El tema central de este libro, que el abogado y periodista Álvaro Abós escribió en España entre 1978 y 1980, es el de los vínculos que las organizaciones obreras han mantenido con el peronismo en el período que va de 1946 a 1976. Una cuestión a todas luces fundamental para la comprensión de nuestro pasado inmediato y nuestra realidad actual: en efecto, las características y el significado de la acción de los sindicatos resultan ininteligibles si no se focaliza la atención en los lazos que asocian al gremialismo con el movimiento peronista.

Partiendo de este núcleo fundamental, Abós pasa revista a la evolución histórica del sindicalismo argentino, a las diversas formas de organización gremial, a las múltiples funciones que los sindicatos desempeñan en relación con la sociedad en su conjunto y en el ámbito más restringido de las empresas, a los problemas de la legislación sindical. En su último tramo, el texto se interna en el análisis de aspectos sumamente polémicos, tales como la burocratización de los cuadros sindicales y las relaciones del movimiento obrero con el Estado.

Álvaro Abós

La columna vertebral

Sindicatos y peronismo

ePub r1.0

et.al 22.10.2018

Álvaro Abós, 1983

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r2.0

INTRODUCCIÓN

El tema de este libro —redactado en España entre 1978 y 1980— es el movimiento obrero argentino y sus relaciones con el peronismo durante el lapso que va de 1946 a 1976. En especial, la descripción de los sindicatos durante la primera mitad de la década del setenta. Al revisarlo para su publicación en Buenos Aires he decidido agregarle este prólogo relativo a la situación del sindicalismo cuando el país está en el umbral de una nueva experiencia constitucional.

La travesía del desierto. ¿Cómo emerge el movimiento obrero de la larga noche dictatorial? Exhausto, deteriorado, empequeñecido, con hondas heridas pero vivo. Lo que, de por sí, es una sorprendente victoria. Porque fue uno de los blancos a los cuales apuntó con mayor perseverancia y contundencia al autotitulado Proceso de Reconstrucción Nacional. El sindicalismo fue hostigado por la represión y cercado por un proyecto económico que procuraba una drástica reducción del perfil industrial y, por consiguiente, el debilitamiento, por consunción, de la clase obrera.

No se ahorraron medios: terror de Estado contra sus militantes y dirigentes, demolición de sus bases económicas pero también una batería de normas jurídicas prohibitivas. Y además el movimiento obrero debió sufrir el embate de otra herramienta que el régimen no alcanzó a instrumentar contra las fuerzas políticas: un proyecto alternativo perfectamente delineado.

Asesinatos, desaparecidos, exiliados y presos: la flor y nata de los cuadros obreros sufrió una persecución encarnizada. La actividad sindical en forma genérica (y en especial la contratación colectiva y la huelga) quedaron interdictos y esta última penada con graves sanciones.

Simultáneamente, como segundo brazo de esa tenaza trituradora, una política económica sumisa a los intereses de la oligarquía y el capitalismo trasnacional, sumergió a los trabajadores en una pesadilla salarial, retrotrayendo el signo de la distribución del ingreso al esquema de cuatro décadas atrás. A comienzos de 1983, mientras sólo treinta y cinco de cada cien trabajadores conservaba su plena ocupación, el movimiento obrero se había reducido de los siete millones de miembros que tenía en 1975 a tres millones y medio o a lo sumo cuatro.[1]

En su conjunto esas dos formas de coacción buscaban neutralizar la oposición popular al plan de refundar un país colonizado. Pero el régimen no podía deteriorar aún más la fachada, ya vergonzosa, que ofrecía al mundo occidental. Necesitaba contar con un sindicalismo —o con un remedo del mismo—, complaciente para el proyecto de autoperpetuación que siempre animó, al menos in pectore.

Por lo tanto debió hacer algunas concesiones. La CGT fue clausurada e intervenidos los sindicatos más importantes. Pero a otros, una vez depurados sus dirigentes más urticantes, se los dejó institucionalmente indemnes, aunque reducidos a cáscaras vacías.

Los dirigentes que sobrevivieron a las purgas intentaron —reeditando tácticas largamente usadas en anteriores regímenes militares— envolver a los tecnócratas castrenses en la red de sus filigranas. ¿Dónde estaba el límite entre ese dialoguismo —que los puristas denunciaron— y la complicidad? En la base, los relevos que generó la militancia, espoleados por la crisis, provocaron una creciente conflictividad a pesar de las condiciones de excepcional dureza represiva.

Como siempre, la realidad misma decantó posiciones y fue perfilando conductas. En una situación de marasmo como la que atravesaba el movimiento obrero, golpeado en 1976 por una durísima derrota histórica, el dialoguismo era imprescindible para recomponer tuerzas y retomar el aliento. La utopía de una «CGT de la resistencia», que aleteó hacia el 76 o 77, se disolvió en su propia inconsistencia. Los dirigentes que actuaron en la superficie se alinearon en dos núcleos diferenciados en función de su mayor o menor independencia de la tecnocracia militar-laboral: el «grupo de los 25» por un lado y la Comisión de Gestión y Trabajo. Los primeros pasarían a ser más tarde Conducción Única de los Trabajadores Argentinos (CUTA). A comienzos de 1981 reapareció, desafiando la prohibición legal, la CGT, primero «de Brasil» y luego «de la República Argentina». La primitiva Comisión de Gestión y Trabajo se transformó en Comisión Nacional de Trabajadores (CNT) y luego —en ese proceso hubo idas y venidas, añadidos y defecciones— CGT de Azopardo. A mediados del 83 ambas CGT, habiendo coincidido ya en dos huelgas generales, iban indefectiblemente hacia una unidad que en definitiva no haría sino recomponer las tradicionales alas, dura y dialoguista, que siempre exhibió el movimiento obrero.

La resistencia nunca había decaído del todo. Tuvo altibajos, desde las primeras huelgas de Luz y Fuerza (que costaron la «desaparición» de Oscar Smith a comienzos del 77). Uno de los picos de esa resistencia se dio en noviembre de 1977 con una oleada de huelgas que arrastró a cientos de miles de trabajadores. El 27 de abril de 1979 el «grupo de los 25» decretó, por primera vez desde el golpe, una huelga general, culminada con la detención de todos los dirigentes.

Lento, irrefrenable como una marea, el rearme de los trabajadores creció sin espectacularidad. Cotidianamente, en los lugares de trabajo se desafió al régimen. En cada conflicto, pequeño o grande, la coacción —esa losa aparentemente inexpugnable— fue derogada por una epopeya anónima.

Esa conflictividad laboral generó situaciones paradójicas. El Ministerio de Trabajo, en el mes de septiembre del 79, emitía boletines periódicos informando sobre el número de trabajadores en huelga: la finalidad era evitar la «manipulación» de las cifras por la oposición. ¡Y ello mientras se mantenía en vigencia la draconiana prohibición de toda medida de fuerza! Hasta ese punto la realidad desfondaba la armadura represiva.

El 22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general, organizada por la CGT Brasil. Y, ya moribundo el régimen, tras la derrota en las Malvinas, ambas centrales coincidieron en las huelgas del 6 de diciembre de 1982 y del 28 de marzo de 1983.

Alternativas y continuidades. Pero la dictadura venía prometiendo desde marzo del 76 una reorganización sindical. Las excusas eran el abuso de poder y la corrupción de la «burocracia sindical». Esa prometida reorganización colocaba a la Junta ante un dilema: si, como había anunciado, democratizaba realmente las estructuras obreras —lo que conllevaba la apertura de libertades sindicales reales— se enfrentaría a una dinámica de base imparable. Si rehabilitaba las estructuras centralizadas vigentes hasta el 76 (camino hacia el cual fue reiteradamente invitada por la dirigencia «dialoguista») violaba la coherencia de su discurso, que había prometido, una y otra vez, acabar con los «abusos sindicales». Tampoco le aseguraba esta solución, por otra parte, un receso de los conflictos.

El dilema era insoluble. Quedaba un tercer camino: no hacer nada, dilatar la situación de «impasse» (dejando subsistir indefinidamente la suspensión y las prohibiciones «provisorias»). La Junta aguantó casi cuatro años con esa provisoriedad. Pero a fines del 79 la situación era ya insostenible. Además de la imagen de parálisis que proyectaba —¿44 meses sin poder solucionar el problema?— la congelación perpetua había terminado por herrumbrar la maquinaria represiva. Los conflictos se sucedían, la parafernalia jurídico-represiva estaba desbordada.

Por eso, en noviembre de 1979 se dictó la Ley de Asociaciones Gremiales (22.105), el escaparate legal para mostrar cuál era el sueño imposible del régimen, su modelo sindical un movimiento obrero atomizado, «profesional», débil, no conflictivo, apolítico.

El dislate jurídico apenas tuvo existencia en la realidad. La parálisis del régimen tras la derrota en las Malvinas terminó de hundir las posibilidades de que la ley 22.105 adquiriera alguna vida más allá del papel.

La transición a la nueva legalidad constitucional encuentra los sindicatos argentinos estructuralmente «empequeñecidos» pero intactos en su conformación y orientación. No se ha borrado, por el contrario, la profunda atadura que los liga con el movimiento peronista. Siguen siendo su «columna vertebral». Vuelve a plantearse uno de los temas que más han dado que hablar en nuestra realidad política. ¿Cuál es la naturaleza del vínculo entre sindicatos y peronismo? ¿Es posible que conforme una suerte de «partido laborista» a la inglesa? Si bien la naturaleza política del movimiento sindical argentino no es fácilmente asimilable a los modelos tradicionales, tampoco se trata de una formación tan abstrusa. En todo caso su comprensión debe apoyarse en el examen de sus actitudes respecto del Estado, de su estructura organizativa, de sus fundamentos jurídicos, del funcionamiento de sus bases y no sólo de sus superestructuras. Estos elementos, muchas veces dejados de lado en favor de la mera aplicación de categorías ideológicas, son analizados extensamente en este libro, a riesgo de tornar arduas algunas de sus partes.

Los prejuicios. En el contexto de revalorización de la democracia que marca la temperatura política de 1983 hay un elemento inquietante: las señales de un visceral antiobrerismo en las clases medias y algunos de sus portavoces políticos.

Un hecho anecdótico desencadenó a mediados de ese año una polémica tan vivaz como desordenada[2]. En ella flotaba un tema de superficie: la tentación autoritaria de las cúpulas sindicales y su inclinación hacia el militarismo. Y otro tema de fondo: la auténtica naturaleza política del sindicalismo argentino.

Esa polémica demostró que arraigados y profundos son algunos de los íncubos que arrastran las clases medias seudoizquierdistas[3]. Se acumularon equívocos, malentendidos, errores conceptuales y desinformaciones varias. He aquí algunas:

a) Negación del fermento democratizador que contiene el sindicalismo argentino. La dinámica de las bases sindicales tiene, desde hace mucho, un contenido participativo bastante más extenso (e intenso) que el que registran los partidos.

b) Confusión entre corporativismo y conciencia de clase (o vigorosa combatividad social), lo que demuestra un anacrónico purismo liberal a muchas leguas de cualquier modelo social-demócrata, generalmente invocado en la teoría.

c) Ignorancia de la compleja relación entre cúpulas y bases sindicales, lo que lleva a reeditar un enfrentamiento esquemático que la izquierda radicalizada vivió paroxísticamente en los años setenta, al apuntar sus argumentos (y en aquel caso sus armas) contra una «burocracia sindical» que demostró, finalmente, mucha más regresentatividad-social que aquellas supuestas vanguardias. Ahora el error parece repetirse amplificado pues se define a esas cúpulas no ya como «burocracias» sino como «oligarquías».

d) Reiteración de otros falsos diagnósticos de la izquierda pequeñoburguesa que en el 45 vio «lumpen» en el 55 en el 55 aluviones zoológicos o carne de cañón de la demagogia y en el 73 burocracia sindical, cuando —en todos los casos— se trataba de trabajadores argentinos.

e) Lagunas doctrinarias al postular la traslación mecánica a la realidad sindical de institutos políticos como la representación proporcional de las minorías, extraños a cualquier estructura sindical (en el mundo entero) por democrática que ella sea. En el 56 los antepasados de esta seudoizquierda reclamaron la pluralidad sindical. Hoy ella acepta —¿a regañadientes?— el sindicato único por rama pero insiste en otros tics. «No habrá democracia sin sindicatos democráticos», dice pero ¿de quién es la responsabilidad de instaurar un régimen político democrático?, ¿de los sindicatos o de los partidos? ¿Cuál es la función de los sindicatos? ¿Construir la democracia o defender los intereses de los trabajadores a través —según la óptica de cada uno— de la revolución o de la reforma?

f) Sorprendente desconocimiento de la realidad legal al reclamarse normalizaciones y democratizaciones de los sindicatos hallándose aún vigente la ley 22.105 que sólo hubiera podido prohijar elecciones sindicales en condiciones bochornosas. ¿O tendrá alguna inclinación esa seudoizquierda con la ley sindical, del llamado Proceso de Reorganización Nacional?

g) Gruesos errores históricos al nivelar a los sindicatos con los ejércitos defensores de la doctrina de la seguridad nacional y acusar a aquéllos de haber desestabilizado al gobierno radical en 1966. ¿Fueron los planes de lucha los que voltearon al gobierno de Arturo Illia o el convencimiento militar de que la falsa legalidad de 1963 era incapaz de contener las victorias electorales peronistas? ¿Se olvida que fue el decreto 969/66 (dictado por el gobierno radical para reglamentar la ley sindical) la herramienta que utilizó la dictadura militar, desde muy poco tiempo después de subir al poder, para jaquear al movimiento obrero interviniendo sindicatos, suprimiendo personerías, congelando fondos, creando sindicatos paralelos, etc?

Los desafíos. Estos embates serían incluso higiénicos si fueran tan sólo productos de una confrontación de ideas o de intereses sociales. Pero resultan inquietantes cuando desnudan una intolerancia que puede frustrar la necesidad pregonada por todos (y especialmente —sólo en teoría, por lo visto— por esa misma seudoizquierda) de concertar una unidad nacional que destierre la militarización y nos permita emerger de la pesadilla socioeconómica.

Esos prejuicios no son los únicos desafíos que acechan al movimiento sindical. También están sus propios errores a enderezar, sus propios objetivos aún incumplidos: una efectiva democratización interna que elimine, potenciando las poderosas tendencias participativas de las bases, las prácticas burocráticas y autoritarias; la reconstrucción de sus perfiles estructurales deteriorados por la crisis económica y social; la participación en la democratización del movimiento peronista tras el fin (muerto Perón) de su etapa carismática; la nueva experiencia a emprender frente a un poder legitimado en las urnas y con el cual habrá de articularse un diálogo maduro. Desafíos, en fin, similares a los que aguardan a la nación en su conjunto.

CAPITULO I

Bosquejo histórico del sindicalismo argentino

¿Cómo era Argentina a fines del siglo pasado? Un país extenso y casi desierto. En 1890 apenas albergaba a tres millones de habitantes irregularmente distribuidos. Una gran ciudad, Buenos Aires, concentraba a gran parte de ellos.

Económicamente, la principal actividad era la ganadería. Millones de vacunos pastaban en las vastas extensiones de la pampa húmeda y su carne se exportaba a Europa. Toneladas de trigo provenientes de esos latifundios completaban las divisas que llenaban las arcas de la oligarquía porteña. Ésta —un puñado de familias patricias descendientes de los conquistadores— disfrutaba las feraces tierras bonaerenses y era principal usufructuaria de ese inmenso poder económico. A su amparo, florecía la intermediación financiera, ligada al capital inglés que se beneficiaba de una balanza comercial siempre negativa. Argentina era una factoría: el llamado «granero del mundo», una arcadia pastoril que parecía asegurar goces eternos a los grandes mandarines criollos. Los cuales, además de la bonanza económica, se habían asegurado un sistema de poder político a la medida de sus necesidades.

En las luchas fratricidas que ensombrecieron todo el siglo XIX. habían sido reprimidos los levantamientos que protagonizaron los «montoneros» (de montón, grupo pequeño de jinetes que hacía la guerra de guerrillas en un territorio que conocía palmo a palmo). Los nombres de los últimos caudillos derrotados por el centralismo porteño, como Chacho Peñaloza, Felipe Varela o López Jordán, habían quedado confinados en la memoria y en las leyendas populares.

Para la oligarquía era una época de paz y prosperidad. En este mundo idílico no existían sindicatos. La industria no sobrepasaba un nivel rudimentario, de artesanía casi casera.

Argentina, 1900

La necesidad de aumentar la densidad demográfica en un territorio desértico —como condición del desarrollo económico— hizo que la oligarquía impulsara una vivaz política inmigratoria. Oleadas de trabajadores abarrotaron las bodegas y puentes de los barcos. Entre 1880 y 1900 llegaron a Argentina más de 1.500.000 europeos. Entre 1900 y 1910 lo hicieron algo más de 1.700.000: tantos como habitantes tenía el país en 1870.

¿Quiénes eran esos hombres que desembarcaban en el Río de la Plata con la esperanza y la melancolía del inmigrante? Braceros del sur de Italia o de Galicia. Peones o mineros, obreros en paro, despojos de la Europa en acelerado desarrollo industrial. Sobre todo, españoles e italianos. También polacos, rusos, turcos. En menor medida, franceses y alemanes. No eran muchos los que contaban con un oficio: agricultores, fresadores, mecánicos, tejedores, panaderos. En su equipaje no sólo había un ansia de pan y progreso para sus familias. Algunos de aquellos ojos febriles habían visto cosas que, en ese país austral, no se conocían. ¿Qué era un sindicato? ¿Qué era una huelga?

En 1864 se había fundado la Primera Internacional. En 1871 se produjo la insurrección de la Comuna de París. En 1888, en España, se creó la Unión General de Trabajadores. En esa fecha, en Italia, existían ya fuertes sindicatos. En la década del noventa se hicieron grandes huelgas en ciudades como Génova o Turín, Barcelona, Madrid o Bilbao.

Algunos de aquellos desharrapados conocían estos hechos, habían visto flamear banderas rojas, habían combatido contra la policía, habían luchado por mejores salarios o menos horas de trabajo. Algunos de los que dejaban sus países lo hacían perseguidos por la represión antiobrera: eran auténticos agitadores. En la oleada inmigratoria no sólo vino mano de obra barata para asegurar la continuidad de la factoría. También llegaron ideas. Palabras nuevas: socialismo, anarquismo, sindicalismo. Nombres exóticos —Marx, Bakunin— resonaron en los oídos incrédulos de la oligarquía criolla.

La composición humana de la nueva clase obrera, entré 1875 y 1930, fue fundamentalmente extranjera, como correspondía a la realidad demográfica del país. En 1887 los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran 437.000, de los cuales 228.000 eran extranjeros. La primacía de la población foránea recién se quebraría hacia 1914.

La composición humana de la nueva clase obrera, entré 1875 y 1930, fue fundamentalmente extranjera, como correspondía a la realidad demográfica del país. En 1887 los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran 437.000, de los cuales 228.000 eran extranjeros. La primacía de la población foránea recién se quebraría hacia 1914. Los primeros sindicatos que se constituyeron, estaban integrados exclusivamente por europeos. Muchos de ellos tenían denominaciones extranjeras, sus publicaciones se hacían en otro idioma y era frecuente que, en las asambleas, los oradores, se expresaran en italiano, alemán o ruso. Había un «Club Worwarts», fundado en 1882 por inmigrantes alemanes. Algunos de los varios sindicatos gráficos que coexistían en 1907 llevaban estos significativos nombres: «Societè des Travailleurs du Livre» o «Genosenchafts des Budegswekes». Un centro anarquista se llamaba «Ne Dio ne padrone». Entre los periódicos obreros de la época figuraban: «L’avenire», «La questione sociale», «Le revolutionaire» y «La liberte». Casi todos los líderes obreros fueron extranjeros. En Buenos Aires activaron sindicalmente Enrico Malatesta, Pietro Gori y el catalán Pellicer Paraire, discípulo de Anselmo Lorenzo. En la década del veinte pasaron, como una ráfaga, los legendarios Durruti, Ascaso y Jover. En 1931 fueron fusilados los anarquistas italianos Severino di Giovanni y Paulino Scarfo.

Quizás el primer sindicato del que haya memoria en Argentina fuera la Sociedad de Zapateros San Crispín, fundada en 1857. Pero fue entre 1870 y 1890 que se crearon los sindicatos pioneros: de tipógrafos, de conductores de ferrocarriles (llamado «La Fraternidad», que aún hoy subsiste), de panaderos, de tapiceros, de marmoleros, de carpinteros, etc. Se agruparon por oficio, siguiendo la estructura organizativa habitual en el sindicalismo europeo de la época.

En 1891 se intentó formar la primera central sindical, con el nombre de Federación de Trabajadores de la República Argentina (FTRA). Su vida fue precaria y al año siguiente desapareció. En 1901 se creó, ya con más fortuna, la Federación Obrera Argentina (FOA), que desde 1904 pasó a llamarse Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Durante las primeras décadas del siglo, este grupo no dejó de crecer y, como todo proceso de sindicalización, padeció fuertes tensiones internas. De la FORA se desprendió, en 1903, una escisión: la Unión General de Trabajadores (UGT), de inspiración socialista y breve existencia. En 1922 y 1926 nacieron dos centrales, Unión Sindical Argentina (USA) y Confederación Obrera Argentina (COA), con predominio, respectivamente, sindicalista y socialista.

El primitivo movimiento obrero reprodujo, como en un calco, los procesos europeos de consolidación sindical. Había sindicatos anarquistas, socialistas y sindicalistas. A partir de la revolución rusa, el cisma socialista abrió paso a la aparición de sindicatos comunistas.

La orientación predominante, por lo menos hasta 1930, fue anarquista: lo era la FORA, central única hasta 1922 y mayoritaria hasta la creación de la Confederación General del Trabajo (CGT), en 1930.

Este sindicalismo incipiente fue perseguido con encarnizamiento y protagonizó numerosas luchas que mancharon con sangre obrera las calles y las tierras argentinas: durante la celebración del 1.º de Mayo, en 1904, 1905 y 1909, otras tantas manifestaciones fueron reprimidas por la policía, con saldo de muertos y heridos. En 1919 la huelga en una gran fábrica metalúrgica de Buenos Aires, Vasena, originó una cruel represión: la resistencia de los obreros fue aplastada tras siete días de lucha, episodio conocido popularmente como la «semana trágica», en recuerdo de los sucesos de 1909 en Barcelona. En 1921 y 1922 varias huelgas de peones agrícolas en la Patagonia fueron «solucionadas» mediante escarmientos de carácter ejemplar, que incluyeron fusilamientos en masa.

Han sido características del sindicalismo argentino anterior a 1930:

1) Su aislamiento del resto de la sociedad, sobre todo de las fuerzas políticas operantes en ésta. El predominio anarquista en el movimiento obrero tornó rigurosa ésta autonomía. El partido socialista había sido creado en 1895 pero su incidencia sociopolítica fue siempre escasa: sus posturas y estrategias lo mantuvieron al margen de las masas populares.

2) Su fuerte contestación al poder y la negativa a aceptar cualquier pauta integradora.

3) Su debilidad congénita para influir en el desarrollo histórico del país, pese a las acciones heroicas que protagonizó. La frustración de este sindicalismo embrionario se debió, sobre todo, al trasplante mecánico de estrategias provenientes de las luchas proletarias europeas: esos esquemas rígidos, aplicados a una realidad semicolonial, revelaron su falta de validez. También influyó la ignorancia del fenómeno imperialista, central en la problemática de una sociedad dependiente como la argentina.

Ese sindicalismo dejó, sin embargo, importantes huellas en la historia del país. Su testimonio de coraje y tenacidad para batirse contra la injusticia quedó incorporado a la memoria colectiva. Pero además, muchas de las estructuras organizativas que creó —en su mayoría sindicatos de oficio— fueron aprovechables, revitalizadas por un cuadro social nuevo, décadas más tarde.

La crisis del treinta

En 1930 existían en Argentina tres centrales sindicales: FORA contaba con 100.000 afiliados, COA con 93.000 y USA con 22.000. En ese año, un congreso de unificación creó la CGT, en la que se fundieron las dos últimas. La FORA quedó relegada a una presencia casi testimonial: la CGT contaba al poco tiempo con más de 500 organizaciones adheridas y 250.000 afiliados. Los principales sindicatos que la integraban eran la Unión Ferroviaria, la Unión de Tranviarios, la Federación de Obreros Marítimos, la Federación Gráfica y la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde entonces la CGT no dejó de crecer y afianzarse hasta convertirse, varias decadas más tarde, en la central obrera más potente de América latina.

El año 1930 fue una fecha importante en la historia argentina. Un golpe de Estado derrocó al gobierno radical del presidente Hipólito Yrigoyen, inaugurando el cíclico calvario de las interrupciones violentas en la vida política.

La Unión Cívica Radical había alcanzado el poder en 1916 al realizarse, por primera vez, elecciones libres con voto secreto. Los partidos de la oligarquía fueron derrotados por aquella nueva fuerza política y se encendió la estrella de un líder de honda raigambre popular: Hipólito Yrigoyen. El partido radical, fundado a fines del siglo XIX. representaba los intereses de la clase media urbana, de los burócratas, maestros, profesionales y comerciantes de mediana cuantía así como de los pequeños agricultores y campesinos. El peso numérico de estas capas sociales había aumentado al compás del crecimiento urbano y del desenvolvimiento económico. El radical era un partido de marcado tono nacionalista, democrático, reformista, en una sociedad aún no industrializada.

Al culminar su primer período, Yrigoyen fue sucedido por otro presidente radical —el derechista Marcelo Torcuato de Alvear—. En 1928, aquél fue reelegido por amplia mayoría. Dos años más tarde, la oligarquía recuperó el poder de la única forma en que, desde entonces, ha podido detentarlo en Argentina: por la fuerza de las armar.

Pero ¿cómo era el sindicalismo hacia 1930? ¿Cuales eran sus bases sociales? El aluvión inmigratorio europeo se había detenido. Entre 1853 y 1930 seis millones de europeos se habían radicado en el país. Para esta última fecha, buena parte de ese caudal humano estaba en pleno proceso de integración cultural. Ello se reflejaba en la composición humana de las fuerzas sindicales, dentro de las cuales comenzaban a predominar, en detrimento de los trabajadores extranjeros, sus hijos: la primera generación nacida en Argentina. Pero la fuerza sindical era aún débil. La economía del país seguía siendo fundamentalmente agrícola. En 1914 el 47% de la población vivía de las tareas del campo, miserablemente retribuido. Recién en 1955 esa proporción disminuyó al 27%.

Entre 1930 y 1945 se produjo un hecho social determinante: un nuevo aluvión demográfico, tan importante como el que protagonizaron las masas europeas. Esta vez se trató de una migración interior. La población rural que se trasladó a las ciudades cambió el cuadro sociopotítico del país y trastornó la correlación de fuerzas al dar origen a una poderosa clase obrera.

Un creciente proceso de industrialización se produjo en esta década. Los establecimientos fabriles pasaron de 38.000 en 1935 a 86.000 en 1946. Los obreros y empleados ocupados en ellos ascendieron de 460.000 en 1935 a 1.100.000 en 1946. «En siete años, más de medio millón de personas, en su mayoría miembros de la población activa, con bajos niveles de calificación laboral y escasa experiencia sindical y política, se incorporaron al proceso de cambio que se desarrollaba en la zona metropolitana»[4]. En su gran mayoría, este ejército popular acampó en los suburbios de la gran ciudad y alimentó —también mano de obra barata— el despegue industrial que coincidió en la crisis agrícola-ganadera del año 1929.

Este fenómeno fue perceptible, espectacularmente, en 1945, pero su desarrollo subterráneo y anónimo se fue sucediendo durante toda la década del treinta.

Mientras tanto, la realidad sindical visible vegetaba sin fuerzas. Las tendencias apartidarias o sindicalistas puras, las comunistas o socialistas compartían la dirección de la CGT, con predominio de las últimas. Los anarquistas perdían peso. Las bases sindicales crecían, pero las organizaciones no reflejaban acabadamente esa transformación. La incapacidad del partido socialista para conducir el movimiento obrero hizo derivar buena parte de ese proletariado en formación al programa nacional, avanzado para su tiempo, de Hipólito Yrigoyen. El apoyo de éste a los obreros ferroviarios en la huelga de 1917 acrecentó ese prestigio, incluso entre los anarquistas. Los socialistas, en cambio, permanecieron ciegos a la política popular de Yrigoyen. Se opusieron al proyecto de nacionalización del petróleo y durante su primer gobierno estuvieron sistemáticamente en contra de sus medidas populares.

El radicalismo, para la izquierda argentina de esta época (precisamente cuando a través de Yrigoyen este partido expresaba su más genuino contenido democrático y antiimperialista), era otra cara, igualmente cuestionable, de la dominación capitalista. Al oponerse al radicalismo gobernante, esa izquierda coincidió con la oligarquía a la que la UCR alejó, durante al período 1916-1930, del poder político aunque no de la dominación social y económica. Este divorcio, estimulado por los sectores reaccionarios que anidaban en las fuerzas armadas, coadyuvó a las represiones antiobreras de 1919 y 1921.

Sindicatos y poder popular: 1945-1955

Se llegó así a los primeros años de la década del cuarenta. Los cambios producidos en la estructura productiva y social del país habían conformado un proletariado en busca afanosa de una identidad que canalizara su aspiración de partipación y ascenso social, político y económico. Agotado el radicalismo, alienados los partidos de izquierda —socialistas y comunistas— en posiciones europeístas y antipopulares, fue del seno de ese flamante proletariado que habría de surgir el frente político de liberación nacional que lo representase.

En 1941 había en Argentina 356 sindicatos que contaban con más de 440.000 afiliados. Las organizaciones numéricamente más poderosas eran las de los ferroviarios, empleados de comercio y obreros municipales. Entre 1941 y 1946 creció el fenómeno de la concentración sindical por ramas. Muchos pequeños sindicatos de oficio se unieron en federaciones de industria. Aparecieron sindicatos nacionales que multiplicaron su caudal numérico: metalúrgicos, textiles, alimentación. En el ramo de la construcción, las pequeñas asociaciones de oficio (ebanistas, plomeros, albañiles, etc.) se concentraron en un sindicato único.

En 1945 el movimiento sindical estaba maduro para un cambio sustancial de su trayectoria. Aquella identidad vacante iba a ser llenada.

Dos años antes se había producido un nuevo golpe militar, en medio del descontento popular, la desorientación de las fuerzas políticas y una fuerte crisis económica. Esta vez, el derrocado era un presidente conservador surgido de las elecciones amañadas que se habían sucedido sin pausa desde 1930. El grupo militar que accedió al poder carecía de liderazgo. Se sucedieron en la presidencia, en dos años y medio, tres generales. La asonada adolecía de brújula política. Su signo fue la indecisión entre la tentación populista (a caballo de una ola de agitación de masas que se advertía incontenible) y la perpetuación del «statu quo».

Juan Domingo Perón era una personalidad secundaría en el plantel castrense. Coronel, aceptó un cargo menospreciado por sus congéneres: la Dirección Nacional de Trabajo, hasta entonces un refugio burocrático de opacos perfiles. Desde allí dio impulso a una importante legislación laboral y estableció lazos intensos con los sindicatos. En 1945 era ya una figura popular. Pero el frente oligárquico seguía teniendo las riendas políticas. La justicia, la prensa y los centros económicos conservaban el poder aunque el parlamento estaba disuelto: ellos se movilizaron contra Perón. En octubre del 45 el ala reaccionaria del ejército forzó una acción contra el «peligroso demagogo». El coronel fue detenido y confinado en un islote del río de la Plata. Fue un golpe de mano de la derecha, decidida a cerrar el paso al ascenso popular. Pero la reacción de los trabajadores, esta vez, tuvo éxito.

La CGT decretó la huelga general: el comité central confederal, en una tormentosa sesión, la decidió por 21 votos contra 19. Esa mayoría escasa demostraba las vacilaciones que aún trababan a la dirección cegetista ante una situación de extraordinaria fluidez. La conducción fue desbordada por las bases. La huelga se había fijado para el día 18 de octubre: el 17 fue iniciada espontáneamente. Cientos de miles de trabajadores se encaminaron hacia la plaza de Mayo y, reunidos en una gigantesca asamblea frente a la casa de gobierno, reclamaron la libertad de Perón. El ejército dio marcha atrás. El coronel fue liberado. Pidió su retiro de filas y se dedicó a estructurar un movimiento político. Con el lema de Partido Laborista triunfó en las elecciones de 1946.

¿Cuál fue el significado político de estos hechos? El peronismo naciente se vio enfrentado por la oligarquía y los intereses imperialistas, sus enemigos naturales. Pero también por unos partidos de izquierda que no comprendieron el contenido antimperialista y progresista del ascenso popular. Obnubilados por la actualidad política europea, desconocieron el significado peculiar que tenía la coyuntura histórica mundial para un país dependiente, semicolonial como Argentina. Los monopolios ingleses y norteamericanos imponían con rigidez la sujeción económica. ¿Por qué una nación periférica debía condicionar su política interna a la lucha antifascista —históricamente legítima— que se ventilaba a miles de kilómetros, en un marco político radicalmente dispar?

Para las masas argentinas el problema estaba claro: el verdadero fascismo (la opresión, la dependencia) era el imperialismo y sus corifeos nativos, la oligarquía, los grupos conservadores, el inmovilismo. Los partidos de la izquierda permanecieron ciegos a esta realidad. El comunista, que había sido fundado en 1921, preconizó hasta 1943 la neutralidad argentina en la guerra. Producida la invasión de Rusia por Hitler basó toda su estrategia en la solidaridad con los aliados. Según esta postura, cualquier movimiento reivindicativo contra intereses económicos yanquis o ingleses, precisamente los que dominaban los resortes de la economía argentina, significaba «frenar la lucha antifascista», Semejante error sería pagado muy caro por las direcciones del comunismo y del socialismo: nada menos que con la pérdida de toda credibilidad política ante los trabajadores. La izquierda argentina, la izquierda real, discurrió por otros cauces.

Un conglomerado político heteróclito llevó a Perón al poder. Sectores pequeños pero activos se desgajaron del radicalismo, del socialismo y del comunismo para adherir al nuevo movimiento y conformar sus improvisados cuadros. El peronismo, que se llamó sucesivamente «laborismo», «partido de la revolución nacional» y «justicialismo», agrupó a los trabajadores industriales, a la pequeña clase media, a cierta burguesía nacional ávida de una distribución más equitativa del ingreso que ampliara los mercados internos, a los campesinos y peones rurales. En suma, un conglomerado cuya naturaleza político-ideológica ha dado lugar a encontradas definiciones, un fenómeno original, refractario a encasillamientos teóricos, imposible de clasificar con moldes mentales que ignoraran las realidades históricas específicas del medió y la época en el que surgió.

¿Qué papel cumplió la CGT en la década 1946-1955, en la que el peronismo se mantuvo en el gobierno? La gran mayoría de las conducciones sindicales —alineadas en el socialismo, en el comunismo o en el anarquismo— pasaron, arrastradas por sus bases, al nuevo movimiento. Las listas de legisladores peronistas se llenaron de dirigentes sindicales. Muchos de ellos ocuparon puestos de importancia en la burocracia estatal desde ministerios hasta direcciones de empresas nacionalizadas. La impronta popular de esta década se manifestó en las conquistas jurídicas y económicas obtenidas, que fueron desde la elevación efectiva de la condición obrera hasta la consagración plena, por primera vez en el país, de la libertad sindical irrestricta frente a las presiones del patronato; desde el derecho a la negociación colectiva hasta un fuerte ascenso en los niveles de vida y de consumo.

Pero, como ha remarcado Gino Germani, la importancia decisiva que supuso el peronismo para la clase trabajadora no estuvo tanto en las conquistas legales y económicas, perdidas algunas de ellas en los retrocesos políticos posteriores, sino en «el reconocimiento claro de sus derechos… derechos que no solamente debían estar sancionados en leyes y convenios sino… en el trato diario y en la conciencia de los empresarios y de sus agentes, de los representantes del Estado, burocracias, policías, justicia, etc., así como, en general, por las clases medias y dirigentes, por la prensa y demás medios de expresión»[5].

Durante esta década, el crecimiento sindical fue significativo. En 1955 la CGT agrupaba a centenares de organizaciones obreras y contaba con más de dos millones de afiliados. En casi todos los sectores de la industria y los servicios existían sindicatos nacionales de rama y eran escasos los campos de actividad no sindicalizados. Potencia organizativa, fuerte arraigo popular, acción sindical multiplicada en campos hasta entonces no transitados, como servicios asistenciales, formación, recreación, etc. caracterizaron esta época.

El movimiento sindical formaba parte de, un frente político de masas, en el que convivía con otros sectores sociales. Frente del que constituía, por su volumen numérico y peso político, la espina dorsal y al que no monopolizaba, aunque le imprimiera su dinámica propia. Este proceso planteó una de las cuestiones más espinosas de la problemática sindical: el papel de los sindicatos cuando el gobierno es ocupado por una fuerza política popular, de signo afín. O, en otras palabras, las relaciones entre la lucha sindical y lucha política. Durante este período, ¿estuvieron acaso desprovistas de tensiones las relaciones entre el gobierno y los sindicatos?

En general, la unidad del movimiento obrero, cohesionado alrededor de su filiación y militancia peronista, no se rompió nunca. Salvo mínimas excepciones, todos los sindicatos y la central obrera permanecieron activamente en el peronismo, fusión que se mantendría hasta el presente. Sin embargo, esto no impidió el estallido de numerosos enfrentamientos. De hecho, la conflictividad laboral fue alta. En el contexto de una economía capitalista, aunque con fuerte inclinación estatizante y reformista, los movimientos de reivindicación fueron frecuente. En ocasiones, contaban con el respaldo del Estado que, a través de las mediaciones arbitrales, inclinaba la balanza en favor de las demandas sindicales. En otros, el mero ejercicio de las libertades sindicales hacía que los conflictos, por su propia dialéctica, concluyeran en la obtención de las conquistas perseguidas.

Pero hubo episodios en los que las reivindicaciones obreras chocaron con limitaciones del mismo proceso político. Ya sea que, en las huelgas del ámbito privado, aquellos reclamos sobrepasasen las pautas de la conducción económica o bien, en el ámbito estatal cuando el Estado mismo era parte. No fueron pocos estos choques. Las conducciones sindicales se veían entonces atenazadas entre la presión de las bases y su adscripción a un proyecto político que revelaba, en esos conflictos, sus fronteras objetivas.

Se sucedieron huelgas en los sectores bancario (1948 y 1950), de la construcción (1950), ferroviario (1951), metalúrgico (1954), etc. Las bases obreras que provocaban estas pugnas abiertas no dejaban por ello de sustentar al peronismo como corriente política que los representaba. La prieta malla social que conformaba este movimiento, aún agrietada por sacudimientos interiores, no se rompió nunca y su hegemonía en la clase trabajadora resistió incólume todos los trances, incluso la represión de esas bases contestatarias por las conducciones sindicales, mediante el desplazamiento de los cuadros disidentes.

Por encima de sus errores y vacilaciones, la experiencia peronista había elevado el nivel de reivindicación popular «a un grado insoportable para cualquier sistema de acumulación capitalista dependiente basado… en la superexplotación de la fuerza de trabajo»[6].

En 1955, a través de un golpe militar, la oligarquía recuperó el poder.

Desarrollo sindical y lucha política: 1958-1973

El gobierno del general Aramburu clausuró la CGT, detuvo a numerosos dirigentes y les prohibió toda actuación sindical. Se derogó la legislación que privilegiaba la representación sindical única por rama de producción, reemplazándola por otra que propiciaba el pluralismo. Vano intento: la unicidad sindical en Argentina no obedecía, como erróneamente pensaron los dirigentes de la autobautizada —sarcásticamente— revolución libertadora, a ninguna imposición gubernativa. Era, por el contrario, la expresión de la voluntad unitaria y de la homogeneidad política de la clase obrera. Pese a las facilidades otorgadas por el gobierno para que dirigentes de otras tendencias se hicieran con los aparatos sindicales, esas tentativas no prosperaron.

En 1956, los representantes de 62 sindicatos inhabilitados, en su mayoría de orientación peronista, formaron un grupo clandestino al que se llamó, precisamente, 62 organizaciones.

El peronismo, pese a las persecuciones sufridas, no tardó en predominar en el panorama sindical. Este hecho se comprobó concluyentemente cuando, en 1958, se levantó la interdicción a la CGT y los sindicatos recuperaron sus autoridades legítimas. Casi todas las grandes organizaciones obreras permanecieron unidas en torno a los núcleos dirigentes peronistas. En la CGT esta tendencia fue siempre mayoritaria y en ocasiones, casi unánime[7].

El gobierno militar había buscado un objetivo político concreto: fragmentar y debilitar a la clase obrera, con la excusa de restaurar una supuestamente vulnerada «libertad sindical».

La tentativa se saldó con un fracaso rotundo. Durante el período 1955-1958, las vicisitudes sufridas por el movimiento obrero provocaron, incluso, un efecto contrario: posibilitaron un relevo en los cuadros dirigentes, dinamizando, con una generación de refresco, los rangos directivos de los sindicatos.

En 1958, el gobierno militar convocó a elecciones presidenciales. El peronismo fue prohibido. Triunfó el candidato de una de las dos fracciones en las que se había dividido la Unión Cívica Radical: Arturo Frondizi. Reunida la nueva legislatura, se reimplantó la legislación sindical de 1946. Luego, la CGT fue devuelta a los trabajadores. El movimiento obrero emergió intacto, quizás fortalecido, de la prueba sufrida.

Durante los años siguientes, no dejaría de crecer como fuerza de oposición, sorda y constante, a todos los gobiernos que se sucedieron hasta 1973, de signo antipopular más o menos marcado. Al mismo tiempo, desarrolló una gimnasia sindical cotidiana. Aumentó su presencia en los ámbitos de trabajo, mediante la acción en la empresa a través de delegados y comisiones internas. Se expandió numérica y organizativamente, propiciando la sindicalización de las clases medias y de los técnicos y profesionales, siguiendo la tendencia, creciente en todo el mundo, a diluir la diferenciación entre trabajadores manuales e intelectuales.

La tarea del sindicalismo argentino en el período 1958-1973 se manifestó en dos niveles. Uno, puramente reivindicativo. Acciones importantes jalonaron este período: huelgas, movilizaciones y nuevas formas de lucha sindical, como la ocupación de establecimientos, fueron practicadas sin cesar. La CGT aprovechó al máximo todo espacio de libertad sindical que le posibilitaron gobiernos civiles o militares. Esa libertad estuvo lejos de ser irrestricta. Menudearon las persecuciones a la misma central obrera o a numerosos sindicatos, limitaciones al derecho de huelga, reglamentaciones sindicales con orientaciones represivas, detención de militantes y dirigentes, etc.

En 1964 la CGT nucleaba ya a 550 organizaciones (502 sindicatos locales y 48 federaciones nacionales), representando a casi tres millones de afiliados. En el plan de lucha de 1964 se ocuparon 11.000 establecimientos, participando en las acciones casi cuatro millones de trabajadores.

Pero además, ese accionar sindical tuvo un contenido político constante. El común denominador de este período fue el intento de la oligarquía—reiteradamente frustrado—de dotar de legitimidad a un poder fundado en la marginación de las mayorías.

En 1962 Frondizi fué derrocado por el ejército. En 1963 se realizaron nuevas elecciones, con el peronismo prohibido. Triunfó el otro sector de la Unión Cívica Radical y fue electo presidente Arturo Illia, que en 1966 también fue desplazado por un golpe militar. Los motivos fueron parecidos: el fantasma del peronismo no podía ser aventado. Tanto en 1962 como en 1966, quedaba claro que los gobiernos civiles respectivos eran impotentes para asegurar una democratización auténtica sin que el peronismo obtuviese una clara victoria electoral. Los resultados de los comicios parciales o el volumen de los votos en blanco (a los que acudían los peronistas cuando eran proscriptos), demostraban, una y otra vez, el predominio electoral del movimiento conducido por Perón.

La derecha no podía romper ese dilema de hierro: con reglas democráticas, el peronismo ganaba las elecciones. De allí esa recurrente oscilación entre gobiernos militares y gobiernos civiles surgidos de consultas fraudulentas. El golpe de 1966, ante la falta de toda alternativa política aceptable, prolongó la duración de la dictadura castrense. Pero la crisis económica, la contestación generalizada y el repudio popular forzaron a los militares a convocar nuevas elecciones en 1973. Por primera vez en dieciocho años, el peronismo pudo participar en ellas.

El poder político, durante casi dos décadas, se basó en la coacción. El movimiento mayoritario fue sistemáticamente marginado. Su líder histórico impedido de regresar al país. En estas condiciones, los intentos de democratización ensayados en 1958 y 1963 —interdicción del peronismo mediante— adolecieron de una falsedad esencial. Los sectores populares no cesaron de manifestarse contra esa ilegalidad política, por todos los medios posibles, reclamando una restauración democrática que posibilitara su anhelo de transformación social. En ese orden, la CGT se pronunció y accionó sin pausa. Su unidad inquebrantable fue el principal escollo contra el que tropezó la oligarquía (y las cúpulas militares que la sustentaban), en su propósito de perpetuarse.

Acción sindical y lucha política se fundieron en un solo cauce. «La especificidad de la organización de los obreros argentinos es difícil de comprender en términos europeos», ha dicho Héctor Lucero, agregando con referencia a la naturaleza del peronismo que «no se trata de un movimiento dirigido por comunistas o socialistas que asume a la vez las tareas nacionales, ni de un movimiento nacional-popular indiscriminado, en cuyo seno se diluyen los límites de clase. Se trata de un movimiento de masas dirigido por nacionalistas que contiene en su seno la organización proletaria delimitada en los sindicatos y que extrae de ésta su fuerza social esencial»[8].

Las tensiones internas

En el lapso 1958-1973 las tensiones internas fueron frecuentes en el sindicalismo. Pero no sobrepasaron un doble marco:

1) Se produjeron entre tendencias peronistas. Es cierto que la indefinición ideológica del movimiento liderado por Perón admitió que en su seno florecieran planteamientos de muy variado pelaje, pero aun así, no debe perderse de vista esa uniformidad política que, finalmente, permitía la reabsorción de todas las disidencias.

2) Esas tensiones, con ser fuertes (en ocasiones dirimidas con violencia), nunca llegaron a producir una verdadera ruptura de la unidad sindical.

Al analizar las luchas internas en el movimiento sindical, es obligado hacer una referencia al papel jugado por las 62 organizaciones. Éstas, como ya se dijo, fueron en su origen, un núcleo de carácter clandestino originado en la represión desatada en 1955. En esa época llenaron una necesidad: reconstituir la unidad del sindicalismo alrededor de una característica común, su lealtad al peronismo, cuando éste había perdido el poder político. En 1958, la libertad sindical fue reconquistada: las «62» habían cumplido su función. Sin embargo, pervivieron aun cuando su naturaleza cambió. Ya no fueron sustituto de la central única acosada. La CGT podía funcionar libremente. Las «62» se mantuvieron como grupo de orientación política, como vehículo para que los trabajadores, en su inmensa mayoría miembros del movimiento peronista, estuvieran representados en la conducción de éste.

El régimen legal del sindicalismo argentino vigente hasta 1976 prescribía con claridad la libertad sindical y preservaba el pluralismo. A los efectos de mantener el apoliticismo formal, las «62» realizaban el trabajo político y la CGT el específicamente sindical, aun cuando, en la práctica, ambas estructuras se confundían estrechamente.

Esta situación fue denunciada como anómala e ilegal por el antiperonismo y en especial por la derecha oligárquica. Pero, ortodoxa o no, ella se correspondía exactamente a una realidad tangible: la adhesión libre, empecinada y unánime de los trabajadores argentinos al peronismo.

En 1966 se produjo una pugna importante en el seno del movimiento obrero. Un grupo de sindicatos peronistas creó un nucleamiento disidente dentro de las 62 organizaciones. Lo encabezaba José Alonso, dirigente del sindicato del vestido, y secretario general de la CGT, mientras que el liderazgo de las «62» ortodoxas correspondía al metalúrgico Augusto Vandor. Las diferencias se referían a la orientación estratégica del movimiento obrero. Vandor, previendo una eternización del poder militar, deseaba independizar al sindicalismo de la conducción de Perón y convertirlo en una fuerza independiente, como paso para una eventual alianza con la cúpula militar. En cambio, el núcleo que dirigía Alonso consideraba que el movimiento obrero debía permanecer en el seno del peronismo. Más allá de una cuestión de disciplina al líder histórico (disciplina contestada por Vandor) se discutía la pervivencia del movimiento sindical en el seno de una coalición política más amplia, dirigida por Perón.

La prueba de fuerza concluyó con la derrota de Vandor. En ocasión de una elección provincial, éste y Perón apoyaron a candidatos distintos. La diferencia de votos en favor del último fue neta. Este pequeño test político terminó con el episodio. En 1968 se reunió en Buenos Aires un congreso de la CGT. Resultó electa una conducción presidida por el gráfico Raimundo Ongaro. El congreso fue impugnado por un grupo de sindicatos que eligió otra dirigencia, encabezada por Vicente Roqué. La CGT se había escindido. El último sector, cuyo orientador volvía a ser Vandor, conservó la sede oficial de la Confederación, situada en la calle Azopardo. El grupo de Ongaro se instaló en el sindicato gráfico y pasó a llamarse CGT de los argentinos o CGT de Paseo Colón, por el lugar donde tenía su asiento.

El sentido de esta división fue, quizás, más complejo y se entrelazó con la situación política. El gobierno militar había comenzado su lento desgaste. Un movimiento de protesta generalizado se vivía en todo el país. Era perceptible en la rebeldía estudiantil, que se entrelazaría con los ramalazos del mayo parisino. También en la iglesia: 1968 fúe el año de la Conferencia Episcopal de Medellín, que señaló el punto más alto de la «teología de la liberación», y que tuvo en Argentina una influencia importante por obra de un grupo de curas de base denominado Sacerdotes para el tercer mundo. En el orden específicamente sindical, la protesta obrera se había radicalizado en las zonas recientemente industrializadas, como Córdoba, donde un proletariado nuevo ensayaba acciones audaces o en regiones subindustriales azotadas por la miserias como la provincia azucarera de Tucumán, en la que el sindicato de trabajadores cañeros reverdecía una legendaria tradición combativa.

Este conjunto de circunstancias nacionales e internacionales favoreció el desarrollo de un sector sindical dispuesto, sin abandonar el peronismo, a llevar adelante acciones más frontales contra la dictadura militar.

La orientación representada por la CGT de los argentinos no era nueva. Recogía la línea de sindicalismo combativo que venía, con diferente fortuna, expresándose desde 1955: encabezada por el dirigente textil Andrés Framini, en el periodo 1956-1966 se había opuesto al vandorismo y había impulsado programas reivindicativos de avanzada con los de Huerta Grande y La Falda en 1962[9].

La represión miliar se ensañó contra las estructuras de la CGT de los argentinos. En 1969 se produjo el cordobazo, insurrección popular obrero-estudiantil que desbordó la represión policial. Poco después fue asesinado Vandor. La central que presidía Ongaro fue cerrada por el gobierno y sus dirigentes duramente perseguidos. El ala menos radical de la CGT, retrayéndose, salvó los momentos más duros y consolidó sus organizaciones. La escisión concluyó en favor de la CGT de la calle Azopardo, a la que retomaron pronto los sindicatos que habían seguido a Ongaro.

Pese a su fracaso, esta última tendencia permaneció latente en el seno del movimiento sindical, expresándose en múltiples ocasiones y por diferentes conductos, como minoría en la CGT o bien en sindicatos regionales, seccionales o comisiones internas.

Una etapa importante en el proceso sindical fue el crecimiento de un núcleo independiente en la industria mecánica de Córdoba. La política desarrollista de Frondízi había favorecido, en el período 1958-1962, la radicación de capitales extranjeros en Argentina. Parte de ellos se concentraron en la provincia de Córdoba, donde se instalaron varias fábricas de automóviles. Este hecho transformó rápidamente la configuración sociológica de una provincia tradicionalmente agrícola. Su rápida industrialización creó un polo proletario conformado por obreros mecánicos técnicamente calificados y con salarios relativamente altos en proporción al resto del país. A estos datos se sumó la influencia que ejercía sobre el medio obrero, un foco estudiantil y cultural vivaz y de clara tradición combativa. En Córdoba, en 1918, había surgido el movimiento de la «reforma universitaria», verdadero antecedente de la contestación estudiantil de 1968, según ha reconocido el propio Roger Garaudy[10].

La combinación de estos factores —influencia ideológica radicalizada, base social emergente, concentración sindical en un solo centro urbano y en pocas unidades fabriles— produjo, proyectada en el cuadro político general, una verdadera explosión.

La administración central, durante la década del sesenta, contradiciendo las pautas habituales del sindicalismo argentino, que favorecían la organización obrera en sindicatos o federaciones nacionales de rama, propició la creación de sindicatos de empresa, que representaran al personal de las grandes fábricas que tenía en Córdoba. Su fin era aislar a estos trabajadores rebeldes, escindirlos del resto de la estructura sindical y así debilitarlos. Si tal fue la idea, los resultados no pudieron ser peores para la dictadura. El efecto obtenido fue el contrario. Se potenció, al dotarlo de una estructura legal independiente, un centro sindical de intensa conflictividad, de fuerte dinámica asamblearia y postulaciones radicales. A su vez, los mecánicos cordobeses arrastraron a otros sectores y sindicatos y se configuró una CGT regional dominada por aquéllos. De estos sindicatos surgió el Cordobazo. Por primera vez desde 1945, dirigentes de filiación marxista, tal el caso del electricista Agustín Tosco, tuvieron verdadera influencia sindical en Argentina, si bien compartida, dentro del movimiento obrero cordobés, con otros líderes enrolados en el peronismo como Atilio López.

El sindicalismo de Córdoba —en especial los sindicatos mecánicos— fue fuente de permanentes conflictos tanto con él gobierno militar como con la dirigencia obrera nacional, a la que rebasaba por la izquierda. Sin embargo, habiendo sido grande su influencia, no rompió la unidad del movimiento obrero. Sus características obedecían a factores en buena parte locales, de difícil traslación a otras zonas del país, aun cuando, en el complejo metalúrgico de Villa Constitución, en Santa Fe, se planteó, en 1975, un cuadro parecido.

Las bases obreras cordobesas, aún disidentes con la conducción de la CGT nacional, permanecieron en el movimiento peronista: no se plantearon ninguna alternativa política y, en consecuencia, el episodio no sobrepasó los límites de una tensión interna. Los sindicatos mecánicos autónomos fueron desmantelados en 1972, pasando sus miembros a encuadrarse en el sindicato de mecánicos de ámbito nacional.

Tras este esquemático bosquejo, corresponde introducirse en el presente: la estructura organizativa, las dimensiones sociológicas, legales y funcionales del sindicalismo argentino, tal como éste se hallaba conformado hacia 1976, son el objeto de los capítulos que siguen. La dinámica política del movimiento sindical en el lapso crucial que va de 1973 a 1976 es analizada, a su vez con más detalle, al final de este trabajo.

Y, para finalizar, una precisión numérica: en la década del setenta, con una población de 25.000.000 de habitantes, había en Argentina alrededor de 7.000.000 de trabajadores. La tasa de sindicalización, según cálculos realizados sobre el último censo sindical, que databa de 1965, era del 35,44% con un pico máximo de 79% en el sector eléctrico, que descendía al 60% en la industria y al 30% en los servicios. Durante el período 1973-1976 no hubo estadísticas fiables, pero todo indica que, en consonancia con el fuerte desarrollo de la actividad sindical, ese porcentaje debió haberse elevado considerablemente y no es descabellado situarlo en el 50%, lo que arroja una cifra probable de 3.500.000 trabajadores sindicalizados[11].

CAPITULO II

Composición social del movimiento obrero

La configuración social del sindicalismo argentino ha estado relacionada con los dos grandes movimientos demográficos en los que basó su nacimiento y consolidación. El primero fue la inmigración europea que en 1930 había traído más de seis millones de pobladores al país. El segundo fue el masivo éxodo de trabajadores rurales nativos que a partir de esa fecha se asentaron en Buenos Aires.

Inmigración europea y sindicatos primitivos

Antes de 1930, la actividad industrial en la sociedad argentina, fundamentalmente agroexportadora, no pasó de ser una franja minúscula de la economía, con intereses contradictorios a la orientación predominante. Parecía condenada a vegetar, sin perspectivas reales de crecimiento. La escasez del mercado consumidor interno, el estancamiento técnico, la indiferencia o la hostilidad del poder político fueron el entorno de la industria pionera.

Fue en este sector productivo estructuralmente débil que se insertaron los trabajadores europeos inmigrados. Ellos y los sindicatos que fundaron fueron encerrados en el doble «ghetto» de la dependencia laboral y la marginación sectorial. Intentaron incidir en la sociedad mediante la contestación radical, a través de medios de acción que fracasaron por su inoportunidad histórica y su falta de eco en la realidad circundante.

Las pautas a través de las cuales estos trabajadores se organizaron sindicalmente revelaban algunos de los rasgos de su composición social. Esas pautas eran, básicamente, tres:

1) El oficio, conforme a los hábitos típicos de organización obrera de la época.

2) La nacionalidad: en muchas ocasiones, los sindicatos lo eran de connacionales y conservaban esa identidad hasta en el nombre. Como es lógico, la subsistencia de este factor acentuaba el aislamiento social del sindicalismo inmigratorio.

3) La ideología, frecuentemente entrelazada con la nacionalidad y con la región de origen. Así, los trabajadores provenientes de Cataluña o Andalucía solían militar en el anarquismo y los de Asturias o Bilbao en el socialismo, de acuerdo con las familias políticas que predominaban en su residencia original.

En todos los casos, la adscripción ideológica de los trabajadores emigrados venía dada por su origen y no por su contacto con la realidad particular en la que residían y laboraban. Su trasplante, en términos políticos, fue estéril por la incompatibilidad de las ideologías que encarnaban —y que obedecían a condiciones históricas muy precisas, propias de la Europa de la época—, con un medio diferente.

Estas circunstancias tomaban virtualmente imposible la consolidación de las estructuras sindicales entre las capas populares nativas en crecimiento social o la institucionalización del sindicalismo, objetivos que, por otra parte, tampoco se proponían los sindicatos de inmigrantes.

Finalmente, cabe apuntar el alto grado de conflictividad desarrollado por estas organizaciones, en gran medida motivado por el múltiple repudio que encontraban. Rechazo por parte de los factores de poder, ligados a la actividad agropecuaria, que veían como una intrusión hostil el eventual desarrollo de una industria nacional. Rechazo de la sociedad tradicional hacia las ideologías radicales que expresaba ese sindicalismo. Rechazo por el conjunto de la población nativa hacia su condición de extranjeros. Indiferencia de los trabajadores criollos, motivada por el distanciamiento geográfico (preponderancia de extranjeros en los centros urbanos y de nativos en las zonas rurales) y el desconocimiento mutuo.

Concentración urbana y consolidación sindical

Durante los primeros años de la década del treinta, Argentina sufrió una fuerte crisis agropecuaria. Esa contingencia incrementó el éxodo de trabajadores agrícolas hacia las ciudades, en especial hacia Buenos Aires y sus alrededores, multiplicando el proceso de concentración urbana consustancial a la modernización de toda sociedad.

La Segunda Guerra Mundial, relata Félix Luna, «al privar al país de muchos bienes de importación, había obligado al ingenio criollo a suplir manufacturas, inventar piezas de máquinas, sustituir combustibles: el resultado era una industria de pésima calidad y costos antieconómicos todavía, pero cuyo robustecimiento era, de por sí, un elemento positivo para la diversificación de la economía nacional, para la creación de una base económica integrada»[12].

De 1935 a 1960 se instalaron en la capital y sus suburbios dos millones de trabajadores provenientes del campo. El mismo fenómeno, atenuado, se produjo en las principales ciudades de provincia. ¿Cuál era la condición social de este nuevo proletariado? Estaba compuesto por trabajadores rurales nativos carentes de toda experiencia sindical o política. Eran «los hijos de los peones rurales, de los medieros y aparceros, de los pequeños propietarios y minifundistas»[13].

Esa inmigración interior trastornó toda la vida argentina. Puso en crisis, a través de las contradicciones, político-sociales que generó, la estructura de la sociedad tradicional. Entre otros efectos, modificó el entorno físico urbano, dando nacimiento al «gran Buenos Aires», un vasto conglomerado obrero, constelado de villas miseria que aún subsisten en los alrededores de la urbe. Modificó también la pigmentación y la conformación facial de la ciudad, habitada hasta entonces casi exclusivamente por emigrantes o hijos de emigrantes de primera o segunda generación. Dio origen al ciudadano neourbano, de pelo y tez oscura, al que se denominó «cabecita negra», nombre que hizo largo camino porque sus destinatarios lo asumieron como timbre de orgullo.

El proceso de concentración urbana de las masas inmigratorias de origen campesino no podía desarrollarse en peor momento. La miseria y el subempleo acosaban a los nuevos proletarios. El poder político —detentado durante la década del treinta por gobiernos militares o civiles complacientes con la oligarquía— era abiertamente hostil a cualquier expresión popular. Las formaciones sindicales eran perseguidas. Pero tampoco esas estructuras obreras eran sensibles, en principio, a la nueva realidad. Integrados, en su mayoría, por obreros especializados, tos sindicatos enrolados en corrientes anarquistas, socialistas, comunistas o sindicalistas, no comprendieron el capital revolucionario que suponía el aluvión inmigratorio interno.

El proceso que siguió este sector social hasta encontrar su identidad histórica fue largo y penoso. Su ingreso a la práctica sindical fue lento, gradual. Fue penetrando el universo obrero durante toda la década del treinta, signado por las privaciones económicas y la marginación.

Pero ya a comienzos de los años cuarenta, el contenido sociológico del sindicalismo había cambiado. Los trabajadores del interior se habían ido integrando a la industria. Sectores cómo el textil, la construcción o los frigoríficos, por ejemplo, tenían una base conformada mayoritartamente por nativos. El sindicalismo de cuño inmigratorio estaba a punto de desaparecer. No lo hizo de golpe. Sus estructuras organizativas fueron siendo invadidas por la nueva realidad social y humana. En cuanto a sus medios de acción y a sus postulados ideológicos, luego de un momento de transición, fueron superados por la nueva dinámica política.

Trasmigración de masas rurales al mundo urbano, paso de la economía rural a la industrial: el cruce de este Rubicón histórico se verificó en Argentina en el marco de circunstancias sociales peculiares.

En el mundo del trabajo urbano convivieron, durante esa fase de mudanza, tres generaciones: los trabajadores europeos, los hijos de éstos, ya nacidos en el país (en algunos casos, los nietos) y los inmigrantes nativos de origen rural.

Esta composición social compleja hizo que el proceso de crecimiento del sindicalismo argentino tuviera características originales. Por un lado estaba la índole propia de los países hispanoamericanos que, si bien alcanzaron la independencia política a comienzos del siglo XIX, mantenían, en la época analizada, un estatus económico (que, por cierto, subsiste aún hoy) de dependencia cuasicolonial.

En los países europeos la consolidación del capitalismo industrial y consecuentemente la formación de un proletariado y su desarrollo sindical, se realizó a fines del siglo pasado. En las excolonias de Asia y África ese fenómeno se inauguró con la consecución de la independencia nacional, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Por un complejo de circunstancias (entre las que destaca la relativa uniformidad étnica del país, con casi total ausencia de población india pura, su potencial riqueza económica, los fuertes lazos con las naciones europeas, etc.). Argentina recibió un caudal inmigratorio superior al que se asentó en otros países de América latina.

Consecuentemente, la conformación de un movimiento popular con una estructura sindical en su seno que integraba a los trabajadores, se verificó, entre otras circunstancias históricas especiales, sobre la base de una experiencia sindical preexistente.

Los peones rurales que, huyendo de la miseria campesina se radicaron, durante la década del treinta, en los suburbios de Buenos Aires, encontraron sindicatos que contaban con una práctica de, incluso, varias décadas. Pero eran sindicatos que no reflejaban ni las tradiciones nacionales ni los intereses concretos del nuevo proletariado. Los inmigrantes europeos se nucleaban de acuerdo a modalidades gremiales. Por ejemplo, en el ramo de la construcción coexistían uniones de plomeros, de albañiles, de carpinteros, de yeseros, de electricistas, etc. El trabajador criollo, el campesino que llegaba a la ciudad desconocida, no tenía oficio alguno ni más herramienta que sus manos y sus músculos. Peón descategorizado, obrero sin especialización, fue absorbido por una industria en expansión: la estructura sindical que requería era el sindicato de rama, «el sindicato grande» que pudiera recoger las necesidades del trabajador anónimo.

En cuanto a la problemática política de ese nuevo proletario, ha dicho Gino Germani: «Estas grandes masas trasplantadas de manera rápida a las ciudades, transformadas súbitamente de peones rurales, artesanos o personal de fatiga en obreros industriales, adquirieron significación política sin que, al mismo tiempo hallaran los canales institucionales necesarios para integrarse al funcionamiento normal de la democracia. La política represiva de los gobiernos desde fines del siglo pasado hasta comienzos del presente, la ambivalencia y relativo fracaso de los gobiernos de clase media entre 1916 y 1930, las severas limitaciones al funcionamiento de la democracia después de esa fecha y el general descreimiento y escepticismo creados por toda esta experiencia, unidos a una ausencia de partidos políticos capaces de proporcionar una expresión adecuada a sus sentimientos y necesidades, dejaban a estas masas en disponibilidad»[14].

En 1946 se abrió una década de participación popular en el gobierno, con la experiencia peronista. En otras partes de este trabajo me refiero a las características político-sindicales de este proceso. Desde el punto de vista de la composición sociológica del mundo sindical, ¿qué significado tuvieron estos hechos?

Se consolidó y homogeneizó la clase obrera. Sé solidificó ya clausurada la onda inmigratoria europea, el entramado de orígenes diversos entre los trabajadores: la convivencia entre pigmentaciones y apellidos se hizo normal. Repasando las listas de los líderes sindicales argentinos en las últimas décadas se encuentran nombres de raíz criolla, o inequívoco origen italiano, turco, eslavo, anglosajón, etc.

El crecimiento del sector obrero fue consecuencia directa de la política abiertamente favorable a la industrialización que desarrolló Perón.

Entre 1946 y 1952 el número de establecimientos industriales se incrementó en un 110%. El personal ocupado en la industria creció un 25%. En 1941, sobre un total de 356 sindicatos existentes, el 62% correspondía a organizaciones tradicionales (alimentación, comercio, construcción, hostelería, vestido y gráfica) y los estrictamente industriales (textil, metal, madera y química) alcanzaban sólo al 5%. El 80% de los trabajadores afiliados pertenecían al primer grupo y sólo el 5% al segundo. En 1965 la proporción de cotizantes había cambiado sustancialmente: el 34% correspondía a la industria manufacturera, el 28% a los servicios, el 17% al transporte, el 12% al comercio, repartiéndose el resto entre otras actividades (agricultura, minas, electricidad, etc.). La tendencia «obrerista» prevaleció entre 1943 y 1955, ampliándose en forma masiva las bases de la sindicalización en el sector industrial. Esta línea siguió creciendo, luego de 1958, especialmente en el interior, donde se crearon nuevos centros industriales.

Así describe este período Juan José Hernández Arregui: «La vida de los argentinos se modificó… Las capas bajas de la población conocieron derechos a la vida que le habían sido negados bajo el inexorable dominio material y político de la oligarquía… El costo de la vida, poniendo como número indice 100 para 1943, aumentó a 180 en 1949. Pero los salarios a 267. Los ahorros, ese mismo año, pasaron de 82 pesos por persona a 210. Argentina ofrecía el más alto nivel de vida de América latina y uno de los más elevados del mundo»[15].

El aumento del producto interno, la mayor igualdad en la distribución de la renta y el triunfo político del peronismo fortalecieron un proletariado que transformó de manera definitiva la sociedad argentina. El mundo obrero atravesó mutaciones sociológicas, culturales y políticas. Pero permaneció como un elemento ya inalterable en el cuadro social. A partir de entonces toda visión del país debió partir de este hecho: Argentina era una nación semidesarrollada, con una industria nacional considerable, aunque su tecnología fuera deficiente en contraste con los países más avanzados y con un proletariado importante dentro de la estructura social global. De allí algunas características de este proceso:

1) La configuración humana del país fue, desde entonces, fundamentalmente urbana. En 1914, el 42% de la población vivía en el campo. En 1946 el 74% lo hacía en las ciudades.

2) Consecuentemente, la cultura (pautas sociales, niveles de consumo, tasa de alfabetización, etc.) fue la propia de sociedades urbanas, en contraposición al típico subdesarrollo rural de sociedades más primitivas.

3) Con las vicisitudes y modalidades específicas, sé produjeron fenómenos sociales similares a los que vivió la Europa del desarrollo posbélico: crecimiento del sector terciario en detrimento del industrial, proletarización de los técnicos y profesionales, formas de contestación juvenil, etc.

El nuevo proletariado: sindicalización y clases medias

A pesar de todas las dificultades que supuso la inestabilidad política crónica existente desde 1955, Argentina no dejó de modernizar su estructura económico-social.

Al comenzar la década del setenta, el producto bruto interno equivalía a 50.000 millones de dólares contra 30.000 millones en 1955. Entre una y otra fecha, el consumo privado por habitante había aumentado un 70%. «Las inversiones, y la incorporación del cambio tecnológico en la infraestructura —sintetizaba Aldo Ferrer— diversificaron y ampliaron el abastecimiento energético y los servicios de transpórte y comunicaciones. En la industria, las ramas química y metalmecánica asumieron el liderazgo del crecimiento»[16].

El mismo autor escribía en 1968: «El caso argentino ha intrigado a numerosos observadores contemporáneos porque su estructura social y económica se asemeja más a la de los países dinámicos y desarrollados que a la de las economías subdesarrolladas y estancadas. La estructura social y económica argentina es relativamente diversificada y la actividad agropecuaria, totalmente integrada en la economía de mercado y con niveles de productividad semejantes al del conjunto de los sectores productivos, absorbe apenas una cuarta parte de la fuerza de trabajo del país. El nivel de ingreso por habitante es, aún hoy, después de tres lustros de estancamiento, cerca del doble del promedio de América latina. Por otro lado, los niveles culturales y los patrones de comportamiento social se asemejan a los de las sociedades modernas… Rostow coloca a Argentina entre los países que han realizado el despegue hacia su crecimiento autosuficiente. En la práctica, sin embargo, salvo los casos especiales de Haití, Bolivia y Paraguay, Argentina es el único país que ha permanecido estancado en los últimos quince años»[17].

La participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que era del 57% en 1952 había descendido al 40% en 1962 y al 39% en 1969. Aquel crecimiento económico relativo había permanecido por debajo de las expectativas individuales y colectivas. Era contemporáneo al desencanto y la frustración de varias generaciones sumergidas en una pantanosa atonía política.

En este cuadro se acrecentó el malestar de los sectores terciarios, cuyas aspiraciones de ascenso social se vieron una y otra vez clausuradas por las constantes, cíclicas crisis y por el deterioro socioeconómico.

Algunas de estas causas explican un fenómeno relativamente nuevo, operado en la composición social del sindicalismo argentino durante las décadas del sesenta y setenta: la sindicalización cada vez mayor de las clases medias.

La pequeña burguesía había sido siempre numerosa en la ciudad de Buenos Aires. Estaba conformada, en su mayoría, por europeos o hijos de europeos. Ocupaba todos los escalones de la burocracia estatal que, haciendo honor a su estirpe hispánica, era harto populosa. La componían los pequeños funcionarios, los empleados de comercio, de oficinas y bancos, los maestros, los corredores, viajantes y vendedores de toda laya y, en fin, quienes desempeñaban los mil y un menesteres .que una ciudad en marcha hacia el gigantismo generaba sin cesar. Su condición de dependientes los acercaba al obrero industrial, del que los separaba, en cambio, el carácter no manual del trabajo y sobre todo sus expectativas de escalar socialmente y sus condicionamientos psicológicos. Estas clases medias, durante el período del desarrollo sindical argentino, en general, permanecieron ajenas al movimiento obrero. O bien tendieron a crear organizaciones diferenciadas, de tinte gremial. Su conducta política, cambiante y muchas veces incoherente, las alejó o acercó alternativamente y de acuerdo a la peripecia coyuntural, a los trabajadores industriales.

Finalmente, golpeados con dureza por la crisis crónica posterior a 1955, emprendieron resueltamente el camino de la sindicalización. Arrastrados por la caída de sus ingresos, se acercaron a los sectores obreros. La imposibilidad de expresión política los empujó a una alineación en posiciones populares, que objetivamente favorecía sus intereses.

Otras características sociales coincidieron en este período: el aumento —módico pero notorio— en los niveles de consumo masivo, la creciente influencia de los medios de comunicación de masas, la homogeneidad cultural propia de las sociedades modernas, en las que tienden a esfumarse las diferencias entre los asalariados manuales e intelectuales. Estos fenómenos, a pesar del subdesarrollo relativo y el crecimiento incierto, fueron perceptibles en la conformación social argentina de las últimas décadas.

Fue contra este trasfondo que la clase media se proletarizó. Económicamente, por la sumersión salarial de funcionarios, empleados, técnicos cuyas ganancias descendieron a las mismas cotas —si no aún por debajo— de los ingresos obreros. Jurídicamente, porque aumentó el número de profesionales y técnicos que laboraban en regímenes de dependencia y cuya condición objetiva no difería sustancialmente de la vivida en fábricas y talleres. Ideológicamente porque la transformación política de la clase media fue constante, sobre todo entre 1966 y 1973: partiendo del furioso antiperonismo de 1955, la pequeña burguesía urbana revalorizó al peronismo y terminó en 1973 integrando en masa sus filas. De sus entrañas salieron todos los fenómenos de radicalización política que estallaron en los años setenta.

En el campo específicamente sindical, entre otras consecuencias, se produjo:

1) La sindicalización de nuevos sectores laborales, profesionales y técnicos.

2) La dinamización de otros que practicaban formas de asociacionismo gremial, de carácter neutro: maestros, periodistas, empleados de la justicia descubrieron y realizaron una intensa gimnasia sindical.

3) Trabajadores con tradición organizativa pero cuyo origen de clase media había hecho resaltar los caracteres inmovilistas, cambiaron totalmente su fisonomía sindical, adoptando modalidades audaces en su accionar. Ejemplo de ello fueron los numerosos sindicatos de funcionarios públicos.

Como un signo de los nuevos tiempos, quien haya presenciado las grandes movilizaciones callejeras en Argentina, habrá advertido un cambio significativo: en las epopeyas populares de 1945, el elemento humano preponderante fue el obrero fabril. En las algaradas de 1973, prevaleció en cambio el contingente juvenil y de clase media.

CAPITULO III

Estructura y organización interna de los sindicatos

Como señala Michel Crozier, «los autores que se han interesado en el movimiento obrero se han sentido más atraídos en general, por el estudio de la ideología obrera, por las perspectivas sociales y políticas en las que se inserta el sindicalismo y por el problema de las relaciones con los patronos que por los tipos de organización propia de los sindicatos»[18].

Y sin embargo, el estudio de la estructura organizativa sindical resulta particularmente útil, sobre todo aplicado a una fuerza popular del volumen y la complejidad de la argentina.

Es que las formas de organización están ligadas a factores político-sociales de gran riqueza para comprender las circunstancias nacionales que enmarcan el desarrollo de los sindicatos.

En el tema se entrelazan elementos que iluminan con múltiples puntos de vista el fenómeno sindical: la composición social de las fuerzas del trabajo, los matices geopolíticos del país, la complejidad de la vida económica, las modalidades laborales, los hechos históricos y políticos, etc.

Las estructuras sindicales —sus niveles jerárquicos, sus moldes organizativos, su distribución territorial— son una ventana abierta a la materia más viva del universo obrero.

Del sindicato de oficio al sindicato de actividad

¿Cuál ha sido la forma de organización de los sindicatos argentinos? Para responder a esta cuestión debe partirse de un hecho estrictamente político: la unidad de la clase trabajadora en torno al movimiento peronista. Esta unidad (que devino, por su monolitismo, unanimidad) determinó a su vez la unidad sindical, favoreciendo de manera decisiva el sistema de sindicato único por rama.

Dentro de este marco general, en el movimiento obrero ha ido produciéndose el mismo fenómeno que caracterizó al sindicalismo de otros países: el paso de la organización por oficio a la organización por rama de producción. La primera, característica de la industria primitiva, artesanal, constituyó el embrión del sindicalismo europeo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Fueron los sindicatos de oficio los que sentaron las bases del moderno movimiento obrero y este hecho se dio también en Argentina, donde las primeras sociedades de resistencia obrera las formaron los tejedores (1857), los tipógrafos (1877), los conductores de locomotora (1887), los albañiles (1893), etc.

Cuando los avances tecnológicos arrinconaron las formas artesanales de producción, la concentración de capital fue sustituyendo a la pequeña empresa como unidad productiva única, dando paso a los grandes emporios económicos. Consecuentemente el patronato se unió y reforzó su poder político-institucional. Ya no era funcional ni respondía a una necesidad real la organización por oficios. Los trabajadores, en un proceso que nunca fue lineal ni automático y que estuvo, por el contrario, lleno de vaivenes conflictivos y temporales, transfotrmaron su organización: del sindicato de oficio se pasó al sindicato de actividad: todos los trabajadores, cualquiera fuese su especialidad, que pertenecieran a una rama determinada, se nuclearon en una organización única.

Esta transformación se consolidó en Inglaterra y en Francia luego de la Primera Guerra Mundial. En España, el mismo principio —pasó del sindicato de oficio al de rama— fue discutido y adoptado en 1918 durante el congreso de Sants de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En Estados Unidos el fenómeno cobró forma a través de la creación, en 1936, de la Central Industrial Organization (CIO), central sindical que agrupaba a los sindicatos industriales frente a los sindicatos de oficio nucleados en la American Federation Labour Organization (AFLO).

En Argentina este cambio se fue desarrollando en la década del treinta, favorecido por el crecimiento industrial y la migración de poblaciones campesinas hacia las concentraciones urbanas. Y se acentuó a partir de 1943, en que un gobierno militar de corte nacionalista, favoreció expresamente esa orientación en la organización sindical.

Hubo, pues, unas coordenadas históricas precisas:

1) La transformación de la sociedad agrícola en semindustrializada y la concentración de esa actividad económica en la zona urbana y específicamente en la gran aglomeración bonaerense.

2) Consecuentemente, la aparición de un nuevo proletariado que cambió el origen étnico del obrero industrial tipo: de inmigrante europeo a campesino trasplantado de las zonas atrasadas y preindustriales del interior, nacionalizándose así la clase obrera.

3) El surgimiento y la galvanización de un movimiento político en el que la clase trabajadora ocupó el papel más dinámico.

Es en el período que va de 1943 a 1947 cuando buena parte de los antiguos y pequeños sindicatos de oficio se transformaron, a veces mediante fusiones, en grandes sindicatos o federaciones de rama. Por ejemplo, en 1943, lo hizo el sindicato de la construcción; en ese mismo año, el metalúrgico; en 1945, el textil; en 1947, el de la alimentación. Otras organizaciones, ya conformadas con anterioridad bajo la estructura de sindicatos industriales o de rama, o bajo formas mixtas, se consolidaron definitivamente durante ese período.

El mapa moderno del sindicalismo argentino quedó dibujado en la década del cuarenta sobre la base de fuertes sindicatos únicos de rama. Está fue la regla básica, como inmediatamente se ha de ver en detalle, sin que faltaran excepciones: sindicatos de oficio que aún subsistieron o escisiones en los sindicatos de rama que, en algunos casos, alteraron la unicidad representativa.

¿Está muerto el sindicato de oficio?

La subsistencia de algunos sindicatos de oficio obedeció a dos factores. Por un lado, la fuerza gremial de algunas tradiciones casi legendarias dentro del universo obrero, unidas a la acción de cuadros avezados y expertos y una dedicación muy cuidada a la esfera específicamente reivindicativa por encima de la política. Un ejemplo fue el pequeño sindicato de conductores de locomotoras, cuyo nombre, La Fraternidad, era característico de la toponimia sindical de su época. Sindicato apolítico, fundado en 1887, ha sobrevivido pese a la vecindad de la poderosa Unión Ferroviaria, que englobó a los restantes trabajadores del riel.

Otro sindicato de oficio que continuó funcionando con buena salud fue el de los viajantes de comercio, fundado en 1927. Ejemplificó la segunda de las condiciones que posibilitaron esa continuidad: la existencia de ciertas peculiaridades nacionales. En el caso, la extensión del país, la dispersión de los centros urbanos, la concentración en la zona bonaerense de las líneas productivas, hizo de la venta por viajantes uno de los sistemas distributivos más habituales. Así fue posible que, en una actividad general, el comercio, en la que existía una poderosa federación nacional, la Confederación General de Empleados de Comercio, (el más populoso de los sindicatos argentinos) coexistiera un sindicato de oficio con 150.000 miembros.

Otros sindicatos de oficio perduraron por peculiaridades profesionales que hicieron difícil su absorción por las grandes ramas. Por ejemplo, el homogéneo sindicato de porteros, con 30.000 miembros, o los de peluqueros o artistas de variedades. Algunos eran virtuales satélites de importantes sindicatos de actividad. Tal el caso de la unión de pasteleros, en la órbita de la federación de alimentación. Algunos sindicatos de oficio resultaron del proceso de sindicación de técnicos y profesionales. El más importante de ellos era el de supervisores metalúrgicos (A. S. I. M. R. A.).

Consumada ya, en los países desarrollados, la transformación del sindicato de oficio en sindicato de actividad y aparentemente extendido el certificado definitivo de defunción del primero, he aquí que han comenzado a oírse algunas voces que insinúan una resurrección del agrupamiento profesional. El referido proceso de sindicación de técnicos aparenta ser uno de sus síntomas. Entre las causas de este fenómeno destácase la necesidad de singularizar particularidades profesionales específicas dentro del gran sindicato industrial y revigorizar, con una mayor participación y capilaridad, el gran mastodonte burocrático en que se convierte éste.

En el marco del sindicalismo argentino existieron referencias a este fenómeno. Así, por ejemplo, el poderoso sindicato textil nacional, Asociación Obrera Textil, creado en 1945 por la fusión de viejos sindicatos de oficio que agrupaban a tejedores, hilanderos, tintoreros, etc., ha mantenido la división interprofesional interna, por dos vías. En un sentido puramente organizativo, el sindicato se descentralizaba en ramas (algodón, lana, seda, tintorería), cada una de ellas con un considerable grado de autonomía. Al tramitar sus convenios colectivos, el sindicato textil, uno de los cinco más importantes del país, los subdividía recogiendo las diversas categorías laborales y sus caracteres específicos.

Lo mismo sucedía en el convenio metalúrgico y en el mecánico. El sindicato de empleados de comercio, que en 1975 suscribió un convenio colectivo aplicable a alrededor de un millón de trabajadores, innovó introduciendo una categorización más acusada, tendiente a institucionalizar la diversidad entre vendedores de tienda o supermercados y empleados administrativos.

En suma, la categoría profesional, que no era sino el oficio, la noción que sirvió para estructurar los cimientos del viejo sindicalismo aparentemente sepultado por las nuevas condiciones productivas y los consiguientes nuevos sistemas de organización sindical, reapareció, como la hierba que se filtra entre las piedras, para brindar nuevas incitaciones, más riqueza y vivacidad al cuerpo adulto pero siempre plástico del movimiento sindical.

¿Cómo estaban organizados los sindicatos argentinos hacia los años setenta? En el mapa sindical se distinguían tres grandes sectores: servicios públicos y transportes, industria y actividad terciaria.

La sindicación en los transportes y servicios públicos

Argentina atravesó durante la década de 1946 a 1955 por una experiencia nacionalista y popular: el primer gobierno de Juan Perón, breve y trágicamente renovado en 1973. En aquellos años se afianzó un aparato estatal de considerable volumen. La tendencia universal al crecimiento de los estados modernos se unió, en este caso, a una voluntad manifiesta de extender el control público sobre áreas de la economía, los servicios y la producción. Así se produjo, en esa década, la nacionalización de los transportes, la energía, las comunicaciones, el crédito, etc.

Por el contrario, la teoría política de los gobiernos, civiles o militares, que ocuparon el poder entre 1955 y 1973 (y que lo recuperaron en 1976) procuró el dominio económico y político del país por los capitales internacionales y las oligarquías agroexportadoras. En consecuencia, su estrategia se dirigió a la desnacionalización de los sectores económicamente más importantes, bajo el ropaje teórico del liberalismo económico y la biblia de la economía de mercado. Si bien ha sido prolongado el período en el que han contado con los resortes del poder, no siempre han podido consumar sus propósitos.

Esa relativa indecisión fue sobre todo fruto de la resistencia de un bloque histórico, conformado por clases, sectores sociales y culturales, tradiciones y valores arraigados, que defendió un proceso de transformación social, iniciado y bosquejado, aunque inconcluso y detenido por sucesivas derrotas políticas, a lo largo de toda la historia del país y en especial durante los últimos cuarenta años.

Lo cierto es que, al promediar la década del setenta, Argentina contaba con un sector estatal importante. Y, correlativamente, con una organización sindical de funcionarios públicos que ocupaba el primer lugar en el censo numérico del aparato sindical. Existían en Argentina alrededor de tres millones de dependientes del Estado, incluyendo a los empleados de la administración nacional o provincial, de los municipios y de las empresas nacionalizadas, con autarquía administrativa y algunas veces financiera, pero con capitales exclusiva o mayoritariamente estatales.

Dos sindicatos[19] se repartían la representación de los empleados y obreros del poder ejecutivo, ministerios, direcciones nacionales, reparticiones conexas, tanto en el ámbito nacional como provincial. Entre ambos, cuya unificación no cuajó por razones coyunturales, representaban alrededor de un millón de trabajadores[20].

La comuna de Buenos Aires y la concentración urbana que presidía, por su volumen numérico y económico, constituía un verdadero y considerable poder político. En menor medida lo eran también las municipalidades de algunas ciudades del interior. En total podía calcularse en un millón la cantidad de empleados municipales. Una confederación fundada en 1958[21] englobaba los diferentes sindicatos de trabajadores municipales.

La prestación de servicios públicos se encontraba, sobre todo a partir de las nacionalizaciones consumadas luego de 1946, en manos de empresas de capital exclusiva o mayoritariamente estatal. Su personal se agrupó en sindicatos de actividad (o de subactividad, pues todos ellos podrían llegar a ser unificados en una gran organización de trabajadores estatales) que revestían también la estructura de verdaderos sindicatos de empresa.

Así, existía un sindicato de trabajadores de la energía[22] que representaba a unos 100.000 funcionarios; un sindicato de los trabajadores telefónicos[23], con 50.000 representados; un sindicato de empleados postales[24], con unos 35.000 miembros; otro que nucleaba a los trabajadores del sistema de aguas corrientes y desagües[25], con unos 10.000 adherentes; otro que agrupaba a los recaudadores fiscales[26] y otros más a los personales de sendas empresas de provisión de gas, explotación petrolífera y carbonífera[27], etc.

La estructura sindical de los funcionarios públicos se extendía en una red apretada. Pero, pese al número de trabajadores representados, este sector no fue ni el más dinámico ni el que planteó situaciones de avanzada en el proceso de desarrollo sindical. Varias razones incidieron en ello. Por un lado, la manipulación política que ha sufrido, al estar el manejo de un funcionariado tan voluminoso supeditado a la crónica inestabilidad política argentina. Hubo también una cierta tradición de atonía sindical del trabajador-tipo de estas organizaciones que solía ser, por su origen social, un nato «white collar». Esta situación, sin embargo, fue desmentida en los últimos años de la década del sesenta, por la proletarización de la clase media y su consecuente politización en un proceso creciente que alcanzó su cénit en 1973, en la etapa previa y durante la breve presidencia de Héctor Cámpora.

Un sindicato agrupaba a los trabajadores del transporte automotriz[28], con unos 100.000 representados. El transporte público motorizado fue, hasta el primer gobierno de Perón, explotado por capitales privados. Luego fue estatizado y alrededor de 1960, vuelto a privatizar. Otro sindicato, que agrupaba a unos 200.000 trabajadores, ejercía su representación en el ámbito del transporte de carga.

Finalmente, existían un sindicato de obreros portuarios[29] y, otro de obreros marítimos[30], ambos bajo dependencia de patronazgos económicos ora estatales, ora privados y cuyo volumen humano oscilaba en los 50.000 trabajadores cada uno.

Los ferrocarriles fueron explotados hasta 1946 por empresas privadas inglesas. Perón los nacionalizó dentro de su política de recuperar el control de las áreas estratégicas de la economía. Los trabajadores ferroviarios habían conformado una verdadera vanguardia en la organización obrera argentina anterior al año 46. Ya he recordado a La Fraternidad, agrupación de los maquinistas de locomotora, verdadera reliquia histórica. Modernamente, el sistema de trenes estaba centralizado en un gran organismo ferroviario estatal. Su personal se agrupaba en un fuerte sindicato, la Unión Ferroviaria, consolidada en 1922 por la fusión de varias organizaciones menores, que era al mismo tiempo un sindicato de rama y un sindicato de empresa. Aglutinaba a 100.000 trabajadores. A su alrededor, subsistían algunas pequeñas uniones de oficio: la ya mencionada de maquinistas, la de señaleros, y la del personal técnico y profesional[31].

Legalidad de los sindicatos de funcionarios

Ha habido limitaciones a la sindicación de los agentes públicos en Argentina. Esas restricciones, nunca abandonadas del todo, hicieron aún más valiosa la experiencia de organización sindical conseguida en este campo, pese a que sus resultados no hayan sido tan brillantes como en el caso de la industria.

El derecho a la sindicación de los funcionarios está lejos de ser un principio aceptado por la doctrina jurídica liberal. Se aduce que el funcionario no está ligado al Estado por una relación de dependencia laboral sino por un vínculo de derecho público. Estos reparos legales no han impedido que los trabajadores estatales se unieran en la defensa de sus derechos, protagonizando procesos sindicales de considerable valor. Ha sucedido en otros lugares del mundo y se ha repetido en Argentina.

La subsistencia de prejuicios jurídicos ha dificultado el libre accionar de las agrupaciones sindicales de funcionarios. Han tenido que ser, pues, las situaciones de hecho —la presión ejercida por los mismos trabajadores—, la que impulsó y llevó adelante su sindicalización. En cuanto a la admisión legal de las uniones de funcionarios, ninguna de las sucesivas leyes reguladoras de la vida sindical que han regido en Argentina, admitió una equiparación estricta entre los sindicatos de trabajadores estatales y aquellos de la esfera privada, a los que estaba reservada la protección y amparo de las normas. Fue necesaria una mezcla de analogías, extrapolaciones, añadidos e interpretaciones para que se admitiese finalmente la legalidad de los sindicatos de funcionarios.

En lo que hace a la aplicación de las normas sobre contratación colectiva, los sindicatos estatales fueron también marginados. Se suplió esa carencia con estatutos especiales: leyes ad-hoc que regulaban específicamente derechos y obligaciones de los funcionarios. O mediante el artilugio de ir admitiendo que esos convenios se celebrasen entre los respectivos sindicatos y aquellas dependencias dotadas de un cierto grado de autonomía funcional dentro de la estructura del Estado, aunque la misma fuese escasa.

Los sindicatos de funcionarios han encontrado dificultades para desenvolver libremente su tarea reivindicativa. Si aún subsistían las resistencias en cuanto al reconocimiento de la libertad de agrupación sindical de los funcionarios; más fuertes aún eran las presiones contrarias a la admisión de su derecho a la huelga, reiteradamente negado en la doctrina jurídica y en la legislación positiva, muchas veces reivindicado con ardor en la realidad laboral y algunas veces admitido a regañadientes ante la presión de los hechos. Esto es aplicable a la situación existente antes de 1976. Luego del golpe militar; la represión antisindical, en éste como en los restantes campos, fue intensa.

La sindicación en la industria

En Argentina existía un desarrollo relativo de la metalurgia. Alimentaba una industria liviana destinada a un mercado consumidor que, aún lejos de los niveles europeos o norteamericanos, era de los más importantes de Latinoamérica. Desde fábricas de electrodomésticos y talleres de armado a varias plantas mayores, sobre todo en el ramo automotriz, que trabajaban sobre modelos industriales importados, conformaban el perfil de este sector. Un gran sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica, fundado en 1943 por la fusión de pequeñas asociaciones de fundidores de bronce, de hierro, de herreros de obra, etc., representaba en 1975 a casi medio millón de trabajadores. El sindicato metalúrgico, en crecimiento constante desde su creación, disputó al textil; a partir de 1955, el mayor peso específico en la resistencia del movimiento obrero a los sucesivos gobiernos antiperonistas. Dos de los más importantes líderes de la época, ambos secretarios generales de la CGT, fueron metalúrgicos: Augusto Vandor (asesinado en 1969) y José Rucci (asesinado en 1973). También lo fue Lorenzo Miguel, hasta 1976 líder del ala política del movimiento obrero, las 62 organizaciones y Ricardo Otero; ministro de trabajo en 1973-1975. La preponderancia de este sindicato fue tan grande que sus adversarios, durante el segundo gobierno peronista, llegaron a acuñar una frase que tuvo aceptación popular: «la patria metalúrgica» como presunto lema para la escalada a posiciones de poder de sus líderes[32]. Lo cierto es que los obreros del metal, por su combatividad, por su disciplina y compenetración en un área estratégica del poder económico, asumieron naturalmente un papel de vanguardia en las luchas del movimiento sindical, al margen de sus polémicas dirigencias. Casi todas las renovaciones de convenios los tuvieron por protagonistas y ellos eran quienes arrancaban mayores porcentajes de ventaja salarial.

Los trabajadores de la industria del automóvil[33] estaban ondeados desde 1948 en un sindicato independiente, diferenciado del anterior con fundamentos no del todo claros, que aglutinaba a 100.000 trabajadores. En el área del metal se encontraba también un pequeño sindicato de oficio que reunía a los supervisores metalúrgicos.

El sindicato textil[34] agrupaba a 150.000 trabajadores y era uno de los más fuertes bastiones del sindicalismo argentino. De sus filas salieron dirigentes como Andrés Framini, quizás el principal líder obrero en la década del sesenta, el fallecido Adelino Romero, fugaz secretario general de la CGT en 1974 y el último ocupante de ese cargo antes de que la central sindical fuera intervenida por el gobierno del general Videla: Casildo Herreras.

En la órbita de influencia de la rama textil giraban tres sindicatos más pequeños: el de empleados administrativos de la industria textil[35], de 35.000 miembros, el del vestido[36], que agrupaba a 80.000 trabajadores y el de la industria del calzado[37] a 10.000 representados.

En la industria de la alimentación, respetándose la regla ya señalada de la desaparición de los sindicatos de oficio y su transformación en sindicatos de rama, no había funcionado, sin embargo, su corolario habitual, la concentración en una omnicomprensiva federación nacional. Por el contrario, proliferaron los sindicatos de «subactividad» o «subrama». Existía, centralmente, un sindicato que nucleaba a los trabajadores de la alimentación[38], cuyo potencial humano oscilaba en los 150.000 trabajadores, fundado en 1957.

Pero en lugar de integrarse como ramas dentro del mismo, se habían mantenido como sindicatos autónomos los que reunían a las siguientes industrias: de la carne[39], con 100.000 trabajadores; del vino[40], 50.000; del aceite[41], 10.000; de la cerveza[42], 10.000; del pan[43], 10.000 y del tabaco, 10.000[44].

En este panorama se destacaba la importancia económica y consiguiente peso político del sindicato de los obreros de la carne, empleados en las grandes plantas frigoríficas del cinturón industrial de Buenos Aires, por ser esta actividad el principal rubro productor de divisas del país.

En el ámbito de la construcción, el proceso de concentración se produjo con nitidez. Un solo sindicato[45] representaba a todos los obreros de esta poderosa industria, cualesquiera fuese su especialidad, en número aproximado de 500.000. En esta rama sólo quedaba al margen el pequeño sindicato satélite que agrupaba a los 35.000 empleados administrativos de las empresas constructoras.

Un grupo de sindicatos medianos y pequeños agrupaban, estrictamente divididos en ramas, a los trabajadores de otras industrias; madera[46], 140.000 miembros; gráficos[47], 30.000; papel[48], 30.000; plástico[49], 30.000; química[50], 18.000; vidrio[51], 17.000 y cuero[52], 10.000.

Con ellos, además de algunos sindicatos menores y a los de oficio a los que más tarde me referiré, se completaba el cuadro del sindicalismo industrial argentino.

La sindicación en el sector terciario

En la estructura socioeconómica del país había un sector terciario desarrollado. Alrededor del 75% de la población habitaba en zonas urbanas. En consecuencia, era natural que esta actividad concentrase un bloque sindical importante.

El sindicato de empleados de comercio[53] era el más populoso de Argentina. Según sus propias estimaciones, al concertarse el convenio colectivo de 1975, el mismo beneficiaba a 1.200.000 trabajadores. Estaba estructurado en una federación nacional que englobaba más de 300 sindicatos locales. Había sufrido, de manera muy particular, la transformación del sindicato de oficio en sindicato de rama. La tradicional organización mercantil —la porteña databa de 1919— era una agrupación de los empleados de tienda, oficio altamente apreciado por la pequeña clase media urbana, que dotaba a sus miembros de un discreto pasar económico, de una considerable estabilidad y, cualidad muy apreciable para las expectativas sociales de la época, de cierto prestigio profesional.

Muchos factores económicos y sociales fueron alterando este panorama: el cambio en los sistemas de comercialización; la extinción de las antiguas tiendas tradicionales en beneficio de grandes almacenes y supermercados; el crecimiento del trabajo en oficinas y despachos; el descenso del nivel social, con la incorporación de trabajadores no especializados dedicados a las tareas de carga, limpieza, etc. Todo ello fue quitándole al sindicato mercantil su carácter «blanco».

En esta esfera —el comercio— coexistían con el sindicato tipo de la actividad, algunos otros como el del personal de bares, restaurantes y hoteles (gastronómicos)[54], con más de 200.000 miembros: un importante sindicato de oficio, el de viajantes de comercio (150.000 trabajadores) y dos pequeños sindicatos independientes: de empleados de farmacia y de entidades deportivas[55].

También la «carrera» de empleado de banco era apreciada antiguamente por la clase media como fuente de ascenso social y moderado éxito económico. Pero esas características profesionales se fueron extinguiendo y el sindicato bancario[56], fundado en 1924, curtido en algunas huelgas decisivas (como la de 1959, que duró 69 días y originó 5000 cesantes), estaba encuadrado en el aparato sindical junto a sus colegas de extracción industrial.

En la órbita de la banca pero con autonomía organizativa y perfil sindical propio, se encontraba el pequeño y organizado sindicato del seguro[57], de 30.000 miembros, tradicional semillero de dirigentes dotados de una buena formación sindical. Pese a la modestia de sus efectivos, de él salieron dos ministros de trabajo, en 1958 y 1974, y un secretario general del movimiento justicialista, en 1975: respectivamente, Alfredo Allende, Carlos Ruckauf y José Báez.

Problemática de la concentración sindical

Como se desprende de este apretado resumen, el grado de concentración y unidad estructural conseguido por el movimiento obrero era considerable. ¿Por qué esa tendencia a la unidad por ramas no se consolidó aún más? Piénsese en la potencia de un solo sindicato de los transportes y los servicios públicos, con más de dos millones de trabajadores. O un sindicato del sector terciario, agrupando (como lo ha hecho la DGB alemana) a los trabajadores del comercio, banca y seguros, con una dotación de casi dos millones de miembros[58].

Ningún proceso de unidad sindical puede ser diagramado sobre el papel ni urdido en la probeta de experimentalismos teóricos. El mapa orgánico del sindicalismo argentino, con una clara tendencia a la unidad por rama, conseguida plenamente en algunos casos y a medias en otros, era producto de un proceso de acomodación organizativa de difícil realización, grandes sindicatos de rama, plenamente unitarios, coexistían con actividades en las que pervivían varios sindicatos, como la industria alimentaria. Sectores como el textil poseían un gran sindicato de rama y algunos sindicatos de pequeñas industrias. Otros, un gran sindicato de rama y algún satélite, rémora de gremios y uniones profesionales como el caso del sindicato mercantil y el de viajantes. O un gran sindicato de actividad y una subrama, también industrial pero de considerable importancia, como el caso de los metalúrgicos y los mecánicos.

Son muchos y muy variados los factores que favorecen o impiden la unidad estructural de las organizaciones sindicales. Uno de ellos fue el desarrollo económico de las diversas actividades. Su incidencia en la estructura sindical se vio con claridad en el caso del sector metal mecánico.

Cuando en 1948 se fundó el sindicato de mecánicos, en Argentina no existían fábricas de automóviles. Por lo tanto, esa agrupación sólo representaba a los empleados de los pequeños talleres de reparación. Por ello, para el sindicato metalúrgico, a cuya sombra nacía este gremio casi artesanal, el hecho careció de importancia.

Pero en la década del sesenta comenzaron a radicarse plantas extranjeras dedicadas primero al montaje y luego a la fabricación casi completa de automóviles. Proceso que en algunos años llevó a Argentina a ser el primer productor de Latinoamérica en este rubro. Correlativamente a ese crecimiento del sector, se produjo el del sindicato de la respectiva actividad.

Una década más tarde, el sindicato metalúrgico estaba en la cumbre de su poder institucional, político y organizativo. Pero el sindicato mecánico, a su vez, no había perdido el tiempo: se había fogueado en una intensa práctica contra las multinacionales de la industria automotriz, una actividad caracterizada por su alto nivel salarial. Se había convertido en un sindicato fuerte y disciplinado, con una buena organización y cuyo nivel de salarios estaba entre los más altos de toda la industria.

Así se demostró a mediados de 1975, cuando se suscribieron los últimos convenios colectivos antes del golpe de Estado. El ministro de trabajo determinó que una parte del convenio metalúrgico se aplicase a un grupo de trabajadores hasta ese momento beneficiados con el convenio mecánico. Todo el mundo creyó ver la mano de los metalúrgicos (el ministro era dirigente de ese sindicato), ansiosos por absorber al sindicato satélite.

La reacción no se hizo esperar: los dirigentes mecánicos podían perder sus puestos, los obreros, sus salarios y todos ellos su propia organización. Promovieron una huelga de protesta y movilizaciones callejeras. Un ejemplo de disensión en el seno del movimiento obrero en el peor momento posible, cuando la crisis política estaba ya minando al gobierno peronista y la amenaza de perderlo todo, como luego sucedió, planeaba sobre la clase trabajadora. La derecha, cumplidamente, aprovechó la oportunidad y atizó el fuego, condenando aquellas algaradas como deformación típica de la execrada «dictadura sindical».

Y sin embargo, el principio sostenido por los metalúrgicos era válido. La reunión de una federación metalmecánica unitaria era importante en la evolución y desarrollo del sindicalismo argentino y constituye de hecho, una de las tareas pendientes hacia la consolidación de un frente sindical fuerte en el área industrial. Pero no era aquél el modo ni la oportunidad.

Concurrieron a dificultar una unidad aún más cerrada, además de las condiciones económicas, los intereses personales, las rivalidades y discordias de grupo y todos los impedimentos facciosos que pueda registrar cualquier empresa humana. El movimiento sindical junto a todas las ventajas, cargaba con todos los inconvenientes de la institucionalización. Entre ellos, contar con una ancha capa de dirigentes profesionalizados.

Reducir el problema de las estructuras sindicales a una cuestión de rivalidades personales sería minimizarlo, pero se engañaría el que ignorase la importancia algunas veces decisiva del tema.

El carácter intervencionista del Estado en la mecánica sindical había jugado un papel importante en la estructuración del sindicalismo de rama. Conforme al sistema por el cual sólo la entidad reconocida por el Estado como más representativa en la actividad u oficio era la que tenía capacidad legal plena para representar, el gobierno de turno contaba con una herramienta tentadora para intervenir, de acuerdo a sus propios intereses, en la vida sindical. Y, aunque en definitiva las tendencias profundas que animaban la acción de los trabajadores terminaran siempre por prevalecer, ningún gobierno —y los ha habido de todos los signos en estas últimas tres o cuatro décadas— ha dejado de utilizar tales recursos.

Cuando han sido fuerzas populares las que ocuparon posiciones de gobierno, se ha tendido, desde ellas, a favorecer el proceso de concentración sindical potenciando la vía más idónea, el sindicato único de rama.

En cambio, cuando han sido las fuerzas más antipopulares las que han ocupado posiciones de poder, su política sindical intentó frenar esos procesos unitarios, ya sea fomentando las escisiones de estructuras sindicales ya integradas, ya sea desanimando la unidad mediante la concesión de personería a grupos divisionistas de dudosa representatividad.

Dos ejemplos claros de esta última práctica, que luego trataré en detalle, fueron los sindicatos de empresa de Córdoba y los sindicatos de técnicos y profesionales.

En suma, circunstancias tan variables como el desarrollo económico de distintas actividades, intereses personales, la intromisión del Estado, amén de la agitada vida política del país han dificultado un debate sereno, serio, franco y fecundo, a fin de potenciar una unidad sindical que, si bien ha alcanzado cotas importantes, podría haberlas conseguido aún más altas.

Pero ¿habría podido absorber el movimiento obrero un proceso de concentración sindical mayor sin una correlativa democratización que paralizase las tendencias burocráticas propias de toda macrocefalia sindical?

El sindicato de empresa

El sindicato de empresa, forma organizativa por la cual se nuclean todos los trabajadores de una misma organización productiva, con plena autonomía legal, es un desgajamiento del sindicato de rama. Presupone la existencia de una empresa de gran dimensión, único medio de otorgar sostén a una estructura organizativa autosuficiente. Las experiencias más importantes de sindicalismo de empresa provienen de los Estados Unidos. En general, la organización de los trabajadores a través de sindicatos de empresa debilita y fracciona las organizaciones unitarias. También puede favorecer el aislacionismo y situaciones de «privilegio» salarial que fomenten una aristocracia obrera. El sindicato de empresa es preferido por ésta y visto con recelo por los trabajadores. Pero también aquí es menester ir con cuidado y no sacar conclusiones demasiado asertivas sin observar las circunstancias particulares.

Se debe diferenciar, claramente, sindicato de empresa y acción sindical en la empresa, nociones no siempre bien delimitadas. El primero es un organismo dotado de independencia organizativa. La segunda, en cambio, es la actividad desarrollada por un órgano interno, llámese sección sindical, comisión interna, etc., que suele estar vinculado a una estructura sindical exterior a la empresa, de ámbito profesional (rama u oficio) y/o territorial (ciudad, provincia, región, país).

La amplitud de competencias y facultades de la acción sindical en la empresa asegura irrigación de masas, participación democrática y representatividad ante el patrono. La coordinación e integración de esa acción sindical en niveles territoriales y en una conducción orgánica nacional, permite el accionar conjunto y la coherencia estratégica de la clase.

Tal es, en principio, la teoría. Pero de ella a la práctica puede haber considerable distancia. Y más tratándose de una práctica como la sindical, en la que los factores económicos, políticos, históricos, geográficos, juegan un papel tan importante.

En el movimiento obrero argentino la organización de sindicatos por empresa dio origen a dos experiencias significativas.

La primera la protagonizaron los sindicatos que agruparon al personal de las fábricas automotrices en Córdoba y su comprensión exige una breve referencia histórica.

A mediados de la década del sesenta, uno de los fenómenos sociales más llamativos era la formación de un importante foco industrial en la antigua ciudad de Córdoba y sus alrededores. La composición homogénea de la población cordobesa, con predominio rural, se había transformado en función de la radicación de importantes plantas industriales, especialmente automotrices. En Córdoba se había formado en poco tiempo un conglomerado proletario cuyas características —concentración, alto nivel salarial, combatividad y disciplina— lo hacían potencialmente explosivo para las aspiraciones integradoras del sistema. Pronóstico que se revelaría certero muy poco después.

Se trataba de pergeñar algún arbitrio para impedir que la organización sindical (sobre todo en las fabricas Fiat Concord y Materfer) pusiese en cuestión la paz social. Para ello, se crearon dos sindicatos autónomos, separados de las organizaciones madre, los sindicatos nacionales de metalúrgicos o mecánicos. Se echó mano a la facultad que la ley, respetuosa del principio de libertad sindical, admitía: crear sindicatos de empresa. Pese a que tales sindicatos apenas existían en Argentina, en virtud de la tendencia natural de los trabajadores a agruparse en grandes organizaciones de rama. Se utilizaron igualmente las amplias atribuciones que la normativa otorgaba al Estado para intervenir, mediante actos autoritativos, en la vida sindical. Así pues, un grupo de trabajadores adictos preparó unos estatutos, solicitó la concesión de la personería, requisito indispensable para la legitimidad de la acción sindical, y ante la pasividad de los sindicatos nacionales interesados y el explícito auspicio estatal, nacieron entonces el Sindicato de Trabajadores de Fiat-Concord (SITRAC) y el Sindicato de Trabajadores de Materfer (SITRAM).

¿Qué buscaba el gobierno con esta acción experimental, que contravenía las tradiciones y hábitos sindicales del país? Sustituir los riesgos que implicaba la combatividad de los obreros cordobeses, vehiculizada a través de la comisión interna, por la supuesta mayor manejabilidad que suponía la estructura institucional de un sindicato, en un régimen con amplias facultades intervencionistas. En segundo término, evitar que esa combatividad y el peso sindical que implicaba el complejo automotriz, por su volumen humano, pudiera copar la dirección de sindicatos más «confiables».

En otras palabras, el gobierno trató de crear, artificialmente, un sindicato amarillo para frenar las luchas sindicales. Y se pensó que el sindicato de empresa, por su aislamiento, por su fragilidad institucional relativa frente a la potencia de un sindicato de rama, era el medio idóneo. ¿Cómo se explica la relativa aquiescencia de los sindicatos nacionales ante esta maniobra? Quizás temieron contar en su seno con un grupo de delegados ingobernables. Pensaron que podrían asegurar mejor su poder interno aceptando la existencia de sindicatos paralelos, que inevitablemente girarían en su órbita. Gobierno y sindicatos nacionales cometieron un error del que se arrepentirían amargamente. Los activistas sindicales cordobeses no tardaron, por el peso de la acción cotidiana, en adquirir un papel protagónico en los órganos internos. De allí pasaron, sin más, a gobernar el sindicato de empresa, apoyados en una práctica asamblearia que los plebiscitó una y otra vez. Por su parte, la estructura legal del sindicato de empresa, que el propio gobierno les había adjudicado como manera de lastrar su acción, surtió el efecto contrario. A la potencialidad de una comisión interna de grandes dimensiones, SITRAC-SITRAM añadían el peso institucional de un sindicato.

Los trabajadores mecánicos de Córdoba ocuparon la vanguardia de la lucha contra la dictadura militar de Onganía y de sus continuadores, protagonizaron el Cordobazo en 1969 y trastornaron todo el panorama sindical de la provincia, arrastrando con su dinámica combativa a otras organizaciones y encumbrando a dirigentes como Agustín Tosco y Atilio López en el ámbito de la CGT regional.

¿Cuál fue la conclusión del episodio? El sindicato de empresa, habitualmente concebido como modo operacional divisionista y debilitador, puede revestir, en circunstancias particulares, caracteres opuestos. No existen recetas infalibles sobre la influencia que tienen las distintas formas organizativas en la acción sindical. Son los propios trabajadores quienes imponen, por encima de corsés legales, sus exigencias y sus necesidades.

El caso SITRAC-SITRAM demostró la fuerza potencial que tienen los organismos sindicales en la empresa y su levadura elemental: la asamblea. Los sindicatos mecánicos cordobeses fueron netamente asamblearios. Su estructuración como sindicatos dotados de autonomía institucional multiplicó esa potencia. Su importancia no radicó sólo en su independencia organizativa sino en la acción sindical desarrollada en la empresa y en su adecuada recepción e integración en el molde del sindicato de empresa.

Sindicatos de técnicos y profesionales

La segunda experiencia relativa a sindicatos de empresa se verificó en aquellas nacionalizadas (o de capital mixto pero con preeminencia estatal) que prestaban servicios públicos o que realizaban actividades productivas consideradas de interés nacional. He señalado ya que a partir del primer gobierno de Perón (1946-1955) existió un importante sector de la economía gestionada por el Estado. Generalmente esa explotación se realizaba mediante una empresa pública de ámbito nacional. En otros casos coexistían empresas estatales importantes en el área conurbana bonaerense y pequeñas empresas provinciales, privadas o públicas.

Lo primero (entes centralizados) sucedía con la provisión de agua corriente y de gas (Obras Sanitarias y Gas del Estado), la explotación y comercialización del petróleo (YPF) y del carbón (YCF), la red telefónica (ENTEL), etc. Lo segundo (descentralización organizativa), con la explotación y prestación de energía (SEGBA).

Tratándose de empresas que monopolizaban una determinada rama de actividad, los sindicatos que agrupaban a sus respectivos personales eran, a la vez, sindicatos de empresa y de rama. El sindicato tomaba características que lo aproximaban a uno u otro tipo según fuese la estructura del respectivo ente estatal, su volumen, su importancia relativa.

El servicio ferroviario, por ejemplo, era prestado por una sola empresa. El sindicato único de los ferroviarios era, por tanto, un sindicato de empresa: todos sus miembros eran empleados de la misma patronal estatizada. Pero su volumen humano y su ámbito territorial amplio le otorgaban una impronta de sindicato de rama.

En el caso de YPF, en cambio, al tratarse de un ente pequeño y localizado en pocos puntos del país (aquéllos en los que se desarrollaba alguna actividad petrolera) prevalecía el carácter de sindicato de empresa.

Fue en este campo, la empresa del estado, donde se verificó en Argentina, uno de los fenómenos más notorios del sindicalismo mundial en los últimos años: el proceso de creciente sindicalización de los cuadros técnicos y profesionales, ligado, a su vez, a un presupuesto sociológico: el crecimiento del sector terciario en perjuicio de los trabajadores industriales y de la decreciente clase campesina.

Gran cantidad de técnicos y profesionales han debido abandonar el ejercicio liberal de sus oficios y se han convertido en asalariados. La concentración económica y el surgimiento de grandes emporios productivos —muchos de ellos estatales— ha favorecido la proletarización de los técnicos.

Este fenómeno (cuya complejidad no permite abordarlo aquí en toda su extensión) tuvo en Argentina un desarrollo paralelo a otro proceso: el desplazamiento del poder de las clases populares que, desde 1955 hasta 1973, se vieron impedidas, por la ilegítima privación de derechos políticos al movimiento peronista, de toda participación en las estructuras de gobierno. La pérdida de poder político fue acompañada de una aguda depresión socioeconómica y ambos hechos afectaron a las clases medias asalariadas de los medios urbanos.

En este cuadro social, los distintos gobiernos desarrollaron una estrategia que tendía a debilitar el poder sindical, monolíticamente ligado al peronismo.

Una de las formas de esa política divisionista fue promover la creación de sindicatos de técnicos. ¿Qué objetivo se buscaba? Sembrar el panorama sindical con una profusión de siglas que propiciaran el confusionismo y las maniobras palaciegas en la CGT, con la ilusión de oponer, la alternativa de un sindicalismo de cuello y corbata al poder peronista sustentado en los sindicatos industriales.

La realidad pulverizó este manejo del mas típico amarillismo. En principio, tales sindicatos no pudieron ser nunca usados como pieza maestra de ninguna táctica global. Su peso específico no permitía oponerlos al verdadero sindicalismo de masas, por más piruetas dialécticas que se intentaran.

Por el contrario, esos nuevos sindicatos produjeron un efecto que sus inventores no esperaban. Introdujeron a los técnicos y profesionales en un terreno para ellos virgen, el sindical, cuya dinámica terminó por arrastrarlos a posiciones altamente reivíndicativas.

Empujados sus bases y cuadros por la crisis económica y en contacto con una realidad nueva —la sindicalización y sus inéditas perspectivas— terminaron, algunos de ellos, por adoptar posiciones radicales.

Es que la sindicalización de las clases medias no fue solo una maniobra del sistema. Fue también un emergente de la realidad social, un fruto de la crisis que azotó, a partir de 1955 a la sociedad argentina, un proceso ineludible. Sobre él se quiso montar una maquinaria artificiosa, torciendo su signo natural. Esto fue solo un espejismo. La realidad volvió las cosas a su cauce. Las clases medias proletarizadas se alinearon, en 1973, con la clase obrera en un frente nacional de liberación. Esta oleada arrastró no sólo a los sindicatos de técnicos y profesionales engendrados artificialmente desde 1956 y que se sumaron a esa dinámica imparable. También afectó a las organizaciones de trabajadores no manuales ya existentes (algunas de larga data), que se sumaron a esa nueva concepción, transformando los modos de un gremialismo aristocrático: empleados de comercio, empleados públicos y judiciales, maestros, etc.

A partir de 1956 se crearon, entre otros, los siguientes sindicatos de técnicos: en 1957, profesionales y técnicos ferroviarios, supervisores metalúrgicos, de profesionales y técnicos de Gas del Estado; en 1958, de ENTEL y de la aviación comercial; en 1964, de YPF; en 1966, de YCF.

La sindicación en la enseñanza

Todas las características que lucieron en el proceso sindicalizador de las clases medias (decadencia económica, politización, abandono de moldes mentales individualistas) fueron experimentados también por un sector laboral que abarcaba en los años setenta, casi medio millón de personas: los docentes.

En Argentina, aunque existía un sector privado importante, la enseñanza primaria y secundaria era fundamentalmente gratuita y estatal. La tradición educativa era de raigambre liberal. Produjo un «tipo» humano, el maestro, muy imbuido de concepciones positivistas y democráticas, pero con un alto grado de prejuicio antisindical, reflejo de una actitud frecuente en su ámbito social, la clase media urbana.

Los maestros argentinos vivieron durante muchos años bajo la curiosa deformación de una mística laica. La función educativa era considerada como un apostolado que no debía ser de ninguna manera «mancillado» por una perspectiva sindical de su tarea. El maestro tenía en la sociedad una función «excelsa». Ella no podía ser rebajada ni mediatizada con contenidos supuestamente subalternos, como la exigencia de salarios más altos. El maestro que se animase a participar en una huelga para reclamar mejoras salariales violaba una regla no escrita del código social.

Se trataba de una grosera manipulación por parte del sistema dominante. Éste, al mismo tiempo que alimentaba esa concepción aséptica de la profesión a través de la tradición educativa y de la prédica de los medios de comunicación, impedía cualquier intento de cambio en las orientaciones antinacionales de la enseñanza. Pero, al militarizarse la sociedad y reducirse cada vez más el presupuesto educativo, se fue arrinconando a los maestros en los últimos escalones salariales. Una de las consecuencias de este hecho fue la casi total despoblación masculina de las aulas. La profesión de maestro elemental quedó reducida a las mujeres, toda vez que ningún varón podía aspirar a mantener, ni decorosa ni indecorosamente, a una familia.

En la década del sesenta, esta vieja tradición «sarmientina», que hacía de la huelga de maestros un sacrilegio, saltó hecha pedazos. Los docentes se organizaron. Sus asociaciones dejaron de tener el carácter pálidamente mutualista que las había caracterizado y comenzaron a plantear con claridad y potencia la defensa de sus derechos. Su envergadura como estructura sindical, al margen de la oportunidad política de alguno de los conflictos que llevaron adelante, fue innegable. En 1973, el sindicalismo docente agrupaba una masa de centenares de miles de trabajadores, que habían conseguido organizarse en un sindicato nacional, la Confederación de Trabajadores de la Enseñanza de la República Argentina (CTERA). Sin embargo, nunca llegaran a obtener de manera definitiva y plena su personería legal, entre otros factores, por la oposición de la dirigencia sindical.

La actitud de ésta frente al sindicato docente fue interesada y errónea. El ingreso de CTERA a la CGT, nunca consumado, hubiese sido una gran victoria sindical. Es que el campo de la enseñanza era, prácticamente, el único gran sector del abanico laboral que no estaba integrado en la central obrera. Cualquiera que haya sido la orientación circunstancial de la federación docente, era esencial para la central obrera —y ha quedado como una de las decisivas tareas pendientes del futuro sindicalismo argentino— que ese sector se uniese al movimiento obrero. Por su volumen numérico, por su importancia como representante de un sector social cuya definitiva nacionalización y alineamiento junto a la clase obrera era prerrequisito indispensable de un frente nacional de liberación, por el carácter conclusivo que su ingreso hubiera tenido al agrupar la CGT, entonces, definitivamente, a todo el abanico de las fuerzas laborales.

La solución adoptada no pudo ser más penosa. Se desenterró una vieja sigla y se otorgó la personería a un sindicato adicto al gobierno peronista. Típica maniobra amarillista usada, esta vez, por un gobierno popular.

El sindicalismo agrario

El sindicalismo agrario nunca tuvo un peso importante en Argentina. El país alcanzó, hace ya tiempo, un alto índice de urbanización: menos de la cuarta parte de la población es rural. Además, las características que tradicional mente han alejado al trabajador agrícola de la práctica sindical dificultaron el desarrollo de organizaciones campesinas: el aislamiento, la dispersión, el escaso grado de conciencia, etc.

Sin embargo el régimen de propiedad de la tierra era radicalmente injusto. Había grandes concentraciones de tierra en manos de unos pocos latifundistas. En el otro extremo, se vivían las penurias del minifundio.

El trabajador agrario enfrentaba tremendas dificultades: salarios sumergidos en relación a los del proletario industrial, fuertes éxodos, la desocupación como constante amenaza proveniente de la tecnificación, etc.

La sanción, en 1943, de un estatuto del peón agrícola permitió la eliminación de las injusticias más notorias. Un sindicato, la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) fundado en 1947, agrupaba a este sector, representando en 1975 a unos 120.000 trabajadores.

En el Nordeste, en especial en la provincia del Chaco, fueron importantes las Ligas Agrarias, agrupamientos de campesinos minifundistas cultivadores del algodón. A comienzos de la década del setenta y bajo la inspiración de sacerdotes radicalizados, llevaron a cabo acciones considerables en el ámbito local.

El ejemplo más valioso de sindicalismo agrario tuvo por escenario la provincia azucarera de Tucumán. El sindicato que agrupaba a los trabajadores empleados en los ingenios, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria del Azúcar, (FOTIA), protagonizó algunas de las luchas más importantes de los años sesenta y comienzos del setenta, batiéndose contra una patronal especialmente reaccionaria.

El tipo de actividad que realizaban —semindustrial—, la concentración geográfica, una larga tradición combativa y los graves problemas que golpeaban a sus bases en el marco de una región pauperizada —verdadera bolsa de subdesarrollo agudo en la economía del país— hicieron de FOTIA uno de los sindicatos más conflictivos.

Su acción, sin embargo, siempre estuvo lastrada por la marginación regional y el consiguiente distanciamiento con los problemas generales del proletariado argentino. Su principal dirigente, Atilio Santillán, fue asesinado en las vísperas del golpe militar de 1976.

Organización sindical jerárquica y territorial

El funcionamiento de los sindicatos argentinos se basaba en un sistema de reconocimiento gubernativo, consistente en la adjudicación por el Estado de la «personería gremial».

En principio, cualquier grupo de trabajadores podía asociarse con la finalidad de defender sus derechos. Bastaba que sus estatutos no contuviesen disposiciones anticonstitucionales o ilegales para que pudieran tener existencia sindical mediante su simple inscripción en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué facultades tenía este sindicato? Podía peticionar ante el Estado y los empresarios. Pero en cada actividad u oficio en que los trabajadores se hubiesen asociado, el Estado elegía al sindicato más representativo y a él le concedía aquélla «personería». Su posesión significaba la facultad de suscribir convenios colectivos obligatorios erga omnes, es decir aplicables a todos los trabajadores y empleadores de la rama o sector, afiliados o no a la organización suscriptora. Además, esa prerrogativa —la de tramitar convenios— conllevaba la de establecer una contribución obligatoria que los empleadores debían descontar del salario pagado a cada trabajador y entregar al sindicato. La «personería» era pues, casi indispensable para el trabajo sindical. Significaba poder institucional (capacidad normativa, al poder celebrar el convenio y capacidad reivindicativa, al poder adoptar las medidas de acción directa dentro de los cauces legales) y poder económico (al asegurarse que a todos los trabajadores de la rama, afiliados o no, se les descontaba tina cuota sindical, independiente de la que pagaban, voluntariamente los afiliados).

Este esquema organizativo fue tachado, desde la derecha y la izquierda, de autoritario y discrecional, cuando no de fascista. En realidad no hacía sino reconocer y potenciar, mediante una normativa adecuada, lo que fue una tendencia profunda en el seno del movimiento obrero: la de agruparse en organizaciones únicas por cada rama. Tendencia derivada, a su vez, de la esencial unidad política de los trabajadores argentinos alrededor del peronismo.

En consecuencia, toda referencia a la estructura y organización jerárquica de los sindicatos debe partir de esa realidad: la ausencia real de pluralismo sindical.

Desde un punto de vista jerárquico, los sindicatos eran de primer, segundo o tercer grado. Los primeros constituían la célula original de la organización sindical. Tenían personería en una zona geográfica determinada.

Los sindicatos de segundo grado eran las federaciones (o agrupaciones de sindicatos de primer grado). No tenían afiliados directos. Sus miembros eran los propios sindicatos locales que delegaban parte de sus poderes de representación en la respectiva federación (generalmente nacional, aunque a veces lo fuese regional). Eran estos sindicatos los que, a su vez, sostenían económicamente a la federación que integraban, destinando a la misma una parte de sus recursos.

Estaban luego las organizaciones de tercer grado. Desde 1930 sólo hubo una única central nacional: la CGT, integrada por todos los sindicatos y federaciones.

Este esquema piramidal permitía una adecuada descentralización de base, aseguraba el cauce para una participación de los trabajadores en organismos enraizados en su zona territorial, admitiendo también, dentro de esquemas democráticos, la ejecutividad de la conducción nacional.

Pero no todos los sindicatos argentinos lo adoptaron. Algunos —y entre ellos varios de los más importantes— tenían una organización anómala.

Eran los sindicatos con «personería» de ámbito nacional. Mientras que, en las federaciones, los sindicatos locales tenían plena autonomía organizativa, sindical y financiera, en él sindicato centralizado todas esas funciones estaban concentradas en un solo organismo nacional.

Es cierto que en los diferentes lugares de implantación este sindicato poseía «seccionales» con algunas funciones propias. Pero éstas le eran delegadas por el sindicato central. Es decir, el procedimiento inverso al anterior, en el que era el sindicato local el que cedía parte de sus funciones a la federación.

Algunos de los grandes sindicatos estructurados en esta forma eran el metalúrgico, el de la construcción, el ferroviario, el textil (en el que la rigidez centralizadora se atenuaba por su división interna en ramas). En cambio, habían adoptado la forma federalista y descentralizada los sindicatos de comercio, de la carne, de la electricidad, municipales, etc.

¿Qué motivos llevaron al surgimiento de formas rígidamente centralizadas?

En primer lugar un condicionamiento geopolítico. Argentina no se distingue precisamente por la uniformidad de su territorio, en cuanto a recursos humanos y productivos. La concentración de ambos alrededor de Buenos Aires y su zona de influencia es conocida. Ello se manifiesta con más rigor aún en el caso de actividades industriales, casi únicamente radicadas en la metrópoli, y en algunos aislados reductos industriales del interior.

Esta configuración del país no dejó de influenciar en la dimensión interna sindical. Muchos sindicatos industriales, en la época de su fundación —bajo la forma de sindicatos de oficio—, eran exclusivamente porteños. Cuando se transformaron en sindicatos de rama, en la década del cuarenta o del cincuenta, el desarrollo industrial no había avanzado demasiado. En estas condiciones, la organización centralizada en torno de la entidad capitalina, pese a basarse en criterios antiparticipativos, tenía un componente realista. Al fin y al cabo, aun los sindicatos estructurados en federaciones —con una organización descentralizada— solían caer inevitablemente en el sucursalismo hacia la filial bonaerense, cuyo volumen humano, capacidad financiera y representatividad sindical no guardaba proporción con el resto de los sindicatos provincianos.

Además, pese al considerable nivel alcanzado, el sindicalismo argentino, en una perspectiva histórica, estaba lejos de ser una formación social consolidada. Por eso, la tendencia a constituir formaciones autoritarias, centralizadas y de fuerte tónica verticalista era consecuencia de la necesidad de galvanizarse organizativamente, de cara a las asperezas de la resistencia que los sectores dominantes oponían a todo crecimiento sindical.

Finalmente no puede ocultarse la incidencia que la consolidación de una fuerte burocracia tuvo en ese endurecimiento organizativo. La burocracia, a veces esclerosada, fomentó por todos los medios la concentración del poder sindical.

El sindicalismo argentino en el campo internacional

Luego de la Segunda Guerra Mundial, dos organizaciones internacionales se disputaron los favores de los sindicatos latinoamericanos. La Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) había sido fundada en 1938: su inspirador fue el dirigente comunista mexicano Lombardo Toledano. En 1945 se creó la Federación Sindical Mundial (FSM) y la CTAL pasó a representarla en el continente.

Por su parte, cuando la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) surgió como escisión de la FSM, en 1949, creó una filial para América latina. Fue la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), enteramente dominada por el sindicalismo norteamericano: la AFL-CIO la financiaba y le imponía sus rígidos caracteres anticomunistas y pronorteamericanos.

La existencia de la CTAL no fue muy floreciente. Estaba desprestigiada por la oposición que los partidos comunistas —sus sostenedores— habían hecho a todos los movimientos populares antiyanquis durante el período que corrió entre la invasión nazi a Rusia y la Conferencia de Yalta. Vegetó hasta 1964, en que se disolvió sin pena ni gloria.

En este cuadro internacional, el sindicalismo argentino no encontró un espacio propicio y tendió al aislamiento.

La CGT fue combatida duramente por la CTAL y por la ORIT. Para ésta era inaceptable la postura antimperialista de la central argentina.

En 1952, el movimiento obrero quiso romper esa soledad y fondo, junto con la CROM mexicana y otros grupos menores, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) que intentaba dar dimensión continental, en su vertiente obrera, a las posiciones tercermundistas del peronismo. Pero el intento no halló eco, Entre otras causas porque la circunstancia político-social argentina no tenía una correlación directa en otros países latinoamericanos.

Al caer el peronismo en 1955 y ser clausurada la CGT, ATLAS se disolvió. Las circunstancias internas y externas fueron cambiando. La CGT emergió, ya en la década del sesenta, con renovada potencia. No faltaron voces, desde la izquierda, para acusar a la central argentina de connivencia con la ORIT. que continuó siendo, y aún lo es, feudo de la AFL-CIO. Se ha repetido que algunos dirigentes recibieron becas y realizaron cursos en el instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL), organismo de clara inspiración anticomunista, acusado de ser una de las tantas pantallas de la CIA[59].

Al margen de casos individuales, lo cierto es que la CGT permaneció claramente distanciada de la ORIT, a la que nunca ingresó.

Tampoco lo hizo al Congreso Permanente para la Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) que nació en Brasilia, en 1964, en las vísperas del golpe militar que derrocó a Goulart, y que intentó aglutinar las fuerzas sindicales latinoamericanas bajo la inspiración de la revolución cubana. Ni a la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC), nacida en 1954 y, en la actualidad, desconfesionalizada bajo el nombre de Confederación Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), integrada en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).

El sindicalismo argentino continuó en su aislamiento hasta el 5 de noviembre de 1975, en que decidió su ingreso a la CIOSL. En este alineamiento internacional influyó el hecho de que la AFL-CIO hubiese abandonado en 1969 la central con sede en Bruselas.

CAPITULO IV

Funciones de los sindicatos

La multiplicidad funcional del sindicalismo es, hoy, aceptada, expresa o tácitamente. Su realidad se ha impuesto sobre el reduccionismo forzado del sindicato en el campo acotado de la mera defensa del interés profesional.

En Argentina, en el período anterior a 1945, el problema no se planteó porque el sindicalismo era protoinstitucional. Desde entonces hasta la década del setenta, el movimiento obrero experimentó un vigoroso crecimiento y al producirse el golpe militar dé 1976, el polifuncionalismo del sindicalismo argentino ya no podía desconocerse.

Era, al mismo tiempo, órgano de reivindicación y de participación, agente de lucha social, grupo de presión contra el poder o partícipe del mismo. Estaba presente, como interlocutor y/o protagonista, ineludiblemente, en la vida pública del país y en la cotidianeidad de sus habitantes. Era colegislador y gestor de la seguridad social para millones de trabajadores que sólo encontraban la dimensión de la solidaridad en sus estructuras.

Puede sistematizarse este cuadro en cinco funciones, dejando claro que la acción sindical no se verificaba en carriles separados: los utilizo aquí como meros indicadores. Esa acción, por el contrario, se entrelazaba en una apretada urdimbre.

La función reivindicativa

Hacia 1976, los sindicatos argentinos representaban a siete millones de trabajadores de todas las actividades. ¿Qué hacían? Peticionar, controlar, discutir, pactar, reivindicar. Peticionaban ante los empleadores y el Estado en favor de los intereses económicos y laborales de sus representados. Controlaban la correcta aplicación de las normas laborales que protegían a los trabajadores individualmente considerados, en su relación con el patrono. Reivindicaban esos derechos económicos o laborales cuando entendían que los mismos no eran equitativamente reconocidos o amparados. En confrontación de criterios con los empleadores realizaban acciones directas cuyo fin era la negociación, la contratación colectiva.

Es decir, cumplían las funciones del sindicato en la perspectiva neocapitalista, en la cual, admitida la existencia de organizaciones de clase, el disenso que ellas plantean se institucionaliza mediante la solución pactada del conflicto social.

Era ésta la raya divisoria, la frontera tras la cual el sistema dominante pretendió mantener al movimiento obrero organizado.

Desde 1945 a 1976, cinco leyes rigieron la vida sindical. La primera —un decreto del gobierno militar que en 1946 la legislatura constitucional convirtió en ley— autorizaba la actuación política de los sindicatos. El régimen de 1956, emanado del gobierno militar que derrocó a Perón, la prohibía expresamente. La de 1958, aprobada durante la presidencia de Frondizi, nada decía sobre el tema, con lo cual, tácitamente, consentía la acción política del sindicato. La reglamentación de 1966, emitida en las postrimerías del gobierno de Illia pero aplicada por los gobiernos militares que se sucedieron a partir del golpe del general Onganía, volvía a vedar tajantemente dicha acción.

Detrás de la polémica sobre si los sindicatos podían actuar en política, se escondía la resistencia a la transformación de las estructuras socioeconómicas del país y a las tendencias que la procuraban.

La politización del sindicato es una realidad universal, inherente y connatural al mismo desde su alumbramiento como fenómeno social. Ya no se la discute como no sea por la doctrina más reaccionaria y ultramontana.

En Argentina el debate presuntamente jurídico o institucional sobre este tema ha sido sólo un pretexto. Él verdadero objetivo, y no ha importado mucho la validez de los argumentos que se utilizaran para disfrazarlo, era impedir que las fuerzas populares, expresadas a través de la estructura sindical, avanzaran sobre el recinto sagrado del poder.

A cierta altura de la historia era imposible ya negar el fenómeno sindical. Por lo tanto, debía admitirse su existencia, en un marco restrictivo.

El sindicalismo argentino cumplía ese primer test de admisión. Era, en un sentido, un cuerpo profesional bien aceitado, con una estructura adecuada a la función reivindicativa pura.

Pero, para desgracia de las fuerzas dominantes, no puede darse vida a un gigante y pretender luego que permanezca inmóvil.

La poderosa, dinámica organización sindical era compleja. Tenía reflejos rápidos. A través de ella circulaba una savia vivificante, la de una clase trabajadora curtida por la experiencia de años de lucha. La estructura era amplia y cubría todas las ramas del quehacer humano, todos los sectores socioeconómicos ligados al trabajo. Era, en suma, una máquina viva y no podía ser aherrojada por ninguna opresión legal.

La acción sindical posee una dinámica propia. Crea y reproduce sus propias células. Es, entre otras cosas, eminentemente formativa. Produce en los trabajadores sindicalizados, sus agentes, apetencias cada vez mayores. La lucha por la reivindicación económica suele agotar pronto sus propios límites y transformarse en lucha por el poder: en la fábrica, en el lugar donde se vive, en la nación. Este carácter multiplicador de la praxis sindical desborda los límites estrictamente económicos de la reivindicación, ya que, como interpreta Perry Anderson, «cualquiera que sea el grado de colaboracionismo de los dirigentes sindicales, la mera existencia de un sindicato afirma de fado la diferencia infranqueable entre el capital y el trabajo en una sociedad de mercado». Esa existencia, concluye el autor inglés, «incorpora la negativa de la clase obrera a integrarse en el capitalismo dentro de las condiciones que éste le ofrece. Los sindicatos producen así, en todas partes, una conciencia de clase obrera —esto es, conciencia de la diferente identidad del proletariado como fuerza social, con sus propios intereses como grupo dentro de la sociedad…»[60].

La función reivindicativa en la empresa

La acción sindical en la empresa es una emanación de la función reivindicativa genérica a la que se aludió más arriba. Y sin embargo, suele tener un efecto perturbador y conflictivo considerable, de naturaleza distinta, aunque de efecto similar al de la acción sindical global.

En la empresa se ejerce una reivindicación circunscripta a las cuestiones cotidianas y específicas del lugar de trabajo. Allí el sindicato se corporiza, deja de ser una abstracción más o menos lejana. Para el trabajador, el órgano sindical en la empresa es su contacto directo, primario y muchas veces virginal con el universo sindical. Para el patrono significa un cuestionamiento in situ, corpóreo, de su poder irrestricto.

La extensión de la representación obrera en los lugares de trabajo es un buen indicador de la virtualidad de un movimiento sindical. Sólo una implantación profunda y un grado de madurez y formación considerable permiten el desarrollo de los órganos sindicales en la empresa. Es que éstos cumplen un papel dual. Potencian a los organismos centrales —el sindicato de rama, la central nacional— al reproducir y transmitir en la empresa los planteamientos generales, las grandes líneas tácticas y estratégicas del movimiento obrero. A través de esos órganos, las directrices y formulaciones teóricas adquieren una dimensión cotidiana. Los órganos de representación en la empresa son, además, verdaderos administradores del convenio colectivo.

En la dirección contraria, los órganos sindicales en la empresa son transmisores de las necesidades y exigencias de la base. Constituyen el mayor obstáculo a las tendencias burocráticas de la cúpula. No es fácil dirigir una estructura sindical compuesta por centenares o miles de microrganismos dotados de cierto grado, mayor o menor, de autonomía, por lo menos en lo que a su ámbito (fábrica, taller, oficina, etc,) se refiere.

Por otra parte, es en la empresa y en sus órganos sindicales internos donde encuentra más amplio cauce el valor formativo que más arriba adjudicaba a la acción sindical. De hecho, el cargo de delegado de personal es, generalmente, el primer peldaño en la carrera sindical. El órgano sindical en la empresa constituye pues, una verdadera escuela de cuadros. La acción cotidiana de los delegados defendiendo los derechos individuales del trabajador con la inmediatez con que no puede actuar el sindicato por diligente que éste sea, es la mejor plataforma para el desarrollo de una conciencia sindical en los trabajadores. Y el mejor vehículo —más efectivo que cualquier campaña proselitista— para la promoción masiva de las afiliaciones y el acercamiento del trabajador al sindicato.

Pero si la acción sindical en la empresa es importante en virtud de este efecto primordial —el crecimiento sindical—, ella tiene otro resultante de no menor virtualidad revolucionaria. Cualquiera sea el grado de intervencionismo de los órganos de representación que las estructuras legales o la práctica admitan, ellos son el vehículo hacia una forma de participación en la gestión de la empresa. Ya sea en el escalón más bajo, relativo a temas de disciplina laboral y aplicación de la normativa individual, ya sea en asuntos de organización interna del trabajo o en cuestiones de índole económica, la intervención del trabajador a través de su órgano representativo en la empresa, tiene un efecto formativo esclarecedor. Abate el dualismo entre empleador y dependiente. Pone en cuestión el fundamento de la subordinación laboral. Mina las bases de la soberanía absoluta del patrono. Muestra a todos —primero que nada, al propio trabajador— que él mismo es capaz de gobernar o de cogobernar su propio trabajo.

La función reivindicativa y sindical ejercida en la empresa completa la acción sindical, la enriquece y totaliza.

Es en este ámbito que el movimiento argentino ha demostrado, con una práctica de considerable importancia, su magnitud y madurez. En otra parte de este trabajo dedico más espacio a desarrollar el tema. Señalaré aquí algunas precisiones.

La estructura que adoptó la acción sindical en la empresa derivó, en gran medida, de la ausencia de pluralidad sindical. Los órganos de representación no han debido dividirse, según el habitual esquema francés, italiano y después de 1975 español, en una sección sindical representativa de la central y un consejo o comité de empresa, órgano de la pluralidad de los trabajadores.

La fuerte identificación de la clase obrera alrededor del peronismo, generó la estructuración unitaria a la que he aludido: una única central sindical de orden nacional. Un único sindicato nacional por rama de actividad, en algunos casos producto de la fusión de organismos territoriales dotados de autonomía. En el seno de las organizaciones básicas —sindicatos de rama— cada empresa contaba, a partir de un número mínimo de trabajadores, con su delegado o conjunto de delegados organizados en comisión interna. Este órgano representaba al sindicato de la rama ante la empresa y también ante el conjunto de los trabajadores del establecimiento. Pero ¿quién lo elegía? En la votación participaban no solamente los afiliados al sindicato sino todos los trabajadores[61]. En consecuencia el mismo órgano era, en sentido inverso, representante del conjunto del personal ante el sindicato. Su elección era obra de todos los trabajadores, pero la organizaba el sindicato y los candidatos eran miembros de éste (afiliados).

Se trataba, pues, de un órgano de naturaleza mixta, con mandato doble: del sindicato y del conjunto del personal, siendo su función, desde el punto de vista de la estructura organizativa, la de nexo entre ambos.

¿En qué medida se difundió esta forma organizativa? Es imposible precisarlo con exactitud por la carencia de estadísticas. De todos modos, su desarrollo fue muy grande y lo prueba, además de la experiencia personal de cuantos han conocido por dentro el movimiento obrero argentino, estos hechos ilustrativos: a) su frecuente inclusión en los convenios colectivos; b) su tratamiento, también generalizado, en la estructura interna de los diferentes sindicatos, a través de sus estatutos; c) la referencia legislativa al tema en las normativas sindicales, que reconocieron, a partir de 1958, si bien con limitaciones, una práctica habitual; d) la abundante jurisprudencia de los tribunales del trabajo.

La función política institucional

Se ha visto cómo el sindicato argentino asumía una práctica reivindicativa en el ámbito global de la actividad, a través del sindicato único, nacional o regional. También, cómo extendía y particularizaba esa función en la empresa a través de sus órganos de representación en la misma. Pero las funciones del movimiento sindical, tal como las mismas se habían desarrollado en la década del setenta, no se agotaban con ambas formas reivindicativas. Abarcaban asimismo un rol institucional concreto, una participación directa en algunas esferas del poder.

El sindicalismo moderno es un factor de poder en todos los países. Lo es por acción u omisión, por su participación en las estructuras del Estado o por su oposición a las mismas, en mayor o menor medida, según sea su importancia intrínseca y las peculiares circunstancias nacionales en que se mueve.

En este sentido lato, puede decirse que cualquier movimiento sindical cuenta en la estructura político-social de una nación, a poco que su actividad se encuentre legitimada, aun en niveles mínimos (e incluso si no lo está, por la fuerza de la oposición que puede ejercitar, superados ciertos umbrales en cuanto a fuerza organizativa). Y, por lo tanto, formal o informalmente, «participa» en el poder. Incluso en los casos en que, por su contenido ideológico, cuestiona o combate al poder instituido.

La experiencia de participación en el poder que acredita el sindicalismo argentino ha sido bien concreta. En el período 1946-1955 intervino directamente en la conducción política. El movimiento obrero integró el frente gobernante y, como tal, su criterio pesó mucho en las decisiones gubernativas. Muchos dirigentes obreros ocuparon cargos públicos prominentes (el ministro de trabajo fue siempre un dirigente sindical). La fusión entre movimiento obrero, partido político y Estado era estrecha.

Durante esta época la central obrera participó de manera orgánica en las direcciones de muchas empresas públicas en cuyos estatutos se reservaron puestos de conducción a delegados de trabajadores y empresarios. Este panorama cambió con el gobierno de facto que derrocó a Perón en 1955. Pero a comienzos de la década del setenta, en función de un sostenido crecimiento de la estructura sindical y por encima de los avatares políticos, nuevamente se produjo una penetración del mundo sindical en la esfera oficial. Organismos estatales y paraestatales, como los reguladores del salario mínimo o las cajas compensadoras para las asignaciones familiares, acogieron dirigentes obreros. Se creó un Consejo Económico Social, con representación obrera que, sin embargo, no llegó a funcionar. Se dio comienzo a un experimento de autogestión en la empresa estatal de energía eléctrica (SEGBA).

Todas estas experiencias se multiplicaron durante el período 1973-1976, en el que el movimiento sindical pasó a ocupar posiciones protagónicas en casi todos los niveles gubernativos.

La función política partidaria

Como ha sido ya reiteradamente dicho, la clase trabajadora argentina estuvo desde 1945 alineada con monolítica fidelidad en el movimiento peronista. Fueron vanos los intentos ensayados por los más diversos medios, para romper esa unidad profunda. El sindicalismo cristalizó sus bases socio políticas —las masas provenientes de la migración campesina— en forma simultánea con la conformación del movimiento político que habría de representarlo. Se institucionalizó y pasó a cogobernar (o al menos participó en las estructuras del poder político) durante la primera presidencia de Perón. Derrocado ese gobierno constitucional por el golpe de 1955, las fuerzas oligárquicas acudieron a muy variadas estrategias para atomizar, vaciar y «desperonizar» las estructuras sindicales. Desde la represión cruda hasta las más disímiles formas de manipulación por el Estado, los sindicatos fueron víctimas de una enconada campaña que, sin embargo, no logró disolver la perduración del liderazgo de Perón sobre las bases.

En 1956 la CGT fue clausurada por los militares. En 1957, en plena clandestinidad, representantes de 62 sindicatos consiguieron nuclearse en una agrupación de resistencia con la finalidad concreta e inmediata de recuperar sus sindicatos perseguidos. Un año más tarde, la libertad sindical se reimplantó. Pero el apelativo 62 organizaciones siguió designando al núcleo de sindicatos peronistas, aun cuando su número llegó a ser, en poco tiempo, mucho mayor, hasta englobar a comienzos de los setenta, prácticamente a la totalidad de las organizaciones sindicales.

Desde 1958, pues, el movimiento sindical actuó en dos niveles, mediante dos órganos. La CGT era la central que agrupaba a todos los sindicatos en el marco de la legalidad sindical, conforme ella surgía de la normativa vigente. Era estatutariamente apartidista. Mantenía y sostenía una posición política y económica popular y, en función de la misma, intervenía activamente en la vida institucional, frente al patronato y el Estado. En su seno tenían cabida sindicatos y trabajadores de cualquier ideología. Simultáneamente, las 62 organizaciones integraban el movimiento peronista como una parte orgánica del mismo, que se dividía en ramas política, femenina, y sindical. Pero ¿cuál es el significado de esta separación? El aparato sindical, argentino —obviamente la CGT— ¿fue independiente del movimiento creado y dirigido por Perón? Lo fue en la teoría, no en la realidad. Los motivos que explican este hecho son claros. Una preocupación casi constante de los diferentes gobiernos que ocuparon el poder entre 1955 y 1973 fue impedir la intervención directa de las estructuras sindicales en la política activa. A ese efecto se dictó una larga serie de prohibiciones legales: desde penalizar el uso de la palabra Perón o la mera tenencia de una foto del nombrado o de Eva Perón (decreto 4161/55) hasta la prohibición de que los sindicatos interviniesen en política, contenida en las regulaciones de 1956 y 1966. Para evitar la intervención represiva del Estado el movimiento obrero debió mantener una ficción legal, haciendo un reparto de «roles». La CGT hacía el trabajo sindical. Las 62 se ocupaban de política y participación en la conducción del peronismo.

Durante el período en que el movimiento popular estuvo proscripto, estructuras sindicales y lucha política se mantuvieron profundamente enraizadas. Los fondos sindicales, muchas veces, se destinaron a financiar actividades políticas. En los locales de los sindicatos se realizaron reuniones políticas. Los grandes actos y manifestaciones de masas fueron organizados por los sindicatos. En ellos se hizo, persistentemente, una tarea de difusión estrictamente política.

Hasta 1973 esta situación era explicable en función de aquellas prohibiciones. Luego de ese año, al acceder el peronismo al gobierno, las circunstancias variaron. Más adelante me referiré en detalle a este tema.

¿Quiere decir esto que el sindicalismo argentino no ha sido un sindicalismo autónomo? No lo ha sido en el sentido estrictamente formal del concepto. Pero ¿qué quiere decir realmente autonomía sindical? ¿Qué significado puede tener este concepto cuando todo el movimiento obrero, cuando todos los trabajadores de la nación abrazan un movimiento político, sin coacciones, libre y visceralmente? Y, ¿qué sentido tiene el concepto de autonomía sindical en el marco de un país dependiente que lucha por su liberación nacional y que cuenta con un movimiento político de amplio espectro que engloba a todos los sectores sociales enfrentados a la opresión imperialista y oligárquica?

El sindicalismo argentino, fiel a sus convicciones, democráticamente alineado en un frente político que, mejor o peor, lo representaba fue, en este sentido raigal, autónomo: actuó en base a sus propios intereses, sin otra subordinación que la nacida de una opción propia.

La función asistencial

Otra parcela de la actividad de los sindicatos tenía que ver con una práctica institucional: la gestión de distintas prestaciones asistenciales. En especial en el orden médico, recreativo y formativo. Esta actividad sindical llegó a revestir considerable importancia. Al margen del aparato sanitario estatal se estructuró toda una red de clínicas, residencias sanitarias, ambulatorios, servicios auxiliares y cooperativas farmacéuticas, directamente administradas y financiadas por los sindicatos. Existía una infraestructura turística, con centenares de hoteles, residencias de vacaciones y colonias veraniegas infantiles que fueron construidos o gestionados por los sindicatos para el uso de los trabajadores. Lo mismo puede decirse de centros recreativos y deportivos y, en menor medida, de actividades sociales realizadas bajo formas cooperativas o solidarias, como construcción de viviendas o ciertos tipos de seguros.

En Argentina, los beneficios de la seguridad social deberían ser prestados por el Estado, conforme una prescripción constitucional. Pero, en virtud de la debilidad congénita, financiera y organizativa de las estructuras estatales, esas funciones nunca pudieron evitar tos lastres y las falencias propias de un país semidesarrollado. La tarea sindical, en este sentido, ha sido supletoria de la estatal. Y la desproporción entre una y otra (especialmente en materia de turismo social, por ejemplo) no ha hecho sino destacar la importancia de la obra sindical.

El movimiento obrero consiguió que, a partir de 1970, se instituyese un aporte obligatorio abonado por empleadores y trabajadores y cuya gestión correspondía al sindicato de actividad, destinado a la financiación de esas prestaciones sociales. De esa manera, la expansión de la actividad asistencial en el período 1970-1976 fue muy grande. A través de ella, miles y miles de trabajadores argentinos pudieron beneficiarse con algunas formas de asistencia solidaria a las que el aparato estatal no les brindaba acceso[62].

Esta tarea mutualista generó diversas críticas, ninguna de ellas, por cierto, proveniente de los propios trabajadores.

Se dijo que poner en manos de los dirigentes sindicales tales sumas de dinero —provenientes de la recaudación obligatoria— era fomentar la corrupción, el uso indebido de fondos con finalidades políticas partidistas o una burocracia con tendencia al gigantismo. También se dijo que las obras sociales sindicales, al confluir con una red asistencial estatal, suponían una dispersión inútil de esfuerzos. O que, al ocupar a los sindicatos en tareas propias de una sociedad de socorros mutuos, se los alejaba del combate propiamente sindical y político.

La gestión por los propios trabajadores de un sistema de seguridad social que los beneficie es un postulado irreprochable desde el punto de vista del interés de ellos mismos y desde una teoría sindical que no esté sometida por un centralismo agobiador. Es cierto que edificar un sistema de asistencia social coherente y completo no es fácil y que se exige una necesaria coordinación, en caso de que las prestaciones que lo integren se otorguen por distintos canales (en el caso argentino, el Estado y los sindicatos).

Pero esta duplicidad funcional no justificaba el cuestionamiento de una tarea asistencial que —con mejor o peor fortuna— se cumplió efectivamente. Por otra parte, las estructuras estatales eran insuficientes para brindar cobertura a múltiples riesgos sociales del sector laboral. Ese déficit fue, en buena parte, cubierto con el aporte de los propios trabajadores y la gestión de sus sindicatos.

La frecuente acusación de que el manejo de los fondos promovían la corrupción y la burocracia fue utilizada con mala fe.

La corrupción es una conducta de posible emergencia en cualquier actividad que suponga manejo de dinero. Debe ser combatida, por supuesto, pero ¿qué tiene que ver ello con el hecho en sí de la función asistencial sindical? Por su parte, la existencia de un aparato burocrático para manejar prestaciones destinadas a millones de personas es algo obvio. En todo caso, la cuestión sería conseguir un manejo dinámico y ágil de esa burocracia.

Era evidente que las actividades asistenciales no podían constituir la finalidad primaria de un movimiento sindical, sobre todo con tantas metas incumplidas aún como el argentino. Toda vez que se antepusiera esa finalidad a la estrictamente sindical, la crítica estaba justificada. Pero tampoco debía infravalorarse la potencia política y formativa del «socorrismo» sobre todo cuando estaba hecho con seriedad y medios legítimos. A través de la prestación de servicios concretos, que muchas veces los ayudaban a sobrellevar situaciones conflictivas insolubles por otra vía, muchos trabajadores dieron el primer paso que los llevó a descubrir la dimensión sindical, la existencia de un sindicato que era «para» ellos y que podía ser «de» ellos.

Es cierto que muchos sindicalistas aprovecharon el poder financiero que conllevaba el aparato asistencial con fines partidistas, tendenciales, y, cómo no, personales.

Era una crítica legítima que podía y debía ser formulada si lo era de buena fe, desde el mismo movimiento obrero. Pero no debe olvidarse que la misma crítica (burocratismo, corrupción, desorden administrativo) había sido hecha también desde la derecha.

Ésta, desde marzo de 1976, detentó el poder absoluto en Argentina y los resultados de esa crítica —hechos acto— los conocen muy bien, en carne viva, los trabajadores argentinos: el desmantelamiento de sus organizaciones asistenciales, el desamparo social y la represión sindical pura.

CAPITULO V

La acción sindical en la empresa

Para medir la importancia de un movimiento sindical pueden tomarse en cuenta diversos elementos: su actuación y su peso político, el grado de su incidencia en la sociedad, su postura ideológica revolucionaría o reformista, su capacidad para inducir cambios sociales, su potencia organizativa o la fuerza de su estructura. Uno de esos elementos es su capacidad participativa en la empresa.

¿La organización sindical está presente en la empresa? ¿En qué medida los trabajadores consiguen contrarrestrar el poder del patrono? ¿Hasta qué punto los trabajadores, mediante canales orgánicos o espontáneos, contestan, resisten ese absolutismo? ¿Les es, acaso, indiferente tal cuestión? ¿Sólo obran en el ámbito externo a la empresa y dejan ese campo librado a la pura voluntad patronal? ¿O, por el contrario, están organizados y preparados para desarrollar una intensa acción sindical en la empresa, participando de una manera u otra en la gestión de la misma, imponiendo su presencia e impidiendo que ella sea un coto cerrado, un feudo exclusivo del patrono?

¿Existía en Argentina una acción sindical de este tipo? ¿Con qué alcance, con qué características, con qué fuerza?

Importancia y alcance de la acción sindical en la empresa

La cuestión es de fundamental importancia. El sindicalismo moderno adjudica a la acción en la empresa un valor cada vez mayor. Es allí, en el lugar del trabajo, donde el obrero experimenta la conciencia de su subordinación, donde toma contacto vivido y directo con su dependencia. Es también allí donde debe entablarse el campo de batalla, es allí donde debe instaurarse, conforme lo sostiene André Gorz, «un contrapoder obrero, capaz de cuestionar y de contrarrestar positivamente el sistema de decisión de la administración capitalista en la empresa (y por extensión en la sociedad)»[63].

La capacidad de operar en los lugares de trabajo dice mucho sobre el nivel y potencia de un movimiento obrero. La trama sindical debe ser compleja y abarcadora. Debe extenderse no solamente hacia arriba, con equipos dirigentes aptos, sino también hacia abajo, con militantes y bases de conciencia desarrollada. Un movimiento sindical es como un tejido social compuesto de múltiples hilos entrelazados. La organización sindical en la empresa es un vivero inagotable de nuevos dirigentes y una fuente irremplazable de formación. Un movimiento sindical no puede ser sólido si no se asienta en la célula viva del universo laboral, la empresa: de lo contrario sería un gigante con pie de barro. Por otra parte, la pirámide sindical (bases, niveles medios, jerarquías) constituye un todo, una unidad que se realimenta y se interpenetra mutuamente.

Un movimiento sindical organizado en su base, con una fuerte implantación a nivel de empresa es más difícil de erradicar, ofrece menos flancos a la represión. Tiene capacidad de resistencia. Podrá semejar, en su superficie, paralizado o diezmado. Pero vivirá subterráneamente más allá de persecuciones y dificultades.

La organización en la empresa ilustra sobre el grado y, sobre todo, sobre la calidad de la sindicalización. La acción en la empresa requiere de activistas y trabajadores fogueados, con alta moral y buena preparación sindical. Los representantes del personal, ¿cómo podrían actuar sin el respaldo, la disciplina, la comprensión, el estímulo y el apoyo constante de sus compañeros? ¿Cómo puede vencerse la resistencia que opondrá todo patrono cuando su personal se organice sindicalmente si no es con una sabiduría sindical que no se gana en un día, que es finito de una larga tradición de lucha y de trabajo?

La capacidad de un movimiento sindical para organizarse en el ámbito de la empresa suele ser una cualidad anónima. Son desconocidas las batallas cotidianas que libran los trabajadores en sus lugares de trabajo. Tan sólo trascienden cuando devienen epopeyas: grandes huelgas, conflictos espectaculares. Pocos o nadie hacen la crónica menuda del combate de cada día. Y sin embargo, en el fragor de esas miles de luchas públicamente ignoradas se va consolidando la conciencia de un pueblo, la fortaleza de su clase trabajadora.

Algunos países del Tercer Mundo cuentan con llamativas legislaciones laborales que adornan los repertorios jurídicos. Pero ¿cuál es la realidad de muchos de esos pueblos, de los destinatarios de tales normativas generosas? Para conocer el nivel de un movimiento obrero hay un camino más idóneo que consultar los boletines oficiales y las colecciones de leyes. Consiste en observar la situación de los trabajadores en los lugares donde trabajan. ¿Están organizados? ¿Son meros sujetos inertes de la voluntad patronal? ¿O, por el contrario, defienden palmo a palmo su derecho a no ser tratados como máquinas? ¿Qué peso ocupa en su vida cotidiana el sindicato: es una realidad viva o una entelequia lejana? ¿Han conseguido introducir el sindicato en la empresa? ¿Están en condiciones de reivindicar, de cuestionar, de transformar su situación allí donde ésta adquiere su significado más desnudo?

Es que hay legislaciones que se pueden comprar. Basta pagar a algún especialista para ello. Pero no puede comprarse la conciencia, la experiencia, la tradición, la formación de los trabajadores.

La organización sindical en la empresa tiene, en fin, dos significados fundamentales, una doble capacidad que la torna inapreciable y a la vez explosiva: conforma un potencial revolucionario en el marco general de la sociedad y es también, en el más reducido del movimiento sindical, el mejor antídoto contra las tendencias burocráticas.

Examinaré la experiencia, la práctica y los resultados de la acción sindical en la empresa tal como ésta se desarrolló en Argentina hasta 1976.

Derecho y realidad sindical

Al promediar la década del setenta, el sindicalismo argentino era una organización férreamente estructurada que, entre otras características, tenía una profusa base legislativa. La politización que distinguió al movimiento obrero motivó una densa red de interinfluencias entre las fuerzas laborales y el Estado. Entre las formas de intervencionismo estatal debía contarse las numerosas normas legislativas en las que el Estado, casi siempre con velada o manifiesta intención política (de signo muchas veces dispar y hasta opuesto), se había ocupado de reglamentar la vida sindical con bastante minucia.

A partir de 1945 se contó con sucesivas leyes sobre la organización y funcionamiento de los sindicatos (con sus respectivas reglamentaciones subsidiarias que, en más de una ocasión, enmendaban la plana a las leyes a las que, supuestamente, debían instrumentar). Desde 1953 existió una ley especial sobre la negociación colectiva que, con considerables vicisitudes, se mantuvo vigente. A ello debe agregarse una nutrida colección de normas sobre conflictos colectivos, derecho de huelga, conciliación optativa u obligatoria, arbitrajes y diferentes medios de intervención del Estado en las contiendas laborales. Y una detallista normativa que, durante esos tres decenios, describió las funciones de los órganos del Estado encargados de actuar en las áreas laborales y sindicales. Sin contar las normas sobre regulación salarial, contrato de trabajo y derechos individuales del trabajador.

Y bien, en toda esta selva legislativa, existió un vacío. No se contempló la acción sindical en la empresa. ¿Cuáles eran las funciones de los representantes sindicales, cuál el alcance de sus derechos? ¿Hasta qué punto podían intervenir en la vida de la empresa, avanzar sobre el poder del empresario, compartir la gestión, vetar, controlar, vigilar? Si en una vida sindical tan extraordinariamente «legislada» como la argentina, en la que la autonomía de acción de los sindicatos estaba muy condicionada por normas legislativas, no existían referencias al tema, quizás la conclusión lógica fuese que tal acción sindical en la empresa no existía en el campo legal. Y sin embargo no era así. La legislación aludía a la acción sindical en la empresa. Lo hacía desde 1958, en un aspecto colateral de la misma: la protección para los delegados del personal y miembros de las comisiones internas frente a los despidos u otras medidas sancionadoras de los patrones. Protección que, en Argentina, se denominó «fuero sindical». Aplicado en un principio, desde 1945, a los dirigentes sindicales con dedicación exclusiva y permanente a la militancia sindical, fuera del ámbito de la empresa, ese amparo fue extendiéndose a los delegados de fábrica y taller, situación que en la ley sindical de 1958 quedó plenamente convalidada.

En consecuencia, la legislación argentina reconocía implícitamente la existencia de una acción sindical en la empresa, a través de representantes denominados «delegados del personal» (en el caso de tratarse de varios representantes, conformaban un órgano denominado «comisión interna»), a los que otorgaba una protección especial.

En cambio, no quedaba legislado el marco en el que estos representantes sindicales deberían actuar: sus funciones, su naturaleza en cuanto órganos de control, de colaboración, de mero asesoramiento o de simple contacto entre personal y patrono y, sobre todo, los límites de tales funciones.

En ese campo debió funcionar, a falta de legislación de fondo, la autonomía sindical. El vacío fue llenado por los convenios colectivos, que ratificaron la existencia de comisiones internas y precisaron algunas funciones de las mismas. O por algunos estatutos de los mismos sindicatos que, haciendo uso de sus facultades normativas, delimitaron el campo de acción de tales órganos. Y sobre todo, por la misma práctica que superando todo condicionamiento legal, hizo carne en los trabajadores la idea de que su organización en la empresa era condición y requisito para un enriquecimiento indispensable de la vida sindical.

La práctica de elegir delegados en las empresas (y encomendarles la representación del personal ante el patrono) era tan antigua en el país como el propio sindicalismo. Pero las condiciones en que esa práctica se desarrolló diferían mucho, en su origen, de las formas actuales.

La primera etapa del movimiento obrero se caracterizó por la fragilidad de los sindicatos, que eran en realidad meros embriones de organización, aún inermes ante la persecución y la represión del patronato y el Estado. El sindicato fuera de la legalidad carecía muchas veces de sede física. El fondo de huelga era su principal preocupación en orden a recursos financieros. Sus miembros eran, en su totalidad, activistas, siendo muy escasa la diferenciación entre dirigentes y dirigidos. Su volumen humano era escaso, debido a la estructura predominantemente agraria de la sociedad argentina, con escasa industrialización. Sus integrantes se reclutaban entre la inmigración europea, hecho que lo convertía en un cuerpo extraño a otros sectores de la vida nacional.

En estas condiciones, la existencia de conducciones sindicales profesionalizadas era un lujo que no podía darse ese incipiente movimiento obrero. El líder sindical debía empuñar la paleta del albañil o los mandos de la locomotora. El dirigente del sindicato local era también el delegado en su establecimiento y un trabajador más. Los miembros del sindicato, al margen de niveles jerárquicos, eran activistas y conformaban la rudimentaria comisión interna. El relevo entre los obreros sindicalizados debía ser constante pues la represión —el despido o el encarcelamiento— descabezaba con frecuencia la organización obrera en la empresa.

De los procesos de formación y actuación de representaciones sindicales en los lugares de trabajo apenas existe memoria escrita. Los primeros convenios colectivos de los que se tenga constancia permiten atisbar que no era desconocida esa práctica. El que pasa por ser el más antiguo convenio suscripto en el país, entre la Sociedad de Obreros Marmoleros y el centro de propietarios, en 1901, creó un órgano denominado «jurado»’ compuesto por representantes patronales y obreros, con rudimentarias facultades de intervención en el gobierno de los talleres. Un órgano paritario de parecidas características puede encontrarse en el convenio de 1906 entre empleadores y obreros gráficos. El convenio se firmó luego de una farragosa huelga, una de cuyas reivindicaciones más resistidas por la patronal era la admisión de la representación obrera. Un líder patronal manifestó a un oficioso mediador que los empleadores estaban dispuestos a «discutir con el jefe de policía como representante de los obreros, pero no con los delegados de éstos».

Un sector de decisiva importancia en el desenvolvimiento del sindicalismo argentino fue el ferroviario. En 1917 llevó a cabo una huelga caracterizada por dos hechos: la unidad conseguida por las distintas organizaciones que entonces representaban a los ferroviarios y la intervención como mediador (fenómeno no frecuente en la época) del gobierno que presidía Hipólito Yrigoyen. Este movimiento lo encabezaron la Federación Obrera Ferroviaria, que en 1922 cambiaría su nombre por el actual de Unión Ferroviaria y en la que se agruparon los obreros de talleres, obras, vías, guardas, capataces, cambistas, auxiliares, señaleros, telegrafistas, etc., y La Fraternidad Ferroviaria, sindicato de los maquinistas de locomotoras. La huelga de 1917 se hizo contra todas las compañías ferroviarias que en ese entonces eran propiedad de capitales extranjeros. Concluyó con una resolución gubernativa aprobando una reglamentación laboral. A partir de entonces, los trabajadores ferroviarios han contado con representantes sindicales en sus lugares de trabajo.

A lo largo de esta época dura, que se extendió hasta 1945, la incipiente organización obrera fue plasmando dificultosamente la admisión de su derecho a accionar en los lugares de trabajo. Los sindicatos carecían de regulación legal, siendo su práctica frecuentemente considerada subversiva. Tampoco estaba reconocido el derecho de huelga. Los convenios colectivos no tenían, por igual motivo, ninguna fuerza obligatoria.

Aun así, cabe anotar estos antecedentes: en 1920 tas autoridades de las empresas ferroviarias admitieron oficialmente a La Fraternidad como representante del personal de conducción de locomotoras y aceptaron sus estatutos, que preveían la formación de «comisiones de reclamos» en cada línea. En 1921, el ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico admitió la formación de «conferencias paritarias» para tratar los reclamos del personal. En 1919 la Compañía Alemana de Electricidad reconoció una «representación obrera» ante la dirección. En 1921, en Gath y Chaves, uno de los principales comercios de Buenos Aires, se crearon «consejos de personal».

Como éstas podrían citarse un puñado de experiencias que fueron recogidas en archivos o documentos. Otras muchas sólo quedaron —para ir perdiéndose— en la memoria de sus actores. Pero si bien los perfiles concretos de estas acciones se difuminaron, restó el sedimento que tomó forma en la conciencia histórica: los trabajadores argentinos, generación tras generación, aprendieron la importancia de su organización en los lugares de trabajo.

Durante el bienio 1943-1945, en el que Juan Perón ocupó la Secretaría de Trabajo y durante el gobierno constitucional presidido por el mismo (1946-1955), no llegó a cuajar un ordenamiento legal que se refiriera al tema en forma específica, pese a que existió un clima propicio para ello. Durante esa época el movimiento sindical adquirió importancia como sector social con real incidencia en el poder político. Se dictaron textos básicos, como las primeras regulaciones sobre libertad sindical y convenios colectivos, que recogieron, en la normativa positiva, ese desarrollo sindical.

Durante este período se produjo el crecimiento de las representaciones sindicales en las empresas. La figura del delegado se convirtió en elemento habitual de la vida laboral argentina, aun cuando muchas veces fuera desconocido u hostilizado por los empleadores. Creció la intervención de los trabajadores en la gestión empresaria, aunque en forma dispersa e inorgánica.

La filosofía política del gobierno estaba próxima a esta temática, como puede desprenderse, entre otras fuentes, de diversas referencias contenidas en los planes quinquenales y de documentos, discursos y textos oficiales.

Varias experiencias concretas de gestión obrera se llevaron a cabo en establecimientos expropiados: industrias de transporte automotor, en Buenos Aires y Mendoza o fábricas de cerveza fueron entregadas para su explotación a los sindicatos. Tratándose de un régimen que nacionalizó numerosos sectores de la economía, se propició la intervención de delegados obreros en organismos estatales o paraestatales[64].

Desde 1944, los convenios colectivos tenían cierta fuerza legal en virtud de una «homologación» que les prestaba el Estado, mediante una resolución administrativa[65]. Se trataba, en realidad, de una voluntariosa ficción legal pues, en virtud del ordenamiento jurídico-constitucional que regía en el país, la obligatoriedad de tales pactos era absolutamente discutible. De todas maneras, la fuerza que, a esta altura, había adquirido ya la organización sindical hacía casi imposible su desconocimiento. La situación se convalidó en 1953, al dictarse la ley 14.250 que reglamentó las formas, alcances y efecto de la contratación colectiva. Este instrumento tendría considerable importancia en la evolución de la representación sindical en la empresa.

En función de la autonomía normativa con que se dotaba a los sindicatos, prácticamente todos éstos incluyeron en los convenios, junto a las pautas salariales y a las condiciones de trabajo, normas sobre relaciones laborales en las empresas, garantías para los representantes sindicales y alguna descripción de las funciones que les estaban reservadas.

Aun cuando nunca se dictó una ley estableciendo las funciones de las comisiones internas, no dejaron de presentarse, durante la accidentada historia del parlamentarismo argentino, numerosos proyectos en los que, con diferente óptica y fundamento, se postulaban sistemas de participación obrera[66]. Durante la década del veinte, algunos legisladores socialistas, bajo la influencia de los Consejos Whitley ingleses, o de las experiencias de los consejos obreros de la república de Weimar, intentaron la aprobación de leyes sobre accionariado obrero y órganos de fábrica. También en la legislatura del primer gobierno peronista hubo proyectos al respecto. Más tarde, durante el breve gobierno de la UCR presidido por Arturo Illia (1963-1966), ya en sintonía con el auge que el tema participativo tomaba en Europa y que auguraba los acontecimientos del año 1968 —mayo francés, conferencia de Medellín, primavera de Praga, etc.— volvieron a aparecer proyectos impulsados por la minoría socialcristiana y por el propio gobierno: tal, un código de trabajo que preveía la instalación de consejos de empresa en todos los establecimientos con más de cien obreros.

El golpe del general Onganía clausuró en 1966 el parlamento, arrumbando en el archivo todas estas ilusiones parlamentarias. ¿Qué significado tuvieron estos intentos frustrados para introducir, por vías legislativas, un ensanchamiento del poder popular en los lugares de trabajo? Iniciativa de minorías políticas que recogían aspiraciones populares flotantes, nunca alcanzaron suficiente gravitación en la correlación de fuerzas de la sociedad como para imponer su paso del papel a la realidad. Parecido fin, aunque con contenido e importancia muy distinto, tuvo el proyecto presentado en la legislatura de 1975 por el bloque parlamentario peronista, al que me refiero en detalle más adelante[67].

Otras de las paradojas de la vapuleada legalidad argentina la constituía la instauración del control obrero en la constitución. Derrocado Perón en 1955, el gobierno militar del general Aramburu llamó a elecciones para reunir una asamblea constituyente.

Se trataba de derogar la constitución de corte «nacionalista y popular» dictada en 1949, reinstalando el antiguo texto de 1853. En esas elecciones fue proscripto el peronismo. Los congresistas se limitaron a reponer la constitución del siglo pasado, agregando un nuevo artículo que contenía los llamados «derechos sociales», todos los cuales habían sido ya conquista dos por el movimiento obrero: salario mínimo, protección contra el despido, libertad sindical, descanso y vacaciones pagadas, etc. Salvo «la participación del trabajador en las ganancias de las empresas, con control de la producción y participación en la dirección…» instituida como fórmula programática. Su regulación se remitía a las leyes pertinentes, leyes que nunca se dictaron.

Desde 1957 pues, en Argentina se ha vivido bajo una constitución que imponía a los gobernantes la sanción de normas que asegurasen esa amplia fórmula participativa. ¿Cómo explicarse este fenómeno? Se trataba de un malentendido histórico. Los constituyentes de 1957, representantes de las fuerzas políticas más o menos liberales, cayeron en un espejismo. La oligarquía acababa de derrocar un gobierno popular. El peronismo había producido un avance real de la clase trabajadora y un cuestionamiento concreto del orden establecido. Los constituyentes de 1957 fueron víctimas de una ilusión: imaginaron que, caído el peronismo, los moldes de organización popular que se veían como «totalitarios», desaparecerían del escenario social. Sería posible entonces imponer formas progresistas que, por cauces democráticos, desarrollaran propuestas avanzadas de cambio.

La tragedia era que esas fuerzas políticas carecían de auténtico sustento popular: los trabajadores habían sido marginados de la asamblea y su expresión política estaba proscripta por el gobierno militar. El entusiasmo por experiencias ajenas y por teorías abstractas aleteó en la mente de algunos constituyentes. Pero los trabajadores que debían llevar a cabo esas experiencias no habían cambiado. Seguían y siguieron sosteniendo las posiciones por las que habían combatido. El sueño irrealizable de un proletariado «puro» (con textura europea) nada tenía que ver con las auténticas masas trabajadoras argentinas.

¿Se debe entonces descalificar la reforma constitucional de 1957 como una norma inútil, abandonándola en el desván de las fórmulas inservibles? Es cierto que ha existido un divorcio entre la ley y la realidad. Los gobiernos que detentaron el poder desde 1957 hasta hoy, con sus diversos matices, poco o nada hicieron para tomar vigente el precepto constitucional.

Éste, por caminos conflictivos y muchas veces contradictorios, fue desarrollado por los trabajadores, al margen de la estructura legal.

El movimiento obrero argentino no ha necesitado apoyaturas legales —tampoco mayormente las ha tenido— para llevar adelante su experiencia de participación.

Pero ciertas creaciones sociales exceden las intenciones de sus autores y la coyuntura temporal en la que nacieron. La reforma constitucional de 1957, despojada de las connotaciones que rodearon su génesis, constituye un patrimonio cultural que puede, como tal, ser aprovechado, apropiado y asumido por el cuerpo social.

Los delegados del personal

¿Cuál era la realidad de la acción sindical en la empresa al producirse la caída del gobierno constitucional en 1976?

En todos los sectores laborales organizados sindicalmente (que cubrían prácticamente todos los aspectos de la producción, el comercio y los servicios), esa acción estaba presente.

En todas las empresas de relativa importancia existía alguna forma de organización sindical. Los trabajadores, según su número, habían elegido en cada establecimiento, comisiones internas más o menos nutridas. En muchas empresas pequeñas sólo había unos pocos delegados o uno solo. En otras, las comisiones internas eran verdaderas organizaciones colegiadas, de las que se desprendía un comité más pequeño, dotado de facultades ejecutivas especiales. Era frecuente, asimismo, la subdivisión del cuerpo en distintas secretarías que tenían a su cargo áreas específicas de actividad, como propaganda, finanzas, contacto con la jefatura de personal, etc. Conforme una reglamentación de 1974[68], el número de miembros que componían estos órganos era proporcional a la cantidad de personal que trabajaba en la empresa según esta relación: de 5 a 15 trabajadores, 1 delegado; de 16 a 40, 2 delegados; de 41 a 70, 3 delegados; de 71 trabajadores en adelante, 1 delegado más por cada 50 obreros. Estas cifras podían ser aumentadas por el estatuto del sindicato de la rama o por el convenio colectivo. En los establecimientos que contaban con secciones diferenciadas era habitual elegir representantes en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa.

En todos los lugares de trabajo bullía una activa vida sindical que, de manera muchas veces silenciosa, involucraba a millones de trabajadores. En las grandes concentraciones fabriles donde la práctica sindical contaba con una mayor tradición, la colmena sindical era especialmente dinámica. Pero —fenómeno al que aludo en otras partes de este libro— en actividades tradicionalmente menos ligadas a planteos reivindicativos y en sectores de composición social pequeñoburguesa —funcionarios públicos, maestros, empleados judiciales, dependientes de oficinas y comercios— el fermento sindical había calado hondo y su grado de sindicalización era intenso.

En todas las dependencias estatales (empresas públicas y mixtas, ministerios, direcciones generales, universidades y colegios estatales, municipalidades y toda su vasta red de dependencias, en suma, en el extenso mundo de la burocracia del Estado), la organización sindical estaba generalizada y era activa.

También en el sector comercial y de servicios, donde el activismo sindical debía luchar contra la poco propicia realidad de la miniempresa: en miles de pequeños establecimientos era frecuente que un solo delegado ostentase la representación sindical de un puñado de trabajadores.

¿Cómo se desempeñaban, en la práctica, estos miembros del ejército raso sindical? Cumplían sus tareas al igual que el resto de sus compañeros. Percibían la misma remuneración y dedicaban el tiempo libre a su labor sindical. En casos justificados por la importancia de sus gestiones podían obtener una licencia que les permitía dedicarse a la tarea sindical. No existía límite temporal para esta dedicación.

En este caso; la misma remuneración que percibían por su tarea en la fábrica les era abonada por el sindicato. Todos los trabajadores que desempeñaban cargos sindicales se encontraban protegidos contra el despido u otras medidas disciplinarias, desde el mismo momento en que era postulada su candidatura. Si el patrono quería despedirlos o sancionarlos debía, con carácter previo, demostrar los cargos que tuviese contra ellos ante un tribunal paritario integrado por trabajadores y empresarios. Sólo en el caso de que tal tribunal dictaminara que la supuesta falta se había cometido, el empresario podía aplicar la sanción.

El mandato de los delegados era revocable en la forma y con los alcances que el estatuto de cada sindicato estableciera. Su elección se realizaba en las propias empresas, cuando, éstas tenían cierto volumen humano mínimo. En caso contrario, la votación se hacía en la sede de los sindicatos.

Los delegados y miembros de comisiones internas conformaban un verdadero colchón entre la directiva sindical y las bases con las que se encontraban en estrecho contacto, de las que dependían y ante las que debían rendir cuenta de su función. La mayor o menor importancia que tuvieran los delegados en la estructura general del sindicato y en la toma de decisiones era una muestra de la democracia interna y de la participación de las bases en el gobierno sindical. Los delegados eran la red capilar del sindicalismo argentino, su savia y su futuro: de entre los más jóvenes habrían de salir, mediante la decantación de la experiencia, los futuros dirigentes.

Según la estructura legal de los sindicatos argentinos, al menos en teoría, los delegados del personal eran, formalmente, dirigentes del sindicato. Muchos estatutos reconocían que el conjunto de los delegados, reunidos en congreso o asamblea, conformaban un órgano directivo, de carácter intermedio pero de similar valor estatutario al del órgano supremo, la asamblea de afiliados o al órgano ejecutivo permanente[69]. La reunión de delegados de todas las empresas tenía, de hecho, mayor representatividad que la misma asamblea general: en ésta participaban sólo los afiliados. En cambio, los delegados provenían del mandato de todos los trabajadores de la rama, afiliados o no. Era, ciertamente, una emanación de la clase obrera, al menos en una actividad y zona determinadas. En cuanto a las atribuciones que tales órganos poseían, solían ser de carácter consultivo y en algunos casos, también resolutivo.

Contenido de la acción sindical en la empresa

¿Cuál era el alcance de la acción sindical desarrollada en el seno de la empresa? ¿Cuáles eran las funciones específicas de estos delegados? Es difícil responder con precisión a esta pregunta, pues la regulación legal guardaba silencio sobre el tema, pese a ser tan minuciosa en otros aspectos de la vida sindical e incluso en cuestiones secundarias como la forma de elección de los delegados. Podía recurrirse como fuente a algunos convenios colectivos o estatutos de sindicatos. Pero también estas fuentes eran inciertas e incompletas.

En esta materia, la ley era la práctica misma. Y por lo tanto, la única referencia que puede aportarse es resultado de la observación directa de la realidad[70].

Podría intentarse una síntesis de esas funciones diciendo que ellas tenían dos características: eran reivindicativas y participativas. Pero esas dos pautas no estaban separadas; la participación —es decir la intervención directa de los representantes del personal en distintas áreas de la gestión empresarial— era conflictiva y por lo tanto contenía también un fuerte componente reivindicativo.

En suma, las comisiones internas desempeñaban la labor de reivindicación sindical en el interior de la empresa y, en consecuencia, en la distribución del poder en el seno de la misma.

Podían distinguirse distintas áreas. Una de ellas, la social. Compuesta por las medidas de gestión que tenían que ver directamente con los derechos individuales de los trabajadores.

Por ejemplo, la aplicación de medidas disciplinarias; el pago de remuneraciones ordinarias o extraordinarias, comisiones, etc. y el control de su correcta liquidación; los cambios de sección o de tarea; la seguridad e higiene en el lugar de trabajo; la aplicación del régimen de licencias y descansos; la gestión de determinadas prestaciones accesorias por parte de la empresa, como guarderías, comedores, servicios médicos o actividades recreativas.

En todas estas actividades se encontraban en juego derechos básicos y fundamentales del trabajador: al salario, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación en el trato, al ascenso, etc. De no actuar en esta área un contrapoder constituido por los propios trabajadores, tales derechos quedarían en el ámbito exclusivo de la voluntad del patrono. Las comisiones internas argentinas hicieron de este campo el primer escalón de su accionar. Mediante la impugnación de toda medida injusta o arbitraria, el control, la denuncia, la intervención, la confrontación de criterios patronales abusivos y la postulación de innovaciones y conquistas tendientes a introducir una racionalidad laboral menos material y más humana, las comisiones internas han luchado por intervenir, conflictivamente, en la gestión y por reivindicar parcelas de poder en la empresa.

Si había pocos basamentos legales en que fundar esta acción sindical en torno a lo que he llamado el área social, menos los había en el área técnica: en las actividades que tenían que ver con la organización de los factores en la empresa. También aquí, como en el supuesto anterior, se trataba de ampliar las fronteras de la acción sindical hasta donde era posible, explorando los derechos reconocidos por el estatuto individual del trabajador y redimensionándolos. En lo que hace a la organización general de la producción y del trabajo en el establecimiento, se trataba de limitar y restringir el poder discrecional del patrono en función de las necesidades e intereses del trabajador. En cuanto a la distribución del personal dentro de las distintas secciones, se buscaba que la misma fuese equilibrada. En materia de políticas de ingreso y selección, se trataba de que no incluyeran abusos. Con referencia a la determinación de ritmos, se evitaban las exigencias y premiosidades degradantes de la salud psicofísica de los trabajadores. En estas cuestiones, así como en el candente problema de la formación profesional —tan importante para evitar frustraciones profesionales por imposición de una formación orientada exclusivamente por la patronal— o de la categorización y promoción del personal, las comisiones internas acreditaron innumerables experiencias. La intervención de los representantes sindicales en estas temáticas empresariales, en la medida que ellas se encontraban más alejadas de los derechos individuales del trabajador, enfrentaban una mayor resistencia patronal. En consecuencia, la posibilidad de actuación en este campo debió ser conseguida mediante la confrontación directa y los cauces para una intervención integrada y con contenidos de colaboración, fueron menores.

Finalmente, la tercera de las áreas de gestión empresaria, la económica, reivindicada como coto exclusivo del empresario, fue tan sólo asediada por las fuerzas sindicales. Sin embargo, siendo difícil escindir las distintas áreas de una empresa (constituida por una trabazón de factores muy unidos), también se ejerció influencia sobre el manejo económico, a través de la intervención obrera en los campos social y técnico.

Balance de una experiencia sindical:
la participación conflictiva

De lo expuesto pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1) Los delegados del personal y comisiones internas han constituido, en la realidad sindical, una forma propia y original, aunque restringida, de participación obrera en la gestión de la empresa.

Mediante este contenido participativo, la acción sindical en los lugares de trabajo ha dotado al movimiento obrero argentino de una dimensión enriquecedora. Ha contribuido a insertar la dimensión sindical en la vida cotidiana de los trabajadores. Ha dado a la reivindicación laboral, a la protesta frente a las injusticias y abusos, un instrumento cuya inmediatez con la desventura del trabajador hacía vivenciar en forma directa la importancia de la solidaridad obrera. Al delegado se acudía en busca de ayuda, de orientación. El delegado ha sido el sindicato mismo, corporizado en el ámbito diario del trabajo. Los trabajadores encontraban en los delegados el primer contacto con el sindicato. El delegado ha sido promotor sindical, propagandista, portavoz. Todas las grandes movilizaciones, todos los grandes combates que ha protagonizado la clase obrera argentina desde 1945 hasta la actualidad no podrían explicarse sin ese gran mecanismo transmisor que ha sabido encuadrar y organizar a las bases corno.

Pero, por valiosa que fuese esta dimensión —la organización de la militancia sindical— aún fue superior la acción sindical en la empresa como vehículo de participación en la gestión de la misma. Se trataba de la distribución del poder en los lugares de trabajo y la incidencia que allí tenía la acción sindical: como praxis pedagógica, como proceso concientizador, como vehículo para que los trabajadores aprehendieran su propia capacidad para la gestión de la actividad que realizaban.

Esa intervención debió procesarse por una vía conflictiva, en razón de no existir cauces legales abiertos. Ello aumentó la fuerza formativa de las experiencias realizadas en este campo.

2) Caracterizó a la representación sindical en la empresa el que su fuente no fuera la regulación legislativa sino un conjunto no sistemático de normas legales, convencionales, estatutarias, consuetudinarias, de principios de intrínseco valor normativo, profundamente arraigados en la comunidad.

En general, el derecho colectivo laboral argentino ha sido profuso. Por ello puede extrañar que no se hayan incluido las funciones de la representación sindical en la empresa en las regulaciones legislativas. ¿Cuál pudo ser el motivo de ese silencio legal? Se pueden formular varias hipótesis:

a) Falta de interés de las organizaciones sindicales en impulsar un régimen participativo. Pero la CGT, en diversas formas y momentos, ha reivindicado la ampliación de la acción sindical en la empresa y la intervención en la gestión. De hecho, ha habido un vivo interés de las bases, que han impulsado las experiencias concretas analizadas. Sin embargo, la inestabilidad político-institucional, las constantes vicisitudes provocadas por la conflictuada historia reciente, los frecuentes momentos de involución en la marcha del movimiento obrero, no han sido propicios para acceder a regímenes estables que pudiesen plasmarse en una norma. En un proceso caracterizado por un continuo hostigamiento a las fuerzas populares y una férrea resistencia al cambio social, el objetivo permanente del sindicalismo argentino ha estado dirigido a fortalecer su estructura unitaria, a cerrar filas, conformando sindicatos monolíticos. Esta necesidad obligó, muchas veces, a postergar desarrollos que hubiesen supuesto una mayor apertura a las bases: entre ellos, experiencias de signo democratizador como la participación obrera en la empresa.

b) Otra tesis apunta a la deficiente preparación de los trabajadores argentinos. La experiencia del movimiento obrero la desmentía. Bastaba observar la tradición sindical del mismo, su avanzada práctica participativa, el alto porcentaje de sindicación, las posibilidades de implementar un vasto campo de formación y educación profesional al alcance de los sindicatos (campo que estaba comenzando a explorarse en 1976), la complejidad de la composición social y cultural de la masa asalariada y sindicalizada y el fenómeno ya indudable de la creciente sindicalización de técnicos y profesionales, que aseguraba la presencia de cuadros sindicales de singular preparación.

c) La falta de regulación legal por vía legislativa parecía deberse, conscientemente o no, a una voluntad de diferir el campo específico de la intervención obrera en la empresa a la contratación colectiva, como medio considerado más idóneo (por su mecánica más ágil y dinámica). Sin embargo, todo el resto de la temática sindical cayó en Argentina bajo el tratamiento legislativo, en particular y de manera minuciosa, el funcionamiento y organización de los sindicatos, los medios de acción directa, la contratación colectiva, etc.

En suma, si bien alguna de las causas antes señaladas pudo haber influido en este vacío legislativo, el verdadero motivo ha sido otro: la resistencia del patronato a admitir cualquier cambio. Toda forma de participación obrera en Argentina, ya fuera desarrollada o incipiente, ya pusiera el acento en el exclusivo control obrero o en la integración de órganos paritarios, ha tenido y tiene una inequívoca connotación revolucionaria.

3) Más arriba se hizo alusión a las iniciativas parlamentarias que intentaron aprobar en diferentes épocas, algunos grupos políticos minoritarios. El último de estos intentos tuvo una importancia especial. El 25 de septiembre de 1975 el senador del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), Afrio Pennisi, dirigente del sindicato metalúrgico, presentó en el senado un proyecto de ley. Por el mismo se propugnaba el control obrero en las empresas que tuvieran más de 500 trabajadores o participaren en el mercado nacional específico en una proporción mayor del 10%. El control sería ejercido por los trabajadores a través de un órgano de, por lo menos, cuatro miembros dependientes de la misma empresa, «en lo posible, seleccionados del cuerpo de delegados». La designación estaría a cargo del sindicato. El órgano de control rendiría cuentas ante el sindicato y ante la asamblea de trabajadores, «cuando las circunstancias lo aconsejen», informando sobre la marcha de la empresa. El control abarcaría los siguientes ámbitos: comercial, jurídico, técnico, económico y financiero, especificándose, en estos dos últimos campos, entre otras, las siguientes áreas: reinversión, análisis de la rentabilidad, previsiones de tesorería, etc. Se preveía un amplio acceso de la representación obrera a la información sobre la empresa, estableciéndose que, de observar la misma alguna anomalía debía comunicarla al sindicato a fin de que éste, «en salvaguardia de los intereses de los trabajadores y de la comunidad toda», interpusiera las acciones pertinentes.

El proyecto de Pennisi fue el más avanzado de todos los que se presentaron en el parlamento argentino. Pero, además, tenía otras singularidades. Fue el único que estuvo realmente en condiciones de ser aprobado. Lo respaldaba la mayoría gobernante. Fue, igualmente, el único que contaba con el apoyo directo del movimiento sindical. El propio autor del proyecto, además de senador, era uno de los principales dirigentes obreros del país. Encabezaba el grupo parlamentario sindical, que reunía alrededor de un tercio de los legisladores de la mayoría peronista. Contaba con el auspicio expreso de la CGT. El proyecto, que ligaba el ejercicio de las facultades de control a los órganos reivindicativos de la empresa —el comité de control estaría integrado por delegados— distaba mucho de ser una utopía. Cualquiera que fuese el juicio que merezca desde puntos de vista doctrinarios o técnicos (y evidentemente contenía gruesos errores), no podía negarse que era viable y que obedecía a una necesidad objetiva y a una apetencia de los trabajadores por ampliar las bases de su poder efectivo en la sociedad. Mas adelante abundaré en ello.

El golpe militar de 1976 y la acción sindical en la empresa

La doctrina oficial del golpe de Estado de 1976 aducía la existencia de una supuesta corrupción en el sindicalismo argentino: era necesario «corregir los errores y los vicios» de los sindicatos. Hasta tanto se consumara esa depuración, se suspendían los derechos sindicales.

Este burdo pretexto fue utilizado como cobertura para una violenta represión contra el movimiento sindical. Siendo la organización en la empresa el núcleo más vivaz y dinámico de ese movimiento, contra ella se dirigió, primordialmente, la persecución.

Sin embargo, al gobierno militar no le convenía aparecer formalmente enfrentado a las organizaciones dé base. El fundamento esencialmente democrático de éstas las hacia irreprochables y las ponía fuera del alcance de las consabidas críticas a la burocracia sindical.

Por lo tanto, en un plano puramente teórico, las comisiones internas no fueron objeto de sanciones específicas. Incluso, en algunas reglamentaciones, se llegó a reconocer su existencia y funcionamiento.

Pero esto no fue más que un subterfugio. La represión cayó con dureza sobre los delegados sindicales. Lo hizo en dos niveles distintos.

Al suprimirse las libertades sindicales, la función del delegado, que por su esencial dinamismo necesitaba de ellas como del aire para respirar, quedó radicalmente amputada. En un plano legal, la suspensión de la actividad sindical, expresión ambigua utilizada por el gobierno militar para enmascarar la represión antiobrera, clausuró cualquier resto de legalidad que pudiera ostentar la acción en la empresa.

Si bien, en el papel, los delegados podían realizar gestiones relativas a «… la defensa de los derechos individuales, concretadas en denuncias de incumplimientos de normas legales o convencionales vigentes…», estaba claro que la genérica «suspensión» arriba mencionada, la intervención militar que pesaba sobre la mayoría de los sindicatos y sobre la central única, la abolición del derecho de huelga y la batería de leyes represivas, tomaban esa permisión aleatoria y, a lo sumo, sujeta a los límites que el patrono o la autoridad militar admitieran.

Pero el plano legal no fue el único en el que se verificó la restricción de la actividad sindical en la empresa. La represión se ejerció en otro nivel, fáctico. El de la violencia de Estado, el de la criminalidad impune.

Fueron numerosos los casos de delegados asesinados o encarcelados. Esta represión cruda causó, como era lógico, el terrible efecto intimidatorio que era uno de sus objetivos.

El ejercicio de cualquier derecho sindical, reivindicación, protesta, queja o reclamo suponía para el trabajador —carente de toda protección legal y personal— el concreto riesgo de despido, en el mejor de los casos. Pero además la amenaza inminente de la prisión, tortura, muerte o «desaparición», sin apelación alguna a autoridad o instancia judicial de ningún tipo. En la Argentina de 1976, la indefensión del individuo era absoluta. En dichas condiciones —no podía ser de otra manera— el absolutismo patronal alcanzaba cotas muy altas y los derechos laborales retrocedieron consiguientemente.

A lo largo de este capítulo he analizado la organización sindical en la empresa, tal como se había configurado hasta 1976. El lector, llegado a este punto quizás se preguntará, ¿qué fue de esa organización?, ¿para qué ha servido si finalmente, todo se hundió bajo la oprobiosa prohibición de la dictadura?

Como es obvio, todas las estructuras populares en Argentina vivieron un serio retroceso. La sindical fue duramente castigada. La organización en la base, uno de sus bastiones, sufrió golpes terribles.

Pero, al principio lo recordaba, una de las características de la organización de base es la resistencia que su modalidad diversificada y capilar puede presentar ante cualquier forma de persecución.

La estructura de la representación sindical en la empresa permaneció, en su conjunto, hibernada. Ese estado latente, imprescindible para su supervivencia histórica, fue la garantía de su resurrección, perceptible ya y de manera creciente a partir de 1978/1979.

Allí nacieron las acciones de resistencia y lucha cuando lo permitieron los resquicios de legalidad en el bloque represivo. Allí residieron las posibilidades de agrandar esa brecha, de forzar cambios, de combatir de una manera u otra.

¿Cómo hubieran podido las fuerzas que dominaron el país en 1976 erradicar la conciencia sindical de los trabajadores argentinos? Esa conciencia se sustenta, en buena medida, en el conocimiento vivenciado de sus derechos frente a la soberanía patronal. La organización sindical en la empresa, aún aletargada, fue y es el fundamento de esos derechos.

CAPITULO VI

Realidad sindical y orden jurídico

La profusión fue una de las características del derecho sindical argentino, a partir de su nacimiento, en 1945[71]. Basta para comprobarlo echar un vistazo a la producción legislativa de esos años. El origen de tal inflación fue el desarrollo y crecimiento del movimiento obrero. Pero la relación entre ambos términos —derecho sindical y organización de los trabajadores— tuvo un signo doble. Por un lado y en su sentido más evidente, la legislación sindical ha sido fruto directo de los combates y luchas libradas por los trabajadores. El camino recorrido desde la ilicitud del sindicato a su admisión como sujeto de derechos específicos, se reflejó en el edificio legal levantado, palmo a palmo, por el esfuerzo de la clase obrera.

Pero una parte de la maraña legislativa sindical tuvo en el combate obrero sólo su fuente mediata. Su génesis, a la inversa, se encontraba en el accionar de fuerzas sociales hostiles, o escasamente sensibles a los intereses sindicales, que utilizaron ese elemento instrumental para recortar conquistas ya ganadas o para producir retrocesos sobre terrenos ya abonados en la conciencia y la praxis sindicales.

Así pues, ha habido un derecho sindical de inspiración obrera y otro de origen antipopular. Éste, en definitiva, ratificó la importancia alcanzada por las estructuras obreras, su peso social, la imposibilidad de ignorarlas o soslayarlas del cuerpo jurídico.

Derecho sindical y movimiento obrero

Las relaciones entre derecho y realidad no siempre son pacíficas. Menos suelen serlo entre derecho y realidad sindical, dimensión ésta que genera una dinámica acelerada, frecuentemente en colisión con las tendencias estáticas del orden jurídico.

En la fase más tormentosa de esa relación, el hecho sindical es expulsado del limbo del derecho, arrojado al infierno de lo antijurídico. Ello sucede cuando la coalición para la huelga (antecedente histórico y el núcleo último del sindicato moderno) es considerado una asociación ilícita. En ocasiones más propicias, el hecho sindical es admitido por el derecho, con diferentes grados de amplitud. Las relaciones devienen, entonces, más calmas.

Pero el «hecho sindical» es, siempre, un huésped conflictivo en el ámbito jurídico. Como agente de cambio social, el sindicalismo —cualquiera que sea su característica— se acomoda con dificultad a la estratificación jurídica. Además, la realidad sindical tiende a producir sus propias fuentes normativas. El derecho sindical suele desviarse del cauce legislativo y desarrollar una autonomía jurídica considerable. Los factores extranormativos —la historia, los hechos de la realidad, los cambios, las tendencias sociales— tienen influencia decisiva en el derecho sindical.

En la escolástica jurídica, que divide el saber en ramas, aquél suele ser admitido con reparos y frecuentemente enviado al desván de las subramas, considerándolo como parte menor del derecho del trabajo, en el que la relación laboral del individuo-trabajador ocupa el lugar preferente. En otras ocasiones se lo confina, en un maridaje extraño, junto a la seguridad social.

El derecho puede ser un rico vehículo de penetración en la médula de la realidad sindical, siempre que se lo analice criticamente. Derecho y realidad —en este caso realidad sindical— son como dos cursos de agua. Muchas veces corren separados. Sus meandros suelen ir desencontrados; en ocasiones divergen. En algunos casos afortunados, sus lechos se fusionan y las aguas, enriqueciéndose mutuamente, fluyen con generosidad.

En uno y otro supuesto, el derecho, estructura instrumental, ilumina la realidad. Ya sea porque la contiene y la describe. Ya sea porque la rehuye o la ignora. Ya sea porque explícitamente la condena y la persigue.

Un análisis desacralizado del derecho supone huir de la exegética jurídica al uso, que suele confundir, con clara filiación positivista, la ley escrita con el derecho todo.

Esta identificación, falsa cuando se la plantea como absoluta, no se tiene en pie en ningún campo de la ciencia jurídica y menos lo hace en el ámbito sindical. En otras palabras, quien piense conocer la realidad sindical examinando el repertorio de las leyes positivas, sólo verá una pálida apariencia de esa realidad (si no ve una grotesca caricatura de la misma). Y, aun en el mejor de los casos, cuando esa normativa se ajuste a la realidad, el aparato jurídico sólo será una andadura de la realidad, siempre más rica y compleja.

La profusión legislativa

La profusión legislativa no siempre supone respeto a las libertades sindicales ni mucho menos avances efectivos de la clase obrera en la estructura político-social. Lo demuestran la legislación sindical italiana del período 1922-1943 o la española del lapso 1939-1975, ambas robustas de contenido pero apoyadas en la destrucción y represión del movimiento obrero auténtico. Lo demuestran también, muchos países del Tercer Mundo, que esconden la orfandad de sus estructuras sindicales bajo barrocas construcciones legislativas.

Sin embargo, si no conviene sobrevalorar la cantidad para mensurar la importancia de un derecho sindical, tampoco procede ignorarla.

Los derechos sindicales que los trabajadores argentinos consiguieron en treinta años de brega han sido un testimonio del espacio social que han sabido ganar con esa lucha. Detrás de cada texto legal hubo una masa de sacrificio obrero.

El movimiento sindical ha precedido siempre a la legislación. La vida sindical ha estado siempre en ebullición. La ley también: el derecho no ha sido nunca un derecho «muerto», desvaído o hueco. Ha sido motivo de agitación y discusión. Derecho controvertido por las fuerzas reaccionarias cuando era fruto del accionar sindical. Medio para ampliar y profundizar sus conquistas por las fuerzas del trabajo, cuando éstas contestaban las formulaciones paternalistas, evasivas o represivas, que el poder antipopular instrumentaba jurídicamente.

El derecho sindical, pues, no ha sido nunca un florero. Su contenido ha abarcado desde la huelga al convenio colectivo, desde la organización del sindicato hasta las formas de conciliación de los conflictos, desde la vigilancia administrativa y judicial de los actos antisindicales del patronato hasta la protección a las libertades sindicales en el seno de la empresa.

Caracterizaron al derecho sindical argentino su riqueza y amplitud temática, su vigencia efectiva en la comunidad laboral y su aplicabilidad asegurada por el control sindical.

Estado y sindicalismo

Ese carácter profuso de la legislación sindical parecía estar en relación con su acentuado estatismo.

En las sociedades autoritarias se tiende al intervencionismo estatal en la vida sindical, regulada, en considerable medida, por normas legislativas. Si el autoritarismo decrece, la intervención estatal se reduce y el derecho sindical de raíz legislativa es menos profuso: crece el derecho consuetudinario y la autonomía normativa de los sindicatos.

El derecho sindical argentino nació durante el primer período del gobierno de Perón, signado por la presencia de un Estado fuerte, de base democrática, con importante participación de las fuerzas sindicales en el poder. En semejante cuadro, el movimiento obrero reivindicó el crecimiento de la intervención estatal en la vida sindical. Era coherente que así sucediera: ocupando el poder político un movimiento de composición popular, los sindicatos veían en él una garantía para su supervivencia y desarrollo frente a cualquier maniobra tendiente al amarillismo, a la fractura sindical o al debilitamiento de la unidad obrera por parte de un establishment momentáneamente alejado del gobierno pero aún operante.

En consecuencia, el derecho sindical, a través de la primera regulación de los sindicatos (decreto 23.852 de 1945, convertido en ley 12.921 en 1946) y de la ley 14.250 de convenios colectivos (1953), nació en Argentina con un fuerte carácter estatista: necesidad de autorización gubernativa para ejercer la representación efectiva en cada rama de producción, homologación estatal de los convenios colectivos como requisito de su vigencia, etc.

No está demás recalcar en qué condiciones se dictaba esta legislación: habiendo obtenido el movimiento obrero argentino, por primera vez después de muchas décadas de existencia y de querellas intestinas, una unidad coriácea. Habiendo adquirido, en función de un cambio en la composición socioeconómica de sus cuadros, una verdadera integración nacional. Participando, en posiciones de privilegio, de un frente político que obtuvo en 1946, en elecciones democráticas, una ajustada victoria convalidada en 1952 por cifras más desahogadas.

La superposición de sindicalismo y poder político (tema y problemática ardua) produjo pues, en dicho período de la historia sindical argentina este resultado concreto: un derecho sindical amplio y fundamentalmente estatista.

Hay otra regla que la experiencia histórica señala en este terreno: cuando el poder es ocupado por fuerzas políticas afines al movimiento obrero, conviene a éste procurar el desarrollo de un derecho sindical de raíz legislativa, pues dicho movimiento podrá, en tales circunstancias, obtener normas que signifiquen avances sobre los derechos ya existentes. Cuando el poder es ocupado, en cambio, por fuerzas políticas contrarias al movimiento obrero o en las que éste carece de hegemonía o influencia, conviene que no se dicten normas legislativas sobre la vida sindical, pues de hacerlo, las mismas no significarían un avance. Por el contrario, y siempre que el nivel de libertad sindical sea apreciable, conviene dejar la vida sindical librada a su dinámica espontánea, pues a través de ésta, el movimiento obrero podrá explorar a fondo el marco de libertad sindical, conquistando, mediante la práctica concreta, nuevos derechos.

Estas reglas básicas fueron seguidas por el sindicalismo argentino, por lo menos en su primera premisa, ya que la segunda (que presupone el goce de libertad sindical irrestricta en un sistema de hegemonía no popular) prácticamente nunca ha sido conocida en el país. Así se consiguieron los derechos sindicales básicos en la normativa de 1945-1946, la primera que existió en el país. Simultáneamente, un creciente y sostenido desarrollo de las estructuras sindicales, hizo efectivos y operantes tales derechos.

En 1955, la contrarrevolución oligárquica desplazó al movimiento popular del gobierno mediante un golpe de Estado. La ideología de ese golpe fue la del antiautoritarismo y su fin autoproclamado la restitución de una supuesta libertad política que habría sido conculcada por el régimen depuesto. Dicha cobertura escondía, sin embargo, un autoritarismo mucho más feroz que se basaba no ya en el consenso democrático de las mayorías, como el gobierno de 1946-1955, sino en la ilegitimidad de un acto de fuerza y en el apoyo a los intereses minoritarios y antipopulares. De ser coherente con sus postulados, el gobierno surgido del golpe de Estado de 1955 debería haber suprimido el estatismo de la vida sindical, en consecuencia con el liberalismo del que presumía teóricamente. Lo mismo valía para los gobiernos que le siguieron hasta 1973, todos ellos ilegítimos pues se fundaban en la prohibición del peronismo. No fue así: las sucesivas administraciones hicieron uso generoso de las facultades que los ordenamientos legales —o las circunstancias de hecho— fueron estableciendo en favor del Estado. El régimen de 1955, luego de una feroz represión, produjo una regulación sindical que era coherente con su pregonada filosofía pero no con su naturaleza y su accionar político. El decreto 9270 de 1956 estableció un régimen de pluralidad sindical, propiciando la proliferación de organizaciones.

Este sistema, pronto fue abandonado por inservible. Sucedió en la práctica que los trabajadores, en lugar de dividirse en un abanico de sindicatos de distintas opciones ideológicas, como pretendían los legisladores, siguieron nucleados en fuertes sindicatos unitarios por rama, de inclinación peronista. A partir de 1958, restituido el régimen anterior, los distintos gobiernos que se sucedieron, civiles y militares, continuaron interviniendo en la vida sindical. Pero, esta vez, se trataba de gobiernos en los que no sólo no estaba representada la clase trabajadora sino que, casi siempre, eran abiertamente hostiles a ésta.

Durante este lapso, la autorización gubernativa como requisito para la representación exclusiva de la rama, que en manos del gobierno popular era un arma para potenciar la unidad obrera, se utilizó para fracturar a los trabajadores. La homologación estatal para que el convenio colectivo tuviese vigor, instrumento de unificación para que el avance popular atendiese a intereses globales, se convirtió en una barrera arbitraria a las reivindicaciones sindicales. También se usó la prohibición expresa de que los sindicatos intervinieran en política. Otras medidas fueron ejercidas sin contemplaciones, estructurándose un derecho sindical represivo: creación de sindicatos paralelos, suspensión de derechos, etc.

La discontinuidad de la regulación sindical

Todo orden jurídico tiende por su propia naturaleza a la permanencia, reflejando el afín de estabilidad del orden político que lo sustenta. ¿Podría decirse que el derecho sindical argentino, en un balance de treinta largos años de vida, ha fracasado? Ese derecho, podría argüirse, al cabo de muchas vicisitudes, se derrumbó en 1976: ha reinado en el país, como antes de 1946, el vacío jurídico.

Pero esta conclusión incurre en el vicio que antes había denunciado: sacralizar el derecho. Éste no triunfa ni fracasa. Lo hacen sí las colectividades, las naciones, los pueblos, los grupos sociales. Podría decirse, entonces, que los trabajadores y las estructuras organizativas que ellos han creado para su lucha social han fracasado en el empeño de sustentar y mantener, con permanencia y estabilidad, un orden jurídico protector de las libertades sindicales.

Pero tampoco esta afirmación es convincente. El derecho nace de los contenidos políticos que se desarrollan en el seno de una sociedad. Primero, como proyectos sociales. Alcanzado el poder, esos postulados se plasman en normas legales. Ya introducido en el corpus jurídico, ese derecho experimenta la prueba de su contacto con la realidad. Su contenido puede ser asumido por el cuerpo social como un concepto inmanente de justicia que la comunidad acepta. O bien ser rechazado en ese plano visceral y caer en el olvido. O bien ser aplicado por el mero imperio coercitivo de la sanción. Hay un derecho socialmente imperante que no siempre coincide con el derecho formalmente impuesto[72]. Aquél es el que ha alcanzado una aceptación profunda en el alma de la comunidad, éste permanece en el limbo de la entelequia jurídico-formal o bien, impuesto por la fuerza, deviene en un orden represivo.

Desde este punto de vista, no puede decirse que el derecho sindical argentino haya fracasado. Es cierto que no tuvo estabilidad en sus contenidos y que sus expresiones formales cambiaron con frecuencia. Pero aun dentro de sus vaivenes, el arco de la legalidad sindical que se extendió entre 1946 y 1976 guardó una considerable coherencia en su tendencia general.

Con inevitables avances y retrocesos configuró una normativa que superó con creces la prueba de su contacto con la realidad. A través de ella se operó aquella fecunda fusión entre derecho y realidad en que ambos términos dialécticos experimentaron un mutuo enriquecimiento.

Es cierto que ese orden jurídico cayó en 1976. Pero las creaciones culturales de un pueblo (como lo es una normativa jurídica que ha estado fuertemente encamada en la vida de la comunidad) nunca desaparecen del todo. Su profundo enraizamiento social preanuncia su restauración.

La desaparición en 1976 del derecho sindical no fue sino un fragmento, por importante que él sea, de un fenómeno más general, el cuadro de esquizofrenia política de una nación escindida entre una legalidad que ha elegido pero que no puede ejercer y una realidad que, por el imperio de la fuerza, ha vulnerado abiertamente esa legalidad.

Derecho sindical y derecho individual de trabajo

En la pedagogía jurídica se hace una cuidadosa distinción entre derecho colectivo y derecho individual del trabajo. El primero se refiere a las normas vigentes para las pluralidades de trabajadores y, en especial, para los sindicatos. El segundo, en cambio, tiene por objeto las relaciones individuales entabladas entre el trabajador y el patrono. Este dualismo, sin embargo, sólo vale como mero indicador didáctico. La interpenetración entre ambas normativas es constante.

El mundo sindical tiene una dinámica propia, refractaria a las estratificaciones: es un mundo esencialmente abierto, cambiante, con una fuerte capacidad para autogenerar pautas de conducta y normas superadoras. Los llamados derechos individuales del trabajador, que incluyen los de contenido económico (salariales) y las condiciones de trabajo, son permanentemente influenciados, a poco que existan realmente libertades sindicales y una estructura sindical seria, por la realidad del movimiento obrero. La autonomía contractual del sindicato, en la medida que convierte a éste, a través del convenio colectivo, en organismo colegislador, destruye la soberanía absoluta del Estado como único poder legislador.

La presencia del sindicato en la empresa, a través de los órganos de representación de los trabajadores, introduce el universo sindical en la vida cotidiana de éstos y en la relación que ellos entablan con sus patrones.

La acción político-institucional que desarrollan las organizaciones obreras frente a los poderes estatales tiene una importancia decisiva en la configuración del derecho laboral, al punto de ser determinante de la evolución de las normas legislativas sobre el tema, así como de la regulación de los niveles salariales que los gobiernos suelen hacer, hoy por hoy, aun en regímenes que funcionan con una economía de mercado.

Estas reflexiones son aplicables al derecho de los trabajadores que ha regido en Argentina. Existieron, desde principios de siglo, normas protectoras provenientes de la acción de minorías políticas socialistas o católicas, sensibles al problema obrero. Pero sólo la consolidación organizativa de sindicatos unitarios, fuertes, homogéneos en su práctica política, otorgó verdadero impulso a la legislación sobre el contrato de trabajo y sus modalidades, superando la dispersión y las lagunas.

Para que se produjera un verdadero desarrollo y evolución del derecho individual del trabajo fue necesario:

1) El reconocimiento de plenas libertades sindicales, lo cual sólo se consiguió mediante la primera normativa sindical, en 1945.

2) La institucionalización de los sindicatos como factores de poder aceptados, mal o bien, en el marco de una sociedad con fuertes tendencias a la modernización.

3) El reconocimiento de su capacidad de negociación colectiva, lo que permitió a los sindicatos incidir directamente en la condición cotidiana del trabajador.

4) El abandono de la pasividad laboral del Estado que dejó de ser un elemento indiferente al conflicto para intervenir en él, mediante adecuadas estructuras de control del fraude y la infracción patronal y su actuación como poder conciliador en las contiendas colectivas.

Entre 1943 y 1955 se dictaron numerosas normas concernientes al derecho individual de trabajo: por ejemplo, un estatuto protector para el peón de campo, la obligatoriedad de vacaciones anuales, la instauración obligatoria de una paga anual suplementaria (aguinaldo), la creación de tribunales de trabajo, jubilación para empleados y obreros industriales, siendo estos últimos beneficiarios de sistemas de protección contra el despido arbitrario y un eficaz control de las jornadas máximas de trabajo, entre muchas otras.

Las bases legales de la contratación colectiva eran precarias. Hasta 1953 no existió una normativa que tomase obligatorias las cláusulas de los convenios. Para eludir el obstáculo que representaba esa carencia de un vehículo legal, algunos sindicatos buscaron y obtuvieron la sanción de «estatutos profesionales».

Los mismos reglamentaban, con mayor o menor minuciosidad, todas las condiciones laborales que regían una actividad u oficio determinados. Sustituían a los convenios colectivos, que carecían de vigor legal. Es claro que la justificación real de dichos estatutos, desde el punto de vista técnico jurídico, podía ser únicamente la regulación de actividades que por sus modalidades especiales escapasen al régimen general. Pero, por esta vía, fueron varios los sindicatos que «colaron» una normativa propia, costumbre que siguió aplicándose en años posteriores, ya desaparecido el impedimento que suponía la falta de una ley sobre negociación colectiva[73].

El derecho individual de trabajo fue haciéndose mediante la acumulación desordenada y fragmentaria de normas que frecuentemente eran modificadas, a través de la lenta y gradual consolidación de la contratación colectiva, de las decisiones de la magistratura laboral y, sobre todo, de la práctica de unas relaciones laborales en las que la presencia constante de la acción reivindicativa sindical en la empresa era decisiva.

En algunos períodos breves, de relativa calma institucional dentro del agitado proceso político argentino, se intentó ordenar esa masa normativa dispersa. Por ejemplo, durante el gobierno del radical Arturo Illia se instrumentó un proyecto de código de trabajo que no llegó a obtener sanción legislativa en virtud del golpe de Estado que derribó al gobierno.

La magistratura laboral

La creación de una jurisdicción especial ante la cual se tramitaran las contiendas de derecho individual entre trabajadores y patrones, en 1944[74], fue uno de los factores que apresuraron el desarrollo de un derecho laboral.

En primer lugar por constituir un medio de aplicación directa de la normativa laboral; además, por introducir, en un ámbito como la magistratura, tan tradicional mente ligado a la mentalidad conservadora y refractaria a los aires sociales, una cuña democratizadora, aunque más no fuese por la masiva presencia de trabajadores en sus salas. Una justicia laboral, aún mediatizada por los criterios elitistas que han deformado la administración judicial, no dejaba de ser un espacio social más cercano a los trabajadores que la indescifrable y lejana «justicia» de la que eran excluidos o víctimas.

Esa jurisdicción revestía también una importancia técnica, sobre todo en la ordenación del disperso material jurídico acumulado durante años (fuentes incompletas, lagunas legislativas, jurisprudencia encontrada, etc.).

La separación de una rama judicial para atender específicamente al mundo del trabajo, consolidó una estructura académica vinculada al derecho del trabajo. Todas las universidades argentinas, en sus facultades de estudios jurídicos y económicos, crearon cátedras de derecho laboral. Se constituyeron asociaciones de juristas vinculados a la especialidad. Se realizaron con regularidad congresos académicos. Se publicaron revistas y surgió una cierta escuela de laboralistas que contribuyó a introducir, no importa en definitiva cuáles hayan sido sus posturas, por la mera fuerza expansiva del tema, una ráfaga de aire social en el esclerosado campo del derecho.

Historia de una ley polémica

En octubre de 1974 la legislatura aprobó la ley 20.744, sobre contrato de trabajo. Esta norma, desde su mismo nacimiento, originó fuerte polémica. Fue uno de los argumentos más utilizados como justificación del golpe de Estado de 1976. Sirvió como pantalla para proyectar posturas políticas que jugaron, ardorosamente, distintos roles en la caótica situación de estos años.

¿Cuál era el verdadero contenido de esta ley? ¿Acaso cambiaba la condición del trabajador? ¿Acaso implantaba un nuevo orden de relaciones sociales?

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) de 1974 no alteraba, ni mucho menos, el principio de la libertad de empresa ni el poder de decisión del patrono frente a sus empleados. Sin embargo, ponía freno a los abusos que pudieran cometerse en la relación laboral. Otorgaba herramientas de considerable valor para evitar los fraudes legales, siempre difíciles de detectar y prevenir en la práctica cotidiana.

La ley se componía de 300 artículos con disposiciones dogmáticas y principistas, así como otras de índole práctica. Estas últimas regulaban con minucia y detallismo todas las contingencias posibles en la relación entre el trabajador y el empleador: remuneración, licencias, jornada de trabajo, suspensiones, transferencia y extinción del contrato de trabajo. Desde un punto de vista económico, la ley no concedía ventajas especiales a los trabajadores. En principio, ni siquiera establecía la estabilidad plena en el empleo —imposibilidad de despido libre— vigente en algunos países de economía capitalista. Es cierto que mejoraba los montos de las indemnizaciones por despido (en Argentina nunca existió un sistema de seguro de desocupación), pero lo hacía dentro de límites muy módicos. Lo mismo sucedía con relación a los plazos de vacaciones. La jornada de trabajo máxima no era alterada. Se preveía un procedimiento de «crisis en la empresa». Se ratificaban sistemas protectores al trabajo de mujeres y menores, incluyéndose como novedad en la legislación argentina, un sistema de excedencia que permitía a la madre trabajadora obtener una larga licencia posterior al parto.

La ley se basaba en las normas ya vigentes, incorporando la decantación operada en ese material legal por más de treinta años de elaboración jurisprudencial. No había en su texto ninguna transformación sustancial de las relaciones laborales.

En su parte dogmática, contenía una serie de principios generales tendientes a eliminar las discriminaciones y abusos contra el trabajador, así como a estrechar y limitar los márgenes del autoritarismo patronal en el seno de la empresa.

Dejando intacto el principio de la propiedad privada, la ley contenía una reforma que no excedía el proteccionismo laboral, pero que llevaba a éste a sus máximos límites posibles.

Era, tal como fue aprobada por la legislatura argentina en 1974, la culminación del derecho laboral argentino. Si alguna filosofía jurídica caracterizaba a esta ley, era el realismo. Su reformismo coincidió exactamente con la propuesta política que, explícitamente, habían aceptado las mayorías populares en las elecciones de 1973. La ley no era un salto al vacío. Casi ninguna de sus instituciones era ajena a vivencias ya conocidas por la comunidad laboral. Algunas porque ya estaban contenidas en la legislación anterior, en su totalidad o en parte, y en este último caso, la ley no hacía sino desarrollarlas y expandirlas. Otras, porque eran conocidas ya a través de convenios colectivos o en la práctica. Otras porque estaban insertas en reivindicaciones sustentadas por los sectores obreros, con la suficiente constancia y fuerza como para que sus contenidos se hubiesen internalizado en la conciencia popular.

La LCT, vista con la perspectiva que da el tiempo pasado desde su nacimiento, era una pieza excelente en cuanto instrumento jurídico receptor de un nivel de conciencia política popular. No salía de la estratosfera: venía de la realidad viva. Reformulaba en el ámbito jurídico un cúmulo de experiencias. Dejaba abiertas, sabiamente, ciertas puertas para su superación, en la medida que nuevas experiencias fueran vividas y reelaboradas en esa conciencia popular.

Fue una ley ordenadora. Sistematizó materiales de origen diverso: legislación dispersa, fórmulas ya adoptadas en los convenios colectivos, criterios jurisprudenciales, recomendaciones o convenios de la OIT, aportes de la doctrina o de legislaciones extranjeras. Sistematizar fuentes de origen vario en un texto ceñido, ordenado y sintético parecía una tarea que involucraba tan sólo a la técnica legislativa. Y sin embargo no era así. Esa tarea sintetizadora, a veces, tenía un considerable contenido político.

La síntesis desacraliza el derecho a los ojos de los trabajadores. La administración de justicia es vista con desconfianza por los económicamente menos privilegiados. La justicia suele ser críptica. La dificultad para entender las leyes, por su complejidad o dispersión, torna lo jurídico un reino de especialistas y lo aleja de una fácil comprensión popular. Cuanto mayor sea la complejidad y turbulencia de un orden jurídico, más se acentuará este divorcio entre los estamentos populares y el concepto de justicia.

En el caso concreto de los trabajadores y de la regulación del trabajo, la dispersión, favorecedora de jurisprudencias divergentes, de dualidad de criterios, de zonas grises y ambigüedades leguleyas, dificulta también la tarea de concientización política y de pedagogía sobre los propios derechos, que pueden intentar los sindicatos. En otras palabras, cuanto más claramente esté formulado un derecho, en su vestidura jurídica, más fácil será su aprehensión por el destinatario. La sistematización legal, que en ocasiones se confunde con la codificación, está lejos de ser un mero valor formal.

La sanción de la LCT en 1974 demostró la potencialidad política que puede tener una norma legal, concerniente al: mundo del trabajo, aprobada por un gobierno con participación popular y motorizada por las estructuras sindicales.

El 12 de octubre de 1974 el gobierno y la CGT organizaron una manifestación en la plaza de Mayo para celebrar la aprobación de la ley. Los distintos sindicatos habían impreso cientos de miles de ejemplares que distribuían gratuitamente. Quienes no lo obtenían por esta vía, podían adquirir el texto de la ley al precio de una revista. Miles y miles de trabajadores abandonaron esa tarde la histórica plaza hojeando aquel librito del cual habían escuchado loas, que contenía sus derechos cotidianos y sobre el que muchos iban a pasar su mirada, totalmente virgen de anteriores lecturas. Fue una operación de difusión de contenidos políticos de gran magnitud y si bien no tuvo en sí misma un significado revolucionario determinante, encerraba, como masivo gesto de autoesclarecimiento de derechos propios, muchas veces no ejercitados por ignorancia de los propios trabajadores, un hecho político de reveladoras perspectivas. He dicho que la LCT era una ley reformista, que no alteraba la estructura de la empresa privada. ¿Qué podían temer, entonces, el patronato y los sectores económicamente dominantes? Al fin y al cabo no era sino una ley, un instrumento de mediación social cuyas aristas más conflictivas pasarían por los filtros suavizadores de la interpretación judicial. Sin embargo, la reacción patronal fue inmediata, artera y descargada con intensidad concentrada. Consistió fundamentalmente, en una campaña infundiosa, tendiente a sembrar la idea de que la ley era un instrumento poco menos que diabólico, que abría el camino a la «sovietización» de la economía y el mundo laboral.

Lo que hacía la ley, en realidad, era perseguir con eficacia la comisión de fraudes legales, antes muy habituales y reforzar derechos económicos y laborales que, de una manera menos acentuada, ya estaban vigentes.

El patronato argentino reaccionó con una campaña pública para bastardear la ley. Utilizando de manera directa y, sobre todo, indirecta a los medios de comunicación de masas, se insistió sobre un aumento del ausentismo, que nunca fue fundamentado en cifras ciertas, y sobre la «culpabilidad» de la ley en ese crecimiento. Se aducía una presunta lenidad de la LCT, que nunca era explicada, hacia la vacancia laboral.

Ante las enfermedades del trabajador la ley establecía un mecanismo que, respetando el derecho del mismo para atenderse con su propio médico o el médico que le proporcionaba el sindicato, aseguraba al empresario el control sobre el diagnóstico. En caso de discrepancia entre ambos criterios, una autoridad médica neutral, en el caso un médico de la administración pública, decidía si el trabajador estaba o no enfermo. Es cierto que la burocracia sanitaria estatal no brillaba por su eficacia y que las juntas médicas, para revisar los diagnósticos cuestionados, solían reunirse con retraso, tomando ilusorio el control patronal.

Pero en todo caso, ello no era defecto de la LCT. El remedio consistía en mejorar ese servicio administrativo, cosa no demasiado difícil, y no en derogar aquélla, objetivo verdadero de la campaña.

Sobre la abierta utilización de la ley en la campaña política que condujo y culminó en el golpe del 24 de marzo no caben dudas examinando la literatura de la patronal golpista APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), en ocasión del lock-out de febrero de 1976.

Producida la toma del poder por la sedición militar, ¿cuál fue su postura ante esta norma? Su inmediata reforma. Transcurridos tan sólo 29 días desde la instalación del gobierno militar se dictó un decreto reformando la LCT: se podaron minuciosamente todos sus aspectos considerados «avanzados». Da una idea de la opinión que la Junta tenía de la ley el hecho de que, sobre 300 artículos fueran suprimidos y modificados unos 125.

Mediante este descuartizamiento a mansalva, completado con la congelación y/o represión sindical, el poder buscó asegurarse la neutralización de la resistencia obrera.

Un hecho de violencia corroboró con un detalle macabro la reacción de la clase dominante: el jurista que tuvo la máxima responsabilidad en la elaboración técnica de la ley, el abogado Norberto Centeno, fue secuestrado, torturado y asesinado en Mar del Plata, en julio de 1977.

Derecho del trabajo y virtualidad revolucionaria

La LCT permitía, mediante un ejercicio constante y estricto de los mecanismos legales, una gimnasia sindical que iba a reforzar la dinámica del sindicalismo de clase.

Poseía una virtualidad revolucionaria al facilitar —de mantenerse el libre juego de la libertad sindical— el desarrollo de formas superadoras de la acción obrera.

Ello se manifestaba a través de dos elementos. Por un lado, el contexto político en que fue sancionada. Por otro, su contenido mismo.

Su sanción fue impulsada por los sindicatos. Una comisión de expertos de la CGT preparó el anteproyecto que, luego, el poder ejecutivo elevó al parlamento. Fueron los dirigentes obreros que ocupaban bancas parlamentarías quienes impulsaron el tratamiento legislativo. Las organizaciones sindícales, por su parte, acunaron con la masiva acción popular en la calle, el nacimiento de la ley.

Aún no revistiendo en sí misma un contenido revolucionario, la fervorosa asunción que la clase trabajadora argentina hizo de la LCT, como fruto de su propio accionar, revalorizaba ese contenido. ¿Hasta dónde puede llegar un ejército de trabajadores encuadrados y organizados sindicalmente y con una cartilla de derechos individuales en la mano, dispuestos a agotar con estrictez y minucia la aplicación a rajatabla de cada punto y cada coma de la ley? Ésta encerraba un efecto multiplicador. Tenía entidad como plataforma de lanzamiento para potenciar nuevas conquistas sindicales.

Ese carácter, por su parte, era inteligentemente desarrollado por el mismo texto. Por ejemplo:

1) Al consagrar como fuente expresa de regulación de las relaciones laborales a la contratación colectiva. Renunciando deliberadamente a todo intento de congelar el nivel de las conquistas laborales, la filosofía de la LCT propendía a su autosuperación mediante el ejercicio ininterrumpido de los poderes normativos sindicales. Se dirá que ello era superfluo, ya que el ordenamiento constitucional y legislativo ya lo preveían. Sin embargo, la constante alusión al tema en todo el articulado de la ley no era inocua. Al machacar sobre el principio, lo ratificaba. No debe olvidarse el efecto pedagógico indudable de una ley con un contenido principista y dogmático muy fuerte.

2) En varias ocasiones, aludía concretamente a las funciones de los sindicatos en la regulación de las relaciones individuales patrono-trabajador. Le adjudicaba intervención directa en el control del pago de salarios (art. 137), en la distribución de las vacaciones del personal (art. 168), en la vigilancia y control de los mecanismos de seguridad que se implantasen en la empresa, como requisas personales, etc. (art. 78). Introducía así al sindicato como figura sui generis de la relación laboral y vulneraba el forzado esquema dualista que separaba el derecho individual del colectivo. Ello no hacía sino reflejar la realidad del universo laboral argentino hacia 1976, en el que el sindicato estaba efectivamente presente como figura cotidiana.

3) Al establecer en su art. 73 los límites al ejercicio del poder de dirección del empresario, señalaba como tales a la ley, los estatutos profesionales, los convenios colectivos y los «consejos de empresa». Se trataba de una puntualización programática. En el ordenamiento legal argentino no existían, en 1974, «consejos de empresa» como figura dotada de funciones determinadas. Sin embargo, existían en la práctica de casi todas las empresas y en numerosos convenios colectivos, generalmente bajo el nombre de «comisiones internas», verdaderos órganos de representación sindical y de participación en la gestión empresaria. Se iba hacia una fusión de ambos planos, derecho y realidad. Un proyecto en tal sentido fue abortado por la disolución del parlamento a raíz del golpe militar. La referencia que la LCT hacía a los «consejos de empresa» revestía importancia porque fortalecía las comisiones internas, robustas en la práctica pero aún huérfanas legislativamente y porque dotaba anticipadamente a los consejos, aún nonatos, de una función básica: limitar el poder discrecional del patrono en el seno de la empresa.

La legislación sindical en Argentina

El derecho sindical argentino nació en octubre de 1945. Concretamente, el 2 de octubre. Importa la fecha pues acontecimientos políticos importantísimos sucedieron casi inmediatamente (prisión de Perón, en ese momento secretario de Trabajo, huelga general y movilización popular, el 17 de octubre, para obtener su libertad).

En aquella fecha se dictó el decreto 23.852 consagrando la libertad sindical. Hasta ese momento, los sindicatos no tenían regulación legal propia. La constitución admitía el derecho de asociación, pero había sido redactada en 1853, sobre el molde de la norteamericana de 1777. Obviamente no contenía referencia alguna a la institución sindical. Y la naturaleza y características de un sindicato poco tienen qué ver con la asociación tal como ésta era entendida por la tradición jurídica liberal de fines del siglo XVIII.

La norma dictada en 1945, ratificada como ley al año siguiente por la ley 12.921, reconocía el derecho de los trabajadores a constituir asociaciones profesionales, libremente y sin autorización previa. Bastaba que las mismas se inscribiesen en un registro para que obtuviesen su personería jurídica y pudieran peticionar en defensa de los intereses profesionales. Pero, además, preveía que el sindicato más representativo en su zona de actuación y actividad contase con la llamada «personería gremial». Ésta facultaba para ejercer, con carácter exclusivo, la representación oficial de los intereses profesionales y para intervenir en negociaciones colectivas, vigilar el cumplimiento de la legislación de trabajo, etc. La norma también facultaba a los sindicatos a participar circunstancialmente en política, siempre que así lo resolviese una asamblea general. La protección de la actividad sindical frente al Estado y a los patrones era minuciosa: se punían las «prácticas desleales» consistentes en todo acto de persecución a la libre acción sindical. Se recalcaban los derechos básicos del sindicato: peticionar, elegir a sus representantes, negociar colectivamente. Se otorgaban facilidades para la libre actividad de los dirigentes sindicales: licencias, conservación del empleo mientras durase su mandato, protección especial frente al despido u otras represalias.

Si el éxito de una norma legal debe estimarse en función de su encarnación en la sociedad, de su incorporación a las pautas de comportamiento de la población, este decreto de 1945 no pudo ser más feliz. Reprobado y denostado por los opositores al peronismo, fue reemplazado en 1956, pero sus contenidos se habían incorporado ya a la conciencia popular y sus líneas generales —unicidad sindical, intervención del Estado en la concesión de personería, fuerte protección a la integridad del sindicato y sus miembros frente a maniobras patronales— revivieron en 1958 y permanecieron vigentes hasta el golpe militar de 1976.

En 1956, el gobierno del general Aramburu reemplazó ese régimen por el D. L. 9270. Mantuvo el principio de la intervención estatal en la vida de las asociaciones obreras pero sustituyó la representación única de la rama por una representación plural, estableciendo que todos los sindicatos existentes en un sector o actividad participaran, por ejemplo, en la negociación colectiva, mediante la conformación de una comisión intersindical.

En la práctica se demostró que la unicidad no era un arbitrio totalitario, sustento de un sindicalismo paraestatal, como aducía el antiperonismo, sino una opción clara y política de los trabajadores. Éstos siguieron, en su inmensa mayoría, al sindicato, el único, de su industria o sector. El intento divisionista de la derecha antisindical había fracasado.

En 1958 (ley 14.445) el parlamento repuso la legislación de 1945 con un desarrollo más completo, de acuerdo con la mayor complejidad de la estructura socioeconómica del país y la mayor capacidad organizativa del movimiento obrero.

La ley del 58 reguló con minucia casi todos los aspectos de la vida sindical: su organización interna, su estructura financiera, su capacidad para ejercer prestaciones sociales, su trabazón en federaciones y confederaciones, la protección estricta a los derechos sindicales dentro y fuera de la empresa. Sus pilares fueron la activa intervención del Estado en la vida sindical y la concentración de la representatividad en un sindicato único. Al amparo de esta legislación —no siempre cumplida, a veces violada en la práctica— el movimiento obrero argentino atravesó con fuerza creciente toda suerte de vicisitudes. La ley de 1958 duró hasta 1973, en que fue reemplazada sin que tampoco se innovase en sus fundamentos. La ley 20.615 de 1973, de decisiva importancia política, es analizada en el último capítulo.

En 1953 el parlamento aprobó la ley 14.250 que regulaba la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores. Esta norma traspasó indemne todas las tormentas políticas y llegó en plena vigencia hasta 1976. Su importancia en el desenvolvimiento del movimiento obrero fue considerable.

Como es sabido, la legislación civil liberal y los códigos de inspiración napoleónica, con una óptica rígidamente individualista, no admitían el fenómeno de la negociación colectiva. Éste es propio de la sociedad de masas en la que los trabajadores conforman una fuerza colectiva importante.

La ley de 1953 rompió el cuello de esta doctrina al instituir el principio básico de la negociación colectiva: la obligatoriedad ergo omnes de los convenios. Para el movimiento obrero este reconocimiento supuso la consagración de una herramienta, la posibilidad de discutir en un pie de igualdad las condiciones organizativas y económicas del trabajo.

Coherente con el régimen sindical adoptado, la ley 14.250 prescribía que el sindicato más representativo era el único capacitado para negociar con los empleadores.

A diferencia de otras legislaciones (como el código de trabajo francés en su artículo 31 o, con carácter optativo, el código de relaciones del trabajo inglés de 1971), la norma argentina no imponía los temas que debían contener los conventos, limitándose a establecer la obligatoriedad de los mismos.

En cambio, el perfil intervencionista de la normativa sindical estaba presente en la necesidad de contar con la homologación del Estado para que el convenio tuviera vigencia. El fundamento de esta disposición era que la negociación colectiva podía tener importancia decisoria en el cuadro económico de la sociedad. Por tanto, el Estado debía reservarse un poder de supervisión sobre la misma. Obviamente, este poder estatal sobre la esfera sindical era un arma de doble filo para el movimiento obrero. Cuando la esfera del poder giraba en órbitas antipopulares, la necesidad de homologación era utilizable contra él. Los hechos de junio y julio de 1975, cuando la presidente Isabel Perón desautorizó los convenios pactados por los sindicatos, fueron una muestra.

La legislación sindical y la dictadura de 1976

En noviembre de 1979 la Junta Militar dictó la ley 22.105, estableciendo una nueva regulación sindical. Fue saludada por la prensa oficialista como la primera ley «fundacional» del llamado Proceso de Reorganización Nacional. El diario La Nación la calificó como el «fin de ese poder político y económico con el cual los sindicatos abrumaron por mes de dos décadas al Estado y a los partidos políticos».

Éstas son las principales innovaciones que estableció esa ley:

a) Disolvió la CGT y prohibió la actuación de cualquier confederación de tercer grado.

b) Prohibió expresamente la actividad política de los sindicatos.

c) Hizo lo mismo con la gestión de los servicios sociales.

d) Impidió la sindicalización conjunta de trabajadores y personal jerárquico.

e) Condicionó la participación en cargos directivos de los sindicatos a la inexistencia de «antecedentes penales o policiales». De haberse aplicado esta condición se hubiera decapitado de un plumazo a toda la militancia sindical argentina. ¿Qué trabajador con experiencia sindical o política no tenía algún antecedente policial?

f) Establecía unas «prácticas desleales» que penalizaban al sindicato. Esta innovación desmantelaba el carácter, tutelar que es el sentido mismo de la legislación laboral en un sistema capitalista: igualar las condiciones de disparidad fáctica en que se encuentran el trabajador y el empleador. En este invento jurídico del régimen militar no se sabía qué admirar más, si la crudeza de su designio antisindical o La audacia del barbarismo técnico-jurídico.

g) Acentuaba hasta límites de ahogo la presión manipuladora del Estado. El Ministerio de Trabajo podía intervenir, casi a su antojo, en la vida sindical. Ya no se trataba de la concesión de la personería gremial o de la homologación de un convenio. El todopoderoso poder administrador podía: clausurar el sindicato, inhabilitar a los dirigentes, controlar los fondos, modificar o vetar a su antojo los estatutos. El poder fiscalizador se convertía en virtual poder constituyente del sindicato, sin prácticamente límite alguno.

h) Bajo la excusa de descentralizar el poder sindical imponía la fragmentación de ámbitos geográficos para el funcionamiento de sindicatos.

Es curioso comprobar cómo algunas de las modalidades organizativas largamente implantadas en el medio fueron respetadas.

La ley 22.105 mantuvo, por ejemplo, el principio de dotar con personería gremial al sindicato «más representativo». Sus redactores eligieron el criterio más práctico recogiendo la experiencia ya vivida en 1956, cuando la realidad sindical hizo abortar un injerto pluralista. Sin embargo, no se renunció a una cierta ambigüedad al privilegiar a los sindicatos «simplemente inscriptos» con determinadas facultades antes inexistentes, lo que permitía suponer algún intento de amarillismo.

También admitía la ley, aunque restringiendo el monto, la posibilidad de que los convenios colectivos establecieran contribuciones a los trabajadores no afiliados. Este criterio había sido aceptado por la Suprema Corte en 1972, durante la dictadura de Lanusse. También conservaba la mecánica de la retención automática de la cuota sindical por el patrono.

¿Cuáles fueron las características básicas de la ley 22.105?

1) Su clara finalidad divisionista, visible en la prohibición de la CGT, en la puerta abierta a los sindicatos «alternativos» con su ominosa carga de amarillismo, en la expresa prohibición de la sindicalización conjunta de obreros y cuadros técnicos (a contrapelo de la tendencia predominante en el sindicalismo de clase en el mundo occidental y también en Argentina), en la buscada atomización geográfica de los sindicatos.

2) Su contenido regresivo: todos los derechos sindicales quedaron recortados y en algunos casos, aplastados. Conquistas consagradas en la legislación anterior, hondamente implantadas en la vida obrera, fueron yuguladas. El peso de un intervencionismo castrador tomaba ilusoria la hojarasca permisiva de la ley.

3) Su filiación política antipopular. Esas características, más la expresa prohibición de desarrollar actividades políticas apuntaban a un objetivo concreto: destrozar la unidad entre sindicatos y peronismo que se mantenía monolítica desde 1945, desbrozando así el camino al proyecto globalizador de recomposición social y económica que encaró el régimen.

La ley fue duramente cuestionada en la OIT, por violatoria de la libertad sindical, toda vez que Argentina era signataria y había ratificado los convenios 89 y 97, atropellados por el engendro legal de la Junta.

La ley nació tardíamente. El régimen, indeciso sobre la mejor manera de abordar el «problema sindical» tardó 44 meses en pergeñarla. Al poco tiempo, el marasmo en el que se precipitaría la dictadura tomó ilusoria su vigencia. A comienzos de 1981, por ejemplo, los sindicatos la desafiaron abiertamente al recomponer la Confederación General del Trabajo, expresamente prohibida. Sin recursos financieros, sin sede física, sin personería, la CGT demostró que era una realidad mucho más viva que esa ley que había pretendido eliminarla. Un par de años después la CGT tenía una existencia tan robusta —había conducido ya varias huelgas generales exitosas— que el gobierno militar, de manera casi vergonzante, dictaba la ley 22.839 (junio de 1983) por la que quedaba derogada la prohibición de la central obrera.

Como era previsible, el destino de la ley 22.105 no fue otro que el desván polvoriento de las momias jurídicas. ¿Es que hay algo más estéril que un derecho artificioso, históricamente desfasado, repudiado por sus destinatarios y que sólo se tiene en pie si es sostenido por la razón de las armas?

CAPITULO VII

Dinámica política del sindicalismo argentino

El sindicalismo argentino se ha encontrado, a lo largo de su historia, en situaciones diversas con referencia al poder político.

1) Hasta 1943, repudiado por los gobiernos y excluido de la legalidad institucional, enfrentó frontalmente al poder. La misma situación se produjo luego del golpe de Estado de 1955, que derrocó al presidente Perón; el movimiento obrero fue perseguido en su expresión auténtica, al mismo tiempo que el régimen militar intentaba instrumentar un sindicalismo alternativo. Los trabajadores, en consecuencia, debieron organizarse en abierto desafío a la autoridad, situación que perduró hasta 1958. Obviamente, ha vuelto a repetirse a partir de 1976.

2) Entre 1958 y 1973, el país vivió en una esencial ilegitimidad política, al estar proscripto el movimiento peronista, expresión de las mayorías. Durante este período, se sucedieron diversos gobiernos, militares y civiles. Estos últimos —encabezados por los presidentes Frondizi (en 1958) e Illia (en 1963)— emanaron de elecciones viciadas por aquel fraude básico. En general, la libertad sindical fue restablecida. Se permitió que los sindicatos actuaran con un mínimo de garantías, al menos en cuanto a su expresión profesional, y a fin de oponer esa función a la estrictamente política. El movimiento obrero aceptó esa apertura. Le era imprescindible a fin de reorganizar sus cuadros, seriamente dañados por la represión de 1955 y conquistar así una vía para plantear sus necesidades y ensanchar sus reivindicaciones. Sin embargo, las estructuras sindicales nunca dejaron de estar estrechamente unidas al movimiento peronista, del que fueron protagonistas desde su nacimiento y del que nunca desertaron. En este sentido, el sindicalismo del lapso 1958-1973 se opuso al sistema imperante, en la medida en que encabezó un frente político de masas desplazado ilegalmente del poder y mantenido fuera de él por la coerción. Su actividad profesional fue admitida y aprovechando esta brecha, ejercitó una gimnasia de acción sindical hasta que, en 1973, al desaparecer finalmente la interdicción que impedía la vida democrática, reunificó su identidad político-sindical.

3) Finalmente, el sindicalismo participó del poder. Esta situación se verificó durante dos etapas: de 1946 a 1955, en los dos primeros, sucesivos gobiernos de Juan Perón. Y de 1973 a 1976, durante las presidencias constitucionales de Héctor Cámpora (que renunció en septiembre de 1973), de Juan Perón (que falleció en julio de 1974) y de Isabel Perón (que fue derrocada en marzo de 1976). El movimiento peronista ocupaba el gobierno mientras la estructura sindical —teóricamente autónoma— mantenía su independencia. Pero las fuerzas obreras participaban de una u otra manera, en la tarea del gobierno. Muchos dirigentes sindicales ocuparon cargos en todos los niveles de la administración y en el parlamento. Se dictó una importante legislación sobre derechos del trabajador. La estructura sindical, en su conjunto, hizo gravitar muchas de sus expectativas sobre el poder político. Durante ambos períodos se planteó con crudeza la problemática de las relaciones entre sindicalismo y política y el rol de la estructura sindical en el seno de un gobierno de signo popular.

¿Un sindicalismo creado desde el poder?

Los sindicatos, integrados casi exclusivamente por inmigrantes europeos, se constituyeron, durante las primeras décadas del siglo, en función de las ideologías que sus miembros profesaban en la metrópolis: socialismos y anarquismos de diversas procedencias filosóficas. El poder vio en ellos una contestación a sus fundamentos y no dudó en reprimirlos con el mayor rigor, sólo atenuado por algunos brotes de humanitarismo.

Durante la tercera década del siglo, se fue consolidando una nueva situación. La composición social del proletariado urbano que había nutrido aquellos sindicatos marginales sufrió una mutación en virtud de diversas causas. Grandes contingentes de campesinos criollos se radicaron en las ciudades y fueron utilizados como mano de obra por la creciente industria nacional. Hacia 1943 este proceso estaba ya considerablemente desarrollado. En 1930 un golpe de Estado había derrocado al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, expresión de los sectores de clase media urbana y rural en ascenso. En su lugar, reimplantó, mediante elecciones amañadas y procedimientos violentos, un régimen crudamente oligárquico. El pueblo bautizó el lapso comprendido entre 1930 y 1940 como la «década infame».

En 1943, ante un deterioro social y económico muy agudo, nuevamente el ejército intervino para derrocar al gobierno. En este caso, la orientación de la cúpula militar fue indecisa. Se limitó a una acción opaca, atenazada por la incertidumbre del panorama internacional: la guerra mundial y las ardorosas polémicas que ella despertaba en las fuerzas políticas del país. Dentro de ese gobierno de tonalidad neutra, un oficial hasta entonces casi anónimo ocupó una función secundaria en el aparato estatal, vinculada al área laboral. Desde el Departamento Nacional de Trabajo, luego convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsó una normativa —decretos-leyes, reglamentaciones, disposiciones administrativas— tendiente a desarrollar las fuerzas sindicales y mejorar las condiciones laborales de las masas trabajadoras.

Esta referencia histórica es imprescindible para referirse a una falacia que ha sido abundantemente utilizada desde diferentes ángulos ideológicos: la afirmación de que el sindicalismo peronista fue creado desde el poder. De esta premisa se hace derivar su presunto carácter antidemocrático y su equiparación con los aparatos del sindicalismo mussoliniano y franquista. Se trata de una afirmación falsa, entre otras, por las siguientes razones:

1) En 1943, cuando Perón accedió a la administración laboral (o en 1946, cuando fue electo presidente por primera vez, en elecciones libres), el sindicalismo argentino ya tenía vida propia. Los sindicatos preexistieron al peronismo. Claro que el sindicalismo anterior a 1930 o a 1943, tenía muy poco que ver con el que luego se conoció. Es que las características de la población obrera en aquella época condicionaban la existencia de ese sindicalismo y no de otro: el proletariado era en gran proporción extranjero, demográficamente minoritario, profesionalmente especializado, vinculado política y afectivamente a su patria de origen y a las coordenadas ideológicas europeas. El proletariado que comenzó a predominar en 1930 y que constituía una realidad tangible en 1943 iba en camino de convertirse en la clase social mayoritaria, era criollo, no calificado, con una problemática política nacional.

Y sin embargo, su estructura organizativa y su práctica recogieron muchos de los elementos de aquel sindicalismo, del que fue continuador y al que sucedió, recreándolo y superándolo[75].

Esa continuidad es rastreable en múltiples aspectos. La unidad sindical se consiguió mucho antes de 1943: existía desde 1930, cuando se fundó la CGT. La mayoría de los dirigentes y cuadros medios que descollaron en 1943 o en 1946 eran líderes naturales surgidos del medio sindical, con muchos años de experiencia. A partir de 1943 y especialmente de 1946, cuando se conquistó y convalidó legalmente una efectiva libertad sindical, se crearon muchos sindicatos nuevos. Pero la mayor parte de ellos eran refundiciones o fusiones de organizaciones ya existentes. Por ejemplo, la Asociación Obrera Textil fue fundada en 1945, sobre la base de la antigua Unión Obrera Textil; la Unión Obrera Metalúrgica lo fue en 1943, reagrupando diversos sindicatos de oficio: fundidores de bronce y de hierro, herreros de obra, etc.; la Unión Obrera de la Construcción reemplazó en 1943 a la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que a su vez había aglutinado a varias uniones profesionales. En 1936, la Federación Gráfica Bonaerense, de vieja data, había reagrupado a diversas organizaciones de linotipistas, mecánicos, tipógrafos. Los sindicatos de ebanistas, carpinteros y talleristas se fundieron, por la misma época, en una Confederación Obrera Maderera.

Otros grandes sindicatos argentinos habían surgido mucho antes de 1943 y perduraron después de esa fecha. La ya mencionada Federación Gráfica Bonaerense se creó en 1907. La Unión de Obreros Municipales en 1917. La Federación Empleados de Comercio en 1919. La Unión Ferroviaria en 1922. La Asociación Bancaria en 1927.

Fueron sus bases sociales las que se transformaron. Las nuevas circunstancias políticas impusieron prácticas sindicales diferentes. Un frente de liberación nacional, el peronismo, se desarrolló en Argentina y el movimiento obrero se integró en su seno, ocupando su vanguardia. Lejos de surgir de un despacho burocrático, el sindicalismo fue la expresión organizada de fuerzas sociales inéditas, generadas por el proceso político de un pueblo que pugnaba por su liberación.

2) Durante el tiempo en que ocupó funciones gubernativas en el régimen militar de 1943-1946, Perón no tuvo hegemonía política ni en la administración misma ni, mucho menos, en el marco general del poder. Las estructuras institucionales continuaron en manos de la oligarquía: tanto los medios de comunicación de masas como el poder judicial, tanto la burocracia estatal en sus estratos medios y superiores —en especial la enseñanza— como los resortes del poder económico. En estas condiciones, la labor de Perón desde el aparato oficial fue solitaria. Los trabajadores no se sentían interpretados por un gobierno. Sí, en cambio, por un coronel que ocupaba una función intermedia, y alrededor del cual, como figura personal, se fueron nucleando en contra del poder detentado por la oligarquía y del gobierno militar, en alguna medida complaciente con ella. El sector empresario resistió las medidas sociales de la Secretaría de Trabajo. Como explica Zorrilla, «grandes, medianas y pequeñas empresas se opusieron tenazmente a la política laboral de Perón y aun a la que trataba de instrumentar en el área económica. Y esta resistencia se manifestó no sólo aislada sino concertadamente, a través de una estrategia política»[76].

A partir de entonces, Perón actuó independientemente del régimen, como mero personaje político. Dejó de ser un militar con un cargo estatal y pasó a ser, únicamente, un político popular. La victoria en las elecciones de febrero de 1946 —comicios que forzaron las movilizaciones del pueblo— consolidó aquella situación.

Cuando se afirma que Perón, desde su cargo en el régimen militar, creó un sindicalismo oficial, se eluden estas circunstancias.

3) El sindicalismo argentino, tanto el anterior como el posterior a 1943, fue un sindicalismo de clase: integrado pura y exclusivamente por trabajadores, aplicado a la defensa de los intereses de los mismos. Bien o mal, por métodos y con estratégias revolucionarías o reformistas, ello es otra cuestión. Pero en ese sindicalismo no hubo artilugios amarillos. Fue, siempre, un movimiento reivindicativo de los trabajadores. ¿Cómo compararlo al vacío cascarón del sindicato franquista, en el que convivía el patronato con seudorepresentantes laborales digitados a costa de la represión de las organizaciones obreras auténticas?

La prueba más concreta de que el argentino no fue un sindicalismo prefabricado, es que resistió la prueba decisiva: la pérdida del poder. La clase obrera argentina se mantuvo unida indisolublemente al peronismo, en todas las circunstancias, propicias u hostiles y pese a todas las maniobras intentadas para desviarla de ese cauce, situación que un historiador ha descrito gráficamente: «Cuando un observador sin prejuicios se asoma a la historia argentina de las últimas décadas hay un dato que lo apabulla. No quedó recurso por aplicar para que la clase obrera se olvidase de Perón. Absolutamente en vano. Las persecuciones, los halagos, las matanzas, las cárceles, él control absoluto de los medios de comunicación para que ridiculizaran la imagen del líder exiliado, la compra literal —mediante dinero contante y sonante— de dirigentes traidores, él fomento de las disidencias internas en el movimiento o en las organizaciones laborales, todo se intentó. Pero la lealtad de los trabajadores a Perón fue inquebrantable»[77].

Sindicalismo y poder político: la represión

Las experiencias del movimiento obrero argentino enfrentando a gobiernos hostiles han sido varias.

1) Desde sus comienzos hasta 1930 utilizó la acción revolucionaria y la impugnación abierta del poder con resultados mediatizados, entre otros lastres, por su carencia de recursos humanos y políticos.

2) Desde 1930 a 1946 realizó una práctica sindical más compleja, en consonancia con el crecimiento demográfico de la clase obrera y con la búsqueda aún inorgánica de su cristalización en un movimiento político popular que sólo cuajaría en 1945.

3) En 1955, ya con una experiencia de participación en el gobierno, durante la década anterior, el movimiento sindical se vio obligado nuevamente a enfrentarse con un poder represor. El gobierno militar clausuró la CGT y los sindicatos, detuvo a la mayoría de los dirigentes obreros, los privó de sus derechos sindicales mediante la prohibición de ocupar nuevos cargos. Dictó una legislación sindical que transformó la unicidad organizativa por rama (conquista defendida siempre por los trabajadores como arma esencial para la eficacia de su acción reivindicativa), en un régimen postizo de pluralidad sindical que buscaba el fraccionamiento y la división del proletariado.

La respuesta del movimiento obrero frente a esta ofensiva de la oligarquía, destinada a procurar su destrucción fue, esta vez, distinta a los heroicos pero inútiles balbuceos de resistencia del sindicalismo preinstitucional. Robustecido en número y en fuerza, densamente encarnado en la conciencia de los trabajadores, ese nuevo sindicalismo luchó implacablemente por su supervivencia. El virtual asalto a los sindicatos no rindió otro resultado que el manejo de las siglas y los edificios. Es que, para los trabajadores, su sindicato distaba mucho de ser un mero sello de goma. Era, por el contrario, el ámbito en el que habían defendido un espacio de dignidad social y política, en el que habían desarrollado una experiencia de liberación.

El movimiento obrero se adaptó a la clandestinidad, generó una camada de dirigentes intermedios que se entrenaron en la conducción de la resistencia, lo que vino, por su parte, a corroborar su vitalidad y riqueza humana. Su objetivo básico en estos años difíciles fue preservar las organizaciones obreras auténticas de la destrucción y la atomización y mantener intacta la conciencia militante del trabajador. La consigna seguida fue la de aprovechar cualquier resquicio en la represión para golpear al régimen y reivindicar insistentemente la recuperación de sus estructuras históricas.

Mientras se mantuvo prohibida la CGT, los sindicatos peronistas se reunieron en un núcleo resistente denominado 62 organizaciones. Éste fue el centro, durante todo este período, de la dinámica sindical. Frente a él actuaron pequeños grupos apolíticos, o vinculados a otros partidos pero éstos nunca pudieron adquirir verdadera vigencia y terminaron siendo fagocitados por el peronismo sindical.

Esta primera etapa de la lucha culminó en 1958 cuando el gobierno de Arturo Frondizi reinstauró la libertad sindical.

En 1976 el movimiento obrero volvió a enfrentarse con una represión desnuda. Sobre ella volveré más adelante.

Sindicalismo y poder político: la permisividad

Entre 1958 y 1973 rigió la ley 14.445 que permitía a los trabajadores organizarse en sindicatos y otorgaba adecuada protección contra las maniobras patronales. Esa legislación aseguraba la subsistencia de los sindicatos únicos de rama, forma organizativa preferida como correlato a la cerrada unidad política de la clase obrera.

Pero no todo fueron rosas. Hubo momentos de áspero enfrentamiento social y más de una vez la CGT fue perseguida. Hubo detenciones, congelación de fondos, clausura de sindicatos. El movimiento obrero replicó, también, con dureza y se libraron combates importantes: huelgas generales, planes de lucha, formas de movilización y combate de considerable vigor.

Es que el trasfondo político de este período no puede ser perdido de vista, a riesgo de ver escamoteado el verdadero sentido de todas las luchas populares. Ese trasfondo estaba constituido por la permanente proscripción del peronismo, movimiento que fue excluido coercitivamente de todos los ensayos que se intentaron para dotar de legitimidad al poder. Exclusión que era la traducción política de un proyecto económico al que Portantiero ha sintetizado como «la sustitución de trabajo por capital en el desarrollo industrial»[78].

En 1958 el gobierno militar que había derrocado a Juan Perón convocó a elecciones pero no permitió participar al peronismo. Venció Arturo Frondizi, beneficiado por los votos de los peronistas, privados de expresarse espontáneamente. En 1962 fue derrocado luego de que, en unas elecciones provinciales, los candidatos peronistas obtuvieran la mayoría, demostrando que perduraba su primacía en cualquier contienda democrática.

Tras un interregno militar en el que la presidencia, puramente formal, fue ejercida por el civil, se convocó nuevamente a elecciones, otra vez con el peronismo proscripto. El radical Arturo Illia fue elegido en 1963, ante el voto en blanco peronista. El gobierno radical restituyó las libertades, aunque impidió por la fuerza el retorno de Perón al país. En las elecciones parciales que fueron sucediéndose, los peronistas obtuvieron nuevamente el triunfo. Subsistente el problema, los militares volvieron a derrocar al civil Illia. Impusieron una nueva dictadura, presidida por los generales Juan Carlos Onganía primero, Roberto Levingston después y, finalmente, Alejandro Lanusse: en total, de 1966 a 1973.

Durante este proceso —y salvo algunos intervalos— se mantuvo la permisividad ante la acción sindical. ¿Cuál fue la actitud del movimiento obrero? Por una parte, y en la medida en que persistió su inquebrantable pertenencia al peronismo, la oposición sistemática hacia todo intento integrador y denuncia de la ilegitimidad de todas las fórmulas políticas espurias ensayadas. Pero el movimiento obrero realizó también una intensa práctica de acción reivindicativa, aprovechando los márgenes relativos de libertad sindical. En tal sentido, éstos fueron años decisivos.

En ellos se consolidaron todas las estructuras organizativas ya existentes. El tejido sindical se amplió, geográfica y humanamente. Los sindicatos se tomaron más fuertes. Se desarrolló una burocracia que, si tornó pesado el funcionamiento del aparato sindical, contribuyó a dotarlo de un poder institucional creciente que pronto perfilaría al sindicalismo como una de las pocas, si no la única, estructura social en crecimiento en un país hondamente deteriorado por la crisis sociopolítica.

Se integró en la dinámica sindical a sectores sociales que en consonancia con las nuevas formas y técnicas productivas accedían al mundo laboral: clases medias, trabajadores intelectuales, profesionales. De esta manera se transformó, en buena medida, la base social del movimiento obrero, enriqueciéndose su composición humana. Durante este período surgieron sindicatos de técnicos y profesionales que antes no existían y que se incorporaron al movimiento obrero desechando la vía de un sindicalismo alternativo y jerarquizado. Se dinamizaron sindicalmente organizaciones ya antiguas, de trabajadores de «cuello blanco».

La relativa estabilidad de que gozó el sindicalismo en estos años, por lo menos en el aspecto profesional de su tarea y dentro de las limitaciones del caso, le permitió ampliar el espectro de sus funciones. Esferas institucionales como la labor asistencial y formativa ayudaron a difundirlo en el mundo del trabajo.

A ello contribuyó la unidad política que, en medio de grandes vicisitudes, fue mantenida a rajatabla.

Esa unidad estaba lejos de verse libre de tensiones. En el seno del movimiento obrero pujaban tendencias contrapuestas y concepciones disímiles y, de hecho, se produjeron enfrentamientos serios. Por lo menos en dos ocasiones hubo escisiones[79]. Pero en sus grandes líneas, esas tensiones fueron reabsorbidas y se mantuvo la unicidad de la representación sindical por la CGT y sus sindicatos adheridos, organizaciones únicas de rama en su mayoría.

Durante esta época los sindicatos estuvieron frente al poder. Obtenida su definitiva mayoría de edad, el movimiento sindical no podía ser ya desechado ni ignorado, en la medida en que el sistema dominante pretendiese mantener una fachada de legalidad democrática. El poder debía contar con el movimiento sindical: o lo reconocía expresamente o lo excluía por la fuerza.

Sindicalismo y poder político: la participación

La participación sindical en un movimiento político que accede al gobierno hace aflorar temas fundamentales: la relación sindicalismo y la política, los límites de la acción sindical, la dinámica entre sindicato y partido y el papel del sindicato frente al poder.

Esta materia viene debatiéndose desde hace mucho tiempo y la polémica que dividió a la Primera Internacional y enfrentó a Bakunin con Marx en torno a la necesidad de preservar la autonomía del sindicato frente al partido o supeditar el primero al segundo, está lejos de agotarse.

¿Qué significado tiene, a la luz de esta problemática, la experiencia del sindicalismo argentino durante los períodos en los que el movimiento político al que estaba ligado, el peronismo, gobernó el país (1946-1955 y 1973-1976)?

Ambas etapas difieren en su trasfondo político, nacional e internacional así como en la correlación de fuerzas entre el movimiento popular y sus opositores. Además, fueron distintos la composición social y el nivel de desarrollo del propio sindicalismo abocado, con casi treinta años de diferencia, a sendos trances de participación en el poder político.

Me referiré aquí a la primera de esas experiencias, dejando el análisis de la segunda para el final de este capítulo.

Alrededor de 1945 se estructuró un movimiento político antimperialista que recogió muchas de las líneas ya transitadas por las corrientes populares argentinas a lo largo de más de un siglo de historia.

Ese movimiento político reflejó las expectativas de ascenso de nuevos sectores sociales surgidos junto a la expansión industrial. Ésta había hecho crecer una masa proletaria y urbana que transformó la tradicional estructura agraria del país.

No se trataba de un fenómeno político enteramente nuevo. La historiografía nacional ha resaltado el sentido de continuidad que ese movimiento asumía con respecto a otras movilizaciones populares: las que encabezaron los caudillos federales durante el siglo pasado o el radicalismo de Yrigoyen en este siglo habían expresado, de una manera u otra, las aspiraciones de las mayorías en sus respectivos momentos históricos.

En este caso, la coyuntura en que se cristalizó un nuevo movimiento popular coincidió con una expansión del sindicalismo, como vehículo de la acción concreta de las masas trabajadoras.

¿Qué era Argentina en 1946? Un país en mutación social. El fenómeno de la insurgencia obrera era hasta entonces marginal porque había encarnado en un proletariado desfalleciente, pequeño y desfasado con respecto a la problemática nacional. Este cuadro se transformó.

Las bases obreras crecieron en dos sentidos: su número se multiplicó y su peso específico en la sociedad les permitió imponer su presencia como sector social insoslayable.

La oligarquía estaba acostumbrada a otra cosa. Hasta entonces, el problema sindical se reducía al barullo que hacían un puñado de extranjeros libertarios, nucleados en organizaciones «pintorescas» que podían dominarse con un escuadrón policial: la algarada callejera, el atentado individual, la huelga que se solucionaba mediante el expediente represivo sin que los muelles de la sociedad crujieran demasiado. Aquello, con ser preocupante, no alteraba la paz del sistema. De pronto, en el curso de unos años, todo cambió.

Miles y miles de hombres y mujeres de tez oscura comenzaron a arracimarse en los suburbios de las ciudades. Una industria en crecimiento absorbió esta mano de obra que rápidamente se confundió con los hijos y, en algunos casos, con los nietos de los inmigrantes. Estos nuevos proletarios llenaron los viejos sindicatos dándoles una dinámica distinta. Ya no se cantaba la «Internacional» o «Bandiera Rossa». Ya no se leía la prensa anarquista o socialista llegada de Europa, a la espera del soñado asalto revolucionario final que impondría, de golpe, un nuevo orden en el mundo y destruiría la burguesía opresora.

Los nuevos sindicatos eran distintos. Con los pies en la tierra, vinculados a la realidad circundante, asumían su verdadera identidad. Eran organizaciones incipientes en un país periférico, cuyo principal problema era escapar a la dominación económica ejercida por los intereses imperialistas aliados a la oligarquía nativa.

Se trataba, para ellos, de librar un combate nacional, de acceder a la liberación de las estructuras que condenaban a Argentina a desempeñar el rol de factoría de la metrópolis.

Esto entrañaba, necesariamente, una transformación de las relaciones políticas y sociales internas. La liberación nacional significaba el fin de la explotación y la miseria, la obtención de libertades publicas y sindicales, la participación en el poder político, la mejora y la dignificación de las condiciones económicas y laborales de los trabajadores. Éstas fueron las banderas por las que se batió la nueva clase obrera, el nuevo sindicalismo.

La lucha sindical, en semejantes circunstancias históricas, necesitaba el carril paralelo de la acción política. En 1945, un conglomerado social compuesto por trabajadores organizados, clases medias, sectores del empresariado nacional, marginados, encontró una andadura y, sobre todo, un líder carismático, el coronel Perón. En 1946 llegó al gobierno en elecciones forzadas por la acción de las masas.

¿Qué debía hacer el movimiento sindical cuando ocupó el gobierno una fuerza política afín? Mantener su independencia frente al aparato estatal, preservar los intereses específicos de los trabajadores en el proceso político. Pero también intervenir decididamente en todas las acciones necesarias para defender el gobierno popular.

Nicolás Sartorius dice refiriéndose a la acción del sindicalismo frente a un gobierno popular: «… (el) sindicato no puede adoptar una posición neutral o indiferente ante la política y la suerte de ese Estado, sino que debe defenderlo de los ataques reaccionarios, al tiempo que participa, desde una autonomía constructiva, en la elaboración de la política económica y social en general, en todas aquellas cuestiones que afectan a la vida de los trabajadores y, por medio de representantes elegidos por éstos, en la administración de las empresas públicas y en el control de las que aún se encuentran en poder del capital privado»[80].

Pero ¿qué características peculiares asume este esquema teórico si ese movimiento sindical debe actuar en un país dependiente, y sometido a la dominación imperialista?

Cuando todas las fuerzas populares deben empeñarse en una lucha tenaz por la emancipación, parece irrebatible que la óptica de lucha interclasista debe ceder la primacía a esa problemática nacional. En un país dependiente, es necesario que el frente sindical, cuando existe, se alinee en el esfuerzo colectivo por construir un Estado nacional, por acceder a niveles básicos de vida para los trabajadores, por consolidar una economía popular. Cuando las inmensas tareas de levantar y organizar una nación están pendientes, ¿cuál es el alcance real que puede tener el concepto de autonomía sindical?

Haciendo un breve balance de la experiencia sindical en este primer período en que ocupó el gobierno una formación política popular (1946-1955), diré que:

1) La fusión entre organización sindical y política fue estrecha. Al constituirse el partido peronista, luego de ganar las elecciones bajo el apelativo de «laborismo», se estableció una división en tres ramas: masculina, femenina y sindical. Cuadros obreros ocuparon puestos importantes en todos los niveles del aparato estatal. El ministro del interior, por ejemplo, fue un dirigente sindical[81]. Otros tantos ocuparon escaños parlamentarios. No faltó la representación orgánica de la central obrera única en organismos de consulta y supervisión, en el marco de una economía altamente estatizada[82].

2) Subsistente el sistema de producción capitalista, la administración contaba con una estructura de mediación en los conflictos entre trabajadores y patrones. Al estar el aparato estatal tan fuertemente penetrado por los cuadros obreros, esa teórica prescindencia del Estado frente a ambos términos de la producción solía ser ilusoria. Los niveles de combatividad de la clase obrera rebasaban frecuentemente la legalidad institucional.

La conflictividad así generada tenía, en ocasiones, una dinámica propia, que solía exceder los límites del estrecho pacto entre sindicatos y gobierno. La mayoría de las huelgas llevadas a cabo durante esta época, culminaban con resoluciones, laudos o mediaciones favorables a los trabajadores. Aunque, en ocasiones, esa tendencia al ascenso sindical se tradujo en conflictos entre los trabajadores y el mismo gobierno. Hubo, por ejemplo, muchas huelgas en el sector público: la más notoria, la ferroviaria de 1951. Aquí, de manera espontánea y arrastradas por el propio proceso, las bases rebasaban tas consignas y la estrategia de la organización y replanteaban la cuestión de los límites que el movimiento obrero debía autoimponerse ante un gobierno popular.

3) La lucha del sindicalismo forzó la creación de un vasto cuerpo de legislación sindical y laboral que fijó, en el molde más férreo de lo jurídico, las expectativas y las nuevas realidades que elaboraba el movimiento obrero.

Se consagró el principio de la libertad sindical, concediéndose al sindicato un estatuto que lo singularizaba en el universo legal, protegiendo la acción sindical, dotándola de garantías sólidas contra toda interferencia patronal (ley 12.921). Se legalizó la contratación colectiva (ley 14.250). Estas dos leyes (de 1945/46 y 1953) dotaron al movimiento obrero de eficaces herramientas de lucha. Junto a ellas deben contarse innumerables disposiciones relativas a las condiciones de trabajo, nivel de participación en el ingreso nacional y creación de órganos paritarios administrativos o judiciales que permitieran a los trabajadores acceder a una jurisdicción propia.

El crecimiento de los sindicatos fue grande. Además de lo específicamente sindical, extendieron su campo a la formación profesional y política, a la sanidad y a la recreación, contribuyendo a implantar el sindicato en ámbitos de vida cada vez más extensos.

Los carriles sindicales corrieron paralelos al gran combate librado por las mayorías argentinas en su búsqueda de la liberación, que concluiría en 1955 con un temporario fracaso frente a la reacción oligárquica.

La conciencia sindical de los trabajadores no dejaría nunca de crecer: subterráneamente, por debajo del fragor de esta lucha, en las victorias y en las caídas, sin pausa, con la ineludible exactitud de la historia.

Jaqueado por las fuerzas reaccionarias e imperialistas, erosionado por sus propias contradicciones internas, el gobierno de Juan Perón fue derrocado por un golpe militar en septiembre de 1955. El movimiento sindical, junto al resto de las fuerzas populares encuadradas en el peronismo, emprendieron una paciente y esforzada labor de resistencia que culminó dieciocho años después con la reconquista del gobierno en una nueva, breve, tumultuosa y trágica experiencia (1973-1976) que asoció por segunda vez esos dos términos: sindicatos y poder.

Argentina en 1973

¿Cuál era la situación argentina a comienzos de ese año crucial? Gobernaba una cúpula militar que estaba dando sus postreras boqueadas: era, en realidad, el último eslabón de una larga y desafortunada cadena comenzada en 1955, cuando se interrumpió por la fuerza la continuidad del ensayo popular. Desde aquel momento la legalidad constitucional no fue reconstituida en Argentina.

Durante esas dos décadas la estructura social había sufrido mutaciones. La clase obrera no dejó de desarrollarse numéricamente. Las inversiones extranjeras, particularmente favorecidas durante el gobierno de Frondizi, hicieron más vigorosa la estructura industrial. Se incrementó una clase media urbana cuyos niveles de vida y expectativas sociales se vieron siempre rezagadas por una crisis endémica.

La oligarquía proimperialista fue incapaz de formular propuestas políticas viables, pese a que durante esos años siempre ejerció el poder, ya directamente a través de la cúpula militar, ya indirectamente, con frágiles mediaciones de fuerzas políticas centristas. El ensayo reformista del peronismo, abruptamente detenido por resultar inaceptable a la cerril oligarquía argentina, había quedado inconcluso. Año tras año la incapacidad de la oligarquía gobernante para dotar al país de una estabilidad política, aún mínima, fue creciendo como una gangrena incurable. Una y otra vez fracasaban todos los intentos y subsistía la aspiración de las mayorías de reconstruir un cuadro democrático en el cual retomar el ensayo de transformación social interrumpido.

El camino que recorrió la oligarquía estuvo empedrado de privaciones económicas para el pueblo. Sembrado, también de violencias. El golpe de Estado de 1955 había sido anticipado por una asonada durante la cual la aviación insurrecta ametralló una concentración popular en la plaza principal de Buenos Aires, ocasionando centenares de víctimas. A esta matanza, una vez consumado el asalto al poder, siguió una violencia cada vez mayor, que incluyó el fusilamiento sin juicio previo de una treintena de militares y civiles en 1956 y una larga serie de luchadores populares asesinados o desaparecidos. Mientras tanto, la pérdida de la capacidad de consumo popular no cesaba, los niveles del ingreso medio descendían, los resortes de la economía se desnacionalizaban e iban a engrosar el poder va abultado de las multinacionales operantes en el país.

En 1966, disconforme con la supuesta inoperancia del gobierno radical de Illia, el ejército había tomado en sus manos nuevamente el control directo del país. ¿Cuál era su proyecto político? Difícil establecerlo, a la luz del errático camino seguido, como no fuere esperar simplemente que se produjese la muerte de Perón en el exilio y, como consecuencia, la disolución del movimiento popular.

Lo cierto es que en 1973, el movimiento obrero permanecía unido férreamente alrededor del peronismo. Sus bases se habían incrementado con nuevos sectores sociales, técnicos, profesionales, clases medias. Su potencial político se había desarrollado a través de múltiples experiencias. Su estructura y organización estaban fortalecidas.

Los partidos políticos no peronistas —la izquierda moderada, el partido radical, los grupos socialcristianos— se habían distanciado abiertamente del gobierno militar y reclamaban una apertura democrática que incluyera, de una vez, al peronismo, tras dieciocho años de frustrados intentos por erradicarlo de la escena política.

La honda crisis que sacudía al país, la sucesión dé fracasos traumatizantes, así como la influencia de la onda contestataria que recorría el mundo desde 1968, llevaron a la juventud a una radicalización creciente. Frente a un país sumido en el marasmo, paralizado en un inmovilismo represivo que no ofrecía salidas, las opciones violentas penetraron hondamente en la juventud de todas las vertientes: marxistas, cristianas, peronistas, liberales. En 1969 nació la guerrilla urbana argentina, alimentada por ese venero juvenil inconformista que se extendería también, además del carril directamente guerrillero, por todos los ámbitos de la vida social. La juventud iba a ser la gran protagonista de la contestación, en los sindicatos, en los partidos, en la universidad y en la calle.

La espiral de la violencia se amplió. La represión militar fue desafiada por verdaderos levantamientos populares como el córdobazo, insurrección de masas en la ciudad de Córdoba que, en 1969, rebasó durante varios días al aparato de seguridad.

Las fuerzas de la cultura —profesionales, artistas, intelectuales, universitarios— se sumaron a ese movimiento. El empresariado pequeño y mediano, agrupado en la Confederación General Económica, se situó decididamente en favor de una salida política, anhelante de una apertura económica proteccionista, de apoyo crediticio a la industria nacional de una ampliación del mercado interno y del consumo popular.

Un clima de repulsa general, de saciedad ante un régimen militar que había abrumado durante ocho años al país, se fue extendiendo a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad argentina.

El gobierno militar estaba sitiado. Su continuidad sólo hubiese podido asegurarse a costa de una represión desnuda y, seguramente, desafiando el riesgo de una fractura interna. El desconcierto de la cúpula militar era evidente, y contrastaba con el empuje y el crecimiento de las fuerzas populares. Sin embargo, el proceso que condujo a la salida electoral no fue fácil. El general Lanusse maniobró hasta último momento, tratando de evitar, mediante estratagemas y ardides publicitarios y electoralistas, la victoria popular en las urnas. Acudió a recursos como el desafío personal a Perón, la prohibición de su ingreso al país (y luego de su candidatura), el manejo discrecional de las comunicaciones, la promoción de una candidatura oficial, etc.

La lenta, paciente, caligráfica malla política tejida por Perón en el largo exilio y su sabiduría táctica hicieron fracasar todos los planes continuistas.

En marzo de 1973 los argentinos votaron. El triunfo popular fue clamoroso. Al 50% de los votos obtenidos por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), deben sumarse los del partido radical y los del frente de izquierda. Alianza Popular Revolucionaria, cuyos programas eran sustancialmente similares al del FREJULI y que conformaban un arco electoral representativo del 85% de las voluntades ciudadanas.

Todos esos votos significaban, fundamentalmente, una dura reprobación hacia la dictadura militar. Y una clara opción en favor de transformaciones socioeconómicas, de una mayor justicia social, de una liberación económica. En Argentina se había configurado un bloque histórico encabezado por la clase obrera organizada e integrado por intelectuales, técnicos y profesionales, empresarios nacionales, clases medias y marginados de todas clases.

Producido el hecho electoral, la situación pendió de un hilo. ¿Qué harían los grandes derrotados de las urnas, la derecha, los intereses oligárquicos e imperialistas, el ejército pretoriano, que aún detentaban todo el poder? ¿Acaso dejarían el campo libre a una coalición heterogénea que, si estaba contenida en límites reformistas, poseía también una dinámica interna de resultados imprevisibles?

Pero las cartas estaban ya echadas. La cúpula militar no se animó a anular las elecciones. Esto no significaba que el sistema dominante iba a renunciar a su privilegiada situación. Derrocado estrepitosamente en las urnas, inició, tras un repliegue táctico, una furiosa acción para desestabilizar la naciente democracia: la «argentinización», proceso que se haría conocido en el mundo entero como modelo de demolición de un régimen popular a través de la sinuosidad de la violencia política.

Pero me detendré por ahora en el análisis del cuadro que ofrecía el movimiento obrero al iniciar esta segunda experiencia histórica de participación en el poder.

La unidad sindical

Una de las características más acusadas del sindicalismo argentino ha sido su unidad. El régimen organizativo de los sindicatos no hizo sino reflejar esa unidad de fondo, real, profunda que aglutinaba al movimiento obrero en torno a su adhesión al peronismo. Todos los regímenes legales que, desde 1945, rigieron la vida sindical hacían posible (bien que no la favorecieran expresamente, salvo en el lapso 1956-1958), la pluralidad organizativa. Pero ésta fue un fenómeno prácticamente desconocido en Argentina. No por ninguna imposición verticalista ni bajo la férula de cúpulas autoritarias. Simplemente porque la voluntad de las bases sindicales y de sus cuadros medios nunca permitió la consolidación de otras opciones sindicales que no se situasen dentro del marco del peronismo.

En el campo sindical no faltaron las disensiones, las polémicas y las tensiones. La historia menuda de estos años arrojó un considerable material de disensos, en ocasiones dirimidos con violencia. Pero vistas las cosas con la perspectiva de las últimas tres décadas, el panorama es distinto. A pesar de todas las alternativas que fueron sucediéndose en su camino, desde el amarillismo y la integración hasta una gimnasia revolucionaria, el movimiento obrero mantuvo una coherencia considerable.

Tras el golpe de Estado de 1955, se conformaron algunos núcleos sindicales antiperonistas directamente favorecidos por el gobierno y sustentados en un régimen legal hecho a la medida para ellos. El peronismo sindical fue, en este período, duramente reprimido. Sin embargo, aun en la clandestinidad, mantuvo su carácter mayoritario y nunca perdió la hegemonía del movimiento obrero. Cuando en 1958 se normalizó la vida sindical, levantándose la interdicción que pesaba sobre la CGT, el peronismo sindical era ya totalizador. Esa tendencia se acentuó aún más en los años siguientes.

Se produjeron, sin embargo, algunas grietas importantes en el movimiento obrero. En 1966, las 62 organizaciones se dividieron en dos fracciones encabezadas por José Alonso y Augusto Vandor, discrepantes sobre el papel político que el movimiento obrero debía desempeñar. El primer grupo sostenía la oposición al régimen y el alineamiento en un frente encabezado por Perón. El segundo planteaba la independencia táctica de los sindicatos y el pactismo con la cúpula militar.

En 1968 la central obrera única se escindió. Hubo una «CGT de los argentinos» (encabezada por Raimundo Ongaro) partidaria de un enfrentamiento abierto con el gobierno militar y una CGT «ortodoxa», de tendencia reformista.

Al cabo de un tiempo, ambas fracturas fueron reabsorbidas y hacia 1973, tanto las 62 organizaciones como la CGT estaban nuevamente unidas.

Más atrás he analizado (ver capítulo III) el sindicalismo radicalizado de los obreros mecánicos de Córdoba y metalúrgicos de la cuenca del Paraná. Estas insurgencias quedaron contenidas en marcos regionales y no constituyeron opciones globales sino, tan sólo, fermentos que contribuyeron a dinamizar el panorama sindical.

Por otra parte, se sucedieron con frecuencia las disensiones personales, las pugnas en los sindicatos de rama, los cuestionamientos y luchas intestinas: en todas las épocas, cualesquiera fuesen las circunstancias políticas que atravesara el país, favorables o adversas a los trabajadores. El universo sindical era, en uno u otro caso, un factor de poder, real o potencial, y por tanto, objeto de muchas ambiciones políticas y personales.

Pero en su conjunto el sindicalismo argentino a pesar de este pulular de tensiones, resistió todas las pruebas externas e internas y mantuvo indemne su unidad estructural, reflejo final de la unidad de sus bases.

La concentración sindical

La concentración estructural de los sindicatos se produjo como secuela organizativa de esa unidad. La tendencia predominante llevaba a la formación de organizaciones unitarias, a nivel de rama: un solo sindicato para todo el país y para cada actividad. Éstas eran las diez organizaciones más grandes en 1975[83].

Sindicato | Trabajadores representados | Forma organizativa
Confederación Empleados Comercio | 1.000.000 | Federaba más de 300 sindicatos locales
Unión Obrera Metalúrgica | 400.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional
Unión Obrera de la Construcción. | 400.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional
Unión Trabajadores Gastronómicos | 250.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional
Asociación Bancaria | 150.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional
Asociación Obrera Textil | 150.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional
Federación Trabajadores Alimentación | 150.000 | Federaba más de 30 sindicatos locales
Unión Sindicatos de la Madera | 150.000 | Federaba más de 40 sindicatos locales
Sindicato Mecánicos de Automotores | 120.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional
Unión Ferroviaria | 110.000 | Sindicato único con jurisdicción nacional

El sindicalismo argentino reflejaba la estructura natural adoptada por los trabajadores en todos los países, a partir de cierto grado de desarrollo industrial: el sindicato de rama.

La concentración estaba determinada, también, por el perfil geopolítico del país, por el gigantismo humano y económico de su polo bonaerense. Era, en tal sentido, casi irreversible.

Es cierto que el unitarismo de muchos sindicatos de ámbito nacional favorecía una concentración de poderes que no se compadecía con principios elementales de democracia y sensibilidad hacia las bases. Pero en las federaciones de sindicatos locales, en las que éstos tenían plena autonomía institucional y económica, existía también un alto grado de centralismo: el peso decisivo del sindicalismo porteño inclinaba indefectiblemente la balanza del poder en favor de quien dominase ese distrito.

La centralización excesiva provocó una distorsión nociva, a pesar de la macrocefalia demográfica y económica que la explicaba y a pesar de los argumentos que en su favor podían argüirse: eficacia, necesidad de contar con un mando unificado debido a la equidistante unicidad del patronato y del poder.

Ello potenció la maquinaria sindical, pero cerró el paso a la democratización interna y perjudicó la libre expresión de todas las corrientes que coexistían en el seno del movimiento obrero.

Ese centralismo castrador se percibió, por ejemplo, en el último régimen legal del sindicalismo, aprobado en 1973, (ley 20.615), que otorgaba facultades a los organismos centrales del sindicato para intervenir tanto seccionales o filiales como comisiones de fábrica, con el solo requisito de una causa prevista en el estatuto interno: fórmula de excesiva amplitud que aseguraba márgenes discrecionales a las cúpulas.

Esta cara del centralismo, al paralizar el juego democrático interno, bastardeaba, en definitiva, los fines y la eficacia del movimiento obrero. No en cambio, su otra faz, la que privilegiaba la concentración estructural de los sindicatos, como expresión de la unidad profunda de la clase obrera.

Por supuesto que reunir ambas virtudes —potentes estructuras unitarias y democracia interna con libre expresión de las bases— no era tarea fácil. Hacerlo en el caótico cuadro político del trienio 1973-1976 hubiese sido, quizás, un milagro. Y sin embargo, ambas tendencias, desgraciadamente en términos muchas veces contrapuestos, coexistieron siempre en el seno del movimiento obrero argentino.

La pauta fuertemente centralizadora fue desarrollada, en el régimen legal de 1973, con la finalidad de encuadrar rígidamente al movimiento sindical en la estrategia reformista que intentó el peronismo. A esta exigencia de unidad —impuesta, es cierto, por las dificultades políticas que se atravesaban— se sacrificó el inmenso capital humano conformado por las expresiones de base que, de haber encontrado su adecuado cauce, hubieran podido convertirse en el más importante sostén del proceso popular. La dramática caída (verdadero derrumbe) del peronismo en 1976, sin que las bases sindicales movieran un dedo para evitarla, demuestra basta qué punto esa energía había quedado estrangulada por el corsé centralizador.

La burocratización sindical

Una de las críticas más persistentes al sindicalismo argentino formuladas durante el periodo 1973-1976 se ha centrado en la burocratización de sus dirigentes. El anatema fue lanzado con obsesiva constancia desde la izquierda, tanto peronista como no peronista, que lo convirtió en elemento clave de su análisis del movimiento obrero. Pero también desde la derecha fue caballo de batalla de todas las campañas antipopulares. ¿Hasta qué punto estas críticas expresaban una situación real? ¿Estaba el sindicalismo verdaderamente contaminado por esa burocracia sindical que tanta tinta hizo correr?

Un movimiento obrero se compone de estratos humanos y niveles organizativos diversos: comprende tanto a los dirigentes de primera línea como a los cuadros intermedios, a los militantes y activistas, a la base. Lo conforman, también, el conjunto de tradiciones, hábitos y actitudes mentales de los trabajadores, su grado de conciencia sindical, sus componentes sociológicos —sectores, grupos, categorías—, sus posturas políticas, el conjunto integrado de sus acciones concretas y su ideología, etc. Si alguno de estos elementos revela fallas, en cuanto no constituye sino un aspecto parcial del movimiento, no puede calificar a la totalidad del mismo, a riesgo de que se distorsione la verdad.

En Argentina, la crítica al burocratismo sindical ha adolecido muchas veces de parcialidad y en ocasiones escondía un prejuicio antisindical virulento. Descalificando a la cúpula se pretendía, consciente o inconscientemente, descalificar a todo el andamiaje humano que integraba el aparato sindical.

Esa crítica es frecuente en muchas latitudes y en Argentina el fenómeno se ha repetido. Cuando existe un movimiento obrero fuerte, de incidencia cierta en la sociedad, con tendencia expansiva en cuanto a la asunción de roles sociales, ese movimiento genera diversas formas de crítica, de envidia social, de resentimiento.

Los sectores que hacen del individualismo y el lucro sus pautas de conducta sienten un agudo malestar frente al movimiento obrero, en cuanto portador de valores antitéticos a aquéllos: solidaridad, idealismo. Las acusaciones de corrupción y burocracia hechas desde aquel punto de vista, tienden a cuestionar el sentido mismo del sindicalismo.

En Argentina, el prejuicio antisindical fue fomentado por la oligarquía y difundido a través de mensajes explícitos o tácitos por los medios de comunicación de masas y las estructuras transmisoras de «opinión pública». Y prendió a amplias capas de la población no obrera. Así, era frecuente oír entre 1973 a 1976 a profesionales liberales, pequeños comerciantes, artesanos o trabajadores independientes (e incluso a empleados o técnicos asalariados pero sumisos a la mentalidad «white collar»), expresando su virulenta indignación por los símbolos externos del poder sindical. Todo era objeto de crítica: tanto la fortuna personal de los dirigentes, sus automóviles, sus guardaespaldas, sus salarios, sus presuntos delitos como el tamaño de las sedes sindicales, el patrimonio de los sindicatos, la participación de sus representantes en funciones públicas, en suma, el poder institucional del sindicalismo al que se presentaba como generador ineluctable de aquellas excrecencias.

Esta visión esquemática y subjetiva, que tomaba como referencia absoluta del movimiento sindical a su emergente negativo (el burócrata corrupto), llevaba a negar de plano el sindicalismo. Si todo lo que éste producía era solo algunos burócratas enriquecidos ilícitamente, ¿para qué servían las huelgas, las luchas, la organización de los trabajadores? En esta concepción latía una matriz reaccionaria. Nociones semejantes fueron repetidas hasta el cansancio por la prensa oligárquica, por la universidad, por los «foros de doctrina» de la clase dominante, por los papagayos de la cultura y, de allí para abajo, por muchos incautos cuyos moldes mentales no podían escapar a esta colonización pedagógica.

El burocratismo y su secuela, la corrupción, fueron agitados muchas veces por la burguesía, no ya como ejemplos negativos sino como categoría de la intrínseca perversión del sindicalismo.

Y sin embargo, ese efecto —la corrupción del obrero devenido jerarca— es obra de la penetración del espíritu individualista, del lucrativismo de la burguesía que lleva al dirigente a traicionar la solidaridad sindical. Se da así la paradoja de que el burgués reprocha al sindicalista por adoptar unas pautas de conducta que son las suyas propias y a través de las cuales se ha operado aquella corrupción. El burgués se horroriza cuando ve al sindicalista hacer todo aquello qué él mismo hace (o pretende hacer) impunemente. Esta moral maniquea e hipócrita conduce a lapidar al burócrata sindical por usufructuar los hábitos de vida reales o deseados del burgués —vestimenta, automóviles lujosos, casas— sus prácticas personales —afán de lucro, fraudes al Estado, exacciones, etc.—, o los usos sociales y públicos que aprueba o tolera sin protestar —violencia, injusticia, discriminación, etc.—. ¿Cuántas veces el mismo empresario que ha comprado al sindicalista ofreciéndole la prebenda o el soborno cómplice, se escandaliza en público contra la corrupción sindical?

Toda vez que, en las sociedades modernas, trabajadores y burgueses se entremezclan y están sujetos a parecidos condicionamientos culturales, los valores de la burguesía (o sus disvalores) penetran fácilmente en el cuerpo de la masa trabajadora. Para ello cuentan con el dominio de los medios de comunicación y el aparato de la enseñanza.

Teorizando sobre este fenómeno, ha dicho Perry Anderson: «La falta de democracia en los sindicatos debe entenderse en función de la naturaleza del sistema en que están insertados, esto es, del capitalismo. Constituye una regla de la sociedad capitalista que cualquier institución o reforma creada para o por la clase obrera puede ser, por ese mismo motivo, convertido en un arma contra ella y es una regla más que la clase dominante ejerce una constante presión con este fin»[84].

No era extraño que hacia 1973 la sociedad argentina estuviera fuertemente erosionada por la corrupción, el derrotismo y diversas formas de hedonismo y amoralidad social y privada. Durante casi veinte años el basamento institucional del país había sido la ilegitimidad del poder, la proscripción coercitiva de las aspiraciones mayoritarias, el sistemático y frecuente ejercicio de la violencia pura como razón de Estado. Cuantos aspiraron a una transformación social, o encamaron el anhelo de una mayor justicia y promoción para el pueblo, fueron arrojados al ghetto del silencio y la marginación, sino sufrieron castigos peores. Las reservas morales e idealistas, los sueños que lucubró lo mejor de la sociedad argentina fueron demolidos sistemáticamente durante estos años oscuros. Esa tarea de zapa quizás explique las falencias humanas con que el movimiento popular llegó a la experiencia de 1973, tan trágicamente terminada tres años después.

Era en este cuadro social que el fenómeno burocrático se convirtió en centro del tema sindical. ¿Acaso ello disculpaba esa deformación sindical? Por supuesto que no, pero de alguna manera la explicaba y, sobre todo, ayudaba a discriminar el sentido insidioso de algunas críticas fáciles al fenómeno.

¿Era burocrático el movimiento sindical? Lo era en la medida en que lo habría sido cualquier otro movimiento sindical de dimensiones similares.

La burocratización (o sea el crecimiento de dotaciones humanas encargadas de ejecutar profesionalmente sus funciones) es connatural al desarrollo de un sindicalismo de masas. En este sentido weberiano, la burocratización es un fenómeno lógico y quizás imprescindible, por lo menos mientras los niveles de participación en la vida pública no asuman proporciones mayores.

Cuando un movimiento sindical alcanza ciertas cotas en dotación humana, en nivel de afiliación, en complejidad sociológica y estructural, en peso institucional y político, en grado de sindicalización, en implantación sobre todo el universo laboral, parece inevitable la necesidad de un aparato burocrático que asegure su funcionamiento. Alessandro Pizzomo ha explicado el fenómeno según esta regla: «Cuanto mayor sea el número de obreros poco calificados o no calificados que integren el sindicato, más tenderá el mismo a darse una fuerte organización, a dejar actuar por delegación a sus dirigentes y éstos serán llevados a utilizar la fuerza puesta de tal modo a su disposición como instrumento de poder político»[85].

Es cierto que el centralismo acusado favoreció el crecimiento burocrático. Es cierto, también, que si la burocracia era en sí misma, un fenómeno neutro, este concepto debía ser muy cuidadosamente evaluado al referirse al mundo sindical. Era esencial que la expresión de las bases pudiera llegar con fluidez a las cúpulas dirigentes para que el movimiento sindical conservase su frescura y vivacidad. Y la mediación estructural que suponía la burocracia ponía en peligro esa irrigación del aparato sindical cuya ausencia era letal.

El divorcio entre dirigentes y masas, la estratificación de las cúpulas, la ausencia de vida democrática en el seno de la organización, la falta de auténtica discusión y debate, la imposibilidad de las bases para ejercer un auténtico control de sus representantes, eran todos ellos peligros ciertos para el movimiento obrero.

La burocracia en sí misma no debía ser criticada en cuanto era consecuencia necesaria del crecimiento numérico y del polifuncionalismo pero sí en cuanto fuente de su perversión más frecuente, la oligarquía sindical y su derivado espurio, la corrupción.

La burocracia aletargaba las energías del movimiento obrero, aunque en compensación consolidase otros dones, si no tan importantes, no despreciables, como la fortaleza y la efectividad. Como las enfermedades no mortales, la burocracia podía ser combatida mediante su antídoto natural, la democracia sindical. El peligro radicaba en que ese virus —la burocracia— podía generar un veneno —el caciquismo—, éste si de efectos devastadores. ¿Cuál era la extensión del mal en el sindicalismo argentino en 1973-1976? Los sindicatos únicos de industria poseían amplias dotaciones de personal profesionalizado. Los niveles dirigentes eran integralmente ocupados por trabajadores que dedicaban su tiempo completo a la función sindical, en uso de licencias que el régimen legal les otorgaba. La movilidad y la renovación eran relativas en los niveles intermedios y escasas cuanto más alta era la escala dirigente. Las posibilidades de control democrático de las conducciones mediante la libre discusión en asamblea por todos los afiliados, estaban lejos de constituir un hábito natural y frecuente.

Y sin embargo, la floración burocrática del aparato sindicalista tenía un sentido: la hacía lógica la multiplicidad de servicios reales que brindaban los sindicatos, en niveles asistenciales, además de los cometidos reivindicativos y políticos.

La profesionalización del equipo dirigente, discutible como práctica rígida, admitía correcciones allí donde se colaba el empuje controlador de la base. En cambio la ausencia de participación orgánica de esa base en el manejo del sindicato, favorecida por la falta de auténticas garantías para la expresión del disenso, era un vicio real, y generó la deformación de buena parte del equipo dirigente, tan funesta, finalmente, para los trabajadores.

Hablo, deliberadamente, de ausencia de participación orgánica de la base. Por cuanto —he aquí la otra cara de la moneda— el movimiento obrero nunca fue adormecido ni su tonicidad pudo ser doblegada por las tendencias burocráticas. La organización sindical en las empresas, mediante la elección directa por todo el personal, afiliado o no, de delegados y comisiones internas, constituyó una fuente inagotable de vigor sindical.

Esa forma molecular de organización tenía, desde hacía muchos años, un desenvolvimiento intenso. En todos los ámbitos de trabajo —fábricas, talleres, oficinas, oficinas públicas, empresas grandes, medianas o pequeñas —la representación directa de los trabajadores fue el medio para desarrollar una acción sindical de efectos propagadores.

Todo intento domesticador en ese territorio dinámico del sindicalismo, se estrelló contra su vigor natural. La falta de regulación legal sobre las funciones y naturaleza de las comisiones internas —verdadera laguna dentro de un derecho sindical positivo abundante como el argentino—, favoreció la plasticidad de ese movimiento.

Los estatutos de muchos sindicatos admitían a las asambleas o cuerpos de delegados del personal como órganos directivos aunque, generalmente, sin funciones ejecutivas. Ese fermento democrático —miles y miles de organismos de base surgidos de una participación directa y viva— no encontró, sin embargo, el camino para penetrar decisoriamente en el seno de la institución-sindicato. Su presencia y su peso, aun así, fueron indudables y atenuaron la burocratización.

Los sectores radicalizados del peronismo que tuvieron influencia durante la primera parte del gobierno de 1973-1976 llevaron a cabo una intensa campaña pública contra lo que llamaron «burocracia sindical». Esa crítica fue hecha desde fuera del movimiento obrero. Los montoneros crearon una denominada «juventud trabajadora peronista» a fin de trasplantar, al ámbito sindical aquellas posturas políticas. Esta estrategia partía de una concepción elitista: un organismo juvenil trataba de imponer sus pautas a la clase trabajadora entera. Aun cuando la crítica antiburocrática no dejase de estar fundamentada, no podía articular ninguna alternativa viable para los trabajadores. Éstos se nucleaban en los sindicatos de rama que para los trabajadores constituían —y siguen constituyendo— el único cauce natural, histórico y legítimo del combate obrero, aun con los errores y lastres de sus cúpulas.

Un órgano de la izquierda argentina hacía, en 1973, esta constatación: «Resulta paradójico comprobar la ausencia de una reflexión madura —lo que no significa acabada, pero sí rica en planteos y desarrollos— sobre el sindicato, en un país donde la proporción de los trabajadores sindicalizados sobre la fuerza de trabajo ocupada es similar a la de los países capitalistas centrales, que cuentan con una larga tradición asociativa, y notablemente superior a la de los países del llamado tercer mundo». Y la misma fuente resaltaba la magnitud de ese déficit, toda vez que «con excepción de la relación directa con el liderazgo de Perón, el encuadramiento natural de los trabajadores en Argentina lo constituye el sindicato»[86].

El planteamiento de la JTP le impedía conectarse con ese núcleo vivo (verdadero corazón de la clase obrera argentina). El esquematismo lineal de los ataques a la burocracia hizo que esa crítica se confundiera con la que se formulaba, desde la derecha, a la estructura global del sindicalismo y particularmente a su contenido unitario. Aquella misma izquierda, con sentido autocrítico, había dicho: «Con frecuencia, en la izquierda ha prevalecido una actitud de reserva, cuando no de rechazó, frente al sindicato, en el que ha visto sobre todo una agencia de integración de los trabajadores al status-quo». Pese a que, como a continuación se constataba, «concebir al sindicato como a un órgano de adaptación al status-quo cualquiera sea la validez de una fórmula semejante en un momento dado, supone desconocer su situación contradictoria bajo el capitalismo»[87].

La necesidad objetiva de la unidad como forma de potenciar la acción del movimiento obrero es un principio elemental en todo el mundo. Ella resultaba aún más obvia en un país dependiente como Argentina, sometido férreamente al juego de intereses económicos y geopolíticos del imperialismo.

De esa unidad, de su consiguiente concentración y centralización derivaron, como consecuencias deformantes, las tendencias burocráticas del sindicalismo. Pero la lucha contra éstas no podía comprometer aquella unidad crucial. Este aspecto no fue comprendido por la denominada izquierda peronista que confundió, consciente o inconscientemente, ambos planteos.

En 1973, apenas instalado el primer parlamento democrático en casi dos décadas, se discutió la sanción de una ley sindical. El proyecto apoyado por la CGT, entre otras innovaciones, fortalecía la libertad sindical al consolidar la protección de la acción obrera dentro y fuera de la empresa, impulsando una organización sindical con poderes institucionales crecientes e impidiendo todo brote de amarillismo y fraccionamiento. Por sobre todo, consolidaba a los sindicatos frente a las interferencias y maniobras patronales.

En cambio, se restringían las posibilidades de vida democrática interna, de libre expresión y de descentralización sindical.

En virtud de estos rasgos negativos de la ley, los montoneros hicieron una campaña para impedir su sanción, reivindicando un proyecto alternativo, cuyas posibilidades reales, atento a la correlación de fuerzas, eran nulas. De esa manera, enfrentaron objetivamente a la nueva regulación sindical, alineándose en esa postura junto a la oligarquía que, tres años después, al asaltar el poder, haría trizas esa ley sindical.

¿Acaso podía ignorarse que la ley 20.615, pese a sus defectos, significaba un avance en la consolidación del sindicalismo argentino? ¿Que, aún aprovechando coyunturalmente a la dirigencia execrada, atacaba de manera cierta los feudos de la «libre empresa» y la soberanía del patronato en un momento histórico en que los resortes del poder estaban todavía en manos del sistema opresor? ¿No cabía, al menos, una matización crítica? ¿Podía confundirse y sobrevalorarse la lucha contra la burocracia sindical erigiéndola en objetivo central cuando aún permanecía en pie, viva y robusta —tan sólo momentáneamente agazapada— la oligarquía derrotada en las urnas pero no desplazada ni un ápice de sus posiciones y privilegios? ¿Tenía sentido plantear esa crítica desde fuera del movimiento sindical cuando en él existía un capital revolucionario de fecunda potencia? ¿Acaso se beneficiaba al movimiento obrero, en su vertiente más rica (la organización en el seno de la empresa), con una argumentación estéril en la medida que no partía de la misma clase trabajadora?

Como puntualizaba Rodolfo Terragno, «los jóvenes peronistas que hostigaban a la «burocracia sindical» incurrían, sin duda, en simplificaciones excesivas y eran injustos al generalizar, olvidando que —al lado de gremialistas venales y claudicantes— las dos décadas de ostracismo habían mostrado, también, a dirigentes honrados e intransigentes. Omitiendo los distingos y declarando la guerra a la masa sindical, los jóvenes corrían, además, el riesgo de ir alejándose involuntariamente de la clase obrera, como lo había hecho la izquierda no peronista a partir de 1943»[88].

En cuanto a la crítica que desde la oligarquía se hizo a la burocracia, ya hemos aludido a su carácter maniqueo y esencialmente hipócrita. La corrupción sindical le interesaba a esos sectores como vehículo para desprestigiar al sindicalismo en su conjunto. La falsa moral con que se habló siempre desde la prensa oligárquica de burocracia o caciquismo en los sindicatos, encubrió una finalidad concreta: estrangular al movimiento obrero.

Para la oligarquía, mucho más funcional que propugnar la abolición de los derechos sindicales —a esta altura del siglo, siendo Argentina miembro de la OIT y firmante de todas las convenciones sobre libertad sindical— era usar la burocratización como excusa y alegar que se debía «salvar» a los trabajadores de la explotación que los dirigentes corruptos ejercían sobre ellos. De esa manera, procuraba obtener, con un mejor pretexto, el mismo resultado: la represión sindical, bajo el manto de una pretendida «depuración».

La estrategia sindical de la oligarquía que se hizo con el poder en 1976 ha sido esencialmente incoherente: la doctrina oficial reiteraba que se respetarían las libertades sindicales (por supuesto, expurgadas sus «deformaciones políticas»), asegurándose una efectiva democracia en el sindicato. Y esto era lo único que el sistema no podía hacer.

En materia sindical la oligarquía sólo tiene dos caminos: la represión absoluta o el pacto con los dirigentes más degradados. Desde 1955 ha sido así y la política antisindical del auto-bautizado Proceso de Reorganización Nacional lo ha demostrado.

El sindicalismo entre 1973 y 1976

Retomaré la sucinta crónica política interrumpida en marzo de 1973, con la victoria electoral de las fuerzas populares.

¿Qué otra cosa podía augurarse para éstas que una larga vida? Habían triunfado clamorosamente en las primeras elecciones libres habidas en dieciocho años. El frente ganador contaba con mayoría absoluta en el parlamento y gobernaba en todas las provincias. Pero además, la primera y la tercera minorías sustentaban sendos programas que, en materia económica y social, apenas diferían del peronista.

Un clima de concordia y compañerismo presidía la contienda política. Perón, de regreso al país, se abrazaba con Ricardo Balbín, el jefe radical y dialogaba frecuentemente con su exopositor encarnizado, al que veinte años antes había enviado a prisión. En la calle, las manifestaciones peronistas aplaudían a su paso a las radicales y viceversa. Una generosa ley de amnistía —prometida en su programa electoral por las fuerzas mayoritarias, es decir prácticamente por la unanimidad del parlamento— abrió las puertas de las cárceles.

El ejército, desgastado, se retiraba a los cuarteles. Las jerarquías militares se renovaban y los puestos de comando eran ocupados por jefes aparentemente dispuestos a mantener una estricta profesionalidad. El panorama no podía ser más promisorio: a la Argentina le aguardaba un proceso de cambio económico-social, un vigoroso reformismo, bajo las banderas de la justicia social y la liberación nacional. Por otra parte, la circunstancia internacional era propicia. Allende gobernaba en Chile. Junto al presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, había encabezado los festejos populares por la asunción de Cámpora a la presidencia. En Perú estaba en su momento culminante la revolución militar de Velazco Alvarado. Poco antes había sido derrocado en Bolivia el general Torres pero en Uruguay el Frente Amplio encabezado por Líber Seregni no parecía estar lejos del poder.

¿Qué podía intentar la oligarquía argentina, sin expresión política, ausente del parlamento, pulverizada en las urnas? Y sin embargo…

Y sin embargo, algunos signos alteraban la tranquilidad, algunos resquicios se abrían en ese edificio aparentemente sólido.

El frente mayoritario era un conglomerado de tendencias disímiles y la pugna entre ellas se anunciaba intensa. Latinidad del movimiento era asegurada por la presencia del viejo e indiscutido líder, que había consumado la más trabajosa de sus filigranas políticas. Al convocarse de nuevo a elecciones, en septiembre del 73, tras la renuncia de Cámpora, fue plebiscitado apoteósicamente. Pero, a pesar de su buen aspecto, tenía casi ochenta años y se rumoreaba que su salud no era buena.

¿Tendría el peronismo cuadros técnicos para cubrir las responsabilidades del poder? Además, una de las fracciones guerrilleras beneficiadas con la amnistía, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), se negaba a deponer las armas y pese a disponer de un amplio campo para el trabajo político al restaurarse con amplitud todas las libertades democráticas, anunciaba su propósito de continuar, demencialmente, su acción violenta.

La historia de los tres años que van de 1973 a 1976 fue la historia de cómo aquella oligarquía, rechazada y vilipendiada por el pueblo, arrinconada históricamente, elaboró desde la sombra la estrategia de la desestabilización. De cómo el pueblo, en una suerte de oscura pesadilla, perdió una tras otra, sus capacidades de respuesta. De cómo el movimiento popular, maniatado por sus errores, se vio envuelto en una trampa, en una maquinaria infernal tendida por la reacción. De cómo ésta recuperó el poder en tan sólo treinta y cuatro meses. He aquí, sucintamente, algunas estaciones de ese calvario:

1) El frente reaccionario infiltró descaradamente al peronismo. Aprovechó la naturaleza gaseosa de éste, típico movimiento de masas, conglomerado de clases, sectores, grupos de signo diverso, unidos bajo las banderas de un nacionalismo popular muchas veces difuso en su planteamiento teórico. Es decir, lo contrario a un partido organizado, con cuadros ordenados. Pese a que Perón difundió la consigna de «acopiar materia gris» e insistió en la necesidad de institucionalizar el movimiento —previendo su sucesión—, nada de ello se hizo. En cambio, un conjunto de mediocres y oscuros personajes ocuparon puestos claves de la conducción política y, muerto Perón en julio de 1974, tras sólo ocho meses de gobierno, acapararon el poder. Estos personajes eran, objetivamente, emisarios de la reacción en el seno del movimiento popular.

2) La opinión pública fue manipulada en función del proceso de desestabilización. El gobierno no poseía ningún órgano de expresión periodístico: todos los diarios eran propiedad de grupos privados que estaban coaligados (en defensa de intereses distintos, quizá) contra la experiencia popular. Los diarios argentinos no eran órganos políticos sino, simplemente, empresas privadas, lucrativas, emparentadas de una u otra forma con sectores del poder económico tradicional. Esa mentida objetividad política hizo siempre más insidiosa su prédica. No eran órganos políticos pero sí órganos tendenciosos[89].

El gobierno no atinó a construir, en la utilización de la radio y la televisión estatales, una estrategia definida y pese a la penetración masiva de estos medios, su potencial fue desperdiciado. A través de los mass media se instrumentó la violencia, la distorsión de la economía, la campaña antisindical, en una sabia dosificación de mensajes que repercutían, sobre todo, en las clases medias para desgajarlas del proceso al que en su inicio, se habían ligada. Ese manejo combinaba, en el plano de la difusión y de la penetración, todos los argumentos desestabilizadores.

3) En cada uno de los niveles del aparato estatal, innumerables tecnócratas permanecieron enquistados, realizando por acción u omisión, una tarea de zapa contra el gobierno popular. ¿Cuántos fueron los funcionarios altos o bajos, que se acogieron al lema generoso de «sin odios ni rencores», en virtud del cual se soslayaron purgas y depuraciones y que, tras un rápido baño de populismo, en cuanto aparecieron las primeras grietas del edificio, trabajaron con celo en su demolición interna?

4) La denigración del movimiento obrero fue una de las constantes de la acción desestabilizadora. No fue por casualidad que se eligió este objetivo prioritariamente. La organización sindical era la espina dorsal de un frente político de frágil estructura interna, hondamente trabajado, además, por disensiones personales e ideológicas. Hemos hablado de la manipulación de la opinión pública. También del uso insidioso de un presunto ausentismo como efecto del sistema de relaciones laborales. De las deformaciones burocráticas y corruptas de la conducción sindical, objeto de crítica tendenciosa y maniquea.

La protección de la libertad sindical por medio de medidas concretas (denominada por la legislación argentina «fuero sindical») fue considerada, por esa campaña, como un privilegio y una arbitrariedad inadmisible, pese a tratarse de un principio admitido en la doctrina y legislación internacionales y auspiciado por la OIT.

5) Los mecanismos económicos fueron utilizados como eficaz vehículo de esta sorda lucha política: la fuga de capitales, la especulación, el desabastecimiento, la suba de precios. Todo culminó con el lock-out de febrero de 1976, rota ya la breve y frágil unidad empresaria consumada bajo la égida del sector nacional y progresista del patronato. Esa huelga empresaria tuvo un propósito netamente político y golpista.

6) El aspecto central de la estrategia que siguió la derecha para hundir el proceso popular se centró en la utilización de la violencia. Ese carácter es el que distinguió el «caso argentino» como un modelo de desestabilización.

En sus grandes líneas, ese fenómeno consistió en un constante, impune y sistemático uso de la violencia por organismos estatales o paraestatales, aplicada sobre integrantes del movimiento popular. Los objetivos de la violencia eran diezmar las fuentes de recambio del movimiento popular y producir simultáneamente, un estado de intimidación masiva. Ambos coincidían en una finalidad central: emascular los vigorosos fermentos revolucionarios de las bases populares, segando de raíz el venero de cuadros políticos.

El inalterado dominio de la oligarquía sobre los aparatos represivos y los servicios de seguridad, permitió contar con una base idónea para este fin siniestro. A él contribuyó el mesianismo nihilista de la ultraizquierda, que se prestó desembozadamente a este juego. Y todas las combinaciones posibles de infiltraciones mutuas, propias de los grupos policiales y terroristas que se entrecruzaron en el pantanoso universo de la clandestinidad. Fenómenos como el de la violencia de signo neutro (atentados sin «firma» que podían ser atribuidos a una u otra fracción), la violencia alternativa o en espiral (a un crimen de la derecha o de la izquierda seguía otro de signo inverso y luego otro, etc., etc.) o la violencia cruzada (un sector comete un autoatentado, victimando a un congénere a fin de que la opinión pública atribuya el hecho al contrario, obteniendo así la repulsa contra éste) fueron típicos de ese modelo argentino.

Cuando el proceso político llegó a un cierto punto de descomposición, cuando a la fracción ultraizquierdista se sumó la guerrilla montonera, el manejo de la violencia tendía a producir el fenómeno de la «inducción al contradictor»: la guerrilla buscaba directamente la desestabilización, ganada para la tesis de la propia derecha, confiando en que un gobierno netamente represivo legitimaría su accionar e inclinaría a las masas de su lado.

¿Cuál fue la actitud que adoptó el movimiento obrero frente a este cuadro?

Deben distinguirse dos tiempos: hasta la muerte de Perón, en julio de 1974, y con posterioridad a este hecho. Durante el primer lapso, en general, y con las lógicas tensiones de este período convulso, tanto la conducción como las bases acompañaron el proceso popular en una razonable armonía. El pacto social fue aceptado por las fuerzas obreras que, a cambio de limitar sus reivindicaciones salariales, de todas formas y en comparación al período anterior, considerablemente aumentadas, obtuvieron un real aumento de poder. Se consiguió la sanción de una ley sindical que consolidó los poderes de las organizaciones obreras. Poco después de la muerte de Perón se aprobó una ley que consagró una prometedora reforma en las relaciones laborales[90].

A partir de entonces, la desintegración del proyecto peronista fue cada vez más acelerada. José López Rega, su principal agente, encaramado en poderes casi absolutos, provocó en 1975 un vuelco total de la conducción económica hacia la derecha: el llamado «rodrigazo»[91] que consistió en subir entre un 40% y un 170% las tarifas de los servicios públicos, devaluar la moneda un 150% y congelar los salarios.

El 27 de junio de 1975, los trabajadores desbordaron sus conducciones y salieron a la calle en una acción espontánea que tuvo dos claros significados: uno, mediato, la exigencia de nuevos convenios colectivos y otro, no menos significativo, la repulsa de López Rega como exponente directo de la traición al programa popular de 1973. Esta movilización de masas tuvo una importancia singular porque desafió la violencia represiva desatada ya con toda su virulencia. Allí se inició el divorcio entre las bases sindicales y la cúpula.

Pese a que la fuerza de los trabajadores consiguió defenestrar a López Rega, el grupo predominante en la conducción sindical se negó a aportar su bloque parlamentario a los sectores del propio peronismo que propiciaban el juicio político a Isabel Perón como medio de enderezar un proceso popular ya maleado. La suerte estaba echada.

Hubo un hecho que contribuyó al desenlace como detonante del golpe. Y que ilustra sobre la complejidad dé las fuerzas sociales y la dinámica revolucionaria que corría bajo la superficie de un proceso popular aparentemente ya agotado: el 25 de septiembre de 1975, los legisladores del bloque sindical peronista (específicamente el senador y dirigente metalúrgico de Santa Fe Afrio Pennisi) presentaron un proyecto de ley creando comités de empresa en todos los establecimientos que tuvieran más de 500 trabajadores. En el capítulo V de este libro se resumió el contenido de ese proyecto.

¿Cuál era el significado del mismo? No suponía un experimento social demasiado avanzado en relación con prácticas de participación obrera ya conocidas en el mundo. Y mucho menos con los postulados de la doctrina autogestionaria. Sin embargo, en la situación sociopolítica argentina, era un proyecto esencialmente revolucionario.

En primer lugar, era realizable: a diferencia de otros planes más o menos utópicos que, en la misma Argentina se habían postulado, éste era realista. En función de la mayoría con que contaba el frente justicialista, hubiera podido ser aprobado en el Congreso. Pero, además de su viabilidad puramente legislativa, el proyecto contaba con otra cualidad mucho más peligrosa: existía un universo sindical idóneo para llevarlo a cabo y profundizarlo.

En un país que contaba con una clase trabajadora altamente sindicalizada, con una estructura obrera sólida y compleja, con un movimiento sindical acorazado desde hacía treinta años en una unidad inquebrantable y cuya potencia cuestionadora, si bien mediatizada por una conducción reformista, se mantenía viva en la base, ¿qué signo podía tener un proyecto de participación obrera en la empresa de contenido amplio y abierto?

Además de realizable, el proyecto expresaba una honda expectativa, quizá no formulada explícitamente pero visible a través de la experiencia cotidiana de miles de comisiones internas que discutían la soberanía irrestricta del poder patronal en ese microcosmos —modelo de la sociedad global— que era la empresa.

Éste era el sentido explosivo del proyecto. De pronto (y sin duda desfasado de la tónica general del proceso político, que era la degradación creciente del gobierno popular) se replanteaba el desafío que habían formulado las movilizaciones electorales de 1973: la conquista de espacios de poder por las fuerzas populares.

¿Cómo era posible esta aparente contradicción? En momentos en que el peronismo sufría una aguda descomposición, en que las tendencias transformadoras del movimiento nacional eran jaqueadas y derrotadas, del seno mismo del aparato sindical burocratizado surgía un proyecto objetivamente revolucionario. ¿Acaso la conducción sindical lo sacó de la manga como mero espantajo, sin intención de concretarlo? ¿Se trataba sólo de una maniobra táctica? Es posible, pero en una proyección histórica estas especulaciones perdían importancia. El episodio demostró la intrínseca virtualidad transformadora que, aun en momentos de retroceso, distinguía al movimiento popular argentino, la vitalidad de su base.

Ese contenido me perfectamente detectado por la oligarquía. ¿Qué podía esperarse de un movimiento que, disociado, hondamente penetrado en todos los niveles de su conducción por los elementos más burgueses, era capaz de lanzar a la palestra semejante propuesta? Era cierto que hubiera funcionado el filtro del tratamiento parlamentario. Era cierto que quedaban las conducciones conformistas de la mayoría de los sindicatos para «rebajar» los intentos más avanzados. Pero con ese tema —la distribución del poder en el seno de la empresa— no se jugaba. Con todas las mediaciones posibles, colocar en manos de la base una porción (aún relativa) de ese poder, era abrir una dinámica política de resultados imprevisibles.

La reacción hizo del tema uno de los puntos centrales de su propaganda y la prensa de la oligarquía aludió al intento de «sovietización» que se pretendía introducir[92]. La debacle institucional se precipitó y el proyecto del senador Pennisi se hundió en el olvido cuando los militares penetraron, el 24 de marzo de 1976, en la Casa Rosada.

El golpe militar de 1976

He aludido reiteradas veces a la potencia y amplitud del movimiento sindical argentino, al que califiqué como el más importante del Tercer Mundo. Parece inevitable una pregunta. ¿Cómo pudo semejante formación social ser víctima, aparentemente dócil, de un golpe de estado que la sumió en una abierta regresión histórica? ¿Cómo se entregó sin ensayar ni un gesto de resistencia, sin combatir?

Interrogantes cruciales que penetran en el centro mismo de la tragedia argentina.

Cualquier posible respuesta debe tener en cuenta un dato previo: no puede disociarse al sindicalismo del movimiento popular del que formaba parte, el peronismo. Es sobre el destino de éste último, sobre su crisis y su caída que versan pues, los interrogantes. También es cierto que responderlos es, quizás, encontrar las claves del destino histórico del país, o por lo menos la interpretación de su compleja actualidad, propósitos ambos que, sin duda, exceden los alcances de este trabajo y de mis propias fuerzas. A pesar de ello apuntaré:

1) Una de las causas determinantes de ese fracaso fue el clima de violencia generada por los servicios de inteligencia y por el grupo militar de inspiración oligárquica mediante el proceso de represión e intimidación abierto desde el mismo momento de la subida del peronismo al gobierno. Sus mecanismos se reseñaron más arriba. La magnitud de esa apelación a la violencia (inédita quizás en toda la historia de América Latina, pródiga en episodios de sangre) daba idea de la baza que la oligarquía proimperialista debió jugar y, consiguientemente, del grado de avance del movimiento popular. Contra éste, fundamentalmente, —y no contra el emergente guerrillero, epifenómeno secundario— fue orquestado el proceso de la violencia intimidatoria. La represión se dirigió, contra las movilizaciones de masas, contra el desarrollo creciente de la conciencia política de la clase trabajadora, contra la experiencia cotidiana del pueblo en miles de combates anónimos, menos espectaculares pero de efecto mil veces más perdurable, aunque esa represión utilizase la actividad guerrillera como pretexto. El movimiento obrero ha pagado caro, con un largo rimero de activistas, militantes, dirigentes de base, delegados y sindicalistas asesinados, su cuota de sangre en el genocidio que asoló al país. En 1978 se estimaba en 5000 el número de sindicalistas —de simples trabajadores a dirigentes— presos en Argentina[93].

A la hora del asalto militar al poder, el efecto intimidatono, paralizante de la violencia represiva frustró cualquier reacción[94].

2) Las fuerzas populares, maniatadas por la crisis económica, duramente golpeadas en sus sectores más dinámicos por la violencia, sufrieron en julio de 1974 la desaparición de su conductor histórico. La muerte de Juan Perón, aglutinante y árbitro supremo de un movimiento sacudido por las contradicciones, puso en cuestión la identidad misma de un conglomerado político que durante treinta años había elegido la conducción carismática y centralizada de un líder como su estilo de acción.

3) A esa virtual orfandad conductiva, que venía a poner al desnudo el déficit de encuadramiento del movimiento peronista (salvada sea, precisamente, la organización sindical) debió sumarse, decisivamente, la descomposición profunda de los niveles conductivos más altos.

El proceso popular de 1973-1976, inaugurado por el clamoroso triunfo electoral, registró tres grandes movilizaciones de masas, expresión directa del nivel de combatividad y conciencia de los trabajadores. Ellas fueron:

a) La gigantesca concentración de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, al producirse el retorno de Perón.

b) La movilización del 12 de junio de 1974 en plaza de Mayo, convocada por Perón como respuesta de masas al boicot económico desatado por la derecha.

c) Las jornadas de junio y julio de 1975, en que jos trabajadores, desafiando la violencia paraestatal ya desembozada contra sus cuadros, obtuvieron la defenestración de López Rega.

La primera de esas movilizaciones significó la convalidación viva de la voluntad transformadora expresada en las urnas. También, la reivindicación histórica ofrecida por el pueblo al líder de masas de la Argentina moderna.

La segunda supuso el apoyo explícito a aquella línea popular, hondamente amenazada, desde dentro y fuera del gobierno.

La tercera, ya muerto Perón y declinante el proceso, significó la última oportunidad de los trabajadores para expresar su repudio a la traición histórica contra las banderas del 73, enfangadas por la complicidad con los poderes del sistema y simbolizada en la figura, episódica pero no menos nefasta, de López Rega.

Producida la salida de éste, a la conducción sindical se le abrió una opción: ponerse al frente de los sentimientos y expectativas de las bases, denunciando el cariz antipopular adoptado por el gobierno y buscar las salidas constitucionales de la crisis o mantener el aparato burocrático como sostén del gobierno (sostén, por otra parte, ya ineficaz para impedir su caída). Luego de muchos vaivenes e indecisiones, fue esta línea, sostenida por el secretario general de las 62 organizaciones, Lorenzo Miguel, la que prevaleció. El divorcio entre las bases y su conducción significó la rotura del último eslabón que sostenía la ya frágil experiencia popular del trienio 1973-1976 y el derrumbe del gobierno en medio de una profunda desmoralización de las bases.

Los propósitos del golpe militar que derrocó a Isabel Perón eran, según la doctrina oficial, salvar las instituciones, amenazadas por el terrorismo de la izquierda y por el vacío de poder generado por un gobierno inocuo.

Su verdadera intención, no confesada, era en cambio conseguir el dominio total del poder económico y aplastar al movimiento popular, cuyo desarrollo, pese a todas las contradicciones que lo trabajaban, no había cesado.

Una amplia mayoría había ejercido, en los comicios de 1973, una explícita opción por un programa económico popular: redistribución más igualitaria de la renta, ensanchamiento del consumo popular y del mercado interno.

A fin de bloquear definitivamente estas tentativas, el gobierno militar entregó los resortes del poder económico al grupo social más minoritario: la oligarquía proimperialista de cuyos intereses era custodio. Este grupo social no había conseguido, en la liza electoral, articular la más mínima expresión política.

La conducción económica emergente del golpe se sustentó en la restricción salarial, en el desmantelamiento del aparato estatal a fin de favorecer la «iniciativa privada» y en el desarrollo de un capitalismo de super explotación, repudiado expresamente por la población menos de tres años antes. Éste era, en realidad, el único programa del gobierno militar.

En verdad existía una guerrilla urbana y rural activa. Pero esa guerrilla carecía de toda perspectiva histórica y estaba ya, a la fecha del golpe, diezmada por la represión que el mismo ejército venía consumando durante el gobierno constitucional.

La guerrilla sirvió como excusa para militarizar la sociedad, para extender la represión y el terrorismo de estado a todos los niveles del movimiento popular, bajo la doctrina de la seguridad nacional, según la cual todo disenso era considerado subversivo.

Así, fueron eliminados, encarcelados o empujados al exilio miles de argentinos que nada tenían que ver con la guerrilla pero que, de una u otra manera, estaban alineados en posiciones populares. Esa represión se ha hecho encarnizada en los cuadros políticos más jóvenes, como si se hubiera querido, a través de la matanza, cortar de raíz toda posibilidad de reconstitución del movimiento popular.

¿Cuál ha sido la política del gobierno militar hacia el sindicalismo? La represión más cruda, aunque disfrazada de una mentida permisividad, en buena medida por temor al repudio internacional. Véase:

1) La CGT fue clausurada. Los sindicatos más importantes también lo fueron. Dirigentes de todos los niveles, desde los más altos hasta los más modestos, detenidos sin proceso, situación en la que muchos aún continuaban a más de tres años de golpe. Otros fueron asesinados. Otros desaparecieron. Otros debieron exiliarse.

2) Es cierto que muchos sindicatos (los más pequeños y algunos de los grandes) no fueron intervenidos. En el criterio con que se decidió una u otra conducta ha existido una buena dosis de discreciónalidad o de compromiso. Pero estos sindicatos, así subsistentes, lo fueron a costa de ver alejarse a sus mejores dirigentes y de ver coartada cualquier actividad reivindicativa.

3) Oficialmente, la actividad sindical fue «suspendida», permitiéndose sólo «tareas administrativas internas» y la defensa de los «derechos individuales», fórmula cuya ambigüedad redujo el margen de actividad sindical a grados casi inexistentes.

4) A los pocos días de instalado el gobierno militar, se reformó drásticamente la ley de contrato de trabajo, podándose sin ambages todas las innovaciones y conquistas favorables a los trabajadores que contenía esa norma.

5) Se privó a los sindicatos del manejo de las obras sociales mediante intervenciones militares. Así, la red asistencíal montada por el sindicalismo, que beneficiaba a millones de trabajadores y sus familias, pasó a ser gestionada por el gobierno militar. Se adujo como pretexto que esa red, financiada con el aporte obligatorio de los trabajadores, constituía un expolio contra éstos, otorgaba un gran poder económico a los dirigentes, era utilizada por éstos con fines políticos y favorecía la corrupción. Sin embargo, los trabajadores argentinos habían manifestado, cuantas veces fueron requeridos y con explícita unanimidad, su aprobación por dicho sistema, que permitió a las masas laboriosas contar con una infraestructura asistencial, formativa y recreativa que el estado no estaba capacitado para prestar. Y —como corresponde a una dinámica sindical autónoma— gestionada por los propios trabajadores. ¿Por qué no se dejó que fueran ellos los que decidieran, al margen de tutorías nunca solicitadas, el carácter abusivo o corruptor de esas administraciones?

6) Para reforzar el carácter «convincente» de la suspensión sindical, los juristas del gobierno militar dispusieron una batería de normas disuasorias, bajo la forma de la llamada «legislación sobre seguridad nacional». Así, la participación en una huelga podía acarrear hasta seis años de cárcel. La jurisdicción que se encargaba de dictaminar en este tipo de delitos era militar y sumaria: se trataba de un consejo de guerra. También se tipificaron otras figuras ilícitas como la instigación a la huelga, reprimida con diez años de prisión. Se prohibió la negociación colectiva y se autorizó al estado a despedir discrecionalmente a los funcionarios, sin indemnización alguna.

7) Al margen de esta parafernalia jurídica, regían en la mente de todos los habitantes del país otras normas, más directas y mucho más efectivas. ¿Cómo ignorar la represión promiscua o selectiva que había costado la vida a tantos delegados del personal, cuadros medios o simples trabajadores que ensayaron una protesta o fueron objeto de una simple delación anónima? ¿Cómo olvidar la represión contra abogados laboralistas, simbolizada en el tormento y asesinato del jurista Norberto Centeno, inspirador de la ley de contrato de trabajo? ¿O la desaparición del dirigente del sindicato eléctrico Luz y Fuerza y de la CGT, Oscar Smith, justamente cuando su organización, desafiando las persecuciones, llevó a cabo una heroica huelga, a fines de 1976, en defensa de sus conquistas —la autogestión en la empresa nacional de electricidad—, finalmente aplastada?

De la boca para afuera, la Junta Militar ha debido guardar cierta compostura, con la finalidad, por otra parte infructuosa, de evitar las condenas del mundo sindical internacional y de los organismos multiestatales, ante su flagrante violación de las libertades sindicales.

Es que, como ha subrayado Comín, «el capitalismo… tiene necesidad de manipular el mismo lenguaje de las clases que se oponen a él. Debe buscar la forma de presentar un rostro que disimule su carácter salvaje, aún en períodos en que la represión contra la clase obrera no ceja»[95].

El gobierno militar adujo que la «suspensión» de la actividad sindical sería provisional y que el régimen estudiaría una nueva regulación de la misma, que normalizaría el funcionamiento de los sindicatos. Desde su acceso al poder, la prensa complaciente con la Junta —única que se editaba en Argentina durante esos años— comentó supuestos trascendidos y avances de ese proyecto, que sólo se concretaría tres años y medio después de implantada la dictadura, con la ley 22.105. Es que el régimen estaba ante un dilema insoluble. Había, por un lado, una sólida tradición de desarrollo sindical en Argentina, que había suscripto y ratificado todas las convenciones y recomendaciones importantes de la OIT. Fundamentalmente, las que llevan los números 87 y 98, sobre libertad sindical y contratación colectiva, respectivamente.

Si el régimen hubiera confesado paladinamente que no tenía intención alguna de rehabilitar la actividad sindical, habría aplastado con cinismo aquella tradición. De allí la ambigua promesa formulada en los ámbitos internacionales. De allí las reiteradas manifestaciones de la doctrina oficial, puramente verbales, sobre el reconocimiento de la actividad sindical como parte del también prometido «restablecimiento democrático». Curándose en salud, los pretores advertían que la actividad sindical sería, sin embargo, depurada de todo «contenido político».

Esa seudo-doctrina pretendía justificar la represión contra las estructuras sindicales en una supuesta corrupción de la cúpula dirigente, que habría violado la voluntad de las bases. En consecuencia, propugnaba un régimen democrático interno que permitiera la libre expresión de los trabajadores. Y así, paradojalmente, venía a coincidir con la crítica que la izquierda había formulado al aparato burocrático. Pero ¿acaso podía ignorar el poder militar que cualquier democratización de las estructuras organizativas daría acceso a las tendencias más dinámicas que subyacían en la base sindical? ¿Quizá contase con que, al producirse el despegue, aquella base estaría tan erosionada por la acción represiva y la intimidación que habría perdido su brío?

Una parte de los cuadros dirigentes del sindicalismo, aquellos que se salvaron de la defenestración, la prisión, o el exilio, pretendieron jugar como «muro de contención» del desborde, tejiendo una red de compromisos con la jerarquía militar. Repitieron así una práctica muy utilizada durante los ocho años del anterior gobierno castrense. El equipo gubernativo no desechó esa vía. ¿Podría acaso hacerlo? De allí la relativa discrecionalidad, la ambigüedad de su política hacia el mundo sindical moderado.

Si la Junta era coherente con su doctrina y democratizaba los sindicatos, se vería rebasada por las bases. Si, por el contrario, mantenía las conducciones naturales, habría vulnerado uno de los pilares de su postura, la crítica a la presunta degeneración sindical. Y además, se vería envuelta en la tela de araña que hábilmente tejían los viejos sindicalistas, entrenados en una década de fintas y escarceos semejantes.

Mientras tanto, los trabajadores argentinos, castigados por la peor crisis económica de su historia, con una pérdida del poder adquisitivo de sus salarios del orden del 60% en el bienio 1976/78, acosados por uno de los aparatos represivos más feroces del mundo occidental, habían dado su fe de vida.

En 1976 realizaron huelgas los trabajadores de varias empresas automotrices (Chrysler, General Motors, Fiat. Mercedes Benz), de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. También hubo conflictos en el sector metalúrgico y en el puerto de Buenos Aires, donde más de 10.000 estibadores paralizaron sus tareas.

Entre octubre de 1976 y febrero de 1977, los trabajadores electricistas de Buenos Aires agrupados en el sindicato Luz y Fuerza llevaron a cabo una dura lucha en defensa de sus derechos salariales y del régimen participativo que poseían en la empresa SEGBA. Este conflicto originó, por primera vez luego del golpe militar, movilizaciones callejeras. A comienzos de 1977 y en represalia por la combatividad de sus compañeros, fue secuestrado y «desapareció» el dirigente —cesado por la Junta en sus funciones— Oscar Smith, secretario general del sindicato y uno de los principales líderes de la CGT.

En noviembre de 1977 y en respuesta a la agobiante situación económica desatada por la Junta, se produjo una ola de huelgas en demanda de aumentos salariales. Miles de trabajadores participaron de estas acciones: ferroviarios, postales, electricistas, petroleros, marítimos, textiles, bancarios, aeronáuticos, de la carne, portuarios, mecánicos, etc.

En junio de 1978, un informe elevado a la OIT por sindicalistas argentinos reseñaba que durante los dos primeros años de la dictadura, se habían llevado a cabo más de 110 huelgas de envergadura. En abril de 1979 se computaban ya 170 movimientos reivindicativos[96].

Durante los primeros meses de 1979, esa presión reivindicativa fue aumentando y se generalizaron los conflictos parciales. Los justificaba el explosivo clima social generado por el «capitalismo salvaje» instrumentado por el gobierno: una inflación del 180% anual, un descenso del 4,1% en el producto bruto interno durante 1978 (cifra que era del 8% para la industria manufacturera) y un deterioro imparable del nivel salarial.

El 27 de abril de 1979 se realizó la primera huelga general contra la Junta Militar. Fue acatada por millones de trabajadores, pese al tremendo aparato represivo. Los dirigentes que la habían convocado, una docena de líderes moderados, fueron a parar a la cárcel, demostrando así el gobierno los límites de su supuesta permisibilidad sindical.

Cada una de estas huelgas fueron, literalmente, hechos heroicos, en los que el trabajador lo arriesgaba todo: el salario, la fuente de trabajo, la libertad y la vida. Véase este botón de muestra: durante el conflicto ferroviario de 1977 se difundió profusamente en todos los medios de comunicación esta nota oficial:

«El comando de zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de la zona de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas legales sorprendió a un activista qué incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con la misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo».[97]

Del texto resultaba claro que la víctima ni estaba armada ni ofreció resistencia. Era simplemente un trabajador que integraba un piquete de huelga, derecho sindical reconocido hoy en todo el mundo. Cínica, paladina confesión de un asesinato con deliberada intención intimidatoria.

Balance del sindicalismo argentino

A manera de resumen, intentaré precisar las características principales del sindicalismo argentino, tal como estaba conformado hacia 1976.

1) Sindicalismo de clase. La organización sindical tenía por finalidad la reivindicación y defensa de los intereses de los trabajadores asalariados, manuales o intelectuales. Cualesquiera que hayan sido los vaivenes ideológicos, las simpatías políticas, los caracteres estructurales, los vicios o virtudes de su funcionamiento, el carácter de clase del sindicalismo argentino no puede ser discutido: independiente del patronato, lo fue también del estado, y si participó del poder político, fue en función de una voluntad democrática y mayoritaria.

2) Libertad sindical y unidad de organización. Se ha atacado al sindicalismo argentino aduciendo que no respetaba la libertad sindical, que imponía la afiliación obligatoria y que era dictatorial. Ninguna de las tres afirmaciones era cierta.

Puede hablarse de libertad sindical desde dos puntos de vista: atendiendo a su respeto por los poderes estatales y el patronato y a su práctica efectiva por parte del mismo movimiento obrero. En el primer sentido, la libertad sindical (libertad de reunirse, organizarse y expresarse en sindicatos), fue restringida y coartada muchas veces por los gobiernos antidemocráticos que asolaron al país entre 1955 y 1973. El 24 de marzo de 1976 las libertades sindicales fueron radicalmente abolidas.

Pero también suele hablarse de la vigencia de libertades sindicales al referirse al sistema de organización de los trabajadores en épocas normales. En este sentido, se dice que hay libertad sindical cuando los trabajadores son libres para integrarse en los sindicatos que prefieren o para crear otros nuevos, sin que en esa iniciativa interfiera ni el estado, ni el patronato ni, especialmente, los mismos sindicatos ya existentes.

En este último sentido, ¿respetó el movimiento sindical argentino dicha libertad? Todos los regímenes legales que rigieron en el país reconocían ese principio, tanto los que emanaron de gobiernos peronistas —1945, 1973— como no peronistas —1956, 1958—. Y los sindicatos nunca se opusieron al mismo ni propiciaron su sustitución. Ahora bien, la existencia de libertad sindical no implicó la existencia automática de pluralidad sindical. En el error de confundir ambos conceptos cayeron los legisladores gorilas de 1956. Imaginaron que con un texto legal en el que se propiciaba la pluralidad sindical, ésta florecería en Argentina como por arte de magia. La realidad siguió sus propios derroteros. Un cúmulo de circunstancias de carácter histórico y político determinó que durante cuatro décadas los trabajadores argentinos, en su inmensa mayoría, se encuadraran en el peronismo.

La pluralidad sindical se nutre de la pluralidad política. Establecer artificialmente la primera era ilusorio. Pero además era esencialmente antipopular y reaccionario, pues conllevaba la intención de fraccionar a la clase obrera.

No es nuevo encontrar sectores, como puntualiza Francisco Alonso, que «bajo el pretexto de respetar las libertades formales, desean impedir que se acerque el movimiento obrero a su meta de libertades reales»[98].

De haber surgido otros sindicatos, se dirá, hubieran sido ahogados por el aparato peronista, por su estructura autoritaria y centralista. Pero ¿no es eso hacer un proceso de intención sobre situaciones hipotéticas? Lo cierto es que no pudo echar raíces ningún sindicalismo de matriz política no-peronista: las querellas intestinas producidas en el campo sindical desde 1945 hasta hoy mismo fueron, en su gran mayoría, entre fracciones peronistas y, si fue duramente contestado el autoritarismo conductivo, nunca se cuestionó la estructura y organización unitaria.

En realidad, la vigencia real de la libertad sindical en el seno del movimiento obrero nunca se planteó en la práctica: la uniformidad política de los trabajadores la hicieron un supuesto puramente teórico.

Las características organizativas del sindicalismo argentino no desmentían lo que venimos afirmando:

a) La organización unitaria por rama de producción era un rasgo propio del sindicalismo moderno en todo el mundo.

b) La intervención del estado al conceder la autorización para el funcionamiento del sindicato no violaba la libertad sindical. El convenio N.º 87 de la OIT lo admitía tácitamente en sus artículos «3.2» y «7». En cualquier caso, en Argentina, siempre existió el control jurisdiccional para rectificar eventuales abusos de la administración.

c) La adjudicación de la representación obligatoria de todos los trabajadores de la rama u oficio a un solo sindicato, fue considerado por la derecha como prueba de la violación de la libertad sindical. Sin embargo se trataba de un sistema congruente con la filosofía unitaria del movimiento obrero. La adjudicación de esa representación se basaba en criterios racionales y equitativos: en caso de existir más de un sindicato se otorgaba al «más representativo», pudiendo revisarse este concepto cuando se alterasen las circunstancias fácticas. El sistema de dotar con atribuciones especiales al sindicato más representativo es utilizado en países de cuyo respeto a aquella libertad nadie duda, para supuestos específicos como la suscripción de convenios colectivos de rama (por ejemplo, en Francia). Cualquier impugnación a este principio es abstracta pues fueron contados los casos en los que ha habido más de una organización por rama para elegir. Finalmente, de haber sido antidemocrático el sistema, ¿no habría estado el vicio convalidado por el consenso de los propios trabajadores?

d) El sindicato único de rama establecía una cuota obligatoria que se descontaba del salario de todos los trabajadores, afiliados o no. Éste fue otro de los argumentos esgrimidos como prueba de la ausencia de libertad sindical en Argentina. Y sin embargo, el principio era coherente con todo el sistema. La Corte Suprema de Justicia, durante la dictadura del general Lanusse (periodo escasamente receptivo a las inquietudes sindicales) reconoció la legitimidad constitucional del aporte obligatorio[99]. El argumento de la Corte fue que el sindicato de rama tramitaba el convenio que beneficiaba a todos los trabajadores de la actividad, fueran afiliados o no. Estos últimos obtenían de la tarea, del sacrificio y de la lucha de ese sindicato, una mejora concreta de su condición. ¿No era acaso justo que hicieran (aquellos trabajadores) una contraprestación por ese beneficio? ¿Cómo podría hablarse de expolio o imposición por parte del sindicato? Todos los trabajadores aportaban una parte de su salario, todos obtenían a cambio una mejora. Si estaban de acuerdo se afiliaban, si no lo estaban no se afiliaban. ¿Dónde estaba la injusticia? ¿No era mucho más contrario a la libertad sindical el closhed shop (cláusula por la que el empresario se obligaba a no dar trabajo al obrero que no estaba afiliado al sindicato) o alguna de las varias cláusulas sindicales habituales del sindicalismo de habla inglesa?

Los propios trabajadores argentinos, con seguro instinto, advirtieron que el aporte obligatorio retenido en la fuente era el instrumento más importante para la construcción de un sindicalismo nacional potente y unitario. Y también que las críticas escandalizadas a ese sistema escondían una intención aviesa, bajo su apariencia justiciera: debilitar al movimiento obrero. Nunca partió de los trabajadores una impugnación al aporte obligatorio. ¿Puede hablarse seriamente de imposición sindical cuando los propios presuntos perjudicados aceptaban gustosos el sistema? Este inducía, si bien no forzaba, la afiliación masiva. Circunstancia que molestaba, sobre todo, al patronato. Pero ¿qué tenía esto de malo, desde la óptica de la unidad y el fortalecimiento sindical?

3) Politización. La crítica de la oligarquía se ha ensañado duramente contra la politización del sindicalismo argentino. Era lógico. Conforme a sus intereses de clase, en lugar de un movimiento obrero organizado para la transformación de la sociedad, hubiese preferido un sindicalismo «democrático», en el sentido de aséptico, profesionalizado y complaciente.

Desde el punto de vista de los intereses populares, ¿cuál ha sido la consecuencia del alineamiento político del movimiento sindical?

Reiteradamente he aludido a la naturaleza política y social del peronismo, al que la clase obrera argentina ligó su suerte.

Es un movimiento nacional y popular, variopinto, lleno de contrastes y tensiones interiores, que encierra en su seno la potencia de su enorme arco representativo y la esclavitud de su heterogeneidad, muchas veces paralizadora.

Semejante conglomerado político está muy lejos de ser un partido homogéneo, organizado y disciplinado. De hecho, el aparato partidario se reduce a una mínima andadura, necesaria para las oportunidades electorales.

De allí la importancia que supone para el peronismo contar con el mecanismo sindical, éste sí organizado consistentemente y que, muchas veces, fue utilizado por el movimiento político.

De hecho, el combate sindical y el político se interpenetraron permanentemente. ¿Podía ser de otra manera en un país en lucha por su liberación nacional? El hecho de que ello fuera inaceptable para la oligarquía era una brújula del interés popular.

¿Hubo sumisión del movimiento obrero a los dictados del movimiento político? ¿Cómo es posible afirmarlo si ambos se confundieron en la realidad y, sobre todo, en la conciencia del pueblo?

Pero sobre todo, ¿cómo era posible afirmar que esa supuesta dependencia fuera antidemocrática si esa opción contaba con la adhesión unánime de los trabajadores? La encarnación del peronismo en la clase trabajadora resistió todos los intentos disolventes y escisionistas de la oligarquía, desde la coacción al lavado de cerebro masivo, desde la calumnia al sobornó económico o político.

El movimiento sindical, dentro de esa heterogeneidad del peronismo, ocupa un papel protagónico, por su peso histórico y numérico. Sin embargo nunca pervirtió —algunos intentos aislados no tuvieron éxito— la naturaleza del movimiento nacional, en la que era imprescindible la coexistencia de distintos sectores sociales como única vía para oponer un frente de fuerza al imperialismo y sus aliados internos. Si en las épocas en que el movimiento peronista estuvo en la oposición la función táctica del sindicalismo fue clara (unir la lucha por las reivindicaciones profesionales con el combate por el acceso del movimiento popular al poder), ese papel se complicó cuando el peronismo ocupó el gobierno. Entonces era necesario mantener la autonomía sindical y la defensa de los intereses de clase, pero al mismo tiempo sostener al gobierno frente a las acechanzas y peligros que lo amenazaban.

La politización del movimiento obrero argentino obedeció a la lógica imperiosa de la dinámica histórica. Argentina vivió (vive) un proceso de lucha sorda entre unas fuerzas populares que bregaban por la independencia económica y la transformación social y unas fuerzas oligárquico-imperialistas que resistían tenazmente cualquier cambio. En ese marco se jugaba el destino de las clases trabajadoras y era natural que sus organizaciones, desoyendo vías autonómicas que en tal situación histórica carecerían de sentido, se alineasen en el ineludible combate político. Tanto más natural era esa decisión cuanto que no obedecía a consignas minoritarias o elecciones elitistas, sino a un sentimiento activo y vehemente de la base.

4) Burocratización. Poco se puede agregar sobre el tema, a lo ya dicho en diferentes capítulos de este trabajo. Quizá tan sólo resumir esos conceptos:

a) El movimiento sindical argentino, por su volumen humano, por su dimensión geográfica, por su estructura, fue necesariamente burocrático. Renunciar a la burocracia —entendida como aparato organizativo profesional— hubiese sido renunciar a la unidad, a la potencia y a la vocación de fortaleza en la lucha por los intereses obreros. O sea regalarle a la oligarquía su más preciado trofeo, una clase trabajadora inocua y débil.

Téngase en cuenta que el aparato organizativo sindical debió ser soporte, muchas veces, del movimiento peronista que, por su naturaleza dispersiva, careció de estructura propia.

A través de los sindicatos, y su burocracia consiguiente, se desarrolló una acción asistencial, supletoria de una administración pública escuálida e inactiva, manipulada por gobiernos antipopulares. Esa labor asistencial, autogestionada por las organizaciones obreras (equivalente a un sistema de seguridad social que en países más desarrollados presta el Estado) fue, a su vez, vehículo del encuadramiento de muchos trabajadores para los cuales el universo sindical era desconocido.

b) Pese a que esa tendencia burocrática estaba contrarrestada por una intensa vida sindical de base, ella degeneró en caciquismo y corrupción. Aquellas corrientes vivificantes no pudieron expresarse en los niveles orgánicos de conducción de los sindicatos y de allí la estratificación de las cúpulas conductivas, el excesivo centralismo y, finalmente, la parálisis sindical que presidió el final de la experiencia popular de 1973-1976.

5) Democracia interna y participación. ¿No es acaso un contrasentido señalar al mismo tiempo y como notas características de un movimiento sindical su burocratismo y su dinámica de base? No lo es si el análisis que se pretende es comprensivo. Si se atiende no sólo a las señales públicas, políticas —en su sentido más visible— sino también a la vida subterránea, anónima, cotidiana que en determinado momento aflorará en expresión histórica concreta.

Observando la historia del movimiento obrero argentino y su dinámica política puede detectarse una línea coherente, caracterizada por el protagonismo de la acción de masas. Esa línea comprende las movilizaciones de octubre de 1945, que fueron el origen del peronismo; las huelgas heroicas de resistencia al régimen de 1955-1958; el cordobazo de 1969 y las acciones de junio de 1974 y junio de 1975. En todos los casos se trató de actos políticos impulsados y protagonizados por las bases obreras.

Pero no sólo en esas movilizaciones se tradujo la capacidad de acción sindical y política de los trabajadores. Ella fue visible en el trasvase de líneas, posturas, reacciones hacia sus estructuras dirigentes. Constituyó el fondo de todos y cada uno de los combates populares argentinos.

La fragua de la que ha salido ese nivel de conciencia, ese desarrollo, ha sido la acción sindical en la empresa impulsada por una tupida malla de delegados y comisiones internas. A través de esa larga experiencia participativa, los trabajadores argentinos aprendieron el abecedario sindical. A través de ella conocieron el valor de la unidad para resistir la dependencia y la opresión. Sin ese aprendizaje anónimo, nada de lo conseguido hubiese sido posible. Sin ese capital sindical de riqueza inagotable, el movimiento obrero sería un armazón vacío.

ÁLVARO ABÓS (Buenos Aires, Argentina, 20 de octubre de 1941). Antiguo abogado laboralista, comenzó a publicar al regreso de su exilio en España. Es autor de los ensayos La columna vertebral. Sindicatos y peronismo (1983), El poder carnívoro (1985), Al pie de la letra. Guía literaria de Buenos Aires (2000), Cautivo. El mural argentino de Siqueiros (2006). En narrativa publicó: De mala muerte (1986), El simulacro (1995), Restos humanos (1991), Delitos ejemplares (1997), El crimen de Clorinda Sarracán (2003), Cinco balas para Augusto Vandor (2004), La baraja trece (2007), Kriminal tango (2011) y La búsqueda del tesoro (2014). Sus biografías son Macedonio Fernández: la biografía imposible (2002), Xul Solar, pintor del misterio (2004), Ciudadano Botana (2013), así como la investigación histórica Eichmann en Argentina (2008). Entre sus premios: el Jaén de Novela, el Alcalá de Henares de Narrativa, y el Primer Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires (2012).

Notas

[1] «Washington Post», 10 febrero 1982. <<

[2] El 25 de abril de 1983, Raúl Alfonsín denunció un supuesto pacto sindico-militar. <<

[3] Estas son algunas de las opiniones que pudieron leerse en la prensa:

«A lo largo de estos siete últimos arios [el poder militar] mostró ser tan faccioso como antes lo fueron, en nuestra historia reciente, el poder financiero, el poder sindical o el poder guerrillero». Enrique Pugliese, «Vigencia» 69, junio 83.

«¿Los matones sindicales recorrerán la ciudad con caravanas de autos tocando la sirena? ¿Sacarán a relucir las Itakas? No sé. Pero muchos conciudadanos dirán: Vuelvan, milicos, los perdonamos». Osiris Troiani «Nuevo País», N.º 17, mayo 1983.

«[Hay] un grado de afinidad insospechada entre muchos militares y el ala derechista del sindicalismo justicialista. Ambos emplearon un lenguaje parecido y ven el mundo de la misma manera». James Neilson, «La Semana». N.º 335, 12-5-83.

«No estoy tan seguro de que en la Argentina, donde los sindicatos son fuertes, sus dirigentes consideren que la democracia sea un valor que merezca ser defendido… Los sindicatos desde 1955 tienen muy buena relación con los militares». Alain Rouquié, «Humor», 101, marzo 1983.

«Las reacciones intempestivas de los involucrados… prueban por sí mismas la existencia previa de un acuerdo entre esta cúpula militar y su equivalente en la oligarquía sindical». Enrique Vázquez, «Humor» 104, mayo 1983.

«El sindicalismo argentino es meramente reivindicativo… políticamente faccioso… [con] una tendencia a la violencia que se acentuó hasta nuestros días para llegar a niveles sin comparación en ninguna parte del mundo. Además del asesinato de dirigentes de primera línea, se constatan prácticas de violencia, crímenes y coacción en la vida sindical que la tornan totalmente autoritaria… El plan de lucha de 1964 fue elaborado en sede militar». Germán López, «Clarín», 4-7-83.

«La misma estirpe burocrática que hoy fabrica la trampa es la que conspiró para el derrocamiento del gobierno constitucional en 1966 y el posterior ensayo corporativo». Raúl Alfonsín, «Entrelineas», N.º 18, mayo 1983.

«Si se hubiera aplicado el régimen electoral correspondiente para la normalización de los sindicatos, las asambleas de trabajadores hubieran elegido democráticamente las juntas electorales encargadas de conducir el proceso electoral», Raúl Alfonsín, «Entrelineas», N.º 18, mayo de 1983. Al no mencionar R. A. la ley antisindical 22.105, ¿hay que concluir que auspiciaba la democratización sindical bajo el imperio de la misma? (N. del A.). <<

[4] Rubén H. Zorrilla, «Estructura y dinámica del sindicalismo argentino», pág. 83, Buenos Aires, 1974. <<

[5] Gino Germani, «Política y sociedad en una época de transición» pág. 347, Buenos Aires, 1971. <<

[6] Tomás Amadeo Vasconi. «Gran capital y militarización en América latina», pág. 89, México. 1978. <<

[7] En 1960 de los sindicatos que conformaban la CGT, el 52,2% se alineaban en el peronismo sindical. El resto lo integraban independientes, miembros de los «32 gremios democráticos» y comunistas del MUCS. En 1972 esa proporción se había inclinado mucho más hacia el peronismo: de las organizaciones integradas en la CGT el 86,5% pertenecían a las «62». <<

[8] Héctor Lucero, «La larga marcha de la clase obrera argentina», en «Coyoacán», N.º 1; pág. 77, México, 1977. <<

[9] En esas ciudades de la provincia de Córdoba se realizaron sendos congresos de la corriente más radicalizadas del sindicalismo peronista. <<

[10] Roger Garaudy. «La alternativa», pág. 25, Caracas, 1972. <<

[11] Cfr. «Le syndicalisme», Encyclopedie du Monde Actuel, Hachette, pág. 72. París. 1978. <<

[12] Félix Luna. «Argentina, de Perón a Lanusse», pág. 24. Barcelona. 1972. <<

[13] Julio César Neffa, «El movimiento obrero latinoamericano y sus estrategias de participación social», en «Movimiento Obrero, Sindicatos y Poder en América latina», pág. 413, Buenos Aires, 1974. <<

[14] Gino Germani, ob. cit., pág. 324. <<

[15] Juan José Hernández Arregui, «La formación de la conciencia nacional», pág. 406. Buenos Aires. 1973. <<

[16] Aldo Ferrer, «La economía argentina», pág. 205. México, 1968 <<

[17] Aldo Ferrer, ob. cit., pág. 206. <<

[18] Michel Crozier, «Sociología del sindicalismo» en «Tratado de Sociología del Trabajo» de G. Friedmann y P. Neville, T. II, pág. 176. México, 1963. <<

[19] Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). <<

[20] Las cifras de trabajadores que se consignan surgen de los registros del Ministerio de Trabajo, al celebrarse en 1975 los últimos convenios colectivos antes del golpe de Estado de 1976. Cfme. César H. Belaúnde. «Las contribuciones a los sindicatos en las convenciones colectivas de trabajo», pág. 675, «Legislación del Trabajo», N.º 284, Buenos Aires, 1976. <<

[21] Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina. <<

[22] Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. <<

[23] Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA). <<

[24] Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT). <<

[25] Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. <<

[26] Asociación de Empleados de la Dirección Nacional Impositiva. <<

[27] Sindicato del Personal de Gas del Estado, Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE). <<

[28] Unión Tranviarios Automotor. <<

[29] Sindicatos Unidos Portuarios Argentinos. <<

[30] Federación Argentina Marítima. <<

[31] Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos. <<

[32] En las manifestaciones peronistas de la década del setenta, rivalizaban las juventudes peronistas y los activistas sindicales coreando, respectivamente, estos dos lemas: «la patria socialista» y «la patria peronista». <<

[33] Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. <<

[34] Asociación Obrera Textil (AOT). <<

[35] Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). <<

[36] Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA). <<

[37] Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado. <<

[38] Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. <<

[39] Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne. <<

[40] Federación de Trabajadores de la Industria Vitivinícola. <<

[41] Federación Obreros y Empleados Aceiteros. <<

[42] Federación de Obreros Cerveceros y Afines. <<

[43] Sindicato de Obreros Panaderos. <<

[44] Federación de Obreros del Tabaco. <<

[45] Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). <<

[46] Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina. <<

[47] Federación Gráfica Bonaerense. <<

[48] Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel. <<

[49] Federación de Obreros y Empleados de la Industria Plástica. <<

[50] Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Química y Afines. <<

[51] Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. <<

[52] Federación Argentina de la Industria del Cuero y Afines. <<

[53] Confederación General de Empleados de Comercio. <<

[54] Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina. <<

[55] Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA), Asociación de Empleados de Farmacia y Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. <<

[56] Asociación Bancaria. <<

[57] Sindicato del Seguro. <<

[58] En 1982 se formó una Confederación de Gremios de Trabajadores Estatales que representaba a un millón trescientos mil agentes. También actuaba una Coordinadora de Gremios Marítimos. <<

[59] José Luis Rubio, «Las internacionales obreras en América», pág. 84. Madrid, 1971. <<

[60] Perry Anderson, «Límites y posibilidades de la acción sindical» en «La crisis de los sindicatos laboristas», pág. 381, Madrid, 1972. <<

[61] Ley 14.455, art. 41 y ley 20.615, art. 50. <<

[62] La ley 18.610 (1970) que creó el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) fue derogada por la ley 22.209 (1980) que desvinculaba totalmente a los sindicatos del manejo de las obras sociales. Nunca llegó aplicarse por falta de reglamentación. Muchas obras sociales fueron intervenidas a partir de 1976 por las fuerzas armadas. <<

[63] André Gorz, «Estrategia obrera y neocapitalismo», pág. 95, México, 1969. <<

[64] Entre otras tenían representantes sindicales las siguientes entidades: Comisión Asesora de Salarios (Dec. 14.235/43); Cámara Informativa de Salarios (Dec. 8923/43); Consejo Nacional de Post Guerra; Consejo Económico y Social (B. O. 11.846); Comisión Nacional de Cooperación Económica (B. O. 11.849); Comisión Nacional de Precios y Salarios (Dec. 4592/52); Comisión Económica Consultiva (Lec. 1516 53). <<

[65] La resolución 16 de la Secretaría de Trabajo y Previsión dictada el 6 de marzo de 1944 establecía que los convenios que fijaran condiciones generales de salarios y trabajo serán obligatorias «cuando en su celebración hubiera intervenido la autoridad administrativa laboral». <<

[66] Estos son los principales proyectos: del diputado Ricardo Pereyra Rosas (1920) creando sociedades de participación obrera; del diputado Juan F. Cafferata (1921) creando una comisión para realizar una encuesta sobre relaciones laborales y aconsejar formas de intervención obrera; del senador Enrique del Valle Iberlucea (1920) creando comités en empresas de más de diez trabajadores; de los diputados Carlos Bravo y José Sánchez Pol, de la UCR (1946) creando consejos de empresa; del senador Oscar López Serrot de la UCR (1947), reiterado en 1948 y 1950, sobre participación en los beneficios; del senador Miguel Tanco, peronista, (1947) sobre participación en los beneficios; del diputado Mauricio Yadarola, de la UCR (1951) sobre participación en los beneficios; de diputados de UDELPA (1964) creando consejos de empresa; de diputados demócrata cristianos (1964) creando consejos de empresa; de Enrique de Vedia, Salvador Bussaca y otros diputados demócratas cristianos (1964) creando también consejos de empresa; anteproyecto de Código de Trabajo (1965) encargado por el P. E. a una comisión de expertos, crea consejos de empresa; proyecto de creación del Instituto Nacional de las Remuneraciones, de la Productividad y de la Participación, encargado de efectuar estudios sobre formas de participación posible; tuvo sanción del senado en 1975; del senador Afrio Pennisi (1975): ver pág. 114. <<

[67] Una experiencia de autogestión muy importante se realizó durante 1973-1976 en la empresa Servicios Eléctricos del gran Buenos Aires (SEGBA) que suministraba electricidad a doce millones de personas y contaba con un plantel de 26.000 trabajadores. La participación del personal en la dirección comenzó en 1964 cuando el convenio colectivo estableció la institución de un director obrero. Por la audacia de sus planteamientos teóricos, la seriedad de su realización y el volumen humano que abarcó, el ensayo de autogestión iniciado en 1973 es una de las realizaciones más interesantes del movimiento obrero argentino. Véase un resumen muy completo de esta experiencia en Juan José Taccone, «Novecientos días de autogestión en SEGBA», Buenos Aires, 1977. <<

[68] Decreto 1045/74. <<

[69] La reunión o conjunto de delegados del personal eran considerados como un órgano directivo del sindicato por los estatutos de la Unión del Personal Civil de la Nación (arts. 47 y 57); de la Asociación de Trabajadores del Estado (art 22); del Sindicato Flota Petrolera del Estado (art. 43); del Sindicato Luz y Fuerza (arts. 49 y 51); del Sindicato Empleados Jaboneros (art. 70); de la Federación Empleados de Comercio (arts. 75/77); de la Unión Obrera Metalúrgica, entre otros. <<

[70] Para un análisis doctrinario y jurídico del tema y una crónica de la experiencia del autor como asesor de comisiones internas, véase Alvaro Abós, «Delegados del personal y comisiones internas. Derecho y realidad sindical». Buenos Aires, 1977. <<

[71] El 2 de octubre de 1945, se dicta el decreto 23.852, convertido luego en ley 12.921 (1946). Esta norma reglamenta por primera vez la vida y funciones de los sindicatos. En 1943, durante unos pocos meses, estuvo en vigencia el D. 2669 que se aplicaba a asociaciones de trabajadores y de empleadores, indistintamente. <<

[72] E. Novoa Monreal, «El derecho como obstáculo al cambio social», p. 27. México. 1975. <<

[73] Entre otros, tuvieron estatutos profesionales los peones rurales (1946), los radiotelegrafistas (1946), los periodistas (1946), los encargados de casas de renta (1947), etc. <<

[74] Los tribunales del trabajo fueron creados por el DL 32.347 de 1944. <<

[75] «La existencia de una larga trayectoria sindical en la Argentina y la fusión de nuevos y viejos obreros en las mismas organizaciones… juntamente con el grado de autonomía de la clase obrera (por lo menos a nivel de organización de planta) y a pesar de los esfuerzos del régimen por lograr un máximo control, fue un factor muy determinante en la creación de una conciencia de clase obrera entre los “nuevos” trabajadores y en su asimilación a la cultura política urbana. Los repetidos fracasos de sucesivos gobiernos militares para controlar los sindicatos son el resultado efectivo de este proceso y en menor medida la prolongación del liderazgo carismático de Perón». Gino Germani. «El surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos», Desarrollo económico, octubre-diciembre 1973. Sobre el rol de los sindicatos prexistentes a 1943 véase también «Estudios sobre los orígenes del peronismo» de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, Buenos Aires, 1971. <<

[76] Rubén H. Zorrilla, ob. cit, pág. 25. <<

[77] Carlos Villar Araujo, «Argentina: de Perón al golpe militar», pág. 103. Madrid. 1976. <<

[78] Juan Carlos Portantiero, «Economía y política en la crisis argentina. 1958-1973», en «Zona Abierta». N.º 14/15, pág. 121. Madrid. 1978. <<

[79] En 1966 se escinden las «62 organizaciones» al fundarse las «62 de pie junto a Perón». En 1968 se divide la CGT en dos fracciones: «CGT de Azopardo» y «CGT de Paseo Colón o de los Argentinos». Ver capitulo I. <<

[80] Nicolás Sartorius, «El sindicalismo de nuevo tipo», pág. 76. Barcelona, 1977. <<

[81] Angel Borlenghi, dirigente mercantil, fue ministro del interior ininterrumpidamente entre 1946 y junio de 1955. <<

[82] Ver nota 64. <<

[83] Cfr. César, Belaúnde. ob. cit. <<

[84] Perry Anderson, ob. cit., pág. 388. <<

[85] Alessandro Pizzorno, «Los sindicatos y la acción política», en «Economía y Política en la acción sindical», pág. 82. México. 1978. <<

[86] Pasado y Presente, Cuaderno N.º 44. 2.ª edición, pág. VII, México 1978. <<

[87] Pasado y Presente, ob. cit., pág, IX. <<

[88] Rodolfo Terragno, «Los 400 días de Perón», pág 180, Buenos Aires, 1974. <<

[89] Héctor Schmucler y Margarita Sires en «El papel político-ideológico de los medios de comunicación. Argentina 1975: la crisis del lopezreguismo» incluido en «Comunicación y cultura», N.º 5, pág. 115, México 1978, hacen una radiografía rigurosa del papel de la prensa en el proceso desestabilizador. <<

[90] Desde otra óptica, así ve el tema Juan Carlos Torre: «La firma del Pacto Social fue una decisión onerosa y escasamente voluntaria de los jefes sindicales. En realidad, el esquema institucional que esperaban ver concretado por el nuevo gobierno peronista consistía en el mantenimiento de las negociaciones colectivas y la puesta en marcha de una política pro-sindical por parte del Ministerio de Trabajo. Así, hubieran contado con mejores condiciones para recuperar el prestigio perdido durante las forzadas treguas reivindicativas impuestas por el pasado régimen militar. Si en lugar de bregar por este esquema terminaron sumándose a la política concertada fue porque Perón jugó plenamente su autoridad política en favor de ella. La debilidad política que caracterizaba la situación de la cúpula sindical dentro del movimiento peronista hacia 1974 no favorecía una actitud de resistencia. En consecuencia no tuvieron otra opción que la de correr con los costos de su obligada solidaridad para con su jefe político. De todos modos, ello les reportó beneficios políticos, porque con la firma del Pacto Social, los jefes sindicales se encontraron nuevamente devueltos a los dominios de la ortodoxia peronista, de los que tantas veces se habían alejado en el pasado. En este sistema de transacciones, el freno del poder de presión sindical concedido por los jefes sindicales fue compensado con un aumento de su participación dentro del bloque de fuerzas reunidas alrededor del retorno de Perón. Fueron ellos los que encabezaron la ofensiva dirigida a suprimir la influencia hasta entonces ejercida por la juventud radicalizada y obtuvieron, por otra parte, que el gobierno aprobara un nuevo estatuto sindical». Juan Carlos Torre, «El movimiento obrero y el último gobierno peronista (1973-1976)». Crítica y Utopía. N.º 6, Buenos Aires, 1982. <<

[91] Por el nombre del ministro de economía, Celestino Rodrigo. <<

[92] «Se persiste en un esquema económico social de corte netamente colectivista y estatizante que enerva la energía creadora, desalienta la producción e incrementa la pobreza constituyéndose en la antesala inexorable del comunismo. La legislación laboral… fomenta la indisciplina y el ausentismo, afecta la producción y otorga privilegios e inmunidades contrarias a un sano orden jurídico». Resolución de APECE, 28-1-76.

«¿Qué vamos a esperar? Luchemos y que se saquen de una vez la careta soviética y ya que a fin de año no quedará nada, que estaticen ahora…». Intervención de un representante de Capital Federal en la asamblea de APECE. Crónica publicada en «La Prensa», 29-1-76.

«Si la empresa privada desaparece, la socialización y sovietización del país seré inexorable…». Intervención del representante de la Unión Comercial Argentina en una asamblea de APECE, crónica de «La Prensa», 10-2-76. <<

[93] Según estimaciones del diario «El País», Madrid, del 24-3-78. <<

[94] «Dirigentes y activistas fueron muertos, presos, desaparecidos, exiliados. Las cifras aunque imprecisas tienen contornos siniestros y horrorosos, se cuentan no por individuos sino por centenares, por miles. Hubo ejecuciones en las fábricas y violencias físicas y psicológicas tendientes a aterrorizar a los obreros. Se prohibieron asambleas y reuniones. Se montó un sistema complejo de prevención: el reclutamiento obrero comenzó a hacerse de modo provisional; solamente después de informar a los servidos de inteligencia de las fuerzas de seguridad y recibida la respuesta de éstos, se adquiría una relativa estabilidad en el trabajo. Es obvio que un antecedente como activista impedía el acceso. Este sistema estuvo vigente en las zonas industriales del país por lo menos hasta 1979. La estabilidad en las fábricas dependía ahora no solamente de la eficiencia, de la calificación o de la disciplina, sino de la adaptación ideológica». Francisco Delich, «Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical». Crítica y Utopía N.º 6, 1982. <<

[95] Alfonso Carlos Comín, «Qué es el sindicalismo», pág. 11, Barcelona, 1976. <<

[96] Raimundo Ongaro. «Jornada de protesta nacional en Argentina», en «El País», Madrid, del 28-4-79. <<

[97] «La Nación internacional», N.º 894, del 7-11-77. <<

[98] Francisco Alonso, «Libertad y unicidad sindicales», en «Sindicalismo, hoy en España», pág. 11, Madrid, 1976. <<

[99] Potenze c/Federación Empleados de Comercio. 12-4-72, «Derecho del Trabajo» 1974, 579. <<