ESPERANZA AGUIRRE, LA LIDERESA

El verdadero retrato de una política ambiciosa y calculadora que, bajo la apariencia de un discurso marcadamente populista, oculta un programa liberal que aspira a estrujar el erario público hasta el último céntimo. Detrás de la aristocrática y pizpireta millonaria que actúa con aire arrabalero y maneja la Comunidad de Madrid con absoluto desparpajo, hay un plan sistemático de destrucción de los servicios básicos y de saqueo del presupuesto público en busca del beneficio privado. Amigos, correligionarios y parientes se benefician de la política de Esperanza Aguirre. Consigue que el AVE pare en una finca de su familia, y construye carreteras y líneas de metro con la intención de multiplicar los beneficios de las poderosas empresas constructoras que se mueven a su alrededor. Además, ha convertido Telemadrid en un órgano de desinformación y propaganda a su exclusivo servicio. La desmedida ambición de Aguirre tiene como objetivo la presidencia de su partido y la del Gobierno, pero los escándalos protagonizados por sus más estrechos colaboradores y el rechazo que ella misma genera fuera de Madrid –incluso en sus propias filas–, la apartan, cada vez más, de esa competida carrera.

Autor: Alfredo Grimaldos

ISBN: 9788496797239

ESPERANZA AGUIRRE LA LIDERESA

ALFREDO GRIMALDOS FEITO

Libro obtenido de quieroepubs.co.cc

PRÓLOGO

«Soy el verso suelto dentro del poema.» Esperanza Aguirre

VERSOS RESUELTOS

Ahora ya soy Aguirre el verso suelto … Aquí van

más a hacerte compañía, aguerrida Esperanza en la

porfía, contumaz pescadora en río revuelto.

Sin Fe ni Caridad, la mayoría del partido la espalda

te ha volteado. Miran, cuando te ven, para otro lado y

no encuentran en ti ni luz ni guía.

Con Mariano en la pugna te has topado. Tus lanzas

se rompieron como cañas, Esperanza, tus artes y tus

mañas, tan desmañadas, se han enmarañado.

Esa derecha que en el centro abunda, de tu extrema

postura desconfía y ahora le llevan flores a María

Dolores Cospedal, que es la segunda.

Deserta lo mejor de tu jauría y tu voz se fatiga en el

desierto.

Negro, en Telemadrid, futuro incierto, si enmudece

tu fiel portavocía.

Dejad toda Esperanza, se vacía. En negro funde su

crucial pantalla. Languidece, se pudre y se encanalla

en su entorno la fiel infantería.

… Mas ella, sostenella y no enmendalla, es su lema,

su emblema soberano, y su legión un bloque

ultramontano, que en ella se encastilla y se amuralla.

La guerra no perdió, fue una batalla, y ahora nos toca

lucha de guerrilla. La cosa no está muerta ni es

sencilla. Esperanza no ceja y no se calla.

Golondrina infeliz no hizo verano y no prendió en el

yermo su semilla. Quiso darle la vuelta a la tortilla y

quebraron los huevos en su mano.

Acuartelada vive y a la espera por ver si se produce

una fisura por la que pueda entrar su línea dura; el

deshielo vendrá en la primavera.

Si Mariano en la mar hiciese aguas, reflotará su barca

marinera. Ahora toca remar en la galera a dos velas

flamean sus enaguas.

No se corta y navega la Esperanza, mientras truena

en su techo la tormenta.

De Madrid la implacable presidenta es rayo que no

cesa en lontananza.

Y en la Comunidad que desgobierna un clamor

popular al aire lanza un grito por la inhóspita

privanza que al público sector desencuaderna.

La privatización todo lo alcanza: la educación, al

capital y al clero; la sanidad ya es coto del dinero,

que sólo es saludable la finanza.

Cabalga el poderoso caballero, aquí todo se mueve

por la plata. Todo se desmantela y desbarata, y se

impone el desmán y el desafuero.

Todo se distorsiona y se dislata. Lo público es

privado y expoliado, ofendido, maltrecho y

humillado. Aquí se prevarica y desacata.

Todo tiene su precio en el mercado: la

escuela, la salud, y el indigente. Sólo es cuarto y mitad el medio

ambiente. El resto fue vendido y parcelado.

Detrás de su muralla de ladrillo Esperanza resiste con

su gente, mas duda si será tan resistente el muro que

protege el corralillo.

Todo se resquebraja de repente y el riesgo corre de

irse a hacer puñetas, pues se acerca ese tiempo de

vendettas; te han de vender, Aguirre, malamente.

Tu Jericó amenazan las trompetas, tiemblan los

muros, la ciudad sitiada. Los tránsfugas se van en

desbandada a buscar de Mariano la patente.

Dejaron su Esperanza en la estacada barones que sus

armas le rindieron cuando las cosas de otra forma

fueron; oros y copas, hoy basto y espada.

Envidaste y el órdago te vieron. Mariano no se

arruga ni se achica. El corazón de ayer mudose en

pica, mejores cartas a él le repartieron.

Tú juegas de farol y él te replica con ases en la

manga, el buen fullero. Puede quitarte el foro y hasta

el fuero. Reflexiona, Esperanza, y rectifica.

No te quedes señora en desamparo, humilla la cerviz,

canta maitines y únete al coro de los querubines que

tienen en Rajoy su luz y faro.

Cambia de medios por salvar los fines. No te quedes

hundida y en el paro.

MONCHO ALPUENTE

INTRODUCCIÓN

Detrás de la aristocrática y pizpireta millonaria que actúa con aire arrabalero y maneja con mano firme la Comunidad de Madrid, hay un plan sistemático de destrucción de los servicios básicos y de saqueo del presupuesto público en busca del lucro privado. Amigos, correligionarios y parientes se benefician de la política de Esperanza Aguirre.

El Ejecutivo regional ha puesto en marcha un plan de rescate de los sectores empresariales vinculados, sobre todo, al mundo del ladrillo, que consiste en poner en sus manos recursos públicos y convertir en una fuente de ingresos muchos derechos básicos de los ciudadanos. Aguirre ha llegado a la feliz conclusión de que todos los servicios públicos son susceptibles de ser convertidos en negocio particular.

Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, desde que ella llegó a la presidencia del Gobierno autonómico, el objetivo fundamental de su política está más relacionado con el beneficio de las empresas constructoras que con la salud de los ciudadanos. El nuevo sistema que está imponiendo se ha diseñado para derivar ingentes cantidades de los presupuestos públicos hacia las empresas privadas que, ante los síntomas de hundimiento de los sectores más especulativos, han tomado posiciones en la sanidad pública. No es casual, por tanto, que los nuevos hospitales hayan sido entregados a firmas como Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, Begar-Ploder, ACS, FCC, procedentes del sector inmobiliario, sin ninguna experiencia previa en el ámbito sanitario. Y la consecuencia es que la sanidad pública madrileña, de reconocida calidad, está siendo destruida poco a poco.

La educación, por supuesto, tampoco se escapa del afán privatizador del Gobierno de Esperanza Aguirre. La estrategia consiste en beneficiar, cada vez más, a la escuela concertada y dejar que se descomponga el sistema público, manteniéndolo desasistido presupuestariamente, bajando los costes hasta asfixiarlo y «externalizando» todos los servicios posibles. Dentro de esa estrategia, se cede terreno público a empresas privadas, algunas ligadas a grupos religiosos integristas, muchas veces en detrimento de las dotaciones públicas en la misma zona.

Además, todo ese proceso va acompañado de una enorme opacidad a la hora de repartir privilegios. En estas páginas se ofrece una elocuente muestra de cómo funciona la práctica del amiguismo a costa del dinero público. Concesiones y contratos multimillonarios se adjudican bordeando la legalidad, y en muchos casos pisoteándola, como se evidencia en el caso Gürtel destapado por el juez Garzón. La Comunidad de Madrid huele a podrido, y ya hay varios diputados del PP, un ex consejero de Esperanza Aguirre y alcaldes muy vinculados a ella imputados en los casos de corrupción.

Lamentablemente, estamos acostumbrados a que, al final, no se haga justicia con políticos, grandes empresarios y banqueros corruptos. Estos personajes no suelen visitar la cárcel, y si lo hacen, es por muy poco tiempo, hasta que se los indulta. Tampoco devuelven nunca el botín robado, como es el caso del comisionista Manuel de Prado y Colón de Carvajal, amigo del rey. O el de Alberto Alcocer —también cercano al monarca— y su primo Alberto Cortina: se acredita judicialmente que son unos estafadores, pero no cumplen condena ni sueltan un duro.

Periódicamente, PSOE y PP juegan una partida de cartas en las que hay órdagos constantes: tú me sacas Gürtel, yo a ti Elche… Al final, las dificultades judiciales a la hora de probar la responsabilidad de cada uno de los implicados en las enmarañadas tramas de corrupción y las triquiñuelas técnicas de poderosos gabinetes de abogados, además de las sintonías y complicidades que los delincuentes cosechan en algunos ámbitos del Poder Judicial, entorpecen y bloquean las investigaciones. Las causas prescriben y el saqueo de los fondos públicos permanece impune.

El sistema está diseñado para que todo se cocine en casa. En la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre cuenta con una cómoda mayoría absoluta que le permite no dar la más mínima explicación sobre cualquier asunto espinoso. Es lo que ocurrió con la «comisión de los espías», liquidada en menos de una semana, antes de que se aclarara absolutamente nada. El vicepresidente Ignacio González ha blindado sus comparecencias y ni siquiera responde a las preguntas que se le hacen sobre turbias adjudicaciones de contratos a empresas de sus propios familiares o sobre la concesión de licencias de radio y televisión a sus amigos íntimos. Este secretismo alcanza su cenit cuando se intenta saber algo de las misteriosas operaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica. El propio González fue seguido y espiado durante un viaje a Colombia, país donde esta empresa pública tiene una poderosa filial.

Mientras tanto, una seria amenaza se cierne sobre el Canal: la privatización. La joya de la Comunidad de Madrid es una sociedad muy rentable y bien saneada, que atesora un enorme patrimonio inmobiliario, lo que la convierte en objeto de deseo de políticos y empresas constructoras. Esperanza Aguirre e Ignacio González ven en ella una fabulosa veta, y el PSOE cacarea contra el proceso de privatización, pero a la hora de votar el asunto en la Asamblea se abstiene. La casta de los políticos.

También hay que recordar que la estrategia de privatizaciones desarrollada por Esperanza Aguirre en el ámbito de la sanidad se sustenta en la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria. En su día, sólo se opusieron a ella en el Parlamento IU y el BNG; el PSOE votó a favor de su aprobación. Algo similar ocurre con el proceso de liquidación de la escuela pública auspiciado por Aguirre. El origen de los beneficiosos conciertos de los que disfrutan los centros privados hay que buscarlo en los gobiernos de Felipe González, con José María Maravall de ministro del ramo.

En la batalla que se está librando en Caja Madrid, curiosamente, el dirigente de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, tiene total sintonía con la estrategia de la presidenta del Gobierno regional. Debe de pensar que, si alguna vez es capaz de ganar unas elecciones, se va a encontrar ese trabajo ya hecho. El reparto de prebendas en Caja Madrid entre representantes de los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios es el más fiel exponente de los apaños y consensos que caracterizaron la modélica Transición: seis para mí, cuatro para ti, dos para el otro… En 2008, los consejeros se distribuyeron un total de 13,18 millones de euros en concepto de sueldos y otras remuneraciones complementarias.

Esta cantidad se incrementa en caso de que el «trabajador» pertenezca también a alguna comisión.

A estos ingresos hay que sumarles, en todos los casos, los planes de pensiones y las primas de seguros correspondientes a tan «alto» cargo. La tarea de los consejeros consiste en mantener una reunión semanal de tres o cuatro horas. Así se explica que, en ocasiones, haya más disputas en el seno de los partidos por estar en el Consejo de Administración de Caja Madrid que por ser candidato a diputado o alcalde. Aquí se gana más y se trabaja menos.

Como no hay suficientes puestos para todos los candidatos a estas bicocas, se crean otras canonjías: nuevas empresas filiales con más consejeros y más comisiones, a las que tampoco hace falta ir, pero por las que se pasa la correspondiente factura. Por ejemplo, en el consejo de Cibeles, la sociedad que agrupa las participaciones de Caja Madrid, han encontrado acomodo el ex ministro del Interior Ángel Acebes, el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela y la propia cuñada del vicepresidente González, Carmen Cavero. En la Comisión de Control de la Caja está Carmen Cafranga, socia de la mujer de Ignacio González. Y esto es sólo una pequeña muestra.

Además, se crean todos los puestos que hagan falta en la Administración Pública para colocar a los compadres como se merecen. La relación de políticos del PP damnificados por las elecciones del 14-M que se han cobijado bajo el paraguas de Aguirre es interminable. El liberalismo de la presidenta del Gobierno regional consiste en estrujar el erario público hasta el último céntimo. Ha hecho favores a todo el partido, colocando a primos, amantes y amigos: la ex consejera de Sanidad de Fraga, la ex jefa de prensa de Rajoy… Eso le ha permitido crear un poderoso clientelismo en torno a sí misma, rescatando a los náufragos del aznarismo. Pocos se atreven a criticarla con nombre y apellidos. «Los súbitos ataques de “quien no está conmigo está contra mí” han sido frecuentes desde que Esperanza Aguirre se sintió lo suficientemente fuerte dentro del partido», escribe Lucía Méndez en su libro Duelo de Titanes.

Su ambición política va mucho más allá de la imagen dicharachera que ofrece y de su absoluta incontinencia verbal. Para Aguirre, lo importante es el poder y el reconocimiento. A diferencia de Ruiz-Gallardón, que ve un pobre a cinco metros y se le descompone la cara, ella es una populista capaz de tirarse al barro para vender imagen y hacerse la foto correspondiente. Llegó a la presidencia de la Comunidad gracias a una operación de transfuguismo, y desde la Puerta del Sol ha consolidado su poder. Aspira a encabezar el PP y, sobre todo, a convertirse en presidenta del Gobierno central, como su venerado José María Aznar. Pero durante su ascenso se ha generado también muchas enemistades en el seno de su propio partido y el objetivo parece cada vez más lejano.

No obstante, atrincherada en Madrid, goza de bastante capacidad de maniobra para dar juego a los suyos. Y ellos saben que la presidenta es la que manda en todo, no pueden mover una ficha sin su consentimiento. Aguirre es una política correosa, peleona, con un control absoluto sobre el Gobierno regional. Conoce todo lo que hacen sus subalternos, nada sucede a sus espaldas. Maneja el partido en Madrid, la televisión autonómica, la lista de sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas y su porcentaje en las generales… En muchos momentos es despótica, y su gente la teme. Siempre hay peligro cuando Aguirre aparece para inaugurar algo. Empieza a sacar defectos y nadie se libra de las broncas. Es capaz de imponer su criterio en cuestiones técnicas de las que no tiene la más mínima idea. Cuando se desboca, no hay nadie en su equipo que se atreva a frenarla.

Aguirre maneja su virreinato como una finca particular, asesorada por conversos que fueron «progres» en sus años universitarios y han derivado hacia la extrema derecha, como su jefe de Gabinete, Regino García-Badell. Anarquista en la década de los setenta, García-Badell ha vuelto al redil con matrícula de honor (el último presidente del Gobierno franquista, Carlos Arias Navarro, era tío suyo). Él es uno de los principales responsables del absoluto control ideológico que sufre Telemadrid.

García-Badell fue compañero de clase de Rodrigo Rato y del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo. Los privilegios de casta se continúan perpetuando. Sólo hay que echar un vistazo al mapa rural de la región de Madrid, un territorio que, en gran medida, continúa estando en manos de las poderosas familias que se beneficiaron de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Entre ellas, la del propio marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aguirre ha conseguido que el AVE revalorice las enormes propiedades que su familia política posee en tierras de Guadalajara. Y ha propiciado el desdoblamiento de la «Carretera de los Pantanos», que ha provocado un enorme boom urbanístico en el oeste de la Comunidad y en Ávila, donde tiene su imperio Ángel Acebes, un personaje que aparece por todas partes.

Esperanza Aguirre es una «liberal» que siempre ha vivido del dinero público, como funcionaria o ejerciendo algún cargo político. Eso sí, privatiza las empresas y los servicios rentables para dar beneficio a empresarios particulares. Otro liberal modélico es Ignacio González, funcionario por oposición del Ayuntamiento de Madrid, que ocupa cargos políticos desde hace más de dos décadas. Y Regino García-Badell, funcionario del Ministerio de Educación, lo mismo que su mujer, Alicia Delibes, la principal inspiradora de la destrucción de la escuela pública en la Comunidad de Madrid. Liberales a costa de los Presupuestos Generales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, rica de cuna, cobra un salario oficial de 108.000 euros anuales, pero en 2006 se atrevió a decir que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Aseguró que calentar su palacete de la madrileña calle de Jesús del Valle, «con esos techos tan altos», le cuesta un pico en combustible.

Ahora, el principal problema de Aguirre es que ha acabado con los presupuestos de la Comunidad. Están en quiebra y necesita, urgentemente, más dinero para alimentar las insaciables bocas que se han acostumbrado a comer de su mano. La sanidad pública y el Canal de Isabel II están siendo ya víctimas de tanta voracidad.

Este libro constituye un desazonador recorrido por la corrupción y la inmoralidad del mundo político. Aguirre es fruto de un sistema atado y bien atado, lo mismo que personajes como Eduardo Zaplana, que también inició su ascenso político comprando a una tránsfuga del PSOE. Lo peor es que, después de remover la podredumbre, no pasa nada. Tras el reglamentario intercambio de cubos de basura en periodo electoral, todo vuelve al cauce pactado a través de los subterráneos consensos de la Transición.

Aguirre también necesita liquidez para repartir con soltura dinero público entre los medios de comunicación. En 2007, durante la campaña previa a las elecciones que la mantuvieron en la presidencia de la Comunidad —en esta ocasión con mayoría absoluta—, manejó 180 millones de euros en publicidad, mucho más que cualquier gran empresa. Isabel Gallego, su jefa de prensa, era la encargada de llamar a las redacciones para decir qué había que dar y cómo. El control de los medios de comunicación es un objetivo prioritario de Aguirre y sus más estrechos colaboradores. Y la principal víctima de ello, Telemadrid.

El ex director de ABC, José Antonio Zarzalejos, que acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber provocado su cese al frente del rotativo, en febrero de 2008, hace una análisis muy rotundo de ella: «Aguirre es una persona que, sobre todo, es vanidosa. Después, creo que es bastante ignorante, le faltan unas cuantas lecturas, por no decir muchas. Y finalmente es una persona miserable, con una ambición poco controlada y un entorno de colaboradores que me voy a limitar a calificar como complicado». Y aún sigue: «Me he encontrado con una mujer intervencionista, intolerante, que encaja mal las críticas, impertinente y con aquella especie de chulería que ella tiene. Y con esa vanidad de hacerse una biografía autorizada titulada La presidenta». Todo eso conforma una personalidad política verdaderamente preocupante.

Capítulo I

LA GRAN FAMILIA

Esperanza Aguirre junto a su marido, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo, Alberto Ruiz-Gallardón y su mujer, Mar Utrera, hija del ex ministro franquista José Utrera Molina.

«Son sólo negocios, no hay nada personal.» El Padrino, de Francis Ford Coppola

«En mis 20 años en la política, mi patrimonio no se ha incrementado, sino que ha disminuido. Si lo hiciera público, la gente vería que no es para tanto», asegura Esperanza Aguirre en octubre de 2003, durante la campaña electoral que la va a llevar a la presidencia del Gobierno regional. Son los segundos comicios autonómicos que se celebran ese año en Madrid, forzados por el «tamayazo». De todas maneras, a la hora de aclarar el asunto de su patrimonio, la candidata del PP prefiere confiar en la fe de los votantes y advierte: «No pienso exhibirlo ni hacer un striptease, porque lo considero nocivo y un atentado contra la intimidad» ¹.

La negativa de Aguirre a desvelar el volumen de sus propiedades provoca las críticas de sus rivales políticos. Rafael Simancas, candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, da a conocer públicamente sus bienes y los de su esposa: un chalé adosado, dos coches y unos ahorros de 31.000 euros. Aguirre insiste en mantener ocultos los suyos. Pero una documentada investigación de la revista Interviú ² ya había empezado a levantar la liebre unas semanas antes, y, poco a poco, las considerables propiedades de Esperanza Aguirre, su marido y las familias de ambos van siendo inventariadas. La política que Aguirre va a desarrollar al frente de la Comunidad durante sus dos mandatos, inevitablemente, volverá a poner en el candelero el asunto de su propio patrimonio y el de sus familiares más cercanos. .

La suma de las propiedades inmobiliarias registradas a nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su marido, el conde de Murillo, supera los seis millones de euros. Poseen una finca en Salamanca y participan de otras siete propiedades rurales en Ávila, Madrid y Guadalajara. Además, tienen participaciones en dos inmuebles de la capital valorados, en conjunto, en ocho millones y medio de euros. Esperanza Aguirre Gil de Biedma está casada con Fernando Ramírez de Haro Valdés en régimen de bienes gananciales. Ambos son propietarios también de una finca ganadera de 500 hectáreas en la provincia de Salamanca, y el hijo menor del matrimonio, Álvaro Ramírez de Haro, ha figurado en alguna ocasión como perceptor de ayudas públicas para el sacrificio de ganado bovino ubicado en esa propiedad. El matrimonio posee, además, la décima parte de un piso de 350 metros cuadrados en Chamartín, el distrito más caro de Madrid. El valor de mercado de esta vivienda puede situarse alrededor de los 2,5 millones de euros. Esperanza Aguirre y sus siete hermanos comparten la propiedad de la casa con su madre, Piedad Gil de Biedma, viuda de José Luis Aguirre, fallecido en 2002.

La empresa de la madre de Esperanza Aguirre posee en la capital un local comercial que mantiene arrendado. Y tiene importantes posesiones en la localidad madrileña de El Escorial. Le corresponde, por herencia familiar de los Aguirre Borrell, una parte de La Granjilla. Esta finca rústica de 147 hectáreas, una magnífica fresneda de gran valor ecológico e histórico, contiene una cañada que ya utilizaba Felipe II. En la finca se halla un palacio que los Aguirre utilizan como lugar de descanso, como ha reconocido en alguna ocasión la propia presidenta de la Comunidad madrileña.

Según confiesa a su biógrafa Virginia Drake ³, La Granjilla es algo muy especial para ella:

Es el lugar soñado de mi infancia, donde hemos pasado toda nuestra niñez. Mi abuelo Aguirre metió en ella mucho dinero para arreglar la casa, que era un convento de jerónimos. Tiene una especie de lagos y estanques preciosos que, antiguamente, se usaban como sistema de riego. Es una finca muy bonita que una parte de mi familia paterna, los García Lastra, había com prado a la Iglesia tras la desamortización de Mendizábal. Varias generaciones después, una García Lastra se casó con el boticario y crítico de toros Borrell, que era mi bisabuelo, y por ahí la heredamos. Allí celebramos Isabel y yo nuestras bodas.

La finca está valorada en unos seis millones de euros. La cañada que la atraviesa es de uso público, pero Esperanza Aguirre ha conseguido que se desclasifique como cañada real. En 2004, La Granjilla recibió la inesperada visita de Leo Bassi. El cómico italiano, con su «Bassi-bus», se dedicó a llevar a los espectadores de su espectáculo Viaje a lo peor de Madrid a las zonas de la Comunidad más castigadas por la especulación inmobiliaria ⁴.

La residencia habitual de Esperanza Aguirre es un casa-palacete ubicada en la calle de Jesús del Valle, en el centro de Madrid. Está valorada

entre cinco y seis millones de euros. A nombre del hijo mayor de Aguirre, Fernando, de 33 años, marqués de Villaverde de Duero, figura la mitad del inmueble; el resto, se lo reparten su padre, sus cinco tíos paternos y su abuela, Beatriz Valdés Ozores, cuarta marquesa de Casa Valdés. El primogénito de la presidenta, Fernando, es apoderado de una sociedad inmobiliaria de Madrid, Aguirre Newman, que preside un tío suyo, Santiago Aguirre ⁵.

La presidenta de la Comunidad de Madrid fundó en 1993, cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, la empresa Savial, S. L., junto con su marido y su cuñado, Juan José Ramírez de Haro. La actividad principal de Savial es la explotación ganadera, pero su objeto social también abarca el negocio inmobiliario. Fernando Ramírez de Haro, ganadero de profesión, es el administrador único de Savial desde el origen de la sociedad. Esperanza Aguirre suscribió 195 acciones de Savial en febrero de 1993.

Savial, S. L. explota el cortijo de Piedras Menaras, en Guadalajara. Fernando Ramírez de Haro posee, junto con tres de sus hermanos, cinco fincas rústicas, que suman 1.610 hectáreas, entre la capital alcarreña y la aledaña localidad de Pozo de Guadalajara. Estas fincas proceden de la herencia del marqués de Casa Valdés, abuelo del marido de Esperanza Aguirre. Él y sus hermanos compraron las tierras a su madre en 1987 por una pensión vitalicia de 1.084.425 pesetas anuales. Veintidós años después, casualmente, el AVE se para a su puerta. Y el precio de la finca se ha disparado. En Ávila, Fernando Ramírez de Haro participa de una finca de 983 hectáreas, también dedicada a la ganadería, en la localidad de Gallegos de Sobrinos, de poco más de 100 habitantes.

MUCHOS APELLIDOS COMPUESTOS

Uno de los bisabuelos de Esperanza Aguirre por vía paterna, Félix Borrell —el citado titular consorte de La Granjilla—, era el propietario de una farmacia situada en la madrileña Puerta del Sol. Además, fue crítico taurino y firmaba sus crónicas con el pseudónimo de Bleu. El padre de la presidenta de la Comunidad, José Luis Aguire Borrell, se licenció en Derecho y prácticamente toda su vida profesional estuvo vinculado a la empresa Minerosiderúrgica de Ponferrada, de la que fue director durante los últimos años de su trayectoria profesional, hasta que se jubiló. En febrero de 1951 se casó con Piedad Gil de Biedma Vega de Seoane, nieta de un conocido abogado, Javier Gil Becerril.

Los hermanos de la madre de Esperanza Aguirre, Piedad Gil de Biedma y Vega de Seoane, han sido, históricamente, los principales propietarios de la sociedad Gil y Carvajal, dedicada a los seguros y reaseguros, en la que ha reinado, como jefe supremo, Santiago Gil de Biedma desde 1965 hasta 1998, año en el que se une a la multinacional AON. Dos de sus hijos, Santiago y Marta Gil de Biedma Rodríguez Salmones, forman parte del equipo directivo de la correduría.

Otros tíos maternos de Esperanza Aguirre son Javier Gil de Biedma, conde de Sepúlveda, vizconde de la Nava de la Asunción y miembro destacado de la Fundación Juan de Borbón. El tercer hermano se llama José, como su padre, el fundador de la empresa Gil y Carvajal en 1929. La firma se dedicó, en principio, a los seguros marítimos y de transporte, y ya bajo el control de sus hijos, se convirtió en la primera correduría de seguros española.

La rama familiar a la que pertenecía el poeta Jaime Gil de Biedma, primo de la madre de Esperanza Aguirre, estuvo ligada a la Compañía General de Tabacos de Filipinas.

Los padres de Esperanza Aguirre, José Luis Aguirre Borrell y Piedad Gil de Biedma Vega de Seoane, constituyeron, el 2 de marzo de 2000, la sociedad mercantil Valdivia Inversions, S. L., cuyo objeto social es «la adquisición, enajenación y explotación de todo tipo de fincas para edificar, reformar, arrendar, explotar y administrar directa o indirectamente». Tras la muerte de José Luis Aguirre, en enero de 2002, la empresa ha continuado su actividad, con su viuda como única administradora y Santiago Aguirre, hermano de la presidenta de la Comunidad madrileña, como apoderado.

A nombre de esta sociedad figuran varias propiedades. En 2001, Valdivia Inversiones compró a la inmobiliaria AF Inmuebles, S.A. una vivienda y un garaje en la lujosa urbanización de Sotogrande, en la localidad gaditana de San Roque. El consejero delegado de AF Inmuebles, Francisco Javier Agurruza Taberna, comparte negocios con Alejandro Sáez Sáez. Éste es socio de los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro, los dos constructores que emplearon como asesor en una empresa de fotocopias a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid, protagonista de sonadas polémicas relacionadas con la crisis política en la Comunidad y, singularmente, con el «tamayazo», en 2003.

Valdivia Inversiones tiene otra residencia a su nombre en Sotogrande. Se trata de una vivienda unifamiliar de 375 metros cuadrados. Los padres de Esperanza Aguirre compraron el inmueble en 1998, por 39.680.000 pesetas, y en 2001 aportaron la vivienda como patrimonio a la sociedad Valdivia Inversiones.

En Madrid también figuran propiedades a nombre de la empresa inmobiliaria de los padres de Aguirre: una vivienda y un local comercial en una de las calles más cotizadas de Madrid. Su valor en el mercado puede situarse alrededor de los 500.000 euros. En una ocasión, Aguirre explicó que la herencia de su padre le ha reportado un total de 99.435 euros.

TERRATENIENTES DECIMONÓNICOS

En la familia de Esperanza Aguirre y su marido Fernando Ramírez de Haro Valdés, conde de Murillo, confluyen más de diez grandes familias terratenientes de la nobleza española, que han tenido o aún poseen importantes fincas en la Comunidad de Madrid y en provincias limítrofes con ésta, como Guadalajara, Segovia y Toledo, principalmente.

Sus antepasados han sido también protagonistas de capítulos importantes de la historia española moderna y han ocupado cargos políticos, durante los dos últimos siglos, con Alfonso XII, Alfonso XIII y Franco. Y la endogamia nobiliaria ha seguido su curso hasta hoy. Por ejemplo, la hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Piedad Aguirre Gil de Biedma, se casó con el marqués de Portugalete, Francisco Javier Cavero de Carandolet Christou, descendiente, a su vez, de rancias familias vinculadas históricamente al poder político y económico, como los Cavero, Baily, Carandolet y Goicoerrotea. Uno de sus antepasados, Francisco Goicoerrotea, fue senador vitalicio en tiempos de Isabel II. El ex ministro y ex presidente del Consejo de Estado Íñigo Cavero Lataillade era primo carnal del marqués de Portugalete. Otra hermana de Esperanza Aguirre, Isabel, está casada con Gonzalo Ussía, hermano del escritor Alfonso Ussía. Su boda, como la de la presidenta, se celebró en La Granjilla

Por su parte, los Ramírez de Haro Valdés son siete hermanos, descendientes, por vía paterna, de las familias Ramírez de Haro, Álvarez de Toledo (duques de Alba), Pérez de Guzmán y Caro. Este último apellido, Caro, se repite constantemente en todas las líneas sanguíneas que confluyen en el marido de la presidenta.

El conde de Murillo heredó fincas, junto a sus hermanos y otros descendientes del marqués de Casa Valdés, en municipios del Corredor del Henares, como Alovera, Chiloeches y Quer, y en otros limítrofes con la región madrileña, como Pioz o Pozo de Guadalajara. Las recalificaciones realizadas en estos pueblos han aumentado notablemente el valor de sus propiedades. Una de las fincas que comparte el conde de Murillo con sus hermanos es el mencionado cortijo Piedras Menaras, en Guadalajara, que tiene 1 de 160 hectáreas y donde la familia ha celebrado alguno de sus enlaces matrimoniales más sonados. El administrador de la sociedad que gestiona la finca, Savial, S. L., es Juan José Ramírez de Haro, hermano del marido de Esperanza Aguirre.

A través de una hermana menor del conde de Murillo, Beatriz Ramírez de Haro Valdés, Esperanza Aguirre conecta con el duque de Luna y conde de Javier, Javier Urzáiz Azlor de Aragón, ministro plenipotenciario, descendiente, a su vez, de los Guilladas Caro, uno de cuyos antepasados, Pedro Caro, fue gobernador de Navarra. Beatriz Ramírez de Haro y Javier Urzáiz se casaron en la finca familiar de la suegra de Esperanza Aguirre, la citada Piedras Menaras.

Por parte de su suegra, Beatriz Valdés Ozores, Esperanza Aguirre enlaza directamente con el marquesado de Casa Valdés, al que pertenecen importantes fincas en varios pueblos de Guadalajara y de Madrid, especialmente en Yebes, donde la hermana de su suegra, Micaela Valdés Ozores, está levantando, sobre los terrenos familiares de El Arvejal, toda una ciudad, Valdeluz, con campo de golf, construida por la empresa Dehesas de Guadalajara S. L., de la que son socios el ex presidente de la Asociación de Promotores Inmobililarios (Asprima), Rafael Santamaría Trigo, propietario también de la empresa Reyal, la marquesa viuda de Nervión y su hijo Ignacio Mencos Valdés.

ENDOGAMIA NOBILIARIA

Micaela Valdés Ozores, tía del marido de Esperanza Aguirre, se casó con Alberto Mencos Armero, que entronca, a su vez, de nuevo, con los Álvarez de Toledo y, a través de ellos, con los descendientes del marqués de Salamanca, algunos de cuyos miembros estaban en el equipo de Rodrigo Rato: Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca —en la actualidad, vicepresidente de Caja Madrid— y Flavio Rodríguez-Ponga Salamanca.

Los Salamanca son también descendientes de la familia Caro. La prima del ex secretario de Estado de Hacienda, Almudena Salamanca Lafitte, posee tres fincas en Mejorada del Campo, donde también tienen propiedades los Corsini y los Figueroa. Todos ellos coinciden, además, como terratenientes en Rivas. Recordemos que otra Salamanca Laffite, Soledad, es vecina de Esperanza Aguirre en El Escorial, como descubrió el citado Leo Bassi. Su finca está junto a La Granjilla. Los mismos apellidos en todas partes.

La otra hermana de la suegra de Esperanza Aguirre, María Valdés Ozores, enlazó con Jaime Mariátegui Arteaga, marqués de la Guardia y grande de España. Una hija de este matrimonio está casada, por su parte, con Fernando Merry del Val y Díez de Rivero, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Su tía Teresa Merry del Val se casó con Joaquín Álvarez de Toledo Mencos, marqués de Martorell, hermano del duque de Zaragoza, padre del marido de Micaela Valdés.

Y a través de los Díez de Rivero se llega a los Guilladas y a la familia del ex general Alfonso Armada Comyn, marqués de Santa Cruz de Rivadulla. Una hermana de este militar condenado por su destacada implicación en el golpe de Estado del 23-F se casó con el duque de Rivas, propietario de grandes extensiones de terreno en el municipio de Rivas Vaciamadrid. El Ayuntamiento de esta localidad, con representación mayoritaria de Izquierda Unida, llegó a un acuerdo con este terrateniente para recalificar 500 hectáreas de su propiedad a cambio de que cediera al Parque Regional del Sureste la tercera parte de sus tierras.

Esperanza Aguirre, condesa consorte de Murillo —título que, además, cuenta con el extra de grande de España—, ha conseguido que sus dos hijos, Fernando y Álvaro, también tengan títulos nobiliarios. El primogénito ostenta, desde abril de 2000, el marquesado de Villanueva de Duero, por cesión de su abuelo paterno, Ignacio Ramírez de Haro Pérez de Guzmán. En 2006 le tocó su turno al menor, que recibió el título de conde de Villariezo, también por concesión de su abuelo ⁵.

El suelo de la suegra y las tías políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, las tres hermanas Valdés Ozores, se extiende por Yebes —donde tiene la parada el AVE Madrid-Zaragoza—, Alovera, Pioz, Valdarachas, Chiloeches, Pozo de Guadalajara, Quer y Guadalajara.

AVE, ESPERANZA, TU FAMILIA TE SALUDA

Félix Juan Valdés Armada, tercer marqués de Casa Valdés, casado con Teresa Ozores Saavedra y fallecido en 1982, era considerado un gran terrateniente en Guadalajara. Poseía miles de hectáreas repartidas entre la capital alcarreña y los municipios aledaños que ahora, previsiblemente, han estado en el punto de mira de quienes decidieron situar una parada del AVE en Yebes. En su testamento, nombró albacea a su esposa y al general Alfonso Armada Comyn, marqués de Santa Cruz de Rivadulla. El marqués atribuyó el usufructo vitalicio de su herencia a su esposa, y a sus tres hijas —Beatriz (suegra de Esperanza Aguirre), María y Teresa Micaela Valdés— las nombró herederas universales. Tras la muerte de la madre, en 1983, las tres hermanas se repartieron en lotes iguales la herencia del marqués. A nombre de Beatriz Valdés constan cerca de un millón de metros cuadrados en Chiloeches, una de las localidades de la provincia que más está creciendo tras la construcción de la estación del AVE en Yebes.

En el término municipal de Guadalajara, la suegra de Esperanza Aguirre posee, junto con sus hermanas, medio millón de metros cuadrados. Además, tiene propiedades en los términos de Alovera, Yebes y Cercadillo. En total, reúne en la zona de influencia del tren de alta velocidad en Guadalajara alrededor de 1.400.000 metros cuadrados. Pero no se queda ahí la cosa, también tiene tierras en el cercano pueblo de Quer. En este municipio, el ente público Carreteras del Estado expropió a las herederas del marqués de Casa Valdés 897 hectáreas parar construir la Radial 2.

En 1998, el Gobierno del PP decide situar la única estación del AVE Madrid-Lleida, a su paso por la provincia de Guadalajara, en el pequeño pueblo de Yebes, con no más de 120 vecinos censados y situado a 12 kilómetros de la capital alcarreña. La decisión de ubicar allí la estación la toma el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, cuando Esperanza Aguirre es también ministra, de Cultura, en el gabinete de Aznar. Las obras se realizan ya con Francisco Álvarez Cascos como titular del Ministerio de Fomento y se invierten en ellas más de 10 millones de euros. La estación de Yebes se levanta en un paraje desierto, aunque los terrenos son propiedad, como ya hemos visto, de una familia muy conocida, la de Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo y marido de Esperanza Aguirre.

En un principio, la más beneficiada por la operación y la inmediata revalorización de los terrenos es precisamente una tía del marido de la presidenta, Teresa Micaela Valdés Ozores. Los andenes de la estación del AVE van a parar justo a sus tierras, herencia de su padre, el marqués de Casa Valdés. El marido de la presidenta madrileña y sus hermanos tienen en esta misma zona, en el municipio de Chiloeches, junto a Yebes, más de 1.600 hectáreas de terreno.

En pleno «boom» especulativo y al calor de la llegada del tren de alta velocidad, se decide promover en los terrenos donde tiene la parada el AVE una gran urbanización: Valdeluz, popularmente conocida como «Avelandia», una macrourbanización de alto standing con campo de golf y más de 9.000 viviendas. Valdeluz se configura como una ciudad dividida, a su vez, en cuatro barrios con diferentes tipos de viviendas: pequeñas villas, unifamiliares adosados, casas pareadas y pisos en altura de cuatro plantas. En total, la nueva ciudad ocupa 490 hectáreas (190 en el municipio de Guadalajara y el resto en el de Yebes). Se calcula que, para desarrollar el proyecto, será necesaria una inversión de más de 1.124 millones de euros. Las lanzaderas que salen desde la estación del AVE de Yebes ponen a sus habitantes a poco más de quince minutos de la estación madrileña de Atocha y a dos horas de Barcelona. Si «Avelandia» termina de construirse, Yebes se convertirá en el pueblo con mayor número de habitantes de la provincia, después de la capital.

Los 3.300.000 metros cuadrados de «Avelandia» pertenecientes al término municipal de Yebes estaban considerados zona rústica hasta el año 2001 y fueron recalificados en el marco del nuevo Plan de Ordenación Municipal. La decisión de recalificar estos terrenos se toma con el visto bueno del arquitecto municipal de Yebes, Jaime de Grandes, hermano del ex portavoz parlamentario del PP Luis de Grandes y del ex jefe de prensa del PP en la Asamblea de Madrid Lorenzo de Grandes ⁷. La urbanización es autorizada por la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por José Bono.

Inicialmente, se pretendía que Valdeluz fuera una verdadera ciudad nueva, con las más de 9.000 viviendas mencionadas, que se construirían entre 2004 y 2010 y en donde vivirían cerca de 30.000 habitantes. Eso convertiría, de hecho, al municipio de Yebes en uno de los principales barrios de Guadalajara, ciudad que ha ido creciendo durante los últimos años con la absorción de los municipios colindantes. Pero la crisis ha frenado, de momento, tan desorbitado desarrollo urbano. De las viviendas proyectadas, apenas se han construido 1.000.

Por otra parte, según los datos de RENFE, durante el último año han utilizado el AVE entre Madrid y Guadalajara sólo 5.630 pasajeros, 15 de media al día, mientras que 10.600 personas viajan diariamente en el tradicional tren de Cercanías. Hacer que el tren de alta velocidad pare allí ha costado más de 10 millones de euros. El billete del AVE es mucho más caro y, además, la estación proyectada y construida por el Gobierno del PP está a 10 kilómetros de la capital, accesible por una carretera en mal estado que recientemente se ha reformado un poco. Algo más de éxito tienen los viajes desde Guadalajara a Zaragoza o Barcelona, con más de 20.000 pasajeros al año. La crisis inmobiliaria ha desinflado el globo y el pelotazo de Yebes. «Avelandia» apenas ha despegado y en muchas de las 1.000 viviendas ya construidas se cuelga el cartel de «Se vende».

El día 20 de marzo de 2009, la propia presidenta del Gobierno regional llamó a la cadena SER para desmentir una información emitida el día anterior, en la que se recordaba que «la familia de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se benefició de la construcción de una estación del AVE en Yebes cuando ella era ministra de Cultura». «Ni yo, ni mi marido, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni mi madre o mis hermanos tenemos un centímetro cuadrado en Yebes», asegura, enérgica, Aguirre. «Al que me encuentre uno le doy 10.000 metros. Que dejen de hablar de que especulo o recalifico. […] Estoy bastante cansada de escuchar a la cadena SER y a los medios del Grupo Prisa decir que yo me he beneficiado de eso. Porque es absolutamente falso.» Entonces, el conductor del informativo le preguntó: «No en Yebes, ¿pero tampoco en Chiloeches?». Aguirre hizo una breve pausa y sentencia: «Eso es todo lo que tengo que decir». Pero el presentador insistió: «¿Me puede responder a la pregunta?». La única respuesta fue el sonido de un teléfono que se cuelga.

EN SINTONÍA CON BONO

Otro personaje clave para entender cómo se llega a instalar una estación del AVE en los terrenos de la familia de Esperanza Aguirre es José Bono, todopoderoso presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha en el momento en que se gesta la operación.

La prolongación del Corredor del Henares hasta Guadalajara capital es una de las apuestas estratégicas más importantes para esta zona del político socialista, cuyo Gobierno diseña todo un plan que coincide con los intereses del marquesado de Casa Valdés. Bono pretende aprovechar la instalación en el municipio madrileño de Coslada del Puerto Seco de gran transporte para activar la industrialización de los municipios guadalajareños situados en el entorno de la autovía Madrid-Barcelona. Sus planes se reactivan con la instalación de la estación del AVE en Yebes y la construcción de la Radial 2, que mejoran sensiblemente las expectativas urbanísticas de la zona.

La estrategia del entonces presidente autonómico encuentra, además, una gran eco entre las fuerzas vivas de las localidades que están en esa área de influencia, lo que permite al PSOE barrer a los candidatos del PP en las alcaldías de los pueblos del Corredor del Henares en las últimas elecciones municipales. En Alovera, en concreto, la joven Purificación Ruiz hace caer a una de las alcaldesas del PP con más fuerza en la zona, Carmen Plaza. En esa localidad, la Junta de Castilla-La Mancha pretende construir un gran parque de ocio que llevará el nombre de «Casa Babilón».

También cae el alcalde de Quer, Antonio Zahonero, que llevaba más de 40 años en el cargo, y es sustituido por José Ramón Calvo. Inmediatamente, el nuevo regidor recibe la oferta de numerosas promotoras que quieren aprovechar que el pueblo conecta directamente con la radial a Madrid. Torrejón del Rey tiene previsto un gran desarrollo urbanístico, lo mismo que Cabanillas del Campo, donde la inmobiliaria Hersau lleva tiempo promocionando una ciudad con campo de golf. Un caso parecido es el de Chiloeches, donde la inmobiliaria de Iberdrola, Apex, tiene previsto invertir más de 400 millones de euros para hacer una pequeña ciudad de 2.400 viviendas y otro campo de golf.

En Pioz, donde los descendientes del marqués de Casa Valdés tienen un coto de caza, Navalperal, de 331 hectáreas, está proyectada la construcción de varias urbanizaciones: La Arboleda, Las Suertes, El Bosque de Henares, Los Molinos y El Chaparral, con un total de más de 1.500 viviendas, que servirán para aumentar en más de 5.000 habitantes el censo de este pueblo con sabor medieval. Todos estos proyectos han quedado suspendidos, al menos parcialmente, a consecuencia de la crisis inmobiliaria, que a más de uno, acostumbrado sólo a facturar a favor de obra, nunca mejor dicho, le ha pillado con la guardia baja.

«PELOTAZO» POR VÍA MATERNA

José Santiago y Javier Gil de Biedma Vega de Seoane, tíos maternos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, compran, en 2001, veintitrés fincas en el municipio de Tres Cantos por 18 euros el metro cuadrado, y las venden treinta meses después por 93 euros el metro cuadrado gracias a las recalificaciones introducidas por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La operación la realizan los familiares de Esperanza Aguirre, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el gobierno local de ese municipio madrileño, integrado por miembros de la agrupación electoral Tres Cantos Unido y del PP, apruebe el nuevo PGOU en mayo de 2003.

La disputa por el PGOU de Tres Cantos provoca, entre 2001 y 2005, coincidiendo con las operaciones inmobiliarias de los hermanos José Santiago y Javier Gil de Biedma Vega de Seoane, una fuerte crisis en el interior del PP local, lo que lleva finalmente al ex concejal de Urbanismo, Juan Andrés Díaz Guerra, y a cinco ex concejales más a romper con el partido y a presentarse a las elecciones municipales de 2003 bajo las siglas APTC (Alternativa Popular por Tres Cantos).

El candidato del PP en esas elecciones, Rafael Vázquez, dimite también a los pocos meses de salir elegido portavoz del partido, que gobierna la localidad en coalición con la agrupación electoral Tres Cantos Unido, encabezada por María de la Poza. Vázquez nunca llega a explicar públicamente las causas de su dimisión, pero en ese momento se está discutiendo la privatización del sistema de gestión del nuevo PGOU, que posteriormente se adjudica a Fomento de Construcciones y Contratas. El resultado de todos los cambios introducidos en el PGOU es que el suelo industrial previamente pactado queda reducido a menos de la mitad y, en cambio, se incrementa el residencial, en una de las zonas más cotizadas del norte de Madrid.

Durante los años 1988 y 1989, la empresa Eland Construcciones, S. L. había adquirido a la firma José Banús, S. A. un total de 23 fincas (173.046 metros cuadrados) en el término municipal de Tres Cantos por un montante de 11.810.000 pesetas. Doce años después, en mayo de 2001, familiares de la presidenta regional compran la empresa y nombran presidente y vicepresidente del Consejo de Administración, respectivamente, a José y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane, tíos maternos de Esperanza Aguirre. Marta Gil de Biedma Rodríguez Salmones es la nueva secretaria del Consejo, y aparecen como vocales Santiago Gil de Biedma y Teresa e Ignacio Gil de Biedma Villalonga. Todo se cuece en casa.

En enero de 2004, los familiares de la presidenta del Gobierno regional y sus socios venden 17 de las 23 fincas, con una superficie de 122.799 metros cuadrados, por un precio de 11.428.196,96 euros a las sociedades Obras y Estructuras, S. A. y Edificaciones y Obras Públicas, S. A. El precio declarado en la compraventa es de 89,88 euros/metro cuadrado. Ambas sociedades, dirigidas por Jaime García y Joaquín Escrig, forman parte del Grupo Urbalia y participan en otras operaciones inmobiliarias en la zona norte de Madrid.

«En esta operación de compra de suelo a precio barato y posteriores ventas con incrementos artificiales del valor del suelo, la familia de Esperanza Aguirre ha obtenido, en dos años y medio, beneficios que superan los ocho millones de euros, sin considerar las fincas no vendidas inicialmente, que valen otros 3.800.000 euros», afirma el portavoz de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Tres Cantos, Miguel Aguado. «Sin duda, es un buen negocio, realizado en el momento oportuno. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene como principal responsabilidad asegurar una vivienda asequible y luchar contra la especulación del suelo. Llama la atención que la actuación de su familia vaya en dirección contraria: elevar artificialmente el valor del suelo.»

En noviembre de 2006, El País difunde el contenido de una grabación en la que Antonio Reino, ex concejal del PP de Tres Cantos que entonces formaba parte del equipo de gobierno, manifiesta «sospechas de corrupción» en la adjudicación a la empresa FCC del desarrollo del PGOU del municipio, y sugiere que su aprobación ha estado presidida por «intereses ajenos al bien común». Reconoce que el contrato para adjudicar la gestión del proyecto urbanístico de los tíos de Aguirre a FCC, con la intención de gestionar un negocio de 300.000 millones, acarrearía comisiones para los concejales que lo aprobaran, y él quería entrar en el reparto: «De los

30.000 millones, yo quiero mi 11 por 100. Tú me das la pasta y yo me piro».

En otra localidad de la región madrileña, Villanueva de la Cañada, los tíos de Aguirre obtienen dos millones de euros de plusvalías en sólo seis años, después de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, desbloquee la urbanización del suelo de los Gil de Biedma y del suyo propio. Porto aprueba un plan parcial a pesar de que él mismo tiene intereses privados en la zona. El PSM sostiene, en un escrito que presenta a la fiscalía ⁸, que la aprobación del plan parcial de Los Pocillos, en Villanueva de la Cañada, con «informes técnicos en contra», produjo un «beneficio económico» de 4,2 millones de euros a la mujer de Porto, al redactor del plan, José María Fernández del Río, y a Ricardo Ortega, concuñado del alcalde del municipio, Luis Partida (PP). También señala que la aprobación del plan benefició a la empresa Alminar de Villas, presidida por Javier Gil de Biedma, tío de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

EL CUÑADO DÍSCOLO

El arzobispado de Madrid, considera «ultrajante» el título de la obra de teatro ¡Me cago en Dios!, escrita por Íñigo Ramírez de Haro, cuñado de Esperanza Aguirre, y estrenada el 21 de abril de 2004 en el madrileño Círculo de Bellas Artes. En una nota remitida a los medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica sostiene que la obra constituye «la mayor

ofensa a la dimensión humana más sublime de la persona». Se trata, según el comunicado, «de un gravísimo delito punible, por el simple hecho de que el título es la expresión más abrupta de la blasfemia, lo que supone herir la sensibilidad de la gran mayoría de la sociedad». Considera, también, que la obra «criminaliza la enseñanza religiosa escolar, equiparando la religión a las sustancias dañinas para los jóvenes, como el tabaco o el alcohol».

La función objeto de la polémica se representa en la Sala Talleres, con capacidad para 50 personas solamente.

El arzobispado de Madrid, cuyo titular, monseñor Rouco Varela, es también presidente de la Conferencia Episcopal, lamenta que «el lugar de la representación sea el Círculo de Bellas Artes, cuya financiación proviene de un consorcio integrado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento e Iberia». La presidenta de la Comunidad de Madrid y cuñada del autor, Esperanza Aguirre, envía una carta al presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández, instándole a que reconsidere la postura de seguir manteniendo en cartel la obra. Aguirre muestra su «malestar e indignación» por la inclusión en la programación del Círculo de Bellas Artes de un título «marcadamente hiriente e insultante para una inmensa mayoría de madrileños, a la vez que se ofende sus sentimientos más profundos».

La presidenta del Gobierno regional no pierde ocasión de amenazar a los responsables del Círculo de Bellas Artes con recortar sus subvenciones de dinero público para reforzar la censura. Les exige, además, que se pongan en contacto con el consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad madrileña, Santiago Fisas, con el fin de «adecuar nuestra participación y evitar incidentes como éste». El Círculo de Bellas Artes recibe en ese momento de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid una subvención anual de 1.442.000 euros para cubrir su programación. Aparte de esa cifra, existe el compromiso, por parte del Gobierno regional, de entregar otros seis millones de euros, distribuidos a lo largo de los siguientes diez años, para la restauración y el mantenimiento del edificio. El director de la entidad es entonces César Antonio Molina, futuro ministro de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El 1 de mayo de 2004, Miguel y Santiago Menéndez Piñar, de 21 y 24 años de edad, nietos de Blas Piñar, líder de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, interrumpen violentamente la representación de ¿Me cago en Dios!, patean al actor Fernando Incera y agreden al autor, Íñigo Ramírez de Haro. Estos dos ultraderechistas son también nietos del capitán de navío Camilo Menéndez Vives, condenado por la intentona golpista del 23-F de 1981.

A la cuñada del aristocrático autor teatral tampoco le hizo mucha gracia ver aparecer a Íñigo Ramírez de Haro Valdés, en abril de 2008, en un programa de televisión, echándose una siesta con un vagabundo en el centro de Madrid. La última obra de Ramírez de Haro es La duquesa al hoyo… y la viuda al bollo, que satiriza duramente a la viuda de la duquesa de Medina Sidonia, Liliane Dahlmann, casada in articulo mortis con ella 11 horas antes de que falleciera, el 7 de marzo de 2008. La protagonista del montaje, que se estrena en enero de 2009 en el madrileño teatro Muñoz Seca, es la actriz Terele Pávez. Íñigo Ramírez de Haro es amigo de los hijos la fallecida duquesa de Medina Sidonia, que mantuvieron una turbulenta relación con su madre, incluidos diversos pleitos legales. Uno de ellos, Gabriel es productor de la obra.

Las relaciones de Íñigo Ramírez con Esperanza Aguirre tampoco parecen ser muy boyantes. En una entrevista publicada en el diario El Mundo ⁹, la redactora le pregunta: «¿Para cuándo una comedia con la presidenta de una Comunidad, como su cuñada, cuyo parecido con la realidad sea mera coincidencia?». Y el autor teatral lo deja claro: «Para que yo me interese por un personaje, éste tiene que ser interesante».

MADRID, COTO DE LATIFUNDISTAS

Las fincas de los sucesores de los nobles del siglo XIX y de los nuevos millonarios ocupan las dos terceras partes de los bosques y los cotos de caza madrileños. Las expropiaciones y permutas de terrenos para hacer las grandes infraestructuras de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre han sacado a la luz, además de importantes yacimientos arqueológicos y otros tesoros, una realidad congelada en el tiempo: el latifundismo de herencia decimonónica.

En 2003, un convenio entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con mayoría de Izquierda Unida, y la familia del duque de Rivas, José Sainz (casado con la hermana del general Armada), deja libres 500 hectáreas de su antiguo coto de caza, que el municipio incorpora al Parque Regional del Sureste, a cambio de autorizar la urbanización de la zona norte de sus propiedades, donde se están levantando 7.500 viviendas.

La construcción de la polémica «Carretera de los Pantanos» ha hecho aflorar la propiedad de las enormes fincas que hay en los municipios del oeste de la región madrileña, por donde atraviesa esta carretera y donde plantaron sus feudos hace 200 años el valido de Carlos IV, Manuel Godoy, y el conde de Romanones, entre otros. El desdoblamiento de la M-501 ha obligado a «limar» 44.000 metros cuadrados a Blanca Figueroa Borbón, descendiente de Carlos IV y viuda de Jaime Martínez de Irujo. También ha sufrido recortes importantes —28.774 metros cuadrados— la finca Los Molinillos, de Jaime Urquijo.

Por otra parte, la familia Corsini, especialmente Jacobo y sus hijos, tienen importantes desarrollos en Mejorada del Campo y Loeches, la misma zona donde poseen todavía grandes fincas los herederos del marqués de Salamanca, ministro de Hacienda de Isabel II. El duque de las Torres, Jai-me de Figueroa, tres veces marqués (Villamejor, Pacheco y La Adrada) y una conde (Mejorada del Campo), ha hecho valer también sus latifundios para fundar una sociedad, Nortemadrid, y ponerse a construir más de cien chalets de lujo en Cobeña, sobre una superficie de 7’7 hectáreas. Lo mismo ha hecho un primo político de la duquesa de Alba, Javier Martínez de Irujo, que dirige la urbanización del Sector de Tempranales (3.000 viviendas), en San Sebastián de los Reyes. El actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, designó, cuando era presidente de la Comunidad, a Alfonso Colón de Carvajal, marqués de Torralba, como presidente del Consorcio de la «Dehesa Vieja» (5.000 viviendas), en ese mismo municipio.

Los herederos del general golpista Arsenio Martínez Campos, restaurador de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, poseen, entre otros latifundios, la finca El Soto, que se extiende por los pueblos de Aldea del Fresno, Navas del Rey y Chapinería, en el revalorizado entorno de la «Carretera de los Pantanos». Muy cerca está la finca Los Quemados, que pertenece a los herederos de quien fue todopoderoso presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) franquista, Juan Antonio Suanzes, beneficiario del título de marqués en recompensa por sus servicios al régimen. En Villa del Prado está situado el conocido Safari Park, en un finca de Carlos Falcó y Fernández de Córdova, marqués de Griñón.

Alicia Koplowitz, marquesa de Bellavista, es propietaria de una gran finca, El Hoyo y el Pamplinar, que se extiende por el municipio de Las Rozas de Puerto Real y penetra en la vecina provincia de Ávila. Uno de los mejores cotos de caza de la región madrileña está en Aranjuez, en la finca La Flamenca, cuya explotación dirige Manuel Falcó Anchorena, duque de Fernán Núñez ¹⁰.

LA «CARRETERA DE LOS PANTANOS»

«Que unos excrementos hayan aparecido no quiere decir que los haya traído el lince», afirma Esperanza Aguirre en marzo de 2006, haciendo gala de su más genuino estilo¹¹. Así responde la presidenta de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Medio Ambiente, que pide la paralización del proyecto de ampliación de la M-501, una carretera que se va a convertir en autovía justo en la zona donde se ha detectado la presencia de esta especie en peligro de extinción. Los excrementos de lince aparecen en el municipio madrileño de Navas del Rey.

La M-501, más conocida como la «Carretera de los Pantanos», atraviesa una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), que es, después de El Pardo, la que concentra mayor población de águila imperial, cigüeña negra

o buitre negro de la región madrileña. Tres especies en peligro de extinción. También es zona potencial del lince, a pesar de las bromitas de Esperanza Aguirre. Lo cierto es que durante los últimos años han aparecido diversos indicios de la posible presencia de este animal en el área de la ZEPA. Ya en 1998, la Dirección General de Medio Ambiente alertó a los agentes forestales para que fueran muy cuidadosos, porque se habían grabado maullidos de lince. Hay muchos rumores de que se están viendo, pero los responsables de la Comunidad de Madrid no sueltan prenda.

En 1996 aparece el primer proyecto de desdoblamiento de la M-501, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid. En ese momento se plantea hacerlo desde el kilómetro cero, situado en lo que ahora es la M-50, hasta Navas del Rey, cerca de 40 kilómetros. La Consejería de Medio Ambiente emite una Declaración de Impacto Ambiental favorable hasta el kilómetro 22, que es donde empieza la ZEPA.

En ese momento, el consejero de Medio Ambiente es Carlos Mayor Oreja, un político por el que siente manía persecutoria Esperanza Aguirre y al que ha intentado hacer la vida imposible. La Consejería de Transportes, encabezada en ese momento por Luis Eduardo Cortés, se enfrenta con Medio Ambiente y, para resolver esa confrontación, el presidente Ruiz-Gallardón encarga un informe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el fin de que se valore el impacto del desdoblamiento en la ZEPA, entre los kilómetros 22 y 40 de la carretera. Es el año 1999 y todos se comprometen a respetar lo que determine el informe.

En 2000 se hace público el estudio del CSIC, en el que se rechaza frontalmente el desdoblamiento. Las conclusiones son incluso mucho más duras que las del informe de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Advierte de que los daños serían irreversibles para la ZEPA, que parte en dos el territorio, lo que afectaría a la población de conejo, que es la base alimentaria del águila imperial, y señala que el problema no sería sólo el desdoblamiento de la carretera, sino la «antropización» que traería trás ella, sobre todo los crecimientos urbanísticos.

En ese momento, se desestima el desdoblamiento de ese tramo, y en 2001 se inauguran los 22 primeros kilómetros y se inicia una serie de conversaciones con los ayuntamientos de la zona para mejorar la carretera y acabar con los puntos negros sin desdoblarla. Entonces se crea una plataforma en la que están representados los alcaldes de la zona y las consejerías de Medio Ambiente y de Transportes. En las actas de esas reuniones se puede comprobar que, curiosamente, ni uno solo de los alcaldes, en ningún momento, habla de seguridad en la carretera. Todos lo hacen, exclusivamente, de sus intereses urbanísticos. El de Navas del Rey, por ejemplo, insiste en que necesita nuevas zonas de desarrollo urbanístico y que la variante que se está planeando, la van a «meter» por su «futuro crecimiento». Cuando se empieza a proyectar la mejora de la carretera, los técnicos hablan de eliminación de curvas, ensanche de arcenes, construcción de carriles de adelantamiento… Pero ésa no es la preocupación real de los que piden el desdoblamiento.

Al mismo tiempo, se crea otra plataforma a favor del desdoblamiento, integrada por todos los alcaldes de la zona, que se manifiestan y cortan la carretera. Su portavoz es el regidor de San Martín de Valdeiglesias, el socialista José Luis García Sánchez, diputado del PSOE y actualmente refugiado laboralmente en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tras perder las últimas elecciones municipales.

LA PISTA ABULENSE

El CSIC dice que hay que hacer un plan de ordenación de toda la ZEPA para evitar su degradación, impedir los crecimientos urbanísticos incontrolados y evitar que se desdoble la carretera. Como no se ponen de acuerdo alcaldes, consejeros y todas las partes implicadas, la cosa va muy lenta. En 2003, después del «tamayazo», Esperanza Aguirre se pone al frente del Gobierno regional. Hasta entonces, jamás, ni en su programa electoral ni en ninguna declaración pública, se había manifestado, en un sentido u otro, sobre el asunto del desdoblamiento de esa carretera. Pero a los pocos meses de ser presidenta, a principios de 2004, realiza un viaje a Ávila, se entrevista con el presidente de la Diputación y máximo responsable del PP en esa provincia, Sebastián González Vázquez, que es el marido de la hermana de Ángel Acebes, y allí parece ver la luz. Hay que tener en cuenta que, tras atravesar el centro de la ZEPA, la carretera M-501 continúa hasta Ávila y recorre esa provincia, donde cambia su denominación por la de C-501.

Poco después se celebran las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que pierde Aznar, y el cuñado de Acebes deja la Diputación de Ávila para incorporarse, como secretario de Organización del PP nacional, a la sede central del partido, en la calle de Génova. Mucho más cerca de Esperanza Aguirre.

Cuando regresa de Ávila, tras el encuentro con Sebastián González Vázquez, Aguirre declara inmediatamente que hay que desdoblar la carretera. Y en el verano de 2004, los alcaldes empiezan a movilizarse de nuevo. La mesa convocada para intentar alcanzar un acuerdo de mejora de la carretera había dejado de reunirse cuando Gallardón dejó la presidencia de la Comunidad, y ya no vuelve a convocarse hasta 2005, con María Dolores de Cospedal al frente de la Consejería de Transportes (en la que ha sustituido a Francisco Granados, el 21 de diciembre de 2004). Cospedal comunica que sólo hay una opción: se desdobla la carretera.

El asunto intenta enmascararse, al final, como resultado de una propuesta de los alcaldes de la zona. Cada uno de ellos firma un modelo único de documento, elaborado en la consejería. Con la excusa de acceder a las exigencias de estos ediles, la Comunidad de Madrid inicia los trámites para aprobar el desdoblamiento. María Dolores de Cospedal ha sido subsecretaria del Ministerio del Interior cuando lo encabezaba Ángel Acebes, con quien mantiene una estrecha amistad. Otra vez aparece la pista abulense. La familia de Acebes es propietaria de enormes extensiones de terreno en la provincia de Ávila.

En julio de 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprueba la construcción de la autovía. No tiene en cuenta el informe negativo que se hizo en 1998 y tampoco el del CSIC del año 2000, no toma en consideración ninguna opinión contraria al desdoblamiento, ni se somete la nueva carretera a evaluación de impacto. El Consejo aprueba que es una obra de interés general y se salta todos los controles. Como broche, Esperanza Aguirre vuelve a soltar otra de sus frases características: «Antes que los pajaritos y los arbolitos, están las vidas humanas».

La asociación Ecologistas en Acción denuncia el caso ante el Defensor del Pueblo, que le da la razón y señala que los datos que aporta la Comunidad no justifican el desdoblamiento. Más de un centenar de científicos presentan un pliego de firmas oponiéndose al proyecto aprobado, pero Esperanza Aguirre sigue a lo suyo. Cuando está en trámite un plan de ordenación de recursos naturales, no se pueden llevar a cabo obras como ésta. Los miembros de Ecologistas en Acción recurren al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, al mismo tiempo, presentan una queja ante la Unión Europea, porque, al tratarse de una carretera que atraviesa una zona protegida, el asunto entra dentro de sus competencias. Las ZEPA están incluidas en Natura 2000, una red de espacios protegidos de toda Europa.

Por su parte, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) también recurre el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Comisión Europea. El consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, se convierte en el rey de la intoxicación y niega toda información fiable a las organizaciones ecologistas y a la prensa. Zabía, fiel al más puro estilo Aguirre, está acostumbrado a manejar la consejería a su antojo¹². Para sustituir al pormenorizado informe del CSIC, ordena elaborar un documento chapucero, el llamado Plan de Integración Ambiental, que aparece sin firmar. En él se dicen simplezas como que los conejos no se van a ver perjudicados el desdoblamiento, porque los van a trasladar de zona, y que los árboles afectados se van a trasplantar. Al final, los 3.000 árboles afectados por las obras que iban a ser trasplantados se quedan en sólo 800, que no salen adelante.

Empiezan los trabajos del desdoblamiento en 2006 y el Tribunal Superior de Justicia deniega cuatro veces la paralización cautelar de las obras, hasta que el presidente de la Sala, Juan José Massigoge Benegin, es sustituido por José Luis Quesada Varea. Entonces, en febrero de 2008, una nueva sentencia da la razón a los ecologistas, señala que, efectivamente, el proyecto se tenía que haber sometido a valoración de impacto y que no está justificado declararlo de interés general para pasar por encima de las normativas europeas al respecto.

En marzo, Ecologistas en Acción pide la ejecución de la sentencia que declara nulo el acuerdo de desdoblamiento, y que se restablezca a los terrenos su estado original. El Tribunal Superior lo acepta, pero exige una fianza de cerca de medio millón de euros, porque la Comunidad recurre el fallo y la sentencia aún no es firme. Mientras se inicia una campaña para recoger este dinero, la Comunidad de Madrid incrementa los turnos en las obras de desdoblamiento, que continúan día y noche. Un día muy significativo, el 18 de julio, Esperanza Aguirre inaugura la carretera, varios meses antes de lo previsto.

URBANISMO DESDOBLADO

Desde 2005, fecha en la que se aprueba el desdoblamiento de la carretera M-501, 11 de los 19 municipios de la zona han modificando sus planes urbanísticos. Quijorna es de los primeros: tiene 5.000 habitantes y está prevista la construcción de 10.000 viviendas. También tramitan nuevos planes generales Villamantilla, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real… Lo mismo sucede en Ávila: Navahondilla, Cebreros, Santa María del Tiétar… Piedralaves tiene un proyecto para construir el mayor centro de turismo rural empresarial de Europa, con campos de golf, bungalows, hoteles… Ahora está paralizado por la crisis. Hasta hoy, la superficie urbanizable propuesta supone un incremento del 958 por 100 sobre la ya existente con anterioridad, el número de viviendas de nueva construcción se eleva un 83 por 100 y la población prevista crece un 294 por 100.

Pero además de las reclasificaciones para uso residencial, hay que tener en cuenta los proyectos de complejos deportivos de lujo que van apareciendo en la zona: uno de golf (la debilidad de la presidenta) en Aldea del Fresno, junto a una urbanización de lujo de 1.800 viviendas; otro campo de golf en Chapinería; un complejo náutico en Navalagamella, en la urbanización Cerro Alarcón; en Villa del Prado, un complejo deportivo-ocio, con campo de golf, cómo no, centro de equitación y alojamiento; en Fresnedillas de la Oliva, un parque temático del agua… Queda claro que el interés primordial de la operación era favorecer los crecimientos urbanísticos en la zona.

«Esperanza Aguirre ha destruido la Administración pública», afirma María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. «No sólo los consejeros y los directores generales, sino también los cargos intermedios, como los jefes de área, son gente puesta por ella, de su total confianza. No hay nadie, ahora mismo, en la Comunidad de Madrid, con un cargo de relevancia, que vele por el interés general de los ciudadanos, sólo hacen lo que ordena esta señora. Ella decide todo. Los consejeros no pintan absolutamente nada. Antes, con Gallardón, llegó a haber un enfrentamiento entre la Consejería de Medio Ambiente y la de Transportes. Y el enfrentamiento se dirimió con un tercer informe. Eso ahora es impensable. La consejería de Medio Ambiente ha desaparecido. Lo primero que hizo Esperanza Aguirre al llegar al poder regional es destruirla, al unirla con Urbanismo. Y puso de consejero a un títere a sus órdenes. Y, después de Mariano Zabía, lo que ha venido ha sido igual. Tenemos una consejería que es un satélite de las empresas inmobiliarias. Allí va el constructor o el propietario de la empresa que sea y dice: “Me molesta esta protección”. Y esa protección desaparece. “Quiero construirme una casa…” “No te preocupes, que la puedes construir.” Se saltan la legalidad y, si no, modifican la leyes. Desde que está Esperanza Aguirre, se ha modificado la Ley del Suelo cuatro veces. Y todas las modificaciones se han hecho para permitir proyectos concretos. Ahí se ve el caciquismo de este Gobierno.»

«La primera que se hizo fue para permitir la construcción de un campo de golf en Alcalá de Henares, en una finca de investigación agraria», continúa María Ángeles Nieto. «La familia de Esperanza Aguirre tiene una finca enorme en El Escorial, La Granjilla. Pues bien, la Ley del Suelo que se aprobó en 2001 permitía que se restauraran edificios de interés arquitectónico para uso residencial. Pues ella cambió esa ley y puso “uso residencial y hostelero”. Y a continuación, las grandes fincas que hay en El Escorial, que tienen grandes mansiones, se están transformando en hoteles de lujo»¹³.

Capítulo II

LA CARRERA HACIA EL PODER

Los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez fueron imprescindibles para que Esperanza Aguirre pudiera convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid.

«En el mundo, no me ha impresionado nadie; el papa, Isabel II, el dalai lama… Lo siento, sólo me impresiona Aznar. Y cuando él me ha mandado algo, en sus llamadas de minuto y medio, no he osado discutirle.» Esperanza Aguirre

Esperanza Aguirre está obsesionada con el poder y su meta es llegar a alcanzar, también ella, los puestos que ocupó su admirado José María Aznar: la presidencia del PP y, sobre todo, la del Gobierno central. A sus 57 años, lleva ya 30 en política, 25 de ellos en cargos públicos. Inicia su carrera en 1978, dentro de la llamada Unión Liberal, fundada por el empresario José Antonio Segurado y el catedrático Pedro Schwartz. Gracias a la coalición de este pequeño partido con Alianza Popular, consigue un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 1983.

Una anécdota que contaban algunos de sus propios colaboradores en la Casa de la Villa, donde ejerció de número dos del alcalde José María Álvarez del Manzano, resalta la idea que Esperanza Aguirre tiene del arte de la política: «Nada más ser nombrada concejala de Medio Ambiente, se dedicó a asegurar, tanto al alcalde como a los dirigentes del PP de Génova, que ella era la verdadera líder de su organización y que el presidente Segurado no hacía nada».

En 1989, el acalde socialista de Madrid, Juan Barranco, pierde su puesto tras una moción de censura y es sustituido por Agustín Rodríguez Sahagún, del Centro Democrático y Social (CDS), que ha llegado a un acuerdo con Alianza Popular, partido en el que ya milita Esperanza Aguirre. Después de seis años en la oposición, es nombrada concejala de Medio Ambiente.

Su ascenso político es lento. En 1989, cuando Manuel Fraga piensa en nombrar nuevo sucesor para encabezar el recién creado Partido Popular, tras su golpe de mano contra Antonio Hernández Mancha, y coloca sobre la mesa la candidatura de Isabel Tocino, Esperanza Aguirre lleva ya seis años como concejala y es tercera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid. Aún le quedan otros seis años de recorrido por la Casa de la Villa. Tiene los ojos puestos en el bastón del acalde, pero, de momento, ni se le ocurre mirar más arriba.

Tras la segunda victoria de Álvarez del Manzano en Madrid, en 1995, Aguirre ocupa la primera tenencia de alcaldía, con las competencias de Personal, Hacienda y Presupuestos, y es nombrada portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Se convierte en la indiscutible segunda de a bordo. Ese mismo año es nombrada consejera de Caja Madrid, en representación del Partido Popular. Enseguida inicia la privatización de algunos servicios municipales, como los relacionados con parques y jardines, y también la recogida de basuras, fiel a su pensamiento «liberal».

Ese mismo año, en el seno del PP, ya se empieza a hablar de la conveniencia de cambiar a José María Álvarez del Manzano, y Aguirre cree que ha llegado su momento, pero el político sevillano demuestra que es más difícil de roer de lo que muchos de sus compañeros de partido creen, y aún hay que esperar unos años para sacarlo de la poltrona municipal. La continuará ocupando hasta 2003.

Mientras tanto, Aguirre no deja, en ningún momento, de cultivar su relación con José María Aznar, y consigue incorporarse a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, de donde se nutre el estado mayor del entonces presidente del PP. Aznar crea FAES en 1992, como instrumento alternativo a la Fundación Cánovas, que considera de un tono demasiado liberal, con la idea de que sea el núcleo ideológico del PP. Los objetivos de la Fundación los decide Aznar, su sistema de funcionamiento lo diseña Miguel Ángel Cortés, y la gestión corre a cargo de Alfredo Timermans. Todos los primeros patronos de la FAES son personajes cercanos a Aznar, y para Esperanza Aguirre es muy importante formar parte de ese primer patronato 1992¹. de Casi todos los miembros del llamado «clan de Valladolid» se encuentran estrechamente ligados a la Fundación. Aguirre gana enteros dentro del PP con su presencia en este club. El 31 de enero de 1996 pasa a pertenecer al Comité Nacional del partido, y en julio de 1999, seis meses después de ser elegida presidenta del Senado, es nombrada vicepresidenta ejecutiva de la FAES. Además, una de sus grandes aficiones, el golf, le permite dar clases a Ana Botella. Se sitúa siempre cerca de Aznar. Hasta ahora.

Y es José María Aznar quien va a cambiar el rumbo de la carrera política de Esperanza Aguirre, de forma tan rápida y fulgurante como inesperada: en 1996 la coloca al frente de la lista madrileña para el Senado y la hace luego ministra de Educación. Tres años más tarde, se convierte en la primera mujer que preside el Senado. Y en un giro que sorprende a todos, en 2003, cuando ella cree que ya ha llegado su hora de encabezar el Ayuntamiento de la capital, su admirado jefe de filas la sitúa de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

TIEMPOS DE SARA… MAGO

Tras haberse fogueado durante largos años en el Ayuntamiento de Madrid, la primera estación de su ascenso político es el Ministerio de Educación y Cultura. Resulta difícil de homologar su etapa al frente de este departamento, jalonada por monumentales meteduras de pata y una actitud que, por momentos, raya en el surrealismo. Los reporteros del programa de Tele 5 Caiga Quien Caiga, con el Gran Wyoming al frente, encuentran en ella una inagotable veta cómica para enriquecer su espacio. La insólita ministra disparata cada vez que abre la boca, confundiendo películas, libros y autores. Los chicos de CQC la siguen a todas partes y la caricaturizan presentándola como una ignorante atolondrada que siempre suelta la primera insensatez que se le pasa por la cabeza.

Pero el programa también consigue sacarla del semianonimato. Hasta ese momento, poca gente sabe quién es Esperanza Aguirre, una gregaria del PP, pero gracias a sus esperpénticas frases se convierte en una cara popular. Al ser la titular de Cultura, es, con mucha diferencia, el miembro del Gobierno que más coincide con los periodistas del programa, en presentaciones de libros, discos, estrenos de teatro y de cine, entregas de premios… Ella sabe aprovechar el asunto y darle la vuelta: «Me perseguían siempre, me querían pillar en todo, y yo me lo tomaba a broma, pero mis jefes de prensa no hacían más que advertirme de cuándo aparecían, para que saliera por otra puerta. Yo no les hacía ni caso, porque entendí que CQC me proporcionaba una popularidad enorme y la posibilidad de darme a conocer, algo que habría costado muchísimos millones lograr»².

De todos modos, lo cierto es que su paso por el Ministerio de Educación y Cultura deja perlas memorables. Ese cargo, obviamente, no cuadra con sus conocimientos y su personalidad. En un hipotético Ministerio del Golf lo habría hecho bastante mejor. En mayo de 1997 decide meterse a saco en el terreno académico y afirma que las innovaciones del PSOE en educación han condenado a toda una generación a la ignorancia, porque, «al confundir igualdad con igualitarismo, descendió el conocimiento de los alumnos, ya que la única manera de igualar a todos fue bajar el listón». Sin embargo, ése es el mismo planteamiento que, sólo un mes antes, utilizó ella para calificar de «importantísimo» su decreto de reforma universitaria: «La reducción del número de asignaturas reducirá los fracasos».

Aguirre decide bloquear las reformas diseñadas por el secretario de Estado de Universidades, Fernando Tejerina; los rectores se quejan y ella, autoritaria, destituye a Tejerina y provoca una cadena de dimisiones. Resuelve la crisis sustituyendo al secretario general del Consejo de Universidades, Juan Roca, por Rafael Anes, hermano de Gonzalo Anes, académico de la Historia e intelectual del clan aristocrático, asturiano, liberal-opusdeístico, situado en el entorno de la familia de su marido, Fernando Ramírez de Haro.

Hace todo lo posible para imponer su Decreto de Humanidades, un intento de ideologizar la Historia de España que está a punto de llevarse por delante los acuerdos de legislatura del PP con sus socios nacionalista, catalanes y vascos. Aguirre olvida que su partido gobierna sin mayoría absoluta, tras haber ganado las elecciones generales por un estrechísimo margen de votos. La ajustada victoria del PP el 30 de abril de 1996 ha conducido a un alambicado e inestable pacto con PNV y CIU para conseguir que José María Aznar llegue al palacio de La Moncloa. El martes 16 de diciembre de 1997 sufre en el Parlamento una rotunda derrota, tras intentar dinamitar los planes de estudio diseñados en 1990 por los socialistas. Abandona el hemiciclo con los ojos empañados. Ella, que se inspira en la «Dama de Hierro», Margaret Thatcher.

Al cabo de año y medio con Aguirre al frente del ministerio, el único cambio destacado en la universidad es su ostensible parálisis. En la apertura del curso 98-99, el propio rey, al leer el discurso que le han preparado, pide un milagro: que nadie quede sin acceso a la educación superior por razones sociales. No se imagina lo que va a preparar en este terreno la ministra cuando llegue a presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aguirre es una de las celebridades que, en abril de 1997, interviene en la lectura ininterrumpida de El Quijote que tiene lugar en el madrileño Círculo de Bellas Artes. El primer comentario que realiza al llegar a tan señera meca cultural resulta ya un tanto inquietante. Con la preocupación reflejada de forma notoria en su rostro, pregunta a los responsables del evento: «¿Pero dará tiempo a leerlo en veinticuatro horas? ¿Y a quién tenéis de madrugada?».

No obstante, como ella no se arredra ante ninguna situación, por complicada que parezca, se lanza a abordar el fragmento de la obra que le corresponde. Sin entrenamiento previo. Y lee un conocido pasaje: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace». Ya fuera del púlpito, hace una sesuda reflexión: señala que los políticos podrían aprender mucho leyendo El Quijote. Por su parte, al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, le corresponde leer: «Del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro».

La impresión que le produce a Aguirre el contacto cercano con la inmortal obra de Miguel de Cervantes es tan extraordinaria que, poco después, propone liberalizar el precio de los libros de texto en beneficio de los hipermercados. Libreros y editores desenfundan las hondas dispuestos a combatir semejante desmán. Sin embargo, y a pesar del rechazo general, el Consejo de Ministros aprueba la media. Aguirre desfaciendo entuertos, como el heroico y generoso hidalgo, pero al revés.

De esa época es también una famosa frase que se le atribuye a la entonces ministra de Cultura, aunque no está acreditado que ella la haya pronunciado. Según se cuenta, en una ocasión, cuando alguien le habla del premio Nobel de Literatura José Saramago, Aguirre pregunta: «¿Y esa “Sara Mago” quién es, una pintora?». El propio autor portugués ha aclarado que la anécdota no es real, que fue una broma inventada. Pero matiza: «Aunque a Esperanza Aguirre la veo capaz de decir una cosa así».

Detrás de una gran ministra suele haber un amplio equipo de asesores cercanos. En su caso, enorme: 40 personas, 26 más que las recomendadas por el propio Aznar para ese departamento. Sin embargo, Esperanza Aguirre equilibra la balanza de pagos despidiendo a 500 profesionales del ministerio. Al frente de su equipo está situado, como secretario de Estado, Miguel Ángel Cortés Marín, abogado y miembro del llamado «clan de Valladolid», grupo que disfruta de hilo directo con el presidente del Gobierno y al que también pertenecen Carlos Aragonés y Eduardo Zaplana.

Cortés tiene un papel relevante en el escándalo organizado en torno al pretendido estreno de la «ópera» Luna, de José María Cano, antiguo miembro del grupo Mecano, en el Teatro Real. En unas declaraciones al diario El País³, Stéphane Lissner, ex director artístico del Teatro Real, argumenta: «No se puede conseguir un teatro internacional frente a quien piensa que el mejor compositor español es José María Cano. A petición de Cortés, tuve que verme con él y escuchar un musical al estilo de Broadway, que Cortés quería imponerme en la programación. Habría sido cómico».

La polémica engorda cuando salta a los medios de comunicación, y Cano, envalentonado por el apoyo total que le han prometido la ministra y su secretario de Estado, asegura que nadie impedirá el estreno de su obra en tan solemne recinto. «En el ministerio están muy ilusionados con ella, lo ha dicho Cortés», explica el autor de música pop recién incorporado al mundo operístico. «Cree que la inversión que se ha hecho en el Real no es para que unos “señoritines” vayan a ver por septuagésima vez Parsifal.» Cortés se defiende de las acusaciones de amiguismo que recibe respondiendo: «Los gustos particulares de un político son irrelevantes». Pero reconoce que hará lo posible para que Luna se estrene. Sin embargo, al final, el espectáculo se queda fuera de la programación del Teatro Real.

Cortés no es de los suyos, Aznar se lo ha impuesto a Aguirre y ella ha aceptado su designación por disciplina, pero no lo traga. Así que no pierde ocasión de hacerle chivo expiatorio de todos los descalabros del Ministerio de Educación y Cultura que ella encabeza. Las características más genuinas del «estilo Aguirre» quedan muy bien ilustradas cuando se conoce la forma que tiene la ministra de comunicar su cese a Elena Salgado, hoy vicepresidenta del Gobierno y responsable del área económica del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Salgado es en ese momento la directora de la Fundación Teatro Lírico y responsable, por tanto, del Teatro Real de Madrid, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. El tono y el contenido de la breve conversación que mantienen ambas dicen mucho sobre ciertos rasgos de Aguirre. Quiere ser amable y al mismo tiempo implacable. Y astuta, porque deja la huella del supuesto culpable⁴: «Elena, siento decirte esto porque nuestros hijos van al mismo colegio (el Instituto Británico), pero el secretario de Estado (Miguel Ángel Cortés) me ha dicho que no puedes seguir en el cargo ni un minuto más».

En julio de 1997, la ministra protagoniza una visita estelar al Museo del Prado, para revisar las cubiertas del edificio, y anuncia solemnemente: «Ya se han acabado las goteras». Cuatro meses después, la filtración de una tubería obliga a cerrar la sala de los «primitivos» españoles. El 23 de noviembre del año siguiente, la ministra de Cultura provoca una auténtica conmoción en el mundo de la pintura al anunciar que el presidente del Gobierno, José María Aznar, ha invertido «sus ahorros de fin de año» comprando con dinero «sobrante» de «varias direcciones generales» el cuadro de Joan Miró La masía (1922), una de las joyas de la National Gallery de Washington. Pero el cuadro, claro, no es La masía, sino La casa de la palmera (1918), del mismo autor, también una obra maestra, pero de precio más asequible y que, además, sí estaba en venta. La ministra, de nuevo, atribuye su error al secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, que tiene que aguantar los dardos que le lanza en público su «jefa».

El mundo del cine no se salva tampoco de la quema. Nada más llegar a su despacho, Miguel Ángel Cortés rechaza el decreto de Pilar Miró de subvenciones anticipadas, diciendo que «los últimos trece años han sido los peores del cine español». Solución: las subvenciones tendrán relación directa con el rendimiento de cada película en taquilla. También deja fuera de su política de subvenciones al teatro alternativo y excluye de las ayudas públicas a todas las salas con un aforo menor de 300 localidades. Además, retira al veterano grupo La Cuadra la subvención que ha venido recibiendo durante 15 años.

En un programa de la COPE, Aguirre reconoce que no sabe quién es Javier Tomeo, poco antes de que, el 13 de enero de 1998, se estrene en el Teatro Odeón de París la adaptación de la novela del escritor aragonés Diálogo en re mayor. Es la primera vez, en los últimos diez años, que un autor español consigue estrenar en la red de teatros nacionales de París. En relación con el escaso enciclopedismo literario de la titular del departamento de Cultura, el periodista Joan de Sagarra advierte: «La ministra Aguirre ya no podrá hacer gala de su ignorancia con respecto al escritor Javier Tomeo. Y yo aconsejaría al Gobierno de Aznar que se apresurase a condecorarle —aunque sea con la Cruz del Mérito Agrícola—, no sea que los franceses se anticipen con su Legión de Honor».

Otro desconocido para la ministra es el actor y director Santiago Segura, que está apunto de estrenar Torrente, el brazo tonto de la ley, una de las películas más taquilleras de la historia del cine español. En ese momento, Segura es ya un actor muy popular, tras haber protagonizado El día de la Bestia, de Álex de la Iglesia. Ante los micrófonos de la COPE, para no perder la costumbre, en el programa La Mañana, de Antonio Herrero, cuando le preguntan por Segura, Aguirre responde: «No tengo ni idea de quién es ese personaje». Más adelante, asiste al estreno de su película y un indiscreto micrófono de Tele 5 capta el comentario que la ministra hace al final de la proyección: «¿Viste la película? ¿Y no vomitaste?».

EL «TAMAYAZO»

Tras su paso por el Senado, cámara que preside entre 1999 y 2002, Esperanza Aguirre se presenta como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el 25 de mayo de 2003. Inesperadamente, Aznar nombra a Alberto Ruiz-Gallardón candidato a la alcaldía de Madrid y Aguirre es la señalada por el todopoderoso presidente del partido para sustituirle al frente del Gobierno regional. En las elecciones autonómicas, el PP es la formación más votada, pero no alcanza la mayoría absoluta, así que la alianza entre PSOE e Izquierda Unida impide que Esperanza Aguirre consiga su objetivo. El máximo dirigente regional del PSOE, Rafael Simancas, está dispuesto a conceder seis consejerías a Izquierda Unida, a pesar de que esta coalición tan sólo cuenta con 9 de los 56 diputados que configuran la mayoría absoluta de la Asamblea de Madrid.

El día de 10 de junio de 2003 se celebra la sesión constitutiva de la Cámara, en la sede de la Asamblea de Madrid, con la presencia de 55 diputados del PP, 47 del PSOE y 9 de IU. Pero inexplicablemente, dos representantes del PSOE, EduardoTamayo y María Teresa Sáez, se ausentan poco antes de que comience la votación y ya no vuelven a aparecer, ante el desconcierto de los socialistas y de los miembros de IU. En las filas «populares» la sorpresa es menor.

Eduardo Tamayo, nacido en 1959 en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido letrado en ejercicio desde 1986 hasta julio de 1999, cuando toma posesión de su puesto de diputado en la Asamblea de Madrid. En la lista electoral ocupaba el puesto número 13 y está considerado un «hombre de partido» en las revueltas aguas del socialismo madrileño.

En el VIII Congreso de la Federación Socialista Madrileña, que ha encumbrado al guerrista Rafael Simancas como secretario general, ha tenido un especial protagonismo Eduardo Tamayo, una de las figuras más visibles del grupo Renovadores por la Base, cuyo líder es José Luis Balbás. Tamayo defendió la candidatura a la secretaría general del profesor José Antonio Díaz, derrotado por Simancas. El futuro tránsfuga fue, además, el interventor de José Luis Rodríguez Zapatero en el XXXV Congreso Federal del PSOE, donde se eligió al hoy presidente del Gobierno como secretario general del partido, en julio de 2000.

María Teresa Sáez, su compañera en la operación de transfuguismo, es una discreta diputada autonómica, que en la legislatura anterior ha tenido una sola intervención en la Cámara y que, en esta ocasión, ha accedido al sillón de diputada en el puesto 46 de la lista encabezada por Rafael Simancas. La suya es la penúltima acta de las 47 con las que cuenta el PSOE. Sáez es auxiliar administrativa y ha trabajado en la secretaría del jefe de Oncología del hospital madrileño Doce de Octubre.

Las llamadas realizadas a través del teléfono móvil usado por Tamayo, que pertenece al grupo socialista, sirven para reconstruir los contactos del tránsfuga previos a la traición que va a resultar clave en la trayectoria política de Esperanza Aguirre. Cinco llamadas a un constructor y otra al abogado José Esteban Verdes, que días después contraerá matrimonio con Paloma García Romero, consejera del Gobierno regional de Gallardón en la anterior legislatura y recién elegida concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Los dos constructores son Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez, que tienen numerosos intereses en municipios del suroeste madrileño y están estrechamente vinculados al PP. Bravo es quien ha hecho la reserva de las habitaciones en el hotel donde se refugian, el día siguiente de su «espantada», Tamayo y Sáez.

Los acompaña un guardaespaldas, Juan Antonio Expósito, cuyos honorarios por realizar este trabajo, según su propia declaración, provienen del despacho del constructor Francisco Vázquez, quien, días antes del «tamayazo», se ha entrevistado en la sede central del PP, en el número 13 de la calle de Génova, con Ricardo Romero de Tejada, secretario general de ese partido en Madrid.

Romero de Tejada admite haber recibido a Bravo en su despacho, también que conoce a los empresarios Juan Carlos y Fernando Sánchez Lázaro, aunque niega tener relación alguna con Juan Carlos y sí algún negocio ganadero con el otro hermano. Poco después se descubre que Romero de Tejada cotiza a la Seguridad Social en una tienda de fotocopias propiedad de los hermanos Sánchez Lázaro. La empresa Mercados Inmobiliarios Promociones Europeas, propiedad de los Sánchez Lázaro, tiene su sede social en un despacho de abogados ubicado en el mismo edificio de la Plaza de Castilla donde Eduardo Tamayo instala la sede de Nuevo Socialismo, el partido que crea después de ser expulsado del PSOE.

Los socialistas piden la comparecencia en la comisión de investigación del Caso Tamayo de uno de los hermanos de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad. Santiago Aguirre, presidente de la sociedad inmobiliaria Aguirre Newman, ha colaborado como asesor en la adquisición del edificio María Zayas por parte de la sociedad Box Foro Inmobiliaria S. L., propiedad de Balbás. Los miembros del Partido Popular en la Asamblea consiguen impedir esta comparecencia. Y José Luis Balbás, «el conseguidor», es expulsado del PSOE.

El hermano de Esperanza Aguirre es también apoderado de Valdivia Inversiones, sociedad que ha comprado la inmobiliaria AF Inmuebles S. A., cuyo consejero delegado, Francisco Javier Agurruza, comparte negocios con Alejandro Sáez, socio, a su vez, de los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro, que vuelven a aparecer en la historia.

Dada la imposibilidad de formar un gobierno estable en la Comunidad, tras la deserción de los dos diputados socialistas, se convocan nuevas elecciones autonómicas. Se celebran el 26 de octubre de ese año y le proporcionan mayoría absoluta a Esperanza Aguirre, que se convierte en presidenta de la Comunidad de Madrid. El caso es similar al de la «Bienpagá» de Benidorm, Maruja Sánchez, otra tránsfuga socialista que, en 1991, permitió a Eduardo Zaplana acceder a la alcaldía de Benidorm, desde donde preparó su asalto a la Generalitat Valenciana⁵. A partir de este momento, Aguirre comienza a mirar hacia el palacio de La Moncloa.

Inmediatamente después de tomar posesión de su cargo de presidenta de la Comunidad deja claras algunas de las líneas fundamentales de su futura actuación. En la época de Alberto Ruiz-Gallardón había once consejerías, y ella integra su Gobierno con trece. Con el anterior presidente había 136 altos cargos, Aguirre nombra 145. Y asciende a los coordinadores a la categoría de subdirectores generales. El ascenso de categoría, como es previsible, lleva aparejado un notable incremento de sus remuneraciones. Cada uno de estos puestos de libre designación les cuesta a los madrileños 50.591 euros anuales. Es sólo una pequeña muestra de lo que va a venir a continuación.

Capítulo III

EL TRIUNVIRATO

Antes de iniciarse una sesión en la Asamblea de Madrid, Aguirre da las últimas instrucciones a los miembros de su «triunvirato»: Ignacio González (junto a ella), Alfredo Prada y Francisco Granados (a la izquierda). Prada será fulminado tras pasarse al bando de Mariano Rajoy.

Desde que llega a la Comunidad de Madrid, en noviembre de 2003, Esperanza Aguirre trata de dividir los poderes de su equipo de Gobierno, manteniendo siempre la decisión final sobre cualquier asunto para ella misma. Con ese fin, crea dos vicepresidencias y se las otorga a dos hombres que son como el agua y el aceite, Ignacio González, persona de su total confianza desde los tiempos del Ayuntamiento de Madrid, y Alfredo Prada, un veterano de la política parlamentaria, senador por León y vicepresidente de la Cámara Alta. Sus validos nunca llegan a entenderse, pero eso le gusta a Aguirre, porque le permite tener en todo momento dos visiones distintas y mayor poder sobre ellos. Les da cuerda, les permite que actúen, pero sus hombres de confianza tienen claro siempre que quien manda es la presidenta. A Granados, otro peso pesado de su Ejecutivo, también lo pone en los lugares de cabeza.

Esta tricefalia diseñada por la presidenta, una de las más singulares características de su Gobierno, está a punto de romperse por la batalla que sostienen González, vicepresidente primero, y Granados, consejero y secretario general del PP madrileño, pero cuando estalla es después del Congreso de Valencia del PP, celebrado en junio de 2008, con la expulsión de Alfredo Prada del Ejecutivo regional.

La Comunidad de Madrid, desde la época de Alberto Ruiz-Gallardón, tiene tres empresas que concentran la posibilidad de manejar dinero público. En las concesiones de obras y servicios es donde están las comisiones. El buque insignia es el Canal de Isabel II. Durante el mandato de Ruiz-Gallardón esta empresa pública tuvo al frente a Manuel Cobo y Pedro Calvo, dos hombres de la más absoluta confianza del entonces presidente. En alguno de los duros enfrentamientos que han sostenido el ahora alcalde de Madrid y Aguirre, ella ha amenazado con tirar de la manta y desvelar lo que se encontró en el Canal al llegar. Pero el suicidio colectivo no está contemplado en política. Nunca se llega a materializar, por más amenazas que existan.

En el entramado de obras y adjudicaciones de la Comunidad de Madrid también es fundamental la empresa pública Arpegio, dedicada a la gestión del suelo. Lo compra o se queda con el que le corresponde a la Comunidad en cada desarrollo urbanístico, que deja un 10 por 100 al Ayuntamiento correspondiente y otro 10 por 100 a la Comunidad de Madrid. En esas compraventas hay mucho dinero por medio.

La tercera empresa pública importante es Tres Cantos S. A.. aunque ha ido perdiendo relevancia. En la época de Ruiz-Gallardón estuvo mucho más activa que ahora. Está dedicada a la gestión del suelo y de vivienda pública. Con el Gobierno de Esperanza Aguirre, en cambio, es el IVIMA el que desarrolla mayor actividad, pero el sistema es el mismo. Consiste en no privatizar la empresa, que sigue siendo pública, pero sí las obras de construcción y los servicios. Eso es lo que les interesa a los constructores, que les paguen con dinero público garantizado. Negocio redondo. Ahora, como las empresas inmobiliarias han patinado, el globo puede reventar.

El indiscutible hombre fuerte en el triunvirato de Esperanza Aguirre, aunque en determinados momentos alguno de sus compañeros se le haya puesto respondón, es Ignacio González. Cuando llega al Ejecutivo autonómico, piensa que todo va a estar bajo su mando y no se queda ninguna consejería para él, directamente. Intenta crear un gobierno en la sombra, con viceconsejeros que atiendan a sus órdenes. Ellos son, en realidad, los que deciden en cada deparatamento sobre muchos asuntos importantes. Parece que de ese modo la cosa está controlada, pero se da cuenta de que él no maneja el dinero. Así que decide quedarse el Canal de Isabel II, convirtiéndose en su presidente y poniendo de segundo a un peón suyo, Ildefonso de Miguel. Pero le parece poco y, al final, él se adjudica también la Consejería de Presidencia.

A Francisco Granados, el ambicioso ex alcalde de Valdemoro, Esperanza Aguirre le otorga el mando sobre la Consejería de Transportes e Infraestructuras, la que más dinero mueve y más obras maneja. Por su parte, el vicepresidente segundo, Alfredo Prada, es nombrado consejero de Justicia e Interior. Ahí la tajada está en la Ciudad de la Justicia, un plato muy apetitoso: vender inmuebles de la Consejería de Justicia en el centro de Madrid, incluidos los juzgados de la Plaza de Castilla, y luego construir un enorme complejo de edificios. Un dineral en movimiento. El proyecto, al final, se irá a pique por falta de financiación, lo que explica muchos de los desencuentros del político leonés con Aguirre y su salto definitivo al bando de Rajoy. Pero al principio, Prada disfruta de un trato privilegiado: despacha sólo y directamente con Aguirre.

Ruiz-Gallardón tenía la relación con los grandes constructores perfectamente establecida. Ellos conocían las reglas y sabían, en todo momento, a quién tenían que dirigirse para pedir o dar. Pero llega Ignacio González y cambia las normas. Pretende que todo pase primero por él. Al parecer, un poderoso empresario que ha realizado muchos negocios en la Comunidad de Madrid durante la época de Ruiz-Gallardón y que también mantiene buenas relaciones comerciales con las administraciones del PSOE, es el primero que habla con alguien de Génova para levantar la liebre, avisar de lo que está ocurriendo e intentar aclarar con quién hay que hablar las cosas. Y se produce el primer enfrentamiento entre el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, e Ignacio González. La-puerta le cuenta a Mariano Rajoy cómo está la situación.

Comienzan a producirse las primeras adjudicaciones del Canal de Isabel II y les corresponden a empresarios de la cuerda de Ignacio González, diferentes de los que funcionaban en la época de Ruiz-Gallardón. Por ejemplo, el Canal multiplica enormemente los gastos de seguridad, con el atentado del 11-M todavía caliente y la excusa de que los islamistas pueden intentar envenenar el agua de los madrileños. Se firma un contrato faraónico con Segurisa, una empresa de Enrique Sánchez, un hombre de Florentino Pérez que estuvo en la junta del Real Madrid. Sánchez es también amigo de Ignacio González, y el encargado de pagarle el viaje a Sudáfrica que sale a relucir con la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid. González adjudica a la empresa de su amigo¹, en 2005, un contrato de 33 millones de euros. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le conceden 953.000 horas, a un precio cercano a los 18 euros. Es el primer gran escándalo del Canal en la era Aguirre.

ACOTANDO EL TERRITORIO

Por otra parte, el choque de trenes entre Ignacio González y el ya alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se produce, precisamente, por dilucidar quién es el encargado de mantener las relaciones con los grandes constructores que trabajan, de forma permanente, en las principales obras de la región: el Metro, los hospitales, las carreteras y hasta las calles que se remodelan con el Plan Prisma (Plan de Inversiones y Servicios de Madrid). La mayor parte de ellos están acostumbrados a tratar con Ruiz-Gallardón, tras muchos años de contactos y con el visto bueno de la dirección nacional —antes Aznar y después Rajoy—, pero lo primero que hace Ignacio González es llamar a su despacho a los Entrecanales, a Florentino Pérez, a Juan Villar Mir (OHL), a los responsables de Sacyr, Sufi, Corsán, etc., y decirles que las cosas han cambiado. Eso levanta ampollas no sólo en el Ayuntamiento de Madrid, metido en grandes obras como la M-30, sino en la propia sede de Génova, donde el secretario general, Ángel Acebes, trata de llamar al orden al hombre de Aguirre.

Algunos de los empresarios que pierden sus negocios en la Comunidad de Madrid tras la llegada de Ignacio González a la vicepresidencia del Gobierno regional son, probablemente, quienes alientan la elaboración de los dossieres sobre él que van a llegar a la sede central del PP de la calle de Génova, en concreto al tesorero Álvaro Lapuerta, que a su vez será espiado más adelante.

Mientras, Granados se va creciendo, piensa que puede llegar a ser el primus inter pares elegido por Aguirre. Mantiene muy buena relación con la antigua jefa de prensa de Pío García Escudero, Victoria Cristóbal, que ejerce notable influencia sobre Aguirre y tiene su despacho muy cerca del de la presidenta. Cuando se plantea la sustitución de Ricardo Romero de Tejada como secretario de la organización de Madrid, Ignacio González propone para el puesto a Granados, con la intención de quitárselo de encima, pero éste no quiere. Está claro que es una maniobra para sacarle de la consejería que mueve más dinero.

A finales de 2004 se celebra el congreso regional del partido. Y Esperanza Aguirre y Manuel Cobo, el más estrecho colaborador de Ruiz-Gallardón, libran una batalla abierta para controlar la dirección. Durante el mandato de Aznar en el partido, su enviado personal, Pío García Escudero, ha sido el encargado de que hubiera paz entre los tres grupos tradicionales que componen el PP en la región: los liberales de Rodrigo Rato, los democristianos de José María Álvarez del Manzano y los partidarios de Ruiz-Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

Este statu quo salta por los aires cuando Esperanza Aguirre reclama para ella todo el poder político, en noviembre de 2004, aprovechando el XIII Congreso del Partido Popular madrileño.

Gallardón no se atreve a presentar su candidatura frente a la de Aguirre y manda a su segundo, Manuel Cobo, al calvario de la derrota, mientras Mariano Rajoy hace de «don Tancredo» y abre paso a la guerra fratricida entre ambos dirigentes del PP.

Aguirre arrasa en el congreso, es elegida presidenta y elige a Francisco Granados como nuevo secretario general del partido en Madrid. Granados pretende conservar, al mismo tiempo, la poderosa Consejería de Transportes e Infraestructuras, pero Ignacio González se niega a aceptarlo y consigue moverle la silla, colocando en su lugar a María Dolores de Cospedal, con la que ha coincidido en el Ministerio del Interior del Gobierno de Aznar.

El vicepresidente del Ejecutivo regional está convencido de haber neutralizado a uno de sus más cercanos competidores e insiste en dejar al nuevo secretario general del partido en Madrid sin consejería ni control sobre presupuestos ni adjudicaciones. Al final, llegan a un acuerdo: Granados consigue la Consejería de Presidencia e Interior, pero tiene a un hombre de González, Alejandro Halffter, de secretario general técnico. Después, Halffter asciende a viceconsejero y continúa como una sombra junto a Granados.

En esa época se producen los primeros rumores de enfrentamientos entre Génova y la Puerta del Sol por el control de las finanzas del PP de Madrid. A este respecto, hay que tener en cuenta el poderío económico de la región y que, como es sabido, las finanzas de los partidos dependen, en gran medida, de las aportaciones externas. Del estilo de las que afloraron en Cataluña, cuando el socialista Pasqual Maragall acusó en el Parlamento de aquella comunidad autónoma a los pujolistas de cobrar la comisión del famoso 3 por 100 de las obras públicas. El propio secretario general del PP en ese momento, Ángel Acebes, vuelve a intentar aclarar la cuestión con Ignacio González, pero de nuevo el problema se cierra en falso y Mariano Rajoy se limita a tomar nota de las protestas de muchos empresarios, que ya no saben adónde acudir para resolver sus problemas con las adjudicaciones de obras públicas.

La guerra entre González y Granados, nombrado finalmente consejero de Presidencia e Interior, eclipsa, de momento, el conflicto que enfrenta al primero de ellos con Alfredo Prada.

En el trasfondo de la cada vez menos larvada pugna entre ambos está también el control de la sociedad pública Arpegio, que desarrolla importantes operaciones urbanísticas en la región madrileña, como el Consorcio de los Molinos y Buenavista, en Getafe, una promoción de más de

12.000 viviendas. Granados consigue que Aguirre le autorice a llevarse a la Consejería de Presidencia la empresa Arpegio.

Arpegio se queda con el desarrollo inmobiliario de 12.000 viviendas protegidas en Getafe en un consorcio del que forma parte la Comunidad, con un 60 por 100, y el Ayuntamiento, con el restante 40 por 100. Granados se reúne con el alcalde de la localidad, Pedro Castro, y se reparten las viviendas, de tal forma que la construcción de la mayor parte de ellas le corresponde a la Comunidad. Granados pretende adjudicárselas a un amigo suyo, el empresario David Marjaliza, ex concejal del PP en Valdemoro, y a sus socios Ramiro Cid y Julio Jiménez de los Galanes, el constructor que hace la mayor parte de los edificios de El Corte Inglés en esta localidad situada al sur de la capital.

Una parte importante de los terrenos del municipio de Valdemoro son propiedad de El Corte Inglés, auténtico patrono inmobiliario de la localidad. Francisco Granados mantiene una estrecha relación con su presidente, Isidoro Álvarez, y, con frecuencia, ambos comparten lujosas jornadas de caza, junto a constructores y alcaldes del PP, en fincas de Ciudad Real como El Gargantón y Los Collados. En Valdemoro se han construido 40.000 viviendas durante los últimos diez años, casi todas de precio libre. La mayor parte de ellas en terrenos de El Corte Inglés. Una fortuna materializada gracias a las correspondientes y oportunas recalificaciones.

Pero alguien le dice a Ignacio González que se ha producido el acuerdo secreto entre Granados y Pedro Castro para construir en Getafe, poco antes de que aparezca publicado en el Boletín de la Comunidad. Y González no parará hasta que consiga quitar del negocio a su «compañero» en el Ejecutivo regional. Finalmente, el «número dos» del Gobierno de Aguirre se saldrá con la suya y asumirá directamente la adjudicación de los pisos a través de la directora general del Suelo, Silvia del Saz. Y si no consigue fulminar del todo a Granados es por la buena relación que éste mantiene con el marido de Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo.

FUEGO AMIGO

Esta guerra por las viviendas de protección oficial es la que provoca, en octubre de 2006, el incendio intencionado del mini cooper de la esposa de Francisco Granados cuando está aparcado en los sótanos de su domicilio en Valdemoro. Tan sorprendente hecho sirve para que se descubra un entramado de empresas concertadas con el secretario general del PP madrileño para la compraventa de coches particulares y de un apartamento en Marbella, a través de empresas de Marjaliza y Cid.

El vehículo está a nombre de la constructora Grandes Locales de Negocio, S. L. Esta empresa, propiedad de Marjaliza, ha construido varios edificios en Valdemoro, entre ellos la vivienda de Granados. El consejero de Presidencia afirma que sólo se trata de un retraso en el cambio de titularidad del vehículo, mientras que Aguirre declara que el incendio es el primer «atentado político» en la Comunidad de Madrid.

No se llega a saber quién ha sido el autor del «toque de atención», pero lo que sí queda claro es que este hecho tiene una consecuencia muy importante: la rendición incondicional de Granados, que, en prueba de ello, acepta como viceconsejero en el nuevo Ejecutivo de Aguirre, en junio de 2007, a una persona de toda confianza de Ignacio González, el citado Alejandro Halffter, el único miembro del equipo de Gobierno que, hasta ese momento, no tiene un perfil político. Cuando ya tiene a Granados contra las cuerdas, González rompe el acuerdo con Pedro Castro y demuestra que quien manda es él, que nada se puede hacer a sus espaldas. Granados, aparentemente, asume la derrota y suaviza su relación con González, en espera de tiempos mejores.

La precaria paz entre González y Granados activa las disputas de ambos con Alfredo Prada, hasta el punto de que los dos se oponen a que Aguirre lo mantenga, en junio de 2008, al frente de la Vicepresidencia Segunda y de la Consejería de Justicia. Le acusan de ir por libre y de despachar sólo con Aguirre. La construcción de la Ciudad de la Justicia, una de las promesas incumplidas de la presidenta para su segunda legislatura, contribuye también a crear más tensiones. Diputados regionales y periodistas comienzan a hablar, por primera vez abiertamente, de la existencia de informes sobre Ignacio González, aunque, de momento, nadie concreta ningún dato.

Otro enemigo común de González y Granados es Juan José Güemes, un ratista que va por libre. Cuando Rajoy dice que hay que echar a los alcaldes imputados por Garzón en el caso Gürtel, González y Granados contestan: «Y el suegro de Güemes, ¿qué?»². Los demás consejeros son decorativos, no tienen ningún poder.

Los restos de la «armada» de Rodrigo Rato en Madrid forman un grupo cada vez más heterogéneo, que se mantiene en el poder o cerca de él sólo gracias a la «benevolencia» de la presidenta Aguirre. Estanislao Rodríguez-Ponga y José Manuel Fernández Norniella están en el Consejo de Administración de Caja Madrid, el primero de ellos como vicepresidente, y el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, principal atizador de la guerra contra el doctor Montes y los médicos de las urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, ha desembarcado en el consejo de Cibeles, la sociedad que agrupa las participaciones de Caja Madrid.

En ese momento ha fracasado también el intento de la llamada «Banda de la gomina» (directamente conectada, como luego se ha visto, con Francisco Correa y el caso Gürtel), salida del «clan de Becerril», dirigido por el yerno de Aznar, Alejandro Agag, de promocionar a algunos de sus jóvenes cachorros para alcaldes de varios municipios de la zona oeste de la Comunidad madrileña, al estilo de lo que ya había ocurrido con Guillermo Ortega, que sustituyó en la alcaldía de Majadahonda al veterano Romero de Tejada. O incluso de alentar al propio alcalde del Boadilla, Arturo González Panero, para pugnar por el cargo de secretario general del PP madrileño, haciéndole sombra al propio Francisco Granados. El único éxito de este grupo consiste es conseguir el nombramiento de Alberto López Viejo como consejero de Deportes. Ahora, los tres «triunfadores», Ortega, González Panero y López Viejo, están imputados en el caso Gürtel.

Los enfrentamientos entre Aguirre y Gallardón se recrudecen por el puesto de «número dos» de la lista del PP por Madrid para el Congreso en las elecciones de marzo de 2008. Gallardón queda excluido y amenaza con retirarse de la política. La cuerda entre la presidenta y el líder del partido, Mariano Rajoy, acaba por romperse cuando el PP madrileño y Telemadrid apuestan decididamente, después de la derrota electoral del PP, por pedir un relevo en la dirección del partido.

La preparación del Congreso de Valencia, que se celebra en junio, no hace más que enrarecer el ambiente en el seno de la organización y afilar el enfrentamiento entre ellos. Es entonces cuando Rajoy se decide a pedir a Aguirre explicaciones sobre el dossier de Ignacio González que ha llegado a manos de Álvaro Lapuerta, ex tesorero del PP, y del nuevo tesorero del partido, Luis Bárcenas (otro implicado en el caso Gürtel).

En el fondo del asunto está, una vez más, la adjudicación de obras y servicios de la Comunidad de Madrid.

El vicepresidente madrileño vuelve a ratificarse en la total autonomía del PP de la región para tomar sus propias decisiones en todos los campos. La única consecuencia de estas reuniones es la ratificación, por parte de González, de que Alfredo Prada debe irse del Gobierno madrileño. Finalmente, el consejero de Justicia sale de Madrid de forma forzosa, pero es incluido por Rajoy en la dirección del PP, en lugar de los candidatos propuestos por Esperanza Aguirre para ese puesto: Ignacio González y Francisco Granados.

Aguirre, que lo pasa muy mal en el Congreso de Valencia, acaba aceptando las recomendaciones de su primer vicepresidente y organiza una remodelación del Gobierno para expulsar de él a Prada, mientras intenta dar un nuevo impulso a su equipo con la incorporación de dos fieles escuderos, Antonio Beteta (Economía y Hacienda) y Juanjo Echevarría (Transportes e Infraestructuras).

EL HOMBRE ORQUESTA DE AGUIRRE

Jaime Ignacio González González es el hombre al que más poder le ha dado Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Él ha ejecutado los proyectos más controvertidos y criticados del Ejecutivo regional, sin mover un músculo de la cara. Por ejemplo, las adjudicaciones de TDT (Televisión Digital Terrestre), la explotación de la plaza de toros de Las Ventas y la campaña publicitaria del Canal de Isabel II, mediante unos concursos que han acabado en los tribunales. Ahora está empeñado en privatizar el Canal de Isabel II, empresa pública que él preside.

Desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno de la Comunidad de Madrid controla la economía de la región, los mensajes mediáticos del Ejecutivo autonómico y la política interna del partido en Madrid, a pesar de que Granados es el secretario general. Todo, por supuesto, con el visto bueno de Esperanza Aguirre.

Es funcionario por oposición del cuerpo técnico del Ayuntamiento de Madrid, en el que ingresó en 1984. Cinco años después, con Agustín Rodríguez Sahagún al frente de la Casa de La Villa, el primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, le nombra coordinador de todos los distritos de la capital y entra a formar parte también, como secretario general, de la Comisión de Igualdad de la Mujer, al frente de la cual está Esperanza Aguirre. Cuando Aznar llama a Aguirre para decirle que la quiere nombrar ministra de Cultura, en 1996, ella está jugando un partido de pádel en casa de… Ignacio González³.

González ocupa diversos cargos en los gobiernos de Aznar. Primero, como subsecretario de Educación y Cultura de la entonces ministra Esperanza Aguirre y, después, como secretario de Estado de Javier Arenas en el Ministerio de Administraciones Públicas. Más tarde es nombrado delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, del Ministerio del Interior, a cuyo frente está Ángel Acebes, otro mentor político suyo. González es el autor de polémica Ley de Extranjería del PP.

El 25 de octubre de 2003, una patera repleta de inmigrantes procedentes de Marruecos naufraga en los arrecifes de la costa de Rota (Cádiz). Más de 45 personas amontonadas en una embarcación de apenas ocho metros de eslora y dos de manga. Treinta y siete de ellos mueren ahogados. La patera se hunde a escasos metros de un dispositivo de seguridad antiterrorista impresionante. Desde los atentados del 11 de septiembre, ninguna embarcación podía acercarse a menos de una milla de las instalaciones de la base militar hispano-norteamericana. En caso de hacerlo, los pacíficos navegantes que atravesaban la zona eran inmediatamente interceptados por patrullas militares fuertemente armadas, embarcadas en lanchas rápidas. Ninguna de ellas salió a socorrer a los náufragos.

Los restos de la patera aparecen en la playa de Arroyo Hondo, junto al hotel Playa de la Luz de Rota. Durante los días siguientes, la marea va llevando hasta la costa los cadáveres de los náufragos y los reparte por todas las playas de la bahía de Cádiz. El delegado diocesano de Migraciones, Gabriel Delgado, lleva al Vaticano las fotos de los cuerpos sin vida de los 37 inmigrantes ahogados frente a Rota sin recibir ayuda de las autoridades españolas, a pesar de que un mercante que les vio naufragar avisó de la dramática situación que se estaba produciendo.

El PSOE e IU pidieron la dimisión del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vílchez, y además apuntaron directamente a Ángel Acebes e Ignacio González como principales responsables, pero los socialistas se fueron apagando y desistieron de solicitar una comisión de investigación, como se pedía desde distintas organizaciones humanitarias. El juez encargado del caso descartó el delito de omisión de socorro, pero no que se hubieran producido deficiencias en el salvamento, de las que pudieran derivarse responsabilidades civiles y administrativas.

En su último acto oficial como delegado de Gobierno para la Extranjería, antes de incorporarse a la Comunidad de Madrid, Ignacio González defiende la actuación del Ejecutivo durante el naufragio frente a Rota en el que han muerto los 37 inmigrantes. El día siguiente, 21 de noviembre de 2003, es nombrado vicepresidente del Gobierno autonómico de Madrid.

Es aficionado al fútbol y seguidor del Atlético de Madrid, a cuyo palco acude con asiduidad, y mantiene una estrecha relación con el presidente del club, Enrique Cerezo. Amigo íntimo de ambos es Pedro Pérez (presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles). El plantel es conocido en el ámbito regional como la «Santísima Trinidad». Cerezo, nada casualmente, ha sido el principal beneficiario de la concesión de las TDT que ha hecho Ignacio González.

No menos controversia suscita la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas a la empresa Taurovent, cuya cabeza visible es Fidel San Román, conocido constructor de la zona oeste de Madrid, socio de la familia Franco en desarrollos urbanísticos en la localidad de Arroyo-molinos e implicado en la operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella encabezada por Juan Antonio Roca. La adjudicación a San Román, aliado en la operación con José Antonio Martínez Uranga «Choperita», se convierte en un fiasco económico, que merece incluso las críticas de la Asociación de la Prensa, porque 2005 es el primer año que la tradicional corrida de la Prensa no genera beneficios. La concesión se encuentra recurrida en los tribunales y tiene en pie de guerra a parte de la afición, que acusa a Taurovent de no cumplir lo estipulado en el contrato.

En el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad queda de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 le dejó sin la concesión el polémico concurso que adjudicó la plaza a Taurodelta. Según se indica en el informe, «Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no lo puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión»⁴.

También resulta especialmente polémica la adjudicación de toda la campaña publicitaria del Canal de Isabel II a la central de medios Carat, empresa de la que es presidente el que fue primer portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez⁵. González, presidente de esta empresa pública, cuya gerencia ostenta Ildefonso de Miguel, comunica inicialmente al consejo de administración que este contrato multimillonario va a ser adjudicado a la multinacional MBO, pero pocos días después, de forma insólita, anuncia que se ha detectado un error en la baremación de la oferta y adjudica el contrato a Carat. Así todo queda en casa.

ENTRE SOL Y VALDEMORO

En junio de 2008, Esperanza Aguirre expulsa de su Ejecutivo al titular de Justicia, Alfredo Prada, y entrega sus competencias a Granados,

que es también consejero de Presidencia e Interior y secretario general del PP madrileño. Su red de influencia en la Comunidad de Madrid se amplía así notablemente. Además de controlar el partido, dirigir dos carteras y negociar los convenios de 200.000 empleados públicos, Granados trata de llenar de contenido el departamento de Interior. La Comunidad de Madrid no tiene competencias en seguridad más allá de la vigilancia de edificios y cargos públicos. Sin embargo, la oposición política y sindical le acusa de intentar usurpar competencias de los ayuntamientos con el control de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM), que refuerzan los cuerpos de policía municipal en la región.

Francisco Granados se licenció en Ciencias económicas y empresariales en la Universidad Complutense y fue director de análisis financiero en Interdealers S. V. B. Esta firma pasó a formar parte en 1990 de Société Générale, que absorbió la plantilla de la que formaba parte Granados. Entre 1999 y 2003 compagina la alcaldía de Valdemoro con el cargo de consejero en Caja Madrid e Ibercaja, así como de la eléctrica SNET en representación de Endesa. Los escándalos de corrupción del anterior edil de Valdemoro, el socialista José Huete, fueron minando la mayoría absoluta que el PSOE conservó durante años hasta permitir el triunfo de Granados. Y Huete pasó directamente de la Alcaldía al sector de la construcción, para rentabilizar sus contactos.

El gran salto político de Granados se produce el 22 de noviembre de 2003, cuando Aguirre le llama para formar parte de su primer Gobierno, como responsable de Transportes e Infraestructuras. Antes, en el verano de 2003, el rostro del alcalde de Valdemoro se había dado a conocer en toda España como presidente de la comisión de investigación que trató de aclarar la deserción de dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid.

Ahora, la fiscalía está investigando a fondo la actuación de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro. Un ex directivo de la constructora y promotora Grupo DICO Empresarial ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que los propietarios de la compañía, Julián Jiménez de los Galanes y Francisco Colado, pagaron sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a funcionarios y alcaldes de municipios gobernados por el PP, entre ellos el consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y número dos del PP de Madrid, Francisco Granados, que fue primer edil del Ayuntamiento de Valdemoro entre 1999 y 2003. «No he recalificado un solo metro cuadrado a esta empresa y, que recuerde, tampoco le concedí obra pública», aseguró Granados.

Desde su época de alcalde de Valdemoro, Granados mantiene una estrecha relación de amistad con Julián Jiménez de los Galanes, con el que compartió reuniones sociales y cacerías a las que solían asistir otros constructores y políticos del PP. En su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, formalizada en un acta notarial, el ex directivo de DICO aporta pruebas de las comisiones supuestamente pagadas por los máximos responsables de la constructora para obtener contratos y recalificaciones de terrenos en una docena de municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, entre ellos Valdemoro, Majadahonda y Boadilla. Los ayuntamientos de estas dos localidades están en el centro de la investigación que dirige el juez Baltasar Garzón sobre la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias vinculada a distintos cargos del PP.

El antiguo ejecutivo de la constructora asegura que el «soborno a políticos y funcionarios» de esos ayuntamientos era una práctica «constante» por parte de Jiménez de los Galanes y Colado. Ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción prestar declaración en calidad de testigo protegido, ya que teme por su vida y la de su familia si se revela su identidad.

El Grupo DICO se ha convertido en una de las empresas que más obras ha desarrollado en los municipios de la Comunidad de Madrid. En 2007, esta compañía se convirtió en la novena constructora de España como parte del conglomerado DHO (Dico Harinsa Obrum). Sin embargo, la crisis del sector inmobiliario no ha tardado en acabar con esta aventura empresarial. En mayo de 2008, DICO tuvo que vender su participación y abandonar DHO para que el grupo evitara una suspensión de pagos. El resto de socios, Obrum, Avantis, Aricam y Caja Castilla-La Mancha, adquirieron el 34,23 por 100 de las acciones de DICO, que, una vez fuera del proyecto continuó su actividad de forma independiente. Pero la marcha de DICO tampoco mejoró la situación de DHO, que el pasado mes de enero solicitó concurso voluntario de acreedores. Un hecho que desembocó en el anuncio de la supresión de unos 712 de los 1.187 trabajadores de su plantilla.

En marzo de 2009, Esperanza Aguirre «blinda» a su consejero Granados. Un informe del secretario general de la Asamblea de Madrid, Fabio Pascua, señala que «no existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos» del Ejecutivo autonómico. Así se intenta zanjar la polémica generada a raíz de una información aparecida en el diario Público, el 23 de febrero de 2009, en la que se desvela que la promotora Obras y Vías construye en Valdemoro una mansión de 1.000 metros cuadrados sobre seis parcelas donde el planeamiento urbanístico permitía levantar otros tantos chalés estándar, siguiendo un proyecto del número tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ex alcalde de la localidad, y de su mujer, Nieves Alarcón Catellanos, que no han pagado nada por ella. La casa está prácticamente acabada y Alarcón la visita asiduamente para supervisar de cerca las obras.

Capítulo IV

YO SOY ESPÍA

Ignacio González y Francisco Granados, «segundo» y «tercero», respectivamente, de Esperanza Aguirre, han mantenido un soterrado pulso desde que se integraron en su Gobierno en 2003. Hasta ahora, la pugna, ambientada con espionaje y «fuego amigo», la gana ampliamente el vicepresidente, que ha tenido en alguna ocasión a Granados al borde del KO.

«Mire como tiemblo.» Esperanza Aguirre interrumpe con esta frase a Inés Sabanés en el pleno de la Asamblea de Madrid que trata los casos de espionaje en la Comunidad.

El 19 de enero de 2009, el diario El País desvela uno de los mayores escándalos de la era Aguirre en la Comunidad de Madrid: bajo el mando de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, funciona un «servicio de espionaje» que dirige el policía en excedencia Marcos Peña, fichado por el consejero en junio de 2008. Su misión es elaborar informes sobre políticos y supuestas tramas de corrupción vinculadas a la Comunidad.

Los espías a sueldo del Gobierno regional han seguido y fotografiado a varios dirigentes del Partido Popular que tuvieron responsabilidades en el Gobierno de Esperanza Aguirre y, por distintos motivos, han caído en desgracia ante ella. También se han hecho seguimientos a altos cargos del partido con sillón en la propia sede central de Génova y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Se descubre que el 20 de mayo de 2008 los espías han estado pegados al ex presidente de Telemadrid y ex diputado regional por el PP Álvaro Renedo, que, en ese momento, ya ha sido defenestrado por Esperanza Aguirre. En el parte que redactan sobre sus actividades ese día, los espías afirman que vigilaban al consejero de Justicia Alfredo Prada, considerado disidente por la presidenta de Madrid, cuando éste entró en el hotel Hesperia de la capital. El informe señala que Prada se entrevista con un hombre de edad avanzada, calvo y con gafas. Renedo confirma al diario El País que ese hombre era él. Sólo unas horas antes de reunirse con Prada, Renedo había tenido un encuentro, en la cafetería Riofrío de Madrid, con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Renedo fue amigo personal de la presidenta, pero cayó en desgracia y ella no dudó en fulminarlo, apeándolo de la presidencia de la cadena pública que maneja a su antojo.

Los 33 partes originales que recogen los seguimientos no sólo coinciden con las agendas oficiales de los espiados, sino también con las privadas. Quienes tienen algún encuentro con ellos durante el tiempo que duran las operaciones de seguimiento, también son investigados y fotografiados. Paralelamente, aparecen varios informes más, que, en este caso, tienen a Ignacio González como protagonista. Pero éstos son de más elaborada factura, lo que hace suponer que sus artífices no han sido los chapuceros «Mortadelo y Filemón» de la Consejería de Interior. Los informes evidencian que el vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha sido espiado en sus viajes a Sudáfrica y Colombia, en 2008: hay grabaciones y fotocopias de billetes de avión. Al mismo tiempo, el diario Público, el 28 de enero, revela el contenido de dos dossieres que circulaban por la sede nacional del PP contra González desde hacía un par de años. Detallan el patrimonio y las concesiones sospechosas que ha realizado el número dos de Aguirre.

En cuanto al viaje a Colombia de Ignacio González, en agosto de 2008, es importante prestar atención a quiénes son sus compañeros de expedición. Aparecen junto a él, en imágenes grabadas con cámara oculta, dos personajes relacionados con un asunto investigado por el juez Garzón en el caso Gürtel, el «pelotazo inmobiliario» de la llamada Unidad de Ejecución 124, en Arganda, en el que también está implicado el ex consejero de Esperanza Aguirre Benjamín Martín Vasco. Los compañeros de viaje de González son José Manuel Serra Peris, ex secretario de Estado de Industria en el Gobierno de Aznar y consejero de Martinsa, la inmobiliaria que interviene en la jugada de Arganda, y Javier Soler, abogado y consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas del Canal de Isabel II, presidido por Ignacio González. Las operaciones del Canal al otro lado del Atlántico constituyen uno de los secretos mejor guardados de la Administración Aguirre, que mantiene un mutismo absoluto sobre este asunto.

González está convencido de que el espía o los espías que le grabaron con cámara oculta en su viaje a Cartagena de Indias estaban en su propia comitiva. Quienes realizaron el seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid conocían el día de su llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación y su programa de actos y visitas. Su equipo revisa qué personal del Canal de Isabel II fue a Colombia con el presidente de esta empresa pública y quiénes formaron parte del equipo de seguridad que les acompañó en tierras americanas. En el país latinoamericano, donde las medidas de protección son imprescindibles porque es un destino de riesgo, fue la filial local del Canal, Triple A (el nombrecito se las trae)¹, la que se encargó del dispositivo. Iba acompañado de hombres con enormes bolsas blancas de contenido desconocido, que las «perdieron» en una de las oficinas en las que entraron.

Adonde no logran seguir a González los espías es a Sudáfrica. En esta ocasión se trata de un viaje privado, en el que está acompañado por el presidente del grupo Sagital, Enrique Sánchez González, empresario vinculado a los negocios del Canal. El dossier no aporta fotografías en esta ocasión, pero sí fotocopias de los billetes de Iberia de González y sus acompañantes. Se nota que estos espías tienen más nivel que los «mortadelos». A pesar de que González miente públicamente al asegurar que no ha adjudicado «nada» a las sociedades de Sánchez, lo cierto es que el Canal sí ha concedido contratos a dos firmas en las que él es el accionista mayoritario: 33 millones de euros a Segurisa y otros 2,6 a Saminsa.

La empresa de limpieza Saminsa se encuentra también con otro regalito extra a finales de 2008: un contrato concedido a dedo para limpiar los Teatros del Canal durante tres meses, por 24.600 euros, según el procedimiento reservado a situaciones de «extrema urgencia». Saminsa es adjudicataria, desde 2005, de la limpieza del Canal. Segurisa, por su parte, tiene contratos con la Comunidad de Madrid por al menos 59,3 millones de euros, uno de ellos, de vigilancia en el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, concedido en julio de 2006.

En el viaje a Sudáfrica hay otro pasajero más: Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar y buen amigo del ex presidente. Ahora mantiene una estrecha relación con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. Además, es vicepresidente del Consejo Taurino, un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid que participa en la gestión de la plaza de toros de Las Ventas. Es consejero de Avalmadrid, una entidad financiera participada por la Comunidad y Caja Madrid. Y también preside Madrid Deportes y Espectáculos S. A., la empresa que gestiona el Palacio de los Deportes de Madrid. Dos hijas de Martín Marín están colocadas en el Canal de Isabel II, y su yerno, Borja Sarasola, es viceconsejero de Ignacio González.

Todo induce a pensar que el viaje a Sudáfrica es un regalo de Enrique Sánchez a González², en agradecimiento por los contratos públicos recibidos de la Comunidad, y posiblemente también les sirva a ambos para sondear nueva posibilidades de negocio. El vicepresidente de Esperanza Aguirre lo niega: «Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien». Nada menos que 8.356 euros contantes y sonantes. Sin justificante bancario, claro. La calderilla que suele llevar encima el presidente del Canal de Isabel II. En la página 68 del dossier sobre Ignacio González que está en manos de la cúpula del PP desde hace dos años, se puede leer: «El investigado tiene una caja de caudales en Barclays donde parece ser que tiene dinero líquido»³.

ENEMIGOS Y CAÍDOS EN DESGRACIA

Por su parte, los informes de los espías de la Comunidad de Madrid indican que Alfredo Prada fue seguido durante los meses de abril y mayo de 2008, justo antes de que se distanciase definitivamente de su jefa, Esperanza Aguirre, y se colocara de parte de Mariano Rajoy en la pugna por el poder dentro del PP. Más de 25 partes acreditan estos seguimientos. Prada es destituido de su cargo de consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid tras el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en junio de 2008, a continuación de que Mariano Rajoy lo incluyera en su equipo.

Manuel Cobo también fue seguido durante varios días de abril de 2008. El vicealcalde de Madrid se había enfrentado a Esperanza Aguirre en 2004, por la presidencia del PP de Madrid. La mayor parte de los espiados son o han sido rivales directos de la presidenta de la Comunidad de Madrid en algún momento. Los seguimientos a Cobo, mano derecha de Ruiz-Gallardón, se producen en pleno pulso por el poder en el PP en 2008. Todos desconfían de todos y la política de alianzas resulta fundamental. El ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta también se sintió seguido, aunque su nombre no aparezca en los partes de seguimiento. «Avisé a Rajoy, en mayo de 2008, de que estaba siendo espiado», ha declarado. Sus sospechas recayeron sobre «algún consejero» de la Comunidad de Madrid, porque había cuestionado sus adjudicaciones.

Una de las víctimas indirectas del espionaje en el seno de la Comunidad madrileña es Juan Carlos Fernández, ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Era el número dos de Prada en la Consejería de Justicia y uno de sus hombres de máxima confianza. Suyo era el despacho del que desapareció un ordenador el 27 de junio de 2008, supuestamente a manos de un grupo de agentes de la Consejería de Interior comandados por Sergio Gamón, cuando Prada ya había sido desposeído de su cargo en el Gobierno regional. En los partes se le identifica como «el cabezón», lo que demuestra el estilo chapucero de los «mortadelos».

Sergio Gamón es el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid cuando se producen los seguimientos. Su máximo responsable es el consejero Francisco Granados, pero él despacha directamente con Alejandro Halffter, un hombre de Ignacio González, que muy posiblemente puentea a su consejero. El nombre de Gamón aparece de forma expresa en los informes de los espías. «Entra nuestro director, Sergio», se puede leer en uno de los partes de seguimiento a Alfredo Prada. Esperanza Aguirre tuvo a Sergio Gamón de jefe de su escolta en el Ministerio de Cultura, entre 1996 y 1999. Y ese mismo año siguió a su benefactora como jefe de escoltas en el Senado, cuando Aguirre presidía esta Cámara. Ella le premió concediéndole la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. La ceremonia de entrega del trofeo fue semiclandestina, por el rechazo que provocó esta decisión entre amplios sectores policiales. A la esposa de Gamón la colocó Aguirre de secretaria del director de Telemadrid, y su hija, María del Carmen Gamón, se convirtió en concejala del PP en Fuenlabrada. La presidenta de la Comunidad, en persona, ordenó que se la situara en uno de los primeros puestos de la lista electoral del partido en esa localidad.

Gamón fue acusado de registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el mismo Granados sobre supuestas relaciones con constructores, incluido el famoso asunto del coche incendiado, y su patrimonio personal.

Los propios diputados del PP que han sido seguidos por los espías de la Comunidad se ausentan, el 18 de marzo de 2009, de la votación que exculpa a Esperanza Aguirre. Ni Alfredo Prada ni María del Carmen Rodríguez Flores, los dos diputados del PP en Madrid que —según ratifican ellos mismos— han sido espiados, están dispuestos a escuchar cómo el portavoz del Grupo Popular, David Pérez, les dice a la cara, desde la tribuna del Parlamento madrileño, que «no existen los espiados porque no ha existido espionaje». La presidenta, exultante, interviene con su característico estilo: «Esta comisión ha sido muy positiva y clarificadora. Ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni amparada ni auspiciada ni impulsada por este Gobierno».

En la Asamblea de Madrid no se produce ninguna investigación sobre el asunto del espionaje y, por tanto, no existen conclusiones válidas. Lo que el PP aprueba, valiéndose de su mayoría parlamentaria y ejerciendo de juez y parte, es un simple documento de autoexculpación. Sin que se haya producido la comparecencia de personajes clave en la trama y después de haber imposibilitado la aportación de documentos fundamentales para esclarecer los hechos, en menos de una semana se ha liquidado la comisión. Las incongruencias y los errores de transcripción que aparecen en algunos documentos de los mediocres espías son utilizados por los medios de comunicación afines a la presidenta regional y por los propios aguirristas para tachar de «falso» todo el caso.

Alfredo Prada asegura en una entrevista concedida al diario El País⁴:

De mi vida pública y de mi vida privada se han publicado una serie de hechos que en su mayor parte coinciden con la realidad. La cena que detallan con mi mujer y mi hija refleja lo que ocurrió. No solamente supone una vulneración de mi derecho a la privacidad e intimidad, sino que vulnera los derechos de mis propios hijos. Es de una gravedad inmensa.

Manuel Cobo también ratifica que el espionaje ha existido: «No cambio nada de lo que dije cuando se conocieron los seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido». Y remacha: «Hay que conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines». Por eso, él mismo interpone una denuncia ante la Fiscalía y otra ante el juzgado de guardia inmediatamente después de darse a conocer este escabroso asunto.

Mariano Rajoy se queda desarbolado. La dirección del partido suspende una investigación interna a la espera de ver cómo se desarrolla la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, que, finalmente, se clausura de una manera que empantana a todo el PP. Pero Rajoy decide aplicar el punto final a la comisión de espionaje para intentar no abrir más flancos en la organización que preside. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal (amiga de Ignacio González, con quien ha veraneado en varias ocasiones), aduce que la investigación de la Asamblea no demostró si hubo o no una trama. Con su carpetazo, Rajoy pretende que no cunda el pánico. En el partido están convencidos de que abrir una investigación interna sobre el espionaje mientras el caso Gürtel sigue su curso en los tribunales es demasiado peligroso.

Y todo queda sin resolver políticamente, a la espera de su resolución judicial. A pesar de que los espiados han confirmado los hechos y de que los partes de seguimiento, verdaderos, reales, van dirigidos al director de Seguridad de la Consejería, Sergio Gamón. El propio vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, había declarado, en un primer momento, que el operativo venía de su propio entorno. Pero los que le han seguido a él son otros.

EL REY DE LAS ADJUDICACIONES

Ignacio González es objeto de una investigación cuyos resultados se recogen en dos dossieres. El más pormenorizado de ellos es un documento de 69 páginas cuyo contenido ofrece detalles sobre el patrimonio personal del vicepresidente de la Comunidad, su núcleo familiar, sus relaciones de amistad y profesionales, así como sobre adjudicaciones de contratos públicos en los que ha intervenido por razón de su destacado cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre o como presidente del Canal de Isabel II.

El 28 de enero de 2009, Público lo da conocer. Según expertos en temas de seguridad consultados por el diario, «para su elaboración se pudo tardar meses». La conclusión del informe es que el vicepresidente madrileño encabeza «un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o el Canal de Isabel II». En el documento se cifra el patrimonio de González y su esposa en 1,8 millones de euros. Además, se indica expresamente que tiene una «caja de caudales» y que en ocasiones «paga en negro».

La propia Esperanza Aguirre se ve forzada a explicar que, desde el año 2006, tenía noticias de la existencia de esos documentos. «Me llamó Mariano Rajoy para decirme que el tesorero tenía unos dossieres» de Ignacio González y del consejero de Presidencia, Francisco Granados. «Inmediatamente pedí a los dos que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad», ha indicado la presidenta, y ha añadido que a partir de eso «se demostró que todo ello era falso y calumnioso».

Las adjudicaciones de servicios a empresarios afines, a cargo del presupuesto de la Comunidad de Madrid, son una constante en la actuación pública de Ignacio González desde su llegada al Ejecutivo de Esperanza Aguirre. El 30 de enero de 2009, la cadena SER informa de que el Gobierno regional ha adjudicado, durante los tres años anteriores, contratos y subvenciones a la socia de la mujer de González. Se trata de Carmen Cafranga Cavestany, que es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la esposa del número dos de Aguirre. Amiga personal de Ana Botella, Cafranga posee, además, varias empresas y una fundación que han recibido de la Comunidad de Madrid, sólo entre 2006 y 2008, fondos que suman 2.340.000 euros.

La esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, comparte con Carmen Cafranga la dirección de Subastas Segre (ubicada en la madrileña calle del Segre, 18), una firma de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general, respectivamente. La empresa obtuvo en 2007 unos beneficios de más de medio millón de euros. La Consejería de Empleo y Mujer le ha adjudicado la gestión de tres importantes centros ocupacionales, trabajo que Cafranga realiza a través de distintas sociedades. La Consejería de Asuntos Sociales también le ha concedido la gestión de varios centros de día. Cafranga ha recibido, además, en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior. La socia del matrimonio González-Cavero es miembro de la comisión de control de Caja Madrid, un órgano determinante para el desarrollo de la elección de los nuevos consejeros de la asamblea general que decidirán, en septiembre de 2009, quién será el próximo presidente de la caja, la cuarta entidad financiera española.

También gracias a las gestiones de González con dinero público, su profesor de pádel, Carlos Martín, se convirtió en exitoso comisionista. La compañía Ingesport, en la que tenía intereses Martín, tuvo la suerte de entrar a formar parte de la entidades beneficiarias de la cartera de inversiones de la sociedad capital riesgo controlada por el Gobierno de Aguirre. Martín participó en las negociaciones para la entrada de dinero público en Ingesport. Además, el profesor de pádel del hombre de máxima confianza de la presidenta del Gobierno autonómico admitió por escrito que se había buscado esta empresa porque «le interesaba al vice».

Ingesport inicia sus operaciones en 2005, dedicada a gestionar «instalaciones deportivas y centros de belleza», entre ellos el spa del hotel Eurobuilding. Pronto hace falta dinero para crecer y Carlos Martín es el encargado de conseguirlo. En 2005, mantiene una reunión con otro de sus discípulos deportivos, Ángel Córdoba, alto directivo de Caja Madrid y compañero de pádel de Ignacio González. La sociedad capital riesgo de la Comunidad de Madrid está gestionada por la entidad financiera, que además posee el 35 por 100 del capital. Y Córdoba es la persona clave para decidir dónde se invierte. Tres meses y medio después, el 6 de abril de 2006, la sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid adquiere el 26 por 100 de las acciones, pagando por ellas una prima de 1.298.500 euros. El 17 de junio de 2008, Carlos Martín escribe a su abogado, quejándose de los desencuentros que tiene con su socio Gabriel Sáez: «El vice está al corriente de todo. O sea, que ellos van a perder más, pues ya sabes que se buscó Ingesport porque al vice y a Ángel (Córdoba) les interesaba. Empresas dispuestas a colaborar hay muchas»⁵.

La mediación del vicepresidente de Esperanza Aguirre también permite a su profesor de pádel establecer contacto con el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, dimitido el 6 de marzo de 2009, tras ser imputado por Garzón en el caso Gürtel. El juez le acusa de embolsarse 422.992 euros de la trama que dirigía Francisco Correa a cambio de favorecer a sus empresas. Correa pagó la comunión de uno de los hijos de Sepúlveda y la actual vicesecretaria de Organización del PP. Pero es posible que la madre de la criatura no estuviera al corriente de este dato. Tampoco sabía que su marido conducía un Jaguar que había recibido de Correa. La número tres del PP ha recalcado que Sepúlveda «nunca» le consultó qué tipo de vehículo iba a adquirir. Y se ve que ella tampoco estaba muy puesta en la cosa de las marcas de automóviles. Era lo lógico, ha dicho, pues eso mismo sucede «en muchas familias donde la actividad profesional es independiente en el hombre y en la mujer. Los coches no me llaman absolutamente nada la atención». Sepúlveda y Ana Mato eran inseparables del matrimonio Aznar-Botella y son padrinos de uno de sus hijos, Alonso.

Siguiendo con el asunto de Carlos Martín, el caso es que el profesor de pádel de Ignacio González intenta conseguir de Sepúlveda la concesión de un polideportivo. En esta ocasión actúa como intermediario de Ingesport. Pero la operación no sale bien y Martín aprovecha el traspiés para arremeter de nuevo contra su socio Gabriel Sáez: «Te vuelvo a decir, Gabriel, que si hubiéramos cogido el Canal o cualquier otro polideportivo municipal que cogen otras empresas, quizás no estaríamos así, si hubieras soltado lo que tenías que soltar»⁶.

El 25 de febrero de 2009, Ignacio González comparece durante cuatro horas en la comisión de vigilancia de las contrataciones públicas de la Cámara regional. Durante todo este tiempo elude, una y otra vez, explicar por qué empresas vinculadas a familiares suyos han sido beneficiadas reiteradamente en diversas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por cuantiosas sumas de dinero público.

De todos, el caso que más dudas plantea es la conversión de los terrenos donde se ubicaban los antiguos depósitos del agua del Canal de Isabel II en campo de golf. Quien se llevó la explotación y gestión de las instalaciones, el 27 de diciembre de 2006, fue Green Canal Golf, una unión temporal de empresas formada por Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última era propiedad de José Antonio Clemente, socio del hermano del vicepresidente, Pablo González, y de un cuñado, José Juan Caballero, en otra compañía, Tamanco 07 Consulting. Caballero está casado con Isabel González, hermana del vicepresidente y diputada en la Asamblea de Madrid. Ignacio González tampoco aludió a que, el 10 de noviembre de 2008, en una ampliación de capital de 100.000 euros, su hermano y su cuñado se hicieron con la propiedad mayoritaria de Tecnoconcret, entre ambos, un 60 por 100 de las acciones⁷. Se trataba de construir, encima de los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, un campo de golf de doce hoyos y una zona de prácticas. Las obras se terminaron antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que esos 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un espacio público.

CORRUPCIÓN EN MADRID

La Comunidad de Madrid se ha visto directamente salpicada por el caso Gürtel, la investigación del juez Baltasar Garzón sobre la trama co

rrupta encabezada por Francisco Correa, que tiene ramificaciones en varios ayuntamientos gobernados por el PP y en el propio Ejecutivo regional.

El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó a Diseño Asimétrico, S. L., una de las empresas señaladas por Garzón como integrante de la red, un contrato de 69.020 euros para el montaje del stand de la Comunidad de Madrid en la feria Integramadrid. El contrato, firmado por el consejero de Inmigación, Javier Fernández-Lasquetty, otro clásico de Aguirre ⁸, se adjudica el 2 de diciembre de 2008 mediante procedimiento negociado sin publicidad, socorrido trámite para liquidar competencias indeseadas, ideado por la Ley de Contratos para acometer actuaciones urgentes e imprevistas.

El contrato irregular de Diseño Asimétrico, una de las empresas controladas por Francisco Correa y gestionadas por su mano derecha, Pablo Crespo, ex responsable de Organización del PP en Galicia, es fruto de una serie de concesiones del Gobierno regional a esta firma y a otra de la red, Easy Concept, iniciada en abril de 2004. Ya ese mismo mes, Easy Concept emitió 15 facturas por organizar el homenaje de la Comunidad de Madrid a los profesionales que intervinieron tras la masacre del 11-M. Entre esa fecha y abril de 2005, la facturación de Easy Concept y Good and Better —otra presunta tapadera de la red corrupta— ascendió a 562.000 euros. Todos los contratos se adjudicaron a dedo.

La trama corrupta de Francisco Correa ha dejado como momentáneo saldo, en la Comunidad de Madrid y su entorno, a tres diputados regionales imputados, tres alcaldes dimitidos y siete altos cargos o ex cargos de confianza más bajo sospecha, algunos muy cercanos a la presidenta Esperanza Aguirre. Alberto López Viejo, político de su máxima confianza, diputado y ex consejero de Deportes, fraccionó contratos para adjudicárselos a Correa y recibió sobornos por 563.000 euros. Benjamín Martín Vasco, diputado y ex presidente de la comisión de los espías —puesto del que tuvo que dimitir a los quince días de que Esperanza Aguirre lo colocará ahí—, cobró 437.000 euros por favorecer intereses de Correa.

Además, en la cuenta B de la trama figuran otros 230.000 euros que se emplearon en pagar los gastos de su enlace matrimonial, incluidos el convite y el viaje de novios. «Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda», dijo en cierta ocasión Esperanza Aguirre cuando le advirtieron de que los negocios oscuros de su protegido ya empezaban a cantar mucho. Y efectivamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo en aquella ceremonia.

Según las investigaciones de Garzón, entre el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y otro diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch, cobraron 1,2 millones de euros en sobornos de Francisco Correa.

Bosch, diputado ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Bodailla del Monte, recibió 250.000 euros para favorecer los intereses de la trama corrupta.

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la vicesecretaria del PP Ana Mato, con quien aún estaba casado cuando se produjeron los hechos, está imputado por recibir sobornos de 422.000 euros y el famoso Jaguar que le regaló en 1999 Francisco Correa, principal implicado en el caso Gürtel. Sepúlveda era entonces senador del PP por Murcia y un hombre de confianza de José María Aznar, que le nombró secretario nacional del Área Electoral. Le ha costado dimitir de su cargo de alcalde y permanece como concejal de Pozuelo. Otro imputado que tampoco quería abandonar su sillón es el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

Por su parte, Ginés López, ex alcalde de Arganda, percibió más de medio millón de euros en sobornos, según el auto de Garzón, entre otras empresas, de Martinsa. Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y también imputado, otorgó contratos a Correa por más de dos millones de euros.

Carlos Clemente, ex viceconsejero de Inmigración de Esperanza Aguirre, recibió regalos de Easy Concept y un sobre con 6.000 euros. Se le imputan delitos de asociación ilícita y blanqueo. Carmen Rodríguez, administradora de Easy Concept, esposa de Correa y una de las piezas clave de esta trama de corrupción que enlaza lo público y lo privado, era también la jefa de gabinete de Guillermo Ortega en Majadahona. Tomás Martín Morales, vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, recibió 378.000 euros por favorecer a empresas de Correa, y José Galeote, consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de la misma localidad y ex concejal de este municipio, se benefició de 612.506 euros en pagos de la trama corrupta.

Cuando estalla el escándalo Gürtel, Aguirre ve la situación muy negra y actúa con rapidez, pidiendo dimisiones inmediatas, lo que genera bastante malestar interno en un sector del partido. Pese a la gravedad del asunto, hay cargos molestos porque consideran que la presidenta ha sido demasiado dura a la hora de cortar cabezas. Pero en su entorno están convencidos de que era imprescindible tomar medidas inmediatas para evitar un deterioro mayor de la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante la crisis del espionaje, «la presidenta se ha sentido muy sola, incluso a veces atacada dentro de su propio partido», se dice en su entorno más cercano. Y ella se siente «una víctima». Afirma: «Políticamente van a por mí».

Sin embargo, la historia no tiene que haberle pillado por sorpresa: Esperanza Aguirre ignoró en dos ocasiones las denuncias pormenorizadas que le hicieron sobre la existencia de la trama corrupta de Correa⁹. La presidenta del Gobierno regional estaba al corriente de las contrataciones irregulares que se estaban produciendo en Boadilla del Monte, epicentro de dicha trama. Pero Aguirre quiso hacer oídos sordos a las advertencias que le trasladó por escrito, en dos ocasiones, un grupo de funcionarios de ese ayuntamiento gobernado por el PP, la última de ellas el 13 de febrero de 2009, cuando ya había saltado el escándalo de corrupción política en la Comunidad de Madrid. Esta misiva alertaba a Aguirre de que quien estaba a punto de suceder al dimitido Arturo González Panero en la alcaldía de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero, también adjudicó contratos sospechosos, en su etapa como concejal de Economía y Hacienda, a varias empresas de la trama de Correa.

La carta dirigida a Aguirre fue entregada en mano a su número tres y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. «Con fecha 2 de diciembre de 2007 nos pusimos en contacto con usted para poner en su conocimiento lo que estaba sucediendo en nuestro municipio…», comienza la misiva. Y continúa: «Sin embargo, hemos de comunicarle que, puesto que desde nuestro primer escrito no observamos que se produjera ningún cambio en torno a las irregularidades de los procedimientos de adjudicación, nos vimos obligados a poner la información que estaba a nuestro alcance en manos de la Fiscalía Anticorrupción». González Panero, conocido dentro de la trama corrupta como «El Albondiguilla», uno de los principales imputados por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, presentó su dimisión, forzado por Aguirre, el pasado 10 de febrero. Diez días más tarde, Siguero, estrecho colaborador de aquél y hasta ese momento concejal de Economía y Hacienda, fue proclamado alcalde.

El nuevo regidor de Boadilla del Monte «mantiene una estrecha relación con González Panero desde su juventud», se señala en el amplio dossier remitido a Aguirre, «y a lo largo de su trayectoria política ha sido concejal en diversas áreas del Ayuntamiento de Boadilla, produciéndose continuos cambios, incluso dentro de la misma legislatura, como peón del alcalde, pasando por Juventud, Deportes y Medioambiente, Servicios, Nuevas Tecnologías y Urbanizaciones, hasta llegar a ser el actual concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio».

La carta desestimada por Esperanza Aguirre asegura que, en marzo de 2005, Siguero «atraviesa serios problemas económicos, fruto de un negocio personal», y que es entonces cuando González Panero «realiza una reestructuración muy significativa» en algunas concejalías, al asignar a Siguero el departamento clave de Economía, Hacienda y Patrimonio. Es a partir de ese momento, según el colectivo de funcionarios denunciantes, cuando «comienzan a promoverse importantes y polémicas gestiones de parcelas, que en la actualidad están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción», todas ellas con el dictamen favorable de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio presidida por Siguero.

Se menciona, entre ellas, la adjudicación de la enajenación de una parcela en el Polígono B de Boadilla a la empresa UFC, S. A., propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los empresarios imputados por Garzón. También se otorgan 6.000 metros cuadrados de parcelas, ubicadas en El Valenoso, La Cárcava, El Pastel y El Cortijo a la empresa Narcisos 22, S.A., cuyo administrador único es Jesús Calvo Soria, otro de los imputados por el juez. Además, se aprueba la constitución del derecho de superficie sobre tres parcelas comerciales ubicadas en la zona residencial Siglo XXI a la empresa Rústicas MBS, de la que es socio y administrador el también imputado José Ramón Blanco Balín.

Los funcionarios también advierten a Esperanza Aguirre de que Siguero es «el responsable político que firma el pliego de condiciones y preside la mesa de contratación para adjudicar la gestión del Servicio de Atención al Ciudadano de Boadilla» a la empresa Easy Concept Comunicación, S. L., cuyos responsables son otros tres imputados en el caso Gürtel: Pablo Crespo, Pablo Collado y Mónica Magariños.

Aguirre trasladó a su hombre de confianza Francisco Granados, secretario general en el PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, la responsabilidad de averiguar si los hechos relatados se correspondían con la realidad, pero a pesar de los datos que ofrecía la pormenorizada denuncia finalmente no se tomó ninguna medida. La investigación interna no profundizó en la red creada en torno al consistorio, pese a que las misivas, ambas anónimas, recogen datos precisos de las empresas favorecidas por «El Albondiguilla», así como de las operaciones presuntamente ilícitas. En la primera carta se detallan hechos como la presión y el acoso que padecían los funcionarios a la hora de ejecutar las órdenes del alcalde y sus hombres de confianza, así como la existencia de adjudicaciones y licitaciones aparentemente irregulares para las empresas conectadas con Correa.

Cuando las principales claves de la trama de corrupción ya han sido desveladas, la presidenta de la Comunidad de Madrid continúa empecinada en negar la evidencia. Durante una rueda de prensa en la que está flanqueada por el vicepresidente de su Gobierno, cuando un periodista le pregunta sobre los irrefutables indicios que aportan las escuchas telefónicas realizadas a los principales implicados por orden de Garzón, responde, con esa «espontaneidad» que le caracteriza, burlándose de la investigación: «Es como si el alcalde de Torrejón (que está sentado a su izquierda) dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie».

Tanto Esperanza Aguirre como sus dos hombres de mayor confianza, Ignacio González y Francisco Granados, parecen más interesados en enterrar la corrupción que en sacarla a la luz. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior almuerza, fuera de su agenda pública, el lunes 31 de marzo de 2009, en el reservado de un restaurante madrileño, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira. El encuentro se produce un día antes de que, en un auto cuyo ponente es el propio Vieira, el Tribunal acuerde asumir la investigación del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción vinculado al PP de Madrid destapado hasta ahora y en el que aparecen implicados tres diputados autonómicos y otros tantos alcaldes del partido. Si el caso, abierto por el magistrado Baltasar Garzón, llega a juicio, como parece previsible, Vieira presidirá el tribunal que se encargará del asunto. Descubierto in fraganti, Granados no se inmuta: «En España se hacen muchas reuniones en comidas de trabajo».

La Comunidad de Madrid adeuda varios millones de euros a empresas tapadera con las que la red corrupta que dirigía Francisco Correa prestaba servicios al Gobierno de Esperanza Aguirre ¹⁰. El principal imputado en el caso Gürtel siguió gozando de un trato privilegiado por parte de varias consejerías hasta pocos meses antes de que se diese a conocer la investigación de Garzón, a pesar de que la dirección nacional del PP había ordenado desde 2004 no realizar más concesiones a ese grupo. Los contratos, muchos de ellos sin respaldo presupuestario y sin la tramitación legal necesaria, se hacían a través del consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Easy Concept y las demás sociedades de la red corrupta inflaban los costes para ganar un 40 por 100 por contrato, los presentaban al pago a la Comunidad de Madrid bajo una sociedad no sospechosa y luego los fraccionaban irregularmente.

«EL TOYOTA»

El ex consejero de Deportes Alberto López Viejo ha dejado un agujero de cinco millones de euros al Gobierno de Esperanza Aguirre. Adjudicó contratos a la trama encabezada por Francisco Correa sin respaldo presupuestario. El cabecilla de la red corrupta montó durante doce años los actos del PP, bajo mandato de José María Aznar, y hasta ahora se encargaba de los eventos de la presidenta autonómica. López Viejo era uno de los hombres de confianza de Aguirre. Ella le situó en el número seis de su lista electoral, le hizo viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de Deportes. López Viejo era el responsable, desde 2004, de organizar los actos institucionales de la presidenta y de contratar con las firmas encargadas de montar los eventos. La inmensa mayoría de esos actos han sido realizados por las empresas de Correa. Muchas de las adjudicaciones se fraccionaban en contratos de menos de 12.000 euros para evitar así sacarlas a concurso público y poder otorgarlas a dedo.

Ya durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, al frente de la concejalía de Limpieza, entre 1999 y 2003, López Viejo fue señalado por el interventor del consistorio como responsable de diversas irregularidades en las contrataciones, con adjudicaciones a dedo y superposición de contratos. Y su nombre volvió a salir en la Operación Guateque, en la que se descubrió una trama corrupta vinculada al Ayuntamiento de la capital que había otorgado licencias irregulares a numerosos establecimientos. Se dijo que su esposa, Teresa Gabarra, había sido beneficiada por esta red en los restaurantes de su propiedad. Pese a todo, Esperanza Aguirre se llevó a su lado a López Viejo en 2003.

Durante una entrevista concedida al diario El País ¹¹, la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en salvar la cara a su protegido. «La oposición imputa a Alberto López Viejo, que va en su lista, supuestas irregularidades en su etapa en el Ayuntamiento. ¿Mantiene su confianza en él?», le pregunta la redactora. Y Aguirre responde:

¿Qué se dice de López Viejo? Que ha tenido que convalidar gastos que antes se llamaban «convalidaciones de gastos» y a nadie le sorprendía. Como ahora a eso se llama «reconocimiento extrajudicial», parece el nombre que está incriminando a quien los hace. Pues no. En todos los servicios públicos —yo he sido concejala de Medio Ambiente— hay gastos imprevistos que hay que convalidar. Mantengo absolutamente mi confianza en López Viejo, que ha hecho la gran revolución de la limpieza urbana en Madrid.

«Cuando él me ha mandado algo, no he osado discutirle.» La presidenta de la Comunidad de Madrid junto al hombre que más le ha impresionado: José María Aznar.

Con Alfonso Ussía. Una de las hermanas de la presidenta de la Comunidad, Isabel, está casada con un hermano del escritor, Gonzalo. Los antepasados de los Ussía fueron fundadores de La Moraleja.

Luciendo calcetines, Aguirre explica, en la madrileña Puerta del Sol, su aventura en Bombay, mientras la mayor parte de los miembros de su expedición continúan allí.

Con el presidente de la Generalitat Valenciana. Aguirre y Francisco Camps encabezan las dos comunidades autónomas controladas por el PP que tienen mayor potencial económico. También son las dos más implicadas en el caso Gürtel.

Junto a su jefe de Gabinete, el ex anarquista Regino García-Badell, sobrino de Carlos Arias Navarro. García-Badell es uno de los principales asesores de Aguirre y autor de sus discursos.

Con los dos hombres fuertes de su Gobierno, el vicepresidente Ignacio González y el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, además de secretario del PP de Madrid, Francisco Granados. Aguirre les da cuerda, pero, en última instancia, ella es la que decide todo.

Junto al ingenuo ex dirigente socialista Rafael Simancas, a quien le arrebató la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al «tamayazo».

Proclamada presidenta del PP de Madrid, en 2004.

Esperanza Aguirre traslada su peculiar forma de expresión política también al ámbito parlamentario. Aquí interrumpe a la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

Aguirre es una «liberal» absolutamente monárquica. Llegó a interceder por su amigo Federico Jiménez Losantos ante el propio rey, objeto de algunos ataques del locutor de la COPE.

La presidenta de la Comunidad ha convertido la Asamblea de Madrid en uno de sus feudos. Disfruta de una cómoda mayoría absoluta que le permite neutralizar cualquier iniciativa que le resulte molesta.

Desbancar a Mariano Rajoy de la presidencia del PP es uno de los objetivos prioritarios de Esperanza Aguirre, pero durante el último congreso del partido, celebrado en Valencia, se vio obligada a recular notoriamente.

Aguirre siempre ha mimado a Rodrigo Rato, y algunos ratistas, como Manuel Lamela, Estanislao Rodríguez Ponga o Juan José Güemes, se han beneficiado de ello.

Aparente calma y unanimidad en el seno del PP de Madrid. Tras las apariencias, continúa la disputa por el poder entre Aguirre y Ruiz-Gallardón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid practica el tenis, el pádel y, sobre todo, el golf.

Junto al presidente del Senado, Javier Rojo, descubriendo el retrato suyo que se ha colgado en la Cámara Alta.

Con Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid. Gómez está de acuerdo con la reforma de los estatutos de Caja Madrid que impulsa Aguirre. Piensa que, si alguna vez llega a la presidencia de la Comunidad, se encontrará el trabajo hecho.

Aguirre, con aire marcial.

Junto al actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y al anterior, José María Álvarez del Manzano. Con éste, Aguirre fue concejala y teniente de alcalde.

Con Luis María Anson. El académico y periodista ha criticado la faraónica construcción de los Teatros del Canal.

Ejerciendo de «lideresa».

En su etapa como concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de la capital (1999-2003), los contratistas llamaban a Alberto López Viejo «El Toyota», porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y, además, a hacerlo en un concesionario concreto. También impuso a la sociedad Cespa —que gestionaba la limpieza de varios distritos— que comprara los muebles de oficina en la tienda de su padre. La primera compra, de 3,5 millones de pesetas, no le pareció suficiente, y los responsables de la empresa tuvieron que gastarse otros 8,5 millones en muebles que no sabían dónde meter y acabaron amontonados. Esa misma sociedad pagó las flores de la boda del entonces concejal, celebrada el año 2000.

Ahora, documentos en poder de Baltasar Garzón prueban al menos cuatro pagos de la red de Correa al ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre. En esos documentos se detallan tres entregas diferentes por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros. El magistrado de la Audiencia Nacional también dispone de otro documento sin membrete elaborado por Pablo Crespo Safaris, administrador de Easy Concept, S. L. y segundo de Correa, en el que lleva la cuenta de las cantidades entregadas en efectivo y personalmente a López Viejo: alrededor de 200.000 euros más.

Esperanza Aguirre ordenó que fuera López Viejo quien organizara todos sus actos públicos: primeras piedras, inauguraciones, presentaciones…, lo que ha supuesto millones de euros durante los últimos cinco años. Nadie en la Comunidad se atrevía a discutir los métodos expeditivos del protegido de la presidenta y su «costumbre» de contratar casi siempre con las mismas empresas. López Viejo obligaba a las consejerías a organizar sus actos importantes con las sociedades que él imponía. Él llevaba la agenda de Esperanza Aguirre y era quien decidía.

El Gobierno regional también adjudicó 76 contratos a dedo, directamente y sin concursos, a la trama corrupta de Correa. Easy Concept Comunicación, S. L. y Good and Better, S. L., vinculadas a Pablo Crespo y Felisa Jordán, detenidos en el curso de la Operación Gürtel, lograron en un año adjudicaciones por 562.000 euros para organizar eventos en los que participó la presidenta. Por supuesto, todos los contratos eran inferiores a los 12.000 euros. Un ejemplo muy ilustrativo lo representan las 15 facturas emitidas el 1 de abril de 2004 por otros tantos supuestos servicios prestados para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol, el 25 de marzo de ese año, a «los que se volcaron con las víctimas del 11-M» ¹². La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el concepto «elementos de sonido», cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, se superpone con el de «iluminación y sonido», cuantificado en otros 11.526,36 euros. Barra libre.

Capítulo V

LA GRAN HERMANA

Aguirre, flanqueada por los dos principales responsables del control ideológico de Telemadrid. Regino García-Badell (a la izquierda) era el destinatario de la nota escrita por Manuel Soriano, director de la cadena, en la que le comunicaba que un documental sobre el 11-M había «quedado bastante bien cinematográfica e ideológicamente».

«No conozco a ningún personaje con poder político y económico que tenga un comportamiento más alejado de algunas prácticas democráticas respecto de los medios de comunicación que Esperanza Aguirre», asegura el ex director de ABC José Antonio Zarzalejos en una entrevista que se publica, en octubre de 2008, en la revista del Colegio de Periodistas de Cataluña, Capçalera. Y añade que nunca ha sufrido «presiones tan fuertes» como las que recibió de Esperanza Aguirre cuando estuvo al frente del rotativo, por segunda vez, entre diciembre de 2005 y febrero de 2008. De una persona «que se define como liberal y que siempre tiene la palabra “libertad” en la boca».

Zarzalejos explica que él decidió «no secundar la gran mentira que era la conspiración del 11-M ni el secuestro de la derecha por una serie de medios». Según él, eso provoca su salida del diario antes de las elecciones generales de marzo de 2008. Además, se despacha a gusto y retrata a la presidenta del Gobierno regional madrileño de forma contundente: «Aguirre es una persona que, sobre todo, es vanidosa. Después, creo que es bastante ignorante, le faltan unas cuantas lecturas, por no decir muchas. Y, finalmente, es una persona miserable, con una ambición poco controlada y un entorno de colaboradores que me voy a limitar a calificar como complicado. Tengo pruebas absolutas y totales de que Aguirre y su entorno estuvieron detrás de mi destitución».

ANARQUISTA VUELTO AL REDIL

Una de las piezas clave de la estrategia informativa de Esperanza Aguirre es la utilización partidista de la televisión pública de la Comunidad, Telemadrid, denunciada constantemente por los trabajadores de la cadena y los sindicatos. Al frente de ella figura el ex jefe de Prensa de la presidenta cuando ella estaba en el Ministerio de Educación y en el Senado, Manuel Soriano, pero el verdadero cerebro de sus emisiones más polémicas, sobre los misterios del 11-M, la historia de las víctimas de ETA o los males del Gobierno Zapatero, es el jefe del gabinete de la presidenta del Gobierno regional, Regino García-Badell.

Prueba de ello es la nota, de su puño y letra, que le envía en 2005 Soriano a García-Badell antes de la emisión en la cadena pública de un programa sobre el 11-M, cuando se cumple un año de los atentados de Atocha: «Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en prime time. Pásaselo a la presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográfica e ideológicamente. Un abrazo. Manolo».

La Cadena SER se pone en contacto con Soriano y con García-Badell. El primero asegura que no sabe si el tarjetón es suyo o no, pero después califica la divulgación de la noticia como «un atentado contra su intimidad». El destinatario de la nota reconoce haberlo recibido, pero se niega a ofrecer más explicaciones. El encargado de elaborar un trabajo de semejante calidad cinematográfica e ideológica es Luis del Pino, uno de los más acérrimos promotores de la «teoría de la conspiración» y colaborador habitual de Libertad Digital, el periódico de Federico Jiménez Lo-santos en la red.

Regino García-Badell acompaña a Esperanza Aguirre prácticamente desde que la presidenta salió del Ayuntamiento de Madrid para dar sus primeros pasos en la política «nacional», de la mano de José María Aznar. Ha permanecido junto a ella, como asesor, en su etapa de ministra de Educación y, posteriormente, ya convertido en su jefe de gabinete, cuando fue nombrada presidenta del Senado.

Virginia Drake escribe en La presidenta:

Cuando a la ministra de Educación y Cultura le dan el nombre de Regino García-Badell, apenas sabe de él que es un profesor de instituto culto, rápido y elocuente, muy crítico con la situación por la que atraviesa la Educación en España, con el que posiblemente podría contar para su gabinete como experto en Educación. Sin imaginar siquiera que su marido pudiera conocerlo, Esperanza le cuenta que le han hablado de él y que posiblemente lo llame. Sorprendido, Fernando le explica que García-Badell fue compañero suyo en el colegio de los jesuitas, que estaban en la misma clase y que le recuerda como un chico muy simpático, inteligente, buena persona, sin duda muy buen deportista, el número uno de la clase, en la que, por cierto, estaba también Rodrigo Rato¹.

No sorprende mucho que el jefe de gabinete de Esperanza Aguirre salga tan bien parado en un libro como éste, de tono hagiográfico. Teniendo en cuenta, además, que él mismo fue el artífice de esa biografía autorizada. García-Badell eligió la editorial y la periodista que iba a realizar el trabajo, después de rechazar varias propuestas, durante los dos años anteriores, de otros sellos importantes y de conocidos periodistas, entra ellos una del diario El País.

Virginia Drake completa así su relato del «flechazo» entre la futura presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete:

El 4 de julio de 1996, ya terminado el curso escolar, Regino García-Badell, que es profesor en el instituto Isabel la Católica, se incorpora al gabinete de Esperanza Aguirre en situación de «servicios especiales», a las órdenes directas de Javier Fernández-Lasquetty. En 2000, García-Badell se convierte en jefe del gabinete de Esperanza Aguirre, durante su etapa como presidenta del Senado, cuando Fernández-Lasquetty es reclamado por José María Aznar desde Moncloa. Aguirre le nombró patrono del Teatro Real, cargo que sigue conservando.

Regino García-Badell es sobrino del ex presidente del Gobierno franquista Carlos Arias Navarro, conocido como «carnicerito de Málaga» por su siniestro papel represivo en esta ciudad andaluza durante la posguerra. El jefe de gabinete de Aguirre tiene otro vínculo familiar destacable: es primo de un antiguo aliado de la presidenta del Gobierno regional, ahora pasado al bando de Miguel Blesa en la batalla de Caja Madrid. Se trata de Gerardo Díaz Ferrán ex presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y presidente de la CEOE, además de consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid.

Más de un disgusto le dieron al viejo represor Carlos Arias Navarro —ministro de Gobernación y alcalde de Madrid, antes de presidir el Gobierno de Franco— sus tres sobrinos carnales, Regino, Gonzalo y Luis María García-Badell Arias, cuando estaban en la universidad y coqueteaban nada menos que con la ilegal CNT, según recuerdan algunos compañeros de su tiempos universitarios. Parece ser que incluso se organizó una tremenda pelotera familiar cuando el Gobierno presidido por el tío Carlos dio el «enterado» para que se procediera a fusilar a las últimas cinco víctimas del franquismo, el 27 de septiembre de 1975. Los sobrinísimos discutieron entonces con su tío. Hoy lo reivindican con fervor.

El menor de ellos, Luis María, es profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Complutense de Madrid. Y su hermano Gonzalo, otro liberal que cobra de la empresa pública, profesor universitario y coordinador de Mercados Emergentes de Caja Madrid. Además, Gonzalo García-Badell es articulista habitual del periódico derechista Libertad Digital. Desde esa tribuna comparte sus reiterativas críticas a los «progres» (lo que se supone que él era) con la profesora de matemáticas Alicia Delibes, esposa de su hermano Regino, ex directora general de Ordenación Académica de Madrid y actualmente viceconsejera de Educación de la Comunidad.

Gonzalo García-Badell está obsesionado con neutralizar cualquier proyecto «progresista» (uno de los términos más odiados por los asesores de Aguirre). Este ilustre teórico ha escrito:

Al igual de otras muchas respuestas totalitarias —aquellas que dan una solución a todos los problemas de la sociedad y de sus individuos— que han surgido en la civilización occidental (redundar con la civilización cristiana sería un pleonasmo), «el progresismo» tiene su origen en la teoría del «Cuerpo Místico». La comprensión de este concepto les estará vedado a muchos de mis conciudadanos gracias a la idiocia de los distintos gobiernos que, por sectarismo, han suprimido la enseñanza del dogma católico como si pudiera suprimirlo del bagaje cultural y vital de la civilización, o se pudiesen eliminar sus consecuencias epistemológicas por Decreto-Ley.

MÁS «CEREBROS DE LA PRESIDENTA

El diario en la red Libertad Digital está encabezado por su presidente, el consejero de Caja Madrid Alberto Recarte, su editor, Federico Jiménez Losantos, y su director, Javier Rubio. Los tres se conocieron en Diario 16, cuando el periódico lo dirigía Pedro J. Ramírez. A él llegó Jiménez Losantos en calidad de colaborador de la sección de Opinión, cuando abandonó Cataluña tras ser tiroteado en una pierna por miembros de la organización independentista Terra Lliure. Rubio trabajó en la sección de Cultura.

En Libertad Digital está la savia informativa de la que se nutre el estado Mayor de la COPE. Y ahí se evidencian también los vínculos de unión de sus directivos con el ala más conservadora del PP, por más que se declaren liberales de toda la vida. El propio Alberto Recarte no duda en acudir a la Administración más próxima a la hora de contar con ayudas para sus negocios. Por ejemplo: la concesión de televisiones locales en Madrid por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre. El grupo de Jiménez Losantos resulta especialmente agraciado en el sorteo.

Junto a Regino García-Badell y Federico Jiménez Losantos, Alberto Recarte es otro de los cerebros del armazón «intelectual» de Esperanza Aguirre. Él ha sido el encargado de reclutar a los autores de las más disparatadas versiones del 11-M o de recomponer la historia de España a favor de Franco y contra la República.

Poco aficionada a los libros, incluidos los de historia, pero sí a la revisión de nuestra memoria colectiva desde una perspectiva «liberal», Esperanza Aguirre apadrina, en marzo de 2009, un volumen escrito al alimón por dos de sus correligionarios, Federico Jiménez Losantos y César Vidal. Esta nueva y científica «Historia de España» defiende la básica homogeneidad (cultural, política, racial o religiosa) de los españoles a lo largo de los siglos. Los autores ponen al Cid como héroe nacional, mientras Aguirre les jalea.

TELEVISIONES PARA LOS «NUESTROS»

Las licencias de televisión local que otorgó la Comunidad de Madrid en agosto de 2005 son anuladas, el 28 de noviembre de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (El País, 29 de noviembre de 2008). Este órgano echa abajo la orden por la que el Gobierno de Esperanza Aguirre concedió 30 emisoras privadas en televisión digital terrestre (TDT), la mayoría de las cuales fueron a parar a la Iglesia católica y a grupos de comunicación afines al PP.

El mayor beneficiario en la pedrea de concesiones había sido, con diez licencias, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid e íntimo amigo del vicepresidente regional, Ignacio González. Federico Jiménez Losantos se beneficiaba de cuatro licencias y al productor José Frade le habían correspondido tres. En manos de la Conferencia Episcopal habían caído cinco licencias, otras tres eran para Antena3/Onda Cero, dos para el empresario Blas Herrero, una para Intereconomía y otra para El Mundo. Exquisito culto al pluralismo informativo.

El Ejecutivo madrileño nunca hizo pública la calificación de los candidatos. Así no necesitaba justificar manifiestas irregularidades como la concesión de licencias a empresas con nula experiencia en el sector. Ése fue el caso de Libertad Digital, encabezada por Federico Jiménez Losan-tos, que fue agraciada con cuatro. Tampoco se tuvo en cuenta una ley nacional que primaba las emisoras locales que estuvieran en funcionamiento antes de 1995, como la popular Tele K de Vallecas.

Pero la sentencia de noviembre de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que las concesiones de televisión digital terrestre locales realizadas en 2005 por la Comunidad que preside Esperanza Aguirre incumplieron las bases del concurso, que establecían, por ejemplo, que los candidatos debían garantizar que sus proyectos eran viables económicamente.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve las demandas interpuestas por varias empresas de televisión que impugnaron las concesiones. Esos operadores cuestionaron la competencia de la Mesa de Contratación que adjudicó las licencias (compuesta por altos cargos del Gobierno regional, con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza) y denunciaron que se concedieron sin que fuera consultado el Consejo Audiovisual de Madrid. Este órgano fue poco después disuelto por orden de Esperanza Aguirre. Muerto el perro, se acabó la rabia.

La respuesta de la comunidad, en marzo de 2009, es volver a resolver el concurso concediendo las licencias a los mismos. Como es lógico, sólo a personas y empresas afines al Gobierno popular. Enrique Cerezo vuelve a acumular diez adjudicaciones a través de Televisión Digital Madrid, la Iglesia Católica cinco, a través de Iniciativas Radiofónicas y de TV (COPE) y Federico Jiménez Losantos cuatro, con Libertad Digital TV.

Tal como consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 20 de marzo, en anuncio firmado por el vicepresidente Ignacio González, Antena 3/Onda Cero se hará también con cuatro licencias; José Frade, con tres a través de Canal 7; Blas Herrero, con dos, e Intereconomía y El Mundo, con una cada uno. Tras la sentencia judicial, el Ejecutivo autonómico anunció en noviembre que no recurriría la misma y que presentaría los documentos aclaratorios en el plazo indicado. Su respuesta, sin embargo, se produce a través del Boletín Oficial. El PSOE denuncia las irregularidades que se han producido al realizar las concesiones y pide la comparecencia de González. Pero, una vez más, el viceconsejero de Aguirre no da ninguna explicación. La orden del día 20 de marzo se limita a explicar que la Mesa de Contratación «ha procedido a la evaluación de las propuestas presentadas y admitidas y a la valoración de las mismas», elevando al vicepresidente la propuesta de adjudicación acompañada de la ponderación de los criterios, que en todo caso no detalla.

Otra polémica la suscita la adjudicación del contrato para gestionar la señal de las televisiones digitales locales de Madrid, que ha quedado en manos de dos empresas —Centanor Spain y Secuencia Pixels— controladas por Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y estrecho colaborador del presidente de esta entidad y vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, Ignacio González, responsable, también, de esta adjudicación.

En marzo de 2009, la Comunidad de Madrid aprueba la concesión de 21 emisoras de radio. Todas ellas son adjudicadas a medios de comunicación afines a Esperanza Aguirre. Entre los beneficiados está Tumbo de Privilegios, S. L., que logra la frecuencia 103.2 para emitir en Aranjuez. El administrador de la empresa es Fernando Sánchez Lázaro, el empresario que pagaba 1.200 euros al mes al ex secretario del PP regional y ex alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada a través de una tienda de fotocopias. El nombre de Romero de Tejada está asociado al «tamayazo», que permitió a Esperanza Aguirre alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003. Fernando Sánchez Lázaro fue también diputado regional del PP entre 1995 y 1999.

Además, han sido beneficiados en este sorteo casi familiar Intereconomía, con cuatro licencias, y la COPE, Punto Radio y Kiss, con tres; Unidad Editorial se hace cargo de dos, lo mismo que Task Navia, y una reciben Onda Cero, Diario de Alcalá y Radio María².

Ahora que Federico Jiménez Losantos va a perder su trinchera en la cadena COPE, una de las opciones que tiene es volcarse en su propia emisora. La tribuna que tiene más a mano es la que le brinda la reciente adjudicación, por parte de Esperanza Aguirre, de la codiciada licencia de FM para Madrid a la sociedad Unidad Liberal Radio Madrid, S. L., controlada por Unidad Editorial y participada por Jiménez Losantos a través de Libertad Digital. Su adjudicación era clave en la medida en que se trataba de la única de las nuevas emisoras que podrá escucharse en la capital. La COPE y el Arzobispado también aspiraban a esa frecuencia para emitir en Madrid, pero el premio se lo han llevado Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Losantos. La nueva frecuencia será la cabeza del proyecto capitaneado por ambos, que unirá medio centenar de emisoras (entre radio y TDT) de Libertad Digital con las de Radio Marca. La concesión de Esperanza Aguirre resultaba imprescindible para que la futura «cadena liberal» de Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez pueda competir con las grandes compañías de radiodifusión.

DEGRADACIÓN DE TELEMADRID

El proceso de deterioro de Telemadrid se inicia el 12 de diciembre de 2003, con el nombramiento como director general de la cadena de Manuel Soriano, que había ejercido como jefe de prensa de Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación y Cultura y también en el Senado. Toma posesión del puesto con esta proclama: «Voy a hacer de Telemadrid un bastión para la defensa de España».

El mandato de Soriano —que finaliza en octubre de 2007, con su dimisión— está lleno de polémicas, huelgas y querellas. En 2006, los sindicatos UGT, CCOO y CGT denuncian ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una supuesta vulneración del artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE por el tratamiento informativo que hace la cadena, y el 14 de abril de ese año llega a formarse un partido político, «Salvemos Telemadrid», integrado por los propios trabajadores del medio. Su principal objetivo es denunciar la ostensible manipulación informativa que se realiza en la emisora. Finalmente, el PSOE decide boicotear Telemadrid en febrero de 2007 y no acudir a programas como Madrid opina o Alto y claro.

En abril de 2007, un grupo de catedráticos y profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid elabora un informe sobre «la situación de Telemadrid» y el «tratamiento informativo y los contenidos» de esta cadena pública. En el trabajo participan investigadores tan prestigiosos como Gonzalo Abril, Cristina Peña-Marín, José Luis Arceo Vacas o Javier Maestro. La investigación, amplia y minuciosa, se realiza a petición de la Fundación Sindical de Estudios, ante las reiteradas denuncias de manipulación por parte de los trabajadores de Telemadrid. Abarca desde diciembre de 2003 hasta marzo de 2007 y se centra en los servicios informativos de la Cadena, aunque también analiza otros programas en los que predomina la información.

El informe señala que, en diciembre de 2003, cuando es nombrado director general de Telemadrid Manuel Soriano Navarro, «se produce un cambio del modelo de esta televisión». Y añade: «Todo su currículum, en lo que al ámbito del periodismo se refiere, indica que Soriano Navarro no desconoce la esencia de la labor informativa. Sin embargo, es a raíz de su nombramiento, desde el inicio mismo de su mandato, cuando se produce una ruptura de la trayectoria anterior».

Los trabajadores hacen constar esta ruptura de la situación en una denuncia presentada ante las instituciones europeas. En ella señalan que, desde que existe esta televisión pública, han sido nombrados sucesivos directores generales a propuesta de diferentes partidos políticos «sin que el intervencionismo político haya condicionado la programación y la línea editorial hasta la llegada del actual gestor». La denuncia de los profesionales de la cadena sigue:

Entendemos que el señor Soriano ha quebrantado una trayectoria modélica y ha puesto un medio público al servicio de unos intereses legítimos pero particulares. La repercusión de tal actitud ha significado una seria lesión de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a recibir de un medio de titularidad pública una información objetiva y veraz, acorde con la ley y el espíritu fundacional de este medio.

En el funcionamiento habitual de la cadena, los profesores universitarios que firman el estudio identifican diversas formas de manipulación: tergiversación y ocultación de datos, inclusión de datos ajenos a la información e información subliminal. «La manipulación en Telemadrid en cuanto a omisión-ocultación ha ido acompañada de su sustitución por otros datos, opiniones, etc., que dan un giro a la noticia hacia el efecto pretendido», señala el informe. Y continúa:

También se ha utilizado información subliminal. Al respecto, el hecho más grave sucedió con una imagen sobre la manifestación del 12 de marzo de 2004 en protesta por los atentados del 11-M. La imagen emitida fue manipulada digitalmente para que en ella apareciera, como así fue, el anagrama de la organización terrorista ETA sobreimpresionado sobre la manifestación. Es decir, una manipulación tendente a falsear la realidad y producir una noticia con fines determinados más allá de la veracidad y todos los criterios del buen hacer profesional y de los deberes de un informador. Esta imagen fue emitida en el mes de marzo de 2005 en un programa llamado

Cuatro días que cambiaron España.

Los informativos de Telemadrid utilizan constantemente la técnica de no advertir al espectador de que, bajo la falsa apariencia de información, lo que le están trasmitiendo es opinión. El informe indica lo siguiente:

En el caso del «terrorismo», un asunto de gran repercusión político-social y tema central en la política gubernamental y de la oposición política, se constata que son las informaciones que lo contienen en todo o en parte las más afectadas por la manipulación en cualquiera de sus vertientes: omisión de datos y/u opiniones, ocultación, descontextualización, inclusión de elementos ajenos a la noticia que cambian su significado (incluida información subliminal), tergiversación, descalificación del oponente, emisión de opiniones con apariencia de información, etc. Se pone de manifiesto, asimismo, el encauzamiento de esta información hasta hacerla coincidir con los criterios políticos y la línea concreta que viene manteniendo el Partido Popular en esta materia, incluida la descalificación al oponente político (en este caso el Gobierno de la nación), sus actuaciones. Se siguen los postulados del principal partido de la oposición, por lo que podríamos encontrarnos ante un caso de injerencia política.

Uno de los ejemplos más espectaculares de intoxicación informaiva en Telemadrid durante la era Aguirre se da con motivo de los atentados del 11 de marzo de 2004. Desde que se produce la tragedia, la cadena incide, a través de imágenes, comentarios, reportajes o edición de noticias, en señalar a la organización terrorista ETA como «posible» autora de los atentados, siguiendo la ya famosa «teoría de la conspiración», sin dar posibilidad alguna a expresiones contrarias, ni siquiera contrastando informaciones distintas.

Un atentado de la magnitud del que sucedió en la capital de España debería ser objeto, por sí solo, de horas de programación en las televisiones, desde todos los ángulos posibles y recopilando toda la información que sea posible conseguir. El mismo día 11 de marzo, Arnaldo Otegui, dirigente de la coalición abertzale Herri Batasuna, ofrece una rueda de prensa para desmentir las informaciones del Ejecutivo del PP que apuntan a ETA como autora de los atentados. En sus informativos de ese día, Telemadrid no recoge la rueda de prensa de Otegui, a diferencia de lo que hacen las demás televisiones. El día 12 de marzo Telemadrid retransmite la multitudinaria manifestación de protesta contra los atentados y contra ETA convocada por el Gobierno. El director general, Manuel Soriano, interviene personalmente en el control de la realización del evento para indicar qué planos se deben recoger por las cámaras y qué planos no. Injerencia de la alta dirección en el trabajo de los profesionales.

Ese mismo día, Telemadrid cambia su programación de noche y emite el largometraje Asesinato en febrero, que narra el asesinato por ETA del dirigente socialista Fernando Buesa en 2002. Las elecciones generales se van a celebrar dos días después y, para la cadena controlada por Esperanza Aguirre, ETA sigue siendo la organización autora de la matanza, a pesar de que ya algunos medios hablan de que los posible autores pueden ser elementos islamistas.

El 13 de marzo, el diario Gara recoge un comunicado de ETA en el que la organización niega la autoría de los hechos. Los especialistas en terrorismo del Ministerio del Interior recuerdan que ETA siempre se responsabiliza de sus actuaciones. La inmensa mayoría de los medios informativos se hace eco del comunicado el día 14, excepto Telemadrid, que oculta la información a sus espectadores. El mismo día 13, a las 22 horas, el entonces ministro del Interior Ángel Acebes ofrece una rueda de prensa en la que informa de la detención de ciudadanos marroquíes supuestamente relacionados con los hechos y también señala que Telemadrid ha recibido una llamada avisando de que, en una papelera cercana a la mezquita de la M-30 de Madrid, se ha depositado una cinta de vídeo en la que un grupo islamista reivindica el atentado. Todas las televisiones informan en directo de esta comparecencia del ministro, excepto la cadena pública madrileña, que no interrumpe la retrasmisión que está realizando —un partido de fútbol— y se limita a emitir un subtítulo con la noticia. De nuevo, se oculta un dato que resultará fundamental.

Por fin, la tarde-noche del 13 de marzo miles de personas se concentran en toda España ante las sedes del Partido Popular exigiendo explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Las noticias que llegan a los españoles apuntan cada vez más directamente a la autoría islamista. Las concentraciones se convocan a través de cientos de miles de mensajes enviados a teléfonos móviles. Inmediatamente, Telemadrid comienza a hablar de «manifestaciones ilegales», el mismo calificativo que está dando el Gobierno a estas concentraciones espontáneas. Aún en ese momento, el lenguaje empleado, tanto en los informativos como en los rótulos que aparecen permanentemente en pantalla, repleto de adjetivos calificativos, intentan condicionar al espectador hacia la tesis de que ETA es la autora de los atentados.

Un año después, el 14 de marzo de 2005, se emite en Telemadrid el reportaje Cuatro días que cambiaron España, que recoge todas las tesis de la llamada «teoría de la conspiración», apuntada ya por el entonces ministro del Interior Ángel Acebes en su comparecencia del 13 de marzo de 2004, cuando señaló que existen razones lógicas para pensar en la colaboración entre distintos grupos terroristas. Según el estudio realizado por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información, «este reportaje marca un antes y un después en lo que es la “manipulación informativa”, que los autores de este informe consideran total y vulnera todos los principios periodísticos y los derechos fundamentales de la Información».

Elaborado por el subdirector de informativos, José Antonio Ovies, el reportaje pretende ser un relato informativo ordenado cronológicamente sobre lo sucedido entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, es decir, en los cuatro días comprendidos entre los atentados de Madrid y la celebración de las elecciones generales. En su contenido y en la edición de las imágenes, sin embargo, se distorsiona la realidad para adecuarla al auténtico propósito del mismo: señalar a ETA como responsable o coautora de los atentados, siguiendo la tesis del Gobierno, sustentado en el momento de los hechos por el Partido Popular. En el reportaje se informa de que el presidente José María Aznar apareció públicamente en tres ocasiones antes de las 15 horas del 11 de marzo. Según este programa, sus comparecencias informativas tuvieron lugar a las 10h:06 horas, a las 11:05 horas y a las 14:30 horas.

No es cierto. El entonces presidente del Gobierno pasó toda la mañana del 11 de marzo en el Palacio de la Moncloa, reunido con sus colaboradores más próximos. Compareció ante los medios a las 14:40 horas. Las tres declaraciones mostradas en el reportaje como supuestamente efectuadas durante la mañana corresponden, en realidad, a esa única y posterior intervención (exactamente a los siguientes tiempos: 14:57 horas, 14:43 horas y 14:42 horas; grabación de Telemadrid contenida en la cinta 16AR534). Tal alteración, supone, cuanto menos, un desprecio a la objetividad, considerando el carácter cronológico del documental y teniendo en cuenta que se realiza un año después de los atentados, con todos los datos en la mano.

Pero la manipulación no acaba ahí. En el minuto 22 del reportaje se asegura: «A primeras horas de la madrugada del viernes (día 12 de marzo) los forenses dan por terminadas las autopsias de las 191 víctimas. Después del esfuerzo, sin tiempo para el descanso, la directora del Anatómico Forense desmiente las informaciones que hablaban de suicidas entre las víctimas». El narrador se refiere a la directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía, y cita su intervención en la madrugada del 12 de marzo. Tampoco ese dato se ajusta a la realidad. La intervención de la señora Baladía mencionada en el reportaje se efectúa el 23 de marzo, once días después de la fecha señalada. En esa comparecencia conjunta de la directora del Instituto Anatómico Forense y del comisario general de la policía científica, Carlos Corrales, se certifica que el número de fallecidos es de 190 en ese momento, y no de 202 como inicialmente se ha asegurado. Se descarta igualmente que haya terroristas suicidas entre las víctimas: «No hay ningún dato con base científica o médica que confirme esa hipótesis», señalan. La cronología de los datos, principal argumento esgrimido por la cadena para asegurar la fiabilidad de ese trabajo informativo, es nula.

El reportaje concluye con un resumen de las imágenes más significativas de aquellos cuatro días. Sin embargo, sobre estas imágenes se inserta el anagrama de ETA (1h 23’ 03’’ del reportaje). Este anagrama, cuya captura y tratamiento visual se encarga ex profeso al departamento de grafismo y posproducción de Telemadrid, según testimonios recogidos entre los trabajadores, «se sobreimpresionó durante cuatro frames, 18 segundos antes de la finalización del reportaje». Una vez más, la cadena controlada por Esperanza Aguirre pretende identificar a ETA con el atentado del 11 de marzo de 2004, a pesar de que el reportaje se realiza un año después, cuando ya la instrucción judicial y la comisión de investigación parlamentaria han atribuido la autoría al terrorismo islamista.

MÁS «TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN»

Tras la emisión de este programa, los trabajadores de Telemadrid, reunidos en asamblea, acuerdan pedir perdón a los espectadores y a las víctimas de los atentados y emiten una nota pública en la que señalan que «la elaboración y los contenidos del especial, emitido el lunes 14 de marzo, son responsabilidad exclusiva de la dirección de Informativos y, en particular, del guionista y director del mismo, José Antonio Ovies». Los trabajadores consideran este reportaje «un atentado contra los principios de objetividad, imparcialidad y veracidad a los que obliga el Estatuto de Radiotelevisión Madrid».

Pero ésos no son los únicos programas emitidos por la cadena autonómica con la tragedia de los trenes de Atocha como telón de fondo. Otros dos, La sombra del 11-M y 11-M: historia de un atentado, siguen también la línea de la «teoría de la conspiración» o la del «golpe electoral», mantenidas por el Partido Popular. El segundo de estos reportajes lleva incluso al director general de Telemadrid, Manuel Soriano, a escribir la citada carta dirigida a Regino García-Badell en la que asegura que todo ha quedado «bastante bien, cinematográfica e ideológicamente».

La intoxicación informativa en la cadena autonómica prosigue con el tratamiento distorsionado que se da al juicio sobre el 11-M, que comienza el 14 de febrero de 2007. Según testimonios de profesionales de Telemadrid, se reciben instrucciones concretas respecto a este tema sensible, para ofrecerlo de manera interesada. Las llamadas al espacio informativo Diario de la Noche son constantes por parte de la dirección, empeñada en emitir sólo las versiones que contradicen la investigación oficial sobre el atentado de Atocha, según consta en la mencionada denuncia presentada por la representación laboral de Telemadrid ante el Parlamento Europeo.

Otro hito intoxicador en la política informativa de Telemadrid lo marca el seguimiento del caso del hospital Severo Ochoa. El 11 de marzo de 2005, una denuncia anónima acusa a un grupo de doctores de mala praxis en la administración de sedantes en el área de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que presuntamente había causado la muerte a 13 pacientes. El responsable de la unidad, doctor Luis Montes, es apartado de sus funciones por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela.

Telemadrid convierte este asunto en una de sus prioridades durante algunas semanas. La cadena autonómica dedica amplios espacios a rebatir las acusaciones de los empleados, que apoyan el trabajo profesional realizado por el equipo médico de Urgencias. El informativo TN-2 del 2 de junio de 2006 se abre con el siguiente sumario:

Al menos 34 de los enfermos terminales muertos en el Hospital Severo Ochoa fueron sedados de forma irregular. Algunos fueron sedados estando en coma profundo sin haber recibido un diagnóstico de su enfermedad. Es la conclusión de un informe del Colegio de Médicos que pidió el juez. Da la razón a la Comunidad de Madrid, que decidió destituir al coordinador de Urgencias del centro, el doctor Luis Montes.

La versión textual del informe, que transmite la agencia de noticias EFE, es que se podían constatar malas prácticas en la sedación de pacientes, pero, «pese a ello, no es posible afirmar o negar, con certeza absoluta, si la causa de la muerte de alguno de los pacientes sedados fue la medicación administrada».

Por su parte, la agencia Europa Press señala: «La Clínica Médico Forense detecta cuatro casos de sedación irregular en su informe», para informar a continuación:

De las trece supuestas sedaciones irregulares […] sólo en cuatro de ellas hay indicios de mala praxis. Según publican hoy los diarios El Mundo, ABC y La Razón, las conclusiones de la clínica, que ya han sido entregadas a la Fiscalía, afirman que no se puede deducir de las citadas historias clínicas si un paciente fallece por su enfermedad terminal o por la medicación empleada en la sedación.

Y Telemadrid emite la siguiente información sobre este asunto:

Un nuevo informe, éste realizado por la Clínica Médico Forense de Madrid, a instancias de la Fiscalía, detecta cuatro casos más de sedaciones de indicación dudosa, de las 13 investigadas, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. La media de vida de estos 13 pacientes analizados fue de ocho horas y media, mientras que en el mismo informe se destaca que la supervivencia media de estos enfermos es de tres o cuatro días. Por su parte, la presidenta del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía, ha asegurado que el informe que ella analizó, como cirujano y médico forense, ha sido manipulado. Para ella, en Leganés, hubo tratamientos incorrectos. Recordemos que, según otro estudio, el que fue realizado por la Comisión de Expertos, en el Severo Ochoa hubo 73 muertes relacionadas directamente con las sedaciones llevadas a cabo.

El informe del Colegio de Médicos concluye que no se pueden atribuir las muertes a la sedación, pero Telemadrid no recoge este aspecto de la información y sí da paso a unas declaraciones de la Asociación en Defensa del Paciente que dice: «En lugar de sedaciones hay que hablar de homicidios». En sus informativos, la cadena recurre sólo a expertos que avalan la tesis de la Consejería de Sanidad y se obvia cualquier voz crítica, incluida la de los médicos afectados. La dimisión del presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el doctor Miguel Casares, por su discrepancia con el citado informe del Colegio de Médicos, no se recoge en ningún informativo de Telemadrid hasta dos días después de haberse producido, y se hace sin explicar los motivos de Casares.

Durante varios meses, la cadena hace bandera del caso de las supuestas sedaciones irregulares. Así, el 19 de septiembre de 2006 da la palabra a la hija de uno de los fallecidos en las Urgencias del Hospital Severo Ochoa, F. P., quien acusa a los médicos de la muerte de su padre. La televisión pública no aclara, en ningún momento, que la Justicia ha sobreseído el caso cuatro días antes.

EN POZUELO NO PUEDE HABER POBRES

El informe elaborado por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información señala que, en las noticias que emite Telemadrid, «predomina, sobre la información veraz, la intención de presentar una imagen positiva de la Comunidad de Madrid y evitar o minimizar, aunque sean relevantes, las informaciones que dañan la imagen oficial. Esto constituye clara manipulación por omisión, alteración de la realidad, imparcialidad, entre otras». Para omitir algunas informaciones, se ha llegado a utilizar, por parte de la dirección de Informativos, el argumento de que no se puede dar lo que muestra «un Madrid feo, un Madrid que no es bonito.

Esto sucede el 15 de junio de 2004, y quien ejerce el veto en esa ocasión es el director Agustín de Grado, que prohíbe emitir, en el espacio Mi cámara y yo, un programa sobre las condiciones de vida de personas con pocos recursos que habitan unas infraviviendas de la localidad de Pozuelo de Alarcón. El argumento empleado por De Grado para practicar la censura es que el reportaje pone de manifiesto esta situación «justo en el municipio con mayor renta en España». Y donde, además, viven algunos dirigentes del PP y Esperanza Aguirre cuenta con una amplia base de votantes.

Uno de los propietarios de esas viviendas es el padre de uno de los arquitectos municipales del Ayuntamiento, gobernado en ese momento por Jesús Sepúlveda, marido de la actual vicesecretaria de organización del PP, Ana Mato, y ahora procesado por su participación en la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón dentro de la Operación Gürtel. La censura de este reportaje provoca dos dimisiones: la del director del programa, Nacho Medina, y la del redactor Victoriano de la Serna. Al final, la dirección de informativos rectifica y autoriza la emisión tras las protestas y el revuelo que provoca el asunto.

Como era previsible, el más rígido control informativo atenaza Telemadrid con motivo de las elecciones autonómicas y municipales de 2007. El seguimiento de los informativos durante la precampaña, en marzo, pone de manifiesto que la cadena está, más que nunca, al servicio de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Los trabajadores de los informativos denuncian que reciben constantemente consignas a favor de Esperanza Aguirre e instrucciones de apoyar su campaña para las próximas elecciones autonómicas, al mismo tiempo que se les impulsa a atacar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: «Conforme nos acercamos a las elecciones, las instrucciones (se refiere a los periodistas) son de dar cera. Estamos haciendo una campaña descarada a favor de Aguirre»³. Estas declaraciones son de Blanca Landázurri, miembro del equipo de Informativos de Telemadrid. Las realiza en marzo de 2007 en Bruselas, adonde una comisión de periodistas de la cadena pública acude para presentar ante el Parlamento Europeo la ya comentada denuncia por manipulación.

La intoxicación informativa en Telemadrid también afecta a los cargos políticos del PP que no son de la cuerda de Esperanza Aguirre. El 7 de octubre de 2004, la dirección de Informativos obliga a suprimir las imágenes que ilustran una información ya elaborada, según los criterios profesionales del periodista que ha cubierto el acto. En ellas, el protagonista de la noticia es aplaudido por sus simpatizantes. El personaje es el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que presenta su candidatura a la presidencia del PP de Madrid y es el competidor directo de Esperanza Aguirre en esa carrera. La dirección intenta sustituir las imágenes de los aplausos por otras de archivo, como si se tratara de tomas realizadas el mismo día. La protesta de los redactores impide que se haga este cambalache, pero los simpatizantes de Ruiz-Gallardón que aplaudían a su hombre de confianza, Manuel Cobo, se quedan sin aparecer en la pantalla.

Todo lo relacionado con Cuba, una de las obsesiones de Esperanza Aguirre, tiene un tratamiento muy especial en Telemadrid. Por ejemplo, el 14 de marzo de 2005, tras informar brevemente del encuentro mantenido por el ministro de Exteriores de la isla, Felipe Pérez Roque, con el rey, el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se emite un vídeo para complementar el panorama: una manifestación de disidentes cubanos en Madrid. Y se obliga al redactor encargado de elaborar esa información a añadir textos extraídos de un dossier de Reporteros sin Fronteras en el que se señala que hay 20 periodistas encarcelados en Cuba. Al mismo tiempo, se prohíbe informar de que, ese mismo día, la prensa publica un manifiesto de 200 intelectuales, entre ellos Rigoberta Menchú (premio Nobel de la Paz) o José Saramago (premio Nobel de Literatura), a favor de Cuba. También se prohíbe reflejar el informe del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, que cita una resolución en la que se pide a Estados Unidos terminar con el bloqueo a la isla.

«COMISARIOS» DE AGUIRRE

Tres editores por informativo controlan ahora la información que se emite, en lugar de uno, como era habitual antes de la llegada de Manuel Soriano a Telemadrid. Estos «comisarios» de Esperanza Aguirre deciden qué se emite, cómo y cuándo. Los trabajadores de la cadena denuncian que se cambian los textos, se suprimen cortes seleccionados por los profesionales, se censuran imágenes ya montadas, se imponen entrevistas y no se respeta el criterio del redactor que elabora la noticia.

El informe elaborado por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Información para la Fundación Sindical de Estudios también llama la atención sobre las técnicas de represalias y acoso que se practican en la cadena controlada por Esperanza Aguirre:

Los ataques a los trabajadores y a su quehacer profesional se vienen sucediendo de forma constante y progresiva en Telemadrid durante los últimos años, desde que se produjo el cambio en el equipo gestor y en la dirección general. Esta situación, de acuerdo con la investigación realizada, se puede dividir en dos fases: la primera, de represión e injerencia en el trabajo de los redactores más allá de lo que pudiera constituir una relación normal dentro de la lógica y práctica profesional. Y la segunda fase, de sustitución de unos profesionales por otros de mayor afinidad con los planteamientos de la dirección (contrataciones externas) y el desplazamiento de los profesionales veteranos de la cadena.

Telemadrid se ha convertido en la residencia donde han ido a parar los náufragos del modelo Aznar en TVE. En la cadena autonómica, Ernesto Sáenz de Buruaga es un virrey, con sus programas Madrid opina y Muy personal. Otros «refugiados» de lujo, que contribuyen al proceso de extremaderechización de la cadena, son Curri Valenzuela (Alto y claro), José Antonio Ovies —que fue director del centro territorial de TVE en Asturias en la época de Aznar— o Julio Somoano, un protegido de Ana Botella que presenta Telenoticias a las 20:30. En 2004, la cuota de pantalla de Telemadrid era del 14,9 por 100; el mes de febrero de 2009 se ha cerrado con un 10,9 por 100.

En marzo de 2005, la mayoría de los profesionales de la redacción de Telemadrid deciden no firmar sus informaciones, ante la «manipulación» a la que está sometido su trabajo. Consideran que no pueden suscribir lo que se emite, ya que la dirección les obliga a practicar, «de forma diaria y sistemática, la intoxicación y a confundir lo que se emite». Quienes deciden, en su legítima defensa profesional, no firmar las piezas son represaliados por la dirección de la cadena. Otros muchos se han visto obligados a dimitir y buscar trabajo en otros medios. Entre los que han dejado Telemadrid se encuentran numerosos trabajadores que formaban parte de la plantilla desde la fundación de la cadena, en 1984.

Las consecuencias de la persecución que están sufriendo algunos profesionales en Telemadrid son que, además de los despidos y el mobbing, se ha producido una catarata de dimisiones, entre ellas, las de un jefe de Nacional, la coordinadora de Nacional, la coordinadora de Local, la coordinadora de Economía, la coordinadora de Internacional y el presentador de los informativos de fin de semana, Javier Díez. Este último dimite tras mostrar su discrepancia con el enfoque excesivamente «politizado» que se da a una noticia sobre la entrevista que publica el diario Gara con dos miembros de ETA. Antes, en agosto de 2005, habían presentado su dimisión los dos máximos responsable de la sección de Nacional, Javier Bosque y Begoña Méndez, y el responsable del área de Sociedad, Pedro Guzmán. Los tres justificaron su renuncia por «las presiones de la dirección de la cadena desde el pasado 11 de marzo». Nada más llegar Soriano.

En la escalada de control de la información emprendida por Esperanza Aguirre y su fiel subordinado Manuel Soriano, se ha prescindido incluso de personal contratado o nombrado por la dirección cuando ha discrepado, en algún punto, con las consignas llegadas desde el despacho de Regino García-Badell.

Un caso particularmente elocuente es el de Germán Yanke, quien, desde luego, no es dudoso de tener la más mínima veleidad izquierdista. El periodista vasco dirigió y presentó Diario de la noche, que ahora está en manos de un centurión ideológico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el ex periodista de El País Hermann Tertsch. «Esperanza Aguirre e Ignacio González consideran que no sólo son propietarios de Telemadrid, sino también del alma de los que allí trabajan», afirma Pablo Sebastián, que abandona la cadena junto con Yanke.

Germán Yanke dimite en octubre de 2005, días después de que Esperanza Aguirre, a lo largo de una entrevista, le recrimine públicamente y en directo que «compra el discurso del adversario». La inercia controla-dora de la presidenta de la Comunidad de Madrid es tal que, incluso delante de las cámaras, se atreve a realizar una intromisión en el trabajo del periodista e intenta intimidarle. Durante la entrevista, Aguirre llega a afirmar, refiriéndose al entrevistador: «No me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista…». Aunque el periodista contesta correctamente, después de esta frase contundente y clara, Yanke se muestra nervioso y algo inseguro. Sabe que Aguirre es la «jefa» absoluta de la cadena en la que él está trabajando.

En otro momento, la entrevistada insiste: «Compra usted el discurso de nuestros adversarios». Con ese «nuestros», la liberal presidenta de la Comunidad de Madrid está incluyendo al presentador y al medio —una cadena pública— en su propio enfrentamiento con los que denomina «adversarios». No tiene ningún pudor en descubrirse ante la cámara. Es el estilo liberal de Esperanza Aguirre.

Capítulo VI

OBJETIVO: GALLARDÓN

Portada de la revista Época en la que apareció Montserrat Corulla, cuyo rostro no se había dado a conocer hasta entonces en los medios de comunicación. La abogada catalana está implicada en la Operación Malaya y se la ha relacionado con Alberto Ruiz-Gallardón. Los hombres del alcalde de Madrid acusaron al entorno más cercano a Esperanza Aguirre de haber comprado la foto y de hacerla llegar al semanario. Un personaje clave en esta operación fue el ex parlamentario del PP Julio Ariza, vinculado a Época, el grupo Intereconomía y Libertad Digital, y también relacionado con el «tamayazo».

«Lleva por lo menos diez años diciendo que quiere ser presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España… He dicho que es legítimo, pero, en general, a mí me asquean los personalismos, porque la vocación política debe ser, ante todo, de servicio y de entrega a los demás.» Esperanza Aguirre, refiriéndose a Alberto Ruiz-Gallardón, el 4 de septiembre de 2006

Esperanza Aguirre acude por primera vez a unas elecciones, las municipales del 8 de mayo de 1993, encabezando la lista de Unión Liberal, dentro de la coalición AP-PDP-UL. Es entonces cuando conoce a un joven fiscal que se presenta también como candidato de la coalición que encabeza Alianza Popular al Ayuntamiento de Madrid, en el número 13 de la lista, y que se llama Alberto Ruiz-Gallardón. Según recoge la biógrafa de la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Se trata de un joven chapado a la antigua, siempre trajeado de oscuro, que lleva uno de esos relojes de cadena del siglo XIX que se guardan en un pequeño bolsillo del chaleco o del pantalón; en su caso, hecho a la medida. Las mismas gafas que le dan ahora, cercano ya al medio siglo de vida, un cierto aire de intelectual, ofrecían entonces la imagen del empollón de la clase¹.

Las vueltas que da la historia: 15 años después son enemigos irreconciliables, a pesar de pertenecer al mismo partido. Ella, asentada en la presidencia de la Comunidad de Madrid, y Gallardón, en la alcaldía de la capital. Los enfrentamientos entre ambos han ido subiendo de tono durante los últimos tiempos. Primero, por el control del PP en la región, y más tarde, en un intento fallido de situarse en puestos de cabeza de las listas electorales al Congreso de los Diputados. La última batalla de esa guerra sin cuartel, que trae de cabeza al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se está librando en Caja Madrid. Aguirre ha conseguido que se apruebe en la Asamblea madrileña, en la que disfruta de mayoría absoluta, una ley elaborada pormenorizadamente con el expreso fin de hacerse ella sola con los mandos de la cuarta entidad bancaria del país. Este frente sigue abierto.

Durante estos años también ha habido constantes refriegas menores entre los dos pesos pesados del PP en la región madrileña para controlar estrechamente los resortes de las actuaciones públicas que suponen enormes movimientos de dinero, generan ingentes plusvalías y permiten repartir comisiones de forma incontrolada. El libro Duelo de titanes, de Lucía Méndez², recoge el combate asalto por asalto. Por ejemplo, la llamada «guerra del Metro», que desata las hostilidades entre ambos inmediatamente después de que el PP pierda las elecciones generales de 2004. La derrota de Rajoy les da alas para lanzarse al ring. Ya se sabe que el suburbano revaloriza, de forma instantánea, las zonas a las que llega. Este asalto lo gana Aguirre.

Después llegan, lógicamente, los Programas de Actuación Urbanística (PAU) vinculados a la apertura de nuevas líneas del Metro. La presidenta de la Comunidad anuncia en mayo de 2004 que los PAU del norte tendrán Metro Ligero en superficie, y el equipo municipal monta en cólera. El Ayuntamiento exige al Gobierno regional que soterre los tramos en superficie y le acusa de vulnerar el Plan de Urbanismo y de querer arrasar 11.000 metros cuadrados de zona verde. El Gobierno de Aguirre modifica ligeramente el proyecto, pero no soterra el trazado en su totalidad. El alcalde vuelve a ceder.

Gallardón suma puntos cuando su concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, se opone a la modificación de la Ley del Suelo anunciada por el Gobierno de Aguirre, porque invade competencias municipales y limita la «capacidad de desarrollo de la capital». Pero el alcalde sufre uno de sus mayores descalabros políticos al competir con Aguirre, en 2004, por el control del PP en la región madrileña. No se atreve a enfrentarse en persona a ella y manda en su lugar al vicealcalde Manuel Cobo, que resulta derrotado rotundamente.

En 2008, cuando Gallardón pretende ir en la lista del PP por Madrid para las elecciones generales, se encuentra también con el rechazo y las intrigas de Aguirre, que hace todo lo posible para que el partido no cuente con Ruiz-Gallardón en esos comicios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una reunión con Mariano Rajoy y el propio alcalde, se ofrece a ir en esa misma candidatura al Congreso, y el máximo dirigente del partido decide dejarlos a los dos fuera. El golpe es duro para Ruiz-Gallardón, que lo encaja mal e incluso anuncia públicamente que está barajando la posibilidad de dejar la política. Pero pronto recapacita y se refugia en su privilegiado puesto, esperando tiempos mejores para dar un nuevo salto hacia arriba. Estaba claro que no iba a abandonar el Ayuntamiento: sin grandes presupuestos públicos no se puede contratar publicidad abierta o encubierta ni hacer favores importantes.

Cuando llega el carnaval de 2008, el alcalde está todavía tocado pero ya bastante rehecho. Aprovecha el Entierro de la Sardina para sacarse alguna espina, y en el pregón dice: «Ha triunfado Doña Cuaresma, la del gesto agrio y estricta conducta», en una clara alusión a la presidenta de la Comunidad. Pero también advierte de que «no hay que darse a la melancolía, porque su victoria es pasajera. El carnaval es catarsis». Y añade que «hecha la limpieza y ventiladas las estancias del alma, toca entrar en un tiempo de entereza y contemplación».

Justo un año después, el 25 de febrero de 2009, el alcalde vuelve a aparecer en el Entierro de la Sardina, pero mucho más fortalecido. Han cambiado las tornas. El País, un diario que mantiene una excelente relación con él, acaba de destapar la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, que deja a Esperanza Aguirre tocada. Ruiz-Gallardón vuelve a realizar un discurso de carnaval lleno de dobles sentidos, pero esta vez mucho más burlón:

Va a ser que la sufrida sardina ha regresado… Pasen, pues, alegres cofrades, y velen a sus anchas a la finada, que, bien mirado, así lo merece tanto justo que por pecador ha pagado. ¿O es que acaso no es la difunta la única que con su martirio y su entereza ha intentado redimirnos de este general desbarajuste? ¿Quién negara que es ella la que, después de tanta algarabía, tanto derroche y tanta burbuja, no viene a recordarnos ahora, con espíritu de rebajas, que todas las pompas son fúnebres y que sólo los discretos las vieron venir?… Un disgusto este deceso, vaya. Pero un disgusto generoso y cabal, de los que valen a otros para escarmentar. Lo que se llama un sacrificio.

Y continúa:

Yo les contaré cómo ha sido, aunque me tienen que prometer que van a tomarme a pies juntillas, sin quitar ni poner, que luego vienen los exégetas del antruejo y ven fantasmas donde no los hay. Y es que ya saben que campan por la Villa palabreros y murmuradores, analistas y hermeneutas, almas de confidencial y tertulia diaria, qué digo diaria, ¡horaria!, y que cuando el diablo no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo o le busca las entrelíneas al Entierro de la Sardina, que es ceremonia transparente como estos caballeros. Pero, con todo, da la impresión, así se ha quedado en unos días la pobrecita, que no hay más que verla, ¡en la raspa! Con la ilusión intacta, eso sí, pero repitiendo el disfraz de escamas de baile pasado, remendadito y tan apañado, después de años de esplendor y frenesí multicolor.

Un personaje que ha tenido un papel protagonista en la batalla que llevan años librando Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón es Federico Jiménez Losantos. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la musa política del locutor «liberal» y Aguirre encuentra en el círculo de Losantos y su Libertad Digital, estrechamente vinculado a su jefe de gabinete Regino García-Badell, un confortable respaldo ideológico. En junio de 2008, el locutor es condenado a pagar una multa de 36.000 euros por faltar a la verdad, vejar e injuriar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, desde su espacio en la emisora de la Conferencia Episcopal. Los prelados evitan intervenir. Su única declaración pública es la de que se comprometen a «seguir velando por el ideario de la cadena». La titular del juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, Inmaculada Iglesias, condena a Jiménez Losantos por decir que el alcalde de Madrid no quería investigar el 11-M y que le daban igual los muertos para llegar al poder, acusaciones que considera falsas. Es la primera sentencia judicial por injurias contra uno de los ideólogos de la «teoría de la conspiración». La jueza considera que las expresiones vertidas por Federico Jiménez Losantos en la COPE contra Alberto Ruiz-Gallardón, en relación con el 11-M, «son tan claramente hirientes que no cabe duda alguna que pretendía vejar la imagen y dignidad del querellante de forma innecesaria y gratuita». Los testigos propuestos por el periodista —la mismísima Esperanza Aguirre, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana— no son dudosos de no mantener sintonía con el clericalismo ultramontano de la cúpula eclesiástica, pero deciden «darse mus» en el asunto y sus declaraciones dejan a Jiménez Losantos con el culo al aire. Y eso que Aguirre, ocho meses antes, había intentado recabar el apoyo del propio Juan Carlos de Borbón para «rehabilitar» a Losantos. «Si es por ese precio, seguiré», anuncia el condenado.

LA FOTO DE CORULLA

Cuando el candidato socialista a la alcaldía de Madrid en las elecciones de 2007, Miguel Sebastián, enseña ante las cámaras de TVE, durante su debate con Alberto Ruiz-Gallardón, la fotografía de Montserrat Corulla, poca gente sabe a cuento de qué viene esa historia ni quién es la mujer que aparece en la portada de la revista Época. Pero el envite de Sebastián va dirigido contra uno de los puntos más sensibles del alcalde de Madrid. Más de 12 millones de las antiguas pesetas (72.000 euros) ha pagado una persona muy próxima a Esperanza Aguirre para ofrecérsela al semanario que ha venido siendo utilizado en los últimos años como un ariete contra el PSOE. Y Época la publica en el mes de octubre de 2006, cuando está más en candelero la Operación Malaya.

Inmediatamente después de que este semanario del Grupo Intereconomía, que preside el ex diputado ultracatólico del PP Julio Ariza, dedique su portada a la abogada testaferro de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama corrupta de Marbella, círculos muy próximos al alcalde de Madrid acusan de la exclusiva periodística directamente al grupo de personas más cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El motivo de sacar a Montserrat Corulla en la portada de la revista Época es evidente: intentar desprestigiar a Ruiz-Gallardón, dentro de la guerra eterna que mantienen él y la presidenta del Gobierno autonómico. El regidor de la Villa se sigue negando a aceptar algunos «trágalas» de la disciplina de partido, como que el PP madrileño sea el que le tenga que designar candidato oficial a la alcaldía de Madrid, como paso previo a su ratificación por el PP nacional de Mariano Rajoy. Montserrat Corulla es una abogada catalana de 36 años, detenida en abril de 2006 en el marco de la Operación Malaya, acusada de blanqueo de dinero para Juan Antonio Roca, el principal implicado en el caso. Durante sus gestiones inmobiliarias en Madrid al servicio del cabecilla de la trama, Corulla entabla amistad con el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón.

La relación entre ambos es conocida cuando el juez instructor del caso Malaya excluye del sumario unas supuestas conversaciones grabadas entre ambos, dentro del seguimiento que se le hacía a la abogada, al ser consideradas «privadas», pero se mantienen otras en las que ella habla de un tal «Alberto» como uno de los intermediarios clave para lograr que el frontón Beti Jai pierda su calificación de edificio protegido y pueda convertirse en hotel.

Así que Miguel Sebastián utiliza la foto puesta a su disposición por Aguirre en su intento de volver a ajustarle las cuentas al alcalde de Madrid. Pocos días antes de que apareciera la exclusiva de la revista Época, con la foto de la amiga de Ruiz-Gallardón en portada, el vicepresidente madrileño, Ignacio González, había dicho a los periodistas que «lo más seguro» es que el acalde fuera nuevamente elegido como candidato en las elecciones municipales, pero que el asunto era competencia del PP de Madrid y, por lo tanto, de Esperanza Aguirre. Ella era la que debía aprobar la lista de candidatos.

Tan claro tiene la gente del alcalde que la foto es una «provocación» y un ataque directo de Esperanza Aguirre contra Ruiz-Gallardón, que Manuel Cobo envía un informe a la propia presidenta de la Comunidad protestando por la aparición de la instantánea en la revista y dando incluso los nombres de Ignacio González y de dos personas de su equipo como responsables en la sombra de la operación contra el alcalde.

Es más, esas mismas personas difunden entre los periodista el rumor de que existen fotos del alcalde de Madrid con la abogada Montserrat Corulla hechas en un paraje italiano, y que están en manos de un periódico madrileño de tirada nacional. Montserrat Corulla, imputada en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, sale de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre el 4 de septiembre de 2006, un mes antes de que Época aire su imagen en la portada. Es puesta en libertad bajo fianza de 60.000 euros, al igual que las otras dos implicadas en el caso, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y la ex dirigente del PSOE marbellí Isabel García Marcos.

Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama, le había marcado a Montserrat Corulla tres objetivos importantes en Madrid, para los que podía ser muy útil su estrecha relación con el alcalde de la capital: conseguir la re-calificación urbanística de dos palacios madrileños —Ángel de Tepa y Villagonzalo— y también la del frontón Beti-Jai, para convertir los tres edificios monumentales en lujosos establecimientos hoteleros. Todo ello, en su calidad de administradora única de Condeor, S. L. y de Palacio de Villagonzalo, S. L., de consejera de la inmobiliaria Ángel de Tepa, S. A. y de representante de la promotora vasca Aguirene en las gestiones centradas en el frontón Beti-Jai. El juez Miguel Ángel Torres, tras comprobar las relaciones de Corulla con Roca, ordena incluso el embargo preventivo de todos los bienes de la abogada.

Las investigaciones efectuadas apuntan a que Corulla puede ser uno de los testaferros de Roca. En el curso de la investigación, aparecen algunas sociedades vinculadas a ella como firmas titulares de propiedades e inversiones en Madrid, Andalucía y Murcia, de las que el ex asesor de Urbanismo de Marbella afirmaba ser propietario. Así, entre esas propiedades en las que la abogada habría participado directamente como testaferro se menciona el hotel La Malvasía, en Almonte (Huelva), cuya ubicación aparece como domicilio de la sociedad Condeor, en la que precisamente Corulla figura como administradora única. En cuanto a las inversiones en Murcia del presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, los investigadores judiciales señalan que Condeor tiene inscritos bienes inmuebles en Los Alcázares, San Javier y Torre-Pacheco, además de ser propietaria de 261 plazas de aparcamiento en la plaza del Ayuntamiento de Los Alcázares.

También se filtra a la prensa la existencia de unas supuestas «grabaciones prohibidas» de Ruiz-Gallardón con Montserrat Corulla, posiblemente las que el juez descartó incorporar al sumario por considerarlas ajenas al procedimiento y de índole personal. Montserrat Corulla es un personaje conocido por los profesionales de la información dedicados a investigar las tramas de corrupción marbellíes, pero su vinculación con el alcalde de Madrid la desvelaba para el gran público el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, cuando le pregunta a su rival electoral, Alberto Ruiz-Gallardón, durante un debate televisivo, «¿Cuál es su relación con la señorita Corulla?». El alcalde, muy sobrio ante la encerrona, lo deja claro con elegancia: «Mi vida privada no es de interés público».

LA BATALLA DE CAJA MADRID

Aguirre y Gallardón convierten la entidad en un nuevo terreno de batalla. El conflicto es un reflejo de las guerras internas en el PP, pero se convierte en un juego muy peligroso para la segunda caja de ahorros de España y la cuarta entidad financiera del país, con ocho millones de clientes, un volumen de negocio de 268.425 millones de euros y un beneficio de 1.127 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2008.

Este enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón —con guerra de espías al fondo— tiene como claro objetivo controlar el Consejo de Administración de Caja Madrid, cuyo volumen financiero sólo es superado en España por el BSCH, el BBVA y La Caixa. En tiempos de crisis y con las arcas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid desfondadas, el control de una entidad de esta envergadura es fundamental para seguir dando juego a amigos, colaboradores y parientes. El liberalismo.

Manel Pérez escribe en La Vanguardia:

Esperanza Aguirre, desairada tras constatar que no puede echar mano de la liquidez de la caja de ahorros que tutela, avanza inexorablemente en campaña para recuperar el poder. Se trata de poner la mano en la caja de caudales. Éste es uno de los principales objetivos de la descarada arremetida de Aguirre en la caja. Agenciarse el control directo del grifo del dinero de la entidad es esencial en los tiempos que corren³.

La presidencia de Caja Madrid la ostenta Miguel Blesa, un hombre a quien colocó en ese puesto José María Aznar cuando era el todopoderoso líder del PP y que ahora parece haber apostado por el alcalde de Madrid frente a la presidenta de la Comunidad. Aguirre cambia la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid con el único objetivo de quitarse del medio a Blesa. La presidenta prepara expresamente una normativa que impida su reelección: los consejeros podrán ser reelegidos para un tercer mandato siempre que los proponga el mismo sector que los eligió la vez anterior, y ningún ayuntamiento (incluido, sobre todo, el de la capital) podrá tener una representación de más del 30 por 100.

El nombramiento de Miguel Blesa en 1996 fue apoyado por Alberto Ruiz-Gallardón, que en ese momento presidía el Gobierno regional. Los desencuentros del presidente de Caja Madrid con Aguirre comienzan inmediatamente después de que ésta llega a la presidencia del Ejecutivo autonómico, en 2003. Blesa no se pliega a sus exigencias, y ella, de acuerdo con su estilo tradicional, lo sitúa en su lista de enemigos. El omnímodo hombre de confianza de Aguirre, Ignacio González, lo presiona para que la caja financie a Telemadrid la compra de los derechos de los equipos de fútbol madrileños, pero él se niega. Aguirre también pretende impedir la venta del 10 por 100 de Endesa para asegurar el domicilio social de la eléctrica en Madrid, con las operaciones de E.ON primero y después con Acciona. Además, presiona a Blesa para que eleve la participación de la caja en Iberia.

Pero empiezan a ser demasiados los enemigos cosechados durante los últimos años por la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta ahora imparable en su ascenso al Olimpo del poder, ganando palmo a palmo a prohombres de la política —el mismísimo Rajoy y Ruiz-Gallardón han tenido que hacer más de un quiebro para no topar de frente con ella— y lo más granado de la clase empresarial madrileña. Y ahí está el poderoso Fernando Fernández Tapias como paradigma de que la guadaña de la presidenta del PP madrileño ha sido inflexible a la hora de cercenar algunos reinados. Como el suyo en la Cámara de Comercio, por resistirse a jurar fidelidad a la causa de Aguirre.

También ha ganado muchas batallas en sus seis años al frente de la Comunidad de Madrid, hasta que ha topado con el fortín de Caja Madrid. Los intentos de Aguirre de abrir brecha en esta entidad financiera, desplazando a Miguel Blesa de la presidencia y garantizándose una mayor representación regional a través de una nueva Ley de Cajas, pueden haber sido el origen de muchos de los problemas que tiene ahora. La batalla por Caja Madrid convierte las hostilidades entre Gallardón y Aguirre en el principal problema de Rajoy, como antes había ocurrido con Zaplana y Camps en su enfrentamiento abierto para controlar la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Estas entidades financieras dan mucho juego político. Eduardo Zaplana aún tiene su «modesta» casa del madrileño Paseo de la Castellana hipotecada por la CAM⁴.

El mismo Mariano Rajoy no tiene claro del todo el asunto, que se le puede escapar de las manos si Esperanza Aguirre se sale con la suya. «Rajoy se juega mucho en este envite», escribe Jesús Cacho en El Confidencial⁵. «La Caja en manos de Aguirre podría convertirse, merced a la innumerable red de favores que puede ir tejiendo entre los compromisarios “populares”, en pértiga idónea con la que asaltar la presidencia del partido en un futuro Congreso.» Pero parece que el establishment político y empresarial no perdona a Aguirre su «atrevimiento» de intentar controlar el cuarto mayor banco del país, inmerso en un proceso electoral que la presidenta de la Comunidad de Madrid no consigue dirigir, al menos tal como había diseñado en un principio, desbordada por los acontecimientos políticos y judiciales surgidos en el entorno del PP madrileño.

Algunos de sus enemigos señalan que, sin duda, el actual calvario de Aguirre obedece a que ha querido atrapar un pez demasiado grande, el de la caja madrileña, y ha pisado con su actuación demasiados pies poderosos como para salir indemne políticamente del envite, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid se resiste a dar la batalla por perdida. El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintáns, asegura el 24 de marzo de 2009, en el Foro Nueva Economía, que la actuación del Gobierno de Esperanza Aguirre en Caja Madrid es el ejemplo de «intervensionismo público más descarado que se ha visto en los últimos 20 años» y tacha, además, el caso de «esperpéntico».

El secretario general del PSM, Tomás Gómez Franco, por su parte, quiere aprovechar la ofensiva de Esperanza Aguirre contra Miguel Blesa para hacer una limpieza de los representantes socialistas en la entidad financiera que provienen de las épocas en las que Jaime Lissavetzky y Rafael Simancas estaban al frente de la organización. Gómez encarga a Antonio Carmona negociar con el PP el reparto de cargos en Caja Madrid, y éste le comunica al consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, la buena disposición socialista al cambio legislativo, y le da los nombres de las personas que deben recibir el borrador de la nueva ley. El propio Carmona transmite a los dirigentes sindicales de UGT y CCOO de Madrid que el PSM va a negociar con Aguirre y que «son órdenes de La Moncloa». Los sindicalistas, alarmados, porque la decisión les perjudica a ellos, se ponen en contacto con Presidencia del Gobierno y allí les confirman que Zapatero no está por la labor de un acuerdo con Esperanza Aguirre. Eso es cosa de Tomás Gómez. Cada uno vela por sus intereses particulares. Pero el asunto no queda ahí. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, alertado de la maniobra de Tomás Gómez, decide dinamitarla él mismo con unas declaraciones a la prensa en las que deja bien claro que no va a hacerle el favor a la presidenta de la Comunidad de Madrid de quitarle a Miguel Blesa de en medio. La Moncloa y Ferraz prefieren aprovechar la nueva batalla iniciada entre Alberto Ruiz-Gallardón, que apoya a Blesa, y Aguirre para debilitar al PP, mostrando a Mariano Rajoy como un líder sobrepasado por los acontecimientos que no es capaz de poner orden en su propio partido.

Rodolfo Benito, miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO y consejero de Caja Madrid en representación de Entidades Sociales, rechaza desde las páginas de El País⁶la nueva normativa que quiere imponer la presidenta de la Comunidad:

La nueva Ley Aguirre de Cajas es posible gracias a la mayoría del PP en la Asamblea de Madrid, que impondrá por primera vez en la historia una normativa sobre Caja Madrid no consensuada con la oposición ni consultada por los agentes sociales. Se trata de una normativa que ha entrado “por la puerta de atrás”, a través de unas enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, presentados por el Grupo Popular en la Asamblea con el plazo justo, en el último minuto prácticamente, de tal modo que se ha hurtado la posibilidad del necesario debate.

El enfrentamiento entre Miguel Blesa, presidente del Consejo de Administración de Caja Madrid, con la presidenta de la Comunidad sube de tono cuando el Gobierno madrileño intenta que la entidad financiera convoque elecciones según las nuevas normas aprobadas por la Asamblea de Madrid en el mes de diciembre de 2008. Blesa, con el apoyo de los consejeros del PP procedentes del Ayuntamiento de Madrid y los votos del incombustible miembro de IU José Antonio Moral Santín y de Comisiones Obreras, consigue parar el golpe. A pesar de que los consejeros del PSOE han decidido votar a favor de Aguirre, finalmente dos de ellos rompen la disciplina del partido y Blesa y Gallardón ganan el primer asalto.

La negativa del presidente de la Comisión de Control, Pablo Abejas, a abrir un proceso electoral que había acordado el Consejo presidido por Blesa, para esperar a que entre en vigor la nueva Ley de Cajas elaborada por Aguirre, motiva su destitución y el nombramiento en su lugar de Fernando Serrano, hasta ese momento director de la Oficina del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid y hombre de Gallardón, con el voto decisivo del ex número dos del líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez, el ex secretario de Organización del PSM Francisco Pérez.

El propio consejero de Economía y Hacienda de Madrid, el rendido «aguirrista» Antonio Beteta, da una vuelta de tuerca más al anunciar que Miguel Blesa será sancionado con un año de inhabilitación si sigue adelante con el proceso electoral sin ajustarse a las nuevas normas dictadas por la Comunidad de Madrid en diciembre. Aguirre tiene todas las de ganar al final, pero Blesa y los partidarios de Gallardón pueden plantear una larga batalla, enmarañada aún más por los intereses personales de algunos socialistas y la batalla permanente que se libra en el seno del PSM.

Además, Aguirre reacciona e inhabilita a dos «rebeldes» de la Comisión de Control de la entidad, Fernando Serrano, un hombre de Gallardón, y Juan Gómez Castaneda, de Izquierda Unida. Las hostilidades van a más, pero el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad del Gobierno regional, Juan José Güemes, niega la evidencia y afirma que, si él no se ha enterado de que existe una guerra en Caja Madrid, «es que probablemente no la hay».

TODOS COMEN DE LA TARTA

La actual composición del Consejo de Administración de Caja Madrid hace imposible que ninguno de los grupos políticos que están representados en él pueda elegir al presidente de la entidad sin pactos previos entre ellos o con los sindicatos, especialmente con CCOO, que con sus votos ha sido quien, finalmente, ha decidido hasta ahora el ganador, que siempre coincide con el elegido por el grupo mayoritario en la Asamblea de Madrid.

En el pleito actual, los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid que pertenecen a IU y a los sindicatos —incluido Juan José Azcona, que representa a CCOO, pero también es director de Infraestructuras de Prisiones en el Gobierno de Zapatero y, por lo tanto, muy afín al PSOE— y hasta el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en otros tiempos muy ligado a Aguirre, se han posicionado a favor de Blesa y Gallardón.

IU está representada por José Antonio Moral Santín —quien parece disfrutar del cargo y de su correspondiente remuneración de forma vitalicia—, que ya dejó planchado a Rafael Simancas cuando éste quiso descabalgar a Blesa de la presidencia de la caja en 2003.

CCOO tiene como ariete en el Consejo de Administración de Caja Madrid a Rodolfo Benito, que acaba de ganar un pulso importante en el seno del sindicato, apoyando a Ignacio Fernández Toxo contra José María Fidalgo y que se mueve tanto con IU como con el PSOE. CCOO se juega mucho en el envite de Aguirre, ya que podría perder su privilegiada situación en el Consejo de Administración de Caja Madrid, donde tiene cuatro puestos de los 21 totales, los mismos que el PSOE.

El Consejo de Administración de Caja Madrid constituye una canonjía de lujo para los políticos y los sindicalistas que consiguen sentarse en él. Relevantes cargos del PP han encontrado grato acomodo aquí, como Mercedes de la Merced, Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del partido en Madrid y vinculado al «tamayazo», y Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda con Aznar y actual vicepresidente de Caja Madrid, el consejero más cercano a Aguirre y el que sigue todas sus consignas. También forma parte del Consejo de Administración de la entidad Alberto Recarte, uno de los ideólogos del pensamiento aguirrista desde Libertad Digital. Otros dos altos cargos del PP, amigos de Esperanza Aguirre, el ex ministro del Interior Ángel Acebes y el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, además de Carmen Cavero, cuñada de Ignacio González, se han acoplado en el consejo de Cibeles, la sociedad que agrupa las participaciones de Caja Madrid. En la Comisión de Control de la caja está Carmen Cafranga, socia de la mujer de Ignacio González y titular de una empresa beneficiaria de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. Y para completar el panorama, la mujer de Francisco Granados, Nieves Alarcón, se incorpora al Consejo de Administración de Caja de Madrid de Pensiones, S. A. el 17 de julio de 2008.

Para el presidente, los dos vicepresidentes y los 18 vocales del Consejo de Administración de la cuarta entidad bancaria de España no hay crisis. En 2008 se repartieron un total de 13,18 millones de euros en concepto de sueldos y otras remuneraciones complementarias. La considerable cifra es, sin embargo, un 30 por 100 menor que los emolumentos que percibieron el año anterior: 18,5 millones de euros. Pero entonces se aplicó un bonus que disparó los sueldos. Sólo por asistir a las reuniones del Consejo se repartieron 1,52 millones de euros, a razón de 71.000 para cada uno al año. La tarea de los consejeros consiste en mantener una reunión semanal de tres o cuatro horas.

Pero, además, todos ellos forman parte de alguna de la media docena de comisiones del Consejo. Por ello, cobran otro tanto. Por ejemplo, los miembros de la polémica Comisión de Control, que se convoca una vez cada dos meses, se repartieron en 2008 un millón de euros en concepto de paga de asistencia, un 15 por 100 más que el año anterior. Una cantidad desorbitada, teniendo en cuenta, además, que la comisión está paralizada por la disputa entre los partidarios de Esperanza Aguirre y los de Alberto Ruiz-Gallardón.

Cada uno de los integrantes de la Comisión de Retribuciones percibió alrededor de 45.000 euros en dietas, el triple que el año anterior. Y los miembros de la Comisión de Inversiones cobraron, por el mismo concepto, 32.000 euros. A estos ingresos hay que sumarles, en todos los casos, los planes de pensiones y las primas de seguros correspondientes a tan «alto» cargo. Así se explica que, en ocasiones, haya más disputas internas dentro de los partidos políticos por estar en el Consejo de Administración de Caja Madrid que por ser candidato a diputado o alcalde. Aquí se gana más y se trabaja menos.

JUEGO SUCIO

El propio Gallardón ha amenazado también con recurrir en último extremo hasta el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Cajas de Aguirre, que disminuye el número de consejeros del Ayuntamiento de Madrid, pieza clave del plan de la Comunidad para conseguir controlar el Consejo de Administración. En este clima de enfrentamiento, en el que todos quieren aferrarse a sus privilegios, la política de alianzas es fundamental y los cambios de bando inesperados pueden propiciar más de un susto. Ahí está el caso de los miembros del PSOE Francisco Pérez y Antonio Romero, que no dudaron en saltarse la disciplina del partido y votar a favor de Blesa, contra las directrices de su jefe de filas, Tomás Gómez. Francisco Pérez propició con su voto la destitución del aguirrista Pablo Abejas de la Comisión de Control. Antonio Romero, por su parte, tomó abiertamente partido por Miguel Blesa en el Consejo de Administración de la entidad financiera.

El caso constituye una especie de réplica del «tamayazo». En todas partes cuecen habas. Según el diario El Mundo⁷, «Francisco Pérez, que vive gracias al sueldo de miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, había recibido un crédito de la entidad de 387.000 euros en 2004 y sus familiares habían obtenido sucesivos préstamos por importe de 600.000 euros. Antonio Romero, profesor universitario y miembro del Consejo de Administración, había logrado otro crédito de 900.000 euros a finales de 2007. El préstamo fue concedido sin garantías hipotecarias y a título personal».

El juego sucio se hace dueño del conflicto. El representante de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Control de Caja Madrid, Cándido Cerón, envía el día 14 de enero de 2009 un mensaje al móvil del vocal de la comisión Javier de Miguel, del PP, para ofrecerle un cargo en la Consejería de Economía⁸. «Javier, me gustaría hablar contigo. En todo caso, que sepas que Economía quiere ofrecerte un cargo compatible con la caja. Remitente: Cándido Cerón.» Es el texto que lee en el teléfono personal de De Miguel, según un acta notarial suscrita el 19 de enero de 2009 por el notario Pablo García Toral. De Miguel recibe el SMS dos días antes de la reunión de la Comisión de Control en la que se tiene que votar sobre qué versión de la Ley de Cajas se va a aplicar en el proceso electoral de la entidad: si la aprobada por Aguirre a finales de 2008, que busca destituir al presidente Blesa, o la de 2003, a la que se aferran los que apoyan al actual presidente.

Otro de los que ha cambiado de bando en el pleito de Caja Madrid es el presidente de la CEOE Gerardo Díaz-Ferrán, un liberal a ultranza que conectó muy bien con Esperanza Aguirre al principio de su mandato al frente de la Comunidad de Madrid. Hasta tal punto de que, en poco tiempo y con el apoyo de la presidenta madrileña, consiguió desbancar al hombre de Alberto Ruiz-Gallardón en la Cámara de Comercio, Fernando Fernández Tapias, que se negó a rendir pleitesía a Aguirre y a potenciar la patronal madrileña, CEIM, que presidía Díaz-Ferrán.

Gracias a estos apoyos políticos, Gerardo Díaz-Ferrán —primo del jefe de gabinete de Aguirre, Regino García-Badell— consiguió también que José María Cuevas lo nombrara su sucesor, a pesar del entonces número dos de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, que aspiraba a sucederle en el cargo y que, finalmente, tuvo que marcharse de la organización patronal por sus diferencias con el nuevo presidente. La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de marzo de 2008, la derrota de Esperanza Aguirre en el Congreso del PP en Valencia durante el verano y, sobre todo, los graves problemas empresariales del grupo de Díaz-Ferrán en Argentina, con la confiscación de Aerolíneas Argentinas, obligaron al antiguo aliado incondicional de Aguirre a buscar apoyos políticos en el PSOE y a ser menos crítico con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Los nuevos estatutos reducen el número de representantes del Ayuntamiento de Madrid en la caja de 70 a 24, a pesar de que en la ciudad están el 65 por 100 de los depósitos y de que el 53 por 100 de las sucursales de la entidad bancaria se concentra en la capital. En cambio, eleva, por ejemplo, de 1 a 14 el número de representantes de la localidad de Majadahonda, feudo aguirrista y cuyo ex alcalde está imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. En el reparto de representantes por corporaciones locales, Aguirre prima a ayuntamientos con rentas más altas. Majadahona, pese a tener menos sucursales de Caja Madrid, menos habitantes e idénticos depósitos en la entidad que Getafe, tendrá el triple de representantes en su Asamblea General. Y 10 veces más que Barcelona, que también cuenta con más oficinas.

Para conseguir una mayoría de consejeros favorables a ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid pretende alterar los criterios de representación territorial que rigen la composición del consejo de la entidad financiera. Una de las consecuencias de la Ley Aguirre es que IU queda fulminada, al perder el escaso peso que tenía por la nueva redistribución del reparto de consejeros de corporaciones locales. Y el consejero eterno Moral Santín se queda en precario. La nueva Ley de Cajas de Esperanza Aguirre está diseñada a la carta, para servir a sus intereses y, además, contempla la retroactividad, un concepto de dudosa legalidad.

La aparición de los dossieres de espionaje al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, el ex vicepresidente segundo, Alfredo Prada, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, hacen que Aguirre dé una momentánea marcha atrás y proponga a las partes implicadas en el conflicto de Caja Madrid llegar a un acuerdo, para lo cual el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, inicia una ronda de negociaciones que tiene como objetivo no retocar la nueva ley que acaba de ser aprobada, sino intentar adaptar su aplicación a los intereses de todos.

Tras largos meses de escaramuzas, el campo de batalla de Caja Madrid presenta un momentáneo paisaje de victoria parcial de Gallardón y derrota de Aguirre. Tal como se esperaba, el 23 de marzo de 2009 la Asamblea General Extraordinaria de Caja Madrid rechaza frontalmente el proyecto de estatutos y el reglamento electoral que pretende imponer la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la evidente intención de evitar la reelección de Miguel Blesa para un tercer mandato y, en definitiva, hacerse con el control de la caja.

Finalmente, el 27 de marzo el Gobierno presenta un recurso de in-constitucionalidad contra la Ley de Cajas de Madrid que paraliza, de momento, su ejecución. Pero Esperanza Aguirre continúa maquinando y dos días después se reúne con representantes de UGT y CCOO para ofrecerles un pacto. Está dispuesta a negociar sólo lo que afecta a los sindicatos. Durante la reunión, Ignacio González llega incluso a explicar que estas posibles modificaciones se pueden realizar sin cambiar la ley, simplemente retocando los estatutos de la entidad. Javier López, representante de CCOO, reclama que también se cambie la representación de los ayuntamientos, y Aguirre le contesta: «Vaya interés que tienes en defender a Gallardón. ¿Por qué le quieres tanto?»⁹.

Capítulo VII

«GUANTANAMERA» AGUIRRE

José María Aznar se reunió en 1995 con José Antonio «Toñín» Llama, en ese momento uno de los máximos responsables de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA). El encuentro, reflejado en esta foto, se celebró en la sede del PP de la calle de Génova. Llama era el propietario de una embarcación utilizada para intentar asesinar a Fidel Castro, durante la VII Cumbre Iberoamericana, en isla Margarita.

«Es un honor que me insulte la dictadura liberticida de Fidel Castro», afirma Esperanza Aguirre el 1 de febrero de 2009 durante la manifestación anticastrista que se celebra, con su decidido apoyo, en la madrileña Puerta del Sol. De ese modo responde la presidenta de la Comunidad de Madrid a las críticas recibidas de la embajada cubana en España y del propio diario oficial Granma, que la acusan de financiar a la mafia cubana de Miami.

A la concentración de la Puerta del Sol asisten dos centenares de personas, sólo un día después de que, también en el centro de la capital, varios miles de manifestantes festejaran el 50 aniversario de la Revolución cubana. La Asociación Iberoamericana por la Libertad (AIL) y la Asociación Española Cuba en Transición (AECT) son los convocantes del acto en el que participa Esperanza Aguirre, que cuenta también con el respaldo del PP, UPyD, CiU y UPN.

Las críticas de la embajada y la prensa cubanas llevan a Aguirre incluso a pedir el respaldo del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. En el Granma Internacional se puede leer, por ejemplo:

La preocupación de Aguirre por las «libertades» la llevó, hace dos años, a erigirse como madrina de la mafia de Miami, desviando cantidades del presupuesto público para cooperación y desarrollo y entregándolo a terroristas que operan contra Cuba. Recibió un premio de esta organización por su miseria contrarrevolucionaria. Esa estrecha unión que tiene con la mafia de Miami la lleva a respaldar la concentración en contra del pueblo cubano prevista para el 31 de enero en Madrid.

La fijación de Esperanza Aguirre con Cuba es muy notable desde hace tiempo. El 23 de noviembre de 2008, durante la clausura del XI Congreso de Nuevas Generaciones del Partido Popular, celebrado en Las Rozas, en la que intervienen José María Aznar y ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice a los participantes en el acto: «Vosotros os habéis atrevido a rechazar el relativismo moral y a decir que hay héroes como Miguel Ángel Blanco y canallas como el Che Guevara, y eso no está de moda decirlo». También anima a los jóvenes de su organización a mantener la rebeldía para «llamar por su nombre a las dictaduras como la castrista o regímenes liberticidas como los de Chávez o Evo Morales».

Su obsesión por la isla ya le provocó una metedura de pata monumental en mayo de 2006¹: «¿Dónde está Dulce, en Cuba? ¿Por eso no ha venido?», le preguntó Aguirre a la madre de la escritora Dulce Chacón, fallecida en 2003, durante la inauguración del colegio de Fuenlabrada que lleva el nombre de la escritora extremeña. La madre de la autora de La voz dormida, lógicamente, no entendió aquella insensatez y, muy confundida, le tuvo que contestar: «Mi hija murió». Quizá Aguirre confundió a Dulce Chacón con la escritora cubana Dulce María Loynaz, galardonada con el premio Nobel de Literatura, que falleció en 1997 y a quien la ilustrada presidenta del Gobierno regional madrileño debía de considerar poco afín al régimen de Castro.

En la Puerta del Sol, el 1 de febrero de 2009, en primera línea de la manifestación apoyada por Aguirre y por su querido amigo el histórico líder anticastristra Carlos Alberto Montaner, aparecen varias decenas de miembros de dos organizaciones ultraderechistas: el Frente Nacional y Alternativa Española. Eminentemente racista y xenófobo, el Frente Nacional exige la «preferencia nacional para los españoles ante un puesto de trabajo», como se puede leer en su página web, y reclama medidas de represión policial más duras contra la delincuencia «provocada por la inmigración». El grupo, que tiene intención de presentar candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009, protagonizó en mayo de 2008 una manifestación racista en el barrio madrileño de Sala-manca en protesta por la cesión de edificios municipales a Casa Árabe. Por su parte, Alternativa Española (AE) se ha dado a conocer por sus actos de intimidación contra los trabajadores de clínicas de planificación familiar en las que se practican abortos. Aunque la afluencia de manifestantes a la concentración convocada por Aguirre es mínima, el acto recibe una extensa cobertura de palmeros habituales como la COPE y Libertad Digital.

Según escribe Andrés Villena Oliver en su columna del periódico digital El Plural, Esperanza Aguirre ha apoyado «con más de medio millón de euros» a grupos «que han sido vinculados a atentados terroristas contra Cuba». Y añade:

Un estudio de las relaciones y conexiones de la lideresa madrileña y de José María Aznar con ciertos colectivos ultraderechistas residentes en Miami y también en España confirman estas conjeturas. Quienes han hecho de la lucha contra el terrorismo etarra su principal activo electoral no han rechazado sentarse junto a quienes han consentido asesinatos masivos de ciudadanos cubanos.

Uno de los inventos de Carlos Alberto Montaner, el viejo amigo de Esperanza Aguirre que la acompaña en la manifestación, es la Fundación Hispano-Cubana, sucursal española de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), organización que, durante años, financió y orientó las actividades del terrorista Luis Posada Carriles, responsable de planificar el atentado contra un avión cubano que explotó en pleno vuelo, el 6 de octubre de 1976, frente a las costas de Barbados, provocando la muerte de 73 personas² .

Desde que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha mantenido una estrecha relación con el embajador de los Estados Unidos en España durante los últimos años, Eduardo Aguirre —que dejó su cargo el mismo día que George Bush abandonó la Casa Blanca—, un «duro» a la hora de plantear cualquier tipo de relación con Cuba. La presidenta del Gobierno regional siempre ha apoyado también el anticastrismo más radical e incluso se ha enfrentado con otras figuras del Partido Popular proclives a posturas dialogantes en este asunto.

La Asociación Iberoamericana por la Libertad (AIL), convocante de la manifestación de la Puerta del Sol, es una variante local de la Fundación Internacional para la Libertad. Estuvo también detrás del IV Foro Atlántico, celebrado en la Casa de América de Madrid el 4 de julio de 2007, en el que participaron Mario Vargas Llosa y Fernando Savater. Entre el surtido de opositores a los regímenes actuales de Cuba, Venezuela y Bolivia que intervinieron en esta «conferencia internacional», convocada bajo el título de «Un diálogo por la democracia y la libertad en Europa y América», destacaron —además de Carlos Alberto Montaner, por supuesto— Manuel Rosales, adversario de Hugo Chávez en las elecciones a la presidencia de Venezuela, su paisano el golpista Julio Borges, líder del partido opositor Primero Justicia, estrechamente vinculado a los intereses norteamericanos en Venezuela, y su socio Leopoldo López, entonces alcalde de Chacao. Y detrás del sarao, Esperanza Aguirre apoyando el encuentro con dinero de los contribuyentes madrileños. Además, ella fue la encargada de clausurar el encuentro.

ANA BOTELLA Y LA SUBVENCIÓN DESAPARECIDA

«La Fundación Internacional para la Libertad, que organiza el acto, está dirigida por lo más granado de la derecha estadounidense, española y latinoamericana», comenta El Confidencial Digital acerca de los padrinos de este desfile de portavoces de Washington. Durante su intervención en el acto, lógicamente, Montaner se abstuvo de precisar su papel, durante los años 60, como jefe de Acción y Sabotaje, sección «estudiantil» del llamado Frente Revolucionario Democrático y del grupo terrorista Rescate, de Manuel Antonio de Varona Loredo, alias «Tony», cuando este agente de la CIA colaboraba con los capos mafiosos Sam Giancana y Johnny Rosselli. Tampoco habló de su presencia en una unidad cubanoamericana del Ejército estadounidense, donde recibió un adiestramiento especial, junto a varios personajes que luego participaron en actos de terrorismo o se convirtieron en agentes de la contrainsurgencia yanqui a lo largo de América del Sur.

Entre los asesores de Montaner en la convocatoria de aquel evento celebrado en la Casa de América se encontraba Marc Wachtenheim, miembro de la PanAmerican Development Foundation, una institución que recibe su financiación, de forma opaca, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyos siete directivos son estadounidenses. Por su parte, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), de Carlos Alberto Montaner, recibe financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de sus organizaciones afiliadas (NED, IRI), cuyos planes contra Cuba engrasó la Administración Bush, en 2008, con 45 millones de dólares.

La FIL está integrada por elementos vinculados a instituciones norteamericanas de derecha fundamentalista, como el Cato Institute, la Heritage Foundation, el Manhattan Institute y la Atlas Research Foundation, y también por sus principales afiliados iberoamericanos, la Fundación Iberoamérica. Europa FIE-España, la Fundación Libertad de Argentina, el Instituto Atlántico de Brasil, el Instituto Libertad y Desarrollo de Chile, el Centro de Estudios Legales de Chile, el Instituto de Políticas Públicas de Ecuador y el CEDICE de Venezuela.

Una de estas entidades, la Fundación Iberoamérica-Europa, saltó a la fama cuando fue acusada de hacer desaparecer cientos de miles de euros en subvenciones de la Unión Europea destinados a un proyecto comunitario en El Salvador. La FIE estaba entonces presidida por Ana Botella, esposa del ex presidente del Gobierno español José María Aznar y actualmente concejala en el Ayuntamiento de Madrid. Esta organización fue creada por el ex portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Luis de Grandes, un personaje que, curiosamente, además de compartir furor anticastrista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, está también muy vinculado a los intereses inmobiliarios de la familia del marido de Esperanza Aguirre en la provincia de Guadalajara.

El evento organizado en 2008 en la Casa de América es una versión reciclada de la primera conferencia de la FIL, que se celebró en 2002, cuando esa organización se beneficiaba de las bondades de la presidencia de Aznar y del rendido apoyo a los anticastristas de la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. El punto más relevante de aquel «histórico» encuentro fue la intervención del ex ministro chileno Hernán Buchi, quién exaltó el golpe militar de Augusto Pinochet.

Esperanza Aguirre ha desarrollado una larga historia de amor con los más destacados dirigentes de la comunidad cubana de Miami.

En abril de 2006 realizó un viaje a Florida, bastión de los más extremistas enemigos del régimen de la isla. Allí fue acogida triunfalmente por directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), reducto organizativo de la familia Mas Canosa, cuyos jugosos y poco transparentes negocios con José María Aznar están aún pendientes de ser esclarecidos por la justicia española.

Poco antes de su viaje, Aguirre había otorgado una subvención de

239.100 euros a la Fundación Hispano-Cubana (FHC), vinculada a la FNCA, que se sumaban a otros 150.000 euros de la Comunidad de Madrid recibidos también por esta misma entidad en 2004, provenientes de la partida de Fondos de Ayuda al Desarrollo. El Boletín Oficial número 45 del 22 de febrero de 2006 de la Comunidad de Madrid confirma esta escandalosa subvención, que se otorga para el «Desarrollo cívico y formativo en libertad», y anuncia posteriores planes de «financiación de programas y proyectos de cooperación al desarrollo» en Cuba. Nunca se supo con certeza a qué bolsillos fue a parar este dinero de los contribuyentes madrileños.

En 2007, Esperanza Aguirre rubrica su vieja amistad con Carlos Alberto Montaner otorgándole el Premio a la Tolerancia de la Comunidad de Madrid, galardón que el viejo colaborador de los servicios de inteligencia norteamericanos comparte con una respetable militante en defensa de los derechos de la mujer, la senegalesa Khady Koita. Aguirre obvia las convicciones racistas y machistas del «intelectual» de origen cubano, responsable de un notable escándalo en Estados Unidos, en 1990, por haber difamado a las mujeres puertorriqueñas emigradas a la cuna del Imperio.

La estrecha y cálida relación entre Carlos Alberto Montaner y Esperanza Aguirre es anterior a la llegada de ésta a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En la biografía de la presidenta del Gobierno regional escrita por la periodista Virginia Drake³, cuando se relata la tensa noche que viven los dirigentes del Partido Popular, en su sede central de la madrileña calle de Génova, el día de las elecciones generales de 1996 (finalmente ganadas por el PP por un ajustadísimo margen), se puede leer: «Esperanza Aguirre sube a la séptima planta y sigue la noche de las elecciones muy cerca del despacho de José María Aznar, donde se reúne con el resto de los dirigentes del partido y algunos amigos, como el escritor y periodista cubano, afincado en España, Carlos Alberto Montaner».

EL AMIGO MONTANER

Pero ¿quién es este entrañable amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid? La historia comienza hace casi cincuenta años. Tras la explosión de una bomba en la popular tienda Flogar, en La Habana, el 24 de diciembre de 1960, que provoca heridas a varios niños, Carlos Alberto Montaner es detenido por la policía cubana. El diario Hoy, del 30 de diciembre de 1960, citando a investigadores antiterroristas de la época, señala que el Frente Revolucionario Democrático (FRD), organización contrarrevolucionaria subordinada a la CIA que dirige desde Miami «Tony» Varona, ha perdido unos agentes activos con el arresto, el día 26, del terrorista Carlos Alberto Montaner, en su domicilio de Calle 88.ª, número 309, del exclusivo barrio habanero de Miramar, junto a dos cómplices, Néstor Manuel Piñango Pérez y Alfredo Carrión Obeso.

En el domicilio de Montaner, precisa el periódico, «se ocupó un maletín de lona, cuatro detonadores, un rollo de mecha, un pomo con tres barras de fósforo vivo, dos rollos de tape, cuatro cartuchos de municiones, dos pantalones verde olivo y dos camisas de miliciano». Según el investigador canadiense Jean-Guy Allard, profundo conocedor de las actividades de los grupos anticastristas que tienen su base en Miami, «en ese momento, aunque tiene sólo 17 años, Montaner ya ha desarrollado lazos con la CIA, por su vinculación con el Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR)».

Tras su detención, las autoridades judiciales, teniendo en cuenta la edad de Montaner, deciden ingresarlo en el Reclusorio Nacional para Menores Torrens, de donde se escapa meses más tarde, para refugiarse en la embajada de Honduras. Allí lo esperan con instrucciones de facilitarle un salvoconducto. Sale de Cuba con destino a Estados Unidos el 8 de septiembre de 1961.

Según Jean-Guy Allard, en su nueva patria, Montaner se alista en las Fuerzas Armadas y, a principios de 1963, está integrado en un grupo operativo de la CIA, en la academia norteamericana de Fort Benning, Georgia. Ahí, coincide con Luis Posada Carriles, Jorge Mas Canosa, Orlando Bosch y otros futuros «líderes» de la mafia cubana de Miami. Después de tres años en Puerto Rico, el entonces oficial de la CIA Montaner es asignado a la España de Francisco Franco, donde realiza varias tareas por cuenta de la compañía, siempre en colaboración con la policía secreta española, sometida a las orientaciones de los servicios especiales estadounidenses. Se sabe que Montaner siempre mantuvo lazos muy fluidos con sus socios de Fort Benning: Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, los fundadores del CORU, el grupo más activo del terrorismo de Miami, y Jorge Mas Canosa, creador de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que aseguró un apoyo financiero y logístico indefectible a Posada y sus mercenarios.

Unos meses después de su salida de Cuba, bajo la protección de sus jefes de Miami, Montaner confirma al periodista Ángel de Jesús Piñera, en una entrevista publicada en la revista Avance, el 27 de abril de 1962 —texto recuperado, recientemente, por Raúl Gómez en el periódico digital Rebelión—, que pertenecía a Rescate Estudiantil y revela al entrevistador que «compartía la jefatura nacional de su grupo “especial”, Acción y Sabotaje, con Alfredo Carrión Obeso».

Jean-Guy Allard, autor, entre otros libros, de La conexión terrorista del FBI, señala que el grupo de Carrión y Montaner fue creado por el agente operativo de la CIA E. Howard Hunt (implicado, posteriormente, en el caso Watergate), junto con Manuel Tony Varona, ex primer ministro y ex presidente del Senado cubano en la época del dictador Fulgencio Batista, para desarrollar acciones terroristas contra la entonces naciente Revolución. Montaner recordará que, a fin de ejecutar sus acciones, los miembros de Rescate Estudiantil, organización vinculada al grupo terrorista Frente Revolucionario Democrático, de Tony Varona, se reunían en la casa de Carrión Obeso, en el 86-A esquina a 3.ª, en Miramar. Esta casa está ubicada a sólo una cuadra de distancia del lugar de residencia de Montaner donde fueron ocupados materiales explosivos.

Y continúa:

Hay que recordar que las operaciones de la CIA en Cuba a principios de los 60 están manejadas, desde la estación JM/WAVE de Miami, por Ted Shackley. Tan identificado con la CIA se encontraba el FRD de Tony Varona, que el oficial Jack Esterline confirmó, en una ocasión, que la Agencia confiaba al grupo terrorista la tarea de seleccionar sus reclutas para las mencionadas Unidades Militares Cubanas, de las cuales Montaner pretendía ser un líder.

Documentos norteamericanos desclasificados revelan cómo en Washington, el 22 de abril de 1961, el general Maxwell Taylor, encargado por el presidente John F. Kennedy de revisar las operaciones de la CIA relacionadas con Cuba, se reúne con el fiscal general Robert Kennedy y un grupo de oficiales superiores de la Agencia, entre los cuales están el general C. P. Cabell, C. Tracy Barnes, el coronel J. C. King y el propio Jacob «Jack» Esterline. El FRD es entonces mencionado como una pieza clave de las operaciones clandestinas de la CIA contra Cuba. Montaner no sólo estuvo cerca de Varona, un hombre al servicio de la embajada norteamericana en La Habana ya antes de la Revolución, sino que conservaba por él un profundo cariño aún bastantes años después de exilarse en Madrid. El 30 de octubre de 1992, el Miami Herald, al informar de la muerte del viejo colaborador de la CIA, destaca con qué emoción lo elogia Montaner, al igual que el jefe del grupo terrorista Alpha 66, Nazario Sargen.

Ya en Madrid —donde se había exiliado y fallecería el ex dictador cubano Fulgencio Batista—, Montaner se convierte en el enlace principal entre la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y los políticos españoles más proclives a mantener una política dura frente a Cuba. Además, Montaner hace de maestro de ceremonias en los viajes de éstos a Miami. Por ejemplo, el 23 de septiembre de 1994, cuando José María Robles Fraga, entonces dirigente del Partido Popular, visita Miami, Carlos Alberto Montaner está allí para recibirlo en el aeropuerto.

Y lo hace junto a Antonio «Toñín» Llama, director de la FNCA. Este mismo personaje es, además, el propietario del barco terrorista La Esperanza, interceptado en 1998 en Puerto Rico. Llama confesaría más tarde, en junio del 2006, haber comprado también, por cuenta de la FNCA, helicópteros teleguiados con la intención de bombardear un mitin que se iba a celebrar en la habanera Plaza de la Revolución.

Con la llegada al poder de José María Aznar, cuya maquinaria electoral fue engrasada por sus socios de Miami a cambio de privilegios financieros en España (ahí está la venta fraudulenta de Sintel), Montaner colabora estrechamente con la Fundación Hispano-Cubana (FHC). Bajo la presidencia de Aznar, Montaner y su agencia de contrainformación prosperan, conectándose a una red de diarios sudamericanos alineada en la Sociedad Interamericana de Prensa, la asociación de editores de las oligarquías del continente, creada por el difunto agente de la CIA Jules Dubois. En 2006, el nombre de Montaner aparece en una lista de periodistas de Miami que alquilan su pluma al Office of Cuba Broadcasting (OCB) —el barco madre de Radio y TV Martí—, la maquinaria de propaganda anticubana del Gobierno norteamericano.

Casi medio siglo después del comienzo de sus aventuras con el FRD y la CIA, Montaner, que acaba de cumplir 65 años, se pasa hoy el tiempo conspirando contra el régimen cubano, alentado por su amiga Esperanza Aguirre. Vive a caballo entre Madrid —posee una casa cerca del Retiro— y Miami, donde es titular de otra vivienda, situada en Brickell Avenue. Desde su creación bajo el Gobierno de Ronald Reagan, la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) ha conservado siempre lazos políticos extremadamente fuertes con cada presidente norteamericano y con los más destacados dirigentes tanto de los republicanos como de los demócratas.

DE AZNAR A ESPERANZA AGUIRRE

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar no es ajeno a las actividades de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA). Aznar se reunió, en 1995, antes de ser presidente, con el propietario de la embarcación donde viajaban, con todo un arsenal, los cuatro miembros del comando que, según ellos mismos reconocieron al FBI norteamericano, tenían el objetivo de asesinar al presidente cubano, Fidel Castro, durante la VII Cumbre Iberoamericana, en isla Margarita. El individuo era el citado José Antonio Llama, miembro de la FNCA, presidida entonces por el fallecido Jorge Mas Canosa.

Llama era, según los dirigentes de la Fundación, el responsable del llamado «Buró España»; es decir, el encargado de las gestiones con el Partido Popular y, desde el triunfo de Aznar en las elecciones de 1996, directamente con el Gobierno de España. La definitiva formalización de las relaciones entre el PP y la FNCA tuvo lugar aquel mismo año 1995, durante un encuentro en la sede del PP, en la madrileña calle de Génova. El testimonio que más claramente acredita la existencia de esa reunión es una foto en la que aparecen Guillermo Gortázar (marido de la ministra de Cultura de Aznar Pilar del Castillo), diputado del PP y responsable de la política del partido sobre Cuba, el propio José María Aznar, Jorge Mas Canosa y José Antonio Llama. A éste se le puede ver estrechando la mano de Aznar.

Poco después, en noviembre de 1995, José María Aznar comió en Miami con los dirigentes de la FNCA y viajó a El Salvador y Costa Rica en el avión particular de Jorge Mas Canosa, acompañado por su hijo, Jorge Mas Santos. Fruto de estos encuentros fue el inicio de las gestiones para poner en marcha en España una fundación sucursal de la FNCA. Es decir, la Fundación Hispano-Cubana (FHC), de la que Guillermo Gortázar sería fundador y cabeza visible. José Antonio Llama y Mas Canosa formaban parte del patronato fundador.

En la propia sede del PP en Génova se recogerían las invitaciones para la presentación de la FHC en la Casa de América, reducto habitual de los anticastristas que actúan en Madrid. José Antonio Llama formó parte, según la propia FNCA, de la llamada «Brigada 2506», que cayó derrotada en bahía de Cochinos, en abril de 1961, durante la fallida invasión de Cuba patrocinada, financiada y dirigida por la CIA norteamericana. La comprobación de que el barco utilizado para intentar perpetrar el atentado contra Fidel Castro en isla Margarita era propiedad de José Antonio Llama supuso la confirmación de que Aznar mantenía contactos no sólo con el FNCA, sino, en concreto, con personajes implicados en acciones criminales.

El 9 de febrero de 1996, pocos meses antes de las elecciones generales que lo van a llevar a La Moncloa, José María Aznar patrocina, en Madrid, una reunión del «Grupo de Trabajo sobre Cuba». El encuentro tiene como objetivo «coordinar iniciativas de respaldo a las fuerzas que luchan por democratizar la isla». La organización de las jornadas corre a cargo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), de Mas Canosa y Montaner, y en ellas participa un invitado de excepción: Richard Nuccio, veterano analista de los servicios de información de los Estados Unidos especializado en asuntos centroamericanos y, en ese momento, asesor del presidente Bill Clinton para los «temas cubanos».

El propósito de Aznar y su séquito no es precisamente filantrópico: el objetivo es obtener dinero del minoritario pero enriquecido lobby cubano, que tiene gran poder y enorme influencia en la Casa Blanca y el Pentágono. A cambio del apoyo financiero, Aznar se compromete a enfriar las relaciones del Estado español con el Gobierno de Cuba cuando ascienda a la presidencia del Gobierno. En ese momento, Jorge Mas Canosa y Carlos Alberto Montaner han dejado de lado sus viejas rencillas personales para trabajar juntos en la creación de un lobby cubano en España, al calor del Gobierno del PP, siguiendo el modelo de la FNCA en Estados Unidos. Mas Canosa pone el dinero y Montaner asegura sus contactos políticos con la derecha española. Miami se empieza a convertir en un lugar de referencia para un importante sector del PP⁴.

Poco antes de que Aznar llegue a la presidencia del Gobierno español, el 1 de abril de 1996, en plena campaña electoral y con las Cortes disueltas, tiene lugar una oscura operación, la venta de la firma Sintel (Sistemas e Instalaciones de Telecomunicación) —una pieza codiciada del grupo Telefónica— a la empresa norteamericana MasTec Internacional, propiedad del jefe de la FNCA, Jorge Mas Canosa. Sintel gozaba de una aceptable situación económica —una facturación anual de 50.000 millones— y de un más que envidiable patrimonio cuando cayó en manos de Mas Tec. Los tentáculos de Sintel se extendían también a Iberoamérica: contaba con clientes en Chile, Argentina y Venezuela. Jorge Mas Canosa consiguió que el entonces presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, aceptara venderle la empresa por una cantidad exigua: 4.900 millones de pesetas. El propietario de Mas Tec sólo entregó 650 millones al firmar el contrato, ya que Telefónica le consintió abonar el resto en cómodos plazos. Todo fueron facilidades para el cubanoamericano: Telefónica se comprometió a contratarle trabajos valorados en 75.000 millones durante tres años.

La descapitalización de Sintel se hizo patente poco después, cuando Telefónica se quedó con todos sus inmuebles en Madrid por precios sensiblemente inferiores a los de mercado. La muerte del patriarca de la FNCA, en noviembre de 1997, marcó el principio del fin de Sintel. Al frente de esta empresa y de la FNCA le sustituyó su primogénito, Jorge Mas Santos. Los sindicatos españoles siempre calificaron la operación de venta de Sintel de «fraudulenta y opaca», y, de hecho, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda contra los antiguos gestores, a los que acusaron de «vaciar» la empresa. Finalmente, Sintel presentó suspensión de pagos, entró en barrena, con sus 1.808 trabajadores sin cobrar las nóminas y acampados en el centro de Madrid.

En 2001, José María Aznar, con el respaldo de su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, invita a visitar Miami a los reyes de España, a quienes reúne, en la Casa de Vizcaya, con «El Baby» Mas Santos, «Pepe» Hernández y el propio Toñín Llamas. Y tras perder el poder, en 2004, Aznar vuelve a Florida para ser homenajeado por sus socios de Miami con una fastuosa cena —a 100 dólares por cubierto— en el hotel Biltmore, de Coral Gables.

Esperanza Aguirre, por su parte, también se aficiona a visitar Miami. En abril de 2006, el evento clave de la gira de la presidenta de la Comunidad de Madrid por el sur de Florida es la recepción que protagoniza en la sede del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos (ICCAS) de la Universidad de Miami, financiado por la empresa Bacardí y la agencia norteamericana USAID, en ese momento dirigida por el funcionario cubanoamericano Adolfo Franco, ahora implicado en un escándalo de desfalco. El ICCAS está entonces dirigido por Jaime Suchlicki, un ex analista de la Agencia Central de Inteligencia. En ese viaje, Aguirre se reúne, además, con la cúpula del extremista Cuban Liberty Council (CLC). Según Jean-Guy Allard, «la presidenta del Gobierno regional madrileño regresa a España llevando en sus maletas un singular regalo: una pintura de Luis Posada Carriles».

EL MIAMIGATE Y LA QUERENCIA DE LOS ALCALDES DE ESPERANZA AGUIRRE POR FLORIDA

Dentro de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Gürtel, Baltasar Garzón ha tomado declaración a Guillermo Martínez Lluch, director de la oficina de Bancaja en Miami e imputado por el juez. En esta sucursal bancaria había varias cuentas vinculadas al empresario Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama corrupta. Según parece, Correa tenía importantes intereses en el estado norteamericano de Florida. Hace seis meses, el director de la sucursal, Martínez Lluch, decidió cancelar dos de esas cuentas.

El diario Levante recuerda que, el 24 de abril de 1998, Bancaja celebró «con mucha pompa», en el restaurante Rusty Pelican, de Key Biscayne, la apertura de su agencia en Miami. Según este periódico, la institución bancaria valenciana eligió para instalarse en Florida el 801 de Brickell Square, «la lujosa avenida de Miami donde acampan los grandes bancos. Desde entonces, la marcha de la entidad valenciana ha sido imparable. Abrió con 10 empleados y ahora son casi 40 los trabajadores a las órdenes de Guillermo Martínez Lluch, su director».

La imputación de Martínez Lluch en el caso Gürtel está vinculada con los negocios del empresario Francisco Correa, quien —según se sospecha— manejó en la sucursal bancaria de Bancaja en Miami las cuentas de varios de los demás encausados. Al parecer, Correa tenía ya establecido un sólido círculo de relaciones en Miami, donde alardeaba de su amistad con José María Aznar y de sus estrechos vínculos con el PP para abrirse puertas. Parte del dinero lo invirtió en propiedades inmobiliarias en Miami y en la construcción de tres edificios por valor de cuatro millones de euros. Según el diario Levante, Francisco Correa tiene inversiones millonarias en Miami y en todo el estado de Florida. El cabecilla de la trama corrupta vinculada a la Comunidad de Madrid «ha participado en desarrollos de proyectos urbanísticos y ha adquirido propiedades inmobiliarias en la zona de Jade Beach».

Según el auto de Garzón, mientras que otros subalternos trabajaban en las estrategias de ocultamiento de las operaciones financieras, mediante testaferros y la apertura de cuentas en paraísos fiscales, la «función prioritaria» de Correa era «la valoración de posibles negocios en distintos sectores» y «negociar de forma directa un proyecto de negocio y supervisar su ejecución en países (sic) como China, Azerbaiyán y Miami». Desde cuentas bancarias en Suiza y Miami la organización enviaba fondos a Colombia y Brasil para canalizar sus inversiones. Correa contaba con la ayuda de su hombre de confianza, Pablo Crespo Sabarís, quien fue encargado de negociar la posibilidad de participar en explotaciones petroleras como socio capitalista a través de una empresa que actúa en Miami. Crespo fue secretario de organización del PP de Galicia.

Pablo Crespo adquirió cuatro apartamentos en un edificio colonial del casco histórico de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias (el vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González, la conoce bien), siguiendo órdenes de Correa.

También estaba a cargo de tramitar «de forma fraudulenta» la residencia de Correa en Panamá. La organización operaba con 23 empresas, entre las cuales las más conocidas eran Special Events, Orange Market,

S. L. y Odiseas Servicios 2001, S. L. Estas firmas estaban controladas por una estructura de corporaciones en Inglaterra y Holanda, en las que participaban sociedades creadas en paraísos fiscales, señala Garzón. La superposición de sociedades era un mecanismo diseñado para el oculta-miento de la identidad de sus verdaderos gestores.

Para sus negocios en Miami y Latinoamérica, Correa tenía otro delegado, además de Crespo: su primo Antoine Sánchez, también detenido. El papel de Sánchez era instrumental y, a cambio de su participación, recibió diversos pagos y el ofrecimiento de Correa de cederle alguna participación en negocios de fibra óptica en Cuba y en actividades turísticas en Colombia.

Correa ha viajado varias veces a Miami acompañado de políticos del PP, entre otros el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y José Galeote, concejal de esa localidad madrileña entre 1995 y 2003 y padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Este último también ha sido imputado por Garzón, como implicado en la red corrupta que ha aflorado a raíz de la Operación Gürtel. El magistrado de la Audiencia Nacional atribuye a Gerardo Galeote y al tesorero del PP, Luis Bárcenas, la posible percepción de casi dos millones de euros en sobornos y considera a ambos parte de la trama empresarial creada por Correa en torno a la actividad del PP, tanto la organización de eventos del partido como la obtención irregular de contratos en las administraciones públicas controladas por los «populares».

En uno de los listados remitidos a la Fiscalía Anticorrupción consta que el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, viajó a Miami el 18 de abril de 2002, junto a Francisco Correa. Un resguardo del billete de avión confirma que viajaron en primera clase. Junto a ellos también voló hasta Florida el entonces concejal del PP José Galeote.

Al llegar a Miami, alquilaron un coche y se alojaron en un hotel de lujo. Su intención era «comprar». Posteriormente, González Panero volvió a Florida, esta vez acompañado por su mujer, Elena Vilarroya, y su amigo Javier del Valle, propietario de la empresa Renta 4. El 14 de julio de 2003, el alcalde y Francisco Correa coincidieron de nuevo en Miami. Los registros de la propiedad de esta ciudad norteamericana ya reflejaban el nombre de Correa y de algunas de sus empresas, pero a partir de esos viajes del cabecilla de la trama y de González Panero empezó a quedar constancia de las compras realizadas por personas con los mismos nombres que el alcalde de Boadilla del Monte y algunas de sus personas de confianza. Según el informe remitido a los fiscales, hay al menos nueve propiedades registradas a nombre de Arturo González en Miami. Un patrimonio evaluado en 2.200.000 dólares.

Los propios investigadores reconocen que el sistema de funcionamiento del registro de Miami dificulta las identificaciones de este tipo, pero señalan: «Es importante destacar que en la página 2 de uno de los documentos, doña María C. Rodríguez figura con una dirección (5953 W 28 Ave.) que es la que posteriormente utiliza D. Arturo González como comprador». María del Carmen Rodríguez era la esposa de Francisco Correa y está también imputada por su participación en la trama de corrupción investigada en la Operación Gürtel.

En el registro de la propiedad de Miami aparece un Francisco Correa comprador de un inmueble en el 2800 de Townhome Residential ,y también constan los nombres de personas que se llaman Guillermo Ortega, Miguel Ángel Valdés o Javier del Valle, como, respectivamente, el ex alcalde de Boadilla del Monte, el ex alcalde de Majadahonda, el marido de la teniente de alcalde de Boadilla, Belén Húmera, y el amigo de Arturo González Panero de la empresa Renta 4 que viajó con él a los Estados Unidos. Todos ellos formaban parte del denominado «Club de Miami».

Capítulo VIII

LOS MARIACHIS DE LA PRESIDENTA

El transgresor y, hasta ahora, siempre independiente creador teatral Albert Bodella ha decidido convertirse en un bufón asalariado. Su jefa es la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«El Dos de Mayo fue la expresión de la pasión con la que los españoles se comprometieron en el nacimiento de España como una nación moderna, basada en la libre elección de los ciudadanos.» Esperanza Aguirre en el Museo del Prado, el 22 de enero de 2008.

Alrededor de 9.000 figurantes, 1.500 figurines y 50 caballos participan en el fastuoso rodaje de la película Sangre de mayo, para el que, además, se necesitan 30.000 metros cuadrados de decorados. «En vez de erigir una estatua, hemos hecho una película para divulgar los acontecimientos del 2 de mayo de 1808.» Éste es uno de los argumentos utilizados por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid para justificar los 15 millones de euros gastados en Sangre de mayo, una cantidad que dobla la que el organismo estatal ICAA ha destinado el año anterior, 2007, en ayudas directas a 19 largometrajes. Vista la recaudación en taquilla del filme de Garci, se puede afirmar que sí habría sido más rentable para los madrileños que los mecenas del cineasta hubieran erigido una estatua. El erario público se habría resentido menos.

Pero, entonces, el avispado director del film no habría podido facturar lo suyo, y eso es muy malo para la creatividad. El olfato de José Luis Garci a la hora de atraer los duros, unido a su capacidad para ir en todo momento a favor de obra, le permiten estar siempre arrimado adonde está el dinero calentito. El asunto es aún más chirriante si se tiene en cuenta que Madrid es una de las pocas comunidades que no tienen la costumbre de otorgar ayudas por adelantado para el rodaje de películas. Todo tendría más sentido si la condesa consorte de Murillo hubiese aparecido en pantalla disfrazada de Agustina de Aragón.

La película de Garci es la tercera más cara de la historia del cine español, tras Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006, 22 millones) y la coproducción Los otros (Alejandro Amenábar, 2001, 20 millones). No obstante, la carrera comercial de esos largometrajes es muy diferente: la de Amenábar es la más taquillera de la historia del cine español, y Alatriste ha recaudado ya 16 millones de euros y aún tiene recorrido. El 18 de marzo de 2009, la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, denuncia el coste de la película y recuerda que se ha retirado de los cines «por falta de calidad y recaudación».

Esperanza Aguirre sale en defensa de su protegido, denunciando el «sectarismo lamentable del Gobierno central» con el director José Luis Garci, a quien, según la presidenta regional, se le ha negado el permiso para doblar al inglés la película Sangre de mayo, para que pueda participar en festivales internacionales.

Y que este rechazo se produce porque Garci es «uno de los pocos directores españoles que “no es de la ceja” y no aplaude a Zapatero».

El Ministerio de Cultura responde inmediatamente, señalando que las palabras de Aguirre son «rotundamente falsas»:

El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) no tiene, en ningún caso, la facultad de aprobar o prohibir el permiso para que una película española se doble o subtitule al inglés con el fin de participar en certámenes internacionales. Lo único que ha hecho el ICAA es denegar la solicitud planteada por la productora Nickel Odeon de que, al margen de toda subvención reglada, se pagara a costa del Instituto el tiraje de una copia de Sangre de mayo subtitulada en inglés.

El Ministerio de Cultura añade que la productora de Garci, que ha recibido una ayuda directa de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid/Telemadrid, «no precisa que también se haga una copia subtitulada a expensas del dinero público».

De esos 15 millones de euros que la Comunidad de Madrid cedió al director para la realización de Sangre de mayo, en el marco de los actos conmemorativos del segundo centenario de la Guerra de la Independencia, la película ha recaudado menos de un 5 por 100 de tan considerable inversión de dinero público. Según datos facilitados por la propia distribuidora de la cinta, Alta Films, ha cosechado en taquilla, durante el poco tiempo que ha permanecido en cartel, sólo 714.146 euros. Y eso a pesar de haberse apostado por ella a lo grande desde el primer momento, con 244 copias distribuidas por toda la geografía española. Una cantidad no demasiado habitual, que, tras sólo cuatro semanas de permanencia en cartel, queda reducido a 24, ya que la mayoría de las salas deciden retirar la cinta por la escasa afluencia de público.

A pesar de que en los carteles promocionales Nickel Odeon —propiedad del propio Garci— figura como productora de la cinta, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que el producto final es propiedad exclusiva de Telemadrid, entidad a la que el Gobierno regional encargó el proyecto, al considerar que era la más preparada para gestionarlo. «En el marco de los actos conmemorativos del bicentenario del 2 de Mayo, la Comunidad hizo una aportación extraordinaria de quince millones de euros a Telemadrid para la elaboración de una película que se le encarga a Garci. Telemadrid tomó el control de la gestión y supervisó el gasto del presupuesto por parte del director del film. Ahora la cadena posee los derechos de emisión», afirma una directiva de la cadena pública. Sin embargo, y a pesar de que Telemadrid ha gestionado el proyecto, el nombre de quién debía dirigir la costosa película venía impuesto desde la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Eso sí, el largometraje es propiedad de Telemadrid a todos los efectos, incluidos los inexistentes beneficios en taquilla. «Nosotros hicimos el producto y a partir de ahí nos desentendimos», señalan en Nickel Odeon. Fue la propia cadena de televisión, incluso, la que contrató la distribuidora y determinó las copias con las que se lanzaría el producto. Pero a pesar del esfuerzo económico realizado, la película apenas ha generado beneficios y es muy poco probable que genere muchos más, ya que los derechos de emisión —una de las principales fuentes de ingresos del cine español— ya están adjudicados a Telemadrid, y, además, resultará difícil, debido a la temática profundamente autóctona del film, vender el producto a otros países.

Parece bastante claro que la Comunidad no podrá recuperar más que un pequeño porcentaje de los quince millones de euros invertidos en el proyecto. Los directivos de Telemadrid, por supuesto, justifican la decisión de sus jefes políticos: «No es ésta una acción empresarial, sino institucional. Se eligió el cine para que el mensaje llegara al mayor número de personas posible». Sin embargo, paradojas de la vida, sólo 121.000 espectadores han visto la película.

Pero, como ocurre en estos casos, las pérdidas son de dinero público; lo que le haya correspondido a Garci estará a buen recaudo. Tras el éxito de Asignatura pendiente, el productor de aquel largometraje, José Luis Tafur, le regaló a José Luis Garci, un reloj rolex, y los profesionales que participaron en el rodaje de su siguiente película, Solos en la madrugada, aún recuerdan que el director no perdía ocasión de subirse la manga para dejar a la vista el primer detalle visible de su futura condición de nuevo rico.

Entonces estaba pegado al PCE, cuando parecía que ese partido era el que iba a partir el bacalao en los asuntos culturales, durante la Transición. Las sumisiones carrillistas les costaron caras a los militantes de la organización y fueron perdiendo peso, así que muchos pegados coyunturales empezaron a buscar nuevos horizontes tras la victoria de Felipe González en octubre de 1982. Fue una época dorada de Garci, arrimado al poder felipista. Cuando llega Aznar, sin dejar de recurrir a su poética nostalgia en blanco y negro, y siempre citando a los grandes perdedores del cine de Hollywood, se pega al triunfante presidente del Gobierno. Y consigue dos programas sobre cine en TVE, uno para él y otro para la que es su novia en ese momento, Cayetana Guillén Cuervo. Cuando Aznar deja de controlar directamente los presupuestos públicos, pega otro golpe de timón. ¿Quién está en la derecha de la derecha, dispuesta a repartir subvenciones a cargo de los contribuyentes? Y rueda Sangre de mayo. Posiblemente, su próximo proyecto se titulará La presidenta, y en él puede relatar las aventuras de Esperanza Aguirre a bordo del helicóptero de Móstoles o en Bombay. Veremos si tiene tiempo de llevarlo al celuloide con dinero de todos.

CALCETINES Y TACONES

«Es verdad que la intuición de Esperanza Aguirre le ha procurado muchos éxitos tanto en su vida personal como en su faceta política. Y también es verdad que es una mujer con suerte y, sorprendentemente, supersticiosa», escribe Virginia Drake en su biografía autorizada. Huye del número 13, sobre todo a la hora de fijar los comensales que se sentarán juntos en una misma mesa. Además, cree en la gente con mal fario. Su hermana Rocío, que suele jugar al golf con ella y ha sido testigo de algunas de sus supersticiones, afirma: «Esperanza cree en los gafes. Yo la he oído decir alguna vez jugando al golf: “Hoy no voy a dar una porque se me ha cruzado fulano, que es gafe”. Y al final, es verdad que no tiene su mejor día».

Durante años ha llevado un bolso rojo como talismán, aunque no combinara con su ropa. En su casa no se puede pasar a la anfitriona el salero. Durante las Navidades, el niño Jesús no se acuesta en el belén familiar de los Ramírez de Haro Aguirre hasta la noche del 24 de diciembre, porque dejarle dormir antes puede traer problemas. Y la figurita del recién nacido no puede tener pelo. Se supone que gracias a todos estos pequeños detalles, Esperanza Aguirre tuvo la inmensa chiripa de que, un día muy señalado, Tamayo y Sáez decidieran abandonar la Asamblea de Madrid. Aunque habrá más de un descreído que a eso no le llamará suerte. Desde luego, hay otros casos en los que, indiscutiblemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido a la diosa fortuna de cara.

El 1 de diciembre de 2005, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy efectúan una visita a las dependencias de la Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid (BESCAM) en la localidad de Móstoles, y cuando se disponen a sobrevolar el municipio en helicóptero, el aparato, que acaba de despegar desde el centro de la plaza de toros, se descontrola, gira sobre sí mismo y se precipita desde encima de las gradas, a un altura de diez metros, contra el suelo, junto al muro del edificio, a lado de la puerta de la enfermería. La presidenta de la Comunidad, ilesa, abandona con toda naturalidad el aparato y dice: «Hemos vuelto a nacer». Mientras, la cara de Mariano Rajoy, que se ha roto un dedo de la mano, es un poema. Tras salir del hospital, Aguirre llega a la Puerta del Sol, con el tacón de una de sus botas roto, y atiende a los medios de comunicación. A continuación, va a comer con su marido y sus hijos en un restaurante de la cercana plaza de Callao. Y después, como todos los jueves, acude a la Asamblea de Madrid y entra con la sesión ya empezada, calzando todavía la bota con el tacón roto. Al parecer, no ha tenido tiempo de pasar por su casa a cambiarse de calzado y nadie ha podido acercarle un par de zapatos con los tacones bien puestos.

Algo parecido sucede en noviembre de 2008, cuando Esperanza Aguirre regresa precipitadamente a Madrid desde Bombay, donde se produce un terrible atentado el día 26 de ese mes, en el que fallecen más de 80 personas. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en el tercer día de un viaje oficial que tiene como objetivo impulsar proyectos e inversiones en el mercado indio. La acompañan Jesús Sainz, presidente de Promomadrid, Arturo Fernández, presidente de CEIM, y Salvador Santos Campano, presidente de la Cámara de Comercio, además de su inseparable jefe de gabinete y autor de sus discursos, Regino García-Badell. También está en ese momento en Bombay el eurodiputado de CIU Ignasi Guardans, que forma parte de una delegación del Parlamento Europeo compuesta por siete eurodiputados y una decena de funcionarios.

Tras los atentados, la prioridad de Aguirre es buscar un avión para salir de Bombay y, a pesar de que la tarea no es nada fácil, consigue cinco billetes para Madrid, vía Zurich. García-Badell y Jesús Sainz son agraciados con sendas cartas de embarque. Mientras, el resto de la delegación madrileña permanece custodiada en un malecón cercano al hotel Trident Oberoi, donde han tenido lugar los hechos, hasta que son trasladados al edificio de apartahoteles en el que el cónsul español, César Alba, tiene su residencia. Entre ellos está otra fiel colaboradora de Esperanza Aguirre, la directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego.

El día siguiente, Ignasi Guardans recrimina a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se haya marchado «ella sola», dejando a parte de su comitiva en la India: «Entiendo que fue suficientemente prudente para echar a correr, pero me parece sorprendente que corriera sola. Yo, como presidente de la delegación del Parlamento Europeo, no me iré de Bombay hasta que el último funcionario tenga asegurada su salida».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, después de encontrarse con su marido y sus hijos en el aeropuerto de Barajas, se desplaza hasta la Puerta del Sol para relatar los hechos a sus más estrechos colaboradores. Durante la huida, en el hotel Oberoi, perdió las zapatillas que llevaba y comparece ante los medios de comunicación con unos calcetines blancos que le han dado en el avión —aún no ha tenido tiempo de quitárselos—, pero calzando unos zapatos que sí parecen suyos, y declara: «Salí descalza entre charcos de sangre». Mientras tanto, desde CCOO de Madrid se preguntan «qué narices ha ido a hacer Esperanza Aguirre a Bombay con empresarios madrileños».

BOLSA DE EMPLEO DE LUJO

El listado de amigos, parientes y correligionarios de la presidenta del Gobierno regional y de sus más estrechos colaboradores que viven a cargo de los presupuestos de la Comunidad de Madrid es interminable. Hay de todo: ideólogos liberales, antiguos colaboradores de Rodrigo Rato, ex asesores de Aznar, enemigos de la línea estratégica de Rajoy, descolocados dentro del PP e izquierdistas conversos han encontrado refugio y salario a cargo del erario público.

Los más recientes fichajes han sido el filólogo y ensayista Jon Juaristi y Jesús Neira, el profesor universitario agredido en agosto de 2008 cuando intentaba socorrer a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja. Neira ha sido designado presidente del Observatorio contra la Violencia de Género. Antes, Esperanza Aguirre ya le había concedido la Medalla de Oro al Mérito Ciudadano.

La relación de Aguirre con Juaristi viene de más atrás. Siempre ha contado con él desde que fue apeado de la dirección del Instituto Cervantes, cuando Rodríguez Zapatero llegó al poder, en 2004. Antes, Juaristi había sido también director de la Biblioteca Nacional de España, con el Gobierno de José María Aznar. Más recientemente, aparece junto a Esperanza Aguirre en un acto en contra del mayo del 68 y, poco después, la presidenta del Gobierno regional lo nombra director de Universidades de la Comunidad de Madrid, en enero de 2009.

Nacido en el seno de una familia nacionalista vasca, el autor de El bucle melancólico —un alegato antinacionalista— es, durante su juventud, militante de ETA, luego pasa por la organización LCR y a continuación se afilia al PCE. Sigue perdiendo gas revolucionario, a medida que cambian los tiempos y los gobernantes, e ingresa en el PSOE, según sus palabras, «por imperativos éticos». Por fin, en un arrebato ético aún mayor, se arrima al PP y empieza a disfrutar de cargos institucionales. Paralelamente, para completar la adaptación al nuevo panorama estratégico, se convierte al judaísmo.

Pero el perfil más habitual de los que se benefician de la agencia de empleo particular de Esperanza Aguirre es el de miembro del PP damnificado por las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Pocos días antes del final de 2008, la Comunidad de Madrid da a conocer su consejeros para Cibeles, la corporación de sociedades financieras de Caja Madrid. Entre ellos destaca un personaje cercano a la presidenta de la Comunidad, Ángel Acebes, ex secretario general del PP y ex ministro de Aznar. El Consejo de Administración de Cibeles está compuesto por 17 miembros, incluidos el presidente, Miguel Blesa, y el consejero delegado, Carlos María Martínez.

El nombramiento de Acebes como consejero de la filial de Caja Madrid abre otra polémica entre el PP y el PSOE sobre las incompatibilidades de sus señorías los diputados en las Cortes de la madrileña Carrera de San Jerónimo. Según la Ley Electoral y el Reglamento del Congreso, los diputados tendrán dedicación exclusiva, sin desarrollar otra actividad pública o privada, salvo excepciones como la docencia, la investigación y la abogacía, siempre previa autorización del Parlamento.

Pero el 18 de marzo de 2009, el Congreso permite a Acebes cobrar también de Caja Madrid. La Comisión del Estatuto del Diputado da luz verde para que quien era ministro del Interior cuando se produjo la tragedia del 11-M forme parte del consejo de Cibeles. Al final, lo mejor es la unanimidad y el corporativismo. Todos los grupos, incluido el PSOE, dan por buenos los argumentos del diputado del PP, según los cuales Caja Madrid es una entidad privada. A pesar de que el artículo 159.2 de la Ley Electoral impide pertenecer a consejos de empresas de «entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito». El Congreso considera que la sociedad de Caja Madrid no responde a esta descripción. Este tipo de informes se aprueba en secreto y a puerta cerrada en el pleno de la Cámara. Los diputados no conocen el informe que votan, sólo está en manos de los portavoces. Luz y taquígrafos. Ángel Acebes, que en esta legislatura ha intervenido sólo una vez, seguirá percibiendo también sus ingresos como diputado.

Otro beneficiado por la manga ancha que aplican los diputados del Congreso a sus compañeros pluriempleados es José María Michavila, que tiene ya autorización para compaginar los sueldos que percibe en el sector privado con el salario oficial que cobra del Estado. Acebes y Michavila están prácticamente desaparecidos del hemiciclo desde el inicio de esta legislatura. El primero ya obtuvo el año pasado el visto bueno del Congreso para ejercer como abogado. Diputado raso en esta legislatura, ha decidido volcarse en una profesión que apenas ha ejercido, pero sin renunciar a su escaño y a los cerca de 5.000 euros que percibe mensualmente por «ocuparlo». Ahora se va a llevar otro pico con el momio de Cibeles.

Por su parte, José María Michavila puede continuar también con su actividad remunerada en la firma Michavila y De Fernando Family Office, una «boutique» de banca privada dedicada a gestionar los patrimonios de familias ricas. El ex ministro de Justicia del PP y diputado por Valencia fundó la empresa en 2007, y un año más tarde solicitó permiso al Congreso para compatibilizar esa labor con su presencia en el hemiciclo, donde percibe un salario anual que ronda los 60.000 euros. Ya ha obtenido el visto bueno definitivo.

Ésta es la segunda ocasión, durante la presente legislatura, en la que la Cámara Baja autoriza a Michavila a compatibilizar su escaño parlamentario con una actividad privada remunerada. El diputado del PP trabaja, además, en el bufete Eius, que firmó diversos contratos de asesoramiento jurídico con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante la etapa en la que estuvo al frente de la alcaldía Arturo González Panero, uno de los imputados en el llamado caso Gürtel. Michavila es, además, representante de estrellas del espectáculo —entre ellas, los cantantes Alejandro Sanz y Shakira—, preside una fundación en favor de la educación infantil y viaja frecuentemente al extranjero por razones ajenas a su actividad parlamentaria.

Aunque el pluriempleo de Michavila y su absentismo en el Congreso le han granjeado abundantes críticas en el hemiciclo, incluso entre sus propios compañeros de filas, a la hora de votar muy pocos se atreven a censurar su actitud: sólo 43 diputados —el 12 por 100 de la Cámara— votaron contra el informe que permite casos como el suyo. 256 lo hicieron a favor. La razón de esa descarada muestra de corporativismo resulta tan sencilla como irritante: nadie está dispuesto a arrojar piedras sobre su propio tejado, y la inmensa mayoría de los diputados se opone a cualquier iniciativa que suponga endurecer el régimen de incompatibilidades de sus señorías y dar transparencia a sus actividades privadas. De hecho, casi el 90 por 100 de los 350 miembros de la Cámara tiene otras ocupaciones fuera del hemiciclo, pese a que la Ley del Régimen Electoral General les impone dedicación absoluta a su labor parlamentaria.

La ley electoral prohíbe expresamente a los diputados contratar con la Administración pública, y ese veto también incluye a los ayuntamientos, pero el Congreso prefiere hacer la vista gorda, y no sólo con Michavila. El bufete del ex ministro de Justicia cita en su propia página web como méritos de sus abogados los «servicios al Estado». En sus ratos libres, el diputado del PP encabeza este despacho, Eius, que se distingue por estar formado por letrados que pisan diariamente la línea que separa lo público de lo privado. Precisamente se vende como mérito esa proximidad a lo público: «Desarrollan su actividad profesional respecto a clientes concretos del despacho, dentro y fuera de España en materias de su especialidad, compatibilizando esas funciones con su dedicación a la vida académica y al servicio del Estado».

OTRO SOBRESUELDO, POR MEDIACIÓN DEL «ALBONDIGUILLA»

José María Michavila pidió seis millones de euros a Mutua Madrileña como mediador entre esa empresa y la consultora Global Health, cliente de su bufete, para construir una «megaciudad» sanitaria en Boadilla del Monte, justo enfrente de la Ciudad Financiera del Banco de Santander¹. Esta mediación se produjo en 2006 a instancias del entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero «El Albondiguilla», según fuentes de la aseguradora.

El despacho Eius ha sido contratado para defender al Ayuntamiento de Boadilla en al menos cinco casos y por más de 100.000 euros. Varios de esos procesos tienen que ver con el aumento de sueldo a cargos de confianza, hasta 30, del gobierno municipal. Entre estos cargos figura Elena Cerezo, esposa de un hombre de confianza de Esperanza Aguirre, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, encargado de blanquear la imagen de Esperanza Aguirre en el Parlamento madrileño durante la fallida comisión de investigación del caso de espionaje. El sueldo de su mujer como asesora de confianza del alcalde de Boadilla pasó de 45.000 a 55.000 euros anuales en mayo de 2008.

El despacho de Michavila, que tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Londres y Miami, aparece relacionado con actuaciones vinculadas a la trama de corrupción que investiga el juez Garzón y tiene nexos con algunos imputados y con las Administraciones públicas bajo sospecha. Eius también ha intervenido a favor de las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, para que la Generalitat Valenciana otorgara 13 licencias de TDT a su empresa Mediamed. Ana Michavila, hermana del diputado del PP, es la jefa del gabinete del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

Además de José María Michavila, son varios los hijos del general Benjamín Michavila Pallarés situados en las altas esferas del PP. Un hermano del ex ministro de Justicia, Narciso Michavila, es sociólogo y uno de los asesores de Mariano Rajoy que más influyen en el líder del PP. Otra hermana, Carmen Michavila, es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y se la considera la sucesora del alcalde, Juan González Miramón, que lleva 16 años en el poder. Otro ejemplo del dispendio de dinero público: el regidor cobra un salario de alrededor de 85.000 euros anuales. En una localidad de 15.000 habitantes.

En la misma tanda en que accede Ángel Acebes a las suculentas retribuciones de Cibeles, como consejero de esta entidad de Caja Madrid, lo hace también Carmen Cavero, cuñada de Ignacio González, vicepresidente del Gobierno regional y mano derecha de Esperanza Aguirre. Además, se benefician del consejo de Cibeles, otra canongía más, nada menor que Pedro Schwartz y Manuel Lamela. Schwartz es miembro del Consejo Asesor de Capgemini España y profesor extraordinario de la Universidad San Pablo CEU, además de economista de cabecera de la presidenta del PP en Madrid. Lamela, ex consejero de Infraestructuras y ex consejero de Sanidad, fue el responsable de la campaña de acoso contra el doctor Montes. El sueldo que van a cobrar todos ellos, lo mismo que Acebes, por su «trabajo» en la corporación Cibeles, que no exige, ni mucho menos, dedicación exclusiva, ronda los 150.000 euros anuales, a lo que se suma el derecho a utilizar tarjeta de crédito y coche de la empresa.

En el Consejo de Administración de Caja Madrid han metido la cabeza, bajo el manto de Esperanza Aguirre, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, como vicepresidente, y José Manuel Fernández Norniella, ex presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con un puesto de vocal.

La ex mujer de Rodrigo Rato, Ángeles Alarcó, que llegó al Gobierno regional como asesora técnica de Aguirre en 2005, se ha convertido en vicepresidenta ejecutiva de Turismo de Madrid. Su profesión es la de anticuaria. Los parientes de políticos en activo que han pasado por distintos cargos de la Comunidad de Madrid durante la era Aguirre son legión. Por ejemplo, un primo de la mismísima presidenta, Francisco Javier Aguirre Pemán, es subdirector comercial del Canal de Isabel II. Cayetana Romero de Tejada, hermana del ex presidente del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada —ahora consejero de Caja Madrid—, está contratada en la empresa pública Mercado Puerta de Toledo. Isabel Gema González, hermana del vicepresidente del Gobierno regional, ha sido diputada en la Asamblea de Madrid y coordinadora de la Consejería de Cultura y Deportes. Alfonso Granados Lerena, hermano del consejero de presidencia de la Comunidad, pertenece al staff del Canal de Isabel II. Rocío Güemes Barrios, hermana del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se incorporó en 2005 al Instituto Madrileño de Desarrollo como directora de la División de Estrategia Empresarial. José Antonio Llanos Blasco, marido de Mercedes de la Merced (en la actualidad, miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid), es director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Fernando de Cevallos Aguarón, marido de Regina Plañiol de la Calle, viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales en el Gobierno de Aguirre, es director de Recursos Humanos del Canal de Isabel II.

Desde que el PP perdió las elecciones generales en 2004, Esperanza Aguirre ha ido recolocando en sus dominios a numerosos ex altos cargos. Entre ellos, la ex ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, que actualmente preside la Asamblea de Madrid; la ex consejera de Asuntos Sociales con Fraga, Belén Prado, que hoy está colocada en la Consejería de Sanidad, o el ex presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, que es el Defensor del Paciente de Madrid.

Además, tiene acogidas bajo su manto a Belén Bajo, que fue durante una década la jefa de Comunicación de Mariano Rajoy y ahora es diputada en la Asamblea de Madrid, y a Paloma Adrados, que estaba en el gabinete de Javier Arenas y, desde la última remodelación del Gobierno regional, es consejera de Empleo y Mujer. Incluso ha dado empleo a políticos reconvertidos que han tenido altos cargo con el PSOE en otros tiempos, como Cristina Alberdi, ex ministra de Asuntos Sociales del Gobierno de Felipe González y ahora asesora del Consejo Consultivo autonómico, y a la ex socialista vasca Gotzone Mora, martillo de abertzales, que se encargó en Madrid del Foro Regional para la Inmigración hasta que Francisco Camps la fichó para la Administración valenciana. Fue sustituida en su cargo por Raúl Rivero, disidente cubano y columnista de El Mundo. De nuevo la conexión de Aguirre con los anticastristas.

EL BUFÓN ASALARIADO

En septiembre de 2008, Esperanza Aguirre contrata al dramaturgo Albert Boadella para que se encargue de la dirección de los recién construidos Teatros del Canal. El autor y director catalán decide que el nuevo recinto se estrene con La cena, un espectáculo de Els Joglars, su propia compañía desde hace 48 años. Justifica así su incorporación a las filas de Aguirre: «Seguramente en mi decisión hay mucho de nuevo reto ante la vida. Como se sabe, he criticado a menudo lo que yo llamo “teatro de Estado”, frente al teatro privado que ha sido más lo mío. Tiene cierta gracia que ahora vaya a estar al otro lado»². Boadella quiere dejar claro que, durante casi medio siglo de actividad teatral, ha mantenido el equilibrio entre ética y estética. Y de nuevo insiste en sus justificaciones, con grandes dosis de megalomanía: «Moliere trabajaba para Luis XIV y yo para Aguirre»³.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, obviamente, no va a estar entre los objetivos de sus críticas de irreductible bufón; es la que le paga. Boadella también ha disfrutado de una notable evolución política, hasta llegar a experimentar el repentino ataque de patriotismo españolista que le ha hecho votar a Rosa Díez, primero, y luego dejarse contratar por Esperanza Aguirre. Primero, de joven, cultivó el antifranquismo catalanista, luego estuvo cerca del Partido Socialista de Catalunya (PSC), y su penúltima apuesta, antes de emigrar a Madrid, la hizo por Ciutadans de Catalunya. Afirma que la primera oferta de Aguirre la rechazó, fiel a sus entonces «profundísimas» convicciones artísticas, contrarias al teatro público y a cualquier idilio entre los artistas y los políticos. En septiembre de 2008 aún decía: «Europa ha conseguido convertir a sus artistas en funcionarios; y claro, a las subvenciones del Estado, los artistas han reaccionado con un tributo de vasallaje; ¿no es una forma de censura como otra cualquiera?»⁴.

En 1977, Boadella, al frente de Els Joglars, estrenó La Torna, una obra sobre el proceso y la ejecución a garrote vil del polaco Heinz Chez, el 2 de marzo de 1974, el mismo día que fue ejecutado el militante anarquista Salvador Puig Antich. El presidente del Gobierno de Franco era en ese momento Carlos Arias Navarro. Los miembros de Els Joglars fueron procesados y condenados por un delito de injurias al Ejército. Como consecuencia, los actores Gabriel Renom, Miryam de Maeztu, Andreu Solsona y Arnau Vilardebo pasaron dos años en prisión.

Albert Boadella ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona, pero enseguida fue trasladado al Hospital Clínico, de donde consiguió escapar. Es la obligación de todo preso. Después se exilió a Francia, donde se dedicó a cultivar su ingenio y su ego. Pero sus compañeros sí estaban en la cárcel. La gracia de tan genial cómico, varios años después, fue afiliarse al Centro Democrático y Social (CDS), el nuevo partido de Adolfo Suárez, que era presidente del Gobierno cuando encarcelaron a los actores de Els Joglars.

El nuevo ideario de Boadella queda claro durante la presentación de la programación de los Teatros del Canal, el 23 de febrero de 2009: «Hemos luchado contra la dictadura, contra el pensamiento nacionalista y luego contra esta progresía convertida en pensamiento único. Es duro enfrentarse a los “progres”, pero yo lo hago». Poco antes había declarado al diario Público: «Yo no me he cambiado de camisa. Sigo siendo el mismo, lo que pasa es que con el tiempo todos evolucionamos»⁵. Isabel San Sebastián festeja tan inteligente evolución desde las páginas de El Mundo: «¡Qué sería de esta España si no existiera gente como Albert Boadella!»⁶. Y añade: «Boadella es un catalán universal que se ha venido a Madrid. Un gran fichaje de Esperanza Aguirre. Un lujo para la cultura. Una terapia inteligente contra el mal que nos corroe». Y el propio Boadella declara, en el mismo periódico: «La cultura de hoy está muy cerca del vasallaje»⁷. ¿En quién estaría pensando?

DONDE NO LLEGA EL DINERO PÚBLICO

Tanto fichaje estrella, además del sinfín de recolocaciones políticas en puestos con remuneraciones millonarias que practican los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, contrasta con la política de absoluta austeridad que reclama el Gobierno regional en otros ámbitos. En febrero de 2009, Esperanza Aguirre y el consejero de Justicia, Francisco Granados, les dicen a los sindicatos de funcionarios de Justicia que las arcas públicas están vacías y no pueden cumplir los acuerdos que se alcanzaron en 2007. La presidenta pide comprensión y reconoce que la Comunidad de Madrid debe más de 10.000 millones de euros. No hay dinero. ¿Para quién?

En marzo de 2009 varios centenares de abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid se plantan ante la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, en la Puerta del Sol, para protestar contra los planes, más o menos encubiertos, de privatización de este servicio de asistencia y defensa jurídica. Los letrados también denuncian el impago de varios trimestres del año anterior por parte del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre. La deuda asciende en ese momento, según los letrados de oficio, a 34 millones de euros. Además, acusan a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de haber sacado a concurso el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta entonces ha dependido del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Esa adjudicación, que supondría la privatización del servicio, está suspendida de manera cautelar, tras los recursos del ICAM y de los abogados del turno de oficio.

Pero Esperanza Aguirre no ceja en su empeño privatizador y el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores (SOJ) —que asesora a las personas de más de 60 años sobre sus derechos generales y asistenciales (pensiones, herencias o arrendamientos)— pasará a manos privadas. El Colegio de Abogados advierte sobre una de las más evidentes consecuencias de la privatización: hasta ahora, la independencia de los letrados en su labor de asesoría era absoluta, ya que no eran los encargados de llevar el procedimiento judicial. Ahora cualquier despacho privado que acceda al concurso podría animar a los clientes a acudir a los tribunales y, de esta forma, beneficiarse económicamente, si el asesorado no tuviera derecho a la asistencia gratuita. Los letrados también intuyen que el Gobierno de Aguirre ha entregado a varios despachos privados de abogados la prestación de asesoramiento jurídico a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.

La Asociación Libre de Abogados pide al Gobierno de la Comunidad que acabe con los retrasos y pague a los integrantes del turno de oficio al término de cada trimestre. Además, solicita la actualización de sus honorarios, congelados desde 2003.

Por otra parte, está claro que la apuesta por la educación pública no se encuentra entre los planes de Aguirre. El 10 de diciembre de 2008, estudiantes y profesores universitarios se manifiestan frente a la Consejería de Educación de Madrid para respaldar a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas, que reclaman una deuda acumulada de 223’6 millones de euros de los últimos presupuestos autonómicos. Este impago responde a las cantidades recogidas en los contratos-programa pactados por la Administración regional y los centros universitarios públicos para el periodo 2006-2010. «Pese a los problemas económicos, una de las cosas que más nos duele es la forma en la que la Comunidad nos ha tratado», escribe el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, en el diario El Mundo. «Somos una institución de servicio público muy importante. El maltrato nos ha hecho daño. Simplemente pedimos respeto por lo firmado.»⁸

Los rectores reclaman al Ejecutivo regional que el presupuesto global de los campus suba en 2009 un 2 por 100 respecto al año anterior, en lugar de bajar el 4’4 por 100. También exigen esos 223 millones de euros que el Gobierno de Aguirre ha dejado de abonarles en 2008 para nóminas e infraestructuras. Asimismo denuncian que llevan adelantada parte de las nóminas extraordinarias de junio y septiembre desde 2004.

Y este año, con la crisis y el recorte que han sufrido en los presupuestos regionales (143 millones menos de lo acordado), les resultará más difícil ese adelanto. El enfrentamiento comenzó en septiembre de 2008, cuando el Gobierno regional recortó sin previo aviso un 30 por 100 de la partida destinada a las nóminas. La medida, después revocada en parte, dejaba a las universidades públicas al borde de la asfixia, según los rectores.

Se ha producido también una drástica reducción del presupuesto destinado a inversiones, un capítulo que la Comunidad de Madrid ha recortado casi un 50 por 100 en el presupuesto de 2009. Se juntan los recortes de este año con lo que no se ha cobrado aún de 2008, en este capítulo, más de 72 millones de euros que han dejado parados proyectos de seguridad ya en marcha, edificios a medio construir, remodelaciones en las instalaciones más antiguas y pagos a proveedores.

El filólogo y catedrático de Literatura española Jon Juaristi toma posesión de su nuevo cargo de director general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid el 16 de enero de 2009, en medio de la dura polémica de los rectores con el Gobierno regional, y asegura a los medios de comunicación que él no tiene constancia de «problemas graves» en la universidad.

En otro ámbito, o al Gobierno de Esperanza Aguirre se le acaba el presupuesto de 2008 destinado a Sanidad dos meses antes de tiempo, o el montante para el pago a los farmacéuticos de los medicamentos recetados por los profesionales de la Seguridad Social ha sido utilizado para financiar otras actividades. Los farmacéuticos pagan íntegramente a los laboratorios el importe de los productos que les compran y reciben el día 22 de cada mes el importe de los productos que han vendido con recetas de la Seguridad Social durante el mes anterior. En este caso, podría haberse producido una actuación que puede ser castigada jurídicamente.

Entonces, se da un hecho sorprendente: el propio Colegio de Farmacéuticos de Madrid (CFM), presidido por Alberto García Romero (hermano de Paloma García Romero, concejala-presidenta de la Junta Municipal del distrito de Tetuán y persona muy cercana a Ruiz-Gallardón), pide un préstamo bancario para cubrir el agujero del Gobierno de Aguirre y pagar las deudas a sus asociados. Eso provoca la indignación de numerosos farmacéuticos, que cobran la deuda de la Administración regional con retraso y gracias a un crédito solicitado sin su consentimiento y que les va a costar los intereses correspondientes.

En diciembre de 2008 también los funcionarios de Justicia de Madrid se lanzan a la calle tras convocar unas jornadas de huelga para reclamar que la Administración regional cumpla los compromisos a los que se llegó el año anterior, tras 11 días de huelga, entre los sindicatos y el entonces consejero de Justicia Alfredo Prada, que incluía una subida salarial de 450 euros repartida en cuatro años, así como una mejora de las plantillas, fundamentalmente en los registros civiles y en los juzgados de lo penal, y una reducción de la temporalidad. Los sindicatos denuncian que, después de un año, no se ha cumplido nada de lo pactado.

Entre los colectivos afectados por la arbitrariedad presupuestaria del Gobierno regional y por su discriminatoria subjetividad a la hora de conceder subvenciones, está la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, dedicada al trato integral a las víctimas de los atentados de Atocha. Durante cuatro años consecutivos, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha negado las ayudas públicas a la asociación presidida por Pilar Manjón. Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid acusan a la Comunidad de trasladar a los presupuestos la «teoría de la conspiración». Son los ayuntamientos socialistas de Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla los que deciden subvencionar a este colectivo, el más representativo en número de los que agrupan a las víctimas del 11-M. Pilar Manjón recuerda que desde todos estos pueblos «partieron, la mañana del 11 de marzo de 2004, personas que resultaron asesinadas en los trenes y otras que resultaron heridas, a las que se ha representado judicialmente en esta asociación, que está en una situación bastante precaria y subsiste con la ayuda del Ministerio del Interior y aportaciones anónimas y de socios».

DISCRIMINACIÓN MORAL

La Comunidad de Madrid destina el 72 por 100 de los fondos del programa Red de Madres a organizaciones provida o religiosas. Los nombres de estos colectivos antiabortistas, vinculados a los sectores más integristas de la Iglesia, advierten con claridad de sus planteamientos ideológicos: Fundación para la Defensa de la Vida (FUNDVIDA), Asociación en Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA), Comisión Madrileña para la Defensa de la Vida (PROVIDA), Fundación Vida, Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, Asociación de Víctimas del Aborto (AVA)…

La Asociación Adevida, entre cuyas actividades más destacadas, según sus memorias anuales, se encuentra la de solicitar al papa Benedicto XVI que rece por esta «España a la que el Gobierno quierup>e descristianizar», recibe de la Comunidad de Madrid más de un millón de euros al año⁹. Adevida se encarga de asesorar legal y psicológicamente a mujeres en periodo de gestación, generalmente «en peligro de exclusión», muchas de ellas inmigrantes. Les explican, por ejemplo, que su cuerpo es de Dios y no suyo, como pensaban erróneamente. También, a través de un cómic didáctico, les muestran los progresos que un feto llamado «Juanito» hace desde el mismo momento de la concepción: «Si tú eres una jovencita, debes saber que el aborto es un asesinato». El tremebundo cómic termina, claro, con «Juanito» despedazado en el seno de su madre y arrojado al cubo de la basura, mientras las moscas revolotean a su alrededor.

Adevida recauda tan jugosa subvención, pero carece de residencias propias, así que subcontrata el servicio y, según la Consejería, deriva a otras asociaciones la asistencia a las mujeres que caen en sus manos. No obstante, la organización figura en el registro como una entidad sin ánimo de lucro. Otra de sus tareas consiste en facilitar bienes materiales a las madres una vez nacido el bebé. Entre otras cosas, una canastilla con ropa, además de leche y cereales durante el primer año de vida del niño. Básicamente, realiza un trabajo que le correspondería a la Comunidad, pero que está externalizado en una asociación ultracatólica y antiabortista.

Como contraste, la Consejería de Sanidad destinó en 2008 una subvención de sólo 41.335 euros (25 veces menos que la cantidad concedida a Adevida) a la Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM), la entidad que gestiona el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid, en la calle de San Vicente Ferrer, que cuenta con médicos, educadores sexuales y personal administrativo, y es uno de los únicos cuatro centros de la región en los que se puede conseguir la receta de la píldora poscoital en fin de semana¹⁰. La presidenta de esta asociación, Concha Martín, afirma que la Comunidad de Madrid «no garantiza los derechos de quienes tienen que interrumpir el embarazo».

En 2007 se produjeron en la Comunidad de Madrid 26.432 interrupciones voluntarias del embarazo, algo más del 25 por 100 de las que tuvieron lugar en toda España. Actualmente, en esta región se registra la tasa más alta del Estado español, más del doble que hace diez años y por encima de la media nacional, según el número 14, de abril de 2008, del Boletín epidemiológico de la Comunidad. En los dos años anteriores, el 72,6 por 100 de las mujeres que han recurrido al aborto no habían acudido a ningún servicio para el control de la anticoncepción. Esta cifra es mayor que en años precedentes.

El Gobierno regional de Esperanza Aguirre está detrás de la persecución que sufre, en 2007, la Clínica Isadora, centro especializado en la práctica del aborto legal y en servicios de ginecología y planificación familiar. El día 16 de febrero de ese año, miembros de la Guardia Civil adscritos al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se personan en la clínica. Los agentes tienen la aparente intención de controlar el cumplimiento de la norma de residuos orgánicos y levantan al efecto un acta de inspección. Empar Pineda, portavoz del centro, recuerda que los trabajadores ya llevaban varios días observando, con extrañeza, cómo un vehículo de la Guardia Civil controlaba la puerta de la clínica, situada cerca de la madrileña Dehesa de la Villa.

En su comparencia en la clínica, los agentes constatan la presencia de un arcón frigorífico en el depósito donde se depositan restos de residuos procedentes del quirófano, que la empresa autorizada Consenur retira tres veces por semana. Los agentes son informados de que, precisamente en ese momento, un vehículo de Consenur se encuentra recogiendo los residuos. Los miembros del SEPRONA ordenan descargar los contenedores y acuerdan su precinto. En ningún momento la Guardia Civil informa a los responsables de la clínica de que se encuentran investigando unos posibles delitos de abortos ilegales. Se limitan a señalar la inmovilización de los contenedores. Sin embargo, ese mismo día el SEPRONA presenta un escrito en el juzgado de guardia donde, tergiversando gravemente la realidad, solicita autorización para la retirada y el posterior análisis de los contenedores. El juzgado de instrucción número 6 deniega a la Guardia Civil la autorización solicitada, como consta en el sumario, considerando que «no existe el más mínimo indicio racional de que se hubiesen producido» abortos ilegales, «sin que quepa elevar las elucubraciones a la categoría de indicios de tipo delictivo alguno».

A pesar de ello, la Guardia Civil continúa con su operación y retira los contenedores —en los que ya se ha roto la cadena de frío— sin permiso judicial. Haciendo caso omiso de lo que el juzgado número 6 ha ordenado, los agentes del SEPRONA proceden a la apertura y el examen de los contenedores. Un técnico de la Consejería de Sanidad es el único testigo de la operación. El día 21 de febrero, la Guardia Civil regresa a los juzgados de Madrid para presentar un nuevo atestado, ocultando que, previamente, un juez les ha denegado el permiso para retirar los contenedores. El nuevo juez, ignorando todos los antecedentes del caso, sí concede el permiso. La falta de garantías de semejante actuación es absoluta. Los agentes del SEPRONA hacen constar que en los contenedores han encontrado, además de los botes de formol, cinco fetos. Sin embargo, el Instituto Anatómico Forense da cuenta de la recepción de cuatro solamente. No hay ninguna garantía de que lo que la Guardia Civil encuentra en los contenedores sea lo mismo que remite al Instituto Anatómico Forense.

De cualquier manera, sigue sin existir indicio de que se haya cometido delito alguno. En su atestado, la Guardia Civil alega que uno de los fetos encontrados puede tener más de veintidós semanas, lo cual tampoco sería ilegal, porque es lícita la interrupción voluntaria del embarazo por encima de las veintidós semanas de gestación cuando «sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada». Pero ni siquiera se aportan verdaderos indicios que sustenten esa especulación.

La siguiente operación de acoso y derribo a la Clínica Isadora por parte de la Comunidad de Madrid y el SEPRONA consiste en admitir la querella contra la clínica del partido político ultraderechista Alternativa Española (el que se manifiesta contra Cuba, junto a Esperanza Aguirre), para evitar que se archiven las diligencias. Un disparate jurídico: no es posible admitir una querella en cuyo relato de hechos no se describe ningún delito. Además de que los hechos descritos son falsos. Con la admisión de la querella, el juez José Sierra Fernández, del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que se ha negado a devolver el asunto al primer juez que lo había conocido, permite que siga adelante el procedimiento judicial contra Isadora, que no se basa en ninguna prueba. Con esta actuación, el juez permite a un grupúsculo de extrema derecha ser parte en la causa y tomar vista de las actuaciones en las que están los historiales médicos originales de al menos veinticinco mujeres que han abortado, más los de otras que son pacientes de la clínica ginecológica.

La ofensiva contra las clínicas que practican abortos prosigue a lo largo de 2007, con una cadena de inspecciones en los centros autorizados para realizar este tipo de intervenciones en Madrid. Controles «rutinarios», según la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que los centros denuncian como una «auténtica persecución». Las clínicas madrileñas han visto multiplicadas sus inspecciones, y sus responsables consideran que ese aumento responde a una «persecución organizada» por parte del Gobierno autonómico que encabeza Esperanza Aguirre.

«Estas inspecciones no son para acreditar que las clínicas cumplen con todos requisitos de la Administración. Tienen un carácter ideológico y político. Son para ganarse al electorado más conservador», afirma Empar Pineda, portavoz de la Clínica Isadora de Madrid. Mientras tanto, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, manifiesta su desacuerdo con el juez del número 47, José Sierra, por su forma de instruir la investigación sobre los presuntos abortos ilegales en la Clínica Isadora. En un escrito, Moix le pide a Sierra que deje de llamar a declarar a las mujeres que abortaron en este centro, al tiempo que le indica que debe centrarse en investigar a la clínica y en averiguar si los sanitarios cometieron alguna irregularidad en el cumplimiento de la ley. El fiscal le recomienda al juez Sierra que llame a declarar a las mujeres sólo en caso de que encuentre indicios de delito en la actuación de la clínica.

De forma insólita, el juez José Sierra ha ordenado a los agentes del SEPRONA que interroguen como testigos a cerca de treinta pacientes de la Clínica Isadora que abortaron el año anterior. Los guardias civiles se presentan en el domicilio de las afectadas para entregar las citaciones judiciales, con lo que eso supone. En marzo de 2008, el responsable del centro, un médico y la psiquiatra de la Clínica Isadora son llamados a declarar como imputados por el juez José Sierra. Un nuevo episodio de la sorprendente actuación del titular del juzgado número 47 de la capital en su cruzada contra la Clínica Isadora.

Empar Pineda califica la imputación como el «último capítulo del carrusel de despropósitos procesales. El juez está actuando como un tribunal de la Inquisición en el siglo XXI. La denuncia inicial hablaba de abortos con más de 22 semanas de gestación. El juez lo investigó y no encontró nada. En lugar de cerrar el caso, que es lo que debería haber hecho, se buscó otra supuesta práctica ilícita para seguir con el proceso abierto: el asesinato de fetos con aire en los pulmones. De eso, claro, tampoco había nada». Pineda califica la actuación del juez de «jurídicamente insostenible. Ya es hora de que alguien pare esta persecución y linchamiento sin ninguna base».

Mientras tanto, se descubre que un comandante y dos sargentos de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid son los que han estado al frente de la investigación de las clínicas de la capital en las que se hacen abortos. Los responsables del Instituto Armado decidieron hacer un equipo conjunto entre los responsables del SEPRONA y el Equipo de la Mujer y el Menor (EMUME). De hecho, una sargento de esta unidad viajó por toda España para tomar declaración a las mujeres que asistieron a la Clínica Isadora.

La Guardia Civil rechaza ofrecer de manera oficial su versión del caso, pero fuentes de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid afirman que el SEPRONA ha actuado de acuerdo con la legalidad vigente y con lo establecido en sus protocolos. Un alto mando explicó que las investigaciones en las clínicas donde se realizan abortos comenzaron a raíz de denuncias anónimas por mala gestión de residuos orgánicos. Falseando la realidad, asegura que el día que los guardias fueron a la Clínica Isadora, el 16 de febrero de 2007, vieron a dos personas que sacaban bidones y los metían en un todoterreno. Era el vehículo de la empresa especializada Consenur, contratada por la clínica para hacerse cargo de la gestión y el tratamiento de los restos biológicos.

Dadas las numerosas irregularidades de la intervención de la Guardia Civil en este caso, el Ministerio del Interior se ve obligado a abrir una investigación sobre las actuaciones de los agentes del SEPRONA que impulsaron la causa contra la Clínica Isadora. «En este procedimiento ha habido numerosas irregularidades», opina el catedrático de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid Miguel Bajo Fernández. «Alguien se ha aprovechado maliciosamente del solapamiento de competencias y de la propia complejidad de la organización del Estado y se ha cubierto inteligentemente las espaldas. Podría haber responsabilidad de los agentes.»

Los guardias civiles del SEPRONA, en coordinación con la Consejería de Sanidad, no han cejado hasta conseguir su objetivo: un procedimiento judicial contra la Clínica Isadora. Aunque para ello hayan tenido que pasar por encima de la decisión de un magistrado que les ordenaba abandonar sus «elucubraciones» sin fundamento. Una vez logrado que un juez afín a sus planteamientos abra las diligencias, realizan una investigación paralela que pasa por citar a declarar, de forma llamativa, a más de una veintena de mujeres. Curiosamente, las fotos de los fetos no tardaron en filtrarse a la prensa a pesar de que sólo la Guardia Civil las tenía en su poder.

Lo que empezó siendo una investigación por tratamiento de residuos clínicos y sanitarios se ha ido modificando. Cada vez que la Guardia Civil se queda sin argumentos para proseguir, ha abierto una nueva vía de investigación buscando sin tregua irregularidades. El procedimiento judicial continúa. El caso prefabricado por el SEPRONA y la Comunidad de Madrid contra Isadora marca el momento de arranque de una gran campaña lanzada desde sectores ideológicamente contrarios al aborto, en especial los grupos autodenominados provida, contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos previstos por la ley.

Capítulo IX

EL NEGOCIO DE LA SANIDAD

Esperanza Aguirre y el consejero de Sanidad de su primer Gobierno, Manuel Lamela (a la izquierda), durante una visita a las obras del nuevo Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda.

Aguirre siempre ha cultivado su relación con Aznar, pero en el conflicto de Caja Madrid ha arremetido contra Miguel Blesa, que fue nombrado máximo responsable de la entidad por el propio ex presidente del Gobierno. Su mujer, Ana Botella, también se ha situado en el bando de Blesa, junto a Ruiz-Gallardón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid escruta el panorama político, a la espalda de Ruiz-Gallardón.

Los consejeros Mariano Zabía (a la izquierda) y Juan José Güemes. Zabía fue uno de los principales impulsores de la «Carretera de los Pantanos».

Aguirre junto a otro «liberal», César Alierta, presidente de Telefónica, empresa pública privatizada que actúa como un INEM de lujo para acoger, con sueldos de escándalo, a políticos desubicados. Por ejemplo, Eduardo Zaplana recibe un millón de euros al año por su trabajo de «asesor».

Javier Fernández-Lasquetty, uno de los «clásicos» de Esperanza Aguirre, junto a Ana Botella. El actual consejero de Inmigración es también un peso pesado de FAES, el principal reducto ideológico de José María Aznar. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue nombrada vicepresidenta ejecutiva de la Fundación en 1999.

Junto a Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón. La vicesecretaria de Organización del PP estaba casada con Jesús Sepúlveda, implicado en el caso Gürtel, cuando el cabecilla de la trama de corrupción investigada por el juez Garzón, Francisco Correa, presuntamente, le regaló un Jaguar. Mato no sabía nada del asunto: «Los coches no me llaman la atención». Sepúlveda y Ana Mato eran inseparables del matrimonio Aznar-Botella y son padrinos de su hijo Alonso.

Durante su etapa como concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, los contratistas llamaban a Alberto López Viejo «El Toyota», porque obligó a varias empresas a adquirir vehículos de esa marca y, además, a hacerlo en un concesionario concreto.

El ex consejero de Deportes Alberto López Viejo (a la derecha, con el balón) ha sido pillado en fuera de juego por el juez Garzón, que le acusa de cobrar sobornos de Francisco Correa. De espaldas, aparece Francisco Granados y, a la izquierda, Alejandro Halffter, el hombre que Ignacio González ha colocado junto a él.

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, está acusado por el juez Garzón de recibir de Francisco Correa 422.000 euros en sobornos, además del famoso Jaguar.

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco (derecha) tuvo que dejar la presidencia de la «comisión de los espías» tras ser imputado por Garzón en el caso Gürtel. «¿Cómo va a ser corrupto Martín Vasco, si yo he sido testigo de su boda?», dijo Aguirre. En la foto, le acompaña el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez.

Arturo González Panero, en el momento de dimitir de su cargo de alcalde de Boadilla del Monte, tras ser imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel. Le sustituye Juan Jesús Siguero (a su derecha, aplaudiendo), a quien se acusa de numerosas actividades ilícitas en un dossier enviado a Esperanza Aguirre por funcionarios del Ayuntamiento de esa localidad. La presidenta de la Comunidad desestimó la pormenorizada información que contenía el documento.

El tránsfuga Eduardo Tamayo —en la foto, junto a su compañera de fuga María Teresa Sáez— fundó el partido Nuevo Socialismo tras ser expulsado del PSOE. La sede de la formación se sitúa en un edificio de la plaza de Castilla donde tiene su domicilio social una empresa de los hermanos Sánchez Lázaro, relacionados con el «tamayazo».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre la plana mayor del PP.

Aguirre, flanqueada por dos grandes defensores de la política del Estado israelí: el ex maoísta Gabriel Albiac (izquierda) y el ex periodista de El País Hermann Tertsch, actual presentador de Diario de la Noche en Telemadrid.

Otra comparecencia feliz de Aguirre junto al matrimonio Aznar-Botella. Entre Ignacio González y la presidenta de la Comunidad está sentado su hijo menor, Álvaro Ramírez de Haro Aguirre, conde de Villariezo.

Esperanza Aguirre irrumpe en la ceremonia de inauguración de los Teatros del Canal. A su lado, Ildefonso de Miguel, vicepresidente de la empresa todavía pública Canal de Isabel II. De Miguel, que mantiene una estrecha relación con Ignacio González, llegó a este puesto avalado por su experiencia como director general de Quiero TV, la única plataforma de televisión regional que ha quebrado.

Aguirre con Miguel Blesa (centro) y Gerardo Díaz Ferrán, antes del cambio de la política de alianzas en Caja Madrid.

El «desparpajo» de la presidenta provoca la hilaridad en la Asamblea de Madrid. En el primer banco, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, hija del marino golpista Camilo Menéndez Vives, implicado en los sucesos del 23-F de 1981.

«Si tenemos una enfermedad mala, nos vamos a Houston.» Esperanza Aguirre

Desde que Esperanza Aguirre llegó a la presidencia del Gobierno autonómico, el objetivo fundamental de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid está más relacionado con el mundo del ladrillo que con la salud de los ciudadanos. «El nuevo sistema sanitario que está imponiendo, se ha diseñado para derivar ingentes cantidades de los presupuestos públicos hacia las empresas privadas que, ante los síntomas de hundimiento de los sectores más especulativos, han tomado posiciones en la sanidad pública», señala un documento de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública. «No es casual, por tanto, que los nuevos hospitales hayan sido entregados a empresas como Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, Begar-Ploder, ACS, FCC, procedentes del sector inmobiliario, sin ninguna experiencia previa en el ámbito sanitario.»

Durante la primera legislatura de Aguirre se han edificado ocho hospitales enormes: por el mecanismo de concesión de obra pública el del Norte y los de Vallecas, Arganda, Coslada, Parla, Majadahonda y Aran-juez; como concesión administrativa el de Valdemoro, y ese mismo camino siguen los cuatro que está previsto construir en esta legislatura, Móstoles, Villalba, Torrejón y Carabanchel. Tanto en unos como en otros, todo el personal no sanitario correrá a cargo de la empresa concesionaria, un tercio aproximadamente de las plantillas, que podrá ser subcontratado. La diferencia radica en que, en los primeros, el personal sanitario lo pondrá la Administración.

Numerosos estudios internacionales demuestran que los hospitales con ánimo de lucro tienen peores resultados sanitarios que los públicos: tasas de mortalidad más elevadas, aumento de las infecciones hospitalarias, menor número de trabajadores sanitarios y no sanitarios por cama, altas anticipadas… En 2006 en Suecia y, más recientemente, en Gran Bretaña —los Gobiernos de Gales y Escocia— se ha decidido paralizar la construcción de este tipo de centros.

Los nuevos hospitales han sido edificados en suelo público cedido por las Administraciones a los inversores, en su mayoría grandes constructoras, bancos y fondos de capital riesgo, que los explotarán durante 30 años, con posibilidad de que el plazo sea prorrogado. Por la atención sanitaria que prestarán en las áreas asignadas, la Consejería de Sanidad les pagará —con fondos públicos— un canon anual. Las empresas concesionarias explotarán todos los servicios «no sanitarios», por los que podrán cobrar adicionalmente a los usuarios. En el caso de los hospitales de concesión de obra pública, la gestión del personal sanitario se realizará indirectamente a través de las empresas públicas que se crearon mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2007. Este tipo de empresas, según su reglamento, tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, administración económica y financiera autónoma, y en su actuación están sujetas al Derecho privado.

Las empresas que construyen los nuevos hospitales —cuya única justificación es detraer pacientes de los centros públicos, que se devalúan— reciben un canon calculado en relación con el volumen de población atendida, financiado con dinero público durante 30 años. Esto supone, al final, que reciben cuatro veces el gasto de la construcción. Además, se encargan, como ya hemos avanzado, de la gestión de toda la actividad «no sanitaria», que se subcontrata a otras empresas, y la explotación del espacio, en el que se construyen aparcamientos, restaurantes, tiendas…

De forma paralela, se han ido incrementando las «externalizaciones» de servicios, tanto sanitarios como no sanitarios, lo que comporta vaciar de contenido estructuras públicas que funcionaban perfectamente, como servicios de laboratorios, radiología, informática o documentación. En el periodo 2003-2007, se han multiplicado los conciertos con entidades privadas, que han pasado de 531 a 936 millones de euros. Y en los últimos años, una población cercana a los dos millones de personas ha pasado a estar «cubierta» por hospitales privados con ánimo de lucro. Por otra parte, la planificación sanitaria y el concepto de salud pública están cayendo en el abandono, los controles se ven entorpecidos, debido a los diferentes regímenes jurídicos existentes en la red hospitalaria, y la participación social y de los propios trabajadores se diluye cada vez más.

Los hospitales construidos durante la primera legislatura han tardado en abrir sus puertas más de lo previsto, pero, a pesar de ello, las empresas adjudicatarias han cobrado desde el primer momento el canon establecido, unos 54 millones de euros al año. Una cantidad similar es lo que le habría costado al sector público la construcción de un hospital como el de Aranjuez. En 2008 se trasvasaron a la sanidad privada cerca de 139 millones de euros, lo que habría permitido, por ejemplo, contratar a 3.500 trabajadores durante un año.

Con la fórmula que se está implantando, la Administración pierde la titularidad de buena parte de las infraestructuras sanitarias y el control financiero, dado el trasvase de fondos públicos a manos privadas que se produce. También se le escapa la gestión de buena parte de los recursos humanos. Esta situación impide, cada vez más, la necesaria planificación sanitaria, como herramienta para redistribuir recursos en condiciones de accesibilidad, equidad y calidad, y para poder dar respuesta a las necesidades de salud de los madrileños.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, señala lo siguiente:

La red hospitalaria pública ha sufrido un deterioro significativo. Los nuevos centros, lejos de incrementar las camas y los profesionales, no han hecho más que cambiar su ubicación. Tal como se refleja en los datos oficiales, que muy probablemente están maquillados, el número de ingresos, consultas e intervenciones quirúrgicas por 1.000 habitantes no se ha incrementado en la región, y todo ello se ha conseguido a un precio exorbitante, beneficiando a intereses privados y no a la atención sanitaria. Los nuevos hospitales, pensados como minicentros, salvo el de Majadahonda, no reúnen las condiciones para garantizar una atención sanitaria de calidad, y aumentan la ineficiencia del sistema en su conjunto. Tres son las causas principales de este desbarajuste: una inversión sanitaria notablemente baja, un desmedido afán privatizador que deteriora intencionadamente la red pública para favorecer los negocios privados y, por fin, la más absoluta incompetencia de los responsables sanitarios, a los que les florecen el amiguismo, la colusión de intereses con lo privado, la improvisación y la falta de conocimientos¹ .

Los nuevos centros se han abierto sin realizar una sola contratación nueva. Se tiene que incorporar a ellos personal sanitario que ya está trabajando en el sistema público. Para facilitar ese trasvase, la Consejería de Sanidad aprueba unas disposiciones de reordenación de la plantilla que facilita el traslado de los trabajadores desde los hospitales tradicionales, de la red pública, a los recién construidos. El circuito es más amplio, pero las personas que se mueven en él son las mismas. Esto produce un tremendo desbarajuste e insólitos desequilibrios.

«Por ejemplo, en el Área 1 de Madrid, el Hospital Gregorio Marañón tiene 34 psiquiatras. Y en esa misma área, han abierto un hospital en Vallecas con 11 plazas de psiquiatra y otro en Arganda que tiene 7. Pues en éste sólo se han cubierto tres plazas. Nadie quiere ir allí», explica Alberto Fernández Liria, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Coordinador de Salud Mental del Área 3 de Madrid. «Lógicamente, ninguno de los que trabajan en el Gregorio Marañón quiere trasladarse a Vallecas o Arganda. Los que han llegado hasta allí estaban en Móstoles o en Navalcarnero. Así que no se ha reducido la acumulación de personal en sitios bien dotados.»

Esto ha provocado el caos total. Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, ha habido un momento en el que no había traumatólogos en el hospital de Alcalá de Henares para pasar las consultas externas. Solución: las consultas externas se mandan a la sanidad privada, porque los traumatólogos que quedan en la sanidad pública tienen que estar en los quirófanos. Los nuevos hospitales de gestión privada han cubierto sus plazas con médicos de los centros públicos, que se han quedado sin buena parte de su personal. En el caso de La Paz, se han ido el 40 por 100 de los médicos.

Sin embargo, sus nóminas siguen corriendo a cuenta de sus antiguos hospitales de origen. Es decir, trabajan para un centro privado, pero cobran de la sanidad pública.

Fernández Liria recuerda:

La presidenta de la Comunidad inauguró varias veces los hospitales construidos durante la pasada legislatura, primero durante la elecciones y otra vez inmediatamente después de constituirse el Gobierno autonómico actual. No hay ningún sitio del mundo donde a alguien se le haya ocurrido abrir varios hospitales a la vez. Es un disparate. No se puede hacer eso, no tienes suficiente gente con experiencia y provocas un movimiento de personal que desestabiliza el sistema. Pero muy probablemente esa desestabilización no sucede de forma accidental, sino que es el objetivo de Esperanza Aguirre. Si el sistema público empieza a funcionar mal, tiene otro argumento para potenciar que se desarrolle la sanidad privada.

A pesar de que existe una clamorosa necesidad de aumentar la plantilla de médicos de los hospitales públicos para cubrir las bajas de los que se están trasladando al sector privado, la Consejería de Sanidad no tiene previsto posibilitar la contratación de nuevos profesionales. Por primera vez en más de una década, no sólo se ha aplicado una congelación real de plantillas, sino que, a pesar de la apertura de ocho nuevos centros, se ha producido un descenso real del total de trabajadores del sector. Según UGT, desde 2004 hasta hoy la sanidad madrileña ha perdido 2.000 cotizantes² .

Por otra parte, ninguno de estos hospitales tiene capacidad para realizar sus propios análisis de sangre, de bioquímica, citología… Estos servicios son contratados a empresas privadas externas. Como muchos médicos no confían demasiado en los resultados que llegan por esa vía, en la práctica es frecuente mandar las muestras para analizar por duplicado, por una parte a la empresa externa responsable de ese servicio y, por otra, parte al laboratorio de su hospital público de procedencia, si todavía mantiene buenos contactos en él.

Entre los muchos despropósitos que se están produciendo como consecuencia del caos hospitalario generado, se puede citar el caso del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, donde un médico sustituto estaba suplantando a una de las ginecólogas titulares. El caso se conoce en noviembre de 2008, después de que se haya producido una desbandada de ginecólogas del centro a consecuencia de sus desacuerdos con la dirección³. Cuando se descubre el asunto, ya hace nueve días que la especialista suplantada no trabaja allí. Mientras, los servicios del nuevo hospital continúan atendiendo únicamente las urgencias. Las intervenciones de cirugía ginecológica y los partos programados se derivan a otros centros, fundamentalmente al Gregorio Marañón.

SE SUBASTA LA SANIDAD

Los hospitales que se van a edificar durante la segunda legislatura de Esperanza Aguirre son otros cuatro: Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, Móstoles y Carabanchel. Estos centros los construye una empresa privada, como los ocho anteriores y con un régimen de pago exactamente igual —la Administración contrae también el compromiso de alquilarlos durante treinta años—, pero en este caso el personal sanitario que va a atender a los pacientes también lo va a contratar la empresa concesionaria.

Para explicar las posibilidades de hacer negocio que proporciona la gestión de este tipo de hospitales, se celebra una fastuosa reunión en el centro de la capital, auspiciada por la propia Comunidad. «El dinero sigue al paciente», es la consigna que actúa como reclamo. 150 empresarios ávidos de hacer negocio con la salud de los madrileños acuden al lujoso hotel Ritz, el 23 de septiembre de 2008, para escuchar de boca del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y de otros altos cargos de su departamento cómo se desarrollará el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, que prevé la construcción de cuatro hospitales y la reforma de otros siete, que perderán entre un tercio y la mitad de sus camas.

El modelo de explotación de estos cuatro hospitales que piensa construir el Gobierno regional es uno de los platos fuertes de la reunión. Serán de gestión totalmente privada, según explica Elena de Mingo, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios.

En este caso, la empresa concesionaria se encargará de todos los servicios, incluida la asistencia sanitaria. Es el modelo que ya funciona en el hospital de Valdemoro, gestionado por la multinacional sueca Capio. Mientras, en la calle, alrededor de 1.500 manifestantes denuncian lo que califican como «subasta» de la sanidad madrileña.

Un mes después, el 28 de octubre, se repite el sarao. Esta vez en el hotel Holiday Inn Plaza, y asistir a la jornada, titulada «Servicios compartidos y externalizados en la gestión hospitalaria», cuesta 1.380 euros. La sesión la organiza Intereconomía Conferencias y está patrocinada por dos empresas: Indra y Ribera Salud. No participa Güemes, pero sí intervienen dos directores generales de Sanidad, Elena de Mingo y Carmen Navarro. Durante la nueva sesión se vuelven a ensalzar «las maravillas de la “externalización” frente al sistema tradicional»⁴ .

Ribera Salud es la empresa ganadora del concurso de concesión del laboratorio clínico central de seis de los nuevos hospitales y estarán a su cargo los análisis clínicos de más de un millón de madrileños durante ocho años. Esta sociedad (propiedad de la CAM y de Bancaixa al 50 por 100) gestiona el hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia), pionero de los centros públicos de gestión privada. En la misma UTE que resultó adjudicataria del hospital valenciano está también la aseguradora Adeslas, de la que fue director médico el actual director de hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña, Antonio Bargueño.

«La diferencia, ahora, es que también el personal sanitario va a depender de las empresas que han construido el hospital», explica Alberto Fernández Liria. «Eso quiere decir que a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud que están trabajando actualmente en esas áreas hay que quitarlos de ahí, y que los edificios que en este momento son propiedad del sistema público pasan a depender de estas empresas. Esto se puede llevar a los tribunales, porque así se está enajenando patrimonio público de la Seguridad Social, que lo han pagado los ciudadanos con sus cuotas.»

Con el criterio de extraer el máximo beneficio, las empresas adjudicatarias de los nuevos hospitales ponen al frente de estos centros a gerentes y directores médicos más preocupados del balance de resultados que de los indicadores de salud. Con semejante enfoque, la atención sanitaria se dirige a la mera asistencia médica, incentivada convenientemente por la presión de la industria farmacéutica y la de tecnología médica. Desaparecen, por no ser rentable a corto plazo, la promoción de la salud y las medidas de prevención de la enfermedad. Es la mercantilización de la sanidad.

Si se cumplen los planes de la Consejería encabezada por Lucía Figar y se implanta «el Área Única» de Salud, en enero de 2010 quedará instaurado el mercado interno, que llevará aparejado presupuestos «capitativos» por hospital y «facturación intercentros», y se establecerá la competencia entre hospitales para captar «clientes». También habrá incentivos para los profesionales más demandados por los usuarios. Es decir, un mercado basado en la competencia entre centros sanitarios «públicos» (los que pagamos entre todos) y «privados» (los que pagamos entre todos y dan beneficios a particulares). La búsqueda del máximo beneficio tiene un efecto inmediato sobre el sistema sanitario: la lucha empresarial por los usuarios «rentables» y el rechazo de los «no rentables».

Fernández Liria señala lo siguiente:

Sobre eso se aprendió mucho en Inglaterra durante el mandato de Margaret Thatcher. Por ejemplo, era muy bueno competir por los pacientes con cataratas, porque en ese caso, si tienes la tecnología adecuada, coges a la gente, entra por una puerta, la operas y la mandas a su casa, con unas gafas de sol. Pero competir por un paciente esquizofrénico no tiene sentido. Hacerlo por un trasplante de cara, que es portada de los periódicos, puede ser interesante. Pero, por ejemplo, cuidar pacientes con sida tampoco tiene ninguna gracia. Lo que ha ocurrido en los lugares donde se ha aplicado este tipo de sistemas es que ha habido enfermos por los que las empresas han competido, y ha sido necesario subvencionar otros tratamientos, porque, si no los pagabas aparte, nadie se iba a querer hacer cargo de ellos. Ahí entra todo lo que no es rentable ni da prestigio.

Y continúa:

La idea de acabar con la territorialización supone que, si un paciente se quiere operar de cataratas en Navalcarnero y vive en Alcalá, no pasa nada. Se va a Navalcarnero, se opera y ya está. Pero si un paciente esquizofrénico me dice que se va a Navalcarnero y luego no va, porque no quiere tratarse, porque en realidad lo que él piensa es que no tiene ninguna enfermedad mental, sino que le persiguen los marcianos, entonces yo ya no puedo hacerme cargo de ese paciente. Ahora, si no viene a verme al hospital, voy a su casa a buscarle, porque, claro, es un trastorno crónico que hay que seguir. Esto es un retroceso brutal que ya ha empezado a darse.

En Madrid, la atención hospitalaria ha empeorado de forma alarmante, y los más conscientes de esa situación son los propios profesionales de la sanidad. Desde hace años, no se invierte en la modernización de los hospitales públicos y el índice de especialistas por habitantes ha disminuido de forma notable. Se está provocando un enorme deterioro de la sanidad pública. Por supuesto que hacen falta más centros hospitalarios en Madrid y, sobre todo, profesionales. Pero se están construyendo nuevos hospitales sin contratar más personal, con lo cual esos centros no han podido empezar a funcionar a pleno rendimiento, y los antiguos lo hacen peor, porque ha habido trabajadores que se han ido de ellos. Y ya estaban justitos de plantilla. Además, la estructura en la que cada uno sabía cuál era su responsabilidad se ha desdibujado notablemente. Ahora, las empresas que han construido los nuevos centros sólo piensan en qué se va a buscar para competir con los otros y cómo van a conseguir eso de que «el dinero que sigue a los pacientes llegue a tu hospital».

Los enfermos se convierten en vehículos de un dinero que, además, no se sabe cómo se va a calcular. Para que eso pudiera funcionar, habría que saber cuánto cuesta una consulta determinada, y eso no se conoce ahora mismo. El hospital tiene calculado cuánto paga de limpieza, cuánto de comida… Pero atribuir el porcentaje que le toca a la consulta que se está pasando en el despacho 323, eso no hay forma de hacerlo con el sistema que existe actualmente.

Ni siquiera los grandes hospitales tradicionales se libran de la ola privatizadora de la sanidad madrileña. La Consejería de Sanidad va a ceder la gestión de los servicios no sanitarios del Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre a las empresas que ganen la concesión para gestionar su reforma integral. Eso supone que perderán entre un tercio y la mitad de sus camas. Ahora se han empezado a elaborar los planes funcionales de los hospitales antiguos, que suponen que se van a hacer grandes obras. Por ejemplo, el 12 de Octubre se va a construir prácticamente nuevo. Eso es lo que quieren hacer también en el Gregorio Marañón y en el Clínico. Se ha convertido el sector sanitario en el lugar donde se va a seguir manteniendo el trabajo de las grandes empresas constructoras.

Otro intencionado despropósito es que las empresas privadas a las que se concede el concurso de reforma de cada centro elaboran también los objetivos a cumplir. Definen el «modelo de hospital», el «dimensionamiento», los «espacios», el «plan funcional de actividades» e incluso determinan «las necesidades de recursos humanos y servicios de soporte». Además, se les pide «definir detalladamente los ritmos de la futura reforma», cuando todo ello debería ser competencia de una minuciosa planificación y elaboración por parte del personal de la Consejería de Sanidad para su posterior debate en la Asamblea. Evidentemente, después de adjudicar las reformas de los hospitales a determinadas empresas privadas, éstas se encontrarán en condiciones de explotar servicios, áreas y unidades de los hospitales reformados.

Semejante burla a los madrileños la permite, una vez más, la Ley de Acompañamiento por la que se dota de poder al Gobierno de la Comunidad de Madrid para eludir el control del Parlamento regional. Ese mismo truco es el que va a permitir también que no se aplique la Ley de Incompatibilidades al personal sanitario de la Comunidad, lo que nos devolverá a viejos tiempos en los que los profesionales sanitarios compatibilizaban varios puestos en la sanidad pública. Y eso acarrea el conocido problema de incumplimiento de horarios y de merma de la calidad asistencial. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, lo tiene claro y asegura que dará «todas las facilidades para compatibilizar el trabajo en el sector público y en el privado. Hablar de incompatibilidades es un discurso de antes de la caída del muro de Berlín».

«GÜEMES, TU SUEGRO SE LLAMA FABRA»

Durante gran parte del tiempo que lleva al frente de la Consejería de Sanidad, Güemes ha estado esperando que lo llamasen para mucho más altas responsabilidades, las que cree que le corresponden. Pero es un ratista y su jefe de filas no se ha decidido a pegar el tirón. Desde que asumió su nuevo cargo, cada visita del consejero a un hospital madrileño se ha convertido en una bronca monumental. Especialmente conflictiva es su llegada, el 1 de octubre de 2008, al Hospital Clínico de San Carlos. Mientras presenta una nueva técnica para el tratamiento de las arritmias, varios centenares de trabajadores se agolpan a las puertas del salón de actos pidiendo su dimisión. Reivindican la sanidad pública y le recuerdan: «Güemes, tu suegro se llama Fabra». Finalmente, la Policía Nacional interviene de forma brutal y detiene a varios de los manifestantes.

Un comunicado de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública señala:

Lo sucedido en el Hospital Clínico es el comienzo de una escalada represiva que pretende justificarse criminalizando las protestas, como demuestra el anuncio de que la fiscalía investigará «de oficio»… a los apaleados. Los trabajadores de este centro, como los de otros hospitales, están ejerciendo el deber cívico de expresar su protesta y resistencia ante la liquidación, por parte de la Consejería de Sanidad, de una conquista histórica como es la sanidad pública.

Además, el comunicado denuncia «los despidos de 10.000 trabajadores temporales como consecuencia de la aplicación de las Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos del 31 de julio de 2008: el anunciado cierre de cerca de 3.000 camas de los grandes hospitales públicos, “jibarizados” para facilitar su gestión por empresas privadas».

Una de las ofensivas más terribles contra la sanidad pública madrileña lanzada desde el Gobierno de Esperanza Aguirre se inicia el 3 de marzo de 2005, cuando Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ordena que la inspección médica investigue una denuncia anónima que acusa a los médicos del Hospital Severo Ochoa de Leganés de haber cometido 400 homicidios con sedaciones terminales a pacientes no graves. Tras estudiar 339 historias, los investigadores sólo encuentran incidencias en 25 casos. Lamela remite la documentación a la Fiscalía de Madrid y destituye a Luis Montes, coordinador del servicio de Urgencias.

La Fiscalía descarta 12 casos y remite los otros 13 a la Clínica Médico Forense. Paralelamente, el consejero selecciona un nuevo grupo de expertos, la llamada «Comisión Lamela», para que investigue 169 historias clínicas. Los hombres del consejero concluyen que existen 73 casos de mala praxis y consideran que, en veinte de ellos, la consecuencia ha sido la muerte de los pacientes. La Clínica Médico Forense señala que no existen indicios de mala praxis ni delito y, por su parte, los peritos del Colegio de Médicos de Madrid reducen a 34 las sedaciones irregulares, pero afirman que no es posible afirmar que hayan causado la muerte de los pacientes y evitan hablar de mala praxis. Finalmente, el 22 de junio de 2007 el caso es sobreseído por el juzgado de instrucción número 7 de Leganés, cuyo titular es Rafael Rosel, «al no resultar debidamente justificada la perpetración de delito». El juez también considera que no hay «elementos para responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes tras las sedaciones». Y añade: «por más confusión que se haya querido generar por parte de algunos». Todo el proceso va acompañado de una brutal campaña de desprestigio contra los médicos del Hospital Severo Ochoa implicados en el caso desde Telemadrid y los medios afines a Esperanza Aguirre. El 26 de mayo de 2005, la locutora de la cadena COPE Cristina López Schlichting abre su editorial de la tarde con enorme rigor informativo: «Al menos cuatro personas han sido asesinadas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés por la vía de la sedación irregular […]. No nos confundamos, no confundamos esto con el asesinato de personas a las que un médico supuestamente progre considera indignas de seguir viviendo».

«Lamela ha conseguido que la gente muera peor que antes», declara el doctor Montes al conocer el sobreseimiento del caso. «Morir sin dolor es un derecho ciudadano.» Después de casi tres años de acoso, no se le devuelve el cargo del que fue cesado por el consejero de Sanidad; ahora es un anestesista más del hospital. El día que se incorpora a su puesto de trabajo, Montes declara: «Ahora empieza el segundo tiempo del partido: recuperar el buen nombre del centro y de sus médicos y rehabilitar la muerte sin dolor». Cuando Lamela abandona el cargo, lo sustituye el actual consejero, Juan José Güemes. Por los servicios prestados a la causa, Esperanza Aguirre recompensa al inquisidor con un puesto de consejero en Cibeles, una de las sociedades de Caja Madrid.

ESPERANDO QUE DIMITA

«Me comprometí y me sigo comprometiendo a que no suba más de un mes el tiempo que tenga que esperar un madrileño para ser operado. Dimitiré de presidenta si en dos años no acabo con las listas de espera quirúrgicas», declara Esperanza Aguirre en octubre de 2003, tras ganar las elecciones provocadas por el «tamayazo».

Marciano Sánchez Bayle afirma:

En Madrid, las listas de espera quirúrgica están sometidas a una intolerable manipulación por la que los enfermos aguardan a entrar en ellas (de ser vistos por el anestesista, que es cuando se comienza el cómputo oficial) más tiempo del que permanecen en las estadísticas oficiales, motivo éste que le ha valido a Madrid el dudoso honor de ser la única comunidad expulsada de las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad. Y lo mismo sucede con las listas de los especialistas, en las que un ciudadano puede esperar 131 días para la primera consulta en uno de los flamantes nuevos hospitales, a pesar de que se recomienda una demora máxima de 15 días, según el Ministerio de Sanidad, y de 40 según la propia Comunidad. Y todo ello sin hablar de las esperas para resultados o consultas sucesivas, que superan fácilmente los 200 días⁵ .

Juan David Cano, un paciente del barrio de Vallecas, denuncia⁶ que él firmó un documento, como todos los madrileños que se tienen que operar, en el que el Hospital Infanta Leonor se comprometía a llamarle para pasar por el quirófano antes de un mes, de acuerdo con la promesa estrella de Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2003. Unos días después le dijeron que, para que se pudiera cumplir el plazo establecido, tenía que elegir otro centro. Entre Santa Cristina y la Cruz Roja, prefirió el primero. Una vez allí, le volvieron a diagnosticar lo mismo que la vez anterior y le dieron a firmar la misma hoja: treinta días más.

Pero existen otros trucos para maquillar las estadísticas. El primero, que no hay una lista de espera única, sino tres: la oficial, la de los que aguardan visita con el anestesista y la de los que rechazan ser derivados a la sanidad privada. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, que corresponden al 31 de diciembre de 2008, el número total de pacientes pendientes de entrar en el quirófano es de 48.825. Pero sólo un tercio de ellos (15.997) están en la lista de espera oficial. Al resto no les queda más remedio que seguir esperando. Algunos hasta un año. Actualmente, la cifra de pacientes que aguardan para ser operados es la peor desde que la Comunidad puso en marcha el Plan Integral para la Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica, en 2004.

Ésa ha sido la tónica desde la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya en noviembre de 2006, los datos oficiales de la Consejería de Sanidad provocaban 23.000 «desaparecidos» en las listas de espera. Además, la realidad es que los pacientes que sí aparecen en la «oficial» tampoco son operados en un plazo máximo de treinta días, sino de sesenta. La normativa nacional establece que la espera debe empezar a contarse desde el momento en que el médico prescribe la operación. La Consejería de Sanidad de Esperanza Aguirre, en cambio, se da un primer plazo para que el enfermo acuda al anestesista y luego otros treinta días para entrar en quirófano. Como señalaba Marciano Sánchez Bayle, este «artificio contable», según el Ministerio de Sanidad, le cuesta a Madrid la expulsión del cómputo nacional de listas de espera por el Consejo Interterritorial de Sanidad, organismo en el que el ministerio y las comunidades autónomas coordinan su política sanitaria.

Los indicadores que reflejan la situación sanitaria en España no dejan lugar a dudas: la Comunidad de Madrid es la que menos porcentaje del PIB destina a sanidad: un 3,55 por 100, frente a un 5,05 por 100 de media del Estado en el año 2005, según los últimos datos de gasto sanitario consolidado del MSC. La región está también entre las últimas en gasto per cápita: 1.143,4 euros frente a 1.312,66 de media de las comunidades autónomas en el año 2008. Además, es la que menos recursos dedica a la Atención Primaria (AP) durante los últimos años: pasó de destinar, en 2005, un 15,3 por 100 del total del gasto sanitario, a un 10,7 por 100 en 2008. Y para 2009 se mantiene la misma tendencia de insuficiencia presupuestaria, con un escaso aumento del 2,7 por 100 (un 0,13 por 100 en AP).

A pesar de la apertura de los nuevos hospitales, el número de camas en funcionamiento no deja de disminuir, y actualmente está en los últimos lugares del Estado, con 3,41 camas por mil habitantes (Catálogo de Hospitales 2007, MSC), de las cuales 2,2 eran públicas, según la Memoria 2006 del Servicio Madrileño de Salud, cifras que bajan hasta 0,85 para las poblaciones cubiertas por los nuevos hospitales. Desde 1998 se han destruido en la Comunidad de Madrid en torno al 25 por 100 de las camas totales y más de un 30 por 100 de las públicas por 1.000 habitantes, a pesar del incremento en los últimos años de la demanda de hospitalización (6,5 por 100) y del uso de las urgencias (17,4 por 100), lo que se traduce en un aumento innecesario de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, en la imposibilidad de hospitalizar enfermos —es habitual su aparcamiento en los pasillos—, en colapsos cíclicos de servicios estratégicos como urgencias u oncología, y en la aparición de demoras incluso para obtener cita en los centros de salud.

La privatización de la asistencia primaria constituye un complemento fundamental de la operación de Esperanza Aguirre destinada a hundir la sanidad pública. El médico «de cabecera» tiene un papel básico en cómo se dirige la demanda sanitaria. La clave para manejar el flujo de pacientes, si luego se va a cobrar por acto asistencial, es contar con médicos de asistencia primaria afines. Lo que les interesa a las empresas que se hacen cargo de los nuevos hospitales es controlarlos estrechamente. Los pacientes que son rentables, para nosotros; el resto se deriva por otro canal. Si un médico de confianza de la empresa encamina con ese criterio los flujos de pacientes, gran parte de la situación está resuelta.

«AGUIRRE PRIVATIZA, EL PSOE AUTORIZA»

El interés por la privatización de los servicios públicos estriba en que representan un gran volumen de fondos de todos los ciudadanos que pueden transferirse a manos privadas. Según el informe de Eurostat sobre Población y Condiciones Sociales de 2006, los gastos en servicios sociales suponen el 28 por 100 del PIB, como media de los países de la Unión Europea (para España un 19,7 por 100). Y genera el 70 por 100 de todo el empleo de la UE.

La situación actual de la sanidad en el Estado español es reflejo de las transformaciones que han sufrido la mayoría de los servicios públicos sanitarios durante los últimos veinte años, pero aquí tiene características propias. En los años ochenta se implanta el Sistema Nacional de Salud (SNS), un servicio público que supone un enorme avance. Consolida un sistema sanitario que, al estar financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado, supone una cierta redistribución de la riqueza, una atención universal y gratuita. Además, se realiza con una concepción integral de la salud, haciendo pivotar todo el sistema en torno a la prevención de la enfermedad. También se da un salto cualitativo con la reforma del primer nivel asistencial y la aparición de los centros de salud, en los que comienzan a trabajar los equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, cuya labor supone un incremento de la calidad asistencial.

Sin embargo, con una rapidez inusitada, hacia finales de los años ochenta comienzan a levantarse voces críticas contra la «burocracia», la «rigidez» y el supuesto incremento desmesurado del gasto que se produce con el nuevo SNS. En el año 1991, una comisión parlamentaria, fruto de una proposición no de ley del CDS —a cuya cabeza se coloca a Fernando Abril Martorell—, concluye que se necesitan cambios en el sistema sanitario público que se acaba de implantar. Se recomienda separar las funciones de financiación y compra de las de gestión y provisión de servicios. Contempla también la necesidad del copago para algunas prestaciones y fármacos. En definitiva, aboga por la competencia entre proveedores y por abrir al mercado un sector que mueve importantes cantidades de fondos públicos.

Este hecho marca las reformas que van llegando a continuación. Mediante la venerada «externalización» se comienza a subcontratar desde la limpieza, el mantenimiento o la lavandería hasta las pruebas diagnósticas y la seguridad. También se empiezan a firmar conciertos con centros privados para la asistencia quirúrgica, lo que posibilitaba eludir inversiones en infraestructuras que se van haciendo cada vez más necesarias y, en cambio, gastar fondos públicos en pagar a entidades privadas.

El proceso de preparación para la privatización de la sanidad, anterior a las transferencias en este ámbito a las comunidades autónomas, lo ejecuta el Gobierno del PSOE. Como planteaba el Informe Abril Martorell, se cambia la gestión económica y organizativa, para identificar el coste por proceso —el gasto por cada actividad sanitaria—, de forma que pueda ser vendido a la empresa privada. Y los mecanismos de control de calidad nunca se aplican. La clave de todo el proceso de privatización es la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de la asistencia sanitaria. Esta ley, piedra angular de la privatización sanitaria, la plantea el PP ante el Congreso de los Diputados en 1997, cuando gobierna en minoría, y obtiene el voto favorable del PSOE y de las derechas nacionalistas. Sólo se oponen a ella IU y el BNG.

Posteriormente, también en el año 1997, un decreto sobre Nuevas Formas de Gestión permite que los centros asistenciales puedan estar administrados o gestionados, directa o indirectamente, por cualquier entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho. Este decreto —al que, nuevamente, sólo se oponen en el Parlamente el BNG e IU— abre, de forma definitiva, las puertas para que la asistencia sanitaria la pueda prestar cualquier entidad sujeta al Derecho mercantil, y empiezan a aparecer en el sector empresas privadas, fundaciones sanitarias…

Éste es el marco que facilita a Esperanza Aguirre su tarea de desmantelamiento de la sanidad pública madrileña. También quiere privatizar Telemadrid, pero para hacerlo necesitaría una ley estatal que se lo permitiese. Sin embargo, en la sanidad sí existe esa normativa. La Ley 15/97 propicia que empresas privadas se hagan, con ánimo de lucro, con la explotación de todos los hospitales y centros sanitarios públicos y los conviertan en fuente de negocio privado.

Capítulo X

LA ESCUELA DESCONCERTADA

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar (a la izquierda), acompañada de su viceconsejera, Alicia Delibes, la ideóloga de la operación de desmantelamiento de la escuela pública en la región. La ex anarquista Delibes está casada con el jefe de Gabinete de Esperanza Aguirre, Regino García-Badell.

«Tenemos, de verdad, que hacer una revolución en nuestro sistema educativo, pero sobre todo, tenemos que dar una educación de calidad.» Esperanza Aguirre

Todos los servicios públicos son susceptibles de ser convertidos en negocio particular. Y la educación, por supuesto, no se escapa del afán privatizador del Gobierno de Esperanza Aguirre. La estrategia consiste en beneficiar, cada vez más, a la escuela concertada y dejar que se descomponga el sistema público, manteniéndolo desasistido presupuestariamente, bajando los costes hasta asfixiarlo y «externalizando» todos los servicios posibles.

Hoy, en la Comunidad de Madrid, está concertada el 75 por 100 de la enseñanza obligatoria, más del 50 por 100 de la educación infantil, el 50 por 100 de la formación profesional reglada y el 20 por 100 de los bachilleratos que se imparten en centros de titularidad privada. La práctica totalidad de la formación ocupacional se encuentra en manos de la patronal, los sindicatos mayoritarios y las administraciones públicas municipales y autonómicas. Pero la patronal y los sindicatos subcontratan gran parte de esa formación a empresas privadas, y las administraciones la desvían a manos privadas, a través de fundaciones o patronatos.

El origen remoto de los conciertos educativos, de los acuerdos con los centros privados para que reciban dinero del Estado, se sitúa en la época del desarrollismo franquista. A finales de los años cincuenta y, sobre todo, durante la década de los sesenta, tras la gran inmigración del campo a la ciudad, que desborda todas las expectativas, la oferta pública de enseñanza en las grandes capitales no llega a todos. Proliferan entonces colegios privados de todo tipo, algunos de ellos con unas instalaciones penosas. Y llega un momento en que el Gobierno quiere poner orden en eso. Con los Ejecutivos de UCD ya se empieza a dar dinero público a estos centros, y más adelante, cuando el PSOE alcanza el poder, con José María Maravall como primer ministro de Educación de Felipe González, se inventan los conciertos educativos. Se permite que continúen su actividad los colegios privados que tienen mejores infraestructuras y se les empieza a subvencionar. Además, se les permite el cobro de cuotas extras, práctica que se ha incrementado en la actualidad. Siempre se ha dicho que son voluntarias, pero, evidentemente, resultan obligatorias.

El PSOE legitima los conciertos educativos, y ésa es la cobertura que se encuentra Esperanza Aguirre cuando llega a la presidencia del Gobierno regional e inicia su ofensiva contra la enseñanza pública. Lo cierto es que los socialistas tampoco han hablado nunca de tocar los conciertos educativos y también son partidarios de adelgazar el sector público. Al menos, ése era su discurso hasta hace cuatro días, cuando muchos pensaban que el mercado lo regulaba todo.

Lo que está haciendo ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid en este terreno constituye una enorme agresión contra la enseñanza pública y es, además, un tremendo engaño. Durante su primer mandato, pone de consejero de Educación a Luis Peral, que había coincidido con ella en el Ayuntamiento de Madrid, en la Junta Municipal de Villa-verde. Y Peral llega con la intención de «equilibrar las redes», es decir, incentivar la creación de colegios privados. En las reuniones bilaterales que mantiene con los representantes sindicales, cuando ya lleva más de cuarenta parcelas cedidas a colegios privados, explica así su tarea: «Yo estoy puesto aquí por Esperanza Aguirre para hacer cumplir la Constitución. Los padres tienen que tener el derecho a elegir el centro que quieran, así que hay que darles oferta de público y de privado».

Y el equilibrio consiste en que, desde el año 2003, se han cedido 65 parcelas de la Administración pública para centros concertados. Este hecho supone que la enseñanza privada subvencionada por la Administración tiene ahora entre 80.000 y 90.000 plazas más que cuando se inició la era Aguirre. Como en otros ámbitos, la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un oscuro secretismo también en este terreno. Tiene dadas instrucciones de que «se preparen» los datos que hay que ofrecer a los diputados de la Asamblea de Madrid en relación con los privilegios concedidos a la escuela privada, si sus señorías se empecinan en pedirlos, pero las cifras reales van por otro lado. En la mayoría de los casos, las cesiones de suelo público para colegios concertados se hacen por un plazo de 75 años y a un precio irrisorio. El promedio de contraprestación económica de las licitaciones está en 0,035 euros por metro cuadrado al mes. Es decir, 100 metros cuadrados se alquilarían por 3,5 euros mensuales. Si al centro concertado el precio le parece excesivo y le supone demasiado gasto, se le concede otro premio: un periodo de exención de cuatro años. En definitiva, un increíble trato de favor y un auténtico despilfarro del patrimonio público.

La cesión de parcelas está siendo un instrumento básico para la privatización de la enseñanza. Otro es la llamada «gestión indirecta». Gracias a este mecanismo, se conceden los servicios educativos públicos, de educación infantil, educación de adultos, formación profesional o escuelas municipales de música, a empresas privadas, cooperativas, fundaciones… Esta fórmula está adquiriendo grandes proporciones en el periodo educativo de 0-3 años. En estos casos, el edificio es público y la gestión, privada. Actualmente, la inmensa mayoría de los centros que atienden esa etapa escolar funcionan así. Durante el mandato de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid ha dejado de hacerse cargo de la gestión de nuevas escuelas infantiles.

Este curso, 35.000 familias madrileñas se han quedado sin plaza pública en centros infantiles. Así se entiende que la tasa neta de escolarización en Madrid en alumnos de menos de tres años se haya reducido cinco puntos entre los cursos 2001-2002 y 2005-2006. En la región madrileña había una red de escuelas infantiles integrada por centros de la Comunidad de Madrid, algunos provenientes de la antigua Diputación y otros de titularidad municipal. Esta red pública se ha desmantelado. En la actualidad, ya sólo una minoría de estas escuelas es de propiedad pública y gestión pública. El resto, está en manos de empresas privadas, que se agrupan en la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (AMEIGI). Sus trabajadores están sometidos a un convenio leonino, cobran un salario mensual de 800 euros, sensiblemente menor que el de los profesionales de las escuelas públicas. El Gobierno de Esperanza Aguirre no ha construido ni una sola escuela infantil de gestión directa, es decir, aquellas cuyo personal está contratado directamente por la Administración y no depende de una concesión a una entidad privada.

El llamado Decreto Aguirre sobre escuelas públicas (Decreto 18/2008) supone un empujón enorme a este proceso degenerativo. Proporciona el marco legal definitivo para abrir el mercado de la educación infantil, en la misma línea que en otras etapas educativas y en otros servicios públicos, como la sanidad. Los aspectos más relevantes de este decreto son un incremento notable de ratios (número de niños y niñas por aula), recorte del número de profesionales de cada centro y devaluación de su formación. También se permite la reducción o desaparición de los espacios al aire libre dentro de la escuela. Se rebajan las exigencias mínimas hasta límites insospechados, lo que precariza enormemente el servicio.

Además, se hace posible la utilización de las escuelas para fines mercantiles. Todas estas reformas en la red de escuelas públicas de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 29.000 alumnos matriculados, van acompañadas de una importante subida (60,24 por 100) en las cuotas que pagan las familias con menos ingresos. Antes, los padres con rentas más bajas no pagaban nada, y a partir de este curso deben abonar 45 euros mensuales, 500 al año. El cambio en el sistema de tarifas aprobado por la Consejería de Educación beneficia a quienes disfrutan de mayores ingresos. A la vez, se paraliza la inversión en el mantenimiento y la creación de centros públicos. Estas medidas pueden tener graves consecuencias para los niños con necesidades educativas especiales.

Los problemas de la educación infantil en la Comunidad madrileña son el paradigma de lo que está sucediendo en el ámbito general de la educación: ante la escasez del dinero presupuestado para construir nuevos centros que satisfagan el incremento de la demanda, el Gobierno regional concibe el cheque-guardería, que financia una parte del coste de las guarderías privadas. Y al necesitar más guarderías para ubicar en ellas la demanda insatisfecha de las escuelas infantiles públicas, rebaja los requisitos mínimos, de forma que se puede legalizar lo que se ha llamado «garajes aparcaniños», guarderías sin patio, sin personal convenientemente titulado… El resultado es un deterioro gravísimo de la calidad de la educación infantil, tanto en el aspecto pedagógico como en el ámbito de la seguridad y la salud de los escolares.

LAS CUOTAS «VOLUNTARIAS»

Desde la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el objetivo del Gobierno regional ha sido conceder subvenciones públicas a todos los centros de educación infantil que las solicitaran. Terminada la concertación de esa etapa de escolarización no obligatoria, la misma actuación se está trasladando al bachillerato: la Consejería de Educación pretende que, durante los próximos años, estén subvencionados todos los colegios privados que lo pidan. Quizás la actual crisis económica retrase algo este proceso. Con los presupuestos dedicados a esta ampliación de subvenciones se podrían construir y dotar numerosos centros públicos en los barrios donde se están asentando las familias jóvenes de la región madrileña.

Carlos Sanz, miembro de la Secretaría del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), señala:

Lo que hay que hacer para que tanto el alumno rico como el pobre puedan ir a la escuela concertada es poner coto a las cuotas extra que se cobran. Por ejemplo, el colegio Calasancio, que está en la calle de Conde de Peñalver, viene a cobrar unos 80 euros mensuales por cada alumno. El Gredos-San Diego, que tiene en Madrid unos cuantos centros y también ha accedido a parcelas públicas en el Ensache de Vallecas, cobra más de cien euros por estudiante matriculado. ¿Qué concepto engloba eso? El de porque sí. Eso supone que están seleccionando a los alumnos por capacidad económica. Así dejamos que la escuela pública sea la única que reciba a todo el mundo, sobre todo lo que no quiere la concertada. Si eso aumenta, la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid quedará como algo residual y subsidiario de la escuela privada concertada.

Ahora, en los Planes de Actuación Urbanistica (PAU) de los nuevos barrios, primero se edifican las viviendas y detrás van los servicios, a diferencia de lo que se venía haciendo en épocas anteriores: entonces se construían los colegios públicos y los equipamientos antes que las casas. De ese modo, la Administración de Esperanza Aguirre sólo tiene que dejarse llevar un poco por las inercias y manejar los plazos para retrasar la construcción de colegios públicos. Los centros privados llegan antes y, además, ocupan las parcelas públicas que les va cediendo el Gobierno regional.

Faltan construcciones escolares para centros públicos de educación infantil, primaria, secundaria y FP en los nuevos barrios de expansión de la capital surgidos durante los últimos años y en los municipios que están experimentando un notable crecimiento urbano. Se retrasa la construcción de este tipo de colegios a la vez que se adelanta la de los privados, a los que se les garantizan los conciertos educativos. Así, el riesgo para las empresas es nulo: disfrutan de subvención con dinero de todos y alumnos garantizados por falta de centros públicos alternativos.

Cuando comienzan a asentarse las familias en el barrio, la carencia de plazas públicas lleva a los padres a dirigirse al centro privado recién construido. Luego, cuando se inaugura, por fin, un colegio público, suelen preferir la continuidad de sus hijos en el privado, para evitar los trastornos e incertidumbres que conlleva un cambio a otro centro que, con frecuencia, comienza su actividad de forma precaria, sin que las obras estén completamente finalizadas, con la plantilla de profesores incompleta…, si no ha tenido que iniciar las clases en barracones provisionales.

De esta forma, el centro público recoge, desde que abre sus puertas, a los alumnos que no han pasado el filtro de los colegios privados: los hijos de familias que habitan las viviendas sociales —que suelen entregarse después de las de precio libre— y los emigrantes que se van incorporando al barrio. Con esta composición social, el colegio público adquiere una imagen de «centro de pobres». Ya no es necesario mover un solo dedo para que los padres que van llegando a la zona prefieran, sin vacilación, la enseñanza privada. En 2006, el 77,6 por 100 del alumnado inmigrante de la capital se concentraba en centros públicos. Y la Comunidad de Madrid es la que presenta un porcentaje más alto de crecimiento de colegios concertados.

«En el nuevo barrio de Sanchinarro, por ejemplo, primero hacen un montón de casas y la gente se vuelve loca para llevar a los chicos a un sitio u otro», explica Carlos Sanz. Y continúa:

A duras penas, la Administración construye un centro público, que llega después de los que ya están en funcionamiento: el colegio privado El Valle, sucursal del que hay en Vicálvaro, y el colegio Valdefuentes, también concertado. Luego, en el centro público Adolfo Suárez, que es el único que hay en Sanchinarro, ponen autobuses que recogen a los alumnos de las barriadas periféricas y meten ahí una auténtica bomba. Así que la gente dice: yo me llevo a mis hijos de aquí.

Pero veremos cómo termina el año, qué datos arroja este periodo de escolarización. Es previsible que la crisis apriete a muchas familias. Se aprecia ya mayor demanda de enseñanza pública, porque, claro, el padre que se ha quedado en el paro —uno o los dos miembros de la pareja— y tiene que pagar cien euros extras por cada chaval en un centro concertado, no se lo puede permitir ya. Esa situación se está empezando a dar. El problema es la falta de plazas en los colegios públicos.

Los ayuntamientos son los encargados de ceder el terreno a la Administración educativa para que se construyan los centros. Ellos hacen los desarrollos urbanísticos y se encargan de garantizar que se realicen las reservas de suelo pertinentes, mediante las juntas de compensación. Pero, después, Esperanza Aguirre, en lugar de construir una escuela pública, le cede la parcela destinada a la construcción de un centro escolar a una empresa privada. Es prácticamente un regalo: contratos a 70 años con unos pagos ridículos, como ya hemos visto, o en algunos casos, ventas a precios irrisorios. La empresa privada construye el centro y la Comunidad de Madrid se lo concierta desde el primer momento. Es decir, el colegio nace ya concertado. Negocio redondo. Y, además, como se permite el cobro de cuotas extra, se selecciona a los alumnos. Aguirre considera que las familias que llevan a sus hijos a estos centros son sus hipotéticos votantes.

En la Comunidad de Madrid, durante el curso 2006-2007, el número de alumnos de Primaria y ESO matriculados en los centros de enseñanza privada ya fue superior al de los centros de la enseñanza pública. Y desde entonces la proporción sigue creciendo a favor de esos colegios. En la ciudad de Madrid, de cada 10 alumnos de 1.ºde ESO, 8 están en la privada y 2 en la pública. En el resto de las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas también por el PP, 7 de cada 10 niños escolarizados van a centros públicos.

Además, se entrega a empresas privadas la gestión de todos los servicios complementarios que hay en torno a la enseñanza pública: los comedores escolares, el transporte escolar, las actividades deportivas y extraescolares. La llamada «externalización» se hace, en muchos casos, con presupuestos sobredimensionados. Y se está machacando la formación profesional por la vía de dar validez, prácticamente, a cualquier cosa. La obtención de un título de FP se puede conseguir en una academia privada o a través de la propia Comunidad de Madrid, que hace una oferta de cursos para adquirir especialidades en desleal competencia con los propios centros de FP.

Está demostrado que, al aumentar la red concertada, se incrementa al mismo tiempo la segregación del alumnado con dificultades de aprendizaje. Las razones son diversas (desfase curricular, situación de desventaja económica…) e inciden, sobre todo, en la población emigrante y en minorías étnicas, cuya escolarización, salvo algunas excepciones, se realiza fundamentalmente en los centros de titularidad pública. Durante los últimos años, el porcentaje de emigrantes matriculados en la escuela concertada no ha dejado de bajar. La segregación económica y social en centros financiados con fondos públicos es extrema en muchos casos.

DETERIORAR PARA PRIVATIZAR

Hay una táctica que se emplea con todo los servicios públicos: permitir y fomentar que se deterioren y luego decirle al ciudadano que hay que privatizarlos. Durante los dos mandatos de Aguirre, el peso del gasto educativo de su Gobierno no ha dejado de descender, hasta situar a Madrid en el último puesto de todas las comunidades. Está muy por debajo de su nivel de desarrollo. En relación con su porcentaje de PIRB —según el último dato disponible, correspondiente a 2006— es sólo de un 2,7 por 100, cuando la media española se sitúa en el 4,1 por 100. Y en relación al gasto anual por alumno, donde comunidades como el País Vasco y Navarra se sitúan en la cabeza, con 5.600 y 6.000 euros, respectivamente, Madrid se sigue encontrando en las últimas posiciones, con 4.314 euros, por debajo de la media española, según los datos oficiales de 2008 del Ministerio de Educación.

En los presupuestos de 2009, el gasto educativo regional tiene un incremento de 1,3 por 100 menos que el crecimiento medio del resto de las partidas, situado en el 1,9 por 100. Los 4.842 millones de euros destinados a programas educativos en 2009 sólo suponen el 24,2 por 100 del total del presupuesto de la Comunidad de Madrid, situado en los 19.985 euros, casi un punto menos que el año anterior y más de tres puntos por debajo del 2003, año que llega Esperanza Aguirre a la presidencia del Gobierno regional. Se trata, por tanto, de unos presupuestos de subsistencia que abandonan a su suerte a los centros de enseñanza públicos.

A pesar del importante papel que cumplen los municipios en el apoyo a los centros de enseñanza y en la atención a la demanda desatendida por parte de la Consejería de Educación, los ayuntamientos de la Comunidad también ven agudizarse la merma de su financiación para actividades educativas. La doble vara de medir de Aguirre queda clara: mientras se escatiman los gastos de funcionamiento de las escuelas y los institutos públicos, los «gastos variables» de los centros concertados suben un 3,3 por 100 (aparte del 1,5 de incremento de «otros gastos», por si han de hacer arreglos más estructurales).

El capítulo de las transferencias corrientes para financiar los conciertos es de los pocos que se incrementa por encima de la media del presupuesto de educación, logrando una tasa de crecimiento del 2,5 por 100, superior incluso a la de los presupuestos generales de la región. 17 millones de euros más para financiar los centros privados concertados de enseñanza no universitaria, primaria y secundaria, a los que se suman otros 5 millones para financiar la oferta privada de FP. En total, 22 millones de euros más.

En los seis años de la era Aguirre, casi se ha duplicado la financiación de los centros privados concertados, con un 96 por 100 de crecimiento, frente a un incremento de sólo el 40 por 100 de la partida destinada a la enseñanza pública. Este fuerte aumento de la ayuda económica a la enseñanza concertada no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de ese sector —los profesores de esos centros cobran menos que los de los públicos—, sino que se ha destinado a transformar la red de colegios con nuevos conciertos, sosteniendo una política de privatización exacerbada, basada en la cesión sistemática de suelo público en las zonas de expansión demográfica y urbanística, donde el «mercado» está asegurado.

Los colegios se deterioran y no se arreglan convenientemente ni en el debido plazo, cuando se hace imprescindible el desarrollo racional de un mapa de centros que impida el desbarajuste privatizador y potencie la red de escuelas públicas con la modernización de útiles e instalaciones. Mientras se incrementan las cesiones de suelo público para colegios privados, desaparece el centro público Miguel Ángel Blanco, del pueblo de El Álamo, a consecuencia de la venta de sus instalaciones.

Escuelas e institutos van acumulando deficiencias y presentan un aspecto cada vez más descuidado, como consecuencia de unos medios escasos y unos recursos obsoletos. Casi 100 colegios públicos de la Comunidad de Madrid carecen de gimnasio, por no hablar de la letanía de los barracones provisionales, que la Administración sigue utilizando sin que llegue el momento de verlos desaparecer. Y, por supuesto, falta profesorado para realizar convenientemente apoyos y refuerzos ante las dificultades de aprendizaje del alumnado.

La Comunidad de Madrid, con la «liberal» Esperanza Aguirre al frente, está en la vanguardia del apoyo a la enseñanza religiosa con fondos públicos. Como una prueba más de esa política, recién llegada al Gobierno regional, la presidenta concierta 50 plazas de educación infantil para niños de tres a seis años en el colegio Tajamar, en el popular barrio madrileño de Vallecas, vinculado al Opus Dei. La Federación de Enseñanza de UGT denuncia en un comunicado que ese acuerdo es innecesario, porque «en la zona hay suficientes plazas de educación infantil en escuelas públicas» y, además, el Tajamar «no cumple la función social exigida a los colegios sostenidos con fondos públicos, porque no escolariza a niñas, discrimina al profesorado femenino y tampoco atiende a inmigrantes y otras minorías. El dinero público no está para esto».

En el curso 2007-08, un centro privado que disfruta de las subvenciones de Esperanza Aguirre salta a los medios de comunicación. La guardería concertada Cristo de la Guía, ubicada en otro popular barrio madrileño, Vicálvaro, financiada con fondos públicos, establece un criterio de baremación para seleccionar a los alumnos en el que, si los padres están casados por la Iglesia o los niños han sido bautizados o realizan catequesis, se otorga un punto al aspirante. La dirección de El Cristo de Guía, además, utiliza los puntos de libre determinación para la admisión de niños de 0 a 3 años, algo que la ley reserva sólo a la educación infantil a partir de 3 años. A consecuencia del revuelo informativo que se origina, el Gobierno de Esperanza Aguirre envía un inspector a la guardería para que retire el cartel de la entrada donde se reseñan tan cristianos e ilegales criterios de baremación. El consejo escolar del centro acuerda también eliminar del formulario de admisiones la petición de «un certificado de vivencia de la fe» para otorgar el punto de libre determinación.

Cada vez surgen más casos similares. Alcalá de Henares tendrá, a partir del curso 2009-2010, un centro religioso del Opus Dei, el colegio Alborada, que separará a los alumnos por sexos¹ . Estará construido en una parcela de terreno público de 24.000 metros cuadrados que le ha cedido el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en el Ensanche de Alcalá. La parcela que le corresponde a un centro público que se edifica en esa zona es 10.000 cuadrados más pequeña que la cedida al Opus. El colegio Alborada lo construirá la Fundación Tajamar y su convenio contempla la cesión del suelo durante 75 años por un canon anual de 12.500 euros.

Es la segunda parcela pública que la Consejería de Educación cede, en los dos primeros meses del año, para centros religiosos que separan a los alumnos por sexos. La anterior, de 26.000 metros cuadrados, fue para un colegio concertado en Alcorcón que también abrirá sus puertas el próximo curso. Las concesiones de Esperanza Aguirre llegan al mismo tiempo que otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, Baleares o Cantabria, aprueban medidas para dejar de financiar con fondos públicos a colegios que todavía separan a los niños de las niñas. La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que los centros mixtos «serán objeto de atención preferente y prioritaria». Señala, además, que no se puede discriminar a los alumnos por sexos y deja abierta la posibilidad de eliminar las subvenciones públicas a los colegios que separan a los niños de las niñas.

La congregación ultracatólica Legionarios de Cristo también se beneficia notablemente de la política de Esperanza Aguirre. Percibe 1,6 millones de euros al año de las arcas regionales por encargarse de cuatro de los 17 centros de participación e integración para inmigrantes (CEPI) creados y financiados por la Comunidad de Madrid. Se trata de instituciones públicas de gestión privada. El fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, amigo del papa Juan Pablo II, fue apartado de la dirección de la secta convicto de numerosos casos de pederastia y de abusos sexuales cometidos contra jóvenes «legionarios» a lo largo de varias décadas. Recientemente, se ha descubierto que también practicaba la vida marital clandestina y que tenía al menos una hija ilegítima, en España. Benedicto XVI ha ordenado investigar todos los centros de los Legionarios de Cristo para que «a través de la verdad y la transparencia, en un clima de diálogo fraterno y constructivo, superen las dificultades existentes». La inspección no sólo se fijará en temas de índole moral, sino que también se analizarán los gastos y las finanzas de la orden.

En uno de los CEPI controlados por los Legionarios de Cristo —el Centro Hispano-Peruano, situado en Majadahona—, se adoctrina a las mujeres embarazadas en contra del aborto² . Allí incluyen, entre otras actividades, el Programa NES (No Estás Sola). Se trata de una «asesoría para mujeres embarazadas y madres» que considera que el aborto «no es una opción posible por todas las heridas que deja, entre ellas, el síndrome posaborto». El lugar, recomendado en la Red de Madres, una especie de coordinadora de las organizaciones antiabortistas de la región, también sirve de punto de reunión a las familias numerosas del municipio, y una de sus consignas es la de «transmitir valores morales» a los niños.

RICOS Y POBRES

Durante el último año, la educación pública ha perdido en Madrid a

17.800 alumnos, mientras que la privada ha ganado 16.000. «En el resto de las comunidades españoles, alrededor del 64 por 100 de los alumnos van a escuelas públicas, mientras que en Madrid un 54 por 100 asiste a colegios privados», señala Javier López, secretario general de CCOO de Madrid. Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad hace su particular interpretación del gasto en Educación. Según Aguirre, Madrid gastará

4.835 millones de euros, lo que supondría una subida de 1,26 por 100. Pero si a este número se le aplica el deflactor del Producto Interior Bruto, lo que era un supuesto incremento se convierte en una bajada del 2 por 100.

Los programas de educación infantil, primaria y secundaria van a sufrir este año unos recortes cercanos al 9 por 100, afirman desde los sindicatos CCOO y UGT. Este tijeretazo al presupuesto se refleja en el recorte de rutas escolares, el cierre de programas como «aulas abiertas» y la disminución de becas para el comedor o los libros de texto, además de la desaparición de bachilleratos nocturnos y el cierre de escuelas infantiles para niños de 0 a 6 años. Esperanza Aguirre recorta por un lado, pero en otros casos no escatima ni un euro. Los padres que lleven a sus hijos a centros privados podrán desgravarse los uniformes y los gastos de escolarización.

Las principales víctimas de la política educativa del Gobierno regional son los propios estudiantes. La Comunidad de Madrid, una de las más ricas de España, es la número uno en fracaso escolar de sus alumnos. Esta situación, más allá de la oscura estadística, lleva implícito problemas de mayor calado. La exclusión social y la falta de oportunidades de trabajo en una sociedad cada día más exigente parecen cernirse sobre estos estudiantes que acumulan suspensos y encabezan las listas de repetidores. En la práctica, el sistema educativo madrileño tiene dos redes: la de pago y la de los pobres. Este modelo lleva a la segregación y a la división clasista de los alumnos.

En 2003, de cada cien euros de los presupuestos regionales, se destinaban 27,5 a educación. En 2008 esta cifra se ha reducido a 25,1. Francisco García, secretario de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO, señala que estas políticas generan que la Comunidad «tenga las tasas de fracaso escolar más altas del Estado. Las de 6.ºde Primaria se encuentran 3,5 puntos por encima de la media nacional y las de 4.ºde Secundaria casi 1,5 puntos por encima de ella. Además, esas tasas tienen cada vez más que ver con el sesgo social: entre la zona este de la Comunidad, en la que hay más fracaso escolar, y la norte o la oeste, que son las que menos tienen, hay más de diez puntos de diferencia».

LA IDEÓLOGA

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid está encabezada por Lucía Figar de la Calle, una protegida de Esperanza Aguirre que antes estuvo al frente del departamento de Inmigración. Casada con Carlos Aragonés, que fue el poderoso jefe de Gabinete de José María Aznar en La Moncloa y uno de los más destacados miembros del «clan de Valladolid», Figar es la madrina del pequeño Rodrigo Agag Aznar, primer nieto de José María Aznar, y goza de buenos respaldos en el partido. Tiene más escenario que discurso, pero cuenta con dos «segundos» que son los encargados de hacerle el trabajo sucio: Jesús Valverde Bocanegra, viceconsejero de Acción Educativa, y Alicia Delibes, que fue primero directora general de Ordenación Académica y ahora ocupa el puesto de viceconsejera de Educación.

Valverde Bocanegra es un hombre de Ignacio González, y su tarea consiste en recortar al máximo los costes de la enseñanza pública. Por su parte, Delibes es la ideóloga de la «revolución liberal» de Esperanza Aguirre en el mundo de la educación.

Los sindicatos consideran que Figar es una consejera «virtual», con la que resulta imposible sentarse a negociar. Y la misma sensación tiene el presidente de la FAPA Giner de Los Ríos, José Luis Pazos:

Nuestra asociación representa al 74 por 100 de los padres de la Comunidad de Madrid y yo no conozco personalmente a Lucía Figar, nunca se ha reunido con nosotros. Pero sí lo ha hecho con una mínima representación de padres interesados en la objeción de conciencia de Educación para la Ciudadanía. Cada uno tiene sus prioridades.

Alicia Delibes está casada, como ya hemos visto, con Regino García Badell³ , jefe de gabinete de Esperanza Aguirre y una de las personas que más ascendencia tiene sobre la presidenta. Él es quien le escribe los discursos, dirige su campaña electoral y propone las directrices contrainformativas de Telemadrid.

Delibes desciende, por parte de madre, de la rama española de Jacques Linniers, virrey de La Plata, que primero representó, en Buenos Aires, a Napoleón y después al rey de España. Es familia de Cari Lapique, la mujer de Carlos Goyanes, y sobrina carnal del escritor Miguel Delibes.

Licenciada en Ciencias Exactas, se incorpora a la enseñanza en 1972, como profesora de Matemáticas de Enseñanza Media, en institutos de diferentes provincias españolas, hasta que en 1976 saca la oposición y se convierte en funcionaria pública. Como buena liberal. Aunque en esa época todavía debía de estar cerca de la acracia, como su marido y sus dos cuñados, sobrinos de Carlos Arias Navarro. Ideológicamente ha derivado hasta la extrema derecha, pero todavía le queda, de los tiempos de la Transición, cierta estética de «progre», aunque este concepto es uno de los que más detesta. En una ocasión, en la propia sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol, se cruza con Esperanza Aguirre, que acaba de finalizar un encuentro con representantes de los sindicatos de la enseñanza. Delibes aparece con su característico estilo desaliñado, y la presidenta, que siempre va tan compuesta, le dice delante de todos: «Ay, chica, cómo vienes, ¿por qué no te arreglas un poco? Qué pelo llevas, ponte otra ropa».

Alicia Delibes ha sido colaboradora de la COPE y dispone de una tribuna privilegiada en Libertad Digital, el diario en la red de Federico Jiménez Losantos, donde ha escrito con profusión artículos a favor de la ofensiva educativa contra la enseñanza pública que ella patrocina desde su cargo. La viceconsejera es amiga de la esposa de Jiménez Losantos, María Milagros Torres Cayuela, profesora de Lengua y Literatura, quien fue también recompensada, en la primera legislatura de Aguirre, con un puesto en la Dirección General de Ordenación Académica: jefa de Servicio de Formación del Profesorado. Actualmente, la mujer del locutor de la COPE sigue disfrutando de un puesto de libre designación en la Comunidad.

Pendiente de controlar todos los resortes que pueden decidir su futuro político, Delibes siempre ha intentado estar cerca de la FAES del ex presidente Aznar. En 2005 publica, en el número 21 de la revista de esta fundación, Papeles de Educación, el artículo titulado «En nombre de la equidad no se puede extender la ignorancia. El problema de la educación en España». Y en febrero de 2008, en el número 66 de la misma revista, «Cuatro años de retroceso en la educación española».

Pero donde mejor se retrata a sí misma es en Libertad Digital:

Si yo en 1996 decidí, por primera vez, votar al Partido Popular fue, entre otras cosas, porque mi conciencia me exigía castigar a un partido, el PSOE, que prefería borreguitos serviles a ciudadanos instruidos, y porque quería, al menos con mi voto, a que ese partido dejara de una vez de organizar la educación en España. Y voté con sensación de angustia, porque abandonar la tribu progresista no es cosa fácil, sobre todo cuando abandonarla exige reconocer que la derecha es la que defiende los valores en los que realmente uno cree, como la verdad, la lealtad, la generosidad, la responsabilidad o la libertad.

Capítulo XI

A SECAR LOS DEPÓSITOS

Trabajadores del Canal de Isabel II se manifiestaron contra la privatización de esta empresa pública el día de la millonaria fiesta de inauguración de los Teatros del Canal.

«Cuando los gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas.» Esperanza Aguirre

El Canal de Isabel II está considerado «la joya» de la Comunidad de Madrid. La empresa cerró 2008 con 98,5 millones de beneficios, según los Presupuestos del Gobierno madrileño, y se estima que el ejercicio de 2009 culminará con 99,7 millones de euros de beneficio. No en vano, el hombre fuerte del Gobierno madrileño, el vicepresidente Ignacio González, se ha reservado para sí mismo, desde el primer momento, la presidencia del Canal. Esta empresa posee, además, un considerable patrimonio inmobiliario, hasta ahora público, que se integrará en la sociedad anónima que pretende crear Esperanza Aguirre para sacar el Canal de Isabel II a Bolsa.

Ésa es la operación que esconde el artículo 16 del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento), que propicia que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II cedan a la nueva sociedad anónima —de la que un 49 por 100 será capital privado, una vez cerrada la operación bursátil— la «titularidad de los bienes patrimoniales» de la empresa pública de aguas que no formen parte de la red de infraestructuras hidráulicas. Por tanto, se privatizarán todos los valiosos inmuebles que son propiedad del Canal.

No es lo único. La futura sociedad también asumirá «la titularidad de todas las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil» que corresponden al Canal de Isabel II. El grupo cuenta con siete filiales de actividades de gestión del agua¹ . La empresa gestiona 14 embalses y

¹Hidráulica de Santillana: dedicada a la explotación de energía eléctrica hidráulica. Hispanagua: construye, mantiene y explota las infraestructuras del agua.

14.136 kilómetros de red. El anteproyecto no fija ninguna contraprestación para la empresa pública por ceder la titularidad de inmuebles, terrenos y sociedades, pero deja en manos del Consejo de Gobierno que preside Aguirre la decisión sobre el inventario de bienes y su valoración económica. Además, el Ejecutivo regional tendrá que aprobar un con-trato-programa para regular los servicios que prestará la futura sociedad de explotación, mantenimiento, operación y conservación de la actual red del Canal.

La privatización será un gran negocio particular, si no se consigue evitar. Pero ya durante los últimos cinco años, el Canal de Isabel II ha prestado numerosos servicios a intereses privados, para ir abriendo boca. El vicepresidente del Gobierno regional y hombre fuerte de Esperanza Aguirre, en su condición de presidente de la empresa, ha hecho todo lo posible para dar juego a amigos y familiares, como ya hemos visto² . Ahí están los casos de Tecnoconcret, la empresa de José Antonio Clemente, socio de un hermano y un cuñado del propio González, que se hace, en diciembre de 2006, con la explotación del campo de golf que se construye en los terrenos del Canal. O el asunto de la visita de Ignacio González a Sudáfrica con el empresario Enrique Sánchez, propietario de Segurisa y Saminsa, sociedades a las que el Canal de Isabel II concede, en 2005, sendos contratos de 33 y 2,6 millones de euros, respectivamente. Y otro viaje, el que hace a Cartagena de Indias con una cola de espías detrás, en el que está acompañado por Juan Soler, consejero de Canal Extensia, la empresa pública que gestiona las misteriosas inversiones latinoamericanas de la empresa que preside González. ¿También se va a privatizar esa rama semiclandestina del Canal?

Otro pequeño ejemplo de amiguismo ejercido a costa del dinero público lo constituye el caso de Secuencia Pixels, la empresa de telecomunicaciones e informática de la que fue socio el propio gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. La firma obtiene siete contratos públicos de la Comunidad de Madrid por más de 3,9 millones de euros³ . De Miguel fundó esta sociedad junto a su cuñado, Fernando Ruano, y otros socios en 2002, y la abandonó un año después, cuando se convirtió en gerente de la compañía de aguas que preside el vicepresidente Ignacio González.

Secuencia Pixels obtiene siete contratos de la Administración regional entre 2006 y 2008, adjudicaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), que depende de la vicepresidencia regional desde junio de 2008. De Miguel, segundo de a bordo del presidente del Canal, aparece en los citados dossieres de la trama de presunto espionaje que afecta a cargos públicos madrileños y también participa en el viaje a Colombia en el que se le hace el seguimiento a González. ICM otorga las cinco primeras adjudicaciones a Secuencia Pixels por 2,3 millones de euros, entre febrero de 2006 y junio de 2008. A partir de esa fecha, cuando la agencia entra a formar parte del organigrama de vicepresidencia, obtiene otros dos contratos, por 1,6 millones de euros más.

ABIERTO EN CANAL

Después de seis años de trabajos de construcción y más de 100 millones de euros de coste, se abren las puertas de los Teatros del Canal el 23 de septiembre de 2008, sin ningún espectáculo en cartel. Sólo para que 800 invitados participen en la gala de inauguración, un acto al que no asisten los representantes del PSOE ni de IU en protesta por el despilfarro que supone el coste de esa ceremonia (1,5 millones de euros), acorde con el dispendio de dinero público que se ha producido durante la construcción del edificio, tres meses después del plan de austeridad impuesto por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.

El acto, que no llega a una hora de duración, incluye un musical de Nacho Cano y una actuación del cantante Antonio Vega. Tan atractivo even

to está organizado por la productora Boomerang TV, pero no hay forma de saber qué tipo de procedimiento ha seguido la empresa pública para realizar esta adjudicación, aunque parece obvio. A pesar de que la ley obliga a abrir un concurso público para contratos de servicios superiores a 211.000 euros. En ese caso, además, se invierte el dinero de los contribuyentes en un festejo que, en realidad, es una inauguración ficticia y meramente publicitaria, porque la programación de los Teatros no comienza hasta el año 2009.

Los beneficios que obtiene Boomerang TV por organizar el acto son de hasta el 98 por 100 en un capítulo del presupuesto, el de producción y logística⁴ . Y superan en al menos diez apartados el 30 por 100. En algunos conceptos llegan al 87 por 100 (gabinete de comunicación), 46 por 100 (moqueta serigrafiada y proyección) o 71 por 100 (equipo de relaciones públicas). El catering también sale por un pico: 126.000 euros. Nada menos que 140 euros por persona, cuando un servicio de ese tipo, de máximo lujo, según empresas del sector, cuesta sólo 70. Está claro que la productora infla abusivamente el precio del acto de apertura de los Teatros del Canal. A pesar de tan disparatada generosidad en el derroche del dinero de todos los ciudadanos de la Comunidad madrileña, Ignacio González aprovecha el festejo de inauguración para justificar la necesidad de privatizar esta rentable empresa pública: «El Canal necesita inversiones y el dinero hay que sacarlo de algún sitio».

El arquitecto que ha ideado el edificio, Juan Navarro Baldeweg, el Juan de Ávalos del PP madrileño, que llega a ser despedido por Aguirre como responsable de la obra y después readmitido, declara: «Es un teatro muy bello», orgulloso de su trabajo. Las deficiencias de diseño empezarán a aparecer el día de la inauguración real. De momento, llega el problema de cómo llenar de vida artística, en tiempos de crisis, ese mastodonte de cristal, hormigón y acero. 40.000 metros cuadrados de edificación auspiciados por la faraona Esperanza Aguirre y pagados con dinero público desparramado sin ningún control. El arquitecto y sus colaboradores han mirado más la estética del proyecto que la funcionalidad del edificio. Los gastos que genera son enormes y por cada euro dedicado a la creación artística, se tendrán que destinar tres a mantenimiento.

El 26 de febrero comienza el Festival Flamenco de Caja Madridi, un certamen clásico que, durante muchos años, se ha celebrado en el Teatro Albéniz. La primera sesión del ciclo tiene lugar en la sala pequeña de los Teatros del Canal (640 localidades). La acústica es buena, pero el diseño de las gradas es más indicado para una velada de boxeo que para un espectáculo musical. El escenario está rodeado de espectadores por los cuatro costados. «Nunca había actuado con público en la nuca», asegura Paco del Pozo, el primer cantaor que sale a escena. Después, Miguel Poveda, por primera vez en la historia del arte jondo y demostrando su enorme talla artística, canta una seguiriya mirando hacia el público que tiene detrás, mientras su acompañante, Chicuelo, toca la guitarra sentado de cara a los espectadores del patio de butacas. Ya en esa primera sesión, varios de los asistentes ruedan por las escaleras movedizas de las incomodísimas gradas de quita y pon, convertidas en peligrosas trampas. Posiblemente no ha habido tiempo ni dinero para prever estos contratiempos. La sala grande (850 butacas), en la que cierra el ciclo José Mercé, es menos peligrosa y no hay nadie apostado detrás de los artistas, pero el cante se oye fatal.

Durante el descanso de los conciertos, el público puede estirar las piernas en unos pasillos enormes, pero se encuentra con notables dificultades a la hora de acudir al servicio. Sobre todo las espectadoras, porque sólo hay uno de señoras. Aunque el diseño de espacios ofrece una gran calidad estética, a la hora de aliviarse la cosa está complicada. Tampoco se le había ocurrido a nadie prever la necesidad de taquillas, hasta que se improvisaron poco antes de abrir de verdad las puertas de los Teatros. Total, por el precio que ha costado el edificio. Ni se ha contemplado la necesidad de estacionamiento subterráneo, en una obra de esa envergadura y semejantes características, situada en el centro de Madrid.

Incluso Luis María Anson, desde la páginas de un periódico tan fiel a Esperanza Aguirre como El Mundo, critica el despropósito que supone la construcción de los Teatros del Canal⁵ :

El costo real de la operación, si sumamos el precio de mercado de los terrenos al de la construcción y otras bagatelas, se mueve en el entorno de los 50.000 millones de pesetas… Que encima se gastaran en el «festolín» de inauguración del teatro más de 200 millones de pesetas, menudo escándalo. Se tiene la esperanza de que la señora presidenta envíe a sus consejeros y consejeras a interpretar allí la comedia del espionaje y, a continuación, el vodevil de las contratas públicas con las correas desatadas… Los madrileños que, a través de unos impuestos casi confiscatorios, hemos despilfarrado 50.000 millones de pesetas por este capricho comunitario, deberemos pagar en no demasiado tiempo a 500 funcionarios o empleados, pues la voracidad de los políticos irá colocando en el Teatro del Canal a parientes, amiguetes, enchufados y simpatizantes, que chuparán todos del bote con entusiasmos recentales.

¡AGUA VA!

En septiembre de 2008, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anuncia, en el debate sobre el estado de la Región, la privatización parcial del Canal de Isabel II, la empresa que suministra el agua potable a la Comunidad de Madrid. Se hará mediante la creación de una sociedad anónima de la que saldrá a bolsa, en un principio, el 49 por 100 de las acciones, con el fin de que esta nueva entidad gestione el ciclo integral del agua en Madrid. Desde su creación, hace más de 150 años, el Canal de Isabel II ha sido siempre de titularidad pública al cien por cien.

Y el 17 de noviembre de 2008 se aprueba, en el Parlamento regional, el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento que permitirá sacar adelante la operación de privatización del Canal. El Ejecutivo regional acude, una vez más, a lo que se conoce como «ley escoba» —que en esta ocasión modifica de un plumazo hasta 20 normas regionales— a la hora de elaborar una norma de trascendencia política, para eludir el debate en profundidad en la Asamblea Regional. La Ley de Acompañamiento se tramita en pleno y, como en el caso de las cuentas regionales, los grupos que quieren oponerse deben presentar enmiendas a la totalidad. Después, ya sólo se discuten las enmiendas parciales. Como el PP tiene mayoría absoluta, con 67 de los 120 diputados (frente a 42 del PSM y 11 de IU), es casi imposible que la jugada no salga adelante. Finalmente, el 29 de diciembre de 2008, el pleno de la Asamblea vota a favor de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Regionales), que permite la creación de una sociedad anónima que será propietaria del Canal de Isabel II. El 51 por 100 permanecerá en manos del Gobierno regional y el resto saldrá a Bolsa. Los miembros del PSOE se abstienen en la votación, mientras los de IU votan en contra.

Erika González, del grupo Ecologistas en Acción, afirma:

Esperanza Aguirre ha dicho que pueden participar en ese proceso de privatización todos los madrileños y madrileñas, pero eso es una mentira como una casa, porque el Canal ya es de todos los madrileños, en cuanto que es una sociedad pública. Está claro que ese 49 por 100 lo comprará una empresa que tenga la capacidad financiera necesaria para entrar en la operación y poder rentabilizarla. Esto se ha aprobado sin debate público, sin ningún proceso de información sobre cuáles van a ser los pasos para la creación de esa empresa mixta que gestione el ciclo integral del agua.

De momento, el proceso de privatización está ralentizado, tras la aprobación de la ley que lo autoriza. No parece el mejor momento, en plena crisis, de vender a una empresa privada una operación de estas características, con los bancos retraídos a la hora de abordar nuevas inversiones. Por otro lado, el ambiente político se encuentra enrarecido con la investigación de los casos de espionaje y corrupción en la Comunidad de Madrid, que tienen en su centro a Ignacio González, presidente del Canal de Isabel II. Cualquier movimiento de venta tendría ahora demasiados ojos encima.

Tampoco resulta tan fácil, técnicamente, privatizar la gestión del agua, porque el Canal es una empresa que da servicio a toda la región madrileña⁶ . Sus competencias están gestionadas por la Comunidad, pero el abastecimiento y saneamiento de las redes les corresponde a los ayuntamientos, de manera que, para que el Canal pueda acceder a todos los municipios, hay que establecer un convenio con cada uno de ellos. Si cambia la naturaleza jurídica de la empresa y pasa de ser una sociedad pública a una firma mixta, los convenios se rompen y hay que negociar de nuevo ese modelo de gestión.

Esa circunstancia la aprovecha el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en su permanente litigio con Esperanza Aguirre. Advierte que, en el caso de que se privatice el Canal, el Ayuntamiento de la capital puede romper el convenio que mantiene con esta empresa pública y ofertarle la distribución y el saneamiento del agua en la ciudad —que es el núcleo principal de la actividad del Canal de Isabel II— a otra firma que no tiene por qué ser esa nueva sociedad anónima que se pretende crear. Un nuevo acuerdo podría resultarle bastante más caro a la empresa, porque con el convenio actual, el Canal no paga las tasas de la infraestructura de abastecimiento, que pertenece a los ayuntamientos. Como sociedad privada, si la utiliza, sí tendría que abonar unos cánones y unas tasas elevadas. Ruiz-Gallardón advierte de que esto no sólo lo puede hacer el Ayuntamiento de la capital, sino también cualquiera de las corporaciones locales de la región.

EL AUTÉNTICO BOTÍN

La cesión de los bienes del Canal de Isabel II a la nueva sociedad anónima que Esperanza Aguirre e Ignacio González pretenden crear abre la posibilidad de que ésta ponga en venta el amplísimo patrimonio inmobiliario de la empresa pública, de valor incalculable y que no está inventariado oficialmente. Incluye alrededor de unas 200 viviendas situadas por toda la región y terrenos en casi todos los municipios. Tradicionalmente, el Canal compraba pisos y se los alquilaba a sus empleados. Hoy es difícil saber cuántos de esos inmuebles siguen en sus manos.

El Canal de Isabel II es una empresa que cuenta con más de 150 años de existencia y está dedicada, desde su creación, al abastecimiento de agua potable a Madrid, por lo que dispone de gran cantidad de suelo, en el que se sitúan sus instalaciones, a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, incluyendo amplias extensiones de superficie situadas en el mismo centro de la capital. Además, su ya larga existencia hace que una parte de esos terrenos e instalaciones no sea en este momento operativa, o que resulte fácilmente sustituible.

Semejante cantidad de suelo, y muy especialmente el situado en el centro de la ciudad de Madrid, podría alcanzar valores altísimos en el mercado inmobiliario. Sólo en la capital, la empresa pública es propietaria de edificios históricos que albergan depósitos de agua, como el del Campo de Guardias, en Bravo Murillo, o el de Islas Filipinas y Santa Engracia. También son suyos, claro, los flamantes Teatros del Canal y los valiosos terrenos de la Plaza de Castilla donde hoy se levanta la Fundación Canal. Fuentes de la empresa pública calculaban, a finales de septiembre de 2008, que el precio en el mercado del patrimonio podría superar los 2.900 millones de euros. Un pastel muy goloso.

Según Santiago Martín Barajas, de Ecologista en Acción: «Detrás de esto puede haber una operación inmobiliaria brutal, en el centro de la ciudad. No hay justificación para privatizar un empresa rentable que da todos los años cuantiosos beneficios económicos».

Su condición de empresa privada empujaría a la nueva sociedad creada a intentar sacar al mercado esas amplias superficies de suelo de su propiedad que se encuentran en el centro de Madrid, para destinarlo a la construcción de viviendas y así incrementar sus beneficios, favoreciendo la especulación inmobiliaria. En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos presentada el pasado 21 de noviembre por el Gobierno regional se indicaba cuáles iban a ser las actuaciones y los trámites que se iban a llevar a cabo para realizar la mencionada privatización. En este sentido, es destacable lo que indica el Artículo 16, «Capitalización del Canal de Isabel II», Apartado 3:

La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II aportarán a la sociedad referida en el apartado primero de este artículo el derecho de uso de los bienes que integran la Red General de la Comunidad de Madrid, en la medida en que sea necesario para el ejercicio de las actividades que le sean encomendadas conforme a lo previsto en esta Ley; así como la titularidad de los bienes patrimoniales no integrados en dicha Red y la titularidad de las acciones y participaciones en sociedades de carácter mercantil que actualmente corresponden al Canal de Isabel II.

Como se puede apreciar, la Comunidad de Madrid pretende transferir a la nueva sociedad todos los bienes patrimoniales del Canal de Isabel II que no sean imprescindibles para garantizar el abastecimiento y saneamiento en la Comunidad de Madrid. Por tanto, cede a esa empresa todos los suelos e infraestructuras no directamente implicados en el abastecimiento, la potabilización y la depuración del agua. Es absolutamente previsible que se intente introducir todo ese patrimonio en el mercado inmobiliario. Y es suelo que actualmente pertenece a todos los madrileños.

Los principales terrenos propiedad del Canal de Isabel II en el centro de la ciudad de Madrid son los que están ocupados por algunos de los grandes depósitos reguladores del sistema de abastecimiento. La parcela de mayor extensión es la situada entre las calles de Santander e Islas Filipinas. El depósito, construido a principios del siglo XX, se sitúa sobre un terreno que, excluyendo las franjas de jardín que lo bordean, abarca una superficie de 85.125 metros cuadrados. Otro plato fuerte es el depósito situado entre las calles de Bravo Murillo y Santa Engracia. La parcela donde se ubica tiene una superficie de 65.360 metros cuadrados. En ella se encuentran también las oficinas centrales del Canal de Isabel II. El tercer gran pastel de la privatización es el depósito de la Plaza de Castilla, situado junto a las dependencias de la Fundación Canal. Se ubica en una parcela de 50.000 metros cuadrados.

En un minucioso informe elaborado por Ecologistas en Acción, se calcula el precio que podrían alcanzar en el mercado inmobiliario terrenos tan apetitosos como ésos. Se toma de referencia el modelo de aprovechamiento urbanístico asignado al «APR.07.02», los terrenos propiedad del Metro situados en la avenida de Reina Victoria/Cuatro Caminos, colindantes con la parcela del Canal situada entre las calles de Santander e Islas Filipinas. Los citados terrenos del Metro tienen una superficie bruta de 39.896 metros cuadrados y se les adjudica una edificabilidad total de 42.186 metros cuadrados. Por tanto, el coeficiente de edificabilidad es: 42.186/39.896 = 1,06. Obviamente, en el caso de los solares del Canal, esa edificabilidad se podría incrementar de forma sustancial con relación a la asignada en su entorno, tal como ha ocurrido con las cuatro torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.

Utilizando las valoraciones que el propio Ayuntamiento de Madrid pública sobre los precios de la vivienda (Internet Ayuntamiento de Madrid/Mercado de vivienda), desglosados por anualidades y distritos, resulta que el precio medio de las viviendas en el distrito de Chamberí, en 2008, es de 5.853 €/m².

Dicho precio corresponde al precio de venta al público, en viviendas de nueva construcción, de lo que habrá que descontar, aplicando el método de valoración residual estático, los gastos de proyectos, de edificación, tasas e impuestos, registros y notarías, financieros, comerciales, y beneficio del urbanizador, que difícilmente alcanzarían el 40 por 100 del coste total de la vivienda. De esta manera, la repercusión del suelo en el precio total de la vivienda sería de al menos el 60 por 100.

Siguiendo el informe de Ecologistas en Acción, si aplicamos estos valores a los terrenos propiedad del Canal de Isabel II antes indicados⁷ , obtenemos la siguiente valoración económica de las parcelas, para fines inmobiliarios: 316.876.730 € por la situada entre las calles de Santander e Islas Filipinas; 243.301.010 € por la que está ubicada entre las calles de Santa Engracia y Bravo Murillo, y 186.125.400 € por la de Plaza de Castilla.

Los tres depósitos se encuentran actualmente en uso, por lo que no podrían eliminarse simultáneamente. Sin embargo, según técnicos del Canal de Isabel II consultados, podría prescindirse del situado entre las calles de Santander e Isla Filipinas, o del que se encuentra entre Santa En-gracia y Bravo Murillo, aunque ello supondría una cierta reducción de la garantía de suministro, especialmente en el caso de una avería en una de las arterias principales de entrada a Madrid. Para los responsables del gobierno regional, un «pelotazo» inmobiliario de entre 250 y 300 millones de euros justificaría, más que de sobra, esa reducción de la garantía de suministro, que además podría paliarse con actuaciones técnicas adicionales.

Aparte de las tres parcelas antes mencionadas, el Canal de Isabel II es propietario de amplias superficies de terreno en otras zonas de la capital, como Hortaleza o Fuencarral, y en municipios del entorno metropolitano, como Majadahonda. Además, tiene propiedades en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, especialmente en la Sierra de Guadarrama y en la rampa serrana, que también podrían alcanzar precios muy elevados en el mercado inmobiliario. «Todo ello nos lleva a pensar que la auténtica y única razón por la que el Gobierno regional pretende privatizar el Canal de Isabel II es la de poder llevar a cabo, desde el sector privado, grandes operaciones de especulación inmobiliaria, utilizando para ello parte de las propiedades que actualmente posee el Canal de Isabel II y que, por tanto, son de titularidad pública», afirma Erika González.

ALIMENTO PARA LAS CONSTRUCTORAS

Otro de los fines de la privatización del Canal puede ser el de salvar la situación actual de las constructoras de cabecera de la Comunidad de Madrid, a través de la creación de dos nuevos embalses —como ya anunció el Gobierno de Esperanza Aguirre—, destinados, supuestamente, a incrementar el abastecimiento de agua a Madrid. De hecho, el Ejecutivo autónomo ve tan necesaria la construcción de esos embalses que justifica la venta de parte del Canal con el fin de obtener los millones de euros necesarios para acometer las obras. De nuevo, dinero público y trabajo para las grandes constructoras, que ahora están de capa caída e intentan introducirse en nuevos sectores.

Lo mismo que están metiendo la cabeza en el sistema sanitario, estas empresas pueden hacerlo también en la gestión del agua. De hecho, ahora mismo, una de las que ya están actuando con fuerza en el sector, aparte de Aguas de Barcelona —una empresa privada muy consolidada en este ámbito—, es Aqualia, una filial de Fomento de Contratas y Construcciones (FCC). Además de la construcción de los embalses, la gestión integral del agua de Madrid también puede formar parte del proceso de diversificación de la actividad de las constructoras. Un negocio como éste va a ofrecer siempre mucha rentabilidad. De hecho, ya la da, proporciona un gran beneficio neto, que ahora es de todos los madrileños.

Erika González explica:

Hay una población bastante concentrada que no va a dejar de consumir agua, y el servicio es un monopolio. Una vez que a ti te asignan la distribución del agua de un territorio, es muy difícil que entre otra empresa ahí, por problemas de inversión, porque hay que pagar unos cánones…

Tienes una población cautiva de seis millones de personas que te van a consumir agua sí o sí. Es un negocio bastante goloso.

Sólo la voluntad de exprimir el Canal de Isabel II justifica su privatización. Es una empresa solvente, que da un servicio adecuado y obtiene todos los años cuantiosos beneficios económicos, que van a parar a las arcas de la Comunidad de Madrid o se emplean en proyectos de interés público. El Gobierno regional ha aportado justificaciones realmente pobres, como que necesitan recursos económicos para la construcción de nuevas infraestructuras hídricas, cuando son absolutamente innecesarios otros dos grandes embalses en la región, como ha indicado el Ministerio de Medio Ambiente, de manera reiterada, a lo largo de los años, con independencia de que gobernase el Partido Popular o el PSOE.

Uno de los embalses se situaría sobre el valle de La Puebla y, según Ecologistas en Acción, produciría un gran impacto medioambiental en una de las áreas de mayor valor ecológico y menos «antropizadas» de la región. Inundaría pinares, robledales y bosques de ribera en muy buen estado de conservación. Además, afectaría a numerosas especies animales protegidas que habitan en el valle, como gato montés, nutria, águila real, buitre leonado, búho real y halcón común. De hecho, el embalse inundaría afloramientos rocosos en los que nidifican estas tres últimas especies.

Todo el proceso de privatización está caracterizado por un enorme secretismo. Y en el caso concreto de la supuesta construcción de los embalses, a la deliberada ausencia de información por parte de la Comunidad de Madrid se une lo poco claro que tienen los propios responsables del proyecto lo que, en definitiva, pretenden hacer. En ese marco, parece que el segundo embalse se situaría al sur de Madrid, en el término municipal de Colmenar de Oreja, y se emplearía para almacenar en él aguas residuales depuradas para su posterior reutilización.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid, con un consumo de aproximado de 550 hm³anuales, inferior al que tenía en 1990 —a pesar de que durante este tiempo se ha incrementado la población en 1.200.000 habitantes—, dispone de una aportación media anual de 1.100-1.200 hm³con las infraestructuras hidráulicas actualmente existentes, suficiente para abastecer con garantías a una población de más de 9 millones de habitantes (en la actualidad, la región de Madrid tiene 6.300.000 habitantes). Se quiere vender un disparate de muy discutible legitimidad en sus fines, cuando, precisamente, grandes ciudades francesas como París, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del agua por razones de eficiencia y ahorro.

«La privatización del Canal de Isabel II produciría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento», señala Erika González. Y continúa:

La gestión del agua conlleva actuaciones ambientales y sociales que no son económicamente rentables. El hecho de que una empresa privada, cuyo objetivo principal es la obtención de beneficios, gestione un recurso natural limitado y escaso, como el agua, pondría en riesgo aspectos ambientales que no aportan beneficios. La protección de las riveras o la depuración de aguas residuales quedarían aparcadas, al no resultar económicamente rentables.

Esperanza Aguirre asegura que es imprescindible privatizar el Canal para paliar la falta de liquidez de la Comunidad de Madrid, que debe hacer frente, en los próximos diez años, a inversiones por valor de 4.000 millones de euros, y se niega a endeudarse aún más. En el segundo trimestre de 2008, el déficit de la Comunidad era de 10.613 millones, y las cuentas regionales plantean ampliarla en 1.297 millones más en 2009⁸ .

A la hora de analizar la amenaza de privatización del Canal de Isabel II, hay que considerar también los cuantiosos desembolsos que ha realizado recientemente esta empresa pública, como los 900 millones de euros abonados al Ayuntamiento de Madrid por la gestión del saneamiento del agua, o los 150 millones empleados en la construcción de los Teatros del Canal, en la calle de Cea Bermúdez. Y los convites al doble del precio de mercado.

ESPERANZA AGUIRRE. PERFIL BIOGRÁFICO

Nace el 3 de enero de 1952 en Madrid.

En 1974 obtiene la licenciatura en Derecho y ese mismo año contrae matrimonio con Fernando Ramírez de Haro, conde de Murillo.

En 1976 accede al Cuerpo Técnico de Información y Turismo como funcionaria. Ocupa una jefatura de servicio, el de Publicidad de Turismo de la Secretaría de Estado de Turismo.

Entre 1979 y 1982 ocupa diversos cargos administrativos de designación directa en el Ministerio de Cultura, durante el segundo Gobierno de Unión de Centro Democrático, presidido por Adolfo Suárez.

En 1983, la Unión Liberal, el partido al que pertenece, se presenta a las elecciones municipales en Madrid en coalición con Alianza Popular, y Aguirre consigue un puesto de concejala y forma parte de la oposición en el Ayuntamiento.

En 1989, el acalde socialista de Madrid, Juan Barranco, pierde su puesto tras una moción de censura y es sustituido por Agustín Rodríguez Sahagún, del Centro Democrático y Social (CDS), después de llegar a un acuerdo con Alianza Popular, partido en el que ya milita Esperanza Aguirre. Después de seis años de oposición, es nombrada concejala de Medio Ambiente. José María Álvarez del Manzano se convierte en primer teniente de alcalde del equipo de Rodríguez Sahagún.

Las elecciones municipales de 1991 dan la victoria en el Ayuntamiento de Madrid al Partido Popular y, ya con Álvarez del Manzano como alcalde, Esperanza Aguirre vuelve a ser concejala de Medio Ambiente y, en esta ocasión, también tercera teniente de alcalde.

Tras la segunda victoria de Álvarez del Manzano en Madrid, en 1995, Aguirre ocupa la primera tenencia de alcaldía, con las competencias de Personal, Hacienda y Presupuestos, y es nombrada portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Se convierte en la indiscutible segunda de a bordo. Ese mismo año es nombrada consejera de Caja Madrid, en representación del Partido Popular. Inicia la privatización de algunos servicios municipales, como los relacionados con parques y jardines, y también la recogida de basuras, fiel a su pensamiento «liberal».

En enero de 1996 pasa a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP y es nombrada candidata del partido al Senado en las elecciones generales que se celebran ese año.

Tras la victoria del PP en los comicios, Aguirre es nombrada ministra de Educación y Cultura del Gobierno de Aznar, cargo en el que permanece hasta 1999. El encargado de relevarla, antes de que finalice la legislatura, es Mariano Rajoy.

Senadora por la circunscripción de Madrid desde 1996, es propuesta por su partido para ocupar la presidencia de la Cámara Alta en febrero de 1999. En marzo de 2000 vuelve a ser elegida senadora y continúa al frente de la Cámara Alta. Deja vacante ese puesto en 2003, para presentarse como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Las elecciones autonómicas celebradas el 25 de mayo de 2003 dan la victoria al Partido Popular, pero queda a un escaño de la mayoría absoluta. La deserción de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, del PSOE, impide que el candidato de este partido, Rafael Simancas, acceda a la presidencia de la Comunidad, con el apoyo de Izquierda Unida.

Tras las nuevas elecciones provocadas por el «tamayazo», en octubre de ese mismo año, se convierte en presidenta de la Comunidad de Madrid.

En noviembre de 2004 se enfrenta al vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, por la presidencia del Partido Popular de Madrid. La votación es favorable a la presidenta de la Comunidad de Madrid por amplia mayoría.

El 1 de diciembre de 2005 sale ilesa de un accidente de helicóptero en Móstoles.

En las elecciones autonómicas de 2007, Esperanza Aguirre es reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, con mayoría absoluta.

El 26 de noviembre de 2008 se encuentra en el vestíbulo del Hotel Oberoi, en Bombay, cuando se producen una serie de atentados en esta ciudad india. Aguirre resulta de nuevo ilesa.

Epub:  

ÍNDICE DE NOMBRES

Abril Martorell, Fernando 26, 209

Abril, Gonzalo 110

Adrados, Paloma 177

Agag, Alejandro 69

Aguado, Miguel 33

Aguirre Borrell, José Luis 20, 23

Aguirre Gil de Biedma, Piedad 20, 23, 25

Aguirre Gil de Biedma, Santiago 20, 23, 25, 33

Aguirre Pemán, Francisco Javier 176

Aguirre, Eduardo 129, 148

Agurruza, Francisco Javier 24, 57

Alarcón Catellanos, Nieves 76

Alba, César 170

Alberdi, Cristina 177

Anes, Gonzalo 50

Anes, Rafael 50

Arceo Vacas, José Luis 110

Arenas, Javier 71, 177

Arias Navarro, Carlos 13, 103, 104, 178, 212, 227, 230

Arias Salgado, Rafael 28

Ariza, Julio 46, 60, 78, 100, 124, 129

Azcona, Juan José 138

Aznar, José María 13, 47-50, 53, 60, 78, 82, 91, 96, 100, 102, 103, 114, 124, 133, 144, 146, 147, 150, 151, 154156, 158, 159, 164, 171, 192, 212, 226 230

Bajo, Belén 177

Balbás, José Luis 55, 57

Banús, José 33

Bargueño, Antonio 199

Barrero, Juan Ignacio 177

Batista, Fulgencio 153

Berzosa, Carlos 181

Blanco Balín, José Ramón 94

Blanco, José 136

Bocanegra, Valverde, 226

Bono, José 29, 31

Borbón, Juan Carlos de 129

Borrell, Aguirre, 20, 23

Borrell, Félix, 23

Bosch, Alfonso, 91

Bosque, Javier, 122

Bravo Vázquez,

Francisco, 56

Buche, Hernán 150

Buesa, Fernando 112

Caballero, José Juan 89

Cacho, Jesús 135

Cafranga Cavestany, Carmen 87

Calvo Soria, Jesús 94

Calvo, José Ramón 31

Calvo, Pedro 61

Camps, Francisco 175, 177, 192, 212, 230

Cano, Juan David 205

Carmona, Antonio 135

Caro, Pedro 25

Casares, Miguel 117

Catalán Chana, Manuel 177, 179

Cavero de Carandolet Christou, Francisco Javier 25

Cavero Lataillade, Íñigo 25

Cavero, Lourdes 87

Cerezo, Elena 174

Cevallos Aguaron, Fernando 176

Chávez, Hugo 148

Cid, Ramiro 66

Clemente, Carlos 92

Clemente, José Antonio 89, 232

Clinton, Bill 157

Colado, Francisco 74

Collado, Pablo 94

Colón de Carvajal, Alfonso 37

Corrales, Carlos 114

Correa, Fracisco 69, 88, 90-98, 159-161

Cortés, Luis Eduardo 39

Crespo Sabarís, Pablo 97, 160

Cuevas, José María 141

Dahlmann, Liliane 36

Delgado, Gabriel 71

Díaz Guerra, Juan Andrés 32

Díaz Yanes, Agustín 165

Díaz, José Antonio 55

Díaz-Ferrán, Gerardo 141

Díez de Rivero 26

Díez, Javier 121 Díez, Rosa 178

Echevarría, Juanjo 70

Escrig, Joaquín 33

Expósito, Juan Antonio 56

Fabra, Andrea 202, 203

Falcó Anchorena, Manuel 38

Falcó, Carlos 38

Fernández Toxo, Ignacio 138

Fernández, José María 34, 138

Fernández, Juan Carlos 83

Fernández-Lasquetty, Javier 90, 103

Figueroa, Jaime de 37

Figueroa Borbón, Blanca 37

Fisas, Santiago 35

Fraga Iribarne, Manuel 12, 47, 154, 176 Franco, Adolfo 158

Franco, Francisco 153

Gabarra, Teresa 96

Galeote, Gerardo 160

Galeote, José 92, 160, 161

Gallego, Isabel 15, 170

Gamón, Carmen 84

García Marcos, Isabel 131

García Romero, Alberto 182

García Sánchez, José Luis 40

García Toral, Pablo 140

García, Francisco 225 García, Jaime 33

García-Badell Arias, Luis María 104

García-Badell, Regino 13, 14, 18, 46, 60, 78, 100, 102-105, 115, 122, 124, 128, 141, 144, 164, 170, 192, 212, 226, 230

Garzón, Baltasar 75, 89, 93, 95, 97, 118, 158

Giancana, Sam 149

Gil Becerril, Javier 23

Gil de Biedma Villalonga, Ignacio 33

Gil de Biedma, Jaime 23

Gil-Terrón Puchades, Antonio

Goicoerrotea, Francisco 25

Gómez Castaneda, Juan 137

Gómez Franco, Tomás 135

Gómez, Raúl 153

González Miramón, Juan 175

González Panero, Arturo 69, 91, 93, 160, 161, 173, 174

González, Arturo 69, 91, 93, 160, 161, 173, 174

González, Felipe 11, 168, 177, 214

González, Ignacio 11, 12, 14, 18, 46, 6072, 78, 80, 82, 83, 85-89, 95, 106, 107, 122, 130, 133, 138, 142, 160, 175, 226, 230-234, 237, 238

González, Isabel 11, 80, 82, 86, 89, 176, 237

González, Nacho 73

González, Pablo 89

Goyanes, Carlos 226

Grandes, Estanislao de

Grandes, Jaime de 29

Grandes, Luis de 29, 150, 177

Grado, Agustín de 118

Gran Wyoming 49

Granados, Francisco 41, 60-62, 64-70, 73-76, 78-80, 83, 84, 86, 93-95, 138, 179

Granados Lerena, Alfonso 176

Grau Jornet, Francisco 134

Guardans, Ignasi 170

Güemes Barrios, Rocío 176

Güemes, Juan José 68, 137, 176, 198, 202, 204

Guillamón, Diego 44

Guillamón, Francisco 134

Guillén Cuervo, Cayetana 168

Guzmán, Pedro 122

Hernández Mancha, Antonio 47

 Hernández, Juan Miguel 35

 Herrero, Antonio 54

Hidalgo, José María 51

Huete, José 74

Húmera, Belén 161

Iglesias, Inmaculada 128

Incera, Fernando 36

Jiménez Aguilar, Juan 141

Jiménez Escobedo, Gaspar 148

Jiménez Losantos, Federico 102, 105109, 128, 129, 227

Jiménez, Julio 66

Jordán, Felisa 98

Juan Pablo II 223

Koplowitz, Alicia 38

Landázurri, Blanca 119

Lapique, Cari 226

Lara Zabía, Pilar Lissavetzky, Jaime 135

Llamas, Toñín 158

Llamazares, Gaspar 73

Llanos Blasco, José Antonio 176

López Schlichting, Cristina 204

López, Ginés 92

López, Leopoldo 149

Loynaz, Dulce María 146

Lugo, Freddy 147

Maciel, Marcial 223

Maestro, Javier 110

Maeztu, Miryam de 178

Magariños, Mónica 94

Maragall, Pasqual 66

Maravall, José María 11, 214

María Martínez, Carlos 172

Mariátegui Arteaga, Jaime 26

Marín, Martín 82

Marjaliza, David 66

Martín Marín, Pedro Antonio 82

Martín Morales, Tomás 92

Martín Vasco, Benjamín 80, 91

Martín, Concha 184

Martínez Campos, Arsenio 37

Martínez de Irujo, Jaime 37

Martínez de Irujo, Javier 37

Martínez Uranga, José Antonio 72

Martínez, Pilar 126

Massigoge Benegin, Juan José 42

Mato, Ana 88, 91, 118

Mayor Oreja, Carlos 39

Medina, Nacho 119

Menchú, Rigoberta 120

Mencos Armero, Alberto 26

Mencos Valdés, Ignacio 26

Méndez, Begoña 122

Méndez, Lucía 12

Menéndez Piñar, Santiago 35

Menéndez Vives, Camilo 36

Micaela Valdés, Teresa 28

Michavila Pallarés, Benjamín 175

Michavila, Ana 175

Michavila, Carmen 175

Michavila, José María 172-175

Michavila, Narciso 175

Miguel, Javier de 140

Miró, Joan 53

Miró, Pilar 53

Moix, Manuel 187

Molina, César Antonio 35

Montes, Luis 116, 203

Mora, Gotzone 177

Moral Santín, José Antonio 136, 138

Moscoso, Mireya 148

Navarro, Carmen 199

Neira, Jesús 171

Novo Sampoll, Guillermo 148

Novo Sampoll, Ignacio 148

Ortega, Ricardo 34

Otegui, Arnaldo 112

Ovies, José Antonio 113, 115, 121

Oyarbide, Norberto 81

Ozores Saavedra, Teresa 27

Palacio, Ana 150

Partida, Luis 34

Pávez, Terele 36

Pazos, José Luis 226

Peña, Marcos 79

Peña-Marín, Cristina 110

Peral, Luis 214

Pérez Roque, Felipe 120

Pérez, Francisco 137, 140

Pérez, Manel 132

Pérez, Pedro 72

Pinochet, Augusto 150

Piñango Pérez, Néstor Manuel 152

Piñar, Blas 35

Piñera, Jesús 153

Piqué, Josep 158

Plañiol, Regina 176

Plaza, Carmen 31

Porto, Enrique 34

Prada, Alfredo 18, 46, 60-62, 66, 68, 70, 73, 79, 82-85, 142, 182

Prado, Belén 176

Puig Antich, Salvador 178

Quesada Varea, José Luis 42

Quintáns, Juan Ramón 135

Rajoy, Mariano 18, 46, 60, 63, 65, 66, 69, 83, 85, 86, 126, 127, 130, 134, 136, 169, 175, 177, 250

Ramírez de Haro Pérez de Guzmán, Ignacio 27

Ramírez de Haro, Beatriz 25

Reagan, Ronald 155

Reino, Antonio 34

Remón, Pedro 148

Renom, Gabriel 178

de Riaño, Diego 27

Ricardo, Hernán 147

Rivero, Raúl 177

Robles Fraga, José María 154

Roca, Juan 50, 72, 129-131

Rodríguez Flores, Carmen 84

Rodríguez Mena, Franco 148

Rodríguez-Ponga, Estanislao 26, 69, 138, 176

Rodríguez-Ponga, Flavio 26

Rodríguez Zapatero, José Luis 35, 53, 55, 119, 141

Rodríguez, Elvira 176

Rodríguez, María C. 161 Rojas, José de 27

Romero de Tejada, Cayetana 176

Romero de Tejada, Ricardo 24, 56, 64, 108, 138, 176

Rosales, Manuel 148

Rosel, Rafael 204

Rouco Varela, monseñor 35

Ruano, Fernando 107, 233

Rubio, Javier 105

Ruiz-Gallardón, Alberto 12, 18, 37, 39, 54, 57, 61-65, 83, 119, 125, 127-130, 132, 133, 136, 139, 141, 182, 238, 248

Ruiz, Purificación 31

Sáenz de Buruaga, Ernesto 121

Sáez, María Teresa 18, 46, 55, 250

Sáez Sáez, Alejandro 24, 57

Sagarra, Joan de 54

Sainz Torres, Julio 37, 131, 227, 240

Sainz, Jesús 170

Sainz, José 37

Sala Lloret, Armando 134

Salamanca Lafitte, Almudena 26

Salamanca Lafitte, Soledad 26

Salgado, Elena 53

San Román, Fidel 72

Sánchez González, Enrique 81, 232

Sánchez Trujillo, María 57

Sánchez, Antoine 160

Santiago Trigo, Rafael 26

Santín, Moral 136, 138, 142

Santos Campano, Salvador 170

Saramago, José 51, 120

Sarasola, Borja 82

Sargen, Nazario 154

Savater, Fernando 148

Schwartz, Pedro 47, 175

Sebastián, Pablo 122

Segura, Santiago 54

Segurado, José Antonio 47

Serra Peris, José Manuel 80

Sierra Fernández, José 186

Siguero, Juan Jesús 93

Simancas, Rafael 19, 55, 135, 138, 230, 250

Soler, Javier 80

Solsona, Andreu 178

Soriano Navarro, Manuel 110

Suanzes, Juan Antonio 38

Suchlicki, Jaime 158

Tafur, José Luis 168

Tamayo, Eduardo 18, 46, 55, 56, 169, 250

Thatcher, Margaret 51, 200

Tejerina, Fernando 50

Timermans, Alfredo 48

Tocino, Isabel 48

Torres Cayuela, María Milagros 227

Urquijo, Jaime 37

Urzáiz, Javier 25

Ussía, Alfonso 25

Ussía, Gonzalo 25

Valdés Armada, Félix Juan 27

Valdés Ozores, María 26

Valdés, Micaela 26, 28

Valenzuela, Curri 121

Valverde Bocanegra, Jesús 226

Vargas Llosa, Mario 148

Varona Loredo, Manuel Antonio de 149

Varona, Tony 149, 152-154

Vasco, Martín 80, 91

Vázquez, Rafael 32

Velázquez, Cándido 157

Verdes, José Esteban 56

Vieira, Francisco Javier 95

Vidal, César 105

Vilardebo, Arnau 178

Vilarroya, Elena 161

Vílchez, Maximiliano 72

Villar Mir, Juan 64

Villena Oliver, Andrés 147

Yagüe, Marisol 131

Yanke, Germán 122

Zahonero, Antonio 31

Zaplana, Eduardo 1, 52, 57, 134

Zarzalejos, José Antonio 15, 101

Notas

notas capítulo I

¹ El País, 13 de octubre de 2003.

² Interviú, 19 de septiembre de 2003.

³ Virginia Drake, La presidenta, Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.

⁴ «El artista italiano Leo Bassi inicia su Viaje a lo peor de Madrid. El cómico italiano revolucionó con su nuevo espectáculo el Valle de los Caídos y la finca de la presidenta regional», titula El País del día 26 de enero de 2004 su crónica sobre las andanzas de Bassi por tierras madrileñas. «La adrenalina está asegurada. Pocos espectáculos terminan con el público retenido por la Guardia Civil durante 45 minutos. El cómico italiano Leo Bassi inició ayer su nuevo espectáculo, Viaje a lo peor de Madrid, un recorrido en autobús por algunos de los horrores urbanísticos de la ciudad.

Bassi puso su dedo inquisidor, entre muchos políticos, en Esperanza Aguirre. En la finca de La Granjilla, propiedad de la familia de la presidenta regional, el italiano se subió a la verja de una de las entradas para colgar un cartel (calcado a cualquiera de tintes oficiales), que rezaba: “Expropiación de terrenos para construcción de nueva autovía M-60. Arquitecto: Leo Bassi. Propietario: la familia Aguirre. Plazo de ejecución: dos meses. Inicio de las obras: 16 de marzo de 2004”.

Cuando el cartel estuvo colgado y la comitiva se había alejado de la finca, una mujer, empleada del lugar, increpó al cómico: “Oiga, oiga..., infórmese, que Esperanza Aguirre vive en la finca de al lado. Donde ha dejado usted el cartel es propiedad de la señora Soledad Salamanca Lafitte”, explicó, muy airada, la mujer. Bassi se quedó mudo. Pero no desistió en su empeño y se dio media vuelta para quitar el cartel. En el lugar ya le estaba esperando una patrulla de la Policía Local. “¡Que nadie quite el cartel!”, advirtió Bassi a los agentes megáfono en mano.

Uno de los policías, muy amable, informó de que la zona es una vía pecuaria y de que nadie podía impedir el paso al grupo. “Camino Real de Madrid, que se llama”, apostilló el agente. Bassi retiró el cartel y lo colocó en el lugar correcto. Para entonces, a la Policía Local se había unido un vehículo de la Guardia Civil. “Yo vivo en Lavapiés y allí la policía no viene tan veloz”, observó el cómico.»

⁵ Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es presidente de Aguirre Newman, una gran empresa consultora que se declara capaz de resolver «todas las necesidades inmobiliarias». También ejerce de apoderado de la sociedad Valdivia Inversiones. Se vio implicado en la crisis que vivió la Asamblea de Madrid a raíz del «tamayazo», cuando los diputados socialistas pidieron su comparecencia en la comisión de investigación de este caso, por haber colaborado, como asesor inmobiliario, en la adquisición del edificio María Zayas por parte de la sociedad Box Foro Inmobiliaria S. L., propiedad de José Luis Balbás, ex dirigente de la corriente socialista Renovadores de Base, a la que pertenecía el tránsfuga EduardoTamayo. Los miembros del grupo popular en la Asamblea impidieron que Santiago Aguirre se presentase en la polémica comisión, alegando que ser pariente de la todavía candidata a la presidencia de la Comunidad no era un motivo para hacerle acudir.

⁶ Este título procede de un arcediano de Cuenca, Diego de Riaño, que llegó a obispo de Jaén y a presidente del Consejo de Castilla, además de ser comisario general de la Cruzada, un cargo que en 1659 debía de ser más honorífico que militar. El marquesado de Villanueva de Duero es un título tardío, dado por los Borbones, en 1740, a José de Rojas, señor de ese municipio vallisoletano. Los otros títulos acumulados por el suegro de Esperanza Aguirre son los de conde de Bornos, marqués de Cazaza y conde de Montenuevo.

⁷ La familia De Grandes forma un importante lobby castellano manchego, con sólidas ramificaciones nacionales e internacionales en la política y la economía españolas. Los cinco hermanos son: Agustín, ex alcalde de Guadalajara; Luis, ex portavoz parlamentario de José María Aznar; Estanislao, diplomático; Jaime, arquitecto municipal de Yebes, y Lorenzo, ex jefe de prensa de la Asamblea de Madrid. Aunque no han alcanzado las cotas de popularidad de los integrantes de otros grupos familiares situados en las altas esferas políticas, constituyen un sólido entramado casi invisible, pero muy presente en todos los campos.

Luis de Grandes, que fue el número uno del PP en el Congreso durante las dos legislaturas en las que José María Aznar fue presidente del Gobierno, se marchó discretamente a Europa cuando comenzaron las divisiones internas en el partido y, desde la distancia, acabó decantándose por Mariano Rajoy, del que llegó a decir que «encarna el espíritu del 96». Su hermano Agustín fue alcalde preconstitucional de Guadalajara. Estanislado de Grandes es el actual embajador de España en Rumanía.

⁸ El País, 8 de noviembre de 2006.

⁹ El Mundo, 23 de enero de 2009.

¹⁰ Rafael Gómez Parra, «Los grandes propietarios de Madrid y sus fincas», Crónica de Madrid, 22 de enero de 2004.

¹¹ 20 Minutos, 29 de marzo de 2006.

¹² La sobrina de Mariano Zabía, Pilar Lara Zabía, consigue escalar cuatro categorías en junio de 2005, sólo ocho meses después de obtener plaza de funcionaria en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, encabezada por su tío.

¹³ Es el reciente caso del palacio del Enebral, en El Escorial, construido sobre una finca de 28,343 hectáreas. Amparándose en una excepción de la Ley del Suelo regional de 2001, tanto el Ayuntamiento de El Escorial como el Ejecutivo de Esperanza Aguirre la han recalificado para uso hostelero, servicio que ofrecen varias fincas del entorno, como la que acogió el banquete de la boda de la hija del ex presidente José María Aznar. El palacio pertenece a una sociedad radicada en Andorra, cuyo administrador es Diego Guillamón, conde de Guillamón y del Enebral y canciller de la Orden del Águila de Georgia. Las razones para permitir el uso hostelero de estos palacios se amparan en la norma aprobada por el Gobierno de Aguirre, que señala «la necesidad de adaptar las normas urbanísticas a la Ley del Suelo regional de 2001, sobre las actuaciones que se pueden abordar en suelos no urbanizables de protección destinadas a rehabilitar para su conservación, incluso con destino residencial y hostelero, edificios de valor arquitectónico, aun cuando se encontraran fuera de ordenación, pudiendo excepcionalmente incluir las obras de ampliación indispensables para el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad». Legislación a la carta.

notas capítulo II

¹ Virginia Drake, op. cit.

³ Virginia Drake, op. cit.

¹ El País, 20 de abril de 1997.

⁴ El País, 8 de febrero de 2009.

⁵ Eduardo Zaplana accede a su primer cargo público, el de alcalde de Benidorm, sin ganar las elecciones correspondientes. Lo consigue gracias al voto de la concejala tránsfuga del PSOE María Sánchez Trujillo. Los acuerdos secretos del pacto que permite al ambicioso político hacerse con la alcaldía en 1991, y las contraprestaciones económicas «bajo mano» que le reclama Sánchez, aún se desconocen, pero la Bienpagá, como es co-nocida en Benidorm, continúa disfrutando de un salario a cargo de la corporación municipal 18 años después de aquellos hechos. En las elecciones municipales de mayo de 1991, el PSOE obtiene 11 concejales en el Ayuntamiento de Benidorm, mayoría absoluta, y el PP uno menos. Pocos meses más tarde, en octubre de ese año, días después de que Maruja Sánchez y Eduardo Zaplana se reúnan en una cafetería de Murcia, el PP presenta una moción de censura contra el socialista Manuel Catalán Chana que le descabalga de la alcaldía que ha ocupado a lo largo de ocho años.

Véase Alfredo Grimaldos, Zaplana. El brazo incorrupto del PP, Madrid, Foca, 2007.

notas capítulo III

¹ Público, 22 de enero de 2009

² Carlos Fabra encarna la quintaesencia del caciquismo regional valenciano. «Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años», dice en una grabación que da a conocer la SER a principios de 2009. El político castellonense preside la Diputación de su provincia desde hace 22 años, con absoluta comodidad y plenos poderes, como antes lo hicieron su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tío-tatarabuelo. Fabra, presidente también del PP provincial, está acusado de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, cohecho y fraude fiscal. Como presidente de la Diputación de Castellón, se subió el sueldo hasta los 92.400 euros después de las elecciones autonómicas de 2007 e incluyó en la lista de senadores de designación autonómica a su hija mayor, Andrea Fabra. La senadora por Valencia reside en Madrid desde hace años y está casada con el actual consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. Entre 1999 y 2004, Carlos Fabra movió cerca de 15 millones de euros a través del centenar de cuentas en las que aparece como titular o autorizado. Esa cantidad contrasta con sus ingresos oficiales declarados, 73.000 euros en 1999. Hacienda ya le imputó un delito fiscal, debido a que ocultó 800.000 euros que ingresó aquel año. Sus poderosos tentáculos llegan hasta los juzgados castellonenses, y la instrucción del «Caso Fabra» se prolonga ya durante más de cinco años. Nueve jueces y cuatro fiscales han desfilado a lo largo de este tiempo por el juzgado que se encarga de la causa.

³ Virginia Drake, op. cit.

⁴ Público, 29 de enero de 2009.

⁵ La empresa Carat disfrutó también de numerosos contratos inflados durante la etapa de Aznar como presidente del Gobierno.

En febrero de 2003, la oposición presenta en el Congreso de los Diputados una petición para que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, explique la adjudicación de la campaña publicitaria sobre el aumento de las pensiones, denominada «Dicho y hecho», por la considerable cifra de 7.207.000 euros (casi 1.200 millones de pesetas). Gaspar Llamazares señala que la adjudicación se ha hecho a dedo, sin concurso ni trámite previo, como había venido denunciando la competencia de la empresa Carat, beneficiaria de esta operación.

Las adjudicaciones en contratos de publicidad a lo largo de los dos años escasos del mandato de Zaplana ascienden a más de 63 millones de euros, según una investigación del Tribunal de Cuentas. En el informe se denuncia que una parte muy relevante de esa publicidad institucional analizada ha sido elaborada, directamente o mediante subcontratación, por el mismo grupo, Carat, al que también pertenece la empresa que realizó las campañas del PP en las elecciones autonómicas del 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana.

notas capítulo IV

¹ La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo paramilitar de ultraderecha que llevó a cabo miles de asesinatos contra guerrilleros y políticos de izquierda durante los años setenta del pasado siglo, además de amenazar a artistas e intelectuales. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal argentino Norberto Oyarbide. Suponemos que la filial del Canal de Isabel II en Colombia sólo coincide con aquella siniestra organización en el nombre.

En España, adoptó el nombre de Triple A la llamada Alianza Apostólica Anticomunista, una organización terrorista de extrema derecha, muy vinculada a los cuerpos policiales, que desarrolló sus acciones entre 1976 y 1980. Sus miembros fueron responsables de más de una decena de asesinatos.

² El País, 20 de enero de 2009.

³ Público, 3 de febrero de 2009.

⁴ El País, 9 de marzo de 2009.

⁵ Público, 16 de marzo de 2009.

⁶ Público, 17 de marzo de 2009.

⁷ Público, 6 de febrero de 2009.

⁸ Javier Fernández-Lasquetty se vincula a Esperanza Aguirre cuando es designada responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, en junio de 1994. Trabaja con ella primero como consejero técnico de la Concejalía de Cultura y, más tarde, con la misma función en la Primera Tenencia de Alcaldía. Ya no dejará de estar estrechamente ligado a la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Es su jefe de gabinete en el Ministerio de Educación y Cultura y, posteriormente, en enero de 1999, acompaña a Aguirre en su primera etapa de presidenta del Senado como director de su gabinete, hasta que decide integrarse de lleno en el gabinete de José María Aznar, en 2000, antes de que Aguirre fuese elegida presidenta de la autonomía madrileña. Desde abril de 2004, Fernández-Lasquetty es secretario general de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), institución vinculada al PP que preside el ex jefe del Ejecutivo José María Aznar. Además, es secretario ejecutivo de Formación, Análisis y Estudios del PP de Madrid desde que Esperanza Aguirre accede a la presidencia regional del partido, en 2004. En junio de 2007 es nombrado consejero madrileño de Inmigración en sustitución de Lucía Figar, que pasa a encabezar la Consejería de Educación.

⁹ El Confidencial, 17 de marzo de 2009.

¹⁰ El País, 14 de febrero de 2009.

¹¹ El País, 13 de octubre de 2003.

¹² Público, 8 de febrero de 2009.

notas capítulo V

¹ Virginia Drake, op. cit.

² Radio María emite continuamente misas, rosarios y otros actos de la liturgia católica. La COPE, la emisora de los obispos, está preocupada por esta competencia «desleal», ya que Radio María ocupa, en Madrid y otras capitales, frecuencias muy cercanas a la radio de la jerarquía católica. La Asociación Radio María fue reconocida por el Ministerio del Interior en diciembre de 1998. En algunos medios religiosos se considera a sus miembros ideológicamente cercanos al Opus Dei, aunque parecen actuar de forma autónoma. Los integrantes de la asociación son sacerdotes y laicos católicos que afirman tener la representación de los oyentes que mantienen la emisora con sus aportaciones. Su junta di-rectiva, compuesta por cinco personas, ha designado al sacerdote Julio Sainz Torres como responsable de toda la producción de los programas.

En la revista y en la página web de la asociación se insta a los oyentes a destinar donaciones a la emisora: «Cuando hagas tu testamento, acuérdate de Radio María. Lo puedes realizar cuando lo desees ante un notario. Haz tu testamento a favor de Asociación Radio María y harás una ofrenda de amor».

Radio María nació en 1983 en una parroquia de la provincia italiana de Como, de la mano de varios sacerdotes, entre ellos E. Ferrario, presidente de la Familia Mundial de María, y el padre Livio Fanzaga, director de la radio en Italia. Actualmente, se encuentra presente en más de 30 países. El presidente de la asociación española es Olegario Díez y el director espiritual de Radio María España, el sacerdote Ángel Cordero. Gracias a Esperanza Aguirre han dejado de ser «piratas».

³ El País, 27 de marzo de 2007.

notas capítulo VI

¹ Virginia Drake, op. cit.

² Lucía Méndez, Duelo de titanes, Madrid, Espasa.

³ La Vanguardia, 14 de diciembre de 2008.

⁴ «Hipotecas Zaplana: pídela hoy y paga cuando te dé la gana» (dicho popular valenciano).

La compra del inmueble que Eduardo Zaplana posee en el Paseo de la Castellana le supone una inversión, en 2002, de 1.622.732,68 euros. El pago por la adquisición de esta propiedad se realiza mediante un préstamo hipotecario concedido conjuntamente al matrimonio Zaplana-Barceló por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en condiciones enormemente ventajosas. Zaplana mantiene desde tiempo atrás una estrecha relación con la entidad que le concede su crédito hipotecario. La inició y cultivó a fondo precisamente en la época que él presidía la Generalitat valenciana. Bajo su mandato, en 1997, se modificó la ley autonómica de Cajas de Ahorros. Entre otros muchos cambios, destacaba uno que reforzaba la presencia institucional –autonómica y de las corporaciones locales– en el Consejo de Administración. En la práctica, esta presencia llegaba al 56 por 100 del consejo. Para ocupar los cargos de consejeros, Zaplana designó entonces a tres hombres de su absoluta confianza, que más adelante, cuando se suscriba el crédito hipotecario para su fastuoso piso del madrileño Paseo de la Castellana, ya serán vicepresidentes de la entidad financiera; tres de un total de cuatro: Antonio Gil-Terrón Puchades, Armando Sala Lloret y Francisco Guillamón Álvarez. También fue nombrado por decisión suya Francisco Grau Jornet, que, a la hora de concederse el préstamo a Zaplana y a su mujer, ocupa el puesto de secretario de la Caja. Este último y Gil-Terrón entraron en el Consejo de Administración de la CAM el 7 de abril de 2000. Sala Lloret y Guillamón Álvarez lo hicieron el 26 de marzo de 2002. En ambas fechas, Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat valenciana.

Véase Alfredo Grimaldos, Zaplana. El brazo incorrupto del PP, Madrid, Foca, 2007.

⁵ El Confidencial, 18 de enero de 2009.

⁶ El País, 16 de enero de 2009.

⁷ El Mundo, 6 de febrero de 2009.

⁸ El País, 20 de enero de 2009.

⁹ El País, 30 de marzo de 2009.

notas capítulo VII

¹ El País, 23 de mayo 2006.

² Luis Posada Carriles ha sido identificado como el principal planificador y autor in¬telectual, junto a Orlando Bosch, del atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Avia¬ción en 1976. Ambos fueron detenidos en Caracas y sometidos a proceso judicial, junto a Hernán Ricardo y Freddy Lugo, autores materiales del atentado.

Entre 1976 y 1985, Posada Carriles permanece preso en una cárcel venezolana a la es¬pera del fallo de un dilatado proceso judicial. El 18 de agosto de 1985, durante un cambio de guardia, sale por la puerta de la prisión. Después de permanecer 15 días en Caracas, es trasladado a Aruba en un barco camaronero. De allí viaja, en un avión privado, a Costa Rica y posteriormente a El Salvador. Toda esta operación está financiada por la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) e, indirectamente, por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA). Después, Posada Carriles se incorpora, en la base aérea de Ilopango, al grupo que organiza los suministros para la contrarrevolución nicaragüense y forma parte de la red de tráfico de armas controlada desde Washington por Oliver North, asesor para la seguridad interna del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Rea¬gan. En 1992, la FNCA crea un «ala militar», encargada de preparar y ejecutar acciones te¬rroristas contra Cuba y sus principales líderes. En estas tareas participan activamente los hermanos Guillermo e Ignacio Novo Sampoll y Luis Posada Carriles. El 5 de noviembre de 2000, Posada llega a Panamá con pasaporte salvadoreño a nombre de Franco Rodríguez Mena, uno de sus alias, para organizar un atentado con explosivos en el paraninfo de la Universidad Nacional, donde está previsto un discurso de Fidel Castro. Funcionarios pannameños encuentran explosivos en su poder y arrestan a Posada, junto a Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll. En abril de 2004, los implicados en el caso son condenados a penas entre ocho y cuatro años de cárcel, y cuatro meses después la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, los indulta. De madrugada, tomando extremas precauciones, son sacados de la prisión «El Renacer» y conducidos al aeropuerto de Albrook, donde embarcan en una avioneta que los lleva hasta el aeropuerto de Tocumen. Allí toman un jet particular que parte con rumbo a Honduras, donde se queda Posada Ca¬rriles, mientras los otros siguen vuelo hacia Miami. El 4 de mayo de 2005, el embajador de Venezuela en Washington, Alí Rodríguez, pide a los Estados Unidos que se cumplan los acuerdos firmados y se extradite a Posada Carriles para que sea juzgado en Caracas. Actualmente, Luis Posada Carriles se encuentra en libertad en los Estados Unidos.

³ Virginia Drake, op. cit.

⁴ Pascual Serrano, «Implicación de los anticastristas de Miami en los crímenes de Pi¬nochet», Rebelión, 10 de febrero de 2000.

notas capítulo VIII

¹ El Mundo, 23 de febrero de 2009.

² El País, 21 de septiembre de 2008.

³ El País, 26 de febrero de 2009.

⁴ El País, 21 de septiembre de 2008

⁵ Público, 21 de febrero de 2009.

⁶ El Mundo, 21 de febrero de 2009.

⁷ El Mundo, 22 de febrero de 2009.

⁸ El Mundo, 11 de diciembre de 2008.

⁹ El País, 7 de diciembre de 2008.

¹⁰ El País, 7 de diciembre de 2008.

notas capítulo IX

¹ El País, 29 de enero de 2009.

² El País, 11 de noviembre de 2008.

³ El País, 14 de noviembre de 2008.

⁴ El País, 28 de octubre de 2008.

⁵ El País, 29 de enero de 2009.

⁶ El País, 2 de marzo de 2009.

notas capítulo X

¹ El País, 7 de febrero de 2009.

² El País, 3 de abril de 2009.

³ Véase capítulo 5.

notas capítulo XI

¹ Canal de Comunicaciones Unidas: operador de telecomunicaciones en Madrid y Guadalajara.

Canal Energía: actúa en el sector energético.

Canal Extensia: gestiona los procesos del ciclo del agua en Latinoamérica. 

GSS Venture: servicios de telemarketing.

Hidroser: actividad mercantil en el ciclo del agua.

² Véanse los capítulos 3 y 4.

³ El País, 6 de febrero de 2009.

⁴ El País, 24 de septiembre de 2008.

⁵ El Mundo, 24 de febrero de 2009.

⁶ Salvo en Alcalá de Henares, donde el servicio está gestionado, de forma mixta, por el Canal y otra empresa, Aguas del Sorbe, que es una entidad privada. Ahí el canal actúa como una empresa privada. En el resto de la Comunidad el servicio le corresponde sólo al Canal de Isabel II.

⁷ Fuente: Ecologistas en Acción. a) Parcela situada entre las calles de Santander e Islas Filipinas. Edificabilidad total:

85.125 m2 x 1,06 (coeficiente de edificabilidad) = 90.232 m2. Valoración económica:

90.232 m2 x 5.853 €/ m2 x 0,6 = 316.876.730 €.

b) Parcela situada entre las calles de Santa Engracia y Bravo Murillo. Edificabilidad total: 65.360 m2 x 1,06 = 69.281 m2. Valoración económica: 69.281 m2 x 5.853 €/ m2 x 0,6 = 243.301.010 €.

c) Parcela situada en la Plaza de Castilla. Edificabilidad total: 50.000 m2 x 1,06 =

53.000 m2. Valoración económica: 53.000 m2 x 5.853 €/ m2 x 0,6 = 186.125.400 €.

⁸ El País, 25 de noviembre de 2008.