La obsesión por el poder político y la búsqueda del enriquecimiento económico personal han sido las dos constantes de la carrera de Eduardo Zaplana. Su participación en las escandalosas cintas del caso Naseiro no impidió que llegara a la alcaldía de Benidorm, con el imprescindible voto de una concejala tránsfuga y, posteriormente, a la presidencia de la Generalitat valenciana y al Gobierno de Aznar. Las elecciones del 14 de marzo de 2004 cortaron su imparable ascenso y le convirtieron en uno de los principales valedores de la “teoría de la conspiración”. Ahora, se enfrenta a un futuro incierto. En este libro se desentrañan las turbias tramas de servidumbre e intercambio de favores con dinero público que ha ido tejiendo para alcanzar sus objetivos. Varios de sus más estrechos colaboradores están imputados en diversos procedimientos judiciales. Julio Iglesias, el 'Pocero' y otros grandes promotores inmobiliarios son algunos de los amigos de Zaplana directamente beneficiados por su gestión al frente de las instituciones públicas.

Alfredo Grimaldos

Zaplana, el brazo incorrupto del PP

eBook v1.0

fejualu 23.01.13

Título original: Zaplana, el brazo incorrupto del PP

Alfredo Grimaldos Feito, fecha de publicación del original; 2007

Diseño portada: RAG

ISBN: 978-84-95440-94-5

Foca, ediciones y distribuciones generales, S.L., 2007

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Prólogo

He sostenido sistemáticamente en el pasado que la principal virtud que debe adornar a un buen estafador es la de parecer un hombre honrado. «¿Cómo va a ser un buen estafador alguien que tiene aspecto de estafador?», argumentaba.

El razonamiento tiene su peso, sin duda, pero he acabado por matizarlo, porque la experiencia me ha demostrado que tiene excepciones. Eduardo Zaplana es una.

Zaplana tiene un llamativo aspecto de estafador, dicho sea en términos políticos, sin referencias directas al Código Penal.

Sólo he hablado con él una vez, en un supuesto desayuno de trabajo, pero en aquella hora escasa se mostró tan transparente y unidimensional que no me dejó espacio para la duda. Deduje, porque no me dejó más remedio, que es un hombre extremadamente ambicioso y carente de escrúpulos. Un arribista en estado casi químicamente puro. Exhibía –y sigue ex-hibiendo– una sonrisa permanente de perfecto descreído, típica de la gente a la que le da igual dos que veinte, siempre que los veinte acaben en su bolsillo.

Aparte de eso, tiene un porte de nuevo rico que no suscita mucha confianza, precisamente. Uno ve cómo se desenvuelve por la vida Rodrigo Rato, con la camisa medio salida y la corbata mal colocada, y se da cuenta inmediatamente de que el dinero le ha sobra-do desde la cuna. Uno ve a Eduardo Zaplana tan puesto, tan almidonado, y piensa de inmediato que es un individuo que ha tenido que servirse demasiado de los codos para subir hasta la cumbre.

A lo largo de los últimos 20 años he estudiado a los políticos españoles menos escrupulosos con un interés en parte periodístico, en parte antropológico.

Los he clasificado en diversos géneros, del que el PP ofrece un buen muestrario. (El PSOE también, pero eso podemos dejarlo para otro día, tal vez próximo.) Tenemos el modelo José María Aznar, funcionarial donde los haya. En cierta ocasión traté de expli-carle a Federico Jiménez Losantos que Aznar es un trasunto cutre de Stalin, nacido en otro ambiente y otra época, pero de singular similitud psicológica. Para mí que no me entendió, a juzgar por su airada respuesta. Pero lo tengo más que claro, entre otras cosas porque dediqué varios años de mi vida a estudiar la peripecia vital y la obra de Josif Visiaronvich Djugashvili, alias Koba, alias Stalin. El georgiano era un bajito acomplejado (como Aznar), machista y amigo de los chistes zafios sobre mujeres (como Aznar), aficionado al vino (como Aznar), resentido con los intelectuales y los oradores brillantes (como Aznar), des-confiado y reservado (como Aznar) y muy hábil en el juego sucio de pasillos (como Aznar).

Por fortuna, nos ha tocado vivir en un tiempo y un país en el que los destierros en Siberia no se llevan, por razones históricas y geográficas, que, si no, a saber desde dónde escribiríamos unos cuantos.

Otro modelo de dirigente del PP es el que aporta Ángel Acebes. Acebes es un Tomás de Torquemada de nuestro tiempo, no demasiado actualizado, a decir verdad. Exhibe una determinación sectaria que resulta francamente inquietante. Fanáticos hay en muchos partidos, pero pocos de perfil tan unívoco y decidido.

Para mí que resulta un activo electoral extraordinario, pero para El PSOE. Supongo que debe de haber cientos de miles de votantes dispuestos a tragar carros y carretas con tal de impedir que este hombre, que se crece con los años, llegue al Gobierno.

Tenemos luego el arquetipo de Alberto Ruiz Gallardón, tan pulcro, tan aparentemente moderado y tan transversal, que le dicen ahora. A mí me asusta como el que más, pero parece que al gran público no.

Los especialistas en prospectiva electoral del propio PP consideran que su estilo es el que tiene más porvenir. Lo razonan así: «La derecha de aspecto puro y duro, como el de Esperanza Aguirre, tiene más apoyos en Madrid, pero suscita un fuerte rechazo en otras zonas con fuerte incidencia electoral. No será nunca una buena candidata a la Presidencia del Gobierno. Gallardón, en cambio, puede llegar a serlo.»

Como recoge Alfredo Grimaldos en este libro, Alberto Ruiz Gallardón llegó a recomendar a la dirección de su partido que marginara a Eduardo Zaplana, a la vista del resultado de las investigaciones internas sobre el llamado caso Naseiro que el hoy alcalde de Madrid coordinó. No tuvo éxito. Y no lo tuvo porque, más allá del inconfundible aspecto de «relación peligrosa» que tiene el cartagenero, es un conseguidor nato. Le rodea una amplísima cohorte de estómagos agradecidos.

Él ha funcionado así desde que empezó a despuntar en política y a manejar fondos públicos: no es que beneficie sistemáticamente a sus fieles; es que se gana fieles y más fieles a base de beneficiarlos sistemáticamente. Cada vez que ha encontrado un obstáculo, ha tirado de la chequera. No de la suya personal, que en sus orígenes políticos estaba en blanco, sino de la de las sucesivas administraciones por las que ha pasado.

Zaplana es otro género de político español muy típico. Tiene tan claros sus objetivos personales como nebulosos sus postulados ideológicos. Está en la dirección del PP porque las cosas le vinieron dadas de una determinada manera, pero podría haber llegado a hacer carrera en el PSOE (o al menos a intentarlo) si se le hubieran presentado de otra. Del mismo modo que siendo murciano se travistió de valenciano para hacer carrera (sin ni siquiera esforzarse por aprender la lengua autóctona, pese a haber prometido que lo haría), de político ha ido deambulando entre unas premisas y otras con total desenvoltura, según las conveniencias del momento. Es el perfecto representante de la broma que gastaba Groucho Marx: «Estos son mis principios pero si no le gustan, tengo otros».

Él lo que tiene es que reparte. Y eso cae muy bien entre los beneficiarios.

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El trabajo que ha hecho Alfredo Grimaldos en este libro responde punto por punto a las premisas de aquello que en tiempos llamábamos «periodismo de investigación».

Ahora el supuesto «periodismo de investigación»

consiste en que tal ministro, este subsecretario o aquel otro director general telefonea a un periodista amigo y le filtra tales o cuales documentos, que el otro publica con gran alharaca, como si se hubiera roto los cuernos para conseguirlos, cuando lo que está haciendo es funcionar como una extensión del gabinete de prensa de su benefactor.

Lo de Grimaldos se sitúa en las antípodas. El autor de este libro ha invertido muchos meses en hacerse con la documentación adecuada y en perseguir las fuentes con una tenacidad casi detectivesca, ob-teniendo a menudo la información con sacacorchos, al modo en que se practicaba el periodismo de investigación antes de que el gremio del que ambos formamos parte se convirtiera en otra variante más del funcionariado.

Eso es meritorio. Pero no lo es menos que haya acertado a contarnos todo lo mucho que ha conseguido averiguar sobre la tragicómica peripecia vital de Eduardo Zaplana con un estilo ágil, ameno y claro, que hace que este libro no sólo se pueda leer de un ti-rón, sino que sea casi inevitable leerlo de un tirón.

Zaplana es cualquier cosa menos un personaje histórico. Pero el relato de su singular biografía nos conduce por los subterráneos de la España pícara, sin cuyo conocimiento es imposible entender el funcio-namiento de la España eterna.

Descendidos a ese oscuro submundo, Alfredo Grimaldos nos sirve de guía certero.

Javier Ortiz

Introducción

Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros.

Groucho Marx

En su obra teatral La revelación, una sátira sobre las contradicciones de la religión católica, el cómico Leo Bassi interpreta a un personaje descreído que se presenta ante un cura en busca de consejo, porque ha llegado a la conclusión de que no tiene fe. La oveja descarriada es llevada, entonces, ante un teólogo joven, con aspecto de pertenecer al Opus Dei o a alguna otra secta ultracatólica, para que éste le aconseje de forma conveniente. Y el experto le dice: «En primer lugar, usted debe partir de la base de que es un pecador». Pero el personaje de Bassi le contesta: «No, yo puedo admitir que he actuado mal en muchas ocasiones, pero nunca que soy un pecador. Para llegar a serlo, tendría que creer en el pecado». El teólogo le pide que le explique mejor esa reflexión y Bassi lo hace con un ejemplo político: «Para que usted lo entienda, un pecador podría ser Acebes y yo soy como Zaplana».

En efecto, dentro del PP, Eduardo Zaplana representa a un sector que carece de grandes planteamientos ideológicos de fondo, no se encuadra en ninguna corriente de pensamiento derechista tradicional, por más que se defina una y otra vez como liberal. Su meta es el poder y el dinero. Exclusivamente. Ya lo decía con claridad en las cintas del caso Naseiro, grabadas cuando él tenía sólo 33 años y cuando aún no ostentaba ningún cargo político relevante: «Me tengo que hacer rico... Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir». Y lo ha conseguido.

Zaplana no es religioso, católico, apostólico y ro-mano, como su compañero Ángel Acebes, simpati-zante de los Legionarios de Cristo, o Francisco Camps, sucesor suyo al frente de la Generalitat valenciana, cercano al Opus Dei. Él se caracteriza por no tener muchos principios, pero quizá es precisamente eso lo que le ha convertido en un hombre de éxito. Hasta ahora. Atesora el mérito de haber aparecido en la Enciclopedia Británica como ejemplo de político es-pañol salpicado por las actividades de tramas de financiación turbias. A raíz de su conversación telefónica con Salvador Palop en el caso Naseiro, por supuesto.

Pero aquello ocurrió a principios de 1990 y, desde entonces, Eduardo Zaplana ha aprendido mucho.

Todos los que le han tratado de cerca coinciden en que es muy listo y extremadamente rápido de reflejos para situarse en el lugar que más le conviene en cada momento. Carece de gran formación profesional, fuera del estricto ámbito del día a día político con-cebida a su modo, y tampoco hace gala de un importante bagaje cultural. ¿Pero eso es virtud o defecto, para estar en política como él? Sabe situarse bien, crear un entorno fiel que le respalde, succionar de unos y otros lo que le interesa e irse colocando en la pole position. Y a estas alturas, ya tiene mucha experiencia en el manejo del poder y de los fondos públicos a los que se tiene acceso desde él. Con cuatro ideas sobre política territorial se ha sabido mantener en foros como el Comité de las Regiones de la UE, del que llegó a ser vicepresidente, con el apoyo del Partido Popular Europeo, cuando también era presidente de la Generalitat.

Resulta ilustrativo el hecho de que sólo tenga un libro publicado, El acierto de España, y que el texto esté directamente plagiado de una obra anterior coordinada por su fiel escudero Vicente Martínez Pujalte, un político clerical, que, según el planteamiento de Bassi, sí podría llegar a ser pecador. Pero está claro que Zaplana no ha ido subiendo peldaños en el escalafón político gracias a profundas reflexiones teóricas. Lo suyo es mucho más cercano, la negociación inmediata para repartirse cuotas de poder. Ahí sabe maniobrar como nadie. Constituye un ejemplo del triunfo del político sin escrúpulos para pactar con unos y otros, en el contexto de una sociedad desin-formada y acrítica.

En 1995, año en el que se celebran las elecciones que le llevan por primera vez a la presidencia de la Generalitat, lo que prima públicamente en España es ser un personaje de éxito, al estilo de la beautiful people florecida bajo el amparo del felipismo y la cultura del pelotazo. Es una época en la que a Mario Conde le nombra doctor honoris causa el propio rey Juan Carlos. Lo importante es convertirse en un triunfador. Y Zaplana da ese perfil. Durante la campaña publicitaria previa a esa cita electoral, aparece una fotografía suya en las páginas de los diarios que le muestra caminando erguido y decidido, con un maletín en la mano, transmitiendo la sensación de que es capaz de comerse el mundo. Tiene la fortuna de cara y va a favor de obra: al PP valenciano le hace falta un personaje como él y Zaplana sabe promocionarse a la perfección.

Es un político desenfadado, muy seguro de sí mismo y capaz de aliarse con quien haga falta para conseguir sus objetivos. Un excelente vendedor de mantas en el mes de agosto, en palabras de un antiguo colaborador suyo. Tiene la habilidad de buscar la grieta adecuada por donde colarse y la soltura suficiente para recuperar, comprar e incluir en su proyecto a gente de todo tipo. Ha encontrado relevantes colaboradores incluso en el propio PSOE. La concejala tránsfuga de Benidorm Maruja Sánchez es el caso más notorio, pero ni mucho menos el único. Otros destacados socialistas valencianos se han reciclado en las filas del zaplanismo.

Durante años, le ha acompañado la buena suerte y ha gozado del respaldo de personajes claves. Especialmente significativos resultan el apoyo de su suegro, Miguel Barceló, uno de los más poderosos hosteleros de Benidorm, que le permite llegar a la alcaldía de la ciudad, y el de José María Aznar, que le da su bendición en el seno del PP para que ascienda por encima de otros cabezas de lista.

Su boda con Ángela Barceló es determinante en el arranque de la carrera política de Zaplana. Tan celebrado enlace le mete de lleno en la pista de competición. Otro hito fundamental lo supone la captación de Maruja Sánchez, que le permite llegar a la alcaldía de Benidorm sin haber ganado previamente las elecciones. Nuevo dato para la Enciclopedia Británica. Y también muy pictórico resulta el «pacto del pollo», definido así por su socio de Unión Valenciana Vicente González Lizondo. No es, ni más ni menos, que el acuerdo entre ambos para dejar claro quién se comerá los muslos y quién haría lo propio con la pechuga y las alas. Eso le permite a Zaplana alcanzar la mayoría necesaria para llegar a la Generalitat. Previamente había dejado delimitadas a la perfección las áreas territoriales de privilegio dentro de su propio partido, por supuesto. Con Carlos Fabra, el todopoderoso virrey de Castellón y otros caudillos locales. Hay tajadas para todos.

Zaplana consigue estar rodeado siempre de un col-chón de incondicionales que le sirven de apoyo y pantalla. Muchos de ellos provienen de la peña Picarol, un grupo de amigos de Benidorm, del que forma parte Zaplana, que se reúnen para jugar al fútbol y participar en las fiestas patronales del pueblo. Siguiendo la estela del jefe, muchos de ellos acabarán disfrutando de importantes cargos públicos, primero en el Ayuntamiento de Benidorm y, después, en los distintos departamentos de la Generalitat.

Como en la primera secuencia de El Padrino, la monumental película de Coppola, Zaplana va colocando a todos sus amigos, tiene capacidad para ofrecer favores, pero cuando necesite algo, habrá que estar ahí. Ellos alardean de su cercanía al padrino: Eduardo arriba, Eduardo abajo... Es el gran conseguidor. Los beneficiarios del zaplanismo siente devoción por el jefe y están dispuestos a hacer lo que él les pida.

En algunos casos, el trato con sus subalternos se hace más agrio. De vez en cuando le gusta ser despótico y someterlos a pequeñas humillaciones, para que quede claro quien manda. A él le hacen gracia sus propias mezquindades. Es el caso de Justo Benítez, el empresario que tuvo la concesión de la plaza de toros de Benidorm durante años, quien cedió el coso a Zaplana para sus mítines en innumerables ocasiones. En determinado momento, los negocios de Benítez comienzan a irle mal y se arruina. Cuando va a ver a Zaplana para pedirle ayuda, tras solicitar oficialmente la correspondiente audiencia, el presidente de la Generalitat, en la cima de su gloria y con mayor capacidad que nunca para distribuir juego entre los suyos, lo máximo que le ofrece es un puesto de jardinero en Terra Mítica. Y Benítez, muy apurado, lo tiene que aceptar.

La carrera política de Zaplana está jalonada de es-cándalos económicos, muchos de los cuales han terminado en los tribunales. Bastantes de sus colaboradores y allegados están imputados en diversas causas.

Es el caso del omnipresente Vicente Conesa, que aparece primero en la contratación irregular de los mapas sonoro y verde de Benidorm y, más adelante, constituye, según las investigaciones de la fiscalía, el eje de la trama dedicada a elaborar facturas falsas para cargar sobrecostes ficticios al parque temático Terra Mítica y realizar una enorme operación de fraude fiscal. Entre los implicados en este escándalo está el propio cuñado de Zaplana, Justo Valverde. Varios empresarios que participaron en la trama han llegado a señalar que Conesa podría ser, en última instancia, el recaudador de Zaplana.

También en el caso de los pagos irregulares realizados por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) a Julio Iglesias, que prestó su imagen para promocionar los productos valencianos por el mundo, aparece Eduardo Zaplana. Según las declaraciones de algunos imputados, el presidente de la Generalitat estaba detrás de un contrato B, oculto, a cuenta del cual se facturaron sin control muchos millones de dólares. Un conocido periodista, que mantiene buena relación con Zaplana, relata que, en más de una ocasión, le ha preguntado abiertamente si él se ha llevado algo en todos estos trajines. En esos casos, el actual portavoz parlamentario de la oposición ni siquiera contesta. Imperturbable, continúa hablando de otro asunto. Nosotros no tuvimos ocasión de disfrutar de su supuesto encanto personal. Después de solicitar una entrevista con Zaplana por el conducto reglamentario, nunca obtuvimos respuesta.

Por otra parte, a la política de derroche presupuestario característica de su gestión al frente de la Generalitat, que pone en circulación ingentes cantidades de dinero público, se une la obscena relación de Zaplana, sin el menor recato, con los grandes magnates inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, como Andrés Ballester, beneficiados por la política de recalificaciones de terrenos desarrollada por el PP en este territorio. En Madrid, uno de sus más íntimos amigos es nada menos que Francisco Hernando, el Pocero».

Una de las obsesiones de Zaplana es el control de los medios de comunicación y, desde su llegada a la Generalitat, impulsa diversas maniobras para convertirse en el Ciudadano Kane valenciano. La jugada no le sale bien y se centra en la radiotelevisión autonómica, que se convierte en un aparato propagandístico a su servicio exclusivo. Con unos gastos desmedidos. Comienza a cultivarse, de forma hortera y asfixiante, el culto a la imagen del «molt honorable president», que cambia, con aires de nuevo rico, sus trajes de pret-à-porter por diseños exclusivos. A varios miles de euros la tirada. Se le puede ver a cualquier hora, en su televisión, tieso como un maniquí, siempre con la falla encendida. Y los cámaras tienen un cuidado exquisito en sacarle sólo su perfil bueno y con la papada controlada, para no encontrarse con serios problemas.

Todo lo que se mueve en Valencia tiene que pasar por sus manos o, en el caso de los obligatorios reinos de taifas, por las de los caciques locales aliados con él.

Además de volcarse en obras faraónicas sustentadas por enormes inversiones públicas, pretende hacerse con un control total de la sociedad civil. Un hecho significativo es su primer intento de asalto de la Universidad de Alicante. Al cabo de pocos meses de su toma de posesión como máximo mandatario de la Generalitat, Zaplana desembarca en el campus alicantino, acompañado, como es habitual, de un innumerable séquito de cargos públicos del PP. Pretende forzar al rector, Andrés Pedreño, a cederle todo el protagonismo en la inauguración del nuevo curso universitario. Quiere saltarse el protocolo académico y solapar a Pedreño, pero éste decide mantenerse firme apelando a la autonomía universitaria y Zaplana opta por irse.

A partir de ese momento, la universidad lo pagará con una marginación económica sin precedentes. Además, el presidente decide crear una universidad alternativa, la Miguel Hernández, en Elche, y encomien-da su control a elementos afines al PP.

También resulta especialmente reveladora su actitud frente al conflicto de la lengua en la Comunidad Valenciana. Cuando está preparando su campaña para acceder a la Generalitat, comienza a tomar clases de valenciano, una lengua romance hermana del castellano, pero no consigue aprender ni una palabra.

Ni con profesor particular. En realidad, eso no le interesa en lo más mínimo. Pero es un pragmático total y no quiere que le compliquen la vida en ese terreno, le da lo mismo si el valenciano es lengua propia o dialecto del catalán. Él es de Cartagena y en ese pleito lingüístico no hay nada que le pueda interesar. Así que, aprovecha que Jordi Pujol apoya en ese momento al Gobierno de Aznar y se alía con el político catalán para crear la Academia de la Lengua, un bati-burrillo que incluye a partidarios del valenciano como lengua propia y también a algún lingüista que defiende planteamientos más científicos. Por ahí no le van a pillar. La filología románica reconoce unáni-memente que el valenciano es una modalidad dialectal del catalán, pero eso a Zaplana le da igual. No es su guerra.

Lo que a él le interesa es que las obras públicas fac-turen y que el negocio inmobiliario en su comunidad siga creciendo, para dar juego a los constructores locales que ya le apoyan y a los magnates de Madrid, como Florentino Pérez, a quienes considera fundamentales para respaldar su salto a la capital. Cuando, por fin, consigue llegar al Gobierno central, pone en práctica, en todos los proyectos que aborda desde el Ministerio de Transportes, su proverbial política de sobrecostes en beneficio de los amigos. Pero tiene poco tiempo de desarrollarla. Las elecciones del 14-M de 2004 le mandan a la oposición. Con sus fastuosos planes hechos trizas a consecuencia de este incidente imprevisto, se convierte en resentido jaleador de la teoría de la conspiración en el atentado del 11-M.

Mientras tanto, en Valencia le han segado el suelo bajo los pies y no está nada claro que algún día pueda reverdecer sus laureles allí. Los zaplanistas se encuentran de capa caída ante la ofensiva de los hombres del actual presidente de la Generalitat, a quien él designó heredero pensando que le podría manejar. Pero el dócil «Forrest Camps», como Zaplana lo llamaba, con su peculiar sentido del humor, se ha hecho con los mandos. La historia de siempre. Su suegro y toda la familia Barceló se han pasado abiertamente al otro bando, con armas y bagajes, a lo que ha contribuido también, de forma decisiva, la agitada vida amorosa del molt honorable.

La trayectoria de Eduardo Zaplana induce a reflexionar seriamente sobre ¿qué representantes tiene el pueblo soberano?

Después de manifestar, de forma explícita, que entra en política con la intención de enriquecerse, continúa ascendiendo más y más. Siempre en el centro de turbias operaciones económicas. Obviamente, algo falla en el sistema. Hay muchas cosas que hue-len a podrido. Como Zaplana, cualquier habilidoso maniobrero puede llegar a un Ayuntamiento, sin necesidad siquiera de ganar las elecciones, y empezar a disponer de partidas multimillonarias de dinero público. De la noche a la mañana. Igual que otros muchos de sus colegas, Zaplana no ha hecho prácticamente nada fuera de la política. Consiguió el título de licenciado en Derecho a trancas y barrancas, con un expediente poco modélico, y se dedicó al ejercicio de la abogacía de forma fugaz y sin ninguna brillantez. Todo lo demás son líos políticos.

Pertenece a la gloriosa casta profesional de los representantes de la voluntad popular. Como sus íntimos amigos Pérez Rubalcaba y José Bono.

El futuro político inmediato de Zaplana depende, en gran medida, de lo que ocurra en las elecciones generales de 2008. Con importantes enemigos en el seno de su propio partido y una vez que la han cortado la retirada hacia su feudo levantino, la capacidad de maniobra del ex presidente de la Generalitat se ha reducido de forma sensible. Uno de sus objetivos iniciales, el enriquecimiento, lo ha alcanzado. Su patrimonio verificable lo constata. Y además, unos cuantos de sus adláteres se han enriquecido, aparentemente, aún más que él, así que estará bien respaldado por los amigos. Lo que no se sabe es qué cuotas de poder va a poder alcanzar y mantener a partir de ahora. Desde luego, el sueño de La Moncloa se ha desvanecido.

«No veo a Zaplana sentándose en la mesa con alguien de peso, para resolver algún asunto importante. Le falta nivel», afirma un conocido abogado afincado en Madrid, experto en fusiones bancarias y en operaciones económicas de alto calado. «Con él no puedes hablar más que del menudeo, no de cosas importantes. Pequeños manejos. ¿De qué vas a tratar con él? Asuntillos de una licencia en Alicante. ¿En que negocios te puede ayudar Zaplana? Comisionci-llas. Cuando se le acabe incluso eso, su capacidad será mínima. Los políticos de poca talla sólo son algo cuando tienen el poder, no asumen lo que les pasa al perderlo».

Capítulo I

ME TENGO QUE HACER RICO

Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras... ¿Eh?

Lo que te dé y me das la mitad bajo mano.

Eduardo Zaplana, «Conversaciones escogidas»

«Estoy en política para forrarme.» Esta frase, una auténtica declaración de intenciones y de sano altruismo en relación con la cosa pública, se le atribuye popularmente a Eduardo Zaplana. Sin embargo, no es suya, sino de uno de sus amigos y más estrechos colaboradores, Vicente Sanz. En esta materia, el ex presidente de la Generalitat Valenciana no necesita citar ni plagiar a nadie, atesora su propio repertorio.

Sanz soltó aquella consigna en 1994, durante el curso de una conversación telefónica que le grabó un compañero del partido, quien también se encargó, después, de filtrarla a los medios de comunicación. A consecuencia de ella se vio obligado a dimitir del cargo de presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, pero Zaplana lo recuperó pronto para su entorno, incluyéndolo en el cuadro directivo de Canal 9. Un buen lugar donde desarrollar su declarada vocación recaudatoria.

Zaplana coincidía con Sanz en el concepto de la frase, pero, años antes, ya se había encargado él mismo de desarrollar su propio credo por teléfono, de forma más amplia y con similar capacidad ilustrativa.

Fue en la conversación que el político cartagenero mantuvo, el 11 de febrero de 1990 [1], con su correligionario Salvador Palop, concejal del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Comisión de Compras de la Corporación Municipal, uno de los principales implicados en el llamado caso Naseiro, que hizo aflo-rar una trama de financiación ilegal del PP.

En esa charla telefónica, grabada por orden judicial, Zaplana se extiende bastante a la hora de explicar su vocación política. «Me tengo que hacer rico, porque estoy arruinado», le dice a su interlocutor.

«Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado. Me lo gasto todo en política. ¡Ay...!, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?»

En el curso de la distendida conversación de ami-gotes y socios comisionistas, Zaplana, que aún no ha accedido al cargo de presidente de la Generalitat valenciana, hace algunos elocuentes apuntes sobre cuál es el método que piensa emplear para ganar esa ingente cantidad de dinero que, según él, necesita para vivir. Hablando del comprador de un terreno recalificable, le dice a su interlocutor, Salvador Palop: «A lo mejor se queda con el solar y hacemos aquí una cosilla, ¿eh? Tú haces de intermediario en la venta, que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano».

Y aún le da una indicación más: «Tú, como si lo tuvieras ya eso adjudicado, ¿no?». Además, para ayudarle a cubrir sus «negocios», Zaplana le dice a Palop:

«Yo tengo un par de sociedades aquí que te pueden servir». Aún no han perfilado del todo qué van a hacer con el solar del que están hablando, situado en Benidorm, localidad de la que Zaplana será alcalde muy pronto. Palop le pregunta si lo van a vender, y el futuro ministro del PP le contesta: «Vendérselo o permutárselo. Da igual, porque, además, le da igual permutar que vender a ese tío amigo mío».

Después, Zaplana le hace a su interlocutor otra su-gerencia práctica: «Y entonces, le dices... bueno, yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras... ¿Eh? Lo que te dé y me das la mitad bajo mano». A Palop le parece poca comisión y sube el caché: «Si tenemos que repartir, macho... Tenemos que pedirle un poco más».

Eduardo Zaplana, que en ese momento aún no disfruta de ningún cargo público, hace gala, en todo momento, de un absoluto desparpajo, hablando de comisiones e irregulares trajines inmobiliarios con ese estilo verbal que, al cabo de los años, se ha convertido en una de sus más características señas de identidad como personaje público. En otro momento, explica que va a viajar a Sevilla para intentar hacer negocios allí: «Vamos a vender y a comprar y a hacer de intermediarios». Y afirma, con ironía: «Ahora que han echado a Juan Guerra... A ver si le sustituyo».

El contenido de estas grabaciones no supone ninguna traba para la carrera política de Zaplana, que accede, un año más tarde, a la alcaldía de Benidorm, gracias al voto de la concejala tránsfuga del PSOE Maruja Sánchez. Después se convierte en presidente de la Generalitat, más tarde llega a ministro, en el último gobierno de José María Aznar, y actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Generales.

A lo largo de su trayectoria política, han ido apareciendo sustanciosas conversaciones grabadas en las que él aparece o se le cita directamente que han servido para cuestionar la legitimidad de su forma de conseguir «dinero, mucho dinero». Como es el caso de los encuentros que mantienen, en febrero de 2006, dos parlamentarios socialistas de la Cortes Valencianas, Antonio Such Botella y José Camarasa Albertos, con los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García. En las cintas registradas durante esas charlas, éstos últimos hablan de las prácticas ilícitas llevadas a cabo en la creación del parque temático Terra Mítica y explican cómo se manipula-ban las facturas para pagar comisiones elevadas a quien repartía los contratos. Como cabeza visible de la trama señalan a Vicente Conesa, hombre de absoluta confianza de Eduardo Zaplana, y en la trastienda aparece el propio portavoz actual del principal partido de la oposición.

GALLARDON CONTRA ZAPLANA

Las grabaciones de 1991 y el caso Naseiro le ocasionan problemas, pero es capaz de sortearlos sin que se le arrugue el traje, que aún no es de diseño exclusivo. Curiosamente, desde el propio PP se alzan en ese momento voces críticas que piden la cabeza de Zaplana, Palop y los demás militantes de la organización implicados en la trama comisionista. Singularmente la de Alberto Ruiz Gallardón. Y de aquellos barros, estos lodos: desde entonces, las relaciones entre el actual regidor del Ayuntamiento de Madrid y Eduardo Zaplana han sido siempre complicadas.

El ex alcalde de Benidorm ha desarrollado una carrera política que está llena de incidentes, denuncias y sospechas sobre su gestión pública. El primer hito de esa retahíla de asuntos conflictivos, aunque el político cartagenero aparece en él de forma tangencial, lo marca precisamente el caso Naseiro. Es uno de los mayores escándalos que han afectado al Partido Popular en su historia, pero queda desactivado judicialmente antes de que se pueda llegar al fondo de la trama. El tema sale a la luz pública a principios de abril de 1990, un año antes de que se celebren las elecciones en las que Zaplana encabeza la lista del PP a la alcaldía de Benidorm.

Todo comienza el 28 de noviembre de 1988, cuando miembros de la Brigada de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia proceden a investigar, por orden judicial, un supuesto delito de tráfico de drogas en el que, aparentemente, está implicado el abogado Rafael Palop Martínez. La policía «pincha» la línea telefónica de su padre, Rafael Palop Argente, en cuyo domicilio viven el investigado y su hermano, el abogado y concejal Salvador Palop Martínez, íntimo amigo de Eduardo Zaplana.

Inesperadamente, el contenido de las cintas grabadas descubre irregularidades muy distintas de las esperadas: numerosas conversaciones mantenidas entre Salvador Palop e importantes miembros del Partido Popular destapan un sinfín de negocios fraudulentos de carácter inmobiliario, cuyos beneficios, según todos los indicios, van destinados a financiar el renovado partido de José María Aznar, en parte, y también directamente a los propios bolsillos de quienes intervienen en las operaciones.

En el transcurso de la investigación, que se extiende, después de varias prórrogas, hasta el 11 de abril de 1990, los policías que llevan el caso escuchan 5.240 llamadas, una media de 40 diarias, de las que se recogen en el sumario alrededor de 50, las más significativas.

Con Salvador Palop como permanente interlocutor, aparecen en ellas, al otro lado de la línea, figuras tan destacadas del PP como Rosendo Naseiro, tesorero del partido, gallego de Villalba, paisano y hombre de confianza de Manuel Fraga; Ángel Sanchís Perales, diputado y antiguo tesorero de AP; Arturo Moreno, secretario general adjunto del PP, y varios miembros de lo que, más adelante, se conocerá como el «Clan de Valladolid». Entre ellos, Carlos Aragonés y Miguel Ángel Cortés, personajes muy cercanos a Aznar y estrechamente vinculados, hasta hoy, a Eduardo Zaplana.

«La divulgación de las alcantarillas del “clan de Valladolid” produjo un enorme trauma en la derecha española», escribe Graciano Palomo en su libro De Aznar a Rajoy: la maldición de Casandra [2];. «El tono general de las cintas era grosero, barriobajero, soez, impropio no sólo de dirigentes políticos sino de gentes educadas. Cuando se vuelven a escuchar quince años después, con sus inequívocas voces, uno no puede imaginarse que estos personajes hayan podido ocupar durante ocho años altos puestos en el Estado en calidad de ministros, secretarios de Estado, jefes de Gabinete de la Presidencia del gobierno, presidentes de comunidades autónomas con poder económico entre sus manos para decidir sobre millones de euros de dinero público.»

De las conversaciones grabadas se deduce que el lucro personal y la financiación del partido corren por caminos paralelos. «Podemos darle a Rosendo veinte sólo», le dice Palop a Ángel Sanchís. Éste le contesta: «Sí, pero si tú le has dicho cincuenta...». Y el concejal valenciano intenta tranquilizarle: «Yo he dicho que no estaba nada claro. Que con ellos aún no lo tenemos cerrado...». Pero Sanchís piensa que, al final, se puede descubrir el pastel y se enfada: «Si llegas a hablar conmigo antes, no te dejo yo meter la pata...».

La fuente principal de ingresos son las comisiones ilegales que se cobran a varias empresas valencianas para «agilizar» las contratas correspondientes. En la jerga de los comisionistas, los directivos de la empresa Dragados y Construcciones son los «dragones»; denominan «el caminito» a la obligatoriedad de que los proveedores negocien con ellos para conseguir algo en Madrid; «llevar el maletín» es hacer un pago; las «fotocopias» son dinero en efectivo o cheques bancarios; «C» es «Construcciones y Contratas, S. A.»; los «moros» son los representantes de la compañía kuwaití KIO, y los «primos», cómo no, Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

POLICÍAS BUENOS

La génesis del caso Naseiro tiene como protagonistas a los inspectores de policía Enrique Ortega y Enrique Peiró, miembros de la Brigada Regional de Estupefacientes de Valencia. Ambos comienzan sus investigaciones con absoluta discreción, para no levantar la liebre, procurando que, ni siquiera hacia arriba, siguiendo su propio conducto reglamentario, fluya más información de la necesaria. Saben que las personas investigadas están muy bien relacionadas en todos los ámbitos de poder, y cualquier precaución es poca.

«Los jueces que quieren llegar al fondo de los acontecimientos hacen diferencias entre varios tipos de policías: los fascistas o corruptos, que son cuantos; los que no quieren líos y se escabullen siempre que pueden, y un pequeño grupo de funcionarios interesados en investigar caiga quien caiga», llamado «Clan de Valladolid», de fuentes vinculadas a la investigación policial y judicial del caso Naseiro, que prefieren no ser identificadas, a pesar de que han transcurrido ya dieciséis años desde que se produjeron aquellos hechos. «Los policías tienen una clasificación de los jueces similar: por un lado, los ultraderechistas y los vinculados al poder político de turno; luego, un amplio grupo de magistrados que esconden los temas espinosos en los cajones y sólo esperan que les trasladen a un juzgado menos conflictivo, y, por fin, un pequeño grupo de jueces dispuestos a tirar hacia delante.»

En la investigación del caso Naseiro coinciden el juez Luis Manglano, en ese momento titular del juzgado de instrucción número dos de Valencia y miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, y los policías Ortega y Peiró. Se reconocen mutua-mente y empiezan a trabajar. Los dos inspectores comprenden la gravedad de la situación cuando, en medio del secreto sumarial decretado por Manglano, sus jefes les acucian, piden explicaciones sobre su silencio y les exigen que faciliten toda la información de la que disponen. Curiosamente, uno de los dos inspectores policiales que empiezan a tirar del hilo es votante del PP.

Pronto decidirá situarse fuera del marco electoral, des-encantado por el frustrante final del caso.

Resulta paradójico, pero mientras la carrera política de muchos de los personajes que aparecen en las cintas grabadas, planificando hechos delictivos, continúa su ascenso político después de este espinoso asunto, como es el caso de Eduardo Zaplana, la trayectoria profesional de los dos funcionarios policiales que realizan la investigación queda marcada negati-vamente y para siempre por estos hechos.

Durante el período en el que se mantiene el secreto sumarial, los inspectores Ortega y Peiró sufren un verdadero calvario. De poco les sirve la carta enviada a la Jefatura Superior de Policía de Valencia por el juez Manglano, que también se convertirá en víctima del caso, en la que felicita a los dos agentes por su ejemplar actuación. Desde el PP se organiza una auténtica ofensiva para neutralizar la actuación judicial, presentándola como parte imprescindible de una gran conspiración institucional.

Antes de que la investigación salga a la luz, el procedimiento judicial ha ido creciendo hasta superar los setecientos folios. Se constata la existencia de un posible delito «contra la salud pública» –de hecho, Rafael Palop Martínez será encausado por este mismo motivo más adelante– y, además, se abren diligencias previas (295/90) por un posible delito de cohecho y malversación.

Avanzando en sus pesquisas, Manglano solicita los extractos de cinco cuentas bancarias, abiertas a nombre de Salvador Palop en la Caja de Ahorros Provincial de Valencia, la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, la Caixa d’Estalvis de Valencia, el Banco Hispano Americano y el Banco de Sabadell. Pero inmediatamente, el director de una de las sucursales bancarias, Eduardo Finch, informa a Salvador Palop de que su teléfono está intervenido y que la policía investiga sus cuentas. A partir de ese momento, los hechos se precipitan y es inevitable que todo eche a rodar abiertamente, cuando la investigación aún se encuentra sólo en el principio.

Cinco días después, el 9 de abril de 1990, el magistrado Luis Manglano ordena la detención de Rosendo Naseiro y Salvador Palop. Posteriormente son también detenidos Luis Janini Tatay, ingeniero de caminos y delegado regional en Valencia de la empresa Dragados y Construcciones S. A.; Carlos Bonet, delegado en Valencia de la empresa Huarte; Luis Latorre, arquitecto municipal de Cullera, y el empresario Juan Balaguer. También se dicta orden de localiza-ción de Francisco Javier Domínguez, ex arquitecto municipal de Cullera. El juez decreta prisión incomunicada para los detenidos y declara secreto el sumario.

Por fin, el 16 de abril, el juez Manglano remite las actuaciones sumariales al Tribunal Supremo, porque en el sumario aparecen implicadas «personas aforadas»: Manuel Fraga, José María Aznar y el diputado Ángel Sanchís.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de cohecho en grado de conspiración, pero el 18 de junio de ese mismo año, el Tribunal Supremo estima la petición de los abogados defensores de que se anulen, como prueba de cargo, las conversaciones telefónicas que han mantenido los encausados, al considerar que las grabaciones han vulnerado algunos de sus derechos fundamentales. Una vez invalidadas judicialmente pruebas tan contundentes, la red comisionista queda absuelta.

El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 18 de junio de 1992, cuyo ponente es Enrique Ruiz Vadillo, señala que «no ha lugar a la prueba pe-ricial propuesta y acordada respecto de las cintas magnetofónicas que contienen, al parecer, las conversaciones telefónicas cuya escucha se declara nula en este auto. En su consecuencia, tampoco podrán practicarse los medios de prueba que traigan causa en las referidas conversaciones tomadas de las correspondientes cintas». Y cierra todas las puertas a una posterior investigación de los hechos: «No cabe hablar de pruebas lícitas que procedan de una prueba ilícita... Por eso es tan importante la total ineficacia de la declaración si de ella pueden obtenerse fehaciencias que, de otra manera, no se hubiesen conseguido».

PRUEBAS ANULADAS

El Tribunal llega a la conclusión de que «se ha estado investigando durante bastante tiempo un delito de cohecho cometido por determinadas personas, bajo el amparo inequívoco de una autorización judicial para descubrir uno o varios delitos de narcotráfico que nada tenían que ver con aquel». En definitiva, este auto, que sienta jurisprudencia, viene a decir que hay que solicitar autorización judicial expresa para investigar cada indicio de nuevo delito que vaya surgiendo sobre la marcha: «Tan pronto aparecen en las conversaciones expresiones que hacen pensar en un delito distinto al de tráfico de drogas, debió ponerse inmediatamente tal dato en conocimiento del juez, porque con tal “novación” del objeto de la autorización hubiera tenido que considerar su decisión, cualquiera que hubiera sido su signo, y otro tanto hay que decir respecto del momento en que aparece en la “pantalla” de las conversaciones un diputado».

«Antes de que se redactara ese auto, el juez decía a la policía: graba, y comenzaba la investigación», explica un magistrado que siguió muy de cerca el caso Naseiro. «Pero en la comisaría sólo tenían dos cintas matrices, con un número de horas limitado, y eso había que pasarlo a casettes. La policía borraba las conversaciones intrascendentes y pasaba a las cintas lo que consideraba más notorio. A continuación, el secretario del juzgado transcribía las casettes. Este auto del Tribunal Supremo tiraba por tierra lo que se ha-bía hecho hasta entonces: a partir de ese momento era el juez quien tenía que oír todas las grabaciones y decidir cuál era el material relevante. Además, debía controlar la transcripción. Para eso tendría que estar con los auriculares puestos toda la vida. Después de aquello, durante años, los jueces no han dado orden de hacer escuchas, era un trabajo infernal. Así se car-garon también el procedimiento más eficaz para com-batir el narcotráfico. Fueron a las formas para impedir que se viera el fondo. Este sistema favorece al poderoso, al que tiene dinero, porque el Tribunal Supremo continúa condenando, con pruebas obtenidas como en el caso Naseiro, a pequeños traficantes, sin invocar su propia doctrina. Condenan a los que no tienen abogados que lo impugnen.»

Una vez parado el golpe judicial, dentro de las filas del PP se produce una auténtica marejada que arras-tra a algunos de los implicados en el caso. A las dimi-siones de Rosendo Naseiro y Salvador Palop, que han renunciado a sus cargos tras ser detenidos, se une también la dimisión de Ángel Sanchís, quien no pierde su escaño en el Congreso por deseo expreso de la dirección del partido. La cuarta víctima política del caso es Arturo Moreno Garcerán, vicesecretario general del PP, responsable de asuntos electorales y hombre de confianza de Aznar, quien acepta su dimisión.

Se escapan, sin dejar demasiados pelos en la gatera, Eduardo Zaplana y sus amigos del Clan de Valladolid, a pesar de las duras conclusiones del informe interno elaborado, en mayo de 1990, por Alberto Ruiz Gallardón. En él no hay ninguna propuesta sobre sanciones concretas, pero se rechaza abiertamente el comportamiento de los miembros del PP que intervienen en las conversaciones grabadas.

El informe señala que, «de los hechos examinados e investigados, resulta acreditada la participación de varios miembros del Partido Popular en una serie de conversaciones en las que, utilizando el nombre del partido, se pretende conseguir aportaciones no fina-listas de determinadas empresas que, por su actividad, participan de forma habitual en los concursos públicos cuya adjudicación corresponde a corporaciones locales de las que forman parte cargos electos del Partido Popular». Y añade: «Las operaciones no llegan a consumarse, pero dan lugar a una serie de conversaciones de las cuales se deriva toda una filosofía de actuación para el tratamiento de este tipo de asuntos».

Ruiz Gallardón también reconoce que las conversaciones evidencian una serie de actuaciones encaminadas a la obtención de dinero con la finalidad de aportarlo a la sociedad Futuro Financiero. Esta sociedad ha sido fundada en Madrid, el 26 de julio de 1989, con un capital inicial de 150 millones de pesetas, con el objeto, entre otros, de «realizar administración de patrimonio e intervención financiera». La sociedad está presidida por Álvaro Alonso-Castrillo y forman parte de ella Salvador Palop, Arturo Moreno y el arquitecto municipal de Cullera Javier DoMínguez. Además, mantienen una estrecha relación con esta firma Miguel Ángel Cortés y Eduardo Zaplana.

A finales de mayo trasciende a la prensa que Ruiz Gallardón, a pesar de no haberlo solicitado por escrito en su informe, ha manifestado que algunos de los protagonistas de las conversaciones grabadas no son dignos de permanecer en el PP. El día 20 de ese mismo mes, el diario El Mundo titula, en su primera página: «Gallardón pide la expulsión de Sanchís, Palop y Zaplana y el cese de Cortés y Aragonés».

«Mientras Borito Palop era atendido por los doctores Ramiro Rivera y José Miguel López Ibor, ante el deplorable estado físico y psíquico en el que se debatía, sus amigos Cortés, Moreno, Zaplana y Aragonés se escondían atemorizados, presas del pánico ante lo que se les venía encima», escribe Graciano Palomo:

«Teóricamente, su carrera económica y política se había ido al garete, mientras sus enemigos internos se frotaban las manos: “Ya hemos acabado con estos ma-riconcetes de Valladolid...” Se equivocaban, porque el comandante en jefe les seguía arropando incom-prensiblemente bajo su manto. En cualquier otro país del mundo habrían sido remitidos al último archivo o a la sala de fotocopias, pero Aznar era diferente, o tenía compromisos previos. Las cintas del caso Naseiro eran terribles: todavía lo son.»

Tan terribles que el Tribunal Supremo decide no sólo que no tengan valor probatorio, sino que des-aparezcan físicamente. Un intento de borrar la realidad con carácter retroactivo. En el auto de 18 de junio de 1992 del Alto Tribunal, se señala: «Otro de los efectos de esta declaración será la destrucción inmediata de todas las cintas y de sus transcripciones mecanográficas, en presencia, si lo desean, de las partes y con intervención, por supuesto, del secretario judicial, que dará fe de su destrucción, quedando mientras tanto bajo su custodia».

Sin embargo, por fortuna para la historia, hubo más de una copia que se salvó del fuego aniquilador de pruebas. Aún se pueden leer esas transcripciones y escuchar alguna de las cintas. En concreto, una que llevaba el número 4 y comenzó a grabarse el 11 de febrero de 1990, a las 13:22. La primera cara de esa cinta finaliza precisamente cuando Eduardo Zaplana sugiere lo de pedir «dos millones de pelas o tres». Su voz se reconoce perfectamente, suena más joven y aguda, pero igual de suelta y castiza que ahora.

A consecuencia del caso Naseiro, Ángel Sanchís, Salvador Palop y Arturo Moreno Garcerán desaparecen de la primera fila de la política. Lo mismo que Rosendo Naseiro, que se refugia en su Galicia natal.

Pero al antiguo tesorero del PP no le ha ido mal fuera del partido: posee la mejor colección del mundo de bodegones del siglo XVII, valorada en 26 millones de euros y atesora otro medio centenar de cuadros muy valiosos.

Cortés, Aragonés y Zaplana continuarán sin problemas por el mismo carril, acumulando cargos políticos. Y patrimonio.

La investigación iniciada por el juez Luis Manglano y los inspectores Enrique Ortega y Enrique Peiró queda cercenada por defecto de procedimiento, pero los resultados de sus pesquisas están todavía ahí. Resultan muy esclarecedores para entender los comportamientos políticos posteriores de algunos de los actores de ese serial telefónico que tiene su epicentro en el domicilio de Salvador Palop.

Eduardo Zaplana disfruta del Opel Vectra de 16 válvulas durante muy poco tiempo, enseguida se sube a un coche oficial. Y todavía lo sigue teniendo en su puerta.

Capítulo II

EL HOMBRE DE LOS HOSTELEROS

Cuando Eduardo Zaplana Hernández-Soro llega a Benidorm, a principios de los años 60, esta pequeña localidad costera alicantina aún conserva gran parte de su fisonomía tradicional de pueblo pescador. Pero la presión del creciente turismo, nacional e internacional, empieza a modificar, cada vez más rápidamente, la altura de los edificios situados en las primeras líneas de playa.

Nacido en Cartagena, el 3 de abril de 1956, Zaplana tiene sólo nueve años y acaba de quedar huér-fano de madre. En Benidorm vive una tía suya, que se ha casado con un lugareño, y ella se convierte, en ese momento, en el principal polo de referencia para el desarbolado chaval. El padre del joven Eduardo es un ex oficial de la Marina que ha abandonado prematuramente su carrera militar para dedicarse a actividades industriales centradas especialmente en el negocio del desguace de barcos en el «cementerio» naval de La Algameca, zona portuaria cartagenera donde Arturo Pérez Reverte centrará, cincuenta años después, la acción de su novela La carta esférica.

Zaplana ha realizado sus primeros estudios en los maristas de Cartagena y se encuentra con la dura experiencia de tener que comenzar el bachillerato, interno, en un nuevo centro escolar. Los profesores del colegio Lope de Vega, situado en la actual Avenida del Doctor Severo Ochoa, son los encargados de formar en cultura general al futuro presidente de la Generalitat y ministro del Gobierno central. Allí estudian los hijos de las familias pudientes de Benidorm, y, según dicen las malas lenguas, ese centro, hoy convertido en un colegio concertado, es conocido, en los años 60 y 70, como el «Lope de vagos», por la manga ancha de la que disfrutan, en los exámenes de junio, los niños bien escolarizados allí que no muestran demasiado interés por los estudios.

Pero Zaplana no finaliza el bachillerato en tan be-névolo centro. De nuevo se ve forzado a cambiar de residencia, esta vez para vivir en casa de su hermana mayor, Luisa, en la llamada «Ciudad del Aire» de la localidad murciana de Santiago de la Ribera. Su cuñado, Justo Valverde, piloto militar, está destinado en la cercana base de San Javier. Con el paso de los años y después de haber abandonado ya el Ejército del Aire, Valverde será recompensado por su cuñado con un rentable puesto como responsable de compras de Terra Mítica. Siguiendo a su hermana, Eduardo Zaplana se ve obligado a trasladarse de nuevo de residencia y centro escolar, y hace el COU en Canarias, antes de volver a Benidorm.

Es poco más que un adolescente cuando conoce a la que será su mujer, Rosa Barceló Martorell, hija de Miguel Barceló Pérez, uno de los más poderosos empresarios hosteleros de Benidorm. Su futuro suegro se opone inicialmente al noviazgo de la niña con ese atrevido individuo, a quien ya se le notan, a primera vista, las ganas de ascender en el escalafón social.

Pero, al final, el amor triunfa: Eduardo Zaplana y Rosa Barceló se casan el 23 de febrero de 1980.

Miguel Barceló y su mujer, Dolores Martorell, pertenecen a dos poderosas familias de Benidorm enrique-cidas con el aluvión del turismo. Hasta finales de los 50, el pueblo vivía sobre todo de la pesca y también de la agricultura. Es difícil imaginárselo ahora, pero junto a la playa sólo había casas de pescadores de bajura y de almadraberos que se desplazaban hasta la localidad gaditana de Barbate a por el atún. En esa época, las familias del pueblo que tenían terrenos en propiedad deja-ban a las hijas su correspondiente parte de herencia en las zonas cercanas a la playa, que entonces eran impro-ductivas, metros cuadrados que no valían para nada. A los hijos se les beneficiaba con las zonas cultivables que quedaban hacia el interior, más lejos del mar.

Dolores Martorell tuvo la «desgracia» de heredar unos terrenos improductivos junto a la playa de Levante. Pero los aires cambiaron pronto y en ellos se edificó uno de los primeros grandes hoteles de Benidorm, Les Dunes. Ahí empieza la historia de la acumulación de capital de los suegros de Zaplana. Barceló y su mujer son pioneros a la hora de apuntarse al boom hostelero que experimenta la zona a partir de los 60. Y al cabo de los años, el yerno al que inicialmente miraban con recelo les ayudará a multiplicar el valor de sus propiedades.

Ya desde la Generalitat, Zaplana consigue que los hoteles de cuatro estrellas amplíen el volumen edificable. Cambia la normativa vigente hasta entonces, para darles mayor dimensión y hacer una ampliación de ha-bitaciones, con el pretexto de «mejorar la calidad turística». Tan noble motivo sirve para que se modifique el plan general correspondiente. Y con la intención de favorecer la realización de esas reformas, también otorga a los magnates del sector generosas ayudas económicas con dinero público. A esta medida, que es denominada «premio hotelero», se acogen más de una quincena de establecimientos, con el compromiso verbal de aportar al Ayuntamiento, a cambio, unas compensaciones en solares que, al día de hoy y como era previsible, no se han producido.

Los presupuestos de la Generalitat durante el mandato de Zaplana tendrán siempre muy presentes a los hoteleros de Benidorm, uno de sus más sólidos ejes políticos iniciales. Ellos son los primeros que aúpan la carrera del futuro ministro de Aznar y él les echa después una mano: tras la ley, los hoteles que estaban construidos ilegalmente y denunciados desde años atrás se apuntan a la normativa elaborada ad hoc por el presidente de la Generalitat. La mayor parte de los hoteles de Benidorm se edificaron cometiendo en su día numerosas infracciones urbanísticas, por volumen, retranqueos e irregularidades de todo tipo. Incluido Les Dunes, que por fin se acabará derribando, pero para construir dos grandes torres, gracias a una oportuna recalificación, generosamente otorgada por la autoridad competente, que supone un incremento, en proporción geométrica, de las plusvalías de sus propietarios. Beneficiándose del trato de favor del yerno triunfante, las torres del matrimonio Barceló-Martorell invaden suelo público.

En los años 60, el hermano de Miguel Barceló, Jaime, había sido alcalde de Benidorm, un puesto endo-gámico sólo al alcance de los representantes de las grandes familias del pueblo. El padre de los Barceló fue capitán de la Marina mercante y construyó uno de los primeros hoteles de la ciudad, el Marconi.

Pero el impulsor de la gran revolución turística de Benidorm, de la que después se beneficiarán los Barceló, Zaplana y demás, fue el alcalde Pedro Zaragoza.

Este singular personaje, un franquista recalcitrante que se proclamaba también republicano, decidió salir fuera de la ciudad a vender sus playas y su sol. Hasta principios de los 60, los turistas que llegaban a Benidorm provenían, sobre todo, de Madrid y de las zonas interiores de Alicante, en especial de Alcoy. De hecho, el primer tramo del paseo marítimo de la ciudad se llama paseo de Alcoy, y el resto, avenida de Madrid.

Zaragoza impulsó la llegada del turismo internacional a Benidorm, y cuando las suecas en bikini co-lisionaron con la siempre entrometida Conferencia Episcopal, el alcalde en persona viajó en una vespa hasta El Pardo, para convencer al todopoderoso Caudillo de que era bueno para la España imperial que nos visitaran aquellas espectaculares criaturas rubias.

A partir de ese momento, comenzó a fraguarse lo que ahora se conoce como la burguesía hostelera de Benidorm, cuyo principal producto político ha sido Eduardo Zaplana.

El Plan General Urbano de Pedro Zaragoza es el punto de arranque del desarrollo de la construcción en Benidorm. La Avenida del Mediterráneo facilitó los accesos hasta la playa y el interior de la localidad, que empezó a crecer desorbitadamente. Era un pueblo de marineros, pero los que se hicieron ricos fueron los propietarios de la tierra.

LIBERAL ACCIDENTAL

Mientras avanza su noviazgo con la hija de Barceló, Eduardo Zaplana viaja a Valencia, en 1975, para estudiar Derecho. Allí conoce a Jaume Matas y estrecha lazos con él. Matas es un personaje que va a tener un vida política paralela a las suya y con quien todavía hoy le unen muchos vínculos. La mujer del ex presidente del Gobierno Balear y ex ministro de Medio Ambiente, Maite Areal Montesinos y la de Zaplana, Rosa Barceló, son amigas desde jóvenes y contribuyen a consolidar la relación entre ambos políticos.

Hasta ese momento, Eduardo Zaplana no ha canalizado su vocación política hacia ningún partido.

Según dice, su padre no era un hombre del régimen, pero él, desde luego, no muestra la más mínima in-quietud antifranquista ni durante los últimos años de la dictadura ni a lo largo de la Transición. Afirma que su progenitor –fallecido en 1983–, era de derechas, pero «nunca fue falangista ni defensor de Franco».

«Era monárquico y muy partidario de Don Juan Carlos de Borbón», asegura Zaplana. Le hace estas declaraciones al periodista valenciano Rafa Marí, para la hagiografía que éste le escribe en 1995, como contribución al lanzamiento de su candidatura a la presidencia de la Generalitat. Además, le dice a su cro-nista de cabecera: «No tuve una vocación política claramente señalada hasta que no cumplí 15 o 16 años». Pero no explica en qué consistía y cómo se concretó inicialmente esa vocación. También relata que el primer mitin al que asiste en su vida es el que ofrece Felipe González en Valencia, durante la campaña electoral de 1977, que se suspende poco después de comenzar, por amenaza de bomba. En ese momento, Zaplana está aún buscando un trampolín adecuado, no tiene nada claro dónde ubicarse. La Transición abre muchas perspectivas nuevas para los políticos de todo signo con ganas de medrar.

Zaplana le asegura a su biógrafo Rafa Marí que la luz se hace para él cuando conoce a Joaquín Muñoz Peirats, presidente de la Federación Valenciana del Partido Demócrata Liberal, pequeña formación presidida por Joaquín Garrigues Walker. El cartagenero se deshace en elogios hacia ambos personajes siempre que tiene ocasión: «Con Joaquín Garrigues Walker y Joaquín Muñoz Peirats descubrí que se podía ser perfectamente demócrata sin necesidad de ser de izquierdas, cosa que, en 1975, no todo el mundo tenía clara».

El PDL es el núcleo de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, que se disuelve para inte-grarse en la Unión de Centro Democrático. En ese mismo lote llega también a UCD Eduardo Zaplana, y empieza a moverse con soltura en el partido de Suárez, una estructura política montada desde arriba, exclusivamente para mantener el poder, que carece de base militante.

Para continuar alimentando la filosofía teórica del PDL, se crea, en 1977, inmediatamente después de la disolución del partido, el Club Liberal, a cuyo frente figuran Antonio Fontán, opusdeísta y presidente del Senado, Félix Pastor Ridruejo y Miguel Herrero de Miñón. Junto a ellos aparecen ambiciosos políticos con poco más de 20 años: Arturo Moreno, Carlos y Fernando Aragonés, Miguel Ángel Cortés y Eduardo Zaplana. El futuro clan de Valladolid al completo.

En su libro El sucesor, el periodista Raimundo Castro, buen conocedor de los entresijos de tan singular y emprendedor colectivo, hace una irónica reflexión sobre lo que él define como la «filosofía neocalvinis-ta de los jóvenes liberales»: «Para este grupo, como para la gente del Opus Dei, con la que habían co-nectado, la filosofía del calvinismo, modernizada, consiste en hacerse rico en vida y consideran que lo-grarlo es una manifestación del reconocimiento de Dios de cara a la salvación eterna. Lo del camello por el ojo de la aguja no va con ellos. Ser rico, encima, supone tener el cielo asegurado». Y recuerda que, inmediatamente después de la transformación de AP en el Partido Popular, Salvador Palop, miembro valenciano del clan, le dice a Arturo Moreno: «Tenemos que copar la tesorería (del PP), ¿eh? Tenemos que coparla de verdad». Todos ellos aparecen en las grabaciones del caso Naseiro.

BODA DE CINCO ESTRELLAS

La política aparta de la universidad a Zaplana, que deja momentáneamente colgada la carrera. Hasta ese momento la ha ido sacando a trompicones, todo indica que el Derecho y los libros no se encuentran entre sus principales pasiones. Al mismo tiempo, su proyección en UCD no la acaba de ver demasiado clara y tampoco se atreve a dar el salto a Madrid todavía. Sin embargo, en su tierra va despuntando y, poco a poco, empieza a ser conocido. Es joven, tiene buena planta y sabe venderse. José Luis Calvo Bon, secretario del PSOE local, ve la posibilidad de incor-porarlo a su partido y le «toca», pero UCD no ha entrado en crisis aún y Zaplana considera lejana la posibilidad de que el PSOE se convierta en una alternativa provechosa para él, así que rechaza la oferta. Por ese camino podía haber llegado a convertirse en un Rafael Vera o un Luis Roldán.

Eduardo Zaplana decide hacerse fuerte en su propio terreno y, a los 23 años, se casa con Rosa Barceló. El matrimonio le da un nuevo y lustroso impulso: el respaldo de su poderoso suegro le abre las puertas de los clanes familiares más acaudalados de Benidorm. Miguel Barceló y sus amigos hosteleros apoyan con toda la artillería que poseen al prometedor Zaplana, que es nombrado secretario general de UCD en Benidorm y secretario de organización de este partido en la provincia de Alicante.

Todavía ocupa ese cargo cuando se produce la entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, el 23-F de 1981, el mismo día que él y Rosa Barceló celebran su primer aniversario de boda.

A partir de ese momento, empieza la cuesta abajo del partido de Suárez y, en las elecciones de octubre de 1982, cuando se presagia la total debacle de UCD, Zaplana, que ya otea nuevos horizontes, aparece el último en la lista de su partido por Alicante para el Congreso de los Diputados. Con «ánimo meramente testimonial», como él mismo reconoce, a pesar de que, en ese momento, es secretario general de las Juventudes de UCD de Alicante y miembro de la Ejecutiva Regional del partido en la Comunidad Valenciana.

Aprovecha el parón político para terminar los cursos de la carrera que aún le quedan pendientes.

Discreto estudiante, tiene la providencial suerte de que se acaba de inaugurar la Facultad de Derecho de Alicante y este centro universitario aún no ha puesto el listón académico demasiado alto. Menos aún para él, que está bien apadrinado.

Ejerce de abogado unos pocos años, pero no destaca por su habilidad en el mundo de las togas. Primero trabaja, durante una breve temporada, como pasante de Roberto Botella Navarro, un letrado que, durante los años de la Transición, tantea sus posibilidades políticas con el PCE y el PSOE, para acabar como bien remunerado gregario de su antiguo subordinado. Zaplana le encontrará un buen puesto como asesor jurídico de Terra Mítica.

Durante su breve periodo de abogado profesional, el futuro presidente de la Generalitat también comparte dos despachos de vida efímera con el abogado Francisco Murcia Barceló, actualmente diputado en Madrid y miembro del sector campista del PP valenciano.

Tras esa corta y poco brillante carrera como letrado, decide dedicarse a lo suyo. Uno de los hombres fuertes de Alianza Popular en Alicante, José Antonio Montesinos –que también aparece citado en las conversaciones del caso Naseiro–, le tira los tejos, y Zaplana se acerca al partido de Manuel Fraga. En 1986 defiende la permanencia de España en la OTAN sin necesidad de convocar ningún referéndum, y en las elecciones de 1987 ya colabora activamente con AP.

En 1988 se afilia al partido y, poco después, sus viejos amigos del clan de Valladolid le empiezan a contar maravillas de un político cuya cotización crece: el presidente de la Junta de Castilla-León, José María Aznar.

PEÑA PICAROL, LA CORTE DEL FARAÓN

De Benidorm va a salir también una nutrida guardia pretoriana que cubrirá las espaldas de Eduardo Zaplana, primero en el Ayuntamiento de la ciudad y después en la Generalitat. Desde el principio de su carrera política, el futuro ministro de Trabajo se manifiesta como un auténtico maestro en el manejo de Generalitat le gusta la vieja consigna «do ut des». Intercambio controlado de favores y prebendas para beneficio mutuo. La masas de la peña Picarol, de la que Zaplana forma parte, se convertirá en un semillero de altos cargos públicos. En ella consolida su base más fiel. Todos beneficiados por sus nombramientos constituirán tupida red de confianza que le mantendrá a cubierto de imputaciones directas en asuntos muy poco claros. 

Así construye los cimientos de su clan, teje una compleja trama de subalternos que medran en la estela del jefe y, a cambio, actúan de pantalla y le proporcionan protección y confianza. Ese es el estilo Zaplana. Todos ellos le son fieles por los favores recibidos. Las fiestas patronales de Benidorm, cada segundo domingo de noviembre, les sirven para renovar los viejos lazos del compadreo. Se juntan todos los años en esas fechas para vestir el blusón granate que les identifica como socios de la peña. Además, celebran sonadas comilonas y juegan al fútbol. Esto último, cada vez menos, según va pasando el tiempo.

Son fanáticos madridistas. Zaplana y los suyos compatibilizan con naturalidad los altos cargos políticos en la Comunidad Valenciana y la afición por el Real Madrid. No en vano el político cartagenero y algunos de sus colegas de la peña Picarol han sido fundadores de una renombrada peña del equipo blanco en Benidorm, la que tiene su sede en el bar Cariñoso, en la calle de Pérez Llorca. Especialmente chirriante resulta la imagen de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, jaleando los tres goles del Real Madrid al Valencia en la final de la copa de Europa celebrada en el estadio Saint Denis de París, en mayo de 2000. También se le puede ver con frecuencia en el palco del estadio Santiago Bernabeu, compartiendo unas copas y la emoción por el gol con Alfredo Pérez Rubalcaba, ambos madridistas. El fútbol hace amigos insospechados.

Todos los zaplanistas coinciden en la generosidad del jefe. Ejercida con dinero público, por supuesto. Él se muestra especialmente atento a la hora de colocar a su gente, considera que es la mejor forma de sembrar y crear infraestructura. Más de uno le va a deber a Zaplana la vida y la hacienda. Es el funcionamiento del sistema caciquil clásico: «Te hago capitán general, pero me rindes pleitesía sólo a mí». Clientelismo y red de fidelidades con cargo a los presupuestos de diversas administraciones públicas.

Zaplana desorbita los gastos municipales del Ayuntamiento de Benidorm y, después, los presupuestos de la Generalitat y los fondos de utilización discrecional del Ministerio de Trabajo. Partidas faraónicas que le permiten, entre otras cosas, incrementar hasta extremos insólitos el personal de confianza. Luego, se crean puestos fijos, mediante concurso restringido, para cada persona en concreto.

Muchos socios de la peña Picarol han disfrutado de su estatus de zaplanistas en los centros del poder político valenciano durante años, pero las cosas han ido cambiando últimamente. Con el jefe en Madrid, a muchos kilómetros, y el nuevo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, colocando a los suyos y desplazando a la tropa de Zaplana, la cosa se está poniendo fea. En 2007 más de un «picarol» ha tenido que hacer el hato y volverse a Benidorm.

Pero antes ha habido un largo periodo de gloria.

Durante la década de los 90 y al paso alegre del zaplanismo, los «picaroles» van copando puestos en la administración y las empresas públicas valencianas con auténtica voracidad. Entre ellos, el arquitecto Fernando Modrego Caballero. Nacido en Donostia, pero afincado en Benidorm desde los siete años, tiene la misma edad que Zaplana y es uno de sus íntimos.

Cuando su valedor alcanza la presidencia de la Generalitat, pasa de compartir parrandas con él en las fiestas del pueblo a ostentar el puesto de conseller de Medio Ambiente en el gobierno valenciano. También ocupa un puesto de diputado en las Cortes de la capital del Turia y apoya, de forma decisiva, desde la Conselleria, el tinglado de Terra Mítica, cuyo monumental fracaso económico no impide que muchos personajes del entorno más íntimo de Zaplana salgan muy beneficiados de su relación con el parque. Por ejemplo, un visitante ocasional de la peña Picarol, Eliseo Quintanilla, consigue nueve millones de euros comprando y vendiendo a buen precio tierras en el erial calcinado donde después se asienta Terra Mítica.

Otro que disfruta de las prebendas que llevan aparejadas la vinculación, desde arriba, con el parque te-mático, a donde van a parar muchos amiguetes de Zaplana, es el letrado Roberto Botella, su antiguo jefe en los tiempos, poco brillantes, que se dedicó a la práctica de la abogacía. Un caso similar es el del «picarol» Joaquín Barceló, alias «Pachano», que inicialmente dirige el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm, y termina disfrutando, uno más, del pastel de Terra Mítica. Su principal mérito para acceder a estos cargos: tomar copas con Eduardo Zaplana en la peña Picarol y ser buen aficionado a la caza. Otro de sus principales compañeros de juergas, Francisco Murcia Barceló, llega a diputado del PP en las Cortes de la Carrera de San Jerónimo.

Entre los personajes que pueblan la corte del faraón cartagenero destaca Salvador Moll Vives, miembro de una de las familias más ricas y conocidas de Benidorm y propietario del camping El Racó, y de dos hoteles, el Cimbal y el Beni Loix. Accede al puesto de concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Personal, con Zaplana al frente del Ayuntamiento y, después, cuando él se hace cargo de la presidencia de la Generalitat, continúa en la corporación como teniente de alcalde de su sustituto, Vicente Pérez Devesa.

También resulta agraciado en la pedrea del «Picarol» Manuel Pérez Ors, que pasa de no tener oficio ni beneficio a encabezar la concejalía de Servicios Técnicos y, posteriormente, a ocupar con carácter al parecer vitalicio el curioso puesto de «coordinador de cementerios» del Ayuntamiento de Benidorm. Y un socio más de la peña, Ramón Campos Iglesias, tras su correspondiente paso por la dirección del CDT de Benidorm, llega a la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento.

La corporación municipal será aprovechada a fondo por los «picaroles». Antonio Botella Soler, alias el «Meno», otro amigo de Zaplana sin profesión conocida, es nombrado concejal de Comercio y Aperturas y, después, concejal de Urbanismo, un cargo especialmente goloso. Inicia su andadura política justo después de haber montado un taller de fontanería, sin un duro y sin conocer el paño, con la intención de sacar la cabeza por algún sitio. Pero tras su paso por el Ayuntamiento de Benidorm y por la Diputación Provincial de Alicante, su destino cambia. En la actualidad no ostenta ningún cargo público, marginado por los campistas, pero tiene muy buen vivir: es propietario de un camping impresionante situado en el Camino Viejo de Altea que disfruta de permisos concedidos de forma irregular por la Generalitat. Reside en una enorme casa de campo, con pistas de tenis y caballos, se ha olvidado de la fontanería y lleva calcetines de diseño. Como su benefactor.

De la cantera de la peña Picarol sale también el abogado Juan Manuel Cabot Saval, que es elegido diputado autonómico en varias legislaturas y secretario de la Mesa de las Cortes. Además, llega a vicesecretario regional del PP en la Comunidad Valenciana.

En las pasadas elecciones de mayo fue defenestrado por los campistas y quedó fuera de las listas electorales. Mejor suerte corre otro socio de la peña, el médico Manuel Pérez Fenoll, íntimo de Zaplana. Tras ser concejal durante varios mandatos y diputado autonómico en las Cortes Valencianas, llega a la alcaldía de Benidorm en 2006, tras el fallecimiento del anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, y todavía la ocupa.

Un elemento clave en el ascenso inicial de Zaplana, también socio de la peña Picarol, es el notario y registrador de la propiedad Antonio Magraner Duart.

Apoya al cartagenero en su asalto a la alcaldía de Benidorm y después rentabiliza a la perfección su cercanía a Zaplana cuando éste llega triunfante a la capital del Turia. Consigue repantingarse en uno de los veintiún sillones del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a propuesta de la Diputación de Valencia, corporación gobernada por el Partido Popular desde las elecciones del 28 de mayo de 1995, que llevan a Zaplana a la presidencia de la Generalitat. Antes, ya había ocupado plaza en el consejo de asesor del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo que, entre otros cometidos, tiene la fiscalización de las cuentas de las cajas de ahorros.

Magraner Duart había sido el encargado de captar a los Puchades, terratenientes de la comarca de La Marina Baixa, para que entrasen como socios capita-listas en Futuro Financiero, la sociedad que estuvo en el centro del caso Naseiro. Magraner emparentó con ellos al casarse con María José Puchades, sobrina de Margarita Puchades Orts, la consejera delegada de la sociedad GP Polop, accionista mayoritaria de Futuro Financiero. Las relaciones de Antonio Magraner con el círculo de poder del PP que impulsó a Aznar hacia la presidencia del partido, primero, y hacia la Moncloa, después, le llegan a través del clan de Valladolid. Es integrante de la peña Picarol desde antes de que Zaplana comprara el voto de la tránsfuga Maruja Sánchez para hacerse con la alcaldía de Benidorm.

Como no podía ser menos que otros socios, Magraner también se beneficia de los trajines de Terra Mítica, en este caso, a través de la familia de su mujer. El clan Murcia Puchades es propietario de 666.000 metros cuadrados urbanizables, incluidos en el plan director de usos e infraestructuras del área del parque temáti-co de Benidorm, y, casualmente, el 28 de junio de 1999, el entonces conseller de Obras Públicas de Eduardo Zaplana, José Ramón García Antón, firma una resolución por la cual se modifica la ordenación urbanística del sector dos del término municipal de Finestrat, en el que los Murcia Puchades poseen varios miles de metros cuadrados urbanizables en varias parcelas. La modificación ha sido elaborada –mayor casualidad aún– por el entonces subsecretario de Urbanismo y posteriormente conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, el «vasco» de la peña Picarol. Modrego establece los límites de las distintas tipologías de viviendas en relación al porcentaje de superficie construida, en lugar de un porcentaje sobre el número de viviendas. Así, los terrenos incrementan notablemente su valor, en una zona que ya genera enormes plusvalías por la construcción de Terra Mítica.

Y el segundo domingo de noviembre, todos a las fiestas de Benidorm, con el blusón granate de la peña Picarol.

Capítulo III

EL MARUJAZO

Eduardo Zaplana accede a su primer cargo público, el de alcalde de Benidorm, sin ganar las elecciones correspondientes. Lo consigue gracias al voto de la concejala tránsfuga del PSOE María Sánchez Trujillo. Los acuerdos secretos del pacto que permite al ambicioso político hacerse con la alcaldía en 1991, y las contraprestaciones económicas «bajo mano» que le reclama Sánchez, aún se desconocen, pero la «Bienpagá», como es conocida en Benidorm, continúa disfrutando de una salario a cargo de la Corporación Municipal 16 años después de aquellos hechos. Y su marido, Pedro Martínez Carrillo, que carece de cualquier titulación académica, ocupa un privilegiado puesto en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, amparado por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, uno de los más firmes respaldos que aún conserva Zaplana en su tierra.

En las elecciones municipales de mayo de 1991, el PSOE obtiene 11 concejales en el ayuntamiento de Benidorm, mayoría absoluta, y el PP uno menos. Pocos meses más tarde, en octubre de ese año, días después de que Maruja Sánchez y Eduardo Zaplana se reúnan en una cafetería de Murcia, el PP presenta una moción de censura contra el socialista Manuel Catalán Chana que le descabalga de la alcaldía ocupada por él a lo largo de ocho años. Durante la sesión de investidura del nuevo primer edil, el 22 de noviembre, la intervención de Maruja Sánchez es inte-rrumpida numerosas veces con gritos de «traidora».

«Soy una mujer progresista, pero me equivoqué, porque vi que el gobierno era cosa de dos y yo no quería ser una figura impasible», afirma. «Exijo respeto por mi decisión y que sean los ciudadanos de este pueblo quienes juzguen.» En la calle una multitud iracunda espera su salida y tiene que ser escoltada por la fuerza pública. En una pancarta se puede leer: «Maruja, ¿y la pasta, qué?».

A sus 34 años, Zaplana comienza a disfrutar de coche oficial. En ese momento es ya presidente provincial del PP en Alicante y portavoz del partido en las Cortes Valencianas. El respaldo de su suegro le ha servido de lanzadera, pero, a partir de ahora, va a empezar a ser cada vez más conocido públicamente y a disfrutar de mayor autonomía. El día posterior a su toma de posesión, el flamante alcalde declara a la prensa: «Nunca he tenido mayor ambición de acceder a un cargo público, porque he podido comprobar que la participación política me llena profundamente y no es necesario gobernar para tener presencia permanente ante la opinión pública... Yo lo he hecho toda mi vida».

En la portada del periódico local Canfali, se puede ver al nuevo mandatario municipal bailando en una discoteca con Maruja Sánchez, muy risueños ambos.

Desde luego, en materia de danza, sí es posible que el envarado alcalde tenga algo que aprender de la concejala tránsfuga. Porque donde él demuestra más cintura es en la trastienda de los asuntos políticos.

Precisamente por sus habilidades en el mundo del baile ha sido captada Sánchez –con poco olfato, desde luego– por los dirigentes del PSOE local, para que se presentase a las elecciones en su lista. El propio alcalde socialista, Manuel Catalán Chana, la ha animado a formar parte de la candidatura. Nacida en Málaga, Maruja Sánchez es un personaje muy conocido entre la nutrida colonia de inmigrantes andalu-ces afincados en Benidorm. Ella y su marido dirigen una academia de baile y también dan clases de sevillanas en la Casa de Andalucía, lugar de encuentro enormemente popular. Está bien considerada en ese ambiente y se supone que puede atraer numerosos votos hacia la candidatura del PSOE, a pesar de que, hasta ese momento, no ha tenido ninguna vinculación con el mundo de la política. Y efectivamente, el día de las elecciones, Catalán Chana revalida su mayoría absoluta. Pero la alegría dura poco.

Maruja Sánchez anuncia enseguida su intención de desvincularse del Grupo Socialista del Ayuntamiento, y, desde ese momento hasta que se produce la investidura del nuevo alcalde, la concejala tránsfuga y su marido desaparecen de Benidorm. Se dice que Zaplana los tiene secuestrados en un chalé, pero no es necesario, son ellos mismos los que deciden pasar a la clan-destinidad para evitar las presiones de sus indignados amigos y supuestos correligionarios. En la larga gira que emprenden, para estar fuera de la circulación y que nadie pueda localizarlos, recorren Toledo, Estoril (Portugal), Almería, tierra natal de Pedro Martínez, y Murcia. Por fin, pocos días antes de que se presente la moción de censura, regresan a tierras alicantinas y permanecen agazapados ya cerca de Benidorm, alojados en el Hotel Meliá de la capital. Entran directamente a su habitación por un lugar seguro, para evitar que alguien les vea. Antes, un primer encuentro con Zaplana en el Parador de Toledo y posteriores conversaciones con el futuro alcalde han puesto toda la operación a punto. Maruja Sánchez y su marido no son políticos, la deserción es sólo un negocio.

El PP blinda la seguridad personal de la tránsfuga con dos policías municipales que actúan como guardaespaldas de ella. Al margen de sus sueldos, estos funcionarios perciben, sólo en horas extras, cerca de diez millones de pesetas en tres años. Por supuesto, a cargo del Consistorio. Durante ese período, el tiempo que Eduardo Zaplana permanece al frente del ayuntamiento de Benidorm, Maruja Sánchez ejerce de concejala de Servicios Sociales y Cultura. Cuando el cartagenero abandona su cargo, a finales de 1994, para preparar el asalto a la Generalitat Valenciana, le sustituye en el puesto Vicente Pérez Devesa, quien, para ser nombrado nuevo primer edil, también necesita el voto desequilibrador de la tránsfuga. Así que ella continúa disfrutando de sus acuerdos con Zaplana. Hasta hoy.

LA SAGA DE LOS «BIENPAGAOS»

Después de abandonar el puesto de concejala, ha continuado en nómina del ayuntamiento de Benidorm, como cargo de confianza, al frente del negociado municipal en la plaza de toros. Sólo en sueldos oficiales, verificados, Maruja Sánchez ha percibido de las arcas públicas, desde su deserción, más de 100 millones de pesetas. Durante este tiempo, Sánchez ha aprovechado para introducir en el Consistorio a su marido y a su nuera. Su hijo ha entrado, también por la vía del compadreo político, en la delegación del Canal 9 de Alicante.

Por su parte, Pedro Martínez, después de ejercer varios años de coordinador municipal de Cultura, con su señora de concejala, en 1995 se instala, como «asesor», en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, gracias a una resolución del entonces presidente de la Diputación, el zaplanista Julio España, presidente de las Cortes Valencianas hasta el pasado mes de mayo. Actualmente, Martínez sigue disfrutando de su canonjía bajo el amparo del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.

Como coordinador de Cultura, Martínez se ve implicado en varios escándalos, debido a la contratación irregular de diversos espectáculos, entre ellos uno de fuegos artificiales, con la pirotécnica Zamora-no-Caballer, que se encarga de montar y disparar un castillo de fuegos artificiales durante la clausura del Festival de Benidorm 1992. Las cuentas no están claras y él realiza la operación asumiendo funciones que sólo el alcalde Eduardo Zaplana puede desempeñar.

Maruja Sánchez también será denunciada por supuesto tráfico de influencias en el denominado caso Fayvi, una empresa de servicios en cuyo accionariado participa uno de sus guardaespaldas. En la querella presentada por IU se hace constar que Fayvi, con participación mayoritaria de un policía municipal, contrata servicios con el área de cultura del Ayuntamiento, encabezada por Maruja Torres.

En los meses posteriores a la moción de censura, Sánchez y su marido se convierten en clientes preferentes de los bancos locales. La concejala de Servicios Sociales y Cultura, sin patrimonio relevante hasta ese momento, consigue con facilidad dos créditos de 35 millones de pesetas en sólo tres meses, a pesar de que el matrimonio ha sufrido varios embargos por impagos bancarios anteriores. Han vivido por encima de sus posibilidades y están contra las cuerdas. Pedro Martínez y Maruja Sánchez deben alrededor de ocho millones de pesetas de un crédito personal y tienen embargado un chalet que poseen en La Nucia, sobre el que pesa una hipoteca de 20 millones de pesetas.

Pero todo cambia inmediatamente después de la mo-ción de censura contra el alcalde socialista Catalán Chana. Para evidenciar aún más que la rueda de la fortuna ha sido generosa con ellos, Sánchez y Martínez adquieren una finca de 300.000 m2.

Desde hace bastantes años, ambos han dejado de tener presencia pública en Benidorm, ya no se les ve por el pueblo. De la Casa de Andalucía desaparecen inmediatamente después de la operación de transfu-guismo. El «marujazo» provoca un rechazo muy grande hacia el matrimonio en muchos ámbitos sociales.

Hasta la gente del PP evita relacionarse con ellos.

Maruja Sánchez continúa desempeñando, oficialmente, las tareas de su cargo en el negociado municipal de la plaza de toros. Se supone que está encargada de clasificar los carteles de todas las corridas que se han celebrado en este coso, como parte de la recupe-ración de la historia taurina de Benidorm, una de las localidades donde más acogida tuvieron los ramplones mano a mano de El Cordobés y Palomo Linares en los años 60. Cuando los turistas pedían orejas a destajo.

Pero lo cierto es que Sánchez aparece poco o nada por su supuesto lugar de trabajo. En Benidorm se dice que sólo se la puede ver, a fin de mes, en la oficina bancaria de la CAM, que es donde se ingresan las nóminas del ayuntamiento. En teoría, depende laboralmente de la Concejalía de Cultura, a cuyo frente está la cuñada de Zaplana, Ángela Barceló, pero Sánchez y ella no mantienen la más mínima relación, ni siquiera profesional. Jamás se las ha visto juntas en ningún acto municipal. Barceló se encuentra actualmente enfren-tada con su cuñado, cuyos partidarios dentro de la organización del PP en Benidorm están encabezados por una de sus más fieles escuderas, Gema Amor, otra implicada más en la trama de Terra Mítica.

Mientras Sánchez y Martínez disfrutan de un reti-ro sin brillo, pero bien remunerado, Zaplana ha continuado ascendiendo en el escalafón político. El «marujazo» es el punto de partida de su imparable incremento de notoriedad pública. La jugada le sale perfecta en Benidorm: consigue la alcaldía sin ganar las elecciones y, para los suyos, se convierte en un modelo de triunfador.

Sin embargo, Eduardo Zaplana, fiel a su estilo, aún se permite una insólita reflexión sobre este asunto ante su biógrafo de cabecera, Rafa Marí: «Siempre he dicho que no estoy orgulloso de haber llegado así al cargo. No tenía ninguna necesidad, pero fue una decisión casi obligada».

Desde que consigue la vara de mando del Consistorio, en 1991, Zaplana comienza a hacer en Benidorm un ensayo general de lo que luego será su política y su forma personal de actuar en la Generalitat.

Nada más tomar posesión del cargo, se dedica a tejer la red de clientelismo que tanto respaldo le ha proporcionado hasta ahora, y a emplear el dinero público para la proyección de su propia imagen y el enriquecimiento de todo su entorno. El alcalde aparece cada vez con mayor frecuencia en los medios de comunicación y, paralelamente, va endeudando al Ayuntamiento. Inicia una política expansiva de gastos que deja a la corporación en bancarrota, algo similar a lo que después hará también en la Generalitat. Los gastos «oficiales» de la Corporación de Benidorm se incrementan desde el equivalente a 33,8 millones de euros, en 1991, el año del «marujazo», a 45,7 millones de euros en 1994.

EL FESTIVAL DE BENIDORM

En 1992, Zaplana decide recuperar el Festival de Benidorm y anuncia, durante una fastuosa presentación en Madrid –siempre con el escaparate de la capital en el punto de mira–, una nueva etapa del certamen. El anterior alcalde, el socialista Manuel Catalán Chana, había dejado languidecer el Festival: consideraba que resultaba deficitario para las arcas municipales y no aportaba nada sustancioso a la ciudad. Zaplana, en cambio, lo reactiva, tiene claro que puede ser muy rentable para él. Por varios conceptos.

Durante los años de la televisión en blanco y negro, y cuando sólo había una cadena y media, el Festival de Benidorm fue uno de los concursos musicales más importantes del país. Su gala final generaba cada año una notable expectación popular. De él surgieron figuras como Raphael o Julio Iglesias. Precisamente, el autor de «La vida sigue igual», ganador del concurso en 1968, volvería años más tarde por tierras alicantinas, respaldado por el presidente Zaplana, para ofrecer unos cuantos recitales de especulación inmobiliaria.

A través de ese certamen, el nombre de la ciudad se llegó a asociar con la música ligera y, anualmente, Benidorm se convertía en importante punto de referencia de las compañías discográficas, que aprovechaban la ocasión para promocionar sus nuevos productos.

En su segunda etapa, bajo el auspicio de Eduardo Zaplana, el certamen consigue más repercusión en la prensa por sus escándalos económicos que por la altura artística de los ganadores, cuyos nombres no los recuerda nadie. El pleito más notable relacionado con el Festival de Benidorm tiene como protagonistas al promotor de espectáculos Miguel Ángel Vercher y, cómo no, a Eduardo Zaplana. Vercher, gerente de la empresa Master Management, acusa al alcalde de la ciudad de adeudarle 67 millones de pesetas, por la organización de los festivales de 1993 y 1994. Asegura que había llegado a un acuerdo verbal con Zaplana por el que se le permitía gastar hasta 150 millones de pesetas e implica en estas conversaciones también al coordinador de Cultura, Pedro Martínez, marido de Maruja Sánchez. Además, el promotor amenaza con hacer públicas varias conversaciones comprometidas que, supuestamente, conserva en siete horas de grabación. Otra vez las cintas magnetofónicas en la historia oscura de Zaplana.

A lo largo de unas explosivas declaraciones realizadas a Canfali, periódico local de Benidorm, en julio de 1994, Miguel Ángel Vercher afirma: «Zaplana es un mentiroso y no pararé hasta que el PP lo quite de la vida política. Para mí, el objetivo fundamental es quitar del mundo de la política a ese sinvergüenza».

Las páginas de la publicación le dan cancha y el director del Festival de Benidorm en 1993 y 1994 se des-pacha a gusto: «El verdadero trepa, crápula y canalla es Eduardo Zaplana. Además, hay un dato curioso, cuando tienes una conversación con él y quieres grabarla, porque se tiene que crear un compromiso, él hace silencios. Tiene una práctica en el mentir impresionante, lo que pasa es que es un listillo, no una persona inteligente. Zaplana, al principio, me parecía que era inteligente, más que por él mismo, por la gente como Aznar o Fraga, que se supone que son los que le han apoyado. Por ejemplo, a mí me ha prometido ser director de la Televisión Valenciana, pero es que yo tengo un enorme listado con los nombres de la gente a la que también les ha prometido lo mismo. Se ve que, si triunfara este tío, habría cuarenta directores de Canal 9. Es un mentiroso profesional, pero lo hemos pillado entre unos cuantos».

Eduardo Zaplana, entre cuyas principales aficiones está la de querellarse contra todo tipo de rivales y enemigos, no emprende ninguna acción legal contra Vercher, a pesar de la enorme contundencia de sus palabras. Obviamente, el gerente de Master Management tiene ases escondidos en la manga y espera que Zaplana resuelva por otra vía el conflicto que mantiene con él. Así que sigue mandándole avisos con toda su artillería y desvelando públicamente aspectos de la práctica política de quien, en breve, va a ser presidente de la Generalitat, un político de provincias fascinado por las luces de la Gran Vía madrileña: «El año pasado estuve en otra conversación en la que Zaplana dijo: “Los 98 millones que le hemos dado a Antena 3 son cojonudos, porque es que voy a llegar a Madrid y se van a volver locos conmigo. Porque, ¿tú sabes lo que es ser entrevistado por Nieves Herrero y Jesús Hermida?” ¡Pedazo de sinvergüenza!

Te gastas 98 millones de pesetas del pueblo de Benidorm para conseguir que, en Madrid, te lleven a la presidencia del Partido Popular. ¿Por qué a Canal 9 le cobran por retrasmitir las corridas de toros desde Benidorm y, sin embargo, Antena 3 cobra por lo mismo? Por el hecho de salir Zaplana cinco minutos en cada programa». El alcalde había sido el impulsor de un contrato con el PP, aprobado por el pleno del Ayuntamiento, con el voto desequilibrador de Maruja Sánchez, según el cual, la cadena percibía 110 millones de pesetas por promocionar la ciudad en 89 anuncios y 30 programas.

Con otra reveladora anécdota, Vercher ilustra también la actitud poco generosa de Eduardo Zaplana hacia quien ha sido, hasta ese momento, fallido candidato del PP a la Generalitat, Pedro Agramunt, veterano político que pronto va a quedar arrinconado por el empuje del alcalde de Benidorm: «Una vez me invitaron a esquiar a Pas de la Casa. Estaban Zaplana, Vicente Pérez Devesa, Antonio Botella y Pedro Martínez. Me invitaron allí porque decían que no querían que se me vinculara con ellos. Pero, ante la prepotencia de Zaplana, me fui a esquiar a otro sitio. Empezó a hacer burla a Agramunt. Decía: “A ése lo voy a poner de diputadillo, ni se va a enterar. Le vamos a hacer una pataqueta, le ponemos en un escaño en el que no pueda ni hablar”. Yo me quedé asombrado».

La ofensiva de Vercher es tan dura que, al final, se-gún todos los indicios, Zaplana llega a un acuerdo con él para resolver el asunto «bajo mano», como es norma de la casa. Vercher decide entonces dar por zanjado el pleito y no volver a repetir sus contundentes palabras: «El Ayuntamiento me tiene que pagar lo que me debe y, además, tirar a Zaplana, porque ese bicho no tiene derecho a estar en ningún sitio público».

Superado el escollo, el alcalde sigue a lo suyo. A través de los fieles que le rodean, se otorga un auto-premio de la Cámara de Comercio por haber relanzado el Festival de Benidorm. Sin importarle las recla-maciones de un buen surtido de acreedores, que demuestran menor eficacia reivindicativa que Vercher en el terreno corto y personal y, por tanto, se quedan sin cobrar. Una larga lista en la que están incluidos el Banco Exterior, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Vitalicio, el Banco Hispano Americano y empresas audiovisuales y de montaje de escenarios, entre otros damnificados. Incluso la SGAE reclama los correspondientes derechos de autor que no ha abonado el Consistorio. Pero Zaplana no se inmuta, organiza la nueva edición del festival con el apoyo de Tele 5 y disfruta de otra presentación fastuosa en Madrid.

NEGOCIOS CON MUCHO AMOR

Una pieza importante en el entramado de Zaplana dentro del mundo del espectáculo en Benidorm es José Amor, nuevo rico hecho a sí mismo, con escasa formación cultural y sin experiencia política, a quien nombra concejal de Hacienda inmediatamente después de llegar a la alcaldía de la ciudad. Durante años, Amor será quien controle, desde atrás, todos los montajes multimedia de la ciudad. Todavía hoy sigue siendo el coordinador de grandes eventos.

Tanto las ediciones del Festival de Benidorm en las que Amor está implicado, como los macrocon-ciertos que organiza, quedan en entredicho: no se recauda en taquilla prácticamente nada, dada la cla-morosa ausencia de público, y no se justifican de forma convincente los excesivos gastos. Una ruina para la caja municipal, que resulta, además, improductiva desde el punto de vista turístico. Todavía colean varias querellas, como consecuencia de conciertos de este tipo celebrados en los años 90, contra el padre de Gema Amor, secretaria general del PP en Benidorm y una de las pocas zaplanistas que han pasado la criba de los hombres de Camps para ir en las listas del partido en las pasadas elecciones de mayo.

El incremento patrimonial de José Amor, como el de otros adjuntos a Zaplana, ha sido vertiginoso. Él y sus hermanos llegaron a Benidorm cuando comenzaba el boom del turismo. Primero empezaron a vender ropa barata en los mercadillos, después abrieron tiendas propias y, por fin, ya con privilegiada cobertura política, el clan familiar extendió sus tentáculos en diversos sectores económicos.

Con la intención de cultivar relaciones sociales de categoría, José Amor se vinculó a las tertulia de Vicente Pérez Devesa, miembro de una de las familias que han detentado, históricamente, el poder económico, social y político en Benidorm y sucesor de Zaplana en la alcaldía. El escenario de las citas era la cafetería Bristol, junto a La Palmera, uno de los lugares más populares de Benidorm, en la calle peatonal que une las dos playas de la ciudad, Poniente y Levante.

José Amor se mantiene de concejal durante muchos años, a pesar de los numerosos escándalos que le rodean. Aparece en el punto de mira de la comisión creada para investigar las cuentas del Festival de la Canción de Benidorm y, además, tiene que responder ante la justicia por haber gestionado ilegalmente, durante años, un despacho de lotería en la ciudad.

Pero Amor no es el único de los concejales de Zaplana investigado. Como después ocurrirá con varios de sus consellers, cuando presida la Generalitat, y con sus hombres de confianza en Terra Mítica, las irregularidades legales son caldo de cultivo cotidiano del entorno de Eduardo Zaplana en el Ayuntamiento de Benidorm.

Por ejemplo, Francisco Saval, edil de Urbanismo, será acusado de corrupción y trata de blancas. La dominicana Alida Batista interpone una querella contra él y su hermano Juan, ante el Juzgado número 6 de Benidorm, señalándole como supuesto cabecilla de una red de prostitución dedicada a la explotación de inmigrantes ilegales. Según denuncia Alida, los hermanos Saval obligaban a las víctimas a prostituirse para obtener los permisos de residencia y de trabajo.

Zaplana y los suyos quieren controlar todo tipo de negocios, en los mas variados sectores. Y eso genera numerosos pleitos. Uno muy sonado tiene como contrincante del alcalde a Manuel Menargues, propietario del mercadillo callejero «Pueblo de Benidorm», que se emplaza en un amplio solar de la ciudad todos los miércoles y domingos. Menargues alquila el terreno a su propietario y cada vendedor tiene que pagarle una cantidad por instalar su puesto allí. Los conflictos surgen por la diferencia de criterio entre Zaplana y él por el reparto de la recaudación. El alcalde quiere participar en el asunto y, a través de su concejal de Comercio, Antonio Botella, presiona al propietario del mercadillo para que lo unifique con otro similar auspiciado desde el Consistorio, el de Mercasa. Al final, el desencuentro se resuelve «bajo mano», pero a raíz de ese conflicto, se ahondan las diferencias entre un hombre fuerte del PP de Alicante, Manuel Ortuño y Zaplana. Ortuño tiene su feudo en Elche, pero es también socio de Menargues en el «Pueblo de Benidorm»

y, además, controla otros mercadillos ambulantes similares en varias localidades de la provincia. No sólo la especulación urbanística deja beneficios. Ortuño, poderoso cacique en su área de influencia y diputado en la Cortes valencianas durante mucho tiempo, se convierte, por diversos conflictos de intereses económicos, en uno de los primeros disidentes del zaplanismo en Alicante. Personaje con rasgos montaraces, ha tenido hace meses un sonado incidente, que acabó en los tribunales, con la fiel zaplanista de Elche Enriqueta Séller, a la que llamó «puta» públicamente.

Las irregularidades del Ayuntamiento de Benidorm en la gestión del dinero público durante el mandato de Zaplana son innumerables. Como botón de muestra, la remodelación del casco antiguo de la ciudad, una chapuza de coste sobredimensionado, realizada por el empresario zaplanista Luis Batalla, ligado también, posteriormente, a Terra Mítica. O un espectáculo musical realizado en la playa por el que se pagan 200 millones de pesetas sólo de intereses de demora. Y además, poco después desaparece todo el material que se ha comprado para el montaje. Minu-cias como éstas hay unas cuantas.

Frente a las acusaciones de «hortera», «populista» y «chabacano», por su empecinamiento en patroci-nar eventos como el Festival de Benidorm o el concurso de Miss España, Zaplana replica: «Benidorm es un municipio turístico, que vive de la imagen».

El alcalde abre de par en par las puertas de la ciudad a las televisiones privadas, con la intención de convertirlas en su escaparate personal. También apadrina el Fórum Europeo de las Artes y la Juventud, en 1993 y 1994, y las Jornadas Iberoamericanas de Pensadores Liberales, en las que participan Jean François Revel y un personaje que se va a convertir, más adelante, en uno de sus principales apoyos en los medios de comunicación: Federico Jiménez Losantos.

La gestión de Zaplana en el ayuntamiento de Benidorm es muy poco transparente en todos los temas económicos y presupuestarios. Uno de los mayores escándalos de su mandato lo constituye la adjudicación de dos contratos para elaborar una serie de documentos sobre los problemas acústicos y medioambientales de la ciudad. El consistorio que él encabeza otorga los trabajos a sociedades vinculadas a Vicente Conesa, un industrial que mantiene fuertes conexiones con el Partido Popular y que se convertirá en uno de los peones fundamentales de Zaplana en numerosos asuntos turbios. Como en el caso Terra Mítica, en el que Conesa aparece señalado como el principal responsable de la recaudación B y de los sobrecostes en la facturación del parque temático.

LOS MAPAS VERDE Y SONORO

El 14 de febrero de 1992, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm, presidida por Eduardo Zaplana, autoriza la contratación del mapa sonoro de Benidorm, un estudio encaminado a detectar los problemas derivados del exceso de ruido en la ciudad. La ley obliga a consultar con tres empresas antes de consumar el contrato, y ese mismo día, el acalde en persona invita por carta a tres empresas para que participen en un procedimiento negociado sin concurso. Vicente Conesa es el apoderado de dos de ellas, Delta Ingenieros SA y CRC Ingeniería Cartográfica S. L., y también tiene intereses en la tercera, TECMMA S. A. Las tres carecen de la menor experiencia en el asunto y no figuran ni siquiera en el listín telefónico. El propio Conesa participa en la redacción del pliego de condiciones, requisito imprescindible para sacar a licitación el proyecto. Finalmente, Zaplana adjudica el mapa sonoro, siete días después de convocar el concurso, a Delta Ingenieros por 15,5 millones de pesetas, una cantidad superior al límite permitido en ese momento para realizar una adjudicación directa.

Como dato comparativo, se puede señalar que el mapa sonoro de la ciudad de Valencia, tercera capital de España, costó casi seis millones menos de pesetas que el de Benidorm. 

El Ayuntamiento de Valencia, ya con el gobierno de coalición del PP y Unión Valenciana, realizó un estudio de idénticas características al de Benidorm, pero optó por un convenio directo con la Universidad Politécnica. Si el Ayuntamiento encabezado por Zaplana hubiera contratado directamente con esta entidad académica, habría pagado sólo seis millones de pesetas, y no los más 15,5 millones cobrados por la empresa del amigo del alcalde. Las cifras del pleito todavía son relativamente modestas. El gran baile de cuentas y ceros llegará con Terra Mítica y otros proyectos de Zaplana en la Generalitat. De momento, está cogiendo carrerilla.

Al final, es Conesa quien subcontrata el trabajo con una de las cátedras de la Universidad Politécnica valenciana y paga por él, como estaba cantado, sólo seis millones de pesetas. Pero el alcalde no se arredra y sigue a lo suyo. Un procedimiento similar se sigue para realizar el mapa verde de Benidorm, proyecto del que se encarga, cómo no, también a Vicente Conesa.

El 21 de febrero de 1992, el alcalde de Benidorm y líder regional del Partido Popular Eduardo Zaplana adjudica, de nuevo a dedo, la elaboración del mapa verde municipal a CRC Ingeniería Cartográfica, empresa de la que es apoderado Vicente Conesa, por 14,9 millones de pesetas. Diversos expertos en la materia señalan en la prensa local que ese presupuesto es un «disparate». El contrato del mapa verde de Benidorm sólo incluye «la catalogación de zonas verdes y diagnosis de situación de los jardines», para su posterior gestión y toma de decisiones.

En esta ocasión, se falsea incluso la supuesta puja por el contrato. Francisco Bañón, gerente de la empresa Diprosa Ingeniería, una de las tres mercantiles que supuestamente aparecen en el concurso de adjudicación del mapa verde, denuncia que «alguien» está utilizando su nombre y niega haber realizado propuesta alguna en relación con el contrato.

Transcurrido un año desde la adjudicación de los mapas verde y sonoro, y en vista de la polvareda levantada, Vicente Conesa llega a la conclusión de que la cosa se está poniendo demasiado fea y piensa que, al final, se va a quedar sin recaudar todo lo que tenía previsto por la ventajosa adjudicación de estos proyectos a su empresa. Así que empieza a ponerse nervioso. Intenta entrevistarse con Zaplana, pero la cita se va demorando y decide tener un encuentro con su viejo amigo Vicente Sanz, presidente del PP en la provincia de Valencia, para que le eche una mano en el asunto. Conesa es padrino de uno de los hijos de Sanz y, durante años, ha sido valedor de este dirigente político. La cita tiene lugar en marzo de 1993, durante la celebración de las Fallas, un año después de la realización del mapa sonoro. Conesa se presenta en la sede del grupo popular en las Cortes Valencianas, ubicada en el palacio de Trénor. De nuevo, Zaplana ha evitado hablar con él, por lo que Conesa decide contarle a Sanz lo que ocurre. Comienza a relatarle su problema y le invita a continuar la conversación en su vehículo, un Mercedes que está aparcado en la plaza de la Reina, junto a la catedral. En él ha preparado Conesa una trampa, muy probablemente con la intención de pillar en renuncio al propio Zaplana, si se daba la ocasión. Pero, al final, es Sanz la víctima. La conversación que Conesa mantiene con él queda grabada, y un extracto de cinco minutos se filtra al periódico Las Provincias en 1994.

En él se puede escuchar a Sanz diciendo que aspira a ser vicepresidente del Consell para «decidir sobre la adjudicación de obras, dar el golpe» y retirarse «a los 60 años, con 90 o 100 millones de pesetas». También se habla de la presunta «mordida» que hay que repartir, correspondiente a la adjudicación del mapa verde y sonoro de Benidorm. Del fragmento de la cinta filtrado a la prensa se deduce que el interlocutor de Sanz le pide que interceda ante Zaplana para poder cobrar lo suyo. El contenido completo de la grabación es de tres cuartos de hora, pero sólo trascienden cinco minutos, en los que únicamente se escucha la voz de Vicente Sanz. A consecuencia de este escándalo, Sanz dimite como presidente provincial del PP, pero conserva su acta de diputado en las Cortes valencianas y, en 1995, inmediatamente después de llegar a la presidencia de la Generalitat, Eduardo Zaplana le nombra jefe de recursos humanos de la televisión autonómica valenciana.

Vicente Conesa, ingeniero agrónomo, fue director provincial del INEM en Valencia durante los tiempos de UCD. Un poco antes, como subdirector de formación de ese organismo público, había contribuido al crecimiento, dentro de su departamento, del CSIF (Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios), un sindicato derechista, corporativo. Vicente Sanz era técnico del INEM, y Conesa, en su etapa de director del Instituto Nacional de Empleo en Valencia, actuó como valedor de Sanz para que éste consiguiera el traslado a la ciudad y finalizara su destino fuera de la Comunidad Valenciana. Titín Conesa, como le llaman sus más antiguos camaradas, ingresa en AP en 1985, y continúa en las filas de la organización cuando se convierte en el Partido Popular. Incluso llega a formar parte de la comisión de medio ambiente del partido. Tiene buenos amigos en la dirección, como Juan José Lucas, sucesor de José María Aznar al frente de la Comunidad de Castilla León y uno de sus delfines. Zaplana también mantiene una estrecha relación con Lucas.

Sin embargo, cuando estalla el escándalo de la adjudicación de los mapas sonoro y verde de Benidorm, Zaplana insiste en que no conocía a Vicente Conesa de nada. Según él, vio por primera vez al empresario agraciado por las dos contratas del Ayuntamiento cuando asistió al acto oficial en el que se dieron a conocer los resultados del estudio sobre los ruidos en la ciudad. Con su habitual estilo, Zaplana, presidente regional del PP, señala que su partido cuenta con 30.000 afiliados en la Comunidad Valenciana y afirma: «Yo no los conozco a todos; si hubiera conocido a Conesa, lo diría».

Se da la circunstancia de que Juan José Lucas, Vicente Conesa y Vicente Sanz, ingenieros agrónomos los tres, estudiaron juntos la carrera y ocuparon puestos relevantes en distintas direcciones provinciales del Instituto Nacional de Empleo (INEM). El propio Lucas es, precisamente, el valedor de Sanz ante Aznar, quien da el visto bueno a su proyección en el seno del PP. De la mano del futuro presidente del Gobierno, Vicente Sanz disfruta de un fulgurante ascenso en el partido, hasta conseguir la presidencia provincial de la organización en Valencia y formar parte de la junta directiva nacional del PP.

Es precisamente Lucas quien concede a Vicente Conesa, también a dedo, un contrato similar al de los mapas sonoro y verde de Benidorm. Con fecha 21 de diciembre de 1993, el Gobierno autonómico de Castilla-León aprueba la adjudicación del «programa operativo de reordenación del sector primario de las Batuecas, Arribes del Duero, El Rebollar y Lago de Sanabria», por 9,5 millones de pesetas, a Delta Agrícola S. A., una de las empresas de Conesa.

El PSPV de Benidorm denuncia ante los tribunales la adjudicación de los mapas verde y sonoro en octubre de 1994. Según su informe jurídico, el alcalde Zaplana ha incurrido en prevaricación y en los delitos contemplados en los artículos 529 y 540 del Código Penal, que hacen referencia a la estafa y a las maquinaciones fraudulentas para alterar el precio de las cosas. Además, se señala la existencia de una irregularidad administrativa, porque en la contratación se excedía el tope máximo establecido para las adjudicaciones directas. La investigación recae en el juez sustituto del Juzgado número 2 de Benidorm, Carlos Morenilla Jiménez, y ejerce la acusación pública el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Alicante, Ricardo Cabedo. Sólo llegan a declarar dos empresarios, Francisco Bañón y Vicente Conesa. El 25 de noviembre de 1995, un día después de que se produzca la declaración de Conesa, el juez archiva la causa. En 2001, con Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat, ese mismo magistrado, Carlos Morenilla, es nombrado adjunto segundo al Síndic de Greuges a propuesta del PP. El juez Morenilla, residente en Benidorm, está casado con Angélica Such, hija de José Such, ex alcalde de UCD y amigo de Zaplana.

Los votos de los concejales del PP en el ayuntamiento de Benidorm, con la imprescindible complicidad de la «Bienpagá» Maruja Sánchez, impiden que se cree una comisión de investigación sobre el polémico asunto, a pesar de que el alcalde se había comprometido a ello. De nuevo, Eduardo Zaplana consigue escurrirse del escándalo. «Yo no he firmado ningún expediente, ni siquiera las resoluciones de la comisión de gobierno», asegura. A pesar de que los documentos oficiales procedentes de la secretaría del Ayuntamiento de Benidorm contradicen esta aseveración del líder popular. Los citados documentos ostentan, con toda claridad, la firma de Eduardo Zaplana. En el pliego de condiciones para la realización del mapa sonoro se puede leer: «Reunidos en la casa consistorial, de una parte, don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, alcalde presidente del Ayuntamiento de Benidorm, facultado legalmente para el otorgamien-to de este contrato, y, de otra, Matilde Ripoll García (esposa de Vicente Conesa), en representación de Delta Ingenieros, formulan el presente contrato bajo las siguientes condiciones [...]». Para explicar esta evidente contradicción entre sus palabras y la realidad, Zaplana recurre a una de sus típicas salidas: afirma que no es «adivino» y que no puede saber quién está detrás de las empresas que concurren a las licitaciones.

Al final, sale airoso de la fraudulenta adjudicación del mapa verde y sonoro y, además, consigue que no le salpique la cinta de la conversación entre Sanz y Conesa. Evidencia, cada vez más, sus dotes naturales para la esquiva y ya empieza a ver cómo se acerca la Generalitat. Allí, los contratos, las adjudicaciones y los presupuestos tienen muchos más ceros que en Benidorm.

Capítulo IV

UN MURCIANO EN LAS FALLAS

Eduardo Zaplana deja la alcaldía de Benidorm cuando aún faltan varios meses para que se celebren las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 1995, dispuesto a subir otro importante peldaño en su carrera política. Acaba de ser elegido por su partido máximo responsable del intento de asalto al Gobierno de la Generalitat Valenciana, que, hasta ese momento, siempre ha estado en manos de los socialistas. Los tres años que Zaplana ha pasado al frente del Consistorio de su ciudad de adopción le han cundido: ha repartido juego a todos los suyos desde el Ayuntamiento, ha acuñado ya a la perfección su peculiar estilo de gestión pública y, sobre todo, ha conseguido incrementar enormemente su proyección política.

Con un PSPV tocado de muerte, desunido, gastado y víctima de los escándalos de corrupción ligados al Gobierno de Felipe González, la llegada de la derecha al poder es una cuestión de tiempo. Así que el último domingo de mayo de 1995 va a comenzar la era Zaplana en el Gobierno valenciano, una etapa marcada por los excesos de poder y las numerosas irregularidades económicas cometidas con cargo a los presupuestos públicos, especialmente en los grandes proyectos del nuevo presidente de la Generalitat, como Terra Mítica (véase Cap. 6 y7), la Ciudad de la Luz o La Ciudad de las Artes y las Ciencias. Lo mismo que en los pagos del IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación) al cantante Julio Iglesias (véase Cap.8), convertido en promotor de los productos valencianos por el mundo.

Desde su llegada al poder autonómico, Zaplana va a demostrar una auténtica obsesión por controlar los medios de comunicación (véase Cap.5). Y de modo similar a lo que ocurrió con algunos de sus concejales de Benidorm, varios consejeros del Gobierno autónomo presidido por él se verán envueltos en diversos asuntos delictivos y tendrán que dimitir de sus cargos. Zaplana va a utilizar el poderoso trampolín que supone la Generalitat para dar el salto a Madrid y situarse más cerca de La Moncloa, su meta.

La aureola de triunfador que le acompaña desde que consigue hacerse con la alcaldía de Benidorm le va colocando en los primeros puestos de la carrera sucesoria dentro del PP valenciano, en un momento en el que esta formación se encuentra en una situación difícil, sin haber tocado poder todavía más que en los ayuntamientos y en alguna diputación. Después de fracasar en varias convocatorias electorales, el presidente del partido en la Comunidad, Pedro Agramunt, está muy cuestionado desde numerosos sectores de su organización. No funciona y hay que pensar en sustituirlo ya, para aprovechar la seria crisis de los rivales socialistas. Parece que el sucesor nato de Agramunt puede ser Luis Fernando Cartagena, el alcalde de Orihuela, una ciudad importante donde éste político ejerce un poder casi absoluto. Se habla mucho de él como una estrella emergente, es médico, joven, tiene buena presencia... Pero es alicantino y en Valencia son muy suyos para esas cosas, no ven con buenos ojos que se presente en la ciudad del Turia, como jefe, uno de fuera, por muy militante del partido que sea. Entre Alicante y Valencia siempre ha habido roces, rivalidad fronteriza. Y Castellón es otro mundo, coto privado de Carlos Faura, presidente de la Diputación Provincial.

Pedro Agramunt ha sido un hombre conciliador que ha intentado templar las tensiones entre los grupos de poder locales del partido, pero sin vocación de ganador. Hace falta alguien con más empuje y que, al mismo tiempo, sea capaz de entender el complicado encaje de bolillos que suponen las relaciones entre los caudillos regionales del PP. Eduardo Zaplana es un maestro en el manejo de esas tramas, pero también viene del sur de la Comunidad y, además, ha nacido en Murcia. Aunque eso no va a ser obstáculo para él: pronto vende su imagen de imparable triunfador y consigue que las distintas corrientes de caciques conservadores, que no se ponían de acuerdo entre sí, le apoyen. Zaplana juega bien sus cartas, aprovecha la enorme frustración que hay en su partido por no haber podido arrebatar al PSOE el poder hasta ese momento y se dispone a rematar a los socialistas valencianos, que se encuentran en situación de K.O. técnico, desmembrados y con el GAL, Filesa o Ibercorp a cuestas, aunque los responsables de todos estos casos estén lejos de la capital del Turia. La sonrisa perpetua y el aire de suficiencia de Zaplana consiguen unir el tinglado del PP. Eso sí, dejando las cosas muy claras: Alicante es su indiscutible feudo, en Valencia estarán los de siempre, pero bajo la batuta política del nuevo líder, y Castellón de la Plana tiene que ser para Fabra. Eduardo Zaplana entiende muy bien cómo funcionan los reinos de taifas valencianos y sabe de qué forma hay que controlar la Comunidad y sus finanzas. Para llegar a la presidencia de la Generalitat no tiene otro remedio que renunciar a la provincia más septentrional del territorio y llegar a un acuerdo con su virrey. Es muy pragmático y sabe que, de ningún modo, puede haber Castellón de Zaplana.

EL ALIADO IMPRESCINDIBLE

Carlos Fabra encarna la quintaesencia del caci-quismo regional valenciano. Zaplana necesita a toda costa regular su relación con él, para tener un aliado y no un contrincante. El apoyo de Fabra es imprescindible para llegar a la Generalitat, pero está claro que lo suyo es sólo suyo. El político castellonense preside la Diputación de su provincia con absoluta comodidad y plenos poderes, como antes lo hicieron su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tío-tatarabuelo.

Todos ellos eran también profundamente conservadores, por supuesto. Un siglo separa al primer miembro de la dinastía que llevó la vara de la corporación provincial castellonense de quien la ostenta ahora, un Fabra acusado de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho y fraude fiscal. Pero a pesar de todo esto, Carlos Fabra se va a mantener aún en el poder durante mucho tiempo. En todas las elecciones autonómicas seguirá siendo elegido diputado, incluidas las de mayo de 2007. Detrás de sus éxitos en las urnas hay varios pueblos claves para su reelección que presentan censos inflados y están siendo investigados por la fiscalía.

Su acuerdo de cooperación con Zaplana, para que éste llegue a la Generalitat, les resulta fructífero a ambos: el patrimonio de Faura se multiplica por cuatro entre 1999 y 2004. Sin embargo, las cinco declaraciones de la renta que presenta esos años son negativas y el fisco le devuelve cantidades de entre 1.600 y 4.200 euros. Hacienda le apunta un supuesto fraude de 149.000 euros sólo en 1999 y tiene ingresos sin justificar por unos 600.000 euros. Además, un empresario le acusa de cobrarle «cantidades millonarias» por mediar ante la Administración y tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Y está acreditado que Fabra ingresó 841.000 euros por asesorar a varias empresas privadas siendo presidente de la Diputación.

El propio Aznar tiene que supervisar las relaciones entre Carlos Fabra y Eduardo Zaplana, para que la operación de asalto a la Generalitat en 1995 no fracase. El máximo dirigente del PP en ese momento se reúne se-cretamente con Zaplana, Carlos Fabra y José Luis Gimeno, alcalde de la capital de la Plana y, a su vez, presidente del comité electoral del partido. Tanto Zaplana como Fabra intentan transmitir con claridad el mensaje de que las direcciones territoriales del partido en Castellón y Alicante respaldan la candidatura del propio Eduardo Zaplana a la Generalitat. Sin embargo, el alcalde de Benidorm asegura que no será cabeza de lista en las elecciones sin la unanimidad del partido.

Rita Barberá es la que se resiste más abiertamente a la candidatura de Zaplana, pero no se atreve a pro-ponerse ella misma como alternativa. La arrolladora alcaldesa de la ciudad del Turia es hija de José Barberá Armelles, que entró en Valencia, al final de la Guerra Civil, con las tropas del general Aranda. Su padre dirigió El Levante, cuando era un diario de la Cadena del Movimiento. También fue director de La Hoja del Lunes y presidió, durante muchos años, la Asociación de la Prensa de Valencia. La propia Rita Barberá dio sus primeros pasos profesionales como periodista, antes de pasarse a la política con toda la impedimenta.

Ella se muestra muy reticente ante la figura de Zaplana y evidencia su distanciamiento de él. Es la úni-ca que pone el dedo en la llaga en presencia del presidente del PP. El 10 de agosto de 1994, en un momento de la cena celebrada en el chalet de Oropesa donde ve-ranea José María Aznar, en la que también participan los presidentes del PP en Alicante y Valencia, Julio de España y Manuel Tarancón, expresa su apoyo al candidato del PP a la Generalitat que decida «la mayoría del partido», pero advierte que es necesario aclarar, antes de su proclamación, el caso Sanz. Una obvia alusión a Eduardo Zaplana.

Éste intenta disipar a Aznar cualquier tipo de duda sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Benidorm y le asegura que el caso Sanz quedará finiquitado inmediatamente, después de que el ex presidente del partido en Valencia y todavía diputado en las Cortes  renuncie a su acta. A cambio, se le otorgará un puesto muy bien remunerado en la radiotelevisión pública valenciana.

PRESENTADO EN SOCIEDAD

Para promocionar su imagen en Valencia y difuminar los orígenes murcianos que le lastran y su procedencia alicantina, Zaplana conecta con dos personajes que resultan fundamentales para llegar a la presidencia de la Generalitat.

Ellos son los que deciden auparlo políticamente y presentarlo en sociedad. Adoptan literalmente a Zaplana y convierten el periódico en la punta de lanza del ideario del nuevo líder. Le hacen un diseño de lanzamiento muy importante, y la derecha, que se encuentra huérfana, decide encomendarse a él para atravesar su particular mar Rojo.

Reyna, que procede de una familia valenciana muy conservadora, hizo algunos guiños a la izquierda más moderada durante su etapa estudiantil e incluso llegó tener contactos con el PSP (Partido Socialista Popular). También tonteó con el nacionalismo cultural catalán, pero, más adelante, se decantó hacia su lugar natural: el anticatalanismo y la derecha más rancia. Desde las páginas del diario que dirige apoya decididamente al grupo derechista, ultravalencianista y anticatalán UV (Unión Valenciana), dirigido por Vicente González Lizondo.

El ex anarquista Jesús Sánchez Carrascosa, marido de María Consuelo Reyna en el momento que Zaplana llega a Valencia, es natural de Cartagena, como el ex alcalde de Benidorm. También comparte con él un olfato especial a la hora de situarse en el lugar adecuado para ascender en el escalafón político y económico. Carrascosa rentabilizará bien su apoyo inicial a Zaplana. Será su jefe de gabinete y, más adelante, director de Radiotelevisió Valenciana. Después de abandonar la cadena pública, cuando su inicialmente protegido y más tarde mentor ya esté en Madrid, montará, con Reyna, el Diario de Valencia, para apoyar abiertamente a Zaplana frente a su sucesor en la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps. En esas circunstancias, sin publicidad institucional y con muy poca venta, el nuevo periódico será una ruina económica. Carrascosa y María Consuelo Reyna acabarán separándose.

En 1995, ambos son los encargados de ir introduciendo al ex alcalde de Benidorm entre los poderes fácticos de la capital. Y Zaplana, convertido en uña y carne del matrimonio, se compra un piso en el mismo edificio donde viven ellos, en uno de los lugares de mayor postín de toda la Comunidad Valenciana, una finca conocida como La Pagoda, situada en la plaza de la Legión Española. Adquiere el piso, en 1997, a través de una de las sociedades del empresario y presidente de Bancaja, Enrique Roig. Se hace con el inmueble por el mismo precio que la mercantil paga por él en primera instancia, 70 millones de pesetas. Una ganga, tratándose de la zona en la que está. Pero en Madrid demostrará, aún más, su habilidad para hacer buenas compras de viviendas de lujo con las Cajas por medio. La adquisición del piso se realiza a través de un pagaré de una sucursal del banco de Sabadell suscrito por Dolores Martorell, madre de Rosa Barceló, que actúa con los poderes otorgados por su esposo, Miguel Barceló. Todavía son los suegros los que controlan férreamente el patrimonio familiar.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2005, el PP obtiene 42 diputados; UV, 5; el PSPV-PSOE, 32, y EUPV/IU consigue 10 escaños. Con esas cifras, a Zaplana no le queda más remedio que buscar un acuerdo con UV para llegar a la presidencia de la Generalitat.

La negociación es ardua y se alarga durante un mes.

En un determinado momento de este duro ajuste de beneficios futuros, el máximo dirigente de UV, Vicente González Lizondo, intenta explicar la inusual pro-longación del proceso de discusiones con una frase que hará historia: «Estamos repartiendo el pollastre».

Desde entonces, este hecho clave en la carrera política de Zaplana se conoce como el «pacto del pollo».

El acuerdo suscrito por Lizondo con Zaplana se materializa con el aval y la presión de algunos de los empresarios más influyentes de la ciudad. UV, que había hecho bandera de la crítica incendiaria a todo lo que pusiera en cuestión las señas de identidad valencianas, entendidas de su peculiar forma, acepta un acuerdo de Gobierno que ya le impide tener las manos libres. Y algunos de sus más destacados dirigentes inician un trasiego que, en la práctica totalidad de los casos, les lleva a militar en el PP. Con ese pacto, Lizondo accede a la presidencia de las Cortes Valencianas, pero la división en el seno de su partido ya es imparable. Las fugas hacia el PP, que se empeña en capitalizar el discurso valencianista dejan a la formación en cuadro. Lizondo sufre un infarto en su propio escaño, mientras participa en un acalorado debate de presupuestos y fallece unos días después, en diciembre de 1996. El PP absorbe a UV.

Lizondo sustentaba su discurso en las referencias más básicas y populacheras del valencianismo, que van desde la reivindicación de la lengua «valenciana» hasta la de la paella o la naranja. Ese mensaje, el de la defensa acérrima de las señas de identidad más tópicas, el de la confrontación con el catalanismo, encuentra caldo de cultivo fácil en importantes sectores de las clases populares. Y el PP se apodera de todas esas consignas.

Desde la Generalitat, Zaplana pone en práctica lo que, en menor escala, ha hecho en Benidorm. Tiene la idea de que, tanto la Comunidad como él personalmente (para poder dar el futuro salto a Madrid), sólo se pueden proyectar fuera de las fronteras valencianas y salir de un cierto letargo administrativo, con monumentales obras, grandes eventos que sean la envidia de España y del mundo. Hasta que quiebren las cuentas de la Generalitat.

Al principio, quizá por excesivo rencor hacia los anteriores responsables políticos de la Comunidad, pretende tumbar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Era una iniciativa del ex presidente socialista Joan Lerma y dice que no se va a seguir adelante con ella. Cuando se discute ese asunto en las Cortes Valencianas los diputados del PP intentan hundir el proyecto, con el pretexto de que es carísimo. Entonces se barajaba una cifra de 35.000 millones de pesetas, y el último informe, de 2005, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, supera los mil millones de euros de costes. Y aún no han finalizado las obras.

Lo cierto es que, en 1995, Zaplana y los suyos no querían abordar el proyecto. Pero se encontraron con que parte de la obra ya estaba adjudicada. Las empresas les dicen: si esto no se hace, ustedes me tienen que pagar el lucro cesante. Y el propio Santiago Calatrava, que había sido contratado por los socialistas y después se convertiría en arquitecto de cámara del PP empieza a hacer declaraciones en los medios de comunicación: los valencianos no entenderían que no se abordara un proyecto como éste, que significará un hito en el skyline de lo que tiene que ser la ciudad...

Y Zaplana se echa para atrás. Piensa que, encima de que no va a hacer la obra, va a tener que pagarla. Y además, Calatrava, que tiene impacto en todo el mundo, le va a poner a parir... Así que, al final, considera que, aunque el proyecto era de los otros, lo importante es que la cinta la va a cortar él. Deciden tirar para adelante, eliminando un elemento emblemático del proyecto inicial de Lerma, la torre de telecomunicaciones. Un edificio muy singular que iba a tener, en el interior, varias plantas de oficinas y, además, iba a ser absoluta vanguardia en las instalación de las tecnolo-gías más novedosas. Zaplana decide que esta torre, que iba a contar con una importante financiación de la Comunidad Europea, no tiene ningún sentido, y a cambio, aprueba hacer el parque oceanográfico y el Palau de les Arts. Suprime la construcción de un edificio y añade dos.

Acostumbrado a la barra libre de Zaplana, el genial Calatrava, Premio Nacional de Arquitectura, se llegará a convertir en un problema. El actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no sabe como ponerle freno en el gasto. Sólo el coste del Palau de les Arts, el más caro de los que conforman la Ciudad de las Artes y las Letras, se ha disparado ya a los 350 millones de euros. Un porcentaje del sobrecoste redunda en el arquitecto y su equipo, ya que cobran en función del coste final. Calatrava y su gente han ingresado ya, en honorarios, doce mil millones de pesetas. Tras doce años de trabajos, en febrero de 2007, el arquitecto hizo una nueva propuesta de mo-dificaciones estéticas en la cáscara del edificio. Las autoridades del PP le acusan ahora de improvisar, de estar creando continuamente: «Es un agujero negro. Si le dejaras, estaría rehaciendo el edificio semana tras semana».

Los sobrecostes disparados son algo habitual en todas las grandes obras iniciadas por Zaplana al frente de la Generalitat. En el caso de La Ciudad de la Luz, de Alicante: el presupuesto inicial se cifraba en 100 millones de euros y ahora se estima que el coste final de las obras, cuando aún falta por construir la tercera y la cuarta fase del complejo, será de más de 270 millones de euros.

ROBANDO A LAS MONJAS

Además de los grandes escándalos económicos como Terra Mítica o el IVEX, en los que aparecen implicados varios cargos públicos, amigos y familiares de Zaplana, a lo largo de su etapa como presidente de la Generalitat también se producen varias imputaciones judiciales de consejeros de su gobierno, dada su implicación en diversos hechos delictivos. Es el caso de Luis Fernando Cartagena y José Emilio Cervera, consejeros de Obras Públicas y de Sanidad, respectivamente. Ambos se ven obligados a dimitir de sus cargos.

Luis Fernando Cartagena, el que podía haber hecho sombra al ex alcalde de Benidorm en su carrera hacia la cúpula del PP valenciano y la Generalitat, es nombrado por el ya presidente Eduardo Zaplana consejero de Obras Públicas, en 1995, y se convierte en uno de los pilares de su primer Gobierno. Pero tres años más tarde, en marzo de 1998, tiene que dimitir tras ser imputado en el caso de las cesiones de crédi-to del Banco de Santander. Según el fiscal, Cartagena suscribió fondos de espaldas al fisco por más de dos millones de euros. Mientras Zaplana comienza a tomar las decisiones sobre grandes contratos y proyectos que, años después, le provocarán las mayores críticas a su gestión y la intervención de los tribunales, le estalla en las manos el caso Cartagena.

El Instituto de Robótica certifica que Luis Fernando Cartagena aparece como titular de varias cesiones de crédito por valor de casi un millón de euros (164 millones de pesetas). Estos fondos suscritos por el Banco de Santander aseguraban la opacidad fiscal de la operación. Por este delito fiscal, la justicia solicita para el consejero de Zaplana tres años de cárcel y una multa de 200.000 euros. Y ahí se trunca, momentáneamente, su brillante carrera política, que se había iniciado en su pueblo natal, Orihuela. Luis Fernando Cartagena era alcalde de la localildad en la época de mayor actividad de la trama Naseiro, implicada en supuestas actividades de financiación irregular del PP. Había accedido también a la alcaldía a través de una moción de censura, como Zaplana, y estaba perfectamente insertado en la cúpula del PP

valenciano. Su mujer, Ana Encabo, llegaría a dirigir el Instituto Valenciano de Empleo.

Apartado momentáneamente de la circulación mientras se resuelve su posible delito fiscal, espera reincorporarse pronto a la vida pública cuando explota un nuevo escándalo, infinitamente mayor que el de las cesiones de crédito. Se le acusa de haberse quedado con fondos de una congregación religiosa. Y su electorado le puede aguantar de todo, pero robar a las monjas en la muy clerical ciudad de Orihuela, resulta excesivo. La Audiencia Provincial de Alicante condena al ya ex consejero de Zaplana a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta para cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación. Se le considera culpable de haberse apropiado de una cantidad de dinero procedente de la liquidación del Hospital Municipal San Juan de Dios –que estaba gestionado por una congregación religiosa– al Ayuntamiento de Orihuela, cuando él era alcalde de la localidad alicantina. En 2004, el Tribunal Supremo ratifica la condena.

El Tribunal considera probado que Cartagena, «en su condición del alcalde del Ayuntamiento de Orihuela, recibió del concejal de Servicios Sociales la cantidad de 6.166.426 pesetas, con fecha de abril de 1993, más otros dos millones de pesetas del 11 de mayo de ese mismo año». Ese dinero fue entregado por la hermana Bernardina, de la Comunidad de Hermanas de la Beatísima Virgen del Monte Carmelo de Orihuela y acabó en manos de Cartagena que, «en vez de proveer el trámite reglamentario para su ingreso en las arcas municipales, lo hizo suyo con intención de propio beneficio». La monjita lo había recaudado entre los ancianos recogidos en el Hospital Municipal San Juan de Dios para que fuese destinado a obras sociales. Y Cartagena consideró que llenar su bolsillo era una obra social de primer orden. No registró en las arcas locales el donativo y lo guardó de-bajo de la tapa del piano de la alcaldía. La sentencia añade que, posteriormente, en 1998, cuando ya era consejero en el Gobierno de Zaplana, para lograr una coartada, encargó a su amigo el empresario Ángel Fenoll que emitiera tres facturas por unas supuestas obras de rehabilitación de viviendas, cuyo montante coincidía con la cantidad entregada por las monjas al Ayuntamiento. Fenoll, que ya tenía una condena por comprar votos por correo para el PP, fue condenado a un año de prisión por su complicidad con Cartagena.

Cuando se descubre el pastel, Cartagena se arre-piente y devuelve el dinero rapiñado. Pero la Fiscalía rechaza el indulto del ex consejero de Obras Públicas solicitado por numerosas asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana. El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, declara: «No pensamos que el hecho de que Cartagena haya restituido la cantidad de la que se apropió sea motivo suficiente para el indulto. Estaríamos, pues, ante una clara discriminación entre ricos y pobres». El presidente Zaplana, por su parte, calificó la dimisión de Luis Fernando Cartagena de «acto de generosidad».

Todavía no ha ingresado en prisión.

Otro consejero de Zaplana dimitido a la fuerza es José Emilio Cervera Cardona, titular de Sanidad durante el segundo mandato del político cartagenero.

Deja el cargo, a petición propia, en mayo de 2000, imputado en un presunto delito de tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, negociación y actividad prohibida de los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La esposa de Cervera, Dolores Santos Gago también es imputada por tráfico de influencias, a petición del Ministerio Fiscal.

El asunto viene de atrás, se acusa a Cervera de incurrir en diversos delitos recogidos en el Código Penal durante su etapa como subsecretario de Modernización de las Administraciones Públicas de la Generalitat, entre 1995 y 1999. La denuncia señala que buscó su lucro personal al omitir en el registro de altos cargos la empresa Orangeville, creada en 1988 por su esposa –con la que mantiene régimen matrimonial de gananciales– y por Rosa Escuín, hermana del director de Tissat, una de las mayores adjudicata-rias de la Administración en proyectos informáticos.

Dolores Santos, que había ocupado un alto cargo en Presidencia, pasa luego a tener relaciones comerciales con la multinacional IBM, empresa que logra importantes contratos de la Generalitat. José Emilio Cervera es imputado por su relación con diversas empresas informáticas, entre ellas IBM, tras asumir la gestión del Plan de Modernización de la Administración durante el primer mandato de Zaplana. La confusión entre servicios públicos y empresas privadas está en el centro de la polémica gestión de Cervera.

Por la parte de la farándula, también aparecen colaboradores del presidente Zaplana imputados por la justicia. En febrero de 2000 contrata a un asesor que, después, resulta ser el director general de Gescartera Holding, cabecera de la agencia de valores intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a consecuencia de la presunta desaparición de 18.000 millones de pesetas. Se trata del alicantino Jaime Morey, otro personaje, como Julio Iglesias, sur-gido de la cantera del Festival de Benidorm, certamen en el que participó dos veces. Igual que Iglesias, también intervino después en Eurovisión. En 1972, representando a España con la canción «Amanece».

El asesor de presidencia es, además, suegro del principal inculpado en el caso Gescartera, Antonio Camacho. Su hija Laura García-Morey es otra de las encausadas y el fiscal pide para ella seis años de prisión por apropiación indebida.

Entre los delincuentes convictos con los que Zaplana tiene estrechos lazos durante su etapa al frente de la Generalitat, resalta, por lo exótico de la relación, el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo, condenado a 20 años de prisión en su país por «delitos de lavado de dinero, fraude, malversación de caudales, asociación e instigación para delin-quir y delito electoral en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense». Ocho millones de euros sustrajo del erario público, según la sentencia conde-natoria, aunque el fiscal le imputaba la apropiación indebida de 100 millones.

Alemán gobernó el país centroamericano desde 1997 a 2002, periodo en el que Eduardo Zaplana presidía la Generalitat. Pero la relación del prohombre nicaragüense con los políticos valencianos del PP se fraguó antes, en su etapa de alcalde de Managua. En marzo de 1992, Alemán ya contempló, junto a Rita Barberá, una mascletá fallera. Nicaragua empezó a recibir más de la mitad de la partida de cooperación de la Diputación de Valencia, que ascendía a unos 160 millones de pesetas.

En enero de 1998, Eduardo Zaplana se da una vuelta por Managua. Como siempre, escoltado por una treintena de acompañantes, entre periodistas, industriales y políticos. Al final de la visita, el presidente anuncia que la Generalitat va a financiar la construcción del Hospital de los Maestros, proyecto al que, teóricamente, se destinarían 340 millones de pesetas. La cosa se puso tan negra con los fondos de cooperación destinados al proyecto, que Zaplana ni siquiera pudo hacerse la fotos publicitarias correspondientes: descartó presentarse a inaugurar el hospital.

CHOFER PARA TODO

De la persecución de la Justicia no se salva ni el conductor del coche oficial del presidente. Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante, que más tarde es ratificada por la Audiencia Provincial de Alicante, condena a Salvador Gil, chófer de Eduardo Zaplana, a nueve meses de prisión por agredir a un joven el 3 de mayo de 1998, cuando entró con su novia en un bar de Benidorm. La agresión tuvo lugar cuando la víctima se levantó para ir al cuarto de baño y pasó junto al lugar donde se encontraba Gil con otro individuo, Santiago Ramón López, también condenado a nueves meses de prisión. En la sentencia consta que el joven se disculpó después de rozarle, pero el chófer de Zaplana le dijo: «No sabes quién soy yo». La víctima le contestó que tampoco le importaba y entre Gil y su acompañante le dieron una paliza. La sentencia considera probada la agresión y estima que el hecho de que el acusado Salvador Gil fuera chófer del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, «explicaría su prepotencia».

El incidente tiene lugar en el bar Don César, situado frente al antiguo Ayuntamiento de Benidorm, en la playa de Levante.

El agredido denuncia los hechos, pero varios meses después solicita el archivo de las actuaciones y expone que renuncia a cualquier tipo de indemnización. No obstante, el procedimiento continúa su curso y, durante el juicio, la víctima explica que ha intentado retirar su denuncia «por miedo», ya que ha sido objeto de amenazas telefónicas.

Salvador Gil comenzó a trabajar como chófer de Zaplana cuando éste tomo posesión de la alcaldía de Benidorm. Los parroquianos habituales de Don César le recuerdan perfectamente. «Le gustaba levantar la voz y mandar callar a todo el mundo en tono amenazador. Decía: aquí hay mucho ruido y estoy hablando con el alcalde», relata uno de los clientes del establecimiento. «Llevaba pistola y más de una vez la sacó en los bares.» Gil tuvo un papel activo en el «marujazo», y cuando Zaplana dio el salto a la Generalitat, se lo llevó con él, para tenerlo cerca.

Después de haber disfrutado de sus habilidades como chófer, Zaplana busca para Gil un empleo muy especial. En diciembre de 1999 lo nombra responsable del Casal de Ifach, la residencia que la Agencia Valenciana de Turismo posee en la localidad alicantina de Calpe. El presidente había ordenado que se rehabilitara para dedicarla a reuniones con visitantes ilustres.

La Federación de Servicios Públicos de UGT denuncia el caso y solicita la anulación de la contratación de Salvador Gil y su mujer, Henriette Van Krimpen, también reclutada para controlar el centro, por considerarlos fraudulentos. El puesto que ocupa el hombre de confianza de Zaplana está clasificado, en la relación de los puestos de trabajo de los funcionarios dependientes de la Generalitat como grupo A, al que pueden acceder exclusivamente los licenciados superiores. Y el violento ex chófer de Zaplana sólo tiene título de graduado escolar.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia traslada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la querella presentada por UGT contra el vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas, por la contratación, supuestamente ilegal, de Gil y su mujer para regentar la residencia ubicada en la ladera del Penyal d’ Ifach, en Calpe.

Olivas asegura que las dos contrataciones se han efectuado de manera «temporal» y por la «absoluta urgencia» con la que debían cubrirse las vacantes.

Finalmente, Gil y Van Krimpen son despedidos, pero nunca se llega a conocer el coste que ha supuesto para la Administración autonómica la contratación «irregular» durante cinco años de ambos, ni el montante total que reciben en concepto de despido.

El que respalda en primera línea a Gil, es el director de la Agencia Valenciana de Turismo, Roc Gregori, otro de los amigos de Zaplana que medran en políti-ca exclusivamente gracias a él. Justifica la contratación del ex chófer de su amigo por «sus conocimientos de seguridad y por ser persona de confianza». Al final, Gil tiene que dejar su privilegiado puesto en Calpe a otra persona que no ofrece tanta «confianza» a Zaplana en sus visitas particulares al Casal de Ifach, ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana establece que el empleo de conductor no está reservado al personal eventual y, además, no hubo convocatoria pública para cubrir ese puesto de trabajo. Pero no hay problema, poco después, el ilustrado ex chófer pasa a ocupar un puesto de asesor de Presidencia. Gregori será purgado más adelante por Camps y tendrá que refugiarse en el Ayuntamiento de Benidorm.

RAPIÑA LITERARIA

Desde sus tiempos de universitario, había quedado bastante claro que donde más brilla Eduardo Zaplana no es en el ámbito intelectual y académico. Lo suyo no es, desde luego, la reflexión teórica ni la escritura, a pesar de su confesada pasión por las plumas de oro.

Las capacidades del político cartagenero van por otro circuito. Pero, como les ocurre a otros personajes que quieren redondear su currículo con obra impresa, el presidente autonómico también se atreve a firmar un texto, en el que, supuestamente, plasma sesudas con-sideraciones sobre política territorial. Es su único libro, eso sí, pero tiene un título tan sugerente como El acierto de España. Lo presenta en Madrid, en febrero de 2001, en un acto al que asisten, además de la plana mayor del PP –a excepción de Aznar–, Fernando Fernández Tapias, Florentino Pérez y su amigo José Bono, entre otros.

En la línea de los grandes «intertextualizadores», Zaplana copia para su libro la estructura y al menos doce pasajes de una obra publicada ocho meses antes por Bancaja: «Análisis del sistema de financiación autonómica: Bases para un nuevo modelo». Un vo-luminoso trabajo dirigido por el diputado valenciano y portavoz del PP en la comisión de Economía en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, que incluye ar-tículos de prestigiosos profesores universitarios, eco-nomistas y técnicos.

El diario Levante realiza un pormenorizado análisis comparativo de los textos y llega a la irrefutable conclusión de que la estructura de ambos es similar, las propuestas son idénticas e incluso se repiten epígrafes como los referidos a los sistemas de financiación de Suiza, Canadá y Alemania o a la participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero las coincidencias van más allá: el texto de Zaplana recoge frases e incluso párrafos textuales del libro de Bancaja. También acude a una encuesta del CIS para reforzar sus planteamientos sobre la importancia de las opiniones de los ciudadanos acerca del Estado de las Autonomías, como había hecho ocho meses antes Martínez-Pujalte. La interpretación de los datos lleva a ambos a usar casualmente la misma expresión al referirse «a las voces inconformistas» que preferirían un Estado centralista.

Se acredita que hay incluso párrafos de más de veinte frases seguidas o frases intercaladas en un texto que se corresponde a párrafos completos en el otro.

Pero lo más común es la sucesión de frases iguales u otras coincidencias como usar idénticas citas de los mismos autores. «El acierto de España. La vertebración de una nación plural» carece de bibliografía y de notas a pie de página en las que Zaplana identifique sus fuentes o especifique que ha tomado prestadas frases ajenas no sólo de Pujalte, sino de otros profesores.

La copia sistemática de expresiones y párrafos es difícilmente justificable con la versión ofrecida por el presidente de la Generalitat y avalada por su fiel escudero Pujalte, basada en que ambos usaron las mismas «fichas de trabajo» para elaborar sus textos.

También copia, sin identificar su fuente de información, frases y párrafos escritos por el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo para la obra editada por Bancaja. Reproduce al menos cuatro pasajes de la aportación de Margallo sobre la fiscalidad en la Unión Europea, incluido un párrafo escrito por el eurodiputado en 1970. Zaplana toma prestadas ideas, citas y frases literales de todos los expertos que colaboran en el libro de Bancaja, siempre sin citarlos.

Cuando un locutor de la cadena COPE le pregunta, en relación con el libro: «¿Lo ha escrito usted?».

Él presidente de la Generalitat, con su habitual expresión de sinceridad, le responde: «Hasta la última coma».

Capítulo V

LA OBSESIÓN MEDIÁTICA

Yo aseguro que mi política, en ningún momento, intentará controlar, ni siquiera influir en los medios de comunicación. Y eso por dos motivos. En primer lugar, por convencimiento personal de respeto a la libertad de expresión. Y en segundo, por pragmatismo.

A los que crean que se pueden controlar los medios de comunicación yo les digo que cometen uno de los mayores errores que se pueden cometer. Un político debe esforzarse por tener una buena comunicación y relación con los profesionales de los medios. Mantenerlos bien informados y ser transparente.

Declaraciones de Eduardo Zaplana a Rafa Marí Cuando llega a la presidencia de la Generalitat, uno de los más urgentes objetivos de Eduardo Zaplana es la creación de un grupo informativo de confianza, afín a su política, que pueda contrarrestar, en el País Valencià, la fuerza de una serie de medios que no están en la onda del PP. Inmediatamente, encarga a su consellera portavoz, Alicia de Miguel, que ini-cie contactos con la multinacional Bouygues, con la intención de recabar apoyo financiero para esta operación contrainformativa. Bouygues es accionista de referencia, con un 31,10 por 100 de su capital, de la sociedad Aguas de Valencia (AVSA), que gestiona el servicio hídrico de la capital del Turia. Zaplana pretende que el grupo empresarial francés comience a realizar inversiones en el sector de los medios de comunicación de la región valenciana, a través de su empresa participada, de acuerdo con los intereses del Gobierno autonómico valenciano.

La jugada se intenta mantener en absoluto secreto, pero sale a luz cuando se descubren varios informes internos de Saur, sociedad filial a través de la cual el grupo Bouygues es accionista de AVSA. La insistente presión del presidente de la Generalitat sobre Aguas de Valencia y Boygues, empresas privadas que cotizan en bolsa, persigue que ambas entren en un conglomerado de prensa escrita, medios de radio y televisiones locales, denominado Tabarka Media S. A., sociedad con sede en Alicante, el bastión de Zaplana, pero cuyos intereses alcanzan a las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Una vez constituida legalmente, el 26 de septiembre de 1997, la mercantil Tabarka engloba a diversas empresas de comunicación vinculadas a personas cercanas al presidente Zaplana: el grupo Arco Mediterráneo, el Canal 37 de televisión de Alicante, Onda Mariola (televisión de Alcoy), la Televisión Vega Baja (Orihuela), Canal 38 (televisión de Castellón), Radio Difusión Torre, Radio Europa FM y Medipress Valencia (red de tres emisoras de radio en Valencia, Castellón y Benidorm), entre otros medios.

Tabarka editará, además, el diario alicantino La Prensa, de vida efímera.

La propuesta de Zaplana a AVSA y Boygues también apunta al control del Mini Diario, a través de la compra del 51 por 100 de sus acciones, para incorporarlo a Tabarka. Se trata de un periódico gratuito que se distribuye diariamente en Valencia y Alicante con una tirada de 55.000 ejemplares. De hecho, Aguas de Valencia llega a realizar importantes aportaciones económicas a esta publicación, cercanas a los 100 millones de pesetas. También se pretende incluir en el grupo patrocinado por la Generalitat el 45 por 100 del capital de El Periódico de Alicante, del grupo Zeta, que en esos momentos se encuentra en venta.

Zaplana juega con cartas marcadas. Presiona a Bouygues, para llevar a la multinacional a su terreno, al mismo tiempo que se convoca el nuevo concurso del contrato de gestión de aguas de la capital de la comunidad, por un periodo de 50 años. Finalmente, Aguas de Valencia consigue renovar la concesión, lo que supone un factor de estabilidad fundamental para la compañía.

El contenido de un correo electrónico enviado por el consejero de Aguas de Valencia, David Lion, a la sede de Saur, en París, saca definitivamente de la clandestinidad la operación de Zaplana. En el correo, el representante de la firma multinacional asegura que, tras la reunión que ha mantenido con los enviados del presidente de la Generalitat en la sede de la cadena de televisión TF1, del Grupo Bouygues, «nosotros hemos intentado aclarar las voluntades políticas que concier-nen a la organización de un futuro grupo de prensa, radio y televisión en Valencia». El consejero francés reconoce que la persona encargada de hacer el enlace, «entre nosotros y el presidente», es «la señora Alicia de Miguel García». Y prosigue el correo, redactado en francés: «Yo la encontré en presencia de Aurelio Hernández (consejero delegado de Aguas de Valencia)».

El diario ABC se encarga de sacar a la luz por primera vez estos documentos, lo que le convierte en enemigo personal de Zaplana a partir de ese momento.

Sin embargo, siguiendo las normas de la casa, Alicia de Miguel, entonces portavoz del Gobierno Valenciano y una de las personas más próximas al presidente, lo niega todo: «El Gobierno ni ha auspiciado, ni ha presionado o mediado para crear un grupo de comunicación afín. Es una fabulación inverosímil, una patraña mediática». De Miguel forma parte del núcleo duro del zaplanismo, y se encarga de llamar continuamente a editores e incluso redactores para darles indicaciones sobre qué tratamiento informativo deben tener determinados asuntos e incluso para abroncar a más de uno de ellos por no haber cumplido de forma conveniente sus consignas.

SIESTA EN PARÍS

Eduardo Zaplana viaja al menos dos veces a París, siendo presidente de la Generalitat, en un avión privado fletado por la compañía Bouygues, para entrevistarse con los principales ejecutivos de la multinacional francesa. Le acompaña Aurelio Hernández, que, además de consejero delegado de Aguas de Valencia, es consejero en RTVV, alcalde del PP en el municipio de Carcer y dirigente del partido en la zona de La Ribera.

El primer viaje tiene lugar durante los días 21 y 22 de junio de 2001, con el concurso del agua de Valencia aún sin convocar. El presidente de la Generalitat llega a París acompañado por el empresario Fernando Fernández-Tapias, naviero, amigo de los Bouygues, presidente de la CEIM entonces y, más adelante, de la Cámara de Comercio de Madrid. Tapias está también muy vinculado, en numerosas actividades económicas, al presidente de la Comunidad de Madrid y más tarde alcalde de la capital Alberto Ruiz Gallardón. Se especula con que la presencia de Tapias en ese viaje también puede tener relación con una hipotética privatización de la gestión del madrileño Canal de Isabel II.

Además, en esa primera ocasión viajan con Zaplana el abogado Rafael González Bravo de Laguna, consejero de AVSA por Saur, el omnipresente Aurelio Hernández y un personaje fundamental, Pedro Pérez, viejo conocido del presidente de la Generalitat desde los tiempos del Club Liberal y estrechamente vinculado al Clan de Valladolid. El multimillonario Pérez, productor audiovisual y presidente de Vía Digital, se beneficia de sonoros pelotazos durante los gobiernos de Aznar. Pérez aparece, una y otra vez, en el entorno de Zaplana, quien premia con in-finidad de bicocas en la televisión pública valenciana a todas las empresas y productoras que tienen relación con él, como 28 Canal TV o Intercartel, que se hinchan a facturar. Pérez, propietario de la empresa de comunicación Infinittum, pretende que Bouygues inyecte capital en ella. Cada uno arrima el ascua a su sardina.

A pesar del contundente desmentido de la portavoz Alicia de Miguel, está acreditado que Zaplana y sus acompañantes visitan la sede central del grupo Bouygues, un edificio emblemático en el mundo de los grandes negocios, llamado Challen-ger, y se entrevistan, entre otros, con Martín Bouygues, presidente de la sociedad, su hermano Olivier Bouygues, responsable de Saur, y otros dos altos ejecutivos de esta firma, Yves Gabriel y Jean François Talbot. La cosa va en serio. La visita del presidente incluye una estancia de tres horas en el parisino Hotel Ritz –probablemente una siesta–, por la que paga el módico precio de 150.000 pesetas. «El salario mensual de un valenciano», como dirá el portavoz de las filas parlamentarias socialistas, Joaquim Puig.

Zaplana vuela de nuevo a París el 17 de enero de 2002, en otro avión privado fletado por los Bouygues.

En esta ocasión le acompañan su asistente personal, Gregorio Fideo, una persona de su gabinete, Amparo Castellano, y Aurelio Hernández. El presidente de la Generalitat vuelve a reunirse con la cúpula de la multinacional francesa con la intención de conseguir el apoyo económico definitivo de la poderosa firma para su proyecto de convertirse en el Ciudadano Kane valenciano. En ese momento, Aguas de Valencia ya dispone de una clara propuesta de la Generalitat para entrar en el grupo Tabarka: culminar la operación de compra de Mini Diario y del 45 por 100 de El Periódico de Alicante.

Pero los franceses no lo acaban de ver claro. En la comunicación de Saur Internacional enviada por Daniel Lion, consejero francés en Aguas de Valencia, a Jean Francois Talbot, presidente y director general de Saur, con fecha 11 de enero de 2002, unos días antes del segundo viaje de Zaplana a París, se señalan diversos puntos negros de la operación: «Financiero: porque puede llevarse por delante los beneficios de Aguas. Político: la población podría establecer una relación entre nuestra entrada en estos medios y la consecución del contrato de aguas de Valencia. Por ello podría parecer un pago político. Estrategia: no aportan nada al grupo, y otros grupos de prensa, como Moll o Prisa, nos atacarían».

LA OPERACIÓN HACE AGUAS

En un informe de TF1, empresa de comunicación del grupo Bouygues, se analiza cuáles son los objetivos reales que se esconden detrás de la propuesta y las presiones de Eduardo Zaplana: «Constituir y garantizar un grupo de medios de comunicación que sean útiles al poder local, evitar que los activos de la propuesta sean tomados por Prisa o El Correo (Grupo Vocento) y lograr sacar a los medios afectados por la propuesta de su situación financiera tan delicada. El conjunto de los medios citados anteriormente tiene ya una línea editorial muy favorable a las autoridades en el poder. Los accionistas son, a menudo, empresarios próximos al equipo de Gobierno».

Bouygues tiene en cuenta la recomendación de TF1, y finalmente, Aguas de Valencia decide no in-vertir, de forma manifiesta, en ningún medio de los que integran el grupo Tabarka, auspiciado por Eduardo Zaplana. Sin embargo, Aguas de Valencia sí acepta el compromiso de mantener un «depósito indispo-nible» en el Banco de Valencia, por importe de 1,2 millones de euros, como respaldo a un crédito concedido por esta entidad financiera a Tabarka, hasta que la operación sea cancelada por completo.

Indignado por el fracaso casi total de su plan, el presidente de la Generalitat pone en el punto de mira al hasta ese momento servil consejero delegado en Aguas de Valencia, Aurelio Hernández, que es destituido de su cargo fulminantemente, porque su actuación en las negociaciones con los ejecutivos de Bouygues no ha sido tan contundente como se espe-raba. Zaplana sólo quiere incondicionales absolutamente entregados. El cese fulminante decretado por el «molt honorable» se produce a pesar de que se trata de una firma privada, con cotización en bolsa y su-pervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una auditoria posterior pone de manifiesto que Hernández, al frente de la empresa, había realizado «inversiones impropias» de una compañía dedicada al agua, como fuertes pagos publicitarios a medios de comunicación afines al Gobierno de la Comunidad Valenciana. Zaplana declara, como en casos anteriores, que no le conocía «excesivamente», a pesar de que, al menos, había viajado con él a París en dos ocasiones.

En vista del fracaso de la operación Bouygues, Zaplana decide utilizar directamente dinero público para apoyar a sus medios de comunicación privados.

En 1998, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concede un préstamo de 90 millones de pesetas (541.000 euros) a la mercantil Grupo de Comunicación Arco Mediterráneo (GCAM), editora del diario alicantino La Prensa e integrada por un entramado empresarial cercano al PP, para «la ampliación, instalación y el equipamiento de cuatro redacciones en Alicante, Benidorm, Elda y Elche». La Prensa había visto la luz el 15 de noviembre de 1997 y dejará de publicarse como diario el 1 de mayo del 2000, para reconvertirse en semanario. Uno de los principales propietarios de Arco Mediterráneo es el viejo amigo de Zaplana y ex presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Eliseo Quintanilla, que también aparece en Terra Mítica y en otros asuntos turbios relacionados con el presidente de la Generalitat.

El objetivo de La Prensa es hacer la competencia en Alicante al diario Información, que se escapa al control de Zaplana. Casi todos los editoriales están dirigidos contra «Información». El director de La Prensa es el periodista Enrique de Diego, muy cercano al PP y al mismo José María Aznar, a quien ha dedicado alguno de sus libros. De Diego, hoy subdirector del semanario Época, es yerno de los antiguos propietarios de La Calahorra, un clásico palacete de Elche que fue adquirido por la Generalitat. Cuando La Prensa deja de ser diario, ya sólo funciona una de las cuatro redacciones que habían sido objeto del préstamo de la Generalitat, la de Alicante. La de Elche se había mantenido abierta muy poco tiempo y las otras dos no llegaron a ponerse en marcha. El préstamo fue concedido a pesar de que los servicios técnicos del IVF pusieron serias objeciones a la operación.

TELEVISIÓN A LA CARTA

Una de las promesas electorales de Eduardo Zaplana durante la campaña electoral de 1995, que le lleva a la presidencia de la Generalitat, es la de democratizar la radiotelevisión pública valenciana. Pero lo que hace es instaurar un modelo de televisión casi exclusivamente en castellano, con informativos manipula-dos, todos los programas encargados a productoras externas, pagados con sobrecoste, y una plantilla cada vez más inflada. En primer lugar, nombra a un miembro de su equipo de campaña electoral, José Vicente Villaescusa, como nuevo jefe de informativos, y al ex secretario del PP en Valencia, Vicente Sanz –el que estaba en política «para forrarse»– como jefe de personal de RTVV. Las designaciones crean una polémi-ca considerable. Villaescusa no llega a tomar posesión del cargo, pero unos años después será nombrado director general de la cadena pública. No había podido entrar por abajo y lo hace por arriba del todo.

José Vicente Villaescusa es un antiguo militante de la izquierda maoísta que decide cambiar de orientación política, olvidarse de la transformación de la sociedad e ir a favor de obra. Como de lo que se trata es de recaudar, Zaplana se convierte en su faro, luz y guía. En su afán controlador del medio público al servicio del jefe, Villaescusa acabará procesado por violar el ejercicio de los derechos cívicos de los consejeros de la oposición en el Consejo de Administración del ente. Por su parte, Vicente Sanz, el damnificado por las escuchas de su amigo Vicente Conesa, sí consigue ocupar la dirección de personal al primer intento. Y todavía sigue ahí.

Hasta que llegan las elecciones generales de 1996, las que le dan la presidencia del Gobierno a José Ma-ría Aznar, Zaplana se mantiene relativamente al margen de RTVV, más centrado en el lanzamiento de sus proyectos faraónicos. Pero a partir de ese momento, inicia un proceso de refundación de la cadena que va a comenzar por los servicios informativos. Para ejecutar la nueva política, Zaplana designa a un hombre de su círculo más estrecho, el que le había dirigido su última campaña electoral, Jesús Sánchez Carrascosa, en ese momento alto cargo en el Gobierno de la Generalitat y marido de María Consuelo Reyna, directora del diario Las Provincias. Carrascosa desembarca en la RTVV en 1996. Se estrena en su cargo con la aprobación del Estatuto de Redacción, un acuerdo profesional bastante razonable que no se respetará en ningún momento.

El primer paso de la refundación de los informativos consiste en la contratación de más de 50 periodistas, la mayoría de ellos recién licenciados, con el argumento de que van a trabajar en la puesta en marcha de Punt 2, un segundo canal, con el nombre de Noticies 9. Pero los jóvenes periodistas no se dedican a ninguna actividad nueva dentro del canal público: ocupan la redacción de informativos y sustituyen a los que habían venido haciéndolo hasta entonces, profesionales con años de experiencia que son relegados a actividades secundarias. La Audiencia Nacional acabará dictaminando que las contrataciones son irregulares, pero la sentencia no llegará a ejecutarse nunca.

La manipulación de los informativos se dispara.

Por los cargos de responsabilidad de estos servicios pasan Vicent Andreu, Pau Pérez Rico, Ximo Genís, Jesús Martínez y Lluís Motes, entre otros. Todos funcionan como fieles ejecutores de las órdenes de Carrascosa. Las noticias negativas relacionadas con el PP no tienen espacio en estos programas, la presencia de Zaplana en pantalla es constante y los sectores sociales opuestos al gobierno de la Generalitat dejan de existir en el terreno informativo. Carrascosa, cartagenero como Zaplana y con una personalidad pare-cida a él en algunos aspectos, revisa previamente los contenidos, noticia por noticia. En algunos casos, incluso después de ese estrecho control, hay textos que aún pasan por los despachos de la Presidencia de la Generalitat.

LISTAS NEGRAS

Las represalias contra los redactores que discrepan de la línea Carrascosa también hacen acto de presencia. A los profesionales díscolos se les persigue y arrincona. El 1 de abril de 1996, el jefe de programas de Ràdio 9 denuncia en un informe haber recibido presiones de los directivos Santiago Lumbreras y José Ramón Varó para hacer, por orden de «las alturas», una lista negra de periodistas desafectos al PP. Se considera que en las elecciones generales del 3 de marzo, que habían dado la victoria a José María Aznar por un estrecho margen de votos, los medios públicos valencianos no habían hecho lo suficiente para echarle una mano al nuevo caudillo. Ese es el diagnóstico del comité electoral de sabios del PP, formado por Serafín Castellano, Antonio Lis, Víctor Campos y Juan Manuel Cabot.

El entonces director de Ràdio 9, Francisco Mora, comparece en las Cortes ante una comisión de investigación sobre las posibles purgas de periodistas no afines al PP en la radiotelevisión pública valenciana. Su consigna, como hombre de confianza del que manda, es decir que «no», obviamente, y todos esperan que lo haga de modo convincente. Pero Mora, que ya ha tenido varios encontronazos con los enviados de la dirección por este asunto, saca los pies del tiesto y afirma, en tres ocasiones, que sí ha sido presionado para despedir a algunos profesionales del medio. Hoy, diez años después, Mora, ya jubilado, afirma en privado que dos subalternos de la directora general Genoveva Reig le dijeron que «había que limpiar aquello de rojos y de maricones».

Lumbreras y Varó, los comisarios políticos que Zaplana metió para dirigir la purga. «Genoveva Reig me llamaba, por ejemplo, para decirme que Zaplana había ido a visitar a los viejecitos de Burjasot y que teníamos que abrir el informativo con esa noticia», recuerda Mora.

En la comisión investigadora de las Cortes se sien-tan Aurelio Hernández, el hombre de Zaplana en Aguas de Valencia, y Emilio Fernández, uno de los caudillos históricos de la derecha en Alicante y padrino del presidente de la Generalitat cuando éste decidió subirse al carro de AP, tras el descalabro de UCD. Salirse del guión le cuesta el puesto a Mora, quien hoy, desde las páginas del diario Levante, se ha convertido en uno de los más duros fustigadores del actual portavoz parlamentario del PP. Anacleto Ro-dríguez, alias el «Coplero», yerno de la señora que trabajaba de asistenta en la casa de Zaplana en Benidorm, es el sustituto de Paco Mora al frente de la radio y el encargado de materializar la limpieza de desafectos.

Con todo mucho más controlado, los informativos de Televisió Valenciana son, en los días previos a la campaña electoral de marzo del 2000, un espejo y un altavoz para los representantes del Partido Popular, como se desprende de las conclusiones de un estudio elaborado por el comité de redacción de Canal 9. Según este informe, el PP protagoniza cuatro de cada cinco noticias de contenido político. Y en otra nota, el comité denuncia que el presidente de la Generalitat ha aparecido treinta veces en un solo día, haciendo declaraciones en tres espacios informativos distintos, mientras los criterios de la oposición no han sido transmitidos ni una sola vez. Sólo la primera edición de Notícies 9, dirigida por Josep Magraner, incluyó un total de 12 declaraciones de Zaplana. Y el texto del comité de redacción añade: «Si un diario de 72 páginas dedicara una atención proporcional a la que Canal 9 dio a Zaplana, habría que ocupar 14 páginas enteras con su discurso». Los representantes de la redacción señalan como responsables de la manipulación y el sectarismo a la jefa de informativos, Carmen Illán, y al subdirector de TVV de informativos y deportes, Pau Pérez Rico.

Cuando ambos fueron designados para esos cargos por la autoridad competente, se realizó una votación entre los profesionales de la casa, en cumplimiento del estatuto de redacción, con un resultado contundente: 20 informadores apoyaron el ascenso de Pérez Rico, 147 los rechazaron y sólo 10 se abstuvieron. Y en el caso de Illán, las cifras fueron similares. A pesar de semejante veredicto, los dos tomaron posesión de sus cargos. Pérez Rico seguiría ascendiendo: subdirector de Televisión Valenciana, director de comunicación de RTVV y responsable de comunicaciones externas del ente autonómico.

Los informativos se decantan, cada día más, hacia la simple propaganda de Zaplana y el PP, Carrascosa se dedica también a teñir de zafiedad y grosería la parrilla. Canal 9 se convierte en referencia de la televisión basura, con el espacio Tómbola como producto estrella. La programación se llena, cada vez más, de periodistas y presentadores que llegan de fuera del País Valencià. Hacen programas Lolita, María Abradelo, Carmen Sevilla, Juan Imedio, Mar Flores, Bárbara Rey, Julián Lago, Carlos Dávila, Fernando Sánchez Dragó, Pilar Ferrer...

El valencià desaparece de la programación. Excepto en los espacios informativos, todos los programas son en castellano. Incluso los comentaristas de fútbol son castellanoparlantes. A cambio, Zaplana se asegura de tener quien habla bien de él en Madrid. La compra de voluntades, práctica habitual del zaplanismo, tiene en RTVV un soporte inestimable. Así, los informativos se saturan de articulistas y opinadores que cobran 600 euros por cada minuto de intervención. No importa el déficit.

Mientras la televisión valenciana pierde audiencia de forma acelerada, cada vez más espectadores siguen la cadena pública catalana, TV-3. Zaplana inicia una ofensiva para clausurar todos sus repetidores en la Comunidad Valenciana y esa batalla todavía continúa. El 27 de abril de 2007, centenares de personas se concentraron en el puerto de la Carrasqueta, en Xixona, para impedir a los agentes de la policía autonómica y a los funcionarios de la Generalitat que cerraran un repetidor.

BRONCA EN EL PLATÓ

Los programas basura generan incidentes de todo tipo, incluso de orden público en los platós. Las peleas físicas entre los invitados a este tipo de espacios se hacen cada vez más frecuentes y, en una ocasión, el propio Carrascosa tiene que reclamar la presencia de la policía para poner fin a una refriega entre varios participantes en un programa sobre el suceso de las niñas de Alcàsser.

Se multiplican los conflictos y también los números rojos. Cuando Zaplana llega a la presidencia de la Generalitat, RTVV tiene un déficit de 200 millones de pesetas. Con su gestión, el ritmo de endeudamiento se incrementa de forma vertiginosa: más de 120 millones de euros por año. Entre Carrascosa, que decide las contrataciones, y el ex maoísta Villaescusa, que es quien las firma, llevan a RTVV a la quiebra técnica, según señala reiteradamente la Sindicatura de Comptes. Por ejemplo, en 1999, época de pleno derroche zaplanista en el medio, la Radiotelevisió Valenciana cuesta a las arcas públicas más de 18.000 millones de pesetas, entre subvenciones y am-pliaciones de capital. La liquidación presupuestaria de 1999 revela que las pérdidas de las empresas de RTVV son un 20 por 100 superiores a las del año anterior. Los gestores gastan, a lo largo del ejercicio, 29.182 millones de pesetas, frente a unos ingresos de 10.595 millones por publicidad y venta de derechos.

El déficit acumulado por las empresas dependientes del grupo rebasa con creces los 15.193 millones de pesetas previstos. La televisión y la radio públicas se convierten en un pozo sin fondo: exigen cerca de 3.400 millones de pesetas más, después de haber incrementado un 13 por 100 el presupuesto con respecto a 1998. Amortizado Carrascosa, Zaplana le busca sustituto, de nuevo entre la gente que se encarga de cuidar su imagen presidencial, y escoge a Genoveva Reig, persona de su máxima confianza desde que la nombró jefa de prensa suya en el Ayuntamiento de Benidorm.

Desde la dirección de Canal 9, Reig incrementa el control político de la información, continúa suman-do endeudamiento y restando audiencia. Son los años en los que no se puede grabar a Zaplana por el perfil malo, como a Julio Iglesias, bajo apercibimien-to de sanción. Trabajadores del canal público comparecen en las Cortes Valencianas denunciando la manipulación informativa y su persecución por haber respaldado una huelga.

Para tener aún más controlada la información y poder ofrecer mejores chollos a los amigos, el presidente de la Generalitat propone, en mayo de 2002, poco antes de trasladarse a Madrid para formar parte del Gobierno central, que se privatice parte de RTVV y declara que el ambiente «es propicio» para ello. La marcha de Zaplana a la capital no significa el final inmediato de su omnímodo control sobre Canal 9. Lo continúa ejerciendo a través de Genoveva Reig, que permanece aún en la dirección. Siguen adelante los planes de privatizar la cadena, ante la firme oposición de los trabajadores, hasta que la justicia sentencia, definitivamente, que ese proyecto carece de respaldo legal.

En febrero de 2007, el Tribunal Supremo zanja el intento de privatizar parcialmente la gestión de RTVV al rechazar el recurso de casación presentado por el ente público en 2005, después de que los tribunales ordinarios declarasen nulos los concursos parar privatizar la edición de los informativos, el sumi-nistro de contenidos y la venta de publicidad.

«Zaplana tenía un comportamiento de jefe de banda. Los suyos le llamaban “el molt” o “el molti-sim” [3]  », recuerda un antiguo trabajador de RTVV. «Y a él le gustaba hacerles comentarios de mal gusto en público, para ver cómo los soportaban de manera sumisa. Con Genoveva Reig, por ejemplo, tenía un trato muy machista. Le hacía bromas como hundirle el dedo índice en la cintura, entre las risotadas de su clá, y le decía: “Veva”, estás engordando, ¿eh? Te voy a tener que despedir».

Desalojado del Gobierno central, Eduardo Zaplana va perdiendo progresivamente poder en Valencia y sus peones empiezan a ser apartados de los puestos claves de la RTVV. Genoveva Reig tiene que dejar su cargo y se refugia en el Canal 37, en Alicante, donde el zaplanismo aún conserva fuerza. Su carrera de periodista dependiente comenzó cuando Eduardo Zaplana la nombró jefa de prensa en el Ayuntamiento de Benidorm. Antes había trabajado en Radio Elche y había hecho radio fórmula musical. De Benidorm pasó a directora general de Medios de la Generalitat y, después, a directora de Canal 9. Zaplana intentó colarla en Madrid, como directora de Televisión Española, cuando él era ministro de Trabajo y su amigo José Antonio Sánchez, otro rey del pelotazo aznarista, ocupaba el cargo de director general de RTVE, pero la cosa no cuajó.

Cuando los hombres de Camps empiezan a tomar posiciones en serio, Reig y Villaescusa pierden sus cargos. El nuevo presidente de la Generalitat limpia cada vez más la huella zaplanista en la cadena pública y escoge como nuevo máximo responsable de RTVV a su encargado de propaganda, Pedro García. Es el estilo del PP: Esperanza Aguirre en Madrid hará lo mismo con el suyo, Manuel Soriano.

GUERRA A LA PAPADA

«No me mires, no me mires... que no me he puesto el maquillaje, je...» Como la protagonista de la popular canción del grupo Mecano, Eduardo Zaplana no permite que le saquen en televisión con un en-cuadre poco favorecedor. Él, que tiene un permanente color moreno, fruto de las singladuras en el yate de algún amigo constructor o de exponerse con deleite a los rayos uva. Al principio de su mandato como presidente de la Generalitat, más de un cámara de la televisión pública tiene serios problemas por grabarle desde un ángulo inapropiado, con una perspectiva que deforma su cabeza, o por sacarle con excesiva papada y las ojeras muy remarcadas.

Eduardo Zaplana está obsesionado con su imagen. 

En las Cortes Valencianas, los discursos se los escriben sólo hasta la mitad del folio, para que no tenga que inclinar la cabeza demasiado sobre el atril y aparezca la maldita papada. Su cuello atesora un diseño muy especial y hay que tener cuidado con él. Pero, desde luego, él se trabaja su cuerpo disciplinadamente. Siempre encuentra un hueco en su apretada agenda para visitar el gimnasio. En Valencia frecuentaba el Atalanta, y en Madrid acude al del Hotel Eurobuilding, cercano al Ministerio de Trabajo y a su pisito del Paseo de la Castellana. Cuando estaba al frente de la Generalitat, ordenó que le montaran, cerca de su despacho oficial, un gimnasio completo, con yacuzzi incluido, y casi se desmorona el edificio.

Tras su llegada a Valencia, se incrementa notablemente el precio de los trajes que luce. Le toma medidas el afamado sastre Antonio Puebla y, además, empieza a hacer escapaditas a Londres para comprar ropa y zapatos. Manuel Vicent es uno de los colum-nistas a quienes más ha cautivado el atildamiento del político cartagenero. En un artículo titulado «Vuelo sin motor» [4] , el escritor valenciano demuestra que ha reflexionado a fondo sobre ese asunto: «Viste siempre muy planchado y da la sensación de que asoma la cabeza por el cuello alto y acartonado de la camisa, como si la hubiera puesto sobre una de esas figuras de los barracones de feria donde te sacan un retrato con tu rostro y el cuerpo de un torero, de un vaquero o de un caballista, sólo que en este caso el cuerpo pertenece al propio Zaplana, que tiene algo de maniquí re-cortado por la línea de puntos, luciendo cerillera alta sobre el bolsillo de la chaqueta entallada, donde uno puede meter los dedos índice y pulgar formando una pinza. Su sastre, Antonio Puebla, tiene expuestas en su establecimiento de Valencia dos fotografías de Zaplana que son un antes y un después. Antes, cuando era todavía un aspirante, nuestro héroe aparece ves-tido de pret-à-porter, aunque ya apuntaba maneras; después, alcanzada la cumbre de la Generalitat, se le ve ya acicalado con un terno exclusivo de alta sastrería». Y añade: «Probablemente, Eduardo Zaplana no cree que exista un problema en este mundo que no pueda arreglarse con dinero».

Precisamente por eso, en mayo de 2000, Zaplana contrata oficialmente para la Generalitat, a Miguel Maeso, preparador físico y amigo suyo. Hace que lo nombren, por libre designación, técnico de programas de deporte de elite, por lo que recibe una retribución anual próxima a los seis millones de pesetas.

Pero a Maeso no se le ve aparecer por la Dirección General de Deportes, ubicada en la calle del Horno de San Nicolás, en las proximidades del Palau de la Generalitat. Sus obligaciones privadas como preparador del equipo de baloncesto Pamesa, un puesto al que no renuncia tras ser fichado por el Consell, le impiden acudir con más asiduidad a su despacho oficial.

Su labor es exclusiva: mantener en forma al presidente de la Generalitat. Le acompaña incluso en sus viajes oficiales.

En ese momento, el director general de Deportes es Gonzalo Morell Noguera, viejo conocido de Zaplana desde antes de que éste llegase a la alcaldía de Benidorm. Morell es el que da la cara en la contratación. Pero para esa y otras tareas similares le ha puesto el presidente ahí. Su caso es sólo uno más dentro de la práctica habitual de colocar a toda la corte de Benidorm en la Administración pública valenciana.

Y se ve que, entre la contratación del preparador físi-co del «molt honorable» y otras labores deportivas similares, la autoridad está muy satisfecha con él, porque es ascendido a director general de Coordinación de Grandes Proyectos de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Economía. Claro que, cuando su mentor se aleje para formar parte del Gobierno central, empezará a perder peso y respaldo.

El nuevo presidente, Francisco Camps, le defenestra en 2005. Hacía meses que Morell no pasaba por su despacho. Entonces, lo recupera como «asesor», en su refugio para zaplanistas destituidos, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Como tantos otros, Morell viaja hacia el sur cuesta abajo en su rodada. Pero de momento, sigue cobrando del erario público. Sólo 35.355 euros anuales, pero tampoco está tan mal, no tiene que hacer nada, ni siquiera aparecer demasiado por su supuesto lugar de trabajo, en la oficina que la Diputación tiene en Denia.

Pero fue su cargo anterior, en la Coordinación de Grandes Proyectos de la Generalitat, el que le permitió vivir un gran momento de gloria. Precisamente fue él, Gonzalo Morell, quien ordenó que el director de cine norteamericano Quentin Tarantino no accediera a las instalaciones de la Ciudad de la Luz, en Alicante, porque «no lo conocía». Era el 21 de junio de 2004 y Tarantino había asistido en Madrid a la presentación, en DVD, del largometraje Kill Bill 1, junto al actor David Carradine. Estaba cenando con su pareja sentimental, la también directora Sofía Coppola, y alguien le habló de la existencia, en Alicante, de la Ciudad de la Luz, que se estaba promocionando como el complejo más grande, moderno y completo de Europa entre los de su género. Así que decidió visitarlo, cuando aún no estaba abierto al público. Pero no pudo ser, porque un amigo de Eduardo Zaplana, director general de Coordinación de Grandes Proyectos de la Generalitat Valenciana, no había oído hablar de él.

Capítulo VI

TERRA MÍTICA, LA CUEVA DE ALÍ BABÁ

Vicente Conesa, el de las contratas de los mapas verde y sonoro de Benidorm, aquel veterano militante del PP a quien Eduardo Zaplana decía no conocer de nada, el que grabó a Vicente Sanz su famoso «estoy en política para forrarme», se convertirá en la mano derecha del presidente de la Generalitat Valenciana en el proyecto de mayor envergadura que el político cartagenero va a abordar durante su etapa al frente del gobierno autónomo: la construcción del parque temático Terra Mítica. Según testimonios directos, Conesa será también el recaudador «bajo mano» del jefe. Esto se desprende de la grabación de una de las conversaciones mantenidas, entre diciembre de 2005 y febrero de 2006, por el parlamentario socialista José Camarasa y su compañero de partido Antonio Such con los empresarios Antonio Moreno y José Herrero, con el fin de desentrañar las tramas corruptas de Terra Mítica.

Los dos últimos están implicados, según un documento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en «prácticas ilícitas llevadas a cabo en la creación del parque temático, consistentes en la manipulación de facturas para ele-var el precio de los trabajos y pagar comisiones elevadas a quien repartía los contratos». En determinado momento de una de las reuniones, José Herrero asegura: «El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana». Y aún se extiende más sobre el asunto: «Vi cómo el señor Conesa se metía la bolsa en el maletero del boxster. Y luego nos fuimos a comer y dijo delante de mí que el dinero ese lo repartía con Zaplana. Que a mí Vicente Conesa me mintiera..., pues yo evidentemente no he visto cómo le ha llevado el dinero a Zaplana... Pero que lo ha dicho estando yo delante, lo juro ante la Virgen de los Desampa-rados». Para entender cómo se llega precisamente a este desamparo de los dineros públicos en Terra Mítica, hay que remontarse unos años atrás.

En la década de los 80 se pone en marcha la historia de los parques temáticos en la franja mediterránea de la península Ibérica. El empresario Javier de la Rosa es el primer impulsor de un complejo recreativo de este tipo. Consigue convencer al presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de la importancia estratégica de los parques temáticos para el futuro del turismo. De esta manera inicia Port Aventura su lucrativa andadura en Tarragona. La burguesía catalana, una vez más, es pionera a la hora de encontrar nuevas vetas comerciales de donde sacar beneficios.

El éxito de Port Aventura capta la atención del poderoso clan de los hosteleros de Benidorm, los primeros padrinos de Eduardo Zaplana. Si esta localidad alicantina es el mascarón de proa del sector turístico en todo el Mediterráneo peninsular, en ella es donde tiene que construirse el siguiente parque temático. El suegrísimo Barceló y sus colegas se ponen manos a la obra y celebran varias reuniones en el Hotel Don Pancho, con la intención de concretar cuanto antes el proyecto. El apoyo del poder municipal al parque queda garantizado cuando su hombre compra el voto de Maruja Sánchez y llega a la alcaldía. Y con Zaplana en la Generalitat el proyecto crece mucho más aún de lo esperado.

Pero la jugada había empezado a fraguarse antes.

Inmediatamente después de la inauguración de Port Aventura, en el año 1986, Eliseo Quintanilla Almagro, presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), decide comprar, por ocho millones de pesetas, en una zona rural donde colindan el término municipal de Benidorm y el de Finestrat, un gran número de hectáreas de algarrobos y olivos. Esta adquisición resulta insólita y muy sorprendente, pues Quintanilla se dedica a la industria químico farmacéutica. Es presidente de un grupo integrado por dieciséis empresas, Asac Pharma, centrado en la investigación de fármacos naturales.

Murciano como Zaplana –es natural de Sucina– mantiene vínculos muy estrechos con él y, de vez en cuando, se da su vueltecita por la peña Picarol.

Antes de dedicarse a la compraventa de terrenos recalificables, Quintanilla tiene que enfrentarse con varios problemas legales en el ámbito de la industria farmacéutica. Es objeto de una denuncia por practicar el «talonazo» con algunos profesionales de la sanidad pública. Es decir, recompensar con diversos regalos a los médicos que aceptan recetar a discreción productos de su laboratorio. Hasta que alguien levanta la liebre y denuncia que hay un fármaco que tiene una prescripción excesiva. Por supuesto, co-mercializado por Quintanilla. Entonces se descubre que el empresario proporcionaba a los facultativos implicados en el asunto vales del Corte Inglés como premio por su labor divulgativa. Por otra parte, acaba también pleiteando con sus socios de Asac, cuando éstos les denuncian a él y a su hija Magdalena por apropiación indebida de documentos de esta firma.

El caso es que el farmacéutico metido a terrateniente cierra la operación de compra de sus nuevas propiedades rústicas a través de la empresa Explotaciones Turísticas de Finestrat, constituida con un capital social de sólo nueve millones de pesetas y en la que él tiene una participación mayoritaria. Varios años después, se decide que, precisamente allí, donde él puso el ojo, se va a construir Terra Mítica. Quintanilla vende entonces sus terrenos por 1.500 millones de pesetas. En ese momento, hasta el más ingenuo se cae del guindo y llega a la lógica conclusión de que el empresario farmacéutico disfrutaba de información privilegiada. Y eso hace pensar que puede ser el intermediario de otros individuos con poder para diseñar y materializar la operación.

La acreditada amistad íntima entre Eduardo Zaplana y el farmacéutico campestre Eliseo Quintanilla es considerada, sin duda maliciosamente, como un indicio de que el presidente de la Generalitat puede ser juez y parte en la operación Terra Mítica. Pero, para abundar en el tema, hay otro trasiego rural que le queda aún más cerca. Una de las empresas inmobiliarias que comienza a adquirir terrenos rústicos en los alrededores del parque es la sociedad Los Almendros de Alicante. El accionariado de la firma lo encabezan dos empresas familiares: Promociones Les Dunes e Inmobiliaria Les Dunes. Las consejeras delegadas de la primera son Rosa Barceló Martorell, esposa de Eduardo Zaplana, y la madre de ella, Dolores Martorell Llorca. Y entre los accionistas figura uno de los impulsores iniciales de la carrera política del presidente de la Generalitat, su suegro Miguel Barceló. La segunda empresa es propiedad del hermano de la suegra de Zaplana, Miguel Martorell Llorca. Entre ambas sociedades poseen 592 de las 1.600 acciones de Los Almendros. El resto se reparte en pequeños paquetes, algunos de ellos en manos de otros parientes de Rosa Barceló. Entre estos accionistas minori-tarios también se encuentra el empresario alicantino Andrés Torrubia, propietario del Hotel Don Pancho de Benidorm, aquel establecimiento donde los grandes hosteleros de la localidad empezaron a acariciar la idea de disfrutar de un parque temático para ellos.

La operación de compra, por parte de Los Almendros, de 665.000 metros cuadrados a apenas tres kilómetros de Terra Mítica, entre los términos de Finestrat y la Vila Joiosa, llegará acompañada de su correspondiente propuesta de reclasificación de terrenos rústicos a urbanizables.

TODOS CON EL FUEGO

La Marina Baixa es una tierra de paisaje árido y escasos acuíferos. Al comienzo del verano, el pantano del Amadorio suele encontrarse al cinco por 100 de su capacidad de embalse y no sobran los espacios verdes en la comarca. Hasta septiembre de 1992 existe un pulmón de pino mediterráneo en una amplia zona de los colindantes términos municipales de Finestrat y Benidorm, alineado en paralelo a la circunvalación que une el hipermercado Continente, en Finestrat, con la autopista que enlaza Benidorm con Valencia y Alicante. Esta partida, conocida como El Moralet, tiene naturaleza rústica y no es edificable.

Pero antes de finalizar ese verano de 1992, un incendio intencionado quema cerca de 450 hectáreas de terreno. El fuego devasta tan preciada isla verde y nunca se llegarán a conocer las causas del siniestro.

El alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, no tiene el detalle de desplazarse a la zona para evaluar las consecuencias del desastre. Tampoco aprueba trabajos de repoblación ni de restauración forestal mientras ocupa el cargo de primer edil. Sólo hace floridas declaraciones asegurando que él en persona se va a preocupar de que la zona arrasada sea convenientemente regenera-da. Por supuesto, nunca cumple sus promesas. En ese suelo es donde, al final, se va a asentar Terra Mítica. El Moralet disfrutaba de una declaración oficial de «especial protección forestal» y, por tanto, no había la más mínima posibilidad de construir sobre él ningún edificio residencial, hotel o campo de golf. Sí existía, en cambio, el proyecto de crear un gran parque forestal en la zona, con ese valioso pinar como eje central.

Después del siniestro, el alcalde Zaplana declara que jamás se recalificarán los terrenos y que, además, pronto se desarrollará allí un proyecto de reforestación, con la ayuda de fondos de la Unión Europea. Incluso se llega a presupuestar un proyecto de rehabilitación del Moralet por valor de 700 millones de pesetas y se soli-citan los citados fondos comunitarios para contribuir a realizarlo. En su más puro estilo, Eduardo Zaplana asegura, incluso, que algún día, los vecinos tendrán que agradecer esta triste circunstancia del incendio por la mejora ecológica que el plan de reforestación va a suponer para el entorno. También se plantea la aprobación de un presupuesto de la Consellería de Medio Ambiente para repoblar el antiguo pulmón verde de Benidorm. Pero ese dinero nunca llegará.

Durante su campaña electoral para acceder a la Generalitat, aún realiza unas declaraciones en las que asegura que, entre sus tareas primordiales, está la re-generación de la zona quemada. Y, de hecho, la va a regenerar, pero bien. Lo primero que hace, tras tomar posesión de su cargo de presidente, es propiciar la recalificación de los terrenos para iniciar su proyecto faraónico de Terra Mítica. Modifica la naturaleza urbanística de la zona calcinada, atendiendo a su supuesto «interés turístico», y, a continuación, permite construir en ella. Como en otras muchas ocasiones, se incumple la Ley Forestal, que prohíbe edificar en espacios rústicos devastados por el fuego, y los terrenos que posteriormente albergarán al parque temáti-co obtienen todas las licencias y bendiciones necesarias para que se puedan iniciar las obras.

Para la construcción del parque se utilizan los terrenos calcinados y, además, se arrasan centenares de hectáreas de matorral y monte bajo colindantes. También se ocupan y destruyen cuatro vías pecuarias que atraviesan la zona y, sólo después del destrozo, se instruye un expediente de modificación de trazados, haciéndolo coincidir con el viario estructurante del área del parque, de forma contraria a lo indicado por la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. La patronal alicantina se vuelca en la operación y los periódicos aparecen satu-rados de titulares triunfalistas: «A lo mejor viene Disney...». Los capos que están detrás del proyecto consideran que, si consiguen vender bien el parque de atracciones y su posible proyección internacional, la gente no se les va a echar encima. Pero después, a la hora de la verdad, ningún inversor extranjero querrá venir. Disney y Warner sólo están dispuestos a iniciar las conversaciones sobre su posible participación en el proyecto si queda claro que va a ser una empresa privada la que gestione el parque. Pero eso a Zaplana no le interesa. Ante las reticencias de la población de Benidorm, se intoxica a los ciudadanos haciendo correr el bulo de que otra localidad alicantina, Pego, está interesada en ceder su suelo para el parque. Y la gente de Benidorm se rinde.

Al principio, se había planteado la posibilidad de construir un parque muy reducido y en una zona más cercana al pueblo, a donde los vecinos de la localidad pudieran llegar andando, pero esa idea tampoco le gustaba a Zaplana. Cuanto más voluminosas fueran las instalaciones, más recalificaciones y mayor movimiento de dinero. También se vende a los habitantes de la ciudad una supuesta creación de puestos de trabajo que nunca llegarán. Se habla de más de 6.000 empleos. Pero al final, la realidad es que nada más se ofertarán 300, en precario y sólo durante unos meses al año. Porque se acabará desistiendo de la idea de abrir el parque los doce meses. La oferta quedará reducida a la época de verano y poco más.

En 1997, ya desde la Generalitat, Zaplana encarga a su incondicional amigo Fernando Modrego, destacado miembro de la peña Picarol, la redacción del plan de usos de infraestructuras de Terra Mítica. En ese momento, Modrego es director general de Urbanismo y Ordenación Territorial de la consellería dirigida por el esquilmador de monjitas y defraudador de Hacienda Luis Fernando Cartagena. Como premio a su oportuno trabajo, el redactor del plan ascenderá de rango y se verá premiado con la Consellería de Medio Ambiente en un equipo de gobierno posterior de Eduardo Zaplana. También participa en la redacción del Plan Director José Ramón García Antón, que adquirirá notoriedad mundial en 2006, como conseller de Infraestructuras del sucesor de Zaplana en la Generalitat, Francisco Camps, por ser el responsable político de la tragedia del metro de Valencia que se produce el 3 de julio de ese año, en la que fallecen 43 pasajeros por exceso de velocidad y falta de medidas de seguridad. En el nuevo Consell salido de las elecciones de mayo de 2007, el president Fracisco Camps premia a García Antón con la cartera de Medio Ambiente y Agua.

NO VIENE EL PATO DONALD

Durante la etapa del socialista Joan Lerma al frente de la Comunidad Valenciana ya se había valorado la posibilidad de construir un parque temático en Alicante, e incluso hubo una exploración con ese fin por parte de la empresa norteamericana Disney. Sus ojeadores vieron distintos terrenos y estudiaron varias posibilidades, pero, al final, decidieron que era mejor trasladar los bártulos a París. Cuando Zaplana llega a la capital de la Comunidad Valenciana, decide que lo que no pudieron hacer Lerma y los socialistas lo va a conseguir él. Y con una categoría insospechada. Asegura que va a impulsar el mejor parque temático de Europa y que, además, llegará a inaugurarlo sin gastar ni una sola peseta de los valencianos.

A continuación, se lanza a la incierta aventura de construir el parque sin contar, siquiera, con un socio tecnológico. El proyecto responde más a una ensoñación suya y a la búsqueda de dinero y gloria personal.

Sus jaleadores habituales, que también piensan sacar tajada del asunto, le aplauden entusiasmados. Por supuesto, Zaplana no maneja ni una sola de las consi-deraciones que valoraría un gestor a la hora de jugarse su propio capital.

En diciembre de 1996, el ejecutivo autónomo del PP, presidido por Eduardo Zaplana, constituye la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), y en enero del año siguiente se contrata ya el primer estudio de viabilidad sobre el sueño del político cartagenero. El primer informe se encarga a Economic Rese-arch Associates (ERA), que cuenta entre sus clientes con Disney París, Port Aventura, Warner y otras firmas internacionales. La conclusión es decepcionan-te: «Un primer análisis indica que el proyecto puede ser viablemente discutible tal como se concibe por el cliente». ERA limita la previsión a 1,3 millones de visitantes anuales y advierte de que el coste del parque no debe superar los 180 millones de euros. El informe descarta un parque temático de marca (Universal, Paramount, etc.) y también el modelo Disney resort.

Como Zaplana no está conforme con el diagnóstico, pide una segunda opinión a otra gran consultora.

Pero las conclusiones de esta nueva firma tampoco cuadran con las pretensiones megalómanas del presidente de la Generalitat. Baker Leisure Group sólo se atreve a predecir unos dos millones de visitantes anuales de media (la horquilla abarca de 1,6 a 3,5 millones al año). Este nuevo jarro de agua fría no detiene los planes de Eduardo Zaplana, empeñado en hacer las cosas a lo grande, con inversiones multimillonarias. El baile de ingentes cantidades de dinero posibilita que haya beneficios para todos. Pide varios informes de consultoría nuevos y se va al que ofrece las cifras más elevadas. Los diagnósticos prudentes no le gustan, porque no justificarían la magnitud del presupuesto que él quiere destinar al proyecto, ni el volumen de tierras que pretende recalificar, ni la cantidad de obras que está decidido a abordar. Sólo le interesa un informe favorable a lo que ha decidido hacer.

El estudio de la consultora norteamericana Era Asesores le sugería que el volumen idóneo para el parque temático de Benidorm le situaría, en una clasificación de recintos de sus características, el tercero o el cuarto en Europa. Podría incluso ser un poco mayor que el parque de atracciones de Barcelona, por la cosa de las competiciones. Pero esa solución no le vale al presidente de la Generalitat. Entonces decide encargar a Price Waterhouse que le fabrique a medida un marco para colocar el cuadro que él ya tiene en su casa. Y finalmente será esta firma la que preste asistencia técnica a Terra Mítica para hacer su estudio de viabilidad, que se concluye en 1999. Un informe a la carta que prevé los tres millones de visitas anuales exigidos por Zaplana. Los que pueden justificar un parque de atracciones que va a costar, en principio, 270 millones de euros. Tan disparatada previsión no se cumplirá nunca, desde el primer día. El máximo número de visitantes será de un millón tres-cientos mil en los mejores momentos. Y últimamente no se llega ni al millón. Con la Consellería de Bienestar Social gobernada, hasta la última remodelación, por la ferviente zaplanista Alicia de Miguel.

Comprando entradas a destajo, para llenar el recinto de personas mayores, alumnos de colegios.... Y ofreciendo entradas combinadas con la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, para que salga más barato.

Y se produce el desastre. Primero, porque la construcción se dispara 17.000 millones de pesetas más de lo previsto. Y luego, porque la gestión es una calamidad y no se cumple ninguna de las previsiones iniciales, ni tampoco de las posteriores, hechas a la baja, más comedidas pero todavía disparatadas. El orgullo y la prepotencia de Zaplana no le permiten aceptar que su juguete ha caído, y él, cada año, cuando hace públicas las cuentas de Terra Mítica, asegura, una vez tras otra: «Éste es el mejor año de la historia». De triunfo en triunfo hasta la derrota final. En diciembre de 2003, a los tres años de su apertura, la empresa acumulaba ya pérdidas cercanas a los 200 millones de euros. Y en 2004, se produce la suspensión de pagos, noticia de alcance internacional. ¿Cómo explica Zaplana entonces que cada año era mejor que el anterior?

Pero en ese trajín gana dinero mucha gente cercana al presidente de la Generalitat. Según las cifras de los interventores judiciales, el coste de la construcción de Terra Mítica tenía que haber rondado los 43.000 millones de pesetas, pero llegó hasta 60.000.

Una sensible diferencia de 17.000 millones de pesetas. La mayor parte de las veces, las cosas no suelen costar lo mismo que se había fijado en el presupuesto inicial, pueden producirse unas desviaciones más o menos razonables, pero en el caso de Terra Mítica, este desajuste es nada menos que del 40 por 100.

MÁS MADERA

En noviembre de 2002, la junta de accionistas Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm S. A., se ve obligada a realizar una ampliación de capital social para enjugar las pérdidas derivadas de una explotación deficitaria. Una ampliación de 6.500 millones de pesetas, distribuida de la siguiente manera: 

325 millones la sociedad Benidorm Europark, formada por un grupo de empresarios de la provincia de Alicante que, con esta aportación, ostentan 1.250 millones de los 25.000 millones del total del capital social;

325 millones cada uno de los llamados «grandes accionistas», es decir, Lladró, Aumar, que tiene que agradecerle al PP la prórroga de la concesión de la Autopista Valencia-Alicante, Edificaciones Calpe, Monduber, Crónica Mítica, Gestión y Financiación de Infraestructuras, y Ateval;

1.546 millones el Banco de Alicante,

97 millones Coca Cola, a través de Colebega;

95 millones la Asociación de Empresa Familiar, y

la parte del león, 2.816 millones, la CAM, Bancaixa y el Consell presidido por Eduardo Zaplana, por intermediación de la Sociedad Pública Parque Temático de Alicante.

Los apologistas del proyecto y hagiógrafos del presidente de la Generalitat alaban la ampliación de capital como presupuesto esencial para la consolidación del parque, pero la realidad será muy distinta, este incremento del capital social está forzado únicamente por la necesidad imperiosa de afrontar los 17.000 millones de pesetas de sobrecoste de las obras de construcción.

La Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, en su informe del ejercicio 1999, ya había detectado que, en la inmensa mayoría de las certificaciones de obra y las facturas analizadas, existía una retención del 5 por 100 del importe ejecutado que no tenía reflejo contable. El Síndic expresó en su informe que 156 millones retenidos tendrían que haberse reflejado en la partida de acreedores a corto plazo.

Sin embargo, ese dinero no aparecía en ningún epígrafe. Fuentes de la Sociedad Pública Parque Temático de Alicante, constructora de Terra Mítica, justi-ficaron esta evaporación contable con la necesidad de constituir una fianza que garantizase la correcta ejecución de los servicios contratados. Pero lo cierto era que ni la retención ni su supuesta finalidad se encontraban recogidas en los pliegos de contratación firmados. Se empieza a sospechar que estas irregularidades no son más que una forma camuflada de financiación del PP en el País Valenciá o de algunos de sus más eximios representantes, empezando por el presidente de la Generalitat.

Resulta fácil comprender cómo se produce el control absoluto de Zaplana sobre Terra Mítica cuando se desentrañan las claves de la financiación del parque.

La sociedad privada Terra Mítica Parque Temático de Benidorm S. A. es prestataria de un crédito de 8.000 millones de pesetas de la Sociedad Pública Parque Temático de Alicante, participada por la Generalitat, con vencimiento a 31 de diciembre de 2001. Además, Terra Mítica es beneficiaria de un crédito sindicado con la CAM, Bancaixa, Argentaria, Caja Rural de Valencia y Banco de Valencia por valor de 18.500 millones de pesetas, cuyo avalista es la mencionada Sociedad Pública Parque Temático, es decir, nuevamente la Generalitat Valenciana. El primer crédito, según consta en la documentación mercantil correspondiente, está subordinado al cumplimiento del segundo. La cosa está muy clara: si se produce la insolvencia del parque, la Generalitat pagará la deuda, en concepto de avalista, a las entidades financieras que participan en la operación. Además, es obvio que la Generalitat no podrá resarcirse de su préstamo de 8.000 millones de pesetas. Dinero público a fondo perdido. En resumen, confusión de beneficiarios, mezcla de intereses, práctica identidad de nombres mercantiles, pero perfecta separación de riesgos.

El desastre financiero que preside la gestión de Terra Mítica desde su apresurada apertura, en julio de 2000, se caracteriza por una progresiva acumulación de pérdidas y la infrautilización de las instalaciones.

Los responsables político-empresariales del complejo de ocio recurren a un inversor extranjero para paliar los monumentales desfases contables del negocio.

Creen encontrar la mina de oro en la empresa Paramount Parks y, después de año y medio de conversaciones, el director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, y la directora de la multinacional, Jane Cooper, firman un contrato de gestión para cuatro años, en virtud del cual, Paramount asume la dirección del complejo en todos sus ámbitos: seguridad, mantenimiento, explotación, restaurantes, tiendas, formación, gestión de calidad, atracciones, plantilla, departamento comercial, mercadotecnia, precios de las entradas, publicidad, promoción y desarrollo de toda clases de productos y servicios. A cambio de esta función gerencial, la multinacional con sede en Caroli-na del Norte percibirá una retribución de 700 millones de pesetas cada uno de los dos primeros años y 500 millones anuales durante el tercer y cuarto ejercicio. Además, Paramonut cobrará el tres por 100 de la venta de sus propios productos, más otro tres por 100 de posible incremento de la renta de explotación de un ejercicio a otro. El acuerdo es renovable por otros cuatro años más, en función de los resultados obtenidos.

En definitiva, aunque el ya ex director Miguel Navarro presenta este acuerdo como un incentivo a la proyección de la imagen del parque, gracias a los supuestamente previsibles contratos con proveedores internacionales que se van a firmar, lo cierto es que no se consigue que el amigo americano suelte ni un duro ni forme parte del accionariado de la empresa.

Es más, los estadounidenses demuestran que se fían muy poco de la solvencia de sus socios levantinos y exigen un aval de la CAM por valor de 1.500 millones de pesetas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos sobre Terra Mítica. Los yanquis no están dispuestos a arriesgar ni un solo dólar en la jugada.

Este reiterado recurso a la financiación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo provoca la protesta pública de Pedro Hernández, responsable en Alicante de la Unión de Consumidores de España, quien criti-ca que la CAM «se haya convertido en accionista, prestamista y avalista de Terra Mítica y de la Empresa Pública Sociedad Parque Temático de Alicante».

Por otra parte, Paramount empieza a tirar lastre de Terra Mítica. Los primeros que caen por la borda son el director Miguel Navarro –quien, automáticamente, es nombrado director general de Infraestructuras de la Generalitat– y el director de finanzas del parque, Justo Valverde, cuñado de Zaplana. Éste, separado ya de la hermana del presidente de la Generalitat, se queda sin padrino.

El nuevo estilo de los gerentes norteamericanos afecta no sólo a los protegidos de Zaplana acomoda-dos en puestos directivos, sino al conjunto de la plantilla. El parque cierra sus puertas de lunes a jueves y sólo abre toda la semana durante la temporada alta.

El nuevo director general de Terra Mítica, John Fitz-gerald, flexibiliza al máximo las relaciones laborales y Ballester, dispone de mano de obra cautiva, que trabaja cuando la empresa lo necesita y permanece a disposición del parque el resto del tiempo, haciendo equilibrios con el sistema público de protección al desempleo.

EL AMIGO BALLESTER

A partir de ese momento, el negocio, para los amigos de Zaplana, se sitúa en los alrededores del parque.

La Sociedad Pública Parque Temático de Alicante, (Calpe), en 1999 dependiente de la Generalitat, adjudica la construcción y la explotación, durante 75 años, de la zona comercial y de ocio del complejo adyacente Aqua Míti-ca a la sociedad mercantil Cota de las Estrellas S. A., constituida con al participación de Metrovacesa y de Construcciones Calpe. Esta última empresa pertenece al grupo del poderoso constructor Andrés Ballester, accionista y miembro del consejo de administración de Terra Mítica, que, más adelante, llegará también a la presidencia del parque. Ballester pertenece al círculo de amistades íntimas de Zaplana y es el presidente de la Generalitat quien le pone en contacto con Julio Iglesias para que hagan negocios juntos.

Andrés Ballester sustituye en la presidencia de Terra Mítica a Luis Esteban, que ocupaba el cargo desde la creación del parque, en 1999. La dirección del complejo cede a la presión de los promotores que han reclamado más poder en los órganos directivos a cambio de nuevas inversiones para sacar al parque de sus crisis financiera. El nuevo presidente de Terra Mítica es ahora uno de los más poderosos constructores de Alicante. Ballester ha levantado un emporio inmobiliario, con el complejo Altea Hills como punta de lanza. El negocio está en los terrenos que rodean al parque: más ladrillo, más torres, más edificios de todo tipo. La especulación en Levante avanza ya hacia la montaña. Ballester lo tiene claro: «No hay otra opción que la venta de los terrenos». Y defiende los beneficios de dotar al entorno del parque de nuevas instalaciones hoteleras.

Andrés Ballester se convierte en el principal accionista y directivo de Terra Mítica beneficiado por proyectos inmobiliarios ubicados junto al parque te-mático. Siguiendo su ejemplo, la familia Lladró, con un 5 por 100 en el accionariado del parque se asocia a otro poderoso constructor, Francisco Murcia Puchades, para edificar chalés y bungalows en terrenos lindantes con el complejo, con una inversión inicial cercana a los 200 millones de euros. En junio de 2007, David Lladró, representante del grupo de porcelanas Lladró y máximo responsable de su división inmobiliaria, sucederá a Andrés Ballester como presidente de Terra Mítica. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen.

La Sociedad Pública Parque Temático también otorga, en este caso a la sociedad mercantil Royal Mediterráneo S. A., el derecho a la construcción, en el entorno del parque, y a su explotación durante 75 años, de dos hoteles de cuatro y cinco estrellas y dos hoteles de apartamentos, además de un centro de convenciones y un campo de golf de nueve hoyos. El propietario de Royal Mediterráneo es Pedro Romero Aguilar, un personaje que hasta ese momento no ha-bía tenido relación con el mundo de la especulación inmobiliaria alicantina. Su oficio es el de peluquero y su cliente más conocido, nada menos que el presidente del Gobierno José María Aznar. El responsable del peculiar aliño capilar del caudillo del PP obtiene el suelo público para construir su complejo hotelero en condiciones extrañamente favorables para él, a pesar de que había otra oferta económica, del grupo hotelero Costa Blanca, mucho más beneficiosa para la Generalitat, como señala el Síndic de Comptes en su informe correspondiente a 2001.

La construcción de campos de golf en la zona es un disparate urbanístico que da la razón a los miembros del grupo Acció Ecologista-Agró que, desde hace años, vienen denunciando la falacia de la necesidad de los trasvases para cubrir las necesidades de la población, cuando la realidad demuestra que el auténtico objetivo de estas operaciones es ofrecer cobertura a la industria turística de la Costa Blanca y a la proliferación de los campos de golf en comarcas ca-racterizadas por la insuficiencia de sus recursos hidrológicos.

La comarca alicantina de la Marina Baixa es pobre en reservas de agua y la industria hotelera consume una gran cantidad de este bien escaso. La puesta en marcha de Terra Mítica contribuye a incrementar ese déficit. Coincidiendo con el anuncio de la apertura del parque, se lleva a cabo otra obra faraónica y sorprendente: la construcción de un cauce que enlace el canal de Taibilla, en Murcia, y el pantano de Amadorio, a unos 20 kilómetros de Benidorm. El Amadorio es notoriamente deficitario, y también el Taibilla, que abastece de agua para beber a la ciudad de Alicante. Se trata, pues, de una obra aparentemente incomprensible, que empieza a cobrar sentido cuando se conoce el proyecto de establecer un nuevo canal que trasvase el agua del Xúquer, en Valencia, hacia el Taibilla.

En esta ocasión, el argumento que se utiliza para justificar las enormes inversiones públicas que se hacen es la supuesta solidaridad con los agricultores de la Vega Baja del Segura. Pero desde el primer momento, el grupo Ecologistas en Acción, de Alicante, denuncia que el agua del Xúquer que va a llegar a través del Taibilla no se utilizará para el riego, sino que tendrá como destino final las piscinas y los campos de golf que se construirán alrededor de Terra Mítica.

Y no son sólo los militantes ecologistas quienes albergan esa certidumbre. El periódico local de Benidorm, Canfali, recoge, el 13 de mayo de 1999, la opinión del director general del Agua, Enrique Calleja, contrario a que se apruebe un nuevo trasvase, de 7,5

hectómetros cúbicos procedentes de la línea Tajo-Segura, para abastecer a la Marina Baixa desde el río Taibilla. Sería el tercer trasvase de ese año, por un total de 16,5 hectómetros cúbicos. Calleja afirma: «La coincidencia entre este nuevo envío autorizado y el anuncio de la inminente apertura de Terra Mítica en Benidorm hace sospechar que parte de ese agua po-dría ir destinada al parque temático y no al abasteci-miento de la población».

ZAPLANA TAMBIÉN SUBALTERNO

En julio de 2006, el juzgado de instrucción núme-ro 3 de Benidorm levanta la suspensión de pagos al complejo Terra Mítica, después de que la empresa presente un convenio para saldar la deuda, suscrito por la mayoría de los acreedores, que contempla la venta de los terrenos anexos al parque. Y eso da pie a nuevos movimientos de rapiña. Eduardo Zaplana abandona momentáneamente sus tareas de portavoz del grupo parlamentario del PP en la Carrera de San Jerónimo para auspiciar una operación urbanística protagonizada por otro de sus constructores de confianza, Enrique Ortiz. El poderoso empresario, que en diez años ha incrementado, en proporción geométrica, sus negocios en toda la provincia de Alicante, se hace con cinco parcelas, de 139.530 metros cuadrados, en el entorno de Terra Mítica. Lo consigue en una subasta irregular que es denunciada por empresas de la competencia y por distintas organizaciones políticas, sindicales y vecinales. Eduardo Zaplana en persona, reunido con el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, en presencia del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, impone que, en la venta de los terrenos, se debe primar la oferta que presente un único empresario: todas las parcelas juntas y a un mismo promotor. Ortiz se lleva todo el paquete, sin que se hagan públicas las demás ofertas.

Las cordiales relaciones que mantiene Ortiz con los políticos del Partido Popular le han supuesto la imputación en un proceso penal, por tráfico de influencias, junto a su amigo el alcalde de Alicante Luis Miguel Díaz Alperi. La adjudicación en condiciones sospechosas de unos aparcamientos en esta ciudad está en el origen de este procedimiento, que puede significar el ocaso político de Alperi, quien, por si acaso, en las últimas elecciones autonómicas, además de salir elegido alcalde obtuvo acta en las Cortes Valencianas. Así consigue estar aforado y que lo juzgue, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia en Valencia, por si pintan bastos en la instrucción penal que se sigue en Alicante contra él. Alperi está también imputado en otro procedimiento penal, como consecuencia de una estafa multimillonaria en Mercalicante.

El parque es un fracaso económico absoluto pero muchos sacan tajada de él. Acaba costando al erario público más de 400 millones de euros, unos 70.000 millones de pesetas. Tan disparatada contribución sólo resulta comprensible en el marco de la delin-cuencia política, teniendo en cuenta que múltiples especialistas e inversores privados advirtieron de que el proyecto de Terra Mítica nacía muerto. La fuerte presencia de capital público nunca ha sido garantía de transparencia contable. Pero es lógico, el parque se construyó contra la opinión de competentes estudios de viabilidad encargados por la Generalitat valenciana antes de que se lanzase la iniciativa. Informes que nunca fueron puestos a disposición de los inversores privados. Las entidades bancarias más implicadas en la operación intervinieron en ella estranguladas por la presión política. Ahora, con un accionariado dominado por las cajas de ahorro de la Comunidad, empantanadas en la operación, el parque tiene una larga lista de acreedores, pero todavía hay gente dispuesta a ordeñarlo más.

Capítulo VII

EL «MOLT HONORABLE» Y LOS CUARENTA FACTUREROS

El 27 de julio de 2000, Eduardo Zaplana y el entonces director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, acompañan radiantes al príncipe Felipe de Borbón en la inauguración oficial del nuevo parque temático de Benidorm. Unas instalaciones en las que ya se han consumido 377 millones de euros, un 40 por 100 más de lo previsto inicialmente. Las enormes prisas de abrir las puertas cuanto antes han roto cualquier tipo de previsión financiera.

Se trata de sacar Terra Mítica adelante como sea, y para ello, Zaplana, como un todopoderoso virrey, echa mano de su círculo de confianza. Va a haber tajada para todos. Crea una estructura en la que varios de los cargos directivos de la SPTA, empresa encargada de las obras del entorno del parque, ostentan también puestos ejecutivos en Terra Mítica.

La nómina está bien surtida de viejos amigos de la peña Picarol y hay, incluso, miembros de su propia familia. El parque llega a tener una enorme cantidad de cargos políticos: multimillonarios contratos a dedo para puestos de confianza. A todos los colegas se les puede encontrar un hueco. ¿Dónde colocamos a éste? De director de cualquier cosa en Terra Mítica. Cabe cualquiera que tenga algo que cobrar.

Al final, hay casi más directores que trabajadores.

Es una consecuencia de la habilidad de Zaplana para mantener toda su red de testaferros y colaboradores fieles.

En ese círculo se sitúa Luis Esteban, que compatibiliza la presidencia de las dos sociedades relacionadas con el parque entre 1999 y 2004 con la dirección de la Cámara de Comercio de Alicante y la del principal equipo de fútbol de la provincia, el Hércules.

Otro miembro destacado del sanedrín zaplanista en Terra Mítica es su director general, Miguel Navarro, que hoy sigue en nómina de la Generalitat, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esteban y Navarro se encuentran imputados, junto a decenas de empresarios, por la trama de facturas falsas que actualmente investiga la Justicia.

Entre los subalternos cercanos al molt honorable president en esta operación hay un nutrido grupo de políticos de Benidorm, como Gema Amor, directora general de la SPTA en el periodo previo a la apertura y después consejera de Participación de la Generalitat; Roc Gregori, entonces responsable de la Agencia Valenciana de Turismo, y Fernando Modrego, ex consejero y diputado autonómico. Además, Juan Francisco García, jefe de gabinete de Zaplana en su etapa de presidente de la Generalitat también forma parte de los consejos de administración.

Hoy, los juzgados investigan la gestión de los responsables del parque y de la empresa de la Generalitat valenciana creada para impulsarlo (Sociedad Parque Temático de Alicante, SA), en relación con el pago de sobrecostes, por obras hinchadas o no realizadas, a través de una trama de facturas falsas que permitió que desaparecieran millones de euros. La facturación de trabajos no realizados servía para conseguir devoluciones de un IVA inexistente. Esta trama de «factureros» actúa, sobre todo, durante los ejercicios de 2000 y 2001, especialmente en relación con la jardinería y los accesos al parque. En ese periodo, con Eduardo Zaplana en la cumbre de su poder, se incrementa notablemente el coste de Terra Mítica.

Además de facturas falsas, en la red mafiosa del parque temático también hay empresas que no existen. Los primeros síntomas de irregularidades surgen de la contradicción entre las numerosas actividades declaradas por algunas sociedades y su reducido o nulo número de empleados. Difícilmente encaja que una empresa de chatarra o de ropa infantil facture a Terra Mítica millones de euros por trabajos de construcción, jardinería o movimientos de tierras.

La policía comienza a investigar y las sospechas se convierten en certezas: queda constatado que al menos una decena de firmas que han cobrado del parque son empresas fantasma. Por ejemplo, Gribal, mercantil a la que Hacienda imputa facturas falsas giradas a Terra Mítica con fecha previa a su constitución, está supuestamente ubicada en una vivienda que, según comprueba la policía, ha estado ocupada «durante los últimos cuatro o cinco años, por personas de etnia gitana en régimen de alquiler». El propio fundador y administrador único de la empresa hasta finales de 2000, Carlos Biosca, niega ante el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, en junio de 2007, haber girado ninguna de las facturas que le muestran, según las cuales su firma ejecutó trabajos en Terra Mítica en los últimos meses de ese año. Él afirma que la empresa nunca tuvo actividad.

La firma Ximo Dual SL, que aparece en la causa relacionada con Gribal SA, a través de facturas falsas de 2001, tiene como gerente a Pedro Belén Álex, quien declara ante el juez que su profesión es la de camarero. Dice que firmó ante un notario la constitución de la empresa y que no sabía dónde estaba la sociedad. La Tesorería General de la Seguridad Social constata que 13 de las 20 empresas de la trama sólo figuran en el Registro Mercantil, pero carecen de sede física y no han tenido actividad, ni trabajadores en nómina. En algunos casos habían desaparecido antes de la construcción del parque.

Un inspector de Hacienda, que comparece como testigo ante el tribunal de Valencia que instruye el caso, señala que uno de los indicios que les lleva a investigar la trama es la incongruencia entre las obras que se encargan a determinadas empresas y la inca-pacidad técnica y humana de éstas para ejecutarlas.

También se descubre que algunas firmas han facturado incluso antes de que se aprobaran las obras que iban a realizar. Sin embargo, la zaplanista Gema Amor, consejera de Cooperación en el Gobierno Valenciano, que entre mayo de 2000 y noviembre de 2001, los años en los que supuestamente se cometió el fraude, era la responsable de la empresa pública encargada de impulsar Terra Mítica, asegura que las contrataciones se realizaron «siempre bajo los principios de publicidad y concurrencia». Amor recibió directamente de su jefe la orden de acelerar a toda costa la construcción del parque temático.

La auditoría del año 2000 sobre las obras de construcción de Terra Mítica revela que, a finales de ese periodo, había facturas de proveedores pendientes de contabilizar, porque la sociedad no las reconocía. La Dirección intentó ocultar el coste real de la construcción del parque y pidió a las empresas que mandaran nuevas facturas y abonaran las anteriores. Ello provocó una duplicidad de facturas que todavía hoy existe en los archivos de Terra Mítica.

FACTURAS FALSAS

En enero de 2007, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, Javier Martínez Marfil, acuerda abrir diligencias contra la Sociedad Parque Temático de Alicante, dependiente de la Generalitat, por los supuestos delitos contra la Hacienda, malversación y falsedad documental. En sus actuaciones, el magistrado estima que el supuesto fraude fiscal para conseguir la devolución del IVA mediante facturas falsas puede alcanzar 1,7 millones de euros.

El expediente que la Agencia Tributaria envía a la Fiscalía, relativo al fraude descubierto en la Sociedad Parque Temático de Alicante abarca a una veintena de proyectos. Entre otros, la ejecución de obras de apertura de viales, asfaltado, canalización de agua, iluminación, excavaciones y adecuaciones de terrenos. Según la Fiscalía, los responsables de la trama son dos hombres de absoluta confianza de Eduardo Zaplana, ya imputados en el sumario de Terra Mítica, el empresario Vicente Conesa y el ex director técnico del parque, Antonio Rincón.

En su auto de diligencias previas, el magistrado también acuerda pedir al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, mediante un exhorto, copias de las actuaciones practicadas por esa oficina en torno a otro supuesto fraude fiscal de unos 4,4 millones de euros, igualmente mediante facturas falsas, descubierto en el parque temático de Benidorm, ante la evidencia de que existen «puntos en común» entre ambos casos.

El juez entiende que el fraude detectado por Hacienda en la SPTA es una parte más del que se investiga desde un año antes en un juzgado de Valencia, con 32 imputados y 20 empresas denunciadas, entre ellas Terra Mítica. Al incoar este auto, el juez Martínez Marfil impide la prescripción del caso. La rapidez del magistrado a la hora de tomar esa decisión es clave, porque sin su auto, el delito fiscal investigado habría prescrito tres días después. De momento, los supuestos defraudadores no consiguen beneficiarse de la lentitud de la Justicia y de los resquicios legales que sólo pueden aprovechar los poderosos.

En febrero de 2007, ante las acusaciones de la diputada socialista Cristina Moreno de que algunas instituciones están haciendo la vista gorda frente a escándalos como los del IVEX (véase Cap.8) (Instituto Valencia para la Exportación) o Terra Mítica, el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, confiesa: «No soy sordo ni cie-go, soy cumplidor de lo que me exige la ley y no puedo ir más allá». Y Moreno le responde: «El mensaje que se envía a la sociedad no es en absoluto tranquilizador: en las grandes estafas, aquí nunca se castiga al culpable».

La magnitud de los sobrecostes en Terra Mítica por obras nunca realizadas es tan enorme que varios contratistas se ven obligados a devolver dinero al parque impulsado por la Generalitat Valenciana, para frenar el escándalo. Un nuevo informe de la Agencia Tributaria da idea del desmedido volumen que puede alcanzar el fraude: tres de los contratistas devuelven a Terra Mítica más de 4,5 millones de euros por conceptos como «error en las mediciones y falta de calidad de la obra».

Como ejemplo, la Agencia Tributaria constata la existencia de cuatro facturas pagadas a la empresa Moncobra S. A., todas con fecha del 15 de febrero de 2000, con el mismo concepto de facturación y todas ellas correspondientes al mismo mes de mayo. «No se encuentra explicación lógica a la existencia de cuatro facturas del mismo periodo, la misma fecha y los mismos conceptos», señala el informe de Hacienda.

Moncobra S. A. se ve obligada a devolver a Terra Mítica nada menos que tres millones de euros, cobrados irregularmente «por error de cálculo». Moncobra llega a facturar a Terra Mítica por asesorar al parque en el montaje de atracciones cuando esta empresa ya ha-bía cobrado anteriormente por ese servicio.

En el caso de Cobra Instalaciones y Servicios, se exprime la naranja de forma similar: primero, la empresa es contratada por Terra Mítica para instalar una montaña rusa de madera. A continuación, se firma un segundo contrato para modificar la atracción, al que sigue un tercero para reforzar la estructura de la montaña rusa. Finalmente, Cobra Instalaciones factura otro monto millonario por «trabajos adicionales y administración» relacionados con el montaje de esta atracción. Y la montañita rusa sale por un pico.

LA RED CONESA

El empresario Vicente Conesa aparece como principal responsable de la trama de facturas falsas de Terra Mítica. En 1994 estuvo relacionado con la adjudicación irregular de varios proyectos, por parte del Ayuntamiento de Benidorm, por valor de 600.000 euros, siendo alcalde Eduardo Zaplana, y es investigado durante cinco años por la Agencia Tributaria.

Las dos sociedades en las que figura de gerente están entre las seis que la Fiscalía señala en su denuncia por defraudación en los impuestos del IVA y de Sociedad mediante facturas falsas

La empresa C-3 Ingeniería, investigada por la Fiscalía tras un expediente abierto por la Agencia Tributaria, ha facturado a Terra Mítica al menos cuatro millones de euros en concepto de servicios de man-tenimiento de zonas verdes. La mercantil, propiedad de Conesa y de algunos de sus familiares, forma parte del listado de sociedades incluidas en el proceso abierto por el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio Fiscal inicia, en junio de 2005, diligencias de investigación penal para dilucidar si existen indicios de criminalidad en las actuaciones de la firma. El importe facturado por C-3 asciende a 1,56 millones de euros (260.000 millones de pesetas) anuales.

Y aparecen evidentes indicios en la declaración del impuesto de sociedades de las empresas de Conesa en el ejercicio de 2000, a través de un entramado de empresas instrumentales. Entre la documentación aportada por Hacienda figura una importante facturación relacionada con obras públicas civiles, no sólo de Terra Mítica, sino también algunos contratos relacionados con la Ciudad de la Justicia. Según fuentes de la Fiscalía, «se trata de una operativa complicada de facturas falsas que no tienen soporte contable ni obedecen a operaciones comerciales reales».

En febrero de 2007, dos ingenieros de la gerencia de construcción en Terra Mítica, la empresa Bovis, uno de ellos dedicado a controlar a pie de obra el día a día de la construcción del parque, y el otro, a actuar de supervisor, declaran como testigos, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, que el contratista Vicente Conesa firmaba las certifi-caciones de jardinería, «con lo que supervisaba sus propias obras». También un informe de Hacienda explica cómo Conesa llegó a ostentar la dirección fa-cultativa del parque y cómo un mes después de ello ya facturó un proyecto de jardinería y riego desde su propia empresa. El contrato para sustentar esa factura se firmó después. Para eso incluyó dos de sus firmas en la terna que la ley obliga a tener en consideración.

El contrato está suscrito por uno de sus socios.

Las supuestas irregularidades que se detectan alrededor de Conesa no terminan ahí. El empresario fue «director de encargo» en la fase de ejecución de las obras de jardinería y esa responsabilidad que el parque depositó en él la hizo coincidir con su participación en varias empresas (C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, y la Unión Temporal de Empresas [UTE] Terra Verd) que optaban a la licitación de los proyectos. La gerencia de jardinería que ostentaba en el parque le otorgaba poderes para visar la calidad de las obras.

Varios testigos también declaran ante el juez que investiga el fraude fiscal de 4,4 millones de euros por las contratas de jardinería de Terra Mítica que las obras fueron subcontratados y facturadas por Vicente Conesa, a través de su empresa de ingeniería C-3, y que nadie controlaba quién entraba y salía del parque. Además, se acredita que Conesa usaba el logoti-po de Terra Mítica en facturas que giró por servicios a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA).

El empresario, que no ejecutó obras para la SPTA de manera directa, cobró, además, por acreditar la calidad de las mismas.

La actividad empresarial y el incremento del patrimonio personal de Vicente Conesa está íntima-mente ligado a Eduardo Zaplana. Desde los tiempos en los que el político cartagenero ocupaba la alcaldía de Benidorm, el antiguo funcionario del INEM no ha parado de facturar a cargo del presupuesto público.

Los contratos con la administración adjudicados a dedo constituyen el único pilar en el que se sustentan los cuantiosos beneficios de sus empresas, que tienen escasa actividad y muy pocos operarios. Resulta con-movedora la desbordante generosidad de Zaplana con su amigo Conesa. La polvareda levantada por la adjudicación irregular de los mapas sonoro y verde de Benidorm no impidió que Conesa se convirtiera en el desmedido beneficiario de los servicios de jardinería de Terra Mítica.

Las firmas vinculadas a Conesa trabajan como contratistas y subcontratistas de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana desde su constitución, y también en otros proyectos del entorno del parque temático y para la Ciudad de la Luz. Por estos trabajos, básicamente de jardinería, redacción de proyectos y dirección de obra, facturan a la empresa pública cientos de miles de euros. Con el sólido respaldo de Eduardo Zaplana, su presencia se impone en proyectos de empresas privadas que trabajan con la administración regional valenciana, como Dragados, Grupo Vivendi, Grupisa, Terra Natura o Xeresa Golf, y, cuando su mentor político y empresarial da el salto al gobierno central, los encargos le empiezan a llegar a Conesa también desde otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La documentación que sustenta la denuncia de la Ficalía por el presunto fraude fiscal y las facturas falsas contra Terra Mítica revela conexiones indirectas y relaciones comerciales de la empresa que fue encargada de puntuar las ofertas de los concursos de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana con una sociedad vinculada a Vicente Conesa. El amigo de Zaplana es, al mismo tiempo, contratista y subcontratista de la firma pública de la Generalitat Valenciana responsable de impulsar los proyectos de ocio. Según el informe de calificación de los fiscales en el que se basa la denuncia por fraude fiscal, una de las empresas de Conesa, Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento (Depimsa), tiene como proveedor a AST Ingenieros. El nombre de esta firma de ingeniería aparece, además, en otro de los párrafos de la documentación de la Fiscalía: «Existían también pagos en dinero negro de parte de una vivienda que fue adquirida por Conesa Ripoll –hijo de Vicente Conesa– y de parte de una nave adquirida por AST Ingenieros».

AST Ingenieros, otra firma de la red de Conesa, tiene como administrador a José María Arraiz, quien, desde la constitución de la firma y hasta que se destapa el pastel, ejerce también como responsable técnico de la empresa pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y tiene, entre sus misiones, además, la de puntuar las ofertas que se presentaban a los distintos concursos públicos. Así, como en el más puro estilo mafioso, quien no paga protección, no tiene derecho a ningún contrato. Arraiz, que muestra la desfachatez de manifestar públicamente que nunca había tenido relaciones profesionales con Conesa, ya apareció vinculado al amigo de Zaplana a mediados del los 90, con motivo del revuelo organizado por la concesión de los mapas sonoro y verde de Benidorm.

COMISIONES ILEGALES

Vicente Conesa, gerente de las firmas C3 Ingeniería de la Construcción y de Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, aparece también como el máximo responsable de la trama de comisiones ilegales denunciada por el PSPV-PSOE a raíz de las conversaciones que mantienen los diputados regionales de esta formación Antoni Such y José Camarasa con dos empresarios que formaban parte de ella.

En el núcleo duro de la trama aparecen las empresas Alto del Carrizal (cuyo administrador es Antonio Vicente Moreno Carpio, al que la Fiscalía acusa de un fraude de 400.000 euros), Excavación Escoto (de la que es gerente Francisco Escoto, imputado por un supuesto fraude de más de 700.000 euros) y Gribal, (administrada por José Luis Rubio Sánchez y a la que se reclaman alrededor de 200.00 euros).

El empresario Antonio Vicente Moreno Carpio, administrador único de la empresa Altos del Carrichal y gerente de Prexing Botànics, Red Moreno y Traus, es el que empieza a desvelar las líneas generales de las relaciones entre las distintas empresas implicadas en la trama y el papel de Conesa como coordinador de la red ilegal. Se encuentra imputado en la causa junto a sus hermanos Jesús Felipe y Francisco Javier, que también tienen participación en las empresas Altos del Carrichal, Trabajos Auxiliares del Siglo XXI y Red Moreno. La Fiscalía estima que la primera de estas tres firmas puede haber defraudado a Hacienda, por sus negocios ilegales con Terra Mítica, más de 140.000 euros. Según la Agencia Tributaria, el grupo de empresas de los Moreno Carpio recibía y emitía facturas falsas que utilizaba para realizar deducciones fiscales y facturar a las firmas de uno de los pilares de Zaplana en Terra Mítica, el omnipresente Vicente Conesa. El dinero, ingresado en cuentas bancarias, se retiraba en metálico en grandes cantidades.

En la última semana de junio de 2007, el BBVA confirma al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia la existencia de pagos en Suiza y Alemania de las empresas Trabajos Auxiliares y Prexint Borànic, cuyo administrador único es Antonio Moreno Carpio. El 11 de marzo la Fiscalía ya había solicitado al Juzgado instructor que efectuara una serie de diligencias encaminadas a averiguar el origen y el destino de unas operaciones bancarias que aparecían reflejadas en una cuenta del BBVA en el polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna. También indagaba el Ministerio Fiscal sobre tres cheques que fueron transferidos al exterior, el 4 de junio de 2001, por importes de 89.761 euros, 132.222 euros y 46.324 euros.

Asimismo, la acusación pública pidió conocer el titular de otra cuenta en la que aparece un cargo de 41.829, 81 euros. La información aportada por el BBVA al procedimiento judicial confirma que el titular de ambas cuentas es Antonio Moreno Carpio y los cheques se enviaron a Alemania. Queda todavía una operación por esclarecer y es un cuarto cheque al portador que se cobró en una sucursal del Banco Popular, en un polígono industrial de Getafe.

MÁS GRABACIONES

De nuevo, unas grabaciones comprometedoras le van a complicar la vida a Eduardo Zaplana, aunque tampoco conseguirán acabar, por el momento, con su carrera política. El hilo conductor es el de siempre: el dinero. La vieja conversación con su correligionario Salvador Palop, en el marco del caso Naseiro, fue para él sólo «una chorrada» que no tenía más importancia que «una conversación con un amigo un domingo por la mañana». Aquel asunto no afectó lo suficiente a su «honorabilidad» ni le cortó el ascenso hasta la Generalitat. En esta ocasión, las grabaciones le señalan directamente como uno de los beneficiarios directos de los enormes sobrecostes que se producen en la construcción de su más gloriosa obra, Terra Mítica. Miles de millones de pesetas en comisiones ilegales, a cargo del presupuesto del parque, entre 1999 y 2001.

Todo comienza cuando la fiscalía decide investigar la trama de facturas falsas relacionada con la construcción del parque temático, y algunos de los implicados se ponen nerviosos. Entre diciembre de 2005 y febrero de 2006, José Camarasa Albertos y Antoni Such, diputados socialistas en las Cortes Valencianas, mantienen varias reuniones con dos de los empresarios imputados en el caso, José Herrero García y Antonio Moreno Carpio. Ellos les explican cómo hinchaban las facturas por los trabajos que realizaban para el parque temático y cómo le entregaban bolsas de dinero a Vicente Conesa. Unas jugosas comisiones que, según sostienen los empresarios, luego Conesa se repartía con el presidente de la Generalitat: «Aquí parece ser que el que está haciendo de intermediario directo con don Eduardo es el señor Conesa».

«Yo me meto en esta historia porque hay una persona que me llama por teléfono, a raíz de que se abre el juicio contra las sociedades implicadas en el caso, y me dice que hay dos personas que quieren hablar conmigo, dos empresarios», explica José Camarasa. «Me reúno con ellos y me cuentan que la clave del asunto es Vicente Conesa. Él controla todo el sistema de adjudicaciones. Conesa les da a ellos, que son subcontratistas, unas obras para realizar y les dice el precio que tienen que facturar y la cantidad que, en realidad, van a cobrar. Ellos, evidentemente, ante la posibilidad de hacerlo como les dice Conesa o quedarse sin la contrata, se prestan al juego. Los empresarios cobran el dinero que en realidad vale la obra, el servicio que han prestado, y el diferencial entre lo que cuesta y lo que se ha facturado se lo entregan a Conesa.»

«Estos señores estaban asustados, creían que los habían dejado solos y pensaban que ellos podían comerse el marrón mientras los demás salían de rositas», continúa Camarasa. «Entonces, a través de un amigo suyo, me aseguran que están dispuestos a contar lo que saben y que también tienen claro que el juicio que se les viene encima va a ser laborioso y muy costoso. Dicen que representan a otros doce empresarios que también subcontrataban como ellos y que, si tuvieran ayuda para afrontar los gastos, estarían dispuestos a decir lo que saben. Después de varios contactos y sin que haya mayor avance, yo les digo: mira, el partido no os va a dar dinero, la única posibilidad que habría es que si alguien no tiene recursos económicos, se vería la posibilidad de proporcionarle ayuda jurídica.»

Antonio Moreno y José Herrero también le preguntan a Camarasa si habría algún medio de comunicación que pudiera pagarles alguna cantidad por sus declaraciones, para contribuir a sufragar los gastos que previsiblemente van a tener. Moreno asegura que dispone de cifras relativas a la elevación del precio de las facturas, además de fechas y datos sobre las entregas, en metálico o a través de entidades bancarias, de los sobreprecios. En determinado momento, llega a mostrar dos ingresos de cantidades muy elevadas en una cuenta cifrada de un banco de Andorra, y sostiene que el dinero era para Conesa. Él fue quien le dio los datos de la cuenta. Según Moreno, la cuantía total de las facturas falsas puede estar alrededor de los dos mil millones de pesetas.

Tiene lugar una nueva reunión, en la cafetería del Hotel Reina Victoria, en Valencia, a la que también asiste el socialista Antoni Such, y los dos empresarios vuelven a insistir en sus afirmaciones. Camarasa les pide documentos que acrediten lo que están relatan-do y Moreno responde que los tiene en un almacén y va a intentar recuperarlos. «Me van contando cosas que cuadran, pero como no había avances significativos, les digo que así no llegamos a ninguna parte», explica Camarasa. «Es entonces cuando me aseguran que en el siguiente encuentro sí van a darme algo que es una bomba. A la vista de cómo se están poniendo las cosas, yo hablo con nuestros abogados y ellos me dicen: cuidado, a ver si te van a estar grabando a ti.

Graba tú la conversación. Y es en esa nueva cita, que queda grabada, en la que me aportan los datos de cómo cobraban y luego entregaban a Conesa la diferencia entre lo que les correspondía a ellos y lo que habían recibido. También explican que unas veces pagaban en bolsas; otras, en el Banco de Santander, y en alguna ocasión, en un Banco de Andorra... Incluso me proporcionan los números de algunas cuentas.» En otro pasaje de la conversación, los empresarios hablan de cheques enviados a entidades bancarias suizas.

LOS JARDINES DE BABILONIA

De acuerdo con la versión incluida en la denuncia de Such y Camarasa registrada en la Fiscalía, una de las adjudicaciones que tiene un sobreprecio más alto es el de las obras de jardinería. Por este concepto se facturan 6.000 millones de pesetas. Antonio Moreno explica en la cinta que esa cantidad es un disparate:

«Yo cobraría, exagerando, mil millones o mil y pico».

Y añade: «Si a mí me hacían un contrato de 80 millones de pesetas, igual me daban 16 o 20». El resto del dinero, hasta la cantidad facturada, de acuerdo con las conversaciones, se lo quedaba la red de Conesa.

La sobrefacturación se aplica a las grandes obras y también a los trabajos más insignificantes. En la grabación, Antonio Moreno relata una ilustrativa anécdota sobre esto: «Yo hice unos banquitos para sentar-nos y nos dice (Conesa): Estos banquitos ¿qué son? Y yo digo: tres millones de pesetas. Aquello fue un es-cándalo. Me dice que es mucho y le digo: millón doscientas. Cuando le hago la factura, fíjate cómo se puede llegar a esto, me dice: pon siete millones. Eso es una barbaridad. Yo cobré un millón doscientas.

Seis millones más. ¿Tú sabes lo que es eso? Me discutes el precio y luego me dices seis millones más... ¿Cómo se te queda el cuerpo?».

La entrega del dinero de las comisiones, que va a parar a bolsas de plástico, se hace en el interior de un local de Conesa ubicado en las propias instalaciones de Terra Mítica. «El tema fue en la nave que tiene dentro de Terra Mítica, que se le hizo por la patilla.

Una vez, la que más dinero he visto en efectivo, 120 (millones de pesetas), y otra 90. Se le entregaron al señor Conesa y se lo metió, yo lo he visto, con mis propios ojos, en la bolsa.» Otras veces, la «mordida» iba directamente al maletero del coche: «El señor Conesa guardaba la bolsa en el coche y dijo delante de mí que los dineros se los repartía con Zaplana. Eso lo vuelvo a decir yo en el juzgado».

Al saber que ha trascendido públicamente el contenido de las grabaciones, Antonio Vicente Moreno Carpio se apresura a desmentir sus afirmaciones sobre Zaplana. Señala que, en realidad, él no las ha hecho, ya que quien menciona en las conversaciones con Such y Camarasa al ex presidente de la Generalitat es su colega José Herrero. También reconoce su vinculación con la Banca Privada d’Andorra –eso no se lo atribuye a la imaginación de Camarasa– e incluso su relación cordial con el director de la agencia bancaria, pero niega haber hecho ingresos a nombre de Vicente Conesa. El empresario asegura que fue indu-cido a hacer manifestaciones contra los responsables de Terra Mítica y que los diputados le ofrecieron dinero, 1,8 millones de euros, para que declarase ante el juez que Zaplana cobró comisiones en las obras del parque.

Camarasa, por su parte, sostiene que durante las conversaciones que él y Such mantuvieron con Herrero y Moreno Carpio, éste le mostró dos resguardos del ingreso de 40 millones de pesetas y otros 30, respectivamente, a nombre de Vicente Conesa, en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra, concreta-mente en la sucursal de Escaldes-Engordany. Moreno Carpio reconoce que él es uno de los que han participado en las conversaciones grabadas, pero que hizo las afirmaciones que se recogen en la cinta como consecuencia de las presiones de los dos diputados socialistas.

José Herrero, el otro empresario que acusa a Zaplana del cobro ilegal de comisiones durante la construcción de Terra Mítica, rehúsa declarar ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano a raíz de la querella por injurias presentada por Zaplana. Herrero es el responsable de Herrero Mantenimiento, una empresa del ramillete de pequeñas sociedades que, según la Agencia Tributaria, emitieron facturas falsas para los Moreno Carpio. También se desdice de haber realizado dos ingresos para Conesa en una cuenta de Andorra.

Herrero es quien relaciona directamente a Zaplana con el cobro ilegal de comisiones durante la construcción del parque temático. Más tarde, ante lo evidente del asunto, cambia de criterio y admite que, en efecto, él ha hecho las afirmaciones sobre el presidente de la Generalitat recogidas en la cinta, pero que nunca tuvo la intención de ofender o lesionar el honor y la imagen de Zaplana y Conesa. Ya se sabe que la verdad no ofende.

Zaplana, una vez más, lo niega todo, insiste en que es «víctima de un montaje» y presenta sendas querellas contra los empresarios y los diputados que participan en las conversaciones grabadas. Consigue que Rajoy le de su apoyo y propicie que Génova fuerce al presidente Camps para que salga en defensa de su antecesor al frente de la Generalitat. El máximo responsable de las Cortes Valencianas, Julio de España, uno de los más fieles escuderos de Zaplana, mueve sus hilos para que los medios afines al PP entrevisten a los empresarios que aparecen en las cintas, quienes repiten su rocambolesca versión de que el PSPV les ofreció 1,8 millones de euros por vincular a Zaplana con el caso.

En diciembre de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia sobresee y archiva la querella presentada por Eduardo Zaplana contra Antoni Such y José Camarasa, por lo que el presidente de la Generalitat consideraba «un delito contra el honor». Los magistrados no conceden «la más mínima credibilidad» a la versión de Moreno Carpio, cuando asegura que le han ofrecido dinero para acusar a Zaplana. Considera que «es algo que carece de verosimilitud y que resulta impropio de una persona adulta».

EL CUÑADÍSIMO

A lo largo de las cintas grabadas por Camarasa, los empresarios Antonio Moreno y José Herrero también señalan que, en relación con la trama corrupta de Terra Mítica, no sólo hay que hablar de «los re-embolsos y los desembolsos», sino, además, de otras cosas: «actuaciones o favores como el de hacer una casa...». Y a la hora de beneficiarse de este tipo de prebendas, señalan directamente a Vicente Conesa y al director técnico del parque, Antonio Rincón. Y sale a relucir que «lo que se hizo fue el chalet de Valverde» por «cuarenta o cincuenta millones» de pesetas. Justo Valverde Castañeda es cuñado del propio Eduardo Zaplana, y los empresarios afirman que la reforma de su vivienda se hizo a costa de las cuentas de Terra Mítica.

Valverde es miembro del Ejército del Aire hasta que pasa voluntariamente a la reserva para medrar a la sombra de su poderoso cuñado. Lo sorprendente de las multimillonarias obras en su vivienda a las que se refieren Moreno y Herrero es que el chalet está dentro de la base militar de la localidad murciana de San Javier. Eso da idea de la actitud de enloquecido derroche con el dinero de la Generalitat a la que llega el círculo íntimo de Zaplana. En la cinta se puede comprobar la sorpresa de uno de los diputados socialistas interlocutores de los dos empresarios: «¿Dentro de la base militar? Me extraña una reforma de cuarenta millones para algo que no va a ser tuyo». Y Herrero contesta: «Si te es gratis, te da igual. Si lo tienes que pagar, no te lo gastas... pero si es gratis...».

Afirman que la hermana de Zaplana les acompañaba para elegir los manises (azulejos) más caros. Según Herrero, tiraba de largo y pedía «piedra de rodeno».

El teniente coronel Justo Valverde es un personaje absolutamente desconocido en la Comunidad Valenciana hasta que abandona el Ejército del Aire y llega a Alicante para formar parte, sin que nadie lo espere, del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), accionista de Terra Mítica, en febrero de 1998, impuesto por su cuñado Eduardo Zaplana. En las Fuerzas Armadas, su último destino fue la Sección de Economía Administrativa de la Academia General del Aire de San Javier. Recala en el parque temático en 1999 y es nombrado responsable del área de compras. A partir de ahí ocupa diversos cargos directivos, entre ellos el de jefe de contrataciones. Se convierte en el responsable de controlar las facturas recibidas por Terra Míti-ca y su conformidad es absolutamente imprescindible para abonar los importes. Además de las compras, Valverde gestiona, entre otros asuntos, las obras del aparcamiento, los edificios que albergan las tiendas, los restaurantes, y las zonas de servicio.

«Miguel Navarro y Justo Valverde intentaron ocultar el coste real de construcción del parque a finales de 2000. Con este objetivo, los mencionados señores ocultaban facturas en un cajón bajo llave.»

Esta afirmación, realizada por un «garganta profunda» valenciano a la Agencia Tributaria, fue uno de los detonantes de la investigación de las numerosas irregularidades producidas en el pago de facturas de Terra Mítica durante la época de construcción y desarrollo del parque. Según la denuncia, los sobrecostes alcanzaron un nivel que provocó las críticas de los propios consejeros de la empresa. Ante esa situación, se articula un sistema que disimula el pago de estos sobrecostes, y uno de los cerebros de ese artificio fraudulento es el cuñado de Eduardo Zaplana, que acabará imputado judicialmente en el caso Terra Mítica, por el fraude a la Hacienda Pública de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas.

Las pruebas documentales aportadas al juzgado que investiga la causa de Terra Mítica señalan al entonces cuñado de Eduardo Zaplana, Justo Valverde, como doble responsable del modelo de contratación seguido en la construcción del complejo de ocio de Benidorm. Según el material aportado a los investigadores judiciales, las facturas que investigó Hacienda y que denunció ante la Fiscalía pasaban dos veces por el visado de Valverde y terminaban en la dirección general, para que Miguel Navarro «liberara el gasto». Es decir, que aprobara la partida con su firma.

El dossier de trabajo interno elaborado por Valverde, director de la división de Contrataciones y Servicios Generales, en noviembre de 1999, desvela, de forma detallada, el sistema de contrataciones de servicios y materiales durante el proceso de construcción del parque. Bajo el nombre de «Procedimiento Operativo para la Realización de Solicitudes de Pedidos», Valverde articula un sistema de contrataciones con empresas sobre el que ejerce un control directo, con un doble visado. Para evitar problemas con los que no son incondicionales de la trampa.

Cada factura está sellada por la gerencia correspondiente, la firma de Valverde como director de contrataciones, la de los directores técnico y financiero, Antonio Rincón y Miguel Izquierdo, y la del director general , Miguel Navarro. Antes y después de pasar por la dirección técnica, las facturas hacen un camino de ida y vuelta a la dirección de contratación, es decir, a Justo Valverde. Él y Navarro lo su-pervisan todo.

El último puesto que Valverde ocupa en Terra Mítica es el de jefe de Recursos Humanos. Es cesado del cargo en julio de 2005, cuando su cuñado ya está en Madrid. Pierde su empleo y se separa de la hermana de Eduardo Zaplana. Con la marcha de Valverde desaparece el último miembro del equipo directivo que impuso el ahora portavoz parlamentario del PP para impulsar el gran parque temático de Benidorm, la obra que le iba a inmortalizar. El «picarol» Fernando Modrego, también purgado de la plantilla del parque cuando su protector se aleja de Valencia, resume esta historia: «Me siento orgulloso de haber participado desde el principio en Terra Mítica. Es un parque imprescindible para Alicante y para el sector turístico.

Y el modelo de implantación fue transparente. No hubo pelotazos».

Capítulo VIII

UN CANTO A VALENCIA, ¡HEY!

«Su señoría no podrá acreditar nunca en la vida nada, absolutamente nada.» Así responde Eduardo Zaplana, en junio de 2001, al portavoz del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, Joaquim Puig, después de que éste le interpele sobre las condiciones del contrato suscrito entre el cantante Julio Iglesias y el IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación). No le dice a Puig que son falsas sus acusaciones sobre la posible existencia de un contrato B, sino que nunca se va a aclarar el asunto. Quizá le traiciona el sub-consciente. Lo cierto es que, posteriormente, van a ir apareciendo datos que dejarán al presidente de la Generalitat en evidencia, a pesar de la activa labor obs-truccionista que se desarrolla desde la Administración Pública valenciana, controlada por el PP, para que la investigación no avance. Tabares, Marquina, Sendra... son los nombres de algunos de los implicados en esta historia que, al final, deciden no cargar solos con el mochuelo y empiezan a cantar. Poco a poco se va descubriendo que detrás del contrato hay mucha suciedad.

Durante el mandato de su lugarteniente Diego Such como conseller de Industria es cuando el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, decide contratar a Julio Iglesias para que ejerza de embajador de los productos valencianos por el mundo. Oficialmente, el sueldo del cantante afincado en Miami va a ser de 375 millones de pesetas, pero, «bajo mano», para no perder la costumbre, se le garantiza una jugosa cantidad complementaria. La Generalitat y Julio Iglesias suscriben un contrato B, clandestino, que incrementa las ganancias del ex marido de Isabel Preysler hasta casi mil millones de pesetas. Queda establecido que la diferencia entre la parte visible del iceberg y la cifra total que cobrará el autor de «La vida sigue igual» se pagará con facturas justificadas como supuestos gastos de los seis conciertos que Iglesias ofrecerá por el mundo bajo el patrocinio del IVEX. Las cantidades se ingresarán en cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales de empresas como International Concerts, Midway International o Gold Peak Trade Services Limited. Nadie sabe, todavía hoy, cuánto les ha costado realmente a los valencianos la entrañable amistad de Julio Iglesias y Eduardo Zaplana.

Julio Iglesias de la Cueva llega a cantar seis veces por cuenta del IVEX: dos en México (en septiembre de 1997 y abril de 1999), y una en Orlando, Tokio, Shangai y Moscú. La sospecha de que la diferencia entre los 375 millones de pesetas (2.254.000 euros) del contrato oficial y los 990 (casi seis millones de euros) libres de impuestos del contrato B se paga con la cobertura de los supuestos gastos de organización, se incrementa cuando queda al descubierto que International Concerts y Midway International, firmas que están alrededor de los conciertos de Orlando y México, están vinculadas directamente al artista. A ello se une la denuncia del ex delegado del Instituto en Miami, José Marquina, quien sostiene que se le han ordenado emitir facturas falsas para justificar la firma de un cheque del IVEX que acaba endosado en una cuenta de International Concerts en Bahamas. En México, una de las empresas vinculadas a Iglesias cobra por organizar un concierto que, en realidad, monta una firma local. Y algo parecido ocurre en Moscú.

La empresa Internacional Concerts, con domicilio en las Islas Vírgenes, se crea el 26 de agosto de 1997, un mes antes de que el cantante haga su primera aparición pública como promotor de la valencianidad. Esta firma factura 372 millones de pesetas a lo largo de 1998 y 1999. La segunda de las beneficiarias del dinero público de la Comunidad Valenciana, Midway International, nace en febrero de 1997, también con el objetivo de recibir pagos del IVEX, y se disuelve automáticamente en noviembre de 1999, cuando deja de cobrar del Consell.

Midway Internacional, que percibe 153 millones de pesetas del IVEX por organizar el recital de Julio Iglesias en México, está domiciliada en Irlanda, pero la sociedad opera desde Valencia. El 14 de abril de 1999, una persona con firma autorizada de la empresa ordena, desde la capital del Turia, realizar una transferencia de 475.000 dólares a una cuenta numerada y secreta en el banco suizo UBS en Nassau, en el paraíso fiscal de las Bahamas. La operación para sacar el dinero de España y ponerlo a buen recaudo en el Caribe no deja más rastro que el justificante de la transferencia, que se lleva a cabo desde la oficina del Arab Bank en la calle Colón de Valencia. El dinero se canaliza a través de tres sucursales del banco árabe y dos oficinas de UBS. A ese envío le siguen al menos otros tres en el mismo año. De la documentación remitida por el Arab Bank al juzgado se deduce que le empresa Midway International llega a transferir 1,6 millones de dólares (el equivalente a 300 millones de pesetas de entonces). Sin embargo, la Agencia Tributaria sólo tiene constancia de transferencias por valor de 163.413.345 pesetas como pagos realizados por el IVEX a Midway en concepto de la organización del concierto de Julio Iglesias en México ese año. Hacienda también desconoce buena parte de los pagos realizados a International Concerts, una empresa cuya vinculación al cantante es obvia: el propio Julio Iglesias de la Cueva preside el consejo de administración de esta sociedad.

PARAÍSOS FISCALES

Francesc Arabí, el periodista que más ha investigado la relación del IVEX con Julio Iglesias, escribe en el diario Levante, el 17 de julio de 2001: «En el mundo existen sólo 48 paraísos fiscales propiamente dichos. Los que figuran en la lista del Real Decreto 1080/1991 del 5 de julio elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Curiosamente, las dos sociedades que han facturado al Consell al menos 533 millones de pesetas por extras derivados del contrato de Julio Iglesias tienen mucho que ver con tres de estos lugares: Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y las Islas del Canal (Guernesey y Jersey)».

«Los paraísos fiscales ofrecen la confidencialidad de su sistema bancario», continúa Arabí. «Si se cuenta con el añadido de tratarse de un banco suizo, como es el caso del UBS, a donde van a parar los 76 millones de pesetas transferidos por Midway desde Valencia, el asunto se convierte ya en un blindaje a prueba de jueces. El titular de la cuenta numerada y secreta WA356115.000 en UBS (Union Bank Suisse) Nassau puede ser la propia Midway, pero no hay que des-cartar que tras ella se escondan una o varias personas físicas. O jurídicas.»

Una tercera empresa, Gold Peak Trade Service Limited, radicada en Hong Kong, completa la trama oculta de los pagos que realiza la Generalitat de Eduardo Zaplana a cuenta del contrato de Julio Iglesias con el IVEX. Esta firma factura 146 millones de pesetas por organizar una misión comercial valenciana y una actuación del cantante en Shangai. La delegación de la Agencia Tributaria de Valencia incluye esta sociedad en su expediente de sanción al IVEX por no justificar suficientemente los pagos realizados en paraísos fiscales. En ese expediente aparece, además, una factura de 9.140.625 pesetas, cantidad abo-nada a International Concerts también por organizar el recital de Iglesias en China. La facturación irregular del IVEX en torno a Julio Iglesias supone una sangría de dinero público incontrolada. Como es el caso de otra factura de International Concerts, remitida el 2 de junio de 1999, por 350.000 dólares y en concepto de «provisión de fondos» para el recital de Shangai. El dinero se pide 200 días después de la celebración del concierto.

En mayo de 2004, el PSPV interpone una querella contra Eduardo Zaplana, contra Julio Iglesias y su representante, todo el consejo de administración del IVEX y tres ex altos cargos más de la Generalitat, por presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal. Julio Iglesias se da por enterado inmediatamente de la presentación de la querella contra él y contesta desde París: «Todos mis contratos están en debida forma. No debo dinero a nadie».

En la querella se aporta un documento fundamental: la carta que el representante de Julio Iglesias remite a José María Tabares, director del IVEX, en la que le aseguraba que ya tenía el contrato cerrado con presidencia. Esto demuestra la participación directa de Zaplana en todo el proceso. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, Luis Carlos Presencia Rubio, que se hace cargo del asunto, envía un exhorto a un juzgado de Sevilla, donde reside José María Tabares, ya ex director del Instituto, para que se le tome declaración. Después de tres citaciones infructuosas, y tras no conseguir dar con su paradero, el juez sevillano dicta una orden de busca y captura contra él.

Tabares aparece en Japón y asegura que está dispuesto a regresar a España para declarar. No es la primera vez que se convierte en prófugo de la justicia. El hombre de confianza del consejero Such ya ha sido condenado anteriormente, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, a cinco años de cárcel, como culpable de un delito de estafa, junto al empresario belga Jean-Luc Lagier. El origen del asunto: la desaparición de más de seis millones de euros de las cuentas del IVEX.

Por fin, Tabares reconoce que, además del contrato oficial con Julio Iglesias, se ha firmado un «anexo al contrato A». Ése es el documento que eleva de 375 a 990 millones de pesetas la remuneración del artista y le exime, además, de pagar impuestos. El ex director del IVEX declara que todos los pagos han estado «visados y supervisados por arriba y por abajo», en alusión al conseller Diego Such y a directivos del Instituto.

Esta versión contradice la del presidente Zaplana, que niega insistentemente la existencia del contrato B. Con una terminología mercantil muy singular, el ex director del IVEX asegura: «Hay un trato formali-zado en una declaración de intenciones, que luego se concreta mediante un contrato en una serie de obligaciones que se asumen y que se seguirán formalizan-do en las consiguientes facturas». Es decir, que existe «un contrato que se ha dado en llamar A y el otro, un anexo del primero». Además, Tabares aporta a la causa un documento por el que se declara que la operación con el cantante no estaba obligada a ninguna retención fiscal.

Lo más demoledor de su declaración ante el juez es que afirma que ha suscrito el contrato y sus anexos –«por valor de 900 millones de pesetas, aproximada-mente», dice él– por orden de sus superiores: el conseller Diego Such y el presidente «Don Eduardo Zaplana». Y todo queda más claro cuando Tabares concreta que «el señor presidente» le dio «instrucciones verbales» para que rubricara el acuerdo.

Tabares se muestra muy cauto al principio, pero se va calentando ante la perspectiva de quedarse solo ante el peligro. Inicialmente, todos los posibles implicados en el procedimiento judicial piensan que éste se va a cerrar por una cuestión formal, que la querella se ha presentado fuera de plazo y los posibles delitos señalados en ella han prescrito. Nadie quiere, de momento, defenderse atacando. Todos se mueven con mucho cuidado. Consideran que sólo va a pros-perar la causa por delito fiscal, pero no lo más grave, la «malversación de caudales públicos». El plazo de prescripción para el delito fiscal es de cinco años, y para el de malversación, diez. Los encausados y de-más posibles implicados buscan a toda costa la prescripción, pero ésta no se produce. Al final, cuando Tabares declara que ha recibido órdenes verbales de presidencia para firmar el contrato A y su anexo, la cosa se complica.

CONTRATO CLANDESTINO

José María Tabares, nombrado director del IVEX en 1997, era un hombre de la máxima confianza del conseller de Industria, Diego Such, y se le encomendó a él manejar el asunto Julio Iglesias, una de las joyas propagandísticas de Zaplana. Tabares y José Manuel Uncio, director del Instituto Valenciano de Finanzas, fueron los encargados de negociar las condiciones del galáctico fichaje del cantante.

El 25 de julio de 1997, el representante de Julio Iglesias, Luis Fernando Esteban, da cuenta de los contactos con estos interlocutores en una carta remitida al «Exmo. Sr. Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalitat Valenciana». En el escrito le comunica que las conversaciones con Tabares y José Manuel Uncio ha sido fructíferas: «El borrador del acuerdo está ya finalizado». Y continúa explicándole a Zaplana: «Como me indicastes [sic] la remuneración anual de nuestra propuesta original (adjunta) se debería dividir en los diferentes conceptos que te adjunto. Rue-go lo estudies y, cuando tengas un momento, nos reu-nimos para, si estás de acuerdo, tratar de cerrarlo». La propuesta adjunta fija en 990 millones de pesetas la cantidad que Julio Iglesias debe percibir por la «participación y cesión de imagen del artista» en seis eventos (Moscú, Tokio, Miami, Benidorm, Las Vegas y Alemania). Mientras tanto, en el contrato oficial se refleja el supuesto acuerdo de pagar sólo 375 millones de pesetas por las intervenciones del cantante. El Consell oculta, incluso al Síndic de Comptes, la existencia del segundo contrato.

El documento público que firman José María Tabares, por el IVEX, y el propio Julio Iglesias, el 29 de diciembre de ese año, sólo cambia Alemania (no se había llegado a determinar en qué ciudad germana iba a tener lugar el concierto) por Shanghai. Pero lo más importante es que en ese contrato ya no aparece la cantidad de 990 millones de pesetas, sino sólo 375. En el anexo se señala, además, que los ingresos acordados son netos, libres de impuestos para el cantante. También se habla en ese contrato oculto de 165 millones de pesetas por cada uno de los seis eventos principales en los que va a participar Iglesias. La suma de todos ellos nos vuelve a llevar a la cantidad de 990. Diego Such comparece radiante ante los medios de comunicación, el 27 de marzo de 1998, para procla-mar que el acuerdo suscrito por el IVEX y Julio Iglesias para que éste se convierta en imagen de la Comunidad Valenciana es barato. «Se ha hecho el mejor contrato del mundo y lo volvería a firmar», sentencia con satisfacción. Y el autor de «Gwendolyne» declara que contribuye a la promoción de los productos valencianos «con cariño» y no «por dinero».

El 14 de junio de 2001, Zaplana hace unas declaraciones en las Cortes Valencianas y a todos los medios de comunicación en las que niega que exista un contrato B. Después se constatará que sí lo había, y convenientemente firmado. Está aportado a la causa. Zaplana no contestará nunca a la pregunta de ¿cuánto ha cobrado Julio Iglesias en realidad? A pesar de que va a ser interpelado directamente sobre este espinoso asunto, en el Parlamento autonómico, por los diputados Joaquim Puig, del PSPV, y Joan Ribó, de EU.

Dentro de su estrategia, el letrado de Tabares solicita la prescripción de la causa por delito fiscal, pero no lo consigue. Hasta entonces, se manejan datos proporcionados, sobre todo, por la Agencia Tributaria. Los responsables del IVEX se muestran reacios a aportar la documentación que se les pide. De momento, el instructor deja los presuntos delitos limitados a un fraude fiscal, frente a la malversación de fondos públicos y falsedad documental que incluye el PSPV en su querella.

NUESTRO HOMBRE EN MIAMI

Inesperadamente, se produce un hecho fundamental en el proceso de esclarecimiento del asunto Julio Iglesias, la irrupción de José Marquina, ex delegado del IVEX en Miami. Desde hace tiempo, este importante personaje de la trama está viendo que la cosa se va enredando más de la cuenta. Piensa que le pueden echar el muerto encima y acusarle de haberse quedado con el dinero de un cheque del IVEX, así que decide tirar de la manta. Solicita declarar, y lo hace ante el titular del Juzgado de Instrucción núme-ro 19 de Valencia. Afirma que existen facturas del IVEX, relacionadas con Julio Iglesias y con conceptos dudosos, que han justificado abonos al cantante de más de 2.200.000 euros no contemplados en el contrato que la Generalitat trasladó a las Cortes.

Además, muestra el comprobante de una transferencia bancaria de 325.000 dólares a favor de International Concert por la actuación del cantante en Orlando. Según Marquina, esa cantidad se sumó al importe que ya se le había pagado de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato que se hizo público.

Marquina asegura que ha cumplido órdenes de la sede central del Instituto, desde donde le ordenaron emitir facturas falsas. El dinero que le abonaban lo transfería a la cuenta de la empresa International Concerts –ligada a Julio Iglesias– abierta en las Bahamas. Y asegura que de esa forma se intentaba engañar a la Sindicatura de Comptes. En una entrevista que le hace Francesc Arabí en el diario Levante, Marquina, que ha sido director de la oficina del IVEX en Miami durante diez años, afirma que los pagos a Julio Iglesias

«no se realizaron solamente mediante transferencias bancarias directas a paraísos fiscales, sino también a través de la emisión de facturas falsas que fueron libe-radas por determinadas oficinas del IVEX». Además, señala que «la producción y el montaje de muchas de las actuaciones del cantante no las pagó International Concerts, y, sin embargo, después sí se las cobró al IVEX». El propio Instituto las había pagado desde Valencia, a través de facturas que los proveedores emitieron a oficinas en el exterior.

Las declaraciones de José Marquina caen como una bomba sobre el proceso abierto como consecuencia de las graves irregularidades detectadas en el caso Julio Iglesias. El ex delegado del IVEX en Miami asegura que se emitieron facturas falsas en la sede central de este organismo, en Valencia, y «se derivó el dinero a paraísos fiscales por varias decenas de millones (de pesetas)». Añade que «era tanta la cantidad que se tenía que transferir, que en el IVEX intentaron, por todos los medios, enmascarar la operación con esas facturas falsas e impedir una correcta auditoría por parte de la Sindicatura de Cuentas».

En la misma entrevista publicada en el diario Levante, Marquina le revela a Francesc Arabí que el responsable de comercio exterior del IVEX, Faustino Salcedo, era quien le ordenaba la emisión de las facturas falsas. Por si había alguna duda, el IVEX nombra nuevo delegado en Miami, en sustitución de Marquina, nada menos a Faustino Salcedo. José Marquina afirma, además, haber derivado a International Concerts Ltd. los 325.000 dólares que le pagó la sede central del Instituto por gastos «hinchados» de la misión comercial y del concierto de Julio Iglesias celebrados en Orlando. El cantante debía haber actuado en Las Vegas, pero dio plantón a los organizadores. Así que, después de llegar a un nuevo acuerdo, se decidió organizar el recital de Orlando, el 23 de abril de 1998.

En mayo de 1999, la empresa Midway International presenta facturas que suman casi un millón de dólares por los supuestos gastos de este evento. Las órdenes de emisión de los talones las firman el entonces director del Instituto, José María Tabares, y el director general de Comercio de la Generalitat, Joaquín Berenguer, en su condición de vicepresidente primero del IVEX.

Al frente de la delegación del IVEX en Miami, José Marquina factura 325.000 dólares por los supuestos gastos generados en el recital del cantante en Orlando, que tiene lugar en el marco de una misión institucional y comercial valenciana a Florida, con la feria de la cerámica Covrings, de la ciudad norteamericana, como plato fuerte. A través de su empresa Strategies & Solutions, Marquina presenta dos recibos por conceptos como «organizar el programa institucional y la presentación de las Autoridades Portua-rias de Valencia y Alicante». Encabeza la expedición el presidente Eduardo Zaplana, que se entrevista con la alcaldesa de Orlando, una ciudad rodeada de parques temáticos, con la intención de copiar ideas para trasladarlas a su Terra Mítica, que ya está en marcha.

Marquina declara ante el juez que recibió el abono correspondiente a las facturas hinchadas por orden de sus superiores y transfirió el dinero a una cuenta de UBS que International Concerts tiene en Nassau (Bahamas). Sostiene que esa cantidad no po-día responder a los coste del concierto de Iglesias y aporta todos los justificantes de los gatos reales, que ascendían a 207.926,21 dólares. Él mismo había organizado el evento y fue pagando los diferentes conceptos a cuenta de la provisión de fondos que le remitió el IVEX.

Asegura que el cheque de 325.000 dólares que le llega de Valencia va a nombre de Strategies & Solutions, su empresa, y que podía cobrarlo en la sede del Banco Exterior de España (BEX) en Miami. Pero él lo endosa, por órdenes de los directivos del IVEX, a favor de International Concerts, para que el dinero se ingrese en la cuenta numerada y secreta WA356115.000. A través de ella se hacen parte de los pagos «bajo mano» que recibe Julio Iglesias. El saldo engorda con otros talones cobrados por International Concerts. Casualmente, tanto esa firma (radicada en las Islas Vírgenes) como Midway International (con sede en Irlanda), que también canaliza pagos a Julio Iglesias, son clientes del mismo banco de Nassau.

Para redondear la cuenta de gastos del viajecito de promoción a Orlando y del concierto del cantante, José María Tabares, que también va de excursión a Estados Unidos para disfrutar del evento, paga con una tarjeta American Express, sin límite de crédito y a cuenta de la Generalitat, la cena que el anfitrión Eduardo Zaplana ofrece antes del recital de su amigo Julio. Nada menos que 87.450 dólares cuesta el convite en el auditorio del Hotel Peabody. La factura incluye el cóctel previo que se sirve (13.000 dólares), los centros florales (2.358 dólares) y los 5.700 dólares por la decoración del salón de convenciones ha-bilitado para la ocasión. Una buena traca con pól-vora ajena. Y después de la cena y el concierto, a descansar en un fastuoso hotel. Las dos noches que pasan Zaplana, Such, Tabares y otros dos cargos po-líticos valencianos en el Hotel Renaissance Orlando Ressort le cuestan a la Generalitat 3.274 dólares más. Y esa es sólo una pequeña muestra de los cientos de millones de pesetas que el IVEX paga –con mucha American Express por medio– como gastos de organización, aunque supuestamente eso debía correr por cuenta de Julio Iglesias, que ya se llevaba su piquito.

ESTAFA EN MÉXICO LINDO

Otro hito dentro del proceso de esclarecimiento de los hechos los constituye la declaración testifical de Vicente Sendra Aparisi, responsable del IVEX en México. Él ratifica ante el juez que la empresa irlandesa Midway, a la que se pagan los gastos –cerca de un millón de dólares– derivados de la supuesta organización de un concierto de Julio Iglesias en la capital azteca, no es la que organiza el acto, cuyo montaje corre a cargo de una firma mexicana. El recital tiene lugar en el Auditorio Nacional de México el 10 de abril de 1999.

El pago se hace desde Valencia, saltando al delegado del IVEX en México. Un total de nueve cheques que responden a facturas remitidas por Midway International Ltd. por conceptos vinculados con el montaje del recital. Pero la empresa que lo organiza en realidad es la mexicana Rac Producciones, que había llegado a un acuerdo con Vicente Sendra. El trato consistía en que la productora explotaba co-mercialmente el concierto a cambio de soportar los gastos de la organización. El IVEX se ahorraba así esos gastos, recibía unas 1.500 entradas gratis, para atender a sus compromisos, y Rac vendía en torno a 8.000 entradas restantes, a un precio que oscilaba entre 20 y 150 dólares. Así, las dos partes ganaban: Rac se ahorraba el caché del cantante y al IVEX le salía gratis la organización. Pero quien más beneficio obtiene al final es Midway –los que se esconden detrás de la firma– que recibe casi un millón de dólares sin haber hecho nada. «No sé ni quién, ni qué es Midway, porque no tiene nada que ver con el recital de México», le asegura Vicente Sendra a Francesc Arabí. Evidentemente, la factura de la firma irlandesa es falsa, lo que induce a pensar que algo parecido se ha podido hacer en otros casos.

Con motivo del recital de Julio Iglesias en Moscú se produce una duplicidad en la facturación también muy sospechosa. De nuevo, al cantante le sale gratis organizar su concierto, porque es el IVEX el que se hace cargo de todos los gastos. Y con mucha generosidad. La empresa californiana International Creative Management (ICM) factura al Instituto 137.000 dólares por once conceptos relacionados con la organización del evento. Y una segunda firma californiana, Reed Group, cobra 1.023.495 dólares por «Organización del concierto». Con esos precios y tantos organizadores canta cualquiera.

En marzo de 1998, el IVEX paga 120.000 dólares por el aerotaxi que utiliza Julio Iglesias para viajar desde Miami a Tokio. En esta ocasión, el cantante prefiere viajar a costa de la Generalitat antes que usar su jet privado. La compañía Executive Skyfleet factura 30 horas de vuelo a 4.000 dólares cada una. Y así, el amigo de Zaplana puede actuar ante 1.300 invitados. De ellos, mil tienen también la suerte de cenar con cargo al dinero de los contribuyentes valencianos. 153 euros por cubierto. Y Tabares al quite con la American Express.

De paso, entre tanto baile de dólares, el IVEX se convierte también en la guardería de los gerifaltes del PP valenciano y de sus adjuntos. Eduardo Gordo Zaplana, sobrino del «molt honorable», es uno de los privilegiados becarios del Instituto, a pesar de no saber inglés ni estar en posesión de un título de licenciado de perfil económico, puntos básicos de la convocatoria de selección. Disfruta de una beca de un año en la delegación del IVEX de Miami, que después se amplia, a petición del interesado, a seis meses más en Nueva York. También se benefician de los fondos públicos que alimentan al IVEX una hija del conseller José Ramón García Antón, una sobrina de la ex consellera María Ángels Ramon-Llin y un hijo del diputado autonómico del PP Luis Concepción.

La primera disfruta de su premio en China y los otros dos, en Florida. El organismo público beca, además, esta vez en México, a una hija José Salvador del Campo, chófer personal del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien ostenta también el cargo de consejero del IVEX. Salvador del Campo es también socio de la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, en un negocio de minas, y testigo en la causa judicial que se sigue en los juzgados de Nules contra el líder del PP de Castellón por supuestos delitos contra la Administración.

En diciembre de 2005, cuando se descubre la historia de las becas familiares, Eduardo Zaplana, ya portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, se niega a dar su versión sobre el asunto. Eduardo Gordo Zaplana, pese a que no cumplía los requisitos exigidos en la convocatoria pública, fue becado en 1999, cuando su tío era presidente de la Generalitat. Ante las preguntas de los periodistas, Zaplana zanja abruptamente la cuestión y afirma que esa información debe «reclamarse» al IVEX o al Consell.

Un poco antes, en noviembre de 2005, en plena polémica sobre los pagos irregulares del IVEX, el sustituto de Zaplana al frente de la Generalitat, Francisco Camps, había asistido a un homenaje a Julio Iglesias en Nueva York. El cantante recibió una de las medallas de oro del Queen Sofía Spanish Institute.

En la misma velada, también fueron distinguidos con ese galardón, concebido para premiar a las personalidades que propician con su trabajo el conocimiento de la cultura hispana en los Estados Unidos, la soprano Beatrice Santo Domingo y el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Y Eduardo Zaplana, desde Madrid, sentenció: «Yo haría de nuevo Terra Mítica y volvería a contratar a Julio Iglesias en los mismos términos en los que lo hice».

LA VIDA NO SIGUE IGUAL

En 1968, cuando Julio Iglesias se alzó con el primer premio del Festival de Benidorm, cantando «La vida sigue igual», Eduardo Zaplana todavía no estaba en disposición de ofrecer contratos de serie B a nadie, era demasiado joven. La amistad entre ambos personajes empieza a fraguarse bastante más tarde, durante los viajes a Madrid del alcalde de Benidorm y después presidente de la Generalitat para exhibirse en los escaparates de la capital, a mediados de los años 90. En el Hotel Eurobuilding, durante la presentación de Benidorm en FITUR, ya aparecen los dos juntos en público, y sus planes de colaboración por mutuo interés se empiezan a perfilar en 1997. Antes, durante la campaña de las elecciones generales de 1996, Iglesias había sido telonero de José María Aznar en un mitin en Valencia.

A lo largo de cuatro décadas, Julio Iglesias ha ven-dido cerca de 300 millones de discos en todo el mundo, pero él mismo reconoce que la música romántica no es su primera línea de facturación desde hace tiempo: en los últimos ocho años ha ganado mucho más dinero gracias al suculento negocio de la construcción que con las grabaciones y los recitales. Iglesias se estrena como constructor, en Alicante, de la mano de su amigo Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, quien, además de contratarle como imagen de Valencia, le introduce en los círculos inmobiliarios. El encuentro entre ellos es un flechazo. Desde el primer momento, se dan cuenta de que ambos tienen en común mucho más que el color moreno de piel durante todo el año, fruto de los rayos uva, la afición por los relojes caros, el madridismo y que los dos se indignan si algún fotógrafo les retrata por su perfil malo. Nada más conocer a Zaplana, Julio Iglesias hace público su veredicto: «Eduardo corre muy rápido y es un campeón».

Amparado por el «molt honorable» presidente autonómico, el cantante se acostumbra a disfrutar de la cobertura del PP en la Comunidad Valenciana para ofrecer sus cada vez menos exitosos conciertos, por los que cobra un caché desmedido. Zaplana continúa con la política de arrimar dinero público a los amigos de la casa, aprovechando la enorme capacidad de maniobra que tiene en su territorio para este tipo de asuntos.

Por la parte artística, Iglesias es una herencia que viene de Manuel Fraga, presidente del PP, con quien el artista hacía valer su ascendencia gallega. Allí, en el noroeste ibérico, nació su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, el hombre que fue secuestrado por ETA antes de convertirse en «papuchi» para la prensa del corazón. Precisamente fue en Galicia donde el cantante, cuando ya comenzaba a declinar muy sensiblemente su tirón en directo, consiguió hacer la gira más «popular», gracias a la inyección de dinero público que le arrimaron desde las instituciones controladas por el partido de Fraga, Aznar y Zaplana. En el verano de 2003 recorrió Galicia elogiando al PP en conciertos financiados con dinero público. 450.000 euros le costó la broma a la Xunta. Y otros 270.000 salieron de las arcas de varios ayuntamientos en manos de los «populares». El cantante cobró, oficialmente, 800.000 euros por su contribución a los festejos del año jacobeo. El IVEX gallego. Pero en el terreno musical los negocios de Iglesias ya no son lo que eran, ni con la ayuda del partido, así que ha decidido diversificar sus fuentes de ingresos.

DE LA CANCIÓN AL LADRILLO

El cantante se estrena en el mundo inmobiliario como consejero de cuatro sociedades mercantiles ubicadas en la Comunidad Valenciana: Urbanizaciones y Construcciones S. A. (URCOSA), Coll de Rates S. A., Desarrollos Urbanísticos del Algar S. L., y Altea Futura S. A. Desde el primer momento se asocia con el Grupo Ballester, líder en el sector de la promoción y la construcción de inmuebles en Levante. Gracias a Zaplana, que le recomienda a Iglesias el socio ideal para que pueda incrementar rápidamente su ya bien saneada cuenta corriente: el constructor Andrés Ballester, muy cercano al presidente de la Generalitat.

La primera promoción de viviendas con capital de Julio Iglesias (tres millones de euros iniciales) es Villa Gadea, construida por URCOSA en Altea, la ciudad alicantina que Zaplana define como su «refugio espiritual y marinero». Ubicada en un terreno de 120.000 metros cuadrados, consta de 262 viviendas.

El complejo incluye un hotel de cinco estrellas, el SH Villa Gadea Beach. La venta de toda la promoción supone más de cien millones de euros. El propio Julio Iglesias acude en 2000 a Altea para presentar su primera promoción inmobiliaria en España. En 2001 se registra como consejero de Urbanizaciones y Construcciones S. A. (URCOSA). En total, el artista apuesta en esa promoción casi 16 millones de euros, mientras que los otros dos grandes promotores, el Grupo Ballester y el Grupo Lladró, invierten 25 millones cada uno.

Junto a Julio Iglesias entra también en la promotora, como consejero, su hombre de confianza, Esteban Bernáldez, el encargado de concretar, en 1997, los términos del polémico contrato que el cantante firmó con la Generalitat. Luis Fernando Esteban es también administrador de Bellevue Proyectos Inmobiliarios S. L., una sociedad de la que el cantante es socio único y que cuenta con un capital de 1.800.000 euros.

«Eduardo corre muy rápido. Es un campeón», dijo Julio Iglesias de Zaplana al  conocerle. Entre ambos se produjo un flechazo.

Además, desde 2003, Esteban Benítez es, como Iglesias, consejero de Altea Futura, Coll de Rates y Desarrollos Urbanísticos de El Algar. Las sociedades tienen su domicilio social en Benidorm, la ciudad donde el cantante ganó el festival que marcaría su despegue en el mundo de la canción. 

Es uno de los constructores más importantes de la ciudad, Francisco Murcia Puchades, quien presenta a Iglesias y al hoy portavoz del PP en el Congreso. Murcia Puchades, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Alicante, PROVIA, está muy relacionado con la cúpula dirigente del PP valenciano y fue también uno de los mayores impulsores iniciales de la carrera política de Zaplana.

Ese es el principio de una buena amistad, de la que ambos han continuado haciendo gala hasta ahora. El presidente de la Generalitat, a su vez, presenta, ya en persona, al cantante y al enlace recomendado, el constructor Andrés Ballester, presidente del Grupo Ballester y también del Consejo de Administración de Terra Mítica. Ballester e Iglesias se reúnen en 1999, en presencia de Zaplana, en una comida en el Hotel Altea Hills –construido por el grupo del promotor inmobiliario–, que marcará el comienzo de las relaciones empresariales entre ambos. El propio Iglesias ha reconocido que acudió a aquella reunión sólo «para dar un beso al presidente Zaplana», tras su victoria en las elecciones autonómicas del 13 de junio de ese año, en las que obtuvo la mayoría absoluta. Tras ese encuentro, los portavoces de PSPV-PSOE y Ezquerra Unida en las Cortes Valencianas pidieron a Zaplana que explicase sus vinculaciones con Ballester e Iglesias y los intereses inmobiliarios que le movían para propiciar dicha reunión.

Los negocios iniciales de Iglesias en el mundo del ladrillo se desarrollan, principalmente, en Altea, localidad regida por el popular y zaplanista alcalde Miguel Ortiz, que también preside la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, en agosto de 2004, crea el cargo de «casteller de honor» para entregárselo a Zaplana, en un momento en el que las relaciones entre éste y Camps empiezan a tensarse ya mucho.

Una de las muchas operaciones de Ortiz destinadas a favorecer a los suyos es la entrega, por parte del Consistorio de Altea que él encabeza, con mayoría absoluta del PP, de una «ayuda», en 2002, de más de 1,2 millones de euros a la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo, entidad «sin ánimo de lucro» vinculada a la FAES de José María Aznar, para adquirir una finca que después ha recomprado el ayuntamiento por 1,8 millones, tres años después.

Altea es un centro de operaciones de primer orden para los amigos de Zaplana. Todos los proyectos en los que se ha embarcado Iglesias con Ballester allí han estado rodeados de polémica. Villa Gadea se levanta sobre un pinar que era de todos los vecinos de Altea y donde se ha permitido que la construcción llegue a primera línea de playa, como se hacía en los años 60, incumpliendo la Ley de Costas. El segundo gran proyecto del cantante en el pueblo, Los Puentes del Algar, es una promoción de enorme envergadura, que supone la construcción de 5.775 viviendas, un campo de golf, tres centros comerciales y tres hoteles en la cuenca del río Algar, que desemboca al Mediterráneo en Altea, lo que provocará un aumento de la población de la localidad en más de 20.000 habitantes. Si el proyecto sale adelante en los términos previstos, el municipio alicantino doblará su censo de población.

La Sociedad Altea Futura SL, en cuyo consejo de administración figuran Iglesias y su «secretario» Luis Fernando Esteban Bernáldez, recibe, en 2007, el visto bueno del Ayuntamiento de Altea y de la Generalitat Valenciana para acometer su plan inmobiliario.

En total, dos millones y medio de metros cuadrados de suelo recalificado como urbanizable en el valle y la desembocadura del río Algar, que canaliza las aguas provenientes de las laderas de la sierra de Bernia. El último tramo del río es una zona húmeda catalogada de especial protección medioambiental. De este modo, se privatizan los márgenes del río con la supuesta excusa de regenerarlo. Antes de que se presentara el proyecto, el suelo de la zona se pagaba a 24 euros el m2. Estaba clasificado como rústico y no se permitía urbanizar en él. Ahora, el mismo terreno ha multiplicado su precio hasta 210 euros por m2.

A 20 kilómetros de Altea, hacia el interior, está Benigembla, una localidad montañosa de poco más de quinientos vecinos, a la que Julio Iglesias también le ha echado el ojo. Es él quien sugiere a sus socios que hay que apostar por un turismo interior y de calidad. Así, la tranquilidad de Benigembla se rompe en noviembre de 2004, cuando el Ayuntamiento, presidido por el popular Aurelio Llinares, aprueba con carácter de urgencia, como es habitual en estos casos, la firma de un convenio con la empresa Coll de Rates.

Según datos del Registro Mercantil, Ballester compra en 2003 esta sociedad, que poseía 1.500 hectáreas de terreno montañoso, de las que 1.000 estaban situadas en el término municipal de Benigembla.

Cinco meses más tarde entran en ella Iglesias y su segundo, Esteban Bernáldez, como consejeros. El acuerdo de la empresa de Julio Iglesias con el alcalde del PP consiste en que la promotora ceda al pueblo las 1.000 hectáreas del terreno de su propiedad, que, según el documento firmado por ambas partes, «constituyen un ecosistema que reúne valores y características dignas de protección, y cuya titularidad interesa adquirir al Ayuntamiento de Benigembla por sus valores naturales y paisajísticos». A cambio, la Corporación les cede 150.000 m/t (metros tejado) de aprovechamiento urbanístico.

RECITALES INMOBILIARIOS EN MURCIA Y MÁLAGA

Los negocios inmobiliarios de Julio Iglesias tienen muchas más ramificaciones. Y el manto protector de Zaplana y sus influencias siempre aparecen detrás. El cantante participa también en un proyecto, en la Marina de Cope, a caballo entre las localidades murcianas de Lorca y Águilas, que pretende la construcción de 20.000 plazas hoteleras, 9.000 residencias, campos de golf, zonas deportivas y comerciales y una marina interior para 2.000 barcos. Sus tentáculos se extienden, además, a Ojén (Málaga) donde pretende construir una urbanización de lujo, con viviendas de 1.500 m2.

En esa misma localidad es donde él tiene una de sus majestuosas residencias, enclavada en una finca de 40.000 m2.

Y en Benidorm, el propio feudo de Zaplana, su amigo Ballester, a través de Edificaciones Calpe, otra de las empresas de su poderoso grupo, planea construir dos torres en Punta Llisera, en primera línea de la playa de Levante, con el nombre de «Gemelos 28». El conjunto constaría de dos edificios de 21 plantas de altura, con un total de 1.698 viviendas y locales comerciales. Prácticamente sobre el mar. Lo que en Benidorm se define ya como «El Algarrobico bis», en referencia al complejo hotelero emplazado en el Cabo de Gata, cuya demolición ha ordenado la justicia. El pasado 15 de junio, los planes de Ballester sufrieron un serio revés, cuando el Consejo de Ministros autorizó la expropiación de una parcela situada en el Rincón de Loix, en Punta Llisera, para que pase a formar parte del dominio público marítimo-terrestre y evitar así la construcción de las dos torres de apartamentos previstas por Edificaciones Calpe.

Los negocios conjuntos de Ballester y Julio Iglesias les han situado también detrás del PAI (Programa de Actuación Integrada) de Parcent, que pretende multiplicar por diez la población de este pequeño municipio alicantino. Pero, finalmente, la oposición de los vecinos ha consiguido frenar esa nueva operación es-peculativa y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia la ha paralizado, porque no se garantiza la existencia de recursos hídricos ni la sostenibilidad del proyecto. Después de conocerse esta resolución judicial, el cantante ha anunciado, en junio de 2007, la venta de su participación en la empresa promotora del PAI.

Julio Iglesias comparte con Eduardo Zaplana, y también con Francisco Hernando, el «Pocero», otro amigo del actual portavoz del PP en el Congreso, su pasión por los aviones privados. Pero mientras Zaplana se ha acostumbrado a usarlos a cargo del presupuesto público, durante su etapa como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el cantante no tiene problemas en destinar parte de los beneficios que le proporcionan sus negocios inmobiliarios a mantener una aeronave propia. El 6 de enero de 2007, Iglesias recibió, como regalo de Reyes, un Global Express XRS, el modelo de avión privado más exclusivo del mundo, del que disfrutan magnates financieros, de la comunicación o el cine como Bill Gates o Steven Spielberg. El mismo aparato que ha adquirido, también recientemente, Francisco Hernando, el «Pocero». Una serie de caprichos personales, como la pequeña bodega que el artista decidió instalar en su interior, para que viajen a la temperatura adecuada sus vinos favoritos, ha elevado el precio de la nave a 45 millones de dólares. Con él, Julio Iglesias puede volar hasta 11.130 kilómetros sin escalas. Por ejemplo, desde su mansión en la República Dominicana a la que tiene en Ojén. O a una comida de negocios en Altea, con Ballester y Zaplana. Benidorm supuso el trampolín de la carrera profesional de Julio Iglesias y fue el primer peldaño del ascenso político de Eduardo Zaplana. Al cabo de los años, la vida no sigue igual para ninguno de los dos.

Capítulo IX

A EXPRIMIR EL MINISTERIO

Eduardo Zaplana da, por fin, su esperado salto a Madrid en el verano de 2002. El día 9 de julio es nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de José María Aznar. De él forma ya parte su amigo Jaume Matas, que está al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Zaplana llega al cargo en sustitución de Juan Carlos Aparicio, uno de los seis ministros que son relevados a consecuencia de la huelga general que se ha producido apenas tres semanas antes, el 20 de junio. El paro tenía como objetivo echar abajo el Real Decreto Ley de la reforma laboral, más conocido como el «decretazo». Y se consigue.

Aparicio, como ministro del ramo, es el principal responsable de la crisis y sale del Ministerio.

El nuevo titular del departamento llega convencido de que posee un halo especial, de rutilante estrella mediática, y desembarca en su puesto con la absoluta seguridad de que le va a permitir disfrutar de un coto privado. Lo mismo que había hecho primero en el ayuntamiento de Benidorm y después en la Generalitat Valenciana. Desde el principio, hace patente su estilo, muy diferente al de Aparicio.

Durante su mandato al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana no repara en gastos y tira de largo con las partidas presupuestarias que están bajo su control. Hasta tal extremo de que el interventor que posteriormente revisa las cuentas considera completamente injustificadas algunas de las decisiones del ministro en ese terreno. El delegado de Hacienda decide vetar el pago de varias facturas de una empresa privada de aviación, Gestair. Todas corresponden a servicios prestados por esa compañía a Zaplana entre 2002 y 2004, cuando está al frente del Ministerio[5].

A lo largo de sus dos años escasos de mandato en ese departamento, Zaplana gasta 150.000 euros en viajes en aviones privados. Precisamente durante esa época, gracias a un convenio especial, los principales cargos ministeriales pueden volar gratis en Iberia o utilizar los aviones del Ministerio de Defensa. Pero Zaplana prefiere recurrir con asiduidad a otra vía distinta: el alquiler de naves de las compañías Gestair y Transportes Aéreos del Sur. En total, realiza una veintena de viajes con aparatos de ambas empresas, la mayor parte de ellos en noviembre de 2003.

El pasaje de estos aviones privados, a tenor de las facturas visadas por sus colaboradores más estrechos, incluye un amplio abanico de personas no siempre identificadas o sin cargo ministerial. En algunas de las facturas se detalla sólo el itinerario realizado, sin que conste si lo que se especifica en ellas es el precio de uno o más pasajes o el importe global del avión.

Además, según el interventor, tampoco aparece por ninguna parte el «recibí» de la empresa (supuestamente Gestair), «ni se acompaña documento alguno que acredite que la obligación ha sido satisfecha». Curiosamente, Gestair ni cobra ni reclama los pagos.

Zaplana alquila también aviones privados para volar de Madrid a Barcelona, ciudades unidas por puen-te aéreo. Y hay varios viajes suyos al extranjero, como uno a Edimburgo por un supuesto coste de 15.000 euros, justificados a través de meras notas de ordenador. Entre los desplazamientos «suficientemente relevantes», según justifica el propio Zaplana, que motivan la contratación de un avión privado, el ministro señala el de un vuelo de regreso a Madrid desde Valencia, el 6 de mayo de 2003 (3.700 euros), para acudir a una entrevista en TVE con su fiel periodista de cámara Carlos Dávila, que se emite 24 horas después.

El propio Dávila y varias docenas de periodistas más pueden hartarse de turrón en las Navidades de ese mismo año gracias a la generosidad, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de Eduardo Zaplana. Fiel a sus raíces alicantinas, el ministro encarga, para dulcificar sus relaciones con la prensa, y también para agasajar a algunos amigos, colaboradores y parientes, más de cuatro toneladas de turrón, por importe de casi 55.000 euros[6].

En 2004, el Ministerio de Trabajo, ya bajo mandato socialista, rehúsa pagar tres facturas aún pendientes de esa partida de turrón alicantino, por importe de 23.000 euros que ha dejado pendiente su titular anterior. La empresa Turrones Picó también renuncia al cobro de esas facturas. Cuando Zaplana abandona el Ministerio, todas las partidas dedicadas a protocolo, engordadas sensiblemente durante su mandato, se encuentran ya completamente exhaus-tas, tanto la correspondiente al fondo global del Ministerio de Trabajo, como las asignaciones mensuales de uso personal al servicio de Zaplana (3.000 euros al mes). El ministro se encarga de exprimir puntual-mente hasta el último euro. Por ejemplo, en el mes de marzo de 2004, el último que permanece al frente del departamento –la segunda quincena ya como ministro en funciones–, consume 2.999,72 euros. Tiene el detalle de dejar 28 céntimos de propina.

EL REY DE LA GOLOSINA

Los gastos protocolarios de Zaplana al frente del Ministerio de Trabajo llaman la atención de los funcionarios fiscalizadores del departamento. De julio a diciembre de 2002, el ministro consume 36.790 euros en ese capítulo. Los gastos por el mismo concepto se elevan a 67.000 euros en 2003, y a 78.577 en 2004, aunque desde el 14 de marzo de ese año, día de las elecciones generales que pierde el PP, ejerce de ministro en funciones y cesa en abril. En menos de dos años, 183.000 euros.

Eduardo Zaplana dobla en 2003 el presupuesto anual de gastos protocolarios de gestión directa, como ministro de Trabajo, respecto de su antecesor, Juan Carlos Aparicio. Además, marca otra diferencia en la gestión del dinero público en relación con sus dos antecesores en el cargo, también miembros del PP: ni Aparicio, ni Javier Arenas habían utilizado nunca, como ministros de Trabajo, aviones privados para sus vuelos, ni compraron alimentos con cargo al presupuesto del Ministerio para sus residencias oficiales, ni recurrieron a artículos de lujo para atenciones protocolarias.

Pero además de la cuantía de estos dispendios protocolarios, resulta muy ilustrativo saber en qué se con-cretan los gastos. Zaplana recurre a lujosas joyerías, algunas de ellas valencianas, para comprar costosos objetos de regalo. Se desconocen los destinatarios de casi todos ellos, una larga lista de joyas. Sólo hay constancia de que son pagadas por el Ministerio de Trabajo, pero no se sabe quién las disfruta. Los nombres de los beneficiados por esa tómbola de lujo continúan siendo un secreto para la Intervención de Hacienda.

Sólo queda acreditado que Zaplana regala un cáliz de plata de 2.000 euros al Papa Wojtyla, y unos gemelos de oro, por los que se pagan 1.349 euros, al rey de Marruecos. Entre la «calderilla», aparece una interminable relación de pañuelos de seda, chales, bolsos de diseño, carteras de piel y plumas estilográficas.

El oscurantismo de estos gastos contrasta con la minuciosidad de la que hace gala Zaplana a la hora de pasar al cobro otro tipo de compras. Por ejemplo, presenta una exhaustiva relación de justificantes para que le devuelvan el dinero que, al parecer, ha donado previamente en mesas petitorias por causas benéficas (Cruz Roja, lucha contra el cáncer...). En ese caso pormenoriza el fin de la cuestación de turno, la ubicación de la mesa petitoria, quien la presidía (su propia esposa, la del ministro de Agricultura, la del ex alcalde de Madrid Álvarez del Manzano, una infanta...), además de precisar el momento exacto en el que se ha echado la mano al bolsillo y la cantidad que generosamente ha donado. Lo habitual son 60 euros, sólo duplica esa cantidad cuando la que preside la mesa es su esposa.

En esa misma línea, durante 2003 y 2004 pasa decenas de facturas de gastos de la cesta de la compra, al margen de los caterings que contrata por 22.000 euros para sus comidas oficiales. A través de estos tiques de compra de tiendas cercanas al Ministerio y a su propio domicilio, se puede rastrear con todo detalle qué tipo de chucherías le gustan al ministro: chicles Trident (0,55 euros), Danissimo (1,89), galletas Kely (1,43), bocata seis cereales (1,32), ketchup (1,15)...

En total, por estos conceptos, Zaplana endosa al departamento gubernamental que encabeza tiques por valor de más de 5.000 euros. El rey de la golosina.

Pero además de los tiques de caja de las chucherías, hay facturas de comidas en restaurantes de renombre, sin más detalle que el considerable precio final. Como el de una comida celebrada en Horcher, después de su toma de posesión, que asciende a 1.440 euros. Es precisamente en este restaurante madrileño, que, al parecer, está entre los favoritos de Zaplana, donde se produce una curiosa escena, en junio de 2005, cuando el político cartagenero ya ha sido des-alojado del Ministerio y actúa como portavoz del grupo parlamentario del PP.

INDIGESTIÓN EN HORCHER

Horcher, situado en la calle de Alfonso XII, frente al parque de El Retiro, era un lugar también fre-cuentado por el propietario de PRISA, Jesús de Polanco, y por el abogado Matías Cortés, ambos vecinos de la zona. En una de las ocasiones que acuden a comer juntos, a la hora de los postres, sienten la necesidad de visitar los lavabos. Al regresar hacia su mesa, se dan cuenta de que, en el primer reservado situado a la izquierda del pasillo, están comiendo Eduardo Zaplana y sus amigos del Clan de Valladolid Ángel Cortés y Carlos Aragonés, que, en ese momento, ya son ex secretario de Estado de Cooperación Internacional y ex jefe de gabinete de José María Aznar, respectivamente.

Zaplana, siempre obsequioso con quien tiene poder, intenta sacar a relucir sus dotes de político campechano en la distancia corta, se levanta y se acerca a Polanco para saludarle afectuosamente. Y el magnate de la comunicación aprovecha para matar recibiendo: «Ya sé que has sido tú el que ha intentado hundirme en el debate parlamentario de la Ley de Televisión (la TDT)», le suelta como saludo. El ex ministro, pálido y descompuesto, balbucea: «No, Jesús, no, yo no he hecho nada, sólo lo que se ha decidido en mi grupo...». Y el editor de El País vuelve a la carga, contra su acogotado interlocutor: «De eso nada, sé que las enmiendas del PP han sido idea tuya». En ese momento, Matías Cortés, que sigue la escena con una sonrisa burlona, le dice a Polanco: «¡Échale el periódico, Jesús, échale El País!». Cuando ambos le dan la espalda para volver a su mesa, la cara del ex ministro es un poema.

Zaplana siempre ha intentado llevarse bien con el diario de Polanco, y precisamente él será una de las víctimas de la decisión de Rajoy de boicotear a todos los medios de comunicación de Prisa. La decisión la toma el presidente del PP tras las declaraciones de Polanco en la Junta de Accionistas de su grupo, en marzo de 2007, poco después de una de las manifestaciones organizadas por el PP en Madrid en contra de los contactos entre el Gobierno y ETA para intentar acabar definitivamente con los atentados. «En un momento en el que hay quien desea volver a la guerra civil; en el que acabamos de ver una manifestación pública que es el franquismo puro y duro puesto en imágenes de televisión... para un grupo como el nuestro, que pretende ser neutral, es muy difícil», dice Jesús de Polanco en su intervención. La guerra desatada a consecuencia de esas palabras le pilla en medio a Zaplana, a pesar de que intenta pasar desapercibido en ella.

Durante unas semanas, aparece en el objetivo del diario de El País y de la cadena Ser. Por un lado, Zaplana intenta evitar la ofensiva sin contraatacar, para no echar más leña al fuego, y, como siempre, pretende hacerse pasar por víctima propiciatoria de una injusta e infundada campaña de calumnias. Aprovecha un pequeño error en una de las informaciones publicadas por El País para coger aire. El diario señala que algunos de los regalos que él ha realizado con cargo al Ministerio, en las Navidades de 2002, han tenido como destinatarios a seis familiares suyos –datos perfectamente acreditados–, pero entre ellos, cita, junto a sus hermanas Luisa y Carmen y su cuñada Rosa Barceló, a «su madre Rosario». Obviamente es un error, la progenitora de Zaplana falleció en 1966. La destinataria era otra pariente del miembro del Gobierno, Rosario Hernández-Soro, que recibió la felicitación de su sobrino con el turrón del Ministerio.

PUBLICIDAD PARTIDISTA

Las irregularidades detectadas en la gestión de Eduardo Zaplana durante su corta permanencia al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales son numerosas. En febrero de 2003, la oposición presenta en el Congreso de los Diputados una petición para que el ministro explique la adjudicación de la campaña publicitaria sobre el aumento de las pensiones, denominada «Dicho y Hecho», por la considerable cifra de 7.207.000 euros (casi 1.200 millones de pesetas). Gaspar Llamazares denuncia que la adjudicación se ha hecho a dedo, sin concurso ni trámite previo, como había venido denunciando la competencia de la empresa Carat, beneficiaria de esta operación. Y el PSOE considera que habría resultado mucho más barato mandar simplemente una carta a cada pensionista, comunicándole que iba a recibir una paga adicional.

Pero sin movimiento de dinero público no hay beneficios millonarios para los amigos. El presidente en España de la firma multinacional de publicidad Carat es Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno de José María Aznar y adjunto al clan de Valladolid. Como señala Graciano Palomo, había sido Juan Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar en el colegio y gran beneficiario de las stock options de Telefónica, el encargado de viajar a Londres para convencer a los directivos de Carat de que les convenía tener como jefe de su delegación en España a Rodríguez, para que los grandes contratos institucionales llegasen a la firma multinacional con fluidez. De lo contrario, perderían, además, la abultada cuenta publicitaria de Telefónica, que iría a parar a otras manos. Los británicos lo entendieron perfectamente.

El propio Tribunal de Cuentas le da un tirón de orejas a Zaplana y denuncia el uso partidista de la publicidad del Ministerio de Trabajo durante la etapa en la que él está al frente del departamento. Un informe del Tribunal señala que las campañas promovidas bajo su mandato sólo persiguieron «mejorar la imagen gubernamental», con «solapamiento indebido y previsible» con la campaña electoral del 14 de marzo de 2004. Tras analizar las campañas publicitarias de los principales organismos de Trabajo de 2002 a 2004, el Tribunal de Cuentas ve irregularidades en gran número de ellas, las más graves en las de revalorización de las pensiones. Las adjudicaciones en contratos de publicidad a lo largo de los dos años escaso del mandato de Zaplana ascienden a más de 63 millones de euros.

El informe denuncia que una parte relevante de esa publicidad institucional analizada haya sido elaborada, directamente o mediante subcontratación, por el mismo grupo, al que también pertenece la empresa que realizó las campañas del PP en las elecciones autonómicas del 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana. Todo queda en casa.

Como ocurre en otros capítulos de gastos, la factura de publicidad se dispara en el Ministerio de Trabajo durante la etapa de Zaplana. Se pasa de 931.000 euros en 2002, a 16 millones en 2003 y 22,8 millones sólo en el primer cuatrimestre de 2004. Con el dinero de los Presupuestos Generales del Estado se pueden pagar todas las rondas que hagan falta.

También censura el Tribunal de Cuentas a Eduardo Zaplana que la campaña publicitaria de 2003 sobre la actualización de las pensiones en función del IPC del año anterior fuera adjudicada a dedo y por procedimiento de urgencia, porque la subida era previsible, y lo prueba que la notificación por correo que recibió cada pensionista, la única obligatoria por ley, fue contratada en noviembre de 2002 y por concurso.

Además, se señala que el dispendio económico del que se benefician el «compadre» Miguel Ángel Rodríguez y los suyos no era necesario, porque cuando se inició la campaña publicitaria, el 15 de enero de 2003, «ya habían sido distribuidas las notificaciones individuales» a los pensionistas. También se censura que Trabajo impusiera «un número mínimo de inserciones publicitarias que debían tener lugar en determinados medios de comunicación, sin que semejante determinación estuviera basada en criterios técnicos». De la misma tacada, ha engrasado el buen en-tendimiento con los medios informativos afines. Él siempre intenta tener cubierta su propia contrainformación con periodistas agradecidos.

El Tribunal de Cuentas señala que el mensaje real de la campaña no es tanto informar a los pensionistas como plasmar el mensaje de que la Seguridad Social «está en manos de buenos gestores que avalan su actuación con datos objetivamente positivos». En suma, «tanto los mensajes principales como los cola-terales estaban dirigidos a proyectar a la sociedad en general una imagen institucional favorable, de clara mejora con respecto del periodo de gobierno inmediatamente anterior a 1996». La empresa beneficiaria del contrato, Carat, entiende perfectamente la jugada, como queda claro en un documento que Miguel Ángel Rodríguez le envía a Zaplana para que dé su visto bueno a la campaña. En él se detalla con preci-sión cuál es el mensaje que se va a transmitir: «con-traponer el “ahora” con la política del anterior Ejecutivo (PSOE)». El «antes» se describe así: «Miedo, crisis de la Seguridad Social, planes privados como única alternativa, percepción de desamparo, recibir una carta oficial puede ser una notificación de retirada de pensión...». Y el «ahora» luminoso que encar-nan Zaplana y los suyos supone todo lo contrario: «La seguridad, superávit de la Seguridad Social, respaldo de fondo de reserva, seguridad de la inversión y pensiones garantizadas».

Concluye el informe del Tribunal de Cuentas señalando que «los fondos públicos destinados a la financiación de la campaña de 2003, cuyos objetivos reales se han demostrado tan alejados del objeto del contrato, habrían cumplido una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico, que es la publicidad institucional». Esto, según el auditor, podría haber dado lugar a una presunta malversación de fondos públicos.

Zaplana, en su línea, justifica el derroche presupuestario sin perder la compostura, asegurando que, al llegar al Ministerio se encontró «un déficit de información al público» sobre la labor del departamento. A su juicio, antes de que él pusiera en marcha sus multimillonarias campañas de publicidad, «el ciudadano no distinguía cuál era la obra del Ministerio».

Gracias al ministro, a su amigo Miguel Ángel Rodríguez y a la firma Carat, la cosa cambia.

La barra libre continúa intensamente hasta el final de su corto mandato. Pretende volver a la carga con la revalorización de las pensiones, en este caso las de 2004, y adjudica la campaña «Un año más, cumplimos. Lo nuestro son las personas», a Overmarketing, por 7,2 millones de euros. La publicidad tenía que difundirse del 11 al 25 de enero de 2004, a pesar de que el propio Eduardo Zaplana, en su faceta de portavoz del Gobierno, había informado el 9 de enero del inicio del periodo electoral previo a los comicios del 14-M. La Junta Electoral suspende la campaña, por lo que el Ministerio de Trabajo tiene que indemnizar a Overmarketing con 210.985,22 euros.

De nuevo, el Tribunal de Cuentas pone a Zaplana en su punto de mira y, en esta ocasión, le acusa de que «ha podido producir un menoscabo innecesario y también previsible de los caudales públicos».

Pero el ministro de Trabajo sigue a lo suyo y aprovecha para otorgar las últimas contratas de publicidad los días posteriores a las elecciones de marzo de 2004, cuando él ya ejerce como titular del departamento en funciones. Los agraciados en este caso son empresarios afines al PP valenciano. La firma TRIVISION es la beneficiaria de un contrato de casi un millón de euros. La empresa está dirigida por Francisco Grau, un periodista conocido por sus buenas relaciones con Zaplana, cuando éste presidía la Generalitat, y por haber sido el animador del mitin que Aznar protagonizó en el estadio valenciano de Mestalla. Entre los clientes habituales de Grau están la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, ambos en manos del PP, y su productora también ha sido contratada para hacerse cargo de parte del trabajo de comunicación relacionado con los eventos de la Copa de América.

En marzo de 2004, TRIVISION se hace con el último contrato, firmando por el ministro Zaplana, ya con un pie en la calle, gracias a un procedimiento irregular que el Tribunal de Cuentas define como «adjudicación sin competencia». Este organismo cuestiona, además, la propia necesidad de la contratación. El Tribunal ya reprochaba, en el mismo informe, que la empresa de Grau se hubiera beneficiado de un contrato anterior del Ministerio de Zaplana, a pesar de que presentaba una de las ofertas más caras de las distintas firmas que pujaban por él, más de ochocientos mil euros.

EX MINISTRO Y CONSPIRADOR

Las elecciones generales de marzo de 2004 cortan bruscamente, al menos de momento, la proyección política de Eduardo Zaplana. Sus planes se trastocan de forma sensible, menos de dos años después de haber llegado a Madrid dispuesto a comerse el mundo, con la vista fija en la cúpula de su partido y del Gobierno central. Asumió el riesgo de dejar la espalda descubierta en su feudo de Valencia, y la situación allí se le empieza a escapar cada vez más de las manos. Sobre todo, después de perder el rango de ministro. Como portavoz parlamentario puede comprar menos sumisiones con cargo al presupuesto público.

Ángel Acebes, ministro del Interior, y él, sobre todo por su cargo de portavoz del Gobierno, más que como titular de Trabajo, son los más salpicados personalmente por los engaños que se transmiten a la opinión pública desde el Gobierno, en relación con la posible autoría de la matanza de Madrid. Ambos, especialmente escocidos por la derrota electoral, se dedican a remover, una y otra vez, las circunstancias del atentado. A pesar de que el propio Acebes, antes de dejar el Gobierno, aún como ministro en funciones, el 4 de abril de 2004, declara: «El núcleo central del 11-M está detenido o ha muerto en el suicidio colectivo de Leganés».

Eduardo Zaplana lidera, desde entonces, la apuesta por el bulo de la conspiración, aunque él asegura que nunca ha avalado ninguna teoría «concreta».

Pero las conclusiones del PP tras la comisión del 11-M, que Zaplana controla directamente, dedican varias páginas a «las posibles conexiones entre ETA y el terrorismo islamista». La orientación del texto está absolutamente clara: «Cuanto se ha señalado en estas páginas conduce inequívocamente a las siguientes conclusiones: 1. Se encuentra abundantemente cons-tatada la existencia de relaciones personales entre te-rroristas de ETA y miembros relevantes de células terroristas de filiación islamista, al menos en las cárceles. 2. A la luz del conjunto de informaciones que han sido publicadas, existen indicios de que tales relaciones personales hayan podido tener consecuencias operativas». En marzo de 2006, en la convención del PP, Zaplana insiste: «La democracia española sigue sin saber quiénes fueron los autores materiales y, menos aún, quiénes estaban detrás de aquella masacre». Todavía hoy, continúa sin bajarse de la burra, a pesar de que esta hipótesis sin sustento queda aplastada por el desarrollo del juicio por el mayor atentado de la historia de España.

El 15 de diciembre de 2004, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, lee su discurso ante los integrantes de la Comisión parlamentaria sobre la matanza de los trenes, en la sala Cánovas del Congreso de los Diputados. Ves-tida de luto y con voz temblorosa. Su hijo, Daniel Paz Manjón, estudiante de 20 años, fue una de las 191 personas asesinadas en el atentado.

Mientras los presentes atienden, conmocionados, a las dolorosas palabras de Manjón, Eduardo Zaplana, en actitud chulesca e irrespetuosa, se dedica a hojear desdeñosamente unos folios y hace anotaciones sobre ellos de forma displicente, con su estilográfica de oro.

Unos días antes, él y su escudero Vicente Martínez Pujalte habían aparecido en los medios de comunicación desternillándose, a mandíbula abierta, en una de las sesiones de la comisión del 11-M, durante la comparecencia en ella del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

«¿De qué se reían? ¿Qué jaleaban?» Le espeta Pilar Manjón a Zaplana, mirándole a la cara. Pero él no levanta la vista de los papeles y conserva su mueca de suficiencia. Inmediatamente después de la intervención de la representante de las víctimas, el ex ministro abandona la sala. Semejante desconsideración del portavoz parlamentario del PP con una víctima del terrorismo indigna incluso a algunos miembros de su propio partido. Como queda claro en la «carta abierta» que el diputado por Valencia Joaquín Calomarde dirige a Pilar Manjón, el 23 de abril de 2007, después de haber abandonado las filas del PP. Calomarde, que asistió a la comparecencia de Manjón en la Comisión Parlamentaria sobre los atentados del 11-M, escribe:

«Todavía hoy resuenan en mis oídos sus palabras, pero, sobre todo, una pregunta concreta que usted lanzó desde el fondo mismo de su intervención con agudeza y sentido dramático profundos: “¿De qué se reían ustedes señorías?”. Y yo, señora Manjón, quiero recordar hoy aquí que las risas, en ocasiones estridentes, de esas señorías provenían fundamentalmente del portavoz de mi ex Grupo Parlamentario y de su portavoz adjunto en aquella comisión. También algunos que otros aspavientos de difícil adjetivación, cercanos al circo».

Y añade: «Quiero, como diputado del Congreso, hasta esta semana perteneciente al Partido Popular y en tanto que he sido miembro del mismo, pedirle perdón. Perdón por tanta mentira, perdón por tanta falta de dignidad y altura personales y políticas, perdón por el menosprecio al que ha sido usted sometida por personas y medios próximos al Partido Popular, que mejor deberían reflexionar y saber, al menos, callar con dignidad en los próximos tiempos; perdón por las amenazas recibidas; perdón por los escalofriantes vídeos de los que hemos tenido noticia; disculpas por todas las imputaciones falsas y repugnantes contra su honor personal, el de su familia y el de la Asociación de Víctimas que usted dignamente preside».

Capítulo X

EL PISITO Y EL «POCERO»

«Hipotecas Zaplana: pídela hoy y paga cuando te dé la gana.»

Dicho popular valenciano

«He pedido dinero prestado y me lo han pedido. Siempre lo he devuelto y casi siempre me lo han devuelto.»

Declaraciones de Eduardo Zaplana a Rafa Marí Antes del descalabro del 14-M de 2004, Zaplana, ve con optimismo su proyección dentro del PP, aspira a las más altas cimas políticas y está convencido de que su estancia en Madrid va para largo. Así que el portavoz del Gobierno de José María Aznar y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se decide a adquirir un piso en la capital acorde con sus pretensiones políticas y sociales. Un inmueble situado nada menos que en el Paseo de la Castellana y que le supone una inversión de 1.622.732,68 euros, cantidad que corresponde exactamente a 270 millones de las antiguas pesetas. La compra de esta propiedad inmobiliaria, registrada a su nombre y al de su esposa, Rosa Barceló, en régimen de gananciales, se efectúa el día 19 de noviembre de 2002, según consta en la correspondiente escritura notarial de compraventa.

El pago por la adquisición de esta propiedad se realiza mediante un préstamo hipotecario concedido conjuntamente al matrimonio Zaplana-Barceló por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) el mismo día en que se lleva a cabo la operación inmobiliaria, según se recoge en la escritura de condiciones del crédito, formalizada ante el mismo notario, Juan Carlos Caballería Gómez, del Colegio de Madrid.

La hipoteca se concierta con la Caja de Ahorros del Mediterráneo por un importe de 1.622.732,68 euros, en cuanto al principal de la deuda; 271.320,79 euros de intereses ordinarios y 194.727,92 euros de intereses de demora. A esto hay que añadir 140.636 euros para costas y gastos. Todo ello a pagar en 25 años, según consta en las escrituras elevadas ante notario.

Zaplana mantiene una estrecha relación con la entidad que le concede su crédito hipotecario desde tiempo atrás. La inició y cultivó a fondo precisamente en la época que él presidía la Generalitat Valenciana. Bajo su mandato, en 1997, se modificó la ley autonómica de Cajas de Ahorros. Entre otros muchos cambios, destacaba uno que reforzaba la presencia institucional –autonómica y de las corporaciones locales– en el Consejo de Administración. En la práctica, esta presencia llegaba al 56 por 100 del consejo. Para ocupar los cargos de consejeros, Zaplana designó entonces a tres hombres de su absoluta confianza, que más adelante, cuando se suscriba el crédito hipotecario para su fastuoso piso del madrileño Paseo de la Castellana, ya serán vicepresidentes de la entidad financiera. Tres de un total de cuatro: Antonio Gil-Terrón Puchades, Armando Sala Lloret y Francisco Guillamón Álvarez. También fue nombrado por decisión suya Francisco Grau Jornet, que, a la hora de concederse el préstamo a Zaplana y a su mujer, ocupa el puesto de secretario de la Caja. Este último y Gil-Terrón entraron en el Consejo de Administración de la CAM el 7 de abril de 2000. Sala Lloret y Guillamón Álvarez lo hicieron el 26 de marzo de 2002. En ambas fechas, Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat Valenciana.

La anterior propietaria del piso, una persona física, recibe del matrimonio Zaplana-Barceló la cantidad de 1,62 millones de euros, en dos cheques bancarios, en el mismo acto de escriturar la compraventa, algo habitual en este tipo de transacciones, en las que se hacen coincidir todos los trámites en una misma operación y ante el mismo fedatario público. El inmueble comprado por Zaplana está situado en una de las zonas más cotizadas y caras de la capital de España. El edificio donde se ubica, ocupado íntegramente por viviendas familiares, alberga un solo piso por planta.

La nueva propiedad del ministro permite a una familia vivir con cierta holgura: dispone de 532 metros cuadrados útiles. Así se desprende de la descripción detallada que se hace del piso en el correspondiente registro de la propiedad de Madrid. La vivienda consta, según la escritura, de un vestíbulo, un salón con chimenea, una sala de estar, un comedor, un cuarto de armarios, dos cuartos de baño y uno de aseo para los señores, un cuarto de vestir, cuatro dormitorios para los señores, un despacho, un vestíbulo para los niños, oficio, comedor para el servicio, cuarto de plancha, un dormitorio y un cuarto de baño para el servicio, un cuarto de entrada con armarios y una cocina.

Toda esta distribución ocupa una superficie total de 479,20 metros cuadrados, a los que hay que añadir una terraza principal, de 31,22 metros cuadrados, y una terraza de servicio con otros 21,55 metros cuadrados. En total, la superficie útil de la vivienda suma 532 metros cuadrados. La nueva propiedad de Zaplana incluye, además, un trastero en el sótano de casi 8 metros cuadrados y dos plazas de garaje.

Las condiciones establecidas en el crédito hipotecario concedido por la CAM al matrimonio Zaplana-Barceló establecen «una total responsabilidad hipotecaria», que asciende a casi 2,30 millones de euros (371 millones de las antiguas pesetas), al añadir varios conceptos en el caso de que hubiese impago de las cuotas establecidas. No obstante, en caso de que las cosas se le tuerzan al imparable político y algún día se llegue a producir una improbable subasta del inmueble, esta cantidad estaría cubierta por el valor de tasación del piso, realizado por empresas especializadas del sector inmobiliario, y que suele ser el precio de referencia a la hora de que una entidad financiera conceda un crédito. En este caso, la valoración fijada es de 2.658.723 euros, es decir, más de 442 millones de pesetas.

LETRAS MAYÚSCULAS

Las condiciones de devolución del crédito señalan una carencia de tres años para el pago del principal, período en el que únicamente se pagan intereses. Durante el primer año, en pagos trimestrales, el interés aplicable es del 3,36 por 100 anual. Las cuotas por mes en este período, según la escritura, ascienden a 8.044,47 euros. A partir de ese momento, el interés variable que se fija es el euribor, el índice de referencia más utilizado, aumentado en un 0,40 por 100, con renovaciones anuales al alza o a la baja coincidiendo con el mes de noviembre, momento en que se formaliza el crédito. Tras los primeros tres años de carencia de principal, los pagos de capital e intereses se realizarán en 300 mensualidades, es decir, 25 años.

Fuentes del sector inmobiliario de Madrid especializadas en compraventa de inmuebles de alto valor explican que el precio medio en la zona El Viso-Paseo de la Castellana ronda, en el momento que Zaplana hace la compra, los 4.700 euros por m2. «Evidentemente, una transacción como la descrita puede considerarse muy ventajosa», afirma un especialista en el sector. El ministro de Trabajo tiene buen ojo para la adquisición de pisos.

Se da la circunstancia de que en la misma operación de compraventa, y ante el mismo notario, la anterior propietaria cancela la hipoteca contraída en su día con la Caixa cuando adquirió el piso y que grava-ba la propiedad. Por lo tanto, el matrimonio Zaplana-Barceló adquiere su pisito «sin cargas». El titular de Trabajo y portavoz del Gobierno está obligado a devolver el crédito con cuotas mensuales de 8.044,47 euros, pagaderas a trimestres vencidos, durante el primer año. En este plazo inicial, el tipo de interés aplicable es fijo, al 3,36 por 100 anual, según se recoge en la escritura que detalla las condiciones del crédito hipotecario. Estas cuotas mensuales, equivalentes a más de 1,3 millones de las antiguas pesetas, son sensiblemente superiores a su sueldo como ministro, fijado anualmente por los presupuestos generales del Estado. Concretamente, la retribución bruta anual de un ministro del Gobierno, como Zaplana, queda establecida para ese año de 2003 en 72.048,96 euros (unos 12 millones de pesetas).

Ese sueldo se percibe en doce mensualidades, sin pagas extraordinarias, según el artículo 23.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente. Por lo tanto, el sueldo de Zaplana como ministro es de 6.004,08 euros al mes. La diferencia entre su sueldo y las cuotas mensuales del crédito hipotecario asciende a 2.040,39 euros. Los miembros del Gobierno no reciben otras retribuciones y la legislación sólo contempla, al margen de los gastos devengados, unas dietas fijas cuando viajan fuera de Madrid, similares a las de los funcionarios de mayor rango. Asimismo, se prevé el pago de la vivienda cuando un ministro procede de fuera de la capital de España (Zaplana ha estado residiendo, durante los primeros meses posteriores a su nombramiento, en la vivienda existente en su Ministerio). En la escritura del préstamo no figuran avalistas terceros u otras garantías adicionales aportadas por los prestatarios. El único bien que lo garantiza es el propio piso. Para ello, según recoge la escritura, está tasado «para subasta» en la cantidad de 2.658.723 euros (más de 442 millones de pesetas), cifra que supera en un millón de euros al precio de la compraventa. Un alarde de generosidad y confianza en el cliente de los responsables de la CAM.

Las apreturas de Zaplana a la hora de hacer los pagos mensuales de su hipoteca no mejoran mucho cuando se ve obligado a dejar el Ministerio. Con motivo de la intervención del secretario general de su partido, Mariano Rajoy, en el programa de TVE «Tengo una pregunta para usted», en abril de 2007, se suscita una polémica sobre los sueldos de los políticos.

El diario El Mundo publica el día 27 de ese mismo mes que el salario de Eduardo Zaplana, como portavoz parlamentario del PP, es de 74.316 euros brutos anuales, poco más de lo que cobraba como ministro.

A eso habría que añadir las dietas, si residiera fuera de Madrid, pero en su caso, no parece que desde el Paseo de la Castellana hasta la Carrera de San Jerónimo tenga muchos gastos de desplazamiento.

PALACETES Y CUADRAS

Ya en junio de 2001, cuando Eduardo Zaplana aún presidía la Generalitat, durante su segundo mandato triunfal, el vicepresidente primero de las Cortes Valencianas y veterano dirigente del PP, José Cholbi, había advertido, en la reunión de la Ejecutiva provincial de Alicante, del «extraño nivel de vida» de algunos altos cargos públicos de su partido. La intervención de Cholbi apuntaba directamente hacia «compañeros que mantienen un nivel de vida superior al sueldo que reciben por su cargo». Y que, según él, «sin disponer, en principio, de otros ingresos su-plementarios, han accedido a detentar posesiones de valor en un relativamente corto espacio de tiempo».

Esa advertencia también sirve para un íntimo amigo de Eduardo Zaplana, su viejo compañero de cenas y militancia política Jaume Matas. El político recientemente descabalgado de la presidencia de Baleares y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar tampoco se ha quedado corto a la hora de buscar residencia: con un renta de 70.000 euros brutos al año, adquiere, a principios de 2007, una vivienda del siglo XVI en Palma de Mallorca valorada en casi cinco millones de euros. Situado en la calle de San Felio, junto a la céntrica zona residencial del paseo del Borne, en pleno casco histórico palmesano y a sólo unos metros de la sede del Govern, el piso consta, se-gún el Registro, de 476 metros cuadrados –más o menos como el de Zaplana en el Paseo de la Castellana–, y a esta superficie hay que sumar 24 m2 de terraza trasera, otros nueve de balconada y un garaje en las antiguas caballerizas de 60 metros cuadrados. El palacete disfruta, además, de 160 metros cuadrados de jardín, un lujo en pleno centro de la congestionada ciudad de Palma de Mallorca.

Dado que Matas se incorporó a la administración hace ya dos décadas y sus ingresos conocidos están es-trictamente tasados, todo el mundo hace cábalas en las islas sobre el posible origen de los euros que van a hacer frente a la compra de la mansión y a su posterior reforma, también multimillonaria. Tampoco el razonable salario de su mujer, Maite Areal, parece suficiente para afrontar con tranquilidad la operación.

Areal, íntima amiga de la esposa de Zaplana, Rosa Barceló, es profesora de secundaria y ex asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ahora trabaja en una empresa de asesoría y turismo.

En el caso de otro buen amigo de Zaplana, el socialista José Bono, los descuadres contables no vienen motivados por la compra de ningún inmueble, sino por la reforma de la Hípica de sus hijas. IU ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se investigue el valor real de las obras que la empresa ONDE 2000, propiedad de Francisco Hernando Contreras, el «Pocero», promotor del polémico PAU (Plan de Acción Urbanizadora) de El Quiñón, en Seseña, hizo en Hípica Almenara, propiedad de varios familiares del ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa José Bono. El hecho es más sorprendente aún teniendo en cuenta que ONDE 2000 no realiza habitualmente obras para terceros. IU aporta como prueba un vídeo en el que se pueden ver imágenes de máquinas de la constructora ONDE 2000, propiedad de Hernando, realizando una importante reforma en las gradas de Hípica Almenara. Están grabadas a finales de 2002 y principios de 2003.

Precisamente en la época que se cumplimentaron, en muy pocos meses, todos los trámites administrativos, de distintas consejerías de la Junta, necesarios para sacar adelante el polémico PAU de El Quiñón, en el que ONDE 2000 va a construir 13.508 viviendas, con un beneficio estimado en unos 200.000 millones de pesetas. En los datos del registro mercantil sobre la sociedad limitada Hípica Almenara aparecen como cargos directivos de la empresa la esposa del ex ministro socialista, Ana María Albina Rodríguez Mosquera y sus hijas Amelia y Ana Bono Rodríguez.

En un escrito presentado ante la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, IU acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de «amparar, proteger e impulsar el pelotazo que se produjo en Seseña en 2003», y recuerda la reunión que tuvo lugar en la Consejería de Obras Públicas de la Junta, en Toledo, con la participación del promotor inmobiliario, su hijo y el anterior alcalde de Seseña, el socialista José Luis Martín, sólo unas horas antes de que se aprobara el plan parcial por el que se recalificaba, de rústicos a urbanos, 1.822.147 m2 en El Quiñón.

Además, en el documento se afirma que el Gobierno regional, con su reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU), por la que los promotores no tienen que construir viviendas de protección oficial en los municipios de menos de 10.000 habitantes en la Comunidad de Castilla-La Mancha (891 municipios en ese momento, entre ellos Seseña), ha sido «cómplice necesario» para que se produzcan negocios como el de el «Pocero» en la región. La modificación de esa normativa legal parece realizada ad hoc para Francisco Hernando, que, gracias a ella, incrementará sensiblemente su beneficio por cada uno de los más de 13.500 pisos que va a construir a cuatro kilómetros del casco urbano de Seseña, localidad situada al norte de la provincia de Toledo, cerca de Madrid. Cayo Lara, coordinador de IU en la comunidad, señala que el actual Gobierno de Castilla-La Mancha es «prisionero» de José Bono.

El antiguo presidente de la Junta y ex ministro de Defensa mantiene una estrecha relación personal con Eduardo Zaplana desde hace años. En varias ocasiones ha sido invitado a participar en multitudinarias comidas celebradas en «El Señoret», una finca de los Barceló, suegros de Zaplana, en Benidorm. La amistad y los negocios están por encima de la disciplina de partido.

Ya en 2002, cuando Zaplana todavía era presidente de la Comunidad Valenciana y Bono ejercía similar cargo al frente de Castilla-La Mancha, el político albaceteño sorprendió a sus compañeros del Comité Federal Socialista al mostrar, públicamente, su apoyo a la candidatura de Eduardo Zaplana a la presidencia del Comité de las Regiones. «La amistad personal que, desde hace tiempo, mantiene Bono con Zaplana va a hacer que salte nuestra cohesión interna, para desesperación de los compañeros socialistas y regocijo de los populares», comentaba entonces, off de record, un dirigente del PSOE.

Como Bono, Eduardo Zaplana mantiene una excelente relación con el arzobispo de Toledo Antonio Cañizares Llovera, próximo al Opus Dei y unos de los prelados españoles situado más hacia la extrema derecha del espectro político. En diciembre de 2002, cuando ya era titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Zaplana asistió a la toma de posesión del prelado.

También ha acudido a él, más adelante, para interceder por su amigo Federico Jiménez Losantos y apoyar la continuidad del programa del incendiario locutor en la COPE, la cadena de la Conferencia Episcopal.

TRIPLE CARAMBOLA

Las singulares actividades de reforma de picaderos toledanos, compra de pisos en las zonas nobles de Madrid y promoción inmobiliaria en Seseña, que desarrollan Bono, Zaplana y el «Pocero», respectivamente, tienen algunos puntos de conexión.

Como ya hemos visto, Eduardo Zaplana suscribe el contrato de compra de su piso en el paseo de la Castellana el 19 de noviembre de 2002. La fecha de compra de la mansión tiene su importancia. Ese mismo día, el PAU de Seseña instigado por Francisco Hernando se presenta en el Ayuntamiento de Seseña. Y para mayor curiosidad, el día anterior, 18 de noviembre de 2002, se había solicitado la medalla del trabajo en su categoría de oro para el «Pocero» en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Seguramente por una intrascendente coincidencia, la entidad financiera que concede el crédito hipotecario al matrimonio Zaplana-Barceló para adquirir sus 500 m2 de vivienda de lujo en el centro de Madrid, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), comanda-da por viejos amigos de Zaplana, es también la entidad bancaria que asume el mayor riesgo crediticio en la operación del «Pocero» en Seseña: 267 millones de euros. Además, participan en ella, con menor protagonismo financiero, el Banco Popular, el Banco de Galicia, Caja Duero, el BSCH, Caja Cantabria, Iber-caja, Caja España, Banesto y BBVA.

Fuentes de la CAM explican al diario Expansión que, a pesar de que, en la operación de El Pocero, su entidad es la que asume mayor riesgo en préstamos, «también somos los que más tranquilos estamos. Ese dinero está muy amarrado».

Francisco Hernando Contreras es un constructor controvertido , acusado de comprar políticos, de hacer y deshacer a su antojo en presupuestos municipales y de crear periódicos locales desestabilizadores, con el único objetivo de defender sus tesis empresariales. A pesar de eso, el 19 de enero de 2004, el mismo día que las Cortes quedan disueltas, tras convocarse las elecciones del 14 de marzo, el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aprueba la concesión de la medalla del trabajo a su amigo el «Pocero». Esta decisión cae como una bomba en el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón, donde Hernando fue declarado «persona non grata» por el ayuntamiento de ese pueblo ya en 1992. A principios de los 90, Hernando se había convertido en un personaje temido en la localidad: editaba un diario para defender sus intereses, aseguraba haber «invertido en política» en el municipio para recoger beneficios, presionaba a los funcionarios para agilizar expedientes que le afectaban e incluso financió un partido político, Renovación Democrática, cuyos concejales se limitaban a favorecer los intereses del constructor. En este municipio intentó construir 500 viviendas sociales en un suelo no urbanizable, lo que le habría reportado un beneficio superior a los mil millones de pesetas.

Más adelante, sería el propio Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, ya libre de los hombres del «Pocero» quien solicitaría el recurso extraordinario de revisión de la medalla, trámite obligatorio para revocar su concesión. La moción fue aprobada con el voto favorable de los tres grupos políticos con presencia en la Corporación: PP, PSOE e IU. La moción acusa al amigo de Zaplana de «desestabilizador» y de ser «un peligro para las instituciones y la democracia».

El «Pocero» comparte amistad con señeros miembros de dos partidos que, al parecer, están enfrentados en una lucha sin cuartel: José Bono y Eduardo Zaplana.

Al frente de Horpavisa, marca principal de las empresas de su grupo, Hernando ha sabido granjearse amistades en casi todo el espectro político. Son imprescindibles para conseguir las recalificaciones previas a sus negocios inmobiliarios. Una vez asentado como pudiente empresario, y haciendo delirante ostentación de su poder económico, le ha resultado más fácil codearse con las elites locales en los actos sociales de relumbrón.

Su último capricho de nuevo rico es tener un jet similar al del hombre más rico del planeta, Bill Gates, un Global Express XRS. Y está en ello. La operación le va a costar 45 millones de euros. Una minu-cia para alguien que era pocero hace veinte años.

Hernando ya ha abonado una primera entrega a la factoría Bombardier y ha acordado depositar el resto en el momento de la entrega. A los amigos de Zaplana les encantan los jet privados. El «Pocero» podrá ahora emular a otro de los integrantes del clan de íntimos del ex presidente de la Generalitat, Julio Iglesias, y dotar a su Global Express de una bodega donde conservar los vinos Vega Sicilia con los que agasaja a sus visitantes.

El Global Express XRS no será su primer avión privado. En diciembre de 2004 creó la sociedad Jets Personales y la ha convertido en una de las más importantes de Europa. La firma cuenta con cuatro aviones, tres de los cuales están a nombre de Hernando, tras haberlos pagado, como es su costumbre, al contado.

Siempe va con el fajo en el bolsillo, como los tende-ros antiguos. A bordo de uno de las naves del «Pocero» viajó a Houston Rocío Jurado, para tratarse del cáncer que, finalmente acabó con su vida. Hernando tiene previsto ampliar pronto su flota aérea. La operación inmobiliaria de Seseña da para mucho.

El sobrenombre le viene a este peculiar personaje de sus años mozos, cuando comenzó a ganarse la vida ex-cavando y desatrancando pozos. Sin estudios básicos y después de bordear la quiebra en varias ocasiones, ha sido capaz de crear un pequeño imperio gracias a los réditos obtenidos con el negocio de la promoción y la construcción de viviendas. Su relación con el ex ministro Bono se remonta a los tiempos en los que éste regía Castilla-La Mancha. Bono ha puesto especial interés en que los negocios del «Pocero» en Seseña lleguen a buen puerto.

Precisamente en un lugar de amarre de grandes barcos de recreo, el puerto deportivo Luis Campomanes, de Altea, conoció Hernando al entonces presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana. Allí se refugiaba el constructor con su impresionante yate Lady Mónica II. Más adelante, el «Pocero» adquirió un barco aún mayor, el Clarena. En más de una ocasión, Eduardo Zaplana ha subido a bordo de este superyate en el puerto de Palma de Mallorca, junto a su inseparable Jaume Matas. Los 46 metros de eslora de la nave, por la que, incluso, ha pasado el rey Juan Carlos, se han convertido en un lugar idóneo para hacer negocios. Un serio contrincante con el que se tiene que enfrentar el palco del estadio Santiago Bernabeu.

LA MEDALLA, EN LA PRÓRROGA

Eduardo Zaplana le concede al «Pocero» la medalla de plata de su Ministerio en plenas vacaciones parlamentarias, el 19 de enero de 2004, en vísperas de que se publique en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de las elecciones generales del 14-M, que ya han sido anunciadas, diez días antes, por el presidente de Gobierno, José María Aznar. Cuando se publica oficialmente la concesión de la medalla, el 27 de marzo, Zaplana ya actúa como ministro en funciones, dos semanas después de que su partido haya perdido las elecciones generales.

Había firmado el visto bueno a la entrega del galardón a toda prisa, el día 19 de marzo, apenas cinco días después del batacazo electoral del PP, en plena conmoción por los atentados de Atocha y con la que estaba cayendo. ¿Tanto le debía a Hernando? Poco le importó a Zaplana que resultase especialmente chi-rriante el insólito hecho de que la solicitud de concesión de la medalla estuviese promovida desde el propio Ministerio y de que el expediente abarcase poco más que un lacrimógeno currículo del constructor.

En el dossier de la solicitud no se añadía, por supuesto, el relato del ex alcalde de la madrileña localidad de Villaviciosa de Odón, Felipe Sanz, sobre el encuentro que mantuvo con el constructor cuando éste fue a visitarle a su propio despacho municipal.

«Entonces sacó la chequera y me dijo: lo que necesite. Yo le vengo a resolver el pueblo. Tenga 200 millones de pesetas, para usted, para el partido o para las elecciones», asegura Sanz que le soltó, de corrido, el galardonado pocero. Tampoco se incluía en el lauda-torio informe ministerial lo que Hernando le espetó al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de IU, opuesto al Pau de El Quiñón. Fuentes ha denunciado la existencia de una trama corrupta, muy bien «engrasada» y creada con el fin de que a Hernando se le aprobaran todos los trámites necesarios para poder culminar sus planes especulativos. Cuando el alcalde se negó a aceptar la «mordida» del constructor a quien Zaplana concedió la medalla de plata al trabajo, éste le dijo: «Eres el más gilipollas de España». Los reconocimientos oficiales no tienen por qué estar reñidos con el lenguaje coloquial.

A pesar de que aspiraba al puesto más alto del podio, Hernando ve cómo el Ministerio «tiene a bien» concederle la Medalla al Mérito en el Trabajo «sólo» en su categoría de plata. Zaplana se ve obligado a rebajar de nivel el galardón porque la medalla de oro habría requerido una tramitación más compleja que, de forma inevitable, tenía que trascender más allá del Ministerio controlado por él. Significativamente, el expediente marca cuál es el origen de esta medalla:

«Solicitud, de oficio». Es decir, el gobierno admite que no hay una petición externa. Es su propia voluntad. Tampoco se realiza un trámite imprescindible en este tipo de procedimientos, como comprobar que el agraciado se halla al corriente de sus obligaciones legales con Trabajo y con Hacienda.

Además de los paseos en barco que el ministro ha dado con Hernando y de su compartida afición por hacer negocios financieros respaldados por la CAM, también aportan su granito de arena a la concesión de la medalla de plata algunos de los subalternos de Zaplana en el Ministerio. Otra casualidad: Carlos García Cano, consuegro del «Pocero», es el jefe de gabinete del subsecretario de Trabajo, Marino Díaz Guerra. Por cierto, Zaplana estuvo entre los invitados a la boda de la hija de Hernando. De momento, a pesar de estar investigado por la Fiscalía Anticorrupción como consecuencia del macroproyecto urbanístico de Seseña, el «Pocero» continúa conservando su medalla. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no ha revocado su concesión y eso que «no se puede concluir» las razones que llevaron a Eduardo Zaplana, durante su mandato como ministro de Trabajo, a otorgar el galardón al constructor.

Según la documentación oficial, se le concede «en atención a los méritos y circunstancias que concurren en Don Francisco Hernando Contreras». Los «méritos» que hacen posible semejante reconocimiento quedan recogidos en dos folios hagiográficos sin firma. Se ve que nadie se atreve a suscribir tamaño desafuero melodrámatico: «Nacido en Madrid, en el seno de una familia muy humilde, rozando la más absoluta pobreza, su vida se ha caracterizado por una extraordinaria capacidad de superación y sacrificio en el trabajo, junto a un excepcional espíritu emprendedor demostrado desde su niñez. Su padre era pocero y su madre, para ayudar al sostenimiento de la familia numerosa (cinco hermanos), vendía churros por la calle. Muchos días, el desayuno consistía en las puntas de las porras que los hijos pellizcaban a hurta-dillas». Después, el culebrón se extiende por carbo-nerías, traperías y bocas de riego, hasta que, a los ocho años, el futuro pocero se convierte en empresario aguador, ayudado por un borrico que lleva los cántaros. Por fin, los pozos y el ladrillo, y de ahí, a la cubierta del Clarena, en el muelle balear de Puerto Portals, con Zaplana, Matas y Rajoy de tripulantes.

Capítulo XI

LA REBELIÓN DE «FORREST» CAMPS Y EL CANDIDATO POR LOURDES

El zaplanismo es una forma de actuar en política en la que importa más la adhesión al líder que la imagen de la propia organización, el PP, que se proyecta finalmente sobre la opinión pública. Los fieles a Zaplana le siguen en todo, sin ninguna reticencia, y ellos se enorgullecen de actuar así.

Cuando llegó a la alcaldía de Benidorm, Eduardo Zaplana comenzó a tejer su entramado de intereses personales y de favores pendientes de devolución. A partir de ese momento, las instituciones públicas controladas por él durante toda su vida política se han ido convirtiendo en instrumentos de poder a su propio servicio. El zaplanismo, además de una fórmula de inque-brantable apoyo y sumisión al cabecilla del clan, constituye también un modelo de gestión pública que arroja numerosas sombras de sospecha sobre el jefe y sus allegados.

En Benidorm, aún se mantiene con bastante fuerza y cohesión parte del equipo de subordinados que montó Zaplana. Todavía, más allá de la menguante capacidad de maniobra política del líder, muchos le continúan idolatrando. Hasta ahora, en todas las campañas políticas se acercaba a la capital turística del País Valenciano para tomar un baño de masas.

Pero la cosa ha cambiado bastante. En su reducto más seguro también le están moviendo la silla.

Zaplana propuso como sucesor suyo en la Generalitat a un pupilo al que llamaba «Forrest» Camps. Pero el discípulo no quiso interpretar el papel de guiñol que su mentor había escrito para él. Ahora no se hablan y Camps impide que Zaplana pueda presentarse a las elecciones generales de 2008 en el primer puesto de ninguna lista valenciana.

Esa manera de entender la política, basada en la fe ciega en un individuo, se encuentra ahora con un grave problema: el referente es alguien que toma sus decisiones a centenares de kilómetros. Y cuyas prioridades personales, además, están allí, en Madrid. Pero el discípulo no quiso todavía hoy, muchos de los movimientos del PP en Benidorm se deciden después de «consultar a Eduardo». Zaplana mantiene aún una fuerte influencia en muchos municipios de las comarcas alicantinas, pero la presión del actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para hacerse con los mandos en todo el territorio valenciano va acorralando, cada vez más, a los zaplanistas.

En el comienzo de su ascenso político triunfal, el antiguo alcalde de Benidorm consiguió poner fin a años de crisis del PP en Alicante, encabezando una coalición de intereses entre los principales barones comarcales. Ese soporte se ha ido resquebrajando en los últimos tiempos. Más adelante, con su llegada a la Generalitat, Zaplana iniciaba una etapa de poder absoluto, tanto en el partido como en el Gobierno valenciano. Y él mismo se encargó de dejar claro, en privado y en público, que tenía todo el control de la situación. A diario, desde primera hora de la maña-na, gracias a un dosier de prensa concienzudamente elaborado por sus colaboradores, conocía al detalle lo que ocurría en el pueblo más pequeño del País Valenciano. Siempre intentó manejar todo y tener la mayor influencia posible en los medios de comunicación, una de sus obsesiones.

Su omnímodo poder quedaba patente con claridad cuando llegaba el momento de elaborar las candidaturas electorales. El órgano que ratificaba las listas del PP se reunía horas y horas a puerta cerrada. Pero en realidad, sus miembros, elegidos todos personalmente por Zaplana, no hacían nada durante ese tiempo, sólo esperar a que les llegara una comunicación por fax con la lista de los candidatos. Cuando el jefe ya había decidido, a nadie se le ocurría contradecirle ni en el más mínimo detalle. A continuación, el presidente de turno del comité electoral del partido informaba a los periodistas del contenido de las listas. Esta anécdota ilustra perfectamente la forma de hacer política del PP en la Comunidad Valenciana durante la época de mayor auge del zaplanismo. Todos los cargos regionales del partido tenían una dependencia total de las decisiones del omnipresente Eduardo.

En 2002, con Zaplana recién instalado en Madrid, pero todavía antes de las elecciones que convirtieron a Francesc Camps en su sucesor y con un presidente in-terino en la Generalitat, el PP convoca su congreso en el País Valenciano. Camps es el delfín de Zaplana y, en ese momento, a nadie se le pasa por la cabeza que el aparentemente devoto pupilo pueda descarriarse algún día. El recién nombrado ministro de Transportes tiene las manos libres para confeccionar el Comité Ejecutivo del partido en la Comunidad. De hecho, obliga a todos los compromisarios a firmar un aval para su candidatura como presidente del PP en Valencia, en un documento que presenta todavía en blanco el apartado donde deben figurar los nombres de los miembros que van a acceder a los cargos de responsabilidad. Así, los delegados que participan en el congreso dan su apoyo a una propuesta que, en realidad, todavía no se ha concretado. El culto al liderazgo infinito.

Este estilo es el que preside la gestión de Zaplana al frente del Gobierno valenciano. Él tiene siempre la palabra. Para hacer cualquier cosa, hay que esperar la decisión de Eduardo. Desde Terra Mítica a la contratación de Julio Iglesias, pasando por la Ciudad de la Luz. Todo ello conforma un modelo de actuación política basado en la ostentación, el incremento de la deuda, el absolutismo y el paralelo enriquecimiento de Zaplana y los suyos.

EL ZAPLANISMO REDUCIDO A SECTA

La batalla interna en el PP valenciano y el intento de Camps de disfrutar de su propio espacio político han ido limitando el poder de actual portavoz parlamentario del PP, que sólo mantiene aún cierto margen de maniobra en Alicante. El zaplanismo se ha convertido en una especie de secta, una facción interna que lucha por el control del partido, pero las deserciones en sus filas son constantes. El que controla el dinero es el que puede repartirlo.

«Eduardo se fue. Antes sabía con quien comíamos, cenábamos, nos reuníamos... Ahora está Camps y él es el presidente. Habrá que estar con él, es ahora el que decide», reconoce, con pragmatismo, un antiguo zaplanista que ha conseguido mantenerse a flote. Y añade: «No se puede estar en Madrid y seguir dando órdenes desde allí. No puede manejarnos a todos por teléfono móvil». Zaplana ha perdido el control del  partido en Valencia, y el «aparato» es una apisonadora. Por una cuestión de supervivencia, hay que llevarse bien con el que manda, nadie quiere perder sus salarios fastuosos y los privilegios que van aparejados al cargo que se ocupa. Al ex ministro de Transportes de Aznar se le empieza a torcer todo el 11 de marzo de 2004, por eso está empecinado en defender la teoría de la conspiración para explicar los atentados de Atocha. Los dirigentes del PP que detentan mayor poder en Castellón y Valencia son los primeros que empiezan a hacer sus cuentas después del 14-M. Ven claro que Camps es quien tiene ya el poder regional y que, sin duda, va a consolidar su posición.

A Zaplana le ha salido mal su jugada personal.

Mientras es ministro, disfruta de mucho margen de maniobra, puede chantajear a sus correligionarios valencianos con la amenaza de presionar para que el Gobierno les aumente o les recorte los presupuestos, pero como portavoz parlamentario de la oposición, su capacidad de actuación se resquebraja muy notablemente. Poco a poco, Camps se va quitando de en medio a muchos cargos heredados de la etapa de su antiguo mentor. Va soltando lastre y librando la cúpula de la administración valenciana de familiares de Zaplana y miembros de la peña Picarol. Resulta que «Forrest» Camps se niega a asumir el papel de guiñol que Zaplana tenía diseñado para él. Ahora, como consecuencia del enconamiento de sus disputas, no se hablan entre ellos, lo que ha dado lugar a situaciones muy incómodas cuando han tenido que aparecer juntos en público, por exigencias institucionales o del partido. Así que cada vez coinciden menos.

En la precampaña de las elecciones autonómicas de 2003, Francisco Camps, en ese momento candidato a la Generalitat designado por el propio Eduardo Zaplana, no oculta ya su deseo de presidir también el PP de la Comunidad Valenciana: «Sí, eso ya está dicho por el actual presidente Zaplana, que lo dijo públicamente». La llegada de Camps a la presidencia cambia el escenario montado por Zaplana. A las pocas semanas comienzan a producirse desencuentros entre ambos. Los partidarios de Camps se quejan de la injerencia excesiva del antiguo presidente, ya asentado como ministro en Madrid, y éste ve con preocupa-ción que Camps y los suyos se toman en serio lo de mandar y controlar. Decisiones como la de aparcar algunos grandes proyectos previstos (la ampliación del IVAM, entre otros) o el reconocimiento público de una importante deuda heredada de la etapa zaplanista contribuyen a ir tensando la cuerda. Rita Barberá y Carlos Fabra, dos pesos pesados de la política valenciana, se alinean enseguida con el nuevo presidente de la Generalitat.

La mayoría de los colaboradores más cercanos de Camps son ricos de cuna, pertenecen a la burguesía valenciana de toda la vida. Además, entre ellos hay numerosos elementos ultracatólicos (de los Legionarios de Cristo o el Opus), como el propio Camps o Juan Cotino, ex director general de la Policía con el gobierno de Aznar. Cuando las cosas se empiezan a torcer, manifies-tan cada vez más abiertamente su desagrado con el aire de nuevo rico de Zaplana y las contradicciones morales y religiosas que les provoca la vida de alguien como él.

Los adinerados por apellido empiezan a dar rienda suelta a la percepción del personaje que siempre han tenido pero se han callado en los tiempos que Zaplana te-nía toda la suerte de cara: le ven como un advenedizo arribista y un personaje que les resulta incómodo.

Cada vez conserva menos fuerza en Valencia y la posibilidad de refugiarse algún día en la retaguardia se hace casi imposible. Tras haber sido ministro, con pretensiones de jefe de gobierno, volver a su antiguo feudo convertido en un comparsa sería un fracaso excesivo para él. Zaplana se está creando enemigos por dividir a los valencianos del PP y los ayuntamientos en poder de sus seguidores están ahogados económicamente por la Generalitat, así que los zaplanistas tienen los días contados.

En unas elocuentes y amargas declaraciones al diario alicantino Información, en marzo de 2007, Fernando Modrego, ilustre miembro de la peña Picarol y beneficiario de varios cargos públicos durante la etapa de su amigo Eduardo al frente de la Generalitat, afirma: «No me molesta la etiqueta de zaplanista porque, hace cuatro años, todos éramos zaplanistas y el primero, el presidente de la Comunidad, Francisco Camps, que por eso fue nombrado por Eduardo Zaplana como candidato. No hay más que buscar en las hemerote-cas. Entonces todo el mundo era zaplanista».

Los seguidores del ex ministro van siendo purgados en todos los sectores. A principios de 2007, el gran perjudicado en el concurso de adjudicación de las TDT autonómicas es Jesús Sánchez Carrascosa. Antiguo jefe de gabinete de Zaplana y ex amigo personal suyo, mantenía desde hacía años una emisora alegal de ámbito local en Valencia y se ha quedado a verlas venir. Carrascosa sostenía, desde el principio de la primera legislatura presidida por Camps, una dura posición crítica contra él, dentro de la pugna entre campistas y zaplanistas en el seno del PP valenciano.

En cambio, Federico Jiménez Losantos, que, de momento, compadrea con Camps y con Zaplana y cuya trayectoria televisiva e implantación mediática en tierras valencianas era absolutamente desconocida, se hace con cuatro licencias, entre ellas la de Torrent, a la que los expertos atribuyen también amplia cobertura en Valencia capital. Además de las de Sagunto, Alzira y Elche.

Los desencuentros de Eduardo Zaplana con antiguos socios suyos llegan también al ámbito madrileño.

Con su amigo Florentino Pérez la relación ha ido a menos de forma vertiginosa. Mientras Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana, el constructor que llegó a presidente del Real Madrid se hizo con la realización de jugosas obras. El grupo empresarial de Pérez se adjudicó primero el proyecto de la línea 5 del Metro de Valencia y acabó convirtiéndose en el primer contratista de obras públicas de la Comunidad. En su libro Florentino Pérez. Retrato en blanco y negro de un conseguidor, Juan Carlos Escudier recoge la ilustrativa opinión de un anónimo dirigente del PP: «A Zaplana le gusta la gente de la que pueda fiarse y creo que le ha defraudado la correspondencia de trato que le ha dado Florentino. La relación le ha costado muchos disgustos, muchas críticas. Florentino no ha estado a la altura de las circunstancias». Esas «circunstancias» son , claro, el «do ut des» zaplanista.

Según relata Escudier, Zaplana decidió adjudicar a la constructora de Florentino Pérez, ACS, el concurso del nuevo Hospital de la Fe de Valencia, para cuya realización se presupuestaron 300 millones de euros.

La decisión provocó un torrente de críticas del diario Levante. Pero mientras Zaplana encajó las andanadas con su fingida indiferencia habitual, Pérez concertó una reunión con los principales responsables del diario para pedirles que le mantuvieron al margen de Zaplana. A partir de ese momento, el «molt honorable» empezaba a sentirse menos cómodo en el palco del Bernabéu.

MICHAVILA Y LOS «CORBATAS NEGRAS»

En los últimos tiempos, también ha habido víctimas de Zaplana que han resultado beneficiadas por la progresiva pérdida de poder político del portavoz parlamentario del PP. Es el caso de José María Michavila. El que fuera ministro de Justicia de Aznar, entre 2000 y 2002, se encontraba marginado, en el seno del Grupo Popular del Congreso, por decisión expresa de Zaplana. Hasta el punto de que era el diputado más absentista de la Cámara. Por orden directa de Rajoy, vuelve a ella en febrero de 2007, para participar en el debate con el recién nombrado ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

«Zaplana está tan ocupado con el 11-M que no tiene tiempo de asignarme trabajo», había dicho meses antes, para justificar sus prolongadas ausencias.

José María Michavila es miembro de una familia muy religiosa, varios de cuyos miembros pertenecen a los Legionarios de Cristo. Es el caso del propio ex ministro y de sus hermanos Narciso y Ana, esta última jefe de gabinete de Francisco Camps, otro político también abiertamente ultraconservador en materia religiosa.

Durante el tiempo que Zaplana le ha mantenido inactivo en el Congreso, Michavila ha dedicado sus principales esfuerzos profesionales a la representación artística de figuras tan conocidas como Alejandro Sanz o Shakira. Famosa por sus pegadizas canciones y por el sensual movimiento de sus caderas, la cantante colombiana comparte con su representante Michavila una notable devoción religiosa. En cierta ocasión le preguntaron en un programa televisivo:

«¿A qué lugar le gustaría viajar y por qué?». Y ella respondió: «A Roma, porque es la tierra donde nació nuestro señor Jesucristo».

La marginación de Michavila es quizá el caso más representativo de la forma de actuar de Eduardo Zaplana como máximo responsable del PP en el Congreso de los Diputados. Consigue forjar un Grupo Parlamentario a su medida, con la intención de que le sirva de blindaje en el futuro, poder continuar manteniendo cuotas de poder importantes e, incluso, intentar situarse en primera línea de salida ante el hipotético caso de que se produzca el recambio de Mariano Rajoy al frente del partido. Zaplana no asume que, si el político gallego pierde las próximas elecciones generales, la primera cabeza que rodará en el PP, además de la del sucesor de Aznar, será la suya.

Consigue colocar a Carlos Aragonés como presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, en lugar de Ana Palacio. A Miguel Ángel Cortés lo sitúa de portavoz adjunto del Grupo Popular y a Vicente Martínez Pujalte de portavoz económico del Grupo. Entre sus más fieles respaldos se encuentra también la diputada popular Su-sana Camarero, otra de las fascinadas por el atractivo personal de Zaplana. Ella es la que defiende la abs-tención de su partido en el debate que tiene lugar en el Congreso sobre la Ley de Igualdad, el 15 de marzo de 2007, que finalmente resulta aprobada.

Zaplana domina el grupo con mano de hierro, apoyado por su camarilla, y los diputados que no son de su cuerda le tienen pánico. El que se atreva a sacar los pies del tiesto que se atenga a las consecuencias. Pero al ex ministro de Trabajo se le acumulan las faenas de contención en diversos frentes. Dentro de su partido le van creciendo los enemigos. Ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni Miguel Arias Cañete, Ana Pastor o Federico Trillo pueden verle. Eso dentro de su entorno madrileño más cercano. Le acusan de que lleva la políti-ca del partido, en el terreno parlamentario, de forma demasiado personal, y que de sus negociaciones con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba no se enteran debidamente los responsables del «aparato» de Génova.

Según propias fuentes del PP, Zaplana y sus amigos del antiguo Clan de Valladolid no representan ninguna «sensibilidad» política dentro del partido. Han pasado a ser denominados el «clan de los conspiradores», amparados por la sombra de Aznar. Son los que, a lo largo de ocho años, dominaron la Presidencia de Gobierno de Aznar a través de Carlos Aragonés. Durante los últimos tiempos, como portavoz del grupo parlamentario, Zaplana se ha convertido en el cabecilla del grupo. Todos son ricos ya, pero su supervivencia política y la posibilidad de seguir ocupando puestos importantes depende de las próximas elecciones generales.

Un importante sector de la dirección del PP considera a Zaplana y Acebes los principales responsables del descalabro que sufrió esta organización el 14-M. Dentro del grupo parlamentario, los diputados que no son zaplanistas se refieren a ellos como los «corbatas negras».

SE ACABAN LAS «HIPOTECAS ZAPLANA»

El primer gran revés que sufre Zaplana en Valencia durante un acto concebido para lucirse en público, se da el 24 de enero de 2007, con motivo de la presentación del libro La transformación de la Comunidad Valenciana 1995-2003, una desmedida apología de su gestión al frente de la Generalitat, pagada con dinero público y coordinada, cómo no, por el clan Martínez-Pujalte. Pincha de forma ostensible. Casi ningún po-lítico valenciano con algún cargo de relevancia acude al acto. Sólo varios incondicionales llegados de tierras alicantinas. Es la soledad del murciano afincado en Madrid. Además, unos días antes, Mariano Rajoy ha tenido que intervenir en la pugna que zaplanistas y campistas mantienen para renovar la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Y el máximo dirigente del PP ha dado la razón a Camps.

Mariano Rajoy respalda las propuestas de los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y la de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para la renovación de cargos en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y desautoriza posibles acuerdos de un sector del partido con otras formaciones, como el PSOE. Y eso es lo que pretendían los seguidores de Eduardo Zaplana en Valencia. El portavoz del PP en el Congreso considera que, si las cosas vienen mal dadas para él y resulta defenestrado en Madrid, la CAM constituye una garantía fundamental de que va a seguir disfrutando de verdadero apoyo en la retaguardia.

Con motivo del proceso de renovación de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), campistas y zaplanistas presentan listas separadas con la indisimulada intención de colocar un presidente afín y lograr el control de la entidad, la cuarta caja de ahorros española, con 6.000 empleados y participaciones estratégicas en sectores económicos como el turismo y el energético. Una entidad bancaria que ha prestado, además, generoso respaldo a Eduardo Zaplana en la compra de su piso del madrileño Paseo de la Castellana. Además, la CAM participó en la financiación de la gran mayoría de los grandes proyectos impulsados por Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002, entre ellos la construcción de Terra Mítica.

El gobierno valenciano da por sentado que Eduardo Zaplana ha diseñado la alianza con el PSOE para confeccionar una lista de consejeros para la CAM, que rompe lo pactado con Francisco Camps. Tan insólita alianza surge en una comida en Madrid entre Zaplana y el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Es la primera vez que el Gobierno valenciano afea públicamente la actitud de Zaplana de boicotear actos oficiales, acuerdos políticos o presenta-ciones públicas. Ya antes se han producido plantes de los diputados zaplanistas en las Cortes Valencianas, incidentes durante la celebración de la festividad de la Comunidad y presiones a la hora de confeccionar listas electorales. El pulso entre Zaplana y Camps abre importantes crisis en varios ayuntamientos controlados por el PP y da lugar a crecientes enfrentamientos entre los partidarios de ambas facciones. En noviembre de 2004, los partidarios de Zaplana y Camps ya se habían enzarzado en una pelea monumental, en Elche, durante la elección de compromisarios al congreso provincial, con las urnas volando por los aires.

NUEVA PARTITURA EN EL FESTIVAL DE BENIDORM

En abril de 2007, la confección de las listas municipales para concurrir a las elecciones del 27 de mayo siguiente, en un lugar tan significativo como Benidorm, enfrenta de forma abierta al presidente regional del PP valenciano, Francisco Camps, y al portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana.

El PP de Benidorm aún está dominado por políticos afines a Zaplana, con Gema Amor al frente y Fernando Modrego como cabeza del comité electoral local.

La lista que el propio Modrego envía al comité electoral regional está plagada de fieles a Zaplana y se relega a militantes que se adscriben a las filas del campismo.

Esta lista, que ni siquiera es consensuada con el alcalde, Manuel Pérez Fenoll, resulta rechazada de pla-no por el comité electoral regional que preside Pedro Agramunt y del que es miembro el senador Miguel Barceló, suegro de Zaplana.

Precisamente el veterano político de Benidorm es quien intenta negociar la rebaja del carácter neta-mente zaplanista de las listas. Barceló coincide ya plenamente con Camps, pero sabe que la situación es muy delicada, porque existe un riesgo real de ruptura del PP en esta localidad. Hay que mantener un cuidado exquisito para desmontar la trama zaplanista sin desarbolar el partido.

La obsesión del presidente regional del PPCV, Francisco Camps, es que se resuelva el pleito con el menor revuelo social posible, ya que el equilibrio de fuerzas en esta localidad, en las elecciones de 2003, fue extremo: los populares ganaron la Alcaldía por sólo 1.700 votos, frente al PSPV, y no conviene tener que recurrir a una nueva Maruja Sánchez.

La intención, además, es que Benidorm se convierta en un ariete del proyecto del PP de Francisco Camps, capitaneado por Gerardo Camps, vinculado familiarmente a esta localidad turística y cabeza de la lista autonómica por Alicante. Para ello, es clave confeccionar una lista municipal acorde al nuevo orden orgánico en el partido. Al final, los zaplanistas se conforman con rebajar de forma drástica su presencia en la lista municipal y el jefe se traga la amarga derrota. La ausencia del portavoz del PP en el Congreso en el principal acto electoral de partido en Benidorm es la principal noticia de la campaña. Los populares de Benidorm consagran su rendición al campismo en ese mitin. La presidenta local del partido y número dos de la lista, Gema Amor, se queda sola, sin compañeros zaplanistas, en un acto de permanente aclamación a Camps. El reelegido alcalde Pérez Fenoll también deja meridianamente clara su adscripción al campismo.

Ángela Barceló, número tres en la lista y cuñada de Zaplana, y su padre, el senador Miguel Barceló, convertidos al campismo, alardean sin tapujos de que son ellos quienes controlan el partido. Además, el hijo de Ángela Barceló, Agustín Almodóvar, se hace con la presidencia de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP, en la localidad. Agustín Almodóvar Barceló confiesa públicamente que su referente –y «el espejo en el que me miro»– es Miguel Barceló, su abuelo. No su tío Eduardo: «Mi abuelo es el padre político de mucha gente, no sólo de Eduardo Zaplana». Y sostiene que, hoy en día, el PP en la Comunidad Valenciana, incluido Benidorm, feudo tradicional del zaplanismo, «tiene que estar con Francisco Camps, como antes lo estuvo con Zaplana».

Las diferencias políticas y las desavenencias familiares han enfrentado ya definitivamente a Eduardo Zaplana con Miguel Barceló, su suegro y principal pa-trocinador inicial. La apuesta del portavoz del PP en el Congreso por la fiel Gema Amor, en Benidorm, frente a su cuñada Ángela, le sale mal. Cuando su propia familia, que le ha financiado y avalado durante mucho tiempo, sobre todo en los momentos claves del despegue de su carrera, contraprograma el plan que él ha diseñado con una candidata alternativa, su propia cuñada, es que la cosa está muy mal. Más aún cuando la propia mujer de Zaplana, Rosa Barceló, hace campaña por su hermana. Los Barceló están ahora con Camps, pero son, sobre todo, antizaplanistas.

El 3 de junio de 2006, la revista Qué me dices, en su número 481, titula en portada: «Zaplana rehace su vida con otra mujer. El portavoz del PP, de 50 años, se escapó a Sicilia con su compañera de partido Elvira Suanzes, de 28». En páginas interiores aparecen fotos de ambos en actitud inequívocamente cariñosa, durante una viaje a Palermo (Sicilia). Posiblemente, habían ido a ver una iglesia de los Borgia rehabilita-da por la Generalitat en la época de Zaplana. La joven Suanzes es, en ese momento, diputada por el PP en las Cortes Valencianas. Camps la elimina de las listas electorales en mayo de 2007.

En la revista también se incluyen otras fotos en las que aparecen juntos Zaplana y ella, que, según se señala en el pie, están hechas en Madrid. Pero, en realidad, las instantáneas se tomaron en Valencia, cuando ambos salían del Hotel Inglés, situado en pleno centro de la ciudad, cerca de la plaza de la Reina.

Junto a ellos aparece el asistente de Zaplana, Gregorio Fideo. En esa ocasión, el siempre autosuficiente Eduardo Zaplana estuvo a punto de perder los nervios y se encaró agresivamente con el fotógrafo.

Los ejemplares de ese número de la revista ¿Qué me dices? desaparecen de los quioscos de Benidorm a los pocos minutos de ponerse a la venta. Los zaplanistas se encargan de comprar rápidamente la mayor parte de las revistas que se han distribuido en la localidad. Cuando los vecinos se van enterando de la historia, ya no hay ni una sola en circulación. Los lectores más interesados y pertinaces se tienen que acercar a algún pueblo cercano para intentar localizar la publicación.

Esa no es la primera vez que se le adjudica alguna novia a Eduardo Zaplana en los medios de comunicación, aunque nunca antes han sido publicadas pruebas tan contundentes. En febrero de 2001, la revista Dígame ya le había atribuido un supuesto romance con Paloma Lago. Esta revista señalaba:

«¿Quién nos iba a decir que, nada más y nada menos que el presidente de la Generalitat Valenciana y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Eduardo Zaplana, podía ser el ejemplo de Don Juan de la política española?». La publicación llegaba incluso a señalar los hoteles Palace y Santo Mauro como los lugares de encuentro de Zaplana con sus novias durante sus viajes a Madrid.

El grupo teatral valenciano Pot del Plom también volvía al tema de los amores extramatrimoniales de Zaplana en su obra L’Estrangy viaje, en la que se relacionaba al ex presidente de la Generalitat con una fallera mayor y con la actriz y presentadora María Abradelo, que disfrutó de sustanciosos contratos en la televisión pública valenciana. El cartel de promoción de la obra, que mostraba una caricatura de Zaplana, fue censurado.

La mujer de Eduardo Zaplana, Rosa Barceló, siempre ha mantenido una actitud pública absolutamente discreta y ha evitado adquirir el menor protagonismo en los medios de comunicación. El matrimonio tiene tres hijos. El único varón padece una grave minusvalía y pasa largas temporadas ingresado en una residencia valenciana especializada. La hija mayor, Rosa, es también bastante discreta, como la madre. Y la pequeña, María, es la más cercana al padre y la más pa-recida a él. Estudia Derecho, como Zaplana, y en 2006 se la puede ver, en algunas ocasiones, acompañándole por las dependencias del Congreso. Ese verano, María, con 20 años, hace prácticas de periodismo, durante el mes de agosto, en el diario El Mundo en la sección de economía. El trabajo más reseñable que realiza durante ese tiempo es una entrevista al amigo de su padre y ministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, con motivo de la huelga que mantienen en Barcelona los trabajadores del aeropuerto de El Prat. María llama directamente al móvil personal de Rubalcaba para conseguir la exclusiva.

Hasta que decide poner fin a sus prácticas de periodismo antes de tiempo, todos los días va a trabajar, a la madrileña calle de Pradillo, donde está ubicado el diario, en un flamante Porsche Cayenne, un todoterreno deportivo de altas prestaciones, cuyo precio oscila entre los 55.000 y los 131.000 euros, dependiendo de los aliños y los extras que lleve incorporados.

Sólo el seguro a todo riesgo de un vehículo así sale por un pico: alrededor de seis mil euros anuales. Y darle de comer tampoco está nada mal: 20 litros de combustible cada 100 kilómetros. Su padre empezó, algo más talludito ya, con un opel vectra de 16 válvulas.

La venta del piso del matrimono Zaplana-Barceló en la zona de la Pagoda de la capital del Turia, en otoño de 2006, se interpreta como una muestra más de que el portavoz del PP en el Congreso tiene intención de alejarse de la vida cotidiana y la política de la Comunidad Valenciana.

QUÍTATE TÚ QUE ME PONGO YO

Tras la traca fallera en la que se convierte la elaboración de las listas electorales del PP valenciano para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2007, a consecuencia del enfrentamiento entre Zaplana y Camps, la partida se decanta ya claramente del lado de este último. Sólo en Alicante conservan los seguidores del portavoz parlamentario algunos reductos. La debilidad de Zaplana en el cuartel general del PP, en la madrileña calle Génova, le lleva a sopesar bastante los recursos que pone en juego en la batalla por las listas electorales y deja a muchos de los suyos sin amparo, a merced de Camps. La evidencia de su pérdida de poder hace que en las filas zaplanistas empiece a producirse una considerable sangría, y los que aún pueden hacerlo valoran la posibilidad de pasarse al bando vencedor. Entre los altos cargos zaplanistas, Camps sólo salva a los tres que son consejeros en su gobierno, para evitar una crisis institucional.

Gracias a eso, repiten como diputados autonómicos Miguel Peralta, Gema Amor y Alicia de Miguel.

A la hora de elaborar las listas, una cuestión importante que se debe tener en cuenta es que algunos candidatos imputados en causas penales necesitan ir colocados en puestos que les garanticen la elección.

Así alcanzan un refugio fundamental para eludir la persecución judicial. Es el caso, por ejemplo, de los alcaldes de Alicante y Torrevieja, Luis Díaz Alperi y Pedro Ángel Hernández Mateo, respectivamente.

Ambos consiguen optar al acta de diputados autonómicos del PP por Alicante y su elección confiere un nuevo giro a sus procediminetos judiciales, derivado de su condición de aforados. El primero cuenta con una doble imputación: el supuesto desfalco de seis millones de euros en la firma Mercalicante y un presunto trato de favor a un contratista en la adjudicación de tres aparcamientos. Hernández Mateo está imputado por tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

Pero el caso más significativo de todos los políticos valencianos del PP perseguidos por la justicia es el de Carlos Fabra, el eterno presidente de la Diputación castellonense. Para cubrirse, decide él mismo, sin que nadie se lo discuta, ubicarse en una plaza segura, la de número 3 de la candidatura del PP para el Ayuntamiento de Castellón. El antiguo aliado de Zaplana, asociado ahora con Camps, continúa manteniendo su poder político con desparpajo. Como presidente de la Diputación de Castellón, se sube el sueldo un 10 por 100, hasta los 92.400 euros, después de las elecciones autonómicas de 2007 e incluye en la lista de senadores de designación autonómica a su hija mayor, Andrea Fabra, de 34 años. La nueva senadora por Valencia reside en Madrid desde hace años y está casada con el actual consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Durante varios años, Andrea Fabra ha disfrutado de un puesto de trabajo en la Fundación Telefónica, bajo las órdenes de Arturo Moreno, viejo amigo de Zaplana y uno de los implicados en el caso Naseiro, que no se quedó descalzo después de aquel pleito. Para completar la jugada, Carlos Fabra ha incrementado el elenco de cargos de libre disposición en la Diputación castellonense, de 23 a 33 personas. El conjunto de asesores costará a las arcas públicas cerca de 1,2 millones de euros anuales. En el reparto de juego es donde se ve quiénes siguen partiendo el bacalao.

Desde principios del 2006, Zaplana no ha dejado de lanzar globos sonda para detectar cuál es el poder real que le queda en la comunidad que presidió antes que Camps. Pero sus anuncios de que quiere ser el «número uno» de la lista del partido por Valencia, en las elecciones generales, ha sido interpretada como un ataque en toda regla al actual presidente autonómico. Camps ha dejado claro que no quiere a Zaplana en ninguna lista electoral valenciana. En Castellón, la cosa está clara con Fabra, que ha roto hace tiempo su acuerdo de mutuo interés con el ex presidente de la Generalitat. En Valencia, férreamente controlada por su antiguo pupilo «Forrest» Camps, tampoco tiene nada que hacer, y en Alicante, en otro tiempo feudo intocable del zaplanismo, las cosas también pintan en bastos para el portavoz parlamentario del PP.

La lista de Madrid parece su única alternativa, y va a haber puñaladas por los puestos. En septiembre de 2007 la prensa valenciana se hace eco de unas declaraciones que llevan el inequívoco sello de Zaplana. Preguntado sobre la imposibilidad de aparecer en la candidatura de Valencia y los problemas de escalafón que van a surgir para elaborar la de Madrid, el portavoz parlamentario del PP contesta: «Me presentaré por Lourdes». Al final, va acabar teniendo fe. Y podrá arrepentirse de sus actos, como buen pecador.

Capítulo XII

PERFIL BIOGRÁFICO DE EDUARDO ZAPLANA

Eduardo Zaplana Hernández-Soro nace en Cartagena el 3 de abril de 1956.

En 1975 comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Valencia. Finaliza la carrera, a mediados de la década siguiente, en la Universidad de Alicante.

Comienza su andadura política en UCD, partido en el que permanece hasta 1982 y del que llega a ser secretario de Organización en la provincia de Alicante.

En 1980 contrae matrimonio con Rosa Barceló.

En 1988 se afilia a Alianza Popular y, poco después, cuando esta formación se convierte en el PP, comienza su ascendente carrera política dentro de ella, avalado siempre por José María Aznar. El 11 de febrero de 1990 mantiene la conversación con el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que aparece en las cintas del caso Naseiro, en la que Zaplana dice: «Le pides dos millones de pelas o tres... y me das la mitad bajo mano». Ese mismo año es elegido presidente del PP en la provincia de Alicante.

El 26 de mayo de 1991 resulta elegido concejal del PP en el Ayuntamiento de Benidorm y diputado en las Cortes Valencianas, en las que permanece como portavoz de su grupo parlamentario hasta el 21 de octubre de ese año, fecha en la que presenta su dimisión.

Un mes después, el 22 de noviembre de 1991, accede al cargo de alcalde de Benidorm gracias al voto de la concejala tránsfuga socialista María Sánchez Trujillo.

Como vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde de Benidorm y diputado autonómico, abandera la oposición al decreto de homologación del catalán y el valenciano en la enseñanza.

El 26 de septiembre de 1993 es elegido presidente del PP en la Comunidad Valenciana, en el séptimo congreso regional del partido, celebrado en Castellón. Respaldado por el 95 por 100 de los votos de los 796 compromisarios asistentes, sustituye en el cargo al senador Pedro Agramunt.

Poco más de un año después, el 5 de noviembre de 1994, dimite como alcalde de Benidorm para preparar su candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

Los resultados electorales del 28 de mayo de 1995 dan el triunfo al PP, que por primera vez gana en Valencia unos comicios autonómicos. Con 42 escaños, la candidatura encabezada por Zaplana queda a tres diputados de la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. El conocido como «Pacto del pollo», entre Zaplana y el dirigente de Unión Valenciana (UV) Vicente González Lizondo, permite al ex alcalde de Benidorm contar con los cinco diputados de esta formación y acceder a la presidencia de la Generalitat.

En el seno de su partido, Zaplana renueva, el 28 de septiembre de 1996, el cargo de presidente del PP valenciano. Es reelegido con el 98 por 100 de los votos de los compromisarios asistentes y se compromete a «liderar España desde la Comunidad Valenciana». También forma parte de la Ejecutiva Nacional del PP.

El 13 de junio de 1999 consigue la mayoría absoluta en las nuevas elecciones autonómicas y se proclama presidente de la Generalitat por segunda vez.

Y el 24 de septiembre de ese año es elegido, por tercer mandato consecutivo, presidente del PPCV.

El 6 de febrero de 2002 es elegido vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE a propuesta del Partido Popular Europeo.

El 9 de julio de 2002 es nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales por el presidente del Gobierno José María Aznar, en sustitución de Juan Carlos Aparicio. Poco después, el 22 de ese mismo mes, las Cortes Valencianas, con mayoría absoluta del PP, le eligen senador en representación de la comunidad.

Tras las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003 es elegido nuevamente senador por las Cortes Valencianas.

El 3 de septiembre de 2003, en la remodelación gubernamental realizada por José María Aznar, es confirmado en su cargo de ministro de Trabajo y, además, nombrado portavoz del Gobierno, en sustitución de Mariano Rajoy, que abandona el Ejecutivo tras ser elegido secretario general del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones de marzo de 2004.

El 16 de marzo de 2004 cesa como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y como portavoz del Gobierno, tras perder el PP las elecciones generales dos días antes. Se mantiene como ministro en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno socialista, el 18 de abril.

El 1 de abril de 2004 es elegido portavoz del Grupo Popular en el Congreso, en sustitución de Luis de Grandes.

Anexo

Transcripción completa de la conversación entre Eduardo Zaplana y Salvador Palop extraída del sumario del caso Naseiro.

LLAMADA DEL DÍA 11-02-1990 – (13’22 horas) - SALVADOR PALOP A EDUARDO

(DESCUELGA UNA MUJER)

M. – Si, digame.

S. – Oye, ¿está Eduardo?

M. – Si. ¿De parte de quién?

S. – Boro.

M. - ¡Ah, espera un segundín!

(SE PONE EDUARDO)

E. – Si.

S. - ¿Qué hacemos el domingo en el despacho?

E. – De entrada te diré que eres un maricón, un hijo puta, un cabrón y de todo.

S. - ¿Por qué?

E. - ¿Eh?, mira. Se está muriendo el padre Juan Francisco, tu lo sabes y no me lo dices. Te vas a Madrid a la presentación de la revista de Fontán. No me llamas para que vaya contigo.

S. – Ostras, pero yo creía que te habían enviado también carta a ti.

E. - ¿Eh?

S. – Pero si es qué… Pero yo lo que no entiendo…

E. – Si.

S. – Es lo siguiente.

E. – A ver

S. – El otro día.

E. – Si.

S. – Estoy yo hablando, estaba hablando con… y estaba Rosendo delante. Y comenta el tema de Alicante.

E. – Si.

S. – Y dicen; dicen, porque es que y tal y cuál… dicen Montesinos no sé qué con Luis Fernández. Luis Fernández dice que le ha dicho a Montesinos. Y le digo; si pero tu no sabes lo que me ha dicho Luis Fernández, en todo caso entre Montesinos y Luis Fernández no hay color.

E. – Si.

S. – Y salta… y salta Arturo.

E. – Si.

S. – A mi me lo decía ¿eh?

E. – Si.

S. – Fíjate… Montesinos. Ahí lo… la persona que tiene la presidencia Provincial está clara…

E. – Si.

S. – Y yo no me refería a la Presidencia Provincial ni a nada.

E. – Si.

S. – Y ya está. Y qué lo demás son tonterías, Rosendo; pues claro. Eso, a mi me dicen, no no. Como si yo fuese en contra tuya.

E. – Enemigo, cabrón.

S. – Si, no… Pero yo me quedé acojonado. Yo digo…

E. – Te van conociendo…

S. – No, no, no… Es que yo lo había comentado, tal y cuál. Es decir que yo ayudarte a ti yo no te puedo ayudar más.

E. – Te han visto el plumero. Te han visto el plumero… que vas en contra mía.

S. – No, si es que no te puedo ayudar más porque joder… Los tiene lanzados. Yo digo, pues a este le habrán avisado también. Yo que sabía.

E. – Pues macho, me voy el martes. Te pensaba dejar fuera pero me da pena. Me voy a hacer financiero. Me voy el martes a Sevilla.

S. - ¿A que?

E. – Voy a ver si hago una cosas con la Expo.

S. - ¿De que?

E. – Está ahí Ruidera el jefe.

S. - ¿Pero que vas a hacer?

E. - ¿Eh?

S. - ¿De que vas a comprar?

E. – Voy a ver ahora que han echado a Juan Guerra, a ver si…

S. – A ver si…

E. – A ver si lo sustituyo.

S. – Pero bueno, ¿pero vas a comprar o a vender?

E. - ¿Eh?

S. - ¿Qué vas a vender?

E. – Voy a que Ruidera me explique lo que tengo que hacer. Voy a ponerme a sus órdenes…

S. – Pero explícale… a mi también ¿eh?

E. - ¿Eh?

S. – Explícale lo mío aquí.

E. - ¿Quieres que te meta en el ajo? ¿Eh?

S. – Claro.

E. – Vamos a vender y a comprar y hacer de intermediarios.

S. – Claro.

E. – Para ellos.

S. – Claro.

E. - ¿Sabes? Me voy el martes con él, a Sevilla y el miércoles estoy en Madrid.

S. - ¡Ah muy bien!

E. - ¿Eh? No paro de viajar.

S. – Yo seguramente estaré el jueves.

E. - ¿El jueves en Madrid?. Pero entonces, ¿cómo te van los negocios? Me han dicho que ahora eres empresario inmobiliario ¿también?, ¿o te dedicas a la construcción?.

S. – Si.

E. – Que estás haciendo áticos en Valencia.

S. - ¿Áticos? Y entonces los bungalows, entran la semana que viene o la otra ya.

E. - ¿Si? ¿Pero esa es la sociedad de… célebre?

S. - ¿Qué sociedad?

E. – La de los Vaticanos.

S. – No.

E. - ¿Otra que has montado tú?

S. – Esa es… Esa es una promotora inmobiliaria mía.

E. - ¡Ah, tuya!

S. – Si, si, si.

E. - …como de los motivos.

S. – No, no. Yo no he puesto los nombres, y todo mío ahí y va adelante.

E. - ¿Si?

S. – Si, si, si.

E. – Mira hombre...

S. – Ya tengo el escrito en marcha.

E. – Si, ¿no?

S. – Si, por eso ha caldeado. Oye, ¿tu tienes ahí alguna S.L., que sobre?

E. – Alguna S.L. que me sobre. Puedo tener una, si.

S. – Pues consígueme una S.L.

E. - ¿Si?

S. – Si.

E. – Pero ¿Por qué no quieres tu constituir una?

S. – No. Por una sencilla razón. Porque quiero tener una S.L.

E. – Si.

S. – Constituido en Alicante…

E. – Si.

S. – Y qué pueda poner… porque yo ya tengo. Mira las acciones de TOGMEO.

E. – Si.

S. – Tengo una de INVALESA.

E. – Si.

S. – Y tengo la del grupo FUTUROS FINANCIEROS.

E. – Si.

S. – Y quiero hacer, o comprar una sociedad más.

E. – Si.

S. - ¿Eh? Todas esas son pequeñitas, de tres o de cuatro. Pero eso se van a hacer muy grandes…

E. - ¿Tu recuerdas que tienes una en Valencia de hace mil años que se llama PUBLIMAR, ¿no?

S. – Si pero ya no se ni donde está.

E. – Que no la hemos liquidado ni nada ¿eh?

S. – Claro. Podíamos hacer la de PUBLIMAR.

E. – Y cualquier día vendrá Hacienda y nos pegará un paquete.

S. – Si.

E. – Por no declarar. Aunque sea negativo. ¿Eh?, yo tengo un par de sociedades aquí que te pueden servir.

S. – Bueno. Pues a ver si me consigues una S.L.

E. – Si.

S. – Y eso se puede pasar al portador y todo, nada más.

E. - ¿Eh?

S. – Y eso, ¿Qué se pasa por corredor?

E. – Claro no. Lo único que tendrás que hacer es el cambio de actividad.

S. – Si, si. Ya lo arreglaré ya lo arreglaré eso en el despacho.

E. – Si eso va en un momento y se hace. ¿Eh, hijo mío?

S. – Bueno.

E. – Oye cuéntame cosas. ¿Cómo está todo?

S. – Muy bien.

E. - ¿Si?

S. – Oye pero eso de la sociedad lo necesito ésta semana que viene, no. La otra.

E. – Bien, bien. La tienes.

S. – O dentro de dos semanas.

E. – Yo tengo aquí un cacao increíble.

S. - ¿Por qué?

E. – Porque me apoya el Presidente. Todo dios, menos Luis Fernando, - macho qué…que dice que yo tengo que quedarme con él solo – aunque sea para perder.

S. - ¿Cómo?

E. – Luis Fernando Cartagena. Dice que tenemos que mantener el pabellón de… de la pureza y de las ideas. Y que no hay que venderse al oro de Moscú, aunque nos ofrezcan ser Presidente. Con lo cuál estoy en una situación difícil.

S. – Pero, pero él cuenta contigo para Secretario Provincial, y los demás cuentan contigo para Presidente ¿no?

E. – Claro, claro.

S. – Ese es el tema ¿no?

E. – Ese es el tema.

S. – Bueno, pues que te sigan proponiendo, y cuando se quede…

E. – además es que Montesinos quiere ir a Madrid conmigo fijando fecha del Congreso y él ha firmado un documento con tres cuartas partes de la Provincia, diciendo que yo tengo que ser Presidente y quiere que lo firme yo. Y ya me está presionando hasta la saciedad. ¿Comprendes?

S. – Tu fijate. Querer pasar con la unanimidad

E. - ¿Eh?. Pero es que la unanimidad va a ser prácticamente imposible.

S. – Entonces esto que se le dará cuenta a Luis Fernando?.

E. – Hombre a Luis Fernando no. Se quedará al margen. Si quiero ser Presidente y si no, pues me quedaré…

S. – Pero te lo recoges luego para vice-presidente. Gilipollas. A Luis Fernando.

E. – Claro. Pero si ES que El tío quiere. Si es que el tío está como…

S. - ¿Qué quiere ser Presidente?

E. – O yo o el diluvio, claro.

S. - ¡Ah cojones! Se lo han creido tanto que ya…

E. – Claro. Ahora quiere ser Presidente Regional y Presidente provincial…

S. - ¿Ahora Presidente Regional también?

E. – Si. Presidente Regional. Presidente Provincial. Diputado Nacional. Alcalde de Orihuela y de todo. Ese es el único problema que él tiene. Que se cree, como en Valencia se lo habéis hecho creer tanto, entre la Rita, el Juan Carlos Gimena y toda ésta gente…

S. – Si.

E. – Que no tienen candidato y que van buscando a él como candidato pues ahora está un poco encolado. Conmigo se lleva muy bien ¿no?, yo estuve hablando con él el jueves por la noche. Pero claro es que las dos partes creen que yo estoy con ellos. ¿sabes?.

S. – Tu sigue llevándote bien con todos.

E. – Y tarde o temprano tendré que decir con quien estoy.

S. - ¿Eh?, tu siguete llevándote bien con todos y luego a lo mejor, - que llegue Lucas y que te ordene, hacer una lista… y ya está. Entonces la lista ya se puede hasta hacerla. No es que te vaya bien con todas las partes si no que la hagamos por huevos tendrás que hacer la lista mía. Y en la lista mía ¿quién?, pues tú de Presidente ¿Eh?

E. – No si a mi me viene perfectamente. Mi mejor amigo ahora mismo, mi máximo valedor en Madrid…

S. – Si.

E. – Que no se mete nadie conmigo, porque saca la espada y lo mata en Pepe Cholvi.

S. – No me digas, que morro tiene.

E. – Dice que yo soy el futuro ¿Eh?

S. – Que morro tiene.

E. – Me apoya incondicionalmente…

S. – Que morro. El ha oído por donde iban las campanas, y ahí se apunta.

E. – El quiere ser un hombre que me sirva. Pero así ¿eh?. Me llama ayer…

S. - ¿Te acuerdas?. Chaparro no te metas en política. Haz como yo.

E. – Dos horas por teléfono.

S. - ¿Te acuerdas? Eduardo haz como yo…

E. – Y que él es un hombre técnico, ¿eh?. Y qué pone toda su… a mi servicio.

S. – que tío, que tío, como cuando oye campanas…

E. – Ha intuido en Madrid que yo podría salir. Ha hecho un análisis de que los demás no tienen posibilidades.

S. – Y el tío lo vende en Alicante como si fuera propuesta de él.

E. – Y se me ha apuntado como primer jefe. Porque claro ayer me decía ya; oye y si crees que te hago falta como vice-presidente, a mi no me gusta, pero mira…

S. – Miralo. Que sacrificado.

E. – Yo lo que haga falta, por el Partido. Porque este Partido yo lo quiero mucho, Eduardo. Si hace falta ser vice-presidente, me nombras…

S. – Que tío.

E. – O sea que así está el tema de todo esto.

S. – Muy bien.

E. – Así está el tema. Oye, ¿Cuándo os vamos a ver capullo?

S. – A ver cuando vienes a comer… te vienes a comer aquí un sábado.

E. - ¿Quieres que me vaya este miércoles, no. El otro. A ver el Valencia Barcelona?

S. - ¡Ah, vale! Nos vamos juntos.

E. - ¿Eh?. Me voy a comer ya, comemos estamos toda la tarde juntos…

S. – Vale, te invito al cine, ay que diga, a comer y al teatro.

E. – Muy bien.

S. - ¿Eh?

E. – Al teatro no podemos, si vamos al fútbol.

S. – No, no. A comer y al teatro este.

E. - ¿A que teatro?

S. – Al fútbol.

E. - ¡Ah, al fútbol!, vale, vale, vale.

S. - ¿Eh?

E. – Muy bien. Pues cuenta ya conmigo.

S. – Nos costará la torta un pan, pero bueno ¿Qué tendremos que hacer?. Nos sacrificaremos.

E. - …horas de empresarios.

S. – Como ahora soy rico…

E. - …trabajas de empresario…

S. – Como ahora soy rico…

E. - ¿Eh?

S. – Oye, el… por lo del mueble va a salir macho. Me quiere hacer vender lo de Ondara, macho.

E. – No, no. Lo de Ondara ya lo tengo yo en cartera ¿eh?.

S. – Lo de Ondara, ¿llegaste tu a entrar?.

E. – Si.

S. – Yo te digo… Pués yo he dejado abierto ¿eh?

E. - ¿Si?

S. – La constructora.

E. – Yo también.

S. – Podemos hacer una dabuten.

E. – o a lo mejor tengo una agencia en Silla, aparte de en Ondara, y te meto a ti también.

S. - ¿El qué?

E. - ¿Eh?. Porque Javier Sánchez Lázaro, el tío este qué está aquí en Benidorm.

S. – Si.

E. – A lo mejor se queda con el solar y hacemos ahí una cosilla, ¿eh? Tu haces de intermediario de la venta que yo no puedo , y tu pides la comisión, a Javier Sánchez Lázaro ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano.

S. – Pero, ¿para venderlo a…?

E. - ¿Eh?

S. – Para venderl…

E. – Para vendérselo o permutárselo. Da igual porque además, le da igual permutar que vender a este tio amigo mio.

S. – Pero si... ha cerrado el trato conmigo ya.

E. – Hijo puta. Si comió conmigo el… el miércoles en Madrid y quedó en hablar con éste.

S. - ¿El miércoles?

E. – El miércoles comimos juntos en Madrid.

S. - ¿Este miércoles?

E. – Si, este miércoles pasado. ¿No te lo ha dicho?.

S. – El martes estuvo conmigo.

E. – Esterate, esperate. Que yo te diga que día fue. El miércoles…

S. – ¿El martes te dijo que había estado conmigo?

E. – Si, si que había estado contigo.

S. – En Valencia.

E. – Si, si. Que había ido. Y el miércoles…

S. – Y el miércoles ¿ya me vende?

E. - ¿Eh?, y el miércoles te había vendido ya.

S. – Que cabrón.

E. - …No te puedes fiar.

S. – Lo pagaron a mano.

E. - ¿Eh?

S. – Lo pagaron a mano.

E. – EL miércoles comió en Madrid, conmigo. Comimos con Álvarez Cascos.

S. - ¡Que tío, macho!

E. – Bueno, oye, si no sales Diputado y soy Presidente por Valencia te haré Diputado por Alicante.

S. – Hombre, eso si.

E. - ¿Eh?

S. – Eso si tendré que irme por… por el término de Ondara como ahora voy a edificar.

E. – Como ahora eres empresario de Ondara, pues sales por La Marina Alta.

S. - ¡Joder!

E. - ¿Eh?

S. - ¡Que tio!

E. – Y nada.

S. – El Bosch, me había vendido. Al día siguiente…

E. – Al día siguiente.

S. – Es que no ha dejado pasar ni veinticuatro horas ¿eh?

E. – Nada, no habías llegado porque fue al mediodía… fue a las dos de la tarde.

S. – Joder que tío. Ahora le voy a decir; entonces… ¿Ha dicho que el Sánchez va a hacerlo o va a ver el solar?

E. – Si. Si le interesa ¿eh?, en vez de hacer la negociación el Bosch, la haces tu.

S. – Hombre claro porque… no tiene ni puta idea.

E. – Tu como si lo tuvieras ya eso adjudicado ¿no?

S. – Si.

E. – Y entonces le dices, bueno yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras…

S. – Bueno, le pido más…

E. - ¿Eh?. Lo que te de y me das la mitad bajo mano.

S. – Pues si tenemos que repartir joder…

E. – Y yo le digo; pagale el contrato a este chico que…

S. – Si tenemos que repartir macho… Tenemos que pedirle un poco más.

E. – Claro un poquito más. Yo es que no se ni lo que vale el solar ni nada.

S. – Yo se lo explicaré.

E. - ¿Eh? Ya se lo explicas tu y le sacas la pasta. Y te contaré pero, manten en secreto lo de Sevilla, ¿eh?. El miércoles me llamas y te cuento lo de Sevilla.

S. – Bueno, claro que si.

E. – Me voy a que me lo expliques. A ver como puedo… Yo voy con un planteamiento fácil. Me sentaré a comer con él, y le diré; a ver como puedo rascar yo aquí.

S. – Claro.

E. – Así, pura y simplemente. ¿Eh?, que me de diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado Boro.

S. - ¿Si, como ha sido eso?. Estás trabajando como un cabrón.

E. – Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado.

S. - ¿Y eso?

E. – Me lo gasto todo en política. No ves que yo no tengo sueldo como tu. Que cobras de lo que trabajamos todos los españoles.

S. – Claro.

E. – Pués eso es lo que pasa. ¡Ay…!, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?

S. – No, me compro el Audi veinte válvulas yo.

E. - ¿El Audi Sport?

S. – No, el veinte válvulas.

E. - ¿Cuál es el veinte válvulas?

S. – El noventa.

E. – Ah, ¿el noventa?. Pero el noventa, no tiene mal… bueno tu eres soltero, no tiene maletero macho. Lo he estado viendo. ¿Y que vale?. Tres millones doscientas o así ¿no?.

S. – Si.

E. – Pues parecido a lo que vale el Vectra 16 válvulas. Pero el Vectra ya tiene cuatro puertas es más grandecito…

S. – No el mio también tiene cuatro puertas…

E. – Ya, ya, ya.

S. – Porque yo por ahora no me lo compro. ¿El tuyo tenía también dos puertas?

E. – Si.

S. – Ahora me apetece el cuatro. Fíjate si seré gilipollas.

E. – Claro... ¿Y la novia como la llevas?.

S. – No llevo.

E. - ¿Eh?

S. – No llevo.

E. - ¿Ya definitivamente?

S. – Si hace tiempo.

E. - ¿Pero no has vuelto?. Como en la boda hiciste un amago…

S. – No… Pero si dormí en su casa.

E. - ¿Eh? Te la sigues tirando, pero no…

S. – Pero no…

E. – Sin las formalidades de antes.

S. – Claro.

E. - ¡Ah, eso es más inteligente!

S. – Yo no la entiendo vamos…

E. – Eso es bastante más inteligente.

S. – No, yo no la entiendo. Este es el tipo de cosas que no entiendo.

E. – Igual que más te da…. ¿o no sois novios?

S. – Cuando voy a Madrid, duermo en su casa...

E. – Claro.

S. – Y me desahoga, y el desahogico y hala.

E. – Mejor…

S. – Con lo cual yo que tengo que ir bastante a Madrid… Con lo cual entre semana decir, hoy no vengo aquí. Yo no entiendo, no lo entiendo. O sea que además, no busca, no va con nadie ni nada.

E. – Ese es buen chollo macho.

S. – No va con nadie más.

E. – No lo pierdas.

S. – No va con nadie más.

E. – Igual eso…es que las modas van cambiando y nosotros no nos adaptamos. Igual eso es lo que se lleva ahora.

S. - ¡Joder…! Yo no lo entiendo.

E. – No, tu…tu ahí no te sueltes ¿eh?, eso es una buena… No andes derrochando.

S. – Es que yo ahorro un huevo cada vez que voy a Madrid.

E. – Claro. Te metes en su casa.

S. – No me voy ni de putas, no me pago el hotel, ¿eh?. Y entonces mira, hago la misma faena y me sale…

E. - ¿Sabes quien está ya en la sede trabajando?

S. - ¿quién?

E. - ¿Eh? Mercedes.

S. - ¿Dónde?

E. – En Madrid. En Génova.

S. – Pero ¿en que…en que departamento?

E. – Responsable del área autonómica del Partido.

S. - ¿Cómo responsable del área autonómica…?

E. – Si, del área autonómica.

S. - ¿De toda el área autonómica?

E. – Si, si, si, si….

S. - ¿Y quién la ha puesto, Lucas?

E. – Claro. Lucas se la ha llevado allí. Y allí está. ¿No lo sabías?

S. – No.

E. – Pues allí está currando.

S. – Joder…

E. – Con lo cual, ya tenemos una mano más. ¿Eh?, o sea que nos puede echar una mano en un momento determinado.

S. – Si, si…. No desde luego.

E. – Bueno, Boro hijo mio…

S. – De acuerdo…

E. – Oye, voy a seguir currando un ratito, cuenta conmigo para que si no nos vemos antes, para el miércoles este. Del partido.

S. -  De acuerdo.

E. – Y llámame el miércoles y te cuento lo de Riera.

S. – De acuerdo. Búscame la S.L. como sea.

E. – Bien. Y llámame tu cabrón para…

S. - ¿Eh?, domiciliado en Alicante y tal…

E. – Para decirme las cosas que haces, tenme al corriente de lo espontáneo y de todas esas cosas. No me margines más.

S. – De acuerdo.

E. - ¿Vale?

S. – Vale.

E. – Hasta luego.

S. – Hasta ahora.

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Notas

[1] Transcripción completa de la conversación entre Eduardo Zaplana y Salvador Palop extraída del sumario del caso Naseiro. [Ver Anexo]

[2] Graciano Palomo, De Aznar a Rajoy: la maldición de Casandra, Madrid, Foca, 2006. Es autor también del libro El vuelo del halcón, que contribuyó a impulsar la carrera de Aznar hacia el poder. Palomo conoce a fondo los entresijos del PP.

[3] El presidente de la Generalitat tiene el trato protocolario de «molt honorable».

[4] «Eduardo Zaplana, vuelo sin motor», El País, 31 de agosto de 2003.

[5] El País, 26 de marzo de 2007.

[6] El País, 29 de marzo de 2007.