVI, de donde ya no saldrá con vida. Muere el 15 de noviembre, a las diez de la noche, aunque la noticia de su desaparición se dará, por razones obvias, bastantes horas después.

Con el cadáver de Franco todavía caliente y expuesto a la veneración popular en un inmenso salón del Palacio Real de Madrid, el 22 de noviembre de 1975 será proclamado rey de España (de la España todavía franquista) el entonces príncipe y general de Brigada del Ejército español Juan Carlos de Borbón y Borbón. La llamada por el autócrata «instauración monárquica» se llevará a cabo, pues, como él mismo había diseñado y como el heredero había perseguido contra viento y marea. Se llevó a cabo en el hemiciclo del Palacio del Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo de la capital de España, soberbiamente engalanado para la ocasión, con la presencia del Gobierno en pleno, todos los procuradores y senadores franquistas y con abundantes invitados de postín (entre ellos la propia hija de Franco, la duquesa de Villaverde) se celebra la imponente ceremonia de juramento del nuevo rey ante el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Agustín Rodríguez de Valcárcel:

Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional.

Es un nuevo y solemne compromiso del asustado y nervioso príncipe ante todos los españoles que será contestado a grito pelado, en una sobreactuación manifiesta, por el presidente de las Cortes:

Si así lo hacéis que Dios os lo premie y si no, que os lo demande.

Las palabras del falangista Valcárcel resuenan como un trallazo en los oídos de los cientos de procuradores presentes en la ceremonia, pero también, al hilo de lo acontecido después, en los del joven general que impecablemente vestido de uniforme de gala acaba de jurar en falso. ¡Que Dios os lo demande! Treinta y dos años después todavía debe andar por ahí el Sumo Hacedor buscando la forma y manera de hacer pagar al desahogado príncipe (hoy ya envejecido y caduco rey de España) aquel alevoso perjurio del 22 de noviembre de 1975 que, por otra parte, muchos demócratas españoles debemos valorar en su justa medida ya que gracias a él recibimos el inconmensurable regalo de algunas libertades y derechos (casi todos parciales) por parte de su nueva y graciosa Majestad borbónica.

Y es que el pueblo español, que después de casi 40 años de feroz dictadura militar veía por fin la posibilidad de disfrutar de alguna de las mieles democráticas, tan abundantes en los países de su entorno europeo, enseguida le quitaría importancia a ese pequeño e intrascendente pasaje de la ceremonia de la proclamación en el que el nuevo mandamás con corona, ante un falangista de postín, se permitió tomar a chacota al mismo Dios, a sus Santos Evangelios, a los cientos de circunspectos procuradores y senadores franquistas presentes en el acto, a todos los ciudadanos españoles que veían el evento a través de la televisión, y hasta… a la madre que parió al otrora jefe de centuria, Rodríguez de Valcárcel. Le han perdonado tamaño desliz en beneficio de la convivencia pacífica entre españoles (históricamente bastante difícil de conseguir y todavía mucho más de mantener), la democracia en general, y la llamada «modélica transición española» en particular. Con lo que le ha debido resultar muy difícil hasta el momento al buen Dios pedirle las oportunas responsabilidades personales al «todoterreno» Juanito, en relación con lo jurado antes de ceñirse la corona de sus antepasados. Quizá se las pida en el más allá, cuando muera, pero tampoco es seguro que esto ocurra.

Por todo ello creo que si los historiadores amantes de la verdad y sin pelos en la lengua, no le pedimos con nuestros escritos estas responsabilidades y otras muchas (son incontables las pifias políticas, sociales, personales, familiares… cometidas en su ya largo reinado por este último Borbón de la nefasta saga del débil Carlos IV, el felón Fernando VII, la libertina Isabel II o el «rompebragas» Alfonso XIII… que llevaron a este país a la miseria, el analfabetismo, el atraso y el enfrentamiento por los siglos de los siglos) se nos va a ir éste también al pudridero de El Escorial de rositas, indemne, exultante, provocador, crecido… dispuesto a ocupar en los libros de texto el digno puesto que algunas personas de buena fe en este país creen, en su ingenuidad, que le corresponde.

Y por ahí, algunos no estamos dispuesto a pasar. Lo que ocurrió en España a lo largo de los últimos treinta años en relación con el reinado de Juan Carlos I se va a saber con pelos y señales. Porque todo lo que se hace desde el poder (y más si es un poder no democrático, no elegido por el pueblo, como es el caso) antes o después, se sabe. Y en este caso, aunque parezca increíble, lo vamos a saber con la ayuda de las propias Fuerzas Armadas, pues tanto en la dictadura de Franco como en la pequeña y artera «dictablanda» de su sucesor, han sido precisamente los servicios secretos militares los que, ejerciendo la noble misión de notarios de la Historia, han guardado bajo siete llaves los hechos más oscuros y las traiciones más deleznables correspondientes a tan singular «salvador de la patria», así como sus más recónditas debilidades personales.

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Enterrado el día 23 de noviembre de 1975 el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos, la faraónica obra mortuoria de su Régimen, y celebrada cuatro días después la solemne ceremonia religiosa de su coronación en la iglesia de los jerónimos de Madrid, comienza el largo reinado de Juan Carlos I, una época harto engañosa y equívoca de la historia de España en la que conceptos tan nobles, bellos y asumibles como transición política, democracia, libertad, Constitución, soberanía del pueblo, prosperidad económica, solidaridad social… taparan otros tan absolutamente rechazables como corrupción generalizada, nepotismo, oligarquía política, censura mediática, pelotazos financieros, terrorismo de Estado y envilecimiento general de las instituciones más representativas. Es lo que ha llevado a este país, a pesar del indiscutible salto en su riqueza (propiciado en gran parte, no conviene olvidarlo, por su entrada en la Comunidad Europea y la consiguiente ayuda de la misma en fondos de cohesión y desarrollo) a la preocupante situación que ahora padece, a fínales de la primera década del siglo XXI, con una fuerte crisis en su entramado político, social e institucional, agotamiento del consenso tan trabajosamente conseguido en la transición, malos augurios en el terreno económico e impotencia de los poderes públicos para resolver el gravísimo problema del terrorismo.

El nuevo rey que asume la jefatura del Estado español no deja de ser, teórica y políticamente hablando, un dictador en toda regla, heredero de un ídem que ha recibido, con su herencia, todos los poderes excepcionales que ostentó Franco durante los casi cuarenta años que permaneció al frente del inmenso cuartel en el que convirtió España tras su sublevación y la Guerra Civil consiguiente. Tutelado en la sombra, dirigido en secreto desde hace años por su antiguo profesor de Derecho Político, mentor, ídolo personal y primer valido in pectore, Torcuato Fernández-Miranda Juanito se encuentra cómodo desde el principio con ese poder absoluto y hasta es muy posible que, siguiendo sus impulsos personales (expresados ya con toda claridad en sus años mozos de cadete en la Academia General Militar de Zaragoza), se hubiera decantado por continuar con una dictadura militar coronada, explícita y tradicional, si no hubiera sido por la inteligencia privilegiada de don Torcuato. Éste no dejó nunca de recordarle con vehemencia que el futuro de la nueva monarquía «instaurada» por Franco en su persona pasaba indefectiblemente por pactar con los partidos políticos que lucharon contra el autócrata entre 1956 y 1939, e ir derechos a un régimen de libertades consensuado y respetuoso con el pasado, homologable (por lo menos en sus formas externas) con los sistemas democráticos imperantes en Europa Occidental.

Juan Carlos se decidirá finalmente por esa transición a la democracia pactada y consensuada, pero querrá sacar la máxima tajada de esa «real concesión a sus nuevos y expectantes súbditos», obteniendo así las máximas contrapartidas de los líderes políticos de la izquierda que, desde la clandestinidad, el olvido o el exilio, se aprestan a hacer valer sus derechos en la nueva etapa que se abre tras la muerte de Franco. El bisoño monarca sabe que el poder real en España en esos momentos recae en el todavía poderoso Ejército franquista, que ha recibido un mandato testamentario de su generalísimo para que obedezca y apoye a su sucesor, pero desconfía de lo que la monarquía pueda hacer en el medio y largo plazo. Por eso una de sus primeras medidas será, antes incluso de contactar con los dirigentes políticos, el conseguir de los generales su apoyo incondicional a una transición suave hacia una monarquía parlamentaria respetuosa con los principios generales del antiguo Régimen y las Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional; la cuadratura del círculo, vamos.

Con ese apoyo inicial, y dirigido siempre, desde la sombra, por don Torcuato Fernández-Miranda, Juan Carlos empezará inmediatamente a negociar con socialistas y comunistas su adhesión al nuevo sistema político que él quiere liderar como «rey de todos los españoles», prometiéndoles una Constitución y un régimen de libertades de corte europeo a cambio de substanciales concesiones por parte de ellos hacia su persona y familia. Sus emisarios políticos, entre los que sobresaldrá el confidente, amigo y testaferro financiero Prado y Colón de Carvajal, no perderán demasiado tiempo en circunloquios con sus interlocutores: o la nueva monarquía de Juan Carlos I con libertad de partidos, pero respetando todos sus símbolos, o una nueva dictadura militar de consecuencias imprevisibles.

El heredero de Franco conseguirá así, no sin serias dificultades con los comunistas de Santiago Carrillo (quienes aún estando de acuerdo en principio con el pacto, pedirán tiempo para que sus bases lo asimilen sin demasiados sobresaltos), que ambos partidos, PSOE y PCE, se comprometan a aceptar unos postulados políticos que muy pocos años antes nadie se hubiera atrevido ni a formular. Pero las circunstancias eran las que eran y había que coger el tren de la historia antes de que éste descarrilara de nuevo. En principio, ambos partidos de izquierdas se comprometerán a aceptar la nueva monarquía juancarlista y todos sus símbolos, el blindaje de la misma en una futura y consensuada Constitución Española, la inmunidad personal del nuevo monarca, una transición sin ruptura ni revanchismo con el anterior régimen y una ley electoral que garantice el control de los nuevos partidos que pudieran «querer poder» en la nueva etapa política: todo ello primando la supremacía de las organizaciones tradicionales.

Ésta es la transición, el cambio político, que diseñaron los primeros validos de la nueva monarquía borbónica y que enseguida asumiría con entusiasmo, alegría contenida y hasta con agradecimiento, el pueblo español de la época: una democracia formal, aparente, con ciertas libertades para los nuevos súbditos de un trasnochado reino ibérico «instaurado» a título personal por un dictador militar a cambio de un rey cuasi divino. Hablamos de alguien que debía quedar por encima de las leyes, inviolable, no sujeto a responsabilidad alguna, con patente de corso para medrar, enriquecerse, cometer toda clase de abusos sin que ni uno sólo de ellos pueda saltar a la opinión pública, y con los poderes ocultos necesarios y suficientes para convertirse de facto en un nuevo dictador, esta vez con rostro más amable y siempre en la sombra.

Pero he aquí que Juan Carlos chocará de inmediato con el presidente del Gobierno, asimismo heredado del autócrata ferrolano, el falangista Arias Navarro. Arias, que por supuesto no está al corriente de los planes diseñados por Torcuato Fernández-Miranda, quiere seguir gobernando al viejo estilo franquista sin darse cuenta que las circunstancias políticas son muy otras. Su relevo al frente del Gobierno estaba cantado desde mucho antes del 22 de noviembre de 1975, pero en los primeros momentos de la todavía non nata transición política del franquismo a la democracia había que actuar con sumo sigilo y el nuevo monarca se tomaría el relevo sin prisas. Todavía el viejo político, que acababa de hacer llorar a medio país con sus propias lágrimas en el momento de comunicarle la muerte de Franco (al que no dudó en calificar, lisa y llanamente, como «espada más limpia de Europa» ante las cámaras de TVE), le podía hacer algún importante favor antes de ser sacrificado.

El nuevo soberano quiere a su valido, don Torcuato, como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, un puesto absolutamente imprescindible para empezar a acometer, sin estridencias de ninguna clase, las reformas urgentes que la monarquía recién instaurada necesita para que sus débiles raíces se fortalezcan lo antes posible. Le pide, pues, al presidente Arias, que no le ha presentado su renuncia y aspira a continuar sine die en su alto puesto, que consiga del Consejo de Estado la inclusión en la terna para la elección de presidente de ese alto organismo a su antiguo profesor de Derecho Político. Arias lo logra, no sin algunas dificultades, seguro de que ese favor inicial al rey, a pesar de sus desencuentros pasados, influirá positivamente en su porvenir político. No será así, y una vez que el entorno del cambio (con el monarca como locomotora del mismo, según la propaganda oficial del momento) se encuentre seguro y dominando importantes parcelas de poder, será defenestrado sin contemplaciones. Esto ocurrirá el 1 de julio de 1976, una vez más bajo la consabida, cínica y manoseada fórmula de «dimisión voluntaria» del interesado, escasas semanas después de que el rey se permita, en una entrevista a la prestigiosa revista norteamericana Newsweek, tachar de «desastre sin paliativos» a su jefe de Gobierno.

Es el primer acto de fuerza del heredero de Franco a título de rey. Después vendrán otros y otros… todos los que sean necesarios para asentar su corona y su poder, un poder cuasi dictatorial que sucederá al todopoderoso del que está ya bajo la losa del Valle de los Caídos y sin que apenas nadie se dé cuenta. Pero no le será nada fácil al joven Borbón lograrlo. Y el mayor de los peligros le vendrá precisamente de donde menos lo podía esperar, del propio Ejército franquista que le había jurado fidelidad y acatamiento. Pero esto lo veremos ya en el próximo capítulo.

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ADOLFO SUÁREZ, PRESIDENTE DEL GOBIERNO

—El primer Gobierno del rey. —La legalización del PCE casus belli para el Ejército. —La División Acorazada Brunete, mandada por el general Milans del Bosch, calienta motores. —El rey controla con dificultad el primer órdago militar franquista. —Mensaje personal al general Milans: «Jaime, no te muevas». —Las primeras elecciones generales del 15-J.

Desembarazado Juan Carlos I de su principal adversario político, el presidente Arias, enseguida empezaría a mover los hilos (subterráneos, como siempre) para colocar en su lugar a un hombre de su entera confianza que pudiera asumir sobre sus espaldas la ardua y peligrosa tarea de iniciar la apertura democrática que a él le interesaba (al pueblo español también, por supuesto), enfrentándose, si era necesario, con el Ejército. Para ello ¡cómo no!, echaría mano del ya flamante presidente de Las Cortes y del Consejo del Reino, su amadísimo ex profesor de Derecho Político, don Torcuato Fernández-Miranda.

Tiempo atrás, tanto profesor como alumno habían hablado con profusión del tema y se habían puesto de acuerdo en la persona idónea para llevar a cabo tan ingente labor: Adolfo Suárez, un político amamantado en las ubres del poder franquista (ministro del Movimiento en el último Gobierno Arias), joven, ambicioso, muy inteligente y con un carisma incuestionable. Nos referimos a alguien que, además, condición indispensable para sus nuevos mentores, carecía realmente de proyecto político propio (su camisa azul desteñía por momentos), por lo que era previsible no pusiera demasiados inconvenientes en asumir y defender el de ellos.

Don Torcuato actuaría, como siempre, con suma previsión, profesionalidad, orden y discreción. Movería sus influencias, cada vez más poderosas, en el Consejo del Reino y conseguiría sin ninguna dificultad que en la terna a presentar al rey, para que éste designase un nuevo presidente del Gobierno, figurase, acompañado de dos personalidades ciertamente más relevantes que él (Silva Muñoz y Gregorio López Bravo) el desconocido político de Cebreros. La operación real, planificada como digo en petit comité por Juan Carlos y su valido político, funcionaría a la perfección. Así las cosas, el 2 de julio de 1976, apenas veinticuatro horas después de que el presidente Arias presentase su dimisión al rey, con sorpresa mayúscula y calificativos de «tremendo error» por parte de una parte importante de la clase política y periodística (el feroz artículo denigratorio publicado en El País por Ricardo de la Cierva, con ese mismo título, sembraría la duda y la preocupación en tertulias y mentideros políticos) era nombrado Adolfo Suárez nuevo jefe del Ejecutivo español.

Pero las primeras y más graves crisis que el nuevo régimen juancarlista, con su flamante nuevo presidente del Gobierno al frente, tendría que afrontar muy pronto no vendrían precisamente del campo político, crítico hasta el insulto con la sorprendente decisión del rey de elevar a los altares a un falangista sin pedigrí como Adolfo Suárez, sino de los militares franquistas. Éstos, a pesar del testamento del dictador y el pacto entre caballeros suscrito con Juan Carlos tras su ascensión al trono, muy pronto serían conscientes de que su bisoño comandante en jefe, el nuevo caudillo que debía continuar la ardua labor de su insigne predecesor, iniciaba una peligrosísima deriva política que podía llevar de nuevo al país a los preocupantes momentos anteriores al «heroico» levantamiento nacional del 18 de julio de 1936. Pensaron que con ello invalidaba su victoria del 1 de abril de 1939, dando de facto la vuelta a la tortilla política cocinada durante los tres largos años de cruzada contra el comunismo, la masonería, el separatismo, el liberalismo, y, en definitiva, contra todo el amplio abanico de enemigos de la patria que en su día se atrevieron a ocupar trinchera frente a legionarios y regulares.

En consecuencia, así como en el terreno político y social la transición hacia el nuevo régimen de libertades pergeñado por sus asesores iba a resultar incluso mucho más cómoda y sencilla de lo previsto (el rey, como acabamos de ver, en connivencia con el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda, no tuvo el más mínimo inconveniente en nombrar presidente del Gobierno a Adolfo Suárez), en el militar, aparentemente más fácil y predecible al ostentar el monarca la suprema jefatura de las Fuerzas Armadas y mantener unas buenas relaciones personales con muchos antiguos compañeros de Academia, los problemas iban a aparecer, muchos y graves, en el corto plazo, poniendo en serio peligro todo el proceso en marcha e, incluso, la pervivencia de la propia institución monárquica. Ésta no vería resueltas sus dificultades con los militares hasta después del 23 de febrero de 1981, fecha en la que desmontado el latente golpismo castrense franquista a través de la chapucera (pero efectiva) maniobra político-militar borbónica cocinada en La Zarzuela y que todos los españoles conocemos como «23-F», las nuevas autoridades militares subordinadas al poder emergente socialista aceptarían ya como un hecho irreversible el desmantelamiento del franquismo en los cuarteles y la mayoría de edad del nuevo régimen político «juancarlista».

Tres serán los momentos especialmente graves con los tendrán que lidiar Juan Carlos I y su pléyade de asesores militares y validos civiles, independientemente del ya mencionado y esperpéntico 23-F, que no fue, como el poder político ha querido hacer ver a los ciudadanos españoles durante la etapa más dura de la transición, ni el instante más dramático y peligroso en el devenir de la misma ni, por supuesto, aquel grave «movimiento involucionista contra las libertades y la democracia a cargo de un pequeño grupo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen». Más bien fue todo lo contrario: una operación político-militar montada desde la cúspide del Estado para defenderse in extremis del golpe letal que preparaban, para primeros de mayo de 1981, los jerarcas más extremistas y poderosos de la organización castrense franquista. Es algo que afortunadamente terminaría bien para la causa del nuevo Borbón en el trono, y de todos sus nuevos súbditos; aunque no por ello los españoles deberemos de dejar de reprobar siempre y con todas nuestras fuerzas, tamaña insensatez, porque ésta estuvo a punto de costarnos una nueva guerra civil y porque, como es bien sabido, el fin nunca puede justificar los medios empleados para conseguirlo.

Estos tres momentos especialmente graves para la democracia y el régimen de libertades que, mediado ya el año 1976, iniciaba con timidez manifiesta su andadura entre los españoles, serían, cronológicamente hablando, los siguientes: el Sábado Santo «rojo» de la Semana Santa de 1977, en el que el presidente Adolfo Suárez legalizó el PCE desafiando al Ejército franquista; el 15 de junio del mismo año 1977, día en el que se celebraron las primeras elecciones generales de la nueva etapa democrática, con la cúpula militar vigilando el proceso electoral acuartelada en la sede del Estado Mayor del Ejército, en Madrid, para actuar de inmediato si las urnas se escoraban demasiado hacia la izquierda; y por último, el otoño de 1980, con los capitanes generales franquistas, todavía en la cúspide del poder militar, conspirando abiertamente contra la democracia y la Corona, y pidiéndole al rey que defenestrara a Suárez si quería seguir contando con su apoyo.

De todo esto voy a hablar con detalle en las páginas que siguen para poner de manifiesto, entre otras cosas, las maniobras subterráneas del nuevo rey para preservar su trono utilizando al máximo el extraordinario poder (legal) heredado de su predecesor en la jefatura del Estado, así como el inmenso poder (fáctico) que todavía mantenían en su seno las Fuerzas Armadas. Presentaré para ello situaciones y hechos de los que sólo tuvimos constancia algunos militares situados a la vera de los altos jerarcas castrenses de la época y de sus servicios de Información. Sin recordarles con detalle, sin profundizar en ellos, sin sacarlos a la luz pública con toda nitidez, nunca se podrá entender lo que fue la transición política en este país, ni tampoco lo que pasó en el Congreso de los Diputados aquella recordada tarde de finales de febrero de 1981 en la que un polémico e indisciplinado teniente coronel de la Guardia Civil, al frente de medio millar de hombres armados, penetró manu militari en su hemiciclo humillando gravemente a los legítimos representantes del pueblo español en su bananera acción.

***

Empecemos, pues, sin más dilaciones por el primero de estos hitos históricos de la transición democrática que acabo de señalar: el conocido popularmente como el Sábado Santo «rojo» de la democracia española.

En los últimos meses de 1976 y primeros de 1977, la situación en el Ejército español era tan inquietante y de tan auténtico malestar interno que empezaba ya a preocupar seriamente no sólo a las altas autoridades «aperturistas» de la Vicepresidencia del Gobierno para Asuntos de la Defensa, con su titular, el teniente general Gutiérrez Mellado a la cabeza, sino a los propios altos mandos franquistas de su Cuartel General, ubicado en el soberbio edificio del palacio de Buenavista, en la plaza de la Cibeles de Madrid.

Los estados de opinión que en las últimas semanas habían ido llegando a la cúpula del Ejército procedentes de las Segundas Secciones (Inteligencia) de los Estados Mayores de las capitanías generales eran tajantes: la inquietud, el desasosiego, la incertidumbre sobre lo que pudiera traer consigo el camino a la democracia emprendido en España, las dudas sobre la actuación en tal sentido del propio rey y de su presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, y el rechazo frontal generalizado a una transición que empezaba a poner en serio peligro las más profundas esencias del Régimen autoritario instaurado por Franco en 1936, estaban presentes; y lo hacían en proporciones cada vez más alarmantes, en los comentarios y charlas que a diario se suscitaban en las salas de banderas y en los clubes de oficiales de las unidades operativas. Y lo que es peor, las charlas, los comentarios, las preguntas embarazosas a los superiores por parte de los mandos intermedios (los que finalmente tenían el mando directo de las tropas) eran cada día que pasaba más frecuentes, más audaces, más directas, más apasionadas, llegando, a veces, a degenerar en fuertes discusiones y en pequeños motines de barra de bar que desbordaban por completo los estrechos márgenes que permitían la disciplina y la jerarquía.

Esto ocurría sobre todo en las unidades más inquietas y con más poder real con las que contaba el Ejército español: la Brigada Paracaidista y la División Acorazada Brunete. Aunque al final, curiosamente, todos los apasionados protagonistas de esas algaradas y tomas de postura cuarteleras (mandos y subordinados) acabaran poniéndose de acuerdo en fijar a sus verdaderos «enemigos»: los políticos «demócratas de pacotilla» que estaban llevando al país a la ruina; los «traidores» de la casa, léase militares reformistas, a cuyo frente se encontraba el propio vicepresidente para Asuntos de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado; los altos jerarcas del sistema que rodeaban y engañaban al rey, heredero de Franco y continuador de su Régimen; y también, aunque de forma más minoritaria y a cargo siempre de locuaces representantes de la extrema derecha castrense, al propio monarca que, autorizando según ellos todo lo que estaba ocurriendo en la patria sagrada, había emprendido un peligroso camino de muy difícil retorno.

Si bien era cierto que ese malestar y esa inquietud no eran nuevas en las Fuerzas Armadas, sobre todo en el entonces muy politizado Ejército de Tierra, en el que habían empezado ya a aflorar en el verano del año anterior, cuando el rey nombró, con abundantes reticencias en algunos círculos políticos y sociales, a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. También era del todo punto cierto que las aguas de la Institución castrense española empezaron a bajar mucho más tranquilas a partir de la famosa reunión de Suárez con las más altas autoridades militares (vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, ministros del Ejército, Marina y Aire, jefes de Estado Mayor, capitanes generales…) celebrada el 8 de septiembre de 1976 en la sede de presidencia de Gobierno (Castellana 5), donde, según la mayoría de los jerarcas castrenses que acudieron a la cita, el jefe del Ejecutivo les había prometido (con su inolvidable «puedo prometer y prometo») que jamás legalizaría al Partido Comunista de Santiago Carrillo.

Fuera cierta o no tan rotunda aseveración política del político abulense, que meses después sería si no negada, sí matizada convenientemente por el general Gutiérrez Mellado en el sentido de que Adolfo Suárez hizo esa promesa a los allí reunidos en el supuesto de que el líder del PCE no se aviniera a aceptar las reglas del juego democrático, la realidad fue que sus manifestaciones y sus promesas anticomunistas ante los generales franquistas surtieron un efecto balsámico y reparador en el seno de las Fuerzas Armadas. Todo lo relacionado con el Partido Comunista de Santiago Carrillo, y en especial con su hipotética legalización, que se contemplaba y que sería considerada, a todos los efectos, un auténtico casus belli, seguía siendo un tema tabú para los militares ganadores de la Guerra Civil que, controlando la práctica totalidad de las capitanías generales y sus grandes unidades operativas, no estaban dispuestos a permitir que unos acomodaticios y ambiciosos políticos les ganaran finalmente la partida. Por eso las palabras del presidente del Gobierno a sus máximos representantes en las postrimerías del verano de 1976 serian absolutamente bienvenidas, hasta el extremo de ser elevadas de inmediato a la categoría de juramento solemne.

Pero a partir de primeros de marzo de 1977 las cosas empezarían a cambiar drásticamente en los cuarteles, en las capitanías generales y, sobre todo, en el abigarrado laberinto de pasillos y despachos que conformaban el máximo órgano de planeamiento y mando del Ejército de Tierra español: el palacio de Buenavista de Madrid, donde se ubicaba el todavía Ministerio del Ejército y su recientemente remodelado Estado Mayor. La razón: bien sencilla. Los rumores sobre una hipotética «traición» del presidente Suárez, en el sentido de que podía legalizar en las próximas semanas al Partido Comunista de España, empezaron a llegar, vía Secciones de Inteligencia, a las más altas autoridades militares del Ministerio y del EME (Estado Mayor del Ejército). El ambiente empezó a enrarecerse con rapidez y las noticias de que algo «se cocía» en las alturas políticas, de que el cinismo de los políticos podía concretarse, una vez más, en acciones contra el Ejército y contra la patria, a extenderse como una peligrosa mancha de aceite por cuarteles generales, capitanías, Estados Mayores y salas de banderas.

El grado de información sobre lo que se preparaba desde el Gobierno era, lógicamente, mucho más intenso y preciso en la cúpula del Ejército, en la sede del Ministerio y el Estado Mayor, donde el que esto escribe, a la sazón comandante de Estado Mayor destinado como jefe de Movilización del EME, prestaba sus servicios. El centro neurálgico de la Inteligencia militar de la Institución radicaba en la Segunda División del EME, que trabajaba en aquellos delicados momentos a todo trapo, y sus «tantos» y «notas informativas» salían puntualmente (cada muy pocas horas) de sus oficinas, situadas en la segunda planta del palacio, para satisfacer la lógica curiosidad y las perentorias necesidades operativas de los numerosos generales, jefes y oficiales diplomados de Estado Mayor destinados en la casa.

Pero aunque existía, y potenciado al máximo, un cinturón de seguridad informativo alrededor de las cinco Divisiones del EME, para que todas estas informaciones y análisis sobre la situación política del país, así como las hipotéticas intenciones del Ejecutivo, no trascendieran en demasía a los cuarteles, la tozuda realidad era que el propio grado de tensión que se vivía en el Ministerio (donde trabajábamos en aquellas fechas más de dos mil uniformados y casi medio millar de funcionarios civiles) y el agudo malestar que evidenciaban sus más altos dirigentes (los cinco generales del EME que mandaban las cinco Divisiones operativas) hacía muy difícil que los informes reservados y los comentarios de todo tipo sobre la tensa situación que vivían las Fuerzas Armadas no trascendiera a los militares de a pie de las unidades operativas.

A ello contribuía especialmente, como acabo de señalar, el supino malestar de los generales y altos cargos del Ministerio y el Estado Mayor, que no se recataban de comentar con sus subordinados de cierto nivel la oscura maniobra que en las más altas esferas del Gobierno se estaba tramando contra los sagrados valores del Ejército y de la patria. Consideraban deleznable esa actuación (la legalización del PCE) que, de concretarse, tendría que ser considerada sin ninguna duda por el Ejército como una auténtica declaración de guerra por parte del Ejecutivo, debiendo actuar aquél, en consecuencia, con todos sus medios y todo su poder en defensa de esos sagrados intereses colectivos.

Toda esta inquietud y todo este malestar y desasosiego que, como digo, iban in crescendo, día a día, a lo largo de las primeras semanas de marzo de 1977, no podían dejar indiferentes, aunque por motivos bien distintos, ni a las altas autoridades militares del Gobierno (reformistas) con el general Gutiérrez Mellado al frente, ni a los altos mandos del propio Ejército (franquistas), ubicados en su sede de Buenavista. Por eso, y a las puertas ya de la famosa Semana Santa de ese trascendental año de 1977, tanto las primeras, con sus reiteradas promesas de que el Gobierno no contemplaba a corto plazo la legalización del PCE y que lo único que había hecho sobre el tema era encargar un informe técnico a sus expertos, como los segundos, los generales franquistas, que conspiraban descaradamente en sus despachos pero que no querían ser los primeros en actuar, no se recataban de enviar mensajes tranquilizadores a los cuarteles generales, a las salas de banderas y a los numerosos centros de reunión de oficiales y suboficiales.

El pulso entre ambas fuerzas estaba en el aire y se venía venir, lo veíamos con meridiana claridad todos los que estábamos destinados en los centros informados del todavía entonces «poder militar», existiendo muchas posibilidades de que ese pulso se ventilara a lo largo de las jornadas de ocio y religiosidad próximas a llegar. El Gobierno, que en aquellos momentos tenía tomada su decisión sobre la legalización del PCE, a pesar de los temores y recelos que suscitaba la posterior actuación del Ejército (los oficiales de Estado Mayor mejor informados del Cuartel General ya teníamos información sobre los contactos del propio Juan Carlos con Santiago Carrillo a través de su embajador personal, Prado y Colón de Carvajal) no podía dejar de desaprovechar una ocasión como la que le brindaba las vacaciones de Pascua, a punto de comenzar, con todo el mundo fuera de sus lugares habituales de trabajo y los canales de reacción castrenses bajo mínimos.

Efectivamente, el día 9 de abril, Sábado Santo, el Gobierno de Adolfo Suárez, con la expresa autorización del rey Juan Carlos, que ya ha negociado con el líder de los comunistas españoles las condiciones expresas de tan arriesgada operación, da el temido paso al frente y legaliza el Partido Comunista de España. A las cuatro de la tarde, horas antes de que la espectacular noticia se difunda por todos los medios de comunicación, la confirmación de la misma llega a la sede suprema del Ejército en Cibeles, provocando un auténtico escándalo institucional que nadie parece tener ganas de reprimir o, por lo menos, controlar. Por los canales internos de la Institución el aldabonazo gubernamental empieza a extenderse con estrépito: «El PCE ha sido legalizado»; y se repite: «El PCE ha sido legalizado…», convirtiéndose, con el paso de las horas, en un estruendo que nadie sabe cómo acabará.

Una prueba fehaciente de la crispación y desasosiego que se vivía en aquellos momentos en el Ejército y de que sus más altos mandos se preparaban ya para lo peor, lo constituye el hecho, insólito en esta institución desde la Guerra Civil, de que la práctica totalidad de los jefes y oficiales diplomados de Estado Mayor destinados en el Cuartel General fuéramos requeridos con toda urgencia para incorporarnos, esa misma tarde, a nuestros despachos, independientemente de que estuviéramos o no en la capital de la nación. Concretamente, en mi caso particular, logré presentarme a las diez de la noche en el palacio de Buenavista de Madrid procedente de Castellón de la Plana, donde pasaba mis vacaciones de Semana Santa, después de más de seis horas de viaje en mi coche particular. Como jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército, debí permanecer en mi lugar de trabajo hasta las tres de la madrugada al objeto de tener ultimadas las órdenes oportunas para movilizar de inmediato a 150.000 reservistas del Ejército de Tierra, así como para militarizar todo tipo de empresas de transporte, comunicaciones, servicios, energía, televisión, radio… y demás organizaciones civiles esenciales para la vida del país. Por fortuna, estas órdenes excepcionales, como todos sabemos, no se pondrían finalmente en ejecución.

De todas formas, y sigo un poco más con mi caso particular, la noticia de la legalización no me sorprendió demasiado; la esperaba, aunque sí me inquietó bastante la reacción visceral de mis jefes ordenándome el regreso urgente a Madrid con un domingo de por medio y debiendo presentarme oficialmente en mi despacho el martes a primera hora. Y más aún me inquietaron los trabajos profesionales que, como acabo de exponer, tuve que desarrollar en la soledad de mi despacho hasta altas horas de la madrugada. La cosa parecía ir en serio dado que la reacción en las alturas castrenses había sido fulminante. ¡Menudos días nos esperaban!

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El domingo 10 de abril de 1977 (Pascua de Resurrección) la prensa, TVE y la radio recogen ya ampliamente el trascendental hecho político que supone la legalización del PCE, pero el «gran mudo», el Ejército español, permanece callado.

El lunes 11 de abril la situación, lejos de arreglarse durante el fin de semana, parece empeorar por momentos. Se teme una dimisión en bloque de los tres ministros militares en las próximas horas y con ello, la apertura de una grave crisis institucional y de Gobierno. En los Estados Mayores de los tres Ejércitos la situación no es mejor. Durante el domingo, la División de Inteligencia del Ejército de Tierra ha estado en contacto permanente con las capitanías generales, los sectores aéreos y los departamentos marítimos, y he aquí que sus informes son preocupantes. Las primeras autoridades regionales controlan la situación y han evitado hacer declaraciones fuera de los canales reservados de mando, pero en los cuerpos y unidades la preocupación es creciente y a lo largo del día las salas de banderas pueden hervir… En Madrid, el suceso del sábado ha caído como una bomba en las dos unidades más operativas y conflictivas de la I Región Militar: la BRIPAC (Brigada Paracaidista) y la DAC (División Acorazada). Los mayores problemas pueden empezar por ahí.

A las nueve horas se reúne el teniente general Vega, jefe del Estado Mayor del Ejército, con un numeroso grupo de generales de su Cuartel General para analizar la preocupante situación. La reunión durará toda la mañana del día 11, y mientras ésta tiene lugar en los corrillos formados en los despachos de los oficiales de EM, en las oficinas de las distintas secciones y en las improvisadas cafeterías caseras diseminadas por el vetusto edificio, los rumores, las noticias alarmistas, las preocupaciones sinceras de unos y las alegrías contenidas de otros se mezclan en irracional «puzzle».

Antes de que termine la reunión de la cúpula del EME se conoce, a través de la División de Inteligencia, la dimisión irrevocable como ministro de Marina del almirante Gabriel Pita da Veiga. Se espera, asimismo, que le secunden en las próximas horas los generales Félix Álvarez-Arenas y Carlos Franco, ministros respectivos del Ejército y del Aire.

Los medios de comunicación de esa misma mañana habían recogido ya con alarma, en sus primeras ediciones, que los tres altos militares (especialmente el almirante Pita da Veiga, quien, según esos medios, se enteró de la noticia a través de la televisión) habían sido cogidos por sorpresa ante la decisión gubernamental. Obviamente, esto no fue así. Antes de emprender vuelo a Canarias, en los primeros días de la Semana Santa, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, había llamado por teléfono a los tres ministros militares alertándoles de una posible decisión del presidente Suárez en el sentido de legalizar el PCE, si los informes jurídicos en marcha y las negociaciones secretas con Santiago Carrillo resultaban positivas. Y no sólo se enteraron los ministros (el de Marina pidió, incluso, explicaciones a Gutiérrez Mellado sobre esos informes en preparación) sino que, a través de las oportunas notas informativas de la División de Inteligencia del EME, la mayoría de los componentes de los Estados Mayores de los tres Ejércitos recibimos precisa información paralela.

Sin embargo, a pesar del impacto de la dimisión del almirante Pita, que inmediatamente trasciende a la opinión pública, los generales Álvarez-Arenas, que no se deja ver por su despacho alegando enfermedad, y Franco, no le siguen los pasos. El general Gutiérrez Mellado, al conocer la decisión del titular de la cartera de Marina, regresa precipitadamente a Madrid y trata de contener la cadena de dimisiones. Los capitanes generales del Ejército de Tierra son convocados urgentemente a una reunión extraordinaria del Consejo Superior del Ejército, a celebrar el día siguiente en Madrid, sin que se sepa muy bien de qué autoridad ha partido la convocatoria.

Desaparecido de la escena castrense Álvarez-Arenas, en el palacio de Buenavista no se sabe a ciencia cierta quién ostenta el poder real. El general Vega, jefe del Estado Mayor, un hombre autoritario y de carácter, parece muy mediatizado por los generales de la «troika» franquista que dirige las divisiones segunda, tercera y cuarta del EME, los más radicales. Los capitanes generales que se incorporen al Consejo Superior del Ejército al día siguiente, día 12 de abril, serán mayoritariamente también del sector duro franquista y pueden adoptar graves decisiones. En las unidades de Madrid, en la BRIPAC y la DAC, la tensión no ha disminuido un ápice a lo largo de la mañana, por lo que varios jefes del EME, entre los que me encuentro, nos reunimos cada pocos minutos en la División de Organización del mismo para tomar el pulso a los acontecimientos y evitar que éstos nos desborden literalmente.

Procuramos estar en contacto permanente con algunos compañeros de las dos unidades operativas citadas, ya que no se nos escapa que el verdadero peligro radica, sobre todo, en la División Acorazada Brunete nº 1 de Milans del Bosch que, según los informes de que disponemos, ha permanecido durante bastantes horas de la noche reunido con sus colaboradores y mandos más cercanos. Debemos evitar ante todo la sorpresa, enterándonos ipso facto de cualquier movimiento de carros de combate o vehículos blindados más livianos como del tipo TOA (Transporte Oruga Acorazado) que pueda iniciarse en esta gran unidad operativa, sobre todo en el Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo nº 61, el mecanizado Asturias nº 31 (ambos acuartelados en El Goloso, Madrid), el Regimiento de Caballería Villaviciosa de Retamares, o los Regimientos de Infantería Mecanizada Saboya y Wad-Ras, con cuarteles en Leganés y Campamento respectivamente.

Afortunadamente, la anunciada reunión del Consejo Superior del Ejército del día siguiente impide cualquier reacción apresurada de los mandos de estas unidades blindadas. Contactadas por teléfono por el grupo de oficiales «demócratas» que periódicamente nos reunimos en la División de Organización del EME, nos aseguran que aunque el ambiente está enrarecido al máximo y la presión en las salas de banderas y cuartos de oficiales de batallones y compañías es muy alta, nadie se moverá antes de que los capitanes generales, que se reúnen al día siguiente en el palacio de Buenavista de Madrid, adopten una decisión en firme. Compás de espera, pues, aunque no conviene bajar la guardia.

El martes 12 de abril, por la tarde, se reúne por fin el Consejo Superior del Ejército bajo la presidencia del teniente general Vega Rodríguez, jefe del Estado Mayor. El ministro del departamento continúa con su extraña enfermedad. En principio, la reunión estaba convocada para las 11 de la mañana de ese día y todos, en la gran casa de Cibeles, pensamos que sería el teniente general Álvarez-Arenas, como ministro, el que finalmente tomara las riendas de la misma.

Sin embargo las horas han ido pasando y la reunión retrasándose, mientras los rumores y las cábalas aumentaban en intensidad y frecuencia. A pesar de que antes del almuerzo han tenido lugar encuentros informales entre los distinguidos «príncipes de la milicia» protagonistas del extraordinario evento, hasta bien entrada la tarde los burócratas operativos del Ministerio del Ejército y Estado Mayor no hemos tenido acceso a alguna información relevante con que alimentar nuestra lógica ansiedad profesional. Sabemos entonces que el general Álvarez Zalba, secretario del ministro, auxiliado por los tenientes coroneles de EM Quintero y Ponce de León (destinados ambos en la secretaría general del EME), está redactando una nota oficial sobre el «cónclave» recién finalizado. Se asegura en los pasillos que éste ha sido muy tenso y duro, con intervenciones personales crispadas a favor de plantar cara al Gobierno de una vez por todas, de frenar como sea la medida política que ha tomado.

—Si alguna palabra puede servir como denominador común de todos los discursos oídos en la sala del Consejo, ésta es sin duda la de traición, seguida de los consabidos tópicos de «patria», «honor», «unidad» y «Ejército». El general Vega se las ha visto y deseado para contener la ira de sus pares, que no querían levantarse de la sesión sin medidas de acción concretas; aunque al final ha conseguido ganar tiempo en espera de entrevistarse urgentemente con el ministro. —Es lo que me comenta un coronel, jefe de sección, mientras tomo café en la improvisada cafetería de su despacho.

El malestar, la indignación en la cúpula militar roza la visceralidad más insensata e imprevisible, según los oficiales mejor enterados de Inteligencia, Secretaría General y Ayudantes. A pesar de ello, termina la jornada militar en el EME sin que ese grave malestar trascienda a la esfera civil, más allá de ciertos comentarios, recogidos en determinados medios de comunicación, sobre la dimisión del almirante Pita da Veiga, ocurrida el día anterior. Dimisión que, según esas informaciones, puede contagiarse a los Ministerios de Tierra y Aire en cualquier momento.

Se especula también en algunos medios, emisoras de radio y televisión preferentemente, sobre el «ruido de sables» detectado en algunas unidades militares a raíz de la decisión política tomada por Suárez, pero las informaciones son escasas, erráticas, sin mucho conocimiento de causa. La efervescencia militar interior es mucho más elevada que todo eso, aunque circunscrita de momento al área de la capital de la nación: Ministerios del Ejército y de Marina, Estado Mayor del Ejército y grandes unidades operativas de la Primera Región Militar.

El Ejército se presenta mayoritariamente unido en la línea franquista-conservadora. El verdadero peligro de que pueda iniciar en las próximas horas alguna extraña maniobra de corte involucionista hay que situarlo donde verdaderamente está: en el grupo de tenientes generales que acaba de reunirse en Madrid. Las capitanías generales se han quedado sin sus máximos responsables al salir éstos precipitadamente hacia la capital de la nación y sus mandos interinos obedecerán ciegamente las directrices que puedan dictarse desde Cibeles. El Ministerio de Marina, donde los almirantes en activo se han conjurado para que ninguno de ellos ocupe la vacante dejada por Pita da Veiga, y el del Aire, con mucho menor peso especifico, secundarán con toda probabilidad cualquier medida antigubernamental tomada por el de tierra. Y no olvidemos que en éste, ante la sospechosa enfermedad de Álvarez-Arenas, ha tomado las riendas del poder un general como Vega Rodríguez, con fama de moderado, pero duro y decidido. Pero es alguien que se puede ver desbordado por los acontecimientos.

El miércoles 13 de abril, a primera hora de la mañana, corre con rapidez por los despachos y pasillos de Buenavista la minuta de la nota redactada por el general Álvarez Zalba y sus dos auxiliares en la tarde/noche anterior. Es explosiva. Va dirigida a «todos los generales, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército», y constituye en sí misma un claro desafío al Gobierno al rechazar de plano la legalización del PCE y amenazar descaradamente con tomar las medidas necesarias para anularla. Frases como éstas: «El Consejo Superior del Ejército exige que el Gobierno adopte, con firmeza y energía, todas cuantas disposiciones y medidas sean necesarias para garantizar los principios reseñados (unidad de la patria, honor y respeto a la Bandera, solidez y permanencia de la Corona, prestigio de las Fuerzas Armadas…)», o «El Ejército se compromete a, con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la patria y la Corona», no dejan dudas sobre las intenciones de los máximos jerarcas militares.

El escrito, aparte de su total improcedencia legal y desfachatez política (olvida que en un Estado de derecho las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas siempre al poder civil, el cual emana del pueblo soberano), presenta abundantes irregularidades de forma y errores de redacción. Manifiesta, por ejemplo, que el Consejo se ha reunido bajo la presidencia del teniente general Vega Rodríguez y, sin embargo, aparece con la antefirma del ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas Pacheco; aunque en el borrador y en los miles de copias que se difundirán horas después por canales nada reglamentarios, la rúbrica del jefe del departamento brilla por su ausencia. El documento dice también, al referirse a la ausencia del ministro, «por enfermedad de aquél» cuando es él mismo el que redacta el manifiesto.

No cabe la menor duda de que este incendiario panfleto golpista ha nacido del nerviosismo y la impotencia imperantes en la cúpula militar desde bastante antes de la tensa reunión del Consejo Superior del Ejército. Ha sido desde el mismo instante en que sus miembros, incrédulos y perplejos, recibieron por los medios de comunicación (los menos) o a través de sus secciones de Inteligencia (los más) la traumática noticia de que el presidente Suárez «sí se había atrevido» a legalizar el PCE, a pesar de sus promesas.

La crisis es tan grave en esas primeras horas del miércoles de Pascua que parece desbordar a las autoridades de Defensa, Presidencia del Gobierno, y hasta al propio rey Juan Carlos, bajo cuya dirección se ha tejido toda la maniobra legalizadora de los comunistas de Santiago Carrillo. Los generales franquistas, convencidos de que el monarca no ha respetado el compromiso pactado con ellos, parecen decididos a romper la baraja y a detener traumáticamente el proceso democratizador puesto en marcha por el Borbón. Éste, mientras tanto, ausente, sumamente preocupado y no muy dispuesto a reprimir por la fuerza este primer y grave órdago militar franquista contra su persona y su proyecto político, reaccionará por fin (como hará a partir de ese momento repetidas veces en el futuro) echando mano de los militares monárquicos más fieles a su persona, entre los que se encuentra el general de División Jaime Milans del Bosch y Ussia, jefe de la División Acorazada Brunete, la gran unidad operativa, la más poderosa del Ejército español, con sus acuartelamientos a muy pocos kilómetros de La Puerta del Sol. Coge el teléfono, con secráfono incorporado, y llama con toda urgencia a Milans. Son exactamente las diez horas del miércoles 15 de abril de 1977.

El general se pone inmediatamente al aparato a pesar de que en esos momentos se encuentra reunido con su Estado Mayor y los jefes de sus batallones de carros de combate:

—¿Cómo va todo, Jaime? —pregunta el monarca.

—¡A sus órdenes, majestad, sin novedad en la División! —responde marcialmente el aludido.

—Jaime, escúchame bien, no debes ni puedes intervenir en estos momentos pues todo se puede ir al traste. La decisión que ha tomado Suárez era absolutamente necesaria para dar credibilidad al proceso de apertura democrática en España. Yo he sido informado de todo desde el principio y el presidente del Gobierno ha actuado con arreglo a mis instrucciones. El PCE debe involucrarse en la transición que hemos emprendido y para ello, es absolutamente necesario que pueda concurrir a las próximas elecciones generales. Tengo amplias seguridades de Santiago Carrillo de que su partido respetará el juego democrático, la monarquía y el nuevo régimen que ésta representa. No hay peligro alguno para España… Créeme, Jaime. Todo está bien pensado. Confía en mí. Pero, por favor, no te muevas. No tomes ninguna decisión precipitada.

—Así lo haré, majestad, por el bien de España —responde el veterano militar.

Esta conversación telefónica secreta entre el rey Juan Carlos y el general Milans (revelada verbalmente al autor de este libro por el propio general Milans, en abril de 1990, cuando cumplía condena en la prisión militar de Alcalá de Henares a cuenta de los sucesos del 23-F) actuará como un bálsamo sobre la gravísima crisis militar desatada en el país cuatro días antes con motivo de la sorpresiva legalización por parte del Gobierno de Adolfo Suárez del Partido Comunista de España; pero no la desactivará por completo, ya que algunos de sus flecos colearán todavía algunas jornadas más.

El jueves 14 de abril transcurre sin novedad importante digna de mención, aunque con el mismo clima de incertidumbre y desasosiego de jornadas anteriores. La nota del Consejo Superior del Ejército ha transcendido íntegra a la opinión pública y a los medios de comunicación. El Gobierno acusa un fuerte impacto, pero reacciona rápido. Gutiérrez Mellado, con autoridad y firmeza, llama al orden al ministro Álvarez-Arenas (milagrosamente restablecido de su repentina enfermedad) y al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Vega Rodríguez. El panfleto involucionista es desautorizado; se retiran los ejemplares que circulan por el Ministerio del Ejército y se anulan los envíos previstos a las regiones militares, vía cadena de mando, aunque por caminos extraoficiales llegarán cientos de copias. Nadie parece saber de dónde ha salido el maldito escrito; el ministro niega haberlo firmado; el general Vega dice que él no ordenó su redacción. Se buscan responsables. El general Álvarez Zalba y sus dos colaboradores, tenientes coroneles Quintero (famoso después por su conocido informe sobre el golpe de Estado turco del 12 de septiembre de 1980, que inspirará aquí peligrosas aventuras involucionistas) y Ponce de León son fulminantemente cesados y trasladados a otros destinos.

La rápida contraofensiva de Suárez y de su fiel vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, tiene éxito. Los capitanes generales pillados en «fuera de juego» (en principio, la nota del Consejo Superior fue redactada exclusivamente para uso interno), miran para otro lado. La falta de un líder de confianza les paraliza por completo. La inoperancia del ministro y del jefe del Estado Mayor les desconcierta. A media tarde lo peor parece haber pasado y el plante militar se desinfla como un globo. Subsiste todavía el malestar en las unidades operativas de Madrid, pero por lo que respecta al Ministerio, Estado Mayor y capitanías generales, el movimiento de reacción ante la medida tomada por el Gobierno se ha detenido en seco.

El peligro, sin embargo, no ha remitido del todo, aunque si se produce alguna acción violenta por parte de alguna unidad operativa ya no tendrá el respaldo explícito de la cúpula militar, de los «príncipes de la milicia», que han optado por esperar mejor ocasión. Continúan, no obstante, las presiones sobre Milans del Bosch para que actúe sin contemplaciones. Pero con la secreta recomendación de que «no se mueva», realizada el día anterior por el rey Juan Carlos, es ya muy poco probable que lo haga y que uno solo de los doscientos carros de combate que manda (y que llevan bastantes días con sus motores casi al rojo vivo) inicie su siniestra cabalgada hacia los centros neurálgicos de la capital de España.

Esa noche, la del 14 al 15 de abril de 1977, llegará por fin la calma y la serenidad a un país preocupado y expectante, pero también al pequeño grupo de militares demócratas que en el ojo del huracán castrense llevamos más de cien horas trabajando en el Estado Mayor del Ejército (desde el Sábado Santo, 9 de abril) peleando con el destino, tratando de que éste abandone la senda del despropósito, de la fuerza bruta y la involución política y se introduzca decidido en el esperanzado camino de la tolerancia y la libertad. Desde nuestros modestos puestos de asesores, de planificadores, de auxiliares de los más poderosos generales del EME, hemos hecho todo lo posible para que fuera así. Hemos tratado de reducir la tensión inicial existente en ese supremo centro de poder militar, exponiendo con toda crudeza a nuestros superiores jerárquicos que cualquier intervención del Ejército en esos momentos, fuera de la legalidad vigente o contra ella, nos podría introducir otra vez a los españoles en el túnel del tiempo de una nueva dictadura sin salida y tal vez en el camino sin retorno de una nueva guerra civil. Hemos recalcado con ahínco que las circunstancias socio-políticas del país no eran ni siquiera parecidas a las de 1936: no había fascismos en los países más importantes de Europa que pudieran apoyar un nuevo salto en el vacío del Ejército español. Es más, en el Viejo Continente se caminaba, sin prisas, pero sin pausas, hacia una unión continental bajo los parámetros indiscutibles de la democracia política… Seguramente, nuestro modesto trabajo no había sido determinante para el final feliz del dramático pulso Fuerzas Armadas-Gobierno que acababa de terminar, pero algo habría contribuido a ello. Echando mano una vez más del consabido tópico castrense, no nos cabía la menor duda a ninguno de nosotros de que habíamos cumplido con nuestro deber.

La tragedia no llegó a estallar, como todos los españoles sabemos, ni en el famoso Sábado Santo «rojo» de aquel azaroso 1977, ni en los terribles días que le sucedieron. No obstante, seguiría larvada en el difícil camino de la transición política española. Los generales franquistas no se atrevieron a dar el paso al frente en esta ocasión, pero no por ello arriaron sus nostálgicas banderas ni enfundaron sus viejas espadas. Simplemente decidieron esperar mejor ocasión o tomarse tiempo para templar sus indecisos espíritus de cara a un nuevo pulso al Estado. De todas formas, Adolfo Suárez había sido ya sentenciado para siempre, pues se había convertido, con su «traición», en el enemigo número uno del Ejército español. Había despreciado valores tan caros a sus miembros como la unidad de la patria, el honor, la Bandera o el respeto a la palabra dada… Había lanzado una terrible afrenta a aquellos que ganaron una sangrienta «cruzada» contra el comunismo internacional. Su suerte, evidentemente, estaba echada. Se salvará del peligro esta vez y hasta conseguirá abundantes éxitos políticos en el futuro en su lucha por convertir España en una democracia real y avanzada, pero un todavía lejano día de enero de 1981, abandonado políticamente por todos, incluso por el rey, que ofrecerá en bandeja su cabeza política ante el temor de un golpe de Estado, caerá abatido por los que ahora le amenazan en la sombra.

***

Después de leer todo lo que acabo de exponer en relación con la traumática legalización del Partido Comunista de España en abril de 1977, y en especial sobre la mediación del rey ante el general Milans del Bosch, a buen seguro que cualquier ciudadano español se mostraría tajante si se le preguntara en relación con esa actuación in extremis del jefe del Estado: «¡Muy bien! ¡Chapeau por el rey, que salvó a los españoles de lo que pudo ser un nuevo golpe militar! ¡Gloria al monarca que, a pesar de los militares franquistas, trajo la democracia a este país!»

Sin embargo, me van a permitir, tanto este ciudadano elegido al azar como el resto de los lectores, que como historiador militar estudioso del tema analice someramente la actuación del rey Juan Carlos en este peligroso evento del Sábado Santo «rojo» de 1977; aún a costa de rebajar sustancialmente la admiración que tal proceder pudo (e, incluso, puede) despertar en muchos de sus súbditos de buena fe. Los hechos históricos en general, y los militares en particular, nunca son sencillos de valorar e interpretar porque concurren en ellos (como por otra parte en otros avatares de la vida personal o colectiva) bastantes circunstancias objetivas susceptibles de ser estudiadas y tenidas en cuenta por los expertos; pero también hay una serie de decisiones personales e intereses particulares que muchas veces los desvirtúan y degradan. Y algo de esto último fue sin duda lo que ocurrió en el caso concreto de la legalización de los comunistas españoles de cara a que pudieran presentarse en las elecciones generales del 15 de junio de ese mismo año de 1977.

Veamos: El martes de Pascua, 12 de abril de 1977, se produce y se difunde una nota institucional del Consejo Superior del Ejército (máximo órgano de mando de esa Institución) claramente intervencionista, por no decir golpista, en contra de una decisión soberana del Gobierno legítimo de la nación. Ante esa clara acción subversiva del Ejército el rey Juan Carlos, como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y en aquellas fechas con todos los poderes del Estado en sus manos, debió actuar de inmediato contra los componentes del citado Consejo reuniendo de urgencia a la JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor), al presidente del Gobierno, al vicepresidente para Asuntos de la Defensa y a los ministros competentes, es decir, a la junta de Defensa Nacional, al objeto de tomar las medidas disciplinarias necesarias y urgentes que restablecieran la autoridad gubernamental.

En lugar de esta actuación real, que hubiera sido valiente, acertada y acorde con los reglamentos militares, el rey, seguramente por bisoñez, miedo o indecisión, calla, otorga, deja hacer a los generales franquistas, y sólo actúa (el miércoles de Pascua, por la mañana) cuando la situación está a punto de írsele de las manos y el general Milans del Bosch presto a sacar sus tanques a la calle. Y además actúa, como a partir de entonces veremos muchas veces en el futuro, subterráneamente, entre bastidores, en plan amiguete, pidiéndole por favor a su subordinado y amigo que no haga nada («Jaime, no te muevas») fuera de los canales de mando reglamentarios, que deseche cualquier tentación golpista en plan de favor personal, y deje al Gobierno cumplir con su deber.

En esta ocasión, la mediación secreta y el peloteo con sus generales monárquicos le saldría bien a Juan Carlos I y la sangre (de civiles, por supuesto) no llegaría al río, pero esto no quiere decir (aquí habría que meter de nuevo el manido tópico ese de que el fin y los medios) que la actuación del monarca español fuera la correcta, la conveniente y, mucho menos aún, la sensata en una situación tan grave como aquella que vivimos.

Sin paños calientes, Juan Carlos I tendría que haber actuado por derecho, con arreglo a las leyes militares y civiles, haciendo valer su suprema autoridad sobre los generales franquistas en apoyo del Gobierno legítimo de la nación. Y lo más grave de todo esto es que, como veremos más adelante a lo largo del presente trabajo, el monarca, visto lo bien que le salió su mediación personal encubierta ante el general Milans en este caso de la legalización del PCE, tomaría ya esta actitud como norma de trabajo para el futuro, acostumbrándose a ejercer (con los militares, pero también con los políticos de cualquier signo) como un poder subterráneo, errático, en la sombra, superior a todos los demás, por encima de las leyes, y siempre atento exclusivamente a sus intereses personales y familiares; actuando como un dictador en la sombra, vamos. Es lo que de verdad ha sido durante los treinta años largos de su reinado, dejando al margen o pasando por encima de sus escasas prerrogativas constitucionales. Como en febrero de 1981, cuando autorizó a sus fieles generales monárquicos (entre los que nuevamente se encontraba el inevitable Milans) a planificar una enrevesada maniobra político-militar que salvara su corona (y su cabeza) de las iras de los rencorosos militares franquistas que, tachándolo de traidor a Franco, preparaban un golpe de Estado de los de verdad para echarlo abruptamente del trono.

Así que de chapeau y loas al rey «salvador de la democracia» las justas, señores, por no decir ninguna. Los españoles hemos tenido todos estos años en la cúspide del Estado lo que nos hemos merecido, lo que nos dieron y no nos atrevimos a rechazar porque las circunstancias sociopolíticas tras la muerte del dictador eran muy difíciles y todo el mundo quería libertad y derechos civiles; y, además, los partidos políticos hasta entonces en la clandestinidad ansiaban, digámoslo con toda crudeza, «tocar poder». Pero de eso a aplaudir permanentemente con las orejas porque Dios (más bien Franco) ha tenido a bien regalamos un rey maravilloso que nos ha traído la libertad y la democracia y ha impedido que nos peleemos nuevamente entre nosotros, hay un enorme trecho.

Este hombre, Juan Carlos de Borbón, el sucesor de Franco a título de rey, impulsó una transición política consensuada con determinados jerarcas del anterior Régimen y vigilada en todo momento por el nostálgico Ejército franquista (con el que negoció y trapicheo continuamente), cediendo generosamente una parcela de libertad a sus nuevos súbditos y tejiendo una democracia meramente formal y blindada ante cualquier aventura verdaderamente democrática, porque convenía a sus intereses, a su corona, a la pervivencia de una institución monárquica sin imperio colonial donde recuperar sus «glorias» pasadas, trasnochada, extemporánea, ridícula, ilegítima y que muy pocas personas querían a excepción del dictador que la «instauró» porque sencillamente le salió de la entrepierna.

El primogénito del conde de Barcelona lo hizo no dudando en cometer abundantes tropelías personales, políticas y familiares para lograr esos fines y, de paso, su completa inmunidad constitucional. La cosa parece que le ha funcionado bien hasta el presente, pero que no se confíe y se relaje en demasía con la apasionante tarea de cazar osos borrachos en la Rusia del antiguo espía Putin. No hace falta nada más que darse una vuelta por cualquiera de las numerosas manifestaciones políticas y sociales que los partidos con representación parlamentaria convocan casi a diario en Madrid para que cualquier observador imparcial se dé cuenta de que algo está cambiando a toda prisa en este país, así como que cada vez son menos los ciudadanos que están dispuestos a seguir creyendo en el cambalache político montado por los dirigentes franquistas en los años ‘70 y, por supuesto, en la llamada modélica transición puesta en marcha después por sus sucesores.

***

Y sigamos con el recordatorio histórico de los momentos más difíciles de los primeros años del reinado de Juan Carlos I y de la peculiar forma que eligió éste para neutralizarlos. Si peligroso fue el devenir de los acontecimientos castrenses en la muy tensa Semana Santa de 1977 de cara a la salud del delicado proceso de democratización de la vida política española emprendido en noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, no menos inquietante iba a resultar, sólo dos meses después, la histórica jornada en la que por primera vez en varias décadas iban a celebrarse en nuestro país unas elecciones democráticas. Porque a lo largo de aquella trascendental jornada electoral (más bien de la larga noche que la siguió) la transición española vivió uno de sus peores momentos, uno de sus más preocupantes puntos de inflexión o «no retorno», unas horas realmente cruciales en su «ser o no ser» por culpa de los más poderosos «tribunos» del núcleo más duro del Ejército español que, sin autorización alguna del Gobierno legítimo de la nación, permanecieron horas y horas reunidos en «cónclave» secreto en la sede del Cuartel General del Ejército en Madrid, dispuestos a saltar con todas sus fuerzas y todos sus medios sobre la naciente libertad de los ciudadanos españoles si éstos, en el uso de su libre albedrío político, decidían que tenía que ser la izquierda de este país (socialistas y comunistas) los que debían gobernarles en el futuro inmediato.

En efecto, en esa larga noche electoral del 15 al 16 de junio de 1977 un nutrido grupo de generales del Ejército español, en el que se integraban los jefes de las Divisiones operativas del Estado Mayor del Ejército con su general en jefe a la cabeza, los máximos representantes de las Direcciones Generales y de Servicios del Ministerio del Ejército y otros altos generales de la cúpula militar en Madrid (Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de EM, Capitanía General…) se reunieron en el más absoluto de los secretos en el palacio de Buenavista de la madrileña plaza de Cibeles para vigilar al segundo el escrutinio en marcha. Si éste no finalizaba con arreglo a sus deseos y las fuerzas políticas de izquierdas salían de él victoriosas, ellos pensaban actuar en consecuencia frenando en seco el proceso político democrático iniciado en España dos años antes.

Esta atípica reunión, que se inicio sobre las nueve de la noche del 15-J y no se dio por finalizada hasta las siete de la madrugada del día siguiente (cuando ya se tuvieron noticias oficiosas fiables sobre el triunfo, aunque pírrico, de la UCD, el partido político inventado en torno a la figura del natural de Cebreros). De hecho, fue convocada de la forma más reservada posible (por no enterarse de ella, no se enteró ni el propio presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, considerado por los militares franquistas que gobernaban el Ejército en aquellas fechas como su enemigo público número uno) y ha permanecido celosamente ignorada por la Institución castrense española (oficialmente, nunca existió) durante muchos años, hasta que en marzo de 1994 el que esto escribe, jefe de Servicio en el Estado Mayor del Ejército en aquel importante día y colaborador obligado de los participantes en tan oscuro evento, la sacó a la luz por primera vez en un libro sobre la transición política española que fue ¡cómo no!, parcialmente censurado por el poder, léase la Moncloa (que era ocupada aún por Felipe González) y La Zarzuela.

Hasta ese año 1994, la mayoría de los españoles ignoraba que el 15-J de 1977 fue una jornada especialmente difícil para la naciente democracia española, un día de los llamados «históricos» en la vida de la nación, en el que otra vez los carros de combate de la División Acorazada Brunete, los «paracas» de Alcalá de Henares, los escuadrones de Caballería de Retamares o los batallones de Infantería Mecanizada de Leganés y Campamento pudieron terminar de un solo golpe, como pudo suceder meses atrás, con el sueño de las urnas y la libertad. Hubiera bastado una victoria moderada de la izquierda, un pálido anticipo de lo que después fue el aplastante triunfo de octubre de 1982, para que la cúpula de generales que pasó toda la noche del 15 al 16 de junio reunida en secreto en el palacio de Buenavista de Madrid, revisando al detalle los informes sobre el recuento de votos que llegaban periódicamente a mi despacho de jefe de Servicio del EME, pisara en bloque el freno de emergencia castrense y resumiera la situación en un dramático «hasta aquí hemos llegado».

Todo estuvo preparado aquella larga noche para que ese freno pudiera ser pisado; nadie durmió en el Cuartel General del Ejército hasta que en la madrugada del 16 de junio los canales reservados de información del Ejército adelantaron datos fidedignos sobre los resultados, casi definitivos, de la consulta electoral, con el triunfo de la Unión de Centro Democrático, aunque sin llegar a alcanzar la mayoría absoluta.

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Pero vayamos por partes. No adelantemos todavía acontecimientos y veamos antes cómo se preparaba la cúpula militar para hacer frente a tan trascendental momento de la vida política nacional, en el que quiero entrar con todo lujo de detalles para que el lector español se dé cuenta del peligro real que corrimos a lo largo de muchas horas todos los ciudadanos de este país, y de la nuevamente anómala y cobarde actuación del rey Juan Carlos que, enterado de lo que ocurría en el Cuartel General del Ejército, en Cibeles, dejó nuevamente hacer y no se atrevió a llamar al orden a los generales franquistas que conspiraban en secreto. Apoyándome para ello en mis vivencias personales como inesperado «notario» de esa conspiración sui generis del franquismo castrense. Fue así porque aquel día, desde mi puesto de jefe de Servicio en el Estado Mayor del Ejército, tuve bajo mi control personal y mi coordinación directa tanto ese alto organismo de mando y planeamiento de las Fuerzas Armadas como todas las capitanías generales y unidades operativas de intervención inmediata. Estaba metido hasta el tuétano en el meollo de la cuestión, vamos.

Son las nueve en punto de la mañana del 15 de junio de 1977 y, como digo, por suerte o por desgracia, acabo de hacerme cargo, entre más de cien jefes y oficiales diplomados de Estado Mayor, de la delicadísima tarea de controlar durante las siguientes 24 horas el conjunto de la institución castrense española. Nada más quedarme solo en mi despacho, llamo por teléfono al general jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME). Sin duda estaba esperando mi llamada, pues apenas tarda unos segundos en ponerse al aparato. Sin hacer mucho caso a mi saludo reglamentario y al parte de novedades que le transmito, aborda rápidamente el asunto estrella de la mañana, que no es otro que la jornada electoral que está apunto de comenzar. Me dice de forma textual:

—Quiero estar informado al segundo de cualquier novedad que pueda producirse en relación con las votaciones, por pequeña que ésta sea. Por la mañana puede localizarme en mi despacho o en mi pabellón, y por la tarde, a partir de la siete, no me moveré ya de mi despacho oficial. Entrevístese enseguida con el G-2 [general jefe de la División de Inteligencia], con el que deberá coordinar todo lo referente al recibo de información procedente de las capitanías, los medios de comunicación y los organismos oficiales. A partir del cierre de los colegios electorales, deberán estar los dos en permanente contacto con las capitanías generales y pasarme datos concretos cada media hora.

El jefe del Ejército de Tierra da por terminada su conversación después de asegurarse, una y otra vez, de que estará puntualmente informado, a través de mi persona, de todo lo que ocurra en la geografía nacional relacionado directa o indirectamente con el histórico día electoral a punto de comenzar. La jornada militar se me presenta angustiosa y agotadora. Por la mañana, día de trabajo normal en el EME, procuraré apoyarme todo lo que pueda en la sección de «Interior» de la División de Inteligencia, lo que me impedirá sin duda acudir a mi trabajo habitual en la División de Organización. No debo desconectarme del tema ni un solo segundo. A partir de las siete de la tarde me encontraré solo ante el peligro pues seré el único jefe de Estado Mayor a cargo de las cinco divisiones operativas, debiendo centralizar toda la información que llegue al cuartel general desde los servicios secretos, los organismos oficiales, los otros ministerios militares, las diferentes guarniciones del país… para después elaborar rápidas evaluaciones sobre la situación y pasárselas en el menor tiempo posible al general de Inteligencia y al JEME. Con la tensión y el nerviosismo que van a reinar durante todo el día en el palacio de Buenavista, que es fácil intuir ya en estos primeros momentos de la mañana, la tarea no va a resultar nada fácil.

El general G-2 (el hombre mejor informado del Ejército) me recibe en su despacho oficial unos minutos después de las diez de la mañana. Nada más presentarme a él, para recibir instrucciones, me espeta con contundencia:

—Comandante, el momento nacional es muy grave y de los resultados de los comicios de hoy dependerá en gran medida el futuro de España. El JEME quiere estar informado al segundo durante todo el día y, sobre todo, a lo largo de la noche, de la marcha de las elecciones y de la situación política, social y militar en las distintas capitanías generales… —Y acercándose más a mí y bajando ostensiblemente el tono de su voz continúa hablando—: Quiero tener la capacidad de maniobra suficiente para reaccionar con rapidez ante cualquier contingencia que se presente. Durante la mañana deberá usted estar en contacto permanente con la Sección de Información Interior de mi División, que tiene órdenes precisas sobre el particular, y a partir de las seis de la tarde deberá montar un puesto de mando informativo en su despacho de jefe de Servicio del EME. Yo mismo acudiré allí a esa hora y entre los dos elaboraremos los informes periódicos que el general Vega quiere recibir, cada media hora, hasta que los resultados semioficiales de la consulta electoral estén en la calle.

Me despido de mi interlocutor, después de haber recibido algunas consignas técnicas más relacionadas con la tarea que me espera en las próximas horas y luego de degustar (es un decir), por necesidades del guión, un insípido café cuartelero que el ordenanza del general, exagerando los taconazos y los saludos a mi persona, ha tenido a bien servirnos en el lujoso tresillo de piel anexo a la abarrotada mesa de su jefe.

Las horas de la mañana y las primeras de la tarde, en las que permanezco enclaustrado en los altos despachos informativos de la División de Inteligencia del EME, siempre al tanto de todo lo que ocurre en toda la geografía nacional, discurren tranquilas y hasta aburridas. Normal. Es bien sabido que en las horas dedicadas a las urnas es raro que acontezcan hechos graves de orden público, sea cual sea el régimen político y el grado de libertad del país en el que se celebren los comicios. Tanto en las democracias, como en las dictaduras, a los Gobiernos de turno no les interesa cargar con la mala imagen de un enfrentamiento violento entre adversarios políticos, o correr el riesgo de que se les acuse de irregularidades en el delicado proceso de la votación. De ahí que se toman efectivas medidas para que la jornada de las urnas se desarrolle en paz y concordia civil. La violencia electoral, el abuso de poder, el fraude y hasta los golpes de Estado encubiertos… suelen producirse después del cierre de los colegios electorales, cuando los poderes fácticos (el oficial en los regímenes autoritarios; las oligarquías partidarias, empresariales y financieras en las democracias), una vez que el pueblo ha hablado, intentan por todos los medios atraer a su molino el agua cristalina del parlamento popular.

A las seis de la tarde, después de acumular en mi carpeta abundantes informes de las capitanías generales sobre el desarrollo de las votaciones (porcentajes de participación, encuestas, análisis sobre tendencias de voto, comportamiento ciudadano, estado de ánimo en los cuarteles…) abandono la División de Inteligencia y me encierro para el resto de la tarde y noche en el despacho del jefe de Servicio del Estado Mayor. El oficial auxiliar a mis órdenes me transmite el frío y reglamentario comentario de rigor: «Sin novedad, mi comandante» y tras ello, me presenta al suboficial de cifra, quien acaba de incorporarse procedente del gabinete de la División de Inteligencia. Todo parece estar listo para hacer frente a la avalancha informativa que, con toda seguridad, se desencadenará a partir de las ocho de la tarde (hora prevista de cierre de los colegios electorales) y a cualquier hipotética reacción operativa del mando del Ejército, del que yo me acabo de constituir en el primer y casi único apoyo durante las próximas doce/catorce horas.

Conecto la radio y la televisión, y ordeno al oficial de servicio que me entregue cada quince minutos los télex y partes no urgentes o cifrados. Tomo asiento relajadamente en el sofá situado enfrente del televisor. Después de tantas horas de trabajo, por fin puedo aprovechar unos minutos de cierta tranquilidad…

No son muchos, desgraciadamente. Sobre las seis y media, precedido de un par de fuertes taconazos a cargo de los dos policías militares que hacen guardia en el pasillo, entra decidido en mi despacho el general jefe de la División de Inteligencia. Sus acelerados movimientos reflejan un exagerado nerviosismo y una fuerte preocupación. Me pide los últimos datos que poseo procedentes de las distintas capitanías generales. Se los resumo rápidamente en dos palabras: «Tranquilidad y orden». Charlamos unos minutos sentados en el sofá, sin quitar la mirada de la pantalla del televisor. Están dando una somera información sobre el desarrollo de los comicios en toda España. El pueblo, después de cuarenta años de dictadura, está respondiendo a esta primera llamada a las urnas con orden, civismo y responsabilidad. Todavía es pronto para adelantar resultados, pero se espera, según las encuestas y los pronósticos de destacados analistas, un triunfo importante de Adolfo Suárez, que lidera la coalición de partidos UCD (Unión de Centro Democrático). Es previsible que alcance la mayoría absoluta o se quede a muy pocos escaños de ella. Se espera, también, una buena posición para la derecha de Fraga, mientras que los resultados electorales de socialistas y comunistas son todavía una incógnita. Muchos hablan de que éstos van a ser más bien modestos, de que el techo electoral de ambos partidos es relativamente bajo; sobre todo el de los comunistas, recién legalizados. Sin embargo, una posible unión de socialistas y comunistas podría resucitar nuevamente el tristemente célebre Frente Popular. Y aunque esta hipótesis no es la más probable, sí es la más peligrosa para el Ejército que bajo ningún concepto está dispuesto a aceptarla y sí a combatirla con todos sus medios. De ello estoy cada vez más seguro conforme pasan las horas y voy viendo y conociendo en profundidad los todavía inconcretos planes de mis superiores en el Estado Mayor del Ejército. Uno de los cuales, el todopoderoso general G-2, está en estos momentos a mi lado viendo la televisión con la mirada torva y preocupada.

El general intenta de nuevo explicarme lo que bulle en su cabeza (y en la de nuestro jefe supremo, el JEME) salpicando sus juicios con continuas alusiones a la estabilidad de la nación (según él, en incipiente peligro) y al incierto porvenir de nuestros hijos y, por supuesto, de la civilización occidental en su conjunto. De todas formas, procura no ser pesimista en demasía cuando afirma textualmente:

—Lo más seguro es que todo discurra por los cauces previstos, como ha sido diseñado en las altas instancias y como conviene al Estado. Pero existe una mínima posibilidad de sorpresa electoral, y si ésta se vislumbra, deberá ser anulada o reconducida de inmediato.

El jefe de Inteligencia no me detalla, obviamente, los nombres de los encumbrados planificadores de la operación electoral en marcha, ni los de los eventuales muñidores de la «magistral» Transición política en plena fase de desarrollo; no me hace falta, por otra parte. La política de mi país siempre me ha interesado lo suficiente como para otorgarle atención preferente, dentro de mi plena dedicación profesional a la milicia, y en seguida vienen a mi memoria los tiempos difíciles del franquismo a punto de morir, los pactos secretos para evitar la ruptura democrática y asegurar a los españoles un porvenir sin traumas tras la desaparición del dictador, así como los trabajosos consensos entre bastidores… con nombres como Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Josep Tarradellas, Santiago Carrillo, Felipe González, Juan Carlos de Borbón y su entorno monárquico, la cúpula fáctica militar… Han sido años de dudas y zozobras, de cesiones y componendas, de solidaridad y esperanza.

Ahora todo parece estar atado y bien atado. Suárez ha trabajado muy bien desde la Presidencia del Gobierno después de la caída de Arias Navarro. No puede haber sorpresas para nadie, pero menos para los que, desde el campo castrense, hemos intentado conocer algo de la «modélica» (más bien endogámica) transición diseñada, a la muerte de Franco, por algunos franquistas moderados e inteligentes para cambiar la situación política del país sin que variaran sus más insignes protagonistas.

Todo está pactado de antemano. Los militares han dicho sí a una monarquía nacida del propio Régimen, continuista, heredera de los más sacrosantos postulados franquistas, pero que, por la juventud y talante de su titular, puede ofrecer al mundo una nueva imagen de modernidad y democracia. La Iglesia Católica, haciendo uso de su posibilismo secular y de su reconocido pragmatismo, ha dado asimismo luz verde a un cambio que le asegura seguir con su cómoda posición de liderazgo espiritual y recibiendo sabrosas subvenciones del Estado para mantener su tinglado. Los nacionalismos, de la mano de algunos líderes recobrados del exilio, se han mostrado dispuestos a colaborar y a ser prudentes en sus reivindicaciones. A los partidos políticos que lucharon contra el franquismo sólo se les ha dado opción a elegir entre esta democracia pactada o una nueva dictadura de imprevisibles resultados. Para alejar el peligro de esto último no han dudado en ceder en temas para ellos muy caros en otros tiempos: monarquía, bandera, ruptura total con el antiguo Régimen, etc.

Sólo existe en este entramado político preestablecido un punto débil. Un respaldo electoral amplio para la izquierda tradicional (socialistas y comunistas) de este país en las elecciones de hoy (15-J-77) podría alentar a sus bases, exultantes por la victoria, a echarse a la calle al más puro estilo del 14 de abril de 1931, pidiendo el cambio verdadero, la ruptura total con el franquismo, la vuelta al legítimo régimen republicano expulsado manu militari por la rebelión fascista de julio de 1936. En este supuesto habría que actuar sin demora, según mi interlocutor, el general jefe de la División de Inteligencia, con la máxima rotundidad y eficacia. Según sentencia con cierta gravedad, antes de levantarse con dificultad para poner fin a este primer encuentro de trabajo:

—Debemos estar preparados en las próximas horas. España se juega su futuro en las puñeteras urnas.

Le acompaño hasta el pasillo. Dos estruendosos taconazos de los policías militares que montan guardia en la puerta ahogan mi reglamentario: «A sus órdenes, mi general» El pequeño burócrata castrense, el poderoso G-2 de la División de Inteligencia, el militar mejor informado del Ejército español, se aleja por el largo pasillo de la segunda planta del palacio de Buenavista con su inseparable ordenanza/escolta pisándole los talones. Entro de nuevo en mi despacho. El reloj electrónico de la mesa marca exactamente las 18:53. Tengo por delante una hora larga de tranquilidad relativa, pues hasta las ocho no empezará la «movida castrense» A partir de ese momento, con toda seguridad, tendré permanentemente pegados a mi teléfono al JEME, a su segundo en el mando, al general G-2, y a los máximos responsables de información de todas las capitanías generales. No va a ser fácil la tarea. Tendré que emplearme a fondo si no quiero que la situación me desborde. Bien es cierto que a lo largo de mi carrera he estado en sitios cien veces más comprometidos que éste y en peores momentos. Sin embargo, no puedo engañarme, dado que ahora me encuentro en la cúpula del Ejército y con la delicada tarea por delante de tener que controlar toda esta enorme institución durante diez o doce horas dramáticas. Un informe mío precipitado o equivocado a un JEME muy preocupado en estos momentos o una orden no excesivamente clara a un inquieto capitán general, pueden desencadenar decisiones muy peligrosas o inconvenientes.

Lo peor de toda esta situación que voy a vivir en primera persona dentro de muy pocos minutos es que los actos más importantes que la van a conformar se van a desarrollar en horas intempestivas y con muy pocos actores principales, sin posibilidad real de recabar ayudas o asesoramientos urgentes. Yo mismo, por ejemplo, que tengo ya bajo mi control directo todas las comunicaciones internas del Ejército: capitanías, estados mayores, gobiernos militares, cuarteles de las unidades de élite (paracaidistas, legión), divisiones del EME, direcciones generales del Ministerio, etc., voy a tener que coordinar este «puzzle» de informaciones, análisis, órdenes y decisiones prácticamente solo y en muy poco espacio de tiempo. Difícil, sin duda, pero pienso permanecer en todo momento con la cabeza fría, el corazón tranquilo y tratando por todos los medios de que el «poder informativo» que llegue a mis manos potencie la legalidad y el orden establecidos.

A las siete y media de la tarde, después de ordenar mis papeles y de colocar encima de la mesa el listado de teléfonos de las principales autoridades con las que me puedo ver obligado a establecer contacto, ordeno al oficial auxiliar que establezca una primera ronda de comunicaciones con las diferentes capitanías y que me dé la novedad. Los reglamentos y la historia militar son tajantes en este aspecto: «Antes de la hora H es muy conveniente tener siempre una panorámica informativa general del “teatro de operaciones”». Estoy seguro de que la situación general del país en esos últimos momentos de la jornada electoral es de calma total, pero me interesa saber cómo respira cada una de las autoridades regionales. Sé que todas ellas están ya en sus despachos oficiales, pendientes de Madrid, y quiero conocer sus estados de ánimo a través de los partes de novedades que transmitan al Cuartel General. La simple redacción de unas pocas líneas, que el jefe de Servicio de cada uno de los Estados Mayores regionales consultará escrupulosamente con su capitán general ante una situación política tan importante como la que estamos viviendo, me permitirá pergeñar un primer análisis personal sobre la moral, la disposición y la capacidad de reflejos de los mandos periféricos del Ejército. El llamado «Ejército de Madrid», el más numeroso e importante, me resulta ya suficientemente conocido.

Las contestaciones que en pocos minutos recibo, a través del télex, me defraudan un poco. Los capitanes generales no se «mojan» en estos primeros minutos de desinformación manifiesta. Casi todos contestan con el reglamentario «sin novedad en la región», y sólo alguno añade su total predisposición a enviar la información que pueda en cuanto la tenga disponible. A su vez, un par de capitanes generales solicitan al JEME información descendente en cuanto sea posible. En suma, los «príncipes de la milicia» con mando en región militar demuestran, por un lado, mucha prudencia, además de cierto recelo, y, por otro, un notable afán de noticias e incluso de órdenes.

Tomo nota. Está claro que por lo menos en estas primeras horas poca información me va a llegar desde dentro del Ejército. Tendré que procurármela a través de la Administración y de los canales de información propios, y para ello deberé movilizar a algunos amigos de la División de Inteligencia del EME (Sección de Información Interior) que, con carácter muy reservado, se ofrecieron personalmente días atrás. Debo moverme rápidamente. No puedo contestar con el silencio o con imprecisas apreciaciones personales a las preguntas que, dentro de muy pocos minutos, empezará a formularme de manera inmisericorde un JEME preocupado, ávido de saber y de controlar la situación.

En consecuencia, cojo el teléfono y me pongo en comunicación directa con un chalet de la colonia de El Viso, en Madrid, donde mis compañeros «espías» de la Sección de Información Interior tienen una de sus bases secretas urbanas. Hablo con su máximo responsable, un teniente coronel, antiguo superior mío, que me asegura que la situación hasta el momento es de absoluta normalidad. El Ejecutivo está tranquilo y las votaciones se han realizado sin apenas incidentes. De cifras, todavía nada, ni siquiera datos aproximados, aunque algunos sondeos reservados a los que ha tenido acceso su servicio indican que la izquierda, en su conjunto, se mueve sobre el 35% del total de votos emitidos y que la UCD roza la mayoría absoluta, pero sin alcanzarla hasta el momento. Nada hay seguro, pues, a esa hora, ocho y cuarto de la tarde del miércoles 15 de junio de 1977.

Acabo de colgar el teléfono cuando aparece nuevamente ante mi, bastante más alterado que en su visita anterior, el general G-2. Ha debido hacer alguna seña a los policías militares de la puerta para que obviaran el saludo puesto que el silencio más absoluto ha acompañado su llegada. Me hace una autoritaria seña para que continúe sentado y él hace lo propio en el sillón colocado enfrente de la mesa.

—El JEME ha citado en su despacho, para una reunión urgente, al general segundo JEME, a los generales jefes de las cinco divisiones del Estado Mayor del Ejército y a los generales de las direcciones del Mando Superior de Personal y de Apoyo Logístico —me espeta con rapidez—. También están convocados otros generales de la guarnición de Madrid, entre ellos el jefe de Estado Mayor de Capitanía y algunos comandantes de las grandes unidades operativas de la región. Es probable que todos pasemos la noche con él, en sesión de trabajo y pendientes de los resultados de las elecciones. Encárguese de pedir mantas en la unidad de tropa del Cuartel General y de que preparen algo de cena en la residencia de oficiales. El suboficial de servicio puede hacer la gestión y llevar todo al despacho de ayudantes del JEME. A partir de este momento prepare cada media hora rápidos informes sobre las últimas noticias recibidas de Inteligencia, organismos oficiales, capitanías y medios de comunicación para presentárselos directamente al JEME en su despacho. Yo procuraré estar con usted el mayor tiempo posible para ayudarle en la elaboración de esos informes, pero si al terminar alguno de ellos no estoy presente, se lo entrega directamente, sin ningún problema, al general Vega. Quiero que sepa, también, que el JEME ha pedido soldados armados a la Agrupación de Tropas del Cuartel General y un retén de vehículos a disposición de los ayudantes. Le darán novedades cuando todo este listo.

La situación interna en el Cuartel General del Ejército va subiendo de tono a medida que pasan las horas. Yo esperaba, desde luego, momentos tensos y difíciles para mi persona en la tarde/noche del 15-J al tener que desempeñar la jefatura de Servicio en el Estado Mayor del Ejército en un día tan señalado e histórico. Imaginé interminables horas de teléfono con continuas llamadas del JEME, del segundo JEME, de los capitanes generales, de los servicios de información… todas ellas alternadas con gestiones mías urgentes y rápidas para recabar datos en organismos oficiales, agencias de noticias, medios de comunicación, servicios de inteligencia del Estado y de otros ministerios, etc., etc., pero la verdad, habituado a trabajar en Estados Mayores y órganos de decisión de grandes unidades operativas en situaciones mucho más preocupantes que la actual, incluso de guerra, nunca llegué a pensar que nada menos que el jefe del Ejército y toda la cúpula militar se acuartelaran literalmente por su cuenta en el Cuartel General durante la larga noche de las primeras elecciones democráticas en España después de cuarenta años de dictadura.

La decisión tomada por el jefe del Ejército era, además de muy incomoda para mi en el terreno personal, muy peligrosa e inquietante. ¿A qué venía este «cónclave» militar de alto nivel, con todos los generales del Estado Mayor del Ejército, de las direcciones operativas del Cuartel General y de la guarnición de Madrid reunidos para recabar información precisa y continuada del resultado de las votaciones? ¿Sabía el Gobierno qué los altos mandos del Ejército iban a seguir el escrutinio en asamblea permanente? ¿Estaba el rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, al tanto de esta insólita reunión vespertina? ¿Era consecuencia, esta singular reunión, del supuesto contemplado por el general de Inteligencia, que sucintamente me había adelantado horas antes, de que un triunfo claro de los partidos de izquierda debería poner en marcha una reacción militar inmediata y contundente?

Estaba claro que la respuesta a esta última pregunta era «sí», aunque yo nunca asumí del todo que de las opiniones personales del general tuviera que desprenderse a corto plazo una acción involucionista del Ejército en toda regla. Pero ahora ya no se trataba de opiniones de un alto cargo del Cuartel General o de charlas de despacho o café de jefes u oficiales de categoría media. Yo era en esos momentos el jefe de Servicio del EME y mi misión principal era controlar, durante unas horas cruciales, la totalidad del Ejército de Tierra; y dentro de unos minutos iba a tener pegados a mí a los generales con más poder de la cúpula militar esperando mis informes para obrar en consecuencia. Preocupante, sin duda.

«¡Que todo salga bien y que el pueblo español no se equivoque!», me digo a mi mismo. Los militares, los altos mandos franquistas, han «autorizado» las elecciones y una transición política consensuada, pero desconfían y no están dispuestos a dejarse «engañar» otra vez por Adolfo Suárez. Si las elecciones no discurren por los cauces previstos por ellos y hay peligro real de ruptura con el antiguo Régimen, actuarán de inmediato. En el pasado mes de abril, cuando el PCE fue legalizado, no se atrevieron a reaccionar, a romper la baraja de la transición a golpe de cañón de los carros de combate de la División Acorazada Brunete de Milans del Bosch. Hoy, 15 de junio, están preparados. Están decididos a todo. Y a mí, humilde comandante de Estado Mayor, me puede pillar el terremoto en su epicentro si, desgraciadamente, éste se produce.

La altisonante voz del oficial de servicio que pide permiso para entrar en el despacho y me saca de golpe de mis negros pensamientos. Le autorizo. Se me presenta, extraordinariamente respetuoso, y me dice en una impecable posición de firmes:

—Mi comandante, acaban de presentarse diez soldados armados de la Agrupación de Tropas del Cuartel General al mando de un sargento, solicitados por el JEME. Los he mandado al despacho de ayudantes. También he remitido allí veinte mantas y unos bocadillos y bebidas, procedente todo ello de la Residencia de Oficiales. Le traigo los últimos télex de las capitanías. Todas sin novedad.

Se retira el oficial dejando sobre la mesa un abultado rollo de mensajes. Resulta extraño, pienso, el rebrote de disciplina formal que noto en todo el mundo durante estas últimas horas. No es algo corriente en este máximo templo de la burocracia militar que es el palacio de Buenavista. ¿Será que la electricidad ambiental de los tensos momentos que vivimos influye en nuestras formas externas? Seguramente. Esta manera de actuar es muy típica del Ejército español y de la mayoría de los ejércitos. Jamás he presenciado actos reglamentarios más perfectos y cuidados en las formas que los llevados a cabo en las trincheras de Ifni, frente al enemigo. Cualquier parte de novedades o el más rutinario de los relevos, adquirían enseguida tintes de enorme trascendencia bélica.

Reviso los télex que tengo sobre la mesa. Nada nuevo todavía. Meras especulaciones sobre imprecisas encuestas. No puedo confeccionar nada riguroso con estos datos. Redacto, no obstante, un escueto parte informativo al JEME recalcándole que no me ha llegado ninguna novedad importante, ni de tipo general ni tampoco relacionada con el histórico evento político que estamos viviendo. Con arreglo a mis propósitos voy a tratar de ser prudente al máximo; la situación no permite alegrías ni irresponsabilidades.

Casi son las ocho y media de la tarde. Con arreglo a las instrucciones recibidas, me dirijo al despacho del JEME, situado a no más de veinte metros del mío, en la misma planta. Entro en el despacho de ayudantes, anejo al del JEME. En la puerta, siete u ocho soldados con uniforme de campaña y armados con el CETME reglamentario charlan despreocupadamente. En el interior, mucha gente: los dos ayudantes (un teniente coronel y un comandante), tres o cuatro generales de la casa (entre ellos el G-2), un par de jefes de Estado Mayor de la Secretaría del EME, un camarero repartiendo sándwiches y cervezas, el oficial de guardia del Cuartel General, algunas personas más vestidas de paisano…

El general G-2 parece respirar aliviado al verme y se dirige hacia mí como una exhalación. Enseguida me pregunta: «¿Trae el parte? ¿Alguna novedad?» Lee el escrito con rapidez y parece desilusionarse un poco. Como antes en mi despacho, susurra nuevamente: «Todavía es pronto, claro. Muy pronto. Yo se lo pasaré al JEME. ¡Hasta luego!» Y con el papel en la mano, sorteando a los hombres que de pie, bocadillo en mano, intentan alimentarse un poco de cara a las horas que se avecinan, se introduce decidido en el sancta sanctorum del Ejército español.

Sobre las 21:30 horas, de nuevo en mi despacho, recibo una llamada sorpresa. Un teniente coronel del Cuarto Militar de la Casa Real, que parece ser ha recibido información parcial sobre lo que está ocurriendo en el Cuartel General del Ejército a través de algún canal reservado de Inteligencia, quiere datos precisos sobre la reunión de alto nivel que allí se está celebrando: autoridad que la ha convocado, participantes, orden del día, medidas extraordinarias adoptadas… Reacciono de inmediato. Le contestó que no estoy autorizado para facilitarle semejante información. Después le aconsejo que se dirija a la División de Inteligencia del EME, para obtenerla, y sin mayores explicaciones cuelgo el aparato. «Con el rey hemos topado. No seré yo quien se vaya de la lengua en un momento como éste», mascullo para mis adentros. Además, soy consciente de que la Casa Real, que mantiene un contacto permanente con los servicios secretos castrenses, del Estado, de la Policía Armada y de la Guardia Civil, está ya al tanto de cuanto se «cocina» en la plaza de la Cibeles de Madrid. Otra cosa será que se atreva o no a intervenir. El que no podrá hacerlo, estoy seguro, será el Gobierno de Adolfo Suárez que, nuevamente «puenteado» por todos sus subordinados militares, no se enterará de nada.

Desde las 22 a las 24 horas me dedico, sin perder un segundo, a la monótona tarea de confeccionar partes de novedades electorales. Todo lo que TVE, las radios más importantes del país y del extranjero, los teletipos, los teléfonos (de mi despacho y de los dos auxiliares) dejan caer en mis oídos, mis ojos y mi mesa, queda automáticamente reflejado en los folios de mi carpeta de órdenes. Resumo con rapidez datos, rumores, noticias más o menos contrastadas, pronósticos, comentarios… Los agrupo por grados de fiabilidad, de mayor a menor. A medida que pasan las horas, algunas cifras, muy pocas, van pasando a los primeros puestos pero, en general, soy escéptico. No quiero pillarme los dedos y, además, el tiempo trabaja a favor de la sensatez. Si llegamos al amanecer sin que algo irreparable se haya producido, habrá muchas menos probabilidades de que ese «algo» tenga lugar a lo largo del nuevo 16-J por muy desfavorables que hayan resultado las urnas.

El general G-2 no se separa ni un solo instante de mi lado. Sólo al dar las medias horas, con el último parte redactado a mano, abandona mi despacho y se va al del JEME. Regresa a los pocos minutos y vuelta a empezar. Una y otra vez. Él no colabora mucho en la redacción de los informes. Bastante nervioso, se limita a ir de un medio de comunicación a otro y a hacer comentarios en voz baja. Pero, por lo menos, respeta mi labor. Los datos no llegan, obviamente, con la rapidez deseada por el mando y algunos partes se repiten. Sin embargo, procuro siempre que algo nuevo, un juicio personal o un comentario, desarrollen el anterior.

El parte de las doce de la noche es bastante más amplio que los precedentes. Recoge ya algunos datos fiables, aunque todavía incompletos. La UCD aparece en primera posición con un numero de sufragios favorables en torno al 30% y tendencia a estabilizarse; la derecha de Fraga, semihundida, no llega al 7% y con tendencia a la baja; los socialistas del PSOE se sitúan alrededor del 18% de los votos emitidos y los comunistas muy cerca del 13%, con tendencia a una ligera subida en algunos de sus feudos tradicionales. Nada preocupante de momento, aunque estos primeros resultados oficiosos se apartan bastante de lo pronósticos oficiales, que asignaban una casi segura mayoría absoluta a la coalición liderada por Adolfo Suárez, unos buenos resultados al partido de Manuel Fraga y un techo sensiblemente menor a las formaciones tradicionales de la izquierda.

Esta vez, el general de Inteligencia no vuelve enseguida de su entrevista con el JEME. Sobre las doce y veinte de la madrugada me llama por teléfono. Me comunica que está reunido con el general Vega y con los demás generales del Cuartel General. No cree que la reunión termine antes de las doce y media, por lo que si a esa hora no ha regresado, deberé personarme en la misma con los últimos informes. Efectivamente, el G-2 no aparece a las doce y media, y un manto de silencio envuelve a esa hora pasillos y despachos. La actividad en el Estado Mayor del Ejército parece haber decaído espectacularmente en los últimos minutos, como si la hora mágica de la media noche, por un lado, y la secreta reunión de alto nivel que tiene lugar en el despacho del jefe del Ejército, por otro, hubieran invitado a oficiales, suboficiales y soldados a dar por finalizada, por lo menos aparentemente, su dilatadísima jornada laboral.

Espero unos minutos más y con un par de télex recién descifrados, procedentes de dos importantes capitanías generales, encamino mis pasos hacia el despacho del general Vega. Recorro quince o veinte metros de pasillo en dirección sur, giro a la derecha, avanzo diez o doce metros más y me paro en seco. ¿Qué es eso? Estoy a unos tres o cuatro metros de la amplia entrada a la oficina de ayudantes del JEME y la sorpresa me obliga a quedarme quieto. Poco a poco mi rostro se relaja en una sonrisa: diez o doce soldados en uniforme de campaña y con los fusiles de asalto pegados a sus cuerpos, en atípica formación, duermen plácidamente en el suelo taponando la puerta. Paso por encima de ellos, sin dejar de sonreír. Casi río abiertamente cuando, atravesado el corpóreo obstáculo, saludo con un «buenas noches» a los dos jefes ayudantes que, «solos en la madrugada», permanecen sentados impecablemente en sus sillas, como si en esos momentos el reloj marcara las once de la mañana.

Intuyendo mi sorpresa por lo que acabo de ver el teniente coronel ayudante inicia una justificación:

—El JEME, ante la larga noche que nos espera, ha autorizado a los soldados de la escolta a sentarse en la puerta. A los pocos minutos estaban durmiendo. Están mejor así.

No tengo nada que objetar, por supuesto, pero las preguntas que me formulo a mi mismo son obvias: ¿Qué hacen una decena de soldados armados durmiendo en la puerta del puesto de mando del jefe del Ejército de Tierra a la una de la madrugada del 16 de junio de 1977, escasas horas después del cierre de los colegios electorales en la primera llamada a las urnas tras cuarenta años de dictadura? ¿De qué peligro defienden a su amo y señor? ¿Por qué han sido llamados a este servicio armado cuando a pocos metros de distancia, en las compañías de la Agrupación de Tropas del Cuartel General, más de mil hombres permanecen acuartelados? ¿Entra dentro de los planes del JEME ausentarse próximamente de su puesto de mando y necesita para ello una fuerte escolta personal?

No lo comprendo, la verdad. Pero a estos interrogantes seguirán otros en la larga noche que nos espera. Pido permiso al teniente coronel ayudante para entrar directamente al despacho del JEME. Abro la pesada puerta que separa la oficina de ayudantes del amplio despacho del jefe operativo del Ejército. En voz alta solicito autorización para entrar en él. El batiburrillo imperante en su interior casi me impide oír la rápida invitación del JEME para que pase. Reacciono. Sorteando las inmóviles figuras que de pie departen entre sí, me acerco a la mesa de operaciones donde el general Vega y dos de sus colaboradores más cercanos (uno de ellos lo reconozco enseguida como el general G-2) charlan en voz muy baja inclinados sobre papeles y mapas. Me presento de manera reglamentaria. El JEME se levanta visiblemente complacido por mi presencia y me tiende la mano.

—¿Cómo va todo? —me pregunta—. ¿Alguna novedad? ¿Datos concretos?

—Sin novedad, mi general. Traigo datos contrastados pero en porcentajes todavía no significativos —le contesto mientras le entrego el informe de las 00: 30 horas.

El jefe del Ejército se vuelve hacia la mesa y coge unos papeles que tiene sobre ella. El general G-2 se acerca a él con otros parecidos. De pie, a mi lado, los dos confrontan mis números con los suyos, recibidos sin duda a través de la División de Inteligencia. Ponen buena cara; los números parecen coincidir y no son preocupantes. Me da la impresión de que ambos se relajan bastante con este rápido chequeo electoral.

El jefe del Ejército se dirige de nuevo a mí:

—Gracias, comandante, vuelve en cuanto tengas algo nuevo. El general jefe de Inteligencia va a permanecer conmigo hasta que haya algo oficial. Si se produce una novedad importante, quiero saberla al segundo.

Salgo del despacho de ayudantes, pasando otra vez por encima de los cuerpos de los soldados que duermen placidamente en el pasillo. Ninguno se ha movido de su sitio y ninguno ha soltado su fusil de asalto reglamentario. «¡Pobres muchachos, obligados a ser soldados contra su voluntad!», pienso. Son casi protagonistas de una historia que ellos, seguramente, ni siquiera saben que están viviendo. Por eso nunca podrán contar a nadie que la transición política española, la mágica, la increíble, la exportable transición española, estuvo durante bastante horas de un día de junio de 1977 en el punto de mira del Ejército al que ellos pertenecían por culpa de la leva forzosa.

Mi peregrinaje al despacho del JEME continuó durante toda la noche. Los centinelas siguieron durmiendo beatíficamente en el pasillo; los generales allí reunidos siguieron durante bastantes horas, arropando a su jefe entre canapés, cafés bien cargados y alguna que otra cervecilla; los ayudantes continuaron impertérritos en sus puestos con el retrato de Franco enfrente de sus ojos; y el todopoderoso JEME, el hombre que podía cambiar la historia de España en cualquier segundo de aquella pesada noche electoral, no paró de acumular informes, partes, télex y telefonemas, con la moral muy alta e inasequible al desaliento.

A las seis de la mañana, con datos ya fiables y seguros sobre el triunfo (aunque no por mayoría absoluta) de la UCD, el hundimiento de Fraga con Alianza Popular y los moderados resultados del PSOE y del PCE (más importantes, no obstante, de lo que deseaban los jerarcas castrenses reunidos en Madrid alrededor de su jefe), después de una exhaustiva ronda de contactos con todas las capitanías generales que llevé personalmente, el JEME ordenó desmontar el operativo instalado en su despacho y en el mío. Los «guardias de corps» de la puerta de ayudantes fueron despertados amablemente por el sargento que los mandaba y que controlaba su sueño desde un sillón estratégicamente situado en el pasillo; la alerta máxima en la que permanecían los mil soldados de la Agrupación de Tropas del Cuartel General, fue desactivada; la orden de alerta uno o «prevención para la acción», cursada reservadamente en las primeras horas de la mañana a las principales unidades operativas de Madrid: Brigada Paracaidista, División Acorazada Brunete, Caballería… etc., fue anulada; los generales de las divisiones del Estado Mayor, del Mando Superior de Personal, de Apoyo logístico del Ejército, de la Capitanía General de Madrid, de las grandes unidades de la capital… abandonaron el palacio de Buenavista en pocos minutos a bordo de sus coches oficiales. El JEME, agradeciendo los servicios prestados a todo el mundo, se retiró, visiblemente cansado, a su pabellón del palacio. El inquieto general de Inteligencia todavía tuvo energía personal suficiente como para, sobre mi mesa, tomar bastantes apuntes finales y darme un abrazo de compañero y amigo antes de despedirse. El oficial de cifra y mis dos auxiliares directos (oficial y suboficial), con evidente profesionalidad, me pidieron instrucciones para el resto de la noche; proposición que yo, en aquellos momentos y en mi fuero interno, tomé como un auténtico sarcasmo.

Así terminó la peculiar y, sin duda, harto peligrosa reunión de la cúpula militar del Ejército de Tierra español en la tarde/noche del 15 de junio de 1977, primer día electoral en este país después de cuarenta años de dictadura, el segundo momento especialmente difícil de la transición española a la democracia y el segundo pulso de los generales franquistas a su jefe supremo, el rey Juan Carlos. Éste, a pesar de recibir información precisa y en tiempo real de todo lo que estaba ocurriendo en el despacho del jefe operativo del Ejército, optaría otra vez por no actuar, por callar, otorgar y dejar hacer, consiguiendo con ello de nuevo el éxito gracias sobre todo al pueblo español que acudió a las urnas con gran serenidad y prudencia después de tantos años de no poder hacerlo.

Pero a pesar de este triunfo, todavía tendría que enfrentar el inefable heredero del autócrata importantes retos futuros del antiguo poder castrense franquista, tal como la conspiración que en su contra empezó a tejerse en el otoño de 1980, y que amenazaría con hacer saltar todo por los aires. Y para contrarrestar la cual, esta vez sí que actuaría, desde bastidores, por supuesto, saltándose a la torera la Constitución y las leyes, autorizando una chapucera maniobra palaciega (a cargo de sus cortesanos militares) que le saldría rematadamente mal, operativamente hablando, pero que, curiosamente, reforzaría su poder y predicamento entre unos incautos ciudadanos españoles que desconocían (y en gran medida todavía desconocen a día de hoy) los entresijos de tan nefasta operación real: la popularmente conocida desde entonces como «23-F». Es algo muy grave y cuyas responsabilidades (políticas e históricas) todavía no ha pagado porque, haciendo gala de unos muy buenos reflejos personales, tendría la desfachatez de endosárselas a sus colaboradores más cercanos, enviándolos a la cárcel durante treinta años. ¡Así las gasta el Borbón de nuestra historia, amigos! De todo esto vamos a hablar largo y tendido en sucesivos capítulos.

5
EL EJÉRCITO CONTRA EL REY

—El otoño caliente de los militares franquistas. —La Operación Almendros. —Un nuevo y patriótico 2 de mayo. —La dimisión de Suárez. —El monarca contenta a sus generales: «El bien de España obliga a que este hombre salga del Gobierno»

Efectivamente, otro de los momentos especialmente difíciles de la transición española a la democracia seria sin duda, como señalaba con anterioridad, el otoño del año 1980. Tengo que dar, pues, un salto histórico en mi relato para encarar decididamente las oscuras maniobras, muy poco conocidas todavía por los españoles, que en los últimos meses de ese fatídico 1980 protagonizaron en la sombra amplios y poderosos sectores franquistas del Ejército con el fin de parar en seco el proceso político iniciado en España en noviembre de 1975.

Me refiero a unas maniobras franquistas que se concretarían a lo largo de ese corto período de tiempo en un proyecto claro y preciso de golpe militar contra la democracia y la Corona, y que, afortunadamente, sería poco a poco pospuesto por sus promotores para la primavera del año siguiente (la fecha finalmente decidida sería el 2 de mayo de 1981) ante la atrevida y esperanzadora respuesta del grupo más moderado y aperturista del Ejército que, como fiel apoderado de la nueva monarquía y del recién nacido régimen parlamentario español, aceptaban de buen grado, aunque con carácter temporal, un cierto cambio de rumbo político, un «golpe de timón» institucional que aliviara la grave situación por la que atravesaba el país. La escenificación última de este cambio, de esta corrección de rumbo, de este paso atrás de los demócratas para coger fuerzas, terminaría sin embargo en un auténtico fiasco, en una impresentable chapuza, la del 23 de febrero de 1981, aunque, eso sí, supondría un revulsivo social y político que salvaría de una vez por todas a la por entonces débil y vigilada democracia española.

En el inicio del otoño de 1980 la temperatura de la institución castrense española es muy elevada. Casi me atrevería a asegurar que posiblemente algunos grados por encima de la que, según algunos testimonios relevantes de la Historia, sufría la misma corporación allá por la primavera de 1936. Además, ese estado febril colectivo de los militares españoles obedece a causas muy parecidas a las de entonces: frustración generalizada (a nivel personal y corporativo), escalada terrorista (más de 120 asesinatos en lo que iba de año), peligro de desmembración de la patria, delincuencia incontrolada, debilidad del Gobierno centrista de Suárez, situación económica preocupante… Eran causas reales, unas, y virtuales o desenfocadas, otras, pero percibidas en la peor de sus dimensiones por unos altos mandos de corte franquista, nostálgicos de un caudillaje carismático ya fenecido bajo la pesada losa del Valle de los Caídos y nada dispuestos, por lo tanto, a entregar la aplastante victoria militar conseguida en la «cruzada» de 1936-1939 a los enemigos de antaño.

Así las cosas, por los cuarteles no dejan de circular, con gran permisividad por parte de los altos mandos, panfletos en los que con total desfachatez se propala la idea de que el barco de la patria necesita enderezar su rumbo con urgencia y que para ello era absolutamente prioritario cambiar a su capitán, ya que el que lo viene dirigiendo en los últimos años es incapaz de llevarlo a buen puerto en un clima cada día más enrarecido y difícil. La «enemiga contra Suárez», que vio la luz en las altas esferas del poder militar aquel tenso lunes de Pascua de 1977 en el que dimitió el almirante Pita da Veiga, ha llegado ya imparable, incluso por vía jerárquica, a las salas de oficiales y suboficiales. Resulta meridianamente claro por ello en esos momentos, para miles de profesionales de las Fuerzas Armadas, que los generales han conseguido poner a la disciplinada clase militar española a sus órdenes en contra del hombre que, con dificultades crecientes, aún gobierna el país desde el palacio de La Moncloa.

El Ejército, empezamos a verlo con claridad los que en puestos modestos, pero de responsabilidad, nos encontramos encuadrados en él en este importante otoño político de 1980, se prepara nuevamente para intervenir en la historia española, como tantas veces y de manera tan desafortunada, hizo a lo largo de los últimos 150 años. Se palpa en el ambiente, se ve venir, pero será muy difícil que alguien desde dentro de la Institución pueda hacer algo por evitarlo. La jerarquización exagerada, la disciplina prusiana, la ausencia de canales de expresión adecuados, la penuria económica y social de sus miembros, la endogamia, el autorreclutamiento… son frenos demasiado potentes como para que alguien pueda lanzarse a intentar parar la tragedia que se avecina. Como el monstruo dormido que huele el peligro, la envejecida máquina militar española parece dispuesta, otra vez, a lanzar su terrible zarpa sobre un país inmerso en un laberinto político inextricable.

Desde mi nuevo despacho de jefe de Estado Mayor de la Brigada de Defensa Operativa del Territorio (BRIDOT) V, de guarnición en Zaragoza, me siento preocupado pensando en todo esto. En las próximas semanas, estoy seguro, tendré motivos sobrados para incrementar esa zozobra que me embarga.

Todo este malestar del Ejército español, que en la época que estamos comentando (otoño de 1980) empezaba a emerger con fuerza, tenía su origen en la ya tantas veces comentada Semana Santa de 1977 en la que el presidente Suárez legalizó el PCE de Carrillo, pero sería en la semiclandestina reunión de Játiva de septiembre de ese mismo año, en la que los tenientes generales franquistas decidieron al unísono vigilar de cerca el proceso político español y evitar en el futuro cualquier desviación del camino pactado, cuando se concretaría esa inquietud y ese desasosiego castrense en algo organizado y con poder real dentro de la propia Institución. La democracia española quedaría, pues, internada, a partir de esta última fecha, en una especie de UVI política en la que todo el complejo sistema de mantenimiento de su vida estaría permanentemente sometido al caprichoso análisis subjetivo de un pequeño grupo de «salvadores de la patria» de alto nivel vestidos de uniforme. Se trataba de un grupo «mafioso» que en el momento más inesperado podría ordenar la desconexión del enmarañado manojo de cables, tubos clínicos y monitores de control que componían ese sistema de mantenimiento si, sobre la base de su interesado criterio, los supuestos intereses de la patria recomendaban la muerte eutanásica de la enferma.

Adolfo Suárez, que en su momento tuvo puntual conocimiento de la subversiva jornada de Játiva (en el Ejército llegó la información hasta los más modestos escalones), no reaccionó con la prontitud y autoridad necesarias en un jefe de Gobierno, convirtiéndose así, por simple dejación o miedo, en una especie de rehén político en manos del poder militar que, poco a poco y en la sombra, le iba a ir comiendo el espacio de maniobra del que había disfrutado hasta entonces e, incluso, la confianza regia y el apoyo de los demás partidos políticos y del suyo propio. Ese poder militar terminaría finalmente con él en los últimos días de enero de 1981.

Así pues, la democracia española, o mejor aún, la transición política emprendida en España tras la muerte de Franco, entró en septiembre de 1977, tras la legalización del PCE y las primeras elecciones libres del 15 de junio (pero, sobre todo, después de la recién comentada reunión de jerarcas militares celebrada en Játiva), en una fase clarísima de vigilancia existencial a cargo del Ejército. Resultaba sumamente diáfano que éste no estaba dispuesto a permitir otra «traición» del poder civil, ni a que se torciera el rumbo pactado con las principales fuerzas democráticas autorizadas al juego político siempre que no cuestionaran las esencias irrenunciables de la patria garantizadas por el caudillo del régimen anterior: unidad entre los hombres y las tierras que la conformaban, unidad de destino en lo universal (que nadie ha explicado jamás qué diablos significaba realmente), nacional-catolicismo, valores morales tradicionales, familia… y también (aunque esto no se dijera), capitalismo sangrante y rampante, sindicalismo domesticado, dominio de las oligarquías, etc., etc., en un orden político incólume desde el verano de 1936.

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El durísimo cerco de los capitanes generales al Gobierno de Adolfo Suárez durante los últimos años de la década de los 70, no muy conocido ni valorado por la opinión pública española, se haría más patente a lo largo de 1980 y muy preocupante después del verano de ese mismo año. Personalmente, como comentaba líneas arriba, en los últimos días de septiembre, recién incorporado a mi despacho después del paréntesis vacacional, empiezo a tener pruebas fehacientes de que algo «gordo» se mueve en la férrea Institución en la que presto mis servicios. Repentinamente soy convocado, con bastantes dosis de misterio, a una reunión de jefes de Cuerpo con el capitán general de la V Región Militar a celebrar unos días antes de que comiencen las fiestas del Pilar. La cita se hace telefónicamente por la Sección de Operaciones (G-3) de Capitanía General, sin que el general de la Brigada sepa nada y tampoco sin especificar orden del día alguno; sólo se hace referencia a unas posibles maniobras, no programadas, a realizar próximamente. Los generales de la guarnición, curiosamente, no han sido llamados al «cónclave» so pretexto de que se trata de una reunión previa a la decisión definitiva y que, en caso de concretarse, se tramitará por los cauces habituales.

La convocatoria me parece totalmente atípica, tanto por la ausencia de los generales con mando en plaza (gobernador militar, jefe de la Brigada, jefe de Artillería…) como por el método empleado para anunciarla y la falta de temario previo. Sin embargo, tengo que reconocer que ni el general de la Brigada, con el que comparto mi sorpresa, ni yo mismo, le damos especial importancia. Es debido a que, ya en ocasiones anteriores, los compañeros de Capitanía General se habían saltado el orden jerárquico a la torera improvisando reuniones de trabajo directamente con los mandos intermedios de la guarnición.

El ambiente que se respira en el Ejército, y de modo particular en la guarnición de Zaragoza, en estos primeros días de octubre de 1980, es de tensión y profundo malestar. En las salas de banderas no se habla de otra cosa que de terrorismo, de los últimos atentados de ETA (la mayoría de los cuales han tenido al Ejército y a la Guardia Civil como objetivos), de la «traición» de Adolfo Suárez y de su subordinado político-militar Gutiérrez Mellado; de la inminente desmembración de la patria, a causa del separatismo; de la excesiva velocidad que se está imprimiendo al proceso democratizador; de la inseguridad ciudadana; de la crisis de UCD; de la debilidad de un Gobierno que parece haber perdido el norte… y, en los círculos más ultras y conservadores, del «cambio de chaqueta» del rey y también de la encubierta operación en marcha para desmantelar el «sagrado» legado del caudillo.

En la prensa afín al viejo Régimen, cuyo órgano emblemático, El Alcázar, no falta en ningún cuartel junto al monárquico ABC, las denuncias contra tal estado de cosas se suceden a diario, alimentando así la frustración y el desasosiego de los uniformados. Se empieza a hablar y a escribir sobre el «Colectivo Almendros» que, con absoluto descaro, pone en letras de molde que algo grave sucederá en este país (en «la patria en peligro») cuando en la próxima primavera los almendros se vistan de flor. Sin embargo, el ruido de sables en este otoño de 1980 que comienza no parece ser superior, por lo menos oído desde fuera, desde la calle, al nivel decibélico detectado en épocas recientes.

La cita con el capitán general, no obstante, dispara mi inquietud. Si la situación en los cuarteles es de preocupación pero de relativa calma (los «estados de opinión» recibidos a lo largo de las últimas semanas así lo atestiguan), las palabras de la primera autoridad regional castrense, el teniente general Elícegui Prieto, me sumergen desde el principio en un mar de dudas y malos augurios. Bien es cierto que yo había recibido abundante información, a su debido tiempo, sobre la famosa reunión de Játiva, antes mencionada, y en virtud de la cual la práctica totalidad de los «príncipes de la milicia» habían sellado un pacto no escrito contra el desmantelamiento del sistema político franquista. Conocía, por lo tanto, la aceptación del mismo por parte del general Elícegui y hasta su compromiso claro con las fuerzas más conservadoras del Ejército; pero no esperaba oír ni remotamente lo que con claridad meridiana escuché de sus labios junto a una veintena larga de coroneles y tenientes coroneles, jefes de Cuerpo de la V Región Militar.

A las doce en punto del día señalado (faltan muy pocas fechas para la emblemática jornada del 12 de octubre, Día de la Hispanidad), nos encontramos el numeroso grupo de jefes de unidad operativa en una espaciosa sala del viejo palacio que alberga a la Capitanía General de Aragón, en la plaza del mismo nombre de la capital maña. Desde su fachada principal puede contemplarse la monumental figura del Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, decapitado en Zaragoza el 20 de diciembre de 1591. Preside el acto el teniente general Elícegui y a su derecha se sitúa su jefe de Estado Mayor. Después de los marciales saludos de rigor y de una rápida ronda de intervenciones, centrada en las últimas novedades ocurridas en las distintas unidades allí representadas, Elícegui toma la palabra y con voz tranquila y un profundo tono de dramatismo, comienza a analizar la situación general del país. Lo hace sin detenerse demasiado en ningún aspecto concreto, ni siquiera en el terreno estrictamente militar. El capitán general de la V Región Militar va proyectando ante nuestros ojos una panorámica ciertamente preocupante: terrorismo, separatismo, degradación moral, inquietud social e institucional, pérdida de rumbo del Gobierno de la nación, peligro de nuevo enfrentamiento entre españoles, penuria económica… Compara, sin citarlo expresamente, el momento actual de España con aquel otro especialmente dramático de la primavera/verano de 1936, que desembocó en una «heroica cruzada» contra los enemigos de la patria. No se anda con rodeos. Nos espeta con rotundidad que quizás en los próximos meses los militares españoles debamos dar de nuevo un paso al frente para tratar de enderezar, con nuestro sacrificio, el peligroso rumbo por el que camina la nave del Estado. Debemos estar todos preparados por si la nación nos necesita otra vez y, si es así, ofrecer nuestras vidas como en años no excesivamente lejanos hicieron nuestros compañeros.

Los jefes militares que le escuchamos, sorprendidos e incrédulos, guardamos un profundo silencio. Nadie osa hacer el menor comentario y nuestros cuerpos permanecen inmóviles como estatuas. Todos habíamos entrado a la reunión convencidos de que aquel momento era trascendente y que la cita, convocada de manera tan atípica, obedecía sin duda a un deseo de la primera autoridad regional castrense de informarnos personalmente de alguna cuestión delicada relacionada con la inquietud que se vivía en los cuarteles, en la clase política y en la sociedad en general. Pero nadie alcanzó a prever que el teniente general Elícegui se atreviera a plantear descaradamente ante sus jefes de unidad la posibilidad real y concreta de una próxima intervención del Ejército en la política nacional.

El capitán general de la V Región continúa con su exposición, pero quizá por nuestras caras de sorpresa y nuestro envaramiento corporal, intenta desdramatizar sus primeras palabras. Nos dice que, como todos sabemos, existe una gran preocupación en los altos mandos del Ejército por el momento político que vive el país; que esta preocupación se la han hecho llegar varias veces por conducto reglamentario tanto al presidente del Gobierno como a su majestad el rey; que a juicio del Consejo Superior del Ejército es urgente un «golpe de timón» que vuelva a situar a España en el buen camino; que se intentará por todos los medios que este cambio de rumbo, absolutamente imprescindible, se haga dentro del marco constitucional y respetando la monarquía instaurada por Franco; que no es intención del Ejército suplantar al poder civil, sino simplemente colaborar con él en el arreglo de una situación nacional insostenible; que todos los mandos de la Región Militar debemos permanecer vigilantes, obedientes a las órdenes de su autoridad y seguros de que él actuará siempre, aún en los momentos más difíciles, en orden a los supremos intereses de la patria… Por último, nos recomienda que guardemos discreción absoluta sobre sus palabras y que evitemos hacer cualquier comentario relacionado con lo tratado allí o con el posible malestar en las Fuerzas Armadas. Tal como sentencia con voz firme y emocionada:

—El Ejército no debe contribuir a generalizar la sensación de desasosiego e incertidumbre entre los ciudadanos. Todo lo contrario. Debe ser capaz de asegurarles la serenidad que necesitan y de ayudarles a que recuperen la máxima confianza en ellos mismos y en las instituciones.

Termina el teniente general Elícegui su monólogo ofreciendo un turno de palabra a los presentes. Nadie se mueve, nadie levanta el brazo, nadie pestañea. Yo, anonadado, como si estuviera asistiendo, a través del túnel del tiempo, a una reunión del mismísimo general Mola con sus colaboradores más cercanos de Pamplona, allá por la primavera de 1936, procuro guardar en mi mente todo lo dicho por el capitán general de la V Región Militar. Es muy grave todo lo que he oído. Me ha cogido por sorpresa; no porque no hubiera podido prever que algo así podía plantearse en la guarnición de Zaragoza, sino por la claridad y falta de pudor con las que se había expresado el más alto escalón de su jerarquía castrense. Muy adelantado debe estar todo, pienso, cuando nada menos que el capitán general de la Región Militar donde presto servicio se atreve a comunicar a los mandos reunidos en torno a su persona que el Ejército se prepara para enmendarle la plana, una vez más, al poder civil.

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Escasos días después de la reunión en la Capitanía General de Aragón que acabo de relatar, pasadas ya las Fiestas del Pilar, me llegan a través del G-2 (Información) de la Brigada noticias fidedignas y contrastadas de que actos similares se han sucedido en otras regiones militares. Tenientes generales como Campano, en Valladolid; Merry Gordon, en Sevilla; De la Torre Pascual, en Baleares; González del Yerro, en Canarias; Martínez Posse en la Coruña; Milans del Bosch, en Valencia… han protagonizado en sus respectivas circunscripciones, en fechas recientes y con mayor o menor confidencialidad, análogas reuniones con sus jefes de unidad. Después de la honda preocupación que habían generado en mí las palabras del general Elícegui en Zaragoza, estas informaciones reservadas disparan mi inquietud y me confirman totalmente que la cosa va ahora muy en serio y que, con el concurso de la mayoría de las capitanías generales, se está empezando a gestar, dentro del Ejército, una maniobra involucionista de altos vuelos contra el proceso democratizador todavía en marcha.

Efectivamente, después de la reunión cuasi subversiva de primeros de octubre de 1980 en la Capitanía General de Aragón, se repitieron otras dos del mismo estilo, una a mediados de noviembre del mismo año y otra en los primeros días del nuevo año 1981. Ambas citas, que se justificaron como dos encuentros reglamentarios más dentro de los contactos que, periódicamente, mantenía la primera autoridad regional castrense con sus jefes operativos subordinados, no despertaron inquietud especial en la guarnición ni, por supuesto, fuera de ella. Además, era muy difícil, por no decir imposible, que trascendiera nada de lo allí tratado, puesto que la orden dada de confidencialidad era tajante y los que asistiendo a ellas por obligación del cargo pudiéramos estar en desacuerdo con la visión catastrofista que del país nos presentaba el capitán general y, por ende, con la drástica receta que él defendía para regenerarlo, teníamos el camino cerrado para cualquier reacción en contra. Era por una sencilla razón, porque, a pesar de la claridad meridiana con que se expresaba, sus palabras, de momento, no pedían otra cosa que la plena disponibilidad de los presentes para sacrificarse por la patria, estar vigilantes para defenderla en todo momento y trabajar sin descanso para no permitir su desmembración. Tareas todas ellas que, dejando fuera segundas intenciones, se encuadraban perfectamente entre las obligaciones profesionales de cualquier militar que se precie.

En una de sus intervenciones, concretamente en la última reunión celebrada a primeros de enero en el Centro Regional de Mando de la capital aragonesa, el capitán general nos dijo con toda claridad que la única legitimidad política aceptable para nosotros, los militares españoles, era la que provenía del 18 de julio de 1936, encarnada durante casi cuarenta años por el generalísimo Franco y que había sido legada a su sucesor en la Jefatura del Estado, don Juan Carlos de Borbón. Era éste el responsable de continuarla en el tiempo, sin que perdiera sus esencias básicas; y el Ejército, por supuesto, el firme garante de que todo discurriera con arreglo al testamento político y a los deseos del «añorado» caudillo. También hizo referencia Elícegui en esa reunión, aunque sin nombrarlo, al presidente Suárez, del que dijo estaba poniendo en peligro de desmembración a la patria, siendo por ello responsable ante el pueblo español y ante la Historia.

De todas estas consideraciones yo deduje en aquellos momentos, con unos conocimientos ciertamente limitados sobre la situación real en las altas esferas del Ejército, que el capitán general apostaba claramente porque éste, si las cosas seguían degradándose en el terreno político, actuara sin ningún complejo para reconducir la situación. Parecía contar, en principio, con el rey, puesto que había sido nombrado como sucesor en la jefatura del Estado por el propio caudillo de España; pero de sus palabras también parecía desprenderse la posibilidad de que se pudiera pasar incluso por encima de él «si su actuación seguía poniendo en peligro los sagrados intereses de la patria». Me vinieron también a la memoria, al escuchar las palabras del capitán general de Zaragoza, las soflamas de algunos compañeros del Estado Mayor del Ejército vertidas en tropel después del funeral por el comandante Imaz, primer caído militar en la lucha contra el terrorismo, asesinado por ETA en 1977:

¡El Ejército no debe permitir la muerte de ninguno más de sus miembros a manos de esos asesinos! Si algo así vuelve a ocurrir, ese acto debería ser considerado «casus belli» y habría que actuar de inmediato en el País Vasco, con o sin el permiso del Gobierno.

Recordé, asimismo, la sangrienta lista de atentados realizados por esa organización armada contra miembros de las Fuerzas Armadas desde el año 1977 sin que éstas, finalmente, llegaran a intervenir; aunque sí fueron «cargando sus baterías» de insatisfacción, ansiedad, odio y complejo colectivo de haber sido engañadas. Y, cómo no, rememoré las confidencias y comentarios, algunos recibidos muy recientemente, de bastantes compañeros de otras regiones militares sobre tomas de postura claramente involucionistas por parte de las primeras autoridades regionales castrenses de Sevilla, Valladolid, La Coruña, Baleares, Canarias y, por supuesto, Valencia (donde mandaba el general Milans del Bosch), cabezas rectoras del llamado «espíritu castrense de Játiva».

La última reunión de los jefes de cuerpo de la guarnición de Zaragoza con el capitán general, celebrada en una época (primeros de enero de 1981) en la que la situación parecía empeorar por momentos, me preocupó sobremanera. Sin embargo, ¿qué podía hacer yo solo? Zaragoza no era Madrid y mi pequeña Brigada de Infantería, en la que, por mi puesto, «disfrutaba» de la soledad de un minúsculo poder, no era el Estado Mayor del Ejército ni nada que se le pareciera. Mi superior jerárquico, el general en jefe de la Brigada, no estaba por la labor y se pasaba el día tomando «chiquitos» y pinchos de tortilla con su comandante ayudante de partenaire. La inmensa mayoría de los jefes de Cuerpo que asistía a las reuniones de Capitanía General eran disciplinados profesionales que oían al general Elícegui como si fuera el Espíritu Santo vestido de capitán general, y el resto de jefes y oficiales de la guarnición despotricaba en silencio en las salas de banderas sobre la desastrosa situación a la que nos abocaban los políticos sin que el rey hiciera nada por evitarlo, pero poco más. Obedecerían ciegamente al capitán general y a sus mandos naturales, fueran cuales fueran las órdenes que éstos pudieran dar contra el sistema. No tenían conciencia democrática arraigada, ni tampoco habían sido educados para pensar al margen de las consignas que recibieran de sus superiores.

Como consecuencia de las reuniones que, con carácter claramente involucionista, tuvieron lugar en casi todas las capitanías generales del país, en las que ejercían el mando militares franquistas de la rama más radical (algunas de las cuales, las llevadas a cabo en la V Región Militar, Aragón, acabo de trasladar al lector con detalle puesto que las viví personalmente), resultaba meridianamente claro, para los que de alguna forma vivíamos el problema a mediados del mes de enero de 1981, que la probabilidad de que se desatara en España, en los meses siguientes, un golpe de Estado en toda regla era altísima, casi rozando la certeza absoluta. Es más, ya se barajaba incluso en los ambientes más restringidos de los Estados Mayores una probable fecha: últimos días de abril o primeros de mayo de ese mismo año 1981.

Y para completar todavía más el círculo de preocupación y tristeza en el que nos debatíamos las escasas personas que en la Brigada estábamos al tanto de lo que se tramaba entre bastidores, pocos días después de la última reunión en el Centro Regional de Mando de Zaragoza recibimos en la unidad, por conducto reglamentario y con el máximo secreto, una orden de Capitanía para que con toda urgencia se empezara a acumular en sus depósitos de campaña «cinco días» de abastecimientos de todo orden (munición, carburantes, comida, repuestos… etc.) ante la eventualidad de que muy pronto pudieran tener lugar unas grandes maniobras en la zona del pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria. Maniobras que podrían ponerse en marcha, con un preaviso de 48 horas, en cualquier momento a partir del día «D+15» de recibido el documento, clasificado de «máximo secreto».

La recepción de este escrito supone, incluso para el más lego en la materia, la suprema confirmación de que el día «D» de la operación, bautizada con carácter muy reservado en la Brigada desde octubre del año anterior como «Operación AS» (Adolfo Suárez), había sido ya elegido; así como decididas las acciones tácticas que lo tendrían como fecha inicial. Sin embargo, vuelvo a repetir, a los escasos demócratas que por aquellas fechas estábamos destinados en las diferentes unidades del Ejército español, tanto en Zaragoza como en otras guarniciones, no nos quedaba otra opción que esperar. Nada se podía hacer. Ninguna orden ilegal se había impartido hasta la fecha. Lo único que empezaba a detectarse tenuemente en la calle era lo que los periodistas calificaban una y otra vez como incipiente «ruido de sables». Era un ingenuo eufemismo para disfrazar pesimismos y zozobras colectivos. Por eso los que formábamos parte del pequeño grupo de demócratas de uniforme, preocupados hasta la náusea, viendo cernirse la tragedia sobre nuestras propias cabezas y sobre las de nuestros conciudadanos, no dejábamos de preguntarnos con insistencia, un día sí y otro también: ¿Pero es que no oyen nada en Madrid? ¿No oyen nada en La Moncloa? ¿Y en La Zarzuela, qué piensan?

No supe entonces con certeza lo que realmente ocurría en esos altos centros de poder político e institucional. Pero después, con el paso de los años, he querido saber, he investigado cuanto he podido, he leído, he hablado con muchos compañeros que fueron protagonistas y que tomaron decisiones trascendentes, he recibido confidencias inéditas… y ello me ha permitido adentrarme con bastante conocimiento de causa en nuestra desconocida historia reciente.

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Comentaba hace un momento que «el cerco de los capitanes generales al Gobierno de Adolfo Suárez durante los últimos años de la década de los 70, no muy conocido ni valorado por la opinión pública española, se hizo más patente a lo largo de 1980 y muy preocupante después del verano de ese año». Así fue, desde luego. En noviembre de 1980, después de la segunda cita de los jefes de las unidades operativas de Aragón con el general Elícegui, llegó a mis oídos, por la cadena de información de la Brigada, la noticia de que los capitanes generales Merry Gordon, Campano, Milans del Bosch, Polanco, González del Yerro y el propio Elícegui, habían dirigido un escrito al rey pidiéndole la destitución de Adolfo Suárez en beneficio de la patria. El documento, redactado en terminología militar, parece ser que era muy respetuoso en la forma, como no podía ser menos por parte de unos subordinados que se dirigían a su jefe natural, pero revelaba una gran firmeza y unidad.

Como consecuencia del mismo, el rey habla reservadamente con algunos de los firmantes (en concreto recibe al general Milans del Bosch en La Zarzuela, a mediados de diciembre de 1980, según me comunicará él mismo personalmente en la entrevista que ambos celebramos en la prisión militar de Alcalá de Henares a primeros de marzo de 1990) que le transmiten nuevamente sus inquietudes y sus deseos en relación con un hipotético cambio de Gobierno que enderece la situación del país. El Borbón no contesta ni oficiosa ni oficialmente a la misiva; lo que no impide que la clara presión de los «príncipes de la milicia» sobre el jefe del Estado trascienda a las unidades militares, a los cenáculos políticos e, incluso, a determinada prensa, la clase política empieza a dar síntomas de desasosiego y los rumores de reuniones de líderes socialistas, comunistas, centristas, etc., etc., con militares de alto rango se suceden y se mezclan en los periódicos y en los mentideros capitalinos con otros que hablan de encuentros claramente subversivos entre generales franquistas.

En estos días de noviembre llega también a la prensa, por una filtración interesada, el Informe Quintero sobre el golpe militar llevado a cabo por el Ejército turco un par de meses antes, concretamente el 12 de septiembre de 1980. Federico Quintero Morente, coronel de Caballería, es a la sazón agregado militar en Ankara y ha redactado el famoso informe por obligación de su cargo. Sin embargo, el momento en el que ve la luz (con una situación socio-política en nuestro país claramente degradada y muy parecida, salvo matices importantes, a la sufrida por Turquía meses atrás) y las características personales de su autor, hacen que el documento, en principio de carácter reservado y dirigido a la División de Inteligencia del EME, se desvíe de sus cauces reglamentarios y se convierta en vox populi, por lo menos para las clases mejor informadas de la nación.

El Informe Quintero, como digo, resulta muy interesante, además de por las similitudes políticas hispano-turcas, por la personalidad de su autor. Este hombre, «sempiterno espía castrense», era entonces muy conocido dentro del Ejército. En la década de los 60 perteneció a los servicios de información del almirante Carrero Blanco (SECED, Servicio Central de Documentación), y actuó sin contemplaciones en los últimos años de esa década contra los grupos anti-régimen que operaban en distintas universidades españolas. Después fue jefe superior de policía de Madrid, dejando tras de sí un amargo recuerdo de dureza e intransigencia. Pasó luego al Estado Mayor Central (Dirección de Enseñanza) y, más tarde, a la Secretaría General del EME, donde le sorprendió el Sábado Santo «rojo» de 1977, interviniendo, cómo no, en la redacción de la durísima nota del Consejo Superior del Ejército contra la legalización del PCE. La reacción del vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Gutiérrez Mellado, contra los autores materiales del escrito (coronel Álvarez Alba, teniente coronel Ponce de León y él mismo), le obligó a dejar la Secretaría General. Profesional de la información militar y de profundas convicciones franquistas, nunca dejó de estar vinculado a su antiguo jefe del SECED, el coronel José Ignacio San Martín, y, por lo tanto, al «Colectivo Almendros» que, por estas fechas (19 de noviembre), sale a la luz pública como promotor del «movimiento de mayo» o «golpe duro a la turca».

El Informe Quintero, repito, no era otra cosa que el análisis de un profesional de la información sobre el golpe militar acaecido en Turquía en septiembre de 1980. A muchos en España este trabajo, indebidamente publicado, les vino como anillo al dedo para establecer paralelismos y, sin duda, dados los ánimos militares en aquellos momentos, contribuyó a fortalecer la acción involutiva que se estaba fraguando en las altas esferas castrenses. Aunque aquí, afortunadamente, no llegaría a cuajar como en el país otomano porque, según se verá más adelante, no se trataba de una sola maniobra involucionista en marcha sino de varias, cada una de las cuales perseguía unos objetivos y unos fines políticos distintos, a alcanzar con estrategias diversas, en plazos no coincidentes y a cargo de líderes desconfiados y ambiciosos, dispuestos a no dejarse arrebatar el más mínimo protagonismo.

Luego, en capítulos sucesivos, clasificaremos y analizaremos en profundidad los diferentes planes golpistas en preparación ya adelantada en este noviembre de 1980 que estamos recordando. Ahora, retomemos la dura ofensiva de los generales contra Suárez en la que estábamos hace un momento y que se encontraba, asimismo, en plena ebullición.

El rey no acusa recibo del escrito de censura contra el presidente del Gobierno que le es dirigido en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero en su discurso de Navidad refleja claramente su preocupación por la situación del país y pide la unión y la cooperación de todos, civiles y militares, para transformar y estabilizar España. Al menos de cara a la opinión pública, nada indica que en estas fechas, últimos días de diciembre de 1980, don Juan Carlos de Borbón haya enfriado sus relaciones con el presidente del Gobierno, pero algo se cuece sin duda entre los bastidores regios.

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Esas mismas Navidades, don Juan Carlos y Suárez, mantienen una entrevista en Baqueira Beret en la que el rey le hace ver a su interlocutor el malestar del Ejército, con referencias claras al escrito de los capitanes generales, a la posibilidad real de un golpe militar y a la conveniencia de buscar soluciones políticas inmediatas ante la grave crisis que se avecina. No le pide que dimita a corto plazo, pero le manifiesta con rotundidad que el bien del país, del régimen democrático que ellos encabezan y la continuación sin traumas de la transición política, pasan por detener cuanto antes su enfrentamiento suicida con un Ejército que busca, sobre todas las cosas y desde la primavera de 1977, el relevo en la cúpula del Gobierno de la nación. Es un aviso urgente e importante de don Juan Carlos, quien, en estas vacaciones de Navidad, tiene sobre su mesa un informe reservado y alarmante, procedente del general Alfonso Armada (remitido desde Lérida y que su Secretaría General en Madrid le ha hecho llegar con urgencia), que no deja lugar a dudas sobre el vertebramiento de un golpe militar duro contra la democracia y la monarquía, así como sobre la urgente necesidad de contrarrestarlo por medio de medidas de corte político y militar.

A esta reunión de Baqueira Beret acude, pues, don Juan Carlos, con la decisión ya tomada de impulsar un cambio en la Presidencia del Gobierno de la nación forzando la dimisión de Adolfo Suárez. Peligra su corona y todo el entramado político-social trabajosamente levantado sobre el, todavía, poderosísimo aparato franquista. Un error o una falta de decisión suya en esos delicados momentos puede propiciar la catástrofe. El Ejército, la única institución capaz de arruinar por sí sola todas las expectativas de cambio, está crispado por el terrorismo, el separatismo, la pérdida de protagonismo y la sensación, cada día más fuerte, de que la Historia, a través del primer presidente de la nueva democracia española, Adolfo Suárez, le está jugando una mala pasada invirtiendo el signo de la victoria de 1939. Hace escasos días que sus máximos representantes (los capitanes generales), de forma harto inusual y antirreglamentaria, le han pedido con toda la claridad la cabeza política del presidente del Ejecutivo. ¡O se va de una vez ese engreído político, que está destruyendo el país, que ha osado enfrentarse al Ejército victorioso de Franco, tratando de engañar a sus más preclaros generales, o se actuará en consecuencia, caiga quien caiga, incluido el propio monarca elegido por el mítico militar para continuar su obra!, podría ser la síntesis escueta y terrible del nítido mensaje que los más altos uniformados españoles, a punto de perder los nervios, han elevado a su capitán general y jefe supremo.

Don Juan Carlos lo tiene claro desde hace ya varias semanas y con los fieles generales de su entorno (Armada, Fernández Campo y los tres miembros de la junta de jefes de Estado Mayor) prepara una salida, lo más constitucional y democrática que sea posible, al fuerte órdago castrense del próximo mes de mayo. Hay que parar como sea la Operación Almendros, que está fuertemente apoyada por una trama civil ultra y nada monárquica por ende. Es el mayor peligro que acecha a su corona y al cambio democrático desde que subió al trono en noviembre de 1975. El primer paso a dar es evidente: Suárez debe abandonar su puesto cuanto antes. La patria lo exige y el carismático político abulense debe comprenderlo.

Adolfo Suárez, efectivamente, lo entiende. Después de hablar largamente con el rey sabe que ha perdido la batalla, que el Ejército al final le ha vencido. No hay, de momento, plazos para que se vaya, pero tendrá que tomar una decisión pronto si quiere contribuir a la estabilización del país. Por otra parte, el frente militar no es el único que tiene abierto. Su partido, la UCD, se desintegra por momentos y el Congreso de Mallorca se presenta bastante incierto… Se cuestiona ya abiertamente su liderazgo por parte de algunos ambiciosos «barones». El de Cebreros se siente cansado, harto, traicionado, pero su moral aún permanece alta. Es un corredor de fondo de la política y en épocas pasadas, no demasiado lejanas en el tiempo, ya ha tenido que tomar decisiones dolorosas y traumáticas. Si tiene que irse, se irá, dejará el campo de batalla por sorpresa, antes de lo que piensan sus enemigos. Así arruinará sus planes a largo plazo. Será sólo una batalla perdida y jamás arriará sus banderas. Cree que tiene mucha vida pública por delante y, a no tardar, volverá a la arena política con nuevos proyectos, con un nuevo partido centrista, cohesionado, fiel a su persona, y capaz de ilusionar nuevamente a la sociedad española. Sabe que ésta le admira, que le quiere y se siente agradecida por su labor valiente, inteligente y abnegada de los últimos años.

Resulta totalmente diáfano ahora, muchos años después, que Adolfo Suárez pensó algo muy parecido a todo esto al salir de su entrevista con el rey en Baqueira Beret. Los acontecimientos posteriores lo han corroborado. Pero no quiero incidir demasiado sobre lo ya conocido. Recordando las palabras del general Elícegui en la reunión celebrada en la Capitanía General de Zaragoza, a mediados de enero de 1981, uno llega a la conclusión de que el rey, en esos días, ya había dado garantías a los capitanes generales sobre la definitiva defenestración de Adolfo Suárez. Los había tranquilizado sin duda sobre el futuro inmediato de la nación. Pero también resulta evidente que éstos no se habían quedado tranquilos con las previsiones regias y que la operación involucionista de mayo (no de coroneles, como se ha escrito en la prensa hasta la saciedad, sino de capitanes generales auxiliados por sus Estados Mayores, por coroneles y tenientes coroneles jefes de cuerpo, y también por el aparato político-periodístico franquista) no fue desactivada ni por esas previsiones, ni siquiera por la dimisión de Suárez, oficializada el 29 de enero de 1981. La amplia conspiración castrense siguió su curso de planeamiento y sólo sería abortada en última instancia, tras el afortunado «fichaje» del capitán general Milans del Bosch para la llamada «Solución Armada», por la maniobra político-militar desencadenada en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981. Maniobra, que no se desarrollaría, ni mucho menos, como la previeron sus organizadores por varias razones pero, sobre todo, por la «salida de guión» de uno de sus más importantes protagonistas, el teniente coronel Tejero. Más tarde lo veremos. No adelantemos ahora acontecimientos en bien del complejo relato de un hecho que, posiblemente, sea el más interesante y enigmático de la vida política española de la segunda mitad del siglo XX.

Hecho histórico, el 23-F, al que hay que arrojar de una vez por todas la luz y taquígrafos que necesita después de tantos años de sombras y dudas. Sin miedos, sin tabúes y sin complejos de ninguna clase. Trataré, en éste y en los próximos capítulos del presente libro, de clarificar sus entresijos. Ahora, acabemos con el tema que nos ocupa, la sorpresiva dimisión del presidente Suárez en los últimos días de enero de 1981.

A comienzos de ese año 1981, la olla a presión castrense española está a punto de estallar, calentada en demasía tanto por la propia cúpula militar como por el residual aparato político-social franquista, que tiene en sus medios de comunicación una punta de lanza todavía poderosa. Los actos programados para la Pascua Militar pueden ser los primeros barómetros públicos que midan su peligrosa presión interna. Como todos los años, se preparan en las cabeceras de las distintas regiones militares y el de Madrid, con la segura presencia del rey y de la cúpula militar, promete ser tenso. El ambiente político y social ha continuado degradándose en los últimos meses, ya que el terrorismo ha seguido golpeando con dureza a las Fuerzas Armadas, la crisis económica no mejora, el partido que apoya al Gobierno, Unión de Centro Democrático, se desintegra, y cunde por doquier una sensación de frustración y duda. No se vislumbra a corto plazo una salida a todo esto y la nave del Estado parece haber perdido definitivamente el rumbo.

En Zaragoza, guarnición en la que continúo al frente de la jefatura de Estado Mayor de la Brigada DOT V, cunden los rumores sobre posibles acontecimientos cercanos, sobre todo en los altos niveles de mando, en los círculos restringidos de sus Estados Mayores y en las jefaturas de las Armas y Servicios. Los canales de Inteligencia privilegiados y los contactos directos, tanto entre personas como entre organismos, alimentan, con datos no siempre fiables, la espiral de la información sumergida. El órgano con más conocimiento de causa es, obviamente, el Estado Mayor de Capitanía donde dispongo de muy buenos amigos en las Secciones de Operaciones (G-3) e Inteligencia (G-2), pero de donde recibo más información confidencial o secreta es de Madrid, del Estado Mayor del Ejército, procedente de antiguos compañeros destinados allí con los que no he roto los lazos de amistad y cooperación.

Para que no me desborden los acontecimientos necesito estar puntualmente informado de todo lo que ocurre en Madrid. Ya sé como piensa el capitán general de Aragón y soy consciente, en consecuencia, que con el general de la Brigada enfermo y mal visto por su superior, tendré que tomar alguna decisión importante si se precipitan los acontecimientos. La Brigada es la única gran unidad operativa en la ciudad de Zaragoza, con importantes destacamentos en Huesca y Barbastro, y su actuación, puede ser decisiva para el posicionamiento de toda la Capitanía General del Ebro.

Por mis confidentes en la capital del Estado me entero de algunas reuniones de generales y altos oficiales de esa guarnición en los días previos a la Pascua Militar, que no han trascendido ni a la opinión pública ni a los estamentos medios y bajos del Ejército. En relación con ellas, después del «intento de golpe del 23-F», algunas fuentes involucionistas y bastantes periodistas e «investigadores» hablaron de una muy importante celebrada el 5 de enero, víspera, por lo tanto, del tradicional acto castrense. A ella habrían asistido nada menos que 17 tenientes generales, además de algunos mandos de menor rango, y en el curso de la misma se habría planteado la necesidad de una acción militar rápida para salvar la caótica situación del país, al estilo puro y duro puesto en marcha por el Ejército turco en septiembre del año anterior. Sólo Milans del Bosch y otro general habrían exigido que esa hipotética acción respetara la institución monárquica, mientras que la mayoría de los asistentes optó por acabar con ella por la brava e implantar un sistema republicano presidencialista dirigido por un militar.

No es cierto, a raíz de la información de que dispongo y que fue extraída en su día de los más altos organismos de Inteligencia del Ejército, que en esa fecha del 5 de enero de 1981 se celebrara en Madrid una reunión tan importante y trascendente como la anteriormente señalada; y menos lo es todavía que a ella asistieran 17 tenientes generales del Ejército español con el exclusivo fin de atravesar, todos juntos, el Rubicón golpista. Más aún, porque tampoco es cierto que el teniente general Milans del Bosch estuviera ese día en Madrid. En la jornada siguiente debía presidir el acto de la Pascua Militar en Valencia (como el resto de los capitanes generales de región militar debían hacer lo propio en la cabecera de la suya respectiva) y difícilmente hubiera podido reunirse el día 5 en Madrid con sus pares jerárquicos regionales; teniendo en cuenta, además, que tanto Milans como sus altos compañeros debían de contar con el preceptivo permiso reglamentario para abandonar sus circunscripciones castrenses. Por otra parte, la cifra de «príncipes de la milicia» citada, 17, es totalmente descabellada a no ser, claro está, que en ella estuviesen incluidos abundantes generales en la reserva y no sólo generales con mando en plaza. De ser así, la citada reunión golpista, a todas luces falsa, no hubiera pasado de ser una nostálgica asamblea de jubilados y pensionistas.

Lo que sí parece fuera de toda duda es que en la mañana de ese día 5 de enero se suceden en el Cuartel General del Ejército reuniones de alto nivel, fuera de las habituales de trabajo. Unas son oficiales, en el despacho del JEME, para ultimar detalles de cara al evento del día siguiente, y a las que asisten generales del propio Estado Mayor del Ejército, del Mando Superior de Personal, del de Logística y de algunas direcciones generales; y otras no tan oficiales, en los despachos de algunos de los asistentes a las anteriores, en las que toman parte varios altos mandos de la guarnición de Madrid invitados al acto de felicitación ministerial que tradicionalmente se celebra ese día en los cuarteles generales de los tres Ejércitos.

No es que estas reuniones del 5 de enero de 1981 resulten especialmente llamativas y provocadoras, tanto de cara a la propia Institución como hacia fuera. En otras épocas y en otros momentos especialmente delicados de la transición, se realizaron «cónclaves» parecidos (de alguno de ellos fui testigo presencial) en el palacio de Buenavista, sin que nadie se rasgara las vestiduras y sin crear especiales reticencias en la calle o en la clase política. Si me he referido a ellas en estos momentos es porque se ha intoxicado mucho a la opinión pública española con inexistentes reuniones golpistas en las semanas anteriores al 23-F, como la absurda y antes mencionada de 17 tenientes generales en Madrid. Todo ello sin que ninguno de los numerosos periodistas e investigadores de café, que durante años, «analizaron» la famosa asonada, supiera distinguir muy bien de qué golpe hablaban en cada caso ya que, además del falso que finalmente todos conocimos, se preparaban en España otros tres, el más importante de los cuales miraba a Turquía como fuente de inspiración. Y, además, con algunos de sus protagonistas jugando a varias bandas. Pero no se asuste el lector. Estoy totalmente dispuesto, y documentado, para que ese cúmulo de golpes, asonadas, cambios de rumbo político, maniobras palaciegas defensivas y querencias involucionistas que se preparaban para salir a la luz en la atormentada España de enero de 1981 lleguen próximamente, perfectamente estudiados, diseccionados y diagnosticados, a las páginas del libro que tiene en sus manos.

Había en esas fechas, efectivamente, planes sediciosos que apuntaban hacia una involución traumática en este país dentro de la dinámica de aquel «espíritu de Játiva» de septiembre de 1977, contrario a la monarquía y a la democracia; pero a esas alturas los capitanes generales simpatizantes de la idea no habían adoptado todavía una posición al respecto en su totalidad como para acudir a una cita golpista multitudinaria en Madrid. El mero hecho de plantearla habría supuesto una total falta de inteligencia y prudencia por su parte. Los contactos, que los había, y muchos, se realizaban a través de enviados especiales de nivel medio, nada sospechosos.

Si hay algo creíble en las referencias periodísticas y panfletarias a esa supuesta reunión de máximo nivel del 5 de Enero, a la que antes me refería, sería el rechazo frontal que hubiera expresado el general Milans del Bosch (de haber asistido) a acabar con la monarquía de don Juan Carlos; postura que ya había adoptado con toda claridad en Játiva, años antes, y refrendado después en numerosos contactos personales con sus compañeros en los que siempre rechazó la idea de una República para España, aunque fuera presidida con todos los honores por un militar. En su cabeza siempre estuvo presente el antecedente de Primo de Rivera y desde los años 70 venía trabajando sin descanso con un único norte: un Gobierno fuerte de corte castrense que durante bastantes años fuera capaz de dirigir con acierto los destinos de la patria, permitiendo el inicio de un proceso democrático ralentizado al máximo, y con la monarquía borbónica dando brillo exterior a un nuevo franquismo disfrazado.

Esta disparidad de criterios con los otros tenientes generales le llevó a Milans a separarse ideológicamente del «movimiento de mayo» o «golpe duro a la turca» (aunque sin romper nunca del todo con ellos, e intentando atraerlos en última instancia a su teoría), y a dedicar todos sus esfuerzos al nuevo proyecto político que debería enderezar, cuanto antes, la peligrosa situación política del país; pasando, si era absolutamente necesario, por la acción militar que lo hiciera posible. «Democracia no, monarquía sí» seguía siendo su lema desde el mes de abril de 1977 en que a punto estuvo de ordenar el «¡adelante!» a sus batallones de carros de combate de la División Acorazada Brunete.

Así las cosas, Milans del Bosch se reúne el día 10 de enero en Valencia con el general Armada, a instancias de éste, quien en plena planificación de la operación que ya se conoce en amplios ambientes políticos como «Solución Armada», trata de captarlo para una reconducción política incruenta, salvadora de la monarquía en peligro. Y también se reúne el día 18 del mismo mes en Madrid con una muy importante representación de sus leales, a los que les presenta, ya ultimado, su plan de acción «primorriverista» trufado con los últimos arreglos pactados con Armada.

Pero dejemos un momento los planes que bullen en la cabeza del teniente general Milans del Bosch a 18 de enero de 1981 (el 23 de febrero queda todavía lejos, y hasta última hora nada estará decidido), que luego volveremos sobre ellos. Sigamos adentrándonos en los movimientos involucionistas, o por lo menos antigubernamentales, que en estas fechas buscan ya decididamente la cabeza política de Adolfo Suárez.

Aparte de la famosa reunión de la calle Cabrera de Madrid, celebrada el 18 de enero, a la que me acabo de referir y que ha tenido siempre tratamiento preferente (no sé exactamente por qué) en el abigarrado conjunto de libros, libelos, novelas y panfletos que sobre el 23-F se han lanzado a los sorprendidos ojos de los españoles durante los últimos años, mucho se ha escrito también, sobre todo en ambientes de la extrema derecha, sobre un hipotético y rocambolesco encuentro de tres tenientes generales (Milans del Bosch, Merry Gordon y González del Yerro) con el presidente Suárez en La Zarzuela, con pistola de por medio, durante el despacho de éste con el rey el día 22 de enero de 1981. Incluso algún que otro intrépido periodista de renombre se atrevió a publicar un libro (El quinto poder, 1995) con este falso suceso como leiv motiv, lo que provocó de inmediato la airada protesta en la prensa del mismísimo Adolfo Suárez (Historia de la democracia, capítulo diez. El Mundo, 1995), quien tuvo a bien remitir al desinformado autor, y también a todos los ciudadanos españoles amantes de la verdad, a las modestas investigaciones del que esto escribe publicadas en 1994 (La transición vigilada) y que, según el ex presidente del Gobierno español, son absolutamente veraces.

El suceso, inventado en ambientes de la extrema derecha castrense, se recogió así en numerosas publicaciones y medios de comunicación: El presidente del Gobierno, invitado a tomar café con el monarca después del despacho, se habría topado con los tres altos mandos militares, quienes, en una ausencia interesada de don Juan Carlos, le habrían plantado la necesidad de su urgente dimisión. En el curso del forcejeo dialéctico consiguiente, uno de los tres generales habría reforzado sus argumentos intimidatorios contra Suárez sacando sus poderes a relucir en forma de pistola reglamentaria colocada sobre la mesa. En este hipotético escenario de país bananero, el presidente en un principio habría discutido acaloradamente con sus supuestos interlocutores para sucumbir después de manera incondicional ante la «razón» de la fuerza bruta. Tras ello, cuando el rey hizo nuevamente acto de presencia en la sala, la dimisión presidencial estaba ya ampliamente «consensuada».

Semejante secuencia, propia más bien de una película barata de espías y golpes de Estado tercermundistas, no resiste el menor análisis riguroso: los tenientes generales, los máximos responsables de los Ejércitos en los países civilizados (y España, aún con el lastre de cuarenta años de dictadura, seguía siendo civilizada y europea en ese dramático año de 1981), por muy autoritarios que sean y por mucho que aspiren a cambiar el régimen político imperante en la nación que les ha aupado a tan altos puestos de la jerarquía castrense, no andan por ahí sacándole las pistolas al jefe de Gobierno de turno para meterle el miedo en el cuerpo y conseguir su renuncia. Es más, una actitud así es impensable, falta de inteligencia, pueril, ridícula, aparte de inoperante y totalmente inapropiada para conseguir tales fines, puesto que ningún presidente de Gobierno elegido democráticamente (absolutamente ninguno) cedería jamás a tan burda maniobra, arriesgando si fuera preciso su propia vida. Hay ejemplos recientes muy relevantes de conductas impecables, casi heroicas, protagonizadas por carismáticos líderes democráticos (en estos momentos mi recuerdo está con el valeroso presidente de Chile, Salvador Allende) que han preferido la muerte antes que claudicar ante la sinrazón y la barbarie de las armas.

Por supuesto que el presidente Suárez (y así lo ha expresado él mismo después con toda firmeza) nunca hubiera aceptado tamaño chantaje. Tenía entonces (ahora desgraciadamente ya no debido a su irreversible enfermedad) arrestos más que suficientes para haberse opuesto a él con todas las consecuencias. Pero es que, además, esta demencial historia (que, repito, ha sido recogida a lo largo de los años por numerosos periodistas y autores de versiones noveladas del 23-F), este rocambolesco episodio de los tenientes generales, presuntamente golpistas, ejerciendo de pistoleros al más puro estilo hollywoodiense, utilizando al rey como anfitrión y el palacio de La Zarzuela como «saloon» para sus aventuras políticas de corte facineroso, nació en los ambientes más ultras de las Fuerzas Armadas y fue puesta en circulación para seguir desestabilizando aún más al Ejecutivo después del triste suceso de la Carrera de San Jerónimo de Madrid; utilizando para ello los muchísimos panfletos que, permisivamente, recorrieron los cuarteles hispánicos de norte a sur y de este a oeste.

Los altos mandos del Ejército, los tenientes generales, por supuesto que presionaron (y amenazaron), como vengo repitiendo machaconamente desde hace años, para conseguir la dimisión de Adolfo Suárez. Pero, ni personal ni colectivamente, le plantearon directamente jamás sus exigencias al presidente. Utilizaron para esa presión institucional nada menos que a su capitán general, a su superior jerárquico constitucional, al jefe supremo de las FAS: el rey. Y desarrollaron esa presión contra Suárez de manera inmisericorde durante meses, sobre todo a lo largo del mes de enero de 1981 en el que el pulso castrense fue brutal.

En audiencias personales, en escritos colectivos de dudosa legalidad, en charlas informales con motivo de eventos castrenses tradicionales e, incluso, en documentos reservados de los servicios de Inteligencia fuera de los conductos reglamentarios, los «príncipes de la milicia» españoles plantearon una y otra vez al rey la necesidad de moderar la marcha de la transición política buscando soluciones urgentes para el terrorismo, los sentimientos nacionalistas exacerbados, la preocupante situación económica del país, el estado de las FAS…; en una palabra, modificando el rumbo de la nave del Estado por el expeditivo sistema de relevar del puesto, de un plumazo, a su capitán. Peticiones o presiones de los altos jerarcas del Ejército que, por antirreglamentarias y por ser cursadas fuera de los cauces normales de relación jerárquica e institucional, pusieron en un grave aprieto a su regio destinatario.

El 22 de enero de 1981, efectivamente, el presidente Suárez despacha con el rey en La Zarzuela. Los problemas son muchos y muy variados, y la reunión, según informaciones fiables, es muy tensa, difícil. El soberano, ya desde las Navidades pasadas, viene optando por los militares en su contencioso contra Suárez. Está al corriente tanto de los golpes castrenses en preparación (el «turco» de mayo y el «primorriverista» de Milans), como también de los intensos contactos que mantiene su fiel Armada para buscar, urgentemente, una salida constitucional a la grave crisis que padece el país. Dentro de las necesarias medidas previas a esta «Solución Armada» figuran, en lugar destacado, la dimisión de Adolfo Suárez y el traslado de este general de División a Madrid desde su puesto de jefe de la División de Montaña Urgel nº 4 y gobernador militar de Lérida, por lo que don Juan Carlos comienza el despacho interesándose por este último tema, ya tratado en anteriores ocasiones con Suárez.

El presidente del Gobierno siempre ha estado, y sigue estando, en contra del cambio de destino de Alfonso Armada, actitud en la que es apoyado sin reservas por su ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún. El JEME, general Gabeiras, ha hablado repetidas veces sobre el asunto con el ministro, quien se ha resistido prudentemente a tomar cualquier medida en ese sentido. ¿Qué papel y de qué carácter, está previsto desempeñe Armada en Madrid para que tenga que abandonar precipitadamente un alto mando operativo en Lérida? ¿Por qué esa insistencia del general Gabeiras, siguiendo perceptibles recomendaciones de La Zarzuela, para hacerlo efectivo cuanto antes?

Ni Adolfo Suárez ni Agustín Rodríguez Sahagún han entendido muy bien, desde el principio, la necesidad de que este general, antiguo secretario general de la Casa del rey, amigo personal del monarca y protagonista en los últimos meses de una muy comentada actividad política subterránea, «desembarque» en Madrid en un puesto militar importante. De hecho se han opuesto a ello dando largas a las peticiones regias.

Adolfo Suárez le hace ver a don Juan Carlos que el cambio de destino a Madrid del general Armada puede ser prematuro en esos momentos. Ni la jefatura de Artillería ni la segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército, únicas vacantes que podría cubrir, son puestos con la relevancia necesaria para él, aunque el segundo de ellos sea importante a nivel ejecutivo. Convendría, pues, razona el de Cebreros, esperar su ascenso a teniente general y destinarlo después a un cargo acorde con sus cualidades y conocimientos profesionales. Don Juan Carlos no insiste, cambia el tercio de la conversación y aborda otros temas: viaje real al País vasco, situación en el Ejército en las últimas semanas, novedades en política exterior… No quiere dar la impresión de que está profundamente interesado en tener cuanto antes a Armada en Madrid.

Por cierto, en este asunto del destino del general Armada a Madrid, aparentemente baladí, se encierran algunas claves importantes para entender mejor todo lo que ocurriría después en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981. El interesado, el propio general don Alfonso Armada y Comyn, ha contribuido con sus manifestaciones (y evidentes contradicciones) a que mucha gente (y sobre todo los investigadores de aquel enigmático evento) hayamos prestado especial atención a un asunto que, de entrada, no revestiría trascendencia alguna: el cambio de destino profesional de un militar, por muy general que sea y por muy importantes que hayan sido sus cometidos anteriores. A no ser, claro está, que este cambio de guarnición del castrense en cuestión fuera determinante para el éxito o el fracaso de una operación político-militar de altos vuelos que podría suponer, caso de concretarse, un auténtico revulsivo político nacional y llevar al susodicho militar nada menos que a la presidencia de un nuevo Gobierno de salvación nacional o de concentración (o de ambas cosas a la vez).

***

Y dejando, de momento, la cuestión del destino a Madrid del general Armada que, repito, no fue nada baladí, sino que tuvo serias repercusiones en los acontecimientos posteriores que pronto vamos a revivir, adentrémonos ya definitivamente en la dimisión de Adolfo Suárez. Hablamos de un importante evento de la reciente historia de España, no sólo por su intrínseca trascendencia sino porque significaba, de hecho, el encender una potente luz verde para que empezaran a desarrollarse otros preocupantes sucesos por venir.

La entrevista del presidente del Gobierno con el rey, el 22 enero de 1981, resulta determinante para la dimisión del primero. Sin rocambolescas presiones de generales golpistas in situ, pero con la evidencia clara, por parte de Suárez, de que éstas existen, de que los militares están preparándose para la acción (el CESID le había elevado un preocupante informe sobre las maniobras involucionistas en marcha en noviembre del año anterior), de que don Juan Carlos, seriamente preocupado, busca ya una salida constitucional a la situación al margen de su persona, y de que su partido, la UCD, está abocado a la desunión e incluso a la desintegración próxima… en su mente de hombre de Estado empieza a abrirse camino la solución más digna para todos sus problemas. Hay momentos, piensa sin duda, en que un gran hombre (y él, en esos momentos, se tiene en una gran autoestima), un gran político (y él se sabe con un haber público incuestionable y una gran admiración por parte del pueblo español), debe saber decidirse por lo más doloroso a título personal para dejar la puerta abierta a la esperanza colectiva… y a un regreso triunfal cuando cambien las circunstancias.

Se siente triste, incomprendido y abandonado en la soledad del poder, no por el pueblo, sino por una clase política vengativa y ruin que no le perdona sus éxitos en una transformación política sin parangón en la Historia con mayúsculas. A los militares, a los generales franquistas que no pueden comprender el trascendental momento histórico que vive el país, los desprecia en lo más íntimo de su ser, los ignora. El Ejército siempre ha sido una gran rémora para sus planes políticos; tendrá que maniobrar rápidamente para desmontar su órdago institucional antes de que sea demasiado tarde.

Adolfo Suárez sale de La Zarzuela, el jueves 22 de enero de 1981, más pronto que de costumbre. Debe viajar a Sevilla por asuntos políticos. El rey, molesto y preocupado después del encuentro, le llama al aeropuerto. Le dice que comprende su postura sobre los temas tratados esa misma mañana en el despacho oficial: destino de Armada, análisis de la situación militar, perspectivas políticas… y le da ánimos. Pero esa llamada telefónica será ya definitivamente la certificación de la ruptura, de que todo ha acabado entre ellos a nivel político; sólo un fuerte sentimiento de amistad y agradecimiento recíproco sobrevivirán a la separación definitiva.

En el desgraciado mes de enero de 1981 el Ejército español casi en pleno conspiraba contra Adolfo Suárez; una gran parte de ese mismo Ejército (con la mayoría de tenientes generales en activo) conspiraba contra la democracia y la corona; una pequeña parte, con algunos generales monárquicos de fuste a la cabeza, trataba por todos los medios (en principio constitucionales) de salvar ambas instituciones, sobre todo la segunda; unos pocos coroneles y tenientes coroneles trabajaban a destajo para poder poner en marcha planes superiores nada constitucionales; y la mayoría de jefes y oficiales de ese mismo Ejército (tenientes coroneles y comandantes, sobre todo) asistíamos estupefactos al insólito espectáculo de la preparación del nuevo órdago (u órdagos) contra el poder civil. Pero todo se desarrollaba en la sombra, en silencio, bajo presiones jerárquicas insoslayables… que es tácticamente la forma correcta de proceder siempre que se preparan cambios institucionales traumáticos.

El día 23 de enero, como todos los días de esa preocupante cuarta semana del calendario, se producen nuevas reuniones en Madrid y en casi todas las capitanías generales, unas más importantes presididas por las primeras autoridades regionales y otras menos a cargo de jefes de Estado Mayor y oficiales superiores, pero son similares, sobre todo las primeras, a las ya relatadas de la ciudad de Zaragoza a las que tuve la obligación de asistir. En la capital de la nación el lugar elegido para llevarlas a cabo es el Cuartel General del Ejército, donde la inmensa población fija de uniforme (más de dos mil personas) siempre ha facilitado cualquier contacto castrense que quiera pasar desapercibido. También se suceden importantes encuentros en la calle Vitrubio, en la sede del Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Téngase en cuenta que en las fechas en que nos movemos estaban en marcha cuatro acciones paralelas ¡cuatro!, dentro de las Fuerzas Armadas (algunas con evidentes apoyos fuera de las mismas) para parar, o por lo menos transformar, la transición política en marcha; de las cuales, las dos más importantes contaban, en su dirección, con los más altos jerarcas castrenses.

La actividad militar era, pues, muy grande en los últimos días del primer mes de 1981; pero aparte las de tipo general ya comentadas, en ese mes de enero se produjeron dos reuniones de especialísimo interés: la del día 10, en Valencia, entre los generales Milans del Bosch y Armada, y la del 18, en Madrid, a la que asistieron Milans, Torres Rojas, Mas Oliver, Tejero, García Carrés, varios generales, almirantes y coroneles en activo, además de otros altos militares en la reserva como los tenientes generales Iniesta Cano y Cabezas Calahorra. También fueron muy importantes, aunque trascendieran lógicamente mucho menos a la opinión pública, los constantes contactos de emisarios, apoderados y validos de altas autoridades civiles y militares del Estado y de políticos en ejercicio, que recorrieron en jornadas maratonianas la piel de toro ibérica, e islas adyacentes, con consignas, propuestas, confidencias y secretos. Aunque luego, después de que la mascarada de Tejero saliera como salió, la mayoría de esas autoridades y de esos políticos optara cínicamente por mirar para otro lado, tratando de preservar su inmaculada imagen y su total desconocimiento del tragicómico evento. De todo ello pienso hablar más adelante. Ahora terminemos, aunque sea telegráficamente, con la particular «odisea» del presidente del Gobierno en desgracia, Adolfo Suárez.

El domingo 25 de enero toma el presidente Suárez, definitivamente, su decisión de dimitir. En la mañana del lunes 26 les comunica esa decisión (irrevocable) a sus más íntimos colaboradores de La Moncloa. Solicita de inmediato una audiencia al rey. El martes 27 acude a La Zarzuela y ofrece, protocolariamente, unas prudentes explicaciones al monarca: aumento de todo tipo de enfrentamientos en la UCD, pérdida creciente de apoyos sociales, campaña de prensa contra su persona, bloqueo de la situación política… No son necesarias. Don Juan Carlos, ni sorprendido ni preocupado, se interesa mucho más por la salida constitucional de la crisis recabando el apoyo del general Sabino Fernández Campo. Todo resultó muy frío, muy esperado. Hasta tal punto que el presidente del Gobierno se sorprende, según comentaría después a sus fieles, por la excesiva naturalidad del monarca al buscar rápidamente su sustituto en la cúspide del Ejecutivo.

El 29 de enero de 1981, a las ocho de la tarde, la imagen del primer presidente de Gobierno de la democracia española después de la etapa franquista aparece patética en los televisores del país: «Me voy sin que nadie me lo haya pedido.» Pero el subconsciente le juega una mala pasada haciendo bueno el adagio latino: «Excusación no pedida, acusación manifiesta.» Habla de otras cosas, intenta vestir el muñeco de su retirada, buscar una justificación creíble para la mayoría de los ciudadanos, pero en su fuero interno sabe que los generales franquistas, a los que en su día despreció o minusvaloró, quizás imprudentemente, le han ganado la partida. Contiene la rabia, la impotencia. Se va, pero no está vencido. En lo más profundo de su alma está seguro de que esta despedida supone sólo el final de una desgraciada batalla, no de la guerra. Volverá y pronto. Un político como él, con los servicios prestados a la nación, a la democracia, no puede perder definitivamente.

Adolfo Suárez, uno de los mejores políticos españoles de todos los tiempos, el hombre carismático que con su sola presencia encandilaba a sus adversarios, el providencial artífice de unos pactos de La Moncloa que asombraron al mundo, termina su intervención ante las cámaras de la televisión. La historia política de este país, ingrato y difícil, acaba de pasar una de las más brillantes páginas de solidaridad y consenso que jamás se hayan escrito aunque, todo hay que decirlo, algunos de sus protagonistas secundarios tuvieran que dejar en el camino buena parte de sus convicciones e ideales.

El español de a pie, sorprendido por la inesperada despedida de su presidente, se pregunta incrédulo ante el televisor: ¿qué ha pasado?; ¿qué vendrá ahora? Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que vimos aquel día el discurso televisivo del señor Suárez intuimos, con cierta preocupación, que lo peor estaba todavía por venir…

6
EL 23-F NACIÓ EN LA ZARZUELA

—Una maniobra político-militar-institucional de altos vuelos para frenar el golpe involucionista de los capitanes generales franquistas. —Cómo se fraguó, planificó, preparó, coordinó y ejecutó la subterránea y chapucera apuesta borbónica, dirigida por los generales Armada y Milans y autorizada por el rey. —Las Cortes españolas reciben, en 2005, un exhaustivo Informe en el que se pide, por primera vez, una comisión de investigación parlamentaria que depure las responsabilidades del monarca.

Antes de entrar en el fondo de la importante cuestión que me ocupa en estos momentos, y que no es otra que contarle al lector con pelos y señales los pormenores de la planificación, preparación y ejecución de la maniobra borbónica desarrollada en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981, popularmente denominada 23-F, me voy a permitir trasladarle someramente mis avatares personales desde que me decidí a hacerlo. Fue hace ya bastantes años, y lo hice publicando mi primer libro sobre el tema. Hablamos de un tema que, evidentemente, había sido un tabú desde el mismo instante en el que se produjo, lo seguía siendo en aquellos momentos, y todavía lo seguiría siendo en la actualidad si no fuera porque al poder político le cuesta cada día más trabajo reprimir la libertad de expresión de algunos esforzados historiadores e investigadores.

Fue en el mes de marzo de 1994. Después de más de diez años de estudios e investigaciones sobre el 23-F y arropado por un joven editor que se jugó el tipo en la aventura, lancé mis primeras conclusiones sobre el mismo en un libro titulado: La transición vigilada. Éstas hacían referencia clara a que los deleznables hechos que tuvieron lugar en aquella tristemente célebre fecha de la historia de España no respondieron nunca a los parámetros generalmente admitidos en un golpe militar clásico, sino que, más bien, todo aquello formaba parte de una compleja maniobra político-militar-institucional, autorizada y dirigida desde La Zarzuela, y con dos generales de postín como máximos planificadores y ejecutores: Armada y Milans del Bosch. Ambos habrían trabajado al unísono, dentro del plan denominado en ambientes políticos y periodísticos como «Solución Armada», en aras de desmontar el verdadero golpe militar que contra la democracia pero, sobre todo, contra la monarquía representada por el rey Juan Carlos (al que tachaban de «traidor» al extinto caudillo), preparaban los militares más radicales de la extrema derecha franquista.

Es decir, hablando con meridiana claridad histórica: lo que ocurrió en este país el 23 de febrero de 1981 no tuvo nada de golpe militar (que efectivamente se estaba gestando en los cuarteles, pero para ponerse en marcha cierto tiempo después, concretamente en los primeros días del mes de mayo de ese mismo año) y sí, y bastante, de una maniobra borbónica para salvar in extremis el entonces todavía inestable régimen de libertades instaurado en España a raíz de la promulgación de la Constitución de 1978.

Las sorprendentes afirmaciones vertidas en este libro fueron aceptadas de facto por los diferentes medios políticos y periodísticos de este país, pues todo el mundo dio, en un tema tan escandaloso y de tanta trascendencia política y social, la callada por respuesta. Únicamente en el terreno práctico hubo alguna reacción oficiosa, ya que muy pronto los duendes institucionales se pondrían en marcha, en la sombra naturalmente, y conseguirían en un par de semanas que el deslenguado (y políticamente incorrecto) libro desapareciera de las librerías a pesar de su notable éxito inicial de ventas.

En febrero de 2001, al cumplirse los veinte años de la absurda maniobra de palacio que comentamos, publiqué un segundo libro (el cuarto en mi modesto curriculum como escritor e historiador) sobre este tema, con el sugestivo título de 23-F El golpe que nunca existió. En él, obviamente, volvía a incidir sobre la trama institucional que planificó y puso en marcha el teóricamente «golpe involucionista de Tejero y los suyos», dando toda clase de detalles (después de más de tres lustros de investigaciones en el estamento militar que intervino en los hechos, incluida una inédita entrevista con el general Milans del Bosch celebrada en la prisión militar de Alcalá de Henares) sobre su planificación, coordinación y ejecución, así como sobre las razones que propiciaron su aparente fracaso. Esto último en realidad nunca fue tal, pues la maniobra inicialmente preparada, y que luego arruinaría en su ejecución el teniente coronel Tejero por su calamitosa entrada en el Congreso de los Diputados, conseguiría, no obstante, sus objetivos de desactivar el golpe duro de los capitanes generales franquistas y asentar la vacilante democracia española.

Este segundo libro sobre el 23-F, que obtuvo una gran repercusión mediática y profesional dentro de las Fuerzas Armadas, no tendría tampoco una respuesta política acorde con las graves denuncias que en él se vertían contra el entorno de La Zarzuela (con el rey Juan Carlos en el centro de todo) y contra la clase política democrática que había conspirado y colaborado con el apoderado del rey, el general Armada, para llevar a buen puerto la «Solución» que llevaba su nombre. Básicamente consistía en la formación en España de un Gobierno de concentración o unidad nacional en el que se integrarían políticos de los principales partidos del arco parlamentario (socialistas, comunistas y del sector crítico de la UCD) bajo la presidencia de un militar de prestigio y aceptado por todos: el propio general Armada.

El libro, publicado después de un largo peregrinar por despachos y editoriales, correría la misma suerte que el anterior, es decir, sería «asesinado» comercialmente por los poderes ocultos del sistema para evitar que pudiera emponzoñar la gran aureola de «salvador de la democracia» que el rey Juan Carlos supo crearse tras su tardía salida en televisión en la madrugada del 24 de febrero de 1981. En ella condenó el «golpe» que se había desatado la tarde anterior y le dijo al pueblo español que la Corona respaldaba el orden constitucional establecido; ello después de más de siete horas de dudas y vacilaciones ante lo que podían hacer los generales golpistas de mayo después de la estrafalaria actuación de Tejero con sus guardias civiles. Orden constitucional que, curiosamente, la propia Corona había puesto en peligro con su chapucera maniobra de palacio tendente a conjurar cuanto antes el peligro franquista.

Inasequible al desaliento y firme en mi postura de historiador militar sin pelos en la lengua, el 23 de septiembre del año 2005 decidí dar un importante salto cualitativo en mis pretensiones de que todos los españoles acaben enterándose algún día de qué es lo que pasó realmente el 25 de febrero de 1981, enviándole al presidente del Congreso de los Diputados, señor Marín, con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución Española («Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito…»), un exhaustivo Informe (40 páginas) en el que le presentaba mis últimas investigaciones sobre el mismo… y, además, 16 clarísimos indicios racionales de responsabilidad del rey Juan Carlos I. Pidiéndole, en consecuencia, la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria que depurara de una vez, política e históricamente, esas presuntas responsabilidades del monarca.

Aunque, días después, llegó a mi conocimiento que el señor presidente del Congreso había dado traslado del Informe a todos los grupos parlamentarios de la Cámara (algunos de cuyos componentes se enterarían así por primera vez, totalmente alarmados, de cosas que no podían ni siquiera sospechar), la Cámara Baja de las Cortes españolas acabaría mirando para otro lado, dando la callada por respuesta como era de esperar…

Y en esas estamos. Este demoledor Informe sobre «la intentona golpista del 23-F», en el que se demuestra (hasta donde se puede hacer objetivamente, pues nunca nadie hallará, obviamente, un documento oficial con el membrete de La Zarzuela en el que se autorice al general Armada a planificar su famosa «Solución» político-militar de 1981) la grave responsabilidad del monarca español en los sucesos del 23-F, tenía que llegar contra viento y marea al gran público, a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Y aquí está. En las páginas que siguen (concretamente en este capítulo y los dos siguientes) va estar al alcance de todos los españoles y si es posible (esto de la globalización ayuda mucho) al de todos los ciudadanos del mundo que tengan interés por la reciente historia de España; que, por cierto, como podrá apreciar quien lea el presente libro, es mucho más jugosa e interesante de lo que dicen los despachos oficiales.

En primer lugar, y en este mismo capítulo, voy a presentar la primera parte del trabajo, la que hace referencia a cómo se fraguó, planificó, preparó, coordinó y finalmente ejecutó el famoso 23-F. Lo haré de una manera sucinta y clara. Y en los capítulos siguientes expondré las razones que niegan el carácter de golpe involucionista que desde siempre se le ha querido dar, apostando claramente por la de una subterránea y chapucera maniobra institucional de corte palaciego/borbónico. Presentando, además, con todo lujo de detalles, los 16 (hay todavía muchos más) indicios racionales que prueban esta tesis, así como la suprema responsabilidad del rey Juan Carlos I en su planificación y posterior ejecución. Vamos pues a ello.

«23-F». Resumen sucinto de los hechos

En los primeros días del otoño de 1980, dada la precaria situación política, económica y social del país y el malestar institucional en el que se debatía el Ejército debido al terrorismo etarra, y a la puesta en marcha del Estado de las autonomías, se encontraban en periodo de gestación en España tres golpes militares: el golpe duro o «a la turca», patrocinado por un grupo muy numeroso de generales franquistas de la cúpula militar con mando de Capitanía General (conocido indebidamente como «el de los coroneles» por los servicios de Inteligencia militar por mimetismo profesional en relación con procesos similares en Turquía y Grecia) y por lo tanto, con un gran poder operativo dentro del conjunto de las FAS, que apuntaba directamente contra el titular de la Corona (tachado de «traidor» al generalísimo Franco por sus máximos dirigentes) y, por supuesto, contra el sistema político recién instaurado en España; un segundo movimiento involucionista era el de corte «primorriverista», personalizado por el capitán general de Valencia, teniente general Milans del Bosch, que aspiraba a instaurar en nuestro país una dictadura militar pero respetando la institución monárquica; y el tercero, denominado de «los espontáneos» o «golpe primario» por los servicios secretos castrenses, apuntaba al teniente coronel Tejero y al comandante Ynestrillas como posibles cabezas rectoras de un nuevo intento, limitado sin duda en medios y alcance, de alterar la pacífica convivencia entre los españoles.

Estos movimientos subterráneos en el seno de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil eran conocidos y seguidos muy de cerca por la División de Inteligencia del Ejército y, sobre todo, por el CESID, que en noviembre de ese mismo año, 1980, redactaría un «Informe sobre las operaciones en marcha», del que tuvimos constancia, además del Gobierno y la jefatura del Estado, los altos mandos de las FAS y sus Estados Mayores.

De estos tres golpes de Estado en preparación el que más peligro representaba, obviamente, era el primero, puesto que sus responsables ostentaban el mando del 80% del poder militar real y, además, aspiraban a dar un vuelco total a la situación política en nuestro país. El que esto escribe, a la sazón comandante-jefe de Estado Mayor de la Brigada DOT V con sede en Zaragoza, tuvo plena constancia de la existencia de este movimiento involucionista en tres reuniones de jefes de Cuerpo de la guarnición con el capitán general Elicegui Prieto, titular de la V Región Militar, celebradas en octubre, noviembre de 1980 y enero de 1981, y a lo largo de las cuales se planteó sin ambages la necesidad perentoria de que nuevamente el Ejército «enderezara» abruptamente el rumbo político de nuestra nación. De lo tratado en estos tres encuentros cursé inmediatamente la oportuna nota informativa al mando del Ejército a través del canal de Inteligencia de la Brigada.

Pues bien, en esas preocupantes fechas en las que se iniciaba en España uno de los otoños políticos más convulsos de la historia de este país, La Zarzuela, que recibía periódicos y oportunos informes del CESID, de los servicios de Inteligencia de las FAS, de la cúpula militar (JUJEM) y, sobre todo, de personajes muy allegados a la Corona y de un monarquismo incuestionable, tal como los generales Armada y Milans, entre otros, fue alertada con pavor del ensordecedor «ruido de sables» que llegaba desde los cuarteles y urgida a tomar drásticas y pertinentes medidas que neutralizaran la peligrosa situación.

En respuesta a estos «consejos» de su entorno más íntimo, el rey Juan Carlos (según reconocerían el propio Armada y el general Milans del Bosch en conversaciones privadas durante su permanencia en la prisión militar de Alcalá de Henares, en unos momentos especialmente dramáticos para ambos) autorizó al antiguo secretario general de su Casa, marqués de Santa Cruz de Rivadulla y general de División del Ejército de Tierra, Alfonso Armada y Comyn, a consensuar lo más rápidamente posible un hipotético Gobierno de concentración o unidad nacional presidido por el propio Armada (la inmediatamente aireada, por los medios de comunicación, «Solución Armada») con los dirigentes de los principales partidos del arco parlamentario español. Gabinete que debería ser instaurado, tras la ya asumida salida de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, de un modo totalmente pacifico, respetando «lo máximo posible» las normas constitucionales, con un marcado carácter eventual y con una muy principal misión en su agenda: desmontar, desde la fachada de dureza y afán de cambio que sin duda podía irradiar un Ejecutivo presidido por un militar, el golpe involucionista que contra la monarquía y el sistema democrático preparaban los generales más radicales del franquismo castrense.

El general Armada, apoderado del rey para esta singular reconducción política del país (solicitada por amplios sectores del mismo en aquellos momentos, todo hay que decirlo) obtendría muy pronto la aquiescencia, más o menos interesada, de los principales partidos políticos nacionales para entrar a formar parte de un proyecto que, aunque de una legitimidad constitucional muy dudosa, podía ser aceptado como mal menor ante una situación nacional casi explosiva.

También obtendría, el emisario del rey, el «placet», en el campo militar, de la junta de jefes de Estado Mayor (JUJEM) y de algunos capitanes generales moderados como los titulares de las Regiones Militares de Madrid, Granada y Canarias. Sin embargo, sus buenos oficios, avalados siempre por unas credenciales regias nunca escritas pero que nadie osó nunca poner en duda, dada la amistad y confianza con las que Juan Carlos I había distinguido siempre a su antiguo preceptor, ayudante, confidente y asesor, fracasarían estrepitosamente ante el núcleo duro del franquismo castrense, cuyos máximos dirigentes (Elícegui, De la Torre Pascual, Merry Gordón, Fernández Posse, Campano…) hacía ya tiempo que habían traspasado el Rubicón de la lealtad y la subordinación al soberano, al que públicamente tachaban de «traidor al sagrado legado del generalísimo», para abrazar decididamente la senda de la involución pura y dura.

En consecuencia, a primeros de noviembre de 1980, en La Zarzuela, informada exhaustivamente del avance ineludible del golpe de los capitanes generales franquistas, se toma una nueva decisión político-militar al margen, por supuesto, del Gobierno de Adolfo Suárez, que sería, una vez más, marginado dadas sus malas relaciones con los militares. Se le encarga al general Armada que «negocie» con el teniente general Milans del Bosch (de demostrada lealtad a la Corona, pero que llevaba tiempo preparando su particular movimiento antisistema de corte «primorriverista» y era objeto, además, de presiones de todo tipo por parte de los generales franquistas que querían que liderara su previsto golpe de la primavera) la adhesión del carismático general a la «Solución» que lleva su nombre, haciéndole las concesiones que sean necesarias en aras de vencer sus reticencias de meses atrás y conseguir con su respaldo el rápido desmantelamiento del peligrosísimo órdago franquista.

De estas conversaciones Armada-Milans, iniciadas con la entrevista de ambos en Valencia el 17 de noviembre de 1980, saldría un nuevo plan político-militar con vocación de ejercer de urgente corrector de la preocupante situación del país en general y de la Corona española en particular. Era la que podríamos denominar ahora, con la perspectiva del tiempo transcurrido, como «Solución Armada II», una variante de la anterior (de corte pseudo-constitucional y pacífico en principio), pero trufada de irrenunciables exigencias de Milans que la convertirían en algo mucho más peligroso, cuestionable y, por supuesto, inconstitucional e ilegal. Exigencias tales como la de incluir en el nuevo plan la operación de «los espontáneos», con el fin de humillar a los políticos y crear la imagen de una intervención en toda regla del Ejército en la vida nacional que satisfaciera a los generales franquistas y diera la impresión a la ciudadanía y, sobre todo, a las amplias capas de la ultraderecha que conspiraban contra el régimen, de que se acometía un verdadero cambio en la dirección general del país; o la de que los ministerios de Defensa e Interior del nuevo Gobierno recayeran en manos militares (el primero de ellos en las del propio Milans que, ante la negativa del rey a que hubiera más generales en el Ejecutivo de Armada, tendría que conformarse, finalmente, con el cargo de PREJUJEM, Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor); o la promesa de un mayor protagonismo de las FAS en la lucha contra el terrorismo etarra para terminar con él cuanto antes, incluso por la vía de la intervención directa en Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

Desde mediados de enero de 1981, la reconvertida «Solución Armada», en la que el capitán general Milans del Bosch ha adquirido un protagonismo esencial al quedar bajo su directo control toda la planificación operativa castrense, empieza a concretarse, a desarrollarse, a coordinarse y, en consecuencia, a ser conocida y seguida por el CESID (que la apoyará totalmente, ya que la JUJEM la ha aceptado desde el principio por indicaciones muy concretas de La Zarzuela) y por el Servicio de Información de la Guardia Civil, dependiente del Estado Mayor del Cuerpo, que, ignorando totalmente a su director general, ayudará a Tejero en la planificación y ejecución de su arriesgado operativo. No ocurrirá lo mismo con los servicios de Inteligencia del Ejército que, obedientes a distintos mandos enfrentados entre sí, trabajarán en campos muy distintos y distantes.

De los avatares de esta compleja maniobra político-militar-institucional en marcha (la «Solución Armada II»), salvadora de la monarquía en peligro, Juan Carlos I será puntual y regularmente informado por el propio Armada, que se entrevistará en numerosas ocasiones con el monarca (personalmente y a través del teléfono) durante los meses de diciembre de 1980 y enero y febrero de 1981. En concreto lo hizo once veces. Ello fue así tanto durante su destino como gobernador militar de Lérida y jefe de la División de Montaña Urgel nº 4, como desde su puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército (cargo al que accede escasas semanas antes del 23-F, por expreso deseo de Juan Carlos); algo manifestado numerosas veces ante el ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, y ante el propio presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Estos dos políticos de UCD una y otra vez se habían mostrado reticentes a que el antiguo secretario general de la Casa del Rey y hombre de la entera confianza del monarca «desembarcara» en Madrid en un puesto de escasa importancia operativa, pero inestimable como plataforma de relación política y amplísima información disponible.

Con el paso de los días y con el cantado apoyo de Juan Carlos, que nadie desmiente (ni el propio monarca que, perfectamente enterado del operativo le «deja hacer»), Armada se configurará como la gran figura político-militar de esta maniobra palaciega en planificación acelerada. El tiempo apremia, ya que el golpe duro de los capitanes generales se va consolidando y su aparato mediático (el grupo Almendros) y su apoyo político (la vieja infraestructura política y sindical franquista) ya no se recatan en airearlo a los cuatro vientos. El teniente general Milans del Bosch, por el contrario, se afanará en organizar el falso golpe militar («la intentona involucionista a cargo de unos cuantos nostálgicos del anterior régimen», tal como será bautizado cuando La Zarzuela se desmarque de ella por «inasumibles defectos de forma») colocando a sus hombres (Ibáñez Inglés, Torres Rojas, Pardo, Tejero…) a la cabeza de cada uno de los frentes que tendrá que abrir para hacerla medianamente creíble ante la opinión pública y, sobre todo, ante los peligrosos generales golpistas que preparan su cruento órdago para cuando en España empiece a reír nuevamente la primavera…

***

La «Solución Armada», trufada de las consignas y exigencias de Milans, se pondrá en marcha, finalmente, después de algunas dudas, vacilaciones y adelantos, a las 16:20 horas en punto del día 23 de febrero de 1981. En ese preciso instante (dato desconocido por lo demás para la mayoría de los españoles) veinte agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil, todos vestidos de paisano y bajo el mando del teniente Suárez Alonso, que han llegado a las inmediaciones del Palacio de la Carrera de San Jerónimo siguiendo órdenes del Estado Mayor del Cuerpo a bordo de cinco coches camuflados, cierran las avenidas y calles que confluyen en el Congreso de los Diputados para facilitar la llegada y entrada en el mismo del teniente coronel Tejero al frente de sus hombres.

Antonio Tejero, que ha recibido amplias facilidades para cumplir su misión por parte del Estado Mayor y del Servicio de Información de la Guardia Civil, y también por parte del propio CESID (sus atípicas columnas de autobuses han sido llevadas «en volandas» al Congreso por comandos de la Agrupación de Operaciones Militares Especiales de este centro) ejecuta el asalto al palacio de la Carrera de San Jerónimo a las 18:23 horas, como todos los españoles conocemos de sobra. Pero lo realizó de una forma rocambolesca, alocada, tercermundista, peligrosísima… con el agravante, además, de ser escuchado en directo por toda España a través de la radio y difundido después por la televisión. Resulta así una acción golpista esperpéntica en la forma (aunque efectiva y contundente en su desarrollo operativo, todo hay que decirlo), capaz de producir vergüenza ajena al más chapucero de los dictadores latinoamericanos: tiros, empujones, gritos cuarteleros, humillaciones a las más altas autoridades del Gobierno… bochorno nacional, en suma. El general Armada, cerebro de la operación y director de la acción en Madrid, se asusta por momentos. El rey, informado de urgencia, también. A su fiel servidor, don Juan Carlos, le había dejado las cosas muy claras: ni violencia, ni soldados, ni tanques en las calles; por el contrario, discreción máxima, coordinación con las fuerzas políticas, respeto, «en lo posible», a las formas democráticas y constitucionales que conformaban, en sí mismas, las señas de identidad de la Corona.

El general Armada, entonces, trata de reaccionar con rapidez e intenta que el rey le reciba lo mis pronto posible en La Zarzuela para explicarle todo lo ocurrido y asegurarle la pronta solución del «asunto Tejero», porque pretende hacerlo por medio de una personal y urgente reconducción del mismo (reconducción de la reconducción, claro). Pero ya es tarde. La denominada «Solución Armada» ha sido de inmediato abandonada por La Zarzuela después de unos minutos de frenético cambio de impresiones entre don Juan Carlos, sus ayudantes, y el secretario general de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo. El monarca le dice a Armada, en conversación telefónica a las 18:40 horas, en la que también interviene Fernández Campo, que continúe en su puesto militar del Estado Mayor del Ejército a las órdenes de su titular, el general Gabeiras, y que se abstenga de acudir a palacio. El rey teme que su nombre se asocie a la intentona.

Don Juan Carlos, a toda prisa, monta su particular puesto de mando anticrisis en la Zarzuela, con el fiel Sabino (que, ante la defenestración de Armada, actuará a partir de entonces como nuevo valido regio) de jefe de operaciones, a fin de dirigir el proceso que salve la enrevesada situación política creada por la torpeza del marqués de Rivadulla y, por ende, a la Corona. Ambos inician, en lucha contra el tiempo, una frenética ronda telefónica con las diversas Capitanías Generales para tratar de atraer a todos sus titulares (antidemócratas viscerales la mayoría de ellos) a un frente democrático-monárquico contra el golpe militar en desarrollo que presentan, en principio, como minoritario, totalmente ajeno a ellos, y sin cabeza directora visible puesto que ni Milans, ni mucho menos Armada, son reconocidos como sus dirigentes.

Luego, cuando en La Zarzuela tengan la confianza de que casi todos los capitanes generales están con el rey (algunos, como el general De la Torre, jefe de Baleares, ni siquiera contestan a las llamadas regias y otros, como Elícegui, jefe de Aragón, retrasan voluntariamente, durante horas, la entrevista telefónica con el monarca) todo cambiará. Los dos generales monárquicos, Milans y Armada, serán elegidos como los «cabezas de turco» del desaguisado, los responsables directos de una alocada intentona militar contra la democracia y el pueblo español, mientras que Sabino Fernández Campo será investido de todos los honores y pasará a la Historia, junto con el rey, como la gran figura del 23-F: el hombre fiel, inteligente y valeroso que supo reconducir magistralmente la difícil situación político-militar por la que pasaba el país, salvando así el Estado de derecho y las libertades de todos los españoles. Don Juan Carlos, por otra parte, ganará muchos puntos ante su pueblo, siendo venerado a partir de entonces como el «salvador y garante máximo de la democracia» en España. Logró con ello asentar definitivamente su régimen monárquico que, en los últimos años, venía siendo severamente cuestionado por un franquismo residual, pero todavía poderoso, que no le perdonaba la «traición» cometida al sagrado legado del caudillo.

El general Armada, pese a no tener éxito en su infructuoso intento de entrevistarse personalmente con el rey, trata, pasados unos minutos de duda, de «reconducir» la situación a los cauces previstos. La salida de la División Acorazada (otra de las exigencias de Milans) está siendo abortada por el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci (auxiliado por el CESID), que al igual que la JUJEM (con el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Gabeiras, como ejecutivo máximo de este órgano colegiado de poder militar tras imponerse a las ansias de protagonismo que en un primer momento habían mostrado sus compañeros) obedece prontamente las nuevas órdenes que empieza a impartir el «gabinete militar de crisis» de La Zarzuela dirigido por el general Sabino Fernández Campo. Las primeras unidades que, un poco por libre, se aprestan a salir después de la reunión celebrada a primeras horas de la tarde en el Estado Mayor de la División y de las órdenes preparatorias cursadas al efecto por el comandante Pardo Zancada, son frenadas en seco por las tajantes instrucciones de la primera autoridad regional castrense madrileña. Sólo algunos pequeños destacamentos motorizados llegarán a ocupar los objetivos fijados en determinadas áreas de la información y las comunicaciones: TVE, etc., etc. Por lo tanto, en este asunto de la Acorazada, de indudable importancia porque podría ser el detonante de un estado de guerra generalizado en el resto del territorio nacional si los carros de combate de esta gran unidad llegaban a ocupar los objetivos estratégicos de la capital, Armada ve como se van resolviendo algunos problemas iniciales.

El general Torres Rojas, virtual jefe de la División, y su jefe de Estado Mayor, Pardo Zancada (el coronel San Martín, jefe del Estado Mayor de la División y componente del Grupo Almendros, se ve atropellado por un golpe que no es el suyo y coopera más bien pasivamente), no saben qué hacer para neutralizar el «frenazo» de Quintana Lacaci a las unidades de la Acorazada ante la ausencia de órdenes del general Armada, director de la operación en Madrid. Éste, atrincherado en el Estado Mayor del Ejército, no da señales de vida. Trata por todos los medios de acudir al Congreso para serenar los ánimos y dar paso a la segunda fase de su plan: la formación de un Gobierno de concentración presidido por él y respaldado por el rey y por las fuerzas políticas mayoritarias. No quiere darse cuenta que, abandonado por La Zarzuela, ante el cariz que han tomado los acontecimientos, eso ya no es viable y, en consecuencia, sus actuaciones en solitario van a levantar rechazos crecientes. Sus insinuaciones en tal sentido, procurando dejar siempre fuera de toda sospecha a la Corona, sus descaradas propuestas a favor de unos planes ya periclitados, sus deseos de protagonismo en la resolución de una crisis que se salía por completo de sus competencias… irán cerrando un peligrosísimo círculo a su alrededor que terminará devorándolo por completo.

Mientras tanto, el «gabinete de crisis» de La Zarzuela, capitaneado por Sabino Fernández Campo (un Sabino exultante y seguro de sí mismo por la confianza absoluta que el rey acaba de depositar en su persona, en detrimento de su competidor: Armada) intenta por todos los medios reconducir la situación a los nuevos planes. Se desaprueba oficiosamente el rocambolesco asalto al Congreso como medida inicial, pero nadie en palacio sabe la actitud que van a tomar los capitanes generales implicados en el golpe duro que, de momento, no han apoyado la acción de Tejero y están a la espera de que se clarifique la esperpéntica asonada.

El rey habla con el capitán general de Valencia quien, ante la inoperancia de Armada y las primeras noticias de La Zarzuela rechazando la operación, se siente traicionado y monta en cólera. La conversación, formalismos jerárquicos aparte, es muy tensa según personas del entorno más íntimo del Estado Mayor de Milans. Éste se niega en principio a revocar las órdenes de emergencia dictadas para la Capitanía General de Valencia y le espera al rey unas duras palabras:

—Aquí lo que pasa, majestad, es que algunos no tienen lo que hay que tener para llegar hasta el final. Esto no era lo pactado.

Juan Carlos I intenta calmar los ánimos de su subordinado y amigo echando mano, como siempre, de su campechanía y sencillez de trato; pero esta vez los resultados serán modestos: la situación es muy delicada para el capitán general de la III Región Militar que, hasta el momento, es la única autoridad militar que ha declarado la ley marcial en su jurisdicción y ha sacado los tanques a la calle. Si su supremo valedor, su jefe supremo, la más alta autoridad del Estado, a favor de la cual (y de su proyecto político) él ha dado semejante paso al frente, se desmarca totalmente de la operación, alegando «inasumibles defectos de forma», y ordena la vuelta atrás con urgencia… su situación personal y profesional puede convertirse en desesperada en muy pocas horas; máxime teniendo en cuenta que el general Armada, según el propio monarca, ni se encuentra en La Zarzuela, donde, según los planes iniciales, debería estar en esos momentos, ni controla la División Acorazada Brunete, que permanece paralizada precisamente por ausencia de órdenes suyas, y ni siquiera está localizable en su despacho del Estado Mayor del Ejército en Cibeles.

Pero a pesar de todo, nada indica todavía que la situación sea irreversible, que se hayan roto todos los puentes entre el teniente general más monárquico del Ejército español y su señor. Sólo se trata del primer contacto entre ambos, ciertamente preocupante, después del urgente cambio de planes motivado por el bochornoso espectáculo dado por Tejero en el Congreso y de la asunción por La Zarzuela de una nueva vía reconductora. La peligrosa pelota del putsch sigue en el tejado…

Don Juan Carlos continúa con su apresurada ronda telefónica, con el futuro conde de Latores allanando el camino que lleva a sus compañeros de generalato, para tratar de conocer la posición de todos los capitanes generales, la mayoría de los cuales, comprometidos con el golpe de mayo, son reacios a ponerse al aparato. En Madrid, Gabeiras (jefe del Estado Mayor del Ejército) y Quintana Lacaci (capitán general) se ponen enseguida al lado del rey en su nueva estrategia reconductora. Sin embargo, hasta tres veces tiene que insistir don Sabino con Zaragoza para que el capitán general Elícegui Prieto recoja personalmente la dramática llamada del monarca; «¿Estás conmigo, Antonio? ¿Puedo contar con tu lealtad?».

Preguntas que son respondidas con evasivas, tanto en la capital de Aragón como en Valladolid, Sevilla, Barcelona y La Coruña. Únicamente en Granada y Burgos, además de Madrid y Canarias, sus titulares no dudan ante el rey. En Palma de Mallorca, el general De la Torre Pascual ni siquiera se pone al teléfono. Sólo la primera autoridad militar de Canarias, González del Yerro, ha buscado personalmente el contacto con don Juan Carlos para dejar clara su posición con respecto al golpe. Nunca estuvo de acuerdo ni con que Armada fuera presidente de un Gobierno de concentración, ni con la promoción de su compañero de Valencia, Milans del Bosch, al más alto puesto de las Fuerzas Armadas.

En el curso de esta alocada ronda telefónica el monarca recibe la urgente llamada de su padre, el conde de Barcelona, que le previene así:

—Cuidado con los militares, hijo. Acuérdate de los coroneles griegos en 1967.

También algunos dirigentes europeos, Giscard d’Estaing entre ellos, apoyan protocolariamente la amenazada democracia española. El gigante USA, por el contrario, permanece, en principio, callado y habla después con palabras equívocas: «Es un asunto interno español», dirá el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig. Es una sentencia que cae en La Zarzuela como una segunda bomba, después de la de Tejero.

Ante el cariz nada halagüeño que presenta, con el paso de las horas, la recién abrazada «reconducción de la reconducción», don Juan Carlos decide jugársela. El tiempo apremia. El país está paralizado y su corona pende de un hilo. Llama nuevamente a Milans y le dice en tono solemne:

—Jaime, tomo las riendas del Estado. Ni abdico ni me voy. Tendrán que fusilarme para que abandone.

Palabras dirigidas, más que a Milans, que sabe es de los suyos, a los otros capitanes generales que, agazapados en sus respectivos centros de poder, esperan el momento más oportuno para saltar sobre la democracia y la Corona. Éstos, mientras tanto, siguen sin llamar al rey, lo ignoran por completo. Consultan entre ellos, la pasividad de la División Acorazada los tiene inmovilizados. Desde el ya lejano órdago castrense de la Semana Santa de 1977, ésta había sido siempre la condición sine qua non para sumarse a cualquier eventual movimiento de Milans «Ocupar Madrid con la DAC Brunete. Controlar con los carros de combate todos los centros neurálgicos del Estado»

El rey no estará seguro de nada hasta pasada la medianoche del 23 de febrero. Desde las 18:25 horas, cuando se inició el asalto directo al Parlamento (la operación en sí comenzó a la 16:20 horas, como he relatado con anterioridad, con el cerco a distancia del palacio de la Carrera de San Jerónimo por efectivos del Servicio de Información de la Guardia Civil vestidos de paisano), no encuentra el momento para dirigirse al pueblo por radio o televisión. ¿Por qué no lanza un mensaje real por la radio o a través del teléfono a todos los medios de comunicación, dado que el palacio de La Zarzuela ha sido respetado con exquisito mimo por los golpistas?, se preguntaron entonces y se siguen preguntando todavía millones de ciudadanos españoles. De todos es conocido que en situaciones de golpe militar, sea cual sea el desgraciado país en el que ocurra, la toma de postura inmediata del jefe del Estado y su decisión o no de luchar contra él con todos los medios a su alcance, suelen resultar determinantes para el desarrollo posterior de la asonada y, en ocasiones, para abortarla de manera fulminante.

La respuesta, un cuarto de siglo después, aparece con mucha más claridad que en el pasado y no se debe ocultar ni un día más en aras de hipotéticos secretos de Estado o ridículos e inexistentes peligros para la cacareada seguridad nacional. Razones que desde la culminación del lamentable evento del 23-F han esgrimido aquellos que siempre han deseado que la historia, la verdadera historia objetiva y valiente, no pudiera nunca abrirse camino entre la maraña de falsas historietas de buenos y malos, de militares golpistas y «reyes salvadores de la democracia y las libertades», que ellos mismos consideraron oportuno fabricar desde el poder para que la sacrosanta transición no tuviera que hacer frente, en sus primeros pasos, a un vendaval político y social de consecuencias imprevisibles.

Y la verdadera historia de este país nos dice ahora, y nos dirá siempre, que el rey Juan Carlos no controló en absoluto la situación durante las primeras horas de la «intentona involucionista» del 23 de febrero de 1981, ejecutada por sus edecanes palaciegos y autorizada en principio por él. La demencial entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, imposible de asumir, y la torpeza subsiguiente de Armada intentando personarse en palacio, le habían colocado al Borbón en una situación personal tan incómoda y peligrosa que, profundamente afectado, intentó despejarla cuanto antes con la inestimable ayuda de sus ayudantes militares y, sobre todo, con la del secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo. Estos nuevos consejeros le recomendaron enseguida, en unas conversaciones dramáticas en las que estuvo presente hasta la propia reina Sofía (ésta tratando de animar, en última instancia, a un soberano deprimido y ausente), abandonar de inmediato sus estrechas relaciones con Armada, olvidarse por completo de la famosa «Solución» político-militar auspiciada por su eterno confidente y amigo (que le podía afectar de lleno, si no obraba con prudencia pero con decisión) y coger el toro por los cuernos del arduo problema que había propiciado toda la aventura palaciega (el golpe duro contra la Corona que se perfilaba en el horizonte primaveral) hablando directamente con los díscolos capitanes generales franquistas que, a pesar de no tener su maniobra involucionista totalmente planificada, podían, ante el vacío de poder existente, dar un paso al frente y desencadenar una marea insurreccional que arrasara todo. El soberano, siguiendo al pie de la letra las directrices de sus consejeros, se emplearía a fondo durante siete largas horas (sobrepasando ampliamente sus competencias constitucionales) para recobrar el control que no tenía y asegurarse su supervivencia política y personal, antes de hablar al país y definirse públicamente sobre los acontecimientos en curso. Mientras tanto, España se debatía entre la tensión y la duda.

Sobre las ocho de la tarde, no obstante, el monarca, consciente de que deberá dirigirse a los ciudadanos por televisión tan pronto como sus circunstancias personales y políticas se lo permitan, pide (a través del marqués de Mondéjar) a Prado del Rey los equipos técnicos necesarios para grabar un mensaje a la nación; pero no tiene prisa, necesita ganar tiempo. Acepta la propuesta del gabinete de subsecretarios y secretarios de Estado presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, para mantener una imagen de normalidad en el funcionamiento de las instituciones, pero él ya esta decidido a usar todo el poder que la anómala situación ha puesto en sus manos para, dejando de lado las limitaciones que la Constitución establece para su figura, defender su corona con uñas y dientes, hasta las últimas consecuencias.

Así las cosas, el hijo mayor de don Juan de Borbón se asegura directamente la fidelidad de la JUJEM para su nueva estrategia (ya tenía su asentimiento previo a la «Solución Armada»), obviando la autoridad del presidente del nuevo Gobierno interino de la nación y de su «departamento de Defensa», que ni siquiera son consultados, a la que ordena controle militarmente la nueva situación usando todos los resortes de la cadena de mando. Asimismo, establece, a través del «gabinete de guerra» que lidera Fernández Campo, un control exhaustivo y directo sobre la cúpula de la Guardia Civil y Policía Nacional. Las veleidades del flamante nuevo «presidente» Francisco Laína, ingenuo él, que sin estar en el meollo de la cuestión quiere acabar, manu militari, con una situación que considera explosiva asaltando cuanto antes el Congreso de los Diputados con fuerzas especiales de estos dos últimos Cuerpos de Seguridad, son desestimadas sin contemplaciones por la Zarzuela, ya que ésta tiene otras prioridades mucho más acuciantes en esos momentos. Entre ellas se encuentra, obviamente, la de asegurar la lealtad de los capitanes generales franquistas, sin la que nada está seguro.

Sabino Fernández Campo intenta nuevamente hablar con Elicegui. En Zaragoza están acampados fuertes contingentes de la DAC Brunete (una brigada acorazada), una fuerza operativa importante que puede ser decisiva. El general Merry Gordon, en uniforme de campaña y «bastante alterado», se encuentra en su despacho de la Capitanía General de Sevilla. El general Campano, de Valladolid, en el suyo. En Baleares, el general De la Torre Pascual tiene ya preparado el bando de declaración del Estado de Guerra y sólo espera con ansiedad un guiño de sus compañeros más radicales. En el Estado Mayor de la Capitanía General de Galicia se dan los últimos toques a las órdenes de operaciones que pongan en marcha a las distintas unidades. Sólo Madrid (Quintana Lacaci), Canarias (González del Yerro), Granada (Delgado) y Burgos (Polanco) garantizan cierta continuidad constitucional en el seno del Ejército de Tierra.

Los contactos telefónicos regios se suceden con creciente dramatismo. El vacío de poder es alarmante y la situación empeora por momentos. La duda y la tensión hacen mella en determinados momentos en los propios e improvisados «negociadores» de la Zarzuela que, a pesar de todo, continúan con su delicada misión. Por fin, la pasividad operativa de Armada, la sorpresa y frustración de Milans, el apoyo jerárquico de la JUJEM (auxiliada permanentemente por el CESID), la fachada legal de continuación del Estado de derecho que ofrece el Gobierno interino de subsecretarios y la decidida actuación del capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, inclinarán la balanza, pero sólo después de unas horas dramáticas, del lado de la sensatez y el orden institucional.

***

En el Congreso de los Diputados, Tejero no acepta la propuesta de Armada (contemplada en la segunda fase de su plan y que él desconocía por completo) de un Gobierno de coalición con socialistas, centristas y comunistas, presidido por el general. La considera una traición porque, según él, no era lo pactado. Tal como el inefable teniente coronel de la Guardia Civil comentaría meses más tarde con otros compañeros del Cuerpo sobre Alfonso Armada:

—Me vino con una lista del nuevo Gobierno que quería presentar al Congreso para su aprobación. En ese momento no me dijo si la conocía o no el rey. Predominaban altos cargos socialistas, centristas y hasta había comunistas. No la pude aceptar. Yo no me estaba jugando el tipo para eso.

No obstante, Tejero se compromete de palabra con Armada a no causar víctimas si se respeta la situación existente y no se ataca a sus hombres; compromiso que al mediodía del día siguiente, 24 de febrero, ampliará en el llamado «pacto del capó». Fue llamado así al ser firmado sobre un vehículo aparcado en las cercanías, por el que aceptará salir del atolladero en el que se encuentra con ciertas condiciones que exculpan a sus subordinados. En este pacto intervendrán, además de Tejero, el omnipresente general Armada, el comandante Pardo Zancada, el teniente coronel Muñoz Grandes (ayudante del rey y delegado personal suyo para este tardío arreglo posgolpista), y el también teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, antiguo integrante del SECED (Servicio de Inteligencia del almirante Carrero Blanco).

Sobre las 01:10 horas de la madrugada del martes 24 de febrero de 1981 todo parece quedar definitivamente bajo control. Milans del Bosch ha accedido a retirar sus carros de combate M-47 Patton y el bando por el que asumía todos los poderes del Estado en su Región Militar (orden que no se cumplirá totalmente hasta pasadas las cuatro de la madrugada); los capitanes generales «dudosos», con parsimonia, han ido prometiendo lealtad al jefe supremo del Ejército; la situación en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, a pesar del golpe de efecto testimonial del comandante Pardo Zancada y sus policías militares, introduciéndose a última hora en el edificio en apoyo de sus compañeros de la Benemérita, está prácticamente resuelta…

El rey habla, por fin, por televisión. El país respira tranquilo. La democracia española y la Corona se han salvado. El «golpe de los golpes», el golpe que nunca existió, «el movimiento involucionista a cargo de unos cuantos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior Régimen» (según la teoría oficial del Gobierno de turno), el chapucero e impresentable órdago político-militar-institucional patrocinado desde la más alta magistratura de la nación para desembarazarse de sus antiguos compañeros franquistas, que le tachaban de «traidor» y amenazaban su trono (según la versión que más pronto o más tarde recogerá la historia de España), ha sido neutralizado. ¡Loado sea Dios!

7
EL REY GOLPISTA

—Los españoles no nos privamos de nada: tenemos en la jefatura del Estado a todo un flamante «rey golpista». —Abundantes indicios racionales señalan inequívocamente al rey Juan Carlos como máximo responsable de los sucesos que se desarrollaron en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981.

Y después de conocer con todo detalle, aunque en un sucinto resumen que no ha sido nada fácil redactar, toda la compleja trama del 23-F, vamos ahora a adentramos en los abundantes e irrefutables indicios racionales que señalan al monarca español como máximo responsable de la artera maniobra político-militar-institucional puesta en marcha en la tarde del 23 de febrero de 1981 y planificada, es cierto, con un fin en principio ciertamente loable (desmontar el golpe duro, a la turca, que preparaban los generales franquistas contra la monarquía y la democracia), pero inaceptable y fuera de la ley en un Estado democrático y de derecho.

Anteriores al 23-F

Primero. Armada se entrevista con don Juan Carlos en numerosas ocasiones a lo largo de los meses de diciembre de 1980 y enero y febrero de 1981. En total, once veces (tres en el mes de diciembre, una en enero, el día 3 de febrero, ésta a través del teléfono, y nuevamente en reuniones personales reservadas los días 6, 7, 11, 12, l3 y 17 de febrero). ¿Qué asuntos tan graves y atípicos empujaban a Armada y al rey a relacionarse personalmente con tanta asiduidad (Baqueira Beret, La Zarzuela, conferencias telefónicas…) no estando ya el primero al servicio directo del segundo sino, por el contrario, en un puesto activo en el Ejército, al mando de la División de Montaña Urgel nº 4, en Lérida, y más tarde en el Estado Mayor del Ejército en Madrid?

Concretamente la entrevista celebrada el 13 de febrero (diez días antes del 23-F) en La Zarzuela es revestida del mayor de los secretos. Tanto que, meses después, procesado ya Armada, éste le pide al Borbón por carta autorización para usar en su defensa lo tratado en aquella reunión. Obviamente, el rey se lo deniega. Resulta así que ni para afrontar una condena de treinta años de prisión el general Armada puede desvelar la conversación mantenida con el monarca el 13 de febrero de 1981. Debe, en consecuencia, arriesgarse a ser condenado antes que hablar. ¿Razón de Estado? ¿Sacrificio personal por la Corona…?

¿Qué asuntos trataron don Juan Carlos y el general Armada ese enigmático día 13 de febrero? Resulta pueril pensar que el general, para defenderse de una posible pena de treinta años de cárcel, intentara refugiarse en un rutinario informe personal sobre la situación del país y del Ejército (además, él no era la persona más indicada para presentar ese hipotético dossier al rey) que, según bastantes «investigadores» del caso (todos milimétricamente adscritos a las tesis oficiales) fue lo único que Armada facilitó al soberano a lo largo de la misteriosa entrevista. Y resulta, asimismo, fuera de toda lógica que el monarca le prohibiese con posterioridad dar publicidad a esos informes y comentarios personales si le podían servir para defenderse.

¿De qué hablaron, pues, don Juan Carlos y su fiel servidor Armada en esa controvertida reunión? Ellos lo sabrán, desde luego, aunque a estas alturas lo lógico sería que todos los españoles lo conociéramos también. Y puesto que el «traidor» Armada ha obedecido escrupulosamente hasta el presente las instrucciones regias de permanecer callado y no es previsible que las desobedezca en el futuro, debería ser el rey Juan Carlos el que, en lugar de ir por ahí prohibiendo a su antiguo subordinado que hable o deje de hablar (circunstancia ésta que resulta muy poco ética en una democracia), nos contara de una vez a los ciudadanos de este país qué diantre de asuntos tan reservados y sensibles trató ese día en La Zarzuela con la persona que, días después, emergería ante la opinión pública española como el supremo cabecilla de la intentona.

Aunque yo me voy a permitir decir, aquí y ahora, por si esa declaración regia no llega, lo que miles y miles de españoles llevan comentando vergonzantemente durante años en tertulias de café, reuniones familiares, pasillos ministeriales, charlas políticas… y que algunas personas que hemos dedicado mucho tiempo a este asunto conocemos de sobra: que allí se habló de la «Solución Armada», de la maniobra político-palaciega a punto de comenzar; del estado de las conversaciones con Milans y con los líderes políticos; del estado de ánimo en los cuarteles; del otro golpe duro que amenazaba, a corto plazo, a la democracia y a la propia Corona; de aquellas medidas, necesarias y urgentes, para intentar detener este último peligro sin dañar en demasía el orden constitucional vigente… Todo debía estar bajo control en esos preocupantes momentos, ya que nada debía dejarse al azar. La cuenta atrás había comenzado. La suerte estaba echada. Sin embargo, los hechos posteriores demostrarían que en el entorno de la famosa «Solución» político-militar no todo estaba tan atado y bien atado como se creía en La Zarzuela.

Segundo. Armada siempre le dijo a Milans, en todos sus contactos, que iba de parte del rey, que don Juan Carlos patrocinaba la operación en bien de España y de la democracia. Así lo han reconocido, una y otra vez, los más próximos colaboradores de Milans que estuvieron presentes en las entrevistas del 17 de noviembre de 1980 y 10 de enero de 1981. Nadie dudó nunca de la veracidad de las palabras de Armada. El general era una figura de gran altura profesional y política, de la máxima confianza regia. ¿Por qué iba a mentir? Sin el rey, la acción se presentaba irrealizable, demencial; nunca lograría llegar a ser el presidente del Gobierno de concentracióngestión que proponía, para lo que ineludiblemente necesitaba la previa aceptación de La Zarzuela. Si el monarca no estaba detrás, la operación iría directa hacia un rotundo fracaso (como así fue cuando don Juan Carlos se desmarcó olímpicamente de ella) y Armada tendría que pagar un alto precio (como así fue también) por su alocado protagonismo.

Entonces ¿por qué iba a mentir Armada al capitán general de Valencia, Milans del Bosch? ¿Para ir los dos a un desastre, a un golpe militar conjunto sin ninguna posibilidad de triunfar y, encima, contra el rey, contra el supremo señor de los dos y al que ambos respetaban por encima de todas las cosas? Armada, sin el rey, no era nada. No podía caber entonces en cabeza humana (y ahora, con el paso de los años trascurridos, mucho menos) que, salvo que se hubiese vuelto loco, intentara montar todo ese tinglado político-castrense (que, vuelvo a repetir, necesitaba del monarca para ser viable) a espaldas de don Juan Carlos. Hubiera sido un salto en el vacío inexplicable, una temeridad impropia de su inteligencia, un suicidio profesional y político, la obra de un demente… Como se demostró en definitiva cuando, abandonado a su suerte, tuvo que pagar con el fracaso, el deshonor y treinta años de prisión la presunta traición a su señor.

Pero es que, además, de esa autorización real para que Armada estableciera todos los contactos pertinentes, de cara a planificar todo el operativo que conllevaba la maniobra político-militar bautizada con su nombre, no podía caber ninguna duda entonces (y mucho menos ahora) puesto que el general, desde primeros de octubre de 1980, empezó a actuar de manera prácticamente pública en sus relaciones con partidos políticos y autoridades militares; en nombre del rey, naturalmente. Tanto su entrevista con el donostiarra Enrique Múgica Herzog, en Lérida, el 22 de octubre de 1980 (que alcanzó especial relevancia en los medios y provocó hasta un encendido debate en la Comisión Ejecutiva del PSOE), como otras llevadas a cabo con diversos políticos del arco parlamentario español y militares de la cúpula castrense (de las dos de Valencia con Milans, en las que Armada dijo en voz muy alta que venía en nombre del monarca, tuvimos constancia detallada todos los estamentos militares de cierto nivel), no fueron para nada secretas. Es más, la mayoría de ellas serian recogidas por la prensa y, desde luego, todas por los servicios de Información del Ejército y de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y lo lógico, lo racional, lo prudente y lo más conveniente para la seguridad del Estado y de la propia Corona, hubiera sido que si el rey no había autorizado semejantes contactos del señor Armada y éste iba por ahí, a su aire, usando el nombre de su señor en vano y siempre de cara a una confusa operación político-militar de carácter anticonstitucional e ilegal, lo hubiera desenmascarado públicamente ipso facto, pidiéndole a continuación al jefe del Estado Mayor del Ejército un fuerte correctivo para el desleal militar. Y está bastante claro a estas alturas que el monarca calló… y otorgó. ¿Por qué?

Resulta curioso al respecto, y muy significativo al hilo de lo que estoy exponiendo, que el presidente del Gobierno de entonces, Adolfo Suárez, se enterara de la famosa reunión de Lérida, no por los socialistas que intervinieron en ella, ni por el PSOE, ni tampoco por la cadena de mando militar (que tuvo pronto conocimiento a través del propio Armada) sino por el palacio de La Zarzuela, que había tenido puntual y urgente referencia de lo allí tratado. ¿Por parte de quién? Presumiblemente por parte del «traidor» Armada.

Tercero. Está fuera de toda duda, porque lo reconocieron así, en su día, tanto el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, como su ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, que el rey Juan Carlos estuvo muy interesado, a lo largo de todo el otoño de 1980, en llevar a Madrid al general Armada. Como fuera y donde fuera. Aunque el castrense tuviera que dejar, de una forma muy poco conveniente para su curriculum profesional, el mando operativo de una de las escasas divisiones del Ejército español. Tanto llegó a involucrarse el monarca en este tema que sus continuas recomendaciones y recordatorios causaron cierto malestar en el jefe del Ejecutivo centrista y no digamos en su fiel Rodríguez Sahagún (Pelopincho para los militares), que nunca llegaron a comprender el desmedido afán del monarca por volver a tener a su vera al antiguo secretario general de la Casa Real.

Este malestar de Suárez en relación con el destino de Armada a Madrid alcanzó su clímax en el despacho que tuvo el presidente del Gobierno con el rey el 22 de enero de 1981, fecha en la que la dimisión del primero, por necesidades del guión de la famosa «Solución Armada» y por las continuas presiones de los generales franquistas, estaba ya decidida. Don Juan Carlos comenzó el despacho interesándose, una vez más, por el destino de su antiguo subordinado a Madrid. El JEME, general Gabeiras, había hablado ya repetidas veces sobre el asunto con el ministro de defensa, quien se había resistido, siempre prudentemente, a tomar cualquier medida en ese sentido. ¿Qué papel y de qué carácter está previsto desempeñe Armada en Madrid para que tenga que abandonar precipitadamente un alto mando operativo en Lérida? ¿Por qué esa insistencia del general Gabeiras, siguiendo perceptibles recomendaciones de La Zarzuela, para hacer efectivo el cambio cuanto antes?, se habían preguntado, una y otra vez, los máximos mandatarios de la defensa de este país.

Adolfo Suárez hace ver a don Juan Carlos que el cambio de destino a Madrid del general Armada puede ser prematuro en esos momentos. Ni la Jefatura de Artillería ni la Segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército, únicas vacantes que podría cubrir, son puestos con la relevancia necesaria para él, aunque el segundo de ellos sea importante desde el punto de vista de las relaciones políticas y sociales. Convendría esperar su ascenso a teniente general, a fin de destinarlo después a un cargo acorde con sus cualidades y conocimientos profesionales. El rey, con evidente malestar, se muestra en desacuerdo con el presidente y hace patente, una vez más, su deseo de que el general Armada se incorpore cuanto antes a un destino en la capital de España. Malhumorado, el Borbón cambia de tercio en la conversación… En este asunto, aparentemente baladí, del destino del general Armada a Madrid, se encierran algunas claves importantes para entender mejor todo lo que ocurriría después en la tarde/noche del 23-F. El interesado ha contribuido con sus manifestaciones (y contradicciones) a que mucha gente (y, sobre todo, los investigadores de aquel evento) hayamos prestado especial atención a un asunto que, de entrada, no revestiría trascendencia alguna para el país: el cambio de destino profesional de un militar, por muy general que sea y por muy importantes que hayan sido sus cometidos anteriores. A no ser, claro está, que este cambio de guarnición del militar en cuestión fuera determinante para el éxito o el fracaso de una operación político-militar de altos vuelos que podría suponer, caso de concretarse, un auténtico revulsivo político nacional y llevar al susodicho alto mando militar nada menos que a la Presidencia de un nuevo Gobierno de salvación nacional o de concentración (o de ambas cosas).

El caso es que con reticencias o sin ellas por parte del presidente Suárez y su ministro Rodríguez Sahagún, el general Armada se incorporó a su nuevo destino en Madrid, en el palacio de Buenavista, sede del Estado Mayor del Ejército, el 12 de febrero de 1981, once días antes de que el teniente coronel Tejero, con su alocado protagonismo, abortara en pocos minutos y de manera fulminante la famosa «Solución» política que llevaba el nombre de su jefe. ¿Qué impulsó al rey Juan Carlos a recomendar, una y otra vez, el destino urgente de Armada a Madrid? ¿Para qué lo quería tan cerca en esas fechas, si continuamente se estaba entrevistando con él o llamándole por teléfono?

Durante el 23-F

Cuarto. A las 18:40 horas del 23-F escasos minutos después de que, como millones de españoles, se enterara del asalto al Congreso de los Diputados protagonizado por Tejero y todavía con la sorpresa y el estupor pegados a su mente, puesto que lo ocurrido en la Carrera de San Jerónimo de Madrid se había salido totalmente del guión preestablecido e iba a condicionar (prácticamente a arruinar) la posterior consecución del proyecto político-militar que llevaba su nombre, el general Armada llama por teléfono al rey para, según éste, el propio monarca (que así se lo comunica a Sabino Fernández Campo cuando éste le sorprende conversando con su antiguo colaborador) pedir su autorización para trasladarse a palacio a «explicarle lo ocurrido en el Congreso y buscar soluciones ante la grave situación creada» Juan Carlos, después de un cambio de impresiones con Sabino, le deniega esa autorización y le ordena permanezca en el Estado Mayor del Ejército, siempre a las órdenes del general Gabeiras.

Esta sorprendente actuación de Armada habla por sí sola. Con esta llamada telefónica el general descubre nítidamente quién es el jefe supremo, la autoridad máxima, el responsable último de todo el operativo puesto en marcha minutos antes en el magno edificio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, el personaje en beneficio del cual todos los implicados en el mismo trabajan: el rey Juan Carlos.

Esto es así porque si el soberano no hubiera sido el jefe de Armada, si el general no hubiera tenido por encima de él la autoridad suprema del monarca y hubiera sido él y sólo él (como muchos han sostenido desde entonces, incluidos el tribunal de Campamento y el propio rey Juan Carlos I) el cerebro, el jefe, el cabecilla máximo de la operación ¿A qué venía llamar al rey? ¿Qué tenía que explicarle en La Zarzuela si su señor era ajeno a todo y esa explicación, caso de producirse, le hubiera supuesto una confesión de culpabilidad y, en consecuencia, el pasaporte para ingresar de inmediato en la prisión militar de Alcalá de Henares por muchos años?

¿Es que Armada se había vuelto loco de remate? ¿Se puede asumir, además, sin caer en el absurdo, que el líder de un golpe militar en ejecución llame por teléfono al jefe del Estado contra el que, al menos teóricamente está actuando, para poder acudir a su palacio, a explicarle lo que está pasando y tratar de buscar soluciones juntos ante un tropiezo inicial en el operativo? Ridículo de verdad. Salvo, claro está, que dicho jefe de Estado esté al tanto de los planes del cabecilla golpista, los haya autorizado con anterioridad y vaya a ser él, por supuesto, el rentabilizador máximo de la asonada al conjurar con ella una maniobra involucionista en proyecto que es mucho más devastadora y cruenta contra su persona y contra su régimen político.

Si Armada, en un momento especialmente duro para él, de confusión y duda ante la desastrosa actuación de Tejero que trastoca sus planes, llama directamente al rey y quiere verlo y explicarle lo ocurrido, la única razón plausible y lógica para cualquier investigador escrupuloso de los hechos no puede ser otra que la siguiente: El antiguo secretario general de la Casa del Rey se cree en la obligación de excusarse ante él, de explicarse ante su señor, ante su jefe, por la actuación inconveniente de uno de los principales ejecutores del plan previsto entre ambos; actuación que puede arruinar todo el proceso político-militar tan arduamente planificado. Si no es así, no puede comprenderse la actuación de Armada, quien, evidentemente, cometió algunos importantes errores, tanto en el propio 23-F como en las semanas y meses anteriores al mismo, pero que nunca dio señales de estar loco, más bien todo lo contrario. Uno de esos graves errores cometidos, no obstante, le costaría caro, le llevaría directamente a la cárcel, a la ruina de su carrera, a la enfermedad y al abandono de muchos. No supo darse cuenta, el que siempre supo manejarse tan bien por palacios y despachos, de que los reyes (todos los poderosos en general, pero especialmente los representantes de esa casta plurinacional en vías de extinción cara al siglo XXI) no admiten, no pueden consentir, fracasos en sus subordinados y validos cuando se trata de subterráneas maniobras palaciegas u oscuras reconducciones políticas al margen de leyes y Constituciones. Cuando un caso de ésos se da, el torpe ayudante regio es inmediatamente sustituido por otro, leal e inteligente, que enderece enseguida el entuerto causado por su antecesor y luego consiga, con la habitual efectividad y discreción, el objetivo marcado y ambicionado por su señor.

Quinto. La respuesta del monarca a la pretensión de Armada de acudir a palacio a darle explicaciones sobre el asunto Tejero es asimismo sorprendente, sobre todo en una primera lectura; aunque a poco que reflexionemos sobre ella resulta muy clarificadora. A esa hora de la tarde del 23 de febrero de 1981 (18:40) nada ha trascendido todavía al país sobre la presunta responsabilidad del antiguo secretario general de la Casa Real, marqués de Santa Cruz de Rivadulla y general de División, señor Armada y Comyn, en los hechos que contra la legalidad democrática han empezado a desarrollarse, primero en Madrid y luego en Valencia. El general Armada sigue siendo, en esos duros momentos, un hombre de plena confianza regia, que goza de un gran predicamento profesional y personal en amplios sectores políticos y militares. Además, ha sido trasladado por el monarca a Madrid (a la Segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército) para, según determinados medios de comunicación y bastantes expertos y comentaristas militares, tenerlo cerca de él, el Borbón, en unos momentos especialmente delicados de la vida nacional, ya que es proverbial la amistad y la consideración entre ambos.

Entonces, si nada ha trascendido a la opinión pública a esa hora de la tarde del 23-F sobre presuntas responsabilidades de Armada en los hechos que empezaron a desarrollarse en el Congreso a las 18:23 horas y si, como siempre ha sido aceptado por la práctica totalidad de analistas e investigadores de ese funesto evento (La Zarzuela y el tribunal militar de Campamento, incluidos), el rey no sabía nada de las andanzas político-militares de su subordinado y amigo ¿por qué no lo recibe en palacio como lo había venido haciendo en las semanas y meses anteriores? No existía ninguna razón objetiva para no hacerlo, puesto que la figura de Armada seguía siendo, en aquellos momentos, de elevado nivel, de gran prestigio, de reconocida solvencia, de profunda lealtad a la Corona… y podía ser, además, de gran ayuda para su señor, el rey Juan Carlos, de cara a resolver el arduo problema nacional que se había suscitado con la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados y la posterior salida de los tanques de Milans en Valencia.

Sin embargo, el soberano no le autoriza a personarse en La Zarzuela y le cuelga de facto, con su negativa, el sambenito de persona non grata en palacio. Esta extraña decisión de don Juan Carlos de abandonar a su antiguo subordinado y amigo, con el que llevaba meses despachando casi a diario, y del que se decía (en casi todos los medios de comunicación y mentideros de Madrid) que era el elegido del monarca para ser presidente de un hipotético Gobierno de concentración/salvación nacional si las cosas seguían poniéndose feas en este país (la famosa «Solución Armada»), sólo puede comprenderse desde el conocimiento del monarca de la responsabilidad de Armada en los hechos que se estaban sucediendo en Madrid y Valencia, y también de su ferviente deseo de dejar a la Corona al abrigo de cualquier sospecha.

Pero es que, además, esta sorprendente reacción del rey Juan Carlos negándole el pan y la sal al, hasta entonces, fiel colaborador, presenta una segunda lectura tan interesante como la anterior. Si el monarca, como acabo de apuntar en el párrafo anterior, sí sabía de la responsabilidad del general en los hechos, la decisión de no recibirle y dejarle al margen de los acontecimientos (el rey se encierra con Sabino después de un episodio personal de desfonde, depresión y nerviosismo del que es testigo su propia esposa y sus allegados) no es precisamente brillante y apropiada para la pronta resolución de la crisis desatada por Tejero… si es que en La Zarzuela se quería en esos momentos que el secuestro del Gobierno de la nación y los señores diputados quedara resuelto cuanto antes, que ésa es otra cuestión sobre la que volveremos enseguida.

Y digo que no fue ni brillante ni apropiada pues si el rey (como acabo de plantear) sabía de la autoridad de Armada sobre los golpistas, lo procedente para la pronta resolución de la crisis hubiera sido utilizar esa autoridad o liderazgo para, desde La Zarzuela, ordenar a Tejero a través de Armada, su inmediata salida del Congreso; orden que el teniente coronel de la Guardia Civil habría obedecido de inmediato si hubiera procedido de palacio. No se olvide que tanto los guardias civiles de Tejero como los soldados de la División Acorazada que ocuparon Prado del Rey, lo mismo que los tanquistas de Milans, iban dando vivas al rey, y sus oficiales, el propio Tejero (nada más llegar al Congreso, manifestó públicamente que él estaba a las órdenes del rey y del capitán general de Valencia) y el general Milans del Bosch dijeron desde el principio que estaban a las órdenes del monarca por el bien de España. La cosa se hubiera resuelto en cuestión de minutos si Juan Carlos hubiera llamado a Armada a La Zarzuela y le hubiera pedido que desde allí (bien directamente o a través de Milans, que era el jefe operativo) ordenara la salida de Tejero del Congreso y el regreso de los efectivos de la División Acorazada Brunete a sus cuarteles. Igual que hizo luego personalmente con el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, para que retirara sus carros de combate y el decreto por el que asumía todos los poderes en la III Región Militar. Sin embargo, curiosamente, el Borbón nunca le pidió a Alfonso Armada que diera orden a su subordinado Tejero de abandonar la sede de la soberanía nacional, que tenía ocupada, dejando libres a los señores diputados y miembros del Gobierno que se encontraban en su interior. Cuestión de prioridades, sin duda.

Entonces, ¿por qué el rey ningunea a Armada y permite que el secuestro del Congreso se alargue innecesariamente y amenace con extenderse y pudrirse?

Pues lo hizo porque en La Zarzuela se trabajaba ya con otros parámetros. El peligro real para la Corona no estaba en los «golpistas» del Congreso, ni tampoco en los de Valencia, cuyos dirigentes obedecerían ciegamente (como así fue en el caso de la ciudad del Turia, cuando el soberano le dio la taxativa orden a Milans) cualquier indicación del rey. El auténtico peligro para la Corona y, por ende, para el sistema democrático español (pero este último en una segunda prioridad para el gabinete de crisis dirigido por Sabino Fernández Campo) lo representaba el golpe duro, a la turca, que, en fase de preparación desde septiembre de 1980, podía desencadenarse en cualquier momento. Me refiero al que siempre había sido, desde que los servicios secretos militares alertaron sobre el mismo a Armada y al rey, la razón última de tanta entrevista entre éstos, del lanzamiento de la «Solución» político-militar que llevaba el nombre del primero de ellos, de las «negociaciones» de su titular con Milans para atraerlo a la misma, del aparcamiento definitivo de la primera «Solución Armada» (la pacífica y pseudoconstitucional) debido a la negativa de los capitanes generales a aceptarla en su inicial planteamiento, y de la planificación y desencadenamiento de la segunda «Solución Armada» («Solución Milans», más bien). Ésta contemplaba ya el asalto de Tejero al Congreso como un revulsivo nacional (con vacío de poder incluido) que propiciara el desmantelamiento traumático del golpe duro de mayo y la asunción de sus dos más altos dirigentes a la cúspide del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

A eso (a desmontar el golpe duro de los capitanes generales franquistas: Merry Gordon, Campano, De la Torre, Elícegui, Martínez Posse…) se dedicarían con prioridad absoluta el rey y su flamante gabinete de crisis, liderado por don Sabino. De ahí saldría ese espantoso vacío de poder constitucional de siete horas que puso al país al borde de un ataque de nervios. Lo del Congreso no es que no preocupara (repito que, si se hubiera querido, se podría haber resuelto en cuestión de minutos con una simple llamada del monarca, igual que ocurrió en Valencia) es que venía incluso muy bien a fin de crear las condiciones idóneas para resolver, de una vez por todas, el grave problema que de verdad amenazaba a la Corona y a la democracia: el golpe franquista en preparación que, todavía sin cerrar y con sus generales cogidos en falso, debía ser neutralizado aprovechando los poderes extraordinarios adquiridos por el monarca (inconstitucionales en principio) al permanecer secuestrados el Gobierno legítimo de la nación y todos los diputados.

En efecto, el rey, en esas dramáticas horas (desde las 18:23 hasta las 01:10) ejercerá de presidente de facto de un Gobierno inexistente de subsecretarios y secretarios de Estado, liderado en teoría por Francisco Laína, con todos los poderes en su mano. Sin decretar estado de excepción o de sitio alguno (decisión que debía haber recaído en el Gobierno, por muy provisional que fuera), don Juan Carlos, aprovechándose del secuestro del Gobierno constitucional de la nación que él podía haber resuelto de inmediato si hubiera querido a través de Armada o Milans, mueve todos los hilos del poder (JUJEM, servicios secretos, Gobierno provisional… etc.) para lograr, tras unas dramáticas negociaciones, lo que a él le interesa sobremanera: que los capitanes generales del golpe duro (prácticamente todas las autoridades regionales, el 80% del Ejército operativo) vuelvan al redil de la sumisión y la obediencia. Pero fue dirigido a su persona, ojo (Antonio, Ángel, Pedro… ¿estás conmigo?, será la angustiosa fórmula inicial en las llamadas del rey a los generales franquistas), no a la autoridad democrática del Gobierno legítimamente elegido por el pueblo soberano al que, en todo este sainete real le tocará hacer el triste papel de comparsa, de mudo, de humillado, de «secuestrado de piedra» en suma… a manos de unos hombres armados que, para evitar desde el principio cualquier duda sobre quién los mandaba (los dos generales más monárquicos del país) entraron en el sagrado recinto de la soberanía nacional dando sonoros vivas al rey… y a la patria en peligro.

No obstante, a don Juan Carlos la tarea no le resulta fácil. Algunos capitanes generales ni siquiera se ponen al teléfono. Otros retrasan horas y horas la conversación con el rey. Hablan entre ellos. Los más radicales (Baleares, La Coruña, Zaragoza) están dispuestos a sacar las tropas a la calle y decretar el Estado de Guerra. Pero la falta de preparación (el golpe estaba perfectamente planificado, aunque no se habían distribuido todavía las órdenes operativas y las logísticas), la sorpresa de lo de Tejero, la llamada de un rey investido de todos los poderes y con su persona crecida por los acontecimientos, y la indecisión de Milans que, captado por Armada para la causa del monarca, no se atreve a capitanear el nuevo golpe en preparación, precipita al aborto traumático del golpe de mayo.

Una vez que el rey, con la inestimable ayuda de Sabino, esté seguro del acatamiento de los capitanes generales, habrá llegado la hora de desactivar el simulacro, lo esperpéntico, el falso golpe del 23-F, la maniobra palaciega planificada por Armada para salvar la corona de su señor. Que luego, así es la vida, le acusará de traición igual que a Milans. Sabino, el nuevo valido real, a través del ayudante del rey, Muñoz Grandes, y del coronel Gómez de Salazar, negocia (más bien ordena) con Tejero su salida del Congreso a través del llamado «pacto del capó». El ardoroso teniente coronel de la Guardia Civil, que no había sido informado de casi nada y que ya había protagonizado un rifirrafe con un Armada fuera de juego, se pliega rápidamente a las exigencias de La Zarzuela. Ha actuado como el tonto útil del tinglado. Es evidente que Sabino Fernández Campo podía haber dado perfectamente esa orden de desalojo del Congreso de los Diputados a las siete o a las ocho de la tarde, pero a esas horas el gabinete de crisis y el rey Juan Carlos estaban muy ocupados realizando la tarea que de verdad les preocupaba; y para finalizar la cual con éxito no dudarían un solo instante en sacrificar a los dos generales más monárquicos y fieles (e ingenuos, por supuesto) que nunca ha tenido ni tendrá a su servicio monarca alguno.

Sexto. El rey tarda siete horas en hablar al pueblo español para descalificar y oponerse al «golpe» que acaba de estallar con el bananero asalto de Tejero al Congreso de los Diputados. Lo podía haber hecho en cuestión de minutos a través de la radio, mediante comunicación telefónica desde palacio. Sin embargo, no lo hace, pide unos equipos de grabación a las instalaciones de TVE en Prado del Rey (que los oficiales golpistas que las ocupan le envían sin ningún problema), y por el contrario, pierde horas y horas en preparar una comparecencia por la pequeña pantalla que, finalmente, es emitida sobre las 01:13 horas del 24 de febrero, cuando ya la crisis política e institucional del país ha sido por fin resuelta y los capitanes generales de las distintas regiones militares han prometido fidelidad al monarca. ¿Por qué Juan Carlos no se define públicamente sobre la intentona golpista hasta pasadas siete horas del comienzo de la misma? Ya han sido expuestas en el presente trabajo algunas razones que justificarían tamaño retraso, pero estoy seguro de que los ciudadanos de este país querrían oír algún día, de labios del propio rey, la principal, la suya, la que ha permanecido en la más absoluta de las oscuridades estos veinticinco años.

Séptimo. Los presuntos golpistas del 23-F, como es norma en cualquier golpe de Estado que se precie, no ocuparon (ni intentaron ocupar) el palacio de La Zarzuela, sede oficial del jefe del Estado. No interrumpieron tampoco sus comunicaciones, dejando al monarca libre y perfectamente enlazado con todos los poderes del Estado. Incluso la relación telefónica de palacio con el Congreso de los Diputados, donde Tejero se había hecho fuerte, y el Ministerio del Interior, sede del Gobierno interino, fueron siempre fluidas y satisfactorias. Este anómalo proceder de los dirigentes de la intentona casa perfectamente con sus insistentes declaraciones públicas, durante y después del operativo, en el sentido de que el rey avalaba la misma por el bien de España. Y la lógica, en efecto, nos lleva en esa dirección (en la del respaldo regio; lo del «bien de España» ya es otra cuestión muy discutible), pues pensar otra cosa, a día de hoy, nos llevaría al absurdo de creer que los altos mandos militares que planificaron el 23-F (profesionales de Estado Mayor de tanto prestigio como Armada y Milans) eran tontos de capirote y se olvidaron de incomunicar al jefe del Estado, contra el que iban a actuar; medida ésta que jamás dejaría de tomar el más humilde e irreflexivo de los golpistas caribeños y africanos. O peor aún, que sin olvidarse para nada de semejante premisa golpista (que conocen todos, absolutamente todos, los cadetes de todos los Ejércitos del mundo), decidieron dejarlo libre para que así fuera capaz de oponerse mejor y luchar con más efectividad contra el golpe que ellos protagonizaban. Con lo que los inocentes golpistas fracasarían estrepitosamente y acabarían con sus huesos en la cárcel durante treinta años… Atípico golpe de Estado este del 23-F. Una charlotada «Made in Spain».

Octavo. Y sigamos con las excentricidades de tan atípico golpe militar. Los carros de combate de Milans salieron a las calles de Valencia totalmente desarmados (sólo con escasa munición de armas ligeras, ametralladoras, para la defensa de las tripulaciones) y con órdenes rigurosas de respetar el entorno urbano, para evitar accidentes entre la población civil. Consigna esta última que cumplieron escrupulosamente (los pesados tanques de 47 toneladas se paraban educadamente ante los semáforos en rojo) hasta el punto que nunca se tuvo noticia del más pequeño incidente de circulación o de cualquier otro tipo a cargo de estas unidades acorazadas.

Esta insólita actuación del capitán general de Valencia y las órdenes reservadas impartidas a sus unidades operativas en el sentido de evitar la violencia a cualquier precio, indican claramente que (parafernalia castrense aparte con bando incluido) aquello en lo que se había embarcado el general Milans no era en sí un verdadero golpe militar contra el sistema (que hubiera discurrido evidentemente por otros derroteros mucho menos educados y mucho más sangrientos), sino más bien un simulacro, una puesta en escena, un «teatrillo» castrense pactado con Armada para crear las condiciones adecuadas y necesarias a fin de hacer viable la «Solución Armada»; o como declararía años después a este investigador, desde la prisión militar de Alcalá de Henares, el anciano militar:

—Se trataba de escenificar una situación política especial, limitada en el tiempo, en provecho de España y la Corona.

Como, por otra parte, quedaría fehacientemente demostrado a lo largo de la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 cuando, superadas la sorpresa inicial y el malestar que le causaron el cambio de planes de La Zarzuela y las peticiones personales del rey para que echara marcha atrás, el general Milans cumpliría las nuevas órdenes del monarca quedando con ello en una situación personal y profesional harto difícil.

No cabe duda de que allá por donde lo miremos el famoso golpe del 23-F es atípico, irreal, esperpéntico, de chiste malo. Ahí tenemos a la máxima autoridad militar de los «insurgentes», el teniente general Milans del Bosch, charlando amigable y respetuosamente repetidas veces con el jefe del Estado contra el que teóricamente estaba actuando y obedeciendo a continuación sus órdenes sin vacilar para poner fin a la patética asonada. En España, es que no somos serios ni cuando se trata de golpes militares. ¿Pero es que los golpistas, en alguna parte del mundo, reciben órdenes de alguien que no sea su jefe natural? ¿Pero es que un jefe golpista, en alguna parte de este planeta, recibe una llamada del jefe del Estado en el que está actuando ilegalmente, llamándole por su nombre de pila y ordenándole que retire sus tanques y se meta el bando de declaración del estado de guerra por donde le quepa? ¿Pero es que un líder golpista, en el caso de recibir tan absurda llamada, iba a obedecer sin más la orden de retirar sus tropas para darse por fracasado antes de disparar un tiro y pasarse el resto de su vida en prisión o sólo unos segundos ante el pelotón de ejecución? ¿No es lícito, pues, que cualquier mortal, más o menos instruido, piense (incluido los nacidos en esta bendita piel de toro ibérica, a los que siempre les dan todo pensado y repensado cuando se trata de estas cosas) que, en el caso de que esa sorprendente relación telefónica entre el jefe de un Estado y el jefe de los golpistas se diese realmente, alguna extraña dependencia debería existir entre ellos? Y no digamos nada si el jefe de ese hipotético Estado resulta ser un rey, por muy constitucional que sea, y el cabecilla golpista un general muy amigo del anterior y monárquico hasta el tuétano por tradición familiar.

Noveno. Los golpes militares no se inician jamás a las seis de la tarde; las fuerzas que intervienen en un golpe militar nunca dan vivas al jefe del Estado contra el que atentan en el curso de su ilegal operativo; los tanques que utilizan las unidades rebeldes comprometidas en un golpe militar llevan siempre sus «santabárbaras» a tope de munición y sus tripulaciones armadas hasta los dientes; el primer objetivo de los rebeldes en un golpe militar es siempre, siempre, el palacio o residencia oficial del jefe del Estado (¿recuerdan el palacio de La Moneda de Santiago de Chile?); los presuntos golpistas en una acción militar contra el Estado nunca, nunca, dejan al jefe del mismo libre en su palacio y con todas sus comunicaciones con el exterior abiertas para que pueda reaccionar cómodamente contra sus enemigos; los dirigentes de un golpe militar no suelen ser tan estúpidos como para llamar por teléfono a la suprema autoridad de la nación contra la que están actuando, para tratar de explicarle sus movimientos futuros y, menos todavía, para obedecer sin rechistar sus órdenes; los primeros movimientos de carros de combate en un golpe militar se dan siempre en la capital de la nación y no en la de una provincia periférica situada a más de trescientos kilómetros de distancia; los blindados rebeldes nunca, nunca, salvo que el «general» Gila ordene lo contrario, respetan los semáforos y las reglas de circulación, todo lo contrario, intentan por todos los medios alcanzar cuanto antes sus objetivos (palacio real o presidencial, palacio de justicia, centrales telefónicas, emisoras de radio, de televisión, Banco Central… etc., etc.), importándoles un comino los accidentes o bajas entre la población civil; y, por último, es absolutamente improbable que en un golpe militar el líder de los golpistas lleve en el bolsillo de su uniforme una lista de su futuro Gobierno (para hacerla pública si triunfa la asonada), formado curiosamente no por militares o civiles golpistas de su entorno, sino por políticos pertenecientes a partidos del propio sistema contra el que está actuando ilegalmente.

Todo esto es de sentido común y exactamente lo contrario a lo ocurrido aquí, en nuestro archifamoso y lamentable 23-F no fue desde luego un verdadero golpe militar, ni una «intentona involucionista a cargo de unos cuantos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen», según la tesis oficial de estos últimos veinticinco años, ni el pronunciamiento clásico de un Ejército, como el franquista, deseoso de parar manu militari el proceso político democrático en marcha (ese órdago antisistema estaba previsto para unos meses después), ni siquiera la maniobra despreciable de unos cuantos militares monárquicos que, queriendo medrar y promocionarse, traicionaron a su señor y utilizaron su nombre en vano. No, el 23-F no fue nada de eso, aunque se nutriera, en última instancia, de personas, medios e ideas cercanas a alguno de estos planteamientos. A quien esto escribe, historiador militar inasequible al desaliento, le ha costado más de veinte años y miles de horas de trabajo y estudio llegar a desentrañar la mayor parte de este misterio político-militar español de fínales del siglo XX. Y quiere, por supuesto, que sus conciudadanos, los españoles en general y la historia de este país lo conozcan también. En esas estamos…

Posteriores al 23-F

Décimo. Armada solicita al rey (como ya he expresado al hablar de las numerosas entrevistas habidas entre ambos en los tres meses anteriores al 23-F) autorización para usar, en su defensa, lo tratado con él en la reunión secreta del 13 de febrero de 1981 en La Zarzuela, diez días antes del bochornoso «intento involucionista». El rey se lo deniega. Esta prohibición del monarca habla por sí sola. ¿Qué temía Juan Carlos de las declaraciones que pudiera efectuar su antiguo subordinado en relación con el 23-F? Si no estaba relacionado con ese desgraciado evento, ni sabía nada del mismo, lógicamente ese asunto no se habría tratado en la famosa reunión de la Zarzuela y no podía constituir ningún peligro para la Corona el que saliera a la luz pública lo comentado en un encuentro privado e intrascendente por lo demás.

Y todavía resulta más sorprendente, en este tema de la negativa regia a que Armada diera publicidad a lo tratado con su señor el 13 de febrero, el hecho de que el general le obedeciera y se callara como un muerto ante el tribunal que lo juzgó, arriesgándose así a una fortísima pena. Si, efectivamente, Armada había traicionado al rey y había sido un desleal al organizar un golpe de Estado a espaldas del monarca (como ha reconocido la doctrina oficial todos estos años y el propio Juan Carlos no se ha cortado un pelo en propalar a los cuatro vientos), ¿qué razones tenía para obedecerle después, cuando ya había sido desenmascarado por su señor y se exponía a una larguísima condena de treinta años de cárcel? ¿Por qué renunciar a defenderse con lo que él presuponía (en caso contrario, no se lo hubiera pedido al rey) podía ayudarle a rebajar o incluso anular tan grave pena?

Ciertamente resulta patética la figura de este hombre (Armada), tachado sin circunloquios de «traidor» por su señor y arrojado a los pies de los caballos y que, sin embargo, le obedece y se sacrifica por él aún a costa de dar con sus huesos en la cárcel por muchos años; aunque apenas un lustro después, todo hay que decirlo, fuera excarcelado subrepticiamente debido a la profunda depresión que padecía, alojado todo un año con su familia en plan «VIP» en el hospital militar Gómez Ulla y posteriormente indultado.

¿Qué clase de traidor y desleal fue en realidad este Armada que se sacrifica por su rey, se convierte en un cabeza de turco de manual y negocia, a continuación, su silencio perpetuo por el plato de lentejas de un retiro placentero lejos de la prisión militar? ¿No estaremos más bien ante la figura histórica del valido que, obedeciendo las órdenes de su señor, se mete en un «jardín» político-militar-institucional y después, ante el fracaso de la operación palaciega, es sacrificado y lanzado a las tinieblas por el bien del Estado y de la Institución?

Todo apunta, efectivamente, veinticinco años después de aquellos absurdos acontecimientos, a que fue así. Y el propio interesado, cuando aún no había cerrado el pacto de silencio con La Zarzuela y permanecía sólo, abandonado y al borde de la muerte en la prisión de Alcalá de Henares, lo transmitió, una y otra vez, a las escasas personas que, por necesidades de su trabajo, por solidaridad y altruismo, estuvieron a su lado en aquellos tristes momentos de su vida. Algunas de estas personas todavía están vivas y que yo sepa, no se han quedado mudas como el otrora poderoso (y ahora pobre cultivador de camelias) marqués de Santa Cruz de Rivadulla y general de División del Ejército español, don Alfonso Armada y Comyn.

Undécimo. El rey Juan Carlos llama «traidor» al general Armada a través de José Luís de Vilallonga en el libro biográfico El Rey, publicado en Francia. Sin embargo, en la edición española del mismo no figura ese pasaje. Resulta extraña esa mutilación del texto original en un libro de amplísima difusión nacional y que le podía haber servido al monarca para ratificar ante los españoles, con pelos y señales, la incuestionable deslealtad de uno de sus más fieles colaboradores. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué en Francia sí y en España no? ¿Pesaría en el ánimo de don Juan Carlos aquello tan arcaico de la cacareada «madurez» del pueblo español? ¿O tal vez aquello otro tan arcaico también de que en casa de uno hay cosas que mejor es no meneallas?

Duodécimo. Siempre ha resultado muy extraño, en esta oscura y rocambolesca «intentona golpista» del 23-F, que fueran los dos generales más monárquicos del país (de gran prestigio los dos, por otra parte) los que se levantaran en armas contra el régimen político representado por su amo y señor, el rey de España, al que ambos profesaban un respeto y una consideración fuera de cualquier duda. Para estos dos militares, uno procedente de la nobleza y dedicado durante muchos años al servicio de don Juan Carlos, y el otro de familia entroncada en la élite castrense más monárquica, el rey era un bien en sí mismo, una especie de patrimonio nacional al que había que preservar de cualquier peligro y al que había que darle todo sin que importara sacrificio personal alguno. Y, efectivamente, cada uno de ellos, en sus respectivos círculos profesionales, trabajaron sin desmayo durante años para que la monarquía recién «reinstaurada» por el dictador echara raíces en una España convulsa a la que le costaba encontrar su camino. Uno de ellos, el de más peso militar, el teniente general Milans del Bosch, incluso llegó a enfrentarse (demarcándose finalmente de su proyecto) al grupo de generales franquistas que, tachándole de «traidor» al generalísimo, querían la inmediata caída del rey Juan Carlos. El otro, el general Armada, se convirtió en el fiel servidor palaciego del monarca, en su confidente, en su ayudante, en su asesor personal, en el secretario general de su Casa Real.

Resulta increíble, por imposible, que estos dos altos militares monárquicos se pusieran de acuerdo para conspirar en secreto contra el Estado al margen de su amo y señor, poniendo así en peligro una Institución que para ellos era sagrada y por la que estaban dispuestos a arrostrar los mayores sacrificios. Y más increíble resulta todavía (de ciencia/ficción castrense, sin duda) que, después de esa hipotética conspiración, estos dos militares cortesanos se atrevieran a llevar a cabo unos planes político-militares que necesitaban ineludiblemente del aval de la Corona para tener un mínimo de garantías de triunfar. No es creíble que actuaran sin el conocimiento y la autorización del propio rey, por su cuenta y riesgo, capitaneando nada menos que un golpe de Estado que podía hacer saltar todo por los aires, incluida su amada Institución del alma.

Estos dos generales, Armada y Milans, eran (uno todavía lo es) monárquicos viscerales; el primero de ellos, Armada, probablemente también ambicioso; el segundo, Milans, autoritario y temerario, como muchos militares. Pero ninguno de los dos dio muestras jamás, a lo largo de sus dilatadas carreras, de estupidez supina, ingenuidad extrema o idealismo patológico. Además, nunca tuvieron reparo alguno en manifestar, ninguno de los dos, a todo aquél que quería oírles (salvo en el malhadado juicio militar de Campamento donde reinó un demencial «pacto de silencio» gestionado por los servicios secretos militares y el propio Gobierno centrista de Calvo-Sotelo), que ellos siempre fueron fieles al rey. No le traicionaron jamás, no conspiraron a sus espaldas; se limitaron a cumplir órdenes y a trabajar arduamente y con mucho riesgo personal, para solucionarle la tremenda papeleta político-castrense que tenía encima de la mesa en aquel terrorífico otoño de 1980. Riesgo que al final se traduciría, como todos sabemos, en una exagerada condena de treinta años de prisión para cada uno de ellos. Dos cabezas de turco ad hoc, evidentemente, para salvar una endiablada encrucijada histórica que podía dar al traste, si emergía la verdad, con la débil transición política emprendida.

Ha pasado un cuarto de siglo y este país, afortunadamente, es otro. Esa verdad, sin embargo, sigue siendo la misma. Ha sido investigada a fondo y debe llegar de una vez a todos los españoles y a las páginas de la historia. Ahora ya no peligra el débil entramado de un Estado que en estos años se ha hecho fuerte, democrático y de derecho. El pueblo soberano tiene derecho a saber toda la verdad sobre el 23-F a través de sus legítimos representantes…

Decimotercero. El rey, en un programa televisivo especial con motivo del vigésimo quinto aniversario del inicio de la transición democrática, emitido por TVE el día 19 de noviembre de 2000 y titulado «Juan Carlos I, 25 años de reinado», echó la culpa de su tardanza en salir por la pequeña pantalla, para condenar el golpe del 23-F a «un capitán golpista (sic) de Caballería por más señas, que se negó a enviar los equipos necesarios para la grabación desde Prado del Rey.»

Esta sorprendente afirmación de Juan Carlos I, que no se ha prodigado precisamente en declaraciones personales en relación con este turbio asunto, es totalmente falsa ya que las unidades militares que ocuparon las instalaciones de TVE (como otros objetivos muy limitados de Madrid) lo hicieron precisamente en nombre del monarca, dando vivas a su regia persona y obedeciendo, según sus jefes, órdenes explícitas de La Zarzuela. Ninguno de estos mandos se hubiera atrevido, en aquellas circunstancias, a hacer oídos sordos al más mínimo requerimiento del jefe del Estado. Y el oficial «golpista» en cuestión (capitán Merlo, del Regimiento de Caballería Villaviciosa nº 14) no sólo no puso pegas a la orden transmitida al efecto por el marqués de Mondéjar, sino que se apresuró a cumplirla con prontitud y eficacia recabando la salida de los equipos (2) al propio director general de la casa, Fernando Castedo.

Como se ve una vez más, seguimos con los sinsentidos, las inexactitudes y las falsedades en este golpe militar tan sui generis del 23-F: los presuntos «golpistas» dando vivas al jefe del Estado y enviándole unos equipos de televisión para que pueda dirigirse cómodamente a su pueblo desde su propio palacio y conjurar con ello, cuanto antes, la ilegal maniobra que ellos mismos protagonizan; éste, el rey, aprovechándose (aunque con evidente retraso por necesidades del guión) de las facilidades que le brindan esos atípicos golpistas y tachándoles después (cuando la corona ya no le baila sobre su cabeza) de eso, de auténticos golpistas y de traidores. ¡Cosas veredes, Sancho!

Decimocuarto. «Todo lo que hice, lo hice obedeciendo órdenes del rey, jamás fui desleal con él. Nunca le traicioné. Me he sacrificado siempre por la Corona (…). Fue precisamente el rey el que, tras conocer puntualmente los peligros que se cernían sobre España, la democracia y la Corona, me propuso ser presidente de un Gobierno de concentración o unidad nacional a formar con representantes de los principales partidos políticos. Y me encargó que yo personalmente hablara con sus principales dirigentes y buscara el consenso para llevar a buen término el proyecto».

Las frases del monárquico general Armada en la prisión militar de Alcalá de Henares a algunas de las personas que le apoyaron espiritualmente en los últimos meses de soledad son bien elocuentes, si hemos de creer a un hombre acabado, abandonado, enfermo, deprimido, encarcelado…

Cosa que no resulta fácil, la verdad, tratándose de un «militar golpista, ambicioso, desleal y traidor».

Decimoquinto. En el juicio militar de Campamento prácticamente todas las personas que declararon (testigos e implicados) manifestaron que los presuntos golpistas creían obedecer órdenes del rey porque, según sus mandos, el monarca estaba al frente de la operación. El propio Tejero, una de las primeras cosas que dijo tras ocupar el Congreso de los Diputados fue que «sólo obedecería órdenes del rey y del capitán general de Valencia, Milans del Bosch». Y el general Armada no se causó de repetir, antes, durante y después del evento, que «siempre estuvo a las órdenes del rey.»

Sin embargo, el tribunal militar dio por sentado que todos mentían o habían sido engañados, y que sólo La Zarzuela decía la verdad; que no sabía nada de los turbios manejos de Armada y que éste fue un desleal y un traidor: No se molestó en averiguar nada en esa dirección, en la de la posible culpabilidad del monarca, cuando existía sobre la mesa un dato estremecedor: el rey se había entrevistado 11 veces con Alfonso Armada (el presunto cabecilla supremo de la intentona) entre diciembre de 1980 y febrero de 1981, las dos últimas escasos días antes del 23-F concretamente el 15 de febrero (en la reunión reservada en la Zarzuela de la que don Juan Carlos exigió después a su invitado secreto absoluto) y el 17 del mismo mes, seis días antes del vergonzoso asalto de Tejero. Entonces, ¿por qué el tribunal no investigó la actuación del rey antes y durante el frustrado golpe? ¿Es que el tribunal no sintió nunca la más mínima curiosidad sobre lo que podrían haber hablado el monarca y el presunto máximo responsable de la asonada en sus frecuentes entrevistas y, sobre todo, en las dos últimas, a escasas fechas de ponerse en marcha el operativo golpista? ¿Por qué se dio por demostrado que La Zarzuela no sabía nada del mismo?

Ya resultaba chocante entonces (y no digamos ahora) que el rey no supiera nada de lo de Armada (sus planes político-militares se publicaron hasta en los periódicos y los servicios secretos castrenses ofrecieron suculentos resúmenes periódicos del estado operativo de los mismos a los mandos de las Fuerzas Armadas, incluidas las dos entrevistas de Armada con Milans en Valencia) y se siguiera entrevistando, una y otra vez, con él en el más absoluto de los secretos.

Y más chocante y extraño resulta todavía que habiendo declarado muchos testigos e implicados, bajo juramento, que todos ellos habían sido informados por sus mandos naturales (en el Ejército se suele respetar y creer al que ejerce el mando, sino aviada iba la Institución) de que el rey lo dirigía todo, de que la operación se hacía por el bien de la Corona y de España, el tribunal militar no investigara en esa dirección para llegar al fondo de la verdad. ¿Es que se tenía miedo a esa verdad, a la verdad absoluta? ¿O es que esa verdad se conocía ya de antemano y no se quería que saliera a la luz? ¿Se temía que el país, como estaba en aquellos momentos, no aguantara la revelación de que en la jefatura del Estado podíamos tener a un presunto «rey golpista»?

Decimosexto. Sin la autorización (tácita o expresa) del rey Juan Carlos jamás se hubiera podido producir (ojo a lo que digo ¡jamás!), el 23-F. Así de claro y así de rotundo. Para que ya nadie pueda alegar en este país que las cosas no se expresan con total claridad y que todavía tiene sus dudas… El rey siempre ha recibido (y recibe), desde su ascenso al trono en 1975, información privilegiada y directa de la cúpula militar (JUJEM), de los servicios secretos militares y, en concreto, y desde su creación en 1978, del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), donde él mismo colocó en 1981 a uno de sus hombres de confianza, el general Alonso Manglano, que ha permanecido hasta la fecha reciente al frente del mismo. En la actualidad, como todos sabemos, el CESID ha pasado a denominarse CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Por lo tanto, el rey siempre estuvo perfectamente informado de los preparativos de Armada y Milans para llevar a cabo la llamada «Solución Armada» porque todos los órganos de Inteligencia también lo estaban. Como lo estábamos también muchos altos mandos militares y sus Estados Mayores. Quiere esto decir que, aunque Armada y Milans hubieran sido de verdad unos desleales de antología y se hubieran callado como muertos ante su señor en relación con esos planes (cosa harto difícil, sobre todo para el primero, dados sus continuos contactos y entrevistas), don Juan Carlos hubiera seguido igualmente al tanto de ellos a través de sus variados y selectos informantes; y, en consecuencia, en disposición de abortarlos en cualquier momento.

No lo hizo el Borbón, evidentemente. Y si no actuó fue porque no quiso. Y si no quiso, fue porque lógicamente y en líneas generales estaba de acuerdo con la operación. Otra cosa es que le sorprendiera, como nos sorprendió a muchos, la estrafalaria entrada de Tejero en el Congreso y su penosa actuación posterior. Actuación desgraciada que, puestos a analizarla someramente, hundía sus raíces en variadas razones personales y de planificación: el desconocimiento que siempre arrastró el susodicho teniente coronel de la Guardia Civil sobre aspectos muy concretos y fundamentales del operativo en el que estaba inmerso; la excesiva libertad operativa que sus mandos le habían otorgado para la ejecución del mismo, aunque exigiéndole, es cierto, mínima violencia y ausencia absoluta de bajas; y el efecto perverso que le supuso el llamado «síndrome del golpe de mano», que conocen muy bien los militares que han protagonizado alguna acción bélica muy arriesgada y espectacular, y que lleva al afectado a no poder metabolizar adecuadamente la inyección de adrenalina que inunda su cuerpo en el momento álgido de la acción, haciéndole cometer errores imperdonables y salidas de guión (o de órdenes) que arruinan por completo la misión.

Y en esta peligrosísima ocasión del 23-F, el teniente coronel Tejero, atacado por ese desagradable síndrome operativo, por su reconocida vanidad, por su ancestral antipatía hacia los políticos y por un patológico afán de protagonismo, no sólo arruinaría la maniobra político-militar-institucional planificada por sus superiores (que renegarían enseguida de ella, incluidos los dirigentes de los principales partidos políticos que le habían dado su «placet»), sino que, además, a título personal, haría el más espantoso de los ridículos en su particular versión del «Comandante Cero» español donde lo esperpéntico alcanzó cotas inimaginables.

Conclusiones. Cargos contra el rey que se desprenden del estudio de los hechos y de los indicios racionales de responsabilidad anteriormente expuestos

Del pormenorizado estudio de los hechos relacionados en los apartados anteriores así como de los abundantes indicios racionales de responsabilidad expuestos y analizados en los mismos, se desprende que don Juan Carlos de Borbón podría haber incurrido en las siguientes responsabilidades, a saber:

1º. Autorizar la puesta en marcha de una compleja operación político-militar inconstitucional y, por supuesto, ilegal, para cambiar el Gobierno de la nación al margen del deseo de los ciudadanos expresado en la urnas y que básicamente consistía en crear una situación de emergencia nacional ficticia (o por lo menos factible de ser controlada en cualquier momento) a cargo de un pequeño círculo de militares cortesanos para, una vez desatada ésta y creado un peligrosísimo vacío de poder, neutralizarla mediante la instauración en España de un Gobierno de concentración o unidad nacional presidido por un militar de prestigio (el general Armada) que pudiera abordar de inmediato el «golpe de timón» político hacia posturas más radicales y autoritarias, como insistentemente demandaba el ala más derechista del franquismo castrense. Y desmontando así el golpe involucionista (duro o a «la turca») que contra la Corona y la democracia preparaban los generales con más poder dentro de ese núcleo duro franquista.

2º. Una vez desencadenado el atrabiliario «golpe», alarmado ante la incalificable actuación del teniente coronel Tejero en el asalto al Congreso de los Diputados y aconsejado por sus fieles edecanes palaciegos, en el sentido de que no podía asumir unos acontecimientos que podían dañar seriamente a la Institución monárquica, se desmarcó inmediatamente de ella abandonando a su suerte a los dos generales monárquicos que la habían planificado, renegando de ellos y de las acciones que habían emprendido bajo sus órdenes, para inmediatamente tratar de neutralizar la peligrosa situación creada en el país. En el curso de esta apresurada reconducción de sus propios planes despreció una y otra vez la autoridad del Gobierno interino de subsecretarios y secretarios de Estado que él mismo había aceptado, tomó decisiones políticas sin refrendo alguno de ese Ejecutivo provisional (y, por ende, sin ningún valor legal), se arrogó poderes que no le correspondían constitucionalmente (actuando de facto como un dictador) y «negoció» directamente con los capitanes generales franquistas la sumisión a su persona y a la Institución que ella representaba mediante promesas de actuación política a cargo de futuros Gobiernos de la nación.

3º. Dentro de esas decisiones políticas y tomas de postura personales, sin refrendo alguno del Gobierno interino, destacan las órdenes y conversaciones directas con el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, obviando una y otra vez la autoridad legal de los responsables interinos del Ministerio de Defensa, en orden a que retirara sus tanques y el bando por el que asumía todos los poderes en su Región Militar; así como la orden a la JUJEM, también directa y sin consultarla siquiera con el Ejecutivo provisional, para que controlara toda la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través de la cadena de mando y le informaran a él directamente de la más mínima novedad.

También ordenó, en una actuación que pone de relieve la autoridad que ejercía sobre los presuntos golpistas (que iban dando vivas a su persona y a España), a la unidad militar que ocupaba las instalaciones de TVE en Prado del Rey (un escuadrón de Caballería del Regimiento Villaviciosa n.º 14) el envío de dos equipos técnicos para grabar un mensaje al pueblo español, que salió al aire a las 01:l3 del día 24 de febrero. Sin embargo, no impartió orden alguna ni ejerció personalmente ninguna presión sobre el teniente coronel Tejero para que éste retirara sus hombres del Congreso de los Diputados y pusiera fin al secuestro del Gobierno legítimo de la nación. Ello hubiera podido solucionar la gravísima crisis que asolaba al país en cuestión de minutos puesto que una de las primeras manifestaciones que hizo el citado jefe de la Guardia Civil, después de ocupar la sede de la soberanía nacional, fue que él «sólo obedecería al rey y al general Milans.»

En definitiva, respetando la presunción de inocencia que le corresponde al jefe del Estado como a cualquier otro ciudadano español, si el rey Juan Carlos, como parece desprenderse de los numerosos indicios racionales apuntados (y de otros que la prudencia y la extensión del presente escrito aconsejan de momento obviar), conspiró con los militares de su entorno más íntimo para «enderezar» la situación política del país (absolutamente preocupante, es cierto, en aquellos últimos meses de 1980 por su desencuentro personal con los militares franquistas) en el sentido que más le convenía a la propia Institución monárquica, intentando cambiar el Gobierno legítimo de la nación al margen del pueblo y desbordando e ignorando, una y otra vez, sus competencias constitucionales, podría haber incumplido sus obligaciones de «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades Autónomas». Están recogidas en el artículo 61.1 de nuestra Carta Magna, convirtiéndose así, de facto, en todo un presunto «rey golpista que, efectivamente (eso nadie lo duda a estas alturas) nos salvó a todos los españoles de un «golpe de Estado» el 23 de febrero de 1981. Pero he aquí que fue del golpe que él mismo había organizado con sus fieles cortesanos militares… Figura ésta, por otra parte (la de rey golpista), que no resulta nada nueva en la reciente historia de nuestro país. Ya Alfonso XIII en su día (1923), autorizó y respaldó un golpe de Estado militar (que en principio le salió bien, aunque luego acabaría con su reinado), colmando de prebendas y honores al marqués/general que lo protagonizó. En 1981, sin embargo, su nieto, más astuto y con menos remilgos morales, parece ser que supo apearse a tiempo del tigre que cabalgaba enviando a prisión a los dos generales que lideraban su atípica apuesta palaciega, uno de ellos ¡qué casualidad!, también marqués. Resulta evidente que esto de los golpes militares, históricamente, les va mucho a los Borbones y, además, que han aprendido, con el paso del tiempo, y ahora manejan mejor y más expeditivamente a sus militares de cámara.

En consecuencia, en el Informe dirigido al presidente del Congreso de los Diputados, al que hacía referencia en el capítulo anterior, solicitaba lo siguiente:

La creación de una Comisión de Investigación en el seno de las Cortes Generales, con arreglo a lo que establece el artículo 76.1 de la Constitución Española que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudie y analice todas las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 y depure las responsabilidades en las que pudo haber incurrido el rey Juan Carlos I en relación con los mismos, llamando a declarar a los responsables y testigos todavía con vida y a aquellos militares e investigadores que han estudiado a fondo todos estos años aquel desgraciado evento histórico. En aras de que el pueblo español pueda acceder de una vez a toda la verdad sobre el mismo, independientemente de quien o quiénes hayan sido sus máximos responsables.

Ante esta Comisión de Investigación debería declarar también, en la forma que la misma creyera oportuno, el propio rey Juan Carlos I, ya que presuntamente actuó al margen de la Constitución Española durante más de veinte horas a lo largo de aquellas fatídicas jornadas del 23 y 24 de febrero de 1981.

En relación con esta solicitud les manifestaba, asimismo, que ya en febrero de 1982, en los prolegómenos del juicio militar de Campamento, llegó a plantearse la posibilidad de que el rey declarara en relación con las presuntas responsabilidades que le achacaban los «golpistas», pero inmediatamente fue rechazada esa pretensión porque, según algunos expertos, el rey no podía declarar ante el tribunal al señalar expresamente la Constitución que la persona del monarca «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Afirmación ésta muy discutible, a pesar de la rotundidad de que hace gala el texto constitucional, porque una cosa es que el rey no pueda ser enjuiciado o inculpado ante un tribunal de justicia y otra muy distinta el que no pueda declarar o testificar ante ese tribunal o ante una Comisión parlamentaria, en relación con un hecho trascendente de la vida nacional en el que tuvo un protagonismo esencial y unas muy claras, aunque presuntas, responsabilidades políticas e históricas.

Pero es que además creo que en este país ha llegado el momento de entrar, ahora que su Gobierno habla de reformar la Carta Magna, en esa cuestionable inmunidad del rey ya que, afortunadamente, no estamos en el año 1978. No vivimos en una monarquía feudal ni en una dictadura bananera, aquí el único soberano es el pueblo español, y el jefe del Estado, el rey en este momento, debe ser el primer servidor de ese pueblo sin ninguna prerrogativa superior a la del común de los ciudadanos y sometido, como ellos, a todas y cada una de las leyes del Estado.

Y esa inviolabilidad e irresponsabilidad de la persona del monarca habría que empezar a matizarla con sumo cuidado a día de hoy, antes incluso de que la reforma del texto constitucional ponga las cosas en su sitio. Me explico. Si bien es cierto que la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 56.2 que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», también expresa a continuación, en el mismo artículo y apartado, que «sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2» (nombramiento de los miembros de su Casa Real). En el artículo 64.2 se expresa, además, que de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden.

En el texto constitucional queda, pues, señalado con toda claridad que si los actos del rey (se entiende que los políticos, los institucionales, los propios del cargo que ostenta) no son refrendados por el presidente del Gobierno, el ministro correspondiente o, en su caso, por el presidente del Congreso, carecen de toda validez. Pero si esos actos regios, en un determinado caso, además de no ser refrendados por nadie (como no lo fueron algunos actos y decisiones tomadas por el rey a lo largo de la tarde/noche del 23 de febrero de 1981) fueran claramente inconstitucionales, ilegales y capaces por sí mismos de poner en peligro la paz y la estabilidad nacional ¿debería seguir siendo la persona del monarca inviolable y no sujeta a ninguna responsabilidad? Ciertamente parece que no.

¿Es que puede ser de recibo en un país como la España actual, moderna, desarrollada, perteneciente a uno de los más grandes emporios políticos y económicos del mundo, que la persona que ostenta la primera magistratura de la nación (por cierto, en la actualidad no por deseo expreso del pueblo español manifestado en las urnas sino por mandato personal del dictador Franco, y en el futuro por herencia) pueda realizar los actos que quiera (la Carta Magna no especifica cuáles por lo que la «patente de corso» parece extenderse a todos, incluidos los penal y criminalmente condenables) sin tener que dar cuenta de ellos ante tribunal alguno?

Y por favor, que nadie alegue que la Constitución Española de 1978 fue aprobada mayoritariamente por el pueblo español. Porque, efectivamente, fue aprobada en referéndum por una mayoría de los ciudadanos de este país (modesta por otra parte) pero… desde la más supina de las ignorancias, desde el temor irradiado interesadamente desde el poder («o esto… o los militares»), sin habérsela leído casi nadie y, por lo tanto, desconociendo casi todos la práctica totalidad de su articulado, incluida esa perla que otorga inmunidades y prerrogativas feudales al jefe del Estado español, a título de rey.

Y a las pruebas me remito, aunque en este caso sea una estrictamente personal y profesional, para corroborar tamaña afirmación. En 1985, siete años después de aprobada la Constitución, me permití realizar una encuesta entre más de 5.000 ciudadanos españoles de entre 18 y 25 años en mi calidad de teniente coronel jefe de Instrucción en un centro de adiestramiento de reclutas del norte de España. En la mencionada encuesta, además de preguntar a los soldados sobre determinadas cuestiones del servicio militar (incluido el Ejército profesional, sobre el que yo estaba trabajando en aquellos momentos), quise conocer también su nivel de conocimientos sobre aspectos muy concretos de la vida nacional y, en particular, sobre la Ley que les afectaba a todos: la Constitución Española. El resultado fue el siguiente: casi el 98% de los mozos llamados a filas a servir a su patria no había leído nunca, ni siquiera parcialmente, la Carta Magna; casi la mitad, un 45%, no sabía de su existencia o sabía de ella por referencias vagas; y sólo 9 soldados, 9 ciudadanos españoles (menos del dos por mil) de un total de 5.000, tenía en su casa un ejemplar de la misma. Estremecedor sin duda, verdad. Y el CIS y muchas empresas demoscópicas privadas sin enterarse…

Volviendo al texto que preparé sobre el 23-F, las últimas palabras del trabajo de investigación enviado a las Cortes españolas eran las siguientes:

Termino este largo Informe sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981. Que nadie me ha pedido, pero que yo me he permitido redactar, tras muchas horas de estudio y trabajo, porque esencialmente soy un militar, un escritor, pero, sobre todo, un apasionado historiador que aspira a que la verdad, la realidad de los hechos y el justo recuerdo colectivo de un pueblo sea lo que definitivamente se «cuelgue» en las páginas de la Historia en lugar del cambalache de los poderosos, las componendas de Estado o las historias amañadas de determinadas castas tradicionales.

8
LA VERDAD SE ABRE CAMINO

—Año 2006: 25 aniversario del 23-F. —La denuncia sobre la suprema responsabilidad del monarca español llega a las más altas instituciones: Gobierno, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo… —El Estado calla y otorga, pero el Congreso de los Diputados, en una declaración institucional, rebaja drásticamente el protagonismo del rey en la resolución de la crisis desatada por Tejero. —Algunos grupos parlamentarios piden, por primera vez, que el rey comparezca ante los ciudadanos. —Las preguntas a las que éste deberá contestar algún día.

El 25 de enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados, señor Marín, y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara de representación popular que preside (conviene tener en cuenta que el autoritario presidente de nuestras Cortes dispone de muy poco tiempo y éste debe emplearlo en cosas mucho más serias como las de soltar continuamente el famoso latiguillo parlamentario «Silencio, señorías», a casi mil euros la unidad), decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo del Reino… etc… etc., es decir, a todo aquel que, cobrando substanciosas remuneraciones públicas gracias a los impuestos que pagamos, es «alguien» en este país.

Como era de esperar en un Estado autista como el español, mediatizado hasta la médula por los poderes fácticos de siempre, ensimismado en sus propios intereses corporativos o de casta y entregado servilmente al «caudillo» de turno (sea éste presunto demócrata o dictador en toda regla) para preservar el tinglado del que cobran sus más altos dirigentes, ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el «políticamente incorrecto» escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo del mismo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) ha dicho hasta el momento esta boca es mía. Me imagino que todas habrán dicho para sus adentros: «Con la monarquía hemos topado», o tal vez «Esto del cambio de régimen no toca todavía», y después de comentar el asunto someramente con alguno de sus más cercanos colaboradores (en el más absoluto de los secretos, eso sí, para dejar fuera de cobertura al «topo» del CNI que todas las altas sedes del Estado, absolutamente todas, tienen en su seno), habrán decidido guardarlo bajo siete llaves hasta que una situación política más favorable aconseje su «desclasificación» inmediata.

Pero como a pesar de las apariencias el que siembra, según el acerbo popular, siempre recoge algo, sean vientos, ideas o melones el producto lanzado a la madre tierra, en este caso del Informe sobre la llamada «intentona del 23-F» el resultado no tenía por qué ser muy distinto a los demás; aunque modesto, desde luego, dada la extrema dureza del suelo elegido para dar cobijo a tan intempestiva semilla. Y este modesto resultado, esperanzador para muchos ciudadanos demócratas amantes de la verdad, se materializaría sorpresivamente en el propio Congreso de los Diputados y precisamente el 23 de febrero de 2006 (vigésimo quinto aniversario del evento) con motivo de la declaración institucional que, en tan señalada fecha, decidiera dar a la publicidad Manuel Marín que en esta ocasión, en contraste con declaraciones anteriores, revestiría un carácter muy especial. Veamos:

El martes 21 de febrero, dos días antes de la conmemoración del evento, Gaspar Llamazares, presidente del grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) en el Congreso, propone que la Cámara Baja apruebe una declaración institucional sobre el 23-F. Los demás grupos parlamentarios apoyan esa propuesta, encargándole la redacción de la misma a Gabriel Cisneros, vicepresidente tercero, uno de los «padres» de la Constitución y uno de los pocos diputados en activo que permaneció «secuestrado» en el hemiciclo aquel recordado día, cuando pertenecía a UCD.

Al día siguiente, miércoles, todos los grupos reciben el texto en uno de cuyos párrafos se hace especial mención a que las palabras que dirigió el rey a la ciudadanía a través de la televisión y el llamamiento que hizo a las Fuerzas Armadas habían contribuido, «sobre todo», al fracaso de la intentona.

En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se oponen frontalmente a esa declaración, considerando excesiva la importancia que se le da al rey en la solución de aquella crisis y haciendo hincapié en que todavía existen «algunos puntos oscuros» sobre el 23-F. Eusko Alkartasuna coincide con ERC en ese valiente planteamiento.

Durante la tarde y noche del miércoles se suceden los contactos entre los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para poder llegar a un consenso sobre la mencionada nota institucional, pero no hay acuerdo. El jueves, día 22, por la mañana, continúan los contactos y llamadas, igualmente sin éxito, hasta que Llamazares, personalmente, escribe de su puño y letra un párrafo en el que se hace referencia no sólo al papel que jugó el monarca en la resolución de la intentona golpista sino también al que desempeñaron la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones democráticas de la época.

Tras algunas reuniones y contactos con la nota manuscrita del portavoz de IU como referencia y después de múltiples retoques, añadidos, supresiones y cambios de unas palabras por otras (por ejemplo, rey por Corona), se llega por fin a un consenso entre todos los grupos parlamentarios, incluido el PP que acaban aceptando el texto definitivo al que finalmente dará lectura, pasadas las doce del mediodía del 23 de febrero de 2006, el presidente Marín. Es un texto en el que, por primera vez en los 25 años de vida histórica del famoso pseudogolpe de febrero de 1981, se despoja al rey Juan Carlos del protagonismo que siempre se le había atribuido en su desactivación pacífica y se carga el acento en el papel, absolutamente primordial, que en la misma desempeñaron la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones democráticas de la nación. ¡Chapeau! ¡Por algo se empieza! Falta todavía mucho, evidentemente, para que el monarca español asuma sus responsabilidades en la preparación, planificación y ejecución de aquella chapuza palaciega ideada por sus cortesanos militares y autorizada por él, pero todo llegará. La verdad es tozuda y la Historia rara vez se deja engañar a largo plazo.

Pero leamos ya, merece la pena, el texto completo de tan histórica declaración institucional del Congreso de los Diputados; así como el párrafo sustituido de la misma:

Señorías, hoy se cumplen 25 años del asalto al Congreso de los Diputados, la más grave intentona de violentar por la fuerza las libertades y de abortar el proceso democrático en España.

La carencia de cualquier atisbo de respaldo social, la actitud ejemplar de la ciudadanía, el comportamiento responsable de los partidos políticos y de los sindicatos, así como el de los medios de comunicación y, particularmente, el de las instituciones democráticas, tanto la encarnada por La Corona como por las instituciones gubernamentales, parlamentarias, autonómicas y municipales, bastaron para frustrar el golpe de Estado.

El Congreso de los Diputados comprueba con satisfacción que el frustrado golpe del 25-F se saldó con los efectos más adversos a los pretendidos por los conspiradores y supuso un decisivo fortalecimiento del orden democrático. El Congreso de los Diputados, por medio de esta declaración, retoma, hace suyos y actualiza los sentimientos por la libertad, por la democracia y la defensa de la Constitución, clamorosamente proclamados en todos los pueblos y calles de España por millones de ciudadanos y ciudadanas en la inolvidable tarde del 27 de febrero de 1981.

El párrafo marcado en negrita sustituyó al inicialmente redactado que era el siguiente:

La ausencia de las adhesiones pretendidas o fabuladas por los protagonistas del intento de golpe de Estado, la carencia de cualquier atisbo de respaldo social y, sobre todo, la apelación del rey a los españoles y su emplazamiento a los mandos de las Fuerzas Armadas para que se atuvieran al cumplimiento estricto de su obligación de garantizar la integridad del orden constitucional, bastaron para disuadir y frustrar la intentona golpista.

Resultaba meridianamente claro, después de la sustitución del párrafo en cuestión, en el que se volvían a considerar como «fabulaciones» o «adhesiones pretendidas» las informaciones que siempre han apuntado a la suprema responsabilidad del rey Juan Carlos en la planificación y ejecución de la llamada «intentona golpista», que determinados grupos parlamentarios no comulgaban ya en esa fecha (febrero de 2006), sobre todo después del prolijo Informe recibido, con la tesis oficial de tantos años y expresaban, además de su determinación a no seguir dándola por buena, que «todavía existían abundantes lagunas en la historia oficial del evento»

Todos los partidos se sintieron satisfechos por la declaración, excepto el PP; aunque al final también la apoyó. No obstante, su presidente nacional, Mariano Rajoy, que en tan señalada fecha se encontraba en Sevilla, recogiendo firmas para pedir la convocatoria de un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, acusó al PSOE de «bajarse los pantalones» ante la presión de Esquerra Republicana. Esto es lo que, con su habitual desparpajo, manifestó textualmente el político gallego:

—Que el Partido Socialista esté, con perdón, bajándose los pantalones hasta en estos temas por la presión de algunos partidos nacionalistas radicales es una vergüenza y, además, una falta de respeto a la verdad y a la historia.

El líder de los «populares» consideró también intolerable este cambio en la postura oficial sobre el 23-F porque, según dijo, el papel del rey fue «decisivo» para impedir el golpe de Estado. Y continuó de este modo:

—Lo mejor del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue que no salió adelante, con lo que ya es historia. Hoy España es un país europeo, democrático, civilizado, donde pensar que puede ocurrir una cosa así es absurdo.

El señor Rajoy finalizó su intervención, ante los informadores, con una confidencia muy particular, algo que explica muy bien los profundos conocimientos que siempre ha tenido sobre el 23-F:

—Yo terminé la mili en Valencia seis meses antes de la intentona y seis meses después entré en el Parlamento. Me pudo haber cogido o en Capitanía o en el Parlamento, pero me cogió en el medio.

¡Suerte que tiene este batallador dirigente conservador! Aunque en este caso en particular, ¿no sería el Estado Mayor de la Capitanía General de Levante el que, intuyendo su prometedor futuro en la política española, a partir de los informes de los servicios secretos regionales, adelantara el licenciamiento del recluta Rajoy, alertándolo de paso sobre lo que se preparaba en Madrid y Valencia para que así pudiera planificar tan astuta circunstancia personal? Puede ser; algo de eso ocurriría sin duda pues estas cosas tan perfectas en el terreno personal, con militares y políticos de por medio, no suelen prodigarse mucho.

Pero volvamos al rifirrafe parlamentario que se suscitó en el Congreso el 23 de febrero de 2006, al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de la trastada de Tejero. El diputado socialista Diego López Garrido no tardó un segundo en contestar públicamente al líder del PP, en nombre de su partido y ante los periodistas:

—Sorprende que la reacción del Partido Popular no haya sido la de alegrarse de que todos apoyemos esta declaración, en la que se defiende la Corona y la Constitución, sino que esto le sugiera que el PSOE se ha «bajado los pantalones». ¿Es que el PP no se alegra nunca de nada? ¿Nada le parece positivo?

Y tras indicar que la respuesta de Rajoy había sido «insultante, zafia e indignante», el portavoz del PSOE en el Congreso terminó con una rotunda aseveración:

—Quien en todo caso se ha bajado los pantalones ha sido el PP que ha apoyado finalmente la declaración a pesar de los cambios introducidos en ella.

Por su parte, Izquierda Unida aprovecharía la ocasión de este 25 aniversario del 23-F para llamar al «compromiso democráticos de la sociedad, que no admite ni campañas de alarma ni climas de excepción, invitando a culminar las reformas necesarias para asegurar la libertad y el bienestar del país. Esta formación, junto a otras de izquierdas como EUIA (Ezquerra Unida i Alternativa) y ERC, anunciaron acto seguido su intención de presentar, en su momento, una iniciativa parlamentaria para que el rey y otras personalidades que vivieron el golpe de Estado «expliquen a la ciudadanía» todo lo que saben sobre aquellos hechos.

La lectura de la polémica declaración institucional por parte de Manuel Marín sería seguida desde la tribuna de invitados del Congreso por numerosas personas, entre las que se encontraban algunas que el 23 de febrero de 1981 formaban parte de la Mesa y la Junta de Portavoces, tal como Carlos Solchaga y Leopoldo Torres (PSOE), Soledad Becerril (UCD), Miguel Ángel Arredondo (PA) y el que era secretario general del Congreso de los Diputados, Nicolás Pérez Serrano.

***

En resumen, para terminar con tan polémico aniversario, algo es algo; por poco se empieza, y esta nota institucional del 23 de febrero de 2006 y las negociaciones que fueron necesarias para elaborarla demuestran que algo, efectivamente, empieza a cambiar en las más altas instancias del Estado en relación con la tesis oficial mantenida todos estos años con el 23-F. Aunque los partidos mayoritarios, sobre todo el PP sigan instalados en la «letanía» política de tener que defender contra viento y marea «la valentía de un rey que supo enfrentarse a un golpe de Estado contra la democracia y las libertades de este país…» Y es que, claro, estos partidos publicitaron en su día la «modélica» transición española a la democracia sobre la base de esa supuesta (y castrense) valentía regia y sobre ese también presunto (y democrático) espíritu de defender las libertades por parte de nuestro joven monarca (que, según ellos, habrían frustrado el golpe en cuestión). Y si ahora, de pronto, 25 años después, el héroe se convierte en villano, y el tal defensor de las libertades y la democracia resulta ser, por el contrario, el máximo responsable de tan chapucero evento… se les caen los «palos del sombrajo», desaparece la escalera que ha mantenido en alto todo este tiempo sus endebles y voluntaristas argumentaciones históricas; se quedan agarrados a la brocha real borbónica que, más que pintar algo ya en el futuro, puede emborronar todo lo ya pintado a lo largo de la mal llamada «única y exportable» transición del franquismo a la democracia. De ahí que cueste tanto en este país que la verdad se abra camino en este importante y turbio asunto del 23-F.

Pero aún con ser algo novedoso este primer rifirrafe parlamentario español en pro de poner al rey Juan Carlos en su sitio en relación con tan importante hecho histórico, para el modesto investigador que escribe estas líneas (que, inasequible al desaliento, espera con más moral que el Alcoyano que algún día sean recogidas por la Historia con mayúsculas de este país) su resultado, aunque importante, no era suficiente. Sólo representaba un primer paso, el levantamiento de la barra (con el «Stop» en su centro) que frena la entrada a la fortaleza, el «pase al hall y espere» del probo funcionario de Hacienda… No quedaba más remedio que seguir adelante con la pesada «cruzada», hace años emprendida, en aras de que la ciudadanía de este país, sumamente reacia a dudar de sus caudillos y a poner en cuarentena a los poderosos, acabe aceptando algún día lo que de verdad ocurrió entre bastidores en tan nefasta fecha de nuestra historia reciente; siempre con la bandera de la democracia y la libertad de expresión en una mano y el demoledor Informe sobre la artera actuación del rey Juan Carlos, en la otra.

Y como después del número 25 aparece indefectiblemente el 26, si la aritmética no engaña, el 23 de febrero de 2007 se cumplirá un nuevo aniversario (el vigésimo sexto) del popular «tejerazo» y sería, por lo tanto, una fecha muy apropiada para desencadenar otra pequeña ofensiva parlamentaria a título personal; aunque, obviamente, las bodas de plata son siempre las bodas de plata, incluidas las de un deleznable episodio histórico como éste, y nunca pueden compararse a un anodino cumpleaños del montón…

Pero no podía dejar pasar esta nueva oportunidad, después de la pequeña brecha parlamentaria abierta un año antes, y pensé que sería bueno para la noble causa de la verdad histórica «asaltar» simbólicamente el Congreso de los Diputados en tan emblemático día. Lo haría con algunas variantes obvias en relación con el allanamiento en tropel llevado a cabo en 1981 por el bullanguero y descabalado «Comandante Cero» español y sus muchachos: Nada de uniformes; nada de pistolas, nada de hombres armados; nada de «¡Que se sienten, coño!»; nada de ultrajes a gobernantes y diputados… Sólo debía presentarme con la palabra escrita, bien pensada y seguramente torpemente estampada en el papel, además de un DNI corriente y moliente en la cartera. Hacerlo en búsqueda, no de los 350 probos diputados de a pie que conforman a día de hoy la Cámara Baja del Parlamento español, sino de su augusto presidente, señor Marín, para hacerle entrega en persona del prolijo documento, ya remitido por correo el año anterior, y que él se muestra muy reacio a contestar como debe a cualquier ciudadano ejerciendo sus derechos.

Dicho y hecho. Sobre las 12:30 horas de un nuevo aniversario del bochornoso 23-F, pero esta vez del año de gracia de 2007, me encuentro (vestido de paisano ya que la opción de acudir de uniforme militar, que contemplé por aquello de demostrar que a la suprema sede de la soberanía nacional también pueden acudir demócratas de uniforme, la deseché de inmediato, no fuera a resucitar fantasmas del pasado entre el personal de seguridad) en la puerta del Congreso de los Diputados, la Casa de todos los españoles abruptamente mancillada por el teniente coronel Tejero 26 años antes. Me dirijo al policía de la verja exterior. Intento sacar… mi carné de identidad pero, ni por ésas, no me deja, amablemente me invita a continuar mi camino hacia el edificio principal. Ni el policía de la puerta exterior, ni el de la interior, ni el conserje que me saluda respetuosamente traspasada ésta, ni nadie del pequeño grupo de funcionarios que charlan animadamente en el hall del palacio, parece dispuesto a revisar mi documentación personal, que, al final, sorprendentemente, no me hará ninguna falta.

Manifiesto al primer funcionario que me atiende, con toda cortesía, el motivo de mi visita, que no es otro que entregarle un documento reservado en persona al señor Marín. Me contesta, sin ningún atisbo de sorpresa en sus palabras y con una sinceridad encomiable, que el señor presidente del Congreso, por ser viernes, no se encuentra en su despacho y que probablemente no acudirá a él hasta el próximo lunes por la mañana. De todas formas, analizado someramente mi deseo, me aconseja tramitar con tiempo la oportuna cita personal con él, sin la cual no es previsible pueda recibirme en los próximos días. No obstante, ese mismo y solícito funcionario me sugiere que, dado lo adelantado de la hora y la circunstancia de ser fin de semana, lo más sencillo en esos momentos para mí sería entregar el documento en el Registro de la Cámara, para obtener el correspondiente recibo, y solicitar después audiencia al señor Marín si mi deseo es verlo personalmente.

Accedo a sus deseos. Entrego el documento al funcionario para que éste lo lleve al Registro y mientras espero pacientemente su regreso, me doy un pequeño paseo por los pasillos del Congreso, vigilado muy de cerca, debo reconocerlo, por dos o tres conserjes que no me quitan ojo de encima. Pienso que todo me ha resultado de lo más sencillo e inesperado. No sé qué me pasa últimamente que entro a todas partes, incluso a las más protegidas y reservadas como aquella catedral de La Almudena del 22 de mayo de 2004 (repleta de reyes en el exilio, príncipes, princesas, jefes de Estado y de Gobierno, invitados de postín…) por la cara, sin tener que sacar a colación mi modesta identidad como ciudadano. Una de dos: O tengo una cara muy parecida a la del padre Ángel, el altruista responsable de una de las más batalladoras ONG’s del momento, o es que, con el paso de los años, transmito ya por doquier, sin apenas haberme dado cuenta, una bondadosa imagen de persona mayor incapaz de crear problema alguno a nadie. La segunda hipótesis, obviamente la más probable, es también, por supuesto, la más preocupante para mi ego.

Claro que en aquella ocasión de la boda de Felipe y Letizia, como ya tendré ocasión de contar al lector en el momento editorial oportuno, iba de uniforme de gala (aunque no el que pedía el protocolo), con mi faja de Estado Mayor, los distintivos de mis cursos y múltiples condecoraciones cubriéndome el pecho. Cosas todas ellas que impresionan bastante al personal, incluido el de seguridad… Pero de todas formas, visto el resultado, en esta ocasión de mi «abordaje» democrático, sin previo aviso, al palacio de la Carrera de San jerónimo, llevado a cabo el 23 de febrero de 2007 (vigésimo sexto aniversario de la cinematográfica entrada a «lo Edén Pastora» del ínclito teniente coronel Tejero), mi impecable vestimenta civil y mis canas también debieron jugar un importante papel.

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Retomo de nuevo el relato de mi civilizada y angelical incursión en el Congreso de los Diputados de Madrid, con el profuso escrito de denuncia contra el rey Juan Carlos (40 páginas) del que soy único firmante, bajo el brazo. Denuncia basada en su presuntamente ilegal, inconstitucional y, desde luego, atípica actuación política y personal antes, durante y después de aquella recordada tarde/noche del 23 de febrero de 1981. Con la súplica añadida de que se formalice cuanto antes, en tal alto centro de la soberanía popular, una Comisión de Investigación parlamentaria que pueda depurar (ya que los tribunales de justicia de este país son incompetentes para hacerlo, dada la trasnochada e impresentable inmunidad constitucional que todavía ampara al monarca español) sus presuntas responsabilidades históricas, políticas e incluso penales. Que, después de lo que revelan mis largos, escrupulosos, imparciales y profesionales estudios e investigaciones de más de veinte años de duración, y que estoy dispuesto a compartir con quien quiera y donde quiera, sitúan al todavía jefe del Estado español en el muy amplio y deleznable pelotón de golpistas nacionales, compuesto como todos sabemos por militares y civiles de toda laya. Figura ésta, la del «rey golpista», referida a Juan Carlos I, ciertamente atípica y llamativa pero no única ni nueva en la reciente historia de la monarquía española, ya que Alfonso XIII en 1923 autorizó y respaldó un golpe de Estado militar (muy similar en el fondo al 23-F), y que le salió en principio bien, aunque luego acabara con su reinado. En 1981, su nieto no dudaría en enviar a prisión a los dos generales que lideraban su arriesgada apuesta palaciega en cuanto se dio cuenta de que la cosa pintaba muy fea desde el punto de vista estético y él no podía asumir la operación sin riesgos evidentes.

Resulta meridianamente claro que esto de los golpes militares, históricamente, les va mucho a los Borbones y, además, que han aprendido con el paso del tiempo y ahora manejan mejor y más expeditivamente a sus militares de cámara. Aunque no por ello, y dado que, como todos sabemos, la Historia, además de maestra de la vida, se repite constantemente, el porvenir del nieto felizmente reinante tenga que ser muy diferente del de su predecesor en el trono…

Mientras espero en pasillos que la Secretaría General del Congreso me devuelva, debidamente firmada, la copia del Informe entregado y quizá impresionado por la majestuosidad del entorno, doy rienda suelta a mis pensamientos más íntimos en relación con el evento que me ha llevado allí. ¡Que actitud más estrafalaria y poco profesional la adoptada por Tejero tras su entrada en este lugar! Había ejecutado hasta entonces (hay que reconocerlo así, por mucho que condenemos siempre su irresponsable proceder antidemocrático) una magistral operación de planificación operativa, control de su tropa, aproximación al objetivo, enlace entre unidades implicadas, incursión sin violencia, neutralización de las personas que conformaban el servicio de seguridad (bien es cierto que ayudado en todo momento por el Estado Mayor de la Guardia Civil y por el propio CESID). Y, sin embargo, una vez dentro del hemiciclo, su proceder personal se degrada por momentos hasta extremos increíbles si tenemos en cuenta sus largos años de experiencia profesional y las estrictas órdenes recibidas.

Sin duda, además de su megalomanía, su egocentrismo, su vanidad y su indudable afán de protagonismo, a Tejero debió de jugarle una mala pasada el denominado, ya por mí en otro lugar del presente libro, «síndrome del golpe de mano», un «subidón» emocional incontrolable, con mucha adrenalina de por medio, que puede atacar a cualquier mando militar en el curso de una arriesgada operación de ese tipo. Eso es algo que los profesionales que tenemos experiencia de guerra y hemos mandado unidades de comandos u operaciones especiales, conocemos pero que muy bien. Todavía me da escalofríos recordar, de vez en cuando, las incursiones nocturnas tras las líneas enemigas que, al mando de una sección de asalto, y siendo un joven teniente, realicé en el frente de Ifni los días 9, 15 y 22 de diciembre de 1958, con el fin de recabar información precisa sobre un supuesto ataque; y en la última de las cuales me topé de manos a boca con una patrulla de «descontrolados» marroquíes. Estuve a punto de desobedecer las precisas órdenes recibidas y atacarles en busca de la gloria… o de un montón de bajas propias. Afortunadamente, el síndrome y la adrenalina no pudieron conmigo, pero reconozco que me faltó poco… Aunque, claro está, no es lo mismo en una situación de guerra, en defensa de tu patria, que en un estrafalario golpe militar.

Desde luego, sólo afectado por ese mal que nubla la mente del jefe que lidera una acción espectacular (legal o no, ésa es otra cuestión) y le hace olvidar las órdenes recibidas y creerse el amo del mundo, puede entenderse medianamente la alocada actuación en el hemiciclo del Congreso de los Diputados del bigotudo guardia civil. Esas patéticas escenas donde lo vimos empujando al vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Gutiérrez Mellado, amenazando al presidente Adolfo Suárez y a todas sus señorías; permitiendo después a sus hombres abandonarse a una orgía de fuego (afortunadamente sólo al techo) que no venía en absoluto a cuento, teniendo como tenía controlada la situación ante personas desarmadas.

Pero no sólo pienso en Tejero, que sabía más bien poco de la operación político-militar de altos vuelos en la que estaba involucrado y en la que él sólo actuó de vedette operativa (con perdón), de tonto útil, mientras deambulo discretamente por los pasillos del regio palacio de la Carrera de San Jerónimo en este nuevo 23-F de 2007. El general Armada pide paso enseguida en mi mente: ¿Por qué fracasó tan estrepitosamente el antiguo secretario general de la Casa del rey en la operación político-militar bautizada con su propio nombre, largamente planificada y con total apoyo regio, acabando en la cárcel con una condena de treinta años? ¿Y por qué a pesar de ello su señor, el rey Juan Carlos, salió triunfante del desaguisado, con todos sus objetivos conquistados?

Me contesto yo mismo: Armada fracasó en su proyecto, autorizado por el rey, porque no supo integrar adecuadamente en el mismo el minigolpe de Tejero (el de «los espontáneos», según los servicios secretos) una vez que Milans le obligara a asumirlo como propio dentro de la «Solución» político-militar que ambos pusieron en marcha en las primeras horas de la tarde del 23 de febrero de 1981; y porque tampoco supo vigilarlo y controlarlo estrechamente para evitar que arruinara por sí solo, como así ocurrió, esa sutil maniobra de «reconducción real». Que, no obstante, al final, curiosamente (sarcásticamente, se podría decir), tras ese aparente fracaso y debido sobre todo al urgente abandono de la misma por parte de su real promotor, conseguiría todos sus objetivos políticos y militares. En particular el primero y principal, fue el desmantelamiento del golpe militar que preparaba la ultraderecha castrense franquista para la primavera de ese mismo año y que amenazaba directamente a la Corona.

Por el contrario, el golpe «primorriverista» de Milans sí consiguió Armada diluirlo en el suyo, aunque tuvo que garantizarle a su promotor, el entonces capitán general de Valencia, la PREJUJEM (Presidencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor), el más alto puesto operativo de las FAS. Pero en lo de Tejero, sin duda Alfonso Armada se confió demasiado y no se decidió a frenarlo por tres razones principales:

1º Porque, tal como estaba pactado con Milans, él iba a actuar en el Congreso como el bueno de la película, como el carismático policía que controla la situación y «salva a la chica» (a todos los diputados y miembros del Gobierno secuestrados en el hemiciclo), apareciendo milagrosamente en el Congreso minutos después del asalto. Debía ser una situación personal y política inmejorable, para presentar a sus señorías su apuesta por un Gobierno de concentración/unidad nacional que, con el apoyo del rey y, en su caso, el de la mayoría de los presentes en la sala, pudiera solucionar todos los problemas pendientes en cuestión de minutos: la peligrosa situación en la que se debatían los allí congregados y los males de una transición democrática estancada, cuestionada por los militares y en trance de naufragio absoluto en el corto plazo.

2º Porque el general Milans del Boch nunca se avino a eliminar de la maniobra político-militar planifica por ambos, la ya muy adelantada operación de Tejero. Con el fin, por una parte, de humillar a la clase política a la que odiaba; de deslumbrar después a sus pares castrenses, que veían en él un futuro caudillo militar (un capital que podía suponer mucho para el carismático militar si la maniobra de Armada no salía bien); y, en tercer lugar, de ganar puntos ante unas Fuerzas Armadas, expectantes y nerviosas, que él iba a dirigir muy pronto como jefe de la JUJEM.

3º Porque Tejero había dejado muy claro, en sus negociaciones con Armada y con Milans, que si se frenaba su operativo de copo del Congreso (una acción espectacular a lo «Edén Pastora» en Managua, que él ansiaba realizar sobre todas las cosas) por mor de una «Solución Armada» más civilizada y presentable ante la opinión pública española (y, por supuesto, mundial), no dudaría en ponerlo en marcha a título individual, cayera quien cayera, y sin importarle para nada la maniobra político-militar patrocinada por sus superiores.

En resumen, ni a Armada ni a Milans les convino en su día frenar a Tejero en su particular y arriesgado operativo. Y esa permisividad culposa sería al final el detonante del fracaso de ambos.

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En las numerosas conferencias sobre el 23-F que he impartido a lo largo de los años (desde que en 1983, alertado por muchos compañeros de las Fuerzas Armadas, decidí ponerme a trabajar con todas mis fuerzas para poder clarificar algún día la famosa asonada) y en multitud de entrevistas con diferentes medios de comunicación (muchas de las cuales ni se han publicado ni salido al aire por cuestiones obvias), casi nunca me he podido librar de una pregunta recurrente, formulada siempre por algún «leído» espectador o periodista, que en determinados momentos de la investigación ha llegado a quitarme el sueño: ¿Qué podría haber pasado en el Congreso de los Diputados de haber sido otra la actuación de Tejero o de no haber existido ésta? Lo digo porque ya casi nadie discute que fue la impresentable puesta en escena del susodicho teniente coronel de la Guardia Civil lo que provocó que la llamada «Solución Armada» fuera abandonada por sus altos promotores.

A esta pregunta de política/ficción siempre me he permitido contestar de la misma manera después de que, tras la primera vez que la escuché, tuviera que hacer frente a un profundo debate intelectual: Si en lugar de aparecer el teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, dando gritos cuarteleros, empujando y humillando a las más altas autoridades del Estado y capitaneando unos hombres excesivamente nerviosos, que no dudaron en ametrallar el techo del hemiciclo, hubiera aparecido en el mismo, incluso acompañado también de hombres armados, un alto oficial (un teniente coronel, por ejemplo, para seguir con la misma categoría de empleo militar), a poder ser diplomado de Estado Mayor y destinado en el Cuartel General del Ejército, educado, parsimonioso, culto, inteligente, con don de gentes y perfectamente enterado de todos los entresijos del operativo regio en marcha (aspecto este último que nunca estuvo al alcance del incauto Tejero), que se hubiera dirigido con todo respeto a los señores diputados y miembros del Gobierno allí presentes, explicándoles la situación creada y dando paso enseguida a la alta autoridad («militar, por supuesto») que tenía que llegar (Armada, que era «el elefante blanco») para presentarles un proyecto político, ya consensuado con los partidos políticos mayoritarios y autorizado por La Zarzuela, que salvara la penosa situación político-militar en la que se debatía el país… no le puede caber la menor duda a nadie, pero especialmente a ningún experto o investigador de aquellos hechos, que los acontecimientos en el palacio de la Carrera de San Jerónimo hubieran discurrido por un cauce muy distinto al que tomaron con el belicoso jefe de la Guardia Civil como director de orquesta. Es más, creo que la «Solución Armada» se habría consolidado en cuestión de minutos y España, como estaba previsto en La Zarzuela, habría dispuesto durante un par de años de un Gobierno «de autoridad», aunque pseudoconstitucional, pero admitido por la mayoría como mal menor, nacido con evidentes defectos de forma pero capaz de dar el «golpe de timón» que demandaban los militares, muchos políticos y una parte importante de la sociedad española.

De eso no le cabe la menor duda a este historiador, después de pensar largo y tendido sobre tan espinoso hecho histórico. Aunque sí me ha asaltado una, y muy insistente por cierto, respecto a lo que hubiera podido ocurrir en este país después de la entronización del Gobierno de emergencia que patrocinaba Armada. ¿Hubiera durado ese Gobierno de «salvación nacional» (o «salvación monárquica», puesto que lo que estaba en primer lugar en juego en aquellos momentos era la propia Corona) los dos años previstos por sus planificadores o el general Milans, dueño del Ejército desde su nuevo cargo de PREJUJEM, hubiera dado, antes de finalizar ese plazo, con la puerta en las narices a su flamante presidente, instaurando después la dictadura militar que siempre contempló su plan «primorriverista»?

Siempre controlé esa importante duda, que afortunadamente los españoles no tuvimos ocasión de despejar por la vía de los hechos, reafirmándome en la convicción, muy personal mía pero nacida del profundo conocimiento del personaje, de que esa hipótesis de deslealtad del general Milans hacia su subordinado Armada (que, en caso de concretarse, hubiera supuesto un trauma nacional y un evidente retroceso en las libertades y derechos de millones de españoles) nunca se habría producido. Y aunque, obviamente, no me atreví a plantear esa hipotética cuestión en las charlas que mantuve con el antiguo capitán general de Valencia, a principios de 1990, en la prisión militar de Alcalá de Henares (y que fueron ya plasmadas parcialmente en un anterior libro mío), pues el mero hecho de hacerlo hubiera significado una grave impertinencia y hasta un insulto para el anciano (y todavía golpista para muchos) militar ya fallecido, esa convicción ha ido ganando puntos en mí con el paso del tiempo. Y en estos momentos estoy absolutamente seguro que, por lo que respecta al general Milans, la hoja de ruta de la llamada «Solución Armada» hubiera sido respetada en todos sus extremos. Aunque eso no quiere decir, ni mucho menos, que aún contando con la lealtad del nuevo presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el éxito habría estado garantizado para ese Gobierno de unidad nacional presidido por el marqués de Rivadulla. Bastantes militares franquistas que, cogidos por sorpresa y sin un claro liderazgo, no se atrevieron a dar el paso al frente el 23 de febrero de 1981, le habrían puesto, sin duda, las cosas muy difíciles…

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El educado funcionario que me ha ayudado en la tarea de registrar mi nuevo Informe sobre el 23-F, dirigido al presidente del Congreso, aparece de pronto y me entrega la copia del documento debidamente firmada. Aparco definitivamente mis pensamientos, le agradezco su colaboración e inmediatamente procedo a retirarme del soberbio edificio de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, la Casa de todos los españoles demócratas, que me acaba de brindar unos intensos momentos de emoción y recuerdos. Le he dejado al señor Marín, puesto que no se ha dignado contestar a la primera, una segunda denuncia personal mía sobre el presuntamente ilegal e inconstitucional proceder del rey Juan Carlos en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981.

Denuncia de la que también disponen el presidente del Senado (la única institución que hasta el momento se ha dignado acusar recibo a la misma) y los presidentes de los más altos organismos del Estado español. Veremos qué hacen con ella. Lo más seguro es que sigan sin darse por aludidos…

Soy profundamente escéptico sobre una posible y deseable actuación positiva de todas estas autoridades públicas en relación con mi «políticamente incorrecto» escrito, pero no me cansaré por ello de insistir en él. Si los engreídos jerarcas de la democracia española a los que me he dirigido, en uso de un derecho constitucional no conviene olvidarlo, siguen mirando para otro lado, si continúan ignorando las propuestas que en él se incluyen, creyendo que el tiempo acabara enterrándolas, cometerán sin duda un profundo error. Es el mismo que cometieron en el año 1990 otras muy altas autoridades del Estado (esta vez militares, los retrógrados generales componentes del Consejo Superior del Ejército), cuando arremetí públicamente contra un servicio militar obligatorio que causaba más de doscientas víctimas mortales por suicidios y accidentes profesionales entre los jóvenes españoles que acudían a filas y, además, impedía que la nación española pudiera disponer de unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales y operativas; pero con el resultado (traumático para el mensajero, pero muy beneficioso para la sociedad) que todos los españoles, especialmente los jóvenes, conocen muy bien…

Pienso seguir utilizando ahora, con estos encumbrados demócratas de pacotilla sin uniforme, que beben con fruición la verdad pero no se atreven a digerirla (no vaya a ser que ponga en peligro sus pingües salarios), la misma estrategia que empleo con los generalotes fascistas de la cúpula militar: la del corredor de fondo que aprieta los dientes y lucha a brazo partido contra la soledad y la fatiga. No me importa el tiempo; sólo los resultados… Por cierro, en marzo de este año 2007, en plena refriega política contra el Partido Popular de Mariano Rajoy (o habría que decir mejor del señor Aznar, el estratega de Las Azores que creyó que la conquista de Irak sería algo así como desfilar por el Paseo de la Castellana, con el ya obeso y poco marcial jefe supremo de las FAS españolas presidiendo el evento) a cuenta del vidrioso asunto del etarra De Juana Chaos, escuché al presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, insistir, una vez mas, en el topicazo ese de la verdad y la democracia:

—En una democracia real es imposible ocultar la verdad durante mucho tiempo.

Fue lo que soltó en pleno mitin mañanero y se quedó tan fresco el inefable inquilino de La Moncloa, mirando al tendido sabiendo que nadie, incluido el duro y peleón don Mariano, podía quitarle la razón. También podía haber recordado, aunque no lo hizo, aquél otro conocido adagio popular que reza: «El tiempo coloca siempre a cada uno en su lugar.» Y así el éxito mediático de ese día lo hubiera multiplicado por dos.

Pues de eso se trata, señores, de que sabiendo, como todos sabemos, que en una democracia (y la española, con bastantes deficiencias estructurales, lo es) ni se puede evitar que la verdad, tarde o temprano, florezca, ni tampoco que cada cual con el paso del tiempo acabe en el lugar que le corresponde… Demos todos los pasos adecuados para que cuanto antes se produzca lo uno y lo otro. Conozcamos la verdad, la absoluta verdad, en el chapucero golpe que tuvo en vilo a los españoles, hace ya un cuarto de siglo, para que el pueblo español pueda colocar en el lugar histórico que le corresponde a su actual soberano. Que en estos momentos, y en espera de que la Comisión de Investigación pedida a las más altas autoridades de la nación pueda pronunciarse, parece estar más cercano al de un presunto golpista con corona que al del prudente y valeroso monarca que nos han vendido desde el poder todos estos años.

De todas formas, como el rey Juan Carlos, al hilo de lo que manifestaron algunos partidos políticos en febrero de 2006, más tarde o más temprano tendrá que responder a las preguntas de los ciudadanos españoles en relación con este vidrioso asunto del 23-F, bien en sede parlamentaria ante sus legítimos representantes o desde algún exilio dorado ante los periodistas de medio mundo (que todo puede ocurrir, tal como se han puesto las cosas en este país), me permito, aquí y ahora, formular algunas a las que indefectiblemente tendrá que contestar si queremos que se aclaren convenientemente los hechos. Ahí van:

1º ¿Por qué se entrevistó once veces con el general Armada durante los meses de diciembre de 1980 y enero y febrero de 1981, las dos últimas muy pocos días antes del golpe de Estado del 23-F, si este alto militar (después reconocido como uno de los cabecillas máximos de la asonada castrense) ya no estaba a sus órdenes directas en la Casa Real y se encontraba en Lérida, al mando de una División de Montaña?

2º ¿Por qué intercedió ante el presidente Adolfo Suárez y su ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, para que el general Armada fuera destinado cuanto antes a Madrid (se incorporó a la Segunda jefatura del Estado Mayor del Ejército escasas semanas antes del 23-F), haciéndolo en contra del parecer de ambos, que no querían bajo ningún concepto a Armada en la capital?

3º ¿Por qué no autorizó al general Armada a que se defendiera en el juicio militar de Campamento, dando publicidad a lo tratado con él en la famosa y supersecreta entrevista que ambos celebraron en La Zarzuela el 13 de febrero de 1981 (diez días antes del 23-F), como el propio general y antiguo secretario general de su Casa Real le había solicitado por carta?

4º ¿Por qué le prohibió a Armada personarse en La Zarzuela cuando éste le llamó por teléfono a las 18:40 horas del 23-F (minutos después de que Tejero entrara en el Congreso), convirtiéndolo de facto en una persona non grata en palacio, cuando en los dos últimos meses se había entrevistado con él en numerosas ocasiones y a esa hora de la tarde del 23 de febrero de 1981 nada había trascendido todavía sobre la supuesta relación del citado general con los golpistas?

5º¿Es que conocía los manejos de Armada y no quería verse involucrado en la intentona?

6º ¿Por qué tardó siete horas en dirigirse al pueblo español para rechazar el golpe (de las 18:23 horas del 23-F a las 01:13 horas del día siguiente), cuando lo lógico hubiera sido hacerlo inmediatamente después de conocer su desencadenamiento, bien por la radio o enviando un mensaje urgente a los medios de comunicación, ya que La Zarzuela no había sido incomunicada en absoluto por los golpistas?

7º ¿Por qué se puso tan nervioso, a las 18:25 horas del 23-F, cuando sus ayudantes le comunicaron «el tejerazo» y en lugar de intentar neutralizar ese atípico secuestro institucional, se dedicó en cuerpo y alma (auxiliado en todo momento, eso sí, por el general Sabino Fernández Campo) a llamar uno a uno a todos los capitanes generales con mando de Región Militar, que no habían secundado el golpe, perdiendo un tiempo precioso y poniendo al país durante horas al borde de un ataque de nervios?

8º ¿Es cierto que su esposa, la reina Sofía, le pilló llorando a moco tendido en su dormitorio pocos minutos después de que Tejero asaltara el Congreso de los Diputados?

9º ¿Es cierto que a instancia suya el Jefe del Estado Mayor del Ejército JEME), general Gabeiras, le ofreció a Milans un avión para exiliarse en Francia o Portugal, con la promesa de que en un par de años sería rehabilitado profesionalmente en un buen cargo?

10º ¿Es cierto que en una conversación privada con Armada, a mediados de octubre de 1980, cuando el ruido de sables en los cuarteles era ensordecedor y los capitanes generales franquistas conspiraban contra la democracia y la Corona, le dijo a su subordinado, confidente y amigo: «Alfonso, párame ese golpe como sea»?

11º ¿Es asimismo cierto que dio su «placet» al general Armada para que se entrevistase con los líderes de los principales partidos políticos y recabase de ellos la aceptación de un hipotético Gobierno de concentración o salvación nacional, presidido por el propio Armada y formado por miembros escogidos de esos mismos partidos, con el fin de desactivar el temido golpe militar duro o «a la turca», que los capitanes generales franquistas preparaban para el mes de mayo de ese mismo año 1981?

12º ¿Es o no cierto que informado por el general Armada de la buena marcha de esas conversaciones y de la aceptación por parte de los líderes de los principales partidos políticos nacionales de la «Solución» político-militar de emergencia que llevaba su nombre, el día 6 de febrero de 1981, escasos días después de la dimisión de Adolfo Suárez, le fue presentada por el antiguo secretario general de su Casa la lista de ese futuro Gobierno de concentración/salvación nacional?

13º ¿Es o no cierto que en una conversación telefónica con Armada, llevada a cabo el tres de febrero de 1981, tres días antes de que le fuera presentada la «lista oficial» del futuro Gobierno por el propio general, le había ordenado a su antiguo subordinado y amigo apeara de esa lista a dos altos mandos militares elegidos para desempeñar dos importantes carteras ministeriales relacionadas con la defensa y la seguridad del país y pusiera en su lugar a dos conocidos militantes socialistas?

14º ¿Cree sinceramente que el general Armada fue «un traidor a su persona y un miserable» en relación con el 23-F, tal y como afirma en el libro Le Roi, publicado en Francia?

15º Y el general Milans del Bosch, que tuvo entrada libre en La Zarzuela durante muchos años y que le ayudó a solucionar en la Semana Santa de 1977 la peligrosa crisis política abierta en España a raíz de la legalización del PCE, ¿también fue un desleal y un golpista?

16º ¿Nunca le pareció extremadamente raro e increíble que los dos militares de más prestigio del Ejército español, de brillantes carreras, de un monarquismo acendrado y probado, que habían prestado impagables servicios a la Institución, traicionaran de pronto la confianza que su señor había puesto en ellos e intentaran, en secreto, montar un golpe de Estado que ponía en peligro la Corona, sus carreras profesionales y hasta su propia vida?

17º ¿Sabía La Zarzuela que los carros de combate que sacó el general Milans a las calles de Valencia en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 iban totalmente desarmados (sólo con la munición ligera imprescindible para la defensa personal de las tripulaciones) y que llevaban órdenes rigurosas de respetar al máximo el entorno urbano (incluidos los semáforos) para evitar accidentes entre la población civil, lo que era muestra palpable de unas intenciones nada belicistas?

18º ¿Fue informado, a su debido tiempo, de que los guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados, a las 18:23 horas del 23-F, bajo las órdenes del teniente coronel Tejero, así como los soldados y oficiales del Ejército que ocuparon determinadas instalaciones de los medios de comunicación en Madrid esa misma tarde, dieron repetidos «vivas al rey», lo que se compadecía muy poco con la idea de un golpe militar contra su egregia persona?

19º ¿Por qué, ostentando constitucionalmente el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no mostró la más mínima preocupación ni el más elemental compañerismo (todo lo contrario, los tachó enseguida de «traidores») por los dos generales más prestigiosos del Ejército español (fieles subordinados, confidentes y colaboradores suyos hasta entonces) cuando, acusados de ser los cabezas visibles de un golpe militar involucionista, fueron condenados a 30 años de prisión militar cada uno?

20º ¿Se atrevería, a día de hoy, tras las amplias investigaciones que se han publicado desde entonces, a cargo de expertos y estudiosos del tema, a calificar lo sucedido en España aquella tarde/noche del 23 de febrero de 1981 como «un golpe militar involucionista a cargo de unos cuantos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior Régimen», como fue definido entonces por el Gobierno democrático español con el asentimiento de la Corona?

21º ¿Se atrevería a mantener, en estos momentos, la afirmación que hizo en unas declaraciones a TVE en noviembre del año 2000, con motivo de sus 25 años de reinado, en el sentido de que el culpable de que no hubiera podido dirigirse antes a los españoles a través de las cámaras de televisión en la tarde del 23-F fue un «capitán golpista, de Caballería por más señas» (su nombre, capitán Merlo, del Regimiento de Caballería Villaviciosa nº 14, no se atrevió a mencionarlo), que controlaba los estudios de Prado del Rey y que se negó a enviar, a su debido tiempo, los equipos técnicos necesarios para la correspondiente grabación?

22º ¿Tuvo conocimiento, ya que recibía información privilegiada del CESID, de la cadena de mando militar y de los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las reuniones que mantuvieron en Valencia los días 17 de noviembre de 1980 y 10 de enero de 1981 los generales Armada y Milans del Bosch (después reconocidos como los máximos cabecillas de la intentona del 23-F) y de las que tuvieron pronta constancia muchos mandos militares y, sobre todo, jefes y oficiales de Estado Mayor a través de los Servicios de Inteligencia del Ejército?

23º Sabiendo, como debía saber por los canales de información reservada reseñados en la pregunta anterior, que el teniente coronel Tejero había declarado, nada más ocupar el Congreso de los Diputados, que sólo obedecería órdenes del rey y del capitán general de Valencia y que, asimismo, los mandos militares que habían ocupado diversos medios de comunicación en Madrid y patrullaban con medios acorazados las calles de Valencia reconocían que el rey dirigía todo el operativo, ¿por qué no llamó enseguida por teléfono a Tejero (como hizo con Milans, en relación con la retirada de sus carros de combate de las calles de Valencia), ordenándole que desalojase de inmediato el palacio de la Carrera de San Jerónimo y volviera a la obediencia debida a sus jefes naturales, desactivando así, en cuestión de minutos, una situación harto peligrosa de vacío de poder que se prolongó durante casi veinte horas y que puso al país al borde de una guerra civil?

24º Al hilo de la pregunta anterior, ¿por qué dio absoluta prioridad al contacto telefónico con los capitanes generales, en el que empleó casi siete horas, preguntándoles, uno por uno, si eran fieles a su persona (ninguno de ellos, hasta entonces se había pronunciado contra la legalidad institucional ni secundado para nada la asonada) cuando la verdadera prioridad nacional estaba en el Congreso de los Diputados, donde permanecía secuestrado el Gobierno legítimo de la nación española?

9
LA INFORMACIÓN ES PODER

—Década de los ochenta. El rey, después del 23-F, coloca a sus peones: —Alonso Manglano, monárquico y buen amigo, director general del CESID. —Los servicios secretos y la cúpula militar convierten al monarca en la persona mejor informada del país. —Un Ejército sin soldados. —El juicio de Campamento. —La guerra sucia contra ETA. —Los GAL. —La «X» de Garzón debería llevar corona.

Tras el mal trago pasado en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 en la que, al abandonar precipitadamente la llamada «Solución Armada» por la impresentable actuación de Tejero, dejando a sus fieles edecanes de palacio a los pies de los caballos, se rozó la tragedia, pues hubo un peligro auténtico de que los belicosos capitanes generales franquistas adelantaran su terrible órdago contra la Corona, previsto para el 2 de mayo, el rey Juan Carlos decide aprovechar el final feliz de su arriesgada aventura personal y política para hacerse solapadamente con todos los resortes del poder del Estado. Ha pasado miedo, mucho miedo, tanto en los meses anteriores al «tejerazo» (en los que, viendo lo que se le venía encima, no tuvo más remedio que acceder a las «recomendaciones» de Armada autorizando la puesta en marcha de una compleja maniobra político-militar subterránea que desactivara el peligro cierto de involución en el que se debatía el país) como en las horas de tensión y duda que le tocó vivir después cuando, copado el Congreso de los Diputados y con los carros de combate de Milans deambulando sin rumbo por las calles de Valencia, decidió abandonarlo todo, vestirse el uniforme de capitán general y empezar de cero, llamando a la subordinación y a la cordura a los más altos jerarcas del Ejército.

Descabalgados del poder y en prisión sus otrora confidentes y validos, Armada y Milans, y con el único apoyo cierto en aquellos dramáticos momentos de los militares cortesanos destinados en su Casa Real y del capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, decide por una parte «consagrar» a su nuevo hombre de confianza, el general Sabino Fernández Campo (que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en el 23-F y le ha salvado la corona y hasta la vida) e iniciar una reservada operación política y militar que le permita hacerse con el poder real del Estado, independientemente de lo que diga o deje de decir la Constitución, y evitarse en el futuro sustos tan fuertes y desagradables como los que acaba de vivir.

Para lograrlo, y asesorado siempre por el inteligente Sabino, Juan Carlos I abrirá dos frentes: uno, menos importante, el político, llamando a capítulo a los líderes de los partidos que, como él, habían dado su visto bueno a la fracasada operación de Armada, saliéndose después de la misma por la puerta de atrás; y el segundo, el decisivo, el militar, tratando de hacerse con todos los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado (CESID), para convertirse en el hombre mejor informado del país y, por ende, con más poder. Todo esto, tras el gran susto de Tejero, le permitiría hacer realidad su antiguo sueño juvenil de ser de verdad el rey de todos los españoles, gobernar (aunque fuera en la sombra) como un monarca a la vieja usanza y ejercer de facto como un pequeño dictador. Lo hará disfrazado, eso sí, de rey constitucional y demócrata, sometiendo siempre a su voluntad, entre sonrisas y abrazos, a los engreídos jerarcas políticos que, agradecidos a su persona por el mero hecho de poder ejercer como tales, no dudarían en tragar con todo con tal de que la endeble democracia que él personificaba acabara asentándose en España.

El primer baluarte de la información en este país en aquellos momentos, a pesar de sus evidentes carencias y falta de operatividad en diferentes campos (sobre todo en el de la información exterior), era sin duda el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), formado casi exclusivamente por militares y con una estructura anticuada pero férrea volcada preferentemente, siguiendo todavía con las directrices de su órgano creador el SECED (los servicios secretos del Régimen franquista), a la información interior: política, social y militar, prioritariamente. A dominar pues totalmente este importante servicio de Inteligencia político-militar, teóricamente al servicio del Estado (del presidente del Gobierno, en concreto), pero con una dependencia directa del Ministerio de Defensa, se dedicaría con prioridad absoluta el rey Juan Carlos en los meses siguientes a la bananera asonada de Tejero.

Así, en octubre de 1981, después de someter a una presión directa e insoslayable al nuevo presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo (que, asimismo, bajo las órdenes del monarca y en su exclusivo beneficio organizaría después el esperpento del juicio militar de Campamento) consigue que sea nombrado director general del CESID el coronel Emilio Alonso Manglano, un militar de la nobleza, monárquico visceral y que había jugado un papel esencial en la postura de «no intervención» adoptada por la Brigada Paracaidista (una de las unidades de élite del Ejército español, con cuartel en Alcalá de Henares) durante el 23-F. Esta importante unidad operativa, heredera ideológica de la Legión y formada por jefes y oficiales muy profesionales pero excesivamente conservadores, siempre fue partidaria del golpe duro o «a la turca» que, decidido finalmente para el 2 de mayo de 1981, nunca llegaría a estallar. En el 23-F, la BRIPAC, al socaire del estremecimiento general del país, estuvo a punto de salir a la calle e intentó, en contacto con diversas Capitanías Generales, adelantar el golpe de mayo a esa fecha. Ello hubiera significado el triunfo seguro de ese movimiento involucionista de corte franquista, pues los capitanes generales que lo lideraban estuvieron bastantes horas esperando un paso al frente de esta unidad de élite, así como de la decisiva División Acorazada Brunete, para decretar el Estado de Guerra y convertir el 23-F en el 2-M adelantado.

El coronel Alonso Manglano, jefe del Estado Mayor de la Brigada Paracaidista y al tanto de los entresijos de ambos operativos, fue una figura clave para frenar a su unidad, impartió órdenes severas de acuartelamiento a las distintas Banderas que la formaban y, en permanente contacto con La Zarzuela, abrazó decididamente la nueva postura reconductora auspiciada por el rey tras el vergonzante revulsivo de Tejero en el Congreso, consiguiendo en muy pocas horas que el conjunto de la Brigada hiciera lo propio.

El rey Juan Carlos, agradecido, le recompensaría magnánimamente después (en octubre de 1981, como acabo de señalar) con la dirección del Centro Superior de Información de la Defensa, un puesto clave para poder llegar en muy pocos años, y sin moverse de su despacho, a teniente general, saltándose a la torera todos los reglamentos militares que exigen el mando directo de tropas en cada uno de los puestos del escalafón jerárquico para poder optar al siguiente.

La apuesta del monarca español por su amigo Alonso Manglano nunca fue desinteresada, por supuesto. Con su fiel servidor a la cabeza del CESID, él sería el primer beneficiario de cuanta información sensible y reservada generara el mayor y mejor dotado de los servicios de Inteligencia del Estado. Ello, unido al control que por su mando supremo de las Fuerzas Armadas ya ejercía sobre la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y, en concreto, sobre la División de Inteligencia de su Estado Mayor Conjunto (el mejor servicio de Inteligencia exterior del país), y el que asimismo detentaba sobre las divisiones de Inteligencia de cada uno de los tres Ejércitos, le convertirían en el hombre mejor informado del país, en el más poderoso y capaz, por sí mismo, de erigirse de facto (guardando siempre las formas democráticas, cómo no) en un auténtico dictador en la sombra.

El antiguo «paraca» Alonso Manglano, un buen profesional de las armas en sus años mozos, un ambicioso politiquillo después, un hombre acérrimo enemigo de las luces y muy amigo de las sombras, un militar cortesano, fiel a su señor y desleal con sus compañeros y subordinados… se convertiría, a partir de octubre de 1981, en los ojos y los oídos del rey Juan Carlos, en la punta de lanza de su oculto poder, en la correa de transmisión, a través de la cual recibiría a diario la munición necesaria para doblegar y hacer hincar de rodillas a los políticos de la democracia elegidos por el pueblo soberano. Con el general Sabino Fernández Campo como nuevo valido y fontanero máximo del palacio de La Zarzuela, reconvertido en El Pardo de décadas pasadas; con el espía Alonso Manglano sirviéndole a mansalva y en tiempo real cuanta información sensible (mucha de ella referida a los otros poderes del Estado) llegara a los terminales del siniestro servicio de información del Estado que dirigía con mano de hierro; con la cúpula militar (JUJEM), y los servicios de Inteligencia exterior secretos adscritos a la misma, obediente y sumisa en virtud de la etérea y nunca concretada Jefatura Suprema de las FAS que le otorga la Constitución; y con el permanente «chantaje» a los políticos, y en especial a los sucesivos presidentes del Gobierno elegidos democráticamente por el pueblo, que representaba la mera existencia de esa suprema jefatura sobre los militares como valladar ante tentaciones golpistas… el camino a esa deseada dictadura real en la sombra se presentaba expedito. Sólo era cuestión, en esos amargos meses posteriores al 23-F, de recorrerlo con decisión, de hacer realidad su sueño de muchos años de espera y ansiedad. El campechano Juanito reinaría en España, sí, faltaría más, aunque su corona le hubiera llegado de las manos de un sanguinario dictador, de un enemigo del pueblo, pero también quería gobernar. Sí, gobernar este país, maniatado por el miedo y la esperanza, a su antojo, como hicieron sus antepasados, escudado tras una Constitución que casi nadie del pueblo se había leído pero que a él le consagraba como un dios venido del cielo.

Pero puesto en marcha el entramado informativo que le permitiría ser el hombre más poderoso del país, todavía le quedaban a Juan Carlos I algunos importantes flecos que cerrar para sentirse seguro ante eventualidades futuras. En las Fuerzas Armadas, muy sensibilizadas y molestas por el ridículo papel que les había tocado interpretar durante el 23-F (una parte de ellas aparecía ante la sociedad como golpista y otra, como salvadora de la democracia), circulaban persistentes rumores en los que se acusaba sin ambages a su comandante en jefe, el rey, de haber jugado un equívoco papel en el desgraciado evento; e, incluso, de ser el máximo responsable del mismo al haber autorizado en secreto a su hombre de confianza, el general Armada, la puesta en marcha de una compleja maniobra política, consensuada con los partidos mayoritarios, con el fin de enderezar el peligroso camino por el que en esas fechas transitaba el país. Maniobra que, al no salir como se había pensado por culpa del inefable Tejero, habría sido abandonada no sólo por el soberano sino también por los líderes de los partidos políticos comprometidos con ella.

La verdad es que en el Ejército, en aquellas conflictivas fechas posteriores al «tejerazo», todo el mundo sabía y comentaba «lo del rey», pero he aquí que casi nadie se atrevía a hablar fuera de los sancta sancturum de las salas de banderas por miedo a ser tachado inmediatamente de «ultra», «golpista», «involucionista», o sencillamente de «extrema derecha», calificativos con los que el alto mando de las FAS, la JUJEM, había ordenado «premiar» a aquellos que osaran hacerse eco público del clamor reinante en los cuarteles. En éstos, por decirlo con cierta gracia cuartelera, hasta los maestros armeros y cabos primeros (señalamos dos de las más modestas y conocidas categorías profesionales de la milicia) estaban al cabo de la calle de lo ocurrido entre bambalinas en relación con la planificación, ejecución y posterior abandono de la estrafalaria operación conocida como «23-F» que dio vergüenza ajena.

En relación con este general conocimiento por parte de la plebe cuartelera (con perdón) y no digamos de los altos mandos y Estados Mayores del Ejército de los entresijos del 23-F, cuesta trabajo creer que durante tantos años haya habido tan pocos, tan poquísimos profesionales de las armas (yo sólo conozco uno, la verdad) que se haya permitido decir esta boca es mía en relación con tan trascendental asunto. Creo sinceramente que ello ha sido debido a que el militar español (un apestado social durante décadas, debido al endémico pasado golpista de su Institución), con el peso de la disciplina prusiana que todavía tiene que soportar y que puede truncar su carrera en cuanto diga amén, y con la penuria económica que arrastra desde el mismo momento en que ingresa de la Academia (y que el propio poder político alimenta para tenerlo siempre cogido por la barriga), no está por la labor de hacerse el héroe interpretando aunque sea unos pocos segundos, el papel de Don Quijote. Visto además lo que les ha pasado recientemente a los muy pocos, poquísimos, profesionales que se han permitido hacerlo en los últimos años…

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Con esto del 23-F ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, que con el derribo en Afganistán, en acción de guerra, de un helicóptero Cougar de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra español, que se saldó con la muerte de 17 soldados. Al Gobierno español no le ha interesado nunca reconocer públicamente que el contingente militar allí destacado está en zona de guerra, con misiones propias de un estado de guerra, y que la aeronave fue objeto de un ataque directo con misiles y armas convencionales por parte de las milicias talibanes (circunstancia ésta que para cualquier experto resulta de manual y ratificada, además, por las declaraciones de los tripulantes del segundo helicóptero que se salvó gracias a la urgente maniobra de evasión de su comandante). De ahí que se montó el numerito mediático, totalmente ridículo y atentatorio a la inteligencia de cualquier uniformado, de que el «accidente» de la desgraciada «plataforma» de helitransporte táctico fue debido al viento reinante en el lugar en el momento de los hechos (apañados estábamos los militares si un viento de 18 nudos fuera suficiente para derribar un helicóptero de tipo medio) y a la misma impericia del piloto, que no supo realizar adecuadamente un sencillísimo «descreste táctico» como el que realizan a centenares diariamente los alumnos de las escuelas de helicópteros del Ejército de Tierra.

Y claro, para hacer medianamente digerible por la sociedad (que no por los militares, que alucinamos al conocerla) la «teoría Bono» del viento feroz y el descreste táctico incorrecto por parte del piloto como causas próximas de la desgraciada pérdida y no surgiera con fuerza la realidad de los hechos, la verdad pura y dura, al Ministerio de Defensa no le quedó más remedio que decretar entre los militares, tanto en Afganistán como en España, el secreto del sumario, el no coment, el «cállate que te sacudo»… poniendo en marcha a continuación los apercibimientos y expedientes oportunos para sellar la boca de los pocos profesionales que se habían permitido hablar hasta el momento.

Esta especie de vicio institucional que últimamente parece haberse instalado en los poderes públicos de este país de, por intereses de Gobierno o de partido, no reconocer que sus soldados han muerto en zona de guerra, o a consecuencia de la misma, cuando es absolutamente cierto que así ha sido, negándoles en consecuencia los honores y recompensas morales y económicas que les corresponden es, cuando menos, una absoluta mezquindad. Hablamos de algo que debería ser rechazado de inmediato por una sociedad democrática como la nuestra. Y si ésta no reacciona como debiera, exigiendo a esos poderes que honren adecuadamente a unos servidores públicos que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento de su deber, esa misión deberá recaer más tarde o más temprano en la propia Institución a la que pertenecían los fallecidos. Todo menos permitir un solo día más esta ignominia.

Es más, a este antiguo profesional de las armas, que se siente orgulloso en lo más íntimo de su ser, de haber sacrificado su carrera en pro de modernizar, democratizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas españolas provenientes del franquismo, le sorprende muchísimo que a estas alturas, después del lamentable accidente de Trebisonda (Turquía), con 67 militares muertos, del derribo del Cougar en Afganistán, con 17 víctimas mortales, y de los soldados caídos después (uno de ellos la primera mujer que ha perdido su vida en acciones internacionales del Ejército español) a bordo de sus blindados de combate en las polvorientas y minadas carreteras de Herat (Afganistán) y en El Líbano, todavía esa reacción corporativa por parte de los actuales altos mandos del Ejército no se haya producido.

No querría ser demasiado duro o cruel con mis antiguos compañeros de profesión (que en su inmensa mayoría, por lo demás, me dejaron más solo que la una cuando la cúpula militar franquista arremetió ferozmente contra mi persona para no perder la bicoca del servicio militar obligatorio), pero a día de hoy no me queda más remedio que pensar que ese mirar para otro lado ante el ultraje a sus soldados muertos, esa cobarde actitud ante los políticos que les niegan sus derechos, sólo puede obedecer a dos posibles causas: o bien que de tanta burocracia y tanto calentar sillón en suntuosos despachos (actividad muy bien remunerada, por cierto, dadas sus altas categorías profesionales) sus aditamentos testiculares están bajo mínimos, repletos hasta el gorro de espermatozoides anquilosados; o es que son unos «masocas» impenitentes y se sienten muy cómodos chapoteando en el barro social al que los arrojan a diario los gerifaltes políticos en el poder. La verdad es que después de tantos años en sus filas cada vez entiendo menos a los menguados y subdesarrollados Ejércitos españoles. En muy poco tiempo han pasado de ser los malos de la película a los tontos del pueblo; de peligrosos golpistas a hermanitas de la caridad que reparten medicinas y alimentos por medio mundo; de representar un verdadero poder fáctico y antidemocrático, a ejercer de insólita ONG humanitaria aspirante al premio Nobel de la Paz…

Y encima poniendo sobre la mesa decenas y decenas de muertos que el Gobierno de turno se encarga de enterrar rápidamente sin honores y con vergüenza.

A mí en estos momentos, después de hartarme de estudiar y de propalar a los cuatro vientos la clase de Fuerzas Armadas que necesitaba este país y de constatar la chapuza que han organizado políticos y militares al no saber digerir unas propuestas sensatas y bien diseñadas (el Ejército «profesional» que ahora tenemos es tan malo como el anterior, pero mucho más pequeño), los males que aquejan a las actuales FAS españolas me resbalan bastante por la epidermis, pero debo reconocer que a pesar de ello me dejan muy mal sabor de boca. De todas formas, ¡qué caray!, yo ya hice lo mío, pienso, que peleen ahora con su conciencia, si la tienen, esos pequeños (en todos los aspectos) generalillos de despacho que mandan (es un decir) los pobres y alicaídos Ejércitos españoles. Que ahora, por no tener, no tienen ni soldados, pues los jóvenes de hoy prefieren ser mossos de escuadra, «prosegures», ertzainas e, incluso, policías municipales, que cobran mucho más y son más respetados por la sociedad.

Y encima, ahora al Gobierno español no se le ocurre otra idea que transformar en bomberos rurales, adscritos a una fantasmal UME (Unidad Militar de Emergencias), a los poquísimos soldados que quedan en nuestros cuarteles metropolitanos después de la diáspora humanitaria a la que deben hacer frente desde hace años. Para que, además de desfilar por la Castellana el 12 de octubre de cada año con sus vistosos uniformes fashion, se dediquen durante el verano a manejar la escoba y la manguera en lugar de los fusiles de asalto y las ametralladoras, que las carga el diablo. Perfecto. ¡Allá el Ejecutivo que hemos elegido todos los españoles con sus responsabilidades! No seré yo, en estos momentos un civil que usa la pluma en lugar de la espada, quien critique esa reconversión feroz de nuestros deprimidos Ejércitos en humanitarias Unidades de Protección Civil. Pero el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), el JEME (Jefe del Estado Mayor del Ejército), el JEMA (Jefe del Estado Mayor del Aire), el AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada)… y demás generalillos de despacho que se esconden tras esas rimbombantes siglas (correspondientes a las cabezas directoras de nuestras Fuerzas Armadas) sí deberían decir o hacer algo al respecto. Porque, entre otras cosas, ostentan la responsabilidad moral y técnica de defender este país. Y lo primero que deberían decirle al honorable juez que, con más voluntad que eficacia, dirige en la actualidad el Ministerio de Defensa, y al jovial ZP que se encontró el 14 de marzo de 2004 con una tremenda responsabilidad que no se esperaba y que, la verdad sea dicha, le viene un poco grande, es el número real de soldados de que dispone a día de hoy la nación española para poder hacer frente a una muy posible emergencia en el sur. Descontando, claro está, los que prestan sus servicios en conocidas ONG’s multinacionales como «Soldados sin Fronteras», «Hermanitas de la caridad con uniforme», «Bomberos castrenses con manga»… y alguna más: ¿Tres mil? ¿Cuatro mil? ¿Quizá cinco mil, y esto último rebañando desesperadamente despachos y oficinas? Para enfrentarlos a cien mil, quizá ciento cincuenta mil potenciales enemigos mientras la OTAN, en la que tenemos puestas todas nuestras complacencias, mira para otro lado, como suele hacer si el que pide ayuda es un humilde socio de la coalición.

¡Que Dios nos coja confesados a todos los españoles si algún día, no muy lejano, al Mohamed del sur, sometida definitivamente su querida provincia de Saguia el Hamra (antes Sahara Español), donde despliega la flor y nata de sus Ejércitos, se le ocurre la peregrina idea (al estilo de la que alumbró su augusto padre Hassan II en la década de los 70 del siglo pasado) de poner en verde los semáforos de las maltrechas carreteras que unen los cuarteles de su país con Ceuta y Melilla! No tendríamos más remedio que suplicar urgentemente a Bruselas, que con toda seguridad no nos haría mucho caso (pues los estadounidenses se pondrían como un solo hombre al lado del sátrapa norteafricano), para que nos sacara las castañas del fuego.

La historia ¡ojalá me equivoque!, y perdone el lector por seguir divagando en esta especie de película de estrategia/ficción en la que me he introducido hace algunos párrafos, volvería a repetirse una vez más y a los abandonados habitantes españoles de ambas ciudades no les quedaría otra opción que lanzarse a las calles a gritar eso tan socorrido de «¡Gloria y honor al rey de los creyentes!» y «¡Alá es grande!» al paso del victorioso sultán que, como ya es tradicional en su familia, habría ganado una nueva batalla sin disparar un solo tiro. Mientras las testimoniales guarniciones de nuestro Ejército, en forma muy similar a como lo hicieron, muy a pesar suyo, en las arenas de El Aaium en 1975 (es decir, con los pantalones impidiéndoles andar), salían de estampida a refugiarse en la cercana isla de Perejil, una especie de roca de Gibraltar con cabras pero sin monos, escenario de la única batallita (no civil) que ha ganado España en los últimos trescientos o cuatrocientos años…

Pero bueno, dejemos de elucubrar sobre Ejércitos, guerras y victorias, que se me va a ver el plumero castrense que todavía guardo en el armario y me van a retirar el saludo para siempre los cientos de miles de personas progresistas y pacifistas con las que acudí a las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2005. Y, además, yo ya no estoy para perder el tiempo dando lecciones de estrategia militar a nadie, y menos a los gordezuelos y sonrientes generalitos de despacho que los políticos españoles colocan en la cúpula de la jerarquía castrense para que se entretengan jugando a los soldaditos y no les molesten. Ya lo hice, y con muy poco rendimiento por lo visto, en mis tiempos de profesor en la Escuela de Estado Mayor, en la que tuve la desgracia de impartir clases de la especialidad a alumnos de medio mundo (norteamericanos entre ellos) que luego han cometido auténticas aberraciones profesionales en sus últimas acciones bélicas: como esa de invadir el país de Sadam Hussein (28 millones de habitantes, medio millón de soldados, otros quinientos mil reservistas y un millón de militantes armados del partido oficial Baas) con 120.000 soldados vestidos de lagarterana (con gafas de visión nocturna y chaleco antibalas, eso sí), creyendo que en un par de semanas y previa pasada por el napalm, las bombas de racimo y quién sabe si por algún que otro ingenio de destrucción masiva, los guardias republicanos del dictador (curtidos en ocho años de guerra con los guardias de la revolución iraní, que ésos sí que fuman en pipa) iban a tirarse en las calles de Bagdad a ejercer de alfombras humanas para que el genocida George W. Bush y su séquito angloespañol de las Azores pudieran caminar cómodos tras su victoria vestidos con el uniforme de piloto de combate de la U. S. Navy. Lo que seguramente, y aunque los soldados de élite de Sadam (los mismos que ahora combaten a muerte a los invasores, siguiendo a la perfección los manuales españoles de la guerra de guerrillas) se hubieran decantado por esa servil actitud con los recién llegados, no hubiera sido nada fácil de llevar a la práctica vistas las dificultades que tuvo que vencer el presidente norteamericano para andar medianamente erguido cuando el 6 de mayo de 2003, disfrazado de top gun, acudió exultante al portaaviones insignia de la Flota estadounidense para decretar unilateralmente el fin de la guerra y el triunfo de la bandera de las barras y estrellas.

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Definitivamente, retomo el relato perdido sobre las andanzas político-militares del rey Juan Carlos. Estábamos, creo recordar, en el año 1981 (pasado ya el 23-F) y en sus sutiles manejos para asegurarse un brillante porvenir como «rey absoluto en la sombra», es decir, a lo Fernando VII, en plan felón, pero guardando las formas democráticas que para eso estábamos ya en los albores del siglo XXI… Pues bien, para erradicar cuanto antes los peligrosos comentarios que sobre su egregia persona se habían suscitado dentro de las Fuerzas Armadas en relación con su actuación en el 23-F, y que podían ser un pesado lastre para su futuro, no encontró el Borbón otra solución mejor que montar un espectacular teatrillo castrense en forma de juicio militar contra los altos mandos presuntamente implicados en la intentona involucionista. Quería dejar así pública constancia de su personal inocencia en tal evento, de que el mismo sólo había sido obra de «un puñado de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen» y de que en España (y sobre todo en el Ejército español) el que la hace la paga.

Presionó pues el monarca con todas sus fuerzas al recién llegado presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, para que ese juicio militar se celebrara cuanto antes (conviene recordar al respecto la famosa frase del poco carismático sucesor de Suárez, ya que despeja todas las dudas: «Lo importante es que el juicio se celebre») y envió con presteza a sus militares palaciegos a negociar con los teóricamente máximos responsables de la asonada: los generales Armada y Milans (ya en prisión y abocados a severísimas penas por rebelión militar), un pacto de silencio que abortara cualquier posible revelación futura contra sus intereses en el delicado proceso que se iba a acometer. Pacto de silencio que funcionaría a la perfección con su antiguo confidente, valido, secretario, ayudante y «cortesano máximo», el general Armada, que se comprometería a callarse como un muerto y a no implicar jamás a su señor a cambio de la promesa de una pronta salida de prisión (que, no obstante, se retrasaría en el tiempo mucho más de lo previsto) y que sólo rompería parcialmente en los últimos meses de su estancia en el establecimiento penitenciario castrense de Alcalá de Henares. Lo hizo así cuando enfermo, deprimido y abandonado por todos, manifestaría a los más íntimos de su entorno carcelario su absoluta fidelidad al rey, del que había recibido todas las órdenes en relación con el 23-F y, en especial, el encargo de consensuar con las principales fuerzas políticas del arco parlamentario español un Gobierno de unidad nacional que salvara su corona y el proceso democratizador en marcha.

Más difícil lo tendrían los apoderados castrenses del rey Juan Carlos con el teniente general Milans quien, a pesar de su ideología monárquica visceral y su demostrada lealtad a la Corona, jamás le perdonaría a su señor la traición cometida con él y, sobre todo, con sus subordinados, negándose en redondo a ser excarcelado mientras uno sólo de ellos (incluido Tejero) se encontrara en prisión. Aunque al final guardaría también un respetuoso silencio sobre la presunta responsabilidad del jefe del Estado en los sucesos del 23 de febrero de 1981 hasta prácticamente los últimos días de su vida.

Asimismo, pactaría el rey, de cara al juicio militar que se avecinaba, con la cúpula militar (JUJEM) y con el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci, en relación con la composición del tribunal marcial que iba a tener que gestionar el evento y con el montaje mediático que iba a acompañarlo y a darle carta de naturaleza. Y en el cual, como en todos los bochornosos circos castrenses que montan los militares del mundo entero para «impartir» justicia, iban a brillar por su ausencia los derechos fundamentales de los presuntamente implicados y las garantías jurídicas básicas del Estado de Derecho.

El Consejo de Guerra de Campamento (Madrid), una parodia castrense donde las haya con resultado pactado y cantado, el mayor esperpento político-militar de la transición democrática española, el juicio (por decir algo) más largo de la historia procesal de este país hasta esa fecha (después el celebrado contra Mario Conde y alguno más, lo han superado con creces) tuvo lugar, recordémoslo, en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército entre los meses de febrero y mayo de 1982. Por primera vez desde el año 1932, cuando el general Sanjurjo se sentó en el banquillo de los acusados por su conocida intentona golpista (la llamada «sanjurjada»), un teniente general del Ejército español y 51 generales, jefes y oficiales del Ejército y de la Guardia Civil afrontaban un proceso por rebelión militar, con luz y taquígrafos, ante la sorprendida mirada de una sociedad civil traumatizada y aún expectante.

Fue un juicio difícil desde sus comienzos, del que desconfió desde el principio la inmensa mayoría de ciudadanos españoles, que nunca creyó llegara a celebrarse (de ahí la oportuna frase del presidente Calvo-Sotelo, con la que él mismo pretendía darse ánimos y dárselos a los demás), complicado y peligroso, ya que enseguida fue visto por muchos como un pulso entre el involucionismo militar y el poder constituido de forma democrática. Pero evidentemente era mucho más que eso. Se trataba de, por una parte, enterrar en miles de folios procesales redactados a la orden y sin ningún rigor jurídico la oscura (y por otra parte tan cacareada) trama político-militar impulsora de la famosa intentona de febrero de 1981, dejando totalmente al rey Juan Carlos al margen de cualquier responsabilidad en la misma, y, por otra, de imputar todas esas responsabilidades a un Ejército que, salvo unos pocos de sus integrantes (monárquicos y franquistas de alto rango) que evidentemente habían bordeado la ley al obedecer precisamente las órdenes de su jefe supremo, se había mantenido fiel a la Constitución y a la democracia sin meterse para nada en maniobras políticas subterráneas o golpes de timón palaciegos.

El Consejo de Guerra se desarrolló a lo largo de tres meses de maratonianas sesiones y ello supuso ya en sí mismo, independientemente de los incidentes y rocambolescas situaciones que se sucedieron en su dilatado quehacer, un triunfo, por lo menos aparente, del poder civil (puesto en ridículo un año antes delante de todo el país y el mundo entero) sobre el sempiterno y tradicional poder militar español que, después del franquismo, no parecía dispuesto a hacerse el harakiri político facilitando una transición en paz a la democracia. Fue el propio presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo, quien, agradecido ante el apoyo recibido del rey Juan Carlos para su elección como tal y cediendo a sus perentorias recomendaciones, decidió huir hacia adelante en el marco de la delicada tesitura política que le había tocado vivir sentando en el banquillo al militar más carismático y prestigioso del Ejército español: el ex capitán general de Valencia, Milans del Bosch, acompañado ¡nada menos!, que del antiguo secretario general de la Casa del rey, general de División Alfonso Armada, y de treinta jefes y oficiales del Ejército y de la Guardia Civil. Una apuesta gubernamental impresionante en un Ejecutivo aparentemente débil, marcado, desde antes de nacer, por el envite golpista y al que la mayoría de ciudadanos de este país le auguraban una muy corta vida política.

Pero el juicio militar de Campamento encerraba también algo más que un mero acto de valor institucional por parte de un Gobierno alumbrado con fórceps en un hemiciclo violado por la desmesura de Tejero. Se montó por el sistema político de la transición (el centrismo residual de la UCD, abocado a una desaparición inminente) alentado, en primer lugar, por el rey Juan Carlos que, como acabo de señalar, deseaba sobre todas las cosas alejar de su regia figura la acusación de golpista con la que le obsequiaban a diario, con toda razón después de lo que hemos sabido con el paso del tiempo, la inmensa mayoría de los militares en activo, tanto los que obedecieron sus órdenes en el marco de la desgraciada «Solución Armada» como los que no se movieron un ápice de la legalidad, estuvieran o no comprometidos con el golpe duro de mayo; pero, en segundo lugar, también apoyarían con todas sus fuerzas la aberración jurídica puesta en marcha en el acuartelamiento del Servicio Geográfico del Ejército en Campamento, en febrero de 1982, las planas mayores de todos los partidos políticos que habían conspirado en secreto con el poder oculto de Armada (apoderado del rey para todo lo relacionado con la importantísima misión de contragolpear al emergente movimiento franquista antisistema), los cuales ansiaban, asimismo, alejar de sus sedes cualquier atisbo de responsabilidad política en el rechazable evento de febrero de 1981, a la par que humillar, desprestigiar y condenar a una Institución (la castrense franquista) a la que odiaban y temían sobre todas las cosas.

Con el espantoso ridículo de los acontecimientos vividos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en la tarde/noche del 23-F, y cargando todas las tintas en aquél chapucero «golpe involucionista a cargo de unos pocos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen», el partido en el Gobierno y las demás fuerzas políticas mayoritarias quisieron desmontar de un solo golpe, desde la tribuna sin par de un macrojuicio castrense público, la todavía poderosa maquina militar de Franco, compacta desde el punto de vista ideológico, dócil a la ultraderecha política y que, desde el famoso «Sábado Santo rojo» de 1977 (en el que Suárez legalizó el PCE), venía vigilando y lastrando el proceso democrático en marcha con deseos irrefrenables de enviarlo al fondo de los infiernos a la menor ocasión. Lo hicieron lavándose todos ellos las manos ¡faltaría mas!, ante cualquier responsabilidad en relación con la subterránea maniobra planificada por Armada, a la que en principio se habían sumado para tocar poder, y guardándose muy mucho de dejar al margen de los acontecimientos al rey Juan Carlos, absolutamente necesario en aquellos momentos para preservar el sombrajo democrático en el que pretendían cobijarse todos en el futuro.

Desgraciado sin paliativos, aquel teatrillo castrense montado en el año 1982 en Campamento (Madrid), aquella burla legal a cuantas personas tuvieron que intervenir en él: imputados, familiares, defensores…, aquella parodia jurídica marcial que sin duda haría enrojecer en su día de vergüenza a la inmensa mayoría de ciudadanos de este país, estuvieran o no relacionados con la verdadera justicia, se desarrolló según el guión previsto en La Zarzuela. Eran otros tiempos, desde luego, pero ello no quita un ápice de responsabilidad a sus promotores, a los «payasos» que interpretaron en ella su papel sabiendo lo que hacían, a los que sacaron tajada de un circo mediático que se tradujo en desorbitadas condenas de hasta ¡treinta años de cárcel! Y todo ello en medio del deshonor y el drama humano y familiar para auténticos profesionales que no habían cometido ningún delito, pero sí un imperdonable error: obedecer las órdenes de su comandante en jefe, el rey Juan Carlos, en una alocada y chapucera maniobra de palacio que tenía como objetivo prioritario salvar su corona, su impunidad personal y sus regias prebendas.

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Y ahora, voy a entrar decididamente en uno de los asuntos más vidriosos, oscuros y tétricos de la reciente etapa democrática española, propio más bien, como reconoció en su día Felipe González, de las alcantarillas y cloacas del Estado. Del que se ocuparon mucho en este país en los años 90 del siglo pasado los medios de comunicación y también la Audiencia Nacional, que abrió varios procesos sobre determinados casos relacionados con él. Me estoy refiriendo, obviamente, a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) o, lo que es lo mismo, a la guerra sucia desatada por los poderes públicos españoles contra la organización terrorista ETA. Y lo voy a hacer trasladando a la sociedad española datos e informes muy sensibles relacionados con esa confrontación atípica e ilegal puesta en marcha por el Ejército, la Policía y la Guardia Civil contra el terrorismo vasco y que yo, evidentemente, conocí al estar destinado en los años 80 en puestos importantes de la cúpula militar y tener por ello relaciones muy estrechas con los diferentes servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y del Estado.

Empecemos, pues, desde el principio. Y para ello, nada mejor que referirnos al modo y manera en el que los militares españoles fueron adquiriendo, durante años, sus conocimientos «legales» sobre tácticas y estrategias antisubversivas y otros, no tan legales, evidentemente, sobre guerra sucia y violación de derechos fundamentales. Remontémonos en consecuencia a las «fraternales» relaciones del régimen franquista con el peronista argentino entre los años 40-50.

Efectivamente, durante los diez años de régimen peronista en la Argentina (1945-1955), las relaciones personales e institucionales entre los Gobiernos de Franco y Perón fueron siempre harto cordiales. Ambos dictadores se respetaban, se comprendían, tenían ideas muy parecidas en lo político, se admiraban profesionalmente. Franco, además, arrastraba una impagable deuda con el dirigente de la nación hermana por su espléndida y humanitaria ayuda cuando por estos pagos ibéricos el hambre de las dos posguerras (la civil y la mundial) hacía estragos entre la población española.

Expulsado Perón del poder el 16 de septiembre de 1955, las relaciones de la dictadura franquista con los Gobiernos militares o pseudodemocráticos argentinos que se sucedieron con velocidad inusitada en los años siguientes se enfriaron un tanto, pero continuaron siendo buenas, comprensivas y basadas siempre en el respeto mutuo y en la cooperación bilateral preferencial.

Vuelto el viejo general argentino a la Presidencia de la República (tras su exilio dorado en Madrid), como consecuencia de su triunfo en las elecciones de septiembre de 1973, su amistad personal con Franco potenció de nuevo las especiales relaciones existentes entre las dos naciones, pero ya ni el líder justicialista, agotado físicamente y sin ideas, ni el caudillo español, enfermo y con acuciantes problemas internos, se parecían en nada a aquellos dos autoritarios y carismáticos dirigentes políticos de antaño que supieron electrizar a las masas de sus respectivos países y crear en ellos un «orden nuevo» siquiera efímero. Ambos morirían con las botas puestas, es decir, en el poder, escaso tiempo después; el primero en julio de 1974 y el segundo en noviembre de 1975.

Con el cambio político en España y la puesta en marcha de la transición democrática no cambiaron sustancialmente los lazos de hermandad y cooperación existentes entre Argentina y España, pues aunque en el primero de los dos países los militares detentaban de facto el poder a la sombra del débil Gobierno de María Estela Martínez de Perón, en España también los uniformados franquistas vigilaban y tutelaban la balbuciente democracia recién estrenada.

Tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, en Argentina se intensificó sobremanera el interés del Ejército español por su homólogo argentino (aquí, en España, se vivían igualmente momentos políticos difíciles, claramente pregolpistas) y conforme la represión y la guerra antisubversiva allí desatada iba siendo ganada por la dictadura (nadie hablaba todavía, ni aquí ni allí, de «guerra sucia»), crecía rápidamente la admiración por sus colegas castrenses de allende el Atlántico en unos altos mandos militares españoles que aspiraban sin duda (todos los capitanes generales en activo eran franquistas acérrimos, provenientes todavía de la Guerra Civil) a emprender en España un «Proceso» involucionista similar al puesto en marcha en la República Argentina por el general Videla y los suyos.

Este interés y esta admiración se concretarían en un sustancial aumento de las relaciones bilaterales entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Oficiales españoles del Servicio de Inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (a razón de diez o doce por año) serían enviados a estudiar técnicas y tácticas antisubversivas y contraguerrilleras en una nación que, sin conocerse todavía casi nada de los terribles procedimientos empleados por su Ejército en la lucha contra la oposición política y sindical de izquierdas, era reconocida en nuestro país como la que contaba con una de las instituciones castrenses mejor preparadas a nivel mundial en relación con esas materias, al haber «pacificado» en poco más de dos años todo su inmenso territorio soberano.

Esta corriente de mandos españoles del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire hacia las escuelas de Inteligencia de sus homólogos argentinos no se interrumpiría ya en ningún momento, fuera la que fuese la situación política que afrontara cada uno de los dos países. El Ejército español seguía muy interesado en aprender mucho y muy rápidamente de los «heroicos» pacificadores argentinos. Por su parte, a éstos, sin autoinculparse de nada y sin reconocer nada, no les importaba demasiado ceder una buena parte de sus exhaustivos conocimientos «teóricos» para que sus colegas hispanos pudieran experimentar con ellos en su país de origen.

Más de cuarenta jefes y oficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército español, procedentes de sus tres ramas operativas y también del CESID, recibirían estudios técnicos de la especialidad (contrainsurgencia, contraguerrilla urbana y rural, antisubversión, sabotajes, escuchas, espionaje, guerra psicológica, atentados… «guerra sucia» en una palabra), todo ello en los años de plomo de la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1982. Las enseñanzas recibidas y los conocimientos aprendidos (repito, en principio sólo teóricos y sin referencia alguna a hechos concretos de la represión en aquel gran país sudamericano) pronto se dejarían sentir en el delicado panorama político y social de la transición democrática española.

En efecto, en julio de 1979, el todopoderoso CESID eleva un Informe-Propuesta de Estrategia Antiterrorista al Gobierno de Adolfo Suárez (del que recibimos copia confidencial los Estados Mayores y altos mandos del Ejército) en el que, en un apretado y exhaustivo análisis de más de 200 folios, hace una recopilación de las acciones antiterroristas llevadas a cabo contra ETA en los últimos años (con muy escasos resultados prácticos) y formula propuestas muy concretas para seguir actuando (esta vez con éxito) contra la organización terrorista. Entre estas propuestas, y sin remilgos democráticos de ningún tipo, el Centro Superior de información de la Defensa propone al Gobierno legítimo de la nación española iniciar contra ETA el tipo de guerra sucia aprendido por sus «ejecutivos del terror» en las aulas de los Servicios de Inteligencia argentinos, es decir, dejando de lado cualquier freno legal o moral y empleando desde el propio Estado las mismas técnicas y tácticas usadas por los terroristas. Que por lo que parecía, y sin confirmaciones oficiales de ningún tipo, les había dado excelentes resultados a los estrategas antiterroristas de país de la pampa.

El Gobierno de la UCD (Unión de Centro Democrático), presidido por Adolfo Suárez, se negó en redondo a aceptar la demencial propuesta de los Servicios de Inteligencia del Estado, heredados, no conviene olvidarlo, del franquismo más ancestral. Bastante tenía ya con los problemas que le creaban organizaciones paramilitares y fascistas «controladas» como La Triple A, El Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA… etc., etc., formadas por exaltados militantes de la ultraderecha española que, desde el inicio de la transición y de una forma chapucera y anárquica, intentaban doblegar a los terroristas vascos, como para embarcarse, en oposición frontal con los más elementales principios de la democracia y del Estado de Derecho, en una aventura ilegal, inmoral y despreciable se mire como se mire.

Sin embargo, los espías de Defensa tendrían más suerte en 1983 cuando fueran con sus chapuceras propuestas a Felipe González, dueño absoluto, tras el apoyo democrático de diez millones de votos, de la política y la vida españolas. El Gobierno del PSOE, endiosado y autoritario después de su espectacular victoria en las urnas a finales de 1982, caería como un pardillo en la trampa tendida por los justicieros militares del CESID aviniéndose a dar luz verde a una demencial operación contraterrorista pensada, diseñada, planificada, organizada… por los aventajados discípulos españoles del general Videla; quienes, finalizado su aprendizaje en la ESMA y otros centros de Inteligencia de las FAS argentinas, creyeron llegado el momento de «ultimar» a los terroristas vascos utilizando los mismos expeditivos sistemas del secuestro, la tortura, el tiro en la nuca, la picana, la cal viva, la bañera, el lavado de cerebro, el asalto, la fosa común… puestos en practica por sus «profesores» de allende el Atlántico.

La operación antiterrorista del CESID, las andanzas de los GAL (con ramificaciones en el Ejército, la Policía y la Guardia Civil), los chapuceros operativos sacados a la luz pública por el ex coronel Perote (y que tuvieron, como llamativos antecedentes, las personales peripecias de los tristemente célebres Amedo y Domínguez) fueron, pues, diseñados por la cúpula del CESID y puestos en práctica después por comandos ejecutivos y mercenarios del Ejército, la Guardia Civil y la Policía con arreglo a los conocimientos adquiridos por los servicios de Inteligencia españoles en los centros de instrucción de sus homólogos argentinos. Que, vuelvo a repetirlo, gozaban en España (en su Ejército, más bien) de un magnífico cartel de operatividad y eficacia tras su fructífero trabajo represivo de los años 1976-1982.

En 1983, como digo, y con arreglo a las propuestas del CESID al Gobierno de Felipe González, plasmadas en un nuevo Informe-Propuesta de ese servicio (la llamada «Acta fundacional») en el que hacía las mismas «proposiciones deshonestas» que le hizo en su día a los centristas de Suárez, se pusieron en marcha los famosos GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que en realidad fueron varios (el plural está perfectamente empleado y no el singular con el que han aparecido en determinados medios de comunicación) y mal avenidos. El cerebro de toda la operación «salvadora de la patria en peligro» (los mismos salvadores de la patria otra vez, antes con Franco y Videla, ahora con González) estaba radicado en el propio CESID, en su Dirección General y en la jefatura de su Grupo Operativo, cuyos máximos responsables, no sin ciertas dificultades, serían por fin procesados en diversas causas relacionadas con estas actividades delictivas de los más altos servicios de Inteligencia del Estado.

Ambas primeras autoridades de La Casa (director general y jefe del Grupo Operativo) mantenían relaciones jerárquicas de superioridad con los servicios de Inteligencia de las tres ramas de las FAS españolas, con los servicios análogos del Estado Mayor de la Defensa (en teoría un escalón superior) y con la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que, a pesar de pertenecer orgánicamente al Ministerio del Interior, aparecían totalmente subordinadas al mando supremo del ilegal operativo para todo lo relacionado con él. A nadie se le escapaba (ni en el Gobierno, ni en el Ejército, ni en el Ministerio del Interior, ni en la Guardia Civil, ni en la Policía… ni, por supuesto, en la cúpula del CESID) que aquello en lo que estaban enfrascados todos era una operación ilegal, una «guerra sucia a la española» montada desde las alcantarillas del Estado, una reprobable actuación de los poderes públicos en un Estado democrático y de Derecho… pero según ellos debía hacerse, debía solucionarse para siempre, a través de la misma (como habían solucionado ya semejantes situaciones otras naciones «civilizadas»), el tremendo y renuente problema del terrorismo vasco. Por el bien de todos los españoles.

Pero aunque en principio la sucia maniobra de los GAL, la mini-guerra atípica y vergonzante contra ETA concebida y planificada por los militares españoles, a imagen y semejanza de la puesta en marcha en Argentina (salvando todas las distancias) por los sicarios del general Videla, fue dirigida y controlada por los máximos jerarcas del CESID, la propia dinámica de la operación, su carácter irregular, el variopinto número de organismos implicados en la misma y la necesaria descentralización en su ejecución, hicieron que muy pronto fuera imposible un absoluto control del operativo por parte de la cúpula de ese alto órgano de Inteligencia del Estado adscrito al Ministerio de Defensa. Así, como consecuencia directa de ello, surgieron pequeños reinos de taifas, por lo que a su dirección y ejecución se refiere, en todos y cada uno de los escalones institucionales cooperantes y llegó la consabida chapuza nacional.

Así, el Ministerio del Interior (cuyos máximos dirigentes de la época también serían procesados en diversas causas relacionadas con la «guerra sucia» que comentamos) pronto empezaría a actuar por libre, al margen de la suprema autoridad del CESID (aunque, eso sí, respetando siempre las formas y la confidencialidad debidas), apoyándose sus responsables en la buena amistad y en las relaciones políticas fluidas que mantenían con el presidente del Gobierno. Y esta «independencia operativa» enseguida se trasladaría a sus Direcciones Generales de la Policía y Guardia Civil, que montarían rápidamente sus órganos de dirección intermedios y sus comandos operativos de mercenarios (Amedo y Domínguez) la primera, y grupos especiales de guardias civiles «fuera de la ley» (cuartel donostiarra de Intxaurrondo), la segunda. ¡Ah, el Intxaurrondo de los años 1983-1986!, la ESMA española, con sus expeditivos procedimientos para obtener información y sus mecanismos atípicos para controlar y detener comandos etarras copiando sin ningún rubor el secuestro, la bañera, la picana, el asalto, el tiro en la nuca, la cal viva… de sus profesores argentinos. ¡Ah, el Intxaurrondo de los años 1983-1986, el «Fort Apache» de la Guardia Civil en el País Vasco, haciendo la guerra por su cuenta, la guerra sagrada y bien retribuida de los nuevos salvadores de la patria!

Este totum revolutum operativo de dirigentes, comandos operativos y servicios de Inteligencia del Estado, de los tres Ejércitos, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil y de la Policía… explica bien a las claras el chapucero discurrir de la malhadada operación de guerra sucia montada en España contra ETA (policías que con todo descaro se juegan los dineros del Estado en el casino de Biarritz, que contratan mercenarios en Lisboa utilizando la Visa oro del Ministerio del Interior, que se inscriben en los hoteles donde se entrevistan con los asesinos a sueldo con sus nombres y apellidos reales… etc., etc.) y su desastroso final, con un trágico balance de secuestros, torturas, chantajes, extorsiones, 28 asesinatos… y ningún daño apreciable en la infraestructura de la organización independentista etarra. Un triste y despreciable resultado que, aparte de su ilegalidad y la responsabilidad penal que supuso para los en él implicados (no para todos, evidentemente, pues los máximos responsables todavía no han sido llevados ante la justicia), nos debe hacer reflexionar a todos cuantos respetamos la ley y la justicia en el marco del Estado de derecho en el que aspiramos a vivir.

Por cierto, en relación con las responsabilidades, todavía no aclaradas, en este deleznable asunto de los GAL convendría hacer, ya que en el presente libro estamos hablando preferentemente del rey Juan Carlos y las turbias maniobras político-militares auspiciadas por él y su entorno palaciego, algunas puntualizaciones muy importantes y varias acusaciones muy graves. Y la primera de esas puntualizaciones es afirmar rotundamente que el jefe del Estado español, el rey Juan Carlos I, siempre estuvo al tanto de la «guerra sucia» que preparaba el CESID para doblegar a los más radicales independentistas vascos, ya que mucho antes de que florecieran los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (a principios de 1983) recibió oportunamente, como lo recibieron todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Informe/Propuesta de Estrategia Antiterrorista dirigido al Gobierno de Adolfo Suárez (ya mencionado en estas páginas), elaborado por ese supremo órgano de información del Estado en julio de 1978 y que aspiraba a involucrar al Estado democrático en la lucha irregular e ilegal contra la organización etarra. Como asimismo recibió años después el Borbón, en esa triste y recordada fecha de principios de 1983, como jefe del Estado y Comandante Supremo de las FAS, el documento confeccionado por los estrategas antiterroristas de «La Casa» (léase CESID) con idénticos fines y que después ha sido conocido en ambientes periodísticos e, incluso, judiciales como el «Acta Fundacional de los GAL»; algo que en esa ocasión sí recibiría el visto bueno del Gobierno, el presidido por el socialista Felipe González (y el correspondiente «nihil obstat» por parte del soberano) para introducirnos a todos los españoles en el laberinto indeseable del terrorismo de Estado.

Y no sólo estaría el rey Juan Carlos al tanto de la «guerra sucia» contra ETA a través de estos dos importantes documentos del CESID de 1978 y 1983 (dato éste que puede ser confirmado, a pesar del tiempo transcurrido, acudiendo a la documentación interna de ese alto organismo de Inteligencia del Estado e, incluso, analizando toda la precisa documentación que sobre los GAL y su estructura organizativa y de mando recibieron durante los años 80 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y sus Estados Mayores), sino que antes, durante y después de cada una de sus acciones terroristas tuvo a su disposición, como la obtuvieron, precisa y oportunamente, los más altos jerarcas del Ejército (los informes sobre las andanzas contra ETA de los pistoleros de la «democracia» española de los años 80 llegaban puntualmente no sólo al Estado Mayor del Ejército sino hasta el modesto escalón Brigada), toda la información que sobre estos grupos de justicieros con licencia para matar generaban tanto el Centro Superior de Información de la Defensa como las Divisiones de Inteligencia de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la Defensa y, por supuesto, los órganos de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil.

El jefe del Estado español, el jefe supremo de sus Fuerzas Armadas, el máximo garante teórico del Estado de derecho, el adalid de la democracia española tras el esperpéntico 23-F, el rey Juan Carlos I, conociendo, como conocía, absolutamente todos los entresijos de la «guerra sucia» contra ETA, debió de actuar de inmediato frenando tal demencial proyecto. Era su ineludible obligación moral y política como máximo representante de un Estado democrático y, además, por exigencias de la propia Constitución que le marca taxativamente la misión de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las Instituciones.» ¿Y qué mejor manera de arbitrar y moderar el funcionamiento de una Institución como el Gobierno de la nación que evitando que se enfrascara en 28 asesinatos de Estado?

Y, sin embargo, el rey no hizo nada. Miró para otro lado, convirtiéndose, por omisión, en cómplice de las aventuras asesinas de los GAL y, por ende, en el máximo responsable de sus crímenes, secuestros y tropelías. A algún conspicuo ciudadano de buena fe le puede parecer muy duro esto que acabo de decir, pero la realidad objetiva es la que es. Y el jefe del Estado en cualquier país moderno, democrático y de derecho, que ostenta, además, la suprema jefatura de sus Fuerzas Armadas, aunque no gobierne directamente (aunque sí entre bambalinas) como es el caso de España, tiene unas muy claras exigencias éticas, morales y políticas. No se puede llamar andana y mirar hacia otro lado cuando las propias fuerzas de seguridad del Estado, pasándose por la entrepierna las leyes y normas básicas del Estado de derecho, asesinan a presuntos delincuentes e, incluso, por error, a gente honesta de la calle que nunca tuvo la más mínima relación con la organización terrorista etarra…

Los españoles nos creemos muy cargados de razón cuando tachamos de asesinos, de genocidas, de escoria humana, a siniestros personajes de fuera como Pinochet, Milosevic, Videla, Hitler, Sadam Hussein, Gadafì… Sin embargo, nos cuesta muchísimo reconocer que aquí, en nuestro país, se han cometido, y no hace tantos años, en plena democracia, crímenes de Estado horrendos por los que nadie ha pagado todavía. No pagó en su momento el dictador Franco, ni pagaron después la pandilla de asesinos que se beneficiaron con su régimen y que luego se convertirían, por intereses personales, en demócratas advenedizos. Y tampoco han pagado muchas altas autoridades de la democracia que, como en estos flagrantes delitos de los GAL, creyeron que los atajos extralegales y las cloacas del Estado eran posibles caminos a transitar para acabar con la lacra del terrorismo etarra.

El juez Baltasar Garzón, el durante tantos años látigo judicial de la Audiencia Nacional para meter en vereda a los independentistas del norte y valeroso adalid de la justicia internacional contra genocidas y dictadores, debería haber mirado en su propia casa antes de meterse a perseguir crímenes cometidos muy lejos de nuestras fronteras. Y no debió dejarnos a todos los españoles en la insoportable duda de quién se encontraba detrás de su famosa «X» en el organigrama de los GAL. Por lo menos, para darnos una mejor y definitiva pista, debió pintar una coronita real encima de la enigmática letra… Porque mucha gente en este país ha venido colocando todos estos años en el lugar que no le correspondía, como jefe indiscutible de los GAL, al presidente del Gobierno de entonces, Felipe González. Y a cada cual lo suyo. Porque donde manda patrón no manda marinero, y hasta en las mafias asesinas y en las organizaciones criminales con licencia para matar es el jefe supremo el que debe responder ante la justicia si las cosas vienen mal dadas.

Es cierto que por debajo de la «X» de Garzón, por supuesto con corona real, muchas altas autoridades del Estado español estaban también al tanto de lo que ocurría en las cloacas de Interior y Defensa; entre ellas, los miembros del Gobierno, con su presidente al frente, y todos los mandos del Ejército que, con los mejores servicios secretos de la nación bajo su férula, conocían al detalle la siniestra planificación de una guerra asquerosa e impropia, se mire como se mire, de un Estado moderno. Pero, aunque nunca puede servir de justificación, estos altos mandos del Ejército (y de la Policía y la Guardia Civil) estuvieron siempre sometidos a la jerarquía, a la cadena de mando, al Gobierno de la nación que autorizó los asesinatos y al jefe supremo de los Ejércitos, al que, en definitiva, le correspondió siempre ser el primero en actuar y detener como fuera aquel delirio asesino. En conciencia y con el poder en la mano.

10
LA BELLA Y EL REY (B. R.)

—El mayor escándalo sexual de la monarquía borbónica. —Un largo y tórrido romance que nos ha costado a los españoles más de quinientos millones de pesetas. —La secreta maniobra de La Zarzuela y el CESID para enfrentar el chantaje de la vedette. —La fortuna real, el yate Fortuna y la fortuna del yate… —El rey moroso. —El rey cazador. —El triste destino del oso «Mitrofán».

La monarquía juancarlista que padecemos (algunos osados monárquicos e incluso bastantes demócratas de buena fe preferirían decir «disfrutamos») siempre ha evidenciado, ante la opinión pública española, dos peligrosos «talones de Aquiles»: la escandalosa vida sentimental de su titular, el rey Juan Carlos I, que se ha traducido a lo largo de los años en multitud de turbias relaciones extramatrimoniales que su santa y profesional esposa, Dª Sofía, ha sabido aceptar y perdonar con resignación encomiable; y el rápido (por no decir meteórico), incomprensible, y presuntamente delictivo, enriquecimiento de la Casa Real española que, en tan sólo treinta años de reinado, ha pasado de la pobreza más absoluta y el tener que vivir de las limosnas que recibía de la nobleza y de determinados monárquicos adinerados, a disponer de una cuantiosísima fortuna privada que la revista Eurobusiness ha cifrado en la actualidad, sin que en ningún momento haya sido desmentido por portavoz alguno de La Zarzuela, en unos 1.790 millones de euros (300.000 millones de las antiguas pesetas), la cuarta más alta de España y «sólo» la sexta en el ranking de los monarcas europeos.

Aunque el fin último del presente libro (ya lo explicité con toda claridad en la Introducción al mismo) siempre fue el sacar a la luz pública los manejos y artimañas político-militares del actual jefe del Estado español, colocándole en el lugar que se merece como dictador en la sombra o de facto en este país, no podía dejar de comentar en estas páginas estas dos importantes cuestiones. La primera porque, aunque la vida privada de cada cual (incluida, hasta cierto punto, la del rey) debe ser eso, privada, y sólo le compete al interesado el airearla o no, en el caso de determinada relación amorosa del monarca español, la que mantuvo durante quince años con una bellísima vedette del espectáculo español (que en este libro conoceremos a partir de ahora como la «bella del rey» o «B. R.»), concurren circunstancias tan especiales y propias más bien de una buena novela de espías como el chantaje, la intervención de los servicios secretos, los vídeos y audios comprometedores… y, sobre todo, el despilfarro económico que la tal relación extramarital supuso para todos los españoles (más de quinientos millones de pesetas), al tener que pagar a la bella amiguita del monarca fuertes y constantes sumas de dinero de los fondos reservados de la Presidencia del Gobierno para evitar una grave crisis de Estado, que la alejan ostensiblemente del terreno privado (en principio es muy discutible que el rey pueda acogerse a la privacidad en un asunto como éste) y la introducen de lleno en el ámbito del escándalo público, de la vergüenza pública ajena, e, incluso, del delito puro y duro, ya que hablamos de presunta malversación de caudales públicos. Que, sin embargo y una vez más, no podrá por el momento ser juzgado en este país ni por oficio ni a instancia de parte (la que nos correspondería a todos y cada uno de los ciudadanos españoles que nos hemos visto obligados a pagarle las juergas nocturnas a este señor), dada la vergonzosa inmunidad constitucional que todavía disfruta a día de hoy el rey de España, inconcebible a todas luces en un Estado moderno y democrático del siglo XXI.

Y la segunda cuestión, la que hace referencia al meteórico enriquecimiento de la Casa Real española, también debería ser objeto de investigación, estudio y análisis por quien corresponda (me imagino que en un Estado de derecho como el español y a pesar de la comentada inviolabilidad y falta de responsabilidad del monarca, a alguien le corresponderá investigar hasta el fondo si su inmensa fortuna ha sido amasada respetando o no las leyes), ya que en principio no parece posible, aritméticamente hablando, que con un sueldo anual de mil millones de pesetas de media (que no está nada mal) se pueda ahorrar, en treinta años, la friolera de trescientos mil millones, también de las antiguas y modestas pesetas; una suma diez veces superior al monto total de emolumentos que ha recibido el rey en todo ese tiempo para los gastos de su familia. Un misterio financiero éste sin duda, un enigma económico, una especie de multiplicación moderna de los panes y los peces (de los euros y las pesetas en este caso) que, puesto que la Casa Real española no ha explicado ni parece que lo vaya a hacer en el futuro, alguien en este país (economista o no) debería desvelar a todos los españoles. Y sin acogerse, por supuesto, a la sobrenatural tesis del milagro que muy pocos ciudadanos estarían en disposición de admitir a estas alturas, por mucho que el rey Juan Carlos pertenezca constitucionalmente a una categoría «cuasi divina», muy superior desde luego a la de los demás mortales.

***

Pues empecemos con la primera de ambas espinosas cuestiones regias, la de los amoríos del monarca y, en especial, con el mantenido de una forma apasionada (de encoñamiento total podríamos decir, si, para entendemos en castellano puro y duro, me permite el lector tan burda expresión popular) durante quince largos años con una de las más bellas e inteligentes (así lo ha demostrado) estrellas del espectáculo español: la señora o señorita B. R., despampanante vedette de revista, actriz, cantante, presentadora de televisión… y también, en sus ratos libres, ama de casa y madre más o menos ejemplar.

La cosa comenzó en 1979. Si bien a esas alturas de su vida el antiguo cadete del Ejército español, y luego general, y luego príncipe de España, y luego rey de todos los españoles, el bueno de Juanito, presentaba ya un currículum amoroso asaz repleto de aventuras (una relación casi completa puede, a día de hoy, consultarse en Internet), ninguna de sus abundantes relaciones sentimentales, que lejos de detenerse tras su boda con Sofía de Grecia aumentaron sustancialmente, había alcanzado jamás un tan largo periplo de tres lustros ininterrumpidos de duración; a la par que una intensidad y una dedicación fuera de lo común que, en muchas ocasiones, sobrepasaría la más elemental prudencia personal e institucional que debe exigirse a todo un jefe de Estado.

Pero antes de introducirme en el detalle de esta relación de amistad íntima del rey Juan Carlos con la bella y gentil B. R., que seguro le va a interesar al lector pues voy a darle multitud de detalles inéditos sobre la misma, me voy a permitir una pequeña y seguramente pedestre digresión sobre lo fácil que les resulta (en cualquier país y en cualesquiera circunstancia) a los altos personajes de la política, las finanzas, las empresas… a los ricos y poderosos en general, y no digamos a los escasos reyes, reinas, príncipes y princesas que todavía quedan en este globalizado mundo de hoy, establecer las relaciones sentimentales que les interesan dentro de la máxima confidencialidad y discreción.

Veamos. Cuando el común de los mortales, la gente corriente de la calle (del sexo masculino con preferencia, por lo menos hasta ahora), por mucho gimnasio que se trabaje y mucho músculo que exhiba, quiere echar una cana al aire o engañar a su pareja, bien con carácter esporádico o con afán de permanencia, necesita normalmente montar la consabida operación de desmadre (vespertino o nocturno, preferentemente) debidamente enmascarada de cena de trabajo o reunión de alto nivel y gastarse una pasta gansa en proporción directa al nivel de la señora o señorita con la que desea concretar el pequeño regocijo extramarital entre sábanas, vulgarmente conocido antes de la moderna liberalidad de costumbres como adulterio puro y duro.

Pues bien, los personajes de sangre real (por citar los de más abolengo dentro de la sarta de individuos con poder que hace un momento señalaba) no necesitan nunca montar operación alguna para satisfacer sus naturales y comprensibles ansias de cambio civilizado de pareja, ni preparar nada «per se», ni mucho menos gastarse una parte sustancial del dinero fácil que sus súbditos ponen a su disposición para que vivan, como eso, como lo que son, sin pegar un palo al agua y disfrutando a tope de todos los placeres de la vida. Para proveerles de las señoras de buen ver que quieran (a los que les gusten las señoras, claro, pues la sangre azul no garantiza la heterosexualidad) disponen siempre de unos singulares funcionarios palaciegos encargados tradicionalmente de tal menester, los llamados en el argot palaciego «mamporreros reales» que, contrariamente a lo que la gente puede pensar, no suelen ser de baja condición en el escalafón de la Casa Real en la que prestan sus servicios, sino altos jerarcas de la misma que trabajan a la perfección, y en el más absoluto de los secretos, organizando a sus señores las francachelas que desean con una profesionalidad irreprochable. Sólo necesitan recibir de su amo y señor una escueta orden, siempre verbal, en la que no puede faltar, eso sí, datos operativos imprescindibles como el día y la hora del encuentro regio/palaciego, los parámetros físicos deseables en la dama en cuestión: estatura, peso, perímetro de pecho, cintura y caderas, color del cabello… etc., etc., y nivel cultural y social de la misma. Con todos estos datos en su poder (que normalmente cambian cada muy poco tiempo, para que el conquistador real no se aburra) los probos trabajadores palaciegos del sexo regio pueden colocar en cuestión de muy pocas horas y en el sitio adecuado, a la amante perfecta, al objeto del deseo de su señor.

Y no sólo eso, sino que estos variopintos y parece ser que muy necesarios funcionarios palaciegos son capaces de organizar, siempre en el más absoluto de los secretos, toda la parafernalia logística necesaria para que el divertido evento (para su señor, evidentemente) de cada día o cada noche pueda desarrollarse sin ningún problema, sin sobresalto alguno: transporte de su señor y de la dama elegida, sistema especial de seguridad ad hoc (normalmente al margen del servicio general de seguridad de palacio), enmascaramiento básico necesario, medidas de decepción o engaño contra paparazzi y prensa en general… etc., etc.

En numerosas ocasiones, sin embargo, y a pesar de la aureolada capacidad operativa de estos recatados funcionarios palaciegos del placer que, vuelvo a repetir, se desenvuelven normalmente en niveles muy altos de la propia Institución monárquica que les acoge, esta noble misión de proporcionar entretenimiento, que no amor eterno, a reyes y príncipes, recae en personas que no figuran para nada en la plantilla de las Casas reinantes. Sí lo están en el entorno de sus amigos, amiguetes, confidentes, colaboradores, testaferros y encubridores, los cuales suelen prestar estos servicios personales a cambio, ¡cómo no!, de jugosas contraprestaciones.

Bien, pues tras este sucinto recordatorio del modo en que resuelven sus agudos problemas de protocolo erótico/sexual algunos personajes o personajillos de sangre azul que, contra toda modernidad y sentido de la historia, todavía mantienen algunos singulares países (entre los que, desgraciadamente, se encuentra aún España) en las poltronas de sus jefaturas del Estado, retomemos el relato de la increíble aventura amorosa del titular de la Corona española, D. Juan Carlos de Borbón.

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En el verano de 1979 (no sé por qué, pero este hombre siempre empieza y termina sus aventuras amorosas en verano), tras los buenos oficios de uno de estos «mamporreros reales», concretamente de uno de esos amateur fuera de plantilla de los que hablaba hace un momento, se produce el primer encuentro íntimo del siempre fogoso y enamoradizo Juanito (lo de enamoradizo lo saco a colación porque en este caso se produciría no sólo su encoñamiento integral o necesidad patológica de sexo con su amada de turno, una más, sino un verdadero amor cuasi platónico) con la famosa vedette, actriz y presentadora de televisión que ya conoce el lector, a instancias mías, como la «Bella del Rey» o B. R.

La apasionada relación sentimental iniciada con este encuentro, dada la buena química surgida entre ambos, se prolongará durante quince años, hasta finales de junio de 1994, con visitas regulares de Juan Carlos al domicilio de su amiga, ubicado en una conocida urbanización madrileña, y vis a vis reservados mantenidos en diferentes lugares. Relación sentimental, visitas y encuentros que muy pronto conocerían, además de los círculos más cercanos al monarca español, los servicios secretos del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que, en fraternal competencia, tal como hacen siempre, intentarán conseguir el máximo de material sensible sobre las mismas.

El CESID, como decano de todos ellos, se llevará el gato al agua. Comienza de inmediato a controlar y «proteger» los encuentros íntimos del rey Juan Carlos con la señorita B. R. auxiliado en tan morboso quehacer por la División de Inteligencia del Ejército. Ello es así porque ambos organismos son prácticamente unos «vasos comunicantes» desde el punto de vista operativo al haber estado destinados en el segundo de ellos, antes de pasar al primero, la inmensa mayoría de jefes y oficiales en plantilla en el Centro Superior de Información de la Defensa.

La frecuencia de los contactos y entrevistas personales del rey con la bella variarán mucho a lo largo de los años y tendrá, como todo en la vida, sus picos y sus valles. Habrá momentos de especial intensidad erótica en la relación (allá por los primeros años 80), en los que los encuentros llegarán a dos por semana; pero, más tarde, la cosa se estabilizará en una velocidad de crucero de uno cada quince o veinte días, dependiendo lógicamente de la agenda oficial del atareado monarca.

Como cualquiera puede suponer, pues para eso y para cosas mucho peores están, tanto el CESID como las «antenas» adscritas a la División de Inteligencia del Ejército de Tierra (a este autor no le consta, y por ello no hace referencia alguna a posibles intromisiones de las Divisiones de Inteligencia de los otros dos Ejércitos en la persecución del famoso «ligue» del Borbón), realizarían a lo largo de los años abundantes grabaciones de los fogosos encuentros del rey Juan Carlos con B. R. utilizando para ello sofisticados aparatos audiovisuales, todas ellas desde el exterior del edificio en el que éstos tuvieron lugar; absteniéndose siempre de meter cámaras dentro del recinto, aunque técnicamente ello no hubiera revestido especial dificultad. Las únicas grabaciones de vídeo que se hicieron sobre determinados vis a vis de Juan Carlos con su, durante tantos años, íntima amiga, fueron las realizadas por ella misma en su dormitorio por medio de una cámara oculta instalada, parece ser, con la ayuda de un buen amigo especializado en estas tareas. Y que son las que han propiciado, entre otras cosas y por el momento, multitud de quebraderos de cabeza al entorno de la familia real en pleno (a la «profesional» y paciente Dª Sofía esta vez le costaría lo suyo no decir «¡Basta!» y largarse con los suyos a su Grecia del alma); a los más altos dignatarios de la Casa del Rey (para el durante tantos años jefe de la misma, don Sabino Fernández Campo, esto sería el principio del fin de su relación con el monarca); a varios ex presidentes del Gobierno de la nación, que fueron soltando millones de pesetas de los fondos reservados para seguir dando carrete a la pasión real; al presidente Aznar, que se plantó, y dijo aquello tan comentado en los mentideros capitalinos de «Los fondos reservados no están para solucionar problemas de bragueta, por muy reales que éstas sean», aunque al final tuviera que tragar y dejar hacer en el asunto del finiquito exigido por la bella; y, por supuesto, a los responsables del CESID (los servicios de Inteligencia del Ejército supieron quitarse de en medio cuando la cosa se puso fea), que no tendrían más remedio que montar un muy complejo operativo a lo James Bond, al alimón con el delegado real, el todopoderoso Manuel Prado y Colón de Carvajal, para evitar que el tenebroso asunto estallase como una bomba nuclear táctica en el corazón mismo de la estructura del Estado. Aunque, eso sí, todo fue a costa de transferir con toda prodigalidad cuantiosos fondos a la saneada cuenta corriente de la astuta B. R., que hemos tenido que pagar en última instancia todos los ciudadanos de este país con nuestros impuestos.

Lo que si proliferó, y con cierta permisividad, por los recovecos de los servicios secretos militares a mediados de los años 80 (sirviendo, en ocasiones, de mofa y escarnio para sus protagonistas en informales reuniones de esos servicios y de sus invitados) fueron jugosas cintas de audio grabadas con conversaciones telefónicas entre el rey Juan Carlos y su amiga. Aclaremos que el enamoradizo galán de nuestra historia, irresponsable donde los haya (hasta la propia Constitución lo reconoce como tal), nunca se recató lo más mínimo a la hora de llamar directamente a su amada a través de la línea telefónica convencional; ora para reiterarle, una y otra vez, su apasionado amor, ora para concertar personalmente su deseadísima próxima cita íntima. Fue un total y continuado despropósito que nunca pudo digerir bien el bueno de don Sabino.

Ni que decir tiene que, a pesar de la buena química existente entre ambos partenaires de la aventura regia que estamos tratando y del sin duda cierto y real enamoramiento del todavía inquilino de La Zarzuela, la señorita que venimos conociendo desde hace algunas páginas como B. R. cobraba lo suyo por entretener, amigablemente se entiende, a su solícito visitante. Hasta mediados del año 1985, sus estipendios por tal menester nunca bajaron del millón de pesetas mensuales, joyas y regalos aparte, pagados religiosamente, no por la Casa Real española como cualquier picaruelo lector habitual protagonista de la noche podría pensar, sino por la propia Presidencia del Gobierno español a través de sus bien provistos fondos reservados.

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A partir del año 1985, y sin duda debido a la rápida subida del índice de precios al consumo en los años precedentes, el sueldo como «funcionaria especial» adscrita a Presidencia del Gobierno de la señorita B. R. subiría generosamente hasta los dos millones de pesetas mensuales. Era un incremento espectacular, pero perfectamente asumible por el pozo sin fondo de los dineros sin justificar que los Gobiernos de turno de la democracia española han venido dedicando, desde 1975, a fruslerías tales como los GAL, los confidentes, la compra de dossiers, la corrupción de tránsfugas políticos, las querindongas de altos cargos, la compra de voluntades exteriores útiles al Estado… etc., etc.

Sin embargo, a primeros de junio de 1994 la cosa se torcería bruscamente para la bella. En esa malhadada fecha recibe una clara señal, a través de terceros, de que todo ha acabado entre ella y el rey, al tiempo de que muy fríamente, como a cualquier otro alto funcionario cesante de la Administración, se le agradecen los servicios prestados. La joven reacciona con furia ante el hecho consumado y, sobre todo, ante la falta de delicadeza de su antiguo y regio amigo que, recobrada al parecer su púrpura, no quiere saber ya nada de ella, y decide plantarle cara con la poderosísima arma que mantiene en su poder: los vídeos de sus íntimas entrevistas. Amaga con ellos, amenaza con sacarlos a la luz pública, en el extranjero si es preciso, y pide, para permanecer callada, un sustancial aumento de su retribución mensual. El chantaje erótico está en marcha…

Ante esta nítida amenaza de la bella del rey a los cimientos mismos de la estructura de la monarquía juancarlista, el CESID, de acuerdo con el hombre de confianza de La Zarzuela y testaferro real, Manuel Prado y Colón de Carvajal, decide intervenir. Varios agentes especiales adscritos a su Grupo Operativo allanan en su ausencia el domicilio de la despechada mujer con dos objetivos precisos y bien diferenciados: hacerse con las peligrosas cintas de vídeo en cuestión y dejar a propósito abundantes huellas del asalto como claro mensaje intimidatorio. Pero la operación, al menos aparentemente, fracasará en ambos frentes. Las cintas oficialmente no aparecen por ningún lado (según algunas fuentes muy reservadas del propio CESID y de la Inteligencia del Estado Mayor del Ejército sí fueron encontradas y convenientemente «procesadas» por el comando, lo que supondría, caso de ser cierta la información, una nueva fuente de incertidumbre para la Casa Real española) y la antigua amiga del monarca no se arredra en absoluto con la aparatosa invasión de su intimidad. Todo lo contrario. Aunque la presión del aparato del Estado empieza ya a hacer mella en sus emolumentos y también en sus contratos artísticos, que desaparecen como por ensalmo, y en sus amigos, que huyen de ella como de la peste, lanza un ultimátum al rey utilizando uno de los canales reservados de relación que todavía mantiene abierto. O se pacta con ella una muy sustancial contraprestación económica por su silencio o los ya famosos vídeos (en esos momentos ya en boca de tertulias y mentideros de la prensa rosa del país) serán distribuidos a los medios de comunicación en la forma que ella estime conveniente.

El rifirrafe de B. R. con los más altos jerarcas de la Casa Real española que, como es lógico, ante la incipiente repercusión que el caso empieza a tener en la prensa y en los ambientes mejor informados del país, toman rápidamente cartas en el asunto, resultará favorable en última instancia para ella que conseguirá, no sin alguna dificultad, subir su caché mensual a la respetable suma de cinco millones de pesetas. El delegado de La Zarzuela para el caso, Manuel Prado y Colón de Carvajal, ultima con ella un beneficioso «pacto de no agresión» por el que, a cambio de guardar los acusadores vídeos en una caja fuerte controlada por ambos (doble llave y doble combinación) que le montarán en su domicilio y a la que Prado podrá acceder cuando le parezca oportuno, en presencia de la dama, recibirá mensualmente la astronómica cantidad de dinero antes citada. Además, ella se compromete a no hablar jamás en el futuro de cualquier pasaje de su vida privada que pueda involucrar a su majestad el rey.

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El chantaje de B. R. funcionará a la perfección hasta mayo de 1996, aportándole un jugoso beneficio económico a la actriz a cargo, ¡una vez más!, de la Presidencia del Gobierno, que tendrá que distraer para tal «asunto de Estado» una parte muy importante de sus fondos reservados. Pero con la llegada en esa fecha del Partido Popular al poder la situación cambiará drásticamente y el secreto a voces de los antiguos amoríos del rey Juan Carlos con la bella presentadora volverá de nuevo al candelero político y social. El presidente Aznar, enterado a fondo del tema, se niega en redondo a colaborar y ordena la paralización inmediata de los pagos. La famosa vedette monta de nuevo en cólera y se apresta a la lucha, ya que sus asuntos profesionales y familiares no van nada bien y necesita fuertes cantidades de dinero para mantener su fastuoso tren de vida. Amenaza con todas sus fuerzas, deja entrever a los altos negociadores regios que podría enviar sus «poderes» fuera de España (a algún desconocido banco y en algún secreto país), que ya no quiere estar sometida más a las incertidumbres de los posibles cambios políticos nacionales y que quiere dinero contante y sonante, dinero en cantidad y de una sola vez. A cambio, ofrece entregar todo el material audiovisual del que dispone, y que permanece custodiado en la caja fuerte de su domicilio, cerrando así definitivamente el affaire con el Estado español en general y la Casa Real en particular.

Aunque las garantías para el Estado son mínimas y no hay constancia del número exacto de cintas existentes, de las posibles copias que han podido fabricarse a partir de ellas, así como de su posible exportación a otros países, la explosión mediática a nivel mundial que puede provocar la bomba que representan las cintas de vídeo en poder de la bella es de tal magnitud que fuerza, una vez más, la rendición del Gobierno español. A su presidente, furioso, no le queda otra opción que mirar para otro lado, transigir con un asunto que si se le va de las manos puede arruinar su primera legislatura en el poder y acceder a que sea ahora el Ministerio del Interior (ya que él, desde Presidencia, no quiere saber nada del asunto), y en varios plazos, el que le entregue a la avariciosa ex amiga del monarca, como finiquito de sus ardientes «servicios al Estado», la astronómica cantidad pedida en última instancia por ella: 50 millones de pesetas, según algunas fuentes, y el doble, 100 millones, según otra, aunque parece ser que la vedette no llegó nunca a percibir en su totalidad esta última cantidad pues algunos pagos finales (dos o tres de 10 millones de pesetas cada uno) no le serían satisfechos por decisión directa y personal del propio presidente del Gobierno que abruptamente acabó con tan desagradable asunto. De todas formas, sea una u otra la cantidad final recibida por la actriz, todo esto no deja de ser un despropósito, una barbaridad, un bochorno nacional, en suma, que alguien, algún día, deberá explicar a todos los españoles. Porque, para más inri, este dinero no ha servido para satisfacer a plenitud a semejante señora que todavía a día de hoy, más de diez años después del asunto, sigue amenazando con tirar de la manta por platós televisivos y tertulias radiofónicas.

Total, si usted lector quiere molestarse haciendo cuentas, sobre quinientos millones (millón más, millón menos) de las modestas pesetas en circulación antes del euro despilfarradas para «neutralizar» el, sin duda, peligroso desafío de la despampanante B. R. de nuestra historia que, sin embargo, no ha servido de nada desde el punto de vista de la estabilidad futura de la monarquía española. Porque el problema suscitado en los altos despachos de este país en junio de 1994, tras la ruptura del rey Juan Carlos con su íntima amiga (o sea, las famosas cintas de vídeo) lejos de solucionarse, tras pagar religiosamente el chantaje, se ha multiplicado por lo menos por cuatro. En estos momentos, verano de 2007 existen, según personas muy cercanas a los servicios de Inteligencia militares, por lo menos cuatro posibles núcleos de material sensible relacionados con el caso B. R. (las malditas cintas y algún que otro documento complementario) desperdigados y convenientemente protegidos por el ancho mundo.

Uno de ellos, según amenazó en su día la propia interesada, podría estar en el extranjero, en la caja fuerte de algún banco europeo o sudamericano; otro, en España, controlado también por ella misma y en poder de alguna persona de su máxima confianza; el tercero, en posesión de determinados poderes fácticos del CESID, a cuyas manos habría llegado tras el «fallido» asalto perpetrado por un comando operativo de la entidad en el año 1994; y el cuarto y último, y por cesión corporativa de los poderes fácticos del CESID antes mencionados (que habrían compensado con él algunos servicios extraordinarios de sus colegas del Ejército), «dormiría», convenientemente procesado, en algún nicho ultrasecreto del núcleo duro de la Inteligencia militar, en el conocido en los ambientes más reservados del Cuartel General del Ejército como «pequeño Mossad». Me refiero a una suerte de super espías militares de alto nivel (de los que me voy a permitir hablar un poco más adelante) que, al margen de reglamentos y jerarquías de mando, controla los documentos más sensibles y comprometedores que llegan a la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

O sea, si la Casa Real española no quería café ¡toma cuatro tazas! La cosa no es baladí, desde luego, porque este grave y desagradable asunto no esta cerrado, ni mucho menos. Nadie ni nada puede asegurar en estos momentos en este país que, de seguir viviendo con el tren de vida con el que vive la todavía bella y estimulante B. R., no caiga algún día en la tentación de volver a tirar de la «manta regia» en su exclusivo beneficio; la cosa le fue bien con anterioridad y no sería extraño que intentara repetir el órdago. O quizá, y esta hipótesis es aún más peligrosa, que intuyendo que ha exprimido ya en demasía las ubres del Estado, opte por tirar por la calle de en medio vendiendo el material de que dispone a cualquier cadena de televisión o tabloide sensacionalista, preferentemente extranjero, porque aquí el pacto de silencio de los editores en defensa de la monarquía, aunque con algunas prometedoras fisuras, sigue plenamente vigente.

Ambas hipótesis son de lo más aterradoras para la estabilidad de la actual monarquía juancarlista que, a pesar de la inyección de moral que le ha proporcionado el régimen «zetapetiense» a su titular nombrándole «embajador extraordinario para el mundo global» con continuos e interminables viajes de Estado, no afronta el mejor momento de su ya larga existencia debido a los últimos escándalos protagonizados, oso «Mitrofán», incluido.

Porque, a pesar de lo que muchos ciudadanos (más o menos enterados del tema) puedan suponer, el mayor peligro de las controvertidas cintas de vídeo en poder de B. R. no radica en los hipotéticos planos, más o menos estéticos, del trasero del monarca español moviéndose al estilo del de Michel Douglas en Instinto básico o Atracción fatal, sino en las conversaciones que, en alguno de los íntimos momentos que recogen, mantienen ambos y que resultan políticamente muy incorrectas. Aún no se sabe si es porque las copas de champagne que se degustan en estos casos habrían producido ya un claro efecto desinhibidor en el jefe del Estado español o porque su conciencia le jugara una mala pasada, aprovechando el romántico momento para soltar lastre. Sería lo mismo que les pasó a John y Robert F. Kennedy con Marylin Monroe entre sábanas. Charlas íntimas en las que el rey habría trasladado a su querida partenaire algunos secretillos relacionados con el 23-F que cuestionarían mucho su democrática actuación en tan esperpéntico evento histórico. Algo que, la verdad, después de lo publicado por el modesto autor de estas líneas desde el año 1994, no puede ya alarmar a nadie en este país aunque sí hacer mucho daño a la institución monárquica.

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Y como prometí hace un momento, al hilo de lo ya comentado en relación con este escandaloso asunto erótico-económico Rey/B. R., paso a explicarles algo de los entresijos de los servicios secretos militares y de sus poderes ocultos. No mucho, desde luego, no sea que tanto el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, como su ministro de Defensa, el honesto pero lego en la materia señor Alonso, se enteren a través de estas sencillas líneas del peligro que todavía tienen en casa y de que, contra lo que ellos creían, el antiguo y terrorífico «poder militar» en España no ha muerto del todo.

No descubriré nada nuevo si afirmo, aquí y ahora, que el Ejército español siempre ha sido un poder casi autónomo dentro de la estructura del Estado. Pues bien, dentro del Ejército, sus Servicios de Inteligencia también han sido siempre unos poderes muy independientes que han ido por libre y han hecho bueno, muy bueno, aquel famoso dicho que hace referencia a la información y al tremendo poder que ésta genera. Pues bien, en los años 80 y 90 de nuestra flamante democracia posfranquista, en el corazón de esos servicios de Inteligencia militares campaba por sus respetos (y me imagino que todavía lo seguirá haciendo, pues estos siniestros órganos de cotilleo nacional e internacional se retroalimentan continuamente) una célula de poder compuesta por directivos y expertos de alto y medio rango, que los demás componentes de dichos servicios no adscritos a la misma denominaban «el pequeño Mossad», en alusión al expeditivo y profesional servicio de Información israelí. Ese reducido órgano de poder era el depositario y el explotador de toda la información ultrasecreta conseguida tanto en el interior del país como en el exterior.

Esta singular célula secreta, enquistada en el máximo órgano de Inteligencia del Ejército de Tierra, tenía sus propias fuentes de adquisición de informes y sus máximos dirigentes mantenían línea directa con el JEME (Jefe de Estado Mayor del Ejército) y, a través de esta autoridad, con el Consejo Superior del Ejército en pleno. Aunque esto de la línea directa para sus relaciones profesionales no quiere decir, ni mucho menos, que toda la información sensible de la que pudiera disponer en determinado momento este atípico órgano del espionaje castrense pasara automáticamente, a través de ella, a disposición de las más altas autoridades del Ejército.

Toda la información reservada sobre la Casa Real española (sobre todo la concerniente al rey Juan Carlos y a su esposa) que llegaba a manos de la Inteligencia del Ejército, mucha de ella proveniente del CESID, quedaba como propiedad de esta célula de poder que mantenía celosamente custodiados los ultrasecretos MSCR (Máximo Secreto Casa Real) documentos audiovisuales y escritos relativos a la vida política, social, personal y familiar del jefe del Estado y su entorno más íntimo. Entre ellos, por ejemplo, se encontraban los famosos vídeos del chantaje de la vedette B. R. (los ya comentados erótico/festivos y el que tras el asalto de los espías del CESID a su casa grabó la bella, mirando a cámara, para que saliera a los medios si a ella le pasaba algo) y de los que es muy probable que en alguna caja fuerte del vetusto y bello palacio de Buenavista de Madrid, si no ha sido oportunamente «perotizada» por algún alto avispado jerarca de la División de Inteligencia, todavía duerma el sueño de los justos alguna copia. El máximo órgano de información del Ejército siempre mantuvo muy buenas relaciones con el CESID y en este caso de los vídeos me consta que hizo valer todo lo que pudo esas buenas relaciones para «ir a rueda» del órgano que en su día se hizo con la mayoría del material existente, bien durante el asalto al domicilio de la actriz o bien en la «negociación» posterior del finiquito con la interesada, realizada con su mediación. Material que más tarde pasaría a un nivel de disponibilidad mucho más restringido, dentro de la citada institución de Inteligencia del Estado, y a soportes más adecuados para su explotación futura.

Que nadie se alarme por lo que acabo de exponer, ya que los servicios secretos actúan siempre así y en todas partes, por eso son tan peligrosos. Guardan, durante años y en los sitios más seguros, todo su material sensible, su preciado tesoro, ya que eso les garantiza, además de poder, una impunidad absoluta. Y no sólo eso sino que, a veces, sus dirigentes esconden copias de seguridad, a título personal o bajo indicación de otros jerarcas del propio servicio o servicios paralelos, para blindarse ante posibles contingencias políticas o de cualquier otro tipo. Tiempo atrás usaban con profusión para estos menesteres los peliculeros microfilms, pero ahora, modernamente, tras el espectacular auge y rendimiento de la informática, utilizan minisoportes con muchas gigas y con un rendimiento y calidad excepcionales.

Pocos gobernantes en cualquier país del mundo se atreven con ellos, tratan por el contrario de atraerlos a su campo colmando de regalos y prebendas a sus máximos responsables operativos. De ahí viene la curiosa circunstancia de que, por lo que respecta a los servicios militares españoles (durante muchos años, y a pesar de algunos sonados fracasos en África, los más eficaces y mejor dotados), sus jefes se eternicen en los cargos y realicen, desde ellos, fabulosas carreras. Por supuesto que en estos momentos estoy pensando, y quizá el lector también, en el inefable y sempiterno espía castrense, señor Alonso Manglano, un trepa de mucho tenor que desde coronel se plantó en teniente general usando únicamente, como herramientas de su continuada promoción profesional, el chisme, el cotilleo, la noticia reservada y los múltiples secretos de las alcantarillas del Estado. Aunque al final, como todos los validos regios que han prestado servicio al Borbón de nuestra historia, acabara procesado y condenado por algunos de sus chanchullos.

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Terminando (por el momento) con este turbio asunto de las relaciones del rey con su amiga B. R., y para que el lector constate que este tema sigue despertando comentarios e inquietudes sin cuento y salta de vez en cuando a los medios de comunicación de este país, voy a trasladar al lector lo último que sobre el mismo he visto y oído en un plató de televisión.

El jueves 19 de octubre de 2006, en un programa de tarde de Telecinco se recuerda la figura de un periodista de la COPE y de Antena 3 Radio, Antonio Herrero, y se dice que su muerte, acaecida el sábado 2 de mayo de 1998, pudo no ser tan accidental como se dijo en su día (haciendo submarinismo sufrió una hemorragia interna procedente de la úlcera gástrica que padecía y se abogó con su propia sangre), sino que podría haber sido provocada, tras manipular alguien su aparato de oxigeno, puesto que el citado informador era un gran aficionado a esa práctica deportiva y un consumado nadador.

También se comenta en la tertulia televisiva que el presunto homicidio pudo tener su origen en la posesión, por parte del famoso periodista, de un vídeo que, sobre sus encuentros amorosos con determinada «testa coronada» (sic), le habría entregado B. R. La bella presentadora de televisión siempre fue muy amiga de Antonio Herrero y algún tiempo antes de la muerte de éste se había especulado mucho con que, abandonada por su regio amante, andaba presionando a muy altas personalidades del país con la posible difusión de un escandaloso vídeo que tenía en su poder.

El periodista que comentó estos extremos dijo conocer los comentarios que habían circulado por Madrid relativos a la extraña muerte de Antonio Herrero, así como la estrecha amistad que unía a éste con B. R., pero rechazó la idea de que el afamado profesional de la radio hubiera entrado en algún momento en posesión del codiciado vídeo pues él, en ese caso, lo hubiera conocido de inmediato dadas las estrechas relaciones profesionales y personales que mantenía con Antonio.

Es un pequeño misterio más, una simple especulación, por el momento muy difícil de demostrar con pruebas, el de la muerte del gran Antonio Herrero, un valiente e inteligente cronista de la radio que revolucionó el medio y al que siempre me unió una gran amistad personal nacida en momentos especialmente duros para mí. Empezó ésta cuando, a principios de los años 90, luchaba a brazo partido con el Ministerio de Defensa y todo el aparato del Gobierno socialista de Felipe González para erradicar la anacrónica mili obligatoria y profesionalizar totalmente las Fuerzas Armadas españolas. Un misterio que en todo caso podría tener alguna connotación con el de la extraña muerte de la joven argentina Sandra Mozarowsky, otra presunta amante del rey, que falleció al caer al vacío desde la terraza de su domicilio escasos días después de que sus amigos y familiares percibieran un rápido aumento de su perímetro abdominal, lo que presagiaba una posible maternidad.

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Y ahora voy a comentar, de una forma un tanto superficial, eso sí, pues no soy un experto en temas financieros y mis fuentes de información tampoco lo son, ni suelen recibir documentación privilegiada al respecto, el espinoso asunto del rápido, rapidísimo, enriquecimiento de la familia real española. El segundo de los talones de Aquiles que, según mi particular criterio, ha presentado siempre la ancestral institución que ocupa desde hace más de treinta años la jefatura del Estado español. Y para ello, no me va a quedar más remedio que acudir a los escasos testimonios que sobre la materia, y después de torear a la censura que todavía existe aquí sobre todo lo relacionado con la vida y circunstancias del último Borbón, han visto recientemente la luz en este país. Como los procedentes de la pluma y la voz de uno de los periodistas más experimentados del mundo de la Economía y las Finanzas nacionales quien en sus libros (alguno de los cuales como el exitoso El negocio de la libertad, le costó Dios y ayuda publicar) y en sus comentarios tertulianos nos ha ilustrado convenientemente a los ciudadanos españoles sobre los trapicheos y las andanzas de nuestro rey para hacerse con un capitalito digno del alto puesto que ocupa. Todo ello sin que nadie hasta el momento haya osado contradecirle ni, mucho menos, llevarlo a los tribunales. Lo que evidencia que la verdad está de su parte por aquello tan conocido de que «quien calla otorga». Me estoy refiriendo, obviamente, al conocido comentarista Jesús Cacho.

Y lo primero que quiero llevar a la conciencia del lector, que a estas alturas conoce ya, con mi modesta ayuda, los manejos de carácter político y militar que para perpetuarse en el trono y gobernar en la sombra la nación que le regaló Franco, en 1969, ha implementado en su ya largo reinado el rey Juan Carlos, es el gran enigma financiero que representa el insólito hecho (que sin duda deberán estudiar a fondo en el futuro los gurús de la economía global para trasladarlo a las endebles economías familiares) de que con un sueldo medio anual, durante los últimos treinta años, de unos 1.000 millones de pesetas, el ahorrador monarca español haya conseguido reunir una fortunita personal que, como adelantaba al principio del presente capítulo, la prestigiosa revista Eurobusiness ha estimado recientemente en 1.790 millones de euros, o sea 300.000 millones de pesetas si es usted uno de esos que todavía sigue contando sus exiguos ahorros en la modesta y ya fenecida moneda patria. Un auténtico misterio éste, el de la multiplicación de los euros o pesetas que el rey recibe de todos los españoles y que, de momento, nadie podrá desentrañar convenientemente ya que, como todos sabemos, la figura del regio inquilino de La Zarzuela sigue siendo constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad alguna, haga lo que haga. ¡Y todavía, a día de hoy, hay quien sigue por ahí con el famoso latiguillo ése de «Así se las ponían a Fernando VII»! Lo del séptimo de los Fernando, el rey felón por antonomasia, resulta un juego de niños si lo comparamos con lo que la democrática e inigualable Constitución Española de l978 (escrita, negociada y presentada con subterfugios ante el pueblo español por franquistas, no se olvide ese «detalle») concede a Juan Carlos I.

Y es que la cosa, aún para los que no sabemos mucho de números, tiene su particular miga. Aunque el «hormiguita» de don Juan Carlos hubiera ido metiendo religiosamente, durante los más de treinta años de su ya largo reinado, todos, absolutamente todos sus emolumentos oficiales en el calcetín que seguramente mantiene debajo del colchón de su regio dormitorio zarzuelero, sin gastarse ni un solo céntimo en las numerosas servidumbres domésticas que nos quitan el sueño al común de los mortales y sin desembolsar, asimismo, ni un duro o un euro, en viajes, cenas sabatinas, vacaciones, jornadas cinegéticas, bodas y comuniones familiares, mantenimiento de sus palacios… etc., etc., algo muy factible pues prácticamente todo eso se lo pagamos aparte todos los españoles, el monto total de sus ahorros desde que ascendió al trono en 1975 no superaría la cifra de 32.000 millones de pesetas; una cantidad sin duda muy importante, bastante lejana de la que, en cualquier caso, puede alcanzar el español medio, pero a años luz de los trescientos mil millones (diez veces más) que señala la revista especializada que acabamos de señalar.

Entonces, ¿qué diantre ha podido hacer el rey de España para amasar tan descomunal fortuna? Partiendo de la base de que él, en sus ratos libres, no ha compatibilizado su oficio de monarca con el de banquero, ni con el de empresario de la construcción, ni ha sido un crac del fútbol (sólo peón de brega en el Bribón, haciendo bulto), ni ha ejercido como concejal en Marbella, ni ha ganado, que se sepa, el euromillón o las quinielas… algo muy importante habrá tenido que hacer sin duda alguna para, a pesar de tanto viaje, tanta vela, tanto esquí, tanto corte de cintas y tantas obligaciones sociales que recortan mucho el tiempo disponible y cansan un montón, conseguir multiplicar por diez la totalidad de los ingresos brutos que recibe de los españoles.

Y lo que ha hecho (la verdad, tarde o temprano, sale a la luz y el tiempo coloca siempre a cada uno en su lugar) nos lo ha contado con pelos y señales el periodista Cacho en sus libros y comentarios periodísticos, nunca desmentidos: que si nada más subir al trono se dedicó a pedir dinero como un loco a todos los monarcas del mundo civilizado, consiguiendo que la no tan civilizada monarquía saudí le concediera un crédito blando de 100 millones de dólares, tan blando, tan blando que parece ser no lo pagó; que si recibió otros 100 millones de petrodólares procedentes de Kuwait, esta vez a fondo perdido, a través del financiero Javier de la Rosa y de su testaferro Prado y Colón de Carvajal, por los buenos oficios de la Corona española en relación con la participación de nuestro país en la Primera Guerra del Golfo; que si ha recibido todos estos años, y parece ser que todavía recibe, una comisión por cada litro de petróleo que entra en España procedente de las monarquías árabes de Oriente Medio, muy amigas suyas; que si ha hecho multitud de negocios, a través de terceros naturalmente, utilizando a mansalva la información privilegiada de la que goza; que si tiene intereses en paraísos fiscales que le suponen jugosos beneficios; que si dispone de cuentas en Suiza que podrían alcanzar la suma de casi 50 millones de euros… etc., etc.

¡Casi nada! Y los ciudadanos españoles, sus súbditos, todos tan contentos… Pero es que hay más, mucho más. Porque este hombre de la corona que parece ser que reina, y con toda seguridad gobierna, desde hace tanto tiempo en este país, además de presuntamente moroso en el pago de esos macrocréditos en petrodólares que se busca y gestiona él solito; además de presunto estimulador, previo pago se entiende, del ardor guerrero de nuestros gobernantes para la reconquista de Kuwait; y además de presunta «hormiguita regia» en el turbio asunto ése de las comisiones millonarias por la importación de crudo saudí… es un afamado navegante, un apasionado de la vela y un adicto a los yates de lujo con muchos caballos de vapor en sus entrañas. Y claro, como no quiere pagar de su bolsillo (que es el nuestro) ninguna de estas naves de solaz a su servicio, tampoco se quiere gastar un solo euro en su mantenimiento (desde hace tiempo eso corre a cargo del llamado patrimonio nacional), y tampoco quiere que los ciudadanos se enteren de sus manejos o chirríen los presupuestos del Estado… se las ingenia para que sean otros los que corran con los gastos necesarios para que el barquito que le espere cada mañana de verano en el embarcadero del palacio de Marivent sea lo último en tecnología marinera y lo más chic en el placentero descansar a bordo.

Porque por ejemplo, y en eso lleva razón nuestro deportivo monarca, tumbarse en la cubierta de un yate de antepenúltima generación en cueritis mendacium (palabros pseudolatinos con los que mi profesor de religión en los años 50 se refería al moderno «despelote») para la toma integral de sol, cosa muy normalita para cualquier persona de bien en las aguas de Mallorca en agosto, puede resultar harto incómodo y hasta peligroso si el suelo no está suficientemente tratado, desinfectado y amortiguado.

Y efectivamente, el rey Juan Carlos I siempre ha encontrado, por lo menos hasta el momento, quien le regale los yates que necesita, los coches deportivos que conduce, las motos de gran cilindrada con las que farda un montón… y muchas más cosas. La única objeción que podría hacérsele es que esta gente tan bondadosa y desprendida suele después pasar factura y, además, éticamente hablando, queda la cosa fatal. Pero allá él, mientras sus súbditos se lo consientan.

Bueno, pues en el caso de los yates para el disfrute regio vamos ya por el Fortuna II, regalado por una fantasmal fundación promovida por empresarios mallorquines a los que, por lo visto, les llegó al alma que nuestro monarca se paseara por la bahía palmeña con un barquito tan obsoleto y de medio pelo como era el Fortuna I. Éste se averiaba constantemente y ya había dejado tirada a la familia real en alta mar en más de una ocasión. Como cuando, en un viaje privado del presidente Clinton y señora, el motorcito de la vieja embarcación se gripó por el calor y tuvo que ser la patrullera de la Armada que siempre acompaña a los reyes en sus «responsabilidades» marineras la que salvara la situación y el honor patrio.

El Fortuna II costó, por lo visto, unos 18 millones de euros pero, hasta la fecha, ha navegado más bien poco con la familia real española a bordo porque parece ser que desde el principio no fue del agrado del monarca, quien quería más virtudes marineras, más tecnología punta y más cámaras, salones y cuartos de baño en el barco de sus sueños. Por lo que en la actualidad se estaría construyendo a toda prisa, en los astilleros de la Bazán en Cádiz, el Fortuna III, un barco que por su espectacularidad, sus dimensiones, su tecnología y la riqueza de su equipamiento no bajará, según algunas fuentes, de los 42 millones de euros; ahí es nada, como diría un castizo. ¡Pues muy bien, que lo terminen pronto y a navegar en condiciones, que el rey es el rey y hay que cuidarlo lo máximo posible no vaya a ser que el día menos pensado nos quedemos sin él por no darle el cariño necesario!

Pero no crea el lector que los ciudadanos españoles, al hilo de lo que estoy comentando en las últimas líneas (y que, como digo, no proviene todo de mi cosecha, ya que debo reconocer que en estas cosas de euros y yates no estoy muy puesto), deberíamos tachar sólo a nuestro rey, con cierto descaro es cierto, de «rey moroso», «rey afanador» y «rey navegante», después de haberle cargado con anterioridad, como consecuencia de su aventura galante con B. R. y con veinte o treinta señoritas más, el sambenito histórico de «rey golfillo».

***

También deberemos, en su día, como corolario de todo lo que seguramente nos enteraremos en relación con las escapadas cinegéticas de Juan Carlos de Borbón a Europa del Este y África, denominarle con toda propiedad «rey cazador». Pero cazador, cazador… ¡eh! Empedernido y todoterreno. Inasequible al desaliento, a las críticas, al paso del tiempo y a todo lo que haga falta. Ya hemos comentado que este hombre, desde sus años mozos en la Academia General Militar de Zaragoza, no ha dejado nunca de usar armas de fuego, a las que se aficionó en demasía en aquel centro de instrucción castrense. Contra blancos de instrucción militar, contra las farolas del barrio de Estoril (donde estaba ubicada la residencia de sus padres), contra su desgraciado hermano Alfonso (al que mató de un certero disparo en la cabeza), contra toda clase de animales de caza mayor o menor y… contra todo lo que se ha cruzado en su punto de mira.

Pero lo que vamos sabiendo últimamente sobre su perversa adicción a la caza se pasa ya de castaño oscuro. Entra ya dentro del campo de la psiquiatría, del sadismo, del «complejo de Rambo» o de la estupidez pura y dura. Para que el lector no crea que exagero, voy a pasar revista a continuación a las principales «hazañas» cinegéticas que ha protagonizado en los últimos años este sin par cazador por cuenta ajena, este «terror de las praderas» centroeuropeas que tenemos los españoles como rey y que han ido saltando en su momento a las páginas de los periódicos de todo el mundo. Veamos esa singular relación:

—En febrero de 2004, en la reserva natural de Puszcza Borecka, en Masuria (Polonia), abatió un hermoso ejemplar de zubr, el bisonte europeo en período de máximo control ante el peligro de extinción que sufre, por el que pagó, según fuentes de la propia organización que preparó el sacrificio del animal, 7.000 euros. El zubr inmolado por el monarca español fue especialmente elegido por los organizadores días antes de su muerte, de acuerdo con la notable importancia del cazador. Después se le apartó de la manada y se le colocó en un recinto aparte para evitar que una bala perdida, en alguna otra mascarada similar, pudiera dejar al «Rambo» VIP que iba a acabar con él con un palmo de narices.

—En octubre de 2004, la agencia Abies Hunting le organizó un viaje privado para matar osos en los Cárpatos. El rey pasó un fin de semana en Cosvana, hospedado en el chalé del ex dictador comunista Ceausesceu, y le dio gusto al dedo abatiendo a tiros cinco osos y algunos otros animales. El escándalo estalló en la prensa rumana y, obviamente, rápidamente dio la vuelta al mundo a través de Internet.

—Apenas unos meses después, en enero de 2005, la prensa austriaca dio a conocer una nueva cacería del monarca español en la región de Graz, adonde había llegado expresamente desde Madrid en avión privado y, como siempre, con una muy apreciable comitiva de guardaespaldas.

—En octubre de 2006, y a pesar de que poco tiempo antes diversos diputados del Parlamento español habían planteado engorrosas preguntas al Gobierno socialista sobre estas escapadas del rey, éste volvió a las andadas. Esta vez se fue a Rusia, a abatir otro oso. El diario moscovita Konmersant publicó una carta del técnico responsable de la caza en la provincia rusa de Vólogda, donde había tenido lugar la «cacería», en la que explicaba con todo detalle cómo se desarrolló ésta. Consistió básicamente en colocar delante del rey a un «bondadoso y alegre oso» del zoo local, llamado «Mitrofán», transportado en una jaula y emborrachado previamente con vodka y miel, para que el monarca lo abatiese de un tiro. El técnico también señalaba en su misiva que con estas prácticas «se transforma la caza en una payasada sangrienta». Ni que decir tiene que el titular periodístico consiguiente: «El rey de España viaja a Rusia a matar un oso drogado», corrió como la pólvora por el mundo entero, limitándose la Casa Real española a poner en duda que el oso estuviera drogado.

—Y en el puente de mayo de 2007 llegó la guinda del pastel cinegético que cada poco tiempo se monta el monarca español. Su real figura desapareció como por ensalmo durante las minivacaciones de la Fiesta del Trabajo y tuvieron que pasar tres largos días antes de que acudiera a la clínica Ruber de Madrid a conocer a su octava nieta, que era la segunda hija de Felipe y Letizia. Lo hizo, además, con cara de pocos amigos, olvidándose de los periodistas que hacían guardia en la puerta del sanatorio y desairando públicamente a la propia reina Sofía y al jefe de su Casa, el señor Aza. Resultó entonces bastante obvio que alguien le había aguado la fiesta al rey de todos los españoles «recomendándole» su pronto regreso a Madrid. La prensa española independiente, vía Internet, habló enseguida de cacería secreta, esta vez en el lejano Kazajistán, aunque no faltó algún medio digital que sugirió la posibilidad de que la real ausencia se hubiera debido a alguna tardía aventura galante del otrora fogoso Juanito, aprovechando la circunstancia de que su esposa se encontraba en Moscú despidiendo a su amigo del alma Rostropovich. Esto último a mí, la verdad, no me parece nada probable, pues con lo «fondón» que está ya este hombre y con la voluminosa barriga que porta (que ha sobrepasado hace tiempo la barrera de seguridad del cinturón de su pantalón y avanza, retadora, por encima de él) no parece que esté ya para seducir a fémina alguna. Claro que si los fondos reservados de Presidencia del Gobierno o del Ministerio del Interior ayudan un poquito…

Pues ante todas estas barrabasadas y auténticos disparates cinegéticos del rey de España, que en los últimos años vienen escandalizando, vía Internet, al mundo entero, cabría hacerse bastantes preguntas. Las primeras resultan obvias e imperativas: ¿Este hombre está en sus cabales? ¿No estará loco? ¿Es o no un adicto a la pólvora y, en consecuencia, un potencial asesino en serie? ¿No convendría llevarle con cierta urgencia, utilizando, por supuesto, fondos reservados, ante alguna celebridad internacional en el tratamiento de adicciones tan peligrosas para evitar que, acostumbrado a matar (a asesinar más bien) osas preñadas, bisontes europeos de la tercera edad y osos borrachos, un mal día se le crucen los cables, agarre una de las escopetas de última generación que posee y se líe a tiros por los alrededores de La Zarzuela con mujeres embarazadas, ancianos decrépitos o borrachos humanos? Acciones terroríficas éstas, sin duda, pero que, sin embargo, no le supondrían problema alguno con la justicia terrenal (con la celestial quizá sí, pero con confesarse antes de morir asunto resuelto) puesto que la gloriosa y modélica Constitución Española (la de ahora, la del 78, no la de Chindasvinto) considera su figura como inviolable y no sujeta a responsabilidad penal alguna.

Otras preguntas que sobre la conducta atípica de este cazador real con base en La Zarzuela nos podríamos hacer todos los españoles son las siguientes: ¿Cuánto cuestan estas salidas secretas («privadas», según el condescendiente Gobierno español de turno) del rey para darle gusto al dedo matando animales protegidos a golpe de talonario? ¿Quién paga todo esto? ¿En qué aviones se desplaza? ¿Militares, privados, de líneas comerciales? ¿Informa alguna vez al Gobierno de la nación, antes de escaparse en secreto, del carácter y finalidad de estas mascaradas asesinas?

Yo, lógicamente, me voy a permitir contestar a continuación a todo esto, que para algo me decidí a escribir el presente libro: El flete de un avión (militar o civil) de gran capacidad, tal como el Airbus que utiliza el rey en estos momentos y que está especialmente acondicionado para su disfrute (dormitorio, baño, despacho, salones…), para un desplazamiento de tres o cuatro días a cualquier «país gamberro» del Centro o Este europeo, no baja de los 60.000-80.000 euros, y eso tirando siempre por lo bajo, si contabilizamos todos los gastos necesarios para que la operación sea un éxito: combustible, mantenimiento, amortización del aparato, tasas de aeropuerto, servicios de seguridad, escoltas, dietas del personal desplazado… etc., etc. A la pregunta subsiguiente de quién o quiénes pagan todo esto, yo respondería sin pestañear que todos los españoles con nuestros impuestos, independientemente de que la aeronave utilizada sea militar o privada (lo de viajar en líneas aéreas comerciales no es muy frecuente que digamos en la familia real española, que utiliza con asiduidad los aviones oficiales para sus desplazamientos privados), pues en el primer caso lo pagaremos a través de los fondos que recibe el Ministerio de Defensa para el entretenimiento y uso operativo del Escuadrón de Transporte VIP del Ejército del Aire, y, en el segundo, a través de la asignación que el Ministerio de Hacienda le paga todos los años al monarca y que en estos momentos ronda los 8 millones de euros.

En cuanto a si nuestro rey cazador informa previamente al Gobierno de sus escapadas cinegéticas, conociendo al personaje y al actual jefe del Ejecutivo, señor Rodríguez Zapatero, que parece adorar la figura del actual jefe del Estado como si fuera la de su célebre abuelo militar, muerto en defensa de la República (ya en su momento dijo aquello, tan absurdo y comentado, de que Juan Carlos era todo un «rey republicano»), yo diría que ni hablar del asunto. ¡Bueno es el campechano Borbón de nuestra historia para pedirle permiso (que sí se lo pedía y con bastante humildad, por cierto, al señor Aznar) al «niñato ZP» (la denominación no es mía), al que, cuando intenta ponerse digno, no duda en enviar a descansar a La Mareta, en Canarias, o a Doñana, en Sevilla, para que no le moleste y recargue baterías.

Desde luego, cuando este hombre (me estoy refiriendo, ¡cómo no!, al todavía rey Juan Carlos) caiga en desgracia ante el pueblo español, para lograr lo cual está haciendo últimamente grandes esfuerzos personales, seguro que su escapada al exilio no será tan pacífica e inocua para él como la protagonizada por su abuelo Alfonso XIII en abril de 1931, vía base naval de Cartagena. Es muy probable que, vistas las andanzas de todo tipo que ha protagonizado durante los ya largos treinta años de su reinado: 23-F, los GAL, aumento espectacular de su patrimonio personal, aceptación de regalos multimillonarios, desprecio a la Constitución durante determinados eventos… etc., etc., tenga que responder ante la justicia antes de largarse al extranjero con viento fresco en compañía de su abultada familia. Una justicia que entonces ya no estará maniatada, ni frenada, ni ninguneada por una Constitución sui generis que, desde luego, no habrá servido para dotar de vivienda digna a cada uno de los ciudadanos españoles, pero sí al último Borbón, al inefable Juanito, como patente de corso, como un auténtico, singular y extemporáneo derecho de pernada.

¡Ah! Y yo me permitiría advertirle a nuestro amado rey, a través de estas sinceras líneas, que cuando llegue, ¡que llegará!, ese dramático momento de desgracia institucional para la monarquía que él representa, no intente poner pies en polvorosa utilizando el helicóptero Puma adscrito a la Casa Real desde el tejado de La Zarzuela, al estilo de la última escapada de los marines norteamericanos desde las azoteas de su Embajada en Saigón; tratando con ello de eludir sus graves responsabilidades… Porque muchos ciudadanos españoles, yo desde luego entre ellos, acudiremos allí con toda presteza para impedirle la escapada y llevarle de las orejas al juzgado de guardia más cercano. ¡Palabra de honor!

11
LOS VALIDOS Y LOS «CADÁVERES» DEL REY

—Juan Carlos I, un hombre sin piedad. Nunca le ha temblado el pulso a la hora de masacrar a sus enemigos y traicionar a sus amigos. —Los validos/kleenex de usar y tirar: Torcuato Fernández-Miranda, Adolfo Suárez, Alfonso Armada, Milans del Bosch, Sabino Fernández Campo, Mondéjar, Muñoz Grandes, Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde… —Fidelidad hasta el máximo sacrificio, hasta la propia vida. —Una verdadera dictadura real en la sombra, apoyada en los servicios secretos, la cúpula militar, el amiguismo financiero y una pequeña casta de políticos afines, ha gobernado el país durante años.

El rey Juan Carlos, a pesar del estereotipo que de él han fabricado durante tantos años los medios de comunicación nacionales, no es para nada un hombre campechano, simpático, jovial, educado y muy accesible para el común de sus súbditos. Es muy conocido, y todos sus biógrafos lo recogen en sus libros, que en su adolescencia y juventud adoleció de un carácter reservado, antipático, huidizo y muy poco comunicativo, incluso con sus familiares más allegados. Ello fue debido, al parecer, a la clase de educación recibida (primero en internados extranjeros y luego en colegios de élite españoles) y también a la falta de un verdadero cariño paterno-filial durante los primeros años de su vida.

Este carácter reservado y violento le llevaría en numerosas ocasiones a pelearse, incluso físicamente, con su hermano Alfonso, del que desde muy pequeño le separó un profundo foso de recelo y envidia al percatarse de que era mucho más inteligente que él y el preferido de su padre, el conde de Barcelona. Eso le convertía de hecho en un claro competidor futuro en la dura carrera que tenía por delante para ceñir algún día la preciada corona de sus antepasados.

Ya en su juventud, la Academia General Militar de Zaragoza le marcaría profundamente y la dura disciplina militar (bastante atenuada por cierto, en su caso) y el entorno autoritario y jerárquico en el que tuvo que desenvolverse durante cuatro largos años, acabarían transformando ese carácter solitario y áspero de la adolescencia en otro de corte castrense, rígido, duro y, en ocasiones, prepotente. Sin embargo, dadas las circunstancias políticas y personales por las que tendría que pasar tras su salida de la centros militares (obediencia ciega a Franco) y en respuesta a las recomendaciones de sus preceptores y ayudantes militares, sobre todo del general Martínez Campos y del comandante Armada, muy pronto tendría que esconder ese carácter bronco y autoritario detrás de una pátina de campechanía, bonhomía y tolerancia que, desde luego, nunca han sido reales.

Así, durante demasiados años, ha sabido engañar a la ciudadanía con ese almibarado carácter personal cercano siempre a la simpatía más absoluta, a la sencillez más elegante, a la solidaridad menos rebuscada y a un acercamiento de lo más «real» hacia sus súbditos… pero de vez en cuando estalla de la forma más imprevista, saca a relucir el llamativo plumero de alabardero real que lleva escondido en lo más íntimo de su ser y nos muestra a todos su verdadero «Yo» (con mayúsculas), una descarnada personalidad muy poco agradable y presta siempre al ataque más inmisericorde. Como cuando en aquella famosa recepción oficial, una de las primeras a la que asistía como monarca, celoso por la falta de atención de los periodistas que asediaban en tropel a un ministro del Gobierno en detrimento de su regia figura, contestó a gritos: «¡Ni Juanito ni hostias!» a los imperativos requerimientos de su esposa Sofía llamándole repetidamente por el diminutivo de su nombre de pila, para que no abandonara precipitadamente el salón.

O como, muchos años después, cuando en una visita a la ciudad de Alcalá de Henares para entregar el Premio Cervantes a una distinguida personalidad de las letras hispanoamericanas, recriminó públicamente, y también a gritos, al jefe de la unidad militar formada ante el recinto de la Universidad en la que iba a tener lugar el evento, porque no había dado entrada al himno nacional en el justo momento en que su divina persona asomaba la jeta por el lugar.

O como cuando en una visita oficial a una pequeña guarnición del archipiélago canario, ante la insistencia del corneta de guardia del acuartelamiento en interpretar una y otra vez, y en solitario, el himno nacional, no dudó en volverse con cara de muy pocos amigos al ayudante militar que estaba firmes detrás de él, en el podio de honores, y con un vozarrón fuerte y cortante ordenarle: —«¡Que se calle de una vez!»

O como cuando, bastante tiempo después, en el puente de mayo de 2007, después de permanecer tres días en paradero desconocido y presentarse tarde en la clínica Ruber de Madrid para conocer a su nueva nieta, la segunda hija de Felipe y Letizia, molesto sin duda porque algunos medios de comunicación se habían atrevido a comentar tan rara desaparición real, despreció ostensiblemente a los representantes de esos medios apostados en la puerta del establecimiento sanitario y con visibles gestos de desagrado se metió en tromba en su interior dejando fuera, con un palmo de narices, a la reina Sofía y al jefe de su Casa, el señor Aza.

O cuando, como conocen de sobra todos los ciudadanos españoles y del resto del mundo, con la cara desencajada y ademanes descompuestos, mandó callar de una forma abrupta y muy poco diplomática al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el curso de la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile (noviembre de 2007) despreciando la autoridad del presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, que le había pedido calma, y provocando con ello una grave crisis política de España con varios países hispanoamericanos cuyo alcance todavía está por ver.

Existen desde luego muchas anécdotas como éstas (y bastantes peores) que conocemos muy bien los militares y que no han llegado nunca al común de los ciudadanos de este país porque ellos, pobrecitos, no disponen de servicios secretos que les informen de las andanzas, los manejos, las aventuras y las desventuras de tan constitucional y campechano rey. Y que demuestran con toda claridad el carácter duro, autoritario, prepotente y, en ocasiones, despiadado de Juan Carlos de Borbón. Carácter del que sus íntimos y las personas que han tenido una relación preferente con la Casa Real española están al cabo de la calle. Como el periodista especializado en temas regios, el archiconocido Jaime Peñafiel, quien en una ocasión, a preguntas de un tertuliano radiofónico sobre el carácter campechano y simpaticón del monarca español, contestó sin pensárselo dos veces: «Bueno, no tanto, no tanto, písale un callo y verás…»

Y es que este hombre que, evidentemente, no ha accedido al alto puesto que ocupa a través de oposición o promoción intelectual alguna; que vive muy bien como lo que es y no debería ser; y que tiene, y no debería tener, la jefatura del Estado español como patrimonio familiar hereditario… se cree el amo del mundo, el dueño de la finca, el salvador de este país, el rey providencial que trajo, bajo su manto, las libertades de todos los españoles, actuando como si sus alicaídos genes familiares provinieran directamente, y al alimón, de las gónadas del Cid, Carlomagno y el Rey Sol. Está absolutamente convencido que es rey de todos los españoles por la gracia de Dios y que, como lógica consecuencia de ello, sus súbditos deberían aplaudir a rabiar, incluso con las orejas, todas y cada una de las gracietas institucionales y personales que protagoniza, sean éstas políticas, militares, financieras, sexuales, cinegéticas, deportivas, viajeras, gastronómicas… etc., etc.

Pues este hombre sin par, este enviado de la Providencia con corona, que nos encontramos los españoles sin comerlo ni beberlo allá por los años 70 del siglo pasado, que nadie creyó que iba a durar demasiado (de hecho, muchos ciudadanos, con y sin uniforme, le cargaron, quizá precipitadamente, el irónico apelativo histórico de «El Breve») y que, sin embargo, por las especiales circunstancias políticas por las que tuvo que pasar este país a la muerte del autócrata (sobre todo el peligro a una nueva dictadura militar) ha sabido ingeniárselas para permanecer en su palacete de La Zarzuela contra viento y marea. Así las cosas, ha hecho gala siempre de una muy rentable cualidad personal que le ha rendido grandes beneficios en todos los terrenos y ha neutralizado convenientemente la mayoría de sus potenciales errores, provenientes todos ellos de una inteligencia muy poco privilegiada. Me estoy refiriendo en concreto a la peculiar predisposición que manifiesta para rodearse de validos o apoderados políticos, militares, financieros, sociales… que tras el señuelo de la amistad y la aparente confianza de su señor, se desloman trabajando por él, se juegan su vida incluso en acciones presuntamente ilegales o fraudulentas en su beneficio y, además, no rechistan ni dicen ni pío cuando, acabados o quemados en la subterránea labor de apoyo a la institución que realizan, son tirados a la basura, olvidados, ninguneados o, en el peor de los casos, arrojados a la mazmorra.

Juan Carlos I ha sido (ahora ya menos, porque el pobre ha perdido mucho con los años; no hay más que verlo cuando todavía tiene la ocurrencia de vestirse de capitán general del Ejército español con esa guerrera/blusón de embarazada que ha ideado su sastre para disimular su abultado abdomen de general caribeño) un verdadero maestro a la hora de saber adquirir, utilizar y tirar kleenex humanos. Desde que era un mero aspirante a suceder al dictador, después en su etapa de cadete, más tarde cuando, nombrado heredero de Franco a título de rey, empezó a tejer a su alrededor una rudimentaria pero efectiva célula de poder; y no digamos nada cuando, a partir del 22 de noviembre de 1975, con desparpajo y satisfacción sin límites, ocupó el vacante y anacrónico trono español, mancillado a destajo en el pasado por sus despreciables antepasados dinásticos.

En efecto, el último Borbón ha sabido utilizar siempre magistralmente, y en su propio beneficio, validos o «apoderados reales» en todas y cada una de las parcelas del Estado que detentaban o podían detentar en su día algún poder: la milicia, la política, las finanzas, los medios de comunicación, los servicios secretos, el liderazgo social… etc., etc. Personalidades captadas por él, con esa campechanía de atrezzo y ese savoir faire de relaciones públicas de discoteca, que con su ambición personal a cuestas y casi siempre con un monarquismo trasnochado pero fiel, no han dudado en hacerle a su rey el trabajo sucio que necesitaba en cada momento. Para luego, a pesar de ser traicionados, defenestrados, abandonados, tirados a la basura como un pañuelito de tocador o, peor aún, encarcelados como vulgares delincuentes, callarse como muertos en beneficio de la sacrosanta institución de sus desvelos.

Aunque algunos de ellos, los menos, sí han hablado, aunque haya sido en petit comité desde luego y con las debidas reservas… pero han hablado al fin y al cabo. Y gracias a ellos algunos investigadores e historiadores sin pelos en la lengua podemos desvelar con conocimiento de causa algunos secretillos sobre las atípicas relaciones del último Borbón español con sus amiguetes de palacio y sobre las «hazañas» de todo tipo protagonizadas por estos últimos.

No quiero ser exhaustivo porque la lista sería interminable y el sacar a colación la vida y milagros de todos los validos regios que han sido en los últimos treinta años podría ser una labor seguramente incompleta, injusta y, desde luego, soporífera. Pero sí voy a pasar somera revista a los principales apoderados del rey Juan Carlos, a los encumbrados (y no tan encumbrados) hombres de su confianza que quisieron y supieron, sacrificarse por él, a los validos de toda laya (militares, políticos, financieros, de los servicios secretos…) que le ayudaron a tejer la sutil y a veces imperceptible dictadura de rostro amable y democrático que ha gobernado este país en los últimos seis lustros. Y que, finalmente, acabaron cayendo en el pozo de la ingratitud regia, en el olvido de sus importantísimos servicios a la Corona o en la traición pura y dura.

Y aunque el mayor número de validos y potenciales kleenex humanos del rey Juan Carlos hay que buscarlos, obviamente, en el ámbito militar, donde ha residido su oculto poder todos estos años y donde siempre ha encontrado la fuerza para sus continuados «chantajes institucionales» a los políticos elegidos más o menos democráticamente por el pueblo español, quiero empezar mi estudio por una personalidad política clave en la historia de la transición, artífice del cambio (sin cambio real), muñidor en la sombra del trágala político asumido sin pestañear por los líderes de la izquierda española que se había dejado sobre el campo de batalla (y luego en los paredones de las cárceles franquistas) decenas de miles de muertos. Me refiero al planificador máximo de los primeros pasos de una monarquía vacilante y sin futuro e ideólogo de la magistral y perniciosa rueda de molino constitucional que, convenientemente disfrazada de fuente de libertades y democracia, sería servida al pueblo español para que se la tragara de un solo golpe el 6 de diciembre de 1978. Sí, ¿lo habían adivinado?, estoy hablando de don Torcuato Fernández-Miranda, primer valido político del régimen juancarlista, primer tisú arrojado a la papelera de la ingratitud y la traición y, sin lugar a dudas, el hombre que sentó las bases para que la famosa «instauración» monárquica ideada y puesta en marcha por Franco no fuera flor de un día, un corto y bello documental de una coronación a lo «Sisí», y pudiera echar raíces en un país como la España de 1975, una nación traumatizada, sin vertebrar, sin instituciones, pero con un descomunal Ejército ocupando militarmente su territorio.

Torcuato Fernández-Miranda y Hevia

Este catedrático de Derecho Político, nacido en Gijón (Asturias) en 1915, fue el primer valido/preceptor del rey Juan Carlos desde su etapa de estudiante adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en 1960, hasta su dimisión como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino en 1977. En efecto, terminada su preparación militar en diciembre de 1959 y tras algunos rifirrafes entre Franco y don Juan de Borbón, con el telón de fondo del tipo de estudios y el modelo de universidad que convenían al entonces infante borbónico y futuro heredero de la Corona, Juan Carlos iniciaría, en septiembre de 1960, su etapa universitaria estableciendo su residencia en la Casita de Arriba de El Escorial y acudiendo, no con demasiada fortuna es cierto, a determinadas clases en la Ciudad Universitaria de la capital de España. Si bien el núcleo duro de su formación académica, vista la agresividad con la que fue recibido en el citado centro, lo constituiría un plantel de eximios catedráticos que, designados a dedo por el Régimen y bajo la batuta del hábil, inteligente, tímido y brillante don Torcuato, se afanarían durante meses por inculcar a su joven alumno los conocimientos básicos necesarios para poder arrostrar con éxito en el futuro las graves responsabilidades a las que parecía llamado por el dictador Franco, claro.

Es ahí, en sus continuas visitas a El Escorial para impartir su indiscutible saber al ya único hijo varón del conde de Barcelona donde el antiguo secretario general del Movimiento (1969-1974), el antipático y distante catedrático de Derecho Político Fernández-Miranda empezaría a forjar una íntima y peculiar relación con su distinguido alumno que le llevaría a ejercer, desde entonces y durante 16 años, como preceptor, padre, profesor, confidente… y también, ¡cómo no!, de delegado del autócrata con amplios poderes. Todo ello redundaría en una gran autoridad y predicamento del docente sobre el futuro rey que, con el tiempo y la creciente confianza entre ambos, llegaría a cristalizar en una clara dependencia política del alumno hacia el profesor, asumiendo poco a poco el primero, en plan reservado desde luego, las teorías del segundo para asentar sin traumas la nueva monarquía ideada por Franco, así como para hacerla viable en el futuro a través de una muy controlada transición que diera vida a una democracia, asimismo muy vigilada.

Torcuato Fernández-Miranda sería, pues, el primer valido o apoderado del actual rey de España, mucho antes de que accediera al trono y bastante antes de ser nombrado Juanito sucesor de Franco. Valido político de primer nivel, igual que lo fueran, también desde el principio pero en el campo castrense, primero Alfonso Armada y más tarde, aunque con un perfil más bajo, Nicolás Cotoner y Cotoner. Nombrado vicepresidente del Gobierno de Carrero Blanco, Fernández-Miranda asumiría la Presidencia interina a la violenta muerte de éste en 1973 por atentado etarra, aunque la lucha por el poder dentro del franquismo, desatada con toda virulencia tras el asesinato del almirante, acabaría perjudicando su figura en beneficio de Arias Navarro.

Don Torcuato fue, sin género de dudas, el planificador, el ideólogo, el muñidor de la transición del franquismo a la democracia en sus primeros años, en la etapa más difícil, la que arranca en los años 60 y alcanza su apogeo entre los años 1975-1976 con la magistral operación entre bastidores de su propio nombramiento como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino (conseguido con la colaboración de Arias Navarro), la dimisión de éste como presidente del Gobierno y el nombramiento para ese puesto de Adolfo Suárez.

Pero su relación personal con el nuevo y joven presidente Suárez (así como con su valedor, el rey) se deterioraría muy rápidamente debido, con toda certeza, a sus celos por la política propia y sin servidumbres que puso aquél en marcha en detrimento de sus propios planes. Los pactos de Adolfo Suárez con Felipe González y Santiago Carrillo, de cara a la legalización de todos los partidos de izquierda y en pro de unas elecciones generales sin condicionamientos, disgustaron sobremanera a don Torcuato, que había puesto en su particular agenda, aprobada en su día por Juan Carlos, la creación de un sistema político en el que se alternaran en el Gobierno de la nación dos partidos: el socialdemócrata (PSOE histórico de Rodolfo Llopis, anticomunista) y una formación de centro-derecha alejada de los ultras franquistas.

El rey Juan Carlos apostaría finalmente por su nuevo valido, el joven político de Cebreros catapultado por él mismo y también por don Torcuato, a la Presidencia del Gobierno, y esto llevaría a este último a presentar la dimisión irrevocable de todos sus cargos en 1977, escasas fechas antes de las primeras elecciones generales del 15 de junio de ese año. El último Borbón, el entonces joven monarca que había empezado a masacrar a sus enemigos políticos con la defenestración de Arias Navarro, aprendía también a abandonar, a traicionar, a sus mejores hombres. Torcuato Fernández-Miranda había ofrecido importantes servicios al Estado y a su persona, pero los nuevos intereses de la Corona empujaban a ir por otro camino y el caballo ganador lo representaba, en aquellos momentos, un joven, prometedor y ambicioso político que daba una muy buena imagen de modernidad, progreso y aires de cambio: Adolfo Suárez.

El rey Juan Carlos aceptaría la dimisión de Torcuato Fernández-Miranda mucho antes de que ésta se hiciera efectiva, en la soledad de su despacho y sin testigos; exactamente igual a como lo haría, tiempo después, con el hombre que acababa de tomar su testigo como nuevo valido regio, como nuevo apoderado de un rey ambicioso y sin escrúpulos, cuando los generales franquistas pidieran su cabeza en el otoño de 1980. Pero como buen rey a la vieja usanza, Juanito no dejaría irse a su viejo profesor, a su primer kleenex humano, con las manos vacías, huérfano de los consabidos honores y condecoraciones que tan pródigamente reparten los monarcas entre sus súbditos de primer nivel. Así, a don Torcuato, le caerían en cascada, en el momento de su despedida: el ducado de Fernández-Miranda, el nombramiento de senador por designación real y el Toisón de Oro. Casi nada. ¡Menudo puente de plata el que le tendía el desagradecido amo y señor a su distinguido siervo para que se fuera para siempre de su vida con viento fresco! Honores y gabelas posmorten que, sin embargo, no aliviarían un ápice la amargura que se llevaría pegada a su alma cuando emprendiera el camino del exilio este primer valido de la nueva democracia española caído en desgracia.

Este primer «cadáver» político juancarlista, este antiguo profesor de Derecho Político, este inteligente, ambicioso, huraño y tímido político que quiso hacer historia acercándose al Borbón de nuestra historia sin saber el gravísimo peligro que corría con ello, moriría en Londres, el 19 de junio de 1980, como consecuencia de un paro cardíaco.

Adolfo Suárez

La gran figura del consenso, del entendimiento, de los pactos, el sustituto de Torcuato Fernández-Miranda en el corazón de Juan Carlos I, el nuevo valido que emergía a la superficie de la política y el poder en la atormentada España de la pre-transición. El joven y valeroso político Adolfo Suárez, prestaría durante años, desde 1976 a 1981, grandes servicios al Estado procurando, a la vez, enormes satisfacciones a los ciudadanos españoles que verían abrirse ante ellos un prometedor camino de libertades y esperanza. Sabría enfrentarse, también con valor y astucia, al poder fáctico por excelencia de entonces, el Ejército franquista (por orden de su valedor, el rey Juan Carlos, todo hay que decirlo, que siempre quiso evitar el pulso directo con unos generales que podían arrebatarle la corona en cuestión de horas), permitiéndose incluso el lujo de legalizar a su enemigo mortal, el Partido Comunista de España. Pero, finalmente, como ya hemos visto con todo detalle en el capítulo correspondiente del presente libro, amenazado por el Ejército, cercado sin piedad en su búnker de la Presidencia del Gobierno, atacado donde más le dolía: la propia Zarzuela, tachado de «traidor a la patria», y con el «ruido de sables» helando la sangre de millones de españoles… sería defenestrado por el propio Juan Carlos, que serviría así, en bandeja de plata, su cabeza política a los generales más retrógrados de la derecha castrense.

Mucho se ha especulado por periodistas, políticos e investigadores sobre aquella sorpresiva dimisión del primer presidente de la democracia española después de la dictadura, llevada a efecto, aunque no fraguada y decidida, el 30 de enero de 1981, apenas tres semanas antes de que el aparato de la Zarzuela (dirigido por el valido castrense Alfonso Armada) pusiera en marcha el teatrillo político-militar autorizado por el rey y pactado con el general Milans del Bosch, la cúpula militar y los dirigentes de los principales partidos políticos, que todos los españoles conocemos como «la intentona del 23-F». Y que con su verdadero nombre: «Solución Armada», tuvo que ser puesta en ejecución precipitadamente porque la pactada dimisión de Suárez no les había parecido suficiente a algunos ensoberbecidos generales franquistas que querían también la cabeza del «rey traidor a los principios fundamentales del antiguo régimen».

Adolfo Suárez, un gran político, uno de los más inteligentes, honestos, valientes y sacrificados políticos que nunca haya dado este país (a buenas horas mangas verdes se le otorga ahora, treinta años después y enfermo, el Toisón de Oro, después de haberle ninguneado y vilipendiado durante lustros) sería pues, ¡cómo no!, también traicionado y ejecutado por el que había sido su mentor, su superior, su señor, su presunto amigo: el rey de España. Otra más de las grandes figuras políticas (quizá la más grande) que en beneficio exclusivo de la monarquía borbónica heredera del franquismo sería utilizada al máximo, exprimida hasta la última gota de su sangre, para después tirarla a la papelera de la Historia con absoluta frialdad.

Alfonso Armada

¡He aquí al super valido militar borbónico por excelencia, al preceptor, al ayudante, al padre consentidor, al superior jerárquico que se las sabe todas, al secretario, al general, al jefe de su Casa, al «padrino» de su boda, al confidente, al «facedor de entuertos regios», al ocultador de secretos de Estado que harían tambalear a éste cuando quisiera… al finalmente traicionado y enviado a galeras durante treinta años!

Este hombre, que hubiera podido tumbar a la monarquía juancarlista con sólo unas pocas palabras suyas dichas donde las tenía que decir: en el tribunal militar de Campamento o en sede parlamentaria, monárquico visceral, militar cortesano, ambicioso sin límites, fiel como un perro… estuvo siempre, desde el año 1955, en el que entrara al servicio de su futura majestad (entonces un taciturno, mediocre y rencoroso joven de 17 años de edad que se preparaba para ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza siguiendo los designios de Franco), al lado de Juan Carlos, convirtiéndose con el paso de los años en su otro yo, en su sombra, en su amigo, en el padre que éste siempre quiso tener en lugar del triste, deprimido y perdedor don Juan, en el confidente de sus cuitas amorosas en detrimento de su otro valido militar, don Sabino, que nunca quiso saber de la agitada vida amorosa del último Borbón, en el planificador y ejecutor de sus chanchullos políticos y cacicadas militares. Como la más famosa, estrafalaria y peligrosa: el 23-F, que pudo llevar a la nación española a una nueva guerra civil exclusivamente por salvar su preciada corona de las iras de los generales franquistas que no perdonaban su traición al Movimiento Nacional, y que, finalmente, le costaría al fiel servidor palaciego su carrera, su honor, su credibilidad y treinta años de prisión militar. Condena rebajada de facto, eso sí, después de pactar con su señor su amnesia total y su sordomudez absoluta para el resto de sus días, a la mucho más llevadera de cinco años, el último de los cuales lo pasaría, enfermo y deprimido, ocupando en plan VIP con toda su familia, una planta completa del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

Este Alfonso Armada, este marqués de Rivadulla, este ambicioso general, este supremo «facedor de entuertos regios», este valido a la vieja usanza, este poder oculto entre bastidores, este conspirador nato… personifica sin duda lo peor de la monarquía juancarlista, un muy especial régimen dictatorial en la sombra que ha extendido sus tentáculos hacia todos los ámbitos de la vida pública española durante los más de treinta años que lleva explotando su particular herencia franquista.

Sabino Fernández Campo

Hombre fiel, inteligente, cauto, trabajador nato, consciente de la responsabilidad que, tras la separación táctica de su predecesor Armada del poder castrense de La Zarzuela, le tocó asumir. Se podría decir, contrapesando el apelativo que le acabo de colgar al sinuoso marqués de Rivadulla, que el bueno de don Sabino ha sido durante muchos años el «desfacedor de entuertos» que aquél generaba en palacio, aún estando ausente de él.

Don Sabino fue, durante más de 16 años en La Zarzuela, el hombre efectivo, reservado y fiel que tripuló en secreto la nave de un alocado capitán coronado que sólo tocaba puerto en busca de los placeres de la regalada vida que le tocó vivir por una pirueta de la Historia y se pasaba después largas temporadas vagando en alta mar, hundido en el sopor de las juergas pasadas.

También el general Sabino Fernández Campo podría haber hablado, desvelado, comentado, explicitado, sacado a la luz pública importantes secretos de Estado (alguno de los cuales, como aquel del 23-F en el que fue providencial co-protagonista, está ya por lo demás suficientemente aireado en el presente libro), atacando con suma virulencia a un rey que le traicionó, que le vilipendió, que le trató con bajeza y desagradecimiento. Pero en lugar de tirar por ese camino, después de que su honesta persona fuera arrojada abruptamente de palacio tras uno de los frecuentes e imprevisibles ataques de ira de su campechano señor (en base a los reproches que en razón a su disipada vida personal se permitía hacerle el general), prefirió siempre actuar con suma discreción, cortesía, altura de miras y sentido de la responsabilidad. Porque el general Fernández Campo, que no quede de esto ninguna duda, fue realmente traicionado por su rey, ninguneado por él, despreciado, insultado públicamente… aunque al final, como suele ocurrir en estos casos, su propio verdugo moral tuviera el cinismo de hacerle noble por decreto, regalándole un condado: el de Latores. De todas formas, el autor de estas líneas, que sabe de lo que habla, está absolutamente convencido de que esa figura sobria y ejemplar de la reciente historia de España que es don Sabino, ennoblecida por el trabajo bien hecho y por la ingratitud manifiesta de su señor, no se rasgará las vestiduras si un buen día (previsiblemente cercano) recibe la noticia de que la monarquía que él no sólo defendió sino que salvó de la muerte súbita, ha pasado a peor vida…

***

Mi intención era, cuando empecé a escribir el presente capítulo, desgranar una a una, por lo menos en un apretado recordatorio personal, las traiciones, los desagradecimientos palmarios y los abandonos culpables que sufrieron prácticamente todas las personalidades políticas y militares de la llamada transición que tuvieron la desgracia de servir al todavía rey de España en los círculos más íntimos de su absoluto poder personal. Pero quizá pueda resultar esto repetitivo y hasta monótono, pues la mayoría de ellas, sobre todo del mundo castrense, ya han aparecido en estas páginas en trascendentales momentos de la vida del último de los Borbones españoles que estoy tratando de sacar a la luz pública. Por ello no voy a adentrarme en todas las traiciones o perceptibles desagradecimientos que de su real persona sufrieron personajes tan conocidos como los generales Milans del Bosch, Mondéjar, Gabeiras, Quintana Lacaci, González del Yerro, Muñoz Grandes… que le prestaron, en su momento, importantes servicios institucionales y personales; u otros del mundo de la política como Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda, su propio padre don Juan de Borbón o el mismísimo dictador Franco, aunque de esta última traición (con perjurio incluido) debemos congratularnos todos los españoles porque gracias a ella recibimos unas ciertas libertades y una anoréxica democracia; o financieros y testaferros como Mario Conde, Prado y Colón de Carvajal, o Ruiz Mateos; o declarados enemigos o competidores en la carrera hacia su corona como D. Jaime de Borbón, su hijo Alfonso de Borbón Dampierre y otra vez su propio progenitor, el conde de Barcelona.

Pero como sí quiero que el lector tenga puntual referencia de algunas de estas traiciones y de la enorme cantidad de «cadáveres» políticos, militares, financieros, sociales… que, para mantener como fuera su corona durante todos estos años, ha lanzado al vertedero de la Historia la rentable fábrica de despojos humanos que Juan Carlos de Borbón instaló en los sótanos del palacete de La Zarzuela el mismo día en el que un falangista de postín le tomara juramento de fidelidad a los principios políticos de su hasta entonces señor, voy a intentar resumir a continuación en una macabra lista los más conocidos:

Familiares y competidores por la corona

Don Juan de Borbón. Su padre. Traicionado, despreciado y abandonado por fidelidad a Franco, que era el único que podía darle la corona.

Don Jaime de Borbón. Su tío, jefe de la Casa de Borbón. Atacado públicamente. Despreciado. Muerto en extrañas circunstancias.

Infante Alfonso de Borbón (El Senequita). Su hermano y como él, futuro aspirante a la corona de España, al que su padre, el conde de Barcelona, quería nombrar sucesor suyo y heredero de los derechos dinásticos de la familia. Muerto de un certero disparo en la cabeza efectuado con la propia pistola de Juan Carlos. Nunca se investigó la extraña muerte de este joven de 14 años a manos de su hermano, de 18 años, cadete de la Academia General Militar y experto en toda clase de armas.

Don Alfonso de Borbón Dampierre. Hijo de don Jaime y primo suyo. Clarísimo competidor suyo en la carrera por el trono de España al casarse con la nieta mayor del dictador. Muerto en un extraño accidente de esquí fuera de España (un cable de acero que inexplicablemente cerraba una de las pistas le seccionó el cuello) siendo un experto en este deporte.

Militares

Jaime Milans del Bosch. General monárquico y muy amigo. El Sábado Santo «rojo» de 1977, cuando Adolfo Suárez legalizó el PCE, estaba al mando de la División Acorazada Brunete, la unidad más poderosa del Ejército de Tierra español, y salvó a la monarquía (y al régimen democrático recién instaurado) de un golpe militar al no seguir las consignas del Consejo Superior del Ejército, que quería anular como fuera el paso dado por el presidente del Gobierno. En 1981, siguiendo las instrucciones del rey a través de Armada, intervino en la puesta en ejecución de la «Solución» político-militar planificada por este último, pero abandonado por el rey, después de obedecer al milímetro sus nuevas órdenes, sería también condenado a treinta años de prisión militar.

General Quintana Lacaci. Capitán General de Madrid durante el llamado «23-F». Obedeció de inmediato las nuevas órdenes del rey que La Zarzuela, dirigida por el general Sabino Fernández Campo, impartió para neutralizar la desastrosa puesta en ejecución de la llamada «Solución Armada». Después de estos acontecimientos enseguida sería olvidado por la Casa Real y al término de su carrera pasó al mayor de los ostracismos, sin que apenas nadie le agradeciera sus servicios.

General Gabeiras. Jefe del Estado Mayor del Ejército en la misma época del anterior. Artífice de la rápida neutralización de la fracasada operación puesta en marcha por Armada en Madrid. Ninguneado y abandonado por el monarca tras su impagable ayuda profesional. Financieros

Mario Conde. Excesivamente conocida su experiencia vital con el rey Juan Carlos. Quiso tocar poder a través de su amistad y hasta parece ser que pagó de su bolsillo los cuantiosos gastos generados por la enfermedad terminal de su padre, don Juan. Puso en práctica la «estrategia de los yates» en política al estilo de la de «las cañoneras» lanzada por los jerarcas del siglo XIX para doblegar a sus enemigos. Le falló totalmente. Acabó arruinado y en prisión, sin que su real amigo moviera un solo dedo para ayudarle. Algunos mal pensados dicen que sí lo movió. Puso el pulgar de la mano derecha hacia abajo cuando Felipe González le planteó el derribo controlado del entonces todopoderoso Banco Español de Crédito, dirigido por Conde.

Manuel Prado y Colón de Carvajal. Testaferro real, administrador y conseguidor financiero de la Casa Real española. Autor sin ninguna duda del milagro económico de la misma y de su sorprendente enriquecimiento, que las leyes de la economía nunca podrán explicar. Quizá podrían hacerlo los jueces, los policías y los expertos financieros, pero eso aún es imposible ya que estamos hablando de un rey divino e intocable. De momento, el testaferro real, embajador político en sus ratos libres y el hombre de confianza por antonomasia de Juan Carlos I, en espera de que su jefe le acompañe algún día, ya ha entrado en prisión por sus supuestos milagros financieros con árabes y De las Rosas. Aunque en estos momentos, alegando enfermedad y no sé cuantas cosas más (entre ellas que es amigo del señorito) parece ser que ha vuelto a dar esquinazo a la justicia.

***

Todavía podría seguir pasando revista a validos, apoderados, militares cortesanos y demás personalidades del entorno del rey Juan Carlos durante su ya largo reinado y su también larga «dictablanda» que, unos más pronto y otros más tarde, terminaron sepultados como «cadáveres» putrefactos escondidos en el armario secreto del palacio de La Zarzuela a disposición de investigadores e historiadores. Sin embargo, también me gustaría sacar a la palestra de estas páginas a otra suerte de personajes o personajillos del mismo entorno regio, amigos o amiguetes del monarca, que no sólo no acabaron sus días en galeras o muertos real o políticamente, sino que formaron durante años un núcleo de poder a su alrededor, un lobby secreto, un grupo de presión que, con la información privilegiada suministrada al jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por los servicios secretos militares y el CESID, gestionaría y haría posible esa suerte de dictadura en la sombra que, no me cansaré nunca de repetir, sentó sus reales en La Zarzuela desde el mismo 22 de noviembre de 1975.

Suele ser una teoría, generalmente admitida y sostenida por periodistas y escritores no demasiado conocedores del entramado de sótanos, vericuetos y alcantarillas existentes bajo el poder, que la nueva monarquía española ha sabido organizar con suma maestría «una corte sin cortesanos», que ha huido como de la peste del consabido grupo de aristócratas de noble sangre enquistados tradicionalmente en los salones y hasta en los dormitorios regios… Y esto no es exactamente así. Si bien es cierto que la monarquía juancarlista ha sabido guardar las distancias con una aristocracia nacional que, en general, no la recibió demasiado bien reprochando a su titular su total subordinación al franquismo y la clara traición a su padre, quien debió ocupar el trono con arreglo a sus derechos dinásticos, no lo es que se haya privado totalmente, como acabamos de comprobar, de cortesanos, validos, testaferros, confidentes, militares de palacio, amigos, amiguetes y hasta de bufones. Lo que pasa es que la mayoría de ellos, sobre todo amigos, amiguetes, confidentes y soplones, han sabido permanecer en el anonimato o por lo menos, en una penumbra calculada la mayor parte del tiempo que ha brillado su estrella.

Saquemos, pues, de la penumbra algunos de los amigos del monarca (muchos de ellos sólo amiguetes) que formaron, durante décadas, esa corte palaciega «en el exilio» que muchos creen no ha existido nunca y que le proporcionaron toda suerte de ayudas para que él pudiera usar el tremendo poder aconstitucional en la sombra del que venimos reiteradamente hablando.

Y esos amigos del monarca tradicionalmente se han venido agrupando en dos clanes muy diferenciados, algunos de cuyos componentes sí han terminado, por unas causas u otras, ante los tribunales.

«El clan de las Cuatro Estaciones» debe su nombre a un restaurante, madrileño muy frecuentado por el rey, donde se reunían y hacían negocios hombres como Miguel Arias (propietario de la estación de esquí de Navacerrada, restaurantes en Madrid y en Mallorca, negocios inmobiliarios, bolsa), Joaquín Vázquez (constructor que remodeló La Zarzuela), Cardenal Pombo (socio de Arias, del hijo de Manuel Prado, amigo del monarca, negocios de armamento), Francisco Sitges (ex presidente de Asturiana del Zinc y de los astilleros Mefasa, que construyeron el yate Fortuna II, el Blue Legend de Javier de la Rosa y el Alejandra de Mario Conde).

Y un segundo clan es el de Mallorca, otro sector completamente distinto de amigos del rey, mucho más aristocrático y cuya figura clave ha sido siempre el príncipe Zourab Tchokotua («Zu» para los amigos), un aristócrata que Juan Carlos conoció en el internado de Friburgo y al que le debe importantes servicios. Concretamente sería «Zu» el que, en 1973, medió para que la Diputación Provincial de Mallorca le cediera el Palacio de Marivent, siguiendo el modelo de las antiguas cesiones a Alfonso XIII. Tchokotua saltó a conocimiento público en 1978, cuando un juzgado mallorquín ordenó su procesamiento e ingreso en prisión por una presunta estafa inmobiliaria. Esa supuesta estafa también salpicaría a su socio Oliver Mateu, otro de los componentes del clan y muy amigo del monarca español.

El príncipe Tchokotua siempre fue para el rey Juan Carlos un “relaciones públicas” excelente durante sus vacaciones en la isla balear. En su casa se organizaban cenas a las que acudían, junto con el monarca, personajes como Manuel Prado, Javier de la Rosa, Jaime Enseñar, el multimillonario argentino Carlos Rodolfo Bay, Bartholom Beslard (cónsul de EE.UU. en Palma), Giovanni Agnelli (presidente de FIAT) o el empresario químico Raúl Gardini, que se suicidaría en 1994, poco tiempo después de reunirse con el rey y con Agnelli, al ser acusado por los jueces de corrupción.

En el mismo círculo de amigos mallorquines destacaban algunos empresarios hosteleros como José Escaño, Alejandro Arroyo (cuñado de Mario Conde), José Oliver (propietario de varias discotecas) y el todopoderoso Pedro Serra, del grupo empresarial Serra, el amo de la isla según muchos. Es en este círculo de amistad y compañerismo balear donde Juan Carlos conocería a Marta Gaya, una decoradora catalana de despachos y apartamentos de lujo (habitual en Mallorca), muy amiga de la mujer de «Zu› y con la que el Borbón establecería una larga e íntima relación que duraría años, sobre todo en viajes al extranjero.

O sea, amigo lector, que eso tan manido de «corte sin cortesanos» nada de nada. Corte sí, muy numerosa, y también sui generis, manifiestamente mejorable e itinerante para una monarquía que ha sabido explotar a todo bicho viviente que se acercara a su lado y pudiera aportarle algo. Para luego, como un vulgar kleenex, tirarla sin contemplaciones a la papelera.

12
UNA BODA A «LO PERSA»

—El heredero: Un play boy antipático, desconocido para los españoles y mal visto por las casas reales europeas. Después de Eva Sannum, una cara mona de la televisión. El príncipe y la periodista: «O me caso con ésta o me largo». La Almudena, 22 de mayo de 2004: Una boda real que pudo terminar como el rosario de La aurora. Operación Riego: Entre militares anduvo el juego. —El «acomodador» de postín que salvó in extremis la fastuosa ceremonia. —Impacto mediático a pesar de todo.

El mal fario que persigue a los Borbones a la hora de encontrar consortes de sangre azul para sus regios enlaces (y que ya hemos explicitado en un capítulo anterior al hablar de las bodas de las hermanas del rey de España) alcanzaría su cenit en el caso del actual heredero de la Corona, el largo, desgarbado y poco conocido príncipe Felipe de Borbón. Antipático por naturaleza (por mucho que últimamente los medios de comunicación afines a La Zarzuela intenten recuperar su figura a través de almibarados reportajes casi cotidianos), soso donde los haya, con unas dotes intelectuales y profesionales que hasta la fecha no se han dejado ver por ninguna parte, con fama de simpatizante de la extrema derecha y con aires de play boy por sus numerosos noviazgos, aventuras sentimentales más o menos largas, ligues de temporada o fin de semana y, sobre todo, por la larga relación amorosa con la modelo noruega Eva Sannum… tendría muy serias dificultades para, una vez decidido a casarse, encontrar novia en las Casas reales europeas acabando, como todos los españoles sabemos, en los brazos de una «cara mona» de la televisión oficial, la joven, divorciada y proletaria Letizia (con Z).

Se trataba de una ambiciosa periodista que con un currículo sentimental harto profuso, una imagen de mujer moderna, desenvuelta y hasta liberada, y unos antecedentes familiares sumamente modestos, removería hasta los cimientos la estructura familiar, social y hasta política de la Casa Real española, marcando un antes y un después de aquel sorprendente 1 de noviembre de 2004 en el que se anunciara su compromiso, y rompiendo de facto el muro de silencio mediático que tradicionalmente ha venido protegiendo a La Zarzuela. Todo ello sentó las bases para que, en un futuro más o menos cercano, pueda hacerse realidad el vaticinio que en su día, al conocer el compromiso de la bella Letizia con el aristocrático comandante Borbón, lanzara a los cuatro vientos un afamado cantautor de la ya fenecida «movida» madrileña: «Esta chica traerá a España la III República». Premonición formulada meses antes de que la ya princesa de Asturias, acompañada de su esposo y de un selecto grupo de amigos, cenara en la residencia privada del peculiar artista y con una copa de más contara, según su anfitrión (que se permitió después incluir el chascarrillo en un libro), aquel comentado chiste del funambulista y la «fulana lista» que enseguida corrió como la pólvora por mentideros, tertulias, radios y televisiones.

Pero antes de la mona Letizia, como todos los españoles sabemos, hubo bastantes novias, amigas íntimas, ligues, compañeras de discoteca… etc., etc., en la ajetreada vida sentimental de este espigado muchachote, de este don Juan hispánico, un poco desgarbado, impenetrable, antipático, desconocido para el gran público, siempre con las mangas de su chaqueta un poco exiguas y que parece ser aspira en serio, con más moral que un cadete de primer curso, a reinar algún día en este descreído país. Yo sinceramente creo que no va a conseguirlo el pobre porque dos milagros seguidos en una misma familia (el de su padre y el suyo) no es previsible que se den uno a continuación del otro; pero de todas formas allá él, que se ha encontrado desde pequeñito con todo hecho: palacio real, viajes gratis total, estudios en los mejores colegios del extranjero, masters en EE.UU., nuevo palacio para el nene junto al de papá, novias guapas y de buena familia… y, claro, lo lógico es que se crea que todo el monte (el del Pardo, naturalmente) es orégano y que lo suyo, con un pueblo como el español al que se le mueren los dictadores en la cama y recibe con alborozo y papanatismo a sus herederos en lugar de juzgarlos, puede salir medianamente bien y reinar treinta y tantos años como su augusto padre.

De todas formas este chico, este «príncipe de Asturias» tan poco conocido y amado, parece estar un poco gafado y, a pesar de su cuna y de todas las bicocas que ha recibido desde su nacimiento, no le han salido hasta ahora las cosas demasiado bien. Por lo menos en el terreno sentimental, el único que conocemos un poco los españoles, sus bandazos han sido espectaculares desde que se enamoró de aquella muchachita de la buena sociedad española y con apellido de claras resonancias políticas: Isabel Sartorius. Aquél fue sin duda un amor verdadero, correspondido, quizá el primero para los dos, pero la guapa y tímida Isabelita enseguida sería repudiada como futura nuera por la madre del novio, la «profesional» Dª Sofía, que aspiraba a algo más, a mucho más, para su primer y único vástago.

El principito Felipe, el heredero de la finca ibérica de los Borbón (comprada a precio de saldo al «espadón» gallego, también a título de rey naturalmente), estaba en aquellas fechas bastante enmadrado el pobre y no quiso, o no supo, enfrentarse a su señora y profesional madre, optando así por sacrificarse por ella y por la institución que les cobijaba a ambos en su seno. Abandonó en consecuencia a su novia, con harto pesar personal, provocando con ello la animadversión del pueblo español, al que le caía muy bien la Sartorius, la enemiga de la familia de ésta, que montaría en cólera contenida por el desaire, y una profunda depresión en la desgraciada muchacha.

Con la ruptura del compromiso con su primer amor al heredero (el mismo al que luego, cuando se echara novia de verdad, nuestra magnánima Constitución del 78 le regalaría la vivienda digna ésa de los 800 millones de pesetas a la que según su artículo 47 tienen derecho todos los españoles) se le debieron caer con estrépito los palos de su sombrajo sentimental, brotando con fuerza en su interior la ancestral llamada erótico/sexual de sus genes familiares, dormida sin duda durante el tiempo que duró su platónica relación con la casta Isabel. Aprovechando que estaba en la flor de la vida, que no tenía nada que hacer, ninguna oposición que ganar, ningún trabajo profesional que realizar, ninguna tesis doctoral que redactar, ningún destino militar que cubrir a pesar de que era un apuesto oficial del Ejército español, ninguna chapucilla que arreglar en casa, ninguna hipoteca que tramitar (como hacen sus congéneres regios en el norte de Europa) en el banco de la esquina… enseguida se lanzaría a la agradable, aunque cansada tarea, de salir con chicas más o menos bien del mundo del espectáculo, de la noche, de la pasarela, de la discoteca… del golferío selecto, vamos, como hacen por lo general los chicos pijos de este país; sobre todo los que tienen papás ricos, pero ricos de verdad. De princesas o similar, nada de nada, porque ya hemos dicho que las pocas Casas reales que quedan en Europa huyen como de la peste de la familia Borbón por aquello de la endogamia y sus secuelas.

Así, después de la Sartorius, que tras la huida de su amado príncipe engordaría una barbaridad y empezó también a relacionarse compulsivamente con individuos del sexo opuesto, comenzarían a desfilar por los brazos del joven Felipe mujeres de toda laya, todas guapas y refinadas desde luego, que aguantaban a su lado unas pocas semanas, algunos meses, y enseguida desaparecían como por ensalmo. Circunstancia ésta por la que en las primeras y desenfadadas líneas de este capítulo yo me he permitido, sin ninguna actitud por supuesto, adjuntar a su augusto apellido el sin duda codiciado título social de play boy anglosajón o «don Juan› hispánico.

Y como a mí, la verdad, las aventurillas amorosas de este espigado muchacho, de este militar de guardarropía como su padre, de este principito de sangre azul al que, al menos de momento, el papel cuché no lo trata demasiado bien, de este aspirante a heredar en propiedad la Jefatura del Estado español como si de un cortijo se tratara… me traen al pairo y me importan poco más o menos como los amoríos televisivos de Gran Hermano IX, no voy a entrar a relacionar en estas páginas, una tras otra, las que fueron sus supuestas o reales novias por un día. ¡Faltaría más! ¡Allá él con su historia íntima! Si deberé, no obstante, aunque nada más sea por respeto a alguna lectora amante de estas cosas del corazón que lo haya olvidado y quiera recordar ahora, hacer mención de las más conocidas como Gigi Howard, Tania Paessler y, sobre todo, Eva Sannum, la modelo noruega que le encandiló sobremanera y que estuvo a punto de llevarle al altar, aunque finalmente también sería rechazada; esta vez no por la reina ni por nadie en concreto de la familia real, sino por una opinión pública española pacata y cortesana que, convenientemente jaleada por la prensa rosa de este país, enseguida le cargaría a la nórdica el sambenito de demasiado liberal (había publicitado con su escultural cuerpo ropa interior femenina), de poco conocedora de la idiosincrasia española y, en consecuencia, muy poco preparada para ser reina de España después del espectacular crac griego representado por Sofía. Ello provocaría la irritación de la escultural modelo y el consiguiente plantón a su noble compañero, que para evitar especulaciones tendría que salir a los medios a vestir el muñeco de una separación que no dudaría en atribuir a su libre albedrío personal y también a insondables razones de Estado.

Finalizado el caso Sannum con más pena que gloria, el joven príncipe Felipe, al que ya se le empezaba a pasar el arroz de su emparejamiento marital pues ya se sabe que la primera misión en la vida de reyes, reinas, príncipes y princesas es procrear mucho y bien, entraría en una depresión, no tan profunda como reza el tópico pero sí claramente perceptible por su entorno familiar y social. Resultaba meridianamente claro para muchos que el vino que había degustado con la noruega, en medio de interminables noches de pasión, se había agriado en el rencor mutuo y que las rosas rojas que presidieron, durante meses, sus encuentros se habían marchitado en el frustrado recuerdo de un amor imposible. El tiempo por venir se presentaba muy duro para el joven Borbón al que su propia familia, esta vez con la estúpida complicidad de los medios de comunicación sensacionalistas, le había vuelto a negar su derecho a elegir como compañera de su vida y madre de sus hijos a la mujer que él quisiera.

Y fueron duros efectivamente. Hasta que se decidió a luchar, a presentar batalla a su entorno familiar, a su propio padre el rey Juan Carlos si esto era necesario. Puesto que la rancia realeza europea había rechazado, una y otra vez, las reservadas propuestas de la Casa real española para intentar «fichar» en tan reservado círculo social la futura cónyuge del príncipe Felipe, y hasta el pequeño Liechtenstein (que cuesta encontrarlo en el mapa centroeuropeo) se había permitido el lujo de despreciar olímpicamente la aparentemente bicoca de emparentar con los Borbones «reinstaurados» en España, él solito se buscaría la mujer de sus sueños donde le diera la real gana, fuera ésta princesa o plebeya, y todos, absolutamente todos, empezando por sus padres, deberían asumir su decisión si no querían que él, solito también, cogiera sus bártulos, se echara al monte y mandara todo a paseo, corona incluida.

Agotado el mercado exterior de la realeza europea, y como no podía pensar, por razones obvias, en casarse con alguna princesa oriental o procedente de países árabes, al solitario y ya treintañero príncipe Felipe no le quedaba más opción que buscar pareja en la cantera nacional. Y más aún, como las relaciones de la familia real española con la nobleza tradicional de este país nunca han sido demasiado cordiales (porque a ésta última nunca le gustó la forma en la que la Casa de Borbón recuperó la corona, echándose en manos del franquismo y menos aún su decisión de huir como de la peste de una Corte a la vieja usanza), la elección de la futura esposa y princesa de Asturias quedaba constreñida a la zona más plebeya y numerosa del estrato social, es decir a cualquier mujer joven, inteligente y bella que le hiciera tilín.

Y como el príncipe Felipe ve los telediarios, o por lo menos los veía en el año 2005, no tardaría, como el resto del numeroso grupo de televidentes que seguíamos en aquella época los informativos de TVE, en apreciar la belleza natural y exquisita de la gentil presentadora que a diario acompañaba a Urdaci en su diaria aventura periodística. Y urgido como estaba por sus progenitores, después del fiasco de la Sannum, a buscar lo más pronto posible una mujer que le satisfaciera sentimentalmente y con la que pudiera dedicarse, en el plazo más breve posible, a proporcionar herederos para la causa borbónica, enseguida llegó a la conclusión de que por él ya la había encontrado. Apostó decididamente por aquella angelical cara que todas las noches se asomaba a las casas de media España para, entre mohín y mohín, contarnos las noticias de las últimas horas, y que correspondía a la fémina con la que siempre había soñado. Y de la que enseguida ¡faltaría más!, se afanaría por saber su nombre: Letizia (con Z).

«Es bella, fotogénica, parece culta, inteligente, tiene clase, elegancia natural. Parece suficiente. Puede hacer un buen papel como princesa de Asturias. Seguro que sabrá estar a la altura de las circunstancias, desempeñar su papel con éxito, aguantar el tipo con distinción, atraer con simpatía las miradas de millones de españoles que valorarán muy positivamente su origen plebeyo, humilde, del común de los mortales. Y, además, traerá a la familia el futuro heredero de la corona», masculló entre dientes, repetidas veces, don Felipe antes de decidirse…

De todas formas al príncipe azul en busca de consorte no le queda más remedio que investigar sobre la vida de la que, a todas luces, aparece como una muy privilegiada candidata. Pregunta, inquiere, quiere saber, solicita opinión a algunos íntimos amigos… Letizia es divorciada, ha tenido varias relaciones sentimentales después de su fracasado matrimonio, su familia es muy humilde, su madre es enfermera y también divorciada, su abuelo materno ha sido taxista; ella misma ha pasado momentos de acusadas dificultades económicas y en la actualidad ocupa un modesto apartamento situado en un barrio del extrarradio madrileño… Nada que no pueda ser contrarrestado, marginado, olvidado, enterrado en el pasado aunque él sea el heredero de la corona de España y es consciente de que los medios de comunicación y la sociedad española en general hurgarán con frenesí en la vida pasada de su futura mujer en cuanto la noticia de su noviazgo sea oficial.

A través de periodistas amigos del jefe de su, de momento, platónica enamorada, organiza una velada ad hoc para conocer a la gentil presentadora. El éxito le sonríe. En persona todavía es más bella que en pantalla y, desde luego, parece muy inteligente y con clase. No se ha equivocado. Antes de que la cena termine y el anfitrión y acompañantes, que a lo largo de la noche se han limitado a desempeñar el modesto papel de comparsa, se despidan con la agradable sensación del deber cumplido, don Felipe, que tiene prisa por llevar a feliz término la decisión irrevocable que ya ha tomado, intenta amarrar a la bella periodista proponiéndole una nueva cita. Ella, segura de sí misma, inteligente, sabiendo el terreno que pisa y conociendo por sus amigos las verdaderas intenciones del Borbón, practica la sutil y femenina táctica de la indiferencia calculada y el desprecio comedido. Tiene a su lado a todo un príncipe que busca su amor, pero ella es una joven profesional de su tiempo, fuerte, moderna, liberada, que se ha hecho a sí misma, que sabe lo que quiere… y también la mejor forma de conseguirlo…

El príncipe de Asturias, aunque decidido y, por supuesto, plenamente correspondido por la bella periodista, tendrá aún que ganar una importante batalla si quiere llevarla al altar: la batalla de La Zarzuela. Pero esta vez combatirá con saña, irá a por todas, usará todas sus armas, atacará en todos los frentes… Está dispuesto a jugarse el todo por el todo para salirse con la suya. Primero con su madre, a la que esta vez puede atraer a su campo con facilidad pues ya ha hablado con ella de sus proyectos y ha obtenido un «placet» inicial muy prometedor, pero sobre todo con su padre quien, en el pasado episodio de su relación con Eva Sannum, no dudó en emplear a fondo todo su poder, tanto familiar como institucional.

Esta vez será distinto, él es ya todo un hombre que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar por su futuro; no sólo el institucional, que ya tiene resuelto, sino como ser humano, que quiere realizarse como tal y vivir de acuerdo a los tiempos que corren.

Sí, el joven Felipe de Borbón se enfrentará a su padre, el rey de España, por la bella periodista Letizia Ortiz. Con todas sus armas. Una memorable mañana del otoño de 2003, las espadas de padre e hijo cruzarán sus aceros bajo la tenue luz que baña el despacho oficial del último Borbón. Durante unos minutos el rifirrafe familiar es duro, incómodo, desagradable… todo parece indicar que otra vez, como cuando el rey Juan Carlos revestido de su púrpura llamó a capítulo a su hijo decidido ya a casarse con la modelo noruega Eva Sannum, el espinoso asunto de la boda del príncipe acabará en desencuentro, en rechazo paterno y quien sabe si en ruptura total entre progenitor y vástago. De pronto, unas palabras fuertes, rotundas, amenazantes, pronunciadas por el joven resuenan en el silencio de la estancia como un trueno:

—Papá, esta vez o me caso con ésta o me largo. No hay marcha atrás.

Juan Carlos I no había sentido un impacto emocional tan fuerte desde aquella tremenda noche del 23 de febrero de 1981 en la que sus ayudantes militares le comunicaron con nerviosismo la barrabasada cometida por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en su bananera entrada al Congreso de los Diputados en Madrid, pistola en mano y agrediendo físicamente a las más altas autoridades del Estado. Entonces, aún estando al tanto en líneas generales de lo que iba a ocurrir en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, el impacto fue brutal. En segundos vio tambalearse su corona y las lágrimas brotaron de sus ojos. En esta ocasión, sabiendo como sabía que su hijo andaba enfrascado otra vez en la elección de su futura esposa y conociendo incluso la identidad de la elegida, los detalles del currículo sentimental de ésta, de sus padres y de otros pormenores relativos a su estatus social, económico y laboral, le habían producido una grave preocupación inicial que, no obstante, desaparecería como por ensalmo ante las nuevas e inesperadas palabras de su hijo, al que le responde:

—Hijo, piénsatelo bien. Está en juego no sólo tu futuro sino el de toda la familia, el de la propia Institución que representamos.

El órdago filial en la primera familia del país funcionaría a la perfección, como bien sabemos todos los españoles. El 1 de noviembre de 2003, aprovechando un puente festivo como ya es práctica habitual en la familia real española (que parece querer con ello evitar el aluvión mediático consiguiente cuando es ella la que alerta directamente a sus periodistas de cámara, incluso a través de los teléfonos móviles, ante el suceso más nimio que pueda servir de propaganda a la Institución monárquica), se produciría el anuncio oficial del noviazgo del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, con la periodista española Letizia Ortiz (Leti para los amigos), una chica del montón, de sangre roja-roja, muy moderna, trabajadora, liberada, divorciada e hija de padres divorciados. ¡Casi nada! ¡Toma, pueblo español! No querías a la desahogada modelo noruega porque se había paseado en bragas por las pasarelas de medio mundo y porque marcaba canalillo intermamario ante sus fans con unos sujetadores de escándalo, pues toma ésta con divorcio incluido, ex marido escritor con ganas de hablar y promocionarse, pintores extranjeros que dicen que posó para ellos en top less, compañeros de los anteriores que dicen haber tenido una amistad muy especial con ella, periodistas que no dicen nada pero que todos sabemos han estado unidos sentimentalmente a ella durante meses… ¡Casi nada, amigos! El 1 de noviembre de 2003 la revolución ha estallado en España, en el propio palacio de La Zarzuela y con el esbelto Felipe ejerciendo de Robespierre enamorado. Por cierto, ¿por qué no elegiría esta guapa «cenicienta» su nombre respetando el castellano, es decir con «c», ya que escribir sobre ella peleándose uno continuamente con el ordenador resulta harto incómodo?

Una vez que las divertidas imágenes de los futuros esposos, felices, contentos, vestidos impecablemente para la ocasión y en el marco espacial adecuado, fueran recogidas por los medios de comunicación del mundo entero, el monarca español, vencido pero consciente de lo que se le venía encima con el noviazgo (y la futura boda) de su hijo con la bella periodista, decidiría intervenir en defensa de la Institución. Y el primer frente donde necesitaba luchar, y con toda urgencia, era sin duda el del borrascoso pasado de la futura consorte de su hijo. Ya es sabido que las reinas, por lo menos las de antes, no debían tener pasado y aunque los tiempos han cambiado mucho y ahora vivimos, por lo menos teóricamente, en una sociedad permisiva, democrática y libre, el hecho de que de pronto en una monarquía como la española de hoy (nacida con fórceps después de una fecundación in vitro decretada por un desalmado dictador con uniforme, que presenta una grave insuficiencia crónica en cuanto a legitimidad y que cualquier día puede sufrir un episodio muy grave de rechazo social) aparezca una futura reina que, debido a su experiencia con los hombres, podría arrasar en cualquier consultorio de ingeniería sexual… es algo intrínsecamente dañino para la Institución.

Había que borrar, pues, el pasado de la prometida de don Felipe, como fuera y cuanto antes. Los pescadores en río revuelto habían comenzado ya a largar sus aparejos con una sonrisa que prometía muy buenas capturas y diferentes medios de comunicación, no demasiado sumisos al poder, tomaban posiciones de cara a un aumento sustancial de sus audiencias. Y las órdenes a los que debían recibirlas y estaban perfectamente entrenados para cumplirlas se darían pronto precisas y concretas. Para eso están en la nómina del Estado y para eso nos cuestan un ojo de la cara. Hay que reconocer que se lograron resultados espectaculares. Así, en cuestión de muy pocas semanas, desaparecerían de la vida pública y de los medios de comunicación, como si se los hubiera tragado la tierra, los siguientes personajes y personajillos relacionados con la vida pasada de la nueva y flamante princesa de Asturias:

* Su ex marido (no pongo su nombre porque, tal como me han comunicado, aunque no lo tengo confirmado, desde el 22 de mayo de 2004 está clasificado como «alto secreto», al que, según cuentan, se le apareció una buena mañana su particular ángel de la guarda, caracterizado de agente especial del CESID. Éste, dándole un precioso maletín de piel negra y mostrándole el título de propiedad de una hermosa finca rústica situada a bastantes kilómetros de Madrid, le sugirió la conveniencia de trasladarse de inmediato a tan bello lugar con todos sus libros y bastantes folios en blanco para dedicarse a leer y escribir el resto de sus días si quería que él siguiera cumpliendo con efectividad su angelical misión de proteger a ultranza su alma y, sobre todo, su cuerpo. Además, para cerrar el trato, debería convertirse en sordomudo funcional ad eternum.

* El pintor cubano Waldo Saavedra, al que parece ser sirvió de musa en top less la guapa Letizia durante su permanencia en México, allá por los años 90 (salió, como musa, en el disco Sueños líquidos de Maná), y que, según comunicó en su día a la prensa española, tenía previsto poner a la venta el mismo día de la boda de la periodista un polémico cuadro con su imagen en la Feria de Arte de Buenos Aires. Nunca más se supo del pintor y su cuadro.

* Un amigo del anterior, componente del grupo musical Maná, que (a tenor de algunas informaciones periodísticas) estuvo muy unido a la actual princesa de Asturias mientras ésta estuvo trabajando en México en aquellas fechas.

* El periodista (no estampo aquí su nombre porque, al igual que el ex marido, ha sido clasificado) que estaba unido sentimentalmente a Letizia cuando ésta conoció al príncipe Felipe. Llevaba con él varios meses y de pronto, tras la célebre cena del rendez vous principesco, desapareció como por ensalmo, sin dejar rastro. Tan impresionante ha resultado la volatilización de este buen hombre que la empresa norteamericana que gestiona la serie televisiva del mismo nombre ha pensado llevarla a uno de sus exitosos capítulos. Si le deja la Casa Real española, por supuesto.

* Todos los compañeros, amigos y amigas de la periodista devenida en princesa, comenzando por su mentor televisivo, el señor Urdaci, quienes, además de permanecer en paradero desconocido desde entonces (el antiguo crac de los informativos de TVE, señor Urdaci, después de casi tres años de apagón mediático ha vuelto a reaparecer en determinados programas basura pero sólo con el objetivo de dejarnos ver con absoluta claridad de que pie ideológico cojea), parecen haberse vuelto tontos de remate pues sólo recuerdan, cuando algún astuto paparazzi logra encontrar a uno de ellos, lo inteligente, guapa, elegante y trabajadora que era su antigua amiga o colaboradora.

***

La boda entre doña Letizia Ortiz y el príncipe de sus sueños se celebraría, como todos los españoles sabemos de sobra, el 22 de mayo de 2004, un día lluvioso y frío que desluciría mucho la fastuosa ceremonia montada por la Casa Real española como escaparate y promoción de una Institución caduca y extemporánea que cada día que pasa sufre un mayor rechazo social en este país, a pesar de las almibaradas encuestas que quieren demostrar con ahínco todo lo contrario.

Ese sonado enlace, el ridículo esperpento fuera de lugar que tuvimos que tragarnos durante horas todos los ciudadanos de este país, costaría a las arcas del Estado (es decir, a todos los españoles) la friolera de 60 millones de euros (diez mil millones de las antiguas pesetas), sin contar los gastos que tendría que afrontar el Ayuntamiento de Madrid para engalanar y poner en condiciones las calles de la capital por donde debía discurrir el decimonónico cortejo nupcial con los príncipes de Asturias como protagonistas absolutos en carruaje. Y que conste que el cálculo de la citada cantidad ha sido elaborado por este modesto investigador «a la baja», con suma benevolencia y respetando las escasas cifras oficiales que en su día trascendieron sobre este asunto. Sólo el capítulo del traslado y permanencia en Madrid de casi 20.000 policías, guardias civiles y soldados sobrepasa los 20 millones de euros (más de 3.000 millones de pesetas); a lo que hay que añadir, viajes, invitaciones, hoteles, banquete, engalanamiento del Palacio Real, obras en la catedral de La Almudena, alquiler del avión Awacs de la OTAN, que nos protegió a todos los españoles durante unas horas de la peligrosa flota aérea de los talibanes… etc., etc., y los 4,5 millones de euros (750 millones de pesetas) que le costó a TVE la difusión del regio enlace, tal como admitió oficialmente la directora general del denominado Ente público.

No voy a entrar, obviamente, en las páginas que siguen, en el relato pormenorizado del fastuoso evento del 22 de mayo de 2004. El lector español ya lo conoce en demasía y al de fuera de España no creo que le interese mucho en estos momentos. Pero lo que sí quiero dar a conocer al lector con todo detalle, porque esto si que no lo conoce en profundidad aunque de él se hicieron profuso eco los medios de comunicación, es el hecho insólito, novedoso, increíble y absolutamente fuera de lo común, que tuvo lugar en la catedral de la Almudena de Madrid coincidiendo con la llamada «boda del siglo» (una más) entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. Fue algo que pudo hundir en la miseria aquel regio espectáculo nupcial de propaganda montado por la Casa Real española, provocando de paso un serio escándalo político y social. Faltó muy poco para que ambos objetivos fueran conseguidos por su planificador y ejecutor.

Considerado en principio por los medios informativos como anécdota, chascarrillo, suceso jocoso, curioso, llamativo, pero en todo caso intrascendente (quizá debido a las interesadas declaraciones iniciales de su protagonista, que en aquellos momentos no quiso entrar en el verdadero trasfondo del asunto), no tuvo en realidad nada de anecdótico, jocoso e intrascendente, ya que se trató de algo tan serio como un bien planificado ataque frontal a los cimientos mismos de una ceremonia nupcial ridícula y fuera de lugar, decimonónica, frívola y costosísima, propia más bien de regímenes caducos como los del Sha de Persia o el rey Faruk de Egipto, y organizada por la Institución monárquica española exclusivamente como escaparate propagandístico y plataforma de exaltación mediática.

Porque ya me dirá el lector, español o extranjero, si puede considerarse como anécdota o suceso trivial e intrascendente el singular hecho de que en la capital de una nación europea, moderna, avanzada, rica y civilizada como en teoría es la España actual, blindada hasta sus cimientos por casi 20.000 policías, guardias civiles y soldados en razón a que allí se celebra la boda del heredero de la Corona, justo dos meses después de que en la misma ciudad (Madrid) se produjera un espantoso atentado terrorista en el que perdieron la vida 191 ciudadanos, una sola persona, sin invitación alguna para la citada ceremonia y con un revólver bajo el cinturón de su pantalón, pase sin ningún problema todos los controles de seguridad, se introduzca en la catedral donde tiene lugar el regio evento sin tener que enseñar ni un simple documento de identidad y sin someterse a ningún detector de metales por si porta un arma, deambule más de diez minutos por el interior del templo entre reyes, príncipes, princesas y jefes de Estado, y finalmente, abandone el recinto religioso por propia decisión y por su propio pie ante las continúas y engorrosas muestras de respeto y subordinación expresadas por varios de los militares cortesanos que ejercían las labores de aposentadores de postín en el enlace y que le imposibilitaban, sin ellos saberlo, poder cumplir la misión que le había llevado allí. Y que desde luego no era, como veremos a continuación, el poder felicitar, antes que nadie, al príncipe contrayente…

La operación, planificada durante cinco largos meses y ejecutada con absoluta decisión y sangre fría (nada extraordinario para un veterano militar, antiguo paracaidista, jefe de comandos en la Guerra de Ifni y acostumbrado a ejecutar durante su larga vida profesional multitud de operaciones especiales en circunstancias extremas) voy a contarla a continuación, suficientemente resumida, aunque alguien pueda aprovechar la ocasión para tacharme de vanidoso u oportunista por meter esta aventura personal en las páginas de un libro que trata de contar las andanzas de todo un rey de España. Pero antes de nada quiero explicitar convenientemente las razones personales que me llevaron a la decisión de ejecutarla, justo el mismo día en el que la familia real española diera a conocer el compromiso del príncipe de Asturias con la periodista Letizia Ortiz: el 1 de noviembre de 2003.

Aquel mismo día me puse a pensar sobre el sorpresivo acontecimiento, seguramente como muchos españoles, y llegué en pocos minutos a la siguiente conclusión:

«Si este hombre, el ciudadano Juan Carlos de Borbón (lo de rey de todos los españoles me lo creeré el día en el que la forma de Estado sea sometida a referéndum en este país y la monarquía salga triunfante por la fuerza de los votos y no tras meterla de matute en una Constitución que no se la había leído casi nadie cuando se votó en 1978) va a utilizar dinero público (de todos los españoles), un escenario público (la catedral de La Almudena, que es de todos los católicos), una televisión pública (TVE), un palacio del Patrimonio Nacional (el Palacio Real), miles y miles de funcionarios públicos (policías, guardias civiles, soldados…) en su exclusivo beneficio y como propaganda de la Institución familiar que representa, aprovechando la celebración de una ceremonia religiosa que, al menos en principio, debería ser privada o circunscrita al ámbito de su residencia oficial, el palacio de La Zarzuela, y desde luego sufragada por sus propios emolumentos, ¿por qué yo mismo, otro ciudadano español que paga sus impuestos y respeta a rajatabla las leyes, no puedo aprovechar toda esa parafernalia mediática (pagada con dinero público, insisto) para reivindicar públicamente la III República española, pidiendo que, de una vez por todas, se reinstaure en este país el único régimen legítimo, legal y verdaderamente democrático que ha tenido en todo el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, es decir, la República, arrojada del poder en abril de 1939 no por la fuerza de los votos del pueblo español, sino por un deleznable golpe militar del que, curiosamente, es heredero el ciudadano Borbón?»

Pues sí, señores, pensado y hecho. Aquel mismo día 1 de noviembre de 2003 me puse a trabajar y poco tiempo después, cuando se concretó la fecha del regio enlace: 22 de mayo de 2004, redoblé mis esfuerzos planificadores. Así nacería la llamada por mí, seguramente por íntimos condicionamientos históricos e ideológicos: Operación Riego, un operativo secreto que debía poner en práctica el susodicho 22 de mayo en La Almudena con el fin de robar protagonismo a la aireada «boda del siglo» y recordar a millones de telespectadores que en este país, a pesar de los años transcurridos y quizá por ello, algunos seguimos sin estar de acuerdo con la estrafalaria «instauración monárquica» que se sacó de la bocamanga y de sus testículos el dictador Franco en 1969. Y que aspiramos a que algún día, cada vez más cercano, los ciudadanos españoles seamos verdaderamente soberanos y dueños de nuestro destino.

Desarrollo de la Operación Riego

Veintidós de mayo de 2004: Madrid ciudad cerrada. Se celebra la boda del príncipe de Asturias D. Felipe de Borbón con la periodista Dª Letizia Ortiz. Casi veinte mil policías, guardias civiles y soldados custodian la capital de España, auxiliados desde el aire por aviones de combate, helicópteros y sistemas Awacs de la OTAN y con el apoyo en tierra de vehículos blindados, unidades a caballo, del subsuelo, tiradores de élite y perros adiestrados. De todo este contingente, sin precedentes en la historia de la seguridad en España, más de cinco mil efectivos (policías, guardias civiles, soldados, personal de seguridad de La Zarzuela…) protegen directamente la denominada «Zona Verde», es decir, los accesos y el interior del complejo donde va a celebrarse la suntuosa ceremonia: catedral de La Almudena y Palacio Real.

Son exactamente las 10:05 horas de la mañana de tan «memorable» jornada histórica y faltan escasos minutos para que el rey Juan Carlos entre en la catedral encabezando el cortejo nupcial. Un coronel del Ejército español en uniforme de gala, con faja de Estado Mayor y condecoraciones en el pecho, sale del Hotel Ópera (donde ha pasado la noche tras reservar una habitación con meses de anticipación), situado a unos centenares de metros del Palacio Real y se dirige en línea recta a La Almudena. No, no es uno más de los invitados al regio enlace a punto de comenzar (la inmensa mayoría de los asistentes llevan ya bastantes minutos concentrados en el interior de la basílica), ni está allí desempeñando misión profesional alguna en relación con tan magno acontecimiento, ni su nombre figura para nada en la lista oficial de personalidades asistentes al acto confeccionada por La Zarzuela, ni en su guerrera porta acreditación o documento alguno que le permita acceder a la catedral a la que se dirige… pero al militar todo eso parece darle igual. Esta preparado y decidido a llevar a cabo su minucioso y secreto plan, largamente preparado y planificado.

Pasa un primer control policial saludando reglamentariamente a los agentes que, sorprendidos, contestan respetuosamente al mismo y le facilitan el paso; luego otro, y otro… nadie le pide nada, ni siquiera un simple documento de identidad. Llega a la calle Bailén, totalmente vacía en esos momentos, cortada al tráfico y custodiada por cientos de policías que forman dos interminables hileras a ambos lados de la misma y la enfila por el centro con decisión, en solitario, a buen paso. Ya muy cerca de la engalanada entrada a la catedral (con dosel y alfombra roja incluidos) se desplaza a su derecha, abordando así la acera pegada al Palacio Real para saludar con naturalidad a varios miembros del servicio de seguridad de la Casa Real que, impecablemente vestidos de negro, forman una hilera de protección pegados al muro del templo que da a la citada calle Bailén. Ninguno de ellos, después de contestar al saludo del jefe militar, se permite preguntarle el por qué de su presencia allí a hora tan anómala y mucho menos exigirle que muestre su invitación.

Sin embargo, la mayor sorpresa para el protagonista de esta aventura está todavía por llegar. Recorrida la calle Bailén y aledaños del Palacio Real en total soledad y entre cientos de policías que le miran con respeto y curiosidad, el jefe militar encara con paso firme la enmoquetada rampa que da acceso al recinto religioso con intención de penetrar en el mismo y pasar así a formar parte, por decisión unilateral suya, del selecto grupo de personas que los reyes de España han invitado a tan «histórico» acontecimiento.

El coronel, que ha preparado con minuciosidad propia de Estado Mayor la operación que está desarrollando, activa en ese momento su cerebro y pone sus músculos en tensión pues sabe que el punto álgido de la misma se acerca. Es plenamente consciente de que no le será nada fácil traspasar la puerta de entrada a La Almudena sin la tarjeta electrónica (con chip incluido) que han recibido, con carácter personal y reservado, todos y cada uno de los invitados o, en su defecto, sin una acreditación personal de la Casa Real o, en su caso, del Ministerio de Defensa. Por mucho uniforme militar de gala que vista que, además, no es el de etiqueta que exigía el protocolo para los escasísimos miembros de la Fuerzas Armadas invitados al acto. No obstante, él sigue su camino con tranquilidad y decisión suprema, dispuesto a entrar en el templo y culminar así una operación que le ha supuesto cinco meses de preparación y estudio. Tiene in mente, por supuesto, un guión muy bien aprendido y decenas de veces ensayado, para poner en marcha en cuanto el personal de seguridad de la entrada le exija su invitación para permitirle el paso.

Pero he aquí que no le va a hacer falta recurrir a guión alguno para traspasar la puerta de la catedral en la que, minutos más tarde, va a celebrarse la llamada «boda del siglo». Próximo ya a ella, después de apercibirse de que algún cámara de televisión, a lo lejos, está recogiendo su paso igual que le había ocurrido en la plaza de Oriente y calle Bailén, la sorpresa más inesperada estalla ante sus ojos, que no pueden creerse lo que ven: la en teoría vigiladísima puerta de entrada a La Almudena se presenta ante él totalmente desierta, sin nadie que la custodie, sin policías, sin guardias civiles, sin «rambos» del servicio de seguridad de La Zarzuela como los que acaba de ver, a decenas, en los aledaños del Palacio Real. Tampoco hay un elemental arco «detector de metales» bajo el que hubiera que transitar obligatoriamente y sin ni siquiera un simple conserje, con librea o sin ella, que pueda acompañar a cualquier rezagado invitado regio al interior del lugar teóricamente más seguro de España en esos momentos; «defendido» a distancia por casi 20.000 policías y soldados, en el que ya se encuentran decenas de reyes, reinas, príncipes, princesas, jefes de Estado y de Gobierno extranjeros, y al que instantes después va a llegar ni más ni menos que el rey de España acompañado de todo el cortejo nupcial.

Nuestro hombre, con sus condecoraciones, sus medallas, su faja de Estado Mayor, su uniforme de gala y su pequeño revólver (calibre 22 de defensa personal) bajo el mismo, entra por fin en el templo. Son las 10:14 horas de la mañana del día 22 de mayo de 2004. Ha tardado exactamente nueve minutos en cubrir, sin ningún contratiempo, la distancia que separa su hotel de la catedral y penetrar en ella. Todo se ha desarrollado con arreglo al plan previsto, aunque la suma facilidad con la que ha accedido al «objetivo», teóricamente la fase más difícil de la operación y la que más quebraderos de cabeza le había supuesto a nivel de planeamiento, le ha descolocado un poco.

Sin embargo, lo que ve a continuación, dentro del templo, le va a sorprender todavía más. Él esperaba encontrarse en el momento de su entrada, después de estudiar al detalle el horario y las informaciones que sobre tan magno acontecimiento habían publicado innumerables medios de comunicación, con un recinto abarrotado de selectos personajes: reyes, princesas, jefes de Estado, de Gobierno… todos sentados, recatados, respetuosos con el entorno religioso en el que se hallaban, silenciosos, en espera del rey Juan Carlos y los contrayentes a punto de llegar. Lo que de verdad se encuentra es radicalmente distinto: bancos vacíos, amplios corrillos en los pasillos de personas que hablan en voz alta, casi a gritos, ruido, jolgorio, falta de respeto, trajes despampanantes, pamelas descomunales, joyas… Aquello, salvando las distancias, se parece más al cóctel de bienvenida en el salón de celebraciones de cualquier boda de pueblo que a una boda real que se precie de serlo.

El coronel se funde con los invitados y empieza a moverse por el interior del templo, de acuerdo al plan trazado y a pesar de que la multitud parlante que ocupa los pasillos le impide desenvolverse con soltura. Lo tiene todo muy claro: una vez dentro de la catedral deberá pasar a la fase siguiente y «mimetizarse» con los invitados en espera de que llegue el rey y la ceremonia comience. Tiene muy estudiados, después de visitar La Almudena bastantes veces en los últimos meses, los lugares más adecuados (PT1 y PT2 de su plan) para colocarse hasta que llegue ese momento, debiendo tener especial cuidado en no ponerse al alcance visual de ninguno de los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos, presentes en el acto, las únicas autoridades a las que puede extrañar su presencia allí…

Se dirige en principio al punto táctico nº 1 (PT1), el lugar donde deben situarse la familia de la contrayente y los amigos y compañeros de los novios. Está situado muy cerca del altar y por el perfil de las personas que deben situarse allí, muy poco habituadas a actos de esta naturaleza, siempre lo consideró muy apropiado para poder enmascararse convenientemente en él durante unos minutos preciosos e, incluso, si todo salía bien en ese proceso de mimetismo personal con el medio, utilizarlo como plataforma para cumplir desde allí la misión.

Pero el batiburrillo existente en el citado PTI, mayor si cabe que el que reina en el resto de la catedral, con numerosos grupúsculos de familiares y amigos de los novios charlando entre ellos a voz en grito y moviéndose nerviosamente de un lado para otro para tratar de ver a príncipes, princesas e invitados de postín, le aconseja no echar de momento raíces en ese sitio y seguir deambulando por el recinto. Estará sin duda más protegido sorteando la masa de invitados que ocupa los pasillos que parado en un lugar en concreto, donde si no quiere llamar la atención deberá integrarse en alguno de los corrillos parlantes de la zona y sin ninguna duda hacer frente a preguntas indiscretas; por lo menos hasta que los asistentes a la ceremonia, ante la pronta presencia del rey Juan Carlos acompañando a los contrayentes, den por terminadas sus charlas y ocupen definitivamente sus asientos.

El militar vuelve sobre sus pasos esquivando pamelas y uniformes de opereta. Atraviesa otra vez el altar en dirección a la puerta por donde ha entrado. Observa su reloj. Lleva ya casi cuatro minutos en el interior del templo y la cosa no puede ir mejor para sus fines. Todavía no se puede creer lo que ha vivido desde el momento en el que abandonó el Hotel Ópera hace apenas trece minutos. Una triste sonrisa acude a su rostro mientras no puede dejar de pensar:

«Y esto a dos meses del 11-M. Dos meses después de que España sufriera el mayor atentado de su historia con cerca de doscientos muertos. Este país no tiene remedio. Es sin duda el paraíso para los terroristas. Si en lugar de ser un coronel de verdad del Ejército español (aunque injustamente tratado, ésa es la verdad, por una cúpula de Defensa retrógrada e incompetente) que, eso sí, ha decidido propinarle un susto democrático y civilizado al sistema aprovechando la carísima parafernalia regia desplegada en La Almudena, el que en estos momentos se pasea entre la realeza europea a su libre albedrío es un terrorista disfrazado de coronel (nada del otro mundo para cualquier mercenario con experiencia de guerra) que en vez de llevar encima un pequeño revólver calibre 22 porta un subfusil ametrallador y un cinturón de explosivos… esta estúpida ceremonia nupcial Made in Spain podría dejar casi en mantillas al espantoso 11-S neoyorquino».

—¡Mi coronel, mi coronel, a sus órdenes!

El militar abandona la profundidad de sus pensamientos y se vuelve rápido hacia quien, saliendo del cerrado grupo de invitados que rodean el altar principal de la catedral, se dirige a él. Es un comandante de Estado Mayor embutido en un impecable uniforme militar de etiqueta color azul el que le habla de nuevo solicito.

—Mi coronel… ¿le ayudo a encontrar su sitio?

—No, muchas gracias, comandante. Estoy buscando a alguien… Si tengo algún problema ya se lo diré.

El coronel ha reaccionado con presteza ante la intervención de uno de los antiguos compañeros del príncipe, comandantes del Ejército, a los que La Zarzuela ha encomendado la humillante misión de aposentar debidamente a los egregios invitados. No hay duda alguna de que en el estricto cumplimiento de la misma y de buena fe ha querido ayudar a un superior suyo, un alto oficial de Estado Mayor, que por ir vestido con uniforme caqui él ha debido confundir, obviamente, con algún mando del impresionante operativo montado por el Ejército en los alrededores de la catedral.

Sin embargo, al militar «invasor» no le ha resultado cómoda la intervención del comandante, afanado en una tan ridícula y humillante tarea como la de acompañar a sus asientos, como «acomodador» de postín, a los integrantes de la caduca jet set de medio pelo que acaba de invadir La Almudena para disfrutar de una boda «a lo Sissi» en pleno siglo XXI. Piensa que unos jefes de Estado Mayor del Ejército español, por muy compañeros y amiguetes que hayan sido del príncipe contrayente, nunca debieron ser designados (y ellos, en todo caso, nunca debieron permitirlo) para ejercer de distinguidos servidores de advenedizos de uniforme, borrachos de élite o pendencieros de abolengo; que de las tres especies sociales hubo, desgraciadamente, en esta mal llamada «boda del siglo» que estamos recordando en estos momentos.

El coronel, después de su corta charla con una de las pocas personas presentes en la catedral que, junto con los jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos, también presentes en el recinto, pueden ponerle en un aprieto, más que nada por su seguro sentido del deber y acendrado compañerismo (cabe recordar aquello de la cuña y la madera), puesto que, por lo visto hasta ese momento, resulta obvio (para los invitados y funcionarios de los servicios de seguridad) que la figura de un militar de alto rango vestido de gala y cubierto de condecoraciones no sólo no despierta recelo alguno, sino que resulta hasta atrayente y consustancial con el medio.

Así las cosas, el coronel se dirige hacia la puerta principal de La Almudena para «explorar» el puesto táctico nº 2 (PT2), elegido como alternativo al PT1 para «mimetizarse» hasta la llegada de la comitiva nupcial. En su marcha por el lateral izquierdo de la impresionante nave, dificultada hasta extremos increíbles por la presencia de decenas de señoras tocadas con grandes pamelas y acompañadas de caballeros de etiqueta o con uniformes de diseño, intenta localizar el punto exacto en el que, según los croquis publicados en diferentes medios de comunicación, deben situarse los tres JEMES (Jefes de Estado Mayor), a los que sin duda les puede parecer muy extraño la presencia allí, vestido con uniforme de gala color caqui y no con el de etiqueta azul previsto en las invitaciones, de un coronel de Estado Mayor vagando en soledad.

Efectivamente, a los pocos segundos de marcha y a pesar del gentío que abarrota la catedral consigue descubrir a la cúpula militar en pleno, charlando amigablemente y sin prestar mucha atención al mare magnum que les rodea. Actitud ésta que no deja de parecerle de lo más normal al veterano militar que conoce de sobra el tradicional ensimismamiento y la voluntaria marginación social de los que hacen gala, desde hace siglos, todos los componentes del estamento castrense español. Llega, pues, sin contratiempos al puesto denominado por él mismo PT2, situado en la parte de atrás del lugar reservado para empresarios y representantes de los medios de comunicación, y muy cerca de la puerta principal del recinto religioso. En un primer vistazo le parece mucho más adecuado que el puesto nº 1 para esperar tranquilamente la llegada del rey y el comienzo de la ceremonia.

Sin embargo, algo le va a intranquilizar nuevamente. A sus espaldas otra voz de corte castrense, respetuosa y amable pero firme, se dirige a él:

—Mi coronel. A sus órdenes. Veo que todavía no ha ocupado su asiento. Si quiere, puedo acompañarle al lugar reservado para los invitados pertenecientes a las Fuerzas Armadas. El rey llegará dentro de pocos minutos y la Casa Real ya nos ha comunicado que todos los presentes deben sentarse. La voz de corte marcial pertenece ahora a un nuevo aposentador de postín, a otro comandante de Estado Mayor distinto del que hace unos minutos se ofreció para ayudarle, pero asimismo dispuesto a prestar un servicio como sea al, para él, despistado superior jerárquico que, sin aparente rumbo fijo, deambula a la deriva por el enorme plató televisivo en el que se ha convertido el sobrio templo madrileño.

—Muchas gracias, comandante. Estoy pendiente de encontrarme con una persona a la que debo ver con urgencia. Enseguida iré a la zona que me indica. Ya la tengo localizada —responde el coronel con estudiada firmeza.

Decididamente el PT2 le parece muy adecuado al jefe militar infiltrado para ocuparlo transitoriamente si, finalmente, consigue neutralizar el cariño y la dedicación corporativa que le muestran los solícitos compañeros del príncipe de Asturias, convertidos en los amos y señores del histórico escenario en virtud de la humillante misión que han asumido, y dispuestos a complicarle la existencia con su respetuosa y subordinada actitud. Aparece más desahogado que otras zonas y con algunos asientos aparentemente vacíos a pesar de los consabidos cartelitos que, en varios idiomas, indican la personalidad que debe ocupar cada uno de ellos. Pero todavía deberá inspeccionar el puesto nº 3 (PT3), desde donde deberá cumplir su misión (lanzar su alegato republicano) en el caso, prácticamente decidido, de permanecer en el PT2 desde el inicio de la ceremonia religiosa hasta que, a punto de pronunciar el cardenal Rouco la fórmula del casamiento real, deba abandonar ese puesto y aproximarse con presteza al altar mayor, en un punto muy cercano al rey Juan Carlos (PT3), para con voz fuerte y sonora dirigirse a todos los invitados y, por supuesto, a los millones de telespectadores que en esos momentos estén contemplando el evento nupcial.

El coronel de nuestra historia, que lleva ya casi diez minutos en el interior de La Almudena (son las 10:24 horas del sábado 22 de mayo de 2004), se apresta pues a revisar el citado punto PT3. Es el que, a partir de entonces, adquirirá para él el máximo protagonismo operativo, antes de enmascararse definitivamente en la zona en la que se encuentra, reservada para personajes del mundo empresarial y de los medios de comunicación y muy cercana a la puerta principal de acceso a la catedral. Esa entrada es por la que dentro de escasos minutos, quince como mucho, entrará la comitiva nupcial encabezada por el rey de España.

En su camino hacia el altar, el coronel sin invitación oficial nota un claro exacerbamiento del caos reinante dentro del templo. Se debe a que muchos invitados, obedeciendo, sin duda alguna, la recatada llamada de los aposentadores de postín, parecen haber recobrado de pronto la compostura perdida e intentan ocupar sus asientos todos a la vez. De repente otro militar (¡esto de la cuña de la misma madera es de libro!), pondrá de nuevo en peligro, esta vez con carácter casi definitivo, su bien preparado operativo.

—Mi coronel… La Casa Real acaba de dar órdenes de que todos los invitados ocupen sus asientos pues el rey y los novios están a punto de entrar en la catedral. Si me permite su invitación, yo mismo le acompañaré a su sitio. No hay tiempo que perder, mi coronel… El tiempo apremia.

Es el comandante del Ejército que se acercara por primera vez al militar, escasos minutos después de que éste accediera a La Almudena por la desguarnecida puerta de invitados, el que vuelve a dirigirse a su superior jerárquico, esta vez con una perceptible sorpresa en su rostro. En décimas de segundo el coronel se apercibe de la gravedad de la situación. No puede seguir «mareando la perdiz» con unos profesionales del Ejército que, sumamente respetuosos y guardando exquisitamente las formas, deben, sin embargo, cumplir a rajatabla las órdenes recibidas de la Casa Real. Tiene todo perfectamente planificado y por ello debe reaccionar ante la nueva situación creada. Llegados a este punto, sólo caben dos opciones:

A) Adelantar la misión al momento presente, subiéndose al altar y lanzando su manifiesto republicano previsto para 20 segundos de duración, después de recabar la atención de los numerosos invitados al enlace.

B) Intentar solucionar el espinoso asunto de la invitación pidiendo la colaboración del atípico aposentador castrense que se dirige a él por segunda vez, con la ayuda del guión preestablecido para el caso y que se sabe de memoria.

El tiempo urge, las décimas de segundo corren, y desestimando de inmediato la opción «A» porque no está dispuesto a rebajar un ápice el alto nivel que desde siempre le ha querido dar a su «golpe de mano mediático»: presencia del rey Juan Carlos y aprovechamiento del minuto de oro de la ceremonia (la fórmula del casamiento), se acerca al comandante y con voz amistosa, suave, como si pretendiera contarle un secreto de Estado, le descubre primero su identidad y a continuación le dice:

—Comandante, estoy aquí más como historiador que como coronel de Estado Mayor. Estoy escribiendo un libro sobre el rey Juan Carlos [extremo éste absolutamente cierto] y era para mí muy importante presenciar en directo esta ceremonia de la boda del príncipe de Asturias. Solicité hace tiempo la oportuna invitación [también cierto] al Ministerio de Defensa, pero, aunque prometieron enviármela, a primera hora de la mañana de hoy no la había recibido. A pesar de ello, he decidido personarme en la catedral. Por nada del mundo podía perderme este histórico acto.

La respuesta del «acomodador» castrense de postín sorprende al militar:

—Mi coronel… Nadie puede estar aquí sin invitación, pero yo podría ayudarle a solventar este serio problema. Muy cerca de la puerta por donde usted ha entrado la Casa del Rey ha montado una oficina de control de invitaciones y si me acompaña a ella, yo mismo intentaría que le expidieran una con carácter especial, dada su situación y el motivo de su ingreso en la catedral. No hay otra solución y, además, debemos actuar con diligencia pues dentro de escasos minutos entrará en el templo la comitiva real y todo el mundo debe estar ocupando su sitio. ¿Me acompaña, mi coronel?

El jefe militar sopesa rápidamente la situación creada tras la nueva intervención del comandante y su obligada confesión. Por un momento piensa que el aposentador se ha dado cuenta de todo, que le ha conocido, y que su invitación para que le acompañe tiene perversas intenciones ocultas. Durante unas pocas décimas de segundo retoma la hipótesis, antes desechada, de actuar de inmediato, subiéndose al altar, situado a unos dos metros de distancia, y desde allí, cumplir la misión ante los cientos de invitados de alto rango que en esos momentos proceden a ocupar sus asientos en el sagrado recinto.

Aparta definitivamente de sus pensamientos tamaña acción. Acompañará al comandante a la oficina que La Zarzuela ha montado en la catedral y que sea lo que Dios quiera. Él ha planificado y preparado exhaustivamente la operación en la que está metido para desarrollarla delante del rey, de su numerosa familia y de todos sus invitados, como una especie de «jaque al rey» democrático y civilizado, como una llamada de atención al pueblo español, una parte muy importante del cual no está de acuerdo con la componenda monárquica elaborada por Franco y su régimen. Y que nos ha supuesto a los españoles, dejando aparte el consabido período de paz y prosperidad que nos recuerda machaconamente la propaganda oficial (debido más que nada al ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea) y que olvida, además, la corrupción y la degradación política y social que ha conllevado una vuelta atrás en la historia y un retroceso muy importante en nuestros derechos perdidos tras la sublevación militar de 1936, la dictadura consiguiente y la pseudodemocracia que ha venido después.

Si no consigue la invitación para poder seguir con la operación hasta sus últimas consecuencias, dejando hacer al amable «acomodador» castrense que le acompaña y del que todavía no sabe si va o vuelve, abortará definitivamente la misma. Tiempo habrá para plantear nuevas batallas en el futuro a una monarquía juancarlista extemporánea y ridícula que, desaparecida hace años su discutible razón de ser (servir de dique de contención al Ejército franquista), vegeta en la actualidad entre la inanidad más absoluta y la decadencia física e intelectual de su ínclito titular.

El alto funcionario de La Zarzuela al que, demostrando por fin su buena fe y su compañerismo, se dirige el aposentador de postín adscrito a la Casa del rey que acompaña al militar rebelde ingresado de matute en La Almudena, flipa unos cuantos segundos y empieza a sudar copiosamente cuando se entera (después de oír atónito varias explicaciones suplementarias del antiguo compañero del príncipe contrayente) del motivo de la extraña visita de los dos militares, uno de azul, al que sí había visto con anterioridad y otro de caqui, al que no había visto hasta entonces ni por el forro. Y dirigiéndose a este último con amabilidad y cortesía, aunque con cierto nerviosismo le espeta:

—Coronel: No estoy autorizado para facilitarle en este momento la invitación que solicita y desde luego, sin ella no puede permanecer en la catedral. Le ruego que, si no tiene usted en estos momentos la oportunidad de conseguirla por otros conductos, en brevísimo tiempo abandone La Almudena ya que el rey está a punto de llegar y podría crearme un grave problema personal.

Las caras de los dos interlocutores del militar «okupa», mientras en la catedral han cesado ya las risas y las charlas subidas de tono y el silencio más absoluto empieza a reinar por fin, reflejan preocupación e incredulidad mientras esperan que el coronel que tienen ante ellos manifieste su decisión. Ni uno ni otro esperaban encontrarse en una situación tan insólita como aquélla en el marco de una ceremonia exhaustivamente planificada y férreamente protegida por miles de policías y funcionarios de toda laya.

El coronel, seguro de si mismo y consciente de que si lleva la situación al límite y amenaza con el escándalo, nadie podrá forzarlo a retirarse, opta sin embargo por posponer su misión para mejor ocasión. Aunque se quedara hasta el final de la ceremonia, no se podría quitar ya de encima al pegadizo militar y a todos los funcionarios de la Casa del Rey en pleno que imposibilitarían cualquier acción suya. En consecuencia, se dirige a ambos con voz grave:

—Por supuesto que no quiero crearles ningún problema a ustedes, que sólo cumplen con su obligación. Para mí es demoledor que por una pequeña desidia administrativa no pueda asistir a una ceremonia como la presente en la que estaba particularmente interesado, ya que pensaba trasladarla con todo esplendor a mi próximo libro. De todas formas, no se preocupen, me retiro y en paz. Gracias por todo.

El coronel, con su uniforme caqui de gala, sus condecoraciones, sus distintivos, su faja de Estado Mayor… traspasa de nuevo la puerta de La Almudena, esta vez curiosamente protegida por un pequeño grupo de funcionarios que le despiden respetuosamente, pisa de nuevo la moqueta roja que baja hasta la calle Bailen y emprende su camino de vuelta hacia el Hotel Ópera. Saluda, control tras control, a los mismos policías que se encontró en su camino de ida. La masa de curiosos y turistas que esperan la salida, en coche descubierto, del príncipe Felipe y su Leti del alma, permanece callada y expectante. Escasos minutos después una joven recepcionista se dirige a él con sorpresa mientras le entrega la llave de su habitación:

—Señor… ¿Ha terminado ya la boda? ¡Que suerte haber podido estar en ella!

***

En su edición digital, elmundo.es (martes, 25 de mayo de 2004) publicó la noticia que resume el impacto mediático logrado con la Operación Riego, aunque ésta no se nombre y tampoco el verdadero objetivo de mi entrada en el templo:

El coronel Martínez Inglés logró
colarse en La Almudena justo antes
de la entrada del cortejo nupcial

El militar asegura que no se debió a un afán de notoriedad
sino que quiso denunciar fallos de seguridad.

MADRID. El polémico coronel Amadeo Martínez Inglés, el mismo que pasó una temporada en la cárcel militar por pedir la profesionalización del Ejército, logró despistar todos los controles de seguridad el pasado sábado y se coló en la mismísima catedral de La Almudena. Faltaban pocos minutos para que entrara el cortejo real.

Según confirmó el militar al diario El País, logró acceder al templo, vestido con el uniforme de gala de coronel del Ejército de Tierra, sin invitación que mostrar y con un revólver bajo la guerrera. No tuvo que pasar ningún arco de seguridad.

Fuentes de la Casa Real aseguraron que el coronel fue detectado por los servicios de seguridad hacia las 10:30 horas, cuando todos los invitados esperaban la llegada del Príncipe y los Reyes. Tras comprobar que carecía de invitación, le invitaron a marcharse y lo hizo sin oponer resistencia. Estas fuentes no pudieron precisar si había logrado entrar en la catedral. Telecinco ha emitido unas imágenes en la que se demuestra que Martínez Inglés entró al edificio, concretamente por una de las puertas laterales, la de la calle Bailén.

Afán de protagonismo

El militar, apartado del servicio desde 1990, ha explicado que su «hazaña» se debió a que quería «denunciar los fallos» y no a un «afán de protagonismo». Según Martínez Inglés, si hubiese sido así entonces se hubiera «abierto la guerrera» y hubiese aparecido «una pistola entre reyes y princesas».

«Esto no es una anécdota en absoluto, sino un fallo muy grave de los servicios de seguridad de la Casa Real», criticó Martínez Inglés, quien recalcó que es «increíble» que no hubiera «un sólo arco detector de metales».

Relató que salió a las 10:05 del hotel donde se alojaba y que fue «directamente» a la catedral de La Almudena, en cuyo interior estaban ya todos los invitados a la boda real, y agregó que pasó «hasta seis controles policiales», un recorrido en el que invirtió entre seis y ocho minutos y en el que los agentes le trataron «de manera muy educada» y le abrieron camino «porque había mucha gente».

Explicó que su intención era entrar por la puerta lateral del templo hacia la que se dirigió «sin ningún problema» ya que los efectivos desplegados le «contestaban el saludo». Subrayó que su sorpresa «fue mayúscula» cuando llegó a la puerta de la catedral y accedió «directamente» al interior «sin que nadie me dijera nada».

Mezclado con los invitados

Según sus declaraciones, el coronel pasó por delante del altar y se dirigió a la zona donde iban a sentarse los familiares de Doña Letizia, porque «había estudiado muy bien el croquis» y sabía que se iban a sentar allí los compañeros de armas del Príncipe de Asturias y consideró que era la «única forma» de «mezclarme un poco con ellos» y pasar desapercibido cuando los invitados tomaran asiento.

Insistió en que «nadie me dijo nada» y aseguró que «dos compañeros de promoción del Príncipe que ejercían la labor de asentadores» le ofrecieron su ayuda para buscar su asiento que él declinó. Reconoció que el «único momento de peligro» que vivió fue cuando se encontró con la cúpula militar, los jefes de las Fuerzas Armadas «que estaban charlando entre ellos, porque si aparezco por ahí me conocen»

Fue precisamente la insistencia de uno de ellos la que le obligó, según continuó, a explicar que no tenía invitación pese a haberla solicitado al Ministerio de Defensa como «historiador militar» y para relatar la boda real en un libro sobre el Rey Juan Carlos «que estoy escribiendo».

Precisó que dicho comandante le acompañó entonces hasta la entrada donde se le acercó «un diplomático de unos 50 años flanqueado por dos o tres miembros del servicio de seguridad» que pensó «que era Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey», quien le dijo que no podía permanecer allí sin invitación, le invitó a abandonar la catedral y le acompañó hasta la salida.

Martínez Inglés, que está en la reserva, fue absuelto recientemente por un juzgado madrileño de una denuncia de Defensa por llevar su uniforme en una manifestación contra la guerra de Irak.

13
SENTADOS SOBRE UN POLVORÍN

—El futuro que viene. Con la próxima desaparición o abdicación de Juan Carlos I llegará la verdadera transición. —El nuevo ciclo histórico ha comenzado ya. El objetivo: Una España plural, sumamente descentralizada, moderna, democrática, solidaria, europea y republicana. —La III República española pide paso. La bandera tricolor florece en Madrid al socaire del «No a la guerra» —Los 20.000 republicanos «fantasmas» del 22 de abril de 2006.

Que a la monarquía juancarlista le quedan muy pocos telediarios es algo de lo que cada día que pasa son más conscientes millones de ciudadanos en este país. No hace falta tener una intuición especial ni línea directa con el diablo. Dejando al margen la formidable “ofensiva republicana” desatada en toda España tras el secuestro de la revista satírica El Jueves y la quema masiva de fotografías de la familia real, que no está cerrada y que puede reactivarse en cualquier momento, basta ver bostezar y dormirse descaradamente a su abotargado titular, el rey Juan Carlos, una y otra vez, en cualquier acto institucional o protocolario a los que últimamente asiste. Vestido de militar o civil y sea el que sea el nivel profesional de los promotores de esos actos: jueces, ministros, generales, empresarios, líderes sociales… etc., etc.

Por ejemplo, sólo en la primera semana del mes de junio de 2007 las cámaras de televisión de una determinada cadena privada lanzaron al aire la imagen del monarca, placenteramente dormido, con los ojos cerrados y hasta roncando ligeramente, nada menos que en cuatro ocasiones, o sea, en cuatro distintos escenarios y con diferentes anfitriones e invitados. Y a lo largo de los meses de septiembre y octubre de ese mismo año, otras cuatro veces volvió a salir en pantalla el rey de todos los españoles soñando con los angelitos en el curso de diferentes actos institucionales. Es todo un récord que demuestra, además de una falta de respeto a los asistentes a esos eventos y a los ciudadanos en general, el claro deterioro físico y mental del rey Juan Carlos I (perceptible últimamente, además, en el nerviosismo y en el mal carácter que evidencia seguramente debido a problemas personales y familiares y a que el tiempo de vino y rosas para la monarquía española parece haber pasado ya definitivamente), su desapego por la función que ejerce y el aburrimiento mortal que transmite.

Y es que en este mundo traidor nadie es eterno, todos envejecemos (unos más rápidamente que otros, es cierto) y, sobre todo, las instituciones políticas sometidas al control periódico e inmisericorde de la ciudadanía en los regímenes democráticos, y a un desgaste feroz por parte de las organizaciones opositoras (clandestinas o no) en los Estados autoritarios. Aquí, en España, con un cierto régimen de libertades y derechos para sus ciudadanos (siempre que ni las primeras ni los segundos choquen frontalmente con los intereses de los poderosos y las expectativas políticas de los partidos), las organizaciones políticas, mal que bien, se van retroalimentando y adaptando a las circunstancias de cada momento promocionando cada cierto tiempo nuevos líderes que sustituyan a los ya cansados o demasiado vistos. Sin embargo, el problema lo vamos a tener (lo tenemos ya) con la actual monarquía, una institución inicialmente de derecho franquista que la Constitución/trampa de 1978 metió de matute en nuestro ordenamiento jurídico, convirtiendo de facto a su titular en una figura «cuasi divina» al revestirlo con el manto de la inviolabilidad y la irresponsabilidad ante la justicia de los hombres, y que se ha enquistado en la Jefatura del Estado por los siglos de los siglos al haber sido salvajemente blindada en ese decimonónico texto legal.

Como esta institución, aquí, en España, obviamente, no tiene nada de democrática por mucho que se las haya ingeniado en el pasado para aparecer ante sus súbditos como «salvadora de la democracia y garante de sus libertades» y no puede renovarse cada pocos años porque es hereditaria y sólo la muerte o la abdicación voluntaria puede cambiar a su titular (la sacrosanta Constitución de 1978 sí contempla la pérdida de facultades personales como motivo de renovación en el trono, pero pocos reyes en la historia de España han sido calificados por sus súbditos como «idiotas» cuando en realidad lo han sido casi todos) su envejecimiento y el de su cabeza rectora, el rey, ha sido muy rápido, provocando en muy pocos años en sus súbditos, y por este orden, la indiferencia, el hastío, el desprecio, el reproche, y hasta la animadversión más absoluta.

Son sentimientos hostiles que sumados a la clara percepción de su inutilidad por parte de unos ciudadanos que saben perfectamente que el poder militar en España, el único del que podía defenderles la monarquía en el pasado, ya no existe (los pocos soldados que tiene en filas el Ejército actual prestan servicios humanitarios en el exterior y ya no asustan a nadie), y a las continuas «chocheces» y excentricidades del rey Juan Carlos (que igual se duerme como un bebé en un acto institucional que pierde los papeles en una Cumbre Iberoamericana mandando callar a gritos a un jefe de Estado o mata a tiros a cualquier animal en peligro de extinción que no sea capaz de pasar el control de alcoholemia), pueden llevar a la Institución y a su jefe a la ruina más absoluta en cuestión de meses. No años, majestad, no, sino meses…

En efecto, a punto de acabar la primera década del siglo XXI, tras cuarenta años de dictadura franquista y otros treinta de mangoneo subterráneo juancarlista, pseudodemocracia, democracia posperjurial, posfranquismo de rostro amable… o como queramos llamar a esta inacabada transición que todavía padecemos los españoles, España se enfrenta en el medio plazo (período que va a depender, como él mismo dijo, del aguante del ya fondón cuerpo serrano de nuestro monarca, pero también de la paciencia y verdadero sentido democrático del inmovilista pueblo español) a una importante modificación en su estructura política y territorial, a un verdadero cambio de ciclo histórico que, si los españoles somos lo suficientemente inteligentes, debería ponerla en muy pocos años a la cabeza de las democracias más avanzadas de Europa.

Efectivamente a día de hoy, pasados más de seis lustros desde la muerte del dictador, muy pocos españoles pueden creer que la monarquía hereditaria instaurada por Franco manu militari en la persona de Juan Carlos de Borbón que, desde luego, ha aguantado más de lo previsto porque sobre todo al principio representó una especie de valladar o burladero para el golpismo militar (aunque ella misma usara esta ilegal herramienta castrense para salvarse de los radicales franquistas en el 23-F) y más tarde la vulnerable argamasa que mantenía unido el débil sombrajo de la transición… pueda sobrevivir a la desaparición física o abdicación de su primer titular y encarnarse sin problemas graves en el cuerpo gentil del joven, espigado y, por supuesto, antipático personaje que lleva sobre sus hombros en estos momentos el preciado título de «príncipe de Asturias».

Sí, sí, ése, el ex novio de la Sannum y segundo marido de la Ortiz Rocasolano, Felipe de Borbón, al que según todos los indicios pronto deberemos regalarle los españoles por suscripción popular un funcional braguero de oro contra las hernias inguinales si no queremos que se nos desgracie el pobre porque según la prestigiosa revista (un poco derechona, eso sí) Época, que publicó un trabajo de investigación sobre la «apretada» agenda del heredero en un número de junio de 2007, trabaja demasiado: nueve días (9) en total lo hizo en marzo de ese año 2007, ocho (8) en abril y otros ocho (8) en mayo, uno de los cuales lo dedicó a asistir a la final de la Copa de la UEFA. La citada revista ampliaba además en sus páginas esa información con otra no menos sorprendente: entre el 13 de diciembre de 2006 y el 9 de marzo de 2007, la página web de la Casa Real española no recogió actividad oficial alguna del príncipe D. Felipe, salvo un viaje al extranjero entre el 9 y el 14 de enero para asistir a las tomas de posesión de los presidentes de Nicaragua y Ecuador. No obstante, todo hay que decirlo, en los últimos meses, después de que el senador Anasagasti llamara «pandilla de vagos» al entorno más o menos definido de la familia real, parece ser que a nuestro principito le ha entrado una especie de «baile de sambito institucional» y no para de moverse por toda la geografía nacional e internacional con la triste y escurrida Letizia pegada a su cuerpo. O sea, lo dicho, o los españoles de bien nos preocupamos por nuestro laborioso príncipe de Asturias, que parece ser está en peligro cierto de estrés laboral, regalándole los adminículos protésicos necesarios para combatir tan desagradable patología o nos quedamos sin heredero, lo que puede representar en el futuro un grave peligro de pérdida de identidad nacional y prestigio internacional para este país.

Aunque quizá estemos exagerando un poco y la cosa no sea tan grave como para preocuparse en demasía: de momento, el susodicho príncipe de Asturias lleva muy bien, aunque con suma parsimonia, eso si, su rodaje regio cortando cintas inaugurales, presidiendo soporíferos actos institucionales en los que tiene que leer, con su habitual monotonía, la consabida «chuleta» escrita por el funcionario de guardia de La Zarzuela, repartiendo a diestro y siniestro los famosos premios que llevan su nombre (y que cuesta Dios y ayuda colocar en el currículo personal de cualquier famoso o famosillo que pueda darles esplendor) y… también, faltaría más, cumpliendo con la sagrada misión familiar de procrear un hijo al año en busca del ansiado varón que salve la dinastía. Por cierto, en relación con esta última sacrosanta misión de Felipe de Borbón de coadyuvar a la perpetuación de la saga, no puedo por menos que hacer una sucinta referencia al rocambolesco asunto del secuestro de la revista El Jueves que acabo de mencionar (algo totalmente fuera de lugar en un Estado europeo en pleno siglo XXI), en el verano de 2007, por presentar en portada a la principesca pareja en plena faena y en situación sexual un tanto irregular; aunque la verdadera causa de la retirada de los quioscos de la publicación humorística fue, no nos engañemos, la leyenda que acompañaba al irreverente dibujo y que no dejaba lugar a dudas sobre la holgazanería institucional del príncipe Felipe y su dedicación exclusiva al «arte amatorio». Un craso error, se mire por donde se mire, del Fiscal General del Estado que en esta ocasión, según todos los indicios, se dejó llevar al desastre mediático por el jefe de la Casa Real, el señor Aza, quien a instancias del príncipe de Asturias, que habría sufrido un ataque irrefrenable de cólera institucional al ver la caricatura pornolaboral en la que él, junto a su amada esposa, ejercía de protagonista absoluto, interesó de los poderes del Estado un freno inmediato a tanta desmesura.

Cambio de ciclo decía hace un momento: político, histórico, territorial, institucional… que tiene que venir indefectiblemente pero que quizá habría comenzado ya su andadura con la subida de Rodríguez Zapatero al poder el 14 de marzo de 2004 e, incluso antes, con las masivas manifestaciones contra la guerra de Irak celebradas en Madrid y otras ciudades españolas los días 15 de febrero y 15 de marzo de 2003, en las que miles de banderas republicanas salieron a las calles de toda España portadas y escoltadas por millones de ciudadanos. Que sí, que, efectivamente, querían la paz en Oriente Medio y que el señor Bush se metiera sus misiles crucero por salva sea la parte, pero también un verdadero avance en la débil y amañada democracia alumbrada con fórceps en este país en 1978 como punto de partida de una «modélica» transición autorizada por los generales franquistas y gestionada por unos cuantos sinvergüenzas de la política que no dudaron en traicionar a sus bases y, lo que es peor, a sus muertos, por el plato de lentejas de poder tocar poder. Aunque fuera con la bandera de sus antiguos enemigos presidiendo sus elegantes despachos bien retribuidos y con el heredero del dictador atrincherado en La Zarzuela con sus alabarderos y sus cortesanos militares.

Expectativas de cambio que quizá habrían tomado fuerza tras la estrafalaria y costosísima boda real de La Almudena del 22 de mayo de 2004, la presentación del rechazado pero no enterrado Plan Ibarretxe (nuevamente en el candelero político nacional por la reciente propuesta/amenaza del lehendakari de someter a referéndum su proceso soberanista el 25 de octubre de 2008), el nuevo Estatuto de Cataluña (descafeinado, pero con sus genes independentistas intactos), la reprimenda de ZP al Ejército por sacar a relucir a destiempo el artículo 8º de la Constitución, la desenfrenada carrera de las autonomías para aumentar techo competencial, la ley del matrimonio homosexual, la reivindicación pública de la II República por parte del presidente del Gobierno, el proceso de paz con ETA (fracasado, pero no muerto), la ley de igualdad de género, la ley de la memoria histórica… y otras serie de iniciativas legislativas que prepara el revolucionario (y de momento alicaído) presidente Rodríguez Zapatero para hacer realidad su «cambio tranquilo» si en marzo de 2008 consigue derrotar a la derecha, que desde el 14-M milita en el maquis político y social de este país y no para de emboscar al Gobierno socialista dirigido de facto por la esbelta y ya madurita top model de Vogue Fernández de la Vega, y gana su segunda legislatura.

Pero que el cambio (político, institucional, territorial…) en la España que pronto va a encarar la segunda década del siglo XXI es imparable lo intuyen ya, en estos momentos, hasta los leones de la Carrera de San Jerónimo. Con Zapatero, con Rajoy, con uno de los dos cracs madrileños (Gallardón o Aguirre), con Tony Blair (que no acaba de encontrar un buen trabajo el pobre), o con el mismísimo Gaspar Llamazares en la Presidencia del Gobierno. Por una sencilla razón muy fácil de comprender: porque el edificio político de Estado/nación que ha albergado, mal que bien (más mal que bien, todo hay que decirlo), durante los últimos quinientos años a los hombres y mujeres que hemos tenido la suerte o la desgracia de nacer en esta piel de toro llamada España, no da más de sí, está obsoleto, caduco, anticuado, no sirve, no resulta ya operativo para poder afrontar con garantías de éxito los retos políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos… que nos traerá el futuro inmediato. Ello será en el marco de la Unión Europea o en cualquier otro que el incierto porvenir global nos pueda deparar en años venideros.

España, seamos sinceros, se conformó hace ya muchos años como Estado/nación centralista, unitario, con ínfulas imperiales, manteniéndose así durante siglos exclusivamente por la fuerza de las armas, por el poder de sus Ejércitos. Es cierto que en determinadas épocas históricas ha tenido problemas, y muy importantes, de identidad nacional y, desde luego, de relación interregional, interzonal o entre las diferentes naciones o pueblos que fueron obligados a formarlo como Estado; pero siempre la última ratio de la fuerza militar, teniéndose que emplear muchas veces a fondo y en guerras particularmente sangrientas, lograba imponerse a sangre y fuego, consiguiendo de este modo nuevos períodos de tranquilidad política y social, nuevos plazos de paz y prosperidad internas hasta que, algunas generaciones después, volvían a resurgir con virulencia los mismos problemas identitarios o de cohesión entre sus miembros.

Este peculiar equilibrio entre las fuerzas centrípetas y centrífugas de un viejo Estado/nación como el nuestro, que buscó durante siglos, en el exterior, en el imperio, en la colonización chapucera y sangrienta de decenas de pueblos, una identidad política y social que aquí le negaban sus propios socios fundadores, se ha mantenido con altibajos prácticamente hasta nuestros días (hasta los últimos años 90 del siglo XX podríamos decir, para marcar una no muy delimitada frontera histórica), momento en el que sorpresivamente ha saltado por los aires sin que apenas nadie en este país se haya dado cuenta, y menos que nadie los políticos que dirigen sus destinos y son los responsables últimos de planificar su futuro.

¿Qué es lo que ha hecho que se rompa así, por sorpresa, con nocturnidad, irresponsabilidad y alevosía, un estatus político que a trancas y barrancas, aún con períodos negros de dictaduras militares, enfrentamientos sociales y reinados de monarcas irresponsables y fatuos, ha permitido a este país, antiguo Estado/nación y ahora conglomerado de artificiales autonomías territoriales en busca de una nueva identidad acorde con los tiempos que vivimos, llegar al siglo XXI sin autodestruirse definitivamente y hasta integrarse y desarrollarse económicamente en el marco de una Europa que siempre nos había sido hostil?

Pues ¡el Ejército, estúpidos (con perdón), el Ejército! La faena centrípeta por antonomasia en este país, el pegamento que mantenía unidas las partes de este puzzle maldito que unos llaman Patria, otros Estado, otros Reino, otros nación, otros nación de naciones, y todavía muchos España, el autoritario gendarme que, unas veces a las órdenes de su amo el rey, y otras a las del generalísimo de turno, repartía mandobles por doquier y sometía pueblos y ciudades a la suprema autoridad de Madrid… Pero ese Ejército ha desaparecido como por ensalmo, ha muerto, ya no existe, se ha caído del caballo camino de los Balcanes, ya no quiere ser ni el pequeño tigre de papel que todavía asustaba a los ciudadanos españoles a finales del siglo pasado y ahora sólo aspira a cumplir decentemente las nuevas y altruistas misiones que, como pequeña OSG (Organización Sí Gubernamental) humanitaria, recibe del Gobierno de turno y que básicamente se reducen a una sola: hacer el Bien, el bien con mayúsculas, a bosnios, kosovares, albaneses, macedonios, libaneses, afganos… y demás pueblos desfavorecidos de la tierra; lo que en principio nos debería parecer muy bien a la mayoría de los ciudadanos de este país, pues Ejércitos, Ejércitos, cuantos menos mejor. Lo ideal sería que no hubiera ya ninguno en este mundo desarrollado y globalizado y así no podríamos amenazarnos los unos a los otros. Y desde luego el primero que sobra es el norteamericano que, con el cafre de George W. Bush en la Casa Blanca y la desaparición de la URSS, se ha crecido mucho y anda por ahí haciendo el genocida a más y mejor por Oriente Medio; aunque pagando un alto precio por ello, faltaría más…

No, no es ninguna broma, ciudadanos españoles, políticos del PP y del PSOE, enfrentados a muerte por conseguir (o no perder) un poder político que muy pronto no se parecerá en nada al que ellos ansían poseer y perdiendo miserablemente su tiempo dilucidando si lo que viene del norte, tras el fracaso del pacificador Rodríguez Zapatero y el órdago del libertador Ibarretxe, es una manada de galgos o de podencos. España se enfrenta a un cambio de ciclo histórico, radical, profundo, a una metamorfosis impensable hace sólo unos pocos años, a una refundación urgente y necesaria, a un cambio de faz política total, a una reconversión de sus estructuras básicas territoriales… porque lisa y llanamente ha desaparecido la fuerza centrípeta que mantenía unido este país de aluvión, este conglomerado político unido por la fuerza de las armas. Y ahora las antes constreñidas componentes centrífugas del equilibrado y frágil sistema (los nacionalismos históricos y otros periféricos o de nuevo cuño que se han sumado o se van a sumar a los primeros en el corto plazo) creen que ha llegado su hora, la hora de recomponerlo todo y buscar un nuevo equilibrio en el que ellas sean protagonistas de su futuro. O sea hablando en plata, con claridad, sin eufemismos, piensan (y no sin motivos) que puesto que el antiguo amo, el señor, el rey, el Gobierno español en este caso, no tiene ya la razón de la fuerza en sus manos, ellas (las comunidades históricas, los pueblos con historia, con lengua, con identidad nacional real o sentida) quieren usar la fuerza de la razón (que para ello vivimos en democracia e integrados en una supranacionalidad continental) para que por fin todo el mundo reconozca su mancillada o, en todo caso, no respetada realidad como pueblos soberanos, buscando un nuevo sistema de relación política en el que integrarse en igualdad de condiciones con el poder de antaño.

Sí, podíamos llamar a todo esto revolución, revolución que viene; comedida, en paz, en libertad y usando, hasta las últimas consecuencias, los votos y el Estado de derecho, pero revolución al fin y al cabo. Desde siempre los Ejércitos han sido el freno para las revoluciones y la ausencia de ellos las han favorecido, así que a nadie puede extrañar que, aún estando en pleno siglo XXI como estamos, la no existencia de unas Fuerzas Armadas en condiciones a disposición de un Gobierno como el español actual, la pérdida casi absoluta de los fusiles y los cañones que desde siempre han mantenido unido a un pueblo como el español (valeroso según el consabido tópico, pero sólo a pequeñas dosis, y manso siempre con el poder interno), pueda ser una circunstancia que actúe como catalizador en el profundísimo cambio político, social, territorial e institucional que se avecina en España.

Por supuesto que en las líneas que siguen voy a mojarme y explicitar con todo detalle como debe ser ese nuevo edificio político, territorial e institucional que, según mi particular criterio, debe construir con urgencia el pueblo español para sustituir al viejo en el que todavía se cobija a principios del presente siglo y que amenaza ruina inminente. Pero antes de meterme en el terreno de la política, aunque sea con carácter prospectivo e, incluso, meramente especulativo, quiero abundar en la mayor, en la premisa, sin la cual mis razonamientos se quedarían sin soporte y sin credibilidad alguna. Me estoy refiriendo, obviamente, a mi tajante afirmación de que España es en estos momentos un Estado/nación europeo pero sin Ejército, sin la herramienta centrípeta que antes señalaba y que le ha permitido durante siglos mantener unido el conjunto territorial metropolitano; a merced por lo tanto de los vientos centrífugos nacionalistas, separatistas, independentistas, o como queramos llamarlos, perfectamente lícitos en un entorno democrático y de derecho y que van a soplar con fuerza (lo están haciendo ya) para tratar de desmontar cuanto antes tan incómodo corsé político. Lo harán con la finalidad de crear otro marco de relación, si puede ser en consenso con los poderes que han mantenido el anterior durante siglos con las fuerza de las armas, en el que puedan sentirse cómodos y realizarse política y socialmente en paz y prosperidad.

***

España llevaba muchos años, casi dos siglos, con un gravísimo problema institucional en su seno, el llamado «problema militar», y que podríamos definir de la siguiente manera:

¿Qué hacer, cómo organizar y mantener una institución absolutamente necesaria para la supervivencia de la nación y que si la haces demasiado fuerte, se convierte en golpista y si la debilitas, deja indefenso al Estado ante los separatismos de dentro y las apetencias de fuera?

Los últimos Gobiernos españoles han fracasado totalmente a la hora de resolverlo, a la hora de transformar las viejas estructuras castrenses de los siglos XIX y XX (esencialmente conservadoras, intervencionistas y golpistas) en otras más modernas, operativas y funcionales, más propias en todo caso del mundo democrático en el que ahora nos desenvolvemos.

El que esto escribe sabe muy bien de lo que está hablando. En 1989, después de largos años de estudios iniciados a título personal tras la debacle militar sufrida por el Estado franquista en la penosa Guerra de Ifni de 1958 (en la que fuerzas irregulares marroquíes arrebataron a España, en apenas unas semanas, el 90% de aquel territorio, teniendo que soportar después un largo enfrentamiento de posiciones que duró más de dos lustros) tuvo la osadía de presentar al Gobierno socialista de entonces, capitaneado por el endiosado Felipe González y con el tortuoso espía Narcís Serra como ministro de Defensa, una propuesta de profesionalización y modernización del Ejército que pasaba, en primer lugar, por la desaparición inmediata y sin contemplaciones de la «mili» obligatoria; después, por una drástica disminución de efectivos (los 200.000 soldados forzosos se reducían a 80.000 profesionales); y finalmente, por una adecuación a los parámetros propios de las Fuerzas Armadas de un país democrático y europeo de los reglamentos, la enseñanza, la justicia, y hasta la estrategia y la táctica, esencialmente franquistas, por los que la Institución se había regido hasta entonces. Se trataba básicamente de ser ecléctico a la hora de resolver el problema: el Ejército resultante no debía ser tan numeroso como el anterior (volcado casi exclusivamente a la ocupación del propio territorio y al control de la población), formado por personal cualificado y motivado, suficientemente fuerte y operativo para poder cumplir su misión principal de garantizar la defensa exterior del país, pero sin despertar (por su tamaño, su organización y medios materiales) veleidades golpistas internas.

Los generales de la cúpula militar de 1989, franquistas hasta la médula y deseosos de no perder la bicoca que para ellos representaba la llegada a filas, como mano de obra barata no como soldados, de dos centenares de miles de «mozos» a los que convertían sobre la marcha en «esclavos sociales» sin derecho alguno pero con multitud de obligaciones, reaccionarían con suma dureza contra el engreído militar que, permitiéndose pensar en un Ejército en el que estaba prohibido hacerlo (el dicho cuartelero todavía vigente lo deja meridianamente claro: «A usted se le paga para que obedezca, no para que piense»), se permitía después la osadía de hacer bandera de sus propios pensamientos, aspirando incluso a que éstos se hicieran realidad.

El resultado en un país como éste, cafre donde los haya, con el poder normalmente en las manos (no en la cabeza) de analfabetos funcionales que han llegado al mismo por recomendación o por cuna, pero nunca por sus cualidades y su trabajo, y con unos militares que teóricamente rinden culto al valor pero acuden a diario a despachar con sus superiores inmediatos con los pañales puestos, estaba cantado: 14 días de arresto preventivo en su casa para el díscolo pensador castrense, para que se fuera haciendo a la idea de lo que le venía encima; a continuación seis meses de prisión militar incomunicada (más que nada para que la prensa le dejara tranquilo y no publicara sus comprensibles diatribas); y por último, pérdida de su carrera y envío sin contemplaciones a retiro cuando ya tenía aprobado su ascenso a general (un general pensante ¡qué raro hubiera resultado, desde luego!).

Este país desde luego tiene su aquél. Y todavía hay españoles de buena fe por ahí que piensan que no avanzamos lo suficiente porque fuera de nuestras fronteras nos tienen manía; o lo que es aún peor, envidia. Porque somos muy buenos, muy listos, muy trabajadores y, además, muy guapos.

Pero lo mejor vendría después, amigo lector. ¡Tras de cornudo, apaleado! ¡Te robo la novela y encima te meto en la cárcel por plagiario! Siete años después del atropello que les estoy contando (1996) que, por supuesto, tendría repercusión mediática mundial y hasta fundiría, por insólito e impropio de un país desarrollado y europeo, los fusibles de radios y televisiones hasta en países tan «democráticos» como China, Corea del Norte, Irak, Irán o Afganistán (por hacer referencia a naciones con las que ahora nos topamos todos los días en los telediarios), el Gobierno español de José María Aznar decidía desempolvar mis estudios, que dormían el sueño de los justos en el Estado Mayor del Ejército y en las sedes de todos los partidos políticos españoles, y por sorpresa y en base a intereses partidistas (asegurarse el apoyo de CiU en su investidura), decretaba la desaparición del servicio militar obligatorio y la creación de un Ejército enteramente profesional. ¡Pues muy bien! ¡Chapeau! ¡Un partido de derechas cargándose la «mili» obligatoria! Ahora bien, al padre de la criatura, al probo militar que se había pasado miles de horas estudiando y planificando tan necesario paso institucional y, como consecuencia de esos estudios y esos planes, seis largos meses en prisión… nada de nada. Ni agradecerle los servicios prestados. ¡Qué país!

Pero existe un refrán, que todos conocemos, que habla del pecado y la penitencia y en este triste caso, cometido el burdo pecado, más pronto o más tarde le tendría que llegar la penitencia al desagradecido Gobierno español: La reconversión del obsoleto Ejército franquista en otro más moderno, profesional y operativo, sin los asesoramientos necesarios de quien lo había planificado durante años y con la indiferencia, cuando no la animadversión, de los propios generales de la cúpula militar que, como digo, no estaban en absoluto por la labor, le saldría fatal, muy mal, francamente mal, peor imposible, deviniendo todo en un auténtico desastre que prácticamente ha liquidado la antigua institución castrense (lo que a muchos ciudadanos en este país les puede parecer de perlas, y a mí mismo, si me dejo llevar por la inquina y olvido mis modestos conocimientos de Estrategia e Historia militar), creando en su lugar una modesta OSG (Organización Sí Gubernamental) con apenas unos pocos miles de militantes mercenarios de base procedentes en su mayoría de subdesarrollados países hispanoamericanos (con fusil de asalto y chaleco antibalas, eso sí, que les sirve de bien poco visto el elevado número de bajas que sufren en los escenarios en que andan metidos) distribuidos por todo el mundo para desarrollar meritorias (eso nadie lo duda) acciones humanitarias y de interposición de fuerzas.

O sea, repito para que nadie alegue después ignorancia o desconocimiento: España se encuentra en estos momentos sin Ejército, sin Fuerzas Armadas dignas de tal nombre, sobre todo en el escenario terrestre (en el mar sí disponemos de algunas fragatas que nos han costado un ojo de la cara, más que nada para escoltar portaaviones yanquis, y nuestro espacio aéreo sigue «protegido» por los antediluvianos F-18 comprados a EE.UU. en los años 80, a la espera de que vayan llegando a cuentagotas los Eurofithger), y expuesta a toda clase de peligros externos e internos que podamos imaginar.

Como los estadounidenses todavía no le han dado al sátrapa marroquí Mohamed VI el permiso que periódicamente solicita al amo del otro lado del Atlántico para quitarnos de un sopapo Ceuta y Melilla (permiso que tarda, pero que llegará si antes no le da la patada al monarca alauí el delegado de Al Qaida en el Magreb y es éste el encargado de iniciar la reconquista del al-Andalus) la cuestión exterior nos importa de momento menos a los españoles y lo más peligroso (perentorio quizá sería la palabra), y lo que en principio le interesaba tratar al autor de estas líneas antes de enfrascarse en las divagaciones geoestratégicas de medio pelo que acaba de soltar, es la cuestión interior, o sea la forma y el fondo que esta indefensión total del Estado español actual va a influir en ese proceso de reconversión a fondo de las estructuras políticas, territoriales e institucionales de este país que señalaba antes y que, quiérase o no, va a tener que afrontar en el medio plazo: antes del final de la próxima legislatura (año 2012), me atrevería a señalar.

Pero antes de empezar a elucubrar con esta refundación obligada de la España de los Reyes Católicos (que después los Austrias harían mojigata e imperial y, más tarde, prostituirían a placer los corruptos y putañeros Borbones) en la que todavía estamos inmersos, y más que nadie el señor Rajoy, que parece ser aspira a momificarla y transmitírsela así a sus descendientes, querría contarle al lector un chascarrillo, sucedido o anécdota del que me he visto obligado a ser protagonista en la mayoría de los numerosos viajes que he tenido que realizar al País Vasco (en los años 90 muchos, ahora bastantes menos) para impartir conferencias o por invitaciones de los medios de comunicación.

Casi siempre, por no decir siempre, en el turno de preguntas tras la conferencia correspondiente o bien entre bastidores o tomando un refresco antes de entrar en el plató o estudio, alguien (normalmente del entorno radical vasco, pero también del nacionalismo moderado) acababa planteándome poco más o menos la siguiente cuestión:

—Sí, sí, usted defiende la idea de un Ejército español moderno, democratizado, operativo, mucho más reducido que el actual, con cara más amable, pero ¿qué ganamos los vascos con esta solución? A nosotros no nos interesa que el Estado español tenga un Ejército y mucho menos que sea fuerte y operativo. Si no fuera por el Ejército español Euskadi sería independiente hace años.

Interesante pregunta y sutil afirmación política que, como digo, se me ha planteado no pocas veces en diferentes foros del País Vasco y que yo me he permitido contestar siempre con los mismos argumentos que, también siempre, han descolocado bastante a mis interlocutores:

—No, no, se equivocan. El Ejército español hace ya mucho tiempo que no es freno ni valladar para las apetencias independentistas de una gran parte de la población vasca. Entre otras cosas porque no puede serlo. En la actualidad no tiene ni la capacidad operativa suficiente para doblegar por la fuerza de las armas al pueblo vasco, si de verdad éste quisiera caminar unido y hasta las últimas consecuencias por la senda del separatismo total del Estado español; ni aunque tuviera a día de hoy esa capacidad podría usarla, porque dos grandes frenos se lo impedirían: uno interno, la previsible negativa de sus escasos soldados (hoy en día la mayoría de ellos colombianos, ecuatorianos, salvadoreños, hondureños, peruanos, extremeños, andaluces…) a luchar contra la ciudadanía vasca si la mayoría de ella, democráticamente, había decidido su separación de España; y otro externo, el imperativo stop que la Unión Europea sacaría ante las narices del Gobierno español si éste, ante un arranque de rancio amor patrio azuzado por los gorditos generales de despacho de la cúpula militar, decidía irresponsablemente movilizar sus exiguos poderes castrenses (que a día de hoy debería detraer de sus misiones en el exterior porque aquí los cuarteles están en cuadro) para iniciar una demencial cabalgada guerrera hacia el norte.

»No, no, no le echen, pues, la culpa al pobre Ejército español de hoy (un pequeño tigre de papel con apenas unos 10.000-15.000 soldados operativos en sus unidades terrestres, casi todos extranjeros) de ser ningún freno para el nacimiento de Euskadi como nación soberana. Ustedes serán libres cuando estén unidos, cuando esencialmente el PNV, EA y la izquierda abertzale (o sea la derecha y la izquierda vasca, para entendernos) se pongan de acuerdo y quieran serlo de verdad. Y quieran luchar, democráticamente por supuesto, para conseguirlo.

»Miren, en Europa, y en la época en la que nos encontramos, ya no se puede plantear una cuestión como ésta en términos de mayor o menor potencia militar. No podemos hablar de la «estrategia de las cañoneras» en pleno siglo XXI. Vivimos en el mundo occidental y en democracia. Ahora bien, si ustedes quieren les puedo adelantar algo de lo que podría ocurrir si se llegara a plantear la cuestión en ese escenario. Y voy a hablar completamente en serio, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario: Si los ciudadanos de Euskadi estuvieran unidos y decididos a ser verdaderamente independientes y el Gobierno vasco fuera totalmente consciente (que me imagino que alguna idea debe tener al respecto) de la capacidad operativa real del actual Ejército español, el lehendakari no sólo sentiría una irresistible tentación de decretar unilateralmente esa independencia sin temor a consecuencias irreversibles sino, incluso, la de ponerse al frente de los 8.000 efectivos de la Ertzaintza y los 10.000-15.000 militantes armados que los servicios de Inteligencia militares creen podría movilizar la izquierda abertzale en un caso extremo de lucha abierta con el Estado español, para plantarse tranquilamente en Somosierra después de anexionarse Navarra, Burgos, Cantabria y La Rioja.

»¿Y que creen que podría hacer el actual Ejército/OSG español para detener al intrépido lehendakari? ¿Poner en línea en el citado puerto de Somosierra los 4.700 colombianos, peruanos, ecuatorianos, salvadoreños, hondureños… presentes en sus filas, reclutados en razón de su precariedad personal y la crisis económica que sufren sus pueblos, sin apenas preparación profesional y que constituyen en estos momentos su punta de lanza, su núcleo duro, la carne de cañón a desplegar en situaciones extremas? ¿O los 1.500 bomberos castrenses, con sus mangueras y sus motobombas, que el presidente Zapatero ha logrado detraer de los vacíos cuarteles españoles para su particular UME (Unidad Militar de Emergencias) con el fin (según él) de hacer este país «el más seguro del mundo»? ¿Auxiliados los anteriores por un par de Brigadas mixtas extremeño-andaluzas con unos 5.000-6.000 soldados en total, con material de chatarra, carros de combate alquilados a Alemania (país al que el Gobierno español tendría que pedir permiso para su uso en semejante misión) y, por supuesto, sin inhibidores de frecuencia en sus vehículos porque son muy caros? ¿Y enviar las dos o tres fragatas de última generación que posee a bombardear con misiles de fogueo Bilbao y Donostia, más que nada para desmoralizar a la población? ¿Y desplazar al portaaviones Príncipe de Asturias al puerto de Barcelona para, con una demostración de sus 8 obsoletos aviones de despegue vertical (que ya no despegan ni en horizontal), asustar a la Generalitat catalana e impedir una nueva rebelión en el NE del país?

»No, no es boutade, amigos, créanme.

Sí, sí, señor ministro de Defensa, entérese de lo que digo, pregunte a esos generales y a esos consejeros de los que se muestra tan ufano en sus comparecencias públicas. Y ponga también sobre aviso al presidente del Gobierno. Están ustedes sentados sobre un polvorín, de momento sólo democrático, no repleto de pólvora de verdad como en el del Líbano, Afganistán o Marruecos, y no se enteran. Aunque aquí, desgraciadamente, tampoco se puede descartar que el día menos pensado, tras el fiasco del mal llamado «proceso de paz» (que, en todo caso, se debió llamar, sin eufemismos de ninguna clase, «de negociación política» y no sólo con ETA, sino con todas las fuerzas representativas de la población vasca) algún coche bomba cause una verdadera tragedia como la sufrida por el destacamento del Ejército español en misión de interposición bajo bandera de la ONU en el primero de esos países, y que en junio de 2007 se llevó la vida de seis de sus soldados al no disponer el anticuado vehículo blindado en el que viajaban (un BMR de los años 80, con una coraza defensiva de cartón piedra) de los medios electrónicos indispensables para la no activación de la carga explosiva. O la más reciente, ocurrida el 24 de septiembre del mismo año 2007 en Afganistán, en la que dos paracaidistas de la Bripac (uno de ellos de nacionalidad ecuatoriana) murieron asimismo en «misión de paz» a bordo de uno de esos antediluvianos transportes blindados de tropas que, según el bondadoso ministro de Defensa español al que los mandos militares engañan como a un chino, son de los mejores del mundo. ¡Qué sabrá este buen juez metido a ministro de la guerra!

Pues si, como digo, el centralista Estado español ya no tiene Ejército para neutralizar la cada vez más fuerte componente centrífuga que generan sus regiones o naciones más contestatarias… ¿qué hacer? ¿Cómo salir del atolladero político y social en el que podemos vernos inmersos en el medio plazo? Pues ésa es precisamente la almendra de la cuestión. Hay que dar soluciones políticas a lo que es y será, cada vez más, un problema político y no militar. ¿Cómo? Pues pactando, señores de la política, dialogando, hablando con todos, negociando, sentándose en una mesa muy larga y tratando de presentar soluciones de verdad y no mendigando procesos de paz enanos y asmáticos desde su nacimiento.

El Estado/Nación español actual se muere porque su ciclo histórico ha pasado ya. Como se morirán en su día la mayoría de los actuales Estados/Nación del mundo, empezando por los europeos y por aquellos otros que ya tienen previsto integrarse en entidades supranacionales de varios continentes. En Europa van a tener que resolver muy pronto el mismo problema que España naciones como Bélgica, Grecia, Italia o Reino Unido, después de que en los últimos años lo hayan resuelto, unos bastante bien y otros rematadamente mal, otros países como Checoslovaquia o Yugoslavia. No ver estos desafíos políticos, sociales y territoriales a estas alturas del siglo en que vivimos es no querer ver la evidencia.

A ver si de una vez por todas somos inteligentes y previsores los españoles y conseguimos que este futuro proceso de modernización y desarrollo político y social que tenemos que acometer, y que deberíamos empezar cuanto antes aunque sin descolgarnos para nada del económico que tan bien hemos sabido afrontar en el pasado reciente, se haga desde el diálogo, el consenso, la templanza, la solidaridad y la altura de miras; incluso con pequeñas dosis de lícito egoísmo, pero desde luego no desde la intransigencia, la retórica vacía, el patrioterismo mal entendido, la cortedad de miras y la melancolía. O avanzamos todos, no férreamente unidos que ya no es necesario a estas alturas, o retrocedemos todos peleándonos en un mundo desarrollado como la futura Unión Europea que finalmente se formará. ¡Ojo a esto señores cortoplacistas de la política española!, no sobre la base de los actuales Estados/Nación asociados a ella, que no paran de poner palos en sus ruedas y frenan el proceso más que lo aceleran (el caso de Polonia debería hacer recapacitar a sus capitostes y planificadores) sino sobre las regiones, nacionalidades históricas, pequeñas naciones sin Estado y grupos con una especial identidad y diversidad étnica o religiosa que los han conformado durante siglos. A la fuerza, claro. Hoy en día, a estas alturas del siglo XXI, la hora de la fuerza militar ya ha pasado. La democracia reina por doquier (estamos hablando por supuesto del mundo occidental, por lo menos hasta que el presidente Rodríguez Zapatero consiga con su «Alianza de Civilizaciones» el abrazo de Vergara con Bin Laden) y los Ejércitos nacionales ya no pueden, ni quieren, ni ya en muchos casos se les pide, ser los instrumentos de reyes y poderosos para crearse a su medida Reinos, Estados o fincas en los que ejercer su poder omnímodo.

Entonces reciclemos, como diría aquél. ¿Qué España debemos hacer, qué organización política debemos crear, qué mapa territorial definir, qué forma de Estado instaurar, qué relaciones entre sus diferentes pueblos y naciones establecer… para que ese nuevo tinglado salido del consenso y el diálogo, ese super Estado ultramoderno nacido en democracia, por la democracia y para la democracia, sin terrorismos recidivantes, sin peleas entre sus miembros, sin carreras para conseguir más competencias que el vecino, sin envidias seculares, con solidaridad y respeto por los demás, pueda durar por ejemplo todo este siglo y el que viene?

Pues la España que los españoles queramos, sin presiones de ningún tipo, sin condicionamientos históricos, sin uniones forzadas, sin dirigentes elegidos por la divina providencia, sin miedo al futuro. ¿Cuál es nuestro primer problema?: el terrorismo, los nacionalismos, las relaciones entre sus diferentes pueblos y naciones… pues empecemos por ahí a presentar propuestas y soluciones. Quieren que me moje y suelte algunas, pues ahí van.

El Estado español del futuro deberemos conformarlo como un Estado federal de nuevo cuño, como una entidad política avanzada y descentralizada al máximo, que podríamos definir como federal en la forma y confederal en el fondo. Republicana, por supuesto (sólo nos faltaba a los españoles del siglo XXI seguir aguantando al Borbón de relevo y a toda su extensa y extraña familia pegándose la gran vida y sin pegar un palo al agua otros treinta años) y formada por una serie de Estados nacionales soberanos (en principio, las antiguas Autonomías aunque, obviamente, algunas de ellas, tras la oportuna consulta a sus ciudadanos, podrían fusionarse con otras cercanas territorial, económica, histórica y culturalmente, para constituir Entes peninsulares homogéneos y con identidad política definida) que pactarían asociarse entre sí en igualdad de condiciones dentro del superior marco de la UE y sujetándose, de momento, a tres principios o parámetros básicos:

* La defensa exterior de la Federación hasta que la UE se haga cargo de ella con sus futuras Fuerzas Armadas continentales.

* La política exterior en general y la política de relación con la propia Unión Europea y sus Estados miembros hasta que en los últimos años de la próxima década (en principio 2017) el nuevo Tratado de Lisboa (u otro que pueda sustituirlo en el futuro) asuma completamente la política exterior y de seguridad común, hoy en día todavía inexistente.

* La solidaridad pactada, y desde ese mismo momento exigible, entre los distintos Estados federados que, con arreglo a sus distintos niveles de desarrollo y riqueza, deberán contribuir al equilibrado progreso material e institucional del conjunto de la Federación.

La disyuntiva, para cualquiera que piense un poco en estas cosas, se presenta clarísima: o creamos nuevos lazos, mucho más elásticos y flexibles, que nos permitan mantener cierta cohesión en el conjunto de esta España que se nos muere e impida la explosión política y social en una buena parte de ella (nada descabellado a día de hoy como intuyen no ya sólo los políticos sino el simple ciudadano de la calle) o, rotos por la fuerza de la historia los viejos y férreos grilletes del pasado, pronto todos nos iremos al garete. La elección, amigos, no puede ser otra: unámonos todos (en una unión suave, moderna, no avalada por la fuerza como antes, echando mano de la multitud de mecanismos políticos que existen para hacerlo en este globalizado mundo del siglo XXI que acabamos de estrenar) desde la aceptación del otro como es, con su identidad, su lengua, su historia y hasta con sus orgullos y defectos; seamos solidarios y comprensivos con nuestros forzados compatriotas de antes y avancemos al unísono, con la fortaleza que da la unión aceptada y consentida, dentro de una Unión Europea que, querámoslo o no, hace ya tiempo que nos «robó» la mayor parte de nuestra antigua y preciada soberanía. Y con ello la propia pervivencia futura de una mítica España (la de nuestros antepasados) que algunos políticos en estos tiempos nuevos, con afán rencoroso y hasta suicida, se empeñan en mantener como sea, bien en la UVI política y social, en el coma irreversible que apunta por el horizonte e, incluso, momificándola con preciosas esencias patrioteras para que resucite, esplendorosa y joven, cuando «vuelva a reír la primavera».

¿Y qué denominación podría adoptar esta nueva entidad política y federal ibérica? Como conjunto de Estados soberanos voluntariamente asociados en el marco de una nueva organización política, institucional y territorial, miembro a su vez de una Unidad continental europea, ésta podría denominarse Comunidad Ibérica de Naciones (CIN), Confederación de Estados Ibéricos (CEI), Federación Ibérica… o de cualquier otra manera que dejara constancia de su carácter, federal/confederal, republicano, asociativo al mismo nivel, no centralizado, radicado en la Península Ibérica, y con vocación de integrar en ella la totalidad de pueblos, naciones, nacionalidades y regiones que hoy en día están asentadas en este singular espacio geopolítico del suroeste de Europa. Porque, y ésta es otra singularidad de la propuesta que a través de estas líneas me permito hacer al pueblo español, lo lógico, deseable y políticamente correcto sería que, conformada la nueva comunidad ibérica de naciones no más tarde de 2014, a partir de ese mismo año sus dirigentes empezaran a trabajar para tratar de incluir en ella, con los mismos derechos y obligaciones, a Portugal y Gibraltar (sí, sí, he dicho Gibraltar, timoratos y pesimistas abstenerse) no más tarde de 2016; con lo que la nueva Comunidad o Confederación Ibérica de Naciones se convertiría en un ente político, económico y demográfico (casi 60 millones de habitantes) de primera magnitud, en la primera potencia comunitaria del sur de Europa y en uno de los pilares de la futura Unión Europea.

¿Qué? ¿Que algún lector español no se lo cree? ¿Qué soñar no cuesta dinero y que esta milonga que acabo de contarles es irrealizable y producto de una pesadilla de verano? ¿Una República española de carácter federal/confederal, formada por Estados soberanos unidos exclusivamente por su voluntad y su solidaridad en lugar de por la fuerza de las armas del poderoso Madrid, y encima integrada en una entidad supranacional ibérica con Portugal y Gibraltar de compañeros de fatigas? Comprendo que alguno, tal vez muchos de mis compatriotas y también, si me leen, bastantes ciudadanos de aquellos viejos Estados/Nación tradicionalmente «enemigos» políticos nuestros en la Europa de antaño, se muestren escépticos, sonrían y pasen pagina en este libro que está a punto de llegar a su fin, después de haberles enseñado muchas, muchísimas cosas, del último rey que, con toda probabilidad va a reinar en este país: Juan Carlos de Borbón y Borbón.

Pero yo diría algo más, que he recordado parcialmente hace un momento, y que quizá muchos lectores desconocen más que nada por razones de edad: En el año 1989 este modesto autor, investigador, historiador, militar y sin duda pionero en multitud de campos, sobre todo en los que conoce en profundidad, se permitió hacerle a la sociedad española, como ahora con sus escritos y su palabra, una arriesgadísima propuesta en el terreno militar, si cabe más revolucionaria que la que acaba de formular en el terreno político: Acabar con la «mili» obligatoria en España, con doscientos años de existencia y defendida al alimón, con uñas y dientes, por los generales franquistas de la cúpula militar y el Partido Socialista Obrero Español en el poder, y crear, en su lugar, un Ejército profesional reducido (80.000 soldados), moderno, eficaz, polivalente y digno de una sociedad avanzada y democrática.

Muchos políticos no me creyeron, me atacaron; los generales franquistas y retrógrados de un Ejército obsoleto y golpista, me metieron en prisión castrense; mis compañeros de profesión, aún dándome la razón, por puro y simple miedo me abandonaron… sólo la ciudadanía y los medios de comunicación me arroparon incondicionalmente y difundieron mis ideas y mis propuestas. Siete años después, en 1996, el Gobierno español, el del Partido Popular, asumía mis ideas, abolía el servicio militar obligatorio y creaba un Ejército profesional; aunque, ¡cosas de este país!, no haya sabido luego hacerlo bien y en condiciones, pero ésa es otra cuestión.

O sea, amigo lector, que uno está con la moral más bien alta. ¿Sucederá algo parecido ahora con esta vanguardista propuesta política que sin duda hará flipar a más de uno, enfadarse mucho a otros y hasta despertar instintos patrióticos guerreros en la extrema derecha que puede ponerse a gritar con desconsuelo: ¡Que nos quieren destruir España!

No se trata evidentemente de eso, sino de solucionar de una vez nuestros problemas endémicos de convivencia e identidad y, además, prepararnos política y socialmente para que este viejo país ibérico siga siendo algo importante en la Europa del futuro y en el mundo globalizado que nos va a tocar vivir.

Cambio un poco de tercio. Al principio del presente capítulo señalaba que el ineludible cambio de ciclo político que nos espera quizá había comenzado ya. Y sin duda es así. En los últimos años se han sucedido algunos eventos que avalan esta tesis. Como las magnas manifestaciones contra la guerra de Irak del año 2005, que millones de españoles aprovecharon para proclamar también su espíritu republicano sacando a pasear miles de banderas tricolores. Y de forma muy especial, las grandes concentraciones por la República celebradas en Madrid el 22 de abril de 2006 (20.000 manifestantes) y 14 de abril de 2007 (15.000 manifestantes). Sin olvidar los acontecimientos que señalaba al comienzo del presente capítulo, no especialmente pacíficos, protagonizados por grupos de independentistas catalanes que a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2007, sin que la policía llegara a intervenir, quemaron repetidamente en la plaza pública fotografías de los monarcas españoles, insultándoles y amenazándoles de muerte si se atrevían a volver alguna vez a su tierra. Iniciándose así una campaña antimonárquica a nivel nacional que no ha parado desde entonces y que es muy probable no lo haga hasta que el último Borbón (el campechano Juanito de nuestra historia, que en 2007 vivió su particular annus horribilis teniendo que organizar con urgencia sendas «fiestas de la banderita» en Ceuta y Melilla y un lamentable rifirrafe diplomático con Venezuela y demás socialismos de nuevo cuño emergentes en Latinoamérica para tratar de recuperar su alicaída reputación personal) coja sus bártulos (los alabarderos no, por favor, que no caben en el helicóptero) y salga precipitadamente de este país hacia su dorado exilio europeo (Suiza, quizá, por aquello de las cuentas).

A la primera de las dos grandes manifestaciones «legales» por la III República española, que acabo de señalar, tuve el honor de asistir vestido con uniforme militar de gala (para rendir homenaje a los miles de combatientes republicanos muertos en lucha contra el fascismo), ocupando un lugar de honor en su presidencia y portando con orgullo una gran bandera tricolor. La cosa le debió parecer tan insólita y grave al poder político y mediático del sistema que ni una mínima referencia a tal acto sería recogida en los días siguientes en las páginas de los periódicos o en los telediarios. Los plomos de la censura, todavía imperante en este país, saltaron una vez más por los aires de una democracia que sigue haciendo aguas por todas partes. A los 20.000 republicanos de Madrid, que el 22 de abril de 2006 desfilamos por la calle de Alcalá, entre un mar de banderas y un tsunami de corazones esperanzados en el mañana, nos convirtieron por decreto en fantasmas; no habíamos existido, no habíamos estado nunca allí…

Pero da igual, ya claudicarán, ya cederán. El mañana es nuestro. Como magistralmente dijo el poeta:

…podrán cortar todas las flores

pero no podrán detener la primavera.

AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS (Zaragoza, 1936). En 1953 ingresó en la Academia General Militar de esa ciudad y en 1958, ya con el grado de teniente, participó en la Guerra de Ifni mandando la Sección de Asalto del Batallón Tetuán nº 14 de Castellón. Por su actuación en esta contienda bélica, a lo largo de la cual efectuó arriesgadas operaciones de comando tras las líneas enemigas, fue propuesto por el coronel de su regimiento para la concesión de la Medalla al Mérito Militar. Se diplomó en Estado Mayor en 1969 y pasó varios años destinado en las unidades más operativas del Ejército español: Paracaidistas y Tropas Nómadas del Sahara.

Durante la transición ocupó puestos importantes en la cúpula militar: jefe de Movilización del Estado Mayor del Ejército y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Zaragoza, realizando cursos en varios países y siendo, asimismo, profesor de Historia Militar y Estrategia en la Escuela del Estado Mayor. En 1987 alcanzó el grado de coronel. Es también diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Guerra argentina y especialista en Estados Mayores Conjuntos (Tierra, Mar y Aire), carros de combate, paracaidismo militar, unidades motorizadas, operaciones aerotácticas y fotointerpretación aérea. Está en posesión de numerosas condecoraciones militares, entre ellas tres cruces del mérito militar de 1ª clase y la Cruz y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Es autor de varios libros de gran difusión como España indefensa, Mi lucha por un Ejército profesional, La transición vigilada, 23-F. El golpe que nunca existió o El Ejército español. De poder fáctico a ONG humanitaria.