Alfredo Molano Bravo

De río en río

Vistazo a los territorios negros

Aguilar

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A Martina, a quien he seguido su huella al pie y a la letra

Explicación necesaria

Para mí, el Pacífico ha sido una de las regiones más misteriosas y atractivas del país. La he recorrido en panga por los ríos y en rápidas por el mar. Pero también a pie. La he sobrevolado y me han apasionado, no sólo la infinita variedad de su vegetación, sino la persistencia de la lluvia y la fuerza de los aguaceros. De río en río es un conjunto de crónicas y notas de viaje escritas durante varios años y en diferentes tiempos. La parte central del texto son recorridos que comienzan en Cabo Manglares, en la frontera con Ecuador y terminan en el Alto de Letras, en la frontera con Panamá. Y digo recorridos porque aunque la mayoría del trayecto, sobre todo en la costa del Pacífico, fue hecha de un tirón, viajes posteriores fueron complementándola. Otros textos fueros escritos para El Espectador , la revista Soho y para Sello editorial, que publicó un viaje entre Medellín y Ciudad de Panamá. No obstante la diversidad de orígenes del libro, guarda una unidad fundada en la geografía, la historia y el lenguaje. La verdadera gran dificultad fueron los intempestivos cambios en las regiones debido a las vicisitudes de la guerra en que la región se ha visto envuelta desde los años 1970. Pueblos como Riosucio y Tumaradó cambiaban de autoridades con inusitada rapidez. Un día estaban los guerrilleros en el cuartel de policía; dos semanas después, el Gobierno había recuperado el control, para perderlo 15 días más tarde cuando los paramilitares, apoyados por el Ejército, regresaban a sus puestos de mando. El texto final no es uniforme y sugiere una variedad de tonalidades tan acentuada como la misma diversidad biológica. La región es para mí inaprehensible de un solo golpe.

La última dificultad para el texto final consistió en que la gran mayoría fue escrita en tiempos de la guerra, pero su publicación se hace después del Acuerdo de La Habana entre el gobierno de Santos y el Secretariado de Las FARC -EP, pero subsisten en varias zonas las actividades del ELN y de los paramilitares. De tal forma que no hay tiempo verbal en que todos quepan.

Debo por fin agradecer a Misereor y a la Fundación Universitaria Claretiana la ayuda financiera para llevar a cabo el trabajo en su conjunto y sobre todo su confianza. Las Diócesis de Tumaco, Buenaventura, Istmina y Quibdó fueron para mí un apoyo inestimable para recorrer sus territorios y hablar con sus pobladores. Debo resaltar la gran ayuda de Jaime Díaz a todo lo largo del trabajo; él, como nadie, ha comprendido y tolerado mis compromisos con otras zonas y otros afanes sin dudar que este testimonio que condensa lo que fueron los ríos y sus pobladores antes de la paz, aparecería tarde o temprano.

Alfredo Molano Bravo

Enero de 2017

Prólogo

Jaime H. Díaz A 1

Alfredo Molano Bravo nos recrea el Pacífico y sus comunidades con su pluma magistral de sociólogo de a pie, nos acerca la historia para comprender el presente y con las voces de sus habitantes nos trae sus historias de vida.

Alfredo ha recorrido por décadas el andén pacífico y ha apreciado su maravillosa riqueza, que lo convierte en el lugar más biodiverso del mundo. Ha constatado la espontaneidad y la alegría de sus gentes, su enorme riqueza cultural, con sus fiestas y sus ritos; sus tristezas y angustias; sus logros, como la lucha por la titulación de más de cinco millones de hectáreas de forma colectiva para las comunidades afrodescendientes; el abandono del Estado nacional y la corrupción que campea; las fortalezas y debilidades de las organizaciones de comunidades negras e indígenas; el formidable acompañamiento de la Iglesia católica en algunas regiones; la violencia económica, la violencia política, la violencia mafiosa, la violencia que tantas víctimas ha dejado y tantos héroes y heroínas ha ultimado.

Los últimos tres años, en períodos interrumpidos por otros compromisos inaplazables, ha recorrido una vez más todo el territorio, desde el extremo sur, en Tumaco, hasta los últimos municipios al norte de Chocó, para presentar el estado actual económico, político y social, que quedan plasmados en la publicación que estamos presentando. Sin duda las constataciones, las claves interpretativas que se evidencian, se pueden constituir en insumos para exigentes transformaciones sociales y económicas que se requieren para que las gentes que habitan este territorio en unos nuevos tiempos puedan construir una paz sólida basada en la justicia, en un autodesarrollo que respete la diversidad étnica y cultural y preserve el medio ambiente que habitan.

Las comunidades negras e indígenas son las dueñas de estos territorios. A los indígenas que desde siempre los habitaban se unieron copiosamente las comunidades negras, unas llevadas de forma esclavista para la explotación del oro, como es el caso de Barbacoas, que se consideraba en la Colonia una ciudad muy rica por el gran número de minas de oro que se encontraba en sus contornos, pero que hoy, aunque en ella se sigue explotando este mineral, se hunde en la pobreza y el abandono estatal, mientras sus habitantes claman por una carretera transitable. Otras comunidades negras poblaron el territorio huyendo y buscando libertad.

Alfredo nos muestra cómo en un territorio en el que las comunidades convivían con la naturaleza de manera tranquila y pacífica, las ambiciones de nacionales y extranjeros fueron depredando el territorio amparados en concesiones mineras y madereras otorgadas por un Estado que si bien los ignoraba para los servicios, los entregaba a una explotación inmisericorde.

El nuevo cáncer está signado por los cultivos de coca y palma aceitera, que traen aparejadas nuevas formas de violencia de redomada crueldad. La incursión de los paramilitares ha dejado a su paso millares de víctimas y comunidades destrozadas y desplazadas. El tejido social, las formas culturales y de respeto a las autoridades naturales se han visto gravemente afectados. Es evidente que la sanación no será fácil cuando lamentablemente esos grupos han sido engrosados también por miembros de las mismas comunidades.

Las guerrillas de las FARC y el ELN también han llegado para dejar su impronta de violencia y de dolor, doblegar a las comunidades y extorsionarlas. Se han lucrado del tráfico de estupefacientes y han prohijado la minería ilegal y depredadora del territorio.

En medio de tanta pobreza, abandono estatal y violencia de todo tipo, las comunidades negras e indígenas han resistido y permanecido en el territorio gracias a su organización comunitaria, que no siempre ha sido la mejor pero que finalmente muestra que es por la fuerza y organización del pueblo que se puede creer en un futuro diferente. Gracias a sus procesos comunitarios, a sus autoridades, a la titulación colectiva de sus tierras, el desplazamiento del Pacífico hacia el interior del país no ha sido mayor. Se nos narra como ejemplo cimero el de la comunidad de Yurumanguí, que no obstante la masacre de que fue víctima, resistió, se opuso y no dejó que se instalaran los paramilitares, de tal manera que hoy con gran libertad y alegría pueden proclamar a los cuatro vientos: “No a la minería industrial, no a la coca, no a la palma; el progreso nos empobrece y nos destroza”.

El libro nos muestra el invaluable acompañamiento de la Iglesia católica en muchos territorios y resalta la labor social y profética de mujeres y hombres que han entregado su vida en favor de sus hermanos negros e indígenas. En este firmamento aparece de manera destacada la figura de la hermana Yolanda Cerón Delgado, asesinada en Tumaco por orden paramilitar el 19 de septiembre de 2001, es decir, hace 15 años. Ella no dudó en entregarse plenamente al servicio de las comunidades del Pacífico nariñense a pesar de las amenazas reiteradas. Las enfrentó y las denunció, y contribuyó a que se titularan cerca de 100.000 hectáreas de tierra de forma colectiva a las comunidades negras de la costa de Nariño. También nos presenta las valientes declaraciones proféticas de monseñor Héctor Epalza, obispo de la sufrida Buenaventura, y el trabajo formidable de la Comunidad Claretiana, donde se resalta la labor tesonera del presbítero Gonzalo de la Torre.

La Coordinación Regional del Pacífico, conformada por todas las Diócesis de la región, varias organizaciones etnoterritoriales y algunas ONG entre las que se encuentra la Corporación Podion, pedimos a Alfredo Molano adelantar esta investigación con total autonomía. Conocíamos su idoneidad, su compromiso, su agudeza y sus magníficas calidades de escritor. Estamos muy satisfechos del resultado final. La Corporación Podion no sólo tuvo la iniciativa, sino también acompañó el proceso en los aspectos logísticos y administrativos.

Esta investigación se hizo posible gracias al apoyo de Misereor, agencia de Cooperación del Episcopado Alemán. Durante más de 40 años Misereor ha venido apoyando, mediante proyectos de exigibilidad de derechos y de desarrollo, comunidades negras e indígenas en todo el Pacífico colombiano. Su compromiso ha sido generoso, indiscutible y totalmente respetuoso. Al apoyo económico de Misereor se asoció con un pequeño monto la Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA ).

Se presenta a los lectores una publicación comprometida en favor de los intereses de los pobres, de las víctimas, de las comunidades negras e indígenas del Pacífico. Aquí se encontrarán elementos y herramientas para la defensa y la conservación de su territorio y su cultura. Quienes nos unimos a las causas del Pacífico y sus comunidades, tanto colombianos de otras regiones como extranjeros, encontraremos alicientes e insumos para acompañar y rodear procesos de justicia y respeto a la identidad étnica y cultural de sus habitantes.

Bogotá, noviembre de 2016.

1 Jaime Díaz, PhD. Director Corporación Podion y Miembro de la Coordinación Regional del Pacífico.

CAPÍTULO I
La cuenca del Pacífico

La economía y la cultura colombianas han girado en torno al Atlántico Norte: Nueva York, Londres, Madrid, Berlín. El Lejano Oriente –Japón, China, India– fue considerado un horizonte económico sólo después de la II Guerra Mundial, cuando la creciente importancia de esta región obligó a mirar hacia ella y a prepararse para un intercambio comercial de gran envergadura con toda la cuenca del Pacífico. Más aún, Colombia ha ganado una importancia geoestratégica con Venezuela y Brasil al constituirse en un paso obligado para vincular esas economías con el Oriente.

Colombia viene soñando con romper la dependencia que lo ata a Norteamérica y a Europa y se prepara para una relación más activa con China e India. Para ello debe abrir vías hacia el Pacífico y construir puertos que permitan recibir, a corto plazo, los grandes buques mercantes Post-Panamax de 95.000 TDB. En Chocó está planeada la construcción de un puerto de aguas profundas en la bahía de Tribugá por parte de empresas privadas, que demanda del Gobierno la construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí. El puerto de Tribugá tiene en perspectiva dos serios rivales: el de Aguadulce, en Buenaventura, y el de Bahía Málaga. Antioquia está interesada en compartir con Risaralda el puerto de Nuquí por la vía Medellín-Quibdó-Las Ánimas. Por su parte, el Valle del Cauca y Cauca mismo tienen sus ojos puestos en Aguadulce y en Bahía Málaga. Se ha iniciado la construcción de una autopista de cuarta generación Buga-Loboguerrero-Buenaventura.

El primer obstáculo para llevar a cabo cualquiera de estos proyectos es restablecer el orden social que permita las cuantiosas inversiones en proyectos y otorgue garantías sólidas a los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Las Cámaras de Comercio de Risaralda y del Valle e inversionistas chinos interesados en los proyectos así lo han demandado. En pocas palabras, la condición implica resolver el problema de guerrillas y paramilitares para hacer posible la libre circulación de personas y mercancías. Es decir, recuperar –o imponer– la total soberanía del Estado colombiano en la región. Una de las opciones hoy vigentes está ligada a la implementación de los acuerdos de La Habana.

Chocó es un departamento pobre rodeado por departamentos ricos. Tiene costas sobre el Caribe y el Pacífico. El territorio que atravesaría la vía Las Ánimas-Nuquí pertenece a Resguardos y Consejos Territoriales de Ley 70. La carretera valorizaría todo el trayecto, lo que se convertiría en un factor tanto de invasión como de desplazamiento de indígenas y negros; de hecho, ya ha habido masacres y ejecuciones ejemplarizantes por parte de grupos paramilitares que han obligado a reconocidos desplazamientos. Las guerrillas, buscando abrir nuevos frentes, llegaron en los 1980 a la región e impulsaron el cultivo de coca y adoctrinaron a la población con miras a crear un nuevo teatro de guerra. El choque entre estos grupos armados era inevitable, aunque a veces podía ser amortiguado, e inclusive impedido, por la división del trabajo entre cultivo y exportación de coca y los negocios a que esta da lugar. Frente a la carretera sus posiciones resultaban idénticas: el cobro de tributos a las compañías constructoras.

De un lado, el hecho de que tanto Resguardos como Territorios Ley 70 por Constitución sean inembargables, inajenables e imprescriptibles, y de otro, la necesidad de construir megaproyectos de alta valorización, han conducido poco a poco a una conciliación entre estas realidades: el comodato o el arriendo de predios a negociantes, cultivadores de coca o ganaderos que buscan el control no sobre la propiedad, sino sobre su uso. Es una tendencia que, por lo demás, se está imponiendo en todo el país y amenaza la raíz misma de estas formas colectivas de propiedad con trascendentales y nocivos efectos tanto económicos como étnicos. La descomposición puede estar provocada por los grandes intereses comerciales, mineros y energéticos que merodean en las regiones. El Estado deberá, cuanto antes, ligar la propiedad de la tierra y el uso del suelo como una misma cosa si pretende impedir el arraigo y el desarrollo de conflictos sociales, previsiblemente violentos.

La construcción de vías carreteables y puertos marítimos, y en general las grandes obras de infraestructura, trae aparejada la acelerada hipervalorización de predios colindantes con ellas o que sean beneficiados de manera indirecta. Así, el precio de la tierra conoce topes muy altos y entra en colisión con la naturaleza jurídica de Resguardos y Territorios Negros ancestrales. La tendencia económica espontánea ha conducido al desplazamiento masivo de pobladores para obtener los beneficios generados por las obras. Aún más cuando los interesados en ellos obtienen información privilegiada confidencial sobre rutas, modalidades y fines de las obras. El resultado es desplazamiento. Basta una masacre y el objetivo criminal ha sido alcanzado. La gente o no regresa, o vende si puede, o transfiere sus derechos. Dado que casi todo Chocó y casi todo el territorio por donde pueden atravesar vías futuras son Resguardos o Territorios Tradicionales de comunidades negras, el conflicto salta a la vista.

Como el Estado, aun haciéndose el de la vista gorda, no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales, la salida de los interesados es pagar una determinada suma a cambio de un uso específico –o no– del suelo. En los territorios negros esta modalidad tiene más visos de legalidad que en los Resguardos, pero de todas maneras en ambos se está dando y terminará como una gran palanca para echar para atrás los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y negras. Más aún, el establecimiento y muchas fuerzas e intereses políticos favorecen la liquidación de todo obstáculo para que la tierra funcione como mercancía, es decir, que su uso esté reglamentado tan solo por las leyes de oferta y demanda.

Minería

El Código minero aprobado en febrero de 2010 declara de hecho ilegales la mayoría de las explotaciones artesanales de oro. Estas prácticas ancestrales benefician a un gran número de familias extensas en el alto San Juan. La consideración se funda en la carencia de títulos sobre el subsuelo, o sobre el mismo suelo, y por tanto esos mineros no pueden mostrar concesión para la explotación. Además –y es un requisito aún más difícil de cumplir–, los pequeños mineros no tienen licencias ambientales para la explotación. Se debe añadir que numerosas empresas medianas están en idéntica situación.

El Código va en contravía de una tradición arraigada y de un modo de sustento de miles de personas. De hecho, este código ha sido demandado y la demanda ha sido aceptada; entre otras razones se alega la no realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y negros, siendo una ley que los afecta directamente en esta actividad ancestral de la minería. Como se ha dicho, unas y otras pagan “impuestos de seguridad” y de explotación a grupos irregulares, lo que hace más explosiva la situación si el Estado, presionado como está por la banca mundial y por las multinacionales mineras, cede y opta por sancionar o impedir la explotación considerada ilegal y otorga al mismo tiempo concesiones y licencias a las grandes compañías.

Aquí los grupos irregulares que quedan tendrán ocasión de desarrollar una gran actividad de propaganda y de favorecimiento de su política de reclutamiento y de organización de la población civil. El Estado y la fuerza pública van a ser vistos como agentes e instrumentos de las grandes empresas. No es descartable que ellas sobornen autoridades, paguen contribuciones a grupos ilegales y traten, por todos los medios lícitos, de presionar al Gobierno para obtener concesiones o licencias. Gran importancia adquirirán en esta encrucijada los políticos locales y nacionales como ruedas de transmisión entre las oficinas de las empresas y las del Gobierno (Codechocó y Minambiente, respectivamente).

Es muy probable que los grupos neo paramilitares sirvan para encender la chispa. La fuerza pública obtendría así ante la opinión pública una credencial para intervenir. Una matanza de mineros crearía el clima para organizar un gran operativo que busque recuperar el control del orden y la soberanía de la ley. Estos dos términos son de hecho sinónimos de Código minero y de desplazamiento de la minería ilegal o artesanal, y al mismo tiempo licencia de explotación para la gran minería. Es de temer un incremento de enfrentamientos militares y de desplazamiento hacia las zonas urbanas, Quibdó, Istmina, Buenaventura y Tumaco.

En el problema minero, el enfrentamiento podría ser más intenso por las fortunas que se juegan de lado y lado, es decir, las de los accionistas de las multinacionales y las de los grandes intereses mineros. Con el Código en la mano y las armas de la República, las multinacionales tienen ganado el litigio legal, mas no así el clima social necesario para la explotación pacífica del oro. Previendo este desenlace –tal como se practica en otras regiones como La Colosa, en Tolima–, las multinacionales desarrollarán una política social de favores que busca –y logra– romper las estructuras sociales, la organización de la comunidad y la defensa de sus derechos ancestrales y medioambientales. Dicho esto, hay que recordar que las Organizaciones no gubernamentales (ONG ) ambientalistas –nacionales y extranjeras– denunciarán las perspectivas tanto legal como social de las empresas mineras.

Si en los últimos 50 años la cuestión agraria ha sido el combustible del conflicto armado, la cuestión minera puede llegar a tomar rumbos muy peligrosos y mover fuerzas profundas. Desde el punto de vista de la protección de los derechos, el Gobierno está omitiendo cumplir, y hacer cumplir a las empresas, el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades negras e indígenas cuando se adjudican permisos de prospección, exploración o explotación del oro, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT , aprobado por la Ley 21 de 1991, que debe ser aplicado desde el momento en que se inicia la planeación de un proyecto minero grande, aunque las comunidades no tengan titulados los territorios donde han practicado ancestralmente la minería del oro. Esto hace que la relación para determinar si entra o no un megaproyecto se inicie con un conflicto de intereses y una violación del derecho fundamental a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que protege la supervivencia étnica y cultural de las comunidades étnicas y sus derechos a la participación, al desarrollo propio o planes de vida y a su autodeterminación. En las regiones productoras de oro y platino o potencialmente ricas en ellos se podrá desarrollar un grave conflicto en tiempo relativamente cercano por la colisión entre la minería ilegal y la legal. A raíz del colapso de la Chocó Pacífico y compañías sucedáneas se ha desarrollado en el alto y el medio San Juan una explotación caótica que el Estado no ha querido –o no ha podido– intervenir. A la región llegaron sucesivamente dos modalidades de explotación de oro: las dragas y las retroexcavadoras. Las primeras cedieron el paso a las segundas, al ritmo y en la medida en que el mineral se fue agotando en los lechos de ríos y quebradas. Las retroexcavadoras permitieron remover el material en las rondas de agua siguiendo la existencia de las vetas. El daño ambiental ha sido brutal, tanto por el destrozo de los bosques aledaños a las cuencas como por la remoción de material lavado –llamado también estéril– y los grandes huecos dejados después de explotar una mina. Al lado de esa minería ilegal de tamaño mediano pulula la pequeña minería artesanal, pese a la tradición, considerada ilegal por el nuevo Código minero. Se desarrolla en dos formas: una, socavones horizontales o verticales, y dos, mazamorreo o barequeo. Es una minería residual que no tiene el violento impacto de la mediana y que permite vivir a miles de familias.

En su conjunto toda la minería de la región está cobijada por formas de control y tributación de diferentes características. El Estado ha reglamentado las concesiones, los títulos mineros y las licencias ambientales. Los grupos armados ilegales que aún quedan, tanto guerrillas como paramilitares, han hecho lo mismo y han establecido un régimen de extorsión a toda empresa o explotación. Esta es una primera y poderosa fuente de conflicto que podrá llegar a involucrar toda la región. El alcance y la intensidad de la confrontación estarán determinados por la calidad del material y por el rendimiento de las diversas tecnologías. El Estado tiene intereses fiscales en la explotación minera, y los grupos armados, necesidades logísticas. Ambas fuerzas protegen sus intereses de largo y mediano plazos.

Los últimos gobiernos han promovido la gran explotación y han sacado a las bolsas extranjeras concesiones para la explotación aurífera, política autorizada en el Código minero. En la región se han otorgado numerosos títulos mineros y concesiones que hasta el momento no han conducido a la explotación por razones de orden público. Puede ser que de manera velada y a espaldas del Estado, las compañías lleguen a acuerdos con los grupos ilegales. La confrontación sería entonces entre estos grupos por esos acuerdos. Pero es factible que las compañías se nieguen a tales procedimientos, y entonces el enfrentamiento quede en cabeza del Gobierno. Aquí es previsible que la guerrilla no negocie de acuerdo con sus principios políticos e ideológicos. Podría suceder que empresas, Gobierno y paramilitares lleguen a un acuerdo: sacar a la guerrilla que quede, para lo cual deberían romper los vínculos que esta fuerza tiene, tanto en las medianas empresas como en la minería ilegal. En esta eventualidad la población nativa puede ser objeto de masacres o de asesinatos ejemplarizantes sistemáticos. Coincidirían tres intereses: Las grandes empresas verían despejado su horizonte de amenazas de orden público; el Gobierno pondría en cintura la minería ilegal, vale decir, la desplazaría, y los grupos paramilitares se podrían ver beneficiados tanto por la estrategia de recompensas y colaboración con las Fuerzas Armadas (FF . AA .) como por los pagos clandestinos de su acción, que de alguna manera compensarían las cuotas de seguridad que hoy cobran. Además, las FF . AA . recibirían por su papel estratégico los honores y el prestigio que la ley dispone.

El riesgo de un enfrentamiento es factible. Las grandes compañías le exigirían al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos respaldados por el Código minero y la presión política al Estado será apremiante. Para hacerlo, el Gobierno buscaría neutralizar la minería artesanal. El gran interrogante es la actitud que asuman las actuales empresas medianas. ¿Apoyarían las políticas y estrategias del Gobierno de liquidar la minería ilegal mediante la aplicación rigurosa del Código minero? ¿Apoyarían a los grupos paramilitares para liquidar la pequeña minería? ¿A qué arreglos podrían llegar con el Estado y con las grandes compañías?

Para evitar el conflicto, el Gobierno debería propiciar que el marco de un arreglo negociado entre la minería artesanal y la minería legal fuera establecido entre ONG ambientalistas y de Derechos Humanos (DD . HH .), asociaciones de mineros existentes en la zona y los Ministerios de Minas y Medio Ambiente, en mesas públicas. Ese marco podría ser el fundamento de la política minera del Estado en la región.

Petróleo

En plano similar, aunque mucho menos conflictivo, están la exploración y la explotación petroleras. La diferencia esencial radica en que los pobladores no pueden explotar el petróleo con técnicas ancestrales y, además, las compañías pueden generar mucho más empleo no calificado que las multinacionales mineras. No obstante, las guerrillas que subsistan podrían imponer tasas de peaje a las compañías vinculadas a la explotación petrolera como contratistas y similares. Sumas que terminarán siendo escondidas en los costos de sus proyectos. Los paramilitares participarán a su modo, vendiendo sus servicios de seguridad y “limpieza social” a los contratistas, y estos lo aceptarán como una inversión de urgencia manifiesta. Quizás el Gobierno tolera estas modalidades en cuanto le permiten debilitar la oposición a sus proyectos económicos y evitar que las FF. AA. se vean complicadas en denuncias de violación a los DD. HH. , lo que, dígase de paso, afecta su imagen y hasta la ayuda militar norteamericana en virtud de la Enmienda Leahy.

Las empresas petroleras y sus contratistas diseñarán también políticas de “responsabilidad social”, que no son otra cosa que la utilización de clientelismo tradicional y asistencialismo privado: escuelitas, becas, asesorías locales, contratos, talleres y folletos. Sin duda, estas modalidades de protección surten efecto en la medida en que terminan por dividir las comunidades, cooptar miembros o líderes y corromper a otros. Efecto peligroso si se tiene en cuenta la existencia de actores armados antagónicos en sus territorios.

Coca

Si se acepta la diferencia esencial entre producción y comercialización, como toda doctrina económica lo postula, en el llamado narcotráfico hay que distinguir entre cultivadores, traficantes y consumidores. A Chocó, y específicamente a la región del San Juan, lo afectan los dos primeros temas. El cultivo de la hoja de coca fue introducido tanto en el cañón del río Garrapatas como en el Calima por los carteles del Valle del Cauca, aunque más tarde se dieron fusiones o acuerdos con la Oficina de Envigado. La coca también se cultiva en el Pacífico sur, vinculada al cartel de Cali.

No obstante, la expansión guerrillera (1990-1998) se enfrentó con los carteles y los hizo abandonar muchas de las zonas donde ellos habían alentado la coca y sustituyó, o subordinó, a los cultivadores anteriores. La relación con los campesinos, mestizos o negros, y con los indígenas tuvo un carácter político, es decir, tendiente al desarrollo y el fortalecimiento de su poder territorial, y en esta perspectiva la tributación ilegal jugó un papel determinante, razón por la cual la estrategia consistió en impulsar el cultivo con poblaciones que les fueran fieles, a las buenas o a las malas. La guerrilla desconoció, de hecho, los títulos colectivos de los Consejos y de los Resguardos e impuso formas de colonización campesina. Pero además prohibió actividades económicas distintas a cultivo y procesamiento de la hoja de coca, y se reservó el papel de intermediaria entre productores y exportadores en ciertas zonas. Es necesario decir también que con los exportadores no constituyó una sociedad, sino un negocio defendido con las armas. El tránsito fluvial entre Noanamá y Docordó era suspendido después de las 6 p. m.

Aunque el cultivo de coca en el San Juan no tiene la magnitud de los que existen en Nariño y Cauca, la zona tiene grandes ventajas para intensificarlo por la dificultad para la fumigación que representan la alta pluviosidad, la facilidad de comunicación por los ríos y quebradas y, de alguna manera, las condiciones de pobreza de la población, tanto nativa como desplazada desde Risaralda, Valle y Caldas, en su gran mayoría campesina. El fracaso del Frente 47 de las FARC en el oriente de Caldas contribuyó a este flujo.

Ahora bien, las mismas razones que entorpecían la fumigación facilitaban la resistencia militar de las guerrillas. Sobre todo porque la insurgencia tendía a ensanchar su teatro de guerra. Hace unos años era razonable esperar que las fuerzas del orden prepararan una gran operación militar sobre el área, precedida por el terror paramilitar que obliga a la gente a huir o a plegarse al orden institucional. Había un bolsón paramilitar entre Istmina y Palmadó encerrado por la guerrilla, que se beneficiaba de la extorsión a mineros.

La presencia del Estado, itinerante o permanente, es la clave para aminorar los desmanes y la brutalidad previsibles por una campaña militar de gran envergadura. El acercamiento y la familiaridad con la población, la defensa clara de sus derechos y la organización de eventos para darlos a conocer de manera franca y sistemática podrían ser algunas de las actividades que se debe comenzar a planear. La misma función se debería cumplir con la fuerza pública. La mirada atenta del Gobierno sobre el desarrollo del enfrentamiento podría impedir que la inercia de la brutalidad bélica castigue una región tan ignorada y explotada.

La zona del litoral, aguas abajo de la desembocadura del Calima, está dominada por los grupos de traficantes de droga –y probablemente de armas– que procesan cocaína, la embalan y la transportan hacia el exterior. Han sido grupos vinculados a los antiguos o nuevos carteles del Valle del Cauca y fue muy publicitada la guerra que sostenían con las FARC en Buenaventura y en la región circundante, incluido el delta del San Juan. La situación general de la zona se ve afectada por la existencia de la Base Naval del Pacífico en la Bahía de Málaga y los proyectos de construcción de dos puertos de aguas profundas para barcos Post-Panamax en Aguasclaras, área continental de Buenaventura, y Bahía Málaga. Estos proyectos requieren alta seguridad y, según algunas autorizadas versiones, el papel que ha jugado –y puede seguir jugando– el paramilitarismo es determinante. De todos modos, los carteles del Valle y sus ejércitos privados han entrado a Chocó por estas puertas.

Las amenazas que rondan la cuenca del río San Juan, relacionadas con la confrontación armada entre Fuerzas Militares del Estado, guerrillas y paramilitares de nuevo cuño, estarán asociadas a cuatro factores: cultivo de coca y exportación de cocaína, extracción de oro, explotación de petróleo y construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí. En estos cuatro aspectos se condensan y confluyen conflictos históricos y actores bélicos para los cuales la confrontación a mediano plazo sería inevitable.

Los cultivos de coca comprometen hoy principalmente la región que se extiende del Sipí al alto Baudó. El Estado trata de cortar una fuente logística importante de los grupos ilegales que amenace, dificulte y encarezca la finalización de la carretera Las Ánimas-Nuquí, las inversiones de grandes compañías mineras en el alto San Juan, y petroleras en la línea de exploración bajo San Juan-alto Baudó. El cultivo de coca se podrá expandir en la región señalada por presentar grandes obstáculos naturales a la fumigación, como son la nubosidad y la pluviosidad, y no menos importantes para la erradicación manual, sobre todo si se tiene en cuenta que están en una zona de bosque húmedo tropical y que los cultivos tienden a ser pequeños y distantes unos de otros, y que la planta posee una capacidad asombrosa de recuperación o reproducción. La fuerza que requiere el Estado para entrar y sostenerse en zonas recuperadas será muy alta. Pero será tanto más urgente hacerlo en cuanto no se trata sólo del cultivo de coca, sino de la comercialización y la exportación de cocaína y eventualmente del contrabando de armas.

Para el Estado se hace inaplazable incrementar el control sobre los grupos que realizan tales actividades. También aquí, la configuración del terreno, sobre todo en el delta del San Juan, representa un gran desafío por la abundancia y la densidad de manglares, islas y caminos acuáticos. La experiencia de la población nativa en el contrabando añade una dificultad más al empeño por imponer una política oficial. Por último, cabe mencionar la gran sensibilidad de los empleados públicos y funcionarios del Estado a la corrupción, que aumenta con la política oficial de pagar recompensas por información y colaboración con las FF . AA .

En la región habrá elementos sociales que pueden hacer más compleja la lucha contra los grupos ilegales y los narcotraficantes, tales como la pobreza generalizada de la población, condición que rige tanto para la fuerza pública y grupos paramilitares como para las guerrillas subsistentes y que hace más intensa la confrontación, en la medida en que ha dejado de ser un tema político o ideológico para transformarse en un tema económico, habida cuenta de las grandes ganancias que arrojan estos negocios, de la función tributaria que tienen para los grupos ilegales y de la estrategia de recompensas que desarrolla el Gobierno. El fin del cultivo de coca, del narcotráfico y de las recompensas representa para mucha gente un horizonte oscuro puesto que se debilitan sus ingresos.

Hay que contar con que la fuerza pública, acostumbrada al atropello y a la impunidad, dispara las alertas de ONG nacionales y extranjeras y activa la vigilancia de una Iglesia que, como la de la región, tiene un fuerte “compromiso con los pobres” y ha denunciado constantemente la violación de DD . HH . y del Derecho Internacional Humanitario (DIH ). El Estado debería estrechar sus vínculos con las ONG de la región y en especial con el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN ) y con las Diócesis de Buenaventura, de Istmina-Tadó y de Tumaco, a pesar de cierta indiferencia tradicional.

CAPÍTULO II
Tumaco

Minas ricas

Ochenta años después de que el capitán Francisco de Parada fundó Barbacoas se dio comienzo a la explotación de la minería en la región: En 1686 se extrajeron 700 libras de oro de aluvión. En 1772 ya había en la región 4.756 negros esclavos trabajando las minas; en 1778 pasaban de 6.000. Julian Mellet, comerciante francés que visitó el pueblo en 1819, escribió: “Barbacoas es una ciudad muy rica por el gran número de minas de oro que se encuentran en sus contornos. Se hace allí un comercio considerable y el oro atrae un concurso continuo de mercaderes. La grande abundancia de este hace a sus habitantes muy altaneros para con los de las otras provincias”. A mediados del siglo XIX , Felipe Pérez comentó que el negro del Patía, desde la abolición de la esclavitud, “no es perseverante en la fatiga. Empero, la verdad es que no tiene por qué trabajar: el plátano le da profusamente pan; los ríos, pescado, y las selvas, tatabros y saínos”.

La explotación de oro decayó durante todo el siglo, quizá por las continuas guerras civiles que se hacían con el reclutamiento forzado de población negra. Después de la abolición de la esclavitud en 1851, en carta de Pío Ortiz a Sergio Arboleda, uno de los más ricos propietarios de esclavos y minas de Cauca, le decía: “Si se trabajara hoy como se hacía cuando había esclavos, cuyo número era considerable, los rendimientos serían mucho mayores. Igual sucedería si se pudieran poner en uso los monitores y abrir socavones, lo que no pueden hacer los dueños de las minas por falta de recursos”. Antes de 1851 se sacaban de Barbacoas unas mil libras anuales de oro; hacia fines del siglo la producción había bajado a 700 u 800 libras por año. Desde esa época el oro es comercializado como mercancía libre y no como monopolio colonial.

A fines del siglo XIX había varias casas comercializadoras vinculadas a compañías extranjeras: Se sabe que, por ejemplo, la casa comercial de Pastor Díaz del Castillo e Hijos es agente y comisionista de compañías extranjeras, como la Telembí Mining Company y la San Lorenzo Gold Gravel Mining Company. La Agencia de Comisiones de Mario C. Micolta compra oro y otros productos y se encarga de cambiar billetes, cobrar giros y exportar e importar mercancía. La publicidad en el extranjero sobre la riqueza de las minas atrajo compañías extranjeras como las de Herman Gohring, Sociedad de los Placeres del Río Nambí. En 1910 el Ministerio de Obras Públicas celebró un contrato con The Patía Syndicate Limited para exploración y explotación de los ríos Patía y Telembí, y por la misma época The San Lorenzo Gold Gravel Mining Company intentó poner en producción por medios hidráulicos las minas de San Lorenzo y La Cucarachera. También los señores Howe y Bates invirtieron en la rica mina de La Soledad. Pero los más serios y consistentes trabajos de explotación fueron llevados a cabo desde 1935 por la Compañía Minera de Nariño. Desde los años 1940 un sinnúmero de propietarios y de empresas explotaron el Telembí y otras cuencas por medio de concesiones, la mayoría hechas a dedo por el gobierno central por pedido de las clientelas de turno.

Retroexcavadoras

A mediados de los años 1980 conocí varios sitios de mina en el río Telembí y conversé con algunos comerciantes de oro en Barbacoas. Recuerdo con nitidez un hecho: los destrozos que hacían una retroexcavadora y un buldócer entrando por la margen derecha del río. Avanzaban sin consideración ambiental alguna, tumbando árboles y haciendo trocha. Las licencias de explotación, aunque eran obligatorias, no se cumplían. O se sobornaba a las autoridades y a la guerrilla. Hoy es una práctica corriente. En el río se playaba, es decir, se barequeaba. La gente miraba sin inmutarse, como algo acostumbrado, la entrada de la maquinaria. En un solo sitio de mina podía haber 50 o 100 personas trabajando, muchas de ellas mujeres.

En aquellos días el precio del oro había subido. Hasta principio de los 1970 se pagaba a US$35 la onza troy, pero diez años después había alcanzado US$350, lo que explica el comienzo de una nueva era de explotación aurífera sostenida y creciente. Fue también la razón de que al Telembí y a toda la zona llegaran grupos paramilitares. En 1995 Barbacoas estaba absolutamente dominada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC ), tal como se comentaba en voz baja en el pueblo. Se cuenta que en 1993 un patrón mandó asesinar a un grupo de mazamorreros que trabajaban sin su permiso en el hueco que había abierto con gran despliegue de maquinaria, la misma que usó para sepultarlos. A medida que subía el precio del oro, entraba más y más maquinaria a la región. A partir de 2005, el aumento del precio fue constante. De US$445 la onza troy en 2005, pasó a US$600 en 2006, hasta llegar casi a US$1.000 en 2009, para alcanzar US$1.400 en 2013. En 2015 se cotizó a $1.650.

Entre 1990 y 1998, Magüí –un pueblito a la orilla del río–, según sus habitantes, se llenó de retroexcavadoras, que entraron en toda la región con la complacencia y la colaboración de las comunidades. La excepción fue la gente del río Tapir, que se levantó contra las retroexcavadoras e impidió que la despojaran de los playones donde trabajaba. El paramilitarismo veía la minería como una fuente logística fácil, dado que las autoridades se podían comprar y el precio del metal se había disparado. La guerrilla llegó a fines de los años 1990, cuando los colonos de Caquetá, Putumayo y Guaviare fueron desplazados por la fumigación a los cultivos de coca.

La gran mayoría de retroexcavadoras y de buldóceres pertenecen a empresarios paisas, caqueteños y brasileños y llegan hoy sin autorización por la carretera de Pasto a Tumaco. Entre Junín y Barbacoas hay un retén de la Alcaldía donde deben pagar un impuesto para poder trabajar en el municipio. Luego había tres retenes de grupos armados: uno del paramilitarismo, otro del ELN y hasta 2016, un tercero de las FARC . Según testimonios recogidos, en cada retén se debían pagar $3.000.000. Se cuenta que en ocasiones la maquinaria es detenida hasta que se cancele el “impuesto de ingreso”. La carretera Junín-Barbacoas, de 56 kilómetros, está siendo rectificada y arreglada por el Batallón de Ingenieros de Construcción No. 52.

La cosa funciona así: al llegar el equipo al sitio determinado, que ha sido –como es obvio– previamente cateado por profesionales –empíricos o no–, el propietario debe arreglar con el Consejo Comunitario, que nominalmente permite la explotación de un área definida. La tarifa varía entre $10.000.000 y $30.000.000 mensuales, según los cateos que también las comunidades realizan. A renglón seguido el minero debe negociar el derecho de explotación con el “dueño” del terreno. Legalmente el territorio de un Consejo Comunitario es de propiedad colectiva, pero siempre su autoridad respeta a las familias que han trabajado el sitio, cultivando o mazamorreando. Un arreglo subordinado a los anteriores hacen las comunidades con los patronos de la máquina para que permitan la entrada de la gente al sitio de mina. En los acuerdos se definen los días, horas y personas que pueden entrar a trabajar cuando la máquina está parada para abastecerse de combustible, arreglar algún daño o simplemente cuando el maquinista descansa.

En esos intervalos, los barequeros, que han estado esperando la suspensión, se lanzan con afán a lavar el material en el poco tiempo que les es concedido. “Eso parece –me comentó un trabajador– como cuando van los barcos pesqueros, que botan el pescado que no les sirve y detrás van los gabanes y las gaviotas recogiendo”. En algunos huecos, el patrón permite que, a espaldas de las máquinas, los barequeros trabajen. Los acuerdos, tanto con el Consejo como con el dueño del terreno, son verbales y en general representan entre el 10 % y el 20 % de la producción, cantidad muy difícil de establecer porque el tenor en un hueco no es homogéneo y los patronos son muy celosos de contar el oro que logran lavar. Muchas veces estos, con el fin de facilitar el negocio, contratan mujeres de la comunidad para cocinar y lavar la ropa de la cuadrilla, compuesta, en general, por una docena de hombres, casi todos armados y forasteros, provenientes de Turbo, el bajo Cauca y Puerto Berrío, territorios aún bajo control paramilitar.

Este tipo de minería, que combina la batea y la retroexcavadora, representa un enorme peligro para los barequeros porque las paredes de la excavación suelen derrumbarse y sepultar a quienes trabajan en ese momento. Los muertos y heridos son numerosos. La retroexcavadora arroja el material recogido a una tolva que a su vez lo descarga en una correa sinfín que posee pequeños listones o trampas que detienen el material aurífero arrastrado por aguas y que contienen ya el mercurio o cianuro usados para separarlo de materias ordinarias. El oro va quedando prendido a un paño de fieltro que forra la sinfín, de donde es recogido y vuelto a lavar en depósitos a los que se agregan los químicos para amalgamarlo. Sobra decir que una gran cantidad de estos catalizadores químicos termina depositada en las aguas servidas, que son bombeadas fuera del hueco de trabajo y botadas en los caños y ríos que alimentan el entable. Varios ríos y quebradas han sido cambiados de cauce. Los sitios de explotación, o entables, están, en muchas zonas, cerca unos de otros y forman lo que se llama una “tonga”, que es una línea de trabajo donde puede haber 50, 70 u 80 retroexcavadoras. En Barbacoas y Magüí, el propio gobernador de Nariño denunció la existencia de más de 500 máquinas. Los huecos pueden ser de 100 o 200 metros de circunferencia y tener hasta 10 o 15 metros de profundidad. Una vez lavado el material existente y cuando la veta se agota, las máquinas se cambian de lugar.

Es evidente que la minería está golpeando muy severamente la agricultura campesina porque la maquinaria destruye la capa vegetal y desvía los cuerpos de agua. En Barbacoas la mayoría de alimentos es traída de Pasto o de Tumaco y vendida a precios especulativos. El combustible es uno de los productos que tienen mayor demanda local. El galón de gasolina colombiana cuesta en promedio $10.000, pero el ecuatoriano cuesta la mitad, desequilibrio que impone el contrabando. De hecho, los entables monopolizan la compra de artículos de consumo y de combustible y la zona sufre un desabastecimiento crónico.

La producción de oro en la región del río Telembí es muy difícil de establecer por dos razones: una, la seguridad en el transporte, y dos, que de ella dependen los tributos y vacunas que deben ser pagados a las autoridades legales e ilegales. Algunos trabajadores expertos en la explotación afirman que una retroexcavadora puede sacar entre dos y tres kilos al mes. Hay lugares extraordinarios de donde se han sacado 30 kilos en el mismo lapso. En Barbacoas hay muchos sitios de compra que aparecen legalmente como “compra-venta” y otros como joyerías que compran el oro de los pequeños mineros, lo limpian de mercurio y lo venden a las casas fundidoras en Medellín y Cali, empresas que no son muchas. El precio del oro es homogéneo y está definido por acuerdos entre los compradores, que, comparados con los vendedores, son minoría.

Los patrones de los entables transportan el oro por aire o por tierra, bajo estrictas medidas de seguridad, para ser vendido a las fundidoras. Surge una gran pregunta: ¿A dónde va esa gran cantidad de metal? Si se aceptan las cifras que recogí en el trabajo de campo y la apreciación del gobernador de Nariño, 500 retroexcavadoras podrían estar produciendo, sólo en el río Telembí, entre 1.000 y 1.500 kilos al mes. Es decir, sólo el Telembí estaría produciendo unas 18 toneladas anuales, un poco menos de la tercera parte de la producción de todo el país, calculada oficialmente en 66 toneladas. En general, dice un joyero de Barbacoas, por cada 30 kilos producidos en el Telembí sólo se reportan dos. Los otros 28 se registran en otros municipios con el fin de aumentar en ellos las regalías. Eso quiere decir, por ahora, que las rutas del oro tienen una lógica política.

En términos generales, la región de Barbacoas y de los ríos Telembí y Magüí ha sido desde siempre una zona de explotación aurífera y casi todos sus habitantes, mayoritariamente de raza negra, han vivido directa o indirectamente de esta actividad. El Estado colombiano no ha controlado, ni vigilado, de acuerdo con las normas existentes –tanto tributarias como ambientales–, la explotación del metal. La libertad de comercio del oro ha contribuido a esta situación que tiene enormes costos sociales y ambientales. Los principales beneficiados de la explotación del oro son los grupos armados, tanto legales –Policía y Ejército– como ilegales –guerrillas y paramilitares–. Los empresarios legales y los ilegales deben pagar tributos –llámense vacunas o sobornos– a todas las fuerzas y grupos armados. Los destrozos ambientales no han sido evaluados por el Gobierno ni se han tomado medidas efectivas para afrontar el daño y remediar los efectos.

Palma de aceite

En 1905, el presidente Rafael Reyes contrató la construcción del ferrocarril entre Pasto y Tumaco, pero el proyecto fracasó. En 1912 la obra fue declarada de utilidad pública, por lo que se destinó un porcentaje de las aduanas para financiarla. En 1942 la línea férrea llegó a Tumaco, pero diez años después se suspendió y sobre el trazado de la vía se construyó la carretera que fue inaugurada en 1964. Al parecer, el ferrocarril tenía más propósitos geopolíticos y por eso fracasó hasta que la región cobró importancia económica. A mediados de los 1960 las comunidades del río Mira vivían de los cultivos de cacao y arroz; el cacao se vendía seco, y el arroz, pilado en uno de los nueve molinos de la región.

La reforma agraria del Frente Nacional no tocó a Tumaco por la simple razón de que no había en la zona grandes propiedades. No obstante, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA ), a instancias de Fedepalma, inició una serie de experimentos con la idea de cultivar palma de aceite en aquellas tierras donde la humedad y el brillo solar parecían óptimos para la especie. Según testimonios de los viejos campesinos, hacia el fin de los años 1960 apareció un señor Rojas Cruz con semillas que decía haber traído de África y que, según insistió, constituirían la salvación de la zona.

Se hicieron experimentos, se financiaron cultivos piloto, se organizaron días de campo y un día la empresa Palmas del Río Mira declaró inauguradas las actividades económicas con la siembra de 466 hectáreas. La tierra fue negociada con los colonos a bajos precios, con el acicate de empleo y progreso. Después, Palmas del Río Mira fue vendida a Palmas de Tumaco, que ha sido la gran impulsora del cultivo en la región. Los experimentos habían dado resultados prometedores. La nueva razón social no se anduvo con delicadezas: entró a la fuerza a negociar sus predios con campesinos nativos –la gran mayoría de raza negra– y a tumbar monte. Se dice que hubo un equipo de testaferros que negociaban las mejoras a las buenas o a las malas. Citaban un grupo de tratantes paisas que adquirían la tierra para luego transferirla en propiedad a la gran empresa. Se usó una estrategia muy conocida en todas las zonas de colonización: comprar lotes que encerraran otras mejoras para luego cerrar servidumbres, de suerte que el dueño legítimo terminaba vendiendo en forma obligatoria. Había compañías de contratistas que socolaban y tumbaban la selva, expulsaban colonos y se apropiaban de las mejoras para negociarlas con los grandes compradores de tierra.

Era tanto el afán y tan bueno el negocio, que en la hoya del río Mira fue derrumbada la madera de los bosques, casi todos enteros, con maquinaria sin aprovechar comercialmente. Hubo seis o siete muertos por esta causa. Después, sobre las cenizas de la selva, se hacía la topografía, se nivelaba el suelo, se hoyaba y se sembraban colinos traídos de gigantescos viveros hechos por la empresa. A los tres años las palmas daban sus primeros frutos.

El negocio dio portentosos resultados y a renglón seguido se crearon nuevas empresas: Palmas de Tumaco –grupo Espinosa–, Palmas Salamanca –grupo Holguín–, Hacienda Palmeira –grupo Corredor–, Palmas Santa Fe, Palmar de Santa Helena, de propietarios de Cali. Para esa época ya se habían construido las plantas extractoras de los Varela –Palmas de Tumaco– y de Santa Helena. Los palmeros contrataron unos 40.000 trabajadores y empleados. De hecho, los sindicatos fueron prohibidos. Después de enfrentamientos continuos, despidos y paros, ante la presión de los obreros, las empresas optaron por organizar sindicatos patronales.

Muy pronto el área explotada se expandió. La facilidad de adquirir tierra a bajos precios y la existencia de una carretera pavimentada entre Llorente y Tumaco, puerto de exportación del aceite, fueron un poderoso combustible. No lo detuvo ni el hecho de que los rendimientos regionales del fruto por hectárea no eran –ni son– los mismos que se alcanzan en el Magdalena Medio o en el Llano. A comienzo de los años 1970 se registraron 1.052 hectáreas en palma; a comienzo de la década del 2000 se cultivaban 35.000 hectáreas, y para mediados de la siguiente década se esperaba cultivar unas 80.000. En todo el país se cultivan hoy 476.000, según Fedepalma.

Aproximadamente la mitad del cultivo es adelantado por una docena de grandes empresas que contratan mano de obra calificada o no calificada, la gran mayoría a término fijo o a destajo. La otra mitad de la superficie en palma es explotada por pequeños y medianos cultivadores asociados con las grandes empresas. Esta última modalidad es conocida en la región como “cultivo cautivo”. Es en esencia la misma que se usó para la explotación cauchera en Amazonas: el endeude. El endeude –anota el antropólogo Eduardo Restrepo– “es una relación que se constituye a través de adelantos en dinero o especie que se le hacen al trabajador/productor, con lo cual este se ve obligado a trabajar/producir para su patrón por un monto inferior al que recibiría por su trabajo o el producto si no mediara el endeude”. Está implícito que si la deuda supera de hecho el precio de la tierra empeñada, esta pasa a ser de la empresa, que puede trabajarla o transferirla a otro socio menor para continuar la cadena. Una nueva fórmula para arrancar al campesino los beneficios de su trabajo sin tener la propiedad sobre la tierra.

Con Uribe, esta fórmula de acumulación primitiva de capital, o sea, de despojo, se conoce como Alianzas Productivas Estratégicas (APE ). En la elaboración de la fórmula y en su propagación tuvo mucho que ver el Plan Colombia, financiado por EE . UU . con sus políticas de ayuda: “Los pequeños productores que quieren participar en una APE necesitan tener, por lo menos, entre cinco y diez hectáreas de tierra, además deben firmar contratos con los operadores e intermediarios (empresas) que les garantizan la compra del fruto de la palma durante períodos que pueden superar 20 años. Adicionalmente, las empresas los apoyan en la consecución de créditos y del incentivo de capitalización rural para la siembra de palma y les suministran asistencia técnica y semillas. En algunos casos, las empresas también les brindan asistencia social y apoyo crediticio”. El paquete completo, sin escapatoria. A esta modalidad se agregaron poco después –también ideadas por Uribe– las Cooperativas de Trabajo Asociado, nacidas en los dominios de Carlos Murgas, zar de la palma, que consisten, simple y llanamente, en una forma de relación laboral por medio de la cual los empresarios se birlan todas las prestaciones sociales.

La expansión de las empresas de palma ha invadido algunos territorios de los Consejos Comunitarios de Ley 70. El Incoder dio cuenta de que: “Palmeras S. A. y Palmas Oleaginosas Salamanca estuvieron trabajando ilegalmente entre 800 y 1.500 hectáreas del territorio titulado al Consejo Comunitario de Altamira y Frontera; con la llegada de contingentes de los frentes, Palmas Oleaginosas Salamanca y Palmas de Tumaco han expandido sus plantaciones sin consulta en la tierra colectiva del Consejo Comunitario del bajo Mira y Frontera; Astorga está trabajando sin permiso en el territorio colectivo del Consejo Comunitario del río Rosario”. Los indígenas awá resienten desde entonces la fuerte presión sobre sus resguardos por parte de las empresas palmeras.

Las FARC tuvieron presencia en esta zona de Nariño desde fines de los años 1980, cuando a la región llegaron guerrillas de los frentes 6 y 29, que combatían en Cauca. Además de los intereses políticos, tienen también intereses logísticos, representados en este caso por la extorsión –llámese vacuna o tributo– a las empresas palmeras, a las plantas refinadoras y a las transportadoras de aceite. En 2012 se presentaron 15 acciones guerrilleras, y 31 en 2013. A fines de los años 1990 apareció, combatiéndoles el terreno milímetro a milímetro, el Bloque Libertadores del Sur, perteneciente al Bloque Central Bolívar, comandado por Éver Veloza, alias HH, y Pablo Sevillano. Sus acciones fueron más sistemáticas en las regiones de Llorente, Guacamayas y Laspriella, justamente el corazón de la economía de palma. En julio de 2005 se desmovilizaron 667 unidades de las AUC en El Tablón, municipio de Taminango, pero pronto aparecieron las Águilas Negras y la Organización Nueva Generación, cuya sigla tenía un sentido muy diciente: ONG . Entre 2000 y 2012 hubo en el municipio de Tumaco 2.427 homicidios; el pico más alto se presentó entre 2007 y 2012, con una tasa de 130,4 homicidios por 10.000 habitantes, cuatro veces mayor que el promedio nacional, que es de 32,3. Esta guerra ha impulsado una de las mayores corrientes de desplazamiento de todo el país. En el mismo período –2000 a 2012– hubo en Tumaco 74.348 víctimas, lo que representó el 30 % de la población desplazada de todo el departamento.

El desplazamiento de población habría sido mayor si la expansión de la economía de la palma no hubiera tropezado con una de las mayores plagas que ha afrontado el sector: la pudrición del cogollo, comúnmente conocida como PC (Phyophtorapalmívora). Según denuncias del gremio palmicultor, hacia fines de 1990 había unas 36.000 hectáreas de palma afectadas por la PC . Los empresarios aceleraron la muerte de las palmas con cianuro y resembraron 17.000 hectáreas con una nueva variedad híbrida llamada de “alto oleico” –un cruce entre palmas africana y americana–, resistente a la enfermedad. El experimento parece tener éxito, sobre todo si se sabe que el “tratamiento” cuesta $17.000.000 por hectárea. La plaga termina, por esta vía, contribuyendo a la quiebra de los pequeños palmicultores y a la expansión de la gran plantación. La herramienta de esta transformación es el “endeude”. Varios empresarios y profesionales del medio ambiente han hecho notar que la PC está asociada a la fumigación de la coca en la medida en que el glifosato contribuye al envenenamiento de los suelos.

El desplazamiento y la concentración de tierra por causa de una economía de enclave que destroza la biodiversidad en la región tienen peligrosas consecuencias sociales. La primera es la disminución de cultivos de pancoger y de productos agrícolas alimenticios como maíz, cacao, arroz, plátano, todas mercancías que son parte importante de la canasta familiar y por tanto el secreto de la elevación de precios en el mercado local. Sin duda, este efecto presiona en favor de la propagación del cultivo de coca y de la minería llamada ilícita. La segunda, asociada al desplazamiento de población, es el desempleo urbano. La Cámara de Comercio supone que en Tumaco hay 25.000 desempleados; el alcalde sostiene que la ciudad ha recibido en la última década no menos de 40.000 personas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE ) calcula que Tumaco tiene una tasa de desempleo mayor al 70 %, seis veces más que el promedio nacional, que es del 11,5 %.

Coca bendita

La coca tuvo en Nariño una historia muy particular. Se comenzó a sembrar en la zona montañosa al norte, límite con Cauca; se aclimató en el piedemonte occidental y derrotó al cacao de Tumaco, uno de los más apreciados en el mercado mundial. La productividad de sus matas y la calidad de su fruta superan el célebre chocolate ecuatoriano. En estas selvas, el cacao se da prácticamente solo, sin sembrar, sin cultivar, sin mirar. Por eso en pocos años la empresa Luker monopolizó la comercialización, pieza maestra para beneficiarse del trabajo de los pequeños cultivadores, que terminaron arruinándose y vendiendo sus tierras a socios industriales fuertes de la compañía.

En aquellos días también hacía su estelar entrada la palma africana, que, como hemos visto, acumuló en poco tiempo miles de hectáreas, tanto trabajadas por campesinos como de bosques intactos. El cacao y la palma requerían capitales fuertes y tierra saneada legalmente, razón por la cual se hacían necesarios el desplazamiento de campesinos y la titulación legal de sus tierras a empresarios particulares. La historia de siempre. El hecho obligó a muchos campesinos arruinados por los cacaoteros a buscar fortuna en Putumayo, donde la coca estaba en plena bonanza. Sin embargo, no fue una mera competencia comercial entre la economía empresarial y la campesina. El factor determinante en la expulsión de población fue el paramilitarismo, que sembró el terror y obligó a la gente a vender su tierra a cualquier precio y a huir.

De tal manera que al mismo tiempo que prosperaban el cacao y la palma en Nariño, se extendían los cultivos de coca en Putumayo. La prosperidad de Putumayo, basada en la explotación de petróleo, se vio reforzada con la economía de la coca, que en pocos años copó el piedemonte entre Mocoa y San Miguel. No obstante, el Gobierno, presionado por la Drug Enforcement Administration (DEA ), inició la fumigación de cultivos en 1997 con la aspersión experimental de 517 hectáreas; al año siguiente la acción se concentró en Puerto Guzmán, donde se fumigaron 3.950 hectáreas con Imazapyr, un herbicida ilegal ordenado por EE . UU . La fumigación de cultivos, el incendio de cambuches y la detención de cosecheros fueron titulares diarios de prensa. Flotillas de aviones y helicópteros salían todos los días de Garzón, base antinarcóticos, o del aeropuerto 3 de Mayo, de Puerto Asís, a regar miles de toneladas de glifosato en los cultivos de coca en los cursos medios de los ríos Putumayo, San Miguel y Caquetá.

Los cultivadores de hoja encontraron soluciones astutas: regarla con melaza de panela, soquear las matas y cultivar varias chagras al mismo tiempo en zonas distantes unas de otras. De manera que burlaron la guerra contra la droga, pero al mismo tiempo acababan con el monte para abrir nuevas chagras. La función perversa de la erradicación forzada se hizo evidente: la fumigación sostenía la rentabilidad del cultivo al reducir la oferta. El mecanismo parecía consciente: ¿De qué otra manera se mantenían activos el arriendo o la venta de avionetas y helicópteros de fumigación y el pago de operadores y pilotos, la mayoría norteamericanos? Lo cierto es que hoy, después de 25 años de fumigación, de gastar millones de dólares y mantener aceitada la maquinaria de guerra, la lucha contra la droga, que se basa en la más pura ley de oferta y demanda –la mano de Dios–, ha fracasado.

La fumigación de coca en el piedemonte amazónico obligó a los cultivadores a desplazarse y así, a fines de la década de 1990 regresaron al Andén Pacífico muchos de los campesinos que habían tentado suerte en Putumayo. Pero no regresaron como obreros de palma o como jornaleros de las chocolateras. Regresaron a sembrar coca. Y detrás –o quizás adelante– llegaron los narcotraficantes. Jairo Aparicio, José Santa Cruz y Élmer ‘Pacho’ Herrera, miembros del cartel de Cali, adquirieron la hacienda Villa Mecha en la región de Guacamayas, donde instalaron un laboratorio de procesamiento e impulsaron el cultivo de coca en Llorente. La mafia miró al Pacífico, donde se dan condiciones excepcionales: selva húmeda y enmarañada, manglares enormes, recovecos y meandros, deltas y gente, mucha gente necesitada y acorralada por la pobreza. Para completar, la nubosidad, casi permanente, representaba un formidable obstáculo para la fumigación. Para facilitarles el negocio y asegurar los contratos de palabra, importaron del norte del Valle sicarios profesionales. El cartel sabía de la crisis de los cultivos en Putumayo porque tenía en esa región redes de compradores, y atrajo hacia el delta del río Patía campesinos que ya conocían el cultivo y las técnicas para sacar base de coca y cristal. Los paramilitares llegaron más tarde a cosechar lo que el cartel había sembrado en la región, cuando sus principales cabecillas estaban presos o muertos.

Como se señaló, las FARC llegaron al Pacífico con frentes desprendidos del sexto, o de una extensión del 29, y siguieron dos rutas: una por el río Micay, desde Argelia hasta López de Micay, y otra por el río Patía, desde Policarpa hasta Bocas de Satinga –llamado también Olaya Herrera–. La guerrilla convivió mucho tiempo con la población nativa, prestando servicios de ley y de orden social en su beneficio político. Verdad Abierta afirma con base en testimonios de los pobladores: “En la región también tenían presencia las FARC y el ELN , no molestaban a la población civil. Unos trabajaban de civil y los uniformados estaban arriba en el cambuche”. Concuerda este testimonio con entrevistas de campo que realicé: “En 1996, 1998, la guerrilla llegaba a donde la gente con apoyo, no con amenazas. Trabajaba mucho la parte social, la formaba, la educaba; trataba de luchar de esta manera”.

Bocas de Satinga, situado en el delta del río Patía, era un puerto maderero a donde llegaban flotando grandes trozas de maderas finas. De allí en barco, en largas balsas construidas con troncos –llamadas chorizos y trenes– llegaba esa madera a Tumaco o Buenaventura. La tala de la selva facilitó la apertura de chagras de coca en la región y antes de la guerrilla ya habían llegado los planteros. Entre 1987 y 1990 se hicieron los primeros destapados con coca pajarita, una hoja de regular rendimiento en alcaloides. Se dice que los primeros cultivadores de hoja, que también trabajaban en la producción de la base de coca –hidrocloruro de cocaína– fueron los “paisas de Putumayo”. Los buenos precios de la coca y las insuperables dificultades para sacar por mar hacia Tumaco o Buenaventura el arroz, el maíz y el plátano, le franquearon la puerta al narcotráfico. En pocos años, la gente se dedicó, bajo diferentes modalidades, a cosechar la hoja.

En general los “paisas”, o sea, los planteros, hacían de palabra una sociedad con los dueños de las tierras que, por lo demás, pertenecían desde 1994 a los Consejos Comunitarios de Ley 70. Los planteros adelantaban dinero para tumbar la selva, comprar semillas o esquejes, abonar y fumigar los cultivos y luego fabricar la base, que vendían al mismo patrón o financista, quien descontaba los adelantos y muchas veces se quedaba con la tierra (es inevitable la analogía del Planteo con las APE en palma). Un desplazado me contó que los narcos decían: “Como vos no tenés cómo cultivar y yo estoy perdiendo plata, entonces te compro”. Agregó que por eso los campesinos vendían las hectáreas que cultivaban a ‘medias’ y después vendían el resto de la tierra, hasta que “los paisas se quedaban con toda la finca”.

En un comienzo, las autoridades locales –Policía, Armada, Ejército– no se dieron por enteradas públicamente del negocio porque de manera oculta se beneficiaban con el soborno. Muchos agentes del Estado eran socios directos de los narcotraficantes. Las semillas de coca se vendían en las calles a la luz del día y las barcas con motores de 200 HP salían sin zarpe del puerto de Olaya Herrera, de El Charco o del mismo Tumaco, donde la Armada tenía fondeadas sus naves. Más tarde, cuando Colombia declaró la guerra a la coca, los cosecheros se internaron en lugares más remotos donde la selva estaba intacta. Pese al dinamismo de la bonanza, la economía de la coca conoció en aquellos días dos tropiezos: el primero, las plagas de la hoja porque en una región donde hay mil especies, el monocultivo se vuelve vulnerable a las enfermedades. El segundo fue más grave: muchos de los pilotos que llevaban la “mercancía” a Panamá resultaron asesinados por los propios patrones para que no revelaran las rutas o pudieran venderlas.

La variedad nativa –coca “novogranatense”–, llamada también “pajarita”, sirve sólo para transformar la hoja en base de coca y comercializarla como bazuco. No es apta para cristalizar y obtener cocaína porque es más rica en goma que en alcaloides. Por eso pronto llegó una variedad diferente, la llamada “Tingo María”, originaria de una región en el norte de Perú que colinda con Putumayo. Una semilla muy codiciada y muy costosa hasta el día que entraron los paramilitares e impusieron un precio bajo que facilitó la siembra de miles de hectáreas en todo el Andén Pacífico y en especial en el municipio de Tumaco. Los contingentes del Bloque Libertadores del Sur entraron por Cumbitara y Policarpa, en la cordillera, para ocupar la hoya del río Patía hasta una de sus bocas en el Pacífico, el puerto maderero Olaya Herrera. Fue el punto de partida de la invasión a la costa del sur del Pacífico. Su presencia en los puertos, las bocanas de los ríos y los ríos mismos hizo parte de su estrategia militar para controlar el territorio con dos objetivos: liquidar a las FARC y monopolizar la producción de toda la cadena de coca: desde los insumos, pasando por la tierra y rematando con la exportación de cocaína a México y Norteamérica.

Los paramilitares montaron el negocio del cristal; la fabricación de cocaína pura en los esteros de San Juan, Mosquera y Francisco Pizarro y en la propia ciudad de Tumaco, de donde salía limpia para el exterior. Se dice que los carteles pagan muy bien el primer embarque; el segundo, mucho mejor, y el tercero se paga a bala o delatando a los que hasta esa etapa se consideraban socios. Una manera de borrar el rastro y evitar abrir expedientes.

Muchos pobladores de la región coinciden con el siguiente recuerdo: “La entrada de los paras fue muy traumática porque primero entró el Ejército, correteó a la guerrilla y la sacó. Se posesionó en todo el río Patía y en Satinga y a los cuatro meses, en 2001, entraron los paras que ya en 2000 estaban, pero camuflados, de bajo perfil. Los años desde 2001 hasta 2003 fueron una cosa espantosa. Control total de paramilitares, masacres por todos lados; mirar gente sin cabezas, cabezas por ahí tiradas, fue espantoso, las comunidades totalmente aterrorizadas. Se dice que en Olaya Herrera mataron más de 600 personas, fuera de los que tiraron al río y de los desaparecidos. A unos los enterraban y a otros los echaban al río porque ellos tienen la modalidad de meterlos en bolsas y botarlos al agua”.

Verdad Abierta trae varios testimonios en el mismo sentido: “Permanentemente (los paramilitares) botaban gente al río. Amarraban hasta cinco muertos y los arrojaban para que todo el mundo viera lo que le podía pasar. Cuando crecía el río, en una sola curva se podían encontrar entre cuatro y siete cadáveres. Cada dos o tres días bajaban muertos, aunque fuera uno. En los primeros años tiraban las víctimas amarradas. Dos años después, empezaron a usar fosas comunes y arrojar a las víctimas sin amarrar. Metían miedo desde el principio”.

Con la coca llegó a Tumaco el moderno mercado de consumo: prostíbulos, discotecas, bares, ropa de marca, electrodomésticos y, por supuesto, armas. Un mercado que no habían creado ni la bonanza de la tagua, ni la explotación del oro, ni el cultivo de la palma. La realidad es que el cultivo de la coca tiene una raíz popular y, digamos, democrática. En medio de ese clima desordenado y consumista, no pocos lograron invertir en una casa, en un lote de ganado y aun en una finca asociada a los palmeros.

La cultura del Pacífico, negra y de origen africano, fue desplazada al mismo ritmo que se desplazó a miles de campesinos que se negaban a obedecer ciegamente a los paramilitares. Los alabaos y los arrullos fueron reemplazados por los corridos norteños y los vallenatos modernos; los tambores y las marimbas sucumbieron bajo el ruido de los altoparlantes. Los paramilitares prohibieron las reuniones y, más grave, los funerales. Las balaceras se volvieron tan comunes y corrientes, que nadie se asustaba a pesar de que amanecían dos o tres cadáveres en la vecindad.

Las guerrillas, que habían entrado a la zona mucho antes que las AUC , se vieron sitiadas desde el mar, antes de ser atacadas en tierra a base del terror desplegado por el paramilitarismo. Se desató la guerra por territorios. Las guerrillas no eran, ni habían sido, indiferentes al negocio de la coca. Según testimonio recogido en la zona: “La guerrilla llegaba al pueblo, pero ellos no hostigaban a la gente, a la población campesina, no. Ellos pusieron un impuesto a la coca. Por un kilo cobraban el 20 %; se portaban bien con la gente, pero si no querían pagar el impuesto, les hacían un llamado de atención y les quitaban todo. Alguna gente decía: ‘Yo fui el que trabajé y no tengo por qué dar nada’; camuflaban la coca, pero cuando la guerrilla se daba cuenta, ahí sí le quitaban todo. La guerrilla estaba pendiente de quiénes cosechaban la hoja y sacaban la base. O tenían lo que llamábamos ‘sapos’ que les informaban. Ellos, incluso, les ayudaban a los cosecheros a trabajar la hoja cuando no tenían con qué hacerlo. También compraban, pero en menor cuantía y a precios más bajos: si la mercancía estaba a dos millones, la compraban a un millón ochocientos”.

La coca trajo a la costa nariñense, entre el Mira y el Iscuandé, no sólo el conflicto armado territorial entre los paramilitares, la guerrilla y el Ejército, sino el abandono progresivo de su cultura y de su economía. En la medida en que se consolidó el conflicto la gente fue girando en torno a las armas y a la coca, de manera directa o indirecta. Este efecto se dio al mismo tiempo que se firmaba la Ley 70 de 1993 o Ley de comunidades negras, uno de cuyos objetivos principales es el establecimiento de “mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.

La norma precipitó muchos conflictos que subsistían sin resolverse. El principal era –y sigue siendo– el interés de las empresas madereras, agroindustriales y mineras sobre el Andén Pacífico, más vivo a raíz de la política preconizada por Virgilio Barco en 1986: “El Pacífico: una nueva dimensión para Colombia”, que abre un capítulo promisorio para exportadores e inversionistas y promete la construcción de varias obras, entre ellas el canal seco Atrato-Truandó, la carretera Pereira-Nuquí, el puerto de aguas profundas de Bahía Cupica, detrás de las cuales estaba China.

Pese a la feroz oposición de las fuerzas afectadas, la ley salió adelante y consagró un principio que se convirtió en bandera de las comunidades negras ancestrales no sólo del Pacífico, sino hoy de todas las que están más allá del quiebre de aguas de la Cordillera Occidental, como Suárez en Cauca y Puerto Caicedo en Putumayo: la consulta previa libre, e informada en concordancia con el Acuerdo 169. De manera que al conflicto de jurisdicciones institucionales se superpuso uno de carácter armado. El conjunto de normas emitidas en defensa de la población ancestral complementaba la Ley 2.a de 1959, que declaró Reserva Forestal el Pacífico. En este escenario aparecen la figura de Yolanda Cerón, la lucha de los padres claretianos en el río Atrato, la de las Madres misioneras Lauritas en el río San Juan y las Pastorales sociales de Quibdó y Tumaco.

Yolanda Cerón, madre de los territorios colectivos

La historia de la lucha de los pueblos negros en Colombia reserva un lugar especial a Yolanda Cerón. La hermana Yolanda, como se conoció en cada rincón de la olvidada costa nariñense, fue una de las impulsoras de la Ley 70, con la cual se constitucionalizaron los territorios colectivos de comunidades negras. La entrega de Yolanda Cerón a defender los derechos de los pueblos afro a su territorio fue tal, que se estima que con su acompañamiento fueron tituladas colectivamente a comunidades negras cerca de 100.000 hectáreas, en coordinación con esfuerzos de las Diócesis del Pacífico y con organizaciones étnico-territoriales de toda la región que a su vez establecieron la Coordinación Regional del Pacífico, que sigue trabajando y haciendo un gran esfuerzo mancomunado.

Nació en el municipio de Berruecos, Nariño, el 15 de septiembre de 1958 y creció en una familia humilde de férreas convicciones católicas. En la segunda mitad de la década de 1970 ingresó a la Universidad Mariana de Pasto a estudiar Ciencias de la Educación y Religión. A principio de la década de 1980 ingresó a la Compañía de María Nuestra Señora y muy pronto encaminó sus energías a despertar la conciencia de las comunidades más vulnerables. Así llegó como maestra a la escuela en Salahonda, municipio de Francisco Pizarro. La educación sería una de las principales preocupaciones de la hermana Yolanda.

En los fervorosos años 1990, no escatimó esfuerzos para conseguir que el movimiento afrocolombiano se uniera para impulsar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 un capítulo que garantiza sus derechos políticos, culturales y sociales. Así se consiguió el reconocimiento de las prácticas ancestrales del pueblo negro, que unos años después, en 1993, se materializó con la suscripción del Acuerdo 169 de la OIT por parte del Estado colombiano, ratificado mediante la Ley 21 de 1991, como quedó dicho. El convenio internacional tomó la forma de la Ley 70, que autoriza la creación de consejos comunitarios de comunidades negras ancestrales. El sueño de Yolanda estaba cumplido. Ahora faltaba organizar a las comunidades para que esa ley no fuera letra muerta.

Entonces la hermana Yolanda se dedicó a recorrer cada rincón de la costa pacífica llevando un mensaje: unión y trabajo para proteger el territorio. Ya por esos días se empezaba a asomar en Colombia la amenaza contra los derechos adquiridos por las comunidades en la Constitución de 1991. A la sombra del avance de fuerzas populares de izquierda se gestaba la macabra alianza entre sectores políticos tradicionales, empresarios, terratenientes y la infaltable mano negra de la fuerza pública. A medida que los derechos de las comunidades ganaban terreno, surgieron los grupos paramilitares. La hermana Yolanda los vio venir y redobló sus esfuerzos en favor de la gente humilde.

En 1995, al tiempo que las fuerzas paramilitares tomaban forma, la hermana Yolanda asumió la dirección de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco. Desde allí enfiló su vida a despertar la conciencia de la gente negra en sus derechos. De comunidad en comunidad, Cerón fue llevando el mensaje: organizarse para defender el territorio. Realizar censos, convocar a asambleas y reuniones, definir los contornos del territorio colectivo y cumplir los requisitos de la Ley 70 para solicitar las titulaciones colectivas. Mientras empezaba a cuajar, las miras de los fusiles empezaron a seguirla.

Fracasado el intento de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC , en 1998, la guerrilla salió fortalecida militarmente y lanzó una feroz arremetida. Los combates contra la fuerza pública alcanzaron el clímax de la guerra, la extorsión y el control sobre los territorios, y sus comunidades auparon la conformación de fuerzas paraestatales. Y así Tumaco vio llegar un nuevo actor armado: los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, al mando de alias Pablo Sevillano y bajo la sombra de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Una de las primeras acciones de las AUC fue tomar el control del negocio de la producción de coca y sus rutas para el narcotráfico, control que se ejerció a plena luz del día con la complicidad de la fuerza pública.

Ante esta situación, la hermana Yolanda no dudó en denunciar la complicidad de la Policía y el Ejército en las actividades criminales de los paramilitares. Entonces vinieron masacres, asesinatos selectivos, amenazas a líderes y comunidades. Cerón no cayó y antes por el contrario, su dedo acusador se multiplicó. Desde un programa en la emisora Radio Mira, denunció lo que venía ocurriendo y ante los oídos sordos de las autoridades, llevó sus denuncias a la comunidad internacional, donde había alcanzado un amplio reconocimiento.

El primer aviso fue contundente: el 2 de febrero de 2000 asesinaron a Francisco Hurtado, líder del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera y uno de los cercanos colaboradores de la hermana Yolanda. Su muerte no la atemorizó y redobló sus esfuerzos por denunciar la participación de oficiales en el crimen de su compañero. Y así, Yolanda Cerón firmó su sentencia de muerte.

Cuatro días después de cumplir 43 años, cuando caminaba junto a su sobrino frente a la iglesia de la Merced, en el Parque Nariño de Tumaco, fue baleada. Era el medio día. Fueron tres disparos propinados por alias Capulina, un paramilitar que años después, en el proceso de Justicia y Paz, declaró que el asesinato de Yolanda Cerón fue ordenado por Pablo Sevillano, quien fue extraditado a EE.UU. y condenado por este crimen por los tribunales colombianos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se conocen ni el contexto ni los determinadores del asesinato de la religiosa.

Jaime Díaz, un impulsor de trabajos sociales en territorios del Pacífico, escribió consternado: “Yolanda había denunciado valientemente el inocultable maridaje entre miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares asentados no solamente en el puerto, sino en la mayoría de los nueve municipios que forman parte de la Diócesis de Tumaco. El Bloque Libertadores del Sur, al mando de Guillermo Pérez Alzate o Guillermo Naranjo, conocido como Pablo Sevillano, fue el encargado de perpetrar el asesinato. El propio Sevillano lo confesó al pedir ser incluido en los beneficios de la Ley 975 ‘para la justicia y para la paz’. Junto al asesinato de Yolanda confesó los de al menos un centenar de afrocolombianos, crímenes de lesa humanidad cometidos por su estructura criminal en complicidad, por acción y por omisión, de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 con asiento en Tumaco”.

Cabo manglares, el extremo occidental de Colombia*

No quise demorarme en Tumaco, un pueblo por el que he pasado varias veces. Hace 15 años era el paraíso de los Renault 4; hace diez, el de los Renault 12, y hoy, el de las camionetas Ranger. Las casas de madera han dado paso a construcciones de cemento. Hay 20 hoteles. El gran ficus, uno de los árboles más frondosos y bellos del país, sigue en pie. Tomándome un salpicón, oí la conversación de dos señoras: “Ahora –dijo una– sólo salgo de la casa aquí y de aquí a la casa”. Con esta pista, busqué a un viejo amigo, sindicalista en su época, y me aclaró: “Lo que pasa es que vivimos en una guerra de bala cruzada. Todos los días hay muertos. Han liquidado los sindicatos matando sindicalistas; la UP desapareció. La mafia cobra cuentas y la fuerza pública hace su agosto en el río revuelto”.

De Cabo Manglares yo sólo sabía que es una de las bocas del río Mira en el Pacífico y que el 13 de mayo de este año, días antes de que se definiera una nueva ayuda de Washington a Colombia para combatir el narcotráfico, con la incautación de 15 toneladas de cocaína se le apareció al Gobierno la Virgen María.

Salí de Tumaco en una canoa de línea a las 11:00 a. m. En el puerto anclaban dos buques camaroneros y en el mar se veía un guardacostas de la Armada. El viaje por el litoral era imposible en esos días porque los vientos preparaban una gran puja, peligrosa para embarcaciones menores. Nuestro destino, según contrato con el marinero de la canoa, era Cabo Manglares. Al dejar el mar sin darnos cabal cuenta, entramos por un enorme manglar en el río Dulce, que es un brazo del Mira. El mangle, un árbol anfibio de hojas muy delicadas y alegres, crece hasta 40 metros. Brotan del tronco principal y de sus ramas gruesas una especie de tubos delgados que caen al agua y dan la sensación de ser pitillos que les permitieran beber el líquido caldoso y turbio en el que crecen. Las aguas que rodean las raíces son verdaderas sala-cunas de peces y mariscos. Su madera ha sido tenazmente perseguida, hasta el punto de que el Estado tuvo que prohibir –letra muerta– su explotación. Las comunidades nativas la utilizan para hacer carbón vegetal o para vender su corteza, rica en taninos, a industrias de cuero. Las grandes firmas madereras lo compran para venderlo como vigas. Total, los manglares viven amenazados de extinción.

A medida que la marea –entra dos veces diarias– va siendo detenida por las aguas del río, el manglar va desapareciendo para ser sustituido por una selva enmarañada. El viaje se hace monótono cuando las distintas posiciones que uno toma sentado se agotan. A las tres horas, cansados de ver agua y pájaros que alzan el vuelo de cualquier rama y se cagan en el aire, llegamos a La Toma, el sitio de donde se saca el agua dulce para Tumaco. La canoa se enrumba allí por el verdadero río Mira, ancho y fragoso. Nace en Otavalo, Ecuador, y sólo en un trecho muy corto marca la frontera con nuestro vecino. Las pequeñas plantaciones campesinas de palma africana, los cultivos de plátano y coco dominan las orillas. El yarumo defiende las playas y cicatriza los abiertos. Dos horas más y el mar apareció casi de repente. La canoa se detuvo abruptamente en un pueblito en la margen izquierda del río.

—Llegamos –dijo el piloto.

—¿Llegamos? –pregunté entre sorprendido y asustado.

En los mapas, Cabo Manglares aparece en la margen derecha. El hombre repitió:

—Sí, llegamos.

—¿A dónde? –insistí.

—A Milagro.

—Perdón, señor, el contrato era hasta Manglares.

—Manglares está enfrente.

Miré: había tres casas y se veían desocupadas.

—Pero ¿qué puedo hacer? Eso –indicó con la boca– es Manglares.

—Pues no me bajo hasta que me lleve a Cabo Manglares.

El hombre se rascaba la cabeza como diciendo: en la que me metí con este tipo. Desesperado, decidió llamar a los pescadores, que a esa hora remendaban sus redes, y les preguntó:

—¿Dónde queda Manglares?

—Enfrente, respondieron en coro.

La cuestión se ponía fea. O echaba pie a tierra o dormía en la canoa. Decidí lo primero y entre miradas burlonas de la galería bajé mi morral. Di una vuelta por el pequeño pueblo, unas 20 casas y un faro tan ladeado por el mar, que la Armada optó por dejarlo en manos de la ley de la gravedad. Traté en vano de conseguir posada. La gente me miraba como a un marciano. Hasta que un hombre de unos 60 años se me atravesó en el camino, se presentó como Camilo Washington Aristizábal y me preguntó con una seca autoridad: “¿Y usted quién es?” Le expliqué como mejor pude mi misión y adorné con los más floridos adjetivos el lugar al que llegaba. Se ablandó, quizá no por mis credenciales, que eran pocas, sino por la necesidad que hice explícita de encontrar techo y comida. Me llevó a donde doña Felisa, que, mirándome, me dijo: “Pues si se acomoda ahí en el suelo, bien pueda”.

Mientras doña Felisa me preparaba un encocado de pargo, don Camilo me aclaró el origen de mi confusión geográfica: Cabo Manglares sí era un pueblo grande de 120 casas, tal como yo lo imaginaba. Más aún, se llegó a llamar Mariano Ospina Pérez y fue corregimiento de Policía de Tumaco con escuela y templo evangélico. Tuvo fábrica de hielo, piladora de arroz y aserrío. Había muy buena pesca, arrozales muy grandes –porque al negro le gusta el arroz– y se sacaba madera fina como nato y sajo, cuánjaro y piñuelo. Pero estaba mal ubicado y un día “la mar lo combatió y el río no lo defendió”. Una ola enorme, un “aguaje de puja” acabó con un pueblo renombrado en los libros de geografía.

Entre las dos aguas lo fueron atacando, socavaron sus playas y, sobre todo frente al Cabo, el mar y el río fueron criando otro, tan inesperada y rápidamente, que la gente lo bautizó Milagro: una playa no menos caprichosa que hoy también las dos aguas “combaten” y cuya primera baja ha sido el faro de 50 metros. “Nos dejaron sin esa luz –dijo don Camilo– que nos ayudaba a salir de noche a pescar. La pesca es nuestra vida. Ha comenzado a escasear porque los tiempos están cambiando y sobre todo porque los barcos de arrastre se llevan lo que encuentran. Uno no se les puede acercar porque desde cubierta disparan. Vienen de Buenaventura, pero también de otras patrias como Ecuador, Japón y Estados Unidos. El Gobierno les da licencia para entrar seis millas, pero ellos fondean casi en la orilla.

En diciembre pasado llegaron 12 barcos y echaron anclas frente a San Lorenzo, un pequeño puerto ecuatoriano. La lista de pescado que arrastran es larga y sonora: corvina, lisa, sierra, cajero, atún, dorado, picudo, alguacil, verrugado. Milagro vive de la pesca. Un grupo de pescadores sale de noche y regresa en la madrugada, otro sale a esta hora y vuelve al atardecer. Se pesca con grandes trasmallos y el pescado se vende en el puerto, a donde vienen a comprarlo por contrato fijo las comercializadoras de Tumaco. También pasan ecuatorianos a recoger –o a comprar– “concha”, como llaman la piangua, un pequeño molusco que se da en los manglares y que Ecuador ha permitido destruir. No sólo no ha prohibido la explotación del mangle, sino que la carretera que llega a San Lorenzo de los Colorados –que es en realidad controlado comercialmente por colombianos– facilita el transporte de maderas hacia Ibarra y Quito.

En la noche, nos reunimos en una de las dos tiendas del pueblo a conversar de nuevo con don Victoriano y sus amigos que encontramos jugando dominó. Su dueño es don Antonio, un ecuatoriano que vive hace 40 años en Colombia. No vende alcohol ni cigarrillos porque es evangélico. Para tomarse un “biche” o un ron hay que ir hasta la otra tienda, frente al mar. La atiende un hombrazo negro, cargado de collares de oro, que vive subido en una lancha rápida equipada con un motor de 200 caballos. Don Victoriano conoce toda la costa colombiana sobre el Pacífico. Vivió en Satinga, en Juradó y en Gorgona, y ha pescado en Malpelo. En el interior sólo ha vivido en Santa Rita, Vichada, donde, prestando servicio militar al mando del entonces capitán Valencia Tovar combatió al “doctor Báyer y a don Rosendo Colmenares, a quien por mal nombre llamaban ‘Minuto’”.

Don Antonio vino a Colombia por un hecho de honor: de un tarascazo, un tiburón le arrancó una pierna a su hermano. Estaba pescando lisa y cuando “alumbró la mancha, le botó el taco de dinamita y el latigazo hizo saltar el pescado como electrizado y ya muerto. Había que recogerlo y mi hermano se tiró al mar. Yo vi una sombra grande que se movía tras él y le grité, pero no oyó; vimos cómo se coloreó el agua, pero cuando lo sacamos, había botado toda su sangre. Regresamos con el cadáver ya frío. En esa época el mar estaba lleno de fieras”. Cargando su dolor se fue a pescar en el litoral sólo chantisa, un pescadito diminuto muy demandado que se come frito o seco en sal. Quería olvidar su pena. Pero la fama de su hermano “le hizo camino al destino”. A Limones (Ecuador), donde vivía, fueron a buscarlo los liberales de un movimiento político llamado Eloy Alfaro para que los defendiera con dinamita de un ataque que los conservadores tenían cantado. Aceptó para mantener viva la fama de su hermano, gran dinamitero que “disparaba hasta cuatro tacos al tiempo, los que le cabían entre dedo y dedo”. La noche en que los conservadores atacaron, don Antonio hizo su oficio y a la madrugada le tocó huir porque habían quedado muertos, y el Ejército y la Policía andaban tras él para matarlo. Sin duda, el caso de don Antonio no es excepcional, y Milagro debe albergar a muchos prófugos y derrotados.

Todo el mundo recuerda en la región el derrame de alquitrán. A Esmeraldas, el conocido puerto ecuatoriano, llega un oleoducto que trae el crudo de Lagoagrio, frontera con Colombia en Putumayo. Por razones que nunca se publicaron, el tubo se rompió y el petróleo cayó al río Esmeraldas, que lo arrastró al mar. Allí la corriente lo regó por la costa colombiana y la marea lo metió por todas las bocanas del Mira. Los pescadores que salen de noche comenzaron a ver una mancha negra que avanzaba. El único camino de huida era altamar. La mancha no se detenía. Alguien se decidió a tocarla: era temblorosa, parecía viva y se quedaba prendida en lo que topara. El olor a petróleo que desprendía los disuadió de que esa espesa negrura que medía más de “una cuarta de espesor” fuera un gran animal del que la oscuridad de la noche impedía saber su tamaño. A la madrugada concluyeron que el petróleo podía salir de un barco encallado, del rompimiento del oleoducto o ser un ataque peruano. En Milagro los esperaban la explicación y las maldiciones de otros pescadores que ya sabían que desde ese momento las redes viejas no servirían y que el pescado huiría despavorido a otros mares. Así fue. Pero fue también una pequeña y mezquina bonanza de empleo. Petroecuador y Ecopetrol llegaron a un acuerdo para limpiar las costas embadurnadas de crudo y resolvieron encostalar el derrame.

Hicieron contratos con empresas locales para enganchar nativos que empacaran el petróleo en bolsas de plástico donadas por los ingenios azucareros. Pagaban la envasada del viscoso crudo y el traslado de la bolsa a unos cien metros del beso del mar. Hombres, mujeres, niños y ancianos hicieron sus pesos. Medio terminado el trabajo de limpieza –“porque el mar botaba y botaba alquitrán”–, las compañías dieron las gracias y se fueron. Los pescadores reviraron y exigieron indemnizaciones a las petroleras. Ni cortos ni perezosos, los directivos optaron por donar a unas pocas juntas de pescadores lo que llamaron una “bonificación”, que, como se puede presumir, nunca llegó a manos de los verdaderos afectados. Hoy, siete años después de la catástrofe, los depósitos del crudo, ya seco, que se arrumó están amenazados por un nuevo e inevitable “combate” del mar, y ya hay denuncias de casos en que el agua regresa los bultos con su veneno a las corrientes marinas.

Al gobierno colombiano, empecinado como está en la fumigación aérea de los cultivos de coca, poco le importa el envenenamiento del medio ambiente. La erradicación forzosa en Putumayo ha desplazado a los cocaleros hacia el Pacífico y en particular entre los ríos Patía y Mira. Los cultivos aquí han crecido sin cesar, no obstante los programas de erradicación y demás acciones represivas. Se calcula que podría haber en la región del Mira unas 20.000 hectáreas a pesar de la Operación Dinastía que desde 2003 ha fumigado unas 27.000. Más aún: el narcotráfico ha logrado producir y aclimatar nuevas variedades de coca como la boliviana, que produce cinco cosechas anuales en vez de dos, y seis kilos de base en lugar de uno. El rendimiento de la hoja –medido en alcaloides– es hoy cercano al 90 %, cuando hace unos años era apenas del 30 %.

Y sin embargo, en Milagro no hay síntomas tangibles del cultivo de coca. No vimos grandes depósitos de gasolina, ni bodegas abarrotadas de mercancías, ni racimos de recipientes de plástico, ni prostíbulos, ni máquinas de juego, ni caballos de paso fino. Todos estos indicios se dan en Llorente y La Guayacana, sobre la carretera entre Pasto y Tumaco. En Milagro la gente pesca; cultiva mandarina, coco y papachina; los niños van a la escuela pública y los viejos, a la Casa del Señor. Se respira una plácida calma tan solo perturbada por la remota posibilidad de que el río y el mar vuelvan a chocar sobre estas playas, la ruta más segura usada por los narcotraficantes para coronar el paso de su ‘mercancía’ con una sospechosa impunidad. Cuando preguntamos por la existencia de las guerrillas o de los paramilitares, se hizo un silencio hecho de miedos.

Terminado mi trabajo, empezó un último y difícil capítulo: el regreso. Como no había hecho el contrato de ida y vuelta, tenía que hacer uno nuevo. Los lancheros habían hecho un acuerdo y sólo esperaban el momento en que yo los buscara para cobrarme a precio de ONG extranjera lo que no tenía. Después de muchas vueltas di con un pescador joven que aceptó llevarme hasta La Toma –a donde llega un carreteable– por una tercera parte de lo que me cobraban. Acepté. Tampoco había alternativa. Me acomodé en la canoa. El muchacho encendió el motor y yo me despedí triunfante de los lancheros que desde el bar me miraban con cierta burla que no comprendía a cabalidad, hasta que, ya en la mitad del río, el motor se apagó y quedé a la deriva. A remo regresé al puerto. La risa de la gente me hurgaba el orgullo herido.

Dos horas después, sin bajarme de la lancha, el motor arrancó. Esta vez no quise despedirme para evitar que si tenía que volver a regresar, lo hiciera con el rabo entre las piernas. No sucedió así. Pero el carro que me llevaba a Llorente, epicentro de la actividad comercial nacida de la coca y de las grandes plantaciones de palma africana, se varó al romperse la correa del motor. Jugando, le dije al chofer:

—Lo peor fue que las medias veladas se me quedaron. 

Sin inmutarse, me respondió burlón:

—Pero la pañoleta que lleva al cuello puede resolver el caso.

Al fin, con el cordón del bikini de la fotógrafa, reinició el regreso a Tumaco.

CAPÍTULO III
Guapi

Desde la altura del avión que me llevó de Cali a Guapi se ve con aterradora claridad cómo el valle del río Cauca está atiborrado de cañaduzales: 280.000 de las 300.000 hectáreas planas. Cuadrículas de cultivos perfectos, regulares, que generan, como se dice, riqueza; y la gente apeñuscada en las orillas de las carreteras, en los pueblitos y ciudades. Al otro lado de la cordillera, otro mundo: una selva cada vez más entresacada por los madereros piratas o por las concesiones compradas. Los cauces superiores de los ríos que hace diez años estaban tapados por la selva, hoy corren desnudos. Las aguas, antes verdosas, ahora son grises, amarillas, rojas. Los abiertos son más frecuentes en la medida en que nos acercamos al mar; los pequeños cultivos de coco, chontaduro y pancoger van desplazando el monte. De repente, se ve un pueblo en la curva de un río de aguas pesadas y lentas construido en la cabecera de una pista de aterrizaje. El pueblo es El Charco, Cauca, y el río es el Guapi. Más abajo los cultivos de palma africana y, claro está, los verdes retozones de las matas de coca.

Cuando la pista del aeropuerto de Guapi está a la vista, a la vista también quedan las excavaciones que sobre los bordes de los ríos y quebradas hacen las retroexcavadoras. Parecen llagas en medio de una selva cada vez menos tupida por la explotación de las maderas. Cuando el avión saca el tren de aterrizaje se está lo suficientemente cerca como para ver unos pocos cultivos de palma aceitera medio enmontados. El aeropuerto es un galpón grande, relativamente nuevo, donde los pasajeros que llegan esperan sentados en bancas a que desembarquen el equipaje. El calor húmedo parece venir del fondo de la tierra pasando a través de un mar siempre gris.

Conocí Guapi a fines de los años 1960 cuando trabajé en el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, un nombre que hay que decir completo porque si se habla del Incora, nadie sabe si fue un instituto o el nombre de una plaga. Esa vez, llegué en un barco que transportaba comida y gasolina desde Buenaventura y regresaba repleto de madera. Fue un viaje lento pero encantador, a trechos por mar abierto, a trechos por entre manglares. El Incora tenía un proyecto de búfalos que importó de África con el argumento de que a las vacas se les podrían las pezuñas por la humedad de la zona y eran necesarias la leche y la carne porque la población nativa no podía seguir viviendo de chontaduro y pescado.

Más al fondo se trataba de mostrar inversiones en la zona del Pacífico caucano para disculpar las que no se hacían en los territorios indígenas y contabilizarlas como programas en Cauca. Sea como fuere, esa comisión a Guapi me dio la oportunidad de oír por primera vez los timbres de la marimba de chonta de la familia Torres. Los búfalos fueron un fracaso secreto. Los negros –así piden hoy que se llame a su raza– dicen que esos animales eran muy grandes y que a la gente le producían miedo.

Naidí

El Incora impulsó entonces la recolección de naidí –llamado en la Amazonia asai–, una palma alta y esbelta de la que se explota el cogollo y se vende enlatado para aderezar ensaladas y salsas. En principio la idea era fortalecer los lazos comunitarios para adelantar una actividad rentable. Y sin duda era –y es– una actividad que deja ganancias. El Gobierno interesó a los empresarios en construir plantas de procesamiento del cogollo del naidí y otorgaba concesiones territoriales para sacar el producto. La palma da un fruto del que se hace un jugo muy apetecido por la gente nativa. En cosecha se llevan cargamentos de la pepa a Buenaventura y Cali. De esa misma palma sale el palmito, que, propiamente dicho, es la lanza de las palmas, digamos, adolescentes, porque cuando crecen el cogollo se vuelve duro y simple. Sobra decir que para beneficiarse del brote hay que tumbar el árbol completo para sacar de cada uno dos o tres tarros enlatados. Es una economía extractiva y arrasadora cuyas consecuencias incluyen la desaparición de un bicho que contribuye a impedir enfermedades de las cocoteras, de manera que muchos cultivadores de coco se han visto golpeados por la extracción del palmito.

A mediados de la década de 1970 se crearon empresas procesadoras de naidí, entre ellas Alimentos de Guapi (Alguapi) Ltda., explotación facilitada por la veda decretada por Brasil, principal exportador. Pero poco tiempo después, en 1977, el Inderena optó por idéntica medida al constatar que diariamente se estaban produciendo 80.000 cogollos con efectos ambientales alarmantes. En los años 1980 las corporaciones regionales de Cauca y de Nariño administraron según sus intereses particulares la explotación de naidí y otorgaron licencias a diestra y siniestra. A comienzos de los años 1990 las corporaciones exigieron a las empresas un plan de manejo “bajo el criterio de persistencia del recurso”, que, como es natural, se supeditó a sus propias metas económicas.

Con la expedición de la Ley 70, las licencias de extracción del recurso se comenzaron a expedir directamente sobre los Consejos Comunitarios y territorios de propietarios particulares. Con la apertura económica de los 1990, varias empresas fueron liquidadas por la importación de productos que competían a bajos precios o que sustituían el palmito. A otras se les suspendió la licencia de explotación hasta que se reglamentara la Ley de Comunidades Negras y cuando se hizo, los Consejos Comunitarios carecían del capital necesario para montar plantas procesadoras.

Hacia mediados de la primera década de los 2000 se reinició la producción para exportar, principalmente a Francia. En Guapi se creó una empresa mixta, Cooperativa de Trabajadores del Palmito, que en conjugación con Corpocampo comercializa el cogollo: el 15 % en el mercado nacional y el 85 % para la exportación. “De acuerdo con los registros de Proexport (2009), el valor FOB de las exportaciones de palmito en Colombia sumó entre 2004 y 2009 USD$4.181.000”.

La Cooperativa de Trabajadores del Palmito que impulsó Jorge Matallana tiene críticos muy severos: “Él (Matallana) tenía conexión con empresas multinacionales para enviar los productos en contenedor. Hoy tiene dos tipos de trabajadores: los operarios de la planta que hacen todo el proceso allá, y los que venden el cogollo a la empresa, es decir, el recolector, el que tumba la palma, es un proveedor, mejor dicho. Así se evita problemas de hacer contratos con el Consejo Comunitario, el cual no participa en el negocio, no lo conoce y tampoco tiene capacidad de control sobre la afectación”, narran en la región.

El Ministerio de Medio Ambiente parece tolerar la explotación de naidí sin inmutarse, sabiendo, como debería saber, el daño que hace tal modalidad de explotación del recurso forestal. Según opinión de la doctora Martha Isabel Vallejo Joyas: “El sistema actual de producción de palmito no es sostenible a largo plazo. La cosecha intensiva en algunas áreas de explotación conlleva a su agotamiento y a un lento proceso de recuperación de las poblaciones. Esto limita la oferta del recurso a la disponibilidad de tallos jóvenes no reproductivos que logran engrosar entre un ciclo de cosecha y otro”.

Quizá por esto también Guapi se ha convertido en una feria. El bullicio y la agitación hacen olvidar los orígenes del pueblo. La chirimía ha sido desplazada por el vallenato paisa; el biche y el tumbacatre –aguardientes de alambique–, por el whisky y la cerveza; las abarcas, por botas de caucho. En los graneros venden desde recipientes y telas de plástico hasta sardinas y carne enlatada, memorias USB con música y radios con luces estridentes. No hay duda de que Guapi vive ahora al ritmo febril de la coca. Los turistas que lleva la concesión de la isla Gorgona de nada se enteran. Ni les importa: vienen de Bogotá a ver ballenas.

Como ya se ha dicho, el fenómeno cocalero se expandió rápidamente a lo largo de la costa pacífica. Los paramilitares, las guerrillas y la fuerza pública se peleaban palmo a palmo los territorios habitados por comunidades negras. Hace unos años asistí a una reunión de representantes de los Consejos Comunitarios. La queja principal era simple: “Nos desplazan”. Las comunidades huyen de la guerra, que es antecedida por las hoy ya casi extintas fumigaciones aéreas, que por años fueron la pieza central de su estrategia bélica, además del argumento para conseguir unos pocos dólares y destruir la selva. A los desterrados por las fumigaciones el Gobierno no les reconoce el estatus de desplazados, y sus tierras –que por cientos de años han sido trabajadas por las comunidades negras con celoso respeto por el medio ambiente– fueron ocupadas por ganaderos. Los representantes de los consejos comunitarios se ríen con disimulo cuando se habla de Acción Social o se menciona la llamada sustitución de cultivos.

A la madrugada desde el puerto de Guapi se ve pasar lentamente un bote rojo hacia las zonas donde todavía hay naidí y regresar al atardecer cargado de cogollos de palmito para la enlatadora. En el parque central de Guapi, frente al puerto, hay un par de palmas de aceite muy altas. No sé si darán frutos y menos sé cómo se recogen, pero los viejos saben que fueron sembradas por el Incora hace casi medio siglo, cuando quiso implantar su cultivo para aumentar el ingreso familiar. En 1980 el mismo instituto creó Asopalma de Guapi con 40 familias a las que repartió plántulas, prestó asistencia técnica, abrió créditos e inclusive construyó una pequeña extractora que bautizó “Bonanza”, como una serie de televisión muy famosa en esos días. La iniciativa no prosperó a pesar de que el clima de la zona es ideal para la especie.

Palma africana

Uno de los sueños del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue la expansión de la palma africana no sólo desde Villavicencio hasta el Chiribiquete, sino desde las riberas del río Atrato, en el golfo de Urabá, hasta la desembocadura del río Mataje, en la Bahía de Ancón, frontera con Ecuador. En 2006 estuvo de cuerpo presente en Guapi para nombrarlo municipio piloto para la erradicación de la pobreza y poner en práctica el Plan de Desarrollo de la Cuenca del Pacífico, bajo la dirección de la malhadada, y hoy extinta, Agencia Presidencial para la Acción Social. A final de ese año se firmó en Cali un acuerdo de voluntades para la constitución de una alianza productiva para el cultivo de palma africana en 15.000 hectáreas. Al año siguiente se suscribió el convenio de alianza estratégica productiva y social entre el Consejo de Guapi-abajo y la operadora empresarial Palma Salamanca S. A., que se apropiaría “en usufructo” 6.000 hectáreas.

El Consejo de Guapi-abajo era parte de la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo negro de la Costa Pacífica de Cauca (COCOCAUCA ), creada en 1993 al amparo de la Ley 70. No obstante, el 7 de noviembre de 2004, el gobierno nacional logró cambiar la junta directiva del Consejo Comunitario de Guapi-abajo y elegir una que apoyara el proyecto de Uribe. El conflicto con los consejos vecinos –Chanzará, Cuerval, San Francisco, Napi, Napi alto y Alto Guapi– no tardó en estallar.

Para formar la alianza productiva el Gobierno refinanció la deuda original de $8.000.000 a 117 familias con un nuevo crédito de $80.000.000 destinados a la siembra de palma. El proyecto remataba con la construcción de una carretera de Guapi a la Vía Panamericana pasando por El Plateado y Argelia, un proyecto asociado a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA ), uno de cuyos objetivos es la unión terrestre entre Belem du Para y Tumaco. La carretera era una condición indispensable del proyecto de palma.

Por aquella época hicieron presencia en Guapi las AUC , cuyo capítulo regional, el Bloque Calima, que comandaba Don Berna, dominaba las cabeceras de los ríos Guapi y Napi y tenía por objetivo no sólo abrir una vía al Pacífico para la exportación de cocaína, sino una punta de lanza contra los frentes 29 y 60 de las FARC , presentes en los pliegues orientales de la Cordillera Occidental. Más tarde, los paramilitares serían desplazados por las guerrillas y controlarían las zonas de cultivos de coca que había usufructuado Don Berna.

En 2006 aparecería en la misma región la columna José Luis Cabrera, del ELN , proveniente de El Charco e Iscuandé. Cuando se proyectó la hidroeléctrica de Brazoseco en el río Napi, con un costo de US$60.000.000, el Ejército inició el desarrollo de las operaciones Espada I, II y III y obligó a las guerrillas a refugiarse en regiones vecinas. El conjunto de choques tanto entre las guerrillas de las FARC y del ELN como de estas con las FF . AA . produjo desplazamientos sucesivos de población hacia Popayán y Guapi. Incluso, el DANE reportó que en el período intercensal 1993-2005, la población urbana aumentó en 5.158 habitantes y la rural disminuyó en 1.715. De acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Víctimas, en 2014 se presentaron 2.399 casos de desplazamiento en Guapi, la región de Cauca más afectada por este drama. El total de población es hoy de unos 30.000 habitantes.

En julio de 2015 fueron bombardeados los campamentos de las FARC arriba de Brazoseco, en las veredas de San Agustín, las Juntas y Balsillas. El Gobierno habló de 26 muertos, incluido el comandante Pedro Nel Daza Martínez, conocido como Jairo Martínez, que participaba de la mesa de negociaciones de La Habana y que, según Pastor Alape, “se encontraba en ese campamento haciendo labores de pedagogía de paz”. La Defensoría del Pueblo afirmó que provenientes de San Agustín, Balsillas y áreas vecinas han llegado 110 familias o 463 personas a deambular en Guapi. Las ONG denunciaron que el número de muertos en el bombardeo pasaba de 80. A raíz de este hecho, que según parece no fue consultado con el presidente de la República, las FARC rompieron el cese del fuego unilateral que habían decretado, lo que produjo que en los siguientes meses se realizaran más de 260 acciones militares contra la infraestructura y la fuerza pública.

Chaín, el mago*

El río Patía, caprichoso y turbulento, rompe la Cordillera Occidental por la Hoz de Minamá y se desmanda al salir del estrecho sobre la llanura pacífica. Recoge el Telembí, se une por el Canal Naranjo –hecho por aserradores en 1975– con el río Sanquianga en el sitio mismo donde desemboca el Satinga, y se entrega, por fin, en una enmarañada red de aguas y manglares, al mar Pacífico. El bajo y el medio Patía han sido poblados por negros cimarrones y libertos. Vivieron en paz de la pesca, el barequeo de oro y el corte de madera, hasta cuando llegaron el cultivo de la coca y su cortejo bélico: fuerza pública, guerrilla, paramilitares y negociantes. Entonces comenzó la guerra, una historia que no se vivía desde cuando Agustín Agualongo se alzó contra Bolívar en 1812 o cuando Benjamín Herrera blindó un vapor comercial que bautizó Almirante Padilla para continuar en 1900 la Guerra de los Mil Días en Panamá.

Fue, sin duda, en esa nave donde viajó don Ruperto Juan Hernández con sus cinco hermanos, Vicente, Florentino, Telésforo, Feliciano y Valeriano, reclutados en López de Micay. La orden de reclutamiento no pudo ser leída –ni atendida– por algunos jóvenes analfabetos que terminaron fusilados por los liberales. En el istmo los conservadores ganaron muchos encuentros, pero en ninguno “mordió una bala” a don Ruperto Juan. Parecía tener pacto con el diablo y por esa razón lo nombraron enterrador oficial de los insurrectos. Participó en las memorables batallas de Aguadulce, donde se atrincheraban los conservadores. Herrera los sitió por agua y por tierra, pero las fuerzas gubernamentales “tenían mucho ganado encerrado y con él podían aguantar el tiempo que nosotros no teníamos”. El general Batutín, liberal, “nombró 17 voluntarios, entre ellos a mi abuelo y sus hermanos, que con otros soldados se arrastraron por debajo de las alambradas, las cortaron y alebrestaron al ganado que salió en estampida y se les regó por las sabanas”. Fue una victoria que pareció cambiar el curso de la guerra hasta cuando los gringos impusieron su ley para apoderarse de Panamá, y Herrera firmó la Paz del Wisconsin (1902).

De regreso a Colombia, don Ruperto Juan construyó en mangle de corazón, con sus manos, una escuela para enseñar a leer las órdenes de reclutamiento y los llamamientos liberales, pues el nuevo levantamiento era inminente. No lo hubo. La dictadura conservadora se prolongó hasta la victoria electoral de Olaya Herrera, nombre con que se bautizó el puerto Bocas del Satinga, en 1975. Aguas arriba nació don Chaín, nieto de Ruperto Juan. Su padre, Valeriano –llamado como su tío abuelo–, botánico que curaba con yerbas locos de atar, quiso hacerlo sastre y le compró en Tumaco unas tijeras que le costaron un peso con veinte reales. Lo llaman también el Mago , no por lo que hace sino por lo que hizo: perderse cuando era niño para leer el libro al que debe su apodo. Hoy Chaín tiene 78 años cumplidos “y otros tantos por cumplir” porque –sostiene– su abuelo murió de 137 años y no por enfermedad, sino porque se enredó con el bordón que necesitaba para caminar, se partió el fémur y perdió entonces la gana de vivir.

Por las aguas de los ríos Satinga, Sanquianga, Patía bajan cadáveres día y noche. Los que pasan a oscuras y no se enredan en una palisera pasan derecho. A los que pasan con luz y boyan, Chaín el Mago los pesca. Pero muchos logran escapar a su ojo –mira el río todo el día– porque “han sido destripados y sacados sus entresijos fuera del cuerpo porque de lo contrario, a los tres días las vejigas se inflan y el cuerpo flota”. Van por debajo del agua, como van los submarinos llenos de coca construidos en esos manglares, a “preñar” barcos en altamar.

Desde 2001 ha dado cristiana sepultura a 50 cuerpos ciertos pero no identificados, en el cementerio de Bocas del Satinga, que como el pueblo mismo, está amenazado con que las aguas lo desaparezcan con todo y sus desaparecidos.

La casa de Chaín es la más desvencijada de la zona comercial, construida en madera de juángare, piso de tierra y con techo de cinc. Vive en una pieza; tiene las otras arrendadas a paisas que venden baratijas, zapatos chinos y botas de caucho ecuatorianas. Duerme en un camastro protegido por una cortina verde; tiene una mesa con televisor, una nevera que usa como alacena, un par de redes de pescar rotas, latas de cerveza tiradas en el suelo, un pedazo de espejo y una mecedora donde espera a sus muertos.

A las 4 de la tarde llega su hija de 9 años, tira los zapatos de cuero del uniforme a los lados y se calza con cuidado unas sandalias blancas de plástico. Besa a Chaín, que, saludándome, sin presentación alguna, le pide a Isnavely que le alcance una maleta negra. Parecería que él sabe a qué vengo. De mala gana la niña le pasa un maletín, pero se enreda en las tijeras que están tiradas, y maldice. El viejo la consuela mientras me muestra un ejemplar del Código Nacional de Policía , lee el artículo 30 –sobre atribuciones de la entidad–, un fragmento del Apocalipsis y otro del Código del Menor . Adora a su hija que –me dice– “es hija de una noche en que salvé a la mamá de ser asesinada por los paramilitares, rezando la oración que me enseñó mi abuelo: Se lleva usted la palma de la mano derecha al entrecejo, luego la posa sobre el ombligo diciendo estas palabras: ‘Con el manto de la Virgen María, madre de Dios, estoy cubierto y por él mis enemigos serán vencidos’. Al terminar cruza entre el hombro izquierdo al derecho para completar la cruz, una cruz que atemoriza al diablo que está metido en el cuerpo y el alma del asesino. Se asusta Satanás y corre para afuera. Entonces al hombre se le cae el cuchillo, se le traba la bala, se le seca la mano”. Fue una protección que le permitió al abuelo vivir hasta cuando quiso.

La niña pela mientras tanto una, dos, tres naranjas, con un cuchillo largo y afilado que su papá usa para hacer las autopsias de los cadáveres que pesca en el río, amarra con un nudo complicado que llama de “barba y cacho” y los remolca hasta la playa, donde su secretario, Menelio, un hombre negro, altísimo, flaco, con unos brazos tan largos que sobrepasan sus rodillas, le ayuda a cargar el difunto amarrado en un palo de juángare hasta la morgue. No he visto un ser humano más parecido a una araña gigantesca.

El cementerio queda en medio del pueblo, lo atraviesa una de las calles principales; tiene numerosas construcciones en cemento que encierran las sepulturas. La morgue tiene un mesón de cemento donde Chaín y su secretario hacen las disecciones con cuchillo y tijeras, sin guantes y usualmente alumbrados por una linterna. En el suelo hay un tenis sin pareja, unas botas de caucho sin suela, unas camisas manchadas de sangre seca y un par de carretilladas de gravilla, “que fue todo lo que el alcalde compró con los seis millones de pesos que le dio el Departamento para arreglar este sitio como se debe”, dice Chaín con ironía. Menelio asiente con la cabeza. La Cruz Roja Internacional ha registrado como NN 50 cadáveres enterrados por Chaín y su asistente. Hay algunos pocos identificados por un sobrenombre dado por su oficio o por el lugar de hallazgo. No todos los muertos bajan por el río. El Ejército y la Policía han dejado varios en las puertas del cementerio en bolsas plásticas oficiales blancas o negras. Chaín sabe los nombres de algunos, a otros los ha bautizado y de casi todos guarda algún recuerdo: un mechón de pelo, una pulsera, un zapato, una cruz de Caravaca, una estrella de David, un reloj y muchos de los proyectiles que encuentra en las cabezas de los muertos. Posee además un cartapacio de constancias de las necropsias que hace, de las que –confieso– no fui capaz de leer sino una: “Presenta orificio de entrada por maxilar inferior con trayectoria… alojada en…”. Todas las balas terminan “aplastaditas”, aclara mientras acaricia una por una. Me muestra algunas fotos de cadáveres. Una con la cara destrozada con ácido, otra en la que aparece Chaín con una calavera en una mano y un fémur en la otra. De los muchos hechos que cuenta sólo retengo tres porque los demás son casi todos iguales.

“Una noche –dice– acababa de ver Pedro el escamoso cuando sonó una explosión como la que oí cuando una tromba del río pegó contra el pueblo en 2009 y se llevó 300 casas. Yo salí corriendo a ver qué había pasado y qué me tocaba hacer. Encontré el hueco hecho por una bomba mal explotada por las FARC que mató cinco guerrilleros y dos civiles. Los pedacitos de cuerpos estaban pegados a las paredes o regados por el suelo. Eché en dos bultos lo que pude recoger: pies, manos, cabezas, tripajes. Sé que hubo mujeres muertas porque topé uñas pintadas y una peineta, pero nadie podía saber qué era de quién. Enterré cuatro guerrillos, porque por unos vinieron de Bogotá, sin nombre y sin señas”. A todos, guerrilleros o no, los entierra Chaín dos metros bajo tierra y en bolsas plásticas, con la esperanza de que algún día sus restos sean identificados. “A la madera le entra el gusano –concluye–, al plástico no”.

Menelio, en ausencia de su jefe, me contó la historia de la Cascorva, una vendedora de chance que se topó “en los montes de las guerrillas sin su permiso, del susto se botó al río y se ahogó por no saber bañarse. Era cascorva, cojeaba, y por eso –dice– creyó que todo se le disculpaba. Pero la gente de allá anda muy bien informada y quién sabe qué descubrió y por eso la trajo el río con un letrero amarrado al cuello que decía ‘Prohibido enterrar’. Chaín no atendió la orden, rescató a la mujer y la enterró”.

Chaín no ha llorado a nadie. Su trabajo es profesional. Sólo recuerda con afecto a quien nombra la “Bella Bumanguesa”, una mujer de las que llaman en la región “chochaleña”, que es el nombre de las gallinas que por viejas ya no ponen huevos. Había llegado de rebusque al pueblo de Olaya, llamado Italia porque muchas mujeres de la vida dicen en su casa que viajan a ese país y aparecen en la zona de tolerancia o “chochales”. La bonanza estaba en su clímax, no había cosa que costara menos de 50 pesos porque sólo corrían billetes de esa denominación; había 50 bares, y de los 35 aserríos que hubo cuando se abrió el canal, sólo quedaban cinco. Las guerrillas, que se habían tomado el pueblo en 2001, fueron sacadas por el Ejército en 2002, y desde entonces mandaban los paramilitares. Entró el Tío , comandante del Bloque Libertadores del sur, hoy los Rastrojos, una semana después del Ejército, y no volvió a salir cuando lo hizo la fuerza pública.

El Tío despachaba desde una oficina, sentado en un escritorio, a la vista de todo el mundo. Su oficio era recibir lo que sus hombres requisaban en los muchos retenes que mandó poner en el río, caños, manglares y caminos secos. Requisaba comida y remesa. Cobraba impuestos a los cultivadores de coca, a los comerciantes, a los empleados públicos, y hasta a la Policía extorsionaba. Su poder se basaba en el terror. De entrada mató tres hombres que Chaín también enterró, uno de los cuales dejó un hijo, llamado el Chivo, que desde ese día juró matar dos paramilitares semanales. Cumplió su promesa al pie de la letra. Cada semana saldaba su cuota. Terminó ingresando a la guerrilla cuando le cerraron todos los caminos, y un día lo mataron.

La autoridad de los paras era total, sobre todo en las zonas comerciales y en discotecas, bares y chochales. Una de sus unidades se enamoró de la muchacha de Bucaramanga al punto de que le prohibió acercarse a cualquier hombre o mujer. Ella se burló de la orden y se acostaba con quien le pagara o con quien le gustara. El paramilitar cobró su honor, la cosió a cuchillo y la botó desde un segundo piso. Le destrozó la cabeza contra el suelo y el “cabello, tan largo que sobre él ella se sentaba –afirma Chaín– le quedó lleno de huesitos”. Tuvo que cortárselo a ras para poder coserle el cráneo. Como es sastre de profesión, no tiene dificultades en zurcir. Conoce muy detalladamente la anatomía del cuerpo humano. Dice que inclusive a los pocos médicos legistas que han venido los descresta mostrándoles “el camino que existe entre el escapulario y el remate del esternón”: un cartílago que se debe cortar para hacer registros legales. En esas estaba con la bumanguesa cuando llegó el paramilitar dizque a ayudarle con una linterna porque estaba oscuro. Chaín trabajaba con atención. A la izquierda el asesino alumbrando, aprovechaba cualquier descuido del enterrador para tocar a la mujer. Chaín le mandaba el cuchillazo para cortarle la mano. No contó el desenlace del hecho, pero del paraco nadie volvió a dar razón.

Chaín me cuenta, con la niña sobre las piernas, un problema que lo amarga día y noche: El alcalde prohibió pescar muertos en el río porque las estadísticas de NN “estaban convirtiendo el pueblo en un municipio rojo, y eso no conviene”. Hace unos días, y pese a la orden oficial, Chaín llevó un muerto a la morgue. Le mandó preguntar al alcalde qué hacer con el difunto. Contestó: “Pues que se lo lleve para su casa”. Chaín se indignó, se echó el cadáver al hombro y lo descargó en la puerta de la alcaldía. “Al rato –agrega–, la gusanera le bullía debajo de la camiseta y el olor era del infierno. Los empleados salían corriendo por las puertas y saltaban por las ventanas; el pueblo se inundó de hediondez, hasta que el alcalde tuvo que humillarse y pedirme que hiciera mi oficio. Lo hice porque nadie sabe hacer lo que yo hago y si lo sabe, tampoco se atreve”.

El día que dejé el pueblo, la Cruz Roja había construido 50 placas en cemento para señalar los lugares donde están enterrados los muertos a los que ha dado cristiana sepultura Chaín, el Mago, acompañado de su secretario y, muchas veces, ayudado por Chaína, como se conoce a Isnavely.

CAPÍTULO IV
Timbiquí

No se puede pasar por Guapi sin ir a Timbiquí, un puerto en un río nombrado desde el siglo XVII por sus minas de oro, que llegaron a manos de las familias Mosquera y Arboleda antes de la Independencia. Tomás Cipriano de Mosquera –el “Gran General”– era también un gran negociante, y una de sus más lucrativas empresas fue la del oro de Timbiquí, tanto que su hija se casó con un minero norteamericano. En el pueblo de San Vicente de Sese, afluente del río Timbiquí, nació en 1817 su pariente Julio Arboleda, pésimo poeta y pésimo militar. El padre de don Julio era un recalcitrante esclavista que vendió a esclavistas peruanos 99 vientres de esclavas negras y 133 niños antes de que otro caucano, José Hilario López, decretara la abolición de la esclavitud.

La libertad de los esclavos golpeó duramente a los grandes mineros, sobre todo a los caucanos, pero creó una corriente libre de pequeña explotación que se conoce como mazamorreo o barequeo. ¿Cómo no conocer entonces, estando en Guapi, las minas de oro con cuyas rentas don Tomás Cipriano compraba armas para sus guerras y donde, además, nació don Julio Arboleda? Con la abolición de la esclavitud hubo una tendencia migratoria de negros libertos o cimarrones hacia el Valle del Cauca, donde terminaron como colonos.

No fue fácil conseguir un motorista práctico para viajar de Guapi a Timbiquí, y menos para remontar el río. Las aguas del Pacífico son traicioneras y las del Timbiquí, a decir de una negra, “muy rumorosas”. El tramo por el río Guapi hasta su desembocadura es un paseo: aguas mansas, selvas y un par de atracaderos desde donde uno sabe que es vigilado. La travesía por mar es otra cosa: las aguas suelen “picarse” sin mucho aviso, salvo el que saben leer los marinos en el peso de las nubes y la dirección de los vientos. Hay bandadas de pelícanos que vuelan en perfecto orden, deltas y colonias de patos y gaviotas que pescan y descansan en islotes de arena que crean los ríos al desembocar en el mar. Los manglares, aunque golpeados por los comerciantes de madera, siguen creciendo exuberantes y alimentando la enorme fauna de pequeñas alimañas y criando alevinos de las mil especies marítimas que todavía hay en el Pacífico.

Timbiquí, fundado en 1772 por Francisco Antonio de Mosquera y Andrés Saa, queda al fin de una bahía estrecha donde desemboca el río. Está hoy construido sobre un muelle de cemento armado, pesado y rodeado –o por rodear– de una muralla que sin duda fue ordenada por la Armada Nacional como trinchera. Detrás de ella está un puesto de policía en ruinas que la guerrilla destrozó hace unos años; hoy se construye, más que una estación de un cuerpo civil, un búnker militar para la Policía Nacional. La calle paralela al río lleva a la pista de aterrizaje, un eje alrededor del cual se levanta, también en concreto, el pueblo.

Por la calle principal caminaban aquel día los estudiantes de los colegios y escuelas públicas –todos uniformados– porque los maestros se habían sumado al paro del magisterio. La variedad de colores de los uniformes es inexplicable: unos son azules oscuros de paño; otros son amarillo mostaza; otros, verde olivo, y los demás, rojos y blancos. Deambulan –¡cómo no!– vendedores de chance, de cables para celular, de lotería, de choriarepas, de pescado, de chontaduro, de libritos de profecías, de música paisa para el despecho. Unos perifonean y otros anuncian su mercancía a voz en cuello. Hay numerosas compras de oro y joyerías; ventas de plantas eléctricas –desde 10 HP hasta 200 HP–; ventas y arriendo de motobombas; ferreterías donde se encuentra “todo lo necesario para el ramo” de la minería: mercurio, cianuro, tamices, mallas, picas, barras de hierro, recatones, almádenas, bateas de metal y de madera. De tanto en tanto pasa un piquete de policías que va del aeropuerto al puerto y viceversa. Hay un barrio de desplazados por bombardeos del Ejército o por fumigaciones de la Policía, conocido como Japón.

Almorcé con el guía. “Para hoy tenemos sudado de pescado y bandeja paisa, pescado frito y carne sudada”, dijo la cocinera desde el fogón, mientras la mesera nos servía aguapanela con limón. El calor húmedo se hacía insoportable. El ruido de los vendedores ambulantes no permitía oír lo que nuestro guía nos comentaba sobre las veces que la guerrilla se había tomado el pueblo: “A comienzos del año 2013… A mitad de junio del mismo año y desde las 5 de la tarde… Luego a mediados de julio… y más después, 17 de noviembre del año siguiente…” El hombre decía la fecha pero bajaba la voz al límite del murmullo para el detalle de los acontecimientos. Volvió a subir el volumen para recordar que el ministro de Defensa, Pinzón, dijo que eran “hechos contra los más pobres”.

Oro

Volvimos al puerto para embarcarnos cuando descargaban un barco enorme azul claro llamado Santa Bárbara –patrona de Timbiquí–. Por una tabla angosta y haciendo equilibrio sorprendente, los coteros bajaban bultos enormes de azúcar, arroz, harina, fríjol, papel higiénico, jabón, escobas, agua embotellada, gaseosa, cerveza, aguardiente. Mientras el motorista llenaba los tanques de combustible pasaron aguas arriba y aguas abajo no menos de 30 canoas, una docena de pangas y dos barcos madereros. A las 2 de la tarde salimos del puerto, bajo un sol de justicia. Todos los pasajeros abrieron sus paraguas.

El río se va abriendo a poca distancia; los prácticos saben que en el agua como en el monte hay trochas –o aguas mayores– por donde no encallan. A veces la panga se inclina hacia la izquierda, a veces hacia la derecha; un rato bordea el barranco, otros, los menos, la playa. De tanto en tanto aparecen unos pocos ranchos que son tiendas o alojamientos de paso y, comentó un pasajero, son “boca de retros”. No se oyen trabajar sino cuando están cerca, pero se dice que entre Timbiquí y Coteje hay más de 30 trabajaderos o minas.

A medida que se remontan las aguas, el río es menos caudaloso y sus aguas más espesas y amarillas. A orillas se ven grandes depósitos de piedra pequeña, redonda y dura que llaman material lavado o estéril, lo que significa que ya ha sido extraído el oro. El motorista debe hacer piruetas de timón para sortear zonas pandas y recostaderos peligrosos, cada vez más frecuentes. La monotonía redonda de un viaje en panga impulsada por un motor pequeño lleva del sueño a la fantasía. Mirar las playas del río, la selva, las pequeñas rancherías obliga a preguntarse por la historia de la región.

No sólo peninsulares y criollos como los Mosquera y Arboleda explotaron en la Colonia y la República estos ríos, desde el Raposo al Yurumanguí y desde el Micay –también de los Mosquera– hasta el Saija y el Timbiquí. Como es sabido, a raíz de la guerra de los Mil Días el país quedó arruinado y el presidente Rafael Reyes (1904-1909) se vio obligado a detener la máquina de hacer billetes y se obsesionó con el desarrollo económico a punta de nuevas concesiones sobre recursos naturales como la de madera en el Magdalena Medio que dio a The Magdalena Explotation Company y la de minería de oro a The New Timbiquí Gold Mines Ltd., que era una compañía anglo-francesa que compró en 1898 a sus propietarios la concesión que explotaban las familias Arboleda y Mosquera, negocio que Reyes refrendó. La concesión abarcó la cuenca del Timbiquí así como varios caseríos de hacienda formados por los colonos de la propiedad como Coteje y Santa María. Los empleados que administraban la empresa en Colombia eran franceses y en marzo de 1910 presentaron por medios diplomáticos un reclamo ante el gobierno colombiano por “continuos robos y violaciones de la ley por parte de los trabajadores colombianos”. El documento permite entender las modalidades de la explotación.

El trabajo de la minería era adelantado por obreros “indígenas” que tenían la obligación de vender a la compañía todo el oro producido a razón de un “peso plata el gramo” y a “trabajar con el salario acostumbrado en las labores de la compañía durante el tiempo que se fijara”. Pero, además, estaban obligados a comprar en tiendas de la compañía todo lo que necesitaban para su subsistencia. “Debido a la escasez del metal dinero (sic) que nos es necesario para pagar a nuestros trabajadores, hemos sido obligados a efectuarlo nosotros mismos; entregamos mercancías mejores y a más bajo precio que los comerciantes”. Para hacer cumplir estas reglamentaciones, la compañía le ofreció al gobierno colombiano “ayudar a mantener una fuerza de gendarmería de cinco hombres reclutados entre las gentes de la región y una subvención mensual de 150 pesos (300 francos) para retribuir los servicios de un alcalde honorable, imparcial y enérgico”. Así mismo, la compañía requería intervenir en la escogencia de un juez en Buenaventura con “cuya imparcialidad nosotros podamos contar”. La New Timbiquí se sentía amenazada por una rebelión de los “indígenas” debido a la incitación hecha por los comerciantes a rechazar el monopolio comercial que impedía hasta la venta de aguardientes en la región.

La reclamación terminaba exigiendo la suspensión definitiva para establecer nuevos caseríos, puesto que desde el momento en que hay un corregimiento es necesario que haya un terreno para “área de población” y la compañía no estaba dispuesta a regalar tierra a los “indígenas”. Según el documento, de los ríos vecinos Saija, Napi y Guapi venía mucha gente a trabajar en el Timbiquí y ya había unos 400 trabajadores en las minas. Remataba con la siguiente perentoria advertencia: “Si el movimiento antiextranjero que reina sobre la costa encontrara eco en Bogotá, y si hubiera un interés mayor en que seamos expropiados, que se nos compre nuestra propiedad entera, que se nos paguen los trabajos que hemos hecho y que se nos indemnice por los intereses del capital invertido y por el tiempo perdido”. Hay que recordar que la citada reclamación fue hecha tan solo siete años después de la separación de Panamá, que se produjo en 1903.

A medida que se remonta el río se establecen relaciones con otros pasajeros, una vez que cada uno haya determinado su “zona de influencia”, siempre escasa en una embarcación de madera, y el silencio se vaya haciendo pesado. Un viejo que había abierto un gran paraguas anaranjado para defenderse unas veces del sol, otras de la lluvia y otras del viento, contó que aún hoy había minería de socavón o galería a pesar de la invasión –usó el término– de los dragones y de las retro.

Los socavones no se abren a orillas de los ríos donde la tierra es húmeda y deleznable sino en terrenos más firmes, para evitar derrumbes. No son muy profundos porque ventilarlos no es fácil. Es usual que los que van abriendo el túnel sean personas menudas o niños. Es un trabajo muy duro porque deben hacerlo agachados o acostados usando barras de hierro pesadas y rudimentarias bombas para impedir que el agua de los acuíferos inunde la obra. Se saca el material aurífero en costales hasta el sitio donde entran las carretillas y en algunas minas las furgonetas, que son empujadas sobre rieles hechos de maderas duras y resistentes. Fuera del socavón se separa el oro de la tierra o arena en canelones pequeños con agua, azogue –mercurio–. Es una actividad en la que trabaja toda una familia o personas allegadas a ella. Era este tipo de minería, llamémosla “libre”, la que la empresa anglo-francesa perseguía con un policía pagado por la compañía.

Con extrañeza no exenta de curiosidad vi en algunos caseríos banderas de Colombia izadas. Era 13 de mayo, día en que la Virgen bajó de los cielos a Cova da Iría, Portugal. Se me hizo extraña tanta religiosidad en estas tierras olvidadas de la mano de Dios. La fecha me daba vueltas en la cabeza hasta que recordé que había leído en algún boletín de las FARC que Manuel Marulanda nació un 13 de mayo, diez años después de que la Virgen de Fátima se les había aparecido a los tres pastorcitos. Tampoco me cuadraba la cosa. ¿Bandera patria para celebrar el cumpleaños de Tirofijo? ¡Imposible! Quedaba una posibilidad: la gente izaba la insignia patria porque el Real Madrid jugaba ese día contra el Juventus y como en el Real juega James, pues hay que apoyar el equipo de Madrid. En fin, mirando a orillas del río y perdido en mis pensamientos, olvidé el tema hasta que al pasar cerca de un caserío situado en un barranco alto descubrí que la bandera desplegada al viento tenía el escudo de las FARC : un mapa de Colombia con dos fusiles cruzados. Una especie de evidencia de estar en un territorio con fuerte presencia de sus destacamentos militares.

Las FARC estuvieron tan incrustadas en el negocio del oro de Timbiquí, que cumplían funciones estatales. Los jefes de los frentes 29 y 30 vigilaban cuánto se producía a diario, regulaban el precio que debían pagar por el oro las cuatro compradoras locales (quizás había más, pero estas son las conocidas) y registraban las entradas en efectivo. El río Timbiquí nace cerca a El Plateado, corregimiento de Argelia, Cauca, un extenso territorio donde durante más de 25 años las FARC y el ELN tuvieron campamentos e influencia política.

Las montañas de escombros de material lavado se hacen cada vez más frecuentes a medida que se avanza; las aguas se vuelven pesadas por la densidad de los sedimentos, y las playas barrosas; caen sobre el río numerosos chorros de agua con que se han trabajado las minas. Hay campamentos improvisados con plásticos que alojan a barequeros venidos de otras zonas y bocas de pequeños afluentes contaminados de aguas espesas de barro. El tránsito de canoas y pangas es muy denso. A lo lejos se oye el ruido de las retroexcavadoras. El cauce del río es cada vez más estrecho. Millones de toneladas de tierra, arena y roca han sido removidas. Según el Sistema Minero Colombiano, en el municipio de Timbiquí se sacaron 879 kilos de oro en 2011 y 947 en 2012.

El cauce del río se estrecha poco a poco. En las orillas conté más de 20 trochas por donde han entrado o entran retroexcavadoras. Son máquinas muy versátiles y fuertes que pueden hacer su propia vía y por tanto llegar a lugares que a simple vista parecen inaccesibles. Tienen motores de 520 HP, pueden pesar hasta 84 toneladas y trabajar pendientes hasta de 35°. Se venden con “seguimiento satelital que permite administración de consumos, ciclos productivos, control de horómetro y diagnóstico de fallas”. Y lo mejor: motores de “baja emisión de gases, para preservar el medio ambiente”. Son propiedad de compañías o de mineros individuales, excepcionalmente oriundos de la región. Muchos son paisas, algunos vallunos y no pocos brasileños. Hay máquinas propias, pero también arrendadas. “En 2010, justo después de que las autoridades expulsaron las 220 dragas y 286 retroexcavadoras que arrasaban con el río Dagua en Buenaventura, algunos de sus dueños aprovecharon que ya en el corregimiento Santa María, sobre el río Timbiquí, existía la asociación minera Asosantimar y la usaron para poner a trabajar cuatro dragas. Hoy tienen 80”.

Entre el pueblo de Timbiquí y Coteje hay tres pequeños caseríos: Calle del Pueblo, El Charco y Chepé. Tendrán unas 50 casas –todas de madera–, una calle en cemento y 25 pangas en el puerto, lo que supone una intensa actividad económica. Hay muy poca agricultura. Se cultivan algunas matas de caña para sacar el biche o aguardiente y para alimentar bestias de carga; hay también unas pocas matas de yuca, papachina, ñame, millo, plátano tres filos. Todo lo demás se debe comprar. “En la costa caucana –afirma la Defensoría del Pueblo– los efectos de la desaceleración económica se hacen sentir en la baja en la demanda y la comercialización de sus productos tradicionales, de manera que, promediando los 1980, el arroz y el maíz dejaron de ser productos rentables y competitivos, lo que produjo como primera reacción de las comunidades un desplazamiento del conjunto de la actividad económica tradicional hacia la minería”.

Estos caseríos son sedes de consejos comunitarios locales, que normalmente están conformados por una o varias familias extensas y son los que negocian con los “retreros” (maquinistas de retroexcavadoras) el derecho a la explotación minera. Por regla, participan de dos maneras: con el 10 % sobre la producción de oro y con el “permiso” de trabajar el mazamorreo en áreas y tiempos que no interfieran el trabajo de la maquinaria. El permiso es certificado con un carné que el trabajador debe mostrar al maquinista, a los operarios o al administrador del “puesto”. Los miembros reconocidos por el Consejo local tienen derecho al carné gratis y a los foráneos se les cobran $30.000. Pero los permisos son limitados; usualmente se puede barequear dos días a la semana y sólo durante dos horas, tiempo en que las máquinas se reabastecen de combustible y se les hacen pequeños arreglos. Los barequeros llevan una estricta contabilidad del trabajo de las máquinas porque son un indicador básico, pero no preciso, del material lavado.

Cuando ya se avistaba la comunidad de Coteje, una lancha rápida con dos personajes muy serios le indicó a nuestro motorista que se “playara”. Echó pie a tierra y se retiró unos metros del río para hablar con los dos sujetos. No logré oír lo que decían, pero los tres nos miraban por encima del hombro a los pasajeros. Hablaron unos minutos y nuestro hombre en la playa regresó. No alcanzamos a navegar tres minutos cuando la lancha rápida, mucho más veloz que la nuestra, nos adelantó. Quedé inquieto. No me cabía duda de que los sujetos eran unidades. El problema era a qué grupo pertenecían, lo que se aclaró cuando apareció en un barranco una nueva bandera de las FARC ondeando sobre una alta vara de naidí, recurso que, entre paréntesis, ya no es explotado en la zona.

En el puerto donde las canoas atracan había una enorme pancarta: “Bienvenidos a nuestro retorno de Semana Santa 2015, Coteje los recibe con los brazos abiertos”. Al lado había un monumento con dos imágenes, de las que sólo distinguí la Virgen Dolorosa, y a continuación la Discoteca. Las calles principales son en cemento y las casas en madera, todas de dos pisos con escalera externa. Algunas están pintadas en verde, otras en amarillo y una que otra en rojo. No pocas tienen enredaderas de flores moradas y sus habitantes caminan con el paraguas abierto, llueva o haga sol. Dos mujeres con botas de caucho, baldes de plástico, picas y mallas conversaban frente a un grupo de 15 hombres alrededor de dos que jugaban dominó y hacían sonar las fichas con un fuerte golpe al ponerlas sobre la mesa; tomaban biche y discutían de fútbol. Unos tenían puesta la camiseta del Real Madrid con el número 10 de James Rodríguez; otros, la amarilla de Colombia, y alguno la del Barcelona Fútbol Club.

Hacia el mediodía, antes del almuerzo, las calles están llenas de gente. Las mujeres jóvenes, con sus herramientas de mazamorreo, regresan con o sin suerte; las viejas cuidan los niños y cocinan; los viejos miran sin fijarse en nada sentados en los andenes; los jóvenes conversan a gritos sobre los partidos de fútbol y silenciosamente sobre el rendimiento de las excavaciones o sobre el precio de la coca. Los niños juegan a la guerra con fusiles de madera: forman, unos mandan y otros obedecen, todos lo hacen con mucha seriedad. A las 2 de la tarde el pueblo entero hace la siesta hasta las 5, cuando los hombres vuelven al biche y las mujeres a la cocina.

Coteje está rodeado de enormes pozos llenos siempre de agua estancada que un día fueron minas explotadas con excavadoras y hoy son criaderos de larvas de malaria; huecos llenos de aguas verdes y hediondas que se evaporan por la mañana y que las lluvias de la tarde vuelven a llenar. Alrededor toda la tierra ha sido removida y lavada. Montañas de material estéril: piedra menuda sobre la que, pese al feraz bosque húmedo que la rodea, no crece una hebra de yerba. Parecen campos bombardeados o paisajes lunares.

Como en todo territorio donde se explota ilegalmente la minería con retroexcavadoras o dragas, los dueños de estas deben pagar una gran cantidad de impuestos no legales. En primer lugar a los Consejos Comunitarios. El porcentaje depende de los cateos que los interesados hagan sobre el terreno, pero también de la organización de la comunidad. Si el cateo “pinta bien”, para el Consejo puede ser hasta del 15 % de la cantidad de metal extraído. La fortaleza de una comunidad depende de sus vínculos con el Cabildo Mayor y de la orientación política de este. Hay cabildos cuyas relaciones con la “institucionalidad” son estrechas y entonces el porcentaje es menor, o más fácil de negociar con los “retreros”.

Hay otros Consejos que tienen buenas relaciones con grupos irregulares, incluidas las FARC , y entonces la participación mejora. Dentro de estos límites, la habilidad de los Cabildos también cuenta. Arreglado este punto, los retreros deben entrar en tratos con las autoridades institucionales: alcaldes, militares, Policía y Armada. El peaje se paga una sola vez y aquí la cantidad está asociada también a la fuerza de los cabildos y de los grupos ilegales. Si el cabildo es fuerte, las autoridades cobran menos; pero al mismo tiempo si los grupos irregulares se muestran fuertes, las autoridades militares cobran más porque, digamos, el delito del soborno que cometen es más castigado. Se habla de dos o tres millones “por autoridad”, pero es una cifra variable.

Los retreros también deben llegar a acuerdos con las comunidades a las que pertenece el sitio donde van a trabajar, pero con ellas el arreglo no se tasa ni en porcentaje ni en dinero, sino en días de barequeo. Por último, se debe pagar también al dueño del terreno donde va a funcionar el entable. Pese a que legalmente es el Consejo el dueño de la tierra, por tradición el propietario es una familia reconocida por la comunidad por trabajar la finca. El porcentaje oscila entre el 10 % y el 15 %. Una explicación más clara da doña Berenice:

“Los días de bareque son dos veces a la semana, martes y sábados; cada comisión tiene un día de bareque; esto lo define el dueño de la retro. Cuando hay mucha gente dividen las mujeres solas y los hombres solos. Son cuatro horas en el día; toda la cantidad que sale de oro es para los barequeros. Por ejemplo, hoy tocó bareque donde Hernando, pero como no hubo mucha cantidad de gente, entonces todo el mundo puede trabajar sin divisiones; cuando se cumplen las cuatro horas, todo el mundo se sube para sus casas; luego entran las máquinas a trabajar. O sea que ahorita están trabajando las retros porque ya salimos los barequeros. Cuando a uno le va bien, se sacan 30 o 40 granos, eso fue hace un tiempito porque ahora lo máximo que se está sacando son ocho o 10 décimas de oro y es que el metal ya se fue, se lo llevaron los retreros, y no quedó nada. Los más beneficiados son los que llegan con las máquinas y no la comunidad porque uno recibe órdenes de los dueños de los entables. Ahora como ya no hay mucha gente, se están desplazando para el río Saija. Acá vienen personas del río San Juan, de Buenaventura, de Cali, pero como ahora no está pasando nada, se están regresando o buscan lugares donde están las máquinas. Sólo quedan dos máquinas porque los entables y todo ha salido de aquí. Estamos llevados porque se acabó el oro. Las máquinas vienen del exterior, mas no sé quién las trae”.

Pero el oro extraído es difícil de calcular pese a que hay mil ojos observando los movimientos y operaciones. Usualmente se calcula que en un metro cúbico se extrae una determinada cantidad de oro con base en cateos previos en el terreno. Los barequeros vienen, como hace varios siglos, de otros ríos –Saija, Sesecito, Guajuí, San Francisco–, trabajan un tiempo y regresan a sus tierras. El rendimiento del barequeo es muy variable y depende del azar, pero en promedio un día es igual a un grano y cuatro granos hacen un gramo. El grano es el peso equivalente a un grano de maíz nativo.

La comercialización del oro es un nuevo problema para los barequeros porque el oro legal, que se puede comercializar sin problemas, es el que se origina en una mina legalizada. Para los propietarios de esos entables no hay problema para vender. Pero sí lo hay para los barequeros, que normalmente no tienen licencia. ¿Cómo resuelven el asunto? “Aquí afuerita del pueblo hay uno que vende gasolina y compra cantidades pequeñas de oro, él no es paisa, aunque hay mucho paisa en ese oficio. Luego ellos lo mandan a vender a varias fundiciones de Cali, como la de los Duque, los Ramírez, Save Golden. A estas fundiciones nunca llega la Policía, el Ejército o la Fiscalía a preguntarles de dónde sacaron el oro. A los que somos jornaleros, que nos metemos un día entero al sol a luchar contra las retros y contra el río, la Policía sí nos los quita. O sea que cuando llega a los ricos, deja de ser ilegal y a nosotros, que hemos vivido toda la vida de esto, desde nuestros ancestros, nos lo quitan porque en nuestras manos es ilegal”, cuenta un mazamorrero de Coteje.

Las retroexcavadoras en Coteje trabajan dos turnos: de 6 de la mañana a 10 de la noche y de 11 de la noche a 5 de la mañana. En promedio general, se dice que en un entable pueden llegar a sacar cuatro kilos diarios. Si se vende en el Banco de la República de Cali, donde no se pregunta sino el número de la cédula, se puede vender a $90 millones el kilo, o sea que diariamente un entable ilegal puede producir $360 millones. Es decir que con la producción de un día de trabajo normal se paga una máquina. Ahora bien, ¿cómo se distribuye el producto obtenido en un entable?

“Según el comandante Silvestre, del frente 29 de las FARC , la guerrilla los distribuye por gramitos. Mandan a cinco o diez personas de la comunidad, a cada una le dan 100 gramos y ellos regresan con la plata. Ese dinero se distribuye de la siguiente manera: el 40 % les corresponde a los dueños, a los grupos ilegales el 40 %, para el pago de otras vacunas se destina el 10 %, los administradores se llevan el 6 % y a la comunidad le corresponde el 4 %, que se ve reflejado en obras”, detalla un líder de la comunidad.

Traté de conversar con el comandante de las FARC para saber la versión oficial de la guerrilla sobre su participación y sus funciones en la región. Abordé con esa intención a dos muchachos que parecían ser milicianos por su manera de mirarme y por el respeto con que la comunidad los mira. Les pregunté si sabían cómo podía hablar con el mando y me respondieron que fuera al puerto a preguntar por él. Lo hice y la respuesta fue: “Cuando usted llegó, él se fue en la panga que los detuvo a ustedes cuando subían”.

Aguas arriba, por el Timbiquí, están las comunidades de Ralito, San José y Santa María. San José fue la única zona donde la Timbiquí no tuvo entable. A la comunidad de Santa María llegaron en 2010 unas 30 retroexcavadoras que el Gobierno había logrado sacar de la zona de Zaragoza, sobre el río Dagua. En 2011, se registraron, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA ) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU ), cuatro desplazamientos masivos por presión de los Rastrojos, lo que dio lugar a una encendida protesta por parte de los Consejos Comunitarios Renacer Negro y Negros Unidos de la Cuenca del Timbiquí. En febrero de 2011 el juez primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Popayán les concedió medidas cautelares, con lo que ordenó la suspensión de la extracción minera y el retiro de la máquina pesada. A raíz de este pronunciamiento, la Agencia Nacional de Minería otorgó ocho títulos de concesión minera para explotar oro, plata, plomo, hierro, manganeso, níquel, platino, cobre y cinc. Los títulos fueron conferidos para el período 2007-2040 para las tareas de exploración y explotación de los recursos minerales. No obstante, los títulos entregados se traslapan con al menos 18.000 hectáreas de territorio colectivo del Consejo Comunitario Renacer Negro. La sentencia no tuvo en cuenta que según la Corte Constitucional, para el otorgamiento de títulos mineros en zonas de Ley 70, se debe adelantar un proceso de consulta previa.

Testimonios recogidos en Coteje dan cuenta de que Ralito es una zona donde la gente combina la coca y el oro con una lógica económica incuestionable que, por lo demás, rige en casi todo el Pacífico: cuando la coca baja de precio, se dedican al barequeo, y cuando sube, vuelven a la hoja, que se cosecha en pequeños abiertos donde se “se pica, se procesa y se saca”. En todo Timbiquí hay cultivos de coca que según Naciones Unidas pasaron de unas 900 hectáreas en 2007 a unas 1.500 en 2009 para caer en 2012 a 500. Para un dirigente del Consejo Comunitario, la coca es “otra plaga, pero al menos no estaba monopolizada, daba más trabajo a las familias y los impactos ambiental y social eran menores”. En Timbiquí pueden estar sembradas 600 hectáreas, que a razón de 7,8 kilos de pasta básica por hectárea al año arrojarían un total de 4.680 kilos, que pagados a $2.476.000 dan un total aproximado de $11.600 millones. Mientras que, por cuenta del oro, se sacan unos 55.000 millones al año, es decir, casi cinco veces más que la coca.

En julio de 2015, el presidente Juan Manuel Santos, desde Putumayo, anunció una serie de medidas para controlar la minería ilegal, que según cálculos oficiales puede mover alrededor de siete billones de pesos al año. El mandatario calificó esta actividad como “más rentable que el narcotráfico” y señaló que es controlada por las “bandas criminales y grupos armados ilegales”. Las medidas que el Gobierno tomará por ley y por decreto contemplan dar facultades a la Policía para cerrar minas, destruir maquinaria e inclusive decomisar oro que no esté amparado por una licencia de explotación dada por un registro de comercializadores de minerales. Así mismo, el Gobierno le dará facultades especiales al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE ) para considerar la minería ilegal una actividad asociada al lavado de activos y al concierto para delinquir, lo que podría suponer penas hasta de 30 años de cárcel. No obstante, la Agencia Nacional de Minería podrá delimitar zonas de minería tradicional donde los pequeños mineros o barequeros serían amparados con una licencia de explotación debidamente refrendada por los Consejos Comunitarios.

De regreso a Guapi una patrulla de la Armada ordenó acercar para una requisa la panga en que viajábamos. Saludaron con amabilidad y pidieron la cédula a cada uno de los pasajeros. Apuntaron los números en un cuaderno, operación que duró media hora a pesar de que sólo íbamos cinco personas. Mientras tanto requisaron a un muchacho negro que llevaba un morral con herramientas. Lo esculcaron escrupulosamente y lo reseñaron. Al final nos preguntaron si habíamos probado los fríjoles paisas. Extrañados con el interrogante respondimos que no y como una norma de acercamiento a la comunidad, nos regalaron un enlatado, que sólo el minero que nos acompañaba abrió con una navaja y agradeció.

Yurumanguí*

En este país de contrastes basta desplazarse unas horas en cualquier dirección para encontrar lugares radicalmente distintos. Es el caso de Yurumanguí. Para llegar allí hay que navegar desde Timbiquí cinco horas por el mar Pacífico, por esteros y por el río Yurumanguí, claro y manso en verano, implacable en invierno. La Niña Elisa, con su pequeño motor, remontó con cuidado las aguas en medio de una selva cada vez más espesa. De tanto en tanto hay caseríos con nombres encantadores: El Firme, Barrancón, Veneral del Carmen, San Miguel. Todos construidos a orillas del río sobre troncos de palmamono y hechos de las mil maderas que bota el monte: sande, laurel, chachajo, chigualo.

Cuando el río crece, los negros sacan las trozas que han amarrado en los mansos y las llevan balseadas hasta los embarcaderos donde las recogen los barcos. No sacan muchas, apenas las que les permiten ganar unos pesos para comprar lo que no les da la tierra: aceite, sal, un pantalón para la Nochebuena, una enagua para la fiesta de San Antonio. Cosechan papachina, plátano, arroz, maíz y caña. Al llegar a San Antonio, una de las muchachas, que había cantado todo el viaje en la lancha, dijo para sí: “Ay, Dios, ¡cómo quiero mi pueblo!”

Es un caserío levantado sobre una laja larga de piedra al borde del río, donde viven 60 familias –Caicedo, Valencia, Mina– emparentadas entre sí y todas negras. No le temen a llamarse y ser llamados negros. Al contrario, son orgullosos de su raza y de su manera de vivir simple y, por simple, esencial. Nada les hace falta. Trabajan a su ritmo y se divierten el resto del tiempo, que es casi todo. Toman su biche o su guarapo, conversan a gritos, se quieren unos a otros y, a veces, pocas, pelean también a gritos sin hacerse daño. Tienen dos autoridades que todos respetan: una propia, llamada El Comité, y otra institucional, el Consejo Comunitario, elegidas en asambleas públicas. En la última reunión de las dos instancias aprobaron un mandato supremo: “No a la minería industrial, no a la coca, no a la palma”. El argumento es claro: “El progreso nos empobrece y nos destroza”. Y se apoyan en un hecho brutal: en 2001 llegó un comando paramilitar enviado por HH a El Firme a las 12 de la noche, hizo acostar en el suelo a 10 muchachos y mató siete a hachazos. Se salvaron tres, uno de los cuales me contó a tropezones la historia que todos saben y que asocian a la explotación de las riquezas por la gente que viene a salvarlos de la pobreza.

CAPÍTULO V
Suárez

Suárez, un municipio del departamento de Cauca, ha atraído la atención de inversionistas y gobiernos desde hace décadas. Primero, cuando se proyectó la hidroeléctrica de La Salvajina, a fines de los años 1970. Luego, cuando se anunció el desvío del río Ovejas, en 1991, y finalmente, cuando se divulgó el mapa geológico nacional que señala las concesiones que el Ejecutivo ha hecho a las empresas auríferas. Ha sido noticia también por dos hechos sangrientos: la masacre del Naya, en abril de 2001, y la muerte de Alfonso Cano, en noviembre de 2011. Es, pues, una región donde los conflictos sociales, y en particular el problema minero, no han sido resueltos.

Caña y paramilitarismo

Viajar de Cali a Suárez es recorrer al revés la historia económica del país: de la agroindustria del biodiesel y del azúcar refinada a la minería artesanal del oro, de la más moderna fábrica de alcohol carburante a la batea de madera y el almocafre de hierro. Cali limita por el oriente y por el sur con cultivos de caña de azúcar altamente tecnificados. La producción de azúcar es hoy el cultivo transitorio más desarrollado del país. La caña tiene una vieja historia en el Valle del Cauca. Comienza con la Conquista misma. Se dice que Sebastián de Belalcázar la sembró por primera vez en su estancia de Yumbo, pero su desarrollo posterior estuvo asociado a la explotación de minas de oro en el Pacífico: los esclavos necesitaban miel y guarapo, y los ganados, melaza.

La ganadería jugó también un destacado papel en la explotación aurífera, dado que el rendimiento del trabajo esclavo dependía de la alimentación y las carnes de res y de cerdo eran un factor decisivo. La Corona obtenía grandes beneficios rentísticos no sólo con la explotación minera, sino con el diezmo de la miel y el estanco de aguardientes. A raíz de la abolición de la esclavitud, en 1851, la minería decayó y las haciendas cañeras se dedicaron a la producción de aguardiente. Negros, indígenas y campesinos eran poblaciones que la Iglesia acostumbró a las fiestas, y los comerciantes, al alcohol, que –añadido a la pólvora– fue además un recurso logístico vital para potenciar la voluntad bélica de las tropas en las guerras civiles. El general Julián Trujillo, vencedor de los Chancos, tenía en las montañas de su hacienda Corinto un gran alambique con una sofisticada maquinaria.

Después de la guerra de los Mil Días se fundaron los primeros ingenios, que crecieron al ritmo de las formaciones urbanas. Con la producción de azúcar se fortalecieron la demanda de tierra y el desplazamiento forzado o voluntario de campesinos independientes, muchos de raza negra que trabajaban sus fincas en regiones como Candelaria y Santander de Quilichao. Candelaria fue, por ejemplo, un importante centro de cultivo de plátano y tabaco, pero, sobre todo, de cacao, hasta el punto de que sus cosechas fijaban los precios en el Valle. Emigdio Palau, a fines del siglo XIX , consideraba la región del norte de Cauca “privilegiada” en todo el Valle. Evaristo García agregaba que los negros de Candelaria eran campesinos tan prósperos, que ni los salarios más altos ofrecidos por los hacendados los podían conquistar para que dejaran sus parcelas. En la década de 1920 hubo una gran afluencia de capital estadounidense hacia el Valle del Cauca, inclusive en una proporción mayor que en otras zonas del país. El ferrocarril que unió Buenaventura con Cali y esta con Popayán se construyó en esos años y contribuyó a elevar el precio de las tierras.

El desplazamiento de campesinos fue brutal: entre 1912 y 1938 la fuerza laboral asalariada aumentó cinco veces. El control territorial fue la condición necesaria para la expansión de la industria azucarera y a la vez el generador de una masa de desposeídos dispuesta a vender su trabajo. La fuerte presión sobre las tierras condujo a la organización de ligas campesinas. El gobernador de Cauca solicitaba con ahínco la creación de un cuerpo especial de Policía que protegiera a los hacendados e impidiera el motín de los desarrapados en Cali y Popayán.

La crisis financiera de 1929 suspendió el flujo de capitales y la concentración de tierras. Pero una vez retomado el ritmo del desarrollo, el proceso se reinició con mayor fuerza. Las grandes haciendas ganaderas del Valle se transformaron poco a poco en ingenios azucareros. Haciendas como La Manuelita, en Palmira, crecieron con la adquisición de otras propiedades vecinas como las de El Cambio, El Rosario, Santa Gertrudis, San Rafael, El Real y El Medio. Las propiedades de Santiago Éder, cónsul de Estados Unidos en Palmira, y su familia se ensancharon desde esta ciudad hacia el norte y hacia el sur. El Ingenio Manuelita tenía 5.202 hectáreas en 1940, 7.933 en 1953 y 9.500 en 1960. De igual manera, la producción de azúcar en el Valle pasó de 14.000 toneladas en la década de 1920 a 30.000 en la de 1940; en la segunda posguerra mundial alcanzó 40.000 toneladas y en los años 1960 llegó a producir 140.000 toneladas.

El desarrollo de las empresas azucareras tuvo un doble efecto. De un lado, la economía campesina fue rodeada por los ingenios y poco a poco empujada hacia las cordilleras Central y Occidental, donde entró en conflicto con las tierras de los resguardos indígenas y de las comunidades negras. De otro lado, un sector importante de campesinos fue transformado en asalariados rurales. No tardaron en organizarse sindicalmente y crear la poderosa Federación Departamental del Trabajo, que hacia fines de los 1940 contó 140 sindicatos y más de 15.000 asociados. El cambio de tenencia de la tierra y de ocupación de la población se puede leer también en los cambios de lealtades partidistas. En las elecciones presidenciales de 1946, Jorge Eliécer Gaitán obtuvo 9.265 votos, mientras que sus contrapartes, Mariano Ospina Pérez, del Partido Conservador –que era mayoría–, y Gabriel Turbay, liberal oficialista, registraron 9.145 y 6.064 votos, respectivamente.

Los cambios sociales y políticos del Valle repercutieron en la economía regional del norte del departamento de Cauca. El régimen hacendatario se expandió con rapidez y violencia sobre unas 50.000 hectáreas habitadas y trabajadas por 10.000 familias campesinas, una comunidad que se venía formando desde la abolición de la esclavitud en 1851. Los esclavos se volvieron campesinos libres, llamados comuneros. La historia del conflicto en la zona puede ser ilustrada con el caso de la hacienda Tierradura, en el municipio de Guengue, perteneciente a la familia Éder. En 1947 tenía más de 3.000 plazas de tierra adquirida por medio de compra –eso decían las escrituras– a numerosos finqueros. En esa fecha estalló un conflicto entre la Compañía Agrícola Caucana de los Éder, los antiguos propietarios de los predios y los comuneros de Guengue. Para completar el cuadro, unas 400 familias de campesinos desplazados de la cordillera –especialmente de Trujillo– por la violencia invadieron la hacienda. Fue uno de los casos más sonados en la época, pero no el único.

La expansión de las economías cafeteras y azucareras disparó los conflictos agrarios, particularmente violentos en Cali, Palmira, Buga y Tuluá, que se sumaron a la inestabilidad creada por el 9 de abril. Frente al peligro del comunismo –tan de moda en la segunda posguerra–, los latifundistas, estimulados por la perspectiva de la economía cañera, pasaron a la contraofensiva y organizaron bandas armadas que asolaron la región a nombre de la civilización cristiana y de la propiedad privada. Fue la violencia en pleno. “Desde 1947 hasta 1958, bandas y cuadrillas operaban en toda la región, unas de delincuentes comunes, otras al servicio de uno u otro partido. Policía, Ejército, chulavitas y matones de los hacendados conservadores tenían sus bases en Caloto y Miranda. Con un marcado sentido racista atropellaban, espantaban a los comuneros negros, quemaban sus casas o los asesinaban. Otras cuadrillas eran la réplica espontánea, la autodefensa y la resistencia, sin dirección ni perspectivas claras; más que todo atacaban el ganado de los latifundistas. El gobernador de Cauca, Hernando Jaramillo, apeló al Ejército y a la Policía para restablecer el orden y frenar el “bandidaje negro nortecaucano”. En menos de 15 años acabaron con la totalidad de colonos invasores y con los comuneros negros” (Mateo Mina).

Como en los años 1920 y 1930, en los 1950 la concentración de tierras en el sur del Valle obligó a emigrar a las comunidades de negros, indígenas y pequeños propietarios. Los indígenas perdieron parte de sus tierras de resguardo y se concentraron en la Cordillera Central; los negros migraron hacia la zona minera de Suárez o se convirtieron en asalariados; los campesinos fueron expulsados hacia los pliegues montañosos de la cordillera, donde se creó un conflicto de tierras, tanto con indígenas como con negros, que hoy continúa vivo y agravado.

Desde las afueras de Jamundí –tierras tomadas por la cultura y el capital de la mafia–, la caña de azúcar es dueña y señora. Los pueblos son centros de vivienda de los trabajadores de los ingenios y de comerciantes que se benefician de la economía del azúcar, que desde hace una década experimenta grandes cambios. El primero, la producción de alcohol carburante, bioetanol. En 2001 se promulgó la Ley 693, que estableció que a partir de 2005, las ciudades con más de 500.000 habitantes debían utilizar gasolina con una mezcla del 7 % de bioetanol, y en 2018 el 10 %. En 2006, Manuelita comenzó a producir en Palmira 72 millones de litros. Si el porcentaje se aumentara al 50 % de mezcla, como hoy lo pide el gremio, la producción equivaldría a 5.000 millones de litros adicionales, lo que se traduciría en la ocupación de 750.000 hectáreas nuevas de caña. Es decir, para producir un litro de bioetanol se necesita un metro y medio de tierra en caña. Tanquear hoy un carro con 12 galones (60 litros) de gasolina significa 12 litros de bioetanol, o sea, tres hectáreas de tierra en caña de azúcar, y cada libra de azúcar necesita 17 libras de agua.

El segundo cambio importante es el de la posesión de la tierra. La concentración de la propiedad por parte de los ingenios debe ser muy alta. De hecho, es excepcional encontrar zonas donde no haya sido plantada caña. Los cinco grandes ingenios controlan, por medio de compra y arrendamiento, el 90 % de la tierra plana, donde trabajan por contrato cerca de 15.000 obreros, en su mayoría negros o mulatos. Todas las tierras en caña deben ser niveladas, regadas y preparadas para la mecanización.

Las carreteras entre Cali y Timba, Valle, son prácticamente vías azucareras. Las pavimentadas llegan hasta donde se extienden los cultivos de caña. No sólo se benefician los ingenios con esta red financiada enteramente con el presupuesto nacional, sino que reciben subsidios y gabelas tributarias extraordinarias.

Al pasar el río Claro, y en las estribaciones de la Cordillera Occidental, han sido establecidas, desde hace ya varios años, gigantescas plantaciones de pino y eucalipto pertenecientes a Cartón Colombia. Sobre el Cauca desde los años 1930 se fue creando un pequeño puerto: La Balsa. Desde 1688 fue una de las haciendas de la familia Arboleda, donde producían miel para sus minas de Timbiquí y el Naya.

En 1761, cerca de La Balsa, hubo una rebelión de negros esclavos que mataron al dueño de una mina y a su hijo. Justo en este paso del Cauca se estableció, en los años 1930, la Gold Dredging Limited, controlada por la International Mining Corporation, que, a su vez, era auspiciada por la South American Gold and Platinum Company. En los mismos años entró la Asnazú Golden Company, a la que se le otorgó la licencia de dragar el río Cauca desde La Balsa hasta Suárez y de explotar el oro de aluvión de sus vegas. La compañía abrió la carretera hasta sus campamentos, que dieron lugar al pueblito que hoy se conoce como Asnazú, nombre también del río. El carreteable fue llevado hasta Suárez, a donde llegó el presidente Marco Fidel Suárez a inaugurar la línea del ferrocarril entre Cali y Popayán en 1920. El punto, corregimiento de Buenos Aires, se convertiría en municipio en 1968.

El puente de La Balsa tiene además otra sangrienta historia: la del bloque paramilitar Calima. En 1999 Carlos Castaño envió medio centenar de paramilitares desde Urabá para fundar una fuerza en los alrededores de Tuluá y Buga, con tres objetivos: mantener el orden en la zona cañera; controlar el acceso al Pacífico por los ríos San Juan, Sipí, Garrapatas y Calima, en manos de Don Diego, y combatir a las FARC , que dominaban la zona sur desde el Cañón de Las Hermosas hasta las cuencas altas de los ríos Micay y Naya. Al comienzo la orden fue cumplida por el comandante Rafa Putumayo, que se haría célebre por la sangrienta masacre de El Tigre en el río Guamuez, Putumayo, en la que asesinaron a 28 personas. Unos meses después fue reemplazado por dos exoficiales del Ejército, y más tarde por HH. Así se crearon los bloques Calima –que dio lugar más tarde al Bloque Pacífico–, con mando desde el río San Juan hasta el Naya, y Farallones, con jurisdicción en la Cordillera Occidental, desde Jamundí, Valle, hasta Argelia, Cauca. A la hora de la desmovilización, en 2004, el Bloque Calima controlaba 26 de los 42 municipios del Valle.

En 2000 los paramilitares iniciaron sus incursiones en el sur. Llegaron a Timba y montaron sus bases en las haciendas Las Cañas, La Yolanda, Berenjenal y Corcovado, esta última de la familia Mosquera. Días después se tomaron el pueblo de Buenos Aires, asesinaron a cinco campesinos en la vereda de San Francisco e incursionaron en Santander de Quilichao, Miranda, Corinto. El puente La Balsa se convirtió en un matadero. Desde un pequeño trampolín sobre el río Cauca baleaban al acusado de pertenecer o bien a las FARC o bien a “bandas de bandidos”. Los cuerpos caían al agua. Fueron denunciados 168 cadáveres por la Defensa Civil, cuyo jefe terminó siendo un mando medio del Bloque Farallones, conocido como alias Cabezón. Sembrado el terror, golpearon de nuevo Santander de Quilichao y Villanueva. A fines de 2000 los paramilitares, al mando de alias Sancocho, se tomaron de nuevo Suárez, asesinaron a cuatro mineros y robaron en cuatro tiendas. Según testimonios, ingresaron por El Amparo, una base del Ejército destinada a proteger el embalse de La Salvajina. De allí se extendieron hacia el norte de Cauca, a Corinto y Miranda, y luego por la Cordillera Occidental hacia el Patía, Balboa, Argelia y El Plateado.

Esclavos y concesiones

La explotación de oro en Popayán fue una de las más prósperas de la Nueva Granada a comienzos de la Colonia. Dentro de las minas del distrito del alto Cauca sobresalieron, desde mediados del siglo XVI , las llamadas Minas de Adentro –La Teta, Jelima y Ovejas–. Fue una región rica en areniscas auríferas y, por tanto, la gran mayoría de placeres eran de aluvión. Al comienzo los españoles utilizaron mano de obra indígena –indios mitayos– porque era una población abundante y conocía algunas técnicas de laboreo de oro. Pero las rebeliones indígenas fueron permanentes y obligaron a importar esclavos, sobre todo de Senegal, Guinea y Angola. De ahí que hoy los apellidos de la mayoría de la población de Suárez y de toda la región de La Salvajina sean Lucumí, Congo, Mandinga, Chocó, Carabalí, Mira y Arará, que hacen referencia, sin duda, a sus regiones de origen africano.

La población nativa disminuyó rápidamente y pasó de 12.000 indios en 1540, a 4.500 en 1582. Hacia 1640 había en las llamadas Minas de Adentro –hoy Buenos Aires, Suárez y Morales– 1.200 negros esclavos. Las técnicas para la extracción del oro fueron en esa época prácticamente las mismas que se usan hoy día y que consisten en lavar el mineral con agua en canelones y bateas hasta separarlo de la arena.

Las minas eran propiedad de la Corona, que las daba en concesión a familias adineradas, muchas de comerciantes que podían comprar esclavos y sostenerlos con el producto de sus haciendas de ganado y caña panelera. Estas haciendas también tenían mano de obra esclava e, inclusive, dada la resistencia indígena, llegaban a usar hasta una tercera parte de negros en el trabajo agropecuario. Para aliviar los costos de mantenimiento, los dueños permitían a sus esclavos trabajar la tierra, no muy lejos de la mina, y producir plátano y maíz. De modo que todo “negro de aluvión” –anota Robert West, autorizado investigador norteamericano autor de La Minería en Colombia ”– era también agricultor, condición que se fortaleció después de la abolición de la esclavitud y en los períodos entre una guerra civil y otra.

La historia de la explotación de oro de Suárez tiene un muy largo vacío que ni los investigadores de la Universidad de los Andes, cuyos estudios son habitualmente profundos, han podido llenar. En Historia doble del Cauca , de Andrea Catalina Buenaventura y Daniela Trujillo, se dice que las minas de Jelima, Portugalete, Honduras y Pandiguandó fueron explotadas desde 1636 con esclavos y que pertenecían a la Compañía de Jesús. Desde la Independencia figuraron a nombre de la familia Concha, de Popayán. A raíz de la abolición de la esclavitud en 1851, los esclavos libertos negociaron las minas de Cerro Teta, Asguazú y La Toma por $314.000. El vacío historiográfico va de esta fecha hasta bien entrado el siglo XX .

Después de 1935, el río Cauca, aguas arriba del puente La Balsa, fue explotado por la Asnazú Gold Dredging Co., afiliada a la Nechí Consolidated. Las citadas autoras y algunos mineros y dirigentes comunales afirman: “Esta compañía durante al menos 35 años logró sacar unas 2.400 toneladas de oro del municipio”. Es decir, unas 68 toneladas al año. Si Colombia hoy produce unas 50 toneladas al año, la cifra para una sola mina parece, por lo menos, mal contada. De todos modos, nunca una compañía minera declara lo que en realidad saca.

Por los mismos años 1930 llegaron a explotar el oro los hermanos Visoo González, norteamericanos que antes de la construcción del ferrocarril obtuvieron la licencia de una extensa zona comprendida entre las quebradas de San Miguel y Mindalá, que es prácticamente el área del embalse hoy. Los terrenos por donde iba a pasar el ferrocarril fueron negociados con el Gobierno a cambio de la extracción de madera en la zona. Esa concesión permitió a los Visoo, de manera ilegal, arrendar tierras a colonos durante varios años. Tierras que, por supuesto, eran auríferas. Los Visoo construyeron un campamento de obreros en Suárez, por lo cual es de suponer que fueron explotadores directos de algunos yacimientos. En el año 1932 le vendieron sus derechos a Garcés Giraldo, acaudalado empresario del Valle y dueño de la hacienda Portugalete. En 1950, Garcés Giraldo vendió sus propiedades al Gobierno y este las repartió a pobladores, lo que permitió la ampliación de la Estación de Suárez y de hecho la formación del pueblo. Con los trabajos de la compañía Asnazú, la estación se convirtió en un centro de tiendas, bares y prostíbulos. En 1979 se inició la ampliación y el mejoramiento de la trocha construida desde Timba por la compañía minera con el fin de iniciar la obra de La Salvajina.

Mineros, campesinos, pescadores

Durante los años 1920 la generación de energía eléctrica fue en EE.UU. un negocio privado sobre el cual los usuarios tenían muchas quejas. Con la Gran Depresión, las críticas aumentaron, al punto de que el presidente Franklin D. Roosevelt creó, en 1933, Tennessee Valley Authority Act., una entidad pública encargada de producir electricidad y de regular las aguas del río Tennessee, que fertiliza siete estados del centro del país. Su primer gerente fue David E. Lilienthal, que sorteó con habilidad la oposición de los agricultores afectados por la construcción de los embalses y las hidroeléctricas. El costo de la energía eléctrica bajó y desplazó, por lo menos del medio oeste norteamericano, las compañías privadas. Al mismo tiempo el sistema de riego del Valle aumentó las cosechas, diversificó los cultivos y rebajó los precios de los alimentos.

Cuando en el Valle del Cauca comenzaron a prosperar los modernos cultivos de caña de azúcar, el programa de Lilienthal se volvió un ejemplo. En 1945 se iniciaron los primeros estudios para aumentar la producción de electricidad y regular las aguas del río Cauca, apoyados por el Banco Mundial y por un grupo de dirigentes vallecaucanos entre los que estaban José Castro Borrero, Ciro Molina Garcés, Manuel Carvajal Sinisterra y Harold Éder. El estudio recomendó para su construcción la cuenca alta del río Cauca y específicamente un lugar llamado La Peña, donde las montañas formaban un estrecho que obligaba a las aguas a encajonarse. La perspectiva era clara. Se creó entonces, en 1954, durante el mandato de Rojas Pinilla, la Corporación del Valle del Cauca (CVC). Su primer director fue Bernardo Garcés, años después ministro de Obras Públicas de Carlos Lleras Restrepo, a quien sucedió Harold Éder, fundador y gerente del ingenio Manuelita y uno de los primeros secuestrados por las FARC .

El embalse de La Salvajina fue financiado por Overseas Economic Corporation Fund., de Japón; el Exin Bank, también japonés; la Girocentrale, de Australia, y el Banco Interamericano de Desarrollo. La obra fue construida por las empresas Dragados y Construcciones (Dycom) de España y Construcciones Civiles (Conciviles) de Colombia, entre 1977 –con la llegada de la maquinaria– y 1985, fecha de inauguración de la obra.

La construcción de los campamentos entusiasmó a gran parte de la población, en particular a los comerciantes. La CVC había realizado una inteligente difusión publicitaria del proyecto resaltando la creación de empleo y el futuro turístico que esperaba a la región. Unos pocos vieron con claridad la amenaza que se cernía sobre Suárez, Buenos Aires y Morales. Se sabía que el embalse tendría una longitud de 35 kilómetros y, por tanto, que una considerable cantidad de fincas y de sitios de mina quedarían cubiertos por las aguas o declarados zonas de protección ambiental. En realidad se congelaban los terrenos entre las cotas 1.100 y 2.000. La Nación gozaba de pleno derecho a la compra de todos los predios necesarios para la obra principal tanto como para las complementarias. El trabajo central fue, en un comienzo, construcción de vías, túneles y botaderos de material, lo que para la gente de la región significaba movimiento de tierra, una tierra que, se sabía por tradición y por cateos permanentes, era muy rica en oro.

Como se dijo, los mineros de aluvión, e incluso los que trabajan en brechas y socavones, son tradicionalmente también agricultores, aserradores, balseros y pescadores. La economía local era un complejo de ramas que se complementaban, apoyaban y creaban una estructura muy sólida y, como se dice ahora, sostenible. Los agricultores cultivaban para vender café, maíz y plátano y para comer todas las variedades de clima medio: yuca, fríjol, frutas. No pocos tenían ganado, cerdos y gallinas. En pocas palabras, una economía campesina.

El oro se extraía en placeres de aluvión –oro suelto– o en socavones, tanto horizontales como verticales. De las orillas de ríos y quebradas y de los huecos obtienen lo que llaman “material” o arenas auríferas de diferentes colores, que van del rojizo al azulado y al verdoso. Algunos sostienen que el color de la pinta define la cantidad de oro. Otros lo niegan. El oro crea fantasías y mitos que pocos se atreven a poner en duda. El material se lava en bateas o bandejas cóncavas que permiten separar, por mera acción mecánica, el oro de la arena. Aseguran que no usan mercurio o arsénico para ligar el oro, es decir, para compactarlo, pero creo que siendo una técnica tan rentable, un gran porcentaje de mineros la utiliza. Para romper la piedra necesitan dinamita, que compran al Ejército o en el mercado negro. Es una forma del Gobierno de arrinconar a los pequeños mineros.

Según diversos testimonios, un minero –o mejor, una cuadrilla porque el trabajo es colectivo– puede obtener en promedio un gramo diario de oro, que a precios de compra hoy significa entre $1.500.000 y $2.000.000 mensuales. Un cálculo simple y burdo porque todo depende de la suerte y del grado de codicia de la cuadrilla. La codicia es enemiga del metal, dicen. Los miembros de una cuadrilla son todos, sin excepción, familiares cercanos y, en general, poseen sus terrenos bien delimitados. Sostienen que la naturaleza de la mujer la hace minera y la del hombre, agricultor. Pero hay familias mineras como los Carabalí y hay agricultoras como los Balanta y, para completar, los Lucumí son cazadores. En general los apellidos no se mezclaban antes y cada familia, como era extensa, trataba de mantenerse fiel a su sangre, lo que sin duda es un rasgo de carácter tribal que contribuye a los lazos de cooperación entre núcleos familiares. Hoy la mezcla de sangres es bien vista y se traduce en ampliación y fortalecimiento de los vínculos solidarios.

Las familias tienen características propias, bailan salsa de manera diferente y la fiesta de la Fuga, con violines caucanos, tiene un sello familiar propio. Los conflictos entre familias, bien por un corte, un matrimonio, una deuda, son resueltos rápidamente para evitar que “se enconen”. En principio se tratan de resolver entre los afectados con alguna participación de los adultos; si este mecanismo falla, intervienen los “mayores”, cuya palabra es acatada unánimemente. Sólo en casos de homicidio u otro delito de sangre, la comunidad apela a la justicia blanca u ordinaria.

Los derechos sobre la tierra implican por tradición los de la mina, es decir, los del subsuelo. Para los negros, la diferencia entre suelo y subsuelo no tiene validez alguna. Y no la puede tener viviendo, como viven, de la minería. El fundamento económico de las comunidades negras que han explotado por siglos el subsuelo se estrella contra el principio de propiedad de la Nación, establecido por la Constitución de 1991. En cierta medida tienen el mismo derecho consuetudinario que les es reconocido a los propietarios de títulos reales. Más aún, desconocerles a las comunidades negras el fundamento de su economía es condenarlas a la desaparición como cultura y, sin duda, como etnia.

La forma complementaria a la minería ha sido la economía campesina. Los negros son de hecho también campesinos y, como tales, poseen una cultura que se afinca en un territorio y en una autoridad. Desde la esclavitud, la pequeña parcela de pancoger contribuía a la alimentación de los trabajadores de las minas, lo que equivale a decir que con su trabajo ayudaban a rebajar los costos de su mano de obra. En los años 1930 se cosechó café para el comercio. Las fincas cafeteras prosperaron al punto de que la Federación Nacional de Cafeteros aportó para la construcción de las carreteras a Morales y Betulia. También el cacao y la panela han sido comercializados.

En la época de la prosperidad cocalera, se sembró coca en zonas de fácil acceso donde la Policía nunca fumigó por ser cercanas al embalse. Los cultivos de los mineros son la base que permite la explotación del oro. Por eso, los campesinos que tuvieron que vender sus parcelas para hacer el embalse protestaron en 1985 y organizaron un paro cívico que paralizó la región. Lo contrario también es cierto: si la minería de batea y almocafre se termina, la economía campesina se derrumba. Es lo que todos temen.

El río no era sólo agua que servía para lavar el oro, ni sólo una vía de transporte, sino un criadero permanente de peces que aseguraba la alimentación y permitía conseguir unos pesos más. Había, claro está, pescadores dedicados exclusivamente a su comercialización. Pero la gran mayoría de la gente pescaba para comer. Los ríos de la zona son muy ricos en bagres, bocachicos, jetudos, barbudos, güilos, tusos, picudos y sardinas. La pesca se hacía con atarraya y con anzuelo, pero sobre todo con barbacoas, una especie de plataformas hechas con cañabrava, puestas en lugares corrientosos por donde los peces se ven obligados a pasar. La corriente los empuja a la plataforma y los animales quedan fuera del agua, donde mueren por asfixia.

Los campesinos-mineros-pescadores se apoyaban en actividades suplementarias: venta de materiales para construcción, en particular guadua y arena. A orillas del río Cauca la guadua se da en abundancia y el río arrastra arena por su cauce. La madera es demandada para apuntalar las formaletas de cemento de los entrepisos y para la construcción de cielos rasos. El corte tiene su fórmula: sólo en menguante y mejor en verano. Por el río bajaban “trenes” de varas amarradas que parecían balsas y muchas veces servían para llevar arena aguas abajo, donde los depósitos de materiales salían al borde del río a comprarla. En realidad eran tres actividades: el corte y la venta de guadua, e inclusive de otras maderas; la arena, que podía ser también “material” lavado al que ya se le hubiera sacado el oro, y, por fin, el transporte por el río.

Es muy difícil cuantificar los ingresos que la agricultura, la pesca, la guadua, la madera aportan a la economía campesina, que se distingue precisamente por combinar de una manera eficaz y –agregaría– sabia los recursos naturales a su disposición. Ninguna mala cosecha arruina a un campesino; deprimen su economía y hasta golpean su dieta, pero todas sus actividades se complementan y apoyan, razón por la cual la construcción del embalse y su funcionamiento amenazaron a la población de Suárez en su conjunto.

La función que cumplieron los departamentos de relaciones humanas y publicidad permitió debilitar la reacción de la gente esperanzada en el empleo, el mejoramiento de vías, la compra de tierras a buen precio, y engatusada con la perspectiva de hacer de la región un sitio turístico de importancia nacional.

La construcción comenzó con el movimiento de tierras y terminó con un movimiento social opuesto a la obra, ya tarde, en 1985, cuando se cortaron las cintas de inauguración. La construcción de vías, eje de presa, túneles, ataguía del desvío del Cauca abrió la posibilidad física de que millones de toneladas de material aurífero fueran removidas y miles de mineros se lanzaran a lavarlas, con peligro para sus vidas, es cierto, pero con un gran provecho para las empresas, en la medida en que entretuvieron a la gente con el espejismo de hacer fortuna con el oro y así impidieron una reacción masiva contra el proyecto.

La Salvajina: un ejemplo de desarrollo

La construcción de la hidroeléctrica de La Salvajina comenzó en 1981 y se inauguró en 1985. Es una presa de 148 m. de altura y 4.125.260 m³ de agua, dos túneles, un rebosadero, una casa de máquinas con tres turbinas –cada una genera 90.000 kw/hora–. Se conecta con el sistema eléctrico nacional por línea de transmisión de 50 km de longitud. La producción de energía sobrepasa hoy los 270.000 kw.

Los trabajos se iniciaron en noviembre de 1977 y cuatro años después entró la maquinaria pesada: grúas, cargadores, carros de mantenimiento, topos, compactadoras de vibración, buldóceres, volquetas. Al mismo tiempo la CVC inició la compra de fincas y mejoras, la mayoría de las cuales carecían de títulos de propiedad registrados. En el área inundada había, en 1980, 613 parcelas, fincas de entre cinco y 50 hectáreas. La gran mayoría de agricultores no estuvo de acuerdo con el negocio propuesto por el mayor Caicedo, retirado del Ejército, a nombre de la CVC. Muchas compras fueron hechas bajo la inminencia de la apertura de una vía, de un túnel, de una obra complementaria. Fincas con café, plátano, yuca, caña y frutales, avaluadas comercialmente en $300.000 por hectárea en la época, fueron pagadas a $40.000. Si no se llegaba a un acuerdo pronto, la construcción de la carretera presionaba la venta.

Los sitios o minas no tienen precio para sus dueños tradicionales porque no se puede saber cuánto oro esconden; la compañía pagaba la mina sobre la base de la superficie que ocupara el terreno, pero no se pagaba lo que había adentro. El negocio de la compra de tierras, hecho a las buenas, y sobre todo a las malas, creó un resentimiento que no se ha borrado.

Un trecho del poderoso río Cauca quedó seco el 15 de julio de 1982, al ser desviado para construir el eje de presa y la casa de máquinas, obras principales. La entrada a particulares fue totalmente prohibida en la zona de obras, prohibición que se ejerció por medio de compañías privadas de seguridad y de la fuerza pública, sobre todo del Ejército.

La gente sabía por tradición que los lechos de los ríos y las quebradas son más ricos que las orillas porque el oro pesa más que la arena y se va al fondo. Por tanto, al secar el río, y pese a la brutal represión de la fuerza pública, la población se metió con almocafres, bateas, picas, palas y sobre todo con la seguridad de rescatar un oro que consideraban su patrimonio. El conflicto quedó casado. Las empresas alegaban el peligro de los derrumbes y la posibilidad de accidentes fatales. La gente reclamaba sus derechos de origen.

Del cauce seco del río Cauca se logró sacar, en los primeros cateos, hasta 15 gramos diarios por persona, una cantidad extraordinaria. Un dirigente cuenta ante la evidencia: “El pueblo entero se lanzó al rescate de un tesoro que muy pronto quedaría bajo las aguas. La multitud se creció y nos ubicamos todos a lo largo y ancho del río seco, unas 8.000 personas esquivando volquetas, buldóceres, retroexcavadoras. En algunos sitios hubo hasta 1.500 mineros trabajando afanosamente”. El lecho seco y los botaderos de tierra, aguas abajo del futuro eje de presa, fueron zonas donde la gente, que era nativa no sólo de Suárez sino de toda la región –Morales, Buenos Aires, La Balsa, Santander de Quilichao, Mondomo, Timba, Piendamó, Jamundí– se concentró a lavar la tierra. En un solo sitio, llamado La Machaca, cerca de la desembocadura del río Ovejas, se reunieron más de 5.000 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Suárez se convirtió en el centro de una actividad minera y comercial desenfrenada.

Soldados del Batallón de Infantería No. 8 Pichincha fueron los encargados de vigilar toda la zona. El Ejército sacaba a la gente, y más tardaba en hacerlo que ella en meterse en otro lugar. Fue toda una jugarreta de gato y ratón; en el sitio donde se construía la ataguía para desviar el río hubo enfrentamientos graves y la fuerza pública disparó al aire y lanzó gases lacrimógenos para dispersar la “multitud”. En la zona donde se construía la casa de máquinas, el problema fue mayor porque las excavaciones fueron más profundas y la tierra sacada más rica en oro. Los enfrentamientos con los militares fueron más fuertes y peligrosos. No pocas veces se llevaron presos a los trabajadores con herramientas y con el oro conseguido. Las amenazas de judicializarlos fueron permanentes; no faltaron estafas y robos. El enfrentamiento entre el pueblo –todo el pueblo– de un lado, y las empresas y el Gobierno del otro, amenazó con volverse sangriento.

Intervinieron el cura, las autoridades locales y la Cooperativa Integral de Mineros para encontrar una solución: la extracción del oro de la arena depositada por la constructora en un sitio determinado, a cambio del compromiso por parte de la gente de no meterse en zonas prohibidas. Fue un acuerdo cumplido por poco tiempo y no en todas partes. Los mineros que se veían amenazados por la exclusión y el desplazamiento no se conformaron con el trato y volvieron a meterse a los lugares de obra sin concesiones ni limitaciones. Cada volquetada de mineral que la empresa depositaba en el botadero duraba cinco minutos, como sucedió a orillas de la quebrada de San Lorenzo.

El Gobierno apuntaba a que la gente se atropellara una con otra, como ocurrió, y que terminaran por matarse entre sí. No fue así, pero sí hubo varias situaciones peligrosas: amagos de peleas entre los nativos de Suárez y los llegados de otros municipios, e inclusive de otros departamentos como Chocó y Antioquia. No estaban dispuestos a cambiar el presente que brillaba a sus ojos por un futuro opaco. Hubo otro grave enfrentamiento con ocasión de la excavación de la casa de máquinas. La compañía constructora, con apoyo del Ejército, canceló la circulación por los alrededores, que era por donde pasaban los caminos de Suárez hacia las veredas del oriente donde se cultivaba café. La prohibición coincidió con la cosecha, y la protesta campesina y minera terminó en un bloqueo total de las carreteras de Suárez hacia Morales y hacia Asnazú.

Poco a poco, sin embargo, los mineros descubrieron otra veta, la ambición de los soldados. Se llegó a un acuerdo con sargentos y cabos: darles participación del oro que se sacara. El trato se conoció como el “2 x 1”: De cada tres bateadas, dos eran para el minero y una para los soldados. El problema fue que los militares no sabían lavar el material y terminaron pagándoles a los mineros una parte de lo que les correspondía. Así, unos miraban atentamente lo que otros trabajaban y desde lejos se veían la paz y el orden. El mismo sistema de participación se hizo con los trabajadores de la empresa. De suerte que pronto, todos a una, se fueron resolviendo los problemas.

La tierra era muy rica en oro; hubo bateas con 30 gramos por lavada. La presión de la gente contra la obra y a favor del aprovechamiento de ella fue una contradicción de la que no se salió hasta cuando se inauguró el embalse, las obras terminaron y con ello la facilidad de lavar la tierra removida quedó cancelada para siempre. O por lo menos hasta que el Gobierno permitiera a una compañía multinacional sacar el oro que había quedado sumergido por el embalse. La riqueza era tanta, que cada trabajador obtenía en promedio entre 11 y 12 gramos de oro y había en 1982 más de 10.000 personas, lo que podría significar cada día unos 100.000 gramos, unos 250 kilos, de oro de 20 quilates.

Suárez fue sin duda en aquellos días un milagro. El pueblo creció al mismo ritmo. Llegaron de todo el país, pero sobre todo de Antioquia, comerciantes y compradores de oro. Hubo semanas en que en promedio un minero sacaba 100 gramos. Un solo comprador llegó a comprar 4.000 gramos semanales. En 1950 había un comprador solitario, en 1982 eran 53. La calle del pecado se convirtió en la calle del oro. El comercio normal creció en 150 % en pocos meses. Se construían casas y se levantaban tenderetes en todo Suárez. El aguardiente corría por las calles. La inflación se disparó en 500 %. Era la bonanza. Miles de cachivacheros inundaron las calles; debajo de los samanes de la plaza se reunían 2.000 personas a comprar y vender “televisores, equipos de sonido, armarios, camas, tocadores, lociones, zapatos, ropa, sombreros, vajillas, herramientas, purgantes…: el espejismo del consumo”.

La bonanza fue tan grande como dañina para la economía campesina: lo que antes se producía en la región, ahora se traía de afuera. Era más rentable, mucho más rentable dedicarse a trabajar en los botaderos que cultivar café, “sus productores en general se dedicaron a la mina y descuidaron por completo los cultivos, la siembra de plátano, yuca, arracacha, fríjol y demás productos, incluidos (en las zonas altas) papa, repollo y remolacha. Los precios se multiplicaron por cinco.

El pueblo se llenó de bares “dotados de lindas mujeres” y, cómo no, de vendedores de bazuco, marihuana y cocaína. “En estos días comprendidos entre abril de 1982 y mediados de 1984, todos gozamos de una gran vendimia de oro, nos servimos al máximo, aunque el desperdicio fue total por la forma de trabajar, pero nos dejó un sabor agradable en muchos hogares”. En 1984 todo fue volviendo a la normalidad. El 21 de enero de 1985 comenzó el llenado del vaso, la inundación de las tierras y minas campesinas, de sus lugares de pesca, de sus caminos, la destrucción de sus tierras. La “era del kilo” de oro había terminado, se volvió a la “era del gramo”. En 1997 sólo quedaba en Suárez una docena de mineros. Al comenzar el llenado el agua se encontraba a la cota 1.041; en una semana había subido hasta la 1.080; seis meses después, el agua llegó a la 1.149.

Los mineros calculan que con la construcción de la obra quedó sepultado el 80 % del oro de Suárez. La crisis económica de los campesinos ha derivado en una economía devastadora: “Entre 1987 y 1992 el área cubierta de bosque en la cuenca se redujo del 14,1 % al 7,2 %. En la zona de influencia del embalse de La Salvajina el consumo de leña para actividades varias es de 28.800 m³ por año. De las 197.600 hectáreas del área de influencia directa del embalse de La Salvajina, 13.400 tienen suelos con erosión de tipo moderado a severo y 2.297 tienen erosión severa a muy severa. Esta situación se ha agudizado por la utilización de actividades agrícolas no sostenibles que han aumentado la sedimentación del embalse hasta niveles de 1.400.000 toneladas por año”, según el Plan de Acción Ambiental. Departamento del Cauca. Popayán. 1998.

A cambio de todos los daños ambientales, sociales y culturales, “ya no se volverían a observar crecientes enormes… ni tampoco la disminución de su caudal”. Los grandes ingenios del Valle habían ganado la partida. La Salvajina está hoy en manos de empresas multinacionales.

Desviación del Ovejas

La riqueza aurífera de la construcción de La Salvajina indujo a la búsqueda de zonas de minería tradicional en la región, que se encontraron fácilmente en uno de los tributarios del Cauca, aguas abajo de la hidroeléctrica. Así, en 1994 entraron a la cuenca baja del río Ovejas 16 retroexcavadoras y crearon un clima de zozobra y violencia desconocido en la zona. Al año siguiente la Empresa de Energía del Pacífico S. A. (EPSA) mostró el proyecto Desviación del río Ovejas al Embalse de Salvajina (DROES) para aumentar el nivel del embalse y la generación eléctrica en vista del gran negocio que es la venta de fluido eléctrico. El proyecto contemplaba –y contempla– “la realización de un conjunto de obras civiles, incluidos una presa derivadora, un túnel de desvío para la construcción, otro de conducción, ataguías, vías de acceso, zonas de préstamo y botaderos, además de obras de infraestructura como campamentos”. En otras palabras, repetir la historia trágica de La Salvajina.

Las comunidades se opusieron rotundamente al proyecto y el Gobierno optó por realizar una consulta previa que concluyó con la necesidad de hacer un estudio. Los resultados fueron muy negativos. La disminución en 90 % de las aguas del río significaría erosión de las márgenes; contaminación de aguas por efecto de la minería; pérdida de bosques; desaparición de fauna; aparición de plagas; descomposición de la familia; inseguridad social; aumento de la presencia de guerrilla, paramilitares y fuerza pública; liquidación del mazamorreo, y entrada de capital foráneo. Es decir, las siete plagas de Egipto juntas.

Conocido el estudio, la comunidad rechazó el proyecto por considerar que “…hay un desequilibrio entre los impactos negativos del proyecto, que son demasiados, y los positivos, que se reducen únicamente al incremento del uso del agua de la generación eléctrica, valorización de predios en el área del proyecto, generación de recursos económicos para las comunidades y para la Corporación Regional del Cauca (CRC), cambios de uso del suelo de lo agrícola a la protección, generación de empleo durante la operación, incremento de peces de aguas lénticas. Impactos que consideramos favorables sólo para el proyecto, pero no para nuestras comunidades…” Por ello las comunidades resolvieron “…por mayoría, objetar y oponernos a la realización del proyecto de desviación del río Ovejas al embalse de La Salvajina” (Estudio sobre Políticas Agroambientales en Colombia)

Por poco tiempo: en 2004, Uribe lo desempolvó y las comunidades volvieron a oponerse. No obstante, el proyecto está vivo, dicen los mineros que continúan barequeando como hace cinco siglos. La cuenca baja del Ovejas está dentro del área de concesión de 50.000 hectáreas solicitada por la Kedahda S. A., filial de la multinacional Anglo Gold Ashanti. El Gobierno ha otorgado 33 títulos mineros en los municipios de Suárez y Buenos Aires.

Con un viejo minero de Suárez fui a conocer el río Ovejas. Del pueblo se toma una pequeña carretera que lleva a La Toma y otras minas. Pasando el Cauca y subiendo la loma se ven cientos de mineros doblados por la cintura lavando arenas auríferas que sacan del río. En los veranos el mazamorreo aumenta. La mayoría son mujeres que trabajan mientras sus críos corretean por las playas. Son tantos, que los lleva hasta sus sitios un camión por la mañana y los recoge por la tarde, cada uno con su suerte en una botella. En la casa terminan de lavar el metal, quizás algunos lo hacen con mercurio o con cianuro y otros de la manera acostumbrada. En general, el oro está mezclado con jagua y los viejos separaban uno de la otra escupiendo en las bateas porque el ácido de la saliva hacía el divorcio. Como en los cuadros del siglo XVIII , las mujeres usan turbantes para protegerse del sol. Los hombres, y sobre todo los jóvenes, han cambiado los sombreros de paja por cachuchas de beisbolista. Todos trabajan con bateas labradas con hacha sobre maderas duras y resistentes, pues también se usan como palas para remover la tierra.

Más arriba, los trabajos se hacen de dos maneras: cavando socavones o por medio de canalones. Los primeros pueden ser horizontales o verticales, depende por dónde vaya la cinta de oro o venero. La tierra, que es una arena o arcilla pedregosa, se amontona fuera de la boca una vez lavada. Algunos socavones son apuntalados con madera para evitar accidentes, que no son pocos, pero al ser un trabajo costoso y exigente, la mayoría de túneles carece de protección. Los huecos no tienen ninguna. Los trabajadores bajan hasta el fondo y sacan la tierra con malacates, sistemas de poleas muy elementales. Tanto en túneles como en huecos los niños son los trabajadores principales por su estatura y su resistencia.

En las orillas del río se trabaja con canalones, que son canales de madera en cuyo fondo hay trinches de metal o mallas de ojo grande, que están puestos sobre paños. La tierra es aflojada con picas y palas y luego es botada en una pequeña tolva donde comienza a ser lavada con agua traída por gravedad del mismo río o de estanques construidos más arriba. En el canelón corren tierra y oro. El metal, por ser más pesado, queda atrapado en las rejillas de la malla y adherido al paño. Para sacar la tierra de los barrancos, cada vez más alejados del río, se usan carretillas. El verdadero problema está en remover las rocas grandes. Unas son rotas con dinamita, un explosivo que el Ejército controla con severidad y que da lugar al contrabando, del cual los militares no son ajenos. El otro sistema es más primitivo. Consiste en un tronco fuerte puesto en un agujero cómodo para poder rotarlo. La rotación permite que una soga se envuelva en el palo y jale la roca a la que está atado. El tronco se mueve sobre su eje porque en la otra punta hay una viga que los trabajadores empujan en el sentido del reloj. El sistema se conoce como el ‘bobo’. Frente a los canelones o trabajaderos hay siempre una barbacoa que permite pescar mientras se trabaja.

Las grandes dificultades para la explotación aurífera con estos sistemas son a la vez sus virtudes. Los negros consideran que Dios les dio las minas por el sufrimiento de sus abuelos al ser esclavizados. La mina es una gran teta de la que han vivido desde la abolición de la esclavitud. Sacan lo que logran a fuerza porque saben que a quien codicia el oro, el metal se le esconde o se le pierde. Pero fundamentalmente su explotación a pequeña escala es la garantía de supervivencia de su gente, de su raza, de su cultura. Por esa razón están dispuestos a dar la vida. Así fue cuando entraron las retroexcavadoras a trabajar en las playas y los barrancos del Ovejas: una docena de máquinas que sacaban en cada palada lo que un minero saca en un mes de trabajo. La mayoría de las máquinas eran de propiedad de miembros de los carteles de narcotraficantes del Valle, y unas pocas de mineros profesionales –e ilegales también– de Antioquia.

La comunidad vio con terror la entrada de las retroexcavadoras porque llegaron acompañadas de hombres armados. Nadie osó oponer resistencia contra semejante poder, máxime porque estaba respaldado por la fuerza pública. Dos o tres asesinatos y las comunidades callaron. Las masacres del Naya (ver aquí ) provocaron una ola de pavor que obligó a muchas familias a refugiarse en los barrios de Cali, principalmente en Aguablanca, donde se dice que el 15 % de los pobladores es de la región de Suárez y Buenos Aires. La seguridad del negocio estuvo a cargo del tristemente célebre HH y del no menos recordado con horror alias Político. Una delegación de mineros se vio obligada a buscar a los comandantes paramilitares para intentar un arreglo. El verdadero jefe era Macaco, quien después de oírlos, les contestó: “Lo que yo quiero es el oro. Búsquense otro oficio”. Con la desmovilización de los paramilitares en 2004, los mineros regresaron a sus trabajaderos sólo para ser informados de que el Gobierno había concedido títulos a Héctor de Jesús Sarria en las cercanas minas de La Toma.

Llegan los paisas

Hasta el día en que llegó gente del municipio Don Matías, Antioquia, los negros de La Toma, uno de los sitios de mina más renombrados en Suárez por la calidad del oro, poco habían tratado con blancos. Aparecían compradores de oro o comerciantes, pero ambos tenían que ver con el mercado y no con la tierra porque los “paisas”, como se les conoce, llegaron hacia 1960 a comprar fincas. Los negros les permitieron acomodarse y negociar algunas pequeñas para criar unas reses. Al cabo de unos meses, los paisas, que por lo demás siguieron llegando, reclamaban más tierra de la que habían pagado. Las discusiones sobre linderos pasaron de los diálogos a los gritos y terminaron en hechos: los negros tumbaban las cercas con que los paisas ampliaban sus fincas y en el día los recién llegados volvían a pararlas. Los negros llamaron a las autoridades y vinieron solícitas a pedirles (a los negros) los títulos. Nadie pudo mostrarlos. No existían. Nunca tuvieron títulos sobre las tierras que habían trabajado sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos, junto con las minas; no podían existir. El título que tenían era el de su trabajo sobre entables y barbechos.

Algún viejo recordó que si hubieran tenido títulos, tampoco los tendrían porque el 9 de abril de 1948, un grupo de campesinos-mineros, en protesta por el asesinato de Gaitán, en Buenos Aires se había tomado el estanco de aguardiente y, “entonados”, habían incendiado la notaría, uno de los tres establecimientos oficiales que había en el pueblo. El Ejército persiguió a los nueveabrileños que se “empalencaron” –es decir, se fugaron y se organizaron en palenque– en Buenavista, Aguas Blancas, Las Brisas, donde lo habían hecho en la época de la esclavitud.

Hoy la “entrada”, como decían los cronistas de Indias, es llamada por los mineros de la Toma, “invasión”. No obstante, los campesinos opusieron resistencia y fueron apoyados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC ), organización creada durante el gobierno de Lleras Restrepo. El resultado del contencioso fue la titulación a unos pocos campesinos de algunos terrenos considerados baldíos. La definición del Gobierno permitió impedir que los recién llegados continuaran concentrando tierras como hasta el momento lo habían hecho las familias Sarria, Cajiao y Cossino Cometa con la fundación de haciendas. La titulación otorgada por el Incora es hoy una de las trabas legales que han obstaculizado la creación del Consejo Territorial a que da derecho la Ley 70. Es el tema que discutieron en Suárez miembros de la organización de mineros ancestrales y representantes del Estado.

El problema comenzó con el otorgamiento de un título minero en el año 2002 a un particular, el señor Héctor de Jesús Sarria, sobre 99,7 hectáreas, sin haber realizado una consulta previa en un territorio reconocido como Consejo Comunitario. Pero la consulta se negó porque el Gobierno, después de una visita de un funcionario a La Toma, afirmó que en un área de 19 kilómetros a la redonda de Suárez no existía ninguna comunidad negra. Ni corto ni perezoso, el señor Sarria exigió un amparo administrativo para desconocer la existencia del Consejo. Ingeominas aceptó la solicitud por considerar que “existían perturbaciones” y prohibió a los mineros negros continuar trabajando en la zona amparada. Al mismo tiempo, los dirigentes de La Toma recibieron amenazas de muerte de parte de los nuevos grupos paramilitares Águilas Negras, Organización Nueva Generación y Rastrojos.

Numerosas familias se refugiaron en Suárez y algunos dirigentes en Cali, Bogotá y en el exterior. Una desbandada. Las amenazas no eran de papel. El 7 de abril de 2010 fueron asesinados ocho mineros de Suárez en cercanías del río Ovejas. La gente no se echó para atrás y puso una tutela para defenderse de Sarria, por el hecho simple de que la consulta previa no había tenido lugar. En respaldo, la comunidad organizó una gran manifestación en Suárez en medio de nuevas amenazas paramilitares. En su favor, el defensor regional de Cauca declaró oficialmente que había negros en el área concedida a Sarria.

El pronunciamiento legitimaba la consulta previa e impedía el desalojo solicitado por Sarria. El Proceso de Comunidades Negras (PCN ) pidió que la Corte Constitucional hiciera revisión de la tutela interpuesta en el Juzgado 01 Administrativo de Popayán, Cauca, y negada en dos instancias esta, pasó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte revisó y se pronunció, como dicen los juristas, por medio de la Sentencia de Tutela 1045A del 10 de diciembre de 2011. Las entidades trataron de ocultar esta sentencia y darse por no notificadas. Y esto porque la Corte dijo, entre otras cosas, tres fundamentales:

“…i) antes de empezar la exploración y la explotación de un proyecto minero que se encuentre en territorio de las comunidades étnicas minoritarias, se debe desarrollar la consulta previa con las respectivas comunidades que pueden ser o llegar a ser afectadas por dicho proyecto; ii) deberá estar aprobado el estudio y expedida la licencia ambiental respectiva, para poder iniciar los trabajos y obras mineras; iii) la autoridad minera deberá tener en cuenta y decidir sobre el derecho de prelación que les atañe a estas comunidades étnicas, de acuerdo con la ley”. Y también dijo: “La exploración y la explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales hacen necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, y asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas y afrodescendientes que ocupan esos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo social, y que por tanto son el sustrato de su mantenimiento”.

La sentencia de tutela suspendió de inmediato las actividades de exploración y explotación del señor Sarria, hechas por él o por interpuesta persona, y las de cualquier otro que realice estas actividades en el corregimiento de La Toma, y les ordena realizar la consulta previa adecuadamente. Esta tutela también recuerda en sus considerandos que ya otra sentencia, la ST-769 de 2009, dijo que además de la consulta previa, que es un derecho fundamental de las comunidades étnicas a participar en las decisiones sobre aquello que las afecte, en casos en donde las comunidades étnicas enfrenten decisiones que se traten de “planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento libre, informado y previo”.

La reunión en Suárez tuvo lugar en un salón donde se reúne el Concejo municipal. En el estrado principal estaban los representantes del Ministerio del Interior, la Procuraduría, el delegado del alcalde, la Defensoría del Pueblo y la personera de Suárez. En el auditorio se sentaban los mineros y sus abogados, junto a nativos de Suárez. A la entrada todos se saludaron con cierta distancia, distancia que fue creciendo durante la reunión.

Los representantes de las comunidades llegaron con la lejana ilusión de que se destrabaran las cosas y se pudiera dar vía libre a la Consulta Previa, así no tuviera lugar ese día. La diferencia comenzó en cuanto se abrió la sesión. Los mineros preguntaron cuál era el carácter de la reunión y el Ministerio del Interior respondió que las entidades públicas habían sido citadas por el Consejo de Suárez para “socializar” la figura de la Consulta Previa y definir la metodología y la agenda. Que el Gobierno venía a escuchar. La gente pidió un receso y solicitó que la reunión fuera una preconsulta de la consulta previa. Un funcionario del Ministerio del Interior, un poco molesto, respondió que no podría tener ese carácter porque el señor Sarria no estaba presente.

La estrategia consistía en que el Gobierno reconociera de hecho el derecho a la Consulta. Por supuesto, los representantes oficiales, después de turnarse la palabra, respondieron que no era posible sin el doctor Sarria o, por lo menos, su abogado. El abogado de los negros no ocultó su indisposición: “Entonces, si el señor Sarria no llega, ¿nunca habrá consulta?” El Ministerio del Interior volvió a oponerse: “Nos invitaron, dijo una de las funcionarias, para un acercamiento, no para una decisión que supondría ‘desconocer lo actuado’”. El lenguaje de la profesional era simplemente imposible de entender.

Una mujer vieja, con un turbante colorado, alzó la mano y preguntó: “¿Por qué se respetan los derechos de Sarria si los nuestros siempre han sido pisoteados? Él entró a marcar un territorio que es nuestro, que ha sido trabajado con estas manos”, y las levantó. Eran manos callosas, un tanto deformadas por artritis. Un silencio de respeto recorrió la sala. Ella continuó, con los brazos en jarra. Su marido, o su compañero, también un anciano, la oía sentado. “La cosa –dijo– es fácil: si quieren exterminarnos, díganlo. Sean valientes y honestos. O es que para una cosa si son corajudos, pero para otra, unas gallinas. Si a nosotros nos quitan las minas, se termina nuestra raza. Somos un pueblo esclavizado que ha sido siempre pacífico. La mina es nuestra madre, y el río, nuestro padre. Somos hijos de ese matrimonio. Nosotros sacamos el oro día a día, sin codiciarlo y poco a poco, para que nos dure y les dure a nuestros hijos y nietos y a los nietos de nuestros nietos. Como ha sido hasta el día de hoy. La mina nos ha enseñado a no codiciar el oro, a sacar sólo el que podemos con nuestras manos. No tenemos las uñas de las retro ni el apetito de las dragas. La mina es la escuela de la vida. No es que quitándonos la mina nos quiten el oro, es que nos quitan la vida a nosotros y a nuestra descendencia. El oro que sacamos apenas nos sirve para comprar lo que la tierra y el río nos dan. No necesitamos nada más. No somos como el señor Sarria, que quiere llevarse en un día todo lo que nosotros necesitamos para vivir y tener hijos durante 100 años. ¿A quién obedece el Gobierno? ¿Acaso a nosotros, que llevamos 500 años pegados de las minas? No –dijo entre aplausos–, a nosotros no nos reconoce. Por eso, señores, es que aquí se han dado las cosas que se dan”.

Las palabras de la mujer fueron la más afortunada síntesis de la situación de las comunidades mineras, campesinas y pescadoras de Suárez y Buenos Aires. El oro para ellas no es un bien material en sí, es un vínculo real con su pasado y, sobre todo, con su futuro. La supervivencia de la etnia negra que trabaja las minas desde 1638 está en juego. El Gobierno puede condenarlas a muerte.

Masacres del Naya*

El 30 de mayo de 1999 un comando del ELN secuestró 200 feligreses en la iglesia de La María del barrio de Ciudad Jardín, en el sector de Pance. En camiones las víctimas fueron llevadas a Los Farallones, montañas a espaldas de Jamundí. Un escándalo. Los secuestrados eran en general gente rica y conocida. El general Canal Albán, comandante de la Tercera Brigada, ordenó un rescate a sangre y fuego. El presidente Pastrana lo desautorizó y el oficial renunció con altanería. La tensión entre el presidente y los militares remataría más tarde con la renuncia del ministro de Defensa.

El ELN habría entrado a la zona con la construcción de la hidroeléctrica del alto Anchicayá a fines de los años 1970. En la misma época, el sexto Frente de las FARC hacía presencia en el norte y el occidente de Cauca, siguiendo el curso del Camino real del río Naya, abierto desde el siglo XVI por Popayán. En 1988, el Batallón América del M -19 hostigaba desde Los Farallones a la Tercera Brigada en el sur de Cali.

En el norte de Cauca existe desde mediados de los 1920 un pleito por tierras entre hacendados e indígenas; en el sur del Valle un viejo conflicto similar entre campesinos y ganaderos y uno menos antiguo entre obreros e ingenios azucareros. La pequeña minería de batea en el río Suárez entró en conflicto con la mediana empresa minera de motobombas y dragas. Los cultivos de pino y eucalipto de la multinacional Smurfit-Cartón Colombia son acusados por ambientalistas y campesinos de graves daños ambientales y despojo de tierras. La construcción de la hidroeléctrica de La Salvajina en 1984 agregó peligrosas tensiones sociales. A fines de 1989, los paramilitares asesinaron a más de 100 personas en Trujillo y en 1990 cayeron 20 indígenas en la Hacienda El Nilo, norte de Cauca. Dos meses después del secuestro de La María, las AUC iniciaron un sangriento recorrido desde Tuluá hacia el sur.

Los paramilitares llegaron a la región de Buenos Aires en camiones a fines del año 2000. Establecieron sus bases de entrenamiento en haciendas como La Corcovada, de propiedad de la familia Mosquera. Los campesinos cuentan que vehículos del Ejército Nacional les facilitaban apoyo logístico. Hacia marzo de 2001 comenzaron patrullajes con unidades uniformadas y armadas y con brazaletes “AUC Bloque Calima”, que mandaba HH, quien confesó más tarde 3.000 asesinatos. “Hubo días en que matábamos 20 personas”, recuerda.

La masacre del Naya comenzó en Timba, Cauca, donde los paramilitares al mando de alias Bocanegra le cortaron las manos y la cabeza a Gladys Ipía en la vereda Los Robles; en Patio Bonito degollaron a Eudilio Rivera; más adelante, en el Crucero del Playón torturaron y degollaron a Jorge Valencia y Evelio Guetia. Así, paso a paso, buscando el Camino real del Naya, los paramilitares avanzaban. Cruzaron el quiebre de aguas de la Cordillera Occidental por San Miguel el miércoles santo, 7 de abril de 2001. Los campesinos venían saliendo hacia la cabecera municipal de Buenos Aires para asistir a las ceremonias religiosas. Los paramilitares los detuvieron, les pidieron identificación, les ordenaron quitarse botas y camisa y los amarraron de pies y manos. Los interrogaron y torturaron y, conseguida la información, los mataron. Algunos cuerpos destrozados fueron dejados a lo largo del camino como testimonio del terror, otros fueron botados en el cañón del Naya.

La Fiscalía reconoció 30 asesinatos; los campesinos denunciaron más de 100. El ejército paramilitar estaba compuesto por más de 400 hombres que marchaban en escuadras de unos 20 o 30, debidamente uniformados y armados. La gente que salía o estaba en sus casas no huía porque creía que se trataba de fuerzas oficiales, dado que días antes tropas del Ejército Nacional habían anunciado que volverían a patrullar. La guerrilla no les hizo frente ni a unos ni a otros en la cuenca alta. El Viernes Santo, los paramilitares habían concluido la primera parte del plan y aseguraban la zona. El Ejército Nacional, a pesar de las denuncias que organizaciones defensoras de DD . HH . habían hecho desde el 11 de abril, no apareció. Los paramilitares siguieron bajando y la guerrilla se dejó ver huyendo aguas abajo de la desembocadura del río Chuaré. En El Placer hubo un primer intercambio de fuego. El Bloque Calima concentró sus fuerzas para perseguir y liquidar a los guerrilleros. Lo que sucedió en realidad a mediados del mes de abril entre los paramilitares y las guerrillas quizá no se sabrá con detalle. Pero el hecho que remató la sangrienta operación fue el rescate de la Armada Nacional en Puerto Merizalde a los sobrevivientes de la gigantesca emboscada montada por las FARC . La Fiscalía judicializó a una veintena de miembros del Bloque Calima. Las masacres en el río Naya fueron complementadas con el copamiento del río Yurumanguí por el Bloque Calima, con las matanzas sistemáticas en Buenaventura desde el año 2000, que HH también confesó, y el aseguramiento de la región de Timba, Cauca.

En este caserío los paramilitares establecieron un retén permanente en el puente La Balsa. La construcción tiene un saliente hecho en cemento que da sobre un profundo remolino. Fue el sitio escogido por el Bloque Calima para sembrar el terror. Allí se llevaba a la víctima amarrada, se paraba sobre el saliente y se le fusilaba a la luz pública; el cuerpo caía destrozado a las aguas y nunca más se volvía a saber del cadáver. En La Balsa el propio comandante del Bloque, alias Bocanegra, una noche, borracho, asesinó a su mujer porque se demoró haciéndole un mandado. Estaba estrictamente prohibido rescatar cuerpos por parte de la población civil. Eran, digámoslo así, propiedad de las AUC . Se dice que en la región hay cementerios clandestinos, pero el terror ha impedido, aun a las autoridades competentes, localizarlos.

En diciembre de 2004 580 hombres del Bloque Calima se sometieron a la justicia, al mando de HH, que se había desmovilizado a la cabeza del Bloque Bananero unos meses antes. Al parecer el Bloque Calima hacía parte de uno mayor, Bloque Calima-Pacífico, comandado por el famoso Don Berna. Miembros de organizaciones internacionales que conocen de cerca el proceso de desmovilización opinan que el hecho fue más formal que real. Los paramilitares que no han sido judicializados –y que seguramente no lo serán– continúan, sin uniforme pero armados, controlando el orden en el costado oriental de la Cordillera Occidental, es decir, entre Buenos Aires, Suárez y Morales, y las FARC , Frente Manuel Cepeda Vargas, los cursos medios y bajos de los ríos Naya y Micay.

No es un secreto que tanto en una como en otra región existen cultivos de coca, laboratorios de procesamiento y rutas que permiten hacer los embarques de drogas hacia Centroamérica, México y EE.UU. Tampoco se oculta que son ricas zonas mineras explotadas por pequeños y medianos mineros pero sobre las que el gobierno de Uribe otorgó concesiones a compañías trasnacionales como la Anglo Gold Ashanti y Kedhada. Los pequeños mineros de bareque lavan el material que las grandes dragas no han aprovechado y que pertenecen a compañías autorizadas –quién sabe cómo– por las alcaldías municipales. Sobraría decir que entre las empresas mineras de draga y las grandes multinacionales hay rivalidades, pero así mismo, negocios turbios. Para completar el peligroso cuadro, el Ministerio de Obras Públicas autorizó el desvío del río Ovejas hacia La Salvajina.

De otro lado, en el valle del río Cauca y el piedemonte de las cordilleras los grandes cultivos de caña de azúcar, bosques comerciales y latifundios ganaderos concentran enormes superficies de tierra. Los conflictos con campesinos, indígenas y comunidades negras son antiguos; los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad del Estado, sindicatos, colectivos campesinos y cabildos indígenas son cada vez más frecuentes. A pesar del terror que sembraron los grupos paramilitares, su presencia fluida y las desapariciones y asesinatos continuos, las comunidades se organizan y exigen. Sobre este conjunto de conflictos se montan las estrategias militares de las fuerzas oficiales, de los paramilitares y de las guerrillas. Las AUC se reorganizaron en Suárez bajo el mando de alias Jarras, y las FARC , después de ser bombardeados sus campamentos por parte de la FAC, asaltaron una patrulla que dejó muertos siete de sus integrantes.

Las masacres del Naya, como el secuestro de La María, son capítulos de una misma historia de violencia regional asociados a la riqueza de los departamentos del Valle y de Cauca y por tanto, también a las desigualdades, que está muy lejos de una solución civilizada. (Publicado por El Espectador , julio 4 de 2009).

El Confesatorio*

Se necesita estar loco para poner los pies sobre la Tierra

Los manglares que hay entre Guapi y Buenaventura han sido explotados sin medida. Primero para sacar de su cáscara el tanino que necesitan las curtiembres y después para varas de construcción. Hoy la amenaza es más grave: Cartón de Colombia, la empresa que patrocinaba el programa Naturalia y cuya propaganda lo muestra como defensor acérrimo del medio ambiente, abrió compras de mangle y nato en Buenaventura y devolvió la concesión que el Estado colombiano le había hecho hace 20 años. El negocio, sin duda, es más redondo si la compañía le compra al nativo mediante testaferros que pagan al contado. Evitan así las responsabilidades de una concesión y sobre todo, las peleas con los negros y con los verdes. Por eso hoy los manglares, y también los natales, son cada vez más ralos, y los montones de leña que esperan al intermediario a la orilla de los esteros, más grandes.

En esas reflexiones andábamos cuando el sol comenzó a caer, solemne. En el aire explotaba un color como de cobre en polvo. Vimos aparecer entonces de repente, a lo lejos, sobre las copas más altas de los mangles más viejos, una mano enorme, blanca y pesada, una mano que, si era real, tenía que ser más grande que el bote en que íbamos, con todo y su motor 175 HP. Por segundos, la mano gigantesca, entre amenazadora y amable, entre blanca y, a esa hora, dorada, desaparecía; el mangle la escondía sólo para dejarla ver en la curva siguiente. La mano entraba y salía del paisaje sin que a nadie le importara. Ni siquiera a nosotros, los que no conocíamos. El entresueño provocado por el sopor del viaje nos engullía. Cuando estaba ya a punto de romper el hechizo con una pregunta, apareció el brazo que sostenía la mano. También gigantesco, pero más claro y nítido aún. A la curva siguiente el brazo llevó al cuerpo, enorme, con un corazón rojo en el pecho. No había duda, era el Sagrado Corazón de Jesús parado sobre lo que –fuimos descubriendo– era una catedral levantada sobre una loma, rodeada por esteros y escondida entre manglares.

Al corazón de Jesús y su catedral monumental los rodea, entre orgulloso y sumiso, un pueblo: Puerto Merizalde. Si el nombre del puerto hubiera sido Arboleda, Valencia, o Mosquera, no nos habríamos extrañado porque en el Pacífico todos los negros llevan esos apellidos, excepto la inmensa familia Carabalí. Pero Merizalde es un apellido demasiado insólito para un pueblo en un manglar. Pensé que, quizá, se podría tratar del apellido de algún aventurero de la aristocracia bogotana que comerciando madera hubiera querido inmortalizarse. Pero tampoco acerté. Se trataba del apellido del fundador, monseñor Merizalde, vicario de Tumaco, que evangelizó el Pacífico con puño de hierro y ropa regalada por las familias bien de Bogotá y que era compañero de colegio de Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos.

Bajamos del bote y subimos la loma hasta la catedral. Monseñor Merizalde la mandó construir en 1939 en acción de gracias al Sagrado Corazón por el triunfo del generalísimo Franco sobre las armas republicanas. El cemento fue traído de España –lo mismo que el gigantesco molde en que se fundió la estatua– y la piedra, del cañón del Dagua. El arquitecto era italiano. La comunidad puso el trabajo. Los adultos ayudaron en la construcción y los niños hacían interminables cadenas para, de mano en mano, transportar baldes llenos de arena. Monseñor, con un índice tan grande –o así parecía– como el del Corazón de Jesús, y una voz de trueno, señalaba y arrinconaba al que no colaboraba, hasta hacerlo acurrucar y suplicar perdón.

Estábamos mirando de cerca la catedral cuando sentimos a nuestras espaldas unos ojos blancos que se movían en un matorral y una voz extraña que en tono tenso y confidencial, como si la estuviera echando por entre una manguera, decía: “Comunicando, comunicando, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Cartagena: atención, atención, 2-7-23-38-1-46. Comunicando, comunicando. Sí, sí, exacto, 4-4. Repito, 4. Atención, repito: 4, forasteros, 4. Al revés: 4 forasteros. 4”.

Quedamos atónitos. No atinábamos a entender de qué se trataba semejante recibimiento. Es cierto que a veces las fuerzas del orden suelen hacerse notar para impresionar a los recién llegados y de paso comunicarles quién manda. Pero este caso era de verdad singular por la enigmática indiscreción con que el personaje que “comunicaba” se permitía mostrar. La noche que ya caía impidió que nuestra inquietud se sosegara.

Al día siguiente, cuando apenas la luz comenzaba a declararse, oímos un par de golpes en la puerta de las residencias donde nos habíamos quedado. ¿Quién es? Preguntamos con la culposa timidez del forastero. Por la autoridad con que golpeaban, pensamos que se podía tratar de monseñor, que había regresado del reino de los muertos. Abrimos la puerta y nos encontramos frente a frente con un hombre alto; negro; de ojos brotados, grandes y muy inquietos. Tenía gorra militar descolorida y cargaba un aparato labrado en madera de balso, ancho en lo que podía ser la culata y largo en lo que parecía ser el cañón, cruzado de cables eléctricos y antenas que le daban un aspecto feroz. Encima del gatillo, sobre el lomo, tenía clavado con una puntilla un tarrito oxidado de leche condensada que el hombre hacía girar vertiginosamente al tiempo que, usándolo como micrófono, decía mirándonos con gran ceremonia: “Comunicando, comunicando: Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Cartagena: atención, atención, 2-6-9-71-1-3. Sí, sí. Favor recibirlos. Sí, sí, confirmado. Y a renglón seguido, mirándonos a los ojos, agregó: “Favor presentarse en el término de la distancia donde el capitán Cornelio”. Giró sobre los tacones de sus botas de cuero rotas, los golpeó y se retiró.

Con gran respeto los vecinos de Puerto Merizalde nos indicaron dónde podíamos encontrar al capitán Cornelio. Sin hacer muchas cábalas, llegamos al sitio que nos habían señalado. No se trataba de ningún cuartel o estación de Policía. Tampoco de una oficina y ni siquiera de una casa, digamos, como las demás. Era un lugar abandonado pero tenía aspecto muy respetable. Construido en madera sobre horcones para evitar la humedad y las inundaciones, no tenía, sin embargo, escalerilla para subir hasta la puerta, y por tanto, tuvimos que brincar. Llamamos sin que nos respondieran. No parecía haber nadie en esa especie de taller donde se arrumaban artefactos extraños en aparente desorden.

Desde la puerta, nuestra ansiedad y nuestro temor se fueron transformando en curiosidad y metimos los ojos en aquel mundo hecho de objetos y silencio: una guitarra con el encordado más voluminoso que la caja y las clavijas más grandes que el encordado y la boca triangular en vez de redonda; y 23 cuerdas, en conjuntos de tres, más dos sueltas e independientes; al lado de la guitarra, un arma monstruosa de tres cañones, dos gatillos y un culatín pequeñito como un apéndice. Más allá otra arma, mortífera de seguro porque está adornada –si así se pudiera decir– con piezas de linterna y cables de alta tensión. Había también un teléfono, una máquina de moler, una sombrilla abierta, una barra de hierro colgada en una esquina, cristos de balso de muchos tamaños y expresiones puestos con cuidado en el suelo y sobre las paredes, cascos militares hechos en madera de nato que decían capitán Cornelio. Este nombre nos hizo recordar a qué habíamos venido. ¿Capitán Cornelio…? preguntamos, como disculpándonos. Ninguna respuesta. No nos habíamos dado cuenta de que los objetos que veíamos, más otros que de seguro no veíamos y que parecían armas, instrumentos musicales, radioteléfonos, estaban todos metidos en un gran barco con sus velas desplegadas.

Capitán Cornelio –repetimos–. Aquí estamos, usted nos mandó llamar. Entonces oímos que alguien cuya presencia no habíamos notado por andar encantados con lo que veíamos se paraba y, cogiendo un teléfono antiguo de dos piezas, decía: “Comunicando, comunicando, Timbiquí, Guapi, El Charco, Cartagena: 3-21-61-2. Aviso, aviso, lancha con 40 soldados fue atacada por la guerrilla, todos muertos. Repito, todos muertos, okey, okey. Negativo, negativo. 7-2, cuapé”. Era el mismo hombre de ojos de sapo que nos había despertado en la mañana. Secamente nos ordenó: “¡Tocar campana! ¡Tocar campana!” Como no entendíamos, el hombre agarró una varilla de hierro, fue a una de las esquinas del cuarto y tocó dos veces un tubo que pendía del cielo raso. Entonces nos preguntó, mirándonos de arriba abajo: ¿Apelativos?

Tampoco entendíamos lo que trataba de preguntarnos, pero comenzamos a dar nuestros nombres y él fue repitiéndolos en un aparato con bocina que debía ser una grabadora. Al terminar nuestra identificación le dijimos, como disculpando nuestra presencia: No, pues… mire, capitán, lo que pasa es que… No nos dejó terminar. Nos dijo: Sí, yo sé, ustedes son los que salieron ayer de Guapi y van preguntando, preguntando, sacando cosas, sacando cosas, para Buenaventura. Todo está muy peligroso, ¿no? Ya oyeron lo que dijo el capitán Cornelio: 40 muertos, 40. Aquí hay mucho enemigo. No es como allá en Bogotá, donde viven los americanos, contentos, mandando por teléfono sin reportar nada. Aquí es donde está la joda fea. No es como cuando monseñor mandó construir aquí la basílica o catedral, porque eso fue cuando el viento venía a ras, nadando sobre la mar como un pejespada y cogió las aguas de los ríos y las volteó contra las cabeceras. En esas, los ríos corrían en reversa y el viento de la mar no cesaba; se les partió el espinazo porque ellos son como las sierpes no saben andar para atrás. El viento no los dejaba desembocar, los corría, y el agua que andaba de puja no encontraba el descanso de la quiebra. Entonces se desbordó por las orillas e hizo mares aquí. Esto fue mar. Como cuando Noé le dijo a Cristo: Haga una inundación a ver si el mundo le queda bien creado. Cristo comenzó a bailar y a hacer fiesta hasta que desató los elementos que su Padre Señor Dios –que no se puede mentar por su nombre– tenía bien amarrados. Fue el diluvio. Todo se hizo agua. Noé mandó, con su santo poder, hacer un barco y meter allí todas las fieras. Sólo fieras. Y llueva y llueva, y esto inúndese, y bote agua sin tener salida. Pero Noé, el santo, estaba triste porque no había alcanzado a llevar a su mujer y como no tenía hijos, pensaba que era mejor que no dejara de llover. Así, días y días. Una mañana que mermó la abundancia de olas, oyó un avión, rrrrrrr, se le hizo raro y sacó la cabeza por la ventana, y, sí, era el avión que había mandado el sabio Salomón –que construyó mirando los pájaros– viendo dónde podía aterrizar porque estaba cansado de volar. Noé le hizo señas y el avión del sabio Salomón le mandó el arco iris. Se puso más contento que Sansón bailando una fuga, porque Noé sabía que al sabio Salomón nunca le faltaban las mujeres.

“Las mujeres cuando son profundas dejan corto al hombre, pero siempre hay que buscarlas hasta encontrarlas. Uno sin mujer es si a la luz le faltara el día. No puede ser. Les mandaron ser ella y se hizo para darnos vida a nosotros los demás varones. Ella es administrada por nuestra necesidad hasta cuando deja de tener obligación mensual. Entonces es libre, libre porque ya no puede tener hijos”.

La última frase no la dijo, la sentenció como si estuviera dictando a su biógrafo. Se levantó de su camastro –un colchón tendido en el suelo–, donde se había sentado a trabajar en un crucifijo que de tanto en tanto miraba a contraluz para corregir la simetría porque era de una sola pieza. Nos miró con calma y dijo: “Tocar campana”. Atendimos y le obedecimos: Tocar campana. Miró con atención hacia donde estaban colgadas sus armas (fusiles, cañones, bazucas, ametralladoras, espadas, bolillos), hechas todas en balso y adornadas con cables eléctricos, espejos, bombillos, suelas de zapato, recortes de periódico, hasta lograr darles un toque terrorífico, y escogió una ametralladora. La alzó como pesándola, la hizo producir un ruido espantoso y se la echó al hombro. Antes de salir llamó por radioteléfono: “Timbiquí, Guapi, Buenaventura, Cartagena, 8-61-36-28. Salgo a campo minado, salgo a campo minado. Evergita, Evergita, repito Evergita 1-61, 1-61, okey, okey, cuapé”.

Sin invitarnos salió de la casa. La gente lo saludaba al pasar, con mucho respeto: Buenos días, capitán; buenos días, capitán; ¿cómo está, capitán? Él respondía con un toque ligero y rápido a su cachucha militar y seguía su camino, acostumbrado al homenaje. Nosotros lo acompañábamos a cierta distancia y en silencio. No sabíamos exactamente para dónde íbamos, pero él tenía presente nuestro interrogante tácito. Porque a la salida del pueblo se volteó y nos dijo: “Vamos hacia el cementerio, pero ustedes no tienen nada que temer porque yo ya amansé los muertos. Me costó mucho trabajo y sufrimiento, gasté muchos alabaos y me tocó azotarlos con vara de Cristo. No hallaba yo lugar de vivir, ni de dormir por estar azotándolos para que descansaran. Tuve que hacer velas de tres días sin sueño hasta que las amansé. Ya todo está y ahora Evergita –que es la mujer que yo quiero, la reina de mis rincones– puede llegar. Ella está por llegar –dijo mientras abría la verja del cementerio sobre la cual monseñor había mandado inscribir en letras de hierro: ‘Aquí termina la vanidad del mundo’–“. Como si hubiera oído la resonancia que nos dejó la frase, agregó: “Uno entra aquí sólo con lo que hizo en la vida, porque la vida es para hacer lo que uno necesita para pasar de aquí. Sólo sirve lo que la vanidad no se come”. Continuamos caminando. De tanto en tanto se detenía y miraba con atención una tumba.

“Yo levanté el croquis del espíritu. Pero eso es muy difícil, muy difícil, hay que sufrir mucho para poder alumbrarlo y para poder entenderlo. Lo tengo enterrado allá, más abajo, donde están los aviones. No se preocupen, para allá vamos. Tocó hacer muchos aviones buscando que caiga aquí el de Evergita. Muchos aviones para ver si el de ella coge confianza, coge confianza y arrima, se deja caer aquí donde le tengo hecha la pista. Porque él necesita una pista especial para caer, para arrimarse. No ha caído porque yo no he logrado hacer el avión en que ella anda, porque no lo conozco, no lo conozco. Yo copio todos los que pasan, y han pasado muchos por aquí, pero no el que ella vuela. Estoy jodido porque el coronel de Bogotá me tiene envidia y no ha querido mandarme los planos para poder reproducirlo. Me tiene envidia porque no ha podido hacer orden como yo, no ha podido defenderse. Fíjese cómo me habla: 3-21-32-8-61-8-61. Comunicando, comunicando, Timbiquí, Guapi, Buenaventura, Cartagena, comunicando, comunicando. ¿Sí? ¿Aló? ¿Capitán? Sí, capitán, habla Cornelio, repito, Cor-ne-lio, sí. Estoy esperando croquis de aeroplano, E-ver-gi-ta. No ha llegado, urgente, la guerrilla nos tiene amenazados sin ese avión, sin ese avión no podemos resistir más, se pierde la plaza, sí, capitán, no, capitán. Espero que llegue. Gracias. Okey, okey. Quedamos cuapé.

Guiñándonos un ojo en señal de complicidad continuó caminando hacia el aeropuerto, un potrero plano situado detrás del cementerio. El capitán Cornelio ha construido aquí una verdadera base militar. Un gran hangar que conserva muy limpio de maleza y en perfecto orden, una enramada que nos presentó como la capilla, donde reza para que a Evergita le vaya bien en el aterrizaje y donde, en efecto, tiene entronizada una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, varios santos y vírgenes varias, flores marchitas –que cuando llegamos se apresuró a cambiar, recogiéndolas de un jardín que dejó crecer al lado de la pista– y un mural de letras en desorden, en caracteres –digamos– sánscritos o góticos, dibujados más que escritos. Con sumo cuidado nos dijo que ahí estaba “escrito todo cuanto uno necesitaba saber para vivir y Evergita para llegar”. Al lado de la capilla hay un gran barco labrado en un ocobo gigantesco. Tiene mástiles, velas, radiotransmisor, brújula, un aparato que seguramente es un astrolabio y que dijo haber conseguido en “Buenaventura, tierra para caminar”. El barco está ubicado en la cabecera de la pista, que a su vez está rodeada de aviones hechos en balso y colocados en la punta, altísima, de varas de guadua. Los aviones se ven pequeños y dan la clara sensación de estar volando. Los hay de distintos tamaños, de hélice, turbohélice y turbina, los hay con uno, dos y cuatro motores, una o dos alas, con y sin tren de aterrizaje. Algunos están identificados con letras de su propio alfabeto y otros son anónimos; unos vuelan hacia arriba, otros planean; unos van hacia el norte, otros hacia el sur. Todos tienen en la base de la vara que los sostiene un radioteléfono para comunicarse con el piloto y poder saber si el avión de Evergita viene y se anima a caer al ver otros aviones. Nos repitió que hasta que él no diera en el chiste de saber cómo era el avión de ella, estaba jodido. Pero no estaba dispuesto a dejarse vencer por quien conocía los planos del avión y que, pensándolo bien, debía estar enamorado de ella. Nos advirtió, mirándonos fijamente, que el capitán Cornelio no era “comida fácil de comer”. Diciendo esto se comunicó con la base para avisarles que salía hacia el punto 2-21-3-54, y hacía allá nos dirigimos. Caminamos en silencio un buen rato hasta que sin darnos cuenta nos metimos en un rastrojo. Nos mostró allá otro barco, más grande que el que construyó cerca de la pista y todavía más complejo porque además de velas, timón, espejos, radar, teléfonos, ametralladoras, tiene en la proa un mascarón con un cuerpo de mujer y cola de peje. “Copiado de la ‘costeña’, que es mi hija. Ella es la modelo que aparece en la cerveza Costeñita. También la copian pero para vender más, porque creen que si uno toma Costeñita se mete con ella. Mentira, es un embuste al que ella –que se llama Escolástica– se presta. Yo le he dicho que eso está mal hecho, pero ella dice que como todavía es joven, tiene derecho a pecar y tiempo para desempatar”.

La diferencia con el barco de la pista es que este está tapado con ramas secas y sobre él vuelan varios aviones. Revisó todo con sumo cuidado, cada cosa parecía estar en su sitio, hasta que lo vimos hacer una contracción rápida y saltó hacia donde levantó –con evidente dolor, como si fuera una paloma herida– un avión estrellado en el suelo. “Es un atropello, un verdadero atropello –decía mientras recogía las hélices partidas–, no crean que fue el viento, el viento no sabe hacer daño, eso fue un mal mandado por el coronel con el que hablé ahora, hace un rato. El hombre no quiere dejarme tranquilo. Sabe que yo soy más poderoso, que soy un capitán de guerra y no un capitán de escuela como él, protegido por los americanos, pagado por ellos y consentido por el Gobierno. No sabe que yo tengo este reloj tiempo-distancia que puede a toda hora saber dónde está él y qué hace. Yo no he querido usarlo porque no voy a brincarme las reglas, pero me va a obligar. Me va a obligar. ¿No es un atropello? Un atropello –subrayó y dándonos el avión caído dijo–: Tengan esto y si algún día necesitan algo del capitán Cornelio, llamen por radioteléfono. Es mejor, no me telefoneen nunca porque por los teléfonos todo se oye. Así sea en clave, todo se entiende. Ustedes ya han visto, ustedes ya saben, ¿no? Ya saben cómo es la cosa. ¿O no? Ah sí, sí, sí. Ustedes ya entienden. Bueno, así me gusta. Vámonos, vámonos a ver si Jovita está bien, a ella hay que visitarla todos los días para saber cómo estamos. Ella sabe si estamos bien o no. Ella es mi hermana y tiene la edad como yo. Veníamos en pacha como vienen las pepas del níspero”.

Dando un corto rodeo llegamos a la casa de Jovita. El capitán llamó por radioteléfono una vez más: “2-22-22-22-2 Jovita, Jovita, 7-3 para usted. Comunicando, comunicando”. Oímos que desde adentro Jovita se movía como haciendo algo con mucha diligencia. El capitán Cornelio esperaba en silencio. Hasta que salió: estaba vestida de satín rosado, envuelta en un velo de novia blanco y con un espejo en la mano izquierda donde se miraba fijamente. Es bizca. “¿Cómo amaneció, Jovita?”, le preguntó el capitán con dulzura, y ella le respondió que mal porque los muchachos de la escuela le habían echado caca entre la casa para que no pudiera dormir y ella había tenido que limpiar todo, pero que todavía olía. Hablaba sin dejar de mirarse en el espejo. El capitán le preguntó que si lo encontraba bien a él, y ella le contestó que sí, pero que no le gustaba ese amarillo que tenía en el ojo derecho, “cerca al sitio por donde se escupen las lagañas”. El capitán no se dio por enterado, pero nosotros descubrimos que, en efecto, tenía una manchita hepática en el ojo.

El capitán le preguntó si tenía jabón de olor y ella le respondió: “Afirmativo, está sobre la mesa del comedor, pero no me vaya a tocar las cremas que estoy preparando porque están crudas y le hacen daño, no vaya a meter los dedos en lo que estoy haciendo, como la vez que por andar de garoso le cogió ese mal que casi lo mata”. Jovita hablaba sin dejar de mirar el espejo y sin dirigirse a nosotros. Se arreglaba el pelo, se miraba los ojos, se componía el velo.

El capitán salió de la casa de Jovita armado con jabón de olor, agua y cepillo y se puso a lavar hoja por hoja del jardín que rodea la casa y luego, muy detenidamente, comenzó a lavar el aire, que no es tan difícil como parece, pues no se trata de hacerlo con cada partícula sino de limpiar algunas capas para impedir que el olor se propague. El secreto está en que las capas de aire no son horizontales sino verticales. Por eso, mientras Cornelio hacía su oficio, Jovita contó que al capitán podrían terminar por matarlo porque la otra noche le habían tumbado tres aviones de los que él armó aquí, y que el número que quedaba, 2, era malo. Muy peligroso. Tanto como la vez que Cornelio venía navegando por los ríos desde Cartagena y “le atravesaron un chorizo de troncos”, o cuando “lo corrieron del campo de fútbol el día que el equipo de Merizalde jugaba contra el de Noanamá y él no quiso hacer uso de las armas. “Es que lo persiguen mucho”, remató con tristeza, mirando su espejo como si estuviera contándole el cuento a la Jovita que aparecía en él. El capitán se sorprendía de sus cuentos como si nunca los hubiera oído y como si fueran la exacta confirmación de hechos que él sospechaba pero a los que nadie daba créditos.

Cuando Cornelio terminó su oficio, y en realidad se respiraba un aire nuevo, entró a la casa, dejó el jabón y sacó un tambor hecho por él con cuero de danta en una caja de saltinas. Comenzó a tocar un son del que sólo oíamos el eco, como si lo estuviera tocando desde muy lejos. Era un son acompasado, armónico y melodioso. Jovita se fue retirando hacia la casa y nosotros, metidos en la música de Cornelio, nos dejamos llevar de vuelta al cuartel.

Cuando llegamos nos dijo: “Es que Jovita sabe mucho”, y se sentó en su camastro a trabajar en una escultura. Trabajaba sin compulsión. Por instantes parecía estar transmitiéndonos con su trabajo una extraña sabiduría. Daba la sensación de conocer el modelo. Le preguntamos de qué se trataba y nos dijo: “Es una Crista. Todos los males que sufre la pobre humanidad, que son mucho más de los que ustedes ven, vienen de que Cristo, que es el hijo de Dios, no tiene tocaya, no tiene mujer. La Virgen Santísima es la Virgen Santísima. Pero ¿quién es la mujer de Cristo? Hay que hacerle Cristas para que él encuentre la calma y deje de telecomiar mensajes de dolor. Con una Crista él se calma, se sosiega. Eso lo descubrió Jovita y por eso me puse a hacer Cristas. Al principio las hacía con cinco dedos en cada mano, hasta que ella me dijo que las Cristas necesitaban seis dedos en la mano derecha por ser la mano par, y que las manos debían ser grandes como las que tenía monseñor y las tiene el Señor. El Señor que está ahí sobre la catedral tiene las manos grandes para parar tanto mal que viene de afuera y que está acabando con la gente negra. Esta Crista es para acondicionársela a ese confesatorio que tengo listo y ya aprobado. Es un confesatorio para que los que deben penas vengan a decirlas y puedan al mismo tiempo reclamar los mil ciento millones que por ellos el Gobierno tiene ofrecidos. Miren, lean, ¿qué dice en esta hoja que el Gobierno ha repartido? Que dan mil ciento millones ¿por quién? Por el señor “Tirofijo”, por el señor Escobar. Pero ellos no creen y no han venido a reclamarlos. El señor “Tirofijo” o don Pablo pueden venir al confesatorio y decir sus culpas para que la máquina les afloje los millones. El confesatorio lo hice en chachajo, una madera durísima que nadie puede romper para sacar la plata de la caja. Sólo cuando ellos vengan se puede abrir. Pero no han venido porque todavía no tienen confianza en el capitán Cornelio. Ahora, con la Crista puesta ahí, vendrán porque ella es santa poderosísima. Ustedes van a ver que no se necesita más. Ellos tienen que dejar de caminar para poder tener calma. “Es que ellos de tanto caminar el mundo les da vueltas en la cabeza”.

El capitán se calló. Comprendimos que necesitaba el silencio para trabajar la Crista y salimos sin despedirnos.

CAPÍTULO VI
Buenaventura

A 115 kilómetros de Cali, atravesando la Cordillera Occidental, se encuentra Buenaventura, el municipio con mayor potencial económico del Valle del Cauca. Es una ciudad-puerto enclavada en la costa del Océano Pacífico por la que entra y sale el 60 % del comercio internacional marítimo de Colombia, lo que deja un recaudo tributario de más de dos billones de pesos anuales. Su zona rural es una rica mina de oro y al mismo tiempo es considerada una de las más biodiversas del país. Su fértil capa vegetal se extiende hasta Chocó y recoge importantes ríos como el Dagua, el Anchicayá, el Calima, el Cajambre, el Yurumanguí, una parte del Naya y otra del San Juan. Estas características hicieron que fuera, en sus orígenes, uno de los lugares de pesca y comercio de los indígenas buscajaes, actividad a la que se integraron los esclavos cimarrones que escaparon de las plantaciones de caña del Valle del Cauca.

Y precisamente su cercanía con la capital del Valle explica su evolución y su crecimiento. En el siglo XVIII ya había 33 trapiches en el valle medio del Cauca, e incluso se exportaba caña a Panamá y Ecuador, sin embargo, era una actividad complementaria de los latifundistas, quienes tenían ganado y café. Como quedó dicho, fue Santiago Éder quien, hacia 1920, hizo de la caña un negocio industrializado. En el gobierno de José Vicente Concha (1914-1918), las miradas volvieron sobre Buenaventura y se inició la construcción del puerto marítimo, ya que antes sólo existió un puerto de agua dulce. Luego, durante el mandato de Miguel Abadía Méndez, se inició formalmente la construcción de la carretera Cali-Buenaventura, que finalmente fue inaugurada por el presidente Alberto Lleras Camargo 20 años después de iniciada la obra.

Durante la República Liberal (1930-1946), al puerto llegaron los bancos, siendo el de Londres el primero en establecerse. Se construyó el Palacio de Gobierno, hoy de Justicia. En 1938, siendo presidente Alfonso López Pumarejo, finalmente se inauguró la estación ferroviaria. Buenaventura se convirtió en el primer gran paso a la inserción de Colombia en la economía del Pacífico y en el principal puerto cafetero del país. Los buenos negocios traerían duras luchas por el control de los terrenos que se necesitaban para la construcción del puerto internacional y la ampliación de la zona comercial de la ciudad. Esto atrajo una intensa migración de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó. Desde entonces se gestó el enfrentamiento entre comunidades y comerciantes, el fortalecimiento de sindicatos, la corrupción, el narcotráfico, caldo de cultivo del conflicto armado.

Cuando las guerrillas llegaron a Buenaventura, en los años 1980, los comerciantes y las autoridades fueron presas del pánico. La ciudad crecía, la gente negra era sacada de sus territorios por la minería. Venían del Naya, de Timbiquí y del norte del río San Juan. Lo propio hicieron los cultivos de palma, en el medio Atrato, y hasta los aserríos de madera que Cartón Colombia promovió en las selvas chocoanas en el río Calima. La gente huía a Buenaventura, donde tenía que ganarle terreno al mar para vivir y salir de rebusque.

Aparecieron entonces los barrios de bajamar. Es el caso del barrio San José, el primero en fundarse en la ciudad. Allí llegaron los indígenas a asentarse cuando Buenaventura era sólo selva y mar, cuenta la gente. Hoy es el barrio más pobre del puerto y está situado entre el mar y la principal calle de la zona turística, comercial y administrativa. No tiene agua potable, ni alcantarillado, ni luz. A pesar de ser histórico, ha sido declarado ilegal. Allí se siente el verdadero Buenaventura, donde la pobreza es regla generalizada. Huele a basura, a heces y a marihuana. “Estos territorios son nuestros, se los ganamos al mar. Toda la vida los ricos de Buenaventura dijeron que este era el barrio más pobre, el más miserable, y ahora resulta que lo quieren”, alega un pescador.

En 2009 funcionarios de la administración local explicaron que el barrio debe ser reubicado porque se necesita su terreno para construir el malecón turístico. Una obra que le dará una nueva cara a la ciudad ante los ojos de los visitantes, algo como Cartagena o La Habana, según sueñan las constructoras. Pero la gente se niega a irse. Dicen que les ofrecen una casa de concreto en un proyecto urbanístico que se denomina San Antonio, pero que allá no hay mar, ni dónde cultivar, y que la mayoría de ellos viven de la pesca. “En varias ocasiones han venido a presionarnos con eso de las casas. Dicen que si no nos vamos ya, nos vamos a quedar sin nada porque de aquí nos sacan porque nos sacan y que en el tal proyecto residencial ese se están acabando las casas. Nos han dicho que nos van a sacar porque es una zona de riesgo, pero también algunos funcionarios honestos nos han dicho que necesitan esto para construir edificios con balcón, hoteles, casas para ricos, lo que llaman barrios residenciales. Nosotros de verdad no entendemos por qué si antes les parecía tan pobre y tan feo nuestro barrio, ahora están decididos a quitárnoslo así tengan que sacarnos con la Policía”, concluye Herminzon, un moreno que está dispuesto a morir en San José.

Por esos tiempos en que ya se veía venir la guerra la gente miraba pasar los contenedores que entraban y salían del puerto a la espera de que algo cayera de ellos. El ELN entró al territorio por los ríos Calima y San Juan, mientras las FARC lo hicieron por el Naya. La cercanía de las guerrillas y el desempleo general asustaron a los comerciantes: un estallido social provocado por la guerrilla en el puente El Piñal y adiós isla. Todo empezó a caer: el comercio, las inversiones, la construcción, la ampliación. Se llamó entonces a Carlos Castaño en busca de auxilio. En 2000, HH, comandante de los paramilitares del Valle, envió varios camiones con unidades al mando de alias el Fino, el Cabo y el Enano. Y entraron a hacer lo que se les ordenó: desterrar a la guerrilla. La estrategia fue planteada en la teoría del enemigo interno, difundida desde los cuarteles desde 1968: quitar el agua al pez, lo que en el campo de batalla se traduce en romper la relación entre guerrilla y población civil. A punta de asesinatos selectivos y amenazas que infundieron el terror, lo hicieron, por lo menos, de la ciudad. La guerra siguió en los ríos Dagua y Naya, donde el Ejército contó con el apoyo de la base naval de Bahía Málaga, desde donde entraban y salían tropas, aviones y, cómo no, contratistas gringos. Este escenario de la guerra se mantuvo oculto por años. La gente era asesinada, desmembrada o desplazada sin activar siquiera una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. Pasaron años y cientos de muertos para que el país se interesara por lo que ocurría en este rincón del Pacífico.

Pero en los últimos años Buenaventura ha atraído la atención de la opinión pública por cuenta de la grave situación de DD . HH . que se vive y las denuncias de monseñor Epalza. Los bonaverenses se encuentran atrapados en un dramático escenario del conflicto armado: pese a que la guerrilla de las FARC ya está en proceso de concentración, las nuevas formas del paramilitarismo, menos ideológicas y más mafiosas, siguen disputándose el control de la zona urbana y su población. Estas bandas de neo paramilitares operaban bajo los nombres de la Empresa, los Urabeños, los Rastrojos o los Machos. Entre 2006 y 2012 los homicidios en Buenaventura sumaron más de 1.400, según fuentes de la Policía. Y aunque en los últimos años se ha presentado una disminución, las cifras siguen siendo escalofriantes: en 2012 fueron 132; en 2013 se registraron 195; en 2014, 94 muertes violentas y aún no se conocen cifras posteriores. Detrás de este panorama ha habido una cruel disputa territorial.

Las matanzas eran diarias. Para sostener esas fuerzas criminales se necesitaba plata. Mucha plata. Cada vuelta costaba y todo pago era de contado. Nació el impuesto de seguridad comercial. Desde 2012 la Iglesia denuncia estas realidades. Las bandas que dejó la desmovilización de los paramilitares en el gobierno Uribe se tomaron la ciudad no sólo para defender a los comerciantes –y cobrarles tributo de guerra–, sino para hacer el trabajo que la fuerza pública no quería, o no podía, hacer. A medida que el número de desplazamientos, homicidios, desapariciones y desmembramientos crecía, llegaban más Fuerzas Militares.

El tema se volvió de interés nacional gracias a las denuncias de monseñor Héctor Epalza, obispo de Buenaventura, quien decidió romper el silencio. Sus denuncias fueron respaldadas con el trabajo de la Pastoral Social y las comunidades religiosas que hacen presencia en el puerto, como las hermanas Lauritas. Los religiosos no sólo dieron a conocer públicamente lo que ocurría, sino que protegieron a muchos líderes perseguidos y en más de una ocasión intercedieron ante los armados para disuadirlos de no matar a uno u otro joven. Los señalamientos hechos por monseñor tuvieron resonancia en los medios de comunicación, que se volcaron sobre Buenaventura. Los periódicos enviaron reporteros, los programas de radio hicieron especiales, la gente tuvo una fugaz ilusión y salió a contar lo que sabía. Al tiempo el Gobierno enviaba más y más tropa. Los uniformados se instalaron en las bocanas de los ríos, daban vueltas por los esteros, de tarde en tarde –pocas, más bien– caían algunas toneladas de cocaína. El Ejército rondaba, salía, entraba, hacía vueltas y emitía comunicados. La Fiscalía corrió la cobija y quedaron al descubierto los caciques políticos, piezas claves en la maquinaria.

Pero la cosa empeoró. Para que los tributarios no aletearan, los paramilitares de nuevo cuño y vieja escuela redoblaron el terror con técnicas salvajes: descuartizamiento de gente viva con motosierra, hacha o machete, en casas de pique. La técnica del terror exige que la gente se dé cuenta pero no cuente; vea la captura de la víctima en el barrio, la manera como la arrastran, y oiga los gritos de socorro, los alaridos de perdón y clemencia y, por último, los aullidos de dolor. Después, silencio: terrible vacío. Los gritos se quedan a vivir en la cabeza de la gente. Todos temen ser el siguiente en una lista que nadie elabora. Los vecinos oyen, el barrio oye, la zona sabe, la ciudad se entera. Las autoridades no oyen-no ven-no saben.

El reporte de desaparecidos muestra la dramática faceta del puerto: en 2011 se recibieron 57 denuncias de desaparecidos; el año 2012 cerró con saldo de 113; en 2013 se registraron 73, mientras en 2014 fueron denunciados 44. Y empeora la situación cuando se le pregunta a la gente cómo ocurren las cosas en Buenaventura y, tartamudeando del miedo y sin cifras a la mano, relatan la espantosa forma como suceden. “Ha hecho carrera la más cruel de las modalidades de asesinato: la desmembración, la descuartización de gente a todas horas, de día y de noche. Hubo casas donde llevaban a la gente para despedazarla. Los vecinos oían los gritos de dolor, la gente no dormía y menos denunciaba si no quería ser el próximo picado. Eran casas en muchos barrios, no sólo un caso, son muchos y a esas casas las llamaban picaderos”, relata un negro que mientras cuenta deja entrever el miedo de ser oído, persignándose a cada ruido, volteando la cabeza de un lado a otro para ver si alguien lo oye, y baja el tono y tiembla y los ojos se le brotan sin explicación.

Agrava la situación saber que las denuncias son sólo una pequeña muestra del universo de casos, el miedo a denunciar se apoderó de la población. Y aunque la explicación de las autoridades apunta a que se trataba de la lucha entre las bandas que operaban en el puerto por el control de las rutas del narcotráfico, hay otra opinión del problema: “Lo que está en el fondo de esta violencia no es sólo el narcotráfico, es el control territorial del municipio, es una táctica de terror para que la gente se vaya de la zona insular ‘para’ y se desplace hacia las zonas rurales para que se pueda dar rienda suelta a los megaproyectos. “Los mafiosos, aliados con algunos empresarios y políticos, quieren sacar a la gente a punta de miedo y comprar barato, para luego hacer buenos negocios”, explica una dirigente cívica.

En febrero de 2013 recorrí la isla tratando de entender lo que ocurría. Ese año, la disputa territorial entre bandas produjo un pico en el número de homicidios y desapariciones. Por esos días se conocieron las primeras denuncias de las casas de pique, e incluso se registraron mascares como la del alto Potedó, donde fueron asesinadas 10 personas en lo que las autoridades calificaron como una lucha entre bandas delincuenciales. Lo primero que constaté en aquel recorrido es que en Buenaventura operan tres terminales: la de la Sociedad Portuaria, la llamada Muelle 13 y la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN ). Se hablaba de la ampliación –hoy suspendida– de esta terminal, del muelle de la Sociedad Portuaria y de la vía Alterna Interna, así como de la construcción de cuatro megaobras más: el Puerto de Aguadulce, la terminal marítima Delta del río Dagua, el malecón Bahía de la Cruz y la zona franca Celpa, lo que constituyó una amenaza para la gente de los barrios que residía –o reside– en la zona insular de Buenaventura, pues el desarrollo los empujaba hacia el área continental o rural del municipio.

“Los bandidos: pistoleros, algunos empresarios y gente de la administración local, quieren la isla para sus negocios. Esa es la razón por la que los paramilitares, ahora conocidos como bacrimes, han desatado esta ola de violencia. Se trata de atemorizar a la gente, de que recoja sus cosas y abandone sus casas o venda por cualesquier dos pesos. Por eso el terror, por eso la matazón, por eso el desempleo. Es la manera de ahogar a la gente”, explica un habitante de uno de los barrios que conforman los proyectos de ampliación portuaria.

“¿Usted por qué cree que la guerra de las bandas se da con especial crueldad en las comunas donde están proyectadas las megaobras? –pregunta afirmando un negro que hace parte de una de las fundaciones de desplazados que tratan de seguir trabajando a pesar de que a sus líderes los han matado por decenas–. Nosotros lo que vemos es que esto no es gratis: nadie trae un ejército de otra parte del país porque sí; es porque hay un buen negocio detrás. Usted sabe que los buenos negocios desatan los demonios, la ambición y la crueldad. Nosotros estamos en un municipio estratégico para la economía regional, nacional e internacional. Además, es rico en los recursos que el mundo está demandando: minerales preciosos y biodiversidad. Sabemos que en el fondo de la película está lo que significa la ubicación del municipio y los recursos que tiene, por eso quieren sacarnos de los principales barrios, quieren esto para comercio, industria y turismo. Ahora resulta que somos vecinos incómodos para el desarrollo”, afirma uno de los activistas de la ONG PCN .

En varias ocasiones, pobladores de Buenaventura han explicado cómo la Empresa y los Urabeños controlan los barrios. “A ciertas horas no se puede salir de la casa. Hay que pagar impuesto para entrar a algunos barrios, por poner una chaza de cigarrillos, y por hacer un trasteo si uno quiere irse. Por todo hay que pagarles. Esa gente tiene campaneros en las entradas de los barrios y si un desconocido llega sin avisar, entra pero no sale. La cosa está tenaz y no puedo seguir contándole, mejor caminemos como si no nos conociéramos”, concluye un negro que se ha salvado de tres atentados y que huyó del puerto.

Así, la gente de Buenaventura ha vivido entre la violencia de los armados, legales e ilegales, y la voraz ambición de los comerciantes, aliados con los unos y con los otros. No le ha quedado otro remedio que seguir madrugando a rebuscarse la vida. La vida que tienen que cuidar con el absoluto silencio de lo que han visto y oído. Como en la canción de Juanito Alimaña: “Aunque todo el mundo lo vio, nadie lo denuncia porque nadie ha visto nada”. Un panorama que se ha agravado con la respuesta del Estado: más policías, más militares y más beneficios para los comerciantes. Como quien dice, gasolina para apagar la candela. Una técnica que ha hecho carrera en los corredores del Gobierno y con la que, aseguran, convertirán el puerto de Buenaventura en una región turística y comercial.

Monseñor Epalza

El obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, es el digno sucesor de monseñor Valencia Cano, el obispo rojo, un hombre que defendió la llamada Teología de la Liberación y la hizo realidad en la Diócesis de Buenaventura. Monseñor Epalza fue nombrado en mayo de 2004, unos meses antes de que el Bloque Calima, bajo el mando de HH, se desmovilizara. Ese año fue un parteaguas en la historia de la violencia en la región. Las FARC habían llegado en la década de 1990 buscando zonas de refugio y protección, como una avanzada de los frentes de Cauca. Se fundó el Frente 30, llamado Manuel Cepeda Vargas, que desarrolló acciones militares y económicas no sólo en los ríos sino en Buenaventura. No obstante, los niveles de violencia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH ), fueron relativamente bajos durante la década. El terror paramilitar sostenido se inició con la masacre de 13 personas en el corregimiento de Sabaletas, realizada con apoyo de integrantes de las FF. MM. A la de Sabaletas siguieron cuatro masacres más, dos de las cuales se cometieron en zona urbana, Las Palmas y Comuna 12. Entre 2001 y 2002, el Frente Pacífico, adscrito al Bloque Calima, logró tomar el control de casi todas las comunas del puerto. El año 2003 es considerado el de mayor temor en toda la historia de Buenaventura. Según la CNMH , entre 1990 y 2014, 163.227 personas fueron víctimas del conflicto armado. Hasta 2012 se habían cometido 4.799 homicidios, de los cuales el 71 % ocurrió a partir de 2000. Entre 1990 y 2013 se registraron 475 desapariciones forzadas, de las cuales el 95 % fueron ejecutadas durante los últimos 14 años; entre 1995 y 2013 se perpetraron 26 masacres con 201 personas asesinadas –sólo una ocurrió en la década de 1990–, y por último, entre 1990 y 2014 un total de 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado.

Es en esta etapa de la historia de la Diócesis en la que monseñor Epalza desarrolla principalmente su obra, siempre iluminada por la Opción por los Pobres, acompañado por los grupos de Pastoral Social de que hacían –y hacen– parte las lauritas, los franciscanos, los redentoristas, los salesianos, los javerianos de Parma, los capuchinos, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, las franciscanas de Jesús, las pequeñas apóstoles de la redención, las misioneras de la caridad madre Teresa de Calcuta, las hermanas apostolinas, las hermanas servidoras de Jesús del Cotolengo Padre Alegre, además del clero diocesal. Monseñor no se limitó a predicar, su compromiso lo llevó a denunciar las arbitrariedades y la violencia que aterrorizaban a la región, como queda dicho. Entre mayo y junio de 2006 hubo 10 homicidios, algunas de las víctimas aparecieron desmembradas y monseñor, reconociendo la presencia de la fuerza pública, acotó que los asesinatos demostraban que los autores tenían “más creatividad que la misma ley”. Después de presentar al presidente Uribe la terrible realidad que vivía el puerto y de llamar “Consejos de Inseguridad” los que citaba el presidente, recibió amenazas de muerte y orden de abandonar la ciudad. “La amenaza consistió –declaró a la revista Semana – en recordarme lo que le pasó a monseñor Isaías Duarte Cancino”, asesinado en Cali.

Más tarde el obispo declaró que los victimarios se escondían en la ciudad y que se estaban desplazando pobladores de la comuna 12 y por primera vez habló de los descuartizamientos de las víctimas. Declaró en público: “Yo le hablé al presidente del testimonio de una feligresa que se enloqueció cuando la obligaron a lavar la sangre de una de esas ‘casas de pique’ donde las personas eran torturadas y desmembradas”. Y frente al silencio y la negligencia de las autoridades, dijo: “Es doloroso decirlo, pero hace más ruido la motosierra para desmembrar cuerpos. Y cuando llegamos a esos niveles es porque ya no hay sentido humanitario. De ahí que llevamos meses pidiendo que se declare Buenaventura en emergencia social y humanitaria, porque es una vergüenza todo lo que está ocurriendo”.

El Tiempo cita unas declaraciones de monseñor a raíz de la ola de violencia desatada desde mediados de 2006: “Hay personas que siguen con su miopía y creen que todavía no ha pasado nada y les digo: ‘Si no pasa nada, ¿por qué la intervención del Estado?’ Tienen que ser muy ciegos para no darse cuenta de que la realidad de Buenaventura todavía es crítica y necesita mucha atención y no sólo inversión, sino parte humana”. Más tarde diría: “Buenaventura concentra la maldad de toda Colombia. Por ser la capital estratégica de toda esta región que padece no sólo cien años de soledad, sino de olvido, marginación y exclusión. El Gobierno ya reaccionó, pero había tardado mucho”. Monseñor estaba seguro de que la violencia tenía que ver con la expansión y la modernización de los puertos a costa de los barrios populares, sobre todo los costeros. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en el año 2012 se registraron por lo menos 122 asesinatos, en 2013 llegaron a 140 y en 2014 superó los 30 casos. En 2015 una manifestación de 30.000 personas recorrió la ciudad exigiendo poner fin a la violencia y a sus causas. La prensa informó: “La movilización masiva y pacífica, en la que participaron instituciones educativas, gremios, funcionarios, comerciantes y transportadores, fue promovida por la Diócesis del puerto, presidida por el obispo Héctor Epalza Quintero, apoyado por los prelados de las parroquias de la ciudad y numerosos ciudadanos e instituciones que acogieron su propuesta”.

En diciembre de 2016 entró al puerto de Buenaventura el megabuque Algeciras, de tres cuadras de largo y media de ancho. Descargó en el puerto de Aguadulce 4.700 contenedores Teus. En la bahía de Buenaventura operan hoy ocho concesiones que al año movilizan un promedio de 16 millones de toneladas de carga. El Algeciras es el último de los cinco grandes buques mercantes que han entrado al puerto, pertenecientes todos a la Mediterranean Shipping Company, que junto con la International de Singapur y la International Container Terminal Services Inc. de Filipinas, es uno de los socios estratégicos del nuevo puerto de Aguadulce.

¿Qué pasa en Buenaventura?*

El pasado 8 de agosto, a las 8 de la noche, Álex Mauricio Asprilla Bonilla estaba en su casa, comiendo con su tía que lo había criado. Una llamada rompió el raro silencio que se había instalado en la casa y en el barrio de San Pedro desde hacía días. El muchacho –22 años– contestó el teléfono y se fue con un “ya vuelvo”. Al día siguiente, la tía salió como loca a buscarlo. Encontró los tenis en una bolsa de plástico.

Se echó a llorar, presentía que Álex andaba en vueltas desde cuando había prometido traerle un día la llave de una casa nueva. La novia recibió una llamada anónima que le dijo: “No lo busques más. Está muerto. Y nadie puede recogerlo”. Más tarde, el alboroto del barrio hizo pensar a su tía que habían encontrado a su sobrino. Así era. Dos bolsas plásticas arribaban a golpe de ola a la playa, pero ningún vecino se atrevió a tocarlas. La Policía, que custodia el barrio las 24 horas armada hasta los dientes, tampoco quiso acercarse a mirar qué tenían las bolsas, con el argumento de que podía ser una celada. La Fiscalía, obligada por los vecinos, aceptó cambiar a Álex de categoría: ya no era un desaparecido, ahora era un occiso. El cura recogió los restos destrozados de Álex y los enterró. Dijo en la ceremonia fúnebre: “Yo hace muchos días que no realizo funerales a muertos porque la modalidad ahora es raptarlos, descuartizarlos vivos y tirarlos al mar. ¿Dónde está la autoridad en esos lugares que son ‘comunes’, conocidos y concurridos? ¡Tenemos que rechazar esta costumbre que se está implantando! Muchos son ya los desaparecidos que tenemos que enterrar”. El cura no exageraba: en lo que iba corrido del año, las autoridades habían registrado 342 homicidios en la ciudad.

Monseñor Epalza me recibió solemne y silencioso en la sede arzobispal. ¿Qué pasa en Buenaventura, monseñor? Me miró con cierta piedad: “Aquí hay una lucha por el territorio. Los asesinatos y las masacres hacen desplazar a mucha gente de los ríos hacia Buenaventura, ahora también de un barrio a otro en la ciudad. Hay que buscar el origen de todo esto en los macroproyectos que están en marcha y que se necesita construir en la tierra donde está la gente pobre, en el bajamar. Es una guerra sucia que busca desalojar a la gente para que abandone su casa y poder así construir el emporio que se proyecta”.

Así, de entrada, monseñor, que fue amenazado y obligado a huir de la Diócesis por decir lo que sucede en el puerto, me dio la pista gruesa que desmiente la imagen que el Gobierno y muchos medios han elaborado sobre un guion prescrito. Sí, es una lucha por “territorio” que tiene una razón de peso y que no es simplemente una disputa entre narcotraficantes.

Buenaventura tiene un poco más de 350.000 habitantes, de los cuales 256.000 viven en la pobreza y 147.000 en la miseria; el desempleo es del orden del 30 %, el doble de la cifra registrada en el país. Es el principal municipio expulsor de población en el Valle del Cauca, con 41.000 personas entre 2004 y 2005. Al mismo tiempo, Buenaventura recibe miles de desplazados campesinos de toda la costa del Pacífico, especialmente de los ríos del sur. En sus muelles atracaron el año pasado 1.600 buques que movieron 11 millones de toneladas, equivalentes al 46 % de nuestro comercio exterior. Y para redondear: en lo que va corrido del año se han registrado 25 explosiones que han dejado 19 muertos y 126 heridos. Más allá de las cifras están los fenómenos sociales que las explican.

No es excepcional oír decir que en la raíz del problema están la liquidación de Colpuertos en el año 1993 y el traslado de sus funciones a la Sociedad Portuaria, una empresa mixta constituida en el 80 % por capital privado, que ha reducido el personal de unos 12.000 empleados a 3.500. Se dice que la reducción es más grave aún si se tiene en cuenta que cada jefe de familia mantenía por lo menos a dos mujeres cada una con su familia. Así mismo, la privatización de la empresa ha implicado una baja sustancial de los salarios.

La Sociedad Portuaria no contrata directamente sino a través del sistema de Cooperativas de Trabajo Asociado, una trampa que han encontrado los patrones para birlar los salarios mínimos y las prestaciones sociales. Sobraría decir que el otrora poderoso sindicato de Colpuertos, tan estigmatizado, dejó de existir y la contratación quedó sometida a los espasmos de la ley de oferta y demanda. Estas “cooperativas de maletín”, como se les conoce, fueron autorizadas por la Ley 50 de 1990, con la prescripción explícita de “cumplir las normas establecidas en la legislación laboral”.

El presidente Uribe realizó no menos de cinco consejos comunales en el puerto, uno de ellos muy famoso en el país porque destituyó a gritos a un funcionario de la Alcaldía por una supuesta cooperación con el narcotráfico que el director de la Policía le había contado informalmente unos minutos antes de la reunión. El funcionario fue exonerado del cargo, pero la Nación tendrá que enmendar la farsa pagándole una millonaria indemnización.

Las grandes obras de progreso que el presidente Uribe promovió y que necesitan territorio donde desarrollarse son las siguientes:

- Complejo Industrial y Portuario: Un terminal marítimo multipropósito y una planta de abastecimiento de combustibles líquidos. Contará con 700 metros de muelle, lo que permitirá atender cuatro buques post-panamax y un máximo de 900.000 contenedores. Mientras un panamax puede cargar hasta 4.500 contenedores, un post-panamax puede llevar 12.000. La ampliación de las esclusas del Canal de Panamá se debe a la construcción de estos gigantescos buques.

- Puerto Industrial de Aguadulce: Tiene profundidad media de 16 metros, cuenta con 500 hectáreas de terreno y tendrá capacidad para 10,5 millones de toneladas en su desarrollo total, 700.000 contenedores anuales.

- Malecón de la Bahía de la Cruz: “Contará –anuncia la Alcaldía– con centro internacional de negocios, centro de convenciones, atractivos turísticos, parques, plazas, complejos habitacionales, hoteles y playa”.

El conjunto de estas obras mira hacia el mercado del Pacífico y al TLC , argumenta el Gobierno. Los puertos –todos privados– y el malecón significan una extraordinaria valorización de la tierras costeras y por tanto, el traslado de por lo menos 70.000 personas. El ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo ha prometido un plan subsidiado de vivienda de interés social para 12.000 familias que espera financiar con los US$87 millones encontrados en las caletas de Chupeta que también reclama la DEA .

Pero la gente no quiere irse y las razones son varias. La primera y más importante es que en el bajamar pescan o recogen moluscos y así solucionan el problema básico de su alimentación diaria. La segunda razón que alegan los pobladores es que la cercanía de los manglares les permite mantener su casa en pie cambiando las varas cada vez que las necesiten. La tercera razón –no válida para todos– es que en las zonas de bajamar existen numerosos puertos clandestinos ocultos en los manglares por donde pueden salir cargamentos de cocaína en lanchas menores para ser reembarcados en altamar. Mucha gente vive –o aumenta sus ingresos– como caleteros de bolsas que contienen cocaína, insumos para su procesamiento o simplemente mercancías de contrabando. Es una modalidad de rebusque muy vieja en el puerto, que ahora las autoridades antinarcóticos han hecho pública para complementar los argumentos que justifican la guerra decretada por Washington contra la droga. El bajamar es entonces un territorio donde se libran dos guerras, la del “progreso” y la del “rebusque”. Tanto los paramilitares como las guerrillas y las FF . AA . llevan a cabo la lucha por el control de estas zonas. Cada contingente defiende intereses tanto genéricos como particulares.

La población local se ve envuelta entre sus necesidades y las oportunidades, entre el respaldo de una fuerza determinada y el riesgo de ser atacada por otra. Así, un barrio como el Alfonso López está bajo el dominio de los paramilitares mientras que el Alberto Lleras está por cuenta de las guerrillas, y el centro de la ciudad es territorio del Estado. No obstante, el control no es ni total ni permanente y ello lo demuestran las numerosas bombas que han estallado en lugares distintos. Mientras unas explotan al paso de un carro de la Policía, otras matan civiles y otras, por fin, están calculadas con frialdad para sembrar y conservar vivo el terror.

Un terror que se desató hace dos años cuando un grupo de paramilitares llegaron vestidos de civiles al barrio Alberto Lleras e invitaron a varios muchachos que charlaban y mamaban gallo en la calle a un partido de fútbol en una cancha cercana. Eran 12 pelados sin trabajo –aunque nuevos informes hablan de 24–. De todos modos, los engatusaron con el cuento del juego y con el gancho de pagarles $200.000 por gol. Los pelados fueron llevados en motos hasta un lugar donde los esperaba una buseta y luego a la cancha de fútbol, donde estaban hombres armados que les dispararon sin contemplación alguna, los dejaron muertos a todos en el suelo con machetazo de gracia en la cabeza. Un crimen horripilante que hizo saber al país que algo grave estaba sucediendo en Buenaventura.

Desde entonces no deja de haber muertos y bombas. La ciudad está militarizada calle a calle, salvo en aquellos barrios –dicen los vecinos– donde el orden está garantizado por los paramilitares. El control de estos sicarios se ha hecho más evidente y descarado en los tres mercados públicos del puerto –llamados en la región Galerías–, donde desde siempre campesinos y pescadores llegaban a vender su trabajo en el suelo o en una mesa.

Hoy suelo, mesas y productos han sido apropiados por grupos de paramilitares reinsertados que terminan quebrando con vacunas o extorsiones a los vendedores hasta obligarlos a desplazarse de los mercados. Los nuevos patrones fijan al público los precios de los productos, los cánones de arrendamiento de los puestos y el valor de los inmuebles, de tal suerte que la diferencia entre el valor real y el decretado es una de las fuentes de sus ingresos. Medidas idénticas permitieron a Hernán Giraldo, el temible paramilitar de la Sierra Nevada, apropiarse del mercado de Santa Marta.

En este escenario de miedo, desconfianza y desasosiego, las escalinatas de un gran edificio público en el centro de la ciudad se llenan con miles de bonaverenses que reclaman los formularios para ser incluidos en el programa Familias en Acción. El Gobierno, con las elecciones a la vista, ha programado 12.000 cupos adicionales que dan derecho a cada familia de reclamar un “auxilio” o “subsidio” de unos $25.000 por hijo matriculado en la escuela. Son ayudas previstas para el estrato 1, el más pobre, pero los políticos locales con sus influencias en Acción Social han encontrado la fórmula para reclasificar a su clientela y pasarla del estrato 2 al 1.

Cementerio marino*

En Buenaventura, la selva –húmeda, densa, oscura– reclama el sitio que ocupaba. En toda hendija, aun en el cemento más sólido o el acero más cerrado, se cría musgo, lamas, hongos. Un helecho nace al día siguiente en esa cuna y otro después, más fuerte, sobre esa tumba; las parásitas, las lianas colonizan poco a poco las paredes, saltan los muros, tumban los cimientos. Un día, como de la nada, triunfa un yarumo. La vida no se rinde. Pero en el mar, en los esteros, en los manglares hay tumbas de jóvenes que han sido desaparecidos, asesinados con brutal frialdad, destrozados sus cuerpos, embolsados en costales de plástico o fique y lastrados con piedras para que nunca floten. La gente adolorida mira al mar, su consuelo. Porque el desaparecido no es un muerto. Es un cadáver que no descansa y no permite a sus dolientes descansar. Así lo viven las comunidades negras del Pacífico que arrastran su memoria africana. El crimen es doble: es una muerte inconclusa y siempre abierta. El muerto es un cuerpo presente que no vuelve a estar.

La gente negra necesita llorar sus muertos porque de otra manera el muerto no puede descansar. El desaparecido no tiene funeral y por tanto su vida no remata, no puede concluir, queda en puntos suspensivos. No hay tambores que avisen y llamen a sus familiares y amigos a rodearlo, los cantadores y cantadoras no pueden lamentar ni alegrar la despedida, ni los deudos llorar al ritmo de los alabaos, un coro hecho por los que van llegando y que dura toda la noche. O dos noches si es necesario porque un hijo o un primo no han podido llegar. Nadie puede botar el corazón por los labios; los carpinteros no pueden construir el cajón ni las mujeres coser la mortaja de seda porque no hay muerto. No habrá velas enlutadas. No habrá a quién bañar con hierbas olorosas. No habrá altar escalonado y blanco, no estará sobre su cuerpo la gran mariposa negra africana que preside todo entierro, aun por encima de la cruz. No habrá cortejo que pueda salir a recoger los pasos del finado: llevarlo a la tienda donde se emborrachaba con biche, ni al muro donde recostado esperaba la tarde, ni al puerto que lo despedía a la madrugada cuando salía a pescar. No habrá árbol en cuya sombra cariñosa se pueda abrir su fosa. No habrá mujer que desgarre a jirones su vestido, no habrá hijo que se unte con tierra en la frente. A los niños no los pasarán por encima del cajón para defenderlos de la muerte. Nadie podrá voltearle con amor la cara yerta al poniente para que lo que venga no lo tome por sorpresa, nadie podrá ponerle la cruz de palo de laurel sin clavos que marque el punto de partida de un viaje sin destino. Nadie podrá recordarlo por sus faltas ni ausencias ni querencias. Nunca será el espíritu que merodee porque su cuerpo queda perdido en un lugar secreto en el fondo del mar o de los esteros. No habrá Nueve Noches ni Cabo de Año, toda su gente le esperará hasta que el olvido, como la humedad de la selva del Pacífico, vaya recuperando tragándose el recuerdo. Entonces, el olvido lo cubrirá. La atención, esa manera de amar, se adelgazará hasta la indiferencia. Quizás entonces quien haya vivido, muera.

CAPÍTULO VII
Río San Juan

La región entre los ríos San Juan, Atrato y Baudó constituye la cuna de las comunidades indígenas conocidas hoy como embera, catíos –o tules– y waunáan. Es una zona rica en aguas, riquísima en vegetación, con acceso a dos mares y enmarcada por las serranías de Abibe, Darién y Baudó. Fue, además, la cabeza de playa donde se inició la conquista castellana de América. Santa María la Antigua del Darién –la primera plaza española en tierra firme–, fundada en 1510, estuvo situada probablemente en las márgenes del río Tanela. Santa María fue un importante enclave que albergó más de 2.000 vecinos y llegó a tener cabildo y obispo. Los indígenas catíos y embera sitiaron la fortaleza y el temible Pedrarias Dávila arremetió con crueldad desmedida contra los nativos que, no obstante, terminaron por derrotar a los conquistadores.

El Dorado chocoano

La región cayó en el olvido hasta finales del siglo XVI , cuando comenzó una nueva fase de ocupación originada en otras fundaciones consolidadas. El río San Juan fue explorado en 1573 por el capitán Pedro de Moriones y por Melchor Velásquez, el fundador de Toro, hoy Valle del Cauca. La riqueza aurífera de la vertiente occidental de la Cordillera Occidental era para esa época suficientemente conocida y afamada. Ello trajo dos hechos concomitantes: la exploración y la explotación auríferas, y la prohibición de la navegación por los ríos Atrato y San Juan, temiendo España una invasión inglesa por estas aguas o, por lo menos, un camino de contrabando hacia las regiones mineras de Cauca y Antioquia. La ocupación territorial de Chocó se originó en las ciudades de Santa Fe de Antioquia y Popayán, ejes de la minería en el Nuevo Reino de Granada. Cartagena entraría como socia cuando la Corona prohibió la mita indígena para la explotación de minas y fue reemplazada por la esclavitud de negros. En la colonización y la ocupación territoriales del Atrato y del San Juan han primado hasta hoy las improntas de Antioquia y del Valle del Cauca. Desde ese entonces, junto con ciudad de Panamá, Cartagena se convirtió en el centro de la actividad económica de la región.

La mita fue una de las instituciones españolas más brutales. El indígena, que más que minero era orfebre, no resistió el trabajo obligatorio y rápidamente su población entró en un colapso irreversible. La Corona trató de evitarlo expidiendo las Leyes Nuevas de Burgos en 1542, que prohibían la esclavitud de naturales. Pero al tiempo se estableció la esclavitud de negros para el laboreo de minas y haciendas.

El control de España sobre la población indígena se basó en la persecución a sangre y fuego y en la reducción de indígenas a centros de población. La primera tarea fue realizada por el conquistador de armadura, caballo, perro y pólvora; la segunda, por la Iglesia, revestida de poderes temporales. La evangelización tenía como propósito imponer una cultura mediante la catequesis y, al mismo tiempo, romper los vínculos colectivos originales de las comunidades indígenas. Tanto la concentración de población como la resistencia a ella dieron lugar a la fuga individual o colectiva de indígenas y negros hacia regiones apartadas y selváticas, lo que se conoce como cimarronismo. La ocupación territorial para la explotación económica y la construcción de vías dieron lugar a dos modalidades nuevas de poblamiento, los asentamientos indígenas y los palenques negros, que sobreviven hasta el día de hoy bajo las figuras de Resguardo Indígena, una institución colonial reconocida por la Ley 89 de 1890, y de Concejos Comunitarios, reconocidos por la Ley 70 de 1993.

Los indígenas tenían una economía simple no mercantil, basada en el cultivo de yuca, domesticada siglos atrás por los zenúes en la depresión mompoxina. Entre ellos existía intercambio limitado, uno de cuyos productos era el oro. Los negros, que sabían vivir de la selva tanto como los indígenas, adaptaron de estos muchas prácticas alimenticias. Pero además, aprendieron por su relación con los mineros españoles las técnicas de laboreo de minas como el barequeo. Así, de la relación entre estas etnias nació una nueva, y no menos simple, economía doméstica que añadió al uso de la selva como fuente alimenticia la yuca, el plátano y, poco a poco, el trabajo aurífero de aluvión. Las etnias se distribuyeron el territorio a fuerza de enfrentamientos o de acuerdos, siendo el río la principal identidad comunitaria. La gente se conocía y diferenciaba por los ríos que ocupaba y utilizaba para el transporte. Todo recurso existente en el río y su cuenca pertenecía a una familia extensa, o a una comunidad menor, incluidos, claro está, el oro, el pescado y la madera. Esta fue la forma más primitiva de posesión, poblamiento e identidad cultural. Esos títulos eran respetados por indios y negros, mas no por españoles y criollos. De alguna manera esa base constituye el principio de los territorios ancestrales y de los resguardos. Más aún, esa posesión territorial es, por supuesto, anterior al reconocimiento del subsuelo como propiedad de la Nación.

Hoy las familias descendientes de esa titularidad son reconocidas como propietarias del área por los vecinos, pero no por el Estado, una entidad que es considerada, no sin razón, intrusa. El cimarronismo es un movimiento defensivo tanto de negros como de indígenas; de alguna manera fundó una tradición de uso de la selva para evadir las imposiciones del conquistador y del invasor. Puede también ser vista como el principio de protección de cultivadores de coca e insurrectos frente a fuerzas políticas y militares que los definen como ilegales y subversivos. Los blancos han sido siempre una minoría en comparación con los indígenas, que son, a su vez, una población menor que la negra. Para finales del siglo XVIII , por ejemplo, el principal asentamiento colonial en el río San Juan fue la provincia de Nóvita, que comprendía los cantones de Nóvita, Tadó, Sipí, Juntas, Baudó y Cajón, con una población de 7.509 individuos discriminados así: 12 clérigos, 146 blancos, 1.659 indios, 1.975 “libres” de varios colores y 3.717 esclavos. A fines del siglo XVIII Nóvita producía 5.400 castellanos de oro, la cuarta parte del oro producido en todo el Virreinato. Para esta época, Chocó era el primer productor de oro de la Nueva Granada y fue erigido en Gobernación dependiente de Cauca. La relación y la proporción entre las diversas etnias no han variado significativamente en la región.

La Independencia (1810-1830) hizo disminuir la explotación minera y muchas empresas pasaron de manos de los españoles a las de caudillos militares criollos. Pero fue la abolición de la esclavitud (1851) el golpe más recio a la economía aurífera. De un millón de pesos que valía el oro extraído a principios del siglo XIX , pasó a valer sólo unos $300.000 al final de la centuria. El principal problema para los mineros era enfrentarse a la competencia representada en la libertad de explotación por cuanto cualquier libre o cimarrón podía mazamorrear, por su cuenta y riesgo, siempre que se ocultara de las autoridades. De allí la coerción física –y en general armada– que tenían que ejercer los empresarios mineros y los patrones de cuadrilla para el laboreo de minas. Como se verá más adelante, la coerción física de la minería libre o artesanal es una condición que pervive bajo normas en el nuevo Código minero que ilegaliza de hecho la pequeña explotación minera.

La minería artesanal, muy primitiva en sus técnicas y herramientas, fue sustituida por la minería empresarial a principios del siglo XX . No obstante, desde el siglo anterior los estudios científicos sobre la potencialidad de oro y platino de Chocó estaban bastante avanzados, en particular los llevados a cabo por ingenieros ingleses y franceses después de la Independencia.

El Barón de Humboldt fue uno de los primeros científicos naturalistas “extranjeros” en llamar la atención sobre el oro de Chocó y sus efectos sociales. Apuntaba que la región podría producir hasta 5.000 libras de oro, “si el Gobierno hiciera progresar la agricultura”, y remataba con una idea que no deja de ser exacta dos siglos después: “En aquel país, que es el más rico en oro, es donde continuamente se están padeciendo hambres”. Y, asombrado, exclamó a favor de su argumento: “El mayor pedazo de oro que se ha encontrado en Chocó pesaba 25 libras. El negro que lo descubrió no obtuvo a cambio ni su libertad”. En 1823, el francés M. G. Mollien aseguraba: “En la Provincia de Chocó el suelo es, por decirlo así, enteramente de oro”. En 1854, John Trautwine, que había explorado la posibilidad de un canal interoceánico entre el Atrato y el San Juan, decía que dada la gran riqueza de oro existente en las cabeceras de estos ríos y contando con las garantías que el Gobierno debería dar a los inversionistas, muy pronto los capitales extranjeros “afluirán en montón”. Agustín Codazzi y Felipe Pérez, después de señalar que casi todos los ríos y quebradas de la Cordillera Occidental arrastraban oro, concluían que “si los negros tuviesen un poco más de interés, el oro recogido en la hoya del Atrato no bajaría de dos millones de pesos al año. Por lo que hace a la hoya del San Juan, pasa lo mismo”. Charles Saffray publicó en 1872 su conocido libro Le Tour du Monde , donde se lee: “El oro de Chocó se encuentra generalmente en polvo, o en planchitas o como finas lentejuelas, sin embargo, se han hallado algunas grandes pepitas”. E. André cuenta que en el río Sipí los negros sacaban trozos tan grandes, que los cortaban con machete para poder comprar vestidos “y otros productos europeos”. Mr. White, en 1879, en su Informe sobre las minas del Medio, dice: “Hallamos aquí (Chocó) las más bellas minas de California representadas en mayor escala, y no puede quedar duda de que se han dejado debajo de las antiguas excavaciones hechas superficialmente las nueve décimas partes de oro”. Más tarde, en 1883, en el Informe sobre los ríos San Juan, Sipí, y Tamaná : “Los filones de cuarzo con oro de todas las épocas atraviesan las montañas con una profusión quizá sinigual en ninguna parte del mundo… Millones de libras esterlinas de oro se han sacado desde la Conquista... En algunos puntos (abajo del Sipí) se produce por término medio diez onzas de oro por yarda cuadrada, lo que es reputado como una relación excepcionalmente ventajosa”. Mr. Robert B. White concluye: “El gobierno de Colombia es muy favorable a toda legítima empresa. Conocedor de su vasta riqueza, él comprende la importancia de ofrecer estímulos a todos los que vengan a su territorio a desarrollar sus maravillosos recursos mineros y a buscar sus conveniencias comerciales; y está, por lo tanto, dispuesto a dar liberalmente concesiones y privilegios”.

¿Por qué, si es una región tan rica en oro y platino, sólo comenzó a ser poblada por blancos y mestizos a partir del último cuarto del siglo XIX ? Sólo cabe una respuesta: el clima. Como se sabe, es una de las regiones del mundo con más alta pluviosidad: llueve 25 días al mes, 235 al año, con un promedio de 8.000 mm anuales de precipitación. La temperatura es de 27°C y tiene una humedad relativa del 90 %. Es un clima muy favorable para la vida animal y vegetal. En una sola hectárea del Chocó biogeográfico se pueden encontrar hasta 400 especies de árboles y 800 de vertebrados, cifra que supera la de la Amazonia. Más de 2.000 especies de plantas y más de cien especies de aves de la región no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Alwyn Gentry, investigador del Jardín Botánico de Missouri, afirma que Chocó tiene una “cantidad desproporcionada de las formas de vida del planeta”.

Explotación maderera

Las sugerencias y descubrimientos de naturalistas, viajeros y cronistas sobre la riqueza aurífera de Chocó –y en particular del río San Juan–, sumadas las garantías y privilegios que el gobierno colombiano estaba dispuesto a otorgar, no cayeron en el vacío. La migración y el poblamiento blanco y mestizo de Chocó datan de finales del siglo XIX con la explotación de recursos vegetales. A principios del XX la crisis de la explotación minera determinada por la abolición de la esclavitud impulsó otras modalidades de producción: recolección de quina, caucho, tagua, palo mora y bálsamos. El centro del negocio cambió de Popayán y Medellín a Cartagena. Fueron empresarios bolivarenses quienes inauguraron y aprovecharon esta nueva y fugaz bonanza (1880-1920). Más que una nueva modalidad productiva fue una nueva forma de colonización, ni negra ni indígena, sino mestiza y de origen campesino, que en la región se conoce como chilapa. El mestizaje entre indígenas y negros en Chocó no tuvo gran desarrollo. Los mestizos que llegaron tras esa nueva bonanza venían de las sabanas de Bolívar y Córdoba. El cambio de eje económico del oro a la explotación de caucho fue, paradójicamente, el principio de una incipiente colonización moderna que entró por varios caminos: el de Montoyas, que partía de Urrao y llegaba al río Beberá, y el famoso Real de Nóvita a Cartago, que compartieron Antioquia y Cauca. Así, llegaron a Chocó campesinos en busca tanto de tierras como de placeres; una nueva ola migratoria proveniente de las tres grandes regiones que enmarcan Chocó: Antioquia, Caldas y Valle. Sobresalen el poblamiento minero y la actividad comercial de los antioqueños, tanto colonos como pequeños empresarios. Es interesante anotar que en el gobierno de Rojas Pinilla se abrió la posibilidad de dividir el departamento de Chocó, creado en 1947 (Ley 13 del 3 de noviembre), en tres anexos a los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. La iniciativa fue rechazada por los políticos chocoanos con manifestaciones públicas en

Quibdó. Desde la Colonia estas tres regiones han determinado la vida económica y política de la región

La primera ocupación invasiva de la región fue realizada por negros –cimarrones o libertos– que desplazaron comunidades indígenas con las que terminaron conviviendo, pero en general no mezclándose. La segunda ola estuvo representada por mineros blancos que ocuparon territorios indígenas y negros. La tercera ola, asociada a las carreteras Medellín-Salgar-Bolívar-Quibdó (1943-1990); Pereira-Santuario-Tadó-Istmina (1920-1985); Medellín-Dabeiba-Chigorodó-Turbo. O la Carretera al Mar (1920-1950). A estas vías terrestres vale agregar la navegación por el río San Juan, impulsada por el general Reyes desde 1906, que unió Buenaventura con Noanamá y Dipurdú. El conjunto de caminos fue resultado y a la vez origen de una economía de saqueo que aún no termina. Por los mismos caminos que llegó la colonización mestiza de fines del XIX y principios del XX , llegaron, 50 años después, la guerrilla, los paramilitares y la coca. Y por esas mismas vías, las fuerzas del siglo XXI –autopistas, puertos y gran minería– que amenazan hoy la biodiversidad y la economía tradicional –incluido el mazamorreo–.

Oro y platino: La Chocó Pacífico

El nombre de Luis Lozano Escipión es el origen de una larga y dramática historia. Nacido en Roldanillo, Valle, llegó a Condoto en busca de fortuna a fines del siglo XVI . Y la encontró en la graciosa donación que doña Tomasa Ibargüen le hizo de sus títulos de ella sobre los reales de minas de Juntas de Cristo, Juntas de Tamaná, Cajón, San Agustín, Fe de Cristo y San José, todas situadas en el valle aluvial del río San Juan. La razón fue simple: la zona era rica en un metal extraño que se llamó oro biche (platino), descubierto –o sea llevado a España– por Antonio de Ulloa en 1735 y considerado carente de todo valor comercial. Sin duda, algún yacimiento de oro encontró porque se sabe que llevó una cuadrilla de esclavos a trabajar en Condoto. A su muerte dejó una gran concesión que desde ese tiempo se conoce como mina La Lozana. A fines del siglo XIX se descubrieron las propiedades del platino y se comenzó a explotar en los montes Urales. En Colombia las guerras del fin de siglo, sobre todo la de los Mil Días (1899-1902), impidieron que sus yacimientos fueran tomados en consideración.

Desde los últimos años del siglo XIX el interés por la explotación de oro y platino había crecido enormemente, pero la guerra civil de los Mil Días postergó toda inversión. Una vez firmada la paz en el buque norteamericano Wisconsin, noviembre de 1902, se dispararon las demandas de apropiación de minas, sobre todo de inversionistas extranjeros. El gobierno de Reyes, con miedo de que se volviera a presentar una situación como la pérdida de Panamá, prohibió a los extranjeros la adquisición de tierras para la explotación minera. A cambio ofreció concesiones. Mr. Henry Gragner, un estadounidense que conocía muy bien la región, solicitó y obtuvo, a nombre de su esposa colombiana, 113 títulos mineros. A partir de entonces Reyes autorizó numerosas concesiones, lo que creó un embrollo entre los favorecidos, principalmente extranjeros. Cuando el país entraba en la Danza de los Millones (1922-1929), se habían otorgado cerca de un millar de títulos sobre minas de aluvión. Rafael Reyes permitió concesiones sobre dragado de ríos, incluidos los navegables. Uno de esos ríos fue el Condoto, concesionado al general José Cicerón Castillo, que en 1912 transfirió su potestad a la Anglo Colombian Development Company (ACDC ), subsidiaria de la conocida Consolidated Gold Fields of South Africa Ltd., fundada por Cecil Rhodes en 1887 para extraer el oro del Transvaal en Suráfrica. Más tarde obtuvo autorización para dragar parte de los ríos San Juan e Iró.

Después de un largo y enredado proceso judicial entre la ACDC y el señor Gragner, que pretendía títulos sobre el río Condoto –la principal mina de platino del país–, los litigantes llegaron a un acuerdo salomónico: explotar en sociedad la zona, y para ello fundaron la Compañía Minera Chocó Pacífico. Por aquellos años la nueva empresa adquiría los títulos de La Lozana. Más tarde se formó la International Mining Corporation, que controló la Compañía Chocó Pacífico S. A., la Compañía Minera de Nariño S. A., la Frontino Gold Mines Limited y la Consolidated Gold Dredging Limited. La edad de oro –o de platino– de la empresa fue entre 1916 y 1930, período en que la producción del oro blanco “pasó de 211 kg en 1906 a 1.586 kg en 1921, y se mantuvo en un promedio de 1.460 kg hasta 1930. Colombia fue reconocido como el primer productor mundial de ese demandado metal. Entre 1948 y 1972, la Chocó Pacífico extrajo metales por valor superior a US$196 millones. Se dice que con el producido de su operación se edificó el Yankee Stadium de Nueva York”. La Chocó dragó el curso inferior del río Condoto donde se hallaban los grandes depósitos aluviales de oro y de platino, este hasta entonces un mineral poco conocido. La ambigüedad de muchos títulos y concesiones permitió que la compañía evadiera el pago de impuestos y regalías durante el período de mayor producción y de más elevados precios internacionales del platino, al que cada día se le descubrían nuevos componentes asociados, propiedades y usos. En 1942, con cuatro enormes dragas operadas con energía eléctrica producida por la propia central de La Vuelta, propiedad de la compañía, produjeron 3.439 onzas troy de oro y 25.574 de platino. El mineral salía directamente hacia Nueva York desde el propio aeropuerto de la empresa. Las gigantescas dragas eléctricas fueron barriendo el lecho y las vegas del río y de las quebradas tributarias, destrozando los cauces y contaminando con mercurio y cianuro las aguas.

La Chocó Pacífico fue un clásico enclave de economía extractiva que por su naturaleza creó un sistema de exclusión étnica y geográfica y dejó profundas heridas en la región. La compañía tenía su sede administrativa, talleres y residencia de los altos empleados en una zona reservada, cercada y vigilada por sus propias fuerzas de seguridad en Andagoya, donde además de aeropuerto propio, un club privado –Las Palmeras–, abría sus puertas sólo a los “blancos”, profesionales norteamericanos, suizos y yugoslavos, y a unos pocos colombianos especializados en el exterior. Al otro lado del río estaba situada Andagoyita, un pueblo construido por los obreros, la gran mayoría afrodescendientes, sin orden ni concierto urbano, carente de servicios básicos, que experimentaba un ritmo de crecimiento extraordinario.

Salta a la vista el papel político de las concesiones mineras desde entonces. Más allá de los muy pocos pesos que por vía fiscal le llegaban a la Nación, las concesiones suponían y exigían una protección política –y hasta militar– por parte de los gobiernos a cuyas compañías les fue otorgado el beneficio. Era claro que los gobiernos norteamericano o inglés podrían intervenir aun militarmente en Colombia en el muy eventual caso de que las minas de la Chocó Pacífico, por ejemplo, trataran de ser nacionalizadas o expropiadas por una determinada administración.

Durante la Presidencia de López Michelsen (1974-1978) soplaron tenues vientos nacionalistas al tiempo que la explotación de oro en el San Juan entraba en una profunda crisis productiva. En 1974, la Chocó Pacífico compró los activos de la International Minning Co., y en 1978, Mineros de Colombia S. A. compró la Chocó Pacífico. Más adelante, Mineros de Colombia S. A. vendió al sindicato de la empresa los activos de lo que había sido la Chocó Pacífico para crear la compañía Metales Preciosos del Chocó S. A. El conjunto de operaciones especulativas de carácter financiero terminó en un verdadero fracaso para los trabajadores, puesto que las prestaciones sociales acumuladas de los obreros fueron cambiadas por los activos inservibles de la antigua empresa.

Negociaciones turbias o el poder de una familia

Jorge Tadeo Lozano Osorio ocupa un lugar destacado en la historia regional por ser el puente entre el Chocó de “La Compañía” –la Chocó Pacific Mining– y el Chocó devastado por la fiebre del oro y la coca. Seguramente este político chocoano no tiene nada que ver, salvo el homónimo, con Jorge Tadeo Lozano de Peralta y González Manrique, vizconde de Pastrana e hijo mayor del marqués de San Jorge, uno de los más acaudalados personajes neogranadinos, presidente del Estado de Cundinamarca en 1811. Lozano Osorio es hijo de Ramón Lozano Garcés –nieto a su vez de Luis Lozano Escipión–. Lozano Garcés fue en su juventud un radical dirigente sindical que participó en numerosos enfrentamientos con la compañía por prestaciones sociales y condiciones de trabajo, además fue negociador de varios pliegos de petición. Gozaba, por tanto, de un bien ganado prestigio entre los trabajadores –y en general en Istmina y Andagoya– que dependían de la explotación del oro. Toda petición ganada por el sindicato era, de hecho, dinero que activaba el comercio, la pequeña manufactura, los servicios y hasta los recursos fiscales. El sindicato era tan importante como la compañía. Pero Ramón Lozano era también nombrado, y poseía influencia, por ser heredero de un territorio minero, el primer yacimiento que los norteamericanos explotaron. El reconocimiento local, por una y otra razón, hizo que Ramón Lozano pudiera enviar a su hijo, Jorge Tadeo, a estudiar leyes fuera de Chocó. Se graduó de abogado en la prestigiosa facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y se dedicó a litigar y a hacer política aprovechando título, parentesco y nombre.

Jorge Tadeo Lozano es liberal –amigo personal del desaparecido expresidente Alfonso López Michelsen– y ha ocupado todos los cargos de elección en el Legislativo. Desde concejal hasta vicepresidente del Senado y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, encargada por la Constituyente de 1991 de reglamentar el artículo 55 transitorio de ordenamiento del territorio. En esencia, el reordenamiento territorial es la reglamentación del principio de la función social de la propiedad con base en la relativa autonomía regional. Por tanto, es un principio que tiene poderosos enemigos en los defensores de la actual organización territorial de carácter electoral. A los intereses territoriales de las compañías que explotan –o pueden explotar– los recursos naturales de la región no les convienen ordenamientos que regulen la propiedad en función social y ambiental. No hay duda de que Jorge Tadeo Lozano, como presidente de la Comisión, interpuso todo tipo de argumentos para impedir el nuevo estatuto. Fue una posición coherente con el papel que jugó como negociador de los intereses de la compañía –heredados por Mineros de Colombia S. A. – con el sindicato, a la hora de la liquidación de la Chocó Pacífico. Como se dijo, la compañía regaló –o transfirió sin costo alguno– a Mineros de Colombia los activos –representados en maquinaria inservible y en licencias de explotación– a cambio de que los nuevos propietarios asumieran la enorme deuda que la Chocó Pacífico tenía con sus trabajadores. Los empresarios colombianos tenían la certeza de negociar la deuda con el sindicato al modo tradicional: comprando dirigentes y reprimiendo el inconformismo. Jorge Tadeo facilitó el tránsito, la primera de una serie de operaciones especulativas que terminaron por transferir la deuda a los trabajadores. Siendo un dirigente con reconocimiento nacional y enorme poder local, no le fue difícil jugar el papel de intermediario en la negociación de marras. Es relevante en este sonado caso el papel que jugó el clientelismo político, que no sólo golpeó la economía chocoana, sino que terminó arruinando un sindicato fuerte, y por esta vía el sindicalismo de la región.

¿Cuáles fueron en realidad las razones de estas intermediaciones? De un lado estaba la fuerza del sindicato de trabajadores que había elevado sus demandas y acumulado, hasta hacerlo impagable, lo que se llama el pasivo pensional. Pero de otro lado estaba la actividad guerrillera, sobre todo en la región del sureste antioqueño (Remedios, Zaragoza), donde Mineros de Antioquia, socia de Mineros de Colombia, había sido atacada con frecuencia por los alzados en armas. Desde el punto de vista de la decadente rentabilidad empresarial, el negocio era razonable. Lo que no se entiende es por qué el sindicato aceptó el trato.

Los daños que hizo la Chocó Pacífico a lo largo del río eran, a mediados de los años 1990, visibles y escandalosos. Toneladas de cascajo apiladas por las dragas en las orillas, enormes huecos abiertos por las retroexcavadoras, destrozo de las playas del río y de la selva, pérdida de vidas vegetal y animal.

El final de la economía clásica de enclave en el San Juan está representado en la lenta agonía de la Chocó Pacífico. A partir de los años 1990, una nueva explotación determinó la estructura económica del San Juan. El cultivo de la coca y el poder del narcotráfico marcan desde entonces el rumbo de la economía regional. Al mismo tiempo que la minería de enclave decae, entran en crisis la explotación de las maderas y la pesca. Las maderas del alto y el medio San Juan se agotan por el arrasamiento de los bosques y en ello nada tiene que ver la minería. No sucedió lo mismo con la pesca, que sufrió el agotamiento progresivo debido a la contaminación de las aguas con mercurio y la sedimentación de los lechos con el material liberado por las grandes dragas. El cultivo de la coca, sumado al desempleo, y la descomposición de algunas comunidades indígenas y negras atrajo y facilitó la formación de grupos armados, tanto guerrilleros como paramilitares. A partir de la última década del siglo XX , el conflicto armado determinó la vida en la cuenca del río San Juan.

Como dice José E. Mosquera en su artículo “Cómo la Chocó Pacífico le robó a Colombia”: “En 1974, cuando se había agotado la productividad de las minas, en una maniobra oscura y de testaferrato de una supuesta colombianización del oro, la empresa Mineros Colombianos S. A., supuestamente ‘compró’ la Chocó Pacífico, para asumir el nuevo reto de la ‘colombianización’ de las riquezas mineras de Colombia. Un año después se descubrió que todo había sido una compra ficticia a los estadounidenses para engañar al gobierno colombiano, cuando se solicitó autorización para girar el 50 % de sus utilidades al exterior. Una sociedad que 12 años después entró en crisis y fue liquidada por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien formó parte del complot de explotadores que orquestaron el otro plan siniestro de estafar a los trabajadores y pensionados con la entrega de acciones como forma de pago de sus prestaciones para crear una nueva empresa, Metales Preciosos, que sólo la constituían chatarras”.

Minería ilegal en el alto San Juan

El alto San Juan, que va de sus cabeceras hasta la desembocadura del río Sipí, ha sido desde la Colonia un productor de oro y, en mucha menor medida, de platino. Su economía ha girado fundamentalmente en torno a Pereira y Quibdó, siendo Istmina el centro articulación vial y económica de la zona. Hay razones históricas que explican estas relaciones. Con la ruina de la Chocó Pacífico y de sus sucesoras, la región comenzó a ser trabajada con dragas medianas por empresas mineras provenientes de Risaralda. Fue una explotación limitada que en realidad volvió a trabajar los lugares que las grandes dragas ya habían explotado. Se trató de aprovechar los lechos de los ríos y quebradas tributarios de la cuenca con motobombas que succionaban material, hasta que el sistema mostró su límite y las empresas mineras optaron por las retroexcavadoras, que se podían alejar de los lechos y trabajar en zonas de vega, vírgenes hasta entonces.

Son empresas más grandes que las anteriores, muchas de ellas sociedades que trabajaban –o trabajan– en el bajo Cauca, Telembí, Caquetá. No se puede establecer qué porcentaje tiene licencia para la explotación legal, pero es previsible que muchas carecen de ella o la han obtenido de Codechocó de manera irregular. El hecho de que desde el gobierno de Gaviria el oro sea de libre mercado impide que el Gobierno tenga un registro cierto de la explotación. Estas características de la economía minera de la zona exigen un orden social para poder sostenerse. La presencia del Estado es débil y su funcionamiento es precario, si se tiene en cuenta que en la región aurífera hay sólo cinco estaciones municipales de Policía –Istmina, Condoto, Andagoya, Nóvita y Santa Rita de Iró–, de 12 que debería haber. La institución ha construido una escuela de carabineros en Yuto. El Ejército Nacional, Décima Brigada, tiene en Istmina a su mando el Batallón de Ingenieros No.15 Julio Londoño, cuya función principal sería apoyar la construcción de la carretera Las Ánimas-Nuquí.

Numerosos testimonios dan cuenta de que la minería de retroexcavadora está respaldada por grupos paramilitares que cobran impuesto de seguridad a las empresas explotadoras, muchas de ellas propiedad de los mismos paramilitares. De manera que buena parte de la minería del alto San Juan está controlada por estos grupos armados, sin duda en connivencia con empresarios legales, comerciantes y algunas autoridades locales.

El gobierno de Santos ha anunciado repetidamente como parte de su programa la formalización de la minería y la reforma del Código para liquidar la minería ilegal, es decir, aquella que carece de títulos o de licencia ambiental. Esta modalidad de explotación minera tiene dos formas diferentes de asociación que hasta ahora no han sido distinguidas por el ministerio: la minería ilegal de carácter empresarial, que emplea maquinaria moderna y logra volúmenes significativos de metal, y la minería artesanal, rudimentaria, tradicional y de pequeña escala. Con la primera el Gobierno encontrará una gran resistencia apoyada en papeles falsos, corrupción burocrática, política clientelista y, sin duda, paramilitarismo; con la segunda, manifestaciones públicas, denuncias internacionales de ONG y, eventualmente, ataques guerrilleros. La distinción entre las modalidades debería ser puesta en un primer plano antes de acometer una política de reducción o de formalización de esta minería.

Recientemente la United States Agency for International Developpment (USAID ) echó a andar el programa Oro legal, que reconoce que la minería artesanal sin control “estimula la ilegalidad, la degradación ambiental y la extorsión de grupos armados” y que consiste en el impulso de una agenda común con miras a conseguir un “cambio sostenible” en ese sector. “Oro legal actúa como un actor neutral que busca apoyar la minería responsable cuando sea técnica, financiera y legalmente posible llevarla a cabo”. En acuerdo con el Gobierno el programa trabaja en Antioquia y Chocó buscando regular la actividad minera mediante el cumplimiento de la ley, la participación de las asociaciones mineras artesanales, la capacitación técnica y la reforestación de áreas degradadas. La primera etapa busca legalizar 220 minas artesanales, rehabilitar 11.000 hectáreas degradadas, apoyar la producción de ocho toneladas de oro legal, eliminar 55 toneladas de mercurio y capacitar a 3.500 mineros.

No obstante, en los pueblos mineros se cree que perseguir la minería ilegal es una política a favor de la explotación de las grandes empresas multinacionales. En 2004, el alto San Juan producía unos 12.000 kilos anuales, según el DNP ; el 88 % de las exportaciones del departamento estaba constituido por minerales metalíferos y el 90 % iba a Japón, por lo que se podría deducir que gran parte del oro chocoano es vendido a esta nación.

Hoy los efectos sociales y ambientales en la zona minera del San Juan no se han modificado. Liquidada la Chocó Pacífico –y sus herederas–, llegaron de Caucasia, según cálculos de conocedores de la región, más de 400 retroexcavadoras, unas con título minero, otras sin él; unas gozando de una concesión legal y otras sin ella, y casi todas con la licencia ambiental obtenida por medios irregulares, para no decir fraudulentos.

La actividad de grandes empresas mineras como la Chocó Pacífico implicó innumerables efectos negativos en términos sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, la minería artesanal tradicional del mazamorreo convivía, mal que bien, con las compañías. Al ser sustituida la explotación con dragas y retroexcavadoras, la situación de los mineros artesanales empeoró no sólo por el desempleo, sino por las condiciones que imponen las nuevas empresas.

El daño ambiental debido a la minería parece irreversible y se profundiza y amplía día a día. En primer lugar está el destrozo de la selva. Las retroexcavadoras entran rompiendo la vegetación y limpiando de biomasa el terreno que explotarán. Se habla de 20.000 hectáreas sólo en el río Condoto. Al ser revolcado el suelo por las retroexcavadoras, es destruido el humus que alimenta la selva, y al ser removido para encontrar el metal, los resultados son las pilas de cascajo y los grandes huecos. La vida sobre este material durará muchos años en volver a brotar. Falta agregar el desastroso efecto en la conservación y la reproducción de la fauna y de los microorganismos. En segundo lugar, como ha sido denunciado, el mercurio y el cianuro utilizados para la explotación aurífera son tóxicos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. De hecho, en el San Juan la pesca está hoy arruinada, según testimonios de pescadores de la zona. Por último, las excavaciones hechas en la región más lluviosa del mundo –en Andagoya la pluviosidad es de 13.000 mm– se convierten con rapidez en gigantescos estanques de aguas quietas donde proliferan los vectores de paludismo.

Desde fines de los años 1980 la gran minería empresarial entró en franco descenso y hoy el 95 % de la actividad en el río San Juan es ilegal. Como en otras épocas, la gente regresó al mazamorreo simple. Los títulos ancestrales no son siempre respetados ni por particulares ni por el Estado, lo que ha facilitado la acción de grupos armados y de la fuerza pública. En los últimos años han entrado compañías medianas con dragas y retroexcavadoras, con efectos muy nocivos, lo que crea una situación social y económica que condiciona el orden público, que, por lo demás, tiene su historia y su propio desarrollo regional.

La demanda de zonas para la explotación minera o maderera ha llegado al extremo de comenzar a invadir resguardos y comunidades de Ley 70 por medio del arriendo o formas derivadas de comodato en áreas determinadas. Al día de hoy la modalidad no pasa de ser una excepción que si no es atendida por el Estado, se puede llegar a convertir no sólo en una amenaza contra el medio ambiente, sino en una verdadera bomba de tiempo contra los resguardos y los consejos comunitarios. Hoy una minoría lleva a cabo tales negocios, pero la presión de las empresas, la acción de los paramilitares y la tolerancia del Gobierno pueden llegar a destruir estas formas de defensa étnica y territorial. Como es natural, tales prácticas ilegales crean conflictos internos en estos entes, al dividirlos por el reparto interno de los dineros obtenidos.

La historia de la minería en Chocó pone de manifiesto el papel que juega el gamonalismo en la corrupción administrativa del departamento y el uso de las estructuras familiares y los parentescos en estos procesos. La familia extensa, como lo han estudiado Virginia Gutiérrez de Pineda y Nina S. de Friedmann, cumple una función defensiva relacionada en primera instancia con el territorio. Las cuencas de los ríos son territorios familiares a los que pertenecen los recursos y las tierras. En la medida en que la economía de la región ha sido transformada y el sector terciario aumenta su peso, la familia extensa se convierte en una especie de clan de gran poder, sobre todo de carácter político, aunque también lo sea económico.

La administración pública tiende a ser una empresa que genera dividendos que pertenecen a quien tiene poder político, es decir, en primer lugar votos, y a partir de allí, influencia política en el Estado y en particular a nivel central. Las familias extensas son el núcleo de una clientela electoral, y la administración pública una especie de cantera económica. El gran negocio de la Chocó Pacífico y de Mineros de Colombia al desembarazarse de activos obsoletos fue facilitado por la estructura familiar extensa de políticos que tenían también influencia a nivel del gobierno central e influencia local en los sindicatos y, claro está, en una amplia clientela electoral.

Carreteras en el medio San Juan

Hasta mediados de los años 1930 Chocó permaneció tan hermético y encerrado en sí mismo como lo tenía España en el siglo XVI . Las vías de comunicación con el mundo exterior se reducían al Atrato y el San Juan, por donde se hacía todo el comercio. En 1934, durante el gobierno de Eduardo Santos, se comenzó a construir la carretera Medellín-Quibdó desde Salgar, un pueblo conservador de colonización cafetera antioqueña clásica que indujo el avance de ese movimiento hacia El Carmen del Atrato. La vía se convirtió en el principal eje de negocios de Quibdó con Antioquia y desplazó los fuertes vínculos históricos con Cartagena y Panamá. En los años 1960 el viaje a Medellín podía durar entre tres días y una semana.

A mediados de los años 1970 llegaron las primeras unidades del ELN en busca de una zona que cumpliera tres objetivos militares: salida al mar, abastecimiento logístico y descanso. Para estos años ya se habían fundado haciendas ganaderas que abastecían de carne el alto Atrato. Existía también una mediana explotación minera en el río Andágueda desde la época colonial. Pero, ante todo, la vía constituyó un verdadero cordón umbilical de la hoya del río Atrato que poco a poco alimentó una guerra desde fines de los 1980 y durante toda la década de 1990. Las masacres; los enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública fueron frecuentes y desde entonces el desplazamiento ha caracterizado la región. Es conocido el hecho de que el general Alfonso Manosalva Flórez fue acusado de colaboración con las AUC y que el Batallón de Infantería No. 12 lleva su nombre. Las otras vías que rompieron el tenaz aislamiento fueron la carretera Pereira-Las Ánimas-Istmina, terminada en 1983, y la Pereira-Las Ánimas-Nuquí, planeada no sólo como enlace de la región cafetera con el puerto de Tribugá.

Estos dos carreteables cambiaron la dependencia de Chocó de Cartagena y Panamá, por la de Quibdó de Antioquia, y la de Istmina de Caldas, que son las que hoy prevalecen. Dado que en buena medida el comercio depende de estas vías, los grupos armados han tenido como uno de sus objetivos estratégicos controlarlas. Así, durante los años 1990 el ELN y las FARC montaban retenes regularmente a lo largo de las dos carreteras. El Ejército facilitó la acción de grupos paramilitares como condición para que el Estado retomara la soberanía sobre la región. Hasta hace poco las FARC , con el Frente 34, la Compañía Aurelio Rodríguez y el Bloque Móvil Arturo Ruiz, tenían presencia en Tadó, Río Iró, Condoto, San José del Palmar y Nóvita. Con el apoyo del Frente 30, el bloque Arturo Ruiz actuaba a lo largo del San Juan, el Sipí y el Garrapatas. El ELN opera con los frentes Ernesto Che Guevara, Manuel Hernández, el Boche y Resistencia Cimarrón sobre las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, y en las regiones del medio San Juan y el litoral. El Che Guevara actuaba con las FARC en San José del Palmar y Nóvita; el Manuel Hernández, en Lloró, Cértegui y Tadó, y Resistencia Cimarrón en Nuquí, alto Baudó, Cantón de San Pablo. Por último, el Ejército Revolucionario Guevarista (hoy desmovilizado) montaba retenes en alianza con las FARC en la vía Quibdó-Pereira.

El golfo de Tribugá y la bahía de Málaga son puertos naturales de aguas profundas que han inflamado la imaginación de empresarios y políticos como lugares ideales para la construcción de terminales marítimos. Desde los años 1980, cuando se comenzó a hablar oficialmente del proyecto, el escondido pueblo de Nuquí se vio invadido de comerciantes en busca de oportunidades de inversión no sólo en la zona costanera sino a lo largo de la carretera que comunicaría el puerto con Pereira. La presión fue tan significativa, que las comunidades negras e indígenas del Pacífico exigieron la reglamentación del artículo 55 transitorio de la Constitución de 1991 sobre ordenamiento territorial, que se transformó en la Ley 70 de 1993.

El peligro no era imaginario. El trazado de la vía y la importancia del puerto fueron la base para la aparición de conflictos que hasta entonces se mantenían escondidos. Anticipándose a las reclamaciones de comunidades ancestrales tanto de indígenas como de negros, algunos intereses especulativos apoyaron la formación de grupos paramilitares que facilitaran la adquisición de tierras y playas. Las guerrillas que tenían fuerzas en la zona no tardaron en reaccionar y se creó un clima de zozobra y confrontación militar que poco a poco se fue agudizando. El Gobierno no tardó en intervenir como tercero en discordia, un papel que, como es sabido, termina siempre encubriendo al paramilitarismo.

Así como el Valle del Cauca tiene una salida al mar por Buenaventura, y Antioquia una por Turbo, el Eje Cafetero ha propugnado desde hace muchos años por construir una salida propia al Pacífico. El gobierno de Uribe consideró esta vía de importancia estratégica ya que será el remate de un eje que unirá el Pacífico con el Orinoco. Los últimos acercamientos de Santos con Chávez renovaron el interés de Venezuela por la vía Arauca-Bogotá-Pereira-Nuquí. En 1984 se inauguró la carretera entre la capital de Risaralda y el pueblito Unión Panamericana, conocida como las Ánimas o La Ye. La carretera Las Ánimas-Nuquí tiene una longitud aproximada de 123,8 kilómetros, de los cuales 68 se encuentran construidos. El trayecto faltante, entre Las Ánimas y Nuquí, unirá las hoyas del San Juan y del Baudó y en su conjunto atravesará numerosos resguardos.

Hasta los años 1980, la serranía del Baudó era desconocida para el país y sólo algunos biólogos y etnógrafos conocían su importancia ambiental y cultural. Sobra decir que tanto las comunidades indígenas como las negras constituían, pese a sus diferencias, una sociedad dominada por el autoconsumo y la tradición. Nina S. de Friedmann habla de “civilidad construida al margen del Estado”. En 1990, una comisión de antropólogos que visitó la región escribió: “(el Baudó) región de gente negra, convivía en paz con su medio ambiente y con sus vecinos indígenas”.

El Baudó no ha sido una región aurífera, pero durante mucho tiempo sus pobladores comerciaban en pequeña escala con los mineros del San Juan. El mero anuncio del proyecto disparó las expectativas de lucro especulativo por parte de los comerciantes de tierras y maderas y encendió las alarmas en los grupos ambientalistas y en las ONG defensoras de los DD . HH . El Gobierno declaró la obra de urgente importancia estratégica, y en abril de 2009 otorgó la licencia ambiental. El profesor Luis Carlos Jiménez Reyes, en reportaje para El Espectador , informó que el proyecto (la carretera) continúa “felizmente frustrado”.

En un memorable trabajo de Jaime Arocha se lee: “A mediados de 1994 irrumpió en el alto Baudó un frente guerrillero quizá disidente del EPL … y a comienzos de 1996, (hizo) la aparición otra guerrilla, el Benkos Bihojó”, un grupo vinculado al ELN . En ese momento se originó el conflicto entre ‘el reconocimiento constitucional de la diversidad de formas de vida y cultura como nuevo fundamento de la nacionalidad y la arremetida de obras infraestructurales en respuesta a las necesidades impuestas por la apertura económica’”. La presencia de las guerrillas, la vigencia de la Ley 70 y el proyecto de la carretera atrajeron a las FARC , que de entrada dieron muerte al vicepresidente del Consejo Comunitario General del río Baudó y sus afluentes (ACABA ), Misael Soto Córdoba, acusado de colaboración con el paramilitarismo. A raíz del asesinato de tres campesinos en 1998 en Pie de Pató, se desplazaron 450 pobladores hacia Quibdó. En junio de 2001 un grupo armado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU ) y el Frente Metro-Pacífico de las AUC dieron la orden de desalojar Playitas, Puerto Martínez, San José de Amía: “No aceptamos que se queden, tienen que llegar a Quibdó, donde su alcalde que los mantenga”. Acatando la orden, 1.500 habitantes de Pie de Pató abandonaron sus tierras y se refugiaron en Quibdó e Istmina. Uno de los efectos más notorios del terror creado por la guerra es el abandono creciente de la economía tradicional basada en el “sistema de tumbe y pudre, apelando a las prácticas culturales de la minga y la mano cambiada, y utilizando para ello los diques aluviales”. La situación es crítica, opinan observadores locales.

“La gente no trabaja la tierra; el plátano, que se cultivaba como base de la alimentación, se trae hoy de Quindío. Los camiones traen comida y se van vacíos. Quizá se esté viviendo de las remesas que mandan los que se han ido a trabajar la coca en Nariño o el oro en la serranía de San Lucas. Buscan irse a donde nadie los conozca. En el río Quito hay dragas y talleres metal-mecánicos, ahora son menos, y la explotación se hace con retroexcavadoras, aunque aún se mazamorrea, o se trabaja haciendo socavones hasta de 30 metros bajo tierra. Los gatilleros boletean todo lo que se hace”.

En el bajo Baudó el conflicto armado parece centrarse hoy entre el ELN y los Rastrojos. Los informes de prensa y los informes oficiales –que son idénticos– afirman que se trata de conflictos por el control de las rutas del narcotráfico. No cabe duda de que los enfrentamientos buscan el dominio territorial, pero el objetivo último no es necesariamente el narcotráfico. Puede ser el control estratégico de la población como fundamento logístico y político.

La construcción de la carretera, y la controversia local y nacional que ha desatado, ha sido un factor que afecta el orden público en la medida en que en el fondo enfrenta la existencia real y actual de los territorios colectivos con la valorización potencial del suelo. La acción de los gatilleros –dice un observador que quiere mantener su nombre en reserva– fue tan fuerte, que las comunidades tuvieron que acogerse a los planes de compensación que las empresas constructoras y el Gobierno les ofrecieron a cambio de la consulta previa. Es posible que no sólo sea este el factor determinante. Lo puede ser así mismo el espejismo de la carretera como solución para tener acceso al mercado, espejismo que se romperá cuando la vía se haya construido y los pobladores que la pidieron hayan sido desalojados.

Para finalizar, cabe citar la alerta hecha por Bruno Moro, coordinador residente de la ONU en Colombia hasta marzo de 2013, sobre el peligro inminente y manifiesto que corren los indígenas en Colombia: “Al menos 27 grupos indígenas se encuentran en peligro de extinción, en gran parte como resultado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Su supervivencia depende enormemente de su capacidad de permanecer en sus tierras tradicionales. Infortunadamente, muchos han huido de dichas tierras y se han dispersado a la largo del país, algunas veces en centros urbanos lejanos”.

El 15 de abril de 2016 en el área rural del Bajo Baudó, 612 indígenas de esa población se desplazaron a la cabecera municipal por causa de los enfrentamientos entre el Ejército y el ELN . En esa misma semana, 456 indígenas de 95 familias de la comunidad waunáan se desplazaron del litoral de San Juan hacia Docordó, la cabecera municipal. Antes, al menos 935 personas de la comunidad afro de la zona alta del río Baudó habían abandonado sus viviendas y permanecen refugiadas en Pie de Pató. En febrero a Tumaco llegaron 219 afrodescendientes de la vereda Bajo Jagua debido a los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales.

Coca en el medio San Juan

El medio San Juan gira alrededor del Valle del Cauca, dado el importante papel que han jugado el cañón del Garrapatas, afluente mayor del Sipí, y el delta del río, no muy distante de Buenaventura. Territorialmente, la región está dominada por Resguardos Indígenas waunáan y por Consejos Comunitarios de Ley 70, que como tales tienen una muy regular comunicación con la serranía del Baudó. Hay caminos o trochas que unen las dos regiones. No obstante, el mestizaje entre estas dos etnias es excepcional; cada una tiene su propio territorio –algunos en litigio–, sus normas y valores y sus autoridades. En el pasado, la zona tuvo varios aserríos y la explotación maderera fue brutal; hoy toda economía distinta a la coca es marginal, incluida la pesca, que algún día fue un importante recurso. La explotación aurífera, con la consabida contaminación de las aguas con mercurio y cianuro, y el cultivo de la coca liquidaron este renglón de la economía local.

Hay que anotar que el 68 % de las tierras de Chocó han sido clasificadas como de baja –o muy baja– fertilidad y, paradójicamente, a pesar de ser un medio muy favorable para la vida, es muy malsano para la salud humana. Estas dos variables explican que sus selvas hayan servido de refugio a esclavos cimarrones y libertos, y, en cierta medida, a numerosas comunidades indígenas. Los blancos entraron como explotadores de las riquezas naturales, principalmente el oro, y no como colonizadores. La pluviosidad y la topografía tienden a favorecer la inundación de los valles y de las zonas bajas de los ríos. En su conjunto, Chocó es un medio hostil a la vida humana y ello puede contribuir a explicar su pobreza, que es proverbial. El 80 % de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas, según el Censo de 2005. El NBI de Chocó pasó de ser el 190 % del de Colombia en 1985 a ser el 310 % en 2005. La pobreza por ingresos registra un índice del 75,3 % y la indigencia es la mayor del país, con el 47,4 %. Además, posee el nivel más alto de analfabetismo de todo el país, con el 23,3 %. Por último, el índice de condiciones de vida sólo llega al 55,3 %. Del año 2000 al 2005, murieron en Chocó 235 personas a causa de “anemias y deficiencias nutricionales”, las cuales están relacionadas principalmente con el fenómeno del hambre.

En medio de esta pobreza generalizada saltó el oro. El funcionamiento de la economía chocoana depende de su explotación. La tasa de crecimiento del PIB real varía del 3,5 %, entre 1960 y 1975, al 6,3 % entre 1989 y 1990, y desciende al 0,9 % entre 1990 y 2004. Desde un ángulo complementario, la tasa de crecimiento del PIB per cápita fue del 1,1 % entre 1960 y 1975, mientras la del país fue del 2,7 %; entre 1980 y 1990 la primera fue del 4,5 %, mientras que la del país fue del 1,6 %. A partir de 1990 las dos se igualan en el 0,6 %. El crecimiento de los índices en la década de 1980 se explica así: en 1980 se sacaron 35.091 onzas troy, y en 1990 esa cantidad aumentó casi tres veces: 99.417 onzas troy. Estas cifras de explotación de oro significaron un crecimiento anual del 10,4 %, superior al 6,1 % de crecimiento de la producción nacional de oro. A partir de 1990, la minería de oro tiende a estancarse y así mismo el crecimiento económico del departamento. El auge de la producción de oro se vio reflejado en una mayor producción agrícola de maíz, caña, panela y yuca. Sin duda el consumo de artículos manufacturados también conoció un estímulo, pero no cumple esa relación la misma función que el sector agrícola puesto que la mayoría del comercio del departamento es controlada por Medellín y Pereira. Al entrar en crisis relativa la economía del oro, progresivamente la región entró en la economía de la coca.

El cultivo de la coca llegó a la zona por la vía del Sipí y de la mano del cartel del norte del Valle. Rápidamente se expandió por la planicie del San Juan y hoy constituye la principal actividad lucrativa y era, en muy buena medida, controlada por las guerrillas. Los pobladores no ocultan que los cultivadores pagaban a estas organizaciones un impuesto de producción y que ellas cobraban también impuestos a los traficantes por “mover la merca”, es decir, por comprarla, transportarla y entregarla en manos de los exportadores profesionales. Así, estos recursos de carácter tributario eran obligatorios y constituían gran parte de los ingresos logísticos de las guerrillas, para lo cual imponían un orden social muy severo. Dado que las guerrillas cobraban impuesto en especie sobre el cultivo de coca, y que es poco probable que transportaran la droga a los mayoristas de EE . UU . o de Europa, se debe concluir que necesariamente entraban en negociaciones con los transportadores profesionales, con las redes de intermediarios y cabría la pregunta si también con aquellos miembros de las autoridades que trabajan con los carteles.

Según el último informe (junio de 2010) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC ), la región Pacífico se podría dividir en dos grandes territorios de cultivo, el sur: departamentos de Cauca y Nariño, y el norte: Valle y Chocó. La subregión del norte se puede dividir a su vez en Valle, cuyo eje es el río Calima, y más exactamente el pueblo de San Isidro; San Juan, entre los ríos Iró y Sipí, y Baudó. Los cultivos de la subregión del norte pueden representar hoy el 15 % de los de todo el Pacífico.

En el río San Juan la coca tiene tres núcleos principales de cultivo: Istmina-Nóvita, donde se encuentran los sitios de mayor densidad –más del 4 % de hectáreas por km²–; Las Ánimas-río Quito, de baja densidad –menos de una hectárea por km²– y curso medio del San Juan, Noanamá-Cucurrupí, de igual densidad pero mucho menor área. Es interesante anotar que el área de Las Ánimas hacia el río Quito sigue la dirección de la carretera hacia Nuquí. Es muy posible que la mayoría de cultivadores sean campesinos que ocupan las zonas de hecho o mediante arreglos con resguardos o consejos territoriales.

El área cultivada en el Pacífico ha ido en aumento: en 2004 había 15.789 hectáreas; en 2005, 17.633; en 2006, 18.807; 25.960 en 2007; 29.917 en 2008, y 25.167 en 2009. UNODC destaca que entre 2008 y 2009, período en el cual no hubo aspersión, el área se ha reducido en 16 %, igual al porcentaje nacional. Sin embargo, la tendencia general entre 2005 y 2009 es al aumento: en 2009 había 62 % más de coca cultivada que en 2005. En Chocó las cifras son las siguientes: en 2004 había 323 hectáreas; en 2005, 1.025; en 2006, 816; en 2007, 1.080; en 2008, 2.794, y en 2009, 1.666. La disminución de área cultivada entre 2008 y 2009 es del 40 %, por tanto, en Chocó disminuye más fuertemente que en la cuenca del Pacífico. No obstante, la tendencia general, entre 2004 y 2009, tanto en Chocó como en el Pacífico, es hacia el incremento del cultivo, así haya una disminución entre 2008 y 2009, tal como la hubo entre 2005 y 2006. Hay que tener en cuenta que según la misma agencia, la nubosidad existente en Chocó impide tener cifras precisas, e inclusive puede haber áreas sobre las que se carezca de información.

La productividad de la coca en el Pacífico es mucho menor que la que existe en zonas más secas del país como el sur de Bolívar, Meta, Guaviare y Vichada. En el Pacífico las cosechas han aumentado en el último lustro de 2,5 a 3,8 cosechas/año. El rendimiento de kilos de hoja por hectárea también ha variado de 2,6 a 3,8. Es decir, en la región se podrían estar recogiendo unas 104.700 toneladas métricas de hoja de coca, lo que significa que es la mayor productora del país. Transformadas en clorhidrato de cocaína, el Pacífico estaría produciendo unas 140 toneladas métricas de cocaína pura al año. En comparación, Putumayo y Caquetá producen 60; Meta y Guaviare, 70, y el sur de Bolívar, 80.

Sin embargo, hay una diferencia mayúscula detrás de estas cifras. El 78 % de los cultivadores del Pacífico venden la hoja sin procesar; el 21 % la procesan a pasta básica y sólo el 1 % fabrican cocaína. Estos porcentajes están mostrando el grado de integración de los procesos, o valor agregado. En Guaviare, Caquetá, Putumayo, sur de Bolívar, en promedio el 65 % de cultivadores transforma la hoja en cocaína. Es una notable diferencia.

Se podría decir que en el Pacífico los cultivos hacen parte de una economía netamente campesina, mientras que en otras regiones hacen parte de una economía más compleja y técnica. En el país se pagó en 2009 un promedio de 3.433 pesos por kilo de hoja seca. Traducido a plata contante y sonante, el ingreso anual bruto por hectárea de hoja de coca puede ser de unos $12 millones, un millón mensual; si se procesa base de cocaína, estaría generando unos $17 millones al año, $1,4 millones mensuales. Un cálculo muy burdo de familias cultivadoras de coca en el Pacífico da un total de 18.000 hogares, algo más de 100.000 personas; en Chocó podrían ser 2.700 hogares, un poco más de 15.000 personas. Si ello es cierto, en el San Juan no estarían ocupados en el cultivo de coca más de 5.000 pobladores. No hay cultivos en ninguno de los dos parques nacionales del departamento.

En 2005 la Policía Nacional fumigó unas 425 hectáreas en el delta del río San Juan y desde esa fecha no ha habido nuevas aspersiones en el departamento. La razón es simple: la alta pluviosidad lava las hojas e impide que los venenos actúen. A mano se erradicaron en 2009 1.707 hectáreas, el 2,4 % del total departamental. Desde el comienzo del programa se han erradicado a mano 18.400 y han sido resembradas unas 5.400, es decir, el 29 %, que es más o menos la media nacional de resiembra. Las áreas de erradicación manual forzosa están en el Cañón del Garrapatas, río Iró, Andagoya, y alto Baudó. La fuerza pública ha destruido 26 laboratorios de pasta base y tres cristalizaderos en todo Chocó en el año 2009. Existen, claro está, otras causas posibles de disminución: las variaciones climáticas, pestes o enfermedades, baja demanda, violencia, según lo acepta el informe de la ONU .

En el río Garrapatas hay un programa de Guardabosques. Según la ONU , la presencia armada ilegal es relativamente baja. En el Baudó hay una agrupación criminal de menos de 250 hombres al servicio del narcotráfico y otra con menos de 50 unidades en límites con el Valle. Según esta oficina, no hay guerrillas en el territorio del San Juan. En el sur de Chocó, bajo San Juan, el Gobierno ha previsto programas de Consolidación Integral, pero hasta hoy sólo se han iniciado en los límites de Valle –Malaguita, Cuéllar y San Isidro–. El 77 % de las incautaciones de droga fue realizado en la ruta del Pacífico: “De las 206 toneladas métricas de cocaína confiscadas en 2009, 97 (47 %) fueron incautadas en altamar o en puertos marítimos del Océano Pacífico”.

Es un lugar común en la opinión pública, muy informada en este tema por los medios de comunicación del Estado, sostener que el cultivo de la coca y su comercio están en manos de los paramilitares y otros grupos ilegales. Es una política oficial desde cuando en 1989 EE . UU . declaró la guerra a las drogas. De entrada hay que diferenciar el cultivo de la hoja de coca, y aun su procesamiento artesanal en pasta básica, de la producción de cocaína y su tráfico. En el río San Juan estas dos actividades económicas están asociadas a regiones diferentes. Mientras en el medio San Juan predomina el cultivo, en la zona baja del río señorean las cocinas –o cristalizaderos– de coca y su embarque y transporte hacia Centroamérica y EE.UU. Se podría suponer que las guerrillas dominaban la primera actividad, mientras que el narcotráfico y los paramilitares siguen dominando la segunda. La razón de esta división del trabajo es sencilla: no parece que las guerrillas poseyeran una red de comercialización internacional capaz de transportar y distribuir la cocaína que sale por el Pacífico.

La ONU sostiene que Colombia produjo en 2009 unas 400 toneladas de cocaína, la mitad de las cuales habrían sido incautadas por las autoridades. Riñe esta relación con la proporción aceptada internacionalmente de que las incautaciones equivalen al 5 % de la producción global. Si se aceptan las cifras oficiales, por el Pacífico podrían estar saliendo unas 150 toneladas; si el 25 % lo fuera por las costas de Chocó, se podrían estar embarcando entre 30 y 40 toneladas anuales. Unos $160.000 millones, si la cocaína se pagó a $4,5 millones por kilo, tal como lo calcula la ONU . Si en Chocó se produjeron unos 25.000 kilos de cocaína y pasan por ella unos 35.000, tendríamos que concluir que los 10.000 restantes provienen de otras zonas.

Según el Trasnational Institute, el panorama general de las fuerzas que controlaban la droga en Chocó era el siguiente en 2006: “El control de Chocó se lo dividen lo que todavía se conoce como el cartel del Norte del Valle a través de su ejército privado los Rastrojos, las FARC y un minoritario ELN , y varios sectores paramilitares en proceso o no de desmovilización. Todos ellos se sirven de Chocó como corredor que comunica el interior y el suroccidente del país con la costa pacífica y la frontera con Panamá. Dada su topografía, Chocó es ideal para el tráfico de drogas y armas. La importancia estratégica de la zona hace que los grupos en pugna consideren que bien vale la pena la lucha por el control”.

Narcotráfico y petróleo en el bajo San Juan

El bajo San Juan es una economía dominada hoy por el narcotráfico que usa el delta del río y los manglares del litoral para comprar, empacar y exportar cocaína. Es un territorio de Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios Ancestrales Ley 70. Gira en torno a Buenaventura y la presencia armada del Estado está a cargo de la Base Naval de Málaga.

Los paramilitares actuaron en la zona con el nombre de Bloque Pacífico-Héroes del Chocó, al mando de HH. Como en el medio San Juan, la explotación de maderas, que hace unos años llevaba a cabo Cartón de Colombia, ha disminuido. Aguas arriba del pequeño puerto de Palestina, no existe hoy sino un aserrío de carácter industrial. Pero el manglar está siendo explotado clandestinamente y se afirma que parte de esa madera es comprada por compañías extranjeras, a pesar de estar prohibido su comercio. El bajo San Juan es hoy un área de exploración petrolera, lo que ha implicado frecuentes enfrentamientos con la población nativa, que se han resuelto, en principio, con aportes de las empresas petroleras a las comunidades.

Si se analiza el conjunto de fuerzas que convergen conflictivamente en la hoya del río San Juan, no hay duda de que la perspectiva de hacer del Pacífico una puerta de comercio con el Lejano Oriente entra en aguda contradicción con el dominio territorial al que aspiran paralelamente los narcotraficantes. La Seguridad Democrática puso particular atención a la guerra con las FARC en las zonas central y oriental del país y sólo recientemente se ha diseñado una estrategia para recuperar el control del Andén Pacífico.

Desde el año 2006 el Gobierno ha concesionado la exploración indirecta, mediante geometría de basamento y sísmica, de gran parte del departamento de Chocó. En 2008 se autorizó la perforación de pozos estratigráficos en el área de Buenaventura, San Juan, Istmina y Condoto, y en 2010 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH ) lanzó la Ronda Colombia, que sacó al mercado bloques petroleros en todo el país para su exploración y explotación. Los trabajos en los ríos San Juan y Atrato son clasificados como cuencas con nueva prospección. Enmarcado por esta política, se inició desde hace varios años el examen en terreno de las potencialidades petroleras del bajo San Juan a cargo de la empresa G 2 SEISMIC Ltda., que recorrió las zonas comprendidas entre Cucurrupí y Docordó, donde estableció campamentos y comenzó a abrir trochas sin autorización del Consejo Mayor de ACADESAN , representante legal de las comunidades cobijadas por la Ley 70 en la región.

Entre extrañados y agredidos, los campesinos miraron los trabajos. Se reunieron, revisaron la legislación, sobre todo la Ley 70 y la Resolución 02702 del 21 de diciembre de 2001, que creó el “Territorio Negro del San Juan”, y concluyeron que la compañía realizaba una actividad ilegal al no “pedir permiso” –que es la forma como entienden la obligatoria consulta previa– y le impusieron una multa de $300 millones, por abuso. La compañía respondió indignada: El subsuelo es de la Nación y el trabajo que adelantaba es en beneficio de todos los colombianos.

El 14 de noviembre de 2008, ACADESAN dirigió a la empresa una nota que dice textualmente: “El Consejo Comunitario General de ACADESAN solicita a la empresa de exploración sísmica G 2 SEISMIC Ltda., contratada por la ANH para adelantar el ‘programa sísmico Chocó-Buenaventura 2D’, respetar el territorio, la cultura, la autonomía y las formas organizativas, y se reitera que no adelanten actividades en el territorio sin el conocimiento y autorización del Consejo Comunitario General”.

La empresa aceptó una reunión que se llevó a cabo en Bebedó. En la discusión aparecieron dos nuevos hechos: a) G2 o SEISMIC Ltda. es en realidad una subsidiaria de la ANH , una de cuyas funciones es la asignación de los bloques de exploración petrolera. b) Si el resultado de la exploración sísmica era positivo, se ofrecería para su explotación, como quedó claro en la Ronda 2010 Colombia. En otras palabras, se trataba de una actividad privada, sin autorización de la autoridad ancestral en un territorio colectivo.

Posteriormente, en octubre del mismo año, se realizó otra reunión en el municipio de Litoral. El tema central de controversia entre la ANH y ACADESAN fue la multa que los campesinos, como autoridad territorial, impusieron a la empresa. La empresa G2 aceptó tramitar la multa bajo la forma de reparación de daños y perjuicios, y para determinar su cuantía y su localización se conformó una comisión nombrada por la Asociación y pagada por la empresa. Se exigió también a G2 pedir perdón público por radio y televisión nacional, lo que en efecto se llevó a cabo por Caracol.

En esa asamblea las FARC hicieron llegar su posición. Argumentando el derecho al trabajo, plantearon que el territorio colectivo no puede ser vedado al ingreso de particulares; una curiosa postura política en un movimiento que ha sido contrario a la privatización y la explotación petrolera. En realidad, la compañía no había hecho estudios de impacto ambiental y la consulta con las comunidades era el primer paso. G2 resolvió pagar los estudios de afectación de predios, fórmula que trataba de conciliar la consulta previa y los estudios de impacto ambiental. Un segundo acuerdo fue el reconocimiento del pago de salarios a los campesinos que trabajaran en las comisiones de avalúo de perjuicios y en los trabajos mismos de sísmica. Según parece, la G2 era una empresa china llamada BGP. De todas maneras, los estudios se realizaron. La ANH rechazó de plano la participación de ACADESAN como socia de la eventual compañía que llegara a explotar el petróleo, aunque la Ley 70 lo permitiera.

Durante el trabajo de campo asistí a una reunión espontánea en Cucurrupí, un pueblo relativamente grande que, según sus dirigentes, acoge 300 familias, unos 1.800 habitantes. La comunidad hace parte del Consejo Mayor de ACADESAN , dentro del cual le corresponden 10.000 hectáreas. En palabras de uno de los dirigentes del pueblo, una vez conocida la presencia de la empresa G2, ACADESAN hizo varias reuniones con los consejos locales de Docordó, San Miguel, Palestina y Buenaventura, donde informó del proyecto y pidió opiniones y autorización para negociar con la compañía y el Gobierno.

Uno de los resultados de la negociación de ACADESAN con la G2 fue el reconocimiento de daños y perjuicios a los consejos locales, avaluados por un comité nombrado por ambas partes, y la obligación de contratar, para trabajos simples como trochar y transportar equipos, miembros del consejo. Por último, un comité de vigilancia permanente que acompañara a las cuadrillas y equipos de G2. Todo esto quedó escrito y firmado, fue votado y ganó por una escasa mayoría, un solo voto. Es decir, hubo –y seguramente seguirá habiendo– una significativa parte de las comunidades que rechazó el acuerdo. A la reunión de acuerdo asistieron representantes del Ministerio del Interior, pero no del Ministerio Público. Esta se cumplió y los recursos económicos comprometidos quedaron en manos de ACADESAN . No obstante, en la reunión se afirmó –y no fue desmentido– que de la partida de “inversión social” el Consejo Local no ha recibido, hasta la fecha, un solo peso.

En la actualidad se negocia con BGP la exploración sísmica, lo que implicaría una actividad mucho mayor (perforaciones, campamentos, trochas), pero tampoco se ha tenido en cuenta a la comunidad, que, por lo demás, no ha solicitado a la Defensoría del Pueblo participación en los acuerdos.

De lo anterior habría que concluir varias cosas: En primer lugar, el acuerdo entre el Consejo General de ACADESAN y la empresa G2 fue respaldado por una mayoría que ganó por un solo voto de diferencia. En materia tan significativa, sólo una mayoría calificada podría tomar tal decisión. Los estatutos, sin embargo, no contemplan tal caso. En segundo lugar, es muy extraño que el Consejo General no haya informado al Local de los desarrollos del acuerdo, y mucho más raro que no haya compartido el dinero de la indemnización con la comunidad de Cucurrupí. En tercer lugar, cabría preguntar por el papel que jugaron las FARC en la determinación y en la votación. Parecería que justificaran así el cobro de impuestos por cultivos de coca o por peajes de comercialización. De todas maneras, el precedente puede tener graves consecuencias para la Ley 70.

Invocando ese acuerdo: ¿Podría un Consejo Local arrendar su territorio para una explotación minera y cobrar por los perjuicios sobrevinientes? ¿Hasta qué punto, en los territorios colectivos creados para impedir la descomposición y al mismo tiempo defender la identidad étnica, son aceptables explotaciones económicas que riñen con estos principios y transforman las comunidades en sociedades rentistas? Por último: ¿Equivaldría el acuerdo a una consulta previa? Si la respuesta fuera positiva, se estaría frente a una perspectiva aterradora y es que los consejos territoriales podrían llegar a utilizar el mecanismo como una especie de venta de licencias; en buena medida, lo que hacen los funcionarios corruptos de Codechocó con las licencias ambientales para la explotación de oro.

Ahora bien, ¿qué representan para el orden público estos hechos? En el país existen fuerzas que están en contra de la Ley 70, como se ha visto en el ejemplo de Curvaradó y Jiguamiandó, y en general en los debates que se dieron en el proceso de su aprobación. La norma ha contribuido a disminuir las presiones de los grandes intereses empresariales tanto en agricultura como en minería, respaldada por los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. La Ley 70 constituye un obstáculo que impide que el llamado Biopacífico se reparta entre concesionarios, títulos privados y demás peligros para las comunidades negras y para el medio ambiente. La descomposición de la Ley 70 significaría un violento enfrentamiento –como ya se ha visto donde los paramilitares han actuado en la impunidad– de carácter económico, e inclusive étnico, entre las comunidades afrocolombianas y los intereses privados. En este sentido, se puede estar dando hoy en el San Juan, y específicamente en la región referida, un intento por debilitar la Ley 70, que intensificaría los enfrentamientos. Más allá de las diferencias políticas o ideológicas representadas en estos enfrentamientos, es evidente que las grandes explotaciones económicas constituyen una fuente financiera para fortalecer sus actividades por la vía de impuestos y peajes ilegales.

Las relaciones entre ACADESAN y el Consejo Local de Cucurrupí no son buenas y pueden empeorar puesto que la empresa G2 ha cumplido el acuerdo con el Consejo General, pero este no con la comunidad. ¿Cuáles son las razones de este incumplimiento? No se logró establecer la causa, pero en repetidas ocasiones se habló en la reunión con el equipo de trabajo de campo de una división muy fuerte en la comunidad en relación con aceptar o denegar la propuesta de indemnización por parte de la compañía por los perjuicios causados. De aquí se podría decidir hacia el futuro arrendar partes del territorio para realizar diversas actividades económicas, arrendar a una compañía minera y solicitar indemnización por los perjuicios causados por la explotación de oro, o de otro mineral, o inclusive de madera, lo que podría abrir una brecha a las bandas paramilitares.

El paramilitarismo, visto desde hoy, fue un primer intento de derrotar militarmente las guerrillas por medio del terror. Hay pocas dudas de que la fuerza pública, el capital privado y el narcotráfico hicieran acuerdos para lograr tal propósito. El resultado fue contradictorio y enredó judicial y políticamente a hombres de negocios, altos mandos militares y caudillos electorales. El segundo intento, que complementaría el anterior, fue la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe. Económicamente fortalecidas las FF.AA. y aprestigiadas en la opinión pública, la estrategia consistía en consolidar la presencia del Estado tras doblegar a la insurgencia y poner a buen seguro el alto mando paramilitar. Los grupos paramilitares, ahora llamados Bandas Criminales Emergentes (bacrimes), han avanzado en el San Juan desde Buenaventura y el Calima hacia el litoral; desde el norte del Valle por el Sipí con el fin de controlar el medio San Juan, y desde Quibdó y Medellín para reforzar su presencia y función en la región de Istmina.

Las notas anteriores no son cosa distinta a una descripción hipotética de las principales amenazas contra la población civil de la zona del río San Juan. Son resultado de entrevistas con personas que conocen la cuenca, que tienen información sobre algunos de los principales problemas sociales y otras que han sufrido la guerra.

Parece que el principal conflicto está planteado entre la defensa del territorio ancestral por parte de campesinos –apoyados por Pastoral Social– y los intereses geopolíticos tanto de los grupos armados ilegales como de la fuerza pública. La colonización mestiza puede ser entendida como una estrategia de poblamiento con miras a fundar poder político, financiar la guerra y crear corredores para el narcotráfico (contrabando de drogas ilegales y de insumos para el procesamiento de la hoja). La colonización mestiza, que es una modalidad de la cocalización, es la mayor amenaza estratégica o estructural contra la población nativa.

Ahora bien, mirando en perspectiva, puede que el poder político que los grupos armados –fuera o dentro de la ley– adquieran sea una condición para la entrada de grandes compañías mineras o agroindustriales, o para la construcción de megaproyectos. A los paramilitares esa modalidad no les es ajena y, sin duda, a la fuerza pública tampoco, ya que bajo un esquema similar las grandes compañías pagan impuestos de guerra y ayudas extrafiscales a la fuerza pública.

Lauritas en el San Juan

Una de las organizaciones más fuertes y ordenadas del Pacífico es ACADESAN , que desde su comienzo se propuso afirmar, determinar y definir el territorio que por derecho de ocupación les corresponde a los pueblos indígenas y negros de la región del río San Juan. La idea se comenzó a gestar especialmente en el seno del trabajo evangelizador que impulsó monseñor Valencia Cano (1917-1972), primer obispo de Buenaventura, inspirado en la llamada Teología de la Liberación, que tomó cuerpo en diferentes órdenes como las de los padres Claretianos, del Verbo Divino, Franciscanos y las hermanas de los Sagrados Corazones, Terciarias Capuchinas, Agustinas, Salvatorianas y muy especialmente las Lauritas. El San Juan había sido explotado, como se dijo, por compañías auríferas extranjeras como la Chocó Pacífico y por grandes empresas madereras como Smurfit Kappa de Colombia. Pero ya se oía hablar, sobre todo a partir de los 1980, de grandes proyectos económicos de explotación petrolera, la instalación de un poliducto Bahía Málaga-Buga, hidroeléctricas Calima II, III y IV, la canalización de los esteros, los puertos de aguas profundas, obras todas que requerían de la protección de una gran base militar, la de Bahía Málaga.

Las misioneras Lauritas llegaron al río San Juan por solicitud de monseñor Gustavo Posada, obispo de Istmina, para encargarse del Internado indígena de Noanamá y apoyar al pueblo indígena waunáan. Las hermanas fueron ampliando su obra atendiendo necesidades de salud y apoyando de manera decisiva la identidad cultural tanto de indígenas como de negros. La hermana Ayda Orobio recorrió todo el San Juan motivando a rezadores y cantaoras, alentando manifestaciones como los arrullos, alabaos y novenarios. La conciencia territorial se fortaleció con la acogida de estos cantos, considerados antes paganos. Existían ya referentes de organizaciones étnico-territoriales de las comunidades negras como la Asociación Campesina del Atrato (ACIA ) y la Organización de barrios populares (OBAPO ), que lentamente maduraron hasta la constitución de la Asociación Campesina del Medio San Juan (ASOCAMESAN ) en 1989. Se contó también con el aporte y la experiencia de la Organización Regional Embera Waunáan (OREWA ) en marzo de 1989 al denunciar los problemas que desencadenó la entrada de un buen número de motosierristas en territorios de los resguardos de Pizario, Burujón y Papayo, facilitada por la apertura del carreteable a la base militar de Bahía Málaga.

Unos meses más tarde se reunieron en Orpúa los indígenas para defender sus territorios que estaban siendo titulados por el Incora. A instancias de las Lauritas, los indígenas waunáan y las comunidades negras del San Juan se declararon en 1990 Gran Territorio Waunáan Negro del Pacífico, un proceso que fue la base para la asamblea constitutiva de la ACADESAN realizada en la comunidad de Cucurrupí del 8 al 12 de octubre de 1990, a la que asistieron 1.200 personas de Sipí, la costa del medio y el bajo San Juan. Las misioneras Lauritas tuvieron una activa participación tanto en las acciones logísticas como en el diagnóstico de problemas ambientales que terminaron como agenda de la reunión. Se prohibió la pesca con barbasco y dinamita y se proscribió el biche en las reuniones de la nueva asociación. La fundación de ACADESAN remató con la Expedición Fluvial por el San Juan, centrada en el rescate de la identidad de las comunidades negras que perdieron el miedo a presentarse como raza y cultura. Alma de esta obra fue la hermana Ayda Orobio.

En 1991, al grito “Los negros existimos”, las comunidades del San Juan, junto con las otras organizaciones de Chocó y el Valle, se tomaron las oficinas del Incora, la catedral de Quibdó y la embajada de Haití en Bogotá. El movimiento preparó el lanzamiento de Francisco Rojas Birry como representante a la Asamblea Constituyente que sacó adelante el artículo 55 transitorio. El 5 de mayo de 1993 se organizó una gran marcha en Bogotá en favor de la Ley de Negritudes que se discutía en el Congreso y donde la senadora Piedad Córdoba tuvo un papel muy destacado. Poco después, al ser firmada la Ley 70 de 1993, que reconoce los territorios negros ancestrales, ACADESAN se definió como Consejo Comunitario General del San Juan. Por aquellos días las comunidades indígenas y negras se enfrentaron a la ANH , que iniciaba, sin consulta alguna, trabajos de explotación sísmica en el bajo San Juan; ACADESAN protestó y la fuerza pública a instancias de la ANH declaró la asociación órgano de las guerrillas. Desde entonces las Lauritas han sido también acusadas de colaboradoras de la insurgencia.

Entre 1996 y 2001 se consolidó el título colectivo y se realizaron trabajos financiados por Ecofondo y Codechocó buscando la especificidad biológica de la región, que dieron lugar a la Zonificación Ecológica del Pacífico realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC ). Los estudios permitieron presentar la solicitud del Título Colectivo de las regiones de Sipí, del medio y el bajo San Juan sobre 683.591 hectáreas, que fue reconocido en diciembre de 2001.

La década del 2000 fue turbulenta. Las guerrillas, ubicadas en las cercanías de los pueblos ribereños, se hicieron fuertes. Al mismo tiempo la fuerza pública protegía la entrada de grandes capitales para la explotación de madera, pesca, petróleo. Pero, dice ACADESAN que la presión más fuerte se sintió cuando llegó una comisión a estudiar los humedales puesto que las amenazas sobre la pesca y la selva se hicieron patéticas. La asociación buscó a la hermana Orobio, que “en ese momento trabajaba en Popayán, para que les sugiriera una salida adecuada. Así se hizo posible el contacto con PODION , quien pagó a una abogada y facilitó los recursos para una reunión de los miembros de la Junta Directiva en Cali que descartó la investigación por considerarla lesiva”. PODION contribuyó también a que ACADESAN trasladara su sede de Cucurrupí a Buenaventura para facilitar las comunicaciones con organismos nacionales y extranjeros.

En Buenaventura se recibió la notificación oficial de la sanción a la ANH por violar la normativa territorial autorizada por la Ley 70. ACADESAN firmó acuerdos con las compañías para la explotación de la madera con estricto cumplimiento de normas ambientales y suprimir el corte del naidí. La acción de las hermanas Lauritas ha sido fundamental para rescatar y valorar las culturas indígenas y negras, y han hecho una vasta colección de arrullos, alumbrados, novenarios de difuntos y alabaos. Gracias a ellas hoy los negros han dejado de llamarse afroamericanos.

Nuquí*

Yo no me pierdo andando por esas aguas porque hay sol, él me guía. Sin sol cualquiera se pierde. Uno conoce por dónde anda desde que el sol salga. En Medellín ustedes no se pierden. Si yo le pido que me lleve a un sitio, usted no se pierde; usted va derechito y hasta de noche porque los carros tienen bombillos. Aquí uno no se pierde porque tiene años de monte.

Aquí hay muchos ríos, muchos. Nacen en sus cabeceras, pero se van juntando, se van muriendo unas aguas en otras. Como si dijéramos: ellos tienen patas, huellas, que han caminado desde donde nacen, pero cuando se juntan, una pata va borrando otra pata. El Guachalito chiquito se muere en el Guachalito grande, desembocan juntos en el mar por la misma boca. Uno va hasta el Baudó por esas patas. Yo camino medio día buscando un animal para traer; si no lo encuentro, me devuelvo en el medio día que me queda. No necesito reloj. Para nosotros indios coger un río para salir es como para ustedes coger una calle. Lo mismito. Yo sé porque yo camino este monte solo desde que tenía nueve años, pero antes lo caminé con mi abuelo, que fue el que me enseñó a usar el sol como reloj y los ríos como calles. Disgustamos una vez porque yo quería llevar mi perrito, yo no quería dejarlo. Él decía que el perrito era muy chiquito y hasta se lo podían comer los animales. Me ofendió. Pero convino cuando me vio llorando. Entonces dijo: Cuando salga animal de la madriguera, metemos el perrito chiquito para que huela, y si matamos un animal, lo untamos de sangre para que aprenda a buscarlo. Él enjabonaba a mi perro con sangre de los animales. Así aprendió a cazar animales. Él era de Cupica, debajo de Bahía Solano, pero se vino detrás de una mujer. Se enamoró de una morena de aquí. Él era moreno mezclado de indio y negro. Indio con negro mezcla igualito. Mi abuelo jodió a mi abuela por ahí en el monte y se quedó a vivir aquí. Él tenía una cocotera grande. Toda esta playa de aquí para allá y de allá para arriba. Para nosotros, los cocos eran tan grandes como si hubieran nacido en un palo de totumo. Había totumos también y de ellos sacábamos cucharas para comer.

Con la caña hacíamos biche y nos divertíamos con tambores hechos con cuero de venado; con caña de millo se hacían flautas y con las dos juntas le salíamos a la cumbancha. Los niños hacíamos maracas con pepas y todo el mundo bailaba y cantaba. Las fiestas se preparaban buscando venados. Ellos salen por la tardecita a la playa a jugar y a mirarse. Entonces uno se iba despacio por detrás y les saltaba a las patas y ellos, por apresurados, brincaban y se caían en el agua y ahí se morían ahogados.

Comíamos con sal. Era difícil sacarla; había que calentar agua de mar hasta que se fuera y entonces dejaba la sal. Quedaba como si fuera azúcar morena. El azúcar de nosotros era la caña, era el dulce. Hacíamos cocadas mezclando coco con dulce de caña. Sobraba mucho coco. Lo llevábamos para Buenaventura a vela; si el viento soplaba, gastábamos cuatro días; si no le daba la gana, ocho días. O más, hasta que él quisiera soplar. Por eso llevábamos mujeres, para no estar ahí quietos y sin hacer nada. Ayudaban a cocinar porque uno manejando la vela no podía hacer comida y el mar alborota el hambre. Y si llovía, menos se podía pensar en comida porque ¿quién podía velar y mantener la candela viva? Ya ahora se llevan es por gusto, ya hay mecheras. Antes había era fósforos. Si se mojaban con agua de mar o agua de lluvia, ¿sabe cómo se podían prender? Rascándoselos en los dientes. Así prendían, estuvieran secos o mojados. Tenían sí que ser fósforos de Buenaventura, porque los de Panamá no prendían ni en una tabla seca.

Mi abuelo no se vino solo, se trajo a su papá, que era negro del San Juan. Feo, muy feo era. En el San Juan todos son feos, los bonitos son los de por aquí. Él se llamaba Salvador y allá se casó y tenía familia allá; y aquí se casó y tenía familia aquí. De ahí salió mi abuela Sebastiana, que nació en Termales. Tuvo descendencia: mi tía Sofía, mi tío Nicolás, mi tía Mariana, mi tía Ernestina y mi mamá, Águeda. En el San Juan dejó muchos hijos, pero de esos no se lleva cuenta aquí. Él manejaba siete mujeres al tiempo. A cada una le daba su parte porque partes sí tenía. Tuvo un montón de hijos, unos aquí y por ahí en todas partes. No usaba pantalón sino un calzoncillo de indio hecho de gachao; se ponía una tira aquí y se la cerraba acá, quedaban las verijas guindadas. Así trabajaba. Y hacía zapatos con palo y con ellos caminaba muy feo, parecía una tortuga. Cuando a mí me pusieron zapatos para ir a la escuela, no pude volver en muchos días porque se me hicieron moretones y ampollas.

Mi abuelo Faustino, cuando ya estaba viejo se fue para el monte, hizo su rancho, sembró caña y sembró plátano. Yo le iba a llevar sal porque en el monte no se da, es sólo en el mar. Y un día se lo había llevado el diablo. No lo encontré. Él tenía un pleito con el diablo. Se agarraba con él todas las noches. Le daba fuete y peleaba a groserías. Por la mañana yo lo veía volver a la casa aruñado y bañado como un perro después de andar con perra, porque la pelea terminaba dentro del agua. Cuando el perro ladraba era porque el diablo entraba, entonces él se liaba a pelear. Mi abuelo decía: si Muñeco olió a pescado es porque el diablo está por llegar. El diablo huele a pescado podrido. El diablo se vengó de mi abuelo. Un día él vio que un árbol lechero o higuerón que vivía al lado del rancho había amanecido inclinado y dijo: Eso es aquel que me lo va a echar encima –y dijo–, pues le voy a quitar ese gusto. Hizo una barbacoa alta, cogió el hacha y comenzó a hacerle la cuña. Por un lado grande y por la otra chiquita para que no se le cayera encima del rancho. Dele por aquí 10 y por aquí una. A dos bocas. Cuando de golpe, el viento. Sopló y sopló hasta que tumbó el lechero con todo y barbacoa. Cayó como si se hubiera derrumbado el cielo. Yo dije: ¡ahí quedó! ¿Con qué lo recojo? Pero no. Él fue saliendo de entre el ramazón como un cangrejo sale del hoyo. Primero una mano, después la otra, después un ojo, después una pata. Salió aporreado. Pero llegó a la casa reventado por dentro. Pidió que le llevara los santos óleos y al ratico se fue muriendo.

Yo me crie en el monte con él. No conocía blanco. Vi uno que venía lejos en la playa y yo no sabía qué cosa era; si era mono o era qué. Me cogió el miedo y no podía correr, ni siquiera andar a paso chiquito. Mi abuelo me había dicho que los blancos eran gente, pero gente mala. Me dijo: El blanco no se puede tocar con la mano. El indio también se le esconde.

Esto se dañó por la coca. Ese fue el daño que los blancos trajeron. Aquí esa mata no se conocía, como no se conocía un guerrillero ni un paraco. Nada de eso se conocía. Todo eso lo trajeron ellos. Por aquí la palabra mafioso no se oía. Después de traer los males, llegaron otros a comprar las tierras. Llegaban a mirar tierras y a preguntar cuánto valía esta playa o esa otra. Nosotros no sabíamos de plata. Conocimos la plata cuando aprendimos a contar la que nos dieron los blancos por las tierras. La única plata que conocíamos era la que nos daban por un racimo de plátanos para comprar una caja de fósforos. No conocíamos los billetes, sólo contábamos monedas. No la conocíamos porque uno le daba al lanchero 100 cocos y le decía tráigame tanta pólvora, tanta tela, tanto cordel. Por las manos de uno no pasaba la plata. Plata lo que se llama plata, comenzó a saberse contar cuando los blancos turistas llegaron a negociar playas. Porque sólo compran playas. La gente de aquí no sabía qué hacer con esa plata. Se la tomaba. Se acostumbraron al whisky y dejaron el biche. Los turistas no sólo compraban tierra, sino también pescado porque no sabían pescar. Y frutas porque no sabían cultivar nada. Les gustaba sólo el sol. Y nosotros tuvimos que ir retirándonos de las playas hacia los montes. No nos quedamos ni con un par de palmas de coco. Antes la tierra valía por las palmas de coco que tuviera porque ella precio no tenía. Eso fue costumbre blanca. Ellos vieron que para lo único que necesitábamos plata era para los velorios y cuando alguien se moría, llegaban a prestarnos plata para hacer un velorio que valiera la pena. Y así les quedaba la tierra en sus manos porque esa deuda había que pagarla con playas. Eso también lo hizo un negro de aquí. Se quedó con mucha tierra y la negoció con los turistas.

Los hijos nuestros, los nietos ya no se aguantan aquí, se van a trabajar por allá, haciendo cosas que no se deben hacer. Han matado a muchos. A otros ni sabemos si los han ahogado, si están en Panamá, o más allá presos, sufriendo en cárceles. Los muchachos miran esos relojes de oro, esas cadenas y como aquí no hay oro, se deslumbran y se van a buscar con qué comprarlas. Todos quieren tener ahora un teléfono celular. Para eso los muchachos se venden. Las muchachas también. Le hacen vueltas a la mafia y ahí quedan enredados en ese turbión. Los más tímidos se van al Baudó a raspar, a traer, a mover la coca por aquí. Hay algunos que se le miden a llevarla en goletas de vela hasta los barcos.

Aquí no hay oro, la mujer de un viejo llamado Aquilino se metió al monte a hacer del cuerpo. Los hombres no necesitamos monte, hacemos donde nos coja el afán. Pero a ellas les gusta esconderse y yo creo que no es para que no las vean sino para ver. A ellas les gusta mirar, espiar encurrucadas. También les gusta jugar con palitos mientras tanto. Ella estaba en esas jugando con las hormigas a no dejarlas pasar para donde van, a cambiarles el camino para que se pierdan. Y jugando con ellas vio que algo brillaba y se puso a escarbar en vez de molestar a los animalitos. Esculque y mire, esculque y mire. Le salían como escamas de pescado, pero de oro. Y escarbe, hasta que fue haciendo hueco. Esas escamas eran como mensajeras de un copón que había en el fondo. Un copón como ese que traen los obispos cuando vienen. Grandes, brillantes y con pelas azules. Llamó al marido porque le dio miedo. ¿Qué tal que fuera del obispo? Qué obispo ni qué nada, dijo él cuando vio la joya. La alzó y la metió entre la cántara que siempre uno lleva por ahí para cargar un plátano, un coco, un pescado para la casa. No es bueno llegar a la casa sin nada. Pues el hombre escondió su copón, sus escamitas y se fue a la playa con su mujer a ver qué goleta pasaba para Buenaventura. Y allá, sin que nadie supiera qué llevaba, se fue.

No volvió, compró casa y vive ahí, mirando el mar, que es lo que a uno de negro le gusta. Uno mira el mar tanto porque fue por ahí que lo trajeron. Cogió mujeres. Muchas mujeres porque eso también nos gusta a nosotros los negros y la propia, la del copón, terminó cocinándoles a las nuevas, a las que iban pasando y también a las que se quedaban. Ella tuvo su venganza. Fue a donde una bruja que había por allá en el Baudó. Se echó el viaje a pie sola. La bruja la oyó. Le dijo pues, mira, consigue una lechuza y hazle esto y lo otro y dale un caldo al negro así y ponle cosas de estas y cosas de aquellas y hiérvelo tres veces. Y se lo das cuando tú tengas la mensual. Así lo hizo, sin saber qué le iba a pasar al hombre. Y le pasó lo que le pasó: menstruó él también. Todos los meses menstruaba. Puntual como la campana de una iglesia. Las mujeres le hicieron asco, los hijos no volvieron a verlo. Olía a mujer. Y con ninguna podía. En la calle se le quitaban; nadie lo saludaba ni le preguntaba cómo amanecía. Se volvió loco poquito a poquito.

Hay cosas que no se cogen ni se tocan. Un día vino un señor de por allá del extranjero. Un hombre grande y gordo. Quería ver ranas. Quería estudiarlas, sacarles fotografías y llevarse unas. Me contrató para que lo llevara. Ese hombre tan gordo y tan grande por estos caminos de suba-suba, baje-baje, caminaba una hora y se sentaba, después media y se sentaba a descansar la otra media, después un rato y descansaba la hora. Duramos una semana en llegar. Yo me preguntaba cómo será entonces la devuelta. Porque no comía lo nuestro; llevaba galletas y frutas secas y pastillas de quién sabe qué. Bueno, el caso fue que llegamos a donde viven las ranas esas. Ranitas. Unas rojas, otras amarillas, otras azules. Le habíamos dicho que se podían mirar pero no tocar. Haga de cuenta, míster, que son muchachas bonitas. De ojo no más. Pero él, empeñado, porfiado, las miraba y las miraba. Las volteaba para mirarles la panza, Pero un día, como si les hubiera cogido ya confianza, tocó una roja. La más brava. Pues cuando amaneció, estaba muerto el míster. Muerto. Se murió muerto. Lo volteé para un lado y para ese lado se quedaba. Lo volteé para el otro y apenas si se le oía el bahío que echaba.

¿Y para traerlo? Era más grande que un negro grande de esos del Sipí, que son como tres en uno. Tocó ir a traer gente para alzarlo. Varios fuimos. Cuando llegamos a traerlo, el míster había engordado. Estaba más gordo que cuando lo dejé y yo no me demoré sino lo que tenía que demorarme. Conté y me traje los negros más fuertes, pero como la gente es curiosa, se vino medio pueblo detrás de nosotros a mirar cómo se inflaba el gringo. A mirar cómo era un muerto blanco. Y a reírse. Porque fulleros somos. Le hicimos una camareta como para cargar una danta de siete arrobas y ahí lo trajimos. Una ranita así, chiquiticas que son, matar a un hombre tan grande y tan gordo. ¡No se explica eso! Son raras porque se les ve el corazón, chiquito pero que late, como la cabeza de una hormiga. Se les ve palpitar, no por fuera del cuerito sino pasa que el cuerito ahí es como pálido. Desde ese día, ese cuento trajo mucha gente. Porque al gringo se lo llevó la Policía y lo mandó para su país. Y de allá comenzaron otros a venir y a mirar ranitas. Ya no volvieron a tocarlas. Escarmentaron. Se volvió un pasadero de gringos a mirar ranitas. A los colombianos no les gusta eso. Les gusta es echarse a la playa a quemarse el cuero. Llegan blancos y regresan rojos. Como las ranitas. Hay cosas que no hay que tocar.

CAPÍTULO VIII
Cuenca del Atrato

El río Atrato nace en los farallones de Citará, en Antioquia, y atraviesa todo el departamento de Chocó. Sus aguas corren paralelas al límite entre estos dos departamentos y a su vera han crecido los centros poblados más importantes de la región. Los libros de historia cuentan que el primer español en navegarlo fue Vasco Núñez de Balboa, en 1511. Sin embargo, los pueblos indígenas que habitaban a lo largo del río le resultaron hostiles en extremo. Durante los siglos XVI y XVII los intentos de la Corona española por internarse selva a adentro por el Atrato fueron pocos e infructuosos. Hasta el punto de que en 1761 Antonio Arévalo decretó la prohibición absoluta a la circulación por el río para evitar el ingreso de piratas ingleses y holandeses. Con esto se iniciaría una larga historia de abandono, sólo levantada ocasionalmente por intereses comerciales de particulares. De los años de la Colonia hay rastro de un par de intentos de españoles por alcanzar las bocas del Atrato, o el San Juan, como lo bautizó Balboa por haberlo descubierto el día de San Juan.

Por los años de 1639, un español, Martín Bueno de Sancho, se obsesionó por adentrarse en las espesas selvas del Darién. Pero sus impulsos le costaron caro. En una primera expedición emprendida junto a 12 soldados y 22 indios fue emboscado al poco tiempo de iniciada la travesía por el río. Diez años más tarde, Bueno insistió en su empeño y nuevamente su compañía fue aniquilada por los indígenas. En los años siguientes, se enviaron pequeñas compañías de soldados e indígenas para adentrase en el río y determinar la ubicación de los indígenas chocoes y citaraes.

Durante los siglos XVIII y XIX , el Atrato era la ruta de libertad de cientos de esclavos cimarrones que escapaban de las haciendas. Las selvas les ofrecían un refugio generoso en alimentación. La mayoría habían escapado de las minas de oro de Antioquia o de las haciendas ganaderas del Valle y la costa Atlántica. Por esa época los territorios chocoanos eran sólo una poderosa frontera natural que conectaba con territorios nacionales tan apartados como lo era Panamá. Así mismo, el Atrato era la única manera de atravesar la espesa selva para llegar a algunas minas de oro. Sus aguas navegables eran propicias para su navegación. Más cuando salían al mar, por el golfo del Urabá. Así, el río Atrato, o Darién, como se le alcanzó a conocer en tiempos de la Colonia, se mostraba como la vía perfecta para el comercio. Así se inició la tradición de que el Atrato se convirtiera en una arteria económica que conectaba el departamento bien con el mar, bien con el centro del país. En el siglo XX el Atrato fue la ruta de los ejércitos liberales o conservadores que iban a combatir a Panamá antes de que este se escindiera de Colombia. Pero sus inhóspitas selvas siempre fueron hostiles a los dirigentes del altiplano y poco a poco Chocó quedó en el olvido del país central y a la suerte de rebuscadores de todos los pelambres.

A partir de la cercanía con el centro, el Atrato fue dividido en tres regiones: el alto, el medio y el bajo. Cada uno tiene características particulares en su economía, acaso algunas determinadas por su valor ambiental. Lo cierto es que la historia de esta región es común y a la vez particular para cada una de las subregiones. En términos generales, y vista desde la ventanilla del avión, se observa que en el bajo Atrato predominan las haciendas ganaderas y los cultivos de plátano y banano; en el medio, la economía ha girado en torno a la minería y los cultivos de palma, y en el alto la explotación de maderas ha movido la gente. Pero los elementos comunes entre ellas son el olvido del Estado, la economía ilegal y la guerra. Estos tres elementos atraviesan todo Chocó y han alimentado los cultivos ilícitos; las rutas del tráfico de drogas, armas y contrabando; la minería ilegal, y el tráfico de maderas explotadas ilegalmente. Por años ha sido tierra de nadie. Sus comunidades, indígenas y negras, han sido arrastradas por las ambiciones de mercaderes vallecaucanos, costeños y paisas, los mismos que han llevado ganado, han sacado oro y madera o han traficado coca.

Travesía del Darién *

Atravesar el Tapón del Darién había sido para nosotros uno de esos sueños que de tanto aplazar siguió siéndolo aún después de realizado. La ilusión de conocer el escabroso desfiladero de La Llorona, el pueblo de Mutatá, la ciénaga de Tamaradó, el parque Los Catíos, la devastadora actividad de los aserríos del bajo Atrato y, claro está, el legendario “Tapón del Darién” nos dominaba desde hacía mucho tiempo. Pensábamos que entre Colombia y Panamá había un vacío hecho de selva virgen, agua y niebla.

La carretera al mar

Cogimos camino temprano pero nos demoramos en dejar Medellín porque la ciudad llega hoy hasta el alto del Boquerón, desde donde por fin nos sentimos saliendo hacia Urabá por la famosa carretera al Mar, una de las obras civiles que –junto con el túnel de La Quiebra– los antioqueños más estiman y más orgullosos los hacen sentir de lo que ellos llaman su raza. Los trabajos comenzaron en los años 1920, pero el primer carro llegó a Turbo sólo en los años 1950. En su construcción se consumieron vidas y también muchas vigencias presupuestales. Desde el Boquerón nos descolgamos hacia Santa Fe de Antioquia. La carretera sigue sin duda el trazo del antiguo camino real que todavía se observa a trechos.

Hacia las 10 de la mañana llegamos a Santa Fe, el primer corazón de Antioquia. Allí se concentraron durante por lo menos dos siglos las actividades minera y comercial de la región. Fundada por el mariscal Robledo como avanzada de Popayán contra Cartagena, fue la verdadera ganadora del conflicto entre Sebastián de Belalcázar y Pedro de Heredia. Santa Fe era tan rica en oro y en indios que, medrando de la rivalidad entre los dos conquistadores, alcanzaron su autonomía y su independencia. La riqueza de los filones de oro de Buriticá se volvió legendaria y Santa Fe se convirtió en uno de los centros comerciales y políticos más poderosos del Nuevo Reino de Granada. Por eso siempre quiso tener una salida al mar que evitara el río Cauca y, por tanto, la dependencia y la pleitesía que debía rendirle a Cartagena. La vía no podía ser otra que la de Urabá por el río Atrato.

Sin embargo, el río Atrato con sus panganales y ciénagas, con su lluvia torrencial, con sus indios armados de curare, se presentó siempre como un obstáculo formidable a la tentación de birlarle a Cartagena su monopolio. Más difícil aún –casi imposible– en la medida en que la Corona vio que el río Atrato representaba una vía expedita para que Inglaterra, la “Pérfida Albión”, intentara dar por ahí el paso hacia Perú o, por lo menos, buscara el control de las minas de Buriticá, Arma, Nóvita y Tamaná, que alimentaban las arcas reales y justificaban la conquista. Los ingleses hicieron renovados intentos de entrar por el Atrato desde sus posesiones de La Misquitia y San Andrés y Providencia, razón que obligó a España a clausurar la navegación comercial por el río Atrato y a taponar por este lado el desarrollo del Nuevo Reino. Para ello casi no necesitó construir fortalezas ni usar armas; la fuerza de la naturaleza fue la gran aliada para mantener aislada la región.

Santa Fe, o simplemente Antioquia, es hoy un veraneadero. Las construcciones coloniales, el clima y el río Cauca son atractivos que han estimulado el desarrollo de hoteles lujosos, quintas con piscinas y conjuntos residenciales cerrados.

Tan pronto se deja la cuenca del río Cauca y se cae en la hoya del río Sucio, el cambio del paisaje social es notorio. La economía campesina fue próspera en esta región cuando las minas de oro de Frontino constituían un excelente mercado para maíz, plátano y frutas. Hoy se mantiene a duras penas gracias al comercio local y a la ganadería extensiva de vertiente, que, a juzgar por la erosión llamada “pata de vaca”, ha ganado mucho terreno.

A lado y lado de la vía se extienden pequeños pueblos como Uramita y Alfonso López, fundados por campesinos expulsados por la concentración de tierra que los capitales del narcotráfico ha acelerado desde el comienzo de los 1980. Las “zonas de carretera”, donde son construidos estos pueblos, se han convertido en áreas de conflicto entre los pobladores, que buscan construir una casa con cuatro latas, y los terratenientes, que, con el argumento de impedir invasiones, amplían sus haciendas con cercas de ocho alambres sobre bermas y espacios públicos.

En Alfonso López un habitante que vive del jornal y de media hectárea de fríjol y que –según sus propias palabras– es tan pobre que no le alcanzan los labios para taparse los dientes, nos contó la historia de un muchacho nacido y criado en esa región que un día se fue de ayudante de un camión y volvió 10 años después. Pero volvió comprando fincas hasta juntar 5.000 hectáreas en un solo globo; construyó una casa con todos los lujos, pesebreras para 100 bestias y metió 2.000 reses. La gente dejó de llamarlo como lo llamaba para referirse a él como el “Patrón”. Una tarde que andaba tomando aguardiente y haciendo caracolear su caballo de paso fino, uno de sus propios escoltas –también nacido y criado en esos breñales– lo mató de cinco tiros sin que mediara palabra, agravio o mal negocio entre los dos. “Como el alcohol los igualó –comentó nuestro amigo–, la envidia que llevaba el escolta no encontró talanquera y se dio gusto disparando”. La viuda lloró a su marido y el capital, considerado ahora herencia, se limpió del pecado original.

La carretera al mar comienza de verdad verdad en Dabeiba a 180 kms. de Medellín. El pueblo, fundado en 1887 por Juan H. White, fue bautizado con el nombre de un cacique catío que –cuentan todavía– les dio a los españoles mucha brega dominar. Hoy los catíos han perdido casi todas sus tierras, ocupan menos del 10 % del municipio (18.000 has.) y viven por los lados del río Sucio en los resguardos de Cuscal-Tuguridocito y Chimurró-Nendó. Uno suele encontrárselos deambulando por el pueblo, sucios, descompuestos, con hambre. La expropiación de naturales a sangre y fuego cedió paso a la venta obligada de sus tierras que, de una u otra forma, hoy están en manos de campesinos y sobre todo de hacendados. En los últimos años el café y el fríjol, renglones vitales de la economía, se han debilitado a favor d la ganadería rentística, tendencia que, por lo demás, constituye la ley de la colonización que la carretera al mar inauguró. El único producto que parece haber superado la crisis es el tomate, que ocupa gran cantidad de mano de obra agrícola regional.

Pasadas las guerras civiles, afianzada la Constitución de Núñez y Caro con la dictadura del general Reyes, y terminada la primera Guerra Mundial, el mercado nacional recibió un sólido impulso. El café se convirtió en el primer reglón productivo y trasladó su dinamismo a la naciente industria antioqueña. Para completar el optimismo, Colombia recibió la indemnización por el canal de Panamá y un millonario empréstito destinado a la construcción de obras públicas y al saneamiento de las finanzas del Estado. Fue la llamada “Danza de los millones”.

El general Pedro Nel Ospina, caudillo de este impulso modernizador, fue, como antioqueño que era, particularmente generoso con los sueños de otro antioqueño, don Gonzalo Mejía, quien venía vendiendo sin fortuna el viejo proyecto de la Carretera al Mar. Para don Gonzalo, la vía era no sólo una obra de ingeniería titánica, sino el propósito del pueblo antioqueño, ansioso y urgido de continuar la gesta de la colonización paisa hacia el norte. Argumentaba que la colonización hacia el sur se había agotado al toparse con la economía vallecaucana y que, por tanto, era la hora de vigorizarla cambiando la dirección hacia el norte, hacia donde Antioquia tenía que mirar en adelante: Urabá, el mar, el mundo entero. Las veleidades autonomistas paisas hacían la segunda voz a la invocación épica con que don Gonzalo dirigía la raza antioqueña.

La colonización antioqueña nació de la rara alquimia que la crisis de la minería de aluvión desencadenó a finales del siglo XIX en la economía campesina ligada a aquella. Un siglo antes, el gobernador de Antioquia, Juan Antonio Mon y Velarde, había llevado a cabo una profunda reforma en la estructura agraria que favoreció la aparición de una próspera economía parcelaria. Era la época de la Ilustración Borbónica. Vientos nuevos soplaban. Los señores de la tierra vieron reducidos sus privilegios a favor de los campesinos y de los mineros. Pero cuando el oro entró en crisis, a mediados del siglo XIX , estalló la diáspora y tanto unos como otros se regaron a tumbar a punta de hacha la selva hacia el sur, y de paso, también los títulos reales. Las guerras civiles –incluida la llamada de Independencia– interrumpían el ritmo del proceso cuando se oían los pronunciamientos bélicos, pero no lograron ni transformarlo ni agotarlo. Más aún, algunos caudillos como Pedro Jesús Berrío y Manuel Murillo Toro alentaron y defendieron con leyes sabias, como la de 1872, la colonización que hacia esos años comenzaba a desbordar la Provincia de Antioquia y se orientaba hacía el Valle y Tolima. Murillo Toro firmó la Ley de Baldíos, que proscribía el latifundio en las tierras ganadas por los campesinos, y el buen precio del café permitió que su trabajo no se perdiera. Para muchos la acumulación de capital precipitada por la colonización cafetera fue el secreto tanto de la industrialización antioqueña como de la relativa estabilidad democrática del régimen durante la primera mitad del siglo XX .

Sin embargo, la expansión hacia el sur encontró sus límites en momentos en que la industria estaba en pleno crecimiento. Eran los años 1930. Fue entonces cuando don Gonzalo comenzó a meter cuadrillas de obreros con pica y pala en el trazo existente entre Cañasgordas y Dabeiba. Cientos de campesinos que venían arrastrando su pobreza encontraron un oficio regular y bien remunerado en comparación con lo que la parcela les daba. El terrateniente vio que de la noche a la mañana no sólo se valorizaron sus tierras, sino que los campesinos las abandonaban o las vendían baratas para irse a trabajar en la carretera. La ocasión hace al ladrón, y las ganaderías, que poca mano de obra necesitaban, florecieron a lado y lado de la vía. En 1938 la “revolución en marcha” del viejo López terminó y comenzó la “pausa” de Santos. La carretera llegó a Dabeiba en los años 1940 al tiempo que la madre Laura Restrepo fundaba allí la orden de las misioneras lauritas bajo el báculo de monseñor Ismael Perdomo, para llevar luces a todos los rincones donde imperaba la oscuridad.

En Dabeiba encontramos suspendido el paso por la carretera debido a los trabajos que estaban haciendo en el túnel del famoso desfiladero llamado La Llorona, así que permanecimos en el pueblo todo el día. Es uno de esos sitios en los que la violencia, que comenzó hace medio siglo, no amaina. El enfrentamiento político burocrático entre liberales y conservadores, originado en las capitales, se extendió, prolongó y sostuvo en los pueblos y veredas. Los “chulavitas”, apoyados por las fuerzas del orden, obligaron a los liberales a enmontarse y a formar cuadrillas armadas. Las autoridades las llamaron la chusma, como antes los españoles llamaban a los indios cuando iban a la guerra. Cuando los partidos formaron el Frente Nacional, a los chusmeros se les persiguió como bandoleros y muchas cuadrillas fueron reducidas y sus integrantes liquidados. Sobre el rescoldo de odios que nunca se apagó nacieron, en los años 1960, las guerrillas.

En el año 1992 la guerrilla se tomó Dabeiba. El tiroteo dejó algunos policías muertos, y desde entonces el Ejército permanece en el área. Días antes de nuestro paso los alzados se habían tomado Ituango, un pueblo de 25.000 habitantes situado en la misma región. Fue un golpe militar muy fuerte. La prensa informó que eran más de 600 atacantes, razón por la cual nos pareció explicable el despliegue militar en la zona. Después supimos que se trataba de la liberación de dos ingenieros suecos que las FARC tenían secuestrados hacía varios meses. Según un comunicado de los insurgentes, el secuestro tuvo como objetivo protestar por los efectos ambientales y culturales que tendría la represa de Urrá II. Una obra complementaria de Urrá I que generará más de un millón de kilovatios (340 Mw. Urrá I y 860 Mw Urrá II), pero que desplazó de su territorio ancestral a una parte de la comunidad indígena emberá-catío de los resguardos Ríoverde, Quebrada Cañaveral y emberá-karagaví. La guerrilla denunciaba también la destrucción de 1.000 hectáreas de bosque nativo y la utilización de grupos paramilitares por parte de la compañía sueca. El Ejército, por su parte, sostenía que el secuestro tenía objetivos económicos y que lo que la subversión buscaba era presionar a los suecos el pago de la vacuna, o sea, el pago que las compañías constructoras suelen hacer a las guerrillas como impuesto de guerra.

Los suecos no fueron liberados esa vez. Los miembros de Paz Christi, una organización holandesa que vela por los Derechos Humanos, se sintieron engañados y declararon que las FARC eran “una mierda”. Un tiempo después se supo que los guerrilleros que venían a realizar los arreglos finales para la liberación de los ingenieros habían sido asesinados. Finalmente, en los primeros días de 1995 los suecos regresaron a su trabajo. La opinión pública se quedó, como siempre, sin conocer los términos del arreglo y por tanto, las causas verdaderas del delito. Se supone que la guerrilla hace parte del sobrecosto y, por tanto, hoy día se incluye bajo diferentes rubros en el valor de las obras que se realizan en zonas donde esta tiene presencia.

Entre Dabeiba y Mutatá hay extensas manchas de bosque primario bien conservadas gracias a los abismos y a la fuerte corriente del río. Sin duda alguna la madera fina y comercial ya ha sido sacada, pero la selva se ve aún poderosa. Durante nuestro paso por este tramo se desencadenó un torrencial aguacero, la tarde se oscureció y vimos parte del paisaje a la luz de rayos y relámpagos.

Poco a poco, a medida que la topografía se va haciendo más benigna, las talas de los potreros y las “mejoras” van apareciendo. Muchos de los colonos se han vuelto trabajadores de la vía y no pocos obreros, llegados de otras regiones a trabajar en la carretera, se han vuelto colonos. Como las obras van tan lentamente, los obreros alcanzan a hacer fincas y esperan que cuando el proyecto finalice se hayan valorizado, tanto con su trabajo como con la vía. Sin embargo, a medida que este proceso va teniendo lugar, las mejoras se van concentrando como haciendas ganaderas en otras manos. En el Didal y la Humareda se ven ya enormes propiedades. Una ganadería extensiva cuyo objeto es más el engorde de la propiedad que el del ganado.

A Mutatá llegamos de noche. Un pueblo fundado a mediados de los años 1940 por el Fondo Agrícola e Industrial de Antioquia como colonia agrícola, que se consolidó a propósito de la construcción de la carretera. Fue lugar de acopios de la madera extraída de los densos bosques que había que hoy están cada vez más ralos. Es un pueblo famoso, además, por la piña blanca que producen los negros. Allí comienza la producción industrial de banano, el clima de bonanza –con sus hoteles, cantinas, burdeles– y la sensación de que en cualquier momento se puede desatar una balacera entre la guerrilla y el Ejército, entre los paramilitares y la guerrilla, entre un cantinero y un borracho, entre dos desconocidos que se miraron con desconfianza. El ruido de los buses y de los camiones con sus motores de Carretera Panamericana y sus pitos de aire, la música de las cantinas, la televisión de las tiendas, el griterío de las mujeres, el ruido, en fin, acompaña siempre en las zonas de bonanza a la muerte como cómplice de impunidad. Los ruidos se chupan los tiros o, por lo menos, las sombras de quienes lo hicieron.

Hace poco tiempo en Mutatá hubo un encuentro feroz entre la guerrilla y el Ejército. Muchos dicen que fue más bien una batalla y que la guerra ha adquirido un carácter regular de enfrentamiento entre ejércitos. Se dice que la pelea duró varios días y que hubo más de 30 muertos entre ambos bandos. Sea lo que fuere, para poder amanecer en Apartadó no nos detuvimos en Mutatá.

Apartadó

El crecimiento de Apartadó es sorprendente. De ser un depósito de tagua y caucho negro en los años 1940, pasó a ser pueblo ganadero en los 1950, municipio a finales de los 1960 y corazón de Urabá en los 1980. Su población es hoy del orden de 60.000 habitantes; un pueblo compuesto por negros del Atlántico, chilapos de Córdoba y paisas: culebreros, paleteros, tenderos, ferreteros, transportadores, empleados públicos, curas, militares, políticos, gerentes, banqueros, empresarios de banano. El Urabá antioqueño es una clásica colonia interna cuya metrópoli es Medellín.

En los años 1920, con el crecimiento de la industria del automóvil en Estados Unidos, las llantas de caucho –y por obvias razones las carreteras– se volvieron renglones prioritarios de la economía. La explotación del caucho negro guardaba una íntima relación con los empréstitos norteamericanos para construcción de carreteras. El automóvil –emblema del individualismo– se volvió el motor de la economía norteamericana. La importación de caucho y la exportación de carros corrían parejas.

Las selvas del Darién y las estribaciones de la serranía de Abibe –como todo el Andén Pacífico– eran relativamente ricas en caucho negro y para explotarlo, los cartageneros y los paisas fundaron solventes empresas. Las selvas también tenían el atractivo económico de ser muy ricas en tagua –el marfil vegetal–, muy demandada en Japón, Francia y Alemania para la fabricación de botones finos y perillas de las barras de cambio de los Mercedes Benz, de suerte que las montañas de Urabá se vieron pronto invadidas por caucheros y tagüeros que sangraban árboles y tumbaban palmas para atender los pedidos que las firmas exportadoras hacían. La explotación del caucho no tuvo la misma crueldad que en Putumayo, pero de todas maneras fue el comienzo de una economía rapaz que aún no termina. Mutatá, Apartadó, Chigorodó, Riosucio y el mismo Turbo fueron al principio meras bodegas donde compradores y recolectores de caucho y tagua se daban cita. Con el tiempo se agregó a estos renglones la explotación de maderas finas, como la caoba y el laurel, que abrieron poco a poco el camino para la instalación de aserríos.

Sin embargo, la carretera al mar no tuvo en un principio relación con el caucho y con la tagua ni con la caoba, sino con el algodón. Los paisas querían que Urabá se convirtiera en lo que India era para los ingleses: un enorme depósito de materias primas para sus fábricas de textiles. Don Gonzalo Mejía y el comité Pro-carretera al mar defendían el proyecto con el argumento de que Urabá sería el proveedor de algodón para Coltejer y Fabricato sin tener que recurrir –la vieja rivalidad– a los costeños. El eje Mutatá-Chigorodó –por ser un poco más alto y estar libre de inundaciones– fue seleccionado para sembrar fibra y se alcanzó a tumbar mucha selva antes de que los paisas descubrieran que era más barato llevar el algodón de Córdoba o de Bolívar –tierras secas y abundantes en mano de obra– y que la verdadera vocación de Urabá era la ganadería. Y así fue.

Desde aquellos días los campesinos de Córdoba se conocen con el despectivo nombre de chilapos. Los chilapos –llamados también “orillos”– son para los aserradores las partes que sobran de un tronco al ser sacados los bloques centrales, homogéneos y por lo regular más finos. Es decir, los chilapos son sobrantes que ordinariamente no se utilizan, no obstante haber contribuido decisivamente al crecimiento del árbol. El apelativo es, desde el punto de vista histórico, exacto. Los chilapos son los campesinos que tumban la selva, domestican la tierra y luego se la venden a los grandes ganaderos. La tierra continúa su valorización en manos del terrateniente que suma unas mejoras con otras hasta formar haciendas. Los chilapos, que han gastado su vida abriendo monte, son al final arrinconados en los pueblos. Así, a lo largo del trayecto entre Mutatá y Turbo hay numerosos pueblitos que van naciendo en la llamada “zona de carretera”.

Por los mismos caminos por los que salían el caucho y la tagua comenzaron a entrar paisas y chilapos a derribar selva y a montar ganaderías, con la promesa de que muy pronto tendrían carretera. Se ve en este capítulo de la historia colombiana una paradójica y bárbara dinámica social: el negro desplaza al indígena, el chilapo desplaza al negro y, por fin, el paisa desplaza al chilapo. Cuando decimos desplaza, decimos expropia, empuja, derrota. La violencia es aquí la herramienta del progreso y el desarrollo, es decir, de la civilización.

La construcción de la carretera entre Turbo y Mutatá fue lenta y espasmódica. Las finanzas públicas, la violencia y las suspicacias no mal fundadas del centralismo con respecto al autonomismo antioqueño prolongaron los trabajos hasta el año 1950, cuando desde Medellín llegó don Gonzalo Mejía manejando un Ford 1928. Los vítores con que fue recibida la comitiva sancionaban un hecho, paralelo si se quiere, pero mucho más profundo: la colonización del Urabá.

El trazo de la vía, hecho público desde el comienzo puesto que en la Plaza de Berrío se abrió una urna –presidida por un mapa de la ruta– para que todos los antioqueños contribuyeran con su óbolo a la obra civilizadora, atrajo la primera ola de colonos sedentarios –los caucheros y tagüeros eran nómadas– a sentar sus reales a lo largo del futuro trayecto. Hay que hacer notar que en Bogotá ya habían asesinado a Gaitán y que la violencia se generalizaba en todo el país, inclusive en la costa atlántica –hecho que se suele escamotear– y en Chocó. En Córdoba y Bolívar los campesinos eran amenazados y expulsados de sus parcelas. De las feraces orillas de los ríos Sinú y San Jorge y de las orillas de las ciénagas salían miles de campesinos a refugiarse en las serranías de Abibe y en Urabá. Los grandes propietarios liberales y conservadores ocupaban las tierras abandonadas por los campesinos liberales o conservadores. Julio Guerra, un campesino liberal acomodado de la región de Montelíbano, se alzó en armas en el alto Sinú-San Jorge y entró en relación con las guerrillas liberales de Ituango. Entre ambos dominaron todo. El Paramillo y Abibe, desde Dabeiba hasta Tierralta y desde Urrao hasta Caucasia.

Pero no todos los desplazados se incorporaron a la lucha armada. Por el contrario, la gran mayoría se abrió a colonizar hacia el norte de Urabá –Necloclí, Arboletes–, hacia Turbo y Mutatá, y en menor medida, hacia el Urabá chocoano.

A lo largo de la década de 1950 llegaron, pues, al Urabá, tanto la carretera como los chilapos. El trabajo de los colonos y el trabajo de los obreros de la vía contribuyeron a valorizar velozmente las tierras que antes eran baldíos, y, con las mejoras hechas por los campesinos, los ganaderos comenzaron a concentrar. De manera que el plan de sembrar ael Urabá de algodón se cambió por el de llenarlo de pasto y de vacas. La Plaza de Ferias de Medellín comenzó a ser marcada por las existencias del ganado de Urabá, un ganado libre de aftosa y engordado con pasto puntero.

El Eje bananero

Durante el período de construcción de la carretera al mar se fortaleció la zona bananera de Santa Marta, se expandió y al final de la década de 1950 entró en crisis. Los vientos que soplaban del nordeste y el fortalecimiento del sindicalismo hicieron que la United Fruit Company (UFC ), amparada por las dictaduras que ella misma montaba en Centroamérica, perdiera interés en el banano colombiano. En los años 1960 el Incora, recién creado, montó la Frutera de Sevilla, heredera de la UFC ; distribuyó entre campesinos, muchos de los cuales eran meros votos atados y no trabajadores de la tierra, los terrenos que no había logrado colocar entre los notables de Santa Marta. Pero al mismo tiempo la UFC obtuvo facilidades para establecerse en Urabá, al amparo de los huracanes y de los comunistas. Conocía la calidad de la tierra puesto que a mediados de los años 1930 una empresa alemana había hecho las primeras plantaciones de banano en las márgenes del río León y había habilitado Puerto Cesar, en su desembocadura, como embarcadero. Con la II Guerra Mundial los alemanes salieron del país y dejaron la experiencia y la promesa del banano.

La UFC , escaldada como quedó después de la experiencia de Santa Marta, no quería repetir la historia y asoció a su proyecto el capital privado y al Estado colombiano. La banca nacional, respaldada por el Banco Mundial, abrió una línea de crédito para la compra de tierras y la instalación de fincas bananeras. La UFC aportó la asistencia técnica y se comprometió a comprar toda la fruta de calidad a precios remunerativos y sostenidos. El Estado colombiano contribuyó con las instalaciones portuarias en Turbo, la titulación de tierras y, claro está, la conservación del orden público.

La gran mayoría de las tierras bananeras de Urabá eran cativales. El árbol de cativo, muy apreciado por los aserríos, es una madera rolliza, liviana, resistente al gorgojo. Desde los años 1940 los bosques del bajo Atrato venían siendo explotados por grandes empresas: Maderas del Darién, Maderas del Atrato, Aserríos Covadonga. Estas firmas obtuvieron del Estado amplias y generosas concesiones para la explotación del bosque, prácticamente sin contraprestación. Abrían canales para sacar los troncos que los corteros a punta de hacha preparaban y echaban al agua para formar con ellos interminables “chorizos” que los barcos jalaban hasta los aserríos. La gran mayoría de corteros eran negros y se les pagaba, por cierto, muy mal. El sistema de canales no solamente permitía sacar la madera flotando por el agua, sino también drenaba el área pantanosa donde crecía el cativo. Así, estas tierras iban siendo habilitadas por los chilapos para la siembra de pasto. Una vez la madera fina salía, entraba el chilapo a derrumbar la selva que quedaba, lo que completaba la función de drenaje y desecamiento que cumplían los canales. Talado el monte, el colono quemaba y en las cenizas sembraba maíz y pasto. Año tras año le arrancaban a la selva un pedazo que agregaba al que había desecado y empradizado con pastos artificiales. El maíz y la madera, el jornal y la “mano vuelta” le permitían sobrevivir sólo para abrir finca y sembrar pasto. Cuando consideraban que la mejora era atractiva para el ganadero se la negociaban y volvían a comenzar la misma operación en otro río. A su vez, el nuevo propietario metía ganado de engorde que traía de ordinario de las zonas más altas y secas.

Los bananeros encontraron el eje Turbo-Chigorodó-Apartadó-Mutatá transformado en ganadería extensiva; los cativales no habían perdido del todo su humedad, pero la selva se hallaba en retirada. Era el momento de adquirir esas tierras a bajo precio y apoyarse en la UFC para recolonizar el Urabá bajo un esquema empresarial avanzado. El precio mundial de la fruta garantizaba altos márgenes de ganancia y una expansión sostenida del área cultivada. La demanda de mano de obra no se hizo esperar. Las bananeras necesitaban una fuerza de trabajo sana, fuerte, y sobre todo sumisa: la hoya del río Atrato con sus mil ríos aportó grandes contingentes de negros que encontraban por fin un enganche permanente y un salario regular en dinero. Hasta entonces la economía de la región se basaba en el autoconsumo y en unas muy limitadas oportunidades ligadas a la explotación de la madera y al mazamorreo de oro. Urabá seducía a los jóvenes con la fuerza de una promesa cumplida; el consumo les abría las puertas de un mundo cerrado sobre sí mismo desde que los esclavos negros habían alcanzado su libertad 150 años atrás.

Fue una época en que llegaron cientos y cientos de chilapos. La expansión del latifundio en Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena era incesante; el Estado reprimía con violencia los movimientos de usuarios campesinos que trataban de recuperar las tierras expropiadas por los hacendados con anuencia y respaldo de los políticos. Urabá se entreabrió como una hendija por la cual se podían fugar hacia una nueva vida en la que el salario fijo era la regla.

Turbo, Chigorodó y Apartadó albergaron así mismo a los desempleados que venían de Medellín a rebuscarse, a los campesinos jóvenes del suroeste antioqueño donde el minifundio era asfixiante, a los mineros quebrados de Zaragoza y Remedios. Urabá tenía sus puertas abiertas y no sólo para los que vendían su fuerza de trabajo, sino también para los recién graduados en la universidad, para los comerciantes y los transportadores, para los ganaderos y los empresarios agrícolas. En pocos años Urabá reprodujo todos los elementos, componentes y vicios de los que eran producto.

Los viejos sindicalistas que enfrentaron a la UFC en Santa Marta, que participaron en la lucha de los braceros del río Magdalena y que conocían los entresijos del sindicalismo en las empresas públicas de Medellín, llegaron con toda su experiencia y más temprano que tarde recomenzaron la pelea. Los empresarios bananeros querían recuperar sus inversiones millonarias en poco tiempo y formar un capital que devolviera con creces el sacrificio puesto en sacar adelante empresas en una región tan apartada, insalubre y carente de servicios y comodidades. Los jornales que se comenzaron a pagar –y que se pagaron durante los años 1960 y 1970– fueron bajos en extremo; las prestaciones eran voluntarias y los salarios por contrato daban lugar a todo tipo de arbitrariedades. Los trabajadores bananeros vivían en condiciones oprobiosas, la mortalidad infantil era alta y los servicios públicos inexistentes. En una palabra, se fueron creando las condiciones propicias para el estallido de un conflicto proporcional a los abusos contra los trabajadores y a los niveles de acumulación acelerada de capital. A partir de los años 1980 el sindicalismo entró pisando duro en el escenario bananero.

Pero no sólo el sindicalismo. En la región de Paramillo las guerrillas de Julio Guerra habían evolucionado y se habían consolidado como Ejército Popular de Liberación (EPL ), desde los años 1960. Los campesinos expulsados de Córdoba, los bajeros de Bolívar, los parceleros de Sucre, los pescadores de la Mojana habían colonizado de abajo hacia arriba las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge. Pero de arriba hacia abajo venían también colonizando los campesinos antioqueños nacidos en Ituango y Urrao. Las dos vertientes colonizadoras se encontraron en el sitio donde, precisamente, se proyectaba la construcción de la gran hidroeléctrica de Urrá. A la zona de convergencia llegaron también obreros y técnicos de firmas constructoras. Aparecía en la región un nuevo grupo armado: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ).

Durante mucho tiempo las FARC , de tendencia prosoviética, tuvieron grandes enfrentamientos con el EPL , de orientación prochina. Pero años después, con la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el nuevo panorama mundial, las hostilidades cesaron por el momento. Las guerrillas se afianzaron en las mismas fuerzas sociales que alimentaban la migración laboral hacia Urabá y por tanto, su influencia se tenía que hacer sentir. Los obreros-campesinos de las bananeras se constituían en un gran capital político que el álgido conflicto con los patrones alimentaba y atizaba incesantemente.

Los empresarios bananeros se empeñaron a toda costa en sostener bajos los salarios y en perseguir cualquier brote de organización sindical. La gran oferta de mano de obra y la política del Gobierno de proteger el capital contribuyeron a la intransigencia patronal que para los obreros era incomprensible porque ellos sabían los buenos precios que tenía la fruta en los mercados internacionales. Así se crearon las condiciones para que los antiguos líderes sindicales vinculados a la zona bananera de Santa Marta pusieran al servicio de los obreros de Urabá toda su experiencia. Durante la década de los 1960 la persecución a los sindicalistas y la negativa a mejorar los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores constituyeron la regla de oro de los empresarios y de las autoridades del Estado. La huelga se venía venir como la única alternativa para los obreros, y la represión como la respuesta de los empresarios.

El enrarecimiento del clima social en el Urabá antioqueño atrajo cada vez más el interés de las guerrillas por el problema social. Hay que decir que sus bases eran las mismas que sostenían las luchas sindicales: los chilapos de Córdoba, los campesinos desplazados por las bananeras, los negros llegados del Atrato, los rebuscadores de Medellín. El EPL y en menor medida las FARC , comenzaron a mirar cada vez más hacia Urabá sin descuidar el alto Sinú-San Jorge. La guerrilla no tenía vínculos con la clase obrera a pesar de su prédica, pero la agitación que vivía la zona bananera representó una oportunidad clara para impulsar la lucha sindical. Todo lo que les era negado a los obreros se abonó en la cuenta que la guerrilla abrió. Y así, a comienzos de los años 1980 su capital político era similar a la acumulación de capital que los empresarios bananeros habían logrado. Las dos fuerzas se habían fortalecido a costa de su contraria y tenían que chocar tarde o temprano. La militarización de la zona bananera y la criminalización de las luchas obreras facilitaron la guerrillerización del conflicto social y la consolidación del interés estratégico de los alzados en la zona bananera.

La respuesta que dieron tanto los patrones como el Estado fue la creación de grupos paramilitares. Los genocidios de La Negra, Honduras, Mejoresquina, El Tomate y Santa María, en el primer semestre de 1998, anunciaron que el conflicto en Urabá había cambiado de modalidad. Los actores armados y la guerra sucia reemplazaron las demandas sindicales. Las mejores condiciones de vida se ahogaron en un clamor mayor: el respeto a la vida. La defensa de los Derechos Humanos eclipsó la lucha por mejores salarios. El enfrentamiento entre irregulares tomó el lugar de las manifestaciones públicas y de los pliegos de petición. La guerra –y sus bestialidades– se tornó en el plan de cada día.

Las conversaciones de paz abiertas por Belisario Betancur –en las que el EPL tuvo una destacada participación– avanzaron a pesar de los tropiezos y permitieron que durante el gobierno de Barco se afianzaran los borradores del acuerdo. Tras la entrega de armas del M -19 y con la promesa abierta para la constituyente del 91, un sector importante del EPL entró a la vida civil y se convirtió en el movimiento político Esperanza, paz y libertad.

Las diferencias políticas con el sector que continuó en armas, dirigido por Francisco Caraballo, se profundizaron y cayeron también bajo el espectro trágico de la guerra. El gobierno de Gaviria aprovechó con dudosa habilidad la circunstancia y la división para vincular parte de los exconvictos a las fuerzas del orden: el DAS enganchó como detectives a muchos de los miembros de Esperanza, Paz y Libertad. Por su parte, el Ejército utilizó no pocos exguerrilleros como agentes secretos haciendo realidad aquello de que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Política que, dicho sea de paso, no es nueva: en los años 1960 el DAS rural en los Llanos Orientales fue formado con antiguos guerrilleros para perseguir a los compañeros que no se hubieran sometido a los programas del Gobierno o a quienes persistieran en hacer oposición al régimen. No obstante, bien miradas las cosas, la audacia del Gobierno profundizó y fortaleció el conflicto en lugar de debilitarlo. Resultado al que contribuyeron también la superficialidad y la falta de continuidad de los programas de reinserción. A los guerrilleros sólo les quedaba como salida continuar con las armas, esta vez al lado de sus antiguos enemigos.

En enero de 1994 un frente de las FARC realizó la monstruosa masacre de La Chinita, un barrio de invasión de Apartadó, organizado por Esperanza, Paz y Libertad. El procedimiento fue similar a los que usan los paramilitares y por esa razón la matanza de 36 personas, hombres, mujeres y niños, fue atribuida a Fidel Castaño. Pero poco a poco la verdad, como siempre sucede, salió a flote. En el fondo, la historia es muy sencilla: Esperanza, Paz y Libertad, con la invasión de la Chinita buscaba no sólo encontrar una solución de vivienda a los miles de obreros bananeros –más urgente aún que la crisis de la fruta, que dejaba sin empleo a muchos–, sino como una estrategia electoral, usada también por las FARC y por el mismo EPL . Más aún, La chinita no está conformada sólo por simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad, sino también de las FARC . Total, la sangrienta y cobarde determinación del frente de las FARC justificó la militarización de los reinsertados y apuntaló las reacciones paramilitares.

El paramilitarismo en Urabá ha sido un actor principal en el conflicto y tiene una historia que no se puede pasar por alto si se quiere entender lo que hoy sucede –y seguirá sucediendo– en toda la región.

Apartadó, el corazón de la zona bananera, está hoy amenazado de muerte. El desarrollo, el progreso y la modernización dejan ver un agujero cada vez mayor, la tragedia de sus contradicciones. Después de ser ideal y promesa para el futuro, se ha convertido en campo de batalla donde la mayoría de las víctimas no pertenecen a ninguno de los bandos armados. En el año 1995 se reportaron cerca de 500 asesinatos políticos, o presumiblemente políticos, según un documento de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. La perspectiva es aterradora. Del norte del departamento de Antioquia y del vecino departamento de Córdoba llegaron al eje bananero grupos paramilitares dotados con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y amparados por la más cínica impunidad.

Las masacres como técnica de terror han sido complementadas por el asesinato selectivo y sistemático de quien se sospecha presta colaboración forzada o voluntaria a la guerrilla o representa un peligro para las operaciones paramilitares. Así han caído numerosos sindicalistas y jefes políticos que luchan contra la situación que se vive en Urabá, y comienzan a ser asesinados de día y en plena calle, comerciantes y empresarios acusados de pagar impuestos a la guerrilla. La colaboración forzada –han anunciado los paramilitares– no puede ser invocada como argumento para ser exonerados de responsabilidad en el apoyo al movimiento guerrillero. En los fines de semana, cuando las calles de los pueblos son patrulladas por el Ejército y la Policía, es cuando –dice la gente– aparecen más muertos y se denuncian más desapariciones. Detrás de tan sangriento y demencial espectáculo hay razones de índoles económica y política.

En primer lugar hay que recordar que la industria bananera atraviesa por una profunda crisis. Los precios del banano en el mercado mundial tienden a la baja por efecto de la sobreoferta. La Comunidad Económica Europea y Estados Unidos –uno de los principales clientes– han restringido la cuota que fijaron para América Latina, y la política económica de Colombia, que terminó con los beneficios que el CERT les daba a las comercializadoras, ha llevado a bloquear las demandas laborales de los 30.000 trabajadores bananeros. Los empresarios, apoyados por el Gobierno, prefieren luchar contra los obreros antes que oponerse a las fuerzas que recortan sus ganancias. El conflicto entre sindicatos y organizaciones patronales es cada vez más agudo. Los empresarios y las autoridades nacionales apelan a la vieja estrategia de acusar al movimiento sindical de estar al servicio de la guerrilla para poder criminalizarlo. No es coincidencia que un gran número de muertos y desaparecidos sean obreros sindicalizados. En este sentido, el terror y la intimidación buscan disminuir el poder de negociación de los obreros.

En segundo lugar se debe tener en cuenta el grave deterioro de las condiciones de vida de la población vinculada indirectamente al banano. El saldo resultante entre la demanda de fuerza de trabajo y su oferta está constituido por el llamado rebusque: pequeños intermediarios, jornaleros a discreción, toderos, una amplia gama de trabajadores que crea sus propios puestos de trabajo. La crisis bananera afecta los ingresos de este amplio sector de la población y los predispone contra el orden social y económico vigente. Al mismo tiempo, las políticas económicas de los últimos gobiernos han golpeado sin consideración alguna a los campesinos, un sector cada vez más empobrecido por efecto de la falta de recursos: tierra, crédito, mercado. Han recortado de manera sistemática las premisas en que se apoyaba y era competitiva la economía campesina. La situación del campesino es cada vez más precaria. En el año 1993 fueron ocupadas más de 6.000 hectáreas por campesinos sin tierra. La crisis de este sector se agrava en la medida en que se restringe el mercado que depende de la economía bananera.

El tercer factor del conflicto es político. La represión a los sindicatos y la crisis de la economía campesina han contribuido a la derrota de las promesas electorales tradicionales. Los Partidos Liberal y Conservador han sido superados en varias ocasiones por la Unión Patriótica (UP ), movimiento muy ligado a las reivindicaciones de los obreros bananeros y de los campesinos de la región. El movimiento de oposición ha sido acusado de ser brazo armado de las guerrillas con miras a preparar su liquidación física, como en efecto se ha hecho. El espacio ganado por la UP está siendo descontado mediante el asesinato, la intimidación y el encarcelamiento de sus miembros. La justicia sin rostro ha mostrado contra ellos toda su contraproducente arbitrariedad. Hay una siniestra alianza entre los políticos tradicionales que protegen con un manto de impunidad la acción que los paramilitares llevan a cabo. Desde la época de la “violencia” en Colombia, el avance de los partidos de oposición suele ser frenado por medio de la liquidación física de los elegidos y el terror contra los electores.

Por último, la política de pacificación de los distintos gobiernos logró que un sector importante de la subversión firmara acuerdos de paz, se reinsertara en el sistema y legalizara sus demandas. Como se dijo, el gobierno de Gaviria dio empleo a buena parte de los exguerrilleros en los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Es decir, los usó en la lucha contra los alzados que no han entregado las armas. La reinserción se tornó entonces en mecanismos para que los excombatientes volvieran a la guerra cambiando de bando. La escala del conflicto no sólo no disminuyó, sino que aumentó.

El enfrentamiento ha causado tales niveles, que la población está siendo cada vez más involucrada en hechos de armas; la neutralidad es imposible puesto que el Estado es débil y los bandos fuertes. Sólo los bandos de un lado o del otro obtienen relativa protección de las fuerzas en conflicto. Nadie en Urabá puede permanecer independiente puesto que no hay un tercero en discordia que garantice el derecho a no combatir.

En todo el país, pero especialmente en el Magdalena Medio y Urabá, la estrategia de los paramilitares –conocida por la gente como el “Proyecto”– consiste en limpiar del campo la población que apoya a la guerrilla: quitarle el agua al pez. Las masacres cumplen la doble función de liquidar a los colaboradores o militantes y de aterrorizar a la población civil obligándola a refugiarse en los pueblos. Hoy en día las fincas se han acabado, los campamentos y los trabajadores se han ido a vivir a los centros urbanos buscando no tanto la protección de las autoridades, que saben imposible, sino la que pueden ofrecerles los mismos pobladores. Así, las invasiones de terrenos privados en Apartadó, Turbo y Chigorodó se han multiplicado; los movimientos populares como la UP , Esperanza Paz y Libertad y los mismos partidos tradicionales han organizado “recuperaciones” de tierra no sólo para ayudarle a la gente a resolver el problema de vivienda, sino para cosechar votos. Este proceso se puede ver con nitidez en los hechos vinculados a la masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero de 1994.

El año 1993 marca el recrudecimiento de las acciones violentas en Urabá. Fueron asesinados más de 62 militantes de la UP , 50 de Esperanza Paz y Libertad y cientos de campesinos que ninguna organización reivindica. El 10 de diciembre amanecieron colgados de los cables que transportan ganado 17 cadáveres de trabajadores en la finca Cativos. Las autoridades no tardaron en acusar a las guerrillas del monstruoso asesinato. Un mes después las FARC irrumpieron en la fiesta que Esperanza Paz y Libertad había organizado en el barrio La Chinita y asesinaron a 35 personas como retaliación por los hechos de Cativos. La justicia, por su parte, ha actuado con diferente celeridad. Mientras que por la masacre de Cativos no hay detenidos, a la de La Chinita han sido vinculados destacados miembros de la UP y del PC . La cadena de retaliaciones se puede seguir hacia atrás y hacia adelante sin que nada ni nadie logre interrumpirla y ni siquiera disminuir su ritmo.

Las elecciones de 1994 para alcaldes y gobernadores se constituyeron en una fugaz esperanza de paz para Urabá. En Apartadó, a instancias de monseñor Isaías Duarte Cancino; de Manuel Cepeda, secretario del PC , y de José Noé Ríos, delegado presidencial, se logró un acuerdo llamado el “Consenso” para elegir un alcalde que diera garantías a todos los grupos y desarrollara un programa de carácter social. Fue elegida Gloria Cuartas. Nos decía: “Ante la ola de miedo y muerte me escogieron como un símbolo de convivencia. Yo hablé más de la vida y del respeto al hombre que del alcantarillado y la escuelita. Mi campaña se basó en la promesa de no seguir matándonos”. Poco después de un año, el “consenso” fracasó porque el enfrentamiento entre paramilitares y guerrillas no permitió que se consolidara la iniciativa. Tampoco progresó el Comité de Facilitación de la Paz, nombrado por el gobernador de Antioquia. Lo constituían personas tan conocidas como Shaffick, dirigente de uno de los frentes salvadoreños; Óscar Arias, premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica; personalidades de la Iglesia, de los sectores privado y académico. Fracasó porque los acuerdos de paz local pasan por una negociación de alcance Nacional entre las guerrillas y el Estado colombiano. De suerte que Urabá está hoy dejado de la mano de Dios.

La carretera Panamericana

Con estas impresiones y una sensación de desasosiego regresamos a Chigorodó para tomar la vía que de El Tigre conduce a Lomas Aisladas, al lado de la gran ciénaga de Tumaradó. El tramo hace parte del proyecto de la Carretera Panamericana que uniría Alaska con la Tierra de Fuego y de la que sólo falta por abrir el trayecto entre Lomas Aisladas y Yavisa. Los 100 kilómetros que constituyen hoy el llamado Tapón del Darién.

La Carretera Panamericana es un viejo anhelo de los comerciantes, los ingenieros y los estadistas, principalmente suramericanos. Desde finales del siglo pasado la idea de unir las Américas por vía terrestre ha desvelado a más de un paladín del progreso. En 1923, cuando la industria norteamericana del automóvil echaba a rodar el american dream , se reunió en Santiago de Chile la V Conferencia Internacional Americana que resolvió “declarar permanente el Congreso Panamericano de Carreteras para realizar con la mayor eficiencia posible el rápido y urgente desarrollo de la vialidad continental”. En 1929, en el II Congreso Panamericano de Carreteras en Río de Janeiro, se adoptó en firme la promoción de la carretera intercontinental, resolución que se reafirmaba en cada nueva reunión.

El proyecto ha chocado con múltiples obstáculos. En principio fueron razones económicas: el Tapón del Darién es una zona pantanosa de más de 22 m. que hacía demasiado costoso el afirmado de la carretera, y el paso del río Atrato significaba la construcción de un puente de más de un kilómetro de longitud. En los años 1960 el argumento principal contra la vía fue de carácter fitosanitario, especialmente por el temor de que contribuyera a la propagación de la fiebre aftosa hacia Centro y Norteamérica. Así, a pesar del interés de ingenieros y comerciantes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos condicionó la construcción al control de la aftosa en Colombia. En 1973 se firmó un acuerdo entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA ) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para la erradicación de la enfermedad en áreas adyacentes a la frontera colombo-panameña, conocido como Convenio ICAUSDA que ha tenido una actividad continua y eficaz en el área. Pero el recelo de los ganaderos norteamericanos subsiste y siguen bloqueando la iniciativa.

Por último, en los años 1990, la apertura del tapón del Darién se ha tenido que enfrentar a la “conciencia verde”. Es decir, a razones de orden ambiental, amparadas en el acta sobre Protección Ambiental de Estados Unidos de 1965. En virtud de tales condicionamientos, desde mediados de los 1980 se realizaron varios estudios sobre el eventual impacto ambiental de la obra. En 1993 la World Wildlife Foundation declaró la conservación intacta del Tapón del Darién como uno de los objetivos de su lucha y, para rematar, en 1994 la Unesco elevó a la categoría de Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional Los Catíos a través del cual pasaría la carretera Panamericana.

A los anteriores argumentos se suman hoy razones de naturaleza social. Se sostiene que la carretera, al elevar el precio de las tierras aledañas, estimularía una ola de colonización que desvastaría las pocas manchas de selva –incluido en ellas el parque Catíos– que subsisten todavía. De otro lado, se dice también que la carretera facilitaría el paso del narcotráfico y la guerrilla. En Panamá prospera la tesis de una recolombianización de la frontera dada la proverbial energía con que los campesinos colombianos se apropian de la selva. En fin, hay mucha tela de donde cortar.

El trayecto entre El Tigre y Lomas Aisladas es una verdadera cátedra de historia de la colonización y una mirada panorámica a los conflictos que esta desencadena. Hace 30 años la región era un gran catival baldío habitado por algunas pocas personas negras que vivían de la pesca y del cultivo de arroz en las vegas del río León. La zona hacía parte del sistema de ciénagas del bajo Atrato, cuya función natural consiste en estabilizar los flujos de agua y permitir una fecunda reproducción de especies acuáticas y anfibias.

En El Tigre, situado en la carretera al mar, se desvía la Panamericana. Hoy es una zona sembrada con banano, altamente tecnificada y controlada por la guerrilla, que cobra impuestos no sólo a los propietarios, sino también a los administradores de fincas. Hay también algunas plataneras, un renglón productivo sobre el que vale la pena hacer alguna referencia. El de plátano hartón ha sido un cultivo eminentemente campesino. Los indígenas, los negros y los chilapos han vivido del plátano, tanto de su consumo como de su venta. Pero, poco a poco, se ha creado una sólida demanda internacional por esta fruta y hoy se exporta a Estados Unidos. Lo curioso es que continúa siendo un renglón de la economía parcelaria. Los campesinos han encontrado una salida a su crisis produciendo y exportando plátano. Hay varias cooperativas de producción que cumplen las más estrictas normas de calidad internacional y que han logrado aumentar sustancialmente los ingresos de los colonos y de algunas comunidades de negros y de indígenas. Es estimulante ver cómo en medio de la crisis del banano –que ya ha sacado de la producción más de 7.000 hectáreas– la producción campesina de plátano para la exportación no sólo se mantiene al margen de ella, sino que incluso se fortalece.

Entre El Tigre y Barranquillita, situada a orillas del río León, las ganaderías van reemplazando poco a poco las fincas bananeras, en una sucesión inversa a como se ha dado el proceso en los últimos años... Es decir, la mayoría de los terrenos que están sembrados en banano fueron inicialmente ganadería y hoy la sustitución, determinada por la crisis de la fruta, tiende de nuevo hacia la ganadería. La relación entre ganadería y bananeras se puede ver tanto desde una perspectiva histórica como en el plano coyuntural. Cuando los precios del banano caen, la ganadería se fortalece y cuando el precio de la fruta mejora, los empresarios sacan el ganado y vuelven a la fruta. La ganadería es un verdadero refugio a la crisis de la agricultura empresarial. Las 7.000 hectáreas que han salido de la producción de banano son hoy prósperas ganaderías, algunas tecnificadas y otras extensivas. Sobra decir que a la guerrilla, en términos de la vacuna, le da lo mismo si se produce ganado o banano. Pero a la clase obrera no. Un bananero necesita un trabajador por hectárea cultivada, y un ganadero, un vaquero para 50 reses, es decir, un hombre para manejar 50 hectáreas. Es la diferencia entre uno y otro renglón productivos. La ganadería evidencia en esta comparación su naturaleza eminentemente rentista.

A medida que se avanza hacia el occidente, en dirección al río Atrato, las ganaderías son cada vez más extensivas. Las casas de las haciendas, los corrales, las cercas y los potreros, algunos todavía con rezagos de selva, así lo muestran. Es otra sucesión histórica: a medida que la tierra se valoriza, la ganadería tiende a aumentar su capacidad de carga, o sea, a que en la misma área haya un número mayor de cabezas de ganado. Este incremento no implica de por sí ni mayor demanda de fuerza de trabajo ni mayor tecnificación, aunque el efecto general sea el abandono de las prácticas de ocupación extensiva. La ganadería extensiva es una técnica de explotación rentista de la tierra y no una alternativa a la falta de capital.

Barranquillita, en el K 10, es hoy una simple estación de paso. Un pueblo de unas 30 casas, situado sobre el eje de la carretera en la llamada “zona de carretera”. La vía es un terraplén construido con material de préstamo lateral, de suerte que a lado y lado ha quedado un zanjón que sirve de desagüe y protección. Sobre este vacío han sido levantadas las casas no sólo porque los ganaderos monopolizan la tierra, sino porque, hasta cierto punto, la gente vive de la vía. Hay una docena de pequeñas tiendas, tres ventas de comida y cuatro bares.

Barranquillita fue en su origen un campamento de las compañías madereras que desde los años 1960 explotan sin consideración alguna la región. El río León fue dragado y habilitado como canal para sacar por flotación la madera que llegaba a él por otros tantos zanjones que cumplían en su comienzo idéntica función. Maderas del Darién, una compañía del grupo Pizano, y maderas del Atrato, de los hermanos Dago, explotan los extensos cativales de la hoya del río León, en cuya desembocadura instalaron aserríos que eran verdaderas fábricas de tríplex. Los aserradores fueron en su mayoría negros que habían vivido en la zona desde siempre. En la medida en que los cativales se explotaban, el terreno se fue desecando y los colonos-campesinos entraron a terminar de tumbar selva y sembrar pasto. Más aún, los colonos se instalaban antes de que las compañías llegaran a una zona para poder aprovechar los canales y los abiertos que la explotación del cativo exigía. La compañía les facilitaba el trabajo a los colonos –negros o mestizos– y aceleraron así la ocupación de toda la región. Una vez que salía la compañía, entraba el colono.

Estos colonos llegaban con la intención de hacer finca, pero descubrían que los cultivos no pagaban el trabajo que costaban, y optaron por vender al mejor postor, es decir, los comerciantes y ganaderos. Los viejos que viven hoy en Barranquillita fueron colonos que terminaron vendiendo sus fincas a los ganaderos cuando en los años 1960 llegó la trocha y la tierra se valorizó.

Con el tiempo los ganaderos fueron mejorando sus fincas hasta formar haciendas. A las buenas la mayoría de las veces, pero también a las malas, sacaron a los colonos. Terminaron de tumbar la selva para empradizar los predios, de cercar para demandar del Estado títulos de propiedad y sobre estas bases metieron ganado y sembraron pastos mejorados. En los años 1980 algunas de las grandes haciendas fueron adquiridas por narcotraficantes que desplazaron a los ganaderos. Hoy, ante la persecución de que son objeto los narcotraficantes, los colonos han regresado a ocupar de hecho las haciendas confiscadas o abandonadas. Cerca de Barranquillita, las haciendas El Congo y El Trébol han sido invadidas por campesinos sin tierra o por jornaleros que la crisis del banano dejó sin trabajo.

Delante de Barranquillita la carretera se desvía a Blanquiset, un pueblito que se hizo famoso a raíz de la paz que el gobierno de Gaviria firmó con la Corriente de Renovación Socialista. Decidimos entrar para conocer el sitio y el camino que termina en la loma de El Caudillo. Como se recordará, dos de los negociadores de la guerrilla que habían sido dejados por un helicóptero oficial y que iban a consultar con su grupo la propuesta del Gobierno, resultaron asesinados por un oficial del Ejército. Los pobladores cuentan que los “muchachos de la guerrilla” habían regresado de la ronda de negociación emocionados con la perspectiva de paz que se abría y que en esa tónica estaban jugando fútbol y tomando cerveza. Cuando llegó el Ejército los guerrilleros se escabulleron del cerco, pero los negociadores, a quienes el Gobierno les había dado salvoconducto, no lo hicieron y un teniente los mató. La violencia y la impunidad continúan campaneando soberanas. Días antes de nuestra visita, nos contaron los campesinos que en un retén hecho por los paramilitares se asesinó a la vista de todos a varios muchachos acusados de ser guerrilleros. Las autoridades encargadas de restablecer el orden público no se dieron por enteradas a pesar de las gestiones hechas por la comunidad.

Blanquiset vive de la venta de palos de caracol, roble, bálsamo, olleto, abarco y cedro amargo, que todavía –y por muy poco tiempo– quedan en los bosques de la loma del Cuchillo, ubicada a tres horas en mula del pueblo. Esta explotación de madera por parte de los colonos constituye la fuente de ingresos que les permite sostenerse mientras tumban el resto del monte, siembran pasto y cercan para poder vender como “bien cierto” la posesión de la mejora. Allí viven hoy muchos de los chilapos que abrieron y colonizaron la región que se extiende entre Apartadó y Barranquillita.

A poca distancia de Blanquiset, sobre la carretera principal, se encuentra Babillas, un pueblito de 10 casas a orillas de un canal que va al río Tumaradó. El río, donde se pescaba bocachico, moncholo, róbalo, mojarra, doncella, bagre y barbudo, fue adecuado como canal por Madarién. Pero cuando la compañía acabó de sacar el cativo y no volvió, en consecuencia, a drenar la vía, la tarulla invadió sus aguas lo que hace hoy casi imposible la navegación y tapa la boca del desagüe sobre la ciénaga de Tumaradó. Durante el invierno sus aguas, se rebalsan e inundan las vegas, de suerte que se ha hecho casi imposible cultivar allí plátano, maíz o yuca.

A medida que nos acercábamos a Lomas Aisladas, a orilla del río Atrato pudimos ver que las haciendas bien tenidas iban dando paso a fincas enrastrojadas, con pocas reses. Los potreros son verdaderamente el cementerio de la selva.

El Urabá chocoano

Catíos es uno de los pocos parques del Sistema de Parques Nacionales que hoy está libre de colonos. Sin embargo, está sometido a presiones tanto por el sur como por el norte. El Urabá chocoano, a partir del río Peyé y hasta Zapzurro, es una enorme ganadería explotada por unos cuantos poderosos hacendados. Hace poco más de un siglo la región era compartida por comunidades de indígenas y negros. Estos últimos vivían en las orillas de la ciénaga de Unguía, la boca del río Atrato y a lo largo del litoral; las comunidades indígenas, en su mayoría cunas (tules) se ubicaban a lo largo de las riberas de los ríos y caños que nacen en la serranía del Darién.

Si se exceptúa la presencia de los negros, el Urabá chocoano hasta principios del siglo XX se conservó tal como lo dejaron Pedro Arias Dávila y Vasco Núñez de Balboa a mediados del siglo XVI . Recuérdese que Santa María La Antigua del Darién fue la primera fundación hecha por los españoles en tierra firme. Su historia de rivalidades, intrigas y sangre fue en realidad una metáfora donde se anticipó el futuro del Nuevo Mundo. Fue en Santa María donde los españoles hicieron con los indígenas tratados de paz que nunca cumplieron, donde se llevaron primero los animales domésticos y se sembraron las primeras plantas traídas de España; donde nacieron las expediciones que descubrieron el mar del sur y Perú. A su vez de Perú partió Belalcázar enviado por Pizarro a conquistar la región de Popayán, de donde partió Robledo para incorporar Antioquia, que se prolonga aún hoy hasta el río Atrato, descubierto por Vasco Núñez de Balboa –que lo llamó río del Darién–. Fue una nación conquistada por los perros, los caballos y los cañones. Pero fue, así mismo, la tierra donde se organizó el primer cabildo abierto en América y también el lugar donde fueron esclavizados los primeros indígenas. Santa María recibió el título de ciudad, fue sede del primer obispado y al fin saqueada e incendiada por una coalición indígena en 1524, lo que cerró su ciclo de vida. Ciclo que vuelve a abrirse 400 años después con el descubrimiento del uso comercial del caucho, la ipecacuana, la tagua y la caoba. Los ingleses habían hecho un inventario de fauna y flora de la región desde mediados del siglo XXVII cuando el cirujano Lionel Walfer se perdió herido en sus selvas. El Darién, como parte del istmo de Panamá –que formalmente llegaba hasta el río Atrato– fue, desde la época de Carlos V, objeto de especial atención geopolítica. La vía interoceánica desveló a los ingenieros desde Juan Bautista Antonelli (1550) hasta Ferdinand de Lesseps (1900).

Hoy Santa María vive –como casi todo el Urabá chocoano– de la ganadería, una actividad que trepa ya por la Serranía del Darién hasta la cota de 600 msnm, y se extiende cada día más hacia el río Peyé, y amenaza el Parque Catíos.

Sautatá y los catíos

Sautatá fue un ingenio azucarero y una gran hacienda ganadera que hoy es parte del Parque Nacional Natural Los Catíos. No deja de ser paradójico que la primera gran empresa capitalista de la región se haya transformado en el Parque Nacional mejor conservado del país, por el peligro que para los ganaderos norteamericanos representa la aftosa.

Sautatá fue fundada en los años 1920 por los hermanos Muriel, una familia puertorriqueña que había llegado al país en busca de fortuna. Allí encontraron el lugar que combinaba las condiciones de calidad del suelo y cercanía al mar, puesto que pensaban exportar azúcar, alcohol y ganado hacia Estados Unidos. La empresa creció en pocos años y se convirtió en un enclave productivo con más de 1.000 obreros permanentes, una línea de ferrocarril de 13 m, dos barcos que transportaban los productos a Cartagena y moneda propia hecha de aluminio. Sautatá era una pequeña ciudad hecha de campamentos, escuelas, Registraduría del Estado Civil, hospital y cementerio. La empresa llegó a tener más de 2.000 hectáreas en caña, potreros de pasto angleton, gordura y puntero, y un gigantesco alambique. El complejo fue vendido en los años 1930 a los Abuchar, una familia de libaneses que vivía en Cartagena. En 1940 los depósitos de alcohol listos para la venta se incendiaron junto con parte de los campamentos, y poco tiempo después naufragó un barco en el río Atrato. La grúa que intentó ponerlo a flote también se hundió y con este episodio se puso fin a la empresa. Parte del ingenio fue vendido a la familia Éder, que lo transportó por el Canal de Panamá hasta Buenaventura y luego al Valle del Cauca para utilizarlo como parte del Ingenio Manuelita.

En manos de Abuchar, Sautatá se transformó en una ganadería que fue abandonada lentamente al tiempo que colonos y antiguos obreros del ingenio tomaban posesión de las mejores tierras. En esta condición lo encontró el Inderena a comienzos de la década de 1970, creó el Parque Nacional Natural Catíos, con una extensión inicial de 57.000 hectáreas que después amplió a 72.000. Desde entonces el parque ha sido administrado por esa entidad dentro del convenio ICAUSDA , para el control de la fiebre aftosa. Estados Unidos ha contribuido al sostenimiento del parque y vigila celosamente las prácticas de control sanitario recomendadas por su Departamento de Agricultura. El Incora, con dineros del mismo convenio, compró las mejoras que habían hecho los 83 colonos que trabajaban en la zona y trasladó varias familias de la comunidad cuna a los resguardos de Arquía, Caimán Nuevo y Tulé. Hoy la mayoría de los colonos viven en el pueblo de Travesías –o Puente América– y Bijao.

El Parque Catíos forma con el parque Nacional Darién –de más de 500.000 hectáreas, ubicadas en territorio panameño– un sistema integrado de parques diseñado como instrumento para bloquear el traslado de la fiebre aftosa a Centro y Norteamérica. Hoy, estos parques son las únicas áreas donde se conserva de una manera más o menos aceptable lo que queda de bosque superhúmedo tropical.

Catíos posee una diversidad extraordinaria. En su parte baja está el llamado pantano del Atrato, en cuyas ciénagas se reproduce una gran cantidad de especies de peces protegidos por extensos arracachales, tarullales y panganales. Hacia el occidente se continúa en las terrazas y vegas de los ríos Cacarica, Peyé y Atrato y sube por la serranía del Darién propiamente dicha, que marca el límite con Panamá. En el parque se han reportado más de 400 especies de aves de las 1.700 que posee el país –por tanto, la avifauna más variada del mundo– y no menos de 500 especies de vertebrados. Los campesinos les han informado a los biólogos haber visto especies que se consideran en extinción como el manatí, el oso de anteojos, el águila calzada, el caimán aguja y la danta, y que en algunas zonas hay todavía unos pocos ejemplares de caoba. También cuentan que hay manadas de saínos de 500 animales, bandadas de guacamayas verde limón y migraciones de tortugas icoteas, que los campesinos cazan en Semana Santa y queman los potreros para capturarlas en áreas previamente rondadas.

El pantano del Atrato

Más importantes y agresivas para el Parque Nacional los Catíos son las amenazas que vienen del sur siguiendo los cursos de los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica. El conjunto de estas aguas regaba uno de los últimos y más ricos cativales que quedaban en el país. Una región de ríos, ciénagas y canales naturales que hacen parte del pantano del Atrato, cuyo centro económico es el municipio de Riosucio.

De Sautatá viajamos por el Atrato, el río más caudaloso del país, hasta Riosucio. En el trayecto se ven los barcos que viajan entre Cartagena y Quibdó llevando carga y pasajeros y uno que otro que viene de Colón trayendo electrodomésticos, loza y mercancía china de contrabando. Más frecuentes son los remolcadores de Mandarién, jalando kilómetros de troncos amarrados unos a otros. Son los famosos “chorizos”, una estela de cativo que el barco arrastra tras de sí y que produce escalofríos a los ambientalistas. Los pilotos de estos remolcadores y los trabajadores que amarran los troncos, los que inmunizan y construyen las presas tienen, como es obvio, un sindicato que los representa en sus demandas colectivas ante la empresa. La gran mayoría son de fuera de la región y son los aliados más importantes de Mandarién en la pelea que la empresa tiene con los ambientalistas. Alegan que si el Gobierno recorta o suspende la concesión se quedarán sin empleo más de 400 obreros. No hay duda. Sobre lo que sí hay dudas –y cada día la gente es más suspicaz– es sobre las relaciones entre las empresas madereras y las guerrillas, habida cuenta del régimen tributario que los alzados suelen imponer en las regiones donde actúan.

Riosucio tiene 4.500 habitantes, la sexta parte de la población del municipio, repartidos en dos largas calles que se extienden al lado del río. El pueblo vive de la madera, algo de coca y un poquito de contrabando. No obstante, la ganadería que se desarrolla siguiendo el trazo de la trocha que entra hasta Riosucio en verano va convirtiéndose en el segundo reglón económico. Al lado de las tiendas donde venden ropa brillante, radios baratos y recipientes plásticos, hay talabarterías, graneros, almacenes veterinarios y bares donde se oyen tangos y vallenatos.

En Riosucio convergen los comerciantes antioqueños, los campesinos negros y chilapos, los aserradores y unos pocos indígenas que viven de la agricultura y de la selva. Es una plaza comercial activa y solvente, el centro operativo de Maderas del Darién y un punto agitado de organizaciones comunitarias. La Organización Campesina del bajo Atrato (OCABA ) y Camizba, y el capítulo local de la Organización indígena emberá-wuaunána (OREWA ) tienen allí bases fuertes. Los campesinos y colonos reivindican el derecho a la tierra y al crédito, los indígenas alegan la ampliación y el saneamiento de los resguardos, y las comunidades negras el reconocimiento de sus territorios ancestrales, de su autoridad y su cultura. Entre estas banderas hay contradicciones que el Estado, las empresas madereras y los políticos en trance electoral no dejan de explotar y de profundizar a su favor.

Las comunidades negras han sacado adelante la Ley 70, que les abre camino para reclamar como suyos los territorios ancestrales, es decir, donde ellos han estado viviendo desde que en Colombia se acabó la esclavitud (1853) o donde se refugiaron los que escaparon y fundaron palenques y cimarroneras. La ley protege estos territorios de la apropiación privada o de su explotación particular, siempre y cuando se demuestre la tradición de uso por parte de las comunidades. La medida es un obstáculo legal que busca conservar los recursos naturales y evitar que las empresas acaben con la madera, el oro, el platino y con la organización social y la tradición cultural de los negros.

La Ley 70 tiene muchos enemigos y contradictores tanto entre empresarios como entre campesinos. Los primeros porque consideran que tienen el derecho irrenunciable a enriquecerse a costa de los recursos naturales de los territorios “baldíos” según ellos, tal como ha sido la costumbre desde la Conquista, y los segundos porque alegan que la colonización es un derecho de todos los colombianos. Conquista y colonización contra derechos ancestrales es un debate que en Riosucio está vivo y que en cierta medida expresa las diferencias entre mestizos y negros. Los indígenas están exentos de este conflicto porque el Estado les reconoce, dentro de la Constitución, autonomía cultural y territorial, aunque en algunas zonas hay litigios sobre fronteras entre territorios negros y resguardos,

Existe otro aspecto vinculado al modo de vida –y, por tanto, a la manera como se interpreta el mundo– que separa a los indígenas, los negros, los colonos y los empresarios: La Carretera Panamericana. Para estos últimos es el progreso mismo, la civilización, el derecho al trabajo y el instrumento de la riqueza. La Carretera Panamericana será la redención de la región porque facilitará sacar la madera que todavía no se ha sacado –como por ejemplo las gigantescas ceibas para hacer papel higiénico–, porque elevará el precio de la tierra al hacer de la concentración de mejoras y de la formación de haciendas una nueva fuente de rentas y porque, dada la calidad de los suelos, la existencia de canales y, sobre todo, la abundancia de mano de obra, permitirá extender la zona bananera y platanera de Urabá hacia el sur, y palmera hacia el norte.

Los colonos campesinos, presos del espejismo del progreso con que los engatusa el clientelismo electoral, acarician la idea de sacar por la carretera sus productos a menor costo, diferencia que, creen ingenuamente, aumentará sus ganancias. Asumen que el problema de la pobreza se esconde en la dificultad de sacar sus productos al mercado; tienen la esperanza de sustituir los intermediarios y comerciantes y de quedarse ellos mismos con las ganancias. No cuentan con el hecho de que el comerciante está también detrás de la carretera para poder llegar a donde ellos a comprarles más barato y venderles a domicilio más caro. El clientelismo, que paga sus favores electorales con obras públicas, les ha enseñado a pedir lo que a la larga sólo favorece los intereses de terratenientes y comerciantes, por el hecho simple y llano de que ellos mismos son los políticos locales.

Pero además, los campesinos también creen, no sin razón, que la carretera valorizará sus tierras. Lo que aún no saben, a pesar de que lo han vivido una y otra vez, es que ese es precisamente el mayor peligro de la vía. De las tierras que adquieren valor siempre los han sacado por las buenas o por las malas. Tendrán que volver a empezar más adentro, más lejos, si es que todavía hay dónde.

Las comunidades negras, a pesar de ser campesinas, guardan cierta distancia frente al mito del progreso. Han visto cómo blancos y mestizos los desplazan, arrasan la selva que los ha protegido y alimentado por siglos, les roban el oro y la madera, les dan trabajo, o mejor, los emplean, en el infierno de las zonas bananeras. Tienen una enorme desconfianza de los forasteros porque han sido sus víctimas. A veces comparten como campesinos la ilusión del progreso y coquetean con la carretera. Pero luego retroceden y vuelven a pensar que los ríos son más seguros. No en vano fueron la vía por donde escaparon de la esclavitud.

Por último, los indígenas consideran que la Carretera Panamericana completaría la obra de exterminio que se inició con la Conquista. La carretera es sinónimo de invasión y la invasión, de muerte. Es una convicción que llevan en la sangre; un recuerdo incesante escondido en su tradición y que no necesita demostración. Por la carretera entran los colonos y los ganaderos a quitarles la tierra y “ensuciarles” el agua; entran los aserradores a tumbarles sus árboles que sostienen su mundo y guardan en sus raíces las placentas de sus antepasados; entran los mineros con sus dragas y retroexcavadoras, abren zanjas por donde se va el agua y revuelcan la tierra que, herida, ya no producirá más; entran el comerciante que los roba, el político que los engaña; entran el soldado, el guerrillero, el paramilitar; entran la hepatitis, el dengue, el sida. Entra, en una palabra, el país. Tienen la experiencia de los indígenas de San José del Palmar (Chocó) que fueron expulsados de sus tierras a punta de trago y hoy deambulan por Pereira y viven de las monedas que apañan en los semáforos. Orewa se opone radicalmente a la nueva invasión. Ha hecho causa común con los “verdes” de todos los matices. Un anciano jaibaná me preguntaba con ojos aterrados: “Y si entra la carretera, ¿por dónde caminamos?”

Riosucio es, pues, un hervidero. Funcionó durante 300 años como avanzada española para controlar la navegación por el río Atrato –que la Corona prohibió hasta el siglo XVIII so pena de muerte–. Es también centro para hacer “entradas” contra los indios cunas. A finales del siglo XIX , cuando el caucho, la tagua y la ipecacuana cobraron importancia en el mercado mundial, fue elevado a la categoría de municipio. Llegaron entonces compañías cartageneras a explotar estos recursos, a repoblar la zona y a descubrir la enorme riqueza maderera. En los años 1930 y 1940 se inició la explotación de caoba por los lados de Curvaradó, y en 1950 comenzó en firme la más salvaje e irracional explotación de sus bosques. Llegaron empresas como las nombradas Maderas del Atrato y Maderas del Darién y arrasaron literalmente la selva sin consideración ambiental de ninguna clase. El Estado colombiano no sólo otorgó generosísimas concesiones sin contraprestación, sino que aplaudió la depredación como una obra redentora. En los años 1960 y 1970 se sumaron Maderas de Urabá, Madurex, Maderas de Riosucio y Madesa, la mayoría vinculadas a empresas extrajeras. La destrucción de los cativales llegó a su clímax en la década de 1980 cuando se sacaron 160.000 m³ de madera. Hoy Maderas del Darién, una subsidiaria de Tríplex Pizano, ha logrado autorización para extraer los próximos 10 años unos 700.000 m³ de cativo. Es decir, lo que queda de esta especie en el área.

La concesión comienza con una licencia que la compañía obtiene del Estado donde se establecen las cláusulas para explotar el bosque: área de explotación, volumen autorizado por año, impuestos a pagar y medidas de reforestación. La institución para hacer cumplir este contrato es Codechocó, entidad que vive prácticamente de los ingresos obtenidos por las licencias de explotación de recursos naturales, con los cuales mantiene un abultado tren de empleados. Se dice que el empleo en Codechocó se consigue y se sostiene aportando votos al candidato ganador para la Gobernación. Por tanto, las compañías madereras interpretan a su amaño las cláusulas de los contratos y Codechocó lo acepta porque vive de esos ingresos. Dicho en otras palabras, Codechocó es más una palanca en manos de las compañías madereras para optimizar sus ganancias, que un agente del Estado colombiano para defender el patrimonio público. De los $1.700 millones que las compañías madereras pagan de impuesto de industria y comercio, 170 llegan al municipio de Riosucio y el resto alimenta el desproporcionado enclave burocrático.

Ahora bien, para explotar la madera, la compañía abre con sus tractores los canales necesarios para sacar por flotación los troncos. Hay canales principales, secundarios y hasta terciarios, que configuran una enorme red cuyas ramificaciones finales suelen llegar hasta el pie del árbol mismo. Los canales representan el primer paso de la destrucción del bosque. El segundo es el derribe del palo, puesto que en su caída tumban todo lo que vive a él atado por bejucos, o lo que encuentra a su paso en el desplome. Cada árbol derribado abre un boquete en la selva de no menos de una hectárea. Pero ahí no termina el daño: el árbol es arrastrado por tractores hasta el canal, lo cual significa hacer un camino a lo largo del cual se arranca de cuajo la selva. En promedio esta parte del trabajo podría destruir de una a dos hectáreas de selva. En el documento Recursos Naturales y Biodiversidad en el Darién chocoano , del proyecto Biopacífico, se lee –casi se oye– lo que significa este trabajo.

Apenas los árboles llegan al canal, se parten en grandes trozas, se fumigan y el tractor las empuja al agua para que lleguen por flotación hasta el depósito mayor del frente de aprovechamiento, donde son dispuestas en balsas –llamadas localmente ‘chorizos’–, que un remolcador arrastra hasta el Atrato y por este, al golfo de Urabá.

La empresa, una vez tumbada la madera y balseada hasta el río, para inmunizarla fumiga los palos con venenos que, claro está, afectan la vida y la reproducción de peces y, en general, de todos los animales que dependen del río. La pesca en las ciénagas de La Honda y Perancho ha disminuido severamente por esta causa.

Por último, durante el verano, cuando los ríos disminuyen su caudal, la empresa hace tambres para aumentar el nivel de las aguas y poder bajar la madera en la creciente artificial creada. Pero al taponar el cauce, la región que el río riega queda incomunicada. Los colonos no pueden entrar por río su remesa ni sacar las cosechas que producen, lo que estimula, de manera indirecta, la ganadería.

El aprovechamiento del bosque –como llaman las Compañías la depredación que realizan e inducen– genera otro fenómeno: el poblamiento. Antes de que la compañía inicie los trabajos en una zona, ya han llegado los trabajadores que van a ser enganchados como corteros o aserradores y los comerciantes que venden a estos víveres, alcohol, ropa y electrodomésticos. Alrededor de las explotaciones se forman pequeños pueblitos que siguen detrás de las compañías y viven del salario que ellas pagan a sus trabajadores. Para las empresas, la colonización significa oferta permanente de mano de obra aunque después impida la regeneración del bosque. Difícil, por lo demás, pues bien saben que la producción de cativales demora años y requiere un medio que es precisamente el que los canales acaban. Para curarse en salud, las empresas sostienen que una vez sacada la madera, la zona vuelve a ser parte de los baldíos nacionales para que nazca de nuevo el bosque, pero que los colonos no lo permiten porque se meten a hacer finca.

A pesar de que las compañías se comprometen a llevar a cabo programas de reforestación, la realidad es que por ninguna parte se ven. El escamoteo de los compromisos tiene dos modalidades y un tramposo argumento. En primer lugar, las compañías han concluido que la mejor forma de reforestar es la espontánea y, por tanto, se exoneran de sembrar un solo árbol, salvo en Zambrano, Bolívar, una tierra completamente distinta a la de Chocó, donde las plantaciones de pino son otro negocio de la empresa. La segunda modalidad consiste en dos o tres viveros que tienen en el río La Balsa, al lado de uno de los campamentos. En ellos se plantan principalmente ceibas, tolúas, y cativos, árboles que en promedio pueden durar 30 o 40 años en ser adultos. Según los encargados, hay más de 5.000 árboles en total que son regalados a quien los solicite. No es que los viveros no cumplan una función meritoria, sino que el destrozo que hace Madarién al sacar la madera no se compensa ni de lejos regalando unas pocas plántulas. Por ejemplo, los 700.000 m³ que tiene proyectado sacar en 10 años suponen unos 180.000 árboles que podrían estar en 16.000 hectáreas aproximadamente.

Travesías y el río Cacarica

Regresamos por el Atrato a Travesías, un pueblito en la boca del Cacarica. Los ingenieros que han hecho el proyecto de la Panamericana lo bautizaron con el pretencioso nombre “Puente América” porque cerca de ese punto se ha proyectado la construcción del viaducto para cruzar el Atrato. Fue fundado por los campesinos que estaban en el parque Catíos, a los que el Incora compró las mejoras a comienzos de los años 1970. Allí encontramos cerca de 50 familias que viven de las fincas que tienen entre los ríos Cacarica y Atrato, de los palos que roban en el parque, de la pesca en el río y en la ciénaga Perancho y de los desayunos que venden a los viajeros que hacen la línea por el río entre Turbo y Quibdó.

Es un punto de parada obligatorio para la gente que viene desplazada por los paramilitares desde Necoclí y San Pedro de Urabá. Ahí llegan ateridos de miedo con lo poco que han podido salvar acomodado en una lancha de madera: cinco hijos, un perro, una burra, diez gallinas, una máquina de coser, dos tendidos, una grabadora y unas ollas. Llegan a Travesías buscando el río Salaquí, a donde ya han llegado otros y seguirán llegando más con la ilusión de encontrar tierra para hacer mejoras y venderla a los ganaderos. Mientras se informan por dónde llegan y dónde pueden hacerse, el río Atrato, enorme, sigue pasando impasible y silencioso. Miles de toneladas de sedimentos bajan momento a momento a depositarse en el golfo de Urabá haciendo más difícil y costosa la navegación. Porque el río no sólo lleva la materia orgánica de la actividad espontánea de la selva –que es sin duda el aporte menor–, sino la que genera el lavado de los suelos producto de la deforestación de colonos, ganaderos y madereras.

Al entrar al río Cacarica que lleva hasta Cristales, muy cerca de Palo de Letras, en la serranía del Darién, el color del agua cambia sensiblemente. Es más limpia y más clara. Al comienzo la canoa se desplaza con facilidad. En las orillas crecen arracachos, chachafrutos y pangas que alimentan martinpescadores, pericos, loros, garzas, pavas y paujiles. De tanto en tanto se oyen los micos aulladores, y si se anda de buenas, hasta se pueden ver saltando de árbol en árbol. El Cacarica recibe las aguas de la ciénaga, del río Perancho y del caño La Balsa, donde Mandarién explota en la actualidad cativales.

A medida que remontamos el río Cacarica, una masa densa de vegetación acuática donde sobresale la tarulla, llamada también “oreja de mula” o “lirio de agua”, va cerrando el río. En invierno estas islas de vegetación flotante se desplazan con cierta melancolía hacia el Atrato, pero en verano se quedan varadas a las orillas por la disminución del caudal. Si el verano es prolongado, la tarulla tapona el río. Las canoas y pangas se abren paso con gran dificultad porque las raíces se envuelven en las hélices del motor hasta que lo dominan. Entonces el viajero puede distraerse mirando grillos verdes de todos los tamaños, piojos de agua azulosos como flores de tarulla, minirranas que le saltan a la cara y libélulas rojas que hacen el amor en el aire. Pocas veces se ve tan palpable lo que llaman biodiversidad.

Superada la tarulla, el río se vuelve más angosto y la vegetación de las orillas más alta. Subiendo, a mano derecha, es zona del Parque Catíos, y las márgenes están bien conservadas. Poco a poco –y por ratos– el paisaje se contagia de la monotonía con que el sonido del motor interrumpe el bullicio de la selva. Nos cruzamos con un balseador de madera que bajaba un par de rastras de cedro, haciendo cabriolas en los remansos y tastaseándose entre los troncos de las orillas en los rápidos. Una rastra cuesta unos cien mil pesos, y un buen trabajador dura una semana para tumbar el árbol, aserrarlo y sacar la madera hasta Puente América, donde más que venderla, la cambia por comida, por ron y por ropa. Los comerciantes de madera se enriquecen a costa de los árboles que los aserradores se roban del parque ya que no hay palos en otros lados y porque la agricultura casi nada les da. Pero, de otro lado, porque los comerciantes les ofrecen muy poco por los productos agrícolas para obligarlos a sacar madera. De manera que en la zona prácticamente no hay sino dos actividades lucrativas: el aserrío de lo que queda y la venta de potreros. La cacería se acabó.

Un viejo que vive solo porque los hijos trabajan en Urabá sacándole el quite a la muerte y porque la mujer lo dejó, se empeñó en vendernos el cuero de un tigre que había cazado la noche anterior. Era el cuero de un tigre mariposo, tenía tres metros entre cola y hocico y pesaba más de ocho arrobas.

El Cacarica se va estrechando a medida que se remonta. Las palizadas son cada vez más frecuentes y densas. La madera que los aserradores desechan va al río y el agua la traba formando verdaderos diques que no sólo impiden la navegación, sino que llegan incluso a cambiar el curso de la corriente. Parecería que la selva luchara por todos los medios contra el saqueo. Palizadas como esta son destruidas por Mandarién periódicamente para sacar las trozas, pero como en el Cacarica ellos no tienen mayor interés, el despeje de la vía, que costaría varios millones de pesos, le corresponde a la Alcaldía de Riosucio, que carece de recursos para hacerlo. No obstante, el destaponamiento del río es una necesidad si se quiere disminuir la presión que los colonos ejercen por la carretera y contra el parque.

Cada vez más adentro, el río va haciendo un túnel entre los árboles del parque y los que dejó la explotación maderera. Así, a trancas de paisaje, llegamos a Bijao cuando ya creíamos que no era posible encontrar a nadie más en esos parajes.

Bijao

Bijao fue fundado por negros nacidos en la serranía de Baudó y en el río Bojayá. Por regla general las comunidades negras son sedentarias y viven en un territorio determinado y alinderado, pero entre ellos hay también quienes migran a regiones donde viven otros parientes o a zonas deshabitadas para fundar nuevas comunidades. Es el caso de Bijao. En sus comienzos fue un abierto hecho por los Scarpetta, que venían de Baudó, región que por tradición expulsa mucha gente. Pero dicen los viejos que el pueblo comenzó a vivir no tanto de los primeros colonos que llegaron a sembrar maíz y arroz, sino del contrabando y de la gente que llegaba expulsada de Panamá.

Panamá suele deportar hacia Colombia inmigrantes ilegales que durante todo el año hacina en la cárcel de Yavisa. Unos dicen que son cientos, otros, que apenas son docenas. El caso es que a la cabaña del Parque Catíos, ubicada en el punto Cristales, llega gente de toda América de sur: argentinos, peruanos, ecuatorianos, chilenos. La mayoría entran al istmo en barco, se quedan a trabajar en Panamá hasta que las autoridades los pillan sin papeles y los remiten a Yavisa. Cuando juntan un cupo que justifique la deportación, entonces envían a la gente por los ríos Tuira y Paya hasta Palo de Letras, y de allí la empujan hacia Colombia. Llegan a Bijao buscando trabajo para conseguir unos pesos que les permitan regresar a su país de origen, o para dejar pasar un tiempo y volver a Panamá. En Bijao se reponen, jornalean, son acogidos con amabilidad y después se van.

Conocimos a un economista argentino que llevaba trabajando como cualquier colono, a mano limpia, un par de años. La gente lo quería y el hombre retribuía el cariño contando historias de su vida. Nos contó que era de Mendoza y que había llegado a Panamá de paso hacia Estados Unidos porque su profesión verdadera era la planificación económica. Nos habló con desdén del Banco Mundial –donde decía que había trabajado– y de la inutilidad de su acción en beneficio de los países pobres: “El Banco Mundial es para estos países lo que las empresas madereras son para estas regiones”. Tenía la intención de regresar a Panamá, viajar clandestino a México y colarse por el “hueco” a Estados Unidos.

En el Darién el contrabando ha sido siempre una actividad económica de primer orden. En la época colonial los ingleses y los holandeses vendían armas a los nativos sublevados contra la Corona española. Por este camino entraron armas para los liberales y para los conservadores que hacían las guerras civiles a fines del siglo XIX . Durante los años de la “Violencia” fue también una vía para meter armas al país. Hoy, las autoridades dicen que por ahí llegan armas para la guerrilla.

Hace unos años los habitantes de Bijao entraban también electrodomésticos, sobre todo radios y grabadoras, y de Colombia llevaban queso a la provincia panameña del Darién porque allí el ganado está prohibido para evitar la propagación de la fiebre aftosa hacia el norte. Hoy la prohibición es muy bien acogida por los ambientalistas que saben que la ganadería es la principal enemiga de la selva. La verdad es que el Darién panameño –a pesar de la colonización colombiana que allí se lleva a cabo– está mucho menos golpeado que el nuestro.

Conocimos a un viejo nacido en Pizarro, en el bajo Baudó, que había llegado a Bijao muchos años atrás. Don Pacho se quedó solo porque los hijos se fueron, uno por uno, “a buscar destino” a Urabá. Mataron al mayor porque “allá la vida es barata y nadie paga los muertos”. No sabe de los demás porque no han vuelto. “¡Quién sabe cuántos más hayan enterrado!” Don Pacho vivió durante muchos años del contrabando de queso que compraba en Travesías o en Arquía. Se echaba al hombro un par de arrobas “porque Dios no me regateó la fuerza” y lo vendía en Boca de Cupe. Solía esquivar la Guardia panameña hasta que un día se la encontró por la trocha, en el mismo sitio donde años después vendría a morir don Salvador, un negro al que le dio tanta rabia que los panameños lo expulsaran de la tierra que fue colombiana, “que el corazón se le llenó de furia y se le estalló por el camino”. Don Pacho no pensó en correr ni en esconderse. La Guardia encontró el queso y a planazo limpio se llevó al hombre para el cuartel. La discusión fue larga. Don Pacho alegaba que al queso no le daba aftosa, pero la Guardia era inflexible. Cansado de explicar y de rogar, decidió regresarse con el queso, pero la guardia le dijo que no, que su mercancía no podía salir de Panamá. Entonces el viejo se sentó y se comió todo el queso para “no dejárselo a esos bandidos”.

Hoy Bijao vive del maíz y del pequeño robo de madera al Parque Catíos. No es mucho lo que pueden sacar porque la vigilancia es estricta y el transporte muy difícil dado que el río Cacarica es estrecho y cualquier palo que se atraviesa se vuelve una empalizada. Pero se saca. Para los colonos de Bijao el parque es una reserva de madera que van sacando poco a poco, y en esta medida lo defienden. Hay quien dice también que en Bijao hay contrabandistas de animales: loros y pericos para Medellín; lapas o borugos para Urabá. Encontramos inundado el pueblo debido al represamiento que hacen las palizadas. El barro y el agua aposentada hacen del sitio un criadero de zancudos.

Las opiniones sobre la carretera están divididas. La mayoría –domesticada por el clientelismo y su dialéctica de obras públicas con que consiguen al mismo tiempo votos y contratos– piensa que la vía redimiría la zona. La gente cree que el costo del transporte se abarataría y la diferencia caería en los bolsillos de los campesinos, lo cual –dicen otros– no es verdad porque existen los comerciantes transportadores, que son los que en realidad se benefician de la disminución de los costos. Los viejos colonos –ya curados de ilusiones y espejismos– opinan que la carretera terminará por sacarlos de la región y reemplazarlos por unos pocos ganaderos, tal como sucedió en el Urabá chocoano, de donde llegaron expulsados no pocos de los vecinos de Bijao.

Y siguen llegando. De San Pedro de Urabá, de Necloclí, de Arboletes, donde los narcotraficantes se han apoderado de sus tierras. La historia no tiene fin, dado el papel que cumplen las autoridades. El norte de Urabá fue colonizado por campesinos de Córdoba y Bolívar; la guerrilla asentó, al mismo tiempo, sus reales en la zona. Los narcotraficantes, conscientes de la debilidad del Estado, combaten la guerrilla para poder concentrar la tierra y valorizarla a cambio de que las autoridades competentes se hagan las de la vista gorda con sus negocios de coca. Parecería como si las autoridades delegaran su función de control del orden público en los narco paramilitares a cambio de que les sea permitido seguir traficando. La mafia haciendo la guerra sucia adquiere de hecho licencia no sólo para trabajar con coca y armas, sino para concentrar tierras y convertirse en autoridad local. El esquema contrainsurgente implica sacar a los colonos de sus tierras para apoderarse de ellas e impedir que la guerrilla los reclute.

Hoy, cuando la guerra se intensifica, están llegando cientos de campesinos al Salaquí y al Cacarica a volver a hacer finca para quizás en unos años volver a perderla. La colonización de estas regiones es muy activa. La guerrilla la ampara y la fomenta porque le significa fortalecer sus bases social y económica. A veces uno piensa que en fondo no es que la guerrilla use al campesino para hacer la guerra, sino que el campesino usa a la guerrilla para parar el avance del latifundio.

La región entre los ríos Cacarica y Salaquí –que fue explotada hasta el último cativo por las empresas madereras– se está transformando poco a poco en un gran potrero. Su destino está determinado ya por el progreso, y los colonos que hacen mejoras tendrán que buscar una nueva zona para vivir, que no puede ser sino el resguardo de los emberá en Juradó, el Parque Nacional Los Catíos o el Parque del Darién en Panamá.

De Bijao a Paya

Pensábamos que teníamos que madrugar para evitar que el calor del día hiciera mella en nosotros. Estábamos equivocados. Todo el camino entre Bijao y Paya está cubierto por una selva, si bien entresacada, suficiente para conservar la frescura y la sombra. Hicimos el trayecto en dos jornadas, acompañados por un guía emberá, un colono de Riosucio y cinco miembros de la comunidad de Bijao que nos ayudaron con el equipaje. Teníamos una mezcla de interés y temor de encontrarnos con las guerrillas.

Nos embarcamos de nuevo por el río Cacarica, que estaba bastante crecido –“gordo”, como dicen los colonos–. Las aguas altas facilitaban la navegación y acortaban el viaje. La pericia de los motoristas es de verdad sorprendente, sobre todo en verano, cuando las palizadas impiden sostener el ritmo. Los troncos obligan a despejar la vía con hacha o –y es el caso más emocionante– a coger impulso, acelerar la máquina a fondo y saltar sobre ellos, cuidando de bascular el motor hacia adelante para no romper la hélice.

A lado y lado del río crecen los guácimos y los cedros y crean con sus copas una maraña por donde saltan de tanto en tanto los micos, mientras abajo, al lado de la canoa y a ras del agua, cruzan las golondrinas. El Cacarica en este punto es lindero entre el parque Catíos y ahí se conserva en muy buen estado. Al lado opuesto está bastante intervenido. Hay familias negras y chilapos y uno que otro antioqueño llegado no hace mucho tiempo. Sin duda estos últimos desplazarán poco a poco a los primeros.

A media hora del camino, en el sitio llamado la “vuelta del santandereano”, el río tuerce abrupto hacia el norte y comienza el parque en ambas bandas. El “santandereano” fue, en efecto, un colono echado pa lante que nació en Pinchote, que descuajó la selva a hacha limpia –como era costumbre– y civilizó con maíz la tierra que abrió. Cuando se delimitó el parque, su posesión quedó cobijada por la zona intangible y el Inderena le pasó una nota en la que le anunciaba la compra de la mejora. El hombre se “enchipó” y se dispuso a pelear. Le respondió al instituto que si era berraco, lo sacara. Los funcionarios creían que era una bravuconada y se fueron a conversar con él. Pero no pudieron desembarcar porque los recibió con dos balazos secos que se oyeron como latigazos en el agua. La cosa iba en serio. Muy en serio. Pasó el tiempo.

La Comisión de negociación de predios consideró que no había salida distinta a conversar con el santandereano para convencerlo de que la compra-venta de la mejora era obligatoria. La Comisión se apareció a pie y logró, por medio de vecinos, ser recibida en son de paz. Conversaron. Se le explicaron las normas en que se apoyaba la negociación, las condiciones, términos y demás menudencias legales. El tipo aceptó vender la mejora, pero por un precio tan exorbitante que hacía imposible hacer cualquier trato. Hubo gritos, amenazas, “pelada” de machete y rompimiento. La Comisión alegaba que no estaba autorizada para brincarse las normas de negociación y que si aceptaban pagar mejor un predio, todos los demás podrían pedir lo mismo. El santandereano argumentaba, por su lado, que no iba a regalar su trabajo a nadie; que había invertido tantos salarios en hacer su finca durante cinco años y que, entonces, la finca valía tanto. Y punto.

Un día el santandereano amaneció muerto. Nadie supo qué le había pasado y comenzaron las especulaciones: que el Inderena, que no; que el Gobierno, que no; que los gringos, que el suegro, que la mujer, que un amigo. Hubo que llamar a un médico para que investigara. Tampoco pudo establecer la causa y resolvió trastear el cadáver para Medellín. Los días comenzaron a pasar lentos y luego más rápidos hasta que todo el mundo se olvidó del certificado de defunción y el rastrojo creció hasta comerse las mejoras. Entonces se amplió el parque.

En Cristales, el Inderena construyó un puesto de vigilancia sobre una zona bastante bien conservada. Es la única manifestación del Estado en la región fronteriza y sirve más como albergue y punto de referencia para los visitantes del parque, sobre todo, para los deportados que llegan de Panamá después de dos días de camino. En el registro del puesto hay una larga lista de viajeros, la gran mayoría extranjeros, que firman el libro con agradecimiento. Unos porque el parque les da la oportunidad de vivir y admirar la selva y otros porque allí encuentran una mano amiga, una cama, un café caliente.

Nos mostraron también la firma de dos canadienses desaparecidos. El cadáver de uno fue rescatado muchos meses después y otro continúa sin aparecer. Se dice que fue la guerrilla, pero hay quien afirma que el crimen pudo haber sido perpetrado por una banda de asaltantes dedicada a robar a los viajeros, especializada en “monos”, es decir, en gringos. De todas maneras, Canadá prohibió a sus ciudadanos hacer esta ruta.

En Cristales también supimos que en los años 1970 el gobierno de Misael Pastrana autorizó una carretera de penetración desde el pueblito de Travesías hasta Bijao, por toda la mitad del parque. Se llegó a construir un pedazo que por fortuna la selva volvió a tragarse y hoy ha desaparecido por completo. La regeneración natural es sorprendentemente rápida, lo que constituye una esperanza sobre el futuro de algunos pedazos de monte que han sido entresacados por los aserradores o los colonos.

De Cristales hacia Palo de Letras se suele continuar el viaje a pie, salvo que –como nos sucedió– el río tenga suficiente agua y se pueda subir otro tramo en canoa. En este punto comienza la parte que exige mayor esfuerzo físico, pero que es generosamente recompensado por el estado en que se encuentra la selva. El camino va subiendo con suavidad, aunque hay repechos que roban el aliento y bajadas que hacen temblar las piernas. En invierno hay pequeños chorros de agua que se secan durante el verano. La selva se conserva en general bastante completa, aunque los aserradores hayan sacado toda la madera comercial: caoba, cedro, tolúa, roble, bojayá. Sobreviven, no obstante, unas ceibas monumentales con sus enormes barrigas y sus altas copas. El güipo o barril puede estallar si no se sabe cortar porque esa parte del tronco es hueco y comprime el aire. El Darién panameño es el gran país de las ceibas. Hay miles y miles como testigos de una selva majestuosa. En verano se ven amarillas y ocres, en invierno, biches. Tienen una solemnidad y una fuerza sobrecogedoras.

Aunque el Darién se puede atravesar por cinco o diez caminos, el del Palo de Letras es el más conocido y transitado por ser el trayecto más corto entre Chigorodó y Yavisa (Panamá), los centros económicos de las regiones limítrofes. Por este trazado pasaría la Carretera Panamericana si los intereses comerciales prevalecen sobre las consideraciones ambientales. Es un camino muy antiguo por donde los indígenas arrastraban sus canoas entre los dos mares, del Atrato al Tuira. Por esta misma vía subirían Almagro y Pizarro a descubrir Perú en abril de 1515. Los hombres en sus hallazgos siempre siguen las aguas.

Subiendo y bajando lomitas, mirando los gigantescos árboles que resisten todavía el embate de la necesidad de los colonos y construyendo fantasías con el diminuto e infinito mundo de las hormigas arrieras, llegamos a orillas del río Tule, caprichoso tributario del Cacarica. Allí encontramos un campamento hecho por aserradores y viajeros. En el momento que llegamos no había nadie. Pero un fogón apagado, unos camastros hechos con varas y tapados con plásticos y sobre todo unas ollas y un radio mostraban que el sitio estaba ocupado. Nada importaba: en la selva el compañerismo es norma de vida. Allí se aprende a compartir no lo que sobra, sino lo indispensable. Nuestros guías nos indicaron dónde podíamos hacer la cama mientras ellos nos preparaban –entre chanzas, no pocas hechas con nuestra torpeza– algo de comer. Hicieron arroz, destaparon un par de latas y nos ofrecieron agua del Tule. Después de comer, Liberato, un negro hecho de hierro –a quien todos respetábamos porque era el que resolvía los problemas– nos contó muchos cuentos, entre los que nos quedó dando vueltas el del “Cojo” Gómez.

Luis Vicente Gómez Lecube –el “Cojo” para unos, “don Cojo” para otros– recorrió todos los caminos del Darién y abrió lo que necesitaba para contrabandear entre Panamá y Colombia armas, mulas, ropa, oro, trabajadores, madera, lo que saliera. Se dice que era español de nacimiento, lo que nos obliga a pensar que trasegó aquellas selvas en los años 1930 y 1940. No había nada que lo detuviera. Ni río crecido, ni autoridad legítima. Conocía como sus propias manos las trochas del Juradó, Aspavé-Salaquí, Juradó-Truandó, Cupica-Napipí y, claro está, la que transitaba con más gusto, la de Palo de Letras-Sautatá. Pero también andaba los caminos Arquía-Urrao-Santa Fe de Antioquia con recuas de 15 a 20 mulas. Era conocido y reconocido en Yavisa, Panamá, y en el puerto de Colón. En Turbo tenía dos mujeres y en Juradó otra. Se enfrentaba a bala o a machete –“como se la pusieran”– con la Policía colombiana o con la Guardia panameña. Cuando tenía necesidad pagaba cargueros, pero no tenía problemas para echarse a la espalda dos arrobas de municiones o de relojes. Muchas veces atravesó los ríos en canoas camufladas con hojas de plástico llenas de taco de dinamita. Defendía a los indígenas y odiaba a los mulatos y a los blancos, a quienes llamaba todavía “criollos”. En Riosucio mató al alcalde, Pedro Asprilla, por gritarlo en un bar. Alegó legítima defensa y se dice que fue defendido por don Pedro López Michelsen, que por aquella época negociaba raicilla y estaba montando un aserrío que terminó administrando el “cojo”. Pero no duró mucho su relación y se fue para Juradó, donde se explotaba el caobo rojo. Administró otro aserrío llamado precisamente El Caobo, pero terminó desfalcándolo y asesinando a quienes podían acusarlo.

El 10 de noviembre de 1941 la Policía lo apresó y al entrar a Juradó en medio de una larga fila de curiosos y admiradores que lo esperaban, un muchacho, ágil como una sombra, le clavó un cuchillo en el corazón con tal rapidez, que nadie se dio cuenta y el “cojo” cayó fulminado a los pocos pasos. El muchacho era sobrino de uno de los asesinados en El Caobo. Duró tirado en la playa hasta la noche, cuando un anónimo se apiadó del cadáver y lo llevó hasta un alero de la calle principal. Allá amaneció tieso. Nadie quiso hacer un féretro para enterrarlo. Los vecinos de Juradó se negaron a recibir en su tierra al “Cojo” Gómez. Entonces lo echaron en una canoa que llevaron hasta altamar y allá lo abandonaron para que no pudiera volver a recorrer los caminos que había recorrido en vida.

A la mañana siguiente continuamos la marcha. Hay que cruzar el río Tulé siete veces antes de iniciar el ascenso hacia Palo de Letras, situado a 700 msnm, a donde llegamos a medio día. En la línea fronteriza hay un mojón en cemento que hace tiempo tenía dos placas en bronce señalando el lado panameño y el colombiano. Cuentan que un deportado, furioso por el maltrato sufrido en Panamá, destrozó la placa de ese país. Después otro se robó la colombiana para venderla en la primera oportunidad. Vale aclarar que pesaba cinco kilos.

Palo de Letras es quiebre de aguas entre la vertiente del Atlántico, siguiendo la hoya del río Cacarica, y la vertiente del Pacífico, por la hoya del río Paya. El Paya es tributario del gran río Tuira, que desemboca en el golfo de San Miguel, y el Cacarica lleva sus aguas al Atrato para luego botarlas en el golfo de Urabá. El proyecto de unir estas dos aguas es un sueño antiguo, hijo en cierto modo de la fantasía de Colón de llegar por agua al Asia por el “otro lado” de Europa.

Hacía 1540 Felipe II comisionó a Hernán Cortés para estudiar la posibilidad de construir un canal entre los dos océanos. Pero prevenida la Corona del peligro que representaba un canal frente a la rivalidad con Inglaterra, Felipe II prohibió hablar del tema so pena de muerte. Fue Antonio Consciente, cronista portugués, quien recomendó abrir un canal entre el golfo de San Miguel y el de Urabá, argumentando: “Sierras son, pero manos hay. Dadme quién la quiere hacer, que hacerse puede”. Hizo los trabajos de exploración y concluyó que comunicar los golfos de Urabá y San Miguel a través del Tuira y el Cacarica era no sólo factible, sino relativamente fácil. Este adjetivo asustó al rey porque entendió que un canal haría más codiciado aún el Darién por parte de su peligrosa y eterna rival, Inglaterra.

Durante tres siglos se dejó de hablar de la unión de los golfos, hasta que los socialistas utópicos franceses revivieron el sueño. Promediando la segunda mitad del siglo XIX se formó en París una compañía en cabeza de Ferdinand de Lesseps, aplaudido y respetado como el audaz constructor del canal de Suez. De Lesseps estudió varias alternativas de comunicación interoceánica y comisionó a un sobrino nieto de Napoleón Bonaparte –Luis Lucien Napoleón Bonaparte Wyse– para explorar la vía entre los dos golfos mencionados. Pero se desechó a favor de la que comunicaba los mares a partir del lago Gatún –que es la actual vía del canal de Panamá–, por ser más corta y más barata. De haberse construido el canal por el Darién, la tajada que Estados Unidos nos habría quitado habría sido mayor. Quizá la República de Panamá llegaría hoy hasta la serranía de Abibe.

En Palo de Letras, además del hito había un entable de aserradores. Uno de nuestros guías había derribado un cedro amargo –llamado también ceiba tolúa– al que le sacó más de 500 tablones que en el sitio podrían costar dos millones de pesos; puestos en Turbo, ocho, y en Bogotá, 20. En la selva se pueden observar los boquetes que hacen los gigantescos palos en su caída y las picas por donde se saca la madera en mulas. A veces esos mordiscos se convierten en un tajo de pasto para las bestias que, con el correr del tiempo –y uniéndolos– se transforman en potreros, y si el Estado ayuda con carreteras, en flamantes ganaderías. El aserrador nos mostraba con orgullo su trabajo sin necesidad de justificarlo.

La guerrilla ha prohibido que entren a la región aserradores forasteros, pequeños o grandes. Las comunidades locales –excepción hecha de los comerciantes– apoyan la disposición porque les permite aprovechar el bosque al ritmo y la medida de sus necesidades. En cambio, muchos nativos están indispuestos con los alzados por haber prohibido las macheteras en las parrandas. Sin gritos, amenazas o heridos las fiestas se consideran un tanto grises y sin gracia.

Más adelante, en medio del camino, uno de los guías se abrió hacia un lado y nos invitó a seguirlo. Caminamos una media cuadra cuando –¡Oh, sorpresa!– nos topamos con un carro: ¡un Chevrolet Impala en pleno corazón del Darién! Los bejucos se metían por las ventanillas y salían por las puertas; no tenía motor, pero dos llantas estaban intactas; no tenía cojinera, pero el timón y la barra de cambios en perfecto estado. El carro lleva 20 años abandonado en la selva. Hacía parte de un equipo de tres automóviles que unos gringos metieron con la ilusión de registrar sus nombres en el Guiness Record. Duraron un mes de Yavisa a Paya, y de Paya a Palo de Letras, 20 días. Pero el Inderena se les atravesó y no los dejó entrar a Colombia –país de leyes– porque no tenían licencia ambiental. En vano los gringos alegaron que se trataba de un rito muy norteamericano consistente en hacerse famosos rompiendo récord. Dejaron tirado el carro como testimonio del intento.

Pero otros muchos –antes y después– han pasado. En el año 1950 un Ford y en los 1960 y 1970 carros de muchas marcas. Poco antes de nuestra travesía un norteamericano había hecho el viaje en motocicleta. Lo extraño es que a pesar de la publicidad, no tuvimos noticias del paso de un Toyota que se publicita en un comercial anunciando que “El tapón del Darién ya es transitable”.

Reiniciamos nuestro viaje después de un almuerzo liviano y de un reposo que siempre se considera demasiado corto. El camino atraviesa el Parque Natural Darién. La ondulación del terreno oculta el suave declive. La selva nos pareció en este trecho más completa que en la parte colombiana. Las ceibas de 30 metros de alto y de siete abarcaduras son más frecuentes. En verano nacen pegadas en sus ramas flores rojas que tienen una forma muy curiosa de cuatro alas, que los niños indígenas usan como barriletes o cometas para jugar con el viento. Cuando caen al suelo, forman una gelatina espesa que alimenta el nacimiento de las nuevas ceibas. Debajo de cada árbol mayor hay un semillero de esperanzas.

Uno de nuestros compañeros, el delegado de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Chocó, encabezaba la fila de caminantes. Un hombre fornido, de mediana estatura y de barba un tanto canosa. Lo seguían cuatro de los cargueros, que además de nuestros morrales, llevaban sus escopetas. Los negros consideran un verdadero pecado que un animal de monte se les atraviese y no tengan con que tirarle. Si lo ven y no tienen armas, lo persiguen a carrera tendida por el monte hasta que uno de los dos se rinde. En estos sitios la cacería no es tanto por necesidad cuanto por honor. Un poco más atrás de los cargueros íbamos el resto del equipo y detrás de la comitiva, nuestros dos guías.

Las marchas suelen ser silenciosas y tan solo se oyen los pasos y los pujes. Muchas veces hemos pensado que el peligro de encontrarnos con el Ejército es que nos puede confundir con la guerrilla. Como en efecto pasó con un grupo de caminantes extranjeros – alemanes, ingleses y belgas– con el que nos encontramos no muy lejos de Palo de Letras. Fue un encuentro repentino, a boca de jarro. Ellos se quedaron quietos como esperando una orden. Nuestro compañero de barba, rodeado de hombres armados, se adelantó a preguntarles si tenían dólares. Los extranjeros quedaron petrificados. No sabían qué responder. Hubo un largo y sólido silencio hasta que a alguno de ellos se le ocurrió decir en mal español que sólo llevaban American Express y cheques viajeros. Nuevo silencio que nuestro compañero rompió con un “¡Qué vaina! Es que necesitamos cambiar pesos colombianos porque en Panamá no los reciben”. El equívoco comenzó a desvanecerse más aún cuando les dijimos quiénes éramos y en qué plan andábamos. Se despidieron agradecidos con la aclaración.

El camino hacia Paya sigue “tendidito”, es decir, sin cuestas pesadas ni bajadas fuertes. La trocha es ancha y cómoda para caminar. Pero comenzó a hacerse largo. El cansancio acumulado va dando paso a la obsesión por llegar y entonces uno espera que al final de cada trecho aparezca un cultivo, una casa, un perro, un viajero que sirva como argumento para descansar. Nada. El descanso se esconde detrás de un nuevo trecho haciendo monótono y fatigante el final del camino. Llega un momento en que no importan las tonalidades de la luz, ni la variedad ni el tamaño de los árboles, ni el color de las flores, ni el miedo a las culebras, ni siquiera si los gobiernos llegan a construir la carretera y acaban con ese paréntesis de selva que constituye el Tapón del Darién.

Hacia las 5 de la tarde, 11 horas después de salir del río Tule, llegamos al río Paya. Nuestros acompañantes se habían adelantado y nos esperaban en el cuartel de la guardia fronteriza de Panamá, al otro lado del río. Pasarlo no fue fácil porque estaba crecido y porque el cansancio les quitaba a las piernas la fuerza necesaria para contrarrestar la corriente. Los guardias nos miraban con ganas de vernos tropezar, caer y tragar agua. Pero no. El patriotismo nos ayudó a no darles gusto.

NOTA : La travesía continuó hasta Yavisa, pero para este trabajo de territorios negros, la suspendemos en este punto.

Las colonizaciones antioqueña y costeña

La subregión del bajo Atrato va desde el Urabá, chocoano y antioqueño, hasta la desembocadura de los brazos del río León. Ha tenido dos oleadas migratorias que han determinado su poblamiento. La primera era de esclavos liberados a principios del siglo XX que venían buscando tierras más fértiles y se aventuraron por el río San Juan. La ley que decretó la abolición de la esclavitud en 1851 produjo un importante movimiento de gente que trabajaba en las minas y las haciendas. Muchos se ubicaron en cercanías a lo que hoy es el municipio de Riosucio. La otra ola migratoria, recordemos, vino en la segunda mitad del siglo XX y constaba de aventureros y comerciantes venidos de Córdoba, Sucre y Antioquia.

Riosucio es el corazón del pueblo negro chocoano. Está situado a orillas del río Atrato y sobre la boca del río Sucio. Tras la abolición de la esclavitud allí fueron llegando familias venidas del Baudó y del San Juan. Por esos tiempos se conocía como “Riosucio Adentro”, y hoy se encuentra en el territorio de las comunidades de Nueva Luz y Los Manguitos, en el territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla. En 1928 un grupo de familias del Baudó estableció un asentamiento conocido por el nombre de “Tapurí”.

La migración de mulatos venidos de Cartagena y sus alrededores se dio en busca de áreas forestales para talar árboles de alto valor comercial en el mercado internacional. A finales del siglo XIX Cartagena se proyectó sobre Chocó en busca de productos como tagua, caucho y raicilla, que se habían valorizado en Europa. La economía colonial hacía aguas y los comerciantes buscaban nuevas rutas para abrir mercados en el extranjero. Los hacendados cartageneros pusieron sus ojos en las selvas chocoanas y promovieron los primeros proyectos agroindustriales en el bajo Atrato. Esta oferta de trabajo hizo que a la región llegaran familias del interior de Chocó, las sabanas de Bolívar y la costa Caribe.

El fracaso del citado ingenio Sautatá produjo un fuerte coletazo en las aspiraciones de inversionistas en la zona y coincidió con el declive de la explotación de raicilla y tagua. La crisis cambió el modo de sustento de las familias que estaban asociadas a estas actividades y disparó la agricultura familiar colectiva. Los antes asalariados y ahora desempleados se volcaron a la siembra de arroz; a la pesca y la cacería, y a la extracción, en pequeña escala, de maderas finas. La crisis a su vez lanzó una nueva oleada migratoria hacia los territorios negros. Cientos de familias asentadas en las proximidades del río Atrato arrancaron una nueva marcha siguiendo los cursos de los ríos Sucio, Murrí y La Larga.

En la segunda mitad del siglo XX se generó una nueva colonización en la zona del bajo Atrato. La política de ampliación de la frontera agrícola produjo que campesinos de todo el país se desplazaran de los valles interandinos y de la llanura atlántica hacia las tierras bajas de la región oriental del país y a las áreas boscosas aún baldías. La propuesta de colonización tuvo fuerte acogida en las sabanas de Córdoba y Sucre y posteriormente en las de Antioquia. En 1955, luego de que se inauguró la vía al mar, que conectó Turbo, Montería, el valle del Sinú y Medellín, cientos de familias siguieron la carretera en busca de un mejor futuro. Así llegaron las primeras familias costeñas al bajo Atrato. Ya para ese momento las plantaciones de banano y plátano se extendían a lo largo de la frontera entre Chocó y Antioquia. La carretera y la oleada de colonos fueron elementos fundamentales para consolidar lo que hoy se conoce como la zona bananera.

La guerra por el Atrato

Las bananeras del Urabá atrajeron una migración importante de campesinos sin tierra de Antioquia y la costa. La gente iba en busca de trabajo y se trasladaba con sus familias. Muy pronto Chigorodó y Apartadó se convirtieron en las capitales de la zona bananera. Los pueblos crecían al ritmo del negocio de la exportación del banano. Muy rápidamente los cascos urbanos se convirtieron en pueblos y los pueblos crecían. Los salarios eran malos y los horarios peores. El endeude de los trabajadores a través de la cooperativa fue el mecanismo para que los empresarios controlaran la gente y los salarios. Pero muy pronto, a oídos de los obreros agrícolas llegaron vientos sindicales. La gente empezó a organizarse y en los años 1960 irrumpió en la región el primer grupo armado.

Las primeras noticias sobre la presencia de guerrillas en el Urabá son del año 1966. El ELN y el EPL , brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML ), de tendencia prochina, entraron por el oriente, desde las montañas de Córdoba. Sus dos puertas de entrada fueron el eje Tierralta, Valencia, San Pedro de Urabá, desde donde se bifurcan hacia Necoclí y Turbo, y el eje Saiza, Carepa, Chigorodó. Estas dos guerrillas alcanzaron un importante apoyo social en la zona bananera, que se convirtió en un fortín militar. Las FARC ingresaron a la zona sólo el año 1969 y tuvieron alguna resistencia social que les dificultó la consolidación territorial. La aparición de las guerrillas en el Urabá chocoano y el antioqueño se dio como consecuencia del abandono del Estado, que permitió que los empresarios del banano impusieran casi que repúblicas independientes donde la ley era el beneficio de las empresas, así como también la importante difusión del sindicalismo. Esto cargó el ambiente, y el conflicto entre hacendados y obreros de las plataneras fue el escenario perfecto para la irrupción de la insurgencia.

Las FARC fundaron el quinto Frente, una comisión de menos de 10 hombres que se estableció en San José de Apartadó, donde el Partido Comunista (PC ) tenía bases sociales compuestas por campesinos y obreros bananeros. En la región ya tenía presencia el EPL . Con el Estatuto de Seguridad el presidente Turbay detuvo y juzgó a numerosos dirigentes cívicos y sindicales, lo que contribuyó al fortalecimiento de las guerrillas. Con la tregua de los Acuerdos de La Uribe, firmados por Betancur, se fortalecieron las luchas civiles y se fundó la Unión Patriótica (UP ), que logró controlar varios consejos municipales del Eje Bananero y en 1988 elegir dos alcaldes.

Estas victorias electorales desencadenaron una sangrienta represión y la región fue declarada por el gobierno Zona de Emergencia, que en realidad preparaba las condiciones para la llegada de Fidel Castaño a controlar una situación militar que parecía incontenible. Los paramilitares masacraron campesinos en las fincas La Hondura, La Negra, Mejoresquina; la guerrilla respondió con una ofensiva militar de grandes proporciones y el Ejército le respondió con el desmantelamiento de la base de apoyo más importante de las FARC en San Pedro de Urabá en 1994, año en que tuvo lugar la masacre de La Chinita, ejecutada por las FARC contra miembros del EPL .

Al año siguiente el Gobierno declaró la Pacificación de Urabá, a cuya sombra se produjo la masacre de sindicalistas en el Aracatacazo. Al mismo tiempo que Uribe como gobernador de Antioquia organizaba las Convivir, las guerrillas se hacían fuertes en el Cañón de La Llorona y a fines de los 1990 arrasaron destacamentos del Ejército en Juradó, Pavarandó y Tamborales. Desde esos días, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que investigó los atropellos contra los DD . HH . y el despojo de tierras, afirmó que desde 1996 “las comunidades afrodescendientes y las familias mestizas que habitan las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó sufrieron daños irreparables en sus vidas e integridades personales debido al accionar de los grupos paramilitares que se asentaron en la región, con connivencia, tolerancia y aquiescencia y en ocasiones en desarrollo de operaciones coordinadas y conjuntas, con la Brigada XVII del Ejército Nacional”. Entre 1997 y 2001 se desplazó por medio del terror a miles de campesinos negros de las zonas del Atrato medio.

Uno de los primeros anuncios del objetivo de la acción conjunta entre militares y paramilitares tendientes a la inauguración de un gran proyecto agroindustrial y ganadero se dio cuando un grupo de por lo menos 150 hombres armados incursionó en el caserío de Nueva Esperanza, “disparando indiscriminadamente y activando granadas de fragmentación contra los pobladores que allí se encontraban”. A continuación se dieron las matanzas y desplazamientos en Brisas, Caracolí, El Guamo, Gengadó Medio, Bella Flor, Remacho, Pueblonuevo, Puerto Lleras, Nueva Esperanza, Camelias, Andalucía, El Hobo. Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, diría años después que el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC no habría alcanzado el control militar ni la influencia política y social que logró en el Urabá antioqueño y chocoano si no hubiera contado con la complicidad, el apoyo y la protección de policías, militares, alcaldes y funcionarios de administraciones locales. “Donde tuvimos presencia siempre mantuvimos relación permanente con la fuerza pública, llámese Policía, Ejército o quien estuviera (…) éramos un soldado más, un policía más”.

La Operación Génesis, llevada a cabo por el Ejército Nacional al mando de Rito Alejo del Río en febrero de 1997, fue realizada con la participación de los paramilitares, de acuerdo con la confesión del Alemán. A partir de esta ocupación de los ríos Cacarica, Perancho, Salaquí y Truandó, los paramilitares avanzaron incontenibles hacia el sur del Atrato y establecieron su base más fuerte en Riosucio, lo que les sirvió para controlar el río Murrí y enlazarse con los frentes paramilitares del suroeste antioqueño y del Magdalena Medio (Eje Riosucio, Frontino, Zaragoza).

Durante los años 1970, los conflictos entre empresarios y obreros fueron constantes. Más cuando los proyectos guerrilleros hicieron presencia en la zona. Sin embargo, inicialmente la insurgencia hizo trabajo político y social mediante la infiltración en las juntas de acción comunal. Ya en los años 1980 el control territorial del EPL y el ELN era la regla general y se empezaron a producir extorsiones y secuestros de hacendados. La respuesta, como en muchas partes del país, vino mediante grupos de seguridad privada y asesinatos selectivos de líderes sindicales y sociales de la región. Ya para los años 1990 el Urabá era una olla de presión. El EPL se desmovilizó y dejó campo abierto para que el ELN y las FARC ganaran terreno. Las guerrillas le ganaban el pulso al Estado. De esta manera hicieron su aparición en la zona las ACCU , el proyecto paramilitar de la casa Castaño. Los reductos del EPL tuvieron una importante acogida en los grupos paramilitares y de alguna manera recogieron una base social y una experiencia operativa que les facilitó la inversión en la zona.

Los asesinatos selectivos y el apoyo de empresarios del banano al proyecto paramilitar desataron una confrontación de alto calibre. Los Bloques Bananero, liderado por Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, y Élmer Cárdenas, comandado por el Alemán, generalizaron la violencia en la región. Los líderes de las juntas de acción comunal y sindicatos empezaron a aparecer muertos y hubo también las primeras masacres de la zona. En 1994 y 1995, en una alianza entre paramilitares y fuerza pública, se consolidó el dominio de las autodefensas en la región. Y se pasó de las ACCU a las AUC , un proyecto nacional que tuvo fuerte arraigo en esta región. Dos operaciones contrainsurgentes sellaron la alianza paras-fuerza pública: la toma de Riosucio, en 1996, y la citada Operación Génesis, en 1997.

El medio y el bajo Atrato

Ya a partir de este momento la guerra se expandió por todo el Atrato con una consecuencia humanitaria de grandes dimensiones: el desplazamiento de más de 6.500 campesinos de cerca de 60 comunidades que vivían en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó, Quiparadó, Domingodó, Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla, La larga y Tumaradó, así como de afluentes de la cuenca baja del río Atrato. La tragedia social que vivió Chocó en la segunda mitad de los años 1990 aún está por reconstruirse. Un altísimo porcentaje de familias sufrió los rigores de la guerra. Las características de la violencia en esta región del país son propias de los campos de concentración. Las violaciones de mujeres, decapitaciones en plaza pública, desmembraciones y torturas a líderes sociales y ciudadanos desprevenidos marcaron con sangre el territorio.

Al tiempo que se consolidó en el terreno la alianza entre paramilitares y fuerza pública el río Atrato vio la explosión de un nuevo fenómeno social: las actividades asociadas a producción y tráfico de drogas y armas. Las cuencas de los ríos de Chocó se convirtieron en autopistas del narcotráfico. Al mismo tiempo, las AUC consolidaron su proyecto con la cooptación de las elites política y empresarial de la región. Para el año 2002 las AUC lanzaron una ofensiva desde el eje bananero y el norte de Chocó o Darién colombiano para hacerse al control de las cuencas baja y media del Atrato. El operativo militar conjunto de los bloques Élmer Cárdenas y Edwin Castaño fue denominado “Operación Tormenta del Atrato”, acción militar que tuvo su momento más dramático en el crimen de guerra cometido en el municipio de Bojayá el 2 de mayo de 2002.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe se dio el proceso de paz con los paramilitares y para 2006 los bloques Élmer Cárdenas y Edwin Castaño iniciaron su desmovilización. Desde entonces a lo largo y ancho del Atrato se inició una nueva lucha territorial. Las guerrillas iniciaron la ocupación de territorios dejados por los paras, y los recién desmovilizados se reencaucharon en bandas criminales que poseen el mismo “modus operandi” que las AUC en los territorios, y se consolidaron como un poder de facto que ejerce controles social y político con diferentes grados de intensidad y violencia en cada una de las comunidades.

Los rastros de la guerra entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública fueron de camino a los territorios colectivos de comunidades negras y siguieron el rastro del despojo de la tierra, y dos comunidades del bajo Atrato ilustran, de alguna manera, lo ocurrido a lo largo del Atrato y Chocó. Al tiempo que las comunidades se organizaban para exigir la titulación de territorios colectivos, la guerra se expandía en el departamento. En noviembre del año 2000 el Incora inició un proceso de titulación colectivo que otorgó legalmente las cuencas de La Larga-Tumaradó y Pedeguita-Mancilla, dos territorios colectivos que suman más de 150.000 hectáreas desde Apartadó hasta Riosucio siguiendo la carretera.

Al tiempo que se legalizaron títulos individuales y colectivos en esta zona del país se dio el vaciamiento de los territorios por cuenta de los desplazamientos y las masacres. Tanto así que la consolidación del proyecto paramilitar coincidió con el de otorgamiento de títulos colectivos. Esto implicó que en la zona se diera un importante movimiento de tierras en el mercado inmobiliario. El papel de los registradores y notarios en el despojo de tierras aún está por escribirse. En esta región se hizo tristemente célebre la frase “Si no me vende la tierra, se la compro a su viuda”. La frase retumba en cada comunidad del bajo Atrato. Otro engranaje de la relación entre el conflicto armado y el despojo de tierras tiene nombre propio: Sor Teresa Gómez, la cuñada de los hermanos Castaño que materializó los proyectos de consolidación de apoyo social y consecución de tierras mediante despojo de nativos, legalización de compras de tierras y repoblamiento de los terrenos con población afín al proyecto paramilitar.

Los ejemplos de lo ocurrido en estos años en los territorios colectivos de comunidades negras son la historia de la tierra en Chocó. En Larga-Tumaradó el resultado de la guerra fue la usurpación del 95 % del territorio colectivo. Según estudios del CINEP , en este territorio colectivo existen nueve ocupantes de mala fe que usufructúan un aproximado del 51 % (55.100 hectáreas) del territorio colectivo de la Larga. La mayoría de ellos figuran en procesos judiciales, como: Ángel Adriano Palacios Pino, Jaime Uribe Castrillón, Óscar Moisés Mosquera Piedrahíta, José Vicente Cantero, Francisco ‘Pacho’ Castaño y Dorance ‘Wílmer’ Romero. Estos empresarios han utilizado las tierras con tres propósitos: ganadería extensiva, que incluye la llegada de búfalos a la región; siembra de pastos, maderas finas y en algunos casos palma, y extracción ilegal de maderas finas de los territorios colectivos. El resultado ha sido que en La Larga-Tumaradó, la gente sólo puede utilizar el 5 % del territorio titulado, es decir, poco más de 5.000 hectáreas. Si bien estos empresarios y ganaderos no tienen títulos sobre la tierra, la explotan mediante ocupaciones de hecho y en el mejor de los casos han hecho acuerdos de arrendamiento con los consejos comunitarios. Los negocios tienen al menos dos consecuencias: son arriendos de explotación a largo plazo por cifras irrisorias, que privan a las comunidades de sus tierras de una manera aparentemente legal, y apuntan a corromper líderes y dividir las comunidades.

El territorio colectivo de Pedeguita-Mancilla comparte la metodología de despojo que se utilizó en La Larga. En este el título colectivo fue de casi 50.000 hectáreas, y los ocupantes de mala fe suman 14 que tienen el control del 58 % del territorio, mientras la comunidad posee de hecho sólo el 13%. De este territorio colectivo hace parte la comunidad de Santa María, que fue considerada el centro de expansión del proyecto de “reforma agraria” paramilitar. Este fue el centro de operaciones de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (ASOPROBEBA ), dirigida por Sor Teresa Gómez. La técnica allí fue infundir el terror mediante masacres y asesinatos selectivos de los principales líderes comunitarios, lo que produjo desplazamiento masivo, compra de terrenos que posteriormente fueron englobados en títulos realizados en notarías cooptadas por el paramilitarismo, para luego repoblar el territorio con gente de confianza de las AUC .

Este es un reconocido caso de instrumentación de víctimas de desplazamiento forzado provocado por el conflicto, situación que se reprodujo en muchas otras regiones del país. En este caso puntual, personas llegadas de otras regiones, motivadas por Sor Teresa Gómez iniciaron un proceso de repoblamiento que hoy confronta a las familias tradicionalmente habitantes, que fueron víctimas en el territorio colectivo, con quienes atraídos por el proyecto platanero de ASOPROBEBA se encuentran asentados en el territorio.

Con la llegada de estos ‘empresarios’ las comunidades del bajo Atrato vieron cambios drásticos en sus formas de vida. El desplazamiento de las comunidades a las cabeceras regionales produjo un abandono paulatino de la agricultura campesina, la pesca y la cría de animales, lo que condujo a cambios radicales en el uso del suelo y transformaciones en los cauces y cuerpos de agua. La llegada de los búfalos y las siembras de banano requieren de construcción de canales de agua e inundación de zonas de cultivo.

Los búfalos tienen dos consecuencias: por un lado, orinan en el agua y matan y ayuntan a los peces, y por el otro, pisan la tierra de tal manera que se vuelve árida. Y aunque los búfalos han tenido un crecimiento acelerado por los rendimientos económicos que dejan, aún es mayoritaria la ganadería extensiva tradicional. Para esto se ha necesitado la adecuación de pastos y la utilización de grandes potreros pertenecientes al territorio colectivo. Se calcula que en esta zona hay 20.000 cabezas de ganado, especialmente cebú, brahmán y criollo. Entre los mayores impactos de la ganadería –se debe repetir– están la transformación de la vocación de la tierra, la canalización, el secamiento de ciénagas, la desviación de ríos y el agotamiento de suelos.

De otro lado está la extracción de maderas. Una práctica fomentada desde la década de 1960 por Maderas del Atrato y Maderas de Urabá, proyectos que fracasaron ante las dificultades logísticas para su transporte. Entre 1993 y 1997 reapareció esta actividad, esta vez realizada por Maderas del Darién. La extracción forestal ha tenido dos funciones: el aprovechamiento económico de la venta de madera fina, que es transportada hasta las cabeceras municipales para su venta, y la conversión del terreno en potreros que luego son utilizados bien para ganadería, bien para siembra de maderables, palma o plátano.

Así, los territorios colectivos han venido siendo explotados por particulares mediante dos modalidades: ocupación del territorio, bajo el amparo de grupos paramilitares que infunden terror en las comunidades, y arrendamientos de usufructo a largo plazo por cifras irrisorias. Se ha producido el abandono de prácticas ancestrales de vida, cambios en los usos y vocaciones de la tierra y fuertes divisiones entre las comunidades. Los ríos se han secado para dar paso a canales que se utilizan para las grandes plantaciones y la cría de búfalos. La pesca se ha perdido. Estas han sido las consecuencias de la lucha por la tierra en el Atrato, una región codiciada por los armados que ha dejado a la gente sin la tierra y sin comida.

Claretianos y campesinos

Terminada la guerra de los Mil Días, en 1902 los claretianos fueron enviados a Chocó por el papa León XIII para “extender la civilización cristiana a las vastísimas zonas habitadas por indios y procurar que aquellas ricas comarcas entren en vía de progreso”. Evangelizar para desarrollar, una doctrina vigente en el mundo hasta el Concilio Vaticano II. La región misional de 44.900 kilómetros fue erigida como Prefectura Apostólica en 1909; en 1952, en plena Violencia, de la cual Chocó no fue ajeno, se creó el Vicariato de Quibdó, y en 1990, en tiempos de masacres en el Atrato, se elevó a Diócesis.

La primera parte de la obra claretiana misional, cuando “las cataratas del cielo estaban permanentemente abiertas… y la temperatura enervaba y aplanaba”, según el padre José María Fernández, estuvo orientada a facilitar su trabajo de evangelización. Se construyeron la catedral de Quibdó, iniciada en 1945 y terminada en 1977; recibió un importante apoyo de la Nación, gestionado por uno de los más ilustrados políticos de Chocó, Diego Luis Córdoba; el Palacio Episcopal, en 1930, diseñado por un arquitecto catalán, declarado Patrimonio Nacional y donde desde 1983 funciona la Pastoral Social y se editó la revista Aurora . Con las madres Lauritas los claretianos abrieron el Internado de Aguasal en 1955 para colonos e indígenas en la frontera con Risaralda y en 1957 el Seminario Menor de El Carmen del Atrato, que desde 1990 funciona como colegio público. Apoyaron también obras menores como el Sanatorio Antituberculoso, también en Carmen del Atrato, y el Ancianato de Quibdó, en 1960.

En 1910 la misión claretiana se proponía, en forma metafórica, “roturar la tierra, limpiarla de malezas y espinas, labrarla con mucho cuidado y sembrar en ella nueva semilla”. En 1917 el padre Fermín Larrazábal se dio a la tarea de recoger a los indígenas en poblados para facilitar su adoctrinamiento. De allí surgieron pueblos como Aguasal, Donausá, Vivicora. “Da gusto –escribió el misionero– oírles cómo rezan el rosario”. La finca de Aguasal se desmontó con indios a sueldo. Poco después llegó a vivir al pueblo de Aguasal, donde los claretianos habían fundado un internado para niños, un poderoso jaibaná que hizo que los indígenas huyeran masivamente de la concentración.

La relación con la jerarquía de la Iglesia se comenzó a enrarecer cuando el padre Alcides Fernández, que además de misionero comprometido con los negros era un experto aviador, le respondió al presidente Misael Pastrana en un viaje a Chocó que ciertamente el Atrato era una tierra muy bella hasta cuando llegaban las autoridades. El general Matallana acusó a los curas de Urabá de “guerrilleros marxistas”.

Los vientos del Concilio Vaticano II corrían ya por el Atrato. El padre Gonzalo de la Torre, un ilustrado misionero chocoano – traductor del Nuevo Testamento del griego al castellano, profesor de teología en Salamanca, Provincial claretiano– renunció a “prebendas y oropeles” y se instaló en Beté, uno de los más bellos atracaderos de pangas ribereños del Atrato, donde los pescadores todavía usaban una red grande llamada copón y donde cultivaban arroz en las vegas de las quebradas. Era, además, el centro del medio Atrato.

El padre De la Torre pensaba que ni la paciencia ni la pobreza eran evangélicas y que, muy por el contrario, mantenían al pueblo chocoano en el conformismo y la deshumanización. Impulsó la creación del que se conoció como Seminario Negro o de la Esmeralda, donde estudiaban jóvenes que convivían con la comunidad, razón por la cual el obispo llegó a opinar que se apartaban de la disciplina conventual y lo clausuró. Para los políticos chocoanos, el seminario no preparaba sacerdotes respetuosos de las leyes, sino “clérigos sueltos”. Mientras tanto, Gonzalo trabajaba en Beté con dos misioneras claretianas y un equipo de 20 laicos, apoyados por la Casa de la Esmeralda.

Formularon colectivamente principios de evangelización: vivir con las comunidades, leer en la conciencia del pueblo la palabra de Dios, apoyar rituales campesinos en torno a la Eucaristía y organizar las llamadas Comunidades eclesiásticas de base, fundadas en la fraternidad, la igualdad y la solidaridad. Poco a poco los claretianos fueron entregando la responsabilidad de las parroquias a todo lo largo del Atrato para concentrar su obra en la Pastoral Social. En 1982 el obispo de turno, considerando que el trabajo que se hacía no era propiamente evangélico sino “demasiado social”, les cortó la cuota de sostenimiento alimenticio. No obstante, el padre Gonzalo en vez de suspender su actividad, la revitalizó.

Los claretianos fueron uno de los ejes fundamentales del movimiento campesino, como lo reconoce ACIA . Leer nuestra vida es una cartilla escrita y editada por la Pastoral Campesina, que reivindica la unión como fuente de la fuerza y que hizo parte de “nuestros primeros pasos organizativos con el acompañamiento de los Misioneros Claretianos y Seglares Claretianos del medio Atrato”. Y se empezó a utilizar en los primeros años de la década de 1980, como una invitación a la organización y a la defensa de los recursos naturales. Gonzalo De la Torre escribió sobre la relación: “Los campesinos y campesinas nos evangelizaron a los misioneros”. El 29 de diciembre de 1997 se reconoció la propiedad colectiva en cabeza del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA ), un territorio inalienable, imprescriptible e inembargable. Desde entonces, el Consejo Mayor representa los intereses de las comunidades campesinas del Atrato medio y es reconocido como autoridad ancestral.

Los claretianos regresaron en la década de 1940 acompañados por las Lauritas para fundar la misión de santa Ana de Aguasal y recuperar el internado de niños. La experiencia de Aguasal mostró la resistencia indígena a la cristianización o, como lo llamó la Declaración de Barbados de 1971, la “desindianización”. En Melgar, Tolima, un documento eclesial influido por la renovación surgida del Concilio Vaticano II permitió a los claretianos un cambio radical del concepto de evangelización de naturales. La pastoral étnica, entendida como solidaridad y respeto por las etnias de emberas, wuaunánas y kunas, se abrió paso. Más claro, significaba ponerse de parte de los indios.

En 1975 se creó en Quibdó el Centro pastoral indígena, que se dedicó a impulsar una organización indígena propia de los embera y wuaunána, la Orewa, que pronto estableció relación con otras organizaciones indígenas de Cauca y Tolima. En 1982 organizó el primer congreso indígena regional de Chocó. Hoy cuenta con el respaldo de 157 cabildos locales y ha logrado la titulación de 119 resguardos. No pasó mucho tiempo para que los comerciantes y políticos chocoanos se opusieran a la Orewa.

Mientras en el medio Atrato tenía lugar la obra de la Pastoral Social, en el bajo Atrato se desarrollaba un conflicto armado entre las guerrillas y el Ejército que paso a paso se fue corriendo hacia el sur e involucrando regiones que hasta entonces sólo habían oído tiros de escopetas de cacería.

Madera

La explotación de las maderas de la región biopacífica ha sido devastadora. “De la cobertura forestal estimada de la región en 1959 (9.806.050 hectáreas), para mediados de los 1990 sólo se mantenía el 43 % (4.248.550 hectáreas), como consecuencia de una deforestación anual estimada en cerca de 154.000 hectáreas”. Gran parte del proceso de aniquilamiento de los bosques se llevó a cabo después de la Ley Segunda de 1959, que declaró Reserva Forestal gran parte del territorio en cuestión.

Hacia mediados de los años 1970, las empresas madereras que habían logrado concesiones para la explotación del bosque gracias a la influencia política de sus socios, en los ríos Salaquí y Truandó comenzaron a ocupar territorios hacia el sur en el medio Atrato, abrir aserríos, financiar comerciantes y transportadores. Los pobladores nativos tumbaban los grandes árboles –uno de los más perseguidos fue el cativo– cuyas trozas sacaban por canales hechos para el efecto hasta los ríos. En los aserríos se trabajaban las rozas, muchas de las cuales se exportaban como tabla y otras se vendían en el mercado interno como tríplex. El progreso de los negocios de las empresas se estrelló contra el arraigo de las comunidades negras del medio Atrato, donde los claretianos habían organizado las comunidades eclesiásticas base bajo el principio de “defender y saber usar racionalmente los recursos naturales”.

“A finales del año 1983 y comienzos de 1984 llegaron, en diferentes fechas, a algunas comunidades del río Atrato y a afluentes como los ríos Buey, Beté, Tagachí, Tanguí y Munguidó, ingenieros de la compañía Maderas del Darién con el fin de abrir trochas y de investigar sobre los recursos maderables de esta región, pues donde habitualmente tenían su explotación de madera, que era en el bajo Atrato, ya habían agotado dicho recurso. Fue precisamente a partir de la amenaza de la destrucción de los (recursos naturales) cuando el pueblo se unió, se puso en pie y puso en marcha la organización campesina”, cuyos representantes lograron que el DNP , el Incora, el ICA suspendieran la entrega de 800.000 hectáreas de bosques listos para ser entregados a las compañías madereras.

La victoria fortaleció la creación de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA ), que llegó a tener 4.000 campesinos asociados e influir en un territorio poblado por 50.000 personas. En 1987 obtuvo la personería jurídica, pese a las presiones en contra de las empresas madereras. Como se dijo, diez años después, ACIA solicitó ser reconocida como Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato (COCOMACIA ), un trabajo en el que las comunidades contaron con el apoyo tanto de los claretianos como de Mónica Restrepo, gerente de los comités regionales de la Red de Solidaridad. El Gobierno, amparado en la Ley 70 de 1993, reconoció al Consejo un título colectivo sobre 695.254 hectáreas. Las comunidades negras del medio Atrato, con las que convivían los claretianos desde mediados de los 1970, entendían el territorio como “el lugar donde siempre hemos vivido y pretendemos seguir e incluye la forma de trabajar la tierra, el bosque, los ríos y las minas”. La lucha de ACIA impidió no sólo el otorgamiento de concesiones sino de títulos privados sobre la tierra. En el fondo, esa diferencia entre lo privado y lo colectivo fue la razón esencial de la lucha de las comunidades negras del Atrato en cuyo seno se cocinó buena parte de las iniciativas que tomaron forma legal en la Ley 70 de 1993.

¿A quién le importa Juan Ceballos?*

En mayo –mes de las flores, mes de María–, la empresa Prima Colombia Hardwood ha comenzado a tumbar árboles en Bahía Solano para exportar a China, con la que tiene firmados ya 17 contratos sobre 7.000 metros cúbicos de las maderas más finas de Chocó: algarrobo, sande, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y virola.

La tal empresa no es cualquiera. Es dueña de REM Forest Products, del billonario canadiense Frank Giustra, un corsario financiero que hizo puente con Álvaro Uribe y obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 (Resolución 2293) para explotar durante 15 años más de cinco millones de metros cúbicos de madera; unos US$1.500 millones. Estas compañías tienen a su vez vínculos financieros con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp, Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura: madera, oro y petróleo. La Prima-REM ha instalado en la playa de Huaca un campamento con una docena de empleados canadienses, otros tantos colombianos, 80 ciudadanos nativos de las comunidades negras e indígenas y dos helicópteros. Pero las primeras trozas de prueba eran tan grandes y pesadas, que los aparatos no pudieron levantarlas. Ahora, ya en forma, con todo tipo de patentes, la empresa se dispone a cortar su primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas, todas dentro del Consejo Comunitario de Los Delfines, autorizado por la Ley 70 de 1993 y creado en 1999. Este territorio colectivo –inembargable, inalienable, imprescriptible– se extiende entre Bahía Solano y Juradó, el Pacífico y la Serranía del Baudó, y ocupa una superficie de 67.327 hectáreas donde viven 18 comunidades, 1.329 familias y 5.846 personas. Es decir, el 70 % de la superficie del Consejo Comunitario será controlado por la empresa. La madera que se explotará en los próximos años costaría US$280 millones, de los cuales la compañía reconocerá al Consejo Comunitario el 10 %.

Los directivos actuales de Los Delfines hicieron el negocio, pese a que en 2005 el Consejo se opuso a la Ley Forestal –felizmente rechazada por la Corte Constitucional–, por considerar que con ella se “facilitarían transacciones y el aprovechamiento con ánimo de lucro de los bosques nativos y plantados en las principales zonas del Pacífico y de la Amazonia”. Desde luego se trata de un nuevo consejo que llamó a una consulta previa entre la comunidad para poder autorizar el negocio. La consulta otorgó la licencia, Codechocó dio el visto bueno y el Ministerio de Medio Ambiente aplaudió el logro. El mecanismo de la consulta previa –dice el Convenio 169 de la OIT – busca que las decisiones de las comunidades sean democráticas y por tanto defiendan sus formas de vida y sus derechos sobre tierras y territorios. El Consejo Comunitario de Mecana, donde se ha construido el campamento de Prima Colombia Hardwood, considera amañada y tramposa la consulta y corrupto el Consejo de Los Delfines. Muchos consejos comunitarios se han vuelto una vía legal para permitir que los recursos –madera, oro, petróleo– sean explotados a cambio de miserables dádivas. Algunas consultas previas se realizan de manera tramposa por autoridades locales y, de hecho, compradas por empresas interesadas en una determinada explotación. Se está a punto de imponer un clientelismo feroz en las comunidades negras e indígenas para dirigir la consulta previa en una dirección: la de las locomotoras.

Para protestar contra la tala de una de las selvas más preciosas del planeta, y lo que puede suceder en Chocó no sólo con la madera y su oro sino con su misma gente, se encadenó tres días a un árbol de Bahía Solano Juan Ceballos. Pero, a estas horas de grandes desfalcos y robos en el Distrito y en las EPS, ¿a quién puede importarle la suerte de un ciudadano amarrado a un árbol sin haber sido secuestrado por la guerrilla?

Río Quito*

Si de pobreza se trata, nada más razonable que ir a buscarla a Chocó, una región a la que –hemos visto– el país le ha dado la espalda. Es un departamento no sólo pobre, sino paupérrimo, miserable. Los niños se mueren de hambre, las mujeres encargan niños y niños, no hay escuelas ni acueductos. A la carretera –no se puede hablar en plural– se le caen las montañas día de por medio. Con esa imagen, y con la idea conocer el pueblo supuestamente más pobre, volé a Quibdó. Cuando el ruido monótono del motor del avión cambió, y se dispuso a tomar pista, la niebla que envuelve en las mañanas la selva horizonte ya había alzado el vuelo y los árboles, gigantescos, poderosos aún, se podían ver con claridad. También los ríos, los muchos ríos que se esconden bajo la espesura de verdes o corren desafiantes a cuerpo abierto. Hoy la mayoría, aun los que nunca se veían, se ven. O mejor, se distinguen, porque ahora todos son amarillos, anaranjados, ocres.

El pueblo más pobre de la región, más pobre del país, se llama Paimadó. Las estadísticas del Gobierno dicen que el 93,8 % de sus habitantes sufren de NBI , una sigla que se oye como si se tratara del nombre de una infección incurable. La “metodología” fue elaborada en los años 70 por la ONU a pedido del Banco Mundial, para tener criterios objetivos para hacer préstamos a los países; para brincarse las clasificaciones arbitrarias, subjetivas, interesadas, de los gobiernos. Las cifras se obtienen con una encuesta hecha por el DANE : miran los pisos y las paredes de las casas, miran si hay cuerdas de luz, si hay tubos de agua, si hay clínica, si hay colegio, y se sientan, suman y restan y pronuncian su veredicto. Tengo la sensación de que muchas de las estadísticas se hacen con un procedimiento non sancto que llamábamos en la facultad de sociología “piedra amarilla”, que consistía en sentarnos y llenar el formulario sin preguntar nada. En general eran estudios contratados por los gringos, y nosotros, estudiantes, éramos antiimperialistas puros. Sin embargo, el DNP trabaja con esas cifras y con ellas asigna recursos; también las usan los gamonales para saber cuántas tejas de zinc necesitan repartir para comprar votos.

Quibdó es a la vez dos ciudades: una hecha de tabla y otra construida de cemento armado; la primera, popular; la segunda, hecha para derrotar la selva que no da el brazo a torcer: renace en los techos, se prende en las paredes; cualquier resquicio es aprovechado por líquenes, helechos, yarumos para cumplir su deber natural. Las calles son estrechas para que, salvo a medio día, haya siempre un lado de sombra por el cual no hay necesidad de paraguas, un artilugio que todo el mundo lleva, contra la lluvia o contra el sol. Si las NBI se estimaran por paraguas per cápita, quizá sólo Istmina le ganaría el primer puesto a Quibdó. Tiene fama de ser una ciudad con el más alto índice de corrupción administrativa. De los acaldes no se pregunta qué han hecho sino cuánto tienen. Quizá Zulia Mena escape a la regla y siga de bluyines y viva en una casa de tabla.

Es además una ciudad ruidosa, muy ruidosa. Nadie se limita a oír música sino a sentir en la piel la frecuencia de los decibeles. Más grave, ya no se oye casi salsa –¡ni siquiera de Niche!–, sino un horripilante vallenato llamado ranchero, hecho a gritos y difundido por el paramilitarismo. Siquiera se murió Leandro Díaz sin oír ese horror. Para completar el cuadro, la ciudad está en construcción. Frente al hotel donde me alojé, la Policía está construyendo un gigantesco cuartel, sólo unos centímetros más bajo que el de la Fiscalía, que tiene 15 plantas. La catedral, que dominaba el dosel del pueblo hace unos años, es hoy una construcción anónima.

No lejos del edificio de la Fiscalía y al lado de un Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente estacionó cinco dragas confiscadas por explotación ilegal de oro en el río Quito, que desemboca frente a Quibdó. La mayoría eran de empresas brasileñas. Duraron un mes ahí fondeadas y después, pieza a pieza, las fueron desarmando y pieza a pieza rearmando en sus sitios de trabajo en el río, de donde las trajo con miles de trabajos el Ejército Nacional. Después nadie, salvo el presidente de la República, volvió a hablar de minería ilegal. En Chocó ese término es un chiste flojo.

De Puerto Arenero, donde estaban las dragas confiscadas, nos embarcamos en una panga, una lancha con un motor de 200 caballos. Los pasajeros van llegando poco a poco, sin afán, cada cual con su morral. Las maletas ya poco se usan. Hacen equilibrio en la proa, se prenden de un tubo de la cabina, caminan como equilibristas por el borde y caen con una precisión asombrosa en el sitio que les toca. Hay siempre un ambiente festivo y animado en la canoa; todos los pasajeros se conocen; en realidad se reencuentran después de haberse despedido cuando atracaron en el puerto. Hay unos puntos suspensivos entre una y otra cosa, que se llenan cuando están de nuevo sentados esperando a que el motorista aparezca.

Nosotros, los forasteros, nos sentamos en silencio. Alguien cuenta que en el banco le hicieron un préstamo con tan solo el nombre; otro, que su mujer mejora en el hospital; la tercera, que están pagando el grano de oro a 12.550 pesos. Un negro grandote comenta burlón que se perdieron en la gobernación 5.600 bultos de cemento y 20 toneladas de varilla destinados a los desplazados. Alguien dice: “Pero a mí no me dieron ni una libra de cemento, ni una sola varilla”. Una mujer se queja: “A mí me echaron el pollo frito y no asado, como lo quería”. Uno más le grita a un compadre que lleva un gajo de bananos: “Baboseño, ¿qué llevas?” La comunidad, que es un organismo como una colmena, se va recomponiendo en la chalupa. A la hora de zarpar todo es una fiesta. El motorista acelera a fondo; la panga se para en la popa, da una vuelta forzada y toma rumbo al suroccidente buscando la boca del río Quito. El viaje comienza lleno de promesas.

La selva de Chocó parece intacta, pero los negros saben que la han entresacado a fondo. La madera fina se acabó. Quedan pocos árboles que paguen el costo de cortarlos, trozarlos y sacarlos a los aserríos. No obstante, hay aún cuatro o cinco que trabajan a media marcha. En los sitios donde se ha cortado una mancha de abarco o de cedro nace una palma ligera, delgada, alta, llamada en el amazonas Milpé y aquí Murrapo. El tránsito de pangas, barcas, canoas y aun potrillos es intenso. Por los ríos se mueve en estas regiones lo que los pueblos tienen. El primero que cruzamos es Guayabal, un caserío orillero de casas pintadas con colores fuertes y combinados alegres, tal como son los vestidos de la gente de Chocó, mitad negra, mitad india. La gente del pueblo no teme al color ni a las combinaciones consideradas escandalosas. Hay otro aserrío pequeño y muchos corrales y muchas trincheras –trampas hechas de caña fisto– para capturar los peces, que son tres: barbados, doncellas y bocachicos. Son construidas en las orillas y cuando el río crece, los peces encuentran las puertas abiertas. Cuando las aguas bajan se topan con las puertas cerradas, aunque tienen las panzas llenas de malanga, de yuca, de arroz, de maíz o de achí, que son los cultivos de los que viven las comunidades.

Veinte minutos de viaje y cuando el ruido del motor comienza a producir una ensoñadora modorra, aparece la primera draga en plena actividad. Es una barca grande, llena de motores en el primer piso: en el segundo viven los trabajadores y el administrador. Tienen por debajo uñas de acero que desbarrancan las orillas o cavan el fondo del río; una poderosa aspiradora chupa el material suelto y lo echa en un depósito donde se muele, se le echa mercurio, se lava y se bota por un canalón donde en un paño grueso y áspero queda el oro atrapado por el mercurio. Las dragas expulsan el material estéril, es decir, ya “lavado”, por unas compuertas que parecen fauces. Por eso, sin duda, la gente les dice dragones a estas grandes máquinas. El material que botan es cascajo, o ‘piedra colada’ como lo llama la gente, es apilado en la orilla del río y crea montañas de escombros que estrechan su cauce.

La alcaldía de Río Quito, cuya cabecera es Paimadó, ha logrado negociar con los dragueros dos cosas: que el cascajo sea extendido sobre la orilla con una retroexcavadora y que sobre él se siembre una especie maderable de moda, la acacia magnum, muy rentable y que sin duda terminará siendo explotada por el Municipio. Una draga puede sacar dos o tres kilos de oro por semana, dicen los que conocen y han trabajado en ellas. Total, cien kilos al año por draga. El país produce unas 50 toneladas al año. Las montañas de piedra lavada son testigos del oro que se saca. Y sobre ellas, el yarumo insiste en cumplir su función de cerrar las heridas que el hombre abre en la selva o al pie de los ríos.

En San Isidro y La Loma hay otras tantas dragas que trabajan día y noche. Allí ya hago parte de la comunidad. Todos los viajeros saben a qué vine y me cuentan lo que ya ni pregunto: que los dueños de las dragas son brasileños o paisas, que tienen armas, que colaboran con los consejos comunitarios ancestrales y que se pasan por la faja el Convenio 169 de la OIT del 89 –vinculante desde 1991– que obliga al Estado a la consulta previa, libre e informada.

Sin preámbulo, sin anuncio, aparece de golpe un malecón alto en cemento armado y coronado por una baranda amarilla. Es Paimadó. Tendrá apenas 2.000 habitantes. Crece también a lo largo del río. Al desembarcar, dos policías nos esperan. Nos preguntan quiénes somos y a qué venimos. Yo les paso la cédula sin mirarlos. Son paisas. Más aún, son los únicos paisas que hay en el pueblo. Luego sabremos que por aquí nunca hubo cultivos de coca, nunca hubo vacas, nunca hubo guerrillas, nunca hubo paramilitares. La única vez que el Ejército vino fue a llevarse las dragas confiscadas. No había duda, llegábamos a un pueblo extraño. A la hora del desembarco estaba desierto.

Dos horas después, una vez lo hubimos recorrido mirando sus casas, todas parecidas, todas limpias, todas modestas, comenzaron los paimadoseños a salir a la calle. Primero las muchachas a jugar bingo en el parque principal –una esquina, sin estatua de Bolívar–. No supimos por qué solo lo juegan las muchachas, que por lo demás se arreglan el pelo con cuentas de colores; son mujeres pequeñas, ágiles como gacelas y de ojos vivos y burlones. Las mujeres de más edad, con hijos y nietos, juegan parqués marcando el movimiento de las fichas con afirmación; los hombres juegan, silenciosos y cautos, naipe. Las niñas juegan descalzas sobre el cascajo botado por las dragas cuando pasaron, un extraño juego, “jermi”, que es una mezcla de softball y cuclí. A veces las niñas permiten a los niños jugar un rato.

En la orilla del río había varias ancianas rodeadas de niñas adolescentes que trabajaban el mazamorreo con canalones y bateas de madera. Inclinadas sobre la cintura, llenan las bateas con material –que por lo demás ya ha sido lavado por los dragones– y con gotas de mercurio separan la escarcha de oro de la jagua. A veces, junto a la jagua queda el platino –oro muerto– que sacan baboseando la jagua con agua de guácimo. Trabajan al sol todo el día para sacar, en el mejor de los casos, dos granos de oro, que pesan como dos granos de maíz ancestral y que equivalen a dos gramos. Tres granos hacen un tomín y ocho tomines un castellano, que vale 280.000 pesos. Gramo más, gramo menos, para sacar un castellano, una mujer necesita un mes. Esta cifra fue para nosotros mucho más significativa que las que fabrica el DANE sobre NBI . Una anciana que le saca al río tal cantidad de pesos-oro mensual está mucho mejor que las viudas de las víctimas, que reciben 180.000 al mes.

El río, para el pueblo, todo lo trae, pero también todo lo se lo lleva y por eso se bota la basura a canecada limpia en sus orillas. Donde, de paso, la gente ha aprendido a sacar el mercurio que arrastran sus aguas y que no es poco. El mercurio liga no sólo el oro, sino se liga entre él mismo. Este beneficio marginal de la minería tiene un efecto devastador: acabó con la pesca. El río, que antes era cristalino y ofrecía pescado en abundancia, hoy es otro río amarillo en el que cada día es más pobre la vida. No obstante –lo escribo con dolor–, a la gente poco le importa porque con lo que el oro les deja pueden comprar no sólo bocachico importado de Vietnam, sino carne de Argentina. Por la misma razón que se dejó de pescar en el río, se dejó de sacar madera: el oro todo lo da, todo lo quita, para todo sirve, hasta para llevar las almas al paraíso o sacarlas del infierno.

Yo traía lo que se llama una flecha, que no es sólo un celular sino también un dato: el señor Catalino es el hombre más rico del pueblo. Era necesario saber la realidad de esta posición. La deducción superficial de lo que iba viendo me hizo pensar que un pueblo que se dedicaba en las tardes a jugar y en el que las ancianas ganaban $280.000 mensuales no era pobre. Por tanto, el más rico debía ser riquísimo, una especie de sultán criollo. Y me di a buscarlo.

No fue difícil encontrarlo. Se mecía en una silla momposina, conversando con un amigo. Es profesor de primaria, lo que significa, en plata blanca, que sabe tanto matemáticas como gramática; geografía tanto como catecismo. Y los niños no tienen aula propia; todos están en el mismo espacio y con el mismo maestro. ¡Como debe ser! Catalino era el mismo pasajero que había comentado que en Quibdó estaba solicitando un préstamo por 10 millones. Y así nos recibió: “¿Ustedes creen que si yo fuera rico estaría pidiendo un préstamo de 10 millones para ampliar la tienda?” El argumento era fuerte y la tienda pobre: unas botellas de aguardiente y otras de ron; un congelador con cerveza y gaseosa, y media docena de sillas de plástico. Para un profesor de primaria, un negocio complementario. Pensamos que estábamos equivocados de persona; ricos tenía que haber, y muchos.

En Paimadó el oro sale, pero la plata llega al mismo ritmo. Los dueños de las 25 dragas lo recogen por bultos, pero también los consejos comunitarios creados por la Ley 70 lo perciben a escala mucho menor. Los empresarios negocian con los consejeros mayores el permiso para catear las orillas de ríos y quebradas; si encuentran yacimientos rentables, les ofrecen una cantidad fija de dinero. Hay regateos, negociaciones y creo que siempre llegan a un acuerdo porque a las dos partes les conviene. Los testimonios dan cuenta de que los consejos suelen recibir el equivalente al 10 % de las dos libras de oro calculadas por “sitio”. Es decir, cien gramos. Si 24 gramos, un castellano, cuestan 280.000 pesos, 100 gramos cuestan 1.600.000 pesos por draga, que multiplicados por 25 serían casi 30 millones de pesos que reciben semanalmente los consejos. ¿Qué hacen con ese dinero los consejeros?

En el pueblo, por ahora, han comprado una carroza funeraria, una volqueta y quieren negociar un título minero. En las utilidades de las dragas también participan las familias que han cultivado desde siempre un globo de tierra y cuyos límites son ancestrales. Las familias, sobraría decirlo, son extensas, es decir que se componen de un número variable de familias nucleares y por tanto la suma se debe dividir por el número de cabezas de estos núcleos. Así, una familia extensa puede tener 100 miembros y si han negociado con el administrador de la draga por 10 millones semanales, a cada miembro le podrían corresponder unos 100.000 pesos semanales. Casi un salario mínimo legal por persona. Es la razón por la que el pueblo no es pobre y por la que, al mismo tiempo, basada en reglas ancestrales respetadas por toda la comunidad, la distribución de las ganancias que corresponden tanto a los consejos como a las familias es relativamente equilibrada.

Catalino era famoso por ser el maestro que había enseñado a todo el pueblo a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero no es un hombre rico, ni mucho menos. Cuando le preguntamos si era el hombre más rico de Paimadó, se rio, se echó para atrás en su mecedora y nos dijo: “Ni digan eso, que el día de mañana me secuestran en Quibdó y ¿con qué pago?” Ni hablar más. No hay un hombre mucho más rico que los demás en el pueblo gracias a que las leyes ancestrales, de un lado, y la generosidad de la naturaleza, por otro, han hecho de Paimadó un pueblo rico donde no hay ricos.

El extraño plagio en Las Mercedes*

A pesar de que el corregimiento de Las Mercedes queda a escasos 20 minutos de Quibdó, se siente la selva tan pronto uno deja de ver la monumental catedral construida en cemento armado, el palacio episcopal de estilo veneciano y la mole de la Fiscalía. Usualmente llueve en la cuenca del Atrato medio pasadas las 3 de la tarde. Pero esa tarde no llovió. Nadie les corre a los aguaceros, por torrenciales que sean. Parecería que llueve con rabia cuando las gigantescas nubes que la cordillera no deja pasar dejan caer sus chorros sobre un territorio que la gente compartía sin codicia hasta los años 1970, cuando las compañías madereras buscaron explotar el medio Atrato. Entonces las comunidades negras se organizaron para defenderse de lo que sabían que era la destrucción de un monte que los había protegido y alimentado desde cuando huyeron de la esclavitud.

En las orillas del río Atrato, el más caudaloso del país, se ven pequeños conjuntos de casas agrupadas y construidas sobre zancos para paliar la humedad. En sus patios crecen un par de palmas de naidí, otras tantas de coco y cuatro o cinco de chontaduro; mas allá hay caña panelera para hacer guarapo y biche; cultivos pequeños de yuca, maíz y arroz; algunos árboles de cedro cultivado, y punto. Lo demás es selva. Entresacada sí, porque la madera fina ha sido explotada.

La tarde que arrimé a Las Mercedes era plácida y transparente; el sol caía morosamente. No había pescadores en el río y por más que agucé el ojo, no vi trampas ni mallas ni trasmallos. No es que la pesca se hubiera acabado en el medio Atrato, es que la cantidad de mercurio usado en la explotación del oro ha hecho que los pobladores rechacen el pescado y busquen reemplazarlo por animales de monte, lapas, ñeques y saínos, aunque cada día sea más difícil cazarlos.

Las Mercedes se ve desde lejos porque queda en una recta del río. La iglesia recién pintada y la casa del Consejo, construida hace poco, saltan a la vista. Es un caserío largo porque a todos sus 120 habitantes les gusta mirar al río. Frente a las casas, los niños juegan, los hombres rochelean y las mujeres conversan sus cosas. Atrás, en los solares de las casas, se cultiva el pancoger diario. La gente no tiene afán; las aguas del Atrato corren, el viento sopla, el día pasa. Una punta de la guerrilla había llegado a la madrugada y se defendía del sol debajo de un palo de mango.

Muy pocos colombianos sabían que Las Mercedes existía hasta esa mañana en que desembarcaron de una panga –llamada, bote, barca, lancha en otras partes– un señor en pantalones mochos, una señora y un acompañante. Parecían miembros de una ONG , politiqueros en campaña o simplemente paisas en plan de negocios. “El señor de tucos –contó una mujer con un bebé en brazos– se bajó, saltó, no se dirigió a nadie de la comunidad, no saludó, ni mucho menos se identificó con alguien de acá. Yo me imagino que siendo una persona importante, primero llegarían los que lo custodian para ver el terreno, pero no así, de esa manera como llegó; pensamos que era alguien que venía a pasear o a ver la pobrecía que tenemos”.

La comunidad miraba sin mirar para no comprometerse, podían ser hombres armados sin armas. Como en realidad lo eran. La guerrilla ni se escondió ni salió a recibir la extraña comitiva, como suele hacer. En la panga quedó el motorista bregando para que un perro negro no siguiera a su amo. Fue en ese momento cuando, según todos los testimonios recogidos en el sitio de los hechos, el señor de mochos le hizo señas al motorista para que se alejara del desembarcadero.

La guerrilla abandonó el banco y sin mucha escama se acercó al grupo de forasteros. Les pidió la cédula de ciudadanía. Nadie alcanzó a oír la conversación que tuvo lugar entre un general de la república y el comandante guerrillero de la zona. Ninguno de los dos había estado en Las Mercedes. Lo que se dijeron ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Lo cierto fue que el motorista, sin haber apagado el motor de la panga, arrancó sin decir ni adiós ni hasta luego hacia Quibdó; el señor de mochos y sus compañeros hablaban “sin gestos”, me dijo una mujer negra, grande y gorda; siguieron “hablando como si nada” hacia la panga en que habían llegado los guerrilleros, y se perdieron en la dirección contraria a la que se había ido el motorista del general con el perro negro orejas al viento.

La comunidad, inquieta pero sin saber quién era el “paisa en cortos”, se reunió sin que nadie la llamara en la casa del Consejo Comunitario, recién pintada de verde biche. ¿Se trataba de un secuestro? ¿De un encuentro? ¿De una visita? ¿De un negocio? La tarde entera se fue en preguntas sin respuestas. Antes de la hora en que los negritos chiquitos lloran pidiendo colada de plátano y chontaduro, desembarcaron seis hombres uniformados de la Armada. Dieron una vuelta por el pueblo también mirando sin mirar; no preguntaron nada, se embarcaron de nuevo y se fueron. A las 4 de la mañana, cuando los viejos se levantan a mirar qué ha traído el río, atracaron un par de lanchas Pirañas llenas de soldados y se tomaron el pueblo. Los hombres saltaron monte adentro; las mujeres con sus niños y sus viejos miraban llenos de pavor el operativo militar. “Cuando llegó el Ejército nos dimos cuenta del suceso. ¡Harto miedo el que nos dio! Hubo muchos abusos, llegaban revolcando nuestras cosas en las casas, fue un desastre, sufrimos mucho, especialmente por el hambre porque no podíamos movernos para ir a traer comida”. Sólo entonces entendieron que la guerrilla se había llevado a un mando importante del Ejército, a juzgar por la cantidad de hombres armados hasta los dientes que desembarcaron en zafarrancho de combate.

Era la primera vez que el Ejército llegaba a Las Mercedes. Nunca habían venido, y menos a hacer alguna obra social o de las otras. La escuela fue construida por el Municipio de Quibdó; la iglesia, la Diócesis, la casa de Consejo Comunitario –donde se reúnen no sólo el de Las Mercedes sino también los de Curitidó y Pundú– las levantó gente con sus propias manos y sus propios palos de chanú y choivá. Luz eléctrica no hay; acueducto tampoco; puesto de salud, menos. Quizás al Estado fuera de la militarización sólo se le podría abonar la inauguración de un parque de seis metros por cuatro.

Después de dar vueltas y vueltas como ñeques buscando madriguera, los militares sacaron de sus morrales de campaña petos acrílicos amarillos y verdes con una gran leyenda: “Desmovilízate, tu familia te espera”. Entregaron a los niños “kits” con un cepillo de dientes y un cuaderno; a las niñas, muñecas de uñas pintadas. Los miembros de los Consejos Comunitarios devolvieron los petos porque la comunidad no estaba movilizada, es decir, organizada militarmente, pero agradecieron los cuadernos y las muñecas.

Mientras los militares regresaban a sus cuarteles, las mujeres a barequear y los hombres a pescar, los principales diarios del mundo daban la noticia sobre el secuestro de un general por parte de la guerrilla. Un negro canoso de ojos brillantes me dijo cuando estaba yo poniendo un pie en la panga para regresar a Quibdó: “Doctor, uno no sabe nunca nada, como dice la canción, pero hay que ver a ver: ¿Quién le puso la trampa al general: su gente o la guerrilla?”

* Este texto fue escrito en coautoría con María Constanza Ramírez

CAPÍTULO IX
Las FARC y el ELN hoy en el Pacífico

ENTREVISTAS CON LOS COMANDANTES DE LAS FARC PASTOR ALAPE Y BENKOS BIHOJÓ REALIZADAS EN LA HABANA, CUBA. Agosto de 2016

PASTOR ALAPE

Pastor Alape fue comandante segundo al mando del Bloque Oriental de las FARC , su fuerza militar más poderosa; comandó el Frente 45 y luego el 52, o Juan de la Cruz Varela, con jurisdicción sobre el Sumapaz y el piedemonte llanero. En 1993 fue nombrado comandante del Bloque del Magdalena Medio y desde la muerte del Mono Jojoy hace parte del Secretariado. Fue negociador en la liberación del general Alzate.

¿Cómo van a resolver las FARC el problema de los llamados territorios de paz donde viven hace 300 años comunidades negras ancestrales?

El interrogante se comienza a despejar al mirar la historia del movimiento guerrillero en regiones como el Naya, el Atrato el San Juan. El V frente se fundó en 1972, antes de la Séptima Conferencia, que fue en el año 1978, y extiende su presencia desde el norte de Urabá hasta el sur de Córdoba y el norte de Antioquia. Eran zonas de colonización chilapa que estaba siendo arruinada por la compra o despojo de mejoras de colonos para fundar grandes ganaderías, que poco a poco se transformaron en empresas bananeras. Es un proceso que se va extendiendo hacia el sur, Tierralta, Valencia. A Juan José, alto San Jorge, llegó el EPL , y a Valdivia, Ituango, el ELN . Del v frente de las FARC nació el XVIII , que operaba en Córdoba y el norte de Antioquia. El v se fortaleció en el Eje Bananero y llegó a Riosucio, Mutatá, Jiguamiandó, Curvaradó y por ahí salió a Salaquí y Cacarica. Téngase en cuenta que esta acción es anterior –muy anterior– a la Ley 70 del 93.

Yo llegué a Urabá en el año 1986 en desarrollo de la política de desdoblamiento de frentes. Se estaba creando el Frente XXXIV , que controlaría la zona costera Unguía, Santa María, Zapzurro, Tutumate, hasta la Serranía del Darién, zona de colonización paisa. Al Atrato medio se llegó por Dabeiba, Urrao, Frontino, o sea, por el río Murry. Ya existían resguardos indígenas en Dabeiba y Riosucio. También estaba Maderas del Darién, que usaba hacheros nativos, tractores y barcos para sacar las maderas finas hacia Cartagena y hacia el exterior. El Frente XXXIV era casi completamente formado por afros. Las comunidades ancestrales se organizaban por ríos y por familias extensas. El Partido Comunista tenía un trabajo pequeño en Unguía y aun así, ahí comenzó la matazón de gente de la UP –o cercana– y de colonos que nada tenían que ver con el movimiento. Después los asesinatos se generalizaron por todo el Urabá y se extendieron hasta el Magdalena Medio.

¿Cómo se formaron los sindicatos del Eje Bananero?

Hubo sindicalistas que venían de luchar en la Zona Bananera de Santa Marta, pero también llegaron braceros del río Magdalena, obreros de Barranca, campesinos de Puerto Berrío. En Urabá se estableció la Federación de Trabajadores de Antioquia (FEDETA ), filial de la CSTC . Llegaron dirigentes campesinos que tenían experiencias de lucha desde las épocas de Viotá, del sur de Tolima, de Sumapaz, de Quindío –hasta unos parientes lejanos de Timochenko– y muchos eran desplazados que en Urabá se volvieron colonos. Tenían una visión de Partido. Así que hubo una convergencia de sindicalistas y campesinos desplazados que fueron creando corrientes sindicales hasta la formación legal de sindicatos de obreros bananeros y de campesinos bananeros.

¿Y después del Frente V, como se desarrollaron las cosas?

Como queda claro, el frente XXXIV se movía por el noroccidente y el suroccidente de Antioquia: occidente de Chigorodó, occidente de Mutatá, occidente de Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, Urrao, Frontino, Murindó y Vigía del Fuerte. Se fundó el XVIII con mando sobre Tarazá, Ituango, Tierralta y sur de Córdoba, Puerto Libertadora, Monte Líbano. El XXXIV tenía tres columnas: Unas de negros, otras de paisas y otras de negros y paisas. La mayoría de los mandos eran paisas venidos de Urabá y chilapos. Había un comandante negro. En el año 1990 se fundó el frente LVII , que salió del XXXIV y que actuaba al occidente de río Atrato y cabeceras del río Baudó. Más tarde, hacia el río San Juan se desprendió el XXX , que venía del Frente VI . O sea, de Cauca. Más al sur, sobre el occidente, actuaban ya el XIX y el VIII , que llegaron a Buenaventura, el Naya.

En esas épocas la base de nuestro trabajo eran las Juntas de Acción Comunal; ellas daban la pelea a los gobiernos municipales e iniciaban inclusive procesos cooperativos, como el de pescadores y corteros de madera. La gran pelea fue contra Maderas del Darién, una empresa fachada de Tríplex Pizano, y contra las compañías comercializadoras de banano. Pero también los campesinos resistían contra el avance del latifundio ganadero. De otro lado, también peleaban los resguardos indígenas, que son las organizaciones que tienen la visión más cercana a la nuestra sobre el concepto de territorio. Nosotros apoyamos la constitución de los resguardos de Dabeiba, Vigía del Fuerte, Murindó y Urrao. Yo trabajé en esa misión en el año 1986 después de un acuerdo con el CRIC y la ONIC . Yo llegué al Urabá a “socializar” esos acuerdos. Nos reunimos con representantes del CRIC y acordamos una norma: la guerrilla podía pasar por todas esas comunidades respetando su cultura y su territorio, sus normas y decisiones. Nunca los indígenas adoptaron posiciones contrainsurgentes y cuando había problemas se concertaban mecanismos de solución amigables. Fueron los días de los Acuerdos de La Uribe. Para nosotros, los resguardos han sido lo más cercano a la visión que tenemos sobre el uso de la tierra. Pensamos que la tierra es un medio de producción que debe ser colectivo, y en los resguardos encontramos una figura de lo que podría ser el comunismo, el socialismo. Nosotros apoyamos la constitución de los resguardos, por ejemplo, en Dabeiba, de Vigía del Fuerte, de Murindó y de Urrao.

Usted sabe que existe cierto temor –cada día más ruidoso– de que al desmovilizarse, las FARC ejerzan una autoridad contraria a la indígena. ¿Qué opina?

La imagen que se ha difundido de que llegaremos con las armas está montada por estructuras que tienen otra visión del proceso que estamos viviendo. Y otros intereses. Las comunidades de base ya nos lo han planteado. Nosotros queremos decir que no vamos a llegar armados. Más aun, no vamos a llegar, estamos ahí. Pero cuando dejemos las armas –si es que las dejamos–, no vamos a excluirnos del proyecto político. Las comunidades van a apostar también a no excluirse de los beneficios económicos, culturales y políticos. La gente dice si aquí llega un proyecto que la guerrilla impulse para ayudar a resolver nuestros problemas, nosotros le jalamos a ese empeño.

La preocupación no ha sido sembrada sólo en Chocó sino en muchas partes del territorio nacional. Afirmar que las FARC vamos a llegar a ejercer el poder real no es correcto ni coherente con nuestra trayectoria en esas regiones. Las FARC hemos estado desde 1978 en el Pacífico. Nosotros no vamos a imponer nuestras ideas sino a construir, conjuntamente con las comunidades, la paz. Para dar ejemplos: Si en Murindó dejamos las armas y trabajamos como ciudadanos con todos sus derechos en la comunidad de Las Islas, les plantearíamos a las autoridades indígenas la importancia de organizar en común proyectos de desarrollo en concordancia con su visión del mundo, respetando sus autoridades, normas, territorios. Podríamos contribuir al manejo ambiental, al cuidado de aguas y bosques. Los territorios indígenas ancestrales son patrimonio de las comunidades. Vamos a hacer de común acuerdo todo proyecto de vida, no tendremos en un futuro como poder nada distinto a nuestra palabra. En esas comunidades los insurgentes tenemos padres, abuelos, hijos, hermanos. Los guerrilleros de hoy seremos mañana excombatientes y en eso no nos distinguiremos del resto de la comunidad porque somos parte de ella. Habrá algunos guerrilleros que no han nacido en esas comunidades, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ellos no pueden trabajar en programas de vida como trabajan hoy muchachos y muchachas que pertenecen a ONG o a órdenes religiosas?

Con esa campaña que se viene haciendo de que vamos a llegar a imponer el poder, están olvidando la relación histórica de las FARC con las comunidades agrarias. Con ellas la insurgencia ha entretejido una serie de aspiraciones, de sueños, de formas de organización que no se van a abandonar, sino que se seguirán desarrollando en las nuevas condiciones creadas por la dejación de armas y el paso de la guerrilla a la vida civil.

¿Cuál fue el origen de las diferencias que existen con el movimiento indígena?

El desacuerdo se creó porque las FARC habían ejecutado a unos indígenas que eran informantes del Ejército en Murindó. Para resolver el problema, que era grave –no se puede negar–, se hizo una reunión en La Uribe, Meta, con representantes de la ONIC y del CRIC y se llegó a un acuerdo que se socializó. A mí me enviaron a hacerlo en el medio Atrato en el año 1986. Nosotros hablamos con las comunidades y con la gente que pasaba por los puntos en que estábamos para decirles con todas las palabras que las FARC ratificaban el respeto de las organizaciones indígenas, su territorio y todas sus normas, pero que, en contraprestación, las comunidades indígenas se comprometían a no asumir ninguna posición contrainsurgente. Más aún, se estableció un mecanismo para resolver eventuales diferencias o conflictos que se presentaran. Hay que recordar que esta decisión se llevó a cabo en el marco de los acuerdos de La Uribe.

Cómo usted sabe, los territorios negros han sido claramente demarcados a la sombra de la Ley 70 de 1993, y además tienen autoridades reconocidas por el Estado. Pero en algunas se teme que las FARC desconozcan esas conquistas una vez dejen las armas. ¿Cuál es su opinión?

Una vez más debo dejar claro que las FARC no van a llegar a los Territorios Negros porque en muchos están allí, como movimiento guerrillero y político, desde antes de la Ley 70. Más exactamente desde el año 1978. No vamos a llegar, ahora de civil, a imponer nada sino a construir conjuntamente y ese propósito se basa en que gran parte de las unidades guerrilleras son negras, tienen familia negra, tienen río, pertenecen a un consejo comunitario. ¿Será que ellos, por haber luchado, incluso por la Ley 70, no tienen derecho, ahora cuando viene la paz, a trabajar por ella con sus hermanos de sangre y de historia?

La única diferencia que habrá cuando se establezcan las zonas campamentarias es que todo el mundo sabrá donde estamos. Habrá muchos ojos puestos sobre nosotros porque nuestra presencia ya no será clandestina. Mirarán lo que hacemos en primer lugar la Misión de Observación y Verificación de Naciones Unidas, es decir, la comunidad internacional. Para producir maíz, habrá que contar con el acuerdo de las comunidades locales, sean indígenas o campesinas. Trabajaremos hombro a hombro con los Consejos comunitarios, con las Juntas de Acción Comunal, con las Zonas de Reserva Campesina, con las empresas privadas que haya en las regiones.

Y cuando las zonas campamentarias se acaben, ¿cómo ven ese futuro?

Nosotros, que seremos para ese entonces una fuerza política reconocida legalmente y defendida por la Constitución, seguiremos trabajando con todos los grupos políticos en defensa de la democracia y la convivencia pacífica. En ningún momento nos hemos planteado llegar a ser una fuerza hegemónica. La política es el arte de combinar fuerzas para sacar adelante ideas, pero esas ideas no se pueden imponer, deben nacer de acuerdos y los acuerdos, de intereses colectivos. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo erradicar el hambre, la desnutrición de niños, la mortalidad infantil. Ese objetivo les interesa a las comunidades, a la Iglesia, a los partidos políticos, a las guerrillas todas, incluido, claro está, el ELN ; a las ONG , a los ciudadanos. Si nadie se opone ¿por qué no trabajar juntos?

No será aceptable que con el pretexto de combatir la minería ilegal un gobierno llegue a desconocer una actividad ancestral basada por normas de carácter consuetudinario, para entregar esos territorios a las empresas transnacionales. Los títulos mineros que den los gobiernos deben respetar la actividad ancestral. Ese es un derecho territorial de las comunidades negras o mestizas. Recuérdese que la explotación del oro en Antioquia no fue hecha exclusivamente por negros, sino también desde principios del siglo XIX por comunidades libres de mazamorreros. La minería debe proteger el medio ambiente y en eso estamos todos juntos. No puede entrar a sacar lo que encuentre y destruir lo que hay. Hay que abandonar la tradición que impuso a la fuerza la Chocó Pacífico de sacrificar la riqueza ambiental en favor de la riqueza de unos pocos accionistas de la compañía.

Hay una figura polémica creada por la Ley 169 de 1994, las Zonas de Reserva Campesina. Los empresarios se han opuesto a ella; los gobiernos de Uribe la persiguieron, pero ahora no son de buen recibo por algunas comunidades negras, siendo una iniciativa de naturaleza y origen campesino. ¿Cuál es la posición de la FARC sobre este asunto?

Ese es otro cuento armado para deslegitimar nuestras banderas. En Chocó no hay ninguna solicitud de creación de Zonas de Reserva Campesina a pesar de que existen regiones campesinas, digamos mestizas. Campesinos que han sido expulsados por terratenientes de Córdoba, Sucre, Magdalena Medio. Pero entiendo que hay interés de hacerlo en el alto San Juan, en el alto Sinú, en Peque y en Apartadó. En la Mesa de La Habana se están discutiendo casos como los que suceden en Cauca, donde hay zonas donde se traslapan colonizaciones campesinas antiguas y comunidades indígenas. Hay resguardos que se quieren expandir. Los indígenas de Cauca han peleado sus tierras contra los terratenientes, han sido perseguidos y golpeados por los gobiernos, han sido asesinados por el paramilitarismo, y los campesinos han apoyado esas luchas. Pero ahora algunos sectores radicales quieren desconocer derechos de campesinos que llevan trabajando tierras de colonización desde hace muchos años. Es un asunto que las comunidades campesinas e indígenas deben resolver. Ahí las FARC no tenemos nada que hacer.

¿Y cómo serán las veredas de concentración para la normalización?

Vamos por partes. Lo primero es que esas zonas están destinadas a impedir que la militancia termine reclutada por otro actor armado y mantener la colectividad en una actividad económica y social. En los territorios de paz se creará riqueza, se generarán ingresos, se alcanzarán nuevos saberes con recursos del Gobierno y de la comunidad internacional. Las FARC aportarán recursos humanos. A estos aportes habrá que sumar los de las universidades. Lo que antes invertía en la guerra, ahora de deberá invertir en la paz

En segundo lugar, dejamos caro que no continuaremos con la estructura militar. No seguiremos con Frentes, Compañías, Comandos. No habrá orientación vertical. Construiremos sociedad civil. Cada colectivo tendrá que elaborar sus propios estatutos y proyectos de vida no para volverse empresitas y negocios, sino para sacar adelante una nueva sociedad. Será un trabajo colectivo: los proyectos no serán individuales. Habrá hermandad de recursos, y de propuestas y proyectos.

Las FARC no se han distinguido por una relación cercana con la Iglesia católica, o por lo menos con sus jerarquías. ¿Cómo van estas relaciones mirando a la paz?

La Iglesia tiene una incidencia importante en las comunidades, pero no puede aspirar a ser hegemónica. En las comunidades todos somos católicos, aunque haya un sector creciente de protestantes. Esperamos que la Iglesia sea un fuerte soporte de la paz y de la reconciliación, pero reclamamos el derecho a que cada persona defina libremente su vínculo espiritual.

En la Iglesia católica hay sectores muy comprometidos con la paz; otros no han definido claramente su apoyo y algunos simplemente son reacios. Los sectores que acompañan al procurador no están por la paz. Al contrario, Pastoral Social y algunas diócesis como las de Quibdó, Barranca, Tibú, Tumaco y hasta la de Apartadó, a pesar de su juego con los ganaderos y bananeros, se inclinan por la paz. Con la ayuda de esta diócesis estamos reuniéndonos con las víctimas de La Chinita y pensamos seguir reconciliándonos con ellas.

Y a propósito, ¿cuál es el balance del acto de Bojayá?

Muy positivo. Nos ha permitido acercarnos en concreto a lo que es la Reparación. Lamentamos sí que el Gobierno no haya permitido la participación directa del Comité de Víctimas. A veces se hace difícil entender que se hable de víctimas, pero cuando se trata de actos concretos como el de Bojayá, el Gobierno se atraviesa e impide su presencia.

BENKOS BIHOJÓ

Benkos Biohó es el comandante del Frente XXXIV , bloque Efraín Guzmán. Integra desde julio de 2015 la Subcomisión para la Terminación del Conflicto y fue uno de los enlaces de las FARC con los medios de comunicación. Es un hombre fuerte y alegre, y de civil parece un guarachero de la Fania All Star

¿Cómo entiende usted la colonización de Urabá? ¿Quién fundó realmente la región?

Urabá es un desprendimiento de la reforma agraria que se trató de hacer y que terminó en la creación de un movimiento campesino, la ANUC , dividida luego entre Linera, Sincelejo y Armenia; aquí llegaron a fundarse campesinos de Sucre y de Córdoba que eran de la línea rebelde, Sincelejo. Pero hay que ir más atrás. Esto fue Cantón del antiguo Estado del Gran Cauca, y fue tierra de Saturno Valencia, el último fusilado en Colombia, que lo fue, por demás, cuando ya la pena había sido abolida. Hoy Panamá y Chocó no se han separado para la gente negra. Antioquia ha mirado a Chocó con ganas, como un botín. Se pensaba que toda esta historia desaparecería con la creación del Departamento. Pero no. Todo sigue lo mismo: violencia, explotación de recursos naturales, dependencia, corrupción.

¿Históricamente la minería chocoana ha impulsado el desarrollo de Chocó? No, ha servido para nutrir las arcas de Antioquia, y no para mejorar las condiciones de los chocoanos.

Las concesiones mineras que hay en Chocó pertenecen a familias antioqueñas asociadas con las transnacionales. El plan de desarrollo de Antioquia está pensado como la mejor esquina de América, y esa esquina somos nosotros, Chocó. Antioquia quiere salir al Pacífico y va a hacerlo por encima de Chocó. Tiene que engullirse a Bojayá o a Riosucio. Es un proyecto de expansión territorial y económica para el TLC .

¿En qué momento surgió la resistencia en Chocó?

Una vez que el Urabá estuvo abierto se pusieron aquí los ojos de latifundistas cordobeses y antioqueños. Son ojos violentos, codiciosos. Su propósito es la explotación de la selva, de los ríos, del oro, es el despojo. Es la economía de los TLC . Es la violencia. Las FARC lo que han hecho es encauzar la resistencia contra la violencia.

¿Cuál es la historia del banano en Chocó?

Una vez que se desató la crisis del banano en Santa Marta, la Chiquita Brown se fijó en estas regiones. Las condiciones aquí eran mucho más rentables que las de Magdalena. La llegada de los bananeros arrasó con las pequeñas parcelas que los campesinos venían abriendo. Así se introdujo también la violencia. Para nadie es un secreto la influencia del Partido Comunista en la resistencia campesina contra los bananeros desde el principio. Fue una fuerza enorme la que logró la Unión Patriótica: de las 21 alcaldías, 17 terminaron en manos de la UP . ¿Y esa fuerza entraron a debatirla políticamente? No, fue matando los dirigentes como nos derrotaron. Y la Iglesia de Apartadó avaló esa matazón. No así la de Quibdó, que, por el contrario, fue protectora. Cuando comenzó el reguero de bala ya existía el trabajo de Pastoral Social en el Atrato. La diócesis de Quibdó recogió esas banderas de las comunidades y reagrupó el movimiento.

¿Y cómo fue el saqueo maderero?

Las comunidades se oponían, pero no podían resistir. Víctor Tirado, el primer comandante del Frente LVII , que llamábamos Pazanocua, organizó la resistencia. Él había sido concejal por la UP en Mutatá y en Riosucio. La familia Pizano tenía un enclave de explotación por medio de Maderas del Darién. Una concesión otorgada por encima de los derechos de las comunidades negras que estableció la Ley Segunda de 1959. Todos los entables que estaban en las bocas de los ríos estaban asociados a Maderas del Darién. Nunca hubo contratos directos entre las compañías y las comunidades. Se hacían por medio de contratistas, casi todos antioqueños.

Las quejas de las comunidades sobre el saqueo de maderas crecieron y la Diócesis les prestó las muletas para echar a andar y se creó la Asociación de Campesinos del Atrato Medio, que agrupa consejos comunitarios locales. Cuando salió la Ley 70, se constituyó un Consejo Mayor.

¿Cómo participaron ustedes, las FARC , en la organización de los Consejos Comunitarios que dieron vida a la Ley 70?

Los miembros de nuestra fuerza hacen parte de las comunidades ancestrales, no son ajenos a ellas. Nacieron ahí. Sus abuelos, sus padres sus hermanos, sus hijos, sus nietos son miembros de las comunidades. Nosotros no hemos llegado a cambiar esos tejidos familiares que se tejen por ríos. Nuestra guerrillerada es del Murri, del Arquia, del Salaquí. El 80 % de nuestras unidades del Frente LVII son negros; y del Frente XXIV no menos del 60 %.

¿Hay resistencia por parte de los Consejos Comunitarios para crear las llamadas veredas de normalización?

Sí, hay algunas resistencias fundadas en cálculos políticos que habrá que discutir. Habrá que explicar en qué consisten los acuerdos de La Habana, cómo se desarrollan en los territorios. Estamos abiertos a la discusión con las comunidades de igual a igual, sin armas. Discutir cómo se adoptan y se adaptan los acuerdos sobre el terreno, Chocó. No es lo mismo Caquetá que Chocó. El sentido de propiedad de un colono del río Caguán no es el mismo que tiene una comunidad del Murri. El ejercicio de comprensión y de aplicación de los acuerdos se debe hacer de abajo para arriba. Y así se hará.

De todas maneras, ustedes también tienen un cálculo político.

Claro, somos una organización política. Tenemos una historia política en la región. A nosotros no nos derrotaron en las urnas, a nosotros nos asesinaron dirigentes. Los partidos políticos tradicionales saben que el mapa electoral va a cambiar cuando nos convirtamos en fuerza civil, y a eso le temen. No vamos a cambiar las conquistas de las comunidades negras e indígenas. Ellas las han ganado con nuestro concurso. Pero son de ellos y no nuestras. Metieron al congelador la Ley 70 al punto de que los puntos entre el 3 y el 7 están sin reglamentar. La minería está en lo mismo, sin definir de qué se tratan los derechos económicos de las comunidades ancestrales sobre sus recursos territoriales.

La Ley 70 no incluyó derechos económicos porque se tiene la idea de que estos pueblos deben ser objetos políticos y no sujetos políticos. Con la terminación de la guerra se tendrán que abordar estos temas. Y es ahí donde a muchos les asaltan los miedos. Vemos con muy buenos ojos la discusión sobre la organización de las comunidades. Pero no hay que olvidar que hay gente que vive del discurso negro, como hay gente que vive del discurso indígena.

¿Y cuál es el enfoque étnico territorial que se debe contemplar?

Las territorialidades de hoy serán respetadas. Mucha gente pregunta: ¿Eso que está planteado de las reservas campesinas aplica para Chocó? No aplica porque aquí los territorios son de carácter colectivo. Hay algunas franjas hacia Acandí y algunas sobre el litoral Pacífico, y en los límites con Risaralda, donde hay minifundio y mejoramiento de tierra; es decir, en lo que hay que ser claros es en que las zonas de reserva campesina no van a afectar los títulos colectivos. Nuestros territorios son transitorios y no armados.

Otra cosa es el retorno de nuestros muchachos a las comunidades donde pertenecen y no han dejado de pertenecer. ¿Qué organización, e invocando el nombre de qué o de quién, puede decir a Pedro Pérez que no vuelva a su seno familiar, y que para retornar tiene que renunciar a su enfoque, a su lectura de la vida? Si se llegara a eso, tendríamos que decir que los soldados y policías no pueden vivir en los territorios colectivos; tampoco los liberales ni los conservadores.

Y en la Iglesia hay gente valiente, Tumaco, Buenaventura y Quibdó.

La Diócesis tiene una pastoral afro, los guerrilleros tienen una pastoral afro, con mucho nivel de compromiso, independientemente de las distancias ideológicas, y tienen una gran incidencia en el movimiento afro.

Hay un tema de moda, la minería ancestral. ¿Qué piensan de este asunto?

Ese tema está dentro de los derechos económicos y sociales que no fueron desarrollados. Hubo un enfrentamiento muy duro porque las comunidades negras querían que la Ley 70 incluyera la prelación ancestral para el usufructo del suelo. Sólo hay una concesión a la comunidad de Neguá para la explotación de materiales de construcción. La Ley 70 les da a las comunidades ancestrales prelación para la explotación de minas, pero el Código Minero se las quita. Este código fue hecho a la medida de las transnacionales y con nombre propio, de los canadienses. Hoy de las ciento y punta de concesiones mineras, todas están en manos de las transnacionales asociadas con los intereses económicos de la oligarquía de Antioquia, porque esta se ha considerado propietaria del territorio chocoano. ¿Quién compra y exporta el oro chocoano? Comerciantes antioqueños que no están produciendo un solo castellano; compran el metal en Chocó y lo declaran en Antioquia.

El Gobierno confisca la maquinaria de los chocoanos, pero deja trabajar las 30 que están en el río Quito y que todo el mundo sabe que son del clan Úsuga. Y la prensa sigue hablando de la minería ilegal de los chocoanos sin decir nada de que la mayor importadora de maquinaria amarilla, es decir, de retroexcavadoras, es Mercovi, una empresa antioqueña. Se dice que al pueblo sólo se le puede otorgar la minería de batea, como si no tuviera derecho a los desarrollos técnicos. Hay que subir por el río Bebará para comprobar que en sus aguas no hay una gota de lodo y son las comunidades las que explotan el oro allí.

Las comunidades han sido capaces de reglamentar los mecanismos de explotación, respetar el medio ambiente y manejar los residuos. Más aún, los mineros que están en ese río pagan la más alta tasa de impuestos de todo el continente: pagan directamente a las comunidades el 18 % de la producción bruta, mientras que las concesiones nunca les pagan nada. La tasa de impuesto que el Gobierno impone llegará máximo al 4 % sobre la ganancia neta, así está convenido, siendo las grandes compañías auto liquidadoras.

La Asociación de Mineros de Chocó presentó al Congreso la iniciativa de crear distritos especiales de las comunidades para la explotación minera que permitiera regular el impacto ambiental. Nadie la oyó, porque el Gobierno ha generado una cultura adversa para facilitar el camino a las transnacionales. Claro que la minería actual está haciendo un gran daño, pero es resultado de la estrategia del caos que privilegia la gran explotación sin control alguno. Los chocoanos están planteando mecanismos de explotación minera ambiental, económica y socialmente sostenible mediante la creación de la figura de Distritos Especiales Mineros que respetan las estructuras sociales de Chocó y de toda la costa pacífica. Hoy no hay un código minero vigente. El Gobierno está manejando la minería con decretos. Algunas ONG con un discurso asistencialista han logrado que se niegue la actividad minera, pero detrás de tales discursos están los intereses de las transnacionales. La verdadera solución son los Distritos de manejo Especial con enfoque étnico territorial.

Nosotros estamos impulsando una declaratoria para que se deroguen las concesiones que hizo Álvaro Uribe en sociedad con Alfredo Ramos cuando era gobernador porque están planeadas para saquear el territorio. Ahora resulta que el mayor tenedor de tierra, por encima de los títulos colectivos por concesión minera en Chocó es la familia Gaviria y el segundo son los niños Tom & Jerry, unos y otros asociados a las transnacionales como la Anglo Gold.

La revista Semana ha sacado números especiales sobre minería pagados por las grandes compañías para crear un ambiente adverso a la minería que las comunidades hacen. ¿Por qué no se crea una Agencia Nacional Minera, con las características de Ecopetrol? ¿Por qué tenemos que recurrir solamente a las Transnacionales que no garantizan respeto al medio ambiente ni apropiación de tecnología, ni nada por el estilo, y que condenan al país a una minería de enclave? En ese sector funciona a la perfección la puerta giratoria: salgo de la Gobernación de Antioquia a ser socio de la compañía trasnacional a la que se le hicieron todo tipo de concesiones tributarias; salgo de la Cancillería de la República de Colombia a ser presidenta de la Anglo Gold Ashanti. Y así…

Entrevista con Juan Carlos Cuéllar en la cárcel de Buenavista, Medellín. Agosto 30 de 2016.

Juan Carlos Cuéllar es uno de los comandantes históricos del ELN . Nació en Popayán en 1960 y está preso desde hace 24 años. Es uno de los negociadores del ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Me parece necesario comenzar con una aproximación sobre las relaciones del ELN con las comunidades negras.

Un tema que me parece interesante en este proceso de paz es precisamente lo que tiene que ver con la recuperación de la memoria de nuestro pueblo, porque lo que se cuenta es de 1492 para acá es historia de la modernidad. Pero de ahí para atrás, los 12.000 años anteriores no parecen interesar. Tanto las culturas que estuvieron al norte como las del sur dejaron un gran legado. Sus principios culturales eran no robar, no matar, lo que significa la existencia de acuerdos sobre las formas de vida. Los toltecas, por ejemplo, decían ser implacables en la palabra, o sea no mentir, resolver los problemas sin hacer interpretaciones de lo que otro diga. Tenían que vivir en función de lo común. Hay un gran legado de su técnica, de su trabajo. Una ciudad como Tenochtitlán de más de 200.000 habitantes implica desarrollos tecnológicos que no había en Europa en ese momento.

Creo que dentro de lo que es la filosofía de la liberación, nuestra historia, nuestro pensamiento tiene que ubicarse en ese contexto; buscar nuestros orígenes en ese pasado. Tenemos que reivindicar nuestro pasado. Estanislao Zuleta llama la atención sobre nuestras raíces, sobre las tres ramas originales de nuestra cultura. Yunes habla de nuestros genes caucásicos, polinesios, que son parte de nuestras raíces somáticas y culturales. Lo de Colón fue una invasión y tenemos que mirar cuáles son las repercusiones de ese hecho. Porque aquí no llegaron los españoles ofreciendo fraternidad, solidaridad a nuestras comunidades, O sea, el sacrificio de más de 15 millones de nativos lo dice. Eso evidencia que se guerreó durante los 50 años (1492-1550) en que los indígenas resistieron a los españoles, lo que coincide con nuestros 52 años de guerra. Los nativos tuvieron que huir a las montañas. El aniquilamiento de la fuerza de trabajo nativa no les permitió seguir saqueando y por eso tuvieron que traer presos, secuestrados los negros de África. Esa es otra historia como llegan aquí los Carabalí, los Lucumí, los Mandingas. Muchos lograron huir de sus amos y establecerse a orillas de los ríos, por eso dicen que son comunidades anfibias. Pero ese sometimiento bárbaro, atroz, tanto de los nativos como de los afros, y esa mezcla que se da entre ellos, que se mantiene hasta ahora, crea una cultura de pueblos indómitos. Esa lucha es parte de nuestras raíces, de nuestra resistencia histórica.

A la lucha del ELN se han vinculado indígenas y afros no en razón de sus etnias sino por el pensamiento y el sentimiento que la organización ha creado. Tenemos compañeros afros que han estado en la estructura, han tenido responsabilidades y han podido desarrollar un pensamiento propio.

El ELN ha hecho un trabajo territorial con las comunidades, respetando su orden social, su mundo de convivencia; tienen sus propias costumbres, tienen sus formas organizativas tradicionales, que son las Juntas de Acción Comunal, los Comités de veredas. Y tienen también sus formas de trabajo propias, sus técnicas de trabajo, que es lo que nosotros ayudamos a fortalecer. Ese es el trabajo político que nosotros hacemos.

¿Y en concreto cómo llegó el ELN a los territorios negros?

En 1983 nace el frente de guerra Luis Carlos Cárdenas con una influencia básicamente obrera en el centro del Valle del Cauca, entre Trujillo, Riofrío, El Dovio y el Cañón del río Garrapatas, que bota sus aguas al río San Juan, costa Pacífica. Es una estructura que se desarrolla muy rápidamente en varias direcciones. El auge del frente permitió llegar a Condoto, Tadó. También en el sur, se venía construyendo otro frente, el Manuel Vásquez Castaño, por los lados de Santa Rosa en la bota caucana. Nuestra meta era irnos acercando a las ciudades, pero también retaguardias fuertes

Yo entiendo que en el cañón del Garrapatas hubo dos grupos antes que ustedes, el M -19 y las FARC .

El M -19 estuvo entre 1985 y 1990 y después quedó algo de las guerrillas del Bateman Cayón, pero salieron de ahí hacia la Cordillera Central. Nosotros nos hicimos fuertes en comunidades negras y tiramos hacia la cuenca del río Calima y llegamos a Buenaventura. La estructura del Garrapatas y Sipí se desdobla para formar el frente Benkos Biohó, que reivindicaba los pueblos negros. Todos estos desarrollos tuvieron lugar antes de la Ley 70 de 1993, que reconoció los territorios de las comunidades negras ancestrales y que compartían con comunidades indígenas. Fue difícil porque culturalmente eran ancestros distintos dentro de territorios compartidos. Por eso nació el Frente Benkos Biohó, que encabezó el compañero Américo, cuya naturaleza y organización eran negras y sus acciones están en la raíz del Proceso de Comunidades Negras (PCN ). En 1991, el ELN dijo no a la Constituyente porque veníamos construyendo un proceso diferente. Nosotros preparábamos una gran jornada para manifestarnos contra los 500 años de la invasión española. Hubo muchas discusiones, hasta que al fin se dijo: metámosle duro a ese trabajo, colaboremos con la movilización para que ustedes puedan ir a la constituyente. Hicimos un plan por todos los ríos y por todos los esteros. De ahí salió Rojas Birry a la Constituyente.

Respecto a la Ley 70, no es que haya habido por nuestra parte una participación directa en la elaboración de la Ley 70; nadie puede decir que la construimos. Pero cuando se dio el proceso de la Constituyente, los equipos de trabajo, nuestra militancia y nuestras estructuras empezamos a discutir los temas principales de la gente negra y algunos fueron recogidos por los constituyentes. Fueron debates muy importantes en los que participamos y prohijamos. La contradicción en que se cayó de si participábamos o no en la Constituyente o nos dedicábamos a organizar las jornadas de los 500 años de invasión fueron zanjadas. Entonces distribuimos esfuerzos y nos metimos por todos los esteros, por el San Juan arriba, por Buenaventura y un poco más al sur, a trabajarle duro a la participación y de ahí surgieron las bases de la Ley 70.

La gente nuestra que entró a esas regiones del Pacífico no era extraña a ellas, pero, claro está, guardaba diferencias no sólo con las comunidades negras sino también con las indígenas. Se creyó válido respetar su propia estructura, pero poco a poco eso desembocó en un planteamiento de autonomía verdadera que no supimos entender bien. Un ejemplo: En general los campamentos guerrilleros son discretos y quien llega, pide permiso para entrar. Pero sucedió que donde había un campamento del Biohó y llegaba gente de ellos, entraban como Pedro por su casa, y eso atentaba contra la seguridad. Si tenían familia o amigos donde estaba el campamento, se volaban por la noche y se iban para allá porque en el campamento no había música ni rumba. Américo decía: yo voy por ellos. Iba y los traía, los aconsejaba. Eso se fue regulando y ellos fueron tomando sus propias normas para ese tipo de particularidades.

El Boche era otro frente, estaba en Urabá y después se trasladó a Chocó y llegó hasta Riosucio, Caldas. De la estructura del Boche se trasladaron unos compañeros para el Carlos Alirio, para el oriente de Antioquia, donde hubo hasta choques por diferencias culturales. Esas diferencias siempre han representado un problema que toca la disciplina y que no siempre hemos sabido resolver. Para muchos de nosotros eran actos de indisciplina muy graves, riesgos para la seguridad del resto de la gente, pero para ellos era natural, hacía parte de, digamos, su genoma cultural. La mayoría de esos compañeros terminó regresando a sus territorios, al Boche, porque nosotros no pudimos manejar esa diferencia. Además, el oriente antioqueño no es una selva, es una región casi urbana. Tampoco supimos interpretar bien las características distintivas de los indígenas y todo eso nos creó problemas que hoy hemos podido superar. Hoy manejamos mejor ese asunto en términos de reconocerlos y reivindicarlos. En sus luchas y en las nuestras logramos encontrar acentos comunes que nos fueron acercando. Otro ejemplo: Nosotros reivindicamos a Bolívar y ellos no, pero sí defendían la libertad y ahí nos encontramos.

¿Cómo resolvieron el problema de la autoridad? Porque tanto las comunidades indígenas como las negras tienen sus propias autoridades, y ustedes las suyas.

Con la autoridad no hubo problemas porque el ELN ha sido muy abierto a aceptar la autoridad de las comunidades. Digo esto porque en general, la izquierda ha sido cerrada a aceptarla. Casi todas las organizaciones jerárquicas tienen verdades que se consideran casi absolutas y cuando son históricas mucho más, porque nos acostumbramos a dar órdenes, a ser la Autoridad. Ahí comienzan las dificultades. Eso sucede no sólo en el caso de la izquierda sino en todas las organizaciones jerarquizadas. En el caso del ELN , las diferencias entre nuestros mandos y las autoridades naturales se fueron desdibujando, basado en el trabajo organizativo compartido. Por ejemplo, las comisiones que iban a trabajar a las comunidades negras eran miembros de las comunidades negras, compañeros negros. Los mandos distribuían las comisiones y los negros desarrollaban esa labor. En vista de las distancias culturales, se permitió que las actividades organizativas fueran desarrolladas por negros e indígenas. Los mestizos colaboraban, pero no mandaban.

En nuestro frente la responsable era una compañera negra, la negra Manuela, que tenía muy buena acogida en la comunidad; ella directamente lideraba las comisiones político-organizativas, inclusive en el oriente antioqueño, donde la población es un poquito conservadora y racista, la gente la acogía muy bien y la estimaba mucho; ella era la persona que más acogida tenía en la relación con la población.

Pero, entiendo que ustedes tuvieron también problemas con otras autoridades, los mandos de las FARC .

El Boche es una estructura que se fundó dentro de un frente de guerra muy amplio, y allí estaban también las FARC . Hacia el año 2000 se llegó a una situación tensa y muy peligrosa. Los compañeros de El Boche prefirieron, en lugar de un enfrentamiento armado, dejar sus fincas, sus ganados y hacer un cruce por el bajo Cauca para salir a Chocó y asentarse inicialmente en las cabeceras del río Andagueda. Después trasladaron a sus familias. El Boche es una unidad compuesta por afros y chilapos, o sea mestizos. A medida que profundizan su trabajo y fortalecen su organización en Chocó, se vinculan con otras estructuras de occidente, los frentes Calarcá y Che Guevara, y al Baudó, donde fundaron un frente netamente de negros, el Cimarrones, y por eso desarrollan otras organizaciones no como frentes sino como compañías militares.

¿Hay mandos negros?

El fuerte nuestro en la zona de Chocó es la existencia de estructuras de afros y de indígenas; hay unos pocos colonos. El primer mando negro fue Álvaro, un intelectual y académico hoy exiliado en México. Hoy la conducción está en cabeza de Mosquera, un negro muy destacado y respetado. Podemos decir que en la zona pacífica la Organización se ha compenetrado con las comunidades ancestrales y desde ahí se han alimentado sus estructuras. Por su lado, el indígena nunca ha perdido su concepto de territorio, su dignidad y su gobierno, mientras que esos conceptos son más flexibles en el caso de los negros.

Me parece que la estructura del Boche tiene dos componentes importantes para analizar: uno es que muchos de sus integrantes eran familiares entre sí, pero de una familia extensa, una parentela, podríamos decir. Cuando hubo dificultades con las FARC , la gente se movió con sus familias y llegó a nuestro territorio con ellas. Había familias que tenían en la organización cinco o seis miembros haciendo vida guerrillera regular. Hay que decir que muchos miembros en esas estructuras venían de las Comunidades eclesiásticas de base.

El Boche entró en disolución cuando mataron a Américo, pero también porque no tuvo éxito un proyecto étnico. En realidad, lo que había que hacer era integrarlos a un proyecto político y tratar de comprender sus particularidades. Por eso, lo que va saliendo de esa experiencia son estructuras mixtas, pero con una ventaja: los indígenas tienen un nivel de organización y de identidad étnica mayor, a lo que hay que sumar que los pueblos negros comienzan también a tener una mayor conciencia de sus territorios y de su cultura. Así, la gente del Boche se fue empalmando con la que venía del sur, de Nariño, del frente Luis Carlos Cárdenas. Ese cruce, que terminó en empalme, permitió el reconocimiento de territorios y de poblaciones. Cauca y Nariño hicieron contactos con Chocó por las regiones de la costa pacífica y poco a poco fueron creciendo hacia la cordillera.

¿Cómo se recluta?

Las comunidades negras e indígenas, que han sido marginadas y muy golpeadas, encuentran en la Organización sus derechos y se identifican con su lucha. Generalmente dentro de las comunidades indígenas no hay traidores ni desertores porque entramos en arreglos con las familias y con sus autoridades. Nosotros no reclutamos, incorporamos voluntariamente negros e indígenas. Primero que todo, se habla con los troncos familiares y se da un tiempo –tres años– para madurar un compromiso con nosotros. Muchas veces a ellos el plazo les parece muy largo, pero nosotros lo creemos necesario para permitir que, si se aburren, las familias puedan ir a buscarlos. Las familias saben dónde están sus hijos y suelen ir a los campamentos a pasar con ellos tres o cuatro días. Si el muchacho o la muchacha no ha logrado compenetrase con la Organización, regresa con su familia a su río.

¿Cómo han resuelto los problemas de la justicia?

El problema de inteligencia sí se ha dado porque en todas partes hay traidores. Yo conocí el caso de un traidor que trabajaba para el Ejército e hizo a matar dirigentes indígenas; fue traidor a su comunidad y fue desterrado por sus propias autoridades. Estuvo como 12 años fuera del territorio. Un día regresó en secreto y lo encontraron dentro del territorio. Lo capturaron con un radio de telecomunicaciones, entonces lo pusieron en el cepo y como dentro de sus normas no está el ajusticiamiento, querían que nosotros asumiéramos eso. Nosotros sí hacemos juicios, y en este caso nos tocaría haber hecho un juicio con la comunidad, pero no asumimos esa responsabilidad.

Hemos tenido dificultades, en algunos casos, con las comunidades indígenas porque obviamente tomamos decisiones equivocadas, pero ha habido un proceso comprensión y entendimiento mutuo. Por ejemplo, en el caso del sur, se presentaron problemas especialmente por las dinámicas de la incorporación. Hubo casos donde murieron indígenas y hubo reacciones contra la Organización. Pero se conversó con sus autoridades y con el conjunto de las comunidades. Ellos nos decían: “Hombre, no es que nosotros estemos de acuerdo con este estado de cosas; nosotros queremos que esto cambie, nos peleamos para que esto cambie. Lo que pasa es que en esta lucha de resistencia ya llevamos muchos años y precisamente el estar en esta guerra nos ha aislado, y si participamos más en la guerra, pues nos focalizan y nos acaban más, por eso les decimos que tengan en cuenta eso”. Para nosotros fue fundamental entender esas razones y logramos ponernos de acuerdo para tomar decisiones en algunos territorios sobre cosas que nosotros no teníamos claridad. No volvimos a asumir el manejo de la justicia, los casos en cuestión se los entregábamos a las autoridades indígenas para que los resolvieran. Les decíamos: “Está pasando esto y esto, compañeros, ustedes mírenlo, y en su sabiduría decidan”. Es un tema delicado y peligroso cuando son hechos graves y se pone en riesgo la vida de mucha gente; cuando se trata de traidores, de sapos, la cosa es muy delicada. Pero por lo regular se logra manejar, y se recobra la confianza en la Organización.

¿Cómo manejan ustedes el problema con las autoridades clientelistas negras?

Ya eso es más complicado, porque si bien algunas están en el territorio de nuestro control, la mayoría está por fuera. Por ejemplo, en el Valle es donde hay más negros atados al clientelismo. Usted encuentra que mucha gente se fue, fruto del desplazamiento y se fue ubicando en el Valle, en el norte de Cauca, pero en Cali; en el distrito de Agua Blanca, usted encuentra que el 70 % de la población es negra, manejada por gamonales profesionales. Es un sistema muy fuerte. Hay que entender que cuando uno reivindica un pueblo, lo reivindica en toda su complejidad y contradicciones. Hay sectores más cerca de un pensamiento revolucionario y otros que no lo entienden. Debemos reconocerlos como pueblo en toda su contradictoria diversidad. Es una gran dificultad y un gran reto. El problema es más grave en las regiones más urbanizadas que en los territorios más ancestrales y profundos.

Las comunidades del Pacífico son diferentes a las comunidades, por ejemplo, de la Cordillera Central, aquellas que pueden ser más cercanas a los negros que a nosotros. Somos más de 122 pueblos, entendiendo que están los indígenas y las comunidades afros. No se ha configurado una comunidad nacional, una nación que nos identifique como pueblos. Tecnológicamente se puede hacer una carretera que comunique el oriente con el occidente, y se venzan por los accidentes geográficos que tenemos, porque para el paso de mercancías se pueden construir 500 aeropuertos y miles de kilómetros de autopistas sin que haya una unidad nacional verdadera. Las mercancías no son los pueblos.

Los tres primeros puntos de nuestra agenda de negociación hablan de participación. La idea central es que los pueblos mismos formulen esas formas de participación. No se trata de interpretarlos sino de darles la palabra para que ellos mismos sean los que construyan la política pública. Los pueblos indígenas, las comunidades negras deben llegar a la mesa a discutir sus puntos de vista. En la Comisión étnica se han venido proponiendo temas que surgen desde los mismos territorios, que se han venido peleando allí mismo. Esa comisión ha sido de ellos mismos, peleada y defendida por ellos, y la política pública debe corresponder a esos intereses, a sus dinámicas como pueblos.

Algo que ha sido importante en el ELN es que a pesar de que haya diferencias importantes en el seno de las comunidades, no hemos construido organizaciones paralelas. Se respetan las organizaciones propias así no coincidan con nuestro pensamiento; se trata de incidir en ellas y no de sustituirlas. Claro que hay problemas muy significativos. Por ejemplo, en el río San Juan, donde está el Cristo Negro, hay una vaina muy fregada con la religiosidad. Hubo un pueblito donde había una epidemia y había varios niños y personas enfermas, pero la comunidad no permitió que los médicos entraran y la gente se dejaba morir porque la muerte era un llamado de Dios que no se podía desobedecer. No nos recibían, no dejaban bajar de las canoas a nuestros médicos. Era muy dramático.

Ya que habla de religión, ¿cuál es la relación del ELN con la Iglesia?

El pensamiento del ELN está ligado a la Iglesia; después de la muerte tan temprana de Camilo llegaron los tres sacerdotes españoles a vincularse al ELN y el que más duró fue Manuel Pérez porque Domingo y el otro murieron temprano. Ellos se vincularon en 1968 y desde ese día hicieron toda su vida con nosotros y lograron crear una corriente dentro de la Iglesia, digamos una estructura interna. Ellos tenían sus criterios y montaron una estructura nacional como creyentes, tanto de monjas como de sacerdotes. Está el caso de Diego Cristóbal, que era franciscano y se vinculó a nosotros desde esa corriente. Ellos tienen el criterio de un año de prestar el servicio militar, pero algunos se quedaban, entonces usted encontraba curas y monjas en frentes guerrilleros rurales. Como Diego Cristóbal, que fue un cuadro muy bueno porque ellos tienen una forma muy especial de participar en el proceso: los grupos eclesiales de base. Así que nosotros teníamos y tenemos una sólida y coherente relación con esa corriente que corre dentro de la Iglesia católica

¿Cuándo se abrirá la mesa pública del ELN con el Gobierno?

Yo creo que eso es un pulso que se define después del plebiscito. Ese es un punto de agenda y hay que tratarlo. El ELN no va a pagar peaje para sentarse a hablar, tal como lo dice el comandante Nicolás Rodríguez Bautista. El Gobierno quiere que le paguemos peaje para tratar un punto que está dentro de la agenda acordada, que es la retención de personas. El presidente no va a dar ese paso antes del plebiscito porque está acordado. La mesa está descongelada, lo que pasa es que los ritmos son distintos por lo que está sucediendo hoy en la coyuntura. No es posible solucionar el asunto de Odín Sánchez individualmente, el secuestro no sólo de Odín, que es un caso como aquel de Forero Fetecua, un caso de corrupción que el Estado no podrá nunca resolver. Quizá se llegue, en el caso de Odín, a un debate público sobre corrupción. Nosotros queremos discutir en voz alta, públicamente, el fenómeno de la corrupción y de las retenciones jurídicas y políticas. Lo que habría que ver es cómo se arma un debate nacional. El caso de Odín no es un caso que interesa sólo en Chocó, repercute en la política de Estado. Es que no es solamente Odín, es una escuela que hay y el Estado es indiferente a estas cosas, a la tremenda corrupción y robo del tesoro público. Dado que el Estado no toma en sus manos el asunto, lo hacemos nosotros. Odín debe responder por los robos que han hecho él y su familia ante la gente de Chocó

Ustedes hablaron de complementariedad a la negociación de las FARC . ¿De qué se trata?

Yo creo que se ha formado un debate por la posición que planteó el comandante Nicolás. El alboroto se ha suscitado por el comunicado que sacó el ELN y la carta que se les mandó a las FARC . Desde un comienzo el ELN planteó que era un proceso distinto, y por eso se planteó una agenda diferente, pero obviamente esperamos que confluyan las de las FARC con la nuestra. Por diferentes situaciones, los tiempos no se han dado. Hay que mirar qué sucedió para que esa sincronía no haya tenido lugar. Pero el propósito era que llegara un punto donde se integraran las dos mesas. Ahora ya no es posible, pero ya hay unos avances que así no los comparta el ELN , son avances. El ELN tiene su propia agenda y respeta los acuerdos logrados, pues, a la larga tienen que ser complementarios. Nuestro esfuerzo es complementario a lo que han venido desarrollando las FARC y a lo que alcanzaron, así la agenda no hubiera sido compartida. Aspiramos a lograr pronto esa complementariedad.

Palabras finales

Hoy 3 de enero de 2017, las FARC-EP están caminando hacia las Zonas de Concentración; la Amnistía y el indulto han sido aprobados por el Congreso y la implementación de los acuerdos de La Habana está en marcha. Parece que se instalará muy pronto la mesa de negociaciones del Gobierno con el ELN . No obstante, información originada en las regiones de Tumaco y Urabá dan cuenta de que el paramilitarismo se reorganiza para ocupar las zonas donde las guerrillas se transformen en un movimiento político civil. El gobierno de Santos ha golpeado al paramilitarismo gracias al apoyo que ha ofrecido Estados Unidos –en particular el presidente Obama– al Acuerdo de La Habana. No obstante, las comunidades negras, indígenas y campesinas están recelosas y no creen que la paz eche raíces porque después de la guerra vendrá el desarrollo económico con “todos sus horrores”. Las grandes empresas mineras y madereras se preparan para entrar a la región a recuperar el tiempo perdido por la guerra y hacen planes para penetrar a fondo. Que este proyecto sea posible depende de la fuerza que las futuras administraciones públicas tengan para hacer cumplir las normas laborales y ambientales y de la fuerza política que logren alcanzar los movimientos políticos salidos de la lucha armada. Si los gobiernos venideros y los partidos democráticos son débiles, la perspectiva es más oscura que lo que ha sido hasta hoy. Un hecho que nos hace pesimistas, pese a la fortaleza de los movimientos de los negros y de los indígenas, es el rumbo ambiental que puede tomar el recién elegido gobierno en EE . UU . con el señor Trump. Estamos en un quiebre de aguas no entre ríos sino entre tiempos políticos.

Mapa físico de Colombia

Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustin Codazzi

Chocó

Mapa de carreteras del Chocó
Fuente: Instituto Nacional de Vías - Invias

Valle del Cauca

Mapa de carreteras del Valle del Cauca
Fuente: Instituto Nacional de Vías - Invias

Cauca

Mapa de carreteras del Cauca
Fuente: Instituto Nacional de Vías - Invias

Nariño

Mapa de carreteras de Nariño
Fuente: Instituto Nacional de Vías - Invias

Antioquia

Mapa de carreteras de Antioquia
Fuente: Instituto Nacional de Vías - Invias

Algunos de los textos que aparecen en este libro fueron previamente publicados en los siguientes medios de comunicación:

Cabo Manglares, el extremo occidental de Colombia. Revista Soho  

Chaín, el mago. El Espectador. Agosto 27 de 2011

Yurumanguí. El Espectador . Octubre 7 de 2014 

Masacres del Naya. El Espectador . Julio 4 de 2009 

El Confesatorio. Libro Así mismo, de Alfredo Molano 

¿Qué pasa en Buenaventura? El Espectador .

Cementerio marino. El Espectador . 

Nuquí. Texto comisionado para “Espacio para Pensar”, Fundación Más Arte Más Acción.

¿A quién le importa Juan Ceballos? El Espectador . Mayo 5 de 2011 

Río Quito. Soho . Agosto 28 de 2013

El extraño plagio en Las Mercedes. El Espectador. Junio 13 de 2015 

Travesía por el Darién . Sello editorial

Alfredo Molano, galardonado con el premio más importante del periodismo colombiano —Simón Bolívar categoría Vida y Obra de un Periodista 2016—, presenta su nuevo trabajo, De río en río, vistazo a los territorios negros , una serie de crónicas y notas de viaje a través de una de las regiones más atractivas y vírgenes de Colombia: el Pacífico. Molano se ha movido como pez en el agua durante más de tres décadas por ríos y manglares para retratar una zona golpeada por todos los actores y situaciones generadores de violencia que se conocen en el país —guerrilla, paramilitares, bandas criminales, extorsión, minería, tala ilegal de bosques, siembra de hoja de coca, tráfico de personas—. El resultado de esas travesías se reúne en este libro, investigado en tiempos de guerra y publicado después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, una paz que el Pacífico todavía desconoce.

“Para mí, el Pacífico ha sido una de las regiones más misteriosas y atractivas del país. La he recorrido en panga por los ríos y en rápidas por el mar. Pero también a pie. La he sobrevolado y me han apasionado, no sólo la infinita variedad de su vegetación, sino la persistencia de la lluvia y la fuerza de los aguaceros”.

—Alfredo Molano Bravo

ALFREDO MOLANO

Nació en Bogotá en 1944. En noviembre de 2016 fue galardonado con el premio de periodismo más importante de Colombia, el Premio Simón Bolivar a la Vida y Obra de un Periodista. Cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional, donde obtuvo una licenciatura en 1971, y fue alumno de la École Pratique des Hautes Études de París entre 1975 y 1977. Ha sido profesor de varias universidades; colaborador de revistas como Eco , Cromos , Alternativa , Semana y Economía colombiana , y autor de numerosos trabajos de investigación aparecidos en diferentes medios. Ha recorrido el país hablando con colombianos de los más remotos rincones, dando vida a libros que hablan como pocos de la realidad nacional. Ha sido director de varias series para televisión y ha obtenido el Premio de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional del Libro de Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas, de la Academia de Ciencias Geográficas, por una vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos esenciales de la realidad colombiana. Entre 2001 y 2002 vivió exiliado en Barcelona y en Stanford, donde fue profesor visitante. En febrero de 2015, participó con el texto Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010) en la publicación del documento Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia , de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas; uno de los textos más importantes escritos en las últimas décadas para reconstruir el origen de la guerra en Colombia. En la actualidad es uno de los periodistas más leídos del diario El Espectador .

Foto: © Nelson Sierra

Título: De río en río

Primera edición: marzo de 2017

© 2017, Alfredo Molano Bravo

© 2017, de la presente edición en castellano para todo el mundo: 

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ISBN 978-958-8912-96-7

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